Se modifica el apartado 4 del artículo 71 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social que regula el cargo de
Director Gerente y su régimen laboral, de incompatibilidades y
retributivo del mismo y del personal que ejerza funciones ejecutivas, así
como del personal no directivo de las Mutuas.

Se modifica el apartado 5 del artículo 71 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social que regula la Comisión
de Control y Seguimiento de las Mutuas.

Se modifica el apartado 6 del artículo 71 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social precisando que los
beneficios que pueden ser objeto de concesión por la Comisión de
Prestaciones son los derivados de la Reserva de asistencia social que
tengan establecidos las Mutuas.

Se modifica el último párrafo del apartado 5 del artículo
73 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
complementando las previsiones recogidas en dicho párrafo en relación con
la facultad de los empresarios asociados, sus trabajadores y trabajadores
por cuenta propia adheridos de formular quejas y peticiones.

Se modifica el último párrafo del apartado 2 del artículo
74 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social regulando
la forma en que podrán integrarse dentro del Patrimonio Histórico de las
Mutuas determinados ingresos.

Se modifica el apartado 1 b) del artículo 75 bis del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, incorporando la
obligatoriedad de las Mutuas de constituir una Reserva de Asistencia
Social destinando el 10% del excedente y limitando el importe máximo de
la Reserva Complementaria.

Se modifica el apartado 4 y se añade un nuevo apartado 5 al
artículo 75.ter del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social relativos a la responsabilidad mancomunada de los empresarios
asociados a la Mutua.

Se añade una nueva letra f) al artículo 76 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social incluyendo como causa
de cese en la colaboración en la gestión y de disolución de la Entidad la
insuficiencia del patrimonio para hacer frente a la responsabilidad
mancomunada prevista en el artículo 75.ter 5, el incumplimiento del plan
de viabilidad o el aplazamiento del mencionado artículo.

Artículo Único. Dos

Se modifica el segundo párrafo del apartado 6 de la
Disposición Adicional Undécima en el sentido de remitir al desarrollo
reglamentario los conciertos de las Mutuas con entidades privadas.

Disposición adicional sexta (nueva)

Se añade una nueva Disposición adicional, la sexta, que
regula las retribuciones del personal facultativo de las Mutuas.

Disposición transitoria tercera

Se modifican los plazos establecidos en los apartados 1 y 2
de la Disposición transitoria tercera que pasan al 31 de marzo de 2015
para formulación de propuestas de venta y al 30 de junio como fecha
límite para la enajenación de la totalidad de las participaciones en
sociedades de prevención de riesgos laborales y al mes de julio de 2015
para el traslado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social del acuerdo
de disolución debidamente inscrito.

Disposición transitoria sexta (nueva)

Se introduce una nueva disposición transitoria nueva, la
sexta, que regula la absorción en los tres ejercicios siguientes de las
eventuales diferencias entre las retribuciones actualmente percibidas y
las resultantes de la aplicación del artículo 71.4 de la Ley General de
Seguridad Social.

Disposición final tercera

Se suprime la Disposición final tercera, por la que se
modificaba el artículo 128 de la Ley 22/2013 de 23 de diciembre de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, procediéndose a
modificar, en consecuencia, la numeración de las sucesivas Disposiciones
finales.

Disposición final cuarta (nueva)

Se añade una disposición final nueva, la cuarta, por la que
se modifica el apartado 1 del artículo 35 de la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de economía sostenible.

Disposición final sexta.

Se modifica el primer párrafo de la disposición final
sexta, estableciéndose la entrada en vigor de la Ley el 1 de enero de
2015.

Página
37

La colaboración en la gestión se desarrolla en relación con
varias prestaciones. Así se pueden citar en la actualidad las siguientes:
gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria
derivada de las contingencias profesionales; realización de actividades
de prevención de riesgos laborales de la Seguridad Social; gestión de la
prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias
comunes; gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y la
lactancia natural; gestión de la prestación por cuidado de menores
afectados por cáncer o enfermedad grave; y gestión del cese de actividad
de los trabajadores autónomos.

Para el desarrollo de la referida colaboración gestionan
cuotas del sistema que periódicamente les son transferidas por la
Tesorería General de la Seguridad Social. Para el mismo objeto tienen
adscritos bienes inmuebles de la Seguridad Social, que están inscritos a
nombre de dicho Servicio Común de la Administración de la Seguridad
Social, como titular del patrimonio único de la misma.

Igualmente, cuentan con un patrimonio histórico, afecto a
dicho objeto, en el que se integran los recursos y bienes obtenidos en su
anterior naturaleza de entidad aseguradora, y que tradicionalmente se ha
venido utilizando para afrontar los supuestos de responsabilidad
mancomunada de los empresarios asociados.

Sin embargo, la normativa vigente requiere una adaptación a
la realidad actual en aras a la consecución de los principios de
seguridad jurídica, coordinación, eficacia, eficiencia, transparencia y
competencia. Principios todos ellos que están siendo materializados de
manera generalizada en la reforma de las Administraciones Públicas.

Se pretende profundizar en la colaboración en aquellos
aspectos relativos a la gestión de la Seguridad Social, dotándolas de
instrumentos que permitan mejorar la gestión de las distintas
prestaciones de manera que revierta en beneficio de los trabajadores
protegidos.

Se persigue, a su vez, que esa mejor atención permita
reducir el absentismo laboral injustificado y, por tanto, mejorar la
competitividad de las empresas y, consecuentemente, la de la economía en
su conjunto.

II

De esta manera, se pretende, por un lado, cubrir las
lagunas legales existentes y, por otro, integrar la dispersión de la
pluralidad de normas de distinto rango que conforman su régimen jurídico
actual.

La ley moderniza el régimen jurídico de aplicación, de dos
formas: por un lado, se articulan distintos mecanismos para que la
gestión se desarrolle con la debida eficacia y eficiencia, en beneficio
de los ciudadanos, y, por otro lado, se confiere mayor relevancia y
distintas facultades a los destinatarios de la colaboración, los
trabajadores por cuenta ajena protegidos, las empresas asociadas y los
trabajadores por cuenta propia o autónomos.

Por último, la ley da cumplimiento al mandato establecido
en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de
Seguridad Social, que dispuso se reformara el marco normativo de las
Mutuas.

III

El apartado Uno del artículo único de la Ley comprende 11
artículos que sustituyen en su integridad al articulado de la mencionada
Subsección 2.ª, siendo de destacar los aspectos que seguidamente se
señalan.

También se aclara que todas las prestaciones y servicios
que las Mutuas dispensan son prestaciones y servicios de la Seguridad
Social y, por tanto, sujetos al régimen jurídico de aplicación común.
Asimismo, se establece que la prestación de asistencia sanitaria deriva
de la cobertura de las contingencias profesionales (accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales). Se trata, por tanto, de una prestación
contributiva, prevista con tal carácter en el texto refundido de Ley
General de la Seguridad Social. También se aclara que las Mutuas pueden
realizar las actividades preventivas de Seguridad Social a favor de los
empresarios asociados y de los trabajadores autónomos adheridos que
protejan las contingencias profesionales, entre las que se incluyen las
actividades de asesoramiento a las empresas asociadas al objeto de que
adapten sus puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de los
trabajadores que hayan sufrido una incapacidad sobrevenida.

La presente ley atribuye a la jurisdicción del orden social
el conocimiento de las reclamaciones que tengan por objeto prestaciones
de la Seguridad Social, incluidas las asistenciales, o se fundamenten en
la gestión de las mismas, como son las de carácter indemnizatorio, con la
finalidad de residenciar en el orden jurisdiccional especializado la
materia e identificar a los titulares y legitimados, superando así las
incertidumbres existentes.

Como elemento novedoso se articula la participación de los
agentes sociales a través de las Comisiones de Control y Seguimiento, a
las que se incorpora una representación de las asociaciones profesionales
de los trabajadores autónomos, dada la importancia cada vez mayor de este
colectivo en la gestión de las Mutuas.

Los aspectos económicos se regulan en la presente ley con
el propósito de superar ciertas incoherencias existentes y otorgar
seguridad jurídica. Se establecen las distintas clases de recursos que se
transfieren a las Mutuas por la Tesorería General de la Seguridad Social
para su mantenimiento y el ejercicio de sus funciones. Estos recursos
consisten en cuotas de la Seguridad Social, así como los rendimientos y
plusvalías que aquellas generan, resultantes de su inversión en los
activos autorizados.

La ley regula el resultado económico y las reservas a
constituir con cargo a éste, definiéndolas con detalle. Se establece la
obligación de limitar, con un nivel máximo de cobertura, tanto la
dotación de la Reserva de Estabilización de las Contingencias
Profesionales como la correspondiente a la Reserva de Estabilización por
Cese de Actividad de los trabajadores autónomos y se mantiene la
limitación existente en la Reserva de Estabilización ahora denominada de
Contingencias Comunes.

Finalmente, se regulan los supuestos de medidas cautelares,
su contenido y efectos, las causas que originan la responsabilidad
mancomunada de los empresarios asociados y su forma de exigirse, así como
las causas de disolución y liquidación de las Mutuas y los procedimientos
correspondientes.

IV

La nueva regulación articula distintos mecanismos
existentes para elevar los niveles de coordinación y eficacia con los
Servicios Públicos de Salud, a quienes corresponde dispensar la
asistencia sanitaria en estos casos. A tal efecto se facilita a las
Mutuas la facultad de realizar las actividades de control y seguimiento
desde la baja médica. Por otro lado, se mejora la coordinación antes
mencionada, mediante la figura de la propuesta de alta médica,
debidamente fundamentada, estableciéndose un procedimiento de plazos
breves para obtener una respuesta más ágil. Esta coordinación se
concretará asimismo en la articulación de procedimientos de incorporación
de la información clínica generada por las Mutuas a la historia clínica
electrónica de los pacientes atendidos, a los efectos de evitar
duplicidades y generar sinergias con los Servicios Públicos de Salud.

