Son unos presupuestos que dan un nuevo impulso a la
disolución del Estado de Bienestar con la pérdida del poder adquisitivo
de la pensiones y con recortes en aspectos claves, especialmente en
tiempos de crisis, como son el 36% de recorte en la inversión en
servicios sociales o casi el 35% en la sanidad pública, el 39% en la
protección familiar o casi la mitad en el caso de los sistemas de
dependencia.

Siguen incrementando el endeudamiento que, sin ser
consecuencia de la gestión de las instituciones de los territorios
vascos, lo pagaremos especialmente la ciudadanía de Euskal Herria, un 63%
más que el resto de las gentes del estado.

Siguen impulsando la precariedad laboral y el recorte de
derechos de trabajadores y trabajadoras.

Siguen recortando los fondos destinados a la protección de
empleo, que estos presupuestos son un 7% inferiores a lo ejecutado en
este año 2013.

En el capítulo de ingresos, siguen sin dar respuesta al
problema estructural español del fraude fiscal.

Siguen sin dar pasos efectivos para abordar la
competitividad, basada no en el recorte laboral, sino en la potenciación
del valor añadido con inversiones en I+D+i.

En definitiva son unos Presupuestos que van a seguir
remando a favor de la crisis, recortando el estado de bienestar,
confraternizando con el fraude fiscal y castigando a los sectores más
débiles de la sociedad como son pensionistas, parados, autónomos,
economía social y pymes.

DE LA MACROECONOMÍA A LA MICROECONOMÍA

El Gobierno parte de un planteamiento macroeconómico
voluntarista que sigue la tendencia optimista de los dos años anteriores
en los que siempre en el año siguiente iban a mejorar todos los
indicadores económicos. La realidad que auguran diversos organismos
internacionales rebaja sensiblemente dicho optimismo. Si descendemos a
los detalles el panorama es más desesperanzador. Continua creciendo el
endeudamiento y, aunque la caída de los intereses genere coyunturalmente
más disponibilidad económica en estos presupuestos, la espada de Damocles
que supone que supere el 96% del PIB está pendiente sobre el conjunto del
Estado y, sobre todo, sobre la ciudadanía de Euskal Herria que a través
del cupo carga con un coste superior en más de un 60% al que soportan las
gentes del resto del Estado; coste de un endeudamiento fruto de la
nefasta gestión de los gobiernos central y autónomos que ha dirigido
tanto el PP como el PSOE, y al que no han contribuido las instituciones
propias de los territorios de Euskal Herria.

Por otro lado sigue deteriorándose la calidad del empleo y
no se crean nuevos puestos de trabajo. La caída del paro que se anuncia
se basa en contratos temporales, y en contratos a tiempo parcial.

Con un crecimiento económico casi inexistente, reducción de
salarios, desorbitadas tasas de paro permanentes, endeudamiento camino
del 100% del PIB, reducción del poder adquisitivo de las pensiones,
subida de los impuestos indirectos y de las gentes sometidas a nómina que
pagan puntualmente el panorama apunta a una persistente atonía del
consumo interno que hace imposible un crecimiento económico generador de
empleo económica y socialmente sostenible.

