Desde la perspectiva canaria, este último presupuesto de la
actual legislatura es un momento oportuno para que los canarios
recordemos los compromisos adquiridos por el presidente Rajoy en su
Debate de Investidura de diciembre de 2011:

«Estoy de acuerdo con usted en que la mejor política social
es el empleo». «Estoy absolutamente a favor de la cohesión social».

«Desde luego, mi objetivo prioritario, como ya he repetido
en muchas ocasiones a lo largo de este debate, es la creación de empleo y
he anunciado también en la primera intervención que tuve en esta Cámara
en la mañana de ayer que habrá un plan de choque para el empleo
juvenil.»

«En cuanto al Régimen Económico y Fiscal de Canarias, mi
compromiso es total, pleno y absoluto en todos los aspectos.» «Por tanto,
mi compromiso es pleno e irá en dos direcciones: cumplir todos aquellos
aspectos del REF que hoy no se cumplen y actualizar los aspectos del REF
que son mejorables, …»

«También es importante señalar que en el REF está recogido
que en Canarias habrá una inversión estatal media similar a la del resto
de España. Esto no ha ocurrido en los últimos años en que nosotros
estábamos en la oposición, cuando estábamos en el Gobierno sí ocurría. Mi
compromiso es invertir la tendencia para que la media de inversión del
Estado en Canarias converja con la media nacional, tal y como dispone el
REF.»

«Nosotros vamos a plantear la quinta libertad del
transporte aéreo europeo para Canarias, para que cualquier aeronave
comercial que sobrevuele las islas pueda aterrizar y despegar para
recoger y dejar pasaje —creo que es una reivindicación muy sentida
por los canarios—, y desde luego la política de tasas aéreas será
diferente en los aeropuertos de Canarias, pues allí no llegan ni las
grandes autopistas continentales ni los trenes de alta velocidad ni cosa
que se le parezca.»

«Por tanto, les digo que no voy a prometer lo que no tenga
claro que pueda cumplir.»

A los hechos nos debemos remitir. No solo ha existido un
incumplimiento generalizado de todos y cada uno de estos compromisos,
sino que por añadidura el Gobierno del Partido Popular ha profundizado en
el maltrato a los intereses de Canarias con una agresividad que no tiene
precedente en la reciente historia democrática española.

Es perfectamente cuantificable el daño producido a los
servicios esenciales del archipiélago, consecuencia de la injusta
financiación autonómica que escamotea en torno a 800 millones de euros
anuales para estos servicios esenciales, así como una inversión
habitante/año próxima al 50 % de la media del Estado o el incumplimiento
flagrante de planes y convenios, entre los más llamativos el de
Carreteras, en el que el Gobierno del Partido Popular ha detraído más de
600 millones de euros desde el inicio de la legislatura.

El proyecto de 2015 que se somete ahora a examen y debate
en las Cortes Generales reitera iguales principios neoliberales que los
aprobados en 2012, 2013 y 2014, y, en consecuencia, su diseño lejos de
cumplir con el objetivo de crecimiento económico sostenible renuncia a la
resolución, a corto plazo, del principal problema al que nos enfrentamos
que es el del desempleo, y las incorrectas políticas denominadas
austericidas que orientan la filosofía de esta propuesta.

Una realidad constante e imprescindible en la comprensión
histórico-económica de Canarias, es la instauración de las políticas
públicas que aproximen su convergencia con el territorio continental
europeo neutralizando en lo posible sus diversas e importantes
desventajas estructurales y permanentes. Concretamente el Régimen
Económico y Fiscal de Canarias recoge una inequívoca singularidad, al
ocuparse de su ubicación geográfica alejada de la dinámica económica y
social del continente en una clara situación de desventaja estructural,
que el ámbito comunitario contempla bajo la denominación de Región
Ultraperiférica de la Unión Europea. Un hecho diferencial permanente e
inamovible, que, lamentablemente reconoce y respeta la Unión Europea, en
mayor medida que el Gobierno de España.

Hoy es comprobable la deriva imparable de Canarias hacia la
divergencia económica al constatar que en los últimos catorce años
(1999-2013) Canarias ha perdido 11,84 puntos porcentuales de convergencia
con el resto del Estado. Esta situación se visualiza con claridad
comprobando como Canarias es una de las siete comunidades autónomas donde
la renta per cápita disminuye permanentemente ampliando el diferencial
que la separa del resto de España. Este retroceso se debe a la caída
sucesiva del PIB en 2009

y 2010 más intensas que en el resto del Estado y ello
acompañado de un aumento de población continuado que condujo a Canarias a
una posición relativa del 84,7 % de la media española (que supondría el
100 %) según últimos datos INE en marzo 2014.

El proyecto de 2015 renuncia una vez más a reconocer de
forma efectiva la necesidad de actuar sobre el dramático problema del
desempleo en Canarias.

Sobre este particular bien pudiera haberse acompañado la
reciente reforma estructural del mercado de trabajo con la contemplación
de las políticas activas de empleo complementarias a la contratación,
como se ha venido haciendo con el Plan Insular de Empleo de Canarias,
suspendido de fondos desde la llegada del actual Gobierno (amputado desde
los 82 millones disponibles en 2011, primero 42 millones en 2012, luego a
10 millones de euros en el ejercicio 2013 y finalmente extinguido a
partir de 2014 y en la actualidad). Una inaceptable actuación contraria
al desarrollo de las necesarias políticas activas de empleo que precisa
el archipiélago.

Esta extinción del Plan Integral de Empleo de Canarias es
inaudita por ignorar nuestra tasa de paro que, actualmente, se sitúa en
el 32,68 % de la población activa, lo que supone una desviación con
respecto de la media estatal de 8,21 puntos porcentuales adicionales, y
que supone que el número de desempleados en Canarias es de 356,900
personas según la Encuesta de Población Activa (EPA 2.º T. 2014); lo que
nos sitúa, como la segunda Comunidad Autónoma con la mayor tasa de
desempleo detrás de Andalucía (34,74 %). Adicionalmente ha de
considerarse que la tasa de paro canaria refleja diferenciales con
respecto de la media estatal, que se mantienen de forma sostenida durante
una serie larga de años (en este momento siete años consecutivos de hasta
ocho puntos adicionales) y estas posiciones, desfavorables a las finanzas
públicas y a la economía canaria, nos permite entender dos de los efectos
más preocupantes del desempleo en Canarias que son, el del «desempleo de
larga duración» y la «tasa de paro juvenil».

Sin perjuicio de otros detalles posteriores, las cuentas
son, una vez más, un castigo para la sociedad de Canarias. Lo manifiestan
en sus dotaciones para el desarrollo económico-social y para sus
estructuras imprescindibles: en las políticas para compensar su
insularidad; en la financiación autonómica de políticas básicas que deben
atenuar las diferencias territoriales; en las actuaciones públicas de sus
costas, en sus carreteras, en la obra hidráulica, la potabilización y en
fin en la escasa potenciación de su liderazgo turístico mundial único
recurso que sostienen en pie la economía canaria. La ausencia y la
minoración de medidas previstas en los Presupuestos Generales del Estado
al amparo del Régimen Económico y Fiscal canario. En particular la
correspondiente a las actuaciones de inversión infraestructuras
turísticas previstas al amparo de la Ley 19/1994, pero también las
reducciones de las partidas destinadas a subvención el tráfico aéreo y
las destinadas a subvencionar el tráfico aéreo y marítimo de mercancías,
la supresión del tratamiento específico de las Tasas Aéreas, la
privatización del estratégica infraestructura que para Canarias supone la
Red de Aeropuertos y un largo etc.

Ya hemos denunciado los evidentes perjuicios para Canarias
del actual Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de
Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía establecido en la Ley
22/2009, de 18 de diciembre. No se ha operado el objetivo previsto por la
propia Ley para tratar equitativamente al conjunto de las CC.AA. así
Canarias ha recibido un promedio de 800 millones euros anuales menos que
la media de las CC.AA., un auténtico maltrato que cuestiona, entre otros,
la sostenibilidad los servicios públicos esenciales en el archipiélago
canario en momentos de máxima tensión socioeconómica debida a la lacra
del paro.

La inversión media regionalizada per cápita del Estado en
el ejercicio 2015 asciende a 249 euros, en Canarias la inversión del
Estado es de 173 euros. Además de que la inversión per cápita en Canarias
no alcanza la media estatal, el diferencial de inversión supone en 2015
la cifra de 161,537 millones de perdida de inversión en un momento como
el actual, lo que discrimina aún más a esta región, solo en el transcurso
de esta legislatura Canarias ha perdido recurso de inversión, por este
título, por importe de 607 millones de euros.

La ley reguladora del Régimen Económico Fiscal de Canarias,
en la Ley fiscal de 1991, establece expresamente un régimen especial de
inversión del Estado en Canarias que forma parte integrante de la acción
estructural de carácter económico que el Estado se obliga a desarrollar
en Canarias en ejecución de un estatuto diferencial dentro de nuestro
Estado, todo ello de acuerdo con las previsiones de la Constitución
Española y del Estatuto de Autonomía.

El Régimen Económico y Fiscal de Canarias dispone en su
artículo 94 que las inversiones estatales no podrán ser inferiores a la
media que corresponda para el conjunto de las Comunidades Autónomas,
excluidas de este cómputo las inversiones que compensen el hecho insular,
extremo éste incumplido históricamente y de forma especialmente clara en
este Proyecto de Presupuesto.

Por otra parte, es de señalar la insistencia de la
Administración en no aplicar plenamente el precepto de la LOFCA que
recoge la retribución del concepto «Región Ultraperiférica» plasmado en
la Constitución y del art. 299.2 del Tratado de la Unión, al considerar
la necesidad de aplicar determinadas políticas diferenciadas destinadas a
paliar las desventajas de su situación ultraperiférica y que la citada
ley articula mediante la fijación de un porcentaje adicional de
financiación, cuya cuantía es el resultante de aplicar el 4,02 % a la
dotación anual de los fondos de compensación interterritorial.

Los nacionalistas canarios hemos de volver a insistir en la
concepción equivocada e injusta que orienta unos Presupuestos que no sólo
no respetan los preceptos constitucionales de igualdad y solidaridad
entre españoles sino que por cuarto año consecutivo van directamente
contra ellos. Solo con este motivo se justificaría la solicitud de
devolución al Gobierno ya que estos presupuestos consagran un modelo
basado en la desigualdad, olvida la solidaridad entre españoles, mandato
constitucional, y representan la continuidad de los graves desequilibrios
interterritoriales que padecemos y, lo que es aún peor, su
agravamiento.

La carga desigual de las políticas de ajuste entre las
distintas Administraciones Públicas ha sido una característica de las
políticas del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha limitado en mayor medida
la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas, cuando son éstas
las que tienen la competencia de garantizar las políticas públicas
esenciales:

a) Al igual que en los presupuestos anteriores para 2012,
2013 y 2014, el proyecto de 2015 distribuye asimétricamente las políticas
de gasto e inversión entre las diferentes Comunidades y, lo que es peor,
lo hace prescindiendo de observar las necesidades y circunstancias de las
diferentes autonomías paro, PIB per cápita, etc.

b) De igual asimetría resultan los esfuerzos requeridos a
la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas, junto
a las entidades locales.

c) Pese a un ligero repunte para 2015 se ha mantenido una
drástica reducción del volumen de las operaciones de capital —sensu
contrario, lo es ligeramente en las operaciones corrientes del
Estado— mermando las inversiones que se realizan en las Comunidades
Autónomas con mayor tasa de paro y, muy especialmente, a las dotaciones
del Fondo de Compensación Interterritorial instrumento constitucional
para el reequilibrio del desarrollo económico de las regiones.

Por tanto desde la constatación de que múltiples pueden ser
los motivos particulares de Canarias que nos animan a enmendar este
Proyecto de Presupuestos queremos sentar que nuestra enmienda se basa en
la muy grave y sostenida, falta de cumplimiento del principio de
solidaridad interterritorial, que nos mandata, también, nuestra
Constitución, durante toda la legislatura que cierra el presente Proyecto
de Presupuestos Generales del Estado para 2015.

En primer lugar, son unos Presupuestos que nuevamente
consagran y extrapolan a un futuro lejano la resolución de la «crisis de
paro» que vive nuestro país, crisis que se acepta institucionalmente con
naturalidad pasmosa como estructural y crónica, lo cual vienen a suponer
un grave atentado contra los españoles de todas las edades parados de
larga duración y muy especialmente para los jóvenes. El PP no solo creó
el modelo especulativo que nos condujo a la crisis de «endeudamiento
privado» y a la quiebra del sistema financiero, sino que renuncia a
resolver el impacto que la eclosión de dicha burbuja financiera supone
para varias generaciones de españoles, trasladando al ciudadano la gran
carga de los efectos perversos de la crisis.

La tasa de paro que, actualmente, se sitúa en el 24,47 % de
la población activa según la Encuesta de Población Activa (EPA 2.º T.
2014), y es de las más altas de Europa; y por su carácter crónico a la
luz de la trayectoria recorrida y especialmente de las negras previsiones
del propio Gobierno en este Proyecto de Presupuestos para 2015 y años
futuros, nos instala plenamente ante la lacra económica y social del
«desempleo de larga duración» y de una «altísima tasa de paro juvenil»,
cuando es reconocido internacionalmente que abordar el desempleo es
fundamental para reducir la pobreza y la exclusión social.

El Programa de Estabilidad y el cuadro macroeconómico del
propio Proyecto de Presupuestos lo ratifican. Tampoco puede ser de otra
manera, la OCDE en su último diagnóstico para España de septiembre de
2014, prevé que España tendrá en 2015 un 23,6 % de tasa de paro, el FMI
en su último diagnóstico WEO octubre 2014, diagnostica que España tendrá
en 2015 un 23,5 % de tasa de paro el propio Gobierno nos lo fija en un
22,9 % suponiendo esta última previsión la escalofriante cifra de 5,237,9
miles de parados

y, además, poco sabemos de cuando la cifra de paro volverá
a ser soportable ya que el Programa de Estabilidad prevé que España
tendrá en 2017 un 19,8 % de tasa de paro.

Es especialmente grave observar, desde el desglose de las
cifras del paro, su gran asimetría entre las diferentes regiones,
produciéndose en nuestro país un fenómeno que no encuentra parangón entre
los países de nuestro entorno europeo: los diferenciales entre aquellas
que tienen mejor posición y las que peor situación reflejan se han
agrandado durante el transcurso de esta crisis y especialmente en los
años de la actual legislatura de forma extremadamente preocupados,
dándose valores de hasta 8,59 puntos porcentuales de diferencia entre la
mejor situada y la media nacional y de hasta 18,86 puntos porcentuales de
diferencia entre la mejor situada y la peor situada. Es, sin duda, una
muestra del grave fracaso de la política económica que en la lucha contra
la crisis se vienen sosteniendo en los presupuestos de esta legislatura,
fracaso estrepitoso en la obligación gubernamental de ponderar el
crecimiento económico de la regiones más necesitadas en el logro de la
nivelación del desarrollo que mandata nuestro texto Constitucional.

En efecto, los Presupuestos Generales del Estado para 2015
nuevamente están elaborados claudicando de la resolución de dicha
situación, pero consagrando a ultranza el cumplimiento del compromiso
europeo de déficit. Renuncia por tanto el Gobierno de España a la
perentoria necesidad de defender a nuestro país de una política
insolidaria, en términos de lucha contra el paro, impuestas desde el
norte de Europa, a cambio de un teórico rescate que, en definitiva, lo
abonaremos los ciudadanos españoles, lo cual es una muestra más del
desinterés del Gobierno por la lucha en defensa de los intereses
generales. Cuando se nos muestra en el panorama europeo como se desliza,
ahora sí, un nuevo paradigma por la flexibilización de los criterios de
austeridad de los que se presume en nuestro país de ser el «adalid del
cumplimiento» creemos que como pretexto por la renuncia a la lucha por
lograr más cuota de solidaridad y comprensión de las Instituciones
Europeas con capacidad para lanzar verdaderas políticas de desarrollo
económico desde el Sector Publico ya que es cierto que sin un verdadero
plan de choque, y con la escala adecuada, no lograremos romper la inercia
creada para generar crecimientos del PIB que produzcan una reversión de
las tendencias apuntadas para la tasa de paro española.

Ese será el estado real de la economía española, una
importante falta de vigor del crecimiento de la economía real en cuanto,
al menos, de la intensidad necesaria para resolver a corto plazo el
problema más grave de la sociedad española, lo que se reconoce con
claridad el cuadro macroeconómico del Gobierno.

Un cuadro macroeconómico como el elaborado nos pone en duda
su rigor ya que problemas como el endeudamiento privado y el
estancamiento del poder adquisitivo de las familias (cuando se promueve
descaradamente una nueva devaluación de salarios), sitúan toda
responsabilidad de la recuperación en el Sector Exterior precisamente en
un momento en que la economía europea da señales de mayor debilidad en
los principales países motores tales como son Francia o Alemania.

Adicionalmente, es de dudosa credibilidad en cuanto a su
previsión de incremento del consumo y de la demanda interna que, en
nuestra opinión, es claramente incompatible con otras de las patas del
propio cuadro, tales la tasa de paro prevista o en cuanto a la previsión
de ingresos tras la Reforma Fiscal que acompaña a este proyecto de
Presupuesto.

En según lugar, y tras graves reducciones del caudal
inversor del estado en la economía real durante la presente legislatura,
como método simple de lograr el ajuste del déficit, se airea ahora que
con este proyecto de presupuestos se recupera la inversión del Estado. El
crecimiento es ligero con respecto al año anterior pero si lo comparamos
con el Presupuesto consolidado del 2011, que ya incluía recortes de
inversión, se puede comprobar que se ha pasado de un total de 18.199,32
millones de euros a los actualmente proyectados 16.271,24 millones de
euros lo que sigue suponiendo una reducción del 11,85 % con respecto a
aquel año, y si añadimos al consolidado las cifras del Sector Publico de
gasto no limitativo ese porcentaje se sitúa en una reducción del 4,35 %.
Los deseables efectos multiplicadores, vía la generación de empleo, y su
contribución la formación bruta de capital seguirán ausentes por cuarto
año consecutivo.

Adicionalmente el Fondo de Compensación Interterritorial ha
pasado de un total de 774,4 millones de euros en 2011 a los 432,4
millones de euros ahora programados, es decir, una reducción del 44,16 %
que es muy superior al porcentaje antes señalado y nos indica una peor
atención relativa a este instrumento de inversión.

Es curioso observar la maniobra presentada por el Gobierno
en este proyecto para 2015 mediante la cual, a pesar de aumentarse
ligeramente el volumen de inversión de Estado con respecto del año 2014,

se mantienen el F.C.I. congelado en exactamente la misma
cuantía que en el ejercicio anterior, lo que nos resulta inaudito. Si nos
preguntáramos por su auténtico significado, deberemos concluir que el
Gobierno no cree en los instrumentos de solidaridad constitucional puesto
que dicho instrumento lo es de desarrollo económico para las regiones más
deprimidas mediante recursos de inversión pública con reglas
transparentes y asociadas a la posición socioeconómica de cada CC.AA.
Fondos por lo tanto ajenos, en su auténtica concepción, a la utilización
partidista aunque así resulte, en cambio, de este Presupuesto para 2015
claramente electoralista en su distribución regional.

Es muy claro para nosotros que la continuidad de la atonía
de la inversión pública, junto con su errática distribución por los
territorios más el Impacto del diseño de la dotación del Fondo de
Compensación Interterritorial expresan el carácter insolidario de este
Proyecto de Presupuestos. Supone, desde luego, una nueva renuncia a este
recurso importante para la ganancia en competitividad del país. En
cambio, volvemos una vez más a confiar en la devaluación vía precios y
salarios como opción preferente para la recuperación de productividad,
cuestión claramente criticada por Institutos de especialistas en
macroeconomía si bien aplaudida, en cambio, por sectores empresariales
clientelares del partido que soporta el actual Gobierno.

En tercer lugar, el Proyecto de Ley de Presupuestos,
consagra un modelo de financiación autonómica que privilegia a unas
comunidades frente a otras, las más ricas frente a las más pobres, y que
incide por tanto en la desigualdad entre los españoles habida cuenta de
la alta capacidad redistributiva de rentas que tienen las políticas
sociales que ejecutan las instancias autonómicas, como la sanidad y la
educación. Se desoye, una vez más, el mandato constitucional de
solidaridad interterritorial renunciando así a la protección de los
intereses generales de los españoles; y ello acompañado del diagnóstico
ampliamente reconocido respecto a las injustas condiciones de la
financiación autonómica actual. Sin más consideraciones, recordamos cómo
durante el año 2014 los expertos que han diagnosticado el actual sistema
de financiación por encargo y en nombre del propio Ministro de Hacienda,
nos certifican la asimétrica e insolidaria distribución de los recursos
públicos bajo el actual «modelo de financiación de la CC.AA. de régimen
común» (Las cifras publicadas durante este año 2014 en el Informe sobre
la dimensión territorial de la actuación de las Administraciones
Públicas, 2011, del Ministerio de Hacienda y Admones. Públicas, arrojan
diferenciales de financiación por habitante ajustado de 156,4 euros entre
la mejor y la peor CC.AA. financiada).

Si bien la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se
regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas
normas tributarias, en su disposición adicional séptima establece la
valoración quinquenal de los elementos, a efectos de su modificación para
garantizar la autonomía y suficiencia de las Comunidades y el equilibrio
y sostenibilidad del sistema, nuestro Gobierno renuncia a resolver los
problemas detectados con toda naturalidad.

En cuarto lugar, y en contra de las afirmaciones del
Gobierno, el «gasto social» no es una prioridad de los Presupuestos 2015,
su crecimiento es el resultado de un imperativo legal de la política
social de nuestro país y, en todo caso, las reformas del PP se dirigen
hacia una rebaja de dichos mandatos legales para suavizar su coste
presupuestario, en lugar de incentivar decididamente una lucha real
contra el paro, como método estructural de superar los problemas de
financiación de dichas políticas sociales.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2015 continúan
profundizando en la reducción del gasto público dentro del contexto de
consolidación fiscal; ahora bien el ajuste de gasto que se propone sigue
centrándose fundamentalmente en el esfuerzo de las Comunidades Autónomas
mediante la limitación, asimétrica con el Estado y entre ellas, de su
objetivo de déficit y endeudamiento y la adopción de medidas encaminadas
a reducir el gasto en educación y sanidad, entre otras; pero no en
aquellas destinadas a la realización de las verdaderas reformas
estructurales que se requieren en el ámbito de la Administración del
Estado y que debieran incidir también en una reducción de su gasto
estructural corriente que se proyecta para 2015 con crecimientos pese a
la congelación de los sueldos de los servidores públicos.

Un análisis del gasto de los últimos años de los
presupuestos generales del Estado, pone de manifiesto que los ajustes de
gastos se han practicado sólo en las operaciones de capital, capítulos 6
y 7 del presupuesto, y muy en particular en los créditos
regionalizados.

En consecuencia, los nacionalistas canarios no podemos
aceptar este Proyecto de PGE 2015 por las siguientes razones básicas, que
no excluyen los argumentos manifestados anteriormente en esta
enmienda:

1. Los Presupuestos Generales del Estado para 2015
persisten en dañar el gasto social y perjudican la recuperación de
Canarias. El Gobierno de España, en un contexto de mejora económica, ha
perdido una oportunidad para demostrar su compromiso con las Islas.

2. Son unas cuentas estatales que, pudiendo haber
compensado el déficit de financiación que tiene el Archipiélago para el
sostenimiento de los servicios públicos esenciales y reparar parcialmente
la diferencia de 800 millones menos anuales que reciben las Islas en
relación con la media de las comunidades autónomas, y no lo ha hecho.

3. Se trata de un nuevo castigo a la inversión que
perjudica y dificulta la recuperación económica de Canarias. En el
capítulo destinado a las inversiones directas en las Islas, los
presupuestos para el próximo año establecen un ligero incremento de sólo
6,5 millones de euros al pasar de los 251,5 millones de 2014 a los 258
millones previstos para 2015. Con esta subida del 2,6 %, el Archipiélago
se sitúa como la tercera comunidad autónoma que menos incrementa la
inversión que recibe del Estado a diferencia del alza en otras autonomías
como Baleares, con un 88 % de incremento; Murcia, con un 39 %; o Navarra,
con un 35 %. Un mínimo aumento para el Archipiélago que está muy lejos de
compensar el 51 % de reducción que han sufrido las inversiones estatales
en las Islas a lo largo de los tres últimos años.

4. La exigua cantidad asignada a Canarias, además de
responder a criterios discrecionales, es del todo insuficiente y
perjudica de forma sustancial la reactivación económica en un territorio
con especiales dificultades por su lejanía e insularidad. En este
sentido, y aunque estos presupuestos estatales contemplan subidas en
algunas partidas de la inversión indirecta como el convenio de obras
hidráulicas o el de vivienda, vuelven a incumplir con la financiación de
carreteras, consignando sólo 54 millones de los 220 comprometidos para el
próximo ejercicio. Con este nuevo incumplimiento, al finalizar 2015, el
Estado transferirá 628 millones menos de lo establecido en el citado
convenio.

5. Junto a esta rebaja, las cuentas públicas del Estado
consolidan la eliminación de otros convenios consignados en ejercicios
anteriores como el Plan Integral de Empleo, que llegó a estar dotado con
42 millones; el de infraestructuras turísticas, por importe de 50
millones; o el de infraestructuras educativas, por valor de 40
millones.

6. Además, es inaceptable la escasa sensibilidad del
Gobierno central con la disminución de la ayuda a la desalación del agua
que se reduce de los 4 millones de 2014 a 3,5 millones para el próximo,
una partida que en 2011 contaba con 9,7 millones de euros.

En definitiva, Coalición Canaria considera que el Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, presentado
por el Gobierno del Partido Popular no aborda los problemas reales de los
españoles; sólo es coherente desde la perspectiva del cumplimiento de
Objetivo de déficit; incrementa la atonía de la actividad económica;
aumenta los desequilibrios interterritoriales y sobre todo, por cuarto
año consecutivo, condena a Canarias y a sus ciudadanos a un triste
destino teñido de paro, pobreza y desigualdad social; por lo que se
solicita su devolución al Gobierno.

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una
propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2015.

Palacio del Senado, 20 de noviembre de 2014.—Jesús
Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente propuesta de veto.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2015 parte de tres premisas profundamente inverosímiles, a tenor de
los datos que reflejan la realidad de la economía española, a saber: la
esperanza en un próximo crecimiento económico que generará crecientemente
más empleo y

más ingresos tributarios, la creencia de que la
consolidación fiscal estimulará la actividad económica, y la suposición
de que una devaluación interna de la economía redundará en beneficio de
la economía española.

El profundo aunque incomprensible optimismo en la mejora de
la recaudación tributaria derivada de la supuesta reactivación económica,
le ha permitido al Gobierno elaborar unos presupuestos en los que se
busca una reducción del déficit público sin necesidad de disminuir o
contener mucho las partidas de gasto, actuación motivada a su vez por la
proximidad de las elecciones. Tanto la Autoridad Fiscal Independiente
como el Gobernador del Banco de España han expresado sus dudas sobre la
posibilidad de dar cumplimiento al objetivo de déficit establecido y
alertado sobre las incertidumbres que se ciernen sobre la economía
española.

Una expectativa de crecimiento económico y creación de
empleo sin fundamento

Por mucho que el Gobierno torture los datos del Producto
Interior Bruto (PIB), no hay motivos para hablar de una senda de
recuperación económica. Un crecimiento del PIB del 1,2 % desde el segundo
trimestre de 2013 hasta el segundo trimestre de 2014 no es reflejo de tal
proceso, sino que es consecuencia de los típicos vaivenes de una economía
que difícilmente puede hundirse más. A este fenómeno se le conoce también
como «efecto rebote». Sin ir más lejos, entre el cuarto trimestre de 2009
y el segundo trimestre de 2011 el PIB español también creció a tasas
parecidas (un 0,89 %) y es evidente que ello no marcó ninguna
recuperación. Las verdaderas recuperaciones económicas arrojan
crecimientos interanuales del PIB mucho más destacados, al menos
superiores al 2 % como está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos
o en el Reino Unido. No es el caso de la economía española, cuyo PIB
continúa un 5,88 % por debajo de su punto más álgido (segundo trimestre
de 2008); o mirado de otra forma, un 1,86 % por debajo del segundo
trimestre de 2011 (período de importante crisis). El Fondo Monetario
Internacional limita las previsiones de crecimiento del PIB en 2015 al
1,5 % y la Comisión Europea prevé que aumentará el 1,7 %.

Prueba de esta inexistente recuperación económica es que no
se está generando empleo neto: acorde con los datos de la Contabilidad
Nacional, el número de horas trabajadas en España se mantiene estancado
desde el primer trimestre de 2013, momento en el que se alcanzó el punto
más bajo de una serie temporal que comienza en 2001. Los niveles de
empleo del segundo cuatrimestre de 2014 son comparables a los de hace
exactamente trece años. Una economía que no incrementa el número de horas
trabajadas es una economía que no genera más renta ni más empleo, por
mucho que el Gobierno quiera ofrecer una imagen confusa de la realidad
económica llevando a cabo una lectura interesada de los datos. Para medir
rigurosamente el empleo no hay que centrarse en el número de puestos de
trabajo, sino en el número de horas trabajadas.

Precisamente el hecho de que el número de puestos de
trabajo haya aumentado tímidamente (entre el segundo trimestre de 2013 y
el segundo de 2014 hay unos 140.000 ocupados más según la Encuesta de la
Población Activa) mientras el número de horas trabajadas se mantiene
estancado no hace sino reflejar la descomposición que está sufriendo el
empleo. No se está generando empleo, sino desguazando mediante el fomento
de los contratos temporales y de jornada parcial. Así lo revelan los
datos del Servicio Público de Empleo Estatal: desde 2007 hasta agosto de
2014 la proporción de contratos temporales sobre el total de contratos ha
pasado de un 87 % a un 93 %, mientras que durante el mismo periodo el
porcentaje de contratos a tiempo parcial sobre el total de contratos ha
pasado de un 22 % a un 36 %. Además, la duración media de los contratos
temporales no hace sino disminuir: en 2008 era de 78,5 días y en 2013 fue
de 54,7.

Como consecuencia de esta dinámica en el mercado laboral
los salarios se han visto gravemente afectados. Según el Instituto
Nacional de Estadística el crecimiento del coste salarial por trabajador
pasó del 4,1 % en 2007 al -0,7 % en 2012, 0,1 % en 2013, y -0,3 % en el
primer trimestre de 2014. Este importante deterioro salarial se hace
mucho más evidente en los nuevos contratos. Los datos de la Muestra
Continua de Vidas Laborales de los registros de la Seguridad Social
revelan que el salario mediano de los entrantes en un nuevo empleo en
2013 (978 euros) es igual al que hubo en 1993 (973 euros). La situación
es aún peor para los jóvenes que entran al mercado laboral. En su caso
nos tenemos que remontar hasta el año 1990 para encontrar condiciones
salariales similares. Hoy en día un joven entrante en el mercado obtiene
un salario mediano de 801 euros en un contrato a tiempo completo,
comparado con unos 797 euros en el año 1990. Hoy tener un empleo no
garantiza obtener una remuneración suficiente para sufragar

las necesidades básicas; de ahí que haya un millón de
trabajadores empleados cuyos ingresos los sitúan por debajo del umbral de
pobreza.

