JUSTIFICACIÓN

Esta modificación se debe a un aumento en las cantidades
previstas de ingresos para el Estado por valor de 20.000.000 miles de
euros, que se obtendrían por actuaciones normativas en los tributos y
mejoras en la lucha contra el fraude fiscal.

La obtención de 20.000.000 miles de euros de más con
relación a los ingresos previstos mejoraría la política de inversión
pública directa y selectiva, permitiría aumentar los créditos destinados
a reducir las brechas sociales y económicas que presenta nuestro país y
contribuiría, a través del gasto público directo, a potenciar la
actividad económica y el empleo y superar la recesión.

Este volumen mayor de ingresos para el Estado, por valor de
20 mil millones de euros, se incorpora como alta en la Sección 31,
Programa 929M, Imprevistos y funciones no clasificadas, en el artículo
51, concepto 510 para desde ahí asignarlo en las distintas políticas de
nuestras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 2

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 22. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 22 Uno del proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2012, sobre la oferta de empleo público u otro
instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de
personal.

Sustituir el apartado Uno del artículo 22 por lo
siguiente:

«Uno.

1. A lo largo del ejercicio de 2012, el número total de
plazas de nuevo ingreso del personal del sector público delimitado en el
artículo anterior será, como máximo, del 100 por ciento de la tasa de
reposición de efectivos.

2. La administración destinará las plazas de nuevo ingreso
a los sectores y servicios básicos desde el punto de vista económico y
social, tales como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la
investigación, desarrollo e innovación, la seguridad social, la
administración tributaria, los servicios de empleo, agua y medio ambiente
y los servicios de extinción de incendios.»

JUSTIFICACIÓN

Hay que recordar que desde 1997 se han fijado en los
sucesivos Presupuestos Generales del Estado limitaciones muy severas en
la dimensión de las Ofertas de Empleo Público mediante la fijación de
tasa

de reposición de efectivos muy bajas, que incluso no se han
cubierto en cubierto en su totalidad. Esto ha producido una importante
reducción de efectivos y consecuentemente un envejecimiento de las
plantillas y un empeoramiento de la calidad del servicio en sectores
básicos de las Administraciones Públicas (Sanidad, Educación, Seguridad
Social, Investigación y Desarrollo, Agua y Medio Ambiente, Servicios de
Empleo, Servicios Sociales, Hacienda, Inspección de Trabajo, Servicios de
Planificación, Estudios y Coordinación, etc.).

La no reposición de las vacantes que se produzcan en 2012,
va a suponer la destrucción de más de 17.000 empleos en las
Administraciones y a agudizar el actual deterioro de los servicios
públicos.

Paralelamente a la falta de efectivos se está produciendo
una externalización de funciones y servicios propios de la
Administración, que está suponiendo un despilfarro económico y una
transferencia encubierta de recursos públicos al sector privado.

Izquierda Unida piensa que la limitación de la tasa de
reposición de efectivos, ha demostrado no ser un instrumento válido para
la racionalización de los recursos humanos en las Administraciones y que
debería ser sustituida por la Planificación efectiva de los recursos
necesarios, previa la elaboración de una diagnosis de la situación y
necesidades de personal, cuestión que los sucesivos Gobiernos han
obviado.

La enmienda pretende: a) evitar la destrucción de 17.000
empleos en el sector público, necesarios par el funcionamiento eficiente
de los servicios públicos; b) Posibilitar que las plazas de nuevo ingreso
se destinen fundamentalmente a sectores y servicios básicos c) eliminar
los ingentes gastos destinados pagar servicios externalizados que podría
desempeñar la propia administración de tener plantillas adecuadas, d) que
la tasa de reposición de efectivos para estos servicios sea igual al 100
%; y e) excluir de las limitaciones para convocar plazas de nuevo ingreso
a las corporaciones locales.

En otras enmiendas se aportarán medidas para transformar el
empleo temporal en fijo, cuando se trate de puestos de trabajo
estructurales.

ENMIENDA NÚM. 3

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 22. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 22 Dos del proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2012, sobre gastos de personal al servicio del
sector público.

Sustituir el párrafo primero del apartado Dos del artículo
22, por lo siguiente:

«Dos. En el año 2012, las retribuciones del personal al
servicio del sector público, no podrán experimentar un incremento global
superior al 2,0 por ciento con respecto a las vigentes en el año 2011, en
términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto
por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del
mismo.»

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda supone cambiar la congelación salarial
establecida en los distintos artículos del título III «De los gastos de
personal», afectados por la citada congelación, por el incremento del 2 %
propuesto.

Se trata de establecer un incremento retributivo para los
empleados públicos que permita, compensar la inflación del 2 % que se ha
producido en el año 2011.

Hay que tener en cuenta que los empleados públicos se han
vista afectados en 2011 con una disminución de sus salarios del 5 % y que
en el periodo 2001-2011 han perdido mas del 30 % de su poder adquisitivo,
siendo este colectivo uno de los mas castigados por la crisis desde el
punto de vista salarial.

Página
68

previos a la formalización del instrumento de previsión
social complementaria, siendo tales servicios pasados, por tanto, deuda
reconocida que debe ser amortizada.

También se generan otro tipo de dudas ya que un
significativo número de planes de pensiones son contributivos, es decir,
el trabajador o trabajadora debe realizar una parte de la aportación y el
empleador otra parte.

Pero, en todo caso, la repercusión más grave es la
afectación a las coberturas de las contingencias de riesgos
—fallecimiento e incapacidad—, ya que la medida ha supuesto
una falta de cobertura de estas situaciones de riesgos.

ENMIENDA NÚM. 6

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 22. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado tres del artículo 22 queda redactado en los
siguientes términos:

«Tres. Las Administraciones, entidades y sociedades a que
se refiere el apartado Uno de este artículo no podrán realizar, tanto a
planes de pensiones de empleo como a contratos de seguro colectivos, las
aportaciones correspondientes al ejercicio 2012 destinadas a la cobertura
de la contingencia de jubilación».

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta disposición se recupera la posibilidad de
realizar aportaciones a los planes de pensiones de empleo para la
cobertura de las contingencias de riesgos, así como las aportaciones
destinadas a la amortización de planes de reequilibrio o de financiación,
los cuales constituyen el pago de cuantías correspondientes a servicios
pasados reconocidos a los trabajadores y trabajadoras en el momento de la
puesta en marcha del plan de pensiones o contrato de seguro, derivados de
los periodos de actividad previos a la formalización del instrumento de
previsión social complementaria, siendo tales servicios pasados, por
tanto, deuda reconocida que debe ser amortizada.

Con ello se solventan los problemas de interpretación
generados por la deficitaria redacción contenida en el Real Decreto Ley
20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público, mantenida en la
redacción del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2012.

ENMIENDA NÚM. 7

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 22. Tres.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo 22 Tres del proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2012, sobre la oferta de empleo público u otro
instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de
personal.

Eliminar el citado apartado Tres del artículo 22.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior

ENMIENDA NÚM. 8

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 22. Cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo 22. Cinco del proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2012, sobre la oferta de empleo público u otro
instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de
personal.

Eliminar el apartado Cinco del citado artículo 22.

JUSTIFICACIÓN

El texto obliga a amortizar todas las plazas que se
produzcan por jubilaciones, lo cual recorta las relaciones de puestos de
trabajo o plantillas de forma indiscriminada e irreversible, y si que se
haya realizado un estudio de necesidades de personal.

ENMIENDA NÚM. 9

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 22. Diez.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado diez del artículo 22

JUSTIFICACIÓN

Se recupera la redacción de esta materia presente en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2011, la cual fue objeto de
modificación a través del Real Decreto Ley 20/2011, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del
déficit público, cuya redacción se recoge en el actual Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado ampliando, además, el ámbito de
aplicación de tal medida al personal de las fundaciones del sector
público, de los consorcios participados mayoritariamente por las
administraciones y organismos que integran el sector público así como al
Banco de España.

La medida introducida por el Real Decreto Ley 20/2011,
mantenida en la redacción del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2012, supone una reducción real de retribuciones, no
siendo, por tanto, una mera congelación salarial. Además, su deficitaria
redacción genera multitud de dudas y problemas en su aplicación: implica
un trato diferente entre los seguros colectivos y los planes de
pensiones; afecta de forma diferente a los sistemas de aportación
definida y de prestación definida; no

diferencia entre aportaciones corrientes y aportaciones de
otra naturaleza, como pudieran ser aportaciones para la amortización de
un plan de reequilibrio o financiación previo, es decir, el pago de
cuantías correspondientes a servicios pasados reconocidos a los
trabajadores y trabajadoras en el momento de la puesta en marcha del plan
de pensiones o contrato de seguro, derivados de los periodos de actividad
previos a la formalización del instrumento de previsión social
complementaria, siendo tales servicios pasados, por tanto, deuda
reconocida que debe ser amortizada.

También se generan otro tipo de dudas ya que un
significativo número de planes de pensiones son contributivos, es decir,
el trabajador o trabajadora debe realizar una parte de la aportación y el
empleador otra parte.

Pero, en todo caso, la repercusión más grave es la
afectación a las coberturas de las contingencias de riesgos
—fallecimiento e incapacidad—, ya que la medida ha supuesto
una falta de cobertura de estas situaciones de riesgos.

ENMIENDA NÚM. 10

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 23. Uno. 2.

ENMIENDA

De modificación.

El Artículo 23. Uno.2 quedará redactado de la siguiente
manera:

Artículo: 23. Oferta de empleo público u otro instrumento
similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.

Uno. (…).

2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades
presupuestarias del capítulo I de los correspondientes presupuestos de
gastos, la limitación contenida en el apartado anterior no será de
aplicación a los siguientes sectores y administraciones en los que la
tasa de reposición se fija en el 10 por ciento:

A. A las Administraciones públicas con competencias
educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el
acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

B. A las Administraciones Públicas con competencias
sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del
Sistema Nacional de Salud.

C. A las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y a
aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos de Policía
Autónoma propios en su territorio, en relación con la cobertura de las
correspondientes plazas.

D. A las Fuerzas Armadas en relación con las plazas de
militares de carrera y militares de complemento de acuerdo con lo
previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de carrera militar.

E. A las Administraciones Públicas respecto de los Cuerpos
responsables del control y lucha contra el fraude fiscal y laboral.

F. A las Entidades Locales respecto de las plazas de la
policía local y de los servicios de prevención y extinción de incendios.
Asimismo, al personal que tenga encomendado el desarrollo de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia.

JUSTIFICACIÓN

La regulación que el Proyecto de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2012 prevé en lo que atañe a la aplicación de
la Tasa de reposición de efectivos en el ámbito de la Administración
Local va a ocasionar graves perjuicios a la prestación de los servicios
públicos por parte de las Corporaciones Locales.

En su actual redacción el párrafo F no permitiría incluir
entre los ámbitos que pudieran contar con una tasa de reposición del 10
por ciento a las Diputaciones, Cabildos, Cabildos y Consejos Insulares
que cuentan con servicios propios de extinción de incendios e incluso
podrían albergarse dudas respecto a los servicios de tal carácter que
dependen de consorcios creados al efecto.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que si a la
incertidumbre que pesa sobre el modelo de financiación de las mismas se
añade la imposibilidad de incorporar los efectivos suficientes para el
mantenimiento de servicios esenciales tales como los servicios sociales,
personal de emergencias, etc. resulta con toda claridad que las Entidades
Locales no van a poder garantizar la prestación de dichos servicios y
ello en un contexto que hace más necesario que las Administraciones
Públicas hagan el mayor esfuerzo para paliar los efectos de la actual
crisis económica.

En particular, el nivel de deterioro de los servicios
públicos será previsiblemente mayor en los pequeños y medianos municipios
por contar con plantillas escasas en las que será casi imposible la
sustitución de nuevos efectivos que cubran las bajas de distinta índole
que puedan producirse.

Por ello, debe reconsiderarse la regulación que se
establece en materia de la aplicación de la tasa de reposición de
efectivos en la Administración Local, así como en lo que respecta al
personal necesario para la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, por lo que se propone la presente
enmienda.

ENMIENDA NÚM. 11

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 23. Uno. 2.

ENMIENDA

De modificación.

El Artículo 23. Uno.2 quedará redactado de la siguiente
manera:

Artículo: 23. Oferta de empleo público u otro instrumento
similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.

Uno. (…).

2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades
presupuestarias del capítulo I de los correspondientes presupuestos de
gastos, la limitación contenida en el apartado anterior no será de
aplicación a los siguientes sectores y administraciones en los que la
tasa de reposición se fija en el 10 por ciento:

A. A las Administraciones públicas con competencias
educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el
acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

B. A las Administraciones Públicas con competencias
sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del
Sistema Nacional de Salud.

C. A las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y a
aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos de Policía
Autónoma propios en su territorio, en relación con la cobertura de las
correspondientes plazas.

D. A las Fuerzas Armadas en relación con las plazas de
militares de carrera y militares de complemento de acuerdo con lo
previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de carrera militar.

E. A las Administraciones Públicas respecto de los Cuerpos
responsables del control y lucha contra el fraude fiscal y laboral.

F. A los municipios respecto de las plazas de la policía
local y de los servicios de prevención y extinción de incendios.

G. Asimismo, a las Corporaciones Locales de población
inferior a 20.000 habitantes.

JUSTIFICACIÓN

La regulación que el Proyecto de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2012 prevé en lo que atañe a la aplicación de
la Tasa de reposición de efectivos en el ámbito de la Administración
Local va a ocasionar graves perjuicios a la prestación de los servicios
públicos por parte de las Corporaciones Locales.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que si a la
incertidumbre que pesa sobre el modelo de financiación de las mismas se
añade la imposibilidad de incorporar los efectivos suficientes para el
mantenimiento de servicios esenciales tales como los servicios sociales,
personal de emergencias, etc. resulta con toda claridad que las Entidades
Locales no van a poder garantizar la prestación de dichos servicios y
ello en un contexto que hace más necesario que las Administraciones
Públicas hagan el mayor esfuerzo para paliar los efectos de la actual
crisis económica. Siempre dentro del marco de estabilidad económico
presupuestaria marcada por la legislación vigente, y en especial por el
Articulo 135 de la Constitución Española.

En particular, el nivel de deterioro de los servicios
públicos será previsiblemente mayor en los pequeños y medianos municipios
por contar con plantillas escasas en las que será casi imposible la
sustitución de nuevos efectivos que cubran las bajas de distinta índole
que puedan producirse.

Por ello, debe reconsiderarse la regulación que se
establece en materia de la aplicación de la tasa de reposición de
efectivos en la Administración Local, así como en lo que respecta al
personal necesario para la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, por lo que se propone la presente
enmienda.

ENMIENDA NÚM. 12

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 23. Uno. 2.

ENMIENDA

De modificación.

El Artículo 23. Uno.2 quedará redactado de la siguiente
manera:

Artículo: 23. Oferta de empleo público u otro instrumento
similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.

Uno. (…).

2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades
presupuestarias del capítulo I de los correspondientes presupuestos de
gastos, la limitación contenida en el apartado anterior no será de
aplicación a los siguientes sectores y administraciones en los que la
tasa de reposición se fija en el 10 por ciento:

A. A las Administraciones públicas con competencias
educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el
acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

B. A las Administraciones Públicas con competencias
sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del
Sistema Nacional de Salud.

C. A las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y a
aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos de Policía
Autónoma propios en su territorio, en relación con la cobertura de las
correspondientes plazas.

D. A las Fuerzas Armadas en relación con las plazas de
militares de carrera y militares de complemento de acuerdo con lo
previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de carrera militar.

E. A las Administraciones Públicas respecto de los Cuerpos
responsables del control y lucha contra el fraude fiscal y laboral.

F. A las Entidades Locales respecto de las plazas de la
policía local y de los servicios de prevención y extinción de incendios.
Asimismo, al personal encargado de los servicios sociales, y en especial
al personal que tenga encomendado el desarrollo de la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, y a los de gestión de ingresos.

JUSTIFICACIÓN

La regulación que el Proyecto de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2012 prevé en lo que atañe a la aplicación de
la Tasa de reposición de efectivos en el ámbito de la Administración
Local va a ocasionar graves perjuicios a la prestación de los servicios
públicos por parte de las Corporaciones Locales.

En su actual redacción el párrafo F no permitiría incluir
entre los ámbitos que pudieran contar con una tasa de reposición del 10
por ciento a las Diputaciones, Cabildos, Cabildos y Consejos Insulares
que cuentan con servicios propios de extinción de incendios e incluso
podrían albergarse dudas respecto a los servicios de tal carácter que
dependen de consorcios creados al efecto.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que si a la
incertidumbre que pesa sobre el modelo de financiación de las mismas se
añade la imposibilidad de incorporar los efectivos suficientes para el
mantenimiento de servicios esenciales tales como los servicios sociales,
personal de emergencias, etc. resulta con toda claridad que las Entidades
Locales no van a poder garantizar la prestación de dichos servicios y
ello en un contexto que hace más necesario que las Administraciones
Públicas hagan el mayor esfuerzo para paliar los efectos de la actual
crisis económica.

En particular, el nivel de deterioro de los servicios
públicos será previsiblemente mayor en los pequeños y medianos municipios
por contar con plantillas escasas en las que será casi imposible la
sustitución de nuevos efectivos que cubran las bajas de distinta índole
que puedan producirse.

Por ello, debe reconsiderarse la regulación que se
establece en materia de la aplicación de la tasa de reposición de
efectivos en la Administración Local, así como en lo que respecta al
personal necesario para la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia. También debe considerarse el caso
genérico de los servicios sociales y el de gestión de ingresos, en este
último caso tiene mayor importancia en el caso de grandes ayuntamientos y
entidades supramunicipales por la prestación de servicios hacia
Ayuntamientos de menor tamaño.

ENMIENDA NÚM. 13

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 23. Uno. 2. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva letra g al apartado 2 del artículo 23,
con la siguiente redacción:

«G. A las Administraciones públicas con competencias para
el desarrollo de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, para garantizar la continuidad de los contratos del
personal docente investigador no permanente.»

