MOTIVACIÓN

El cambio en la tributación de las indemnizaciones por
despido obligatorio, establecidas por el Estatuto de los Trabajadores,
finalmente significa introducir un mínimo exento hasta los 180.000 euros.
Esto desde luego dista mucho de la versión inicial que establecía una
indemnización exenta de 2.000 euros por año trabajado. Así y todo, lo
lógico es que la exención a efectos tributarios de la indemnización por
despido considere el límite establecido en el Estatuto de los
Trabajadores en los casos en que no se acredite la existencia de un pacto
entre trabajador y empresa.

La indemnización por despido no es un componente más del
salario. Es la compensación por la pérdida de las expectativas de
continuidad en el empleo y la exención tributaria ha de corresponderse
con las cuantías legales fijadas en la normativa laboral. Otra cuestión
es revisar el tratamiento fiscal de las indemnizaciones por despido que
sobrepasan los límites legales y se consideran sujetas como rentas del
trabajo irregulares.

ENMIENDA NÚM. 2

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.

ENMIENDA

De modificación.

El último párrafo del apartado 5 del artículo 11 de la Ley
35/2006, modificado en el apartado siete del artículo primero, queda
redactado como sigue:

«Las adquisiciones de bienes y derechos que no se deriven
de una transmisión previa, como las ganancias en el juego, se
considerarán ganancias patrimoniales que se atribuirán a la persona o
personas a quienes corresponda el derecho a su obtención o que las hayan
ganado directamente, según las normas sobre titularidad jurídica
establecidas para los rendimientos del capital en el apartado 3
anterior.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica para asegurar la conexión entre la
titularidad a efectos civiles y tributarios.

ENMIENDA NÚM. 3

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

La letra c) del apartado 2 del artículo 14 de la Ley
35/2006, modificada en el apartado ocho del artículo primero, queda
redactada como sigue:

«c) Las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas
públicas cuya finalidad sea contribuir total o parcialmente a la
realización de una inversión podrán imputarse por cuartas partes en el
período impositivo en el que se obtengan y en los tres siguientes. En
otro caso, se imputarán al período impositivo en que tenga lugar su
cobro, sin perjuicio de las opciones previstas en las letras g), i) y j)
de este apartado.»

MOTIVACIÓN

La redacción del proyecto de ley puede desvirtuar la
finalidad de las ayudas públicas destinadas a financiar bienes duraderos,
siendo razonable extender las opciones más favorables al contribuyente
establecidas en las letras g), i) y j) a otros supuestos similares.

ENMIENDA NÚM. 4

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

Los párrafos cuarto, quinto y sexto del apartado 2 del
artículo 18 de la Ley 35/2006, modificado en el apartado diez del
artículo primero, quedan redactados como sigue:

«La cuantía del rendimiento íntegro a que se refiere este
apartado sobre la que se aplicará la citada reducción no podrá superar el
importe de 150.000 euros anuales.

Sin perjuicio del límite previsto en el párrafo anterior,
en el caso de rendimientos del trabajo cuya cuantía esté comprendida
entre 150.000,01 euros y 450.000 euros y deriven de la extinción de la
relación laboral, común o especial, o de la relación mercantil a que se
refiere el artículo 17.2.e) de esta Ley, o de ambas, la cuantía del
rendimiento sobre la que se aplicará la reducción no podrá superar el
importe que resulte de la diferencia ente la cuantía del rendimiento y
150.000 euros.

Cuando la cuantía de tales rendimientos fuera igual o
superior a 450.000 euros, la cuantía de los rendimientos sobre la que se
aplicará la reducción del 30 por ciento será cero.»

MOTIVACIÓN

El proyecto de ley mantiene el límite máximo para aplicar
la reducción, que se minora hasta el 30 % , por rendimientos del trabajo
irregulares en 300.000 euros anuales, cantidad que afecta exclusivamente
a contribuyentes con rentas elevadas. Además, se mantiene el cálculo de
la reducción en los rendimientos del trabajo entre 700.000,01 y 1.000.000
de euros que deriven de la extinción de la relación laboral, común o
especial, o de relación mercantil (administradores y miembros de los
consejos de administración), si bien se suprime el límite de reducción de
los rendimientos que derivan del ejercicio de opciones de compra sobre
acciones o participaciones por los trabajadores.

Se propone rebajar el límite máximo para aplicar la
reducción y minorar la reducción en los rendimientos del trabajo entre
150.000,01 y 450.000 euros que deriven de la extinción de la relación
laboral, común o especial, o de relación mercantil, pues los elevados
importes que se pagan por encima de lo que establece el Estatuto de los
Trabajadores solo afectan a los directivos de las grandes empresas y
multinacionales que blindan sus contratos.

Página
88

las que participen cualquiera de los anteriores, en las que
concurran las circunstancias señaladas en la letra b) anterior.

Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una
actividad, el volumen de compras se elevará al año.

d) Que las actividades económicas sean desarrolladas, total
o parcialmente, fuera del ámbito de aplicación del Impuesto al que se
refiere el artículo 4 de esta Ley.

e) Que los bienes o servicios de la actividad se incorporen
en el proceso de producción de otros bienes o servicios, o que el
destinatario de los mismos no sea el consumidor final.

4.ª El ámbito de aplicación del método de estimación
objetiva se fijará, entre otros extremos, bien por la naturaleza de las
actividades y cultivos, bien por módulos objetivos como el volumen de
operaciones, el número de trabajadores, el importe de las compras, la
superficie de las explotaciones o los activos fijos utilizados, con los
límites que se determinen reglamentariamente para el conjunto de
actividades desarrolladas por el contribuyente y, en su caso, por el
cónyuge, descendientes y ascendientes, así como por entidades en régimen
de atribución de rentas en las que participen cualquiera de los
anteriores.

5.ª En los supuestos de renuncia o exclusión de la
estimación objetiva, el contribuyente determinará el rendimiento neto de
todas sus actividades económicas por el método de estimación directa
durante los tres años siguientes, en las condiciones que
reglamentariamente se establezcan, pudiendo ejercer la renuncia a final
de ejercicio en el caso de pérdidas o de resultados contables inferiores
a lo que resulte del régimen de estimación objetiva.”»

MOTIVACIÓN

El proyecto de ley avanza positivamente en la limitación de
la aplicación del método para la determinación del rendimiento neto en
estimación objetiva. No obstante, se propone reservar el régimen
simplificado del IVA y de estimación objetiva en el IRPF para aquellas
actividades cuyo objeto sea destinar los bienes y servicios a un
consumidor final, establecer el límite para el conjunto de las
actividades agrícolas, forestales y ganaderas en 100.000 euros, y excluir
a aquellas actividades cuyas adquisiciones e importaciones de bienes y
servicios superen los 100.000 euros.

ENMIENDA NÚM. 8

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 31.1.3.ª, b, a’, modificado en el
apartado dieciocho del artículo primero, queda redactado en los
siguientes términos:

b) Que el volumen de rendimientos íntegros en el año
inmediato anterior supere cualquiera de los siguientes importes:

a’) Para el conjunto sus actividades económicas,
excepto las agrícolas ganaderas y forestales, 150.000 euros anuales.

A estos efectos se computará la totalidad de las
operaciones con independencia de que exista o no la obligación de expedir
factura de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre.

Sin perjuicio del límite anterior, el método de estimación
objetiva no podrá aplicarse, salvo para las actividades encuadradas en el
grupo 722 de la división 7, agrupación 72, de actividades empresariales

reguladas en el RD 1175/1990 de 28 de septiembre por el que
se aprueban las tarifas e la instrucción del IAE, cuando el volumen de
los rendimientos íntegros del año anterior que corresponda a operaciones
por las que estén obligados a emitir factura cuando el destinatario sea
un empresario o profesional que actúe como tal, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2.2.a) del Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, supere los 75.000 euros anuales.

b’) Para el conjunto de sus actividades agrícolas,
ganaderas y forestales, 200.000 euros anuales.

MOTIVACIÓN

Desde hace aproximadamente 21 años todas aquellas empresas
personas físicas, que cumplan una serie de requisitos, encuadradas en
epígrafe 722 del IAE se pueden acoger a un sistema de tributación, lo
mismo para los rendimientos de su negocio que para las liquidaciones de
IVA, mucho más sencillo que los habituales. Dichos sistemas, denominados
estimación objetiva para el IRPF y régimen simplificado en el caso del
IVA, están basados en la estimación de los rendimientos e IVA repercutido
de acuerdo a una serie de criterios establecidos por la administración de
hacienda e independientemente de los rendimientos netos reales o del IVA
repercutido o soportado efectivamente en una factura. Esta circunstancia
puede propiciar, en función de la situación del mercado, que las
cantidades resultantes a liquidar estén por encima o por debajo de lo que
resultaría si el contribuyente estuviera encuadrado en otro régimen
tributario. En cualquier caso incentiva a las empresas a buscar
recaudaciones lo más elevadas posibles y a emitir facturas.

Para las personas físicas tiene las siguientes
ventajas:

— Es un sistema de tributación sencillo que da
seguridad jurídica a los autónomos.

— Permite conocer de antemano el coste que la empresa
va a tener en materia fiscal, independientemente de la situación del
mercado.

— Viene a igualar las condiciones de competencia
entre las pequeñas empresas españolas.

— Incentiva el aprovechamiento intensivo del vehículo
para alcanzar los mínimos de facturación a partir de los cuales una parte
de los impuestos generados pueden ser considerados ingreso neto.

— Permite mantener una cierta competitividad con
pymes de otros países con las que compiten por el mismo nicho del
mercado.

Para la administración de hacienda tiene las siguientes
ventajas y desventajas:

— Asegura una recaudación fija de cada una de las
empresas acogida a éste régimen fiscal independientemente de la situación
coyuntural de la economía y de las economías de dichas empresas.

— Es un sistema transparente que evita el fraude
fiscal al conocerse de antemano los criterios para el cálculo de las
liquidaciones de los impuestos.

— En momentos determinados podría suponer una
recaudación inferior de la que se realizaría por otros sistemas, aunque
por el contrario en otras circunstancias, como la actual, puede suponer
todo lo contrario.

— Se asegura que afloren las recaudaciones de
terceros al estar incentivado el transportista a la emisión de la
factura.

— En cualquier caso asegura los ingresos en materia
de impuestos directos e indirectos, seguridad social, etc., más allá del
IRPF e IVA, al ser dichos impuestos generados por empresas establecidas
en España y por lo tanto obligadas a tributar en su territorio.

Las consecuencias de las medidas propuestas por la
administración de hacienda, de no estimarse la enmienda propuesta, van a
ser, para el sector del transporte pesado por carretera en general y para
las pymes personas físicas en particular, las siguientes:

— Aumento de los precios del transporte.

— Disminución de la recaudación fiscal.

— Cierre de empresas.

— Aumento del desempleo.

— Incremento de los créditos impagados a los
bancos.

— Dado que generalmente las familias apoyan los
proyectos de los transportistas autónomos mediante la prestación de
avales para el afianzamiento de los créditos necesarios para sus
inversiones,

es más que probable que se cree un problema social añadido
de enormes consecuencias en el caso del impago de dichos créditos.

— El hueco del mercado dejado por los transportistas
autónomos se verá ocupado por pymes de otros países que crearán empleo y
liquidarán impuestos allí en dónde estén radicadas.

Los requisitos exigidos por la administración de hacienda
han ido propiciando la exclusión de cada vez más empresas del sistema de
módulos. De los 450.000 euros de rendimientos íntegros se pasó, en el año
2013, a 300.000e. Esta situación provocó que unas 4000 empresas quedaran
fuera del sistema de módulos y probablemente el redimensionamiento de
otras cuantas. La reforma legislativa planteada viene a limitar más el
nivel de rendimientos máximo exigido estableciéndolo en 150.000 e., por
lo que esta nueva exigencia, de por sí, excluiría del sistema de módulos
a unos 11.000 transportistas autónomos, la práctica totalidad de los
transportistas con más de 1 camión. Pero así mismo se establece una
condición adicional, no facturar más de 75.000 e a otras empresas, que
dejaría fuera a otros 20.000 transportistas autónomos. Al final el
impacto de la medida puede acabar afectando a unas 31.000 empresas en el
transporte pesado y a unos 40.000 puestos de trabajo.

El mercado que se va a ver afectado por las medidas
propuestas por el ministerio son los tráficos interregionales e
internacionales, es decir, aquellos tráficos en los que los
transportistas autónomos tienen que competir, no tanto entre ellos o con
otros transportistas nacionales de una mayor dimensión, como con
transportistas de otros países con unos costes inferiores. Del total de
las tns/km generadas por los transportistas españoles el 48,5 % se
realizaron en tráficos interregionales y el 35,46 % en tráficos
internacionales, por lo que cualquier medida que afecte a la
competitividad de las empresas debe sopesarse en toda su amplitud, es
decir, puede caber el riesgo que lo que se derive de dichas medidas sea
una pérdida de cuota de mercado por parte de un tipo de empresa sin que
esa cuota sea ocupada por empresas nacionales, por lo tanto, de manera
indeseada seguramente, se corre el riesgo que terceros saquen provecho de
ésta situación. Esta reflexión no ha de ser entendida como «los nuestros
y los otros», ya que todas las empresas que operan en el mercado tienen
la misma legitimidad, si no en el sentido que un gobierno no puede
adoptar medidas en materia fiscal que puedan tener efectos contrarios a
los perseguidos, disminución de la recaudación fiscal y aumento del
desempleo.

En los tráficos interregionales la competencia con
transportistas foráneos se da como consecuencia de la posibilidad que los
transportistas de otros países de la UE tienen de realizar, al amparo de
licencias comunitarias, transporte de cabotaje sometido a una serie de
condiciones cuantitativas y temporales. En los tráficos internacionales,
en el ámbito de la UE, no existe ningún tipo de limitación y cualquier
transportista puede realizar, al amparo de su licencia comunitaria,
tráficos internacionales. No es cierto que las condiciones de la
competencia, en materia de regulación del transporte, social o impositiva
estén armonizadas en todo el ámbito de la UE, por lo tanto las empresas
transportistas de un país determinado no sólo han de competir entre ellas
si no que lo han de hacer, en aquellos ámbitos permitidos, con el resto
de empresas de la UE. Los costes sociales, la normativa reguladora del
sector, etc. es tan dispar dentro de cada país de la UE que cada vez se
hace más complicado competir en condiciones de igualdad con empresas de
terceros países. Cualquier medida que pueda afectar a las condiciones de
competencia puede tener efectos perversos para quien la adopte.

El mercado del transporte no es un mercado homogéneo en
dónde todas las empresas tienen los mismos fines e intereses. Pero al
final de toda la cadena existe un mercado, el de la TRACCION, por el que
compiten un tipo determinado de empresas. Estas empresas, de reducida
dimensión en casi todos los casos, no aspiran a realizar operaciones
logísticas complejas, pero sí que están presentes de manera sustancial en
la fase de carretera de cualquier transporte. No es cierto que sólo en
España haya pymes y autónomos en el sector del transporte, las hay en
Portugal, en Rumanía, en Bulgaria, en Polonia… y todas estas
empresas compiten por el mismo mercado, el de la tracción. Así mismo
operadores logísticos que demanden éste tipo de empresas los hay en
nuestro país y fuera de él, por lo tanto se dan las condiciones para que
ciertas medidas, no reflexionadas en profundidad, puedan propiciar
definitivamente que una parte del mercado acabe siendo operado por
empresas foráneas y la recaudación fiscal y los puestos de trabajo que
generen se vayan lejos.

La reforma fiscal planteada para el IRPF y para el IVA
expulsa del sistema de módulos a la casi totalidad de los transportistas
autónomos del transporte pesado, incluidos aquellos que cuenten solamente
con un solo vehículo. Consideramos que dicha medida es excesiva y que su
repercusión va a ser contraproducente para el empleo y la recaudación
fiscal ya que hay un serio riesgo que se propicie el

abandono del mercado por parte de dichas empresas y la
llegada masiva al mismo de empresas y trabajadores radicados en otros
países de la UE, los datos sobre los tráficos interregionales e
internacionales avalan ésta tesis, así mismo se dan las condiciones
regulatorias para que esto suceda. Por otra parte estimamos que se va a
crear un problema social de primer orden, de llevarse a cabo las medidas
propuestas, al quedar seriamente comprometida la viabilidad de muchas de
éstas empresas, que va a afectar de manera directa a los titulares de las
mismas y que también se va a hacer extensivo al resto de familiares en
tanto en cuanto sean titulares de créditos bancarios o se encuentren
afianzando operaciones de crédito para dichos titulares.

La estimación de la enmienda propuesta permitiría que unas
26.000 empresas del total de 38.000 empresas personas físicas que hay en
la actualidad en el segmento del transporte pesado, siguieran encuadradas
en un sistema de tributación con las siguientes ventajas, a nuestro
juicio:

— Sencillo para las empresas muy pequeñas.

— Que elimina, con el límite de 150.000e que se
pretende imponer, cualquier resquicio para el fraude fiscal.

— Que asegura en cualquier circunstancia la
recaudación fiscal, independientemente de los resultados contables.

— Que no alteraría, frente a terceros, las
condiciones de competencia existentes.

— No distorsionaría el mercado de transporte nacional
ni afectaría negativamente a las condiciones de competencia entre las
empresas que operan en el mismo al quedar significativamente limitada la
posibilidad de estar encuadrado en ese régimen fiscal, siendo sólo
accesible a empresas de muy reducida dimensión.

— No discriminatorio frente a otras formas
jurídicas.

— Asegura la viabilidad a medio plazo de la mayoría
de las pequeñas empresas personas físicas existentes en la actualidad y
el mantenimiento de los puestos de trabajo creados por ellas. Y así mismo
evitaría el drama social derivado de la más que probable imposibilidad de
devolver los créditos solicitados a las entidades bancarias.