Una caída de los salarios que no mejora la competitividad y
que perjudica gravemente la actividad económica

El Gobierno reconoce implícitamente esta caída de salarios
y de costes laborales unitarios como un éxito en términos de
competitividad vía precios, suponiendo que esta reducción de costes le
concede al empresario exportador la posibilidad de reducir el precio de
sus productos y así poder vender más en el extranjero. Pero los datos
demuestran que esta devaluación salarial no se está transformando en una
ganancia de competitividad: los precios de los productos industriales
exportados (utilizando el indicador IPRIX del Instituto Nacional de
Estadística) sólo han caído un 0,12 % desde enero de 2011 hasta julio de
2014 a pesar de la fuerte caída en la remuneración salarial experimentada
durante ese periodo. Incluso ha habido periodos en los que estos precios
no disminuían sino que aumentaban. Esto quiere decir que las empresas
exportadoras no están aprovechando la reducción salarial para disminuir
de forma paralela los precios de sus productos, sino fundamentalmente
para incrementar el margen de beneficio por producto vendido, una
práctica muy atractiva en periodos de crisis caracterizados por una
disminución en el número de productos vendidos. Así lo ratifica el
Servicio de Estudios del BBVA utilizando los datos del Banco de España:
entre 2009 y 2012 los precios de las exportaciones españolas, medidos a
través de los índices de valor unitario, aumentaron un 2,2 % más que en
los países desarrollados. No es de extrañar que en 2012 y en 2013 España
hiciese récord en beneficios empresariales, según un estudio del banco
Natixis.

El Gobierno rehúye esta cuestión al realizar una lectura
incorrecta y poco rigurosa de los costes laborales unitarios nominales a
la hora de relacionarlos con la evolución de la competitividad. La
postura oficial es emplear este indicador referido al agregado de la
economía, a pesar de que la inmensa cantidad de bienes y servicios
producidos en España no son exportados o susceptibles de serlo (el 79 %
de las exportaciones españolas están conformadas por manufacturas,
suponiendo todas ellas únicamente el 36 % de toda la producción). De poco
sirve analizar la evolución de los costes laborales unitarios en sectores
donde la producción no se vende en el exterior. Un análisis riguroso ha
de vincular la evolución de la competitividad comercial con los costes
laborales unitarios de aquellos sectores que sí exportan. Al no ser así,
el vínculo entre los costes laborales unitarios agregados y la
competitividad de la economía se mantiene muy débil y profundamente
insatisfactorio.

Es más, la economía española no tuvo ni tiene problemas de
competitividad. Así lo demuestran los datos de Comercio Exterior de la
Unión Europea al revelar que las exportaciones españolas crecieron al
ritmo del 8 % antes de la crisis y que su cuota exportadora (porcentaje
de exportaciones españolas sobre el total de exportaciones mundiales) se
mantuvo en torno al 1,7 % incluso en unos años en los que China ganaba
terreno a todas las demás economías como Italia, Francia o Estados
Unidos. Si el Gobierno insiste en que la economía española no es
competitiva es porque se centra en el saldo comercial. Este saldo sí era
notablemente negativo en esos años, pero fue debido al intenso incremento
de las importaciones y no al comportamiento de las exportaciones, ya que
éstas no retrocedieron. Las importaciones aumentaron porque la demanda
interna de España era muy elevada. Ahora, en crisis, ya no lo es, y por
eso el saldo comercial se ha reducido tanto.

Por lo tanto, la reducción salarial no logra que aumenten
las exportaciones españolas; en todo caso ayuda a reducir las
importaciones. Sin embargo, en esta caída de las importaciones el
hundimiento de la inversión empresarial ha jugado un papel mucho más
relevante que la devaluación salarial. Es decir, la reducción del saldo
comercial no se debe tanto a la disminución de los salarios como al
colapso del modelo de crecimiento económico español. En lo que sí afecta
mucho la devaluación salarial es a las ventas de las empresas españolas
que venden sus bienes y servicios en el mercado interno. Así lo demuestra
la encuesta periódica que realiza el Banco Central Europeo sobre el
acceso a la financiación de las empresas de la Zona Euro, donde se señala
que el principal problema de las empresas españolas es la falta de
clientes. Al mismo tiempo, el problema de los costes laborales y de
producción queda bastante alejado: sólo es el principal problema del 13 %
de las empresas encuestadas. En consecuencia, la reducción salarial no
sólo no solventa los problemas de las empresas españolas, sino que los
agrava por el lado del consumo de las familias. Por ello, en el tercer
trimestre se ralentiza el crecimiento del comercio minorista que en los
dos trimestres anteriores había mejorado en los dos primeros trimestres
del

ejercicio no por un incremento de la renta disponible de
las familias españolas, que no se ha producido, sino por el recurso al
ahorro, recurso que, como era previsible se está agotando.

Unos presupuestos generales que intensifican los problemas
económicos

La reducción salarial no es el único fenómeno que deteriora
la demanda interna de la economía a través de la reducción en la
capacidad adquisitiva de la población. También contribuyen a ello los
recortes de gasto público en sueldos públicos, sanidad, educación y todo
tipo de prestaciones sociales que se vienen acometiendo desde mayo de
2010, así como el incremento de tipos impositivos, especialmente en el
caso de las figuras tributarias más regresivas. Según datos del Banco de
España, la demanda interna de la economía cayó un 4,1 % en 2012 y un 2,7
% en 2013. El consumo privado también retrocedió en un 2,8 % y 2,1 %,
respectivamente. La Encuesta de Presupuestos Familiares del INE revela
que las familias redujeron en más de 1.000 euros su consumo medio en 2013
respecto al año anterior.

Las políticas de consolidación fiscal en las que se
enmarcan nuevamente estos presupuestos se muestran inútiles para
reactivar la demanda interna. La disminución de la partida de
prestaciones por desempleo (un 14 % menor que el año anterior), de las
pensiones públicas (que sólo aumentan un 3,3 % cuando en los dos años
anteriores lo hizo en un 4,9 %), el escaso aumento de las partidas
destinadas a los servicios públicos fundamentales como sanidad y
educación después de años de fuertes reducciones (el presupuesto
destinado a sanidad y educación sigue siendo un 8 % y un 19 % menor que
en 2011, respectivamente), la falta de estímulos desde la inversión
pública a la inversión privada (la inversión en I+D+i está un 14 % por
debajo de la de 2011) o la ausencia de un plan de empleo que vaya más
allá de meras bonificaciones fiscales son las muestras de que estos
presupuestos no sólo no servirán para la reactivación económica, sino que
nos alejarán de ella. El sobreendeudamiento de las familias es otro
lastre importante para el consumo, y los presupuestos generales no
recogen ninguna medida para aliviar este problema a pesar de que el
propio Fondo Monetario Internacional ha recomendado hacerlo.

La reforma fiscal del Gobierno, con la reducción de los
tipos impositivos en el IRPF, no contribuirá a un aumento en el consumo
privado: la disminución de la carga fiscal es prácticamente imperceptible
para la mayoría de los contribuyentes (quienes tienen unos ingresos
inferiores al mínimo exento del IRPF que son 12,5 millones de ciudadanos)
y serán los de mayor capacidad económica, con una propensión mayor al
ahorro, los especialmente beneficiados por la reducción de tipos
impositivos. Quienes tienen rentas de más de 300.000 euros al año ya
satisfacen con tales recursos todas sus necesidades de consumo y
dedicarán a la especulación los recursos que les libera la reforma
fiscal.

Además, normalmente una reducción de impuestos tiene un
impacto sobre el consumo privado mucho menor que el aumento de gasto
público, especialmente en épocas de recesión económica en las que las
expectativas no son favorables y en las cuales los pocos ingresos
recibidos se destinan a devolver la importante deuda acumulada. Ninguna
familia consume más de la cuenta cuando está asfixiada por la deuda y
cuando cree que la economía va a continuar estancada.

Por el lado de la inversión empresarial ocurre
prácticamente lo mismo: la reducción del tipo impositivo del Impuesto de
Sociedades del 30 % al 25 % para las grandes empresas no tendrá ningún
efecto en la formación bruta de capital. Las empresas invierten no cuando
tienen recursos disponibles, sino cuando las expectativas de beneficio
son favorables. Si lo son y no tienen recursos siempre pueden recurrir a
la financiación externa. Pero si las expectativas no son buenas, como
ocurre en la actualidad (la mayoría de economías de la Eurozona están en
recesión o estancadas), las empresas no se lanzan a invertir por mucho
margen de tesorería que consigan gracias a la reducción de impuestos. Y
estas expectativas de beneficio no florecerán mientras el principal
problema de las empresas sea la falta de clientes debido a la débil
capacidad adquisitiva de la población.

Por otro lado, la reforma del Impuesto de Sociedades no
favorece a las PYMES que ya tributaban al 25 % por los primeros 300.000
euros de beneficios.

Además, la reestructuración del sistema bancario así como
el resto de ayudas públicas a la banca que tanto coste fiscal le suponen
al Estado no están sirviendo para reactivar el crédito a familias y
empresas: según los datos del Banco de España la financiación a los
hogares e instituciones sin ánimo de lucro así como a las sociedades no
financieras no deja de retroceder desde diciembre de 2009 (excepto algún
ligero y esporádico crecimiento entre 2010 y 2011 y un sorpresivo aumento
del 7 % que se dio el pasado mes de diciembre). Según la AEB los créditos
concedidos el pasado mes de julio se contrajeron un 3,7 %.

En todo caso, la caída se ha frenado a partir de enero de
2014 en parte gracias a la intervención del Instituto de Crédito Oficial
(ICO): hasta mediados de septiembre de 2014 la entidad pública de crédito
había concedido 14.630 millones de euros en más de 197.000 operaciones,
más del doble que durante el mismo período del año anterior. No es
curioso que el Gobierno necesite recurrir a una entidad pública para
fomentar el crédito a familias y empresas, puesto que es la única forma
de lograrlo mientras la banca privada se mantenga herida de muerte; lo
curioso es que el Gobierno se niegue sistemáticamente a potenciar y
desarrollar una banca pública tal y como defendimos en distintas
ocasiones los senadores que presentamos este Veto. El gobierno insiste
que de los recursos públicos dedicados al rescate del sistema bancario
sólo se podrá recuperar por la venta de BANKIA. Al fin y al cabo, la
banca privada no se podrá recuperar hasta que lo haga la actividad
económica, ya que sus beneficios bancarios provienen en última instancia
de la economía real. Las ayudas a la banca privada no servirán nunca para
restaurar el crédito si no se acompañan de medidas económicas que
incentiven verdaderamente el crecimiento económico.

El mantenimiento de las características derivadas de las
reformas laborales llevadas a cabo en el mercado de trabajo junto con la
falta de un plan de empleo ambicioso van a seguir condenando a nuestro
país a tener las mayores tasas de desempleo de Europa, especialmente las
de desempleo juvenil. Esto no hace más que seguir lastrando la
recuperación del consumo privado, y por ende, hundiendo las ventas
afectando de forma significativa a las y los trabajadores por cuenta
propia y a las pequeñas y medianas empresas, que son las conforman el 64
% de todo el empleo acorde al Retrato de las PYME 2014 del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.

Unos presupuestos inútiles para reactivar la economía y
crear empleo

En una época de profunda crisis económica como a la que
asistimos, donde se produce un fuerte ajuste en el sector privado, desde
el sector público se debe impulsar la reactivación económica mediante una
potente creación de empleo público, inversión pública y un aumento de la
capacidad adquisitiva de la población, lo que crearía las condiciones
económicas necesarias para impulsar la reactivación de la inversión. Sin
embargo, estos presupuestos, al igual que los diferentes planes de empleo
del Gobierno, no van orientados a tal objetivo e incluso desoyen los
emplazamientos de la Comisión Europeo en favor de un esfuerzo de
dinamización.

El gasto público en investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i) debería ser una prioridad para una salida firme de la crisis toda
vez que la misma supone una aportación imprescindible en la mejora de la
competitividad, pero este Gobierno continúa apostando por la devaluación
interna como único instrumento para lograrlo. Por eso estos presupuestos,
tal y como ha denunciado el colectivo Carta por la Ciencia, reflejan el
nulo interés que este Gobierno tiene por la I+D+i. Las subvenciones para
esta política se reducen ligeramente con respecto al año 2014 y lo que
aumenta es la partida destinada a préstamos y en particular los
destinados a gasto militar. Además, la práctica totalidad de los
organismos públicos de investigación ven congelado o disminuido su
presupuesto, un año más la convocatoria de proyectos de investigación de
2015 dependerá de la concesión de un crédito extraordinario, no hay
fondos para poner en marcha la Agencia Estatal de Investigación
incumpliendo el mandato de la Ley de Ciencia de 2011, y se perderán la
mitad de los puestos vacantes en investigación al fijarse una tasa de
reposición de efectivos del 50 %. Esta amortización de empleo se suma a
las vacantes perdidas en los tres años anteriores, mientras que nuestros
científicos y especialmente los más jóvenes buscan su futuro en el
exterior. El buque insignia de la investigación pública española es el
CSIC que en dos años y medio ha perdido el 14,6 % del personal
estatutario, más los contratos con cargo a proyectos de la entidad con la
Junta de ampliación de estudios. Por otro lado, también los recortes en
los presupuestos de las Universidades han significado la paralización de
numerosos proyectos de investigación.

El gasto total en I+D+i en proporción al PIB ha disminuido
desde el 0,92 % en 2009 hasta el 0,59 % previsto para 2015, nada menos
que un 36 %, lo que nos retrotrae al nivel del año 2011. Si atendemos a
los porcentajes de gasto no financiero real (capítulos 1 al 7 de los
presupuestos), de los que se nutre el sistema público de I+D, descendemos
desde del 0,40 % del PIB en 2009 hasta el 0,22 % de 2015. En este caso
hay que retroceder al año 1983 para encontrar registros similares.

Como los que le han precedido en ejercicios anteriores,
este Proyecto renuncia a articular consignaciones para el desarrollo de
una política industrial que incremente el peso del sector en el PIB y
ello, a pesar de que esta crisis ha demostrado que la industria es más
resistente en coyunturas desfavorables y la propia UE insta a desarrollar
iniciativas que la promuevan.

En estos presupuestos no se destina ni un euro a las
energías renovables, y a la eficiencia energética se dedican recursos
claramente insuficientes. Y de la parte de eficiencia energética, el 67 %
se lo lleva el plan PIVE. En vez de incentivar el transporte público o
los planes de movilidad urbana sostenible, se incentiva la compra de
automóviles sin ningún criterio de eficiencia energética. La movilidad
sostenible tiene unos impactos sociales, ambientales y económicos nada
despreciables. Disminuiríamos la dependencia del petróleo (en 2013, el
consumo de más de 25 millones de toneladas de combustibles para la
automoción supuso un coste superior a 40.000 millones de euros), las
emisiones de CO2, las emisiones de contaminantes que generaron 20.000
muertes prematuras y las multas del Tribunal de Justicia Europeo por
contaminación atmosférica.

Tampoco se establece previsión alguna sobre la posibilidad
de mantener en 2015 algún mecanismo de ayuda al consumo de carbón
nacional, ni para hacer frente a las obligaciones que se derivan de las
Sentencias que se han dictado en relación a los Fondos mineros.

La partida destinada a cambio climático, a pesar de
aumentar ligeramente respecto al año anterior, se queda lejos de la
destinada en 2011, que era de casi el doble que la presupuestada para
2015. De nada sirve la existencia de partidas como esta si por otra parte
el resto de políticas van en dirección opuesta, incentivando los
combustibles fósiles y la compra de coches e impidiendo el cambio de
modelo energético basado en renovables, ahorro y eficiencia
energética.

El Gobierno no solo ha abandonado el impulso de las
energías renovables, sino que lo está impidiendo, a pesar de que son la
única garantía de abastecimiento de energía en el futuro y del que España
puede ser pionera por contar con un entorno favorable y con la tecnología
adecuada. La penalización al sector de las renovables está hipotecando el
futuro energético, conlleva el incumplimiento de directivas europeas y
está destruyendo miles de puestos de trabajo creados en los últimos años
en la economía verde.

La miopía del Gobierno ante los retos medioambientales del
país y del planeta pone en riesgo nuestro patrimonio natural, pero
también impide el impulso de sectores económicos vinculados al medio
ambiente que son intensivos en creación de empleo y que permitirían una
transición justa y sostenible hacia otro modelo económico y productivo.
Pero es coherente con una política ambiental que se ha caracterizado por
reducir la exigencia en materia de estudios de impacto, se haya anulado
la obligación de depósito de envases, se modificara la Ley de Costas y
promulgado un Reglamento que la desarrolla constituyendo una auténtica
«amnistía litoral» para llegar, recientemente, a la degradación del nivel
de protección de los Parques Nacionales.

El presupuesto destinado al «fomento del empleo», a pesar
que se incrementa ligeramente este año en 672,8 millones, está un 34 %
por debajo del que se destinaba en 2011. La mayoría del aumento para este
ejercicio se reparte en bonificaciones a la contratación, agencias de
colocación y orientación profesional. El plan de empleo CRECE, al igual
que la Garantía juvenil, son planes destinados a paliar parcialmente la
destrucción de empleo a través de meras ayudas directas a las empresas
para la contratación temporal. Sirven para la estrategia de maquillar las
tasas de paro como efecto estadístico para el próximo año de elecciones,
a la vez que contribuyen a descapitalizar el fondo de reserva de la
Seguridad Social que ya ha perdido desde 2012 más de 24.000 millones de
euros. Pero ambas partidas son irrisorias para conseguir un verdadero
resultado en la creación de puestos de trabajo: el plan CRECE está dotado
de sólo 2.187 millones de euros, cuando, por ejemplo, sólo el gasto por
intereses de deuda pública alcanza los 36.590 millones. Y se ignora
además las necesidades del otro colectivo que con más dureza ha padecido
las consecuencias del paro, los parados de larga duración, sobre manera
los mayores de 45 años. Ellos conforman tres cuartas partes de los
quinientos mil parados desanimados, la mayor parte del 42 % de
desempleados que llevan más de dos años en el paro y del 46 % de parados
que no perciben ninguna prestación.

Estos presupuestos no abordan la necesidad de frenar la
sangría de empleo público que están sufriendo las administraciones y que,
además de su impacto negativo sobre la ocupación en general, deteriora la
prestación de servicios públicos de calidad. No hay que olvidar que se
han perdido más de 400.000 empleos en el sector público durante la
crisis. Además, la nueva congelación de los salarios de los empleados
públicos por quinto año consecutivo perjudicará a la propia salida de la
crisis al impedir que cerca de tres millones de personas mejoren su
capacidad adquisitiva y con ello impulsen la demanda interna. La pérdida
acumulada de poder adquisitivo de los empleados públicos desde 2010
supera el 20 % y la devolución del 24 % de la paga extra «incautada» en
2012, cantidad no consolidable y ya reconocida como derecho por los
tribunales, en ningún caso puede compensar en modo alguno a los empleados
públicos.

Respecto a la inversión pública en su conjunto, el aumento
del 8,4 % sobre lo presupuestado en 2014 es absolutamente insuficiente
como para que esta magnitud tenga un efecto multiplicador importante
sobre la actividad económica y el empleo. El sector público estatal
destinará 13.103 millones de euros a inversión real, el 1,2 % del PIB,
pero esta cantidad todavía es casi un 37 % inferior a la destinada en
2011, ejercicio que ya contó con recortes en la inversión pública.
Además, la prioridad inversora para 2015 vuelve a ser la ampliación de la
red del AVE enmarcado en el proceso de liberalización que permitirá la
entrada en el negocio de la iniciativa privada.

Si analizamos el modelo de transporte desarrollado en las
últimas décadas en España podemos comprobar que la apuesta desmedida por
desarrollar de manera poco sostenible las líneas de alta velocidad, a
base de deuda pública y despilfarro, ha tenido un elevado coste de
oportunidad para el desarrollo y mejora de la red de ferrocarril
convencional, de las cercanías y del transporte ferroviario de
mercancías. Seguramente, la frenética carrera por la alta velocidad ha
podido dejar en segundo plano aspectos tan importantes como la
planificación, el derecho al transporte o incluso la seguridad.

Unos presupuestos que incrementan todavía más la
desigualdad

Pero no sólo estos presupuestos son inútiles para reactivar
la economía y crear empleo, también lo son para redistribuir justamente
las rentas, lo que sigue en la línea continuista de anteriores
presupuestos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, uno
de cada cinco españoles está por debajo del umbral de la pobreza, cifra
que se ha estancado con la llegada de la crisis por un efecto
estadístico, ya que la renta media ha ido cayendo (debido al
empobrecimiento masivo) y con ello ha ido bajando el umbral, pero la
realidad es que cada vez hay más gente con peores condiciones de vida y
mayor polarización económica en la sociedad. Mientras el número de
hogares sin ningún tipo de ingreso en el segundo trimestre de 2014 sube
hasta los 740.500 (un 2 % en un año), el número de ricos en España
aumentó un 11,6 % en 2013 y un 27 % desde 2008 a 2013 según un informe de
Capgemini y RBC Wealth Management. Además, el 17 % de los hogares
españoles sufre pobreza energética.

Frente a esto, una de las principales partidas que tiene el
presupuesto destinada a combatir la desigualdad como es la de desempleo
se reduce en un 14 %, mientras que las estimaciones (optimistas) del
Gobierno sitúan la tasa de desempleo en los 5.237.000 parados para 2015,
un 8 % menos. Es decir, incluso asumiendo unas estimaciones optimistas
derivadas de unas premisas inverosímiles, los presupuestos reducen el
doble el dinero dedicado a la cobertura por desempleo de lo que
supuestamente bajará el número de parados, lo que conlleva una
disminución de la tasa de cobertura, y más si se tiene en cuenta que
posiblemente los datos de desempleo serán mucho más negativos que los
previstos por los presupuestos. Una tasa de cobertura que, además, se
sitúa en mínimos históricos: en junio de 2014 su valor bruto era del 52,3
%, mientras que en enero de 2010 alcanzaba la cota del 74,2 %.

Por la vía impositiva también se acentúa la desigualdad: la
reforma fiscal ha reducido el número de tramos del IRPF, lo cual hace
retroceder la progresividad del impuesto; se han aumentado los tipos
impositivos de los impuestos más regresivos (IVA e impuestos especiales);
y se ha disminuido el tipo para las grandes empresas del impuesto de
sociedades. A pesar de ello, las previsiones de ingresos plantean que se
ingresará un 20 % más del Impuesto sobre Sociedades y un 14 % más de IVA,
siendo poco acordes con sus propias estimaciones de crecimiento económico
que para el año que viene plantean un crecimiento nominal del PIB del 2,6
%, tan sólo un 1,2 % más que en 2014.

Al mismo tiempo se siguen perdiendo importantes recursos
destinados a combatir el fraude fiscal. Aunque para el año próximo se ha
establecido una ligera subida en la partida asignada a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, la realidad es que desde 2011 el
presupuesto se ha reducido en un 12,2 %, lo cual deteriora los ya
escuálidos recursos que tenía la Agencia para combatir este fraude
fiscal: en España hay un inspector por cada 1.680 contribuyentes, tres
veces menos que la media de los países de la OCDE y cinco veces menos que
en Francia y Alemania. Es significativo que en el programa de lucha
contra el fraude que acompaña el proyecto, la previsión de seguimiento de
los grandes defraudadores sólo aumenta un 1,1 %.

La estimación de los ingresos por las cotizaciones a la
Seguridad Social tampoco es verosímil al suponer un aumento del 6,8 % en
2015 respecto al año anterior, a pesar de que el propio Gobierno calcula
que en 2014 los ingresos serán un 2,9 % menos que en 2013. La caída de
los salarios y los contratos a tiempo parcial conllevan inevitablemente
cotizaciones más bajos.

Eso sí, una buena fuente de ingresos públicos provendrá de
la privatización del 49 % de la sociedad AENA Aeropuertos. Una
privatización parcial que reducirá los ingresos públicos a medio y largo
plazo del Estado al mismo tiempo que aumentará los beneficios y poder de
un determinado grupo de accionistas.

En estos presupuestos las principales partidas destinadas a
educación, sanidad o cultura apenas se incrementan en su conjunto
respecto a las del año pasado, una variación que no compensa ni de lejos
los recortes que desde 2011 se han llevado a cabo. Como se puede apreciar
en la tabla siguiente, las reducciones del presupuesto continúan siendo
considerables respecto del dinero destinado en 2011 a estas partidas,
además que ya de por sí habían recibido recortes considerables del
Gobierno del PSOE. El resultado es claro: nos encontramos ante unos
presupuestos que siguen primando el pago de la deuda frente a los
servicios básicos que garantizan el bienestar de la mayoría. Aunque este
año se ha reducido ligeramente el coste de la deuda (no porque se haya
recuperado la «confianza» de los mercados en España debido a los recortes
del Gobierno, sino por el cambio de rumbo realizado por el Banco Central
Europeo desde julio de 2012 en su objetivo de inundar los mercados
financieros de liquidez y alterar las expectativas de los operadores
financieros), podemos apreciar cómo sigue siendo una de las partidas que
mayor peso tiene en los presupuestos y que más ha aumentado desde
2011.

Los presupuestos en educación certifican el progresivo
desmantelamiento del sistema público y lastran la igualdad de
oportunidades. Los créditos destinados a la política educativa enmascaran
recortes sustanciales pues el aumento nominal del 4,5 % sólo se explica
por la implantación de la LOMCE. Así, se destinan 98 millones de euros
más para educación con relación al año 2014, pero la LOMCE absorbe
recursos por valor de 142,6 millones, de tal forma que en realidad se
pierden 44,6 millones respecto al año pasado. La educación compensatoria,
las becas y ayudas Erasmus, las ayudas para la compra de libros, las
enseñanzas universitarias, la formación del profesorado o el gasto en
educación primaria sufren congelaciones o recortes que, sumados a los
brutales recortes de los últimos años, revelan tanto la pérdida de
importancia del derecho a la educación en el conjunto de las políticas
públicas desde que gobierna el Partido Popular, como el intento de
degradar la educación pública abonando el campo para el negocio educativo
privado.

En cuanto a las partidas presupuestarias en materia de
servicios sociales, igualdad, sanidad y transferencias destinadas a
financiar el Sistema de Atención a la Dependencia, hay que señalar que en
los últimos cuatro ejercicios presupuestarios se ha producido una
importante reducción del gasto que ha afectado sin excepción a todos los
grandes programas y actividades, en algunos casos con reducciones
superiores al 20 %. Esto ha supuesto que algunos programas han
desaparecido y otros han quedado reducidos a actuaciones simbólicas que
ya difícilmente pueden verse recortadas más, salvo que se supriman
definitivamente.

Así, el gasto en servicios sociales se mantiene casi al
mismo nivel del año 2012, destacando el nuevo recorte en las dotaciones
al Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos que se reduce hasta
representar casi la cuarta parte del presupuesto del año 2009, antes de
que se iniciaran los sucesivos recortes. Por su parte, el gasto en
sanidad experimenta un nuevo descenso que lo sitúa prácticamente en la
mitad del gasto sanitario público en el año 2011.

Respecto a la aportación de estos presupuestos para la
cofinanciación del sistema de atención a la dependencia, que se
incrementa en un exiguo 0,4 %, hay que recordar que a 1 de agosto pasado
había 176.000 personas con el derecho reconocido a una prestación sin que
hayan accedido a la misma, a las que hay que sumar más de 101.000
solicitudes presentadas sin dictaminar. La agilización de la tramitación
de las solicitudes y del acceso a las prestaciones significaría que más
de 250.000 personas tendrían que adquirir la condición de beneficiarios,
lo cual resulta incompatible con mantener prácticamente congelada la
cofinanciación estatal.

También cabe señalar que a pesar de que gracias al aumento
de la dotación a las entidades sin ánimo de lucro los fondos destinados a
las acciones en favor del colectivo inmigrante experimentan un leve
aumento con respecto a la dotación del año anterior, los fondos
destinados a los ayuntamientos para la integración quedan en la ridícula
cantidad de 50.000 euros. Desde 2012, esta dotación ha visto disminuir su
asignación hasta hacerla desaparecer prácticamente. En un contexto en el
que son las entidades locales las que asumen prácticamente por completo
la tarea de prestar asistencia social a las personas migradas que la
requieren, este recorte no hace más que confirmar el desprecio que el
Gobierno muestra hacia los más desfavorecidos. A mayor abundamiento ese
incremento se produce a costa de reducir en la misma cuantía la
consignación dedicada a la atención de los emigrantes españoles, a pesar
de que su número sigue incrementándose ante las escasas expectativas de
empleo que los jóvenes encuentran en nuestro país.

En materia de justicia, la congelación de su presupuesto
hará imposible abordar la transformación y modernización que necesita la
administración de justicia. En realidad, estos presupuestos son una
muestra más de la apuesta privatizadora y de la visión mercantilista de
la justicia del Gobierno. Así se constata por el fracaso estrepitoso de
la Ley de Tasas Judiciales, que pretendía sufragar la justicia gratuita y
únicamente ha servido para cercenar el derecho a la tutela judicial
efectiva y obstaculizar el acceso al servicio público de la justicia a
las personas con menos recursos, o por la reciente privatización del
Registro Civil atribuyéndoles su llevanza a los registradores de la
propiedad y mercantiles. Y ello cuando la Administración de Justicia
tiene la oportunidad de reforzar su legitimidad ante la sociedad española
luchando contra la corrupción y jugando el papel de garante de los
derechos ciudadanos frente a ajustes, recortes y reformas que pretenden
reducirlos.

Respecto a la política de vivienda, en un país como España
que está sufriendo día a día el drama de familias desahuciadas de sus
viviendas por no poder hacer frente a sus compromisos de pago, resultan
insignificantes los 585 millones de euros destinados en estos
presupuestos a la partida de acceso a la vivienda y fomento de la
edificación. Estos programas han sufrido un recorte de más de 216
millones de euros en la dotación, perdiendo un 28 % con respecto a 2014.
Y esto en un contexto en el que lo grave no es la escasez de viviendas,
sino la falta de capacidad adquisitiva para acceder a alquileres baratos
o ayudas que eviten el lanzamiento de las viviendas.

Por otra parte, continúa la opacidad y la inoperatividad en
lo que respecta a la SAREB. Esta figura, creada para gestionar con ánimo
mercantil una importante parte de los tres millones de viviendas vacías
que existen en España, ha demostrado que únicamente está dispuesta a
rendir cuentas ante la Troika, dejando a los contribuyentes sin
información sobre la gestión de los mecanismos usados para realizar una
reestructuración bancaria que paga toda la ciudadanía.

Unos presupuestos que liquidan la política pública de
cooperación para el desarrollo

Con las dotaciones de estos presupuestos la Ayuda Oficial
al Desarrollo (AOD) española alcanzaría en 2015 los 1.797,55 millones de
euros, 17 millones menos de lo aprobado en 2014. Estamos hablando del
0,17 % de la Renta Nacional Bruta (RNB), muy lejos de la meta del 0,7 %
comprometido para 2015 en distintos marcos internacionales de desarrollo
y ratificado por el Gobierno español a través de las Conclusiones del
Consejo de la Unión Europea del pasado 27 y 28 de junio.

