CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 33

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

Sesión núm. 2

celebrada el miércoles,

1 de febrero de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete), para:


- Informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000011.) ... (Página2)


- Explicar la posición y las propuestas del Gobierno con relación a la política agraria común (PAC). A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000001.) ... (Página2)

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- Informar sobre la posición del Gobierno con relación a la reforma de la política común de pesca. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000005.) ... (Página2)


- Informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000019.) ... (Página2)


- Explicar el programa de su ministerio para la presente legislatura. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 213/000028.) ... (Página2)


- Explicar las líneas generales de la política que va seguir su ministerio a lo largo de la legislatura. A petición del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 213/000065.) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Explicar las líneas generales de la reforma de la Ley de Costas que pretende impulsar su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000084.) ... (Página2)


- Informar sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en las materias de agricultura, alimentación y medio ambiente. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000095.)
... (Página2)


- Informar sobre las intenciones del Gobierno de modificar la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000122.) ... (Página2)


Se abre la sesión a las once de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En primer lugar, quisiera dar en nombre de todos los miembros de esta Comisión nuestra más cordial bienvenida al ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, don Miguel Arias Cañete, buen conocedor de esta Cámara, que viene a informar a petición propia de las políticas generales que va a abordar en esta legislatura su departamento.


Ha habido peticiones de otros grupos parlamentarios que en Mesa y portavoces se ha acordado que se acumularan a la petición propia del Gobierno para la comparecencia. Además, quisiera proponer, en segundo lugar, a todos los miembros de esta
Comisión una alteración del orden del día, porque otros grupos han solicitado unas comparecencias que tienen que ver con la política general del departamento y, por tanto, vamos a acumularlas para que puedan ser debatidas en el día de hoy. En
consecuencia, paso a relacionar brevemente las peticiones de todos los grupos y las materias de las que ha sido objeto la petición por orden de presentación a la Cámara: El Grupo Mixto BNG solicita la comparecencia del ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente para explicar la posición y las propuestas del Gobierno en relación con la política agraria común. También el Grupo Mixto BNG solicita al ministro que informe sobre la posición del Gobierno con relación a la reforma de
la política común de pesca. Por orden de presentación el propio ministro solicita la comparecencia a petición propia para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. El Grupo Socialista solicita la comparecencia del
ministro para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. La Izquierda Plural solicita la comparecencia del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que explique el programa de su ministerio para la
presente legislatura. UPyD solicita la comparecencia del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que explique las líneas generales de la política que va a seguir su ministerio a lo largo de la legislatura. El Grupo Mixto
solicita la comparecencia del ministro para que explique las líneas generales de la reforma de la Ley de Costas que pretende impulsar su departamento. El Grupo Catalán de Convergència i Unió solicita la comparecencia del ministro para informar
sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en las materias de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Por último, el Grupo Socialista solicita la comparecencia del ministro para informar sobre las intenciones del Gobierno
de modificar la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.


Quisiera informarles a todos ustedes que el orden del debate va ser el siguiente: el ministro va a informar sin límite de tiempo y, a continuación, los demás grupos van a tener un turno por orden de presentación de sus solicitudes, y los
que no han presentado solicitudes, por el orden de menor a mayor, como viene siendo habitual en el funcionamiento y en el ordenamiento de los debates

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de esta Comisión. Dada la amplitud de los temas a tratar, les rogaría a todos ustedes la máxima brevedad posible, no al ministro, que viene con muchísimas ganas, como me acaba de anunciar, de informar lo más ampliamente posible -dentro del
límite horario que marcan nuestras necesidades alimentarias- de las políticas generales de su departamento.


Sin más dilación, señor ministro, tiene usted la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, presidente. Mi agradecimiento a sus señorías por estar hoy en esta primera comparecencia, que espero sea el preludio de muchas intervenciones a
lo largo de esta legislatura.


Les presento hoy el programa de trabajo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ministerio que en cumplimiento del programa electoral del Partido Popular ha sido recuperado con una denominación acorde con sus objetivos
esenciales, devolviendo a la agricultura y por extensión a la ganadería, fundamentos de la alimentación, el protagonismo que merecen al servicio de la sociedad. El programa de trabajo estará inspirado en dos principios: diálogo y transparencia,
que deben marcar esta legislatura, como señaló el presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Diálogo con todos los grupos políticos y fuera además de la Cámara con la permanente colaboración, coordinación y cooperación con las
consejerías y departamentos de las comunidades autónomas; diálogo con todos y cada uno de los representantes que componen y contribuyen al funcionamiento del sistema agroalimentario español y a la mejora del medio ambiente. Y transparencia para
afrontar de una manera realista y consensuada las medidas que haya que tomar y las posturas a defender en el marco de la Unión Europea y de las instituciones y organizaciones internacionales en las que España tenga que intervenir con voz propia,
tanto en relación con instituciones agrícolas como las de pesca o medio ambiente.


Paso a la agricultura y quisiera hacer unas reflexiones iniciales sobre el contexto internacional de la alimentación. Señorías, el contexto internacional de la alimentación está sufriendo cambios de mucho calado con voluntad de
persistencia. Durante los próximos años y décadas, probablemente, vamos a asistir a una permanente divergencia entre las necesidades de alimento de la población del mundo y la oferta con la que satisfacer estas necesidades. La población mundial
supera los 7.000 millones de habitantes y está previsto que llegue a 9.000 millones en 2050, y hoy hay más de 1.000 millones de personas que no pueden alimentarse y cerca de 2.000 millones que lo hacen de modo insuficiente. Países muy poblados que
consumían alimentos en poca proporción respecto a la producción mundial, disponen hoy día de medios con los que adquirir lo que precisan en pie de igualdad con las sociedades más avanzadas. En este contexto, todo hace pensar que la producción de
alimentos será, todavía más que en el pasado, un asunto estratégico para que las sociedades puedan alimentar a sus poblaciones de manera saludable y a costes asumibles. España como miembro de la Unión Europea y como país de gran tradición agraria y
alimentaria, debe esforzarse por mantener y mejorar esta situación, y tenemos que hacer de nuestro sistema agroalimentario un actor especialmente relevante y estratégico tanto en el mercado nacional como en el europeo y en aquellas producciones en
que sea posible también en el mercado internacional. Somos un gran país y la nuestra es una sociedad moderna que demanda de las administraciones una serie de servicios esenciales y de calidad en el ámbito de la sanidad, la educación, la justicia y
la seguridad, pero también en el de la alimentación, como primer escalón de la salud individual y componente esencial de la cohesión social que además articula el territorio, crea empleo, genera resultados económicos muy relevantes para la economía
nacional y conserva y mejora los recursos naturales sobre los que se asienta. Sucede con el servicio de la alimentación que, a base de haber cubierto las necesidades de abastecimiento a lo largo de los últimos cincuenta años sin faltar ni un solo
día a la cita en los hogares españoles, este sector no está suficientemente valorado. Pero gracias al esfuerzo conjunto de quienes componen el sistema y muy en particular al duro trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores, el objetivo ha sido
cubierto con amplia calificación, como lo muestra el aprecio de nuestras producciones en el exterior, si bien con un reparto muy desigual de los beneficios generados en perjuicio de la producción primaria.


En efecto, un análisis sucinto del sistema agroalimentario español pone de manifiesto una configuración dual. Así, a una concentración en los eslabones de cabeza y cola en la industria proveedora de medios de producción y en la
distribución, se opone una dispersión excesiva en el eslabón de la producción agraria, donde operan numerosas explotaciones individuales, cerca de un millón, o asociadas en cooperativas, cerca de 4.000. En uno y otro caso, hay un predominio claro
de explotaciones de reducida dimensión y en menor medida también se identifica esta situación en el eslabón de la industria alimentaria, en el que junto a grandes corporaciones existen numerosos establecimientos industriales, pequeños y medianos.
Esta situación arroja una primera debilidad del sistema en el eslabón de la producción, con consecuencias de carácter técnico, económico y social muy relevantes. El importante número y pequeño tamaño de explotaciones agrarias, escasamente
organizadas, da lugar a una reducida capacidad de negociación frente a los proveedores de medios de producción y a los compradores de los productos agrarios obtenidos. Esto se refleja en los costes e ingresos de las explotaciones, cuyo balance no
deja margen de rentabilidad comparable al de otras actividades económicas ni, en consecuencia, margen para llevar a cabo inversiones en tecnología con garantía de su amortización en periodo de tiempo razo

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nable. Como consecuencia, se viene produciendo un deterioro de la renta agraria. Esta falta de rentabilidad de las explotaciones está de hecho en el origen de la desafección de los jóvenes hacia la profesión de agricultor o ganadero, con
la grave consecuencia de la falta de relevo generacional, particularmente intenso en las zonas del interior peninsular. Y finalmente, este círculo vicioso implica el despoblamiento de los territorios afectados.


Otra de nuestras debilidades características es la que deriva de la situación geográfica de nuestro país. Como saben sus señorías, nuestro territorio se encuentra sometido a una significativa variabilidad climática, en particular en
relación con las precipitaciones. Por ello, ha sido necesario desarrollar grandes infraestructuras de regadío, con gran apoyo del erario público, para estabilizar las producciones y, en definitiva, garantizar el abastecimiento de la población.
Pues bien, sin duda, mantener, conservar y mejorar esas infraestructuras, así como las obras complementarias en las explotaciones, supone unos costes de producción a los que otros sistemas nacionales no tienen que hacer frente. De otra parte, esa
misma variabilidad climática es responsable de fenómenos meteorológicos capaces de arruinar las cosechas en el campo, lo que ha requerido disponer de un sistema de seguros agrarios para compensar a agricultores, ganaderos, propietarios forestales y
acuicultores de las pérdidas de rentas asociadas a estos fenómenos y permitir que mantengan la actividad. En definitiva, mantener, conservar y mejorar el sistema tal como se viene haciendo, representa también costes públicos y privados que otros
competidores nuestros no tienen.


Este panorama, con reducidos ingresos, con costes crecientes, supone una clara amenaza. Me refiero al abandono de la actividad agraria en amplias zonas del país, que tiene un doble efecto. En primer lugar, social, por la mayor urbanización
de la población, con los costes que de ello se deriva. Y también medioambiental, que se traduce ya y puede traducirse más en el futuro en una pérdida o deterioro de los recursos naturales en los que se apoya la actividad agraria y el paisaje que la
construye. Reforzando esta perspectiva, el eslabón de la producción se encuentra seriamente amenazado ante la entrada de productos agrarios para consumo directo transformados, procedentes de países cuya forma de producir se encuentra regulada por
estándares que poco o nada tienen que ver con los exigidos en las explotaciones europeas, estándares de obligado cumplimiento en nuestro país y generadores de costes superiores a los de quienes compiten con nosotros en nuestro mercado y en el
mercado europeo. Pero no todo son debilidades y amenazas en el ámbito de la producción agraria. Por fortuna, existen fortalezas técnico-económicas importantes, como son: ofrecer a los mercados para su consumo directo, previa transformación
industrial, materias primas de calidad reconocida, que integran una de las dietas más saludables del mundo, la dieta mediterránea, gran patrimonio de nuestro país, reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco en
noviembre de 2010. En la actualidad, cada vez más realzada gracias a la labor de difusión e internacionalización -y aquí reside otra importante fortaleza- de los cocineros y gastrónomos españoles, que alcanzan los primeros puestos en las
clasificaciones más exigentes en la materia. En el ámbito medioambiental, la producción agraria ha construido a lo largo del tiempo paisajes agrarios de alto valor, espacios abiertos muy atractivos y una biodiversidad objeto de la más alta
consideración por parte de instituciones y particulares de todo el mundo.


En el eslabón de la industria agroalimentaria, la principal debilidad también se refiere al tamaño reducido de nuestras numerosas pequeñas y medianas empresas, que las hace más vulnerables frente a la distribución, afectando a su
rentabilidad y mantenimiento. Pero la industria alimentaria española, considerada en su conjunto, dispone también de una fortaleza indudable, que se ha puesto de manifiesto con mayor intensidad durante la crisis económica que estamos atravesando.
Me refiero a la fortaleza de nuestro comercio exterior agroalimentario, convertido en un motor del crecimiento exterior de España. Esta posición contribuye poderosamente a la solidez económica del sistema agroalimentario y lo convierte en un
elemento estratégico para que España pueda superar la actual crisis económica, dado que en contraste con otras ramas industriales, la alimentaria es la rama de mejor comportamiento en el ámbito nacional a lo largo de la crisis que estamos
padeciendo.


Señorías, hasta aquí los hechos tal como se muestran, partiendo de análisis cualitativos de nuestro sistema agroalimentario, pero no quisiera quedarme en este análisis y espero no abrumarles al exponer también las cifras que dan soporte a
cuanto he expuesto. Empezaré por las explotaciones y su organización en cooperativas y seguiré por sus resultados y las características de nuestras producciones, las implicaciones de esta actividad en el territorio, su deshumanización y los rasgos
más relevantes para la industria, así como sus resultados para la propia industria y para el conjunto de la economía nacional. La dimensión económica media de las explotaciones españolas es de 20,6 unidades de dimensión económica, mientras que la
dimensión media de la Unión Europea es de 23,8 y la de Francia 53,6. No obstante, hay que reconocer que la dimensión económica de nuestras explotaciones creció en 2007 un 11,4 por ciento respecto a 2005, mientras que el crecimiento en la Unión
Europea fue del 5,1 y en Francia del 6,3. Pero comparándonos con el mayor competidor que tenemos en la Unión Europea, en España las explotaciones beneficiarias de ayudas PAC son 909.000 y en Francia son 360.000. La ayuda media por explotación
española es de 5.000 euros y la ayuda media por explotación francesa es de 20.000 euros. Caben pocas dudas sobre la diferente capacidad de competir de unas y otras explotaciones, de

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la necesidad de reducir el número de las nuestras y aumentar su tamaño.


Si pasamos al análisis de las cooperativas, ninguna cooperativa española está en el ranquin de las veinticinco más grandes de la Unión Europea. La mayor de España, Coren, tuvo 942 millones de euros de facturación en 2010, la mitad que la
cooperativa que cierra el top 25. Anecoop tiene 467 millones y es la tercera española y la sexta europea en su sector. Y entre 2003 y 2008, la cuota de mercado de las cooperativas agrarias españolas ha permanecido estancada. Valga una sola
reflexión. Todas las cooperativas españolas, las 4.000 en su conjunto, facturan 19.000 millones de euros; una sola cooperativa, de carne o de leche, en los Países Bajos factura más de 7.000; dos cooperativas de los Países Bajos facturan más que
4.000 españolas. Señorías, algo tenemos pendiente de realizar en nuestro país en materia de concentración de oferta. La consecuencia, lo que pasa con la renta. En 2003 se llega en España al récord de renta agraria con 26.323 millones de euros y
en 2011 había bajado a 22.181. Si de 1996 a 2003 la renta agraria se incrementó un 30 por ciento, entre 2003 y 2010 ha habido un descenso del 15,7 por ciento. Lo que al final produce la situación es despoblamiento, y es muy grave en los 6.350
municipios rurales de pequeño tamaño, los de menos de 5.000 habitantes, donde no se ha frenado el despoblamiento rural, especialmente en las comunidades de Galicia y Asturias y en menor medida en Castilla y León y en Extremadura. Estos municipios
representan el 10,3 por ciento de la población española y el 69 por ciento del territorio. Entre 1998 y 2010, mientras la población española aumentaba en su conjunto un 18 por ciento, la población de estos municipios se redujo un 0,12 por ciento.
Es decir, en un contexto de gran ampliación de población, hemos tenido un despoblamiento rural que no hemos sabido contener. Como fortaleza, sin embargo, de nuestro sistema agroalimentario podemos ver nuestra capacidad productiva y productividad.
En el periodo 1993-2009, la producción de la rama agraria en términos de volumen agregado ha experimentado en España un crecimiento del 52,2 por ciento frente al acaecido en la Unión Europea a quince, que fue del 13,9, es decir, la producción de la
rama agraria ha crecido y la productividad también. En 2011, la productividad de la agricultura española por unidad de trabajo agrario a precios constantes de 2005 era un 35,3 por ciento superior a la Unión Europea a quince, y un 5,7 por ciento
inferior a la de Francia. Por hectárea de superficie agraria útil, nuestra productividad supera en un 11,6 por ciento a la Unión Europea a quince y en un 7,3 por ciento a Francia. ¿Por qué esté aumento de la productividad? Porque ha habido un
fuerte incremento de la eficiencia en el uso de los medios de producción. Los consumos intermedios en la agricultura española de 1993 a 2009 aumentaron un 22,1 por ciento y el volumen producido un 52 por ciento, lo cual demuestra la eficiencia
productiva. Si a esa eficiencia productiva se suma la calidad de nuestras producciones -y muestra de la calidad y diversidad de los alimentos de España es que con el 11 por ciento de la producción de la rama agraria de la Unión Europea a
veintisiete tenemos el 15 por ciento de las indicaciones geográficas europeas, y en vinos con un 7,4 por ciento del valor de la producción tenemos el 8,2 de las indicaciones- vemos claramente que tenemos mucha productividad y mucha calidad;
fallamos en otros ámbitos.


La conservación y mejora de los recursos naturales es también importante, porque la superficie agraria utilizada es el 48 por ciento de la superficie geográfica nacional, de la cual el 27 por ciento además se ha incluido en la Red Natura
2000, y la agricultura contribuye a la generación de externalidades ambientales en materia de soporte de hábitats, mantenimiento de paisajes, provisión de servicios ecosistémicos, prevención de incendios, erosión, gestión hídrica, captura de CO2,
etcétera. Ello gracias, en gran medida, a una gestión medioambiental comprometida con el modelo productivo europeo, representado entre otros por la condicionalidad, que conllevó en el año 2008 la realización de 26.218 controles sobre el terreno.
La participación de la agricultura más la industria agroalimentaria en el endeudamiento total de las actividades económicas de España, que es un 4,4 por ciento en su conjunto, es ligeramente inferior a su contribución en el PIB de España, y no hay
sobreendeudamiento alguno en comparación con el resto de la economía. Además, la tasa de créditos dudosos del sector es muy inferior a la del conjunto de las actividades económicas. El endeudamiento está por debajo del 22 por ciento en sus activos
y, desde un punto de vista financiero, nuestro sector agrario es un sector de enorme solidez a pesar de las dificultades.


En cuanto a las industrias, el 83 por ciento tienen menos de veinte empleados, y en comparación con la Unión Europea a veintisiete las agroindustrias españolas tienen un tamaño menor en número de empleados pero mayor en número de
facturación, debido a la mayor productividad por empleo en España. En 2010 las exportaciones del sector agrario -agrario no transformado, transformado y no alimentario, sin incluir el pesquero ni el forestal- ascendieron a 26.582 millones de euros,
que fue el 14,3 por ciento del total de bienes exportados por España, con una mejora del 9 por ciento respecto al periodo de 2005-2009. Como se pueden imaginar, el principal socio comercial de España es la Unión Europea a veintisiete, 79 por ciento
del valor de las exportaciones y 60 por ciento de las importaciones. Un dato especialmente relevante en las actuales circunstancias es que la industria agroalimentaria tiene una evolución positiva que se plasma en un aumento del número de ocupados,
reduciendo su tasa de paro al 9 por ciento. Además, tiene un buen comportamiento el índice de producción industrial, cuyo valor en septiembre de 2011 estaba veinte puntos por encima del correspondiente al conjunto de las actividades industriales,
así como una importante mejora de la productividad.

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Señorías, por lo dicho hasta aquí, pocas dudas caben sobre dónde reside el principal problema y dónde están las debilidades del sistema agroalimentario español. Sin perjuicio de otras consideraciones, el eslabón de la producción agraria que
conforma nuestras explotaciones agrarias y ganaderas constituye su talón de Aquiles, pero sin ese eslabón o con él muy deteriorado toda la estructura del sistema se resentiría, y en particular la industria proveedora de medios de producción y, con
toda certeza, la industria alimentaria. De esta forma, el sistema se basaría mayoritariamente en la distribución de alimentos procedentes de otros sistemas foráneos y gran parte de nuestro territorio se vería privado de población y de actividad
agrarias, lo que implicaría un deterioro de recursos y valores añadidos que ya he mencionado. Pero sobre todo es que desde una perspectiva puramente económica, España no se puede permitir el lujo, máxime en la situación actual, de renunciar a un
complejo alimentario cuya facturación, sumando agricultura con industria, representa cerca del 9 por ciento del PIB, sumando la parte de la agricultura que no se transforma por la industria, porque hay una parte de la agricultura que va directamente
al consumo fresco. Cuando en este sector la industria tiene unas ventas netas de 81.379 millones de euros, que son el 15,8 por ciento de las ventas netas, cuando el sector agroindustrial en su conjunto tiene el 6,9 por ciento del empleo, cuando
está mayoritariamente localizado en el medio rural y cuando el saldo exterior anual es del orden de 6.000 millones de euros, en esta tesitura la principal preocupación y ocupación de mi departamento, la brújula de mi departamento, irá dirigida a
corregir la situación de debilidad que atraviesan las explotaciones agrarias españolas haciendo uso de los recursos de todo tipo, nacionales y comunitarios, que sirvan para lograr este propósito. De ello depende el mantenimiento y mejora de todo el
sistema agroalimentario nacional que presta servicio a la sociedad a través de sus facetas económica, social y medioambiental.


Por eso, en estas circunstancias, todas las actuaciones de mi departamento, todas las acciones y medidas, se van a alinear en torno a dos ejes principales. Primero, uno de carácter marcadamente nacional, que recogerá las acciones destinadas
a fortalecer los componentes más débiles del sistema y, sobre todo, a vertebrarlo haciéndolo más sólido y competitivo respecto a otros sistemas europeos e internacionales. Y otro, de carácter comunitario que, utilizando todos los resortes a nuestro
alcance en forma de alianzas con otros Estados miembros y a través de nuestros parlamentarios europeos, recogerá acciones que permitan negociar las propuestas sobre la reforma de la PAC, tratar de adecuarlas a nuestras condiciones y obtener el techo
máximo de recursos financieros para su aplicación más ventajosa con vistas a la consolidación del sistema agroalimentario nacional. A este respecto vale la pena resaltar la fortaleza financiera que supone en momentos de crisis económica disponer de
recursos procedentes de la Unión Europea, por un periodo de siete años, para poder abordar la tarea que tenemos por delante en un momento como el actual. Esto nos va a obligar, más que en el pasado, a hacer un uso más eficiente de unos recursos
que, para darles una idea de su relevancia, solo en el año 2011 han representado un total de 7.839 millones de euros, de los que 5.947 corresponden al Feaga y 1.891,4 al gasto público total inducido por los 1.041,7 millones de euros procedentes del
Feader. Estamos hablando de magnitudes presupuestarias muy importantes en un contexto de crisis presupuestaria y crisis financiera que requiere que hagamos todos los esfuerzos en la negociación de las perspectivas financieras.


Paso a las medidas concretas a adoptar. Creía que era mi obligación hacerles este dibujo del panorama del sector agroalimentario porque el mismo explica la filosofía subyacente en la serie de medidas que les propongo a continuación. Para
fortalecer y mejorar los componentes más débiles del sistema, con el fin de mantener y mejorar la competitividad de explotaciones, promoveremos la mejora del contexto en que se desenvuelve el mundo rural, así como de las explotaciones que lo
integran. En este sentido, vamos a favorecer el asociacionismo y la concentración de la oferta, impulsando la integración de explotaciones en cooperativas de primero y, sobre todo, de segundo grado u otras organizaciones con dimensión y capacidad
tanto en la fase de producción como en las fases de comercialización e industrialización. Para lograr este objetivo impulsaremos, en colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, un proyecto de ley que facilite la integración con
fines de mejora de las capacidades productivas, comerciales e industriales de las explotaciones agrarias. Reduciremos la carga administrativa que actualmente sufren agricultores y ganaderos para el habitual desarrollo de su actividad, así como la
que conlleva la implantación de nuevos proyectos empresariales en el ámbito rural para facilitar su desarrollo. Aplicaremos los principios de simplificación administrativa a todos los ámbitos de la actividad agrícola y ganadera para reducir sus
costes y mejorar su competitividad. Promoveremos también actuaciones para incrementar la dimensión de las explotaciones mediante el fomento de la liberación de tierras favoreciendo la titularidad por fórmulas asociativas y estableciendo normas
sobre la dimensión de nuevas explotaciones. En este sentido, haremos uso de todas las herramientas y mecanismos que pueda contener finalmente la propuesta de reforma de la PAC en el ámbito de las pequeñas explotaciones mediante actuaciones en el
plano nacional y comunitario que sean sinérgicas. Asimismo, adoptaremos medidas que faciliten la incorporación de jóvenes agricultores y agricultoras a la actividad agraria tanto para ayudar a resolver el problema del relevo generacional, como para
impulsar nuevas incorporaciones, y promoveremos la adopción de aquellas innovaciones tecnológicas disponibles en el ámbito de los medios de producción que redunden en una mejora de los resultados económicos de las explotaciones.

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En relación con el papel de las mujeres en el mundo rural, a finales de la pasada legislatura se aprobó la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Estamos adoptando las primeras medidas para
poner en marcha esta disposición, que consideramos que tienen una especial importancia, en particular en lo que se refiere a su difusión mediante la realización de las oportunas campañas, así como la puesta a punto de los registros y el diseño de
las medidas que permitan la aplicación efectiva de la ley en colaboración con los ministerios de Justicia, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Empleo y Seguridad Social, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como con las
comunidades autónomas.


Constituirá una prioridad de la política agraria el diseño y coordinación, con los departamentos competentes de la Administración General del Estado y con los centros de investigación dependientes de las comunidades autónomas o de otras
instituciones, de un programa de investigación e innovación que convierta a nuestro sistema de producción e industrialización y a nuestras producciones agrarias y alimentarias en referentes a nivel europeo internacional. Fomentaremos la
acreditación de las explotaciones en relación con las normas comunitarias e internacionales; en particular, las relacionadas con el manejo del suelo y agua, uso de fitosanitarios y zoosanitarios respecto a las directivas sobre aves y hábitats y
todo lo relacionado con las buenas prácticas agrícolas y medioambientales. Promoveremos una gestión integral del agua de riego que permita reducir el consumo, mejorar la eficiencia y evitar el deterioro de los recursos hídricos, mediante el diseño
de un nuevo plan nacional de regadíos que incorpore estos objetivos junto con el de sostenibilidad medioambiental, abordando medidas de modernización y de nuevas transformaciones. En este ámbito, se llevará a cabo un apoyo decidido a las
comunidades de regantes, usuarios de agua de riego, por el papel clave que desempeñan en el cumplimiento de las exigencias de la Directiva-marco del Agua, y en el caso de las comunidades, por su relevante papel en la transferencia tecnológica al
sector.


Desde el punto de vista agroclimático, el seguro agrario junto con el regadío conforman los elementos técnicos de estabilidad del eslabón de la producción agraria en España. Por esa razón quiero hacer una mención especial a nuestro sistema
de aseguramiento de riesgos agrarios, que ha demostrado ser un instrumento muy eficaz para el mantenimiento de rentas agrarias y la viabilidad a las explotaciones de su implantación hace más de treinta años; un sistema altamente consolidado y
desarrollado que es referente mundial. Como no podía ser de otra manera, continuaremos mejorando y apoyando este sistema que además contribuye a desarrollar otro tipo de políticas, como son el fomento el asociacionismo, la incorporación a la
actividad agraria de mujeres y de jóvenes agricultores, el fomento de determinadas prácticas productivas y la sostenibilidad de la actividad. Nuestro objetivo principal va a ser movilizar el conjunto de las capacidades de las distintas
instituciones que participan en el sistema para lograr el mayor grado de implantación posible, así como continuar con el proceso de incorporación al seguro de las coberturas de daños en instalaciones y elementos productivos. Tampoco dejaremos de
trabajar en el establecimiento de coberturas de otros riesgos que preocupan al sector, como la incidencia del cambio climático o la crisis del mercado. En este sentido, en los próximos años incluiremos nuevas coberturas en el sistema, como los
daños causados por déficit hídrico en las producciones leñosas. Prestaremos especial atención a las cuestiones de sanidad, tanto vegetal como animal, para que el seguro agrario actúe como instrumento de apoyo a las políticas de lucha y
erradicación, y trataremos de implantar una cobertura de red de seguridad sobre los ingresos de las explotaciones. Seguiremos trabajando junto al sector productor y junto a las aseguradoras, así como con las comunidades autónomas, en la mejora de
las condiciones de los seguros para que los agricultores y ganaderos encuentren en el sistema la respuesta a sus necesidades en la gestión de los riesgos que les afectan. En particular, elaboraremos una estrategia nacional para la prevención y
gestión de crisis y riesgos en la agricultura que permita anticiparnos a la aparición de los problemas severos derivados de la climatología adversa, y tener definidas y operativas las correspondientes medidas de apoyo cuando se den las condiciones
para su aplicación. Vamos a hacer hincapié en el seno de la Unión Europea en la importancia de los seguros agrarios, defendiendo los intereses de España en lo referente al tratamiento de la gestión de riesgos en el marco de la reforma de la PAC.


Señorías, quiero referirme brevemente a las acciones en materia de protección vegetal y animal en la sanidad, en tanto que elemento fundamental del modelo europeo de producción. La estrategia de sanidad animal tendrá como objetivo el
desarrollo de programas que garanticen el control de la seguridad alimentaria en la granja así como en el mantenimiento de un estatus sanitario que permita la apertura de nuevos mercados ganaderos tanto en el territorio de la Unión Europea como en
terceros países. Para ello se desarrollarán programas de vigilancia adaptados a los posibles riesgos de aparición de enfermedades en nuestro país y al desarrollo de una política de cooperación en sanidad animal con terceros países y con las
organizaciones internacionales competentes en el tema como la OIE y la FAO. En cuanto a la sanidad vegetal, resulta primordial, con la actual coyuntura económica, acometer el tratamiento de plagas y enfermedades, evitar su propagación y optimizar
el empleo de recursos destinados a este fin, articular mediante el máximo aprovechamiento las oportunidades de financiación que ofrece la Unión Europea y la priorización en las actuaciones de prevención y la lucha. Esta previsto, entre otras
acciones, elaborar y poner en marcha un plan nacional de acción para el uso sostenible de productos fitosanitarios, conforme a los requerimientos de la directiva comunitaria sobre el uso sostenible de

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plaguicidas. Los sistemas de trazabilidad mejoran la eficacia de las producciones agrarias y transmiten a la sociedad y a nuestros socios comerciales la implicación plena de productores y administraciones en la obtención de alimentos
seguros y calidad. Siendo conscientes de esta importancia, el departamento que presido ha fijado como uno de los objetivos la continua mejora y modernización de estos sistemas con especial referencia a las producciones agrícolas, cuyos sistemas
necesitan ser adaptados a los nuevos requerimientos comunitarios en materia de higiene y control oficial de la cadena alimentaria.


En materia forestal, vamos a diseñar y a aplicar un plan estratégico forestal con el objeto de incrementar nuestro patrimonio forestal, estructurar esta rama de producción, diversificar la actividad forestal hacia aprovechamientos no
madereros, con especial consideración de la actividad cinegética; promover la dotación de las infraestructuras necesarias; mantener y mejorar los recursos forestales, con singular atención a los incendios; favorecer el uso de la biomasa forestal
e incrementar la seguridad y preservación de nuestras especies de fauna y, en particular, aquellas que se encuentran en peligro. Continuaremos coordinando e impulsando la aplicación de los programas de desarrollo rural, cuya evaluación servirá de
punto de arranque del nuevo periodo de programación 2014-2020. En este ámbito, adoptaremos las medidas precisas para que el arranque de la aplicación de los nuevos programas se pueda llevar a cabo desde el primer año del periodo sin que haya
rupturas en la cadena. Entre las medidas, prestaremos también atención a la elaboración de un plan estratégico de diversificación de la actividad económica en el medio rural, con el fin de impulsar actividades económicas complementarias y
sinérgicas con la actividad agraria, ganadera y forestal, apoyando las agrupaciones de interés económico para captar recursos y desarrollar proyectos que proporcionen valor añadido.


Señorías, con independencia de estas actuaciones promovidas por la Unión Europea y cofinanciadas por las asociaciones españolas, disponemos en España de una Ley estatal para el desarrollo sostenible del medio rural, que se concreta en un
programa de desarrollo rural sostenible financiado con fondos exclusivamente nacionales. Sin entrar a valorar la pertinencia de esta ley, cuando se dispone de instrumentos menos onerosos para las arcas españolas, procede valorar los resultados de
su aplicación que, desgraciadamente, no son buenos. En efecto, la ley requiere un desarrollo muy complejo que acabe instrumentándose mediante convenios con comunidades autónomas. Desde su publicación en el año 2007 hasta la fecha se han elaborado
seis convenios (La Rioja, Castilla y León, Asturias, Aragón, Galicia y Navarra). Solo se ha firmado uno, el de La Rioja, dada la superación del límite de déficit previsto en la ley por parte de las cinco comunidades restantes. Si a eso se le une
que aún falta desarrollar instrumentos de la ley, como el establecimiento por real decreto de los procedimientos de seguimiento y evaluación, parece que desde el año 2007 hasta la fecha no ha existido por parte del Gobierno mucho interés en su
aplicación. De las dotaciones presupuestarias con las que contaba la ley, que eran 464 millones de euros, se han ejecutado solamente 137; de ellos, 134 se hicieron a base de convenios piloto con diez comunidades, instrumentados a modo de ensayo, y
2,65 son los que se establecieron para el convenio con La Rioja. Los 327 millones restantes se han transferido a las comunidades autónomas para financiar la contribución a los programas de desarrollo rural en vigor en el marco de la programación
2007-2013. Es decir, la ley no se ha ejecutado, el dinero se ha aplicado a otras finalidades, los convenios no se han firmado. En estas circunstancias, señorías, el Gobierno va a reconsiderar la operatividad de la ley y, tras un análisis que ya
venimos realizando, propondremos modificaciones precisas -que pueden ser profundas, les anticipo- tratando de acercarla más a la realidad de los problemas a los que esa ley venía a dar respuesta.


