En el inicio del párrafo tercero del apartado I, la mención
de «La vigente Ley de Propiedad Intelectual, aprobada mediante Real
Decreto Legislativo 1/1996…» se completa de forma que el párrafo
comienza como sigue: «El vigente texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado mediante Real Decreto Legislativo
1/1996…».

En el párrafo sexto del apartado III, la cita del artículo
de la Constitución se corrige de acuerdo con las Directrices de técnica
normativa (número 72), que aconseja utilizar siempre su nombre oficial:
«Constitución Española», y, por tanto, con las letras iniciales en
mayúscula.

En el tercer párrafo del apartado IV se corrige la
utilización de mayúsculas y minúsculas en la cita de la Ley 22/1987, de
11 de noviembre, de Propiedad Intelectual para adecuarla a su nombre
oficial.

En el párrafo quinto del apartado V se precisa que el
artículo 158.4 que se menciona lo es del texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, y no de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se modifica asimismo el párrafo segundo del apartado IV con
el objeto de citar correctamente el título de la Moción consecuencia de
interpelación urgente, aprobada por el Congreso de los Diputados el 19 de
julio de 2011, así como el contenido de la misma.

Por otra parte, en aplicación de los criterios de uso
específico de las mayúsculas en los textos legislativos contenidos en las
Directrices de técnica normativa, que recomiendan que su uso se restrinja
lo máximo posible, se realizan correcciones en el párrafo primero del
apartado I («producto interior bruto español»), en el párrafo tercero del
apartado I («legislatura») y en el párrafo segundo del apartado V
(«legislador»), ya que no está justificado el uso de mayúsculas.

Con carácter general, se corrige la utilización de la
inicial mayúscula en la palabra «Ley» contenida en las expresiones que se
repiten a lo largo del texto relativas a «esta Ley» o «la presente Ley»,
ya que como establecen las Directrices de técnica normativa «no se
escribirá con inicial mayúscula cuando en el texto de la disposición se
haga referencia a la propia norma o a una clase genérica de la
disposición…». Este criterio se ha aplicado en el párrafo cuarto
del apartado I de la parte expositiva («la presente ley…»), en el
final del párrafo cuarto del apartado V de la parte expositiva, («en la
medida en que se cumplan los requisitos legales establecidos en dicha ley
para su aplicación.»), así como en sus párrafos octavo («en las medidas
contenidas en la presente ley…») y décimo («la presente ley se
aprueba al amparo de lo dispuesto…»).

En el párrafo primero del apartado II, la palabra
«Directivas» pasa a escribirse en minúscula («la aprobación de dos
directivas») por tratarse de un tipo genérico de disposición.

Por el contrario, en la mención que se realiza en el
apartado II de la parte expositiva a «la tarea de armonización del
derecho sustantivo nacional de sus Estados miembros», la palabra
«derecho» pasa a redactarse en mayúscula («Derecho sustantivo»), por
referirse a un conjunto normativo u ordenamiento jurídico, al igual que
sucedería si se refiere a una rama de dicho ordenamiento, en
contraposición al uso del término «derecho» con minúscula, que
normalmente se refiere a un derecho subjetivo entendido como la facultad
o prerrogativa que puede ser ejercida por su titular.

Por último, para facilitar la comprensión del texto se
introducen correcciones de puntuación en los párrafos octavo y décimo del
apartado III y en el tercer párrafo del apartado IV, así como
correcciones en expresiones ya acuñadas en el lenguaje jurídico como las
que se refieren a la financiación «con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado» (en los párrafos cuarto y quinto del apartado III), y,
finalmente, correcciones de redacción que pretenden corregir erratas
(párrafo noveno del apartado III) o mejorar la redacción (párrafo cuarto
del apartado I, párrafo primero del apartado IV y párrafo cuarto del
apartado V).

ARTÍCULO PRIMERO

Como consecuencia de la aprobación de la enmienda número
172 del Grupo Parlamentario Popular, se añade un apartado nuevo que
modifica el artículo 19.4 del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual. A este apartado nuevo le corresponde el primer lugar en la
nueva numeración, de modo que afecta a la del resto de los apartados.

Apartado uno (nuevo)

Se modifica, como consecuencia de la incorporación de la
citada enmienda número 172 del Grupo Parlamentario Popular, el apartado 4
del artículo 19 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
que precisa las operaciones que quedan excluidas del concepto de
préstamo, adaptándose así a lo dispuesto en la Directiva 2006/115/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre
derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de
autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

Apartado cinco (antes cuatro)

Se introduce una modificación en la redacción de la letra
b) del artículo 32.4 del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, como consecuencia de la aprobación de la enmienda número 170
del Grupo Parlamentario Popular, en la que se precisa una de las
condiciones que deben concurrir simultáneamente para que no sea necesaria
la autorización del autor o editor para realizar actos de reproducción
parcial, de distribución y de comunicación pública de obras o
publicaciones, impresos o susceptibles de serlo.

Apartado seis (antes cinco)

En aplicación del criterio general contenido en las
Directrices de técnica normativa de que las menciones a «esta ley» o «la
presente ley» deben realizarse utilizando minúsculas, se corrigen dichas
menciones en el artículo 37 bis.2 y 37 bis.6.b) del texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual.

Apartado diez (antes nueve)

El mismo criterio aplicado en el apartado seis (antes
cinco), justifica las correcciones gramaticales que afectan a los
párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 138 del texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual.

Apartado doce (antes once)

La misma corrección gramatical mencionada en los apartados
anteriores se introduce en el artículo 153.1 del texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual.

Apartado trece (antes doce)

Para mantener la coherencia con los criterios de redacción
utilizados en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que
ahora se modifica, donde las referencias a la «Asamblea general» de las
entidades de gestión se realiza siempre con mayúscula inicial en la
palabra «Asamblea» y con minúscula en la palabra «general», se corrigen
las menciones que se hacen a la misma en los párrafos 2, 5 y 9 del
artículo 154 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

En el apartado 7 del artículo 154 se introduce una
corrección justificada por una argumentación similar, y que tiene por
objeto homogeneizar el criterio de utilización de mayúsculas y minúsculas
en la expresión «Administración competente».

Apartado catorce (antes trece)

Además de la corrección del artículo 155.5 del texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual («Administración
competente»), se modifica el artículo 155.2 al amparo de las Directrices
de técnica normativa, de modo que se elimina, tras la cita del artículo
25, la expresión «de esta Ley», por afectar a un precepto de la misma
disposición.

Apartado quince (antes catorce)

En la redacción del artículo 156 del texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual se han introducido tres tipos de
correcciones técnico-gramaticales, la primera de ellas en el apartado
2.e) (eliminación de la expresión «de esta Ley»), la segunda en el
apartado 3 (para adaptar la cita del texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas a su denominación oficial) y la tercera en los
apartados 3, 4 y 5 (correcciones de la expresión «Administración
general»).

Apartado dieciséis (antes quince)

Se han introducido correcciones técnico-normativas en la
redacción del artículo 157 del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, que afectan a la denominación de la orden ministerial que
aprobará la metodología para la determinación de las tarifas generales
[apartado 1.b)], la puntuación [apartado 1.d)], y a la utilización de
mayúsculas y minúsculas en la expresión «Administración competente»
[apartado 1.j)].

Apartado diecisiete (antes dieciséis)

En la redacción del artículo 157 bis del texto refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual, se corrige la utilización de mayúsculas
y minúsculas de la expresión «Administraciones competentes».

Apartado dieciocho (antes diecisiete)

En la redacción del artículo 158 del texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, se incluyen diversas correcciones de
técnica normativa en sus cuatro apartados para adecuar el uso de
mayúsculas y minúsculas a los criterios fijados en las Directrices de
técnica normativa. En el segundo apartado se corrige además un error de
puntuación (introducción de una coma tras la palabra «arbitraje») y se
corrige la cita de la Ley 34/2002, para adaptarla a su denominación
oficial.

Apartado veinte (antes diecinueve)

Como consecuencia de la aprobación de la enmienda número
171, del Grupo Parlamentario Popular, se introduce una modificación en el
primer párrafo del artículo 158 ter.6 del texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, en virtud de la cual se tipifica como infracción
muy grave (en lugar de grave) y se sanciona con multa de entre 150.001
hasta 600.000 euros (en lugar de multa entre 30.000 y 300.000 euros), el
incumplimiento de requerimientos de retirada de contenidos en
determinadas circunstancias.

Asimismo, se introducen diversas correcciones
técnico-gramaticales en los apartados 3, 4, 5 y 6, que afectan a la
denominación de las normas que se mencionan, al uso de la palabra
«vulnerador», que se sustituye por «infractor», y de la expresión
«actividad vulneradora» que se sustituye por «actividad ilícita», así
como al uso injustificado de mayúsculas, errores de puntuación o
expresiones gramaticalmente incorrectas.

Apartado veintiuno (antes veinte)

En la redacción del artículo 159.1 del texto refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual se introducen sendas correcciones
técnico-gramaticales en los apartados a) y b).

Apartado veintitrés (antes veintidós)

Se introducen en la redacción de los artículos 162 bis y
162 ter del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual diversas
correcciones gramaticales dirigidas a adecuar el uso de mayúsculas y
minúsculas a los criterios fijados en las Directrices de técnica
normativa, y una corrección técnica dirigida a precisar la tipificación
de los actos calificados como infracciones muy graves contenida en el
artículo 162.ter.2b).

Apartado veinticuatro (antes veintitrés)

Se introduce una corrección gramatical en el título del
apartado («disposición adicional») y diversas correcciones en los
párrafos 2, 4 y 5 que pretenden facilitar la comprensión del texto.