ENMIENDA NÚM. 9

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 32 de la Ley
35/2006, modificado en el apartado diecinueve del artículo primero, queda
redactado como sigue:

«La cuantía del rendimiento neto a que se refiere este
apartado sobre la que se aplicará la citada reducción no podrá superar el
importe de 150.000 euros anuales.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas, se propone rebajar el
límite máximo para aplicar la reducción por rendimientos irregulares de
actividades económicas.

Página
94

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 5 del artículo 51 de la Ley 35/2006, modificado
en el apartado treinta y uno del artículo primero, queda redactado como
sigue:

«5. Las primas satisfechas a los seguros privados que
cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o de gran
dependencia conforme a lo dispuesto en la Ley de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.

Igualmente, las personas que tengan con el contribuyente
una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer
grado inclusive, o por su cónyuge, o por aquellas personas que tuviesen
al contribuyente a su cargo en régimen de tutela o acogimiento, podrán
reducir en su base imponible las primas satisfechas a estos seguros
privados, teniendo en cuenta el límite de reducción previsto en el
artículo 52 de esta Ley.

El conjunto de las reducciones practicadas por todas las
personas que satisfagan primas a favor de un mismo contribuyente,
incluidas las del propio contribuyente, no podrán exceder de 3.000 euros
anuales.

Estas primas no estarán sujetas al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.

El contrato de seguro deberá cumplir en todo caso lo
dispuesto en las letras a) y c) del apartado 3 anterior.

En los aspectos no específicamente regulados en los
párrafos anteriores y sus normas de desarrollo, resultará de aplicación
lo dispuesto en el último párrafo del apartado 3 anterior.

Reglamentariamente se desarrollará lo previsto en este
apartado.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 12

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y dos.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado treinta y dos queda redactado como sigue:

«Treinta y dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 52,
que queda redactado de la siguiente forma:

“Como límite máximo conjunto para las reducciones
previstas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 51 de esta Ley, se
aplicará la menor de las cantidades siguientes:

a) El 30 % de la suma de los rendimientos netos del trabajo
y de actividades económicas percibidos individualmente en el
ejercicio.

b) 3.000 euros anuales.”»

MOTIVACIÓN

El proyecto de ley reduce las regresivas ventajas fiscales
de las aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión
social. No obstante, lo hace de forma insuficiente porque el límite sigue

siendo excesivo y no se corresponde con las aportaciones
medias de los trabajadores, beneficiando desproporcionadamente a las
rentas elevadas que pueden aprovecharlo y reducir considerablemente su
factura fiscal.

ENMIENDA NÚM. 13

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado treinta y nueve.

MOTIVACIÓN

La supresión de tramos en la tarifa de la renta general del
IRPF provoca una inaceptable pérdida de progresividad y suficiencia.
Nuestra propuesta es mantener las tarifas y de forma indefinida el
gravamen complementario a la cuota íntegra estatal que estableció de
forma temporal el RDL 20/2011.

ENMIENDA NÚM. 14

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Cuarenta y uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado cuarenta y uno del artículo
primero.

MOTIVACIÓN

La supresión de tramos en la tarifa de la renta general del
IRPF provoca una inaceptable pérdida de progresividad y suficiencia.
Nuestra propuesta es mantener las tarifas y de forma indefinida el
gravamen complementario a la cuota íntegra estatal que estableció de
forma temporal el RDL 20/2011.

ENMIENDA NÚM. 15

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Cuarenta y dos.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado cuarenta y dos del artículo
primero.

MOTIVACIÓN

Los tipos de gravamen del ahorro que establece el proyecto
de ley impulsan con gran intensidad la regresividad respecto al actual
tributo, regresividad que se alimenta además con la consolidación de una
renta dual. Además de lo propuesto en otra enmienda sobre la renta del
ahorro, entendemos que hay que mantener los umbrales vigentes para
aplicar los tipos del ahorro y también, de forma indefinida, los tipos de
gravámenes extraordinarios.

ENMIENDA NÚM. 16

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Cuarenta y tres.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado cuarenta y tres queda redactado como sigue:

«Cuarenta y tres. Se modifica el apartado 1 del artículo
67, que queda redactado de la siguiente forma:

“1. La cuota líquida estatal del Impuesto será el
resultado de disminuir la cuota íntegra estatal en la suma de:

a) La deducción por inversión en empresas de nueva o
reciente creación prevista en el apartado 1 del artículo 68 de esta
Ley.

b) El 50 por ciento del importe total de las deducciones
previstas en los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 68 de esta Ley.

c) La deducción por la adquisición de abonos de transporte
público prevista en el apartado 8 del artículo 68 de esta
Ley.”»

MOTIVACIÓN

Se propone esta deducción para fomentar la movilidad
sostenible (en transporte público, sistemas de alquiler público de
bicicletas o coche compartido) entre la ciudadanía, prevenir la
contaminación atmosférica y potenciar el uso irracional de recursos. Las
deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas serían
un fuerte incentivo para cambiar los hábitos de la población.

Cabe considerar por otra parte el componente social de la
propuesta, que facilitaría el acceso al transporte público de manera
prácticamente universal, favoreciendo así a las rentas más bajas.

Página
98

3. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los
rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias,
coloquios, seminarios y similares, o derivados de la elaboración de obras
literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su
explotación, será del 21 por ciento. Este porcentaje se reducirá a la
mitad cuando se trate de rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y
Melilla que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el
artículo 68.4 de esta Ley.

4. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los
rendimientos del capital mobiliario será del 21 por ciento.

Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando se trate de
rendimientos que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el
artículo 68.4 de esta Ley procedentes de las sociedades a que se refiere
la letra h) del número 3.º del citado artículo.

5. Los porcentajes de las retenciones e ingresos a cuenta
sobre los rendimientos derivados de actividades económicas serán:

a) El 21 por ciento, en el caso de los rendimientos de
actividades profesionales establecidos en vía reglamentaria.

No obstante, se aplicará el porcentaje del 9 por ciento
sobre los rendimientos de actividades profesionales que se establezcan
reglamentariamente.

Estos porcentajes se reducirán a la mitad cuando los
rendimientos tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el
artículo 68.4 de esta Ley.

a) El 2 por ciento en el caso de rendimientos procedentes
de actividades agrícolas o ganaderas, salvo en el caso de las actividades
ganaderas de engorde de porcino y avicultura, en que se aplicará el 1 por
ciento.

b) El 2 por ciento en el caso de rendimientos procedentes
de actividades forestales.

c) El 1 por ciento para otras actividades empresariales que
determinen su rendimiento neto por el método de estimación objetiva, en
los supuestos y condiciones que reglamentariamente se establezcan.

6. El porcentaje de pagos a cuenta sobre las ganancias
patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y
participaciones de instituciones de inversión colectiva será del 21 por
ciento.

No se aplicará retención cuando no proceda computar la
ganancia patrimonial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 94.1.a)
de esta Ley.

El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre las
ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de
los vecinos en montes públicos que reglamentariamente se establezcan,
será del 21 por 100.

El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre las
ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos de
suscripción será del 21 por ciento.

7. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los
premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos,
concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculadas a la
oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios,
será del 21 por ciento.

8. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes
inmuebles urbanos, cualquiera que sea su calificación, será del 21 por
ciento.

Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando el inmueble
esté situado en Ceuta o Melilla en los términos previstos en el artículo
68.4 de esta Ley.

9. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los
rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la
prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles,
negocios o minas y del subarrendamiento sobre los bienes anteriores,
cualquiera que sea su calificación, será del 21 por ciento.

10. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los
rendimientos procedentes de la cesión del derecho a la explotación del
derecho de imagen, cualquiera que sea su calificación, será el 24 por
ciento. El porcentaje de ingreso a cuenta en el supuesto previsto en el
artículo 92.8 de esta Ley será del 21 por ciento.

11. Los porcentajes de los pagos fraccionados que deban
practicar los contribuyentes que ejerzan actividades económicas serán los
siguientes:

a) El 20 por ciento, cuando se trate de actividades que
determinen el rendimiento neto por el método de estimación directa, en
cualquiera de sus modalidades.

b) El 4 por ciento, cuando se trate de actividades que
determinen el rendimiento neto por el método de estimación objetiva. El
porcentaje será el 3 por ciento cuando se trate de actividades que tengan
sólo una persona asalariada, y el 2 por ciento cuando no se disponga de
personal asalariado.

c) El 2 por ciento, cuando se trate de actividades
agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, cualquiera que fuese el
método de determinación del rendimiento neto.

Estos porcentajes se reducirán a la mitad para las
actividades económicas que tengan derecho a la deducción en la cuota
prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.”»

MOTIVACIÓN

Adecuar el importe de los pagos a cuenta a las
modificaciones propuestas en otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 21

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Setenta y tres.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado setenta y tres queda redactado como sigue:

«Setenta y tres. Se modifica la disposición adicional
decimosexta, que queda redactada de la siguiente forma:

“Disposición adicional decimosexta. Límite financiero
de aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social.

El importe anual máximo conjunto de aportaciones y
contribuciones empresariales a los sistemas de previsión social previstos
en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 51, de la disposición
adicional novena y del apartado dos de la disposición adicional undécima
de esta Ley será de 3.000 euros anuales.”»

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 22

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Setenta y cuatro.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un último párrafo en la disposición adicional
vigésima, añadida en el apartado setenta y cuatro del artículo primero,
con la siguiente redacción:

«A los efectos de esta disposición adicional, no se
considerarán rentas exentas con progresividad las devengadas con
anterioridad al 1 de enero de 2015, independientemente del momento en el
que, en su caso, dichas rentas se hagan efectivas.»

MOTIVACIÓN

Se propone salvaguardar, como se hace en otras partes del
proyecto de ley, el marco jurídico-fiscal anterior a esta reforma para el
caso de indemnizaciones pendientes de cobros fraccionados de afectados
por despidos colectivos anteriores a la entrada en vigor de esta
reforma.

ENMIENDA NÚM. 23

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Setenta y ocho.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado setenta y ocho del artículo
primero.

MOTIVACIÓN

En este apartado se ajustan las escalas y tipos de
retención aplicables en 2015. En coherencia con otras enmiendas se
propone su supresión.

ENMIENDA NÚM. 24

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Ochenta y cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado ochenta y cuatro del artículo
primero.

MOTIVACIÓN

En este apartado se suprime la disposición transitoria
novena de la Ley 35/2006, en la que se establece un régimen transitorio
para determinar el importe de las plusvalías derivadas de elementos
patrimoniales adquiridos con anterioridad a 31 de diciembre de 1994.

Lo que hace el proyecto de ley es eliminar los conocidos
como coeficientes de actualización y de abatimiento previstos para, en
especial, evitar que inmuebles adquiridos hace muchos años y que ahora se
venden, tributen en exceso al calcular la plusvalía obtenida por el
efecto de la inflación acumulada.

Además de la inseguridad jurídica que esta supresión
genera, lo cierto es que puede afectar con intensidad a contribuyentes
con rentas modestas y cuyo único patrimonio es la vivienda.

ENMIENDA NÚM. 25

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Noventa.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado noventa del artículo primero.

MOTIVACIÓN

En otra enmienda se ha propuesto derogar el régimen fiscal
especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio
español.

ENMIENDA NÚM. 26

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero con la
siguiente redacción:

«Cuarenta y ocho bis (nuevo). Se añade un nuevo apartado 8
en el artículo 68, que queda redactado de la siguiente forma:

“8 (nuevo). Deducción por adquisición de abonos de
transporte púbico.

Los contribuyentes podrán deducirse un porcentaje de los
gastos que realicen en la adquisición de abonos de transporte público de
carácter unipersonal y nominal, incluidas las cuotas para el uso de
sistemas públicos de alquiler de coches y bicicletas y de sistemas de
carsharing. El porcentaje de los gastos deducible dependerá de la base
imponible del contribuyente según se indica en la siguiente escala:

Esta deducción no se aplicará a las rentas satisfechas en
especie por las empresas para favorecer el transporte colectivo de sus
empleados y que se beneficien de la exención prevista en la letra h) del
apartado 2 del artículo 42 de la presente Ley.”»

MOTIVACIÓN

Se propone esta deducción para fomentar la movilidad
sostenible (en transporte público, sistemas de alquiler público de
bicicletas o coche compartido) entre la ciudadanía, prevenir la
contaminación atmosférica y potenciar el uso irracional de recursos. Las
deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas serían
un fuerte incentivo para cambiar los hábitos de la población.

Cabe considerar por otra parte el componente social de la
propuesta, que facilitaría el acceso al transporte público de manera
prácticamente universal, favoreciendo así a las rentas más bajas.

ENMIENDA NÚM. 27

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo primero con la
siguiente redacción:

«Setenta y ocho bis (nuevo). Se modifica la disposición
adicional trigésima quinta, que queda redactada de la siguiente
forma:

“Disposición adicional trigésima quinta. Gravamen
complementario a la cuota íntegra estatal para la sostenibilidad de las
finanzas públicas.

1. Con efectos desde 1 de enero de 2015 y vigencia
indefinida la cuota íntegra estatal de cada periodo impositivo a que se
refiere el artículo 62 de esta Ley se incrementará en los siguientes
importes:

a) (…)

Cuando el contribuyente satisfaga anualidades por alimentos
a sus hijos por decisión judicial y el importe de aquéllas sea inferior a
la base liquidable general, aplicará la escala prevista en esta letra a)
separadamente al importe de las anualidades por alimentos y al resto de
la base liquidable general. La cuantía total resultante se minorará en el
importe derivado de aplicar la escala prevista en esta letra a) a la
parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y
familiar incrementado en 1.980 euros anuales, sin que el resultado de
esta minoración pueda resultar negativo.

b) (…)

2. Con efectos desde 1 de enero de 2015 y vigencia
indefinida la cuota de retención a que se refieren los apartados 1 y 2
del artículo 85 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, se incrementará en el importe resultante de aplicar a
la base para calcular el tipo de retención los tipos previstos en la
siguiente escala:

(…)

Cuando el perceptor de rendimientos del trabajo satisfaga
anualidades por alimentos en favor de los hijos por decisión judicial,
siempre que su importe sea inferior a la base para calcular el tipo de
retención, se aplicará la escala prevista en este apartado separadamente
al importe de dichas anualidades y al resto de la base para calcular el
tipo de retención. La cuantía total resultante se minorará en el importe
derivado de aplicar la escala prevista en este apartado al importe del
mínimo personal y familiar para calcular el tipo

de retención incrementado en 1.980 euros anuales, sin que
el resultado de esta minoración pueda resultar negativo.

Reglamentariamente podrán modificarse las cuantías y
porcentajes previstos en éste apartado.”»

MOTIVACIÓN

Se propone mantener de forma indefinida el gravamen
complementario a la cuota íntegra estatal que estableció de forma
temporal el RDL 20/2011, para mejorar la suficiencia y progresividad del
tributo.

ENMIENDA NÚM. 28

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente
redacción:

«Disposición adicional (nueva). Impuesto sobre la
Riqueza.

Uno. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de
esta Ley, el Gobierno presentará a las Cortes Generales un proyecto de
ley para la creación de un Impuesto sobre la Riqueza que sustituirá al
Impuesto sobre el Patrimonio.

Dos. La gestión del Impuesto sobre la Riqueza corresponderá
al Estado y su recaudación estará parcialmente cedida a las Comunidades
Autónomas dentro del modelo de financiación autonómica.

Tres. El Impuesto sobre la Riqueza establecerá mínimos
exentos similares a los vigentes en el actual Impuesto sobre el
Patrimonio y tipos efectivos superiores para mejorar la progresividad, e
incorporará fórmulas para evitar que los titulares de grandes patrimonios
eludan total o parcialmente su tributación en patrimonio y renta a través
de sociedades instrumentales, patrimoniales, financieras, figuras
fiduciarias o fundaciones.»

MOTIVACIÓN

Es preciso contar en nuestro sistema tributario con un
verdadero impuesto sobre la riqueza personal que haga más justo el
sistema, contribuya a aumentar los ingresos del Estado y tenga efectos
sociales positivos al reducir la desigualdad.

ENMIENDA NÚM. 29

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición final primera. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado uno de la disposición final primera queda
redactado como sigue:

«Uno. Se modifica la letra a) del apartado 3 del artículo
5, que queda redactada de la siguiente forma:

“a) El total de las aportaciones y contribuciones
empresariales anuales máximas a los planes de pensiones regulados en la
presente Ley no podrá exceder de 3.000 euros.”»

MOTIVACIÓN

El proyecto de ley reduce las regresivas ventajas fiscales
de las aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión
social. No obstante, lo hace de forma insuficiente porque el límite sigue
siendo excesivo y no se corresponde con las aportaciones medias de los
trabajadores, beneficiando desproporcionadamente a las rentas elevadas
que pueden aprovecharlo y reducir considerablemente su factura
fiscal.

ENMIENDA NÚM. 30

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición final segunda.

ENMIENDA

De modificación.

La disposición final segunda queda redactada como
sigue:

«Disposición final segunda. Modificación de la Ley 36/2006,
de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude
fiscal:

Uno. Se modifica la disposición adicional primera de la Ley
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude
fiscal, que queda redactada de la siguiente forma:

“Disposición adicional primera. Definición de paraíso
fiscal, de nula tributación y de efectivo intercambio de información
tributaria.

(…) (Igual que el texto del proyecto de
ley)”

Dos. Se añade una nueva disposición adicional en la Ley
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude
fiscal, que queda redactada de la siguiente forma:

“Disposición adicional (nueva). Medidas urgentes para
la reducción de la economía sumergida y el fraude fiscal.

El Gobierno aprobará un plan de medidas urgentes para la
reducción de la economía sumergida y el fraude fiscal, así como para la
mejora del control del gasto público en el ámbito de la Administración
General del Estado, adecuando en particular el contenido y
características de los puestos de trabajo de los técnicos del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas a las especiales condiciones de
su desempeño, considerando, entre otros extremos, la complejidad y
dificultad de las tareas asignadas, la preparación técnica exigida y la
responsabilidad inherente a su ejercicio.”»