Señorías, el concierto integral de cadena alimentaria constituye la columna vertebral del sistema alimentario, y todas las actuaciones deben orientarse a reforzar la integración de los diferentes eslabones en la cadena haciendo más
eficientes todos los procesos, básicamente la producción, transformación y distribución; una eficiencia económica que debe integrar los conceptos implícitos en políticas transversales como la sostenibilidad. Para avanzar en el logro de nuevas
mejoras en política alimentaria, vamos a instar a los sectores implicados a trabajar con nosotros en la elaboración de planes estratégicos a los que desde la acción política se deberá dotar de la cobertura y apoyos necesarios. Bajo ese marco
general, quisiera profundizar en las principales líneas de trabajo. En primer lugar, y teniendo en cuenta el encaje de la política alimentaria en la política agraria común, prestaremos especial atención a la búsqueda de la mejor adaptación de la
alimentación española en los nuevos reglamentos comunitarios. Como primera medida, les anuncio que trabajaremos en la definición de una estrategia nacional para la defensa de la alimentación española que permita definir los aspectos concretos
objeto de modificación en los actuales documentos en discusión. En segundo lugar, trabajaremos intensamente para disponer de una cadena de valor, en la que sus eslabones más débiles vean reforzadas su posición y obtengan el beneficio que les
corresponde a su grado de participación en la generación de valor. Pese a algunos avances en los últimos años en este campo, son muchas las voces que nos reclaman nuevas y más eficaces medidas para potenciar un buen funcionamiento de la cadena.
Por ello, vamos a trabajar en la preparación de un plan para el reequilibrio de la cadena alimentaria que contendrá diferentes medidas que les expongo. Como uno de los elementos más destacado, quiero anunciarles que ya estamos trabajando en la
elaboración de un proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que presentaré al

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Gobierno para su remisión a esta Cámara. Dicho proyecto normativo, que será más ambicioso que el proyecto que entró en la Cámara la pasada legislatura, pretende mejorar la vertebración y funcionamiento de la cadena y conseguir un mayor
equilibrio en las relaciones comerciales entre los distintos operadores, evitando aquellas prácticas que favoreciendo a una parte van en claro detrimento de la fortaleza del conjunto. Especial esfuerzo se va a destinar a la promoción y
consolidación de las organizaciones interprofesionales, cuyo ámbito y alcance debe ampliarse y mejorarse. Hoy día la relación interprofesional puede extenderse a más y más sectores y admite un mayor grado de homogeneidad y más amplitud en el
desarrollo de sus actuaciones, en particular por lo que se refiere al mecanismo de extensión de normas como medio de favorecer la capacidad de negociación y los resultados económicos del conjunto del sector afectado. Estamos trabajando ya en una
ley reguladora de las interprofesiones que permita unas actuaciones más potentes que las que hasta ahora han tenido. Asimismo, vamos a potenciar el funcionamiento del Observatorio de precios con el objetivo de que además de observar pueda
desarrollar una actividad proactiva en la corrección de las disfunciones que se detectan. Vamos a prestar especial atención a la implantación de los contratos en la regulación de las relaciones de compra-venta de productos agroalimentarios.


La tercera línea en este capítulo se refiere al comercio exterior. El sistema agroalimentario nacional sigue teniendo importantes capacidades para alcanzar mayores cotas de desarrollo comercial, mejorando su presencia en los mercados más
tradicionales y consolidando y ampliando los logros en nuevos mercados. Vamos a incrementar los esfuerzos en la política del departamento para facilitar a las empresas agroindustriales el acceso a los mercados internacionales; vamos a trabajar
conjuntamente con los otros departamentos e instituciones implicadas en el diseño de planes y programas específicos destinados a reforzar la imagen y confianza de los mercados internacionales en los productos españoles; vamos a potenciar la
formación de los profesionales y de los canales de información dirigidos al sector, así como las actividades de promoción que resulten más idóneas. Una cuarta línea tiene que ver con la garantía de la seguridad alimentaria, que constituye una de
las principales exigencias de los consumidores y el conjunto de la sociedad plantean al sector agrario y cuyo control forma parte de las líneas de trabajo de operadores, organizadores, organizaciones y administraciones en sus distintos niveles
competenciales. Vamos a trabajar desde el departamento para potenciar la coordinación administrativa y disponer de una red de seguimiento de la calidad más eficaz, además de reforzar la trazabilidad de los diferentes eslabones de la cadena y
avanzar en el logro de una auténtica unidad de mercado en materia de comercialización y control de calidad. Puedo avanzarles además que estamos trabajando ya para reforzar las campañas de control de calidad en el aceite de oliva con el objetivo de
potenciar el importante prestigio de los aceites en el mercado mundial. Finalmente, dado el carácter estratégico y vulnerable del sector agroalimentario, nos planteamos el mantenimiento y la sostenibilidad de la actividad productiva como un
elemento sustancial para evitar la desaparición del tejido económico y social. Para ello les anuncio dos actuaciones para estos próximos años: por una parte el establecimiento de un observatorio para la prevención de crisis en el sector
agroindustrial como instrumento de alerta temprana que permita adoptar con antelación medidas que reduzcan su vulnerabilidad y, por otra, una segunda línea de trabajo que se centrará en desarrollar, junto con distintos operadores de la cadena, los
instrumentos y estrategias precisos para mejorar su sostenibilidad. Para ello vamos a elaborar un programa de sostenibilidad del sector agroalimentario.


Señorías, como saben ustedes, junto con las acciones de carácter nacional tenemos por delante un proceso comunitario de reforma de la política agraria común. Tras un año de intensos debates en las instituciones comunitarias y con el resto
de agentes implicados en torno a las orientaciones recogidas en la comunicación de la Comisión para la reforma de la PAC, el 12 de octubre de 2011 el Colegio de Comisarios adoptó las nuevas propuestas legislativas y las evaluaciones de impactos
sobre la reforma de la PAC. Desde entonces se ha iniciado un nuevo proceso de negociación política que debería culminar con la adopción de dichas propuestas por el Consejo y el Parlamento Europeo en codecisión, previsiblemente a finales de 2012 o
comienzos de 2013, con el objetivo de fomentar y aplicar la PAC reformada al inicio de 2014. Es muy importante tener presente que de forma paralela a las negociaciones para la reforma de la PAC se van a desarrollar las negociaciones del nuevo marco
financiero plurianual, que condicionarán el proceso y resultado de reforma de la PAC, por eso muchos Estados defendemos que hay que conocer el marco financiero antes de cerrar la negociación de ningún capítulo sobre la distribución de la PAC. De
hecho, la propuesta sobre el nuevo marco financiero plurianual presentada por la Comisión en junio de 2011 contempla un presupuesto para la PAC congelado en términos nominales respecto a 2013, y en este contexto se considera fundamental que el marco
que se adopte finalmente mantenga como mínimo las cifras propuestas por la Comisión y además que el nivel de participación de España en el gasto global refleje el peso y la importancia de la agricultura española en la Unión Europea, lo que implica
que no se vea reducido e incluso que pueda mejorar ligeramente con una adecuada convergencia del nivel de ayudas medio entre los Estados miembros. En el proceso de negociación de la reforma de la PAC es esencial que se consiga que el nuevo modelo
de ayudas directas, tanto el pago de base como el componente verde, responda a la necesidad de la diversidad de orientaciones productivas españolas, evitando que se produzcan desequilibrios territoriales y sectoriales. La clave

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para ello estará en la flexibilidad que la nueva reglamentación pueda otorgar para la aplicación del modelo en los distintos Estados miembros con realidades agronómicas, económicas, sociales y administrativas muy distintas.


Respecto a los instrumentos de gestión de mercados, se considera que las medidas propuestas son poco ambiciosas y no responden adecuadamente a la necesidad de mantener una red de seguridad que sea realmente efectiva, especialmente para casos
graves de crisis de mercado; son necesarias medidas más eficaces, ágiles y automáticas que permitan el desencadenamiento de la intervención y el almacenamiento privado sin dilaciones innecesarias. También en el seno de la Unión Europea habría que
avanzar más en las medidas destinadas a mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, especialmente en todas aquellas destinadas a reforzar el poder de negociación de los productores. En este sentido deberán establecerse mecanismos claros que
permitan la concentración de la oferta, modificando las reglas de la competencia en el sector agroalimentario, de modo que las organizaciones interprofesionales con extensión de normas, las organizaciones de productores y cooperativas puedan actuar
en el mercado en defensa de los precios de productos que ofrecen agricultores y ganaderos. Asimismo será necesario introducir en el debate la necesidad de que exista una reciprocidad en los intercambios comerciales con terceros países, dada la
existencia de una fuerte asimetría muy desfavorable a las producciones europeas. Este hecho genera un doble efecto: sobre la competitividad de nuestras producciones en nuestros propios mercados y sobre la salud de los consumidores, ya que los
sistemas de producción seguidos en los países de procedencia de los productos son mucho menos exigentes que los estándares exigidos y practicados en la Unión Europea. En relación con la política de desarrollo rural, plantearemos la conveniencia de
disponer de un programa nacional que permita establecer las líneas maestras de la política de desarrollo rural en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas.


Por lo que se refiere a la distribución de fondos, consideramos fundamental que los nuevos criterios que se decidan para el reparto del Feader tengan en cuenta las características económicas, ambientales y sociales del medio rural español.
Resulta imprescindible contar con una dotación financiera concreta para cada pilar de la PAC con asignación fija que permita establecer claramente los niveles de cofinanciación de cada partícipe, con una atención muy especial a regiones como
Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, que pasarán a ser regiones de transición en el próximo periodo de programación y que tienen que tener una salida escalonada de los actuales niveles de apoyo que reciben de la Unión Europea. Debemos conseguir
que la reforma de la PAC contenga los instrumentos precisos y la flexibilidad de aplicación necesaria para España, lo que nos permitirá conjugarla de forma coherente con el objetivo de fortalecimiento y vertebración de nuestro sistema
agroalimentario.


Señoría, las propuestas realizadas por la Comisión contienen muchos elementos sensibles para España que es necesario sopesar y evaluar en todo su alcance. Por esta razón, más que en otras ocasiones, es preciso analizarlos en profundidad,
porque el resultado final de la negociación estará supeditado sin duda a la finura del análisis. Debo decir que cuando se produjo el cambio de Gobierno no existía una posición concreta del Gobierno español sobre los distintos aspectos de la PAC.
Había una posición de rechazo, pero estábamos ya en fase legislativa y no había una posición concreta sobre cada uno de los temas -les puedo decir que es así porque me he cerciorado-, en vista de lo cual se ha constituido un grupo de trabajo en el
seno del ministerio compuesto por funcionarios especializados en la materia para que aborden el análisis en profundidad y establezcan las bases de una propuesta española que hay que consensuar a nivel nacional con las organizaciones agrarias, con
las que me he reunido y a las que les he hecho el mismo encargo -porque tampoco las organizaciones agrarias se habían posicionado sobre los temas concretos de la PAC-, y también con las comunidades autónomas, a las que les he trasladado el mismo
mensaje: que ya no estamos en fase de declaraciones generales sino de enmiendas a textos legislativos, porque el Parlamento Europeo empieza sus trabajos, y es un órgano colegislador, por lo tanto tenemos que alimentar el debate del Parlamento
Europeo con una posición nacional para intentar, en la primera fase parlamentaria, situar las mayores prioridades españolas que podamos. En definitiva, durante este largo proceso de negociación que se ha abierto tras la presentación de las
propuestas legislativas, vamos a hacer todos los esfuerzos para que los textos finales den respuesta a las necesidades y retos del sector agrario y alimentario español, caracterizado por gran diversidad, riqueza de orientaciones y estructuras
productivas. En este momento estamos en la fase de fijación de la posición española concretamente sobre todos los temas de la reforma. Son siete reglamentos muy complejos técnicamente y que hay que analizar con mucha precisión. Una vez aprobada
la reforma, cuando se apruebe, el gran objetivo para la política agraria española es conseguir un acuerdo satisfactorio y equilibrado con las comunidades autónomas y organizaciones representativas del sector para la aplicación en España del nuevo
modelo de ayudas que constituye el asunto más sensible de la reforma. Este nuevo modelo deberá permitirnos conseguir también un sector productor fortalecido que contribuya a corregir la situación de debilidad que atraviesan las explotaciones
agrarias españolas y también habrá que diseñar los nuevos programas de desarrollo rural y adaptar las medidas necesarias para que el arranque de los programas se pueda hacer desde el primer año del periodo. En la aplicación de la reforma, que es
muy complicada técnicamente, tal como está configurada en estos momentos -es muy complicada-,

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para que no se produzcan disfunciones, transferencias muy importantes de unos territorios a otros y de unos cultivos a otros -por lo tanto va a requerir un enorme esfuerzo, un enorme consenso político y una buena negociación de la reforma,
pero mucho trabajo a posteriori no se lo oculto, señorías, y espero también contar con la aportación de sus señorías en ese debate interno español en ese momento que tendremos que realizar-; en la aplicación queremos que predomine la simplificación
de los trámites administrativos de manera que tengamos una PAC más sencilla y fácil de entender. Vamos a pedir esfuerzos a las administraciones en este sentido porque es una de las mejores ayudas que podemos hacer al sector para incrementar su
competitividad. Queremos que la aplicación de la PAC se haga en común, que todas las administraciones empleen los mismos instrumentos para idénticos procedimientos, a un coste menor, sin menoscabo de sus competencias, ahorrando impuestos a nuestros
ciudadanos.


El reparto de competencias que consagra la Constitución española hace que la Administración del Estado comparta sus competencias con las administraciones de las comunidades autónomas a la hora de garantizar la alimentación de los ciudadanos,
y es un Gobierno compartido que requiere un altísimo grado de consenso. De ahí el papel relevante de la Conferencia sectorial, compuesta por el ministro y los consejeros del ramo, cuyos esfuerzos fundamentales se tienen que destinar en esta
legislatura a proponer y desarrollar acciones en torno a los ejes referidos. Por ello vamos a poner en marcha además el consejo coordinador para que no nos limitemos solo a las administraciones sino que incorporemos a toda la sociedad civil.
Queremos poner en marcha el consejo coordinador del sistema agroalimentario nacional, compuesto por representantes de todos y cada uno de los integrantes del mismo a través de sus organizaciones de ámbito estatal, industria, medios de producción,
producción y comercialización, transformación industrial, distribución y consumo.


Para disponer de elementos objetivos de representación -porque ustedes saben que en este momento la representatividad de organizaciones agrarias se hace en base a unas elecciones de cámaras agrarias que no se realizan en todos los
territorios y que tienen enormes problemas- me propongo impulsar y desarrollar un proceso electoral de ámbito estatal que permita fijar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en los procesos de gobierno del sistema. El
consejo coordinador del sistema agroalimentario nacional contará con una representación de las comunidades autónomas y será la fuente de información básica para orientar el funcionamiento del sistema dada la visión de cada parte, cuya síntesis podrá
disponer de elementos con que planificar y programar actuaciones. Adicionalmente a estos organismos de integración, de información y de formulación de políticas, el Gobierno querría contar con la colaboración de sus señorías, con todas las
cuestiones que planteen en esta Comisión y en los debates en el Pleno, para alimentar este debate de modernización del medio rural español y del sistema agroalimentario.


Concluyo la exposición relativa a agricultura señalando que como resumen estamos ante un sistema que globalmente considerado da respuesta a lo que de él se espera y lo lleva haciendo los últimos cincuenta años a satisfacción. Además,
gracias a la calidad probada de su oferta en el desarrollo de su potencial exportador, a lo largo de estos años y en estos momentos tiene un comportamiento económico que lo convierte en estratégico en la actual coyuntura, pero la estructura dual del
sistema, con concentraciones en cabeza y cola y dispersión en la fase de producción, no da lugar a un reparto justo del valor añadido de la actividad económica en este sector, lo que produce graves problemas demográficos, sociales y medioambientales
a lo largo y ancho de nuestro país. En esta circunstancia, el mantenimiento y mejora de nuestro sistema agroalimentario se convierten en una necesidad para garantizar una alimentación de calidad a los ciudadanos, una ocupación del territorio más
equilibrada, una conservación de los recursos naturales que evite su deterioro y una contribución significativa al empleo y a la economía nacional. Ese mantenimiento y mejora requieren actuaciones coordinadas de todos los componentes del sistema y
de todas las administraciones competentes. Hacia el futuro no se trata solo de gestionar el sistema sino de enfrentarse decididamente a su reestructuración, fundamentalmente en el ámbito de la producción. Para abordar esta tarea disponemos del
marco legislativo de la política agraria común, que tenemos que diseñar y negociar con la Comisión Europea y el Parlamento, marco que lleva aparejados importantes recursos económicos que en circunstancias como las actuales tendremos que gestionar
con suma eficacia. A esta tarea quiero convocar a todos los agentes implicados en el mejor funcionamiento del sistema y también a sus señorías.


Paso ahora a describir las líneas generales de mi departamento en materia de pesca y acuicultura. Para la elaboración de la política pesquera este Gobierno parte de la premisa de que esta actividad ha de contribuir también a la recuperación
económica de nuestro país. Tres ejes son los que enmarcan las actuaciones que a continuación les detallaré: en primer lugar, la adaptación del sector a las transformaciones del marco jurídico en que se desarrolla la actividad pesquera, en
particular a la reforma de la política comunitaria de pesca; en segundo lugar, la adaptación a los cambios del entorno económico en el que se desarrolla; por último, la modificación de la estructura de nuestra organización pesquera de acuerdo con
la evolución marcada por los dos ejes anteriores y dentro del espíritu de austeridad que inspira esta legislatura.


El marco de regulación comunitario en el que se desarrolla la actividad pesquera se encuentra en un proceso de profunda revisión. Por ello, la reforma de la política común de pesca será sin duda el principal reto

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inmediato que habremos de afrontar y que va a ocupar gran parte de nuestros esfuerzos en el ámbito de la Unión Europea durante el presente año. La reforma alcanza a todos los ámbitos de la política común pesquera -gestión de recursos,
ordenación del sector y funcionamiento de los mercados- y pretende abordar los desafíos socioeconómicos, biológicos y medioambientales con un horizonte de medio y de largo plazo. Por este motivo enfocaremos nuestra aportación a la citada reforma no
en actitud defensiva o inmovilista, sino con plena conciencia de las oportunidades que esta revisión presenta para mejorar la competividad y sostenibilidad de nuestro sector a largo plazo.


Varios son los elementos de la propuesta comunitaria que nos preocupan de modo especial, en primer lugar, la política de supresión total de los descartes sin tener en cuenta la distribución hoy desequilibrada de las posibilidades de pesca
entre los Estados miembros, en particular en el caso de las pesquerías multiespecíficas. Defenderemos la vinculación de eventuales avances hacia las reducciones propuestas de descartes al establecimiento de posibilidades de pesca nacionales acorde
con la composición natural de las capturas en cada pesquería. Nos preocupa también la fijación de 2015 como plazo para la explotación de todos los stocks al nivel del rendimiento máximo sostenible (RMS). En este punto apoyaremos que la consecución
de tan loable objetivo no pueda ocasionar el sacrificio de las mismas flotas pesqueras a las que, a más largo plazo, habría que beneficiar. La propuesta de reglamento base soslaya una referencia clara a la defensa del sector pesquero en cuanto a
tal y a su dimensión social y económica, omisión cuya subsanación defenderemos. En coherencia con lo anterior, solicitaremos que no se supriman los mecanismos financieros que hasta ahora han posibilitado la financiación de la política común
pesquera, en particular su componente social y la adaptación de la capacidad al estado de los distintos recursos mediante la financiación de paradas temporales, retiradas definitivas y mecanismos para atender situaciones de urgencia. En cuanto a la
introducción de las concesiones de pesca transferibles, las llamadas ITQ, propugnamos su idoneidad para las pesquerías de altura y gran altura y defendemos su papel en la optimización de las flotas a través de una correcta dimensión. Sin embargo,
su utilización no es siempre la mejor vía para el caso de la pesca de bajura y artesanal, en la que los aspectos socioeconómicos nos llevan a contemplar con cautela el riesgo de desequilibrios en zonas altamente dependientes de la pesca.


Por lo que respecta a la vertiente exterior de la política común pesquera, exigiremos a la Comisión una acción política más decidida y más comprometida, tanto en las relaciones tradicionales de pesca como en los acuerdos bilaterales de la
Unión Europea con países terceros. Dados los altos estándares de conservación que la Unión Europea exige a sus Estados miembros, la defensa de posiciones respetuosas con la sostenibilidad de los recursos en los citados ámbitos no puede sino
contribuir a la mejora de su gestión en el contexto global. En este capítulo quiero anunciar mi compromiso con la pronta aprobación de un nuevo mandato de negociación que nos conduzca a la reanudación de la vigencia del protocolo de pesca Unión
Europea-Marruecos. Para paliar los efectos temporales de la suspensión de la vigencia del protocolo y tras los contactos que mantuve con la comisaria Damanaki están ya en tramitación ayudas al sector afectado de acuerdo con las disposiciones de los
reglamentos estructurales comunitarios. Dichas ayudas, cuyo importe anticipará mi departamento, van a beneficiar a 69 buques y 661 tripulantes con una cuantía total potencial de unos 9 millones de euros. Está previsto que, tras una tramitación
urgente de las convocatorias para armadores y tripulantes, las primeras ayudas puedan ser pagadas en la segunda mitad del mes de febrero, con efectos retroactivos al 14 de diciembre, que fue la fecha de salida de la flota del caladero.


Del mismo modo, mi departamento realizará y solicitará de la Comisión todos los esfuerzos necesarios para el mantenimiento en otros acuerdos bilaterales de las posibilidades de pesca que nuestra flota viene utilizando o pueda en el futuro
aprovechar, con especial énfasis en el caso del acuerdo con Mauritania, país al que pienso desplazarme a lo largo del mes de mayo para tratar de impulsar el cierre de este acuerdo. Pero además de las oportunidades que ofrecen los acuerdos de
partenariado pesquero concluidos por la Unión Europea apoyaremos la internacionalización de las empresas pesqueras españolas aportándoles asesoramiento que favorezca su expansión.


En cuanto al marco económico, el objetivo general de que la pesca contribuya al crecimiento de España requiere de una visión estratégica que integre los aspectos extractivo, productivo, industrial y de comercialización de los productos de la
pesca y de la acuicultura para podar sus debilidades y explorar su potencial. Por ello mejoraremos el proceso de adopción de decisiones partiendo de un conocimiento científico de calidad, gestionando los recursos de acuerdo con el mismo y
promoviendo activamente una dimensión de la capacidad productiva viable y estable a largo plazo. En este sentido el primer paso será la ordenación definitiva del caladero nacional para un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, en
ocasiones ciertamente escasos. Para lograr dicha ordenación promoveremos, siempre que sea oportuno y posible, la autorregulación del sector. La ordenación de nuestras pesquerías atenderá a criterios homogéneos de sostenibilidad de la explotación,
pero también las características específicas de cada especie y cada caladero. Un segundo aspecto en el que mi departamento realizará actuaciones urgentes es el establecimiento de un sistema único de control de la actividad pesquera. Como más tarde
desarrollaré, con este fin se va a crear una subdirección general específica en la Secretaría General de Pesca con responsabilidad en toda esta materia. El control de la actividad de nuestros buques será una herramienta fundamental en el desa

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rrollo de nuestra política pesquera, ya que solo así gozaremos de plena credibilidad ante las instituciones de la Unión Europea a la hora de defender nuestros intereses en este sector. En breve plazo comenzaremos a trabajar con la Comisión
Europea para demostrar paso a paso nuestra capacidad para cumplir todas las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria y consolidar así una relación basada en la confianza y en el papel protagonista de España en la pesca en el seno de la
Unión Europea.


Vamos a impulsar la innovación en el sector extractivo para reducir los costes de explotación, y en su caso el daño no deseado en los ecosistemas marinos. Vamos a explorar mecanismos de formación ligados a la innovación tecnológica que no
supongan un mayor gasto para la Administración. Y vamos promover medidas para incorporar nuevas tecnologías en la cadena de comercialización y en la industria de transformación, desarrollando la normativa comunitaria en materia de control de
trazabilidad de productos, en coordinación con las comunidades autónomas.


En el marco de la reforma de la Organización Común de Mercados de la política comunitaria de pesca vamos a solicitar la equiparación de las organizaciones de productores con las interprofesionales, y apoyaremos los mecanismos que mejoren la
información al consumidor y la transparencia en la cadena de distribución. En consulta, y con el acuerdo de las partes interesadas, estudiaremos la posibilidad de adoptar un código de buenas prácticas mediante el cual las organizaciones de
productores y los distribuidores mayoristas puedan asegurarse mutuamente una relación comercial estable, tanto desde el punto de vista del suministro de pescado como en los precios de venta del producto. También en materia de comercio de productos
pesqueros, y dada nuestra condición de gran productor e importador neto, vigilaremos con especial atención que la Comisión Europea sea exigente con los requisitos impuestos a las importaciones pesqueras, de modo que la explotación sostenible de los
recursos globales no constituya un objetivo cuyo logro haya de deberse únicamente al esfuerzo de la flota comunitaria. La Unión Europea debe jugar un papel decisivo, requiriendo de los productores extracomunitarios un celo comparable al que día a
día pedimos a nuestros pescadores. Desarrollaremos las disposiciones de la Ley 35/2011, relativa a la regularización de embarcaciones no incluidas en el censo de flota operativa, y estableceremos los procedimientos necesarios para llevarlas a
término. Estudiaremos y, si la situación presupuestaria lo permite, impulsaremos la creación de un segundo registro en los términos permitidos por la legislación comunitaria.


Permítanme detenerme un instante en la acuicultura, en cuyo ámbito reforzaremos la colaboración entre las administraciones competentes mediante los planes nacionales de cultivo marino, para aprovechar de manera coordinada sus respectivos
esfuerzos investigadores y la posibilidad que ofrece la nueva propuesta de reglamento estructural de la política común pesquera en este capítulo concreto. En relación con esto último, de acuerdo con la estrategia 2020, y en relación con el nuevo
fondo europeo impulsaremos una acuicultura innovadora, competitiva, y basada en el conocimiento, fomentando una actividad sostenible y eficiente en la utilización de los recursos.


Por otra parte, para lograr una adaptación adecuada a las transformaciones jurídicas y económicas según las líneas antes descritas, mi departamento va a acometer una reorganización administrativa de la Secretaría General de Pesca, basada en
los siguientes principios. En primer lugar, concentrar todas las competencias referidas a un mismo ámbito en unidades administrativas, con un campo de actuación más amplio que el de las existentes en la actualidad, y al mismo tiempo con un mayor
grado de especialización. Con ello pretendemos evitar ineficiencias debido a la dispersión de la información y de los esfuerzos, además del lógico ahorro presupuestario. En segundo lugar, adaptarnos en la medida de lo posible, teniendo en cuenta
las especificidades de nuestro país, a la estructura administrativa de las instituciones europeas competentes en materia de pesca, de modo que los órganos de la Administración española dispongan de interlocutores unívocos, especialmente en la
Comisión. Finalmente vamos a potenciar en la nueva estructura la actividad relativa a la dimensión económica de la actividad pesquera, así como una estrecha coordinación entre gestión de recursos e investigaciones científicas sobre su situación,
sobre el ecosistema marino, y sobre la relación entre la pesca y el medio marino. En concreto, dentro de la nueva Secretaría General de Pesca, se crea una subdirección general de control e inspección para ejercer todas las funciones de control
integral de la actividad pesquera, desde la concesión de licencia de pesca al buque hasta la verificación de las notas de venta, pasando por la autorización previa de las importaciones para combatir la pesca ilegal, no reglamentada y no autorizada.
De esta manera pretendemos asegurar el cumplimiento de las obligaciones comunitarias en materia de control, cada vez más complejas y dependientes de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información. Al mismo tiempo, un control riguroso y
transparente es garantía de trato igualitario a los distintos grupos de operadores interesados, y afianza el papel de la Secretaría General de Pesca como árbitro en la ordenación del sector. La inspección pesquera va a ser una de las herramientas
del citado sistema integrado de control, y para su despliegue colaboraremos con otras administraciones con competencia en la materia, como comunidades autónomas, la Armada o la Guardia Civil.


Como elemento novedoso de la nueva organización de la Secretaría General de Pesca se crea una subdirección general de protección de los recursos pesqueros a la que va a corresponder la planificación de la actividad investigadora, en
coordinación con otros departamentos competentes, así como el asesoramiento científico a la Secretaría General de Pesca a la hora de adaptar las

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medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros en los ámbitos nacional, comunitario e internacional. En esta tarea mi departamento se va a esforzar por acercar los resultados de la investigación científica sobre el estado de
los recursos al sector pesquero, mediante una interlocución directa y continua que favorezca su comprensión de la situación biológica de sus pesquerías, y de las opciones más convenientes para adaptarse a ella en cada caso.


En conclusión, señorías, queremos en estos momentos aprovechar la oportunidad que nos brinda la reforma de la política común de pesca, teniendo en cuenta la ventaja que supone disponer de un sector pesquero líder en el conjunto de la Unión
Europea para afianzar su posición a largo plazo, y preservarlo de vaivenes coyunturales. Para ello queremos definir medidas apropiadas de aplicación de las políticas comunitarias en el ámbito nacional, promoviendo una explotación sostenible de los
recursos como mejor garantía de la rentabilidad de las empresas, y de la estabilidad social de las zonas altamente dependientes de la pesca. Y todo ello, señorías, superando visiones anticuadas que a menudo han llegado a dar prioridad a objetivos
inmediatos en perjuicio de un horizonte más lejano pero más soleado.


Entro ahora, señorías, en materia de medio ambiente. Empezaré por hacer una declaración de principios. Soy de los firmemente convencidos de que la conservación del medio ambiente puede y debe ser contemplada como aliada del progreso, y no
como un obstáculo para el desarrollo económico y la generación de empleo. El medio ambiente no es solo un valor en sí mismo, sino que puede generar riqueza y empleo si tenemos el acierto de gestionarlo adecuadamente. Eso es lo que el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se propone en esta legislatura: contribuir al esfuerzo que hace este país por salir de la crisis económica gracias al medio ambiente, y no a costa del medio ambiente. En este sentido las líneas de la
política que a continuación expondré estarán encaminadas a conciliar la máxima protección del rico medio ambiente del que disfrutamos, con la creación de un entorno favorable al desarrollo económico y la generación de empleo. Y es que efectivamente
la ecuación de la sostenibilidad medioambiental no puede entenderse hoy día sin la variable económica. Solo si la política medioambiental es viable económicamente el objetivo protector será sostenible en el tiempo. Viabilidad económica y
sostenibilidad medioambiental serán pues las dos caras de la política que llevará a cabo este ministerio. Lo contrario, señorías, sería engañarnos de nuevo a nosotros mismos.


Todos somos sin embargo conscientes de que cualquier actividad humana, cualquier proceso productivo consume recursos, genera emisiones, y produce un impacto en su entorno. Desde este ministerio, dentro del concepto amplio de desarrollo
sostenible, entendemos la economía verde como aquella en que el proceso productivo es más eficiente al consumir menos recursos, generar menos emisiones, y provocar menor impacto. Y nos planteamos como objetivo orientar la actividad y la
recuperación económica en este sentido. Promoveremos un proceso productivo con un consumo más eficiente, generador de menos emisiones y de menor impacto. Vamos a dirigir nuestros esfuerzos a favorecer la racionalización de los procedimientos, la
simplificación normativa, y el acercamiento de la conciliación de nuestras actuaciones con el interés de los ciudadanos. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente va a constituir por tanto un punto de encuentro y colaboración con
todos los actores implicados en la protección del medio ambiente, especialmente con las asociaciones y organizaciones no gubernamentales que tanto han contribuido a la formación de una conciencia medioambiental.


En cuanto a la simplificación normativa consideramos que resulta especialmente necesaria y urgente en un ámbito como el del medio ambiente, en el que a las normas básicas de trasposición de directivas comunitarias dictadas por el Estado se
suman las disposiciones adicionales de protección de medio ambiente promulgadas por las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus funciones constitucionales. Es un hecho el que el modo en que tales competencias han sido ejercitadas ha dado
lugar a un marco normativo que en muchos casos genera inseguridad jurídica a los ciudadanos, desincentiva la actividad económica, y no consigue el objetivo último de asegurar la eficaz protección del medio ambiente, y los poderes públicos tenemos el
deber de remediarlo. Por ello este ministerio va a trabajar para racionalizar la normativa básica en las materias cuya competencia tenemos atribuida: agua, costas, calidad y evaluación ambiental, residuos, responsabilidad medioambiental, medio
natural y cambio climático.


