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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 46, de 07/03/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2012 X Legislatura Núm. 46
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA
Sesión núm. 3
celebrada el miércoles,
7 de marzo de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre reconocimiento del Estado de Palestina como sujeto de derecho internacional. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000065.) ...
- Relativa a la revisión de los acuerdos Estado-Santa Sede. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000081.) ... (Página5)
- Por la que se insta al Gobierno a asumir un papel protagonista en la solución pacífica del problema del Sáhara Occidental. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000213.) ...
- Relativa a la defensa del ejercicio de las libertades fundamentales en la República de Cuba. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000246.) ... (Página16)
- Sobre reforma del Servicio Exterior. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000256.) ... (Página21)
- Relativa a la autorización de la Minurso para actuar sobre los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000288.) ... (Página26)
- Sobre protección de libertades y derechos en Egipto. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000321.) ... (Página29)
- Sobre la represión de la oposición en Siria. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000332.) ... (Página32)
Dictamen sobre:
- Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV/IOSCO), hecho en Madrid el 23 de noviembre de 2011. (Número de expediente 110/000001.) ... (Página36)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE PALESTINA COMO SUJETO DE DERECHO INTERNACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000065.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar la sesión de la Comisión.
Empezamos por el primer punto del orden del día: Proposición no de ley sobre reconocimiento del Estado de Palestina como sujeto de derecho internacional, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra
Unida i Alternativa, CHA: La Izquierda Plural.
Tiene la palabra para su defensa el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Es por todos conocido que, tras la Segunda Guerra Mundial y el horror del holocausto, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de Naciones Unidas mediante su Resolución 181/11 decidió la partición de Palestina
en dos Estados independientes, uno árabe y otro judío, con un régimen internacional autónomo para la ciudad de Jerusalén bajo la autoridad de Naciones Unidas. Desde un principio hasta hoy el Estado de Israel no ha respetado las fronteras fijadas
por dicha resolución de partición y ha acrecentado su territorio a lo largo de los años conquistando, colonizando y ocupando los territorios palestinos. El pueblo y la Autoridad Nacional Palestina ya se han comprometido reconociendo a Israel en las
fronteras de 1967, pero Israel difiere continuamente el reconocimiento del Estado palestino y no cesa en sus actividades de colonización en Jerusalén Oriental y en Cisjordania.
Por ello, transcurridos más de 63 años de vigencia de la resolución mencionada, el reconocimiento de Palestina ya no puede ser calificado de prematuro y puede acelerarse la solución de dos Estados. Por tanto, pedimos de forma muy sencilla
dos cosas: el reconocimiento expreso de Palestina como Estado libre e independiente, con las fronteras del 4 de junio de 1967, y que el Gobierno de España desarrolle las actividades necesarias ante la Unión Europea y las Naciones Unidas para que
este hecho sea una evidencia.
El señor PRESIDENTE: Hay diversas enmiendas presentadas a esta proposición no de ley. La primera de ellas es del Grupo UPyD y para su defensa tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Según hemos hablado con el ponente de esta proposición, se va a llegar a una solución de consenso a la que mi grupo se sumará.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, que también tiene presentada una enmienda, tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Ya que la portavoz de UPyD, la señora Lozano, ha avanzado este acuerdo, creo que es más oportuno hablar sobre el objeto final de la votación que sobre la iniciativa del Grupo de La Izquierda Plural.
En esta Comisión de Asuntos Exteriores, en la última legislatura, se alcanzó un consenso alrededor de una posición común sobre el conflicto árabo-israelí y la consecución de un Estado palestino que viva con fronteras seguras y en paz con un
Estado de Israel reconocido y con fronteras seguras. Pues bien, este texto es en parte el texto planteado por el grupo de la mayoría, por el Grupo Popular, que también se recoge en la enmienda del Grupo de Convergència i Unió cuando insta a que el
diálogo entre las partes se realice de acuerdo con la Resolución 1850 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Parece ser que el grupo proponente acepta la enmienda del Grupo Popular, que es la posición común elaborada durante la anterior
legislatura por parte de la inmensa mayoría de esta Comisión de Asuntos Exteriores. Creo que es muy relevante que el Grupo de Izquierda Unida empiece esta legislatura sumándose a esta posición común que en la anterior legislatura no había apoyado,
con lo cual nosotros solo podemos expresar satisfacción por los tres puntos que se van a votar, por el deseo de que existan dos Estados que vivan de forma independiente, democrática y en convivencia, y por que se reconozcan las fronteras de 1967,
pero a la vez tenemos que ser muy conscientes de que el día que se negocien las fronteras de 1967 se tendrá que hacer con un intercambio mutuamente reconocido de territorios respecto de las fronteras del año 1967.
En consecuencia, apoyaremos esta primera iniciativa que expresa un consenso amplio, con la incorporación de Izquierda Unida en esta materia.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular tiene presentada también una enmienda y para su defensa tiene la palabra el señor Beneyto.
El señor BENEYTO PÉREZ: Con satisfacción podemos constatar que el texto alternativo propuesto por el grupo de la mayoría ha encontrado el amplio reconocimiento por parte de los otros grupos. En este sentido, venimos a recoger lo que ha
sido un acuerdo en la anterior legislatura. Es obvio que desde el punto de vista de la posición del Gobierno de España tenemos todo el interés en que España apoye, en el seno de la Unión Europea y en coordinación con el resto de miembros, y en
particular del quinteto, la negociación de la alta representante, Catherine Ashton, con los palestinos de un paquete global que podría incluir, desde un punto de vista general, el respeto a la decisión palestina de acudir a la Asamblea General para
obtener la plasmación de lo que se ha llamado la opción vaticana, es decir, el Estado observador no miembro en Naciones Unidas: el posible apoyo de los Estados miembros a cambio de que los palestinos ofrezcan ciertas garantías adicionales como
renuncia de que Palestina recurra a la Corte Penal Internacional para impedir la judicialización del conflicto, el cumplimiento íntegro y explícito de las condiciones del cuarteto por parte de todos los integrantes del Gobierno de la Autoridad
Palestina; y, en ese sentido, si los palestinos deciden reactivar la solicitud de admisión a agencias y organismos de Naciones Unidas, España tratará de lograr un consenso europeo constructivo donde quizá la abstención común puede ser en muchos
casos el único consenso posible, pero no podemos volver a repetir la situación de divergencia y de disenso entre los países europeos.
En este sentido, la posición del Gobierno y de la mayoría que lo sustenta es una estrecha coordinación con todos los socios europeos con la esperanza de que el conflicto se aborde mediante las negociaciones directas de las partes y la
opinión positiva sobre la iniciativa árabe de paz. Como la propia Unión Europea, el Gobierno considera que es uno de los elementos a tener en consideración para la paz y normalización de relaciones entre Israel y el mundo árabe, y de ahí deriva el
texto que proponemos, un acuerdo sobre la base de las fronteras de 1967 y el reconocimiento de Jerusalén Este como capital del Estado palestino. La Unión Europea ha matizado: fronteras sobre la base de 1967 con los intercambios territoriales que
acuerden las partes y Jerusalén capital compartida con Israel.
Nos congratulamos de que esta primera propuesta haya obtenido el consenso de los grupos y entendemos que este es el texto que figurará como alternativo a la proposición no de ley presentada.
El señor PRESIDENTE: Falta una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra el señor Sáez.
El señor SÁEZ JUBERO: Quiero empezar esta intervención en la primera reunión ordinaria de la Comisión de Exteriores expresando a los portavoces la máxima predisposición del Grupo Parlamentario Socialista a alcanzar acuerdos de pleno
consenso en las iniciativas que se plantean en el orden del día de hoy y en las sucesivas comisiones de Exteriores de esta presente legislatura, con lo cual anuncio al grupo proponente de esta iniciativa y al Grupo Popular que daremos nuestro voto a
favor a la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Popular al texto del grupo proponente.
Quisiera en esta intervención exponer claramente la disposición del Grupo Parlamentario Socialista al reconocimiento del Estado palestino. Esa ha sido nuestra posición y esta va a ser la posición del Grupo Parlamentario Socialista en esta
presente legislatura. Quiero recordar también que el reconocimiento de Palestina como sujeto de derecho internacional ha dado algunos pasos no solo significativos, sino determinantes en los últimos tiempos. Quiero empezar recordando el momento
histórico que se produjo el pasado 22 de septiembre de 2011 en la Asamblea General de Naciones Unidas
ante la presencia de los jefes de Estado y de Gobierno y de los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros cuando el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, solicitó que Palestina fuera admitida como Estado
miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. En dicha asamblea la entonces ministra, hoy presente, Trinidad Jiménez, mostró su pleno apoyo en nombre de España a la posibilidad de que Palestina fuera reconocida como observador permanente de la
Asamblea General y solicitó que se relanzaran las negociaciones a fin de que Palestina pudiera ser admitida como miembro de pleno derecho. Los esfuerzos diplomáticos palestinos obtuvieron el apoyo de 140 de los 192 países representados en la
Asamblea General, lo que resultó un enorme respaldo al reconocimiento internacional de Palestina. Para la aprobación de miembro de pleno derecho se precisa, como ustedes conocen, la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, como es
conocido, hay miembros permanentes del consejo que han anunciado su derecho de veto. Un nuevo reconocimiento a Palestina como sujeto de derecho internacional se produjo en la aceptación de Palestina como miembro de pleno derecho de Unesco, contando
para ello con el voto favorable de España, y hubiéramos deseado una posición -como aquí han reclamado también otros portavoces que me han precedido- común de la Unión Europea, que no fue posible.
Mayor reconocimiento también de España. Las relaciones entre España y Palestina se han reforzado en la pasada legislatura. Se celebró la primera reunión de alto nivel España-Autoridad Nacional Palestina. Se elevó, como así han hecho otros
países de la Unión Europea, el estatuto de la representación diplomática de Palestina en Madrid, y España apoyó la aspiración de legitimación de estatalidad de Palestina, como he dicho al inicio. España es el segundo mayor donante de la Unión
Europea al pueblo palestino en el compromiso de la Conferencia de Donantes de París de diciembre de 2007 y uno de los diez mayores donantes de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos. Además, quiero recordar que el presidente
José Luis Rodríguez Zapatero visitó en octubre de 2009 los territorios palestinos, donde se entrevistó con el presidente Abbas.
La Unión Europea también ha reforzado los lazos institucionales con la Autoridad Nacional Palestina, y a ello sin duda contribuyó la decidida Presidencia de España en el Consejo Europeo. Los cambios en la región a consecuencia de las
revoluciones árabes sin duda incrementan las demandas para acelerar el legítimo reconocimiento a los palestinos de tener un Estado propio. España apoya y debe seguir apoyando el reconocimiento del Estado palestino, así como el compromiso, que
también se incluye en la presente proposición no de ley, de seguir trabajando por una posición común en la Unión Europea y en el reconocimiento de Palestina en los Estados miembros de la Unión Europea. La Unión Europea debe hablar con una sola voz
en la acción exterior y debe seguir generando confianza en su labor a fin de acrecentar su peso como mediador en el conflicto y como miembro del cuarteto con Estados Unidos, Rusia y Naciones Unidas, exponente del compromiso internacional en alcanzar
la paz definitiva en Oriente Medio. La declaración del cuarteto del 23 de septiembre estableció un nuevo calendario para el relanzamiento de las conversaciones entre las partes con vistas a la obtención de un acuerdo de paz definitivo a finales del
presente año. Este debe marcar un punto de inflexión en las conversaciones de paz.
La hoja de ruta que estableció el cuarteto desde su creación en 2001 continúa siendo vigente, fue aceptada por palestinos e israelíes en 2003, consecución de una paz estable y duradera entre árabes e israelíes mediante obligaciones para cada
parte, la creación de un Estado palestino democrático y viable con acuerdo en los temas objeto de conflicto: fronteras, refugiados, asentamientos israelíes y el estatuto final de Jerusalén; la solución de los conflictos Israel-Líbano y
sirio-israelí y el reconocimiento del Estado de Israel por todos los países árabes.
Dispuestos, por tanto, con el grupo proponente a que exista una posición común en esta Comisión hemos propuesto esta enmienda de sustitución. En bien y en favor del consenso también votaremos a favor de la enmienda de sustitución del Grupo
Parlamentario Popular para obtener de este modo una resolución de este Congreso de los Diputados común en una materia tan sensible. Esperamos una solución pronta en Oriente Medio y que también dé salida de una vez por todas al reconocimiento del
Estado palestino.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Mixto hay dos portavoces, que se repartirán el tiempo. En primer lugar, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Intervengo a efectos de que conste en acta mi apoyo a que podamos llegar a un acuerdo en este tema que, como decía el proponente de la iniciativa, es muy complejo. Sesenta y tres años de conflicto no pueden
solucionarse ni podrían solucionarse con soluciones sencillas o con declaraciones programáticas de máximas. Abogo por que en esta Comisión, que trata asuntos de Estado, podamos llegar a grandes acuerdos. En todo caso, quiero expresarle mi
agradecimiento al grupo proponente por su disposición a llegar a un acuerdo y felicitar por anticipado a esta Comisión si fuéramos capaces de encontrar en este tema tan complejo una postura común. Asimismo, quiero abogar para que en los sucesivos y
en otros temas que también son de complejidad similar podamos seguir esta misma línea de trabajo.
El señor PRESIDENTE: También por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Amaiur va a apoyar también la enmienda consensuada, como tenía pensado inicialmente apoyar la proposición del Grupo de Izquierda Unida de reconocimiento del Estado palestino como Estado soberano sobre la base de
las fronteras de la línea verde. En primer lugar, Amaiur defiende el derecho de autodeterminación de los pueblos y, en este caso, los representantes del pueblo palestino en numerosas ocasiones han mostrado su deseo de conformarse en un Estado
independiente, por lo cual consideramos que es una demanda legítima. En segundo lugar, Amaiur estima que, sobre la base de la legalidad internacional, tanto en lo expresado en la Carta de Naciones Unidas en su artículo 1 como en el 55, y más
concretamente en la resolución mencionada de 29 de noviembre de 1947, la Resolución 181, que recomendaba la creación en la región de un Estado árabe y un Estado judío, es una demanda legal. En tercer lugar, consideramos de igual forma que este
reconocimiento de Palestina como Estado podría dar un impulso a las actuales conversaciones que buscan solucionar este largo conflicto y que el mismo pueda generar, como indica la Resolución 242, una paz justa y perdurable en Oriente Medio en
general y en concreto permita a los dos pueblos, el árabe y el judío, vivir en sus respectivos Estados, conviviendo en paz y seguridad.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo parlamentario proponente para manifestar simplemente si acepta o no las enmiendas presentadas o a qué acuerdo han llegado, tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: En primer lugar, quiero también agradecer a los distintos portavoces de los grupos el diálogo que hemos establecido para llegar a un acuerdo, que creo que es algo importante. Estamos convencidos de que hoy
contribuimos a dar un impulso al hecho de que el derecho internacional ampara la voluntad del pueblo palestino de constituirse en Estado propio y que, por tanto, aceptamos la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, porque
concretamente hay dos aspectos del texto que nos hacen no tener dudas...
El señor PRESIDENTE: Señor Nuet, tiene la palabra simplemente a efectos de decir si acepta o no las enmiendas y cuáles son.
El señor NUET PUJALS: Acabo muy rápidamente.
En primer lugar, hablamos de un Estado palestino independiente, democrático, con continuidad territorial, soberano y viable, y en segundo lugar, hablamos de un Estado palestino sobre la base de las líneas de 1967. Pensamos que esa es una
declaración muy importante.
Aceptamos por supuesto la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que la enmienda que aceptan es la del Grupo Popular, que es la que se someterá a votación.
El señor NUET PUJALS: Aceptamos la enmienda del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, la enmienda de sustitución es la que se someterá a votación. Por cierto, hablando de votaciones, no habrá votaciones antes de las siete de la tarde.
- RELATIVA A LA REVISIÓN DE LOS ACUERDOS ESTADO-SANTA SEDE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000081.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día: Proposición no de ley relativa a la revisión de los acuerdos Estado-Santa Sede, del Grupo Parlamentario Mixto, para cuya defensa tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: No es la primera vez que el Bloque Nacionalista Galego presenta una iniciativa de estas características, pero evidentemente, y dado que hasta ahora no hemos conseguido nuestros objetivos, seguimos manteniendo
nuestra postura y, por lo tanto, consideramos oportuno volver a tratar en esta Comisión la propuesta que hoy traemos.
La Constitución de 1978 declara que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Esta afirmación rotunda supuso la superación del estatus confesional que el Estado español mantenía hasta esa fecha en virtud del Concordato de 1953 con la
Iglesia católica y por el cual el Estado se identificaba con la religión católica, de forma que existía una inspiración directa de la moral y religión católica en la actividad y decisiones de los poderes públicos. La aconfesionalidad del Estado
español sitúa las creencias religiosas en la esfera de la conciencia íntima de las personas. La Constitución española, al mismo tiempo que garantiza la libertad religiosa de las personas, no acoge una identificación de ninguna religión con la
actividad del Estado. Los acuerdos entre Estado español y la Iglesia católica, aunque en vigor una vez aprobada la Constitución, fueron gestados en paralelo al periodo constituyente. Por ello se consideran una especie de instrumentos de excepción
que rigen en exclusiva y por sí solos las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado, al margen del principio general de sometimiento de todos los ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Estas dos
circunstancias han sido determinantes en el desarrollo de las relaciones de la Iglesia católica y el Estado español, pues aquella ha gozado de privilegios y ámbitos de decisión autónomos ajenos al control de Estado, incluso cuando tiene encomendadas
tareas enmarcadas en servicios públicos, como es el caso de la
educación religiosa. En efecto, no solo la posible redacción vinculante para el Estado que contienen los citados acuerdos -impropia en algunos aspectos de un Estado aconfesional, al ser elaborada en una situación histórica incierta y sin un
marco constitucional de referencia- ni el carácter de tratado internacional de los mismos podría determinar a priori un desarrollo de la cooperación entre el Estado y la Iglesia católica tan propicio para esta y que comprometiese de tal manera el
apoyo público a la enseñanza religiosa católica, el mantenimiento de bienes pertenecientes a la Iglesia o una fiscalización tan austera del régimen económico de la Iglesia como ha venido sucediendo en los últimos años.
Como grave definiríamos, señorías, la discrecionalidad e impunidad jurídica en la que la Iglesia realiza las funciones pactadas con el Estado en materia de enseñanza religiosa, amparándose en los poderes omnímodos que le otorga el acuerdo
sobre enseñanza y asuntos culturales y que en muchas de sus actuaciones vulnera el régimen de derechos y libertades de los ciudadanos que colaboran en esas funciones, como se evidencia con el continuo goteo de casos de despidos de profesores de
religión que imparten clases en escuelas públicas en atención a criterios ideológicos y morales. Estar casado por lo civil o haberse divorciado han sido motivos y causa de despido. Es conveniente decir también que, siendo el obispado quien tiene
el poder en la relación laboral, quien paga es el Estado. La asignatura de religión no solamente se imparte en horario lectivo, sino que está actuando como un elemento gravemente discriminatorio con aquellos alumnos que no cursan esta disciplina.
Aunque la ley no lo recoge, centros de enseñanza pública han decidido calificar esta asignatura ejerciendo un agravio comparativo con otros alumnos que han perdido la posibilidad de matriculas de honor que les permitía acceder a becas por la
diferencia de puntuación como consecuencia de calificar religión, acción no solamente incorrecta, sino que, ateniéndonos a la ley, entendemos que es ilegal. Esto no es ciencia ficción, señorías, es una realidad muy reciente en Galicia gracias a las
bendiciones del Gobierno del Partido Popular. La clase de religión en los centros de enseñanza pública no solo es anacrónica, sino que como estamos viendo se está manifestando discriminatoria y arbitraria.
No solo en el ámbito educativo y cultural hay que efectuar una revisión del actual escenario de cooperación entre el Estado y la Iglesia católica, sino también a nivel económico, al haberse detectado por parte de algunas órdenes y
congregaciones religiosas el desvío de fondos a tramas de especulación financiera; y finalmente jurídico, para ponderar adecuadamente su inviolabilidad y adecuar las disposiciones relativas al patrimonio a las reformas legales introducidas en esa
materia. La Iglesia está exenta del pago de impuestos como el de bienes inmuebles. No queremos dar cifras, porque se manejan cantidades muy dispares, pero en un momento de crisis como este, en que los ayuntamientos están reduciendo sus
presupuestos en materia de gasto social, les vendría muy bien la recaudación de este impuesto. Y solo un ejemplo, señorías: en el Ayuntamiento de Madrid se aprobó con el respaldo del Partido Popular, del señor Gallardón, reclamar al Estado una
compensación por la incidencia negativa en las arcas municipales de las exenciones que la Iglesia tiene. La cifra aportada por este ayuntamiento ronda los 94 millones de euros, bien es verdad que esta iniciativa no partía y no fue del señor
Gallardón, pero sí estaba de acuerdo con la mencionada reclamación. Parece por lo tanto razonable que el señor Gallardón, que ahora está en el Gobierno del Estado, promueva las modificaciones legislativas necesarias para la eliminación de esas
exenciones, que por cierto ya se han hecho en Italia. Desde el BNG sí queremos decir con rotundidad que no estaríamos de acuerdo con que la Administración del Estado pagase los impuestos que corresponden a la Iglesia.
Por otra parte, y para finalizar, la realidad social, señorías, es distinta en estos momentos, en estos tiempos, a la de hace veinte años: cada vez se cuestiona con más fuerza el integrar la enseñanza religiosa en el sistema educativo
reglado, y se generaliza la opinión de mantener en el ámbito interno de la Iglesia la formación en la doctrina católica, como correspondería de verdad a un Estado aconfesional. Ello no excluiría totalmente la cooperación, el apoyo público, al igual
que con otras confesiones religiosas minoritarias, que se otorgaría para que a la formación religiosa pudiesen acceder libremente los ciudadanos en la propia Iglesia, y no como ahora sucede en las escuelas públicas y sostenidas con fondos públicos.