Asimismo, la modificación de la disposición undécima
preserva la colaboración del Ministerio

de Empleo y Seguridad Social con los organismos competentes
de las Comunidades Autónomas mediante la suscripción de convenios que han
demostrado ser instrumentos de gran eficacia en la mejora de la gestión y
del control de la incapacidad temporal.

V

La disposición final primera modifica el artículo 32 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales al objeto de impedir que las
Mutuas puedan desarrollar, directa o indirectamente, funciones de los
Servicios de Prevención Ajenos. La problemática que se ha suscitado en
este ámbito, que afecta al ejercicio de la colaboración y al propio
mercado de los servicios de prevención ajenos, aconseja que las Mutuas se
desvinculen totalmente de esta actividad y a tal efecto, la disposición
transitoria tercera regula el plazo para realizar la desinversión en las
mencionadas sociedades, que vencerá el 31 de marzo de 2015, y la forma de
acreditar su cumplimiento.

La disposición final segunda modifica el régimen jurídico
del sistema de protección de los trabajadores autónomos frente al cese de
actividad, regulado en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se
establece un sistema específico de protección por cese de actividad de
los trabajadores autónomos, al objeto de suavizar los requisitos y
formalidades que en la actualidad se exigen y que impiden en la práctica
el legítimo disfrute del derecho, así como para ampliar su ámbito a
beneficiarios excluidos del mismo y que sin embargo se encuentran en la
situación de necesidad. Simultáneamente se elimina la obligación de
proteger las contingencias profesionales para acceder a la protección,
porque supone una carga económica para el autónomo que no guarda relación
financiera ni material con el sistema de protección por cese de
actividad; serán las normas del Régimen Especial correspondiente las que
regulen el carácter voluntario u obligatorio de la protección frente a
las contingencias profesionales según aconsejen las características y
riesgos de la actividad.

Se mantiene el carácter voluntario de acceso al sistema de
protección. No obstante, la disposición adicional segunda establece que
en el plazo de cinco años el Gobierno remitirá al Congreso de los
Diputados un estudio sobre la evolución de los principales parámetros que
configuran el sistema de protección para, en función de sus resultados,
valorar la conveniencia de convertirlo en obligatorio o mantener su
carácter voluntario, así como para valorar su régimen financiero. Se
trata de una medida prudente como exige la toma de decisiones de la
indicada naturaleza, que deben basarse en estrictos motivos financieros y
debidamente justificados. En la misma línea se modifica el sistema de
financiación y en orden a dotarlo de seguridad jurídica, objetividad y
transparencia, se establece una fórmula matemática que se aplicará para
adaptar el tipo de cotización según sus necesidades financieras,
situándolo entre un mínimo del 2,2 por ciento y un máximo del 4 por
ciento, que no se podrá rebasar.

En cuanto a las modificaciones de carácter sustantivo, se
reduce el excesivo nivel de pérdidas que en la actualidad se exige al
autónomo para incurrir en la situación de necesidad, entre el 20 y el 30
por ciento de los ingresos, para situar el requisito en el 10 por ciento.
La situación de pérdidas a la que se refiere la letra a) 1.º) del
apartado 1 del artículo 5 de la ley mencionada, se acreditará mediante la
entrega de la documentación contable, de la forma que se determine
reglamentariamente en atención a las distintas obligaciones de
mantenimiento de registros contables o fiscales de los autónomos, así
como de las declaraciones del IVA, IRPF y demás documentos
preceptivos.

Asimismo se amplía la cobertura a los autónomos que por las
características de su actividad se asimilan a los trabajadores
económicamente dependientes, pero que carecen de la calificación legal
por ausencia de las formalidades establecidas al efecto. Y en general, se
mejoran la claridad y sistemática de la regulación, para elevar sus
niveles de seguridad jurídica y dar coherencia a la materia.

Artículo único. Modificación del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio.

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
se modifica en los siguientes términos:

Uno. La Subsección 2.ª de la Sección Cuarta del Capítulo
VII del Título I queda redactada del siguiente modo:

Artículo 68. Definición y objeto.

a) La gestión de las prestaciones económicas y de la
asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la
protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de
prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción
protectora.

b) La gestión de la prestación económica por incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes.

c) La gestión de las prestaciones por riesgo durante el
embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

d) La gestión de las prestaciones económicas por cese en la
actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos
establecidos en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece
un sistema específico de protección por cese de actividad de los
trabajadores autónomos.

e) La gestión de la prestación por cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

f) Las demás actividades de la Seguridad Social que les
sean atribuidas legalmente.

a) Respecto de las contingencias profesionales,
corresponderá a las Mutuas la determinación inicial del carácter
profesional de la contingencia, sin perjuicio de su posible revisión o
calificación por la Entidad Gestora competente de acuerdo con las normas
de aplicación.

Los actos que dicten las Mutuas, por los que reconozcan,
suspendan, anulen o extingan derechos en los supuestos atribuidos a las
mismas, serán motivados y se formalizarán por escrito, estando supeditada
su eficacia a la notificación al interesado. Asimismo se notificarán al
empresario cuando el beneficiario mantenga relación laboral y produzcan
efectos en la misma.

Las prestaciones sanitarias comprendidas en la protección
de las contingencias profesionales serán dispensadas a través de los
medios e instalaciones gestionados por las Mutuas, mediante convenios con
otras Mutuas o con las Administraciones Públicas Sanitarias, así como
mediante conciertos con medios privados, en los términos establecidos en
el artículo 199 y en las normas reguladoras del funcionamiento de las
Entidades.

b) La gestión de la prestación económica por incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes se desarrollará en los
términos y condiciones establecidos en la disposición adicional
undécima.

c) Las actividades preventivas de la acción protectora de
la Seguridad Social son prestaciones asistenciales a favor de los
empresarios asociados y de sus trabajadores dependientes, así como de los
trabajadores por cuenta propia adheridos, que no generan derechos
subjetivos, dirigidas a asistir a los mismos en el control y, en su caso,
reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales de la Seguridad Social. También comprenderán actividades de
asesoramiento a las empresas asociadas y a los trabajadores autónomos al
objeto de que adapten sus puestos de trabajo y estructuras para la
recolocación de los trabajadores accidentados o con patologías de origen
profesional, así como actividades de investigación, desarrollo e
innovación a realizar directamente por las Mutuas, dirigidas a la
reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social.

4. Las reclamaciones que tengan por objeto prestaciones y
servicios de la Seguridad Social objeto de la colaboración en su gestión
o que tengan su fundamento en las mismas, incluidas las de carácter
indemnizatorio, se sustanciarán ante el orden jurisdiccional social de
conformidad con lo establecido en la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción Social.

5. Las obligaciones económicas que se atribuyan a las
Mutuas serán pagadas con cargo a los recursos públicos adscritos para el
desarrollo de la colaboración, sin perjuicio de que aquellas obligaciones
que tengan por objeto pensiones se financien de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 87.3.

6. La colaboración de las Mutuas en la gestión de la
Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro
mercantil ni comprenderá actividades de captación de empresas asociadas o
de trabajadores adheridos. Tampoco podrá dar lugar a la concesión de
beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la
sustitución de éstos en las obligaciones que les correspondan por su
condición de empresarios.

a) Que concurran un mínimo de cincuenta empresarios,
quienes a su vez cuenten con un mínimo de treinta mil trabajadores y un
volumen de cotización por contingencias profesionales no inferior a 20
millones de euros.

b) Que limiten su actividad al ejercicio de las funciones
establecidas en el artículo 68.

c) Que presten fianza, en la cuantía que establezcan las
disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, para garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones.

d) Que exista autorización del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, previa aprobación de los Estatutos de la Mutua, e
inscripción en el registro administrativo dependiente del mismo.

Artículo 70. Régimen económico-financiero.

La Tesorería General de la Seguridad Social entregará a las
Mutuas las cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
ingresadas en aquélla por los empresarios asociados a cada una o por los
trabajadores por cuenta propia adheridos, así como la fracción de cuota
correspondiente a la gestión de la prestación económica por incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes, la cuota por cese en la
actividad de los trabajadores autónomos y el resto de cotizaciones que
correspondan por las contingencias y prestaciones que gestionen, previa
deducción de las aportaciones destinadas a las Entidades Públicas del
Sistema por el reaseguro obligatorio y por la gestión de los servicios
comunes, así como de las cantidades que, en su caso, se establezcan
legalmente.

2. Los derechos de crédito que se generen a consecuencia de
prestaciones o servicios que dispensen las Mutuas a favor de personas no
protegidas por las mismas o, cuando estando protegidas, corresponda a un
tercero su pago por cualquier título, así como los originados por
prestaciones indebidamente satisfechas, son recursos públicos del Sistema
de la Seguridad Social adscritos a aquéllas.

El importe de estos créditos será liquidado por las Mutuas,
las cuales reclamarán su pago del sujeto obligado en la forma y
condiciones establecidos en la norma o concierto del que nazca la
obligación y hasta obtener su pago o, en su defecto, el título jurídico
que habilite la exigibilidad del crédito, el cual, comunicarán a la
Tesorería General de Seguridad Social para su recaudación con arreglo al
procedimiento establecido en esta ley y en sus normas de desarrollo.

Los ingresos por servicios previstos en el artículo 68.3 a)
dispensados a trabajadores no incluidos en el ámbito de actuación de la
Mutua, generarán crédito en el presupuesto de gastos de la Mutua que
presta el servicio, en los conceptos correspondientes a los gastos de la
misma naturaleza que los que se originaron por la prestación de dichos
servicios.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en todos los
procedimientos dirigidos al cobro de la deuda, podrá autorizar el pago de
los derechos de

crédito en forma distinta a la de su ingreso en metálico y
determinará el importe líquido del crédito que resulte extinguido, así
como los términos y condiciones aplicables hasta la extinción del
derecho. Cuando el sujeto obligado sea una Administración Pública o una
entidad de la misma naturaleza y las deudas tengan su causa en la
dispensación de asistencia sanitaria, el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social podrá asimismo autorizar el pago mediante dación de bienes, sin
perjuicio de la aplicación del resto de facultades que se atribuyen al
mismo hasta la extinción del derecho.