Apartado veintiséis (antes veinticinco)

Se introduce una corrección de técnica normativa en la
redacción del primer apartado de la disposición transitoria vigésima
primera del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
consistente en eliminar la referencia a «la presente Ley» tras la cita
del artículo 28.1, por tratarse de la mención de un artículo de la misma
ley que se modifica.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

En aplicación de los criterios de uso específico de las
mayúsculas en los textos legislativos contenidos en las Directrices de
técnica normativa, se corrige en el apartado 2 la referencia en mayúscula
a la «entrada en vigor de la Ley», que pasa a escribirse con minúscula ya
que hace referencia a la propia norma que es objeto de aprobación.

Asimismo, se corrige en el apartado 3, la mención de la
norma que se cita, para adecuarla a su denominación oficial.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA (ANTES CUARTA)

Además de la renumeración de la que es objeto, como
consecuencia de haber trasladado el contenido de la antigua disposición
adicional tercera a una disposición final (la cuarta), se introducen en
los dos primeros párrafos diversas correcciones técnico-gramaticales
dirigidas a facilitar la comprensión de la norma, a la utilización
correcta de mayúsculas y minúsculas y a la cita de las disposiciones por
su nombre oficial.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Se introducen diversas correcciones gramaticales en los
tres párrafos de la disposición transitoria primera, que afectan a la
utilización de mayúsculas y minúsculas, a la concordancia de sujeto y
verbo, y a la precisión lingüística necesaria en toda norma jurídica.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Como consecuencia de la aprobación de la enmienda número
173 del Grupo Parlamentario Popular, se modifica el párrafo segundo del
apartado 3 de la disposición transitoria segunda tanto para ampliar a
tres años el periodo de tiempo a que dicho párrafo se refiere como para
precisar las cuantías que deberán pagar los usuarios a las entidades de
gestión en determinados supuestos.

El resto de las modificaciones son fruto de correcciones
técnico-normativas y gramaticales, relativas a la correcta denominación
de las normas y al uso de mayúsculas y minúsculas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

En aplicación de los criterios contenidos en las
Directrices de técnica normativa, se corrige la utilización de la inicial
mayúscula en la palabra «ley» ya que hace referencia a la propia norma
que se modifica.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

En la disposición final primera, se corrigen las citas de
la Ley 10/2007, para adaptarla a su denominación oficial: «Ley 10/2007,
de 22 de junio, de la lectura, el libro y las bibliotecas».

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

En aplicación de las Directrices de técnica normativa, en
la disposición final segunda se elimina la expresión «de la presente
Ley», ya que la mención de las disposiciones afecta a preceptos de la
misma norma.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Se introducen en la disposición final tercera correcciones
gramaticales en aplicación de los criterios contenidos en las Directrices
de técnica normativa sobre el uso de mayúsculas y minúsculas.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA (ANTES DISPOSICIÓN ADICIONAL
TERCERA)

Se introduce como disposición final cuarta la que en el
texto remitido por el Congreso de los Diputados figuraba como disposición
adicional tercera («reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual»)
ya que,

en aplicación de las Directrices de técnica normativa
[número 42.e)], los mandatos al Gobierno dirigidos a la producción de
normas jurídicas (habilitaciones de desarrollo y de aplicación
reglamentarios, mandatos de presentación de proyectos normativos, etc.),
deben ser objeto de una disposición final.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA (ANTES CUARTA)

Como consecuencia de la aprobación de la enmienda número
174 del Grupo Parlamentario Popular, se introducen modificaciones en la
disposición final relativa a la entrada en vigor, que se producirá el día
1 de enero de 2015 con las excepciones que se mencionan, a las que se
añade en el apartado a) la mención del apartado 4 del artículo 32 del
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y se suprime la
mención al apartado 2 del citado artículo.

Se corrigen además, en todos los apartados, las mayúsculas
por minúsculas en la palabra «Ley» (cuando se refiere a «la presente
ley») y en la expresión «texto refundido». Por último, en el apartado d)
se precisa la norma a la que se refiere el artículo que se menciona, que
es el «154 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual».

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO
DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO
1/1996, DE 12 DE ABRIL, Y LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO
CIVIL

I

El desarrollo de las nuevas tecnologías digitales de la
información y de las redes informáticas descentralizadas han tenido un
impacto extraordinario sobre los derechos de propiedad intelectual, que
ha requerido un esfuerzo equivalente de la comunidad internacional y de
la Unión Europea para proporcionar instrumentos eficaces que permitan la
mejor protección de estos derechos legítimos, sin menoscabar el
desarrollo de Internet, basado en gran parte en la libertad de los
usuarios para aportar contenidos.

II

En primer lugar, la Directiva 2011/77/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, por la que se
modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del
derecho de autor y de determinados derechos afines, amplía determinados
plazos relativos a la explotación de los fonogramas y adopta diversas
medidas adicionales para garantizar que los artistas intérpretes o
ejecutantes se beneficien realmente de esta ampliación, reconociendo así
la importancia que la sociedad atribuye a su contribución creativa en ese
sector.

Por otra parte, la Directiva 2012/28/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos
autorizados de las obras huérfanas, tiene como objetivo principal
establecer un marco legislativo que garantice la seguridad jurídica en la
utilización de estas obras por parte de las instituciones culturales y
los organismos públicos de radiodifusión de la Unión Europea. Estas
instituciones, en cumplimiento de sus objetivos y en beneficio del
interés público, realizan una contribución esencial a la conservación y
difusión del patrimonio cultural europeo. La sociedad de la información
facilita, a través de la digitalización y la puesta a disposición del
público de sus colecciones o archivos, el acceso de los ciudadanos a las
obras que forman parte de los mismos, sin perjuicio de los derechos de
propiedad intelectual de sus titulares.

En ocasiones, los titulares de las obras protegidas por
derechos de propiedad intelectual no han podido ser identificados o, si
lo han sido, no han podido ser localizados tras una búsqueda diligente,
dando lugar a su determinación como obras huérfanas. La imposibilidad de
localizar a los titulares de derechos de propiedad intelectual de una
obra no debe impedir su acceso y disfrute por los ciudadanos, por lo que
es necesario permitir a las instituciones culturales su digitalización y
puesta a disposición, siempre que, aunque estos actos se lleven a cabo
mediante acuerdos con instituciones privadas

o se perciban ingresos por ello, éstos se limiten a cubrir
los costes derivados de dicha utilización. Ello ha de entenderse sin
perjuicio del derecho del legítimo titular a poner fin a la condición de
obra huérfana y percibir una compensación equitativa, teniendo en cuenta
no sólo el posible daño causado, sino también el interés público y la
promoción del acceso a la cultura que justifiquen la utilización de la
obra, así como su carácter no lucrativo.

III

El artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos
afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, permite
a los Estados miembros de la Unión Europea establecer, como límite al
derecho de reproducción (por el que sólo el titular del derecho de autor
o derecho afín puede autorizar o prohibir la reproducción de la obra), el
caso de las copias en cualquier soporte efectuadas por una persona física
para uso privado. No obstante, la Directiva obliga, a los Estados
miembros que implanten este límite, a establecer una vía para que los
titulares de esos derechos de reproducción reciban a cambio una
compensación equitativa.

España, como muchos Estados miembros de la Unión Europea,
ya había implantado el límite de copia privada, en concreto a través del
artículo 25 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad
Intelectual.

La disposición adicional décima del Real Decreto-ley
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit
público, no suprime ese límite a los derechos de propiedad
intelectual.

Puesto que a partir del 1 de enero de 2012 la compensación
por copia privada se viene abonando con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, resulta preciso y urgente realizar algunos ajustes
legales.

Sin embargo, para las obras o publicaciones, impresas o
susceptibles de serlo, se amplía, en el ámbito de las universidades y
centros de investigación, la excepción en defecto de autorización o de
actos referidos a contenidos sobre cuyos derechos el centro usuario sea a
su vez titular, siempre de acuerdo con el contenido del artículo 5.3.a) y
4 de la citada Directiva 2001/29/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de mayo de 2001, aunque dicho uso beneficiado de la
excepción, no deja de devengar la correspondiente y necesaria
remuneración.

Ciertamente, el actual artículo 32.2 en su redacción
vigente hasta ahora queda muy lejos del alcance máximo que la señalada
directiva permite dar a esta excepción o límite, aspecto éste que se
deduce tanto de su articulado como de los considerandos de la misma. Por
ello, ya el informe del Consejo de Estado previo a la aprobación de la
Ley 23/2006, de 7 de julio, recordaba al legislador español que el
alcance que se daba a ese límite o excepción en España quizá no resultase
suficiente para cubrir las necesidades cotidianas del entorno educativo,
quedando muy por debajo de lo que permite la Directiva 2001/29/CE.

IV

En este sentido, para reforzar las nuevas obligaciones de
las entidades de gestión, se estima oportuno modificar el artículo
regulador de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual
con objeto de ampliar sus competencias incluyendo entre éstas la función
de determinación de tarifas y reforzar su función de control para velar
por que las tarifas generales establecidas por éstas sean equitativas y
no discriminatorias.

V

El siguiente grupo de medidas tiene por objeto mejorar la
eficacia de los mecanismos legales para la protección de los derechos de
propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el
entorno digital, lo cual repercutirá sin duda en una mejora de la
visibilidad de la oferta legal de contenidos en dicho entorno y el
impulso de los nuevos modelos de negocio en Internet.

En primer lugar, resulta necesario adaptar la vía
jurisdiccional civil para que pueda mantener su papel de cauce ordinario
para la solución de conflictos de intereses contrapuestos, introduciendo
mejoras en la redacción de determinadas medidas de información previa
necesarias para la protección de los derechos de propiedad intelectual en
el entorno digital en línea.