Por eso, señorías, presentamos esta propuesta, que no voy a leer porque la tienen en su poder todas y todos ustedes, y sí quiero manifestar que como se han presentado dos enmiendas a nuestra proposición no de ley acabamos de hacerle una propuesta de
transacción al Grupo Socialista, que no puede decir en este momento si se va a aceptar o no, pero en todo caso si se acepta la pasaremos a la Mesa en el momento que lleguemos al acuerdo así como al mismo tiempo a todas sus señorías para que sepan
cómo quedaría la cuestión.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, después le preguntaré respecto a la admisión de enmiendas. Precisamente hay dos enmiendas presentadas -como usted acaba de recordar-, la primera por el Grupo UPyD, para cuya defensa tiene la palabra
la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Mi grupo defiende el laicismo del Estado, un Estado laico que proteja por un lado la libertad religiosa y a aquellos ciudadanos que quieran ejercer sus creencias, pero que al mismo tiempo garantice la más
escrupulosa neutralidad del Estado en cuanto al hecho religioso y en cuanto a la fe; de hecho mi grupo defiende la supresión del Concordato con la Santa Sede. Por tanto no podemos sino apoyar una iniciativa que propone la revisión de esos acuerdos
con la Santa Sede de los años 1976 y 1979.
Hemos presentado una enmienda en el sentido de suprimir el tercer punto, el que habla de extender las relaciones de cooperación a las demás confesiones religiosas, porque lo que nosotros sostenemos es que el Estado no debe cooperar con las
religiones en modo alguno; no se trata de que coopere con otras religiones, como ahora lo hace con la Iglesia católica, sino que creemos que tiene que mantener -como decía al principio- una escrupulosa neutralidad. Como no sabemos en este momento
cuál de los dos textos es el que se va a presentar a votación, cuando lo sepamos definitivamente les diré cuál será el sentido de la votación de mi grupo.
El señor PRESIDENTE: Existe una segunda enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para cuya defensa tiene la palabra el señor Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Así es, señor presidente. Hemos presentado una enmienda a una proposición no de ley con la que compartimos el objetivo de fondo. Nos parece una iniciativa oportuna y, como decía la señora Fernández,
responde a que básicamente la realidad social que existía en el año 1979, cuando se produjeron estos acuerdos, es muy diferente a la actual. En el Partido Socialista queremos garantizar desde las instituciones la laicidad constitucional, y queremos
que las instituciones públicas sean agentes activos de una laicidad positiva. Consideramos que esta es la vía más adecuada o incluso la única para asegurar la convivencia de ciudadanos con creencias diversas o con ninguna creencia, como también
señalaba la señora Fernández. Estamos convencidos de que es preciso construir una idea de ciudadanía común en Europa basada en la eliminación de las distorsiones y evitando derivaciones que den pie al extremismo o al integrismo, como todos
conocemos. Creemos en la unidad y en la diversidad, y desde luego es la idea de diversidad en convivencia la que es fundamental y que hay que casar con esta noción de laicidad positiva.
Por supuesto, tal y como venimos diciendo, es preciso conseguir igualmente una separación total entre el Estado y las diferentes confesiones religiosas, y hay que trabajar mucho en este país, como dice la iniciativa, para asegurar que exista
una neutralidad religiosa, tanto en los espacios como en los actos públicos. Asimismo es necesario suprimir los claros privilegios que existen actualmente para algunas confesiones en nuestro país. Por eso hemos presentado una enmienda; una
enmienda que está basada estrictamente en dos documentos. El primero es el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español para las elecciones generales de noviembre de 2011, y el segundo son las resoluciones del 38.º congreso de nuestro
partido celebrado en Sevilla el mes pasado. De estos dos documentos hemos obtenido esta enmienda que vamos a negociar con el grupo proponente, y que dice en primer lugar que es necesario analizar el marco de relaciones creadas con la Iglesia
católica en el contexto de estos acuerdos del año 1979 para proponer en su caso, si procede -creo que sí, pero hay que analizarlo antes-, la revisión de dichos acuerdos con el fin de asegurar y defender la laicidad del Estado como un elemento
consustancial a las ideas de libertad e igualdad en el Estado, y para asegurar una convivencia armónica en nuestro país. Incluimos los diferentes aspectos de este acuerdo, que como todos sabemos -porque ya han sido citados-, incluyen cuestiones
legales, educativas, culturales, económicas, fiscales e incluso relacionadas con las Fuerzas Armadas y la sanidad pública.
En segundo lugar, queremos establecer un tratamiento fiscal igualitario entre todas las confesiones, y que sea a su vez idéntico al del resto de instituciones no confesionales, de manera que se asegure el pago de impuestos y tributos en
igualdad de condiciones. En tercer lugar, hace referencia a un elemento básico de nuestro programa y que en la anterior legislatura, cuando todavía gobernábamos no pudimos presentar, como es impulsar una ley de libertad religiosa que evite
privilegios y discriminaciones por razón de creencias y convicciones, y que garantice -como decía antes- la neutralidad religiosa en los espacios públicos y en los actos públicos para que no exista confusión alguna entre lo público y lo religioso.
En cuarto lugar, también proponemos otro elemento que aparece en nuestro programa claramente definido y que ya fue objeto de debate en esta Comisión y en la de Justicia e incluso en el Pleno en la anterior legislatura, como es modificar la Ley
Hipotecaria del año 1946; una ley que fue modificada en el año 1998 por la puerta de atrás, sin que hubiese debate en el Congreso, que mediante un real decreto que aprobó el Gobierno del entonces presidente don José María Aznar permite a la Iglesia
católica la inmatriculación, esto es el registro de bienes inmuebles y terrenos, equiparándola a las administraciones territoriales y locales, de manera que puede emitir sus propios certificados de dominio en ausencia de título de escritura pública.
Esto en mi comunidad autónoma, en Navarra, ha sido objeto de preocupación ciudadana y municipal, y desde luego queremos que se ponga fin a esta práctica, incluso que se pongan en marcha vías para devolver a los municipios, mancomunidades y
diferentes ámbitos públicos los inmuebles y terrenos registrados de esta manera, que entendemos fraudulenta. En quinto lugar, queremos adecuar la legislación vigente en materia de cooperación con las diferentes religiones a los mismos principios, y
en este caso estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo con UPyD porque, como decimos, señora Lozano, no estamos baremando si deben ser unos principios altos o reducidos, sino simplemente los mismos. De manera que estoy convencido de que
podremos ponernos de acuerdo para que no exista ningún tipo de discriminación entre diferentes confesiones.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo La Izquierda Plural, el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Queremos anunciar el voto favorable de nuestro grupo parlamentario a la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego básicamente por tres razones. La primera, porque el Concordato entre el Estado español y la Santa Sede
es un texto eminentemente preconstitucional en sus referencias básicas. Debemos recordar que se debe básicamente al papel jugado por la jerarquía católica durante la dictadura franquista en nuestro país. En segundo lugar, porque en España la
libertad religiosa es una realidad, pero España no es un Estado confesional, por ello cualquier reminiscencia que ponga en duda ese aspecto debe ser urgentemente revisado. En tercer lugar, porque la Iglesia católica desarrolla una actividad
respetable, pero privada, que concierte a los creyentes en esa doctrina y por ello debe ser autofinanciada por esos creyentes. Además las instituciones públicas, pensamos, tienen el derecho y el deber de regular el uso y el disfrute de su extenso
patrimonio, acumulado durante siglos. Por tanto, por estas tres razones votaremos a favor del texto que se nos propone.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Señorías, la proposición no de ley plantea un debate muy relevante; debate en el que de forma reiterada en cada legislatura, como reconocía el grupo proponente, los grupos parlamentarios fijamos posición. España es
un Estado aconfesional en el cual los poderes públicos deben respetar la posición laica del mismo, asegurando la capacidad de los derechos para su ejercicio, fortaleciendo la libertad religiosa, y facilitando la participación de los ciudadanos. La
posición de este grupo parlamentario es la de respeto del marco constitucional: Estado aconfesional, respeto a la posición laica y repudio de todos aquellos intentos por parte de los poderes públicos o privados para reducir el derecho individual de
las personas a expresar sus creencias religiosas. Desde esta perspectiva, creemos que debe respetarse el hecho religioso, que deben existir mecanismos para reconocer que este hecho religioso desarrolla unos servicios sociales, entre ellos la
sanidad, la asistencia a los más desvalidos, y la educación. En relación con esta última los centros religiosos concertados forman parte del sistema público de educación, sujetándose a las normas que rigen en el Estado aconfesional. En este
sentido, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación, aprobada en el Congreso, y por tanto con mayoría parlamentaria, reconoce la voluntariedad de la materia religiosa en el ámbito educativo. En relación con el punto segundo de la proposición no de
ley este grupo no duda del sometimiento de las diferentes iglesias a la Constitución y a las distintas leyes de obligado cumplimiento, como no puede y no debe ser de otro modo. Respecto del tercer punto de la proposición no de ley, que reclama
extender las relaciones de cooperación por parte del Estado a las demás confesiones religiosas con presencia en el Estado, creemos que es un aspecto que ya se ha acometido. Las leyes 24, 25 y 26/1992 aprobaban los acuerdos de cooperación entre el
Estado con la federación de entidades religiosas evangélicas, y las comunidades judías y musulmanas; creencias religiosas, junto con la cristiana, con arraigo suficiente en el Estado como para reconocer la necesidad de cooperar con las mismas. Por
todo ello y a la espera de la anunciada transacción, quiero decir que nuestro grupo parlamentario no puede compartir la literalidad de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Daniel Serrano.
El señor SERRANO CORONADO: Señorías, nueva legislatura, pero viejas iniciativas, porque en realidad esta proposición que hoy debatimos se está convirtiendo en una costumbre por parte de algunos grupos parlamentarios empeñados, obsesionados,
diría yo, en querer enturbiar las relaciones de España con la Santa Sede. En cualquier caso ya les adelanto que nuestro grupo parlamentario votará en contra de esta proposición no de ley, pero no lo haremos apelando a cuestiones religiosas o para
defender a la Iglesia católica, pues entendemos que no es este el papel que debe cumplir este grupo parlamentario en esta Comisión, sino que votaremos en contra apelando a nuestra norma fundamental: la Constitución, en base a la cual los acuerdos
suscritos entre España y la Santa Sede tienen su fundamento.
Afirmar, como aquí se ha hecho, que los acuerdos suscritos entre la Santa Sede y el Estado español quedan al margen de nuestro ordenamiento jurídico en general y de nuestra Constitución en particular creo sinceramente que es un exceso
verbal, o más bien un exceso jurídico carente precisamente de cualquier amparo jurídico real, y menos aún cuando existe una Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980. Por tanto, ese exceso jurídico, como decía, responde más bien a una afirmación
hecha desde una determinada izquierda que tiene aversión a lo religioso, o más bien aversión a lo católico. Pero, como he manifestado anteriormente, nuestro voto en contra de la proposición presentada pretende apelar únicamente a criterios
jurídicos, y en concreto apelar al artículo 16 de nuestra Constitución para defender el modelo que emana de dicho texto, un modelo basado en la convivencia, en la tolerancia y en el respeto. Y este modelo constitucional consagrado en el artículo 16
de nuestra Constitución está basado en tres principios básicos que no pueden obviarse: el principio de aconfesionalidad o de laicidad del Estado, el principio de libertad religiosa, y el principio de cooperación con la Iglesia católica y las demás
confesiones religiosas, teniendo en cuenta las creencias de la sociedad española; principio este último que además viene ratificado por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980.
Estos son los tres principios que deben ser observados y cumplidos por los poderes públicos, y no solo uno de ellos, como pretende la representante del Grupo Mixto -para ella solamente existe el de aconfesionalidad o el
de laicidad del Estado-, sino que deben cumplirse los tres. La observancia de un solo principio supone una lectura sesgada del texto constitucional porque equivale a la exclusión de los otros dos principios establecidos en el texto
constitucional, y por ende la vulneración de los derechos que dicho texto constitucional consagra, cosa que a buen seguro no estaba en el ánimo del constituyente. De ahí que se establecieran los tres principios, y por tanto los poderes públicos
deben velar por el cumplimiento de los tres. Y es que la aprobación de nuestra Constitución supuso la conquista de la libertad, supuso el establecimiento de un marco de convivencia y de respeto entre los españoles que todavía hoy sigue vigente, y
que desde nuestro grupo parlamentario apostamos por seguir defendiendo.
Por este motivo no acabamos de entender este tipo de iniciativas que pretenden excluir a una parte de la sociedad, porque en el trasfondo de la proposición presentada es realmente lo que entendemos que hay y lo que se pretende: la exclusión
de aquellos que no piensan como ustedes, y ahí no nos van a encontrar. (Varios señores diputados: Muy bien.) Hablar de que hoy en día la Iglesia católica goza de privilegios o de impunidad jurídica, por poner como ejemplo alguna de las perlas que
hemos escuchado aquí, sencillamente, señorías, no responde a la realidad. No cabe duda de que en épocas anteriores fue así, pero afortunadamente esa etapa está completamente superada y esa situación ya no se da, quieran algunos reconocerlo o no.
El hecho de que puedan existir determinadas exenciones fiscales no constituye privilegio alguno, porque esta es una situación que no se da únicamente con la Iglesia, sino también con otras confesiones religiosas o con otro tipo de entidades
o asociaciones privadas como fundaciones, ONG o federaciones deportivas. Por tanto hablar de privilegios fiscales o de privilegios en el ámbito educativo por parte de la Iglesia es una deformación de la realidad que se desmonta fácilmente. La
Iglesia debe asumir con naturalidad que el poder emana del pueblo y que este, a través de sus instituciones democráticamente elegidas, puede legislar sobre determinados aspectos de la forma que considere más conveniente. Pero de la misma forma
hemos de asumir con naturalidad que la Iglesia, como cualquier otra entidad o asociación, puede también opinar y discrepar como considere más oportuno, opiniones con las que a su vez podremos evidentemente estar de acuerdo o no. Pero las
discrepancias que se puedan tener con la Iglesia católica no pueden empujarnos, como algunos pretenden, a encorsetar las opiniones de la Iglesia, y menos aún teniendo en cuenta su amplia base social y la enorme obra benéfica que realiza la Iglesia,
por ejemplo a través de Cáritas, especialmente vital en momentos de grave crisis económica como el que estamos viviendo. (Varios señores diputados: Muy bien.)
En definitiva, señorías, pretender, como pretende la proposición presentada, poner patas arriba todo el marco de relaciones y acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, por el mero hecho de discrepar en todo o en parte con las opiniones de la
Iglesia no solo no encajaría dentro de nuestro marco constitucional, en el cual precisamente tienen su fundamento estos acuerdos, sino que además es en el marco de estos acuerdos donde se han desarrollado las relaciones entre la Santa Sede y los
últimos gobiernos de la etapa democrática, tanto los de la UCD, como del Partido Socialista, como del Partido Popular; además España no es el único país del mundo occidental que tiene acuerdos con la Santa Sede. Por todo ello, señorías, porque
defendemos el modelo establecido en nuestra Constitución, un modelo basado en la convivencia, en el respeto y en el diálogo, vamos a votar en contra de la proposición presentada. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A los efectos de que se pronuncie sobre la admisión de enmiendas, doy la palabra a la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí, señor presidente, ya había dicho que estamos acordando una transacción; creo que no va a haber problemas y se la pasaremos en unos minutos.
El señor PRESIDENTE: ¿Transacción con ambas enmiendas?
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Con la enmienda del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Le ruego la pase a la Mesa, por favor. Después daremos a conocer a la Comisión el texto de la transacción o bien ustedes se pueden ocupar de repartirlo a los diversos grupos para que lo conozcan.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ASUMIR UN PAPEL PROTAGONISTA EN LA SOLUCIÓN PACÍFICA DEL PROBLEMA DEL SÁHARA OCCIDENTAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000213.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º del orden del día. Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a asumir un papel protagonista en la solución pacífica del problema del Sáhara Occidental, del Grupo Parlamentario Unión
Progreso y Democracia, para cuya defensa tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Señorías, les quiero trasladar esta tarde una reflexión en torno a la situación del Sáhara Occidental en el contexto geográfico del Magreb... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego guarden silencio, por favor.
La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, señor presidente. La Primavera Árabe no comienza en Túnez en enero del año pasado, sino en el campamento que los saharauis establecen a las afueras de El Aaiún unos meses antes, y que fue desmantelado
brutalmente por las autoridades marroquíes en noviembre de 2010. Esta serie de movimientos democráticos que han tenido consecuencias de todo tipo en estas sociedades del norte de África también han acarreado una cierta reforma democrática, si bien
tímida desde nuestro punto de vista, aunque no es este el lugar ni el momento para valorarlo, en el propio Marruecos; sin embargo Marruecos, como potencia administradora de facto del territorio del Sáhara Occidental, no ha trasladado ninguna de
estas mejoras de carácter democrático al Sáhara Occidental. Hablo no solamente de las vulneraciones de derechos humanos que ya se vienen denunciando desde hace años, sino de derechos mucho más elementales como la libertad de asociación o la
libertad de expresión. Existe el caso concreto relatado en uno de los célebres cables de WikiLeaks de una ONG, la Asociación de víctimas de vulneraciones de los derechos humanos, a la que los funcionarios locales no le permiten inscribirse. Así es
como está la situación en el Sáhara Occidental a día de hoy, mientras el resto de los países y los pueblos de su entorno tratan de avanzar en mayores logros democráticos y conquistas de libertades. No es por tanto casual que cuando el secretario
general de la ONU hace un informe relativo al territorio del Sáhara Occidental exprese su preocupación por el deterioro que se está produciendo en la zona, y exprese su preocupación por el hecho de que este deterioro pueda acabar acarreando una
modificación en el statu quo que, como saben, lleva prácticamente inalterado las últimas tres décadas y muy especialmente desde el año 1991.
Cuando una situación se enquista, como es el caso del Sáhara Occidental, a medida que van transcurriendo los años y todo sigue igual, en realidad todo empeora. Por eso lo que les propongo, lo que mi grupo les propone con esta proposición no
de ley es que después de estar treinta y seis años tratando de solucionar este problema o intentando abordarlo de algún modo no volvamos a llegar tarde una vez más; ya que todo el Magreb está en ebullición no podemos pensar que el Sáhara va a ser
el único territorio en el que las cosas van a permanecer como han estado en los últimos treinta y seis años. Lo que planteo a esta Cámara es que pensemos cómo España, como potencia colonizadora y de hecho como potencia que de iure sigue teniendo la
administración del territorio, puede influir en ese cambio y cómo puede propiciarlo antes de que la situación se deteriore más.
El ministro de Exteriores García-Margallo tiene, desde el punto de vista de mi grupo, la oportunidad efectivamente de pasar a la historia como el ministro español que consiguió desbloquear un conflicto enquistado. Si el Gobierno actual
modifica la postura de España de estos últimos años hasta llevarla a una mayor equidistancia, desde luego mi grupo dará la bienvenida a esa nueva postura, a una mayor sensibilidad quizá respecto a los problemas de los saharauis, pero en cualquier
caso el objetivo sigue siendo la celebración de ese referéndum de autodeterminación. Por eso nosotros lo que le pedimos al Gobierno en esta proposición no de ley es que se implique activamente desde el punto de vista político por lograr esa
autodeterminación del pueblo saharaui que el ministro García-Margallo ha mencionado en distintas ocasiones, la última de ellas cuando estuvo de visita en Argelia, y que se produzca esa implicación específica del Gobierno desde el punto de vista
político, como decía, pero también diplomático.
La proposición no de ley tiene además un punto adicional que es estrictamente jurídico, y que hace referencia a la Ley 40/1975, que es en realidad la única ley que tenemos respecto a esa descolonización del Sáhara y de la que arrancan todos
los problemas posteriores. ¿Por qué planteamos este asunto estrictamente jurídico? Porque con todas las declaraciones y proclamaciones de solidaridad con el pueblo saharaui y de reconocimiento de su derecho a la autodeterminación se podrían
empapelar las paredes del Congreso, pero creemos que puesto que esto no ha dado resultado hay que intentar hacer otra cosa. Decía Einstein que los locos son aquellos que creen que haciendo siempre lo mismo las cosas van a ser de otra manera. Pues
lo que creemos es que como hasta ahora no ha funcionado el proclamarlo, quizá sea el momento de buscar esa mayor implicación política, esa mayor implicación diplomática, y de llevar a cabo cambios jurídicos en nuestra legislación para poder adoptar
esta postura y tener esta iniciativa más profunda.
Por último, le pedimos al Gobierno que puesto que tenemos unas relaciones de privilegio con Marruecos -o así se nos hace ver, puesto que el nuevo presidente del Gobierno una vez más ha realizado su primer viaje al exterior al Reino de
Marruecos- nos sirvamos de esas relaciones de buena vecindad para presionar al Rey de Marruecos en el sentido de que contribuya a solucionar este problema de una vez por todas.
Por tanto, es una proposición de significado político, jurídico y diplomático. Digo esto porque estamos absolutamente de acuerdo con las enmiendas que ha presentado Coalición Canaria, lo que pasa es que no pretendíamos hacer el libro blanco
del Sáhara, quiero decir que tratan aspectos humanitarios que compartimos, tratan aspectos de cooperación que probablemente compartiríamos también, pero queríamos centrarnos en esta ocasión en los aspectos políticos, diplomáticos y jurídicos.
Alguna de ellas, las más políticas las podemos aceptar, pero las demás no. Y en cuanto a la enmienda que ha presentado el Partido Socialista, sencillamente es otra proposición, desvirtúa radicalmente el sentido de nuestra iniciativa y no la podemos
aceptar.
El señor PRESIDENTE: Hay varias enmiendas presentadas; por el Grupo Mixto concretamente de la número 1 a la 5, y por el Grupo Socialista.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Quevedo, entendiendo que el resto de grupos integrantes del Grupo Mixto conceden todo el tiempo al señor Quevedo para su intervención.
El señor QUEVEDO ITURBE: Por ahí es por donde debo comenzar, agradeciendo a los compañeros del Grupo Mixto, de Unión del Pueblo Navarro y de Amaiur, que me hayan dado la oportunidad de defender en nombre del Grupo Mixto las enmiendas que
hemos presentado a esta -diría yo- oportunísima PNL presentada por UPyD, y defendida creo que con brillantez por la señora Lozano.