MOTIVACIÓN

Es prioritario que los esfuerzos de la Agencia Tributaria y
de la IGAE se centren fundamentalmente en combatir el fraude fiscal y el
blanqueo de capitales, y en controlar el gasto público y las
subvenciones. Es indudable que hacen falta más recursos técnicos y
humanos para esta labor, pero a corto y medio plazo las actuaciones
podrían impulsarse a través de la autorización a los 8.000 técnicos del
Ministerio de Hacienda para que asuman mayores responsabilidades en su
efectiva aplicación.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una enmienda al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo, y otras normas tributarias.

Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—El
Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.

ENMIENDA NÚM. 31

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuarenta y ocho.

ENMIENDA

De sustitución.

Se propone la sustitución del apartado cuarenta y ocho del
artículo primero del Proyecto de Ley por el que se modifican la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo y otras normas tributarias, con la siguiente redacción:

Cuarenta y ocho. Se modifica el apartado 6 del artículo 68,
que queda redactado de la siguiente forma:

«6. Deducciones por aportaciones y contribuciones a
sistemas de previsión social.

Los contribuyentes podrán aplicar, en los términos que se
indican en este apartado, una deducción por las aportaciones y
contribuciones a planes de pensiones del sistema de empleo y mutualidades
de previsión social empresarial previstas en los apartados 1.2º y
2.a).3º, respectivamente, del artículo 51 de esta ley.

Esta deducción que en todo caso será incompatible con la
reducción en base imponible prevista en el artículo 51, no pudiendo
acumularse ambas sobre las mismas aportaciones y/o contribuciones, se
practicará aplicando a la base que se indica en el párrafo siguiente el
35 por ciento incrementado en un 2,5 por ciento por cada hijo del
contribuyente, cualquiera que sea su edad, hasta un máximo del 45 por
100.

La base de esta deducción será equivalente al importe de la
reducción que, en su caso, hubiera podido practicarse el contribuyente en
la base imponible general por dichas aportaciones y/o contribuciones, con
un máximo de 2.000 euros anuales.»

JUSTIFICACIÓN

Adecuación del Proyecto de Ley al Libro Blanco «Agenda para
unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles» de la Comisión
Europea.

Página
108

rendimientos sobre los que se pretende aplicar la reducción
o, alternativamente, no superen la cantidad de 2.500 euros.

ENMIENDA NÚM. 34

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone añadir el apartado 2 a) del artículo 42 de la
Ley de IRPF, en el punto Veinticuatro del Artículo Primero del Proyecto
de Ley, con la siguiente redacción:

Veinticuatro:

Artículo 42:

«2. No tendrán la consideración de rendimientos del trabajo
en especie:

a) La entrega a los trabajadores en activo, de forma
gratuita o por precio inferior al normal de mercado, de acciones o
participaciones de la propia empresa o de otras empresas del grupo de
sociedades, en la parte que no exceda, para el conjunto de las entregadas
a cada trabajador, de 12.000 euros anuales, en las condiciones que
reglamentariamente se establezcan, cuando la referida oferta se realice a
todos los empleados con contrato indefinido, sin distinción alguna de
grupo o nivel profesional.

b) Las cantidades destinadas a la actualización,
capacitación o reciclaje del personal empleado, cuando vengan exigidos
por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos
de trabajo.

c) Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud
de contrato de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil del
trabajador.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de ley elimina la no sujeción de la entrega de
acciones gratuitas a los trabajadores de la propia empresa, empleada como
forma de retribución a los trabajadores.

Dado que la finalidad de esta fórmula de retribución del
trabajo es fomentar la participación de los empleados en la empresa,
brindándoles la oportunidad de compartir el incremento de valor de las
acciones de la compañía con el fin de aumentar el compromiso con la
empresa y mejorar su resultado económico, no parece conveniente suprimir
la actual exención.

Respecto a esta cuestión, la Exposición de Motivos del
Proyecto de Reforma de la Ley de IRPF establece que: «... se ha suprimido
la exención vinculada a la entrega de acciones gratuitas a los
trabajadores de la propia empresa en la que trabajan, fórmula
fundamentalmente utilizada en la práctica para retribuir a los
trabajadores de mayor renta.»

El único motivo que esgrime la citada Exposición de Motivos
es que, es esta una forma de retribución utilizada en la práctica para
retribuir a los trabajadores de mayor renta, sin que se tenga en cuenta
las razones por las cuales se ha otorgado tradicionalmente este
tratamiento, tanto en normativa interna como en Derecho Comparado que no
es otro que el de incentivar la cogestión, es decir, contribuir a la
participación de los trabajadores en la empresa, finalidad arraigada en
países tales como Alemania y Francia..

Por tanto, se propone mantener este beneficio fiscal,
modificando, los requisitos en los que la exención retributiva debe ser
aplicable. Por lo que respecta a esa eventual modificación, nuestra
propuesta es que dicho régimen sea aplicable no cuando la oferta se
realice dentro de la política retributiva general de la empresa dirigida,
por tanto, a los colectivos de mayor renta, sino que dicha exención sea
aplicable a la entrega a los trabajadores en activo, de forma gratuita o
por precio inferior al normal de mercado, de acciones o participaciones
de la propia empresa o de otras empresas del grupo de sociedades, en la
parte

que no exceda, para el conjunto de las entregadas a cada
trabajador, de 12.000 euros anuales, cuando la referida oferta se realice
a todos los empleados con contrato indefinido sin excepción, sin
distinción alguna de grupo o nivel profesional.

Por último, en caso de que el legislador finalmente decida
eliminar la no sujeción de entrega de acciones gratuitas a los
trabajadores, entendemos que sería imprescindible establecer un régimen
transitorio para los planes de acciones que ya se han ofrecido y/o
concedido a los empleados antes de la entrada en vigor de la norma pero
que todavía no se han entregado. Ésta ha sido la decisión adoptada por
las nuevas Normas Forales del IRPF que han eliminado la no sujeción de la
entrega de acciones pero han mantenido el régimen anterior respecto de
los Planes de entregas de acciones aprobados antes de su entrada en
vigor.

ENMIENDA NÚM. 35

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado 2 a) del artículo 42 de la
Ley de IRPF, en el punto Veinticuatro del Artículo Primero del Proyecto
de Ley, con la siguiente redacción:

Veinticuatro:

«2. No tendrán la consideración de rendimientos del trabajo
en especie:

a) Las cantidades destinadas a la actualización,
capacitación o reciclaje del personal empleado, cuando vengan exigidos
por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos
de trabajo, con independencia de quien los sufrague.»

JUSTIFICACIÓN

Favorecer la formación consistente en la actualización,
capacitación o reciclaje del personal empleado, siempre que venga exigida
por su actividad, o por su puesto de trabajo, evitando que pudieran
plantearse dudas sobre el alcance de la no sujeción al Impuesto en los
supuestos en los que no es la empresa directamente empleadora la que
financia o proporciona dicha formación.

En todas las sociedades desarrolladas, la formación se
revela como un factor crítico para el desarrollo de los países, así como
para el mantenimiento de su competitividad. En este sentido, los poderes
públicos vienen estableciendo medidas para fomentar la formación,
tratando de evitar cualquier aspecto que pueda limitarla o dificultarla.
Hoy es una práctica habitual y consolidada la realización de acciones
formativas promovidas por entidades con las que las personas físicas que
reciben la formación no tienen una relación laboral, sin que este aspecto
menoscabe la utilidad de dichas acciones para su actualización,
capacitación, o reciclaje.

La enmienda sugerida pretende que el tratamiento en el IRPF
de la formación recibida por los trabajadores no se vea alterado en
función de quien proporcione dicha formación, siempre que cumpla los
requisitos establecidos por la Ley.

Página
112

el desarrollo de la entidad en la que invierten en los
términos que establezca el acuerdo de inversión entre el contribuyente y
la entidad.

La base máxima de deducción será de 1.000.000 euros
anuales, sin que pueda exceder del 20 % de la base imponible, y estará
formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones
suscritas.

No formará parte de la base de deducción las cantidades
satisfechas por la suscripción de acciones o participaciones cuando
respecto de tales cantidades el contribuyente practique una deducción
establecida por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de las competencias
previstas en la Ley 22/2009, por el que se regula el sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con
Estatuto de Autonomía.

2.º La entidad cuyas acciones o participaciones se
adquieran deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Revestir la forma de Sociedad Anónima, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de
Responsabilidad Limitada Laboral, en los términos previstos en el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la Ley 4/1997, de 24 de
marzo, de Sociedades Laborales, y no estar admitida a negociación en
ningún mercado organizado.

Este requisito deberá cumplirse durante todos los años de
tenencia de la acción o participación.

b) Ejercer una actividad económica que cuente con los
medios personales y materiales para el desarrollo de la misma. En
particular, no podrá tener por actividad la gestión de un patrimonio
mobiliario o inmobiliario a que se refiere el artículo 4.8.Dos.a) de la
Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en ninguno
de los períodos impositivos de la entidad concluidos con anterioridad a
la transmisión de la participación.

c) El importe de la cifra de los fondos propios de la
entidad no podrá ser superior a 3.000.000 euros en el inicio del período
impositivo de la misma en que el contribuyente adquiera las acciones o
participaciones.

Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en
el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de
la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales
consolidadas, el importe de los fondos propios se referirá al conjunto de
entidades pertenecientes a dicho grupo.

3.º A efectos de aplicar lo dispuesto en el apartado 1.º
anterior deberán cumplirse las siguientes condiciones:

a) Las acciones o participaciones en la entidad deberán
adquirirse por el contribuyente bien en el momento de la constitución de
aquélla o mediante ampliación de capital posterior a dicha constitución y
permanecer en su patrimonio por un plazo superior a un año e inferior a
doce años.

b) La participación directa o indirecta del contribuyente,
junto con la que posean en la misma entidad su cónyuge o cualquier
persona unida al contribuyente por parentesco, en línea recta o
colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado
incluido, no puede ser, durante ningún día de los años naturales de
tenencia de la participación, superior al 40 por ciento del capital
social de la entidad o de sus derechos de voto.

c) Que no se trate de acciones o participaciones en una
entidad a través de la cual se ejerza la misma actividad que se venía
ejerciendo anteriormente mediante otra titularidad.

4.º Cuando el contribuyente transmita acciones o
participaciones y opte por la aplicación de la exención prevista en el
apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, únicamente formará parte de la
base de la deducción correspondiente a las nuevas acciones o
participaciones suscritas la parte de la reinversión que exceda del
importe total obtenido en la transmisión de aquellas. En ningún caso se
podrá practicar deducción por las nuevas acciones o participaciones
mientras las cantidades invertidas no superen la citada cuantía.

La exención prevista en el apartado 2 del artículo 38 de
esta Ley será aplicable en todo caso al 50 % , aun incumpliéndose las
condiciones para entenderse producida la reinversión.

5.º Para la práctica de la deducción será necesario obtener
una certificación expedida por la entidad cuyas acciones o
participaciones se hayan adquirido indicando el cumplimiento de los
requisitos señalados en el número 2.º anterior en el período impositivo
en el que se produjo la adquisición de las mismas.

JUSTIFICACIÓN

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización, introdujo en el IRPF una nueva
deducción estatal, incentivadora de la adquisición de acciones o
participaciones de empresas de nueva o reciente creación, que recompensa
fiscalmente en un 20 % las inversiones de hasta 50.000 euros anuales por
contribuyente.

La experiencia demuestra que la contemplación fiscal de
estas inversiones es manifiestamente insuficiente para una parte
importante de las empresas tecnológicas, especialmente las de alta
intensidad innovadora por las siguientes razones principales:

— La fiscalidad existente para estas inversiones
cubre suficientemente la mayor parte de las inversiones realizadas en
empresas de nuevas inversiones del sector de tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), donde la cuantía de la inversión
suele ser de baja entidad y se reparte normalmente entre un grupo de
business angels, es necesaria en la etapas más tempranas y con una rápida
maduración de producto a mercado. Sin embargo, la medida adoptada carece
de impacto incentivador alguno para sociedades de sectores que requieren
de inversiones en mayor cuantía, y tiempos de desarrollo de producto
sustancialmente mayores (como puede ser en sectores como la investigación
científica, biotecnología, energético o aeronáutico, por citar
algunos).

— Los mercados de capitales siguen siendo de difícil
acceso para las empresas tecnológicas, especialmente las de alta
intensidad innovadora apuntadas, dado el perfil de riesgo de las mismas y
los amplios plazos de maduración de sus proyectos. Esta situación se ha
visto recientemente agravada por los problemas advertidos en el Mercado
Alternativo Bursátil, que constituía un marco de captación de recursos
financieros potencialmente aprovechable por las empresas innovadoras.

— En España existe una escasa tradición de inversión
a través de entidades de capital riesgo en este tipo de empresas,
debiendo asumir los business angels, convenientemente incentivados, un
importante papel como sustitutos para la aportación de recursos
orientados a la inversión en desarrollos tecnológicos. Se trata de una
alternativa a la incentivación fiscal directa de aquellas entidades de
corte tecnológico.

— Los problemas financieros de las empresas
innovadoras con capacidad tractora se encuentran sobre todo en su fase de
desarrollo, necesitando de inversiones más cuantiosas que las promovidas
por la ventaja fiscal descrita, en sus términos hoy vigentes.

Por todo ello se plantea:

— Aumentar el porcentaje de deducción, desde el 20 %
actual hasta un 30 % .

— Ampliar el importe de la inversión favorecido por
la ventaja, hasta 1.000.000 euros de base de deducción, con un máximo del
20 por ciento de la base imponible del contribuyente. Se trata de atender
a la realidad del mercado, en relación con muchas empresas tecnológicas
necesitadas de un importante volumen de recursos, que cuentan normalmente
para su financiación con un número reducido de business angels
inversores, pudiendo realizar cada uno de ellos inversiones más
cuantiosas.

— Ampliar hasta 3.000.000 euros el máximo de fondos
propios de la entidad en que se invierte, sin señalar un plazo máximo
tolerado para las ampliaciones de capital —hoy de tres años—,
y a la vez, reducir los plazos de mantenimiento obligado de las acciones
o participaciones —hoy de tres años, se propone reducirlo a
uno—.

— Finalmente, se plantea la aplicación de la exención
por transmisión de las acciones o participaciones al 50 % en todo caso,
sin necesidad de reinversión, como forma de compensar el riesgo inversor
del business angel en empresas tecnológicas. Esta deducción, si bien está
lejos de la deducción de más del 99 % del que gozan las inversiones en
entidades de capital riesgo, puede ser un factor importante para
incentivar el riesgo asumido por los business angel directamente en este
tipo de compañías.

En definitiva, se trata de hacer más fácil al inversor la
adopción de decisiones para el sostenimiento de nuestra I+D, de
resultados estratégicos para la actividad económica, tal y como se viene
probando en otras jurisdicciones —Estados Unidos, Reino Unido,
Bélgica—.

Página
115

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar apartado Cincuenta y seis del Artículo
Primero del Proyecto de Ley, con la siguiente redacción:

Artículo 85. Imputación de rentas inmobiliarias.

1. En el supuesto de los bienes inmuebles urbanos,
calificados como tales en el artículo 7 del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo, así como en el caso de los inmuebles rústicos con
construcciones que no resulten indispensables para el desarrollo de
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, no afectos en ambos
casos a actividades económicas, ni generadores de rendimientos del
capital, excluida la vivienda habitual y el suelo no edificado, tendrá la
consideración de renta imputada la cantidad que resulte de aplicar los
porcentajes siguientes, determinados en función de la escala de
calificación energética vigente al valor catastral, determinándose
proporcionalmente al número de días que corresponda en cada período
impositivo.

Cuando se trate de inmuebles en construcción y en los
supuestos en que, por razones urbanísticas, el inmueble no sea
susceptible de uso, no se estimará renta alguna.

En el caso de inmuebles localizados en municipios en los
que los valores catastrales hayan sido revisados, modificados o
determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de
carácter general, de conformidad con la normativa catastral, y hayan
entrado en vigor a partir del 1 de enero de 1994 en el período impositivo
o en el plazo de los diez períodos impositivos anteriores, los
porcentajes aplicables serán los siguientes:

Si a la fecha de devengo del impuesto el inmueble careciera
de valor catastral o éste no hubiera sido notificado al titular, el
porcentaje será el que resulte de aplicar la tabla anterior y se aplicará
sobre el 50 por ciento del mayor de los siguientes valores: el comprobado
por la Administración a efectos de otros tributos o el precio,
contraprestación o valor de la adquisición.

JUSTIFICACIÓN

La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
establece un sistema de imputación de rentas para todos aquellos
propietarios de viviendas que no constituyan su vivienda habitual. En
esta enmienda se propone modular la cuantía de renta a imputar en función
del grado de eficiencia energética de la edificación, consiguiéndose de
este modo que repercuta en el propio titular de la vivienda los
beneficios o perjuicios que para la propia sociedad tiene el uso óptimo
de la energía.

Así, una reducción en el porcentaje de la imputación,
favorecerá el que los propietarios de los inmuebles, mejoren la
eficiencia energética de su segunda vivienda, contribuyendo de este modo
a la consecución de los objetivos perseguidos por la directiva 2010/31/CE
de 19 de mayo de 2010, esto es, energéticamente eficiente.

La Escala de Eficiencia Energética ha sido establecida en
virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley
2/2011 de 4 de marzo, del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del
Código Técnico de la Edificación, y su desarrollo reglamentario (en
particular la Orden ministerial 1635/2013 de 12 de septiembre de
2013).

La medida se enmarca dentro de los objetivos de la actual
reforma tributaria, en particular, aquellos relativos al aumento de la
competitividad, así como al fomento de políticas medioambientales, en
este caso a través de normas que fomenten la innovación, la eficiencia
energética y la competitividad Adicionalmente, un incentivo fiscal de
estas características, revitalizaría al sector de la construcción que ha
atravesado una crisis de una enorme magnitud en los últimos años,
posibilitando que el reacondicionamiento energético pueda ser uno de los
pilares sobre los que se reconfiguraría el sector.

