CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 24

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ARTURO GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ

Sesión núm. 2 (extraordinaria)

celebrada el martes,

24 de enero de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia (Sáenz de Santamaría Antón), para informar sobre:


- Las líneas generales de la política de su departamento. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000001.) ... (Página2)


- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000010.) ... (Página2)


- Las líneas generales de la política que va seguir su ministerio a lo largo de la legislatura. A petición del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 213/000075.) ... (Página2)

Página 2

Página


- Las prioridades del Gobierno para la presente legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000101.) ... (Página2)


Se abre la sesión a las cinco de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional. Habida cuenta de que no estamos en periodo de sesiones, sus señorías han recibido la convocatoria de esta Comisión por medio del presidente de la Cámara,
como así se dispone reglamentariamente, y también han recibido, con la suficiente antelación, el orden del día de esta Comisión, que tiene por objeto distintas comparecencias de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia.


Como es habitual en este tipo de comparecencias, vamos a agruparlas en una sola, tanto la pedida por el propio Gobierno como las solicitadas por distintos grupos parlamentarios, en concreto el Grupo Socialista, el Grupo Catalán y el Grupo de
Unión Progreso y Democracia. En el desarrollo de esta sesión tendrá primero la palabra la señora vicepresidenta, a continuación daré la palabra a los portavoces de los grupos que han solicitado la comparecencia, de mayor a menor, y, posteriormente,
daré un turno de fijación de posiciones a los demás grupos que no han solicitado esta comparecencia, pero aquí lo haré de menor a mayor, de tal manera que iniciará ese turno de intervenciones el Grupo Mixto y lo cerrará el Grupo Popular.
Agradeciendo a la señora vicepresidenta su presencia en esta Comisión, que se inaugura en este periodo de sesiones con su presencia, le doy la palabra.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señorías, hace dos meses los españoles decidieron, por amplia mayoría, apostar por una nueva forma de gobernar. Un mes después, el presidente
comparecía ante esta Cámara para exponer cuáles eran los ejes en este propósito, y hoy el Gobierno acude por primera vez, a la misma sede, para explicar las líneas de desarrollo de las prioridades definidas por Mariano Rajoy.


A partir de este momento los distintos ministros abordaremos, en las comisiones parlamentarias correspondientes, las principales líneas de actuación del Gobierno en cada uno de nuestros departamentos desde distintos ámbitos, con reformas de
diferente alcance, pero todos con un mismo objetivo: salir de la crisis. Con tal fin hemos adelantado el horizonte de nuestro calendario legislativo. Este viernes se aprobará el anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera y, con arreglo a sus criterios, traeremos a la Cámara, para su autorización, el acuerdo que fijará el techo de gasto límite para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.


Tras la ley de estabilidad presupuestaria, y en las semanas siguientes, el Gobierno aprobará dos de las reformas esenciales para afrontar la difícil crisis que vivimos: una reforma laboral, al servicio de la creación de empleo, y una
reforma del sector financiero, que garantice la solvencia y la fortaleza del sector. En este programa no faltarán medidas de impulso a la actividad económica, por lo que, en el plazo comprometido, las pymes y los autónomos tendrán el respaldo
decidido del Gobierno, a través de la ley de apoyo a los emprendedores, que se remitirá a esta Cámara.


Señorías, como ven, son reformas que buscan en todo momento el equilibrio entre el control del déficit y el impulso a la competitividad. Es lo urgente y lo necesario, pero no es suficiente. Para recuperar la confianza no basta con abordar
cambios para el crecimiento económico, es imprescindible garantizar también la estabilidad institucional. Al fin y al cabo, la confianza se construye sobre los mismos valores: fortaleza, solvencia y eficacia, para nuestra economía y para nuestras
instituciones democráticas. Corresponde a la vicepresidencia el impulso del proyecto reformista del Gobierno, pero también ejercer el liderazgo de un amplio programa de regeneración institucional, que vengo a trasladarles, para hacer de las
instituciones, en sentido amplio, un activo en la salida de la crisis y un valor en la recuperación de la confianza. Tenemos que salir de la crisis, pero también tenemos que sacar de ella algo en claro: la determinación de cambiar lo que no nos
gusta. Proponemos reformas para salir de la crisis, sí, pero también creemos que ya está bien de decir que las cosas no están bien, ha llegado el momento de cambiarlas.


En los buenos tiempos, las imperfecciones son criticables, pero pueden ser tolerables. En épocas difíciles, como ahora, se convierten en un lastre insoportable y es hora de librarnos de esas cargas, de estructuras que no funcionan, de
políticas que valen de muy poco y de comportamientos que nos cuestan demasiado. La austeridad es un valor consustancial al servicio público. Es una muestra de respeto al cargo que se ejerce y a los

Página 3

ciudadanos ante los que se responde y es un deber de lealtad hacia la institución a la que se sirve y a los recursos públicos que entre todos se aportan para financiarla. Las instituciones no pueden ser entes inaccesibles y opacos, deben
ser un reflejo de las prioridades de los ciudadanos, transparentes a sus demandas y cercanas a sus preocupaciones. Han de convertirse en una respuesta a tiempo y no en una duda permanente.


La regeneración democrática es inaplazable por el momento en que vivimos e inexcusable por los objetivos que persigue: ampliar los derechos de los ciudadanos, reforzar la responsabilidad de los gobernantes y perfeccionar los vínculos
democráticos que nos unen. Todas ellas son condiciones indispensables para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, que solo será plena cuando se sientan fielmente reconocidos en ellas. Los españoles afrontan la crisis con
austeridad, de la misma manera las administraciones deben ser austeras. Las familias intentan resolver sus problemas económicos con realismo y los gobiernos debemos actuar con transparencia. Los trabajadores, las pymes y los autónomos luchan por
salir adelante, dando una lección diaria de ejemplaridad y responsabilidad. Los cargos públicos no podemos ser menos. Los españoles quieren mirar al futuro con confianza y la democracia tiene que ser el referente que les permita ver con claridad
el horizonte. Austeridad, transparencia, responsabilidad y regeneración democrática serán los ejes sobre los que se pivote este programa de reformas y también los de mi intervención.


Comienzo por la austeridad, porque comienzo por lo urgente. Hoy los españoles saben, porque se lo hemos dicho, que su país atraviesa la situación más difícil a la que se haya enfrentado un Gobierno en toda la democracia. Todos sabemos o
deberíamos saber que hay que hacer un esfuerzo por controlar el déficit público. Hay que hacerlo, porque en el pasado no se tuvo la voluntad de limitar algunos gastos, y eso no va a volver a pasar. Como ya señalé, este viernes aprobaremos en el
Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, que se remitirá inmediatamente al Consejo de Estado. Cumplimos con ello una obligación constitucional, un
acuerdo político y un compromiso del presidente del Gobierno. No gastar lo que no se tiene será una obligación y no gobernar a golpe de crédito, una norma de rango legal. Hemos consagrado en nuestra Constitución que somos un país que cumple, y va
a cumplir. Somos pioneros con esta norma, porque queremos estar donde nos corresponde por nuestro peso político y económico y legislamos para estar en las mejores condiciones. Es parte de nuestro compromiso y de nuestra forma de gobernar. Esta
ley nos protege frente a los ciclos económicos, los malos y los buenos, que nunca podrán ser excusa para el despilfarro, porque este texto nos obliga a todos, y nos compromete a todos.


Este Gobierno no ha esperado a convertir la austeridad en un mandato legal. Para nosotros siempre ha sido un compromiso político; por eso hemos empezado por el propio Gobierno. La primera decisión de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo
fue precisamente reducir su estructura. Iniciamos un programa de reducción de la Administración antes del primer Consejo de Ministros y hemos seguido desarrollándolo en todas y cada una de sus reuniones. Se ha eliminado un 20 por ciento de los
altos cargos, y con esa reducción nos hemos ahorrado, solo en gastos de personal, 4,4 millones de euros al año. En el caso del Ministerio de la Presidencia, se han reducido un 42 por ciento las direcciones generales y un 30 por ciento el gabinete
de la vicepresidenta, de 19 a 13 miembros.


Pero nuestro compromiso de austeridad va mucho más allá de la estructura ministerial; toca extender este redimensionamiento a todo el sector público empresarial y fundacional. El número de empresas públicas, fundaciones y consorcios ha
experimentado un injustificado crecimiento en los últimos años. Entre 2004 y 2009 su volumen se ha disparado un 50 por ciento, hasta alcanzar las 4.023 entidades. Es hora de acabar con esta inflación administrativa. Hay más que margen para una
amplia reducción; tiene que haberlo cuando se trata de 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios, cada uno con su propio consejo de administración, su propio presupuesto, su propio déficit y muchas veces su propio endeudamiento.
Nos proponemos por ello en este ámbito tres medidas inmediatas: en primer lugar, el recorte efectivo del número de organismos; en segundo lugar, la fijación de criterios de homologación de retribuciones que reciben directivos y consejeros de estas
entidades y, en tercer lugar, la reducción efectiva del número de miembros de los consejos de administración. Se trata con ello de ahorrar costes, aligerar el volumen administrativo y mejorar la eficacia en la gestión. Para ello estamos actuando
en dos frentes. En lo que respecta a la Administración General del Estado, se presentará un informe detallado sobre la situación del sector público empresarial y fundacional dependiente de los diferentes ministerios, definiendo exactamente sus
objetivos y funciones, por un lado, y sus resultados y costes, por otro; solo así podremos valorar su rentabilidad en términos económicos y sociales y decidir sobre su futuro. Este informe será estudiado en el Consejo de Ministros antes del mes de
marzo y será el marco de una ambiciosa propuesta de ajuste para suprimir, fusionar y redefinir aquellas entidades públicas cuyas funciones no las hacen imprescindibles.


Pero esta teoría quedaría incompleta si no involucráramos a las comunidades autónomas y entidades locales de las que dependen nada menos que 3.688 organismos. Hemos abordado en la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera
esta reducción y hemos alcanzado un acuerdo. En el plazo de un mes las comunidades autónomas informarán sobre las empresas y fundaciones que dependen de ellas, y a partir de entonces acometerán un plan de actuación y racionalización cuantificado,
que deberá ser ejecutado a lo largo de este

Página 4

año 2012; ya no caben más aplazamientos. Estamos por tanto ante un compromiso político del conjunto de los gobiernos autonómicos con el Gobierno de la nación, independientemente del color político de quien dirige estas administraciones,
porque se equivocan los que piensan que la austeridad es una pose ideológica; es únicamente una cuestión de voluntad política. Es cierto que en el pasado se alcanzaron otros acuerdos y no lo es menos que no se cumplieron los objetivos planteados,
pero esta vez hay un gobierno decidido a llevarlos a buen término y unas comunidades autónomas que están colaborando y que son las primeras interesadas en cumplirlo, porque es un mecanismo relacionado con los de financiación y liquidez ofrecidos por
el Gobierno. En este objetivo compartido queremos también contar con las entidades locales. Esta misma semana se reunirá la Comisión Nacional de Administración Local, y el Gobierno acudirá con la misma voluntad: alcanzar un acuerdo amplio para
lograr un compromiso sólido. Trabajamos desde el diálogo y con él estamos construyendo el marco necesario para concertar los objetivos de reducción de gasto y control del déficit, unos objetivos que deben ser la base para poner en marcha otros
mecanismos de austeridad y de eficiencia en el funcionamiento de las administraciones públicas.


Debemos acordar medidas de reducción del gasto corriente y optimización de recursos, un ámbito en el que hay mucho por hacer y mucho por avanzar. Me refiero a la puesta en marcha de centrales de compras, la contratación compartida de
servicios y un plan de gestión inmobiliaria de la Administración General del Estado. ¿Tiene sentido que dos ministerios contraten de forma individual los mismos servicios de comunicación por voz o datos; no dos, todos? Es evidente que no. ¿Tiene
sentido que haya patrimonio público inmobiliario infrautilizado y al mismo tiempo se estén gastando grandes cantidades en alquileres? Tampoco parece razonable. Lo que en cualquier empresa privada sería una gestión ineficiente, en la Administración
que gestiona los recursos de todos es sencillamente intolerable.


Señorías, si todos tenemos que hacer un esfuerzo, los cargos públicos tenemos que ser los primeros, los primeros que estamos obligados a hacer un uso austero de los medios materiales que tenemos a nuestra disposición. El Gobierno limitará
estrictamente el uso de bienes oficiales a aquellos viajes de trabajo en los que razones de urgencia, seguridad, dificultades de acceso o eficiencia de costes así lo aconsejen; ninguno más. Se utilizarán siempre las opciones de transporte más
eficientes, se reducirán las delegaciones que acompañan a los ministros al mínimo imprescindible y siempre con la máxima justificación y deberán coordinarse cuando varios miembros del Gobierno coincidan en la misma delegación. Quienes ejercen el
gobierno tienen que practicar la austeridad, igual que quienes aspiran a representar a los ciudadanos tienen que reflejar sus mismos valores. Por esto el Gobierno ya ha enviado a esta Cámara el proyecto de ley de reforma de la financiación de los
partidos políticos, para rebajar las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en un 20 por ciento y para eliminar el blindaje que actualizaba de por vida esas subvenciones en función del IPC. Cada año serán los presupuestos
los que, a la vista de las circunstancias económicas, recojan la subvención con la que los partidos políticos podrán contar. Con esta medida hemos ahorrado solo en este año 30 millones de euros. Estoy convencida de que vamos a acordar esta reforma
que se debatirá en esta misma Comisión parlamentaria. Aprovecho para emplazarles a que se tramite cuanto antes y decirles que haremos especial atención a sus aportaciones. Con su aprobación demostraremos nuestra voluntad de asumir el esfuerzo
compartido. El mismo esfuerzo y responsabilidad que asumimos los representantes de los ciudadanos se lo hemos perdido a los agentes sociales que reciben subvenciones del Estado. Sindicatos y asociaciones empresariales tendrán que asumir una
reducción en sus aportaciones de 55 millones de euros este año 2012. En definitiva, solo en estas ayudas públicas hemos recortado más de 80 millones de euros. Y para garantizar una buena gestión del resto de ayudas públicas, reformaremos la Ley de
Subvenciones. ¿En qué sentido? En primer lugar, se prohibirán con carácter general las subvenciones nominativas, se someterá su concesión y su justificación a criterios objetivos, se exigirá una mayor transparencia en su gestión y se incorporarán
mecanismos de trazabilidad y evaluación del impacto que producen para controlar el destino de hasta el último euro. Esta nueva definición de la Ley de Subvenciones entronca directamente con las exigencias de transparencia que los ciudadanos
demandan y este Gobierno asume. Resulta sorprendente que España sea uno de los pocos países de Europa, junto con Chipre, sin una legislación concreta sobre transparencia. Por eso me he marcado como prioridad llevar al Consejo de Ministros cuanto
antes una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y hoy les anuncio que la remitiremos a esta Cámara en este periodo de sesiones. Con ella daremos mayor visibilidad y amplitud en nuestro ordenamiento jurídico a un
derecho de los ciudadanos, a una obligación de las administraciones y sobre todo a una responsabilidad de los gestores públicos. En primer lugar, reconocemos el derecho de los ciudadanos a saber y conocer lo que sucede en la Administración y la
obligación de la Administración a contárselo y enseñárselo. En este intercambio es donde nace la confianza. Con esta ley, por un lado, impulsaremos que la Administración haga pública cada vez más información de oficio, es decir, sin que nadie la
demande, y al mismo tiempo estableceremos un procedimiento claro para que todos los ciudadanos puedan acceder a las informaciones que no estén publicadas. Estas peticiones se gestionarán a través de un portal digital de la transparencia al que los
ciudadanos podrán dirigir su solicitud y del que recibirán la información -una verdadera ventanilla de información de la Administración General del Estado-, porque al ciudadano no se le puede reconocer un derecho y

Página 5

luego hacerlo inalcanzable a base de complicaciones. Existirán lógicamente limitaciones al acceso, pero será una lista cerrada, que responderá únicamente a la protección de intereses superiores colectivos, como es el caso de la seguridad
nacional, o individuales, como el derecho fundamental a la protección de datos. En definitiva, esta parte de la ley pretende garantizar el derecho de los ciudadanos a estar cada vez más informados por la Administración y la obligación de la
Administración a informarles cada vez mejor. Los ciudadanos conocerán más fácilmente, por ejemplo, a quién y por qué se conceden las subvenciones públicas, cuánto cuesta organizar una cumbre internacional, cuántos funcionarios trabajan en un
ministerio o en un organismo público o cuánto cobran los altos cargos. Es voluntad del Gobierno además armonizar las obligaciones de transparencia en la publicación de actividades y bienes entre parlamentarios, miembros del Gobierno y otros altos
cargos. El objetivo no es solo que sean las mismas para todos, sino que sean las mayores en todo caso. Queremos hacer de la transparencia una ley de referencia en todo nuestro ordenamiento jurídico, pero sobre todo un principio inspirador de
nuestro Gobierno, y queremos que la transparencia, además de un derecho de los ciudadanos, sea una herramienta al servicio de los españoles. Les pondré el ejemplo de dos organismos que dependen del departamento que dirijo. El Boletín Oficial del
Estado. El BOE es el canal oficial de información del Gobierno. Muchos ciudadanos lo consultan, pero no todos con el mismo propósito. Al empresario le conviene conocer las nuevas normas aprobadas para su sector de negocio o al estudiante saber la
oferta de becas. Por eso creo que se tiene que avanzar hacia un Boletín Oficial del Estado más personalizado; pensar en mecanismos de selección de contenidos y de comunicación de alertas a medida de las necesidades individuales de los interesados.
Y pensando en el canal de comunicación inversa, el que circula de los ciudadanos a los poderes públicos, a través de los estudios de opinión, podemos avanzar también en una mayor transparencia de los datos de análisis de la coyuntura social. Se
emplearán las bases de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas y se incorporarán en ellas estudios de otros centros o institutos. Con todas estas medidas demostraremos que queremos que el nuestro sea un gobierno abierto. Adquirimos un
compromiso con los españoles y es nuestra voluntad proyectarlo al ámbito internacional.


En esta legislatura aspiramos a que España forme parte activa de la iniciativa que Barack Obama y Dilma Rousseff impulsaron en Nueva York en julio de 2010: la iniciativa mundial para un Gobierno Abierto, the Open Government Partnership.
Para lograrlo debemos cumplir tres requisitos: suscribir un compromiso de transparencia, presentar un plan de acción estatal abierto a consulta pública y aceptar la evaluación externa del cumplimiento de este proyecto. Todo ello, además del
cumplimiento de estándares mínimos en materias como la transparencia fiscal, el acceso a la información, la publicidad de los ingresos y bienes de los altos cargos y la participación de los ciudadanos. Estamos dispuestos a asumir estas obligaciones
porque creemos que España debe no solo incorporarse sino colocarse a la vanguardia de las políticas de transparencia y de las exigencias del gobierno abierto.


La ley de transparencia no solo recogerá el estilo de un gobierno abierto sino también las obligaciones de un buen gobierno. Estas obligaciones se extenderán a los responsables de todas las administraciones públicas, exigiendo austeridad en
sus comportamientos individuales y responsabilidad en el manejo de asuntos y recursos públicos. Elevaremos a rango de ley los valores que deben regir las tareas de gobierno; valores como la transparencia en la gestión, la imparcialidad en las
decisiones o el deber de sigilo de las informaciones que conozcan por razón de su cargo y que no deban ser divulgadas con arreglo a la ley. Seremos especialmente estrictos cuando se incumplan estas obligaciones en la gestión de los recursos
económicos. La respuesta del ordenamiento jurídico debe ser contundente para quienes incumplan los límites del déficit y endeudamiento que fijará la ley de estabilidad presupuestaria; para quienes contraigan compromisos de gasto o asuman
obligaciones sin crédito suficiente para su financiación; para quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas -estoy hablando de las facturas no contabilizadas-; para quienes no colaboren o aporten la documentación requerida por
los órganos de fiscalización contable o los tribunales de justicia. Para todos ellos habrá consecuencias no solo administrativas sino también penales. Para ello, el Gobierno presentará una ley orgánica complementaria a la de buen gobierno que
modificará el Código Penal para tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos. Lo haremos de acuerdo con los criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de sus funciones, quebranto a la
Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financian. La mala gestión de los recursos públicos no puede seguir perjudicando únicamente a quien paga sino que tiene que generar consecuencias para quien malgasta: aquellos que
irresponsablemente causan perjuicios a los ciudadanos en su gestión, aquellos que gasten más allá de lo razonable, que hipotequen el futuro de las generaciones siguientes, aquellos que lleven a cabo una gestión deficiente habrán de responder ante
los ciudadanos y si es necesario ante la justicia. Con esta ley no solo nos comprometemos a la disciplina del control público, incrementando la transparencia, sino que reforzamos también la responsabilidad de los gobernantes tasando sus
obligaciones. Esta ley marcará un antes y un después en la forma en la que se entiende el Gobierno y en la forma en la que lo perciben los ciudadanos. Por eso queremos contar con todos en la elaboración y en la aprobación. Por un lado, hemos
comenzado ya las consultas con la sociedad civil y nos hemos reunido con las distintas asociaciones promotoras de la transparencia y el buen gobierno; por otro lado, vamos a iniciar de forma

Página 6

inmediata una ronda de contactos con los grupos políticos, a quienes invito desde esta tribuna. Les propongo con ello formar parte de un proyecto que probablemente sea uno de los instrumentos más ambiciosos para la regeneración democrática
e institucional de España desde la transición.


Precisamente de regeneración democrática quisiera hablarles a continuación. Austeridad, transparencia y responsabilidad son requisitos imprescindibles para restaurar la credibilidad de las instituciones, pero son necesarias, además, otras
reformas para recuperar la confianza de los ciudadanos. Debemos apelar al espíritu que presidió la transición democrática y la aprobación de la Constitución en 1978. Entonces los españoles fueron capaces de ver en la democracia y en sus
instituciones una garantía de futuro por la que merecía la pena apostar. Ahora debemos aportarles motivos para reconocer en estas mismas instituciones un valor añadido para salir de la crisis y salir reforzados. Contamos con la mejor de las
oportunidades. Este año se celebra el bicentenario de la Constitución de Cádiz. Me corresponde ejercer la presidencia de la comisión que ha recibido el encargo de organizar la conmemoración de este gran hito de nuestra historia. Lo haremos el 19
marzo, en una conmemoración en la que les emplazo a participar por su trascendencia parlamentaria y su relevancia política. Mantendremos, además, un amplio programa de actividades a lo largo de todo el año. La ocasión merece la pena. El año 1812
supone el arranque del constitucionalismo en España, el nacimiento de un nuevo vínculo con Iberoamérica que adoptó en sus primeras constituciones el estilo de la experiencia de Cádiz. Por eso queremos que esta conmemoración sirva para ahondar en
los lazos que nos unen a la Comunidad Iberoamericana de Naciones y celebraremos en Cádiz, a final de año, una cumbre a la que están citados los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países de esa región. Conmemoramos la Constitución de Cádiz
como un tributo a la Carta Magna de 1978, como una forma de poner en valor la plena vigencia del marco jurídico que ha amparado el periodo de mayor estabilidad política y progreso social de nuestra historia. En este propósito, además, queremos
implicar plenamente al Centro de Estudios Constitucionales y Políticos. Aspiramos así a revitalizar el organismo como promotor y catalizador del proyecto de regeneración democrática que el Gobierno quiere impulsar, como sede para el debate y
también para la iniciativa. Queremos contar con sus aportaciones en el impulso de la ejemplaridad de la política, tomando como referencia los valores constitucionales en cuya difusión el centro tendrá un papel fundamental. Esperamos, además,
incorporar entre sus prioridades el seguimiento y valoración de los índices de confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en las leyes. Esta confianza es clave para la calidad democrática; también lo es para la competitividad económica.
Baste recordar los últimos datos del último informe anual del Foro Económico Mundial sobre cómo ha influido en la pérdida de competitividad de nuestro país el deterioro de nuestras instituciones políticas. Y es que en competitividad institucional
ocupamos el número 49 de 142 países; en transparencia, el 74; en confianza política, el 73; en despilfarro del gasto público, el 108; en lastres burocráticos, el 110. No podemos permitirnos este balance. Si queremos transmitir al mundo la
imagen de solvencia tenemos que empezar por trasladar a nuestras instituciones exigencias de racionalidad y eficiencia.