Antes de informarles de las líneas concretas de actuación que conformarán nuestra política medioambiental es mi deber, señorías, hacerles partícipes en sede parlamentaria del punto de que partimos, esto es, de la herencia que hemos recibido
en los diferentes departamentos del ministerio encargados de gestionar políticas y fondos medioambientales. Les adelanto que nos hemos encontrado con un panorama cuando menos preocupante, y que en algunas áreas podría tener consecuencias sociales y
económicas muy graves. Empezaré por el tema del agua, recurso escaso y de vital importancia para España. Según lo establecido en la Directiva- marco del Agua se debería haber terminado en el mes de diciembre de 2009 el proceso de planificación
hidrológica de las demarcaciones hidrográficas. Para España se han definido 25 demarcaciones: 13 intracomunitarias, cuya planificación es competencia de las comunidades autónomas, y 9 intercomunitarias, en que la responsabilidad planificadora es
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En total 25 planes, de los cuales hasta la fecha solo se ha culminado uno de cuencas intracomunitarias, que ha sido Cataluña. Los demás planes todavía no están aprobados. Por ese
motivo la Comisión Europea ha presentado una demanda contra

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España en el Tribunal de Luxemburgo por incumplimiento en dos puntos relevantes: el plazo de aprobación y la realización de un proceso de participación pública. Si hubiera una sentencia condenatoria tendríamos sanciones económicas, y en
este momento somos el país más atrasado de Europa en la aplicación de la Directiva-marco del Agua, y la no aprobación de tales planes puede llegar incluso a comprometer inversiones realizadas con los fondos europeos o el Banco Europeo de Inversiones
en materia de agua. Por tanto en materia de demarcaciones tenemos un primer problema y no menor.


En segundo lugar, el sistema de las desaladoras, que sustentaba el abastecimiento para consumo humano y riego agrícola a lo largo de la costa mediterránea. El plan suponía la construcción de 51 instalaciones. En este momento 17 están en
explotación y 15 en construcción. Se han invertido 1.664 millones de euros, y precisamos otros 762 millones de euros si queremos que las 32 desaladoras iniciadas estén operativas con una inversión de más de 2.426 millones. Las desaladoras que
están operativas producen 111 hectómetros cúbicos de agua desalada, es decir, un 16,45 por ciento del total de 678 que tenían que estar produciendo en la actualidad. La modificación del Plan hidrológico nacional y la sustitución por desaladoras
supone en este momento que solamente tenemos un 16,45 por ciento de lo que teníamos que estar produciendo, que solamente están 17 en explotación, 15 en construcción, y las otras ni se han iniciado, el panorama... Además de todo esto, de este factor
negativo en cuanto a la eficacia en la gestión de la inversión pública, el coste de producción por metro cúbico en el caso del regadío -1,1 euros/metro cúbico-, que es uno de los usos básicos previsto en el Plan de desaladoras, es muy superior a lo
que pueden soportar los costos del sector, que se sitúan en 0,30 euros/metro cúbico como máximo. Por tanto para hacer viable el uso de las desaladoras hay que acudir a una cadena de subvenciones encubiertas, porque si no los agricultores no
demandan el agua de la desaladora, al no poder costear su importe. Algunas de las desaladoras ya terminadas ni siquiera pueden entrar al servicio al cien por cien porque carecen de licencias, les falta conexión a la red de agua potable u otras
razones. Verán ustedes que es ciertamente una situación complicada. Es cierto que la técnica de desalación se ha demostrado muy útil en medios muy áridos cercanos a la costa o en aguas salobres y con bajos aportes hídricos, pero
medioambientalmente es dudosamente sostenible como base del abastecimiento por su alto consumo energético y los efluentes de alta concentración salina que genera.


Por otra parte, España tiene otros dos expedientes sancionadores abiertos por incumplimiento de la Directiva 91/207, que hace referencia a la calidad de aguas mediante depuración. Las actuaciones en esta materia están recogidas en el Plan
nacional de calidad de las aguas, cuya ejecución está tan retrasada que ha dado lugar a dos procedimientos sancionadores: uno de depuración de aguas residuales en zonas normales y otro de aguas residuales en zonas sensibles. En el primero de estos
expedientes se nos exige la depuración de 23 grandes núcleos urbanos de más de 15.000 habitantes, de los cuales 11 ni siquiera han comenzado a construirse; y respecto del segundo, dentro de las llamadas zonas sensibles, nos piden que construyamos
39 instalaciones depuradoras para minimizar los daños de efluentes urbanos en áreas de calidad ambiental que limitan a núcleos de población. Y finalmente, hemos recibido requerimientos de información por parte de la Comisión sobre aglomeraciones
urbanas entre 2.000 y 15.000 habitantes con deficiencias en el cumplimiento de la directiva; son 912 los núcleos con deficiente recogida de aguas residuales o mala depuración, y estamos en el albur de la apertura de otro expediente sancionador.


En relación con las sociedades de agua que fueron creadas para la ejecución de obras hidráulicas de forma rápida y eficaz, en la actualidad operan cuatro: Acuanorte, Acuasur, Acuaebro y Acuamed. Todas presentan idéntico funcionamiento y
objeto, distinguiéndose por su ámbito territorial. Fueron creadas para realizar inversiones, solicitadas mediante encomienda de gestión por el ministerio, y para financiarse con recursos propios, aportaciones de capital del departamento, fondos de
la Unión Europea, Feder, y fondos de cohesión, y luego las reversiones de los usuarios en forma de cánones. El problema es que dos de las fuentes de financiación no están disponibles hasta que se acaben las obras, y hemos comprobado que en alguna
sociedad se han realizado inversiones por encima de los recursos propios, más de 4.000 millones de euros, contando con 1.652 millones de euros y sin disponer de los ingresos debidos a otras fuentes de financiación, lo cual supone dejar a las
sociedades en una situación que el derecho mercantil tipifica con toda nitidez, y en este momento necesitamos a corto plazo 800 millones de euros de financiación para poner en explotación algunas inversiones.


En cuanto al Plan especial del alto Guadiana, aprobado mediante Real Decreto 13/2008, fijaba unas inversiones en la comarca del alto Guadiana que habían generado algunas expectativas que no se han cumplido: proponía inversiones de 2.800
millones para el periodo 2008-2015, y más de 2.400 para el 2016-2027. Es verdad que necesitamos reordenar el uso sostenible del acuífero 23 y afrontar la modificación de los usos de explotaciones de agua subterránea existentes, pero mediante
actuaciones eficaces que sean coherentes con las disponibilidades presupuestarias existentes. La promesa incumplida en dicho plan de regularizar 8.000 pozos ilegales también ha supuesto otra desilusión para los agricultores en la zona, que va a
dificultar la ordenación hidráulica del alto Guadiana, y esta situación se ve agravada por la firma de convenios de cuantías elevadas sin reserva presupuestaria por parte de los organismos de cuenca responsables. En resumen, esta es la situación de
la que partimos en materia de agua.


Paso ahora a referirme al cambio climático. En el año 2006 se diseñó la senda para cumplir el Protocolo

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de Kioto, situándose entonces nuestras emisiones en cerca de un 50 por ciento por encima de las emisiones del año base de Kioto -1990-. El objetivo de Kioto saben ustedes que era del 15 por ciento y el Gobierno planteó reducir las emisiones
hasta un 37 por ciento mediante el uso de mecanismos de flexibilidad previstos en el protocolo, esto es, comprando créditos: suponía que tenía que comprar 159 millones de unidades en el exterior. Los datos de emisiones, en lo que llevamos de
periodo de Kioto, reflejan, si se ven fríamente, un escenario aparentemente mejor que el previsto, porque las emisión se han situado en un + 38 por ciento en el 2008, por encima del objetivo del Gobierno, un 37; en un + 26 en el 2009; y en un +
21,9 en el 2010. La media del trienio es + 29 por ciento. Si comparamos con Kioto estamos un 14 por ciento todavía sobre el objetivo de Kioto. Es decir, si el objetivo era no superar un 37, con el 29 aparentemente estamos en un buen camino para
cumplir el protocolo; pero, si comparamos con Kioto, 15 por ciento, la situación es que estamos como media de los últimos años en un 29 por ciento.


Sin embargo estos datos globales esconden una realidad mucho más compleja, porque las emisiones se han reducido mucho más en los sectores industriales y de generación de energía, por el efecto de desaceleración de la crisis económica -las
cementeras están paradas, muchas centrales no funcionan-, que están sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión, que en el resto de sectores, los sectores difusos, transportes, residencial, residuos, que son responsabilidad del Gobierno,
comunidades autónomas y ayuntamientos. Cuando el anterior Ejecutivo diseñó la estrategia de cumplimiento repartió las unidades disponibles, y por tanto la responsabilidad, entre las instalaciones a las que asignaba el 45 por ciento, y el Gobierno
al que asignaba el 55 por ciento. Los sectores industriales y eléctricos recibieron 152 millones de derechos anuales, y solo han consumido 121 millones en 2010; la diferencia se ha vendido en el mercado con pingües beneficios. Los sectores
industriales y eléctricos han tenido menos actividad económica, han tenido menos emisiones, tenían muchos derechos asignados, les han sobrado derechos, los derechos los han situado en el mercado, y alguna instalación industrial está abierta
simplemente para justificar la posibilidad de conservar los derechos y venderlos en el mercado. Para el resto de sectores el Gobierno disponía de 180 millones de unidades al año, y las emisiones difusas, que es donde tenemos el problema, han sido
de 231 millones en 2010, 228 millones en 2009, y 239 millones en 2008. Es decir, al Gobierno le faltan muchos derechos, y aunque se nos diga que aparentemente las emisiones están en el 21,9 por ciento y muy por debajo del 37 por ciento, lo cierto
es que para cumplir Kioto necesitaremos comprar no solo los 159 millones de unidades previstos por el anterior Gobierno, sino mucho más, con lo cual la situación es ciertamente preocupante.


Además las proyecciones que nos hemos encontrado establecen un escenario de cumplimiento a 2020, que serían alcanzadas, según se decía, exactamente mediante la aplicación de la Ley de Economía Sostenible, que es una ley que como saben sus
señorías no tiene medidas concretas, y con un escenario de cálculo en el que los datos de PIB utilizados eran del 1,31 para 2011, del 2,49 para 2012, y del 2,71 para 2013, datos de crecimiento del PIB que en este momento son cuando menos
cuestionables. Parece por tanto evidente que es necesario realizar nuevas previsiones con nuevos datos de PIB ajustados a la realidad, viendo cuál es el posible crecimiento en nuestra comunidad de los sectores energéticos y de transporte en un
contexto de bajo crecimiento, y con un conocimiento de los beneficios de reducción que nos van a aportar las medidas concretas que pongamos en marcha. De otro modo corremos el riesgo de gastar muchos fondos públicos en la compra de derechos de
emisión para cumplir con Kioto que no responden a datos fiables. La reducción de emisiones generada por la crisis y el descenso de actividad no puede ser nuestro punto de partida ni un motivo de satisfacción, porque lamentablemente, pese al
descenso de emisiones constatado en los últimos años, seguimos alejados del cumplimiento de los objetivos de Kioto, y por lo tanto tenemos que seguir adquiriendo derechos de emisión en el mercado.


En los últimos cinco años, y para cumplir con el primer periodo de Kioto, España ha invertido con presupuestos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Medio Ambiente en torno a 750 millones de euros en mecanismos de flexibilidad,
tanto en los llamados mecanismos de proyectos, a través de fondos de carbono de instituciones financieras internacionales, donde hemos invertido 426 millones de euros, como a través de compraventas con países que son parte del Protocolo, 341
millones de euros. Y con los datos disponibles hoy de lo que será necesario entre 2012 y 2014, y la rendición de cuentas, que es en 2015, habrá que adquirir como mínimo 67 millones de unidades adicionales en un entorno económico de fuertes
restricciones, y puede que sean más las unidades. En resumen, aunque las cifras globales de emisiones de los últimos años reflejan una deseable reducción lo cierto es que no ha habido reducción suficiente en los sectores de los que responde
directamente el Estado -difusos-, y ese esfuerzo tendremos que hacerlo a partir de ahora porque nuestro objetivo es cumplir los compromisos asumidos por España en materia de cambio climático en la esfera internacional y comunitaria, y ello a pesar
de la grave situación económica por la que atraviesa nuestro país.


En materia de evaluación ambiental y medio natural nos encontramos con un complejo y desordenado marco normativo en el que se superponen normas comunitarias, estatales, autonómicas y locales, con planes y programas ambientales, a menudo
descoordinados, dictados en distintos momentos y atendiendo a distintas circunstancias. Así, sobre una misma hectárea del territorio español

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pueden coexistir distintas figuras de protección que pueden llegar a ser contradictorias y que determinan en última instancia que se desconozcan las actividades que resultan realmente compatibles con la protección del medio. Este complejo
escenario normativo, lejos de suponer una mayor protección ambiental, genera una gran inseguridad jurídica e incrementa las trabas administrativas de forma que se ralentizan y paralizan los expedientes administrativos, y se dificulta el desarrollo
de actividades y la generación de empleo. Buena prueba de ello es el elevado número de expedientes en tramitación en el ministerio en materia de evaluación ambiental. Hay 1.133 proyectos de evaluación, la mayor parte de los cuales se iniciaron
entre los años 2004 y 2010; o procedimientos que están paralizados en otras administraciones por falta de coordinación y armonización en materia ambiental.


Para finalizar con el diagnóstico de la situación de partida tenemos que hablar de nuestras costas. La Ley de Costas, de 1988, y su aplicación errática durante las dos últimas legislaturas no ha dejado de generar controversia e inseguridad
jurídica para los ciudadanos que vieron afectados sus derechos con la nueva normativa. Son manifestaciones de esta aplicación deficiente de la ley, entre otras, la acumulación de expedientes de reconocimiento de derechos sin resolver; los
aparentes cambios de criterio sobre la ocupación de las playas, que han llenado de inquietud e inseguridad a los representantes del sector hostelero; o el deslinde administrativo del dominio público marítimo-terrestre incompleto y muchas veces
acusado de caprichoso y arbitrario. La controversia ha traspasado nuestras fronteras, y ha llevado al Parlamento Europeo pedir revisar urgentemente y en su caso modificar la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios
de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero.


Pues bien, partiendo de la situación que he tratado de describir de forma resumida, les informo a continuación de las acciones que nos proponemos desarrollar para racionalizar y clarificar la política medioambiental, y de integrarla en el
proceso de crecimiento y recuperación económica. Empezaré por la política y gestión del agua. Ésta tendrá como finalidad prioritaria garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente en todo el territorio nacional; y el suministro
se entiende de modo integral, considerando tanto las necesidades humanas como las propias del mantenimiento de los ecosistemas ligados al agua. Al mismo tiempo el agua supone un elemento vertebrador territorial, y como tal necesita la gestión
solidaria y sostenible para cubrir las necesidades de las distintas regiones españolas. Este carácter integral y vertebrador exige una gestión unificada y coordinada. En este sentido es necesario marcar una relación jerárquica clara entre las
distintas instituciones implicadas en la gestión del agua. Tenemos que mejorar la coordinación legal, económica y de planificación entre la Dirección General del Agua, las confederaciones y las sociedades del agua. Por ello es necesario dejar
claro el reparto de responsabilidades, de modo que los actuales presidentes de las distintas cuencas hidrográficas tendrán consideración de subdirectores generales, dependientes del secretario de Estado y del director general del Agua. Asimismo las
sociedades de agua van a revisar las encomiendas de gestión recibidas en el pasado, y necesitarán de la aprobación de la Dirección General del Agua en sus nuevas inversiones y cuentas anuales.


En materia de legislación y normativa de aguas abordaremos de forma rápida algunos aspectos que en la actual Ley de Aguas y el reglamento del dominio público hidráulico han quedado desfasados e impiden una toma de decisiones eficaz. Las
modificaciones que se proponen quieren dejar claro que la función de policía del dominio público hidráulico es de competencia estatal -según la sentencia del Constitucional 30/2011, que declaró inconstitucional y nulo el artículo 51 del Estatuto de
Autonomía de Andalucía-, sin perjuicio de la corresponsabilidad de las comunidades autónomas frente a las sanciones por procedimientos infractores en materia de agua. Asimismo se va a establecer un sistema de cálculo de sanciones sobre afecciones
al dominio público hidráulico, claro y preciso, con el rango normativo apropiado, y que evite la inseguridad y la arbitrariedad.


Con el objetivo de asegurar el suministro de agua en suficiente cantidad y calidad, con el acuerdo de apoyo solidario de todas las comunidades autónomas, abordaremos la puesta en marcha de un pacto nacional del agua. Este pacto será de
larga duración, tendrá carácter estratégico y vertebrador para todo el territorio nacional. Resultado de este pacto será la propuesta de un nuevo plan hidrológico nacional que contemple los acuerdos del pacto y materialice sus objetivos. Este
nuevo plan hidrológico tendrá en cuenta todas las tecnologías e infraestructuras existentes, propondrá la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas de manera que se asegure la suficiente gestión del recurso, el aumento de caudales en zonas
con déficit hídrico, y el abastecimiento a precios razonables para cada uso. Finalmente debemos explorar la creación de mercados transparentes con los derechos del agua ya existentes. El uso sostenible del agua exige alcanzar el cien por cien de
la depuración de las aguas. Este objetivo supondrá el cumplimiento de la Directiva 91/271 y la desaparición de los procedimientos sancionadores en curso. Para ello vamos a ejecutar 23 actuaciones -depuradoras o colectores- en ciudades grandes, en
zonas denominadas normales, 39 en zonas ambientalmente sensibles, y actuaciones en gran parte de las más de 912 aglomeraciones menores. Las infraestructuras de saneamiento son por tanto la inversión prioritaria en la Dirección General del Agua
hasta conseguir este objetivo. La situación actual, con fuertes limitaciones presupuestarias, nos exige una mayor coordinación entre los entes inversores y una priorización de las inversiones.

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La depuración combinada con la reutilización supone una oportunidad para generar nuevos recursos hídricos. Nos proponemos aumentar el volumen empleado actualmente hasta llegar a los 650 hectómetros cúbicos/año de agua reutilizada. La
sustitución de agua fresca por reciclada conllevará una mejora de calidad del caudal circulante y asegurará el mantenimiento de caudales ecológicos y humedales. En los cursos bajos dispondremos de uso del agua reciclada como aporte complementario
al caudal disponible.


Como dije al principio, la Directiva-marco del Agua preveía que en 2009 todos los Estados miembros habrían elaborado y aprobado los planes de cuenca para cada una de las demarcaciones de los Estados miembros. Los largos procedimientos de
información pública y las negociaciones y mala coordinación entre los distintos actores del territorio -regantes, sindicatos, asociaciones de usuarios y distintos niveles de gobierno en materia de aguas- han llevado a una situación de lentitud e
inoperancia. La nueva estructura de gestión y decisión, más coordinada entre Dirección General del Agua y confederaciones, debe redundar en una agilización y finalización de los planes. Es nuestra competencia la elaboración y tramitación de los
planes de cuencas intercomunitarias, mientras que las comunidades autónomas elaborarán los de las intracomunitarias. Nuestro objetivo es tener revisados y terminados todos los planes de demarcación hidrográfica intercomunitarios en el mínimo plazo
posible, y si puede ser antes de que termine el año 2013, así como a apoyar a las comunidades autónomas en la redacción y aprobación de los planes que están bajo su competencia y responsabilidad. Un caso particular será el Plan especial del alto
Guadiana. La responsabilidad de la gestión ordenada del acuífero 23 y el mantenimiento sostenible de la actividad y los ecosistemas nos exigen actuar de forma consciente, sin generar falsas expectativas y rindiendo resultados concretos. Por eso
vamos a revisar este plan y vamos a desarrollar, con la Confederación del Guadiana y con la Dirección General del Agua, nuevas actuaciones en este sector teniendo en cuenta las necesidades sociales, regularizando las extracciones subterráneas, de
conformidad con la capacidad de recarga del acuífero, y fomentando el uso sostenible del agua.


En materia de cambio climático, uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos hoy, resulta evidente la necesidad de políticas que tiendan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y que fomenten la adaptación al cambio
climático en todos los sectores de nuestra sociedad. Sin embargo, dada la situación de extrema gravedad de la economía española en estos momentos, es fundamental analizar, valorar y priorizar los planes y medidas a desarrollar en función de su
impacto en el empleo y en el crecimiento económico. La Unión Europea ha mostrado un liderazgo claro en la lucha contra el cambio climático en los últimos años, y ha hecho un esfuerzo notable al que España se ha sumado. Los compromisos asumidos
para el periodo 2008-2012 en el marco del Protocolo de Kioto, y para 2020 en el llamado paquete energía y cambio climático, nos obligan a continuar trabajando seriamente en estos aspectos.


Respecto al cumplimiento del Protocolo de Kioto ya he señalado que la situación real de partida en esta legislatura es, según las primeras informaciones que tenemos, peor de lo esperado. Tenemos la foto fija sobre el objetivo de compraventa
de derechos de Kioto, objetivo que se estableció en 2006 que debemos actualizar. Nos falta información ajustada a la realidad sobre las proyecciones de emisiones en 2011 y 2012, proyecciones hechas sobre los actuales datos de crecimiento del PIB y
sobre otras variables necesarias para calcular el déficit real de cumplimiento. Esa por lo tanto será la primera actuación a acometer por mi departamento en este ámbito.


Además el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente va a desarrollar un conjunto de iniciativas adecuadas a las actuales circunstancias económicas que permitan reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, cumplir
compromisos internacionales, y salvaguardar los objetivos prioritarios del Gobierno, que son la creación de empleo y la reactivación económica. Así, las medidas que a partir de ahora empezaremos a estudiar deberán analizarse teniendo en cuenta su
beneficio ambiental, su coste y su capacidad de generación de empleo y de actividad económica para priorizar aquellas más efectivas con los recursos disponibles. Por encima de todo, nos comprometemos a hacer un uso eficiente de los recursos
económicos de que disponemos en favor del medio ambiente.


Un pilar clave de la política de reducción de emisiones seguirá siendo el régimen de comercio de derechos de emisión, que ya abarca más de un millar de instalaciones industriales y de generación de energía en nuestro país y que acaba de
extenderse a la aviación. Vamos a llevar a cabo en los próximos meses las actuaciones necesarias para que España esté lista para la tercera fase de este régimen, que se inicia en 2013. A lo largo de 2012 tenemos que proceder a la aprobación de la
asignación de derechos que corresponde a instalaciones industriales, así como a la puesta en marcha, junto con la Comisión y otros Estados miembros, de los mecanismos que nos permitan subastar parte de los derechos de emisión, como exige la
normativa europea. Por otra parte, en lo que atañe a los mercados de carbono, somos conscientes de que para cumplir los compromisos asumidos por España en el marco del Protocolo de Kioto a corto plazo vamos a tener que acudir a estos mercados y
adquirir permisos de emisión. Queremos, sin embargo, orientar adecuadamente nuestras estrategias de compra de unidades de modo que, en lo posible, este esfuerzo revierta en un apoyo a las empresas españolas, en algunos casos líderes en su sector a
nivel mundial, para penetrar en nuevos mercados o consolidar su posición en campos como el de energías renovables, la gestión de residuos o el transporte eficiente. En este sentido, el Fondo de carbono de este ministerio nos ofrece interesantes
posibili

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dades para flexibilizar nuestra política de adquisición de derechos. Mediante este fondo vamos a impulsar el desarrollo de proyectos en España -proyectos clima-, de modo que retribuyamos de manera efectiva las emisiones de gases de efecto
invernadero que estos proyectos eviten en los sectores difusos. Es decir, el fondo va a adquirir reducciones de emisiones adecuadamente verificadas, aportando una parte de la financiación necesaria para que estas salgan adelante. Se tratará pues
de emplear los recursos de los que dispongamos para impulsar iniciativas que en determinados sectores constituyan el embrión de la generación de actividad económica y empleo con una actividad limpia y baja en carbono. Con ello lograremos no solo la
mitigación del cambio climático en nuestro país sino también generar actividad económica y empleo dentro de nuestras fronteras. Pero, sin duda, el mayor reto lo tenemos en conseguir reducir las emisiones que proceden de los sectores difusos a nivel
nacional como, por ejemplo, el transporte, que genera casi el 24 por ciento de estas emisiones y la edificación, que supone el 30 por ciento de las emisiones de CO2. Y, dado el carácter transversal de los sectores difusos, será imprescindible
mejorar la cooperación entre el ministerio y administraciones, involucrar a todos -comunidades autónomas, ayuntamientos, organizaciones y ciudadanos-, porque en esa tarea su colaboración es imprescindible.


En este marco, el cambio climático debe ir de la mano de la eficiencia energética y por ello será fundamental promover políticas de ahorro y de eficiencia energética que puedan contribuir a reducir el consumo de energía reduciendo nuestras
emisiones. En las propias competencias de mi ministerio estamos convencidos de que hay potencial para aprovechar la riqueza de nuestros sistemas agrícolas, ganaderos y de nuestro sector forestal y, en este sentido, vamos a potenciar el papel de los
bosques como sumideros de carbono, mediante la creación y mejora de las masas forestales existentes, impulsando a su vez la silvicultura y una gestión forestal eficiente, lo que va a propiciar una explotación racional de la biomasa forestal como
recurso energético. Mejoraremos la colaboración de administraciones, propietarios públicos y privados y empresas. Y a este respecto queremos involucrar al sector privado en el apoyo a actuaciones de reforestación. Pero, también de acuerdo con
otros departamentos del Gobierno, vamos a trabajar para introducir objetivos sectoriales a nivel nacional, políticas activas que permitan reducir nuestras emisiones en sectores difusos, sobre todo en el sector residencial y en el transporte,
impulsando la rehabilitación de viviendas, con especial atención a aislamientos, calefacciones y aires acondicionados para buscar la mayor eficiencia energética en los edificios; avanzando en la certificación energética de edificios; apoyando y
coordinando los planes de movilidad urbana de las grandes ciudades; estableciendo planes de movilidad en grandes empresas que faciliten el uso del transporte público o transportes comunes para los empleados; impulsando el uso de abonos de
transporte por parte de las empresas e impulsando en el sector del automóvil el desarrollo de vehículos limpios; apoyando el ferrocarril para el transporte de mercancías -solamente estamos en torno al 3 por ciento en el transporte de mercancías por
ferrocarril y deberíamos llegar al menos a la media europea que es el 10 por ciento-; incentivando a las empresas para que calculen su huella de carbono y establezcan planes propios de reducción de la misma, planes que además reducirán sus consumos
de energía pues irán unidos a la mejora de su eficiencia energética.


En materia de evaluación ambiental acometeremos diversas actuaciones encaminadas a simplificar y racionalizar el marco normativo ambiental existente y a agilizar procedimientos administrativos. Por lo que se refiere al primer aspecto,
acometeremos la revisión y desarrollo de la normativa básica estatal. Mi principal objetivo es simplificar los procedimientos, siempre con respeto a las garantías ambientales que resulten exigibles. Entre otras medidas, la revisión va a suponer:
la coordinación de evaluación de planes y programas con los proyectos incluidos en su desarrollo, de forma que se eviten duplicidades; la definición precisa de los plazos para la tramitación de evaluación de planes y programas; el establecimiento
de un procedimiento claro que permita la validación de las declaraciones de impacto ambiental que se consideren caducadas con el fin de adaptarlas a las circunstancias presentes; la puesta en marcha de procedimientos de evaluación ambiental
abreviados para proyectos de escasa entidad o que deban ser evaluados por exigirlo la legislación autonómica, y la definición de la competencia para evaluar proyectos que estén en discusión entre comunidades autónomas y Administración General del
Estado. En este ámbito, resulta especialmente relevante la participación activa en los procesos de revisión de la legislación comunitaria, ya que la Comisión y muchos Estados miembros están planteando la necesidad de tal revisión como una
prioridad. Este esfuerzo hay que coordinarlo con las comunidades autónomas para que sus procesos de evaluación converjan en la línea de simplificación y racionalización que vamos a implantar en el ámbito estatal.


Además, estamos realizando una revisión exhaustiva de los expedientes en tramitación en el ministerio en materia de evaluación ambiental para agilizar su resolución. Para mejorar las cifras de expedientes en tramitación a los que antes me
he referido resulta imprescindible acortar los plazos. Se estima que la duración de la mayor parte de los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental oscila entre los veinticuatro y treinta y seis meses y hay proyectos que se han alargado
más de ocho años. Para mejorar estas cifras estamos trabajando en determinar la información que deben contener los documentos ambientales que debe preparar el promotor, coordinar la obtención de informes que ya se hayan emitido por parte de las
administraciones públicas y agilizar los trámites que deben ser realizados por los órganos sustantivos.

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Finalmente, agilizaremos en el ámbito de la evaluación ambiental transfronteriza los mecanismos de intercambio de información fijados en los protocolos -como el del año 2008 con la República de Portugal- para resolver en el menor plazo de
tiempo y recogiendo todas las observaciones que se puedan plantear.


En lo que se refiere a calidad del aire, su mejora constituye uno de nuestros grandes retos. Con este objetivo vamos a desarrollar y revisar la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, en los aspectos referentes a la
evaluación y gestión de la calidad del aire e implementaremos la Directiva 2008/50, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. Vamos a revisar el Plan nacional de mejora y calidad del aire, aprobado sin contar
con el necesario consenso de todas las administraciones públicas encargadas de aplicarlo, sin previsión de plazos de ejecución y sin valorar en profundidad económicamente el coste de adoptar dichas medidas. En este ámbito se deben establecer
objetivos realistas que puedan ser cumplidos y para ello vamos a impulsar la coordinación con el resto de administraciones públicas implicadas al resultar esencial la puesta en común de objetivos con las comunidades autónomas y con las entidades
locales. Su opinión es imprescindible para revisar las medidas que se puedan adoptar de forma eficiente en este ámbito. En esta misma línea, vamos a trabajar en el desarrollo de los protocolos de revisión de ubicación de estaciones, guías de
calidad para las estaciones de medida y recomendaciones para sistemas de monitorización, de forma que se disponga de una información completa y exhaustiva que permita adoptar las decisiones más correctas disponiendo de todos los juicios de valor
necesarios. Por su parte, con el fin de facilitar el mejor acceso a la información, mejoraremos las plataformas de comunicación. Asimismo, desarrollaremos el sistema español de información, vigilancia y prevención de contaminación atmosférica
existente para hacerlo más eficaz y útil. Vamos a proceder a la integración de los regímenes de intervención administrativos, permisos y registros, derivados de la normativa de calidad ambiental. El objetivo es disponer de una única norma que
regule los procesos de autorización o registro de las instalaciones susceptibles de generar problemas de calidad ambiental, evitando así exigir varias autorizaciones y registros al mismo titular, todo ello manteniendo los estándares de calidad
ambiental. En esa misma línea, vamos a racionalizar, integrar y unificar las obligaciones de información de las instalaciones derivadas de la normativa de calidad ambiental para evitar duplicidades, costes innecesarios e incoherencias.


En materia de protección frente al ruido, fijaremos objetivos de calidad acústica y zonificación de áreas y mejoraremos el sistema básico de información sobre contaminación acústica. En cuanto al medio ambiente industrial, vamos a impulsar
la constitución de un órgano de coordinación mixto de las autoridades y colaboraremos con los ministerios competentes en la materia para mejorar la eficacia en la gestión de los productos químicos incluidos en los reglamentos de la Unión Europea
relativos al registro, a la evaluación y autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas que lo modifican. Vamos también a fomentar los acuerdos
voluntarios con la industria en temas medioambientales como instrumentos adicionales para incentivar actuaciones respetuosas con el medio ambiente. Estos acuerdos tienen una aceptación muy alta entre las partes implicadas y suponen un claro ejemplo
de conciliación entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico.


La prevención en la generación de residuos y su correcta gestión constituyen elementos clave de la protección del medio ambiente, al tiempo que contribuyen a la consecución de objetivos de calidad ambiental y a minimizar la utilización de
los recursos naturales y materias primas. El reto que tenemos es aprovechar los recursos contenidos en los residuos, máxime cuando la escasez de materias primas es una realidad en muchos sectores y en muchos casos los residuos constituyen la
principal fuente de materia prima para nuestras industrias. Vamos a simplificar e integrar la normativa aplicable en materia de residuos para aclarar conceptos, limitar trámites innecesarios y evitar la dispersión de regímenes con el fin de mejorar
la gestión de residuos en España y alcanzar en 2020 los objetivos que marca la legislación europea sin imponer sistemas cuya implantación carezca de justificación económica y ambiental. De nuevo, la aplicación armonizada de la normativa en materia
de residuos exige la coordinación con las comunidades autónomas, para lo cual en las próximas semanas vamos a convocar la primera reunión de la comisión de coordinación prevista en la Ley de residuos y suelos contaminados. Esta comisión, a la que
vamos a dotar de un funcionamiento ágil, va a fortalecer la colaboración entre las administraciones públicas y facilitar la participación de los agentes económicos y sociales a través de los grupos de trabajo específicos para temas de especial
relevancia que se identifiquen en el seno de la comisión.


