usuario, y buscando el junto equilibrio entre ambas partes,
para lo cual se tendrán en cuenta el menos los siguientes criterios:

1.º El grado de uso efectivo del repertorio en el conjunto
de la actividad del usuario. En particular, en caso de que una
determinada tarifa se calcule con base a la audiencia u ocupación a la
que se destina un acto de explotación, el cálculo de dicha tarifa deberá
realizarse teniendo en cuenta la audiencia u ocupación efectiva y no la
audiencia u ocupación potencial de dicho acto.

2.º La intensidad y relevancia del uso del repertorio en el
conjunto de la actividad del usuario. En este sentido, las tarifas que se
determinen deberán tener en cuenta si el usuario realiza una explotación
que se conecta directamente con la actividad realizada o si, por el
contrario, dicha explotación es secundaria o accesoria de la misma.

3.º La amplitud del repertorio de la entidad de
gestión.

4.º Los ingresos económicos directamente obtenidos por el
usuario por la explotación comercial del repertorio.

5.º Las tarifas establecidas por la entidad de gestión con
otros usuarios para la misma o similar modalidad de utilización.

7.º Las tarifas establecidas por entidades de gestión
homólogas en otros Estados miembros de la Unión Europea para la misma
modalidad de uso, siempre que existan bases homogéneas de
comparación.

7.º La naturaleza del derecho de propiedad intelectual cuya
explotación se fija en la tarifa y, en particular, si aquél es un derecho
de autor o un derecho conexo y si se trata de un derecho exclusivo o de
mera remuneración. En particular, en el establecimiento de tarifas para
la explotación de derechos conexos deberá tenerse en cuenta la tarifa
establecida para la explotación de derechos de autor para el mismo acto
de explotación de derechos de autor para el mismo acto de explotación,
sin que en ningún caso la primera pueda ser superior a la segunda.

La aplicación de los criterios anteriores no podrá dar
lugar en ningún caso a situaciones de doble pago, es decir, aquellas en
las que el usuario abone dos cantidades distintas al mismo titular por un
mismo acto de explotación de la obra o prestación protegida.

La metodología para la determinación de las tarifas
generales se aprobará mediante Orden del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos.»

JUSTIFICACIÓN

La redacción que actualmente recoge el artículo 157.1.b)
del Proyecto establece la necesidad, hasta ahora exigida por la
jurisprudencia y las autoridades de competencia, de que las tarifas
fijadas por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual
sean calculadas teniendo en cuenta el uso efectivo que del repertorio de
dichas entidades realizan los usuarios.

ENMIENDA NÚM. 2

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Quince.

ENMIENDA

De adición.

Artículo 157.1.a)

Texto propuesto:

«1. Las entidades de gestión están obligadas:

a) A negociar y contratar, bajo remuneración, en
condiciones equitativas y no discriminatorias con quien lo solicite,
salvo motivo justificado, la concesión de autorizaciones no exclusivas de
los derechos

gestionados, actuando bajo los principios de buena fe y
transparencia. La negativa a negociar y contratar deberá detallar el
motivo que la justifique y será revisable, a petición del usuario, por la
Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, que actuará en
su función de arbitraje, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo
158.bis.2.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 157.1.a. del Proyecto debería modificarse en
línea con la enmienda propuesta, esto es, para exigir a las entidades de
gestión la justificación del motivo que les ampare para no contratar con
un usuario determinado, motivo cuya adecuación debería poder ser
examinada por la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual
a solicitud del propio usuario «rechazado». En este sentido, la
obligación que se impone a las entidades de dicho precepto para negociar
y contratar «en condiciones equitativas y no discriminatorias con quien
lo solicite» será ambigua e ineficaz si no se articula, como se hace en
la enmienda propuesta, un sistema de fiscalización a través de la Sección
Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

ENMIENDA NÚM. 3

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 158 bis

Texto propuesto:

«1. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual ejercerá su función de mediación en los siguientes
términos:

a) Colaborando en las negociaciones, previo sometimiento
voluntario de las partes por falta de acuerdo, respecto de aquellas
materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos
de propiedad intelectual y para la autorización de la distribución por
cable de una emisión de radiodifusión entre los titulares de los derechos
de propiedad intelectual y las empresas de distribución por cable.

b) Presentando, en su caso, propuestas a las partes.

Se considerará que todas las partes aceptan la propuesta a
que se refiere el párrafo anterior, si ninguna de ellas expresa su
oposición en un plazo de tres meses. En este supuesto, la resolución de
la Comisión surtirá los efectos previstos en la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje, y será revisable ante el orden jurisdiccional
civil. La propuesta y cualquier oposición a la misma se notificarán a las
partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual actuará en su función de arbitraje:

a) Dando solución, previo sometimiento voluntario de las
partes previa solicitud de una de las partes, a los conflictos sobre
materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos
de propiedad intelectual.

b) Fijando, a solicitud de la propia entidad de gestión
afectada, de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión
o de un usuario afectado especialmente significativo, a juicio de la
Comisión, y previa aceptación de la otra parte, cantidades sustitutorias
de las tarifas generales, a los efectos señalados en el apartado 2 del
artículo 157, para lo que deberá tener en cuenta al menos los criterios
mínimos de determinación de éstas, previstos en el artículo 157.1.b).

Lo determinado en este apartado se entenderá sin perjuicio
de las acciones que puedan ejercitarse ante la jurisdicción competente.
No obstante, el planteamiento de la controversia sometida a decisión
arbitral ante la Sección Primera impedirá a los Jueces y Tribunales
conocer de la misma, hasta que haya sido dictada la resolución y siempre
que la parte interesada lo invoque mediante excepción.

3. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual ejercerá su función de determinación de las tarifas para la
explotación de los derechos de gestión colectiva obligatoria, y para los
derechos de gestión colectiva voluntaria que, respecto de la misma
categoría de titulares, concurran con un derecho de remuneración sobre la
misma obra o prestación.

La Sección Primera establecerá el importe de la
remuneración exigida por la utilización de obras y demás prestaciones del
repertorio de las entidades de gestión, la forma de pago y demás
condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos indicados en el
párrafo anterior, a solicitud de la propia entidad de gestión afectada,
de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión o de un
usuario especialmente significativo, a juicio de la Sección, cuando no
haya acuerdo entre ambas, en el plazo de seis meses desde el inicio
formal de la negociación. En el ejercicio de esta función, la Sección
Primera velará para que el valor de cada uno de los derechos conexos no
supere un tercio del valor atribuido al derecho de autor de cada
modalidad de explotación ni el conjunto de los derechos conexos el
cincuenta por ciento del valor atribuido a los derechos de autor de cada
modalidad de explotación.»

…(resto igual)…

JUSTIFICACIÓN

Uno de los vacíos regulatorios más importantes e la vigente
Ley de Propiedad Intelectual recae en la total ausencia de control por
parte de la Administración Pública de las tarifas aplicables en la
explotación de obras y prestaciones protegidas, y que son fijadas
unilateralmente por las propias entidades de gestión, lo cual general
conocidos y evidentes abusos por parte de éstas y un alto grado de
litigiosidad en esta materia (en relación con esto último, es de ver la
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 55/2009, de 18 de
febrero de 2009, FD.º 7, o la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo
Civil, núm 228/2009, de 7 de abril de 2009).

ENMIENDA NÚM. 4

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Veintidós.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 162 ter

Texto propuesto:

«1. Las infracciones cometidas por las entidades de gestión
colectiva de derechos de propiedad se clasificarán en muy graves, graves
y leves.

2. Constituyen infracciones muy graves los siguientes
actos:

a) La ineficacia manifiesta y notoria en la administración
de los derechos que la entidad de gestión tenga encomendados,
circunstancia que habrá de apreciarse respecto del conjunto de los
usuarios y de los titulares de dichos derechos y no de forma aislada o
individual.

b) El incumplimiento grave y reiterado del artículo 151.2,
cuando se realicen, de manera directa o indirecta, actividades que no
sean de protección o gestión de los derechos de propiedad intelectual que
tengan encomendados, sin perjuicio de la función social y del desarrollo
de la oferta digital legal que deben cumplir y de las actividades
vinculadas al ámbito cultural de la entidad y sin ánimo de lucro
referidas en dicho artículo, siempre que estén previstas en sus
estatutos.

c) El incumplimiento grave y reiterado de la obligación
establecida en el artículo 152 de administrar los derechos de propiedad
intelectual que tenga conferidos la entidad de gestión.

d) La puesta de manifiesto de algún hecho que suponga el
incumplimiento muy grave de las obligaciones del Título IV.

e) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en
los artículos 157.1 a excepción de la letra k), y 157.4.

3. Constituyen infracciones graves los siguientes
actos:

a) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el
artículo 153 respecto del contrato de gestión.

b) La aplicación de sistemas, normas y procedimientos de
reparto de las cantidades recaudadas de manera arbitraria y no
equitativa.

c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en
los artículos 154 a 156, 157.1 a excepción de las letras b) y k), y
157.4.

d) La resistencia, excusa o negativa, por las entidades de
gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, a la actuación
inspectora de las administraciones competentes según lo previsto en esta
ley.

e) La inobservancia significativa del procedimiento
previsto estatutariamente en relación con las quejas planteadas por los
socios de conformidad con lo previsto en el artículo 151.14.

4. Constituyen infracciones leves los siguientes actos:

a) La falta de atención a los requerimientos de las
Administraciones Públicas realizados al amparo de lo dispuesto en el
artículo 157 bis. Se entiende que se produce falta de atención del
requerimiento cuando la entidad de gestión no responda en el plazo de un
mes desde que aquél le fue notificado, salvo que medie causa justificada.
Las Administraciones Públicas podrán reducir el plazo de un mes por
razones debidamente motivadas.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículo 157.1.k).

c) Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a
obligaciones meramente formales o documentales, salvo que deban ser
considerados como infracción grave o muy grave conforme a lo dispuesto en
los apartados anteriores.»

JUSTIFICACIÓN

Con el objetivo de articular un sistema de incentivos
suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las
entidades de gestión debería considerarse la agravación de la
calificación de las infracciones en línea con la enmienda propuesta, en
particular considerando infracción muy grave el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 157 del Proyecto.

ENMIENDA NÚM. 5

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Apartado Nuevo. Se modifica el Artículo 20, apartado 2,
letra f) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

De modificación.

Texto propuesto:

«Artículo 20. Comunicación pública.

2 Especialmente son actos de comunicación pública:

f) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados
en los apartados anteriores y por entidad organismo de radio o de
televisión distinto del de origen, de la obra radiodifundida.»

JUSTIFICACIÓN

Se pretende aclarar en la norma que un hotel, si lleva a
cabo un acto de comunicación pública de obras, es claramente diferente a
los actos propios de los organismos de radiodifusión.

ENMIENDA NÚM. 6

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Apartado Nuevo. Se modifica el Artículo 126.1 de la Ley de
Propiedad Intelectual.

De modificación:

Texto propuesto:

«Artículo 126. Derechos exclusivos.

1. Las entidades de radiodifusión gozan del derecho
exclusivo de autorizar:

(…..)

e) La comunicación pública de sus emisiones o transmisiones
de radiodifusión, cuando tal comunicación se efectúe en lugares a los que
el público pueda acceder mediante el pago de una cantidad en concepto de
derecho de admisión o de entrada específico para utilizar las obras
mediante ese acto de comunicación pública distinto del precio para
utilizar otras instalaciones del establecimiento.»

JUSTIFICACIÓN

España se ha convertido en el paraíso de los titulares de
derechos de propiedad intelectual en sus relaciones con los hoteles.
Tanto es así, que además de los pagos que reclaman siete entidades de
gestión, recientemente se han sumado los organismos de radio y televisión
alemanes que han visto la oportunidad de incrementar sus ingresos a costa
de los hoteles españoles. Para ello, se aprovechan de la ambigüedad del
artículo 126, apartado 1, letras d) y e) en las que se permite a esos
organismos cobrar una tarifa si la comunicación pública se realiza
«mediante el pago de una cantidad en concepto de derecho de admisión o de
entrada.»

Es imprescindible despejar la ambigüedad de la norma y, a
estos efectos, se hace necesario de todo punto aclarar que el pago de un
precio de entrada al que se refiere el citado artículo es un pago
específico por ver la señal de televisión, distinto del pago por la
contratación temporal del uso de la habitación.

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229

intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y
los organismos de radiodifusión de 26 de octubre de 1961 (en adelante,
CR), en los términos siguientes:

«Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho de
autorizar o prohibir:

(a) la retransmisión de sus emisiones;

[…]

(d) la comunicación al público de sus emisiones de
televisión cuando éstas se efectúen en lugares accesibles al público
mediante el pago de un derecho de entrada. Corresponderá a la legislación
nacional del país donde se solicite la protección de este derecho
determinar las condiciones del ejercicio del mismo.»

— El derecho de retransmisión (artículo 126.1.d de la
LPI).

En lo referente al derecho de retransmisión, conviene tener
presente que el artículo 3.g) de la propia CR define el concepto de
«retransmisión» como «la emisión simultánea por un organismo de
radiodifusión de una emisión de otro organismo de radiodifusión». Aunque
en la misma CR, por su parte, no se define el concepto «organismo de
radiodifusión», en la Octava Sesión del Comité Permanente de Derechos de
Autor y Derechos Conexos de la OMPI (Documento SSCR/8/INF/1) se
estableció que en el sentido de la CR tales organismos son aquellos «que
prestan servicios de radiodifusión al público en general por las ondas
hercianas (inalámbricas)» y que «asumen la responsabilidad financiera y
editorial de la selección y disposición del contenido transmitido, así
como de la inversión realizada a tal efecto.»

Una definición similar a ésta se contiene en el Proyecto de
Tratado OMPI para la protección de los organismos de radiodifusión, y en
la que se define éstos como «entidad jurídica que tome la iniciativa y
asuma la responsabilidad de la transmisión al público de sonidos o de
imágenes, o de imágenes y sonidos, o de las representaciones de éstos, y
del montaje y la programación del contenido de la transmisión.»

La actual definición del derecho exclusivo de retransmisión
de las entidades de radiodifusión que aparece en la LPI es excesivamente
ambigua, pues contrariamente a lo dispuesto en la CR y en los trabajos de
desarrollo de ésta no se especifica que las entidades de radiodifusión, a
diferencia de otros titulares, sólo tienen derecho a prohibir la
retransmisión de sus emisiones realizada por otras entidades de
radiodifusión, esto es, por otro organismo que intervenga en la selección
y disposición del contenido transmitido.

La ambigüedad de la LPI en su artículo 126.1.d de la LPI
está permitiendo que entidades de radiodifusión extranjeras se dirijan
contra establecimientos hoteleros españoles asegurando que éstos están
realizando una retransmisión inconsentida de sus emisiones y tratando de
aplicar, en una analogía que no es válida dado el limitado carácter de
los derechos de las entidades de radiodifusión, la doctrina contenida en
la célebre Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de
diciembre de 2006 en el caso SGAE c. Rafael Hoteles, así como en todas
las resoluciones que, insistimos siempre en materia de derechos de autor
o de otros titulares, han seguido a aquélla.

Así, de conformidad con el texto de la CR y sus trabajos de
desarrollo, en tanto que los establecimientos hoteleros no intervienen en
ningún caso en la selección y disposición del contenido de la emisión o
transmisión, aquéllos no pueden subsumirse en la definición del artículo
3.g) de la CR y, por ende, realizar actos de retransmisión que afecten a
este derecho exclusivo de las entidades de radiodifusión —cuestión
distinta es, como veremos, el derecho de comunicación pública—.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que si proliferan más
reclamaciones de este tipo, ello entrañaría un peligro evidente de que se
empiecen a sustanciar ante nuestros tribunales una cantidad ingente de
procedimientos judiciales entablados por entidades de radiodifusión
contra establecimientos hoteleros, dado el cuasi infinito número de
organismos de este tipo que existen no sólo en España, sino en toda
Europa.

En síntesis, debería aprovecharse el Proyecto para
clarificar el redactado del artículo 126.1.d de la LPI en el sentido
establecido por la CR y según consta en la enmienda propuesta, con el
objetivo de evitar interpretaciones expansivas y erróneas como la
comentada. De este modo y como puede verse, en la enmienda al artículo
126.1.d se propone completar el redactado de dicho precepto
estableciéndose en el mismo que la retransmisión relevante a efectos del
derecho exclusivo de las entidades de radiodifusión es sólo la que lleva
a cabo otra entidad de radiodifusión, entendida ésta como el organismo
que asume la responsabilidad financiera y editorial de la selección y
disposición del contenido transmitido.

— El derecho de comunicación pública (artículo
126.1.e de la LPI)

Por otro lado, en relación con el derecho de comunicación
pública de las entidades de radiodifusión (art. 126.1.e de la LPI), en su
redacción actual la Ley de Propiedad Intelectual tampoco deja claro su
posible aplicación en sede de reclamaciones de entidades de radiodifusión
como las comentadas anteriormente.

A diferencia de lo que ocurre con el derecho exclusivo de
comunicación pública que tienen los autores u otros titulares de derechos
de propiedad intelectual, en el caso de las entidades de radiodifusión
este derecho exclusivo sólo opera cuando el acto de comunicación pública
de la emisión o transmisión de que se trate se realiza mediante el pago
de una cantidad en concepto de derecho de admisión o de entrada.

Dada la oscuridad de la LPI en este punto es discutible si
el pago que realiza un cliente para alquilar una habitación de hotel
engloba o no el pago de una cantidad en concepto de derecho de admisión o
de entrada, o si por el contrario el precepto analizado sólo se refiere a
los casos en que dicho pago se conecta directamente con el acto de
comunicación pública en cuestión —por ejemplo, mediante el pago de
una entrada que permite al usuario acceder a un recinto donde se
transmite una emisión de una entidad de radiodifusión—. Muestra de
ello es que la doctrina que ha tratado esta materia se ha mostrado
dividida en esta cuestión.

Ante estas dudas interpretativas, resulta oportuno llevar a
cabo un modificación del artículo 126.1.e con el objetivo de dejar claro
que las entidades de radiodifusión sólo gozan del derecho de comunicación
pública cuando el pago de entrada o el derecho de admisión se conectan de
forma específica con el acto de comunicación pública en cuestión, tal y
como se hace en la enmienda propuesta para dicho precepto.

Ello evitaría de nuevo interpretaciones amplias e
incorrectas como las que son posibles con el actual redactado de la LPI y
excluiría por tanto el ejercicio de ese derecho por parte de entidades de
radiodifusión —no, evidentemente, por parte de autores y titulares,
dado que éstos cuentan con derechos más amplios—, respecto a la
actividad de los hoteles en relación con los aparatos de televisión
ubicados en sus habitaciones. Además, dicha modificación legislativa no
contravendría el CR, por cuanto su artículo 13, en sede del derecho de
comunicación pública de las entidades de radiodifusión, establece que
«corresponderá a la legislación nacional del país donde se solicite la
protección de este derecho determinar las condiciones del ejercicio del
mismo».

ENMIENDA NÚM. 8

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Apartado Nuevo. Se modifica el Artículo 148 de la Ley de
Propiedad Intelectual.

De modificación.

Texto propuesto:

«1. La autorización prevista en el artículo anterior sólo
se concederá si, formulada la oportuna solicitud, ésta se acompaña de la
documentación, que permita verificar la concurrencia de las siguientes
condiciones, que deberán ser examinadas e informadas por la Sección
Primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual con carácter previo a
la concesión de la correspondiente autorización:

a) Que los estatutos de la entidad solicitante cumplan los
requisitos establecidos en este Título.

b) Que de los datos aportados y de la información
practicada se desprenda que la entidad solicitante reúne las condiciones
necesarias para asegurar la eficaz administración de los derechos, cuya
gestión le va a ser encomendada, en todo el territorio español.

c) Que la autorización favorezca los intereses generales de
la protección de la propiedad intelectual.

e) Que acrediten que las tarifas aplicables a la
explotación de derechos que gestionan y su método de cálculo son
conformes a lo establecido en este Título y, en particular, en el
artículo 157.1.b.

2. Para valorar la concurrencia de las condiciones
establecidas en los párrafos b) y c) del apartado anterior, se tendrán
particularmente en cuenta como criterios de valoración, la capacidad de
una gestión viable de los derechos encomendados, la idoneidad de sus
estatutos y sus medios materiales para el cumplimiento de sus fines, y la
posible efectividad de su gestión en el extranjero, atendiéndose,
especialmente, a las razones imperiosas de interés general que
constituyen la protección de la propiedad intelectual.

3. La autorización se entenderá concedida denegada, si no
se notifica resolución en contrario, en el plazo de tres meses desde la
presentación de la solicitud.

4. En caso de que la autorización sea concedida, las
entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual deberán remitir
un conjunto de documentación, con periodicidad anual y a requerimiento
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:

a) Que acredite el repertorio de obras y prestaciones
protegidas españolas y extranjeras de gestión colectiva que
representan.

b) Que detalle y acredite que las tarifas aplicables a la
explotación de derechos que gestionan y su método de cálculo son
conformes a lo establecido en este Título y, en particular, en el
artículo 157.1.b.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto, en su redacción actual, incluye un conjunto de
medidas para fomentar el control y transparencia de las entidades de
gestión. La intención que inspira las modificaciones que ya se hallan en
el texto del prelegislador parece adecuada, por cuanto los recientes
acontecimientos han puesto en evidencia la necesidad de abordar una
profunda reforma de la LPI en esta materia.

Conviene resaltar que la transparencia y control en el
desempeño de las funciones realizadas por las entidades de gestión en la
LPI constituye uno de los fines primordiales a los que responde y debe
responder el Proyecto.

Si bien la intención perseguida por el Proyecto en este
punto parece adecuada, las modificaciones introducidas por el texto
resultan insuficientes para garantizar el efectivo control y la
transparencia de las entidades de gestión, aspectos éstos que convendría
que fuesen objeto de más desarrollo en el Proyecto y en los cuales se
debería hacer partícipe en mayor medida a la Sección Primera de la
Comisión de Propiedad Intelectual.

En particular, en línea con esos objetivos y para asegurar
la consecución del interés general que se presume a las entidades de
gestión, debería adoptarse la enmienda propuesta en el referido artículo
de la Ley de Propiedad Intelectual. En este sentido, en el texto del
Anteproyecto, especialmente en sus primeras versiones, se incluía una
modificación de este precepto, que ha sido eliminada del actual texto del
Proyecto. Por ello, debería operarse en el artículo comentado la
modificación propuesta, que incide en los siguientes puntos, todos ellos
capitales para lograr los objetivos a los que se hacía referencia:

— El cumplimiento de las condiciones necesarias para
la concesión de la autorización para administrar derechos de gestión
colectiva debería ser examinado con carácter previo a la concesión de la
autorización por la Sección Primera de la Comisión de la Propiedad
Intelectual, que debería emitir un informe vinculante a tal efecto, el
cual garantizaría el estudio de aquéllas por un organismo independiente y
cualificado en la materia.

— Entre las condiciones exigidas a las entidades de
gestión para obtener la autorización pertinente deberían añadirse el
depósito y publicidad del repertorio que representan, así como la
acreditación de que las tarifas aplicables a la explotación de derechos
que gestionan y su método de cálculo son conformes a lo establecido en el
Proyecto y, en particular, en su artículo 157.1.b.