El 0,17 % de la RNB coloca, un año más, la AOD de 2015 en
niveles de los años 90 cuando España era aún un donante incipiente. Este
porcentaje destinado a cooperación está muy alejado de la media

europea que se sitúa en un 0,50 %. Estamos a la cola de los
donantes europeos; solo Grecia se sitúa por detrás.

La cooperación internacional no debe someterse a la
inestabilidad en función de excedentes, requiere de un compromiso público
sostenido. Los continuos recortes que la AOD ha experimentado en los
últimos años está provocando el desmantelamiento de la política de
cooperación española. Estos recortes han afectado fundamentalmente a las
partidas que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)
aporta al conjunto de la AOD española y, especialmente, a su Programa
143A Cooperación para el Desarrollo. En 2015 dicho programa aumenta un 5
% su dotación con respecto a 2014, pero esto se debe a un incremento del
presupuesto de gasto de la AECID por los fondos de Cooperación Delegada,
procedentes de la Unión Europea. Desde el inicio de la actual legislatura
(2012), el programa cuenta con 162 millones de euros menos (-24 %) y con
1.455 millones menos que lo presupuestado para el ejercicio 2011. Tomando
en cuenta una u otra referencia, las cifras muestran que el Programa de
Cooperación sigue siendo el más recortado del MAEC.

Asimismo, la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) es una de las principales perjudicadas y
acumula una caída de más de 618 millones de euros en ese mismo período,
lo que significa un 71 % menos de presupuesto con respecto a lo
programado para el año 2011. Ello cuestiona la capacidad de desarrollar
las orientaciones estratégicas del Plan Director en los 23 países
priorizados.

Por otra parte, solo el 46 % de la AOD estará gestionada
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Casi el 54 % de la
AOD será aportada por ministerios distintos al Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, que es el ministerio responsable de la
dirección de la política de cooperación según lo establecido en la Ley
23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
y el único que cuenta con una Agencia especializada en la materia. En
2011, la proporción era la inversa (56 % MAEC, 44 % otros ministerios),
lo que supone el cuarto año consecutivo que se arrastra este
desequilibrio.

Unos presupuestos recentralizadores

Con la actual distribución de competencias podemos afirmar
con rotundidad que una visión centralista del Estado equivale a una
visión antisocial de la realidad. El grueso de la financiación del Estado
de Bienestar en nuestro país corresponde a las comunidades autónomas
responsables de partidas tan centrales y esenciales como la sanidad y la
educación. A su vez los entes locales son los responsables de buena parte
de la política social, por definición aquella de mayor cercanía. El mayor
esfuerzo exigido a entes locales y a las comunidades autónomas, con un
tope de déficit de un 0,7 % el año que viene y un 0,3 % en 2016 para las
comunidades y un 0 % para los entes locales, pone en riesgo la calidad de
nuestros sistemas educativo y sanitario así como otras políticas sociales
básicas.

Si bien es cierto que el actual presupuesto supone un
incremento en concepto de transferencias a comunidades autónomas por
participación en los ingresos del Estado de algo más del 6 %, dicho
aumento no recupera la caída sufrida en los presupuestos del año pasado,
cercana al 20 %. El descenso por el mencionado concepto, si comparamos el
presupuesto presentado con la partida del año 2013, sigue siendo de un
13,6 %.

Por otra parte, la dotación de los fondos de compensación
interterritorial para el conjunto de comunidades autónomas, destinados a
corregir los desequilibrios territoriales, no varía para 2015,
manteniéndose en 425,8 millones de euros a pesar de que la inversión
pública crece un 8,4 %. La escasa dotación de estos fondos opera en
contra de la cohesión territorial.

Además, son unos presupuestos que siguen sin cumplir con
Cataluña. La disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña ya no
está vigente este año. Si durante estos años el Gobierno decidió
deliberadamente no cumplir con dicha disposición del Estatuto de Cataluña
no esperamos que ahora que ya no está en vigor cumpla con la equiparación
relativa del Producto Interior Bruto catalán a las inversiones del Estado
en Cataluña. Sin embargo, el sentido común exige rectificar la baja
inversión en infraestructuras en territorio catalán. Cataluña sigue
asumiendo un injustificable déficit en infraestructuras ferroviarias y de
mantenimiento lo que supone una limitación de la movilidad y un problema
para el equilibrio territorial y el desarrollo económico.

También el Estado continúa sin cumplir con el Estatuto de
Autonomía de Andalucía, ya que en 2015 la inversión será del 17,4 % del
conjunto del territorio nacional, cuando la comunidad representa el 17,9
% de

la población. Desde la entrada en vigor de dicho Estatuto,
el Estado ha acumulado una deuda de inversiones no ejecutadas y no
presupuestadas en Andalucía por importe de 2.356 millones de euros.

El caso de Aragón es si cabe más sangrante, pudiéndose
apreciar con claridad el carácter electoralista de las cifras. Tras el
recorte del 70 % sufrido en los últimos años, el incremento de poco más
de un 7 % del capítulo de inversiones (casi la mitad de la media del
incremento regionalizado de la inversión) supone dar por perdida la
legislatura y posponer de nuevo actuaciones indispensables.

Estos presupuestos obvian una obligación para la cuenca del
río Gállego como es la necesaria descontaminación por lindano que provoca
un grave problema sanitario y medioambiental. Igualmente, los recursos
son escasos para dar una alternativa a las zonas y comarcas mineras, y se
abandona de nuevo la reapertura de la conexión ferroviaria con Francia
por Carfranc. Además, las cuentas para 2015 demuestran el nulo compromiso
con el medio rural y la vertebración territorial con la insuficiente
aportación estatal a los programas de desarrollo rural, al igual que
sucede con otras regiones que padecen fuertes desequilibrios
territoriales.

Por tanto, los Presupuestos Generales del Estado 2015 no
van destinados a reactivar la economía, ni a crear empleo, ni a
garantizar los servicios públicos esenciales. Al contrario, están
centrados en la reducción o contención del gasto público, en el
estancamiento de la demanda interna y en primar el pago de la deuda a
costa de reducir las partidas destinadas a gasto social. Son unos
presupuestos que no servirán para salir de la crisis y que seguirán
profundizando en un modelo económico cada vez más desigual y
empobrecedor.

La reciente creación de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal no es sino un intento del Gobierno por legitimar
unos presupuestos austeros orientados a lograr una consolidación fiscal
que no hace otra cosa que empeorar la situación económica.

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador
Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi,
INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una
propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2015.

Palacio del Senado, 20 de noviembre de 2014.—Urko
Aiartza Azurtza, Iñaki Goioaga Llano, Amalur Mendizabal Azurmendi y
Alberto Unamunzaga Osoro.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga
Llano (GPMX), de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX)

y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador
Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi,
INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente propuesta de veto.

JUSTIFICACIÓN

El Gobierno presenta este año los Presupuestos Generales
del Estado para el próximo ejercicio 2015, bajo el signo de la
continuidad y con un cierto halo triunfalista sustentado en el leve
crecimiento de la economía. Recogiendo esa apuesta por la continuidad de
la que hace gala el ejecutivo, es momento de hacer balance de lo que han
supuesto esos tres presupuestos aprobados con anterioridad y, a partir de
esa realidad, ver cuál es el horizonte que nos augura el proyecto ahora
sometido a debate.

En todos los debates anteriores, desde AMAIUR se ha
planteado que la incidencia sobre la evolución de la desigualdad debe ser
la piedra de toque que marque la idoneidad o no idoneidad de unos
Presupuestos Generales del Estado. El análisis de estos tres años, desde
este punto de vista nos ofrece un panorama desolador.

En el «Informe sobre la riqueza mundial» elaborado por
Credit Suisse, se señala que el número de millonarios (personas con un
patrimonio de al menos un millón de dólares) crece en el Estado español
el

doble de rápido que en el mundo, alcanzando entre mediados
del año 2013 y la primera mitad del 2014 un fuerte incremento del 24 %
llegando a la cifra de 465.000 personas.

Simultáneamente en el informe FOESSA 2014 sobre
«Precariedad y Cohesión social» podemos leer que las personas que no
padecen ningún problema de exclusión social se han convertido en una
estricta minoría en el Estado español y que la fractura social entre
aquellos que se encuentran en la franja de integración y los que se
encuentran en situación de exclusión se amplía. Por otro lado también
señala dicho informe que el peso de las remuneraciones de los asalariados
sobre el Producto Interior Bruto, que permanecía estable —con leves
fluctuaciones inferiores a un punto— desde hace décadas, desde el
año 2010 han cedido más de dos puntos y medio a las rentas de la
propiedad y a las rentas mixtas.

Simultáneamente se ha producido una agudización de las
diferencias de renta entre los hogares del Estado español hasta
convertirse en uno de los estados de la Unión Europea donde la renta se
reparte de manera más inequitativa, de forma que tan solo Bulgaria y
Letonia presentan indicadores de desigualdad más altos. Un indicador
gráfico de este incremento de la desigualdad es que la relación entre la
renta que acumula el 20 % más rico de la población y la del 20 % más
pobre, ha crecido más del 30 % en los últimos años.

Si tomamos los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida
vemos que mientras el grupo de renta baja ha pasado de concentrar el 32 %
al 40 % de la población, el grupo de renta media pasa del 60 al 52 % y,
sin embargo el más rico ha sufrido pocas modificaciones en su peso
relativo pasando escasamente del 9 al 8 %.

En la misma línea, los datos del Eurostat muestran que la
tasa de pobreza en el Estado español está en el 28,2 %, la tasa de
pobreza infantil se sitúa en el 19,4 % y el riesgo de pobreza de los
menores de 18 años alcanza al 29,9 %.

Este es el resultado de la política presupuestaria de la
que hace gala el proyecto de presupuestos que nos presenta el Gobierno
para el año 2015 y que por tanto va a seguir en la misma línea de
profundizar en la desigualdad a la vez que sigue desmontando poco a poco
el sistema de protección social, recortando derechos sociales, y siendo
ineficaz a la hora de dar respuesta a los grandes problemas estructurales
del Estado español.

Estos nuevos Presupuestos siguen girando alrededor de los
intereses de la economía especulativa y de los grandes grupos
económico-financieros, no tienen como prioridad la lucha contra el
desempleo y la exclusión social, y continúan con una política de
recentralización. Todo este planteamiento ultra-liberal y
recentralizador, choca en todos los aspectos con la realidad política,
económica y social de Euskal Herria, y con su derecho a decidir su propio
futuro y su propio modelo económico y social.

Como hemos señalado en anteriores ocasiones, estos
presupuestos continúan impulsando la disolución del Estado de Bienestar,
siguen sin abordar la recuperación del poder adquisitivo de la pensiones
especialmente en sus tramos inferiores, ni la compensación de los
recortes en aspectos claves, especialmente en tiempos de crisis, como son
la inversión en servicios sociales o en la sanidad pública, o en la
protección familiar o en los sistemas de dependencia.

Se incrementa el endeudamiento que alcanza el 101,3 % del
PIB y que, sin ser consecuencia de la gestión de las instituciones de los
territorios vascos, lo pagaremos especialmente la ciudadanía de Euskal
Herria, un 63 % más que el resto de las gentes del estado.

Siguen impulsando la precariedad laboral y el recorte de
derechos de trabajadores y trabajadoras.

Siguen recortando los fondos destinados a la protección del
desempleo, que en estos presupuestos son un 14,9 % inferiores a lo
presupuestado el año anterior, a pesar de que las cifras de paro siguen
en niveles socialmente inasumibles y crece el número de personas que se
encuentran en situación de paro de larga duración.

En el capítulo de ingresos, siguen sin dar respuesta al
problema estructural español del fraude y la elusión fiscal.

Siguen sin dar pasos efectivos para abordar la
competitividad, basada no en el recorte laboral, sino en la potenciación
del valor añadido con inversiones en I+D+i.

En definitiva son unos Presupuestos continuistas que no van
a contribuir a una salida socialmente justa de la crisis económica ni a
reducir la desigualdad, que siguen recortando el estado de bienestar,
confraternizando con el fraude fiscal y castigando a los sectores más
débiles de la sociedad como son pensionistas, parados, autónomos,
economía social y pymes.

CONTINÚA EL PROBLEMA DE LA INSUFICIENCIA DE INGRESOS

Como hemos señalado repetidamente desde AMAIUR el gasto
público —especialmente el gasto social— no es el problema del
Estado español, sino que el auténtico problema estructural es el ingreso
presupuestario que está seriamente limitado por el problema estructural
del fraude y la elusión fiscal.

Con los últimos datos del informe comunitario anual sobre
tendencias fiscales en la UE 2014, en el que el Estado Español ocupa el
lugar número 21 a la hora de fijar el porcentaje sobre el PIB que supone
la recaudación de las Administraciones Públicas. El total de ingresos
públicos representó el 32,5 % del PIB, lo que suponen 7,9 puntos menos
que la media de la Eurozona. Y esta situación no es fruto de la actual
coyuntura de recesión económica, sino que responde a un problema
estructural pues desde el año 1995 tan solo en tres ocasiones la
recaudación del Estado ha superado la barrera del 35 %. Si analizamos
donde se producen estas insuficiencias crónicas del capítulo de ingresos
vemos que fundamentalmente es en los impuestos indirectos —en el
año 2012 de los 27 estados de la Unión Europea, el Estado Español ocupaba
el puesto número 26 en el porcentaje sobre el PIB que suponía la
recaudación por este concepto y el puesto 27 en el caso del IVA—,
impuestos especiales e impuesto de sociedades —puesto número 20 de
la U-27—; tan solo en el IRPF —el impuesto de quienes están
vinculados a una nómina— el Estado español ocupa una posición más
normalizada situándose en el puesto número 14 de la U-27.

Los Presupuestos para el 2015 van unidos a la reforma
fiscal impulsada por el gobierno que anuncia un incremento de la
recaudación por IVA e impuestos indirectos y una leve disminución de la
recaudación del IRPF, fruto, —además— de la reducción del
impuesto al 10 % de la población que cuenta con más rentas. Una reforma
fiscal que va en contra de la progresividad pues cada vez más apoya la
recaudación en los impuestos indirectos abandonando el fin redistribuidor
de la riqueza, que debe estar en la base de un sistema impositivo
socialmente justo, y permitiendo la acumulación permanente de
riquezas.

Capítulo aparte merece la reforma que afecta al impuesto de
sociedades, en el que la reducción de los tipos nominales es lo de menos,
sobre todo cuando la realidad es que el tipo efectivo de las grandes
empresas, tal como ha señalado el Ministro de Hacienda en sede
parlamentaria, está alrededor del 9 %; tipo efectivo fruto, en el mejor
de los casos, de la elusión fiscal y que resulta insultante e injusto
tanto para las pymes y empresas de economía social como para las personas
asalariadas que, en el caso de un mileurista por ejemplo, como mínimo
paga un 12 %.

En esta misma línea sigue vigente la escandalosa elusión
fiscal que supone el régimen tributario que afecta a las SICAV, que
siempre —pero especialmente en tiempos de dura crisis económica y
social— es injusto e insolidario.

Como hemos señalado con ocasión de los anteriores tres
Presupuestos Generales presentados por el ejecutivo del Partido Popular,
la política económica y social de este Gobierno están generando una
acumulación de riqueza en unas cada vez más reducidas élites que se
mueven en los entornos de la economía especulativa y sus sistemas de
apropiación de rentas ajenas, a la vez que se produce un incremento,
constante y progresivo, de la desigualdad que —como alerta
Caritas— trae consigo «una segunda oleada de empobrecimiento y
exclusión social» agudizada por «las políticas de ajustes y sus recortes,
la prolongación de las situaciones de desempleo y el agotamiento de las
ayudas económicas.»

La ausencia de un compromiso explícito por parte de este
Gobierno en la lucha contra esta insolidaria lacra, que se plasme en el
establecimiento de una senda de reducción del fraude fiscal con plazos y
compromisos concretos hace estos presupuestos ineficaces a la hora de
abordar los retos urgentes e imprescindibles de abordar con urgencia,
como son afrontar la reducción de las tasas de paro y de pobreza,
garantizar la protección social y reforzar el estado de bienestar.

ENDEUDAMIENTO RAMPANTE AL SERVICIO DE LA ECONOMÍA
ESPECULATIVA

Dentro del apartado de gasto uno de los conceptos más
preocupantes es el que tiene que ver con el nivel de endeudamiento de las
administraciones públicas del Estado; y es preocupante tanto porque
condiciona el resto del presupuesto de gasto, como porque afecta de forma
muy directa a Euskal Herria a pesar de que no tiene origen en nuestro
País.

El pago de la Deuda, junto con la ineficacia en la lucha
contra el fraude y la elusión fiscal, supone de hecho una carga para las
cuentas públicas que dificulta, cuando no imposibilita, cualquier cambio
sustancial en favor de la defensa y el reforzamiento del Estado de
Bienestar. La emisión de deuda por valor de 242.765 millones de euros
elevará el ratio de Deuda de las Administraciones Públicas sobre el PIB
al 101,3 % y sólo servirá para sustituir la deuda que vence en el
ejercicio y pagar los intereses de la

deuda vigente. Como dato significativo podemos comparar los
35.490 millones de euros que se van a pagar tan solo de intereses con los
4.073 millones destinados al empleo o los 29.727 millones destinados al
desempleo.

Esta deuda que, con criterios homologados de prudencia
contable hay que calificar de impagable, tiene muchas de sus partes que
se deben calificar como ilegítimas, y sus consecuencias tienen una
responsabilidad política en la «reforma expres» de su Constitución por
parte del PSOE y el PP, y en el sometimiento a las directrices
ultra-liberales de la «troika» que en su apoyo a la economía financiera y
especulativa han permitido unas primas de riesgo desbocadas en estos años
de dura crisis con unas subidas de tipos de interés cuyos rendimientos
han ido en gran parte a un sistema financiero que ha hecho un ilegítimo e
injusto negocio pidiendo prestados fondos al sistema europeo a tipos muy
reducidos, mientras ellos cobraban al Estado, y por tanto a toda la
ciudadanía, tipos que cuadriplicaban los tipos que ellos pagaban.

La priorización del pago de la deuda injusta sobre el gasto
social supone poner los Presupuestos Generales del Estado al servicio de
la economía especulativa y dar la espalda a la economía real y a las
urgencias y necesidades de la ciudadanía, mientras se promueve el
crecimiento de la desigualdad.

POLÍTICAS DE GASTO QUE SIGUEN DEBILITANDO EL ESTADO DE
BIENESTAR

En todos los debates mantenidos hasta la fecha, desde
AMAIUR hemos denunciado que el Gobierno ha asumido como propio el debate
impulsado por planteamientos ultra-liberales y neocapitalistas que ha
puesto en la picota al Gasto Público como causa de todos los males, con
el fin de justificar el progresivo desmantelamiento del Estado de
Bienestar.

Sin embargo las cifras, los datos objetivos, no sólo
desmienten dicha tesis neoliberal, sino que ratifican nuestra denuncia de
que el problema fundamental de las instituciones estatales no es el gasto
público, sino el ingreso.

En el último informe de Eurostat sobre la distribución del
Gasto Público por funciones en el seno de la UE27, el Estado español se
sitúa por debajo de la media europea. Mientras que en el conjunto de la
UE27 el gasto público equivale al 49,4 % del PIB, o en la eurozona el
49,9 %, en el Estado español sólo alcanza el 47.8 %. Si analizamos las
diferentes funciones de gasto vemos que en el capítulo fundamental
—sobre todo en época de crisis económica— de los fondos
destinados a Protección Social y Sanidad, en el Estado español supone el
51,6 % del total del gasto público frente al 54,8 % de la UE27; y en
términos de porcentaje del PIB en el conjunto de la Unión Europea supone
el 26,9 % del PIB, mientras que en el Estado español sólo alcanza el 23,2
%.

A la vista de estos datos, y después de los importantes
recortes de los tres últimos Presupuestos, el reducido incremento de las
partidas genéricas y el desequilibrio en los incrementos de algunos
conceptos entre por ejemplo infraestructuras y las funciones de
Protección Social, no garantizan el Estado de Bienestar.

Los servicios públicos básicos o las actuaciones de
protección y promoción social se incrementan en un 0,7 %, mientras que el
incremento en Infraestructuras supone un 12,6 %; pero si analizamos la
composición de esta última partida comprobamos que de los 6.141 millones,
4.079 van a la inversión en ferrocarriles, fundamentalmente en el AVE sin
tener en cuenta que el propio presiente de ADIF afirmaba que el actual
planeamiento del AVE «no tiene ni pies ni cabeza». Al final una parte
importante de este presupuesto va a servir para rescatar a las
constructoras que impulsaron la burbuja inmobiliaria y que fueron presa
de su propia avaricia acabando asfixiadas financieramente.

Invertir más en este «cemento» que en I+D+i o en becas,
supone seguir construyendo trenes que no van a ninguna parte, aeropuertos
sin aviones o autopistas sin tráfico de coches, y seguir impulsando un
modelo no competitivo e insostenible socialmente.

En relación al grave, e insostenible socialmente, problema
estructural del desempleo contrasta el incremento de las partidas de
fomento del empleo en un 16,5 %, con la disminución en un 14,9 % de las
partidas destinadas al desempleo, máxime cuando el paro de larga duración
se sigue incrementando y actualmente hay más de 3.300.000 personas sin
prestaciones. Y en cuanto al fomento del empleo el incremento va por la
línea de las bonificaciones a las contrataciones asciende a 1.500
millones de euros. Estas ayudas para hacer el contrato más barato no van
unidas a la garantía de empleo de calidad y con derechos, ni a la
estabilidad en el empleo.

PERSISTENCIA EN EL ERROR DE UNAS REFORMAS ESTRUCTURALES QUE
AUMENTAN LA DESIGUALDAD

Este Proyecto de Presupuestos, continúa con el desarrollo
de las reformas estructurales —como son la reforma laboral, la
reforma financiera, la reforma fiscal y la reforma del sistema de
pensiones— que, como hemos señalado repetidamente, lejos de dar
respuesta a los problemas estructurales económico-sociales del Estado
español, están debilitando a marchas forzadas su carácter de estado
social de derecho, no abordan la raíz del problema y no están
contribuyendo a paliar las consecuencias sociales de la crisis
económica.

AMAIUR ha planteado al Gobierno en todos los debates que
hemos mantenido, que su reforma laboral supone un recorte de derechos y
el aumento de la indefensión de las personas que tienen un puesto de
trabajo cada vez más precario; que supone una pérdida de poder
adquisitivo y de capacidad de gasto para amplios sectores de la
población; esta reforma laboral que no ha generado empleo sino que, al
contrario, ha propiciado que la Gran Patronal aplique con cobertura legal
el despido impune, generando más desempleo y crispación social fruto de
la desprotección para sectores cada vez más amplios de la población. A
pesar del crecimiento de la economía, la mayoría de las previsiones
coinciden en señalar que van a continuar las altas tasas de desempleo,
señalándose incluso que el 30 % de la población activa seguirá en paro en
el año 2015.

El Gobierno con su reforma financiera continúa promoviendo
el fortalecimiento de un oligopolio financiero y el desmantelamiento de
entidades financieras de carácter social y control público, que eso es la
privatización que han hecho del sistema financiero de origen social. No
se han tomado medidas —ni están previstas en este proyecto de
presupuestos— que impidan la especulación de las entidades
financieras con los fondos y préstamos conseguidos del Banco Central
Europeo y de la propia administración pública española. El crédito sigue
sin fluir a las familias, a las pymes, autónomos y economía social; la
banca no aumenta las concesiones de crédito, a la vez que sigue aumentado
su captación de depósitos y la disposición de fondos europeos. Después de
las reformas del gobierno, del rescate europeo y los 108.361 millones de
ayudas públicas, el sistema financiero español no está contribuyendo al
desarrollo económico y social. No fluye el crédito a empresas y familias,
pero los grandes bancos han ganado cuota de mercado a cuenta del
desmantelamiento de las Cajas, y han duplicado sus beneficios en dos años
pasando de 3.174 millones (primer semestre 2012) a 6.363 millones (primer
semestre 2014), según la AEB.

La reforma del sistema de pensiones impulsada por el
Gobierno, en este proyecto de presupuestos sigue sin afrontar la
necesidad de recuperar la pérdida significativa de su poder adquisitivo
de los últimos años, acentuándose más aún la brecha existente con otros
estados de la Unión Europea. El régimen de pensiones existentes en el
Estado español (gasto global en relación al PIB) es uno de los más bajos
existentes en la UE-27, situándose en más de un 20 % por debajo del
promedio allí existente. El objetivo, por lo tanto, no debiera ser la
congelación práctica de las pensiones, sino implementar cuantos medios
sean necesarios para elevarlas de forma significativa. Un 50 % de las
pensiones de jubilación se hallan por debajo de los 700 euros/mes y unos
cinco millones de personas malviven con ingresos inferiores al umbral
oficial de pobreza. La situación se agrava aún más en el caso de las
mujeres por cuanto éstas, por término medio, vienen percibiendo unas
pensiones que vienen a ser inferiores en un 40 % a las de los hombres.
Hablar de pensiones de viudedad equivale, sin más, a hablar de pensiones
de pobreza, cuando no de extrema pobreza. Si además vemos que esas
reducidas pensiones son en la actualidad el único sustento de una familia
extensa, el panorama es mucho más preocupante e injusto.

En definitiva la continuación de las reformas estructurales
impulsadas por el Gobierno, que tienen su soporte en estos Presupuestos,
va a contribuir a profundizar en el incremento de la desigualdad y la
pobreza, y no va ayudar a poner fin a la atonía del consumo interno,
perpetuándose los costes sociales de la crisis.

SOBERANÍA ECONÓMICA, FISCAL, FINANCIERA Y SOCIAL PARA
EUSKAL HERRIA

Nuevamente, el análisis del contenido y la filosofía que
impulsa estos Presupuestos, no hace sino constatar la existencia de
Euskal Herria como sociedad diferenciada que no sólo no se identifica con
el modelo socioeconómico que impulsan estas cuentas públicas, sino que no
encuentra ni acomodo ni solución a sus problemas, dentro del actual marco
jurídico político.

Como hemos señalado en anteriores ocasiones, este Gobierno
del Partido Popular está imponiendo en Euskal Herria todo un conjunto de
reformas estructurales y recortes sociales amparándose en su

mayoría absoluta en los marcos institucionales estatales, a
pesar de que su representación electoral en el conjunto de nuestro pueblo
(Comunidad Autónoma Vasca —CAV— y Foral de Navarra) es
claramente minoritaria (23 %) y que su política económica, social y
medioambiental está siendo rechazada cada vez por mayores sectores de la
población y por las propios Parlamentos y Juntas Generales.

El mantenimiento de este marco político tiene un coste
concreto para la CAV y Nafarroa. Los presupuestos del 2015 recogen las
cantidades de 580 millones de euros para el cupo de Nafarroa y de 1525
millones en el cupo de la CAV. Con dichos fondos se financian
competencias no asumidas como son los gastos de la Monarquía, las fuerzas
de seguridad del Estado, el ejército, las grandes infraestructuras
inútiles y, como no, al pago de la deuda. Deuda que no tiene su origen en
nuestro País y que sin embargo, cada persona de Euskal Herria va a
soportar un coste de 987,58 euros de los intereses de dicha deuda, frente
a los 748,70 euros que soportará cada persona del resto del estado. El
incremento de la deuda pública previsto para los próximos años fruto de
la publificación de la deuda privada de los bancos y de la nefasta e
irresponsable gestión de las administraciones públicas españolas, va a
suponer también el incremento del pago que la ciudadanía de Euskal Herria
ha de hacer a las arcas estatales. Unos pagos que vacían nuestras arcas
públicas y nos niegan la posibilidad de poner en marcha un nuevo modelo
social y económico en Euskal Herria.

Es más a través de estos presupuestos tenemos que
contribuir con más de dos mil cien millones anuales destinados en su
mayor parte a gasto improductivo y socialmente inútil, como puede ser el
sustento de la Monarquía; de un Tribunal Constitucional, que es siempre
de parte, que socaba nuestro derecho a decidir y que confirma sentencias
políticas totalmente injustas —la última la de Bateragune— y
que tarde o temprano son revocadas por los tribunales Europeos; de un
Consejo de Estado que niega la realidad de un estado plurinacional y
rechaza el derecho a decidir de Catalunya o Euskal Herria que plantean de
forma democrática las Instituciones Catalanas o Vascas; o de un
Ministerio de Defensa y un ejército que, por mor de una cláusula
constitucional introducida de forma ilegítima y copia de la legislación
franquista, se arroga el papel de «garante de la unidad de España.»

Y finalmente estamos hablando de unos presupuestos que
vuelven a negar nuestro derecho a decidir imponiéndonos el cómo han de
ser los presupuestos de las instituciones de Euskal Herria al fijar que
las Comunidades Autónomas no podrán endeudarse más de un 0,7 % y los
entes locales en 0 %, sin tener en cuenta la muy diferente situación de
las administraciones públicas vascas con respecto a las españolas en
cuanto a su saneamiento económico, niveles de endeudamiento e importancia
del gasto de protección social.

Un año más, volvemos a constatar que el presente proyecto
de cuentas públicas para 2015 no contempla compromiso explícito alguno,
ni siquiera en su más mínima expresión, a fin de contribuir positivamente
a la nueva etapa abierta en Euskal Herria de cara a la resolución del
conflicto político.

Todas estas razones nos muestran que se hace aún más
necesario que nunca la exigencia para Euskal Herria de un marco soberano
en materia económica, financiera, fiscal, social y laboral, a fin de
poder implementar desde nuestra propia realidad, sin imposición ni
limitación alguna por parte de los poderes estatales, cuantas medidas
sean precisas para construir un futuro para nuestro pueblo asentado en
pilares de justicia y solidaridad, en el reparto del trabajo y la
riqueza, en el fomento de los servicios y prestaciones públicas, en la
apuesta por la economía real y productiva. Un desarrollo hermanado y
respetuoso para con la naturaleza e impulsor de una igualdad efectiva y
real entre hombres y mujeres.

Queremos, desde Euskal Herria, apostar por la industria y
economía verde y de alto valor tecnológico; impulsar la economía de los
cuidados y los servicios sociales y públicos; fomentar firmemente la
economía social; desarrollar decididamente la I+D+I; asentar la
agricultura y la ganadería sobre bases de soberanía alimentaria,.. Y
todas estas apuestas hacia un nuevo modelo económico y social necesitan
de soberanía política y económica, así como poder contar con los recursos
que ahora, vía cupo, se nos usurpan para pagar los intereses de una deuda
injusta e ilegítima.

Por todas estas razones que suponen que estas cuentas
públicas del estado español van a seguir contribuyendo al incremento de
la desigualdad, recortando el estado de bienestar, confraternizando con
el fraude fiscal y castigando a los sectores más débiles de la sociedad
como son pensionistas, parados, autónomos, economía social y pymes,
mediante un planteamiento que no responde a la realidad política, social
y económica de Euskal Herria, los Senadores y la Senadora de AMAIUR
presentamos este veto y pedimos la devolución al Gobierno de este
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2015.