En este objetivo tenemos el mejor ejemplo, precisamente en el ámbito económico y en la defensa de la competitividad, en los organismos reguladores. Por un lado, en el último año hemos vivido una proliferación desmedida de este tipo de
organismos. Si en marzo de 2011 la Ley de Economía Sostenible los tasaba en cuatro, hoy, por diferentes preceptos legales, se prevén hasta ocho; su número se ha multiplicado, se ha duplicado y su coste ha aumentado en paralelo. Este Gobierno está
decidido a poner fin a esta dinámica y a convertir esta voluntad política en un compromiso con rango de ley. Esta semana en el Consejo de Ministros hemos estudiado un informe sobre la situación de los organismos reguladores y hemos creado un grupo
de trabajo interministerial para elaborar un proyecto de ley de reforma de su configuración, organización y funciones; un nuevo marco legal que sentará su base en los principios de simplificación, austeridad, eficiencia, independencia y
profesionalidad. Puedo adelantarles ya algunas novedades en lo que vamos y en lo que no vamos a hacer. De entrada, en esta reforma se suprimirá -sí así lo deciden sus señorías con su voto mayoritario- el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales
previsto por la Ley General Audiovisual. No es conveniente ni es necesario, porque consideramos que sus funciones de protección al espectador pueden ser perfectamente asumidas por otros organismos reguladores que ya existen y que se mantendrán sin
necesidad de gastar seis millones de euros en crear un nuevo; seis millones de euros al año. Esa es la previsión que el anterior Gobierno hizo de su coste y ese es el ahorro inmediato que el nuevo Gobierno genera renunciando a su creación. Voy
más allá. Pensando en la eficacia de los organismos reguladores, en las funciones que cumplen y en el presupuesto que manejan, ¿merece la pena mantener una entidad individual de supervisión del juego, que cuesta más de once millones de euros, más
de la mitad solo en gastos de personal? ¿Tiene sentido mantener figuras que suponen un importante coste y no siempre una gran ventaja? Estamos decididos a reducir al mínimo el número de organismos reguladores, velando siempre por mantener la
máxima garantía de supervisión en los mercados regulados y convencidos, además, de la necesidad de asegurar que su funcionamiento se ciñe a los principios de independencia, profesionalidad y neutralidad. Vamos a establecer un sistema de
nombramientos que garantice la plena idoneidad de los candidatos y el acuerdo parlamentario en su designación. Estamos convencidos de

Página 7

que este nuevo sistema supondrá una mayor independencia de estos organismos.


Si existe una institución en la que merece la pena trabajar por el refuerzo de su independencia, esa es el Tribunal Constitucional. El reto es recuperar por completo el prestigio que merece el Alto Tribunal, que se ha visto deteriorado en
los últimos años y devolver la centralidad a su primigenia función, que es velar por la constitucionalidad del ordenamiento jurídico. Por eso les anuncio que presentaremos a las Cortes Generales una ley orgánica para garantizar que las funciones
del Tribunal Constitucional se ajustan a las recogidas en la Carta Magna. En esta norma, por un lado, recuperaremos el recurso previo de inconstitucionalidad en los estatutos de autonomía; por otro, redefiniremos el recurso de amparo para evitar
que se convierta en una instancia jurisdiccional más y cumpla así el tribunal su objetivo original de proteger rápida y efectivamente los derechos fundamentales de los españoles.


En el año 2010 ingresaron 9.041 asuntos en el Tribunal Constitucional; de ellos la inmensa mayoría, 8.947, son recursos de amparo. En el mismo año, de las 143 sentencias dictadas 91 se referían a estos amparos y al finalizar el mismo
quedaban pendientes de decisión más de 300 cuestiones y recursos de inconstitucionalidad. El alto tribunal se enfrenta a una elevada carga que ralentiza y dificulta su funcionamiento; tenemos que solucionarlo entre todos. Pero, sobre todo, nos
proponemos proceder inmediatamente a su renovación. El presidente del Gobierno ya anunció en el discurso de investidura su intención de llegar a un acuerdo con la oposición y con el resto de los grupos políticos, y hoy les confirmo que retomamos el
proceso de renovación en el inicio de este periodo de sesiones. Hemos comenzado ya los contactos con algunos grupos y ampliaremos las conversaciones con el objetivo de llegar a un acuerdo a la mayor brevedad posible. La renovación es
imprescindible a corto plazo pero con ella no podemos perder de vista la necesidad de trabajar en el futuro sobre nuevas fórmulas para el nombramiento de sus miembros que aporten a la institución una mayor estabilidad y menor dependencia de las
coyunturas parlamentarias de cada momento.


Junto a esta renovación urgente, lo son también los nombramientos en otras instituciones democráticas como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Radiotelevisión Española. En algunos casos, estas renovaciones llevan
pendientes desde hace mucho tiempo. No es ejemplar que esto haya sucedido, y todos, nosotros también, asumimos la responsabilidad. No debería volver a producirse y por ello esta será una de las tareas prioritarias en este periodo de sesiones.
Contamos con la voluntad de acuerdo necesaria porque queremos hacer del diálogo el eje de nuestro estilo de Gobierno y de nuestra relación con las Cortes Generales, con el Parlamento. No vengo a decir aquí que queremos poner al Parlamento en el
centro de la vida política. El Poder Ejecutivo no debe ejercer ningún paternalismo respecto a ninguno de los otros poderes del Estado; no es así como está configurado nuestro sistema constitucional. El Parlamento siempre es el centro de la vida
política, la centralidad del debate público está en las Cortes, de eso no tenemos ninguna duda. Este debate tiene que responder a las demandas de los ciudadanos y a las iniciativas de los diputados que los representan, y no debe verse restringido
por las conveniencias o inconveniencias del Gobierno. Tengo la convicción de que el único debate que es perjudicial para la democracia es el que no se celebra. En la pasada legislatura asistimos en demasiadas ocasiones a debates frustrados por el
veto arbitrario a las iniciativas de la oposición. Es hora de poner límites al veto y fin a la arbitrariedad. Este Gobierno está dispuesto a hacerlo.


Es necesario abordar un desarrollo legal claro del artículo 134 de nuestra Constitución, delimitando explícitamente los casos que justifican la no conformidad del Gobierno en la tramitación de una iniciativa. Nuestro objetivo es enriquecer
el debate en este Parlamento porque estamos reforzando con ello la calidad de nuestra democracia, y la mejor aportación que podemos hacer es ampliar la participación de los ciudadanos. Existen varios cauces para ello pero estamos dispuestos a abrir
nuevos canales. Daremos mayor participación a los ciudadanos en la elaboración de los proyectos de ley, de forma que puedan aportar sus propuestas, sugerencias u opiniones. Con ellas se elaborará una memoria que acompañará a los proyectos de ley,
igual que lo hacen las memorias de impacto normativo o de impacto de género cuando se remiten a las Cortes Generales.


Señorías, es nuestra intención buscar siempre el máximo apoyo a nuestras propuestas y llegar a acuerdos básicos con otros grupos y fuerzas políticas, especialmente en las grandes políticas de Estado, donde buscaremos espacios amplios para el
encuentro que rebasen la duración de una legislatura o de un determinado color en el Gobierno. Queremos contar con la ayuda de sus señorías para mejorar los proyectos de este Gobierno. El control parlamentario nos sirve de acicate para hacer más y
mejores cosas; esperamos sus críticas y también sus propuestas. El Gobierno está a disposición de este Parlamento. Es nuestra obligación y nuestra vocación rendir cuentas de lo que hacemos, como hoy mismo estoy haciendo yo aquí. Lo haremos con
seriedad y con la verdad por delante; no sabríamos hacerlo de otro modo. Yo misma me comprometo a comparecer todos los años en la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados para dar cuenta de la nueva responsabilidad que ha
asumido el departamento que dirijo sobre el Centro Nacional de Inteligencia; todos los años y cuando así lo estimen conveniente sus señorías. Creemos que este cambio de adscripción significa un refuerzo de los servicios de inteligencia y responde
de manera más adecuada a las funciones del centro que, según la propia ley, son facilitar sus servicios al presidente en concreto, al Gobierno de la nación en su conjunto; me atrevo a decir: al conjunto del Estado, a sus instituciones polí

Página 8

ticas. Aprobaremos en febrero su directiva anual de inteligencia, modernizando sus objetivos de acuerdo con las particularidades y necesidades del contexto mundial actual, e impulsaremos un nuevo estatuto del personal del centro con el
objetivo de dotarlo de una mayor profesionalización y ampliar su contribución a los objetivos nacionales de país. Para ello reuniremos a la Comisión delegada del Gobierno para asuntos de inteligencia.


Y sobre otra de las comisiones delegadas, la de situaciones de crisis, quiero asumir también un compromiso con esta Cámara. Les informo de que es propósito del Gobierno, cada vez que esa comisión delegada haya de reunirse -y convendrán
conmigo en que será mejor que no lo haga-, que uno de sus miembros comparezca de forma automática ante el Parlamento para explicar tanto las situaciones planteadas como las decisiones adoptadas. No hará falta que nos pidan que rindamos cuentas;
asumimos como una obligación acertar en las respuestas y no evitar las explicaciones.


Tenemos un ejemplo muy cercano de la importancia de lo uno y de lo otro. Del departamento que dirijo, junto con Fomento, depende el comisionado de Lorca, que se ocupa de dar cumplimiento a todos los compromisos que adquirió el Gobierno con
los damnificados por el terrible seísmo que tuvo lugar en esa población murciana. Ha pasado casi un año desde entonces pero el recuerdo de esta catástrofe, de los fallecidos y de los heridos, sigue vivo en nuestra memoria y sigue presente en toda
la Región de Murcia. Se ha hecho un gran esfuerzo para reparar los daños causados y es necesario no solo mantenerlo sino impulsarlo. El pasado viernes se celebró una reunión de la comisión interministerial que coordina estas actuaciones para
valorar el desarrollo de los trabajos y dar un impulso definitivo a la finalización de las obras del Parador de Lorca, que fijaron en el mes de mayo. Con el mismo interés seguimos la evolución de los acontecimientos en la isla del Hierro. Estamos
comprometidos a una colaboración de todos los ministerios a la hora de solventar los difíciles problemas que está gestionando para los habitantes, para los comerciantes y para todos los trabajadores de la isla esta situación de difícil solución.


Señorías, la coordinación, la regeneración, la transparencia y el buen Gobierno son principios que ya hemos incorporado a nuestro estilo de gestión; también a otra de las funciones que asumo: la tarea de portavoz del Gobierno. Es parte de
nuestro programa político y forma parte de nuestro compromiso con los ciudadanos decirles siempre la verdad; así lo estamos haciendo. Es nuestra obligación hacer el relato de las políticas del Gobierno y de su forma de hacer política. Como
departamento que impulsa, hacer lo que hay que hacer; como departamento que explica, decir lo que se ha hecho.


La transmisión de información objetiva representa un valor en sí misma para una sociedad democrática. Los medios de comunicación son el soporte de derechos y libertades. Sabemos que están sometidos a los estragos de una fuerte crisis
económica. Me preocupa la situación empresarial de los medios de comunicación y la situación laboral de los profesionales del sector. Empresas y profesionales son garantía de pluralidad en una sociedad democrática. Gracias a ellos se cumple con
el principio de libertad de información y de opinión que proclama nuestro texto constitucional. Esa debe ser también la aspiración de la radio y la televisión públicas. Ya he trasladado a sus señorías que es intención del Gobierno llegar a un
acuerdo para la renovación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE lo antes posible. Quiero anunciarles que mañana me reuniré con los actuales miembros del consejo. El objeto de la reunión es analizar el ajuste presupuestario que el
Gobierno aprobó en su segundo Consejo de Ministros. Se trata de una reducción de 200 millones de euros en la aportación del Estado. El compromiso de reducción presupuestaria anunciado por el Gobierno debe ser un buen momento para incrementar la
eficiencia en la gestión de la radio y la televisión públicas. Debemos revisar el modelo de radiotelevisión que queremos y que nos podemos permitir. Los medios públicos deben operar con criterios de calidad y promoción de la cultura en un marco de
eficiencia. Vamos a analizar en profundidad el uso de los recursos públicos y a impulsar la reducción de los costes de explotación de la corporación. Para ello se encargará una auditoría completa de las cuentas y, a través de un análisis
comparativo del funcionamiento del sector, se determinarán los ámbitos en que es posible una mayor eficiencia.


Señorías, es voluntad del Gobierno dar una solución al contencioso sobre los partidos de fútbol y la radio. El Ejecutivo está dispuesto a abordar cambios legales que permitan el acceso de las emisoras a los campos de fútbol con el fin de
que los puedan retransmitir libremente, como lo venían haciendo, cubriendo únicamente los gastos que pudieran generar. Me pongo a disposición de las emisoras y de los representantes de la Liga de Fútbol Profesional para encontrar entre todos un
punto de equilibrio en la determinación de esos gastos.


Termino ya. He venido aquí a hablarles de un ambicioso programa de medidas y reformas. Este ministerio tiene un carácter transversal de coordinación e impulso legislativo, y también competencias propias muy específicas. El Gobierno ha
puesto en marcha un plan de reformas económicas y un programa de regeneración democrática. Todas las medidas están presididas por una misma ambición. Me refiero a aquello con lo que empecé mi intervención: salir de la crisis, crear empleo. Los
esfuerzos tienen su sentido, las reformas tienen un fin y para lograrlo este Gobierno tiene vocación de diálogo y consenso. El espíritu de la Constitución inspira nuestra forma de gobernar. La voluntad de superación es el aliento de nuestro
Gobierno. Ese es nuestro estilo. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Es ahora el turno de los grupos parlamentarios que han presentado petición de

Página 9

comparecencia y, en primer lugar, como ya les anuncié, tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora vicepresidenta, le doy la bienvenida en nombre del Grupo Socialista, le expreso mi agradecimiento por su rápida comparecencia y mi deseo más sincero de buena suerte en la gestión del Gobierno que a usted le
corresponde.


Al comienzo de mi intervención, señoría, también quiero mostrarle mi solidaridad, inclusive mi simpatía personal, por los comentarios de que ha sido usted objeto a propósito de la naturaleza civil de su matrimonio. Alguien puede pensar que
este es un comentario inapropiado, pero me apresuro a señalarles, señorías, que hay razones muy importantes para que hagamos dos precisiones constitucionales muy oportunas en este momento a propósito de ese incidente. La primera precisión es a la
Iglesia católica española, ya sea al arzobispo de Valladolid o al de Tarragona, me da igual. Hay que recordarle un día sí y otro también que las reglas de nuestra convivencia democrática, que lo que llamaríamos la moral cívica de nuestra sociedad,
ya sea sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre el papel de la mujer, sobre cualquiera de estas u otras circunstancias, corresponden única y exclusivamente a la soberanía popular. Creo que es muy oportuno y muy importante que precisemos esto, y
que lo haga el Gobierno, repito, un día sí y otro también a la Iglesia católica española, que acostumbra a no entender este principio elemental de nuestra Constitución. Pero también al Gobierno, señoría, me permito sugerirle el consejo -ya sea al
Gobierno o al Ayuntamiento de Valladolid- de que hay que recordar de manera reiterada también el artículo tan importante de nuestra Constitución, que es el 16.3, que establece, como todo el mundo sabe, que ninguna confesión religiosa tendrá carácter
estatal, y una jurisprudencia reiteradísima que insiste en vedar cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y funciones estatales, ya sea esto aplicado al Ayuntamiento de Valladolid o a otras muchas ceremonias de nuestro costumbrismo
social. Si el acto civil y cultural que ha dado lugar a este incidente es un acto civil y cultural, es del Ayuntamiento de Valladolid y nada tiene que decir la Iglesia; o al contrario, si se trata de un acto religioso, ya sea en la catedral o
donde sea, nada tenemos que decir nosotros a ese respecto. (Rumores.)


En segundo lugar, señoría, quería hacer unos rápidos comentarios sobre sus propuestas. En general, nuestro grupo comparte plenamente el espíritu de un país que en este momento tiene que afrontar reformas muy importantes. Desde luego en el
ámbito económico ya las analizaremos, habrá muchas comisiones y muchos momentos en los que los diferentes ministros expondrán los diferentes programas que usted ha insinuado o ha señalado dentro de lo que llamaríamos el calendario legislativo más
urgente. Muchas de las propuestas o muchos de los principios que inspiran la acción del Gobierno bajo esos principios que usted ha señalado en torno a la austeridad, a la transparencia, a la responsabilidad, a la regeneración, los compartimos;
muchos de ellos -quiero recordarlo también- han sido ya objeto de acción gubernamental como, por ejemplo -por citar solamente algunos-, el proyecto o el anteproyecto que ya presentó el anterior Gobierno en materia de transparencia, aprobado en julio
del año pasado, o la participación internacional en la iniciativa norteamericana que usted ha citado, o las reformas en torno al BOE o al CIS. Compartimos todo esto, compartimos el criterio de la austeridad. Sin embargo, déjeme que le diga, señora
vicepresidenta, que a propósito de lo que llamaba usted un proyecto reformista ambicioso personalmente aprecio algunas ausencias. En particular, yo soy de los que creen que ciertamente España está afrontando un proceso muy delicado en muchos de sus
diferentes planos, especialmente en el que se refiere a la crisis económica, pero, como usted bien decía, también en otros aspectos de lo que llamaríamos nuestro marco institucional. Esto es así no solamente por lo que usted ha citado, sino también
porque determinados parámetros que miden la confianza, la credibilidad, la salud de nuestra democracia, no son buenos. A mí siempre me ha perturbado -se lo digo con toda sinceridad, señorías- ese dato que coloca a la clase política, a los partidos,
a las instituciones políticas del país, como el tercer problema del país después de la economía y del paro. Esto me lleva a pensar que hay -lo sabemos todos muy bien- muchas demandas que la sociedad plantea hacia la democracia, hacia las
instituciones, hacia los partidos políticos, muchas preguntas que los movimientos sociales nos plantean, que son pertinentes, muchas quejas que -por qué no decirlo así- son razonables. Frente a todo eso, en el marco, repito, no estrictamente
económico, ¿cuál es la respuesta que tenemos que ofrecer en este momento? Yo creo que hay más cosas que abordar, señora vicepresidenta. Usted ha señalado unas cuantas, por supuesto nuestro grupo las estudiará y seguramente las compartirá, y habrá
que matizar y analizar cada uno de esos proyectos. En algunos aspectos seguramente requerirán matizaciones muy importantes. Por supuesto tendremos ocasión de ello.


Pero déjeme que en este turno yo le exprese dos elementos de preocupación sobre lo que pudiera o debiera ser un proyecto reformista más ambicioso. En particular quiero retomar la nunca resuelta reforma parcial de nuestra Constitución. El
20 de noviembre se produjo un dato sobre el que creo que conviene que llamemos nuestra atención, porque es verdaderamente muy provocador. Es el dato de la participación electoral de los ciudadanos españoles en el Senado en relación con el Congreso
de los Diputados. No sé si ustedes han hecho este cálculo, pero yo me he permitido sumar el número de los votantes que en el Senado han querido establecer probablemente un criterio político de no participación en esa institución. Es decir, más
votos nulos de los que hay en el Congreso, más votos en blanco de los que hay en el Congreso y más ciudadanos que no han ido a votar

Página 10

en el Senado respecto del Congreso. La suma de esos tres conceptos da 1.700.000 personas. Hay 1.700.000 personas que han manifestado una posición política que yo creo que tiene un profundo reproche al mantenimiento del Senado en la
situación actual. Eso nos obliga a que abordemos esa reforma, porque con las mayorías actuales de esa Cámara mucho me temo que no sea una cámara de segunda lectura, que tampoco sea una cámara de control y que con el Reglamento actual siga sin ser
una cámara de representación territorial. ¿Por qué no abordar esa reforma, señorías? Nuestro grupo lo intentó en los años anteriores. No fue posible. Dejemos de lado las circunstancias. Ahora hay aquí una mayoría absoluta del Partido Popular,
la hay; hay una presencia prácticamente mayoritaria en todas las instituciones autonómicas, y además hay una oposición con voluntad de pactar. Son tres circunstancias que desgraciadamente no se dieron antes. En ese sentido quiero abordar, como
esa, alguna otra reforma, especialmente las que tengan que ver con la incorporación a nuestro texto constitucional de lo que llamaríamos las modificaciones del estatus jurídico europeo. Estamos en plena transformación de los tratados que regulan la
Unión, no sabemos todavía muy bien qué nuevas reformas se van a producir en el entramado institucional de la Unión Europea. Nuestro propósito sería que se incorporaran también a esta reforma, susceptible de pactarse entre todos los grupos, de
nuestra Constitución.


Les decía antes que hay en los movimientos sociales y en la ciudadanía española una demanda generalizada de nuevas respuestas a los problemas, de más proximidad de la política a los ciudadanos, de más -usted lo ha dicho- regeneración
democrática, llamémosle como queramos. Yo creo que en muchos de esos movimientos hay demandas pertinentes. No sé hasta qué punto hay respuestas adecuadas, pero hay demandas pertinentes, me consta. La pregunta es cómo respondemos a esto. Yo creo,
señora vicepresidenta, que hay más que hacer a este respecto. La queja, por ejemplo, sobre la necesidad de que la política gobierne a la economía es patente en España y en todo el mundo; la necesidad de que los representantes políticos estemos más
próximos, más abiertos, más al servicio de la ciudadanía, es también una evidencia. Hay necesidad de que nuestra Cámara sea más flexible, más dinámica, que acompase a los acontecimientos con mayor inmediatez; es una evidencia. Hagamos pues,
señora vicepresidenta, un proyecto de reformas más ambicioso. Al tiempo que le ofrezco nuestra mano tendida para pactar y para resolver los problemas que usted ha señalado en su proyecto, en su calendario, le sugiero la conveniencia, por ejemplo,
de reformular el funcionamiento de esta Cámara respecto a que las iniciativas legislativas populares tengan mucha más fuerza, que tengan más presencia, que puedan tener la presencia del llamado 351 diputado, es decir, la representación personal de
esa iniciativa legislativa popular en nuestra Cámara. Creo que es importante que en todos los proyectos legislativos demos cauce de presencia a las entidades representativas de los sectores afectados; creo que todos los diputados y senadores
tenemos que abrir una carta de servicios y de atención a la ciudadanía; creo que tenemos que abordar reformas electorales, por qué no, entre otras cosas, por ejemplo, para abordar una circunscripción que nos permita una conexión más directa entre
el elegible y los electores. Pienso que hay que hacer reformas en los sistemas de participación ciudadana, trasladándolos incluso a otras instituciones; pienso que tenemos que precisar algunas legislaciones contra la corrupción; pienso que cabe
cambiar listas electorales para hacerlas más abiertas. A todo eso, señoría, quiero ofrecerle nuestra colaboración para que hagamos un proyecto -repito- más ambicioso de las reformas para que este país, en esta encrucijada histórica y política, en
este mundo en cambio que reclama tantas transformaciones, pueda estar a la altura de las mismas.