— Dada la relevancia del papel que desempeñan las
entidades de gestión y la importancia que tanto para los titulares de los
derechos que representan como para el conjunto de los usuarios tiene el
cumplimiento por dichos organismos de los criterios establecidos para su
autorización, ésta debería entenderse denegada por silencio negativo, no
considerándose concedida por silencio positivo tal y como consta en la
redacción actual de la Ley de Propiedad Intelectual.

— Para garantizar durante toda la vida de la entidad
de gestión el cumplimiento de las condiciones necesarias para gozar de la
autorización para administrar derechos de gestión colectiva debería
añadirse un nuevo apartado apartado 4 en el precepto comentado, en virtud
del cual dichos organismos estuvieran obligados a remitir anualmente al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la acreditación del repertorio
de obras y prestaciones que administran, así como el detalle y método de
cálculo de las tarifas que sean de aplicación.

ENMIENDA NÚM. 9

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Apartado Nuevo. Se modifica el Artículo 150 de la Ley de
Propiedad Intelectual.

De modificación.

Texto propuesto:

«Las entidades de gestión, una vez autorizadas, estarán
legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, para
ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda
clase de procedimientos administrativos o judiciales.

Para acreditar dicha legitimación en el ejercicio de la
gestión colectiva obligatoria, la entidad de gestión únicamente deberá
aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación
acreditativa de su autorización administrativa. El demandado sólo podrá
fundar su oposición en la falta de representación de la actora, la
autorización del titular del derecho exclusivo, la ausencia de
explotación de las obras o prestaciones en conflicto o el pago de la
remuneración correspondiente.»

JUSTIFICACIÓN

En lo relativo a las entidades de gestión, el actual texto
del Ley de Propiedad Intelectual permite a las entidades de gestión
probar su legitimación activa en los procedimientos judiciales o
administrativos en los que intervengan aportando únicamente copia de sus
estatutos y certificación acreditativa de su autorización
administrativa.

El redactado actual de la Ley de Propiedad Intelectual en
este punto carece de cualquier justificación: las entidades de gestión
sólo deberían de gozar de privilegios procesales para acreditar su
legitimación activa cuando representan derechos de gestión colectiva
obligatoria, pues sólo en estos casos (y no en los de gestión colectiva
voluntaria) existe un mandato legal que impone a los titulares la
representación de sus derechos mediante dichas entidades. Si bien las
primeras versiones del Anteproyecto incluían una reforma del artículo 150
de la Ley de Propiedad Intelectual en el sentido contemplado en la
enmienda propuesta, dicha reforma ha sido eliminada del actual Proyecto,
siendo del todo imprescindible que la misma vuelva a abordarse durante la
tramitación parlamentaria del Proyecto por los motivos comentados.

Al margen de lo anterior, también siguiendo la enmienda
propuesta y con el propósito de mejorar la técnica legislativa del
artículo, convendría incluir en el apartado primero del precepto
analizado la ausencia de explotación de las obras o prestaciones en
conflicto como posible motivo de oposición del demandado en todos los
casos en que se invocan derechos por parte de una entidad de gestión.
Estos supuestos, no contemplados en la redacción actual del artículo 150
de la Ley de Propiedad Intelectual, pueden darse cuando el usuario
utiliza obras o prestaciones que han sido licenciadas por sus titulares
mediante las denominadas «licencias libres» o cuando el uso alegado por
la entidad de gestión no se ha producido.

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comunitarios que no garanticen un derecho equivalente a los
autores españoles, no gozarán de la protección prevista en esta ley para
ese concreto derecho.»

JUSTIFICACIÓN

Los empresarios establecidos en España pagan ciertos
derechos por el uso de prestaciones de nacionales de terceros estados no
comunitarios cuando los empresarios instalados en esos terceros estados
no pagan por los mismos conceptos ni a los nacionales españoles ni a sus
propios nacionales que, de esta extraña manera, están más protegidos en
España que, por ejemplo, en países que son primera potencia de la
industria audiovisual.

El desequilibrio en la balanza de pagos, la pérdida de
incentivos para invertir en España y la pérdida de competitividad de
nuestras empresas son razones más que justificadas para corregir una
situación tan anómala como perjudicial para los empresarios de
hoteles.

Los hoteles españoles pagan a titulares de derechos de
terceros estados no comunitarios cuando los hoteles de esos estados no
pagan a titulares de derechos españoles. El efecto es un empobrecimiento
de las empresas y los creadores españoles y un enriquecimiento
correlativo de las empresas y los creadores de esos terceros estados no
comunitarios.

Se propone establecer con claridad que, en ausencia de un
tratado internacional, es aplicable el principio de reciprocidad
material.

ENMIENDA NÚM. 12

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Apartado Nuevo. Se modifican los puntos 2 y 3 del artículo
164.

«Artículo 164.

2. Los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de
terceros países gozarán de los mismos derechos reconocidos en esta Ley,
con la excepción prevista en el siguiente apartado 3, en cualquiera de
los siguientes casos:

Cuando tengan su residencia habitual en España.

Cuando la interpretación o ejecución se efectúe en
territorio español.

3. En todo caso, los artistas intérpretes o ejecutantes
nacionales de terceros países gozarán de la protección que corresponda en
virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea
parte y, en su defecto, estarán equiparados a los artistas intérpretes o
ejecutantes españoles cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales
del país respectivo. En ausencia de Convenio o Tratado internacional, los
nacionales de terceros países no comunitarios que no garanticen un
derecho equivalente a los artistas intérpretes o ejecutantes españoles,
no gozarán de la protección prevista en esta ley para ese concreto
derecho.»

JUSTIFICACIÓN

Los empresarios establecidos en España pagan ciertos
derechos por el uso de prestaciones de nacionales de terceros estados no
comunitarios cuando los empresarios instalados en esos terceros estados
no pagan por los mismos conceptos ni a los nacionales españoles ni a sus
propios nacionales que, de esta extraña manera, están más protegidos en
España que, por ejemplo, en países que son primera potencia de la
industria audiovisual.

El desequilibrio en la balanza de pagos, la pérdida de
incentivos para invertir en España y la pérdida de competitividad de
nuestras empresas son razones más que justificadas para corregir una
situación tan anómala como perjudicial para los empresarios de
hoteles.

Los hoteles españoles pagan a titulares de derechos de
terceros estados no comunitarios cuando los hoteles de esos estados no
pagan a titulares de derechos españoles. El efecto es un empobrecimiento
de las empresas y los creadores españoles y un enriquecimiento
correlativo de las empresas y los creadores de esos terceros estados no
comunitarios.

Se propone establecer con claridad que, en ausencia de un
tratado internacional, es aplicable el principio de reciprocidad
material.

ENMIENDA NÚM. 13

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Apartado Nuevo. Se modifica el punto 2 del artículo
165.

«Artículo 165.2.

2. En todo caso, los titulares a los que se refiere el
párrafo b) del apartado anterior gozarán de la protección que les
corresponde en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los
que España sea parte y, en su defecto, estarán equiparados a los
productores de fonogramas y a los de obras o grabaciones audiovisuales, a
los realizadores de meras fotografías y a los editores de las obras
mencionadas en el artículo 129 españoles, cuando éstos, a su vez, lo
estén a los nacionales del país respectivo. En ausencia de Convenio o
Tratado internacional, los nacionales de terceros países no comunitarios
que no garanticen un derecho equivalente a los citados titulares
españoles, no gozarán de la protección prevista en esta ley para ese
concreto derecho.»

JUSTIFICACIÓN

Los empresarios establecidos en España pagan ciertos
derechos por el uso de prestaciones de nacionales de terceros estados no
comunitarios cuando los empresarios instalados en esos terceros estados
no pagan por los mismos conceptos ni a los nacionales españoles ni a sus
propios nacionales que, de esta extraña manera, están más protegidos en
España que, por ejemplo, en países que son primera potencia de la
industria audiovisual.

El desequilibrio en la balanza de pagos, la pérdida de
incentivos para invertir en España y la pérdida de competitividad de
nuestras empresas son razones más que justificadas para corregir una
situación tan anómala como perjudicial para los empresarios de
hoteles.

Los hoteles españoles pagan a titulares de derechos de
terceros estados no comunitarios cuando los hoteles de esos estados no
pagan a titulares de derechos españoles. El efecto es un empobrecimiento
de las empresas y los creadores españoles y un enriquecimiento
correlativo de las empresas y los creadores de esos terceros estados no
comunitarios.

Se propone establecer con claridad que, en ausencia de un
tratado internacional, es aplicable el principio de reciprocidad
material.

Página
237

de Educación, Cultura y Deporte que apruebe la metodología
para la determinación de dichas tarifas prevista en el artículo 157.1.b)
del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

2. Las tarifas de las entidades de gestión colectiva
acordadas con usuarios seguirán produciendo plenos efectos durante la
vigencia de los acuerdos, y durante un plazo máximo de un año tres años a
partir de la entrada en vigor de esta Ley, cuando se refieran a derechos
exclusivos y la entidad de gestión pueda acreditar que tiene acuerdos con
asociaciones representativas a nivel nacional del sector correspondiente
o con los principales organismos de radiodifusión, así como en los
supuestos de utilizaciones singulares.

3. A excepción de los casos mencionados en el apartado
anterior, las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad
intelectual deberán negociar con las asociaciones representativas a nivel
nacional del sector correspondiente y con los organismos de radiodifusión
nuevas tarifas adaptadas a los criterios establecidos en la letra b) del
artículo 157.1 de la Ley de Propiedad Intelectual en el plazo máximo de
un año a partir de la entrada en vigor de la ley. A falta de acuerdo
entre las partes se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
158 bis de esta ley.

Para los supuestos contemplados en el párrafo anterior, y
salvo que existan acuerdos en vigor sobre tarifas aplicables a derechos
de gestión colectiva, cuyos términos y condiciones hayan sido negociados
y fijados con asociaciones representativas a nivel nacional del sector
correspondiente o con los principales organismos de radiodifusión en los
dos años anteriores a la entrada en vigor de la presente ley, y hasta que
se aprueben y difundan públicamente las nuevas tarifas generales, las
cantidades que los usuarios deberán pagar, en relación con la
remuneración exigida por las entidades de gestión por la explotación de
derechos exclusivos y de remuneración y a los efectos de entender
concedida la autorización respecto a los derechos exclusivos concurrentes
con éstos, no podrán superar el 70 por 100 de las tarifas generales
aprobadas por cada entidad de gestión. Cuando un acto de explotación de
una obra o prestación protegida esté sujeto a un derecho de remuneración
y concurra con un derecho exclusivo sobre la misma obra o prestación de
la misma categoría de titulares a la que corresponde el derecho de
remuneración, la tarifa de ambos derechos se someterá al régimen
establecido en este apartado.»

JUSTIFICACIÓN

Los precios o tarifas hasta ahora vigentes de las entidades
de gestión han sido fijados en situación de monopolio, sin control de
equidad y con un poder de negociación absoluto sobre los usuarios (así lo
han reconocido las autoridades de la competencia y la Audiencia Nacional
en varias sentencias). En consecuencia, esos precios aprobados bajo el
régimen de monopolio no sujeto a control requiere adaptarse urgentemente
a la nueva situación.

Es por eso que se propone establecer la obligación de que
se revisen todas las tarifas generales de las entidades de gestión para
adaptarlas a los criterios establecidos en la Ley.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula 10 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 16 de septiembre de 2014.—Ester
Capella i Farré.

ENMIENDA NÚM. 17

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la referencia a los Presupuestos Generales del
Estado del apartado 1 del artículo 25 del texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril, quedando redactado en los siguientes términos:

«La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o
publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así
como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o
audiovisuales, realizada mediante aparatos o instrumentos técnicos no
tipográficos, exclusivamente para uso privado, no profesional ni
empresarial, sin fines directa ni indirectamente comerciales, de
conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 31, originará una
compensación equitativa y única para cada una de las tres modalidades de
reproducción mencionadas.

Dicha compensación, con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado, estará dirigida a compensar los derechos de propiedad
intelectual que se dejaran de percibir por razón del límite legal de
copia privada.»

JUSTIFICACIÓN

El sistema de compensación equitativa con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado no tiene paralelo en ningún otro Estado
miembro de la Unión Europea. Dicho sistema no respeta el principio de
equidad entre el perjuicio sufrido por los autores de obras protegidas y
su posterior compensación. Además, supone trasladar el coste de dicha
compensación al conjunto de la ciudadanía, cuando el propio concepto de
compensación debe implicar que se haga atendiendo al uso o no que se haga
de la copia privada. No es de recibo que ciudadanos que no realizan
copias privadas se vean obligados a soportar el coste.

ENMIENDA NÚM. 18

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 2 del artículo 32 del texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril quedando redactado en los
siguientes términos:

«La puesta a disposición del público por parte de
prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de
fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones
periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una
finalidad informativa, de creación de opinión pública o de
entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del
editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una
compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará
efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de
propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del
público por terceros con ánimo de lucro directo y en perjuicio del
titular del derecho de cualquier imagen, obra fotográfica o mera
fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de
actualización periódica estará sujeta a autorización.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la
puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios
que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en
los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a
autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a
disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se
realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer
resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas
por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del
público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 19

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 3 del artículo 32 del texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril quedando redactado en los
siguientes términos:

«El profesorado de la educación reglada impartida en
centros integrados en el sistema educativo español y el personal de
Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de
investigación científica, no necesitarán autorización del autor o titular
editor para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación
pública de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter
plástico o fotográfico figurativo, cuando, no concurriendo una finalidad
comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración
de sus actividades educativas, tanto en la enseñanza presencial como en
la enseñanza a distancia, o con fines de investigación científica, y en
la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida.

b) Que se trate de obras ya divulgadas.

c) Que las obras no tengan la condición de libro de texto,
manual universitario o publicación asimilada, salvo que se trate de:

1.º Actos de reproducción para la comunicación pública,
incluyendo el propio acto de comunicación pública, que no supongan la
puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra
o fragmento. En estos casos deberá incluirse expresamente una
localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a la obra
protegida.

2.º Actos de distribución de copias exclusivamente entre el
personal investigador colaborador de cada proyecto específico de
investigación y en la medida necesaria para este proyecto. A estos
efectos, se entenderá por libro de texto, manual universitario o
publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o susceptible de
serlo, editada con el fin de ser empleada como recurso o material del
profesorado o el alumnado de la educación reglada para facilitar el
proceso de la enseñanza o aprendizaje.

d) Que se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo
en los casos en que resulte imposible.

A estos efectos, se entenderá por pequeño fragmento de una
obra, un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el
conjunto de la misma.

Los autores y editores no tendrán derecho a remuneración
alguna por la realización de estos actos.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone la eliminación del término «reglada» por
entender que el límite regulado en este apartado no debería cubrir
únicamente la educación reglada y la investigación en universidades y
organismos públicos, sino cualquier tipo de educación (reglada o no
reglada), y tanto la educación/investigación que se desarrolla en las
instituciones privadas como en las públicas.

De esta manera se aproximaría más al alcance del artículo
5.3 a) de la Directiva sobre Derechos de Autor y Derechos Afines en la
Sociedad de la Información y del artículo 10.2 del Convenio de Berna, así

como a las soluciones nacionales adoptadas en la mayoría de
países de la UE, especialmente, teniendo en cuenta que, por un lado, su
alcance queda suficientemente limitado al tratarse de pequeños fragmentos
y, por otro, quedará complementado con el límite sujeto a remuneración
del apartado 4.

Se propone la eliminación de la mención «figurativo»
referida a las obras de carácter fotográfico ya que impide que las
fotografías abstractas o que, en general, no tengan carácter figurativo
estén incluidas en el límite regulado por este precepto y es que éstas
pueden ser utilizadas de igual forma con finalidades docentes o
ilustrativas.

Se propone la substitución del término «editor» por
«titular», siendo más preciso éste, debido a que el editor no es el único
sujeto que puede llegar a ostentar los derechos de explotación de una
obra.

ENMIENDA NÚM. 20

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 4 del artículo 32 del texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril quedando redactado en los
siguientes términos:

«Tampoco necesitarán la autorización del autor o titular
editor los actos de reproducción parciales, de distribución y de
comunicación pública, incluida la puesta a disposición, de obras o
publicaciones, impresas o susceptibles de serlo, cuando concurran
simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la
ilustración con fines educativos y de investigación científica.

b) Que los actos se limiten a un capítulo de un libro,
artículo de una revista o extensión equivalente respecto de una
publicación asimilada, resultando indiferente a estos efectos que la
copia se lleve a cabo a través de uno o varios actos de reproducción.

c) Que los actos se realicen en las universidades o centros
públicos de investigación, por su personal y con sus medios e
instrumentos propios.

d) Que concurra, al menos, una de las siguientes
condiciones:

1.º Que la distribución de las copias parciales se efectúe
exclusivamente entre los alumnos y personal docente o investigador del
mismo centro en el que se efectúa la reproducción.

2.º Que sólo los alumnos y el personal docente o
investigador del centro en el que se efectúe la reproducción parcial de
la obra puedan tener acceso a la misma a través de los actos de
comunicación pública autorizados en el presente apartado, llevándose a
cabo la puesta a disposición a través de las redes internas y cerradas a
las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o en el marco de un
programa de educación a distancia ofertado por dicho centro docente.

En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre
el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro universitario
u organismo de investigación, y salvo que se trate de obras que
expresamente autoricen su uso para fines educativos o de investigación, o
que se trate de obras de uso libre y gratuito o salvo que dicho centro u
organismo sea titular o licenciatario de los correspondientes derechos de
propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y
comunicadas públicamente de forma parcial según la letra b), los autores
y titulares editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a percibir
de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva
a través de las entidades de gestión.»

JUSTIFICACIÓN

Del mismo modo que en la anterior enmienda, se propone la
sustitución del término «editor» por «titular», siendo más preciso éste,
debido a que el editor no es el único sujeto que puede llegar a ostentar
los derechos de explotación de una obra.

Se propone añadir el concepto de «licenciatario» junto con
el de titular en el último párrafo del precepto para abarcar aquél
supuesto en que el titular haya licenciado la obra a favor de un tercero.
Es un matiz semántico que evitará futuros problemas interpretativos.

Se propone añadir como excepciones al derecho irrenunciable
a una remuneración equitativa dos supuestos adicionales:

— Obras que hayan sido puestas a disposición del
público en general de forma libre y gratuita.

— Obras que se hayan publicado con expresa
autorización para su uso con finalidades docentes o de investigación.

Éstos nuevos supuestos tienen como fundamento evitar que se
genere dicha compensación ya que no se produce daño alguno o riesgo de
que pueda generarse éste, por el que proceda solicitar una remuneración
equitativa.

De no incluirse el primer supuesto, la actividad de las
entidades gestoras de derechos, encargadas de la recaudación y gestión de
dicha remuneración, conculcaría de manera grave los derechos de aquellos
que ostentan los derechos de explotación y publicación en acceso abierto
de los materiales contratados por aquellos y publicados bajo las
condiciones de licencias como Creative Commons, con un grave perjuicio
económico y moral. Igualmente, de no incluirse el segundo supuesto, se
conculcarían de manera grave los derechos que puedan tener terceros que
hayan decidido permitir el uso de sus obras con finalidades docentes o de
investigación.

ENMIENDA NÚM. 21

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 5 del artículo 32 del texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril quedando redactado en los
siguientes términos:

«5. No se entenderán comprendidas en los apartados 3 y 4
las partituras musicales y las obras de un solo uso ni las compilaciones
o agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas de carácter
plástico o fotográfico figurativo.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone eliminar el fragmento «ni las compilaciones o
agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas de carácter
plástico o fotográfico figurativo», con la finalidad de ampliar la
aplicación de los límites regulados en los apartados tercero y cuarto del
artículo 32 a las obras referidas en dicho fragmento, entendiéndose que
las compilaciones a la que se refiere el fragmento que se propone
eliminar ya están debidamente protegidas al limitarse el uso de las
mismas a un pequeño fragmento, en el caso del apartado 3, o a un
capítulo, artículo o extensión equivalente a cambio de una remuneración
equitativa, en el caso del apartado 4.

Página
244

JUSTIFICACIÓN

Es conveniente eliminar la Sección Segunda de la Comisión
de la Propiedad Intelectual, los actos ilícitos deben ser perseguidos por
los jueces y tribunales.

ENMIENDA NÚM. 23

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 158 bis del texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril quedando redactado en los siguientes términos:

«Artículo 158 bis. Funciones de mediación, arbitraje,
determinación de tarifas y control.

1. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual ejercerá su función de mediación en los siguientes
términos:

a) Colaborando en las negociaciones, previo sometimiento
voluntario de las partes por falta de acuerdo, respecto de aquellas
materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos
de propiedad intelectual y para la autorización de la distribución por
cable de una emisión de radiodifusión entre los titulares de los derechos
de propiedad intelectual y las empresas de distribución por cable.

b) Presentando, en su caso, propuestas a las partes.

Se considerará que todas las partes aceptan la propuesta a
que se refiere el párrafo anterior, si ninguna de ellas expresa su
oposición en un plazo de tres meses. En este supuesto, la resolución de
la Comisión surtirá los efectos previstos en la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje, y será revisable ante el orden jurisdiccional
civil. La propuesta y cualquier oposición a la misma se notificarán a las
partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual actuará en su función de arbitraje:

a) Dando solución, previo sometimiento voluntario de las
partes, a los conflictos sobre materias directamente relacionadas con la
gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual.

b) Fijando, a solicitud de la propia entidad de gestión
afectada, de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión
o de un usuario afectado especialmente significativo, a juicio de la
Comisión, y previa aceptación de la otra parte, cantidades sustitutorias
de las tarifas generales, a los efectos señalados en el apartado 2 del
artículo 157, para lo que deberá tener en cuenta al menos los criterios
mínimos de determinación de éstas, previstos en el artículo 157.1.b).

Lo determinado en este apartado se entenderá sin perjuicio
de las acciones que puedan ejercitarse ante la jurisdicción competente.
No obstante, el planteamiento de la controversia sometida a decisión
arbitral ante la Sección impedirá a los Jueces y Tribunales conocer de la
misma, hasta que haya sido dictada la resolución y siempre que la parte
interesada lo invoque mediante excepción.

3. 2. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual ejercerá su función de determinación de las tarifas para la
explotación de los derechos de gestión colectiva obligatoria, y para los
derechos de gestión colectiva voluntaria que, respecto de la misma
categoría de titulares, concurran con un derecho de remuneración sobre la
misma obra o prestación.

La Sección Comisión establecerá el importe de la
remuneración exigida por la utilización de obras y demás prestaciones del
repertorio de las entidades de gestión, la forma de pago y demás
condiciones

necesarias para hacer efectivos los derechos indicados en
el párrafo anterior, a solicitud de la propia entidad de gestión
afectada, de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión
o de un usuario especialmente significativo, a juicio de la Sección
Comisión, cuando no haya acuerdo entre ambas, en el plazo de seis meses
desde el inicio formal de la negociación. En el ejercicio de esta
función, la Sección Primera Comisión podrá solicitar informe previo de
aquellos organismos públicos que ejerzan sus funciones en relación con
los mercados o sectores económicos a los que afecten las tarifas a
determinar así como de las asociaciones o representantes de los usuarios
correspondientes.

