MOTIVACIÓN

La reforma del tributo suprime el límite temporal de 18
años para la compensación de bases imponibles negativas, permitiendo la
aplicabilidad de dichas bases en el futuro sin límite temporal, e
introduce una limitación cuantitativa del 60% de la base imponible previa
a su compensación.

La supresión del límite temporal para deducir las bases
imponibles negativas solo puede beneficiar a las grandes empresas, las
únicas capaces de sobrevivir a tales pérdidas durante tanto tiempo.

Se propone establecer un límite temporal de 10 años para la
compensación, en coherencia con el derecho de la Administración para
comprobar o investigar las bases imponibles negativas pendientes de
compensación que prescribe a los 10 años según el proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 2

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 26. 5.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el segundo párrafo del apartado 5 del artículo
26.

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior al establecerse un
límite temporal de 10 años para la compensación de bases imponibles
negativas.

ENMIENDA NÚM. 3

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 29.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 29 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 29. El tipo de gravamen.

1. El tipo general de gravamen para los sujetos pasivos de
este impuesto será el 30 por ciento. No obstante, el tipo general de
gravamen será el 35 por ciento para bases imponibles a partir del millón
de euros.

2. Tributarán al tipo del 25 por ciento:

a) Las mutuas de seguros generales, las mutualidades de
previsión social y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social que cumplan los requisitos
establecidos por su normativa reguladora.

b) Las sociedades de garantía recíproca y las sociedades de
reafianzamiento reguladas en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el
régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca, inscritas en el
registro especial del Banco de España.

c) Las sociedades cooperativas de crédito y cajas rurales,
excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que
tributarán al tipo general.

d) Los colegios profesionales, las asociaciones
empresariales, las cámaras oficiales y los sindicatos de
trabajadores.

e) Las entidades sin fines lucrativos a las que no sea de
aplicación el régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo.

f) Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo
del artículo 22 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y
reindustrialización.

g) Las uniones, federaciones y confederaciones de
cooperativas.

h) La Entidad de Derecho público Puertos del Estado y las
Autoridades Portuarias.

3. Tributarán al 20 por ciento las sociedades cooperativas
fiscalmente protegidas, excepto por lo que se refiere a los resultados
extracooperativos, que tributarán al tipo general.

4. Tributarán al 10 por ciento las entidades a las que sea
de aplicación el régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo.

5. Tributarán al tipo del 15 por ciento:

a) Las sociedades de inversión de capital variable
reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva, siempre que el número de accionistas requerido sea,
como mínimo, el previsto en su artículo 9.4 y cumplan con la limitación a
la participación en el capital social.

b) Los fondos de inversión de carácter financiero previstos
en la citada Ley, siempre que el número de partícipes requerido sea, como
mínimo, el previsto en su artículo 5.4.

c) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de
inversión inmobiliaria regulados en la citada Ley, distintos de los
previstos en la letra d) siguiente, siempre que el número de accionistas
o partícipes requerido sea, como mínimo, el previsto en los artículos 5.4
y 9.4 de dicha Ley y que, con el carácter de instituciones de inversión
colectiva no financieras, tengan por objeto exclusivo la inversión en
cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su
arrendamiento.

La aplicación de los tipos de gravamen previstos en este
apartado requerirá que los bienes inmuebles que integren el activo de las
Instituciones de Inversión Colectiva a que se refiere el párrafo anterior
no se enajenen hasta que no hayan transcurrido al menos tres años desde
su adquisición, salvo que, con carácter excepcional, medie la
autorización expresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del
período mínimo a que se refiere esta letra c) determinará que la renta
derivada de dicha transmisión tributará al tipo general de gravamen del
impuesto. Además, la entidad estará obligada a ingresar, junto con la
cuota del período impositivo correspondiente al período en el que se
transmitió el bien, los importes resultantes de aplicar a las rentas
correspondientes al inmueble en cada uno de los períodos impositivos
anteriores en los que hubiera resultado de aplicación el régimen previsto
en esta letra c), la diferencia entre el tipo general de gravamen vigente
en cada período y el tipo del 1 por ciento, sin perjuicio de los
intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten
procedentes.

Lo establecido en esta letra c) está condicionado a que los
estatutos de la entidad prevean la no distribución de dividendos.

d) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de
inversión inmobiliaria regulados en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre,
que, además de reunir los requisitos previstos en la letra c),
desarrollen la actividad de promoción exclusivamente de viviendas para
destinarlas a su arrendamiento y cumplan las siguientes condiciones:

1.ª Las inversiones en bienes inmuebles afectas a la
actividad de promoción inmobiliaria no podrán superar el 20 por ciento
del total del activo de la sociedad o fondo de inversión
inmobiliaria.

2.ª La actividad de promoción inmobiliaria y la de
arrendamiento deberán ser objeto de contabilización separada para cada
inmueble adquirido o promovido, con el desglose que resulte necesario
para

conocer la renta correspondiente a cada vivienda, local o
finca registral independiente en que éstos se dividan, sin perjuicio del
cómputo de las inversiones en el total del activo a efectos del
porcentaje previsto en la letra c).

3.ª Los inmuebles derivados de la actividad de promoción
deberán permanecer arrendados u ofrecidos en arrendamiento por la
sociedad o fondo de inversión inmobiliaria durante un período mínimo de
siete años. Este plazo se computará desde la fecha de terminación de la
construcción. A estos efectos, la terminación de la construcción del
inmueble se acreditará mediante el certificado final de obra a que se
refiere el artículo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación
de la Edificación.

La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del
período mínimo a que se refiere esta letra d) o la letra c) anterior,
según proceda, determinará que la renta derivada de dicha transmisión
tributará al tipo general de gravamen del impuesto. Además, la entidad
estará obligada a ingresar, junto con la cuota del período impositivo
correspondiente al período en el que se transmitió el bien, los importes
resultantes de aplicar a las rentas correspondientes al inmueble en cada
uno de los períodos impositivos anteriores en los que hubiera resultado
de aplicación el régimen previsto en esta letra d) la diferencia entre el
tipo general de gravamen vigente en cada período y el tipo del uno por
ciento, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones
que, en su caso, resulten procedentes.

Las sociedades de inversión inmobiliaria o los fondos de
inversión inmobiliaria que desarrollen la actividad de promoción de
viviendas para su arrendamiento estarán obligadas a comunicar dicha
circunstancia a la Administración tributaria en el período impositivo en
que se inicie la citada actividad.

e) El fondo de regulación del mercado hipotecario,
establecido en el artículo 25 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
regulación del mercado hipotecario.

6. Tributarán al tipo del cero por ciento los fondos de
pensiones regulados en el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2002, de 29 de noviembre.

7. Tributarán al tipo del 40 por ciento las entidades que
se dediquen a la exploración, investigación y explotación de yacimientos
y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos en los términos
establecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos.

Las actividades relativas al refino y cualesquiera otras
distintas de las de exploración, investigación, explotación, transporte,
almacenamiento, depuración y venta de hidrocarburos extraídos, o de la
actividad de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos propiedad de
terceros, quedarán sometidas al tipo general de gravamen.

A las entidades que desarrollen exclusivamente la actividad
de almacenamiento de hidrocarburos propiedad de terceros no les resultará
aplicable el régimen especial establecido en el capítulo X del título VII
de esta ley y tributarán al tipo general de gravamen.

8. Tributarán al tipo de gravamen especial que resulte de
lo establecido en el artículo 43 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, las entidades de
la Zona Especial Canaria, por la parte de base imponible correspondiente
a las operaciones realizadas efectiva y materialmente en el ámbito
geográfico de la Zona Especial Canaria.»

MOTIVACIÓN

Con la reforma del Gobierno en el Impuesto sobre Sociedades
se reduce 10 puntos el tipo de gravamen (del 40 al 30%) a las entidades
que se dedican a la exploración, investigación y explotación de
hidrocarburos. También se rebaja 5 puntos el tipo nominal general (del 30
al 25%) para todas las compañías igualando al tipo de gravamen del 25% de
las empresas de reducida dimensión, salvo para las entidades de crédito,
que seguirán sometidas al mismo tipo vigente del 30%.

El Gobierno justifica esta rebaja por la necesidad de
aproximar el tipo de gravamen nominal y el efectivo, y para incrementar
la competitividad de nuestra economía.

Sin embargo, la aproximación entre tipos nominales y
efectivos parece más razonable que se realice aumentado el tipo efectivo
y no reduciendo el nominal. Entre otras cosas porque la reducción de
tipos nominales beneficia a los grandes grupos empresariales. Y desde
luego, no parece existir evidencia alguna que relacione tipos impositivos
bajos y competitividad. España ya se situaba en un nivel sustancialmente
inferior de tributación en relación con países de nuestro entorno.

La rebaja de 5 puntos en el tipo nominal no va a mejorar la
tributación efectiva y las grandes corporaciones continuarán tributando
realmente a tipos muy reducidos. Además, y contrariamente a lo que pueda
parecer, se produce un nuevo apoyo a la banca al mantener el tipo del 30%
porque le evita un deterioro de activos (créditos fiscales) de 6.400
millones de euros. Someterlas al 25% exigiría recalcular los créditos
fiscales que ascendían a 38.377 millones de euros en 2011.

Se propone revertir la rebaja de tipos nominales, gravar al
15% a las sociedades de inversión (entre las que se encuentran las SICAV)
y establecer un tipo del 35% para las bases imponibles que superen el
millón de euros, ya que las empresas de cierta dimensión que obtienen
beneficios por encima de esa cantidad pueden realizar un esfuerzo
suplementario para financiar el gasto público.

ENMIENDA NÚM. 4

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 38.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo artículo con la siguiente redacción:

«Artículo 38 bis (nuevo). Deducción por inversiones
medioambientales.

Las inversiones realizadas en bienes del activo material
destinadas a la protección del medio ambiente consistentes en
instalaciones que eviten la contaminación atmosférica o acústica
procedente de instalaciones industriales, o contra la contaminación de
aguas superficiales, subterráneas y marinas, o para la reducción,
recuperación o tratamiento de residuos industriales propios, siempre que
se esté cumpliendo la normativa vigente en dichos ámbitos de actuación
pero se realicen para mejorar las exigencias establecidas en dicha
normativa, darán derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra
del 8 por ciento de las inversiones que estén incluidas en programas,
convenios o acuerdos con la Administración competente en materia
medioambiental, quien deberá expedir la certificación de la convalidación
de la inversión.»

MOTIVACIÓN

Las deducciones por inversiones medioambientales
contempladas en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, quedan
suprimidas en el presente Proyecto de Ley. A pesar de que la regulación
de la deducción actual es claramente perfectible, su efecto ha sido
positivo en el medio ambiente y en la sociedad en general, ya que es una
herramienta útil para incentivar que las empresas realicen inversiones
ambientales más allá de lo que les exige la normativa. Se propone por
tanto el mantenimiento de estas deducciones en el nuevo texto. El
redactado propuesto es idéntico a la regulación presente.

ENMIENDA NÚM. 5

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 38.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo artículo con la siguiente redacción:

«Artículo 38 ter (nuevo). Deducción por gastos relacionados
con la movilidad sostenible al trabajo.

1. La realización de gastos corrientes relacionados con la
movilidad sostenible al trabajo dará derecho a practicar una deducción de
la cuota íntegra del 50 por ciento de los gastos efectuados en el período
impositivo, minorados en el 65 por ciento del importe de las subvenciones
recibidas para la realización de dichos gastos e imputables como ingreso
en el período impositivo.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior se
considerarán gastos relacionados con la movilidad sostenible al trabajo
por parte de una empresa, los siguientes:

— Los servicios de autobús de empresa.

— La adquisición de bicicletas para los
empleados.

— Las compensaciones a los trabajadores por uso de
coche compartido o de bicicleta.

— La adquisición de abonos de transporte público para
los trabajadores para acceder al puesto de trabajo.»

MOTIVACIÓN

Favorecer la movilidad sostenible.

ENMIENDA NÚM. 6

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Título VII. Capítulo XIII.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprimen los artículos 107 y 108.

MOTIVACIÓN

En estos artículos se establece el régimen especial de las
entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE).

Esta figura jurídica permite a empresas no residentes en
nuestro país no tributar por los dividendos o participaciones en
beneficios generados por empresas filiales. Este mecanismo permite que
empresas extranjeras puedan establecer sociedades pantalla en nuestro
país —con apenas una mínima inversión en concepto de recursos
materiales y humanos— con las que mover grandes sumas de dinero y
con objeto de eludir los impuestos que de otra forma irían asociados. Esa
situación implica automáticamente aceptar que nuestro país está
colaborando activamente en crear agujeros fiscales en las economías de
otros países.

Pero además, y según señalan los técnicos de Hacienda, las
ETVE son un foco de fraude de gran importancia. La utilización de estas
entidades puede servir para acceder a deducciones fiscales y también para
compensar las ganancias económicas de otras empresas del grupo. El
resultado final siempre es el mismo: la reducción de la cantidad de
impuestos a pagar por las grandes empresas que utilizan estos
mecanismos.

Por todo ello se propone eliminar esta figura jurídica.

Página
318

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición final séptima bis con la
siguiente redacción:

«Disposición final séptima bis (nueva). Modificación en la
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión
Colectiva.

La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva queda modificada en los siguientes términos:

Uno. Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 9 que
queda redactado como sigue:

«Artículo 9. Concepto y número de accionistas.

(…)

4. El número de accionistas de las sociedades de inversión
no podrá ser inferior a 100. Reglamentariamente podrá disponerse un
umbral distinto, atendiendo a los distintos tipos de activos en que la
sociedad materialice sus inversiones, a la naturaleza de los accionistas
o a la liquidez de la sociedad.

Los accionistas podrán adquirir hasta un 5 por ciento como
máximo del capital de una sociedad de inversión. Asimismo,
reglamentariamente podrán establecerse requisitos adicionales de
distribución del capital social entre los accionistas.

Las sociedades no constituidas por los procedimientos de
fundación sucesiva y de suscripción pública de participaciones dispondrán
de un plazo de un año, contado a partir de su inscripción en el
correspondiente registro administrativo, para alcanzar la cifra mínima
prevista en el párrafo anterior.»

Dos. La letra d) del apartado 1 del artículo 11 queda
redactada en los siguientes términos:

«Artículo 11. Requisitos de acceso y ejercicio de la
actividad.

1.

(…)

d) Contar con los accionistas o partícipes en el plazo y
número legalmente exigible, y cumplir con la limitación a la
participación en el capital social.»

MOTIVACIÓN

Se propone esta modificación para evitar los notorios
abusos de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), de
patrimonios familiares, que cumpliendo los actuales requisitos crean una
institución de inversión colectiva cuando en realidad son auténticas
instituciones de inversión «privadas».

El fin principal de estos abusos es eludir la tributación
de las millonarias plusvalías y dividendos obtenidos, de forma que sus
partícipes no tienen necesidad de reintegrar su participación porque
controlan íntegramente el destino de las inversiones de la SICAV
familiar, y jamás tributarán en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas por la renta del ahorro diferida.

Se modifica el artículo 9 extendiendo el límite máximo de
participación (5% del capital) a todas las modalidades de sociedades de
inversión, financieras o no, y no sólo a las SICAV. Así se evita el
control de la sociedad y el partícipe que quiera invertir o adquirir
algún bien reembolsará su participación y tributará por la renta del
ahorro diferida, según la diferencia entre el valor liquidativo y el
valor de adquisición.

Con esta modificación la CNMV podrá revocar la
calificación, en particular, de una SICAV que no sea una institución de
inversión colectiva, sino una de inversión privada, informando a la AEAT
para que le liquide el Impuesto sobre Sociedades por la diferencia de
tipos impositivos. Así, podría agotarse una vía de elusión
tradicionalmente utilizada por las grandes fortunas.

En coherencia con todo ello, será requisito necesario para
obtener y conservar la autorización que los accionistas no puedan
adquirir más de un 5% del capital de una sociedad de inversión.

Página
320

ENMIENDA

De adición.

«…ser superior a 3 millones de euros. Para la
Comunidad Autónoma de Canarias dicho límite se establece en 5,4 millones
de euros…»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 13

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 36. 2. 2.º

ENMIENDA

De modificación.

«2.º Los gastos de desplazamiento, manutención y
estancia.»

JUSTIFICACIÓN

Mayor claridad.

ENMIENDA NÚM. 14

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 36. 2. 2.º

ENMIENDA

De supresión.

«El importe de esta deducción no podrá ser superior a 2,5
millones de euros, por cada producción realizada.»

JUSTIFICACIÓN

Por no considerarlo necesario.

ENMIENDA NÚM. 15

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 36. 2. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un punto nuevo en relación a los gastos realizados
en territorio español directamente relacionados con la producción como
base de la deducción del 15% a que se refiere este contenido. En
concreto:

«3.º Los gastos de desplazamiento, manutención y estancia,
en el caso de la producciones realizadas en las Islas Canarias.»

JUSTIFICACIÓN

Hemos de reiterar la ubicación geográfica lejana y la
condición insular de Canarias para justificar contundentemente que de no
incluirse los mencionados gastos, se convertirían en auténticas cargas
como gastos inasumibles para la inversión.

ENMIENDA NÚM. 16

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 36. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo número 4, final, al
contenido del mencionado artículo con la siguiente redacción:

«4. En la Comunidad Autónoma de Canarias, las limitaciones
a la deducción referidas en los anteriores números, se observarán de
acuerdo con los contenido a propósito de su Régimen Económico y Fiscal; y
en particular a la específica deducción por inversiones en su
territorio.»

JUSTIFICACIÓN

Las islas Canarias soportan unos sobrecostes permanentes
que se intentan compensar mediante una presión fiscal inferior, que
permita ofrecer niveles de competitividad respecto a otros mercados.

Una de las ventajas fiscales a reseñar es la deducción por
inversiones en el artículo 94 de la Ley 20/1991 de 7 de junio, y un
sector como la industria audiovisual puede ser un sector muy
diversificador e internacionalizador de la economía de Canarias.