INSUFICIENCIA DE INGRESOS, COMPROMISO CON EL FRAUDE FISCAL
E INCREMENTO DE LA DESIGUALDAD

En el capítulo de ingresos, estos presupuestos generales
siguen sin dar respuesta al problema estructural del fraude fiscal en el
estado español. Con los últimos datos del informe comunitario anual sobre
tendencias fiscales en la UE, en el que el Estado Español ocupa el lugar
número 21 a la hora de fijar el porcentaje sobre el PIB que supone la
recaudación de las Administraciones Públicas. El total de ingresos
públicos representó el 31,4% del PIB, lo que suponen 8,1 puntos menos que
la media de la Eurozona. Y esta situación no es fruto de la actual
coyuntura de recesión económica, sino que responde a un problema
estructural pues desde el año 1995 tan solo en tres ocasiones la
recaudación del Estado ha superado la barrera del 35%. Si analizamos
donde se producen estas insuficiencias crónicas del capítulo de ingresos
vemos que fundamentalmente es en los impuestos indirectos —en el
año 2011 de los 27 estados de la Unión Europea, el Estado Español ocupaba
el puesto número 27 en el porcentaje sobre el PIB que suponía la
recaudación por este concepto—, impuestos especiales e impuesto de
sociedades —puesto número 22—; tan solo en el IRPF —el
impuesto de quienes están vinculados a una nómina— el Estado
español ocupa una posición más normalizada situándose en el puesto número
12 de la U-27.

Estos datos resultan especialmente llamativos —sería
más exacto calificarlos de escandalosos— si vemos la evolución de
los beneficios de las grandes empresas, como es el caso de las incluidas
en el IBEX35, que en el primer semestre de este año han incrementado sus
beneficios un 9% con respecto al mismo periodo del año anterior, o la
evolución de las SICAV que en el presente año se han incrementado en más
de un centenar, que en el pasado año tuvieron beneficios superiores al 8%
y en la primera mitad de este año la rentabilidad media se acercaba al
4%.

A la luz de estos datos cobra especial relevancia el último
informe de Caritas que señala que en el Estado hay ya tres millones de
personas en situación de «pobreza severa» (según la terminología de
Cáritas), esto es que viven con menos de 307 euros al mes. Los pobres
representan el 6,4% de la población, una tasa que casi duplica la de 2007
(3,5%), según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida recogidos en su
informe del Observatorio de la Realidad Social 2012.

En esta misma línea, el último informe sobre la riqueza
mundial que publica anualmente el banco suizo Credit Suisse, señala que
mientras el número de millonarios en el Estado Español aumentó un 13%
entre mediados de 2012 y la primera mitad de 2013, llegando hasta las
402.000 personas, la tasa de pobreza ha pasado del 19,7% de los hogares
españoles en 2007 al 21,1 en 2012.

La política económica y social de este Gobierno, que se
viene concretando en estos presupuestos generales y en los dos
anteriores, están generando una acumulación de riqueza en unas cada vez
más reducidas élites que se mueven en los entornos de la economía
especulativa y sus sistemas de apropiación de rentas ajenas, a la vez que
se produce un incremento, constante y progresivo, de la desigualdad que
—como alerta Caritas— trae consigo «una segunda oleada de
empobrecimiento y exclusión social» agudizada por «las políticas de
ajustes y sus recortes, la prolongación de las situaciones de desempleo y
el agotamiento de las ayudas económicas».

La ausencia de un compromiso explícito por parte de este
Gobierno en la lucha contra esta insolidaria lacra, que se plasme en el
establecimiento de una senda de reducción del fraude fiscal con plazos y
compromisos concretos hace estos presupuestos ineficaces a la hora de
abordar los retos urgentes e imprescindibles de abordar con urgencia,
como son afrontar la reducción de las tasas de paro y de pobreza,
garantizar la protección social y reforzar el estado de bienestar.

POLÍTICAS DE GASTO INSUFICIENTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL
ESTADO DE BIENESTAR

En los últimos años, el debate impulsado por planteamientos
ultra-liberales y neocapitalistas y que ha sido asumido por el Gobierno,
ha puesto en la picota al Gasto Público como causa de todos los males,
con el fin de justificar el progresivo desmantelamiento del Estado de
Bienestar. Sin embargo las cifras, los datos objetivos, no sólo
desmienten dicha tesis neoliberal, sino que ratifican nuestra denuncia de
que el problema fundamental de las instituciones estatales no es el gasto
público, sino el ingreso.

