I. Iniciativas legislativas

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración,
investigación y explotación de hidrocarburos.
Propuestas de veto
621/000115
(Congreso de los Diputados, Serie A, Num.126, Núm.exp. 121/000126)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

Palacio del Senado, 27 de abril de 2015.—Ester
Capella i Farré.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente
propuesta de veto.

El presente Proyecto de Ley, entre otras cosas, pretende facilitar e incentivar la implantación del fracking en el Estado español, pese a la contestación que se está produciendo desde los territorios inicialmente
afectados.

En este sentido una de las pretensiones del Proyecto de Ley es comprar la voluntad de los territorios destinando recursos económicos —vía Presupuestos Generales del Estado— a aquellos que accedan a implantar el
fracking, vendiendo su patrimonio e integridad natural y paisajística, a la vez que hipotecando su potencial turístico y/o agroalimentario.

No en vano la propia Exposición de motivos afirma: «Así se desarrollará un sistema de subvenciones
que se adjudicarán para paliar los efectos que las citadas actividades puedan producir en las territorios que las soporten de modo directo y próximo». Del análisis de esta frase se deduce que el fracking causa efectos negativos, que estos
efectos/costes son externalizados y que son pagados con dinero público en lugar de ser pagados por las empresas explotadoras (beneficiarias) y además que sólo se beneficiarán de las subvenciones los territorios en que directamente se realicen las
actividades y no necesariamente las poblaciones vecinas que, casi con total seguridad, van a ser perjudicadas.

Sin entrar en otras consideraciones del Proyecto de Ley se considera que las expresadas anteriormente fundamentan la presentación
de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de
hidrocarburos.

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de
Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

Palacio del Senado, 27 de abril de 2015.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes
(GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Aunque, tras el escepticismo expresado por el Presidente en relación a que el Cambio Climático fuese un problema real, el Gobierno ha incorporado a su discurso tal cuestión, sin que, como demuestran las magras consignaciones de los PGE-2015
dedicadas a combatirlo, lo considere una prioridad.

Y, de nuevo con este proyecto de ley, niega que sea necesario introducir cambios profundos en la estrategia energética. Después de lastrar las posibilidades de desarrollo de las energías
alternativas en nuestro país y de minusvalorar las posibilidades que ofrecen las medidas de ahorro energético, apuesta otra vez por consolidar un modelo energético antiguo, ineficiente, irresponsable y profundamente dependiente de los combustibles
fósiles. Eso sí, es coherente con el nulo interés en que se produzca la trasposición de la totalidad de los contenidos de la Directiva 2009/28/CE, sobre el fomento del uso de energías procedentes de fuentes renovables y de la Directiva 2012/27/UE
relativa a la eficiencia energética.

El proyecto de ley de hidrocarburos apuesta decididamente por impulsar un «hub» gasístico que incentive el consumo y potencie el papel de nuestro país como intermediario en relación al gas de gas
proveniente del Norte de África.

Tras el fiasco de las prospecciones petrolíferas en aguas de las Islas Canarias, se insiste en promover la extracción de hidrocarburos en nuestro territorio mediante la extracción en aguas profundas y la
fractura hidráulica o «fracking», técnicas contaminantes y cuestionadas por muchos expertos.

Este modelo por el que apuesta el Gobierno, además de ir contra el sentido común y la evidencia científica, atenta contra unos principios básicos de
responsabilidad ante la crisis climática y energética en la que nos encontramos. La alternativa a ello, pasa por la aprobación de un Plan de transición energética que abandone los pilares de un modelo energético que está entre las causas de la
indicada crisis.

Sólo así se pondría responder adecuadamente a lo que constató la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que concluyó en 2012 que la mayoría de las reservas de hidrocarburos deberían dejarse bajo tierra si no queremos
sobrepasar un aumento de 2 ºC en la temperatura terrestre a final de siglo.