Segundo tema que le quería comentar, señoría -voy resumiendo-, artículo 135 de la Constitución. El próximo viernes -nos anuncia usted- el Gobierno va a aprobar el anteproyecto de la ley de estabilidad. Me parece bien, quiero recordar que
hay un acuerdo político suscrito por el PSOE y el PP que entienden que es oportuno en este momento político -así dice literalmente ese acuerdo- sentar las bases de un acuerdo sobre la ley orgánica a que se refiere el artículo 135, justamente lo que
usted señalaba, que debe ser aprobada con urgencia antes del 30 de junio de 2012. Está bien, nos parece bien que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto este viernes. Ha dicho usted que lo remitirán al Consejo de Estado. Creo que usted
tiene que recordar que ese anteproyecto debe también ser remitido al Partido Socialista porque el consenso para la aprobación en Consejo de Ministros de ese anteproyecto de ley requiere el consenso del Grupo Socialista porque así se acordó en el
acuerdo político que he citado anteriormente.


Quiero hacer una reflexión ahora sobre el capítulo de medios de comunicación, derecho a la información en España, y citarle cuatro cosas que me parecen importantes para nuestro debate futuro. Señoría, sabe usted como yo que hay una crisis
importante en el sector audiovisual. Nosotros sabemos que estamos asistiendo en estos mismos días a un proceso de concentraciones, de fusiones, de aclaración sobre todo lo que ha sido la definición de los espacios radioeléctricos, de las empresas
titulares de ese sector. Queremos un sector audiovisual saneado, señorías, independiente y plural. En ese sentido, queremos recordar que el anuncio por parte del Gobierno para que las comunidades autónomas, en relación con el sector audiovisual
autonómico, pueda ser reformado requiere, y esta es la matización que quiero hacer, que sean las comunidades autónomas titulares de esos medios los que determinen cuál es su proceso de saneamiento. Dejemos las cosas claras, tiene que ser cada
comunidad autónoma, en el ejercicio de su responsabilidad, la que determine cuál es su proceso de saneamiento de cada canal autonómico en su caso.

Página 11

En segundo lugar, Televisión Española. Nosotros, señorías, creemos que la Televisión Española actual es una televisión de calidad, es independiente, es mayoritaria, es gratuita y es una televisión sin publicidad. (Rumores.) Son conquistas
que se han producido y que no queremos ver perturbadas. Sé que ustedes...(Rumores.) No sé si los que me interrumpen es porque quieren o dudan de la independencia del medio, quizás sea por eso. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: Cierto.)
Espero que no, espero que ustedes también, como nosotros, quieran una televisión independiente y neutral, espero que así sea. Sé que usted se reúne mañana, señora vicepresidenta, con el consejo de administración. Las conversaciones proceden del
Gobierno y del propio consejo de administración, y únicamente quiero señalarle, señora vicepresidenta, que los procesos de ajuste económico nos tienen que permitir mantener una televisión con una audiencia de dos dígitos, y ustedes me entienden. Si
no, no habrá una Televisión Española pública del nivel que este país reclama. Insisto, de dos dígitos. Y para mantener dos dígitos de audiencia hace falta una televisión con recursos. Lo dejo sobre la mesa. Creo que es un tema muy importante, en
el bien entendido de que, como usted señalaba, tenemos una urgencia, que es nombrar al presidente del consejo. Y esto se hace en las Cortes, sí. Y desgraciadamente llevamos cinco meses largos sin presidente. Es importante que lo tengamos y que lo
consensuemos, señora Sáenz de Santamaría. También aquí le ofrezco la disposición de nuestro grupo para poder acordar cuanto antes la presidencia del Consejo de Televisión Española.


No comparto con usted, y lo lamento, su decisión de no constituir el CEMA. Como ustedes saben, el CEMA es el llamado Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Este órgano está concebido en la ley para proteger al telespectador, ya sea un
niño, porque se invade su intimidad con contenidos que perturban su propia educación o que ofenden su propia dignidad infantil, o ya sean los contenidos que perjudiquen el derecho al honor de muchas personas. No hay un solo país en Europa donde no
exista un organismo de control de los contenidos de las televisiones privadas. De los veintisiete que hay en Europa, todos tienen un organismo semejante y hay una cultura democrática en muchos países de Europa que aconseja reclamar a los ciudadanos
contra las vulneraciones de los contenidos televisivos. No entiendo por qué tenemos que renunciar a este organismo. Nuestro grupo lo reitera y lo reivindica como un elemento nuclear de un derecho a la información que protege en este caso al
telespectador frente a las invasiones de contenidos de muchas televisiones.


Por último, señoría, hoy mismo he leído en un recorte de prensa unos comentarios de la Asociación de la Prensa de Madrid a propósito de lo que está sucediendo en el sector papel prensa en España. Todo el mundo sabe que hay un proceso de
reconversión tecnológica enorme en ese sector, todo el mundo sabe que hay un proceso de reestructuración empresarial muy importante. Simplemente me limito a señalar la conveniencia de que el Gobierno ayude a esta reconversión, que es un sector muy
importante porque no son empresas cualesquiera, son empresas que están garantizando un derecho constitucional establecido en el artículo 20 de la Constitución, que es el que recoge el derecho a la información de todos los españoles.


Ni una sola palabra, señora vicepresidenta, y lo lamento, sobre un tema también de importancia -y voy terminando, señor presidente-, el desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica. Querría señalarles, señorías, y señores del Grupo
Parlamentario Popular en particular, que nunca debió de ocurrir que esta ley mal llamada de memoria histórica fuera una ley que nos dividiera en relación con algo tan importante como fue el proceso de la transición española. Desgraciadamente lo ha
sido, no voy a juzgar ahora a unos y a otros, pero quisiera que no lo fuera y quisiera, señora vicepresidenta -y hemos tenido ocasión usted y yo de hablar alguna vez en particular de este tema-, que no interpretáramos que el desarrollo de la Ley de
Memoria Histórica pretende nada raro o que pretende cualquier tipo de atribución de responsabilidades del pasado, porque somos muy conscientes de lo que es nuestro sistema jurídico, lo que fue la Ley de la Amnistía y lo que ha sido el espíritu de la
transición que más que nadie reivindico en nombre de mi grupo. Pero en base a una memoria reconciliada es en base a lo que yo reclamo que el Gobierno actual siga haciendo por esta causa lo que creo que hay que hacer por dignidad y por justicia. Y
digo dignidad y justicia. Por ejemplo, facilitar la posibilidad de que aquellas personas que quieren desenterrar a sus antepasados de fosas comunes puedan hacerlo. Señorías, hay más de mil fosas identificadas que hemos establecido en el mapa de
fosas español, que todavía no han podido ser exhumadas para reconocer este derecho elemental. Cuando hablamos de la Ley de la Memoria, estamos diciendo que la ley no se pare para que se reconozca el derecho de los hijos o nietos de los exiliados
españoles a ser considerados tales, que ha permitido que cientos de miles de españoles en La Habana, en Argentina, en Venezuela o en otros muchos países de Latinoamérica se puedan reconocer nacionales. Es la ley la que lo permitió; es la ley
también la que estableció la necesidad -y esto por acuerdo con su grupo- de que el Valle de los Caídos se reconfigure en su sentido. Y a veces olvidamos, señorías -aunque se hagan algunas bromas muy poco oportunas a este respecto-, que en ese
lugar, que todavía es, desgraciadamente, un monumento al franquismo y al nacionalcatolicismo que lo inspiró, hay 33.000 personas enterradas; 33.000 personas que también reclaman su derecho a que estén allí consideradas con dignidad y con justicia.
Señoría, yo le pido que no paralice esta ley para que la recuperación de esa memoria no sea un elemento de división entre nosotros, sino para que la memoria reconciliada y el reconocimiento de la verdad hagan mejor y más rica nuestra propia
convivencia.

Página 12

El señor PRESIDENTE: Señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Termino ya, señor presidente.


No ha dicho usted nada sobre el desarrollo de los derechos humanos. Hay un plan de nuestro Gobierno, del año 2008 -que, por cierto, ha hecho un buen número de actuaciones horizontales en muchos campos para la protección de los derechos
humanos en nuestro país y fuera de él-, que ha recibido el apoyo de la Cámara. Quiero recordarles que el 30 de junio de 2011 -este año pasado- todo el Congreso de los Diputados -todo él, incluido el Grupo Popular- apoyó la elaboración de un segundo
plan. Y, señora vicepresidenta, le sugiero incluso la conveniencia de recoger un borrador que creo que el ministerio posee al respecto, para poder elaborar este segundo plan.


Compartimos la necesidad de hacer la renovación de los órganos constitucionales. Durante meses esto no ha sido posible, señorías; ustedes lo recuerdan, durante meses no fue posible. Tengo la sensación personal de que no fue posible porque
ustedes esperaban una mayoría parlamentaria diferente que diera lugar a otro reparto. Bueno, pues ya lo tienen, pero aquí tienen un grupo que vuelve a mostrarles hoy, señorías, nuestra voluntad de que al margen de esa circunstancia bastante
sectaria -en mi opinión- del pasado, hoy no será esa nuestra actitud. Nosotros queremos, efectivamente, proceder a los acuerdos necesarios para que las mayorías cualificadas del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, del Tribunal de
Cuentas, de la Junta Electoral Central -también- o del Consejo de RTVE se procedan a acabar.


Una pequeña reconvención para terminar, señora vicepresidenta, dentro de lo que creo que ha sido un tono por mi parte cordial y constructivo. Quiero hacerle una pequeña reconvención porque usted comprenderá que tengo que decirle que desde
la mesa del Consejo de Ministros, desde la mesa de la portavoz del Consejo de Ministros no deben hacerse, en mi opinión, comentarios o declaraciones partidarias y mucho menos poner en cuestión...(Rumores y protestas.) Sí, sí, puesto que hay
regeneración llevémosla hasta el final, ¿vale? (Varios señores diputados: Ahora, ahora.) Ahora y antes.


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Y mucho menos, señorías (Un señor diputado: A Pepiño.), poner en cuestión la seriedad económica de una comunidad autónoma. Por eso, permítame que le diga, señoría, que sus comentarios el viernes pasado sobre
Andalucía fueron injustos e improcedentes.


Y termino, señoría, señor presidente -perdonen por la extensión-, reiterándoles una voluntad general de consenso y de diálogo en nombre de mi grupo. Nosotros creemos, sinceramente, que la encrucijada que vive España, no solo en lo económico
sino también en lo institucional, reclama la mejor de las disposiciones, y esa es la que tiene el Partido Socialista para dialogar y para acordar.


Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Anda ya!)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jáuregui.


Por el Grupo Catalán tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) queríamos dar la bienvenida a esta Comisión Constitucional a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia en una Comisión -esta, la
Constitucional- que va a ser por sus competencias la Comisión que ejercerá el control ordinario en esta Cámara a la propia vicepresidenta y a los altos cargos que dependen de ese Ministerio de la Presidencia. Por tanto, le damos la bienvenida y
mostramos ya de entrada, desde Convergència i Unió, nuestra predisposición al consenso en todos los temas que afectan a la Comisión Constitucional. Esta sala, la sala Constitucional del Congreso, presidida por los siete ponentes de la Constitución,
nos da ejemplo -esos siete ponentes- de lo que fue en su día esa voluntad de consenso para articular un texto constitucional, el texto del año 1978; un texto cuyo consenso también ponía en evidencia ciertas lecturas diversas, porque para consensuar
en ocasiones no se dan siempre lecturas uniformes de todos sus preceptos, pero el consenso es un valor. Usted ha hablado hoy de fortaleza, de solvencia y de eficacia. Son valores que compartimos desde Convergència i Unió, pero a esos tres valores
queremos añadir la necesidad del consenso; ese consenso que presidió la elaboración de la Constitución de 1978, que a nuestro entender no presidió, ni por las precipitaciones ni por las formas con que finalmente se llevó a cabo, la reforma
acelerada de la Constitución del año 2011, del nuevo artículo 135. Más allá del contenido del mismo y de su necesidad o no, la forma en que se llevó a cabo, señora vicepresidenta, no fue la más adecuada para conseguir ese consenso. Y toda vez que
hoy ha anunciado para este viernes que iba a aprobar el primer anteproyecto el Consejo de Ministros, que lo iba a remitir al Consejo de Estado, tenemos aquí una oportunidad de rehacer consensos; tenemos aquí una oportunidad de, a través de la ley
orgánica para cumplir ese techo de gasto que se va a impulsar desde el Gobierno y que es un mandato del propio artículo 135 de la Constitución en su nueva redacción, recomponer un consenso que se rompió. Tiene la voluntad de nuestro grupo, grupo
además que tiene responsabilidades de Gobierno -mi formación política- en Cataluña. Tenemos también esa voluntad de gobierno y, por tanto, estamos interesados en participar en la discusión, en el análisis, en el estudio también, señora
vicepresidenta, del anteproyecto. Se lo reclamaba el señor Jáuregui, que no lo envíe únicamente al Consejo

Página 13

de Estado. El reclamaba: nos lo debe enviar -decía él- al PSOE, porque fue un pacto a dos. Fue un error un pacto a dos. Ahora podemos recomponer y hacer un desarrollo de ese artículo que pueda ser más plural y que pueda tener ese
consenso que refleja hoy esta propia sala de la Comisión Constitucional. Es un primer aspecto que queríamos destacar desde Convergència i Unió.


Convergència i Unió también comparte los esfuerzos de austeridad. Sabemos de qué se trata, hemos sido también herederos de una situación en que la desviación final del déficit público que te encuentras, cuando llegas a un gobierno tras un
proceso electoral, es muy superior a la que se había anunciado previamente. Sabemos lo que es, entendemos, compartimos esa necesidad de austeridad, de buscar unas estructuras más simplificadas, más adelgazadas, es necesario en estos momentos que al
final no tengamos en el Gobierno tantas vicepresidencias; nosotros ya habíamos afirmado en ocasiones que sobraba la Vicepresidencia tercera; ahora el propio presidente del Gobierno ha asumido las funciones de coordinación en el ámbito económico.
Aunque aquí también le deberíamos reclamar, señora vicepresidenta, una mejor coordinación informativa en los mensajes que en el ámbito económico en ocasiones se van lanzando y que se conocen además a través de medios internacionales, bien es cierto
también que aún no ha comenzado el Congreso de los Diputados a tener los procesos ordinarios de control al Gobierno cada semana y en las distintas comisiones. Pero bueno es que si se unifica esa área económica, en cuanto a que el propio presidente
va a coordinar sus contenidos, seamos capaces también de trasladar esa mayor coordinación en los mensajes económicos que espera la sociedad y que alertan en ocasiones a la propia ciudadanía en general. Por tanto, es importante ir con un carácter
unívoco en el mensaje que se lanza desde el Gobierno. Entendemos incluso que esa simplificación de estructuras podría haber llegado a más. Sabe que Convergència i Unió proponía que las propias competencias del Ministerio de Sanidad podrían haberse
concentrado en una secretaría de Estado, porque el grueso de las competencias en materia de sanidad las tienen las comunidades autónomas. Se ha hecho en cultura, se podría haber hecho también en sanidad. Pero, repito, compartimos esa filosofía
general de buscar esa simplificación de estructuras tan necesaria en estos momentos. Y en aras de esa simplificación, reivindicamos una vez más -lo hizo ya nuestro portavoz, y portavoz también en esta Comisión, señor Duran i Lleida- la necesidad de
retomar la idea de la Administración ordinaria o única, que podría ayudarnos y mucho, está prevista en algunos estatutos como el de Cataluña y también en la propia Lofage, ley que impulsó el Gobierno en el año 1996, cuando también el Partido Popular
tenía responsabilidades de Gobierno, aprobándose en el año 1997. La Lofage ya en su preámbulo habla también de esa necesidad de la Administración única, de arbitrar -se dice incluso en el preámbulo de la Lofage-, vía artículo 150.2 de la
Constitución, transferencias a las comunidades autónomas para que puedan realizar esa función de Administración ordinaria próxima al ciudadano, que puedan ser gestoras ordinarias en su territorio. Esto ayudaría a una mayor cercanía en la prestación
del servicio, pero también a que esa Administración periférica del Estado pudiera realmente perder grosor en estos momentos. Entendemos que esta idea va también en la línea de austeridad que el propio Gobierno defiende.


Quiero abordar dos puntos más, señora vicepresidenta, relativos a la labor que usted también coordina en el Gobierno en la elaboración de los proyectos de ley que se van a presentar ante las Cortes Generales. Hay dos aspectos por los que
deberíamos velar en todo proyecto de ley que vaya a ser aprobado por el Consejo de Ministros para su remisión a Cortes. El primero es el respeto a la distribución competencial, es respetar la Constitución y los estatutos que han desarrollado una
distribución de competencias. Por tanto, necesitamos que en cada proyecto de ley se respete ese ámbito competencial de las comunidades autónomas y además, señora vicepresidenta, que se impulsen los desarrollos legislativos de algunos estatutos de
autonomía, y no sólo del catalán, de la nueva generación, que han incorporado mandatos para que se presenten proyectos de ley orgánica para desarrollar aspectos concretos previstos en esos estatutos; si esas normas estatutarias no se realizan,
quedan como normas en blanco e incompletas. Me refiero a todos los desarrollos relativos al Poder Judicial en las comunidades autónomas, esas normas que requieren una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o me refiero también, señora
vicepresidenta, al más escrupuloso respeto a todos los aspectos relativos a la cooficialidad lingüística y al carácter de lengua propia que tienen determinadas lenguas que también son oficiales en las comunidades autónomas respectivas. Por tanto,
esa necesidad de respetar el marco competencial se la pedimos desde Convergència i Unió en todos los proyectos de ley que se presenten. Otro filtro previo: La lealtad institucional que la Lofca prevé cuando estas Cortes Generales aprueban,
aprobamos, nuevas leyes que implican, comportan, nuevas prestaciones de servicios para las comunidades autónomas. Ello ha pasado al aprobar la Ley en el ámbito de la salud y el tabaco y también cuando se aprobó la Ley de Dependencia. Son leyes que
aprueban las Cortes Generales, pero cuyo desarrollo implica para muchas comunidades autónomas la necesidad de hacer frente a nuevas competencias, a nuevos servicios, y esas leyes no van acompañadas de la financiación necesaria que la Lofca prevé
cuando el legislador estatal modifica normas que implican nuevas prestaciones para las comunidades autónomas. Por tanto, le pedimos también que seamos muy escrupulosos y que cada vez que se legisle contabilicemos bien en la memoria económica cuál
va a ser la Administración responsable de realizar las nuevas prestaciones que ese proyecto de ley puede comportar. Y si corresponde a las comunidades autónomas, debemos compensarlas de la manera adecuada que la propia Lofca prevé.

Página 14

Usted ha hecho referencia, señora vicepresidenta, al Centro Nacional de Inteligencia, que pasa a depender de su ministerio. Ya le digo que desde Convergència i Unió no vamos a cuestionar esa dependencia porque entendemos que forma parte de
la voluntad de un ejecutivo que puede organizar sus departamentos ministeriales de acuerdo con su concepción de la estructura de Gobierno que quiere y desea dar. Por tanto, nosotros en ningún caso vamos a cuestionar esa dependencia del Ministerio
de la Presidencia del CNI; pero sí vamos a pedirle que no ahorremos esfuerzos, en el ámbito de los servicios de inteligencia, en la necesaria prevención del terrorismo internacional, que no nos relajemos en absoluto. Este portavoz que le habla fue
también portavoz en la Comisión del 11-M y recuerdo todavía hoy cómo en determinados ámbitos los servicios de inteligencia nos pudieron explicar en esta misma Comisión y en esta misma sala, las carencias que en ocasiones tuvieron, incluso para poder
tener los traductores necesarios para realmente poder prevenir. No estamos exentos de esa amenaza del terrorismo internacional, lo vimos en el 11-M desgraciadamente y, por tanto, no le va a faltar ni la solidaridad ni la comprensión ni el consenso
de Convergència i Unió en todo aquello que pueda redundar en afianzar esos servicios de inteligencia, hacerlos operativos, hacerlos realmente útiles para la sociedad y para la prevención de ese gran riesgo que es el terrorismo internacional.


Usted ha hablado de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Y queda muy bien, señora vicepresidenta, y lo compartimos, que en ese marco de austeridad vamos a reducir en un 20 por ciento la financiación de los partidos políticos, vamos a
eliminar ese automatismo de la revalorización según el IPC. Lo compartimos. Pero compartimos también, señora vicepresidenta, que los partidos políticos son esenciales para el buen funcionamiento de un Estado democrático y para la garantía de la
pluralidad y, por tanto, que debemos también garantizar que tengan los medios necesarios para su buen funcionamiento, en el marco siempre de la legalidad, porque esto fortalece el sistema democrático en su conjunto. Por tanto, sí a ese proyecto de
ley que vamos a consensuar en esta misma Comisión. Pero ya le adelanto también, señora vicepresidenta, la necesidad de preservar en todo caso que los partidos políticos puedan funcionar en nuestro sistema constitucional cumpliendo los principios de
todo Estado democrático, que necesitamos afianzar y los partidos políticos son un elemento esencial para afianzarlo.


Ha hablado de regeneración institucional, de regeneración democrática. Compartimos los buenos propósitos, que no queden únicamente en buenos propósitos: leyes de transparencia... Hay aspectos que podríamos mejorar ya; por ejemplo, en
esta Cámara hemos aprobado ya la Ley de creación de la oficina presupuestaria. No depende del Gobierno, depende de esta Cámara que la impulsemos y la pongamos en marcha. Estoy convencido de que lo vamos a hacer en breve. Necesitaremos la
colaboración del Gobierno, que sea un gobierno leal con esa oficina presupuestaria, que fluya bien la información a los diputados y senadores que quieren saber cómo se ejecutan las partidas presupuestarias; que no exista opacidad. Eso no es solo
la letra de la ley, es voluntad de Gobierno y yo se la pido. Le pido esa voluntad de colaborar para que los diputados, los parlamentarios, estén bien informados. ¿Que hay un recorte? Que se sepa exactamente. ¿Que una partida no se puede cumplir?
Que se diga. Pero que no nos acostumbremos a esa cierta opacidad en las respuestas o a veces intentar tapar lo que no puede taparse ante un representante de la ciudadanía como es un diputado o como es un senador.


Se hablaba también de la iniciativa legislativa popular, lo decía el señor Jáuregui. Yo soy partidario de fomentar la iniciativa legislativa popular. Él vivió en su anterior etapa -y lo conoce bien- un primer intento del Gobierno
socialista de tratar de bloquear por la vía de que suponía un incremento de gasto una iniciativa legislativa popular. El Gobierno con muy buen criterio rectificó y dejó tramitarla. Es un trámite que deberíamos obviar. Nunca una razón
presupuestaria debería obviar un debate ante el Pleno de quienes ya han conseguido 500.000 firmas y van a presentar una iniciativa legislativa popular. Después, el Pleno evidentemente podrá tomarla o no en consideración, porque es un tema de
voluntad política, pero es claramente positivo que no se bloquee por un argumento presupuestario lo que podría ser su ulterior tramitación, porque sería frustrar la voluntad de la ciudadanía.