Artículo 71. Órganos de gobierno y participación.

El órgano de participación institucional es la Comisión de
Control y Seguimiento.

La Comisión de Prestaciones Especiales es el órgano a quien
corresponde la concesión de los beneficios de la asistencia social
potestativa prevista en el artículo 75 bis.1.b).

2. La Junta General es el órgano de gobierno superior de la
Mutua y estará integrada por todos los empresarios asociados, por una
representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos en los
términos que reglamentariamente se establezcan, y por un representante de
los trabajadores dependientes de la Mutua. Carecerán de derecho a voto
aquellos empresarios asociados, así como los representantes de los
trabajadores por cuenta propia adheridos, que no estén al corriente en el
pago de las cotizaciones sociales.

La Junta General se reunirá con carácter ordinario una vez
al año para aprobar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales
y con carácter extraordinario las veces que sea convocada por la Junta
Directiva cumplidos los requisitos que reglamentariamente se establezcan
para su convocatoria y celebración.

Es competencia de la Junta General, en todo caso, la
designación y renovación de los miembros

de la Junta Directiva, ser informada sobre las dotaciones y
aplicaciones del patrimonio histórico, la reforma de los Estatutos, la
fusión, absorción y disolución de la Entidad, la designación de los
liquidadores y la exigencia de responsabilidad a los miembros de la Junta
Directiva.

Reglamentariamente se regulará el procedimiento y
requisitos de convocatoria de las Juntas Generales y el régimen de
deliberación y adopción de sus acuerdos, así como el ejercicio por los
asociados de las acciones de impugnación de los acuerdos que sean
contrarios a la ley, a los reglamentos e instrucciones de aplicación a la
Mutua o lesionen el interés de la entidad en beneficio de uno o varios
asociados o de terceros, así como los intereses de la Seguridad Social.
La acción de impugnación caducará en el plazo de un año desde la fecha de
su adopción.

3. La Junta Directiva es el órgano colegiado al que
corresponde el gobierno directo de la Mutua. Estará compuesta por entre
diez y veinte empresarios asociados, de los cuales el treinta por ciento
corresponderán a aquellas que cuenten con mayor número de trabajadores,
determinadas con arreglo a los tramos que se establecerán
reglamentariamente, y un trabajador por cuenta propia adherido, todos
ellos designados por la Junta General. También formará parte el
representante de los trabajadores mencionado en el apartado 2. El
nombramiento como miembro de la Junta Directiva estará supeditado a la
confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a excepción del
representante de los trabajadores, y entre sus miembros se designará al
Presidente de la misma.

Es competencia de la Junta Directiva la convocatoria de la
Junta General, la ejecución de los acuerdos adoptados por la misma, la
formulación de los anteproyectos de presupuestos y de las cuentas
anuales, que deberán ser firmados por el Presidente de la entidad, así
como la exigencia de responsabilidad al Director Gerente y demás
funciones que se establezcan no reservadas a la Junta General.
Reglamentariamente se regulará el régimen de funcionamiento de la Junta
Directiva y de exigencia de responsabilidad.

No podrá recaer en la misma persona y simultáneamente más
de un cargo de la Junta Directiva, ya sea por sí mismo o en
representación de otras empresas asociadas, ni podrán formar parte de la
Junta las personas o empresas que mantengan relación laboral o de
servicios con la Mutua, a excepción del representante de los
trabajadores.

4. El Director Gerente es el órgano que ejerce la dirección
ejecutiva de la Mutua y a quien corresponde desarrollar sus objetivos
generales y la dirección ordinaria de la entidad, sin perjuicio de estar
sujeto a los criterios e instrucciones que, en su caso, le impartan la
Junta Directiva y el Presidente de la misma.

El Director Gerente estará vinculado mediante contrato de
alta dirección regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto,
por el que se regula la relación laboral de carácter especial del
personal de alta dirección. Será nombrado por la Junta Directiva, estando
supeditada la eficacia del nombramiento y la del contrato de trabajo a la
confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La Comisión estará integrada por el número de miembros que
se establezca reglamentariamente, los cuales estarán distribuidos, por
partes iguales, entre los representantes de los trabajadores de las
empresas asociadas y los representantes de empresarios asociados, siendo
estos últimos designados por la Junta Directiva; asimismo tendrán
representación los trabajadores adheridos. El Presidente será designado
por la Comisión entre sus miembros.

8. Los cargos anteriores o sus representantes en los
mismos, así como las personas que ejerzan funciones ejecutivas en las
Mutuas no podrán comprar ni vender para sí mismos cualquier activo
patrimonial de la entidad ni celebrar contratos de ejecución de obras, de
realización de servicios o de entrega de suministros, excepto las
empresas de servicios financieros o de suministros esenciales,

que requerirán para contratar autorización previa del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ni celebrar contratos en los que
concurran conflictos de intereses. Tampoco podrán realizar esos actos
quienes estén vinculados a aquellos cargos o personas mediante relación
de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o
afinidad, hasta el cuarto grado, ni las personas jurídicas en las que
cualquiera de las mencionadas personas, cargos o parientes sean
titulares, directa o indirectamente, de un porcentaje igual o superior al
10 por ciento del capital social, ejerzan en las mismas funciones que
impliquen poder de decisión o formen parte de sus órganos de
administración o gobierno.

La condición de miembro de la Junta Directiva, de la
Comisión de Control y Seguimiento y de las Comisiones de Prestaciones
Especiales será gratuita, sin perjuicio de que la Mutua en la que se
integren les indemnice y compense por los gastos de asistencia a las
reuniones de los respectivos órganos, en los términos que se establezcan
reglamentariamente.

9. Los miembros de la Junta Directiva, el Director Gerente
y las personas que ejerzan funciones ejecutivas serán responsables
directos frente a la Seguridad Social, la Mutua y los empresarios
asociados de los daños que causen por sus actos u omisiones contrarios a
las normas jurídicas de aplicación, a los Estatutos o a las instrucciones
dictadas por el órgano de tutela, así como por los realizados
incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y
cuando haya intervenido dolo o culpa grave. Se entenderá como acto propio
las acciones y omisiones comprendidas en los respectivos ámbitos
funcionales o de competencias.

La responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva
será solidaria. No obstante, estarán exentos aquellos miembros que
prueben que, no habiendo intervenido en la adopción o ejecución del acto,
desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente
para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a él.

10. Los derechos de crédito que nazcan de las
responsabilidades establecidas en este artículo, así como de la
responsabilidad mancomunada que asumen los empresarios asociados,
prevista en el

artículo 75 ter.4, son recursos públicos de la Seguridad
Social adscritos a las Mutuas en las que concurrieron los hechos origen
de la responsabilidad.

Corresponde al órgano de dirección y tutela la declaración
de las responsabilidades establecidas en el párrafo anterior, de las
obligaciones objeto de las mismas, así como determinar su importe
líquido, reclamar su pago con arreglo a las normas que regulan la
colaboración de las entidades y determinar los medios de pago, que podrán
incluir la dación de bienes, las modalidades, formas, términos y
condiciones aplicables hasta su extinción. Cuando el Tribunal de Cuentas
inicie procedimiento de reintegro por alcance por los mismos hechos, el
órgano de dirección y tutela acordará la suspensión del procedimiento
administrativo hasta que aquel adopte resolución firme, cuyas
disposiciones de naturaleza material producirán plenos efectos en el
procedimiento administrativo.

El órgano de dirección y tutela podrá solicitar a la
Tesorería General de la Seguridad Social la recaudación ejecutiva de los
derechos de crédito derivados de estas responsabilidades, a cuyo efecto
trasladará a la misma el acto de liquidación de aquellos y la
determinación de los sujetos obligados. Las cantidades que se obtengan se
ingresarán en las cuentas que dieron lugar a la exigencia de la
responsabilidad en los términos que establezca el órgano de dirección y
tutela.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en aplicación
de sus facultades de dirección y tutela, podrá reclamar el pago o
ejercitar las acciones legales que sean necesarias para la declaración o
exigencia de las responsabilidades generadas con motivo del desarrollo de
la colaboración, así como comparecer y ser parte en los procesos legales
que afecten a las responsabilidades establecidas.

Artículo 72. Empresarios asociados y trabajadores por
cuenta propia adheridos.

a) Los empresarios que opten por una Mutua para la
protección de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
de la Seguridad Social deberán formalizar con la misma el convenio de
asociación y proteger en la misma entidad a todos los trabajadores
correspondientes a los centros de trabajo situados en la misma provincia,
entendiéndose por éstos la definición contenida en el Estatuto de los
Trabajadores.

Igualmente, los empresarios asociados podrán optar porque
la misma Mutua gestione la prestación económica por incapacidad temporal
derivada de contingencias comunes respecto de los trabajadores protegidos
frente a las contingencias profesionales.

El convenio de asociación es el instrumento por el que se
formaliza la asociación a la Mutua y tendrá un periodo de vigencia de un
año, que podrá prorrogarse por periodos de igual duración.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para formalizar el
convenio, su contenido y efectos.

Los trabajadores autónomos adheridos a una Mutua de
conformidad con lo establecido en el párrafo anterior y que asimismo
cubran las contingencias profesionales, voluntaria u obligatoriamente,
deberán formalizar su protección con la misma Mutua. Igualmente deberán
adherirse aquellos que cubran exclusivamente las contingencias
profesionales.

La protección se formalizará mediante documento de
adhesión, por el cual el trabajador por cuenta propia se incorpora al
ámbito gestor de la Mutua de forma externa a la base asociativa de la
misma y sin adquirir los derechos y obligaciones derivados de la
asociación. El periodo de vigencia de la adhesión será de un año,
pudiendo prorrogarse por periodos de igual duración. El procedimiento
para formalizar el documento de adhesión, su contenido y efectos, se
regulará reglamentariamente.

c) Los trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos deberán formalizar la gestión
por cese de actividad, regulado en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, con la
Mutua a la que se encuentren adheridos mediante la suscripción del Anexo
correspondiente al documento de adhesión, en los términos que establezcan
las normas reglamentarias que regulan la colaboración. Por su parte, los
trabajadores autónomos comprendidos en el Régimen Especial de
Trabajadores del Mar formalizarán la protección con la Entidad Gestora o
con la Mutua con quien protejan las contingencias profesionales.