Se fortalecería con ello la incipiente reactivación de la
economía y la reducción del desempleo en un sector tremendamente
castigado por el mismo.

El régimen sancionador previsto en materia de certificación
energética de edificios establecido en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, relativo a
certificados, técnicos certificadores y agentes independientes de
control, así como las facultades de control e inspección, previstas en el
RD 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios, respecto de
los órganos competentes en materia de certificación energética en el
ámbito de las distintas Comunidades Autónomas, deben garantizar, por su
parte, la correcta aplicación y evitar una utilización abusiva de este
beneficio fiscal.

ENMIENDA NÚM. 40

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cincuenta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado Cincuenta y ocho del
Artículo Primero del Proyecto de Ley, con la siguiente redacción:

Cincuenta y ocho. Se modifica el artículo 93, que queda
redactado de la siguiente forma:

«Artículo 93. Régimen fiscal especial aplicable a los
trabajadores desplazados a territorio español. Régimen fiscal especial
aplicable a los profesionales de alta cualificación, emprendedores e
inversores desplazados en territorio español.

1. Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal
en España como consecuencia de su desplazamiento a territorio español
podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, con las reglas especiales previstas en el apartado 2 de este
artículo, manteniendo la condición de contribuyentes por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, durante el período impositivo en
que se efectúe el cambio de residencia y durante los cinco diez períodos
impositivos siguientes, cuando, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que no hayan sido residentes en España durante los diez
cinco períodos impositivos anteriores a aquel en el que se produzca su
desplazamiento a territorio español.

b) Que el desplazamiento a territorio español se produzca
como consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Como consecuencia de un contrato de trabajo, con
excepción de la relación laboral especial de los deportistas
profesionales regulada por el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio.

Se entenderá cumplida esta condición cuando se inicie una
relación laboral, ordinaria o especial distinta de la anteriormente
indicada, o estatutaria con un empleador en España, o cuando el
desplazamiento sea ordenado por el empleador y exista una carta de
desplazamiento de este.

2.º Como consecuencia de la adquisición de la condición de
administrador de una entidad en cuyo capital no participe o, en caso
contrario, cuando la participación en la misma no determine la
consideración de entidad vinculada en los términos previstos en el
artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

3.º Como consecuencia de desplazamientos que tengan como
fin realizar una inversión significativa de capital o la puesta en marcha
de un proyecto empresarial considerado de interés general.

Se entenderá como inversión significativa de capital
aquella que cumpla con alguno de los siguientes supuestos:

a) Una inversión inicial por un valor igual o superior a
dos millones de euros en títulos de deuda pública española, o por un
valor igual o superior a un millón de euros en acciones o participaciones
sociales de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades
financieras españolas.

b) Un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en
España y que sea considerado y acreditado como de interés general, para
lo cual se valorará el cumplimiento de, al menos, una de las siguientes
condiciones:

a. Creación de puestos de trabajo.

b. Realización de una inversión con impacto socioeconómico
de relevancia en el ámbito geográfico en el que se vaya a desarrollar la
actividad.

c. Aportación relevante a la innovación científica y/o
tecnológica.

c) Una inversión en bienes inmuebles de al menos 500.000
euros, libre de toda carga o gravamen. La parte de la inversión que
exceda del importe exigido podrá estar sometida a carga o gravamen.

c) Que no obtenga rentas que se calificarían como obtenidas
mediante un establecimiento permanente situado en territorio español.

El contribuyente que opte por la tributación por el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes quedará sujeto por obligación
real en el Impuesto sobre el Patrimonio.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
establecerá el procedimiento para el ejercicio de la opción mencionada en
este apartado.

[...]

JUSTIFICACIÓN

Se propone este cambio normativo que permitiría a las zonas
costeras españolas competir en igualdad de condiciones con otros destinos
europeos con climas similares, a la hora de atraer inversores y
residentes de alto nivel adquisitivo.

Esta demanda había sido recogida en el Informe Lagares, el
cual recoge la figura del «residente no habitual» o «residente no
domiciliado» con el objetivo de favorecer el desarrollo del turismo
residencial. El Informe reconoce que el actual régimen fiscal constituye
un obstáculo que tiene un peso negativo decisivo a la hora de competir
con otros países (Reino Unido, Portugal y Malta, por ejemplo), para
atraer inversiones tanto inmobiliarias como la localización en España de
residentes de alto poder adquisitivo.

El Informe Lagares proponía, sobre la base del régimen
especial para trabajadores desplazados a España, ampliarlo para que
pudiera favorecer a otras personas de rentas altas que residiendo en el
extranjero optaran por establecerse en España: Administradores o
accionistas significativos de sociedades, pensionistas o perceptores de
rentas. El objetivo no es sólo beneficiar a los que ya están, sino
presentar un marco fiscal que seduzca a quienes puedan llegar, y de esa
manera reactivar el mercado inmobiliario, también el consumo y el empleo
en algunas zonas con más capacidad para atraer

a este tipo de residentes. Y también, en el mismo plano
atraer inversores y talento de todo el mundo, con las repercusiones
económicas que ello implica.

ENMIENDA NÚM. 41

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Noventa y uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado Noventa y uno del Artículo
Primero del Proyecto de Ley, con la siguiente redacción:

Noventa y uno. Se añade un nuevo apartado 3 a la
disposición transitoria vigésima segunda, que queda redactado de la
siguiente forma:

3. El límite previsto en el último párrafo de la letra e)
del artículo 7 de esta Ley no resultará de aplicación a las
indemnizaciones por despidos o ceses producidos con anterioridad a 1 de
agosto de 2014 con anterioridad al 1 de enero de 2015. Tampoco resultará
de aplicación a los despidos que se produzcan a partir de esta fecha
cuando deriven de un expediente de regulación de empleo aprobado, o un
despido colectivo en el que se hubiera comunicado la apertura del período
de consultas a la autoridad laboral, con anterioridad a dicha fecha.

JUSTIFICACIÓN

Este apartado añade un nuevo punto 3 a la disposición
transitoria vigésima segunda de la Ley de IRPF, estableciendo que los
nuevos límites de exención de las indemnizaciones por despidos o ceses
establecidos por el Proyecto de Ley, que se fija en 180.000 euros, no
serán de aplicación a las extinciones ocurridas con anterioridad a 1 de
agosto de 2014. Tampoco se aplicará a los despidos producidos a partir de
esa fecha cuando traigan causa de un ERE aprobado, o un despido colectivo
comunicado a la autoridad laboral, con anterioridad a dicha fecha.

Dicho de otra forma, se aplicará el nuevo límite de la
exención de las indemnizaciones por despidos, a todas las extinciones
posteriores al 1 de agosto de 2014, con la citada excepción de que
procedan de ERES preexistentes.

La aplicación con carácter retroactivo de normas que no han
sido aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado, generan una
enorme inseguridad jurídica, por cuanto de prosperar afectarían a
extinciones producidas con anterioridad a la entrada en vigor de la
reforma.

ENMIENDA NÚM. 42

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Noventa y uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la siguiente redacción:

«3. El límite previsto en el último párrafo de la letra e)
del artículo 7 de esta Ley no resultará de aplicación a las
indemnizaciones por despidos o ceses producidos con anterioridad a la
publicación de la presente Ley en el Boletín Oficial del Estado. Tampoco
resultará de aplicación a los despidos que se produzcan a partir de esta
fecha cuando deriven de un expediente de regulación de empleo aprobado, o
un despido colectivo en el que se hubiera comunicado la apertura del
período de consultas a la autoridad laboral, con anterioridad a dicha
fecha.»

JUSTIFICACIÓN

Coherencia con la enmienda anterior

ENMIENDA NÚM. 43

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Noventa y dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el punto 1 del apartado Noventa y dos
del Artículo Primero del Proyecto de Ley, con la siguiente redacción:

«1. El límite de la reducción del 30 por ciento previsto en
el artículo 18.2 de esta Ley para la extinción de relaciones laborales o
mercantiles no se aplicará a los rendimientos del trabajo que deriven de
extinciones producidas con anterioridad a la publicación de la presente
ley en el Boletín Oficial del Estado.»

JUSTIFICACIÓN

Coherencia con la enmienda anterior

ENMIENDA NÚM. 44

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Noventa y dos.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone eliminar el punto 1 del apartado Noventa y dos
del Artículo Primero del Proyecto de Ley, con la siguiente redacción:

Noventa y dos. Se modifica la disposición transitoria
vigésima quinta, que queda redactada de la siguiente forma:

Disposición transitoria vigésima quinta. Reducciones
aplicables a determinados rendimientos.

1. El límite de la reducción del 30 por ciento previsto en
el artículo 18.2 de esta Ley para la extinción de relaciones laborales o
mercantiles no se aplicará a los rendimientos del trabajo que deriven de
extinciones producidas con anterioridad a 1 de enero de 2013.

JUSTIFICACIÓN

El Apartado Noventa y Dos, número 1, del Proyecto de Ley
modifica la disposición transitoria vigésima quinta de la Ley de IRPF
estableciendo que el límite de la reducción del 30 por ciento previsto en
el artículo 18.2 del Proyecto de Ley para la extinción de relaciones
laborales o mercantiles no se aplicará a los rendimientos del trabajo que
deriven de extinciones producidas con anterioridad a 1 de enero de
2013.

Es decir, se establece también la retroactividad para la
limitación de la exención como renta irregular, con aplicación del 30 %
de reducción en lugar del vigente 40 % , de forma que se aplicará a las
extinciones producidas a partir del 1 de Enero de 2013.

Esta disposición transitoria crea una enorme inseguridad
jurídica, por cuanto de prosperar afectaría a extinciones producidas con
anterioridad, no ya a la publicación, sino a la entrada en vigor de la
reforma.

Con la supresión del citado apartado, la nueva reducción
del 30 % prevista en el artículo 18.2 de la Ley de IRPF, se aplicará a
las extinciones producidas a partir del 1de enero de 2015, fecha de
entrada en vigor general de la modificación establecida por el Proyecto
de Ley.

ENMIENDA NÚM. 45

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un apartado Doce (bis) del Artículo
Primero del Proyecto de Ley, con la siguiente redacción:

Doce (bis). Se añade apartado 4 del artículo 23, que queda
redactado de la siguiente forma:

4. Los rendimientos netos generados en un periodo,
procedentes de un inmueble calificado con «A» o «B» según la Escala de
Eficiencia Energética vigente, se reducirán en 20 puntos
porcentuales.

Asimismo, podrán aplicar la presente reducción aquellos
contribuyentes que efectúen obras e instalaciones de adecuación en
inmuebles por un importe mínimo de 5.000 euros, siempre que ello implique
una mejora de al menos una letra en la calificación de la vivienda en la
escala de calificación energética. Esta reducción será de aplicación en
el período impositivo en el que se efectúen las obras e instalaciones y
en los dos siguientes.

Si la mejora, en los términos anteriormente señalados, es
de dos o más letras, la reducción será de aplicación en el período
impositivo en el que se efectúen las obras e instalaciones y en los
cuatro siguientes.

Esta reducción será compatible con la reducción prevista en
el apartado 2.1 de este precepto.

JUSTIFICACIÓN

Esta medida tiene como objetivo incentivar la existencia en
el mercado del alquiler de edificaciones energéticamente más eficientes,
creándose para ello una reducción del 20 % de los rendimientos generados
por el arrendamiento de este tipo de inmuebles. Dicho incentivo se
añadiría, si fuera el caso, a la reducción por alquiler de viviendas
destinadas a ser la vivienda habitual del arrendatario.

Esta medida, permitiría que los arrendadores tuvieran un
retorno asociado a los ahorros en combustible y mejoras en el
medioambiente que llevan asociadas las edificaciones energéticamente
eficientes.

La Escala de Eficiencia Energética ha sido establecida en
virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley
2/2011, de 4 de marzo, del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del
Código Técnico de la Edificación, y su desarrollo reglamentario (en
particular la Orden ministerial 1635/2013, de 12 de septiembre de
2013).

De este modo, al aplicarse el incentivo fiscal
exclusivamente a aquellas edificaciones de eficiencia elevada,
aumentándose con ello su demanda, se fomentaría la realización de las
actuaciones pertinentes para, al menos, alcanzar la eficiencia que
permita el acceso al incentivo fiscal para los arrendadores.

Lo anterior, redundaría en que tanto arrendadores y
arrendatarios, sean más conscientes de la relevancia de la eficiencia
energética, impulsándose así los objetivos perseguidos por la Directiva
2010/31/CE.

Adicionalmente, un incentivo fiscal de estas
características, revitalizaría al sector de la construcción que ha
atravesado una crisis de una enorme magnitud en los últimos años,
posibilitando que el reacondicionamiento energético pueda ser uno de los
pilares sobre los que se reconfiguraría el sector.

Se fortalecería con ello la incipiente reactivación de la
economía y la reducción del desempleo en un sector tremendamente
castigado por el mismo.

El régimen sancionador previsto en materia de certificación
energética de edificios establecido en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, relativo a
certificados, técnicos certificadores y agentes independientes de
control, así como las facultades de control e inspección, previstas en el
RD 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios, respecto de
los órganos competentes en materia de certificación energética en el
ámbito de las distintas Comunidades Autónomas, deben garantizar, por su
parte, la correcta aplicación y evitar una utilización abusiva de este
beneficio fiscal.

La forma de justificar la aplicación del beneficio fiscal,
será mediante la correspondiente etiqueta de eficiencia energética y las
facturas acreditativas de los trabajos realizados, así como los
justificante del pago, lo que proporcionará, además, un incentivo eficaz
de lucha contra el fraude fiscal.

ENMIENDA NÚM. 46

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir el apartado Quince bis del Artículo
Primero del Proyecto de Ley, con la siguiente redacción:

Quince bis. Se modifica el apartado 2 del artículo 29 de la
Ley de IRPF, que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 29. Elementos patrimoniales afectos.

2. Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan
sólo parcialmente al objeto de la actividad económica, la afectación se
entenderá limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utilice
en la actividad de que se trate. En ningún caso serán susceptibles de
afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles. Los automóviles
de turismo se considerarán afectos en los términos y condiciones
establecidos en el apartado Tres del artículo 95 de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

JUSTIFICACIÓN

El criterio de afectación parcial de los vehículos de
turismo no está regulado en la ley 35/2006, del IRPF. El artículo 29.2
hace una remisión al reglamento para determinar las condiciones de
afectación en los supuestos de utilización para necesidades privadas de
forma accesoria y notoriamente irrelevante.

El artículo 22.4 del Reglamento del IRPF excluye
expresamente a los automóviles de turismo como elementos susceptibles de
utilización para necesidades privadas de forma accesoria y notoriamente
irrelevante con la salvedad de determinados supuestos entre los que se
encuentran los destinados a desplazamientos profesionales de los
representantes o agentes comerciales. Esta regulación supone una

falta de neutralidad fiscal para empresas con una flota de
vehículos para sus comerciales e incluso ha provocado en muchos casos que
haya incentivado la conversión de la fuerza de ventas propia en agentes
independientes con unaincidencia negativa en el empleo por el mayor coste
fiscal que la vigente regulación ocasiona

El tema de la afectación parcial de los vehículos de
turismo está regulado en el artículo 95.Tres de la Ley 37/1992, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que por pura coherencia normativa
parece fundamentado proponer que se adopte el mismo criterio en el ámbito
del IRPF.

La ley 35/2006 no contiene una exclusión radical de la
afectación parcial de los vehículos de turismo como la contenida en el
artículo 22 del Reglamento. Razones de seguridad jurídica y de
simplicidad en la aplicación del tributo justifican reconsiderar el tema
ya que se han producido múltiples controversias entre la Administración y
las empresas e incluso algunas sentencias de la jurisdicción
contencioso-administrativa han estimado recursos considerando la
posibilidad de afectación parcial de los vehículos de turismo a efectos
de determinar el rendimiento de la actividad económica.

Consecuentemente, la presente propuesta se considera
fundamentada tanto por razones de neutralidad fiscal como por razones de
coherencia normativa y de seguridad jurídica y de simplificación en la
aplicación del sistema tributario.

ENMIENDA NÚM. 47

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un el punto Treinta y siete bis al
Artículo Primero del Proyecto de Ley con la siguiente redacción:

Treinta y siete bis. Se añade el artículo 61 bis, que queda
redactado de la siguiente forma:

Artículo 61 bis.

Los gastos incurridos en la contratación de servicios de
asistencia a las personas (tales como ayuda a domicilio, asistencia
doméstica, atención a menores o mayores de edad, enseñanza a
domicilio...) ya sea mediante contratación directa con los profesionales
o a través de empresas especializadas, podrán ser objeto de reducción en
la base imponible con un límite máximo del 50 % de dichos costes, con un
límite máximo anual de 5.000.

Aquellas personas más desfavorecidas, que por su bajo nivel
de renta no tienen derecho a la devolución en el IRPF, tendrán la
posibilidad de obtener un crédito de impuesto con ese mismo límite.

JUSTIFICACIÓN

Justificación en línea con lo argumentado en la anterior
enmienda, una medida como la propuesta es una causa directa de la
creación de nuevos puestos de trabajo en la economía legal, así como una
forma muy apreciada en los países de nuestro entorno para favorecer la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los
trabajadores.

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124

eficiencia energética de los edificios, respecto de los
órganos competentes en materia de certificación energética en el ámbito
de las distintas Comunidades Autónomas, deben garantizar, por su parte,
la correcta aplicación y evitar una utilización abusiva de este beneficio
fiscal.