La situación de emergencia climática que nos muestra el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), o la necesidad de una reducción en las
emisiones de CO2 puesta de manifiesto en las Conferencias de las Partes, y especialmente en la última de ellas, en Lima, choca con el contenido de este proyecto de ley, que van en sentido contrario a un modelo energético bajo en emisiones de
CO2.

Este proyecto de ley facilita la consecución del «hub» de gas natural en España, renunciando a cualquier apuesta viable de incremento de la autonomía energética de España y avanzando en dirección contraria a cualquier apuesta por un
modelo basado en las energías renovables, que comportará un aumento de la ya elevada dependencia de los combustibles fósiles y del exterior que ya tenemos. Impulsar más dependencia energética es más propio de una economía especulativa, irracional y
atrasada cuando en todo el mundo se intenta reducir la dependencia energética. Durante el 2014 la factura española por importaciones energéticas fue de 38.071 millones de euros: 29.065 millones por petróleo y 8.239 millones por el gas. Si ha
disminuido esta cifra respecto al año anterior es gracias al descenso del precio del petróleo, no porque hayamos disminuido el volumen de las importaciones. Así que el resultado de sus políticas son un lastre a la economía, una demora de la
necesaria transición energética hacia la independencia y soberanía energética, hacia las renovables, hacia un modelo más justo, democrático y limpio.

Además, este proyecto de ley insiste en la irresponsabilidad medioambiental de apostar por
la extracción de hidrocarburos en nuestro país y establece un sistema perverso de compra de voluntades en el territorio como nuevo instrumento para aniquilar las resistencias de la población al destrozo de las prospecciones y del «fracking» en su
tierra.

Mientras han hundido la inversión en renovables y ponen peajes al autoconsumo energético aquí quieren vencer las resistencias a la explotación de hidrocarburos y establecen una compensación a los propietarios de los terrenos en los
que se sitúe la explotación de los yacimientos en función del valor de la producción anual y se modifican los cánones de superficies existentes y se crean nuevos cánones por realización de sondeos y pruebas sísmicas.

Es inaceptable que el
Gobierno pretenda comprar a la oposición ciudadana que ya se ha demostrado mayoritaria y contundente en contra de las prospecciones marinas y del «fracking». La medida planteada ahora por el ejecutivo se suma a otras medidas ya tomadas durante
estos meses atrás que atentan contra la democracia, como impedir la realización de las consultas o denunciar ante el Tribunal Constitucional leyes autonómicas contra el «fracking».

Seguir buscando combustibles fósiles mediante técnicas de
«fracking» y prospecciones en aguas profundas es empeñarse en un modelo agotado y retrasar la muy urgente y necesaria transición energética basada en renovables y ahorro y eficiencia energética.

Por otro lado, esta ley crea un mercado
secundario de gas, mercado que van a acabar costeando los consumidores y que se traducirá en el aumento del recibo del gas. Se designa un operador para toda la península intentando emular un mercado a imagen del mercado eléctrico. Siendo muy
conscientes de que el actual modelo de compra a futuros y de «take or pay» no funciona y asegura un comportamiento oligopólico, repetir los errores del mercado eléctrico no es la solución. Porque como resultado vamos a tener un mercado del gas
controlado por un pequeño grupo de empresas que acabarán fijando precios y presionando a los gobiernos para que tomen decisiones en contra del interés general de los ciudadanos.

Impulsar las exportaciones de gas desde España del mismo gas que
importamos de Argelia, solo beneficia a los operadores gasistas y a operaciones especulativas en los mercados internacionales y en nada a los consumidores nacionales que, sin embargo, habrán de correr con los riesgos y costes de una gestión
empresarial sin ninguna transparencia. Es la repetición del «modelo Castor». Al final, la ley prioriza la seguridad de las inversiones del oligopolio de los hidrocarburos sobre los intereses de los consumidores. Como se ha visto en el caso de
Repsol en Canarias o de ACS en Castor o de Enresa en Villar de Cañas, la responsabilidad civil y la seguridad frente a riesgos ambientales, naturales o sísmicos es ridícula. La cultura de seguridad se limita a que cuando surjan los problemas ya
veremos cómo los resolvemos.