Por otra parte, se incluyen expresamente en el ámbito de
aplicación de este precepto a los prestadores de servicios que vulneren
derechos de propiedad intelectual, en la forma referida en el párrafo
anterior, facilitando la descripción o la localización de obras y
prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización,
desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral, y que no se
limiten a actividades de mera intermediación técnica, pues dicha
actividad constituye una explotación conforme al concepto general de
derecho exclusivo de explotación establecido en la normativa de propiedad
intelectual. Lo anterior, sin embargo, no afecta a prestadores que
desarrollen actividades de mera intermediación técnica, como puede ser,
entre otras, una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos o
cuya actividad no consista en facilitar activa y no neutralmente la
localización de contenidos protegidos ofrecidos ilícitamente de manera
indiciaria o que meramente enlacen ocasionalmente a tales contenidos de
terceros.

Asimismo, se realizan mejoras técnicas orientadas a
permitir que el referido procedimiento de salvaguarda se beneficie de la
nueva legislación de racionalización del sector público y otras medidas
de reforma administrativa.

En la tramitación del anteproyecto de ley se ha llevado a
cabo un trámite de información pública en línea y se ha dado audiencia a
las Comunidades Autónomas. Además, se han solicitado informes a los
Ministerios de Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones
Públicas, Industria, Energía y Turismo y al de Justicia. También se han
solicitado los informes preceptivos del Consejo General del Poder
Judicial, del Consejo Fiscal, de la Agencia Española de Protección de
datos, de la Comisión Nacional de la Competencia y del Consejo de
Consumidores y Usuarios, así como el preceptivo dictamen del Consejo de
Estado.

Artículo primero. Modificación del texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual.

«4. Se entiende por préstamo la puesta a disposición de
originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado sin
beneficio económico o comercial directo ni indirecto, siempre que dicho
préstamo se lleve a cabo a

través de establecimientos accesibles al público.

Se entenderá que no existe beneficio económico o comercial
directo ni indirecto cuando el préstamo efectuado por un establecimiento
accesible al público dé lugar al pago de una cantidad que no exceda de lo
necesario para cubrir los gastos de funcionamiento. Esta cantidad no
podrá incluir total o parcialmente el importe del derecho de remuneración
que deba satisfacerse a los titulares de derechos de propiedad
intelectual conforme a lo dispuesto en el artículo 37.2.

Quedan excluidas del concepto de préstamo las operaciones
mencionadas en el párrafo segundo del apartado 3 y las que se efectúen
entre establecimientos accesibles al público.»

«Artículo 25. Compensación equitativa por copia
privada.

1. La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o
publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así
como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o
audiovisuales, realizada mediante aparatos o instrumentos técnicos no
tipográficos, exclusivamente para uso privado, no profesional ni
empresarial, sin fines directa ni indirectamente comerciales, de
conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 31, originará una
compensación equitativa y única para cada una de las tres modalidades de
reproducción mencionadas.

Dicha compensación, con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado, estará dirigida a compensar los derechos de propiedad
intelectual que se dejaran de percibir por razón del límite legal de
copia privada.

2. Serán beneficiarios de esta compensación los autores de
las obras señaladas en el apartado anterior, explotadas públicamente en
alguna de las formas mencionadas en dicho apartado, conjuntamente y, en
los casos y modalidades de reproducción en que corresponda, con los
editores, los productores de fonogramas y videogramas y los artistas
intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en dichos
fonogramas y videogramas. Este derecho será irrenunciable para los
autores y los artistas intérpretes o ejecutantes.

3. El procedimiento de determinación de la cuantía de esta
compensación, que será calculada sobre la base del criterio del perjuicio
causado a los

beneficiarios enumerados en el apartado 2 debido al
establecimiento del límite de copia privada en los términos previstos en
los apartados 2 y 3 del artículo 31, y contará con una consignación anual
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como el procedimiento
de pago de la compensación, que se realizará a través de las entidades de
gestión, se ajustarán a lo reglamentariamente establecido.

4. A los efectos de la determinación de la cuantía de la
compensación equitativa, no tendrán la consideración de reproducciones
para uso privado:

a) las realizadas mediante equipos, aparatos y soportes de
reproducción digital adquiridos por personas jurídicas, que no se hayan
puesto, de hecho ni de derecho, a disposición de usuarios privados y que
estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de
copias privadas;

b) las realizadas por quienes cuenten con la preceptiva
autorización para llevar a efecto la correspondiente reproducción de
obras y prestaciones protegidas en el ejercicio de su actividad, en los
términos de dicha autorización.

5. No darán origen a una obligación de compensación
aquellas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del
derecho de reproducción haya sido mínimo, que se determinarán
reglamentariamente. En todo caso, no dará origen a una obligación de
compensación por causar un perjuicio mínimo la reproducción individual y
temporal por una persona física para su uso privado de obras a las que se
haya accedido mediante actos legítimos de difusión de la imagen, del
sonido o de ambos, para permitir su visionado o audición en otro momento
temporal más oportuno.

6. En la determinación de la cuantía de la compensación
equitativa podrá tenerse en cuenta, en los términos que se establezca
reglamentariamente, la aplicación o no, por parte de los titulares del
derecho de reproducción, de las medidas tecnológicas eficaces que impidan
o limiten la realización de copias privadas o que limiten el número de
éstas.»

«En el caso de las composiciones musicales con letra, los
derechos de explotación durarán toda la vida del autor de la letra y del
autor de la composición musical y setenta años desde la muerte o
declaración de fallecimiento del último superviviente, siempre que sus
contribuciones fueran creadas específicamente para la respectiva
composición musical con letra.»

«2. Sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en
el artículo 25, no necesita autorización del autor la reproducción, en
cualquier soporte, sin asistencia de terceros, de obras ya divulgadas,
cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias,
constitutivas del límite legal de copia privada:

a) Que se lleve a cabo por una persona física
exclusivamente para su uso privado, no profesional ni empresarial, y sin
fines directa ni indirectamente comerciales.

b) Que la reproducción se realice a partir de obras a las
que haya accedido legalmente desde una fuente lícita. A estos efectos, se
entenderá que se ha accedido legalmente y desde una fuente lícita a la
obra divulgada únicamente en los siguientes supuestos:

1.º Cuando se realice la reproducción, directa o
indirectamente, a partir de un soporte que contenga una reproducción de
la obra, autorizada por su titular, comercializado y adquirido en
propiedad por compraventa mercantil.

2.º Cuando se realice una reproducción individual de obras
a las que se haya accedido a través de un acto legítimo de comunicación
pública, mediante la difusión de la imagen, del sonido o de ambos, y no
habiéndose obtenido dicha reproducción mediante fijación en
establecimiento o espacio público no autorizada.

c) Que la copia obtenida no sea objeto de una utilización
colectiva ni lucrativa, ni de distribución mediante precio.

3. Quedan excluidas de lo dispuesto en el anterior
apartado:

a) Las reproducciones de obras que se hayan puesto a
disposición del público conforme al artículo 20.2.i), de tal forma que
cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y momento que
elija, autorizándose, con arreglo a lo convenido por contrato, y, en su
caso, mediante pago de precio, la reproducción de la obra.

b) Las bases de datos electrónicas.

c) Los programas de ordenador, en aplicación de la letra a)
del artículo 99.»

«Artículo 32. Citas y reseñas e ilustración con fines
educativos o de investigación científica.»

«2. La puesta a disposición del público por parte de
prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de
fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones
periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una
finalidad informativa, de creación de opinión pública o de
entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del
editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una
compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará
efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de
propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del
público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera
fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de
actualización periódica estará sujeta a autorización.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la
puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios
que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en
los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a
autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a
disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se
realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer
resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas
por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del
público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.

3. El profesorado de la educación reglada impartida en
centros integrados en el sistema educativo español y el personal de
Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de
investigación científica, no necesitarán autorización del autor o editor
para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública
de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico
o fotográfico figurativo, cuando, no concurriendo una finalidad
comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración
de sus actividades educativas, tanto en la enseñanza presencial como en
la enseñanza

a distancia, o con fines de investigación científica, y en
la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida.

b) Que se trate de obras ya divulgadas.

c) Que las obras no tengan la condición de libro de texto,
manual universitario o publicación asimilada, salvo que se trate de:

1.º Actos de reproducción para la comunicación pública,
incluyendo el propio acto de comunicación pública, que no supongan la
puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra
o fragmento. En estos casos deberá incluirse expresamente una
localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a la obra
protegida.

2.º Actos de distribución de copias exclusivamente entre el
personal investigador colaborador de cada proyecto específico de
investigación y en la medida necesaria para este proyecto.

A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual
universitario o publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o
susceptible de serlo, editada con el fin de ser empleada como recurso o
material del profesorado o el alumnado de la educación reglada para
facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje.

d) Que se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo
en los casos en que resulte imposible.

A estos efectos, se entenderá por pequeño fragmento de una
obra, un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el
conjunto de la misma.

Los autores y editores no tendrán derecho a remuneración
alguna por la realización de estos actos.

4. Tampoco necesitarán la autorización del autor o editor
los actos de reproducción parcial, de distribución y de comunicación
pública de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo,
cuando concurran simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la
ilustración con fines educativos y de investigación científica.

c) Que los actos se realicen en las universidades o centros
públicos de investigación, por su personal y con sus medios e
instrumentos propios.

d) Que concurra, al menos, una de las siguientes
condiciones:

1.º Que la distribución de las copias parciales se efectúe
exclusivamente entre los alumnos y personal docente o investigador del
mismo centro en el que se efectúa la reproducción.

2.º Que sólo los alumnos y el personal docente o
investigador del centro en el que se efectúe la reproducción parcial de
la obra puedan tener acceso a la misma a través de los actos de
comunicación pública autorizados en el presente apartado, llevándose a
cabo la puesta a disposición a través de las redes internas y cerradas a
las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o en el marco de un
programa de educación a distancia ofertado por dicho centro docente.