Al contrario, sin embargo, el Proyecto de Ley contiene
limitaciones contrarias a la legislación citada ignorando que en aquella,
el importe de la deducción se incrementa en un 80 por ciento y con un
diferencial mínimo de 35 puntos porcentuales respecto el régimen general
del impuesto de sociedades.

En el caso, por ejemplo, que nos ocupa respecto a los
3.000.000 de euros contemplados como límite en el proyecto, el importe de
la deducción sería de 5.400.000 euros, de aplicarse el contenido de la
específica deducción para inversiones en Canarias.

De otra parte Canarias ha experimentado un importante y
espectacular resultado en este sector con un crecimiento del 33,6% de
empresas inscritas entre el año 2009 hasta principios del 2014. En
concreto, paso de 113 empresas a las 151 hoy registradas y siendo el
79,5% de las mismas relativas a la producción audiovisual.

A todo ello, no ha sido ajena la normativa que creo el
Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias, Decreto 18/2009
de 10 de febrero por el que las sociedades pueden deducirse el 38% del
coste total de la película sin límites a la deducción.

Las limitaciones no van a suponer incentivación alguna
haciéndonos perder competitividad en la inversión internacional
audiovisual: Los porcentajes en Francia van del 20 al 40%, Reino Unido
del 20 al 25%, etc.

ENMIENDA NÚM. 17

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Título VII. Capítulo IX.

ENMIENDA

De supresión.

Los artículos 96 a 99.

JUSTIFICACIÓN

El gravamen para las actividades de exploración,
investigación y explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos
de hidrocarburos ha de continuar como se encuentra en la actualidad: al
35%, ya que es una actividad altamente contaminante que pone en riesgo el
medio ambiente y determinadas actividades económicas vinculadas al mismo
como el turismo.

Obviamente se trata de una imposición que grava actividades
con clara repercusión social y mucho más allá de la recaudación
fiscal.

Es inadmisible que el Gobierno central pretenda reducir en
5 puntos el Impuesto de Sociedades para las empresas que explotan
hidrocarburos, lo que incluye a Repsol.

Esta nueva ventaja fiscal se une a la reducción del 50 por
ciento de la base imponible con la que ya cuentan las petroleras.

ENMIENDA NÚM. 18

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición Adicional Nueva. Régimen general de deducción
por inversiones en la Comunidad Autónoma de Canarias.

«El Régimen General de Deducción por Inversiones regulado
en la presente Ley, en su aplicación en la Comunidad Autónoma de
Canarias, se realizara conforme a lo dispuesto en el art. 94 de la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del
Régimen Económico Fiscal de Canarias a cuyo efecto las reglas de
deducción mantendrán las proporcionalidades previstas en la normativa
vigente a la entrada en vigor de la presente Ley.

A dicho efecto los porcentajes de deducción, los importes
máximos y los diferentes límites establecidos en las diferentes
modalidades de deducción serán aplicables en la Deducción por Inversiones
en Canarias con un 80% de incremento con respecto de los porcentajes,
importes máximos y límites del régimen general.»

JUSTIFICACIÓN

El descreste nacional de todas las modalidades de la
D.I.C., la introducción de topes muy restrictivos, en paralelo a la
bajada de los tipos del Impuesto sobre Sociedades, ha motivado una bajada
importante de su potencial para los proyectos a desarrollar en Canarias,
y ello supone una ruptura con el diseño de REF de canarias que otorga una
menor presión fiscal en el territorio.

Las islas Canarias soportan unos sobrecostes permanentes
que se intentan compensar mediante una presión fiscal inferior, que
permita ofrecer niveles de competitividad respecto a otros mercados.

Una de las ventajas fiscales a reseñar es la deducción por
inversiones en el artículo 94 de la Ley 20/1991 de 7 de junio, y un
sector como la industria audiovisual puede ser un sector muy
diversificador e internacionalizador de la economía de Canarias.

Al contrario, sin embargo, el Proyecto de Ley contiene
limitaciones contrarias a la legislación citada ignorando que en aquella,
el importe de la deducción se incrementa en un 80 por ciento y con un
diferencial mínimo de 35 puntos porcentuales respecto el régimen general
del impuesto de sociedades.

En el caso, por ejemplo, que nos ocupa respecto a los
3.000.000 de euros contemplados como límite en el proyecto, el importe de
la deducción sería de 5.400.000 euros, de aplicarse el contenido de la
específica deducción para inversiones en Canarias.

De otra parte Canarias ha experimentado un importante y
espectacular resultado en este sector con un crecimiento del 33,6% de
empresas inscritas entre el año 2009 hasta principios del 2014. En
concreto, paso de 113 empresas a las 151 hoy registradas y siendo el
79,5% de las mismas relativas a la producción audiovisual.

A todo ello, no ha sido ajena la normativa que creo el
Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias, Decreto 18/2009
de 10 de febrero por el que las sociedades pueden deducirse el 38% del
coste total de la película sin límites a la deducción.

Las limitaciones no van a suponer incentivación alguna
haciéndonos perder competitividad en la inversión internacional
audiovisual: Los porcentajes en Francia van del 20 al 40%, Reino Unido
del 20 al 25%, etc.

La Senadora Sandra Domínguez Hormiga, AMF (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 5
enmiendas al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Palacio del Senado, 29 de octubre de 2014.—Sandra
Domínguez Hormiga.

ENMIENDA NÚM. 19

De doña Sandra Domínguez Hormiga (GPMX)

La Senadora Sandra Domínguez Hormiga, AMF (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 36. 1.

ENMIENDA

De modificación.

«Las inversiones en producciones españolas de largometrajes
cinematográficos y las series audiovisuales de ficción, animación o
documental, que permitan la confección de un soporte físico previo a su
producción industrial seriada dará derecho al productor a una deducción.
Así mismo darán derecho a deducción las obras audiovisuales
unitarias.»

JUSTIFICACIÓN

La necesidad de que el texto legislativo se adapte a la
realidad vigente por lo que se ha de incluir de forma clara y contundente
dentro del ámbito de la deducción una serie de producciones, actualmente
relevantes en el ámbito televisivo, El Proyecto de Ley excluye un sector
de producción, de crecimiento exponencial, por el hecho de que sus obras
no están destinadas a la explotación en salas cinematográficas si bien
son obras audiovisuales.

Página
325

ENMIENDA

De modificación.

«El importe de esta deducción, conjuntamente con el resto
de ayudas públicas percibidas por el contribuyente, no podrá superar el
50% del coste de producción. Excepto para las producciones
cinematográficas previstas en el registro de Empresas y Obras
Audiovisuales de Canarias apara las que no se aplicará límite máximo
deducible.»

JUSTIFICACIÓN

Las modificaciones previstas en el artículo 36 del Proyecto
introducen un doble límite al máximo deducible lo cual produciría un
efecto negativo en Canarias, dado que a las grandes empresas
cinematográficas de producción extranjera que han invertido en Canarias
por sus beneficios fiscales, no verían rentables realizar las
producciones en las islas y en tales circunstancias será difícil
convencer a ningún inversor a producir en Canarias. Así mismo el Proyecto
no respeta el contenido de la Ley 20/1991 de 7 de junio de modificación
de los aspectos fiscales del Régimen Económico de Canarias, artículo
94.

ENMIENDA NÚM. 23

De doña Sandra Domínguez Hormiga (GPMX)

La Senadora Sandra Domínguez Hormiga, AMF (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 36. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

«En la Comunidad Autónoma de Canarias será de aplicación
las deducciones previstas en el marco normativo del Régimen Económico
Fiscal de Canarias.»

JUSTIFICACIÓN

La singularidad geográfica ha hecho que Canarias tenga unas
condiciones fiscales diferenciadoras respetadas hasta la fecha, y
previstas en el REF de 1994 a fin de compensar la insularidad y lejanía
del archipiélago, por lo que la enmienda viene a refrendar la continuidad
de tal régimen fiscal.

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan 2 enmiendas al Proyecto de Ley
del Impuesto sobre Sociedades.

Palacio del Senado, 29 de octubre de 2014.—Pedro Eza
Goyeneche, Amelia Salanueva Murguialday y Francisco Javier Yanguas
Fernández.

ENMIENDA NÚM. 24

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo
58. 1.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir lo tachado en el artículo 58. 1 tercer
párrafo.

Artículo 58. Definición del grupo fiscal.
Entidad dominante. Entidades dependientes.

1. Se entenderá por grupo fiscal el conjunto de
entidades residentes en territorio español que cumplan los
requisitos establecidos en este artículo y tengan la forma de
sociedad anónima, de responsabilidad limitada y comanditaria por
acciones, así como las fundaciones bancarias a que se refiere el
apartado 3 de este artículo.

Cuando una entidad no residente en territorio español ni
residente en un país o territorio calificado como paraíso
fiscal, con personalidad jurídica y sujeta y no exenta a un
Impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre Sociedades
español tenga la consideración de entidad dominante respecto
de dos o más entidades dependientes, el grupo fiscal estará
constituido por todas las entidades dependientes que cumplan los
requisitos señalados en el apartado 3 de este artículo.

Cuando una entidad residente en territorio español y
sometida a normativa foral en el Impuesto sobre Sociedades de conformidad
con el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco o con el Convenio Económico con la Comunidad Foral
de Navarra tenga la consideración de entidad dominante respecto de
dos o más entidades dependientes, el grupo fiscal estará
constituido por dichas entidades dependientes que cumplan los requisitos
señalados en el apartado 3 de este artículo.

A los solos efectos de aplicar el régimen de
consolidación fiscal, los establecimientos permanentes de entidades
no residentes se considerarán entidades residentes participadas al
100% del capital y derechos de voto por aquellas entidades no
residentes.

JUSTIFICACIÓN

Para que el texto no contradiga lo dispuesto en el Artículo
27 del Convenio Económico de la Comunidad Foral de Navarra para los
grupos fiscales.

ENMIENDA NÚM. 25

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la
Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir una Disposición Adicional nueva con el
siguiente tenor literal:

En la composición del grupo fiscal, cuando afecte a
entidades con domicilio fiscal en la Comunidad Foral de Navarra o a
entidades sometidas a la normativa foral en materia de Impuesto de
Sociedades, se aplicara lo establecido en Convenio Económico.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

Página
328

«m) La cantidad a ingresar correspondiente a los pagos
fraccionados establecidos en el apartado 3 del artículo 40 de esta Ley,
para aquellos contribuyentes que estén obligados a aplicar esta modalidad
y cuyo importe neto de la cifra de negocios en los 12 meses anteriores a
la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2015
sea al menos 20 millones de euros, no podrá ser inferior, en ningún caso,
al 12 por ciento del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año
natural o, para contribuyentes cuyo período impositivo no coincida con el
año natural, del ejercicio transcurrido desde el inicio del período
impositivo hasta el día anterior al inicio de cada período de ingreso del
pago fraccionado, determinado de acuerdo con el Código de Comercio y
demás normativa contable de desarrollo, minorado exclusivamente en los
pagos fraccionados realizados con anterioridad, correspondientes al mismo
período impositivo, sin incluir en dicho resultado positivo el derivado
de quitas y esperas consecuencia de una acuerdo con los acreedores no
vinculados con el contribuyente.

No obstante, el porcentaje establecido en el párrafo
anterior será del 6 por ciento para aquellas entidades allí referidas, en
las que al menos el 85 por ciento de los ingresos de los 3, 9 u 11
primeros meses de cada año natural o, para contribuyentes cuyo período
impositivo no coincida con el año natural, del ejercicio transcurrido
desde el inicio del período impositivo hasta el día anterior al inicio de
cada período de ingreso del pago fraccionado, correspondan a rentas a las
que resulte de aplicación las exenciones previstas en los artículos 21 o
22 de esta Ley.

En el caso de entidades parcialmente exentas a las que
resulte de aplicación el régimen fiscal especial establecido en el
Capítulo XIV del Título VII de esta Ley, se tomará como resultado
positivo el correspondiente exclusivamente a rentas no exentas. En el
caso de entidades a las que resulte de aplicación la bonificación
establecida en el artículo 34 de esta Ley, se tomará como resultado
positivo el correspondiente exclusivamente a rentas no bonificadas.

Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación a
las entidades a las que se refieren los apartados 3, 4 y 5 del artículo
29 de esta Ley ni a las referidas en la Ley 11/2009, de 26 de octubre,
por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en
el Mercado Inmobiliario.»

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que el resultado contable positivo que sirve de
base para el pago fraccionado mínimo debería excluir expresamente el
ingreso contable derivado de quitas y esperas consecuencia de acuerdos
con los acreedores no vinculados con el contribuyente, de manera
coherente con la exclusión de dicha renta de la limitación a la
compensación de bases imponibles negativas y conforme a la finalidad de
la Ley 17/2014 de que la fiscalidad no suponga un obstáculo a las
operaciones de refinanciación.

ENMIENDA NÚM. 28

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición transitoria
al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades con la siguiente
redacción:

«Disposición transitoria (nueva). Detracción de la cuota
líquida por amortización del incremento de valor correspondiente a
elementos revalorizados al amparo de la Actualización de balances
regulada en el artículo 9 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Los contribuyentes que se acogieron a la actualización de
balances regulada por el artículo 9 de la Ley 16/2012, de 27 de
diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a
la

consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la
actividad económica, detraerán de la cuota líquida a pagar por el
Impuesto de cada ejercicio impositivo un importe equivalente al dos por
ciento en 2015 y al cinco por ciento en 2016 y periodos impositivos
siguientes de la dotación por amortización a efectos fiscales del
incremento neto de valor resultante de dicha actualización de balances y
correspondiente a los elementos patrimoniales acogidos a la misma que
permanezcan en el patrimonio del contribuyente en la fecha de devengo del
Impuesto. De la aplicación de lo dispuesto en el presente precepto no
podrá resultar una cuota a pagar negativa, y los importes no aprovechados
en un período impositivo podrán ser detraídos de la cuota líquida a pagar
de los ejercicios subsiguientes.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 9 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la
que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación
de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, reguló
una actualización de balances a la que los contribuyentes del Impuesto
pudieron acogerse con carácter voluntario.

Habiendo transcurrido apenas un año desde la finalización
del plazo para la realización de las operaciones de actualización, se ha
aprobado por el Consejo de Ministros un Proyecto de Ley que no recoge
ninguna medida que permita el mantenimiento de las condiciones futuras en
las que desplegará sus efectos la actualización de balances para aquellos
contribuyentes que decidieron acogerse a ella.

En el caso de que la configuración del Impuesto sobre
Sociedades contemplada en el Proyecto de Ley fuese de aplicación
finalmente en su redacción actual, la misma supondría una reducción
efectiva del aprovechamiento fiscal de las dotaciones contables a la
amortización de los elementos patrimoniales revalorizados por la parte
correspondiente al incremento de valor resultante de las operaciones de
actualización de balances. Esta reducción consistiría, en condiciones
normales, en el 5 por ciento de la cuantía de dichas dotaciones contables
(por el descenso del tipo de gravamen general del 30% al 25%).

Con ello, en términos nominales, prácticamente se
duplicaría el coste fiscal para el contribuyente de la actualización de
balances (al 5 por ciento de gravamen especial único por la actualización
de balances se sumaría ahora la reducción efectiva del aprovechamiento en
el Impuesto sobre Sociedades de las dotaciones contables a la
amortización por otro 5 por ciento).

Adicionalmente, para aquellos grupos de sociedades que
presentan información financiera consolidada de acuerdo con Normas
Internacionales de Contabilidad se generaría un perjuicio específico
adicional, puesto que bajo dichas Normas no pudieron reconocer la
revalorización voluntaria de los activos en sus Cuentas Consolidadas y
debieron registrar en Resultados (con creación de un activo por impuesto
diferido) el efecto de la actualización, por lo que ahora el activo por
impuesto diferido asociado debería corregirse, también con contrapartida
en Resultados, por el importe correspondiente a la reducción de tipo
impositivo.

Para evitar dichos efectos perjudiciales no deseables y
contrarios a la confianza legítima del contribuyente generada cuando el
mismo optó por acogerse a la actualización de balances, se propone la
presente enmienda.

ENMIENDA NÚM. 29

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición transitoria
al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades, con la siguiente
redacción:

«Disposición transitoria (nueva). Detracción de la cuota
líquida por amortizaciones no deducibles en 2013 y 2014 en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Los contribuyentes que se hayan visto afectados
efectivamente por la limitación a las amortizaciones fiscalmente
deducibles en el Impuesto sobre Sociedades, regulada en el artículo 7 de
la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica, detraerán de la cuota líquida a
pagar por el Impuesto de cada ejercicio impositivo un importe equivalente
al dos por ciento en 2015 y al cinco por ciento en 2016 y periodos
impositivos siguientes del importe de la amortización a efectos fiscales
que no hubiera sido deducida de la base imponible en los ejercicios 2013
y 2014 como consecuencia de la citada limitación y que corresponda
deducir fiscalmente en cada periodo impositivo de acuerdo con lo previsto
en el citado artículo 7 de la Ley 16/2012. De la aplicación de lo
dispuesto en esta Disposición Transitoria no podrá resultar una cuota a
devolver, y los importes no aprovechados en un período impositivo podrán
ser detraídos de la cuota líquida a pagar de los siguientes ejercicios,
sin limitación temporal.

Esta Disposición Transitoria no será de aplicación a las
entidades previstas en el apartado 6 del artículo 29 de esta Ley que
tengan la calificación de entidades de crédito.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 7 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la
que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación
de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica,
estableció una limitación temporal en los periodos impositivos que se
iniciaran dentro de los años 2013 y 2014, a las amortizaciones
fiscalmente deducibles en el Impuesto sobre Sociedades.

La limitación consistía según lo previsto en el artículo 7
de la Ley 16/2012, en que la amortización contable se deducirá, en los
periodos impositivos 2013 y 2014, en la base imponible con el límite del
70 por ciento de aquella que hubiera resultado fiscalmente deducible de
no aplicarse el referido porcentaje.

La amortización contable que no resultara fiscalmente
deducible en virtud de lo dispuesto en este artículo, se podrá deducir de
forma lineal durante un plazo de 10 años u opcionalmente durante la vida
útil del elemento patrimonial, a partir del primer período impositivo que
se inicie dentro del año 2015.