Aunque la creación de un Impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados se podía haber convertido en una iniciativa que significara un avance en la llamada «Fiscalidad Verde», al igual que
en el caso de las compensaciones a los propietarios de los terrenos, pretenden convertirlo en un incentivo para lograr la complicidad de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en el desarrollo de los proyectos de prospecciones petrolíferas y
aplicación de la técnica de fractura hidráulica. En vez de crear un «impuesto verde», se introduce un «impuesto negro».

Por otro lado, el Gobierno no ha remitido este proyecto a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) para
que emita dictamen, que aunque no es vinculante sí que es obligatorio. Tampoco han querido remitirlo al Consejo de Estado ni al Consejo consultivo de Hidrocarburos. Es preocupante constatar cómo el propio Gobierno, una vez más, incumple leyes con
la finalidad de no escuchar las propuestas de los organismos reguladores que pudieran significar poner en cuestión alguno de sus contenidos.

Con base a estas razones, los Senadores que suscribimos la presente propuesta de veto, solicitamos
que el mismo sea respaldado por el Pleno del Senado.

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José
Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

Palacio del
Senado, 28 de abril de 2015.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

De doña
Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y de doña María Jesús Sequera
García (GPEPC)

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan
Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Este Proyecto de Ley por la que se modifica la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos es la confirmación de la apuesta del
Gobierno del Partido Popular por un modelo energético antiguo e irresponsable que consolida nuestra dependencia en los combustibles fósiles y el abandono del impulso a las energías renovables.

Este proyecto de ley es muy complejo e introduce
modificaciones que afectan al sector del gas natural, al de los gases licuados del petróleo, butano y propano, al de los hidrocarburos líquidos, como gasóleo, gasolina, queroseno, o fueloil, y a la exploración, investigación y explotación de
hidrocarburos para gas natural, para la obtención de petróleo y condensados. Son muchas modificaciones de gran calado que exigían un debate amplio con el sector y con los grupos parlamentarios, que no se ha producido. Además, en un nuevo alarde de
tramitación legislativa tramposa y oscurantista, nos presentan un proyecto de ley sin los informes de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, ni del Consejo consultivo de Hidrocarburos, ni del propio Consejo de Estado.

Si
analizamos en detalle el contenido de la norma propuesta, comprobamos que las modificaciones legislativas propuestas para el sector del gas son claramente insuficientes y denotan falta de la estrategia integral que el sector necesita. El texto no
adapta correctamente lo recomendado por la Directiva 2009/73/CE, en materia de separación de actividades, que establece que las empresas propietarias de instalaciones pertenecientes a la red troncal de gasoductos deberán operar y gestionar, o ceder
la gestión a un gestor de red independiente certificado. Tampoco se favorece la posibilidad de comprar o vender gas en puntos virtuales a través de una plataforma de contratación electrónica.

Una vez más, encontramos fundamentos a la
constatación de la falta de confianza del Gobierno en los organismos reguladores. Es significativo que, al contrario de lo que indica la Directiva 2009/73/CE, el Gobierno no refuerce la independencia del regulador, ampliando sus funciones y
competencias de control en el cumplimiento de normas de seguridad y fiabilidad de las redes y medidas de protección de los consumidores, y en normas sobre las funciones y competencias de los transportistas, distribuidores, comercializadores,
consumidores y otros agentes que actúen en los mercados de gas con arreglo a las disposiciones normativas de la Unión Europea.

En el texto tampoco se desarrollan medidas para incrementar la transparencia y la competencia en el sector de los
hidrocarburos líquidos y, de esta forma, conseguir que las bajadas de precio del petróleo se trasladen en la misma proporción y rapidez que lo hacen cuando sube, a los precios de los carburantes.