Artículo 73. Competencias del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

En cualquiera de los casos, la Mutua dará contestación
directamente a las quejas y reclamaciones que reciba y deberá comunicar
éstas junto con la respuesta dada al órgano de dirección y tutela.

6. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social editará
anualmente, para conocimiento general, un informe comprensivo de las
actividades desarrolladas por las Mutuas durante el ejercicio en el
desarrollo de su colaboración en la gestión, en los distintos ámbitos
autorizados, así como de los recursos y medios públicos adscritos, su
gestión y aplicaciones. Igualmente editará un informe sobre las quejas y
peticiones formuladas ante la misma, de conformidad con lo establecido en
el apartado anterior, y su incidencia en los ámbitos de la gestión
atribuidos.

Artículo 74. Patrimonio y régimen de la contratación.

1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 17 y
80.1, los ingresos establecidos en el apartado 1 del artículo 70, así
como los bienes muebles e inmuebles en que puedan invertirse los mismos,
y, en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con ellos,
forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a
las

Mutuas para el desarrollo de las funciones de la Seguridad
Social atribuidas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

La adquisición por cualquier título de los inmuebles
necesarios para el desarrollo de las funciones atribuidas y su
enajenación se acordará por las Mutuas, previa autorización del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, correspondiendo a la Tesorería
General de la Seguridad Social la formalización del acto en los términos
autorizados, y se titularán e inscribirán en el Registro de la Propiedad
a nombre del Servicio Común. La adquisición llevará implícita su
adscripción a la Mutua autorizada. Igualmente las entidades podrán
solicitar autorización para que se les adscriban inmuebles del patrimonio
de la Seguridad Social adscritos a las Entidades Gestoras, los Servicios
Comunes u otras Mutuas, así como para la desadscripción de aquellos
afectados, lo que requerirá conformidad de las interesadas y obligará a
compensar económicamente a la entidad cedente por aquella que reciba la
posesión de los bienes.

No obstante la titularidad pública del patrimonio, dada la
gestión singularizada del mismo y el régimen económico-financiero
establecido para las actividades de la colaboración, los bienes que
integran el patrimonio adscrito estarán sujetos a los resultados de la
gestión, pudiendo liquidarse para atender las necesidades de la misma y
el pago de prestaciones u otras obligaciones derivadas de las expresadas
actividades, sin perjuicio de la responsabilidad mancomunada de los
empresarios asociados. El producto que se obtenga de la enajenación de
los indicados bienes o de su cambio de adscripción a favor de otra Mutua
o de las Entidades Públicas del Sistema, se ingresará en la Mutua de la
que procedan.

2. Los bienes incorporados al patrimonio de las Mutuas con
anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el período comprendido entre
esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este último caso
se trate de bienes que provengan del 20 por 100 del exceso de excedentes,
así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su
origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el patrimonio
histórico de las Mutuas, cuya pro

piedad les corresponde en su calidad de asociación de
empresarios, sin perjuicio de la tutela a que se refiere el artículo
73.1.

Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado
estrictamente al fin social de la entidad, sin que de su dedicación al
mismo puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su
vez, constituyan gravamen para el patrimonio único de la Seguridad
Social. Considerando la estricta afectación de este patrimonio a los
fines de colaboración de las Mutuas con la Seguridad Social, ni los
bienes ni los rendimientos que, en su caso, produzcan pueden desviarse
hacia la realización de actividades mercantiles.

a) Las Mutuas que cuenten con bienes inmuebles integrantes
de su patrimonio histórico, destinados a ubicar centros y servicios
sanitarios o administrativos adscritos al desarrollo de las actividades
propias de la colaboración con la Seguridad Social que tienen
encomendada, podrán imputar en sus correspondientes cuentas de resultados
un canon o coste de compensación por la utilización de tales
inmuebles.

b) Las Mutuas que posean inmuebles vacíos que pertenezcan a
su patrimonio histórico, que por las circunstancias concurrentes no
puedan ser utilizados para la ubicación de centros y servicios sanitarios
o administrativos para el desarrollo de actividades propias de la
colaboración con la Seguridad Social y sean susceptibles de ser
alquilados a terceros, podrán hacerlo a precios de mercado.

c) Las Mutuas podrán percibir de las empresas que
contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales
de la Seguridad Social parte de los incentivos contemplados en el
artículo 75 bis 1.a) de esta Ley, previo acuerdo de las partes.
Reglamentariamente se establecerá el límite máximo de participación de
las Mutuas en dichos incentivos.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará los
pliegos generales que regirán la contratación, así como las instrucciones
de aplicación a los procedimientos que tengan por objeto contratos no
sujetos a regulación armonizada, previo informe del Servicio Jurídico de
la Administración de la Seguridad Social.

En los procedimientos de contratación se garantizarán los
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad,
igualdad y no discriminación, pudiendo licitar en los mismos los
empresarios asociados y los trabajadores adheridos, en cuyo caso no
podrán formar parte de los órganos de contratación, por sí mismos ni a
través de mandatarios. Tampoco podrán formar parte de los órganos de
contratación las personas vinculadas al licitador por parentesco, en
línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto
grado, ni las sociedades en las que los mismos ostenten una
participación, directa o indirecta, igual o superior al 10 por ciento del
capital social o ejerzan en las mismas funciones que impliquen el
ejercicio de poder de decisión.

Reglamentariamente se regularán las especialidades de
aplicación a las operaciones que supongan inversiones reales, inversiones
financieras o a la actividad contractual excluida del ámbito de
aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

Artículo 75. Resultado económico y reservas.

1. El resultado económico patrimonial se determinará
anualmente por la diferencia entre los ingresos y los gastos imputables a
las actividades comprendidas en cada uno de los siguientes ámbitos de la
gestión:

a) Gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y
de las enfermedades profesionales, de la prestación económica por riesgo
durante el embarazo o la lactancia natural, de la prestación por cuidado
de menores afectados de cáncer u otra

enfermedad grave y de las actividades preventivas de la
Seguridad Social.

b) Gestión de la prestación económica por incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes.

c) Gestión de la protección por cese de actividad de los
trabajadores por cuenta propia, sin perjuicio de que la Mutua actúe en
este ámbito exclusivamente como organismo gestor.

En el ámbito de la gestión de las contingencias
profesionales se constituirá una provisión para contingencias en
tramitación, que comprenderá la parte no reasegurada del importe estimado
de las prestaciones de carácter periódico previstas por invalidez y por
muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del
ejercicio.

2. En cada uno de los ámbitos mencionados en el apartado 1
se constituirá una Reserva de Estabilización que se dotará con el
resultado económico positivo obtenido anualmente, cuyo destino será
corregir las posibles desigualdades de los resultados económicos
generados entre los diferentes ejercicios en cada uno de los ámbitos. Las
cuantías de las Reservas serán las siguientes:

a) La Reserva de Estabilización de Contingencias
Profesionales tendrá una cuantía mínima equivalente al 30 por ciento de
la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por las
contingencias y prestaciones señaladas en el apartado 1.a), el cual,
voluntariamente, podrá elevarse hasta el 45 por ciento, que constituirá
el nivel máximo de dotación de la reserva.

b) La Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes
tendrá una cuantía mínima equivalente al 5 por ciento de las cuotas
ingresadas durante el ejercicio económico por las mencionadas
contingencias, la cual podrá incrementarse voluntariamente hasta el 25
por ciento, que constituirá el nivel máximo de cobertura.

c) La Reserva de Estabilización por Cese en Actividad
tendrá una cuantía mínima equivalente al 5 por ciento de las cuotas
ingresadas por esta contingencia durante el ejercicio, que podrá
incrementarse voluntariamente hasta el 25 por ciento de las mismas
cuotas, que constituirá el nivel máximo de cobertura.

Asimismo, las Mutuas ingresarán en la Tesorería General de
la Seguridad Social, la dotación de la Reserva Complementaria de
Estabilización por Cese de la Actividad, que constituirá la misma, con la
finalidad de garantizar la suficiencia financiera de este sistema de
protección. La cuantía se corres

ponderá con la diferencia entre el importe destinado a la
Reserva de Estabilización por Cese en la Actividad y la totalidad del
resultado neto positivo.

3. Los resultados negativos obtenidos en los ámbitos
previstos en las letras a) y b) del apartado 1 se cancelarán aplicando la
respectiva Reserva de Estabilización. En caso de que la misma se sitúe
por debajo de su nivel mínimo de cobertura, se repondrá hasta el
mencionado nivel con cargo a la Reserva Complementaria prevista en el
artículo 75 bis.1.b).

Cuando después de realizadas las operaciones establecidas
en el párrafo anterior persista el déficit en el ámbito de la gestión de
las contingencias profesionales o la dotación de la Reserva de
Estabilización Especifica sea inferior al mínimo obligatorio, se aplicará
a la cancelación del déficit y a dotar la Reserva hasta el mencionado
nivel mínimo obligatorio, el tramo de dotación voluntaria de la Reserva
de Estabilización de Contingencias Comunes y, en caso de insuficiencia,
será de aplicación, en su caso, lo establecido en el artículo 75 ter.

Respecto del ámbito de la gestión de la prestación
económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, en
el supuesto de que después de aplicada la Reserva Complementaria prevista
en el párrafo primero persista el déficit o la dotación de la Reserva
Específica se sitúe en una cuantía inferior a su nivel mínimo
obligatorio, se aplicará a la cancelación del déficit y a dotar la
Reserva de Estabilización específica de este ámbito, hasta situarla en su
nivel mínimo de cobertura, la Reserva de Estabilización de Contingencias
Profesionales. En caso de que una vez aplicada esta última Reserva, la
misma se sitúe en los niveles previstos en la letra a) del apartado 1 del
artículo 75 ter, resultarán de aplicación las medidas establecidas en
este artículo.

