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BOCG. Senado, apartado I, núm. 429-2902, de 04/11/2014
cve: BOCG_D_10_429_2902 PDF











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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.


(621/000092)


(Cong. Diputados, Serie A, núm. 108



Núm. exp. 121/000110)


El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una
propuesta de veto al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.


Palacio del Senado, 29 de octubre de 2014.—Jesús
Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 1


De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)


y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)


El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente propuesta de veto.


Los Senadores que formulamos la presente Propuesta de Veto
lo hacemos como impugnación del conjunto de la política fiscal del
Gobierno.


El Gobierno ha planteado una reforma integral del sistema
tributario se ha articulado a través de tres Proyectos de Ley cuya
tramitación en el Senado es simultánea y ante los que, coherentemente,
formulamos las respectivas propuestas de Veto, que comparten un mismo
hilo conductor y argumental, toda vez que carece de sentido intentar
hacer una consideración de manera aislada o desarticulada de cualquiera
de ellos, puesto que forman un conjunto que refleja una única voluntad
político-legislativa, la de reformar el sistema tributario español para
favorecer a las grandes empresas y a las rentas más altas, en perjuicio
de los intereses generales y, en particular, de las rentas más bajas y
medias.


Y se hace, además, de manera irresponsable puesto que el
resultado en ningún caso garantiza la suficiencia financiera a las
Administraciones Públicas para las ya muy deterioradas prestaciones y
servicios propios del Estado de Bienestar que, inevitablemente, recibirá
un nuevo hachazo.


Nuestra Constitución, que tanto invocan el PP y el Gobierno
pero que tanto pisotean con sus políticas y su actuaciones diarias,
establece que el sistema fiscal debe ser justo, inspirado en los
principios de









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igualdad y progresividad, así como eficaz, para lograr la
consecución del mandato del artículo 31 de la Constitución de que todos
contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su
capacidad económica.


Previamente a la aprobación de la Carta Magna, en octubre
de 1977 se habían firmado los «Pactos de la Moncloa», cimiento del
acuerdo social y político que significó la «modélica» Transición,
incluían la figura de un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
de carácter global, personal y progresivo. Y el 8 de septiembre de 1978
se aprobó la Ley 44/1978 del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas con una importante progresividad aunque los elevados niveles de
fraude devaluaran su eficicacia.


Pues bien, el proyecto de Ley que motiva este veto infringe
directamente el mandato constitucional y se aleja cada vez más de los
compromisos de la Transición y del texto original de la Ley de 1978.


Sus medidas son injustas y desiguales ya que siguen el
camino de destrucción de la progresividad fiscal (pues no contribuyen más
quienes tienen más capacidad económica) y, en su injusticia, son también
ineficaces pues no garantizan un aumento de la recaudación ni ayudan a
salir de la crisis económica en la que nos encontramos.


No es cierto que la crisis se haya acabado. Por ello, lo
necesario hubiera sido que el Gobierno acometiera una reforma fiscal que
ayudase a la recuperación económica, la creación de empleo y a una mayor
justicia social. Nada de esto hay: las medidas son ineficaces y muy
injustas socialmente ya que ahondan en la pérdida de progresividad que ha
caracterizado a las reformas fiscales de los distintos gobiernos del PP y
del PSOE, las de 1991, 1998, 2002 y 2006. En este sentido albergamos
dudas fundadas de la plena constitucionalidad de esta reforma, que vacía
el contenido del artículo 31 de la Constitución hasta convertirlo en un
precepto puramente nominal: igualdad, justicia, progresividad,
contribución de los que tienen más capacidad económica: nada de esto hay
en la misma.


Desde el inicio de la crisis las condiciones sociales en
España están sufriendo un deterioro cada vez más pronunciado que ha
llevado a que cerca de un 25 % de la población viva en condiciones de
exclusión social. La sociedad española se empobrece cada día por la caída
de las rentas y el aumento de la desigualdad en su reparto, por el
contrario la economía sumergida está próxima al 25 %, el 72 % del fraude
fiscal tiene por origen las grandes empresas y fortunas y Hacienda sólo
cobra 1 de cada 6 euros de fraude descubierto, todo ello sin tener en
cuenta la elusión fiscal existente utilizando las SICAV o los paraísos
fiscales aprovechando mecanismos de ingeniería financiera no
ilegales.


Pero mientras sucede esto, los más ricos en España, que
ingresaban 5,7 veces más que los más pobres, ahora después de 6 años de
crisis ingresan 7,2 veces más y este número va en un aumento incesante.
En 2012 España registró el índice más alto de la UE de desigualdad (GINI)
en la distribución de ingresos. Ningún otro país industrializado ha
tenido un reparto tan desigual de los costes de la crisis. El hundimiento
de las rentas más bajas y los recortes de derechos y en las políticas de
protección social solo han hecho que la fractura social en nuestro país
se haya agravado. Por ejemplo, se da un nuevo apoyo a la banca, cuyo tipo
efectivo respecto de su resultado contable está ya en un escaso 8,4 %,
acumulando casi 128.000 millones de bases imponibles negativas que pueden
compensar, por lo que mantener el tipo nominal en el 30 % les produce más
beneficios que perjuicios fiscales.


No es extraño que con estos hechos el 87 % de los
ciudadanos, según el CIS, opine que el sistema fiscal es injusto. Tienen
toda la razón.


Llegados a este punto hay que recordar que la reforma
fiscal presentada por el Gobierno ante esta Cámara ha contado con los
trabajos previos de un grupo de expertos, presidido por el Sr. Lagares,
cuyo informe no perseguía ni el aumento de la recaudación, ni la
redistribución ni la reducción de la desigualdad solo pretendía instaurar
el pensamiento único reaccionario neoliberal defendiendo un modelo
recentralizador de fiscalidad, la necesidad de bajar impuestos y el
recorte del gasto como único instrumento para obtener la consolidación
fiscal, ignorando la realidad social del país, el problema del paro y del
empobrecimiento de la población.


Con esos mimbres, finalmente el gobierno del PP ha optado
por presentarnos una reforma fiscal que no resolverá los problemas de
desigualdad e inequidad del actual modelo tributario ni de la sociedad en
su conjunto, al contrario, profundizará en muchos de ellos. Y esto es así
porque a nuestro juicio esta reforma parte de conceptos falsos.


El primero de ellos es que la presión fiscal en España es
elevada. Sin embargo, según los datos europeos hechos públicos el 17 de
junio de 2014, la presión fiscal se sitúa en el 32,5 % del PIB, una cifra
verdaderamente baja. Estamos seis puntos y medio por debajo de la media
europea. Si la comparación









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se hace con los países próximos al nuestro, como Italia o
Francia, entonces la diferencia es abismal: más de once puntos por
debajo.