En el supuesto de que el Proyecto de Ley se apruebe en su
redacción actual, se produciría una reducción efectiva del
aprovechamiento fiscal de las dotaciones contables a la amortización de
los elementos patrimoniales que no pudieron ser deducidas fiscalmente
durante los ejercicios 2013 y 2014, pasando a ser deducidas al tipo del
28% en 2015 y al tipo del 25% en 2016 y siguientes periodos
impositivos.

Lo que implicaría que el diferimiento en la aplicación de
la deducción fiscal por las amortizaciones no deducidas se convertiría en
una no deducibilidad plena, por la parte de la minoración del tipo
impositivo, consecuencia que entendemos no es la deseada por el
legislador.

En este sentido, para evitar efectos perjudiciales no
deseables, se propone la presente propuesta legislativa.

ENMIENDA NÚM. 30

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición Final al
Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades, con la siguiente
redacción:

«Disposición final nueva. Modificación del artículo 2.
Tercero de la Ley 16/2013, de 29 de octubre.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a
partir de 1 de enero de 2014, se da nueva redacción al apartado Dos del
punto Tercero del artículo 2 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, que
queda redactado de la siguiente forma:

“Dos. La cantidad a ingresar correspondiente a los
pagos fraccionados establecidos en el apartado 3 del artículo 45 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para aquellos
sujetos pasivos que estén obligados a aplicar esta modalidad y cuyo
importe neto de la cifra de negocios en los doce meses anteriores a la
fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2014 o
2015 sea al menos veinte millones de euros, no podrá ser inferior, en
ningún caso, al 12 por ciento del resultado positivo de la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio de los tres, nueve u once primeros
meses de cada año natural o, para sujetos pasivos cuyo período impositivo
no coincida con el año natural, del ejercicio transcurrido desde el
inicio del período impositivo hasta el día anterior al inicio de cada
período de ingreso del pago fraccionado, determinado de acuerdo con el
Código de Comercio y demás normativa contable de desarrollo, minorado
exclusivamente en los pagos fraccionados realizados con anterioridad,
correspondientes al mismo período impositivo, sin incluir en dicho
resultado positivo el derivado de quitas y esperas consecuencia de una
acuerdo con los acreedores no vinculados con el contribuyente.

No obstante, el porcentaje establecido en el párrafo
anterior será del 6 por ciento para aquellas entidades allí referidas, en
las que al menos el 85 por ciento de los ingresos de los tres, nueve u
once primeros meses de cada año natural o, para sujetos pasivos cuyo
período impositivo no coincida con el año natural, del ejercicio
transcurrido desde el inicio del período impositivo hasta el día anterior
al inicio de cada período de ingreso del pago fraccionado, correspondan a
rentas a las que resulte de aplicación las exenciones previstas en los
artículos 21 y 22 o la deducción prevista en el artículo 30.2, de esta
Ley.

En el caso de entidades parcialmente exentas a las que
resulte de aplicación el régimen fiscal especial establecido en el
capítulo XV del título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, se tomará como resultado positivo el correspondiente
exclusivamente a rentas no exentas.

Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación a
las entidades a las que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo
28 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades ni a las
referidas en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado
Inmobiliario’’.»

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que el resultado contable positivo que sirve de
base para el pago fraccionado mínimo debería excluir expresamente el
ingreso contable derivado de quitas y esperas consecuencia de acuerdos
con los acreedores no vinculados con el contribuyente, de manera
coherente con la exclusión de dicha renta de la limitación a la
compensación de bases imponibles negativas y conforme a la finalidad de
la Ley 17/2014 de que la fiscalidad no suponga un obstáculo a las
operaciones de refinanciación.

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula 24 enmiendas al Proyecto de Ley del Impuesto sobre
Sociedades.

Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—Isidro
Manuel Martínez Oblanca.

ENMIENDA NÚM. 31

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Preámbulo. II. g.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el párrafo g) del apartado II de la
Exposición de Motivos, que quedaría redactado así:

«g) Seguridad jurídica. La reforma trata, asimismo, de
incrementar la seguridad jurídica necesaria en una norma de esta
naturaleza. Las características especiales de este Impuesto, que trata de
proporcionar un marco jurídico en una realidad económica tan cambiante,
hacen necesario intentar reducir la litigiosidad. Esta Ley recoge
criterios doctrinales y jurisprudenciales, y aclara cuestiones que
generan o puedan generar una conflictividad no deseada, garantizando la
transparencia necesaria para acometer cualquier decisión de inversión. En
este ámbito pueden mencionarse las reglas aplicables a operaciones a
plazos, la no integración en la base imponible de aquellos ingresos que
proceden de la reversión de gastos no deducibles ni de las rentas
positivas o negativas que proceden de elementos patrimoniales cuyos
gastos no fueron deducibles, la introducción de nuevas reglas respecto de
la deducibilidad de gastos por conceptos como retribuciones de los
administradores y adquisición y uso de vehículos automóviles, o la
posibilidad de aplicar parcialmente el régimen de operaciones de
reestructuración.»

JUSTIFICACIÓN

Coordinar la redacción de la Exposición de Motivos con las
enmiendas anteriores respecto de la no consideración de renta y respecto
de los gastos deducibles y no deducibles.

ENMIENDA NÚM. 32

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Preámbulo. III. 1. d.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el tercer párrafo de la letra d) del
punto 1 del apartado III de la Exposición de Motivos, que quedaría
redactado así:

«En segundo lugar, se limita la deducibilidad fiscal de las
atenciones a clientes, hasta el 1 por ciento del importe neto de la cifra
de negocios de la entidad (3 por ciento en caso de empresas de reducida
dimensión), mientras que la deducibilidad de cuantías inferiores está
sometida a las reglas generales de registro, justificación e imputación
temporal. Merece especial mención la inclusión de una norma sobre
operaciones híbridas, entendiendo como tales aquellas que tienen distinta
calificación fiscal en las partes intervinientes. Dicha regla tiene como
objetivo evitar la deducibilidad de aquellos gastos que determinen un
ingreso exento o sometido a una tributación nominal inferior al 10 por
ciento, consecuencia de esa diferente calificación fiscal, cuando esta
operación se realiza entre partes vinculadas.»

JUSTIFICACIÓN

Coordinar la redacción de la Exposición de Motivos con las
enmiendas anteriores respecto de la no consideración de renta y respecto
de los gastos deducibles y no deducibles.

ENMIENDA NÚM. 33

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 8.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 8 del Proyecto, con
la redacción siguiente:

«Artículo 8. Residencia y domicilio fiscal.

1. Se considerarán residentes en territorio español las
entidades en las que concurra alguno de los siguientes requisitos:

a) Que se hubieran constituido conforme a las leyes
españolas.

b) Que tengan su domicilio social en territorio
español.

c) Que tengan su sede de dirección efectiva en territorio
español.

A estos efectos, se entenderá que una entidad tiene su sede
de dirección efectiva en territorio español cuando en él radique la
dirección y control del conjunto de sus actividades.

Las Instituciones de Inversión Colectiva, sólo se
considerarán entidades residentes en territorio español cuando tengan su
domicilio social en España o los fondos que se hayan autorizado en
España, con independencia del domicilio de su entidad gestora.

La Administración tributaria podrá presumir que una entidad
radicada en algún país o territorio de nula tributación, según lo
previsto en el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude
fiscal, o calificado como paraíso fiscal, según lo previsto en el
apartado 1 de la referida disposición, tiene su residencia en territorio
español cuando sus activos principales, directa o indirectamente,
consistan en bienes situados o derechos que se cumplan o ejerciten en
territorio español, o cuando su actividad principal se desarrolle en
éste, salvo que dicha entidad acredite que su dirección y efectiva
gestión tienen lugar en aquel país o territorio, así como que la
constitución y operativa de la entidad responde a motivos económicos
válidos y razones empresariales sustantivas distintas de la gestión de
valores u otros activos.»

JUSTIFICACIÓN

El pasaporte comunitario de gestión transfronteriza se
prevé, tanto en la Directiva UCITS (Directiva 2009/65/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre
determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios,
artículos 16 a 21) para la gestión de IIC armonizadas o UCITS, como en la
Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio
de 2011, relativa a los gestores de Fondos de Inversión Alternativos
(arts. 33 y 34) para la gestión de IIC no armonizadas.

Dicho pasaporte tiene como finalidad permitir la gestión
transfronteriza de IIC, armonizadas o no armonizadas, sin necesidad de
constituir una SGIIC en el mismo Estado Miembro donde se constituye la
IIC, aprovechando así las posibilidades que ofrece el mercado único para
lograr estructuras de gestión más eficientes. Sin embargo, esta
oportunidad no está siendo aprovechada en España por las SGIIC españolas,
debido al riesgo existente bajo la actual normativa de atracción fiscal a
España de las IIC extranjeras bajo gestión.

La redacción del artículo 8 del Proyecto de Ley del
Impuesto sobre Sociedades, que reproduce el contenido del actual artículo
8 LIS, establece una serie de criterios para determinar la residencia
fiscal a efectos del Impuesto sobre Sociedades, que incluyen
—además de la constitución o domicilio en España— el hecho de
tener la sede de dirección efectiva en territorio español.

El criterio de «dirección efectiva», genera incertidumbre
en la determinación de la residencia fiscal de IIC gestionadas por una
entidad gestora residente en una jurisdicción diferente, dado que podría
implicar una atracción de la residencia fiscal a España de IIC
extranjeras gestionadas por Gestoras españolas (que quedarían sujetas a
tributación tanto en su país de origen como en España).

Esta cuestión ya ha sido aclarada en la mayor parte de
jurisdicciones de nuestroentorno (Francia, Luxemburgo, etc…) en el
sentido de considerar que en estos supuestos no tiene lugar la atracción
fiscal de la residencia de la IIC gestionada arealizar esta aclaración,
ya que, de lo contrario, las SGIIC españolas no van a poder beneficiarse
de una posibilidad de gestión transfronteriza con la que sí cuentan las
demás gestoras de la UE, encontrándose en la actualidad en una situación
de desventaja competitiva con respecto a éstas.

A tal efecto, resulta necesario que el criterio para
determinar la sujeción de las IIC al Impuesto sobre Sociedades español
sea el mismo que el establecido para determinar la sujeción de las IIC a
la regulación y supervisión por las autoridades españolas.

Para subsanar esta cuestión, debería incluirse en el
artículo 8 del Proyecto LIS un criterio específico de residencia fiscal
para las Instituciones de Inversión Colectiva, en virtud del cual,
solamente se considerarían entidades residentes en España, a efectos del
Impuesto sobre Sociedades, las IIC que tengan su domicilio social en
España, en el caso de las Sociedades, o que se hayan autorizado en
España, en el caso de los Fondos, con independencia del domicilio de su
entidad gestora.

ENMIENDA NÚM. 34

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 11. 5.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado 5 del Artículo 11, que
pasaría a tener la siguiente redacción:

«5. No se integrará en la base imponible la reversión de
gastos que no hayan sido fiscalmente deducibles, ni las rentas positivas
o negativas que procedan de la transmisión o baja de elementos
patrimoniales cuyos gastos no hayan sido fiscalmente deducibles. En caso
de que los gastos derivados de tales elementos patrimoniales hayan sido
fiscalmente deducibles solo en parte, en esa misma proporción se
integrarán en la base imponible las rentas positivas o negativas
procedentes de los mismos. En el caso de que dicha proporción haya
variado durante el período de permanencia del elemento patrimonial en la
sociedad, se tomará la proporción media en que sus gastos hayan resultado
deducibles en los últimos tres ejercicios impositivos anteriores al de su
fecha de transmisión o baja o durante el período de permanencia de ser
éste inferior a dichos tres ejercicios.»

JUSTIFICACIÓN

Incrementar la seguridad jurídica, añadiendo expresamente
una norma —análoga a las ya previstas en los apartados 5 y 7 del
Proyecto de Ley— de no integración en la base imponible de la parte
proporcional de las rentas positivas o negativas derivadas de elementos
patrimoniales que se corresponda con la parte de cuyos gastos de
amortización y uso no haya sido fiscalmente deducible durante su
permanencia en la empresa.

Se trata de una lógica regla de correlación de ingresos y
gastos deducibles, y de aplicación del principio de capacidad económica,
pues si una parte del gasto de amortización y uso no fue deducible, es
lógico que esa misma parte de la ganancia o pérdida que se obtenga con su
transmisión no quede sujeta a tributación.

ENMIENDA NÚM. 35

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 12. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Página
336

No obstante, los gastos por atenciones a clientes o
proveedores serán deducibles con el límite del 1 por ciento del importe
neto de la cifra de negocios del período impositivo.

Tampoco se entenderán comprendidos en esta letra e) las
retribuciones a los administradores por el ejercicio de las facultades
inherentes al cargo de administrador único, solidario, mancomunado o
consejero delegado siempre que dichas retribuciones sean aprobadas por la
Junta General y con independencia de la regulación que sobre
retribuciones pueda existir en los Estatutos de la Sociedad.

f) Los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento
jurídico.

g) Los gastos de servicios correspondientes a operaciones
realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes
en países o territorios calificados como paraísos fiscales, o que se
paguen a través de personas o entidades residentes en estos, excepto que
el contribuyente pruebe que el gasto devengado responde a una operación o
transacción efectivamente realizada.

Las normas sobre transparencia fiscal internacional no se
aplicarán en relación con las rentas correspondientes a los gastos
calificados como fiscalmente no deducibles.

h) Los gastos financieros devengados en el período
impositivo, derivados de deudas con entidades del grupo según los
criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con
independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas
anuales consolidadas, destinadas a la adquisición, a otras entidades del
grupo, de participaciones en el capital o fondos propios de cualquier
tipo de entidades, o a la realización de aportaciones en el capital o
fondos propios de otras entidades del grupo, salvo que el contribuyente
acredite que existen motivos económicos válidos para la realización de
dichas operaciones.

i) Los gastos derivados de la extinción de la relación
laboral, común o especial, o de la relación mercantil a que se refiere el
artículo 17.2.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes
y sobre el Patrimonio, o de ambas, aun cuando se satisfagan en varios
períodos impositivos, que excedan, para cada perceptor, del mayor de los
siguientes importes:

1.º Un millón de euros.

2.º El importe establecido con carácter obligatorio en el
Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su
caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que
pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o
contrato. No obstante, en los supuestos de despidos colectivos realizados
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los
Trabajadores, o producidos por las causas previstas en la letra c) del
artículo 52 del citado Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a
causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza
mayor, será el importe establecido con carácter obligatorio en el
mencionado Estatuto para el despido improcedente.

A estos efectos, se computarán las cantidades satisfechas
por otras entidades que formen parte de un mismo grupo de sociedades en
las que concurran las circunstancias previstas en el artículo 42 del
Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación
de formular cuentas anuales consolidadas.

j) Los gastos correspondientes a operaciones realizadas con
personas o entidades vinculadas que, como consecuencia de una
calificación fiscal diferente en estas, no generen ingreso o generen un
ingreso exento o sometido a un tipo de gravamen nominal inferior al 10
por ciento.

2. Los gastos señalados en el segundo párrafo de la letra
e) del apartado anterior serán deducibles en la cuantía y con los
requisitos siguientes:

a) El 50 por ciento del importe de los gastos por
relaciones públicas relativos a servicios de restauración, hostelería,
viajes y desplazamientos.

b) Los gastos por atenciones a clientes o proveedores,
regalos y demás obsequios siempre que el importe unitario por
destinatario y período impositivo no exceda de 300 euros y quede
constancia documental de la identidad del receptor. En el supuesto de que
los citados gastos excedan el importe unitario señalado, serán deducibles
hasta esa cuantía unitaria.

Página
338

— Establecer la posibilidad de acreditar un grado de
afectación superior al resultante de la presunción legal (de forma
análoga a lo regulado en la Ley del IVA).

— Establecer una presunción de afectación del 100 por
ciento para determinados vehículos (listado cerrado, idéntico al
existente en la Ley del IVA).

— Establecer reglas y limitaciones específicas
respecto de los gastos derivados de embarcaciones, de buques de recreo o
de deportes náuticos y de aeronaves (de forma análoga a la regulación en
las Normas Forales citadas).

ENMIENDA NÚM. 37

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 16. 6. a.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado a) del punto 6 del
artículo 16 del Proyecto, con la redacción siguiente:

6. La limitación prevista en este artículo no resultará de
aplicación:

a) A las entidades de crédito, a las aseguradoras y a las
empresas concesionarias de infraestructuras públicas.

A estos efectos, recibirán el tratamiento de las entidades
de crédito aquellas entidades cuyos derechos de voto correspondan,
directa o indirectamente, íntegramente a aquellas, y cuya única actividad
consista en la emisión y colocación en el mercado de instrumentos
financieros para reforzar el capital regulatorio y la financiación de
tales entidades.

El mismo tratamiento recibirán, igualmente, los fondos de
titulización hipotecaria, regulados en la Ley 19/1992, de 7 de julio,
sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre
Fondos de Titulización Hipotecaria, y los fondos de titulización de
activos a que se refiere la disposición adicional quinta.2 de la Ley
3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en
materia de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se
introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero.

Respecto de las empresas concesionarias de infraestructuras
públicas, se considerará que la limitación prevista en este artículo no
resultará de aplicación respecto de los gastos financieros derivados de
las deudas destinadas a la financiación de infraestructuras públicas
correspondientes a contratos concesionales que de acuerdo con la
normativa contable se califican como inmovilizados intangibles.

JUSTIFICACIÓN

El apartado 1 del art. 16 del proyecto establece el límite
del 30 por ciento del beneficio operativo del ejercicio o un millón de
euros a la deducción de los gastos financieros.

Aunque el Proyecto no modifica sustancialmente la actual
situación, la reforma constituye una oportunidad para reconsiderar
aspectos hoy muy desfavorables para algunos sectores, como el de
concesiones, en el que el tratamiento de los gastos financieros dificulta
en gran medida su actividad.