Asimismo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá
establecer las condiciones en las que autorizar, en su caso, la
aplicación de un porcentaje adicional sobre la fracción de cuota que
financia la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad
temporal derivadas de contingencias comunes a las Mutuas que acrediten
una insuficiencia financiera del coeficiente general en base a
circunstancias estructurales en los términos que se determinen.

4. El resultado negativo de la gestión de las prestaciones
por cese en la actividad se cancelará aplicando la Reserva específica
constituida en las Mutuas y, en caso de insuficiencia, se aplicará la
Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad
constituida en la Tesorería General de la Seguridad Social hasta
extinguir el déficit y

reponer hasta su nivel mínimo de dotación aquella Reserva,
en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 75 bis. Excedentes y Fondo de Contingencias
Profesionales de la Seguridad Social.

1. El excedente que resulte después de dotar la Reserva de
Estabilización de Contingencias Profesionales se aplicará de la siguiente
forma:

a) El 80 por ciento del excedente obtenido en el ámbito
señalado en el artículo 75.1 a), se ingresará con anterioridad al 31 de
julio de cada ejercicio en la cuenta especial del Fondo de Contingencias
Profesionales de la Seguridad Social, abierta en el Banco de España a
nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social y a disposición del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad
Social estará integrado por el metálico depositado en la cuenta especial,
por los valores mobiliarios y demás bienes muebles e inmuebles en que
aquellos fondos se inviertan y, en general, por los recursos,
rendimientos e incrementos que tengan su origen en el excedente de los
recursos de la Seguridad Social generado por las Mutuas. Los rendimientos
y gastos que produzcan los activos financieros y los de la cuenta
especial se imputarán a la misma, salvo que el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social disponga otra cosa.

El Fondo estará sujeto a la dirección del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y adscrito a los fines de la Seguridad
Social.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá aplicar
los recursos del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad
Social a la creación o renovación de centros asistenciales y de
rehabilitación adscritos a las Mutuas, a actividades de investigación,
desarrollo e innovación de técnicas y tratamientos terapéuticos y
rehabilitadores de patologías derivadas de accidentes de trabajo y de
enfermedades profesionales a desarrollar en los centros asistenciales
adscritos a las Mutuas, así como a incentivar en las empresas la adopción
de medidas y procesos que contribuyan eficazmente a la reducción de las
contingencias profesionales de la Seguridad Social, mediante un sistema
que se regulará reglamentariamente y, en su caso, a dispensar servicios
relacionados con la prevención y el control de las contingencias
profesionales. Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran estarán
sujetos al régimen establecido en el artículo 74.1.

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2. El excedente que resulte después de dotar la Reserva de
Estabilización de Contingencias Comunes se ingresará en el Fondo de
Reserva de la Seguridad Social.

3. El excedente que resulte después de dotar la Reserva de
Estabilización por Cese de Actividad se ingresará en la Tesorería General
de la Seguridad Social con destino a la dotación de la Reserva
Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad, cuya finalidad
será la cancelación de los déficits que puedan generar las Mutuas en este
ámbito de la gestión después de aplicada su Reserva de Estabilización por
Cese de Actividad, así como la reposición de la misma al nivel mínimo
obligatorio, en los términos establecidos en el artículo 75.4, sin
perjuicio de ser de aplicación a la misma las previsiones establecidas en
los párrafos quinto y sexto, del apartado 1.a) de este artículo, sobre
materialización y disposiciones transitorias de los fondos.

Artículo 75 ter. Medidas cautelares y responsabilidad
mancomunada.

1. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá adoptar
las medidas cautelares establecidas en el apartado 2 cuando la Mutua se
halle en alguna de las siguientes situaciones:

a) Cuando la Reserva de Estabilización de Contingencias
Profesionales no alcance el 80 por ciento de su cuantía mínima.

b) Cuando concurran circunstancias de hecho, determinadas
en virtud de comprobaciones de la Administración General del Estado, que
muestren la existencia de desequilibrio económico-financiero en la
Entidad, que, a su vez, ponga en peligro la solvencia o liquidez de la
misma, los intereses de los asociados, de los beneficiarios y de la
Seguridad Social o el cumplimiento de obligaciones contraídas. Asimismo,
cuando aquéllas comprobaciones determinen la insuficiencia o
irregularidad de la contabilidad o de la administración, en términos que
impidan conocer la situación real de la Mutua.

2. Las medidas cautelares que podrán adoptarse serán
adecuadas y proporcionales en función de las características de la
situación, y consistirán en:

a) Requerir a la entidad para que en el plazo de un mes
presente un plan de viabilidad, rehabilitación o saneamiento a corto o
medio plazo, aprobado por su Junta Directiva, en el que se propongan las
medidas adecuadas de carácter financiero, administrativo o de otro orden,
formule previsión de los resultados y sus efectos, fijando asimismo los
plazos para su ejecución, con la finalidad de superar la situación que
dio origen a dicho requerimiento, garantizando en todo caso los derechos
de los trabajadores protegidos y de la Seguridad Social.

La duración del plan no será superior a tres años, según
las circunstancias, y concretará la forma y periodicidad de las
actuaciones a realizar.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará o
denegará el Plan propuesto en el plazo de un mes desde su presentación y,
en su caso, fijará la periodicidad con la que la entidad deberá informar
de su desarrollo.

b) Convocar los órganos de gobierno de la entidad,
designando la persona que deba presidir la reunión y dar cuenta de la
situación.

c) Suspender en sus funciones a todos o algunos de los
directivos de la entidad, debiendo ésta designar las personas que,
aceptadas previamente por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
hayan de sustituirlos interinamente. Si la entidad no lo hiciera, podrá
dicho Ministerio proceder a su designación.

d) Ordenar la ejecución de medidas correctoras de las
tendencias desfavorables registradas en su desarrollo económico y en el
cumplimiento de sus fines sociales durante los últimos ejercicios
analizados.

e) Intervenir la entidad para comprobar y garantizar el
correcto cumplimiento de órdenes concretas emanadas del citado Ministerio
cuando, en otro caso, pudieran infringirse tales órdenes y de ello
derivarse perjuicio mediato o inmediato para los trabajadores protegidos
o la Seguridad Social.

f) Ordenar el cese en la colaboración en caso de infracción
calificada como muy grave conforme lo dispuesto en el texto refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

3. Para adoptar las medidas cautelares previstas en el
apartado anterior, se instruirá el correspondiente procedimiento
administrativo con audien

cia previa de la entidad interesada. Tales medidas cesarán
por acuerdo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social cuando hayan
desaparecido las causas que la motivaron.

Las medidas cautelares son independientes de las sanciones
que legalmente procedan por los mismos hechos, y de la responsabilidad
mancomunada regulada en el apartado siguiente.

4. La responsabilidad mancomunada de los empresarios
asociados a las Mutuas tendrá por objeto las siguientes obligaciones:

a) La reposición de la Reserva de Estabilización de
Contingencias Profesionales hasta el nivel mínimo de cobertura, cuando la
misma no alcance el 80 por ciento de su cuantía mínima, después de
aplicarse las Reservas en la forma establecida en el artículo 75 y el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social lo entienda necesario para
garantizar la adecuada dispensación por la entidad de las prestaciones de
la Seguridad Social o el cumplimento de sus obligaciones.

b) Los gastos indebidos por no corresponder a prestaciones,
servicios u otros conceptos comprendidos en la colaboración en la gestión
de la Seguridad Social.

c) Los excesos en los gastos de administración y por
sanciones económicas impuestas.

d) Las retribuciones o indemnizaciones del personal al
servicio de la Mutua por cuantía superior a la establecida en las normas
que regulen la relación laboral de aplicación o por superar las
limitaciones legalmente establecidas.

f) Las obligaciones contraídas por la Mutua cuando la misma
no las cumpla en la forma establecida legalmente.

g) Las obligaciones atribuidas a la Mutua en virtud de la
responsabilidad directa o subsidiaria, establecidas en el artículo
71.9.

Las derramas tienen el carácter de recursos públicos de la
Seguridad Social. La declaración de los créditos que resulten de la
derrama y, en general, de la aplicación de la responsabilidad mancomunada
se realizará por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, quién
establecerá el importe líquido de los mismos, reclamará su pago y
determinará la forma, los medios, modalidades y condiciones aplicables
hasta su extinción, en los términos establecidos en el artículo
71.10.

5. Asimismo, la Mutua podrá hacer frente a esta
responsabilidad mediante el patrimonio previsto en el artículo 74.2. En
el caso de que este patrimonio no fuera suficiente para atender la citada
responsabilidad a corto plazo, podrá autorizarse por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, a propuesta de la Junta General de la Mutua,
un plan de viabilidad y/o un aplazamiento en el que podrá no ser
necesaria la constitución de garantías, en las condiciones y plazos que
reglamentariamente se establezcan.

Artículo 76. Disolución y liquidación.

a) Acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria.

b) Fusión o absorción de la Mutua.

c) Ausencia de alguno de los requisitos exigidos para su
constitución o funcionamiento.

d) Acuerdo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por
incumplimiento del Plan de viabilidad, rehabilitación o saneamiento
previsto en el artículo 75 ter.2.a), dentro del plazo establecido en la
resolución que apruebe el mismo.

e) En el supuesto previsto en el artículo 75 ter.2.f).

f) Cuando exista insuficiencia del patrimonio previsto en
el artículo 74.2 para hacer frente al total de la responsabilidad
mancomunada prevista en el artículo 75 ter.5, o se incumplan el plan de
viabilidad o el aplazamiento del mencionado artículo.

En los supuestos anteriores y conforme al procedimiento que
se regulará reglamentariamente, el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social acordará la disolución de la Mutua, iniciándose seguidamente el
proceso liquidatorio, cuyas operaciones y resultado requerirán la
aprobación del mismo Ministerio. Los excedentes que resulten se
ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social para los fines
del Sistema, excepto los que se obtengan de la liquidación del patrimonio
histórico, que se aplicarán a los fines establecidos en los Estatutos una
vez extinguidas las obligaciones de la Mutua.