Quiero decir que pocas veces un asunto ha tenido tanta trascendencia o tanta oportunidad como tratar este tipo de asuntos en este momento, porque la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental es una
constante que se repite día a día. Y probablemente me han cedido los compañeros la palabra porque saben que en Canarias hay mucha gente -creo que la inmensa mayoría de la población- que entiende la absoluta necesidad de que se corrija el agravio
histórico cometido con el pueblo saharaui, en una de las páginas de las que seguro que el Estado español no debería sentirse orgulloso en lo que se refiere a su historia. Es el abandono de sus obligaciones respecto de un pueblo que, como se expresa
muy bien en la PNL, fue una provincia española con muchos de sus habitantes con DNI, en la que se hizo una dejación de las obligaciones como potencia administradora, estatus que continúa ocupando. Sí me gustaría señalar, frente a la bondad de
tratar de potencia administradora de iure y de facto, que nosotros entendemos que lo que hace el Reino de Marruecos en este caso es ser sencillamente una potencia ocupante del territorio.
Las enmiendas que hemos presentado no pretenden por supuesto enmendar la plana de una proposición no de ley que nos parece especialmente acertada. Creo que está muy bien la referencia a los acuerdos de Madrid, a la ley del 1975, creo que es
bueno recordar esto porque creemos que si España no ha estado a la altura de lo que la exigencia histórica le pidió en su momento esta sería una buena ocasión para resolverlo. Porque debo señalar -y los canarios tenemos buen conocimiento de lo que
ocurre en esos territorios- que probablemente la muchísima gente joven que hoy está en los territorios ocupados y fuera de los territorios ocupados tiene la posición de no aceptar la tiranía o el sometimiento de que están siendo objeto por parte del
Reino de Marruecos. Las enmiendas en realidad no pretenden establecer un debate con la señora Lozano ni mucho menos, se lo puedo garantizar. Sí parten de una convicción, sobre todo las primeras. En la enmienda número 1 venimos a decir que el
ejercicio del derecho a la autodeterminación a través de un referéndum libre y democrático, debe contemplar todas las opciones: integración, autonomía o independencia, no porque pensemos que usted no lo sabe, sino porque es necesario recordarlo,
pues es evidente que sobre este asunto se puede estar de acuerdo en la forma pero no en el fondo. Puede haber alguien que defienda esto, pero en que realidad esté pensando que la independencia no es una opción. Creo que de hecho ese es el punto de
vista del Reino de Marruecos en este momento.
En la enmienda número 2, planteamos que el presidente del Gobierno utilice la buena relación de vecindad con Marruecos para instar precisamente a que el rey de ese país impulse que en el Sáhara Occidental se cumpla con los acuerdos de la
ONU. Nos parece que está bien hacer esta referencia, porque no le estamos enmendando la plana a nadie ni leyéndole la cartilla al rey del Reino alauita, sino que le estamos diciendo que es una resolución de la ONU que hay que cumplir.
La enmienda al punto 3 nos parece especialmente relevante y yo traslado a la señora proponente que valore por favor su importancia. La expresión la admisión por ambas partes sabemos que está en las resoluciones de la ONU en un lenguaje
similar a este, pero si de verdad la admisión por ambas partes es la esencia del acuerdo, no habrá acuerdo, porque la esencia de lo que está ocurriendo con las negociaciones bilaterales entre los responsables del Frente Polisario y del Reino alauita
es precisamente que una de las partes no va a aceptar nunca que el derecho a la libre determinación incluya la independencia. Por lo tanto, si el acuerdo es una condición, es como si invalidásemos, en nuestra opinión, el fondo de una PNL que
compartimos.
Creo que con los dos últimos puntos que habíamos planteado -esa referencia que nos ha hecho- no hay ningún inconveniente. Queríamos hacer constar lo que hemos dicho aquí, pero no estamos dispuestos a agarrarnos a eso, primero porque es su
proposición no de ley -es el respeto mínimo que debemos tener-, pero nos parece que debe quedar perfectamente claro que aquí no ha habido un acuerdo, cuando hay una resolución perfectamente clara de la ONU sobre el particular y ha sido imposible
llegar a un acuerdo porque una de las partes sencillamente no acepta la resolución de la ONU. Esto hace inviable el acuerdo como vía de solución. Eso es lo que pretendemos plantear.
El señor PRESIDENTE: Hay una segunda enmienda, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: De nuevo vamos a debatir ahora al principio de esta legislatura sobre el conflicto del Sáhara Occidental, sobre el proceso inconcluso de la descolonización que se inició en 1976. En muchas ocasiones hemos debatido
en esta Comisión y en el Pleno del Congreso sobre este asunto. La última vez fue el 13 de abril de 2011 y nuestra compañera Fátima Aburto, gran conocedora del problema del Sáhara y de la situación terrible que se vive en los campamentos de Tinduf,
expuso la posición de nuestro grupo parlamentario y alcanzó un acuerdo basado en un texto que, a pesar de las dificultades del momento, permitió mantener
la posición de consenso sobre este asunto ya tradicional en esta Cámara. Con este objetivo el Grupo Socialista ha vuelto a presentar en esta ocasión una enmienda centrándonos en aquellos aspectos en los que todos podemos coincidir en una
cuestión tan delicada, tan sensible y tan especial para España.
Nuestro país, si bien es cierto que no tiene responsabilidad jurídica ni administrativa desde el punto de vista de la legalidad internacional, sí tiene una responsabilidad ética e histórica con el pueblo saharaui, y el ejercicio de esa
responsabilidad nos la reclama además repetidamente la propia sociedad española: la responsabilidad por haber abandonado a su suerte al pueblo saharaui y por el tremendo fracaso de no haber sabido concluir el proceso de descolonización. Nuestra
posición, la posición de nuestro país, debe seguir siendo coincidente con al posición de Naciones Unidas y de la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad sostiene desde el año 2002 que son las partes en conflicto las que tienen que llegar a
un acuerdo. El Frente Polisario y Marruecos tienen que alcanzar -y cito literalmente- una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que se establezca a partir de la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, en el marco de
las disposiciones y de los principios de la Carta de Naciones Unidas, siendo este un requisito indispensable para el regreso de los refugiados a sus hogares y para la consolidación de la estabilidad, de la integración y del desarrollo en la región.
Esto no quiere decir en absoluto que España deba mantenerse al margen, sino al contrario. Si somos consecuentes con esa responsabilidad política, histórica y moral a la que me refería antes, debemos seguir trabajando de una manera muy activa, como
hemos hecho en los últimos años, en propiciar un acuerdo entre las partes.
Creo que hay que trabajar en cuatro frentes. En primer lugar, hay que propiciar que la comunidad internacional contribuya, facilite y apoye las conversaciones entre el Frente Polisario y Marruecos para alcanzar una rápida solución al
conflicto. En este sentido en muy importante que continúe la participación activa del Grupo de amigos del Sáhara Occidental formado, junto con España, por Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, que como miembros del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas juegan un papel relevante.
En segundo lugar, se debe apoyar el trabajo del enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, Christopher Ross, muy bien aceptado y respetado por las partes en conflicto y que ha sido capaz de mantener, aun en momentos de gran
tensión como los vividos el año pasado en El Aaiún, las conversaciones informales entre las partes buscando una salida a la situación actual de estancamiento. A pesar de ello, sus informes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ponen de
manifiesto que sus gestiones chocan con las posiciones -cito literalmente también- acérrimas e incompatibles de Marruecos y del Polisario. Esta es la situación actual: tras casi cinco años de conversaciones, el proceso está en un punto muerto. En
el último informe de Naciones Unidas de abril de 2011 el secretario general ponía de manifiesto que las partes siguen demostrando la voluntad política de reunirse periódicamente, pero que aún no han demostrado la voluntad política de poner fin al
estancamiento de la situación. Y sigue diciendo: Aunque ambas partes hacen hincapié en su decidido empeño de buscar una solución, una total falta de confianza sigue pesando sobre el proceso de negociación. Este es actualmente, creo, el principal
problema: la falta de voluntad o de capacidad del Frente Polisario y de Marruecos para dar un salto cualitativo en las conversaciones informales que mantienen y asumir una mayor responsabilidad compartida en el proceso de negociación.
En tercer lugar, España debe seguir impulsando el acercamiento y la mejora de las relaciones bilaterales y multilaterales con los países de la región reforzando los vínculos de la Unión Europea y apoyando los procesos de modernización y
desarrollo democrático que con motivo de la Primavera Árabe están teniendo lugar en el norte de África y en la región del Magreb. Marruecos y Argelia han puesto en marcha procesos de reformas democráticas, que aunque puedan parecer a veces
insuficientes o tímidas, no dejan de ser importantes y bienvenidas y ofrecen un nuevo marco a tener en cuenta en este conflicto. Las relaciones entre estos dos países, tradicionalmente enfrentados, parece que han mejorado y se han distendido en los
últimos meses. Se abre así una nueva oportunidad de entendimiento que ayude a la solución del conflicto.
Este enfrentamiento entre Argelia y Marruecos ha influido sin duda y ha dificultado históricamente, cuando no imposibilitado, un acercamiento entre las partes y la creación de un clima de estabilidad y confianza propicio a la negociación.
Los refugiados saharauis en ocasiones han sido utilizados como moneda de cambio en la estrategia de enfrentamiento y tensión entre los dos países. La Unión Europea debe cumplir en estos momentos un papel relevante en la distensión y en el
entendimiento entre Argelia y Marruecos, y la solución del conflicto del Sáhara debe estar presente en la agenda europea de una manera mucho más activa. A todos interesa un Magreb estable, pacífico, ordenado y pacíficamente próspero, decía el
ministro García-Margallo el pasado día 22 en esta Comisión de Exteriores. Yo añadiría que necesitamos también un Magreb democrático, pero en cualquier caso ese Magreb democrático, ese Magreb pacífico y próspero no lo conseguiremos si el conflicto
del Sáhara no se resuelve adecuadamente.
En cuarto lugar, creo que España debe mantener la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo tal como venía haciendo durante los últimos años. España ha sido el primer donante de la comunidad internacional en ayuda al desarrollo y a
la cooperación. El conjunto de programas y proyectos que se han desarrollado ha sido de una gran importancia y eficacia: distribución de alimentos, proyectos de abastecimiento y saneamiento de agua, proyectos en agricultura, en educación, en
atención médica, etcétera. Pedimos al Gobierno que estos proyectos continúen y que no se detengan.
En este mismo mes, en estos últimos días, la Media Luna Roja acaba de lanzar un llamamiento de alerta a la comunidad internacional llamando la atención sobre las consecuencias de la disminución de estos fondos de ayuda humanitaria destinados
a los refugiados saharauis, preocupación que comparte el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y el programa mundial de Alimentos. Por eso creo que es mucho más importante en estos momentos insistir en el mantenimiento de este
tipo de proyectos y de ayudas.
Termino ya, presidente, esperando que a través de esta iniciativa y de la enmienda que hemos intentado presentar con el objetivo de llegar a un consenso y mantener estos principios de acuerdo en esta Cámara, los acuerdos puedan llegar a buen
término.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar paso a la intervención de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Señorías, el debate sobre lo que puede y debe hacer el Gobierno español en relación con el conflicto del Sáhara Occidental constituye todo un clásico en esta Comisión: no hay periodo de sesiones en el que no se
suscite, bien sea con ocasión de alguna comparecencia o bien sea con motivo de la iniciativa de algún grupo parlamentario, y siempre -permítanme que ponga énfasis en la expresión, siempre- tropezamos con esa frase lapidaria que las resoluciones del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas repiten una y otra vez cuando exhortan a las partes a seguir negociando bajo los auspicios del secretario general, con buena fe y sin condiciones previas, para la consecución de una solución política justa,
duradera y mutuamente aceptable entre las partes, en el marco de las disposiciones y conforme a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Se trata de una cláusula de estilo que las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas reproducen año tras año y que ha sido citada tantas veces en esta Comisión de Asuntos Exteriores que se ha convertido ya en una vieja conocida de sus portavoces, una vieja conocida que, es preciso reconocerlo, desafortunadamente está haciendo
posible que el transcurso del tiempo vaya consolidando de hecho las posiciones de Marruecos y erosionando progresivamente las expectativas de los saharauis. Pero hace ya muchos años que las partes negocian en este marco y el resultado está siendo
más bien precario.
En 2007 se acordó iniciar una nueva fase con conversaciones directas entre las partes, pero tampoco puede decirse que esta estrategia haya arrojado resultados ciertamente tangibles. Las partes presentaron sus propuestas al Consejo en aquel
momento y se iniciaron los encuentros, pero cinco años después la solución que entonces se esperaba, esa solución consensuada a la que exhortan las resoluciones del Consejo de Seguridad, sigue tan lejos como al principio. Así lo reconocía el
secretario general en su último informe cuando constataba que no se habían producido progresos en las cuestiones básicas del futuro estatus del Sáhara Occidental y la forma en que debe llevarse a cabo la libre determinación del pueblo saharaui. Las
partes -concluía el secretario general- siguieron demostrando la voluntad política de reunirse periódicamente, pero aún no han demostrado su voluntad de poner fin al estancamiento de la situación.
Hemos de reconocer, señorías, que la necesidad de que la solución justa y duradera que pide la ONU haya de ser además mutuamente aceptable entre las partes constituye un pretexto cómodo para que los sucesivos Gobiernos españoles se crucen de
brazos y se inhiban del asunto y me remito a la experiencia. No hay Gobierno de entre los que han comparecido en esta Comisión durante los últimos veintidós años que ante la acusación de que no se implica lo suficiente en la resolución del
conflicto saharaui no invoque esta cláusula para justificar su pasividad. El problema es si a la luz de la responsabilidad que corresponde al Gobierno español, como antigua potencia colonial que es, en la resolución del conflicto del Sáhara resulta
admisible que pueda escudarse en esa frase para limpiarse las manos y situarse al margen del asunto. Mi grupo parlamentario cree que no. Lo ha repetido en numerosas ocasiones en esta Comisión. Por eso va a apoyar la iniciativa, que reclama una
vez más una intervención activa y propositiva del Gobierno.
Me voy a permitir como portavoz del grupo, sin embargo, sugerir al grupo proponente que acepte las enmiendas registradas por Coalición Canaria, singularmente la primera, la segunda y la tercera, que mejoran el texto, precisan sus contenidos
y corrigen algunas de sus contradicciones internas. El apoyo de mi grupo está asegurado, acepte o no estas enmiendas, pero creo sinceramente que estas tres en concreto que acabo de citar mejoran el texto, insisto, y en algún caso resuelven una
contradicción interna que resulta chocante en una primera lectura.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Nuestro grupo parlamentario va a apoyar la propuesta que se nos presenta por parte del Grupo de UPyD y también estamos convencidos de que las enmiendas que ha presentado el Grupo de Coalición Canaria-Nueva Canarias
mejoran el texto y, por tanto, pensamos que es correcto incorporarlas.
Nuestro voto favorable se basa en cuatro aspectos que quiero enumerar. En primer lugar, se basa en la convicción de que el pueblo saharaui tiene derecho a autodeterminarse y -si lo estima oportuno- constituir un estado propio al amparo de
la Carta de Naciones Unidas.
En segundo lugar, creemos que los intereses económicos de las empresas españolas que operan en Marruecos no pueden nublar la posición del Gobierno de España. En tercer lugar, la monarquía feudal marroquí no es un ejemplo precisamente de
democracia avanzada, y con barnices democráticos como los que ha realizado en su última modificación constitucional, creemos que difícilmente va a poder parar la llegada de la Primavera Árabe a Marruecos, que aún no ha llegado. En cuarto lugar, la
ocupación violenta que realiza el Reino de Marruecos sobre el territorio saharaui atenta gravemente sobre los derechos humanos: los derechos humanos económicos, porque se está explotando de forma ilegal los recursos naturales del Sáhara Occidental
por parte de Marruecos, y los derechos humanos políticos, porque hay represión, tortura y persecución política de la causa saharaui. Por estas razones, de forma clara vamos a apoyar el texto que se nos presenta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, en primer lugar, quiero fijar la posición de este grupo parlamentario, que es una posición de acuerdo con la legalidad internacional, de acuerdo con un procedimiento abierto y efectivo, de acuerdo con lo
que el colega de esta Comisión y buen amigo, el diputado Erkoreka, decía que era una cláusula de estilo. Yo creo que es mucho más que eso. Nosotros somos partidarios de alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable por las
dos partes en conflicto que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones y conforme a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Señorías, este es el mandato de Naciones Unidas,
este es el marco de la legalidad internacional y no sé por qué a veces en esta Comisión, en los debates de política exterior, invocamos la legalidad internacional precisamente como argumento básico de aval de nuestras posiciones, y en otros casos la
legalidad internacional y el mandato de Naciones Unidas no nos son útiles.
Estamos hablando de un conflicto, comparado con conflictos que hay en otras zonas geográficas del mundo, que tiene, señorías, marco de diálogo y un mandato de Naciones Unidas, como es la Minurso, de la cual hablaremos posteriormente a partir
de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco. Existen situaciones de hecho, no idénticas, pero que suponen conflictos realmente congelados: Osetia del Sur, Abjasia, Nagorno Karavaj. Señorías, estas sí que son situaciones en las
cuales no hay ni tan solo un consenso en el marco de Naciones Unidas. Por ello somos partidarios de esta solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable por las partes que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara de acuerdo con
la Carta de Naciones Unidas. Este es el mandato del organismo multilateral por excelencia, que es Naciones Unidas.
También les tengo que expresar que nuestro grupo no puede compartir esta iniciativa por cuatro motivos más, por dos motivos de forma y por dos motivos de fondo. Quizá podría ahorrarme incluso la referencia a los motivos de forma, pero creo
que no podemos plantear ni votar una proposición no de ley que empieza hablando de -cito literalmente-: 'Adelantándose a un posible deterioro de la situación.'. No podemos especular sobre marcos y evoluciones posibles, ni puede ser que en el punto
1 se haga referencia a un informe previo que no está en la proposición no de ley sino en la exposición de motivos. No puede ser tampoco que en el punto 2 se inste al presidente del Gobierno a que se sirva de su buena relación de vecindad con
Marruecos para instar al rey de ese país. Con los países y Estados soberanos se tiene que dialogar, con todos ellos, para expresar la posición de la legalidad internacional, haya buena relación de vecindad o no la haya. Se debe expresar la
posición de la política exterior española en Marruecos, con la buena relación de vecindad, y en Cuba, sobre la cual hablaremos dentro de un rato. Estos son los dos aspectos de forma que no compartimos.
Hay dos aspectos de fondo. En el punto número 4 de esta proposición no de ley nos proponen la modificación de la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, una ley que, como ustedes observan -algunas veces lo he comentado en esta Comisión de Asuntos
Exteriores-, fue aprobada justo el día antes de la muerte de Franco y publicada el día de la muerte de Franco, con lo cual seguramente España en aquel momento no estuvo muy atenta a sus responsabilidades de descolonización, porque la política
interna española estaba centrada en otros temas. Como sea, es evidente que no se trata de que las actuales Cortes democráticas aborden la reforma de una ley preconstitucional, de una ley franquista, para incorporar algo que no es competencia de la
legislación española sino de la legalidad internacional y de Naciones Unidas. En estos momentos el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo no es algo que dependa de la reforma de una ley preconstitucional española, sino de quedar
sometidos a la legalidad internacional.
El segundo y último aspecto de fondo que no podemos compartir es el punto 4.2, que insta al Gobierno al reconocimiento de las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática como legítimos representantes del pueblo saharaui. Queremos
manifestar nuestro respeto para la RASD y sus representantes, pero ustedes saben que el pueblo saharaui no se expresa única y exclusivamente a través de la RASD, y creo que tenemos que ser muy conscientes de esta pluralidad de un país que
desgraciadamente no ha podido articular democráticamente su representación.
Por los motivos expuestos no podremos votar favorablemente a esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Conde.
La señora CONDE MARTÍNEZ: Durante muchos años y con el paso por esta Cámara de cientos y cientos de iniciativas parlamentarias respecto a esta cuestión, de distinta consideración cada una de ellas, el Grupo Parlamentario Popular ha venido
manteniendo una postura constante y absolutamente coherente sobre la cuestión del Sáhara. En primer lugar, siempre hemos defendido que la solución del conflicto ha de someterse a la legalidad internacional en el marco y en el impulso de Naciones
Unidas y siguiendo lógicamente las propuestas y sugerencias que los distintos enviados especiales del secretario general, en este momento el señor Christopher Ross, han efectuado.
En segundo lugar, hemos pedido en distintas ocasiones que ambas partes renunciaran a esas posturas de máximos, que evidentemente cierran y bloquean las posibles vías de solución al conflicto, sobre todo con el fin de evitar la inmovilidad o
el enrocamiento de posturas encontradas y así conseguir que la comunidad internacional perdiera el interés en este asunto y pasara a engordar la lista de aquellas cuestiones que permanecen en el archivo del olvido, como bien comentaba el señor
Xuclà. Por eso creemos que las negociaciones directas bajo los auspicios de Naciones Unidas son muy positivas y pedimos a ambas partes flexibilidad.
En tercer lugar, siempre hemos apoyado el principio de la libre determinación bien entendido, en toda su amplitud, que no tiene por qué conducir necesariamente a la independencia, como han comentado algunos de los grupos políticos que han
intervenido con anterioridad. Baste recordar lo que este principio del derecho internacional supuso para Alemania con la reunificación alemana en 1991. Sin duda alguna, España tiene una responsabilidad histórica con el Sáhara Occidental como
antigua potencia colonial y eso nos alienta desde luego a servir de catalizadores en la búsqueda de un acuerdo entre las partes y sobre todo a intentar evitar convertirnos en un obstáculo a la solución o incluso en ser parte misma del problema. Por
eso creemos en lo que siempre se ha denominado neutralidad activa, en el equilibrio, en que la equidistancia entre las partes es esencial, es definitiva en este conflicto, porque es la mejor manera de que nuestro país, de que España sea de utilidad,
sobre todo frente a posturas de Gobiernos anteriores, que han estado dando bandazos, situándose unas veces en un lado de la balanza, otras veces en otro, con las consecuencias negativas que esto ha supuesto para España.