En el último informe de Eurostat sobre la distribución del
Gasto Público por funciones en el seno de la UE27, el Estado español se
sitúa por debajo de la media europea. Mientras que en el conjunto de la
UE27 el gasto público equivale al 49,1% del PIB, en el Estado español
sólo alcanza el 45,2%. Si analizamos las diferentes funciones de gasto
vemos que en el capítulo fundamental —sobre todo en época de crisis
económica— de los fondos destinados a Protección Social y Sanidad,
en el Estado español supone el 51,6% del total del gasto público frente
al 54,8% de la UE27; y en términos de porcentaje del PIB en el conjunto
de la Unión Europea supone el 26,9% del PIB, mientras que en el Estado
español sólo alcanza el 23,2%.

A la vista de estos datos, y después de los importantes
recortes de los dos últimos Presupuestos, el mantenimiento de las
partidas genéricas o los leves incrementos de algunos conceptos en las
funciones de Protección Social no garantizan el Estado de Bienestar.

Las transferencias corrientes o gasto disponible para las
políticas públicas disminuyen un 4,7%; el 36% de recorte en la inversión
en servicios sociales o casi el 35% en la inversión referida a la sanidad
pública, el 39% de reducción en la inversión en protección familiar o la
reducción casi la mitad en el caso de la inversión en los sistemas de
dependencia, suponen en la práctica un deterioro de la prestación del
servicio en el corto y medio plazo, y el progresivo desmantelamiento de
dichos servicios públicos.

En paralelo, mientras se anuncia que las cifras de paro no
van a mejorar sensiblemente se siguen recortando los fondos destinados a
la protección de empleo que, en los presupuestos para 2014, son
inferiores en un 7% a lo realmente ejecutado en este año 2013.

El necesario mantenimiento y reforzamiento del Estado de
Bienestar solo será posible si se abordan políticas de ingreso eficientes
y se establece una senda de reducción del fraude fiscal con plazos y
compromisos concretos.

FRACASO DE LAS LLAMADAS REFORMAS ESTRUCTURALES
NEOLIBERALES

La acción del Gobierno se ha centrado en el impulso de
reformas llamadas estructurales —como son la reforma laboral, la
reforma financiera y medidas fiscales, reforma del sistema de
pensiones— que, lejos de dar respuesta a los problemas
estructurales económico-sociales del Estado español, están debilitando a
marchas forzadas su carácter de estado social de derecho, no abordan la
raíz del problema y no están contribuyendo a paliar las consecuencias
sociales de la crisis económica.

En repetidas ocasiones hemos planteado en los debates con
el Gobierno que su reforma laboral supone un recorte de derechos y el
aumento de la indefensión de las personas que tienen un puesto de trabajo
cada vez más precario; que supone una pérdida de poder adquisitivo y de
capacidad de gasto para amplios sectores de la población; esta reforma
laboral que no ha generado empleo sino que, al contrario, ha propiciado
que la Gran Patronal aplique con cobertura legal el despido impune,
generando más desempleo y crispación social fruto de la desprotección
para sectores cada vez más amplios de la población. La mayoría de las
previsiones coinciden en señalar que van a continuar las altas tasas de
desempleo, señalándose incluso que el 25% de la población activa estará
en paro en el año 2018.

A pesar de las repetidas argumentaciones del Gobierno, las
rebajas salariales —tanto en términos reales desde el año 2010,
como en términos nominales desde el 2012— no sólo no han creado
empleo sino que han desactivado el consumo interno. El ajuste de una
disminución del 7% en los salarios del estado español no se ha traducido
ni en aumento del empleo ni, en la mayoría de los casos, en
competitividad real. Un informe del Banco Central Europeo acusa a las
grandes empresas españolas de subir los precios y bajar los salarios,
trasladando todo el ajuste a los salarios, a los más débiles; al final el
aumento de beneficios de estas empresas —participadas
mayoritariamente por fondos de inversiones y de pensiones
extranjeros— a través del reparto de dividendos no han reforzado al
economía del estado sino que han alimentado la economía especulativa
internacional.