La realidad es que el sistema tributario en España recauda
poco y ello es debido en gran parte gracias a las distintas reformas
fiscales realizadas por anteriores Gobiernos. Lo hace menos que la media
de los países europeos y además de manera que el grueso de la recaudación
proviene del trabajo a través del IRPF y el consumo de los ciudadanos a
través del IVA y los Impuestos especiales sobre la gasolina, tabaco y
alcohol —impuestos todos ellos que han sufrido subidas sensibles
desde 2008— y no de las rentas del capital ni de los beneficios de
las empresas. Esto es una prueba de que la estructura de recaudación
fiscal española está descompensada, situación que no parece que vaya a
cambiar tras esta reforma.


En segundo término, la experiencia ha demostrado que la
idea de que bajar los impuestos aumenta el consumo es, como poco,
discutible y nunca ha sido comprobada. Por un lado las rentas más bajas
no se ven afectadas por la reforma porque no alcanzan el umbral de
tributación. Las medias corresponden a familias que presentan un elevado
nivel de endeudamiento y que deberán utilizar el estrecho margen de los
recursos que no deberán paga como impuesto, a afrontar amortizaciones e
intereses. Y las rentas altas, que tendrán una disminución significativa,
mantendrán su elevado nivel de consumo, que ya podían sostener
previamente y la disminución fiscal representará solo un aumento de su
capacidad de ahorro y la orientación de los recursos liberados a
operaciones especulativas.


El tercero es la creencia de que la pérdida de recaudación
global derivada de la reforma, entre 6.700 y 9.000 millones de euros, se
equilibrará con el aumento de la actividad económica. Pero esa mejora ni
está ni se la espera: con un déficit del 7 % (sin contar el rescate
bancario), la deuda pública en el 100 %, el compromiso con la UE de
nuevos recortes, las reticencias y nuevas exigencias de la UE, etc, la
bajada de salarios conducirá a una disminución añadida del IRPF y con
ello al estancamiento del consumo y al descenso de la recaudación por IVA
(lo que forzará previsiblemente a un nuevo aumento del impuesto,
requerido por Bruselas. El desempleo continúa mostrando unas cifras
escandalosamente elevadas más allá de disminuciones coyunturales. Cada
vez más ciudadanos están abocados a la precariedad, con contratos
temporales y a tiempo parcial, los salarios están bajando, incrementa la
pobreza y las familias sin recursos. A ello hay que añadir la situación
internacional que se caracteriza, entre otras cosas, por un estancamiento
en las previsiones económicas de nuestros principales clientes en el
exterior, tanto de la UE como de los BRICS y grandes incertidumbres en la
situación geoestratégica y los suministros energéticos, a lo que hay que
añadir, ahora en España, una situación al borde de la deflación,
extremadamente peligrosa.


En resumidas cuentas: los asalariados, en general, y la
clase trabajadora, en particular, son los que soportan —y seguirán
soportando— el grueso de las aportaciones al erario público, vía
IRPF (por las rentas del trabajo), IVA e impuestos especiales (sobre la
gasolina, el tabaco y el alcohol). Impuestos que han subido sensiblemente
desde 2008, lo que ha originado que la distribución de la presión fiscal
que soportan los hogares de los asalariados españoles haya crecido de
forma muy notable. Así, por ejemplo, entre 2009 y 2011 el tipo medio
efectivo pasó del 19,5 % a casi el 22 %, debido principalmente a la
subida del gravamen medio efectivo del IRPF al subir del 10,9 % al 12,2
%, y el del IVA del 6,2 % al 7,1 %. Esta Ley no mejorará esta
situación.


Mientras tanto, han bajado las aportaciones de las grandes
empresas, de sus directivos y de sus asesores, consolidando el proceso de
polarización social que se ha producido en esta crisis.


Y este Proyecto de Ley del Impuesto de Sociedades refuerza
esta realidad de auténtica injusticia fiscal.


Es decir: el sistema fiscal ha sido pervertido por las
políticas del PP. En la actualidad no cumple las funciones que le
atribuye el artículo 31 de la Constitución. Bajo el Gobierno de Rajoy se
ha convertido en un instrumento de explotación de los asalariados y los
pequeños empresarios, que son los que están contribuyendo casi en
exclusiva al mantenimiento de los gastos generales.


De ahí que rechacemos que al reformar el Impuesto de
Sociedades se suprima el límite temporal para deducir las bases
imponibles negativas por ser ésta una medida que, de nuevo, sólo puede
beneficiar a las grandes empresas, las únicas capaces de soportar
pérdidas durante varios años. Nuestro planteamiento es que se establezca
un límite temporal de diez años para dicha compensación.


Este Proyecto reduce en diez puntos el tipo de gravamen en
el Impuesto de sociedades que se dedican a la investigación y explotación
de hidrocarburos, como una medida más en una estrategia energética
caracterizada por el desprecio a las repercusiones medioambientales.
También se rebajan









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cinco puntos nominal general fijándolo en el 25 % para
todas las empresas, igualándolo con el de las empresas de reducida
dimensión, salvo en el caso de las entidades de crédito que tributarán al
30 % lo que, contrariamente a lo que pudiera parecer, no significa un
castigo para éstas porque les evita un deterioro de activos.


El Gobierno fundamenta la reducción de tipo planteada por
la necesidad de aproximar el tipo de gravamen nominal al efectivo, pero
hubiera sido más razonable tomando la decisión de lograrlo incrementando
el tipo efectivo. Además, en la práctica, las grandes corporaciones
continuarán tributando por un tipo mucho más reducido que el nominal, por
lo que planteamos que el tipo efectivo nunca pueda ser inferior al 25 %.
Nuestro planteamiento pasa por al 15 % a las sociedades de inversión y
establecer un tipo del 35 % para las bases imponibles que superen el
millón de euros.


Por otra parte, el proyecto suprime las deducciones por
inversiones medioambientales contempladas en el Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo, supresión que los Senadores que formulamos esta
Propuesta de Veto rechazamos, ya que se trata de una herramienta eficaz
para incentivar a las empresas a realizar inversiones de estas
características por encima de lo que les exige la normativa. En la misma
línea planteamos el reconocimiento de una deducción por gastos
relacionados con la movilidad sostenible al trabajo.


También creemos que se debe prescindir de la regulación que
contiene el texto del régimen especial de las Entidades de tenencia de
valores extranjero por ser un mecanismo de elusión fiscal respecto a
otros Estados y suponen un foco de fraude.


Y en relación a las SICAV entendemos que se debiera haber
introducido una previsión para que ningún accionista pueda ser titular de
más de un 5 % del capital para evitar que sigan siendo los «paraísos
fiscales interiores» de las fortunas familiares.