La actual adaptación sectorial del Plan General de
Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas,
Orden EHA/3362/2010 del Mº de Economía y Hacienda de 23 de diciembre de
2010 (de forma análoga a la anterior), prevé un reconocimiento diferido
de los gastos financieros en proporción a los ingresos de peaje de cada
ejercicio. Es decir, gran parte de los gastos financieros de los primeros
ejercicios de explotación se capitalizan, y, por tanto, no se integran en
el resultado contable, sino que son imputados a resultados en ejercicios
posteriores, en base a la proporción que, sobre el conjunto de los gastos
financieros de toda la vida de la concesión, representan los ingresos de
peaje de cada ejercicio respecto a los ingresos totales previstos.

Por tanto, la realidad es que la normativa viene limitando
contable y fiscalmente el gasto financiero que forma parte del resultado
del ejercicio, anticipando así la tributación por el Impuesto sobre
Sociedades, al no computar como gasto deducible el total de gastos
financieros incurridos en cada ejercicio (intereses realmente pagados),
sino sólo la parte reconocida como gasto del periodo.

Es decir, el sector concesional soporta desde hace años, un
criterio contable específico de imputación temporal de los gastos
financieros similar al que recoge el Proyecto de Ley del Impuesto sobre
Sociedades (en base a la modificación introducida por el Real Decreto-ley
12/2012, que modificó la redacción del artículo 20 TRLIS), con carácter
general, que ha supuesto un anticipo de tributación por el Impuesto sobre
Sociedades, pues los gastos financieros soportados realmente en cada
ejercicio no se han deducido en el momento en el que se incurrían.

En consecuencia, si dichos gastos financieros no hubieran
estado sujetos contablemente a la limitación sectorial, se habrían
deducido fiscalmente sin restricción de ningún tipo, equiparando la
tributación por el Impuesto sobre Sociedades a la realizada por
sociedades de otros sectores de actividad.

El artículo 16 del Proyecto de Ley establece una regla
general de imputación temporal de los gastos financieros que es
redundante con la que ya existe en el sector concesional, limitando
doblemente la deducibilidad de estos gastos financieros. Esta doble
limitación afecta gravemente a los grupos de sociedades concesionarias de
infraestructuras públicas, en la medida que desde la entrada en vigor del
primer plan contable sectorial, gran parte del gasto financiero realmente
incurrido no tuvo la consideración de gasto fiscalmente deducible cuando
no existía limitación fiscal alguna, y en la actualidad, la deducibilidad
fiscal de dichos gastos queda sujeta a la limitación objeto de esta
nota.

ENMIENDA NÚM. 38

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 18. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 18
del Proyecto, con la siguiente redacción:

Artículo 18. Operaciones vinculadas

«Se considerarán personas o entidades vinculadas las
siguientes:

[…]

e) Una entidad y los socios o partícipes de otra entidad,
cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.»

[…]

JUSTIFICACIÓN

El supuesto de vinculación contenido en el presente
apartado puede representarse del siguiente modo:

De acuerdo con este precepto, la entidad A se encontrará
vinculada con C a los efectos del Impuesto sobre Sociedades, siempre que
A y B pertenezcan al mismo Grupo.

En este escenario, se producen una serie de efectos que
pueden considerarse contrarios al espíritu de la norma por conducir a dos
tipos de situaciones:

— En primer lugar, genera relaciones de vinculación
unívocas, cuando lo propio sería que la relación de vinculación tuviese
una naturaleza biunívoca, pues carece de sentido que una entidad sea
vinculada

con otra, pero esta última no lo sea con la primera. En el
supuesto representado anteriormente esto se traduce en que A es una
entidad vinculada con C, pero C no es una entidad vinculada con A, ya que
C y B no pertenecen al mismo grupo.

— Este supuesto de vinculación podría generar
situaciones no deseadas en relación con la redacción del apartado k) de
este mismo artículo, donde la vinculación en la relación socio-sociedad
se limita a una participación igual o superior al 25%. Así pues, en el
caso de que C tuviese una participación en B inferior al 25%, se daría la
paradoja de que C y B no serían vinculadas pero sí lo serían A y C, lo
cual carecería de sentido al ser precisamente B el nexo de unión entre A
y C.

A la luz de lo anterior parece que la definición de
vinculación en los términos establecidos en este precepto conduce a
situaciones en las que se reputan vinculadas sociedades que pueden
carecer de cualquier tipo de relación entre ellas, pudiendo ser incluso
competidoras en el mercado en el que operen y que, por ende, van a
establecer los términos de sus relaciones comerciales con base en el
principio de plena competencia.

El fundamento de la normativa de operaciones vinculadas
consisten en garantizar que, en aquellos casos en los que existe control
por parte de una entidad a otra, las relaciones entre ambas se rigen por
el principio de valor de mercado; sin embargo, este supuesto se excede
con mucho del citado objetivo, al no poder presuponerse control entre las
entidades que se consideran vinculadas bajo este precepto, ya que su
único nexo de unión es una participación en la misma entidad (que incluso
podría ser insignificante por parte de una de ellas).

ENMIENDA NÚM. 39

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 18. 3. 3.º

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 18 del Proyecto,
apartado 3, párrafo 3º, con la redacción siguiente:

Artículo 18. Operaciones vinculadas.

«La documentación específica no será exigible:

a) A las operaciones realizadas entre entidades que se
integren en un mismo grupo de consolidación fiscal, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 65.2 de esta Ley.

b) A las operaciones realizadas con sus miembros o con
otras entidades integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal por
las agrupaciones de interés económico, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de interés Económico, y las
uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de
mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de
Empresas y de Sociedades de desarrollo industrial regional, e inscritas
en el registro especial del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.

No obstante, la documentación específica será exigible en
el caso de uniones temporales de empresas o fórmulas de colaboración
análogas a las uniones temporales, que se acojan al régimen establecido
en el artículo 22 de esta Ley.

a) A las operaciones realizadas entre entidades residentes
en territorio nacional.

b) Las operaciones realizadas en el ámbito de ofertas
públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación propuesta se encuentra en línea con los
principios de proporcionalidad y suficiencia recogidos en el primer
párrafo del mismo apartado de este artículo, que deben regir la
preparación de documentación específica que justifique que las
operaciones vinculadas han sido realizadas a valor de mercado.

Mediante la incorporación de la redacción propuesta podrían
suprimirse los apartados a) y b) incluidos actualmente, pues quedarían
subsumidos en el nuevo supuesto.

Asimismo, la exoneración de la obligación de documentar las
operaciones vinculadas entre entidades residentes se enmarca en los
principios y trabajos desarrollados por la OCDE en los últimos años. Así,
la redacción actual del Capítulo V de las Directrices en materia de
Precios de Transferencia establece que «las obligaciones de documentación
no deben implicar costes y cargas desproporcionadas a las circunstancias
para los contribuyentes1». Por otra parte, en el reciente borrador para
discusión publicado el 30 de enero de 2014 del citado Capítulo V de las
Directrices en materia de Precios de Transferencia sobre documentación en
materia de precios de transferencia y «country-by-country reporting»
también se pone de manifiesto la importancia de que «los países mantengan
los requisitos de documentación en límites razonables y focalizados en
las transacciones relevantes, a fin de garantizar un cumplimiento
adecuado de las cuestiones verdaderamente relevantes»2.

En la misma línea países de nuestro entorno como Austria,
Alemania, Reino Unido o Bélgica, cuyas legislaciones se inspiran en las
Directrices de la OCDE y las recomendaciones del Foro Conjunto de la
Unión Europea sobre Precios de Transferencia, ya han optado por un
enfoque similar, limitando los requisitos de documentación a las
operaciones transfronterizas, por entender que es en estos casos donde
puede existir mayor riesgo de fraude fiscal.

Nótese adicionalmente, que las operaciones sobre las que se
pretende eliminar la citada obligación de documentación son
exclusivamente las realizadas dentro del territorio nacional, por lo que
los potenciales ajustes fiscales derivados las mismas, en ningún caso
pueden generar un perjuicio patrimonial para la Hacienda española, pues
el ajuste en una de las partes llevaría siempre aparejado el correlativo
en la otra, siendo el efecto neto neutro desde la perspectiva de
recaudación en España.

En vista de lo anterior, mediante la supresión de esta
obligación documental para estas concretas operaciones, se consigue
limitar la carga administrativa que para el contribuyente supone preparar
la documentación de precios de transferencia, concentrándola en las
operaciones verdaderamente críticas, donde realmente podría existir un
riesgo de trasvasar beneficios entre distintas jurisdicciones.

ENMIENDA NÚM. 40

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 25. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el artículo 25, apartado 2 del
Proyecto, con la redacción siguiente:

Artículo 25.2. Reserva de capitalización.

2. El incremento de fondos propios vendrá determinado por
la diferencia positiva entre los fondos propios existentes al cierre del
ejercicio sin incluir los resultados del mismo, y los fondos propios
existentes al inicio del mismo, sin incluir los resultados del ejercicio
anterior.

No obstante, a los efectos de determinar el referido
incremento, no se tendrán en cuenta:

[…]

e) Las reservas indisponibles que se doten por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 105 de esta Ley y en el artículo 27 de la
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias.

[…]

JUSTIFICACIÓN

Se propone la anterior modificación en atención a la
condición de territorio ultraperiférico y a las particulares
características económicas de las Islas Canarias.

ENMIENDA NÚM. 41

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 26. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del punto 1 del artículo 26 del
Proyecto, con la redacción siguiente:

1. Las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de
liquidación o autoliquidación podrán ser compensadas con las rentas
positivas de los períodos impositivos siguientes con el límite del 75 por
ciento (para las entidades con cifra de negocio superior a 20 millones de
euros) de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de
capitalización establecida en el artículo 25 de esta Ley y a su
compensación.

JUSTIFICACIÓN

La limitación al aprovechamiento de créditos fiscales puede
ser contraria al principio de capacidad económica y al principio de
capacidad contributiva por lo que su limitación debe hacerse en la menor
cuantía posible. Aplicar tal restricción a créditos fiscales generados en
ejercicios anteriores quiebra en exceso las expectativas y previsiones de
las empresas.

Una limitación cuantitativa en la aplicación de bases
imponibles negativas, del 75%/80% de la base imponible previa a su
compensación, en lugar de la actualmente contemplada en el proyecto
—60%—, está en sintonía con los países de la U.E. que han
sufrido con mayor intensidad los efectos de la crisis económica y a los
que España más se asemeja. Así, Italia aplica un límite del 80%, Portugal
del 75% y Grecia no aplica límite.

El incremento en ese porcentaje para las entidades con
cifra de negocio superior a 20 millones de euros (en línea con la
modificación efectuada al actual art. 25 del TRLIS por el apartado
segundo. dos del artículo 2 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la
que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras),
resulta especialmente necesario respecto de las pérdidas generadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la ley,dado que en tal caso al
principio de capacidad se suma la atención al de seguridad jurídica.

ENMIENDA NÚM. 42

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 35. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1.b) y 1.c) del
artículo 35 del Proyecto, con la redacción siguiente:

Artículo 35. Deducción por actividades de investigación y
desarrollo e innovación tecnológica.

b) Base de la deducción.

La base de la deducción estará constituida por el importe
de los gastos de investigación y desarrollo y, en su caso, por las
inversiones en elementos de inmovilizado material e intangible excluidos
los edificios y terrenos.

Se considerarán gastos de investigación y desarrollo los
realizados por el contribuyente, incluidas las amortizaciones de los
bienes afectos a las citadas actividades, en cuanto estén directamente
relacionados con dichas actividades y se apliquen efectivamente a la
realización de éstas, constando específicamente individualizados por
proyectos.

La base de la deducción se minorará en el 65 por ciento
importe de las subvenciones recibidas para el fomento de dichas
actividades e imputables como ingreso en el período impositivo.

Los gastos de investigación y desarrollo que integran la
base de la deducción deben corresponder a actividades efectuadas en
España o en cualquier Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo.

Igualmente tendrán la consideración de gastos de
investigación y desarrollo las cantidades pagadas para la realización de
dichas actividades en España o en cualquier Estado miembro de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo, por encargo del contribuyente,
individualmente o en colaboración con otras entidades.

Las inversiones se entenderán realizadas cuando los
elementos patrimoniales sean puestos en condiciones de
funcionamiento.

c) Porcentajes de deducción.

1.º El 25 por ciento de los gastos efectuados en el período
impositivo por este concepto.

En el caso de que los gastos efectuados en la realización
de actividades de investigación y desarrollo en el período impositivo
sean mayores que la media de los efectuados en los 2 años anteriores, se
aplicará el porcentaje establecido en el párrafo anterior hasta dicha
media, y el 42 por ciento sobre el exceso respecto de ésta. Este
porcentaje será del 50 por ciento si los gastos de investigación y
desarrollo del período impositivo superan el 10 por ciento del importe
neto de la cifra de negocios de la entidad o del grupo de consolidación
fiscal o, en su defecto, los 40 millones de inversión anual. Además de la
deducción que proceda conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores
se practicará una deducción adicional del 17 por ciento del importe de
los gastos de personal de la entidad correspondientes a investigadores
cualificados adscritos en exclusiva a actividades de investigación y
desarrollo.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de Ley eleva el porcentaje de minoración de las
subvenciones recibidas para el fomento de actividades de I+D e imputables
como ingreso en el período impositivo desde el 65 por ciento que aplica
en la actualidad hasta el 100 por cien. Esto supone en la práctica pasar
de restar en el caso peor el 16,25 por ciento (0,65 x 25% de deducción)
de las subvenciones recibidas a restar el 25 por ciento de la (1,00 x 25%
de deducción), con un importante impacto y empeoramiento del importe
final de deducción, un 8,75 por ciento menos de la subvención
recibida.

Un ejemplo:

Gastos de I+D asociados a un proyecto = 1.000.000

Subvención (50%)= 500.000

— Deducción según Real Decreto Legislativo 4/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades (Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2014:

(1.000.000 0.65x500.000) x 25% = 168.750 de deducción
fiscal

— Deducción según Proyecto de Ley

(1.000.000 500.000) x 25% = 125.000 eur de deducción

El caso es todavía peor si la ayuda es del 100%, como
ocurre en el caso del Programa Marco Europeo de Investigación e
Innovación 2014-2020, conocido como Horizonte 2020.

Al margen de lo anterior hay que tener en cuenta que la
empresa ya está tributando por el ingreso extraordinario que supone la
percepción de esta subvención con lo cual no resulta coherente, ni justo,
realizar una minoración de la misma al 100 por cien. Se propone por tanto
dejar el texto original en el que se realiza un ajuste y se minora al 65
por ciento.

Se propone asimismo, con alguna modificación, recuperar el
incentivo que presentaba la redacción del anteproyecto sometido a
consulta el pasado mes de junio, premiando a aquellas empresas que
dedican a I+D, más del 10 por ciento del importe neto de la cifra de
negocios de la entidad o del grupo de consolidación fiscal.

En este sentido, es importante destacar que el porcentaje
del 10% de la cifra de negocio sea el correspondiente al de la entidad o
del grupo de consolidación fiscal. La tendencia de negocio de los Grupos
de Sociedades españoles es la internacionalización, y la proporción con
respecto a la cifra de negocio, cada vez se inclina más a favor de las
filiales extranjeras, utilizando parte los recursos generados a gastos de
I+D+i, al limitarse principalmente la deducción a las actividades de
investigación y desarrollo realizadas en España.

Adicionalmente, se propone que se incluya la posibilidad de
que, si no se alcanza el 10% de la cifra de negocio antes referido,
puedan acogerse las empresas que tienen un volumen elevado de inversión,
como es, por ejemplo las que superan los 40 millones anuales. Todo ello
con el objetivo de facilitar la reinversión exigida hasta haber superado
definitivamente el actual periodo de crisis.

ENMIENDA NÚM. 43

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del
Artículo 38.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición del artículo 38 bis del Proyecto, con
la redacción siguiente:

Artículo 38 bis. Deducciones por inversiones
medioambientales.

1. Las inversiones realizadas en bienes del activo material
destinadas a la protección del medio ambiente consistentes en
instalaciones que eviten la contaminación atmosférica o acústica
procedente de instalaciones industriales, o contra la contaminación de
aguas superficiales, subterráneas y marinas, o para la reducción,
recuperación o tratamiento de residuos industriales propios, siempre que
se esté cumpliendo la normativa vigente en dichos ámbitos de actuación
pero se realicen para mejorar las exigencias establecidas en dicha
normativa, darán derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra
del 8 por ciento de las inversiones que estén incluidas en programas,
convenios o acuerdos con la Administración competente en materia
medioambiental, quien deberá expedir la certificación de la convalidación
de la inversión.

Página
347

— El 100 por ciento de la cuota íntegra, minorada en
las deducciones para evitar la doble imposición internacional y las
bonificaciones, o;

— El 50 por ciento de los gastos de Investigación y
Desarrollo efectuados en el propio período impositivo.

Reglamentariamente se establecerán los requisitos para el
ejercicio de la opción de esta medida transitoria.

3. No obstante, en el caso de entidades a las que resulte
de aplicación el tipo de gravamen previsto en el apartado 1 o en el
apartado 6 del artículo 29 de esta Ley, las deducciones por actividades
de investigación y desarrollo e innovación tecnológica a que se refieren
los apartados 1 y 2 del artículo 35 de esta Ley, que se generen en
períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013, podrán,
opcionalmente, quedar excluidas del límite establecido en el último
párrafo del apartado anterior, y aplicarse con un descuento del 20 por
ciento de su importe, en los términos establecidos en este apartado. En
el caso de insuficiencia de cuota, se podrá solicitar su abono a la
Administración tributaria a través de la declaración de este Impuesto,
una vez finalizado el plazo a que se refiere la letra a) siguiente. Este
abono se regirá por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo, sin
que, en ningún caso, se produzca el devengo del interés de demora a que
se refiere el apartado 2 de dicho artículo 31.