En la determinación de estas tarifas, la Sección Primera
Comisión observará, al menos, los criterios establecidos en la letra b)
del artículo 157.1. Asimismo, dichas decisiones se publicarán en el
Boletín Oficial del Estado, serán aplicables a partir del día siguiente
al de la publicación, con alcance general para todos los titulares y
obligados, respecto de la misma modalidad de explotación de obras y
prestaciones e idéntico sector de usuarios, y podrán ser recurridas ante
la jurisdicción contencioso-administrativa.

Asimismo, la Sección Primera Comisión podrá dictar
resoluciones actualizando o desarrollando la metodología para la
determinación de las tarifas generales referida en el artículo 157.1.b),
previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.

4. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual ejercerá su función de control velando por que las tarifas
generales establecidas por las entidades de gestión en cumplimiento de
sus obligaciones, sean equitativas y no discriminatorias, para lo que
deberá valorar, entre otros aspectos, la aplicación de los criterios
mínimos previstos en el artículo 157.1.b) en su determinación. En caso de
apreciarse un incumplimiento de estas obligaciones, se comunicará esta
circunstancia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a
los efectos oportunos.

5. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para
el ejercicio de las funciones que la Sección Primera Comisión
desarrollará de conformidad con lo dispuesto en los apartados
anteriores.»

JUSTIFICACIÓN

Es conveniente eliminar la Sección Segunda de la Comisión
de la Propiedad Intelectual, los actos ilícitos deben ser perseguidos por
los jueces y tribunales.

ENMIENDA NÚM. 24

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el artículo 158 ter del texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril.

JUSTIFICACIÓN

Es conveniente eliminar la Sección Segunda de la Comisión
de la Propiedad Intelectual, los actos ilícitos deben ser perseguidos por
los jueces y tribunales.

ENMIENDA NÚM. 25

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinte.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 159 del texto refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril quedando redactado en los siguientes términos:

«Artículo 159. Competencias de las Administraciones
Públicas.

1. Corresponderán, en todo caso, al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, las siguientes funciones:

a) La comprobación del cumplimiento de los requisitos
legales al inicio de la actividad y la inhabilitación legal para operar,
de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual,
conforme a lo previsto en esta ley.

b) La aprobación de las modificaciones estatutarias
presentadas por estas entidades, una vez que lo hayan sido por la
respectiva Asamblea General y sin perjuicio de lo dispuesto por otras
normas de aplicación. Dicha aprobación se entenderá concedida si no se
notifica resolución en contrario en el plazo de tres meses desde su
presentación.

2. Las funciones de inspección, vigilancia y control de las
entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, incluido el
ejercicio de la potestad sancionadora, corresponderán a la Comunidad
Autónoma en cuyo territorio desarrolle principalmente su actividad
ordinaria.

Se considerará que una entidad de gestión de derechos de
propiedad intelectual desarrolla su actividad ordinaria actúa
principalmente en una Comunidad Autónoma cuando su domicilio social y el
domicilio fiscal de al menos el 50 por ciento de sus socios se encuentren
se encuentre en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, y el principal
ámbito de recaudación de la remuneración de los derechos confiados a su
gestión se circunscriba a dicho territorio. Se entenderá por principal
ámbito de recaudación aquel de donde proceda más del 60 por ciento de
ésta, siendo revisable bienalmente el cumplimiento de esta condición.

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura
y Deporte, establecerá reglamentariamente los mecanismos y obligaciones
de información necesarios para garantizar el ejercicio coordinado y
eficaz de estas funciones.

3. Corresponderán al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte las funciones de inspección, vigilancia y control, incluido el
ejercicio de la potestad sancionadora, sobre las entidades de gestión de
derechos de propiedad intelectual, cuando de acuerdo con lo previsto en
el apartado anterior no corresponda el ejercicio de estas funciones a una
Comunidad Autónoma.»

JUSTIFICACIÓN

Garantizar las competencias de la Comunidades Autónomas
sobre la materia.

ENMIENDA NÚM. 26

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/Esquerra (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional al texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril con el siguiente redactado:

«Disposición Adicional. De las competencias de la
Generalitat de Catalunya en materia de propiedad intelectual.

1. La Generalitat de Catalunya ostenta las facultades de
inspección y control de la actividad de todas las entidades gestoras de
derechos de propiedad intelectual que actúen mayoritariamente en
Catalunya.

2. La Generalitat de Catalunya ostenta la función de
autorizar las entidades gestoras de derechos de propiedad intelectual que
actúen mayoritariamente en Catalunya.

3. La Generalitat de Catalunya puede establecer y regular
un registro de los derechos de propiedad intelectual generados en
Catalunya o del que sean titulares personas con residencia habitual en
Catalunya; la actividad de inscripción, modificación o cancelación de
dichos derechos, y el ejercicio de la actividad administrativa necesaria
para garantizar su protección en todo el territorio de Catalunya.

4. Los preceptos de la presente Ley deberán ser
interpretados sin perjuicio de la competencia ejecutiva de la Generalitat
de Catalunya en materia de propiedad intelectual. Asimismo, los títulos
II y IV del libro III de la presente Ley sólo regirán en Catalunya en
defecto de normas propias sobre la materia.»

JUSTIFICACIÓN

Garantizar la plena aplicación del apartado 1 del artículo
155 del Estatuto de Autonomía de Catalunya que establece la competencia
ejecutiva en materia de propiedad intelectual a la Generalitat de
Catalunya. Este artículo es necesario debido a la Sentencia del Tribunal
Constitucional 31/2010 que menosprecia la norma estatutaria y la supedita
—pese a que el Estatuto de Autonomía de 2006 incorpora una nueva
redacción sobre la materia— a la interpretación que la Sentencia
del Tribunal Constitucional 196/1997 hizo de la Constitución y que
interpreta la competencia del Estado sobre legislación de propiedad
intelectual de forma expansiva.

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 19
enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.

Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—Jesús
Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

ENMIENDA NÚM. 27

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Uno del Artículo Primero.
Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Sustituir el apartado 1 del Artículo 25 del Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se recogen a
continuación:

«Artículo 25. Compensación equitativa por copia
privada.

1. La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o
publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así
como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o
audiovisuales, realizada mediante aparatos o instrumentos técnicos no
tipográficos o mediante servicios que se presten a través de Internet,
exclusivamente para uso privado, no profesional ni empresarial, sin fines
directa ni indirectamente comerciales, de conformidad con los apartados 2
y 3 del artículo 31, originará una compensación equitativa y única para
cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas.

Dicha compensación, que deberán costear las empresas
prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet, estará
dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran
de percibir por razón del límite legal de copia privada.»

MOTIVACIÓN

Bajo ningún concepto la compensación equitativa por copia
privada puede recaer sobre todos los contribuyentes vía Presupuestos
Generales del Estado, sino sobre las empresas prestadoras de servicios de
internet y de servicios en internet, en la medida en que se han lucrado a
costa de la creación de terceros.

ENMIENDA NÚM. 28

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Uno del Artículo Primero.
Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Sustituir el apartado 2 del Artículo 25 del Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el siguiente contenido:

«2. Serán beneficiarios de esta compensación los autores de
las obras señaladas en el apartado anterior, explotadas públicamente en
alguna de las formas mencionadas en dicho apartado, conjuntamente y, en
los casos y modalidades de reproducción en que corresponda, con los
editores, los productores de fonogramas y videogramas y los artistas
intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en dichos
fonogramas y videogramas. Los titulares de derechos de autor podrán
adherirse a una entidad de gestión de derechos de autor o
autogestionarse. También tendrán libertad para decidir sobre qué derechos
quieren licenciar su obra, así como para utilizar licencias libres u
otras alternativas al copyright tradicional. Este derecho será
irrenunciable para los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes,
salvo que voluntariamente se opte por facilitar el acceso a la cultura
libre, se trate de obras de uso libre y gratuito, o expresamente se
autorice su uso para fines educativos o de investigación.»

MOTIVACIÓN

A nuestro juicio, los creadores tienen derecho a escoger
entre adherirse a una entidad de gestión de derechos de autor o
autogestionarse. Tienen libertad para decidir sobre qué derechos quieren
licenciar su obra o incluso para renunciar voluntariamente a los mismos
en favor del acceso libre a la cultura o el uso de la obra para fines
educativos o de investigación. Obviamente las entidades gestoras de
derechos no

podrían actuar en nombre de quienes ostentan los derechos
en acceso abierto, publicados bajo las condiciones de licencias Creative
Commons, o de quienes hayan decidido permitir el uso de sus obras con
finalidades docentes o de investigación. Sin embargo, el proyecto de ley
ignora esos derechos del creador, así como la posibilidad de utilizar
licencias libres u otras alternativas al copyright tradicional.

ENMIENDA NÚM. 29

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Uno del Artículo Primero.
Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Sustituir el apartado 3 del Artículo 25 del Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el siguiente contenido:

«3. El procedimiento de determinación de la cuantía de esta
compensación, que será calculada sobre la base del criterio del perjuicio
causado a los beneficiarios enumerados en el apartado 2 debido al
establecimiento del límite de copia privada en los términos previstos en
los apartados 2 y 3 del artículo 31, así como el procedimiento de pago de
la compensación, que se realizará por las empresas prestadoras de
servicios de internet y de servicios en internet a través de las
entidades de gestión o según decida el titular del derecho, se ajustarán
a lo reglamentariamente establecido.»

MOTIVACIÓN

Bajo ningún concepto la compensación equitativa por copia
privada puede recaer sobre todos los contribuyentes vía Presupuestos
Generales del Estado, sino sobre las empresas prestadoras de servicios de
internet y de servicios en internet, en la medida en que se han lucrado a
costa de la creación de terceros.

Por otra parte, a nuestro juicio, los creadores tienen
derecho a escoger entre adherirse a una entidad de gestión de derechos de
autor o autogestionarse. Tienen libertad para decidir sobre qué derechos
quieren licenciar su obra o incluso para renunciar voluntariamente a los
mismos en favor del acceso libre a la cultura o el uso de la obra para
fines educativos o de investigación. Sin embargo, el proyecto de ley
ignora esos derechos del creador, así como la posibilidad de utilizar
licencias libres u otras alternativas al copyright tradicional.

ENMIENDA NÚM. 30

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del Apartado Tres en el Artículo Primero.
Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con
el siguiente contenido:

Se suprimen la nueva redacción del apartado 2 y el nuevo
apartado 3 del artículo 31 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril, incluidos en el proyecto de ley.

MOTIVACIÓN

Resulta inaceptable que el Gobierno, para justificar una
reducción en la compensación por copia privada a la que tienen derechos
los creadores (y por tanto recortar un gasto que por decisión de este
Gobierno corresponde asumir desde los Presupuestos Generales del Estado),
decida unilateralmente declarar ilegales todos los supuestos de
reproducción o copia para uso privado que hasta el momento eran legales,
perjudicando al consumidor.

ENMIENDA NÚM. 31

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Cuatro en el Artículo Primero.
Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con
el siguiente contenido:

Se suprime el apartado 2 del artículo 32 del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

MOTIVACIÓN

Resulta dudoso que reproducir titulares de noticias
periodísticas, ya disponibles en otras páginas web, con el
correspondiente enlace a la web original, pueda considerarse contrario a
los derechos de autor, tal como dictaminó la reciente sentencia Svensson
del Tribunal de Justicia de la UE en el caso C466/12.

Independientemente de que pueda resultar muy popular para
la imagen del Gobierno cobrar derechos de autor a Google News o Yahoo
News, multinacionales que apenas pagan impuestos a la Hacienda española,
no parece acertado establecer esta denominada «tasa Google» o «canon
AEDE» que se puede terminar cobrando a plataformas de participación
comunitaria en Internet como Twitter, Facebook o Menéame por esa
costumbre ciudadana de nuestro tiempo consistente en difundir y compartir
titulares de prensa con el enlace correspondiente en las redes sociales,
algo que forma parte de la cultura P2P, fundamental en la sociedad del
conocimiento.

Por eso, animamos al Gobierno a centrarse en lo importante:
una redacción del artículo 25 que permita exigir a las empresas
prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet el pago
de la compensación equitativa por copia privada, en lugar de que recaiga
sobre todos los contribuyentes vía Presupuestos Generales del Estado. Y
por supuesto, que se esfuerce en cobrar impuestos a los gigantes
tecnológicos antes citados por el negocio que realizan en España.

Página
252

«En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre
el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro docente u
organismo de investigación y, salvo que se trate de obras que
expresamente autoricen su uso para fines educativos o de investigación, o
que se trate de obras de uso libre y gratuito, o que dicho centro u
organismo sea titular o licenciatario de los correspondientes derechos de
propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y
comunicadas públicamente de forma parcial según el apartado b), los
autores y titulares de éstas tendrán derecho a percibir de los centros
usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de
las entidades de gestión o según decida el titular del derecho.»

MOTIVACIÓN

Se propone, para evitar futuros problemas interpretativos,
añadir el concepto de «licenciatario» junto al de titular para abarcar
aquel supuesto en que el titular haya licenciado la obra a favor de un
tercero.

También se propone añadir como excepciones al derecho
irrenunciable a una remuneración equitativa dos supuestos adicionales:
Obras que hayan sido puestas a disposición del público en general de
forma libre y gratuita; y obras que se hayan publicado con expresa
autorización para su uso con finalidades docentes o de investigación. Así
evitamos que las entidades gestoras de derechos puedan conculcar los
derechos de quienes los ostentan en acceso abierto, publicados bajo las
condiciones de licencias Creative Commons, o de quienes hayan decidido
permitir el uso de sus obras con finalidades docentes o de
investigación.

ENMIENDA NÚM. 34

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Cuatro en el Artículo Primero.
Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con
el siguiente contenido:

Se sustituye el apartado 5 del artículo 32 del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el siguiente texto:

«5. No se entenderán comprendidas en los apartados 3 y 4
las partituras musicales ni las obras de un solo uso.»

MOTIVACIÓN

Se propone eliminar la coletilla final «ni las
compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas
de carácter plástico o fotográfico figurativo», con la finalidad de
ampliar la aplicación de los límites regulados en los apartados tercero y
cuarto del artículo 32 a las obras referidas en dicho fragmento,
entendiéndose que las compilaciones a la que se refiere el fragmento que
se propone eliminar ya están debidamente protegidas al limitarse el uso
de las mismas a un pequeño fragmento, en el caso del artículo 32.3, o a
un capítulo, artículo o extensión equivalente a cambio de una
remuneración equitativa, en el caso del artículo 32.4.

Página
254

Respecto al resto de criterios listados, se propone la
modificación del actual apartado 4.º a fin de asegurar que sea un
criterio objetivo y fácilmente medible. En ese sentido, debemos recordar
las dificultades de establecer cuáles son los ingresos que genera la
explotación comercial del repertorio frente al resto de ingresos que
puede obtener un usuario. Los criterios de determinación de tarifas deben
ser sencillos de aplicar, lo contrario llevará a que se incremente la
inseguridad jurídica en este punto concreto.

Dado que hay circunstancias en las que resulta imposible la
aplicación de los criterios incluidos en el Proyecto de Ley, se propone
la inclusión de un criterio que goza de amplia aceptación en el mercado,
como es el criterio de disponibilidad. Dicho criterio se utilizaría
únicamente en los supuestos que señala el texto propuesto. Téngase en
cuenta que la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 46, ya prevé,
para la gestión individual de derechos, que en determinados supuestos no
sea posible la remuneración proporcional y, por lo tanto, se utilice la
remuneración a tanto alzado. Por lo que este criterio de disponibilidad
supone aplicar al Libro III de la Ley los mismos principios que ya se
utilizan en el Libro I.

ENMIENDA NÚM. 36

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Diecisiete en el Artículo
Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, con el siguiente contenido:

«Se modifica el apartado 3 del Artículo 158 del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se
recogen a continuación:

“3. La Sección Primera estará compuesta por cinco
vocales titulares, que podrán delegar sus funciones en sus respectivos
suplentes, todos ellos elegidos entre expertos de reconocida competencia
en materia de propiedad intelectual, entre los que el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte designará al presidente de la Sección, que
ejercerá el voto de calidad. Los vocales de la Sección serán nombrados
por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta de los titulares de
los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Economía y
Competitividad y de Justicia, de las entidades de gestión de derechos de
propiedad intelectual y del Consejo de Consumidores y Usuarios, por un
periodo de cinco años renovable por una sola vez.

La composición, funcionamiento y actuación de la Sección
Primera se regirá por lo dispuesto en esta ley y las normas
reglamentarias que la desarrollen y supletoriamente por las previsiones
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y de la
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y de la Ley 5/2012, de 6
de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.”»

MOTIVACIÓN

Parece oportuno, pues la Sección Primera va a realizar una
función de arbitraje, que exista también una representación de las
entidades de gestión y de los consumidores. Asimismo, no parece lógico
que se exija reconocida competencia en defensa de la competencia, pues
este órgano no es un nuevo CNMC. Tampoco procede que el Gobierno se
reserve modificar por decreto la composición de esta Sección Primera de
la Comisión de Propiedad Intelectual.

Página
256

«Se modifica el apartado 4 del Artículo 158 bis del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se
recogen a continuación:

“4. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual ejercerá su función de control velando por que las tarifas
generales establecidas por las entidades de gestión en cumplimiento de
sus obligaciones, sean equitativas y no discriminatorias, para lo que
deberá valorar, entre otros aspectos, la aplicación de los criterios
previstos en el artículo 157.1.b) en su determinación.

En ejercicio de su función de control la Sección Primera de
la Comisión de Propiedad Intelectual aprobará la metodología fijada por
cada entidad de gestión para la determinación de las tarifas.”»

MOTIVACIÓN

La obligación de establecer tarifas generales y los
criterios para su fijación se desarrollan de manera pormenorizada en el
apartado 1, letra b, del art. 157. Como criterio de alcance general se
prevé que las tarifas han de establecerse atendiendo al valor económico
de la prestación protegida en la actividad del usuario y el justo
equilibrio entre ambas partes. Tal criterio general, no obstante, queda
delimitado por los criterios concretos enumerados en los números 1 a 5
del art. 157.1.b, que se imponen con carácter imperativo y de
mínimos.

Las distintas resoluciones del Tribunal de Justicia de la
UE en materia de defensa de la competencia y el propio Tribunal Supremo
han admitido ese criterio del valor del uso de repertorio. No obstante,
si bien la aplicación del criterio del valor del uso de repertorio es
preferible, está condicionada por los costes de gestión inherentes a su
aplicación, y es admisible siempre que estos no sean excesivos de modo
que hagan ineficaz la gestión.

Sin embargo, atendiendo precisamente a la distinta
naturaleza y ámbito de uso de las obras y prestaciones se advierten
disparidades entre los distintos sectores de usuarios, que en muchos
casos hacen inviable la aplicación, en todo caso y sin distinciones, de
unos criterios concretos como los enumerados en los números 1 a 5 del
art. 157.1.b.

Las tarifas reclamadas por las entidades de gestión no son
más que una retribución por el uso autorizado por la correspondiente
entidad de gestión o por la obligación de hacer efectiva una remuneración
prevista legalmente a favor de determinados titulares. Dependiendo del
modelo de negocio la explotación de los derechos de propiedad intelectual
puede no estar ligada con la actividad principal del obligado al pago,
pero ello no puede conllevar que se exoneren o favorezcan, de manera
discriminatoria mediante la aplicación de precios a la baja, determinados
modelos de negocio (v.gr. sector hotelero) en perjuicio de los legítimos
intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual y de sus
derechos a percibir una justa compensación o retribución por el uso de
sus obras o prestaciones. Todo ello en detrimento, en definitiva, del
sector cultural.

La fijación de unas tarifas equitativas conforme al
criterio de valor económico que el uso del repertorio comporta para el
usuario, tiene un alcance más amplio y no se corresponde necesariamente
con los criterios enumerados en el art. 157.1.b).

Así, la determinación de los ingresos económicos «obtenidos
por el usuario por la explotación comercial del repertorio», al margen de
la dificultad de obtener los datos precisos a tales efectos y los
excesivos costes que ello comporta respecto a determinados sectores de
usuarios, resulta injustificada, toda vez, que conlleva que los titulares
sean co-responsables de los resultados de la explotación del negocio por
parte del usuario, con independencia del mayor o menor grado de uso de
sus obras y prestaciones.

Criterios tales como el uso efectivo, la intensidad y
relevancia en el conjunto de la actividad del usuario, adquieren plena
virtualidad tan sólo en el caso de que sea posible, conforme a datos
objetivos, conocer la información precisa para su aplicación. La
obtención de tal información, no obstante, en algunos sectores resulta
inviable (por ausencia de medios de control por parte del usuario y las
entidades de gestión) y su obtención conlleva excesivos costes que se
enfrentan a una gestión eficaz.

En este sentido resulta obligado traer a colación las
observaciones que la Comisión Nacional de Competencia formuló en su
informe al anteproyecto, respecto a la fijación de tarifas, en cuanto
matizan el criterio del valor del uso del repertorio, que ha ido
asentando en sus resoluciones, cuya literalidad es la siguiente:

«Este apartado obliga a las entidades de gestión a fijar
las tarifas atendiendo al valor económico de la utilización y se
establecen una serie de orientaciones (de carácter no exhaustivo) para
desarrollar dicha aproximación.

“Como ya señaló el informe de la CNC, es positivo que
se definan normativamente los criterios a que habrán de ajustarse las
tarifas, pues ello contribuirá a definir un marco de seguridad jurídica
en el que han de desenvolverse los operadores. Ahora bien, en cuanto al
contenido y alcance de las obligaciones de las entidades de gestión en
relación con las tarifas, no se incluye como una obligación de aquellas,
al menos para determinadas clases de usuarios, la aplicación de tarifas
que tengan en cuenta el uso efectivo del repertorio pero manteniendo como
alternativa las tarifas por disponibilidad.”»

Al hilo de tales valoraciones, la CNC advierte de la
necesidad de incluir en esta reforma las tarifas por disponibilidad. Esta
propuesta es coincidente con tal criterio, sustentado, a su vez, por el
Tribunal Supremo, por todas, la STS de 21 de enero de 2009, RC n.º
2157/2003, en la que declara que, en principio, resulta más equitativo el
criterio de efectividad de uso del repertorio, que el criterio de
disponibilidad o de cuantificación en función de los rendimientos de
explotación de las empresas, el primer criterio dependerá que sea posible
su aplicación.

La previsión que contempla el Proyecto, aún con carácter de
mínimos, de los criterios que han de observarse en la fijación de
tarifas, exceden del alcance fijado por la propia jurisprudencia nacional
(sentencias del Tribunal Supremo de 18/02/2009 y 15/09/2010) que exige
tener en cuenta criterios que aproximen la fijación de las remuneraciones
a la utilización efectiva. Así como a la jurisprudencia del TJUE
(sentencia— Caso STIM— de 11/12/2008 y —caso
TOURNIER— de 13/07/1989).

En este sentido, se propone la modificación del art.
157.1.b, de modo que los criterios enumerados no tengan carácter cerrado,
admitiendo la aplicación de otros criterios que permitan aproximar las
tarifas al criterio del valor del uso del repertorio. A su vez, para
determinados sectores de usuarios, atendiendo a los costes de gestión
inherentes a la aplicación de las tarifas y a la disponibilidad de los
datos objetivos precisos para su implementación, se propone mantener las
tarifas por disponibilidad.