A lo dicho, se añade que el conjunto de la reforma
fiscal:


a) Es recentralizadora porque no ha contado previamente con
las CCAA a la hora de diseñar las medidas pero en cambio tendrá
consecuencias sobre los ingresos al disminuir tributos de recaudación
parcialmente cedida. Además se incentiva nuevamente una ola de rebajas
fiscales a las CCAA cuando el principal problema es el ahogo financiero y
la falta de recursos para financiar los servicios públicos.


b) Aumentará la desigualdad de género ya que promueven de
nuevo deducciones fiscales para las políticas familiares mientras se
recortan servicios de atención a las personas, promoviendo un modelo vía
incentivos económicos donde es la mujer la que se encarga de estas
tareas.


c) No aborda el fraude fiscal ni la economía sumergida
aumentando la desafección de la ciudadanía respecto a la responsabilidad
fiscal así como la desigualdad en la contribución al sistema en función
de la renta.


d) Renuncia una vez más a aplicar medidas de fiscalidad
ambiental mientras promueven con sus políticas a los sectores más
contaminantes y agresivos con el medio ambiente. La falta de
incorporación de la fiscalidad verde agrava el componente de desigualdad
del sistema porque son las grandes empresas las que externalizan los
costos ambientales y para la salud de las personas en el conjunto de la
sociedad.


Por tanto, cabe decir que la concepción de la reforma no
responde a las verdaderas necesidades fiscales, presupuestarias, sociales
y medio ambientales españolas, sino que responde más bien a un carácter
electoralista y de maquillaje —que rezuma por todos sus
costados— para insistir en el mensaje de la «recuperación» y que
bajar impuestos es positivo.


Esta reforma está pensada para recuperar la vinculación con
una base social profundamente defraudada y desmotivada desde el punto de
vista electoral. Por eso el Gobierno la ha dividido en dos años, para
aprovecharla como reclamo electoral en las dos convocatorias electorales
próximas. Además, están apareciendo contradicciones en el seno de los
sectores económicos que apoyan al Gobierno, algunos de los cuales
reclaman ventajas fiscales mayores para los lobbies y grupos de interés
al que cada uno se vincula.


Este carácter electoralista se refuerza aún más con el
método utilizado: anuncio en el Consejo de Ministros, publicación como
anteproyecto para iniciar un supuesto período de información pública,
texto definitivo en julio, debate parlamentario en otoño, etc.


Frente a los contenidos del Proyecto, los Senadores que
formulamos esta Propuesta de Veto estamos convencidos de que el
instrumento fundamental que haría posible la creación de empleo digno y
una salida de la crisis favorable a la mayoría social es una reforma
fiscal justa. Exactamente lo contrario que nos trae el Gobierno.









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La política fiscal no sólo consiste en cuánto y cómo se
ingresa, sino también en establecer cuánto, cómo y en qué se gasta. No se
trata de subir o bajar impuestos sin más, sino de asegurar la
contribución fiscal que permita resolver las necesidades sociales, sobre
la base de que paguen más quien más tiene o gana. Por tanto ha de ser
suficiente, progresiva y equitativa, pero esta reforma fiscal ni siquiera
aborda los cambios estructurales que son precisos en el sistema
tributario español y, por tanto, no corrige sus disfunciones.


En el IRPF la reducción de los tramos en las tarifas,
recortando precisamente los que afectan a las rentas más altas, y las
elevadas disminuciones en la imposición sobre los tramos más elevados, se
comen la progresividad y limitan la capacidad recaudatoria fiscal del
Estado, lo que hará que los recortes sociales y la degradación de
servicios públicos se hagan estructurales y reducirá la capacidad del
sector público para invertir en la economía e impulsar la recuperación
económica así como una transición a un nuevo modelo productivo más
sostenible y generador de empleo.


No tiene en cuenta el incremento de la desigualdad entre
las rentas salariales y las rentas empresariales (que siguen subiendo a
pesar de la crisis), ni el impacto que esto tendrá en términos de
crecimiento de la pobreza y las desigualdades sociales o la bajada de los
salarios en las cotizaciones sociales y la sostenibilidad del sistema de
pensiones, así como su efecto sobre el ya de por sí muy tocado consumo
interno. Tampoco se da ninguna prueba de cómo creará empleo, más allá del
acto de fe de que siendo más competitivos, gracias a la reducción de los
salarios, aquél se creará. Sin embargo, los datos demuestran que la caída
de los costes laborales no está sirviendo para ganar en competitividad,
sino para aumentar los beneficios empresariales.


El Gobierno, adicionalmente, presenta las cosas en un
modelo de comunicación con resultado de confusión. En cuanto al IRPF, el
argumentar sobre porcentajes para dar la impresión de que el 12 % de los
ingresos más bajos es lo mismo que el 12 % de los más altos, obvia que
los 11,5 millones de trabajadores y pensionistas con ingresos inferiores
a 12.000 euros anuales no tendrán ninguna mejora tributaria real, pero si
se verán obligados a pagar más por los servicios sociales como
consecuencia de los recortes y los aumentos de la imposición indirecta.
Frente a lo que dice el Gobierno, la renta disponible de las familias no
mejorará. Las bajadas en los tipos para las rentas más bajas no son
suficientes para compensar los retrocesos en políticas sociales y la
disminución de los salarios, que han supuesto un empeoramiento en las
condiciones de vida de las familias, que ahora tienen que destinar un 22
% más para gastos en educación y un 9,5 % adicional para gastos en
salud.


Además se introducen algunas medidas que ya no solo es que
sean discutibles, sino que producen cierta vergüenza ajena. En un país
cuyo Gobierno ha echado al extranjero a miles de jóvenes muy preparados,
con altísimas cualificaciones técnicas necesarias para el desarrollo del
país, que ha recortado sin piedad, hasta casi secarla, la inversión en
I+D+I, este Gobierno conserva, con el objetivo de atraer profesionales
altamente cualificados (excepto deportistas profesionales), que los
trabajadores extranjeros desplazados a España puedan tributar como no
residentes a un tipo del 24 % para los primeros 600.000 euros de
retribución y durante cinco períodos impositivos consecutivos. ¿Quiénes
serán los principales beneficiados de esta medida?: los directivos de los
fondos buitres que han caído sobre España, llamados por este Gobierno,
para hacerse, a precio de saldo con las riquezas nacionales.


Frente al injusto modelo del Gobierno y del PP, los
Senadores que suscribimos el Veto, al igual que hicieron en el Congreso
los diputados de la Izquierda Plural opone su modelo de reforma fiscal
justa y eficiente, que responde a las exigencias del artículo 31 de la
Constitución, en el que se contemplan, entre muchas otras, las siguientes
medidas:


Primero. Propuestas esenciales sobre los tributos
actuales:


a) Acabar con la discriminación de las rentas del trabajo
respecto a las rentas del capital. Tributación en la misma base imponible
de las rentas del trabajo y del capital. Se integran en la tarifa general
del IRPF los rendimientos del capital para mejorar la progresividad,
incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años (ampliable a 6
en el caso de inmuebles).


b) Modificar la Ley General Tributaria con una tipificación
más rigurosa del delito fiscal, así como con la prohibición de realizar
amnistías fiscales.


c) Eliminar la posibilidad de compensar pérdidas
patrimoniales.


d) Reforma del sistema de módulos, limitando su uso tanto
sectorial como temporalmente.


e) Derogar el régimen fiscal especial aplicable a los
desplazados a territorio español.