Página
35

las cifras en cuanto a la inversión en los Països Catalans,
como viene siendo ya la tónica habitual, siguen empeorando en este 2015.
Así pues, Catalunya recibirá según lo establecido en este proyecto de PGE
un 9,5 % del total de las inversiones territoriales del Estado en
comunidades autónomas. Este porcentaje representa un 1,5 % menos que en
2014, y por si esto no fuera poco, está lejos de corresponderse con el
peso relativo de la economía catalana en el total del Estado, de un 19 %,
y con la proporción de población sobre el total del mismo, de un 16 %. En
este mismo sentido, pese a que el gobierno ha esgrimido en numerosas
ocasiones el argumento de que la inversión estatal para este próximo año
crece en Catalunya un 13,5 % respecto a la inversión del 2014, este
porcentaje es inferior al crecimiento medio de la inversión en todas las
comunidades, de un 15 %. Este agravio se suma, a su vez, a la deuda
acumulada que el Estado mantiene con la Generalitat por el incumplimiento
continuado de la Disposición Adicional Tercera del Estatut en los años
establecidos para reparar el déficit histórico de inversión en
infraestructuras.

En lo que respecta al País Valencià y a las Illes Balears,
a su vez, los datos no son más alentadores. El País Valencià, pese a
aportar el 9,5 % del total del PIB del estado, recibirá tan solo el 6,9 %
del total de las inversiones, mientras que las Illes, cuya economía tiene
un peso relativo del 2,5 % recibirá tan sólo el 1,2 % de las inversiones,
un porcentaje que, como en el caso de Catalunya, es menos de la mitad de
lo que le correspondería.

Pero el trato desigual con los Països Catalans, y en este
caso con el País Valencià y con Catalunya, no se acaba aquí: el proyecto
del Corredor Mediterráneo, largamente reclamado para dotarnos de una
infraestructura que no sólo permitiría a Catalunya y al País Valencià
competir con el resto de regiones europeas, sino que además sería muy
beneficiosa para el conjunto de la economía española, cuyo déficit
comercial se sitúa ya en más de 16.000 millones de euros, sigue brillando
por su ausencia. Aún más, de los seis corredores ferroviarios que se
detallan en los PGE de 2015, el mediterráneo es el que recibirá menos
actuaciones estatales: tan sólo en los tramos Almería-Murcia y
Vandellòs-Tarragona.

También cabe señalar la asfixia a la cual se van a ver
sometidas los entes autónomos en el apartado del déficit público: si para
el 2014 la exigencia era de un 1 %, en 2015 se va a pasar a un inasumible
0,7 %. Este porcentaje contrasta con el 2,9 % que se va a exigir a la
Administración central del Estado, lo que constata la poca solidaridad
del Gobierno hacia las Comunidades Autónomas derivadas de su fracasado
proceso de descentralización.

Por todo ello, se presenta el siguiente veto al Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

Palacio del Senado, 21 de noviembre de 2014.—El
Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

Un año más, los Presupuestos Generales del Estado aprobados
por el Gobierno consideramos que no son los que corresponden para sacar
el país de la crisis, reactivar el empleo y la economía, recuperar
calidad del estado del bienestar, contribuir a racionalizar mejor la
administración pública, mejorar el reparto interterritorial de recursos y
devolver la ilusión a los ciudadanos y ciudadanas.

En el conjunto de los 4 presupuestos aprobados en la
legislatura 2012-2015 el Gobierno ha aumentado la presión fiscal como
ningún Gobierno antes se había atrevido a incrementar, la anunciada
rebaja fiscal de 2015 afectará sólo al último año de legislatura, año
electoral, municipales, autonómicas y generales, medida que bien puede
considerarse electoralista, que afectará sólo al IRPF, no afectará al IVA
o al impuesto sobre sociedades de las pymes, ni a los impuestos
especiales o a los nuevos impuestos sobre la energía eléctrica, entre
otros, ya que en todos los casos la presión fiscal será muy superior a la
que teníamos en 2012.

El marco macroeconómico sobre el que se fundamentan los
presupuestos es discutible. Apunta a un crecimiento del PIB y del empleo
superior al de 2014 en base a un significativo incremento de la demanda
interna e incluso a una aportación positiva del sector exterior en un
momento en que el propio ministro de economía está alertando sobre el
estancamiento de las economías europeas. En una economía globalizada como
la que tenemos, si nuestro primer mercado, Europa, se estanca, o bien
nuestra economía incorpora importantes mejoras de competitividad o
nuestra economía también se estanca, lo cual no parece quedar incorporado
en las previsiones presupuestarias del Gobierno.

Respecto a los gastos, en tiempos de crisis debe pensarse
que el gasto social y la inversión en crecimiento deberían ser las
prioridades. En lo que atañe al gasto social, tres ejemplos: los
presupuestos para 2015 incorporan un aumento de las pensiones del 0,25 %,
el menor de los posibles; prevén una reducción de las prestaciones de
paro del 15 %, el Estado, con 5,6 millones de personas en paro va a
ahorrarse 4.427 millones de euros en prestaciones por desempleo, sin que
estos recursos ahorrados sean destinados a políticas activas para la
reocupación. Tercer ejemplo, a pesar del significativo incremento de los
ingresos del Estado en los últimos años, las transferencias a las
comunidades autónomas destinadas a financiar unos gastos que en un 70 %
son eminentemente sociales, educación, sanidad y servicios sociales, van
a ser inferiores a las que recibieron en 2013 y muy inferiores las de
2012. No son presupuestos sociales.

En cuanto a la inversión, según el Gobierno, los
presupuestos incorporan el Plan CRECE, el cual pretende «impulsar la
economía para que mantenga y consolide su crecimiento», no obstante un
rápido análisis a las prioridades de inversión impide atisbar esta
característica de impulso. Observando las características de la
inversión, su principal finalidad es la construcción del AVE, un AVE, que
en palabras del Presidente de ADIF, para ser sostenible necesita doblar
(añadimos «por lo menos») su número de pasajeros. ¿Es la más productiva
de las inversiones posibles una inversión de la que hoy no se sabe si es
sostenible? Sin lugar a dudas que hay tramos del AVE que son sostenibles,
pero sin duda que la megalomanía de construir una espesa red radial de
AVE constituye un malbaratamiento de recursos que ningún país
desarrollado de Europa se ha podido permitir y menos en tiempos de
crisis.

Analizado por territorios y, desde la perspectiva catalana,
el mapa inversor del Estado no puede valorarse sino como un castigo a
Catalunya. Así lo valora este grupo Parlamentario y así lo han valorado
también los principales agentes sociales y económicos. Si el Gobierno
considera que una prioridad es CRECER, no se comprende que Catalunya,
territorio que aporta el 18,8 % del PIB estatal, sólo reciba, por
decisión del Gobierno del Estado, un ínfimo 9,5 % del ya escaso volumen
de inversión presupuestada y regionalizada.

Otro aspecto a señalar es el importante incremento de los
ingresos del Estado en los tres años de mandato del partido popular. La
totalidad de estos ingresos los ha retenido el Estado para consolidar sus
cuentas, abandonando a las Comunidades Autónomas a su suerte y sin
repartir con ellas los aumentos de recaudación que les corresponderían en
consonancia con su participación del 50 % que tienen determinado para el
IVA o del 58 % para los Impuestos especiales. Con este comportamiento el
Gobierno del Estado, amparándose en una estricta legalidad, que se ha
negado a cambiar, aunque podía hacerlo, ha paralizado este escalón
intermedio de las Administraciones públicas que son las administraciones
de las comunidades autónomas. Sin duda que esta decisión estructural del
Gobierno contribuyó a empeorar la coyuntura económica en 2012 y en 2013,
contribuyó a incrementar la destrucción de empleo en años que en Europa
conseguían un cierto crecimiento y puede contribuir a frustrar la tenue
mejora de la economía que hemos tenido en los primeros trimestres de
2014. En 2015 las comunidades autónomas debían tener nueva financiación y
no la tienen. El Estado ha incrementado sus ingresos, las comunidades
autónomas, no. Mientras el ahogo presupuestario alcance a este eslabón
intermedio, pero fundamental de la administración pública, la calidad del
estado del bienestar estará en peligro y la capacidad de las
administraciones de contribuir a la reactivación y a la creación de
empleo seguirá bloqueada.

Finalmente, hay otra cuestión que refuerza la presentación
del un veto a la globalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2015, es la incapacidad de diálogo y de alcanzar acuerdos
sobre las más de 4.000 enmiendas que han presentado los grupos de la
oposición en el trámite de este proyecto de ley en el Congreso de los
Diputados. Los presupuestos anuales marcan la política económica y social
de todo el ejercicio. Cuando el Gobierno hace un llamamiento a las
fuerzas políticas y a los territorios a luchar juntos contra la crisis,
pero no es capaz de incorporar ni una sola propuesta de la oposición a
los presupuestos para el próximo año, algo falla en el Gobierno y en este
proyecto de ley, que no puede ser de todos.

Por todo ello este grupo parlamentario presenta un veto al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

Palacio del Senado, 21 de noviembre de 2014.—Jordi
Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 6

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura
Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2015 son socialmente injustos, ecológicamente insostenibles y
territorialmente recentralizadores.

Estos presupuestos parten de tres premisas profundamente
inverosímiles, a tenor de los datos que reflejan la realidad de la
economía española, a saber: la esperanza en un próximo crecimiento
económico que generará crecientemente más empleo y más ingresos
tributarios, la creencia de que la consolidación fiscal estimulará la
actividad económica, y la suposición de que una devaluación interna de la
economía redundará en beneficio de la economía española. El profundo
aunque incomprensible optimismo en la mejora de la recaudación tributaria
derivada de la supuesta reactivación económica, le ha permitido al
Gobierno elaborar unos presupuestos en los que se busca una reducción del
déficit público sin necesidad de disminuir o contener mucho las partidas
de gasto, actuación motivada a su vez por la proximidad de las
elecciones.

Una expectativa de crecimiento económico y creación de
empleo sin fundamento

Por mucho que el Gobierno torture los datos del Producto
Interior Bruto (PIB), no hay motivos para hablar de una senda de
recuperación económica. Un crecimiento del PIB del 1,2 % desde el segundo
trimestre de 2013 hasta el segundo trimestre de 2014 no es reflejo de tal
proceso, sino que es consecuencia de los típicos vaivenes de una economía
que difícilmente puede hundirse más. A este fenómeno se le conoce también
como «efecto rebote». Sin ir más lejos, entre el cuarto trimestre de 2009
y el segundo trimestre de 2011 el PIB español también creció a tasas
parecidas (un 0,89 %) y es evidente que ello no marcó ninguna
recuperación. Las verdaderas recuperaciones económicas arrojan
crecimientos interanuales del PIB mucho más destacados, al menos
superiores al 2 % como está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos
o en el Reino Unido. No es el caso de la economía española, cuyo PIB
continúa un 5,88 % por debajo de su punto más álgido (segundo trimestre
de 2008); o mirado de otra forma, un 1,86 % por debajo del segundo
trimestre de 2011 (período de importante crisis).

Prueba de esta inexistente recuperación económica es que no
se está generando empleo neto: acorde con los datos de la Contabilidad
Nacional, el número de horas trabajadas en España se mantiene estancado
desde el primer trimestre de 2013, momento en el que se alcanzó el punto
más bajo de una serie temporal que comienza en 2001. Los niveles de
empleo del segundo cuatrimestre de 2014 son comparables a los de hace
exactamente trece años. Una economía que no incrementa el número de horas
trabajadas es una economía que no genera más renta ni más empleo, por
mucho que el Gobierno quiera ofrecer una imagen confusa de la realidad
económica llevando a cabo una lectura interesada de los datos. Para medir
rigurosamente el empleo no hay que centrarse en el número de puestos de
trabajo, sino en el número de horas trabajadas.

Precisamente el hecho de que el número de puestos de
trabajo haya aumentado tímidamente (entre el segundo trimestre de 2013 y
el segundo de 2014 hay unos 140.000 ocupados más según la Encuesta de la
Población Activa) mientras el número de horas trabajadas se mantiene
estancado no hace sino reflejar la descomposición que está sufriendo el
empleo. No se está generando empleo, sino desguazando mediante el fomento
de los contratos temporales y de jornada parcial. Así lo revelan los
datos del Servicio Público de Empleo Estatal: desde 2007 hasta agosto de
2014 la proporción de contratos temporales sobre el total de

contratos ha pasado de un 87 % a un 93 %, mientras que
durante el mismo periodo el porcentaje de contratos a tiempo parcial
sobre el total de contratos ha pasado de un 22 % a un 36 %. Además, la
duración media de los contratos temporales no hace sino disminuir: en
2008 era de 78,5 días y en 2013 fue de 54,7.

Como consecuencia de esta dinámica en el mercado laboral
los salarios se han visto gravemente afectados. Según el Instituto
Nacional de Estadística el crecimiento del coste salarial por trabajador
pasó del 4,1 % en 2007 al -0,7 % en 2012, 0,1 % en 2013, y -0,3 % en el
primer trimestre de 2014. Este importante deterioro salarial se hace
mucho más evidente en los nuevos contratos. Los datos de la Muestra
Continua de Vidas Laborales de los registros de la Seguridad Social
revelan que el salario mediano de los entrantes en un nuevo empleo en
2013 (978 euros) es igual al que hubo en 1993 (973 euros). La situación
es aún peor para los jóvenes que entran al mercado laboral. En su caso
nos tenemos que remontar hasta el año 1990 para encontrar condiciones
salariales similares. Hoy en día un joven entrante en el mercado obtiene
un salario mediano de 801 euros en un contrato a tiempo completo,
comparado con unos 797 euros en el año 1990.

Unos presupuestos generales que intensifican los problemas
económicos

La reducción salarial no es el único fenómeno que deteriora
la demanda interna de la economía a través de la reducción en la
capacidad adquisitiva de la población. También contribuyen a ello los
recortes de gasto público en sueldos públicos, sanidad, educación y todo
tipo de prestaciones sociales que se vienen acometiendo desde mayo de
2010, así como el incremento de tipos impositivos, especialmente en el
caso de las figuras tributarias más regresivas. Según datos del Banco de
España, la demanda interna de la economía cayó un 4,1 % en 2012 y un 2,7
% en 2013. El consumo privado también retrocedió en un 2,8 % y 2,1 %,
respectivamente. La Encuesta de Presupuestos Familiares del INE revela
que las familias redujeron en más de 1.000 euros su consumo medio en 2013
respecto al año anterior.

Las políticas de consolidación fiscal en las que se
enmarcan nuevamente estos presupuestos se muestran inútiles para
reactivar la demanda interna. La disminución de la partida de
prestaciones por desempleo (un 14 % menor que el año anterior), de las
pensiones públicas (que sólo aumentan un 3,3 % cuando en los dos años
anteriores lo hizo en un 4,9 %), el escaso aumento de las partidas
destinadas a los servicios públicos fundamentales como sanidad y
educación después de años de fuertes reducciones (el presupuesto
destinado a sanidad y educación sigue siendo un 8 % y un 19 % menor que
en 2011, respectivamente), la falta de estímulos desde la inversión
pública a la inversión privada (la inversión en I+D+i está un 14 % por
debajo de la de 2011) o la ausencia de un plan de empleo que vaya más
allá de meras bonificaciones fiscales son las muestras de que estos
presupuestos no sólo no servirán para la reactivación económica, sino que
nos alejarán de ella. El sobreendeudamiento de las familias es otro
lastre importante para el consumo, y los presupuestos generales no
recogen ninguna medida para aliviar este problema a pesar de que el
propio Fondo Monetario Internacional ha recomendado hacerlo.

La reforma fiscal del Gobierno, con la reducción de los
tipos impositivos en el IRPF, no contribuirá a un aumento en el consumo
privado: la disminución de la carga fiscal es prácticamente imperceptible
para la mayoría de los contribuyentes y serán los de mayor capacidad
económica, con una propensión mayor al ahorro, los especialmente
beneficiados por la reducción de tipos impositivos. Además, normalmente
una reducción de impuestos tiene un impacto sobre el consumo privado
mucho menor que el aumento de gasto público, especialmente en épocas de
recesión económica en las que las expectativas no son favorables y en las
cuales los pocos ingresos recibidos se destinan a devolver la importante
deuda acumulada. Ninguna familia consume más de la cuenta cuando está
asfixiada por la deuda y cuando cree que la economía va a continuar
estancada.

El mantenimiento de las características derivadas de las
reformas laborales llevadas a cabo en el mercado de trabajo junto con la
falta de un plan de empleo ambicioso van a seguir condenando a nuestro
país a tener las mayores tasas de desempleo de Europa, especialmente las
de desempleo juvenil. Esto no hace más que seguir lastrando la
recuperación del consumo privado, y por ende, hundiendo las ventas
afectando de forma significativa a las y los trabajadores por cuenta
propia y a las pequeñas y medianas empresas, que son las conforman el 64
% de todo el empleo acorde al Retrato de las PYME 2014 del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.

Unos presupuestos inútiles para reactivar la economía y
crear empleo

En una época de profunda crisis económica como a la que
asistimos, donde se produce un fuerte ajuste en el sector privado, desde
el sector público se debe impulsar la reactivación económica mediante una

potente creación de empleo público y un aumento de la
capacidad adquisitiva de la población, lo que crearía las condiciones
económicas necesarias para impulsar la reactivación de la inversión. Sin
embargo, estos presupuestos, al igual que los diferentes planes de empleo
del Gobierno, no van orientados a tal objetivo.

El gasto público en investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i) debería ser una prioridad para una salida firme de la crisis.
Pero estos presupuestos, tal y como ha denunciado el colectivo Carta por
la Ciencia, reflejan el nulo interés que este Gobierno tiene por la
I+D+i. Las subvenciones para esta política se reducen ligeramente con
respecto al año 2014 y lo que aumenta es la partida destinada a préstamos
y en particular los destinados a gasto militar. Además, la práctica
totalidad de los organismos públicos de investigación ven congelado o
disminuido su presupuesto, un año más la convocatoria de proyectos de
investigación de 2015 dependerá de la concesión de un crédito
extraordinario, no hay fondos para poner en marcha la Agencia Estatal de
Investigación incumpliendo el mandato de la Ley de Ciencia de 2011, y se
perderán la mitad de los puestos vacantes en investigación al fijarse una
tasa de reposición de efectivos del 50 %. Esta amortización de empleo se
suma a las vacantes perdidas en los tres años anteriores, mientras que
nuestros científicos y especialmente los más jóvenes buscan su futuro en
el exterior.

El gasto total en I+D+i en proporción al PIB ha disminuido
desde el 0,92 % en 2009 hasta el 0,59 % previsto para 2015, nada menos
que un 36 %, lo que nos retrotrae al nivel del año 2011. Si atendemos a
los porcentajes de gasto no financiero real (capítulos 1 al 7 de los
presupuestos), de los que se nutre el sistema público de I+D, descendemos
desde del 0,40 % del PIB en 2009 hasta el 0,22 % de 2015. En este caso
hay que retroceder al año 1983 para encontrar registros similares.

En estos presupuestos no se destina ni un euro a las
energías renovables, y a la eficiencia energética se destina menos que a
la explotación minera, por poner un ejemplo, lo cual es inaudito. Y de la
parte de eficiencia energética, el 67 % se lo lleva el plan PIVE. En vez
de incentivar el transporte público o los planes de movilidad urbana
sostenible, se incentiva la compra de automóviles sin ningún criterio de
eficiencia energética. La movilidad sostenible tiene unos impactos
sociales, ambientales y económicos nada despreciables. Disminuiríamos la
dependencia del petróleo (en 2013, el consumo de más de 25 millones de
toneladas de combustibles para la automoción supuso un coste superior a
40.000 millones de euros), las emisiones de CO2, las emisiones de
contaminantes que generaron 20.000 muertes prematuras y las multas del
Tribunal de Justicia Europeo por contaminación atmosférica.

La partida destinada a cambio climático, a pesar de
aumentar ligeramente respecto al año anterior, se queda lejos de la
destinada en 2011, que era de casi el doble que la presupuestada para
2015. De nada sirve la existencia de partidas como esta si por otra parte
el resto de políticas van en dirección opuesta, incentivando los
combustibles fósiles y la compra de coches e impidiendo el cambio de
modelo energético basado en renovables, ahorro y eficiencia
energética.

El Gobierno no solo ha abandonado el impulso de las
energías renovables, sino que lo está impidiendo, a pesar de que son la
única garantía de abastecimiento de energía en el futuro y del que España
puede ser pionera por contar con un entorno favorable y con la tecnología
adecuada. La penalización al sector de las renovables está hipotecando el
futuro energético, conlleva el incumplimiento de directivas europeas y
está destruyendo miles de puestos de trabajo creados en los últimos años
en la economía verde.

La miopía del Gobierno ante los retos medioambientales del
país y del planeta pone en riesgo nuestro patrimonio natural, pero
también impide el impulso de sectores económicos vinculados al medio
ambiente que son intensivos en creación de empleo y que permitirían una
transición justa y sostenible hacia otro modelo económico y
productivo.

Estos presupuestos no abordan la necesidad de frenar la
sangría de empleo público que están sufriendo las administraciones y que,
además de su impacto negativo sobre la ocupación en general, deteriora la
prestación de servicios públicos de calidad. No hay que olvidar que se
han perdido más de 400.000 empleos en el sector público durante la
crisis. Además, la nueva congelación de los salarios de los empleados
públicos por quinto año consecutivo perjudicará a la propia salida de la
crisis al impedir que cerca de tres millones de personas mejoren su
capacidad adquisitiva y con ello impulsen la demanda interna. La pérdida
acumulada de poder adquisitivo de los empleados públicos desde 2010
supera el 20 % y la devolución del 24 % de la paga extra «incautada» en
2012, cantidad no consolidable y ya reconocida como derecho por los
tribunales, en ningún caso puede compensar en modo alguno a los empleados
públicos.

Unos presupuestos que incrementan todavía más la
desigualdad

Pero no sólo estos presupuestos son inútiles para reactivar
la economía y crear empleo, también lo son para redistribuir justamente
las rentas, lo que sigue en la línea continuista de anteriores
presupuestos.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, uno
de cada cinco españoles está por debajo del umbral de la pobreza, cifra
que se ha estancado con la llegada de la crisis por un efecto
estadístico, ya que la renta media ha ido cayendo (debido al
empobrecimiento masivo) y con ello ha ido bajando el umbral, pero la
realidad es que cada vez hay más gente con peores condiciones de vida y
mayor polarización económica en la sociedad. Mientras el número de
hogares sin ningún tipo de ingreso en el segundo trimestre de 2014 sube
hasta los 740.500 (un 2 % en un año), el número de ricos en España
aumentó un 11,6 % en 2013 y un 27 % desde 2008 a 2013 según un informe de
Capgemini y RBC Wealth Management. Además, el 17 % de los hogares
españoles sufre pobreza energética.

Frente a esto, una de las principales partidas que tiene el
presupuesto destinada a combatir la desigualdad como es la de desempleo
se reduce en un 14 %, mientras que las estimaciones (optimistas) del
Gobierno sitúan la tasa de desempleo en los 5.237.000 parados para 2015,
un 8 % menos. Es decir, incluso asumiendo unas estimaciones optimistas
derivadas de unas premisas inverosímiles, los presupuestos reducen el
doble el dinero dedicado a la cobertura por desempleo de lo que
supuestamente bajará el número de parados, lo que conlleva una
disminución de la tasa de cobertura, y más si se tiene en cuenta que
posiblemente los datos de desempleo serán mucho más negativos que los
previstos por los presupuestos. Una tasa de cobertura que, además, se
sitúa en mínimos históricos: en junio de 2014 su valor bruto era del 52,3
%, mientras que en enero de 2010 alcanzaba la cota del 74,2 %.

Por la vía impositiva también se acentúa la desigualdad: la
reforma fiscal ha reducido el número de tramos del IRPF, lo cual hace
retroceder la progresividad del impuesto; se han aumentado los tipos
impositivos de los impuestos más regresivos (IVA e impuestos especiales);
y se ha disminuido el tipo para las grandes empresas del impuesto de
sociedades. A pesar de ello, las previsiones de ingresos plantean que se
ingresará un 20 % más del Impuesto sobre Sociedades y un 14 % más de IVA,
siendo poco acordes con sus propias estimaciones de crecimiento económico
que para el año que viene plantean un crecimiento nominal del PIB del 2,6
%, tan sólo un 1,2 % más que en 2014.

Al mismo tiempo se siguen perdiendo importantes recursos
destinados a combatir el fraude fiscal. Aunque para el año próximo se ha
establecido una ligera subida en la partida asignada a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, la realidad es que desde 2011 el
presupuesto se ha reducido en un 12,2 %, lo cual deteriora los ya
escuálidos recursos que tenía la Agencia para combatir este fraude
fiscal: en España hay un inspector por cada 1.680 contribuyentes, tres
veces menos que la media de los países de la OCDE y cinco veces menos que
en Francia y Alemania. La estimación de los ingresos por las cotizaciones
a la Seguridad Social tampoco es verosímil al suponer un aumento del 6,8
% en 2015 respecto al año anterior, a pesar de que el propio Gobierno
calcula que en 2014 los ingresos serán un 2,9 % inferiores a los de 2013.
Eso sí, una buena fuente de ingresos públicos provendrá de la
privatización del 49 % de la sociedad AENA Aeropuertos. Una privatización
parcial que reducirá los ingresos públicos a medio y largo plazo del
Estado al mismo tiempo que aumentará los beneficios y poder de un
determinado grupo de accionistas.

En estos presupuestos las principales partidas destinadas a
educación, sanidad o cultura apenas se incrementan en su conjunto
respecto a las del año pasado, una variación que no compensa ni de lejos
los recortes que desde 2011 se han llevado a cabo. Como se puede apreciar
en la tabla siguiente, las reducciones del presupuesto continúan siendo
considerables respecto del dinero destinado en 2011 a estas partidas,
además que ya de por sí habían recibido recortes considerables del
Gobierno del PSOE. El resultado es claro: nos encontramos ante unos
presupuestos que siguen primando el pago de la deuda frente a los
servicios básicos que garantizan el bienestar de la mayoría. Aunque este
año se ha reducido ligeramente el coste de la deuda (no porque se haya
recuperado la «confianza» de los mercados en España debido a los recortes
del Gobierno, sino por el cambio de rumbo realizado por el Banco Central
Europeo desde julio de 2012 en su objetivo de inundar los mercados
financieros de liquidez y alterar las expectativas de los operadores
financieros), podemos apreciar cómo sigue siendo una de las partidas que
mayor peso tiene en los presupuestos y que más ha aumentado desde 2011.

Los presupuestos en educación certifican el progresivo
desmantelamiento del sistema público y lastran la igualdad de
oportunidades. Los créditos destinados a la política educativa enmascaran
recortes sustanciales pues el aumento nominal del 4,5 % sólo se explica
por la implantación de la LOMCE. Así, se destinan 98 millones de euros
más para educación con relación al año 2014, pero la LOMCE absorbe
recursos por valor de 142,6 millones, de tal forma que en realidad se
pierden 44,6 millones respecto al año pasado. La educación compensatoria,
las becas y ayudas Erasmus, las ayudas para la compra de libros, las
enseñanzas universitarias, la formación del profesorado o el gasto en
educación primaria sufren

congelaciones o recortes que, sumados a los brutales
recortes de los últimos años, revelan tanto la pérdida de importancia del
derecho a la educación en el conjunto de las políticas públicas desde que
gobierna el Partido Popular, como el intento de degradar la educación
pública abonando el campo para el negocio educativo privado.

En cuanto a las partidas presupuestarias en materia de
servicios sociales, igualdad, sanidad y transferencias destinadas a
financiar el Sistema de Atención a la Dependencia, hay que señalar que en
los últimos cuatro ejercicios presupuestarios se ha producido una
importante reducción del gasto que ha afectado sin excepción a todos los
grandes programas y actividades, en algunos casos con reducciones
superiores al 20 %. Esto ha supuesto que algunos programas han
desaparecido y otros han quedado reducidos a actuaciones simbólicas que
ya difícilmente pueden verse recortadas más, salvo que se supriman
definitivamente.

Así, el gasto en servicios sociales se mantiene casi al
mismo nivel del año 2012, destacando el nuevo recorte en las dotaciones
al Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos que se reduce hasta
representar casi la cuarta parte del presupuesto del año 2009, antes de
que se iniciaran los sucesivos recortes. Por su parte, el gasto en
sanidad experimenta un nuevo descenso que lo sitúa prácticamente en la
mitad del gasto sanitario público en el año 2011.

Respecto a la aportación de estos presupuestos para la
cofinanciación del sistema de atención a la dependencia, que se
incrementa en un exiguo 0,4 %, hay que recordar que a 1 de agosto pasado
había 176.000 personas con el derecho reconocido a una prestación sin que
hayan accedido a la misma, a las que hay que sumar más de 101.000
solicitudes presentadas sin dictaminar. La agilización de la tramitación
de las solicitudes y del acceso a las prestaciones significaría que más
de 250.000 personas tendrían que adquirir la condición de beneficiarios,
lo cual resulta incompatible con mantener prácticamente congelada la
cofinanciación estatal.

También cabe señalar que a pesar de que gracias al aumento
de la dotación a las entidades sin ánimo de lucro los fondos destinados a
las acciones en favor del colectivo inmigrante experimentan un leve
aumento con respecto a la dotación del año anterior, los fondos
destinados a los ayuntamientos para la integración quedan en la ridícula
cantidad de 50.000 euros. Desde 2012, esta dotación ha visto disminuir su
asignación hasta hacerla desaparecer prácticamente. En un contexto en el
que son las entidades locales las que asumen prácticamente por completo
la tarea de prestar asistencia social a las personas migradas que la
requieren, este recorte no hace más que confirmar el desprecio que el
Gobierno muestra hacia los más desfavorecidos.

En materia de justicia, la congelación de su presupuesto
hará imposible abordar la transformación y modernización que necesita la
administración de justicia. En realidad, estos presupuestos son una
muestra más de la apuesta privatizadora y de la visión mercantilista de
la justicia del Gobierno. Así se constata por el fracaso estrepitoso de
la Ley de Tasas Judiciales, que pretendía sufragar la justicia gratuita y
únicamente ha servido para cercenar el derecho a la tutela judicial
efectiva y obstaculizar el acceso al servicio público de la justicia a
las personas con menos recursos, o por la reciente privatización del
Registro Civil atribuyéndoles su llevanza a los registradores de la
propiedad y mercantiles.

Respecto a la política de vivienda, en un país como España
que está sufriendo día a día el drama de familias desahuciadas de sus
viviendas por no poder hacer frente a sus compromisos de pago, resultan
insignificantes los 585 millones de euros destinados en estos
presupuestos a la partida de acceso a la vivienda y fomento de la
edificación. Estos programas han sufrido un recorte de más de 216
millones de euros en la dotación, perdiendo un 28 % con respecto a 2014.
Y esto en un contexto en el que lo grave no es la escasez de viviendas,
sino la falta de capacidad adquisitiva para acceder a alquileres baratos
o ayudas que eviten el lanzamiento de las viviendas.

Por otra parte, continúa la opacidad y la inoperatividad en
lo que respecta a la SAREB. Esta figura, creada para gestionar con ánimo
mercantil una importante parte de los tres millones de viviendas vacías
que existen en España, ha demostrado que únicamente está dispuesta a
rendir cuentas ante la Troika, dejando a los contribuyentes sin
información sobre la gestión de los mecanismos usados para realizar una
reestructuración bancaria que paga toda la ciudadanía.