Por otro lado, incorporaremos al ordenamiento jurídico interno la normativa comunitaria relativa a la incineración y vertido de residuos. Procederemos a la modificación de la normativa relativa a la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero para incorporar y desarrollar la normativa comunitaria relativa a los procedimientos y criterios de admisión de residuos en vertedero. Y para simplificar y agilizar trámites y procedimientos administrativos en materia de residuos,
vamos a desarrollar el registro de producción y gestión de residuos mediante una plataforma de intercambio de información que permitirá ahorrar esfuerzos y recursos y facilitará el control, la vigilancia e inspección. Acordaremos con las
comunidades autónomas el contenido y funcionamiento del registro.


Vamos a mejorar la información en materia de residuos. Especial atención tendrá el desarrollo de medidas

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de armonización de la información para posibilitar su tramitación electrónica y permitir su utilización por todas las instancias administrativas. Para facilitar la relación del ciudadano con la Administración, impulsaremos la tramitación
electrónica de los procedimientos administrativos y trabajaremos junto con las comunidades autónomas en una tramitación aplicable en todo el territorio del Estado.


En cuanto a suelos contaminados, la prevención de la contaminación y la puesta en marcha de acciones correctoras serán los ejes prioritarios. Haremos un inventario nacional de suelos contaminados integrando los inventarios de las
comunidades autónomas y procederemos a la revisión del real decreto relativo a suelos contaminados.


Señorías, la protección efectiva del medio natural, ese importante patrimonio que atesora España, es una prioridad de este Gobierno. Creemos que esta protección es perfectamente compatible con el disfrute y aprovechamiento de este
patrimonio sin detrimento de sus valores ambientales.


Vamos a simplificar, racionalizar y ordenar la regulación de los espacios naturales, para lo que resulta precisa una revisión de la normativa básica estatal. Esta normativa estatal, unida al complejo entramado de normas autonómicas, planes
y directrices dictados en distintos ámbitos y momentos temporales, ha llevado a que sobre un mismo espacio físico se superpongan múltiples figuras de protección a menudo descoordinadas entre sí, lo cual no contribuye precisamente a preservar los
valores ambientales del lugar. La revisión que vamos a acometer tiene, por tanto, como objetivo fundamental aclarar la protección que se debe dispensar a cada espacio, para lo que resulta preciso ordenar y simplificar los instrumentos en que se
establecen las actividades que resultan compatibles con los valores ambientales del espacio en cuestión. Esta revisión vendrá acompañada de una estrecha coordinación con las comunidades autónomas, destinatarias en muchas ocasiones de las
obligaciones impuestas por la normativa dictada por el Estado.


En relación a la Red Natura 2000, la red ecológica más extensa de Europa, impulsaremos la declaración de las zonas de especial conservación por parte de las comunidades autónomas. Su importancia se pone de manifiesto por el hecho de que en
España el 27 por ciento del territorio terrestre pertenece a dicha red y de la totalidad de la Red Natura 2000 europea el 19 por ciento del territorio está en nuestro país. Tenemos que poner en valor el hecho de que España tenga este peso
específico en materia de protección de biodiversidad y conservación de la naturaleza.


Otra de las apuestas de esta legislatura es conseguir en coordinación con las comunidades autónomas una mejora en la gestión y coherencia de la Red de Parques Nacionales, para lo que vamos a reforzar el papel del Estado. A la vista de la
propuesta hecha por las comunidades de Madrid y Castilla y León de declaración del parque nacional de las cumbres del Guadarrama, pretendemos poner en marcha todos los procedimientos establecidos en la Ley de Parques Nacionales para dotar a la red
nacional de un nuevo espacio de alto valor natural.


Promoveremos la puesta en marcha de los espacios naturales, facilitando su uso y disfrute. Estoy convencido de que el turismo rural y de naturaleza tiene un gran potencial para el desarrollo económico de nuestro país. No en vano somos uno
de los países europeos con mayor biodiversidad. Para promoverlo vamos a abordar políticas que permitan compatibilizar turismo y biodiversidad, tales como la de potenciar el turismo de los humedales por el beneficio que aporta a nivel local y
nacional, a las personas y a la vida silvestre.


La mejora de la biodiversidad implica también la conservación de las especies. Tenemos la firma voluntad de racionalizar la protección que se ha de dispensar a las distintas especies que merecen protección, revisando en aquellos casos en
que resulte preciso las disposiciones aprobadas. En particular, y por lo que se refiere a la recién aprobada normativa por la que se regula el listado y catálogo de especies exóticas invasoras, vamos a buscar fórmulas para solucionar las cuestiones
que la aplicación de esta norma está suscitando. Desarrollaremos las experiencias adquiridas en prevención de daños causados por la fauna silvestre en los aprovechamientos agrarios, así como el riesgo de transmisión de enfermedades a la ganadería,
motivo de preocupación de parte de nuestro sector agrícola. Con especial atención valoramos la gestión cinegética y pesquera como importante elemento de desarrollo económico de España y herramienta clave para la conservación del patrimonio natural.


Además, dentro de las actividades a realizar en materia del medio natural, debo hacer mención a aquellas que promoveremos a través de la Fundación Biodiversidad, entre las que destacan: impulsar la dinamización económica y creación de
empleo en el sector ambiental reforzando las actuaciones del programa Empleaverde, que este año va a comprometer más de 10 millones de euros en esta convocatoria; estimular la capacidad emprendedora potenciando la red de emprendedores de la
fundación en el marco del proyecto Red Emprendeverde. En el ámbito de la labor realizada para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, trabajaremos en proyectos de conservación de especies amenazadas emblemáticas, como el oso
pardo o el urogallo cantábrico, actuando no solo en la mejora de sus hábitats, sino también en el control de sus amenazas y en la comunicación a la sociedad del valor que representan. En cuanto a la gestión de espacios, otorgaremos especial
atención a la gestión de humedales y a la conservación del medio marino, y a través del proyecto LIFE + Indemares trabajaremos para conseguir la declaración de nuevas zonas marinas protegidas mediante su inclusión en la Red Natura 2000. En todas
estas actuaciones la Fundación Biodiversidad va a trabajar en la sensibilización como vía para implicar a la sociedad en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, así como en la generación de capacidad a través de iniciativas de
formación.

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Vamos también a revisar la Ley de Responsabilidad Medioambiental, de acuerdo con lo previsto en la directiva comunitaria, para establecer que la obligación de constitución de una garantía financiera con la que hacer frente a las medidas
reparadoras necesarias en caso de accidente grave solo afecte a los operadores que por su actividad precisen de ese mecanismo, y vamos a simplificar el procedimiento de determinación de esta garantía sustituyendo trámites de verificación por la
declaración responsable del operador. Vamos a trabajar en la simplificación de la tramitación del expediente medioambiental de forma que dispongamos de un procedimiento de actuación claro y sencillo con el que hacer frente desde el primer momento
al deterioro medioambiental.


Por lo que se refiere a la protección de nuestras costas, estamos estudiando en profundidad la reforma de la normativa sobre protección del dominio público marítimo-terrestre. Se trata de compatibilizar la protección del litoral con el
desarrollo de actividades económicas no perjudiciales y con la seguridad jurídica. España disfruta de una gran longitud de costa de gran valor medioambiental y con una importante variedad de ecosistemas que es necesario preservar. Estos bienes,
partiendo de su titularidad pública constitucionalmente garantizada, se presentan como espacio idóneo para el desarrollo de actividades económicas generadoras de riqueza y de empleo. La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas se publicó con la
finalidad de poner fin, según rezaba su exposición de motivos, a la destrucción y privatización del litoral que se estaba produciendo en España. Transcurridos más de veintitrés años desde la promulgación de esta ley parece oportuno acometer una
reforma con dos objetivos: por un lado, mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y, por otro lado, hacer compatible la protección de este espacio natural con una actividad económica que nos ayude a superar la grave
crisis que sufre nuestro país. Pero es que además la degradación de la costa ha continuado en parte en estos años, lo que demuestra que frenar la actividad económica en el litoral por sí solo no garantiza su conservación. Al contrario, defendemos
que una adecuada ordenación de la actividad económica en el dominio público marítimo puede contribuir a su conservación. Por ello estamos estudiando en primer lugar la posibilidad de aumentar el plazo de concesiones aproximando la legislación de
costas a las normas que regulan las concesiones de otros bienes de dominio público, como la de Aguas y la de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Saben ustedes que a partir de 2018 comenzarán a expirar los plazos concesionales de treinta
años previstos en la ley. Creo que es el momento de abordar el estudio de esta situación fortaleciendo la seguridad jurídica y reduciendo una conflictividad que sería de otra manera inevitable. Asimismo, vamos a analizar los requisitos para la
realización de determinadas obras necesarias para dotar de sentido y utilidad a las ocupaciones y aun para el mantenimiento y conservación del estado del propio litoral, así como la posibilidad de transmisión de ciertos derechos de ocupación en
estos espacios. Considero necesaria la introducción de mecanismos de coordinación entre las administraciones públicas que, respetando el reparto competencial consagrado en la Constitución, garanticen de modo sostenible el ejercicio de la actividad
turística en la zona litoral, a menudo entorpecida por la complejidad y falta de coordinación entre poderes públicos.


En materia de deslinde administrativo, vamos a estudiar con el máximo rigor los criterios técnicos y jurídicos con arreglo a los cuales se resuelve la inclusión de un bien en el dominio público marítimo-terrestre y su relación con el
Registro de la Propiedad, así como los expedientes de reconocimiento de derechos preexistentes, ya que a menudo la determinación de la situación de los derechos afectados por un nuevo deslinde se dejan indefinidamente para un momento posterior.
Merece la pena además explorar la introducción de un procedimiento de desafectación más ágil y rápido para aquellos bienes que han perdido su características naturales de dominio público, desafectación que ya está prevista en la ley, pero cuya
tramitación se puede mejorar. Son bienes que no requieren la especial protección de que gozaban y que se puede destinar a otras actividades. Y es que, al margen de las reformas normativas, debemos compaginar la protección en zonas sensibles y
frágiles que conservan valores medioambientales, como playas o zonas húmedas, con la puesta en valor económico de aquellas zonas ya degradadas y sin valores medioambientales pero que pueden ser espacio de atracción para otras actividades. Son
actividades que, de lo contrario, están condenadas a su desaparición porque están enclavadas en terrenos que formalmente constituyen dominio público pero cuyo estado actual no está en absoluto protegiendo la costa.


Paralelamente tenemos prevista la puesta en valor del conjunto de costas y playas españolas. Se trata de informar a los ciudadanos mediante campañas de comunicación y sensibilización sobre los valores medioambientales presentes para que
conozcan mejor la riqueza del litoral y contribuyan a su protección. En definitiva, vamos a fomentar que sean los propios usuarios quienes contribuyan a la conservación y preservación de las playas.


En el marco de la política general de agilización administrativa se impulsará y agilizará el reconocimiento de derechos para los afectados por deslindes, en el que hemos constatado ciertos retrasos en los procedimientos de concesión, y se va
a culminar el deslinde del litoral aún pendiente una vez clarificada la normativa a aplicar. A este respecto, y al margen de posibles reformas normativas, se va a llevar a cabo una política de transparencia y fomento de la seguridad jurídica
mediante la publicación de la línea de deslinde. Frente a la opacidad y falta de información que ha existido en el pasado sobre las afecciones en propiedades colindantes, el ministerio, a través de su propia página web, va a hacer pública la línea
de deslinde y de la zona afectada por la servi

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dumbre de protección, de forma que todos los ciudadanos nacionales y extranjeros puedan conocer gratuitamente la afección que tiene un finca con la Ley de Costas.


En cuanto a las actuaciones de inversión en la costa, habrán de basarse en criterios de eficiencia, buscando maximizar sus efectos, teniendo en cuenta el contexto de consolidación fiscal en que nos movemos. No renunciamos al logro de los
objetivos de estas inversiones, para lo cual vamos a elegir los mejores proyectos con estrictos criterios de eficacia medioambiental, buscando la implicación del sector privado. En primer lugar, vamos a buscar la protección de sistemas litorales y
conservación del dominio público marítimo-terrestre y la recuperación de zonas litorales degradadas por factores naturales o artificiales, con especial atención al tratamiento de los humedales costeros. En segundo lugar, vamos a luchar contra la
erosión de las playas, uno de los principales problemas que presenta nuestro litoral y para el que las medidas de protección del dominio público que regula la Ley de Costas se han revelado insuficientes. Por ello, vamos a fomentar la investigación
sobre las dinámicas costeras y la extracción sostenible de áridos marinos para explorar soluciones a la regresión, así como la implicación de todos los agentes en este tema. Por otra parte, en el marco de la garantía de acceso y uso público de la
costa, desarrollaremos la campaña de información al usuario sobre los valores ambientales y culturales del litoral y el fomento de los hábitos sostenibles de uso y disfrute del mismo en las condiciones adecuadas de calidad y seguridad. Se
completarán estas actuaciones con la habilitación de accesos y dotaciones para facilitar el uso de la costa en aquellos tramos de litoral en los que resulte más conveniente y la apertura de senderos naturales litorales que se van a integrar en la
Red nacional de senderos naturales y vías verdes.


Por último, nuestras inversiones se van a dirigir a recuperar el borde marítimo degradado, actuando frente a las obras que entorpezcan injustificadamente la servidumbre de tránsito, barreras que dificultan el acceso al litoral o los viales
que ocupan el borde costero sin espacio para los ciudadanos. Se trata de recuperar las fachadas marítimas degradas y transformarlas en espacios públicos, recuperar el paisaje litoral, restaurar antiguas zonas de baño o playas desaparecidas por la
erosión o la extracción de áridos y recuperar la importancia de los frentes litorales de las zonas urbanas.


Durante la legislatura que ahora comienza quiero reforzar de manera clara las políticas de protección del medio marino. Para ello, hay que desarrollar y aplicar la Ley 41/2010, de Protección del Medio Marino. Como saben ustedes, el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es la autoridad competente para aplicar en España la directiva marco sobre la estrategia marina a través de la ley mencionada. Vamos a elaborar una estrategia marina para cada una de las
cinco demarcaciones marinas españolas establecidas en la ley: Noratlántica, Sudatlántica, Canaria, Levantino-Balear y Estrecho y Alborán. Mi objetivo es que las primeras tareas de estas estrategias marinas -la evaluación inicial del estado del
medio marino, la definición del buen estado ambiental y el establecimiento de objetivos ambientales- se aprueben por el Gobierno durante este año. Por otra parte, queremos constituir cuanto antes la comisión interministerial de estrategias marinas,
para lo cual someteré el real decreto correspondiente a la aprobación del Consejo de Ministros. Constituiremos también las comisiones de seguimiento de las estrategias marinas de cada demarcación, buscando el acuerdo de las comunidades autónomas.
Vamos a abordar también el diseño de los programas de seguimiento del medio marino para que estén operativos en 2014, programas que van a mejorar el conocimiento y el seguimiento del estado del medio marino, y debemos acometer la elaboración de los
programas de medidas de estrategias marinas con el objetivo de aprobar los reales decretos correspondientes en 2015, como prevé la normativa aplicable. En el marco de las directrices comunes o estrategias marinas, cuya elaboración se encomienda al
Gobierno, se ha iniciado la tramitación de dos nuevos reales decretos sobre gestión ambiental de extracciones de arena y gestión ambiental de los dragados, y abordaremos a medio plazo la definición de directrices sobre otras actividades humanas en
el mar, como las generadoras de ruido submarino, fondeo y vertidos de líquidos al mar.


El desarrollo y aplicación de la Ley de Protección del Medio Marino se hará de forma coordinada con el resto de Estados miembros de la Unión Europea a través de las diferentes plataformas constituidas en el seno de la Comisión y con otros
países ribereños a través de los correspondientes convenios internacionales. En este sentido, en el ámbito internacional la intención del Gobierno es ser un actor relevante en el esfuerzo internacional de proteger los mares y océanos y asegurar un
desarrollo sostenible de las actividades con impacto en el medio marino. Por ello, contribuiremos a la definición de una política con objetivos claros, teniendo en cuenta las posiciones expresadas por otros países de nuestro entorno y en un
espíritu de colaboración multilateral. Reconocemos el importante papel que juegan los convenios internacionales para la protección del medio marino y, por tanto, participaremos de manera activa en los convenios Ospar para el Atlántico, Barcelona
para el Mediterráneo y Londres para vertidos en el mar en general, así como en las acciones que con carácter global se emprendan en ámbitos como Naciones Unidas o el G-20.


En cuanto a la biodiversidad marina, el objetivo del Gobierno es completar, cumpliendo con las obligaciones internacionales y en coordinación con los sectores afectados, la Red Natura Marina de España y declarar nuevas áreas marinas
protegidas y sus planes de gestión, así como elaborar el Plan director de la red de áreas marinas protegidas de España. Trabajaremos en la propuesta de nuevos lugares de importancia comunitaria -LICs- y

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en la declaración como zonas especiales de conservación -ZEC- de todos aquellos lugares marinos ya designados incluyendo sus correspondientes planes de gestión y declararemos nuevas zonas de especial protección para aves marinas en
cumplimiento de la normativa europea, buscando el máximo consenso posible y la implicación de usuarios y sectores en la designación y gestión de estos espacios. Vamos a continuar con el mantenimiento y actualización del inventario español de
especies y hábitats marinos como parte del inventario estatal del patrimonio natural y la biodiversidad. Y otro eje de actuación será la protección del litoral frente a la contaminación marina accidental y la prevención de esta. Vamos a impulsar
un sistema nacional de respuesta y un plan estatal de protección de la ribera del mar frente a la contaminación marina. En este sentido conviene recordar que este año se cumplen diez años del accidente del Prestige sin que desde entonces se hayan
adoptado medidas relevantes en la lucha contra la contaminación de la ribera del mar producida por estos desafortunados sucesos. Por ello, en íntima colaboración con otros departamentos, se pretende someter al Gobierno la aprobación de un sistema
nacional de respuesta frente a la contaminación marina accidental que proporcionará mecanismos de respuesta frente a la contaminación marina o costera provocada por potenciales accidentes, incluyendo los mecanismos de relación y coordinación de las
administraciones públicas competentes. Este sistema se completará con otras medias de protección, incluyendo la formación sobre prevención y lucha contra la contaminación y un análisis de riesgo y vulnerabilidad de la costa española que permita que
la toma de decisiones ante una incidencia se base en el mejor conocimiento posible de los valores a proteger.


Todas estas actuaciones se van a ver reforzadas con nuestra colaboración internacional, participando en organizaciones y foros como el Pnuma, la cumbre Río+20 o la convocatoria de cambio climático en Qatar en 2012. Es importante para
nuestra proyección internacional ostentar la presidencia del Pnuma, que celebra este año su 40º aniversario, en un momento en que se está definiendo un nuevo orden económico internacional, en el que el componente medioambiental y de desarrollo
sostenible ha de estar presente, pero como impulsor y no como obstáculo al crecimiento económico y la creación de empleo, como decía al principio de esta comparecencia. Se prevé que el debate medioambiental en estos meses gire en torno a fijar
metas eficaces en relación con el medio ambiente mundial, la economía ecológica y el marco institucional para el desarrollo sostenible. En este sentido, las conexiones entre las actividades del Pnuma y el proceso de Río+20 serán muy importantes,
especialmente en lo referido a las cuestiones de gobernanza ambiental internacional, elemento central en las discusiones del marco institucional para el desarrollo sostenible.


Señorías, esta sería, a grandes rasgos, la política medioambiental que planteamos con ilusión para esta legislatura, una política ambiciosa ante las muchas necesidades que les he mostrado, una política realista, una política inclusiva y no
excluyente y una política económicamente sostenible y, a la vez, sensible y solidaria dentro del entorno económico de España; una política que afrontará con lealtad los compromisos que tenemos asumidos con nuestros socios europeos; una política
amistosa y no desconfiada hacia el ciudadano, nuestro principal aliado en la protección del medio ambiente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro, por su amplia y documentada intervención.


Señorías, como ustedes saben, el reglamento fija un turno máximo de diez minutos para los grupos intervinientes, para los grupos que han solicitado la comparecencia o para los grupos que quieran intervenir, pero tal y como hemos acordado en
la reunión de Mesa y portavoces, atendiendo a los ruegos y sugerencias que han hecho los diversos grupos parlamentarios, a la complejidad de las cuestiones, a la amplitud de los temas a tratar y a los criterios de flexibilidad que han solicitado
todos los grupos, esta Presidencia va a ampliar ese turno hasta un máximo de quince minutos, lo cual no quiere decir que necesariamente todos los grupos lo tengan que agotar. Les quiero significar a todos ustedes, señorías, que, dada la hora, como
hay siete grupos -cinco que han solicitado la comparecencia más otros dos que probablemente van a intervenir-, esto supone ciento cinco minutos a partir de la hora actual, con lo cual previsiblemente esta sesión finalizará alrededor de las cuatro
menos cuarto. Por tanto, les pediría dos cosas, señoras y señores portavoces. En primer lugar, que sean lo más concisos posible y que, si no precisan agotar su turno, no lo agoten, por favor, y si lo agotan, ahí se acabarán todas las
intervenciones. También se ha acordado en la reunión de Mesa y portavoces el orden de intervención de todos los grupos, que va a ser de acuerdo con el orden de presentación de la solicitud de comparecencia y, cuando no se ha solicitado
comparecencia, de menor a mayor, como viene siendo habitual.


También quería comentarles que diversos grupos parlamentarios se van a repartir el tiempo de intervención. Les rogaría que cada grupo nos comunicara cuántos diputados van a intervenir para que podamos advertirles a cada uno de ellos cómo va
el tiempo que están consumiendo. Por tanto, por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿quiénes van a intervenir, por favor? (Pausa.) Van a intervenir las señoras Oramas y Fernández Davila y el señor Baldoví. En primer lugar, tiene la palabra la señora
Oramas por un tiempo máximo de un minuto y medio.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señor presidente, voy a intentar hacer mi intervención en un minuto y cuarenta y cinco segundos. Espero que me deje esos quince segundos de más, porque mis compañeros son los portavoces.

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En primer lugar, quiero agradecer la presencia del señor ministro. Quiero decirle de entrada que ha habido una enorme satisfacción en todo el sector agrario y pesquero de Canarias por su nombramiento como ministro, porque conoce
perfectamente las peculiaridades del tema agrícola canario. Quiero anunciarle que nosotros hemos pedido su comparecencia sobre relaciones europeas para el tema relativo a la PAC. Hay un tema en concreto que usted sabe que se decide el 15 de
febrero, que es la ratificación del acuerdo agrícola con Marruecos y que afecta al tomate canario. Le pediría que, aunque yo no pueda estar después, explique un poco cuál es la situación en la que queda el tomate canario.


Yo solicité su comparecencia para el tema de costas y quiero decirle que me ha producido una enorme satisfacción oír las líneas y los criterios del ministerio con respecto a esa posible modificación de costas, en dos ámbitos, en el de los
derechos de los afectados por deslindes fundamentalmente y en poner en valor la costa no como una carga sino como una potencialidad de este país, sobre todo en esta época. He de decirle que los nacionalistas canarios planteamos la importancia del
tema competencial. El Estatuto de Autonomía de Canarias no está aprobado y en consenso con el PP estaba prevista la asunción de determinadas competencias de costas a través del desarrollo de la Ley de Aguas que aprobó este Congreso. Con el apoyo
también de su partido político esperamos que eso pueda solventarse, pero hasta entonces lo que sí le reivindico hoy, sin hacer dejación de la solicitud de competencias, es el funcionamiento de la Comisión Mixta con la Comunidad Autónoma de Canarias
y el respeto de los elementos etnográficos e históricos de las comunidades. Quiero referirme a un último tema en materia de costas: los criterios homogéneos por parte del ministerio en materia de uso y gestión de costas de Canarias con respecto al
resto del Estado. Eso no ha sido así en la etapa anterior, y es lo que le pido.


Por último, me alegro mucho de su viaje a Mauritania porque es fundamental para el sector pesquero canario. Respecto al tema de las desaladoras, como usted sabe, fundamentalmente en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote hay una enorme
preocupación por las partidas presupuestarias, ya que el suministro de la población es en un cien por cien de desaladora, una situación distinta a la de la Península.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, quiero felicitar al señor ministro por su nombramiento y por supuesto desearle éxito, siempre y cuando ese éxito vaya en relación con el éxito de nuestro sector agrario, pesquero y también
medioambiental, que esperemos que así sea, señor ministro.


En esta comparecencia no podemos -no tenemos tampoco tiempo- posicionarnos respecto de muchas de las cuestiones que usted acaba de manifestar que tienen previsto hacer, en algunos casos porque son enunciados y en otros porque el Gobierno
tiene necesariamente que tramitar o que acordar ciertas cuestiones o asuntos con las comunidades autónomas, ya que tanto la cuestión medioambiental como la cuestión agraria son competencias que en la mayoría de los casos corresponden a las
comunidades autónomas. Por tanto, cualquier actuación del Gobierno tiene que tener esto en cuenta. Señor ministro, usted mismo ha comentado en su intervención que la Ley de Sostenibilidad Rural realmente no funcionó y no funcionó -nosotros lo
denunciamos en su momento- porque era una ley que se entrometía en las competencias autonómicas. Por tanto, quiero hacer esta puntualización para que su Gobierno, y usted como ministro, tenga en cuenta que nada se puede hacer si quien tiene que
gestionarlo y desarrollarlo no está de acuerdo con lo que se hace. Por lo tanto eso es fundamental, junto con que aquellas cuestiones que se planteen desde el Gobierno central tengan la correspondiente financiación, porque es un absurdo pretender
hacer algo que tienen que financiar otras administraciones. Eso, por un lado.


Por otro lado, señor ministro, usted sabe que nosotros fuimos muy críticos el primer día que ustedes hicieron el anuncio de la creación del ministerio, ya que en su nomenclatura se eliminaba el epígrafe pesca. Eso nos preocupaba y hoy nos
sigue preocupando porque inicialmente en su comparecencia ya manifestó la importancia que para usted tenía el sector agrario y que para señalar esa importancia emplearon esta nueva nomenclatura del ministerio. Podría ser otra, pero ustedes
quisieron, para darle relevancia, por la importancia que ustedes le daban a la pesca, utilizar esta nomenclatura. Por tanto a nosotros, sobre todo después del tiempo que usted dedicó al sector pesquero en su intervención, nos sigue preocupando que
este tema para ustedes no sea de gran importancia. Esto lo decimos con la preocupación que desde el Bloque Nacionalista Galego hemos tenido siempre, dada la política que desde el Estado español y desde la Unión Europea se está llevando a cabo con
el sector pesquero y cómo ésta es dañina para un sector que en Galicia representa, señor ministro, teniendo en cuenta también la industria transformadora, aproximadamente el 15 por ciento del PIB, por lo cual no es ninguna cuestión baladí. Por lo
tanto, señor ministro, esperemos que a pesar de que la pesca no aparezca en la definición de su ministerio, le den la importancia que le corresponde, sobre todo en un momento en el que hay que discutir en la Unión Europea la nueva política común de
pesca. Esperamos que esa subdirección de protección de los recursos pesqueros, que usted nos acaba de anunciar, cuente con los estudios científicos necesarios que eviten que la Unión Europea esté limitando cuotas y TAC sin tener en cuenta la
información científica necesaria, incluso sin tener absolutamente ninguna información científica.

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No ha dicho nada -y por eso quiero preguntárselo directamente- respecto a si ustedes ante la Unión Europea y en este momento de reforma pesquera van a hablar de la diferenciación de los caladeros, porque en los debates parlamentarios quedó
constatado que los caladeros del norte y los caladeros del sur no son lo mismo, sobre todo en el tema de la bacaladilla y la sarda, por ejemplo; si ustedes van a tratar la cuestión de la regulación de precios, acuerdo que se alcanzó en esta casa de
forma unánime y que fue apoyado también por su partido, que apoya ahora al Gobierno; y la regulación de la pesca artesanal porque si bien en el libro blanco se recogía la necesidad de que la nueva política común de pesca tuviera en cuenta la
regulación de la pesca artesanal, la propuesta que finalmente está sobre la mesa no lo tiene en cuenta. Por tanto, nos gustaría conocer la posición de su Gobierno y su propia posición sobre esos temas y sobre que compartíamos algo que se decía en
el libro blanco en relación con que sean los Estados y no la Unión Europea quienes tenga que regular las cuotas y los TAC de la pesca del litoral.


En el sector de la agricultura usted ha hablado de muchas cosas y de la gran preocupación sobre el tema del futuro alimentario de la población mundial. Pero en toda su intervención no hemos escuchado nada -en un momento en que el sector
agrario está también en proceso de reforma en la Unión Europea- en relación con la soberanía alimentaria, que sí se recogía en estudios hechos por comisiones del Parlamento Europeo que se crearon precisamente para analizar el sector agrario en la
Unión. Tampoco nos ha hablado de la regulación de precios en este sector, ni de la garantía de precios en origen de los productos agrarios en general y concretamente del sector lácteo, ni de la sostenibilidad económica no solamente entendida como
sostenibilidad económica sino también social. Es decir, la Unión Europea...


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila, se está comiendo el tiempo de su compañero. Quedan seis minutos y treinta segundos y he anunciado que voy a ser estricto en el cumplimiento del tiempo empleado.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señor ministro. ¿Qué va a hacer el Gobierno con los contratos homologados del sector lácteo y cómo va a garantizar que este sector no se vaya al garete como está sucediendo continuamente?


En relación con el medio ambiente, solo medio segundo, señor presidente. Nos interesa que en la Ley de Costas se modifique el tema de los deslindes, pero nos preocupa que se pueda aprovechar para que aquellas industrias contaminantes puedan
continuar después del vencimiento que, como en el caso de Ence-Elnosa, es el año 2018. Nos gustaría, señor ministro, que también nos dijera qué pretende el Gobierno en esta cuestión.


El señor PRESIDENTE: Don Joan Baldoví, le quedan cinco minutos y cuarenta y cuatro segundos.


Quiero comunicarles al resto de portavoces que sean estrictos en el reparto de los tiempos, ya que nosotros vamos a cumplir estrictamente ese criterio que era suficientemente flexible porque le hemos aportado un 50 por ciento más del tiempo
previsto en las intervenciones de todos los grupos.


El señor BALDOVÍ RODA: Tendré que correr mucho.


Señor ministro, señorías, yo quiero exponer un caso paradigmático, el de los valencianos y el de los cítricos, que se puede aplicar por extensión a toda nuestra agricultura, ya sea de frutales y de hortalizas de secano. Esta semana, según
sus propios datos, el precio en origen de la naranja era de 13 céntimos el kilo y el de venta al público era de 1,28 euros; es decir, la variación entre el origen y el destino es del 885 por ciento. Esto significa que un consumidor español está
pagando por una naranja 885 veces más de lo que oficialmente se le paga a un citricultor valenciano, por no hablar del precio real que muchas veces baja de los 9 céntimos. Por tanto, si el coste de producción de un kilo de naranjas es de 18
céntimos, esto quiere decir que los agricultores valencianos ahora mismo están en muchísimos casos perdiendo dinero, siendo como es un sector que aporta más de mil millones de euros a las cuentas públicas y un sector estratégico.


Durante el último año y a pesar de las cifras que se han dado aquí, se han abandonado muchísimas hectáreas y se han perdido más de 31.000 puestos de trabajo en el País Valenciano durante los últimos cuatro años. La renta de los
citricultores y de todos los agricultores valencianos baja año tras año y solo durante la última campaña los citricultores han dejado de ingresar unos 460 millones de euros respecto al año anterior. Las causas son muchas y conocidas por todos y, a
pesar de ello, tanto la Administración estatal como la autonómica se han inhibido, dejando pasar el tiempo y arruinando con su desidia a numerosas familias valencianas. Son, por una parte, que la gran distribución organizada española y europea
campa a sus aires sin legislación real y efectiva que impida el elevado poder de negociación que posee ante las estructuras sectoriales, cooperativas y comercios y, por otra parte, la desidia y dejadez de las administraciones que no han intervenido
en el sector para hacerlo más competitivo, a través de los incentivos para mejorar las estructuras de las explotaciones, la incorporación de los jóvenes y la garantía de estabilización de rentas de los agricultores.


También la falta de decisión firme en Bruselas ha perjudicado y perjudicará al sector cítrico valenciano y a la agricultura mediterránea. Me gustaría saber qué votará el Partido Popular el próximo febrero en el Parlamento Europeo ante la
propuesta de acuerdo de libre comercio con Marruecos. Les recuerdo que este acuerdo va a perjudicar a los de siempre: a la agricultura mediterránea. Por tanto, desde Compromís Equo le pedimos que sea claro y exponga qué medidas específicas va a

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tomar para incentivar y mejorar la competitividad de una agricultura como la mediterránea, que no vive de subvenciones y que está compitiendo en desigualdad en el mercado frente a las producciones que entran de fuera de la Unión Europea sin
las mismas garantías sanitarias que las nuestras y con un claro dumping social, como ha dicho el señor ministro y también aparece en el programa del Partido Popular.