Y hablando de reformas -voy terminando ya, señor presidente-, nuestro grupo propone en su programa electoral la reforma constitucional del Senado. Podemos también mirar hacia otro lado, señora vicepresidenta, y pasaremos una legislatura
más. Yo recuerdo que en el propio Senado hubo legislaturas muy activas intentando buscar modelos de reforma. El Senado se constituyó, al igual que el Congreso, el día 13 de diciembre, lo marcaba el BOE de convocatoria de las elecciones. Y tras
ese día creo que hasta hoy no han tenido otro Pleno. Evidentemente el Congreso, de acuerdo con la Constitución, celebra el debate de investidura. El Congreso, de acuerdo con la Constitución, es el que convalida los decretos-leyes, y de hecho
tuvimos el Pleno de convalidación del Decreto-ley de medidas económicas. Ha habido actividad en el Congreso. El Senado -el mes de enero no es un mes de periodo ordinario- hoy celebra un pleno para reestructurar sus comisiones. Podemos mirar hacia
otro lado, pero algún día la ciudadanía -lo decía el señor Jáuregui y yo lo comparto- nos va a enfocar muy directamente. Hay ya datos que ilustran que la propia ciudadanía empieza a alejarse y a cuestionar el funcionamiento de la institución, y
nuestros senadores no se lo merecen, porque nuestros senadores han concluido las elecciones con ganas de trabajar, con ganas de implicarse, con ganas de tener una función específica. Eso pasa, evidentemente, por darle una función distinta al
Senado, por abordar esa reforma constitucional que, sin duda, los propios ponentes de la Constitución afirman que es necesaria.

Página 15

Ha hablado de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, e incluso ha hablado de un tema no exento de polémicas, señora vicepresidenta, referido a si vamos a reintroducir -usted dice que lo van a proponer y, por tanto,
atendida la mayoría absoluta seguro que se va a reintroducir- el recurso previo de inconstitucionalidad. No le oculto que ello puede evitar problemas, porque cuando una norma tiene que ser sometida a referéndum posterior y tras el mismo puede haber
una sentencia que cuestione artículos que hayan sido votados, puede provocar un choque de legitimidades que un recurso previo evita. Pero sabe también usted, señora vicepresidenta, que en ocasiones el abuso del recurso previo puede paralizar la
voluntad mayoritaria del legislador y, por tanto, debemos buscar el justo equilibrio, porque evidentemente si un recurso previo impide que la ley se acabe aprobando de manera definitiva hasta que no sea resuelto, esto generará también el riesgo de
paralizar la actividad legislativa. Por tanto, creo que deberíamos hacer una reflexión. Usted hablaba de la no renovación del Tribunal Constitucional, y esto puede afectar, como lo ha hecho en otras ocasiones, al Consejo General del Poder
Judicial, por lo que le pedimos que considere la propuesta de Convergència i Unió en el sentido de que cuando expira el mandato constitucional, en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional cuando expiran sus nueve años, podemos estar
seis meses en funciones porque a lo mejor coincide con una renovación de las Cortes, del Gobierno o del Consejo, por tanto, podemos entender seis meses en funciones, pero deben cesar...


El señor PRESIDENTE: Señor Jané, le ruego que vaya concluyendo.


EL señor JANÉ I GUASCH: Concluyo ya. Deben cesar automáticamente los magistrados, porque eso sí que facilitaría no jugar con las composiciones, porque si el magistrado ha cesado, la Cámara respectiva, el Gobierno o el Consejo, se vería
obligada a proceder a la renovación cuanto antes.


Termino ya, ahora sí que sí, señor presidente. Sabe que en esta legislatura Convergència i Unió va a plantear en Cataluña la propuesta de pacto fiscal, que es una propuesta en el marco de la Constitución. Uno de los padres de la misma, don
Miquel Roca, que nos preside esta sala, ha afirmado que la propuesta de pacto fiscal en nada conculca la Constitución. Es un tema de voluntad política y es un tema importante para Cataluña en un momento de crisis económica, porque los recursos son
más necesarios que nunca, un tema que atiende a la necesaria solidaridad pero que quiere poner un límite al déficit fiscal de un territorio, en este caso de Cataluña y, por tanto, le pedimos también la máxima comprensión ante esa propuesta de pacto
fiscal que Cataluña va a realizar.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: En primer lugar, quiero agradecer a la señora vicepresidenta su rápida comparecencia y todas las explicaciones que nos ha brindado en esta primera oportunidad. Agradecerle particularmente su compromiso ante esta
Comisión, un compromiso que, si me permite decírselo coloquialmente, le pega mucho, o sea, un compromiso de que el Parlamento verdaderamente tenga una actividad -que es la que nos corresponde- de control y de promoción del Gobierno en el sentido de
controlarlo pero a la vez de promover iniciativas, un compromiso de comparecer y de hacer protagonista a este Parlamento no porque tengan ustedes un poder superior, como muy bien ha explicado, sino porque es la tarea que los ciudadanos nos han dado.
Cuando digo que le pega mucho se lo digo coloquialmente y en un intento de piropo, y entiendo que es así como lo ha de entender usted. Es un compromiso que yo me creo y por el que realmente me felicito.


Ha dicho la señora vicepresidenta que el único debate negativo es el que no se celebra -creo que es prácticamente textual, sus palabras-, y me quedo con esa proclama, porque creo que es lo que necesita cualquier Cámara representativa, lo que
necesitan los ciudadanos y lo que necesita la sociedad española. Todas las sociedades democráticas necesitan tener unas instituciones en las que se sientan representadas y lo necesitan más en una situación como la nuestra de desafecto entre
ciudadanía y política, cuando el desconcierto entre los ciudadanos y sus representantes es mayor, es creciente. El señor Jáuregui lo ha citado también en su intervención, pero la respuesta a esto no puede ser otra que más democracia; más
democracia es más participación, más transparencia, más hablar de las cosas con claridad, más acostumbrarnos a que aquí no somos adversarios, ni siquiera políticamente. Aquí -me gustaría que nosotros mismos nos lo creyéramos para que se lo creyeran
los ciudadanos-, al día siguiente de las elecciones dejamos de ser adversarios para ser compañeros que tienen puntos de vista diferentes sobre muchas cosas, porque eso es la democracia -la sociedad plural y la sociedad que debate-, pero que estamos
en lo mismo y para lo mismo. Por tanto, esa proclama de que los debates negativos son aquellos que no se celebran me gustaría que fuera realmente algo que a lo largo de toda la legislatura implicara nuestro debate, toda nuestra tarea, que la
caracterizara y que, cuando transcurrieran los cuatro años, pudiéramos decir que efectivamente aquí hemos debatido, que no hemos hablado para que no nos escuchen sino que hemos debatido, hemos contrastado opiniones e ideas con toda la firmeza que
uno quiera pero desde el respeto a las ideas y, en todo caso, desde la calificación de las ideas pero nunca de las personas que las proclaman. Me quedo con ese compromiso y le agradezco que lo haya establecido también en esta Cámara.


Ha hablado la vicepresidenta de economía, como no podía ser de otra manera, de transparencia y de regeneración democrática. Le quiero plantear algunas cuestiones no como afirmación sino como reflexión -plan

Página 16

teemos como una reflexión todas las cuestiones sobre las que voy a hablar-. La primera de ellas a lo mejor es políticamente incorrecta, porque una tiene siempre miedo de decir algunas cosas que puedan contribuir negativamente al objetivo.
Me pregunto si no estaremos empeñados en una estrategia económica que gira completamente en torno a un objetivo de déficit que no es creíble. Insisto, no me atrevo a afirmarlo y sé que estas cosas cuando se verbalizan pueden generar más
incertidumbre que la que se debe, pero demasiadas voces se están produciendo a todos los niveles, tanto nacionales como europeos, sobre ese objetivo de déficit que quizá debiera ser revisado; no me atrevo a afirmarlo pero sí a introducirlo con el
quizá. Si se revisa la expectativa de crecimiento, ¿por qué no revisar el déficit y los plazos para su cumplimiento? A esto le añado: ¿y si resulta que toda nuestra estrategia de política económica la estamos basando en el cumplimiento de un
déficit que no es creíble? A lo mejor es que es la propia estrategia la que tenemos que revisar también. Lo dejo ahí como una reflexión.


Usted hablaba, señora vicepresidenta, durante una parte muy importante de su intervención, en relación con esto mismo, de la importancia de controlar el déficit del conjunto del país, del conjunto de las administraciones, y ha citado
expresamente, como no podía ser de otra manera, aparte del déficit del Estado, que no es el que más nos preocupa -entendiendo el del Estado en este caso como el del Gobierno central, que es el que está más controlado-, del déficit de las comunidades
autónomas. Lo que le pregunto es lo siguiente: el control del déficit, ¿cómo? ¿Como se ha acordado hoy mismo en el Ecofin, con un control previo de los presupuestos de los Estados soberanos, de los Estados miembros, o a posteriori? Porque aquí
también hay distintas posiciones e incluso diría que ha habido distintas voces dentro del Gobierno -no lo digo para destacarlo negativamente, créame, sino porque es lo que se ha producido-. ¿Cómo? ¿Con un control previo, insisto, como acaban de
acordar hoy mismo, con un amplísimo consenso, aunque no he visto cuál ha sido la posición del representante español, pero he entendido que estaba en esa misma posición? ¿Pidiendo los presupuestos previamente para controlarlos previamente o
conociéndolos después y castigando a los que incumplan? Yo soy partidaria del control previo; Unión Progreso y Democracia lo ha plateado ya incluso como iniciativa legislativa, que en algún momento discutiremos -no sé si coincidiendo con alguna
que haya planteado ya el Gobierno-, pero con control previo no solamente del techo de gasto sino incluso de la distribución del gasto en algunas cuestiones que tienen que ver con políticas que han de garantizar derechos fundamentales, por ejemplo
sanidad y educación. El hecho de que cada comunidad autónoma recorte como quiera su presupuesto produce más desigualdad entre españoles, en algunos casos en temas esenciales como estos que le acabo de destacar o en políticas sociales. Por tanto,
no solamente el techo, sino incluso la garantía de que los derechos esenciales proclamados como tales por la Constitución estén garantizados porque, como sabe su señoría, las transferencias económicas no son finalistas y lo que va por el cálculo de
lo que cuesta la competencia de educación puede terminar en televisiones o en embajadas en el exterior, lo cual produce en definitiva una enorme desigualdad entre ciudadanos.


Lo que le pregunto es cómo se va a hacer en España. ¿Con el control previo? Me parece bien ese anuncio de reforma del Código Penal que usted ha hecho para que haya responsabilidad política en todo caso, que la decidimos los ciudadanos en
las urnas, y penal si se diera el caso para quien desvía, para quien no utiliza bien los recursos públicos; en definitiva, para quien actúa de forma inadecuada. Me parece bien, pero el recurso de los tribunales tiene que ser el último, no vaya a
ser que lo que no hagamos desde el control político porque no queramos hacerlo terminemos endosándoselo a los tribunales; es decir, no ejercemos el control político y judicializamos la tarea de los políticos. Ejerzamos por tanto el control
político y además, si cabe, que haya otro, pero no porque renunciemos nosotros a ejercer nuestra obligación.


Quiero recordarle además -seguro que su señoría lo recuerda mejor que yo- que ya existen normas administrativas, más fáciles de aplicar, que facultan a la Administración para exigir a los políticos que indemnicen de su propio bolsillo por
los daños causados por negligencia, eso sí, grave. Me estoy refiriendo al Real Decreto 429/1993, artículo 20.1, que dice expresamente que la Administración pública podrá exigir de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la
responsabilidad en la que hubieran incurrido por los daños y perjuicios causados por dolo, que es un trámite mucho más rápido, que ya existe y que además -lo dejo también sobre la mesa- podría aplicarse, porque este real decreto está en vigor, a
todos aquellos que a día de hoy hubieran cometido este tipo de infracciones. Y se puede exigir de oficio, no hay que esperar a que se reforme el Código Penal que, eso sí, sería para los que a partir de ese momento incurrieran en esta
responsabilidad. Hago esta reflexión de carácter general con relación al control previo, al déficit.


Otra reflexión que usted ha dejado encima de la mesa es la relativa al recorte del número de organismos, reflexión que naturalmente compartimos. Pero yo le pregunto: ¿con qué criterio? Porque si preguntamos a los organismos que han de ser
recortados, es decir, suprimidos -vamos a llamar a las cosas por su nombre- y les pedimos que garanticen su función, todos lo van a hacer y, al final, el órgano hace la función en vez de tener una función que requiera de un órgano que la desarrolle.
Por tanto, ¿con qué criterio? A nivel nacional, en lo que es competencia del Estado, bien, pero a nivel autonómico y a nivel local dice usted: Ya les hemos dicho que... Y nos vamos a poner de acuerdo con... Pero, ¿y si no nos ponemos de acuerdo?
¿Y el criterio de la Administración

Página 17

única, eso de una Administración, una competencia? ¿Qué Administración prevalece para qué competencia? Porque igual en eso nos ponemos de acuerdo pero, ¿y si no nos ponemos de acuerdo? Cuando haya cinco que hagan lo mismo, ¿quién lo hace?
Reflexión también.


Respecto de la ley que ha anunciado, de financiación de partidos políticos, estoy completamente de acuerdo con su señoría y con lo que el Gobierno ha anunciado al respecto. Cuando llegue el proyecto de ley no sé si iremos más lejos o menos,
pero en todo caso cuenta de entrada con nuestro acuerdo, como le hice saber al Gobierno cuando nos anunció que lo iban a hacer de esa manera. Me planteo y le pregunto, señora vicepresidenta, si no podríamos introducir en esa revisión de la ley o en
otra ley una reforma para que el Gobierno deje de pagar el mailing electoral. Es una propuesta que en una ocasión trajimos a esta misma Comisión, que en aquel momento no fue aceptada y la hemos vuelto a presentar. Yo parto de la misma reflexión
pero es cierto que quizá lo que en el pasado no se hizo porque no se consideró necesario, llegue un momento en el que sí se revise. Se lo dejo también sobre la mesa, es una cuestión que hemos vuelto a plantear y quizá este sea un buen momento para
sacarla adelante.


En relación con la ley de transparencia -en la que también he anunciado que coincido-, que fue una de las cuestiones de debate en el debate de investidura -valga la redundancia-, hemos presentado también una proposición de ley de
transparencia y lucha contra la corrupción. Supongo que se podrá tramitar a la vez que el proyecto de ley que el Gobierno ha anunciado, puesto que trata sobre la misma cuestión. En todo caso, me parece que esta es una asignatura pendiente que
tiene nuestro país y me parece que es muy bueno que sea una de las primeras cuestiones sobre las que tomemos decisiones, que en este caso también pongamos el reloj en hora para nuestros ciudadanos y en relación con el resto de países de nuestro
entorno y de democracias de nuestro entorno.


Respecto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional coincido en la necesidad de recuperar el recurso previo de constitucionalidad. Lo hemos votado y en este caso hemos coincidido a lo largo de la legislatura pasada. Me parece que el
temor que ha manifestado mi colega respecto de que se pueda abusar de él probablemente fuera la causa de que se suprimiera este recurso previo, porque no eran solamente los estatutos de autonomía sino todas las leyes orgánicas las que podían
someterse y de hecho se sometían. Pero creo que planteándolo para los Estatutos de Autonomía es una decisión muy correcta y por tanto también en esta materia tendrá nuestro apoyo. Y de la misma manera espero que encontremos un acuerdo respecto de
la composición, incluso de las exigencias de composición del Tribunal Constitucional.


Voy acabando. Usted, señora vicepresidenta, ha utilizado varias veces a lo largo de su discurso la palabra austeridad y al hablar de ello lo ha planteado como una forma de gobernar, no solamente como un objetivo de un momento de crisis
económica sino como una forma de afrontar la responsabilidad y no puedo estar más de acuerdo con usted en esa apreciación. Yo le haría una reflexión: austeridad sí, siempre, como actitud, pero a la hora de transformar la austeridad en decisiones
de política económica yo pediría austeridad selectiva, de forma que no tratemos de manera igual a los que están en condiciones de desigualdad y ello produzca mayor injusticia y mayor desigualdad. O sea que como actitud sí y siempre, pero a la hora
de tomar decisiones de política económica apliquemos un criterio de austeridad selectiva.


Reformas económicas, reformas de regeneración democrática. Creo que podríamos proclamar, parafraseando a Kennedy, aquello de: Es la política. Es decir que estamos hablando de economía y de la necesidad de reformar nuestra economía, de
crear empleo, de hacer reformas de regeneración democrática, precisamente también para resolver la crisis económica, pero yo he echado en falta una reflexión más concreta sobre la crisis política, porque yo creo que lo que también está en crisis en
España es la política y que la crisis política está en las instituciones. El hecho diferencial de nuestro país respecto de las economías de nuestro entorno, más allá de que nuestra estructura económica es diferente, más allá de nuestras
peculiaridades y de nuestras debilidades, está también en que nosotros, en que España vive, sufre una crisis política y una crisis institucional que requiere de decisiones políticas, de decisiones políticas que tienen mucho que ver con medidas de
regeneración democrática, como alguna que a ustedes no les gusta, como es la reforma de la Ley Electoral, pero también hay otras en las que nos podemos poner de acuerdo. Aunque también sé que en la reforma de la Ley Electoral nos terminaremos
poniendo de acuerdo. No sé cuando, pero sé que lo haremos. Pero me refería a reformas que tienen que ver no solo con instituciones que ya existen, como el Senado, cuestión que ya se ha planteado y cuyas reflexiones comparto en general e incluso me
atrevo a ir un poquito más lejos o a decirlo de otra manera: yo creo que si no somos capaces de convertir el Senado en una Cámara territorial hay que cerrarlo. Ya ha pasado el tiempo de cuando decíamos al inicio de cada legislatura: hay que
reformarlo. O lo convertimos en una Cámara territorial o lo cerramos y punto, y de eso no tienen la culpa los senadores, la tenemos todos los que tomamos las decisiones. Es decir, o lo hacemos o lo cerramos, porque no tiene mucho sentido seguir
reflexionando o haciendo como que reflexionamos. Pero hay otras reformas que hay que afrontar, como es la reforma del modelo territorial del Estado. Lo dejo también sobre la mesa. De la misma manera que se extiende bastante la teoría de que en
economía hay que caminar hacia una elaboración de presupuestos base cero y repensarlo todo, no pensar de dónde quitamos sino hacerlo base cero, en lo que tiene que ver con el modelo territorial del Estado también propondría una cosa similar. El
modelo territorial del Estado no es más que un instrumento, no es un fin en sí mismo. Yo defiendo un modelo territorial polí

Página 18

ticamente descentralizado, pero llevamos treinta años de vida democrática y somos lo suficientemente maduros desde el punto de vista democrático como para no tener miedo a revisar las consecuencias desde el punto de vista de la equidad, de
la igualdad, de la justicia y de la competitividad de nuestro país, de este modelo territorial que hemos montado. Hay que revisar las cosas a la luz de las consecuencias, para los ciudadanos naturalmente, no para los que nos hemos inventado el
modelo, y ciudadanos para los que lo hemos venido construyendo con la mejor de las intenciones, no me cabe la menor duda. Si revisamos las consecuencias, y lo hacemos sin prejuicio, convendremos en que hace falta un repaso -que yo lo concentro en
el Título VIII de la Constitución- sereno, tranquilo, pero autónomo. Creo que si no lo repasamos nosotros, nos lo van a repasar desde fuera, y yo prefiero que lo repasemos nosotros porque es nuestro país y es nuestra autonomía. Lo suscito aquí
porque tendremos oportunidad de debatirlo en el futuro y porque me parece que es usted la persona apropiada para plantearle este debate en sede parlamentaria además de hacerlo a otros niveles.


El señor PRESIDENTE: Señora Díez, le ruego que vaya concluyendo.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino con dos cosas puntuales y, por tanto, menos importantes, pero me interesa su opinión. Digo puntuales porque son dos noticias del día de hoy pero, aunque parecen puntuales porque se han producido hoy y
tienen protagonistas muy concretos, afectan a cosas generales. Don Jordi Jané terminaba su intervención hablando de la fiscalidad, del pacto fiscal. Iba a decir de la fiscalidad propia, pero no. Él lo ha definido como pacto fiscal, aunque creo
que hablábamos de fiscalidad propia para Cataluña, pero como no está él presente no me atrevo... En fin, a propósito de esto hoy he visto una noticia en la que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid defendía una isla legislativa y también
fiscal para eso que se ha llamado el macrocasino español, una especie de Gibraltar del juego, si me permiten la expresión. Querría saber -si es posible, si no es posible no pasa nada- cuál es su opinión al respecto, porque estamos defendiendo en
Europa una fiscalidad común para toda Europa, transparente y única, y en España no solo tenemos lo que ya tenemos sino que queremos ir a más y, de vez en cuando, salen iniciativas como esta, que por supuesto no comparto. De todas maneras, por ella
le pregunto.


También he visto una noticia sobre la que me gustaría asimismo conocer su opinión. El Gobierno vasco ha anunciado que recurrirá por invasión de competencias el real decreto de medidas urgentes de 30 de diciembre. ¿Considera que hay
invasión de competencias en lo que se refiere a las aportaciones a los planes de pensiones? En fin, si el Gobierno ha tomado esa decisión es porque entiende que no hay invasión de competencias, eso parece obvio, y por tanto se producirá el recurso,
pero dice además en esa misma comparecencia pública el Gobierno vasco que aquellos aspectos del real decreto que tienen que ver con la jornada de los funcionarios no son básicos y por tanto no afectan a los funcionarios del País Vasco. Yo querría
una posición de la vicepresidenta, no vaya a ser que con este asunto pase como con las retribuciones, con las últimas decisiones que se tomaron en la legislatura pasada, en la que además en cada comunidad autónoma o ayuntamiento aplicaban de una
manera distinta la rebaja de sueldos de los funcionarios, lo que producía mayores situaciones de desigualdad y por tanto de injusticia entre servidores públicos.


Termino, vicepresidenta. Yo no le voy a ofrecer consenso. Yo le ofrezco una leal oposición, no solamente de la diputada que le habla, sino de todo el grupo parlamentario que represento, que será siempre leal y oposición solo cuando no nos
quede otro remedio, pero siempre leal e, insisto, oposición cuando no tengamos oportunidad de llegar a acuerdos.


El señor PRESIDENTE: Es el turno de fijación de posiciones de los otros grupos que no han presentado petición de comparecencia. Como les he dicho al principio, en este segundo turno vamos a ir en el sentido inverso a la representación.
Por tanto, en primer lugar tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto, por el que, según ha anunciado, van a hacer uso de la palabra durante el tiempo que le corresponde dos representantes. En primer lugar, doy la palabra al señor Bosch.