El proyecto de ley crea un nuevo impuesto
sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y Condensados, se establece una compensación a los propietarios de los terrenos en donde se sitúe el yacimiento y se modifican los cánones de superficies existentes y se crean nuevos cánones por
realización de sondeos y sísmicas. Consideramos muy peligroso para el medio ambiente de nuestro país establecer medidas para facilitar la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de
fracturación hidráulica (fracking). Hasta que no se disponga de informes concluyentes que descarten la existencia de daños ambientales irreparables ligados a esta actividad, es necesario aplicar el principio de precaución que rige la política
medioambiental de la Unión Europea, y rechazar y paralizar cualquier proyecto en este sentido.

Por todo lo expuesto, presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan
determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

Palacio del Senado, 28 de abril de 2015.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE
VETO NÚM. 4

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Este proyecto de ley consuma de nuevo la firme voluntad del gobierno de consolidar un modelo energético antiguo, ineficiente, irresponsable y profundamente dependiente de los combustibles
fósiles. El proyecto de ley de hidrocarburos apuesta decididamente por impulsar un «hub» gasístico que incentive el consumo y la reexportación de gas proveniente del exterior y por promover la extracción de hidrocarburos en nuestro territorio
mediante la extracción en aguas profundas y la fractura hidráulica o «fracking», técnicas contaminantes y cuestionadas por muchos expertos.

Este modelo por el que apuesta el Gobierno, además de ir contra el sentido común y la evidencia
científica, atenta contra unos principios básicos de responsabilidad ante la crisis climática y energética en la que nos encontramos. Según un reciente estudio del University College of London, un tercio de las reservas de petróleo, la mitad de las
de gas y más del 80 % de las reservas de carbón actuales deberían permanecer intactas en el subsuelo en los próximos 40 años para poder tener una probabilidad del 50 % de cumplir el objetivo oficial de limitar el calentamiento global a 2 ºC por
encima de los niveles previos a la industrialización, para evitar una serie de fenómenos que podrían dispararse y provocar cambios climáticos catastróficos.

De hecho, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ya concluyó en 2012 que la
mayoría de las reservas de hidrocarburos deberían dejarse bajo tierra si no queremos sobrepasar un aumento de 2 ºC en la temperatura terrestre a final de siglo.

La situación de emergencia climática que nos muestra el Panel Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), o la necesidad de una reducción en las emisiones de CO2 puesta de manifiesto en las Conferencias de las Partes, y especialmente en la última de ellas, en Lima, choca con el contenido de este proyecto de
ley, que van en sentido contrario a un modelo energético bajo en emisiones de CO2.

El proyecto de ley facilita la consecución del «hub» de gas natural en España, en la línea contraria de una apuesta por un modelo basado en las energías
renovables, que comportará un aumento de la ya elevada dependencia de los combustibles fósiles y del exterior que ya tenemos. Impulsar más dependencia energética es más propio de una economía especulativa, irracional y atrasada cuando en todo el
mundo se intenta reducir la dependencia energética. Durante el 2014 la factura española por importaciones energéticas fue de 38.071 millones de euros: 29.065 millones por petróleo y 8.239 millones por el gas. Si ha disminuido esta cifra respecto
al año anterior es gracias al descenso del precio del petróleo, no porque hayamos disminuido el volumen de las importaciones. Así que el resultado de sus políticas son un lastre a la economía, una demora de la necesaria transición energética hacia
la independencia y soberanía energética, hacia las renovables, hacia un modelo más justo, democrático y limpio.

Además, este proyecto de ley insiste en la irresponsabilidad medioambiental de apostar por la extracción de hidrocarburos en
nuestro país y establece un sistema perverso de compra de voluntades en el territorio como nuevo instrumento para aniquilar las resistencias de la población al destrozo de las prospecciones y del «fracking» en su tierra.

