I. Iniciativas legislativas

Proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social.
Texto remitido por el Congreso de los Diputados
621/000136
(Congreso de los Diputados, Serie A, Num.140, Núm.exp. 121/000140)

Con fecha 26 de junio de 2015, ha tenido entrada en esta Cámara el texto aprobado por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales Congreso de los
Diputados, con competencia legislativa plena, en relación con el Proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social.

Al amparo del artículo 104 del Reglamento del Senado, se ordena la remisión de este Proyecto de Ley a la Comisión de Sanidad
y Servicios Sociales.

El Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 23 de junio de 2015, ha acordado la habilitación de los plazos y las reuniones necesarias de los órganos de la Cámara para la tramitación del citado Proyecto de Ley
durante el período extraordinario de sesiones, así como la delegación de la competencia legislativa para su aprobación en la citada Comisión.

En virtud de lo establecido en el artículo 107.1 del Reglamento del Senado, el plazo para la
presentación de enmiendas y propuestas de veto terminará el próximo día 8 de julio, miércoles.

De otra parte, y en cumplimiento del artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación del texto del mencionado Proyecto de Ley,
encontrándose la restante documentación a disposición de los señores Senadores en la Secretaría General de la Cámara.

Palacio del Senado, 26 de junio de 2015.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

PROYECTO DE LEY
DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL

Preámbulo

El Tercer Sector de Acción Social se corresponde con esa parte de nuestra sociedad que siempre ha estado presente en las acciones que han tratado de hacer frente a las situaciones de
desigualdad y de exclusión social. Si se considera que estas no están causadas por hechos coyunturales, sino por la persistencia de problemas estructurales económicos y sociales generadores de inequidad, el tejido social de entidades y asociaciones
que conforman el hoy denominado Tercer Sector de Acción Social se ha postulado en todo momento como una vía de acción ciudadana alternativa, o a veces complementaria, respecto de la gestión institucional pública, con soluciones nacidas de la
participación social orientadas a evitar que determinados grupos sociales se vean excluidos de unos niveles elementales de bienestar.

La actividad del Tercer Sector de Acción Social, de sus organizaciones y de las personas que lo componen,
nace del compromiso con los derechos humanos y descansa en los valores de solidaridad, igualdad de oportunidades, inclusión y participación. El ejercicio de estos valores conduce a un desarrollo social equilibrado, a la cohesión social y a un
modelo de organización en el que la actividad económica está al servicio de la ciudadanía.

A pesar de la positiva evolución seguida por nuestra sociedad, la marginación o la exclusión a la que se ven sometidos habitualmente determinados
grupos aún no ha encontrado una adecuada corrección. De hecho, en los últimos treinta años, en los que se ha producido un desarrollo económico y social considerable, no se han erradicado las desigualdades, sino que estas han persistido,
repercutiendo intensamente sobre la vida de los grupos de población más vulnerables.

Estos sectores sociales marginados, colocados en situaciones de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión son el objetivo humano de las entidades del Tercer
Sector de Acción Social, para cuyo desarrollo e inclusión convocan a la participación de la sociedad civil, llamando a una corresponsabilidad que concierne a toda la ciudadanía.

Desde esta posición privilegiada en el conocimiento de los
problemas sociales y de los métodos para enfrentarlos, el Tercer Sector de Acción Social desempeña un papel crucial en el diseño y la ejecución de las políticas contra la pobreza y la exclusión social. En el ejercicio de este rol es reconocido el
mérito de su capacidad integradora, de su papel activo en la concienciación y cohesión sociales.

Por todo ello, resulta necesario establecer un marco regulatorio, a nivel estatal, que ampare a las entidades del Tercer Sector de Acción Social,
de acuerdo con el papel que deben desempeñar en la sociedad y los retos que han de acometer las políticas de inclusión.

Proporcionar un marco jurídico al Tercer Sector de Acción Social dimana mediata e inmediatamente de los principios,
valores y mandatos de la Constitución española. Al establecer el texto constitucional, como propósito, lograr una sociedad democrática avanzada, y al definir como social y democrático de Derecho al Estado español, la norma fundamental está
orientando la organización política, el ordenamiento jurídico y la acción de los poderes públicos a la profundización de la democracia, incrementando la participación en todas las esferas; a la protección de los derechos fundamentales y las
libertades públicas, sin excepción de personas y grupos, y a la extensión gradual de los derechos sociales para toda la ciudadanía, asegurándose así una existencia digna, el libre desarrollo de la personalidad y una vida en comunidad pacífica y
equilibrada sustentada en la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la solidaridad.