JUSTIFICACIÓN

El Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público establece para el año 2012 una tasa de
reposición del personal de toda administración pública del 0 %,
exceptuando a los funcionarios docentes no universitarios, a las plazas
de hospitales y centros sanitarios, a las fuerzas armadas y cuerpos de
seguridad y a los responsables del control y lucha contra el fraude
fiscal y laboral que tendrán una tasa de reposición del 10 %.

El redactado de los PGE para el 2012 amplía esta tasa de
reposición «A los municipios respecto a las plazas de policía local y los
Servicios de prevención y extinción de incendios».

Se excluye nuevamente al Personal Docente Investigador
—PDI— como servicio público prioritario. Al margen de entrar
en discrepancia sobre esta exclusión, cabe destacar que resulta
especialmente injusta pues no atiende a las especificidades de la
contratación de las universidades públicas establecida en la LOMLOU,
donde la tasa de reposición no afecta principalmente a puestos de trabajo
de personas que se jubilan o cesan en su actividad, sino a personas que
siguiendo su carrera docente tal y como establece la LOMLOU se encuentran
en estos momentos con contratos temporales de duración determinada.

La aplicación para este año 2012 de ambas regulaciones, el
sistema de contratación previsto en la LOU y el Real Decreto, conduce a
una situación dramática como la congelación de los concursos para la
promoción y estabilización de los PDI contratados no permanentes y por
tanto la no continuidad de aquellos cuyo contrato finalice en el presente
año.

Además de la pérdida de puestos de trabajo, la no
convocatoria de plazas de profesorado permanente, comportará de facto
perder la inversión en formación que el Estado ha realizado sobre estas
personas que durante 5 años se han dedicado en exclusiva a la docencia y
a la investigación, la fuga de capital humano y dificultará el relevo
generacional tan necesario en estas instituciones.

ENMIENDA NÚM. 14

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 23. Uno. 2.

ENMIENDA

De adición.

En el número 2 del apartado uno del artículo 23 se añade
una nueva letra G con la siguiente redacción:

«G (nueva). A los organismos públicos de investigación y a
las universidades públicas para la contratación de personal investigador
o docente e investigador con grado de doctor.»

JUSTIFICACIÓN

Las restricciones a la contratación de personal laboral y
funcionario en el sector público van a dañar seriamente el sistema
científico e investigador español, mucho más que los recortes asociados a
proyectos e infraestructuras. La pérdida de capital humano en la
investigación no es recuperable aumentando la inversión en años
posteriores, de tal forma que hay que asegurar que ese capital no se
pierde irreversiblemente.

Se propone, por tanto, que el sector de la investigación
sea reconocido como prioritario, de acuerdo con el preámbulo de la Ley de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Página
76

8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público» la misma estaba
prevista para 2010 y 2011. Sin embargo posteriormente tal limitación se
prorrogó para 2012 y en el presente Proyecto de Ley se recoge que la
vigencia sea indefinida.

En el actual contexto de crisis económica, de limitación
del recurso al crédito, incluido el crédito para inversiones, de escasez
de recursos, la obligación que se establece en el artículo 102 de la Ley
de Economía Sostenible no es realista y condicionar la percepción de la
subvención a cumplir con dicho precepto supone agravar conscientemente la
situación financiera de las Entidades Locales.

Por ello se considera necesario que este tipo de cuestiones
sea objeto de estudio y debate en el seno de la Comisión Nacional de
Administración Local.

ENMIENDA NÚM. 18

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 105. Seis. 7.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

En consonancia y como continuación a la anterior propuesta
de enmienda, la asunción por una Ley de Presupuestos de los criterios
medioambientales establecidos en un Plan, en este caso «El Plan de
Medidas Urgentes para la Estrategia Española de cambio climático y
energía limpia», limitando la subvención a percibir dependiendo del
cumplimiento de actuaciones que a su vez suponen una inversión económica
que las Corporaciones Locales no tienen capacidad financiera para
desarrollar, supondría, junto a las reducciones y requisitos señalados en
los párrafos anteriores, la imposibilidad real de la prestación del
servicio de transporte colectivo urbano por las Corporaciones
Locales.

Por todo ello se propone suprimir este nuevo requisito y
trasladar su discusión a la Comisión Nacional de la Administración
Local.

ENMIENDA NÚM. 19

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del
Artículo 112.

ENMIENDA

De adición.

De un nuevo artículo 112. Bis al referido texto

Redacción que se propone:

Artículo: 112 bis. Fondo especial de financiación a favor
de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes.

Uno. Como mecanismo especial de financiación de los
municipios con población no superior a 20.000 habitantes, se dota para el
año 2012, en la Sección 15, Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas, Programa 942A, Cooperación Económica Local del
Estado, un fondo para atender transferencias corrientes a favor de los
municipios que pertenezcan a aquel grupo de población, asignándose por la
Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, con arreglo a los criterios contenidos en el
apartado siguiente.

Dos. El fondo se distribuirá entre los municipios citados
en el apartado anterior que no alcancen una participación en tributos del
Estado de 154 euros por habitante en concepto de entregas a cuenta
correspondientes a 2012, y cuyo coeficiente de esfuerzo fiscal medio por
habitante, según datos de la última liquidación definitiva practicada,
sea superior a 1. La cuantía asignada por este crédito, sumada al importe
que les corresponda por la aplicación del modelo descrito en los
artículos 92 y 93, no superará la cuantía de 154 euros por habitante.

A los efectos anteriores, la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, certificará la participación en tributos del
Estado por habitante correspondiente a las entregas a cuenta de dicho
ejercicio de los municipios con población no superior a 20.000
habitantes, así como los coeficientes de esfuerzo fiscal medio por
habitante citados en el párrafo anterior. El pago de las cuantías
resultantes de la distribución anterior se realizará por la Dirección
General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y
las Entidades Locales, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, en el primer semestre del ejercicio, no teniendo carácter de
entrega a cuenta, por lo que, en ningún caso, estará sujeto a liquidación
posterior.

JUSTIFICACIÓN

Con origen en el «Acuerdo entre el Gobierno de la Nación y
la Federación Española de Municipios y Provincias de 21 de noviembre de
2002» y en el «Acuerdo Gobierno-FEMP de medidas urgentes de 18 de julio
de 2005», en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
se estableció como mecanismo especial de financiación de los municipios
con población no superior a 20.000 habitantes, un fondo para atender
transferencias corrientes a favor de los municipios que pertenezcan a
este grupo, teniendo en cuenta la participación en tributos del Estado
por habitante y el coeficiente de esfuerzo fiscal medio por
habitante.

La justificación de este Fondo se encuentra en la necesidad
de establecer mecanismos de nivelación que impulsen la convergencia
progresiva entre municipios, pequeños y grandes, con relación a la
cantidad que les corresponde por habitante en la participación en los
tributos del Estado.

Considerando que desde el año 2002 no se ha procedido a
revisar ni el modelo competencial ni el modelo de financiación local la
supresión de este fondo agravará la situación financiera de aquellos
municipios con menos capacidad para acceder a recursos financieros.
Motivo por el cual se propone su mantenimiento en tanto no se revise el
modelo actual de financiación local.

ENMIENDA NÚM. 20

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional tercera.

ENMIENDA

De modificación.

La disposición adicional décima tercera queda redactada
como sigue:

«Décima tercera. Interés legal del dinero.

Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la
Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre modificación del tipo de interés legal
del dinero, éste queda establecido en el 3 por ciento hasta el 31 de
diciembre del año 2012.

Dos. Durante el mismo periodo, el interés de demora a que
se refiere al artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, será del 3,75 por ciento.»

JUSTIFICACIÓN

El interés de demora se aplica en el aplazamiento de las
deudas tributarias, las cuales se conceden habitualmente a un año, aunque
también se gira en las liquidaciones y a las deudas en ejecutiva que
superan el año de impago.

El tipo de demora contrasta con la evolución del Euribor a
12 meses, el tipo al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas
en España que ha sido bastante inferior en los últimos tres años.

Reducir estos tipos sin duda mejorará la situación de las
empresas y autónomos que solicitaron los aplazamientos de deudas
tributarias y que tienen voluntad de pago, en momentos de dificultades de
liquidez.

Por otra parte, algunas Administraciones públicas que
mantienen deudas con empresas y Pymes, se verán claramente beneficiadas
por la rebaja del interés de demora y del interés legal.

ENMIENDA NÚM. 21

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional décima
cuarta.

ENMIENDA

De modificación.

La disposición adicional décima cuarta queda redactada en
los siguientes términos:

«Décima cuarta. Determinación del indicador público de
rentas de efectos múltiples (IPREM) para 2012.

Uno. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2
del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de
la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de
su cuantía, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)
tendrá las siguientes cuantías durante 2012:

a) El IPREM diario, 18,28 euros,

b) El IPREM mensual, 548,48 euros.

c) El IPREM anual, 6.581,83 euros.

d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo
interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en
aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de
junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.678,79 euros cuando las
correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en
cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas
extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.581,83 euros.

Dos. Si el índice de precios al consumo acumulado
correspondiente al periodo comprendido entre noviembre del año 2011 y
noviembre del año 2012 fuese superior al 1 por ciento, se procederá a la
correspondiente actualización del indicador público de renta de efectos
múltiples (IPREM) y así se establecerá en la respectiva Ley de
Presupuestos Generales del Estado.»

JUSTIFICACIÓN

El IPREM vuelve a congelarse en estos Presupuestos. Se
propone aumentar el IPREM un 3 % para recuperar poder adquisitivo perdido
(2 puntos porcentuales) y establecer un aumento del 1 % para 2012.

Además, se considera su actualización en términos reales
para 2012 estableciendo un mecanismo de revisión automática con relación
al nivel de precios.

ENMIENDA NÚM. 22

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional trigésima
novena.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición adicional trigésima novena

JUSTIFICACIÓN

En esta disposición se establecen normas de ejecución
presupuestaria del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) para ajustarse a las condiciones que se regulan en la disposición
adicional cuadragésima sexta de esta ley. En particular, que no puedan
concederse préstamos y anticipos a un tipo de interés inferior al de la
Deuda emitida por el Estado en instrumentos con vencimiento similar.

El sistema de ayudas y promoción de la innovación a través
de créditos a interés cero ha sido la herramienta fundamental de impulso
a la investigación e innovación en el sector industrial. Imponer esta
condición financiera, rompiendo con la historia del CDTI, entorpecería
gravemente la actividad de este organismo y cerrar más puertas y
oportunidades a las empresas que de verdad quieren innovar. Por tanto se
propone su supresión y, en otra enmienda, se modifica dicha disposición
adicional cuadragésima sexta.

ENMIENDA NÚM. 23

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional cuadragésima
sexta. Uno. a)

ENMIENDA

De modificación.

El último párrafo de la letra a) del apartado uno de la
Disposición adicional cuadragésima sexta queda redactado en los
siguientes términos:

«Esta norma no será de aplicación a los siguientes
casos:

(…)

— Préstamos y anticipos por parte del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial que se concedan con cargo al capítulo 8
de los Presupuestos Generales del Estado.»

JUSTIFICACIÓN

El sistema de ayudas y promoción de la innovación a través
de créditos a interés cero ha sido la herramienta fundamental de impulso
a la investigación e innovación en el sector industrial. Imponer una

condición financiera que impida al CDTI conceder préstamos
y anticipos a un tipo de interés inferior al de la Deuda emitida por el
Estado en instrumentos con vencimiento similar, perjudicaría gravemente
la actividad del Centro, rompiendo con la historia del CDTI, y
perjudicando no solo a la actividad de este organismo, sino a las
empresas que de verdad quieren innovar, cerrando más puertas y
oportunidades a las mismas y poniendo en entredicho la voluntad de
apostar por un modelo de desarrollo basado en el conocimiento y en la
innovación.

ENMIENDA NÚM. 24

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional septuagésima
primera.

ENMIENDA

De modificación.

La Disposición Adicional Septuagésima primera quedará
redactada en los términos siguientes:

Septuagésima primera. Deudas pendientes de los
Ayuntamientos con especial deterioro de su situación económico-financiera
con la Seguridad Social y con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Uno. La deuda pendiente que los Ayuntamientos y sus
entidades vinculadas mantienen con la Seguridad Social y con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, devengada con anterioridad a las
últimas elecciones locales, se fraccionará durante un plazo no superior a
40 años mediante el descuento de las transferencias de su participación
en los ingresos del Estado. El interés aplicable a la operación será del
1 %.

Dos. Se aplicará a la cancelación anticipada de las
fracciones el cobro de cualquier indemnización que tuvieran reconocidas,
dichos Ayuntamientos y sus entidades vinculadas, por los órdenes
jurisdiccionales civil o penal, mediante sentencia judicial firme.

En el supuesto de que tales indemnizaciones se concreten
mediante la entrega al Ayuntamiento de bienes o derechos, los mismos
quedarán afectos en virtud de la presente ley al pago de la deuda
fraccionada pendiente y se ejecutarán directamente de acuerdo con lo
previsto en el artículo 172 de la Ley General Tributaria y 34.4 de la Ley
General de la Seguridad Social.

En todo lo no dispuesto en la presente Disposición
Adicional se aplicará supletoriamente la Ley General Tributaria o la Ley
General de la Seguridad Social, según proceda.

Tres. Mediante Orden Ministerial y previo informe de la
Comisión Nacional de la Administración Local se concretará el ámbito
subjetivo para la aplicación de la presente Disposición a determinadas
Entidades Locales.

JUSTIFICACIÓN

La herencia económica recibida por un determinado número de
Entidades Locales sumado al bloqueo político que significa para un
gobierno que no dispone de mayoría absoluta no poder tomar decisiones que
ayuden a sentar las bases de la recuperación económica implica no solo la
parálisis de ese Ayuntamiento durante cuatro años sino que incluso
hipoteca aún más la recuperación de dicha Entidad Local durante una nueva
legislatura lo que va en detrimento tanto de los ciudadanos de ese
municipio como del conjunto de la sociedad española.

Por otra parte, muchos de esos Ayuntamientos, como el
Ayuntamiento de Los Barrios, a pesar de tomar medidas para reducir sus
gastos y de haber presentado un plan de ajuste para poder acceder al
mecanismo de financiación de pago a proveedores, incluso en el caso de
aprobarse dicho Plan no podrán

resolver su actual situación puesto que la legislación
actual resulta insuficiente para ayudar a salir del actual estado de
bloqueo económico y político.

En el actual proyecto de Ley se ha incluido una medida
exclusiva para el Ayuntamiento de Marbella que debería extenderse a
aquellos Ayuntamientos que igualmente lo precisen.

Por este motivo se propone modificar la actual disposición
para evitar la discriminación que supondría beneficiar a un Ayuntamiento
y no a otros.

ENMIENDA NÚM. 25

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional septuagésima
segunda. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

La Disposición Adicional Septuagésima segunda. Dos quedará
redactada de la siguiente manera:

Septuagésima segunda. Jornada general del trabajo en el
Sector Público.

Uno. (…)

Dos. Con esta misma fecha, queda suspendida la eficacia de
las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los
Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes en los entes, organismos y
entidades del Sector Público indicados en el apartado anterior, que
contradigan lo previsto en este artículo.

Con la salvedad de que en el ámbito local, lo dispuesto en
este apartado no será de aplicación en las jornadas especiales ya
establecidas para el funcionamiento de los servicios públicos de
prestación obligatoria.

Tres. (…)

JUSTIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de
la Ley de Bases de Régimen Local los municipios tienen encomendadas con
carácter obligatorio un conjunto de competencias referidas a servicios
públicos esenciales, entre los que destacan: la seguridad en lugares
públicos, la ordenación del tráfico, la protección civil, prevención y
extinción de incendios, los cementerios y servicios funerarios, etc.

A consecuencia de ello, estas Entidades Locales han llevado
a cabo una ordenación de los servicios dependientes de ellas que permita
hacer posible el funcionamiento correcto de dichos servicios públicos.
Uno de los aspectos de dicha ordenación es el referente al
establecimiento de una jornada laboral para el personal que presta
servicio en aquellas que se adapte a las necesidades específicas que
existen en cada población. Por ello aun en un contexto de crisis
económica que obligue al Gobierno a tomar medidas de carácter general en
materia de regulación de la jornada laboral de los empleados públicos,
los Ayuntamientos deben mantener la posibilidad de establecer jornadas
laborales para el personal que tiene a su cargo esos servicios que
posibiliten su funcionamiento durante las 24 horas del día y con las
peculiaridades existentes en los distintos municipios.

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84

estructura de la tasa de que se trata. Es evidente que el
establecimiento de fórmulas complejas y la falta de disponibilidad de los
datos, condenan a las entidades locales a no poder obtener un recurso que
les corresponde creándose una situación de desamparo de la que se
benefician las operadoras de telefonía móvil.

En este sentido, mientras el legislador no establezca un
sistema de cuantificación claro y las empresas y los organismos
implicados aporten los datos necesarios, lo que no hacen pese a solicitud
reiterada por la FEMP, los ayuntamientos tendrán que seguir acudiendo a
los datos a los que pueden acceder. De lo contrario, se obligaría a los
ayuntamientos a renunciar al establecimiento de una tasa cuya exacción
está amparada por la propia Ley de Haciendas Locales, y se estaría
limitando la obtención de uno de los recursos previstos para las
entidades locales para garantizar su suficiencia financiera.

Tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de
2009, parecía que la única polémica subsistente era la relativa a la
fórmula de cuantificación, que por cierto, ningún Tribunal orienta o
propone una fórmula. Sin embargo, tras los Autos de 28 y 29 de octubre y
3 de noviembre de 2010, en los que el Alto Tribunal plantea cuestiones
prejudiciales acerca de la conformidad de esta tasa con el art. 13 de la
Directiva 2002/20/CE, se ha reabierto el debate acerca de la misma
legalidad del gravamen.

Efectivamente, la STS de 16 de febrero de 2009 pareció
zanjar esta controvertida tasa, que está dando lugar a una altísima
litigiosidad, al menos en cuanto a los presupuestos generales de la
misma. La cuestión parecía centrada, exclusivamente, en la corrección del
método de cuantificación de la tasa.

La propia Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
en su resolución de 7 de septiembre de 2010, admite la legitimidad de la
tasa de cuantificación general, cuestionando únicamente la forma de
cuantificación de la misma.