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f) Garantizar la progresividad fiscal del IRPF:
Consolidación definitiva, para las rentas más altas, de los incrementos
del gravamen complementario en el IRPF. Mantenimiento de los tipos
marginales altos.


g) Incorporar elementos de igualdad de género en las
reformas fiscales, teniendo en cuenta el impacto sobre los modelos
familiares que se promocionan por la vía fiscal y la discriminación e
inequidad que suponen figuras como la declaración conjunta y que se
revise los beneficios de las deducciones fiscales en función del
sexo.


h) Acabar con los incentivos fiscales a colectivos con más
recursos, como determinados productos de ahorro, así como los incentivos
que no tienen en cuenta niveles de renta.


Segundo. Algunas medidas contra el fraude, la economía
sumergida y la elusión fiscal:


a) Las medidas técnicas y legales contra el fraude deben ir
acompañadas con medidas organizativas y de gestión de los recursos
humanos en la administración tributaria, entre las que está la creación
del Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda. (según los datos de la OCDE,
España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes,
frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de
Luxemburgo).


b) Modificar la legislación de las Instituciones de
Inversión Colectiva para evitar los notorios abusos de las sociedades de
inversión de capital variable (SICAV).


Tercero. Una reforma fiscal con criterio federativo:


a) La fiscalidad federal deberá proteger la igualdad de los
ciudadanos ante la ley así como garantizar la equivalencia de servicios
públicos independientemente del territorio. Una fiscalidad federal basada
en la autonomía fiscal, la cooperación y la solidaridad entre distintas
administraciones públicas que evite la competencia fiscal para atraer,
con impuestos más bajos, más industria y comercio.


b) El poder tributario deberá estar dividido en tres
niveles: el Estado federal, las entidades federadas y los municipios. El
papel del Senado será fundamental en materia tributaria, como Cámara de
representación territorial.


c) Construir una auténtica fiscalidad municipal, lo que
exige la derogación de las disposiciones legales sobre la reforma de las
Administraciones Locales.


Éstas son las reformas fiscales que necesita nuestro país y
no las que nos ofrecen el PP y el Gobierno cuya reforma fiscal, junto con
la radical defensa de la austeridad, tendrá como principales perjudicados
a las rentas más bajas, porque se reducirán los recursos públicos para
hacer políticas sociales y se debilitará la red de protección que
representa el ya escaso estado del bienestar, voluntad que más allá de
esta reforma fiscal se reforma en lal política presupuestaria que guarda
una relación directa: si en los Presupuestos Generales del Estado para
2014 se estableció una previsión de beneficios fiscales por importe de
38.360,15 millones de euros, para 2015 el Proyecto de PGE los eleva a
40.719,12 millones, un 6,1 % más.



La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley del Impuesto sobre
Sociedades.


Palacio del Senado, 29 de octubre de 2014.—Ester
Capella i Farré.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 2


De doña Ester Capella i Farré (GPMX)


La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto.


El Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades pretende
abordar, junto con otros Proyectos de Ley, una reforma integral del
sistema tributario español. El objetivo del Gobierno es, con esta
reforma, reducir de forma generalizada la carga impositiva soportada por
las empresas y avanzar en términos de









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eficiencia, equidad y neutralidad. Sin embargo, no parece
que las reformas efectivamente planteadas consigan lograr dichos
objetivos.


La reforma fiscal planteada por el Gobierno es poco
ambiciosa, ineficiente, injusta y regresiva. En primer término, porque
encamina sus esfuerzos en la reducción de los tipos impositivos y no en
el aumento de la justicia social ni en la generación de empleo, la cual
en toda probabilidad no se dará tras esta reforma fiscal. Además, lejos
de una reforma fiscal estructural y en profundidad, que permita abordar
los problemas del sistema tributario español, plantean una reforma de
alcance limitado, y es que en vez de revertir hechos flagrantes, como es
que la aportación fiscal al Estado por parte de las empresas haya
disminuido en más de 12 puntos respecto a los primeros años de crisis
económica o que, mientras la economía disminuyó un 0,5% durante el
período 2007-2010, la recaudación mediante el Impuesto de Sociedades
disminuyó en un 64%, se ha centrado en rebajar aún más esta aportación de
las empresas. Y todo ello con fines electoralistas y a corto plazo, como
demuestra el acelerado proceso de tramitación de este proyecto de ley a
pocos meses de las elecciones generales.


Se trata de una reforma regresiva, que lejos de avanzar en
términos de equidad, reduce mucho más la carga impositiva soportada por
las grandes empresas que por unas PYMES, que se ven claramente
discriminadas con esta reforma. Y es que, en sintonía con esta pérdida de
progresividad, las PYMES y las grandes empresas llegarán a tributar el
mismo tipo, el 17%, en efectivo.


Finalmente, se trata de una reforma absolutamente
ineficiente. No logrará ninguno de sus objetivos, no se afronta el enorme
problema que supone para los ingresos públicos el fraude fiscal y fía la
reducción del déficit a la mejora de la situación económica y la
reducción del gasto público. El Gobierno debiera plantear una verdadera
reforma tributaria que dé mayor peso a los ingresos, especialmente de las
empresas más grandes, e introduzca medidas de fiscalidad ambiental para
acabar con el beneficio que supone para las grandes empresas el ahorro de
los costos ambientales que producen y que acaban perjudicando a la
sociedad, lo que otra vez los sitúa en una situación ventajosa respecto a
las pequeñas y medianas empresas. Además, la reforma tributaria debiera
acabar con la desigualdad entre rentas salariales y rentas empresariales
que tanto daño está haciendo en la población en el dramático contexto
social de la actualidad.


Por todo ello se presenta el siguiente veto al Proyecto de
Ley del Impuesto sobre Sociedades.



El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley
del Impuesto sobre Sociedades.


Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—Jordi
Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 3


De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)


y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)


El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.


Presentamos esta propuesta de veto por entender que, a
pesar de la independencia formal de este Proyecto de Ley del Impuesto
sobre Sociedades y las modificaciones que contiene respecto de los otros
dos que componen esta reforma fiscal («Proyecto de Ley por la que se
modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias» y «Proyecto de Ley por
la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013,
de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas
tributarias y financieras»), éste no puede considerarse de manera aislada
o desarticulada, sino como un conjunto que refleja una única voluntad
político-legislativa, de reformar el sistema tributario español para
favorecer a las grandes









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empresas y a las rentas más altas, en perjuicio de los
intereses generales y, en particular, de las rentas más bajas y medias.
Por eso presentaremos también sendas enmiendas de totalidad a estos otros
dos proyectos de ley complementarios mencionados.