En este sentido, esta ley tiene como objeto fortalecer la capacidad del Tercer Sector de Acción Social como interlocutor ante la
Administración General del Estado para el diseño, aplicación y seguimiento de las políticas públicas en el ámbito social, con el fin de asegurar un desarrollo armónico de las políticas sociales, una identificación correcta de las necesidades de los
grupos afectados y un óptimo aprovechamiento de los recursos.

Una de las prioridades del Gobierno es precisamente el impulso de esta interlocución, constituyendo un ejemplo sobresaliente de la misma en el ámbito del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, la creación de la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social. Desde su constitución en febrero de 2013, este órgano de participación institucional ha sido un eficaz foro de
encuentro entre representantes de la Administración General del Estado y la Plataforma del Tercer Sector, que encuadra a las más importantes entidades, organizaciones y federaciones del Tercer Sector de Acción Social a nivel estatal. En su seno, y
mediante el diálogo, se han conseguido impulsar conjuntamente importantes medidas de interés público para el Tercer Sector de Acción Social. Asimismo, como materialización de este principio de diálogo civil, y de colaboración activa, participación
y consultas estrechas entre la Administración General del Estado y la representación del Tercer Sector de Acción Social, la Ley recoge la regulación por vía reglamentaria del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social. Se
trata de un órgano colegiado, de participación, que se configura como un ámbito de encuentro, diálogo, propuesta y asesoramiento en las políticas públicas de interés social, con la finalidad de institucionalizar la colaboración, cooperación y el
diálogo permanentes entre el Departamento ministerial titular de las políticas sociales y de inclusión y la Plataforma del Tercer Sector.

La Ley, por tanto, garantiza la participación real y efectiva de las entidades del Tercer Sector de
Acción Social, conforme al principio de diálogo civil, en los procedimientos de elaboración, desarrollo, ejecución, seguimiento y revisión de normas y políticas sociales, en el ámbito de la Administración del Estado, a través de órganos de
participación, asegurando un mecanismo permanente de interlocución.

Aunque durante las últimas décadas el Tercer Sector de Acción Social se ha constituido como un actor destacado en la lucha contra las situaciones de mayor vulnerabilidad
social, el desarrollo del conjunto de entidades no lucrativas orientadas al cumplimiento de objetivos de interés público, con la dimensión y relevancia que alcanza en la actualidad, se ha producido sin un amparo normativo propio de ámbito
estatal.

Esta Ley surge con el fin último de establecer unos contornos jurídicos nítidos y una regulación propia, perfilando con claridad la naturaleza y los principios rectores de la actuación de las entidades que integran el Tercer Sector
de Acción Social, cuya actuación no puede en ningún caso diluir la responsabilidad de la Administración General del Estado, ni tampoco competir o interferir con otras entidades comprometidas con la defensa de los intereses sociales ni con la
actividad de los agentes sociales propiamente.

Así, la Ley establece una serie de principios rectores de la actuación de las entidades que integran el Tercer Sector de Acción Social, siendo algunos de ellos de naturaleza organizativa, tales
como tener personalidad jurídica propia, ser de naturaleza jurídica privada, no tener ánimo de lucro, asegurar la participación democrática de sus miembros, o tener carácter altruista, y otros referidos a su actuación, como la autonomía en la
gestión y toma de decisiones respecto a los poderes públicos, la transparencia en la gestión, promover la igualdad de oportunidades y de trato y la no discriminación entre todas las personas con especial atención al principio de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y llevar a cabo objetivos de interés general y social.

Además, la ley prevé una serie de medidas de fomento de estas entidades, con el fin de apoyar y promover los principios del Tercer Sector de Acción
Social, garantizar su sostenibilidad y su participación en las políticas sociales, y reconocer, con arreglo a los procedimientos que reglamentariamente se establezcan, su condición de entidades colaboradoras de la Administración General del Estado,
conforme a lo previsto en la legislación vigente. En todo caso, y dentro del marco jurídico fiscal que sea de aplicación en cada momento, las entidades del Tercer Sector de Acción Social gozarán de los máximos beneficios fiscales reconocidos con
carácter general en el régimen vigente de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, que se revisarán siempre que sea necesario, con el objeto de mejorarlo. Igualmente, se contemplan medidas de concienciación,
para reforzar el papel de estas entidades y consolidar su imagen pública.