Sin embargo, a finales del año 2010, la cuestión sufrió una
inesperada complicación, al plantearse el Tribunal Supremo si
determinados aspectos de estas Ordenanzas son contrarios al Derecho
comunitario. A la vista de los autos dictados por el Tribunal Supremo hay
que significar que lo que ahora está en tela de juicio es la propia
existencia del tributo, al menos para determinados sujetos pasivos.
Parece, por tanto, que el debate acerca de la fórmula de cuantificación
de la tasa se ha dejado al margen de estas cuestiones de
prejudicialidad.

El Tribunal Supremo dictó tres autos —de 28, 29 de
octubre y de 3 de noviembre de 2010— en los que suspendía el
procedimiento de impugnación de ordenanzas municipales sobre tasa por
utilización del dominio público local por las empresas de telefonía móvil
y acordó plantear la cuestión prejudicial solicitada por Vodafone ante el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con el fin de determinar
si estas ordenanzas vulneran el artículo 13 de la Directiva 2002/20 en
tres cuestiones:

1ª) ¿El artículo 13 de la Directiva 2002/20 /CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la
autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas
(Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido de que se
opone a una normativa nacional que permite exigir un canon por derechos
de instalación de recursos sobre el dominio público municipal a las
empresas operadoras que, sin ser titulares de la red, la usan para
prestar servicios de telefonía móvil?

2ª) Para el caso de que se estime compatible la exacción
con el mencionado, artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE, las
condiciones en las que el canon es exigido por la ordenanza local
controvertida ¿satisfacen los requerimientos de objetividad,
proporcionalidad y no discriminación que dicho precepto exige, así como
la necesidad de garantizar el uso óptimo de los recursos concernidos?

3ª) ¿Cabe reconocer al repetido artículo 13 de la Directiva
2002/20/CE efecto directo?

Las tres cuestiones planteadas se resolvieron de modo
diáfano en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 16 de febrero
de de 2009, por la misma sección que ahora ha dictado estos autos. Así,
en la sentencia referida se zanjaba el tema de que la utilización de
redes ajenas constituía el hecho imponible de la tasa de que estamos
hablando e, igualmente, se zanjaba la cuestión de que ordenanzas de este
tipo no infringían el derecho comunitario. Sin embargo, el Tribunal
Supremo, y ante los numerosos recursos planteados por las operadoras,
decidió trasladar las dudas planteadas por Vodafone al Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, en relación con la posible contradicción de
la norma nacional con la normativa comunitaria.

Los intentos de los Ayuntamientos de someter a tributación
al sector de las telecomunicaciones se han traducido en una
conflictividad judicial, ante la pasividad del legislador, imposible de
seguirse asumiendo, motivo por el cual es necesario una clarificación
legal de todo el sector puesto que la esperada sentencia

del Tribunal de Justicia Europeo, tras la lectura de las
conclusiones de la Abogado General de dicho Tribunal, puede cuestionar
también la tasa que satisfacen los operadores de telefonía fija.

Aparte de lo anterior, y a tenor de dichas conclusiones,
también podría afectar a otras empresas de suministros de carácter
general (electricidad, gas, agua, etc.) que actualmente pagan la tasa del
1,5 % de sus ingresos brutos, que podrían empezar a cuestionarla cuando
utilizan redes ajenas (únicamente satisfarían las tasas las que tuviesen
redes propias).

Dada la trascendencia del tema y su repercusión en el
ámbito local (el planteamiento de las cuestiones prejudiciales no sólo
ponen en entredicho las citadas Ordenanzas Fiscales sino la propia norma
estatal básica que las ampara, el R.D Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales) la FEMP considera urgente acometer sin más dilación una reforma
en la tributación local de los operadores de telecomunicaciones, al
objeto de resolver la conflictividad que se ha producido.

ENMIENDA NÚM. 28

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir una nueva Disposición Adicional con el
siguiente redactado:

«Disposición Adicional (nueva). Fiscalidad ambiental.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta
Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que
contemplará, entre otras medidas, cambios en el actual marco normativo
fiscal, introduciendo criterios ambientales, tanto mediante la aplicación
de los tributos que gravan la energía como mediante la conversión de
algunos tributos ya existentes en medioambientales o mediante la creación
de nuevas figuras con pleno respecto al marco comunitario y a las
competencias normativas de las Administraciones territoriales.

En particular, se establecerá un gravamen consistente en un
importe unitario por tonelada de CO2 emitida a la atmósfera en la
combustión de carbón, derivados del petróleo y gas natural. La
recaudación por dicho impuesto tendrá como finalidad la promoción de
cambios en el modelo productivo encaminados a alcanzar una mayor
sostenibilidad.

A su vez, se establecerá un modelo fiscal sobre las
sustancias y productos más contaminantes, y en particular una fiscalidad
específica sobre el uso y consumo de bolsas de plástico de un solo
uso.»

JUSTIFICACIÓN

Introducir criterios ambientales en el sistema
tributario.

ENMIENDA NÚM. 29

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente
redacción:

«Disposición adicional (nueva). Modificación del modelo de
control interno del gasto público.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta
Ley el Gobierno elaborará un informe de modificación del modelo de
control interno del gasto público, que será presentado en el Parlamento,
tras el que se tramitarán las necesarias modificaciones legales y
reglamentarias tendentes a la obtención de los siguientes objetivos y
criterios:

1. Modificar la actual estructura de la IGAE definiendo un
modelo organizativo más racional en la atribución de funciones que
garantice la transparencia y eficacia de la función fiscalizadora.

2. Evaluar las ventajas e inconvenientes de una progresiva
sustitución de la fiscalización previa.

3. Reforzar y ampliar el control permanente y la
auditoría:

a) Estableciendo procedimientos de control posterior,
sistemáticos y no puntuales destinados, no solo a verificar el
cumplimiento de legalidad documental, sino a permitir la investigación
del fraude y la corrupción.

b) Poner en marcha procedimientos sistemáticos de control
de eficacia en todos los ámbitos de la Administración Pública para
garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y afectar a la
asignación presupuestaria en futuros ejercicios.

c) Implementar procedimientos de control que garanticen que
los servicios públicos externalizados no pueden ser prestados con medios
propios de la Administración de forma indefinida en el tiempo.

d) Publicitar los resultados de los informes de control
financiero y auditoría realizados por la IGAE.

4. Establecer un régimen de exigencia de responsabilidades
del gestor y del Órgano que ejerce el control.

5. Desarrollar herramientas tendentes a clarificar la
información de las cuentas públicas.

6. Establecer barreras legales que impidan que la
naturaleza jurídica de cualquier institución pública altere o disminuya
los términos del control del gasto al que se vea sometida.

7. Publicitar la actividad desarrollada y el acceso a los
datos económicos comprobados.

8. Regular la obligatoriedad de colaborar con la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, e informar de cualquier tipo de
subvención que concedan instituciones públicas y privadas.

9. Mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles
facultando a los Técnicos para ejercer el control con plena capacidad y
responsabilidad, recuperando las competencias de las que han sido
despojados en los últimos años.

10. Elaborar un catálogo de gastos suntuosos de imposible
realización, así como un código de comportamientos éticos.»

JUSTIFICACIÓN

El actual modelo de control del gasto público gira en torno
a dos fases separadas. Por un lado, el control «externo» que ejerce el
Tribunal de Cuentas, y por otro, el control «interno» ejercido por la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

El primero de ellos es un control esencial en toda sociedad
moderna, pero carece de agilidad, pues sus dictámenes e informes se
aprueban muy alejados del ejercicio fiscalizado, lo que permite que las
ineficacias y deficiencias de gestión detectadas perduren demasiado
tiempo hasta ser corregidas.

La IGAE es un órgano de control interno que se integra en
la propia administración. Su creación se remonta a 1873-1878 y continúa
existiendo dada la necesidad de revisión interna del proceso de
generación de ingresos y realización de gastos en el sector público,
aunque originariamente se atendiera sólo a criterios de legalidad y
actualmente se incluyan criterios de economía y eficiencia.

Si bien los procedimientos de control han evolucionado con
los tiempos, de forma que se ha pasado de un control previo exhaustivo
(fiscalización previa) a uno posterior mediante técnicas de muestreo con
el objetivo de facilitar una gestión administrativa ágil (auditoría y
control financiero), lo cierto es que el

proceso no ha ido acompañado de la necesaria modernización
de su estructura y funcionamiento, que se corresponden más con la de un
órgano administrativo del siglo XIX que con la de una administración
moderna, por lo que se hacen necesarias propuestas de mejora y
modernización que permitan adaptarla a las técnicas y prácticas del siglo
XXI.

La fiscalización previa se limita actualmente a verificar
la competencia del órgano, la existencia de crédito y poco más, por lo
que resulta un control escasamente eficaz.

El segundo anacronismo, relativo a la organización, es la
atribución de funciones ya que en la actualidad, al igual que en el siglo
XIX cuando el órgano de control fue creado, muchas competencias se
atribuyen expresamente al Interventor General y a sus Interventores
Delegados, en lugar de atribuirse al Órgano y ser ejercidas por los
titulares que las ocupan.

El sistema, como se basa en la atribución de funciones al
Interventor General y su ejercicio desconcentrado a través de los
Interventores Delegados (sea en Ministerios, Organismos, Territoriales o
en las futuras Agencias), establece una jerarquía que se corresponde más
con una administración decimonónica que con una administración moderna,
pero que sorprendentemente ha llegado hasta nuestros días.

La consecuencia de este anacronismo es que lastra a la
organización al fomentar que toda la institución dependa de la
personalidad del «titular» de todas las funciones.

Este sistema de trabajo tiene otros efectos negativos ya
que la persona que tiene atribuida la competencia, no sólo no desarrolla
el trabajo directamente, sino que en muchos casos ni siquiera participa
en él, por lo que la «firma» se convierte en un acto mecánico y supone la
apropiación de un trabajo ajeno.

Las consecuencias de este tipo de organización se
evidencian en el funcionamiento y eficacia de la institución. Así, en los
últimos años, son frecuentes los casos de deficiencias y corruptelas en
la contratación por la Administración que no han sido detectadas por el
órgano de control interno. Basta decir que en los últimos años la IGAE,
en el ejercicio de sus funciones, prácticamente no ha emitido ningún
informe «especial» ni de «actuación».

Dadas las ineficiencias actuales la exigencia de
responsabilidades del gestor es prácticamente inexistente.

Mientras, en Europa el modelo organizativo es el inverso:
el personal que desarrolla un trabajo es reconocido como el responsable
del mismo.

Por otra parte, los informes de control financiero y
auditoría realizados por la IGAE deberían ser públicos y con acceso a
través de un registro, aunque se trate de un órgano de control interno,
de forma que cualquier ciudadano pueda conocer la metodología empleada y
los resultados obtenidos. Esta publicidad es adicional a la publicidad de
la actividad desarrollada, de forma que todos los ciudadanos tengan
acceso a los datos económicos comprobados y puedan conocer cómo y en qué
se gastan los fondos públicos.

Conviene dotarse de herramientas para clarificar la
información de las cuentas públicas. Especialmente deben remediarse las
deficiencias puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas, que
destaca la exclusión en la Cuenta General de los estados financieros que
no ha recibido la IGAE de los Organismos correspondientes, por lo que no
reflejan la situación real del sector público no administrativo.

ENMIENDA NÚM. 30

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente
redacción:

«Disposición adicional (nueva). Lucha contra el fraude
fiscal.

Durante el año 2012, se llevarán a cabo las siguientes
actuaciones:

Uno. El Instituto de Estudios Fiscales elaborará un estudio
que cuantifique la economía sumergida en España, con desagregación
territorial, sectorial y por impuestos, y actualizará bianualmente dicho
estudio, con la misma metodología o en su caso con la metodología que
apruebe la Comisión Europea. Este informe será presentado y debatido por
las Cortes Generales y Parlamentos autonómicos, que adoptarán las medidas
correctoras oportunas.

Dos. La Agencia Estatal de Administración Tributaria
informará con carácter trimestral a las Cortes Generales de los
resultados de las actuaciones de control del fraude y atención a los
contribuyentes realizadas en cumplimiento de sus funciones, remitiendo
datos de los resultados de control en las distintas áreas, así como la
detección de grandes redes de fraude organizado, de forma que se
garantice una gestión transparente e independiente y posibilitando el
seguimiento de su evolución temporal de la economía sumergida en
España.

Tres. Las autoridades del Ministerio de Economía y Hacienda
propiciarán los acuerdos necesarios para establecer fórmulas de
coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Estatal de
Administración Tributaria del Estado y las Administraciones Tributarias
de las Comunidades Autónomas, potenciando la corresponsabilidad en la
lucha contra el fraude fiscal.

Cuatro. Las autoridades del Ministerio de Economía y
Hacienda propiciarán los acuerdos necesarios para crear una Base de datos
o Censo Único Compartido, con la información tributaria procedente de los
ámbitos central y autonómico.

Cinco. La Agencia Estatal de Administración Tributaria del
Estado mejorará la información y asistencia al contribuyente para
incentivar y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones
fiscales. En particular, efectuar un estudio exhaustivo sobre incidencias
detectadas en los borradores de declaración de IRPF, proponiendo las
medidas necesarias para subsanarlas, así como impulsar la colaboración
con el sistema educativo para contribuir al desarrollo de una cultura de
responsabilidad fiscal y cumplimiento tributario.

Seis. El Gobierno propiciará un Acuerdo en las distintas
Organizaciones internacionales de carácter político o financiero para
controlar e identificar a los verdaderos titulares de los movimientos de
capitales, los movimientos efectuados entre los Estados miembros y los
territorios calificados como paraísos fiscales.

Siete. El Servicio de Prevención del blanqueo de capitales
se coordinará con el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del
Estado y la Agencia Tributaria del Estado para averiguar la identidad de
las personas o entidades que utilizan en España los bienes y derechos de
los que son titulares las empresas domiciliadas en países o territorios
que tengan la consideración de paraíso fiscal, así como el título
jurídico que les permite su utilización o disfrute.

Ocho. El Gobierno presentará en el plazo máximo de tres
meses desde la entrada en vigor de la presente Ley un Proyecto de Ley
para establecer una obligación de las empresas que operan en España, y
especialmente en el sector financiero, a suministrar información de las
operaciones de sus filiales o sucursales en paraísos fiscales, en los
mismos términos que informan de sus operaciones realizadas en territorio
nacional.

Nueve. El Gobierno presentará en el plazo de seis meses
desde la entrada en vigor de la presente Ley un estudio para fomentar una
especialización tributaria en los órganos jurisdiccionales.

Diez. Se reforzará, dentro del contexto de sostenibilidad
presupuestaria, los medios materiales y humanos de la Agencia tributaria
del Estado y del Ministerio de Economía y Hacienda, cambiando sus
procedimientos de trabajo, buscando la calidad de la inspección más que
la cantidad y reformando su metodología, organización, distribución del
trabajo y competencias internas, aplazándose los efectos económicos al
momento en que se cumpla con los objetivos de estabilidad
presupuestaria.

Once. El Gobierno planteará y defenderá ante las
instituciones europeas la necesidad de eliminar los billetes de 500
euros.

Doce. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la
presente Ley el Gobierno adoptará las medidas legales oportunas para
limitar los pagos en efectivo en determinadas operaciones a 1.000 euros
como medida disuasoria frente al fraude fiscal.»

JUSTIFICACIÓN

Los efectos de la crisis económica global están afectando
con especial virulencia en España al mercado de trabajo, que alcanza a
más de cuatro millones de trabajadores sin empleo, debido a las
particulares circunstancias de nuestro modelo productivo que han puesto
al descubierto los puntos frágiles de nuestra economía. Asimismo, la
cobertura de las necesidades públicas corrientes y las extraordinarias de
protección social, sobrevenidas, han producido un acelerado incremento
del déficit público que amenaza con instalarse durante largo tiempo,
poniendo en grave riesgo la sostenibilidad de nuestro modelo económico,
social y de progreso, así como el cumplimiento del programa de
estabilidad de la UE que obliga a reducirlo al 3 % en 2013.

El IEF —Instituto de Estudios Fiscales—,
organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, viene
realizando, desde hace ya largo tiempo, estudios que analizan las
opiniones y actitudes fiscales de los españoles aportando, año a año, una
preciosa información que resulta esencial para que nuestra clase política
pueda adoptar decisiones.

Lo que nos revela el último Barómetro fiscal realizado por
el IEF correspondiente a 2010, es que un 72 % de los españoles afirman
que el fraude ha aumentado, un 61 % que ha empeorado el cumplimiento de
las obligaciones fiscales y, lo que es más grave, el 41 % de los
españoles considera que el fraude fiscal es una conducta
generalizada.

El estudio también nos habla de las causas principales del
fraude que son, en orden de importancia, la falta de honradez y
conciencia cívica, lo excesivo de los actuales impuestos, la falta de
eficacia en la lucha contra el fraude y la impunidad de que gozan los
grandes defraudadores. Asimismo, existe un consenso mayoritario sobre la
existencia de determinados colectivos que defraudan de forma habitual y
continuada a Hacienda, entre los que se encuentra principalmente el
sector empresarial, seguidos de los profesionales liberales y los
trabajadores autónomos, debido a que sus actividades están sometidas a un
menor control por la Administración lo que facilita la evasión;
entretanto los asalariados y los agricultores son los que mantienen una
conducta fiscal más honesta al recibir un mayor control.

El barómetro fiscal destaca a la economía sumergida como el
tipo de fraude que resulta más perjudicial para la sociedad, seguido por
la falta de ingresos de las retenciones de los trabajadores, no hacer la
declaración de la renta cuando corresponde, no ingresar el impuesto de
sociedades y la falta de ingreso del IVA y su impago por usuarios o
compradores; se observa que todas ellas tienen que ver con un déficit de
control de la administración tributaria. Por último, el estudio destaca
los negativos efectos que tiene el fraude fiscal para una mayoría
—95 %— de los ciudadanos porque disminuye los recursos para
financiar los servicios y prestaciones públicas, genera injusticia al
tener que asumir unos ciudadanos lo que otros no pagan, supone una mayor
presión fiscal que soportan los cumplidores y desmotiva a todos aquellos
que pagan bien sus impuestos.