Estas reformas son un juego de suma cero: ganan los grandes
empresarios y las rentas más altas; perdemos todos los demás. Estamos
ante un conjunto de medidas cuyo común denominador es su reaccionarismo,
su electoralismo, y su deficiencia técnica, por lo que deben ser
retiradas.


Nuestra Constitución, que tanto invocan el PP y el Gobierno
pero que tanto pisotean con sus políticas y su actuaciones diarias,
establece que el sistema fiscal debe ser justo, inspirado en los
principios de igualdad y progresividad, así como eficaz para lograr la
consecución del mandato del artículo 31 de la Constitución de que todos
contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su
capacidad económica.


El proyecto de ley que nos ocupa infringe directamente el
mandato constitucional. Sus medidas son injustas y desiguales ya que
siguen el camino de destrucción de la progresividad fiscal (pues no
contribuyen más quienes tienen más capacidad económica) y, en su
injusticia, son también ineficaces pues no garantizan un aumento de la
recaudación ni ayudan a salir de la crisis económica en la que nos
encontramos.


Sucede que estas medidas se traen a las Cortes Generales
cuando llevamos ya más de 6 años de crisis económica. En este contexto,
lo necesario hubiera sido que el Gobierno acometiera una reforma fiscal
que ayudase a la recuperación económica, la creación de empleo y a una
mayor justicia social. Nada de esto hay: las medidas son ineficaces y muy
injustas socialmente ya que ahondan en la pérdida de progresividad que ha
caracterizado a las reformas fiscales de los distintos gobiernos del PP y
del PSOE, desde mediados de los años 90 del siglo pasado. En este sentido
existen dudas fundadas de la plena constitucionalidad de esta reforma,
que vacía el contenido del artículo 31 de la Constitución hasta
convertirlo en un precepto puramente nominal: igualdad, justicia,
progresividad, contribución de los que tienen más capacidad económica:
nada de esto hay en la misma.


Se consolida la polarización social, dando un trato
favorable a las rentas del patrimonio y del capital, castigando a las
rentas del trabajo.


Desde el inicio de la crisis las condiciones sociales en
España están sufriendo un deterioro cada vez más pronunciado que ha
llevado a que cerca de un 25% de la población viva en condiciones de
exclusión social. La sociedad española se empobrece cada día por la caída
de las rentas y el aumento de la desigualdad en su reparto, por el
contrario la economía sumergida está próxima al 25%, el 72% del fraude
fiscal tiene por origen las grandes empresas y fortunas y Hacienda sólo
cobra 1 de cada 6 euros de fraude descubierto, todo ello sin tener en
cuenta la elusión fiscal existente utilizando las SICAV o los paraísos
fiscales aprovechando mecanismos de ingeniería financiera no
ilegales.


Pero mientras sucede esto, los más ricos en España, que
ingresaban 5.7 veces más que los más pobres, ahora después de 6 años de
crisis ingresan 7,2 veces más y este número va en un aumento incesante.
En 2012 España registró el índice más alto de la UE de desigualdad (GINI)
en la distribución de ingresos. Ningún otro país industrializado ha
tenido un reparto tan desigual de los costes de la crisis. El hundimiento
de las rentas más bajas y los recortes de derechos y en las políticas de
protección social solo han hecho que la fractura social en nuestro país
se haya agravado. Por ejemplo, se da un nuevo apoyo a la banca, cuyo tipo
efectivo respecto de su resultado contable está ya en un escaso 8,4%,
acumulando casi 128.000 millones de bases imponibles negativas que pueden
compensar, por lo que mantener el tipo nominal en el 30% les produce más
beneficios que perjuicios fiscales.


No es extraño que con estos hechos el 87% de los
ciudadanos, según el CIS, opine que el sistema fiscal es injusto. Tienen
toda la razón.


Llegados a este punto hay que recordar que la reforma
fiscal presentada por el Gobierno ante el Congreso de los Diputados ha
contado con los trabajos previos de un grupo de expertos, presidido por
el Sr. Lagares, cuyo informe no perseguía ni el aumento de la
recaudación, ni la redistribución ni la reducción de la desigualdad solo
pretendía instaurar el pensamiento único reaccionario neoliberal
defendiendo un modelo recentralizador de fiscalidad, la necesidad de
bajar impuestos y el recorte del gasto como único instrumento para
obtener la consolidación fiscal, ignorando la realidad social del país,
el problema del paro y del empobrecimiento de la población.


Con esos mimbres, finalmente el gobierno del PP ha optado
por presentarnos una reforma fiscal que no resolverá los problemas de
desigualdad e inequidad del actual modelo tributario ni de la sociedad en









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su conjunto, al contrario, profundizará en muchos de ellos.
Y esto es así porque a nuestro juicio esta reforma parte de conceptos
falsos.


El primero de ellos es que la presión fiscal en España es
elevada. Sin embargo, según los datos europeos hechos públicos el 17 de
junio de 2014, la presión fiscal se sitúa en el 32,5% del PIB, una cifra
verdaderamente baja. Estamos seis puntos y medio por debajo de la media
europea. Si la comparación se hace con los países próximos al nuestro,
como Italia o Francia, entonces la diferencia es abismal: más de once
puntos por debajo.


La realidad es que el sistema tributario en España recauda
poco y ello es debido en gran parte gracias a las distintas reformas
fiscales realizadas por anteriores Gobiernos. Lo hace menos que la media
de los países europeos y además de manera que el grueso de la recaudación
proviene del trabajo a través del IRPF y el consumo de los ciudadanos a
través del IVA y los Impuestos especiales sobre la gasolina, tabaco y
alcohol —impuestos todos ellos que han sufrido subidas sensibles
desde 2008— y no de las rentas del capital ni de los beneficios de
las empresas. Esto es una prueba de que la estructura de recaudación
fiscal española está descompensada, situación que no parece que vaya a
cambiar tras esta reforma.


En segundo término, la experiencia ha demostrado que la
idea de que bajar los impuestos aumenta el consumo es, como poco,
discutible y nunca ha sido comprobada. Para las rentas altas, que tendrán
una disminución significativa, su consumo seguirá siendo alto y la
disminución fiscal representará solo un aumento de su ahorro.