En cuanto a las tarifas de entidades homólogas de otros
Estados de la UE se propone hacer extensiva la aplicación de este
criterio a las tarifas fijadas por las distintas entidades en nuestro
país. Se posibilita de este modo contar con un elemento de comparación
entre con las tarifas de entidades homólogas entre las que existan bases
homogéneas de comparación, habida cuenta de la inexistencia de un marco
armonizado a nivel comunitario en esta materia.

La Directiva 2014/26/UE, de 26 de febrero de 2014, entre
otros factores alude al criterio de razonabilidad de las tarifas
atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos
negociados, teniendo en cuenta la naturaleza y ámbito de uso de las obras
y otras prestaciones. En cambio no prevé un sistema de aprobación previo
de la metodología aplicada para la aprobación de las tarifas por las
entidades de gestión colectiva, tan sólo la obligación de estas de
informar al usuario de que se trate de los criterios utilizados para la
fijación de esas tarifas. Obligación que pudiera haberse acogido en el
texto del Proyecto.

Habida cuenta que el Proyecto incorpora un sistema de
control sobre la tarifas que comprende la aprobación de la metodología
para la fijación de las tarifas, se considera que la competencia a tales
efectos, por coherencia con las facultades de control y fijación de
tarifas sustitutorias que prevé el art. 158, debe corresponder a la
Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

ENMIENDA NÚM. 39

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Diecinueve en el Artículo
Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, con el siguiente contenido:

«Se añade al final del apartado 1 del Artículo 158 ter del
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, el siguiente texto:

“También le corresponderá la emisión de informes
respecto de las propuestas normativas que afecten a la tutela de los
derechos de propiedad intelectual y la propuesta de medidas para el
correcto impulso y desarrollo de Internet como vía para la difusión
lícita de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual.
Elaborará asimismo una Memoria anual que recoja los datos estadísticos de
su actividad y la forma en que se ha venido desarrollando su función,
junto con las correspondientes propuestas de mejora del sistema basadas
en su experiencia.”»

MOTIVACIÓN

Se pretende dotar a la Sección Segunda de la Comisión de
Propiedad Intelectual, por la singularidad de su función y del ámbito en
que la va a ejercer, de competencias imprescindibles para el
funcionamiento adecuado del sistema que se diseña en el texto legal. Así,
se considera necesario atribuirle competencia para emitir informes
respecto de las propuestas normativas que afecten a su ámbito de
actuación y a la tutela de los derechos de propiedad intelectual, así
como proponer medidas al Gobierno (lo que deberá hacer a través del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) para conseguir un mejor
desarrollo y utilización lícitos de Internet y una mayor educación y
formación de los ciudadanos en estas materias, esto es, el correcto
impulso y desarrollo de Internet como vía para la difusión lícita de las
obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual.

Deberá también encomendarse a esta Sección Segunda la
elaboración de una Memoria anual que recoja los datos estadísticos de su
actividad y la forma en que se haya venido desarrollando su función,
junto con las correspondientes propuestas de mejora del sistema basadas
en la experiencia. Esto resulta imprescindible para el público
conocimiento de la actividad y consecuente transparencia de las
actuaciones del órgano.

ENMIENDA NÚM. 40

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Adición del Apartado Cinco bis en el Artículo Primero.
Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con
el siguiente contenido:

Se suprime el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril:

«Artículo 71. Contrato de edición musical.

El contrato de edición de obras musicales o
dramático-musicales por el que se conceden además al editor derechos de
comunicación pública, se regirá por lo dispuesto en este Capítulo, sin
perjuicio de las siguientes normas:

1. Será válido el contrato aunque no se exprese el número
de ejemplares. No obstante, el editor deberá confeccionar y distribuir
ejemplares de la obra en cantidad suficiente para atender las necesidades

normales de la explotación concedida, de acuerdo con el uso
habitual en el sector profesional de la edición musical.

2. Para las obras sinfónicas y dramático-musicales el
límite de tiempo previsto en el apartado 6 del artículo 60 será de cinco
años.

3. No será de aplicación a este contrato lo dispuesto en el
apartado 1.c del artículo 68, y en las cláusulas 2, 3 y 4 del artículo
69.»

MOTIVACIÓN

El único sentido de mantener un artículo específico sobre
el contrato de edición musical es exceptuar en el tipo musical la
aplicación de las garantías establecidas para el común de contratos de
edición, lo que supone una discriminación para los autores de obras
musicales frente a otros autores.

La aplicación del artículo 71 supone que la mayoría de los
autores de música han cedido sus derechos de reproducción mecánica,
comunicación pública y copia privada a perpetuidad sin contraprestación
alguna por dicha cesión, y que se confiere a los editores un porcentaje
sobre sus obras por todo el tiempo de la duración del derecho.

El artículo 71 no solo niega los plazos máximos de
protección (art. 69.3 y 4), sino que excluye otras garantías para los
autores como la de finalizar el contrato a la venta total de la edición
pactada (art. 69.2) o la necesidad de consignar el número de ejemplares
en los contratos (art. 71.1) y las garantías de las ventas de ejemplares
como saldo que permiten la resolución del contrato (art. 68.C) si no se
cumplen las garantías establecidas a favor de los autores en el (art.
67).

Además, se establece como especialidad la cesión junto con
el contrato de edición, del derecho de comunicación pública (art. 71).
Esto da derecho a los editores a percibir en la mayoría de los casos el
50% de todos los derechos generados por la interpretación de sus obras,
tanto en directo como mediante su grabación en un disco y posterior
reproducción en discotecas, radios, televisión, etc.

ENMIENDA NÚM. 41

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Adición de un nuevo Apartado Cinco bis en el Artículo
Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, con el siguiente contenido:

«Se modifica Artículo 87 del Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril, en los términos que se recogen a continuación:

“Artículo 87. Autores.

Son autores de la obra audiovisual en los términos
previstos en el artículo 7 de esta Ley:

1. El director-realizador.

2. Los autores del argumento, la adaptación y los del guión
o los diálogos.

3. El director de fotografía.

4. Los autores de las composiciones musicales, con o sin
letra, creadas especialmente para esta obra.”»

MOTIVACIÓN

La presente propuesta de enmienda tiene por objeto la
inclusión del director de fotografía en el elenco de autores de la obra
audiovisual que contempla el art. 87 TRLPI. La omisión de este colectivo
de creadores en la redacción vigente constituye una grave deficiencia que
ha generado una discriminación jurídicamente insostenible y ha generado
un daño grave e irreparable a los directores de fotografía.

El director de fotografía es quien elabora la sucesión de
imágenes necesaria para la obra audiovisual, aportando elementos
personales, conforme a criterios de decisión propios y autónomos
(elección del encuadre, perspectiva, luces y sombras, etc.). La actividad
del director de fotografía es, por tanto, creativa, en cuanto la misma
está dotada de la originalidad que exige el TRLPI (arts. 1 y 10), habida
cuenta que su labor no es de ejecución técnica de las instrucciones del
director-realizador. Aporta, y de manera muy relevante, criterios
artísticos propios y autónomos que influyen de manera sustancial en el
resultado final que es la obra cinematográfica o audiovisual. En suma, el
director de fotografía es creador de la aportación visual al rodaje o
confección de la obra audiovisual y, como tal, autor.

Además, siendo la obra audiovisual, conforme al art. 86
TRLPI, la «creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas»,
no se entiende como aquél cuya contribución es esencial (la imagen) no
tiene la misma consideración que aquél cuya contribución es meramente
accesoria a los efectos de calificar la obra como «audiovisual», por
ejemplo, el compositor de la música.

A nivel comunitario, no sólo no existe norma alguna que
impida la consideración expresa del director de fotografía como autor de
la obra audiovisual, sino todo lo contrario: permite a los Estados
miembros reconocer dicha condición a cualesquiera otros individuos que,
junto con el director principal, contribuyan con sus aportaciones
creativas a la creación de la obra audiovisual.

Efectivamente, conforme al art. 2.2 de la Directiva
2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de
2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los
derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, y al art. 2.1
de la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de
autor y de determinados derechos afines, se dispone: «Se considerará
“autor o coautor” al Director principal de una obra
cinematográfica o audiovisual. Los Estados miembros podrán atribuir la
condición de coautores a otras personas».

De conformidad con la normativa comunitaria, todos los
Estados Miembros de la UE han optado por atribuir la condición de autor
de la obra audiovisual a otras personas además del director, incluido, en
muchos casos, el director de fotografía. Así, países de nuestro entorno,
como Alemania, Austria, Finlandia, Holanda, Suecia y Polonia, entre otros
muchos, reconocen al director de fotografía como autor de la obra
audiovisual.

ENMIENDA NÚM. 42

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo segundo. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Uno en el Artículo Segundo.
Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
con el siguiente contenido:

«Se modifica el subapartado 7.º y se introducen unos nuevos
subapartados 10.º y 11.º en el apartado 1 del artículo 256, con la
siguiente redacción:

(…)

10.º Por petición, de quien pretenda ejercitar una acción
por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de
propiedad intelectual, para que se identifique al prestador de un
servicio de la sociedad de la información sobre el que concurran indicios
razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo, de forma
directa o indirecta, incluidos enlaces y redireccionamientos, contenidos,
obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los
requisitos establecidos por la legislación de propiedad industrial o de
propiedad intelectual, mediante actos que no puedan considerarse
realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de
lucro.

(…)

11.º Mediante la solicitud, formulada por el titular de un
derecho de propiedad intelectual que pretenda ejercitar una acción por
infracción del mismo, de que un prestador de servicios de la sociedad de
la información aporte los datos necesarios para llevar a cabo la
identificación de un usuario de sus servicios, con el que mantengan o
hayan mantenido en los últimos doce meses relaciones de prestación de un
servicio, sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo
a disposición o difundiendo, de forma directa o indirecta, incluidos
enlaces y redireccionamientos, contenidos, obras o prestaciones objeto de
tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la
legislación de propiedad industrial o de propiedad intelectual, mediante
actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores
finales de buena fe y sin ánimo de lucro.»

MOTIVACIÓN

Aun cuando no se haga referencia expresa al requisito de la
comisión a «escala comercial» de la infracción, recogido en la Directiva
2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004
relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe quedar
claro que las actuaciones contempladas se dirigen contra los prestadores
de servicios (que lo son normalmente a título oneroso, de acuerdo con la
LSSI) y no contra los consumidores sin animus damnandi ni animus
lucrii.

ENMIENDA NÚM. 43

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación de la Disposición Adicional Primera. Medidas
de reducción de los costes de transacción, con el siguiente
contenido:

«1. El Gobierno impulsará medidas para la reducción de los
costes de transacción entre titulares de derechos de propiedad
intelectual y los usuarios de tales derechos, tomando especialmente en
consideración las posibilidades ofrecidas por los desarrollos
tecnológicos, incluyendo, entre otras, medidas dirigidas a una
articulación más eficiente de la interlocución entre titulares de
derechos, representantes de éstos y usuarios.

2. En los términos a que se refiere el apartado 4 de la
presente disposición, las entidades de gestión colectiva de derechos de
propiedad intelectual legalmente establecidas, excluidas las relacionadas
con las obras textuales, deberán crear una ventanilla única para
facilitar las operaciones de facturación y pago de los importes que los
usuarios adeuden a las mismas, según la obligación establecida en el
artículo 157.1.e) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Las entidades de gestión dispondrán del plazo de cinco meses desde la
entrada en vigor de la Ley para acordar los términos de creación,
financiación y mantenimiento de esta ventanilla única. A falta de acuerdo
entre las entidades de gestión y dentro del término improrrogable de tres
meses desde la finalización del plazo anterior, la Sección Primera

de la Comisión de Propiedad Intelectual podrá dictar una
resolución estableciendo dichos términos, pudiendo resolver cuantas
controversias puedan surgir, y establecer cuantas instrucciones sean
precisas para el correcto funcionamiento de esta ventanilla única, todo
ello sin perjuicio del correspondiente expediente sancionador en base al
incumplimiento de la referida obligación legal.

La ventanilla será gestionada por una persona jurídica
privada sin que ninguna entidad de gestión ostente capacidad para
controlar la toma de decisiones.

La ventanilla deberá prestar sus servicios en condiciones
objetivas, transparentes y no discriminatorias, y adecuarse a las
siguientes reglas:

a) Deberá garantizarse la prestación de servicios a toda
entidad de gestión legalmente establecida.

b) Deberá incorporar las tarifas generales vigentes para
cada colectivo de usuarios y en relación con todas las entidades
legalmente establecidas.

c) Deberá facilitar el pago de los importes de las tarifas
generales que los usuarios adeuden a las entidades de gestión legalmente
establecidas.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, en sus respectivos ámbitos de
competencia, velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este
apartado, incluyendo el control de los estatutos de la persona jurídica
que gestiona la ventanilla con carácter previo al inicio del
funcionamiento de la misma.

3. Las cantidades que las entidades de gestión destinen a
la financiación de la ventanilla única de facturación y pago prevista en
el apartado anterior, podrán entenderse comprendidas en las actuaciones
de fomento de la oferta digital legal a los efectos previstos en la letra
b) del artículo 154.5 de la Ley de Propiedad Intelectual.

4. La obligación de las entidades de gestión colectiva de
propiedad intelectual a que hace referencia el apartado 2 anterior y el
artículo 157.1.e), será de exclusiva aplicación para facilitar a las
operaciones de facturación y pago de los importes adeudados por los
titulares de la explotación de establecimientos abiertos al público y de
hospedaje, derivados de los actos de comunicación pública de obras
musicales y fonogramas u obras y grabaciones audiovisuales que se
realicen en los mismos.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se
entenderá por establecimientos abiertos al público a los bares,
cafeterías, restaurantes, tabernas, pubs, discotecas, centros culturales,
centros de ocio y otros similares a los anteriores que utilicen el
repertorio de las entidades concurrentes en la ventanilla. Asimismo, por
establecimientos de hospedaje y a los efectos de la presente ley se
entenderán aquellos que tengan por actividad principal la prestación de
servicios de alojamiento a huéspedes y viajeros mediante compensación
económica tales como hoteles, hostales, hoteles-apartamentos o
apartahoteles, moteles, pensiones, albergues, balnearios, hoteles rurales
y casas rurales.»

MOTIVACIÓN

El objetivo de la presente enmienda es adecuar la
obligación de crear una ventanilla única a aquellos ámbitos de la
actividad económica en los que realmente existe una demanda por parte de
los usuarios, y en los que tal medida resulta razonable para la
satisfacción del objetivo de la reducción de los costes de transacción,
todo ello en atención a sus características, número, intensidad de uso de
los repertorios y cuantía de las tarifas aplicables a sectores concretos
de usuarios.

De otro lado, al articularse la ventanilla a través de una
«persona jurídica privada» se superan, a su vez, los riesgos de
preponderancia de cualesquiera entidades de gestión autorizadas en
España. Objetivo que también se logra con el reforzamiento que contempla
el Proyecto de advertir que «ninguna entidad de gestión ostente capacidad
para controlar la toma de decisiones».

Esta propuesta deja al margen de la ventanilla las
responsabilidades particulares de cada entidad de gestión concurrente
tales como el establecimiento de tarifas y su negociación, etc., por ser
tales responsabilidades obligaciones que la ley impone a cada entidad de
gestión y de las que cada entidad ha de responder ante el Ministerio,
CNMC, Tribunales de Justicia, etc. De este modo queda garantizada la
libertad de contratación y negociación, a diferencia de otros sistemas
incluidos en anteproyectos anteriores.

El fin de la creación de la ventanilla única no es otro que
la «reducción de costes de transacción», por tanto, la misma ha de
afectar a sectores concretos de usuarios, como los descritos en el
apartado 4, respecto a los que, en atención a su elevado número,
dispersión geográfica, o incidencia del uso del

repertorio en su actividad principal, de manera efectiva la
realización de las operaciones de facturación y pago a través de la
ventanilla única cumple la finalidad perseguida.

ENMIENDA NÚM. 44

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación de la Disposición Adicional Segunda.
Especialidades tarifarias, con el siguiente contenido:

«Disposición Adicional Segunda. Especialidades
tarifarias.

Las tarifas generales de aplicación por parte de las
entidades de gestión a las entidades públicas que tienen atribuida por la
legislación del Estado como competencia propia la promoción de la cultura
y equipamientos culturales, serán fijadas mediante acuerdo con la
representación institucional de esas entidades públicas.»

MOTIVACIÓN

Se trata de ampliar las «tarifas adecuadas» de que habla el
proyecto de Ley solo para servicios públicos de radio y televisión a
otros servicios públicos como bibliotecas, política cultural, patrimonio
local y universal, recuperación de la memoria, etc. El vigente artículo
25.2. m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, atribuye expresamente a la Administración Local la
competencia propia e irrenunciable de «promoción de la cultura y
equipamientos culturales».

ENMIENDA NÚM. 45

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación de la Disposición Transitoria Segunda.
Especialidades tarifarias, con el siguiente contenido:

«1. Cada entidad de gestión deberá establecer sus tarifas
generales, adecuadas a los criterios establecidos en esta ley, en el
plazo de seis meses desde la aprobación de la correspondiente metodología
para la determinación de dichas tarifas por parte de la Comisión de
Propiedad Intelectual conforme a lo previsto en el artículo 158 bis de la
presente ley.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 anterior, las
tarifas de las entidades de gestión colectiva respecto a derechos
exclusivos o de remuneración acordadas con usuarios seguirán produciendo
plenos efectos durante la vigencia de los correspondientes acuerdos
suscritos, y durante un plazo máximo de tres

años a partir de la entrada en vigor de esta ley, cuando la
entidad de gestión pueda acreditar que tiene acuerdos con asociaciones
representativas a nivel nacional del sector correspondiente, o con los
principales organismos de radiodifusión, o con un usuario especialmente
significativo o con un colectivo de usuarios especialmente significativo,
así como en los supuestos de utilizaciones singulares.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 y a
excepción de los casos mencionados en el apartado 2 del presente
artículo, las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad
intelectual deberán iniciar las negociaciones con las asociaciones
representativas a nivel nacional del sector correspondiente y con los
organismos de radiodifusión para el establecimiento de nuevas tarifas
adaptadas a los criterios establecidos en la letra b) del artículo 157.1
de la Ley de Propiedad Intelectual en el plazo máximo de un año a partir
de la entrada en vigor de la ley. A falta de acuerdo entre las partes se
estará a lo dispuesto en el artículo 158 bis de esta ley.

Para los supuestos contemplados en el párrafo anterior, y
salvo que existan acuerdos en vigor sobre tarifas aplicables cuyos
términos y condiciones hayan sido negociados y fijados con asociaciones
representativas a nivel nacional del sector correspondiente o con los
principales organismos de radiodifusión y hasta que se aprueben y
difundan públicamente las nuevas tarifas generales, durante el periodo
completo de la negociación los usuarios deberán realizar pagos mensuales
a cuenta, a la entidad de gestión correspondiente y, en relación con los
derechos de remuneración exigidos por las entidades de gestión y así como
a los efectos de entender concedida la autorización respecto a los
derechos exclusivos concurrentes con éstos, cuyo importe será el 90 por
100 de las tarifas generales ya aprobadas por cada entidad de gestión a
la entrada en vigor de esta ley.

Una vez se produzca el acuerdo voluntario o la oportuna
resolución de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual,
se realizará la liquidación de las tarifas correspondientes al periodo de
negociación.

Cuando un acto de explotación de una obra o prestación
protegida esté sujeto a un derecho de remuneración y concurra con un
derecho exclusivo sobre la misma obra o prestación de la misma categoría
de titulares a la que corresponde el derecho de remuneración, la tarifa
de ambos derechos se someterá al régimen establecido en este
apartado.»

MOTIVACIÓN

La presente enmienda pretende salvaguardar los contratos en
vigor respecto a los derechos exclusivos como los de remuneración, y el
periodo transitorio de adaptación al nuevo sistema de fijación de
tarifas.

Asimismo, se prevé un sistema de pagos a cuenta, que
permite realizar las nuevas negociaciones en unas condiciones más
equilibradas, y que se ajustaría en función de los resultados de la
negociación.

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador
Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi,
INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 6
enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.

Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—Urko
Aiartza Azurtza, Iñaki Goioaga Llano, Amalur Mendizabal Azurmendi y
Alberto Unamunzaga Osoro.

ENMIENDA NÚM. 46

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga
Llano (GPMX), de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX) y de don Alberto
Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador
Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi,
INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Preámbulo. I.

ENMIENDA

De adición.

Añadir al final del 2.º párrafo, el siguiente texto:

Texto que se propone, a continuación de «... el desarrollo
de internet, basado en gran parte en la libertad de los usuarios para
aportar contenidos»:

«En este contexto hay que plantear también la disposición a
reconocer la utilidad de las licencias denominadas libres y papel
desarrollado por el movimiento ‘‘copyleft’’ que
ha permitido la difusión, desarrollo e implantación actual de internet y
que ha tenido como base el software con licencias libres.»

JUSTIFICACIÓN

Reconocimiento y necesidad de potenciación de un sector, el
del software con licencias libres, que ha jugado y va a jugar cada vez
más un papel importante en el desarrollo de la sociedad del
conocimiento.

ENMIENDA NÚM. 47

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga
Llano (GPMX),

de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX)

y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador
Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi,
INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

En el artículo 25.2 suprimir la última frase: «Este derecho
será irrenunciable para los autores y los artistas intérpretes o
ejecutantes».

JUSTIFICACIÓN

Es necesario retirar la obligación irrenunciable de
compensar equitativamente a los editores u otros titulares, puesto que
existen autores o titulares de derechos que realizan tanto una
autorización para el uso de sus contenidos como una renuncia voluntaria a
la posible compensación que les correspondiese a través de las licencias
denominadas libres.

ENMIENDA NÚM. 48

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga
Llano (GPMX),

de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX)

y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador
Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi,
INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De adición.

De adición al artículo 1, punto 1, del Proyecto de Ley.

Creación de un nuevo artículo, el 25.1 bis.

«Artículo 25.1 bis.

Estarán excluidas de esta compensación todas las obras que
por sus autores hayan sido creadas bajo licencias libres, “Creative
Commons”, con el fin de garantizar el derecho de los autores y los
usuarios a promover el “copyleft”.»

JUSTIFICACIÓN

Proteger el derecho de los autores y los usuarios a
promover la socialización del conocimiento.

ENMIENDA NÚM. 49

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga
Llano (GPMX),

de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX)

y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador
Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi,
INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Texto que se propone:

Nueva redacción:

«Artículo 32. Citas y reseñas e ilustración con fines
educativos o de investigación científica.

No será necesaria la autorización del autor de todo tipo de
contenido susceptible de protección, sin realizar distinción alguna entre
obras escritas, audiovisuales, fotográficas o meras fotografías, pudiendo
ser utilizadas para fines informativos, de creación de opinión pública,
investigación, docencia o incluso entretenimiento siempre y cuando se
realicen teniendo en cuenta la naturaleza de la obra protegida, la
cantidad y la importancia de la obra utilizada en relación con el
conjunto y el efecto del uso sobre el potencial mercado o el valor de la
obra con derechos de propiedad intelectual; y siempre indicando la fuente
y el nombre del autor de la obra utilizada.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone retirar la obligación irrenunciable de compensar
equitativamente a los editores u otros titulares, puesto que existen
autores o titulares de derechos que realizan tanto una autorización para
el uso de sus contenidos como una renuncia voluntaria a la posible
compensación que les correspondiese a través de las licencias denominadas
libres. Asimismo se elimina la diferenciación arbitraria generada entre
los editores de artículos que no requerirán autorización y los
generadores de contenidos gráficos que sí requerirán de autorización
previa.