La aplicación de nuestro sistema fiscal ha permitido que se
consoliden notables diferencias en la carga tributaria que soportan
distintos tipos de contribuyentes. Así, en el año 1993, las rentas
salariales medias declaradas a Hacienda superaban a las rentas
empresariales medias, en el equivalente a unos 2.000 euros; en la
actualidad las rentas salariales declaradas siguen siendo superiores a
las de actividades económicas, pero la diferencia ha aumentado
considerablemente. De este modo se ha perpetuado el sacrificio de los
fácilmente controlables, como asalariados y pensionistas, frente a un
buen número de empresas, empresarios y profesionales que son objeto de un
menor control y que cuentan con mayores medios y recursos para evadir
impuestos, pese a que la mayoría de ellos aún declare honestamente.

Todo ello tiene una relación directa con el importante
nivel de fraude fiscal y economía sumergida que existe en España,
—entre el 20 y 25 % del PIB según la mayoría de análisis internos y
externos— que si fuera combatido con mayor eficacia podría resolver
muchos de los problemas económicos y sociales que hoy aquejan a nuestro
país. De esta forma, sería posible obtener entre un 10 y un 20 %
adicional sobre los actuales ingresos fiscales por año, lo cual
permitiría mayor inversión pública, superior nivel de crecimiento
económico, creación de nuevos puestos de trabajo y reducción del
desempleo, cumplimiento de los compromisos de reducción del déficit
público y, todo ello, sin necesidad de subidas de impuestos. Coinciden
con ello el 83 % de los ciudadanos entrevistados en 2008 que respondieron
que una agresiva campaña contra el fraude fiscal permitiría allegar los
recursos suficientes para mantener la cantidad y calidad de la oferta
pública de servicios y prestaciones sin modificar la presión fiscal
actualmente existente.

Página
92

Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, en la Intervención General del Estado o en la Dirección
General del Catastro y no estén en posesión de las respectivas
especialidades.

2. A estos efectos, el Ministerio de Economía y Hacienda y
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en el ámbito de sus
respectivas competencias, realizarán las modificaciones que resulten
necesarias en las relaciones de puestos de trabajo.

3. En los supuestos de integración automática prevista en
el número 1, el cómputo de la antigüedad en el Cuerpo Superior Técnico de
Hacienda se realizará teniendo en cuenta la fecha de antigüedad en el
Cuerpo Técnico de Hacienda, Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad y
Cuerpo Técnico de Gestión Catastral.

4. En los supuestos de integración automática previsto en
el número 1, el cómputo de la antigüedad en las especialidades del Cuerpo
Superior Técnico de Hacienda se realizará teniendo en cuenta la fecha de
adquisición de las diferentes especialidades del Cuerpo Técnico de
Hacienda, Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad y Cuerpo Técnico de
Gestión Catastral, o en el caso de ser anterior, la fecha de adquisición
de la especialidad de Contabilidad-Recaudación o la de
Gestión-Recaudación del antiguo Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda
Pública.

5. Los funcionarios de las promociones primera y siguientes
del Cuerpo Técnico de Hacienda, sin adscripción de ninguna especialidad,
se integrarán en las especialidades Técnica de Gestión y Liquidación
Tributaria, de Aduanas e Impuestos Especiales, de Inspección y de
Recaudación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, teniendo en cuenta
la fecha de antigüedad en el Cuerpo Técnico de Hacienda.

6. Los funcionarios del Cuerpo Técnico de Hacienda, Cuerpo
Técnico de Auditoría y Contabilidad y Cuerpo Técnico de Gestión Catastral
que estén en situación de servicio activo, así como los que estén en
situación distinta a la de servicio activo, con excepción de la de
excedencia voluntaria por interés particular o suspensión firme de
funciones, podrán participar en los procesos selectivos de acceso a las
especialidades del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda a las que de
acuerdo con lo previsto en este artículo no les corresponda
integrarse.

Dichos procesos consistirán en la superación de un curso
selectivo que se realizará de forma descentralizada territorialmente.

Los procesos selectivos deberán reunir las siguientes
características:

a) Los procesos se desarrollarán en un plazo no superior a
cinco años desde la entrada en vigor de la presente Ley.

b) La no superación del curso selectivo que se establezca o
la renuncia a la participación en el mismo antes de su finalización,
determinará la pérdida del derecho establecido en este número, salvo si
la indicada renuncia tiene su origen en el pase a la situación de
servicios especiales o a causa de fuerza mayor.

c) La admisión a los procesos se realizará por concurso de
méritos, en los que se valorará preferentemente la antigüedad en el
Cuerpo Técnico de Hacienda, Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad y
Cuerpo Técnico de Gestión Catastral y el orden dentro de las respectivas
promociones.

La obtención de las especialidades regulada en este número
no supondrá cambio de la situación administrativa, ni, en su caso, de
puesto de trabajo.

7. Reglamentariamente se establecerá un procedimiento de
acceso al Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, para aquellos funcionarios
del A2 de los previstos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, que
perteneciendo a Cuerpos distintos de los enumerados en el número 1 del
apartado Dos de esta Disposición Adicional, acrediten que a la fecha de
entrada en vigor de esta Ley, hayan desempeñado puestos de trabajo, en el
ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda o de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria, cuyas funciones coincidan plenamente con
las descritas en el segundo párrafo del número 1 del apartado Uno de esta
Disposición Adicional, de forma ininterrumpida en los tres últimos años y
que opten por participar en dicho procedimiento.

Tres. Provisión de puestos de trabajo.

1. En los procesos de provisión de puestos de trabajo
convocados por el Ministerio de Economía y Hacienda y la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, deberá valorarse de forma diferenciada la
experiencia en el desempeño de puestos de trabajo en las respectivas
áreas funcionales.

2. La política de provisión de puestos de trabajo del
Cuerpo Superior Técnico de Hacienda creado en esta Ley, garantizará que
las retribuciones obtenidas por los funcionarios se adecuen a los
cometidos y responsabilidades asumidas por los mismos dentro del ámbito
de funciones que les atribuya el marco normativo vigente.

Cuatro. Adscripción de puestos de trabajo.

1. En las relaciones de puestos de trabajo del Ministerio
de Economía y Hacienda y de los demás Ministerios y Organismos públicos
de la Administración General del Estado, se podrán adscribir puestos de
trabajo a las especialidades del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, de
acuerdo con lo que prevé la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público y las leyes que lo desarrollen.

2. La adscripción de puestos de trabajo a las
especialidades del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda reguladas en la
presente ley por cualquier Administración pública requerirá la previa
autorización del órgano competente del Ministerio de Economía y
Hacienda.

Cinco. Movilidad.

La movilidad derivada de los concursos de provisión de
puestos de trabajo de funcionarios del Cuerpo Superior Técnico de
Hacienda creado en este artículo, que tengan su destino en el Ministerio
de Economía y Hacienda y la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
se adaptarán al régimen general establecido para los funcionarios de la
Administración General del Estado.

Seis. Régimen de Seguridad Social.

Los funcionarios del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda
creado por esta ley quedan incluidos en el ámbito de aplicación del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios civiles del
Estado, en los términos previstos en los artículos 2 y 3 del Real Decreto
legislativo 4/2000, de 23 de junio, que lo regula.

Siete. Procesos selectivos para el ingreso en Cuerpo
Técnico de Hacienda, Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad y Cuerpo
Técnico de Gestión Catastral actualmente en curso.

1. Los procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo
Técnico de Hacienda, Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad y Cuerpo
Técnico de Gestión Catastral correspondientes a la oferta de empleo
público, que no hayan finalizado a la entrada en vigor de esta Ley, se
seguirán desarrollando de acuerdo con lo que prevean las bases de las
convocatorias, integrándose los funcionarios en las respectivas
especialidades, de acuerdo con lo previsto en el apartado dos. 1
anterior.

Los funcionarios que en aplicación de lo dispuesto en el
presente número ingresasen en los Cuerpos Técnicos podrán participar en
los procesos a que se refiere el número 6 del apartado dos.

Ocho. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Hacienda para que adopte las
medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta
disposición adicional.»

JUSTIFICACIÓN

La AEAT contaba a final de 2008 con una plantilla de 27.951
empleados agrupados en cuatro colectivos de funcionarios y uno de
personal laboral. El colectivo de 1.700 Inspectores de Hacienda, grupo
A1, concentra en sus manos la práctica totalidad de competencias
tributarias y aduaneras. Un 50 % del colectivo se dedica de forma
exclusiva a tareas directivas, lo que resta a muchos de estos
funcionarios de la gestión directa. Muchas de sus funciones técnicas han
sido realizadas en la práctica por 6.700 Técnicos y otros 129
funcionarios del subgrupo A2. Sin embargo, dichas competencias no están
atribuidas legalmente ni son recogidas en las Relaciones de Puestos de
Trabajo (RPT) para una amplia mayoría (80 %) de los Técnicos. La
plantilla se completa con otros 692 funcionarios del subgrupo A1 y otros
971 funcionarios del subgrupo A2 (principalmente SVA e Informáticos),
9.770 funcionarios del grupo C1, otros 5.905 del grupo C2 y 2.084 son
personal laboral.

La acumulación de la mayor parte de competencias técnicas y
directivas en tan escasos funcionarios (Inspectores) y la progresiva
limitación e indefinición de funciones a los Técnicos genera la
imposibilidad material de llevar a cabo con eficacia la gestión
legalmente encomendada. Este cuello de botella se ha reducido,
habitualmente, por la asunción de muchas de esas competencias por los
Cuerpos Técnicos, pese a hacerlo sin reconocimiento legal, retributivo y
emocional. Mediante mecanismos como la firma, manuscrita o digital, miles
de actuaciones administrativas aparecen suscritas por superiores
jerárquicos que no tienen posibilidad material de conocer los expedientes
ni intervenir directamente en el procedimiento de tramitación. El
problema que plantea esta forma de actuar es la posible ilegalidad de
miles de actos administrativos que son realizados por personal sin
competencia legal y pueden ser anulados por esta causa.

Alguna de estas disfunciones han sido reconocidas en el
clarificador Informe del Tribunal de Cuentas de Agosto de 2007 referido a
la Fiscalización de actuaciones de la AEAT de 2004, que pone claramente
de manifiesto «la escasez de medios personales y la desigual carga de
trabajo, la presencia casi inexistente en las oficinas analizadas de
funcionarios del Grupo A —Inspectores— y la minoritaria
presencia del Grupo B —Cuerpo Técnico— al cual se reservan
«las actuaciones de mayor complejidad y especial dificultad». Asimismo,
el Tribunal de Cuentas reconoce que «la práctica totalidad de
competencias atribuidas a los órganos de gestión tributaria, pueden ser
llevadas a cabo indistintamente por cualquiera de los funcionarios de
dichos órganos, no estando especificadas con detalle las funciones de
cada puesto en las Relaciones de Puestos de Trabajo».

Una cuestión similar acontece en la IGAE (Intervención
General de la Administración del Estado) en el control de las
subvenciones y ayudas públicas. Se incurre en gastos extraordinarios para
externalizar parte de los servicios de intervención y auditoría, cuando
se dispone de Técnicos, que pueden y lo han demostrado, llevarlos
perfectamente a cabo.

En absoluto contraste con la excesiva concentración de
competencias en un limitado número de funcionarios, existe un colectivo
numeroso, de 8.000 Técnicos, que son objeto del fenómeno contrario: el
vaciamiento e indefinición de funciones. Esta carencia de autonomía
funcional implica que una gran mayoría de Técnicos con suficiente
formación, mérito, capacidad y experiencia no puedan alcanzar un
potencial mayor de desempeño del trabajo por los corsés competenciales
impuestos. Esto produce en los Técnicos insatisfacción y frustración
profesional, que se traduce en pérdida de autoestima, desinterés y
pérdida de implicación hacia una organización que le exigió, al
reclutarle, una formación de ciclo universitario superior y un gran
esfuerzo de preparación, pero que no valora su trabajo real ni aprovecha
buena parte del potencial de desarrollo profesional de este
colectivo.

La ineficiente distribución de competencias, la
indefinición de funciones y la ausencia de un desarrollo profesional
visible, son responsables de que un porcentaje significativo de los 8.000
Técnicos que prestan sus servicios en la AEAT y el Ministerio de Economía
y Hacienda no puedan desarrollar toda la capacidad de trabajo que la
administración, hoy más que nunca, necesita imperiosamente. A ello se
suma que la AEAT dispone de una plantilla muy corta que ha crecido un
exiguo 5,8 % desde el año 1992 en que fue creada hasta 2007, entretanto
el PIB ha crecido un 170 % y las cargas de trabajo se han incrementado un
123 % (según datos de 2005, ya superados ampliamente) con un espectacular
incremento del censo de asalariados, empresas y profesionales que es
preciso controlar. El ratio actual de población/empleados en la AEAT es
de 1.680 contribuyentes por empleado, más del doble que el de países como
Alemania (690), Países Bajos (627) Francia (790), Reino Unido (810) y la
media de los países de la OCDE (667), lo que implica, al menos, el doble
de carga de trabajo.

Lo mismo puede predicarse de la IGAE, donde resulta obvio
que un número tan reducido de Interventores (no llegan a 300) no pueden
desarrollar las competencias asignadas (tareas de fiscalización previa en
Ministerios y sus Organismos dependientes —16 Ministerios y 72
Organismos-; asistencia a mesas de contratación; recepción de inversiones
de obras; realización de más de 2.000 auditorías y controles financieros
(en torno a 200 y 1.800 respectivamente); controles sobre subvenciones
nacionales (cerca de 250) y comunitarias (1.400 en 2005); gestión de la
contabilidad de los Ministerios; gestión, dirección y planificación de la
Contabilidad Pública; elaboración de la Cuenta General del Estado;
elaboración de la Contabilidad Nacional; emisión de diferentes tipos de
informes al Gobierno y al Congreso de los Diputados…). La mayor
parte de los interventores Territoriales asumen, además, la
responsabilidad de la Delegación de Economía y Hacienda correspondiente.
Ya se comprende que tan pocas manos no pueden realizar tanto trabajo. La
realidad es que los 1. 000 Técnicos de auditoría y contabilidad son
quienes ejercen, de hecho, la mayor parte de estas funciones, aunque no
se les reconoce, frente a lo que sucedía aproximadamente hace 10 años, en
que gran parte de los Técnicos asumían y firmaban las

auditorías, firmaban actuaciones de fiscalización, asistían
«oficialmente» a mesas de contratación, firmaban los controles sobre
subvenciones, etc.

Debido a estas disfunciones se desaprovechan recursos que
permitirían desarrollar una mayor capacidad de gestión en la AEAT y la
IGAE. Poder utilizar toda la capacidad potencial de la plantilla actual
de Técnicos es, en las actuales circunstancias, un ejercicio obligado de
responsabilidad de la Administración financiera del Estado, para
incrementar sustancialmente los ingresos fiscales y potenciar el control
del gasto y de las subvenciones y ayudas públicas.

Debido a las poderosas razones apuntadas resulta
imprescindible e inaplazable racionalizar la utilización de los recursos
humanos disponibles, mediante el reconocimiento profesional de los
Cuerpos Técnicos que potencie la capacidad organizativa y de gestión de
dichas instituciones en la búsqueda de superior eficacia y mejores
resultados.

A todo ello habría que sumar la bajísima tasa de reposición
existente para dotar de recursos humanos tanto a la AEAT como a la IGAE
para el desarrollo efectivo y eficiente de sus competencias.

En consecuencia con el análisis anterior, y a la vista de
lo establecido por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 36/2006, de
29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal (que
obliga, tanto al Ministerio de Economía y Hacienda como a la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, a articular las medidas
oportunas para asegurar la adecuación de la actividad desarrollada por
los funcionarios de los Cuerpos Técnicos de Hacienda, de Auditoría y
Contabilidad y de Gestión Catastral, en el desarrollo de las funciones
encomendadas al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Agencia
Tributaria) y de las resoluciones 4 y 19 de las aprobadas en el Debate
sobre el estado de la Nación del 2009, por las que se instaba al Gobierno
a proceder al desarrollo de la citada Disposición Adicional, se considera
oportuna y necesaria la inclusión de la presente Disposición Adicional en
esta Ley de Presupuestos Generales del Estado.

ENMIENDA NÚM. 32

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente
redacción:

«Disposición adicional (nueva). Programa de reformas en
materia tributaria.

En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta
Ley el Gobierno presentará a las Cortes Generales un programa de reformas
en materia tributaria orientadas a mejorar la suficiencia del sistema y a
potenciar su equidad y progresividad, que contará con las siguientes
líneas de actuación:

1. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas:

a) Recuperar el carácter sintético del tributo integrando
todos los rendimientos del contribuyente en una única base, con un
tratamiento diferencial exclusivamente para las ganancias patrimoniales
generadas en más de dos años.

b) Asegurar la progresividad de las tarifas ajustando la
amplitud de los tramos y con tipos más elevados para los contribuyentes
de mayor capacidad económica.

c) Limitar al máximo la determinación del rendimiento neto
en estimación objetiva, extendiendo la estimación directa como método
apropiado para calcular el rendimiento de las actividades económicas.

d) Suprimir la deducción por adquisición de vivienda
habitual y potenciar la deducción por alquiler de la misma.

e) Limitar la deducción por aportaciones a instrumentos
privados de previsión social complementaria a los sistemas de empleo a
través de la negociación colectiva, reducir el límite máximo de las
aportaciones y establecer que la deducción opere en la cuota del
tributo.

2. En el Impuesto sobre Sociedades elevar el tipo general
de gravamen al 35 % para bases imponibles superiores al millón de euros y
establecer que la suma de los beneficios fiscales que puede aplicar como
deducción una empresa no supere el 3 % de su cuota íntegra.

3. Recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio en los
términos y tipos vigentes hasta 2007 y elaborar un Impuesto Solidario
sobre las Grandes Fortunas que le sustituya.

4. Crear un Impuesto sobre Bienes Suntuarios aplicable a
los productos y servicios considerados de lujo y reducir los tipos del
IVA a determinados bienes y servicios de primera necesidad.