Unos presupuestos que liquidan la política pública de
cooperación para el desarrollo

Con las dotaciones de estos presupuestos la Ayuda Oficial
al Desarrollo (AOD) española alcanzaría en 2015 los 1.797,55 millones de
euros, 17 millones menos de lo aprobado en 2014. Estamos hablando

del 0,17 % de la Renta Nacional Bruta (RNB), muy lejos de
la meta del 0,7 % comprometido para 2015 en distintos marcos
internacionales de desarrollo y ratificado por el Gobierno español a
través de las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea del pasado 27
y 28 de junio.

El 0,17 % de la RNB coloca, un año más, la AOD de 2015 en
niveles de los años 90 cuando España era aún un donante incipiente. Este
porcentaje destinado a cooperación está muy alejado de la media europea
que se sitúa en un 0,50 %. Estamos a la cola de los donantes europeos;
solo Grecia se sitúa por detrás.

Asimismo, la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) es una de las principales perjudicadas y
acumula una caída de más de 618 millones de euros en ese mismo período,
lo que significa un 71 % menos de presupuesto con respecto a lo
programado para el año 2011. Ello cuestiona la capacidad de desarrollar
las orientaciones estratégicas del Plan Director en los 23 países
priorizados.

Unos presupuestos recentralizadores

Con la actual distribución de competencias podemos afirmar
con rotundidad que una visión centralista del Estado equivale a una
visión antisocial de la realidad. El grueso de la financiación del Estado
de Bienestar en nuestro país corresponde a las comunidades autónomas
responsables de partidas tan centrales y esenciales como la sanidad y la
educación. A su vez los entes locales son los responsables de buena parte
de la política social, por definición aquella de mayor cercanía. El mayor
esfuerzo exigido a entes locales y a las comunidades autónomas, con un
tope de déficit de un 0,7 % el año que viene y un 0,3 % en 2016 para las
comunidades y un 0 % para los entes locales, pone en riesgo la calidad de
nuestros sistemas educativo y sanitario así como otras políticas sociales
básicas.

Si bien es cierto que el actual presupuesto supone un
incremento en concepto de transferencias a comunidades autónomas por
participación en los ingresos del Estado de algo más del 6 %, dicho
aumento no recupera la caída sufrida en los presupuestos del año pasado,
cercana al 20 %. El descenso por el mencionado concepto, si comparamos el
presupuesto presentado con la partida del año 2013, sigue siendo de un
13,6 %.

Por otra parte, la dotación de los fondos de compensación
interterritorial para el conjunto de comunidades autónomas, destinados a
corregir los desequilibrios territoriales, no varía para 2015,
manteniéndose en 425,8 millones de euros a pesar de que la inversión
pública crece un 8,4 %. La escasa dotación de estos fondos opera en
contra de la cohesión territorial.

Además, son unos presupuestos que siguen sin cumplir con
Cataluña. La disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña ya no
está vigente este año. Si durante estos años el Gobierno decidió
deliberadamente no cumplir con dicha disposición del Estatuto de Cataluña
no esperamos que ahora que ya no está en vigor cumpla con la equiparación
relativa del Producto Interior Bruto catalán a las inversiones del Estado
en Cataluña. Sin embargo, el sentido común exige rectificar la baja
inversión en infraestructuras en territorio catalán. Cataluña sigue
asumiendo un injustificable déficit en infraestructuras ferroviarias y de
mantenimiento lo que supone una limitación de la movilidad y un problema
para el equilibrio territorial y el desarrollo económico.

Por tanto, los Presupuestos Generales del Estado 2015 no
van destinados a reactivar la economía, ni a crear empleo, ni a
garantizar los servicios públicos esenciales. Al contrario, están
centrados en la reducción o contención del gasto público, en el
estancamiento de la demanda interna y en primar el pago de la deuda a
costa de reducir las partidas destinadas a gasto social. Son unos
presupuestos que no servirán para salir de la crisis y que seguirán
profundizando en un modelo económico cada vez más desigual y
empobrecedor.

La reciente creación de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal no es sino un intento del Gobierno por legitimar
unos presupuestos austeros orientados a lograr una consolidación fiscal
que no hace otra cosa que empeorar la situación económica.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2015.

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en un contexto de estancamiento del crecimiento de la zona
euro y aportará tan solo un 0,2 % en 2015. En definitiva, podemos señalar
que el cuadro macroeconómico para 2015 tiene muchas incertidumbres, está
por ver si el estancamiento de la eurozona es solo transitorio o si por
el contrario nos conduce de nuevo hacia otra recesión.

La tasa de crecimiento del PIB sigue siendo insuficiente
para generar empleo de calidad. El Gobierno, según sus propias
previsiones, acabará la legislatura con 400.000 personas menos trabajando
de las que había en 2011. La población activa se ha reducido más de
460.000 personas desde el último trimestre de 2011 y, a pesar de ello, la
tasa de paro se sitúa en niveles intolerables. La reforma laboral del
Gobierno no ha logrado atajar dos fenómenos preocupantes:

1. El elevado nivel de desempleo de larga duración cuya
manifestación más dramática es el aumento extraordinario de la caída de
la protección por desempleo.

2. El problema de la dualidad o, de forma más explícita, el
empobrecimiento de un nuevo colectivo de trabajadores que tiene más tipos
de contrato precarios que antes de la crisis, tanto en lo que se refiere
a la duración de estos contratos como en los salarios.

En cuanto a la orientación de la política fiscal, el
Gobierno sigue apostando por el recorte del gasto público y renuncia a
corregir nuestro problema de ingresos, es decir, a recaudar más de los
que más tienen y pagan poco o de los que nunca pagan porque defraudan.
Aunque resulte necesario mejorar la eficiencia y eficacia del gasto
público (gastar mejor), no tenemos un problema de exceso de gasto, si lo
comparamos con la media de la zona euro. Si descontamos a dicho nivel de
gasto lo que se paga por intereses de la deuda pública y ajustamos por el
ciclo económico, nos retrotrae a un gasto público en relación al PIB
similar al de la segunda mitad de los años 80 del pasado siglo, previo al
pleno desarrollo del Estado de bienestar en España.

Por el lado de los ingresos, los Presupuestos de 2015
vuelven, como los anteriores, a prever una recaudación impositiva por
encima de lo que probablemente cierre el ejercicio. El proyecto prevé un
crecimiento de los ingresos tributarios del 5,4 % y un aumento del PIB
nominal del 2,7 %. El Impuesto sobre Sociedades crecerá nada menos que un
20,4 %, teniendo en cuenta que el coste recaudatorio será de 437 millones
de euros en 2015 derivado de la reforma de dicha figura tributaria, el
IVA crecerá un 7,2 % y el IRPF solamente se reducirá en un 0,6 %, con una
reforma que tiene un coste recaudatorio de 3.366 millones de euros en
2015 (criterio de caja). Si el crecimiento fuera inferior en un par de
décimas al previsto (consistente con el riesgo de desaceleración y
estancamiento de la zona euro o la propia evolución de los precios), la
recaudación caería en casi un punto sobre lo esperado. Según las propias
previsiones del Gobierno (avance de liquidación), los ingresos
tributarios en el presente ejercicio presentarán una desviación negativa
de 3.123 millones de euros respecto de lo previsto en los Presupuestos de
2014 a pesar de las medidas impositivas adoptadas durante el presente
año. Los ingresos por cotizaciones sociales aumentarán un 6,8 % respecto
a 2014, es decir, nada menos que casi 7.000 millones de euros. Los
últimos datos de ingresos por cotizaciones sociales hasta agosto solo
crecen un 1 % (ejecución presupuestaria de la Seguridad Social). Si se
cumplieran estas previsiones conseguiríamos batir el record en
recaudación por cotizaciones de 2008. Consideramos que estas cifras
parecen estar sobreestimadas teniendo en cuenta los factores que
presionan a la baja los ingresos por cotizaciones. La cotización media es
ahora inferior en algunos colectivos a los que se les están aplicando
bonificaciones incentivadoras de creación de empleo (tarifa plana, etc) y
la tendencia apunta a un incremento de la contratación a tiempo parcial
que tiene un impacto negativo sobre la cotización.

Desde 2012, la administración de la Seguridad Social ha
presentado un desequilibrio sistemático entre ingresos por cotizaciones y
gastos por prestaciones contributivas, que el Gobierno actual ha ido
cubriendo mediante el recurso del Fondo de Reserva de la Seguridad
Social, que ha descendido desde sus máximos históricos en el año 2011 de
67.000 millones hasta los 49.595 actuales. Cabe recordar que el Fondo de
Reserva tiene su origen en el Pacto de Toledo de 1995 con un gobierno
socialista y que, en momentos de crisis como los actuales, está
permitiendo cumplir con las obligaciones del sistema. En 2012 se dispuso
de 7.003 millones de euros, en 2013 de 11.648 millones de euros y hasta
septiembre del 2014 de 6.000 millones de euros. El Gobierno de nuevo va a
recurrir a él en 2015 (8.447 millones de euros) para no tener que bajar
las pensiones y por el aumento del número de pensionistas.

Por el lado de los gastos, el pago de los intereses de la
deuda será la mayor partida de gasto no financiero en 2015 (35.490
millones de euros), que se ha incrementado casi un 30 % desde 2011. Esto
significa que los recortes que está llevando a cabo el Gobierno son
absorbidos por el coste de la deuda,

en detrimento de la inversión pública y la financiación de
los servicios públicos esenciales. Estos Presupuestos continúan con el
crecimiento descontrolado del endeudamiento público, la deuda pública
superará por primera vez el 100 % del PIB. Cualquier análisis sosegado a
medio plazo debería tener en cuenta los riesgos de deflación o baja
inflación en la zona euro, ya que suponen un serio problema de
sostenibilidad de la deuda española. Por tanto, se demuestra, una vez
más, cómo se desmorona el mito de la buena gestión económica del Partido
Popular cuyos hitos de referencia han sido la desastrosa gestión de Caja
Madrid, la Comunitat Valenciana o el Ayuntamiento de Madrid.

Las prestaciones por desempleo caerán en 4.427 millones de
euros millones de euros con respecto a 2014, prácticamente el equivalente
al coste recaudatorio que en 2015 tendrá la reforma fiscal. Pero esta
caída ocurrirá no tanto porque se reduzca el paro, sino, sobre todo,
porque se están agotando las prestaciones por desempleo y por las propias
medidas del Gobierno, que han endurecido el acceso a dicha prestación. En
estos momentos, ya hay 3,3 millones de personas desempleadas que no
tienen ninguna protección. La tasa de cobertura del sistema de protección
por desempleo se sitúa en el 60,45 % en agosto, lo que supone 4 puntos
porcentuales menos con respecto a agosto de 2013, e implica que cerca de
4 de cada 10 desempleados no cobra prestación.

Las pensiones apenas aumentan un 0,25 % en términos
nominales, como pasó en 2014, el mínimo previsto en la última reforma del
Gobierno, es decir las pensiones se (cuasi) congelan. El Estado, por su
parte, aportará un 0,9 % menos en la financiación de complementos para
las pensiones mínimas. A partir de las proyecciones presupuestarias a
largo plazo 2010-2060 de la actualización del Programa de Estabilidad
Reino de España 2014-2017, el Gobierno reconoce que su reforma del
sistema público de pensiones va a suponer una (cuasi) congelación
permanente de las pensiones.

Los recortes de los cuatro presupuestos del Gobierno del
Partido Popular han situado a España en la cola de gasto en políticas
activas de empleo, que se han reducido un 36 % desde 2011 (-2.611
millones de euros). La inversión en I+D+i se ha reducido un 25 %, se ha
producido un drenaje de recursos de 2.000 millones de euros desde 2011,
lo que pone de manifiesto que la mejora de la productividad de la
economía española no es una prioridad para este Gobierno. La política de
gasto en educación se reduce en un 20 % (-570 millones de euros). Es
necesario recordar que tras siete años consecutivos de avance en
inversión en educación de los gobiernos socialistas, prácticamente nos
habíamos equiparado al resto de los países de la Unión Europea al
acercarse al 5 % del PIB dedicado a educación. En la actualización del
Programa de Estabilidad enviado a la Comisión Europea, el Gobierno de
Rajoy reconoce que el objetivo es llevarnos a un exiguo gasto del 3,9 %
del PIB en educación en 2017. Quiere decir que su objetivo es dejar a
España a la cola de Europa y renunciar a los objetivos 2020 de la Unión
Europea. Por lo tanto, se sigue recortando en todo aquello que es
determinante para que crezcamos mejor en el futuro y reduzcamos la
desigualdad y la pobreza.

Los recortes en las partidas de gasto social contribuyen a
que la crisis sea más dura para aquellas personas que más precisan de la
protección de las administraciones públicas en un contexto de elevado
desempleo y empleos precarios, poniendo en riesgo la cohesión social
cuando más se necesita. El alarmante aumento de las cifras de pobreza y
exclusión social, en particular las de la infancia, haría necesario
intensificar el esfuerzo no solo para mantener, sino para incrementar, la
financiación de los servicios sociales. Sin embargo, el peso del gasto
social será del 53,9 % del gasto total en 2015, lo que supone una caída
de 4,1 puntos porcentuales respecto de 2011 (58 %).

Las políticas de gasto de Servicios Sociales y Promoción
Social experimentan una caída del 22,7 % con respecto a los Presupuestos
de 2011 (-570 millones de euros). El Sistema de Atención a la
Dependencia, tal y como se concibió, ha sido desmantelado tras las
reformas normativas y los recortes llevados a cabo por el Gobierno. Estos
Presupuestos mantienen el recorte de 283 millones de euros por la
supresión del «nivel acordado» y la reducción del 13 % en el «nivel
mínimo». Según los últimos datos, 176.667 personas tienen reconocido el
derecho a recibir atención y no están siendo atendidas. Por otro lado,
tras las sucesivas modificaciones del calendario que ha llevado a cabo el
Gobierno, será en julio de 2015 cuando deban ser atendidas las 314.000
personas con Grado I ya dictaminadas. Sumando las personas incluidas en
la lista de espera actual y las valoradas con grado de dependencia
moderada, pasaríamos de 721.000 a 1.212.000 personas que deben ser
atendidas (un incremento del 70 %) con un presupuesto congelado, que
asigna a esta finalidad una cantidad igual al del año anterior. Lo más
grave es que este recorte se produce en un momento en el que el riesgo de
exclusión social y de pobreza está creciendo de manera alarmante en
España.

La Sanidad se reduce un 9,4 % con respecto a 2011, es
decir, 400 millones de euros menos. El Fondo de Cohesión Sanitaria se
reduce de los 87,2 millones de euros en 2011, con un gobierno socialista,
a los 2,3 millones actuales. Es evidente que la sanidad pública no es una
prioridad para este Gobierno, después de romper con la universalidad del
sistema y de instaurar el copago, hemos podido asistir recientemente al
intento de desmantelamiento de la Sanidad Pública en el caso de la
Comunidad de Madrid.

Las políticas de acceso a la vivienda se han reducido un 51
% con respecto a los Presupuestos de 2011, es decir, 613 millones de
euros menos para garantizar el acceso a una vivienda en un contexto de
aumento de los desahucios.

El conjunto de la inversión en infraestructuras prevista en
este proyecto de Presupuestos de 2015 alcanza los 9.469 millones de
euros, muy lejos de los 14.675 millones de euros que llegaron a
invertirse en el ejercicio 2011, bajo el Gobierno socialista. Lo que
supone una reducción global del 35,5 % con respecto a 2011 (-5.205
millones de euros).

En definitiva, estos Presupuestos consolidan los recortes,
resultan ineficaces para luchar contra el desempleo y la desigualdad, y
ponen de manifiesto el fracaso de la política económica del Gobierno
adoptada a lo largo de la legislatura.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2015, solicitando su devolución al
Congreso de los Diputados.

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora
María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2015.

Palacio del Senado, 21 de noviembre de 2014.—Mónica
Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí
Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera
García.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 8

De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco
Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos
Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan
Sabaté Borràs (GPEPC) y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora
María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta
de veto.

Con la presentación del Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2015, el Gobierno del Partido Popular ha perdido una gran
oportunidad para rectificar la errónea política económica que llevan
aplicando desde el comienzo de la Legislatura, y que ha supuesto un
aumento de la desigualdad social y de la pobreza. Una política injusta
con la mayoría de los ciudadanos, que con la excusa del necesario ajuste
fiscal que exigía la coyuntura de crisis, ha centrado sus medidas en la
austeridad más insolidaria, la que se limita en recortar en los servicios
básicos (educación, sanidad, dependencia, política social) y en el
incremento de la presión fiscal a las clases medias y trabajadoras.

La mayoría de los indicadores, incluyendo informes de
organismos internacionales, demuestran que los resultados de la política
de consolidación fiscal en España son dramáticos. La ONG Intermón Oxfam
alerta de que las políticas de austeridad desarrolladas en estos tres
años de gobierno del Partido Popular podrían retrasar 25 años la
recuperación del nivel de vida del año 2008, previo a la crisis.

Recientemente hemos conocido datos de UNICEF que confirman
el vergonzante aumento de la pobreza infantil que alcanza a casi el 30 %
de nuestros niños y niñas.

Los datos de paro son dramáticos, la última Encuesta de
Población Activa, desvela que casi 5,5 millones de españoles están
desempleados, elevando la tasa de desempleo a cerca del 24 %, y del 55 %
entre los jóvenes menores de 25 años. Y lo que es peor, más de tres
millones de personas desempleadas no cuentan con prestación, en casi dos
millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro y, en 800 mil no
entra ningún ingreso.

Aún con esta demoledora realidad, el Gobierno prevé que
para final de Legislatura, en 2015, habrá 400 mil personas trabajando
menos que en 2011.

Estudios de la OCDE y del FMI tristemente confirman todos
estos datos y concluyen que en España ha crecido de forma extraordinaria
la pobreza y la desigualdad debido a las políticas de consolidación
fiscal centradas en la reducción de las prestaciones sociales y en el
incremento de impuestos directos e indirectos.

Pero el gobierno del Partido Popular, mira hacia otro lado
y reafirma su acción de gobierno alejada del interés general de la
sociedad española. Ni el fracaso continuado en la reducción del déficit,
que ha provocado que la Comisión Europea haya tenido que revisar al alza
el objetivo de déficit de nuestro país desde 2011, ni el espectacular
incremento de la deuda pública a niveles por encima del 100 % del PIB
provocan un cambio de rumbo o muestra un mínimo de arrepentimiento o de
reconocimiento del error en las políticas llevadas a cabo.

La propia Comisión Europea, en sus previsiones de otoño,
advierte a España que va a crecer en 2015 menos de lo previsto, 3 décimas
menos de lo calculado por el Gobierno para la elaboración de este
Presupuesto. Además, alerta del aumento del déficit comercial,
destrozando la ilusión del Gobierno en la salida de la crisis a través
del crecimiento de la demanda externa, de las exportaciones, ya que, pese
a la terrible devaluación interna del mercado de trabajo, la Eurozona
está casi estancada, muy cerca de la deflación y de entrar de nuevo en
recesión. Y este peligro de recesión pende también sobre la economía
española y consecuentemente peligra también la tímida recuperación de la
demanda interna, y más en un escenario de alta presión fiscal y excesivo
endeudamiento privado.

Nuevamente, y antes de que se apruebe este Proyecto de Ley,
nuestros socios comunitarios vuelven a corregir las previsiones del
Gobierno. Además, la Comisión prevé que España cerrará 2014 con un
déficit público del 5,6 %, y del 4,6 % en 2015 y del 3,9 % en 2016, muy
por encima de las cifras calculadas por el ministerio de Hacienda y
Administraciones públicas en la confección del escenario macroeconómico
en que se han basado para elaborar este proyecto de ley.

No podemos apoyar la tramitación de un proyecto de ley tan
poco creíble, que afianza y repite los errores de los presupuestos
anteriores del Partido Popular y que confirma, como con la supuesta
reforma fiscal recientemente aprobada, que este Gobierno no piensa
rectificar su política económica. Siguen basando el ajuste fiscal
principalmente en el recorte de gasto público y en el mantenimiento del
nivel de ingresos públicos, en torno al actual del 37 % del PIB, pese a
todos los datos e informes que demuestran que este método no está
funcionando para reducir el déficit y estabilizar el excesivo crecimiento
de la deuda pública, poniendo en peligro el débil crecimiento de la
economía española y la creación de empleo.

La previsión de ingresos de este presupuesto es tan irreal
como se ha demostrado que fueron las que contenían los dos presupuestos
anteriores de este Gobierno y que han tenido que modificar a golpe de
decreto. Así, prevén un crecimiento de la recaudación impositiva basado
en un aumento del PIB que, como hemos mencionado, ya ha corregido la
Comisión Europea.

Tampoco podemos aceptar la distribución del gasto público
que refleja este Presupuesto. Por un lado, y asociado al excesivo
crecimiento de la deuda pública a cifras por encima del 100 % del PIB, el
pago de los intereses de la deuda de 35.490 millones de euros se
convierte, por tercer año consecutivo, en la mayor partida de gasto no
financiero del proyecto. Teniendo en cuenta los mencionados riesgos de
deflación en la zona euro, la sostenibilidad de nuestra deuda pública
está en grave peligro.

El análisis en detalle de las partidas de gasto confirma la
tendencia de este Gobierno de seguir recortando el Estado de Bienestar de
nuestro país. El gasto social se ha reducido en más de cuatro puntos
desde el año 2011. Teniendo en cuenta que los niveles de desempleo se
encuentran en uno de sus niveles más altos de nuestra historia reciente,
el Gobierno, impasible ante el sufrimiento de tantas familias españolas,
reduce las prestaciones por desempleo en más de 4.400 millones de euros.
Durante esta legislatura, la cobertura a los parados españoles ha pasado
del 70 % en 2011 al 57 % en estos últimos

meses de 2014. Además, se consolida la reducción en el
gasto en políticas activas de empleo que alcanza ya el 36 % menos del
gasto que se dedicaba en 2011.

El gasto en servicios sociales y promoción social también
ha descendido el 22,7 % con respecto a los niveles de 2011. Es
especialmente grave y preocupante el desmantelamiento del sistema de
atención a la dependencia, con más de 200 millones de recorte en estos
presupuestos.

La inversión de I+D+i también ha retrocedido el 25 %, con
menos de 2.000 millones de euros, confirmando el poco interés de este
Gobierno en la mejora de la productividad de la economía española vía
investigación y desarrollo frente a la promovida devaluación salarial y
aumento de los recortes de los derechos de los trabajadores.

Con este proyecto de ley, también queremos denunciar la
reiterada falta de compromiso de este Gobierno con la necesaria cohesión
territorial que exige nuestra división constitucional en Comunidades
Autónomas. Nuevamente, no tienen en cuenta adecuadamente las necesidades
de financiación de los territorios y, especialmente el gasto en atención
social a los ciudadanos, en educación, sanidad, y servicios sociales, que
representa más del 80 % de sus presupuestos.

Las inversiones previstas en Catalunya incumplen otro año
más la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía al presupuestar sólo una
parte de la inversión territorializada en infraestructuras que le
corresponde por el peso de la región en el PIB. Los Presupuestos para
2015 prevén invertir sólo 1.072 millones de euros, el 9,5 % del total
cuando, en realidad le correspondería el doble, el 18,8 %. Además, no se
consigna ninguna cantidad para hacer frente de las liquidaciones
pendientes de los años 2009, 2010 y 2011 en los que si se presupuestó
adecuadamente.

Durante esta Legislatura la inversión prevista en Catalunya
se ha situado entre el 9 y el 12 % del total de la inversión
regionalizada del Estado. Prácticamente la mitad de lo que le
correspondería. Esto ha supuesto que la inversión del Estado en Catalunya
haya caído cerca del 60 % respecto al año 2011. Según los cálculos
realizados por la Generalitat de Catalunya, la cantidad adeudada hasta el
año 2014 ascendía a 3.966 millones de euros.

También queremos denunciar la actitud prepotente de este
Gobierno, y su poco respeto por los demás grupos parlamentarios, siendo
una constante en su actividad legislativa la presentación y tramitación
de proyectos de ley que aprueban sin apenas modificaciones, amparados en
la amplia mayoría del grupo parlamentario popular, sin promover el
necesario debate y el consenso político que alienta la Constitución.
Sirva como ejemplo, la tramitación de este Proyecto de ley en el Congreso
de los Diputados al que se presentaron 12 enmiendas de totalidad por
parte de la mayoría de los grupos parlamentarios y 4.500 enmiendas
parciales de las que sólo se aprobó una modificación menor del grupo
vasco del PNV y cinco enmiendas del grupo socialista por un error en la
votación.

Los senadores y senadoras firmantes de esta propuesta de
veto, apelando a nuestra responsabilidad y coherencia política y a
nuestro compromiso constitucional con el objetivo del interés general en
nuestra labor legislativa, rechazamos frontalmente este proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015.

Palacio del Senado, 21 de noviembre de 2014.—El
Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 9

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto.

El debate de los Presupuestos Generales del Estado
representa la «prueba del algodón», el momento culminante que desvela la
evolución y desarrollo previsible del Estado durante los próximos años.

Este debate debe servir, a su vez, para analizar la
coyuntura económica real que enfrentamos y contrastar el grado de
eficacia de la política económica del Gobierno español.

La gran mayoría de líderes europeos están cuestionando las
políticas económicas que durante los últimos años se han llevado a cabo
en Europa. La receta exclusiva de la austeridad y la estricta aplicación
de las normas de reducción del déficit han provocado recortes en el
sistema de protección social y han supuesto un excesivo ahogo económico y
social para la ciudadanía de los EEMM, especialmente para las personas
más débiles. La demanda interna se ha derrumbado, las expectativas se han
deprimido y las diferencias entre los más ricos y los más pobres se han
disparado.

Todo ello ha provocado una contundente respuesta
social.

La respuesta del Gobierno español a esta respuesta social
es la no respuesta, el ya mítico «no sabe / no contesta» con el que este
Gobierno pasará a la historia.

El Gobierno ha desaprovechado la oportunidad de cambiar. No
ha demostrado capacidad para proponer una nueva política económica de
estímulo en el presupuesto de 2015. Ha definido su proyecto pensando
exclusivamente en los dos periodos electorales que afronta, olvidando que
nos encontramos en el momento clave para animar la recuperación económica
y favorecer la creación de empleo.

Esta propuesta de presupuestos es «más de lo mismo». Y lo
mismo es la nada.

No hay cambio, ni audacia, ni nuevas propuestas ante una
situación que se percibe, se vive y se sufre como muy delicada. No hay
nada de apoyo a la innovación o a la inversión. No hay una política
económica de estímulo que permita reactivar la economía real.

El problema es que estas equivocadas decisiones
coyunturales tendrán nefastas consecuencias estructurales. Sin apoyo a la
empresa, sin diversificación, innovación, internacionalización, no hay
futuro económico de crecimiento sostenido, no hay recuperación del
empleo.

A la marcha que imprime el Gobierno español necesitaremos
20 años para salir de esta crisis.

Para finalizar, Euskadi no existe para el Gobierno español.

La presencia de Euskadi en esta propuesta presupuestaria
roza el absurdo. No se atiende ninguna demanda (cero en nuevas
inversiones), no se soluciona ninguno de los problema creados (se
mantiene el cierre de Foronda) y ni siquiera se atienden los compromisos
previamente adquiridos (ejemplo TAV, Autopistas, Ferrocarriles o FOGASA).

El Gobierno ha abierto la etapa de la desafección
presupuestaria con Euskadi, y le pedimos que antes de dar este paso,
evalúe sus consecuencias.

Por todo ello, presentamos veto a los Presupuestos
Generales del Estado para 2015 solicitando su devolución al Gobierno.

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015.

Palacio del Senado, 21 de noviembre de 2014.—Isidro
Manuel Martínez Oblanca.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 10

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto.

El cuarto y último proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado de la X Legislatura remata la deriva del gobierno
presidido por Mariano Rajoy en su decidido afán discriminatorio hacia la
Comunidad Autónoma de Asturias. Como en anteriores proyectos
presupuestarios, el incumplimiento del mandato constitucional de
solidaridad y equilibrio entre los diferentes territorios de España es
una constante que se agudizará para el ejercicio de 2015 si se aprueba la
propuesta realizada por el gobierno.

Estamos ante un proyecto de ley sumamente lesivo y
perjudicial para España. Lo es aún más, y específicamente, para Asturias
porque refleja la contumaz obstinación por una forma de hacer política
caracterizada por el trato injusto, reiterándose el sistemático desprecio
hacia las necesidades más acuciantes de los asturianos. No se corrige,
además, el injustificable rechazo de las iniciativas y enmiendas
coincidentes de la representación de FORO en las Cortes Generales y de
todos los demás grupos parlamentarios de la oposición que, al unísono,
hemos venido reclamando partidas económicas que

liberen a Asturias del engaño permanente en la ejecución de
sus grandes e imprescindibles obras de infraestructuras.

Con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2015 el actual gobierno de Rajoy prolonga la deriva
presupuestaria que hace ya diez años comenzara el anterior gobierno
socialista de Zapatero y que ha conducido a Asturias a la cola de los
indicadores económicos oficiales llevándola a una profunda recesión que
se mide en la disminución generalizada de la actividad económica
reflejada a través de la bajada, en tasa anual, del Producto Interior
Bruto (PIB).

Asturias es la Comunidad autónoma más empobrecida de España
en los últimos seis años con datos negativos que no admiten contestación.
Véanse, en este sentido, los miles y miles de asturianos que abandonan
anualmente la región ante la falta de presente y de futuro. Compárense
también las cifras crecientes de los concursos de acreedores o las de
morosidad de familias y empresas, con salarios que crecen por debajo de
la media nacional, o sufriendo la tercera mayor caída nacional en
exportaciones. Cifras estas, y otras, que se añaden a los desequilibrios
acumulados durante la larga crisis que ha arrastrado a Asturias a lo
largo de esta Legislatura a mantener la tasa de población activa más baja
de España, varios puntos por debajo de la media nacional.

Una Asturias aislada, con la construcción del último tramo
Pendueles-Unquera de 4 kilómetros de la Autovía del Cantábrico, nuestra
salida hacia Europa, que va a superar los 82 meses de récord de desidia y
que en el proyecto de Ley de Presupuestos presentado por el Gobierno
recibirá 12 millones de euros, la misma cantidad que los 20 km
paralizados de los tres tramos entre Doriga y Cornellana, lo que da una
idea del escaso entusiasmo por recuperar los años perdidos para completar
la Autovía del suroccidente.

¡Y qué decir de la Alta velocidad! Primero fue prostituida,
después mutilada en la Variante de Pajares y finalmente cancelada con el
fondo de saco de la anacrónica nueva estación de León y la pasmosa
maniobra de avance-retroceso en la que los trenes pierden veinticinco
minutos. Con la previsión presupuestaria señalada en este Proyecto de
Ley, el gobierno da por bueno el objetivo de cubrir la distancia entre
Oviedo y Madrid en tres horas y cuarto, lo que hace añicos la enorme
inversión ejecutada en Pajares que se justificaba para que esa distancia
se recorriese en dos horas y cuarto.