Mientras han hundido
la inversión en renovables y ponen peajes al autoconsumo energético aquí quieren vencer las resistencias a la explotación de hidrocarburos y establecen una compensación a los propietarios de los terrenos en los que se sitúe la explotación de los
yacimientos en función del valor de la producción anual y se modifican los cánones de superficies existentes y se crean nuevos cánones por realización de sondeos y pruebas sísmicas.

Es indigno y lamentable que el Gobierno pretenda comprar a
la oposición ciudadana que ya se ha demostrado mayoritaria y contundente en contra de las prospecciones marinas y del «fracking». La medida planteada ahora por el ejecutivo se suma a otras medidas ya tomadas durante estos meses atrás que atentan
contra la democracia, como impedir la realización de las consultas o denunciar ante el Tribunal Constitucional leyes autonómicas contra el «fracking».

Seguir buscando combustibles fósiles mediante técnicas de «fracking» y prospecciones en
aguas profundas es empeñarse en un modelo agotado y retrasar la muy urgente y necesaria transición energética basada en renovables y ahorro y eficiencia energética.

Por otro lado, esta ley crea un mercado secundario de gas, mercado que van a
acabar costeando los consumidores y que se traducirá en el aumento del recibo del gas. Se designa un operador para toda la península intentando emular un mercado a imagen del mercado eléctrico. Siendo muy conscientes de que el actual modelo de
compra a futuros y de «take or pay» no funciona y asegura un comportamiento oligopólico, repetir los errores del mercado eléctrico no es la solución. Porque como resultado vamos a tener un mercado del gas controlado por un pequeño grupo de empresas
que acabarán fijando precios y presionando a los gobiernos para que tomen decisiones en contra del interés general de los ciudadanos.

Impulsar las exportaciones de gas desde España del mismo gas que importamos de Argelia, solo beneficia a los
operadores gasistas y a operaciones especulativas en los mercados internacionales y en nada a los consumidores nacionales que, sin embargo, habrán de correr con los riesgos y costes de una gestión empresarial sin ninguna transparencia. Es la
repetición del «modelo Castor». Al final, la ley prioriza la seguridad de las inversiones del oligopolio de los hidrocarburos sobre los intereses de los consumidores. Como se ha visto en el caso de Repsol en Canarias o de ACS en Castor o de Enresa
en Villar de Cañas, la responsabilidad civil y la seguridad frente a riesgos ambientales, naturales o sísmicos es ridícula. La cultura de seguridad se limita a que cuando surjan los problemas ya veremos cómo los resolvemos.

Por otro lado, el
Gobierno no ha remitido el proyecto a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) para que emita dictamen, que aunque no es vinculante sí que es obligatorio. Tampoco han querido remitirlo al Consejo de Estado ni al Consejo consultivo
de Hidrocarburos. Es preocupante constatar cómo el propio Gobierno incumple leyes con la finalidad de no escuchar las propuestas de los organismos reguladores.

Por todos estos motivos presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley por
la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

El Grupo
Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que
se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

Palacio del Senado, 28 de abril de 2015.—La Portavoz, María Victoria Chivite Navascués.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

El
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de
hidrocarburos introduce modificaciones en la normativa que afectan al sector del gas natural, al de los gases licuados del petróleo (GLPs), al de hidrocarburos líquidos, y a la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

Cierto
es que en diferentes etapas de los últimos años y como consecuencia de la evolución en su globalidad de los componentes energéticos que afectan a la economía en general y en particular a los diferentes sectores industriales así como a las economías
domésticas, los sucesivos gobiernos se han planteado modificar la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos con el doble objetivo de trasponer a nuestro ordenamiento jurídico los contenidos de las Directivas que les afectan y todo
ello con el objetivo de avanzar paulatinamente hacia la vertebración del mercado interior del gas natural.