5. Crear un Impuesto sobre las Transacciones
Financieras.

6. Desarrollar la fiscalidad verde introduciendo criterios
ambientales en el sistema tributario mediante la aplicación de los
tributos que gravan la energía, la conversión de algunos tributos ya
existentes en medioambientales o mediante la creación de nuevas figuras
tributarias.»

JUSTIFICACIÓN

Las distintas reformas tributarias de carácter estructural
que han llevado a cabo en los últimos años los gobiernos del Estado
español han significado una pérdida importante de progresividad, equidad
y recaudación. Aprovechando el ciclo económico expansivo se produjo una
subasta de recortes en los tributos directos mermando el margen de
maniobra del conjunto del Estado para desarrollar políticas públicas que
mejorasen la protección social e impulsasen el cambio productivo. Fueron
rebajas inoportunas e innecesarias que luego, cuando la crisis explota,
pasan factura.

Además de perder recursos potenciales, las rebajas fueron
regresivas y ni siquiera se ha luchado con la intensidad necesaria contra
el fraude fiscal. Nuestro sistema tributario ha perdido progresividad y
equidad.

Así, por ejemplo, en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), las rentas salariales declaradas como media
superan cada vez en mayor cuantía a las rentas empresariales. Según los
datos estadísticos los empresarios y profesionales personas físicas
declaran ser mileuristas. Y si consideramos los tipos efectivos sobre la
renta, las personas con mayores ingresos no soportan en su justa medida
una mayor tributación, influyendo poderosamente y de forma negativa la
segregación de las rentas del capital de la tarifa general del
tributo.

En el Impuesto de Sociedades, las empresas tienen un tipo
efectivo menor cuanto mayor es la sociedad, por la posibilidad de acceder
a un mayor número de deducciones. Para las grandes empresas, el tipo
nominal del 30 % se traduce en un tipo efectivo del 19,5 %.

Y en lo que respecta al Impuesto sobre el Patrimonio,
primero se eliminó a efectos prácticos para luego recuperarlo
parcialmente y de forma temporal. Pese al discurso oficial, este impuesto
nunca pivotó sobre las clases medias, porque en realidad, el 80 % de la
recaudación lo aportaba el 20 % de contribuyentes cuya riqueza superaba
los 750.000 euros.

La economía española ha experimentado la recesión más
profunda de su historia reciente al igual que el resto de países
desarrollados, pero con las particularidades propias de un modelo de
crecimiento que ya daba signos de agotamiento después de años de excesos
especulativos y de acumulación de desequilibrios macroeconómicos. Y los
estímulos fiscales, tanto de carácter automático como discrecional, que
se pusieron en marcha seguramente evitaron que la crisis tuviese
repercusiones aún más negativas en términos productivos y de destrucción
de empleo, pero su contrapartida es un déficit público que ha alcanzado
un volumen relativamente importante y que, junto con otras medidas como
es el caso de las ayudas públicas al sistema financiero, han aumentado
nuestra deuda pública en circulación y la carga financiera del
Estado.

El problema ahora es que la estrategia de consolidación
fiscal en forma de severo ajuste presupuestario, por su intensidad y
plazos, es contraproducente en términos de demanda agregada y nos conduce
a una nueva recesión.

Lo sensato es mantener cierto estímulo público, que sólo
deberá perder intensidad cuando la economía retome la senda de la
recuperación, y asegurar la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas
con una lucha decidida contra el fraude fiscal y con una reforma fiscal
en profundidad.

La presión fiscal en nuestro país es notablemente inferior
a la media comunitaria. En el año 2010 fue del 31,5 % en España, 8,2
puntos porcentuales inferior a la UE-27 y 8,9 puntos por debajo de la
zona euro. Y en paralelo, el gasto total de las administraciones públicas
sobre el PIB es también muy inferior a esas medias. Gastamos en lo que se
conoce como estado del bienestar sólo el 74 % de lo que se gasta el
promedio de la UE-15.

ENMIENDA NÚM. 33

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la introducción de una nueva Disposición
Adicional del siguiente tenor.

«Disposición Adicional nueva. Contrato de Servicios con la
Agencia EFE.

El importe de la renovación del contrato de servicios con
la Agencia EFE para el año 2012 será equivalente a 43.484.850,00
euros.»

JUSTIFICACIÓN

La insuficiente dotación en los últimos años a través del
contrato de servicios con el Estado ha hecho que la primera agencia de
habla hispana y la cuarta en el orden internacional pierda soberanía
informativa en detrimento de la marca España.

EFE es un bien intangible que a través de la información
vende la marca España y dispone de más oficinas nacionales e
internacionales que cualquier otra empresa española.

Por estas razones la Agencia EFE debe ser considerada una
inversión al servicio del país, de sus empresas y de sus ciudadanos.

Con este aumento el recorte sufrido por la agencia en los
últimos años quedaría sin efecto para el próximo ejercicio
presupuestario.

ENMIENDA NÚM. 34

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente
redacción:

«Disposición adicional (nueva). Instituciones de Inversión
Colectiva.

En los dos meses siguientes desde la entrada en vigor de
esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley
para la modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva, que establezca en su artículo 32 un
límite máximo de participación en una sociedad

de inversión de capital variable, tomando como referencia
los límites del capital máximo fijado en sus respectivos estatutos.»

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda pretende evitar los notorios abusos de las
sociedades de inversión de capital variable, SICAV, controladas por
algunos patrimonios familiares, que cumpliendo los actuales requisitos
crean una institución de inversión colectiva, cuando en realidad son
auténticas instituciones de inversión privadas.

El fin principal de estos abusos es eludir la tributación
de las millonarias plusvalías y dividendos obtenidos, de forma que sus
partícipes no tienen necesidad de reintegrar su participación porque
controlan íntegramente el destino de las inversiones la SICAV familiar, y
jamás tributarán en el IRPF por la renta del ahorro diferida.

No parece justo ni equitativo que las personas que poseen
patrimonios mil millonarios no tributen en su Renta personal. Solo lo
hará la SICAV por el 1 % de sus beneficios.

Como el capital de las SICAV es variable, el porcentaje
máximo de participación en una SICAV podría estar situado entre el 2 % y
el 5 % del capital social máximo de la SICAV fijado en sus estatutos. De
esta manera se evita el control de la SICAV y el partícipe que quiera
invertir o adquirir algún bien, reembolsará su participación y tributará
por la renta del ahorro diferida, según la diferencia entre el valor
liquidativo y el valor de adquisición.

En caso de que una SICAV no respetara el nuevo porcentaje
máximo de participación, será una causa de descalificación como
institución de inversión colectiva.

ENMIENDA NÚM. 35

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la creación de una nueva Disposición Adicional
del siguiente tenor literal:

«Disposición Adicional (nueva). Convenio con la Junta de
Andalucía para la recuperación de la playa del Algarrobico.

El Gobierno en el plazo de tres meses desde la aprobación
de esta Ley iniciará los procedimientos correspondientes para desarrollar
el protocolo general de colaboración entre la Administración General del
Estado y la Administración Autonómica Andaluza con el objetivo de
recuperar la playa de El Algarrobico, en el término municipal de
Carboneras, Almería, así como establecerá una propuesta concreta, o
proyecto, con el correspondiente cálculo de costes, sobre la forma de
deshacer la edificación del hotel de Azata del Sol por ser contrario a la
ley de costas, recuperando el máximo de los materiales de construcción
utilizados en su día y programar la reutilización de dichos materiales
recuperados.»

JUSTIFICACIÓN

Cumplimiento de sentencia del Tribunal Supremo de
demolición del hotel referenciado por ser contrario a la ley de
costas.

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100

JUSTIFICACIÓN

El Impuesto de Transacciones Financieras es un instrumento
que cuenta con el apoyo del Consejo Europeo, diversos Gobiernos,
múltiples organizaciones sindicales y sociales como la Campaña ITFya y
líderes políticos, como el Presidente Rajoy.

Siendo deseable que se implemente en la mayor parte de los
países, para afectar a la especulación financiera, ante la contestación
de los centros financieros, paraísos fiscales y otros agentes
especulativos, es razonable que se implante allí donde haya voluntad
política.

Su capacidad recaudatoria es elevada. Por poner un ejemplo,
el cálculo del Consejo Europeo, muy restrictivo, reduciendo hechos
imponibles como el mercado de divisas, calcula que para los 27 países de
la UE serían 57.000 millones de euros anuales. Con otros criterios, el
cálculo alcanza los 200.000 millones. En todo caso, facilitaría la
trazabilidad del dinero y la lucha contra el fraude fiscal; es un acicate
contra la especulación; y se obtendrían unos ingresos de sectores que han
engendrado la crisis y la agravan, que coadyudarían a fortalecer la
provisión de bienes y servicios públicos.

ENMIENDA NÚM. 38

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Añadir una nueva Disposición Adicional con el siguiente
texto:

«Disposición Adicional (nueva). Plan Estratégico de
Recursos Humanos para la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos

En el término de seis meses a partir de la aprobación de
esta Ley, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, deberá presentar al Parlamento, un Plan
estratégico de Recursos Humanos para la Administración General del Estado
y sus Organismos Públicos, donde se establezca un diagnóstico de la
situación de dichos recursos, y se determinen las necesidades de personal
para cada Departamento y Organismo. Estas necesidades se articularán en
los citados Planes Estratégicos, que determinarían las plazas que podrían
cubrirse con los recursos existentes y las que deberán sacarse en las
Ofertas de empleo Público»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de solventar el problema del déficit de personal
en servicios básicos de la Administración General del Estado, manifestado
en anteriores enmiendas, para mejorar la calidad de los servicios
públicos.

ENMIENDA NÚM. 39

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir una nueva Disposición Adicional con el
siguiente texto:

«Disposición Adicional (nueva). Plan para la
racionalización de la contratación de asistencias técnicas y de servicios
en la Administración General del Estado

En el término de seis meses a partir de la aprobación de
esta Ley, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, deberá presentar al Parlamento, un Plan para
la racionalización de la contratación de asistencias técnicas y de
servicios en la Administración General del Estado, en el que se relacione
y analice las contrataciones que se realizan en cada Departamento u
Organismo Público, se valoren las que sean necesarias y las que deban ser
asumidas por empleados públicos, proponiendo los recursos humanos que
sean necesarios. En la relación de contratos existentes se hará constar
al menos, el nombre de la empresa contratada, la cuantía del contrato, la
actividad o servicio prestado y la justificación dada por la unidad
contratante.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de racionalizar las contrataciones de asistencias
técnicas y de servicios para evitar los casos injustificados,
posibilitando que las funciones y trabajos propios de la Administración
los realicen empleados públicos.

ENMIENDA NÚM. 40

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una Disposición Adicional Nueva con el siguiente
redactado:

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
elaborará un nuevo programa de Sanidad de la producción agrícola para
desbloquear la acumulación de expedientes en el Registro de productos
fitosanitarios, así como para aprovechar de forma eficaz y óptima las
nuevas acciones y medidas que permite la nueva regulación europea en
materia de fitosanitarios, y el Gobierno efectuará las remodelaciones
presupuestarias y de recursos humanos necesarias para atender dicho nuevo
programa de Sanidad de la producción agrícola. Tanto el nuevo programa,
como las remodelaciones presupuestarias y de recursos humanos estarán
operativos en un plazo no superior a 3 meses.

JUSTIFICACIÓN

La situación del registro de productos fitosanitarios del
Estado español es lamentable y supone una enorme pérdida de
competitividad para el sector agrario español, así como un coste añadido
incalculable para las explotaciones que se ven obligadas a desarrollar
una protección sanitaria con muchos más riesgos y costes, ya que no se
dispone de unos medios fitosanitarios actualizados. Mientras que en
países de la UE se tarda 2 años en registrar un nuevo producto, en el
Estado español llega a los 5 años de demora. Además hay que recordar que
dicho subprograma no incluye ninguna actuación para aprovechar el
conjunto de acciones y medidas de la nueva regulación europea en materia
de fitosanitarios para mejorar la competitividad de nuestras producciones
agrícolas, lo que aún situará a dichas producciones españolas en una
mayor inferioridad de condiciones respecto a nuestros competidores en el
mercado interior de la UE.

Página
103

jubilan o cesan en su actividad, sino a personas que
siguiendo su carrera docente tal y como establece la LOMLOU se encuentran
en estos momentos con contratos temporales de duración determinada.

La aplicación para este año 2012 de ambas regulaciones, el
sistema de contratación previsto en la LOU y el Real Decreto, conduce a
una situación dramática como la congelación de los concursos para la
promoción y estabilización de los PDI contratados no permanentes y por
tanto la no continuidad de aquellos cuyo contrato finalice en el presente
año.

Además de la pérdida de puestos de trabajo, la no
convocatoria de plazas de profesorado permanente, comportará de facto
perder la inversión en formación que el Estado ha realizado sobre estas
personas que durante 5 años se han dedicado en exclusiva a la docencia y
a la investigación, la fuga de capital humano y dificultará el relevo
generacional tan necesario en estas instituciones.

En definitiva, los hemos formado para ahora obligarlos a
irse.

ENMIENDA NÚM. 42

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional que queda
redactada como sigue:

Disposición Final (nueva). Para garantizar la dotación de
recursos humanos suficientes en la lucha contra el fraude.

Uno. Se elimina la letra e del apartado cinco del artículo
3 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del
déficit público.

Dos. Se añade un nuevo apartado siete al artículo 3 del
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del
déficit público con el siguiente redactado:

«Siete. Las Administraciones Públicas respecto de los
Cuerpos responsables del control y lucha contra el fraude fiscal y
laboral quedan excluidas de cualquier limitación de contratación de
personal para el año 2012 y los siguientes.»

JUSTIFICACIÓN

Si la lucha contra el fraude es una verdadera prioridad
política, es necesario dotar de recursos suficientes a los cuerpos de la
administración responsables del control y lucha contra el fraude. Por
cada euro invertido en lucha contra el fraude se recuperan 8, con lo que
esta inversión, además de ser un elemento de justicia social, repercutirá
con una reducción del déficit mediante el incremento de los ingresos.

ENMIENDA NÚM. 43

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición transitoria con la siguiente
redacción:

«Disposición transitoria (nueva). Ascensos en reserva.

Los comandantes y capitanes de la Escala a Extinguir de
Oficiales que a la entrada en vigor de la Ley 39/2007 se encontraban en
situación de activo y no fueron convocados al I Curso de adaptación para
su incorporación a la Escala de Oficiales, por pasar a la situación de
Reserva, con anterioridad al 1 de julio del año 2009, así como los
oficiales que hubieran obtenido el empleo de alférez de la Escala Media
de la Ley 17/1989 a partir del 1 de enero de 1990, fecha de entrada en
vigor de la misma y hubieran alcanzado el empleo de capitán de la Escala
de Oficiales de la Ley 17/1999 con anterioridad al 1 de enero de 2008,
fecha de entrada en vigor de la Ley 39/2007 de la Carrera Militar, que no
tengan limitación legal para ascender y cumplan diez años en dicho empleo
computando en su caso el tiempo en reserva, podrán obtener si reúnen esas
condiciones antes del 30 de junio del año 2019 y lo solicitan el empleo
de comandante o teniente coronel, que se les concederá en el momento del
pase a la reserva, con antigüedad, tiempo de servicios y efectos
económicos del 1 de julio siguiente a la fecha en la que reúnan las
condiciones.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de paliar la discriminación que supone respecto al
tratamiento dado al personal perjudicado en su régimen de ascensos por
los cambios legislativos. A las escalas auxiliares se les ha reconocido
el ascenso generalizado al máximo empleo previsto en su escala
(Comandante). La actual escala única de oficiales contempla esta medida
para los empleos de Teniente Coronel, Comandante y Capitán en condiciones
similares a la propuesta. Y las escalas de suboficiales tienen
garantizado el ascenso al empleo de teniente a su pase a la reserva.

El ascenso al empleo de comandante en algunos casos no
resarciría por completo el perjuicio ocasionado por la nueva Ley ya que
las expectativas reales para muchos de los miembros de esta escala era
llegar al empleo mayor de la misma, el de Teniente Coronel, ahora
inalcanzable por la drástica reducción de plantillas, accesos a cursos de
formación y a destinos para obtener la debida proyección profesional.

ENMIENDA NÚM. 44

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la creación de una nueva Disposición Transitoria
del siguiente tenor literal:

«Disposición Transitoria (nueva).

Los planes de pensiones de empleo o seguros colectivos en
los que las Administraciones, Entidades o Sociedades a las que se refiere
el artículo 22 de esta Ley actúen como promotores, que estuvieran en
vigor y autorizados con anterioridad al 1 de octubre de 2003 y cuyas
aportaciones por cuenta de los citados promotores superaran el porcentaje
del 0,3 por ciento de la masa salarial, podrán mantener la cuantía y
estructura de dicha aportación.

A dichos planes podrán incorporarse nuevos promotores, de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior y en el artículo 22.Tres
de esta Ley».

JUSTIFICACIÓN

Se recupera la redacción de esta materia presente en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2011, la cual fue objeto de
modificación a través del Real Decreto Ley 20/2011, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del
déficit público, cuya redacción se recoge en el actual Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado. El Real Decreto Ley 20/2011, eliminó
dicha Disposición Transitoria lo que supuso una reducción en la
retribución de los empleados y empleadas públicos y no la congelación
salarial pretendida por dicha norma.

El Acuerdo de la Mesa General de la Función Pública de
noviembre de 2002, posibilitó la creación de Sistemas de Empleo de
Previsión Social Complementaria para las personas que prestaban servicios
en Administraciones Públicas. Su efectividad, tras la promoción del Plan
de Pensiones de la Administración General del Estado, se concretó en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2004.

Con anterioridad a tal Acuerdo se habían venido negociando
Pactos, en el marco del sector público, que establecían obligaciones de
aportación a Planes de Pensiones de Empleo o a Seguros Colectivos a favor
de los trabajadores y trabajadoras de ese sector, en cuantía, en
ocasiones, superior al porcentaje establecido desde 2004 en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado. Esas aportaciones, en general
provenían de la transformación de fondos de acción social o de la
exteriorización de compromisos por pensiones.