El señor BOSCH I PASCUAL: No es lo mismo predicar que dar ejemplo. Señora vicepresidenta, usted nos ha predicado sobre regeneración democrática, sobre transparencia, sobre diálogo, austeridad, reorganización del Estado, modernidad incluso.
Ya veremos. Son palabras bonitas y será bonito comprobar hasta qué punto se cumplen. Como ustedes saben, yo represento a una coalición independentista catalana, con lo cual podríamos pensar que no nos afecta ni nos preocupa la reforma del Estado
español o lo que sucede en el Estado español. Nos afecta y nos preocupa; nos preocupa mucho, porque pagamos impuestos de forma generosa e incluso abusiva. Por tanto, sí voy a opinar sobre el tema.


Austeridad. Señora vicepresidenta, seamos serios, pongamos sentido común, vamos a recortar ahí donde cuelga algo y no ahí donde ya no sobra nada. Vamos a poner en orden la propia finca, que necesita un buen baldeo. ¿Por qué no se centra
en los gastos suntuarios del Estado, que son muchos y prescindibles? Cuando empezó la crisis en Alemania, la canciller Angela Merkel recortó un 40 por ciento el presupuesto del Bundeswehr, el Ejército Federal de Alemania. Hablen con ella y verán
que eso se puede hacer, que no es imposible, que no se hunden el mundo ni el Estado por ese tipo de austeridad y que la medida acaba siendo adecuada y conveniente.


Austeridad y transparencia. Pues pónganse a reorganizar la Casa Real, sobre todo en un momento en que hay sospechas de malos usos económicos por parte de

Página 19

miembros de la familia real, que está en los tribunales. Recientemente hemos visto una parte del gasto de la Corona. Hemos visto la pata, pero no hemos visto la parte del león. Pues entren en materia y aprueben una ley de transparencia
general de la Administración donde la Casa del Jefe del Estado sea un ejemplo y buque insignia del nuevo estilo que ustedes propugnan. Open government policy. Perfecto. Si usted quiere ser la Obama del Estado español, adelante, pero recorten por
ahí, pidan transparencia por ahí. Se puede hacer, hay margen. Nosotros hemos presentado una batería de cien preguntas sobre el tema y esperamos con mucho interés su respuesta.


Transparencia y austeridad. Recorten embajadas. Tienen cerca de doscientas embajadas españolas en el mundo, junto con consulados, delegaciones culturales, cancillerías, etcétera. Hemos visto recientemente cómo se las gastan los
representantes de España cuando viajan lejos de casa o cuando residen lejos de casa. Les anuncio que mañana mismo presentaremos una batería de preguntas también sobre esta cuestión que, a nuestro entender, alcanza proporciones de escándalo. Ya sé
de lo que me hablará, me responderá que las embajadas de Carod-Rovira y... Mire, el total de los gastos de las delegaciones catalanas en el exterior asciende a 2,5 millones de euros. Solo la residencia del embajador de España en Rabat asciende
casi al triple de esa cantidad, solo el chalé del excelentísimo embajador. Vamos a ser serios y vamos a tratar las cosas con un sentido de la proporción. No sean diplomáticos, recorten diplomacia, señora vicepresidenta, puesto que a la hora de la
verdad parece que esa diplomacia solo sirve para meterse en los asuntos de otros, como en los negocios entre Escocia y la democracia parlamentaria más antigua y consolidada del mundo, o sea, la del Reino Unido. No se metan más con los dilemas de
los demás y ocúpense de la propia casa. Por cierto, ya que estamos en la Comisión Constitucional, su ministro y colega de Asuntos Exteriores ha declarado hace poco que en el tema de Escocia no ha habido injerencia en los asuntos del Reino Unido,
contradiciendo lo que dice The Independent, un diario solvente británico, según fuentes de Whitehall, del Gobierno británico. Discrepancia.


Ha dicho el ministro de Exteriores que lo que hay es la constatación de que entre el marco constitucional británico y el español hay una diferencia abismal. Pues bien, señora vicepresidenta del Gobierno, nos puede explicar, por favor, en
qué consiste esa diferencia abismal. ¿Tal vez en que unos son más democráticos que otros? ¿En que unos reconocen el derecho universal a la autodeterminación y otros no? ¿En que unos llevan tradición centenaria, participación y transparencia
mientras que otros todavía están anclados en usos y costumbres de una dictadura? ¿Cuál es esa gran diferencia que apuntaba su ministro al ejercer de experto constitucional? Pasando a la regeneración democrática, el término me parece fantástico, lo
abono plenamente, pero en su área quedan pendientes proyectos -como ya ha señalado el portavoz socialista- que parece que nunca se cierran. ¿Qué piensan hacer con la Ley de la Memoria Histórica de 2007? ¿La van a aplicar? ¿Qué harán con el Valle
de los Caídos? ¿Con los muertos de la guerra que todavía están en sus cunetas? ¿Van a superar la Ley de Libertad Religiosa de hace treinta años o la van a dejar en los términos en que se redactó, términos casi pos nacional católicos? ¿Se van a
poner al día actualizando el plan de derechos humanos? Eso sí sería regeneración democrática, señora Sáenz de Santamaría. Eso sería ejercer de Obama. ¿Iremos en esa dirección o vamos a ver una involución a través del túnel del tiempo? Acabamos
de ver que su Gobierno anuncia un retroceso en toda regla respecto a los planes de privatización del aeropuerto de Barcelona y la tímida descentralización que apuntó el anterior Ejecutivo. ¿Hasta dónde están dispuestos a retroceder, señora
vicepresidenta? ¿Hasta los aires aquellos de Spain is different de los años sesenta? ¿Eso es diálogo, ese tipo de medidas unilaterales, ese retroceso? Basta ya de recentralizarlo todo por tierra, mar y aire; basta de criminalizar a los que menos
deuda han generado; basta ya de interferir en los asuntos de los otros olvidando los propios deberes; basta ya de recortar a los que no tienen por donde recortar. Señora Sáenz de Santamaría, si quiere recentralizar, recéntrese en la
Administración del Estado.


Por último, si no pueden evitar el impulso de meterse con las tijeras en asuntos ajenos, le propongo un trato: hablemos de recortes, pero no de pequeñeces; empecemos a hablar de recortar por lo sano. Si no le parece bien la deuda
catalana, la Administración catalana, las delegaciones catalanas en el exterior, la gestión catalana de los aeropuertos propios, si todo eso le molesta, recortemos Cataluña toda entera. Expúlsenos de este reino en el cual los culpables nunca son
aquellos que mandan, sino aquellos que soportan. Vamos a negociarlo, señora Sáenz de Santamaría, vamos a hacerlo, usted se quedará descansada, se quedará muy descansada, y nosotros ni le cuento.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el también representante del Grupo Parlamentario Mixto señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: En primer lugar, quiero agradecer a la señora vicepresidenta del Gobierno su comparecencia y el planteamiento que nos ha hecho para toda la legislatura. Aunque tengo que decirle que después de oírla ha
aumentado mi preocupación, que ya era grande cuando entré en esta sala a la vista de las medidas que habían anunciado con anterioridad. Y mi preocupación va en una línea muy determinada: la mayoría de las medidas en las que usted se ha centrado
podríamos decir que son el chocolate del loro. Ha estado hablando de recortes de 6 millones, de 30 millones de euros, que son importantes porque un grano no llena el granero, pero ayuda al compañero, dice el refrán castellano, pero es que usted se
ha perdido y este

Página 20

Gobierno se está perdiendo en ese tipo de medidas, quizás simbólicas, que pueden sonar incluso bien a la opinión pública y que tienen su componente de demagogia. Por ejemplo, cuando decía: vamos a recortar las subvenciones a los partidos
políticos, a los sindicatos, etcétera. Me parece bien, pero también habría que avanzar en otro tipo de elementos de transparencia en ese tema, y sobre eso no he oído nada. Por ejemplo, haciendo imposibles las donaciones anónimas a los partidos
políticos. Ese es un elemento importante para controlar toda la corrupción que ha habido a través de la financiación de los partidos políticos. Me refiero a que se han ido perdiendo en este tipo de medidas que son simbólicas, que pueden quedar
bien de cara a la opinión pública, pero que no van a la raíz del problema. El problema de este Gobierno es que huye de la auténtica raíz del problema y tiene un diagnóstico equivocado de la crisis. El problema de la crisis del Estado español no es
fundamentalmente el déficit público. Eso es una consecuencia, no es un problema. El problema de la crisis del Estado español es su estructura socioeconómica que es totalmente ineficiente. Otra de las crisis del Estado español es su estructura
institucional, lo que podríamos llamar la burbuja autonómica, que explotará como la burbuja inmobiliaria. Y como ya señaló nuestro portavoz en el Pleno de investidura, es un elemento que nos preocupa mucho. Porque, al final, la transición
inacabada que se produjo en el año 1977 con una Constitución que avanzó de forma muy importante en los derechos individuales, no supo resolver la cuestión de los derechos colectivos, de los pueblos, de las naciones sin estado que están en el Estado
español. Ese problema sigue estando encima de la mesa. Ustedes abordaron el problema diciendo: vamos a dar café para todos para anular los deseos de autogobierno o las aspiraciones de autogobierno en las naciones históricas de Cataluña, de
Euskalerría y de Galicia. Dijeron: vamos a ir al café para todos; vamos a generar un sistema autonómico y así difuminamos, tapamos, y a ver si se les va olvidando esta cuestión a las naciones históricas. Treinta años después vemos que en las
naciones históricas el deseo de autogobierno, las aspiraciones de autogobierno han crecido, se han consolidado, y en el resto del Estado se ha generado un sistema totalmente ineficaz, generador de deuda pública, etcétera. Los datos son
concluyentes. Las dos únicas comunidades autónomas que con los datos del Gobierno de finales de noviembre no tienen déficit público son la Comunidad Autónoma Vasca, con un superávit del 1,6, y la Comunidad Foral de Navarra, que tiene un déficit del
0,06, prácticamente cero. Son las únicas. Ese es un elemento importante, a considerar, y es lo que no abordan: ni la estructura socioeconómica, ni la estructura institucional. En el caso de la estructura socioeconómica ha salido además en la
intervención de la compañera Rosa Díez una cuestión que es muy significativa: su obsesión de progreso económico está en crear un gran casino, que es lo contrario a una economía eficiente, desarrollada y europea. Y esa cuestión sigue estando encima
de la mesa. Quizá le sorprenda a usted que a Amaiur le preocupen estas cuestiones y que le preocupe España. Pues sí, nos preocupa, efectivamente. Porque, al final, ese problema repercute en todos, en todas las personas que, aunque no nos sentimos
españolas, estamos dentro del Estado español y en el conjunto de los europeos. Y nosotros apostamos por una Europa diferente, apostamos por una Europa que no esté preocupada por el déficit público sino por las personas, por la creación de empleo,
por que las personas puedan vivir con dignidad. Ese es un elemento que quiero poner encima de la mesa como elemento de reflexión, porque me gustaría que el Gobierno profundizase y girase, cambiase de rumbo en esa cuestión porque, si no, al final de
esta legislatura van a estar peor que el Gobierno anterior al final de la anterior legislatura.


Ha hablado luego de austeridad, de transparencia, de responsabilidad, de generación democrática. Yo comparto con usted esos conceptos, pero son conceptos que se quedan de momento en el aire porque luego hay que llevarlos a la práctica. Hay
elementos que me preocupan. Ha hablado, por ejemplo, de gobierno abierto como un tema importante y yo comparto con usted esa preocupación, sin embargo está hablando de un gobierno abierto que funciona con código cerrado. No ha hablado, por
ejemplo, de un elemento que sería importante para favorecer la igualdad de oportunidades de los ciudadanos para acceder a la información pública y que supondría un ahorro de gasto muy importante como es hacer un plan de implantación del software
libre, es decir, de los sistemas informáticos de código abierto en el Gobierno. Eso supondría un ahorro importante y si no que se le pregunte a la señora Merkel lo que supuso en su día para Alemania. Ese es un elemento importante también de
transparencia sobre el que no he oído nada y me gustaría oír.


Ha hablado también de regeneración democrática y ahí aumenta mi preocupación. Habla de regeneración democrática cuando simultáneamente, en este Parlamento e impulsado por ustedes, se limita la pluralidad y el derecho a la participación
política; sobre todo de mis compañeros en el Grupo Mixto, a las otras siete formaciones políticas que tienen uno, dos o tres parlamentarios. Ese no es un elemento circunstancial. Es importante porque detrás de eso hay una filosofía, y eso es
negar que el Parlamento sea el centro de debate; eso es negar el derecho a la participación política; eso es negar la realidad de un Estado, que a uno le puede gustar más o menos pero es la realidad, y si se quiere gobernar hay que contar con la
realidad social, con la realidad real. Se refería usted a la regeneración democrática. Este Gobierno también debería abordar unos elementos que me parecen importantes desde el punto de vista de la regeneración democrática, como es acabar con una
ley de partidos que va en contra de las bases democráticas, según se ha reconocido por muchos países europeos; como es acabar con una legislación que permite cerrar medios de comunicación -que al cabo de los años los

Página 21

tribunales dan la razón de que ha sido un cierre injusto-. Esos son elementos importantes de regeneración democrática. Hay otro elemento de regeneración democrática que también es importante y que ha salido por la boca de otros portavoces
de esta Comisión que es, por ejemplo, un compromiso decidido con la defensa y la votación de los derechos humanos. Acoger las recomendaciones de Naciones Unidas, de Amnesty International sobre todo en la prevención de los malos tratos o torturas en
los ámbitos de detención. Ahí hay un campo importante en el que debemos avanzar todos. Eso es igualmente hablar de regeneración democrática y ahí va a tener también toda nuestra colaboración porque -y con esto acabo, señor presidente- desde Amaiur
queremos tender puentes.


Entiendo que quizá a muchos de ustedes les resulta sorprendente o no creíble esta afirmación. Nosotros vamos a seguir perseverando en tender puentes porque pensamos que los problemas se resuelven entre todos y contando con todos; contando
con ustedes y contando con nosotros, y partiendo de algo que es importante y que está en parte de su planteamiento y es otro de los temas que nos preocupan -con esto acabo de verdad, señor presidente-, que es el respeto a las realidades
diferenciadas que hay en el Estado. En concreto, a la hora de abordar los temas presupuestarios, control del déficit, los temas fiscales, etcétera, yo le preguntaría si va a respetar los ámbitos diferenciados como son los que provienen del Convenio
Económico de la Comunidad Foral de Navarra y el Concierto Económico en la Comunidad Autónoma Vasca, que conforman el ámbito y las circunscripciones a las que yo defiendo; si va a respetar esos ámbitos de soberanía que preceden a la Constitución,
que siguen con esta Constitución y que nosotros pretendemos acrecentar en el futuro con otros marcos jurídico-políticos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Antes de comenzar a explicar mi posición quisiera desearle a la señora vicepresidenta toda la suerte para las tareas que ha comenzado a desarrollar y para lo que venga en esta legislatura.


Ha hecho la señora vicepresidenta un discurso sobre las virtudes. Yo diría que en más del 50 por ciento ha estado hablado de austeridad, de honradez, etcétera. Una loa a la honradez que de tanto decirlo, sinceramente, da la sensación de
que nunca hubiera existido esta en ningún rincón de la política. Para que no quede esta duda, la política debemos reivindicarla. Ha escogido algún destino concreto hablando de desconfianza, despilfarro, anunciando incluso medidas penales,
apuntando básicamente a las comunidades autónomas. Me pregunto -no estoy en contra de estudiar las medidas que ustedes vayan a plantear- si no se puede hacer eso desde un propio partido político. ¿Las comunidades autónomas son entes que nada
tienen que ver con el Partido Popular? Las comunidades autónomas están gobernadas por partidos, ¿y no son los partidos políticos los que vertebran la vida política, y más los autodenominados nacionales? Sin necesidad de tomar medidas, también
desde dentro de los partidos se pueden corregir determinadas actitudes.


Ha sido un discurso con el que en los principios podemos estar de acuerdo, en esa defensa de las virtudes en la política; pero que no haya entrado más en el ámbito económico me ha parecido extraño, es más me ha parecido preocupante que,
considerando que según el decreto aprobado recientemente por el Gobierno le corresponda a su ministerio la preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo, y no nos haya dado usted un calendario legislativo; cosa que sí ha ocurrido
al menos en las dos anteriores legislaturas en las que yo he estado, por parte del Gobierno; luego podría este cumplir más o menos, pero sí anunciaba una proyección de las próximas leyes. Aparte de las medidas ya conocidas, que ya habían aparecido
en prensa, y algún detalle relativo a su ministerio, pero exclusivamente a su ministerio, no nos ha avanzado cuáles son esos planes del Gobierno. Además esas medidas que nos ha propuesto van en la línea -insisto, no me parece mal- de la
restricción, de la austeridad, pero ¿dónde está el calendario para generar productividad, para generar más riqueza, para crear puestos de trabajo? Eso es lo que estamos todos esperando y es necesario ponerlo encima de la mesa cuanto antes.


Ha hablado, sí, de la reforma laboral y la reforma del sector financiero; ya estaba esto anunciado y apuntado. Por cierto, me ha llamado la atención que en este caso no haya hablado de ley o de proyecto de ley, sino que haya dicho
simplemente: estudiar la reforma laboral y la reforma del sector financiero. ¿Eso quiere decir que va a venir a través de decreto-ley?, ¿tiene el Gobierno esa intención?, ¿va a ser esta legislatura -espero que no- una legislatura de decreto-ley
como lo fue la anterior, en la que el uso de ese instrumento fue abusivo? Nos gustaría que desde el Gobierno se dijera claramente que no se va a abusar de este instrumento. Ha hablado de transparencia y claridad. Ha anunciado una ley de
transparencia de la Administración, lo cual nos parece correcto, pero yo le voy a hacer una pregunta concreta: ¿vamos a poder los parlamentarios -no sé si a través de esa ley o de otro instrumento o si no hace falta ninguno, que es mi opinión-
acceder a las declaraciones de intereses y bienes de los miembros del Gobierno, para cumplir nuestra función de que se guarde la Ley de Incompatibilidades? Se lo pregunto no porque tenga ninguna sospecha con respecto a los miembros de su Gobierno;
se lo pregunto porque este parlamentario intentó ejercitar ese derecho y le fue negado en la legislatura pasada. Luego no sé si existe, a mi modo de ver no -otros apuntaban, el Gobierno apuntó-, alguna dificultad legislativa de manera que en el
fondo no podíamos cumplir nuestra función como parlamentarios; pero si existe, me gustaría que usted manifestara la

Página 22

voluntad de levantar este obstáculo. Además me gustaría saber en este ejercicio, en el que usted y su Gobierno se han comprometido, de transparencia, claridad, etcétera, si el presidente del Gobierno va a renunciar a las preguntas de su
propio grupo parlamentario en las sesiones de control.


Le quería preguntar al mismo tiempo: ¿Va a estar abierto a contestar a todos los grupos, a diferencia de lo que sucedió con el último Gobierno del Partido Popular?, ¿vamos a poder preguntar al presidente del Gobierno todos los grupos? Me
gustaría que la respuesta fuera afirmativa. Estamos hablando -usted ha hablado- de buscar consensos, y yo estoy de acuerdo. No iba a hablar de este tema, pero el señor Jané lo ha iniciado, ha continuado la señora Díez y el resto de los grupos
parlamentarios han mencionado la modificación de la Ley orgánica de financiación de partidos políticos. Pues ya que lo han hecho, yo voy a decir dos cositas. Una, que presentar esto sin preguntar a nadie, por lo menos a mi grupo político y sé que
a algún otro, me parece que al mayoritario tampoco, presentar esto sin consenso. Hubiera estado bien preguntarlo, sobre todo porque ya se habían hecho modificaciones. Por ejemplo, las donaciones anónimas ya se eliminaron en una reforma de la
anterior legislatura de la Ley orgánica de financiación de partidos políticos, pero también en la última reforma de la Loreg, ustedes recordarán perfectamente, se redujeron las subvenciones a los partidos políticos. Por tanto, ese ejercicio de
austeridad ya lo ha hecho esta Cámara. Sinceramente, le tengo que decir -sin entrar en el contenido porque ya hablaremos en su momento cuando se debata esto- que es una propuesta relativamente fácil cuando se está en el Gobierno del Estado y en el
de casi todas las comunidades autónomas, porque en el fondo su partido ya tiene a la Administración detrás, de apoyo, para informes, etcétera. Quien lo tiene más crudo es la oposición, que necesita de equipos, de medios, para ejercer su función,
para hacer su trabajo. Sinceramente me niego a que los partidos políticos parezcan apestados que lo único que están buscando son unos fondos públicos para malgastarlos. Los partidos políticos son quienes aseguran el buen funcionamiento de la
democracia, y lo señala así la propia Constitución. No queremos -creo que ningún partido político de esta Cámara supongo lo quiere- que los grandes lobbies, que las grandes corporaciones, que los poderes financieros opacos sean quienes influyan de
verdad en la política del país y no los partidos políticos.


Ha anunciado también algo que ya estaba muy presente en los medios de comunicación, la Ley de Estabilidad, el desarrollo del artículo constitucional que se reformó muy recientemente. Como partido, como grupo político, ya nos posicionaremos
en su momento cuando conozcamos el contenido, pero lo que sí le anuncio es que estaremos atentos respecto de las características y capacidades forales; entre otras cosas porque también se comprometió a ello, como usted bien recordará, el presidente
del Gobierno en el discurso de investidura, en el intercambio de intervenciones que tuvo con el portavoz de mi grupo parlamentario, y estamos convencidos de que en ese sentido va a cumplir su palabra. Hablando de respeto a las competencias y a las
competencias autonómicas, y de lo que estas hacen y dejan de hacer, ha aludido a un plan que ya se ha iniciado para involucrar a las comunidades autónomas en la reducción de organismos. Hablar siempre está bien, acordar siempre es bueno. Usted ha
anunciado en el caso de las comunidades autónomas que en un mes informará y que las comunidades autónomas deberán acometer un plan ratificado en el año 2012. No sabemos si ese plan es único, si lo va a imponer el Estado a las comunidades autónomas.
Lo que quiero señalar es que la visión de mi grupo es que en todo caso nadie puede fiscalizar el criterio de las comunidades autónomas ni imponer en cuanto a la necesidad o no de determinados organismos. Por tanto, esa modificación tiene que estar
en una voluntad libre de estas y no impuesta por parte del Gobierno, porque lo contrario sería contravenir el propio ordenamiento jurídico. Tengo que señalar, porque es de justicia decirlo, que algunas comunidades han gestionado bien, muy bien. No
podemos generalizar y etiquetar a las comunidades autónomas en un todo común como ejemplo del mal gobierno.