Por todas estas cuestiones que acabo de avanzar, señora Lozano, como ya le comentamos, nos resulta muy complicado apoyar esta proposición no de ley porque se ubica claramente en uno de los lados del conflicto. Se ha dicho en ocasiones que
si un país tenía buena relación con Marruecos no la podría tener con el Polisario o que si la tenía con Marruecos tampoco podría tenerla con Argelia. Sinceramente, no podemos estar de acuerdo con estas afirmaciones. En la medida en la que tengamos
una relación fluida, transparente y de respeto mutuo con todos los intervinientes, seremos mucho más útiles, mucho más eficaces en la solución del conflicto. Pero los conflictos perdurables en el tiempo nunca son sencillos o no son tan sencillos
como a simple vista pudiera parecer, ni tampoco monocausales. Este es uno de los motivos por los cuales permanecen latentes durante el tiempo. Por ello la cuestión del Sáhara no es solo una cuestión relativa al principio de autodeterminación. Hay
otros dos principios de derecho internacional, cuando menos, que también interactúan, como es el principio de no injerencia y el principio de integridad territorial, todos ellos contenidos en el cuerpo jurídico integrador de la filosofía de Naciones
Unidas, bien en la Carta de San Francisco, bien en las distintas resoluciones conocidas ampliamente por todos como la 1514 o la 2625. Con toda probabilidad todos estos principios, amparados en el corpus teórico de Naciones Unidas y en ocasiones
encontrados jurídicamente como acabo de comentar, han contribuido a que la latencia de este conflicto haya perdurado durante más de treinta y seis años.
Por todo lo antedicho y sin renunciar en absoluto a los principios básicos que todos los Gobiernos democráticos de España han venido reivindicando -y apoyando lógicamente- y teniendo presente el principio de la libre determinación, de la
legalidad internacional, del auspicio de Naciones Unidas y la renuncia a posturas de máximos, a posturas maximalistas, entendemos que es posible que los intervinientes en este conflicto encuentren una solución justa, duradera, equitativa y
mutuamente aceptable, todo ello en el marco de un diálogo sincero y de buena fe entre las partes.
Finalizo por tanto reiterándole, señora Lozano, que lamentablemente no podemos apoyar esta proposición, porque, como le he dicho, está claramente inclinada de un lado de la balanza y no creemos que este sea el camino. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A la señora Lozano le doy la palabra para que explique a la Comisión en qué medida acepta las enmiendas propuestas por el Grupo Mixto y el Grupo Socialista.
La señora LOZANO DOMINGO: La del Grupo Socialista no la aceptamos. Del Grupo Mixto, de Nueva Canarias, aceptamos la número 1, no la número 2 y aceptamos la número 3, pero convertida en enmienda de adición, de manera que después de la
admisión por ambas partes, vaya conforme a las resoluciones de Naciones Unidas. Esa sería la redacción definitiva.
El señor PRESIDENTE: ¿Serían tan amables de hacer llegar a la Mesa tal como queda el texto finalmente redactado? Y si pueden pásenlo a los grupos parlamentarios para su conocimiento; si no, lo leerá la Mesa.
La señora LOZANO DOMINGO: Sí.
En cuanto al resto de las enmiendas, la 4.ª y la 5.ª, tampoco.
El señor PRESIDENTE: Le ruego, por favor, si es tan amable, que pase a la Mesa el redactado final en los términos que después se deberá someter a votación.
- RELATIVA A LA DEFENSA DEL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES EN LA REPÚBLICA DE CUBA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000246.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, punto 4.º: Proposición no ley relativa a la defensa del ejercicio de las libertades fundamentales en la República de Cuba del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa
tiene la palabra don Teófilo de Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Tomo la palabra hoy para presentar a la Comisión una proposición no de ley que mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, presentó en el mes de febrero con motivo de la muerte de Wilman Villar, un
joven de 31 años que muere en una cárcel de alta seguridad en Cuba después de cincuenta días de huelga de hambre. Las circunstancias de la muerte de este señor merecen la condena de la Cámara, tal y como la proposición no de ley refleja, y es muy
importante al menos poner en común lo que yo sé de la opresión y la represión que existe en la República de Cuba sobre la ciudadanía general y sobre la disidencia en particular, para que la Cámara tenga muy claro cuál es el escenario en el que se
mueve esa república del continente americano. Hoy en la política internacional existe un altísimo interés por acompañar y ayudar a los pueblos que buscan su camino hacia la libertad y la democracia, y es muy conveniente que desde este país, desde
España, se tenga muy presente que el pueblo de Cuba lleva años sufriendo una represión, una opresión silenciosa, continuada y porosa y no por ello menos intensa, que cercena toda posibilidad de ejercicio de libertades individuales y de libertades
colectivas, además de significar un auténtico peligro, una auténtica amenaza real para el conjunto de los derechos humanos.
Si tomamos como uno de los ejemplos a considerar la muerte de Wilman Villar, este joven de 31 años es condenado por desacato a la autoridad, por colaborar con un grupo de disidencia en la República de Cuba, concretamente la Unión Patriótica
Cubana. Tras un juicio sumarísimo, sin garantías, según la Comisión de Derechos Humanos de Cuba, que preside Lisardo Sánchez Santacruz, es condenado a 4 años. Wilman Villar considera que su juicio no ha tenido garantías, que la condena es injusta
y, por lo tanto, se declara en huelga en hambre, y tras cincuenta días en huelga de hambre en una prisión de alta seguridad en Santiago de Cuba se complica su situación y muere. No es el primer caso. Esta Comisión en la legislatura pasada ya tuvo
ocasión de debatir también un caso muy similar, que fue el de Orlando Zapata, pero una vez más nos tenemos que ocupar de un caso de esta naturaleza.
Otro ejemplo, otro caso de hasta donde llega la represión que el Gobierno de la dictadura de Castro ejerce sobre la ciudadanía y sobre la disidencia, es el de un joven, Yosvany Melchor, cuya madre, Rosa María Rodríguez, participa activamente
en los trabajos del Movimiento Cristiano de Liberación, que lidera Oswaldo Payá. Yosvany Melchor es un joven de 28 años, discapacitado intelectual, que ha sido juzgado por ayudar a escapar a un deportista y a su familia de la isla de Cuba, luego
queda patente que en Cuba la libertad de circulación de sus ciudadanos está restringida. La condena que sufre Yosvany es de 12 años de cárcel y lo más notable es que la Comisión conozca que la madre de Yosvany está recibiendo presiones de las
fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado de Cuba y del propio establishment de la dictadura cubana para que abandone su lucha activa con el Movimiento Cristiano de Liberación para conseguir un mejor trato a su hijo encarcelado.
Quiero poner en conocimiento de la Comisión algo que probablemente sepan, porque ha habido oportunidad de ver imágenes en la televisión muy recientemente, y es un instrumento bastante efectivo, muy cínico, que emplean las fuerzas de
seguridad de Cuba para oprimir y reprimir, y cuando digo oprimir y reprimir no es precisamente a los delincuentes sino a quienes tratan de ejercer su libertad, que es la ciudadanía de la República de Cuba, y son los mítines de repudio. Los mítines
de repudio, hubo hace poco imágenes de televisión sobre ellos, significan que, al tener conocimiento de que en un domicilio particular existe una reunión de disidentes, simplemente una reunión, sin necesidad de provocar una alteración de orden
público por parte de la disidencia sino que ellos están dentro de un domicilio particular, se produce una concentración de ciudadanos en la puerta de ese domicilio, ciudadanos que desde fuera increpan, amenazan y hostigan a los de dentro, dando
lugar así a una tensión evidente y a un eficaz instrumento de represión sobre quienes una vez más tratan de ejercer su libertad. Pero lo realmente útil para que lo conozca esta Comisión y esta Cámara es que esos hechos ocurren en ocasiones con
miembros de la policía vestidos de paisano, y en otras ocasiones con policías en la muchedumbre que está fuera, incluso con los coches patrulla y desde luego con pleno conocimiento de quienes dirigen todo el aparato represor que se ejerce desde la
dictadura de Cuba sobre su ciudadanía.
Quería poner en común con la Comisión la valoración que yo hice de una experiencia que viví hace unos meses en Madrid, en el parque de Berlín, donde estaba instalada una maqueta de lo que es hoy una celda de una prisión cubana. Esa celda
que tuve ocasión de ver fue construida con la información dada por muchos de los presos políticos que hoy se encuentran en Madrid y no tenía comunicación ni ventilación hacia el exterior; sus condiciones de salubridad eran absolutamente
intolerables en el siglo XXI en un sistema democrático y en Europa; el camastro del
preso también era totalmente deplorable, por no hablar de la dieta alimentaria, que estoy seguro que algunos miembros de la Comisión de otros grupos políticos conocen porque sé que han tenido contacto con los presos políticos que han llegado
a Madrid. Después de ver aquello, que era muy plástico y digno de conocerse, se puede comprender por qué las instituciones carcelarias cubanas y las autoridades de esa dictadura nunca jamás han consentido la visita de la Cruz Roja Internacional a
las cárceles de Cuba, porque no son un espacio de rehabilitación del penado, como se entiende en principio la política carcelaria en un sistema democrático, sino que es un espacio de opresión, de castigo y casi, casi de condena eterna para quien
está condenado en ocasiones por figuras delictivas como la peligrosidad predelictiva, que es una figura muy particular del Código Penal cubano. Según los datos que me facilitan algunos expresos políticos, puede haber unas 5.000 personas condenadas
por peligrosidad predelictiva, que quiere decir que una persona es condenada antes de cometer un delito, simplemente por la sospecha de que puede cometerlo, lo cual desde el punto de vista de un demócrata y de una democracia es bastante doloroso.
Mi grupo parlamentario lleva años intentado -hemos conseguido algunos éxitos- que Europa, sus instituciones, sus partidos políticos y sus políticos acompañen, protejan y apoyen la actividad de quienes desde Cuba y por Cuba trabajan por los
derechos humanos y las libertades. Por eso es muy importante hacer que la trágica muerte de Wilman Villar no quede en el olvido y aprovechar su sacrificio para que esta Cámara, en primer lugar lamente la muerte de este joven de 31 años y condene
las circunstancias de su muerte, que son aquellas que he descrito como sintomáticas o características de represión y la opresión que sufre el pueblo cubano, y naturalmente es muy necesario que desde esta Cámara, que es plenamente democrática,
hagamos un llamamiento para que el Gobierno de Cuba inicie el diálogo inmediato con la sociedad civil cubana para llegar a disfrutar de un espacio de respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales y colectivas y, lo que es
consecuencia de todo ello, a un sistema democrático pleno. Estoy seguro de que muchos de los grupos que están presentes en la Comisión y que van a participar en el debate no tendrán inconveniente alguno en apoyar esta tesis, porque al final lo que
pretendemos es apoyar que un pueblo que está sometido a una dictadura alcance, de una vez por todas, el nivel de libertad que todos deseamos.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda y yo le he ofrecido otra enmienda que tiene el ponente esperando que él comunique si acepta la transaccional que yo le he ofrecido o no. En caso de que no fuera así, ya veríamos que texto se
somete a votación en la Comisión. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Socialista para cuya defensa tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Señor presidente, señorías, huyendo en principio del planteamiento que se hace, que es un hecho doloroso y luctuoso como lo es la muerte de un preso en Cuba, hay que ir a algo mucho más general, que no es lo que
tocaba, como es el análisis de la situación política de la isla de Cuba. Quizás es un mal momento para hacerlo, teniendo en cuenta el respeto que todos debemos a quienes mueren en circunstancias como las de Wilman Villar. Es verdad que en aquellos
días de enero, cuando se producía la muerte de Wilman Villar, asistíamos a reacciones bien distintas -digo bien distintas no por los distintos grupos políticos, sino dentro del mismo Partido Popular-. Asistíamos, por un lado, a la reacción del
Gobierno por boca de la vicepresidenta, doña Soraya Sáenz de Santamaría y, por otro, del Grupo Parlamentario Popular por boca del ponente de esta proposición, el señor De Luis. La prensa con carácter general -la más y la menos cercana a las
posiciones del Gobierno- calificaba aquella reacción de la vicepresidenta y posteriormente la del ministro de Exteriores como una reacción con cautela. Y precisamente la cautela de la que hizo gala la señora Sáenz de Santamaría es la que le falta a
esta proposición no de ley que ustedes traen hoy a esta Comisión para su debate y aprobación. La proposición no de ley peca de exceso de ardor guerrero en relación con un tema de política internacional. La señora vicepresidenta había mostrado su
consternación y había aprovechado también para solicitar del Gobierno de Cuba la liberación de todos los presos políticos, cuestión esta que no se consiguió nunca durante los gobiernos de José María Aznar. Lo único que se consiguió con aquellos
gobiernos fue una posición única europea, una posición unilateral. Posteriormente esa excarcelación solo ha sido posible a través de los intentos de los sucesivos gobiernos de José Luís Rodríguez Zapatero, donde sí se produjo la excarcelación de un
número importante de presos, muchos de los cuales, la inmensa mayoría, vinieron a España, otros quedaron en terceros países y algunos permanecieron voluntariamente en Cuba.
Decía el ponente de la proposición no de ley que la causa era desacato a la autoridad. Es desacato a la autoridad, pero no por manifestarse. Tenemos distintas versiones y me he ocupado de conocer las que podíamos llamar de una forma un
poco sencilla procastristas, anticastristas, y en todas ellas queda claro que hubo un incidente en el mes de julio del año 2011, en el cual la víctima, el preso fallecido, había golpeado a su mujer, se emitió un parte médico -un parte de lesiones
que yo he podido consultar a través de Internet-, y fue la suegra quien lo denunció acudiendo en ese momento a la policía, produciéndose el desacato cuando se presentó la policía. El señor Villar estaba en libertad sin cargos, a la espera de
juicio. Ese juicio se produce posteriormente,
el 24 de noviembre, y en el tránsito entre el incidente y el juicio de 24 de noviembre, es cuando el señor Villar se une a la Unión Patriótica de Cuba; cuestión muy legítima y lógicamente respetable por mi parte. No se puede decir que el
desacato responda a un hecho distinto del que respondió y que el juicio se produzca por un hecho distinto o por un desacato que tenga otras motivaciones. El hecho luctuoso se produce desgraciadamente, pero no muere en prisión, muere atendido en un
hospital en Santiago de Cuba. No muere en la celda, que podría ser una imagen aún más lamentable. Con todo y con eso, nosotros hemos lamentado la muerte del señor Villar.
Cuando ustedes estaban en la oposición, el hoy jefe de gabinete, el señor Moragas, era la persona que se ocupaba de los temas de relación con Cuba, y fueron siempre muy duros con el régimen castrista y les entiendo. Ahora, en el poder, el
Gobierno popular es mucho más prudente. La señora Santamaría, en la misma comparecencia a la que me refería antes, así lo demostraba cuando se limitaba a manifestar sus condolencias a las familias y a añadir que la política exterior española
tendría siempre como horizonte la defensa de las libertades políticas y la protección de los derechos humanos, especialmente en el caso de Cuba, aunque no estaría de más que esa actitud manifestada por la señora vicepresidenta se extendiera a países
como Honduras, donde acaban de morir más de 361 presos abrasados, cuyos derechos penitenciarios, entre ellos el de seguir vivos, parece que nadie se preocupaba de defender en la comunidad internacional.
Como se puede deducir de lo dicho, la señora vicepresidenta hacía una apelación al régimen cubano que evitaba cuidadosamente la palabra que aquí hoy se introduce en la proposición no de ley del Partido Popular de condena, palabra que, como
digo, aparece en el original de la PNL, que nosotros hemos querido, por lealtad institucional con la señora vicepresidenta y en la línea de lo planteado por ella, convertir en lamentar el trágico desenlace y que el proponente, en la transaccional
que nos ha planteado, vuelve a convertir en condena sobrepasando los límites establecidos en su discurso público por el Gobierno del señor Rajoy. Ustedes, señoras y señores del Grupo Popular, deben aclarar sus contradicciones con su Gobierno en
este tema y no hacernos a nosotros rehenes de sus discrepancias internas, porque la posición del Partido Popular en este punto no puede ser como en la copla, la de la falsa moneda, la cara para el Gobierno y la cruz para el grupo parlamentario,
sobre todo después de que en su comparecencia de días pasados en esta misma Comisión, el señor ministro, al final se autofelicitara porque su exposición coincidía plenamente con el programa electoral en política exterior del Partido Popular, que es
quien sustenta al Gobierno.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Me gustaría responder.
El señor PRESIDENTE: Después, cuando se posicione y solo para aceptar o no la enmienda.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Seré muy breve, no se preocupe.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra simplemente para aceptar o rechazar la enmienda.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Salvador, que va a compartir el tiempo con el señor Iñarritu.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Únicamente para manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa y, con ello, para agradecer también al diputado, Teófilo de Luis, por su constancia, por su interés mantenido en la defensa de la libertad, de la
democracia y de los derechos humanos en Cuba. En Cuba la realidad es tozuda, se podría decir que el reloj del tiempo, del progreso, se paró hace cincuenta años. Ni siquiera el reloj biológico hace su trabajo con el viejo dictador. Lo cierto es
que el régimen castrista sigue en pie: precario, empobrecido, corrupto, pero en pie. Es verdad que las noticias que nos llegan de la isla no avalan cambios en la dirección adecuada. Parte de la oposición sigue encarcelada, los que apoyan a los
opositores encarcelados siguen siendo perseguidos, la corrupción anida por toda la Administración del régimen cubano con una metástasis impresionante, los jerarcas buscan acomodo ante un previsible derrumbe del castrismo en la época poscastrista, y
la debilidad política del régimen se compensa con más presión, más violencia y menos libertad. Por eso es bueno que pongamos en esta Comisión el foco en la actualidad y en nuestro orden del día la realidad de la sociedad cubana. Hoy vamos a ver en
esta misma Comisión, señorías, conflictos, algunos de ellos importantes y enquistados -Sáhara-Marruecos, Israel-Palestina, la primavera siria, las convulsiones en Egipto-, pero lo cierto es que los cubanos llevan soportando una dictadura comunista
durante más de cien años, la más longeva del planeta. Un régimen, señorías, donde se violan derechos humanos sistemáticamente, la libertad entendida como aquí la entendemos homologable con otros países occidentales sigue siendo una utopía, y el
Estado es un instrumento al servicio de los intereses particulares de una oligarquía corrupta. Señor De Luis, le agradezco la proposición no de ley, le animo a seguir en esa dirección y le quiero ofrecer mi colaboración para cuantas iniciativas
tenga usted a bien poner a consideración de esta Cámara.
Me van a permitir, señorías, sin ánimo de que parezca una idea o sugerencia extravagante, pero, oídas algunas intervenciones, a algunos diputados les vendría muy bien viajar a Cuba ahora para saber lo que es un auténtico parque de
atracciones del horror, el parque de atracciones que es la consecuencia del comunismo, antes de que el reloj biológico haga su efecto y vuelva la libertad y la democracia a Cuba.
El señor PRESIDENTE: Señor Iñarritu, para el resto de tiempo del Grupo Mixto.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Amaiur va a votar negativamente ya que si bien lamenta el luctuoso suceso de la muerte de este joven al igual que comparte la demanda, el llamamiento a las garantías de derechos, a las libertades tanto en Cuba como
en el resto de Estados del mundo, en lo referente a Cuba y hablando de libertades y derechos humanos no se menciona el ilegal, aleatorio e injusto bloqueo, embargo, que sufre la ciudadanía de esta isla desde hace 62 años, y en concreto esto ha
producido, como decía el compañero, un empobrecimiento, detener el reloj del tiempo en esa isla, en definitiva, una fuente de sufrimiento y de carencias en la población cubana. Siguiendo con el territorio cubano, no se hace mención al lugar de la
isla donde más derechos humanos se violan, que es la base y prisión de Guantánamo.
En lo referente a España, teniendo en cuenta que ha habido sucesivas condenas de la corte europea de derechos humanos a España en asuntos de derechos humanos y libertades, en concreto tres este pasado año, el informe del Consejo Europeo de
prevención de la tortura, los informes anuales de derechos humanos de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch y las innumerables denuncias de violación de derechos en los centros de internamiento de extranjeros, creemos que por estos motivos
y por muchos más es conveniente que España haga los deberes antes de realizar llamamientos a otros Estados en estas materias. Por ello votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: El debate sobre el respeto de los derechos humanos en Cuba constituye sin duda otro de los clásicos de esta Comisión. Un debate que en ocasiones -pocas- fructifica en acuerdo y que en otras ocasiones
-desgraciadamente las más- provoca un cruce de reproches entre los más afines y los más alejados del régimen político vigente en Cuba. En las iniciativas relacionadas con el diseño de una acción exterior inspirada en la difusión de valores como la
libertad, la democracia y los derechos humanos, mi grupo parlamentario ha procurado siempre obviar los aspectos secundarios, por ejemplo, el de la mayor o menor simpatía que eventualmente pudiéramos tener para con el régimen de que se trate y mirar
exclusivamente a lo esencial. Lo esencial en este caso es la situación real que atraviesa el país en cuestión desde el punto de vista de los derechos humanos, sin incurrir en el error de ignorar unas vulneraciones por el hecho de que las haya
también en otros países de diferente signo político. Quien quiera denunciar violaciones de derechos fundamentales en otros países tiene igualmente la ocasión de presentar iniciativas aquí en esta Cámara, y no encontrará oposición de mi grupo
parlamentario si efectivamente se constata que las vulneraciones existen, pero no ocultemos unas por el hecho de que existan también otras. En el caso de Cuba la situación es clara: las libertades fundamentales brillan por su ausencia y el acoso a
los disidentes con detenciones y con reclusiones arbitrarias constituye una realidad tan triste como lacerante que las organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales denuncian sin excepción año tras año.
Fíjense, señorías, hace muy pocos días Amnistía Internacional que sirve de guía y faro para muchos grupos parlamentarios, incluido el mío en todo lo que se refiere a la agenda de política exterior en el ámbito de los derechos fundamentales, hacía
pública una agenda de derechos humanos para la política exterior española en esta X Legislatura e incluía un punto específico sobre Cuba en el que instaba al Gobierno a desplegar toda una ofensiva diplomática con el fin de pedir a las autoridades
cubanas cinco puntos: que pongan fin al hostigamiento, a la intimidación y la persecución de defensores de derechos humanos; que liberen de inmediato a los presos de conciencia; que ratifique sin reserva los pactos internacionales y el Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional; que facilite la visita del relator especial de la ONU contra la tortura; y que facilite la labor de organismos internacionales de derechos humanos, gubernamentales y no gubernamentales. Señorías, esta es
la recomendación que dirige al Gobierno español de cara a la agenda de política exterior en materia de derechos humanos durante esta legislatura nada menos que Amnistía Internacional.
La iniciativa que se somete a la consideración de la Comisión se centra en el caso del joven disidente Wilmar Villar que murió, como bien ha referido el portavoz del grupo promotor de la iniciativa, como consecuencia de una huelga de hambre.