El mantenimiento y viabilidad de dichos sistemas anteriores
también fue previsto en las negociaciones para poner en marcha el Plan de
Pensiones de la Administración General del Estado, lo que dio como
resultado la introducción, con carácter permanente, de una Disposición
Transitoria de salvaguarda en las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado.

ENMIENDA NÚM. 45

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la introducción de una nueva Disposición
Transitoria del siguiente tenor literal:

«Disposición Transitoria (nueva).

«Los planes de pensiones de empleo o seguros colectivos en
los que las Administraciones, Entidades o Sociedades a las que se refiere
el artículo 22 de esta Ley, actúen como promotores, que estuvieran en
vigor y autorizados con anterioridad al 1 de octubre de 2003, podrán
mantener la cuantía y estructura de su respectiva aportación, a excepción
de la correspondiente al ejercicio 2012 destinada la contingencia de
jubilación.

A dichos planes podrán incorporarse nuevos promotores, de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior y en el artículo 22.Tres
de esta Ley».

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta disposición se recupera la posibilidad de
realizar aportaciones para la cobertura de las contingencias de riesgos a
los planes de pensiones de empleo aprobados y en vigor antes del 1 de
octubre de 2003, así como las aportaciones destinadas a la amortización
de planes de reequilibrio o de financiación, los cuales constituyen el
pago de cuantías correspondientes a servicios pasados reconocidos a los
trabajadores y trabajadoras en el momento de la puesta en marcha del plan
de pensiones o contrato

de seguro con anterioridad al 1 de octubre de 2003,
derivados de los periodos de actividad previos a la formalización del
instrumento de previsión social complementaria, siendo tales servicios
pasados, por tanto, deuda reconocida que debe ser amortizada.

Con ello se solventan los problemas de interpretación
generados por la deficitaria redacción contenida en el Real Decreto Ley
20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público, mantenida en la
redacción del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2012.

El Acuerdo de la Mesa General de la Función Pública de
noviembre de 2002, posibilitó la creación de Sistemas de Empleo de
Previsión Social Complementaria para las personas que prestaban servicios
en Administraciones Públicas. Su efectividad, tras la promoción del Plan
de Pensiones de la Administración General del Estado, se concretó en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2004.

Con anterioridad a tal Acuerdo se habían venido negociando
Pactos, en el marco del sector público, que establecían obligaciones de
aportación a Planes de Pensiones de Empleo o a Seguros Colectivos a favor
de los trabajadores y trabajadoras de ese sector, en cuantía, en
ocasiones, superior al porcentaje establecido desde 2004 en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado. Esas aportaciones, en general
provenían de la transformación de fondos de acción social o de la
exteriorización de compromisos por pensiones. El mantenimiento y
viabilidad de dichos sistemas anteriores también fue previsto en las
negociaciones para poner en marcha el Plan de Pensiones de la
Administración General del Estado, lo que dio como resultado la
introducción, con carácter permanente, de una Disposición Transitoria de
salvaguarda en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

ENMIENDA NÚM. 46

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición derogatoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición derogatoria con la siguiente
redacción:

«Disposición derogatoria (nueva). Derogación de la
disposición adicional segunda de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria.

Queda derogada la disposición adicional segunda de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por la que se
autoriza a la Intervención General de la Administración del Estado a
recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría para la
ejecución de su Plan Anual de Auditorías.»

JUSTIFICACIÓN

La contratación con empresas privadas de auditoría, para la
ejecución del Plan anual de auditorías de la Intervención General de la
Administración del Estado, ha pasado a ser una práctica habitual del
Ministerio de Economía y Hacienda en los últimos años.

En la actualidad la mayoría de las empresas y entidades
públicas, especialmente aquellas con un volumen de negocio o complejidad
elevados, son auditadas por empresas privadas, de forma que se puede
decir que la práctica totalidad del sector público empresarial y las
subvenciones nacionales y comunitarias son controlados mediante auditoría
por empresas privadas.

Esta práctica no se basa en una insuficiencia real de
personal técnico o de medios disponibles, dado que la IGAE cuenta con una
plantilla de cerca de 1.000 Técnicos de Auditoría y Contabilidad, a
quienes en los últimos tiempos se ha venido apartando de las
responsabilidades que, desde hace años, venían asumiendo y ejerciendo en
materia de auditoría pública.

La incongruencia de estar contratando empresas privadas de
auditoría para ejecutar el Plan anual de auditorías se hace evidente
cuando el sector público estatal ha disminuido de forma considerable por
la descentralización administrativa y las plantillas de la Intervención
General de la Administración del Estado permanecen relativamente
estables.

Dicha situación supone una clara muestra de falta de
eficiencia en el aprovechamiento de los recursos humanos de los que
dispone la Intervención General de la Administración del Estado, que debe
ser corregida mediante la eliminación de la posibilidad de contratar con
empresas privadas de auditoría, con el consiguiente ahorro del importante
gasto anual que ello conlleva.

ENMIENDA NÚM. 47

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final décima cuarta.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición final décima cuarta que queda
redactada como sigue:

Disposición Final décima cuarta. Modificación del Real
Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito
fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la
creación de empleo.

Uno. Con efectos de 1 de enero de 2012 y con vigencia hasta
31 de diciembre de 2013, se modifica lo dispuesto en el artículo 15 del
Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito
fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la
creación de empleo, que quedará redactado de la siguiente manera:

«Con el fin de reforzar la atención a las personas
demandantes de empleo y a las empresas que ofertan empleo, se aprueba la
medida consistente en la incorporación de 1.500 personas como promotoras
de empleo, que realizarán su actividad en las oficinas de empleo de los
Servicios Públicos de Empleo hasta el 31 de diciembre de 2013. Esta
medida será de aplicación en todo el territorio del Estado y su gestión
se realizará por las Comunidades Autónomas con competencias
estatutariamente asumidas en el ámbito del trabajo, el empleo y la
formación y por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito de sus
respectivas competencias. Respecto de la gestión por las Comunidades
Autónomas de esta medida, los créditos correspondientes se distribuirán
territorialmente entre dichas administraciones, de conformidad con lo
establecido en la normativa estatal.»

Dos. Con efectos de 1 de enero de 2012 y con vigencia hasta
31 de diciembre de 2013, se modifica lo dispuesto en el artículo 16 del
Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito
fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la
creación de empleo, que quedará redactado de la siguiente manera:

«El artículo 13 de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, queda redactado
en los siguientes términos:

Artículo: 13. Servicios Públicos de Empleo.

Se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2013, el Plan
Extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e
inserción laboral, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de
abril de 2008, referida exclusivamente a la medida consistente en la
contratación de 1.500 orientadores para el reforzamiento de la red de
oficinas de empleo y que fue prorrogado por dos años, respecto a esta
medida, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 2009,
según la habilitación conferida por la disposición final primera del Real
Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el
mantenimiento y el fomento del empleo y protección de las personas
desempleadas. Esta medida será de

aplicación en todo el territorio del Estado y su gestión se
realizará por las Comunidades Autónomas con competencias estatutariamente
asumidas en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación y por el
Servicio Público de Empleo Estatal.

Respecto de la gestión por las Comunidades Autónomas de
esta medida, los créditos correspondientes se distribuirán
territorialmente entre dichas administraciones, de conformidad con lo
establecido en la normativa estatal.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone prorrogar durante todo el año 2012 y el 2013 el
«Plan extraordinario orientación, formación profesional e inserción
laboral para hacer frente al incremento del paro registrado». En los
presupuestos para el 2012 se prevé la prorroga hasta finales del
ejercicio la medida consistente en la contratación de 1.500 orientadores
para el refuerzo de las oficinas de empleo incluida en el Plan
Extraordinario, tal y como establece el RD 13-2010. Pero no es el caso de
las 1.500 personas incorporadas como promotoras de empleo, ya que se
prevé que finalicen su actividad el 30 de junio de 2012.

En el Estado Español, el país con más paro de toda la UE,
hay un trabajador del Servicio Público de Empleo por cada 189 personas
desempleadas; cifra alarmantemente baja si se compara con el trabajador
público por cada 12 desempleados de Francia o el trabajador público por
cada 50 personas desempleadas que destina de media la UE-27.

Sin duda, la eliminación de estas 1.500 plazas de
promotores en junio y de otras 1.500 en diciembre, ahondan en este
desequilibrio, una cantidad menor de personal en el Servicio Público de
Empleo supone que no pueda ser un actor real de intermediación en el
mercado laboral, perjudicando a la empleabilidad de las personas
desocupadas.

ENMIENDA NÚM. 48

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final décima octava.

ENMIENDA

De modificación.

La Disposición Final Décima octava quedará redactada de la
siguiente manera:

Décima octava. Modificación del Real Decreto-ley 20/2011,
de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

Con efectos de la entrada en vigor de esta Ley y vigencia
indefinida la Disposición adicional decimotercera del Real Decreto-ley
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit
público, queda redactada como sigue:

(resto igual)

Dos. (Se suprime)

JUSTIFICACIÓN

El «apartado Dos del Artículo 14» del «Real Decreto-Ley
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para
la reducción del déficit público», estableció para las Entidades Locales
y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones
Públicas, a partir de la entrada en vigor de dicha norma y hasta el 31 de
diciembre de 2011, la prohibición de acudir al crédito público o privado
a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de
sus inversiones,

ni sustituir total o parcialmente operaciones prexistentes,
a excepción de aquellas que en términos de valor actual neto resultasen
beneficiosas para la entidad por disminuir la carga financiera, el plazo
de amortización o ambos.

Posteriormente la «Disposición Final Decimoquinta» de la
«Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2011» modificó el anterior precepto en los términos
siguientes:

Se modifica el apartado Dos del artículo 14 del Real
Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público, que queda
redactado de la siguiente manera:

«Dos. En el ejercicio económico 2011, las entidades locales
y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones
Públicas que liquiden el ejercicio 2010 con ahorro neto positivo,
calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de
crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el
volumen total del capital vivo no exceda del 75 por 100 de los ingresos
corrientes liquidados o devengados, según las cifras deducidas de los
estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa
de Estabilidad Presupuestaria.

A efectos del cálculo del capital vivo se tendrán en cuenta
todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2010, incluido el
riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, en los saldos de
operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación u
operaciones proyectadas en 2011. Las entidades que no cumplan los
requisitos anteriores no podrán concertar en 2011 operaciones de crédito
a largo plazo.

En virtud de sus respectivos regímenes forales, la
aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral
de Navarra de la norma contenida en este apartado se entenderá sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco y según lo establecido en el artículo
64 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral
de Navarra, conforme a lo dispuesto en el Convenio Económico entre el
Estado y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente.»

El resto de apartados permanece con la misma redacción.

Posteriormente la «Disposición Adicional Decimocuarta» del
«Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del
déficit público», prorroga para 2012 el apartado Dos del artículo 14 del
RDL 8/2010, en la redacción dada por la Disposición Final decimoquinta de
la LPGE para 2011, con la actualización de las referencias temporales que
en tal disposición se detallan; concretamente:

Para la determinación del ahorro neto y de los ingresos
corrientes a efectos de calcular el nivel de endeudamiento, en los
términos del precepto citado en el párrafo anterior y del artículo 53 del
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se tendrán en cuenta
la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 y, en su caso, las
cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción a
aquella norma y a la de estabilidad presupuestaria.

A efectos del cálculo del capital vivo se considerarán
todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2011, incluido el
riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, en los saldos de
operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación
proyectada o proyectadas en 2012.

Finalmente y mediante la «Disposición Final Décima octava»
del «Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012», con
efectos a la entrada en vigor de la Ley y vigencia indefinida, se
introduce en el «apartado Dos», la modificación de la anterior
«Disposición Adicional Decimocuarta», quedando redactada en los
siguientes términos:

«Se prorroga para el año 2012, el apartado Dos del artículo
14 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en la
redacción dada por la disposición final decimoquinta de la ley 39/2010,
de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011, con las actualizaciones de las referencias temporales que, a
continuación, se detallan.

Para la determinación del ahorro neto y de los ingresos
corrientes a efectos de calcular el nivel de endeudamiento, en los
términos del precepto citado en el párrafo anterior y del artículo 53 del
Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se tendrán en cuenta
la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 y, en su caso, las
cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción a
aquella norma y a la de estabilidad presupuestaria, descontando, en todo
caso, en el cálculo del ahorro neto y en el del nivel de endeudamiento,
el efecto que, en ambos casos, pueda tener el importe de los ingresos
afectados.

A efectos del cálculo del capital vivo se considerarán
todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2011, incluido el
riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, en los saldos de
operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación
proyectada o proyectadas en 2012.»

Como se observa, lo que se estableció como una medida de
carácter coyuntural para 2010 y 2011, prorrogado para 2012, se pretende
ahora transformarla en indefinida lo cual contradice el espíritu por el
que fue creada lo que supone además una modificación «sine die» del
«statu quo» de las Haciendas Locales.

Por este motivo y dada la excepcionalidad de la situación
económica actual se considera más razonable continuar prorrogando la
medida con los ajustes técnicos que se consideren oportunos y previo
informe de la Comisión Nacional de la Administración Local.

Por todo lo anterior y considerando que mediante RDL
20/2011 ya existe cobertura para 2012, se propone la supresión de dicho
apartado «Dos».

ENMIENDA NÚM. 49

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la creación de una Disposición Final del
siguiente tenor literal.

Disposición Final (nueva)

Se modifica el apartado 1) de la Disposición Adicional
Quinta de la Ley 30/2007 de contratos del sector público, que quedará
redactada de la siguiente forma:

«Disposición Adicional Quinta. Límites a la contratación
con empresas de trabajo temporal.

1) No podrán celebrarse contratos de servicios con empresas
de trabajo temporal salvo cuando se precise la puesta a disposición de
personal con carácter eventual para la realización de encuestas de
opinión y servicios análogos relacionados con esta.»

JUSTIFICACIÓN

La Ley 14/1994 supuso la incorporación al ordenamiento
jurídico español de las ETT’s cuya actuación se había extendido en
otros países de nuestro entorno europeo. A partir de este momento, la
actividad de reclutamiento de trabajadores y trabajadoras con el fin de
cederlos temporalmente a otras empresas, hasta ese momento prohibida en
nuestro país, se legaliza.

La Ley de Contratos del Sector Público de 2007 establecía
en el nº 1 de su Disposición Adicional 5ª lo siguiente:

1) No podrán celebrarse contratos de servicios con empresas
de trabajo temporal salvo cuando se precise la puesta a disposición de
personal con carácter eventual para la realización de encuestas, toma de
datos y servicios análogos.

Estas limitaciones desaparecen con la Ley 35/2010, de
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, que siguió a la
reforma laboral aprobada por el Gobierno del PSOE, aprobada por RD Ley
10/2010.

La modificación con respecto a las ETT y las
Administraciones Públicas es consecuencia de la Directiva 2008/104/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al trabajo a través de las ETT
que va en consonancia con el Convenio sobre las agencias de empleo
privadas de 1997 nº 181 de la OIT, ratificado por España en 1999.

En la actualidad queda pendiente el compromiso o mandato
especificado en la Ley 35/2010, que requiere al Gobierno para que
establezca los criterios funcionales de aplicación de limitaciones o
prohibiciones que puedan ser establecidas en el ámbito de las AAPP «por
razones de interés general», relativas a las «exigencias en materia de
salud y seguridad en el trabajo», y «la necesidad de garantizar el buen
funcionamiento del mercado de trabajo y evitar posibles abusos», según
especifica la Directiva 2008/104/CE.

Hay que procurar que ciertos datos no puedan caer en manos
de empresas privadas.

ENMIENDA NÚM. 50

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Modificación de la Ley 40/2007, 4 de diciembre, de medidas
en materia de Seguridad Social

Se añade una nueva Disposición Adicional con el siguiente
texto:

«Edad de jubilación del colectivo de funcionarios miembros
de las policías autonómicas integrales.

El Gobierno presentará en el menor plazo posible a la
Comisión no Permanente de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo
del Congreso de los Diputados, previo su análisis por la Comisión de
Seguimiento del Acuerdo de medidas en materia de Seguridad Social, una
propuesta sobre las medidas a adoptar para dar cumplimiento a las
iniciativas parlamentarias aprobadas por la Cámara, en relación con la
reducción de la edad de acceso a la pensión de jubilación por parte del
colectivo de los funcionarios miembros de las policías autonómicas
integrales equiparándose a la edad de acceso a la pensión de jubilación
de los funcionarios miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado».

JUSTIFICACIÓN

Dar cumplimiento a la disposición adicional específica
aprobada en el marco de la Ley de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2002 en relación a la jubilación
de los funcionarios de los cuerpos de policía de las comunidades
autónomas y asimismo la resolución aprobada el 6 de junio de 2006 por el
Congreso de los Diputados se instaba al Gobierno a que acometa las
reformas legislativas necesarias para conseguir la reducción de la edad
de jubilación de los funcionarios de las policías autonómicas
integrales.

ENMIENDA NÚM. 51

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición final con la siguiente
redacción:

«Disposición final (nueva). Modificación de la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley y
vigencia indefinida, se añade un nuevo apartado cuatro en la Disposición
adicional decimotercera de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, con la siguiente
redacción:

Cuatro. Será incompatible la percepción de la pensión
indemnizatoria a que hace referencia la norma primera del número 5 del
artículo 10 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1981, con cualesquiera otras percepciones que
tengan naturaleza salarial o las derivadas del ejercicio de Diputado o
Senador.»

JUSTIFICACIÓN

Establecer la incompatibilidad de las pensiones
indemnizatorias de ex ministros del Gobierno y asimilados con
percepciones de naturaleza salarial o retribuciones por Diputado o
Senador.

ENMIENDA NÚM. 52

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva Disposición final que queda redactada en
los siguientes términos:

«Nueve bis (nuevo) Se añade una nueva disposición adicional
al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con la
siguiente redacción:

«Disposición adicional cuadragésima bis. Coeficientes
reductores de la edad de jubilación de los miembros de los Cuerpos de
Policía Local, Cuerpo de la Policía Foral de Navarra, Cuerpo de Mossos
d’Esquadra y Cuerpo General de la Policía de Canarias.