El importe de la deducción aplicada o abonada, de acuerdo
con lo dispuesto en este apartado, en el caso de las actividades de
innovación tecnológica no podrá superar conjuntamente el importe de 1
millón de euros anuales. Asimismo, el importe de la deducción aplicada o
abonada por las actividades de investigación y desarrollo e innovación
tecnológica, de acuerdo con lo dispuesto en este apartado, no podrá
superar conjuntamente, y por todos los conceptos, los 3 millones de euros
anuales. Ambos límites se aplicarán a la entidad o grupo de consolidación
fiscal. todo el grupo de sociedades, en el supuesto de entidades que
formen parte del mismo grupo según los criterios establecidos en el
artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y
de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

Para la aplicación de lo dispuesto en este apartado, será
necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que transcurra al menos un año desde la finalización del
periodo impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya
sido objeto de aplicación.

a) Que la plantilla media o, alternativamente, la plantilla
media adscrita a actividades de investigación y desarrollo e innovación
tecnológica no se vea reducida desde el final del período impositivo en
que se generó la deducción hasta la finalización del plazo a que se
refiere la letra b) siguiente.

b) Que se destine un importe equivalente a la deducción
aplicada o abonada, a gastos de investigación y desarrollo e innovación
tecnológica o a inversiones en elementos del inmovilizado material o
inmovilizado intangible exclusivamente afectos a dichas actividades,
excluidos los inmuebles, en los 24 meses siguientes a la finalización del
período impositivo en cuya declaración se realice la correspondiente
aplicación o la solicitud de abono.

c) Que la entidad haya obtenido un informe motivado sobre
la calificación de la actividad como investigación y desarrollo o
innovación tecnológica o un acuerdo previo de valoración de los gastos e
inversiones correspondientes a dichas actividades, en los términos
establecidos en el apartado 4 del artículo 35 de esta Ley.

Adicionalmente, en el supuesto de que los gastos de
investigación y desarrollo del período impositivo superen el 10 por
ciento del importe neto de la cifra de negocios de la entidad o del grupo
de consolidación fiscal o, en su defecto, los 40 millones de inversión
anual, la deducción prevista en el apartado 1 del artículo 35 de esta Ley
generada en dicho período impositivo podrá quedar excluida del límite
establecido en el último párrafo del apartado anterior, y aplicarse o
abonarse con un descuento del 20 por ciento de su importe en la
declaración correspondiente a dicho ejercicio, que se presente
transcurrido el plazo a que se refiere la letra a) anterior, hasta un
importe adicional de 2 millones de euros.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos
conllevará la regularización de las cantidades indebidamente aplicadas o
abonadas, en la forma establecida en el artículo 125.3 de esta Ley.

4. […]

NOTA: La redacción del resto del articulado se mantiene
inalterada; únicamente cambiaría la numeración correlativa de los
distintos apartados como consecuencia de haberse añadido un nuevo
apartado 2; en consecuencia, el apartado n.º 3 pasaría a ser el 4, el n.º
4 el 5, el n.º 5 el 6 y el n.º 6 el 7).

JUSTIFICACIÓN

Dada la grave situación económica actual, las sociedades de
alta intensidad innovadora han visto cómo se han ido incrementando sus
balances debido a la activación de grandes bolsas de deducciones
pendientes de aplicar, precisamente por la incapacidad de generar
resultados positivos suficientes. No es baladí mencionar que una gran
parte de esas bolsas reflejan deducciones realizadas en ejercicios
prescritos o ya comprobados por la Inspección tributaria, que por lo
tanto son créditos ciertos, por cuanto emanan validez.

Dos recientes consultas de la Dirección General de Tributos
(Consulta V2512-12, de 20 de diciembre de 2012, y V0395-13, de 11 de
febrero de 2013) han analizado la posibilidad de recuperar las
deducciones por inversiones para la protección del medio ambiente
realizadas en ejercicios prescritos o que hubieran sido comprobados.
Conforme a dichas consultas, y teniendo en cuenta la evolución normativa,
cabría la posibilidad de «rescatar» la deducción por inversiones
realizadas desde el ejercicio 2002, con independencia de que los
ejercicios en que se hubieran realizado las inversiones estuvieran
prescritos o hubieran sido comprobados (siempre y cuando en este último
caso no se hubiera puesto de manifiesto ninguna contingencia relacionada
con la realidad de las inversiones u otras cuestiones que pudieran
afectar a la futura aplicación de la deducción).

Por todo lo anterior, entendemos que sería necesario añadir
un régimen temporal en el que aquellas sociedades intensivas en I+D y con
grandes volúmenes de créditos fiscales pendientes de aplicar puedan ver
saneados sus balances, con la aplicación de deducciones por I+D excluidas
del límite establecido en el artículo 39, y sin la obligación de
descontar un 20 por ciento de la deducción.

A la luz de lo anterior, convivirían los siguientes tres
regímenes:

(i) un régimen general, en el que entidades generadoras de
gastos en I+D que no superen el 10 por ciento de su cifra de negocios o
del grupo de consolidación fiscal o, en su defecto, los 40 millones de
inversión anual, puedan aplicar la deducción prevista en el artículo 35
con su correspondiente límite (25% - 50% de la cuota íntegra);

(ii) un régimen temporal para aquellas entidades con gasto
en I+D que exceda del 10% de su cifra de negocios o del grupo de
consolidación fiscal o, en su defecto, los 40 millones de inversión
anual, y que dispongan de deducciones generadas en periodos impositivos
ya prescritos o en ejercicios inspeccionados en el momento de la
aprobación de la presente norma, en el que puedan aplicar deducciones de
I+D sin límite de cuota y sin la obligación de descontar el 20 por ciento
a la deducción para su aplicabilidad; y,

(iii) un régimen especial y opcional para aquellas
entidades que deseen aplicar deducciones de I+D sin límite de cuota,
aplicando un descuento del 20 por ciento.

Por otro lado, en cuanto al régimen introducido por la Ley
de Emprendedores, dada la actual redacción de la norma, en el caso de
insuficiencia de cuota y en relación con el período de la solicitud de
abono, cabe destacar que en períodos de difícil coyuntura económica como
el actual la actividad de I+D de las compañías puede verse seriamente
afectada al quedar tan dilatada en el tiempo la posibilidad de
recuperación de dicha deducción.

A tales efectos, para obtener el cobro anticipado, además
de los requisitos exigidos por la norma, se establece un ámbito temporal
que va más allá del ejercicio en el que se ha materializado las
actividades por I+D.

En este sentido, resulta muy gravoso que el abono de una
deducción por I+D realizada en el 2014 no pueda solicitarse hasta la
declaración del Impuesto sobre Sociedades 2015. Las empresas necesitan
disponer de financiación a la mayor brevedad posible, intentando, pese a
las dificultades, mantener el mismo nivel en inversiones en I+D+i, tan
necesarias cara al futuro.

En consecuencia, se propone que la solicitud de abono a la
Administración tributaria se pueda cursar de forma inmediata, a través de
la declaración de este Impuesto del ejercicio en el que se generó la
deducción, eliminándose, por tanto, el ámbito temporal introducido en el
apartado a) del precepto.

En el nuevo apartado 3 se propone también una modificación
debido a que, comparando la redacción del Artículo 39 del Proyecto de Ley
con la modificación introducida en la Ley de apoyo a los emprendedores

y su internacionalización (artículo 26, apartado Uno) que
modificó la Ley del Impuesto de Sociedades (apartado 2 del artículo 44),
se observa que la actual redacción no hace referencia a los períodos
impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013.

La Ley de emprendedores establece. «‘‘2. No
obstante, en el caso de entidades a las que resulte de aplicación el tipo
general de gravamen, el tipo del 35 por ciento, o la escala de gravamen
prevista en el artículo 114 de esta Ley, las deducciones por actividades
de investigación y desarrollo e innovación tecnológica a que se refieren
los apartados 1 y 2 del artículo 35 de esta Ley, que se generen en
períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013, podrán,
opcionalmente, quedar excluidas del límite establecido en el último
párrafo del apartado anterior, y aplicarse con un descuento del 20 por
ciento de su importe, en los términos establecidos en este apartado. En
el caso de insuficiencia de cuota, se podrá solicitar su abono a la
Administración tributaria a través de la declaración de este Impuesto,
una vez finalizado el plazo a que se refiere la letra a) siguiente. Este
abono se regirá por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo, sin
que, en ningún caso, se produzca el devengo del interés de demora a que
se refiere el apartado 2’’.»

Con la entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto de
Sociedades que tendrá lugar el día 1 de enero de 2015 (Disposición final
Undécima), se elimina parte del efecto incentivador de las actividades de
I+D+i en España que supone la novedad introducida a través de la Ley de
Emprendedores al eliminar el carácter retroactivo en la aplicación del
mismo para las deducciones por actividades de investigación y desarrollo
e innovación tecnológica a las que se refieren los apartados 1 y 2 del
artículo 35 de esta Ley, generadas en períodos impositivos iniciados a
partir de 1 de enero de 2013, afectando, al mismo tiempo, a la seguridad
jurídica en la aplicación de este tipo de incentivos a la I+D+i por el
margen escaso de tiempo entre ambas modificaciones legislativas.

Por último, el Proyecto de Ley fija un nuevo incentivo para
las empresas que realicen un mayor esfuerzo en inversión en I+D. Aquellas
que destinen cuantías superiores al 10 por 100 de su cifra de negocio
podrán elevar de tres a cinco millones de euros anuales el importe
monetizable de la deducción por I+D.

El Proyecto de Ley incluye un porcentaje incrementado por
el nuevo límite de cinco millones de euros, a fin de adelantar e
incrementar la seguridad de la deducibilidad efectiva de las cantidades
invertidas en I+D en aquellas inversiones especialmente intensivas.

No obstante, es importante clarificar en el texto que el
porcentaje del 10% de la cifra de negocio sea el correspondiente al de la
entidad o del grupo de consolidación fiscal. La tendencia de negocio de
los Grupos de Sociedades españoles es la internacionalización, y la
proporción con respecto a la cifra de negocio, cada vez se inclina más a
favor de las filiales extranjeras, utilizando parte los recursos
generados a gastos de I+D+i, al limitarse principalmente la deducción a
las actividades de investigación y desarrollo realizadas en España.
Adicionalmente, destacar que este límite es poco realista para las
grandes empresas que tienen grandes inversiones pero no alcanzan al 10%
de su cifra de negocio.

En otras palabras, este porcentaje del 10%, no atiende a la
realidad de las inversiones en I+D+i de las grandes empresas. Por ello,
se propone que se incluya adicionalmente la posibilidad de que, si no se
alcanza el 10% de la cifra de negocio de la entidad o del grupo de
consolidación fiscal, puedan acogerse las empresas que tienen un volumen
elevado de inversión, como es, por ejemplo las que superan los 40
millones anuales. Todo ello con el objetivo de facilitar la reinversión
exigida hasta haber superado definitivamente el actual periodo de
crisis.

ENMIENDA NÚM. 45

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 40. 3.

ENMIENDA

De modificación.

Página
351

bonificación será de aplicación en el período impositivo en
el que se efectúen las obras e instalaciones y en los dos siguientes. Si
la mejora, en los términos anteriormente señalados, es de dos o más
letras, la bonificación será de aplicación en el período impositivo en el
que se efectúen las obras e instalaciones y en los cuatro siguientes.

JUSTIFICACIÓN

Esta medida tiene como objetivo incentivar la existencia en
el mercado del alquiler de viviendas energéticamente más eficientes,
ampliándose para ello la bonificación establecida en el régimen aplicable
a las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda hasta un 90 por
ciento de los rendimientos generados por el arrendamiento de este tipo de
viviendas equiparándose su tratamiento al de las viviendas arrendadas a
discapacitados.

Esta medida, permitiría que los arrendadores tuvieran un
retorno asociado a los ahorros en combustible y mejoras en el
medioambiente que llevan asociadas las viviendas energéticamente
eficientes.

La Escala de Eficiencia Energética ha sido establecida en
virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley
2/2011 de 4 de marzo, del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del
Código Técnico de la Edificación, y su desarrollo reglamentario (en
particular la Orden Ministerial 1635/2013 de 12 de septiembre de
2013).

De este modo, al aplicarse el incentivo fiscal
exclusivamente a aquellas viviendas de eficiencia elevada, aumentándose
con ello su demanda, se fomentaría la realización de las actuaciones
pertinentes para, al menos, alcanzar la eficiencia mínima que permita el
acceso al incentivo fiscal para los arrendadores.

Lo anterior, redundaría en que tanto arrendadores y
arrendatarios, sean más conscientes de la relevancia de la eficiencia
energética, impulsándose así los objetivos perseguidos por la Directiva
2010/31/CE.

Adicionalmente, un incentivo fiscal de estas
características, revitalizaría al sector de la construcción que ha
atravesado una crisis de una enorme magnitud en los últimos años,
posibilitando que el reacondicionamiento energético pueda ser uno de los
pilares sobre los que se reconfiguraría el sector.

Se fortalecería con ello la incipiente reactivación de la
economía y la reducción del desempleo en un sector.

El régimen sancionador previsto en materia de certificación
energética de edificios establecido en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, relativo a
certificados, técnicos certificadores y agentes independientes de
control, así como las facultades de control e inspección, previstas en el
RD 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios, respecto de
los órganos competentes en materia de certificación energética en el
ámbito de las distintas Comunidades Autónomas, deben garantizar, por su
parte, la correcta aplicación y evitar una utilización abusiva de este
beneficio fiscal.

La forma de justificar la aplicación del beneficio fiscal,
será mediante la correspondiente etiqueta de eficiencia energética y las
facturas acreditativas de los trabajos realizados, así como los
justificante del pago, lo que proporcionará, además, un incentivo eficaz
de lucha contra el fraude fiscal.

ENMIENDA NÚM. 47

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 100. 16.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 16 del artículo 100
del Proyecto, con la redacción siguiente:

«16. Lo previsto en este artículo no será de aplicación
cuando la entidad no residente en territorio español sea residente en
otro Estado miembro de la Unión Europea, siempre que el contribuyente
acredite que su constitución y operativa responde a motivos económicos
válidos y que realiza actividades

económicas o se trate de una inversión de institución
colectiva regulada en la Directiva 2009/65CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se coordinan las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre
determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios,
distintas de las previstas en el artículo 54 de esta Ley, constituida y
domiciliada en algún Estado miembro de la Unión Europea.»

JUSTIFICACIÓN

Incluir el requisito de realización de actividades
económicas en la excepción prevista en este apartado resulta excesivo en
el marco de entidades residentes en otro Estado Miembro de la Unión
Europea y resta virtualidad a dicha excepción pues la misma no difiere en
casi nada de la aplicación de la regla general regulada en los apartados
anteriores.

ENMIENDA NÚM. 48

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 105. 5.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el artículo 105 del Proyecto, con la
siguiente redacción:

Artículo 105.5. Reserva de nivelación de bases
imponibles.

5. Las cantidades destinadas a la dotación de la reserva
prevista en este artículo no podrán aplicarse, simultáneamente, al
cumplimiento de la reserva de capitalización establecida en el artículo
25 de esta Ley ni de la Reserva para Inversiones en Canarias prevista en
el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

JUSTIFICACIÓN

En términos equivalentes a la propuesta anterior, se
considera necesario atender al carácter territorial de las Islas
Canarias.

ENMIENDA NÚM. 49

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional xx. Opción por la aplicación del tipo
de gravamen previsto en el párrafo primero del apartado 6 del Artículo
29.

«Podrán optar por tributar al tipo de gravamen previsto en
el párrafo primero del apartado 6 del artículo 29 de esta Ley aquellos
contribuyentes que, al inicio del primer periodo impositivo que hubiera
comenzado a partir de 1 de enero de 2015, tuviesen bases imponibles
negativas pendientes de compensación o deducciones para evitar la doble
imposición pendientes de aplicación en el Impuesto sobre Sociedades y que
hubieran dado lugar al registro contable de un activo por impuesto
diferido.

El ejercicio de dicha opción prevalecerá sobre lo previsto
en los párrafos segundo y tercero del apartado 6 del artículo 29 de la
Ley.

El ejercicio de la opción prevista en esta Disposición
Adicional no supondrá el incumplimiento del requisito contemplado en la
letra e) del apartado 4 del artículo 58 de la Ley a efectos de la
configuración de los grupos fiscales.

En el supuesto de que la sociedad que ejercite dicha opción
forme parte de un grupo fiscal, sea como entidad dominante o como entidad
dependiente, el tipo de gravamen previsto en el párrafo primero del
apartado 6 del artículo 29 de esta Ley será el aplicable a dicho grupo
fiscal.

Reglamentariamente se establecerán los requisitos para el
ejercicio de la opción, periodos impositivos durante los cuales resultará
de aplicación el mencionado tipo de gravamen así como las condiciones
para la renuncia de la misma.»

JUSTIFICACIÓN

Uno de los elementos más novedosos en la configuración del
Impuesto sobre Sociedades, tal y como se contempla en el Proyecto de Ley,
es la reducción del tipo de gravamen general (artículo 29) que pasaría
del 30% actual al previsible del 25% (una vez finalizado el periodo
transitorio de 2015, en el que resultaría aplicable el tipo del 28%).

La propia Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley
enmarca esta reducción del tipo de gravamen en un objetivo de incremento
de la competitividad de la empresa española, al entenderse que con ello
se garantiza el crecimiento sostenido de la actividad económica.

Siendo loables los objetivos pretendidos (mejora en el
medio-largo plazo de la competitividad empresarial) y la fórmula diseñada
para su consecución (reducción del tipo de gravamen), no puede ocultarse
el hecho que la introducción de este tipo de disposiciones sin prever
medidas correctoras o temporales puede producir innegables efectos
negativos y de carácter inmediato en determinadas sociedades que han
experimentado pérdidas fiscales en los periodos más agudos de la reciente
crisis.

En este sentido no debe olvidarse que la activación de los
créditos fiscales asociados a las pérdidas / créditos tributarios
pendientes de aprovechamiento (las comúnmente denominadas «deferred tax
assets» o «DTAs» en su terminología anglosajona) ha permitido a muchas
empresas mitigar patrimonialmente los efectos negativos de los períodos
de recesión económica.