La reforma financiera está promoviendo el fortalecimiento
de un oligopolio financiero y el desmantelamiento de entidades
financieras de carácter social y control público, que eso es la
privatización que han hecho del sistema financiero de origen social. No
se han tomado medidas —ni están previstas en este proyecto de
presupuestos— que impidan la especulación de las entidades
financieras con los fondos y préstamos conseguidos del Banco Central
Europeo y de la propia administración pública española. El crédito sigue
sin fluir a las familias, a las pymes, autónomos y economía social; la
banca ha reducido en un 9,22% su concesión de crédito, mientras ha
aumentado un 15,4% su captación de depósitos. Después de las reformas del
gobierno, del rescate europeo y los 108.361 millones de ayudas públicas,
el sistema financiero español no está contribuyendo al desarrollo
económico y social. No fluye el crédito a empresas y familias, pero los
grandes bancos han ganado cuota de mercado a cuenta del desmantelamiento
de las Cajas, y casi han duplicado sus beneficios este año pasando de
3.174 millones (primer semestre 2012) a 5.310 millones (primer semestre
2013), según la AEB.

Y en cuanto a las medidas fiscales, como ya hemos señalado
en el apartado anterior no han contribuido a atajar la brecha existente
con la mayoría de los estados de la Unión europea.

Finalmente la reforma del sistema de pensiones que está
impulsando en la actualidad el gobierno, y que en este proyecto de
presupuestos ya se concreta en una pedida significativa de su poder
adquisitivo, va a acentuar aún más la brecha existente con otros estados
de la Unión Europea. el régimen de pensiones existentes en el Estado
español (gasto global en relación al PIB) es uno de los más bajos
existentes en la UE-27, situándose en más de un 20% por debajo del
promedio allí existente. El objetivo, por lo tanto, no debiera ser
recortar las pensiones, sino implementar cuantos medios sean necesarios
para elevarlas. Un 50% de las pensiones de jubilación se hallan por
debajo de los 700 euros/mes y unos cinco millones de personas malviven
con ingresos inferiores al umbral oficial de pobreza. La situación se
agrava aún más en el caso de las mujeres por cuanto éstas, por término
medio, vienen percibiendo unas pensiones que vienen a ser inferiores en
un 40% a las de los hombres. Hablar de pensiones de viudedad equivale,
sin más, a hablar de pensiones de pobreza, cuando no de extrema
pobreza.

En definitiva la reforma impulsada por el Gobierno va a
profundizar en el incremento de la desigualdad y la pobreza, va a
contribuir a la atonía del consumo interno y a la perpetuación de la
crisis.

Tras el fracaso económico y social de estas reformas
estructurales nos encontramos con que las políticas de austeridad
mantienen a la economía del estado español en el círculo perverso de la
recesión que impide el estímulo de la actividad económica y la reducción
de las tasas de paro. Y las cifras de este proyecto de presupuestos no
auguran ningún cambio sustancial. El incremento en un 5,6% del gasto no
financiero de los ministerios, es decir gastos de personal y gasto
corriente, y la disminución en un 4,7% de las transferencias corrientes
son muy significativas a este respecto. Por otro lado tampoco hay medidas
reales de estímulo del crecimiento lo que implica que con una reducida
inversión productiva es difícil lograr creación de empleo. El recorte
continuado en la inversión pública que ha disminuido en un 15% desde el
2010 y que no se incrementa en el año 2014 confirma estos malos augurios.
Por otro lado la no apuesta presupuestaria decidida por la potenciación
de la I+D+i supone de facto la renuncia del Gobierno al futuro.

Desde esta perspectiva este proyecto de presupuestos para
el año 2014 sigue perpetuándose en el error de las reformas y políticas
estructurales de carácter neoliberal que no están contribuyendo al
reforzamiento de la economía productiva, ni a la competitividad
económica, ni a la sostenibilidad social de la economía del Estado
español.