Se ha referido a una modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ya le avanzo nuestra oposición a la implantación del recurso previo de inconstitucionalidad. Esto es bien conocido y creo que no le descubro nada. Ha
hablado además de la renovación no solo de los miembros del Tribunal Constitucional, sino también de otros organismos, de otras instituciones y ha hablado de buscar una menor dependencia de las mayorías parlamentarias. Hay que proceder de una vez
por todas a hacer esos nombramientos, pero en cuanto a hablar de menor dependencia y mayorías parlamentarias estaremos muy atentos, porque fue su partido el que bloqueó -lo digo como fue, empecinado en que fuera adelante una candidatura concreta de
una persona concreta- absolutamente la renovación del Tribunal Constitucional. Ustedes eran quienes daban o quitaban mayorías. Esto es así, y esperando seguramente en el tiempo a estar en una diferente situación en cuanto a mayorías
parlamentarias. Está bien que diga que menor dependencia de las mayorías parlamentarias, pero hemos estado viendo continuamente durante años que los representantes que han nombrado han votado siempre en bloque, en bloque. Si vamos a hacer que haya
una menor dependencia de las mayorías parlamentarias, busquemos mayores consensos y personas menos ligadas a determinadas formas de ver la vida, la política y de entender la ley, y eso además es legítimo, todos tenemos una forma de ver las cosas.
Han contactado, dicen, con algunos grupos sobre la renovación de estas instituciones. Me gustaría saber si van a hablar con todos o no, o si los que no tenemos fuerza para quitar o poner vamos a estar al menos informados de qué es lo que se está
hablando antes de que se cierre. Porque si vamos a buscar un

Página 23

consenso y vamos a buscar personalidades independientes, vamos a pensar que todavía hay espacio para la sorpresa, señora vicepresidenta, y que lo vamos a conseguir. Pero en esto, lo siento, como Santo Tomás: verlo para creerlo. Ya le
contaré y le felicitaré si es así, y de todo corazón además.


Hay dos asuntos sobre los que no ha hablado y creo que son importantes -en uno de ellos además mi grupo ha presentado una proposición no de ley-: es importante que aborden ustedes tener un plan de derechos humanos, realizar un segundo plan
de derechos humanos y que este recoja un programa con objetivos concretos, plazos, indicadores específicos, y además que se especifique como se piensa articular un mecanismo de seguimiento y participación en las Cortes. No es que lo pidan
innumerables organizaciones no gubernamentales. Es una necesidad y un clamor compartido por muchos parlamentarios de esta Cámara. Seguramente sabe que ha existido -entiendo que en esta legislatura también lo va a haber, por lo menos mi voluntad es
esa y también la de otros parlamentarios- un intergrupo acerca de derechos humanos en la Cámara con representación de todos los partidos políticos. El Gobierno haría bien en afrontar este tema, sobre todo cuando además dio su apoyo a la existencia
de este grupo en el debate sobre el estado de la Nación que se celebró el día 30 de junio de 2011 y se votaba realizar inmediatamente los trabajos necesarios para lograr un segundo plan de derechos humanos.


Ley de Memoria Histórica. No la ha mencionado y yo, como portavoz, debo mencionarla. Sigue siendo una ley en vigor, sigue siendo una ley en vigor. Además el propio señor Fernández, ahora ministro del Interior, en más de una ocasión ha
recordado en debates en esta Comisión que el Partido Popular apoyó determinados artículos -si quiere se los cito, pero creo que no es necesario- de esa ley, incluido el tema del Valle de los Caídos en el que ha habido un equipo de gente, creo que
con representaciones ideológicas diferentes, que ha formulado un informe. Ha hablado usted antes de la transparencia de la Administración, y había un problema con esta ley por el que a última hora el anterior Gobierno socialista se comprometió a
trabajar en el acceso a los archivos. Estamos trabajando con normativa general que creo que debería buscar determinadas excepciones -de esto hemos hablado largo y tendido, no es cuestión de que me extienda aquí pero si quiere lo comentamos- y
deberíamos buscar la solución para que ese acceso fuera más sencillo y más transparente. ¿Qué van a hacer con respecto al informe del Valle de los Caídos, y el mapa de fosas? Me imagino que no van a suprimirlo, que van a mantenerlo, a enriquecerlo
con la aportación de otras comunidades autónomas, y en ese sentido nos parece que la Oficina para Víctimas de la Guerra Civil y dictadura todavía tiene unas funciones que cumplir. Pero insisto en que hoy por hoy eso sigue siendo una ley.


Televisión Española, y Ley Audiovisual, añadiría yo, porque allí se hizo una especie de tótum revolútum en la Ley Audiovisual que se modificó, lo voy a decir entre comillas, con nocturnidad y alevosía. -Entiéndame, porque fue casi sin plazo
de enmiendas, fuera del periodo de sesiones; lo conoce perfectamente-.


Usted ha hablado de calidad y mejora de funcionamiento. Me parece bien eso, yo creo además que en todos los órdenes de la vida y en todos los ámbitos. ¿El Gobierno se está planteando -hubo alguna noticia- modificar la ley de manera que la
publicidad pueda volver a la televisión, es decir, que se abra de nuevo la vía de la financiación a través de anunciantes en Televisión Española? Lo que yo supongo -no sé la solución que le darán, lo seguiremos atentamente- es que no querrán que el
ente público se ahogue financieramente mientras las televisiones privadas crecen y la engullen. Mantener una buena televisión pública en todo caso es interesante para todos. Nos ha anunciado la reunión, etcétera, pero me gustaría que nos pudiera
especificar algo más sobre cómo van a plantear la financiación, una financiación real del ente, ya que sería interesante.


Veo que el señor presidente tenía la intención de cortarme, pero no le voy a dar la oportunidad porque termino ya.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Nuet.


El señor NUET PUJALS: Me sumo, señora vicepresidenta, a los agradecimientos por su rápida comparecencia en esta Comisión, y desde el punto de vista personal por supuesto le deseo lo mejor para su tarea.


En primer lugar, quería hacerle un comentario previo antes de entrar en algunas especificaciones. No sé si va a ser usted la persona del Gobierno que va a llevar las relaciones con la Conferencia Episcopal Española y con el Vaticano.
Querríamos saber si eso es así, porque estamos absolutamente estupefactos ante las declaraciones de los obispos de Valladolid y de Tarragona, que han dicho cosas distintas pero que responden a la misma doctrina. Por supuesto, queda claro para
nosotros solo oyendo esas declaraciones que tendríamos que discutir la posible derogación del concordato entre el Estado español y el Vaticano y que es necesaria en España más que nunca una ley de laicidad; una ley de laicidad que garantice por
supuesto la libertad religiosa, como no podía ser de otra forma, pero que al mismo tiempo garantice la estricta separación de la Iglesia y del Estado. Queremos decirle, señora vicepresidenta: sea usted valiente, no permita que los nuevos
inquisidores del siglo XXI se inmiscuyan en su vida privada y ejerza sus funciones públicas libre de doctrinas totalitarias. Aquí solo la vamos a juzgar por eso, por nada más. Dicho esto, entro a comentar algunas de sus propuestas. En primer
lugar, creo que de forma popular, en el sentido de pueblo, usted ha manejado un discurso en el que algunos términos que se están expresando hoy en día en la calle los pone como banderín de enganche de la política que nos va a desarrollar y presentar
el Gobierno en los próximos tiempos. Pero quiero decirle, señora vicepresidenta, que

Página 24

desde nuestro humilde punto de vista detrás de ese banderín de enganche, cuando usted explica y va desgranando las medidas que consecuentemente se van a realizar, mucho nos tememos que se va a conseguir precisamente el efecto contrario.
Cuando ustedes hablan de austeridad, verdaderamente de lo que están hablando o verdaderamente lo que están proponiendo son recortes, recortes generalizados como nunca en la historia de nuestro país; cuando ustedes hablan de transparencia nos están
proponiendo menos medios públicos para el control democrático; y cuando hablan de regeneración democrática nos están diciendo que temas tan importantes como que el voto de cada español y cada española valgan igual, parece que en principio no está
en la agenda. Por ejemplo, no hay un plan real, un plan ambicioso contra la corrupción, y no me refiero solo a la corrupción política, que me preocupa, me refiero especialmente a la corrupción financiera, a la corrupción inmobiliaria, a la
especulación, a ese gusano que ha matado la economía española en los últimos años y que ha provocado la crisis más importante de los últimos ochenta años. Eso no lo hemos escuchado, señora vicepresidenta, en su discurso.


Cuando hablan de austeridad entramos en un debate político, porque la economía es política, es una ciencia social; y cuando hablamos de política hay que discutir, hay que contrastar y no nos pueden responder a eso con una nueva ley de la
porra, porque si ustedes pretenden sancionar a los infractores, ¿qué significa la infracción?, ¿o es que pretenden, con sus propuestas, pasar el déficit de las instituciones a la sociedad española, sacar el déficit de las administraciones públicas
y colocarlo en la calle, en las personas, en los hombres y mujeres que viven en este país?, ¿o no es déficit que tengamos más de 5 millones de parados y que no haya en el Gobierno hasta el momento una propuesta clara, que sea nuclear, alrededor de
la creación de empleo?, ¿o no es déficit las listas de espera crecientes en los hospitales y en los consultorios, como en Cataluña, donde cada día se cierran servicios de urgencia?, ¿o no es déficit, señora vicepresidenta, colegios sin
calefacción?, ¿qué es eso, si no?, ¿o no es déficit, señora vicepresidenta, tanta gente sin casa y tantas casas sin gente, más de un millón de viviendas vacías en nuestro país y tanta gente, veintitrés familias, a la que cada día echan a la calle
por no poder pagar la hipoteca? Esos son déficits que hay que abordar y los deben abordar las administraciones públicas, con liderazgo, porque sus propuestas lo único que están haciendo -y creemos que van a hacer, por desgracia- es enfriar y
deprimir más la economía y, por tanto, van a crear más paro, más desahucios y más desesperación en la sociedad española que la que tenemos en este momento. Por supuesto, pasarán los cien días del PP y vendrán los doscientos y los trescientos días,
y comprobaremos si las medidas que el PP prometió para sacarnos de la crisis nos sacan de la crisis o nos meten un poquito más en ella y en esta misma Comisión parlamentaria lo vamos a ir comprobando. Por supuesto, señora ministra, con más
flexibilización del mercado laboral no vamos a crear más empleo. Se crea empleo haciendo crecer la economía y se hace crecer la economía no tomando medidas que fomentan la depresión económica y, por tanto, estamos convencidos de que están tomando
medidas equivocadas. Eso sí, formuladas con frases efectivas porque la gente tiene mucho miedo y muchas esperanzas pero, repito, el tiempo pasa y las cosas les van a poner en su sitio.


Señora ministra, también estamos totalmente de acuerdo con la transparencia, empezando por el jefe del Estado, el órgano público de España menos transparente de nuestra democracia. Queremos saber no solo en qué se gastan las partidas de los
Presupuestos Generales del Estado, queremos saber las actividades privadas, los ingresos y el patrimonio del jefe del Estado y de su familia, y pensamos que eso es imprescindible, como otras monarquías parlamentarias europeas ya han hecho. No
estamos pidiendo nada nuevo, sino algo que ya se hace en otros países europeos. Y si la reina Isabel vende tacitas de té, queremos saber qué vende el rey de España; queremos saberlo y posiblemente lo quiera saber el conjunto de los españoles.
Señora ministra, no puede haber más transparencia si nuestra radio y televisión pública no tiene los presupuestos adecuados. Sin radio y televisión pública hay menos democracia, y con radios y televisiones públicas privatizadas en las comunidades
autónomas -aviso a navegantes- habrá menos democracia en las comunidades autónomas. La democracia cuesta dinero, pero la democracia en sí tiene un valor político que está por encima simplemente de un equilibrio presupuestario porque hemos decidido
vivir en democracia.


Usted ha citado también a comunidades autónomas y a ayuntamientos. Por supuesto, colaboración, diálogo, pero la solución de la crisis no es más recentralización del Estado. El Estado central es el causante de la ruina histórica de nuestro
país. Los peores momentos de la historia de España fueron los de la España más centralista, y los mejores momentos de la historia de España fueron los de la España más autonomista y más descentralizada. Nosotros, por supuesto, apostamos por un
Estado federal plurinacional, donde españoles y españolas distintos se entienden, colaboran y organizan lo común. Por tanto, ese es un factor a defender, pero, al mismo tiempo, también es la hora de los ayuntamientos, no sea que de nuevo la crisis
haga que pase el tren de los ayuntamientos, de su financiación y de sus competencias. El tema no es solo más control a las administraciones locales, sino qué vamos a hacer para ayudar a las administraciones locales, que están desarrollando
competencias de forma muy superior a sus verdaderas responsabilidades. Por tanto, es necesaria una nueva ley de financiación para los ayuntamientos.


Desde nuestro punto de vista, es imprescindible una nueva ley electoral. Lo dijo el Consejo de Estado en la pasada legislatura y, por desgracia, el Partido Popular, el Partido Socialista y Convergència i Unió hicieron

Página 25

oídos sordos. No solo lo decimos nosotros, lo dicen las plazas; lo dice mucha gente que habla de democracia, por tanto, más democracia y no menos democracia. Incluso, más democracia directa, nuevas formas de participación democrática, más
referéndums, más consultas. Se trataría de una reforma de la Ley Electoral en el sentido de modificar las circunscripciones electorales y el sistema de reparto, el sistema de cómputo.


Nosotros no seremos los que pongamos pegas al recorte de la financiación de los partidos -seguro que ahí se puede hacer algo-, pero le tengo que decir que la propuesta que hacen es el chocolate del loro, que en ese recorte del 20 por ciento,
comparado con otras partidas que podrían recortarse, regularizarse, regestionarse, realmente hay una diferencia muy grande, solo por hablar del mailing electoral, que tiene un impacto económico brutal sobre los partidos políticos, o las campañas
electorales, que tienen un impacto brutal sobre los presupuestos de los partidos políticos y que multiplican en mucho el recorte que propone el Gobierno. Por tanto, cuando se lleve a cabo la tramitación, desde nuestro grupo haremos propuestas no de
menos sino de más recorte, pero de otro recorte.


Queremos una nueva ley de memoria histórica para que nuestros muertos, que son sus muertos, señora vicepresidenta, no estén en las cunetas de España -docenas y docenas de miles-, y no pedimos un entierro como los del dictador, pedimos
justicia y pedimos dignidad, conocer sus nombres y unas simples placas. No pedimos nada más que eso y, por supuesto, sacar a esos muertos de las cunetas con responsabilidad de las administraciones públicas, que ayuden a sus familias. Algo huele a
podrido en nuestro país, ya que al mismo tiempo que se despide a los ministros franquistas con gaitas el Tribunal Supremo juzga a un juez por investigar los crímenes del franquismo. Además, hoy mismo se cumplen treinta y cinco años desde que unos
fascistas asesinaran a los abogados de Atocha.


Separación entre Iglesia y Estado. He empezado con eso y acabo con eso. Como he dicho antes, queremos una ley que garantice la laicidad, una ley que garantice la separación entre la Iglesia y el Estado, una ley que garantice la libertad
religiosa en nuestro país. Esperamos sus respuestas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para fijación de posición el portavoz del Grupo Popular, señor Gómez de la Serna.


El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Tratándose de mi primera intervención en esta Cámara, quisiera hacer alguna consideración previa. En primer lugar, y vaya por delante, quiero dirigirme a los demás diputados y a los portavoces de
los distintos grupos políticos para ponerme a su entera disposición como diputado y como portavoz del mío y manifestarles desde este mismo momento mi completa disposición al diálogo cordial entre los grupos y mi voluntad de llegar a acuerdos. Creo
que tenemos, en circunstancias tan difíciles como las que vive nuestro país -cada uno, lógicamente, desde sus propias convicciones ideológicas-, la obligación democrática de ofrecer a los españoles un clima de unidad, de consenso, de acuerdo y,
sobre todo -y luego volveré sobre este punto-, de estabilidad y -si me permiten la expresión- de tranquilidad institucional. Creo francamente que los españoles esperan ejemplaridad de sus representantes políticos y nosotros tenemos que saber estar
a la altura de las circunstancias.


Señora vicepresidenta del Gobierno, muchas gracias por esta comparecencia en tiempo récord, hay que decirlo, por el contenido de su intervención y por toda la información y explicaciones que nos ha ofrecido en su turno de palabra. Yo diría
que es una intervención presidida por tres ejes. En primer lugar, el eje de la transparencia, casi diría como metodología de trabajo de un Gobierno, de su relación con el Parlamento y de su relación con los ciudadanos. En segundo lugar, el
compromiso firme de este Gobierno de tomar las decisiones que haya que tomar para sacar a nuestro país de la crisis en el menor tiempo posible y con el menor coste posible para los sectores más desfavorecidos. Y, finalmente, señorías, quisiera
destacar algo que latía en toda su intervención y que me parece un instrumento de regeneración política e institucional de primera dimensión, que es la voluntad de recuperar el consenso político entre los grupos. La celeridad de comparecer a
petición propia en esta Cámara indica también -y lo hemos hablado usted y yo, señora vicepresidenta- la voluntad de atender a la centralidad política de esta Cámara y la voluntad del Gobierno -si me permiten la expresión- de hacer vida parlamentaria
plena.


Quiero resaltar también que toda su intervención está presidida por una constante y latente puesta en valor de nuestro marco constitucional. Vaya por delante que, en nuestra opinión, no habrá recuperación económica si previamente no existe
estabilidad política y seguridad institucional y constitucional. Yo quisiera en esta intervención hacer especial hincapié en nuestra Constitución de 1978. Nunca Constitución alguna en España aportó tanta convivencia, tanta libertad, tanta
justicia, tanto pluralismo, tanta igualdad y tanta solidaridad entre los españoles. Y no creo, francamente, que exista -o al menos no se ha presentado- un modelo alternativo que ofrezca una capacidad de integración política de los españoles tan
alta como la que ofrece la Constitución vigente de 1978. Por eso para el Grupo Popular, señorías -y se ha aludido en esta sesión al punto al que me voy a referir-, la Constitución española no es una Constitución de transición, no es una meta
volante, no es una primera transición a la espera de alcanzar la transición definitiva; no, en nuestra opinión, la Constitución española es un punto de encuentro, es el punto de encuentro entre los españoles y es el punto de llegada, porque
garantiza la libertad y la igualdad entre todos los españoles. Luego podremos buscar fórmulas de reforma, fórmulas de ajuste, fórmulas de modernización de dis

Página 26

tintos ámbitos de nuestro marco constitucional -lo acabamos de hacer con ocasión del artículo 135-, pero quede claro, señorías, que la Constitución es la garantía de que España sea y siga siendo una nación de ciudadanos libres e iguales ante
la ley, y quede claro también que mi grupo no va a dar carta de naturaleza a procesos que puedan o que pretendan desbordar nuestra estabilidad constitucional. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!). Por cierto, se trata de una Constitución -y
estoy seguro de que el señor Jáuregui y muchas otras personas que me han precedido en el uso de la palabra van a estar de acuerdo conmigo- que también tiene su especial memoria, y yo quiero decirlo en mi primera intervención en esta Cámara, la
memoria de las víctimas del terrorismo. Esa es la memoria histórica de la Constitución de 1978, esa y el relato histórico que habrá que hacer -el histórico, el objetivo, no el fabulado- de lo que ha ocurrido con los derechos humanos durante
demasiado tiempo, con pasividad de algunos en el País Vasco. (Aplausos.)


Ha realizado usted, señora vicepresidenta, un balance de Gobierno, y quiero señalar, no sin orgullo -no sé si en parlamentarismo comparado se habrá producido alguna vez, en España desde luego no creo- que ningún Gobierno, a los treinta días
de estar en el ejercicio de sus obligaciones, haya rendido cuentas con un balance de tal calado, tan pormenorizado y tan exhaustivo como el que ha hecho usted aquí hoy; un balance y un diseño general, un programa de Gobierno, un plan de acción que
responde a un criterio muy claro de lo que va a ser, en mi opinión, esta legislatura: reformas, reformas y más reformas, con un doble objetivo que es evidente: por una parte, la recuperación económica de nuestro país, y, por otra parte, la
regeneración política de las instituciones. Hay criterio, hay rumbo, hay objetivos y hay equipos. Hay un tiempo nuevo, señorías, para el que mi grupo tiende desde este momento la mano al resto de los grupos de esta Comisión.


Señorías, no se trata de hacer un recorrido por todas las medidas que nos ha anunciado la vicepresidenta en su comparecencia, pero sí querría resaltar algo en especial. En primer lugar, la obsesión por la insostenibilidad de la cifra de
5.400.000 parados. Esta es la obsesión del Gobierno y todas las medidas están encaminadas a paliar tan dramática cifra. Y con esta finalidad se ha trazado un plan perfectamente encaminado a la recuperación económica que nos ha expuesto la
vicepresidenta y que tiene tres ejes fundamentales: la reducción del déficit público, las reformas estructurales y la reforma del sistema financiero. Luego ha habido que adoptar una serie de medidas de choque presididas por dos criterios: el
criterio de la temporalidad y el criterio de la progresividad. Este Gobierno podría haber hecho otras cosas: podría haber subido el IVA, podría haber bajado las pensiones, podría haber bajado el sueldo de los funcionarios, podría haber afectado
las prestaciones por desempleo y, sin embargo, ha preferido que los denominados recortes, que las medidas de ajuste estén presididas por el criterio de la progresividad. Asimismo, se ha dado un ejemplo en mi opinión de austeridad en las
instituciones, no solo por el acuerdo de no disponibilidad de los 2.900 millones de euros, sino por los recortes en la organización de la Administración con la reducción del 20 por ciento de altos cargos en la Administración General del Estado o la
reducción del 20 por ciento en subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales -señorías, yo también estoy de acuerdo en que nosotros evidentemente nos tenemos que poner al frente de la manifestación, y no creo que
estemos hablando del chocolate del loro, yo prefiero hablar de ejemplaridad- o con la tasa de reposición cero en el ámbito de la Función pública.


Dentro del ámbito de la regeneración institucional, se han referido, la vicepresidenta y también algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, al fortalecimiento necesario de los órganos constitucionales. Vaya por
delante que podemos invertir mucho tiempo en un reparto de culpas entre los grupos parlamentarios, pero creo que no nos lleva a ninguna parte. En todo caso, en lo que creo que estamos todos de acuerdo es en que la situación de interinidad
institucional es insostenible, y más en tiempos de crisis económica, porque para la recuperación económica, como decía antes, es imprescindible la normalidad y la estabilidad institucional.


Más allá de la necesaria renovación de los órganos constitucionales, que ha sido citada en otras intervenciones, quisiera referirme muy brevemente al Tribunal Constitucional y a los cuatro ejes de la reforma que se proyectan sobre el Alto
Tribunal: en primer lugar, el procedimiento de elección de los magistrados; en segundo lugar, la reintroducción -se ha comentado también- del recurso previo de inconstitucionalidad, limitándolo únicamente a las reformas estatutarias para evitar
los indeseables efectos que se produjeron en otros tiempos; en tercer lugar, la limitación de las denominadas sentencias interpretativas, que tantas zonas de oscuridad jurídica crean en el ordenamiento y tantas dificultades dan a los operadores
jurídicos; y, finalmente, la regulación más ajustada del recurso de amparo, para evitar que el Tribunal Constitucional se convierta, como en ocasiones se ha criticado, en una especie de tercera instancia jurisdiccional que altera toda la
arquitectura jurídica de nuestra estructura.


En cuanto a la ley de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, simplemente quiero remarcar que, fuera cual fuere el modelo finalmente escogido para la exigencia de responsabilidades por mala gestión, creo que esos
ciudadanos a los que les estamos pidiendo un esfuerzo de austeridad merecen también ejemplaridad de los políticos con responsabilidad en la gestión. Es verdad que hay figuras punitivas en el Código Penal que contemplan determinadas situaciones,
pero hay que enviar una señal muy clara. Hay que ser más exigentes y ampliar si cabe el abanico de conductas y de sanciones correspondientes, y es una reforma no sola

Página 27

mente de carácter económico, sino también y sobre todo de carácter político, por cuanto supone ejemplaridad de los gestores públicos.