Finalmente, la Ley prevé la aprobación por el Gobierno, en el plazo de doce meses desde su entrada en vigor, de un programa de impulso de las entidades del Tercer
Sector de Acción Social. Este programa contendrá diversas medidas, tales como la promoción, difusión y formación del Tercer Sector de Acción Social, su cooperación con los servicios públicos estatales, financiación, potenciación de los mecanismos
de colaboración entre la Administración General del Estado y las entidades del Tercer Sector de Acción Social, con especial atención al uso de conciertos y convenios, así como la participación institucional, todo ello en aras de garantizar el
reforzamiento del papel de las entidades del Tercer Sector de Acción Social en las políticas sociales, diseñadas y aplicadas en beneficio de las personas y grupos, que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión
social.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El objeto de esta Ley es regular las entidades del Tercer Sector de Acción Social, reforzar su capacidad como interlocutoras ante la Administración
General del Estado, respecto de las políticas públicas sociales y definir las medidas de fomento que los poderes públicos podrán adoptar en su beneficio.

Artículo 2. Concepto.

1. Las entidades del Tercer Sector de Acción
Social son aquellas organizaciones de carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés general y ausencia de ánimo
de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión
social.

2. En todo caso, son entidades del Tercer Sector de Acción Social las asociaciones, las fundaciones, así como las federaciones o asociaciones que las integren, siempre que cumplan con lo previsto en esta Ley. Para la
representación y defensa de sus intereses de una forma más eficaz, y de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, y con su normativa específica, las entidades del Tercer Sector de Acción Social podrán
constituir asociaciones o federaciones que, a su vez, podrán agruparse entre sí.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Esta Ley es de aplicación a todas las entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, siempre que
actúen en más de una comunidad autónoma o en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

CAPÍTULO II

Principios rectores

Artículo 4. Principios rectores.

Son principios rectores de las entidades del Tercer Sector de
Acción Social de ámbito estatal, con independencia de su naturaleza jurídica:

a) Tener personalidad jurídica propia.

b) Ser de naturaleza jurídica privada.

c) No poseer ánimo de lucro y tener carácter altruista.

d) Garantizar la participación democrática en su seno, conforme a lo que establece la normativa aplicable a la forma jurídica que adopte.

e) Actuar de modo transparente, tanto en el desarrollo de su objeto social como en el funcionamiento,
gestión de sus actividades y rendición de cuentas.

f) Desarrollar sus actividades con plenas garantías de autonomía en su gestión y toma de decisiones respecto a la Administración General del Estado.

g) Contribuir a hacer efectiva la
cohesión social, por medio de la participación ciudadana en la acción social, a través del voluntariado.

h) Actuar de modo que se observe efectivamente en su organización, funcionamiento y actividades el principio de igualdad de oportunidades
y de trato y no discriminación con independencia de cualquier circunstancia personal o social, y con especial atención al principio de igualdad entre mujeres y hombres.

i) Llevar a cabo objetivos y actividades de interés general definidas así
en una norma con rango de ley, y en todo caso, las siguientes actividades de interés social:

1.ª La atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria.

2.ª La atención a las personas con
necesidades educativas o de inserción laboral.

3.ª El fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia.

CAPÍTULO III

Participación

Artículo 5. Participación.

Las entidades del Tercer
Sector de Acción Social se incorporarán a los órganos de participación institucional de la Administración General del Estado, cuyo ámbito sectorial de actuación se corresponda con el propio de dichas entidades. La representación en dichos órganos
corresponderá a aquellas organizaciones que tengan ámbito estatal y que integren mayoritariamente a las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

CAPÍTULO IV

Acción de fomento

Artículo 6. Medidas de fomento de
las entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.