En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre
el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro universitario
u organismo de investigación, y salvo que dicho centro u organismo sea
titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre
las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente de forma
parcial según el apartado b), los autores y editores de éstas tendrán un
derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración
equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de
gestión.

5. No se entenderán comprendidas en los apartados 3 y 4 las
partituras musicales, las obras de un solo uso ni las compilaciones o
agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas de carácter
plástico o fotográfico figurativo.»

«Artículo 37 bis. Obras huérfanas.

1. Se considerará obra huérfana a la obra cuyos titulares
de derechos no están identificados o, de estarlo, no están localizados a
pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los
mismos.

3. Toda utilización de una obra huérfana requerirá la
mención de los nombres de los autores y titulares de derechos de
propiedad intelectual identificados, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 14.2.º

4. Los centros educativos, museos, bibliotecas y
hemerotecas accesibles al público, así como los organismos públicos de
radiodifusión, archivos, fonotecas y filmotecas podrán reproducir, a
efectos de digitalización, puesta a disposición del público, indexación,
catalogación, conservación o restauración, y poner a disposición del
público, en la forma establecida en el artículo 20.2.i), las siguientes
obras huérfanas, siempre que tales actos se lleven a cabo sin ánimo de
lucro y con el fin de alcanzar objetivos relacionados con su misión de
interés público, en particular la conservación y restauración de las
obras que figuren en su colección y la facilitación del acceso a la misma
con fines culturales y educativos:

a) Obras cinematográficas o audiovisuales, fonogramas y
obras publicadas en forma de libros, periódicos, revistas u otro material
impreso que figuren en las colecciones de centros educativos, museos,
bibliotecas y hemerotecas accesibles al público, así como de archivos,
fonotecas y filmotecas.

b) Obras cinematográficas o audiovisuales y fonogramas
producidos por organismos públicos de radiodifusión hasta el 31 de
diciembre de 2002 inclusive, y que figuren en sus archivos.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a las
obras y prestaciones protegidas que estén insertadas o incorporadas en
las obras citadas en el presente apartado o formen parte integral de
éstas.

5. Las obras huérfanas se podrán utilizar siempre que hayan
sido publicadas por primera vez o, a falta de publicación, hayan sido
radiodifundidas por primera vez en un Estado miembro de la Unión Europea.
Dicha utilización podrá llevarse a cabo previa búsqueda diligente, en
dicho Estado, de los titulares de los derechos de propiedad intelectual
de la obra huérfana. En el caso de las obras cinematográficas o
audiovisuales cuyo productor tenga

su sede o residencia habitual en un Estado miembro de la
Unión Europea, la búsqueda de los titulares deberá realizarse en dicho
Estado.

Asimismo, las entidades citadas en el apartado anterior que
hubieran puesto a disposición del público, con el consentimiento de sus
titulares de derechos, obras huérfanas no publicadas ni radiodifundidas,
podrán utilizarlas, cuando sea razonable presumir que sus titulares no se
opondrían a los usos previstos en este artículo. En este caso, la
búsqueda a que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse en
España.

La búsqueda diligente se realizará de buena fe, mediante la
consulta de, al menos, las fuentes de información que reglamentariamente
se determinen, sin perjuicio de la obligación de consultar fuentes
adicionales disponibles en otros países donde haya indicios de la
existencia de información pertinente sobre los titulares de derechos.

6. Las entidades citadas en el apartado 4 registrarán el
proceso de búsqueda de los titulares de derechos y remitirán la siguiente
información al órgano competente a que se refiere el apartado
siguiente:

a) Los resultados de las búsquedas diligentes que hayan
efectuado y que hayan llevado a la conclusión de que una obra o un
fonograma debe considerarse obra huérfana.

c) Cualquier cambio, de conformidad con el apartado
siguiente, en la condición de obra huérfana de las obras y los fonogramas
que utilicen.

d) La información de contacto pertinente de la entidad en
cuestión.

7. En cualquier momento, los titulares de derechos de
propiedad intelectual de una obra podrán solicitar al órgano competente
que reglamentariamente se determine el fin de su condición de obra
huérfana en lo que se refiere a sus derechos y percibir una compensación
equitativa por la utilización llevada a cabo conforme a lo dispuesto en
este artículo.»

«Artículo 110 bis. Disposiciones relativas a la cesión de
derechos al productor de fonogramas.

1. Si, una vez transcurridos cincuenta años desde la
publicación lícita del fonograma o, en caso de no haberse producido esta
última, cincuenta años desde su comunicación lícita al público, no se

pone a la venta un número suficiente de copias que
satisfaga razonablemente las necesidades estimadas del público de acuerdo
con la naturaleza y finalidad del fonograma, o no se pone a disposición
del público, en la forma establecida en el artículo 20.2.i), el artista
intérprete o ejecutante podrá poner fin al contrato en virtud del cual
cede sus derechos con respecto a la grabación de su interpretación o
ejecución al productor de fonogramas.

El derecho a resolver el contrato de cesión podrá ejercerse
si, en el plazo de un año desde la notificación fehaciente del artista
intérprete o ejecutante de su intención de resolver el contrato de cesión
conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el productor no lleva a
cabo ambos actos de explotación mencionados en dicho párrafo. Esta
posibilidad de resolución no podrá ser objeto de renuncia por parte del
artista intérprete o ejecutante.

Cuando un fonograma contenga la grabación de las
interpretaciones o ejecuciones de varios artistas intérpretes o
ejecutantes, éstos sólo podrán resolver el contrato de cesión de
conformidad con el artículo 111. Si se pone fin al contrato de cesión de
conformidad con lo especificado en el presente apartado, expirarán los
derechos del productor del fonograma sobre éste.

2. Cuando un contrato de cesión otorgue al artista
intérprete o ejecutante el derecho a una remuneración única, tendrá
derecho a percibir una remuneración anual adicional por cada año completo
una vez transcurridos cincuenta años desde la publicación lícita del
fonograma o, en caso de no haberse producido esta última, cincuenta años
desde su comunicación lícita al público. El derecho a obtener esa
remuneración anual adicional, cuyo deudor será el productor del fonograma
o, en su caso, su cesionario en exclusiva, no podrá ser objeto de
renuncia por parte del artista intérprete o ejecutante, y se hará
efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de
propiedad intelectual de los artistas intérpretes o ejecutantes.

El importe total de los fondos que el deudor deba destinar
al pago de la remuneración adicional anual mencionada en el párrafo
anterior será igual al 20 por ciento de los ingresos brutos que haya
obtenido, en el año precedente a aquél en el que se abone la
remuneración, por la reproducción, distribución y puesta a disposición
del público, en la forma establecida en el artículo 20.2.i), de los
fonogramas en cuestión, una vez transcurridos cincuenta años desde la
publicación lícita del fonograma o, en caso de no haberse producido esta
última, cincuenta años desde su comunicación lícita al público.

Quedan excluidas del cálculo de los ingresos a que se
refiere el párrafo anterior las cantidades percibidas por el deudor en
concepto de compensación equitativa por copia privada y alquiler de
fonogramas.

Los deudores de la remuneración anual adicional a que se
refiere este apartado estarán obligados a facilitar anualmente, previa
solicitud, a la entidad de gestión correspondiente, toda la información
que pueda resultar necesaria a fin de asegurar el pago de dicha
remuneración.

3. Cuando un artista intérprete o ejecutante tenga derecho
a pagos periódicos, no se deducirán de los importes abonados al artista
intérprete o ejecutante ningún pago anticipado ni deducciones
establecidas contractualmente al cumplirse cincuenta años desde la
publicación lícita del fonograma o, en caso de no haberse producido esta
última, cincuenta años desde su comunicación lícita al público.»

«No obstante, si, dentro de dicho período, se publica o se
comunica lícitamente al público, por un medio distinto al fonograma, una
grabación de la interpretación o ejecución, los mencionados derechos
expirarán a los cincuenta años computados desde el día 1 de enero del año
siguiente a la fecha de la primera publicación o la primera comunicación
pública, si ésta es anterior. Si la publicación o comunicación pública de
la grabación de la interpretación o ejecución se produjera en un
fonograma, los mencionados derechos expirarán a los setenta años
computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de la
primera publicación o la primera comunicación pública, si ésta es
anterior.»

«Los derechos de los productores de fonogramas expirarán
cincuenta años después de que se haya hecho la grabación. No obstante, si
el fonograma se publica lícitamente durante dicho período, los derechos
expirarán setenta años después de la fecha de la primera publicación
lícita. Si durante el citado período no se efectúa publicación lícita
alguna pero el fonograma se comunica lícitamente al público, los derechos
expirarán setenta años después de la fecha de la primera comunicación
lícita al público.»

«Artículo 138. Acciones y medidas cautelares urgentes.

Asimismo, podrá solicitar con carácter previo la adopción
de las medidas cautelares de protección urgente reguladas en el artículo
141.

«5. Los derechos de los socios y, en particular, el régimen
de voto, que podrá establecerse teniendo en cuenta criterios de
ponderación que

limiten razonablemente el voto plural, garantizando, en
todo caso, una representación suficiente y equilibrada del conjunto de
los asociados. Dichos criterios de ponderación podrán basarse únicamente
en la duración de la condición de socio en la entidad de gestión, en las
cantidades recibidas en virtud de dicha condición o en ambos. En materia
relativa a sanciones de exclusión de socios, el régimen de voto será
igualitario.»

«13. Las disposiciones adecuadas para asegurar una gestión
libre de influencias de los usuarios de su repertorio y para evitar una
injusta utilización preferencial de sus obras y prestaciones
protegidas.»

«14. El procedimiento de tratamiento y resolución de las
reclamaciones y quejas planteadas por los miembros en lo relativo
particularmente a las condiciones de adquisición y pérdida de la
condición de socio, a los aspectos relativos al contrato de gestión y a
la recaudación y reparto de derechos.»

«Artículo 154. Reparto, pago y prescripción de
derechos.