Las inversiones para Asturias en este Proyecto de Ley de
Presupuestos para el año 2015 ascienden a 333 millones de euros, lo que
significa un incremento sobre el año anterior del 12 por ciento. Este
incremento no supone ningún consuelo porque en el año 2014 había
disminuido un 31,6 por ciento, y el año anterior, un 19 por ciento.
Contrasta el paupérrimo balance inversor realizado por el Estado en
Asturias con el gran esfuerzo realizado en otras Comunidades Autónomas lo
que confirma, una vez más, el desinterés del gobierno por aplicar
criterios de equilibrio territorial.

Una Asturias cuya minería de carbón va hacia el cierre.
Asimismo el sector agroganadero ha resultado escandalosamente marginado
en el último reparto de la Política Agraria Común (PAC). Marginado
también todo el sector pesquero al que, lejos de proteger y preservar, se
le pretende aplicar una política de infracciones severas mediante una
reforma legislativa en ciernes que tiene visos recaudatorios como ha
sucedido en otras reformas aprobadas en el actual mandato a instancias
del gobierno y con el exclusivo apoyo de su mayoría parlamentaria.

¿El empleo una prioridad?

En el conjunto de España y con los datos conocidos muy
recientemente, el año 2013 cerró con 5.896.300 personas en paro, 69.100
menos que a finales de 2012, lo que supone la primera reducción
interanual desde mediados de 2007, justo antes de que estallase la crisis
financiera. Sin embargo la bajada del número de personas desempleas no se
debe a la creación de puestos de trabajo, sino a la pérdida de población
activa que está formada por los ciudadanos que tienen empleo o que lo
buscan. España tiene una de las tasas de actividad más bajas de Europa y
se sitúa en el 59,5 %, cuando en el centro de Europa ronda entre el 70 %
y 80 %.

El paro baja, pero también la ocupación: cada vez hay menos
trabajadores en España. En el cuarto trimestre hubo 16.758.200 ocupados
en España, 198.900 menos que a finales de 2012.

En materia de empleo se constata otro fracaso del gobierno
que, en este proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2015, tampoco
modifica un ápice su política respecto a Asturias. Con los últimos datos
publicados este mismo mes de Noviembre, el número de parados registrados
se ha incrementado en 2.119 personas en octubre, acumulando con ello tres
meses seguidos de subida del paro que demuestra que Asturias sigue en su
imparable decadencia con un incremento del paro (6,44 %), triple

que la media de España (2,42 %) en los tres últimos meses
que demuestra el proceso de divergencia que caracteriza la situación
socioeconómica de la región.

En estos tres últimos meses, la evolución del paro en
Asturias presenta la tercera peor cifra de todas las Comunidades
Autónomas sólo superada por Cantabria (6,77 %) y Baleares (+21,55 %),
aunque en ésta el factor de estacionalidad de la temporada turística no
tiene nada que ver con las Comunidades Autónomas del Cantábrico. El
número de desempleados inscritos en las oficinas del Instituto Nacional
de Empleo en Asturias, el último día del mes de Octubre, asciende a
99.337 personas lo que ha supuesto un incremento en 2.119 personas
respecto al mes anterior. En términos porcentuales equivale a una subida
mensual del 2,2 %, es decir, casi medio punto por encima de la que
alberga la media de España (1,78 %). Para el conjunto del país, el
crecimiento en el número de desempleados el pasado mes de octubre, ha
sido de 79.154 personas alcanzando con ello una cifra total de 4.526.804
desempleados.

En términos interanuales la caída en la cifra del paro en
Asturias ha sido del 4,80 % equivalente a 4.953 personas y por debajo de
la media de España que ha sido del -5,91 % (284.579 personas). Supone la
cuarta peor evolución detrás de Andalucía (-2,33 %), País Vasco (-4,18 %)
y Extremadura (-4,76 %), lo que refleja la incapacidad del gobierno hacia
una recuperación económica, máxime cuando la creación de empleo es la
prioridad de su política a lo largo del mandato.

Respecto a las afiliaciones a la Seguridad Social, es
preocupante que en Asturias, respecto al mes de septiembre, el número de
afiliados se haya reducido en un 0,35 % (1.219 afiliaciones) frente a la
subida del 0,17 % que refleja la media española. Asimismo, mientras la
evolución del conjunto del país, en términos interanuales, ha sido
positiva con una subida del 2,02 % (330.147 afiliaciones), en Asturias ha
sido negativa, manteniendo la divergencia con la evolución de la media de
España, con una caída del 0,04 % (131 afiliaciones), siendo la Comunidad
Autónoma que presenta la segunda peor cifra del conjunto del país.

Tampoco refleja este Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado las importantes cantidades que el Estado tiene
pendiente desde hace años con Asturias en materia de «Fondos Mineros». Es
más, la total ausencia de partidas adecuadas y de cifras específicas
confirma la táctica dilatoria del gobierno de Rajoy para incumplir la
sentencia firme que obliga al Estado a pagar 213 millones de euros que
son imprescindibles para Asturias y especialmente para unas Cuencas
Mineras que están azotadas por el paro y amenazadas con la desertización.
Cabe insistir en que los Fondos Mineros no son un regalo o una concesión
gratuita, son el resultado de los acuerdos alcanzados por la minería del
carbón en un periodo de crisis económica por los que nuestras Cuencas
perdieron miles de puestos de trabajo, cerraron muchos pozos y
renunciaron a la producción de millones de toneladas de carbón. La prueba
de la legalidad de los compromisos de inversión con cargo a los Fondos
Mineros es que los tribunales de justicia dieron amparo y firmeza
—hace ya siete meses— a la reclamación iniciada por el
Gobierno autonómico tras la flagrante vulneración de los compromisos
perpetrada por el primer Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy
a finales de 2011.

El gobierno también ignora a la hora de elaborar el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 uno
de sus grandes y principales compromisos electorales: la reforma del
modelo de Financiación Autonómica. Es decir, para afrontar su cuarto y
último ejercicio presupuestario, el gobierno declina finalmente la
reforma de un sistema que es lesivo para algunas Comunidades Autónomas
—Asturias, entre ellas— a las que se continúa aplicando un
modelo de financiación que el actual Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas votó en contra estando en la oposición tras
rechazarlo contundentemente con expresiones y descalificaciones muy
duras.

Una parte sustancial de los ingresos contemplados en el
Proyecto de Ley se basa en la reforma fiscal que está a punto de
completar su trámite en las Cortes Generales y que refleja la incapacidad
del gobierno para aplicar las medidas para disminuir las cargas
impositivas a los contribuyentes españoles. No obstante, existe una gran
falta de realismo al confiar un aumento de los ingresos al crecimiento
teórico del consumo que tanto mermó por la sucesión de subidas y más
subidas impositivas a lo largo de los tres últimos años.

De no menor importancia para rechazar de plano este
Proyecto de Ley es la subida teórica de las pensiones que, en la
práctica, afecta mucho más al número de perceptores de las mismas que a
lo que cobrarán todos y cada uno de los pensionistas españoles. Cabe
señalar que en esta legislatura el gobierno excusó una mayor inversión en
Asturias por la cuantía total de las pensiones recibidas por los
asturianos, ignorando que este es un derecho adquirido por los
trabajadores una vez cumplida su etapa laboral y como consecuencia de las
contribuciones detraídas de su salario.

En modo alguno pueden calificarse —como ha proclamado
enfáticamente el propio gobierno— que éstos del año 2015 vayan a
ser «los presupuestos de la recuperación y del empleo», eslogan que, por
otra parte, ha sido prolijamente repetido por el propio gobierno y sus
apoyos parlamentarios en cada uno de los trámites anuales de las leyes
presupuestarias. La realidad de la calle es muy distinta y las familias
sufren más que nunca la incertidumbre y la falta de futuro como prueban
las cifras de españoles sumidos en el umbral de la pobreza, la merma de
la capacidad adquisitiva, la pérdida del poder adquisitivo de los
pensionistas y la proliferación de los contratos basura para aquellos
trabajadores que tienen la suerte de incorporarse al mercado laboral. La
caída generalizada de los salarios ha arrastrado al 34 % de los
trabajadores españoles a ganar menos de 645 euros mensuales.

Con este proyecto de ley estamos ante la culminación de una
sucesión de incumplimientos que contradicen de manera flagrante las
prioridades y compromisos electorales señalados enfáticamente a finales
de 2011 tanto por el gobierno como por el partido que le da apoyo
parlamentario.

En definitiva, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2015 presentado por gobierno resulta absolutamente
inadecuado para España y peor aun para Asturias, por lo que el senador de
Foro de Ciudadanos-Foro Asturias (FAC) integrado en el Grupo
Parlamentario Mixto del Senado presenta esta enmienda de veto como
expresión de su rechazo y a los efectos de su devolución al gobierno.

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mantienen, respecto a lo presupuestado en 2014, en la
exigua cantidad de 500.000 euros. Llama la atención que el recorte en la
partida canalizada por ONGD desde 2011 es del 97 %, a pesar de la
capacidad diferencial de las ONGD de responder de forma ágil e inmediata
a estas crisis humanitarias.

Con respecto a los ciudadanos españoles residentes en el
exterior, los presupuestos siguen siendo muy deficientes. Desde luego, no
van a paliar la falta de recursos y las dificultades debidas a los
recortes en los servicios consulares, que es una queja generalizada de
las asociaciones de españoles en el extranjero y del Consejo de Españoles
en el Exterior.

Otro tema importante es el cierre de la onda corta de Radio
Exterior de España. Aunque no corresponda al presupuesto de este
ministerio, repercute igualmente en los españoles residentes en exterior,
que serán quienes sufran el impacto de tal decisión política de este
Gobierno.

El mínimo crecimiento de la partida para el Instituto
Cervantes difícilmente hará posible acometer la apertura comprometida de
nuevos centros. No obstante, la reducción en la actividad cultural que se
arrastra de años atrás es un lastre que no salvan estos presupuestos, ni
cumple con los objetivos que debiéramos marcarnos para el fomento de la
lengua y de las relaciones culturales y científicas de nuestro país con
otros Estados.

Por último, es necesario aludir a la liquidación de la
Cooperación. Como señala la CONGDE en su informe, cabría preguntarse si
el ministerio debería continuar teniendo la «C» de Cooperación.

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española alcanzaría en
2015 los 1.797,55 millones de euros (17 millones menos que lo aprobado en
2014), el 0,17 % de la RNB, y lejos de la meta del 0,7 % comprometida
para 2015 en distintos marcos internacionales de desarrollo ratificados
por el Gobierno español a través de las Conclusiones del Consejo de la
Unión Europea del pasado 27 y 28 de junio.

La cooperación internacional no debe someterse a la
inestabilidad en función de excedentes, sino que requiere de un
compromiso público sostenido. Los continuos recortes que la AOD ha
experimentado en los últimos años está provocando el desmantelamiento de
la política de cooperación española. Estos recortes han afectado
fundamentalmente a las partidas que el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación (MAEC) aporta al conjunto de la AOD española y,
especialmente, a su Programa 143A de Cooperación para el Desarrollo. En
2015 dicho programa aumenta un 5 % su dotación con respecto a 2014, pero
esto se debe a un incremento del presupuesto de gasto de la AECID por los
fondos de Cooperación Delegada, procedentes de la Unión Europea. Desde el
inicio de la actual legislatura (2012), el programa cuenta con 162
millones de euros menos (-24 %), y con 1.455 millones menos que lo
presupuestado para el ejercicio 2011. Tomando en cuenta una u otra
referencia, las cifras muestran que el Programa de Cooperación sigue
siendo el más recortado del MAEC.

Asimismo, la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) es una de las principales perjudicadas y
acumula una caída de más de 618 millones en ese mismo período, lo que
significa un 71 % menos de presupuesto con respecto a lo programado para
el 2011. Ello cuestiona la capacidad de desarrollar las orientaciones
estratégicas del Plan Director en los 23 países priorizados, por lo que
se hace necesario un aumento en la dotación presupuestaria de dicho
Programa, que beneficie a las partidas gestionadas por la AECID.

Por otra parte, solo el 46 % de la AOD estará gestionada
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Casi el 54 % de la
AOD será aportada por otros ministerios distintos al que es responsable
de la dirección de la política de cooperación según lo establecido en la
Ley 23/1998, y el único que cuenta con una Agencia especializada en la
materia. En 2011, la proporción era inversa (56 % MAEC, 44 % otros
ministerios), lo que supone el cuarto año consecutivo que arrastra este
desequilibrio.

Por todo ello, el grupo parlamentario de IU, presenta su
enmienda a la totalidad de la sección y pide la devolución del texto.

ENMIENDA NÚM. 2

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

En los últimos tiempos el valor de la Administración de
Justicia como garante de los derechos de los ciudadanos se ha
incrementado. Desde la interpretación de la reforma laboral en relación a
la aprobación de los EREs, a la interpretación de la regulación de los
desahucios pasando por las cláusulas suelo en las hipotecas, los
españoles han recabado el amparo de jueces y tribunales.

Y ello no se percibe en el Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para 2015 se ha consignado para la Sección 13,
Justicia,la cantidad de 1.500,75 miles de euros, lo que representa un
insignificante incremento del 1 % con respecto al año anterior.

Con los presupuestos para el próximo ejercicio no se logra
invertir la política de recortes sostenidos mediante la reducción
presupuestaria arrastrada desde el inicio de legislatura (en 2014 la
reducción fue del 2,45 % y en 2013 del 4,21 %).

Por otro lado, en la justificación del Presupuesto y sus
objetivos de nuevo se reiteran referencias al consenso y a la búsqueda de
leyes que puedan perdurar en el tiempo, hasta este momento, han sido,
hasta ahora, pura ficción. La actividad legislativa de este Gobierno está
marcada por la falta de diálogo y la inexistencia de consensos en sus
reformas, ni con los operadores jurídicos ni con los grupos
parlamentarios. Y, además, han contado con un importante rechazo y
contestación de la ciudadanía y de todos los colectivos
profesionales.

Se da, además la peculiaridad de que los Presupuestos para
Justicia en 2015 son una herencia que el actual titular de la cartera
hereda de su predecesor y por lo tanto cabe dudar de si los mismos se van
a ajustar a los nuevos objetivos que se marque el actual ministro.

En todo caso, los presupuestos están marcados por el
continuismo con respecto a los de 2014, con la pretensión de profundizar
en la visión mercantilista de la Justicia, marcada por los recortes y las
privatizaciones de la Administración de Justicia (Tasas Judiciales,
Registro Civil, Jurisdicción Voluntaria…)

De lo que no hay duda es de que estos presupuestos no están
orientados ni cuentan con una dotación suficiente para abordar la reforma
en profundidad que requiere la Administración de Justicia. Evidentemente,
se necesita una dotación adecuada para facilitar la transformación
paralizada desde hace tres años y, por supuesto, sostener un servicio
público de calidad. Pero también es necesaria la voluntad de avanzar.
Obviamente no hacia la privatización de los servicios públicos y la
exclusión por razones económicas, sino el reforzamiento del carácter de
servicio público.

Al contrario, el gasto destinado a la Administración de
Justicia en los PGE continúa la involución en su proceso modernizador.
Tenemos que retroceder hasta el año 2008 para encontrar una previsión de
gasto similar, que entonces se situó en 1480 millones de euros.

Dicho descenso se produce a pesar de que nuestros juzgados
y tribunales padecen graves insuficiencias de medios personales y
materiales. En lugar de adaptarse los presupuestos a las necesidades
reales de una Administración de Justicia históricamente deficitaria en
recursos, se apuesta por recortes que continúan agravando la ya precaria
situación del servicio público, con las lógicas consecuencias en el
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Estamos ante otro ejercicio más sin mención alguna al
carácter de servicio público de la Justicia. Toda una declaración de
intenciones que parece encontrar acomodo en las reformas propuestas por
el Gobierno y en las prioridades del gasto en la sección.

Con el presupuesto presentado por el Ejecutivo,
difícilmente se podrá acometer con éxito ni siquiera una mínima parte de
los problemas pendientes de la justicia española: modernización e
implantación de la oficina judicial, nuevo mapa judicial, revisión de las
retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia
no transferido a las Comunidades Autónomas, mejora en materia de
infraestructuras, nuevas tecnologías, etc y ello resulta más grave porque
el Proyecto pretende desarrollar el Plan de Administración de la Justicia
2012-2015 que se articula en cuatro Programas: el primero de organización
de la actividad judicial con las nuevas oficinas judicial y fiscal; el
segundo la actualización y mejora de las infraestructuras tecnológicas y
servicios de la actividad judicial; el tercero, de cooperación entre
servicios de la actividad general y el cuarto, de mejora y modernización
del procedimiento de gestión. Siendo este Presupuesto el del último
ejercicio del citado Plan, podemos dar al mismo por frustrado en su
totalidad.

En ese sentido, podemos resumir que los PGE de 2015 en
materia de Justicia se caracterizan por tres aspectos: por una
congelación de su presupuesto, por una congelación de la iniciativa
política en materia de transformación de la Justicia y por una apuesta
privatizadora por parte del Gobierno.

En materia estrictamente económica, los PGE para 2015
implican una congelación respecto al presupuesto de 2014. Pese a las
reiteradas referencias a la «recuperación económica», mantiene en

términos generales la dotación destinada a justicia en
2014. Entonces se destinaron 1.500,75 m/¤, y ahora se sitúa en 1.501,75
m/¤ (se refleja un incremento del 0,1, aunque el Gobierno exponga que
tras una centralización de contratos postales, de limpieza y seguridad,
el incremento crecerá en 15,6 m/¤), una dotación que apenas permite el
sostenimiento de la actual estructura de la Justicia, imposibilitando
acometer la modernización paralizada desde 2012-2013.

Pese a ello el ministro cifra en 1.600 el presupuesto,
maquillando claramente el mismo, que insistimos es de 1.501,75 m/¤.

Justicia Gratuita

Dentro de las partidas concretas, para sufragar la justicia
gratuita se mantienen 34,93 m/¤, cifra que apenas supera en un millón de
euros a la establecida en 2014, solamente respecto al llamado «territorio
ministerio», sin perjuicio de las partidas destinadas a las CCAA con
competencias. No obstante, hemos de valorar que el Proyecto de Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita, en su redacción actual, es un retroceso más
y un nuevo recorte de derechos de los ciudadanos.

En este contexto debemos situar la recaudación por las
Tasas para el ejercicio de la potestad jurisdiccional cuya recaudación
neta, según datos de la Agencia Tributaria, fue en 2013 de 317 m/¤, y a
fecha 15 de setiembre de 2014 la recaudación ha sido de 206 m/¤.

De los datos facilitados por la AEAT podemos extraer
conclusiones bastante evidentes. La primera es que, como suponíamos, la
ley de tasas no tenía como objeto sufragar la justicia gratuita, ya que
supera ampliamente el presupuesto destinado a la misma, al igual que
sucedió con los PGE 2014. La segunda es que la verdadera finalidad de la
implantación de las tasas de 2012, era extender la recaudación entre
todos los usuarios y disuadir a la ciudadanía, como medio de
«descongestionar» la Justicia, tal y como se le reclamaba por sectores
corporativistas de la Administración de Justicia.

La tercera de las conclusiones es que, según la recaudación
obtenida en 2014 y pese a las afirmaciones del nuevo ministro en su
comparecencia del pasado 15 de octubre, la litigiosidad se ha reducido en
jurisdicciones como la civil donde sí que existe la tasa, tanto en
primera como en posteriores instancias.

Por este motivo, consideramos que debe derogarse de forma
inmediata la Ley de Tasas Judiciales, que en la práctica es un obstáculo
para el acceso al servicio público de la Justicia y no sirve para
financiar la justicia gratuita.

Equipamientos e Infraestructuras

Pese a que el Gobierno, como hemos comentado, anuncia unos
presupuestos de la «recuperación económica», lo cierto es que se
disminuye la dotación prevista para los equipamientos e infraestructuras
a 18,28 m/¤, aun cuando se anuncia la contratación de obras para
distintos partidos judiciales (Albacete, Ibiza, Guadalajara, Lorca,
Segovia, Trujillo y Valladolid) así como para la Audiencia Nacional, sin
perjuicio de obras de mantenimiento en el conjunto de los edificios que
son competencia del Ministerio de Justicia, y sin perjuicio de las
comunidades autónomas con competencias transferidas.

En todo caso, más allá de la improvisación y transcurridos
tres años de legislatura, lo que se constata es la falta de definición
clara con respecto a la estructura de los tribunales y oficinas
judiciales. La partida presupuestaria reseñada es insuficiente incluso
para cumplir con los compromisos anunciados.

Tecnologías de la Información y la Comunicación

Los PGE cifran en 56,3 m/¤ el presupuesto destinado a lo
que en el Plan de Acción 2012-2015 denomina el Ministerio de Justicia
como «modernización tecnológica».

Existe para esta partida un incremento respecto el
presupuesto de 2014, que supuso apenas 43,3 m/¤. Pese a ello, el
incremento de la partida aún queda lejos de los objetivos que marca el
presupuesto y cuyos resultados son inalcanzables económicamente.

Plan de Modernización del Registro Civil (Registros
Vinculados con la Fe Pública)

El Ministerio de Justicia destina a esta partida 24,46 m/¤
en los Presupuestos Generales del Estado para 2015, al igual que ya
realizó en los de 2014. Lo destacable de esta partida, a la que hay que
sumar más de 130 millones de euros ya invertidos durante los últimos años
para la modernización, informatización

y digitalización del Registro Civil, debe encuadrarse en la
estrategia del Gobierno por privatizar el mismo. Por tanto, nos
encontramos ante una partida cuyo objeto es ajustar los flecos para
completar su privatización tras la modificación de la Ley del Registro
Civil 20/2011. Por ello, consideramos censurable que se destine un solo
euro más a «empaquetar» el regalo que el Gobierno pretende realizar a los
registradores.

En opinión de nuestro Grupo, se trata de una privatización
en toda regla que debería revertirse de forma inmediata.

Convocatoria de Plazas, régimen de sustituciones y
situación del Personal Interino en los cuerpos de Jueces, Fiscales y
Secretarios Judiciales

La convocatoria de nuevas plazas para las carreras judicial
y fiscal para 2015 estará limitada a 100 plazas. Esta cantidad es
insuficiente para la dotación adecuada de personal en todos los cuerpos
de la Administración de Justicia, que está absolutamente desbordada. A la
vista del informe de inspección del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) sobre los órganos judiciales, la mayoría sobrepasan el 150 % de
módulo de carga de trabajo, continuando 10 puntos por debajo de la media
europea de jueces/habitante.

Con las previsiones del presupuesto para 2015 no se
garantizará al personal interino la consolidación del empleo temporal, ni
se da solución a las sustituciones, ni se cubre la tasa de reposición que
vienen reivindicando los sindicatos de la administración de Justicia.

Reformas Legislativas

Tanto en la descripción general de objetivos del proyecto
de Ley de PGE como en la comparecencia del ministro el pasado 15 de
octubre en la Comisión de Justicia, se anuncia un aluvión de reformas
legislativas. En unos casos se anuncian nuevos proyectos y en otros la
continuación de los anteriores que, en su gran mayoría, serán imposibles
cumplir en lo que resta de legislatura.

Con el presupuesto actual parece imposible la continuación
de algunos proyectos de gran impacto como la reforma de la LOPJ o la
Jurisdicción Voluntaria (un paso más en la privatización) o el anuncio de
un nuevo Código de Comercio, una Ley de Fundaciones o la Ley del Estatuto
del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

En definitiva, un presupuesto que rechazamos porque ahonda
en los recortes del servicio público de la Administración de Justicia y
cierra cualquier posibilidad de mejora, transformación y
modernización.

ENMIENDA NÚM. 3

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa.

El capítulo de los Presupuestos Generales del Estado de
2015 para Defensa aumenta para 2015 el 1,1 % ascendiendo a 5.765 millones
de euros. El presupuesto para el próximo año presenta un incremento
aparente del 1,1 % que esconde un incremento real mucho mayor. Así ha
sucedido en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 en los que la diferencia
entre el presupuesto presentado en el Congreso y el resultado final fue
del 50 %.

El Gobierno, por tanto, presenta un año más un presupuesto
«amañado» y engañoso, consciente de que el gasto final en algunas
partidas será enormemente superior, ocultando sus intenciones al
minusvalorar, fundamentalmente, dos partidas:

• La destinada a cubrir la factura de los Programas
Especiales de Armamento (PEAS).

• Los gastos de las misiones militares en el
exterior.

Respecto a la primera, el Gobierno, como viene haciendo en
años anteriores, ha vuelto a presupuestar la cifra de 6,84 millones para
el pago de los PEAS, cuando en los últimos tres últimos años ha sido

aprobado un crédito extraordinario que ha supuesto aumentos
en esta partida de hasta un 250 %. De hecho, en 2012 el gasto real fue de
1.782,77 millones, en 2013 de 879,48, y en 2014 de 883,65 millones. Para
el próximo año 2015, y de acuerdo con la programación de pago de los PEAS
del propio ministerio, se tendrán que abonar 1.000 millones. Entonces,
¿por qué se presupuestan tan solo 6,8 millones?

En lo referente a la partida sobre las operaciones
militares más allá de las fronteras españolas, ocurre algo similar. Se
consignan 14,36 millones, cuando año tras año se produce un gasto de
entre 700 y 800 millones, que son aportados desde un cajón de sastre del
presupuesto denominado Fondo de Contingencias. Es otra manera de camuflar
el gasto real en Defensa.

Además, hay otra cuestión sumamente importante en la que el
presupuesto previsto para 2015 en Defensa no es real. Se trata de la
partida referente a la Investigación y Desarrollo de nuevas armas. El I+D
militar crece en un 43,5 % respecto a 2014 y pasa de 506,8 a 727
millones, de los cuales 563,9 serán créditos a las empresas de armamento
a 0 % de interés, ligados a los PEAS y concedidos desde el Ministerio de
Industria. Por tanto, tampoco suman como gasto en el presupuesto de
Defensa. Una I+D militar que había mantenido una tendencia a la baja
desde el año 2009 y que ahora se vuelve a incrementar. El aumento de la
I+D militar contrasta con el escaso aumento del I+D civil, que sólo se
incrementa en un 4,8 %. Otro agravio para el desarrollo de la
productividad y la mejora social.

Estos créditos en I+D militar, se vienen denunciando como
ayudas encubiertas a las empresas militares, o peor, porque en lugar de
I+D se trata de pagos a cuenta de las armas. Unos créditos que desde su
inicio en 1997 ascienden a la astronómica cifra de 16.120 millones y que
aún no han sido devueltos, pues obedecen a una ingeniería contable:
surgen desde el Ministerio de Industria y el Ministerio de Defensa se
compromete a retornarlos cuando pague las armas a las empresas militares.
Crearon una trampa contable que acumula una deuda impagable y que la
Hacienda Pública no sabe cómo resolver, pues si los condona sumarán como
déficit público.

Otro de los capítulos del Gasto Militar que no se reconoce
por el Ministerio de Defensa y cuyo cómputo se realiza fuera de sus
presupuestos lo compone el gasto destinado a los Centros Universitarios
de la Defensa. Al margen de las transferencias oportunas, paga también el
déficit de cada Centro.

La partida referente a estos centros, que tienen como
misión formar a los oficiales de los ejércitos en las diversas
competencias propias de lo militar, se encuentran en la cuenta denominada
«Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad
jurídica. Presupuestos de explotación y capital». La variación de los
presupuestos de estos centros respecto del año anterior es de 1,39
millones de euros, un 10,69 % más que el año 2014. En total 14,43
millones de euros más a sumar al gasto militar oculto.

En primer lugar, es un presupuesto propio de un Gobierno
que ha renunciado a una política de Defensa propia, construida desde las
necesidades reales de la Defensa española. Muy al contrario, estos
presupuestos, como lo han sido los del conjunto de la legislatura en
materia de Defensa y de las legislaturas anteriores, no los diseña su
Gobierno, sino la OTAN, que es quien define las prioridades y, en
definitiva, el margen de los presupuestos y de nuestra política de
Defensa.

Esta realidad tiene también su reflejo y afección
presupuestaria. Un reflejo que, curiosamente otro año más, no aparece en
el presupuesto. Unas cuentas que, como acostumbran, falsean las cifras y
de forma tramposa omiten el gasto real que nos va a costar nuestra
participación en lo que llaman «operaciones de paz.»

En segundo lugar, podríamos denominar a estos PGE para
Defensa como presupuesto de la industria militar. La escalada bélica, en
la que la OTAN está inmersa, sirve al Gobierno para justificar la
necesidad de mejorar nuestras capacidades operativas desde la perspectiva
armamentística y así potenciar una industria que podría orientarse a
otros fines civiles.

Por último, pero no menos importante, queremos hablar de la
situación que toda esta política genera sobre los profesionales de las
Fuerzas Armadas. Si la inexistencia de política de Defensa propia impide
de facto planificar debidamente la política de personal, la consecuencia
no es otra que la profundización en la precariedad y la falta de control
y democracia en el seno de las Fuerzas Armadas.

El presupuesto del Ministerio de Defensa parece ignorar la
grave situación que se está produciendo entre los militares. No se
atiende a políticas activas que satisfagan sus continuos, reiterados y
justificados requerimientos en materia de personal, que es el gran
olvidado del Ministerio de Defensa, al que solo preocupan los programas
de armamento y no las personas. Prueba de ello, es que las líneas de
actuación presupuestaria se mantienen congeladas, resultando
prácticamente las mismas del ejercicio pasado.

Página
60

Se consolidan en estos presupuestos una visión
estrictamente policial del fenómeno de la inmigración. Sólo así se
justifica que se mantenga la prevención y lucha contra el fenómeno de la
inmigración irregular como objetivo estratégico del área de seguridad.
Esta visión policial se plasma en la inexistencia de una dotación
presupuestaria que permita el desarrollo de acciones coordinadas entre
los agentes sociales y el Gobierno, para canalizar los flujos migratorios
y la integración social de los inmigrantes, así como la protección
humanitaria de los mismos (asilo/refugio), entre otras. Nuestro Grupo
Parlamentario sigue exigiendo el cierre de los Centros de Internamiento
de Extranjeros.

La Protección Civil continúa sin ser una prioridad para el
Gobierno que, año tras año, reduce su presupuesto. En 2015 será un 2,55 %
menos.

En cuanto a la seguridad vial, también parece primar la
visión recaudadora del Ejecutivo.

En relación con instituciones penitenciarias, el programa
está prácticamente congelado. La transferencia al organismo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo pasa a ser una transferencia
externa del Estado, con recortes que afectan a las carencias ya
existentes en programas de inserción y acceso al empleo, y que además
estará fuera de control.

En relación con los fondos reservados parece absolutamente
injustificado su volumen, y sigue resultando discutible su existencia
mientras no se acometa la reforma de su régimen jurídico.

ENMIENDA NÚM. 6

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

Las inversiones reflejadas en los presupuestos del 2015 que
se pretenden realizar desde el Ministerio de Fomento siguen conteniendo
el mayor esfuerzo, en términos absolutos, con respecto al conjunto de
ministerios (el 1,7 % del PIB y el 75 % del total de inversiones del
presupuesto en relación con todos los ministerios). Este hecho no ha
cambiado, a pesar de los ajustes a los que en ejercicios anteriores se
vio obligado a realizar el Gobierno en esta materia. Siguen siendo
inversiones basadas fundamentalmente en el cuestionable principio
dinamizador que las infraestructuras de transporte, por sí mismas,
suponen para el desarrollo y la generación de empleo.