Se regula de forma que todo tipo de contenido susceptible
de protección —sin realizar ningún tipo de distinción entre obras
escritas, fotográficas, imágenes o meras fotografías—, pudiera ser
utilizado para

fines informativos, de creación de opinión pública,
docencia o incluso entretenimiento siempre y cuando se tengan en cuenta
ciertos parámetros.

La inclusión de este «fair use» de tradición anglosajona en
nuestra legislación facilitaría y reduciría las modificaciones necesarias
en la normativa en lo referente a la cita e ilustración tanto en la
enseñanza como en los artículos periodísticos o similares. Generaría
salirse del encorsetamiento generado por las exclusiones a un número más
abierto de posibles excepciones.

Asimismo esta inclusión del «fair use» tendría relevancia
en la facilitación de la salvaguarda de los derechos en el entorno
digital sin necesidad de autoridades administrativas creadas a tal efecto
dentro de la normativa (comisión segunda de propiedad intelectual del
Ministerio de Cultura).

ENMIENDA NÚM. 50

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga
Llano (GPMX),

de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX)

y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador
Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi,
INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Suprimir el punto 2 del artículo 32.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la legislación europea y la concepción de
internet como espacio abierto al conocimiento y la libertad de
información.

ENMIENDA NÚM. 51

De don Urko Aiartza Azurtza (GPMX), de don Iñaki Goioaga
Llano (GPMX),

de doña Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX)

y de don Alberto Unamunzaga Osoro (GPMX)

El Senador Urko Aiartza Azurtza, INDEP (GPMX), el Senador
Iñaki Goioaga Llano, EHB (GPMX), la Senadora Amalur Mendizabal Azurmendi,
INDEP (GPMX) y el Senador Alberto Unamunzaga Osoro, EA (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo 151. Estatutos.

5. Los derechos de los socios tendrán que ser igualitarios
y, en particular, el régimen de voto, en el caso de que se establezcan
criterios de ponderación, deberá garantizarse, en todo caso, una
representación suficiente y equilibrada del conjunto de los asociados de
modo que en ningún caso ninguno de los socios

pueda acumular más del 1% de los derechos de voto de forma
que una minoría nunca pueda impedir a la mayoría ejercer su derecho a la
participación efectiva.

Dichos criterios de ponderación podrán basarse únicamente
en la duración de la condición de socio en la entidad de gestión, en las
cantidades recibidas en virtud de dicha condición o en ambos. En materia
relativa a sanciones de exclusión de socios, el régimen de voto siempre
será igualitario.»

JUSTIFICACIÓN

Garantizar la democratización de los procesos de decisión
en las entidades de gestión.

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula 7 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—Isidro
Manuel Martínez Oblanca.

ENMIENDA NÚM. 52

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el parrafo segundo del artículo 138, que queda
redactado en los siguientes términos:

«Tendrá también la consideración de responsable de la
infracción quien induzca a sabiendas la conducta infractora; quien
coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con
indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés
económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con
una capacidad de control sobre la conducta del infractor. Cuando se
aprecie cualquiera de las conductas que acaban de definirse, no serán de
aplicación las limitaciones de responsabilidad específicas establecidas
en los artículos 14 a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico.»

JUSTIFICACIÓN

Debe darse la vuelta a la cautela del segundo inciso. Si
alguien coopera a la infracción ajena, la induce o se beneficia
económicamente de ella pudiendo controlarla, es obvio que no puede ser
calificado a la vez como prestador meramente intermediario, y por tanto
no debería ni siquiera sugerirse la posibilidad hipotética de que fueran
de aplicación los «puertos seguros» de la LSSI que benefician a los
prestadores intermediarios de la sociedad de la información.

ENMIENDA NÚM. 53

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el punto 2 del artículo 158.ter, que queda
redactado en los siguientes términos:

«2. El procedimiento de restablecimiento de la legalidad se
dirigirá contra los prestadores de servicios de la sociedad de la
información que vulneren derechos de propiedad intelectual, atendiendo la
Sección Segunda para acordar o no el inicio del procedimiento a su nivel
de audiencia en España, y al número de obras y prestaciones protegidas
indiciariamente no autorizadas a las que es posible acceder a través de
su servicio o gracias a su modelo de negocio. Con independencia de la
calificación de su conducta desde el punto de vista de la vulneración de
derechos de propiedad intelectual, el procedimiento podrá emplearse
contra los prestadores que faciliten enlaces o instrumentos de búsqueda a
obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización,
siempre que desarrollen a tal efecto una labor activa no limitada a
funciones de mera intermediación técnica. En particular, se podrá dirigir
frente a quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a
las obras y prestaciones referidas anteriormente, con independencia de
que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los
destinatarios del servicio.»

JUSTIFICACIÓN

Debe quedar claro que la protección que se articule a
través de la S.2.ª CPI frente a los prestadores de enlaces es
independiente de que su conducta pueda además calificarse (o no) como
vulneradora de DPI (lo que, tras la STJUE de 13 de febrero de 2014
—«caso Svensson»— podría suceder en todos los casos en
enlaces a contenidos que están en páginas web sin permiso de los
titulares). Fuera de ello, no sobra que se pueda articular el
procedimiento administrativo ante la S. 2.ª CPI, que de acuerdo con el
primer inciso de la norma se destina a perseguir aquellas vulneraciones
en Internet que a juicio de la S.2.ª CPI lo merezcan, ya sea por su nivel
de audiencia en España o por el número de obras y prestaciones
afectadas.

ENMIENDA NÚM. 54

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 3 del artículo 158.ter, que queda
redactado en los siguientes términos:

«El procedimiento se iniciará de oficio, previa denuncia
del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideren
vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio, debiendo
éste aportar junto a la misma una prueba razonable del previo intento de
requerimiento de retirada infructuoso al servicio de la sociedad de la
información presuntamente vulnerador solicitando la retirada de los
contenidos específicos ofrecidos sin autorización, siendo suficiente
dirigir dicho requerimiento a la dirección electrónica que el prestador
facilite al público a efectos de comunicarse con el mismo.

(...)

Las entidades de gestión estarán legitimadas para instar
este procedimiento en los términos de lo dispuesto en el artículo 150.
Podrá también solicitar la iniciación del procedimiento una asociación
profesional representativa de derechos de propiedad intelectual del tipo
que se pueda considerar vulnerado, y en general quien ostente un interés
legítimo en que se restablezca la legalidad frente a una vulneración
significativa de derechos de propiedad intelectual por el responsable de
algún servicio de la sociedad de la información.»

JUSTIFICACIÓN

Si se pretende que el procedimiento de salvaguarda de DPI
ante la S. 2 de la CPI sea verdaderamente eficaz, debe abrirse la
legitimación activa para acudir al mismo. Para ello habría que, por un
lado, suprimir la exigencia de que haya que aportar prueba razonable del
previo intento de requerimiento infructuoso de retirada dirigido al
presunto infractor, puesto que el propio procedimiento prevé la opción de
retirada voluntaria de los contenidos. Por otro lado, debe admitirse una
amplia legitimación no sólo de entidades de gestión, sino también de
asociaciones profesionales representativas de titulares de DPI, y en
general de sujetos, individuales o colectivos, que ostenten un interés
legítimo en que se ponga fin a las vulneraciones de ciertos DPI en la
red. Ello habilitaría en particular a entidades organizadoras de eventos
incorporados a emisiones o transmisiones que, aun sin ostentar
propiamente derechos sobre éstas, es claro que tienen un legítimo interés
en que cese la piratería de esa clase de contenidos en Internet. Con esa
sencilla adición, que dotaría al procedimiento ante la S. 2 CPI de un
carácter de protección de intereses difusos o colectivos, se brindaría
protección administrativa a derechos de propiedad intelectual sin que sea
necesario que quien inste el inicio del procedimiento sea un titular de
los mismos.

ENMIENDA NÚM. 55

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Nueve bis. Se modifica el artículo 139.1.h) con la
siguiente redacción:

«h) La suspensión de los servicios prestados por
cualesquiera intermediarios a terceros que se valgan de ellos para
infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo
dispuesto para los prestadores de servicios de intermediación de la
sociedad de la información en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora y aclaración de la actual redacción, a fin de
apuntalar que la acción de cesación del art. 139.1.h) LPI sirve para
dirigirse frente a cualquier tipo de intermediario, no sólo los de la
sociedad de la información, aunque la salvedad del segundo inciso sí que
se refiera exclusivamente a los intermediarios de la sociedad de la
información. Esto facilitará instar el cese de una conducta de
comercialización de ciertos bienes o servicios empleados por otros
sujetos para infringir derechos de propiedad intelectual, apelando a la
colaboración de los agentes intermediarios, aunque no encajen en la
definición de prestadores de servicios de intermediación de la sociedad
de la información, y naturalmente sin perjuicio de la aplicación a estos
últimos del régimen especial de exoneración de responsabilidad que
establece a su favor la LSSICE.

ENMIENDA NÚM. 56

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Ocho bis. Se modifica el artículo 132 con el siguiente
texto:

«Las disposiciones contenidas en el artículo 6.1, en la
sección 2.ª del capítulo III, del Título II, salvo el artículo 21, y en
el capítulo II del Título III, salvo lo establecido en el párrafo segundo
del apartado segundo del artículo 37, ambos del Libro I de la presente
Ley, se aplicarán, con carácter subsidiario y en lo pertinente, a los
otros derechos de propiedad intelectual regulados en este Libro.
Corresponde a los titulares de los otros derechos de propiedad
intelectual el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación sobre
su prestación en cualquier forma.»

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con la proyectada regulación del art. 270
CP, sería conveniente aprovechar la reforma en ciernes de la LPI para
aclarar en el art. 132 LPI que la cláusula general de asignación de la
exclusiva respecto de la explotación en cualquier forma del art. 17 LPI
es también aplicable a los otros derechos de propiedad intelectual, o
para plasmar en el propio art. 132 LPI una cláusula similar. Debería
asimismo salvarse la aplicación por remisión del derecho de
transformación, pues se trata de una modalidad no aplicable en principio
a objetos que, como los del Libro II LPI, carecen de originalidad.

ENMIENDA NÚM. 57

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime del subapartado 10.º en el apartado 1 del
artículo 256 el siguiente texto:

«La solicitud estará referida a la obtención de los datos
necesarios para llevar a cabo la identificación y podrá dirigirse a los
prestadores de servicios de la sociedad de la información, de pagos
electrónicos y de publicidad que mantengan o hayan mantenido en los
últimos doce meses relaciones de prestación de un servicio con el
prestador de servicios de la sociedad de la información que se desee
identificar. Los citados prestadores proporcionarán la información
solicitada, siempre que ésta pueda extraerse de los datos de que
dispongan o conserven como resultado de la relación de servicio que
mantengan o hayan mantenido con el prestador de servicios objeto de
identificación, salvo los datos que exclusivamente estuvieran siendo
objeto de tratamiento por un proveedor de servicios de Internet en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de
conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las
redes públicas de comunicaciones.»

JUSTIFICACIÓN

Si se mantuviera el texto tachado, la nueva diligencia
preliminar del art. 256.1.10.º LEC resultaría en gran medida
ineficaz.

Página
273

«Artículo 25. Compensación equitativa por copia
privada.

1. La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o
publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así
como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o
audiovisuales, realizada mediante aparatos o instrumentos técnicos no
tipográficos o mediante servicios que se presten a través de Internet,
exclusivamente para uso privado, no profesional ni empresarial, sin fines
directa ni indirectamente comerciales, de conformidad con los apartados 2
y 3 del artículo 31, originará una compensación equitativa y única para
cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas.

Dicha compensación, que deberán costear las empresas
prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet, estará
dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran
de percibir por razón del límite legal de copia privada.»

JUSTIFICACIÓN

Bajo ningún concepto la compensación equitativa por copia
privada puede recaer sobre todos los contribuyentes vía Presupuestos
Generales del Estado, sino sobre las empresas prestadoras de servicios de
internet y de servicios en internet, en la medida en que se han lucrado a
costa de la creación de terceros.

ENMIENDA NÚM. 60

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Uno del Artículo Primero.
Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Sustituir el apartado 2 del Artículo 25 del Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el siguiente contenido:

«2. Serán beneficiarios de esta compensación los autores de
las obras señaladas en el apartado anterior, explotadas públicamente en
alguna de las formas mencionadas en dicho apartado, conjuntamente y, en
los casos y modalidades de reproducción en que corresponda, con los
editores, los productores de fonogramas y videogramas y los artistas
intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en dichos
fonogramas y videogramas. Los titulares de derechos de autor podrán
adherirse a una entidad de gestión de derechos de autor o
autogestionarse. También tendrán libertad para decidir sobre qué derechos
quieren licenciar su obra, así como para utilizar licencias libres u
otras alternativas al copyright tradicional. Este derecho será
irrenunciable para los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes,
salvo que voluntariamente se opte por facilitar el acceso a la cultura
libre, se trate de obras de uso libre y gratuito, o expresamente se
autorice su uso para fines educativos o de investigación.»

JUSTIFICACIÓN

A nuestro juicio, los creadores tienen derecho a escoger
entre adherirse a una entidad de gestión de derechos de autor o
autogestionarse. Tienen libertad para decidir sobre qué derechos quieren
licenciar su obra o incluso para renunciar voluntariamente a los mismos
en favor del acceso libre a la cultura o el uso de la obra para fines
educativos o de investigación. Obviamente las entidades gestoras de
derechos no podrían actuar en nombre de quienes ostentan los derechos en
acceso abierto, publicados bajo las

condiciones de licencias Creative Commons, o de quienes
hayan decidido permitir el uso de sus obras con finalidades docentes o de
investigación. Sin embargo, el proyecto de ley ignora esos derechos del
creador, así como la posibilidad de utilizar licencias libres u otras
alternativas al copyright tradicional.

ENMIENDA NÚM. 61

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Uno del Artículo Primero.
Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Sustituir el apartado 3 del Artículo 25 del Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el siguiente contenido:

«3. El procedimiento de determinación de la cuantía de esta
compensación, que será calculada sobre la base del criterio del perjuicio
causado a los beneficiarios enumerados en el apartado 2 debido al
establecimiento del límite de copia privada en los términos previstos en
los apartados 2 y 3 del artículo 31, así como el procedimiento de pago de
la compensación, que se realizará por las empresas prestadoras de
servicios de internet y de servicios en internet a través de las
entidades de gestión o según decida el titular del derecho, se ajustarán
a lo reglamentariamente establecido.»

JUSTIFICACIÓN

Bajo ningún concepto la compensación equitativa por copia
privada puede recaer sobre todos los contribuyentes vía Presupuestos
Generales del Estado, sino sobre las empresas prestadoras de servicios de
internet y de servicios en internet, en la medida en que se han lucrado a
costa de la creación de terceros.

Por otra parte, a nuestro juicio, los creadores tienen
derecho a escoger entre adherirse a una entidad de gestión de derechos de
autor o autogestionarse. Tienen libertad para decidir sobre qué derechos
quieren licenciar su obra o incluso para renunciar voluntariamente a los
mismos en favor del acceso libre a la cultura o el uso de la obra para
fines educativos o de investigación. Sin embargo, el proyecto de ley
ignora esos derechos del creador, así como la posibilidad de utilizar
licencias libres u otras alternativas al copyright tradicional.

ENMIENDA NÚM. 62

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado uno del artículo primero.

De adición de dos nuevos puntos al artículo 25.

«7. Los periodistas gráficos y literarios son los autores,
únicos o colectivos, de los artículos, imágenes y otros materiales
informativos que se publican, divulgan y emitan, firmados o no firmados,
a través de los medios de comunicación social impresos, radiofónicos,
audiovisuales y electrónicos (informáticos/Internet) y comparten con los
editores de medios de comunicación el derecho a decidir la forma en la
que desean que sus trabajos sean explotados.

8. Los periodistas gráficos y literarios deben percibir y
compartir con las empresas editoras una compensación material por la
difusión de sus trabajos en los distintos medios de comunicación.»

JUSTIFICACIÓN

Por creerlo conveniente.

ENMIENDA NÚM. 63

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado uno del artículo primero.

De supresión del Artículo 25. Compensación equitativa por
copia privada.

De supresión del apartado 1 párrafo 2 «con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado».

De supresión del apartado 2 párrafo 1 «Este derecho será
irrenunciable para los autores y los artistas intérpretes o
ejecutantes».

De supresión del apartado 3 párrafo 1 «y contará con una
consignación anual en la Ley de Presupuestos Generales del Estado».

JUSTIFICACIÓN

Por creerlo conveniente.

ENMIENDA NÚM. 64

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado tres del artículo primero.

De supresión del apartado 2 párrafo 1 del artículo 31
«cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias».

JUSTIFICACIÓN

La modificación propuesta es especialmente rechazable por
la nueva delimitación de la copia privada y la adopción de un sistema de
remuneración equitativa —inédito en Europa— con cargo a los
presupuestos generales de Estado (se institucionaliza el famoso canon
digital), obligando de forma universal al pago de un canon en concepto de
compensación por copia privada.

Lo que pretende esta ley es consagrar un supuesto «derecho
irrenunciable» que no compartimos. La defensa de los derechos de autor es
legítima, pero no debe extenderse a vulnerar el derecho de quienes eligen
ejercer sus derechos de autor de manera diferente. El copyright es
legítimo; el copyleft, también. Los partidarios de lo primero no pueden
imponer sus criterios a los partidarios de lo segundo.

Con la reforma se determina la anulación de la copia
privada tal y como ahora la entendemos, a pesar de que todos los
ciudadanos (usuarios o no) pagan a priori. Este controvertido sistema
seguirá adelante, a pesar de que la Comisión de Asuntos Jurídicos del
Parlamento Europeo ha aprobado recientemente un Informe que afirma que el
sistema de canon sigue siendo la mejor opción tanto para los creadores
como para los consumidores.

ENMIENDA NÚM. 65

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del Apartado Tres en el Artículo Primero.
Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con
el siguiente contenido:

Se suprimen la nueva redacción del apartado 2 y el nuevo
apartado 3 del artículo 31 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril, incluidos en el proyecto de ley.

JUSTIFICACIÓN

Resulta inaceptable que el Gobierno, para justificar una
reducción en la compensación por copia privada a la que tienen derechos
los creadores (y por tanto recortar un gasto que por decisión de este
Gobierno corresponde asumir desde los Presupuestos Generales del Estado),
decida unilateralmente declarar ilegales todos los supuestos de
reproducción o copia para uso privado que hasta el momento eran legales,
perjudicando al consumidor.

ENMIENDA NÚM. 66

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Cuatro en el Artículo Primero.
Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con
el siguiente contenido:

Se suprime el apartado 2 del artículo 32 del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

JUSTIFICACIÓN

Resulta dudoso que reproducir titulares de noticias
periodísticas, ya disponibles en otras páginas web, con el
correspondiente enlace a la web original, pueda considerarse contrario a
los derechos de autor, tal como dictaminó la reciente sentencia Svensson
del Tribunal de Justicia de la UE en el caso C466/12.

Independientemente de que pueda resultar muy popular para
la imagen del Gobierno cobrar derechos de autor a Google News o Yahoo
News, multinacionales que apenas pagan impuestos a la Hacienda española,
no parece acertado establecer esta denominada «tasa Google» o «canon
AEDE» que se puede terminar cobrando a plataformas de participación
comunitaria en Internet como Twitter, Facebook o Menéame por esa
costumbre ciudadana de nuestro tiempo consistente en difundir y compartir
titulares de prensa con el enlace correspondiente en las redes sociales,
algo que forma parte de la cultura P2P, fundamental en la sociedad del
conocimiento.

Por eso, animamos al Gobierno a centrarse en lo importante:
una redacción del artículo 25 que permita exigir a las empresas
prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet el pago
de la compensación equitativa por copia privada, en lugar de que recaiga
sobre todos los contribuyentes vía Presupuestos Generales del Estado. Y
por supuesto, que se esfuerce en cobrar impuestos a los gigantes
tecnológicos antes citados por el negocio que realizan en España.

ENMIENDA NÚM. 67

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Cuatro en el Artículo Primero.
Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con
el siguiente contenido:

Se sustituye el párrafo inicial del apartado 3 del artículo
32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el siguiente
texto:

«3. El profesorado de la educación reglada y no reglada
impartida en centros integrados en el sistema educativo español
universitario y no universitario y el personal de Universidades y
Organismos Públicos de investigación en sus funciones de investigación
científica, no necesitarán autorización del autor o titular para realizar
actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños
fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o
fotográfico, cuando, no concurriendo una finalidad comercial, se cumplan
simultáneamente las siguientes condiciones:»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. Se propone la eliminación del término
«reglada» por entender que el límite regulado en este apartado no debería
cubrir únicamente la educación reglada y la investigación en
universidades y organismos públicos, sino cualquier tipo de educación
(reglada o no reglada), y tanto la educación/investigación que se
desarrolla en las instituciones privadas como en las públicas. Así se
aproxima más al alcance del artículo 5.3 a) de la Directiva sobre
Derechos de Autor y Derechos Afines en la Sociedad de la Información y
del artículo 10.2 del Convenio de Berna.

Asimismo se propone la eliminación de la mención
«figurativo» referida a las obras de carácter fotográfico ya que impide
que las fotografías abstractas o que, en general, no tengan carácter
figurativo

estén incluidas en el límite regulado por este precepto.
También se propone la sustitución del término «editor» por «titular», por
ser más preciso.

ENMIENDA NÚM. 68

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Cuatro en el Artículo Primero.
Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con
el siguiente contenido:

Se sustituye el último párrafo (sin numerar) del apartado 4
del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el
siguiente texto:

«En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre
el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro docente u
organismo de investigación y, salvo que se trate de obras que
expresamente autoricen su uso para fines educativos o de investigación, o
que se trate de obras de uso libre y gratuito, o que dicho centro u
organismo sea titular o licenciatario de los correspondientes derechos de
propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y
comunicadas públicamente de forma parcial según el apartado b), los
autores y titulares de éstas tendrán derecho a percibir de los centros
usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de
las entidades de gestión o según decida el titular del derecho.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone, para evitar futuros problemas interpretativos,
añadir el concepto de «licenciatario» junto al de titular para abarcar
aquel supuesto en que el titular haya licenciado la obra a favor de un
tercero.

También se propone añadir como excepciones al derecho
irrenunciable a una remuneración equitativa dos supuestos adicionales:
Obras que hayan sido puestas a disposición del público en general de
forma libre y gratuita; y obras que se hayan publicado con expresa
autorización para su uso con finalidades docentes o de investigación. Así
evitamos que las entidades gestoras de derechos puedan conculcar los
derechos de quienes los ostentan en acceso abierto, publicados bajo las
condiciones de licencias Creative Commons, o de quienes hayan decidido
permitir el uso de sus obras con finalidades docentes o de
investigación.