Una reducción del tipo de gravamen del impuesto sobre
sociedades puede determinar de forma automática la obligación de estas
sociedades de reconocer pérdidas de carácter extraordinario (como
consecuencia de la mecánica propia del registro contable /
«actualización» del DTA al tipo de gravamen previsible en el ejercicio de
su aprovechamiento), lo cual es especialmente gravoso para aquellas
entidades que, tras duros años de crisis, empiezan a vislumbrar una
incipiente recuperación económica. Dichas pérdidas extraordinarias,
motivadas por un simple cambio normativo, redundarán sin duda alguna en
una merma de la competitividad empresarial (pérdida de solvencia
patrimonial, etc.), comprometiendo de esta forma uno de los objetivos
inspiradores de Proyecto de Ley.

En virtud de lo anterior y en aras de garantizar la
neutralidad impositiva (pilar que debe guiar de forma irrenunciable la
reforma tributaria) debe arbitrarse un mecanismo de carácter opcional que
permita a aquellos contribuyentes que así lo deseen y reúnan determinados
requisitos seguir optando por aplicar el tipo de gravamen «incrementado»
del 30% durante un periodo temporal limitado, evitándose así en la esfera
patrimonial la generación de las pérdidas extraordinarias asociadas al
registro contable de los DTAs a los nuevos tipos más reducidos.

Reglamentariamente podrían desarrollarse los requisitos
para el ejercicio de esta opción (entre los que cabría incluir la su
vinculación a los «DTAs» generados en el periodo más acuciante de crisis
económica), salvaguardándose en todo caso la compatibilidad de la opción
de aplicación del tipo de gravamen del 30% con el régimen de grupos de
sociedades (tal y como contempla, por ejemplo, el Proyecto de Ley para el
caso de entidades financieras).

Página
355

No tiene lógica permitir la opción en los casos del segundo
párrafo de esta Disposición, y sin embargo obligar a realizar un
recálculo contable y mercantil de la amortización en los casos del primer
párrafo de la misma.

ENMIENDA NÚM. 51

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria vigésima
tercera. 4.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 4 de la Disposición
transitoria vigésima tercera con la siguiente redacción:

«Las deducciones por doble imposición establecidas los
artículos 30, 31 y 32, del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, según redacción vigente en los periodos iniciados con
anterioridad a 1 de enero de 2015, pendientes de aplicar a la entrada en
vigor de esta Ley, así como las deducciones generadas de acuerdo con lo
establecido en los apartados 1, 2 y 3 de esta disposición transitoria y
que no hubieran podido aplicarse en el periodo impositivo en que se
generen, podrán deducirse en los periodos impositivos siguientes.

El importe de la deducción establecida en esta disposición
transitoria y en los artículos 30, 31.1.b) y 32.3 del citado texto
refundido se determinará teniendo en cuenta el tipo de gravamen vigente
en el periodo impositivo en que ésta se aplique.»

JUSTIFICACIÓN

Permitir que las deducciones por doble imposición generadas
al amparo de la propia disposición transitoria, que no hubieran podido
aplicarse en el ejercicio por insuficiencia de cuota, puedan aplicarse en
futuros periodos impositivos de igual manera que las deducciones
pendientes de aplicar generadas con anterioridad a la entrada en vigor de
la Ley.

ENMIENDA NÚM. 52

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la introducción de una nueva Disposición
transitoria con la redacción siguiente:

«Disposición transitoria xx.

Lo dispuesto en el artículo 21.3 de este mismo texto legal
será aplicable a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero
del 2014 y, en consecuencia, a partir de esa misma fecha quedará derogado
el apartado 5 del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades.»

JUSTIFICACIÓN

Según se explica en la exposición de motivos del
Proyecto:

«El entorno comunitario constituye, hoy en día, un elemento
indispensable a tener en cuenta en cualquier reforma del sistema
tributario español. En este sentido, dentro de las medidas que buscan
esta adaptación, requiere una especial consideración el tratamiento del
sistema de eliminación de la doble imposición establecido en el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que había sido
cuestionado por la Comisión Europea, de manera que esta Ley pretende dar
cumplimiento al ordenamiento comunitario, equiparando el tratamiento de
las rentas internas e internacionales.»

Puesto que el objetivo de esta modificación es poner fin a
una situación de discriminación y garantizar la plena compatibilidad del
nuevo método para evitar la doble imposición con el derecho comunitario,
y dado que la regulación hasta ahora vigente para las rentas procedentes
de las transmisiones de participaciones no trataba igual las
transmisiones de participaciones en entidades españolas frente a las
transmisiones de participaciones en entidades no residentes, se propone
la introducción de una nueva disposición transitoria que pretende reparar
esta situación de inmediato y con efectos retroactivos al 1 de enero del
propio ejercicio en curso en el momento de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de la norma.

ENMIENDA NÚM. 53

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición al Proyecto de una nueva disposición
transitoria, con la redacción siguiente:

Disposición transitoria xx. Inaplicación temporal de
determinadas condiciones para el aprovechamiento de la deducción por
actividades de investigación y desarrollo y de innovación
tecnológica.

«En el supuesto de que los gastos de investigación y
desarrollo del período impositivo superen el 10 por ciento del importe
neto de la cifra de negocios de la entidad o del grupo de consolidación
fiscal o, en su defecto, los 40 millones de inversión anual, el
aprovechamiento de la deducción por actividades de investigación y
desarrollo y de innovación tecnológica generada en los períodos
impositivos iniciados entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de
2016, en las condiciones previstas en el artículo 39, número 3, de la
presente Ley, no requerirá del cumplimiento de las condiciones señaladas
en los apartados a), b) y c) de dichos artículo y número.»

JUSTIFICACIÓN

Las empresas tecnológicas han experimentado, como la
mayoría de las entidades españolas, las consecuencias de la crisis
económica, debiendo reestructurarse para garantizar su supervivencia. La
necesidad de acometer una reestructuración es patente en el caso de
empresas especialmente intensivas en la inversión en I+D.

Por ello, las mejoras introducidas en la normativa del
Impuesto sobre Sociedades por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en relación con
deducción por actividades de investigación y desarrollo y de innovación
tecnológica —aprovechamiento de los créditos fiscales sin límite
sobre cuota, e incluso percepción anticipada de los mismos como abono de
la Administración tributaria—, pueden quedar en la práctica vacías
de contenido si dichas mejoras se condicionan al mantenimiento de la
plantilla media total —o de la adscrita a actividades de
I+D+i— y al destino a gastos en I+D+i —o en inversiones
afectas— de un importe equivalente a la deducción aplicada o
abonada.

En definitiva, la reducción de plantilla y de gasto a que
se ven forzadas las empresas tecnológicas como consecuencia de la crisis
puede anular la ventaja fiscal pretendida, precisamente en los casos en
que es más necesaria. Se propone por ello la desactivación temporal de
dichas condiciones.

Además, el transcurso del año al que también se refiere
como condición la disposición vigente, retrasa la ventaja financiera que
supone el incentivo fiscal, atenuando su impacto positivo, razón por la
que anteriormente se propuso la eliminación permanente de este requisito
o, subsidiariamente, por lo que se propone su supresión temporal en este
apartado.

ENMIENDA NÚM. 54

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final undécima.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la Disposición final
undécima. Entrada en vigor, con la siguiente redacción:

Disposición final undécima. Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2015
y será de aplicación a los períodos impositivos que se inicien a partir
de la expresada fecha, salvo las disposiciones finales cuarta a séptima y
el apartado 2 del artículo 39, que serán de aplicación en los términos en
ellas allí establecidos.

JUSTIFICACIÓN

Con la entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto de
Sociedades que tendrá lugar el día 1 de enero de 2015 (Disposición final
Undécima), se elimina parte del efecto incentivador de las actividades de
I+D+i en España que supone la novedad introducida a través de la Ley de
Emprendedores al eliminar el carácter retroactivo en la aplicación del
mismo para las deducciones por actividades de investigación y desarrollo
e innovación tecnológica a las que se refieren los apartados 1 y 2 del
artículo 35 de esta Ley, generadas en períodos impositivos iniciados a
partir de 1 de enero de 2013, afectando, al mismo tiempo, a la seguridad
jurídica en la aplicación de este tipo de incentivos a la I+D+i por el
margen escaso de tiempo entre ambas modificaciones legislativas.

En este sentido, manteniendo la coherencia con la enmienda
propuestas sobre el apartado 2 del artículo 39, se propone la
modificación indicada anteriormente completando las salvedades
establecidas a la aplicación y entrada en vigor de la presente Ley.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula 31 enmiendas al Proyecto de Ley del Impuesto sobre
Sociedades.

Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—El
Portavoz, José Montilla Aguilera.

ENMIENDA NÚM. 55

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente redacción del artículo 6:

«Artículo 6. Atribución de rentas.

1. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles,
tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunidades de
bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como las retenciones
e ingresos a cuenta que hayan soportado, se atribuirán a los socios,
herederos, comuneros o partícipes, respectivamente, de acuerdo con lo
establecido en la sección 2.a del título X de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

2. Las entidades en régimen de atribución de rentas no
tributarán por el Impuesto sobre Sociedades.»

JUSTIFICACIÓN

El proyecto excluye de la consideración como entidades en
régimen de atribución de rentas a determinadas sociedades civiles que, en
consecuencia, pasan a tributar por el Impuesto sobre Sociedades. Tal
modificación no se explica ni se justifica, ni en el proyecto de reforma
del IRPF ni en el Proyecto del Impuesto sobre Sociedades.

ENMIENDA NÚM. 56

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7. 1. a.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente redacción de la letra a) del
apartado 1 del artículo 7:

«a) Las personas jurídicas, excepto las sociedades
civiles.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 57

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 16. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Página
360

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente redacción del primer párrafo del
apartado 1 del artículo 29:

«1. El tipo general de gravamen para los contribuyentes de
este Impuesto será el 30 por ciento.»

JUSTIFICACIÓN

En el Impuesto sobre Sociedades, la disminución de su
recaudación ha posibilitado que exista un consenso prácticamente unánime
en la necesidad de proceder a una profunda reforma del mismo que depure
la maraña de deducciones y reducciones de la base imponible del tributo,
que hacen que el tipo impositivo efectivo se encuentre muy alejado de los
tipos nominales. Esto es particularmente relevante en relación con las
grandes empresas, grupos de sociedades y multinacionales, que se
benefician de alrededor del 80 % de todos los beneficios fiscales.

Desde esta perspectiva, la limitación de las reducciones de
la base imponible y la supresión de gran parte de las deducciones debería
servir, no solo para aumentar la capacidad recaudatoria del impuesto,
sino también para hacerlo más sencillo y eficiente, introduciendo mayor
equidad en la figura tributaria, pues en la actualidad, como se ha dicho,
son esencialmente las grandes empresas las que son capaces de
«aprovecharse» de los beneficios fiscales existentes.

Sin embargo, la Memoria de impacto normativo del proyecto
estima un coste recaudatorio «ex ante» de 3.078 millones de euros y una
pérdida de ingresos «ex post» de 2.468 millones de euros.

Si este es el efecto de la modificación proyectada, no
puede afirmarse que nos encontremos ante una reforma estructural del
Impuesto sobre Sociedades que reconstruye la base imponible de mismo, ni
estabiliza su recaudación. Es más, el IS va a tener, en el ejercicio
2016, el menor peso en el PIB desde el comienzo de la crisis. El
resultado es sorprendente e inaceptable, indicando que nos encontramos
ante una mera rebaja del tipo nominal del 30 % al 25 %, es decir, un
«regalo» fiscal de 3.000 millones que beneficiará, únicamente, a las
grandes empresas.

Por ello, debe mantenerse el actual tipo general del
impuesto del 30 por ciento.

ENMIENDA NÚM. 66

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 29. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente redacción del apartado 2 del
artículo 29:

«2. Tributarán al tipo del 25 por ciento.

a) Las mutuas de seguros generales, las mutualidades de
previsión social y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social que cumplan los requisitos
establecidos por su normativa reguladora.

b) Las sociedades de garantía recíproca y las sociedades de
reafianzamiento reguladas en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el
régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca, inscritas en el
registro especial del Banco de España.

c) Las sociedades cooperativas de crédito y cajas rurales,
excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que
tributarán al tipo general.

d) Los colegios profesionales, las asociaciones
empresariales, las cámaras oficiales y los sindicatos de
trabajadores.

e) Las entidades sin fines lucrativos a las que no sea de
aplicación el régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo.

f) Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo
del artículo 22 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y
reindustrialización.

g) Las uniones, federaciones y confederaciones de
cooperativas.

h) La Entidad de Derecho público Puertos del Estado y las
Autoridades Portuarias.

Tributarán al 20 por ciento las sociedades cooperativas
fiscalmente protegidas, excepto por lo que se refiere a los resultados
extracooperativos, que tributarán al tipo general.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda que mantiene el tipo general
del impuesto en el 30 por ciento.

ENMIENDA NÚM. 67

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 29. 4.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente redacción del primer párrafo del
apartado 4 del artículo 29:

«4. Tributarán al tipo del 15 por ciento:»

JUSTIFICACIÓN

Corregir la actual desfiscalización de las instituciones de
inversión colectiva, en especial en relación con las sociedades de
inversión de capital variable (SICAV’s).

ENMIENDA NÚM. 68

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 29. 6.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente redacción del primer párrafo del
apartado 6 del artículo 29:

«6. Tributarán al tipo del 40 por ciento las entidades que
se dediquen a la exploración, investigación y explotación de yacimientos
y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos en los términos
establecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de
hidrocarburos.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda que mantiene el tipo general
del impuesto en el 30 por ciento. Debe destacarse que la propuesta de
establecer un tipo incrementado para las entidades de crédito se
justifica

para mantener la valoración de los créditos fiscales
diferidos que hayan podido acreditarse, que reducen la carga fiscal de
dichas entidades, no respondiendo, pese a lo manifestado por el Gobierno,
a una mayor tributación de las entidades de crédito como compensación por
las ayudas recibidas.

ENMIENDA NÚM. 69

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 29. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado 8 al artículo
29, con la siguiente redacción:

«8. En todo caso, la cuota íntegra de los sujetos pasivos a
los que sea de aplicación el tipo general del impuesto o el tipo previsto
en el apartado 6 anterior y cuyo importe neto de la cifra de negocios
habida en el periodo impositivo inmediato anterior sea superior a sesenta
millones de euros, no podrá ser inferior a la cantidad resultante de
aplicar el tipo del 15 por ciento al resultado positivo de la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio, determinado de acuerdo con el Código
de Comercio y demás normativa contable de desarrollo, incrementado en el
exceso de gastos financieros contabilizados que superen el límite de
deducibilidad previsto en el artículo 16 y en el gasto contabilizado en
concepto de Impuesto sobre Sociedades, y minorado en las bases imponibles
negativas pendientes de compensar por los contribuyentes, teniendo en
cuenta los límites que correspondan de acuerdo con lo establecido en el
artículo 26, y en el importe de las rentas a las que resulte de
aplicación las exenciones previstas en los artículos 21 y 22.

A la cuota íntegra resultante de lo previsto en el párrafo
anterior le serán de aplicación las deducciones previstas en los
artículos 31 y 32. Las referencias a la cuota íntegra contenidas en los
citados artículos se entenderán referidas, a estos efectos, a la cuota
íntegra resultante de lo previsto en el párrafo anterior.

Cuando la entidad fuere de nueva creación, el importe de la
cifra de negocios se referirá al primer período impositivo en que se
desarrolle efectivamente la actividad. Si el período impositivo inmediato
anterior hubiere tenido una duración inferior al año, o la actividad se
hubiere desarrollado durante un plazo también inferior, el importe neto
de la cifra de negocios se elevará al año.

Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en
el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de
la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales
consolidadas, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al
conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.

Lo establecido en el párrafo anterior será igualmente
aplicable cuando dicha cifra de negocios se alcance como consecuencia de
que se haya realizado una operación de las reguladas en el capítulo VIII
del título VII de esta Ley acogida al régimen fiscal establecido en dicho
capítulo.

Reglamentariamente podrán adoptarse las medidas necesarias
para adecuar lo previsto en el presente apartado a las características
específicas de los diferentes sectores de actividad, siempre que las
mismas resulten imprescindibles para la correcta aplicación de lo
previsto en los párrafos anteriores.»

JUSTIFICACIÓN

Por lo que se refiere a los grandes grupos consolidados, la
reducción del tipo efectivo ha sido extraordinaria en los últimos años,
habiéndose producido grandes diferencias de tributación entre grupos
empresariales, siendo relativamente mayor la tributación de las pequeñas
y medianas empresas que la que soportan los grandes grupos
multinacionales. Según los datos del informe anual de recaudación
tributaria 2013 de la AEAT, en 2012 el tipo efectivo sobre el resultado
contable de las empresas no grupo ascendió al 16 por ciento, en tanto los
grupos consolidados tuvieron un tipo efectivo del 5,3 por ciento.

Lo anterior no sólo provoca un perjuicio a la Hacienda y, a
través de ella, a los ciudadanos más desfavorecidos que ven recortadas
las políticas sociales ante la falta de recursos, sino que es fuente de

competencia desleal entre empresas que deben soportar
distinto esfuerzo fiscal, siendo el impuesto sobre sociedades uno de los
principales costes empresariales.

En consecuencia, resulta ineludible establecer un impuesto
mínimo sobre la magnitud que mejor refleja la capacidad económica de una
empresa: resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio, ajustado para dejar absolutamente intactas las exenciones y
deducciones para evitar la doble imposición nacional e internacional y
para eliminar las consecuencias del excesivo endeudamiento.

El resultado es un impuesto mínimo, de base amplia y tipo
reducido, que en definitiva supone un límite global y general para las
deducciones en base y en cuota y para las bonificaciones establecidas en
la normativa del impuesto.

ENMIENDA NÚM. 70

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 32. 1. a.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente redacción de la letra a) del
apartado 1 del artículo 32:

«a) Que la participación directa o indirecta en el capital
de la entidad no residente sea, al menos, del 5 por ciento.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 21.1.a).