Lo primero que llama la atención es el hecho de que su texto, el texto de la proposición no de ley sometida a la consideración de la Comisión, haga un planteamiento meramente declarativo. Basta una lectura superficial de su texto para darse cuenta
de que no pretende instar al Gobierno a que haga o se abstenga de hacer algo, como suele ser habitual en las proposiciones no de ley, sino que tan solo pretende hacer pública la posición de la Cámara en relación con las circunstancias que han
rodeado la muerte del citado disidente. El Congreso, dice la proposición no de ley, condena, lamenta y reitera pero no insta al Ejecutivo a nada. Personalmente no tengo inconveniente alguno el condenar, lamentar y reiterar lo que el texto nos
invita a condenar, lamentar o reiterar, pero dudo -francamente lo expreso ante la Comisión- si la expresión condenar es la más adecuada, la más oportuna para incorporar a una declaración parlamentaria que se refiere a algo que ha sucedido en otro
país con el que se supone que se debe y se desea mantener relaciones diplomáticas exigentes, por supuesto en lo que se refiere al respeto a los derechos fundamentales pero al mismo tiempo no hostiles, cuando menos no hostiles. Por eso, me atrevo a
sugerir a su promotor que considere la posibilidad de sustituir esta
palabra por otra que sin alterar en lo sustancial el fondo del planteamiento esté redactada en términos más respetuosos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Voy a intentar aportar algo al debate con prudencia. Ustedes, señores del Partido Popular, nos presentan una proposición que es de manual, de ese manual que periódicamente tienen que cumplir y que a otros les
escriben. Lo que ocurre es que en este caso les han colado un gol por toda la escuadra porque a estas alturas nadie con el mínimo rigor puede seguir manteniendo que el señor Villar estaba en la cárcel por algo que no fuese por pegarle a su mujer.
Es que eso está demostrado y admitido por todo el planeta menos por usted, don Teófilo y por quien le escribe el discurso. (El señor De Luis Rodríguez: ¡No!-Rumores.) Estaba en prisión por pegar a su mujer y denunciado por su suegra.
El señor PRESIDENTE: Por favor.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Por lo tanto, de incidente político represivo nada de nada. Estamos ante un tema desgraciado que lamentamos pero que ocurre en otras muchas cárceles del planeta, incluidas las españolas, donde ustedes y nosotros
sabemos que se producen incidentes, que se producen muertes en las propias cárceles, que hay huelgas de hambre. (Protestas.) Y eso lo lamentamos nosotros y espero que también ustedes. Sobre la muerte del señor Villar, es lamentable como la de todo
ser humano. También hay que decir que recibió todas las atenciones médicas, cosa que no ocurre en otras cárceles del mundo, en algunos casos incluidas las españolas donde hay presos que mueren... (Protestas.-Un señor diputado: ¡Cállate hombre!)
El señor PRESIDENTE: Por favor, les ruego silencio. Dejen expresarse libremente a cada uno.
Señoría.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señores del Partido Popular tranquilidad, tranquilidad porque en las cárceles españoles ha habido presos que han muerto dentro de la propia cárcel, suicidados, suicidados. Y eso lo lamentamos nosotros y espero que
ustedes también. No lo pueden negar ni decir que en las cárceles españolas no ha muerto nadie. Este diputado ha hecho preguntas al Gobierno y este ha contestado y ha indicado los casos de presos españoles que han muerto dentro de las cárceles.
Lamentable todo ello. Entonces, ¿por qué mantienen ustedes esta propuesta? Porque podríamos haber hecho el debate de otra manera, con algo más de seriedad. Hombre, podemos hablar del hostigamiento, pero para hostigamiento lo que vivimos en
Valencia. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señorías, hay que respetar el derecho de cada uno, pero cada uno debe ajustarse al contenido, señor diputado.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Me estoy ajustando al contenido.
El señor PRESIDENTE: Perdón. Nada tienen que ver las cárceles españolas ni lo que ha sucedido en Valencia con lo que sucede en Cuba. Le ruego que se ajuste al contenido de la intervención.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, creo que me estoy ajustando...
El señor PRESIDENTE: Señor Nuet, no tiene la palabra.
El señor NUET PUJALS: No estoy hablando.
El señor PRESIDENTE: Sí está hablando.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, creo que me estoy ajustando, y lo que me sorprende es que ustedes saben que tienen mayoría y que este simple diputado no va a conseguir nada más que tener la palabra.
Por eso creo sinceramente que les han metido un gol. Podemos hacer un debate más serio sobre Cuba, sobre derechos humanos, y podríamos hablar. Podríamos hablar de los derechos humanos del planeta, señor presidente, pero es que se habla de
derechos humanos y yo también quisiera hablar de los derechos humanos en Cuba, de los seis millones de parados hacia los que vamos en España, de los que son expulsados de sus viviendas en España cuando hay seis millones de viviendas vacías en
España. Podemos hablar de derechos humanos sin complejos (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, dejen acabar la intervención.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Podemos hablar sin ningún complejo de derechos humanos, efectivamente, por ejemplo, de las muertes que se producen en Cuba por el bloqueo, que me imagino que a ustedes les dolerán tanto como la del señor Villar.
Sin embargo, la comunidad internacional no se preocupa de evitar que ocurran porque ya son cincuenta los años de bloqueo. No son cien años, señor Salvador, son cincuenta. (El señor Salvador Armendáriz: Rectifico.) Los cien años no los veremos ni
usted ni yo, por desgracia para nosotros, pero con toda seguridad creo que llegarán. A partir de ahí podemos hablar de ese bloqueo no solo porque está costando miles de millones de dólares, sino también vidas tan respetables como la del señor
Villar pero que parece ser que al Partido Popular no le motivan para presentar una proposición.
Nosotros no estamos dispuestos a que alguien reparta diplomas de buenos y malos y menos que sean los Estados Unidos, porque ese Guantánamo sí que es un parque del terror, algo que tampoco es motivo para ustedes para presentar una proposición
no de ley. No queremos que Estados Unidos nos escriba el guion porque sabemos cómo terminan los guiones de películas de buenos y malos: con un pueblo masacrado y casi exterminado y unos señores de uniforme dominando territorios. Eso no lo
queremos ni para Cuba ni para ningún otro lugar del mundo. Cuba no es el paraíso, lo saben muy bien las cubanas y los cubanos que día a día hacen frente al bloqueo, hacen frente al terrorismo que les mandan desde Estados Unidos, y lo hacen con
dignidad, como reconoce todo el mundo, porque no es casualidad que hoy Cuba sea el referente en Latinoamérica y que haya cola de presidentes latinoamericanos en Cuba. No es casualidad, todo el mundo les reconoce esa dignidad.
Para terminar, señor presidente, repito que son lecciones tramposas que lo único que buscan es crear ambiente para legitimar invasiones que cito en esta Cámara porque los documentos que así lo avalan son públicos. Ni para Cuba ni para
ningún otro lugar del mundo vamos a legitimar el intento de invasión, que no es ni más ni menos que lo que buscan crear estos ambientes.
Muchas gracias, señores diputados del Partido Popular, por haber prestado completa atención a mi intervención. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Intervengo para manifestar nuestro apoyo a la proposición no de ley planteada por el Grupo Popular sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de Wilman Villar por una huelga de hambre.
Nosotros somos partidarios de los derechos humanos y de la democracia, y de hecho entendemos que un derecho humano fundamental en el siglo XXI es el derecho de los ciudadanos, de los hombres y mujeres, a poder vivir en sistemas democráticos.
Nosotros repudiamos las dictaduras, cualquier tipo de dictadura, y no somos condescendientes con ningún tipo de dictadura ni consideramos que se pueda decir que hay dictaduras de inspiración de derechas o dictaduras de inspiración de izquierdas. La
única diferencia es la línea clara y nítida que separa una dictadura de una democracia, y estamos muy alejados de aquellos discursos condescendientes y que llegan a encontrar argumentos y explicaciones desde un punto de perspectiva histórica a las
dictaduras. No somos partidarios de los dobles estándares, con lo cual nosotros vamos a aplicar nuestra recomendación, que es lo que podemos hacer desde el ámbito parlamentario, para que una política exterior de Estado mantenga, por una parte, las
relaciones diplomáticas con cualquier Estado del mundo y, por otra, exprese de forma firme y contundente las exigencias de respeto a los derechos humanos y el derecho humano a vivir en democracia.
Nosotros apoyamos esta iniciativa excelentemente defendida por el diputado Teófilo de Luis y quiero decir que también nos parece muy acertada la enmienda del Grupo Socialista. Quizá ha sido bastante distinto el discurso que ha acompañado la
justificación de la enmienda del Grupo Socialista, pero estamos de acuerdo con la literalidad de la enmienda del Grupo Socialista. No vamos a entrar en si alguien murió en la celda o en casa y si esto es un atenuante.
Quiero terminar haciendo referencia a algo que está recogido en la proposición del Grupo Popular y también en la enmienda de sustitución del Grupo Socialista. Ambas hacen referencia a la reconciliación del pueblo de Cuba, y creo que no es
una referencia superficial. Algún día -ustedes han hablado de los cincuenta y dos años de régimen castrista-, y deseo vivamente que ese día sea cercano, tendremos que afrontar, coadyuvar y acompañar la reconciliación del pueblo de Cuba.
Termino con un asunto para intentar introducir un poquito de rigor en este debate. Por sentencia del Tribunal Constitucional en España nadie por huelga de hambre ha muerto en una prisión, porque es obligación de los poderes públicos y de
las autoridades penitenciarias suministrar la asistencia sanitaria oportuna para evitar la muerte de una persona que se declara en huelga de hambre.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Teófilo de Luis, no para reabrir el debate, sino para manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda del Grupo Socialista.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Señor presidente, sin reabrir debate. Estamos en conversaciones por si hubiera alguna aproximación posible. Yo he ofrecido una transacción esta mañana que no ha sido aceptada, pero, en interés de la libertad de
Cuba, continuamos las conversaciones y antes de votar sabremos algo.
El señor PRESIDENTE: Señor De Luis, esperamos que trasladen a la Mesa el resultado final de las conversaciones a efectos de la votación.
- SOBRE REFORMA DEL SERVICIO EXTERIOR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000256.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día. Proposición no de ley sobre reforma del servicio exterior, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra para su defensa el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, como bien han visto esta tarde, esta Comisión de Asuntos Exteriores ha entrado de lleno en su trabajo de discusión, deliberación y posterior votación de debates sustantivos de la política exterior que
conciernen a la política exterior española, pero de forma muy pensada y muy determinada el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha querido que la primera iniciativa de esta legislatura no sea una iniciativa sobre un asunto de política exterior
concreto sino que sea un asunto sobre los instrumentos, sobre cómo conseguir que la política exterior española sea una política exterior aún más eficaz en esta legislatura.
Señorías, desde hace treinta y tres años, desde la recuperación de la democracia, los distintos ministros de Asuntos Exteriores han anunciado en sede parlamentaria, en el inicio de su mandato, la reforma del servicio exterior. Este mismo
anuncio se produjo por parte del ministro García-Margallo en su primera comparecencia ante esta Comisión de Asuntos Exteriores, y para nuestro grupo parlamentario este anuncio es muy relevante. La exigencia de votar en una primera sesión una
proposición no de ley instando a la reforma del servicio exterior es muy importante para que, esta vez sí, en esta legislatura podamos afrontar una profunda revisión del servicio exterior. ¿Por qué? Por distintos motivos, señorías.
Estos últimos años hemos vivido un fuerte impacto con la llegada de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana, una revolución de las comunicaciones que ha supuesto un cambio en profundidad de las formas de relacionarnos y también de
las formas del comercio internacional. En segundo lugar, porque el fenómeno de la globalización ha impactado vivamente también sobre las relaciones internacionales. Evidentemente hoy, como siempre, tenemos unas dimensiones idénticas del mundo,
pero de forma metafórica podríamos decir que hoy el mundo se nos ha hecho más pequeño, más asequible, menos lejano y que también tenemos que adaptar nuestro servicio exterior a esta realidad del mundo que metafóricamente podríamos decir que se nos
ha hecho más próximo, más cercano. En tercer lugar, señorías, vivimos una crisis económica muy importante que en su momento fue mundial, pero que ya no es una crisis mundial porque hoy la economía mundial está creciendo al 4 por ciento, que es una
crisis económica que tiene un especial acento en Europa por algunos problemas en la integración política, en la integración federal europea.
Es evidente, señorías, que una reforma del servicio exterior español tiene que ir muy especialmente orientada a favorecer la recuperación económica, muy especialmente orientada a favorecer la internacionalización de la economía española para
su reactivación. En un momento de crisis, en un momento de reformas profundas, es el momento de hacer posible y con coraje algo que no lo ha sido en anteriores legislaturas: una muy profunda coordinación entre el brazo diplomático clásico de la
Administración española y el brazo de los técnicos comerciales del Estado. La acción diplomática exterior tiene que estar al servicio de la defensa de los intereses españoles y de los intereses geoestratégicos españoles, pero también de la
reactivación económica. Estamos en momentos cambiantes, tenemos que repensar nuestra acción exterior y también -por qué no- tenemos que repensar el mapa de implantación diplomática y consular de nuestro servicio exterior. Señorías, no todo es para
siempre ni igual. Existe lo que podríamos denominar la topografía del poder: países emergentes, países consolidados, países con los cuales tenemos una relación bilateral muy consolidada porque están dentro de la Unión Europea y a veces forman
parte más de la política interna que de la política estrictamente internacional. Con estos países evidentemente tenemos que mantener nuestras relaciones diplomáticas, pero este mapa de implantación diplomática y consular tiene que tener en cuenta
algunos países emergentes y emergidos en los que nuestra presencia es escasa. Haré referencia solo a dos áreas geográficas: en el Cáucaso, en Georgia, y en Azerbaiyán, en Armenia, países hoy muy distintos de hace unos años, España no tiene ningún
tipo de representación diplomática directa y la debería tener; en Camboya y en otros países del sudeste asiático España no tiene ningún tipo de representación diplomática y la debería tener.
Por todo ello somos partidarios de la racionalización del mapa de implantación diplomática y quizá -y esto lo veremos muy pronto con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para este año- esta racionalización vendrá
acompañada del cierre de algunas legaciones y de la apertura de otras. Nosotros estamos absolutamente abiertos a esta mentalidad de reforma en profundidad. Estamos abiertos también a algo que en estos momentos se está viviendo en otros países de
la Unión Europea: el fomento en el ámbito del cuerpo diplomático del uso de las nuevas tecnologías y, si me permiten, ha causado una cierta controversia con algunos portavoces el hecho de que no hayamos hecho referencia a una expresión en inglés,
el laptop ambassador y la smart diplomacy. Yo no sé si tenemos que estudiar o implantar directamente los embajadores que con nuevas tecnologías y con trabajo por objetivos se mueven por distintos países. Esto, por ejemplo, ha sido posible en
Italia con el nuevo Gobierno del primer ministro Mario Monti y con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, que ha impulsado a estos jóvenes diplomáticos abocados al trabajo por objetivos en nuevas zonas emergentes. Les quiero recordar que en los
últimos años ha habido unas promociones muy importantes de la Escuela Diplomática, que, de acuerdo con las normas, estos nuevos diplomáticos no pueden permanecer más de dos años en la sede central del Ministerio de Asuntos Exteriores y que muchos de
estos jóvenes diplomáticos en cuestión de meses están pendientes de nuevo destino. Precisamente es una gran oportunidad para que el nuevo destino sea acorde con esta nueva forma de entender la diplomacia inteligente, la diplomacia audaz, la smart
diplomacy. Finalmente tenemos que dotar las misiones diplomáticas de las competencias y de los medios para colaborar con la internacionalización empresarial.
Por último -punto número 2 de esta proposición no de ley-, el inicio de esta legislatura es el momento de revitalizar el Consejo de Política Exterior. Creo que en este nuevo impulso del Consejo de Política Exterior es relevante el papel de
la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado y que las deliberaciones y las aportaciones de estas comisiones, del presidente de la Comisión, de la Mesa y de los portavoces deben
ser oídas en el Consejo de Política Exterior, siendo como es la política exterior, de acuerdo con la Constitución, una competencia exclusiva del Ejecutivo, pero siendo también una realidad que en los últimos años hemos conseguido e impulsado una
parlamentarización de la política exterior.
Termino. Se han presentado dos enmiendas que desde el punto de vista del grupo proponente son perfectamente armonizables y encajables con nuestra propuesta inicial. Quiero agradecer al Grupo Popular y al Grupo Socialista el interés
expresado por esta iniciativa con la presentación de dichas enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas, una presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra el señor Beneyto.
El señor BENEYTO PÉREZ: Vamos a ver si conseguimos que esto no se convierta también en un clásico de esta Comisión, en el sentido negativo, por supuesto. Es decir, vamos a ver si conseguimos en esta legislatura -y yo creo que incluso al
inicio de la legislatura- una ley del servicio exterior. La situación favorable la tenemos. El Gobierno está trabajando muy activamente, vamos a tener un anteproyecto de ley muy próximamente en la Cámara que podremos debatir, pero sería una buena
muestra de la capacidad de eficiencia en el trabajo y de contribución a una visión más a largo plazo de la política exterior que esta Comisión fuera capaz de generar un amplio consenso en torno a este anteproyecto de ley. Y no solo eso, sino que
como plantea la propia proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán, al que agradezco esta iniciativa, a la que nos sumamos y con cuyo texto coincidimos casi al cien por cien, que en torno a ese debate generemos una política de Estado sobre
los puntos principales, básicos, fundantes de nuestra política exterior. Creo que es una gran oportunidad que tenemos en estos momentos. Hemos podido ver a lo largo del debate de esta tarde cómo es posible llegar a acuerdos y alcanzar consensos
incluso con grupos que inicialmente podrían estar alejados de nuestras posturas como grupo mayoritario, y en general con todos los grupos representados en esta Comisión y en la Cámara. Podemos y debemos identificar claramente cuáles son los
intereses de la política exterior española y podemos y debemos generar consenso en torno a unos valores que nos son propios a todos los grupos: la defensa y promoción de los derechos humanos, la defensa y promoción del Estado de derecho, la defensa
de la economía social de mercado, el compromiso claro por el multilateralismo, por la mejora de la gobernanza mundial, por la eficacia de los organismos y de las organizaciones internacionales, esa proyección de valores que nos son comunes, los
valores de la democracia, los valores de Europa. Podemos generar consenso, como digo, y tenemos esa gran oportunidad en la mano. La proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió habla de la modernización de los instrumentos de la política
exterior y ese es el objetivo principal del anteproyecto de ley que próximamente llegará a la Cámara. Es evidente que en estos momentos la política exterior tiene un marco absolutamente distinto de lo que era la diplomacia clásica o de la que ha
sido incluso la política exterior hasta los años setenta u ochenta. Nos encontramos con tres grandes fenómenos: en primer lugar, la globalización, sin ninguna duda, lo que ello supone de simbiosis entre lo exterior y lo interior. Eso implica que
todas las políticas domésticas tienen una dimensión internacional, eso implica que todas las políticas y acciones exteriores tienen una dimensión interior, es parte del fenómeno de la globalización, también parte de la mundialización en su sentido,
como decía, de expansión del ámbito exterior hacia lo interior.
Paralelamente a la globalización, fenómeno que nos atañe muy directamente, existe la europeización; la europeización tiene muchas dimensiones, tiene una dimensión ascendente, tiene una dimensión descendente, ya no podemos hablar de muchas
áreas dentro del marco europeo como política exterior tradicional, son ya, en gran medida, política interior. Tenemos ese gran desafío de identificar cómo debe de ser la coordinación de nuestra política exterior con la política exterior europea,
con el emergente servicio exterior europeo. Todo eso son desafíos que están encima de la mesa a los que esta Comisión debe responder. Ello implica más órganos y cauces de coordinación; ello implica poner en primer lugar la dimensión económica y
la salida de la crisis económica en estos momentos; ello implica la adaptación tecnológica a la cual se hace muy merecidamente referencia en la proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió; ello implica una racionalización del mapa
diplomático y consular con los cierres y aperturas a los que ya en alguna ocasión el propio ministro aquí y en otras comparecencias y declaraciones públicas se ha referido, incluso con detalles muy concretos; implica la solución del tema de la
sede, en la cual el propio ministerio en estos momentos está muy implicado, la mejora de los instrumentos materiales, la creación, en su caso, de un grupo de funcionarios de escala B, como se propone también en algún momento. Y supone, sobre todo,
la adecuación a las nuevas formas de diplomacia, la diplomacia cultural, económica, a la que he hecho mención, esa integración tan complicada al parecer entre técnicos comerciales y diplomáticos, o por lo menos algún tipo de coordinación y de mayor
vinculación sobre la cual debemos llegar a algún tipo de solución y, por supuesto, las diferentes formas de diplomacia
pública, que no es otra cosa más que una consecuencia de la democratización de la diplomacia clásica, de la política exterior, con una cada vez mayor participación de la sociedad civil en sus diferentes ámbitos y de iniciativas y propuestas
público-privadas en el ámbito de la acción exterior. Europeización, globalización, dimensión económica, nuevas formas de diplomacia, adaptación tecnológica, todo ello dentro de ese marco de modernización al que se hace referencia en la proposición
no de ley sobre la reforma del servicio exterior.
Creo que debemos ser más ambiciosos e intentar esos consensos en política de Estado sobre la base de intereses y valores en regiones y en cuestiones transversales, y podemos llegar a esas políticas de Estado en Europa en gran parte de los
países iberoamericanos, en relación con Estados Unidos, en relación con el Magreb y el mundo árabe, en relación con el conflicto palestino-israelí, en relación con Asia, en particular China e India, y, como decía, en otra serie de cuestiones
transversales que sean una respuesta eficaz frente a las amenazas globales a la seguridad y también a nuestra posición geoestratégica.
Por tanto, nuestro grupo apoya esta proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió con esa pequeña matización de cambiar el tema del laptop ambassador por una progresiva incorporación de los medios tecnológicos y, por otro lado,
proponemos al resto de los grupos de la Cámara que trabajemos a lo largo de estos meses inmediatos -y no quiero decir que no se haya trabajado antes y muchísimo- en una ley del servicio exterior, y no hace falta más que ver los sucesivos intentos,
subcomisiones, propuestas, proyectos, todo tipo de trabajos previos ya realizados que pueden ser útiles y eficaces. Lanzamos de nuevo esa oferta de intentar en los próximos meses lograr lo que quizás otros gobiernos con la misma buena intención no
han conseguido. Vamos a ver si esta vez es posible.