Respecto del medio ambiente, hemos oído, a mi entender, un proceso seguido de buenas intenciones a una rapidez vertiginosa y nos gustaría saber algunos aspectos concretos que se refieren a esta cuestión. ¿Cuál será la política del Gobierno
en materia de cambio climático? ¿Por qué se ha eliminado la Secretaría de Estado de Cambio Climático? ¿Cómo plantea el Gobierno reducir las emisiones de gases que causan el cambio climático en los diferentes sectores: energía, industria y
transporte? También instarle a que tome medidas, si realmente quiere velar por el medio ambiente, con respecto a un cierre programado de centrales nucleares; la promulgación de una ley de ahorro, eficiencia energética y energías renovables; la
prohibición de las prospecciones petrolíferas en el litoral; promover una ley de pesca sostenible que asegure el futuro del sector pesquero; promover la protección del patrimonio agrario y asegurar un sistema de precios justos para los
agricultores; incorporar a nuestro sistema legislativo los principios de la nueva cultura del agua y asegurar la unidad de gestión de las cuencas hidrográficas. Creo que usted puede empezar a tomar esas medidas que caminen en la dirección correcta
para asegurar el futuro de las nuevas generaciones y de la tierra que nos alberga.


Por último, quiero acabar haciendo referencia al agua en mi comunidad autónoma, el País Valenciano. En su programa, el Partido Popular habla de reservas estratégicas, de preferencia de uso y de reparto de excedentes. Entendemos que es un
discurso clásico para quedar bien en todos los territorios y en este sentido quisiera hacerle algunas preguntas al respecto. ¿Qué entienden ustedes por reservas estratégicas? ¿Cuándo se fijarán y quién las fijará? ¿Es partidario el Gobierno de
fijar reservas hídricas? ¿Qué reserva hídrica tiene prevista para Castilla-La Mancha? Por último, ¿tiene previsto el Gobierno cerrar los miles de pozos ilegales que hay en Castilla-La Mancha, que en la mayoría de los casos sirven para que los
grandes.


El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví, ha terminado su tiempo.


El señor BALDOVÍ RODA: Me quedan treinta segundos.


El señor PRESIDENTE: Treinta no, uno, señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Me quedan diez segundos.


El señor PRESIDENTE: No, un segundo, señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Lo único que quiero decir es que esperamos, señor ministro, que no vuelva a abrir viejos debates ya resueltos con respecto a los recursos de un río, el Júcar, que es un río exhausto y que ya no puede dar más de sí.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Alejandro Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor ministro, bienvenido. Tenga la felicitación del Grupo Socialista, nuestros mejores deseos en el orden personal, y en las políticas que son de su competencia, ojalá tenga éxito. Felicitación al equipo que ha
nombrado, algunos están aquí, algunos conocemos, son buenos profesionales de la administración agraria. Ojalá que los agricultores y ganaderos a lo largo de la legislatura valoren positivamente su gestión. El Grupo Socialista ofrece una leal
colaboración en los temas que tengan que ver con la mejora de estos sectores -yo me voy a referir exclusivamente a los temas agroalimentarios- y esperemos que el acuerdo presida las relaciones entre el Gobierno y la oposición.


Ha hablado durante dos horas de muchísimos temas, en una lectura a todo meter que ha sido difícil de seguir, señor ministro; lo releeremos por si acaso se nos ha escapado algo. En lo concreto ha habido muchísimos enunciados, muchas
vaguedades, tres temas concretos, tres leyes, tres planes en materia de agricultura, la cadena agroalimentaria y una ley de creación de un consejo con una modificación del proceso electoral que veremos en su momento, pero ya le digo de antemano que
si en estos dos temas podemos trabajar, va a ser muy difícil que lleguemos a un consenso sobre ese anuncio que ha hecho de modificación profunda, es decir, derogación de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural. Me parece que debe
reconsiderar este planteamiento.


Voy a referirme a cuatro temas que o bien han sido mencionados de pasada o no lo han sido. En relación con la situación del sector agroalimentario, coincidimos básicamente en el análisis que se ha realizado; un sector agroalimentario
potente, estratégico para la economía española, que tiene fortaleza, que tiene debilidades, pero efectivamente, desde nuestro punto de vista, es un sector que ha aguantado la crisis de mucha mejor manera que otros sectores de la economía española.
Por tanto, tenemos un sector de futuro, un sector que merece una política del Gobierno seria y comprometida.


Ustedes han cacareado muchísimo a lo largo de la precampaña electoral sobre la recuperación del Ministerio de Agricultura. La realidad es que estamos aquí con un ministro, con una comisión, con un ministerio que tiene las mismas
competencias, los mismos temas, con un cambio de nombre en el enunciado. No me voy a referir a esto; simplemente me voy a referir a las polí

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ticas, señor ministro. Lo primero que usted ha hecho al llegar al ministerio es dar un tijeretazo, un recorte brutal a los fondos nacionales que financian las políticas del ministerio. Han recortado los fondos en más de 400 millones.
Señor ministro, no ha hecho mención a este tema y no me parece bien. Le pediría que nos concretara qué partidas, qué programas, qué objetivos van a ser incumplidos, qué no va a hacerse con este recorte de nada más y nada menos que 400 millones de
euros. Pero me gustaría que lo hiciera en un idioma que entendieran los agricultores: cuántas hectáreas menos de regadío, cuántos animales menos van a ser sometidos a procesos de saneamiento, etcétera.


En segundo lugar, señor ministro, me voy a referir al tema de la PAC. Señor Arias Cañete, sabe que tenemos una buena relación, le aprecio en lo personal, pero me ha parecido mal, sinceramente mal, que usted hoy aquí mienta a la Comisión.
Usted ha dicho que no se ha encontrado con una posición común de nuestro Gobierno, que se ha encontrado con esto como si estuviera por hacerse. Yo le digo, y usted lo sabe, que se ha encontrado en el ministerio con un documento unánimemente firmado
entre el Gobierno y las comunidades autónomas de posición común, y con un documento votado unánimemente en el Pleno del Congreso de los Diputados que marca la línea de negociación que, en definitiva, son básicamente los enunciados que usted ha
hecho. En cualquier caso, en este tema, puesto que la posición del Partido Socialista y del Partido Popular es muy contraria a la propuesta del comisario, le pediría, señor ministro, que hoy comprometiera aquí que el Gobierno de España en ningún
caso va a aceptar la propuesta de la Comisión, sobre todo en lo que hace referencia al nuevo modelo de ayudas directas.


El tercer tema es un tema de actualidad que usted también ha obviado; no lo entiendo. El principal problema que tiene ahora mismo la agricultura española es el acuerdo de libre comercio con Marruecos, que va a agotarse el próximo día 15 en
el Parlamento Europeo. Es el problema más grave que tiene la agricultura española en el horizonte y nos parece poco serio, señor ministro -lo digo con respeto-, que no se haya referido a este tema. Ustedes y nosotros estamos en contra del acuerdo
y en este sentido le preguntaría lo siguiente, señor Arias Cañete: ¿Por qué el señor Rajoy en su agenda internacional, en sus primeras comparecencias en los ámbitos europeos no ha incorporado este tema a su agenda? ¿El señor Rajoy está haciendo
algo ante los líderes europeos que tienen mayoría en el Parlamento Europeo, que votarán el próximo día 15, para que este acuerdo de libre comercio con Marruecos no se apruebe? ¿Nos podría usted decir concretamente si tenemos alguna posibilidad en
este momento de que la mayoría popular en el Parlamento Europeo no ratifique, no apruebe este acuerdo tan lesivo para la economía de nuestro país, tan lesivo para la economía y el empleo de Andalucía y de otras regiones españolas?


El siguiente tema es el de la cadena alimentaria. Este es un tema que preocupa a todo el sector. Ha anunciado usted la presentación de un proyecto de ley; el Gobierno anterior dejó uno presentado. En cualquier caso, creo que podemos
coincidir en objetivos y seguramente llegar a un posible consenso.


Por último, para no pasarme del tiempo que me tiene asignado la Presidencia, me gustaría hacerle tres preguntas sobre temas que usted no ha planteado y que sí fueron objeto de campaña y de ofertas electorales por parte del Partido Popular.
En primer lugar, ¿ustedes tienen previsto hacer alguna modificación fiscal en relación a la fiscalidad agraria? ¿Tienen previsto cumplir el compromiso enunciado en campaña electoral de subir, igualar el IVA de compensación entre agricultores y
ganaderos? ¿Tienen previsto, como dijeron en alguna propuesta aquí, en el Parlamento, rebajar el IVA de algunos alimentos a IVA superreducido? ¿Tienen previsto algún tipo de medida fiscal que beneficie al sector agrario? En segundo lugar, señor
Cañete, ¿van a cumplir el compromiso anunciado ante miles de agricultores y ganaderos en campaña electoral, de establecer una tarifa eléctrica superreducida para los regadíos españoles? Le haría muchas más preguntas, pero no quisiera consumir más
tiempo. Una última, señor ministro, en relación al presupuesto. No nos ha dicho nada del presupuesto de Agricultura, si lo va a mantener o si no; lo veremos dentro de tres meses. Pero, señor ministro, ¿se compromete aquí, en la Comisión, a
mantener la devolución del impuesto de hidrocarburos, del impuesto especial que tiene el gasóleo agrícola ya establecido en los dos últimos presupuestos? Tiempo tendremos, señor ministro, de hablar de este y otros temas, por hoy vamos a dejarlo
aquí. Termino como empecé, ojalá tenga éxito y podamos encontrarnos en esta Comisión en muchos acuerdos.


El señor PRESIDENTE: Les recuerdo que han consumido más de la mitad del tiempo que tenían asignado para los tres compañeros y la asignación es para el conjunto.


Tiene la palabra doña María Luisa Carcedo.


La señora CARCEDO ROCES: Quiero dar la bienvenida al ministro, así como darle las gracias por su extensa exposición.


Señor ministro, como conocedor del sector hemos echado en falta en su intervención algunas cuestiones que le voy a apuntar brevísimamente. La primera es una falta de visión estratégica del sector de la pesca, más aun teniendo en cuenta la
propia dinámica del sector, como una industria renovable y sometida a las leyes biológicas. Sobre esta cuestión notamos una clamorosa ausencia en su intervención, sobre todo en el enfoque que el libro verde de la Comisión orienta hacia una política
marítima integrada. Es más, en el desarrollo de la Ley de Protección del Medio Marino hace un tratamiento absolutamente ajeno a la política pesquera. En segundo lugar, quiero plantearle que hemos visto en su programa elec

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toral la intención de modificar la normativa para adaptarla a la nueva política pesquera común. De lo que no hemos oído nada aquí, al menos si lo ha dicho se nos ha escapado, es sobre si tiene alguna intención de hacer alguna normativa
sobre la pesca sostenible. En tercer lugar, tampoco hemos oído nada sobre la orientación de los fondos comunitarios de pesca y si tiene intención de proponer que se hagan extensivas las actividades del marisqueo, la almadraba o actividades
relacionadas con la actividad pesquera como el tratamiento de las artes pesqueras en las que, por otra parte, hay un abundante empleo femenino, contrariamente a lo que ocurre en el conjunto del sector.


Respecto al acuerdo con Marruecos, hemos oído la cuantía que pretende poner en marcha el fondo, pero no nos ha dicho nada de qué gestiones está haciendo con la Comisión Europea en relación con la negociación con el Parlamento Europeo y qué
salida se va a dar a esta situación en la que se encuentra el acuerdo con Marruecos; al menos no lo hemos oído. Nos ha hablado sobre Mauritania, pero no sobre el acuerdo con Marruecos. Tampoco hemos oído nada de cómo van a resolver la
problemática que se está planteando sobre si la decisión de las subvenciones se hace por parada de los barcos, con la problemática que conlleva la rescisión de contratos una vez que llegan a tierra algunos miembros de las tripulaciones y también con
la doble licencia que puedan aprovechar esos barcos para otros caladeros. Finalmente, por no consumir más tiempo, tampoco le hemos oído nada sobre las iniciativas que desde el país, desde España, se pueden hacer en la lucha contra la pesca ilegal,
contra la pesca no regulada o la pesca incontrolada. Hay medidas dentro de la estrategia internacional de lucha contra este tipo de actividad y no le hemos oído nada sobre lo que pretenden hacer desde el Estado español. Cedo la palabra a mi
compañera.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Leire Pajín. Le quedan tres minutos y cincuenta y nueve segundos.


La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señor presidente, por su benevolencia.


Señor ministro, bienvenido a esta Comisión; enhorabuena por su nombramiento, esperemos que estemos también de enhorabuena los españoles al finalizar su gestión. Ha empezado su comparecencia diciendo que iba a seguir el programa electoral
del Partido Popular. Bien es verdad que en materia de medio ambiente esto nos inquieta, porque si leemos el programa electoral del Partido Popular apenas encontramos tres líneas que se refieran a él y siempre en lo que se refiere al mix energético
o al principio de fomento de respeto al medio ambiente, pero sin objetivos ambiciosos y concretos. Es verdad además que usted empezó dándole poca prioridad a esta cuestión, teniendo en cuenta que la estructura del actual ministerio efectivamente ha
cambiado, ha relegado el medio ambiente al último lugar y ha devaluado las secretarías de Estado y los ámbitos institucionales que eran competentes en esta materia. Para el Partido Socialista es una absoluta prioridad. Entendemos que el valor del
patrimonio natural es algo que tenemos que legar a las generaciones futuras y no condicionamos además la protección del medio ambiente al desarrollo económico, al revés, creemos en un desarrollo económico que puede y debe ser sostenible y que es una
enorme oportunidad en un momento en el que debemos revisar un modelo productivo que nos ha llevado a una profunda crisis económica como la que estamos padeciendo.


Quiero estructurar mi intervención en tres ámbitos. En primer lugar, el ámbito internacional, y aquí aparece una pregunta obligada: ¿cuál es el rango que va a conceder el Gobierno al marco de la negociación internacional en materia de
cambio climático una vez que su primera decisión ha sido suprimir la Secretaría de Estado de Cambio Climático, en una materia que afecta notablemente a las perspectivas de buena parte de las políticas económicas del país? ¿Cómo va a aplicar esos
objetivos de los que ha hablado si ha relegado la secretaría de Estado que tenía competencias en esta materia? Dicho de otra manera, ¿hasta dónde va a aplicar el Gobierno las conclusiones a las que no ha aludido de la Comisión Mixta
Congreso-Senado, que aprobó una verdadera hoja de ruta para reforzar la ambición europea en esta materia, incluida la de incrementar el compromiso de reducción de emisiones a 2020 hasta el 30 por ciento, como acaba de revalidar la Comisión Europea?
¿Va a seguir situando a España a la cabeza de los países europeos que de verdad ejercen un liderazgo y un compromiso en la lucha contra el cambio climático o nos va a situar en el furgón de cola junto a los países que piden más tiempo y compromisos
más laxos?


También en estos días les hemos escuchado algunos anuncios, hoy se ha referido al final, de tapadillo, a uno de ellos que tiene que ver con el programa de Naciones Unidas para el medio ambiente. En un primer momento no le dio ninguna
importancia, habló simplemente de medallas que se ponía el Gobierno, y ahora queremos saber cuál es la importancia que le da la Presidencia de España a ese programa. Porque el éxito de España en política internacional ha sido gracias a una política
multilateral eficaz, a una coherencia en su compromiso internacional con el medio ambiente y también a la aplicación de sus políticas en este país. Sus palabras han erosionado nuestra credibilidad a nivel internacional y me gustaría saber si tiene
previsto compensarla con algún tipo de implicación directa del propio ministro al frente de esa responsabilidad o si va a dejar estos asuntos en manos de un jefe de servicio.


Señor ministro, en el ámbito nacional usted ha hecho algunos anuncios sobre los que hoy tampoco ha desvelado mucho más. Uno de ellos referido a la Ley de Costas. Empezó diciendo que la reforma sería profunda, después tuvo una reunión con
las organizaciones ecologistas y dijo que sería más sosegada -cosa que agrade

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cemos más-, pero hoy tampoco ha dado muchos detalles. Por eso me gustaría saber, más allá de hablar de la transparencia en la información, que ya existe en la actual ley, y más allá de reconocer que la actual ley precisamente busca un
equilibrio entre conservar nuestro patrimonio y nuestra costa y la realidad económica de nuestro país, si puede adelantarnos algo concreto, en qué va a consistir exactamente su alcance y sus objetivos, si considera necesario el consenso con el resto
de los grupos parlamentarios...


El señor PRESIDENTE: Perdón, doña Leire Pajín, ha agotado su tiempo.


La señora PAJÍN IRAOLA: Si conoce que la actual ley ha conseguido el 93 por ciento de los deslindes y si cree que hay que seguir consensuando y aplicándola con sentido común o si va a ser mucho más laxa.


Acabo, señor presidente, con algo muy importante que tiene que ver con el agua. Usted ha ofrecido un pacto de Estado por el agua. Bienvenido sea, ha pasado de las decisiones unilaterales a un pacto de Estado; ahí encontrará siempre al
Partido Socialista, pero he de decirle que en esta materia ustedes no son de fiar. En los últimos años solo se han dedicado a dividir a los españoles (Rumores.), unas comunidades autónomas contra otras, lo que decían en una comunidad autónoma lo
desmentían en la siguiente. Les conocemos bien en muchas comunidades autónomas y desde luego les conocemos bien en la Comunidad Valenciana, donde por fin hemos desenmascarado sus mentiras acerca de esto. (Rumores.) Si quiere tomarse en serio la
política de agua, encontrará al Partido Socialista siempre al lado porque es quien ha garantizado el agua para siempre en momentos especialmente difíciles y, desde luego, a nosotros nos interesa una verdadera política seria en esta materia.


También querría preguntarle...


El señor PRESIDENTE: Señora Pajín, su tiempo ha terminado de sobra. Lleva un minuto y medio más.


La señora PAJÍN IRAOLA: Señor presidente, en una comparecencia de dos horas, el presidente debería ser más flexible si de verdad quiere que el Parlamento...


El señor PRESIDENTE: Señora Pajín, ha terminado su tiempo. No le veo voluntad de terminar. Señora Pajín, su tiempo ha terminado.


Ahora tiene la palabra en nombre de Izquierda Plural doña Laia Ortiz Castellví.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: También quiero unirme para dar la bienvenida al ministro.


Nosotros, aunque en el nombre de su ministerio vaya en último lugar, nos vamos a centrar prioritariamente -en una intervención que debe ser corta por la poca flexibilidad- en los temas de medio ambiente. Para nuestro Grupo Izquierda Plural,
desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y CHA, el medio ambiente no es un accesorio, y quiero centrar mi intervención en las cuestiones medioambientales para acabar hablando sobre la nueva PAC y el posicionamiento de España. Nos
gustaría que este Gobierno y su ministerio liderara al resto de ministros en los temas medioambientales. A nuestro entender en el siglo XXI no hay Administración avanzada que pueda quedar al margen del medio ambiente, de las políticas de mitigación
del cambio climático, de preservación de la biodiversidad, de aplicación de la nueva cultura del agua, y después de su intervención la verdad es que salimos más preocupados porque usted ha abordado todos los temas de medio ambiente enfocando el
medio ambiente como un lastre de la actividad económica, y es lo que ha planteado, como la otra cara de la moneda. Para nosotros el medio ambiente es una clara oportunidad, hoy está siendo una clara oportunidad y un yacimiento de puestos de trabajo
clarísimamente en muchos países, y si aquí no lo está siendo es por el lastre de nuestra propia legislación y la poca ambición de las políticas a favor del medio ambiente. Nos preocupa ese tono que ha transmitido en su comparecencia, pero no solo
es su tono, el problema es el resto de ministerios porque el medio ambiente es algo transversal. Ahí empezó ya el propio presidente del Gobierno en la investidura, que habló del medio ambiente como un instrumento para dar brillo y esplendor a
nuestro territorio, como un atractivo turístico pero no como un fin en sí mismo, el de preservar la biodiversidad y la naturaleza en nuestro país. Pero es que ayer, en la comparecencia del ministro Soria, tuvimos más de lo mismo.


Usted ha hablado de que el cambio climático es un reto, de que no se están cumpliendo los objetivos y de que el gran problema es la compra de derechos de emisión. Ayer le planteé yo misma al ministro Soria qué pensaba acerca del cambio
climático y la relación con su política energética. Ni mencionó el cambio climático el ministro responsable de energía, ni lo mencionó y, de hecho, dijo que ahora no estaban creciendo las emisiones porque no crecía la economía, que ya le gustaría a
él que crecieran las emisiones. Por lo tanto, creo que usted, para empezar, debería fortalecer su liderazgo dentro del Gobierno porque, si no, tenemos un problema serio. Usted dice que no cumpliremos los objetivos y el ministro Soria lo que desea
es aumentar las emisiones como síntoma de aumento y de crecimiento de nuestra economía. El problema seguramente es el concepto y el modelo de economía que se defiende.


Otra cuestión más allá del cambio climático. Nos gustaría que nos dijera alguna medida activa para mitigar el cambio climático, cuál es su opinión sobre el hachazo a las renovables o sobre la mala aplicación del decreto del carbón, qué
opina, porque tiene relación directamente con esto. No venga solo a explicar los costes de comprar derechos de emisión, hable también de ahorro, de eficiencia y de cómo vamos a cambiar la regulación de nuestro sistema energético.

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Sobre temas de calidad ambiental. Usted ha hablado de la generación de residuos, ha hablado mucho también de simplificación, de poner en valor el reciclaje, por ejemplo en la orgánica. En eso podemos estar de acuerdo y en ver cómo lo
podemos poner en valor también en nuestra economía. Pero creemos que aquí también tiene que introducir algún elemento para reducir la senda de generación de residuos que tenemos en nuestro país, como temas de fiscalidad o penalización para los
envases de un solo uso. ¿Va a haber una ley de envases para mitigar? Porque esta es una gran fuente de generación de residuos en nuestro país.


Ha hablado de calidad del aire pero no ha concretado qué significaba la racionalización de las medidas sobre calidad del aire. Nos gustaría que entrara un poco más en ello por el impacto que tiene medio ambiente en la salud y en los gastos
de nuestro Sistema Nacional de Salud por las enfermedades derivadas de la mala calidad del aire.


Y uno de los temas estrella de la Ley de Costas. Cuando anunció una modificación pensamos: ¡Bien! A lo mejor quieren rectificar el error de ese intento de modificación de 2002 o rectificar el caos que se ha organizado no por una ley que
esté mal hecha sino por el incumplimiento de esta ley por gran parte de las administraciones públicas, y muchas gobernadas por el Partido Popular, especialmente en comunidades autónomas y ayuntamientos. El problema es que ha habido muchas
administraciones que han dado licencias, que han urbanizado y que han incumplido la ley claramente. Por tanto, la solución que usted plantea es desregular o legalizar aquello que ha sido una monstruosidad en nuestro litoral. Si esa es la decisión
del Gobierno sobre cómo va a modificar la Ley de Costas es claramente preocupante. A nuestro entender, la protección del litoral y la costa forma parte de las obligaciones del Estado para proteger un interés público por delante de intereses
privados y de los que quieren privatizar la naturaleza. Usted hablaba nuevamente de la colisión de intereses. ¿Qué tipo de derechos de concesiones va a alargar? ¿Las concesiones de todos indiscriminadamente o precisamente de aquellos propietarios
que tienen un conflicto en concreto? ¿Va a salvaguardar los grandes proyectos hoteleros que han quedado también en el abandono tras el momento de la economía del pelotazo o deben ser abandonados? Desarrolle un poco cuáles van a ser las líneas de
actuación. En lo relativo al territorio y al impacto ambiental, ha hablado muchísimo de agilidad y simplificación. Yo vengo de Cataluña donde el Gobierno catalán también ha hablado mucho de simplificación y de agilidad, pero eso ha servido para
hacer una legislación donde se saltan todos los requisitos o exigencias. Es decir, nosotros estamos de acuerdo en que el medio ambiente sea algo fácil para el ciudadano, pero que los estándares de exigencia se mantengan. Nosotros queremos que
explique qué quiere decir, si agilidad es un eufemismo de descontrol o de abrir la puerta a hacer cualquier cosa.


La política de agua es otra de nuestras batallas y nos gustaría también que concretara sus intenciones y saber si ha evolucionado la postura del Gobierno del Partido Popular desde el fallido Plan Hidrológico Nacional que intentó llevar a
cabo. Nosotros entendemos que desde ese momento han tenido tiempo de interiorizar lo que es la Directiva-marco del Agua y el cambio y los postulados de la nueva cultura del agua, que se basa precisamente en principios como la subsidiariedad y no en
el Estado como policía del agua porque me parecía también que se hablaba de una cierta recentralización en la aplicación de las políticas del agua. Hablar de subsidiaridad, de sostenibilidad, de ahorro, de reutilización y eficiencia, esos son los
principios.


Durante el debate de investidura, el señor Rajoy, en respuesta a mi compañero Chesús Yuste, anunció precisamente la propuesta de la que hoy usted habla: un gran pacto nacional del agua que fundamentó en los criterios de solidaridad
interterritorial y sostenibilidad. Lo que nos preocupa, y que también dijo mi compañero en ese momento, es una cierta contradicción entre la unidad de cuenca -que son los principios de sostenibilidad- y que lo que marca la Directiva-marco del Agua
resulta incompatible con los trasvases de agua. Esto lo tiene que tener claro el Gobierno. Una cosa es la solidaridad y otra empezar a hacer proyectos mastodónticos de trasvases del agua. Yo creo que eufemismos pocos y le pediríamos que hablara
muy claro. Si quiere hacer un pacto del agua y dialogar con todos los territorios y con los expertos, estaremos de acuerdo, pero si al final las conclusiones ya las tienen pactadas desde el día en que fue usted a la Comunidad de la Región de Murcia
a anunciar de nuevo agua para todos y a abrir y a destapar otra vez el conflicto entre comunidades y la lucha por el agua, entonces el problema está servido. Y no será un problema solo de Cataluña, de Aragón, del Pirineo aragonés y de Terres de
l'Ebre, sino que será por utilizar un recurso escaso, básico y un bien público como lucha inteterritorial. Yo creo que esto al final acaba yendo en contra de todos. El agua no es un producto de disponibilidad ilimitada en función del urbanismo que
cada comunidad autónoma quiera diseñar o en función de la agricultura o el modelo, sino que la actividad humana se tiene que adaptar también a la disponibilidad de agua y al clima que tiene. Y eso tampoco figura en su discurso sobre agricultura.
También ha hablado de desalinización como algo que no nos podemos permitir. Sinceramente, en contraposición con los trasvases, creo que es mucho más eficiente, mucho más sostenible, invertir en desalinización que en obras mastodónticas anunciando
otras bases. Por tanto, me gustaría que aclarara esta cuestión.


Finalmente, voy a abordar también unas cuestiones sobre agricultura para fijar mi posición sobre la política agraria común y también de transgénicos. Sobre el modelo de PAC y tal como se ha venido desarrollando, nosotros discrepamos de la
PAC, especialmente desde el año 1992, donde la alimentación entró a formar parte de la liberalización y de la Organización Mundial de

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Comercio, donde ahora se está especulando con el libre comercio en algo tan fundamental y en un derecho básico como es el acceso a la alimentación. Desde ese momento, ese nuevo modelo de agricultura a nivel internacional, por el impacto que
ha tenido aquí en España, ha ido en detrimento en la posición de los pequeños agricultores, de la agricultura extensiva y favoreciendo la industria agroalimentaria y los procesos de industrialización. Creo que el problema de la PAC es precisamente
este enfoque, esta falta de redistribución de recursos y la debilidad de posicionamiento de nuestros agricultores y ramaderos en la cadena de distribución. No es un problema de demasiado medio ambiente; seguramente es problema de este enfoque y de
contar con una legislación apropiada para los distintos tipos de agricultura que tenemos.


Usted hablaba de que fuéramos pragmáticos a la hora de trasladar el proceso legislativo y no hiciéramos declaraciones generales. Le trasladamos algunas cuestiones que deberían incluir. Primero, excluir las ayudas directas a las personas
físicas o jurídicas que no vengan principalmente del sector agrario. Si los recursos son escasos y se congelan, se tiene que priorizar a dónde van dirigidos. Una cuestión sobre el fondo de crisis que prevé la nueva PAC es que este fondo debería
incluir criterios claros y objetivos y exigir que no se pueda vetar a un Estado de los Veintisiete porque esto al final acaba también discriminando a los países mediterráneos. También deben excluir los fondos de la PAC las tierras donde no se
desarrollen labores de mantenimiento y que no cumplan los objetivos de la PAC. Hoy hay desde aeropuertos hasta centros comerciales que se benefician de ayudas de la PAC y no tienen ningún sentido. Por tanto, esos criterios se deben modificar.


Un aspecto donde su ministerio puede hacer mucho trabajo es limitar la posición de dominio de las grandes empresas de distribución. Mi compañero del Grupo Mixto hablaba también de esta disparidad de precios y usted decía que lo que hay que
hacer es fomentar la unión de los pequeños agricultores por la fragmentación que hay. No es solo que se unan y que tengan una organización más fuerte, porque al final que haya diversas organizaciones es fruto también de la diversidad de la que
usted hablaba, de las explotaciones distintas que tenemos. Lo que hay que hacer es facilitar que en un mercado donde no hay competencia perfecta porque en la alimentación no la hay, se introduzca legislación y se posicione a favor de los
agricultores y ramaderos en detrimento de las empresas distribuidoras.


Finalmente, en relación con los transgénicos estamos también preocupados por cómo ha empezado la legislatura, con usted organizando unas jornadas con el patrocinio de Estados Unidos, desde la embajada americana, para lavar la imagen de los
transgénicos aquí en España. España sigue siendo el único país de la Unión Europea en el que se cultivan transgénicos a escala comercial, con el impacto negativo que tiene a nivel económico pero también a nivel ambiental. Al final, el cultivo de
transgénicos lo que ha generado es la contaminación del resto de cultivos y la imposibilidad del desarrollo de la agricultura ecológica en nuestro país. Nos gustaría saber cuál va a ser la hoja de ruta del ministerio, si favorecer los intereses
españoles y de los agricultores ecológicos que quieren un territorio libre de transgénicos o la connivencia con Estados Unidos y las multinacionales americanas para introducir los transgénicos en nuestro país puesto que en el resto de Europa ya no
pueden hacerlo porque los consumidores europeos no creen en el consumo de transgénicos. Por tanto, le pedimos que decida y se ponga de parte de los criterios medioambientales y los agricultores ecológicos, que le están pidiendo que sea España un
territorio libre de transgénicos, de acuerdo con lo que demandan hoy los consumidores europeos.


El señor PRESIDENTE: Ahora, en nombre del Grupo Parlamentario de UPyD tiene la palabra su portavoz, don Antonio Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor ministro, bienvenido, como no puede ser de otra forma. Felicidades por el nombramiento y desde el Grupo Parlamentario UPyD quiero desearle la mayor de las suertes y sobre todo el mayor de los tinos en
su próximo trabajo y difícil tarea.


En principio, estamos muy de acuerdo con el diagnóstico de cuál es la situación del sector y también con algunas de las cosas que ha dicho, pero intentaré concretar algunas otras que nos preocupan. Es cierto que cuando uno da un paso atrás
y empieza a mirar el marco general en cuanto a lo que es la situación del sector de la agricultura y de la ganadería también lo primero que ve es lo que usted decía. Esas dos grandes dimensiones a cada lado de los pequeños agricultores que hacen
que estos estén trabajando y estén negociando en condiciones de clarísima inferioridad. Nosotros creemos que hay que dotar -y citaré ahora un par de herramientas- de legislación y de medidas para ayudar a que esos agricultores tengan a partir de
ahora una situación de mayor poder, entre otras cosas para evitar lo que decía mi compañero de la Comunidad Valenciana, como es que se produzcan esos desequilibrios tan grandes entre lo que ellos cobran por lo que están produciendo y lo que
finamente pagamos los consumidores en cualquier mercado o hipermercado.


Decía que hablaré de esas dos cosas que nos parecen fundamentales pero hablaré también de que nos parece que esa situación de los agricultores es un poco una metáfora de lo que pasa hoy en día en nuestro país cuando miramos el ministerio que
usted dirige, la agricultura y la PAC que nos viene desde Europa y la cantidad de trabajo que ya no puede hacer el Estado porque depende de las administraciones locales. A veces uno tiene la sensación de que algunos de nuestros agricultores que sí
se están dimensionando correctamente y sí están creciendo, que están empezando a generar riqueza que empieza a funcionar en distintas comunidades autónomas o en distintas administraciones locales se encuen

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tran con un problema muy serio a la hora de poner de acuerdo a todos esos entes. Nos parece que el Estado español en este sentido debería tomar las riendas y también en política hidráulica ser más que un mero observador, no utilizaré la
palabra policía en sentido peyorativo -a mí me parece que la policía es buena- pero en todo caso sí la utilizaré porque creo que es garante la policía de seguridad, de mantener un marco estable y también de igualdad, que es otro punto que nos parece
muy importante cuando estamos hablando de políticas hidráulicas.