ENMIENDA NÚM. 71

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 32. 3.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente redacción del apartado 3 del
artículo 32:

«3. Tendrá también la consideración de impuesto
efectivamente pagado el impuesto satisfecho por las entidades
participadas directamente por la sociedad que distribuye el dividendo y
por las que, a su vez, estén participadas directamente por aquellas, y
así sucesivamente, en la parte imputable a los beneficios con cargo a los
cuales se pagan los dividendos siempre que dichas participaciones sean,
al menos, del 5 por ciento y cumplan el requisito a que se refiere el
apartado anterior en lo concerniente al tiempo de tenencia de la
participación.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 21.1.a).

Página
368

La deducción prevista en este apartado queda excluida del
límite a que se refiere el último párrafo del apartado 1 del artículo 39
de esta Ley. A efectos del cálculo de dicho límite no se computará esta
deducción.

El importe de esta deducción, conjuntamente con el resto de
ayudas percibidas por el contribuyente, no podrá superar el 70 por ciento
del coste de producción.

3. Los gastos realizados en la producción y exhibición de
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales tendrán una deducción
del 40 por ciento.

La base de la deducción estará constituida por los costes
directos de carácter artístico, técnico y promocional incurridos en las
referidas actividades.

Para la aplicación de esta deducción, será necesario el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el contribuyente haya obtenido un certificado al
efecto, en los términos que se establezcan por Orden Ministerial, por el
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

b) Que, de los beneficios obtenidos en el ejercicio en el
que se genere el derecho a la deducción, el contribuyente destine al
menos el 50 por ciento a la realización de actividades que dan derecho a
la aplicación de la deducción prevista en este apartado. El plazo para el
cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del
ejercicio en que se hayan obtenido los referidos beneficios y los 4 años
siguientes al cierre de dicho ejercicio.

La base de esta deducción se minorará en el importe de las
subvenciones recibidas para financiar los gastos que generen el derecho a
la misma. El importe de la deducción, junto con las subvenciones
percibidas por el contribuyente, no podrá superar el 80 por ciento de
dichos gastos.»

JUSTIFICACIÓN

Necesidad de establecer incentivos fiscales eficaces para
el desarrollo de las industrias culturales, en línea con las medidas
previstas en otros países de la Unión Europea.

ENMIENDA NÚM. 73

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 40. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado 6 con la
siguiente redacción:

«6. Reglamentariamente se dictarán las normas necesarias
para adecuar la cuantía de los pagos fraccionados a la tributación mínima
prevista en el apartado 8 del artículo 29.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda que añade un nuevo apartado 8
al artículo 29.

ENMIENDA NÚM. 74

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 67. a.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del segundo párrafo de la letra a)
del artículo 67.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 16.2.

ENMIENDA NÚM. 75

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 69.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del segundo párrafo del artículo
69.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 29.6.

ENMIENDA NÚM. 76

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación
del Artículo 105.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 105 bis, con la
siguiente redacción:

«Artículo 105 bis. Tipo de gravamen.

Las entidades que cumplan las previsiones del artículo 101
de esta Ley tributarán con arreglo a la siguiente escala, excepto si de
acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de esta Ley deban tributar a un
tipo diferente del general:

a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y
300.000 euros, al tipo del 25 por ciento.

b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 30
por ciento.

Cuando el período impositivo tenga una duración inferior al
año, la parte de la base imponible que tributará al tipo del 25 por
ciento será la resultante de aplicar a 300.000 euros la proporción en la
que se hallen el número de días del período impositivo entre 365 días, o
la base imponible del período impositivo cuando esta fuera inferior.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el mantenimiento del tipo general del
impuesto al 30 por ciento, restablecimiento de los tipos de gravamen
aplicables a las entidades de reducida dimensión.

ENMIENDA NÚM. 77

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 107.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 107 del proyecto,
Régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros.

JUSTIFICACIÓN

A pesar del reducido número de entidades que aplican este
régimen se está produciendo una merma considerable de recursos públicos,
pues grandes grupos multinacionales se han acogido al mismo, sin ningún
tipo de contraprestación en términos de empleo o actividad.

De hecho, los planes de prevención fiscal de la AEAT
«… han detectado casos de aparente concentración de activos y
pasivos financieros exteriores, correspondientes a grupos internacionales
de sociedades, normalmente mediante la utilización de empresas de mera
tenencia de valores extranjeros. Con ello se pretende trasladar a
territorio español la carga financiera (intereses) de grupos
internacionales de sociedades dando lugar a la correspondiente deducción
de gastos mientras que los ingresos financieros tributan de forma muy
reducida por serles de aplicación un régimen privilegiado. En el
desarrollo de estas operaciones se efectúan compraventas intragrupo por
precios notoriamente superiores a los de mercado. Se trata de abusos a la
normativa española, que es muy flexible para atraer la localización de
Sociedades de Tenencia de Valores. El número de casos detectados es muy
reducido, pero se trata de operaciones por importes muy elevados.»

Este tipo de regímenes no es coherente, tampoco, con el
Plan de Acción «Base Erosion and Profit Shifting» (BEPS en sus siglas en
inglés) por lo que debe ser suprimido, de acuerdo con los principios de
coordinación internacional para luchar contra la evasión fiscal de
empresas multinacionales.

ENMIENDA NÚM. 78

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional
con la siguiente redacción:

«Disposición adicional XXX. Incentivos a la industria
cultural del videojuego.

El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en
vigor de la presente ley, elaborará un informe que evaluará y analizará
el sector de los videojuegos como ámbito fundamental de la creación y

la industria cultural. En particular, estudiará la
posibilidad de establecer incentivos fiscales a la producción de
videojuegos, de forma análoga a los aplicables a otras industrias
culturales.»

JUSTIFICACIÓN

Favorecer la producción de videojuegos, como ámbito
fundamental de la creación y la industria cultural de nuestro país.

ENMIENDA NÚM. 79

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición una nueva disposición adicional con
la siguiente redacción:

«Disposición adicional xxx. Coordinación internacional para
luchar contra la evasión fiscal de empresas multinacionales.

En tanto que miembro de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) e invitado permanente en el G-20, el
Gobierno impulsará de manera inmediata las actuaciones oportunas para la
implementación efectiva del Plan de acción contra la erosión de la base
imponible y el traslado de beneficios (BEPS en sus siglas en inglés) de
la OCDE.

En particular, con el objetivo de eliminar la erosión de
las bases imponibles y el traslado artificial de beneficios a
jurisdicciones para evitar el pago de impuestos de empresas
multinacionales, el Gobierno impulsará a nivel internacional las
siguientes actuaciones:

— Abordar los retos de la economía digital para la
imposición (acción 1).

— Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos
a través del diseño de nuevas normas internacionales para garantizar la
coherencia de las impuesto sobre sociedades a nivel internacional (acción
2).

— Refuerzo de la normativa sobre compañías foráneas
controladas (CFC) (acción 3).

— Limitar la erosión de la base imponible por vía de
deducciones en el interés y otros pagos financieros (acción 4).

— Combatir las prácticas tributarias perniciosas,
teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia (acción 5).

— Impedir la utilización abusiva de los convenios
bilaterales (acción 6).

— Impedir la elusión artificiosa del estatuto de
establecimiento permanente (acción 7).

— Asegurar que los resultados de los precios de
transferencia están en línea con la creación de valor (acciones 8, 9,
10).

— Establecer metodologías para la recopilación y el
análisis de datos sobre la erosión de la base imponible y el traslado de
beneficios y sobre las acciones para enfrentarse a ella (acción 11).

— Aumentar la transparencia exigiendo a los
contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal
agresiva (acción 12) y reexaminar la documentación sobre precios de
transferencia (acción 13).

— Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de
controversias (acción 14).

— Desarrollar un instrumento multilateral (acción
15).

JUSTIFICACIÓN

La lucha contra la erosión de la base imponible y el
traslado de beneficios está siendo un grave problema para la estabilidad
de la recaudación del impuesto sobre sociedades en la mayoría de los
países avanzados. Para combatir la evasión fiscal es necesario alcanzar
consensos amplios de forma coordinada a nivel internacional y de manera
inmediata. En concreto, el desarrollo de la economía digital (Internet)
ha traído el debate sobre la fiscalidad de los servicios que se prestan a
través de la red. Las empresas multinacionales están seleccionando los
países con una tributación más baja para trasladar a allí los beneficios
de los servicios que se producen en países con mayor carga fiscal.

Por ello, el Plan de Acción «Base Erosion and Profit
Shifting» (BEPS en sus siglas en inglés) de la OCDE marca un «punto de
inflexión en la historia de la cooperación internacional en materia de
tributación». La Unión Europea también se ha marcado como objetivo evitar
que las relaciones matriz filial supongan una reducción considerable de
los ingresos tributarios de los Estados miembros.

Consideramos que el Gobierno de España, en lugar de aprobar
amnistía fiscales injustas e ineficaces, debe liderar, como país miembro
de la OCDE e invitado permanente en el G-20, la implementación efectiva
de dicho el Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el
Traslado de Beneficios (BEPS en sus siglas en inglés).

ENMIENDA NÚM. 80

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición una nueva disposición adicional con
la siguiente redacción:

«Disposición adicional xxx. Evaluación y mejora de la
transparencia de los beneficios fiscales y de los ajustes en el Impuesto
sobre Sociedades.

El Gobierno, con periodicidad anual, presentará ante las
Cortes Generales una evaluación pormenorizada de los efectos de los
beneficios fiscales y de los principales ajustes aplicables para la
determinación de la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades.

El Gobierno publicará en la web del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, entre otras, la siguiente información
estadística del Impuesto sobre Sociedades:

— el presupuesto de beneficios fiscales de cada
ejercicio, que incluirá el importe de los ajustes aplicables para la
determinación de la base imponible.

— el cierre de resultados de los presupuestos de
beneficios fiscales, en el que se incluirán las desviaciones respecto de
las previsiones iniciales.

El Gobierno adoptará las medidas necesarias para obtener la
información territorializada (España, país a país, Unión Europea y resto
del mundo) de las declaraciones de grandes empresas y grupos, así como de
la base imponible o del resultado contable mundial antes de impuestos y
su distribución territorializada (España, país a país, Unión Europea y
resto del mundo).

Con el objetivo de aumentar la trasparencia de los recursos
públicos, el Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en
vigor de la presente Ley, adoptará las medidas necesarias para incluir en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, el derecho a conocer la identidad de
las entidades con un volumen de negocio superior a 10 millones de euros
que se benefician de los incentivos fiscales y ajustes del Impuesto sobre
Sociedades, con expresión individualizada de los importes.

Igualmente, en el plazo de tres meses desde la entrada en
vigor de la presente Ley, el Gobierno aprobará un Proyecto de Ley para
fijar un límite anual de beneficios fiscales del Estado. La aprobación de
nuevos incentivos fiscales o el incremento de los vigentes en el
ejercicio, deberá acompañarse de medidas específicas para reducir gastos
o, alternativamente, incrementar ingresos.

Asimismo, las memorias económicas que acompañan a los
proyectos de ley y reales decretos leyes que incorporen beneficios
fiscales deberán incluir tanto su efecto recaudatorio como su impacto en
la actividad económica y la política social. Igualmente, deberán
contemplar el efecto recaudatorio de todas y cada una de las medidas
propuestas de forma individualizada, sin que sea suficiente a estos
efectos la determinación del coste total o agregado del correspondiente
proyecto o real decreto-ley.»

JUSTIFICACIÓN

El Presupuesto de Beneficios Fiscales del Impuesto sobre
Sociedades supone una cifra de recursos públicos nada desdeñable a la que
habría que añadir importantes incentivos fiscales, como determinados
ajustes de los que se benefician fundamentalmente las grandes empresas a
la hora de calcular la base imponible y la cuota del tributo. Es por ello
que los beneficios fiscales deberían tener un tratamiento diferenciado y
sistemático para poder evaluar tanto su impacto recaudatorio como su
efecto real sobre la actividad económica y la política redistributiva. No
tiene sentido que podamos conocer la identidad de los contratistas con
las administración públicas o los perceptores de subvenciones y ayudas
públicas y que no podamos conocer quienes disfrutan de dichos beneficios
fiscales. Es necesario mejorar la transparencia y su evaluación para
eliminar los incentivos fiscales ineficientes que erosionan las bases
imponibles.

Por ello, el Gobierno con carácter anual debe presentar una
evaluación de los efectos de los beneficios fiscales y de los principales
ajustes aplicables para la determinación de la base imponible en las
políticas económicas y sociales y publicar el cierre de resultados de los
presupuestos de beneficios fiscales en el que se incluirán las
desviaciones respecto de las previsiones iniciales. Además, es importante
ofrecer información territorializada (España, país a país, Unión Europea
y resto del mundo) de las declaraciones de grandes empresas y grupos del
Impuesto sobre Sociedades, así como la base imponible o el resultado
contable mundial antes de impuestos y su distribución territorializada
(España, país a país, Unión Europea y resto del mundo). Conocer la
identidad de las empresas con un determinado volumen de negocio que se
benefician de los incentivos fiscales del Impuesto sobre Sociedades.
Igualmente, es prioritario fijar un techo anual de beneficios fiscales
del Estado para que si se aprueban nuevos incentivos fiscales o se
mejoran los vigentes en el ejercicio, se tendrán obligatoriamente que
adoptar medidas específicas para reducir gastos o, alternativamente,
incrementar ingresos. Asimismo, en las memorias económicas que acompañan
a los proyectos normativos si se aprueban beneficios fiscales deberán
incluir tanto su efecto recaudatorio como su impacto en la actividad
económica y la política social.

ENMIENDA NÚM. 81

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria
trigésima primera.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición transitoria
trigésima primera del proyecto.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda que propone la supresión del
régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros.

ENMIENDA NÚM. 82

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria
trigésima segunda.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la Disposición transitoria
trigésima segunda del proyecto.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda a la tributación por IS de
determinadas sociedades civiles.

ENMIENDA NÚM. 83

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria
trigésima cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la letra a) de la Disposición
transitoria trigésima cuarta del proyecto.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda a la tributación por IS de
determinadas sociedades civiles.

ENMIENDA NÚM. 84

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria
trigésima cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

Página
376

aplicable al resto de la base de la deducción, el 62,5 por
ciento. Cuando resulte de aplicación lo dispuesto en el último párrafo de
dicho apartado, el porcentaje de deducción a aplicar será el 67,5 por
ciento.

En los períodos impositivos que se inicien en el año 2015,
el porcentaje de deducción a que se refiere el segundo párrafo del
apartado 1 del artículo 20 de esta Ley, será del 37,5 por ciento.

A efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19
y en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 20 de esta Ley, se
tendrán en cuenta las donaciones y aportaciones realizadas durante los
ejercicios 2013 y 2014.»

JUSTIFICACIÓN

Se incrementan los porcentajes de deducción establecidos en
el Proyecto de Ley porque están aún lejos de los aplicados en los países
de nuestro entorno y apenas representa un incremento.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula 10 enmiendas al Proyecto de Ley del Impuesto sobre
Sociedades.

Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—El
Portavoz Adjunto, Jordi Guillot Miravet.

ENMIENDA NÚM. 86

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 26. 1.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del primer párrafo del apartado 1 del
artículo 26.

«1. Las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de
liquidación o autoliquidación podrán ser compensadas con las rentas
positivas de los periodos impositivos que concluyan en los 10 años
inmediatos y sucesivos con el límite del 60 por ciento de la base
imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización
establecida en el artículo 25 de esta Ley y a su compensación.»

JUSTIFICACIÓN

La reforma del tributo suprime el límite temporal de 18
años para la compensación de bases imponibles negativas, permitiendo la
aplicabilidad de dichas bases en el futuro sin límite temporal, e
introduce una limitación cuantitativa del 60% de la base imponible previa
a su compensación.

La supresión del límite temporal para deducir las bases
imponibles negativas solo puede beneficiar a las grandes empresas, las
únicas capaces de sobrevivir a tales pérdidas durante tanto tiempo.

Se propone establecer un límite temporal de 10 años para la
compensación, en coherencia con el derecho de la Administración para
comprobar o investigar las bases imponibles negativas pendientes de
compensación que prescribe a los 10 años según el proyecto de ley.

ENMIENDA NÚM. 87

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 26. 5.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el segundo párrafo del apartado 5 del artículo
26.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior al establecerse un
límite temporal de 10 años para la compensación de bases imponibles
negativas.

ENMIENDA NÚM. 88

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 29.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del artículo 29.

«Artículo 29. El tipo de gravamen.

1. El tipo general de gravamen para los sujetos pasivos de
este impuesto será el 30 por ciento. No obstante, el tipo general de
gravamen será el 35 por ciento para bases imponibles a partir del millón
de euros.

2. Tributarán al tipo del 25 por ciento:

a) Las mutuas de seguros generales, las mutualidades de
previsión social y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social que cumplan los requisitos
establecidos por su normativa reguladora.

b) Las sociedades de garantía recíproca y las sociedades de
reafianzamiento reguladas en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el
régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca, inscritas en el
registro especial del Banco de España.

c) Las sociedades cooperativas de crédito y cajas rurales,
excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que
tributarán al tipo general.

d) Los colegios profesionales, las asociaciones
empresariales, las cámaras oficiales y los sindicatos de
trabajadores.

e) Las entidades sin fines lucrativos a las que no sea de
aplicación el régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo.

f) Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo
del artículo 22 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y
reindustrialización.

g) Las uniones, federaciones y confederaciones de
cooperativas.

h) La Entidad de Derecho público Puertos del Estado y las
Autoridades Portuarias.

3. Tributarán al 20 por ciento las sociedades cooperativas
fiscalmente protegidas, excepto por lo que se refiere a los resultados
extracooperativos, que tributarán al tipo general.

4. Tributarán al 10 por ciento las entidades a las que sea
de aplicación el régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo.

5. Tributarán al tipo del 15 por ciento:

a) Las sociedades de inversión de capital variable
reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva, siempre que el número de accionistas requerido sea,
como mínimo, el previsto en su artículo 9.4 y cumplan con la limitación a
la participación en el capital social.

b) Los fondos de inversión de carácter financiero previstos
en la citada Ley, siempre que el número de partícipes requerido sea, como
mínimo, el previsto en su artículo 5.4.

c) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de
inversión inmobiliaria regulados en la citada Ley, distintos de los
previstos en la letra d) siguiente, siempre que el número de accionistas
o partícipes requerido sea, como mínimo, el previsto en los artículos 5.4
y 9.4 de dicha Ley y que, con el carácter de instituciones de inversión
colectiva no financieras, tengan por objeto exclusivo la inversión en
cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su
arrendamiento.