Se ha referido la señora vicepresidenta también a la reorganización de determinados órganos como el Centro Nacional de Inteligencia o las delegaciones del Gobierno en torno a la coordinación de la propia Vicepresidencia del Gobierno. Tiene
toda lógica que los servicios de inteligencia que trabajan para el Gobierno sean coordinados por el órgano llamado a la coordinación del conjunto del Gobierno y que las delegaciones del Gobierno, que efectivamente son del Gobierno de la nación,
pasen de depender orgánicamente de un determinado ministerio a la Vicepresidencia del Gobierno como órgano de coordinación y de emisión de instrucciones.


Ha habido una referencia en la intervención de la vicepresidenta a la celebración del bicentenario de Cádiz. Yo quisiera, en el tono constitucional que he querido utilizar en la primera parte de mi intervención, insistir en que Cádiz es uno
de esos lugares de encuentro en el que nos podemos situar las distintas fuerzas políticas. Es uno de nuestros escasísimos logros constitucionales en el siglo XIX y es, junto con la Constitución de 1978, una de las aportaciones al derecho
constitucional comparado. Siempre fue un emblema de libertad y de modernidad, y yo creo que merece la pena que hagamos todos un esfuerzo por participar en este bicentenario con absoluta lealtad constitucional y con absoluta lealtad entre los
distintos grupos políticos.


Paso a referirme brevemente a algunas consideraciones que se han hecho en distintas intervenciones en esta Comisión. Señor Jáuregui, agradezco su tono absolutamente cordial y su predisposición. Créame que estoy seguro de que nos vamos a
entender. Le agradezco además que comparta la austeridad y les agradeceré que en el futuro la practiquen porque, si no hubiera sido por su gestión al frente de los gobiernos de España durante ocho años, probablemente ahora no estaríamos donde
estamos. Bienvenidos a la austeridad.


Ha hecho usted una referencia más ideológica que nada, que es un lugar común de la izquierda y de la social democracia que yo respeto pero que no comparto. Ha dicho que la política gobierne la economía. Pues yo creo, señor Jáuregui, que lo
que tiene que hacer la política es gobernar para regenerar la economía, para crear empleo y para garantizar el bienestar de los españoles. La política tiene que crear las condiciones para que la economía se desarrolle, no gobernarla, porque cuando
uno gobierna sobre la economía casi siempre termina por asfixiarla.


Se ha referido también, señor Jáuregui, a la memoria histórica. Ya le he hecho una referencia en mi intervención, pero quería hacer alguna acotación más. La posición de nuestro grupo es la siguiente. Primero, siempre hemos estado a favor
de solucionar los asuntos relacionados con tragedias familiares ocurridas en la guerra civil o en la posguerra. Segundo, nuestro grupo jamás respaldó, ni lo va a hacer, la idea de hacer del dolor de las familias un instrumento político para obtener
ventaja. Ahí no nos van a encontrar. Tercero, no creemos ni vamos a poner nunca en marcha iniciativas de división o de enfrentamiento entre españoles, y menos aún por razones ideológicas o históricas. Cuarto, Valle de los Caídos. Con toda
cordialidad se lo digo, señor Jáuregui, son ustedes los que han cerrado mal el asunto del Valle de los Caídos. Fueron ustedes los que dilataron hasta el 20 de noviembre el asunto del Valle de los Caídos. Ustedes nombraron una comisión
ideológicamente homogénea que ni siquiera se llega a poner de acuerdo en sus propias conclusiones. Y permítame la expresión: son ustedes los que han creado una inmensa chapuza en el tema del Valle de los Caídos. Por tanto, no nos pidan a nosotros
ahora explicaciones en esa materia. En todo caso, yo estoy seguro, señor Jáuregui, de que el tema del Valle de los Caídos va a tener su solución.


Quisiera decirles algo con relación a esta memoria histórica. Este tema de la memoria histórica, como otros temas de la era del presidente Rodríguez Zapatero, tiene también un claro origen, no sé si ideológico, pero en todo caso de cierto
menosprecio o desvalorización de lo que se hizo durante la transición española y de la obra constitucional. Ya sé que usted, señor Jáuregui, no está en esa posición, pero sí le digo que los gobiernos o personas de los gobiernos en los que usted ha
participado, y singularmente el expresidente con su idea de nación discutida y discutible, en fin, con su cierto afán adanista de crear, él sí, la segunda y definitiva transición, créame que le han causado un flaco favor a nuestra fortaleza
constitucional.


Señor Jané, le agradezco francamente el tono de su intervención... (El señor Benegas Haddad: No tiene que contestar a todos.-El señor Jáuregui Atondo: ¿Quién contesta? Yo no sé a qué viene esto.)


El señor PRESIDENTE: Yo he tenido la discreción de dejarles hablar a ustedes y exponer sus manifestaciones, dejen también que el representante del Partido Popular haga sus manifestaciones en el tono que crea.


El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: No voy a contestar a todos, voy a contestar a temas refiriéndome a las personas por una cuestión de pura cortesía. No pretendo contestar a todos, pretendo referirme a temas que se han tratado en
algunas intervenciones.


Señor Jané, con toda cordialidad, le agradezco el tono; intentaré emplear el mismo que usted. Me refiero a otro tema que se ha tratado por varias personas que han intervenido en esta Comisión, el artículo 135 y lo que ocurrió con la
reforma del artículo 135 de la Constitución. Haré algunas puntualizaciones. Primera, la reforma ha sido unánimemente aplaudida por todos nuestros socios comunitarios y por las instituciones financieras internacionales. Segunda, el Partido Popular
pocas semanas antes de la cita electoral se sumó al pacto, cosa que por cierto no hizo el Partido Socialista francés, no está haciendo ahora cuando el presidente Sarkozy está reclamando la misma reforma constitucional en Francia. Tercera, en
nuestra opinión no afecta en absoluto a la

Página 28

autonomía financiera de las comunidades autónomas. Lo que hacemos es limitar el poder de gasto y de endeudamiento de todas las administraciones, del Estado y de las comunidades, que también son Europa y que también son Estado. Todos
tenemos que responder a las exigencias de las nuevas circunstancias de la Unión Europea. Cuarta, la reforma fue apoyada con una absoluta mayoría tanto en el Congreso como en el Senado: 316 votos a favor, cinco en contra en el Congreso y 239 a
favor de los 261 en el Senado. Si esto no es respaldo democrático, francamente me gustaría que alguien me lo explicara. Quinta -y ya no me refiero a usted, señor Jané, porque voy por temas, pero sí me refiero a otras personas que me han precedido
en el uso de la palabra-, lo que no tiene sentido es intentar aprovechar que el Pisuerga pasaba por Valladolid y colar de rondón el derecho de autodeterminación. Creo que en esto de la reforma constitucional también tenemos que ser un poco
rigurosos y dedicarnos a la reforma y a la materia que se está tratando en cada momento.


En cuanto al Centro Nacional de Inteligencia, comparto absolutamente lo que usted ha señalado. En cuanto a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, estoy seguro de que encontraremos equilibrios para llegar a consensos
entre las partes. En todo caso, le reitero nuestro agradecimiento por el tono utilizado.


Se ha hecho referencia también por distintos grupos políticos a la crisis de la política, a la crisis política, se ha llegado a decir que lo dicen las plazas. Con todo esto sería muy cauteloso, es verdad que el paradigma político está
cambiando y está evolucionando, es indudable, y más en un contexto de crisis económica, pero no se puede afirmar que el sistema político está en crisis cuando la participación en las últimas elecciones generales ha sido superior al 70 por ciento del
censo electoral. No se puede hacer esa afirmación. En eso, y en lo que se refiere a lo que dicen las plazas, quisiera hacer una consideración sobre el populismo. Ya sé que ninguno de ustedes lo quiere practicar, pero me veo en la obligación de
hacer esta consideración. Cuando uno surfea la ola del populismo -si me permiten la expresión-, no está sobre una ola cualquiera, está sobre un tsunami que tiene unos efectos de destrucción democrática devastadores. Por lo tanto, seamos cuidadosos
con el populismo y seamos cuidadosos con la demagogia.


Se ha hablado también de la reforma electoral -voy terminando, señor presidente-, y quisiera señalar alguna consideración. En primer lugar, la reforma electoral que se plantee exigirá el mismo consenso al menos que obtuvo la actual
legislación en vigor. En segundo lugar, es un sistema criticable como todos ellos, pero es un sistema bastante equilibrado, en nuestra opinión. Y, en tercer lugar, no se pueden pedir reformas de las leyes que regulan la vida democrática de un país
en función de los intereses de cada grupo político. Lo digo también con toda cordialidad. Voy acabando ya, señorías, porque francamente me he excedido del tiempo. Quiero insistirles en que, en mi opinión, nos enfrentamos a una de las legislaturas
de mayor dureza en lo que se refiere al panorama económico. Espero que esta legislatura sea la de la recuperación económica, la de la regeneración institucional y también la de la concordia constitucional. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Si la señora vicepresidenta quiere contestar a las intervenciones, ahora tiene la palabra.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): En primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios el tono de sus intervenciones y el volumen de sus propuestas. Me llevo más
de doce folios de aportaciones que desde luego estudiaré, estudiaremos desde el Gobierno. Además, a lo largo de esta legislatura podremos debatir y dar cumplida respuesta a muchas, sino a todas, de ellas. Quiero agradecerles esa posición
constructiva y ese ánimo de debate, que creo que es el que tiene que presidir esta Comisión y el conjunto de las comisiones de esta Cámara, y por supuesto el Pleno.


Voy a tratar de responder. Aglutinaré alguno de los temas. De otros daré una respuesta puntual porque han sido más individuales las presentaciones por parte de los portavoces a los asuntos que se han suscitado en esta Mesa. En primer
lugar, responderé al señor Jáuregui. Desgraciadamente, el señor Jáuregui tiene un problema. Muchas de las cosas que me achaca a mí en esta comparecencia a un mes de entrado en el Gobierno son cosas que yo podría decirle a él. Han tenido tiempo
para hacerlas y no las han hecho. No voy a entrar en ese asunto, pero convendrá, señor Jáuregui, que un mes frente a siete años y medio es bastante tiempo como para exigir a este Gobierno algunas cosas que podrá hacer y otras que hará. En segundo
lugar, dice usted que la propuesta de regeneración democrática que presenta el Gobierno no es completa, y hace referencia a que falta un asunto, que es la reforma del Senado. Con todo mi respeto, en todas las comparecencias a las que he asistido en
esta Cámara, especialmente a las primeras -soy una veterana en esta Comisión Constitucional- uno tiene la sensación de vivir el día de la marmota. Lo digo con todo el respeto ya que es un debate político. Siempre se habla de la reforma del Senado
y nunca se aborda la reforma del Senado. En primer lugar, y con todo el respeto, señor Jáuregui, le diré una cosa. El Gobierno está dispuesto a hablar y estudiar todas las reformas, pero convendrá conmigo en que la reforma del Senado, la reforma
de una Cámara que integra el Poder Legislativo, la reforma que afecta a la vida, al trabajo y a la política de un conjunto de representantes de los ciudadanos, que son los senadores, debiera ser el Senado o, al menos, las Cortes Generales quienes la
presentaran y no fuera teledirigida por el Gobierno. Yo tengo toda la disposición del mundo a hablar con todos ustedes de ese asunto, pero le están trasladando al Gobierno una reforma que es del propio

Página 29

Poder Legislativo. Les invito a sus señorías a que se pongan de acuerdo para que la próxima legislatura tengamos, si es posible, esa reforma del Senado, pero creo que no es la sede donde pedirla. No obstante, como también soy diputada,
puedo darles mi opinión. De lo que he visto y de lo que he estudiado a lo largo de este tiempo, hay un tema en el que, a pesar de los estudios, de los tomos y tomos que me consta tienen en la biblioteca del Senado, nunca se ha llegado a un acuerdo,
que es sobre la composición de esa Cámara, porque indudablemente, y lo digo con toda sinceridad, todo el mundo ha hecho los números. Es más, en su intervención a veces no sabía yo si estaba más preocupado por la Cámara o por las mayorías en esa
Cámara. Pero esa es la cuestión.


No obstante, hay un tema en el que podemos trabajar o en el que pueden trabajar sus señorías. Desde luego, esto no se va a dirigir por el Gobierno, creo que no debe dirigirse por el Gobierno. Me están hablando ustedes de la reforma de la
Cámara, de las funciones del Senado. Ahí podrían trabajar los grupos parlamentarios. A lo mejor, digo yo, tiene más sentido que determinados proyectos legislativos vinculados a la estructura territorial del Estado pasen antes por el Senado y
después por el Congreso. A lo mejor la tramitación en el Senado puede ser más amplia, más rigurosa si queremos hacer de ella la Cámara territorial. Pueden ser los estatutos de autonomía; puede ser la ley de financiación de las comunidades
autónomas; pueden ser los convenios entre las comunidades autónomas; puede ser el techo de gasto. Pueden ser muchas cosas que tienen una relación directa e inmediata con el Estado de las autonomías en las que el Senado puede tomar una decisión
primero y después refrendarlas o no en el Congreso de los Diputados. Pero con humildad, señorías; yo intervengo en nombre del Gobierno. Esta es una reforma que compete a las Cortes Generales y creo que al Senado. Aquí simplemente les doy mi
opinión como diputada.


Lo mismo le respondo cuando usted me pide que haya más flexibilidad en los debates de esta Cámara. También les corresponde a ustedes, creo que ese no es debate ni de Comisión de subsecretarios ni de Consejo de Ministros sino de Junta de
Portavoces. Pueden decidir ustedes, con un cambio del reglamento en los grupos, qué debates se llevan al Pleno y qué debates se llevan a la Comisión. Por cierto, no se planteó nada de esto por parte de su grupo en la pasada legislatura y yo me
imagino que todos los grupos estarán dispuestos a abordarlo. Y lo que el Poder Legislativo haga, desde luego el Poder Ejecutivo ahí no debe entrar en absoluto. Conque si usted quiere una mayor profundidad en temas parlamentarios que dependen de
los grupos, le invito a que lo presente y a que lo discuta, pero desde luego no creo que el Gobierno deba inmiscuirse en los asuntos de Junta de Portavoces o en los asuntos de las Cámaras.


Se ha hablado también de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Me reclamaba el señor Jáuregui que trabajáramos por el acuerdo inicial con el conocimiento del texto. Me consta que al portavoz José Antonio Alonso
alguna documentación se le ha enviado a ese respecto y desde luego el texto de la ley, una vez que sea aprobado el anteproyecto por Consejo de Ministros, se remitirá a todos los grupos parlamentarios. Creo que todos tenemos que trabajar juntos y,
si es posible, llegar a un acuerdo en la reforma de una Constitución que, si bien es cierto no fue apoyado por todos los grupos políticos, nuestra voluntad es que la ley orgánica de desarrollo tenga la mayor complicidad entre todos los miembros de
la Cámara. Es un momento muy difícil, es necesario controlar el déficit y creo que ese es un buen instrumento.


Ya que hablo del control del déficit, aunque no me lo ha planteado usted, paso a hablar del déficit de empleo, que aquí se ha mencionado. Por supuesto que sí, ese es el primer déficit que tiene este país: 5,5 millones de parados. Se ha
hablado del déficit en ciertos servicios sociales. Por supuesto que sí, pero yo creo, y esto se lo dije también al señor Nuet -permítanme que no sea muy ordenada en esta exposición-, que el déficit público es el principal enemigo de las políticas
de bienestar y es el principal enemigo de las políticas de crecimiento. Y permítame que le explique por qué. Se habla muchísimo -ya es casi trending topic- de que no hay financiación, de que no hay créditos para las empresas, de que no hay crédito
para las familias. Entre otras cosas, ¿por qué no hay crédito para las empresas ni para las familias? Porque el ingente volumen de deuda pública que emite este país se come todo el crédito que pueden emitir los bancos, que pueden emitir las cajas
de ahorros. Sencillamente es una deuda más garantizada, tiene la garantía de un Estado y se paga a unos intereses, por cierto, bastante elevados. Eso por lo que afecta a la recuperación económica, por lo que afecta al crédito. Pero por lo que
afecta al Estado del bienestar también muy directamente, señor Nuet. Estamos hablando de la segunda partida de los Presupuestos Generales del Estado. Si me permite la expresión muy castellana, el pago de estos intereses es como abrir la ventana
directamente todos los meses y tirar el dinero porque no sirve para ningún servicio social, no financia ningún servicio público. Yo les propongo que reduzcamos esa deuda pública para que liberemos los recursos de todos esos españoles, a fin de que
puedan servir para financiar la educación, la sanidad, los servicios públicos que a usted le preocupan y a mi también. Le diré que es la máxima preocupación de este Gobierno. Por eso, cuando hizo el acuerdo de no disponibilidad se recortó de
muchas cosas, efectivamente, pero se actualizó una que estaba recortada y que a nuestro juicio era una injusticia, y era la congelación de las pensiones. Sencillamente creo que los pensionistas en este país han hecho muchos esfuerzos a los largo de
esta crisis y ya está bien de que tengan que hacerlo los mismos. Y para que no lo hagan los pensionistas, claro que tendremos que controlar el déficit porque controlar el déficit es también la primera medida de crecimiento económico para el crédito
y para el mantenimiento del Estado del bienestar. Luego pueden venir

Página 30

otras, y tienen que venir muchas más. Claro que hay que hacer una reforma laboral para modernizar nuestro mercado de trabajo. Y habla usted de que no le parece bien la flexibilidad, pues ¿qué quiere que le diga? Yo creo que es mejor una
cierta flexibilidad interna que permita a empresarios y trabajadores ponerse de acuerdo para mantener su puesto de trabajo, a que el único mecanismo de flexibilidad interna en este país sea el despido. Nosotros lo que queremos es fomentar la
contratación y sobre todo dar solución a las empresas, que comparten solidariamente empresarios y trabajadores, para que tengan otro remedio y otras soluciones que no sea directamente acudir al despido, que puedan ajustar sus condiciones de trabajo,
que puedan adaptarse a la situación de crisis. Porque indudablemente la inmensa mayoría de los trabajadores de este país lo que quieren fundamentalmente es conservar su empleo.


Ha hablado el señor Jáuregui, y muchos de los aquí presentes, de los medios de comunicación, y se ha hablado de las televisiones autonómicas. En el texto de la ley que ha presentado el Gobierno y que ha remitido a la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones y a la Comisión Nacional de la Competencia está muy claro, pero yo lo explicaré con todo gusto en esta Cámara. No se trata de recortar las competencias de las comunidades autónomas ni de decirles lo que tienen qué hacer, se
trata de darles posibilidades, de ampliar su margen de libertad, para que puedan decidir cómo gestionan las televisiones públicas, para que puedan decidir gestionarlas directamente o gestionarlas de manera indirecta. Se ha hablado mucho de la labor
de los medios y creo que el pluralismo, la pluralidad sirve en todos los medios. La oferta televisiva ha cambiado muchísimo. No hace falta hacer ningún master, basta con sentarse con el mando a distancia delante de la televisión e ir pasando
canales. Algunos nacimos con dos: La 1 y el UHF. Eso ha cambiado bastante. He oído una expresión que decía: la televisión pública, señor Jáuregui, es gratuita. Ese es el error, señor Jáuregui, no es gratuita, sale de los impuestos de todos los
españoles. (Aplausos.) El dinero público sale de los impuestos de todos los españoles y tiene que ser bien gestionado. Su presupuesto tiene que responder a una eficiencia de costes y yo le invito a que repase el presupuesto de Televisión Española
y el presupuesto del resto de las televisiones, el personal de unas y el personas de otras; y tendremos que analizar qué se hace bien, qué se hace mal. Dice usted que con el recorte de los 200 millones puede ponerse en peligro. Yo espero que no
sea así y, desde luego, creo que en esa cantidad hay mucho que ajustar. Pero solo le recordaré una cifra: el presupuesto que tienen ahora es el presupuesto que tuvieron antes de la reforma de la Ley de financiación de la televisión pública, que
directa e inmediatamente le atribuyó 200 millones más a la financiación de Televisión Española, a golpe de ley -y usted lo sabe-, y ahí están los datos de los presupuestos. Con lo que si en el 2009 podía hacerse una televisión con esas cantidades,
vamos a ver por qué no en el 2011, visto cómo está la situación, no puede hacerse el mismo esfuerzo. Yo comparto con usted la necesidad de pluralismo y de democracia. Me gustaría que en el próximo Consejo de Radiotelevisión Española trabajásemos
en una propuesta para que así sea, que así sea de verdad, y no solo nominativamente. Y eso hay muchas maneras de verlo, señor Jáuregui, muchas viendo sencillamente los informativos día a día y los tiempos de los informativos día a día.


Me señala su señoría que no constituir el CEMA va a desproteger a los espectadores. El CEMA se creó en el último año de la legislatura. Desprotegieron ustedes a los espectadores durante bastantes años de su propia legislatura. (Aplausos.)
Mire, señor Jáuregui, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales tiene una función en relación con los espectadores que pueden hacer otros organismos reguladores. Yo le digo el montante global del presupuesto de los organismos reguladores, más bien
supervisores, en este país. Entre la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión de Defensa de la Competencia, el CEMA y la Comisión Nacional del Juego -y no entro en la del transporte, porque aún
no se ha creado, ni en la aeroportuaria, porque no ha echado a andar- tienen un presupuesto de 69 millones de euros. Me parece un presupuesto muy amplio, con mucho personal, muchos altos directivos y muchos ingresos procedentes de tasas que al
final pagan los consumidores. Señor Jáuregui, seamos también austeros en esto. Yo no quiero desproteger al espectador, en absoluto, y soy la primera, por la parte que me toca, que defiende que la protección a la infancia sea la mayor posible, pero
habrá otras maneras de hacerlo que no cuesten al bolsillo de los españoles 6,5 millones de euros al año. Hay otras maneras.


La Ley de Memoria Histórica se ha planteado por varios de ustedes; forma parte de los asuntos que su señoría dejó al siguiente ministro de la Presidencia en el traspaso de poderes, por no resuelto. Voy a hacer una declaración de principios
y posteriormente le haré algunas observaciones. Comparto, e imagino que lo compartiremos todos, que los españoles que se encuentran enterrados en el Valle de los Caídos merecen nuestro recuerdo y nuestro respeto, como los que están en las cunetas,
como todos ellos. Es recomendable trabajar de forma cuidadosa para que se respete su recuerdo, al tiempo que no se reabran viejas heridas y al tiempo que se consolide la reconciliación que ha supuesto para los españoles la España democrática. Eso
es para lo que quiero trabajar yo, por la reconciliación, por la transición. Yo veo muchas intervenciones en esta Cámara, y se lo digo directamente al señor Bosch. Usted utiliza mucho el término basta ya. Pues permítame que con todo mi respeto y
toda la humildad lo utilice yo una sola vez. Basta ya de decir que en esta Cámara hay usos y tradiciones de la dictadura. Mire, nadie en esta Cámara puede dar lecciones de democracia a nadie. Algunos no hemos conocido otra cosa y trabajamos para
que no la conozca nadie más, en España y fuera de España. Aquí lo hemos

Página 31

logrado, y vamos a ver si trabajamos por no defender algunas dictaduras que existen en el mundo, sobre las que a veces no oigo ningún atisbo de crítica (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.) Pero lecciones de democracia, señor Bosch,
ninguna. Y usos y costumbres de la dictadura, desde luego no en el Gobierno ni en la formación política que lo sustenta y me imagino que en ninguno de los otros partidos de esta Cámara. Y dado que estamos en una democracia, como se ha visto, aquí
han podido hablar todos.