ENMIENDA NÚM. 69

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Cuatro en el Artículo Primero.
Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con
el siguiente contenido:

Se sustituye el apartado 5 del artículo 32 del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el siguiente texto:

«5. No se entenderán comprendidas en los apartados 3 y 4
las partituras musicales ni las obras de un solo uso.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone eliminar la coletilla final «ni las
compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas
de carácter plástico o fotográfico figurativo», con la finalidad de
ampliar la aplicación de los límites regulados en los apartados tercero y
cuarto del artículo 32 a las obras referidas en dicho fragmento,
entendiéndose que las compilaciones a la que se refiere el fragmento que
se propone eliminar ya están debidamente protegidas al limitarse el uso
de las mismas a un pequeño fragmento, en el caso del artículo 32.3, o a
un capítulo, artículo o extensión equivalente a cambio de una
remuneración equitativa, en el caso del artículo 32.4.

ENMIENDA NÚM. 70

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cinco del artículo
primero.

De adición de dos nuevos apartado al artículo 37 bis.

«Apartado 3 bis. En las obras colectivas, existen las obras
complejas, que son aquellas producciones, especialmente en los medios de
comunicación social, en las que intervienen profesionales de distintas
disciplinas.

Apartado 3 bis-bis. La “mera fotografía” es el
resultado de la captación literal de objetos planos o de cualquier otro
tipo sin intervención decisoria de la inteligencia humana, tales como
radar de tráfico, fotomatón, fotocopias, escáneres, cámaras de seguridad
y similares.»

JUSTIFICACIÓN

Es necesario reconocer a los periodistas, fotógrafos y
comunicadores audiovisuales como autores, definiendo los distintos
trabajos periodísticos para que dejen de considerarse obras colectivas y
se garantice su derecho a decidir sobre el uso y reutilización de su
trabajo.

En esa línea, es necesario configurar un ámbito con
participación de las organizaciones representativas de estos
profesionales, que fije el objeto sujeto a la aplicación de los derechos
de autor y determine la gestión de los que se establezcan, de forma que
se garantice una gestión transparente de los mismos, fórmula que
encuentra diferentes referencias en el marco europeo.

Este reconocimiento, de forma explícita se encuentra en la
Comunicación de la Comisión Europea «Un Mercado Único para los derechos
de propiedad intelectual» de mayo de 2011, que establece que «… los
periodistas son los autores y su trabajo es importante no solo porque
informan, comentan e interpretan el mundo en que vivimos, sino también
porque la libertad de prensa es el testimonio vivo de la sociedad
democrática y pluralista que es Europa». En esa misma línea se ha
pronunciado el Parlamento Europeo en un reciente estudio.

Página
281

JUSTIFICACIÓN

Parece oportuno, pues la Sección Primera va a realizar una
función de arbitraje, que exista también una representación de las
entidades de gestión y de los consumidores. Asimismo, no parece lógico
que se exija reconocida competencia en defensa de la competencia, pues
este órgano no es un nuevo CNMC. Tampoco procede que el Gobierno se
reserve modificar por decreto la composición de esta Sección Primera de
la Comisión de Propiedad Intelectual.

ENMIENDA NÚM. 73

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero.
Diecisiete.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Diecisiete en el Artículo
Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, con el siguiente contenido:

«Se modifica el apartado 4 del Artículo 158 del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se
recogen a continuación:

‘‘4. La Sección Segunda, bajo la presidencia
del Secretario de Estado de Cultura o persona en la que éste delegue, se
compondrá por seis miembros, expertos de reconocida competencia en las
diversas materias a las que afecta la actuación del órgano y, en
concreto, dos Catedráticos de Derecho Civil, dos Catedráticos de
Ingeniería Telemática, un Catedrático de Derecho Procesal y un
Catedrático de Comunicación Audiovisual, designados por el Ministerio
competente en materia de Cultura. El Ministerio designará, en el mismo
acto, según los requisitos señalados, un suplente para cada uno de los
vocales, a los efectos legalmente previstos en los supuestos de vacante,
ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa
justificada. Reglamentariamente se determinará el funcionamiento de la
Sección Segunda y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que
tiene atribuidas.’’»

JUSTIFICACIÓN

La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual
requiere independencia de sus miembros y unos conocimientos consolidados
en las diversas materias afectadas por su actuación. Para ello se
entiende que designar como vocales a miembros del cuerpo de Catedráticos
de Universidad de las áreas de conocimiento que se encuentran afectadas
por la actuación del mencionado órgano, permite obtener ambas
finalidades, al ser un grupo de funcionarios independientes y con
conocimientos acreditados ex cargo en las materias competencia de la
Sección Segunda.

Por otra parte, tomando en consideración que con la
composición propuesta se gana en independencia y cualificación, no parece
necesario que la designación deba dispersarse más allá del departamento
ministerial con competencias en materia de cultura.

ENMIENDA NÚM. 74

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero.
Diecisiete.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado diecisiete del artículo
primero.

Supresión del artículo 158.

JUSTIFICACIÓN

Por su importancia, no podemos dejar de destacar nuestro
rechazo, ya manifestado con anterioridad, al papel y las funciones de la
Comisión de Propiedad Intelectual, instrumento cuyo único fin es la
exclusión del ámbito jurisdiccional de los conflictos generados por la
colisión de derechos de igual o análogo rango, por lo que pedimos la
supresión de este órgano.

ENMIENDA NÚM. 75

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Dieciocho en el Artículo Primero.
Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con
el siguiente contenido:

«Se modifica el apartado 4 del Artículo 158 bis del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se
recogen a continuación:

‘‘4. La Sección Primera de la Comisión de
Propiedad Intelectual ejercerá su función de control velando por que las
tarifas generales establecidas por las entidades de gestión en
cumplimiento de sus obligaciones, sean equitativas y no discriminatorias,
para lo que deberá valorar, entre otros aspectos, la aplicación de los
criterios previstos en el artículo 157.1.b) en su determinación.

En ejercicio de su función de control la Sección Primera de
la Comisión de Propiedad Intelectual aprobará la metodología fijada por
cada entidad de gestión para la determinación de las
tarifas.’’»

JUSTIFICACIÓN

La obligación de establecer tarifas generales y los
criterios para su fijación se desarrollan de manera pormenorizada en el
apartado 1, letra b, del art. 157. Como criterio de alcance general se
prevé que las tarifas han de establecerse atendiendo al valor económico
de la prestación protegida en la actividad del usuario y el justo
equilibrio entre ambas partes. Tal criterio general, no obstante, queda
delimitado por los criterios concretos enumerados en los números 1 a 5
del art. 157.1.b, que se imponen con carácter imperativo y de
mínimos.

Las distintas resoluciones del Tribunal de Justicia de la
UE en materia de defensa de la competencia y el propio Tribunal Supremo
han admitido ese criterio del valor del uso de repertorio. No obstante,
si bien la aplicación del criterio del valor del uso de repertorio es
preferible, está condicionada por los costes de gestión inherentes a su
aplicación, y es admisible siempre que estos no sean excesivos de modo
que hagan ineficaz la gestión.

Sin embargo, atendiendo precisamente a la distinta
naturaleza y ámbito de uso de las obras y prestaciones se advierten
disparidades entre los distintos sectores de usuarios, que en muchos
casos hacen inviable la aplicación, en todo caso y sin distinciones, de
unos criterios concretos como los enumerados en los números 1 a 5 del
art. 157.1.b.

Las tarifas reclamadas por las entidades de gestión no son
más que una retribución por el uso autorizado por la correspondiente
entidad de gestión o por la obligación de hacer efectiva una remuneración
prevista legalmente a favor de determinados titulares. Dependiendo del
modelo de negocio la explotación de los derechos de propiedad intelectual
puede no estar ligada con la actividad principal del obligado al pago,
pero ello no puede conllevar que se exoneren o favorezcan, de manera
discriminatoria mediante la aplicación de precios a la baja, determinados
modelos de negocio (v.gr. sector hotelero) en perjuicio de los legítimos
intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual y de sus
derechos a percibir una justa compensación o retribución por el uso de
sus obras o prestaciones. Todo ello en detrimento, en definitiva, del
sector cultural.

La fijación de unas tarifas equitativas conforme al
criterio de valor económico que el uso del repertorio comporta para el
usuario, tiene un alcance más amplio y no se corresponde necesariamente
con los criterios enumerados en el art. 157.1.b).

Así, la determinación de los ingresos económicos «obtenidos
por el usuario por la explotación comercial del repertorio», al margen de
la dificultad de obtener los datos precisos a tales efectos y los
excesivos costes que ello comporta respecto a determinados sectores de
usuarios, resulta injustificada, toda vez, que conlleva que los titulares
sean co-responsables de los resultados de la explotación del negocio por
parte del usuario, con independencia del mayor o menor grado de uso de
sus obras y prestaciones.

Criterios tales como el uso efectivo, la intensidad y
relevancia en el conjunto de la actividad del usuario, adquieren plena
virtualidad tan sólo en el caso de que sea posible, conforme a datos
objetivos, conocer la información precisa para su aplicación. La
obtención de tal información, no obstante, en algunos sectores resulta
inviable (por ausencia de medios de control por parte del usuario y las
entidades de gestión) y su obtención conlleva excesivos costes que se
enfrentan a una gestión eficaz.

En este sentido resulta obligado traer a colación las
observaciones que la Comisión Nacional de Competencia formuló en su
informe al anteproyecto, respecto a la fijación de tarifas, en cuanto
matizan el criterio del valor del uso del repertorio, que ha ido
asentando en sus resoluciones, cuya literalidad es la siguiente:

«Este apartado obliga a las entidades de gestión a fijar
las tarifas atendiendo al valor económico de la utilización y se
establecen una serie de orientaciones (de carácter no exhaustivo) para
desarrollar dicha aproximación.

‘‘Como ya señaló el informe de la CNC, es
positivo que se definan normativamente los criterios a que habrán de
ajustarse las tarifas, pues ello contribuirá a definir un marco de
seguridad jurídica en el que han de desenvolverse los operadores. Ahora
bien, en cuanto al contenido y alcance de las obligaciones de las
entidades de gestión en relación con las tarifas, no se incluye como una
obligación de aquellas, al menos para determinadas clases de usuarios, la
aplicación de tarifas que tengan en cuenta el uso efectivo del repertorio
pero manteniendo como alternativa las tarifas por
disponibilidad.’’»

Al hilo de tales valoraciones, la CNC advierte de la
necesidad de incluir en esta reforma las tarifas por disponibilidad. Esta
propuesta es coincidente con tal criterio, sustentado, a su vez, por el
Tribunal Supremo, por todas, la STS de 21 de enero de 2009, RC n.º
2157/2003, en la que declara que, en principio, resulta más equitativo el
criterio de efectividad de uso del repertorio, que el criterio de
disponibilidad o de cuantificación en función de los rendimientos de
explotación de las empresas, el primer criterio dependerá que sea posible
su aplicación.

La previsión que contempla el Proyecto, aún con carácter de
mínimos, de los criterios que han de observarse en la fijación de
tarifas, exceden del alcance fijado por la propia jurisprudencia nacional
(sentencias del Tribunal Supremo de 18/02/2009 y 15/09/2010) que exige
tener en cuenta criterios que aproximen la fijación de las remuneraciones
a la utilización efectiva. Así como a la jurisprudencia del TJUE
(sentencia— Caso STIM — de 11/12/2008 y — caso TOURNIER
— de 13/07/1989).

En este sentido, se propone la modificación del art.
157.1.b, de modo que los criterios enumerados no tengan carácter cerrado,
admitiendo la aplicación de otros criterios que permitan aproximar las
tarifas al criterio del valor del uso del repertorio. A su vez, para
determinados sectores de usuarios, atendiendo a los costes de gestión
inherentes a la aplicación de las tarifas y a la disponibilidad de los
datos objetivos precisos para su implementación, se propone mantener las
tarifas por disponibilidad.

En cuanto a las tarifas de entidades homólogas de otros
Estados de la UE se propone hacer extensiva la aplicación de este
criterio a las tarifas fijadas por las distintas entidades en nuestro
país. Se posibilita

de este modo contar con un elemento de comparación entre
con las tarifas de entidades homólogas entre las que existan bases
homogéneas de comparación, habida cuenta de la inexistencia de un marco
armonizado a nivel comunitario en esta materia.

La Directiva 2014/26/UE, de 26 de febrero de 2014, entre
otros factores alude al criterio de razonabilidad de las tarifas
atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos
negociados, teniendo en cuenta la naturaleza y ámbito de uso de las obras
y otras prestaciones. En cambio no prevé un sistema de aprobación previo
de la metodología aplicada para la aprobación de las tarifas por las
entidades de gestión colectiva, tan sólo la obligación de estas de
informar al usuario de que se trate de los criterios utilizados para la
fijación de esas tarifas. Obligación que pudiera haberse acogido en el
texto del Proyecto.

Habida cuenta que el Proyecto incorpora un sistema de
control sobre la tarifas que comprende la aprobación de la metodología
para la fijación de las tarifas, se considera que la competencia a tales
efectos, por coherencia con las facultades de control y fijación de
tarifas sustitutorias que prevé el art. 158, debe corresponder a la
Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

ENMIENDA NÚM. 76

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero.
Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Diecinueve en el Artículo
Primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, con el siguiente contenido:

«Se añade al final del apartado 1 del Artículo 158 ter del
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, el siguiente texto:

‘‘También le corresponderá la emisión de
informes respecto de las propuestas normativas que afecten a la tutela de
los derechos de propiedad intelectual y la propuesta de medidas para el
correcto impulso y desarrollo de Internet como vía para la difusión
lícita de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual.
Elaborará asimismo una Memoria anual que recoja los datos estadísticos de
su actividad y la forma en que se ha venido desarrollando su función,
junto con las correspondientes propuestas de mejora del sistema basadas
en su experiencia.’’»

JUSTIFICACIÓN

Se pretende dotar a la Sección Segunda de la Comisión de
Propiedad Intelectual, por la singularidad de su función y del ámbito en
que la va a ejercer, de competencias imprescindibles para el
funcionamiento adecuado del sistema que se diseña en el texto legal. Así,
se considera necesario atribuirle competencia para emitir informes
respecto de las propuestas normativas que afecten a su ámbito de
actuación y a la tutela de los derechos de propiedad intelectual, así
como proponer medidas al Gobierno (lo que deberá hacer a través del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) para conseguir un mejor
desarrollo y utilización lícitos de Internet y una mayor educación y
formación de los ciudadanos en estas materias, esto es, el correcto
impulso y desarrollo de Internet como vía para la difusión lícita de las
obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual.

Deberá también encomendarse a esta Sección Segunda la
elaboración de una Memoria anual que recoja los datos estadísticos de su
actividad y la forma en que se haya venido desarrollando su función,
junto con las correspondientes propuestas de mejora del sistema basadas
en la experiencia. Esto resulta imprescindible para el público
conocimiento de la actividad y consecuente transparencia de las
actuaciones del órgano.

Página
286

muchos casos, el director de fotografía. Así, países de
nuestro entorno, como Alemania, Austria, Finlandia, Holanda, Suecia y
Polonia, entre otros muchos, reconocen al director de fotografía como
autor de la obra audiovisual.

ENMIENDA NÚM. 79

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado
nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Adición de un nuevo Apartado en el Artículo Primero.
Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con
el siguiente contenido:

«Se modifica la letra b) del apartado 1 del Artículo 157
del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se
recogen a continuación:

‘‘b) A establecer tarifas generales, simples y
claras que determinen la remuneración exigida por la utilización de su
repertorio, que deberán prever reducciones para las entidades culturales
que carezcan de finalidad lucrativa. El importe de las tarifas se
establecerá en condiciones razonables, atendiendo al valor económico de
la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la
actividad del usuario, y buscando el justo equilibrio entre ambas partes,
para lo cual se tendrán en cuenta criterios como los siguientes:

1.º El grado de uso efectivo del repertorio en el conjunto
de la actividad del usuario.

2.º La intensidad y relevancia del uso del repertorio en el
conjunto de la actividad del usuario.

3.º La amplitud del repertorio de la entidad de
gestión.

4.º Los ingresos económicos obtenidos por el usuario.

5.º Las tarifas establecidas por la entidad de gestión con
otros usuarios para la misma modalidad de utilización.

6.º Las tarifas establecidas por entidades de gestión
homólogas en otros Estados miembros de la Unión Europea y en el
territorio español para la misma modalidad de uso, siempre que existan
bases homogéneas de comparación.

No obstante lo anterior, las entidades de gestión también
establecerán tarifas fijadas conforme al criterio de disponibilidad, que
serán de aplicación cuando el empleo de otros criterios comporte unos
costes excesivos y no razonables que hagan ineficaz la gestión o cuando
no resulte posible obtener datos objetivos para la aplicación de los
criterios previstos en los anteriores números 1.º a 6.º

La metodología para la determinación de las tarifas
generales se fijará por cada una de las entidades de gestión y deberá ser
aprobada por la Sección Primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual.’’»

JUSTIFICACIÓN

El nuevo texto del artículo 157.1.b eleva a precepto legal
los principios asentados en decisiones de los órganos judiciales y de los
órganos de competencia, tanto nacionales como europeos, en relación con
las tarifas de las entidades de gestión. El conjunto de esas resoluciones
recogen diversos parámetros aplicados para juzgar si las entidades de
gestión han actuado correctamente, al establecer los precios de sus
licencias.

Asimismo, el Proyecto de Ley introduce la necesidad de
contar con unas metodologías para la determinación de tarifas. Dada la
dificultad de contar con una única metodología para la determinación de
las múltiples tarifas existentes adaptadas a las necesidades y
condiciones de los usuarios en los múltiples

mercados en los que actúan las entidades de gestión, se
propone que las metodologías sean específicas para cada tarifa general.
Para una mayor coherencia del texto y una mejor técnica legislativa, se
propone trasladar todas las cuestiones sobre las metodologías y su
aprobación a su sede natural, esto es, el artículo 158.bis.4 que se
refiere a la función de control de la Sección Primera de la Comisión de
Propiedad Intelectual.

Respecto al resto de criterios listados, se propone la
modificación del actual apartado 4.º a fin de asegurar que sea un
criterio objetivo y fácilmente medible. En ese sentido, debemos recordar
las dificultades de establecer cuáles son los ingresos que genera la
explotación comercial del repertorio frente al resto de ingresos que
puede obtener un usuario. Los criterios de determinación de tarifas deben
ser sencillos de aplicar, lo contrario llevará a que se incremente la
inseguridad jurídica en este punto concreto.

Dado que hay circunstancias en las que resulta imposible la
aplicación de los criterios incluidos en el Proyecto de Ley, se propone
la inclusión de un criterio que goza de amplia aceptación en el mercado,
como es el criterio de disponibilidad. Dicho criterio se utilizaría
únicamente en los supuestos que señala el texto propuesto. Téngase en
cuenta que la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 46, ya prevé,
para la gestión individual de derechos, que en determinados supuestos no
sea posible la remuneración proporcional y, por lo tanto, se utilice la
remuneración a tanto alzado. Por lo que este criterio de disponibilidad
supone aplicar al Libro III de la Ley los mismos principios que ya se
utilizan en el Libro I.

ENMIENDA NÚM. 80

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Apartado Uno en el Artículo Segundo.
Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
con el siguiente contenido:

«Se modifica el subapartado 7.º y se introducen unos nuevos
subapartados 10.º y 11.º en el apartado 1 del artículo 256, con la
siguiente redacción:

(…)

10.º Por petición, de quien pretenda ejercitar una acción
por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de
propiedad intelectual, para que se identifique al prestador de un
servicio de la sociedad de la información sobre el que concurran indicios
razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo, de forma
directa o indirecta, incluidos enlaces y redireccionamientos, contenidos,
obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los
requisitos establecidos por la legislación de propiedad industrial o de
propiedad intelectual, mediante actos que no puedan considerarse
realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de
lucro.

(…)

11.º Mediante la solicitud, formulada por el titular de un
derecho de propiedad intelectual que pretenda ejercitar una acción por
infracción del mismo, de que un prestador de servicios de la sociedad de
la información aporte los datos necesarios para llevar a cabo la
identificación de un usuario de sus servicios, con el que mantengan o
hayan mantenido en los últimos doce meses relaciones de prestación de un
servicio, sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo
a disposición o difundiendo, de forma directa o indirecta, incluidos
enlaces y redireccionamientos, contenidos, obras o prestaciones objeto de
tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la
legislación de propiedad industrial o de propiedad intelectual, mediante
actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores
finales de buena fe y sin ánimo de lucro.»

JUSTIFICACIÓN

Aun cuando no se haga referencia expresa al requisito de la
comisión a «escala comercial» de la infracción, recogido en la Directiva
2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004
relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe quedar
claro que las actuaciones contempladas se dirigen contra los prestadores
de servicios (que lo son normalmente a título oneroso, de acuerdo con la
LSSI) y no contra los consumidores sin animus damnandi ni animus
lucrii.

ENMIENDA NÚM. 81

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
primera.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación de la Disposición Adicional Primera. Medidas
de reducción de los costes de transacción, con el siguiente
contenido:

«1. El Gobierno impulsará medidas para la reducción de los
costes de transacción entre titulares de derechos de propiedad
intelectual y los usuarios de tales derechos, tomando especialmente en
consideración las posibilidades ofrecidas por los desarrollos
tecnológicos, incluyendo, entre otras, medidas dirigidas a una
articulación más eficiente de la interlocución entre titulares de
derechos, representantes de éstos y usuarios.

2. En los términos a que se refiere el apartado 4 de la
presente disposición, las entidades de gestión colectiva de derechos de
propiedad intelectual legalmente establecidas, excluidas las relacionadas
con las obras textuales, deberán crear una ventanilla única para
facilitar las operaciones de facturación y pago de los importes que los
usuarios adeuden a las mismas, según la obligación establecida en el
artículo 157.1.e) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Las entidades de gestión dispondrán del plazo de cinco meses desde la
entrada en vigor de la Ley para acordar los términos de creación,
financiación y mantenimiento de esta ventanilla única. A falta de acuerdo
entre las entidades de gestión y dentro del término improrrogable de tres
meses desde la finalización del plazo anterior, la Sección Primera de la
Comisión de Propiedad Intelectual podrá dictar una resolución
estableciendo dichos términos, pudiendo resolver cuantas controversias
puedan surgir, y establecer cuantas instrucciones sean precisas para el
correcto funcionamiento de esta ventanilla única, todo ello sin perjuicio
del correspondiente expediente sancionador en base al incumplimiento de
la referida obligación legal.

La ventanilla será gestionada por una persona jurídica
privada sin que ninguna entidad de gestión ostente capacidad para
controlar la toma de decisiones.

La ventanilla deberá prestar sus servicios en condiciones
objetivas, transparentes y no discriminatorias, y adecuarse a las
siguientes reglas:

a) Deberá garantizarse la prestación de servicios a toda
entidad de gestión legalmente establecida.

b) Deberá incorporar las tarifas generales vigentes para
cada colectivo de usuarios y en relación con todas las entidades
legalmente establecidas.

c) Deberá facilitar el pago de los importes de las tarifas
generales que los usuarios adeuden a las entidades de gestión legalmente
establecidas.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, en sus respectivos ámbitos de
competencia, velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este
apartado, incluyendo el control de los estatutos de la persona jurídica
que gestiona la ventanilla con carácter previo al inicio del
funcionamiento de la misma.

3. Las cantidades que las entidades de gestión destinen a
la financiación de la ventanilla única de facturación y pago prevista en
el apartado anterior, podrán entenderse comprendidas en las actuaciones
de fomento de la oferta digital legal a los efectos previstos en la letra
b) del artículo 154.5 de la Ley de Propiedad Intelectual.