ENMIENDA NÚM. 49

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un apartado Cuarenta y siete (ter) del
Artículo Primero del Proyecto de Ley, con la siguiente redacción:

Cuarenta y siete (ter). Se añade apartado 7 del artículo
68, que queda redactado de la siguiente forma:

7. Deducción por alquiler de la vivienda habitual para
viviendas energéticamente eficientes.

Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 6,5
veces el IPREM podrán deducirse el 10 por ciento de las cantidades
satisfechas en el período impositivo por el alquiler de su vivienda
habitual en el caso de que la vivienda tenga una calificación «A» o «B»,
según la Escala de Eficiencia Energética vigente.

JUSTIFICACIÓN

El objetivo de esta medida es incentivar el alquiler de
viviendas energéticamente eficientes mediante el mantenimiento de la
deducción por alquiler sólo para aquellos supuestos en los que se
acredite una alta eficiencia. Esta medida, fomentaría la toma de
conciencia por parte de los arrendatarios de la relevancia de la
eficiencia energética por los ahorros en combustible y mejoras en el
medioambiente que conllevan.

La Escala de Eficiencia Energética ha sido establecida en
virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley
2/2011, de 4 de marzo, del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del
Código Técnico de la Edificación, y su desarrollo reglamentario (en
particular la Orden ministerial 1635/2013, de 12 de septiembre de
2013).

De este modo, al aplicarse el incentivo fiscal
exclusivamente a aquellas viviendas de eficiencia elevada, aumentándose
con ello su demanda, se fomentaría la realización de las actuaciones
pertinentes para, al menos, alcanzar la eficiencia mínima que permita el
acceso al incentivo fiscal para los arrendatarios.

En este sentido, precisamente para que esta medida alcance
a un mayor número de sujetos pasivos, la misma es aplicable sobre
aquellas viviendas que dispongan de una calificación energética de «A» o
«B.»

Lo anterior, redundaría en que tanto arrendadores y
arrendatarios, sean más conscientes de la relevancia de la eficiencia
energética, impulsándose así los objetivos perseguidos por la Directiva
2010/31/CE.

Adicionalmente, un incentivo fiscal de estas
características, revitalizaría al sector de la construcción que ha
atravesado una crisis de una enorme magnitud en los últimos años,
posibilitando que el reacondicionamiento energético pueda ser uno de los
pilares sobre los que se reconfiguraría el sector.

Se fortalecería con ello la incipiente reactivación de la
economía y la reducción del desempleo en un sector tremendamente
castigado por el mismo.

El régimen sancionador previsto en materia de certificación
energética de edificios establecido en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, relativo a
certificados, técnicos certificadores y agentes independientes de
control, así como las facultades de control e inspección, previstas en el
RD 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios, respecto de
los órganos competentes en materia de certificación

energética en el ámbito de las distintas Comunidades
Autónomas, deben garantizar, por su parte, la correcta aplicación y
evitar una utilización abusiva de este beneficio fiscal.

ENMIENDA NÚM. 50

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone introducir una Disposición Transitoria con la
siguiente redacción:

«Resultará de aplicación lo dispuesto en la letra a) del
apartado 2 del artículo 42 de esta Ley conforme a la redacción
establecida por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre respecto de los planes
de entrega de acciones o participaciones, que hubieran sido implementados
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley XX/X. Se entenderá que
han sido implementados los planes de entrega de acciones o
participaciones que se hayan ofrecido o comunicado a los trabajadores con
anterioridad a dicha fecha.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica

ENMIENDA NÚM. 51

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado Dos de la Disposición
Final Primera del Proyecto de Ley, con la siguiente redacción:

Disposición final primera, por la que se modifica el Texto
Refundido de la Ley de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, con
la siguiente redacción:

[...]

«Dos. Se modifica el apartado 8 del artículo 8, que queda
redactado de la siguiente forma:

8. Los partícipes sólo podrán hacer efectivos sus derechos
consolidados en los supuestos de desempleo de larga duración o de
enfermedad grave. Reglamentariamente se determinarán estas situaciones,
así como las condiciones y términos en que podrán hacerse efectivos los
derechos consolidados en tales supuestos.

[...]

Los derechos consolidados del partícipe en un plan de
pensiones no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o
administrativa, hasta el momento en que se cause el derecho a la
prestación o en el que

sean disponibles se disponga de ellos en los supuestos de
enfermedad grave o desempleo de larga duración o por corresponder a
aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad.»

JUSTIFICACIÓN

Enmienda técnica. La redacción del Proyecto origina un
cambio en la posibilidad de embargo de derechos consolidados en los
supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración, cuyo régimen
no es objeto de regulación en este Proyecto.

La redacción propuesta en la enmienda se ajusta al objetivo
del nuevo supuesto de liquidez para aportaciones con una antigüedad
superior a los diez años, y mantiene, para los supuestos de enfermedad
grave o desempleo, el mismo régimen de embargos previsto actualmente en
la normativa de aplicación, ya que el artículo 8.8 de la Ley de Planes y
Fondos de Pensiones, en su redacción en vigor, condiciona la posibilidad
de embargo o traba judicial o administrativa de los derechos consolidados
al momento «en que se hagan efectivos» (lo que equivale al momento en que
se disponga de dichos derechos), y no al momento en que se puedan hacer
efectivos (que sería el momento en el que dichos derechos sean
disponibles, con independencia de que se solicite o no dicha
disposición).

ENMIENDA NÚM. 52

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final cuarta.

ENMIENDA

De supresión.

De la Disposición final cuarta, apartado a), del proyecto
de Ley, que establece que los apartados uno y noventa y uno del artículo
primero de esta ley entrarán en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

JUSTIFICACIÓN

Coherencia con la enmienda anterior.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula 37 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.

Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—El
Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

ENMIENDA NÚM. 53

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Uno. Se modifica la letra e) del artículo 7, que queda
redactada de la siguiente forma:

«e) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador,
en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los
Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la
normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda
considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o
contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en
los supuestos de despidos colectivos realizados de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o
producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 del
citado Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a causas
económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor,
quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los
límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto
para el despido improcedente.

El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta
letra tendrá como límite la cantidad de 180.000 euros.

No obstante, este límite no serán aplicables para aquellas
indemnizaciones por despido o cese del trabajador percibidas por los
contribuyentes mayores de 50 años.»

Adicionalmente, el límite exento se incrementará en un 1 %
por cada año de trabajo incluido en el cálculo de la indemnización.

Igualmente, estarán exentas en la cuantía que no exceda de
lo establecido en los párrafos anteriores, en el caso de que el despido
hubiera sido declarado improcedente, cuando el empresario así lo
reconozca en el momento de la comunicación del despido o en cualquier
otro anterior al acto de conciliación.

JUSTIFICACIÓN

Si bien se admite la inclusión de un límite general del
importe exento por indemnizaciones por despido o cese del trabajador
hasta 180.000 euros, sería necesario eliminar el citado límite y mantener
la exención de la vigente normativa para aquellos contribuyentes mayores
de 50 años. El propósito de esta excepción es proteger a los trabajadores
mayores de 50 años que, debido a la situación del mercado de trabajo
pueden tener importantes dificultades para encontrar un nuevo empleo, con
lo que ello significa, respecto a la reducción de sus derechos de
pensión, por lo que se propone exonerarlos de tributación.

Con la propuesta de modificación relativa a incrementar la
cuantía en un 1 % por cada año de trabajo incluido en el cálculo de la
indemnización se conseguiría el objetivo de proteger a aquellos
trabajadores, con muchos años de antigüedad, que debido a la situación
del mercado de trabajo pueden tener pocas posibilidades de obtener un
nuevo empleo.

Por otro lado, la modificación incorporada en el último
párrafo pretende aliviar la burocracia que supone, que todos los despidos
donde se abonen indemnizaciones, y por motivos fiscales, se tenga que
acudir ante los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación, o bien
a sede judicial, con el consiguiente aumento de la carga administrativa y
el colapso de los citados órganos.

ENMIENDA NÚM. 54

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero.
Cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Cuatro. Se suprime la letra y) del artículo 7.

JUSTIFICACIÓN

Resulta conveniente eliminar este apartado que suprime el
artículo 7 apartado y) de la ley actual, a los efectos de mantener la
exención hasta ahora vigente de 1.500¤ para los dividendos y
participaciones en beneficios de entidades. Esta eliminación que propone
el proyecto de ley es contraria al impulso del ahorro anunciado en su
exposición de motivos, ya que perjudica claramente al pequeño ahorrador
en un momento de muy bajas retribuciones al ahorro.

ENMIENDA NÚM. 55

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Diez. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 18, que
quedan redactados de la siguiente forma:

«2. El 30 por ciento de reducción, en el caso de
rendimientos íntegros distintos de los previstos en el artículo 17.2.a)
de esta Ley que tengan un período de generación superior a dos años, así
como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de
forma notoriamente irregular en el tiempo, cuando, en ambos casos, sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, se imputen en un único
período impositivo.

Tratándose de rendimientos derivados de la extinción de una
relación laboral, común o especial, se considerará como período de
generación el número de años de servicio del trabajador. En caso de que
estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, el cómputo del período
de generación deberá tener en cuenta el número de años de
fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Estos rendimientos no se tendrán en cuenta a efectos de lo establecido en
el párrafo siguiente.

No obstante, esta reducción no resultará de aplicación a
los rendimientos que tengan un período de generación superior a dos años
cuando, en el plazo de los cinco períodos impositivos anteriores a aquél
en el que resulten exigibles, el contribuyente hubiera obtenido otros
rendimientos con período de generación superior a dos años, a los que
hubiera aplicado la reducción prevista en este apartado que hubieran
excedido la cantidad de 2.500 euros o que fueran superiores al 20 % del
importe total de rendimientos del período impositivo a los que se
pretenda aplicar la citada reducción.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo Primero apartado Diez del Proyecto restringe la
aplicación de la reducción del 30 % prevista en el apartado 2 del
artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
para rendimientos del trabajo que tengan un período de generación
superior a dos años y para rendimientos obtenidos de forma notoriamente
irregular en el tiempo, en aquellos casos en los que en el plazo de los
cinco períodos impositivos anteriores a aquél en el que los rendimientos
resulten exigibles, el contribuyente hubiera obtenido otros rendimientos
con período de generación superior a dos años a los que hubiera aplicado
la reducción.

Dicha restricción viene configurada como una norma
anti-abuso que pretende evitar, a través de la objetivación del concepto
de rendimiento obtenido de forma periódica o recurrente, la utilización
de la reducción descrita como mecanismo para minorar la tributación sobre
rendimientos del trabajo a través de la configuración de los mismos como
rendimientos irregulares.

No obstante, la implementación de esta norma podría
conllevar que la percepción de premios e incentivos de escasa cuantía
(por ejemplo premios por años de trabajo en la empresa, premios por edad,
etc.), previstos en la actualidad en numerosos convenios colectivos y a
los que se aplica la reducción por

tener un período de generación superior a dos años,
supongan en última instancia un perjuicio para el trabajador que los
recibe, al impedir a dicho trabajador aplicar la reducción sobre
rendimientos irregulares que, con un importe sustancial, puedan llegar a
obtener en los cinco períodos impositivos siguientes.

Para evitar ese efecto no buscado por el Proyecto de Ley,
que causa un impacto negativo precisamente en el colectivo de
trabajadores con niveles salariales más reducidos, se propone que la
restricción descrita no aplique en aquellos casos en los que los
rendimientos obtenidos en los cinco períodos impositivos anteriores, a
los que se haya aplicado la reducción, sean de cuantía inferior al 20 por
ciento de los rendimientos sobre los que se pretende aplicar la reducción
o, alternativamente, no superen la cantidad de 2.500 euros.

ENMIENDA NÚM. 56

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Once.

ENMIENDA

De modificación.

Modificar la letra f) en el apartado Once, artículo Primero
del referido texto.

Redacción que se propone:

Once. Se modifica el apartado 2 del artículo 19, que queda
redactado de la siguiente forma:

«2. Tendrán la consideración de gastos deducibles
exclusivamente los siguientes:

(…)

f) En concepto de otros gastos distintos de los anteriores,
3.000 euros anuales.»

JUSTIFICACIÓN

Incrementar de 2.000 a 3.000 euros la cuantía de la
deducción en concepto de otros gastos establecida en el Proyecto de ley,
ya que la misma sustituye la deducción general en concepto de rentas del
trabajo, de importe siempre superior a los 2.000 ¤, que ha venido
aplicándose en el impuesto sobre la renta.

Aprobar esta enmienda es relevante desde la perspectiva de
reducir la presión fiscal a las rentas del trabajo.

ENMIENDA NÚM. 57

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De supresión.

Redacción que se propone:

Doce. Se modifica el artículo 20, que queda redactado de la
siguiente forma:

Artículo 20. Reducción por obtención de rendimientos del
trabajo.

JUSTIFICACIÓN

El apartado Doce de este artículo minora las reducciones
generales por obtención de rendimientos del trabajo y limita su
percepción a los contribuyentes con ingresos inferiores a 14.450¤.

No resulta oportuno agravar la fiscalidad de las rentas del
trabajo con esta reducción o eliminación de las reducciones de las bases
imponibles de dichas rentas que afecta en especial a los contribuyentes
con rentas medias, es decir aquellas rentas del trabajo superiores a
14.450¤.

ENMIENDA NÚM. 58

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero.
Diecisiete.

ENMIENDA

De modificación.

Modificar la regla 4.ª del punto 2 apartado Diecisiete, del
artículo Primero del referido texto.

Redacción que se propone:

Diecisiete. Se modifica el artículo 30, que queda redactado
de la siguiente forma:

«Artículo 30. Normas para la determinación del rendimiento
neto en estimación directa.

(…)

“4.ª Reglamentariamente podrán establecerse reglas
especiales para la cuantificación de determinados gastos deducibles en el
caso de empresarios y profesionales en estimación directa simplificada,
incluidos los de difícil justificación. La cuantía que con arreglo a
dichas reglas especiales se determine para el conjunto de provisiones
deducibles y gastos de difícil justificación no podrá ser inferior a la
menor de las siguientes cantidades: el 5 % del rendimiento neto de la
actividad excluido este concepto, el 1 % de la cifra de negocios, o 2.000
euros anuales.”»

JUSTIFICACIÓN

En las empresas de reducida dimensión es preciso mantener
un concepto algo más flexible respecto de la deducibilidad de los gastos
de difícil justificación, teniendo en cuenta que el proyecto de ley
elimina la deducción del 5 % del rendimiento neto en la estimación
directa simplificada, con el fin de evitar la tributación de rentas
realmente no obtenidas.

ENMIENDA NÚM. 59

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero.
Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Modificar las letras a’) y b’) del párrafo b)
de la norma 3.ª del punto 1 del apartado Dieciocho, artículo Primero del
referido texto.

Redacción que se propone:

Dieciocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 31, que
queda redactado de la siguiente forma:

«1. El método de estimación objetiva de rendimientos para
determinadas actividades económicas se aplicará, en los términos que
reglamentariamente se establezcan, con arreglo a las siguientes
normas:

(…)

3.ª Este método no podrá aplicarse por los contribuyentes
cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias, en las
condiciones que se establezcan reglamentariamente:

(…)

b) Que el volumen de rendimientos íntegros en el año
inmediato anterior supere cualquiera de los siguientes importes:

a´) Para el conjunto de sus actividades económicas,
excepto las agrícolas, ganaderas, y forestales así como las del
transporte correspondientes a los epígrafes 721.3, 721.4 y 722, 150.000
euros anuales.

A estos efectos se computará la totalidad de las
operaciones con independencia de que exista o no obligación de expedir
factura de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre.

Sin perjuicio del límite anterior, el método de estimación
objetiva no podrá aplicarse cuando el volumen de los rendimientos
íntegros del año inmediato anterior que corresponda a operaciones por las
que estén obligados a expedir factura cuando el destinatario sea un
empresario o profesional que actúe como tal, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 2.2.a) del Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, supere 75.000 euros anuales.

Esta última limitación no será de aplicación para aquellos
trabajadores autónomos que, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley
20/2007 de 11 de julio, tengan la condición de trabajador autónomo
económicamente dependiente.

b´) Para el conjunto de sus actividades agrícolas,
ganaderas, así como las del transporte correspondientes a los epígrafes
721.3, 721.4 y 722 y forestales, 200.000 euros anuales.»

(…)

JUSTIFICACIÓN

Las limitaciones impuestas como límite de ventas u
operaciones con terceros de 150.000 ¤ anuales para acceder al régimen de
declaración objetiva puede ser suficiente para amplios sectores del
colectivo que habitualmente se han acogido al mismo, pero no así para el
sector del transporte, especialmente de mercancías, que necesita de una
mayor facturación para acceder a rendimientos netos suficientes, debido
al fuerte coste de los suministros necesarios, particularmente el
combustible. Por esta razón proponemos su elevación al menos a 200.000
por equivalencia con el sector agrario.

Por otra parte, cualquier limitación en el volumen de
facturas emitidas para otros empresarios deja siempre fuera por
definición la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente,
puesto que este por su propia naturaleza trabaja prácticamente en
exclusiva para una sola empresa, por lo que su sistema de cobro no puede
ser más que a través de facturas a la empresa cliente.

ENMIENDA NÚM. 60

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero.
Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Modificar la letra b’) del párrafo b) y el párrafo c)
de la norma 3.ª del punto 1 del apartado Dieciocho, del artículo Primero
del referido texto.

Redacción que se propone:

Dieciocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 31, que
queda redactado de la siguiente forma:

«1. El método de estimación objetiva de rendimientos para
determinadas actividades económicas se aplicará, en los términos que
reglamentariamente se establezcan, con arreglo a las siguientes
normas:

(…)

3.ª Este método no podrá aplicarse por los contribuyentes
cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias, en las
condiciones que se establezcan reglamentariamente:

(…)

b) Que el volumen de rendimientos íntegros en el año
inmediato anterior supere cualquiera de los siguientes importes:

(…)

b´) Para el conjunto de sus actividades agrícolas,
ganaderas y forestales, 300.000 euros anuales.