El tercero es la creencia de que la pérdida de recaudación
global derivada de la reforma, entre 6.700 y 9.000 millones de euros, se
equilibrará con el aumento de la actividad económica. Pero esa mejora ni
está ni se la espera: con un déficit del 7% (sin contar el rescate
bancario), la deuda pública en el 100%, el compromiso con la UE de nuevos
recortes, las reticencias y nuevas exigencias de la UE, etc., la bajada
de salarios conducirá a una disminución añadida del IRPF y con ello al
estancamiento del consumo y al descenso de la recaudación por IVA (lo que
forzará previsiblemente a un nuevo aumento del impuesto, requerido por
Bruselas. El desempleo continúa mostrando unas cifras escandalosamente
elevadas más allá de disminuciones coyunturales. Cada vez más ciudadanos
están abocados a la precariedad, con contratos temporales y a tiempo
parcial, los salarios están bajando, incrementa la pobreza y las familias
sin recursos. A ello hay que añadir la situación internacional que se
caracteriza, entre otras cosas, por un escaso avance en nuestros
principales mercados, el encarecimiento del petróleo y algunas materias
primas y, ahora en el país, una situación al borde de la deflación,
extremadamente peligrosa.


En resumidas cuentas: los asalariados, en general, y la
clase trabajadora, en particular, son los que soportan —y seguirán
soportando— el grueso de las aportaciones al erario público, vía
IRPF (por las rentas del trabajo), IVA e impuestos especiales (sobre la
gasolina, el tabaco y el alcohol). Impuestos que han subido sensiblemente
desde 2008, lo que ha originado que la distribución de la presión fiscal
que soportan los hogares de los asalariados españoles haya crecido de
forma muy notable. Así, por ejemplo, entre 2009 y 2011 el tipo medio
efectivo pasó del 19,5% a casi el 22%, debido principalmente a la subida
del gravamen medio efectivo del IRPF al subir del 10,9% al 12,2%, y el
del IVA del 6,2% al 7,1%.


Mientras tanto, han bajado las aportaciones de las grandes
empresas, de sus directivos y de sus asesores, consolidando el proceso de
polarización social que se ha producido en esta crisis. Los hechos no
mienten: las empresas pasaron de aportar al Estado 44.823 millones de
euros, correspondientes al 22,3% de los ingresos fiscales en 2007, a
contribuir con sólo 16.198 millones de euros (el 10,2% de los ingresos
fiscales totales) en 2010. En este mismo sentido, la contribución a la
recaudación del Impuesto del Patrimonio —que dista mucho de ser un
verdadero Impuesto a la Riqueza— queda en un exiguo 0,5% de la
recaudación fiscal general. Esta ley no mejorará esta situación.


Es decir: el sistema fiscal ha sido pervertido por las
políticas del PP. En la actualidad no cumple las funciones que le
atribuye el artículo 31 de la Constitución. Bajo el Gobierno de Rajoy se
ha convertido en un instrumento de explotación de los asalariados y los
pequeños empresarios, que son los que están contribuyendo casi en
exclusiva al mantenimiento de los gastos generales.


A lo dicho, se añade que esta reforma fiscal:


a) Es recentralizadora porque no ha contado previamente con
las CCAA a la hora de diseñar las medidas pero en cambio tendrá
consecuencias sobre los ingresos al disminuir tributos de recaudación
parcialmente cedida. Además se incentiva nuevamente una ola de rebajas
fiscales a las CCAA cuando el principal problema es el ahogo financiero y
la falta de recursos para financiar los servicios públicos.









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b) No aborda el fraude fiscal ni la economía sumergida
aumentando la desafección de la ciudadanía respecto a la responsabilidad
fiscal así como la desigualdad en la contribución al sistema en función
de la renta.


c) Renuncia una vez más a aplicar medidas de fiscalidad
ambiental mientras promueven con sus políticas a los sectores más
contaminantes y agresivos con el medio ambiente. La falta de
incorporación de la fiscalidad verde agrava el componente de desigualdad
del sistema porque son las grandes empresas las que externalizan los
costos ambientales y para la salud de las personas en el conjunto de la
sociedad.


Por tanto, cabe decir que la concepción de la reforma no
responde a las verdaderas necesidades fiscales, presupuestarias, sociales
y medio ambientales españolas, sino que responde más bien a un carácter
electoralista y de maquillaje —que rezuma por todos sus
costados— para insistir en el mensaje de la «recuperación» y que
bajar impuestos es positivo.


Esta reforma está pensada para recuperar la vinculación con
una base social profundamente defraudada y desmotivada desde el punto de
vista electoral. Por eso el Gobierno la ha dividido en dos años, para
aprovecharla como reclamo electoral en las dos convocatorias electorales
próximas. Además, están apareciendo contradicciones en el seno de los
sectores económicos que apoyan al Gobierno, algunos de los cuales
reclaman ventajas fiscales mayores para los lobbies y grupos de interés
al que cada uno se vincula.


Este carácter electoralista se refuerza aún más con el
método utilizado: anuncio en el Consejo de Ministros, publicación como
anteproyecto para iniciar un supuesto período de información pública,
texto definitivo en julio, debate parlamentario en otoño, etc.


Estamos convencidos que el instrumento fundamental que hará
posible la creación de empleo digno y una salida de la crisis favorable a
la mayoría social es una reforma fiscal justa. Exactamente lo contrario
que nos trae el Gobierno.


La política fiscal no sólo consiste en cuánto y cómo se
ingresa, sino también en establecer cuánto, cómo y en qué se gasta. No se
trata de subir o bajar impuestos sin más, sino de asegurar la
contribución fiscal que permita resolver las necesidades sociales, sobre
la base de que paguen más quien más tiene o gana. Por tanto ha de ser
suficiente, progresiva y equitativa, pero esta reforma fiscal ni siquiera
aborda los cambios estructurales que son precisos en el sistema
tributario español y, por tanto, no corrige sus disfunciones. Lo
contrario hará que los recortes sociales y la degradación de servicios
públicos se hagan estructurales y reducirá la capacidad del sector
público para invertir en la economía e impulsar la recuperación económica
así como una transición a un nuevo modelo productivo más sostenible y
generador de empleo.


Esta reforma, no tiene en cuenta el incremento de la
desigualdad entre las rentas salariales y las rentas empresariales (que
siguen subiendo a pesar de la crisis), ni el impacto que esto tendrá en
términos de crecimiento de la pobreza y las desigualdades sociales o la
bajada de los salarios en las cotizaciones sociales y la sostenibilidad
del sistema de pensiones, así como su efecto sobre el ya de por sí muy
tocado consumo interno. Tampoco se da ninguna prueba de cómo creará
empleo, más allá del acto de fe de que siendo más competitivos éste se
creará.


Las modificaciones en el Impuesto de Sociedades, vuelven a
reducir la progresividad y discrimina aún más a las pequeñas y medianas
empresas y eso que mientras que las PYMES hasta ahora tienen un tipo
nominal del 25%, pero en efectivo tributan un promedio de cerca del 17%
de su resultado contable, las grandes empresas que se supone deberían
tributar al 30% (tipo nominal), alcanzan un tipo efectivo del 17%
llegando a sólo el 3,5% en el caso de que formen parte de grupos
empresariales consolidados.