1. Las medidas de fomento del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal de la Administración General del Estado son:

a) Apoyar y promover los principios
del Tercer Sector de Acción Social.

b) Adecuar los sistemas de financiación pública en el marco de la legislación de estabilidad presupuestaria y, en todo caso, de acuerdo con lo previsto en la normativa de la Unión Europea en materia de
ayudas de Estado.

c) Fomentar la diversificación de las fuentes de financiación, especialmente mejorando la normativa sobre mecenazgo e impulsando la responsabilidad social empresarial.

d) Impulsar la utilización de los instrumentos
normativos que en cada caso resulten más adecuados, para promover la inclusión social de personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad, personas y grupos en riesgo de exclusión social y de atención a las personas con discapacidad o en
situación de dependencia.

e) Garantizar la participación del Tercer Sector de Acción Social en las distintas políticas sociales, de empleo, de igualdad y de inclusión, diseñadas en favor de las personas y grupos vulnerables y en riesgo de
exclusión social.

f) Reconocer a las entidades del Tercer Sector de Acción Social, con arreglo a los procedimientos que reglamentariamente se establezcan, el estatuto de entidades colaboradoras de la Administración General del Estado.

g) Promocionar la formación y readaptación profesional de las personas, que desarrollen su actividad en entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.

h) Incluir en los planes de estudio de las diferentes etapas
educativas, aquellos contenidos y referencias al Tercer Sector de Acción Social, precisos para su justa valoración como vía de participación de la ciudadanía y de los grupos en los que se integra la sociedad civil.

i) Promover las entidades
del Tercer Sector de Acción Social como uno de los instrumentos relevantes para canalizar el ejercicio efectivo de los derechos a la participación social de la ciudadanía en una sociedad democrática avanzada.

j) Realizar medidas concretas,
destinadas a dinamizar la participación de mujeres en el Tercer Sector de Acción Social.

k) Promover y apoyar aquellas iniciativas orientadas a la incorporación de criterios de gestión responsable en las entidades del Tercer Sector de Acción
Social.

l) Fortalecer y promover prácticas y criterios de buen gobierno y de transparencia en estas organizaciones.

m) Potenciar y facilitar las iniciativas de cooperación entre empresas y entidades del Tercer Sector de Acción
Social.

2. El Gobierno, a través de los Ministerios que tengan competencias sobre la materia, promoverá actuaciones de fomento, apoyo y difusión del Tercer Sector de Acción Social.

3. Asimismo, la Administración
General del Estado y las comunidades autónomas y entidades locales podrán colaborar en la promoción de los principios del Tercer Sector de Acción Social. Especialmente, se podrán celebrar convenios de colaboración, para promover determinadas
actuaciones específicas de fomento, difusión o formación.

Artículo 7. Programa de impulso de las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

El Gobierno aprobará, en el plazo de 12 meses, desde la entrada en vigor de esta Ley,
un programa de impulso de las entidades del Tercer Sector de Acción Social. Este programa reflejará, entre otras, las siguientes medidas:

a) Promoción, difusión y formación del Tercer Sector de Acción Social.

b) Apoyo a la cultura
del voluntariado, en los términos y condiciones que fije la legislación sobre voluntariado.

c) Cooperación con los servicios públicos.

d) Financiación pública de las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

e) Acceso a la
financiación, a través de entidades de crédito oficial.

f) Potenciación de los mecanismos de colaboración entre la Administración General del Estado y las entidades del Tercer Sector de Acción Social, para el desarrollo de programas de
inclusión social de personas o grupos vulnerables en riesgo de exclusión social y de atención a las personas con discapacidad o en situación de dependencia, con especial atención al uso de los conciertos y convenios.

g) Participación
institucional prevista en el artículo 5.

CAPÍTULO V

Órganos de participación

Artículo 8. Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.

Reglamentariamente se regulará el Consejo Estatal de
Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, como un órgano colegiado de naturaleza interinstitucional y de carácter consultivo, adscrito a la Administración General del Estado, a través del Ministerio que tenga la competencia en materia de
servicios sociales, concebido como ámbito de encuentro, diálogo, participación, propuesta y asesoramiento en las políticas públicas relacionadas con las actividades establecidas en la letra i) del artículo 4.

Artículo 9. Comisión para
el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.