1. El reparto de los derechos recaudados se efectuará
equitativamente entre los titulares de las obras o prestaciones
utilizadas, con arreglo a un sistema predeterminado en los estatutos y
que excluya la arbitrariedad. El reparto y el pago de derechos se
efectuarán diligentemente.

2. La participación de los titulares en el reparto de los
derechos recaudados por la entidad de gestión será proporcional a la
utilización de sus obras o prestaciones. Las entidades de gestión
establecerán los métodos y medios adecuados para obtener información
pormenorizada sobre el grado de utilización de las obras y prestaciones
por

parte de los usuarios en su actividad, quedando obligados
éstos a facilitar dicha información en un formato acordado con las
entidades de gestión. En los supuestos en los que la obtención de la
información se realice por vía electrónica se deberán observar las normas
o prácticas sectoriales voluntarias desarrolladas a nivel internacional o
de la Unión Europea para el intercambio electrónico de ese tipo de
datos.

3. La acción para reclamar a las entidades de gestión el
pago de cantidades asignadas en el reparto a un titular, prescribe a los
cinco años contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la puesta
a disposición del titular de las cantidades que le correspondan.

4. La acción para reclamar a las entidades de gestión el
pago de cantidades recaudadas que estén pendientes de asignación cuando,
tras el procedimiento de reparto, no hayan sido identificados el titular
o la obra o prestación protegida prescribe a los cinco años contados
desde el 1 de enero del año siguiente al de su recaudación.

En el procedimiento de reparto, las entidades de gestión
adoptarán las medidas necesarias para identificar y localizar a los
titulares de derechos. En particular, estas medidas incluirán:

a) La verificación de datos de registro actualizado de los
miembros de la entidad, así como de registros normalizados de obras y
prestaciones protegidas, y de otros registros fácilmente disponibles.

b) La puesta a disposición de los miembros, de otras
entidades de gestión y del público de un listado de obras y prestaciones
cuyos titulares de derechos no hayan sido identificados o localizados,
conjuntamente con cualquier otra información pertinente disponible que
pueda contribuir a identificar o localizar al titular del derecho, en los
términos del apartado 4.º del artículo 157.1.d).

5. Las cantidades recaudadas y no reclamadas por su titular
en el plazo previsto en los apartados 3 y 4 de este artículo serán
destinadas por las entidades de gestión a las siguientes finalidades:

a) A la realización de actividades asistenciales a favor de
los miembros de la entidad y/o actividades de formación y promoción de
autores y artistas intérpretes y ejecutantes.

b) A la promoción de la oferta digital legal de las obras y
prestaciones protegidas cuyos derechos gestionan, en los términos
previstos en el artículo 155.1.c) 1.º y 3.º.

c) A acrecer el reparto a favor del resto de obras
gestionadas por la entidad de gestión, debidamente identificadas.

d) A la financiación de una ventanilla única de facturación
y pago.

En el caso de que las entidades de gestión presenten
excedentes negativos en sus cuentas anuales o no acrediten estar al
corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, o ambos,
deberán destinar las cantidades señaladas en el primer párrafo del
presente apartado, y hasta el importe que resulte necesario, a compensar
los excedentes negativos que presenten sus cuentas anuales o a cumplir
con las obligaciones anteriormente citadas, o ambos.

6. Transcurridos tres años desde el 1 de enero del año
siguiente al de la puesta a disposición del titular de las cantidades que
le correspondan o de la recaudación, las entidades de gestión podrán
disponer, anualmente de forma anticipada de hasta la mitad de las
cantidades pendientes de prescripción, para los mismos fines previstos en
el apartado anterior, sin perjuicio de las reclamaciones de los titulares
sobre dichas cantidades no prescritas. A estos efectos, las entidades de
gestión constituirán un depósito de garantía con el 10 por ciento de las
cantidades dispuestas.

8. Las entidades de gestión sólo podrán conceder anticipos
a los miembros de la entidad, a cuenta de los futuros repartos de
derechos recaudados, cuando su concesión se base en normas no
discriminatorias y no comprometan el resultado final de los repartos de
derechos.

«Artículo 155. Función social y desarrollo de la oferta
digital legal.

1. Las entidades de gestión, directamente o por medio de
otras entidades, fomentarán:

a) La promoción de actividades o servicios de carácter
asistencial en beneficio de sus miembros,

b) la realización de actividades de formación y promoción
de autores y artistas, intérpretes y ejecutantes, y

c) la oferta digital legal de las obras y prestaciones
protegidas cuyos derechos gestionan, dentro de lo cual se entenderán
comprendidas:

1.º Las campañas de formación, educación o sensibilización
sobre oferta y consumo legal de contenidos protegidos, así como campañas
de lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad
intelectual.

2.º La promoción directa de las obras y prestaciones
protegidas cuyos derechos gestiona a través de plataformas tecnológicas
propias o compartidas con terceros.

3.º Las actividades para fomentar la integración de autores
y artistas con discapacidad en su respectivo ámbito creativo o artístico,
o ambos, así como a la promoción de la oferta digital de sus obras,
creaciones y prestaciones, y el acceso de las personas discapacitadas a
las mismas en el ámbito digital.

3. A requerimiento de la Administración competente, las
entidades de gestión deberán acreditar el carácter asistencial,
formativo, promocional y de oferta digital legal, de las actividades y
servicios referidos en este artículo.

4. A fin de llevar a cabo las actividades del apartado 1,
las entidades de gestión podrán constituir personas jurídicas sin ánimo
de lucro según lo establecido en la legislación vigente, previa
comunicación a la Administración competente. En caso de disolución de la
persona jurídica así constituida, la entidad de gestión deberá comunicar
dicha disolución y los términos de la misma al órgano al que en su
momento comunicó su constitución.

«Artículo 156. Contabilidad y auditoría.

1. Las entidades de gestión de derechos de propiedad
intelectual deberán presentar cuentas anuales elaboradas de conformidad
con el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y las
formularán exclusivamente según los modelos normales previstos en él.

Las entidades de gestión que participen en sociedades
mercantiles y se encuentren en cualquiera de los supuestos previstos para
la sociedad dominante en los artículos 42 y 43 del Código de Comercio,
deberán formular cuentas anuales consolidadas en los términos previstos
en dicho Código y en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por
el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto
1515/2007, de 16 de noviembre.

2. La memoria de las cuentas anuales de la entidad de
gestión, además de completar, ampliar y comentar la información contenida
en el resto de documentos que forman parte integrante de las

cuentas anuales, incluirá información sobre las actividades
desarrolladas para el cumplimiento de su objeto y fines y, como mínimo,
los siguientes datos:

a) Los importes totales de la facturación y de la
recaudación efectivamente percibida correspondientes al ejercicio,
desglosados por cada uno de los derechos y las modalidades de explotación
administrados.

b) El importe total repartido, desglosado por cada uno de
los derechos y las modalidades de explotación administrados, con detalle
en todos los casos de los siguientes extremos:

1.º Las cantidades tanto asignadas como percibidas por los
miembros de la entidad y por las entidades de gestión nacionales y
extranjeras.

2.º Las cantidades pendientes de asignación en el
reparto.

3.º Las cantidades asignadas a titulares que no sean
miembros de la entidad en los casos de gestión colectiva obligatoria y
las efectivamente percibidas por éstos.

c) Los descuentos aplicados a cada uno de los derechos y
modalidades de explotación administrados.

d) Un informe sobre la evolución y la situación de la
entidad, los acontecimientos importantes para la misma ocurridos después
del cierre del ejercicio, la evolución previsible de la entidad y las
actividades de investigación y desarrollo realizadas en materias tales
como sistemas de gestión de derechos.

f) Las modificaciones de los estatutos, normas de régimen
interno y funcionamiento y del contrato de gestión, aprobadas durante el
ejercicio.

g) Los contratos suscritos con asociaciones de usuarios y
los contratos de representación celebrados con organizaciones nacionales
y extranjeras, de gestión colectiva de derechos y prestaciones
protegidas.

h) La evolución del número de miembros de la entidad, por
cada una de las categorías previstas en los estatutos.

i) Las cantidades recaudadas acumuladas que estén
pendientes de asignación o de reparto efectivo y las fechas de
prescripción para su reclamación.

4. El máximo órgano ejecutivo de la entidad de gestión
formulará las cuentas anuales dentro de los tres primeros meses
siguientes al cierre de cada ejercicio.

«1. Las entidades de gestión están obligadas:

a) A negociar y contratar, bajo remuneración, en
condiciones equitativas y no discriminatorias con quien lo solicite,
salvo motivo justificado, la concesión de autorizaciones no exclusivas de
los derechos gestionados, actuando bajo los principios de buena fe y
transparencia.

b) A establecer tarifas generales, simples y claras que
determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio,
que deberán prever reducciones para las entidades culturales que carezcan
de finalidad lucrativa. El importe de las tarifas se establecerá en
condiciones razonables, atendiendo al valor económico de la utilización
de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del
usuario, y buscando el justo equilibrio entre ambas partes, para lo cual
se tendrán en cuenta al menos los siguientes criterios:

1.º El grado de uso efectivo del repertorio en el conjunto
de la actividad del usuario.

2.º La intensidad y relevancia del uso del repertorio en el
conjunto de la actividad del usuario.

3.º La amplitud del repertorio de la entidad de gestión. A
estos efectos, se entenderá por repertorio las obras y prestaciones cuyos
derechos gestionan una entidad de gestión colectiva.

4.º Los ingresos económicos obtenidos por el usuario por la
explotación comercial del repertorio.

5.º El valor económico del servicio prestado por la entidad
de gestión para hacer efectiva la aplicación de tarifas.

6.º Las tarifas establecidas por la entidad de gestión con
otros usuarios para la misma modalidad de utilización.