El señor PRESIDENTE: Hay otra enmienda del Grupo Parlamentario Socialista para cuya defensa tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley cuyo punto central es la reforma del servicio exterior. Es una proposición no de ley que en su redacción tiene aspectos genéricos y otros quizá
excesivamente concretos, pero apuesta claramente por una reforma del servicio exterior y por que un instrumento clave de esa reforma sea una ley, que es sin duda el instrumento más poderoso, el más parlamentario, el que más tiene que ver con el
Poder Legislativo, que por eso se llama así. Hemos presentado enmienda -me alegro que el Grupo de Convergència i Unió haya manifestado su aceptación- que tiene que ver con la importancia de la política exterior europea y con la imbricación de
nuestro servicio exterior dentro de la política exterior y de seguridad común europea.
El servicio exterior y su reforma ha tenido presencia en la vida política española en los últimos años, yo diría que esencialmente en el siglo XX, cuando empezamos a darnos cuenta de que nuestro viejo servicio exterior tiene que acomodarse a
las nuevas circunstancias. Recuerdo un discurso muy interesante del entonces ministro de Asuntos Exteriores, el señor Piqué, en la Escuela Diplomática en el año 2001 sobre la necesaria modernización del servicio exterior; después, durante los
gobiernos socialistas presididos por José Luis Rodríguez Zapatero, se ha ido avanzando en este objetivo. Saben ustedes perfectamente que en esta Comisión se produjo toda una serie de comparecencias en una subcomisión que empezó un 23 de febrero del
año 2005, con la presencia del ministro Moratinos, que ya habló en aquel momento de la importancia de una ley, y que acabó un 26 de abril, y que simultáneamente vio la luz un informe de una comisión interministerial que trabajó también en este
asunto, un informe que tiene fecha de 20 de junio de 2005, que hace hincapié en la falta de coordinación y que señala las insuficiencias del servicio exterior de España. Esto dio lugar también -y quiero recordarlo- a un acuerdo del Consejo de
Ministros de 1 de septiembre de 2006 en donde ya se avanzaron algunas reformas del servicio exterior. Desde luego, en la anterior legislatura se produjeron diversos debates en esta Comisión con motivo de la presentación de proposiciones no de ley y
últimamente, como se ha dicho, el ministro de Asuntos Exteriores, señor García-Margallo, ha planteado de nuevo esta reforma del servicio exterior y ha planteado también de nuevo la conveniencia de una ley, que es lo que recoge la proposición no de
ley de Convergència i Unió. Creo que es una buena oportunidad para hacerlo porque -y sobre todo por ello- en los últimos años ha habido una aceleración de los cambios en la política internacional, en los cambios geopolíticos, primero porque se han
consolidado tendencias que ya venían produciéndose y que han sido citadas por el señor Xuclà y por el señor Beneyto: la mundialización, la interdependencia aún no controlada entre Estados que ha producido, aspectos positivos y negativos de esa
mundialización, con desequilibrios muy importantes en el ámbito, por ejemplo, del medio ambiente que afectan también a la seguridad, con el surgimiento de los llamados países emergentes que son más bien países emergidos, con una gran presencia en el
escenario internacional y con fenómenos absolutamente nuevos e inesperados que todavía hacen más necesaria esa propuesta de una reforma del servicio exterior.
Yo destacaría sobre todo los siguientes. En primer lugar -también se ha citado-, la crisis económica. Es un cambio de primera magnitud no solamente en el mundo económico, sino en el mundo político. La economía se ha convertido ya en un
gran desafío de la política internacional y de la política exterior. En segundo lugar, hay un desplazamiento indudable del centro de gravedad geopolítico del planeta hacia Asia, con la aparición de nuevas potencias como es el caso de China o India,
a las que ha afectado mucho menos que al mundo occidental la crisis económica y que ha influido en países
tan importantes para la política internacional europea o española como Estados Unidos, como la reciente definición de Obama sobre su país de una potencia del Pacífico. En tercer lugar, existe una transformación del mundo arábico
espectacular, que se produce con esto que se ha llamado la Primavera Árabe, que no se ha consolidado todavía, pero que tuvo su explosión a finales del año 2010 y que significa tendencias de larga duración que van a afectar a un rediseño geopolítico
en el Magreb y en Oriente Medio y que consolidan al Mediterráneo como un gran factor de referencia trascendental y estratégica para la política exterior de Europa y España. Pero también tiene su aspecto más negativo, por ejemplo, con la crisis de
la proliferación nuclear que se expresa ahora mismo en el problema que hay respecto a Irán.
También tenemos que situar en estos nuevos acontecimientos la aparición de nuevos factores y nuevos actores en la política exterior más allá de los Estados, y uno de ellos es -y esto es, sin duda, una novedad fundamental que hace
imprescindible enfocar esa reforma definitivamente- la aparición de un actor que quiere ser global con elementos institucionales fundamentales, que es la Unión Europea. La Unión Europea plantea en el Tratado de Lisboa -que está en vigor desde
finales de 2009- la aspiración a una política exterior común de la Unión Europea y a una defensa europea, que es compatible, para los países que pertenezcan a ella, con la Alianza Atlántica. Es un tratado -quiero recordarlo también- que establece
una cláusula de defensa mutua europea y que además establece una cláusula de solidaridad frente a catástrofes o ataques terroristas; una política de defensa europea que ha tenido ya su reflejo en algunas misiones importantes. Desde el año 2003 hay
veinticuatro misiones dentro de la política de seguridad común europea.
No cabe duda de que todo esto es un cambio esencial que afecta a nuestra política exterior y también a la europea y que nuestro servicio exterior no está lo suficientemente adaptado a ello. Eso es lo que hay que reconocer y por eso me
parece que estas causas son las fundamentales para abordar esta reforma del servicio exterior, que no está adaptado para las transformaciones que he señalado, pero tampoco para los desafíos comerciales que tienen Europa y España. Europa es la
primera potencia comercial del mundo. A veces, con esto que se ha puesto de moda del declive europeo, se olvida que Europa es la primera potencia económica en PIB del mundo y que el 7 por ciento de la población mundial, que es Europa, produce el 25
por ciento del PIB mundial. Tampoco está lo suficientemente preparado para la dimensión cultural de nuestros intereses nacionales, para la defensa en todos los ámbitos y aspectos de nuestros conciudadanos y para integrar y articular estos nuevos
actores.
Señalaba el señor Beneyto la importancia de la sociedad civil en la acción exterior, en organizaciones no gubernamentales, en empresas y entidades institucionales en nuestro país, como es el caso de las comunidades autónomas, el caso de los
ministerios, y no solo el Ministerio de Asuntos Exteriores, que desarrollan también acción exterior y que requiere una coordinación, así como una flexibilidad en la acción diplomática. Por eso está bien que se plantee esta reforma, está bien que se
plantee una ley. Nosotros entendemos que es importante completar esta proposición no de ley con una referencia a la política exterior y de seguridad común europea y con una referencia al Servicio Europeo de Acción Exterior. Esa reforma de la
acción exterior tiene que tener en cuenta...
El señor PRESIDENTE: Ruego vaya acabando, señor López Garrido, por favor.
El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Termino, señor presidente.
El Servicio Europeo de Acción Exterior está terminándose de estructurar. Uno de los acontecimientos más destacados de la Presidencia española de la Unión en el año 2010 es el acuerdo sobre el lanzamiento de un Servicio Europeo de Acción
Exterior. Por eso es por lo que, una vez que en los años 2010 y 2011 se ha terminado de estructurar ese Servicio Europeo de Acción Exterior, la ley futura, que espero que venga pronto a esta Cámara, pueda contemplar con más precisión la relación
con ello, y a esto nos referimos en nuestra enmienda.
Señalo, por último, que saludamos las palabras del señor Beneyto sobre la necesaria asociación del Parlamento a esta reforma del servicio exterior y esperamos que se establezcan los cauces oportunos en esta Comisión para que eso sea posible
y desemboque y culmine, como dice la proposición no de ley, en una ley sobre el servicio exterior.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario UPyD tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Diré solo unas palabras para explicar por qué vamos a votar en contra. Naturalmente, mi grupo no pretende abolir el punto de vista de Convergència i Unió, pero es que es el punto de vista de un partido
nacionalista y entendemos que la política exterior es competencia exclusiva del Estado y no se debe abordar -y menos una reforma del servicio exterior- desde este punto de vista, desde esta lógica nacionalista, que viene a ser algo así como lo de
todos lo gobernamos a medias y lo nuestro lo gobernamos nosotros solos.
¿En qué se refleja en el contenido concreto de la proposición no de ley este punto de vista nacionalista? En que obvia, en que olvida uno de los aspectos en esta época de restricciones y de ajustes -no solamente por cuestiones económicas,
sino también por una cuestión de racionalizar todos los medios exteriores de que dispone el Estado- y es que no se hace la menor mención
al asunto de la duplicidad en embajadas, oficinas comerciales, etcétera, de las comunidades autónomas y del Estado central, que a nosotros nos parece que debería ser la médula espinal o al menos el primer aspecto que se abordara en una
reforma del servicio exterior de este tipo.
Nos llama la atención que en las enmiendas presentadas tanto por el Grupo Popular como por el Grupo Socialista, que tienen otro punto de vista del conjunto del Estado, no se haya incluido este asunto. En todo caso, tal y como queda el
texto, mi grupo no lo apoya.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Nuestro grupo parlamentario ha presentado hace pocas semanas también una proposición no de ley de reforma integral del servicio exterior del Estado, en unos términos bastante distintos de la proposición no de ley que
hoy ha defendido el Grupo de Convergència i Unió. Desde nuestro punto de vista, el servicio exterior de la Administración General del Estado lleva décadas sometido a una situación de desregulación interesada por parte de la Administración. Además,
donde existía una regulación unilateral, por imperativo legal, como era el caso de los funcionarios, la negociación colectiva específica ha sido prácticamente inexistente, a pesar de la insistencia de los sindicatos con presencia en el exterior.
Hoy las necesidades principales son que se ponga en marcha la comisión técnica del acuerdo firmado con el anterior Gobierno hace ocho meses para conseguir las relaciones de puestos de trabajo del personal laboral, que se convoquen de forma inmediata
las elecciones sindicales para el personal laboral en el exterior o que se regule un procedimiento para la aplicación del régimen sancionador para acabar con las múltiples arbitrariedades en la gestión. Nuestro grupo parlamentario está totalmente
de acuerdo con el concepto de servicio diplomático integral y, por tanto, pensamos que es un debate que, con la propuesta de ley que pronto el Gobierno nos ha prometido tramitar en el Parlamento, vamos a poder discutir de forma amplia.
A pesar de todo ello, vamos a apoyar la iniciativa del Grupo de Convergència i Unió, porque es una propuesta muy interpretable, que será interpretada en el marco del debate de la futura ley y, cuando llegue la ley, discutiremos a fondo y de
verdad cómo debe caracterizarse esa reforma integral del servicio exterior. Por tanto, la petición de una ley es fundamental, es un compromiso también del Gobierno, y estamos de acuerdo. Sin embargo, hay aspectos como la petición que hace
Convergència i Unió de reformas profundas en la política de personal, tanto funcionario como laboral, que depende cómo se mire estaríamos de acuerdo en algún sentido; a lo mejor no estamos de acuerdo en cuáles serían esas reformas profundas, pero
eso, por supuesto, más que decirlo o aclararlo hoy en la discusión de esta proposición no de ley, lo haremos cuando llegue la ley. Por consiguiente, votamos a favor de la propuesta y seguiremos discutiendo.
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, tiene la palabra a efectos de pronunciarse sobre la admisión de las enmiendas del Grupo Popular y del Grupo Socialista.
El señor XUCLÀ I COSTA: Este grupo parlamentario, con treinta y tres años de presencia en estas Cortes Generales y de participación también en la política exterior, gustosamente acepta las aportaciones del Grupo Popular y del Grupo
Socialista a las enmiendas planteadas que se integran en la transaccional que haremos llegar a la Mesa.
- RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DE LA MINURSO PARA ACTUAR SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SÁHARA OCCIDENTAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000288.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, punto 6.º: proposición no de ley relativa a la autorización de la Minurso para actuar sobre los derechos humanos en el Sáhara Occidental, del Grupo Parlamentario Vasco,
PNV, para cuya defensa tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Señorías, el mes que viene, como todos los meses de abril desde que la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordara, hace ya veintiún años, la creación de la Minurso, las Naciones
Unidas volverán a analizar la situación del Sáhara Occidental y a decidir sobre la prórroga o no de una misión que se creó para organizar un referéndum y que no solo no ha conseguido dar cumplimiento al objetivo para el que nació, sino que año tras
año se ve en la tesitura de afrontar, sin instrumentos adecuados para ello, los retos que el transcurso del tiempo está planteando a la comunidad internacional en esta antigua colonia española entre los que se encuentran, sin duda alguna, el de la
defensa y salvaguarda de los derechos humanos.
Aunque la última resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el conflicto del Sáhara Occidental, me refiero a la Resolución 1979 de 2011, pide al secretario general que presente su informe de situación bastante antes de
que finalice el periodo del mandato -la frase es literal-, lo cierto es que el mandato finaliza el próximo 30 de abril y hoy, 7 de marzo, no tenemos aún noticia alguna de este informe, con lo que parece evidente que no será posible que esté
disponible bastante antes. En cualquier caso, nadie duda de que cuando el informe llegue prestará una atención especial al capítulo de los derechos humanos, entre otras cosas, porque en esta ocasión el secretario general ha sido expresamente
emplazado por el Consejo de Seguridad
para que examine los desafíos a que se enfrentan las operaciones de la Minurso y el informe del año pasado ya lamentaba el hecho de que la misión careciese de un mandato específico sobre los derechos humanos que le permitiese dar respuesta a
las denuncias de violaciones que habían sido presentadas durante el año precedente. Se trata de una grave laguna puesta de manifiesto por el informe del secretario general que resulta más lacerante aún si se tiene en cuenta que la oficina del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos tampoco goza de presencia en el territorio.
Es preciso, pues, que las Naciones Unidas incorporen un capítulo específico sobre los derechos humanos en su plan sobre el Sáhara Occidental. No estoy hablando de una reivindicación novedosa, soy consciente de ello; hace ya años que las
organizaciones no gubernamentales vinculadas a la defensa de los derechos humanos vienen reclamando el establecimiento de un mecanismo específico en esta línea para el caso del Sáhara Occidental. Pero el caso de Aminatu Haidar, que dio la vuelta al
mundo, y sobre todo los gravísimos sucesos que se registraron con ocasión del violento desalojo del campo Gdeim Izic, a 15 kilómetros de El Aaiún, han puesto de manifiesto con más claridad si cabe que en cualquier otra época anterior la gravedad de
la situación y la necesidad de actuar con eficacia y rapidez, con el fin de poner coto al desamparo de una población que, pese a encontrarse bajo el alto tutelaje de las Naciones Unidas, está sufriendo gravísimas violaciones de derechos humanos sin
la protección de un sistema establecido para impedirlo.
Es conocido, señorías, que el Reino de Marruecos se ha apresurado a formular una propuesta con el fin de evitar la internacionalización del respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental, pero, no nos engañemos, esa fórmula es
claramente insuficiente, el Consejo nacional de derechos humanos creado por el Gobierno marroquí, con la promesa de que actuará en conexión con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, no ofrece garantía alguna, no constituyen hoy
por hoy una opción fiable y solvente. Es preciso actuar con más ambición y dotar por ello a la Minurso de un sistema propio y específico de derechos humanos para el Sáhara Occidental. Solo de esta manera puede garantizarse, a juicio de mi grupo
parlamentario, un nivel satisfactorio de respeto y de protección.
El respeto a los derechos humanos, señorías, no es algo ajeno a la paz y a la seguridad internacionales, las Naciones Unidas vienen insistiendo con una intensidad creciente en la necesidad de establecer una estrecha relación entre ambos.
Por ello, y hasta que no sea posible vislumbrar un acuerdo de fondo que permita dar una solución definitiva y justa al conflicto del Sáhara Occidental, resulta necesario adoptar medidas que contribuyan a humanizar esta fase que podíamos calificar de
transitoria. En el caso que nos ocupa, la falta de resolución del problema de fondo, mediante el efectivo ejercicio del derecho de autodeterminación por parte del pueblo saharaui, constituye en sí misma una flagrante violación de los derechos
humanos. Así lo hizo notar hace seis meses el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pero tampoco es cuestión, señorías, de que el hecho de que no podamos impedir que se produzcan algunas violaciones de derechos humanos nos lleve a
descuidar lo que sí podemos hacer para impedir que se produzcan otras violaciones no menos graves y no menos preocupantes, y el camino más efectivo por el que hoy podemos empezar a caminar con el fin de evitar esas violaciones de derechos humanos es
la ampliación de la Minurso mediante la creación de un mecanismo específico de protección de derechos humanos en el Sáhara Occidental. En la pasada legislatura la Cámara lo solicitó en repetidas ocasiones y este es, señorías, el momento para
plantearlo, antes de que se reúna el Consejo de Seguridad, como todos los meses de abril, para abordar el problema del Sáhara Occidental y con la antelación suficiente para que el Estado español, que no es miembro del Consejo de Seguridad pero sí es
miembro de la Unión Europea y del Grupo de amigos del Sáhara Occidental, despliegue sus redes diplomáticas a fin de crear las complicidades necesarias para dar respuesta a una situación que resulta ya insostenible.
Señorías, hay una enmienda del Grupo Parlamentario UPyD que no vamos a aceptar, porque creemos que, en primer lugar, no hace una aportación realmente cualitativa a la propuesta registrada; el texto original habla del Sáhara Occidental, lo
que incluye evidentemente a todo él, a unas partes y a otras, a todas. Y, en segundo lugar, pretende incorporar al texto locuciones y expresiones extrañas al lenguaje de las propias Naciones Unidas que más que aclarar creo que oscurecen.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda de UPyD tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: La proposición no de ley que presenta el PNV mi grupo la suscribe íntegramente. Nuestra voluntad al presentar esa enmienda era precisar; efectivamente, no era un cambio cualitativo, sino una precisión casi en
términos geográficos, que, por lo que veo, ha conseguido el efecto contrario, según acaba de explicar el señor Erkoreka. Así que no tenemos ningún problema, apoyaremos en cualquier caso la proposición.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieren hacer uso de la palabra? (Pausa.) El Grupo Parlamentario Mixto se reparte el tiempo entre tres portavoces.
El señor CORTIZO NIETO: Soy socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Usted es socialista? Perdone usted. Me confundió la ubicación. Le había hecho canario. (Risas.)
Tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Intervendré muy brevemente para agradecer la iniciativa del Partido Nacionalista Vasco y la posibilidad de que podamos debatir sobre este tema, de la misma manera que también agradezco la iniciativa que hemos
visto en tercer lugar, que defendió la diputada Lozano de UPyD. La mayor virtualidad que hoy podemos hacer sobre este asunto es al menos ponerla en el orden del día y en el foco de la actualidad política de esta Cámara y de alguna manera también
renovar nuestro compromiso con una solución justa y razonable en el conflicto del Sáhara, porque -y otros intervinientes lo han dicho- se trata de un conflicto político enquistado, paralizado, bloqueado podría decirse, y en todo caso fuera del orden
del día de cualquier tipo de reunión, de cualquier órgano representativo de la comunidad internacional. Es verdad que nosotros tenemos una responsabilidad histórica y una afinidad real con el pueblo saharaui.
Quisiera en la medida de lo posible llamar a los grupos para que pudiéramos consensuar aquellas cuestiones sobre esta materia que afectan al futuro del pueblo saharaui. Quiero pedirle al ponente de esta iniciativa como a la ponente de la
anterior iniciativa, la tercera, que busquen, que intenten ese consenso para poder llegar a acordar una posición común. Y, en todo caso, quiero decir en mi nombre que apoyaremos esta proposición del PNV sobre la ampliación de las misiones de la
Minurso en relación con el control del respeto de los derechos humanos.
El señor PRESIDENTE: El señor Iñarritu tiene la palabra.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Amaiur va a votar a favor de esta proposición, ya que, por un lado, es una continua reclamación tanto de los representantes saharauis como de las ONG que trabajan en este ámbito. Y, por otro lado, porque es
lógica, ya que, si el mismo Consejo de Seguridad reconoce que hace falta mejorar los derechos humanos en la región, quién mejor para verificar su evolución que los cascos azules, que en su labor de peace keeping pueden verificar la paz y también los
derechos humanos. Por ello, y por la responsabilidad histórica que tiene España, instamos a que el Gobierno lidere esta reclamación en el ámbito de las Naciones Unidas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de la propuesta del Grupo Parlamentario Vasco. Creemos que ya el fondo del tema en cuestión lo hemos discutido en la proposición no de ley anterior presentada por Unión
Progreso y Democracia, pero sin duda queda claro que en este momento la ocupación marroquí del territorio del Sáhara Occidental ha provocado una situación en el pueblo saharaui realmente angustiosa. Hay un deterioro profundo de distintos derechos
humanos, derechos económicos, derechos culturales, derechos sociales y derechos políticos, tanto en el Sáhara Occidental como en el territorio argelino, donde hay campamentos de hombres y mujeres saharauis. Por tanto, nosotros defendemos una acción
más ejecutiva, por supuesto por la vía diplomática, de Naciones Unidas y pensamos que las tareas de la Minurso adjudicadas en su día por el Consejo de Seguridad deberían incluso ser ampliadas hasta que el conflicto tenga vías de solución.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, intervengo muy brevemente para expresar nuestro apoyo a esta acertada iniciativa del Grupo Vasco, que va en la línea de algunas discusiones y votaciones que tuvimos en anteriores legislaturas sobre
la importancia de incorporar también en el mandado de la Minurso la observación del cumplimiento de los derechos humanos. No voy a entrar en el fondo del asunto del Sáhara, sobre el cual hemos discutido en otro punto del orden del día.
Ciertamente, cada año en el mes de abril hay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el debate sobre la renovación del mandato de la Minurso, por lo cual es muy oportuno expresar ahora, en el mes de marzo, esta posición, que será una posición
parlamentaria y espero que también sea -porque esto sería una novedad- una posición gubernamental.
Finalmente, quiero decir que este grupo parlamentario se siente muy aligerado viendo que no se acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, que habría introducido un texto que seguramente complicaría la acción
exterior del Estado en la reivindicación de esta justa causa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cortizo.