Decía que nos gustaría hablar, en primer lugar, de algo que nos parece fundamental que es promover la marca España, sin complejos, porque me parece vital, señor ministro, reconocer que en este caso como en muchos otros el conjunto suma
muchísimo más que la suma de sus partes. Estamos atomizando el mensaje. Es complicado que los chinos conozcan algunas de las diecisiete marcas que estamos comunicando ahora al mundo y creo que es mucho más realista y va a ser muchísimo más
efectivo que comuniquemos una sola de una manera más poderosa, con más medios y, repito, sin complejos. Esperaba que el Partido Popular me hablara un poquito más acerca de esto y espero que haya sido un simple lapsus porque le veo reaccionar cuando
se lo estoy comentando. En ese sentido nos gustaría indicar que hay que ayudar a esas empresas también que operan en varias comunidades autónomas a que puedan tener un interlocutor único que les facilite la tarea u otra posible solución de la que
me gustaría hablar. Es evidente la situación económica mundial que pasamos y la situación política en este país -que creo que es más complicada que en nuestro entorno-, pero como escucharán algunos de los ministros del Gobierno desde UPyD
defendemos siempre que no solo nos atenaza una crisis económica sino que también nos atenaza una crisis política. En este país creo que hay algo que también tiene que ver con la agricultura, la ganadería, la pesca, la hidráulica y por supuesto el
medio ambiente que nos afecta a todos, que hay un problema que debemos revisar profundamente todos y es cuál es el papel de las comunidades autónomas y cuál es el papel de algunas de las transferencias que ha realizado el Estado y que es hora de que
recupere. Y creo que es hora de que sin complejos se aborde la posibilidad de no ser un mero observador en algunas cosas sino poder decir algo más al respecto y poder legislar.


Antes de entrar en política de agricultura y antes de entrar por supuesto en la PAC, que es lo grande y de lo que debemos hablar en profundidad, me gustaría hablar de pesca. En este sentido, me gustaría decir que me parece extraño que el
señor ministro no haya puesto el acento en algo que para nosotros es fundamental. Cuando estamos hablando de pesca estamos hablando de que estamos en el neolítico. A nadie se le escapa que vivir de lo que cacemos en nuestros cada vez más menguados
montes o de lo que recolectemos por nuestro campo sería completamente inasumible y sería una locura. Sin embargo, en eso es en lo que estamos poniendo gran parte de nuestras energías en cuanto a los mares se refiere. Nosotros creemos que en
política pesquera deberíamos poner un poquito más el acento en lo que creemos que es el futuro. Evidentemente, además de pasar por un estudio más exhaustivo de nuestros caladeros, que es fundamental para poder hablar -como decía la compañera de
Galicia- de cuáles son realmente las posibilidades de explotación que mantienen, el futuro pasa por la piscifactoría, el futuro pasa por criar crustáceos, el futuro pasa incluso por plantar o recolectar algas. Nos gustaría saber qué intenciones
tiene el ministro con este sector porque desde Unión, Progreso y Democracia creemos que en este sector podemos ser líderes en el mundo, no nos faltan condiciones y nos parece que debemos lanzarnos a ello sin ningún complejo.


Política pesquera, para terminar con este asunto. Ahora mismo nos estamos jugando un próximo acuerdo muy importante. Estamos regidos bajo el de 2003. Ahora hablaremos en 2013 de cuál va a ser el marco bajo el que vamos a tener que operar
durante muchísimos años. Nosotros, señor ministro, entramos en la Comunidad Económica Europea en 1986 y los cupos se repartieron en 1983. Es curioso, hubo diez años de estudio pormenorizado de cada país de la Comunidad Económica Europea para ver
qué era lo que se le podía asignar como cupo. Nosotros entramos, como digo, en 1986 y se nos dio un marco provisional. Ese marco provisional -y creo que hay un consenso generalizado- era insuficiente. A nosotros nos gustaría saber si el ministro
va a luchar por aumentar esa cuota como país altamente dependiente de la pesca que somos y también si tendrá en cuenta además de los criterios medioambientales los criterios sociales de cómo afectan esos recortes y esa cuota insuficiente a una parte
de nuestra sociedad muy importante y que necesitamos cuidar de manera muy especial. Una simple aclaración también que nos gustaría obtener respecto a que nosotros estamos completamente de acuerdo con que el ministro viaje y consiga acuerdos como
los que tenemos con Marruecos y como el que quiere hacer en Mauritania. Eso sí, nos preocupa cuál es el tratamiento que se va a dar a las aguas territoriales de los saharauis porque en esto hemos cambiado y nos parece que es importante. Entre
otras cosas porque parece que el Partido Popular y el Partido Socialista en cuanto al Sáhara dicen una cosa cuando están en la oposición y luego actúan de una forma completamente distinta cuando están en el Gobierno. Nos gustaría saber si eso va a
seguir siendo así o no.


Política hidráulica. El pasado Gobierno rompió con un gran consenso que venía desde la creación de las confederaciones hidrográficas. Es un modelo con el que España fue pionera y un modelo que nos han imitado en todo el mundo y por el que
nos han felicitado, mientras que aquí entrábamos en el enfrentamiento y en la demagogia. Nos gustaría saber -y usted ha contestado en parte- cuál es concretamente la intención que tiene el ministerio de actualizar ese Plan Hidrológico Nacional.
Nos gustaría también que concrete un poquito más el

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señor ministro cuál es la opinión del Gobierno sobre la necesidad para nosotros ineludible y la oportunidad de crear una normativa básica que haga del ministerio un órgano de control -más policía, si se me permite- y no simplemente de
observación.


Ahora vamos a hablar de agricultura y por lo tanto vamos a hablar un poquito más de la PAC. Dos cosas, nos parece importante esa marca España para aglutinar el mensaje. Para nosotros el premium de una marca tan importante como España en
estos momentos puede significar la diferencia entre que continuemos cerrando empresas o que empecemos a exportar de una manera más potente. Nos parece fundamental. También quiero decir que nos parece interesante hablar, por lo tanto, para ayudar a
dimensionar a nuestros agricultores, de lo que yo llamaría un federalismo cooperativo, bajo el control y el liderazgo indiscutible de la Administración del Estado. Queremos dimensionar mejor a nuestros agricultores pero además a veces nos vemos con
que estos tienen serios problemas cuando tienen que trabajar con varias administraciones locales. Hay dos posiciones a este respecto. Una, dotar a nuestros agricultores de una ventanilla única u otra, que una de esas administraciones locales
lidere el proyecto y trabaje con el resto de las administraciones locales. Personalmente y mi grupo Unión, Progreso y Democracia viendo cómo ha sido el pasado en nuestro país en cuanto a la comunicación entre las administraciones locales realmente
me inclinaría por una ventanilla única. Creo que esto facilitaría mucho las cosas, aparte de que es necesario dotar a toda esta gente de una política estable. Por supuesto, hay que definir polos tecnológicos o ecosistemas especializados partiendo
de clusters y de otras experiencias que sí conocemos de otros sectores y que han funcionado bien. Imitémosles, es decir, pongamos a trabajar de una forma decidida a nuestras universidades, a nuestras asociaciones, a la banca, a los colegios
profesionales y a nuestras administraciones para que estudien el mercado, para que vean qué es lo que se está demandando fuera de nuestro país. Para que vean cuáles son esos enormes progresos científicos que tenemos a nuestro alcance y para que
logren transmitir todo ese conocimiento a todos los eslabones de la cadena. Para ello también creemos -y nos gustaría saber su opinión- que se necesitará una estructura de fondos de inversión que puedan entrar en cada uno de los momentos de la
cadena dentro del marco de la PAC.


En cuanto a la PAC, me gustaría citarle varias preguntas muy concretas. En primer lugar, señor Arias Cañete, ¿no cree usted que los incentivos deberían estar en promover la generalización de sistemas agrícolas sostenibles en vez de primar
mayores producciones en espacios más reducidos? En segundo lugar, ¿no cree que el concepto de agricultor activo debería ser revisado? Porque se está hablando de un 5 por ciento como entrada de dinero proveniente del sector primario. A nosotros
nos parece que ese es un límite muy pequeño y que puede promover -y estoy seguro que ese no debería ser al menos el espíritu de la ley- la agricultura de sofá o de salón y nos gustaría conocer su opinión. En tercer lugar, ¿qué opina el ministro de
la posibilidad de vincular pagos al número de trabajadores por hectárea y no al número de hectáreas de las explotaciones? En cuarto lugar, ¿no cree que el 30 por ciento que quiere la Unión Europea en cuanto al componente biológico es un poco
demasiado ambicioso? Ahora me alargaré más en este tema pero no quisiera que pensara que estamos en contra de lo medioambientalmente sostenible. Hay una realidad -usted ha hablado de ella antes- y es que exportamos, como no podría ser de otra
forma, productos de otros países que no cuentan con esas dificultades añadidas, que luego -estoy de acuerdo con mi compañera- también son posibilidades de riqueza y de inversión, pero que nos plantean una competencia muy complicada de asumir por
parte de nuestros agricultores. Por último, ¿qué piensa acerca de que la Unión Europea estimule a los Estados a aplicar el principio de que quien contamine pague?


Me gustaría hacer una mención especial del Acuerdo con Marruecos y aquí quisiera extenderme un poco. Hablaba mi compañero de la Comunidad Valenciana de las naranjas, de los cítricos. Nosotros exportamos también cítricos de países que están
al sur y que se encuentran en un momento mucho más delicado que el nuestro. Es cierto que estamos completamente de acuerdo con el espíritu de la ley o con el espíritu que dice que debemos ayudar a que estos países que están en una situación mucho
peor que la nuestra puedan exportar libremente su material para que así nosotros contribuyamos a su desarrollo. No debemos limitarles, pero uno tiene la sensación a veces de que el espíritu de la ley no es el que termina sucediendo, porque en
países de África, por ejemplo, uno termina viendo cómo esto se aprovecha para que grandes multinacionales europeas, americanas o asiáticas entren en esos países, roturen tierras medioambientalmente muy ricas, usen mano de obra en condiciones de
semiesclavitud o incluso utilicen a niños para realizar el trabajo, no tengan ningún control medioambiental y no tengan control tampoco sobre los pesticidas y el resto de cosas que usan. Claro, nuestros agricultores, que deben cumplir todas esas
exigencias, tienen que pasar por eso y además compiten con todos ellos en una gran inferioridad de condiciones. Nos gustaría saber qué va a hacer el ministro al respecto porque, entre otras cosas, lo que estamos haciendo con este tipo de
actuaciones en esos países es condenarles el futuro. Estamos destrozando su medio ambiente y nos estamos llevando fuera el dinero que están generando con esas grandes corporaciones. En concreto, por poner un ejemplo, la Federación Española de
Exportadores de Frutas y Hortalizas (la Fepex) denuncia en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que el pasado mes de octubre Marruecos superó el contingente del tomate autorizado en un 210 por ciento, señor ministro, con un precio
inferior al acordado y sin pagar aranceles. Yo le pregunto al señor ministro cómo piensa defender a nuestros agri

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cultores de semejantes abusos. En resumen, antes de hablar de medio ambiente, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia propone que lancemos con más fuerza la marca España y que las administraciones se pongan al servicio del
ciudadano productor.


Para terminar, señor ministro, no querría dejar de hacer un pequeño balance de lo que usted ha dicho en cuanto a medio ambiente se refiere. Ha hablado usted de muchísimas cosas y muy rápidamente. Especialmente cuando hablaba de la Ley de
Costas yo casi ni le he entendido. Espero que no haya sido deliberado. (Denegaciones.) Lo sé, es una broma. Es una cuestión que me preocupa...


El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Cantó, es que se le está agotando el tiempo. Le quedan veinte segundos.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Es una cuestión que me preocupa porque soy de la Comunidad Valenciana y nos preocupa que no se extienda. Es decir, ¿el ecosistema que usted va a promover y a intentar proteger no será el del Algarrobico?
Es lo que uno se pregunta. (Denegaciones.) Vale, me deja usted bastante más tranquilo, pero ya iremos a la concreción. Segunda cuestión. Madrid es una de las capitales más contaminadas de todas las capitales europeas. Nos gustaría saber qué
quiere hacer al respecto. Y muy rápido -perdón, señor presidente-, para terminar, nos preocupa lo que ha estado sucediendo con las energías renovables. Creemos que somos líderes en ese sector, que estamos creando riqueza, que podemos exportar
nuestra tecnología, que son necesarias entre otras cosas para el cambio climático y para seguir fomentando riqueza en nuestro país y que están faltas de seguridad jurídica y de un marco estable. Usted dijo hace algunos años que la política del
Partido Socialista, con los bandazos que daban las normativas de las renovables, le recordaba a la inseguridad jurídica de algunos países latinoamericanos. Nos gustaría saber qué pretende hacer al respecto.


Señor ministro, como dije al principio, mucha suerte y mucho tino.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Marc Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: En primer lugar, señor ministro, después de oírle trazar sus líneas generales, queremos desearle suerte, porque la coyuntura económica actual y los interrogantes que acompañan al sector serán serias dificultades que
tendremos que lidiar todos para superar con dignidad este periodo. Dado que la exposición ha sido tan larga y densa la leeremos atentamente para ver realmente lo que afecta o no a lo que creemos es de vital importancia para nuestros intereses como
país. Digo suerte porque no solo con intenciones, voluntades y propuestas tendremos la garantía de conseguir sus y nuestros objetivos, algunos de los cuales compartimos, cómo no, pero también en algunos, lógicamente, discrepamos y discreparemos.
La voluntad de mi grupo es sumar a favor del sector y no perder tiempo en debates estériles. Todos tenemos que dar la cara y defender sin complejos y con firmeza nuestras posiciones aquí, pero también delante de aquellos que nos han otorgado su
confianza. Por eso tenemos como prioridad la defensa y la no vulneración de nuestras competencias exclusivas en agricultura y ganadería, tal y como se fija en nuestro Estatut, y pedimos, cómo no, que sean respetadas, ya que esta observación fija la
posición de mi grupo en esta Comisión.


El cambio de nomenclatura del ministerio da este papel relevante y estratégico al sector, tanto a nivel estatal como a nivel europeo y, como muy bien usted ha dicho al principio de su intervención, en el contexto mundial. Así pues, en esta
legislatura deberemos tener la mente abierta para reconocer las singularidades de los territorios, las diversidades de los cultivos y las singularidades geográficas y agronómicas para establecer mensajes claros y cercanos a nuestros agricultores y
ganaderos. Por eso el Estado tendrá que fijar posición y defender también los posicionamientos de las comunidades autónomas en Europa respecto a la PAC. Cataluña, señor ministro, en uso de nuestras competencias, lógicamente, no renuncia a defender
sus intereses y su especificidad. Compartimos en este sentido el hecho de que la propuesta legislativa de la Comisión Europea no ha convencido a nadie. En el proceso de debate en el cual estamos el Gobierno español tiene que ser firme en defensa
de nuestros intereses y desde Cataluña aspiramos -no nos cansaremos de reivindicarlo- a que la futura PAC 2014-2020 sea sensible y adecuada a las singularidades de la realidad mediterránea en el marco regulador comunitario. Después le dedicaré una
atención. Nuestra intervención será asimétrica, porque también participarán el señor Pàramo y el señor Barberà en diferentes temas.


Señor ministro, releyendo la intervención de la diputada Tarruella de hace cuatro años en una sesión como esta me he dado cuenta de que podríamos reiterar casi la totalidad de la misma, porque los problemas que se plantearon entonces siguen
persistiendo en la actualidad; problemas como, por ejemplo, la incorporación de los jóvenes al campo y las diferencias entre los precios de origen y los precios de destino de los productos alimentarios, así como -ya se ha dicho- los productos
importados de terceros países que no cumplen los mismos requisitos que los productos producidos en la Unión Europea. Esto, señor ministro, nos tiene que hacer reflexionar. En un mundo tan cambiante tenemos que ser capaces de adaptarnos y de
transformarnos, y para que ello sea posible tenemos que ser competitivos y buscar la máxima eficiencia en nuestras explotaciones; la calidad y la experiencia son activos de nuestro potencial agrario. Pero no solo tenemos que actuar en lo relativo
a la producción, sino sobre todo en lo que se refiere a la transformación y distribución, y en que todo ello vaya

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orientado a la realidad del mercado. Por tanto, para ser más competitivos en un entorno cambiante tenemos que prestigiar y reconocer aún más a los profesionales que se dedican a este primer sector. Por eso ahora hay que revisar la
definición de agricultor activo, porque de ello depende el futuro de parte del sector; y como hablar de agricultor activo nos remite otra vez a la PAC, permítame unas breves consideraciones. Nos parece insuficiente el marco financiero de la
reforma; no estamos de acuerdo con la implantación de una tarifa plana; entendemos excesivo condicionar el 30 por ciento de las ayudas para políticas verdes incluidas en el primer pilar como ayudas directas y solicitamos la regionalización
efectiva para adaptar el sistema de ayudas a nuestra realidad productiva. Esto significa obtener capacidad de decisión en determinados aspectos, como por ejemplo definir zonas montañosas o zonas deprimidas. Esta regionalización permitiría tomar
decisiones según nuestros sistemas productivos y ser más ágiles en la gestión. Se ha hablado mucho de simplificación administrativa y burocrática. Esta reforma significa más burocracia y menos simplificación administrativa pero debería incorporar
medidas excepcionales que mejoren los mecanismos de compensación en casos de crisis.


En otro orden de cosas, tengo que referirme, cómo no, a la industria agroalimentaria. A Cataluña, como primer clúster agroalimentario europeo, le interesa que la PAC tenga muy presente este sector en sus políticas. Hace falta que la PAC
contemple medidas de internacionalización e impulso de proyectos colaboracionistas entre empresas y Estados miembros. Hace falta poner a disposición de las pymes instrumentos que permitan su salida a mercados internacionales para consolidar o
incrementar su dimensión y garantizar sus puestos de trabajo.


Como he apuntado al principio de la intervención, es importante tomar medidas para equilibrar las fuerzas en la cadena alimentaria asegurando que el productor, como primer eslabón, reciba unos precios justos. El anterior Gobierno presentó
un proyecto de ley de medidas para el funcionamiento de la cadena alimentaria que no llegó a buen puerto porque se produjo la disolución de la Cámara. Usted ha comentado que hay interés en presentar un nuevo proyecto de ley más ambicioso y más
potente en este sentido que el anterior. Nuestro grupo parlamentario cree que es muy importante que se propicie un marco de relaciones más estables entre los productores, transformadores y distribuidores, es decir definir un marco contractual más
seguro temporalmente que permita al agricultor cobrar sobre la base de unos plazos establecidos. Para terminar esta parte de mi intervención, quiero hacer un apunte relativo a los costes de producción. Este tema es vital para poder garantizar la
viabilidad de las explotaciones, por eso nosotros proponemos medidas como el establecimiento de una tarifa de energía eléctrica agraria de precio reducido para los regadíos, el fomento del gasóleo profesional agrario y que los seguros contemplen
nuevas coberturas de contingencias de carácter económico. Otra preocupación que también me gustaría que pudiera acabarse en un futuro es la siguiente. Cuando usted ha hablado de debilidades en el sector agrario se ha referido al concepto de
pequeña explotación; como es pequeña tiene más costes de producción, al tener más costes de producción puede tener más deterioro de la renta agraria y, por tanto, puede provocar despoblación. Yo no generalizaría en este concepto porque la pequeña
explotación bien hecha también aporta calidad y valor añadido en territorios como Cataluña. Por tanto, a la vez de generalizar se tiene que singularizar.


El señor PRESIDENTE: Señor Solsona, se ha comido más de la mitad del tiempo destinado a todo su grupo.


Tiene la palabra don Carles Pàramo.


El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Señor presidente, señor ministro, procuraré recuperar el tiempo excedido.


En todo caso, señor ministro, usted nos ha hecho una propuesta que afecta a mar, tierra y aire. Es una gran operación de gobierno que esperamos que tenga todo el éxito, porque son muchos los objetivos que se han ofrecido y que hace años que
perseguimos. Queremos ofrecerle nuestro diálogo para conseguir que muchos de estos temas sean realidad. Mi compañero ha hablado de temas de agricultura, podríamos decir que de tierra, y yo me referiré al mar. Estoy aquí elegido por la gente de la
provincia de Girona, un litoral importante, con gran atractivo turístico y donde mucha gente del mar se gana la vida. De la macroeconomía a la microeconomía, de los macroobjetivos a los microobjetivos, disponen de nuestro diálogo para ofrecer
sensibilidades que quizás se escapan, así como soluciones compartidas cuya adecuación sea justa, que es lo que nos está pidiendo la gente en este momento.


En cuanto a la pesca, alguien se ha referido a la injusticia que representan muchas de las normas que salen de la política pesquera comunitaria en su desconocimiento de cuál es la realidad. Ahora yo voy a decir una cosa que quizás alguien
puede pensar que es una barbaridad. Cuando se habla de la pesca de arrastre, que se considera industrial, en muchos casos y muchas particularidades -no solamente en Cataluña sino en todo el litoral mediterráneo- podría entrar en la pesca artesanal
por la poca incidencia que tiene tanto en el medio como en todos los caladeros. Dicho esto, vuelvo a lo que decíamos antes: diálogo, sensibilidad y entrar en el detalle.


Paso a hablar de otro aspecto, el referido al litoral, a la costa, a la Ley de Costas. Usted ha hablado, señor ministro, de inseguridad jurídica, y nosotros compartimos absolutamente su planteamiento. Es cierto, la Ley de Costas es un gran
instrumento para proteger nuestro litoral, pero estos grandes instrumentos no pueden aplastar, no pueden cortar los derechos de las personas, de generaciones que están viviendo en nuestro litoral y de otras que con toda la buena fe han comprado o
han

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construido sus viviendas en nuestro litoral. Me estoy refiriendo a este tema del que usted ha hablado y que incluso ha afectado gravemente a nivel europeo a la imagen de nuestro país, a la imagen de España. Son muchos los ciudadanos, no
solamente de nacionalidad española sino también extranjera, sobre todo europea, que han visto conculcados sus derechos por graves actuaciones o deficiencias del propio Estado. Me refiero a la Ley de Costas, a la aplicación de la Ley de Costas,
Registro de la Propiedad, actuaciones notariales que han llevado al engaño a toda esta gente. Nos ofrecemos a hablar también de este asunto, lógicamente teniendo en cuenta que la costa tiene unos valores enormes, no solamente ecológicos, que hay
que tener muy en cuenta no solo como atractivo y como complemento fundamental para el desarrollo del turismo. Por todo esto, señor ministro -señor presidente, ya acabo- le ofrecemos lo que he dicho al principio, diálogo para conseguir hacer llegar
sensibilidades y encontrar las mejores soluciones.


El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra el señor Martí Barberà. Le quedan tres minutos y cuarenta y cinco segundos.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Vamos a aprovecharlos.


Señor ministro, esquemáticamente. Convergència i Unió está de acuerdo en que el medio ambiente es un ámbito propicio para colaborar en la creación de puestos de trabajo y reactivar la economía productiva, que es muy necesaria en este
momento en nuestro país. Para alcanzar esos objetivos tenemos que promover incentivos, diseñar políticas activas, reconvertir las empresas existentes y dar facilidades a los emprendedores. Yo apuntaría un par de cosas nuevas, el trabajo coordinado
desde las universidades y los centros tecnológicos para ser el origen de esos proyectos y buscar maneras para facilitar el crédito privado para desarrollar esa vocación tecnológica y de riesgo. Estamos de acuerdo en los conceptos de simplificación
y eficiencia. Convergència i Unió y el Govern de la Generalitat durante el año 2011 han estado llevando adelante las leyes ómnibus, de las cuales estamos muy orgullosos, porque ayudan a que esos objetivos se realicen. Ahí estamos dispuestos con
nuestra experiencia a colaborar con ustedes. Por su parte, la eficiencia energética y el ahorro en el uso de tecnologías bajas en CO2 son factores a los que el mundo productivo (pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores) tiene que
adaptarse; hay que ayudarles y usted tiene que tomar medidas para ayudarles. Es necesario promover la eco-innovación para los diferentes sectores tradicionales y emergentes.


En materia de competencias con la Generalitat tenemos problemas, y usted lo ha dicho. Otros representantes también se han referido a ello, pero nosotros defendemos que nuestras competencias las realizamos correctamente, son nuestras
competencias y siempre nos va a encontrar defendiéndolas. Tenemos ejemplos en cuanto a los servicios meteorológicos en Cataluña, ya que el Estado tiene estaciones meteorológicas en Cataluña y la Generalitat también tiene las suyas a poca distancia.
Hay que solucionarlo, pero nunca con retroceso de nuestras competencias en Cataluña. Tenemos otros problemas: los recursos hídricos, el servicio meteorológico, el medio ambiente marino, el origen y el destino de los residuos, los cursos fluviales,
los instrumentos de control. Ha dedicado mucho tiempo, ha leído muy rápido, pero ya iremos hablando.


En cuanto a los compromisos europeos e internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a ayudarles a cumplir con los objetivos. Respecto a la Ley del Cambio Climático, nosotros intentaremos promoverla a largo
plazo para que pueda incorporar todas las decisiones públicas y el coste en emisiones de esos gases. Quería remarcar que el comercio de los derechos de emisiones es una herramienta clara para fomentar su reducción e invertir la recaudación obtenida
para la reducción de las emisiones difusas, como usted ha comentado, sobre todo en el sector transporte y el residencial. Nosotros creemos que esos recursos que genera esa subasta hay que territorializarlos. Esos recursos son imprescindibles para
las políticas de reducción, y usted lo ha remarcado; las competencias son autonómicas e incluso de las administraciones locales y los municipios. Estamos de acuerdo en aumentar el transporte de mercancías por ferrocarril, pero le recuerdo que el
criterio de en qué ferrocarriles invertir a veces no es el más sostenible medioambientalmente ni que dé el máximo beneficio económico.


Respecto al agua, en todo el ciclo, desde la captación, pasando por el consumo, depuración y reutilización, trabajaremos en todos esos apartados, pero aquí quisiera hacer una referencia muy clara a nuestra posición en materia de conexiones y
trasvases. Usted ha hablado de solidaridad. Según el pacto fiscal que reclamamos la solidaridad va en contra de nuestro territorio. Por lo tanto, nuestro programa es claro y seremos intransigentes en nuestros principios y en la defensa de nuestro
territorio, de nuestra gente y de sus intereses. La financiación es muy importante, usted lo ha dicho. Tenemos expedientes sancionadores abiertos por la Comunidad Europea, pero el Gobierno -su Gobierno en estos momentos-, aunque no haya tenido
tiempo, no ha ejecutado la adicional tercera del Estatuto, ya que una parte de esos euros sirven para hacer depuradoras y, seguramente, poder solucionar algún expediente sancionador.


El señor PRESIDENTE: Señor Barberà, se está agotando su tiempo.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: En cuanto a residuos, cambio climático, hemos pedido su comparecencia en la Comisión y ya hablaremos allí de ese tema.


Una pregunta y termino, señor presidente.

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El señor PRESIDENTE: No, señor Barberà no puedo hacer distinciones entre los diversos grupos. Termine ya.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: El 0,7 por ciento del IRPF que la sentencia ha concedido a la Generalitat, ¿cómo lo va a llevar a cabo?


El señor PRESIDENTE: Hay dos grupos que no han solicitado la comparecencia. Uno de ellos es el Grupo Vasco. ¿Está presente en la Cámara? (La señora Tapia Otaegi: Sí, señor presidente.) ¿Desea intervenir? (Asentimiento.) Tiene la
palabra la señora Tapia.


La señora TAPIA OTAEGI: En primer lugar, quiero dar la bienvenida, en nombre del Grupo Vasco, al señor ministro y agradecerle las amplias explicaciones y la información que nos ha trasladado. La leeremos con atención porque, evidentemente,
he sido incapaz de absorberla toda en este tiempo. Quiero comentarle que ha sido acogida como una buena noticia su nombramiento por ser una persona muy conocedora del sector y, desde luego, de toda la política europea. Por lo tanto, esperamos que
todas esas intenciones que nos ha comentado puedan llevarse a cabo, y tendrá nuestra colaboración en ese sentido.


Voy a procurar llevar el mismo orden que ha seguido usted en su intervención. Iniciaré mis palabras con el tema de la política agraria comunitaria, con todo lo que se refiere a la reforma que se pretende llevar a cabo. Usted ha comentado
que pretende llevar una posición nacional única consensuada con las comunidades autónomas, con las organizaciones agrarias, etcétera; que serán capaces de trasladar las preocupaciones de los agricultores españoles al debate europeo. Creemos que es
la postura adecuada, que es la que tiene que llevar usted. Por tanto en esa línea de trabajo y consenso estamos plenamente de acuerdo y le trasmitimos nuestra voluntad de diálogo, siempre, evidentemente, respetando -como han dicho mis compañeros-
las competencias autonómicas en cada uno de los casos. Sin embargo, no es menos cierto -como también ha comentado en su intervención- que no existe un sector agrícola o ganadero único en toda la geografía del Estado. La situación es muy diversa y
la búsqueda de consensos en todas y cada una de las situaciones va a ser realmente complicada, si no imposible, en algunos de los casos. De todas formas, la búsqueda de mecanismos de regulación de mercado que permitan a los agricultores afrontar
situaciones difíciles como las que están viviendo, la búsqueda de la sostenibilidad económica de todas esas explotaciones o la mejora de la competitividad, son temas en los que el consenso es posible, el acuerdo es posible, y creo que en esta Cámara
no va a haber ningún problema para alcanzarlos.


A continuación, paso -porque también lo ha comentado usted- a hacer unas consideraciones muy concretas por parte de nuestro grupo tras haber hablado con el sector en todo el territorio de la comunidad autónoma acerca de algunos aspectos que
estimamos que la PAC debería recoger en su próxima reforma, que todas sus actividades deberían estar de una u otra forma ligadas al desarrollo de la actividad desde el prisma de la calidad. Existen ya programas definidos y estimamos que ese tema de
la calidad debe estar establecido de forma clara y nítida para que no se den situaciones ambiguas. Se trata de un camino que ya ha sido emprendido en nuestra comunidad por la actividad agrícola y ganadera y entendemos que tiene que continuar en ese
ámbito. Usted mismo lo ha citado en su intervención, y creemos que ahí tenemos un largo camino que recorrer.


No voy a entrar en detalles, porque creo que tendremos ocasión de trabajar de forma intensa en esta Comisión, pero hay tres aspectos que mi grupo considera que deberían recogerse en esta reforma. Paso a decírselos de forma muy concreta. En
primer lugar, hablaba usted de la flexibilidad de la aplicación de la reforma, y mi compañero de CiU también hablaba de la regionalización. Desde nuestra comunidad creemos en esa regionalización y que tiene que estar recogida en la futura reforma,
con objeto de atender de forma más justa a situaciones muy diversas que se producen y, en nuestro caso, que la denominación de hectárea admisible en el texto de la reforma también esté claramente definido. De esta manera, la gestión puede ser más
acorde con las diversas situaciones. En nuestro caso, profesionales, tanto de sectores ganaderos como agrícolas, profesionales ubicados en zonas difíciles, en zonas de montaña, podrían ser atendidos. De lo contrario, si el texto de la PAC sigue
como está en este momento puede ser la estocada final para alguna parte de ese sector. En segundo lugar, es importante promocionar el equilibrio de la cadena agroalimentaria, como usted bien ha mencionado, pero desde luego con la calidad como uno
de los vectores directores de esa política, considerando las organizaciones de productores y los interprofesionales de forma muy específica. He creído entender que también usted hacía referencia al tema de la competencia. Creemos que el trabajo de
la Comisión Nacional de la Competencia tiene que ser muy importante en este aspecto, puesto que se dan contratos y situaciones un tanto extrañas en otros países; hay un trabajo importante por hacer. Por tanto, en este tema también le ofrecemos
nuestra colaboración.


Ligado al tema de la cadena agroalimentaria y la calidad, estimamos que la Ley de Seguridad Alimentaria, que ha sido ya aprobada, debe tener un desarrollo reglamentario a lo largo de esta legislatura -cuanto antes mejor- porque ya existen
ciertas experiencias realizadas -voy a poner un caso muy concreto de nuestra comunidad- con temas de alimentación en residencias de ancianos, en centros de día y colegios que estimamos que tienen que ser reguladas muy estrictamente al amparo de esa
ley. Estamos plenamente de acuerdo en que la calidad tiene que ser un vector muy importante en este tema y la estrategia de defender esa Ley de Seguridad Alimentaria tiene que ser también importante. Por

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último, la defensa de los derechos de producción, las cuotas lácteas y los derechos de plantación de viñedos deben ser, a nuestro juicio, considerados de forma específica en esta reforma. No me gustaría perder la oportunidad de comentarle
que, evidentemente, el señor ministro sabe que aproximadamente hacia el final de la legislatura se producirá la liberalización del tema de plantación de viñedos y nos gustaría saber cuáles son sus intenciones, al menos groso modo, puesto que toda la
producción de vino de Rioja Alavesa y de Txacolí puede verse afectada. Sé que es a largo plazo, pero nos gustaría conocer sus intenciones.