(…)

c) Que el volumen de las compras en bienes y servicios,
excluidas las adquisiciones de inmovilizado, en el ejercicio anterior
supere la cantidad de 150.000 euros anuales, excepto para las actividades
agrícolas, ganaderas, y forestales, que se mantendrá en 300.000¤ euros
anuales. En el supuesto de obras o servicios subcontratados, el importe
de los mismos se tendrá en cuenta para el cálculo de este límite.

A estos efectos, deberán computarse no solo el volumen de
compras correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por
el contribuyente, sino también las correspondientes a las desarrolladas
por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así como por entidades en
régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de los
anteriores, en las que concurran las circunstancias señaladas en la letra
b) anterior.

Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una
actividad, el volumen de compras se elevará al año.»

JUSTIFICACIÓN

El sistema de determinación de rendimientos por Estimación
objetiva de las actividades agrarias (EOS) se implantó en el sector a
mediados de los años 90 con dos claros efectos positivos: la
incorporación en cuanto a la declaración de la renta de forma normalizada
de todos los activos agrarios, así como un claro incremento de la
recaudación tributaria respecto el anterior sistema de coeficientes.

Al incluir a más de un millón de declarantes,
correspondiendo aproximadamente el 90 % de las explotaciones agrarias,
permite afirmar que estamos antes un sistema fuertemente arraigado a la
vez que estabilizado por cuanto tal porcentaje se mantiene constante.
Este sistema de módulos o de índices de rendimiento para las
explotaciones agrarias, resulta mucho más transparente que para los
sectores no agrarios a los que se les aplica la EOS, puesto que a
diferencia de estos, se obliga a los contribuyentes a declarar los
ingresos obtenidos en el ejercicio de la actividad agraria. Por lo que
este sistema además de ser una medida de lucha contra el fraude, de
muestra que tiene capacidad de adecuarse a la evolución de los ingresos
reales que deben tributarse en sus diversas actividades.

No procede, por tanto, la medida del Proyecto de reformar
este sistema de determinación de rendimientos para el sector agrario,
incorporando dificultades a la gestión contable y tributaria para sus
activos. Carece de sentido la modificación de los umbrales dejando una
nueva parte de los mismos fuera del sistema de los EOS, aun cuando se
argumenta que no serían muy numerosos los afectados. En definitiva, esta
enmienda se postula a favor de que se mantengan los vigentes umbrales en
cuanto a rendimientos y compras en 300.000 euros.

Página
134

Redacción que se propone:

Veintiuno. Se modifica el artículo 35, que queda redactado
de la siguiente forma:

«Artículo 35. Transmisiones a título oneroso.

(…)

2. El valor de adquisición a que se refiere el apartado
anterior se actualizará, exclusivamente en el caso de bienes inmuebles,
mediante la aplicación de los coeficientes que se establezcan en la
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los
coeficientes se aplicarán de la siguiente manera:

a) Sobre los importes a que se refieren los párrafos a) y
b) del apartado anterior, atendiendo al año en que se hayan
satisfecho.

b) Sobre las amortizaciones, atendiendo al año al que
correspondan.

3. El valor de transmisión será el importe real por el que
la enajenación se hubiese efectuado. De este valor se deducirán los
gastos y tributos a que se refiere la letra b) del apartado 1 en cuanto
resulten satisfechos por el transmitente.

Por importe real del valor de enajenación se tomará el
efectivamente satisfecho, siempre que no resulte inferior al normal de
mercado, en cuyo caso prevalecerá éste.»

JUSTIFICACIÓN

Los coeficientes de corrección monetaria previstos en la
Ley vigente actualizan los valores de compra de bienes en la transmisión
de los mismos teniendo en cuenta el paso del tiempo generado entre la
adquisición y la transmisión, así como la inflación a efectos de
tributación. Una medida equitativa que actualiza el valor de la plusvalía
en base al valor real que tendría la ganancia o pérdida.

La supresión de dicho coeficiente agravaría sustancialmente
la tributación del contribuyente que deberá pagar más impuestos en la
venta de inmuebles puesto que la plusvalía generada por el paso de tiempo
será superior al no poder aplicarse el correspondiente coeficiente de
actualización.

Por todo ello, debe reintroducirse el coeficiente corrector
monetario en caso de transmisión de inmuebles no afectos a actividades
económicas.

ENMIENDA NÚM. 63

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero.
Veinticinco.

ENMIENDA

De modificación.

Modificar la letra b), en el punto 3, del apartado
Veinticinco, artículo Primero del referido texto.

Redacción que se propone:

Veinticinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 42 y se
añade un nuevo apartado 3 a dicho artículo, que quedan redactados de la
siguiente forma:

«3. Estarán exentos los siguientes rendimientos del trabajo
en especie:

(…)

b) La utilización de los bienes destinados a los servicios
sociales y culturales del personal empleado pudiendo alcanzar a su
cónyuge y descendientes. Tendrán esta consideración, entre otros, los
espacios y

locales, debidamente homologados por la Administración
pública competente, destinados por las empresas o empleadores a prestar
el servicio de primer ciclo de educación infantil a los hijos de sus
trabajadores, así como la contratación, directa o indirectamente, de este
servicio con terceros debidamente autorizados, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.

JUSTIFICACIÓN

Clarificar el alcance de la retribución en especie no
sometida a gravamen de los bienes destinados a los servicios sociales y
culturales satisfechos por el empleador a sus empleados y familiares más
cercanos.

ENMIENDA NÚM. 64

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero.
Veinticinco.

ENMIENDA

De modificación.

Añadir la letra f) al punto 3 del apartado Veinticinco,
artículo Primero del referido texto.

Redacción que se propone:

Veinticinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 42 y se
añade un nuevo apartado 3 a dicho artículo, que quedan redactados de la
siguiente forma:

«3. Estarán exentos los siguientes rendimientos del trabajo
en especie:

(…)

f) Las cantidades satisfechas por las empresas a sus
empleados destinadas a la adquisición de servicios a la persona con la
finalidad de favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral de los trabajadores, en los términos que reglamentariamente se
establezcan. También, tendrán la consideración de cantidades satisfechas,
los pagos realizados a empresas encargadas de prestar los citados
servicios o las fórmulas indirectas de pago, tales como cheques servicio
u otros de similares características, que cumplan las condiciones que se
establezcan reglamentariamente.»

JUSTIFICACIÓN

La experiencia en numerosos países de nuestro entorno
económico en la Unión Europea y muy especialmente en Francia, demuestra
que esta medida es de las más eficaces en la transformación de empleos en
este sector en la economía sumergida en empleos de la economía legal.
Además es una causa de la creación de empleos nuevos en este sector de
gran repercusión social.

ENMIENDA NÚM. 65

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero.
Veinticinco.

ENMIENDA

De modificación.

Añadir la letra g) al punto 3 del apartado Veinticinco,
artículo Primero del referido texto.

Redacción que se propone:

Veinticinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 42 y se
añade un nuevo apartado 3 a dicho artículo, que quedan redactados de la
siguiente forma:

«3. Estarán exentos los siguientes rendimientos del trabajo
en especie:

(…)

g) Las cuotas satisfechas de manera indirecta a empresas
con instalaciones deportivas privadas, para la práctica de deporte,
cuando se cumplan los siguientes requisitos y límites:

1.º Que la cuota cubra sólo al propio trabajador.

2.º Que la cuota satisfecha no exceda de 450 euros anuales.
El exceso sobre dicha cuantía constituiría retribución en especie.

3.º Que sólo puedan utilizarse en instalaciones deportivas
privadas, no se podrá obtener el reembolso de su importe y la empresa
deberá llevar relación de lo entregado a cada empleado.»

JUSTIFICACIÓN

La actividad física y el deporte aportan numerosos
beneficios a las personas, lo cual se traduce en beneficio para las
empresas, como han constatado recientes estudios de diversas
instituciones gracias a la práctica deportiva las personas aumentan su
productividad en el trabajo, se reduce el absentismo laboral un 60%, y el
número de patologías en un 80%. Lo que supone no sólo un gasto para las
empresas debido a los costes laborales sino también para el Estado ya que
el gasto sanitario se cifra en 2.500 millones de euros anuales.

Las cuotas satisfechas de manera indirecta a las empresas
con instalaciones deportivas privadas, siempre que cubra la cuota del
trabajador y dicha cuota no exceda de 450 euros anuales, debería
considerarse como rendimientos en especie exentos, y el exceso si
tributaria como rendimiento en especie. Además deberá cumplir con los
requisitos formales contenidos en el apartado 3.º

El gasto medio anual por la realización de actividades
deportivas en instalaciones privadas se sitúa en torno a los 800 euros
anuales. En consecuencia con el límite de 450 euros anuales, se
tributaria como renta en especie los 350 euros restantes.

Esta medida estará acorde con otros países de la Unión
Europea que se han dado cuenta de los beneficios de la práctica deportiva
y están introduciendo incentivos fiscales para fomentar la práctica
deportiva.

Esta medida fomentaría la práctica deportiva aumentando
considerablemente los ingresos del Estado, mediante el Impuesto sobre
Sociedades y el Impuesto Sobre el Valor Añadido que recaudarían de las
empresas con instalaciones deportivas privadas. Al establecer el límite
máximo de 450 euros anuales, y el exceso tributarlo como renta en especie
y teniendo en cuenta el precio medio anual en España, se recaudará por
este concepto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En consecuencia el Estado no perderá ingresos ya que
aumentará el número de personas que realicen actividades deportivas con
el consiguiente impacto positivo sobre la recaudación del Impuesto de
Sociedades y el Impuesto Sobre el Valor Añadido y el ahorro anual en
gasto sanitario.

ENMIENDA NÚM. 66

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero.
Veinticinco.

ENMIENDA

De adición.

Añadir una nueva letra a), con renumeración de las
siguientes, en el punto 2, del apartado Veinticinco, artículo Primero del
referido texto.

Redacción que se propone:

Veinticinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 42 y se
añade un nuevo apartado 3 a dicho artículo, que quedan redactados de la
siguiente forma:

«2. No tendrán la consideración de rendimientos del trabajo
en especie:

a) La entrega a los trabajadores en activo, de forma
gratuita o por precio inferior al normal de mercado, de acciones o
participaciones de la propia empresa o de otras empresas del grupo de
sociedades, en la parte que no exceda, para el conjunto de las entregadas
a cada trabajador, de 12.000 euros anuales, en las condiciones que
reglamentariamente se establezcan, cuando la referida oferta se realice a
todos los empleados con contrato indefinido, sin distinción alguna de
grupo o nivel profesional.

b) Las cantidades destinadas a la actualización,
capacitación o reciclaje del personal empleado, cuando vengan exigidos
por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos
de trabajo.

c) Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud
de contrato de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil del
trabajador.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley elimina la no sujeción de la entrega de
acciones gratuitas a los trabajadores de la propia empresa, empleada como
forma de retribución a los trabajadores.

Esta fórmula de retribución del trabajo persigue fomentar
la participación de los empleados en la empresa, brindándoles la
oportunidad de compartir el incremento de valor de las acciones de la
compañía con el fin de aumentar el compromiso con la empresa y mejorar su
resultado económico, no parece conveniente suprimir la actual
exención.

Por ello se propone mantener este beneficio fiscal,
modificando, los requisitos en los que la exención retributiva debe ser
aplicable.

ENMIENDA NÚM. 67

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero.
Veinticinco.

ENMIENDA

De adición.

Modificar la letra a), en el punto 2, del apartado
Veinticinco, artículo Primero del referido texto.

Redacción que se propone:

Veinticinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 42 y se
añade un nuevo apartado 3 a dicho artículo, que quedan redactados de la
siguiente forma:

«2. No tendrán la consideración de rendimientos del trabajo
en especie:

a) Las cantidades destinadas a la actualización,
capacitación o reciclaje del personal empleado, cuando vengan exigidos
por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos
de trabajo, con independencia de quien los sufrague.»

JUSTIFICACIÓN

Respecto a las cantidades destinadas a formación
consistente en la actualización, capacitación o reciclaje del personal
empleado, siempre que venga exigida por su actividad, o por su puesto de
trabajo, es necesario evitar que puedan plantearse dudas sobre el alcance
de la no sujeción al Impuesto en los supuestos en los que no es la
empresa directamente empleadora la que financia o proporciona dicha
formación. La enmienda propone que el tratamiento en el IRPF de la
formación recibida por los trabajadores no se vea alterado en función de
quien proporcione dicha formación, siempre que cumpla los requisitos
establecidos por la Ley.

ENMIENDA NÚM. 68

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero.
Veinticinco.

ENMIENDA

De adición.

Añadir una nueva letra c), en el punto 2, del apartado
Veinticinco, artículo Primero del referido texto.

Redacción que se propone:

Veinticinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 42 y se
añade un nuevo apartado 3 a dicho artículo, que quedan redactados de la
siguiente forma:

«2. No tendrán la consideración de rendimientos del trabajo
en especie:

(…)

c) Las cantidades destinadas a la actualización, práctica
deportiva y capacitación o reciclaje del personal empleado, cuando vengan
exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de
los puestos de trabajo.»

JUSTIFICACIÓN

La actividad física y el deporte aportan numerosos
beneficios a las personas, lo cual se traduce en beneficio para las
empresas, como han constatado recientes estudios de diversas
instituciones gracias a la práctica deportiva las personas aumentan su
productividad en el trabajo, se reduce el absentismo laboral un 60%, y el
número de patologías en un 80%. Lo que supone no sólo un gasto para las
empresas debido a los costes laborales sino también para el Estado ya que
el gasto sanitario se cifra en 2.500 millones de euros anuales. Esta
medida fomentaría la práctica deportiva aumentando considerablemente los
ingresos del Estado, mediante el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto
Sobre el Valor Añadido que recaudarían de las empresas con instalaciones
deportivas privadas.

Esta medida estará acorde con otros países de la Unión
Europea que se han dado cuenta de los beneficios de la práctica deportiva
y están introduciendo incentivos fiscales para fomentar la práctica
deportiva.

Las cantidades que destinen las empresas para hacer frente
a los gastos del centro deportivo donde acudan sus empleados, no tienen
que tener la consideración de renta en especie para el empleado ya que
supone un beneficio para las empresas, reduciendo costes y aumentando su
beneficio.

En consecuencia el Estado no perderá ingresos ya que
aumentará el número de personas que realicen actividades deportivas con
el consiguiente impacto positivo sobre la recaudación del Impuesto de
Sociedades y el Impuesto Sobre el Valor Añadido y el ahorro anual en
gasto sanitario.

Página
140

b) 8.000 euros anuales. No obstante, en el caso de
contribuyentes mayores de 50 años la cuantía anterior será de 10.000
euros.

Además, 5.000 euros anuales para las primas a seguros
colectivos de dependencia satisfechas por la empresa.»

JUSTIFICACIÓN

Resulta necesario incrementar los límites de aportaciones a
los contribuyentes mayores de 50 años, con el fin de que puedan reforzar
su ahorro-previsión, en los últimos años de su actividad laboral.

ENMIENDA NÚM. 71

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y
cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Modificar el punto 1 del apartado Treinta y cuatro,
artículo Primero del referido texto.

Redacción que se propone:

Treinta y cuatro. Se modifica el artículo 58, que queda
redactado de la siguiente forma:

Artículo 58. Mínimo por descendientes.

1. El mínimo por descendientes será, por cada uno de ellos
menor de veinticinco años o con discapacidad cualquiera que sea su edad,
siempre que conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales,
excluidas las exentas, superiores a 10.000 euros, de:

2.400 euros anuales por el primero.

2.700 euros anuales por el segundo.

4.000 euros anuales por el tercero.

4.500 euros anuales por el cuarto y siguientes.

Debe entenderse como descendientes del párrafo anterior,
aquellos que lo sean respecto al contribuyente por naturaleza o adopción,
en línea recta y en línea colateral, ambos hasta el primer grado.

A estos efectos, se asimilarán a los descendientes aquellas
personas vinculadas al contribuyente por razón de tutela y acogimiento,
en los términos previstos en la legislación civil aplicable. Asimismo, se
asimilará a la convivencia con el contribuyente, la dependencia respecto
de este último salvo cuando resulte de aplicación lo dispuesto en los
artículos 64 y 75 de esta Ley.

JUSTIFICACIÓN

Actualizar, de 8.000 a 10.000 euros, el límite de rentas
percibidas por los descendientes y ascendientes a cargo, por los que el o
la contribuyente se puede aplicar la deducción por descendientes y
ascendentes a cargo. Esta revisión es relevante desde la perspectiva
familiar ya que a menudo los contribuyentes no pueden aplicarse la
correspondiente deducción a causa de la percepción de becas y pequeños
ingresos del trabajo, en el caso de los descendientes, o de pensiones en
el caso de ascendientes.

Página
142

consumo superior al índice de precios al consumo medio
publicado por el INE, por un coeficiente que refleje el mayor coste de la
vida de los contribuyentes en estas comunidades.»

JUSTIFICACIÓN

El alto coste de la vida que padecen algunas comunidades
autónomas desfigura los principios teóricos de justicia social vinculados
a la progresividad del impuesto sobre la renta. Idénticos salarios o
pensiones tienen diferentes capacidades adquisitivas según la comunidad
autónoma donde se perciban, de manera que perciben unas rentas, en
paridad de poder de compra, inferiores a las percibidas en comunidades
con precios al consumo bajos. La vigente fiscalidad agrava esta realidad,
al no corregir lo que la propia ley señala como «mínimos exentos», por la
realidad de los precios medios al consumo de cada comunidad autónoma.

La presente enmienda pretende corregir parcialmente dichos
mínimos exentos para los contribuyentes de aquellas comunidades que, con
datos publicados por el INE, superen el índice medio estatal de precios
al consumo.

ENMIENDA NÚM. 74

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y
ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Treinta y ocho. Se modifica el artículo 61 bis que queda
redactado de la siguiente forma:

«Artículo 61 bis. Reducción por cuotas y aportaciones a
partidos políticos.