1. La edad ordinaria de 65 años exigida para el acceso a la
pensión de jubilación se reducirá en un período equivalente al que
resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años completos
efectivamente trabajados como miembros de los Cuerpos de las Policías
Autonómicas y Locales o como integrantes de los colectivos que quedaron
incluidos en los mismos.

La aplicación de la reducción de la edad de jubilación
prevista en el párrafo anterior en ningún caso dará ocasión a que el
interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior
a los 60 años, o la de 59 años en los supuestos en que se acrediten 35 o
más años de actividad efectiva y cotización en los Cuerpos o en los
colectivos que quedaron incluidos en los mismos, sin cómputo de la parte
proporcional correspondiente por pagas extraordinarias, por el ejercicio
de la actividad a que se refiere el párrafo anterior.

2. El período de tiempo en que resulte reducida la edad de
jubilación del trabajador, de acuerdo con lo establecido en el apartado
anterior, se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el
porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular
el importe de la pensión de jubilación.

Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de
cotización, del tiempo en que resulte reducida aquélla serán de
aplicación a los miembros de los Cuerpos que hayan permanecido en
situación de alta por dicha actividad hasta la fecha en que se produzca
el hecho causante de la pensión de jubilación.

Asimismo, mantendrán el derecho a estos mismos beneficios
quienes habiendo alcanzado la edad de acceso a la jubilación que en cada
caso resulte de la aplicación de lo establecido en el apartado 1 de esta
disposición adicional cesen en su actividad como miembros de dichos
Cuerpos pero permanezcan en alta por razón del desempeño de una actividad
laboral diferente, cualquiera que sea el régimen de la Seguridad Social
en el que por razón de ésta queden encuadrados.

3. En relación con los colectivos a los que se refiere esta
disposición adicional procederá aplicar un tipo de cotización adicional
sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la
empresa como para el trabajador.

4. Durante el año 2011 dicho tipo de cotización adicional
será el mismo que se aplique tanto al colectivo de la Ertzaintza, como al
Gobierno Vasco

5. Estos tipos de cotización se ajustarán en los años
siguientes a la situación del colectivo de activos y pasivos.

JUSTIFICACIÓN

Reparar la desigualdad y discriminación existente entre los
colectivos que conforman los Cuerpos de Policías Autonómicos y Locales, a
los que se excluyó de la aplicación de la medida objeto del acuerdo
PSOE-PNV con motivo de la tramitación de los Presupuestos Generales del
Estado para 2010.

ENMIENDA NÚM. 53

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva Disposición final con la siguiente
redacción:

«Disposición final (nueva). Se añade una nueva letra en el
apartado 1 del artículo 32 en el texto refundido de la Ley de Clases
Pasivas del Estado, que queda con la siguiente redacción:

En los casos de orfandad simple:

Si el huérfano no trabaja o sus ingreso son inferiores al
SMI, el limite de los 25 años será aplicable a partir de 01-01-2014.
Hasta dicha fecha, el limite será: durante el año 2012, 23 años; y,
durante 2013, de 24 años.

Si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera los
25 años durante el transcurso escolar, la percepción de la pensión de
orfandad se mantendrá hasta el día primero del mes inmediatamente
posterior al inicio del siguiente curso académico.

JUSTIFICACIÓN

Aplicar a huérfanos del Régimen de Clases Pasivas del
Estado lo establecido en la Ley 27/2011, de 1 de agosto sobre
actualización y modernización del Sistema de Seguridad Social, dando una
nueva redacción al articulo 175.1 2 de la DT 6º bis LGSS.

En la actualidad se viene dando un trato discriminatorio
hacia los huérfanos acogidos al Régimen de Clases Pasivas del Estado
respecto a los huérfanos de la Seguridad Social, ya que a aquéllas no se
les han reconocido por ley.

Página
115

La imposibilidad de captar empresas que esponsoricen o
patrocinen las actividades aprobadas, reduciendo la búsqueda de fondos de
empresas privadas a la figura de la donación, está limitando de forma
grande las posibilidades de financiación privada de la conmemoración.

De otra parte, la duración del programa de apoyo a la
Conmemoración del Milenio de la Fundación del Reino de Granada
establecida en el punto dos de la DA quincuagésima novena de la Ley
26/2009, estableció la finalización del plazo de éste el 1 de julio de
2013. Como quiera que el acontecimiento se desarrolla a lo largo de todo
el año 2013, quedaría medio año sin la cobertura del citado programa de
apoyo.

ENMIENDA NÚM. 55

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la añadir una nueva Disposición Final del
siguiente tenor literal:

«Disposición Final (nueva). Modificación del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Con efectos de la entrada en vigor de esta ley y vigencia
indefinida se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Uno. El Artículo 100.1. del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, queda redactado como sigue:

«1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la
realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción,
instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o
estén sujetas a comunicación previa o declaración responsable, siempre
que la expedición o la intervención de la actividad corresponda al
ayuntamiento de la imposición.»

Dos. El Artículo 100.2. primer párrafo del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda redactado
como sigue:

«2. En el supuesto de que la construcción, instalación u
obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la
condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes
soliciten las licencias o presenten las comunicaciones previas o las
declaraciones responsables o quienes realicen las construcciones,
instalaciones u obras.»

Tres. El Artículo 103.1. primer párrafo del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda redactado
como sigue:

«1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente
la comunicación previa o la declaración responsable o cuando, no
habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquélla o presentado
éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una
liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible»

JUSTIFICACIÓN

El «Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales» la modificación de la «letra i) del artículo 20.4», se refiere
al otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos así como a
la realización de la actividad de verificación para precisamente esas
actividades no sujetas a autorización o control previo a las que hace
referencia una de las dos modificaciones de la Ley de Bases.

Se habilita por tanto la posibilidad de cobrar tasas por
actividad de verificación para actividades no sujetas a autorización o
control previo, por lo que parece garantizada la seguridad jurídica de
que la actividad administrativa necesaria para comprobar el cumplimiento
de los requisitos exigidos a las actividades realizadas en régimen de
comunicación, puede constituir hecho imponible de una tasa por
realización de actividades administrativas de competencia local que se
refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos
pasivos.

Por consiguiente, una previsión similar a la establecida en
la «letra i) del artículo 20.4» introducida mediante la Ley 2/2011, de 4
de marzo, de Economía Sostenible, debería hacerse respecto del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ampliando su hecho
imponible a las obras que no estando sometidas a licencia lo estén a
declaración responsable o a comunicación previa. Asimismo y en
concordancia con la modificación del artículo se propone la modificación
del artículo 101.2, primer párrafo y 103.1, primer párrafo.

ENMIENDA NÚM. 56

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Anexo VI.

ENMIENDA

De modificación.

El Anexo VI queda redactado en los siguientes términos:

«ANEXO VI

Costes de personal de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED)

Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley, el
coste del personal docente (funcionario y contratado) y del personal de
administración y servicios (funcionario y laboral fijo) tiene el
siguiente detalle, en miles de euros, sin incluir trienios ni Seguridad
Social.

JUSTIFICACIÓN

Se propone aumentar el techo de gasto para el personal de
administración y servicios de la UNED por valor de 2.340 miles de euros.
Esto no implica un incremento de gasto del capítulo I, sino un aumento de
la cuantía máxima autorizada para la UNED en gastos de personal por el
incremento de las matriculaciones en los últimos años acompañado de una
estabilización de las plantillas del personal de administración y
servicios.

La UNED, además de un plan interno de ajuste presupuestario
a tres años, está planteando la necesidad de ajustar al alza el techo de
la plantilla de personal de administración y servicios apelando a:

a) Los menores efectos en la UNED de la aplicación del RDL
8/2010 por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción
del déficit público, debido a su estructura de plantilla y la reducción
de costes que supone.

b) La incorporación de personal laboral temporal a la
plantilla del personal de administración y servicios laboral fijo
mediante la incorporación entre 2008 y 2011 de 91 efectivos, lo que
también supone una reducción de costes.

ENMIENDA NÚM. 57

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 13. Ministerio de
Justicia.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles de euros)

Sección: 13

Servicio: 02

Programa: 112A

Artículo:62

Superproyecto: 2007 13 02 0019

Proyecto:

Provincia:

Denominación: Ibiza, Nuevo edificio de los juzgados de
Ibiza

Dotación 2012 adicional: 500,00

BAJA (miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 921M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012: 500,00

JUSTIFICACIÓN

El nuevo edificio de los juzgados de Ibiza es un proyecto
necesario para la Isla de Ibiza y se ha de contemplar con carácter
plurianual. El nuevo juzgado de Ibiza está reconocido unánimemente como
la infraestructura más necesaria dentro de la modernización necesaria de
la justicia. El carácter insular y los problemas que genera a la hora de
articular servicios coordinados, hace necesario un esfuerzo en
inversiones de infraestructuras.

Les Illes Balears, por su carácter insular, han padecido un
abandono en la modernización de la Justicia, siendo a día de hoy una de
las zonas con menos recursos del Estado Español.

Página
119

Servicio: 40, Dirección General de Ferrocarriles

Programa: 453A, Infraestructura del transporte
ferroviario

Artículo: 60

Superproyecto: 1995 17 39 0610, Cercanías de Madrid

Proyecto: Nuevo

Provincia: Madrid

Denominación: Ampliación de la C-4 hasta Torrejón de la
Calzada y Torrejón de Velasco.

Dotación 2012 adicional: 1.000 miles de euros

BAJA (miles ¤)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 a minorar: – 1.000 miles de euros

MOTIVACIÓN

Necesidad de la inversión ante la falta de una red de
transporte público eficaz que ya ha sido contemplada en anteriores
presupuestos.

ENMIENDA NÚM. 60

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles ¤)

Sección: 17, Ministerio de Fomento

Servicio: 40, Dirección General de Ferrocarriles

Programa: 453A, Infraestructura del transporte
ferroviario

Artículo: 60

Superproyecto: 1995 17 39 0610, Cercanías de Madrid

Proyecto: Nuevo

Provincia: Madrid

Denominación: Cierre de la C-5 y conexión con la C-4.

Dotación 2012 adicional: 1.000 miles de euros

BAJA (miles ¤)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 a minorar: – 1.000 miles de euros

MOTIVACIÓN

Necesidad de la inversión ante la falta de una red de
transporte público eficaz que ya ha sido contemplada en anteriores
presupuestos.

ENMIENDA NÚM. 61

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles ¤)

Sección: 17, Ministerio de Fomento

Servicio: 40, Dirección General de Ferrocarriles

Programa: 453A, Infraestructura del transporte
ferroviario

Artículo: 60

Superproyecto: 1995 17 39 0610, Cercanías de Madrid

Proyecto: Nuevo

Provincia: Madrid

Denominación: Desdoblamiento de la línea C4 a las zonas de
PAU 4 Parla Este y Hospital del Sur.

Dotación 2012 adicional: 1.000 miles de euros

BAJA (miles ¤)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 a minorar: – 1.000 miles de euros

MOTIVACIÓN

Necesidad de la inversión ante la falta de una red de
transporte público eficaz.

ENMIENDA NÚM. 62

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

Página
122

JUSTIFICACIÓN

En fase de construcción de la denominada carretera «Y» de
Bimenes a su paso por el valle de La Hueria de Carrocera, en el concejo
de San Martín del Rey Aurelio, no existe una previsión en el proyecto en
curso de ejecución para dotar esa localidad de unos accesos en la parte
alta del valle.

En caso contrario, es decir, si prescindiese de los mismos,
y del consiguiente enlace con aquélla vía, esa infraestructura quedaría
incompleta, aislando una localidad relevante de esa zona.

Resulta por todo ello de interés para su desarrollo y
dinamización, gravemente afectados por el desmantelamiento de la minería,
completar esa actuación con unos accesos, favoreciendo el desarrollo de
esta zona como compensación al impacto ambiental y paisajístico que esta
obra representa.

ENMIENDA NÚM. 64

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles de euros)

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO

Servicio: 38 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Programa: 453B Creación de Infraestructura de
carreteras

Artículo: 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados
al uso general

Proyec. Superproyec.: Nuevo

Comunidad Autónoma: 05 ASTURIAS

DENOMINACIÓN: CREACIÓN DE ACCESOS Y ENLANCE EN LA PARTE
ALTA DEL VALLE DE LA HUERIA DE CARROCERA CON LA DENOMINADA «Y» DE
BIMENES

Dotación 2012 adicional (en miles de euros): 8.000,00

BAJA (miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 (en miles de euros): – 8.000,00

JUSTIFICACIÓN

En fase de construcción de la denominada carretera «Y» de
Bimenes a su paso por el valle de La Hueria de Carrocera, en el concejo
de San Martín del Rey Aurelio, no existe una previsión en el proyecto en
curso de ejecución para dotar esa localidad de unos accesos en la parte
alta del valle.

En caso contrario, es decir, si prescindiese de los mismos,
y del consiguiente enlace con aquélla vía, esa infraestructura quedaría
incompleta, aislando una localidad relevante de esa zona.

Resulta por todo ello de interés para su desarrollo y
dinamización, gravemente afectados por el desmantelamiento de la minería,
completar esa actuación con unos accesos, favoreciendo el desarrollo de
esta zona como compensación al impacto ambiental y paisajístico que esta
obra representa.

Página
124

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles de euros)

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO

Servicio: 40 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

Programa: 453A Infraestructura del transporte
ferroviario

Artículo: 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados
al uso general

Proyec. Superproyec.: Nuevo

Comunidad Autónoma: 05 ASTURIAS

Denominación: NUEVA CENTRALIDAD, MODIFICACIÓN DE LA
ESTACIÓN DE RENFE Y FEVE

Dotación 2012 adicional (en miles de euros): 6.000,00

BAJA (miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 (en miles de euros): – 6.000,00

MOTIVACIÓN

La ciudad de Avilés y su comarca, tras lustros de padecer
las consecuencias y rigores propios del declive del sector siderúrgico,
se encuentra en la actualidad impulsando varios proyectos que representan
una oportunidad única de renovación urbana, económica y, por ende, de
reactivación social de su comarca.

La ejecución del Centro Cultural Niemeyer, ya una realidad,
y la nueva centralidad que se pretende generar con la actuación
denominada Isla de la Innovación, poseen un alcance y propósito que deben
estar acompañados por el correlativo esfuerzo inversor de las
Administraciones Públicas en servicios e infraestructuras. A este
respecto, la oportunidad auspiciada por esta situación única, parece
apropiada para abordar un problema antiguo de la ciudad de Avilés: los
trazados ferroviarios de RENFE y FEVE y la urgencia en la reubicación de
sus estaciones en una sola localización.

La presente enmienda pretende liberar a la ciudad en cuanto
sea posible del transito de ferrocarriles por su casco urbano, ubicando
estas infraestructuras en el lugar óptimo a fin de atender la nueva
realidad.

ALTA (miles de euros)

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO

Servicio: 40 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

Programa: 453A Infraestructura del transporte
ferroviario

Artículo: 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados
al uso general

Proyec. Superproyec.: Nuevo

Comunidad Autónoma: 05 ASTURIAS

Denominación: NUEVA CENTRALIDAD, MODIFICACIÓN DE LA
ESTACIÓN DE RENFE Y FEVE

Dotación 2012 adicional (en miles de euros): 6.000,00

BAJA (miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 (en miles de euros): – 6.000,00

JUSTIFICACIÓN

La ciudad de Avilés y su comarca, tras lustros de padecer
las consecuencias y rigores propios del declive del sector siderúrgico,
se encuentra en la actualidad impulsando varios proyectos que representan
una oportunidad única de renovación urbana, económica y, por ende, de
reactivación social de su comarca.

La ejecución del Centro Cultural Niemeyer, ya una realidad,
y la nueva centralidad que se pretende generar con la actuación
denominada Isla de la Innovación, poseen un alcance y propósito que deben
estar acompañados por el correlativo esfuerzo inversor de las
Administraciones Públicas en servicios e infraestructuras. A este
respecto, la oportunidad auspiciada por esta situación única, parece
apropiada para abordar un problema antiguo de la ciudad de Avilés: los
trazados ferroviarios de RENFE y FEVE y la urgencia en la reubicación de
sus estaciones en una sola localización.

La presente enmienda pretende liberar a la ciudad en cuanto
sea posible del transito de ferrocarriles por su casco urbano, ubicando
estas infraestructuras en el lugar óptimo a fin de atender la nueva
realidad.

ENMIENDA NÚM. 67

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles de euros)

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO

Servicio: 40. DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

Programa: 453A Infraestructura del transporte
ferroviario

Artículo: 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados
al uso general

Proyecto: Nuevo

Comunidad Autónoma: 05 ASTURIAS

Denominación: FINALIZACIÓN DE ESTUDIO E INICIO DE PROYECTO
PARA LA CONEXIÓN FERROVIARIA CON EL HUCA

Dotación 2012 adicional (en miles de euros): 5.000,00

BAJA (miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 (en miles de euros): – 5.000,00

JUSTIFICACIÓN

La próxima puesta en funcionamiento del nuevo Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA), ubicado en una zona con una
gran aglomeración de viviendas tanto en uso, como de nueva construcción,
va a cambiar la fisonomía del tráfico en nuestra ciudad, produciendo un
importante aumento del tráfico rodado en la zona Norte de Oviedo.

Por todo ello, parece apropiado aprovechar esta oportunidad
para abundar en la apuesta, necesaria e ineludible, por un transporte
poco contaminante y disuasorio del uso del automóvil, siendo fundamental

apostar por el transporte ferroviario público, lo que
permitiría aliviar el flujo de coches y facilitar los accesos al hospital
no sólo de nuestra ciudad, sino del conjunto central de Asturias donde se
ubica el ochenta por ciento de la población de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.

ENMIENDA NÚM. 68

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (en miles de euros)

Sección: 17. MINISTERIO DE FOMENTO

Servicio: 38. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Programa: 453B Creación de Infraestructura de
carreteras

Artículo: 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados
al uso general

Proyecto: Nuevo

Comunidad Autónoma: 05 ASTURIAS

Denominación. INSTALACIÓN DE BARRERAS ACÚSTICAS EN LA
AUTOVÍA A-66 A SU PASO POR OLLONIEGO (OVIEDO)

Dotación 2012 (en miles de euros): 1.500,00

BAJA (en miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 (en miles de euros): – 1.500, 00

MOTIVACIÓN

El núcleo de población de Olloniego (Oviedo), con 1.169
habitantes, es atravesado por la Autovía A-66 padeciendo unos niveles de
ruido que requieren de mitigación, especialmente en la zona sur de la
población cuyas viviendas estas quedando desocupadas por este motivo.