Aprobada la liquidación, el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social acordará el cese de la Entidad como Mutua en
liquidación, ordenará la cancelación de su inscripción registral y
publicará el acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.

En los supuestos de fusión y absorción no se iniciará
proceso liquidatorio de las Mutuas integradas. La Mutua resultante de la
fusión o la absorbente se subrogará en los derechos y obligaciones de las
que se extingan.»

Dos. La disposición adicional undécima queda redactada en
los siguientes términos:

Los actos que se dicten en el ejercicio de las funciones
mencionadas en el párrafo anterior serán moti

vados y se formalizarán por escrito, estando supeditada su
eficacia a la notificación al beneficiario. Asimismo se notificarán al
empresario en los supuestos en que el beneficiario mantenga relación
laboral.

Recibido el parte médico de baja, la Mutua comprobará el
cumplimiento por el beneficiario de los requisitos de afiliación, alta,
periodo de carencia y restantes exigidos en el Régimen de la Seguridad
Social correspondiente y determinará el importe del subsidio, adoptando
el acuerdo de declaración inicial del derecho a la prestación.

Durante el plazo de dos meses siguientes a la liquidación y
pago del subsidio, los pagos que se realicen tendrán carácter
provisional, pudiendo las Mutuas regularizar los pagos provisionales, que
adquirirán el carácter de definitivos cuando transcurra el mencionado
plazo de dos meses.

La Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud
estará obligada a comunicar a la Mutua y al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde el
siguiente a la recepción de la propuesta de alta, la estimación de la
misma, con la emisión del alta, o su denegación, en cuyo caso acompañará
informe médico motivado que la justifique. La estimación de la propuesta
de alta dará lugar a que la mutua notifique la extinción del derecho al
trabajador y a la empresa, señalando la fecha de efectos de la misma.

En el supuesto de que la Inspección Médica considere
necesario citar al trabajador para revisión médica, ésta se realizará
dentro del plazo de cinco días previsto en el párrafo anterior y no
suspenderá el cumplimiento de la obligación establecida en el mismo. No
obstante, en el caso de incomparecencia del trabajador el día señalado
para la revisión médica, se comunicará la inasistencia en el mismo día a
la Mutua que realizó la propuesta. La Mutua dispondrá de un plazo de
cuatro días para comprobar si la incomparecencia fue justificada y
suspenderá el pago del subsidio con efectos desde el día siguiente al de
la

incomparecencia. En caso de que el trabajador justifique la
incomparecencia, la Mutua acordará levantar la suspensión y repondrá el
derecho al subsidio, y en caso que la considere no justificada, adoptará
el acuerdo de extinción del derecho en la forma establecida en el
apartado 2 y lo notificará al trabajador y a la empresa, consignando la
fecha de efectos del mismo, que se corresponderá con el primer día
siguiente al de su notificación al trabajador.

Cuando la Inspección Médica del Servicio Público de Salud
hubiera desestimado la propuesta de alta formulada por la Mutua o bien no
conteste a la misma en la forma y plazo establecidos, ésta podrá
solicitar la emisión del parte de alta al Instituto Nacional de la
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina, de acuerdo con las
atribuciones conferidas en la disposición adicional quincuagésima
segunda. En ambos casos, el plazo para resolver la solicitud será de
cuatro días siguientes al de su recepción.

4. Las comunicaciones que se realicen entre los médicos de
las Mutuas, los pertenecientes al Servicio Público de Salud y las
Entidades Gestoras se realizarán preferentemente por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, siendo válidas y eficaces desde el momento en
que se reciban en el centro donde aquéllos desarrollen sus funciones.

Igualmente las Mutuas comunicarán las incidencias que se
produzcan en sus relaciones con el Servicio Público de Salud o cuando la
empresa incumpla sus obligaciones, al Ministerio de Empleo y Seguridad
Social que adoptará, en su caso, las medidas que correspondan.

Las Mutuas no podrán desarrollar las funciones de gestión
de la prestación a través de medios concertados, sin perjuicio de
recabar, en los términos establecidos en el apartado 5, los servicios de
los Centros sanitarios autorizados para realizar pruebas diagnósticas o
tratamientos terapéuticos y rehabilitadores que las mismas soliciten.

Las pruebas diagnósticas y los tratamientos terapéuticos y
rehabilitadores se realizarán principalmente en los Centros asistenciales
gestionados por las Mutuas para dispensar la asistencia derivada de las
contingencias profesionales, en el margen que permita su aprovechamiento,
utilizando los medios destinados a la asistencia de patologías de origen
profesional, y, con carácter subsidiario, podrán realizarse en centros
concertados, autorizados para dispensar sus servicios en el ámbito de las
contingencias profesionales, con sujeción a lo establecido en el párrafo
anterior y en los términos que se establezcan reglamentariamente. En
ningún caso las pruebas y tratamientos supondrán la asunción de la
prestación de asistencia sanitaria derivada de contingencias comunes ni
dará lugar a la dotación de recursos destinados a esta última.

Los derechos de créditos que generen los convenios,
acuerdos y conciertos son recursos públicos de la Seguridad Social,
siendo de aplicación a los mismos lo dispuesto en el artículo 70.2.

Disposición adicional segunda. Revisión del sistema de
protección por cese de actividad.

En el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta
Ley, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un estudio sobre
la evolución de los principales parámetros que configuran el sistema de
protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos y su
incidencia económica, al objeto de revisar, en su caso, el régimen de
voluntariedad del sistema así como su régimen financiero.

Disposición adicional tercera.

Las referencias a la Inspección Médica de los Servicios
Públicos de Salud hechas en esta Ley y en su normativa de desarrollo se
entenderán referidas a los órganos de las Comunidades Autónomas que
ten

gan atribuidas, en su caso, las funciones de inspección
médica.

Disposición adicional cuarta. Actualización de la
cotización por contingencias profesionales.

El Gobierno abordará en el plazo de un año una
actualización de la regulación de la cotización por contingencias
profesionales en relación con los siguientes aspectos:

a) Actualización de la Tarifa de cotización por
contingencias profesionales, cumpliendo con lo establecido legalmente en
la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2007, respecto de la revisión de
los tipos de cotización por actividades económicas y a la reducción del
número de situaciones contempladas en el denominados Cuadro II de dicha
tarifa. La citada actualización se hará en función de la peligrosidad y
los riesgos para las distintas actividades, industrias y tareas.

b) Modificación del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo,
por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan
contribuido especialmente a la disminución y prevención de la
siniestralidad laboral. La modificación deberá tener como objetivos,
entre otros, agilizar y simplificar el proceso de solicitud,
reconocimiento y abono del incentivo, y la implantación de un sistema
objetivo centrado en el comportamiento de la siniestralidad. Con la
modificación se pretende incentivar en las empresas la adopción de
medidas y procesos que contribuyan eficazmente a la reducción de las
contingencias profesionales de la Seguridad Social.

Disposición adicional quinta.

El Gobierno, en el plazo de tres años, presentará en el
Congreso de los Diputados un informe de evaluación de la gestión de las
Mutuas, a efectos de determinar si las funciones que tienen asignadas se
están ejecutando con eficiencia en comparación con la gestión que se
realiza por las entidades gestoras de la Seguridad Social y, en su caso,
proponer los cambios que sean precisos.

Disposición adicional sexta (nueva). Retribuciones del
personal facultativo de las Mutuas.

No obstante lo establecido con carácter general en el
artículo 71.4 de la Ley General de

la Seguridad Social en la redacción dada por esta Ley, en
realción con la limitación de las retribuciones del personal de las
Mutuas y sus Centros Mancomunados, excepcionalmente, con el objetivo de
que las Mutuas puedan prestar unos servicios médicos más especializados,
el personal facultativo al servicio de las mismas podrá percibir unas
retribuciones por encima del límite de retribuciones totales fijado para
el Director Gerente de la Mutua para la que preste servicios, debiéndose
respetar, en todo caso, las disposiciones sobre la masa salarial y las
limitaciones o restricciones que establezcan, en su caso, las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado de cada año.

Disposición transitoria primera. Aplicación de los plazos
de vigencia de los convenios de asociación y de los documentos de
adhesión.

La aplicación del plazo de vigencia establecido en el
artículo 72.1 a) de la Ley General de la Seguridad Social a los convenios
de asociación formalizados con anterioridad a la entrada en vigor de esta
ley, se realizará computando, como periodo de tiempo consumido, el que
haya transcurrido desde la fecha de suscripción de aquel convenio hasta
el último día de los dos meses siguientes al de la entrada en vigor de
esta ley. No obstante, los convenios de asociación cuyo plazo de
vigencia, computado en la forma mencionada, supere el establecido en el
mencionado artículo 72.1 a), finalizarán durante el año en que se
produzca la entrada en vigor de esta ley, el último día del mes
coincidente con el de la suscripción, excepto aquellos cuya extinción se
produzca entre el día 1 de enero y los dos meses mencionados, que
finalizarán el último día de los mismos.

Respecto de los documentos de adhesión, el plazo de
vigencia previsto en el artículo 72.1 b) de la Ley General de la
Seguridad Social se computará deduciendo el periodo de tiempo consumido
desde la fecha de suscripción del Documento de Adhesión hasta la entrada
en vigor de esta ley. En el caso de que, conforme a esta forma de
cómputo, los documentos hayan vencido con anterioridad al día 1 de enero
del siguiente año al de la entrada en vigor, los trabajadores autónomos
afectados dispondrán de un plazo de tres meses a partir de la entrada en
vigor de esta ley para solicitar el cambio de Mutua, que producirá sus
efectos a partir del 1 de enero del siguiente año.

Disposición transitoria segunda. Regularización de las
Reservas de Estabilización.

El proceso de venta se iniciará previa determinación de los
bienes, derechos y obligaciones de las Sociedades constituidas y su
valoración, a la que deberá prestar su conformidad el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, al objeto de que no se generen perjuicios a
los derechos, bienes o intereses de la Seguridad Social.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.3.e) del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, las rentas generadas como
consecuencia del régimen de desinversión previsto en esta disposición,
estarán sometidas al régimen fiscal previsto en el apartado 2 del
artículo 121 del citado texto refundido.