4. La obligación de las entidades de gestión colectiva de
propiedad intelectual a que hace referencia el apartado 2 anterior y el
artículo 157.1.e), será de exclusiva aplicación para facilitar a las
operaciones de facturación y pago de los importes adeudados por los
titulares de la explotación de establecimientos abiertos al público y de
hospedaje, derivados de los actos de comunicación pública de obras
musicales y fonogramas u obras y grabaciones audiovisuales que se
realicen en los mismos.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se
entenderá por establecimientos abiertos al público a los bares,
cafeterías, restaurantes, tabernas, pubs, discotecas, centros culturales,
centros de ocio y otros similares a los anteriores que utilicen el
repertorio de las entidades concurrentes en la ventanilla. Asimismo, por
establecimientos de hospedaje y a los efectos de la presente ley se
entenderán aquellos que tengan por actividad principal la prestación de
servicios de alojamiento a huéspedes y viajeros mediante compensación
económica tales como hoteles, hostales, hoteles-apartamentos o
apartahoteles, moteles, pensiones, albergues, balnearios, hoteles rurales
y casas rurales.»

JUSTIFICACIÓN

El objetivo de la presente enmienda es adecuar la
obligación de crear una ventanilla única a aquellos ámbitos de la
actividad económica en los que realmente existe una demanda por parte de
los usuarios, y en los que tal medida resulta razonable para la
satisfacción del objetivo de la reducción de los costes de transacción,
todo ello en atención a sus características, número, intensidad de uso de
los repertorios y cuantía de las tarifas aplicables a sectores concretos
de usuarios.

De otro lado, al articularse la ventanilla a través de una
«persona jurídica privada» se superan, a su vez, los riesgos de
preponderancia de cualesquiera entidades de gestión autorizadas en
España. Objetivo que también se logra con el reforzamiento que contempla
el Proyecto de advertir que «ninguna entidad de gestión ostente capacidad
para contralar la toma de decisiones».

Esta propuesta deja al margen de la ventanilla las
responsabilidades particulares de cada entidad de gestión concurrente
tales como el establecimiento de tarifas y su negociación, etc., por ser
tales responsabilidades obligaciones que la ley impone a cada entidad de
gestión y de las que cada entidad ha de responder ante el Ministerio,
CNMC, Tribunales de Justicia, etc. De este modo queda garantizada la
libertad de contratación y negociación, a diferencia de otros sistemas
incluidos en anteproyectos anteriores.

El fin de la creación de la ventanilla única no es otro que
la «reducción de costes de transacción», por tanto, la misma ha de
afectar a sectores concretos de usuarios, como los descritos en el
apartado 4, respecto a los que, en atención a su elevado número,
dispersión geográfica, o incidencia del uso del repertorio en su
actividad principal, de manera efectiva la realización de las operaciones
de facturación y pago a través de la ventanilla única cumple la finalidad
perseguida.

ENMIENDA NÚM. 82

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación de la Disposición Adicional Segunda.
Especialidades tarifarias, con el siguiente contenido:

«Disposición Adicional Segunda. Especialidades
tarifarias.

Las tarifas generales de aplicación por parte de las
entidades de gestión a las entidades públicas que tienen atribuida por la
legislación del Estado como competencia propia la promoción de la cultura
y equipamientos culturales, serán fijadas mediante acuerdo con la
representación institucional de esas entidades públicas.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de ampliar las «tarifas adecuadas» de que habla el
proyecto de Ley solo para servicios públicos de radio y televisión a
otros servicios públicos como bibliotecas, política cultural, patrimonio
local y universal, recuperación de la memoria, etc. El vigente artículo
25.2. m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, atribuye expresamente a la Administración Local la
competencia propia e irrenunciable de «promoción de la cultura y
equipamientos culturales».

ENMIENDA NÚM. 83

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria
segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación de la Disposición Transitoria Segunda.
Especialidades tarifarias, con el siguiente contenido:

«1. Cada entidad de gestión deberá establecer sus tarifas
generales, adecuadas a los criterios establecidos en esta ley, en el
plazo de seis meses desde la aprobación de la correspondiente metodología
para la determinación de dichas tarifas por parte de la Comisión de
Propiedad Intelectual conforme a lo previsto en el artículo 158 bis de la
presente ley.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 anterior, las
tarifas de las entidades de gestión colectiva respecto a derechos
exclusivos o de remuneración acordadas con usuarios seguirán produciendo
plenos efectos durante la vigencia de los correspondientes acuerdos
suscritos, y durante un plazo máximo de tres años a partir de la entrada
en vigor de esta ley, cuando la entidad de gestión pueda acreditar que
tiene acuerdos con asociaciones representativas a nivel nacional del
sector correspondiente, o con los principales organismos de
radiodifusión, o con un usuario especialmente significativo o con un
colectivo de usuarios especialmente significativo, así como en los
supuestos de utilizaciones singulares.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 y a
excepción de los casos mencionados en el apartado 2 del presente
artículo, las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad
intelectual deberán iniciar las negociaciones con las asociaciones
representativas a nivel nacional del sector correspondiente y con los
organismos de radiodifusión para el establecimiento de nuevas tarifas
adaptadas a los criterios establecidos en la letra b) del artículo 157.1
de la Ley de Propiedad Intelectual en el plazo máximo de un año a partir
de la entrada en vigor de la ley. A falta de acuerdo entre las partes se
estará a lo dispuesto en el artículo 158 bis de esta ley.

Para los supuestos contemplados en el párrafo anterior, y
salvo que existan acuerdos en vigor sobre tarifas aplicables cuyos
términos y condiciones hayan sido negociados y fijados con asociaciones
representativas a nivel nacional del sector correspondiente o con los
principales organismos de radiodifusión y hasta que se aprueben y
difundan públicamente las nuevas tarifas generales, durante el periodo
completo de la negociación los usuarios deberán realizar pagos mensuales
a cuenta, a la entidad de gestión correspondiente y, en relación con los
derechos de remuneración exigidos por las entidades de

gestión y así como a los efectos de entender concedida la
autorización respecto a los derechos exclusivos concurrentes con éstos,
cuyo importe será el 90 por 100 de las tarifas generales ya aprobadas por
cada entidad de gestión a la entrada en vigor de esta ley.

Una vez se produzca el acuerdo voluntario o la oportuna
resolución de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual,
se realizará la liquidación de las tarifas correspondientes al periodo de
negociación.

Cuando un acto de explotación de una obra o prestación
protegida esté sujeto a un derecho de remuneración y concurra con un
derecho exclusivo sobre la misma obra o prestación de la misma categoría
de titulares a la que corresponde el derecho de remuneración, la tarifa
de ambos derechos se someterá al régimen establecido en este
apartado.»

JUSTIFICACIÓN

La presente enmienda pretende salvaguardar los contratos en
vigor respecto a los derechos exclusivos como los de remuneración, y el
periodo transitorio de adaptación al nuevo sistema de fijación de
tarifas.

Asimismo, se prevé un sistema de pagos a cuenta, que
permite realizar las nuevas negociaciones en unas condiciones más
equilibradas, y que se ajustaría en función de los resultados de la
negociación.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula 16 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica el
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil.

Palacio del Senado, 17 de septiembre de 2014.—El
Portavoz Adjunto, Jordi Guillot Miravet.

ENMIENDA NÚM. 84

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo. III.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del párrafo décimo del apartado
III del Preámbulo

«Por último se estima necesario modificar la excepción
relativa a la cita y reseña e ilustración con fines educativos o de
investigación científica, principalmente en lo relativo a la obra
impresa. Así, se actualiza para el entorno digital el régimen aplicable a
las reseñas realizadas por servicios electrónicos de agregación de
contenidos. Por otro lado, la actual regulación de la cita e ilustración
de la... (resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

En ese párrafo del Preámbulo comienza a justificarse la
reforma que se realiza en los límites a los derechos de autor cuya razón
son los fines educativos o de investigación científica. Sin embargo, la
segunda frase introduce un aliud que no tiene ninguna relación con los
fines señalados.

La introducción de esa frase, cuya supresión se propone,
trae causa de la introducción en el texto del proyecto de ley de lo que
ha venido a llamarse «Tasa Google» o, más recientemente, «Canon AEDE»:
«Tasa Google» por su relación con la empresa que se vería obligada a
pagar una compensación y «Canon AEDE» por ser esta asociación de editores
de medios de comunicación impresa quienes recibirían tal
compensación.

En el texto del anteproyecto de ley puesto a disposición
pública el 22 de marzo de 2013 no figuraba el artículo 32.2 del proyecto,
incorporándose éste tras el paso del anteproyecto por los órganos
consultivos por lo que es totalmente novedoso en su redacción. Este
artículo 32.2 establece una compensación en

favor de los editores de los medios de comunicación cuyos
textos son agregados por servicios tales como Google News, Reddit, Yahoo
News, Menéame.net, etcétera, y supone la recepción en nuestra legislación
de una disposición ya existente en el entorno de la Unión Europea,
concretamente en las legislaciones de Bélgica, Francia y República
Federal Alemana.

Por tanto, las «reseñas realizadas por servicios
electrónicos de agregación de contenidos» no tienen en absoluto una
finalidad educativa o de investigación científica, que es donde el
proyecto las integra, sino que se trata de noticias publicadas por medios
digitales de las que, de forma automatizada o manual, se extrae un
contenido significativo y se enlaza a la fuente original. Las webs que se
hallarían sometidas a la obligación de pago de una compensación no tienen
por tanto ninguna finalidad educativa o de investigación sino única y
exclusivamente, tal y como luego se señala explícitamente en la redacción
del apartado 2 del artículo 32 del proyecto, una «finalidad informativa,
de creación de opinión pública o de entretenimiento» mediante la
utilización de datos y metadatos de una información cuyo origen en
internet viene dado por los medios de comunicación social.

Si se desea incluir en el Preámbulo una explicación de la
justificación de la «Tasa Google» o «Canon AEDE» deberá hacerse en un
lugar diferente del que corresponde a los límites a los derechos de autor
por causa de finalidad educativa o de investigación ya que es un límite
que nada tiene que ver con estas finalidades.

ENMIENDA NÚM. 85

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado uno del artículo primero.

Se suprime el artículo 25.

JUSTIFICACIÓN

Por considerarlo conveniente.

ENMIENDA NÚM. 86

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado tres del artículo primero.

De modificación del artículo 31, apartado 2.

«2. Sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en
el artículo 25, no necesita autorización del autor la reproducción, en
cualquier soporte, de obras divulgadas, cuando concurran simultáneamente
las siguientes circunstancias, constitutivas del límite legal de copia
privada.

a) Que se lleve a cabo por una persona física
exclusivamente para su uso privado.

b) Que la reproducción se realice a partir de obras a las
que haya accedido legalmente.

c) Que la copia obtenida no sea objeto de una utilización
colectiva ni lucrativa.»

JUSTIFICACIÓN

Para las bibliotecas universitarias y sus usuarios las
restricciones a la copia privada afectan al derecho a la información, al
derecho a la educación y al derecho a la cultura, que ante todo son
derechos fundamentales que no han de verse afectados por una excesiva
extensión de los derechos de propiedad intelectual, que es un derecho de
rango ordinario. La excepción de copia privada ha permitido a los alumnos
de las enseñanzas tanto regladas como no regladas disponer hasta ahora de
material de estudio personal, ya que la excepción de reproducción a favor
de bibliotecas del artículo 37.1 del TRLPI sólo se aplica a los fines de
investigación y de conservación.

Se está afectando gravemente al derecho a la educación
cuando se priva a los alumnos de la posibilidad de hacer copias de
materiales prestados por las bibliotecas, o de hacer descarga/impresión
de contenidos de recursos electrónicos suscritos por las bibliotecas, e
igualmente cuando se priva al docente de hacer copia privada para
preparar sus clases, si esa copia se entiende que es «profesional».

Los contenidos que se publican en internet se modifican y
desaparecen fácilmente y en muchos casos no existe posibilidad de
comprarlos en un soporte no perecedero. Por ello, y para su preservación,
es necesario permitir la realización de copias para uso privado de los
contenidos difundidos a través de la red, y también para facilitar su
lectura, ya que los dispositivos electrónicos no siempre permiten una
lectura amigable.

En lo que se refiere a contenidos accesibles a través de
bases de datos suscritas por las bibliotecas o las universidades, hasta
ahora, y en base a nuestro derecho a la copia privada, se podía exigir a
un proveedor de una base de datos que permitiera grabar o imprimir
contenidos protegidos por derechos de autor de la base de datos. Esto no
será posible con la nueva regulación que pretende el proyecto, y debe
tenerse en cuenta que las bibliotecas tienen poca o nula capacidad de
negociación ante los proveedores de estos recursos. Este tipo de copias
debería ser incluido en el concepto de copia privada, aunque se excluya
de la compensación porque el proveedor ya cobra un precio por el uso del
recurso.

Por último, dejar fuera de la copia privada a supuestos en
los que las obras se han obtenido por préstamo o por donación (que son
formas de adquisición perfectamente lícitas, pero que no constituyen
«compra mercantil»), impide, por ejemplo, la realización por los usuarios
de las bibliotecas de copias de obras agotadas, que no causan ningún
perjuicio económico a los titulares de sus derechos porque están fuera de
comercio y no se pueden adquirir.

Consideramos que la copia privada debe continuar siendo una
excepción a los derechos exclusivos de autor que permita el ejercicio del
derecho a la educación y a la enseñanza en consonancia con lo que
establece la normativa comunitaria.

ENMIENDA NÚM. 87

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cuatro del artículo
primero.

De modificación del título del artículo 32. Título.

«Artículo 32. Citas e ilustración con fines educativos o de
investigación científica.»

JUSTIFICACIÓN

El apartado 2 del artículo 32 del proyecto regula la
compensación en favor de los editores de medios de comunicación en virtud
de un límite que, tal y como ya se ha señalado en la enmienda propuesta a
la exposición de motivos, no tiene ninguna relación con los fines
educativos o de investigación científica.

Por tanto, deberá modificarse el título del artículo 32
para que no haga referencia a las reseñas informativas, cuya finalidad es
«informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento».

ENMIENDA NÚM. 88

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cuatro del artículo
primero.

Se suprime el artículo 32, apartado 2.

JUSTIFICACIÓN

La supresión propuesta se justifica por la necesidad de una
buena técnica legislativa de que un artículo sobre límites con fines
educativos o de investigación científica no incluya elementos extraños
tales como la regulación de límites de reseñas con finalidades
informativas, de creación de opinión pública o de entretenimiento.

ENMIENDA NÚM. 89

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cuatro del artículo
primero.

De modificación del Artículo 32, apartado 3.

«3. No se necesitará autorización del titular para realizar
actos de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación de fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter
plástico o fotográfico figurativo, cuando se cumplan simultáneamente las
siguientes condiciones:

1.º Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración
de la investigación científica, o de actividades educativas, tanto en el
centro educativo como fuera del mismo a través de actos de puesta a
disposición mediante redes a las que únicamente puedan acceder los
alumnos y personal docente de la actividad educativa ilustrada o en el
marco de un programa de educación a distancia, y en la medida justificada
por la finalidad no comercial perseguida.

2.º Que se trate de obras ya divulgadas.

3.º Que se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo
en los casos en que resulte imposible.

Los titulares de derechos de propiedad intelectual no
tendrán derecho a compensación alguna por la realización de estos
actos.»

JUSTIFICACIÓN

El actual apartado 3 del artículo 32 tiene una redacción
absolutamente confusa. Bajo un punto de vista lógico, su redacción actual
adolece del más mínimo rigor de técnica normativa lo que conlleva serios
problemas hermenéuticos. Consiste en un límite (una excepción) a una
regla general (la regla del artículo 17 del TRLPI), límite que se diseña
normativamente permitiendo que el profesorado y personal investigador
realicen unos actos siempre y cuando cumplan cinco requisitos de los que
uno se señala en el párrafo inicial (el requisito de «no concurriendo una
finalidad comercial») y cuatro requisitos más que se señalan en apartados
enumerados de «a)» a «d)». No se entiende la causa de que, siendo uno de
los requisitos el de la no concurrencia de una finalidad comercial, éste
se integre en el párrafo inicial y no en pura lógica dentro de la
enumeración de condiciones necesarias de los cuatro puntos «a)» a
«d)».

Pero es que, además, el juego de las oraciones positivas y
negativas complica aún más la posibilidad de interpretar la norma. En
concreto, el apartado «c)» resulta prácticamente incomprensible ya que a
la anterior excepción a una regla general se añade una oración negativa a
la que se le añaden excepciones positivas («Que las obras no tengan la
condición de […] salvo […]»). Y, ad maius, para completar el
laberinto hermenéutico, el objeto sobre el que se establecen las
excepciones del apartado «c)» incluye cualquier objeto de la realidad
tecnológica actual:

A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual
universitario o publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o
susceptible de serlo, editada con el fin de ser empleada como recurso o
material del profesorado o el alumnado de la educación reglada para
facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje.

En esta redacción cabe cualquier objeto, incluso hasta el
plástico extrusionado de las impresoras 3D o de las más novedosas
impresoras con técnicas estereolitográficas. Así pues, la posibilidad de
imprimir piedras de resina se halla incluida en la redacción del
proyecto, lo que no parece tener congruencia con lo perseguido por la
norma, que es permitir que los profesores y los investigadores puedan
ejercer su función educativa con los menores problemas posibles.

Asimismo, el apartado 1.º del apartado «c)» es imposible de
comprender. Este apartado dice así:

«c) Que las obras no tengan la condición de libro de texto,
manual universitario o publicación asimilada, salvo que se trate de:

1.º Actos de reproducción para la comunicación pública,
incluyendo el propio acto de comunicación pública, que no supongan la
puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra
o fragmento. En estos casos deberá incluirse expresamente una
localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a la obra
protegida.»

¿Cuáles son los «Actos de reproducción para la comunicación
pública incluyendo el propio acto de comunicación pública que no supongan
la puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la
obra o fragmento»? Se nos escapa el conocimiento de cuáles son esos
actos. ¿A qué se refiere el término «localización»? Si este término hace
referencia a una localización de la obra en internet, entonces es
contradictorio con la primera parte del apartado 1.º, puesto que si se
incluye una URL desde la que se puede acceder legalmente a la obra,
entonces los «actos de reproducción para la comunicación pública» estarán
permitiendo el acceso. La redacción de este párrafo en su estado actual
no puede aceptarse dada la oscuridad que introduce.

En el Preámbulo del proyecto donde se expresan las
intenciones y propósitos de la norma, se dice que: «se amplía, en el
ámbito de las universidades y centros de investigación, la
excepción…» y que: «ciertamente, el actual artículo 32.2 en su
redacción vigente hasta ahora queda muy lejos del alcance máximo que la
señalada directiva permite dar a esta excepción o límite, aspecto éste
que se deduce tanto de su articulado como de los considerandos de la
misma. Por ello, ya el informe del Consejo de Estado previo a la
aprobación de la Ley 23/2006, de 7 de julio, recordaba al legislador
español que el alcance que se daba a ese límite o excepción en España
quizá no resultase suficiente para cubrir las necesidades cotidianas del
entorno educativo, quedando muy por debajo de lo que permite la Directiva
2001/29/CE».

Por su parte en las referencias del Consejo de Ministros
del 14 de febrero de 2014, en el que se aprueba remitir a las Cortes el
proyecto de ley de modificación parcial de la LPI, al referirse al uso de
fragmentos de obras en la enseñanza e investigación, se dice que:

«Dentro de la revisión de los límites a los derechos de
propiedad intelectual, se amplía el alcance de la excepción legal
relativa a la ilustración en la enseñanza y la investigación, al amparo
de una Directiva comunitaria de 2001, que hasta ahora era muy restrictivo
en nuestro país».

En ambos casos se manifiesta un propósito de «ampliar» el
alcance de la excepción y hacerlo «al amparo de la Directiva
comunitaria».

También el Consejo de Estado incide en su Dictamen en la
necesidad de «emplear una redacción más clara y lineal y corregirse este
vaivén de remisiones y falta de sistemática en el precepto que en los
términos que se formula se hace complejo y extremadamente confuso» (pese
a que el texto examinado no coincide totalmente con el texto del proyecto
de ley, creemos que le es igualmente aplicable esta apreciación).

Por su parte, la Directiva comunitaria (Directiva
2001/29/CE) en su redacción es muy clara y con pocos requisitos. Dice la
Directiva:

«Artículo 5. Excepciones y limitaciones.

3. Los Estados miembros podrán establecer excepciones o
limitaciones a los derechos a que se refieren los artículos 2 y 3 en los
siguientes casos:

a) cuando el uso tenga únicamente por objeto la ilustración
con fines educativos o de investigación científica, siempre que, salvo en
los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión
del nombre del autor, y en la medida en que esté justificado por la
finalidad no comercial perseguida.»

A simple vista se comprueba que el alcance máximo de la
Directiva se consigue con pocos requisitos y la redacción justa. Nada que
ver con la procelosa redacción del artículo 32 del proyecto de ley.

Por todo ello, la propuesta ante la reforma del art. 32 de
la LPI, tal como sugerimos en la enmienda, no puede ser otra que la de
demandar que efectivamente se amplíe el límite de ilustración para la
enseñanza y la investigación, reduciendo los requisitos legales a los
mínimos necesarios, a saber:

— Que la finalidad sea educativa (sin distinción del
tipo de educación) o de investigación científica.

— Que no haya fin comercial.

— Que el uso sea razonable y adecuado a la actividad
(pero sin limitar la extensión de la parte utilizada ni el tipo de obra
utilizado).

— Que se haga (como en cualquier otra excepción) un
justo reconocimiento del autor y de la fuente.

En este sentido bastaría con dar al artículo de la LPI la
redacción del artículo 5.3.a) de la Directiva, ya que su aplicación
siempre vendrá condicionada por lo dispuesto en el art. 40 bis de la LPI,
es decir, la excepción deberá interpretarse de manera que no se cause un
perjuicio injustificado a los intereses legítimos de los autores ni que
se cause un detrimento en la explotación normal de las obras.

La reforma, lejos de ampliar la aplicación de la excepción
la reduce, conlleva una contradicción entre las intenciones de la
exposición de motivos y lo dispuesto en el articulado, no refleja el
máximo de la excepción contemplado por la Directiva comunitaria, y grava
a las Universidades con un gasto extraordinario en un momento
presupuestario además delicado.

El apartado 32.3 del proyecto de ley incluye como mejora al
texto vigente del límite a la ilustración de la enseñanza, que de
‘‘actividades educativas en las aulas’’ se pase a
‘‘actividades educativas, tanto en la enseñanza presencial
como en la enseñanza a distancia, o con fines de investigación
científica’’. Es decir, expresamente se incluyen en la
excepción las aulas virtuales junto a las físicas, y se extiende al fin
de la investigación.

Ahora bien, sigue limitando la excepción al profesorado de
educación reglada, y ahora incluso de forma más concreta al de la
enseñanza «impartida en centros integrados en el sistema educativo
español y el personal de Universidades y Organismos Públicos de
investigación en sus funciones de investigación

científica», lo cual nos parece del todo insuficiente. El
Consejo de Estado en su Dictamen de 28.11.2013 sobre el anteproyecto de
ley de reforma de la LPI aconseja que no se limite la excepción a la
educación reglada por la importancia que la educación no reglada tiene en
la actualidad, importancia reconocida por la UNESCO. Hay que tener en
cuenta, además, que el límite en la definición que establece la Directiva
se ve restringido a finalidades educativas que no tengan carácter
comercial, por tanto, no debería acotarse más su ámbito.