7.º Las tarifas establecidas por entidades de gestión
homólogas en otros Estados miembros de la Unión Europea para la misma
modalidad de uso, siempre que existan bases homogéneas de
comparación.

c) A negociar y celebrar contratos generales con
asociaciones de usuarios de su repertorio, siempre que aquéllas lo
soliciten y sean representativas del sector correspondiente.

d) A difundir en su sitio Web de forma fácilmente
accesible:

4.º Los sistemas, normas y procedimientos de reparto, el
importe o porcentaje de los descuentos que sean aplicados a cada derecho
y modalidad de explotación administrados, y las obras y prestaciones
protegidas que administran cuyos titulares están parcial o totalmente no
identificados o localizados.

e) A participar en la creación, gestión, financiación y
mantenimiento de una ventanilla única de facturación y pago, accesible a
través de Internet, en los plazos y condiciones determinados en la
normativa en vigor, y en la cual los usuarios del repertorio de las
entidades de gestión puedan conocer de forma actualizada el coste
individual y total a satisfacer al conjunto de dichas entidades, como
resultado de la aplicación de las tarifas generales a su actividad, y
realizar el pago correspondiente.

f) A informar a los usuarios del repertorio que representen
sobre las condiciones comerciales otorgadas a otros usuarios que lleven a
cabo actividades económicas similares.

g) A informar a sus miembros, previa solicitud por escrito
respecto de los siguientes extremos:

1.º Las personas que forman parte de la alta dirección y de
los órganos de representación, así como de las comisiones y grupos de
trabajo en las que aquéllas participen.

2.º Las retribuciones y demás percepciones que se atribuyan
a las personas indicadas en el párrafo anterior por su condición de
miembros de los órganos de representación y de alta dirección e
integrantes de las comisiones y grupos de trabajo. Estas informaciones se
podrán dar de forma global

por concepto retributivo, recogiendo separadamente los
correspondientes al personal de alta dirección del resto de miembros o
integrantes de los órganos y comisiones anteriormente señalados que no
tengan dicha condición.

3.º Las condiciones de los contratos suscritos por la
entidad con usuarios de su repertorio, con sus asociaciones y con otras
entidades de gestión, cuando acrediten tener interés legítimo y
directo.

h) A practicar respecto de sus miembros la rendición de
liquidaciones y de los pagos que les haya realizado la entidad por la
utilización de sus obras y prestaciones. Dichas liquidaciones deberán
contener al menos los siguientes datos: derecho y modalidad a la que se
refiere, periodo de devengo, el origen o procedencia de la recaudación y
sus deducciones aplicadas.

i) A cumplir con las obligaciones previstas en el apartado
1 de la letra g) y la letra h) del presente apartado respecto a los
titulares de derechos no miembros de la entidad de gestión que administre
la misma categoría de derechos que pertenezca al titular en lo relativo a
los derechos de gestión colectiva obligatoria.

k) A elaborar un presupuesto anual de recaudación y reparto
de derechos gestionados y de ingresos y gastos de la entidad, que se
aprobará con carácter previo al inicio del ejercicio al que vaya
referido. La correspondiente propuesta se pondrá a disposición de los
miembros de la entidad en su domicilio social y en el de sus delegaciones
territoriales con una antelación mínima de quince días al de la
celebración de la sesión del órgano que tenga atribuida la competencia
para su aprobación.»

«Artículo 157 bis. Facultades de supervisión.

«Artículo 158. Comisión de Propiedad Intelectual:
composición y funciones.

2. La Comisión actuará por medio de dos Secciones:

Reglamentariamente se determinará el funcionamiento de la
Sección Segunda y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que
tiene atribuidas.»

«Artículo 158 bis. Funciones de mediación, arbitraje,
determinación de tarifas y control.

1. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual ejercerá su función de mediación en los siguientes
términos:

a) Colaborando en las negociaciones, previo sometimiento
voluntario de las partes por falta de acuerdo, respecto de aquellas
materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos
de propiedad intelectual y para la autorización de la distribución por
cable de una emisión de radiodifusión entre los titulares de los derechos
de propiedad intelectual y las empresas de distribución por cable.

b) Presentando, en su caso, propuestas a las partes.

Se considerará que todas las partes aceptan la propuesta a
que se refiere el párrafo anterior, si ninguna de ellas expresa su
oposición en un plazo de tres meses. En este supuesto, la resolución de
la Comisión surtirá los efectos previstos en la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje, y será revisable ante el orden jurisdiccional
civil. La propuesta y cualquier oposición a la misma se notificarán a las
partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual actuará en su función de arbitraje:

a) Dando solución, previo sometimiento voluntario de las
partes, a los conflictos sobre materias directamente relacionadas con la
gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual.

b) Fijando, a solicitud de la propia entidad de gestión
afectada, de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión
o de un usuario afectado especialmente significativo, a juicio de la
Comisión, y previa aceptación de la otra parte, cantidades sustitutorias
de las tarifas generales, a los efectos señalados en el apartado 2 del
artículo 157, para lo que deberá tener en cuenta al menos los criterios
mínimos de determinación de éstas, previstos en el artículo 157.1.b).

Lo determinado en este apartado se entenderá sin perjuicio
de las acciones que puedan ejercitarse ante la jurisdicción competente.
No obstante, el planteamiento de la controversia sometida a decisión
arbitral ante la Sección impedirá a los Jueces y Tribunales conocer de la
misma, hasta que haya sido dictada la resolución y siempre que la parte
interesada lo invoque mediante excepción.

3. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual ejercerá su función de determinación de las tarifas para la
explotación de los derechos de gestión colectiva obligatoria, y para los
derechos de gestión colectiva voluntaria que, respecto de la misma
categoría de titulares, concurran con un derecho de remuneración sobre la
misma obra o prestación.

La Sección establecerá el importe de la remuneración
exigida por la utilización de obras y demás prestaciones del repertorio
de las entidades de gestión, la forma de pago y demás condiciones
necesarias para hacer efectivos los derechos indicados en el párrafo
anterior, a solicitud de la propia entidad de gestión afectada, de una
asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión o de un usuario
especialmente significativo, a juicio de la Sección, cuando no haya
acuerdo entre ambas, en el plazo de seis meses desde el inicio formal de
la negociación. En el ejercicio de esta función, la Sección Primera podrá
solicitar informe previo de aquellos organismos públicos que ejerzan sus
funciones en relación con los mercados o sectores económicos a los que
afecten las tarifas a determinar así como de las asociaciones o
representantes de los usuarios correspondientes.

En la determinación de estas tarifas, la Sección Primera
observará, al menos, los criterios establecidos en la letra b) del
artículo 157.1. Asimismo, dichas decisiones se publicarán en el Boletín
Oficial del Estado, serán aplicables a partir del día siguiente al de la
publicación, con alcance general para todos los titulares y obligados,
respecto de la misma modalidad de explotación de obras y prestaciones e
idéntico sector de usuarios, y podrán ser recurridas ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Asimismo, la Sección Primera podrá dictar resoluciones
actualizando o desarrollando la metodología para la determinación de las
tarifas generales referida en el artículo 157.1.b), previo informe de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

4. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual ejercerá su función de control velando por que las tarifas
generales establecidas por las entidades de gestión en cumplimiento de

sus obligaciones, sean equitativas y no discriminatorias,
para lo que deberá valorar, entre otros aspectos, la aplicación de los
criterios mínimos previstos en el artículo 157.1.b) en su determinación.
En caso de apreciarse un incumplimiento de estas obligaciones, se
comunicará esta circunstancia a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, a los efectos oportunos.

5. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para
el ejercicio de las funciones que la Sección Primera desarrollará de
conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores.»

«Artículo 158 ter. Función de salvaguarda de los derechos
en el entorno digital.

1. La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad
Intelectual ejercerá las funciones de salvaguarda de los derechos de
propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de
servicios de la sociedad de información a través de un procedimiento cuyo
objeto será el restablecimiento de la legalidad.

2. El procedimiento de restablecimiento de la legalidad se
dirigirá contra:

A) Los prestadores de servicios de la sociedad de la
información que vulneren derechos de propiedad intelectual, atendiendo la
Sección Segunda para acordar o no el inicio del procedimiento a su nivel
de audiencia en España, y al número de obras y prestaciones protegidas
indiciariamente no autorizadas a las que es posible acceder a través del
servicio o a su modelo de negocio.

B) Los prestadores de servicios de la sociedad de la
información que vulneren derechos de propiedad intelectual de la forma
referida en el párrafo anterior, facilitando la descripción o la
localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin
autorización, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral, y
que no se limiten a actividades de mera intermediación técnica. En
particular, se incluirá a quienes ofrezcan listados ordenados y
clasificados de enlaces a las obras y prestaciones referidas
anteriormente, con independencia de que dichos enlaces puedan ser
proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio.

Las entidades de gestión estarán legitimadas para instar
este procedimiento en los términos de lo dispuesto en el artículo
150.

Este procedimiento, que se desarrollará reglamentariamente,
estará basado en los principios de celeridad y proporcionalidad y en el
mismo serán de aplicación los derechos de defensa previstos en el
artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

La falta de resolución en el plazo reglamentariamente
establecido producirá la caducidad del procedimiento.

Las resoluciones dictadas por la Sección Segunda en este
procedimiento ponen fin a la vía administrativa.

4. La Sección Segunda podrá adoptar las medidas para que se
interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información
que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los
contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador
haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial. Dichas

medidas podrán comprender medidas técnicas y deberes de
diligencia específicos exigibles al prestador infractor que tengan por
objeto asegurar la cesación de la vulneración y evitar la reanudación de
la misma.

La Sección Segunda podrá extender las medidas de retirada o
interrupción a otras obras o prestaciones protegidas suficientemente
identificadas cuyos derechos representen las personas que participen como
interesadas en el procedimiento, que correspondan a un mismo titular de
derechos o que formen parte de un mismo tipo de obras o prestaciones,
siempre que concurran hechos o circunstancias que revelen que las citadas
obras o prestaciones son igualmente ofrecidas ilícitamente.