Además se introducen algunas medidas que ya no solo es que
sean discutibles, sino que producen cierta vergüenza ajena. En un país
cuyo Gobierno ha echado al extranjero a miles de jóvenes muy preparados,
con altísimas cualificaciones técnicas necesarias para el desarrollo del
país, que ha recortado sin piedad, hasta casi secarla, la inversión en
I+D+i, este Gobierno conserva, con el objetivo de atraer profesionales
altamente cualificados (excepto deportistas profesionales), que los
trabajadores extranjeros desplazados a España puedan tributar como no
residentes a un tipo del 24% para los primeros 600.000 euros de
retribución y durante cinco períodos impositivos consecutivos. ¿Quiénes
serán los principales beneficiados de esta medida?: los directivos de los
fondos buitres que han caído sobre España, llamados por este Gobierno,
para hacerse, a precio de saldo con las riquezas nacionales.


Así mismo, el Gobierno renuncia a una recaudación más
significativa por este impuesto al mantener gran parte de los gastos
fiscales e introducir otros nuevos que separan el tipo efectivo del
nominal, favoreciendo de nuevo a las grandes empresas. No habría que
olvidar que la recaudación por el Impuesto









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sobre Sociedades, que pagan las empresas con beneficios, se
desplomó el año 2008 y mientras que, por ejemplo, entre 2007 y 2010, la
economía cayó un 0,5%, la disminución de la recaudación por este impuesto
fue de un 64%, caída mucho mayor que la de la recaudación total. Las
empresas pasaron de aportar al Estado 44.823 millones de euros,
correspondientes al 22,3% de los ingresos fiscales en 2007, a contribuir
con sólo 16.198 millones de euros (el 10,2% de los ingresos fiscales
totales) en 2010.


Es por estos motivos que nos oponemos al modelo de reforma
fiscal del gobierno y abogamos por:


Primero. Propuestas esenciales sobre los tributos
actuales:


a) Modificar la Ley General Tributaria con una tipificación
más rigurosa del delito fiscal, así como con la prohibición de realizar
amnistías fiscales.


b) Fiscalidad que favorezca una la inversión real en
I+D+I.


c) Eliminar la posibilidad de compensar pérdidas
patrimoniales.


d) Establecer un tipo del 35% para las bases imponibles
superiores al millón de euros. Garantizar un trato igualitario en el
impuesto de Sociedades para las sociedades productivas y las de
inversión, así como de las PYMES respecto a las grandes empresas, ya que
actualmente empresas de inversión y grandes empresas tienen tipos
efectivos muy inferiores.


e) Limitar las bonificaciones, deducciones, etc. (gastos
fiscales) a un máximo del 3% de la base imponible y a otro 5% como máximo
complementario y de carácter directamente vinculado y estrictamente
proporcional en el caso de creación de empleo estable.


f) Desarrollar una extensa fiscalidad sobre la actividad
bancaria que incluya entre otras medidas un gravamen sobre su stock de
pisos vacíos.


Segundo. Algunas medidas contra el fraude, la economía
sumergida y la elusión fiscal:


a) Aplicar el Plan de acción de la OCDE contra la erosión
de la base imponible y la trasferencia de beneficios de las
multinacionales.


b) Prohibir en las instituciones financieras españolas
nacionalizadas la operativa hacia y desde paraísos fiscales.


c) Las medidas técnicas y legales contra el fraude deben ir
acompañadas con medidas organizativas y de gestión de los recursos
humanos en la administración tributaria, entre las que está la creación
del Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda. (según los datos de la OCDE,
España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes,
frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de
Luxemburgo).


d) Modificar la legislación de las Instituciones de
Inversión Colectiva para evitar los notorios abusos de las sociedades de
inversión de capital variable (SICAV).


Tercero. Medidas para una fiscalidad verde:


a) Introducir criterios medioambientales en impuestos ya
existentes que no tengan una finalidad meramente recaudatoria.


b) Crear nuevos impuestos sobre la energía nuclear, el
vertido y la incineración de residuos, sobre bolsas de plástico de un
solo uso, sobre el cambio de usos del suelo y sobre sustancias de elevado
nivel de preocupación o riesgo.


Cuarto. Una reforma fiscal con criterio federativo:


a) La fiscalidad federal deberá proteger la igualdad de los
ciudadanos ante la ley así como garantizar la equivalencia de servicios
públicos independientemente del territorio. Una fiscalidad federal basada
en la autonomía fiscal, la cooperación y la solidaridad entre distintas
administraciones públicas que evite la competencia fiscal para atraer,
con impuestos más bajos, más industria y comercio.


b) El poder tributario deberá estar dividido en tres
niveles: el Estado federal, las entidades federadas y los municipios. El
papel del Senado será fundamental en materia tributaria, como Cámara de
representación territorial.


Por todo ello es por lo que presentamos esta propuesta de
veto al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.










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La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora
María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al
Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.


Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—Mónica
Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí
Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera
García.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 4


De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco
Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos
Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan
Sabaté Borràs (GPEPC)


y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)


La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora
María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta
de veto.


Las modificaciones normativas que incluye el Proyecto de
Ley del Impuesto de Sociedades son insuficientes e injustas con gran la
gran mayoría de empresas y sociedades contribuyentes del Impuesto.


La estructura actual del Impuesto sobre Sociedades mantiene
el tipo nominal en el 30%, y en el 25% para pymes, muy por encima de la
media de la Unión Europea, y aun así durante los últimos años ha
disminuido enormemente la recaudación del mismo, llegando a descensos de
más del 60%. La causa no se puede limitar solo al descenso de la
actividad económica debido a la crisis sino, también, a la deficiente
estructura del Impuesto de Sociedades. Esto es debido a la gran cantidad
de reducciones y deducciones de la base imponible que han provocado que
los tipos impositivos efectivos sean mucho menores. Y en esta situación
la gran ventaja la tienen los grandes contribuyentes, las grandes
corporaciones y empresas, que han llegado a disfrutar del 80% de todos
los beneficios fiscales que genera el Impuesto, mientras que las pequeñas
y medianas empresas solo del 20%.


El Gobierno del Partido Popular ha centrado su reforma del
Impuesto de Sociedades en una bajada del tipo nominal al 28% en 2015 y al
25% en 2016. De esta forma, el Gobierno afirma que se mantiene la
capacidad recaudatoria del Impuesto cuando, en realidad, lo que se
mantiene es la inequidad y se reduce la progresividad, y siguen siendo
las grandes empresas las principales beneficiadas.


Con la presentación de esta norma, al igual que en la
registrada de los demás impuestos, el Gobierno ha desaprovechado la
oportunidad de realizar una reforma en profundidad, para que el impuesto
contribuya con el aumento de su recaudación a la reducción del déficit y
al necesario impulso de la actividad económica que necesitan nuestras
sociedades.