Ya el 15 de julio de 2011 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales se publicó el Proyecto de Ley que procedente del Consejo de
Ministros presidido por el Presidente del Gobierno, D. José Luís Rodríguez Zapatero describía con su título de Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, para adaptarla a lo dispuesto en la
Directiva 2009/73/CE, del Parlamento Europeo y del Congreso, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE. De la lectura comparativa de los contenidos de este
Proyecto de Ley que no llegó a tramitarse como consecuencia de la disolución anticipada de las Cortes Generales por el Presidente del Gobierno y subsiguiente convocatoria de elecciones generales que condujeron a la investidura del actual Presidente
del Gobierno, configurando un nuevo Consejo de Ministros que pasados tres años retorna el objetivo de nueva regulación de los sectores de hidrocarburos fósiles, pero con contenidos diferenciados con respecto a los que orientaban al referido anterior
proyecto gubernamental.

El Proyecto de Ley de 15 de julio de 2011 potenciaba las funciones encomendadas al organismo regulador que era la Comisión Nacional de la Energía cuyas funciones se ampliaban encargándose de aprobar las metodologías
para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de acceso a la vez que se le otorgaba potestad sancionadora así como capacidad para dirigir decisiones jurídicamente vinculantes a las empresas complementadas con funciones que
contribuían a garantizar la efectividad y aplicación de las medidas de protección a los consumidores, en coordinación con otras administraciones.

Dicho Proyecto de ley pretendía avanzar en la liberalización del sector hidrocarburos y en
dotarle de mayores grados de competencia y eficiencia. Así, para estimular la entrada de nuevos comercializadores, se establecía la creación de un mercado organizado de gas natural que dotase de transparencia a la fijación de precios, se
contemplaba el reconocimiento mutuo de licencias de comercialización de gas natural con terceros países y se establecían medidas sobre las existencias mínimas de seguridad de suministro que permitiesen un mayor margen de flexibilidad y un menor
coste a los comercializadores en el ejercicio de su actividad.

Desde el Grupo Socialista consideramos que, en lo relativo al sector del gas, es una legislación claramente insuficiente y carente de un enfoque integral. A continuación se
detallan todos aquellos aspectos que no se abordan en dicho Proyecto de ley.

En primer lugar, echamos en falta la posibilidad de comprar o vender gas en puntos virtuales a través de una plataforma de contratación electrónica.

En
segundo lugar, no se modifica la normativa para adaptarla correctamente a la Directiva 2009/73/CE en materia de separación de actividades, que establece que las empresas propietarias de instalaciones pertenecientes a la red troncal de gaseoductos
deberán operar y gestionar, o ceder la gestión de las mismas a un gestor de red independiente, es decir proponer un gestor de red independiente certificado. Asimismo tampoco se regula que las empresas distribuidoras que formen parte de un grupo de
sociedades que desarrollen actividades reguladas o no reguladas, evitarán crear confusión en su información y en la presentación de su marca e imagen de marca respecto a la identidad propia de las filiales de su mismo grupo que realicen actividades
de comercialización.

En tercer lugar, y tal como hemos indicado con anterioridad, el Proyecto de Ley en clara sintonía con la falta de confianza en los organismos reguladores que ha demostrado el Gobierno a lo largo de la legislatura, se
olvida de forma consciente de reforzar la independencia del órgano regulador y no amplía sus funciones y competencias que se establecen en la Directiva 2009/73/CE. Por ello resulta conveniente destacar que la normativa comunitaria establece que el
regulador:

• Se encargará del proceso de certificación del requisito de separación de actividades para los gestores de redes de transporte y los gestores de red independiente.

• Establecerá la metodología para el cálculo
de peajes y cánones de los servicios básicos de acceso.

• Impondrá sanciones así como la capacidad para dirigir decisiones jurídicamente vinculantes a las empresas.