Usted ha hecho referencia, si bien muy someramente, al sector forestal. Desde luego en la Comunidad Autónoma del País Vasco el sector forestal es aproximadamente el 50 por ciento, o nuestros montes y sector forestal son el 50 por ciento de
todo el territorio. Además de ser importante desde el punto de vista de biodiversidad, sostenibilidad, de mantenimiento del paisaje y de una cierta actividad económica, y encontrarse en dificultades, una de nuestras preocupaciones está ligada a la
prevención y gestión forestal para mitigar, al menos en parte, toda esa cantidad de dinero que se emplea en actuaciones paliativas, tanto por enfermedades como por incendios. Creo que no es la primera ocasión que mi grupo, el Grupo Vasco, pone
encima de la mesa en esta Cámara la posibilidad de realizar una actuación preventiva utilizando parte de esa economía que se emplea para actuaciones paliativas y observar al menos durante un año si es posible mejorar toda esta gestión forestal por
medio de actuaciones preventivas. Desde luego, si usted intenta poner en marcha una actuación de este estilo tendrá nuestro apoyo.


A continuación, voy a tocar el tema de la pesca, un sector que mi grupo ha trabajado y defendido con ahínco en las últimas legislaturas en Comisión y en Pleno. Me gustaría realizar unos breves apuntes, tanto desde el punto de vista del
sector de bajura como del sector de altura. Como el ministro conoce muy bien, la flota de bajura es más bien artesanal en nuestra comunidad, se ha ido dotando de medios algo más modernos y se caracteriza por realizar una pesca sostenible.
Entendemos que tiene que tener, en la próxima reforma también, un cierto reconocimiento de ese carácter artesanal. Es decir, que esa calificación de artesanal no esté únicamente ligada a lo que es el tamaño de buque, sino que también se tenga en
cuenta las artes de pesca que se han utilizado para una cierta calificación, quizá no al cien por cien, de flota artesanal. Nuestro grupo ha sido crítico con las políticas llevadas a cabo desde este ministerio, y se ha solicitado en multitud de
ocasiones poder aumentar la cuota, la distribución de la misma para que sea más equitativa, que se tengan en cuenta los últimos veinte años; en definitiva son aspectos más bien del pasado, pero sí nos gustaría que en la próxima reforma de la
política pesquera común hagamos hincapié en algo que también el señor ministro ha comentado, que es el control de las capturas y la implantación de ese control de las capturas para que se haga de forma igualitaria en todo el territorio. Por tanto
ahí, en el tema de la reforma, además de las posibles cuotas o cómo se distribuyan, vamos a hacer un hincapié específico.


Me gustaría hacer también referencia al tema de la Ley de Seguridad Alimentaria, porque creemos que aquí tenemos algo que hacer y es relacionar el consumo de nuestros productos, intentar que sean productos de calidad, y protegerlos de alguna
manera frente a otros provenientes del extranjero y quizá de países con menos controles y que nos aseguran menos los estándares de calidad. Por tanto una cierta protección de nuestros productos del mar.


En cuanto a la flota de altura conocemos que los atuneros principalmente sufren diversos problemas, pero me gustaría hacer referencia a dos, uno de ellos no corresponde a esta Comisión, que es el problema de los piratas del Índico
evidentemente, pero el señor ministro ha hecho referencia al acuerdo con Marruecos y con Mauritania, no sé si lo ha obviado expresamente o se le ha olvidado, pero nos preocupa mucho la ruptura del diálogo para el acuerdo con Gabón, porque en este
caso afecta evidentemente a la flota atunera de nuestra comunidad y no es buena noticia. Ello va a suponer desde luego un impacto muy importante en su actividad, y nos gustaría conocer si van a retomar ese diálogo, y si no, si existe alternativa
para esa flota.


Finalmente quiero hacer una breve referencia a aspectos relacionados con la actividad medioambiental, puesto que estamos de acuerdo con el señor ministro en que habitualmente hablamos de medio ambiente y lo intentamos ligar a preservación
absoluta de recursos naturales, y a nuestro entender resulta importante compaginar la preservación del medio ambiente con el desarrollo económico y social sostenible, con ambas cosas. Teniendo en cuenta además la situación económica que
atravesamos, puede resultar interesante analizar nuevas vías, incentivar económicamente esas vías y desde luego el desarrollo empresarial ligado a la denominada economía verde; coincidimos plenamente con usted en ese aspecto.


No sé si le he entendido bien por la rapidez de su exposición, pero ha hecho referencia a algo que yo tenía pensado comentarle, que es un fondo que sin duda conoce, el London Green Fund, que trata de financiar infraestructuras y de actuar en
políticas públicas encaminadas a reducir las emisiones de CO2 en Londres; aborda temas de reciclaje, aguas residuales, eficiencia de uso energético, nuevas energías limpias, en fin, multitud de tecnologías e inversiones, y que trabajando de acuerdo
con la Unión Europea intenta que las emisiones en Londres disminuyan y se cumplan los objetivos del Protocolo de Kioto. Desde luego consideramos que puede ser una experiencia interesante; si no le he entendido mal ha hecho referencia a algo
similar, y desde luego en ese sentido estamos plenamente de acuerdo.


Por hacer referencia por último a la Ley de Costas sí le pedimos un trabajo cercano a las comunidades autó

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nomas y a las administraciones locales, y desde luego analizaremos con detenimiento la propuesta que hace, pero no nos ha sonado mal todo el tema relativo a posibles obras de mantenimiento o derechos de ocupación en todo ese dominio
marítimo-terrestre, todo el tema del deslinde; estaremos atentos, y desde luego no nos ha sonado mal en principio.


En todo el tema relacionado con el cambio climático, el mantenimiento de los baremos del Protocolo de Kioto y demás, simplemente quiero comentarle nuestro ofrecimiento de diálogo y consenso porque estamos plenamente de acuerdo en que hay que
atacar esos problemas a la mayor brevedad, siempre evidentemente, repito, trabajando de forma cercana con comunidades autónomas y administraciones locales, cada uno en el ámbito de sus competencias y coordinando actuaciones.


El señor PRESIDENTE: Señora Tapia, le ruego que vaya concluyendo.


La señora TAPIA OTAEGI: Termino. Le reitero nuestra voluntad de diálogo, y desde luego a partir de ahora le deseamos mucha suerte en todo su quehacer.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, don José Cruz Pérez Lapazarán.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: También quisiera darle la bienvenida al señor ministro y agradecerle su presencia en esta Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados. Para nuestro grupo parlamentario, que
es el que respalda al Gobierno, lo que hemos escuchado ha sido satisfactorio, ha sido extenso, serio y riguroso, y en ese sentido mostramos nuestra satisfacción. Quisiera también hacer una valoración previa y decirle que coincidimos con usted, al
igual que otros grupos parlamentarios, en su diagnóstico. Creemos que ha sido un diagnóstico real y certero de la situación que atraviesa el sector agroalimentario español, y también de las perspectivas de futuro. También coincidimos, como no
puede ser más lógico, con los objetivos que pretenden el Gobierno y el ministerio en su acción política.


Dicho esto, como preámbulo también quisiera decirle algunas cosas. En primer lugar, que para nuestro grupo supone una enorme satisfacción recuperar el Ministerio de Agricultura y Alimentación. Nunca entendimos cómo el anterior Gobierno
renunció a tener un Ministerio de Agricultura y Alimentación, siendo como es el principal sector productivo de nuestro país, factura más de cien millones, como ha dicho el señor ministro, trabajan entre 3 y 4 millones de personas, desde la
producción hasta la transformación y el comercio, tiene la principal política europea como es la PAC, recibimos más de 7.000 millones de euros anualmente y se benefician un millón de agricultores y de perceptores de primas de la Unión Europea. Por
tanto nunca entendimos esta posición, y sobre todo tampoco lo entendimos cuando hasta la propia Comisión Europea pedía un interlocutor claro con España; el mundo universitario, señor Alonso, ya se lo puso de manifiesto durante la campaña electoral
en la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Nadie entendía cómo no teníamos un Ministerio de Agricultura y Alimentación. Por tanto desde el Grupo Parlamentario Popular nos felicitamos por este ministerio.


También nos ha gustado escuchar al señor ministro que, ante la realidad que supone el sector agrario alimentario y el mundo rural, van a hacer una defensa activa de este sector en la Unión Europea, y valoramos positivamente que tanto la
agricultura como la alimentación tengan esa representación en España, que vaya a haber un compromiso del Gobierno por una defensa activa, porque eso quiere decir que van a estar permanentemente defendiendo los intereses de España en la Unión
Europea, sobre todo en unos momentos importantes como son los de la reforma de la PAC. A mí me ha escandalizado y me ha sorprendido lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, primero, porque el anterior Gobierno de España nunca
tuvo una posición clara en materia de política agroalimentaria (Rumores.); un documento que se aprobó de las comunidades autónomas, un documento que se aprobó del Congreso de los Diputados. Lo que sí le voy a reconocer es un documento que elaboró
el propio ministerio y que tituló Elementos clave para la configuración de la PAC del futuro, horizonte 2020, contribución española, de diciembre de 2009. Lo aprobó también la Alianza Progresista, Socialista y Demócrata del Parlamento Europeo, en
marzo de 2010, con Presidencia española. Esa era la posición del Partido Socialista y era la posición del anterior Gobierno. Es justo la que se ha aprobado en el documento de octubre y a la que ustedes ahora se oponen. Por tanto, incoherencia y
contradicción del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.- Un señor diputado: Es cierto. Eso es verdad.) Contradicción. Por tanto ninguna mentira.


En materia de acuerdo con Marruecos bienvenido sea el Partido Socialista a votar en contra del mismo. En el Parlamento Europeo, en la última Comisión de Comercio Internacional, nosotros votamos en contra. El Partido Socialista siempre ha
estado a favor de ese acuerdo. Revise usted la hemeroteca, revise las manifestaciones de la señora Aguilar, anterior ministra, en la interpelación que le hicimos en el Senado, y revise las manifestaciones del señor Puxeu. Dijeron: no nos va a
afectar. Y ahora resulta que ustedes piden al Gobierno que se posicione en contra. El Partido Popular, tanto en el Congreso como en el Senado como en el Parlamento Europeo, ha votado en contra, y ustedes ahora se apuntan a ese voto en contra.
También le pediría que su eurodiputado vaya a votar, porque el hecho de que haya un hueco del Partido Socialista español votando en contra del acuerdo con Marruecos será un mal asunto.


No sé si tengo más tiempo.

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El señor PRESIDENTE: Lo pueden repartir como quieran, señor Pérez Lapazarán, dentro del turno que se ha fijado para todos los grupos de quince minutos.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Estamos de acuerdo con todo el análisis y el diagnóstico que ha hecho el señor ministro. Ofrecemos al resto de los grupos de la Cámara consenso y diálogo para apoyar al principal sector productivo español, aquel
que hace mejor desarrollo rural porque mantiene empleo en ese mundo rural. Ofrecemos esa voluntad de diálogo y de consenso para aprobar todas estas importantes leyes y medidas. Hasta 66 medidas ha propuesto el señor ministro, y ofrecemos diálogo y
consenso porque el sector agrario y agroalimentario español se lo merece.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora el portavoz de pesca del Grupo Parlamentario Popular, don Joaquín García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: En aras de la brevedad y de ajustarme lo más posible al cronómetro no quiero ser descortés, pero con bienvenidos, enhorabuena y mucha suerte a todo el equipo y a usted, señor ministro, no ocupo más tiempo en eso, e
insisto en que no quiero ser descortés. Me comprenderán.


Es la tercera vez que como portavoz tengo la ocasión de escuchar a un ministro que tiene competencias en materia pesquera, y por tanto yo no puedo partir de cero a la hora de hacer valoraciones ni comentarios sobre esta intervención, pero
además es que creo que el señor ministro tampoco parte de cero en esta ocasión. Estábamos más o menos acostumbrados a escuchar, o al menos en las dos ocasiones anteriores, declaraciones más o menos grandilocuentes, declaraciones de intenciones que
todos veíamos que se podían extralimitar, y así en 2004 y en 2008, en comparecencias similares a esta, se resumían en tres grandes pilares los objetivos que nos planteaban: recuperar caladeros, plena actividad de nuestra industria extractora, y
plena actividad de nuestra flota pesquera. Lo cierto y verdad es que la historia y la hemeroteca tienen esa ventaja, y hoy por desgracia se está pescando menos, no porque haya menos barcos, sino porque por unidad de barco se está reduciendo
respecto al año 2004 entre un 30 y un 40 por ciento. Esto no ha sido casual, esto ha surgido porque entre otras cosas no ha habido la suficiente capacidad de influencia en el reparto de las cuotas, no ya con más o menos peso político, que también,
sino sobre todo con los informes científicos que hay que poner sobre la mesa, y por eso esta mañana aquí, como portavoz de pesca del Grupo Parlamentario Popular, tengo que manifestar mi plena satisfacción por haber escuchado la importancia que se
quiere dar a los informes científicos, y a esas reformas dentro de la propia estructura organizativa del ministerio, para que haya una perfecta coordinación con los organismos científicos y con las autoridades y funcionarios de la comunidad.


Tras estos ocho años no puedo hacer más balance que decir que se ha generado incertidumbre en estos años, se ha debilitado mucho más la imagen del sector -y esto es muy importante-, y se ha retrocedido en general. Pondría dos o tres
ejemplos que tienen que ver con algunas de las afirmaciones que he escuchado a otros portavoces. En el tema de la industria, a pesar de que se dijo que se quería alcanzar una actividad plena, nos hemos encontrado con temas como los acuerdos
comunitarios frente a los cuales el Gobierno anterior no hizo absolutamente nada para evitar que se aplicara la exención de origen o los aranceles para industrias que se asentaban en Papúa Nueva Guinea o en las Islas Fidji, y eso puede dar al
traste, si no se remedia, con nuestra industria conservera. Es un ejemplo nada más, la falta de tiempo no me permite ponerle más. Pero aquí se ha hablado por parte del señor ministro de temas muy importantes, a diferencia de lo que habíamos
escuchado, y como yo he escuchado concreción, porque cuando he oído hablar de la política pesquera común como principal reto inmediato, con propuestas concretas que yo no voy a repetir porque están ya en el 'Diario de Sesiones', estamos hablando de
que es ahí donde nos la jugamos, donde el futuro del sector pesquero español se la juega, en cómo se desarrolle dentro del estrecho margen de maniobra que nos queda el cometido que le queda a este Gobierno, a diferencia de lo que vimos hasta ahora.


¿Cómo se puede decir aquí -y se lo he escuchado a la portavoz socialista- que no hay visión estratégica por parte del ministro que nos acaba de exponer sus planes, si precisamente en el desarrollo de la reforma de la política pesquera común
lo que se contemplan son esos planes estratégicos? Estoy seguro, señor ministro, de que compartirá conmigo -el sector así lo demanda- que esos planes estratégicos a ser posible se realicen por segmentos de flota.


Se ha hablado de Marruecos, pero este es el mejor ejemplo de la diferencia entre cómo se está actuando por este Gobierno y cómo se actuó por gobiernos anteriores, el mejor ejemplo y el más reciente. Cualquiera de sus señorías se puede dar
una vuelta por Barbate y le puede preguntar a los marineros, a los pescadores que están en ese puerto cómo están viviendo en este momento, con qué expectativas, y cómo estuvieron viviendo estos últimos meses. Hay visitas del ministro, hay visitas
del presidente del Gobierno, hay acuerdos inmediatos para poner en marcha planes de ayudas económicas que no hubo, a pesar de la paralización de esta flota. (Un señor diputado: ¡Por favor!) Y hay otros ejemplos, pero termino porque el tiempo se me
acaba.


Pregunta por la normativa del ministerio en pesca sostenible, pero si la mejor normativa es precisamente la Ley de Pesca Marítima del Estado, que este señor ministro ya hizo en su momento, y que gracias a la actitud del Grupo Parlamentario
Popular durante la pasada legislatura, a la que se sumaron otros muchos grupos parlamentarios, se consiguió paralizar la tramitación de la ley de pesca sostenible que afortunadamente

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se quedó en un cajón porque no la quería nadie en el sector, ni muchos de esta Cámara.


En resumen, diálogo con el sector que ya ha comenzado, viajes muy fructíferos del ministro y del presidente del Gobierno. Creo que en este momento nuestros pescadores, nuestros marineros, nuestras mariscadoras, nuestras neskatillas,
empacadoras, percebeiros y todos los colectivos que viven de la mar están en mejores manos.


El señor PRESIDENTE: Quedan tres minutos cuarenta y cinco segundos. Tiene ahora la palabra doña Teresa de Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Bienvenido, señor ministro. Puedo decirle que después de escuchar su intervención creo que para la política ambiental se inicia una nueva etapa, una etapa alejada del sectarismo y de la demagogia a que nos tenía
acostumbrados el anterior Gobierno, por lo que le expreso el apoyo del Grupo Popular para llevar a cabo las políticas que nos ha anunciado. Tiene una tarea difícil por delante, señor ministro. Usted nos ha explicado la herencia que ha recibido,
pero creo que ha sido muy benévolo en su explicación. Digo que ha sido benévolo porque, por ejemplo, en política de aguas han transcurrido ocho años desde que el Gobierno socialista, tras derogar el trasvase del Ebro, nos presentó el famoso
programa Agua, que debía aportar 1.000 hectómetros cúbicos adicionales de agua al levante y sudeste español. Más agua, más barata y en menos tiempo, nos proclamaba el Gobierno socialista en reiteradas ocasiones. Transcurridos ocho años, a día de
hoy ni hay más agua, ni es más barata y desde luego el tiempo ha transcurrido y se han perdido ocho años que han sido de oro. Se han perdido ocho años aprovechando que la pluviometría ha sido bastante abundante.


¿Qué tenemos ahora? Que sigue el déficit estructural en algunas demarcaciones hidrográficas, se reconoce en el borrador de los planes de cuenca; las desaladoras funcionan por debajo de su capacidad, bien porque en Levante existen problemas
en la redes de suministro de energía que no se tuvieron en cuenta en su momento, bien porque el precio del agua desalada es inasumible para los regantes, bien porque ha habido que paralizar algunas desaladoras debido al excesivo coste energético que
anunciábamos en su momento. Han sido, repito, ocho años perdidos, señorías, por lo cual apoyamos su propuesta de un pacto del agua; apoyamos un nuevo plan hidrológico; apoyamos que las sociedades estatales dependan de la Dirección General del
Agua y de la secretaría de Estado, dada la caótica situación financiera a que nos han llevado.


Quiero mostrar mi perplejidad, señor ministro, por la intervención de la portavoz socialista, señora Pajín, a quien parecen preocuparle solamente el programa electoral del Partido Popular y las recomendaciones de la Comisión Mixta para el
Estudio del Cambio Climático de la pasada legislatura, recomendaciones que por cierto no apoyó el Grupo Popular por entender que suponían un listado de actuaciones, la mayoría propuestas y no ejecutadas ya por el Grupo Socialista y por el Gobierno,
y que no tenían en cuenta ni la grave crisis económica ni priorizaban la creación de empleo. De su intervención, señora Pajín, deduzco que traía usted su intervención escrita y que no ha escuchado las explicaciones del ministro (Rumores.) porque no
ha hecho ni una sola referencia a nada de lo que ha dicho. (Un señor diputado: Eso es verdad.)


Señor ministro, apoyamos el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España dentro del paquete de energía y cambio climático, conocido como 20/20/20 en el seno de la Unión Europea, y apoyamos el cumplimiento de nuestros compromisos
internacionales. Y por supuesto pensamos que hay que priorizar en las políticas de mitigación del cambio climático para los sectores difusos aquellas políticas que creen empleo y produzcan actividad económica. Creemos importante la revisión que
nos ha anunciado de la normativa sobre costas y protección del litoral, y creemos todavía más importante terminar con la arbitrariedad que ha imperado en los últimos años. Alguien del Partido Socialista del Gobierno anterior tendría que explicarnos
cómo se permitió construir El Algarrobico, este gran hotel en un espacio natural a pie de playa, en un municipio con alcalde socialista, autorizado por la Junta de Andalucía socialista y por el Gobierno de la Nación, también socialista. Y alguien
debía explicarnos por qué no se ha aplicado el mismo criterio en todas las actuaciones de la costa, porque nada ha dicho el Gobierno socialista de la villa que hay en la ría de Arosa donde viven destacados líderes socialistas.


El señor PRESIDENTE: Señora De Lara, vaya terminando, porque se está agotando su tiempo.


La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señor presidente. Apoyamos de manera especial el impulso que nos ha anunciado de la gestión forestal sostenible, al aprovechamiento de los montes, a la silvicultura preventiva y a la repoblación forestal.
La política forestal ha sido la gran olvidada del Gobierno socialista y la creemos esencial, más en estos momentos, para crear empleo en el medio rural y potenciar el efecto de sumidero de nuestros montes.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro para contestar.


El señor ministro MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Quiero agradecer a todos los portavoces que han intervenido el tono de su intervención, que demuestra que tienen conocimientos, a veces puedo no
compartir sus apreciaciones, pero agradezco que hayan preparado sus intervenciones y que hayan oído durante dos horas un programa y un análisis de la situación que ha sido muy denso, pero este departamento tiene unas enormes responsabilidades con
los ciudadanos espa

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ñoles. Este departamento trabaja para todos los ciudadanos. Trabaja para los 47 millones de habitantes. Somos responsables de su alimentación, del aire que respiran, de la calidad de sus aguas, del pescado que les gusta. La
responsabilidad de este departamento no es menor, no es un departamento mini sectorial, cubre todo el territorio, es responsable de que la población se fije en el medio rural, por lo tanto las actuaciones que hay que hacer son muchas. Les
garantizo, señorías, que he medido mucho lo que digo. Yo tengo una característica, nunca digo mentiras, señor Alonso, jamás. Si acaso soy demasiado sincero. Cuando yo me comprometo a un programa sé lo que mis funcionarios y mis altos cargos van a
tener que trabajar. Tengo un departamento con unos magníficos funcionarios. Sin ellos no se podría hacer este programa de trabajo, que es ingente. Por tanto muestro mi agradecimiento a los que van a tener el peso de desarrollarlo.


Voy a intentar contestar a algunas de las cosas. Si me queda alguna, sus señorías me las pueden reclamar y contestaré una por una. Empezaré por la señora Oramas, que ha insistido en varios temas. Hablaré del acuerdo agrícola y de las
desaladoras en Canarias. Las desaladoras son la principal fuente de suministro y va a ser el desarrollo social y turístico canario. El carácter extraordinario de Canarias requiere, allí sí, medidas extraordinarias. Había previstas 20
instalaciones. Hoy hay 11 en explotación, 4 en construcción, con retraso, y 5 en fase de proyecto o anteproyecto. Todos los años hemos consignado en los presupuestos las cantidades necesarias para cumplir los convenios, pero para que se hagan hace
falta que el Gobierno autonómico también gestione con celeridad. Si el Estado y el Gobierno unen esfuerzos completaremos estos programas importantes de desalación.


Me planteaba el tema de la necesidad de convocar la Comisión mixta con Canarias. Estoy plenamente de acuerdo, siempre ha funcionado satisfactoriamente. Luego hablaba del acuerdo agrícola. Aprovecharé para hablar del acuerdo contestando a
otros portavoces. Es verdad que es un acuerdo que tiene concesiones importantes en un sector, el calendario que más afecta a España y que tiene un sistema de precios de control de entrada y de aranceles que desde la perspectiva española es
manifiestamente mejorable, no solo en el acuerdo, sino también en la reforma de la PAC y en los mecanismos de regulación de mercado. El Gobierno español va a trabajar para que se modifiquen sustancialmente los precios de entrada y haya garantías de
que cuando las producciones rebasan los contingentes paguen aranceles a la importación. Es un tema que nos preocupa. Pero lo que me extraña es ver al señor Alonso ponerse al frente de la manifestación, porque de la época en que le conocí como
consejero de Castilla-La Mancha lo considero un político riguroso, una persona seria y coherente. Cuando un político es serio y coherente y se pone al frente de la manifestación diciendo que el señor Rajoy..., que no sé qué, que se pongan ustedes
al frente... Usted pertenece al Grupo Parlamentario Socialista, si es que el Grupo Socialista cuando se votó el acuerdo en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, que es donde se analizaba el acuerdo en términos agronómicos, votó a favor
del acuerdo. Y luego casualmente, en un momento en que había elecciones en Andalucía, en la Comisión de Relaciones Económicas e Internacionales el presidente Griñán dijo: ahora cambiamos nuestro voto. Pero en las relaciones comerciales se
valoraba el acuerdo comercial en su conjunto, no solo el agronómico, y cuando se enjuició este acuerdo en términos agronómicos hubo partidos que votaron en contra y otros que votaron a favor, y ustedes estuvieron entonces. A partir de entonces lo
mejor es guardar un silencio muy discreto, muy discreto (Aplausos.- El señor Alonso Núñez: Ahora, ahora.) en cuanto a su posición. Los parlamentarios europeos saben ustedes que, por su reglamento, no están sujetos a mandato imperativo, no pueden
recibir instrucciones, tienen la libertad de votar lo que quieran, cada cual sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Pero que venga usted a presionar sobre la base de un cambio estratégico de voto me parece que no se corresponde con su
trayectoria, que aprecio y que usted lo sabe.


Contestando a la señora Fernández Davila, que ha hablado de muchas cosas, quería concentrarme en dos. Una, cuando se habla de que la pesca ha desaparecido... ¿Dónde estaba la pesca en el anterior ministerio? Se llamaba medio marino, pero
la palabra pesca no estaba. No, no estaba. Es que medio ambiente también es medio marino. La palabra pesca no existía, la primera vez que vuelve a existir es cuando se crea una Secretaría General de Pesca, no del mar, de pesca, y ahora tenemos un
secretario general de Pesca, pero yo creo que lo importante aquí es que haya una política pesquera rigurosa y seria, que la va a haber, empezando por la defensa en la Unión Europea. Y ahí hay un tema muy importante que ha dicho usted. Ha dicho que
son fundamentales los estudios científicos. Sin lugar a dudas. Y en España tenemos un Instituto Oceanográfico fantástico, por tanto la cooperación del Oceanográfico para dotar al Gobierno de la base científica para poder negociar solventemente,
para fijar los TAC y las cuotas sobre bases científicas, y para ordenar el caladero nacional sobre bases científicas, y sobre ese diálogo que se ha dicho también por los portavoces de Convergència i Unió con las entidades locales, ayuntamientos y
comunidades autónomas que conocen su territorio, pero cuanta mejor información científica tengamos del Oceanográfico, de nuestras universidades y de nuestros estudios mejor ordenaremos desde un punto de vista político nuestros caladeros. Por tanto
tiene usted toda la razón.


Señor Baldoví, me planteaba los problemas de unidad de gestión. Primero ha hablado de los problemas de los cítricos en su comunidad autónoma. Una de las primeras reuniones que he tenido ha sido con la interprofesional de limón y pomelo,
con la que estoy trabajando y me ha puesto de manifiesto que comparte algunas de las tesis del Gobierno, que para solucionar estos problemas hay

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que hacer dos cosas: primero concentrar oferta, o sea, favorecer la integración de las asociaciones de productores, de cooperativas. Y en este sentido, cuando el Gobierno dice que está haciendo una ley de cooperativas es porque tenemos que
eliminar obstáculos a la concentración de ofertas, a nivel nacional. Hoy no se puede hacer una oferta de una provincia ni de una comunidad autónoma. Tengan ustedes en cuenta que las cifras son muy claras: un millón de agricultores, 4.000
cooperativas, 9 grupos de la gran distribución, y uno de ellos dentro de tres años va a controlar el 25 por ciento de la alimentación. O concentramos oferta o hay un desequilibrio en la cadena agroalimentaria. Por tanto lo primero es facilitar los
mecanismos legales porque, si ustedes intentaran integrar una cooperativa de un pueblo con la del pueblo de al lado les resultaría difícil; la de una provincia con la de la limítrofe virtualmente increíble; la de una autonomía con la del otro lado
es imposible, porque a partir del momento en que se integran dos cooperativas autonómicas ninguna cooperativa las apoya porque, como no tiene el territorio exclusivamente en su autonomía, desde su presupuesto no financia sus actuaciones. Esa es la
realidad española. Cuando yo digo que en Holanda hay una cooperativa que factura 9.000 millones de euros, sus agricultores obtienen unos precios un 25 por ciento superiores a los nuestros, algo pasa. Toda la deriva europea es de concentración de
oferta y en España es de atomización, y esto es para la marca España. Para luego hacer promoción comercial, si hemos concentrado oferta, tenemos masa crítica para hacer una promoción potente, con una marca única, un paraguas único y sumando
esfuerzos de autonomías, consejos reguladores, Gobierno de la nación, haciendo una promoción potente. Porque lo más ridículo del mundo es cuando aparece una misión comercial un día, al día siguiente otra, la tercera de la comunidad de al lado y
nadie entiende nada en el mundo. El mundo es global, los compradores son globales y nosotros hacemos promoción comercial, diría, de corta visión, por decirlo con unas palabras muy cariñosas. Por tanto, ¿unidad de gestión en las cuencas?
Absolutamente necesaria, y por eso hemos hecho los cambios que queríamos hacer.


El señor Alonso hablaba de la posición española, aparte de los temas en los que me ha ofrecido su colaboración, que sé que la vamos a tener, y va a haber temas muy importantes. Yo le enseño a usted el documento ese de cuatro páginas y le
doy los siete reglamentos y le digo: señor Alonso, póngase a hacer enmiendas. No, claro, es que hay que posicionarse sobre un tema tan complicado o tan fácil como cuántas hectáreas son elegibles: son 14, 21 o 34. Hay que tener una posición
política y se tiene o no se tiene. No la tenemos en este momento. Tenemos que plasmarla, buscarla y hablarla con las comunidades autónomas. El agricultor activo, ¿cuál es la definición de agricultor activo del Gobierno español? Cada comunidad
autónoma tiene una, cada OPA tiene una; pero el ministro de España, cuando vaya, tiene que defender una. No existe esa posición, pero le puedo ir diciendo: sobre los precios de entrada, ¿hay posición? No. ¿Sobre el fondo de crisis hay posición?
No. ¿Sobre el greening o el reverdecimiento, porque no me gustan los anglicismos, sobre el reverdecimiento, maldita palabra, hay posición concreta? (Risas.) Más allá de decir que no nos gusta el reverdecimiento porque está encareciendo los costos
de producción de agricultores como los nuestros, no existe. ¿Sobre los mecanismos de intervención, sobre los derechos de plantación que también me han planteado el tema? No hay posición. Sobre las cuotas lácteas, tengo una posición distinta; soy
siempre partidario de prorrogar las cuotas lácteas, la mía; está la industria de la leche no comparte mi posición, la Fenil. Soy partidario, y siempre que he estado en el Consejo de Ministros he pedido su prórroga cuando llegaban a su vencimiento;
ahora el sector me está pidiendo la prórroga. Los derechos de plantación, ¿cuál es la posición? Sabemos que el Gobierno anterior los eliminó en la reforma, como se eliminaron en la destilación de crisis, pero ahora el sector pide que se prorroguen
y en el Consejo les puedo decir, señorías, que hay una mayoría en este momento a favor de la prórroga del derecho de plantación. Las cuotas del azúcar las suprimió el Gobierno anterior, le dio el visto bueno aplaudiendo; yo soy partidario de
prorrogarlas. (La señora Cunillera Mestres pronuncia palabras que no se perciben.) Yo no soy malvado, señoría, estoy diciendo hechos objetivos que avalan el tema. Yo he pedido en el Consejo de Ministros que se prorroguen las cuotas de azúcar, he
pedido que se prorroguen las cuotas lácteas y he pedido que abordemos los derechos de plantación en un grupo de alto nivel para ver qué hacemos en las zonas de calidad, como en la denominación de origen, Rioja, si es conveniente seguir manteniendo
derechos de plantación. Esas cosas hay que definirlas, señor Alonso, hasta el milímetro, porque estamos en una fase... (Rumores.) Es que el Parlamento Europeo ya ha empezado sus trabajos. Estamos en una fase de enmiendas muy concretas, sobre
temas muy concretos que definen la reforma. Porque es fácil decir no a la reforma, pero el procedimiento sigue andando y el Parlamento Europeo tiene codecisión, y yo aquí sí que requiero el apoyo del Grupo Socialista, cuando lleguemos a esa
decisión, para informar a nuestros diputados de cuál es la posición del Gobierno español, de las comunidades autónomas y de las OPA en un proceso donde el Parlamento tiene codecisión legislativa, que es un mecanismo que tenemos que utilizar en este
tema y en muchos temas importantes de medioambiente, de políticas pesqueras y agrarias. Antes era un órgano consultivo, ahora tiene capacidad de codecisión legislativa, por tanto, el camino que andemos en el primer tramo nos queda muy despejado
para la discusión en el Consejo y entonces llegaremos a la fase final.


Ahora el Gobierno tiene que defender la ficha financiera. Estoy de acuerdo con usted: hay que defender el importe de la PAC, es fundamental para España, fundamental. Luego tenemos que ver el modelo de aplicación, y aquí hemos visto dos
modelos. Algunos querían la

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regionalización del modelo, que tiene un riesgo muy claro: si nosotros fuéramos a una regionalización, a cada comunidad autónoma le damos un sobre y cada comunidad decide apoyar cada cultivo con una cantidad distinta, tendríamos productores
de aceite en Girona que tienen una ayuda y producciones en las mismas condiciones en Extremadura que tienen la mitad. Todos compiten en el mismo mercado y se hacen una competencia desleal, y estamos buscando un mercado único y luego lo rompemos por
debajo. Tiene sus complicaciones cuando se habla de modelos de apoyo a la agricultura; tiene muchas complicaciones; lo cual no quiere decir que cuando haya zonas de montaña, zonas desfavorecidas, para todas las zonas desfavorecidas de España
podamos hacer una regionalización con niveles de apoyo similar, porque los españoles son iguales ante la ley. Eso es distinto, por tanto, también tendremos que ver cómo hacemos el modelo de aplicación de la PAC cuando esté definida, pero esa es una
batalla que se da en segundo lugar, y en primer lugar hay que dar la batalla para que tengamos una PAC con fondos suficientes, con flexibilidad suficiente y adecuada al modelo productivo español, que no es el francés ni el alemán ni el checo ni el
polaco. Esa guerra es la fundamental.