Las cuotas de afiliación y las aportaciones a Partidos
Políticos, Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de Electores, podrán
ser objeto de reducción en la base imponible con un límite máximo de
1.000 euros anuales.»

JUSTIFICACIÓN

No resulta pertinente eliminar la reducción por cuotas y
aportaciones a partidos políticos, como plantea el Proyecto de Ley, sino
elevar este incentivo a un importe máximo de 1.000 euros anuales con el
propósito de fortalecer nuestro sistema democrático y favorecer la
participación ciudadana organizada en partidos políticos.

ENMIENDA NÚM. 75

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuarenta y
tres.

ENMIENDA

De adición.

Añadir la letra c) al apartado cuarenta y tres, artículo
Primero del referido texto.

Redacción que se propone:

«Cuarenta y tres. Se modifica el apartado 1 del artículo
67, que queda redactado de la siguiente forma:

“1. La cuota líquida estatal del Impuesto será el
resultado de disminuir la cuota íntegra estatal en la suma de:

a) La deducción por inversión en empresas de nueva o
reciente creación prevista en el apartado 1 del artículo 68 de esta
Ley.

b) El 50 por ciento del importe total de las deducciones
previstas en los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 68 de esta Ley.

c) La deducción por la adquisición de abonos de transporte
público prevista en el apartado 8 del artículo 68 de esta
Ley.”»

JUSTIFICACIÓN

Esta deducción se propone para fomentar la movilidad
sostenible (en transporte público, sistemas de alquiler público de
bicicletas o coche compartido) entre la ciudadanía, prevenir la
contaminación atmosférica y el uso irracional de recursos, ya que las
deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas suponen
un fuerte incentivo para cambiar los hábitos de la población.

Cabe considerar por otra parte el componente social de la
enmienda, que facilitaría el acceso al transporte público de manera
prácticamente universal, favoreciendo así a las rentas más bajas.

ENMIENDA NÚM. 76

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuarenta y
cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Cuarenta y cuatro. Se modifica el artículo 68, que queda
redactado de la siguiente forma:

«1. Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente
creación.

1.º Los contribuyentes podrán deducirse el 25 por ciento de
las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la
suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente
creación cuando se cumpla lo dispuesto en los números 2.º y 3.º de este
apartado, pudiendo, además de la aportación temporal al capital, aportar
sus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el
desarrollo de la entidad en la que invierten en los términos que
establezca el acuerdo de inversión entre el contribuyente y la
entidad.

La base máxima de deducción será de 200.000 euros anuales,
y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o
participaciones suscritas.

No formará parte de la base de deducción las cantidades
satisfechas por la suscripción de acciones o participaciones cuando
respecto de tales cantidades el contribuyente practique una deducción
establecida por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de las competencias
previstas en la Ley 22/2009, por el que se regula el sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con
Estatuto de Autonomía.

Página
145

Esta deducción es incompatible con la aplicación de la
libertad de amortización, con la deducción por inversiones regulada en el
artículo 94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, y con la
Reserva para inversiones en Canarias regulada en el artículo 27 de la Ley
19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone la supresión de este párrafo puesto que no se
considera justificada la incompatibilidad de la deducción con la libertad
de amortización, ni con la normativa canaria cuyo objetivo es
precisamente el de compensar los sobrecostes de carácter estructural a
los que se enfrenta Canarias como región ultra periférica.

ENMIENDA NÚM. 78

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuarenta y
seis.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Cuarenta y seis. Se modifica el apartado 3 del artículo 68,
que queda redactado de la siguiente forma:

«3. Deducciones por donativos y otras aportaciones.

Los contribuyentes podrán aplicar, en este concepto:

a) Las deducciones previstas en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo.

b) El 20 por ciento de las cantidades donadas a las
fundaciones legalmente reconocidas que rindan cuentas al órgano del
protectorado correspondiente, así como a las asociaciones declaradas de
utilidad pública, no comprendidas en el párrafo anterior.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de ley pretende eliminar la deducción por
donaciones a fundaciones no comprendidas en la Ley 49/2002. Cabe destacar
que la actividad social, cultural, cooperativa, que efectúa la gran
mayoría de las fundaciones perceptoras de estos donativos conlleva un
retorno fiscal positivo, midiendo tanto la pérdida de recaudación fiscal
como el retorno económico que la reactivación del sector fundacional
representa en términos de empleo y de PIB para el país.

De acuerdo con los datos del estudio «El régimen Fiscal de
las Instituciones sin Fin de Lucro y del Mecenazgo: Impacto
Macroeconómico de Diferentes Escenarios de Incentivo Fiscal al Mecenazgo»
(Mayo 2012), en el ejercicio 2008, el importe de las donaciones a
entidades sin fin de lucro realizadas por contribuyentes del IRPF,
ascendió a 1.328 millones de euros, de los cuales 151,2 millones
correspondían a donaciones con derecho a deducción del 25%, y por tanto a
entidades del régimen especial, 44 millones a donaciones a actividades
prioritarias de mecenazgo, y 1.133 millones de euros correspondían a
donaciones con derecho a deducción del 10 % y por tanto a entidades no
acogidas a la Ley 49/2002.

En base a todo lo expuesto, en el caso de eliminar la
deducción del 10 % a entidades no acogidas a la Ley 49/2002 se
perjudicaría en gran medida a las actividades prioritarias de mecenazgo,
afectando

negativamente al PIB, al empleo y a las prestaciones
sociales, por lo que instamos a reincorporar la citada deducción elevando
el porcentaje a reducir del 10 % al 20%.

Finalmente, respecto al contenido inicial de la letra b) en
el proyecto de ley, que esta enmienda sustituye, señalar que las
deducciones fiscales aplicables al pago de cuotas y aportaciones a
partidos políticos, hasta el límite de 600¤, en absoluto pueden quedar
reducidas al 20 % de la cuota o aportación, de manera que se suprime este
contenido, en coherencia con la enmienda presentada al artículo 61 bis,
donde se solicita que la deducción para dichas cuotas y aportaciones siga
siendo del 100%, elevándose su límite máximo de 600 a 1.000 ¤, con el
objetivo de contribuir a fortalecer la democracia y la participación.

ENMIENDA NÚM. 79

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuarenta y
ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Cuarenta y ocho. Se modifica el apartado 7 en el artículo
68, a la que se da la siguiente redacción:

7. Deducción por alquiler de la vivienda habitual para
viviendas energéticamente eficientes.

Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 6,5
veces el IPREM podrán deducirse el 10 por ciento de las cantidades
satisfechas en el período impositivo por el alquiler de su vivienda
habitual en el caso de que la vivienda tenga una calificación
“A” o “B”, según la Escala de Eficiencia
Energética vigente, o bien el 8 por ciento cuando tenga una calificación
“C” o “D”.»

JUSTIFICACIÓN

Los objetivos principales de la enmienda son:

1. Incentivar el alquiler de viviendas.

2. Incentivar precisamente las que sean energéticamente
eficientes.

3. Revitalizar el sector de la construcción.

Esta medida fomentaría la toma de conciencia por parte de
arrendadores y arrendatarios de la relevancia de la eficiencia energética
por los ahorros en combustible y mejoras en el medioambiente que
conllevan.

La Escala de Eficiencia Energética ha sido establecida en
virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley
2/2011 de 4 de marzo, del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del
Código Técnico de la Edificación, y su desarrollo reglamentario (en
particular la Orden Ministerial 1635/2013 de 12 de septiembre de
2013).

Al aplicarse el incentivo fiscal exclusivamente a aquellas
viviendas de eficiencia medio/alta, fomentaría la realización de las
actuaciones destinadas a mejorarla. Precisamente para que esta medida
alcance a un mayor número de sujetos pasivos, se propone aplicar sobre
aquellas viviendas que dispongan de una calificación energética de «A»,
«B», «C» o «D», incrementándose el incentivo para las de calificación «A»
o «B».

Un incentivo fiscal de estas características, revitalizaría
al sector de la construcción y contribuiría a los objetivos globales de
mejora de la eficiencia energética y de lucha contra el cambio
climático.

Página
148

Parece adecuado, por tanto, adoptar nuevas medidas de
incentivos fiscales que permitan obtener una renta periódica
complementaria que acompañe en todo momento a la pensión pública. A estos
efectos, se propone una reducción del 30 % para la parte de la prestación
derivada de los sistemas de previsión social que se corresponda con la
devolución de aportaciones y contribuciones empresariales siempre y
cuando dicha prestación se cobre en forma de renta vitalicia.

ENMIENDA NÚM. 82

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado
nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Trece Bis. Se añade apartado 4 del artículo 23, que queda
redactado de la siguiente forma:

«4. Los rendimientos netos generados en un periodo,
procedentes de un inmueble calificado con “A” o
“B” según la Escala de Eficiencia Energética vigente, se
reducirán en 20 puntos porcentuales.

Asimismo, podrán aplicar la presente reducción aquellos
contribuyentes que efectúen obras e instalaciones de adecuación en
inmuebles por un importe mínimo de 5.000 euros, siempre que ello implique
una mejora de al menos una letra en la calificación de la vivienda en la
escala de calificación energética. Esta reducción será de aplicación en
el período impositivo en el que se efectúen las obras e instalaciones y
en los dos siguientes.

Si la mejora, en los términos anteriormente señalados, es
de dos o más letras, la reducción será de aplicación en el período
impositivo en el que se efectúen las obras e instalaciones y en los
cuatro siguientes.

Esta reducción será compatible con la reducción prevista en
el apartado 2.1 de este precepto.»

JUSTIFICACIÓN

Esta medida tiene como objetivo incentivar la existencia en
el mercado del alquiler de edificaciones energéticamente más eficientes,
creándose para ello una reducción del 20 % de los rendimientos generados
por el arrendamiento de este tipo de inmuebles. Dicho incentivo se
añadiría, si fuera el caso, a la reducción por alquiler de viviendas
destinadas a ser la vivienda habitual del arrendatario.

Esta medida, permitiría que los arrendadores tuvieran un
retorno asociado a los ahorros en combustible y mejoras en el
medioambiente que llevan asociadas las edificaciones energéticamente
eficientes.

La Escala de Eficiencia Energética ha sido establecida en
virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley
2/2011 de 4 de marzo, del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del
Código Técnico de la Edificación, y su desarrollo reglamentario (en
particular la Orden Ministerial 1635/2013 de 12 de septiembre de
2013).

De este modo, al aplicarse el incentivo fiscal
exclusivamente a aquellas edificaciones de eficiencia elevada,
aumentándose con ello su demanda, se fomentaría la realización de las
actuaciones pertinentes para, al menos, alcanzar la eficiencia que
permita el acceso al incentivo fiscal para los arrendadores.

Lo anterior, redundaría en que tanto arrendadores y
arrendatarios, sean más conscientes de la relevancia de la eficiencia
energética, impulsándose así los objetivos perseguidos por la Directiva
2010/31/CE.

Adicionalmente, un incentivo fiscal de estas
características, revitalizaría al sector de la construcción que ha
atravesado una crisis de una enorme magnitud en los últimos años,
posibilitando que el reacondicionamiento energético pueda ser uno de los
pilares sobre los que se reconfiguraría el sector.

Se fortalecería con ello la incipiente reactivación de la
economía y la reducción del desempleo en un sector tremendamente
castigado por el mismo.

ENMIENDA NÚM. 83

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado
nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Dieciséis bis. Se modifica el apartado 2 del artículo 29 de
la Ley de IRPF, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 29. Elementos patrimoniales afectos.

2. Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan
sólo parcialmente al objeto de la actividad económica, la afectación se
entenderá limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utilice
en la actividad de que se trate. En ningún caso serán susceptibles de
afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles. Los automóviles
de turismo se considerarán afectos en los términos y condiciones
establecidos en el apartado Tres del artículo 95 de la Ley 37/1992 de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.»

JUSTIFICACIÓN

El hecho de que el criterio de afectación parcial de los
vehículos de turismo no esté regulado en la Ley 35/2006, del IRPF
(solamente existe una remisión al reglamento para determinar las
condiciones de afectación en los supuestos de utilización para
necesidades privadas de forma accesoria y notoriamente irrelevante) y se
excluye expresamente a los automóviles de turismo como elementos
susceptibles de utilización para necesidades privadas con algunas
salvedades supone una falta de neutralidad fiscal para empresas con una
flota de vehículos para sus comerciales y desincentiva el empleo debido
al coste fiscal que la vigente regulación ocasiona.

Por ello, en relación a la tributación de los vehículos de
turismo afectos parcialmente a la actividad empresarial, se considera
adecuado introducir una regulación en la vigente Ley del IRPF en
coherencia con lo dispuesto en el artículo 95.Tres de la Ley 37/1992, del
Impuesto sobre el Valor Añadido y conseguir, además, una mayor seguridad
jurídica.

ENMIENDA NÚM. 84

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado
nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Añadir el apartado Treinta y ocho Bis, artículo Primero del
referido texto.

Redacción que se propone:

Se propone añadir un punto Treinta y ocho Bis al Artículo
Primero del Proyecto de Ley con la siguiente redacción:

Treinta y ocho Bis. Se añade el artículo 61 Ter, que queda
redactado de la siguiente forma:

«Artículo 61 Ter. Reducción por gastos en servicios de
asistencia a las personas.

Los gastos incurridos en la contratación de servicios de
asistencia a las personas, tales como ayuda a domicilio, asistencia
doméstica, atención a menores o mayores de edad, enseñanza a domicilio,
ya sea mediante contratación directa con los profesionales o a través de
empresas especializadas, podrán ser objeto de reducción en la base
imponible con un límite máximo del 50 % de dichos costes, con un límite
máximo anual de 5.000¤.

Aquellas personas más desfavorecidas, que por su bajo nivel
de renta no tienen derecho a la devolución en el IRPF, tendrán la
posibilidad de obtener un crédito de impuesto con ese mismo límite.»

JUSTIFICACIÓN

La experiencia en numerosos países de nuestro entorno
económico en la Unión Europea y muy especialmente en Francia, demuestra
que esta medida es de las más eficaces para la transformación de empleo
no legal, en este sector, en empleo legal, mientras que en caso contrario
permanecen en la economía sumergida. Además es una causa de la creación
de empleos nuevos en este sector de gran repercusión social.

ENMIENDA NÚM. 85

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado
nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Añadir un apartado Cuarenta y ocho Bis, artículo Primero
del referido texto.

Redacción que se propone:

«Cuarenta y ocho Bis. Se añade el apartado 8 al artículo
68, con la siguiente redacción:

8. Deducción seguros de enfermedad.

El 15 por 100 de las primas de seguro de enfermedad
satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia
cobertura y a la de su cónyuge e hijos que convivan con él. El límite
máximo de la deducción será de 75 ¤ por cada una de las personas
señaladas anteriormente.»

JUSTIFICACIÓN

Los seguros de enfermedad están incentivados en la vigente
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Las primas
satisfechas por las empresas a favor de sus trabajadores y familiares
directos, siempre que no superen los 500 euros anuales por asegurado
(trabajador autónomo, cónyuge y descendientes), no se consideran como
retribución en especie. También es gasto deducible de los rendimientos
netos en estimación directa las primas de seguro de enfermedad
satisfechas por los autónomos o empresarios individuales correspondiente
a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de veinticinco
años que convivan con él, con el mismo límite de 500 ¤.

Este tratamiento resulta insuficiente porque no alcanza a
la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena, ya que las empresas que
financian como beneficio social un seguro de salud a favor de sus
empleados son pocas, no siendo utilizado en la mayor parte de las
pymes.

Se propone recuperar la deducción en la cuota del 15 % para
las primas de seguros de enfermedad que estuvo vigente hasta el año 1998
junto con otros gastos de carácter sanitario. En esta reforma se propone
limitar la deducción exclusivamente a las primas de seguro de salud.

ENMIENDA NÚM. 86

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado
nuevo.

ENMIENDA

De adición.

AÑADIR un apartado Cuarenta y ocho Ter, artículo Primero
del referido texto.

Redacción que se propone:

Cuarenta y ocho Ter. Se añade un apartado 9 al artículo 68,
a la que se da la siguiente redacción:

«9. Deducción servicios de transporte público.

Los contribuyentes tendrán derecho a una deducción en la
cuota de un porcentaje de los gastos que realicen en la adquisición de
abonos de transporte público de carácter unipersonal y nominal, incluidas
las cuotas para el uso de sistemas públicos de alquiler de coches y
bicicletas y de sistemas de ‘‘carsharing’’:

Esta deducción no se aplicará a las rentas satisfechas en
especie por las empresas para favorecer el transporte colectivo de sus
empleados y que se beneficien de la exención prevista en el apartado h
del artículo 42 de la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Se proponen esta deducción para fomentar la movilidad
sostenible (en transporte público, sistemas de alquiler público de
bicicletas o coche compartido) entre la ciudadanía, con el fin de
prevenir la contaminación atmosférica y el uso irracional de recursos.
Las deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
suponen un fuerte incentivo para cambiar los hábitos de la población.

Cabe considerar por otra parte el componente social de la
enmienda, que facilitaría el acceso al transporte público de manera
prácticamente universal, favoreciendo así a las rentas más bajas.

Página
153

Así, suponemos que el coste fiscal actual es del 32 % de
las aportaciones y que el coste futuro, con la deducción, sería del 40 %,
con dos hijos de media, y todas estas personas aportan los 2.000 euros.
La consecuencia es de un coste adicional de 160 euros por cada
partícipe.

Si la medida promueve una generalización de la PSC, que es
lo que se pretende en las directrices europeas, podemos estimar que se
sumen 12 millones de partícipes y mutualistas en el futuro. Si suponemos
que el coste fiscal es algo mayor, por tener una tipo marginal medio
actual inferior al 32 %, y fuera del 30 %, alcanzaríamos un coste de 200
euros por partícipe, con un total de 2.400 millones de euros. De todos
modos, la experiencia internacional nos dice que este coste sería gradual
y no se alcanzaría hasta dentro de, al menos, diez años.