Creemos firmemente que la reforma del Impuesto de
Sociedades debería incrementar la capacidad recaudatoria del Impuesto, y
de esta forma contribuir a que el cumplimiento de los objetivos del
Programa de Estabilidad sea más equitativo con el conjunto de la sociedad
española. Es decir, que no se base exclusivamente en la reducción del
gasto público que recae siempre sobre los más débiles con los recortes de
los servicios esenciales.


Proponemos una reforma de la estructura del Impuesto de
Sociedades que elimine gran parte de las deducciones y limite las
reducciones de la base imponible que, además de hacerlo más sencillo e
incrementar la capacidad de su recaudación, contribuya a aportar mayor
equidad y, combinado con el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el Impuesto de Sucesiones contribuya a incrementar la
progresividad y la equidad del sistema fiscal. De este modo, se cumpliría
con el mandato constitucional de que todos contribuyan al sostenimiento
de los gastos públicos en función de su capacidad económica, de una forma
justa y cumpliendo con los principios de igualdad y progresividad.









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El Gobierno, con este proyecto de ley, incumple este
mandato de la Constitución, e incrementa la brecha social y económica de
nuestra sociedad, beneficiando únicamente a las grandes corporaciones y
empresas de nuestro país.


Por todo lo expuesto con anterioridad presentamos esta
propuesta de veto al Proyecto de Ley del Impuesto de Sociedades.



El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una
propuesta de veto al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.


Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—La
Portavoz, María Victoria Chivite Navascués.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 5


Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente propuesta de veto.


Como se indica en el veto al proyecto de reforma del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, nuestro sistema fiscal
adolece de insuficiencia recaudatoria por la erosión de las bases
imponibles y el elevado nivel de fraude fiscal, uno de los problemas que
explican la actual situación de elevado déficit y deuda pública. Los
ingresos públicos se han desplomado durante la crisis y apenas alcanzaron
el 37,8% del PIB en 2013 según Eurostat, pese a las extraordinarias
subidas de impuestos, y situándose a 9 puntos porcentuales de la zona
euro.


Pese a lo anterior, la propuesta de reforma fiscal, de la
que forma parte el proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades (IS),
está condicionada y limitada por la composición de la consolidación
presupuestaria que ha decidido el Gobierno en su Actualización del
Programa de Estabilidad del Reino de España 2014-2017, donde se sigue
apostando por el recorte del gasto público (-4,3 puntos) en educación,
sanidad, política social, etc y se renuncia a corregir nuestro problema
de ingresos (+1,2 puntos), es decir, a recaudar más de los que más tienen
y pagan poco o de los que nunca pagan porque defraudan.


En el caso del Impuesto sobre Sociedades, la disminución de
su recaudación ha posibilitado que exista un consenso prácticamente
unánime en la necesidad de proceder a una profunda reforma del mismo que
depure la maraña de deducciones y reducciones de la base imponible del
tributo, que hacen que el tipo impositivo efectivo se encuentre muy
alejado de los tipos nominales. Esto es particularmente relevante en
relación con las grandes empresas, grupos de sociedades y
multinacionales, que se benefician de alrededor del 80% de todos los
beneficios fiscales: en 2011, por ejemplo, las grandes empresas
recibieron beneficios fiscales por valor de más de 22 mil millones de
Euros, mientras su contribución fiscal fue escasamente de tres mil
millones, comparado con las PYMES que pagaron más de nueve mil millones
de Euros de IS, beneficiándose de 5,5 mil millones de euros de beneficios
fiscales.


Desde esta perspectiva, la limitación de las reducciones de
la base imponible y la supresión de gran parte de las deducciones debería
servir, no solo para aumentar la capacidad recaudatoria del impuesto,
sino también para hacerlo más sencillo y eficiente, introduciendo mayor
equidad en la figura tributaria, pues en la actualidad, como se ha dicho,
son esencialmente las grandes empresas las que son capaces de
«aprovecharse» de los beneficios fiscales existentes.


Lo anterior justificaría, en el planteamiento del Gobierno,
la reducción del tipo de gravamen del IS, inicialmente al 28% en el año
2015 y, con posterioridad, al 25% en el año 2016. Dicha reducción, se
supone, debería mantener la capacidad recaudatoria del impuesto e,
incluso, dada la gran diferencia entre tipos efectivos y tipos nominales,
aumentarla.


Sin embargo, en la actualización del Programa de
Estabilidad del Reino de España 2014-2017 que el Gobierno remitió en su
día a Bruselas, ya se contemplaba expresamente una pérdida de ingresos de
2.607 millones de euros por las rebajas en el tipo de gravamen y demás
reformas en la imposición sobre sociedades. La Memoria de impacto
normativo del proyecto concreta tal cifra, estimando un coste
recaudatorio «ex ante» de 3.078 millones de euros y una pérdida de
ingresos «ex post» de 2.468 millones de euros.









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Si este es el efecto de la modificación proyectada, no
puede afirmarse que nos encontremos ante una reforma estructural del
Impuesto sobre Sociedades que reconstruye la base imponible de mismo, ni
estabiliza su recaudación. Es más, el IS va a tener, en el ejercicio
2016, el menor peso en el PIB desde el comienzo de la crisis. El
resultado es sorprendente e inaceptable, desconociéndose, en
consecuencia, cual es realmente la finalidad de la reforma, a no ser que
sea, directamente, una rebaja del tipo general del impuesto que
beneficiará, únicamente, a las grandes empresas.


En este punto, debe destacarse la falta de transparencia de
la información facilitada por el Gobierno. En la Memoria de impacto
normativo del proyecto se ofrece, como hemos visto, una estimación «ex
ante» y «ex post» del coste de las medidas que se proponen, pero sólo de
forma global. Es decir, no se precisa el efecto de cada medida,
desconociéndose que parte del coste es imputable a la rebaja del tipo
impositivo y, por tanto, la repercusión del resto de las modificaciones,
información esencial para valorar si nos encontramos verdaderamente ante
una reforma estructural del IS o ante una mera rebaja de dicho tipo.


Debe resaltarse, además, que determinadas medidas que se
anuncian como mayor tributación de determinados sectores económicos
—entidades de crédito, que mantienen el tipo impositivo al
30%— han de matizarse y corregirse por la posibilidad de dichas
entidades de compensar a dicho tipo los activos por impuesto diferido que
tengan en sus balances como consecuencia, entre otros supuestos, del
derecho a compensar en ejercicios futuros las bases imponibles negativas.
Medida que afectará, igualmente, a la capacidad recaudatoria del
impuesto.


En definitiva, decir que el objetivo y finalidad del
proyecto del Impuesto sobre Sociedades es recomponer la base del tributo,
afectada hoy por numerosas exenciones y deducciones de toda índole y, a
la vez, prever un descenso de la recaudación constituye, a nuestro
juicio, una contradicción insalvable de la propuesta de reforma de esta
figura impositiva.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la
siguiente propuesta de veto al presente Proyecto de Ley y propone su
devolución al Congreso de los Diputados.