Para finalizar nuestra justificación a las enmiendas
propuestas el último párrafo del artículo 32.3 utiliza en el proyecto de
ley la expresión «no necesitarán autorización del autor o editor» cuando
debería referirse a cualquier titular de derechos de propiedad
intelectual. La excepción de ilustración de la enseñanza debe permitir
utilizar no sólo obras en formato impreso, si no también sonoro,
audiovisual, etc. y, por tanto, debe contemplar otros titulares de
derechos.

Además, entendemos necesario en este último párrafo
modificar el término remuneración y sustituirlo por compensación. El
Consejo de Estado en su dictamen de fecha 10 de marzo de 2005, número
187/2005 (CULTURA), Expediente de Anteproyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, tuvo oportunidad de
manifestarse en relación a los términos «compensación» y «remuneración»
en el apartado «I. B. b.2’’.— La copia privada».

Lo que nos vino a señalar el Consejo de Estado en su
dictamen es que los términos «compensación» y «remuneración» no son
iguales, sino que tienen diferencias muy significativas. Podemos resumir
sus criterios de la siguiente manera:

Nos hallamos ante una compensación cuando la ley disponga
un pago por el restablecimiento de un desequilibrio patrimonial
objetivamente causado por la conducta de un tercero. El importe de una
compensación se debe calcular con arreglo a una valoración del daño
causado y depende del caso concreto.

Por el contrario, nos hallamos ante una remuneración cuando
el pago dispuesto por la ley traiga causa de una contraprestación o
adquisición de un derecho. El importe de una remuneración se calcula con
arreglo a criterios fijos y tasados y no depende del caso concreto, sino
que se hace abstracción del supuesto de hecho.

Los términos literales del dictamen del Consejo de Estado
fueron los siguientes:

«— La utilización del término
‘‘compensación equitativa’’.

La segunda cuestión controvertida es, precisamente, que el
anteproyecto de Ley utiliza el término ‘‘remuneración
equitativa’’ cuando, en realidad, la Directiva 2001/29/CE
habla en el artículo 5.2.b) de ‘‘compensación
equitativa’’. Ciertamente, desde el punto de vista jurídico,
la noción de ‘‘compensación’’ es distinta del
concepto de ‘‘remuneración’’. En efecto, la
remuneración es el pago por una contraprestación o adquisición de un
derecho, mientras que la compensación es el restablecimiento de un
desequilibrio patrimonial objetivamente causado por la conducta de un
tercero. Esta distinción ha sido especialmente discutida con ocasión de
la aplicación de la Directiva 2001/29/CE, hasta el punto de que el
Comisario para el Mercado Interior, respondiendo a la pregunta que le
había formulado una europarlamentaria finlandesa, llegó a afirmar que
‘‘la compensación equitativa es un nuevo concepto introducido
por la Directiva y no es equivalente a los sistemas de retribuciones
equitativos (cotizaciones), a los que el documento no hace ninguna
mención explícita’’ (Diario Oficial de las Comunidades
Europeas OJ C 172 E/046, de 18 de julio de 2002). En idéntico sentido, el
cuestionario remitido por la Comisión Europea al Comité de Contacto
—creado por el artículo 12.3 de la Directiva 2001/29/CE e integrado
por representantes de todos los Estados miembros—, dice en su
pregunta número cinco: ‘‘¿La Directiva 29/2001 requiere que
los titulares de derechos reciban una compensación equitativa por la
copia privada (...). ¿Cómo se regula en su legislación esta nueva noción
introducida por la Directiva? Por ejemplo, si ya había un sistema de
remuneración en vigor que sea anterior a la Directiva 29/2001, cómo se ha
adaptado el mismo tras la entrada en vigor de la Directiva?’’
Pese a tan claras manifestaciones de la Comisión Europea, el anteproyecto
de Ley sometido a consulta ha optado por continuar con el sistema de
remuneración equitativa previsto en el artículo 25 del texto refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual de 1996, que establece un sistema de
cánones o cotizaciones fijos, con independencia del daño efectivamente
causado, que sería lo propio de un sistema de compensación equitativa. Y
ello a pesar de que el considerando 35 de la Directiva 2001/29/CE, señala
con claridad que ‘‘a la hora de determinar la forma, las
modalidades y

la posible cuantía de esa compensación equitativa, deben
tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso concreto’’,
y ‘‘un criterio útil para evaluar estas circunstancias sería
el posible daño que el acto en cuestión haya causado a los titulares de
los derechos’’, hasta el punto de que
‘‘determinadas situaciones en las que el perjuicio causado al
titular del derecho haya sido mínimo no pueden dar origen a una
obligación de pago’’. Por tanto, la terminología utilizada en
el anteproyecto de Ley, que habla de ‘‘remuneración
equitativa’’, no responde a la orientación de la Directiva
2001/29/CE, que opta por la noción de «compensación equitativa», con las
importantes diferencias que esta distinción comporta, en el orden
jurídico y económico, a la hora de cuantificar el importe que debe ser
abonado a los titulares de los derechos de propiedad intelectual. En
cualquier caso, como quiera que, de acuerdo con las consideraciones antes
realizadas, el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual tendrá que
ser adaptado en un futuro próximo a las exigencias del formato digital,
será éste el momento adecuado para introducir —en lugar del sistema
de remuneración equitativa— un nuevo modelo de compensación
equitativa, a lo que debería hacer referencia expresa la disposición
adicional del anteproyecto de Ley —antes sugerida— al hablar
del proceso de adaptación del mencionado artículo 25 a los soportes
digitales. Sólo si se hace referencia expresa a que el nuevo sistema
regulado por la futura Ley será de
‘‘compensación’’ puede salvarse la transposición
completa correcta, en el futuro, de la Directiva 2001/29/CE, sin que el
hecho de cambiar ahora la rúbrica del artículo 25 resulte muy conveniente
porque trastocaría la naturaleza jurídica de los cánones regulados en
dicho artículo que pasarían a ser de «compensación» cuando su razón de
ser respondía (y sigue respondiendo hasta su futura modificación) a
criterios de ‘‘remuneración’’.»

Y por último, hemos de señalar la necesidad de que entre
los actos permitidos al profesorado se incluyan también los de
transformación, además de los ya contemplados de reproducción,
comunicación pública y distribución, ya que en las prácticas docentes,
así como en la investigación, en numerosas disciplinas, como las
filologías, traducción e interpretación, comunicación audiovisual, etc.,
se necesita poder trabajar textos y otros materiales con omisión de
partículas, sin sonido, sin subtítulos, etc. sin que ello implique ningún
perjuicio injustificado a los titulares de los derechos, ni a la
explotación normal de las obras y, en cambio, supone un beneficio claro
para la enseñanza y para la investigación.

Por otra parte, La traducción entre lenguas es el paradigma
de los actos de transformación de una obra de propiedad intelectual, por
lo que es necesario amparar esta posibilidad para que la excepción
incluya la posibilidad de usar la obra en su lengua original o en
cualquier otra oficial del Estado o de una Comunidad Autónoma.

ENMIENDA NÚM. 90

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cuatro del articulo
primero.

De modificación del Articulo 32. 3 c).

«c) Que las obras no tengan la condición de libro de texto,
manual universitario o publicación asimilada a éstos, salvo que se trate
de

1.º Actos de reproducción para la comunicación pública,
incluyendo el propio acto de comunicación pública, que no supongan la
puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra
o fragmento. En estos casos deberá incluirse expresamente una
localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a la obra
protegida.

2.º Actos de distribución de copias exclusivamente entre el
personal investigador colaborador de cada proyecto específico de
investigación y en la medida necesaria para este proyecto.

A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual
universitario o publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o
susceptible de serlo, editada con el fin de ser empleada como recurso o
material del profesorado o el alumnado de la educación reglada para
facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje.»

JUSTIFICACIÓN

El concepto «publicación asimilada» implica un complemento
del adjetivo «asimilada» que no puede ser de carácter general, como se
pretende con la inclusión del último párrafo que, en su actual redacción,
lejos de definir y concretar el concepto «publicación asimilada» lo
generaliza ad infinitum, al entender por «publicación asimiladas» todo lo
que sea impreso o susceptible de serlo, es decir, cualquier publicación
en acto o en potencia. Por lógica «publicación asimilada» debe referirse
a los libros de texto y manuales universitarios antes mencionados. La
inclusión del pronombre demostrativo «estos» referido a los libros de
texto y manuales universitarios lo deja claro y hace innecesario el
último párrafo del apartado c) del artículo 32.3 del Proyecto. Así, pues,
para una mejor interpretación del texto normativo, se propone la
inclusión del pronombre y, consecuentemente, la supresión del último
párrafo.

ENMIENDA NÚM. 91

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado cuatro del artículo
primero.

De supresión de los apartados 4 y 5 del artículo 32.

JUSTIFICACIÓN

Respecto al nuevo apartado 32.4 del proyecto de ley, tal
como ya hacía el anteproyecto de ley presentado a consulta pública en
marzo de 2013, incorpora un canon universitario obligatorio: obligatorio
para los autores, al convertirse en un derecho de gestión colectiva
irrenunciable; obligatorio para las Universidades que se verían forzadas
a firmar una licencia digital institucional con una entidad de gestión
(hasta ahora voluntaria y negociada) si quieren incorporar parcialmente
en sus aulas virtuales materiales protegidos por derechos de autor,
incluso las obras protegidas con licencias libres, de los que la
Universidad no sea titular.

Al convertir en irrenunciable el derecho de los autores y
de obligada gestión colectiva, les priva de la libertad de decidir sobre
el uso de sus contenidos. De este modo el proyecto de ley cierra la
puerta al «Open Access», al «Copyleft» y a las licencias «Creative
Commons», ya que de forma legal se obliga al «todos los derechos
reservados» y a una licencia con una entidad de gestión. Pese a que el
texto del proyecto incorpora la exclusión del derecho de remuneración
equitativa a las obras de las cuales la universidad o un organismo de
investigación sean titulares, o de las que haya obtenido acuerdo
específico con el titular del derecho, las obras en «Open Access» y
aquellas con licencias libres no responden, de entrada, a ninguna de
estas tipologías. Tal como se expresaba en la declaración de la
«Iniciativa Acceso Abierto de Budapest», el acceso abierto busca
beneficiar al contribuyente, obtener beneficios académicos y científicos,
así como amplificar el valor social de los organismos de financiación de
la investigación y las instituciones que se dedican a ella. También la
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Investigación asume «el compromiso con la difusión universal del
conocimiento, mediante el

posicionamiento a favor de las políticas de acceso abierto
a la información científica». Esa difusión universal del conocimiento no
puede dar la espalda al ámbito educativo.

Con la reforma que el proyecto propone no hará falta
solicitar autorización a los titulares de derechos por la ilustración de
la enseñanza, pero sí se somete a remuneración equitativa a pagar a
través de la entidad de gestión correspondiente, mediante la licencia
oportuna. Como se puede apreciar, la comunidad educativa no gana nada,
sino que más bien pierde, dado todo el contenido de libre acceso que se
va a quedar en el camino.

Además, a diferencia del ámbito analógico, prácticamente
ninguna entidad de gestión a nivel europeo puede gestionar de forma
simultánea derechos reprográficos y derechos digitales sobre las obras,
dado que la mayoría de editoriales, hasta años recientes, no ha comenzado
a obtener la cesión de derechos digitales de obras creadas actualmente
por los autores, y, por tanto, tampoco ha podido obtener los derechos
digitales de las obras anteriores. El establecimiento de la remuneración
irrenunciable a los autores y editores implicará el pago de unas
cantidades a las entidades de gestión por un repertorio que actualmente
no gestionan por falta de encargo de sus titulares, sin que la ley
asegure que vayan a recibir dicho pago los verdaderos titulares del
derecho.

El Consejo de Estado en su Dictamen de 28 de noviembre de
2013 sobre el anteproyecto de ley de reforma de la LPI señaló que la
remuneración equitativa a pagar por las Universidades constituye una
contradicción con el sistema de compensación de la copia privada con
cargo a los presupuestos generales del Estado, expresando literalmente en
el apartado 5.2 de su Dictamen que «hay algo de contradictorio en que el
legislador se proponga establecer un sistema de compensación equitativa
como es la del límite de copia privada, pasando a sufragarla con cargo
directo a los Presupuestos Generales del Estado, y sin embargo introduzca
una nueva remuneración equitativa a reclamar de las correspondientes
entidades usuarias en el sector de la enseñanza universitaria, máxime en
el ámbito de las Universidades públicas». En el mismo sentido se
manifiesta el CGPJ en su Informe a la reforma.

El Consejo de Estado también llama la atención del
legislador para no olvidar el derecho a la educación, el contenido en
«Open Access» en la regulación de los derechos de autor y el papel de las
Universidades como financiadoras de la investigación. Dice el Dictamen:
«En particular, el régimen proyectado no parece tener en cuenta la
especial posición de las Universidades, que son al tiempo titulares de
derecho de propiedad intelectual, usuarios de obras protegidas y
promotores de proyectos de investigación sometidos al régimen de la
propiedad intelectual».

Por otra parte, la Comisión Nacional de la Competencia en
su Informe al Anteproyecto de ley de reforma de la LPI (APL) manifiesta
que:

«... la gestión colectiva obligatoria constituye un
obstáculo a la gestión individual que, como tal, impide la entrada y
limita la presión competitiva ejercida por los titulares de derechos. Al
impedir a los titulares gestionar sus derechos de modo individual, se
obliga a que éstos tengan que obtener servicios de gestión de la entidad,
creando una demanda cautiva para las entidades de gestión, que operan
desde una posición monopolística y, en estos casos, representan al
titular por mandato legal…..En el APL propuesto no solo se
mantienen los supuestos anteriores sino que introduce injustificadamente
un nuevo derecho de gestión colectiva obligatoria con el derecho de cita
con fines docentes. El artículo 32.3 del APL, prevé que, en relación con
ese derecho de cita, los autores de las obras reproducidas parcialmente,
distribuidas y comunicadas públicamente tendrán un derecho irrenunciable
a percibir de las entidades usuarias una remuneración equitativa, que se
hará efectiva a través de las entidades de gestión. No cabe sino reiterar
que esta supresión de la gestión colectiva obligatoria debería acometerse
en próximas revisiones de la LPI y, en relación con el APL propuesto, no
deberían introducirse nuevos derechos de gestión colectiva
obligatoria.»

Resumidamente se opone a la introducción de un nuevo
supuesto de gestión colectiva obligatoria y aboga por su supresión.

El reconocimiento de esta remuneración equitativa va más
allá de lo contemplado por la Directiva, ya que ésta última, en todo
caso, utiliza el concepto de «compensación equitativa a los titulares» y
no «remuneración equitativa» que tal como hizo notar el Consejo de Estado
no son conceptos sinónimos:

«Ciertamente, desde el punto de vista jurídico, la noción
de ‘‘compensación’’ es distinta del concepto de
‘‘remuneración’’. En efecto, la remuneración es
el pago por una contraprestación o adquisición de un derecho, mientras
que la compensación es el restablecimiento de un desequilibrio
patrimonial objetivamente causado por la conducta de un tercero. Esta
distinción ha sido especialmente discutida con ocasión de la aplicación
de la Directiva 2001/29/CE, hasta el punto de que el Comisario para el
Mercado Interior, respondiendo a la pregunta que le había formulado una
europarlamentaria finlandesa, llegó a afirmar que «la compensación
equitativa es un nuevo concepto introducido por la Directiva y no es
equivalente a los sistemas de retribuciones equitativos (cotizaciones), a
los que el documento no hace ninguna mención explícita» (Diario Oficial
de las Comunidades Europeas OJ C 172 E/046, de 18 de julio de 2002).
(…) Pese a tan claras manifestaciones de la Comisión Europea, el
anteproyecto de Ley sometido a consulta ha optado por continuar con el
sistema de remuneración equitativa previsto en el artículo 25 del texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996, que establece un
sistema de cánones o cotizaciones fijos, con independencia del daño
efectivamente causado, que sería lo propio de un sistema de compensación
equitativa.»

Es decir, la Directiva 2011/29/CE a la cual debe ceñirse la
legislación española no contempla el establecimiento de una remuneración
equitativa, y tampoco prevé una compensación equitativa irrenunciable
para la excepción de la ilustración de la enseñanza. El proyecto de ley
va más allá de lo dispuesto en la normativa a transponer.

Además, y en relación al «desequilibrio patrimonial
objetivamente causado» que debe analizarse para considerar la posibilidad
de compensación, por el hecho de poner a disposición de los alumnos de
una asignatura un capítulo de un libro, o un artículo de revista, es
difícil pensar que se produzca efectivamente un desequilibrio
patrimonial: tal como indica, de una manera muy simple, el juez de la
sentencia de 11 de mayo de 2012 de la United States District Court for
the Northern District of Georgia Atlanta Division, caso University Press
et al v. Patton et al.: un capítulo de libro o un 10% de un libro no
sustituye a un libro completo (argumentos de las páginas 72 y siguientes)
y por tanto, el acceso a un capítulo no cambia las decisiones de compra
de un libro completo. El juez acaba considerando la reproducción y puesta
a disposición de fragmentos de un máximo del 10% del contenido de un
libro, o de un máximo de un capítulo de libro, para consulta exclusiva de
los estudiantes matriculados en la asignatura, siempre que tengan como
finalidad la ilustración de la enseñanza, como de uso justo. Las
universidades y las bibliotecas universitarias, tal como ya expusimos en
relación al anteproyecto de ley, siguen adquiriendo y suscribiendo
libros, revistas y recursos electrónicos tanto para el apoyo a la
investigación como a la docencia y pretenden seguir haciéndolo.

Por otra parte, y poniendo en relación las interpretaciones
realizadas por el TJUE sobre la compensación equitativa por copia
privada, en concreto la sentencia de 16 de junio de 2011, asunto
C-462/09, caso Stichting de Thuiskopie dice lo siguiente (según reproduce
el CGPJ en su dictamen):

«La Directiva 2001/29/CE (...) debe interpretarse en el
sentido de que el usuario final que realiza a título privado la
reproducción de una obra protegida debe, en principio, considerarse el
deudor de la compensación equitativa (...) No obstante, los Estados
miembros tienen la facultad de establecer un canon por copia privada que
grave a quienes ponen a disposición del usuario final equipos, aparatos o
soportes de reproducción, siempre que estas personas tengan la
posibilidad de repercutir el importe de dicho canon en el precio de
puesta a disposición abonado por el usuario final.»

En el caso de la ilustración de la enseñanza la universidad
realiza los actos de reproducción, puesta a disposición o comunicación
pública, pero no los hace para beneficio propio, sino para el uso final
por los estudiantes. Pero debe tenerse en cuenta que en el caso de las
universidades públicas, la matrícula de los estudiantes no financia el
coste de la enseñanza universitaria que reciben. Tal como se dice en la
«Propuesta para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del
sistema universitario español» elaborada por el Comité de Expertos para
la Reforma del Sistema Universitario Español, entregado al Ministro de
Cultura el 12 de febrero de 2013.

«...los precios de los servicios pagados directamente por
los usuarios están muy lejos de cubrir su coste. Estos precios están
además determinados por regulaciones públicas...» (p. 54).

Por lo tanto, de nuevo, no es adecuado cargar a las
universidades con la obligación de un nuevo pago.

Este canon universitario representaría además un muy
inoportuno gasto añadido a las Universidades en el actual momento de
crisis económica y reducción notable de presupuestos.

Finalmente, debe también tomarse en consideración que las
universidades y los organismos públicos son los grandes financiadores de
la investigación científica, que será luego publicada en revistas o
libros; que las editoriales no costean, sin embargo, los gastos de la
investigación, sino tan sólo los de edición, aunque tampoco suelen pagar
a los expertos que realizan las revisiones por pares o de calidad que a
menudo proceden de universidades o centros de investigación. Las
universidades, sin embargo, financian la investigación, pagan por
adquirir y suscribir los libros y revistas en donde se publica, y ahora,
además, si se aprobara este nuevo canon, tendrían que volver a pagar para
poder realizar usos docentes del resultado de la investigación.
Utilizando la expresión del Consejo de Estado, «hay algo de
contradictorio» en ello, y más cuando existe un interés general,
reconocido constitucionalmente, de protección de los fines educativos y
docentes concretado en la misión de servicio público de la educación
superior mediante la investigación, la docencia y el estudio que
corresponde a las universidades, según la Ley Orgánica que las regula
(Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre).

Por último, no podemos dejar pasar la oportunidad para
señalar que en el presente Proyecto de ley se regula el derecho a la
propiedad intelectual como un derecho irrenunciable por parte de su
titular. ¿Cómo se puede afirmar que el derecho a la propiedad intelectual
es irrenunciable? Sobre todo si tenemos en cuenta que en dicho proyecto
no se predica la irrenunciabilidad sobre los derechos morales de autor
(que podría tener algún sentido, pues algunos lo consideran como un bien
de la personalidad irrenunciable), sino sobre los derechos patrimoniales
que de dicha obra se derivan, obligando además que esos derechos sean
gestionados por las entidades de gestión de los derechos de autor, cuando
en realidad el autor puede no pertenecer ni ser socio de dicha entidad, y
privándole del derecho a la gestión individual, gestión que, por otro
lado, con la tecnología actual ya es posible, como queda demostrado con
el debate creado hace más de una década (Lewinski), con las licencias
«Copylefts», «Creative Commons». Como se advierte de un modo claro e
imperativo en el dictamen del Consejo de Estado número 1064/2013, de
fecha 28 de noviembre de 2013 (apartado 5.2, párrafo 39), acerca del
carácter normativo que desde julio de 2012 tiene la política pública de
Open Access en la Unión Europea: «no son pocos los autores que acceden al
ofrecimiento de sus obras sin la obtención de remuneración alguna a
través del denominado ‘‘Open Access’’ en el que
de alguna manera se hace prevalecer, por voluntad propia de los titulares
de los derechos de propiedad intelectual y a veces incluso directamente
por imperativo de la ley (cuando la financiación de los trabajos
científicos es pública), el derecho a la educación sobre los derechos en
abstracto de propiedad intelectual a los que se renuncia en aras de esos
fines de interés general».

El carácter normativo que el Consejo de Estado nos recuerda
que tienen las políticas de Acceso Abierto en la Unión Europea concuerdan
con lo dicho hasta ahora acerca de que no es posible entender el derecho
a la propiedad intelectual como irrenunciable, sobre todo, en cuanto a
los beneficios económicos que se derivan del mismo. La Unión Europea en
Directiva 2001/29/CE sobre derechos de autor ya permite esa
renunciabilidad, cuando deja que el autor ejerza a favor de la humanidad
su derecho a decidir lo que considere oportuno sobre sus obras. El
establecimiento de un derecho irrenunciable a favor del autor, pero que
obligatoriamente se ha de administrar a través de una entidad de gestión,
en realidad lo que está haciendo es expropiándole al autor su derecho a
decidir el sistema de acceder a su obra. Así, este proyecto de ley cierra
la puerta al «Open Access», al «Copyleft» y a las licencias «Creative
Commons», ya que contraviniendo la normativa europea y la naturaleza
jurídica del derecho a la propiedad intelectual, está obligando a los
autores a gestionar su derecho a través de las entidades de gestión e
impidiéndoles dejar en abierto su creación.