Estos costes no son significativos a cambio de aplicar un
incentivo más a una cuestión tan capital y necesaria como la PSC, a la
vista de la situación del mercado laboral y nivel de envejecimiento de la
población. Por comparar los costes con las soluciones que implica, estos
2.400 millones de euros son menos del 0,24 % del PIB. El coste fiscal
total de la deducción sería de algo menos del 1 % del PIB, cuando el
déficit esperado de la Seguridad Social alcanzaría, sin reformas y
reducciones de prestaciones, más del 6 %.

Por otro lado, tener en cuenta el número de hijos en el
apoyo fiscal a la PSC, como hace Alemania, es una cuestión de reconocer
la mayor dificultad para ahorrar de estos contribuyentes y también un
tratamiento equitativo para aquellos que contribuyen a la renovación
generacional y el mantenimiento futuro de los sistemas de protección
social en un entorno de envejecimiento de la población.

Esta deducción se restringe a los sistemas de empleo (y
quizá en un futuro a los asociados para autónomos y profesionales) ya que
son los sistemas más eficientes, en línea de las recomendaciones de la UE
y que son los sistemas que tienen la posibilidad de generalizarse entre
las ciudadanos a través de las PyMEs españolas. Así lo ha manifestado el
Presidente de la CEOE en un futuro plan de reforma de la economía, en las
que aboga por fomentar los sistemas de empleo en las PYMES para
equipararlas en este aspecto con las grandes empresas.

Este objetivo de extenderse entre las PyMEs también ha sido
reconocido en los Informes de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones sobre las medidas para promover la PSC. De hecho, en este
Proyecto de Reforma del IRPF se están tomando algunas de las medidas de
ese Informe, como la liquidez a los 10 años y, sin embargo, salvo por
esta enmienda, no se aborda la principal problemática, identificada en el
Informe y refrendada por la Unión Europea, de promover la extensión de la
PSC.

ENMIENDA NÚM. 89

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado
nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Añadir un nuevo apartado Cuarenta y ocho Quáter, al
artículo Primero del referido texto.

Redacción que se propone:

Artículo Cuarenta y ocho Sexies: Se añade un apartado 12 al
artículo 68, a la que se da la siguiente redacción:

«12. Deducción por práctica de actividades deportivas.

A los contribuyentes por este Impuesto que realicen
actividades deportivas en instalaciones deportivas privadas.

Podrán deducirse el 20 % de las cantidades satisfechas en
el periodo impositivo a las empresas con instalaciones deportivas
privadas, con un límite anual de 450 euros.»

JUSTIFICACIÓN

La actividad física y el deporte aportan numerosos
beneficios a las personas, como han constatado recientes estudios de
diversas instituciones. La población de los países desarrollados tiende
al sedentarismo lo que repercute directa y negativamente en la salud.
Para el Estado el gasto sanitario anual por enfermedades derivadas por
este problema se cifra en 2.500 millones de euros anuales.

En nuestro ordenamiento muchas deducciones y atendiendo a
la finalidad extrafiscal del impuesto, sería una buena forma de
incentivar la práctica deportiva.

La deducción del 20 % supone un buen incentivo y no supone
una subvención de forma encubierta a las empresas con instalaciones
deportivas privadas, el límite de 450 euros, está en consonancia con lo
establecido en Alemania país de referencia de la Unión Europea.

La cuota media anual de un gimnasio en España se sitúa en
torno a los 60 euros mensuales, más una matricula cuyo precio medio se
sitúa en 65 euros, por lo tanto el gasto medio anual por la realización
de actividades deportivas en instalaciones privadas se sitúa en torno a
los 800 euros anuales.

En consecuencia el Estado no perderá ingresos ya que
aumentará el número de personas que realicen actividades deportivas con
el consiguiente impacto positivo sobre la recaudación del Impuesto de
Sociedades y el Impuesto Sobre el Valor Añadido y el ahorro anual en
gasto sanitario.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula 29 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.

Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—El
Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

ENMIENDA NÚM. 90

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cincuenta
y siete.

ENMIENDA

De modificación.

El párrafo 1 del apartado Cincuenta y siete, artículo
Primero del referido texto.

Redacción que se propone:

Cincuenta y siete. Se modifican los apartados 1 y 2 el
artículo 85, que quedan redactados de la siguiente forma:

«1. En el supuesto de los bienes inmuebles urbanos,
calificados como tales en el artículo 7 del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo, así como en el caso de los inmuebles rústicos con
construcciones que no resulten indispensables para el desarrollo de
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, no afectos en ambos
casos a actividades económicas, ni generadores de rendimientos del
capital, excluida la vivienda habitual y el suelo no edificado, tendrá la
consideración de renta imputada la cantidad que resulte de aplicar los
porcentajes siguientes, determinados en función de la escala de
calificación energética vigente al valor catastral, determinándose
proporcionalmente al número de días que corresponda en cada período
impositivo.

En el caso de inmuebles localizados en municipios en los
que los valores catastrales hayan sido revisados, modificados o
determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de
carácter general, de conformidad con la normativa catastral, y hayan
entrado en vigor a partir del 1 de enero de 1994 en el período impositivo
o en el plazo de los diez períodos impositivos anteriores, los
porcentajes aplicables serán los siguientes:

Si a la fecha de devengo del impuesto el inmueble careciera
de valor catastral o éste no hubiera sido notificado al titular, el
porcentaje será el que resulte de aplicar la tabla anterior y se aplicará
sobre el 50 por ciento del mayor de los siguientes valores: el comprobado
por la Administración a efectos de otros tributos o el precio,
contraprestación o valor de la adquisición.

Cuando se trate de inmuebles en construcción y en los
supuestos en que, por razones urbanísticas, el inmueble no sea
susceptible de uso, no se estimará renta alguna.»

JUSTIFICACIÓN

La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
establece un sistema de imputación de rentas para todos aquellos
propietarios de viviendas que no constituyan su vivienda habitual. La
propone modular la cuantía de renta a imputar en función del grado de
eficiencia energética de la edificación, consiguiéndose de este modo que
repercuta en el propio titular de la vivienda los beneficios o perjuicios
que para la propia sociedad tiene el uso óptimo de la energía.

Así, una reducción en el porcentaje de la imputación,
favorecerá el que los propietarios de los inmuebles, mejoren la
eficiencia energética de su segunda vivienda, contribuyendo de este modo
a la consecución de los objetivos perseguidos por la directiva 2010/31/CE
de 19 de mayo de 2010, esto es, energéticamente eficiente.

La Escala de Eficiencia Energética ha sido establecida en
virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley
2/2011 de 4 de marzo, del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del
Código Técnico de la Edificación, y su desarrollo reglamentario (en
particular la Orden Ministerial 1635/2013 e 12 de septiembre de
2013).

La medida se enmarca dentro de los objetivos de la actual
reforma tributaria, en particular, aquellos relativos al aumento de la
competitividad, así como al fomento de políticas medioambientales, en
este caso a través de normas que fomenten la innovación, la eficiencia
energética y la competitividad. Un

incentivo fiscal de estas características contribuiría a
revitalizar el sector de la construcción, además de contribuir al
objetivo global de mejora de la eficiencia energética y lucha contra el
cambio climático.

ENMIENDA NÚM. 91

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cincuenta
y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Cincuenta y nueve. Se modifica el artículo 93, que queda
redactado de la siguiente forma:

«Artículo 93. Régimen fiscal especial aplicable a los
trabajadores desplazados a territorio español. Régimen fiscal especial
aplicable a los profesionales de alta cualificación, emprendedores e
inversores desplazados en territorio español.

1. Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal
en España como consecuencia de su desplazamiento a territorio español
podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, con las reglas especiales previstas en el apartado 2 de este
artículo, manteniendo la condición de contribuyentes por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, durante el período impositivo en
que se efectúe el cambio de residencia y durante los diez períodos
impositivos siguientes, cuando, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que no hayan sido residentes en España durante los diez
cinco períodos impositivos anteriores a aquel en el que se produzca su
desplazamiento a territorio español.

b) Que el desplazamiento a territorio español se produzca
como consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Como consecuencia de un contrato de trabajo, con
excepción de la relación laboral especial de los deportistas
profesionales regulada por el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio.

Se entenderá cumplida esta condición cuando se inicie una
relación laboral, ordinaria o especial distinta de la anteriormente
indicada, o estatutaria con un empleador en España, o cuando el
desplazamiento

sea ordenado por el empleador y exista una carta de
desplazamiento de este.

2.º Como consecuencia de la adquisición de la condición de
administrador de una entidad en cuyo capital no participe o, en caso
contrario, cuando la participación en la misma no determine la
consideración de entidad vinculada en los términos previstos en el
artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

3.º Como consecuencia de desplazamientos que tengan como
fin realizar una inversión significativa de capital o la puesta en marcha
de un proyecto empresarial considerado de interés general.

Se entenderá como inversión significativa de capital
aquella que cumpla con alguno de los siguientes supuestos:

a) Una inversión inicial por un valor igual o superior a
dos millones de euros en títulos de deuda pública española, o por un
valor igual o superior a un millón de euros en acciones o participaciones
sociales de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades
financieras españolas.

b) Un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en
España y que sea considerado y acreditado como de interés general, para
lo cual se valorará el cumplimiento de, al menos, una de las siguientes
condiciones:

a. Creación de puestos de trabajo.

b. Realización de una inversión con impacto socioeconómico
de relevancia en el ámbito geográfico en el que se vaya a desarrollar la
actividad.

c. Aportación relevante a la innovación científica y/o
tecnológica.

c) Una inversión en bienes inmuebles de al menos 500.000
euros, libre de toda carga o gravamen. La parte de la inversión que
exceda del importe exigido podrá estar sometida a carga o gravamen.

c) Que no obtenga rentas que se calificarían como obtenidas
mediante un establecimiento permanente situado en territorio español.

El contribuyente que opte por la tributación por el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes quedará sujeto por obligación
real en el Impuesto sobre el Patrimonio.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
establecerá el procedimiento para el ejercicio de la opción mencionada en
este apartado.»

(…)

JUSTIFICACIÓN

Mediante la presente enmienda se proponen determinadas
mejoras en la redacción del régimen de impatriados, que afectan al
párrafo 1. b) y la eliminación del párrafo c).

Los cambios propuestos en el párrafo 1.b) persiguen el
objetivo de extender el régimen de impatriados, siguiendo las
recomendaciones de la Comisión Lagares de Expertos para la Reforma del
Sistema Tributario en España, a un mayor colectivo de extranjeros que los
actuales, entre los que se encontrarían los accionistas significativos de
sociedades, pensionistas o perceptores de rentas. De este modo, se
mejoraría la potencialidad del país para atraer a personas con capacidad
de inversión y creación de empleo, lo cual puede contribuir a impulsar el
crecimiento y, en particular, ayudar a aminorar los excedentes del sector
inmobiliario.

ENMIENDA NÚM. 92

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Sesenta y
cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Sesenta y cinco. Se modifican los apartados 1, 2, 4, 5 y 6
del artículo 101, que quedan redactados de la siguiente forma:

«1. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los
rendimientos del trabajo derivados de relaciones laborales o
estatutarias, de las relaciones mercantiles correspondientes al ejercicio
del cargo de administrador único, solidario, mancomunado o consejero
delegado de sociedades mercantiles o civiles con actividad económica y de
pensiones y haberes pasivos se determinará con arreglo al procedimiento
que reglamentariamente se establezca.

(…)

2. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los
rendimientos del trabajo que se perciban por la condición de
administradores y miembros de los consejos de administración a los que no
sea de aplicación lo previsto en el apartado 1 del presente artículo, de
las juntas que hagan sus veces, y demás miembros de otros órganos
representativos, será del 35 por ciento.»

JUSTIFICACIÓN

La retención del 35 % a las retribuciones de socios y
administradores en caso de pymes (retenciones que en caso de aplicación
las tablas serian sensiblemente inferiores) supone mermar la renta
disponible de los empresarios que perciben dichas retribuciones en
concepto de sueldo por su actividad de gerencia y dirección (hecho que se
agrava por la dificultad que supone separar funciones propias del cargo
del resto de funciones técnicas o profesionales que realiza el empresario
en la empresa).

Se propone equiparar la retención de dichos administradores
a las retenciones aplicables en general a las rentas del trabajo,
manteniendo la retención del 35 % para los administradores que no
realizan funciones efectivas de dirección o gerencia).

ENMIENDA NÚM. 93

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Sesenta y
cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Modificar la letra a) del apartado 5, del apartado Sesenta
y cinco, artículo Primero del referido texto.

Redacción que se propone:

Sesenta y cinco. Se modifican los apartados 1, 2, 4, 5 y 6
del artículo 101, que quedan redactados de la siguiente forma:

(…)

«5. Los porcentajes de las retenciones e ingresos a cuenta
sobre los rendimientos derivados de actividades económicas serán:

a) El 15 por ciento, en el caso de los rendimientos de
actividades profesionales establecidos en vía reglamentaria.

No obstante, se aplicará el porcentaje del 9 por ciento
sobre lo rendimientos de actividades profesionales que se establezcan
reglamentariamente.»

JUSTIFICACIÓN

Cuando se aprobó el incremento de las retenciones e
ingresos a cuenta hasta el 21 % estaba ya previsto el retorno al
porcentaje anterior del 19%, por lo que la reducción en esta misma
cantidad, pero con carácter definitivo cuatro años más tarde, no parece
compensación ni restitución suficiente al colectivo que debe aplicarlas.
Al tratarse de retenciones sobre facturación, y por lo tanto sin
aplicación de los gastos deducibles para el ejercicio de la actividad
profesional, esta retención tiene un impacto sobre las rentas netas del
perceptor muy superior al de las retenciones que se practican a las
rentas del trabajo. De ahí que resulte necesario reducir la retención al
15%, la cual es mucho más ajustada a la realidad económica, manteniendo
la capacidad de recaudación.

Página
161

Asimismo, lo dispuesto en el párrafo anterior será
aplicable cuando, por causas distintas a las señaladas en el mismo, se
transmitan los activos intangibles a familiares hasta el segundo
grado.»

JUSTIFICACIÓN

Ampliar el ámbito de aplicación de la tributación prevista
por la transmisión de activos fijos inmateriales (esto es, de las
autorizaciones de transporte) a todas las especialidades del transporte
por carretera, y no sólo a la actividad del transporte en autotaxi.

ENMIENDA NÚM. 97

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Setenta y
siete.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Setenta y siete. Se modifica la disposición adicional
vigésima sexta, que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional vigésima sexta. Planes de Ahorro a
Largo Plazo.

1. Los Planes de Ahorro a Largo Plazo se configuran como
contratos celebrados entre el contribuyente y una entidad aseguradora o
de crédito que cumplan los siguientes requisitos:

a) Los recursos aportados al Plan de Ahorro a Largo Plazo
deben instrumentarse, bien a través de uno o sucesivos seguros
individuales de vida a que se refiere el apartado 2 de esta disposición
adicional, denominados Seguros Individuales de Vida a Largo Plazo, o bien
a través de depósitos y contratos financieros a que se refiere el
apartado 3 de esta disposición adicional integrados en una Cuenta
Individual de Ahorro a Largo Plazo.

La decisión sobre la instrumentación a través de uno u otro
tipo de contrato deberá mantenerse hasta la extinción del Plan de Ahorro
a Largo Plazo.

Un El contribuyente sólo podrá ser titular de forma
simultánea de uno o varios un Plan de Ahorro a Largo Plazo Seguros
Individuales de Ahorro a Largo Plazo y de una o varias Cuentas
Individuales de Ahorro a Largo Plazo.

b) La apertura del Plan de Ahorro a Largo Plazo se
producirá en el momento en que se satisfaga la primera prima a un Seguro
Individual de Ahorro a Largo Plazo; o se realice la primera aportación a
la una Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo, según proceda, y su
extinción, en el momento en que el contribuyente efectúe cualquier
disposición o incumpla el límite de aportaciones previsto en la letra c)
de este apartado.

(…)

4. Las entidades contratantes deberán informar, en
particular, en los contratos, de forma expresa y destacada, del importe y
la fecha a la que se refiere la garantía de la letra e) del apartado 1 de
esta disposición adicional, así como de las condiciones financieras en
que antes del vencimiento del seguro individual de vida, del depósito o
del contrato financiero, se podrá disponer del capital resultante o
realizar nuevas aportaciones.

Asimismo, las entidades contratantes deberán advertir en
los contratos, de forma expresa y destacada, que aunque los
contribuyentes sólo pueden ser titulares de un único varios Planes de
Ahorro a Largo Plazo de forma simultánea, que no pueden aportar más de
5.000 euros al año al total de los mismos, ni

disponer parcialmente del capital que vaya constituyéndose,
así como de los efectos fiscales derivados de efectuar disposiciones con
anterioridad o posterioridad al transcurso de los cinco años desde la
primera aportación.

5. Reglamentariamente podrán desarrollarse las condiciones
para la movilización íntegra de los derechos económicos entre de los
seguros individuales de ahorro a largo plazo, o y de los fondos
constituidos entre en las cuentas individuales de ahorro a largo plazo,
sin que ello implique la disposición de los recursos a los efectos
previstos en la letra ñ) del artículo 7 de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Respetando siempre el límite máximo de aportación anual de
5.000 euros por contribuyente, dicho contribuyente debería poder ser
titular al mismo tiempo de uno o varios Seguros Individuales de Ahorro a
Largo Plazo (SIALP) y de una o varias Cuentas Individuales de Ahorro a
Largo Plazo (CIALP). Esta posibilidad ya existe en el ámbito de los
sistemas de previsión social, en los que el contribuyente puede ser
titular de uno o más planes de pensiones y/o Planes de Previsión
Asegurados. Para favorecer la competencia entre instrumentos y entre las
propias entidades financieras y aseguradoras, debería permitirse dicha
compatibilidad.