Me preguntaban algunos por el Plan de derechos humanos. Señorías, yo en los derechos humanos es que voy más allá. Es necesario algo más que un plan. El respeto a los derechos humanos es una obligación de todos los poderes públicos.
Cumplir nuestra Constitución. Lo ha dicho algún representante en esta Cámara, creo que el señor Larreina, que ha alabado la Constitución en su parte relativa a los derechos fundamentales. La ha alabado usted, yo también lo hago. Ahí se contemplan
los derechos humanos que se protegen en nuestro país. Es el mejor plan de derechos humanos y tenemos que conseguir que se aplique en todas las instituciones y que se respete por todo los partidos políticos, señor Larreina (Un señor diputado: ¡Muy
bien!-Aplausos.) La vida, la dignidad humana, la libertad, ese es el mejor plan de derechos humanos. Yo he hablado de derechos humanos en otro sentido porque los derechos valen tanto como las garantías, como los instrumentos para protegerlos. Y
eso son los tribunales, y eso es también el Tribunal Constitucional. La mejor manera de proteger esos derechos humanos es que los tribunales actúen con agilidad a la hora de juzgar las vulneraciones a esos derechos humanos que pueden producirse
entre particulares o por parte de las administraciones públicas. Por eso también es importante reformar el Tribunal Constitucional y ver qué tareas puede tener el Tribunal Supremo y qué tareas puede tener el Tribunal Constitucional para que sea
ágil esa reforma de los derechos humanos y para que lleguen al Tribunal Constitucional aquellas leyes que puedan vulnerarlos o que puedan desprotegerlos. La ley es el mejor plan de derechos humanos y cuantas más reformas legales podamos hacer y en
condiciones para protegerlos, mucho mejor. Yo estoy dispuesta aquí a hablar de todas ellas y a responder cuando haya determinados supuestos en que haya denuncias de derechos humanos. Efectivamente, y tendremos que analizarlas nosotros, el
Gobierno, el Defensor del Pueblo y quien haga falta, pero no es cuestión de hacer muchos planes y muchos programas. A veces uno piensa que cuando no hay ideas se aprueba un plan. Oiga, apliquemos la ley y garanticemos que los tribunales protejan
esos derechos humanos.


Me hacía usted, señor Jáuregui, una reconvención. No ha pasado mucho tiempo como para que los españoles y los diputados de esta Cámara no recuerden lo que se hacía y se decía desde la sala de prensa del Consejo de Ministros. Pero yo, aún
así, le daré una explicación. A mí me preocupa lo que pasa en todas las comunidades autónomas -después abordaré ese tema con el señor Nuet- y me preocupan las cuentas de todas ellas, y estoy de acuerdo en que se llegue a acuerdos en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera. Yo mostré mi preocupación por la situación de alguna de ellas, porque esa situación pone en peligro la gestión de los servicios públicos esenciales del ciudadano. Yo no sé si molestaría una cosa que es de justicia, y
es que caiga todo el peso de la ley respecto a los señores -esas fueron mis palabras- que han podido, en la gestión de los expedientes de regulación de empleo, llevarse el dinero o malversar el dinero destinado a los servicios públicos. Y convendrá
conmigo -yo creo que estará usted de acuerdo y sus compañeros de Andalucía también- que si alguien ha malversado ese dinero previsto para el desempleo, previsto para determinados servicios públicos, responda ante la ley. (Varios señores diputados:
¡Muy bien!- Aplausos.) Creo que eso es sencillamente aplicar la ley.


Señor Jané, voy a ir a algunas cosas nuevas que ha planteado usted. Ha hablado de respeto a la Constitución. Desde luego, cualquier norma tiene que respetar la distribución de competencias previstas en la Constitución y para eso está el
Tribunal Constitucional. Ha hablado usted del desarrollo legislativo de algunos aspectos del Estatuto. Podemos hablar mucho de este tema, pero según yo interpreté esa sentencia, decía que para que algunos de los aspectos regulados en ese Estatuto
fueran constitucionales era necesario que una ley orgánica así los abordara. Pero no decía esa sentencia que el contenido de la ley orgánica tenía que ser ese. Entre otras cosas, el contenido de las leyes orgánicas será el que decidan las Cortes
Generales, en uso de su autonomía, de su soberanía, que sea ese contenido. Estoy totalmente de acuerdo con el asunto de la lealtad institucional. Y es verdad y es cierto que la pasada legislatura se aprobaron muchas normas -en concreto y el
ejemplo más claro es la Ley de Dependencia- sin dotación presupuestaria a las comunidades autónomas. Es muy barato aprobar normas pero hay que ser mucho más responsable a la hora de saber que tienen que estar dotadas de recursos suficientes y no
trasladarle a otras administraciones el peso de las mismas.


Le preocupa a usted que no ahorremos esfuerzos en el terrorismo internacional. No lo haremos. No se le escapa a usted que es un tema sensible y yo estoy dispuesta, si usted me lo reclama o me lo pide, a comparecer ante la Comisión de
Gastos Reservados -yo misma o el director del Centro Nacional de Inteligencia- para que abordemos este asunto, para que analicemos qué se está haciendo, cómo se están gestionando los recursos y qué esfuerzos se están dedicando. Aquí hay pocas
pistas, pero en esa Comisión estoy a su completa disposición. En cuanto a la ley relativa a la oficina presupuestaria, corresponde a esta Cámara su creación. El Partido Popular, en la legislatura pasada, con algunos otros grupos presentó una
proposición de ley en este sentido. Tenemos la misma opinión que teníamos entonces. Soy de las que piensan que todo control es bueno porque guarda la viña.

Página 32

Para eso están los presupuestos, para controlarlos y para dar cuantas explicaciones sean necesarias. Ojalá tuviéramos más dinero para que lo pudieran controlar un poco mejor.


Sobre la iniciativa legislativa popular, desde luego nosotros no plantearemos obstáculos de tipo económico, aunque sí convendrán conmigo que cada iniciativa legislativa popular tiene un coste, que es un coste elevado que conoce bien y que
lleva -se lo digo porque es el presupuesto del Ministerio de la Presidencia- a tenerse que ajustar presupuestariamente. Estamos hablando, si no me equivoco, y si no después el subsecretario me rectificará, de 300.000 euros. Es una cantidad que en
un momento de ajuste presupuestario indudablemente cuesta sacar de estos presupuestos. Pero eso no será obstáculo para que puedan presentarse en esta Cámara y resolverse.


Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y reformas. A usted le preocupaba que no pudieran resolverse en plazo algunas de las cuestiones si se planteaba un recurso previo. Como yo le decía, en principio ese recurso está previsto para los
estatutos de autonomía y el Gobierno plantea una reforma compensada. Pensamos que lo prioritario, si hay un recurso previo, es resolver ese recurso previo, y tendremos que buscar vías para que los recursos y las cuestiones constitucionalidad sean
los asuntos a los que principalmente se dedique el Tribunal Constitucional. Y he hablado de una reforma del recurso de amparo. Usted ha hablado del pacto fiscal y yo desde luego no voy a rehuir ningún tema. Pero en la situación en la que estamos,
creo que lo prioritario es un pacto por el empleo, un pacto de reformas económicas para que en este país se pueda crear empleo, para que crezca la economía, para que crezcan los recursos. Y cuando crezcan los recursos probablemente sea mucho más
fácil ponernos de acuerdo en cómo repartirlos porque desgraciadamente saben ustedes cómo están las cosas. Con eso enlazo con lo que dice doña Rosa Díez. Este partido tiene la voluntad de cumplir con el objetivo de déficit. Indudablemente, si el
déficit hubiera sido del 6 por ciento, habría sido mucho más fácil de controlar que con un déficit del 8 por ciento, pero desde luego no se escatimará en esfuerzos ni en reformas, y se ha agilizado todo el calendario electoral de este Gobierno para
hacerlo así.


Me preguntaba don Aitor Esteban por el calendario del Gobierno, y yo hacía referencia al inicio de mi intervención a las principales reformas, a las que se van a debatir en este periodo de sesiones en esta Cámara, debatir y probablemente
aprobar, porque si bien el presidente del Gobierno señaló que se harían en los tres primeros meses, la ley de estabilidad presupuestaria sale del Consejo de Ministros con destino a los grupos y al Consejo de Estado en un mes, y en mes o mes y medio
estarán las otras dos grandes reformas. Aquí yo he aludido a un conjunto de ellas, a la ley de apoyo a los emprendedores, que es una ley que directa e inmediatamente tiende a apoyar a aquellos que generan el 80 por ciento del empleo de este país,
que mueven la economía de este país y que necesitan un gran apoyo. Hay que hacer también reformas institucionales de otro tipo. Pasarán los ministros esta semana, la siguiente y la restante, y allí podrá usted observar el calendario de las
reformas en materia de energía, de las reformas en materia de competitividad, de las necesarias para la internacionalización de la empresa, de un conjunto de ellas que tiene un objetivo único, crear empleo, porque es el principal problema del país.


Me preguntaba doña Rosa Díez por el asunto de la estabilidad presupuestaria y cómo controlarla. La ley de estabilidad presupuestaria fijará un techo de gasto que no podrán superar las comunidades autónomas en sus presupuestos. Ese techo de
gasto opera como un límite a la hora de redactar sus propios presupuestos y con base a su autonomía decidirá cada comunidad autónoma, y tendrá que responder también ante sus ciudadanos, cómo y en dónde gasta sus partidas presupuestarias. Pero a
usted le preocupa la financiación de los servicios públicos esenciales, y a nosotros también. Por eso otra de las propuestas de este Gobierno es aprobar una cartera básica de servicios que tienen que ser indudablemente cubiertos por las comunidades
autónomas, y probablemente tengamos que trabajar en cambios en el modelo de financiación que busquen garantizar que sean cubiertos en todo caso; que esa aportación que se hace de los impuestos de todos los españoles, la general, utilizando la
potestad del Estado, vaya destinada a esos servicios. Después, si otras comunidades autónomas quieren dar otro tipo de prestaciones -se ha ido el señor Bosch, que me venía muy bien para ponerlo como ejemplo- indudablemente tendrán que explicarlo.
Es que la autonomía también es responsabilidad, y con esta ley lo que se incrementa es la responsabilidad de las comunidades autónomas; el límite y el control por el techo de gasto, pero también por leyes que determinen qué servicios básicos se
tienen que cubrir en todo caso.


Me preguntaba si existen normas administrativas que sancionen esas conductas. Indudablemente existen infracciones en el ámbito contable, pero algo no ha funcionado bien cuando se ha llegado a la situación a la que se ha llegado. Se trata
de revisar qué conductas son sancionables, cuáles pueden o deben ser objeto de una infracción administrativa, con la correspondiente sanción y también la reparación del daño, y cuáles de todas ellas merecen un mayor reproche y un reproche penal.
Además ese reproche penal permite algo que a mi juicio no permiten las infracciones administrativas respecto a los cargos públicos, al menos los electos, que es la inhabilitación para el ejercicio del cargo. Porque con el artículo 23, derecho
fundamental de participación política, hemos topado. Indudablemente, a los funcionarios públicos que incurran en algunas de estas infracciones, las más graves, está prevista la separación del servicio, pero para los representantes electos, no;
ninguna administración puede privarles de un derecho fundamental de participación política. Por eso

Página 33

abrimos la puerta del Código Penal, porque un gestor que ha causado un grave quebranto a la Hacienda pública, que ha perjudicado a los servicios públicos esenciales, creo que la inhabilitación es algo que lógicamente debiera pasarle, al
menos para que no vuelva a incurrir en ese tipo de conductas. Se ha hablado de la ley de financiación de partidos políticos, y he querido entender buena voluntad de todos los presentes para poder abordar y aprobar esa reforma, y desde luego por
parte del Gobierno -yo misma les convocaré- estamos dispuestos a hablar, a emplear la ley y a hacer nuevas propuestas.


Me pedía el señor Larreina que elimináramos las donaciones anónimas. Yo lo haría de mil amores, señor Larreina, si no fuera porque ya las eliminó el artículo 5 de la Ley Orgánica 8/2007, que prohibió aceptar o recibir, directa o
indirectamente, donaciones anónimas; las donaciones anónimas ya no existen, en todo caso las donaciones a las tareas de todos deberían ser siempre voluntarias, señor Larreina, voluntarias. (Aplausos.) Me hablaba del mailing electoral. Desde
luego, nosotros estamos dispuestos a abordar reducciones en el mailing electoral. Es una partida importante que cumple no solo una función en relación con los partidos políticos sino también en relación con la promoción del voto en general, pero
estoy dispuesta a hablar con todos ustedes de una reducción del mailing electoral en el ámbito de lo que hemos venido hablando.


Señor Bosch, planteaba usted algunas cuestiones -al margen de la de la dictadura de la que ya hemos hablado- y me ha sorprendido verle defender la privatización de AENA, aunque desde luego Izquierda Republicana de Cataluña puede defender ya
lo que quiera, por supuesto, cómo no va a ser así. Pero también le voy a decir una cosa: usted dice defender a Cataluña, yo también; usted tiene una serie de diputados que representan a Cataluña, el Partido Popular y el Partido Socialista también
y creo que en un Gobierno del Partido Popular descansará mejor de esa manera. Todo lo que pasa en Cataluña, como lo que pasa en todas las comunidades autónomas, preocupa al Gobierno de la nación y el Gobierno de la nación va a procurar que los
españoles de todas y cada una de esas comunidades autónomas salgan cuanto antes de la crisis, no vean perjudicados sus servicios públicos y tengan siempre a un Gobierno que se preocupe de todas y cada una de ellas. Hay un grupo político que
sustenta al Gobierno que tiene muchos representantes elegidos por esa comunidad autónoma y que puede hablar también en nombre de esa comunidad autónoma, al menos de los que le han votado y, desde luego, este Gobierno no soluciona las cosas como
usted dice, señor Bosch; esa será su solución, le vendrá muy bien, pero no la de este Gobierno y me imagino que tampoco la que quieren muchos catalanes que lo que desean es un empleo, ver protegidos sus servicios públicos y una estabilidad
institucional necesaria para salir de la crisis. (Aplausos.)


Me habla usted de reducciones en el ejército y yo le invito a que se lea el acuerdo de no disponibilidad adoptado por el Gobierno, donde en Defensa hay un recorte de 340 millones de euros en esa partida. Me habla también usted de las
embajadas, pero se pone la venda antes que la herida, porque me dice: ¿cómo tiene el Estado español esas embajadas por el mundo? Le recuerdo que protegen a sus nacionales, que sirven además de interlocución para nuestras empresas que generan allí
trabajo e inversiones y que es una competencia que ejerce todo Estado; no conozco ningún Estado que no tenga sus embajadas y por eso a usted le interesan tanto y, si quiere recortes, empiece por las suyas, porque da la casualidad de que la
existencia de las que usted promovió no es necesaria o tiene una manera de hacerlo más barato, si quiere hablar de austeridad, y es la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de englobar a cuantos representantes consideren que tienen una
labor que hacer de promoción de sus comunidades autónomas.


El señor Larreina habla del chocolate del loro. He oído esa expresión muchas veces y tanto chocolate, tanto chocolate, hay muchos loros. Todo puede ser chocolate del loro, pero cada uno tiene que hacer los ajustes en la parte que le
corresponda y, desde luego, el Gobierno va a hacer los que le corresponden. En la Administración del Estado el presupuesto es el que es y el personal es el que es e irá acorde con eso. En las empresas públicas, creo que el loro es de gran tamaño,
tipo avestruz, señor Larreina, y ahí podremos hacer alguna cosa más. Coincidió usted con doña Rosa Díez en el asunto de los casinos y también se ha hablado de otra comunidad autónoma. Estamos hablando del Gobierno de la nación y si dicen defender
la autonomía o algo más, comprenderá que yo desde el Gobierno de la nación no le diga lo que tiene que hacer a ninguna comunidad autónoma. Algunos tienen representantes en las asambleas autonómicas, pues plantéenlo. Desde luego, lo que el Gobierno
hará es exigir a todas las comunidades autónomas el cumplimiento de la ley e, indudablemente, las leyes fiscales las primeras; todas las leyes.


Señor Esteban, hemos hablado del calendario legislativo -se lo he trasladado- y también de la transparencia de las declaraciones de intereses y bienes y se delegó la semana pasada la responsabilidad a quien corresponda. Nosotros hemos
hablado de una transparencia en el asunto de los altos cargos en la línea de lo que se practica por parte de los diputados.


Me pregunta usted si el presidente del Gobierno va a renunciar a las preguntas de su grupo, y le digo que sí; no habrá preguntas del Grupo Parlamentario Popular al presidente del Gobierno.


Señor Nuet, hemos hablado de muchas de las cosas que ha planteado, y me señalaba que está preocupado por los ayuntamientos. Yo también; estoy preocupada por su financiación, por sus competencias y por la dificultad a la hora de gestionar
sus competencias, las propias y las impropias, y este es un tema que desde luego va a abordar este Gobierno. Esta semana se reúne la

Página 34

Comisión Nacional de Administración Local, y lo hace inmediatamente después de constituido el Gobierno, lo que pone de manifiesto la voluntad del Gobierno de la nación de abordar la terrible situación que viven muchísimos ayuntamientos que,
además, como usted bien conoce, tienen directamente al vecino en la puerta de al lado y le tienen que dar una respuesta y le tienen que dar explicaciones. Muchos están haciendo una labor social en esta crisis porque sencillamente viven y padecen lo
que viven y padecen los vecinos. Es momento de poner esta cuestión encima de la mesa y lo haremos.


Ha hablado del señor Garzón y, si me permite, solo le voy a hacer una precisión. El Poder Legislativo controla al Poder Ejecutivo, y yo estoy aquí para que me controlen -creo que esta tarde me han controlado-, pero ni el Poder Legislativo
ni el Poder Ejecutivo tienen que decirle al Poder Judicial lo que tiene que hacer. Dejen ustedes a los jueces que hagan lo que tienen que hacer. (Aplausos.)


Señor Gómez de la Serna, le agradezco la voluntad de acuerdo con el resto de los grupos y que trabaje para el consenso; eso facilitará y mucho la labor y la intención de este Gobierno. Me preguntaba usted por el calado de algunas de las
reformas relativas a los órganos constitucionales del Estado en el asunto de los nombramientos, que me imagino que viene referido al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, a los que ya he aludido. El señor Jáuregui decía
que yo no había hablado de reformas constitucionales. He hablado de una, aunque a lo mejor por esto de lo discursivo no ha quedado muy claro. Creo que, dado que se habla de la reforma del Senado, que es un tema recurrente, podemos hablar de otro
que lo es menos pero que a lo mejor también es necesario, de si conviene reformar el sistema de nombramientos del Tribunal Constitucional. Hemos visto que el actual no funciona bien, y no lo es probablemente porque se vincula directa e
inmediatamente a las mayorías parlamentarias en cada caso -quiénes son elegidos- y se trasladan las mayorías parlamentarias de una a otra. Señor Jáuregui, usted achacaba la no renovación a la voluntad del Partido Popular. Pues bien, como es una
cosa de voluntades, todo es interpretable, pero hay una pregunta que puede ser útil, y es: ¿Qui prodest, señor Jáuregui? ¿A quién benefició? Le invito a que vea las últimas decisiones del Tribunal Constitucional. ¿Qui prodest, señor Jáuregui?
¿A quién no benefició la renovación del Tribunal Constitucional? (Aplausos.)


Pero yo no voy a entrar en el pasado, quiero abordar el futuro y a lo mejor podemos hablar de otras fórmulas relativas a los nombramientos mucho más estables. Magistrados o juristas de larga trayectoria para quienes la labor en el Tribunal
Constitucional sea la culminación de su carrera como juristas y que continúen en su puesto hasta la edad de jubilación, la que se determine. A lo mejor, en cada legislatura hay una o dos renovaciones de alguien que probablemente hasta hayamos
olvidado -salvo que lo repasemos- en qué año fue nombrado y cómo se logró ese acuerdo; a lo mejor así damos una mayor estabilidad. Esa es la propuesta de mi grupo. Indudablemente, para una reforma de tal calado sería necesaria una reforma
constitucional, aunque alguna podríamos hacer con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en la mano, y lo pongo encima de la mesa. Respecto al Consejo General del Poder Judicial, venía implícito en mi intervención. Nosotros tenemos la
intención de que los nombrados por y entre jueces y magistrados lo sean por y entre jueces y magistrados; el sistema anterior a la Ley de 1985. Desde luego, el sistema actual ha dado los resultados que hemos visto


Termino ya como empecé, agradeciéndoles a todos ustedes el control al Gobierno, sus aportaciones, y manifestando la voluntad desde la Vicepresidencia del Gobierno de buscar cuantos acuerdos sean necesarios en todos los ámbitos, porque a
nosotros también nos corresponde quizá una de las tareas más gratas del Gobierno, que son las relaciones con las Cortes. Trabajaremos por ese acuerdo, trabajaremos por lograr el mayor consenso en el mayor número de leyes posibles porque eso,
primero, será la garantía de su calidad, pero también será garantía de su estabilidad, y pocas leyes pero buenas y estables creo que son indispensables para recuperar la estabilidad y la confianza. (Aplausos.- El señor Jáuregui Atondo pide la
palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señor Jáuregui, hemos llegado al punto final. Es una comparecencia informativa, la señora vicepresidenta ha informado, tanto a petición propia del Gobierno como de las distintas formaciones que así lo han hecho, de
cuáles eran los planes del departamento. Sus señorías han tenido la ocasión de manifestar sus posiciones al respecto y pedir cuantas aclaraciones estimaron convenientes, y esta Presidencia, con generosidad, les ha dado el tiempo que ustedes han
estimado pertinente para hacer esas peticiones de aclaración. Y posteriormente, la señora vicepresidenta ha hecho, en la forma que le ha parecido oportuno, esas aclaraciones. Se ha tratado, pues, de una sesión informativa, tendremos ocasión de
seguir teniéndolas y, señor Jáuregui, en este punto terminamos la sesión.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Solo quiero hacer constar en el 'Diario de Sesiones' en este caso, señor presidente, puesto que no voy a discutir con usted si hay más turno de réplica o no, que yo acepto respetuosamente su decisión y me limito a
respetarla, pero quiero expresar una queja, no tanto en cuanto a que no haya una réplica sino a que además estemos privados de poder debatir sobre una propuesta que, sorpresivamente, la señora vicepresidenta ha hecho a ultimísima hora de su
intervención, privando a todos los grupos parlamentarios de expresar su punto de vista sobre la propuesta que, por cierto, viene anunciando un periódico digital

Página 35

toda la tarde. Toda la tarde viene diciéndose que la señora vicepresidenta va a anunciar la reforma del Consejo General del Poder Judicial, lo vemos en los periódicos digitales, ahora lo dice la señora vicepresidenta y los grupos
parlamentarios no podemos decir ni mu. (Aplausos.) Quiero protestar y expresar mi queja formalmente por ese hecho.


El señor PRESIDENTE: Señor Jáuregui, quedará constancia de su queja en el 'Diario de Sesiones' y tendrán ustedes ocasión de debatir esa propuesta cuando llegue en forma de proyecto o de proposición legislativa.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.