Disposición transitoria cuarta. Integración del Fondo de
Contingencias Profesionales de la Seguridad Social.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta
ley, la Tesorería General de la Seguridad Social integrará en el Fondo de
Contingencias Profesionales de la Seguridad Social previsto en el
artículo 75 bis, apartado 1. a) de la Ley General de la Seguridad Social,
la totalidad del metálico, saldo, valores y demás bienes muebles o
inmuebles existentes en el Fondo de Prevención y Rehabilitación o
resultantes de las inversiones procedentes de sus fondos, el cual quedará
extinguido.

Disposición transitoria quinta. Adaptación de
Estatutos.

Disposición transitoria sexta (nueva). Aplicación de las
normas en materia de retribuciones.

La eventual diferencia entre las retribuciones actualmente
percibidas y las resultantes de

la aplicación de lo previsto en el artículo 71.4 de la Ley
General de la Seguridad Social que pudiera existir a la entrada en vigor
de esta Ley, será absorbida por terceras partes en los tres ejercicios
siguientes.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogados la disposición adicional decimocuarta de
la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, el artículo 44 del texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en esta ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

El artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, queda modificado en los siguientes
términos:

«Artículo 32. Prohibición de participación en actividades
mercantiles de prevención.

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 32/2010,
de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de
protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

La Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un
sistema específico de protección por cese de actividad de los
trabajadores autónomos, se modifica en los siguientes términos:

Uno. El artículo 1 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El sistema específico de protección por el cese de
actividad tiene por objeto dispensar a los trabajadores autónomos,
afiliados a la Seguridad

Social y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores
del Mar, las prestaciones y medidas establecidas en esta ley ante la
situación de cese total en la actividad que originó el alta en el Régimen
Especial, no obstante poder y querer ejercer una actividad económica o
profesional a título lucrativo.

2. El cese de actividad podrá ser definitivo o temporal. El
cese temporal comporta la interrupción de todas las actividades que
originaron el alta en el Régimen Especial en el que el trabajador
autónomo figure encuadrado, en los supuestos regulados en el artículo
5.

3. El régimen de protección de los trabajadores por cuenta
propia incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios se regirá por lo dispuesto en la disposición adicional
octava.»

Dos. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 2. Régimen jurídico.

La protección por cese de actividad forma parte de la
acción protectora del Sistema de la Seguridad Social, es de carácter
voluntario y se rige por lo dispuesto en esta ley y en sus normas de
desarrollo, así como, supletoriamente, por las normas que regulan el
Régimen Especial de la Seguridad Social de encuadramiento.»

Tres. La letra a) del apartado 1 y el apartado 2 del
artículo 3 quedan redactados del siguiente modo:

«a) La prestación económica por cese total, temporal o
definitivo, de la actividad.»

«2. El sistema de protección por cese de actividad
comprenderá, además, medidas de formación, orientación profesional y
promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos
beneficiarios del mismo, cuya gestión corresponderá a las entidades
previstas en el artículo 14.5.»

Cuatro. Las letras a) y e) del apartado 1 del artículo 4
quedan redactadas del siguiente modo:

«a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de
los Trabajadores del Mar, en su caso.»

«e) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la
Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se
cumpliera este

requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador
autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales
ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá
plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.»

Cinco. El artículo 5 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 5. Situación legal de cese de actividad.

1. Se encontrarán en situación legal de cese de actividad
todos aquellos trabajadores autónomos que cesen en el ejercicio de su
actividad por alguna de las causas siguientes:

a) Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos,
productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir
la actividad económica o profesional.

En caso de establecimiento abierto al público se exigirá el
cierre del mismo durante la percepción del subsidio o bien su transmisión
a terceros. No obstante, el autónomo titular del inmueble donde se ubica
el establecimiento podrá realizar sobre el mismo los actos de disposición
o disfrute que correspondan a su derecho, siempre que no supongan la
continuidad del autónomo en la actividad económica o profesional
finalizada.

Se entenderá que existen motivos económicos, técnicos,
productivos u organizativos cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes:

1.º Pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un
año completo, superiores al 10 por ciento de los ingresos obtenidos en el
mismo periodo, excluido el primer año de inicio de la actividad.

2.º Ejecuciones judiciales o administrativas tendentes al
cobro de las deudas reconocidas por los órganos ejecutivos, que comporten
al menos el 30 por ciento de los ingresos del ejercicio económico
inmediatamente anterior.

3.º La declaración judicial de concurso que impida
continuar con la actividad, en los términos de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal.

b) Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o
definitivo de la actividad económica o profesional.

c) Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que
la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad
económica o profesional y no venga motivada por la comisión de
infracciones penales.

d) La violencia de género determinante del cese temporal o
definitivo de la actividad de la trabajadora autónoma.

e) Por divorcio o separación matrimonial, mediante
resolución judicial, en los supuestos en que el autónomo ejerciera
funciones de ayuda familiar en el negocio de su ex cónyuge o de la
persona de la que se ha separado, en función de las cuales estaba
incluido en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social.

2. La situación legal de cese de la actividad respecto de
los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos por aplicación de la disposición adicional
vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, se producirá cuando cesen involuntariamente en el cargo de
consejero o administrador de la sociedad o en la prestación de servicios
a la misma y la sociedad haya incurrido en pérdidas en los términos
previstos en el apartado 1.a).1.º o bien haya disminuido su patrimonio
neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital
social.

3. Se encontrarán en situación legal de cese de actividad
los trabajadores autónomos económicamente dependientes que, sin perjuicio
de lo previsto en el primer apartado de este artículo cesen su actividad
por extinción del contrato suscrito con el cliente del que dependan
económicamente, en los siguientes supuestos:

a) Por la terminación de la duración convenida en el
contrato o conclusión de la obra o servicio.

b) Por incumplimiento contractual grave del cliente,
debidamente acreditado.

c) Por rescisión de la relación contractual adoptada por
causa justificada por el cliente, de acuerdo con lo establecido en la Ley
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.

d) Por rescisión de la relación contractual adoptada por
causa injustificada por el cliente, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.

e) Por muerte, incapacidad o jubilación del cliente,
siempre que impida la continuación de la actividad.

La situación legal de cese de actividad establecida en este
apartado será también de aplicación a los trabajadores autónomos que
carezcan del reconocimiento de económicamente dependientes, siempre que
su actividad cumpla las condiciones establecidas en el artículo 11 de la
Ley 20/2007, de 11 de julio, por la que se aprueba el Estatuto del
Trabajo Autónomo, y en el artículo 2 del Real Decreto 197/2009, de 23 de
febrero, por el que se

desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de
contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro
y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de
trabajadores autónomos.

4. En ningún caso se considerará en situación legal de cese
de actividad:

a) A aquellos que cesen o interrumpan voluntariamente su
actividad, salvo en el supuesto previsto en el apartado 3.b) del presente
artículo.

b) A los trabajadores autónomos previstos en el apartado 3
que tras cesar su relación con el cliente y percibir la prestación por
cese de actividad, vuelvan a contratar con el mismo cliente en el plazo
de un año, a contar desde el momento en que se extinguió la prestación,
en cuyo caso deberán reintegrar la prestación recibida.»

Seis. El apartado 1 y el primer párrafo del apartado 2 del
artículo 6 quedan redactados del siguiente modo:

«1. Las situaciones legales de cese de actividad de los
trabajadores autónomos se acreditarán mediante declaración jurada del
solicitante, en la que se consignará el motivo o motivos concurrentes y
la fecha de efectos del cese, a la que acompañará los documentos que
seguidamente se establecen, sin perjuicio de aportarse, si aquel lo
estima conveniente, cualquier medio de prueba admitido legalmente.

a) Los motivos económicos, técnicos, productivos u
organizativos se acreditarán mediante los documentos contables,
profesionales, fiscales, administrativos o judiciales que justifiquen la
falta de viabilidad de la actividad.

En todo caso se deberán aportar los documentos que
acrediten el cierre del establecimiento en los términos establecidos en
el artículo 5.1.a), la baja en el censo de actividades económicas y la
baja en el Régimen Especial de la Seguridad Social en el que estuviera
encuadrado el solicitante. En el caso de que la actividad requiriera el
otorgamiento de autorizaciones o licencias administrativas, se acompañará
la comunicación de solicitud de baja correspondiente y, en su caso, la
concesión de la misma, o bien el acuerdo de su retirada.

Sin perjuicio de los documentos señalados en el párrafo
anterior, la concurrencia de motivos económicos se considerará acreditada
mediante la aportación, en los términos que reglamentariamente se
establezcan, de la documentación contable que confeccione el trabajador
autónomo, en la que se registre el nivel de pérdidas exigido en los

términos del artículo 5.1.a).1.º, así como mediante las
declaraciones del IVA, del IRPF y demás documentos preceptivos que, a su
vez, justifiquen las partidas correspondientes consignadas en las cuentas
aportadas. En todo caso, las partidas que se consignen corresponderán a
conceptos admitidos en las normas que regulan la contabilidad.

El trabajador autónomo podrá formular su solicitud
aportando datos estimados de cierre, al objeto de agilizar la instrucción
del procedimiento, e incorporará los definitivos con carácter previo al
dictado de la resolución.

b) El cese de actividad de los socios de las entidades
capitalistas se acreditará mediante el acuerdo adoptado en junta, por el
que se disponga el cese en el cargo de administrador o consejero junto
con el certificado emitido por el Registro Mercantil que acredite la
inscripción del acuerdo. En el supuesto de cese en la prestación de
servicios se requerirá la aportación del documento que lo acredite así
como el acuerdo de la Junta de reducción del capital por pérdidas.