• Establecerá metodologías relativas al acceso de las
infraestructuras transfronterizas, incluidos los procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión.

• Supervisar la transparencia y competencia, incluyendo el de los precios al por mayor, así como la apertura del
mercado.

• Supervisar que el propietario de la red de transporte y el gestor de red independiente cumplen lo previsto en la normativa.

• Solicitar información y realizar inspecciones sin previo aviso a las instalaciones
del titular de las instalaciones de transporte y al gestor de red independiente.

Funciones que recogía ampliamente un nuevo artículo (artículo 3 bis) en el Proyecto de Ley anterior que con el epígrafe de «Funciones de la Comisión Nacional de
Energía en el ámbito del sector de Hidrocarburos» explicitaba claramente a lo largo de una amplia descripción de funciones que configuraban competencias, control en el cumplimiento de normas de seguridad y fiabilidad de las redes y medidas de
protección de los consumidores, normas sobre las funciones y competencias de los transportistas, distribuidores, comercializadores, consumidores y otros sujetos que actúen en los mercados de gas con arreglo a lo dispuesto en las disposiciones
normativas de la Unión Europea.

En el referido Proyecto de Ley del Gobierno Socialista, para el mercado de hidrocarburos líquidos y biocombustible, se encomendaban una serie de funciones de control efectivo de los requisitos exigibles para el
ejercicio de la actividad de operador a mayor de los diversos productos petrolíferos; así mismo se preveía que en coordinación con la Comisión Nacional de la Competencia supervisara en el ámbito del mercado del gas natural los niveles de
transparencia y competencia incluidos en los precios al por mayor y con carácter global se incluía un nuevo artículo para la ordenación de la Comisión Nacional de la Energía en el ámbito del sector de hidrocarburos en desarrollo de las nuevas
competencias que se le asignaban.

El Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo, incluyó, entre otras medidas, la transposición de las directivas sobre normas comunes del mercado interior del gas y la electricidad. Dicha directiva refuerza el
papel de los organismos reguladores energéticos nacionales, que, recuerda «deben ser independiente jurídica y funcionalmente de cualquier otra entidad pública o privada». Sin embargo, la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia eliminó determinadas funciones que estaban atribuidas a la extinta CNE, como por ejemplo la denominada «Función 14», que confería a la autoridad regulatoria el control sobre la entrada de empresas
extracomunitarias en el sector energético.

En el Proyecto de Ley del Gobierno Socialista destacaba la importancia que se prestaba a «la planificación en materia de hidrocarburos» a la que se le confería el carácter indicativo salvo en lo que
se refería a las instalaciones integrantes a la red básica de gas natural, a la red de transportes secundario, a la determinación de la capacidad de regasificación total de gas natural licuado necesaria para abastecer el sistema gasista, a las
instalaciones de almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos líquidos, y a la determinación de criterios generales para el establecimiento de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al por menor.

Se atribuía a la
Administración General del Estado la planificación en materia de hidrocarburos, previo informe del organismo regulador, con la participación de las Comunidades Autónomas que sería presentada al Congreso de los Diputados para posterior aprobación por
el Gobierno. La planificación tendría por objeto la consecución equilibrada de determinados objetivos que pasaría por un respeto a la sostenibilidad económica y medioambiental y a la contribución del aumento de la competitividad de la economía
española. Para la elaboración del documento de planificación se requerían criterios que tuviesen en cuenta:

• Previsión de la demanda de productos derivados del petróleo.

• Estimación de los abastecimientos de productos
petrolíferos necesarios para cubrir la demanda prevista bajo criterios de calidad, seguridad del suministro, diversificación energética, mejora de la eficiencia y protección del medio ambiente.

• Previsiones relativas a las
instalaciones de transporte y almacenamiento de productos petrolíferos.

• Establecimiento de criterios generales para determinar un número mínimo de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al por menso en función de la
densidad, distribución y características de la población y, en su caso, la densidad de circulación de vehículos.