Pero además, es el análisis de estas inversiones y su
composición lo que nos lleva a determinar que el esfuerzo en el
mantenimiento y conservación de las infraestructuras existentes, en el
transporte ferroviario utilizado por la mayoría de los usuarios y de
mercancías, o en las subvenciones corrientes al transporte, es claramente
insuficiente (sirva como ejemplo que a pesar de que la partida de
mantenimiento de carreteras aumenta en 38 millones, aún le faltarían 86
para ponerse al nivel de 2013). Estas inversiones son las que realmente
tienen una clara reversión social y económica, generando puestos de
trabajo de calidad. Mientras que la construcción de más y más
infraestructuras de transporte continúa siendo la prioridad del Gobierno
cuando éstas suponen siempre la generación de más y más deuda.

Ya ha quedado sobradamente demostrado, sin embargo, que la
tremenda inversión que se ha hecho durante los últimos años no ha
impedido que nuestra crisis sea más profunda que la de los países de
nuestro entorno, ni que tengamos los mayores niveles de paro. La falta de
un análisis detallado de coste-beneficio que tenga en cuenta el verdadero
impacto económico, social y ambiental de la infraestructura ha sido
totalmente obviado por los sucesivos gobiernos, y el resultado se ha
visto ya en forma de una enorme deuda. Mientras, todo ese enorme esfuerzo
inversor que nos ha situado en niveles récord europeos en kilómetros de
autovía y líneas de alta velocidad, así como en número de aeropuertos,
ahora se pretende poner a disposición de los intereses económicos y
financieros con la venta de parte de esas infraestructuras. A su vez, y
como única solución, el Gobierno pretende el rescate de otras como las
autopistas, que se encuentran en manos de unas pocas pero grandes
empresas constructoras a través de concesiones.

Es así como la Alta Velocidad continúa siendo la gran
receptora de la inversión, y la que mayor número de títulos habilitantes
se está llevando para que puedan ser explotadas por operadores privados.
Y ello a pesar de que se trata de un sistema de transporte elitista, que
una gran parte de la población no puede

permitirse y de sus fortísimos impactos ambientales y
territoriales. Y mientras la inversión va a la Alta Velocidad, se
continúa retrayendo la inversión tan necesaria para el ferrocarril
convencional o las cercanías, que son precisamente el medio que usa la
mayor parte de la población y que en los últimos años sufren una notable
caída en el número de usuarios que se agravarán con la desaparición de
diferentes servicios de media distancia que no han sido declarados como
obligación de servicio público. Por otro lado, la integración de FEVE en
RENFE se ha traducido en un notable deterioro del servicio que prestaba
al primera.

Por otro lado, el Presupuesto no recoge los recursos
necesarios para concluir distintos proyectos de soterramiento o
penetración de nuevas estaciones iniciados y que el Ministerio pretende
revisar.

También debemos señalar que el impulso pretendido por el
ministerio para el transporte de mercancías por ferrocarril es claramente
insuficiente, dejándolo en manos de una supuesta participación
público-privada que plantea muchas dudas sobre su eficacia y da pocas
garantías para que se haga efectiva.

Las subvenciones corrientes al transporte supondrán,
además, un encarecimiento escandaloso de los precios para los usuarios
que ya lo vienen sufriendo en los últimos años. A lo que hay que sumar la
reducción de líneas y servicios de RENFE-Operadora como resultado de la
Obligación de Servicio Público (OSP), lo que está teniendo como
consecuencia la dificultad de movilidad para muchas personas, que se ven
abocadas a optar entre el aislamiento o el uso del automóvil.

La clara apuesta del Gobierno por la liberalización de los
servicios de transporte ferroviario supone la privatización de muchos de
ellos y dar prioridad a la rentabilidad económica frente al servicio
público. En definitiva, menos servicios, más caros y de menor
calidad.

En los PGE 2015 podemos comprobar como el PITVI no va a
suponer un cambio en la ruinosa política de infraestructuras de planes
anteriores. En carreteras, el mayor esfuerzo inversor se irá un año más
para la creación de nuevas infraestructuras, frente al destinado al
mantenimiento y conservación de los 26.038 Kms de la Red de carreteras
del Estado ya en servicio. El deterioro de las carreteras existentes es
evidente a todas luces. Se desiste además de impulsar tanto las
actuaciones en zonas urbanas como la partida de acondicionamientos de
viales, de lo que se deduce que la seguridad en carretera no es la
prioridad para este Gobierno.

Estos presupuestos dejan clara la intención del Ejecutivo
de continuar apostando por un modelo donde lo público, lo que pagamos
todos se trasvasa a las entidades privadas. Un modelo en el que las
dificultades de movilidad y encarecimiento del transporte para la mayoría
se traducen en escandalosos beneficios para las grandes constructoras y
las entidades financieras.

Por otro lado, la política de vivienda ha dado carpetazo a
todas las ayudas, subvenciones y Planes de Vivienda hasta ahora vigentes,
desviando las inversiones hacia el fomento del alquiler, beneficiando
principalmente a los arrendadores frente a los arrendatarios, y al
fomento de la rehabilitación (a las constructoras).

Estos presupuestos suponen el abandono del Gobierno de su
obligación de cumplir con este derecho, en un momento en el que el
incremento de los desahucios evidencian la ineficacia de las medidas
adoptadas.

El apoyo al acceso en alquiler se plantea a partir de
premisas que refuerzan la posición del arrendador mientras los inquilinos
ven cómo las condiciones contractuales se hacen más precarias,
disminuyendo las obligaciones en cuanto a la duración de los contratos y
aumentando las posibilidades para su rescisión. Así se continúan
fomentando y acelerando los desahucios, se encarece el precio de los
arrendamientos y, en definitiva, se da una vuelta de tuerca más en contra
del derecho constitucional a la vivienda y el derecho fundamental
habitacional.

ENMIENDA NÚM. 7

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

Los Presupuestos Generales del Estado son la concreción en
números de las políticas en tanto en cuanto definen prioridades, por ello
resulta coherente que estemos ante un presupuesto de Educación para 2015
que certifica el progresivo desmantelamiento del Sistema Público de
Educación y la consolidación de los recortes llevados a cabo por el
Gobierno del Partido Popular, que ya suponen un 25 % desde que comenzó la
legislatura.

Si en los presupuestos para 2011, los últimos de la
legislatura del PSOE, ya se recortó sustancialmente la partida destinada
a educación pública (se consignaban 2.843 millones de euros), en 2015 esa
cifra desciende hasta los 2.015 millones. Con estos presupuestos, el
Gobierno insiste y no enmienda su política educativa, que está reflejada
en la LOMCE. Una política dirigida a aumentar la desigualdad social, al
disminuir la igualdad de oportunidades, y a desmantelar la Educación
Pública con una pérdida progresiva de su calidad en todos los
niveles.

A pesar de esta realidad, el Gobierno anuncia que este año
los presupuestos en Educación aumentan un 4,5 % más. Pero oculta que la
mayor parte de este incremento corresponde a la implantación precipitada
y caótica de la LOMCE, ley aprobada sólo por el PP y rechazada por la
totalidad de la comunidad educativa y el resto de los grupos
parlamentarios. Hay 98 millones más para Educación, pero la LOMCE se
lleva 142,6. Por lo tanto, realmente se pierden 44,6 millones de euros
respecto al año pasado.

En esta misma línea, anuncian un aumento en la partida de
becas y ayudas al estudio en Educación Secundaria y Formación
Profesional. Pero analicemos estas subidas:

• Becas y ayudas al estudio

El ministro de Educación difunde con terquedad que «el
presupuesto para becas en 2015 es el más alto de la historia», pero
detrás de esta afirmación hay trampa. En el último curso 2013/2014, se
repartieron 1.408 millones para becas. 75 millones menos que en 2012/2013
(una bajada del 5 %). De hecho, es la cifra más baja en los últimos
cuatro cursos.

En 2015 habrá prácticamente el mismo dinero (1.469.154,89
miles de euros). El presupuesto presentado incluye un gasto en becas muy
parecido al de 2014, solo dos millones de euros más, que serán a todas
luces insuficientes para paliar las subidas de las tasas universitarias y
el aumento del número de solicitantes, como consecuencia de la crisis.
Sin olvidar que los criterios de adjudicación las hace menos equitativas
y más restringidas, como denuncian los colectivos y sindicatos de
estudiantes.

• Educación Secundaria y Formación Profesional

Esta partida experimenta una subida en la dotación, desde
los 101 millones hasta los 237 millones de euros, pero este aumento se
debe a la implantación de la Formación Profesional Básica (FPB), para la
que este año se han presupuestado 237 millones de euros.

Pero no nos engañemos. Teniendo en cuenta esta subida, esta
partida ha perdido 10 millones de euros desde 2011 hasta 2015. Y sin
tener en cuenta el dinero que se dedicará a la implantación de la FPB, ha
perdido un 60 % desde que gobierna el PP.

El Gobierno, además de no explicar a qué se deben esas
aparentes subidas en los presupuestos, oculta que se ha producido una
reducción significativa en:

• Educación compensatoria

En los objetivos del programa 322B se puede leer: «La
finalidad última de las acciones de compensación de las desigualdades en
educación es promover, desde la acción del Sistema Educativo,
determinadas acciones que contribuyan a prevenir y compensar las
desigualdades en educación derivadas de factores sociales, económicos,
culturales, geográficos, étnicos o de cualquier otro tipo, reforzando
aquellas de carácter ordinario de las que dispone el sistema educativo y
promoviendo otras de carácter extraordinario».

Este texto se mantiene desde 2013, pero la realidad que
muestran los Presupuestos es muy diferente, ya que olvidan trasponer
estas excelentes ideas a cantidades presupuestarias: en 2012, se
dedicaron 169,8 millones de euros al programa 322B; en 2013 se
mantuvieron menos de la tercera parte, quedándose en 53,7 millones de
euros; en 2014 casi se mantuvo con 53,2 millones de euros, pero en 2015
la cantidad asignada queda reducida a la décima parte con 5,5 millones de
euros.

La Educación compensatoria representa una herramienta de
integración que prácticamente es eliminada en las políticas educativas
del PP, tal y como indican los datos anteriores, que reflejan el interés

real que tiene este Gobierno por la atención a la
diversidad y las políticas de compensación y apoyo a los estudiantes con
mayores dificultades o más necesidades. De nuevo los planteamientos
ideológicos que subyacen en la LOMCE y la aplicación del «darwinismo
social» en la enseñanza se concretan en que la apuesta por la excelencia
se hace a costa de los alumnos con más dificultades.

• Enseñanzas universitarias

Estas enseñanzas sufren un recorte de dos millones de
euros, señalando la continuidad de la política educativa del Gobierno en
la universidad, que ha expulsado de la misma a 45.000 estudiantes como
consecuencia de los recortes, las subidas de tasas (del 16 % en 2010, al
22 % en 2013 de media) y el endurecimiento en la concesión de becas.

• Enseñanzas artísticas

El programa 322E de Enseñanzas artísticas ha perdido un 35
% desde que gobierna el Partido Popular, y pasa de los 7,4 millones de
euros de 2012 a los 4,8 millones de euros de este 2015.

• Formación del profesorado

El gasto total en formación permanente del profesorado baja
en 547.670 euros (de 3.938.180 euros en 2014 a 3.390.510 euros en 2015)
aproximadamente un 14 %. Una cifra escandalosa si se compara con los 52
millones de 2011.

Se quedan prácticamente igual las siguientes partidas del
presupuesto, por lo que se mantienen los recortes de años anteriores,
cuando deberían haber sufrido un incremento presupuestario para paliar
dichos recortes.

• Formación Profesional

Se mantiene la cantidad asignada respecto al curso
anterior, pero como el alumnado se está incrementando con motivo de la
crisis y las tasas son cada vez más elevadas, realmente la Formación
Profesional está sufriendo un recorte.

• Educación Primaria

También se mantiene con el mismo nivel de recorte, con
ligeras variaciones, el gasto en educación primaria, que había sufrido ya
un recorte del 36,5 % en 2012 y se recortó otro 4,4 % en 2013. Lo cual
significa que en Educación Infantil y Primaria, de los 263 millones con
los que se contaba en 2011, el Gobierno recorta hasta los 158 millones de
2014, casi un 40 % menos.

Finalmente, y en términos reales, el presupuesto para 2015
supone un 26,5 % por debajo del gasto de 2010 en Educación (3.092
millones de euros). En estos últimos años se han recortado más de 800
millones de euros en este capítulo.

Por su parte, el aumento que experimenta la cultura en los
PGE 2015 (30 Millones de euros) no parece suficiente para recuperar el
recorte sufrido en los años de gobierno del PP (188 Millones). El cine,
la música y la danza y algunos museos se ven a primera vista
beneficiados, pero lo son a costa del teatro y no podemos obviar los
problemas y conflictos laborales que está suponiendo la precariedad en el
servicio público que significa la cultura y que hoy sufre, como
consecuencia de esos recortes, el INAEM.

Esta pequeña recuperación paradójicamente no beneficia a
las partidas que más han sufrido en este periodo de recortes pues siguen
cayendo en picado archivos, bibliotecas, conservación y patrimonio. El
desprecio de este Gobierno hacía la cultura ha sido una constante en las
cuentas del ministerio quedando una vez más arrinconada y en grave
peligro de desaparición.

Página
66

el PIB, estos presupuestos poco hacen para revertir la
continua pérdida de peso relativo de la industria respecto al Valor
Añadido Bruto de nuestra economía. Valga como ejemplo el programa de
desarrollo industrial, que disminuye un 9,9 % con relación a lo
presupuestado en 2014

Por un lado, no se destina ni un euro a las energías
renovables, y a la eficiencia energética se destina una cantidad
absolutamente insuficiente, lo cual es inaudito. Y de la parte de
eficiencia energética, el 67 % se lo lleva el plan PIVE. En vez de
incentivar el transporte público, o los planes de movilidad urbana
sostenible, incentivan la compra de automóviles sin ningún criterio de
eficiencia energética. La movilidad sostenible tiene unos impactos
sociales, ambientales y económicos no despreciables. Disminuiríamos la
dependencia del petróleo (en 2013, el consumo de más de 25 millones de
toneladas de combustibles para la automoción supuso un coste superior a
40.000 millones de euros), las emisiones de CO2, las emisiones de
contaminantes que generaron 20.000 muertes prematuras y las multas del
Tribunal de Justicia Europeo por contaminación atmosférica.

El Gobierno no solo ha abandonado el impulso de las
energías renovables, sino que lo está impidiendo a pesar de que son la
única garantía de abastecimiento de energía en el futuro y del que España
puede ser pionera por contar con un entorno favorable y con la tecnología
adecuada. La penalización al sector de las renovables está hipotecando el
futuro energético, conlleva el incumplimiento de directivas europeas y
está destruyendo miles de puestos de trabajo creados en los últimos años
en la economía verde.

Y como siempre, el Gobierno continúa favoreciendo al
oligopolio energético en cualquiera de sus formas, la última de ellas
mediante la indemnización por el Castor. De ahí que se destine a la
financiación de determinados costes del sistema eléctrico 4.207,17
millones. Pero no se acuerdan de los que menos tienen y más sufren: no
existe ni una sola partida destinada a combatir la pobreza energética,
que padece el 17 % de las familias de España.

Para la reestructuración de la minería del carbón se
presupuestan 39 millones menos, sin que haya previsiones ni para mantener
algún mecanismo de apoyo a la utilización del carbón nacional ni para dar
cumplimiento a las Sentencias judiciales dictadas en relación a los
fondos mineros.

ENMIENDA NÚM. 10

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

A pesar del incremento en el presupuesto del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 860 millones, éste no
compensa la reducción producida en los últimos años, y se queda todavía a
un 7,5 % de lo que se destinaba en 2011, hecho que evidencia el
desinterés del Gobierno por la materia y que sintoniza con las últimas
reformas legislativas que debilitan el control y la acción pública en pro
de la especulación y el beneficio privado.

Por otro lado, el incremento señalado responde
exclusivamente a la aportación procedente de la Unión Europea que nutrirá
las transferencias a Comunidades Autónomas y empresas a través del FEGA
para financiar proyectos de Desarrollo rural sostenible.

Salvo en este capítulo la regla general es la congelación.
No hay más recursos para promover la prevención de riesgos en
producciones agrarias, a pesar de que estos riesgos se están
incrementando y el porcentaje de cobertura a través de seguros aún sigue
siendo insuficiente.

El ligero incremento de la consignación de las aportaciones
de FEAGA en veinte millones no permitirá actuar eficazmente en la
regulación de los mercados agrarios, garantizando que el productor
obtenga unos rendimientos justos y el consumidor pague un precio adecuado
y ello en un ejercicio en el que el «veto ruso» va a generar serias
turbulencias en el mercado de producciones importantes.

En relación a la pesca, de nuevo son fondos europeos los
que provocan el incremento de los recursos que tienen como destino la
explotación adecuada de los caladeros, incremento insuficiente cuando
distintas especies están en situación de riesgo.

En relación al Medio Ambiente, es incomprensible la
irresponsabilidad del Gobierno ya no ante la prevención, que también,
sino ante la mitigación del cambio climático y ante la prevención de la
contaminación, la partida que cuenta con una partida de casi la mitad de
lo que se destinaba en el 2011, obviando los riesgos que están corriendo
este país y los incalculables costes que tendrá en el futuro. El cambio
climático es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos y este
Gobierno todavía no ha establecido la reducción de emisiones de CO2 como
una de sus prioridades, ni con políticas medioambientales de mitigación,
ni con políticas de movilidad sostenible, ni con un cambio de modelo
energético, ni con un largo sinfín de políticas en otros sectores. La
única novedad positiva que se puede destacar es la creación de un Fondo
nacional de eficiencia energética.

Después de la concreción de la «amnistía litoral» en el
Reglamento que desarrolla la Ley de Costas, resultará difícil paliar sus
consecuencias con el incremento de 19 millones de la partida para
infraestructuras costeras, sobre manera a la vista de los daños que
vienen generando las cada vez más frecuentes galernas.

Además, se trata de unos presupuestos que no establecen
objetivos en materia ambiental renuncian a implementar medidas de
fiscalidad verde para incluir los costes ambientales y sociales de
actividades económicas que hoy sufraga el conjunto de la ciudadanía y
siguen penalizando con nuevos tributos a sectores punteros en
sostenibilidad ambiental e intensivos creadores de empleo como el de las
energías renovables. Incorporar el criterio de quien contamina paga de
forma transversal en las figuras tributarias, favoreciendo la eficiencia
energética, la reducción de residuos, las energías limpias o el
transporte público es fundamental para incorporar equidad en nuestro
sistema fiscal pero también para salir de la crisis y sentar las bases de
un sistema productivo sólido y que aborde los restos de la crisis
ecológica y energética actual.

La miopía del Gobierno ante los retos medioambientales del
país y del planeta pone en riesgo nuestro patrimonio natural pero también
impide el impulso de sectores económicos vinculados al medio ambiente,
que son intensivos en creación de empleo y que permitirían una transición
justa y sostenible de nuestro modelo económico y productivo.

ENMIENDA NÚM. 11

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

En la presentación del Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2015 en lo que afectan a Sanidad y Servicios Sociales se
destaca que en relación a las políticas de Sanidad crecen los recursos en
términos homogéneos un 1,2 % y que las políticas de Servicios Sociales y
Promoción Social crecerán en relación al ejercicio anterior un 5,1 %.
Pero, para realizar una valoración ajustada de esta sección, hay que
recordar que en los cuatro últimos ejercicios presupuestarios, 2011,
2012, 2013 y 2014 se ha producido una importante reducción del gasto, que
ha afectado sin excepción a todos los grandes programas y actividades, en
algunos casos con reducciones por encima del 20 %. Esto ha supuesto que
algunos programas hayan desaparecido y otros hayan quedado reducidos a
actuaciones simbólicas, que ya difícilmente pueden ser recortadas mucho
más, salvo que se supriman.

Todo ello, en un momento en el que uno de cada cinco
españoles, según el INE, está por debajo del umbral de la pobreza y el
número de hogares sin ningún ingreso en el segundo trimestre del presente
año ascendía a 740.500. Y en el que, además, los copagos impuestos en
sanidad dificultan a muchos ciudadanos el acceso a prestaciones.

Los aspectos más relevantes en los que se basa el presente
Veto en relación a la Sanidad y a los Servicios Sociales son:

• El gasto en sanidad experimenta un nuevo descenso,
situándose prácticamente en la mitad que en el año 2011.

• El Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos
tiene, un año más, una nueva reducción, quedándose en 27,4 millones de
euros, una cuantía que representa casi la cuarta parte del presupuesto
del año 2009, antes de que se iniciaran los sucesivos recortes.

• Disminuyen los presupuestos destinados a apoyo a la
familia y la infancia, los destinados al Plan Nacional de Drogas, Salud
Pública, Prestaciones Sanitarias y Farmacia, Donación y trasplante de
órganos, y protección y promoción de los derechos de los consumidores y
usuarios.

• La aportación de la Administración General del
Estado para la cofinanciación de la atención a la dependencia, aunque
tiene un levísimo incremento de 485.000 euros (+0,38 %), en absoluto
compensa los sucesivos recortes de los últimos años. Hay que indicar a
este respecto que a 1 de agosto había 176.000 personas con el derecho
reconocido a una prestación, sin que hayan accedido a la misma, a los que
hay que añadir más de 101.000 solicitudes presentadas a las que todavía
no se ha realizado el dictamen. La agilización de la tramitación de las
solicitudes y del acceso a las prestaciones supondría que más de 250.000
personas tendrían que adquirir la condición de beneficiarios, lo que
resulta incompatible con mantener prácticamente congelada la
cofinanciación estatal.

• El importante ajuste en el Fondo de Cohesión
Sanitaria, que continua su intensa reducción hasta quedar en una cuantía
simbólica, con un recorte de 20.3 millones de euros, -89,7 %, y una
reducción acumulada en los últimos 3 ejercicios presupuestarios del -97,5
%. Recordar que la importancia de este Fondo es garantizar la igualdad de
acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el
territorio español y la atención a ciudadanos desplazados procedentes de
países de la UE o de países con los que España tenga suscritos convenios
de asistencia sanitaria recíproca.

Por otro lado, en el Proyecto se sitúa como prioridad
culminar las medidas contempladas en el Programa Nacional de Reformas de
2013 y continuar el desarrollo de las medidas diseñadas para garantizar
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud contenidas en el Real
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que hemos rechazado desde que se
aprobaron.

• También desciende en cinco millones la consignación
para acciones en favor de los emigrantes.

En cuanto a las políticas de igualdad no son una prioridad
para este Gobierno, así lo podemos comprobar un año más al examinar las
partidas presupuestarias dedicadas a esta materia. El gobierno mira para
otro lado y se olvida intencionadamente de que la desigualdad entre
hombres y mujeres crece de manera directamente proporcional a lo que
crecen las desigualdades sociales y además supone un palo en las ruedas
del avance imprescindible contra la violencia de género.

ENMIENDA NÚM. 12

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Economía y
Competitividad.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2015 parte de tres premisas profundamente inverosímiles, a tenor de
los datos que reflejan la realidad de la economía española, a saber: la
esperanza en un próximo crecimiento económico que generará crecientemente
más empleo y más ingresos tributarios, la creencia de que la
consolidación fiscal estimulará la actividad económica, y la suposición
de que una devaluación interna de la economía redundará en beneficio de
la economía española. El profundo aunque incomprensible optimismo en la
mejora de la recaudación tributaria derivada de la supuesta reactivación
económica, le ha permitido al Gobierno elaborar unos presupuestos en los
que se busca una reducción del déficit público sin necesidad de disminuir
o contener mucho las partidas de gasto, actuación motivada a su vez por
la proximidad de las elecciones.

La recuperación económica a la que se aferra el Gobierno y
que atribuye a su correcta política económica no está generando empleo
neto. Así se comprueba si medimos rigurosamente el empleo, para lo cual
no hay que centrarse en el número de puestos de trabajo, sino en el
número de horas trabajadas. Como consecuencia de la precariedad en el
mercado laboral los salarios se han visto gravemente

afectados. Una caída de los salarios que no mejora la
competitividad pero que sí perjudica gravemente la actividad económica
deprimiendo el consumo.

La reducción salarial no es el único fenómeno que deteriora
la demanda interna de la economía a través de la reducción en la
capacidad adquisitiva de la población. También contribuyen a ello los
recortes de gasto público en sueldos públicos, sanidad, educación y todo
tipo de prestaciones sociales que se vienen acometiendo desde mayo de
2010, así como el incremento de tipos impositivos, especialmente en el
caso de las figuras tributarias más regresivas. Las políticas de
consolidación fiscal en las que se enmarcan nuevamente estos presupuestos
se muestran inútiles para reactivar la demanda interna.

En una época de profunda crisis económica como a la que
asistimos, donde se produce un fuerte ajuste en el sector privado, desde
el sector público se debe impulsar la reactivación económica mediante una
potente creación de empleo público y un aumento de la capacidad
adquisitiva de la población, lo que crearía las condiciones económicas
necesarias para impulsar la reactivación de la inversión. Sin embargo,
estos presupuestos, al igual que la política económica del Gobierno, no
van orientados a tal objetivo.

El gasto público en investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i) debería ser una prioridad para una salida firme de la crisis.
Pero estos presupuestos, tal y como ha denunciado el colectivo Carta por
la Ciencia, reflejan el nulo interés que este Gobierno tiene por la
I+D+i. Las subvenciones para esta política se reducen ligeramente con
respecto al año 2014 y lo que aumenta es la partida destinada a préstamos
y en particular los destinados a gasto militar. Además, la práctica
totalidad de los organismos públicos de investigación ven congelado o
disminuido su presupuesto, un año más la convocatoria de proyectos de
investigación de 2015 dependerá de la concesión de un crédito
extraordinario, no hay fondos para poner en marcha la Agencia Estatal de
Investigación incumpliendo el mandato de la Ley de Ciencia de 2011, y se
perderán la mitad de los puestos vacantes en investigación al fijarse una
tasa de reposición de efectivos del 50 %. Esta amortización de empleo se
suma a las vacantes perdidas en los tres años anteriores, mientras que
nuestros científicos y especialmente los más jóvenes buscan su futuro en
el exterior.

El gasto total en I+D+i en proporción al PIB ha disminuido
desde el 0,92 % en 2009 hasta el 0,59 % previsto para 2015, nada menos
que un 36 %, lo que nos retrotrae al nivel del año 2011. Si atendemos a
los porcentajes de gasto no financiero real (capítulos 1 al 7 de los
presupuestos), de los que se nutre el sistema público de I+D, descendemos
desde del 0,40 % del PIB en 2009 hasta el 0,22 % de 2015. En este caso
hay que retroceder al año 1983 para encontrar registros similares.

Todo ello justifica la presentación de esta enmienda a la
totalidad de la Sección 27: Ministerio de Economía y Competitividad.

ENMIENDA NÚM. 13

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad Social.

Como en los presupuestos del pasado año, los Presupuestos
Generales de 2015 aplican una revalorización de las pensiones de un
exiguo 0,25 %, el mínimo exigido en la Ley General de la Seguridad
Social. Los márgenes anunciados por el Gobierno en los presupuestos de
este año definitivamente no son para los pensionistas y así lo muestran
los propios datos del gobierno publicados por el Ministerio de Empleo el
pasado mes de octubre del presente año. No basta con el insuficiente
aumento del 0,25 %, es absolutamente necesaria la recuperación de poder
adquisitivo de los pensionistas. Lo que ha hecho el gobierno es
transformar el mínimo exigido por ley en un máximo. Su voluntad política
es el reducidísimo máximo del 0,25 % y eso es la condena de los
pensionistas a perder poder adquisitivo. Es absolutamente imprescindible
vincular de nuevo las pensiones a las subidas del coste de la vida. Si
medimos los precios a través del deflactor del consumo privado, un 0,6 %,
la resta arroja una reducción de la capacidad de compra de los
pensionistas de 3,5 décimas. Si atendemos a la pensión más frecuente en

España según el INSS, la de aquellos que cobran entre 600 y
645 ¤ al mes, la subida del 0,25 % les supondrá en términos nominales
algo más de 1,5 ¤ al mes. En definitiva, con las medidas presupuestarias
del gobierno el efecto sobre las pensiones, que ya de por sí en nuestro
país eran bajas, será catastrófico.

ENMIENDA NÚM. 395

(PROPUESTA DE VETO)

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente impugnación de la Sección 01. Casa de S.M. el
Rey.

El Presupuesto de la Casa Real para el «mantenimiento de su
Familia y Casa» se mantiene igual al del año pasado pese a que ya no
forman parte de ella Cristina y Elena de Borbón. Además no existe ninguna
memoria justificativa ni ninguna explicación de la necesidad de una
partida tan desproporcionada que sólo se justifica como un privilegio.
Tampoco existe ningún control sobre el gasto de este dinero público.

Técnicamente, poco más se puede añadir a un veto que, de
hecho, es bastante más extenso que la explicación que da el Gobierno para
justificar que la partida de la Casa Real sea de casi 8 millones de
euros.

ENMIENDA NÚM. 396

(PROPUESTA DE VETO)

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de
Justicia.

Los Presupuestos Generales del Estado para el 2015
relativos al Ministerio de Justicia constatan el gran alejamiento que
existen entre el modelo de Administración de Justicia propugnado por el
Gobierno y su concepción del Estado de Derecho y el modelo que aspiramos
a tener en la futura República Catalana. Presentan unos presupuestos
prácticamente idénticos a los del año pasado, consolidando los recortes
practicados y profundizando en la privatización de la justicia. Se trata
de un Proyecto de Ley que refleja, una vez más, el objetivo de desguazar
el derecho a la tutela judicial. Este Presupuesto, unido a las tasas
judiciales, la nueva asistencia jurídica gratuita, la Jurisdicción
Voluntaria, la reforma del Registro Civil y la nueva Planta Judicial
supone descabezar el Estado de Derecho.

La aprobación de la Ley de Tasas Judiciales consagro un
sistema judicial tan solo accesible a quien pudiera costeárselo. Con la
intención de reducir, cuando no impedir, el libre acceso a los juzgados y
tribunales bajo la perversa y reaccionaria anunciación de que el
ciudadano padece una patología abusiva en la utilización del sistema
judicial y, para ponerle remedio, se limitó el acceso al sistema judicial
mediante la introducción de las tasas judiciales. Además, el Ministerio
de Justicia sostuvo que la introducción de las tasas no sólo
descongestionaría los juzgados y tribunales, sino que con su recaudación
se lograría financiar la asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, las
tasas van al pozo común de la recaudación, sólo se destina un presupuesto
de 35 millones a la asistencia jurídica gratuita, lo que supone apenas un
10 % de lo recaudado mediante la introducción de las tasas. Ello,
incluso, cuando la recaudación ha sido muy inferior a la supuestamente
prevista. El presupuesto que nos presentan es la constatación de que la
Ley de Tasas sólo logra elitizar el sistema de justicia y no costear la
asistencia jurídica gratuita.