En ambos casos se requerirá la acreditación de la situación
de pérdidas o de disminución del patrimonio neto en los términos
establecidos en el artículo 5.2.

c) La pérdida de la licencia administrativa que habilitó el
ejercicio de la actividad mediante resolución correspondiente.

d) La violencia de género, por la declaración escrita de la
solicitante de haber cesado o interrumpido su actividad económica o
profesional, a la que se adjuntará la orden de protección o, en su
defecto, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de
indicios sobre la condición de víctima de violencia de género. De
tratarse de una trabajadora autónoma económicamente dependiente, aquella
declaración podrá ser sustituida por la comunicación escrita del cliente
del que dependa económicamente en la que se hará constar el cese o la
interrupción de la actividad. Tanto la declaración como la comunicación
han de contener la fecha a partir de la cual se ha producido el cese o la
interrupción.

e) El divorcio o acuerdo de separación matrimonial de los
familiares incursos en la situación prevista en el artículo 5.1.e) se
acreditará mediante la correspondiente resolución judicial, a la que
acompañarán la documentación correspondiente en la que se constate la
pérdida de ejercicio de las funciones de ayuda familiar directa en el
negocio, que venían realizándose con anterioridad a la ruptura o
separación matrimoniales.»

«2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1 del
presente artículo, las situaciones legales de cese de actividad de los
trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como de los
mencionados en el artículo 5.3, se acreditarán a través de los siguientes
medios:»

Siete. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado del
siguiente modo:

Respecto de los trabajadores por cuenta propia que no se
encuentren adheridos a una Mutua, será de aplicación lo establecido en la
disposición adicional cuarta.

Dicho reconocimiento supondrá el nacimiento del derecho al
disfrute de la correspondiente prestación económica, a partir del segundo
mes posterior a aquel en que se produjo el hecho causante del cese de
actividad. Cuando el trabajador autónomo económicamente dependiente haya
finalizado su relación con el cliente principal, para tener derecho al
disfrute de la prestación, no podrá tener actividad con otros clientes a
partir del día en que inicie el cobro de la prestación.»

Ocho. Se añade una letra e) al apartado 3 del artículo 8,
con la siguiente redacción:

«e) En el Régimen Especial del Mar, los períodos de veda
obligatoria aprobados por la autoridad competente no se tendrán en cuenta
para el cómputo del período de 12 meses continuados e inmediatamente
anteriores a la situación legal de cese de actividad, siempre y cuando en
esos períodos de veda no se hubiera percibido la prestación por cese de
actividad.»

Nueve. El apartado 1 del artículo 9 queda redactado del
siguiente modo:

«1. La base reguladora de la prestación económica por cese
de actividad será el promedio de las bases por las que se hubiere
cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a
la situación legal de cese. En el Régimen Especial del Mar la base
reguladora se calculará sobre la totalidad de la base de cotización por
esta contingencia, sin aplicación de los coeficientes correctores de
cotización, y además, los períodos de veda obligatoria aprobados por la
autoridad competente no se tendrán en cuenta para el

computo del período de 12 meses continuados e
inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de actividad,
siempre y cuando en esos períodos de veda no se hubiera percibido la
prestación por cese de actividad.»

Diez. El artículo 14 queda redactado del siguiente
modo:

«1. La protección por cese de actividad se financiará
exclusivamente con cargo a la cotización por dicha contingencia. La fecha
de efectos de la cobertura comenzará a partir del primer día del mismo
mes en que sea formalizada.

2. La base de cotización por cese de actividad se
corresponderá con la base de cotización del Régimen Especial de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que hubiere elegido, como
propia, el trabajador autónomo con arreglo a lo establecido en las normas
de aplicación, o bien la que le corresponda como trabajador por cuenta
propia en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

3. El tipo de cotización correspondiente a la protección de
la Seguridad Social por cese de actividad, aplicable a la base
determinada en el apartado anterior, se establecerá de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16.1 de la ley General de la Seguridad Social.
No obstante, al objeto de mantener la sostenibilidad financiera del
sistema de protección, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de
cada ejercicio establecerá el tipo de cotización aplicable al ejercicio
al que se refieran de acuerdo con las siguientes reglas:

a) El tipo de cotización expresado en tanto por cien será
el que resulte de la siguiente fórmula:

TCt = G /BC*100.

t = año al que se refieran los Presupuestos Generales del
Estado en el que estará en vigor el nuevo tipo de cotización

TCt = tipo de cotización aplicable para el año t

G = suma del gasto por prestaciones de cese de actividad de
los meses comprendidos desde 1 de agosto del año t-2 hasta el 31 de julio
del año t-1

BC = suma de las bases de cotización por cese de actividad
de los meses comprendidos desde 1 de agosto del año t-2 hasta el 31 de
julio del año t-1.

b) No obstante lo anterior, no corresponderá aplicar el
tipo resultante de la formula, manteniéndose el tipo vigente, cuando:

1.º Suponga incrementar el tipo de cotización vigente en
menos de 0,5 puntos porcentuales.

2.º Suponga reducir el tipo de cotización vigente en menos
de 0,5 puntos porcentuales, o cuando siendo la reducción del tipo mayor
de 0,5 puntos porcentuales las reservas de esta prestación a las que se
refiere el artículo 16.2 de la presente Ley previstas al cierre del año
t-1 no supere el gasto presupuestado por la prestación de cese de
actividad para el año t.

c) En todo caso, el tipo de cotización a fijar anualmente
no podrá ser inferior al 2,2 por ciento ni superior al 4 por ciento.

Cuando el tipo de cotización a fijar en aplicación de lo
previsto en este apartado exceda del 4 por ciento, se procederá
necesariamente a revisar al alza todos los períodos de carencia previstos
en el apartado 1 del artículo 8 de la presente Ley, que quedarán fijados
en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dicha
revisión al alza será al menos de dos meses.

4. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
podrá emitir opinión conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley
Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, respecto a la aplicación por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social de lo previsto en los apartados
anteriores, así como respecto a la sostenibilidad financiera del sistema
de prestación por cese de actividad.

5. Las medidas de formación, orientación profesional y
promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos
beneficiarios de la protección por cese de actividad, a las que se
refiere el artículo 3.2 de esta ley, se financiarán con un 1 por ciento
de los ingresos establecidos en este artículo. Dichas medidas serán
gestionadas por el Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma
competente y por el Instituto Social de la Marina, en proporción al
número de beneficiarios que gestionen.»

Once. El artículo 16 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 16. Órgano gestor.

A tal fin, la gestión de la prestación por cese de
actividad corresponderá a la Mutua con quien el trabajador autónomo haya
formalizado el documento de adhesión, mediante la suscripción del Anexo
correspondiente. El procedimiento de formalización de la protección por
cese de actividad, su periodo de vigencia y efectos se regirá por las
normas de aplicación a la colaboración de las Mutuas en la gestión de la
Seguridad Social.

2. El resultado positivo anual que las Mutuas obtengan de
la gestión del sistema de protección se destinará a la constitución de
una Reserva de Estabilización por Cese de Actividad, cuyo nivel mínimo de
dotación equivaldrá al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el
ejercicio por esta contingencia, que podrá incrementarse voluntariamente
hasta alcanzar el 25 por ciento de las mismas cuotas, que constituirá el
nivel máximo de dotación, y cuya finalidad será el atender los posibles
resultados negativos futuros que se produzcan en esta gestión.

Una vez dotada con cargo al cierre del ejercicio la Reserva
de Estabilización en los términos establecidos, el excedente se ingresará
en la Tesorería General de la Seguridad Social, con destino a la dotación
de una Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad,
cuya finalidad será asimismo la cancelación de los déficits que puedan
generar las Mutuas después de aplicada su reserva de cese de actividad, y
la reposición de la misma hasta el nivel mínimo señalado, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 75.4 de la mencionada Ley General de la
Seguridad Social.

En ningún caso será de aplicación el sistema de
responsabilidad mancomunada establecido para los empresarios
asociados.»

Doce. El párrafo primero de la disposición adicional sexta
queda redactado del siguiente modo:

«Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo
asociado que hayan optado por su encuadramiento en el Régimen Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de
los Trabajadores del Mar, tendrán derecho a las prestaciones por cese de
actividad siempre que cumplan las condiciones genera

les establecidas en esta ley y las particulares que
seguidamente se disponen:»

Trece. La letra c) del apartado uno de la disposición
adicional séptima queda redactada del siguiente modo:

«c) Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que
la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad
económica o profesional y no venga motivada por la comisión de
infracciones penales.»

Con efectos desde el día de entrada en vigor de esta ley,
el artículo 128 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2014, queda redactado en los siguientes
términos:

Uno. El primer párrafo del apartado Cinco. 5, queda
redactado del siguiente modo:

«5. El tipo de cotización en este Régimen Especial de la
Seguridad Social será el 29,80% o el 29,30% si el interesado está acogido
al sistema de protección por contingencias profesionales. Cuando el
interesado no tenga cubierta la protección por incapacidad temporal, el
tipo de cotización será del 26,50%.»

Dos. El apartado Seis.1 b), queda redactado del siguiente
modo:

«b) Respecto a la mejora voluntaria de incapacidad temporal
por contingencias comunes, el tipo de cotización a aplicar a la cuantía
completa de la base de cotización del interesado será del 3,30%, o del
2,80% si el interesado está acogido al sistema de protección por
contingencias profesionales.»

Tres. El apartado Siete.1, queda redactado del siguiente
modo:

«1. Lo establecido en los apartados Uno y Dos será de
aplicación en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, sin
perjuicio, en su caso, y para la cotización por contingencias comunes, de
lo dispuesto en el artículo 19.6 del Texto Refundido de las Leyes
116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, aprobado por
Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, de lo que se establece en el apartado
2 siguiente, y con excepción del tipo de cotización por contingencias
comu

nes de los trabajadores por cuenta propia, que será del
29,30% o del 29,80% si el interesado no está acogido al sistema de
protección por contingencias profesionales.»

El artículo 9.3.e) del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo, queda modificado en los siguientes términos:

Disposición final cuarta (nueva). Modificación del apartado
1 del artículo 35 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía
sostenible.

Artículo 35. Sostenibilidad en la gestión de las empresas
públicas y de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

1. Las sociedades mercantiles estatales y las entidades
públicas empresariales adscritas a la Administración General del Estado,
así como las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, adaptarán su
gestión a los principios enunciados de esta Ley.

Disposición final quinta. Habilitación al Gobierno.

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente ley.