Reglamentariamente se regulará la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, con la finalidad de institucionalizar la colaboración, cooperación y el diálogo
permanentes entre el Ministerio, que tenga la competencia en materia de servicios sociales, y la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social, constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación,
con el objetivo compartido de impulsar el reconocimiento del Tercer Sector de Acción Social como actor clave en la defensa de los derechos sociales, y lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones, evitando que determinados
grupos de población especialmente vulnerables queden excluidos socialmente.

Disposición adicional primera. Garantía del respeto al reparto de competencias constitucional y estatutariamente vigente.

La presente Ley se aplicará,
sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas en materia de asistencia social por sus Estatutos de Autonomía, así como en su legislación específica.

Disposición adicional segunda. Inventario de entidades del
Tercer Sector de Acción Social e información estadística.

1. El Ministerio competente en materias de servicios sociales, en colaboración con las comunidades autónomas, elaborará y mantendrá actualizado un inventario de las entidades
del Tercer Sector de Acción Social. El inventario se organizará en función de los diferentes tipos de entidades, y en coordinación con los registros y catálogos existentes en las comunidades autónomas. La creación del inventario se realizará
previo informe del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social. El inventario tendrá carácter público, será accesible por medios electrónicos y conforme a las normas vigentes en materia de accesibilidad universal.

2. Asimismo, el Ministerio competente en materia de servicios sociales realizará, en coordinación con los demás departamentos ministeriales competentes y con las comunidades autónomas, y previo informe del Consejo Estatal de Organizaciones
no Gubernamentales de Acción Social, las actuaciones que sean necesarias, para poder proporcionar una información estadística de las entidades del Tercer Sector de Acción Social, así como de sus organizaciones de representación.

Disposición
adicional tercera. Informe del Gobierno.

El Gobierno, en el plazo de dos años desde la aprobación del programa de impulso de las entidades del Tercer Sector, remitirá al Congreso de los Diputados un informe en el que se analizarán y
evaluarán los efectos y las consecuencias de la aplicación de esta Ley.

Disposición adicional cuarta. No incremento de gasto público.

La regulación incluida en esta Ley no podrá suponer incremento del gasto público, ni
incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.

Disposición adicional quinta. Actuaciones finalistas a través de la colaboración con el Tercer Sector de Acción Social.

El contenido de esta Ley se
entiende, sin perjuicio de la capacidad del Estado para promover actuaciones finalistas a través de la colaboración con el Tercer Sector, en ámbitos de actuación derivados del ejercicio de sus competencias, en relación con colectivos específicos en
condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social, con respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas. En todo caso, cualquier actuación pública en relación con las entidades del Tercer Sector de Acción
Social, debe estar sujeta al principio de concurrencia pública y a la aplicación de criterios objetivos y transparentes de concesión y adjudicación.

Disposición adicional sexta. Pago de las obligaciones pendientes de las comunidades
autónomas y entidades locales.

Las obligaciones pendientes de pago de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales con las Entidades del Tercer Sector de Acción Social, como resultado de convenios de colaboración suscritos en materia de
servicios sociales, tendrán el tratamiento análogo al de otros proveedores, en los términos que legalmente se prevean.

Disposición adicional séptima. Ayudas y subvenciones públicas a las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

En atención al interés general al que sirven y a las singularidades de su naturaleza y actividades, dentro
del marco general de la normativa sobre subvenciones, las bases reguladoras de las convocatorias de la Administración General del Estado contemplarán las especialidades de las entidades del Tercer Sector de Acción Social en materia de apoyos, ayudas
y subvenciones públicas.

Disposición final primera. Legislación aplicable a las Entidades del Tercer Sector de Acción Social.

Las entidades del Tercer Sector de Acción Social se regirán por la legislación específica, que sea
aplicable en función de la forma jurídica que hayan adoptado. La consideración de entidades del Tercer Sector de Acción Social, conforme a lo establecido en esta Ley, no excusa del cumplimiento de todos los requisitos y condiciones que establezca
dicha legislación específica.

Disposición final segunda. Título competencial.

Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, excepto el segundo párrafo de la Disposición adicional segunda que se dicta al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.31.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia en materia de Estadística para fines estatales.

Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.

El Gobierno, en el ámbito de sus
competencias, y previa consulta al Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social y a la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, dictará, respecto de las entidades del Tercer Sector de Acción Social
de ámbito estatal, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ley.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».