La interrupción de la prestación del servicio o la retirada
voluntaria de las obras y prestaciones no autorizadas tendrán valor de
reconocimiento implícito de la referida vulneración de derechos de
propiedad intelectual y pondrá fin al procedimiento.

5. En caso de falta de retirada voluntaria y a efectos de
garantizar la efectividad de la resolución dictada, la Sección Segunda
podrá requerir la colaboración necesaria de los prestadores de servicios
de intermediación, de los servicios de pagos electrónicos y de
publicidad, requiriéndoles para que suspendan el correspondiente servicio
que faciliten al prestador infractor.

En la adopción de las medidas de colaboración la Sección
Segunda valorará la posible efectividad de aquellas dirigidas a bloquear
la financiación del prestador de servicios de la sociedad de la
información declarado infractor.

La falta de colaboración por los prestadores de servicios
de intermediación, los servicios de pagos electrónicos o de publicidad se
considerará como infracción de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico.

Cuando así lo justifique la gravedad y repercusión social
de la conducta infractora, la comisión de la infracción podrá llevar
aparejada las siguientes consecuencias:

a) La publicación de la resolución sancionadora, a costa
del sancionado, en el «Boletín Oficial del Estado», en dos periódicos
nacionales o en la página de inicio del sitio de Internet del prestador,
una vez que aquélla tenga carácter firme, atendiendo a la repercusión
social de la infracción cometida y la gravedad del ilícito.

Cuando las infracciones hubieran sido cometidas por
prestadores de servicios establecidos en Estados que no sean miembros de
la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo pero cuyos servicios se
dirijan específicamente al territorio español, el órgano que hubiera
impuesto la correspondiente sanción podrá ordenar a los prestadores de
servicios de intermediación que tomen las medidas necesarias para impedir
el acceso desde España a los servicios ofrecidos por aquéllos por un
período máximo de un año.

El ejercicio de la potestad sancionadora se regirá por el
procedimiento establecido en el

Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo.

La imposición de las sanciones corresponderá al Secretario
de Estado de Cultura, órgano competente a efectos de lo dispuesto en los
artículos 35, 36 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio.

El instructor del procedimiento sancionador podrá
incorporar al expediente las actuaciones que formasen parte de los
procedimientos relacionados tramitados por la Sección Segunda en
ejercicio de sus funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad
intelectual establecidas en el apartado anterior.

7. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio
de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas que, en su
caso, sean procedentes.

8. Podrán desarrollarse códigos de conducta voluntarios en
lo referido a las medidas de colaboración de los servicios de
intermediación, los servicios de pagos electrónicos o de publicidad
previstas en este artículo.

9. El tratamiento llevado a cabo por la Sección Segunda de
los datos relacionados con los detalles e informaciones derivados de las
actuaciones realizadas en el ámbito de sus funciones, se efectuará de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y, en particular,
en su artículo 7.5 si estuvieran referidos a la comisión de infracciones
penales o administrativas.»

«Artículo 159. Competencias de las Administraciones
Públicas.

1. Corresponderán, en todo caso, al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, las siguientes funciones:

2. Las funciones de inspección, vigilancia y control de las
entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, incluido el
ejercicio de la potestad sancionadora, corresponderán a la Comunidad
Autónoma en cuyo territorio desarrolle principalmente su actividad
ordinaria.

Se considerará que una entidad de gestión de derechos de
propiedad intelectual actúa principalmente en una Comunidad Autónoma
cuando su domicilio social y el domicilio fiscal de al menos el 50 por
ciento de sus socios se encuentren en el territorio de dicha Comunidad
Autónoma, y el principal ámbito de recaudación de la remuneración de los
derechos confiados a su gestión se circunscriba a dicho territorio. Se
entenderá por principal ámbito de recaudación aquel de donde proceda más
del 60 por ciento de ésta, siendo revisable bienalmente el cumplimiento
de esta condición.

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura
y Deporte, establecerá reglamentariamente los mecanismos y obligaciones
de información necesarios para garantizar el ejercicio coordinado y
eficaz de estas funciones.

3. Corresponderán al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte las funciones de inspección, vigilancia y control, incluido el
ejercicio de la potestad sancionadora, sobre las entidades de gestión de
derechos de propiedad intelectual, cuando de acuerdo con lo previsto en
el apartado anterior no corresponda el ejercicio de estas funciones a una
Comunidad Autónoma.»

«c) Límite relativo a la cita e ilustración con fines
educativos o de investigación científica en los términos previstos en el
artículo 32.2, 3 y 4.»

«Título VI. Régimen sancionador de las entidades de
gestión

Artículo 162 bis. Responsabilidad administrativa, órganos
competentes sancionadores y procedimiento sancionador.

3. El ejercicio de la potestad sancionadora se regirá por
el procedimiento establecido en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo.

Artículo 162 ter. Clasificación de las infracciones.

2. Constituyen infracciones muy graves los siguientes
actos:

a) La ineficacia manifiesta y notoria en la administración
de los derechos que la entidad de gestión tenga encomendados,
circunstancia que habrá de apreciarse respecto del conjunto de los
usuarios y de los titulares de dichos derechos y no de forma aislada o
individual.

c) El incumplimiento grave y reiterado de la obligación
establecida en el artículo 152 de administrar los derechos de propiedad
intelectual que tenga conferidos la entidad de gestión.

d) La puesta de manifiesto de algún hecho que suponga el
incumplimiento muy grave de las obligaciones del Título IV.

3. Constituyen infracciones graves los siguientes
actos:

a) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el
artículo 153 respecto del contrato de gestión.

b) La aplicación de sistemas, normas y procedimientos de
reparto de las cantidades recaudadas de manera arbitraria y no
equitativa.

c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en
los artículos 154 a 156, 157.1 a excepción de las letras b) y k), y
157.4.

e) La inobservancia significativa del procedimiento
previsto estatutariamente en relación con las quejas planteadas por los
socios de conformidad con lo previsto en el artículo 151.14.

4. Constituyen infracciones leves los siguientes actos:

a) La falta de atención a los requerimientos de las
Administraciones Públicas realizados al amparo de lo dispuesto en el
artículo 157 bis. Se entiende que se produce falta de atención del
requerimiento cuando la entidad de gestión no responda en el plazo de un
mes desde que aquél le fue notificado, salvo que medie causa justificada.
Las Administraciones Públicas podrán reducir el plazo de un mes por
razones debidamente motivadas.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículo 157.1.k).

c) Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a
obligaciones meramente formales o documentales, salvo que deban ser
considerados como infracción grave o muy grave conforme a lo dispuesto en
los apartados anteriores.

1. Por la comisión de infracciones muy graves, se impondrá
a la entidad infractora alguna de las siguientes sanciones:

a) Inhabilitación para operar como entidad de gestión de
los derechos de propiedad intelectual.

b) Multa de entre un 1 y un 2 por ciento de la recaudación
total obtenida por la entidad de gestión

en el año anterior a la fecha de imposición de la multa. En
defecto de recaudación en el año anterior a la fecha de imposición de la
multa, se impondrá una multa no superior a 800.000 ni inferior a 400.001
euros.

2. Las resoluciones sancionadoras por infracciones muy
graves deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado y, en su
caso, en el de la Comunidad Autónoma correspondiente, una vez que sean
firmes en vía administrativa, y previa disociación de los datos
personales que contenga.

3. Por la comisión de infracciones graves se impondrá al
infractor una multa no superior al 1 por ciento de su recaudación total
correspondiente al año anterior a la fecha de imposición de la multa. En
defecto de recaudación en el año anterior a la fecha de imposición de la
multa, se impondrá una multa no superior a 400.000 ni inferior a 200.001
euros.

5. Por la comisión de infracciones leves se impondrá a la
entidad infractora multa por importe no superior a 200.000 euros ni a un
0,5 por ciento de su recaudación total correspondiente al año anterior a
la fecha de imposición de la multa.

6. Para la graduación de las sanciones se atenderá a los
criterios establecidos en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

7. Cuando las sanciones pecuniarias hayan sido impuestas
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los órganos y
procedimientos para la recaudación serán los establecidos en el
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, y demás normas de aplicación. En los demás casos, serán los
establecidos en la legislación aplicable por las Administraciones
Públicas que las hayan impuesto.

8. Una vez iniciado el procedimiento sancionador por la
comisión de una infracción muy grave y siempre que concurran razones de
urgencia justificadas en dificultad o impedimento objetivo de reinstaurar
el cumplimiento de la legalidad, la autoridad competente podrá acordar
motivadamente, previa autorización del juez correspondiente al domicilio
social de la entidad, la remoción de los órganos de representación de la
entidad y su intervención temporal, mediante la designación de un gestor
interino que asumirá las funciones legales y estatutarias de los órganos
de representación de la entidad, en las siguientes condiciones:

a) La intervención se realizará por un plazo de seis meses,
prorrogable por igual período.

b) Los gastos derivados de la intervención temporal
correrán a cargo de la entidad intervenida.

c) La finalidad de la intervención será regularizar el
funcionamiento institucional de la entidad, clarificar su gestión y
adoptar e implantar cuantas medidas resulten necesarias para el
cumplimiento de las obligaciones legales en esta materia.

El Gobierno podrá desarrollar reglamentariamente el
procedimiento de intervención temporal de las entidades de gestión de
derechos de propiedad intelectual.»

«Disposición adicional quinta. Notificaciones en el
procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad
intelectual.

1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el
ámbito de sus competencias, velará por la salvaguarda de los derechos de
propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de
servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los
artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

3. No obstante, en los supuestos previstos en el apartado 6
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la notificación
del acto podrá sustituirse por su publicación en el “Boletín
Oficial del Estado”, en particular, cuando tenga por destinatarios
a prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la
información que deban colaborar para el eficaz cumplimiento de las
resoluciones que se adopten.