El señor CORTIZO NIETO: Señor presidente, intervengo también muy brevemente ya que la posición de mi grupo en cuanto al fondo del asunto ya fue expresada en la proposición anterior sobre el Sáhara por la diputada señora Pozuelo. Por tanto,
solo haré un par de apuntes y una precisión previa. Anteriormente, el señor presidente me preguntaba: ¿Es usted socialista? Sí, pero lo correcto sería pertenezco al Grupo Socialista. Soy socialista, socialdemócrata para ser más claro, que en
estos tiempos -en estos tiempos de economía convulsa- es muy necesario.
La situación de los derechos humanos en el Sáhara es obvio que es lamentable y escandalosa. Es una obviedad que exime de un relato pormenorizado, pero que sí debe hacer hincapié en no olvidar la situación. Por tanto, el Grupo Socialista va
a apoyar sin ningún matiz la propuesta del Grupo Vasco. Y quiero señalar al respecto una
cuestión. Antes se habló de la diplomacia inteligente, al hablar de la reforma del servicio exterior. Está claro que en el caso del Sáhara la diplomacia no debe haber sido muy inteligente a lo largo de los años. Debe haber sido más
hipócrita que inteligente y, si no, no habrían pasado tantos años a pesar de ese marco de diálogo que ya parece que se empieza a pudrir.
Acabo señalando el sarcasmo que supone hablar del respeto de los derechos humanos en los campamentos de refugiados de Tinduf cuando el mero hecho de ser refugiados implica ya que hay derechos que no serán respetados mientras esa condición de
refugiados persista. En todo caso, y aunque por ser nuevo en esta Cámara no tengo la sensación de clásico sobre este tema, para los observadores ajenos a esta Cámara el clasicismo del mismo empieza a parecer esperpéntico.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Conde.
La señora CONDE MARTÍNEZ: Al igual que el resto de intervinientes no quiero ser reiterativa ni redundante en las cuestiones que ya se han comentado al respecto de la proposición de UPyD, pero sí me gustaría hacer alguna consideración al
respecto.
El Grupo Parlamentario Popular valora positivamente las reformas democráticas emprendidas recientemente por el Reino de Marruecos y en particular la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Desde este grupo nunca denostaremos a un
país por considerar que sus avances emprendidos en esta materia son insuficientes, sino que invitaremos a seguir por este camino reformista, y alentaremos, cómo no, la consolidación de dichos avances. Sin embargo esto no es óbice para que -al igual
que la mayor parte del Grupo de amigos del Sáhara Occidental- este grupo parlamentario sea partidario de la introducción en el mandato de la Minurso de mecanismos de supervisión de los derechos humanos en el territorio de su competencia. Por este
motivo vamos a apoyar la proposición no de ley del Partido Nacionalista Vasco.
Sin duda es necesaria una tutela mientras el conflicto se resuelve, mientras se produce la solución definitiva del conflicto, y qué mejor que sea la Minurso, qué mejor que dicha tutela se haga a través de Naciones Unidas, básicamente por dos
cuestiones. Como bien decía el señor Erkoreka, en primer lugar, porque la mayor parte de las misiones de Naciones Unidas de estas características tiene encomendadas estas tareas de oficio, y en segundo lugar, porque creo que es conveniente
encomendar dicha responsabilidad a un organismo internacional que sea aceptado por ambas partes y que en su trabajo no predisponga a ninguna de ellas hacia una sensación de parcialidad que, de alguna manera, en vez de favorecer la solución del
conflicto, podría tender a su agravamiento.
Sin nada más que añadir, reitero los argumentos que se han dado con anterioridad, y le digo al señor Erkoreka que vamos a apoyar su proposición.
- SOBRE PROTECCIÓN DE LIBERTADES Y DERECHOS EN EGIPTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000321.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día. Proposición no de ley sobre protección de libertades y derechos en Egipto, del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señorías, en nombre de mi grupo parlamentario traigo a esta Comisión para su defensa la proposición no de ley sobre protección de las libertades y derechos en Egipto. Quiero dar las gracias -para que conste en el
'Diario de Sesiones' sobre todo- en primer lugar a las organizaciones no gubernamentales que han trabajado decididamente sobre los derechos humanos, su protección, y la protección de las libertades, especialmente a Amnistía Internacional,
Solidaridad Internacional, y Human Rights Watch, que sigue la situación muy de cerca y día a día.
Probablemente el eterno axioma de saber qué es lo que debemos hacer y no hacerlo es la verdadera responsabilidad de todos nosotros. Es a partir de ahí donde la situación de Egipto nos interpela a todos nosotros. La cercanía con los
procesos de transición democrática de los países ribereños del sur del Mediterráneo y en concreto de Egipto despertó en todos nosotros quizá demasiadas esperanzas de conseguir un cambio político rápido -y esto, la democracia, nunca es rápido- basado
en los valores democráticos, en el respeto a los derechos humanos y en el ansia de alcanzar la justicia social, mejores condiciones de vida y bienestar para todas sus poblaciones.
Hace justo un año esta Cámara aprobaba una declaración institucional, por consenso, comprometiéndonos a acompañar los procesos de cambio por los que se luchaba en ese momento en Egipto y en la plaza Tahrir. Ni la Revolución del 25 de enero,
ni el derrocamiento del ex presidente Hosni Mubarak -hace prácticamente un año- ni las elecciones de noviembre y diciembre del año pasado han supuesto el levantamiento del estado de emergencia que regía en Egipto desde 1981, y tampoco han servido
para restaurar las libertades básicas. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en todo el proceso de transición ha venido restringiendo los derechos humanos arbitrariamente, y ante las recientes críticas y movimientos sociales este consejo ha ido
cercenando la capacidad de las organizaciones locales y de sus apoyos internacionales, a pesar de la Declaración constitucional del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas del pasado marzo de 2011. Las líneas rojas se mantienen en un clima de
hostigamiento a los derechos
humanos, fundamentalmente a las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de ellos, a las de desarrollo y a las mujeres.
En vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, mi grupo quiere hacer especial hincapié en este tema, en las mujeres. Lo cierto es que la victoria en las elecciones de los Hermanos Musulmanes parece apuntar a que no es la
libertad de conciencia, y por supuesto la de las mujeres, su principal prioridad. Asimismo los intereses de los Hermanos Musulmanes y los de la élite militar son contradictorios. No olvidemos que el ejército egipcio, el ejército panárabe más
grande de toda la zona tiene y sigue teniendo un peso fundamental en la transición democrática en este país. Ante esta situación esta proposición no de ley intenta responder humildemente, porque sabemos hasta dónde se puede llegar, a principios
básicos de respeto a los derechos humanos, y en concreto y de una forma muy importante al de las mujeres. Son menos de 10 representantes en una Cámara de 500 electos, y al menos 100 mujeres se han visto sometidas en los últimos seis meses a los
llamados tests de virginidad por parte de la policía egipcia. Por todo ello esta PNL tiene tres puntos que abarcan la defensa de los derechos humanos, el derecho de las organizaciones no gubernamentales locales que vienen trabajando en cooperación
al desarrollo para que sean protegidas en su quehacer diario.
Termino como empecé. Sabemos cuál es nuestra responsabilidad; sabemos hasta dónde puede llegar una humilde Comisión de Asuntos Exteriores, por más que aquí tenga mucha importancia. Su mano no es muy larga, pero humildemente queremos
contribuir -y si pudiera ser por consenso, mejor- a que quede contemplado que esta Cámara y sus diputados y diputadas están preocupados por el devenir del pueblo egipcio.
Quiero decir que el Partido Popular ha presentado una transaccional que a nuestro modo de ver es técnica y que por tanto no vulnera para nada...
El señor PRESIDENTE: Una de cuatro puntos.
La señora BLANCO TERÁN: Sí son cuatro puntos muy técnicos a esta proposición no de ley. Al ser técnicos y no vulnerar el espíritu de esta proposición no de ley los asumimos. Por tanto con esto termino.
El señor PRESIDENTE: Hay unas enmiendas, como usted acaba de referir, del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: En política internacional nuestro grupo parlamentario y el Gobierno al que apoyamos pretende recuperar la credibilidad y el prestigio de nuestra política exterior, por tanto ser fiables y coherentes no solamente con
la declaración institucional del pasado 8 de febrero de 2011, sino ser coherentes con el compromiso activo, con el avance democrático que deseamos para nuestros vecinos de la ribera sur del Mediterráneo. Esta región, junto con Europa e
Iberoamérica, constituyen los tres ejes fundamentales de la política exterior que quiere desarrollar este Gobierno. Por tanto acompañar y asesorar en el proceso hacia la democracia que llevará implícito mayor pluralismo político desde una base
social más amplia, independencia del poder judicial, y separación de poderes. Para ello ofrecemos por un lado nuestra cooperación e indudablemente la experiencia de nuestra transición.
La revolución que se inicia en la plaza de Tahrir el 25 de enero pasado y que dieciocho días después, el 11 de febrero, trajo consigo la salida de Hosni Mubarak del país creemos que aporta tres novedades muy importantes a la diplomacia
internacional. Por un parte, una conexión global y local dada la participación y entrada muy importantes de las tecnologías de la información, de las redes sociales y de los medios de comunicación internacionales. En segundo lugar, nos dice
claramente que la libertad ya no es exclusiva de occidente. Y en tercer lugar, que claramente la autocracia no es la única solución para nuestros vecinos del norte de África. Es verdad, como bien ha dicho la portavoz -a quien agradecemos la
generosidad y el diálogo crítico y de consenso que hemos establecido durante esta semana, y ha aceptado nuestras enmiendas-, que entre nuestras enmiendas y su texto creo que ha quedado un documento muy positivo para nuestras relaciones con esa área.
Las enmiendas van en dos sentidos: por una parte, la actualización de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Creemos de enorme significado las primeras elecciones libres tras el derrocamiento de Hosni Mubarak y por eso
hacemos especial referencia al 28 de febrero, fecha de la constitución de la Cámara Alta egipcia. Y, en segundo lugar, también queremos amplificar dos principios: de un lado, abogamos por el pluralismo político y por tanto la tolerancia como
germen del proceso democrático, y de otro lado, hay que dotar a este proceso de mayor independencia del Poder Judicial, conforme a la redacción que el Consejo de Asuntos Europeos firmó el pasado 27 de febrero.
Es evidente, como anunció el pasado 22 de febrero el ministro de Asuntos Exteriores en su comparecencia -y cito textualmente-, que algunos tiranos han caído y todos albergamos la esperanza de que otros no ocupen sus lugares. Evidentemente
el 30 de junio es la fecha límite para el traspaso de poder de la junta militar a un presidente electo, pero hay riesgos clarísimos de una probable o posible, en ningún caso deseable, deriva totalitaria, riesgos que voy a resumir en cinco puntos
brevemente, señor presidente. Por una parte, nos encontramos aún en la plaza Tahrir con pancartas que piden la prisión para los felul, es decir, para los continuadores del régimen. Es evidente que aún en la dictadura se articulan intereses
económicos y políticos que constituyen una madeja difícil de desenredar. En segundo lugar, la participación en la Cámara Alta aún ha sido baja, un 7,2 por ciento, y es aún peor saber que el partido Libertad y Justicia, el brazo político de los
Hermanos Musulmanes,
ha obtenido 106 representantes de la Cámara y los salafistas de Al Nour, 46; en total, 152 islamistas de 180. Esta Cámara tiene la importante tarea de elegir a los miembros del consejo constituyente que redactará la futura Constitución.
En cuanto a las mujeres por supuesto suscribo lo dicho por la señora Blanco; es evidente que es lamentable. En cuarto lugar, la enorme presencia y fortaleza de las Fuerzas Armadas, que como dato diré que recibieron 9.000 millones de libras
egipcias en 2010 -alrededor de 1.000 millones de euros- de presupuesto, frente a los escasos 5.000 millones de libras egipcias -apenas 600 millones de euros- destinados a sanidad. Y en quinto lugar, una -desde luego desde nuestro punto de vista-
peligrosísima situación que estamos observando cerca incluso de la embajada de Estados Unidos en El Cairo, donde ya hay algunos que piden la libertad del jeque Omar Abdel-Rahman, fundamentalista egipcio que se encuentra en las cárceles
estadounidenses por ser el inspirador del atentado contra las Torres Gemelas en 1993.
Si existen riesgos de deriva totalitaria, si hay riesgos, también hay indudablemente mensajes positivos, y para ellos me voy a apoyar en el extraordinario intelectual y escritor egipcio Alaa al-Aswany, cuyo libro Egipto: Las claves de una
revolución inevitable constituye una crónica clara del malestar que desembocó durante 2010 -y son las causas además del derrocamiento de la dinastía Mubarak, y también naturalmente, como no puede ser de otra manera, de la caída del muro del miedo-.
Anunció en un artículo algo que abre la puerta a la esperanza, y leo textualmente cuando dice que Egipto cuenta con millones de personas formadas y miles de personas honestas con talentos únicos, las cuales si se les diera una oportunidad podrían
perfectamente producir un gran renacimiento en pocos años. Y finaliza planteando que, a fin de cuentas, la democracia es la solución. Por tanto, señorías, nuestro grupo parlamentario -y yo espero que así toda la Cámara- entiende que los retos a
los que se enfrenta Egipto son también nuestros retos: mayor libertad, mayor democracia, y por tanto avanzar hacia una sociedad de las oportunidades, del empleo y de la seguridad jurídica.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Quisiera agradecer la iniciativa del Partido Socialista en este tema y utilizaré mi intervención para acumular también la que hubiera hecho en este mismo sentido por lo que se refiere a la posición en Siria.
La libertad, señorías, es como un bisturí, se me ocurre decir; un instrumento, un valor, un principio muy benéfico en manos de quien lo sabe utilizar, pero que puede llegar a ser un arma de destrucción masiva en manos de quienes lo
pervierten o lo utilizan obviando que también su ejercicio debe estar sometido a unas reglas y a unos límites. En esta intervención solo quiero expresar mi deseo de que este momento histórico para ese lugar del mundo, para esa zona, para esas
sociedades, para esas comunidades discurra en el futuro por los cauces de una lógica democrática homologable a una sociedad como la nuestra. Y en la medida de lo posible, en la medida en que nosotros podamos ser un ejemplo para ellos, trabajemos
para que ellos puedan aprovechar nuestro aprendizaje democrático. Quiero saludar en todo caso el consenso al que parece que han llegado los dos grupos mayoritarios en este asunto. Alguien ha dicho en esta misma Comisión, acerca de otro de los
temas, que no estamos para dar diplomas de bueno y malos. No seré yo quien condene o quien juzgue al hombre, pero creo que podemos juzgar actitudes, actuaciones, hechos, sistemas políticos, y sistemas de valores que fundamentan modelos de
convivencia. Es más, creo sencillamente que es lo que estamos haciendo esta tarde aquí, y lo que se refleja en las distintas proposiciones no de ley, precisamente porque pensamos que existen modelos buenos y modelos malos. Por eso mantenemos la
esperanza de que en esas comunidades puedan llegar a tener regímenes democráticos como el nuestro. Yo reitero mi confianza en que sea así.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Señor presidente, voy a hacer una intervención muy breve, exclusivamente centrada en anunciar el voto favorable de mi grupo parlamentario a una iniciativa oportuna y ponderada que, sin perjuicio de su humildad,
esa humildad a la que tan humildemente ha hecho referencia la diputada que la ha defendido, expresa sin embargo el sentimiento y la voluntad, ampliamente compartidas en esta Cámara, de apoyar la transición de Egipto hacia un horizonte democrático, y
de acompañar a sus ciudadanos en ese camino, humilde pero grande al mismo tiempo por la grandeza que entraña este empeño solidario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Estamos convencidos de que la Primavera Árabe ha constituido en países como Túnez o Egipto una referencia de cambio democrático para acabar con los gobiernos autoritarios que tenían -tenemos que recordarlo- el apoyo de
países y empresas occidentales. El señor Ben Alí era el hombre de Francia en Túnez y el señor Hosni Mubarak era el hombre de Estados Unidos en Egipto, no lo olvidemos, y sin Francia y sin Estados Unidos y sin esos apoyos geopolíticos no hubiesen
durado tanto tiempo. Por eso algunos, cuando oímos hablar en nombre del pueblo cubano, nos sonreímos. En segundo lugar, estos gobiernos autoritarios han constituido un freno al desarrollo económico, social y cultural de estos países, y con
democracias ficticias se ha mantenido a los pueblos en una situación de subdesarrollo. Pensamos que Egipto merece una democracia sin tutelas de Estados Unidos ni de autoridades religiosas ni de autoridades militares. Por eso estamos
convencidos de que hay que asegurar una posición de apoyo a aquellos espacios democráticos, laicos y progresistas, con pleno respeto a las mujeres en ese país, y con pleno respeto en general a todos los derechos humanos. Pensamos que la proposición
no de ley del Grupo Socialista trabaja en esta línea y por tanto va a contar con nuestro voto favorable.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muy brevemente intervengo para felicitar al grupo proponente por esta iniciativa, que es absolutamente apropiada, señora Blanco, en este momento y en la función que tienen que hacer los países democráticos ante una
democracia incipiente, que es un proceso de acompañamiento y de arraigo de la democracia. Es absolutamente relevante que un país de 80 millones de habitantes, el país más poblado del mundo árabe, consolide un sistema democrático. Está en un
proceso muy inicial. Algún portavoz ha hecho referencia a la experiencia de la transición española. Podríamos decir que está en lo que en España era el año 1976, el fin de la dictadura pero aún pendientes de las reformas y de algunas leyes
básicas, y en cuanto a las leyes básicas yo quiero hacer solo una referencia a un punto de la proposición inicial del Grupo Socialista. El grupo proponente habla de la importancia de la reforma de la aún vigente Ley de Asociaciones, Ley 84 del año
2002, del anterior régimen. Esta, señorías, es una ley aún vigente y es una ley que ha permitido al nuevo Gobierno de transición expulsar a fundaciones de las grandes familias políticas europeas cuando han ido a Egipto a acompañar a la formación de
los partidos políticos y a la capacitación de los mismos. Sirva esto como ejemplo de algunas reformas aún pendientes y de la necesidad de pedir a este país en transición y a sus autoridades, que también son de transición, que aceleren los procesos
hacia una democracia plena.
- SOBRE LA REPRESIÓN DE LA OPOSICIÓN EN SIRIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000332.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8.º del orden del día. Proposición no de ley sobre la represión de la oposición en Siria.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para su defensa, tiene la palabra el señor Casado.
El señor CASADO BLANCO: El Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley para condenar la brutal represión ejercida por el régimen de Bachar al Asad a los opositores sirios. Para intentar recabar el apoyo de sus señorías
nos proponemos exponer en tres pilares fundamentales la dramática situación que vive este país. En primer lugar, la situación que existe actualmente en Siria; en segundo lugar, la respuesta de la comunidad internacional, y en tercer lugar, la
posición del Gobierno de España al respecto. Empezando por lo que está pasando en Siria, podríamos resumirlo con las palabras del premier británico que lo ha denominado como barbarie medieval; o como por ejemplo lo denominó el primer ministro de
Turquía, Erdogan: salvajismo inhumano. Precisamente ahora, en breves semanas vamos a conmemorar, si se puede decir así, el primer aniversario de la muerte de Hamza, el niño de trece años que fue torturado hasta la muerte por pintar en el patio de
su colegio algo tan subversivo como: el pueblo reclama la caída del régimen. La detención y la muerte, después de gravísimas torturas, y las imágenes del cuerpo de Hamza, junto con catorce amigos que participaron en esta protesta, hicieron que
todo el país iniciara una oleada de protestas que, a diferencia de otros países vecinos, en la llamada Primavera Árabe, el ejército aplastó. De manera que, a diferencia de Egipto y Túnez, el régimen de Al Asad lleva once meses aplastando sin
contemplaciones. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, les ruego un poco de silencio para escuchar al señor Casado.
El señor CASADO BLANCO: Lleva once mese reprimiendo con un balance trágico de 8.500 víctimas, según el observatorio de derechos humanos sirio; 2.000 refugiados; 2.000 desaparecidos y hasta 20.000 detenidos, sin hablar de los torturados y
heridos que han alcanzado su cénit en el bombardeo indiscriminado de la población rebelde de Homs en las últimas fechas, donde se han visto hasta torturas en los hospitales en los últimos dos días, francotiradores disparando a mujeres y niños, la
voladura de un puente por donde huían los refugiados a Líbano, e incluso la prohibición de entrada de ayuda humanitaria hasta el día de hoy, en que ha podido entrar el primer convoy humanitario de la Cruz Roja. Por desgracia también estos días se
cumplen treinta años de la matanza de Hama, es decir, la matanza que el padre del actual dictador, Bachar al Asad, es decir, Hafez al Asad, perpetró con un coste humano de hasta 40.000 víctimas, dependiendo de las fuentes. En esos cuarenta y un
años esta dinastía de minoría alauí, en un país complejo, con una mayoría suní, se ha revestido de una falsa legalidad, como el referéndum del pasado 26 de febrero por el que Bachar al Asad por supuesto ganó con el 97 por ciento de apoyos.
¿Cuál es la posición internacional ante este dramático panorama en Siria? Pues bien, desde abril de 2011 tanto Estados Unidos como la Unión Europea llevan acometiendo un embargo de armamento y unas sanciones comerciales muy severas a este
régimen. Más recientemente,
el 27 de febrero, todos los ministros de la Unión Europea aprobaron nuevas sanciones más duras contra el régimen sirio. Por parte de la Liga Árabe se ha presentado un plan de transición en el que se incluyen tres puntos fundamentales: en
primer lugar, el abandono inmediato de Al Asad del poder, la convocatoria de elecciones libres después de la concertación de un gobierno de unidad, por supuesto con la entrada de los opositores, y algún país como los del Golfo, incluso Túnez, han
hablado también del envío de una fuerza multilateral de pacificación.