El hecho de que la Administración de Justicia se encuentre
desbordada no se debe a un abuso por parte de la ciudadanía, sino a la
insuficiencia de medios personales y materiales. Según los últimos datos
oficiales del Consejo de Europa, que corresponden al año 1012, el Estado
español está a la cola de Europa en inversión para las instituciones
judiciales y en número de jueces. El Estado español cuenta con 11 jueces
por cada 100.000 habitantes, frente a la media europea de 21. Ante tan
desoladoras cifras,

en los anteriores presupuestos el Gobierno no ha puesto
empeño alguno por resolver la situación. Tampoco en los Presupuestos
Generales para 2015 que limitan la convocatoria de nuevas plazas para las
carreras judicial y fiscal a 100, número insuficiente para
descongestionar la justicia e incluso para lograr la reposición de dicho
personal. Por otro lado, incluso se disminuye la dotación prevista para
equipamientos e infraestructuras.

El Ministerio de Justicia ha paralizado la tan necesaria
modernizadora de la Administración de Justicia y emplea los recursos en
la informatización y digitalización del Registro Civil, para luego
privatizarlo y dejarlo en manos de los registradores mercantiles. El
Registro Civil, que custodia datos de especial sensibilidad como son los
nacimientos, matrimonios, incapacitaciones y fallecimientos, debe estar
en manos de funcionarios públicos calificados y podría ser asumido por
los Secretarios Judiciales. Por ello, mientras las reformas no vayan en
sentido opuesto, no podemos concebir que se destinen fondos mientras no
se revierta el plan privatizador del Registro Civil.

Por todo ello, presentamos el presente Veto a la Sección 13
de los Presupuestos Generales del Estado.

ENMIENDA NÚM. 397

(PROPUESTA DE VETO)

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de
Defensa.

El Presupuesto de Defensa es falso. Lo sabe todo el
Parlamento, como puso de manifiesto la oposición en bloque en el Congreso
de los Diputados en sintonía con el propio Tribunal de Cuentas que ha
evidenciado la mentira presupuestaria reiterada de esta Sección en los
últimos años. Esto, y sin entrar en el irracional y desproporcionado
gasto militar así como en la deuda que genera, es suficiente
justificación para el presente veto.

ENMIENDA NÚM. 398

(PROPUESTA DE VETO)

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas.

El presupuesto para el próximo año correspondiente al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas incluye, en primer
lugar, la reforma fiscal ya debatida en sede parlamentaria y a la que en
su momento ya presentamos veto. Esta reforma es el resultado de un tipo
de política tributaria que, pese al momento de alarma social que vive el
país, opta por el beneficio de aquellos económicamente más favorecidos,
contribuyendo a abrir aún más la ya existente brecha social, y que es
claramente incongruente en cuanto a los objetivos que se fija y los
medios que se propone emplear para estos fines. Así pues, la reducción de
tipos impositivos en el IRPF viene acompañada de una disminución de los
tramos salariales que no hace sino favorecer las rentas más altas. Esta
pérdida de progresividad en el IRPF, sumado a las actuaciones en el
Impuesto de Sociedades, donde se igualará el tipo impositivo para todas
las empresas, y en el IVA y los Impuestos especiales, además de impactar
injustamente en el conjunto de la sociedad, no suponen ninguna garantía
de mejora económica: estas medidas tan sólo contribuirán a un aumento de
la renta de las personas más favorecidas y con una baja inclinación a
consumir, por lo que el consumo interno seguirá estancado y no se
producirá, por ende, un aumento de la recaudación que reequilibre, como
se ha argumentado des del Gobierno, la revisión de los tipos impositivos
a la baja. En definitiva, el aumento esperado de los ingresos tributarios
en un 5,4 % se antoja como totalmente irrealizable.

Por otro lado, estos presupuestos siguen sin ofrecer una
respuesta creíble y efectiva al fraude fiscal, por el cual dejan de
recaudarse anualmente unos 70.000 millones de euros. Cabe destacar en
primer término la a todas luces insuficiente plantilla con la que el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pretende afrontar esta
problemática. España es el país de la UE con una tasa menor de
inspectores fiscales por habitante, uno por cada 1.680 contribuyentes, lo
que representa, aproximadamente, una quinta parte de la proporción
existente en Francia o Alemania. Por si esto fuera poco, el salario de
los funcionarios seguirá congelado, acumulando de esta forma otro año con
pérdida de poder adquisitivo, al mismo tiempo que las partidas destinadas
a la mejora de los medios tecnológicos para combatir este tipo de
prácticas delictivas siguen siendo totalmente insuficientes: las
inversiones reales para mejorar la dotación del cuerpo de funcionarios de
la AEAT se han visto reducidas en más de 6.000 millones de euros durante
la presente legislatura. En su lugar, el gobierno prefiere seguir
invirtiendo en mantener la partida referente al Parque Móvil del Estado,
que sigue significando casi 40 millones de euros procedentes del erario
público y que se destina, por ejemplo, en la renovación de unos vehículos
oficiales a los cuales nuestro grupo parlamentario ya se ha opuesto
repetidamente.

Finalmente, cabe destacar que el total del presupuesto
previsto para este ministerio disminuirá en un 7,2 % respecto a 2014,
recorte por el cual se verán afectadas, en plena sintonía con las
habituales actuaciones centralizadoras del Gobierno, las administraciones
autonómicas y locales. De esta manera, el Fondo de Liquidez Autonómica se
verá reducido en 2.000 millones para este 2015, mientras que los
municipios de menos de 20.000 habitantes perderán la financiación
procedente de la Secretaría General de AP a través de su programa de
créditos.

Por todo ello, presentamos el presente veto a la Sección 15
de los Presupuestos Generales del Estado.

ENMIENDA NÚM. 399

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Por no adecuarse los presupuestos de gastos de esta sección
a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en
particular, a las que necesita Catalunya.

ENMIENDA NÚM. 400

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio
de Justicia.

Por no adecuarse los presupuestos de gastos de esta sección
a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en
particular, a las que necesita Catalunya.

Página
74

anterior. Los presupuestos para este ejercicio
prácticamente están tan congelados que no logran invertir la política de
recortes sostenidos mediante la reducción presupuestaria arrastrada desde
el inicio de legislatura (en 2014 la reducción fue del 2,45 % y en 2013
del 4,21 %).

Una cuestión previa. Las referencias al consenso y a la
búsqueda de leyes que puedan perdurar en el tiempo, que se encuentran en
la justificación del presupuesto, tanto de 2014 como en el de 2015, son
una ficción. La actividad legislativa de este Gobierno está marcada por
la falta de diálogo y la inexistencia de consensos en sus reformas, ni
con los operadores jurídicos ni con los grupos parlamentarios. Y, además,
han contado con un importante rechazo y contestación de la
ciudadanía.

Por otro lado, desconocemos si el presupuesto para Justicia
en 2015 se va a ajustar a los nuevos objetivos que se marque el nuevo
ministro. En todo caso, los presupuestos están marcados por el
continuismo con respecto a los de 2014, con la pretensión de profundizar
en la visión mercantilista de la Justicia, marcada por los recortes y las
privatizaciones de la Administración de Justicia (Tasas Judiciales,
Registro Civil, Jurisdicción Voluntaria…)

De lo que no hay duda es de que estos presupuestos no están
orientados ni cuentan con una dotación suficiente para abordar la reforma
en profundidad que requiere la Administración de Justicia. Evidentemente,
se necesita una dotación adecuada para facilitar la transformación
paralizada desde hace tres años y, por supuesto, sostener un servicio
público de calidad. Pero también es necesaria la voluntad de avanzar.
Obviamente no hacia la privatización de los servicios públicos y la
exclusión por razones económicas.

Al contrario, el gasto destinado a la Administración de
Justicia en los PGE continúa la involución en su proceso modernizador.
Tenemos que retroceder hasta el año 2008 para encontrar una previsión de
gasto similar, que entonces se situó en 1480 millones de euros.

Dicho descenso se produce a pesar de que nuestros juzgados
y tribunales padecen graves insuficiencias de medios personales y
materiales. En lugar de adaptarse los presupuestos a las necesidades
reales de una Administración de Justicia históricamente deficitaria en
recursos, se apuesta por recortes que continúan agravando la ya precaria
situación del servicio público, con las lógicas consecuencias en el
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Estamos ante otro ejercicio más sin mención alguna al
carácter de servicio público de la Justicia. Toda una declaración de
intenciones que parece encontrar acomodo en las reformas propuestas por
el Gobierno y en las prioridades del gasto en la sección.

Con el presupuesto presentado por el Ejecutivo,
difícilmente se podrá acometer con éxito ni siquiera una mínima parte de
los problemas pendientes de la justicia española: modernización e
implantación de la oficina judicial, nuevo mapa judicial, revisión de las
retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia
no transferido a las Comunidades Autónomas, mejora en materia de
infraestructuras, nuevas tecnologías, etc.

En ese sentido, podemos resumir que los PGE de 2015 en
materia de Justicia se caracterizan por tres aspectos: por una
congelación de su presupuesto, por una congelación de la iniciativa
política en materia de transformación de la Justicia y por una apuesta
privatizadora por parte del Gobierno.

En materia estrictamente económica, los PGE para 20015
implican una congelación respecto al presupuesto de 2014. Pese a las
reiteradas referencias a la «recuperación económica», mantiene en
términos generales la dotación destinada a justicia en 2014. Entonces se
destinaron 1500,75 m/¤, y ahora se sitúa en 1501,75 m/¤ (se refleja un
incremento del 0,1, aunque el Gobierno exponga que tras una
centralización de contratos postales, de limpieza y seguridad, el
incremento crecerá en 15,6 m/¤), una dotación que apenas permite el
sostenimiento de la actual estructura de la Justicia, imposibilitando
acometer la modernización paralizada desde 2012-2013.

Pese a ello el ministro cifra en 1.600 el presupuesto,
maquillando claramente el mismo, que insistimos es de 1501,75 m/¤.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya presenta esta propuesta de veto a la Sección 13 del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

Página
79

Son cifras muy parecidas al ejercicio anterior que ni
sirven para impulsar a fondo una recuperación económica (dando auténtica
prioridad a la inversión pública como motor de reactivación y creación de
empleo) que aún está por llegar ni obviamente tampoco son la confirmación
de que el crecimiento ya está aquí, como vocea el gobierno, puesto que si
así fuera los recursos disponibles serían mucho mayores para que el
Ministerio pudiera empezar a cumplir todos los compromisos que ha ido
contrayendo en materia de infraestructuras para el transporte viario y
ferroviario o de políticas de vivienda.

Son cifras además que convierten en estructural el
incumplimiento, al serlo por cuarto año consecutivo, del principio
previsto por la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía
de Cataluña y acordada por los gobiernos de España y la Generalitat de
Catalunya por el que la dotación en inversiones para esta comunidad
coincidiría con su peso en el PIB español (18,8 % según el INE). Así, en
este proyecto de presupuestos, la inversión regionalizada en Cataluña,
que incluye las partidas del Ministerio de Fomento, tan sólo alcanza el
9,5 % del total (1.072M¤ sobre 11.268) y sitúa el retroceso de las
inversiones del Estado en Cataluña en relación con el presupuesto de 2011
entorno al 60 %, con un déficit sólo para este año de otros 1.072M¤.

Esta merma produce el olvido o la ralentización innecesaria
y contraproducente en el desarrollo de infraestructuras y obras muy
importantes para Cataluña especialmente en lo que se refiere al Corredor
del Mediterráneo (por ejemplo en su enlace con el Puerto de Tarragona) o
en relación con las autovías de Gerona o el Pirineo de Lérida. Mención
aparte merece la desatención de los compromisos adquiridos con Barcelona
entre los que destaca la red de cercanías, la gran estación intermodal de
la Sagrera o los accesos viarios y ferroviarios al Puerto de
Barcelona.

Y por lo que respecta a la política de vivienda, son cifras
que certifican el carácter simplemente retórico (expuesto fomento el
alquiler la rehabilitación así como lucha contra los desahucios) de las 3
leyes aprobadas por el Parlamento en esta materia y muy especialmente del
Plan de Vivienda 2013-2016, que sigue recortando los programas destinados
a favorecer el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos con menores
rentas (28 % en relación con el presupuesto 2014 en el programa 261 N).
El gobierno sigue creyendo, erróneamente tal y como lo demuestra la
realidad social, que el mercado, dirigido por las entidades financieras y
su llave del crédito, debe gobernar la política de vivienda en España por
lo que además de minimizar, como se comprueba en estos presupuestos, las
partidas disponibles para la actuación pública directa suprime las
deducciones fiscales que incentivan el alquiler y deja completamente en
manos de los bancos la respuesta a los desahucios y el alquiler
social.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya presenta esta propuesta de veto a la Sección 17 del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

ENMIENDA NÚM. 420

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

EDUCACIÓN

Aunque los Presupuestos Generales del Estado en materia de
educación para el ejercicio 2015 hayan aumentado un 4,5 % respecto al
ejercicio 2014, dista mucho de alcanzar los niveles establecidos en el
año 2011, año en el que el Partido Popular accedió al gobierno del
país.

De los recursos establecidos para el 2015 gran parte están
destinados a la implantación de la LOMCE, con lo cual podríamos decir que
ese presunto aumento es inexistente.

Uno de los motivos que infunda este veto es precisamente la
implantación de una ley que continúa teniendo el mayor rechazo político y
social que jamás se haya dado en materia de educación. Por tanto, somos
coherentes en vetar, también, los recursos destinados a su
implantación.

Los programas que sí van encaminados a garantizar la lucha
contra el abandono escolar, a garantizar la educación compensatoria, la
potenciación de la excelencia, la integración escolar, mejor formación
para

el profesorado… todo ello para alcanzar mayor equidad
en la educación pública, han visto reducidos los recursos destinados a su
desarrollo.

Otro factor imprescindible para garantizar la igualdad de
oportunidades son las becas. Para 2015 se podría afirmar que no varía el
importe destinado a becas y ayudas al estudio ya que el efímero aumento
previsto es casi inapreciable.

Las becas deben ser el elemento que equilibra la garantía
del acceso a los estudios y a su desarrollo. La situación de crisis que
atraviesan las familias españolas es suficiente causa para que el
gobierno refuerce con más recursos esas becas y ayudas para mitigar los
efectos de la precaria economía familiar y que los estudios de nuestros
jóvenes no se vean afectados.

Las becas ya no son una garantía para acceder al derecho de
la educación, es el premio de una carrera de obstáculos.

Hay tres elementos a destacar de estos presupuestos: el
recorte del 90 % en la educación compensatoria, justo la que ha de
garantizar que el nivel medio educativo del país aumente y se asemeje al
de la OCDE, la desaparición desde 2013 de la dotación económica para la
Educación Especial y la mengua desde 2011 del presupuesto para la
educación infantil, etapa fundamental en la que se establece la base para
impedir el abandono temprano de los estudios.

Otro aspecto fundamental para garantizar el éxito del
sistema educativo es lo concerniente al profesorado, a su formación
permanente y a la dotación de plantillas. Sobre las partidas destinadas a
formación del profesorado, estas vienen sufriendo un recorte acumulado
del 94 % desde 2011 y en lo referente a las plantillas, desde 2012 se han
visto disminuidas en más de 25.000 profesores.

En cuanto a educación universitaria de todos son conocidas
las dificultades económicas por las que están pasando para su normal
funcionamiento. A ello deberemos sumarle un descenso del 1,3 % para el
2015, además de la ridícula tasa de reposición del Personal docente
investigador y del Personal investigador, por no mencionar los recortes
que vienen sufriendo durante esta legislatura los Campus de
Excelencia.

Es desconcertante como por un lado se asfixia a las
universidades y por otro se les exige estar en los primeros puestos de
los ranking mundiales.

En cuanto a las partidas destinadas al presupuesto de
Deportes, no hay mucho que mencionar. Después de los recortes sufridos
año tras año, se mantiene bajo mínimo para que el Consejo Superior de
Deporte simplemente exista.

Para un gobierno que ha manifestado en reiteradas ocasiones
que su proyecto primordial es garantizar la equidad, la lucha contra el
abandono escolar temprano y la excelencia académica, a la hora de
comprometerse y elaborar la herramienta principal para perseguir esos
objetivos nos muestra exactamente todo lo contrario presentando unos
presupuestos que se alejan y mucho de alcanzar dichos objetivos.

CULTURA

Los exiguos 32 millones de euros de más que las partidas
destinadas a cultura contemplan en relación con los PGE 2014 no pueden en
absoluto compensar la frustración definitiva de cualquier expectativa de
apoyo del gobierno a la financiación de la cultura. Los 749 millones de
euros consignados en el PGE 2015 son claramente insuficientes (355
millones menos que en 2011) y muestran que el gobierno no cree en el
impulso de la cultura a través del presupuesto público. Pero al mismo
tiempo el gobierno también castiga los ingresos del sector cultural,
provenientes de la venta de entradas, manteniendo un IVA del 21 por
ciento para los espectáculos (cine, artes escénicas, música) y rebaja
drásticamente los ingresos por derechos de autor consolidando en la
reforma de la Ley de Propiedad Intelectual la desaparición del canon
digital y su sustitución por una partida arbitraria en los propios PGE
como compensación por la copia privada (de los 110 millones de euros del
canon hemos pasado a solo 5 millones de euros presupuestados) a lo que se
añaden múltiples dificultades para que las entidades de gestión colectiva
de los derechos puedan mantener su nivel de recaudación ordinario y ni
tan siquiera es capaz de presentar en el Parlamento una Ley de Mecenazgo
con auténticos incentivos fiscales que permitan atraer recursos privados
de forma sustantiva para la cultura.

Esta fuerte restricción en los recursos destinados a la
Cultura tiene a su vez un impacto especialmente negativo para Cataluña.
Los fondos que el Gobierno destina a las instituciones e infraestructuras
culturales de carácter estatal o con repercusión para toda España
ubicadas en Cataluña son claramente insuficientes e injustas con una
Comunidad Autónoma que lidera la actividad y la industria cultural
española (25 %). En particular, es muy decepcionante la desaparición por
tercer año consecutivo del convenio firmado entre el

Gobierno y el ayuntamiento de Barcelona para reconocer y
apoyar la capitalidad cultural de esa ciudad, lo que conlleva la dejadez
de responsabilidades por parte del Ministerio de Cultura en algunas
instituciones clave como museos, auditorios, teatros y festivales y
proyectos como la Biblioteca Provincial y Urbana.

Finalmente, destacamos también el bajísimo compromiso del
Ministerio de Cultura en estos presupuestos con el reconocimiento y
desarrollo de la pluralidad lingüística de España, desatendiendo los
programas en esta materia y muy significativamente su apoyo a las
Academias de la Lengua del catalán, galego o euskera, que son el símbolo
de esta realidad plurilingüe.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya presenta esta propuesta de veto a la Sección 18 del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

ENMIENDA NÚM. 421

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

Los últimos años, España viene invirtiendo en políticas de
empleo un considerable porcentaje de su PIB. Sin embargo si observamos el
esfuerzo español en políticas de empleo, estimado por el gasto en
porcentaje del PIB por punto de tasa de paro, dicha inversión se revela
notablemente insuficiente. La dotación destinada a políticas de empleo, y
especialmente la destinada a políticas activas de ocupación, es un año
más escasa.

El gobierno realiza unas predicciones optimistas al
considerar que el paro se reducirá en 2015 hasta alcanzar la tasa de 22,9
%. Pues bien, si consideramos que para las políticas de fomento de la
inserción y estabilidad laboral (241A) se presupuestaron en los PGE de
2011 más de 7300 millones de euros, siendo la tasa de desempleo en el IV
trimestre de aquel año del 22,56 %, y visto el dato de desempleo previsto
por el gobierno en 2015, siendo la dotación para la citada partida, 241A
de Fomento de la inserción y estabilidad laboral, de algo más de 4.700
millones de euros, podemos concluir que la inversión en fomento del
empleo por parte del gobierno es totalmente insuficiente.

Pero las predicciones optimistas del gobierno no sólo son
en exceso reducidas en políticas de fomento del empleo, también suponen
un recorte en la partida de PGE 2015 destinada a la prestación por
desempleo que se ha reducido prácticamente un 15 % respecto a los
presupuestos generales del pasado año. Y es que el gobierno, además de su
optimista predicción de reducción de la tasa de desempleo, también ha
previsto un trasvase de ciudadanos que pasarán de ser beneficiarios de
las distintas prestaciones por desempleo a la Renta Activa de Inserción,
partida de la que sí se ha previsto un aumento. Sin embargo parece que
este aumento se contradice con otras medidas adoptadas por el gobierno
como la reducción del Plan PREPARA que pasa de una dotación de 357
millones de euros a tan solo 285. Reducción sorprendente atendiendo a los
datos de parados de larga duración con más de dos años de búsqueda de
empleo que pasaron de 1.186.000 en el II trimestre de 2011 a casi
doblarse con 2.384.300 parados en el II trimestre de 2014. En definitiva,
las medidas de reinserción en el mercado laboral de los desempleados de
larga duración son a todas luces insuficientes sobre todo ante la
previsión de más beneficiarios de prestaciones no contributivas que de la
prestación contributiva por desempleo.

Pero aunque de manera insuficiente hay que reconocer que
las políticas de fomento del empleo han recibido un ligero aumento
presupuestario respecto a los presupuestos del pasado año de unos 673
millones de euros. El problema de nuevo es que ese aumento se dirige a
políticas equivocadas. Se centra en las bonificaciones a la contratación
o en destinar más recursos a las agencias de colocación mientras que
otras políticas como la modernización del Servicio Público de Empleo se
ven menos incrementadas. Mientras la dotación para las agencias de
colocación en 2015 será de 140 millones, la modernización del SEPE será
únicamente de 100 millones de euros, contradiciendo recomendaciones de
organismos internacionales como la OIT.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya presenta esta propuesta de veto a la Sección 19 del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

Página
84

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya presenta esta propuesta de veto a la Sección 26 del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

ENMIENDA NÚM. 425

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de
Economía y Competitividad.

Esta sección establece las prioridades del Ministerio de
Economía y Competitividad en aspectos esenciales para el comportamiento
de la economía de nuestro país, entre ellos la dirección de la política
económica en general, las necesarias reformas para la mejora del
funcionamiento de los mercados y de la competitividad de nuestras
empresas y su internacionalización, la política comercial y los programas
para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. En
este sentido, la importancia de la inversión en conocimiento como
principal inversión productiva es un hecho aceptado a nivel
internacional, hasta tal punto que los países que apuestan claramente por
la I+D+i luchan de una manera mucho más eficaz contra la crisis y sus
consecuencias. El Programa Horizonte 2020 es un claro ejemplo de la
prioridad de Europa por la innovación, la ciencia y el conocimiento como
elementos clave para el desarrollo económico y social.

El Gobierno afirma que los niveles de financiación actuales
son razonables y que la I+D+i es una de las prioridades de los
presupuestos de los últimos años. Nada más lejos de la realidad.
Nuevamente, una cosa son las intenciones y otra las políticas concretas y
las previsiones económicas que se reflejan en los Presupuestos.

En los Presupuestos para el año 2015 se consolidan los
recortes iniciados el 2012. Si en 2011 las políticas de gasto en
Investigación, Desarrollo e Innovación representaban el 2,4 % del
conjunto de los Presupuestos, en 2015 representará sólo el 1,6 %. La
reducción acumulada desde 2011 significa un 28 % de los créditos de los
Capítulos I al VII y un 22 % en el Capítulo VIII. Las partidas del Fondo
para la Investigación Científica y Técnica, es decir, donde se nutren los
recursos destinados a proyectos y personal de investigación, han sufrido
un recorte del 31 % en los años de Gobierno del Partido Popular.

En este mismo periodo los fondos destinados a la innovación
industrial y su fomento, el CDTI, se han recortado el 66 %, equivalente a
156 M¤.

El CSIC, por su parte, ha perdido el 15 % de su plantilla
desde el inicio de la presente legislatura, poniendo en grave riesgo sus
programas de investigación.

Catalunya dispone de importantes centros y fundaciones
vinculados a la I+D+i y que han alcanzado gran prestigio y reconocimiento
tanto a nivel nacional como internacional. Las aportaciones que realiza
en los mismos el Estado son totalmente insuficientes para la consecución
de sus fines y la continuidad de su prestigio.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya presenta esta propuesta de veto a la Sección 27 del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

ENMIENDA NÚM. 426

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 36. Sistemas de
financiación de entes territoriales.

La política centralista y recentralizadora del Estado se
pone nuevamente de manifiesto en esta sección. Los recortes previstos en
la financiación de las Comunidades Autónomas ponen en grave riesgo las
políticas sociales y el Estado del Bienestar, especialmente la educación,
la sanidad y los servicios

sociales, cuyas competencias pertenecen mayoritariamente a
las CCAA. Además, este año 2014 se tendría que haber pactado y puesto en
vigor el nuevo sistema de financiación autonómica, cuestión que no se ha
abordado, incumpliendo lo previsto por la Ley.

La cooperación económica local desaparece definitivamente
como máximo instrumento de cooperación local, que hasta el año 2011 dio
importantes frutos: los planes de obras y servicios y el Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), que en el ejercicio de 2011
alcanzó los 2,6 M¤.

Los planes provinciales e insulares de cooperación también
han desaparecido de las prioridades del Gobierno.

La financiación de los municipios de menos de 20.000
habitantes ya desapareció en los presupuestos de 2012, los primeros del
Gobierno del Partido Popular.

Finalmente, estos presupuestos no reconocen las deudas
pendientes con Catalunya e ignoran nuevamente, y por cuarto ejercicio
consecutivo, el contenido de la Disposición Adicional Tercera del Estatut
d’Autonomia de Catalunya, aprobado por el Parlament de Catalunya,
refrendado por la ciudadanía y finalmente aprobado por las Cortes
Generales. El Gobierno incumple, por lo tanto, un mandato legal acordado,
además, en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat.

La inversión regionalizable en Catalunya será de 1.072 M¤,
la cifra más baja desde 1999, alcanzando sólo el 9,5 % del total estatal,
cuando debería ser de 2.118 M¤, es decir, el 18,8 % del total que es la
aportación de Catalunya al conjunto del PIB español; tal como establece
la D.A. 3ª del Estatut d’Autonomia de Catalunya, que se incumple
sistemáticamente desde la entrada del Partido Popular al Gobierno en
2011.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya presenta esta propuesta de veto a la Sección 36 del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

ENMIENDA NÚM. 427

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad
Social.

Como en los presupuestos del pasado año, los Presupuestos
Generales del Estado para 2015 aplican una revalorización de las
pensiones de un exiguo 0,25 %, el mínimo exigido en la Ley General de la
Seguridad Social.

Los márgenes anunciados por el Gobierno en los presupuestos
de este año definitivamente no son para los pensionistas y así lo
muestran los propios datos del gobierno publicados por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social el pasado mes de octubre del presente año.

No basta con el insuficiente aumento del 0,25 %, es
absolutamente necesaria la recuperación de poder adquisitivo de los
pensionistas. Lo que ha hecho el gobierno es transformar el mínimo
exigido por ley en un máximo. Su voluntad política es el reducidísimo
máximo del 0,25 % y eso es la condena de los pensionistas a perder poder
adquisitivo. Es absolutamente imprescindible vincular de nuevo las
pensiones a las subidas del coste de la vida.

Si medimos los precios a través del deflactor del consumo
privado, un 0,6 %, arroja una reducción de la capacidad de compra de los
pensionistas de 3,5 décimas.Si atendemos a la pensión más frecuente en
España según el INSS, la de aquellos que cobran entre 600 y 645 ¤ al mes,
la subida del 0,25 % les supondrá en términos nominales algo más de 1,5 ¤
al mes.

En definitiva, con las medidas presupuestarias del gobierno
el efecto sobre las pensiones, que ya de por sí en nuestro país eran
bajas, será catastrófico.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya presenta esta propuesta de veto a la Sección 60 del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

Página
88

Con respecto a los ciudadanos españoles residentes en el
exterior, los presupuestos siguen siendo muy deficientes. Desde luego, no
van a paliar la falta de recursos y las dificultades debidas a los
recortes en los servicios consulares, que es una queja generalizada de
las asociaciones de españoles en el extranjero y del Consejo de Españoles
en el Exterior.

Otro tema importante es el cierre de la onda corta de Radio
Exterior de España. Aunque no corresponda al presupuesto de este
ministerio, repercute igualmente en los españoles residentes en exterior,
que serán quienes sufran el impacto de tal decisión política de este
Gobierno.

El mínimo crecimiento de la partida para el Instituto
Cervantes difícilmente hará posible acometer la apertura comprometida de
nuevos centros. No obstante, la reducción en la actividad cultural que se
arrastra de años atrás es un lastre que no salvan estos presupuestos, ni
cumple con los objetivos que debiéramos marcarnos para el fomento de la
lengua y de las relaciones culturales y científicas de nuestro país con
otros Estados.

Por último, es necesario aludir a la liquidación de la
Cooperación. Como señala la CONGDE en su informe, cabría preguntarse si
el ministerio debería continuar teniendo la «C» de Cooperación.

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española alcanzaría en
2015 los 1.797,55 millones de euros (17 millones menos que lo aprobado en
2014), el 0,17 % de la RNB, y lejos de la meta del 0,7 % comprometida
para 2015 en distintos marcos internacionales de desarrollo ratificados
por el Gobierno español a través de las Conclusiones del Consejo de la
Unión Europea del pasado 27 y 28 de junio.

La cooperación internacional no debe someterse a la
inestabilidad en función de excedentes, sino que requiere de un
compromiso público sostenido. Los continuos recortes que la AOD ha
experimentado en los últimos años está provocando el desmantelamiento de
la política de cooperación española. Estos recortes han afectado
fundamentalmente a las partidas que el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación (MAEC) aporta al conjunto de la AOD española y,
especialmente, a su Programa 143A de Cooperación para el Desarrollo. En
2015 dicho programa aumenta un 5 % su dotación con respecto a 2014, pero
esto se debe a un incremento del presupuesto de gasto de la AECID por los
fondos de Cooperación Delegada, procedentes de la Unión Europea. Desde el
inicio de la actual legislatura (2012), el programa cuenta con 162
millones de euros menos (-24 %), y con 1.455 millones menos que lo
presupuestado para el ejercicio 2011. Tomando en cuenta una u otra
referencia, las cifras muestran que el Programa de Cooperación sigue
siendo el más recortado del MAEC.

Asimismo, la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) es una de las principales perjudicadas y
acumula una caída de más de 618 millones en ese mismo período, lo que
significa un 71 % menos de presupuesto con respecto a lo programado para
el 2011. Ello cuestiona la capacidad de desarrollar las orientaciones
estratégicas del Plan Director en los 23 países priorizados, por lo que
se hace necesario un aumento en la dotación presupuestaria de dicho
Programa, que beneficie a las partidas gestionadas por la AECID.

Por otra parte, solo el 46 % de la AOD estará gestionada
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Casi el 54 % de la
AOD será aportada por otros ministerios distintos al que es responsable
de la dirección de la política de cooperación según lo establecido en la
Ley 23/1998, y el único que cuenta con una Agencia especializada en la
materia. En 2011, la proporción era inversa (56 % MAEC, 44 % otros
ministerios), lo que supone el cuarto año consecutivo que arrastra este
desequilibrio.