La longitud a apantallar es pequeña en relación con otros
lugares y abordable en estos tiempos de restricciones presupuestarias,
máxime si atendemos a la urgencia y necesidad de la medida que se
demanda.

ALTA (en miles de euros)

Sección: 17. MINISTERIO DE FOMENTO

Servicio: 38. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Programa: 453B Creación de Infraestructura de
carreteras

Artículo: 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados
al uso general

Proyecto: Nuevo

Comunidad Autónoma: 05 ASTURIAS

Denominación. INSTALACIÓN DE BARRERAS ACÚSTICAS EN LA
AUTOVÍA A-66 A SU PASO POR OLLONIEGO (OVIEDO)

Dotación 2012 (en miles de euros): 1.500,00

BAJA (en miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 (en miles de euros): – 1.500, 00

JUSTIFICACIÓN

El núcleo de población de Olloniego (Oviedo), con 1.169
habitantes, es atravesado por la Autovía A-66 padeciendo unos niveles de
ruido que requieren de mitigación, especialmente en la zona sur de la
población cuyas viviendas estas quedando desocupadas por este motivo.

La longitud a apantallar es pequeña en relación con otros
lugares y abordable en estos tiempos de restricciones presupuestarias,
máxime si atendemos a la urgencia y necesidad de la medida que se
demanda.

ENMIENDA NÚM. 69

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles de euros)

Sección: 17

Servicio: 09

Programa: 281O

Artículo: 61

Superproyecto: 2007 27 09 0513

Proyecto:

Provincia: Illes Balears.

Denominación: Rehabilitación de la antigua casa del pueblo
en Esporles (Mallorca)

Dotación 2012 adicional: 680,00

BAJA (miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 921M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012: 680,00

MOTIVACIÓN

La rehabilitación de la antigua casa del pueblo en Esporles
es un proyecto comprometido en el 2008 y su ejecución hasta el 2014. Ya
el año pasado se invertió 1630 ¤ y en los presupuestos del 2011 se
planteaba como proyección la inversión de 680.000 ¤.

ENMIENDA NÚM. 70

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles de euros)

Sección:17

Servicio: 09

Programa: 261O

Artículo: 61

Superproyecto: 2010 27 09 0002

Proyecto:

Provincia: Illes Balears.

Denominación: Rehabilitación integral y ampliación del
edificio de la misericordia, segunda fase, Palma.

Dotación 2012 adicional: 500,00

BAJA (miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 921M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012: 500,00

MOTIVACIÓN

La rehabilitación del edificio de la misericordia es un
proyecto aprobado en el 2010 y comprometida su ejecución hasta el 2015
por lo cual consideramos necesaria su continuidad en esta segunda fase
durante el 2012.

ENMIENDA NÚM. 71

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles de euros)

Sección: 17

Servicio: 09

Programa: 261O

Artículo: 61

Superproyecto: 2010 27 09 0003

Proyecto:

Provincia: Illes Balears.

Denominación: Rehabilitación de los mercados de Ibiza.

Dotación 2012 adicional: 500,00

BAJA (miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 921M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012: 500,00

MOTIVACIÓN

La rehabilitación de los mercado de Ibiza es un proyecto
aprobado en el 2010 y la previsión de su ejecución, con carácter
plurianual, es hasta el 2015. por lo que se propone su continuación para
conseguir el objetivo marcado de rehabilitar los mercados de Ibiza.

ENMIENDA NÚM. 72

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles de euros)

Sección: 17

Servicio: 09

Programa: 261O

Artículo: 61

Superproyecto: 2010 27 09 0004

Proyecto:

Provincia: Illes Balears.

Denominación: Rehabilitación de Can Oliver, Maó
(Menorca)

Dotación 2012 adicional: 1436,36

BAJA (miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 921M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012: 1436,36

MOTIVACIÓN

La rehabilitación de Can Oliver es un proyecto aprobado el
2010 y su ejecución prevista, con carácter preanual, hasta el 2013. Es un
proyecto ya iniciado y debe continuar para finalizar el proyecto
marcado.

ENMIENDA NÚM. 73

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles de euros)

Sección: 17

Servicio: 40

Programa: 453A

Artículo: 60

Superproyecto:

Proyecto: Nuevo.

Provincia: Illes Balears.

Denominación: Línea Férrea Manacor-Artá.

Dotación 2012 adicional: 6000,00

BAJA (miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 921M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012: 6000,00

MOTIVACIÓN

Los servicios públicos en la isla de Mallorca, incluido los
ferroviarios, se encuentran muy poco desarrollados. Por lo que es
necesario, desde un punto de vista estratégico y en áreas de dar un
servicio a la población y al desarrollo turístico ampliar con carácter
plurianual dichos servicios públicos.

Página
132

Programa: 453B (creación de infraestructuras de
carreteras)

Artículo: 60 (inversión nueva en infraestructuras y bienes
destinados al uso general.)

Superproyecto:

Proyecto: Nuevo.

Provincia: Illes Balears.

Denominación: xxx

Dotación 2012 adicional: xxx

BAJA (miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 921M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012: xxx

MOTIVACIÓN

Si se contempla la necesidad de crear una carretera este
seria el modelo de enmienda.

ENMIENDA NÚM. 76

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles de euros)

Sección: 17

Servicio: 38

Programa: 453B (creación de infraestructuras de
carreteras)

Artículo: 61 (inversión de reposición en infraestructuras y
bienes destinados al uso general.)

Superproyecto:

Proyecto: Nuevo.

Provincia: Illes Balears.

Denominación: xxx

Dotación 2012 adicional: xxx

BAJA (miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 921M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012: xxx

MOTIVACIÓN

Si se contempla la necesidad de reponer o rehabilitar una
carretera este seria el modelo de enmienda.

ENMIENDA NÚM. 77

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles de euros)

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO

Servicio: 38 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Programa: 453B Creación de Infraestructura de
carreteras

Artículo: 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados
al uso general

Proyec. Superproyec.: 2001 17 38 4027

Comunidad Autónoma: 05 ASTURIAS

Denominación: A-8 TRAMO: MUROS DE NALÓN-LAS DUEÑAS (8,2
Km.)

Dotación 2012 adicional (en miles de euros): 200 miles de
euros

BAJA (miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 (en miles de euros): – 200 miles de
euros

MOTIVACIÓN

La así denominada Autovía del Cantábrico, de conformidad
con sus iniciales previsiones, debía haber sido puesta en servicio, en su
totalidad, hace prácticamente veinte años. Sin embargo, pese al esfuerzo
presupuestario realizado en las comunidades autónomas de Cantabria y el
País Vasco, ni en Galicia, ni en el Principado de Asturias, esta
infraestructura se encuentra próxima siquiera a su finalización.

En el supuesto de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, los tramos pendientes de ejecución se ubican tanto en su área
oriental, hasta llegar a Cantabria, como en su área occidental, donde a
la Autovía le restan aún tramos muy relevantes que, en algunos supuestos,
acaso su realización no haya hecho más que iniciarse.

ENMIENDA NÚM. 78

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles de euros)

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO

Servicio: 38 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Programa: 453B Creación de Infraestructura de
carreteras

Artículo: 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados
al uso general

Proyec. Superproyec.: 2003 17 38 0128

Comunidad Autónoma: 05 ASTURIAS

Denominación: A-8 TRAMO: OTUR (LUARCA)-VILLAPEDRE (ENLC.
PTO LA VEGA) (9,2 Km.)

Dotación 2012 adicional (en miles de euros): 200 miles de
euros

BAJA (miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 (en miles de euros): – 200 miles de
euros

MOTIVACIÓN

La así denominada Autovía del Cantábrico, de conformidad
con sus iniciales previsiones, debía haber sido puesta en servicio, en su
totalidad, hace prácticamente veinte años. Sin embargo, pese al esfuerzo
presupuestario realizado en las comunidades autónomas de Cantabria y el
País Vasco, ni en Galicia, ni en el Principado de Asturias, esta
infraestructura se encuentra próxima siquiera a su finalización.

En el supuesto de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, los tramos pendientes de ejecución se ubican tanto en su área
oriental, hasta llegar a Cantabria, como en su área occidental, donde a
la Autovía le restan aún tramos muy relevantes que, en algunos supuestos,
acaso su realización no haya hecho más que iniciarse.

ENMIENDA NÚM. 79

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles de euros)

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO

Servicio: 38 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Programa: 453B Creación de Infraestructura de
carreteras

Artículo: 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados
al uso general

Proyec. Superproyec.: 2005 17 38 1009

Comunidad Autónoma: 05 ASTURIAS

Denominación: A-63 TRAMO: CORNELLANA-SALAS (7,3 KM.)

Dotación 2012 adicional (en miles de euros): 5.800

BAJA (miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 (en miles de euros): – 5.800

MOTIVACIÓN

La vertebración del interior de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias se configura como una exigencia irrenunciable,
derivada de la difícil orografía de este territorio, especialmente
acusada en su área occidental, a la que ha de añadirse la dispersión de
sus núcleos de población.

La pronta ejecución de este tramo de Autovía resulta
imprescindible para dotar a esa zona de unas comunicaciones que sirvan,
cuando menos, para evitar la deslocalización de sus industrias, la
pérdida de tejido social y económico y, en definitiva, su acusado
despoblamiento. Por otro lado, el trazado de su actual alternativa,
aunque posea el rango de carretera nacional, no permite equipararla a las
actuales vías de alta capacidad, y su recorrido no asegura una adecuada
vialidad a lo largo de todo el año, al quedar afectada por la nieve
durante el invierno.

Todo ello conduce al imperativo de la pronta ejecución de
esta infraestructura, a fin de garantizar la igualdad efectiva entre los
ciudadanos, a cuyo propósito deben estar servidos y beneficiados, todos
ellos, por servicios e infraestructuras de similar rango y
características.

ENMIENDA NÚM. 80

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles de euros)

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO

Servicio: 38 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Programa: 453B Creación de Infraestructura de
carreteras

Artículo: 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados
al uso general

Proyec. Superproyec.: 2005 17 38 1011

Comunidad Autónoma: 05 ASTURIAS

Denominación: A-63 TRAMO: DÓRIGA-CORNELLANA (2,4 KM)

Dotación 2012 adicional (en miles de euros): 11.000

BAJA (miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 (en miles de euros): – 11.000

MOTIVACIÓN

La vertebración del interior de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias se configura como una exigencia irrenunciable,
derivada de la difícil orografía de este territorio, especialmente
acusada en su área occidental, a la que ha de añadirse la dispersión de
sus núcleos de población.

La pronta ejecución de este tramo de Autovía resulta
imprescindible para dotar a esa zona de unas comunicaciones que sirvan,
cuando menos, para evitar la deslocalización de sus industrias, la
pérdida de tejido social y económico y, en definitiva, su acusado
despoblamiento. Por otro lado, el trazado de su actual alternativa,
aunque posea el rango de carretera nacional, no permite equipararla a las
actuales vías de alta capacidad, y su recorrido no asegura una adecuada
vialidad a lo largo de todo el año, al quedar afectada por la nieve
durante el invierno.

Todo ello conduce al imperativo de la pronta ejecución de
esta infraestructura, a fin de garantizar la igualdad efectiva entre los
ciudadanos, a cuyo propósito deben estar servidos y beneficiados, todos
ellos, por servicios e infraestructuras de similar rango y
características.

ENMIENDA NÚM. 81

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles de euros)

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO

Servicio: 38 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Programa: 453B Creación de Infraestructura de
carreteras

Artículo: 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados
al uso general

Proyec. Superproyec.: 2006 17 38 0178

Comunidad Autónoma: 05 ASTURIAS

Denominación: A-8 TRAMO: LLANES-PENDUELES (10,9 KM.)

Dotación 2012 adicional (en miles de euros): 26.000

BAJA (miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 (en miles de euros): – 26.000

MOTIVACIÓN

La así denominada Autovía del Cantábrico, de conformidad
con sus iniciales previsiones, debía haber sido puesta en servicio, en su
totalidad, hace prácticamente veinte años. Sin embargo, pese al esfuerzo
presupuestario realizado en las comunidades autónomas de Cantabria y el
País Vasco, ni en Galicia, ni en el Principado de Asturias, esta
infraestructura se encuentra próxima siquiera a su finalización.

En el supuesto de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, los tramos pendientes de ejecución se ubican tanto en su área
oriental, hasta llegar a Cantabria, como en su área occidental, donde a
la Autovía le restan aún tramos muy relevantes que, en algunos supuestos,
acaso su realización no haya hecho más que iniciarse.

ENMIENDA NÚM. 82

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles de euros)

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO

Servicio: 38 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Programa: 453B Creación de Infraestructura de
carreteras

Artículo: 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados
al uso general

Proyec. Superproyec.: 2006 17 38 0179

Comunidad Autónoma: 05 ASTURIAS

Denominación: A-8 TRAMO: PENDUELES-UNQUERA (11,6 KM.)

Dotación 2012 adicional (en miles de euros): 40.000

BAJA (miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 (en miles de euros): – 40.000

MOTIVACIÓN

La así denominada Autovía del Cantábrico, de conformidad
con sus iniciales previsiones, debía haber sido puesta en servicio, en su
totalidad, hace prácticamente veinte años. Sin embargo, pese al esfuerzo
presupuestario realizado en las comunidades autónomas de Cantabria y el
País Vasco, ni en Galicia, ni en el Principado de Asturias, esta
infraestructura se encuentra próxima siquiera a su finalización.

En el supuesto de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, los tramos pendientes de ejecución se ubican tanto en su área
oriental, hasta llegar a Cantabria, como en su área occidental, donde a
la Autovía le restan aún tramos muy relevantes que, en algunos supuestos,
acaso su realización no haya hecho más que iniciarse.

Página
139

Proyecto: Nuevo

Provincia: Madrid

Denominación: Bus-vao en la A-2 entre Avda. de América y
Alcalá de Henares

Dotación 2012 adicional: 3.000 miles de euros

BAJA (miles de euros)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 a minorar: – 3.000 miles de euros

MOTIVACIÓN

Necesidad de la inversión.

ENMIENDA NÚM. 86

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles ¤)

Sección: 17, Ministerio de Fomento

Servicio: 40, Dirección General de Ferrocarriles

Programa: 453A, Infraestructura del transporte
ferroviario

Artículo: 60

Superproyecto: 1995 17 39 0610, Cercanías de Madrid

Proyecto: Nuevo

Provincia: Madrid

Denominación: Cercanías Alcorcón-San Martín de
Valdeiglesias

Dotación 2012 adicional: 5.000 miles de euros

BAJA (miles ¤)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 a minorar: – 5.000 miles de euros

MOTIVACIÓN

Necesidad de la inversión ante la falta de una red de
transporte público eficaz.

ENMIENDA NÚM. 87

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles ¤)

Sección: 17, Ministerio de Fomento

Servicio: 40, Dirección General de Ferrocarriles

Programa: 453A, Infraestructura del transporte
ferroviario

Artículo: 60

Superproyecto: 1995 17 39 0610, Cercanías de Madrid

Proyecto: Nuevo

Provincia: Madrid

Denominación: Conexión de las líneas C-2, C-5 y C-7 con la
línea circular L6 del metro y la Estación Sur de Autobuses, dotando al
intercambiador de Méndez Álvaro de mayor funcionalidad

Dotación 2012 adicional: 1.000 miles de euros

BAJA (miles ¤)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 a minorar: – 1.000 miles de euros

MOTIVACIÓN

Necesidad de la inversión.

ENMIENDA NÚM. 88

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles ¤)

Sección: 17, Ministerio de Fomento

Servicio: 40, Dirección General de Ferrocarriles

Programa: 453A, Infraestructura del transporte
ferroviario

Artículo: 60

Superproyecto: 1995 17 39 0610, Cercanías de Madrid

Proyecto: Nuevo

Provincia: Madrid

Denominación: Eliminación barreras arquitectónicas Estación
FFCC Coslada-San Fernando de Henares

Dotación 2012 adicional: 1.000 miles de euros

BAJA (miles ¤)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 a minorar: – 1.000 miles de euros

MOTIVACIÓN

Necesidad de la inversión siendo una necesidad y una
prioridad de los Ayuntamientos citados.

ENMIENDA NÚM. 89

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles ¤)

Sección: 17, Ministerio de Fomento

Servicio: 40, Dirección General de Ferrocarriles

Programa: 453A, Infraestructura del transporte
ferroviario

Artículo: 60

Superproyecto: 1995 17 39 0610, Cercanías de Madrid

Proyecto: Nuevo

Provincia: Madrid

Denominación: Nueva estación cercanías en San Fernando de
Henares

Dotación 2012 adicional: 1.000 miles de euros

BAJA (miles ¤)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 a minorar: – 1.000 miles de euros

MOTIVACIÓN

Necesidad de la inversión, el único apeadero del termino
municipal de San Fernando de Henares se encuentra en el municipio de
Coslada.

ENMIENDA NÚM. 90

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.

ALTA (miles ¤)

Sección: 17, Ministerio de Fomento

Servicio: 40, Dirección General de Ferrocarriles

Programa: 453A, Infraestructura del transporte
ferroviario

Artículo: 60

Superproyecto: 1995 17 39 0610, Cercanías de Madrid

Proyecto: Nuevo

Provincia: Madrid

Denominación: Construcción nueva estación de cercanías en
la C-4 en la inmediaciones del Polígono Cobo Calleja.

Dotación 2012 adicional: 1.000 miles de euros

BAJA (miles ¤)

Sección: 31

Servicio: 02

Programa: 929M

Artículo: 51

Concepto: 510

Dotación 2012 a minorar: – 1.000 miles de euros

MOTIVACIÓN

Necesidad de la inversión.

ENMIENDA NÚM. 91

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Sección 17. Ministerio de Fomento.

ENMIENDA

De adición.