Transcurridos diez días naturales desde la publicación en
el “Boletín Oficial del Estado”, se entenderá que la
notificación ha sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite y
continuándose con el procedimiento.

«Disposición adicional sexta. Obras consideradas huérfanas
conforme a la legislación de otro Estado miembro de la Unión Europea.

Las obras consideradas huérfanas conforme a la legislación
de otro Estado miembro de la Unión Europea, dictada en transposición de
lo dispuesto

en la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las
obras huérfanas, tendrán asimismo reconocida dicha naturaleza en España a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 37 bis.»

«Disposición transitoria vigésima primera. Aplicación
temporal de las disposiciones relativas a las composiciones musicales con
letra, a las obras huérfanas y a la cesión de derechos del artista
intérprete o ejecutante al productor de fonogramas.

La protección prevista en el párrafo anterior se entenderá
sin perjuicio de los actos concluidos y de los derechos adquiridos antes
del 1 de noviembre de 2013.

2. El artículo 37 bis se aplicará con respecto a todas las
obras y fonogramas que estén protegidos por la legislación de los Estados
miembros de la Unión Europea en materia de derechos de autor a 29 de
octubre de 2014 o en fecha posterior, sin perjuicio de los actos
celebrados y de los derechos adquiridos antes de dicha fecha.

3. Los artículos 110 bis, 112 y 119 se aplicarán a la
grabación de interpretaciones o ejecuciones y a los fonogramas con
respecto a los cuales el artista intérprete o ejecutante y el productor
de los fonogramas gocen de protección, a fecha 1 de noviembre de 2013,
conforme a la legislación aplicable antes de esa fecha, y a la grabación
de interpretaciones o ejecuciones y a los fonogramas posteriores a esa
fecha.

4. Salvo pacto en contrario, los contratos de cesión
celebrados antes del 1 de noviembre de 2013 seguirán surtiendo efecto
transcurrida la fecha en que, en virtud del artículo 112 aplicable en ese
momento, el artista intérprete o ejecutante dejaría de estar
protegido.»

Artículo segundo. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el subapartado 7.º y se introducen unos
nuevos subapartados 10.º y 11.º en el apartado 1 del artículo 256, con la
siguiente redacción:

«7.º Mediante la solicitud, formulada por quien pretenda
ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial
o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos que no
puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe
y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales, de
diligencias de obtención de datos sobre el posible infractor, el origen y
redes de distribución de las obras, mercancías o servicios que infringen
un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial y, en
particular, los siguientes:

a) Los nombres y direcciones de los productores,
fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las
mercancías y servicios, así como de quienes, con fines comerciales,
hubieran estado en posesión de las mercancías.

b) Los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas
a quienes se hubieren distribuido las mercancías o servicios.

c) Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas,
recibidas o encargadas, y las cantidades satisfechas como precio por las
mercancías o servicios de que se trate y los modelos y características
técnicas de las mercancías.»

«10.º Por petición, de quien pretenda ejercitar una acción
por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de
propiedad intelectual, para que se identifique al prestador de un
servicio de la sociedad de la información sobre el que concurran indicios
razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo de forma
directa o indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal
derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación
de propiedad industrial o de propiedad intelectual, considerando la
existencia de un nivel apreciable de audiencia en España de dicho
prestador o un volumen, asimismo apreciable, de obras y prestaciones
protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas.

La solicitud estará referida a la obtención de los datos
necesarios para llevar a cabo la identificación y podrá dirigirse a los
prestadores de servicios de

la sociedad de la información, de pagos electrónicos y de
publicidad que mantengan o hayan mantenido en los últimos doce meses
relaciones de prestación de un servicio con el prestador de servicios de
la sociedad de la información que se desee identificar. Los citados
prestadores proporcionarán la información solicitada, siempre que ésta
pueda extraerse de los datos de que dispongan o conserven como resultado
de la relación de servicio que mantengan o hayan mantenido con el
prestador de servicios objeto de identificación, salvo los datos que
exclusivamente estuvieran siendo objeto de tratamiento por un proveedor
de servicios de Internet en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de
comunicaciones.»

«11.º Mediante la solicitud, formulada por el titular de un
derecho de propiedad intelectual que pretenda ejercitar una acción por
infracción del mismo, de que un prestador de servicios de la sociedad de
la información aporte los datos necesarios para llevar a cabo la
identificación de un usuario de sus servicios, con el que mantengan o
hayan mantenido en los últimos doce meses relaciones de prestación de un
servicio, sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo
a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta, contenidos,
obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los
requisitos establecidos por la legislación de propiedad intelectual, y
mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros
consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios
económicos o comerciales, teniendo en cuenta el volumen apreciable de
obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o
difundidas.»

Dos. El apartado 4 del artículo 259 pasa a tener la
siguiente redacción:

«4. La información obtenida mediante las diligencias de los
números 7, 8, 10 y 11 del apartado 1 del artículo 256 se utilizará
exclusivamente para la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad
industrial o de propiedad intelectual del solicitante de las medidas, con
prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros. A instancia de
cualquier interesado, el tribunal podrá atribuir carácter reservado a las
actuaciones, para garantizar la protección de los datos e información que
tuvieran carácter confidencial.»

Disposición adicional primera. Medidas de reducción de los
costes de transacción.

1. El Gobierno impulsará medidas para la reducción de los
costes de transacción entre titulares de derechos de propiedad
intelectual y los usuarios de tales derechos, tomando especialmente en
consideración las posibilidades ofrecidas por los desarrollos
tecnológicos, incluyendo, entre otras, medidas dirigidas a una
articulación más eficiente de la interlocución entre titulares de
derechos, representantes de éstos y usuarios.

La ventanilla será gestionada por una persona jurídica
privada sin que ninguna entidad de gestión ostente capacidad para
controlar la toma de decisiones.

La ventanilla deberá prestar sus servicios en condiciones
objetivas, transparentes y no discriminatorias, y adecuarse a las
siguientes reglas:

a) Deberá garantizarse la prestación de servicios a toda
entidad de gestión legalmente establecida.

b) Deberá incorporar las tarifas generales vigentes para
cada colectivo de usuarios y en relación con todas las entidades
legalmente establecidas.

c) Deberá facilitar el pago de los importes de las tarifas
generales que los usuarios adeuden a las entidades de gestión legalmente
establecidas.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, en sus respectivos ámbitos de
competencia, velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este
apartado, incluyendo el control de los estatutos de la persona jurídica
que gestiona la ventanilla con carácter previo al inicio del
funcionamiento de la misma.

El Gobierno podrá desarrollar reglamentariamente lo
establecido en este apartado.

Disposición adicional segunda. Especialidades
tarifarias.

Las entidades de gestión de derechos de propiedad
intelectual deberán aplicar tarifas adecuadas a aquellos usuarios que
tengan encomendada la gestión de servicios públicos de radio y
televisión, carezcan de ánimo de lucro y tengan legalmente impuestas
obligaciones de fomento de la cultura.

El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en
vigor de esta Ley, realizará los trabajos preliminares necesarios, en
colaboración con todos los sectores y agentes interesados, para preparar
una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual ajustada
plenamente a las necesidades y oportunidades de la sociedad del
conocimiento. Con vistas a esa reforma deberán evaluarse, entre otros
aspectos, el régimen aplicable a la gestión colectiva de derechos, el
régimen de compensación equitativa por copia privada y las competencias y
naturaleza del regulador.

1. Fuentes normativas.

2. Hecho imponible.

3. Sujeto pasivo.

Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o
jurídicas parte en el procedimiento de determinación de tarifas.

Los sujetos pasivos de las tasas estarán obligados a
practicar operaciones de autoliquidación tributaria y a realizar el
ingreso de su importe en el Tesoro Público.

4. Devengo.

La tasa se devengará en el momento de determinarse la
tarifa en relación con la solicitud presentada.

5. Base imponible y cuota.

1. La base imponible de la tasa estará constituida por las
cantidades resultantes estimadas de la aplicación de las tarifas
determinadas por la Sección Primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual.

2. La cuota a ingresar en concepto de esta tasa será el
resultado de aplicar el tipo o los tipos proporcionales que se fijen
reglamentariamente a las cantidades resultantes estimadas de la
aplicación de las tarifas determinadas por la Sección Primera de la
Comisión de Propiedad Intelectual, no pudiendo ser inferior a 16.659,47
euros, ni superior a un porcentaje del 0,2 por ciento de la base
imponible en aquellos supuestos en los que la cuota a ingresar exceda de
dicha cuantía mínima.

Disposición transitoria primera. Aplicación del Plan de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.

b) Se valorarán estos elementos patrimoniales por su valor
en libros; y

c) Se comprobará su deterioro de valor en esa fecha.

La contrapartida de los ajustes que deban realizarse para
dar cumplimiento a la primera aplicación de estas normas será una partida
de reservas.

2. Las cuentas anuales correspondientes al primer ejercicio
en el que se aplique el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos, podrán ser presentadas:

b) Incluyendo información comparativa adaptada a los nuevos
criterios. En este caso la fecha de primera aplicación es la fecha de
comienzo del ejercicio anterior al que se inicie la aplicación del Plan
de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.

Disposición transitoria segunda. Aprobación de nuevas
tarifas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

En aplicación de las recomendaciones y orientaciones
internacionales aprobadas por la Agencia Internacional del ISBN, la
Agencia Española del ISBN desarrolla el sistema del ISBN en nuestro país.
La Agencia Española proporcionará al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte los registros actualizados del ISBN, para garantizar la
continuidad de la base de datos de libros editados en España y la de
editoriales, gestionadas por dicho departamento.»

Disposición final segunda. Título competencial.