En relación con el gas natural la planificación pertinente era objeto de exigencia a los siguientes aspectos:

•
Definición de las zonas de gasificación prioritaria, expansión de las redes y etapas de su ejecución.

• Previsión de la demanda de gas natural a lo largo del periodo contemplado.

• Previsión del aprovisionamiento diferenciado entre gas natural y gas natural licuado, análogamente a las previsiones de gas manufacturado como el biogás, el procedente de la biomasa u otros tipos de gases combustibles que
resulten técnicamente posibles y seguros inyectarlos en la red de gas natural para transportarlos por ella.

• Previsiones relativas a instalaciones de transporte y plantas de recepción y regasificación de gas natural licuado.

En
cuarto lugar, no se establecen obligaciones a la comercializadoras de gas natural para asegurar la protección de los consumidores domésticos. Se contemplan diversas medidas tributarias nuevas y se crea un nuevo impuesto sobre el valor de la
producción de hidrocarburos, se establece una compensación a los propietarios de los terrenos en los que se sitúe el yacimiento en función del valor de la producción anual y se modifican los cánones de superficies existentes y se crean nuevos
cánones por realización de sondeos y sísmicas.

En suma, se crea un nuevo Impuesto sobre el valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados. Se prevén dos nuevas tarifas en el canon de superficie, aplicables a la perforación de sondeos
y a la adquisición de datos sísmicos. Se establecen pagos a los propietarios de los terrenos suprayacentes vinculados a la producción efectiva de cada emplazamiento. El Gobierno estima que estas medidas tributarias podrían recaudar entre 11 y 320
millones de euros anuales. Desde el Grupo Socialista consideramos que debemos avanzar hacia una transición energética basada en la sostenibilidad económica, medioambiental y social, que nos conduzca hacia un modelo de crecimiento bajo en carbono,
apueste claramente por las energías renovables, reduzca la dependencia energética y favorezca el ahorro y la eficiencia energética. Por tanto, es necesario suspender con carácter inmediato los permisos de investigación o autorizaciones de
exploración de hidrocarburos, concedidos o en tramitación, en el mar Mediterráneo y en las aguas jurisdiccionales colindantes al Archipiélago Canario, así como desestimamos la utilización de técnicas de fracturación hidráulica (fracking) en tanto no
se disponga de informes concluyentes que descarten la existencia de riesgos ambientales ligados a dicha actividad.

Además, en el Proyecto de ley no se establecen medidas eficaces para incrementar la competencia y transparencia en el sector de
los hidrocarburos líquidos, para que las bajadas del precio del crudo se trasladen a los precios de los carburantes de automoción, al menos con la misma velocidad y en la misma proporción que lo hace cuando sube.

El Consejo Europeo de 4 de
febrero de 2011 en sus conclusiones se instaba a conseguir una mayor integración entre los diversos mercados nacionales que posibilite el funcionamiento del mercado interior europeo en 2014. Para favorecer el desarrollo de mercados de gas, el
Reglamento europeo 715/2009 establece un sistema de contratación y de peajes de entrada-salida independiente (la contratación de capacidad en la entrada y la salida es independiente, el gas se puede comprar o vender en el punto virtual de balance
sin restricciones o limitaciones y el regulador debe aprobar, mediante circular, la metodología de peajes).

La creación de hubs de gas natural está asociada a la transición desde mercados opacos y controlados con una estructura monopolística
hacia mercados competitivos, abiertos y transparentes. La extinta Comisión Nacional de Energía (CNE) reclamó desarrollar un hub que dote de flexibilidad y liquidez a la gestión del gas natural, estimule la competencia y permita la aparición de un
precio transparente del gas natural en España.

En definitiva, el Proyecto no busca mejorar la competencia y la transparencia en el mercado organizado del gas. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista rechaza este Proyecto de Ley por
la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, lo que motiva el
presente veto.