La aplicación de los tipos de gravamen previstos en este
apartado requerirá que los bienes inmuebles que integren el activo de las
Instituciones de Inversión Colectiva a que se refiere el párrafo anterior
no se enajenen hasta que no hayan transcurrido al menos tres años desde
su adquisición, salvo que, con carácter excepcional, medie la
autorización expresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del
período mínimo a que se refiere esta letra c) determinará que la renta
derivada de dicha transmisión tributará al tipo general de gravamen del
impuesto. Además, la entidad estará obligada a ingresar, junto con la
cuota del período impositivo correspondiente al período en el que se
transmitió el bien, los importes resultantes de aplicar a las rentas
correspondientes al inmueble en cada uno de los períodos impositivos
anteriores en los que hubiera resultado de aplicación el régimen previsto
en esta letra c), la diferencia entre el tipo general de gravamen vigente
en cada período y el tipo del 1 por ciento, sin perjuicio de los
intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten
procedentes.

Lo establecido en esta letra c) está condicionado a que los
estatutos de la entidad prevean la no distribución de dividendos.

d) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de
inversión inmobiliaria regulados en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre,
que, además de reunir los requisitos previstos en la letra c),
desarrollen la actividad de promoción exclusivamente de viviendas para
destinarlas a su arrendamiento y cumplan las siguientes condiciones:

1.ª Las inversiones en bienes inmuebles afectas a la
actividad de promoción inmobiliaria no podrán superar el 20 por ciento
del total del activo de la sociedad o fondo de inversión
inmobiliaria.

2.ª La actividad de promoción inmobiliaria y la de
arrendamiento deberán ser objeto de contabilización separada para cada
inmueble adquirido o promovido, con el desglose que resulte necesario
para conocer la renta correspondiente a cada vivienda, local o finca
registral independiente en que éstos se dividan, sin perjuicio del
cómputo de las inversiones en el total del activo a efectos del
porcentaje previsto en la letra c).

3.ª Los inmuebles derivados de la actividad de promoción
deberán permanecer arrendados u ofrecidos en arrendamiento por la
sociedad o fondo de inversión inmobiliaria durante un período mínimo de
siete años. Este plazo se computará desde la fecha de terminación de la
construcción. A estos efectos, la terminación de la construcción del
inmueble se acreditará mediante el certificado final de obra a que se
refiere el artículo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación
de la Edificación.

La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del
período mínimo a que se refiere esta letra d) o la letra c) anterior,
según proceda, determinará que la renta derivada de dicha transmisión
tributará al tipo general de gravamen del impuesto. Además, la entidad
estará obligada a ingresar, junto con la cuota del período impositivo
correspondiente al período en el que se transmitió el bien, los importes
resultantes de aplicar a las rentas correspondientes al inmueble en cada
uno de los períodos impositivos anteriores en los que hubiera resultado
de aplicación el régimen previsto en esta letra d) la diferencia entre el
tipo general de gravamen vigente en cada período y el tipo del uno por
ciento, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones
que, en su caso, resulten procedentes.

Las sociedades de inversión inmobiliaria o los fondos de
inversión inmobiliaria que desarrollen la actividad de promoción de
viviendas para su arrendamiento estarán obligadas a comunicar dicha
circunstancia a la Administración tributaria en el período impositivo en
que se inicie la citada actividad.

e) El fondo de regulación del mercado hipotecario,
establecido en el artículo 25 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
regulación del mercado hipotecario.

6. Tributarán al tipo del cero por ciento los fondos de
pensiones regulados en el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2002, de 29 de noviembre.

7. Tributarán al tipo del 40 por ciento las entidades que
se dediquen a la exploración, investigación y explotación de yacimientos
y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos en los términos
establecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos.

Las actividades relativas al refino y cualesquiera otras
distintas de las de exploración, investigación, explotación, transporte,
almacenamiento, depuración y venta de hidrocarburos extraídos, o de la
actividad de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos propiedad de
terceros, quedarán sometidas al tipo general de gravamen.

A las entidades que desarrollen exclusivamente la actividad
de almacenamiento de hidrocarburos propiedad de terceros no les resultará
aplicable el régimen especial establecido en el capítulo X del título VII
de esta ley y tributarán al tipo general de gravamen.

8. Tributarán al tipo de gravamen especial que resulte de
lo establecido en el artículo 43 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, las entidades de
la Zona Especial Canaria, por la parte de base imponible correspondiente
a las operaciones realizadas efectiva y materialmente en el ámbito
geográfico de la Zona Especial Canaria.»

JUSTIFICACIÓN

Con la reforma del Gobierno en el Impuesto sobre Sociedades
se reduce 10 puntos el tipo de gravamen (del 40 al 30 %) a las entidades
que se dedican a la exploración, investigación y explotación de
hidrocarburos. También se rebaja 5 puntos el tipo nominal general (del 30
al 25 %) para todas las compañías igualando al tipo de gravamen del 25 %
de las empresas de reducida dimensión, salvo para las entidades de
crédito, que seguirán sometidas al mismo tipo vigente del 30 %.

El Gobierno justifica esta rebaja por la necesidad de
aproximar el tipo de gravamen nominal y el efectivo, y para incrementar
la competitividad de nuestra economía.

Sin embargo, la aproximación entre tipos nominales y
efectivos parece más razonable que se realice aumentado el tipo efectivo
y no reduciendo el nominal. Entre otras cosas porque la reducción de
tipos nominales beneficia a los grandes grupos empresariales. Y desde
luego, no parece existir evidencia alguna que relacione tipos impositivos
bajos y competitividad. España ya se situaba en un nivel sustancialmente
inferior de tributación en relación con países de nuestro entorno.

La rebaja de 5 puntos en el tipo nominal no va a mejorar la
tributación efectiva y las grandes corporaciones continuarán tributando
realmente a tipos muy reducidos. Además, y contrariamente a lo que pueda
parecer, se produce un nuevo apoyo a la banca al mantener el tipo del 30
% porque le evita un deterioro de activos (créditos fiscales) de 6.400
millones de euros. Someterlas al 25 % exigiría recalcular los créditos
fiscales que ascendían a 38.377 millones de euros en 2011.

Se propone revertir la rebaja de tipos nominales, gravar al
15 % a las sociedades de inversión (entre las que se encuentran las
SICAV) y establecer un tipo del 35 % para las bases imponibles que
superen el millón de euros, ya que las empresas de cierta dimensión que
obtienen beneficios por encima de esa cantidad pueden realizar un
esfuerzo suplementario para financiar el gasto público.

ENMIENDA NÚM. 89

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación
del Artículo 38.

ENMIENDA

De adición.

Página
381

para compensar las ganancias económicas de otras empresas
del grupo. El resultado final siempre es el mismo: la reducción de la
cantidad de impuestos a pagar por las grandes empresas que utilizan estos
mecanismos.

Por todo ello se propone eliminar esta figura jurídica.

ENMIENDA NÚM. 93

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional.

«Disposición adicional (nueva). Tributación efectiva del
Impuesto sobre Sociedades.

Para los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que
tributen al tipo general de gravamen, el tipo efectivo no podrá ser
inferior, en ningún caso, al 25 por ciento.

A estos efectos, el tipo efectivo del Impuesto sobre
Sociedades será el resultado de multiplicar por 100 el cociente obtenido
de dividir la diferencia entre la cuota íntegra y las deducciones a que
se refieren los capítulos II, III y IV del Título VI de esta Ley, por la
base imponible.»

JUSTIFICACIÓN

Se pretende evitar que las empresas de mayor dimensión
disfruten de un tipo efectivo muy inferior al nominal.

ENMIENDA NÚM. 94

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria
trigésima.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la disposición transitoria trigésima
primera.

JUSTIFICACIÓN

En otra enmienda se ha propuesto eliminar el régimen
especial de las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE).

Página
384

liquide el Impuesto sobre Sociedades por la diferencia de
tipos impositivos. Así, podría agotarse una vía de elusión
tradicionalmente utilizada por las grandes fortunas.

En coherencia con todo ello, será requisito necesario para
obtener y conservar la autorización que los accionistas no puedan
adquirir más de un 5% del capital de una sociedad de inversión.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula 30 enmiendas al Proyecto de Ley del Impuesto sobre
Sociedades.

Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—El
Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

ENMIENDA NÚM. 96

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7. 1. a.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Artículo 7. Contribuyentes.

1. Serán contribuyentes del Impuesto, cuando tengan su
residencia en territorio español:

a) Las personas jurídicas, excluidas las sociedades civiles
que no tengan objeto mercantil así como las sociedades civiles en las que
la normativa reguladora de la actividad exija una autorización
administrativa a personas físicas para el desarrollo de dicha
actividad.

b) …»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 7.1.a) introduce como novedad que se incorporan
como contribuyentes del Impuesto de Sociedades, las personas jurídicas
incluyendo las sociedades civiles que tienen objeto mercantil y que hasta
ahora venían tributando como contribuyentes del IRPF.

Esta modificación introduce incertidumbre derivada de
distorsión entre la norma fiscal (que permitiría tributación por Impuesto
de Sociedades) y la normativa específica que regula determinadas
actividades, como la de oficina de farmacia, para la que se requiere
contar con una autorización administrativa a una o varias persona físicas
—los titulares/propietarios de la misma— como responsables
directos de dicha actividad (tributación por IRPF).

Para evitarlo, es necesario clarificar que las actividades
que requieren por su normativa específica de autorización administrativa
a personas físicas, quedan excluidas de tributación por la Ley de
Impuesto sobre Sociedades y seguirán tributando por el IRPF aun cuando
constituyan una sociedad civil para el desarrollo de la actividad.

Se trata de evitar cualquier posible distorsión por razones
tributarias —con efectos inciertos sobre la recaudación—,
entre la norma fiscal y la normativa específica reguladora de
determinadas actividades de carácter profesional, en las que se requiere
de una autorización administrativa a personas físicas para el desarrollo
de la actividad, en cuanto responsables personales y directos de la
misma.

Por tanto, el objetivo de la enmienda es aclarar que dichas
actividades, tanto si se realizan de forma individual, como si se
realizan de forma conjunta, siguen tributando conforme al IRPF. De este
modo, la formalización de una sociedad civil para el desarrollo de estas
actividades no alterará el régimen fiscal

asociado de manera natural a la normativa de autorización,
tributando en todo caso dichas actividades con arreglo al IRPF.

ENMIENDA NÚM. 97

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. 1. c.

ENMIENDA

De adición.

Un párrafo final en el apartado 1, letra c) del artículo 8
del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8. Residencia y domicilio fiscal.

1. Se considerarán residentes en territorio español las
entidades en las que concurra alguno de los siguientes requisitos:

a) Que se hubieran constituido conforme a las leyes
españolas.

b) Que tengan su domicilio social en territorio
español.

c) Que tengan su sede de dirección efectiva en territorio
español.

A estos efectos, se entenderá que una entidad tiene su sede
de dirección efectiva en territorio español cuando en él radique la
dirección y control del conjunto de sus actividades.

En relación con las Instituciones de Inversión Colectiva,
sólo se considerarán entidades residentes en territorio español las
sociedades de inversión que tengan su domicilio social en España o los
fondos que se hayan autorizado en España, con independencia del domicilio
de su entidad gestora.

La Administración tributaria podrá presumir que una entidad
radicada en algún país o territorio de nula tributación, según lo
previsto en el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude
fiscal, o calificado como paraíso fiscal, según lo previsto en el
apartado 1 de la referida disposición, tiene su residencia en territorio
español cuando sus activos principales, directa o indirectamente,
consistan en bienes situados o derechos que se cumplan o ejerciten en
territorio español, o cuando su actividad principal se desarrolle en
éste, salvo que dicha entidad acredite que su dirección y efectiva
gestión tienen lugar en aquel país o territorio, así como que la
constitución y operativa de la entidad responde a motivos económicos
válidos y razones empresariales sustantivas distintas de la gestión de
valores u otros activos.»

JUSTIFICACIÓN

El pasaporte comunitario de gestión transfronteriza se
prevé, tanto en la Directiva UCITS (Directiva 2009/65/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre
determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios,
artículos 16 a 21) para la gestión de IIC armonizadas o UCITS, como en la
Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio
de 2011, relativa a los gestores de Fondos de Inversión Alternativos
(arts. 33 y 34) para la gestión de IIC no armonizadas.

Dicho pasaporte tiene como finalidad permitir la gestión
transfronteriza de IIC, armonizadas o no armonizadas, sin necesidad de
constituir una SGIIC en el mismo Estado Miembro donde se constituye la
IIC, aprovechando así las posibilidades que ofrece el mercado único para
lograr estructuras de gestión más eficientes. Sin embargo, esta
oportunidad no está siendo aprovechada en España por las SGIIC españolas,
debido al riesgo existente bajo la actual normativa de atracción fiscal a
España de las IIC extranjeras bajo gestión.

La redacción del artículo 8 del Proyecto de Ley del
Impuesto sobre Sociedades, que reproduce el contenido del actual artículo
8 LIS, establece una serie de criterios para determinar la residencia
fiscal a efectos del Impuesto sobre Sociedades, que incluyen
—además de la constitución o domicilio en España— el hecho de
tener la sede de dirección efectiva en territorio español.

El criterio de «dirección efectiva», genera incertidumbre
en la determinación de la residencia fiscal de IIC gestionadas por una
entidad gestora residente en una jurisdicción diferente, dado que podría
implicar una atracción de la residencia fiscal a España de IIC
extranjeras gestionadas por Gestoras españolas (que quedarían sujetas a
tributación tanto en su país de origen como en España).

Esta cuestión ya ha sido aclarada en la mayor parte de
jurisdicciones de nuestro entorno (Francia, Luxemburgo, etc.) en el
sentido de considerar que en estos supuestos no tiene lugar la atracción
fiscal de la residencia de la IIC gestionada al Estado donde reside su
entidad gestora. Por este motivo, es aún más necesario realizar esta
aclaración, ya que de lo contrario, las SGIIC españolas no van a poder
beneficiarse de una posibilidad de gestión transfronteriza con la que sí
cuentan las demás gestoras de la UE, encontrándose en la actualidad en
una situación de desventaja competitiva con respecto a éstas.

A tal efecto, resulta necesario que el criterio para
determinar la sujeción de las IIC al Impuesto sobre Sociedades español
sea el mismo que el establecido para determinar la sujeción de las IIC a
la regulación y supervisión por las autoridades españolas.

Para subsanar esta cuestión, debería incluirse en el
artículo 8 del Proyecto LIS un criterio específico de residencia fiscal
para las Instituciones de Inversión Colectiva, en virtud del cual,
solamente se considerarían entidades residentes en España, a efectos del
Impuesto sobre Sociedades, las IIC que tengan su domicilio social en
España, en el caso de las Sociedades, o que se hayan autorizado en
España, en el caso de los Fondos, con independencia del domicilio de su
entidad gestora.

ENMIENDA NÚM. 98

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11. 12.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 11. Imputación temporal. Inscripción contable de
ingresos y gastos.

12. Las dotaciones por deterioro de los créditos u otros
activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no
vinculados con el contribuyente, no adeudados por entidades de derecho
público y cuya deducibilidad no se produzca por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 13.1.a) de esta Ley, así como los derivados de
la aplicación de los apartados 1 y 2 del artículo 14 de esta Ley,
correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión
social y, en su caso, prejubilación, que hayan generado activos por
impuesto diferido, se integrarán en la base imponible de acuerdo con lo
establecido en esta Ley, con el límite del 75 por ciento de la base
imponible positiva previa a su integración, a la aplicación de la reserva
de capitalización establecida en el artículo 25 de esta Ley y a la
compensación de bases imponibles negativas.

JUSTIFICACIÓN

La ley prevé limitar la compensación de las dotaciones por
deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles
insolvencias a una sociedad o un grupo de sociedades al 60 % de la base
imponible previa de dicha sociedad o grupo.

Teniendo en cuenta la elevada morosidad y las pérdidas
acumuladas por las empresas en estos años de crisis, Convergència i Unió
considera este límite demasiado bajo, pudiendo generar problemas
significativos en impuestos diferidos ya contabilizados, así como en la
tesorería de algunas compañías.

Por ello, y por entender que ahora es el momento de
fomentar medidas de apoyo a la reactivación económica, se propone
articular un límite específico más elevado, del 75 por ciento.

ENMIENDA NÚM. 99

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 12. 1. a.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 12. Correcciones de valor: amortizaciones.

1. Serán deducibles las cantidades que, en concepto de
amortización del inmovilizado material, intangible y de las inversiones
inmobiliarias, correspondan a la depreciación efectiva que sufran los
distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u
obsolescencia.

Se considerará que la depreciación es efectiva cuando:

a) Sea el resultado de aplicar los coeficientes de
amortización lineal establecidos en la siguiente tabla:

JUSTIFICACIÓN

La actualización de los coeficientes máximos de
amortización es una medida que se presta a ser necesaria y conveniente
por dos motivos. En primer lugar, porque los mismos no se revisan desde
hace décadas y, en segundo lugar, porque con su actualización y revisión
al alza, como propone esta enmienda, se incentiva la reinversión de los
recursos generados, permitiendo con ello que las empresas tengan un mayor
saneamiento de sus balances.

ENMIENDA NÚM. 100

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 12. Apartado
nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Añadir un punto 4 al artículo 12 del referido texto.

Redacción que se propone:

Artículo 12. Correcciones de valor: amortizaciones.

4. En los supuestos en que sea de aplicación el art. 11.9 y
el 13.2 a), los bienes y derechos objeto de transmisión o deterioro que
tengan naturaleza de activo amortizable, se valorarán, a efectos
fiscales, por los mismos valores fiscales que tenían en la entidad
transmitente antes de realizarse la operación, o de producirse la pérdida
por deterioro, practicándose su amortización atendiendo a dicho
valor.