Por parte de la Conferencia de los amigos de Siria, que se ha constituido el pasado 24 de febrero con sesenta países entre los cuales estaba el Gobierno español, se ha aprobado también por supuesto la condena más rotunda, la garantía de la
llegada de ayuda humanitaria, así como la asfixia de Damasco con sanciones comerciales y económicas. Por parte de Naciones Unidas el propio secretario general Ban Ki-moon ya habla de crímenes contra la humanidad, lo dijo en el debate de la
resolución condenatoria del pasado 16 de febrero, también se habló en estos términos en diciembre, y en el Consejo de Derechos Humanos el 1 de marzo se habló del corredor de garantía en la llegada de ayuda humanitaria. Por último, el panorama más
complejo es en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque el 4 de febrero dos países del Consejo Permanente como China y Rusia, dos miembros permanentes vetaron una propuesta de Marruecos, como representante no permanente y en nombre de la
propuesta de la Liga Árabe, y ayer precisamente Estados Unidos presentó otro texto, que se está debatiendo, hablando ya de la retirada del ejército, de la liberación de detenidos, y del respaldo al nombramiento de Kofi Annan como representante de
Naciones Unidas. China ha presentado también una propuesta de seis puntos. Y desde aquí el Grupo Popular espera que prospere la propuesta de Estados Unidos y que no pase, como decía Lincoln, que quien niega la libertad para otros al final no la
merece para sí, porque quizá ese sea el problema en el caso de China y de Rusia. Por supuesto también la comunidad internacional ha avalado el viaje de Valerie Amos, que hoy está con el ministro de Exteriores sirio en Damasco, y apoya el viaje de
Kofi Annan el sábado, el enviado especial a Siria.
Por parte de España en este tercer bloque que estamos analizando el apoyo es firme, y el apoyo es firme no solo a las resoluciones condenatorias de Naciones Unidas, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Derechos Humanos y la
propuesta del Consejo de Seguridad, sino también a las sanciones comerciales, económicas y en materia de armamento por parte de la Unión Europea. El presidente Rajoy lo ha calificado de situación inaceptable que requiere del interés de todas las
naciones. Por parte de la Conferencia de Túnez estuvo presente el Gobierno español y también apoya sus conclusiones; así como el reconocimiento del Consejo Nacional Sirio como representante legítimo. En ayuda humanitaria participará mañana
también el Gobierno español en el Foro humanitario sobre Siria en Ginebra, y ya se ha desbloqueado un fondo de 300.000 euros de ayuda a la Cruz Roja Internacional. Pero quizá la medida más importante ha sido el cierre definitivo de la embajada
siria, después de la llamada a consultas del embajador el 7 de febrero, en palabras del ministerio, en repulsa por las brutales matanzas y los atentados a los derechos humanos. Por supuesto habrá dos funcionarios de la embajada que desde la
Delegación de la Unión Europea en Damasco seguirán prestando servicio a los 820 españoles que siguen en el país.
Como otra, digamos, de las patas de estas medidas que acomete el Gobierno español yo propondría a esta Comisión de Asuntos Exteriores que lleguemos a un acuerdo parlamentario con esta proposición no ley, en la que venimos a condenar las
brutales agresiones a los derechos humanos y a la represión que hace el Gobierno de los opositores sirios, en la que se reclama que se cumplan todas las resoluciones asumidas y que se pueda llegar a un gobierno de concentración y de unidad nacional.
Para eso ya avisamos que las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista son aceptables en todos sus términos, y votaremos a favor de que se adicionen al texto resultante. Y solicitamos el apoyo de los demás grupos porque creo que
la cuestión de estas libertades en un país como Siria merece nuestra atención, y no puede pasar ni un día más sin poner fin a esta brutal represión.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda, como usted recuerda, del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra don Manuel Chaves.
El señor CHAVES GONZÁLEZ: A raíz del debate de la PNL sobre la situación en Egipto y sobre la situación en Siria se me ocurre una reflexión. Yo creo que todo proceso de transición de una dictadura hacia una democracia tiene sus problemas,
tiene sus riesgos de vuelta atrás, y aquí se ha mencionado en diversas ocasiones el proceso de transición de España y los riesgos que ha corrido. (Rumores.) Pero yo creo que en cualquier caso la Primavera Árabe es uno de los acontecimientos
históricos más importantes que han tenido lugar en estos últimos meses, en estos últimos años, por una característica o elemento muy importante, y es que la Primavera Árabe abre el islam a la democracia...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Chaves.
Por favor, señorías, hay seis o siete conversaciones paralelas a la del diputado que está interviniendo. Les ruego respeto y silencio, porque favorecerá la atención de todos.
El señor CHAVES GONZÁLEZ: Gracias, presidente, entiendo que ya es muy tarde y estamos un poco cansados; se lo agradezco.
Quería decir que la Primavera Árabe es una gran oportunidad histórica porque abre el islam a la democracia,
puede demostrar perfectamente que el islamismo es compatible con la democracia, y creo que también los países occidentales de la Unión Europea y Estados Unidos debemos de actuar sin ningún tipo de paternalismo y mostrar confianza en las
sociedades árabes, y también confianza en los partidos que ganan las elecciones, lógicamente en su afán de consolidar la democracia en estos países.
En segundo lugar, quiero felicitar al Grupo Popular por la presentación de esta PNL sobre la situación en Siria, que nosotros vamos a apoyar. Creo que es una buena oportunidad que sea aprobada porque desde la Comisión de Asuntos Exteriores
y los grupos parlamentarios que están presentes en ella sería una expresión de solidaridad y de apoyo al pueblo sirio ante la masacre, los asesinatos y las torturas que está sufriendo por parte de un régimen político que solamente busca la
supervivencia a través de la represión. Hoy mismo la prensa señala que ha habido 39 muertos como consecuencia de esta represión; por lo tanto, solidaridad con la población de Damasco, de Homs, de Bab Amro, de Alepo, de toda Siria, y nuestra
condena a un régimen represor y asesino. Por eso precisamente, por los argumentos que ha expuesto el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, vamos a apoyar la proposición no de ley que ha presentado, porque desde el Grupo Socialista creemos que
recoge los elementos básicos que definen la situación en Siria: represión, atentados a los derechos humanos, falta de voluntad política de buscar una solución, falta de voluntad política para abrir un proceso de transición a la democracia.
Estamos de acuerdo, compartimos los argumentos que ha dado el portavoz del Grupo Popular, pero es evidente que si examinamos la proposición no de ley, entre los elementos que definen la situación en Siria, no están todos los que son, aunque
sí son todos los que están. Por esa razón hemos presentado una enmienda de adición que pensamos que respeta el espíritu, la dirección y el sentido de la proposición no de ley, que la completa y actualiza, porque esta PNL fue redactada hace ya
tiempo y no recoge todos los elementos que actualmente definen la situación en Siria, sobre todo a la vista de los últimos acontecimientos que han tenido lugar. Por eso, a modo de síntesis, en nuestra enmienda se pide que se recoja que se exigirán
cuentas a los dirigentes del régimen sirio por sus actos, por las atrocidades que han cometido, para que puedan ser sometidos a los tribunales penales internacionales sobre la base de la legislación penal internacional.
Pedimos que se abran pasillos humanitarios, que haya un acceso pleno y libre de obstáculos por parte de las organizaciones humanitarias para ayudar a la población que está sufriendo la represión por parte del ejército sirio. Solicitamos que
haya consenso de la comunidad internacional en un esfuerzo para poner fin a la violencia, con una llamada de atención al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, concretamente a Rusia y a China, para que apoyen la resolución del Consejo de
Seguridad. Para ello habrá que garantizar tanto a Rusia como a China que sus intereses estratégicos en la zona van a quedar garantizados. Pedimos apoyo a la labor de mediación de Naciones Unidas a través del ex secretario general Kofi Annan,
también de la Liga Árabe y del plan de transición apuntado por esta última. Concretamente hoy ha habido una reunión en Damasco entre la representante de Naciones Unidas, la señora Valerie Amos, y las autoridades sirias. Como ya se ha señalado
aquí, es importante que se haya retomado el diálogo nuclear con Irán, porque eso también favorecerá avances posibles en la solución del problema sirio.
En nuestra enmienda hemos pedido también que se plantee -no que se exija- en la Unión Europea la retirada de los embajadores en Damasco como una medida de protesta que pueda favorecer el aislamiento del régimen sirio. Creo que esta enmienda
que hemos presentado puede tener el apoyo de todos los grupos políticos y quiero recordar que va en la dirección de la resolución del Consejo Europeo recientemente celebrado.
Una reflexión final que deberíamos tener en cuenta se refiere a que la ciudadanía, la opinión pública, no solo la española sino también la europea, empieza a preguntarse si la comunidad internacional está a la altura de las circunstancias a
la hora de afrontar el problema sirio, es decir, si estamos actuando de la manera adecuada, de una manera eficaz y rápida, para evitar lo que está ocurriendo en Siria, con ayudas a la eficacia de las medidas de embargo. Por eso tenemos que ser
contundentes para evitar que se puedan dar dos salidas que nadie quiere, que no son deseables, que son la agudización o empeoramiento de la situación que pueda derivar en una guerra civil, así como evitar por todos los medios la hipótesis de una
intervención militar como ocurrió en Libia. Lógicamente, tenemos que impedir ambas salidas porque no constituyen una solución adecuada para la situación en Siria. Por ello, esta PNL no debe quedar en mera retórica, sino que debe manifestar la
voluntad de esta Comisión de Asuntos Exteriores de apoyar al Gobierno para que tenga un protagonismo sustancial, que siempre hemos tenido en el Mediterráneo, que siempre hemos tenido en relación con el mundo árabe y que siempre hemos tenido también
en Oriente Medio. Se trata de apoyar la voluntad decidida del Gobierno para que en el seno de Naciones Unidas y de la Unión Europea se adopten las medidas más fuertes, más rápidas y eficaces para que Siria, como ha ocurrido con otros países del
norte de África, también se incorpore a un proceso de transición, se incorpore a la Primavera Árabe.
El señor PRESIDENTE: De los grupos parlamentarios que van a hacer uso de la palabra, por parte del Grupo Vasco (PNV), el señor Josu Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Señorías, el 21 de septiembre del año pasado, mi grupo parlamentario presentó una interpelación acerca de la defensa de los
derechos humanos y las medidas que tenía previsto adoptar el Gobierno en relación con la situación generada en Siria. Fue la última interpelación de la legislatura. Fue la última, fíjense, señorías, hasta el extremo de que pocos días
después el presidente del Gobierno anunció la disolución de las Cortes y no hubo ocasión para que a la semana siguiente se debatiese, como es habitual, la correspondiente moción. En aquella interpelación nos encontramos con un Gobierno
extremadamente cauteloso -ahí está el 'Diario de Sesiones' para quien quiera comprobarlo-, un Gobierno que justificaba su cautela en el deseo de ir de la mano de los socios europeos sin romper el compás, aunque lo cierto es que tampoco había
suscrito la rotunda declaración condenatoria que semanas antes habían impulsado los Gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido. En aquel momento no parecía oportuno ni expulsar al embajador sirio en Madrid ni tampoco llamar a consultas al
embajador de España. Así se nos expresó en la interpelación por parte del ministro que salió a responderla. Había que actuar con tiento. Pues bien, hace un mes se le llamó a consultas y ayer, seis meses después de que tuviera lugar aquella
interpelación, hemos sabido que el Gobierno ha acordado cerrar la Embajada de Damasco.
¿Qué ha ocurrido durante estos seis meses? Los promotores de la iniciativa me dirán que es que ha habido un cambio de Gobierno en España, bien, pero han sucedido también muchas otras cosas que explican el cambio. La brutal represión del
Gobierno sirio ha provocado varios miles de muertos en la población civil y ha encendido precisamente por ello las luces de alarma de la comunidad internacional. Aunque no ha sido posible consensuar en el seno del Consejo de Seguridad una
intervención semejante, parecida o análoga a la que tuvo lugar en Libia, lo cierto es que la Asamblea General de las Naciones Unidas sí que ha condenado sin paliativos el régimen de Bachar el Asad. Mi grupo parlamentario, señorías, apoya la
decisión. Lamentamos el hecho de que el veto de Rusia y de China haya impedido aprobar una intervención en Siria, porque no creemos que el argumento de que se trata de un asunto interno deba imponerse al compromiso de la comunidad internacional con
los derechos humanos, pero a falta de sobresalientes, bien está el aprobado. El sobresaliente hubiese sido una resolución del Consejo de Seguridad autorizando una intervención, pero a falta de sobresalientes, bien está el aprobado. Desde esa
actitud apoyaremos la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Por parte de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Sin entrar en el fondo de la exposición de motivos, me voy a referir de forma concreta a las tres propuestas que definen lo que solicita el Grupo Parlamentario Popular que aprobemos en esta proposición no de ley. De
entrada, anuncio que tanto en el primer punto -la exigencia al Gobierno sirio del cese inmediato de la brutal represión- como en el tercero -pedir un seguimiento de la resolución condenatoria de la Asamblea General de Naciones Unidas- estamos de
acuerdo. Por desgracia no podemos decir lo mismo del segundo punto. Como hemos recibido muy tarde la proposición no de ley, me voy a atrever a hacerle unas sugerencias in voce al portavoz del Grupo Popular a ver si pueden ser aceptadas. En el
caso de que se aceptasen, porque no modifican de fondo su propuesta, votaríamos a favor. En caso contrario, no podríamos hacerlo.
El segundo punto habla de apoyar, en el marco de las instituciones europeas, el endurecimiento de las sanciones económicas y comerciales. Aquí pedimos que se abra un paréntesis que diga que no afecten a la población civil y que se cierre el
paréntesis. ¿Por qué? Porque es difícil poder justificar que la población a la que en teoría queremos salvar del conflicto se vea negativamente afectada por las sanciones económicas y comerciales. Por tanto, la población civil no debe ser el
blanco, podríamos decir, de las acciones de la comunidad internacional, ya que la población civil no es la responsable de lo que está sucediendo en este momento en Siria. En segundo lugar, cuando se dice así como el embargo de armamento, proponemos
que se diga así como el embargo total de armamento, y en vez de Gobierno sirio, pedimos que se hable de partes combatientes. ¿Por qué hablamos de embargo total de armamento y de partes combatientes? Porque hay una realidad, que hay un conflicto
armado entre Gobierno y oposición; la oposición está armada, es variopinta -ahora me referiré a ello-, pero parte del armamento en este momento llega de países como Turquía o Arabia Saudí, que se lo están proporcionando a la oposición siria. Es
una realidad y es posible que la escalada del conflicto haga que el tráfico de armamento hacia la zona se incremente. Por tanto, pedimos un embargo total de armamento a todas las partes en conflicto, por supuesto al Gobierno sirio, como no podía
ser de otra manera, pero que tampoco haya tráfico de armamento, ni legal ni ilegal, a otras partes en conflicto.
Por otro lado, conocemos algo de la pluralidad de la oposición siria. Con parte de la oposición siria nos sentimos plenamente identificados, pero estoy convencido de que ningún grupo parlamentario de esta Cámara tendría ni querría tener
nada que ver con otra parte de dicha oposición. Ustedes saben que forma parte de la oposición siria la Al Qaeda sunita, la organización de Al Qaeda en Siria. De ahí por ejemplo podríamos entender -y no lo justifico- el veto de Rusia. ¿De dónde
viene el veto de Rusia? Viene de que está muy preocupada de que parte de la oposición siria sea el terrorismo organizado sunita que golpea los intereses de Rusia en la zona del Cáucaso. Es una realidad y por supuesto aquí no hay ningún grupo
parlamentario que quiera apoyar al terrorismo sunita que en este momento lucha contra el Gobierno sirio. La posición de Rusia también se explica después de su experiencia de votar
a favor, o sea de no vetar, la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto al tema de Libia. ¿Por qué? Porque esa resolución que Rusia no vetó luego fue reinterpretada por países de la OTAN en su agresión a Libia,
motivada no por los intereses respecto a los derechos humanos y a la población libia, sino básicamente por intereses petroleros y gasísticos, que por desgracia también motivaron la intervención del Gobierno español. Sin justificarlas, esas son
realidades geopolíticas que no hemos encontrado en su propuesta y simplemente debatimos políticamente que existen y que por tanto las cosas pasan porque existen cosas complicadas y el tema sirio no es nada sencillo. Si se pudiese aceptar que el
endurecimiento de las sanciones económicas y comerciales no afecte a la población civil -algo sobre lo que seguro que aquí todos estamos de acuerdo- y que el embargo total de armas afecte a todas las partes, votaríamos a favor de esta propuesta; si
no, nos vamos a abstener.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, soy consciente de lo avanzado de esta sesión y seré breve, pero quiero recordar que seguramente esta es la proposición no de ley más vinculada con el tema más urgente que nos ocupa en este momento
en el ámbito de las relaciones internacionales de la política exterior, que es la muy preocupante situación en Siria.
Las guerras de los Balcanes de los años noventa, después de la descomposición de la antigua Yugoslavia, las matanzas de civiles y las graves crisis humanitarias llevaron a Naciones Unidas en el año 2005 a desarrollar e incorporar en su
cuerpo jurídico la exigencia de la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger incorporada en el cuerpo jurídico de Naciones Unidas tiene distintas manifestaciones. Es evidente, señorías, que la comunidad internacional está
interpelada a aplicar la responsabilidad de proteger ante la matanza de miles y miles de civiles en Siria por parte del régimen de Al Asad. Señorías, ha sido apuntado por parte de algunos otros portavoces. La situación en Siria es una situación
especialmente compleja y delicada. Las medidas de presión adoptadas hasta el momento no han sido suficientes, deben redoblarse e incrementarse las medidas de presión, diplomáticas, de embargo, de sanciones ante el régimen, siendo conscientes de que
el momento actual puede desembocar en el peor escenario posible, el escenario de una guerra civil. La gran complejidad del país, de mayoría suní, de minoría chiita, de alauitas -minoría alauita pero minoría absolutamente decisiva en los lugares
clave del régimen-, pero también de cristianos -9 por ciento de la población- y de drusos, esta amalgama tan rica que es Siria tiene que evitar la guerra civil. Para evitar la guerra civil, señorías, hay una opción, la opción de la transición
ordenada, del traspaso de poderes a un vicepresidente, con la convocatoria de elecciones y la futura estabilización del país. Esto requiere evidentemente el acompañamiento de la comunidad internacional con todas las medidas contempladas hasta ahora
en esta proposición no de ley y con otras que se tendrán que adoptar en el futuro. Nosotros vamos a apoyar decididamente esta iniciativa siendo muy conscientes que es el punto más vivo del momento actual en las relaciones internacionales.
El señor PRESIDENTE: Señor Casado, se han formulado un par de enmiendas in voce, si usted quiere hacer referencia a ello.
El señor CASADO BLANCO: Antes quería agradecer la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Catalán y del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y reiterar que vamos a aceptar la enmienda de adición en sus términos totales por
parte del Grupo Socialista. Respecto a la enmienda in voce del portavoz de La Izquierda Plural, tengo que decirle que no podemos aceptarla, sintiendo mucho que nos metamos en technicalities cuando estamos en un tema global, pero no se pude hablar
de que el embargo no afecte a la población civil, porque obviamente sería muy complicado, y las sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea llevan en vigor desde abril de 2011 y habría que reiterar qué consecuencias ha tenido
en la población civil. En cuanto al armamento, es lo mismo. En cuanto a lo que ha señalado del veto de Rusia, creo que esa justificación es objeto de otro debate. Por lo tanto, siento mucho que no se pueda aprobar esta proposición no de ley por
unanimidad de la Cámara, que es lo que recomendaría la situación dramática que vive ese país, pero meternos en estas cuestiones creo que desvirtúa por completo un texto que era global y que pretendía defender la libertad y la posible democracia de
un régimen que ya se cobra la vida de casi 8.000 personas en los últimos once meses.
DICTAMEN SOBRE:
- ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE COMISIONES DE VALORES (OICV/IOSCO), HECHO EN MADRID EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000001.)
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir sobre el punto 9.º del orden del día? (Denegaciones.)
Pasamos a las votaciones. Vamos a votar el primer punto del orden del día, es decir, la proposición no de ley sobre el reconocimiento del Estado de Palestina como sujeto de derecho internacional, del Grupo Parlamentario
La Izquierda Plural, el cual manifestó que aceptaba la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y por tanto se votaría como sustitución el texto de dicha enmienda.
Efectuada la votación dijo,
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Segundo punto del orden del día, proposición no de ley relativa a la revisión de los acuerdos Estado-Santa Sede, del Grupo Parlamentario Mixto. Hay una transacción entre el Bloque Nacionalista Galego -de la diputada que le representa, del
Grupo Mixto- y el Grupo Socialista. ¿Los grupos parlamentarios conocen esta transacción? (Asentimiento.)
La señora LOZANO DOMINGO: Quiero pedir votación separada del punto 3.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar el punto 3 de la enmienda transaccional entre el Grupo Mixto y el Grupo Socialista.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 26; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el resto del texto, es decir los puntos 1, 2, 4 y 5.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; votos en contra, 25; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto 3.º, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a asumir un papel protagonista en la solución pacífica del problema del Sáhara Occidental, del Grupo Unión Progreso y Democracia. Aquí hay solicitud también de
votación por puntos. ¿Conocen sus señorías el texto transaccionado entre el grupo proponente y el Grupo Mixto, el diputado de Coalición Canaria? (Asentimiento.) ¿De qué punto desea votación separada el Grupo Socialista?
El señor SÁEZ JUBERO: Agrupamos el 1 y 3 por un lado y el 2 y el 4 por otro.
El señor PRESIDENTE: Primero votamos los puntos 1 y 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Votamos ahora los puntos 2 y 4 de la transacción.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 39.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Pasamos a la votación del punto 4.º del orden del día, PNL relativa a la defensa del ejercicio de las libertades fundamentales en la República de Cuba. También existe una transacción entre el grupo proponente, el Grupo Parlamentario
Popular, y el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación sobre el punto 5.º, proposición no de ley de Convergència i Unió sobre reforma del servicio exterior. Se aceptan tanto las enmiendas adicionales del Grupo Parlamentario Socialista como las del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 43; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación del punto 6.º del orden del día, proposición no de ley relativa a la autorización de la Minurso para actuar sobre los derechos humanos en el Sáhara Occidental, en la que si bien hay una enmienda del UPyD, es rechazada por el grupo
proponente, el Grupo Parlamentario Vasco. Por tanto votamos el texto tal como se presenta por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votación sobre el punto 7.º, proposición no de ley sobre protección de libertades y derechos en Egipto. Es proponente el Grupo Parlamentario Socialista, que acepta como adición la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 43; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el punto 8.º, proposición no de ley sobre la represión de la oposición en Siria, del Grupo Parlamentario Popular, que acepta la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación del dictamen sobre el Acuerdo de sede entre el Reino de España y la Organización Internacional de Comisiones de Valores.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 43; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y treinta minutos de la noche.