Doña María Luisa Carcedo hablaba del acuerdo con Marruecos y decía que yo había dado pocos datos. Nada más tomar posesión lo primero que hice visto que había habido un problema el 14 de diciembre, fue pedir ver a la comisaria tan pronto
como se incorporó de la pausa navideña; pude verla y decirle que España quería dos cosas: agilizar un nuevo acuerdo y que hubiera compensaciones al sector pesquero afectado por Marruecos. Mis servicios fueron después, seguimos negociando con
ellos y en este momento estamos negociando un mandato negociador que debe aprobarse en el Coreper el próximo día 1 de diciembre, donde España está queriendo cambiar la posición modificadora porque tal y como estaba concebido inicialmente podía ser
más difícil de asumir a Marruecos a la hora de negociar un acuerdo, que es lo que me interesa en este momento, que Marruecos firme un acuerdo estable que permita a la flota de los gallegos, canarios y andaluces seguir faenando en un acuerdo en el
que había una normalidad absoluta de actividad pesquera. No había ningún conflicto entre países y no tenía ningún problema. Me he referido al acuerdo de Mauritania porque es el siguiente que tiene que negociarse y es muy importante. No me he
olvidado tampoco de Gabón ni de ninguno de los otros. España tiene que impulsar que la política con terceros países de la Unión Europea sea una política permanente, pero en el acuerdo con Marruecos tiene las limitaciones que tienen las ayudas que
se pueden dar. Tienen un plazo máximo de un año y de momento hemos puesto en marcha seis meses para tener derecho a las ayudas. Hay que hacer un ERE y pagar la Seguridad Social de los tripulantes, por tanto, hay unas ayudas a tripulantes, que son
del orden de 45 euros al día; unas ayudas de armadores, que es una fórmula polinómica muy complicada con muchos parámetros, pero que permite que armadores y tripulantes estén cubiertos y algo protegidos en este periodo de parada. También pueden
optar, los que tengan posibilidades, por ir al caladero nacional, pero en ese caso no perciben la ayuda. Es una decisión económica que tomarán ellos.


Doña Leire Pajín me ha hecho una intervención en la que me ha dicho lo que me ha dicho con el entusiasmo que la caracteriza. (Risas.) Me ha hablado de un tema que me ha preocupado y sí quería concentrarme en él: cuando se habla de los
objetivos de reducción del 20 o 30 por ciento. Primero ha dicho que hemos devaluado al ministerio; en cuanto al cambio climático, aquí sigue habiendo un secretario de Estado de Medio Ambiente que se ocupa del cambio climático y hay una dirección
general del Cambio Climático. Son los mismos elementos que había antes, y no hay más ni menos. Hay un director general de Medio Ambiente, que se ocupa del cambio climático, y está la directora general del Cambio Climático. Lo mismo, si no hay
ningún cambio. ¿Qué devaluación existe del cambio climático y del medio ambiente aquí? Ninguna. Hay un secretario de Estado. Es más potente el medio ambiente que la agricultura. Para que vea usted el peso que le damos al medio ambiente, en
agricultura hay un secretario general y en pesca hay un secretario general. En medio ambiente hay un secretario de Estado y fíjese usted en el peso que le damos. ¿Por qué? Entre otras razones, porque este ministerio tiene una enorme actividad
internacional en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea y coinciden muchas veces cosas. Este ministerio no tiene un Consejo de Ministros, tiene cuatro. Tenemos el Consejo de Agricultura, tenemos el de Pesca, tenemos el de Medio Ambiente y
tenemos el de Cambio Climático; esa en nuestra presencia en Bruselas si se quiere trabajar en serio. Si se quiere uno hacer fotos, no se trabaja, pero hay que cubrir cuatro ministerios, cuatro Consejos Europeos, ir a todos y no mandar al
secretario general o al secretario de Estado o a las ONG en la delegación española. Hay que hacer unas cosas muy distintas, hay que tener una presencia permanente. Tengo un magnífico secretario de Estado y me va a echar una gran mano para cubrir
todo el espectro internacional que tenemos en unas políticas que son vitales para nuestro país. Nosotros lo que no asumimos son compromisos que no pueda cumplir nuestro país.


Siempre seremos ambiciosos, pero no le puedo decir a usted: asuma el 30 por ciento; oiga, pero si no cumplo el 15 de Kioto (Risas.), si estoy comprando derechos de emisión por un tubo. Seamos serios, si es que no llego al 15, si en los
sectores difusos no ha habido ninguna reducción; si ha habido un progreso es porque ha habido desaceleración económica. Usted me dice el 30, ¿y por qué no el 40? porque con esa filosofía nos colocamos como líderes mundiales del cambio climático.
Pero ser líder mundial del cambio climático es cumplir los objetivos de Kioto, y este Gobierno se va a aplicar a cumplir los objetivos de Kioto (Un señor diputado: ¡Muy

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bien!), pero no hagamos declaraciones voluntaristas. Eso no vale para nada en política. Hay a quien le gusta ese tipo de política, a mí no. Me gusta cumplir lo que yo pueda ofrecer, y ahora mismo tengo que cumplir con la Directiva de
Aguas, con los problemas que tengo con las confederaciones, con que las sociedades de agua ejecuten las obras que tienen comprometidas, con que pongamos en marcha los planes de verdad, pero no puedo estar en unas políticas... Mire usted, en el
actual contexto económico hay que ser muy cauto en incremento de niveles de ambición. Esto requiere un análisis detallado de costes y de oportunidades para el país. La Comisión Europea ha publicado recientemente unos estudios en los que dice dos
cosas, que los costes son menores que antes porque hay una crisis económica que produce desaceleración, pero también dice que no hay ninguna financiación en los mercados para afrontar las medidas correctoras que requiere el cambio climático. Dice
las dos cosas. Sin embargo, hay que prever que nuestro país, que va a estar bien gobernado y está bien gobernado va a crecer económicamente (Rumores.) De la desaceleración se sale, con el pesimismo anterior uno cumple todo el cambio climático, con
un país en crecimiento económico desacelerado, facilísimo, con un país en crecimiento económico es mucho más complicado. Nosotros, cuando fijemos objetivos para diez años, son para un país en crecimiento económico con generación de empleo,
señorías. Esa es la realidad. Por lo tanto, los objetivos ambiciosos, para 2050, por supuesto, pero hay que hacerlos en colectividad, yendo todos los países serios, y a nivel mundial también porque estamos en una película, estamos en un desarrollo
de unas políticas ambiciosas en que los mayores productores del mundo no están en los acuerdos. Claro, necesitamos a la Unión Europea haciendo grandes esfuerzos, pero hay grandes países industrializados en el mundo que no están en estos acuerdos, y
competimos en un mundo global. Ambición, toda; pero realismo, la misma dosis que en ambición. La misma, ni más ni menos. En cuanto a lo del jefe de servicio llevando el cambio climático, pues no; tenemos un gran secretario de Estado y un
magnífico director general, y los jefes de servicio son muy buenos, ¿eh?, lo cual ayuda mucho.


Ley de Costas. Nosotros haremos una reforma rigurosa y seria. Vamos a analizar toda la conflictividad jurídica que se ha producido en nuestro país, que es mucha. Vamos a ver nuestra posición e imagen internacional ante el Parlamento
Europeo, donde están reclamando la presencia de mis directores generales y secretarios de Estado por las quejas que existen en la opinión pública europea de la gestión de las costas españolas. Vamos a ver las diferentes interpretaciones que hace
cada demarcación de costa, porque cada demarcación de costa tiene un criterio distinto. Vamos a ver las políticas que se aplican en ayuntamientos y comunidades autónomas y vamos a buscar seguridad jurídica y usar la cabeza. Yo algarrobicos no sé
hacer. (Rumores.) Eso, alguien me lo podrá enseñar, pero yo no sé hacer esas cosas; ni las pienso hacer; no voy a dedicarme a eso, pero sí a poner en valor nuestras costas. Cuando una costa está bien preservada, cuidada, es un valor, es un valor
turístico de referencia. En el litoral español hay ejemplos nefastos y magníficos. Pues yo prefiero copiar los magníficos, y aquí tenemos gente de la Costa Brava y tenemos gente de otras costas. Vamos a copiar los mejores modelos, señores, no
vamos a inspirarnos en lo peor.


Desaladoras. Dice usted, no son ustedes de fiar. (Risas.) Esto es de aurora boreal, claro. Nosotros en su día pusimos en marcha un Plan Hidrológico Nacional, que tuvo consenso absoluto en el Consejo Nacional del Agua, que firmaron todas
las comunidades autónomas prácticamente, Cataluña incluida y Castilla-La Mancha. Lo derogaron, porque un Gobierno tiene sus prioridades y tiene legítimo derecho a hacer la política de agua que quiera, y nos dijeron que con las desaladoras era
suficiente, que el agua iría para la agricultura y que solucionaríamos el problema del Levante español. Bueno, es que han pasado ocho años y los que sean diputados de Levante no me desautorizarán. Es que es caótica la situación. Depuradoras sin
terminar, no hay demanda de agua. Claro, si el agua se factura a 1,10 no la quiere nadie, y si la vendes a 0,30 tienes que subvencionarla. En la época de las vacas gordas alguien podría subvencionarla, pero en este momento es muy complicado, por
lo tanto, ¿quién enfrenta territorios? (Rumores.) El que crea unas expectativas que no cumple. El que dice que va a hacer el plan del alto Guadiana en Castilla-La Mancha y no cumple. El que va a legalizar pozos y no los legaliza. El que va a
desalar agua y no la desala. Nosotros lo que hemos dicho es que queremos un gran pacto nacional del agua igual que lo hicimos la vez pasada: con acuerdo, y empezaremos a optimizar los recursos disponibles. Conscientes de lo que dicen los
estatutos de autonomía, conscientes de los caudales ecológicos, respetando la legislación, que es lo que vamos a hacer, señorías, y buscando el máximo consenso. Pregunta usted que qué opinan de nosotros los españoles. Que qué opinan los
valencianos, me ha dicho. Los valencianos han opinado de todo en las elecciones, unos de una manera y otros de otra. Yo no soy sospechoso. (Risas.)


Doña Laia Ortiz Castellví me decía que el cambio climático no es un lastre sino una oportunidad. Absolutamente, es una verdadera oportunidad y hay que favorecer el liderazgo medioambiental. En este momento hay tecnologías del agua en las
que España es líder mundial compitiendo con Israel. Tenemos unas empresas con tecnología del agua, de economía del agua punteras, marca España. Tenemos que hacer marca España no solo en alimentos sino marca España de tecnología del agua. Luego ha
dicho que hemos dado un hachazo a las renovables. Lo que estamos haciendo es poner orden en el sector energético español en el cual había por decirlo con enorme cariño un cierto desorden. Cuando se llega a una situación en la que el déficit
tarifario todos los años es del orden de 7.000 millones de euros, cuando tenemos unas primas a las renovables que son 5.500 millones de

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euros que un país se puede permitir o no -en este momento no se lo puede permitir nuestro país, es que no se lo puede permitir, tiene que pensarse-, cuando los objetivos previstos en los planes energéticos se sobrepasan por el mil y pico por
ciento en las fotovoltaicas, por mucho en las termosolares también, y resulta que en energía eólica estamos cumpliendo los objetivos, no se diría que estamos en parón. Vamos muy muy por delante y en nuestro mix energético el año pasado hemos estado
muy cerca del 20 por ciento. El año 2011 en solar estábamos en el 2,6 por ciento; térmica renovable en el 1,7; eólica en un 15,2 y en renovables en su conjunto en un 26,5, si es que a la hidráulica la considera su señoría renovable, que para mí
el agua es renovable. Si consideramos la hidráulica estamos en 26,5 por ciento de mix energético de renovables. No es un país que esté dando parones. Además, otra cosa, no se le ha dado un parón. Cualquiera puede hacer instalaciones domésticas
si quiere de renovables.


Ustedes me dicen que las renovables no son competitivas, verán ustedes como descienden los costos en este momento, verán ustedes. Cuando un país da unas primas tan altas los proveedores pueden permitir determinados costos, pero cuando un
país reduce las primas verá usted que pronto se producen algunas alineaciones de precios importantes. A partir de ahí habrá que reordenar el sector. Esto no es un parón definitivo; esto es ordenar el sector porque hay que hacer actuaciones, el
ministro las hará en los ámbitos que considere oportunos, y el decreto-ley dice que es temporal. Aquí no han muerto las renovables. Porque, ¿dónde estábamos antes? Antes estábamos en una moratoria encubierta. No se decía que se paraba pero no se
convocaban preasignaciones. Pues ahora lo que hemos dado es seguridad jurídica, ahora no se va a hacer ninguna porque hay gente que tiene opciones sobre terrenos, tiene previstos préstamos, pero ahora lo que decimos es que está bloqueado el tema.
Se ha dado seguridad jurídica y no se ha afectado a los derechos adquiridos. Esa es la situación.


La unidad de cuenca y los trasvases. No son incompatibles los dos principios. La unidad de cuenca y si hay agua excedentaria la cuenca podrá disponer de las aguas excedentarias si existieran. Si no existen por supuesto no. Si no se
respetan los caudales ecológicos por supuesto no. ¿Pero qué pasa con las aguas excedentarias?, ¿no son utilizables en un país que llueve lo suficiente y tiene mala distribución? En mi provincia tenemos trasvases, como el del Guadiaro, que
funcionan excelentemente. (Un señor diputado: Es en la misma cuenca.) ¿En la misma cuenca?, ¿y la solidaridad no existe en este país? Es un factor que esta en la Constitución. ¿Y la cohesión territorial no existe?, ¿alguien cree que si alguien
tiene aguas excedentarias en volumen se puede oponer a su trasvase? Un trasvase que también es rentable para la comunidad y para la confederación hidrográfica porque por usar el agua se pagan cánones; es decir, que permite hacer más
infraestructuras de regadío. Hagamos lo que tengamos que hacer. Hagamos las obras del Pacto de Agua en Aragón, pongamos orden en las confederaciones y hagamos ese gran Pacto Nacional sobre Agua; pacto nacional se dice no se llama imposición
nacional sobre el agua. (El señor Alonso Núñez: Trasvase del Ebro.) Se llama Pacto Nacional sobre el Agua que tiene que ser un gran pacto por consenso, y lo intentaremos buscar. Intentaremos buscar el consenso sobre lo que se pueda consensuar. A
lo mejor llegamos a unas zonas que sí y a otras que no, pero hay mucho sentido común que se puede aplicar a la planificación hidrológica en España, si hay buena voluntad política.


Desalinización. No he dicho que no nos podemos permitir la desalinización, he dicho que la gestión de las desalinizadoras ha sido una catástrofe, y he dicho que a los costos actuales y con una energía que tiene costos crecientes no sirven
para la agricultura porque el agricultor no la puede pagar. Los agricultores en este momento nos están demandando si suben los costos energéticos, una tarifa de riego especial y, señor Alonso, yo he empezado a trabajar en esto de la tarifa de
riego. Modestamente, ya me he reunido y tengo una reunión con los regantes esta semana para ver cómo se puede configurar una petición a las eléctricas de que en un marco racional de garantía de potencia en épocas determinadas podamos avanzar en ese
sentido, pero es algo que tendremos que impulsar y tratar de convencer a las grandes compañías eléctricas de la situación en la que está el sector agrario español y sin merma de nada. En eso estoy trabajando. No digo que se consigan resultados,
digo que me he puesto a trabajar en ello. El tema es muy viejo pero nadie movió un dedo con él. Yo llevo un mes, y en un mes he ido a Marruecos, he ido a Bruselas dos veces, me he reunido con todos los sectores. Si ve usted mi agenda, me he
aplicado a resolver problemas. No sé si los podré resolver y en este momento estoy pidiendo que me digan cuál es la configuración técnica de lo que quieren los regantes españoles para ver cómo puedo trasladar ese mensaje a las compañías eléctricas
y buscar un consenso, que podrá ser o podrá no ser, y para hablarlo con el ministro de Energía.


Hablaba alguien aquí de limitar la gran distribución y luego don Antonio Cantó empezó también por la cadena alimentaria. Cuando preguntaba que cual era el mayor problema del campo español, si era el acuerdo del tomate o no, el campo español
tiene muchos problemas pero el mayor es la atomización de la oferta y el escaso peso del agricultor, del ganadero y de los pescadores en la cadena agroalimentaria. Señorías, que ese es un problema grave, porque cojan ustedes el acuerdo de
Marruecos, el tomate: España produce 4 millones de toneladas de tomate, 2 millones son de industria de transformación, un millón es mercado interior y un millón es exportación, y Marruecos tiene una cuota de 275.000. Donde está de verdad el
problema del sector del tomate es cuando se negocia con las industrias el tomate para la industria y, cuando se negocia el tomate, con las grandes distribuidoras, con Mercadona, con Eroski, con Alcampo; ahí está el problema del tomate, de los
cítricos, del pomelo,

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de la naranja, de las nectarinas y de todo, porque no se participa en el valor añadido en la cadena. Entonces, donde tenemos que trabajar es en la mejor estructuración de la cadena evitando todos los escalones intermedios, en la
concentración de la oferta y en una ley que haga relaciones comerciales transparentes, donde estén los contratos ordenados y donde haya una regulación de la competencia que se adecue al sector agrario y que permita que la interprofesión pueda hacer
extensión de norma, por ejemplo, para la tirada de productos; porque, si lo hiciera, se entiende que está violando la competencia y le sanciona la Comisión Nacional de la Competencia, como ha hecho en los últimos años con el sector agrario y el
sector de bebidas donde la competencia ha sido durísima con este sector, y todos tenemos en nuestro territorio ejemplos de sanciones que ha habido. Una de las cosas que pedí en el último Consejo de Ministros de la Unión Europea fue que en la
reforma de la PAC se modificara la normativa de la competencia, que haya excepciones en el sector agroalimentario que permitan al sector concentrar oferta y tener más peso en la cadena alimentaria. En consecuencia, le doy mucha importancia a esa
ley, la vamos a consensuar con todo el mundo y con las comunidades autónomas; ya han empezado las primeras reuniones, hay borradores que están circulando y tan pronto como tengamos más avanzados esos estudios compareceré en esta Comisión para
explicarles el contenido y detalle de en qué dirección nos estamos moviendo, teniendo que respetar la Constitución, las normas comunitarias y viendo las mejores prácticas, porque lo que está ocurriendo es que en la Unión Europea hay interpretaciones
muy diversas de la normativa de competencia según determinados países, y nosotros tenemos aquí problemas.


Alguien ha dicho que la acuicultura es el futuro -lo ha dicho el señor Cantó y algún otro diputado-. Somos muy conscientes de que tenemos que aprovechar la reforma de la PAC en la nueva política común pesquera -ya por primera vez en el
reglamento base se introduce la acuicultura-, y vamos a ver que en el Fondo europeo de la pesca se le dé bastante prioridad. Somos líderes en el sector. Hay cosas en las que somos un líder muy claro: somos líderes en aceite, en vino, en
acuicultura. Tenemos que explotar esa posición de liderazgo para conseguir una implantación. La Ley de Costas también influye en la acuicultura. Uno de los temas que tenemos que ordenar es la acuicultura y también el engorde de pescado en zonas
marinas y la cohabitación de la energía eólica offshore con la actividad pesquera. Verán ustedes que la Ley de Costas supone muchas más cosas que las falsas intenciones que se le imputan al Gobierno.


El señor Cantó ha hablado de la marca España, ya lo he dicho. Esto es absolutamente fundamental. Tenemos la suerte de tener la dieta mediterránea en el sector agroalimentario y tenemos la suerte de tener los mejores prescriptores, que son
los grandes cocineros españoles, para hacer una promoción espectacular de nuestros productos inteligentemente establecida, por tanto, marca España aquí, marca España en nuevas tecnologías agronómicas y siempre buscando sumar los esfuerzos de
comunidades autónomas y de sectores. Aquí tenemos que ir al unísono y ese es el impulso que puede dar el Gobierno. Hablaba en su discurso del papel del Estado -una cosa curiosa- en el tema agrario. Es verdad que las autonomías tienen competencias
casi exclusivas en materia de agricultura o grandes competencias en agricultura, pero cuando hay grandes problemas la solución se le reclama al Gobierno, que a veces no tiene muchos elementos más que la capacidad de persuasión o de articular
soluciones de una manera eficaz. Hay que combinar el respeto a las competencias mutuas con la suma de esfuerzos para solucionar los grandes problemas. Por eso, cuando digo que quiero planificar estrategias de anticipación de crisis, todo ese tipo
de instrumentos no son instrumentos baladíes, sino instrumentos que, cuando se produce, pueden tener la respuesta preparada. Yo he vivido dos crisis importantes en España, la de las vacas locas, que pilló a un país incapaz de gestionar la dimensión
de ese tema, y la contaminación del Prestige, que fue otra crisis que nos enseñó cómo se gestiona un vertido en costa, pero cuando no lo has padecido con esa intensidad la respuesta no es lo suficientemente rápida y se puede mejorar. Por eso creo
que la anticipación de crisis es un tema verdaderamente importante.


Me preguntaba por el greening y por la vinculación de las hectáreas al trabajo o no. Todos estos son temas que hay que decidir. En cuanto a que la actividad agraria sea sostenible, ya defiendo que el agricultor es el mejor amigo del medio
ambiente, el mejor amigo de la fauna, el mejor amigo de la flora y el mejor amigo de la biodiversidad. No hay mejor medioambientalista que un agricultor, se diga lo que se diga en este país, porque tenemos los biosistemas que tenemos porque ha
habido agricultores; si no, esto sería el desierto del Kalahari. Hay que respetar y una de las cosas que quiero hacer es dignificar la figura del agricultor. Es un tema que es muy importante. (Aplausos.) Por lo que se refiere a recibir unas
ayudas agrarias que son muy importantes, no sé si sus señorías son conscientes de que cuando hablamos de las ayudas agrarias de la PAC, lo que representa en la renta agraria, se hace una media general y la gente dice el 27 por ciento. No es verdad,
porque las frutas y hortalizas son una parte muy importante de la renta agraria, pero las frutas y hortalizas no reciben ayudas agrarias, aparte de las ayudas a las organizaciones de productores. Luego si se descuenta de la renta agraria lo que
suponen las frutas y hortalizas, el peso de las subvenciones en la renta del agricultor se dispara al 43 por ciento de media. Eso quiere decir que, si hay una reducción significativa de ayudas por la aplicación de una ayuda base por hectárea,
provincias y comunidades enteras, como Jaén, desaparecerían, porque no es rentable recoger la aceituna si te bajan las ayudas. A la hora de regionalizar, de territorializar, tenemos que ser muy conscientes de que

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tenemos que mantener los sistemas productivos en toda España, señorías.


En cuanto a la definición de activo agrario, la UPA tiene una, la COAG tiene otra, Asaja tiene otra y las comunidades autónomas, según las comunidades, tienen distintas, por lo que tendremos que buscar una definición de activo que nos valga
a todos. Espero que seamos capaces de encontrarla. Puede ser de los temas más complicados a la hora de buscar un punto común, pero tampoco creo que sea imposible. Por lo que se refiere a ponderar las unidades de trabajo o la hectárea, está
vinculado a sistemas productivos. Si son muchas hectáreas de sistemas productivos intensivos en mano de obra hay muchas; si estamos hablando de pastos hay muy pocas. Eso nos lleva al problema de si los pastizales los metemos entre los que van a
recibir ayudas o no, un debate que no es menor, señor Alonso, ¿eh?, debate que no es menor.


Estoy viendo aquí más preguntas para intentar contestar a algunas. Sobre las energías renovables les he contestado y sobre seguridad jurídica también. El señor Solsona decía que había una política que era un fracaso: la incorporación de
jóvenes. Estoy de acuerdo. No hemos sido capaces ni a nivel Gobierno de la nación ni a nivel de comunidades autónomas de poner en marcha una política de inserción de jóvenes del medio rural eficaz. Las cifras de renovación generacional son muy
bajas y el envejecimiento de la población es altísimo. Esto nos debería hacer reflexionar que tenemos que dar un giro copernicano a la política de apoyo a los jóvenes. Está vinculado también a la falta de rentabilidad del sector. En este sector
hay poca rentabilidad y es muy difícil que se incorporen los jóvenes cuando hay alternativas. Ahora es un sector refugio porque hay crisis, pero cuando vuelva a haber crecimiento económico seguiremos teniendo un problema de envejecimiento
poblacional.


Ya le he expresado mis dudas sobre la regionalización, pero las hablaremos y las discutiremos para ver qué es lo que podemos hacer. Hablaba don Carles Pàramo sobre las sensibilidades y las soluciones compartidas. Sin lugar a dudas. Hay
que buscar el conocimiento donde esté y el consenso necesariamente, con lo cual estamos en ello. Me hablaba de la Ley de Costas y de los problemas que ha habido y también sobre los residuos.


Me ha preguntado sobre el 0,7 por ciento el señor Barberà. No se lo sé responder en este momento, pero intentaré saberlo y contestar a su señoría. Cuando no sé algo prefiero decir que no lo sé. Lo desconozco. Le estaría contando una
milonga y prefiero no hacerlo. (Risas.)


En residuos vamos a hacer una revisión muy profunda. Vale la pena que tengamos una política inteligente de residuos. El vertedero tradicional no tiene ningún sentido. Tenemos que ver los sistemas de incineración, ver cómo recuperamos y
cómo utilizamos biomasa. Este es un tema que merece ser tratado. No hay soluciones simples, pero debemos avanzar una barbaridad en la gestión de residuos; simplificación y armonización a nivel de todo el territorio de nuestra legislación.


Ya sé que tenemos un problema con el Fondo de carbono de economía sostenible. Ya sabe usted que el Gobierno de la Generalitat ha presentado un requerimiento previo a la interposición ante el Tribunal Constitucional de un conflicto positivo
de competencias. Está pendiente de ser contestado por el Gobierno. Yo solo hago una reflexión sobre estos fondos de carbono que tenemos que comprar y suscribir porque no somos capaces de reducir las emisiones al límite determinado: que en puridad
habría que haber repartido los objetivos, que no están repartidos territorialmente. Tenemos objetivos nacionales. No hemos hecho un reparto de objetivos por autonomía y por municipios. Es una reflexión, no es que yo pretenda repartirlos. No sea
que mañana vea un titular de que pretendo repartirlos. Tenemos un fondo nacional porque tenemos unos objetivos nacionales y con toda la complejidad que ello conlleva. Aquí se requiere la complicidad de todos, ayuntamientos y comunidades autónomas,
en el cumplimiento de emisiones porque, si no, no podríamos hacerlo. Es una tarea que va a requerir una coordinación muy efectiva.


El Grupo Parlamentario Vasco hablaba de varias cosas. En cuanto al vino ya le ha dicho lo de la cadena alimentaria. En cuanto a las interprofesiones, nuestra preocupación es que no están funcionando porque tienen muchas restricciones
cuando hacen extensión de norma. Por tanto, queremos facilitarles todo lo que podamos estos temas. Me planteaba también la regionalización y el problema de hectárea de montaña. Creo que si esta política agraria común sigue por donde quiere el
comisario y no por donde queremos los españoles, tendríamos que ir internamente a hacer un ejercicio inteligente para apoyar a todos los sistemas productivos; por igual en todos los territorios, pero a todos los sistemas productivos. Pero de
momento vamos a dar las batallas que tenemos que dar.


En pesca va a seguir estando la presencia militar en las zonas conflictivas para garantizar la actividad pesquera. Y no solo me preocupan los acuerdos más próximos con Marruecos; me preocupan absolutamente todos los acuerdos, Gabón -como
le he dicho antes- incluido. Ha hablado usted del Fondo verde para el clima o, más bien, del London Green Fund que están haciendo en la ciudad de Londres. Afortunadamente en la cumbre de Durbam se ha creado un fondo y España tiene que seguir
apoyando la puesta en marcha de este fondo verde. Nosotros tenemos el Fondo de carbono -por el que tengo el problema con mis amigos catalanes en este momento- para apoyar el desarrollo de actividades de mitigación del cambio climático. Por tanto,
lo tenemos aquí.


Creo que he contestado casi todas las intervenciones, menos una, que si encuentro un papel la contestaré. Es la pregunta que hacía el señor Alonso relativa al ajuste presupuestario. Si somos capaces de encontrar el documento y si sus
señorías no se mueren antes de hambre, seremos capaces de contestar. (Risas.) El señor Alonso decía que le explicara la reducción a nivel vaca, a nivel

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tractor y a nivel pueblo. Voy a hacer un esfuerzo, no le puedo garantizar el éxito. Lo que le puedo decir es que el gasto de personal y operaciones corrientes es de 93,82 millones de euros. Pero a usted esto le tiene que sonar, lo había
preparado el Gobierno anterior. (Risas.) Oiga, el acuerdo de no disponibilidad estaba muy trabajado y muy trillado. El total de operaciones de capital en inversiones reales es de 86,01; transferencias de capital -doña Elena Salgado se lo puede
explicar- son 211,14; y activos financieros, 10,54. Como ve usted, en un presupuesto de 13.000 millones de euros el subsector Estado tiene una reducción de 401 millones de euros, que es sustancial. A nadie le gusta que le recorten su presupuesto,
pero todos tenemos que hacer un esfuerzo en el cumplimiento del objetivo de déficit, déficit que este Gobierno no deseaba pero que tiene que afrontar. En esto hemos sido solidarios todos los ministerios y se ha hecho de manera que podamos
desarrollar todas las políticas básicamente y haciendo los ajustes necesarios. Por lo tanto, señor Alonso, a nivel vaca me disculpará usted que no pueda llegar (Risas.), pero con esto se puede hacer una pequeña idea. (El señor Alonso Núñez: ¿Y
por hectárea?) Por hectárea, pues usted calcule, divida usted. Las inversiones reales son 86 y, como son aproximadamente 14 ó 15 millones de hectáreas, haga usted una división y le saldrá a usted el resultado. Para eso tiene usted el iPhone que
le ha dado el Congreso de los Diputados y que tiene una pequeña calculadora. (Risas.)


Yo me disculpo por mi larga contestación, pero sus señorías han hecho una intervención que me ha obligado a responderles a todos en la medida de mis posibilidades. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por sus amplias y exhaustivas informaciones. (El señor Alonso Núñez pide la palabra.)


Señor Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Le pediría un turno de réplica, que es lo tradicional en este tipo de comparecencias, aunque esté muy limitado el tiempo.


El señor PRESIDENTE: Déjeme contestarle, señor Alonso. Me voy a dar la palabra a mí mismo para decirle que podíamos haber hecho dos cosas. Cuando ustedes han solicitado la máxima flexibilidad, esta Presidencia podía haberse ceñido
rigurosamente al turno establecido en el Reglamento de diez minutos y luego abrir un turno de réplica de dos o tres minutos, lo que iba a prolongar muchísimo más el debate y ustedes no hubieran podido solicitar previamente la información con el
máximo tiempo posible. Yo creo que el señor ministro ha dado cumplida respuesta, porque este debate ha durado más que un partido de Nadal y Djokovic. (Risas.) Los que conocemos al señor ministro no tenemos ninguna duda de que va a comparecer
cuantas veces sea necesario. Si yo ahora le concedo al Grupo Socialista un turno de réplica, el resto de grupos también podrá solicitarlo y volveremos a abrir el debate. Además, basándonos en lo que está ocurriendo en el resto de las
comparecencias -porque el derecho comparado también tiene su importancia-, creo que esta Comisión ha servido para que todas sus señorías y todos los grupos parlamentarios tengan cumplida información. Hay cinco o seis comparecencias solicitadas, y
además aprovecho la ocasión para comentarles a todos ustedes que el viernes vamos a tener aquí la presencia del comisario Dacia Ciolos, que vendrá a informar de muchas cuestiones que no han quedado absolutamente claras.


Por lo tanto, señoras y señores diputados, doy por finalizada esta sesión, muchísimas gracias por su participación. (Aplausos.)


El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, si me lo permite, quisiera que constara en acta nuestra protesta por la actitud de su Presidencia, que nada hace del discurso de respeto, de transparencia. En todas las Comisiones se ha dado ese
turno de réplica, y en este caso con más razón al haberse acumulado una serie de peticiones de comparecencia y habiendo intervenido el ministro durante más de tres horas. Limitar el uso de la palabra a los grupos parlamentarios me parece un
atropello a la democracia y quiero que conste en acta. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señor portavoz, mire si tiene respeto esta Presidencia, que ha permitido que usted me insultara todo lo que ha querido. (Risas.)


Se levanta la sesión.


Eran las tres y cuarenta minutos de la tarde.