SOBERANÍA ECONÓMICA, FISCAL, FINANCIERA Y SOCIAL PARA
EUSKAL HERRIA

El análisis del contenido y la filosofía que impulsa estos
Presupuestos, no hace sino constatar la existencia de Euskal Herria como
sociedad diferenciada que no sólo no se identifica con el modelo
socioeconómico que impulsan estas cuentas públicas, sino que no encuentra
ni acomodo ni solución a sus problemas, dentro del actual marco jurídico
político.

Como hemos señalado en anteriores ocasiones, este Gobierno
del Partido Popular está imponiendo en Euskal Herria todo un conjunto de
reformas estructurales y recortes amparándose en su mayoría absoluta en
los marcos institucionales estatales, a pesar de que su representación
electoral en el conjunto de nuestro pueblo (Comunidad Autónoma Vasca
—CAV— y Foral de Navarra) es claramente minoritaria (23%) y
que su política económica y social está siendo rechazada cada vez por
mayores sectores de la población y por las propios Parlamentos y Juntas
Generales.

El mantenimiento de este marco político tiene un coste
concreto para la CAV y Nafarroa. Los presupuestos del 2014 recogen las
cantidades de 569 millones de euros para el cupo de Nafarroa y de 1.527
millones en el cupo de la CAV. Con dichos fondos se financian
competencias no asumidas como son los gastos de la Monarquía, las fuerzas
de seguridad del Estado, el ejército, las grandes infraestructuras
inútiles y, como no, al pago de la deuda. Deuda que no tiene su origen en
nuestro País y que sin embargo, cada persona de Euskal Herria va a
soportar un coste de 1041 euros de los intereses de dicha deuda, frente a
los 767 euros que soportará cada persona del resto del estado. El
incremento de la deuda pública previsto para los próximos años fruto de
la publificación de la deuda privada de los bancos, va a suponer también
el incremento del pago que la ciudadanía de Euskal Herria ha de hacer a
las arcas estatales. Unos pagos que vacían nuestras arcas públicas y nos
niegan la posibilidad de poner en marcha un nuevo modelo social y
económico en Euskal Herria.

Un año más, volvemos a constatar que el presente proyecto
de cuentas públicas para 2014 no contempla compromiso explícito alguno,
ni siquiera en su más mínima expresión, a fin de contribuir positivamente
a la nueva etapa abierta en Euskal Herria de cara a la resolución del
conflicto político.

Se hace aún más necesario que nunca la exigencia para
Euskal Herria de un marco soberano en materia económica, financiera,
fiscal, social y laboral, a fin de poder implementar desde nuestra propia
realidad, sin imposición ni limitación alguna por parte de los poderes
estatales, cuantas medidas sean precisas para construir un futuro para
nuestro pueblo asentado en pilares de justicia y solidaridad, en el
reparto del trabajo y la riqueza, en el fomento de los servicios y
prestaciones públicas, en la apuesta por la economía real y productiva.
Un desarrollo hermanado y respetuoso para con la naturaleza e impulsor de
una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres.

Queremos, desde Euskal Herria, apostar por la industria y
economía verde y de alto valor tecnológico; impulsar la economía de los
cuidados y los servicios sociales y públicos; fomentar firmemente la
economía social; desarrollar decididamente la I+D+I; asentar la
agricultura y la ganadería sobre bases de soberanía alimentaria... Y
todas estas apuestas hacia un nuevo modelo económico y social necesitan
de soberanía política y económica, así como poder contar con los recursos
que ahora, vía cupo, se nos usurpan para pagar los intereses de una deuda
injusta e ilegítima.

Por todas estas razones que suponen que estas cuentas
públicas del estado español van a seguir remando a favor de la crisis,
recortando el estado de bienestar, confraternizando con el fraude fiscal
y castigando a los sectores más débiles de la sociedad como son
pensionistas, parados, autónomos, economía social y pymes, mediante un
planteamiento que no responde a la realidad política, social y económica
de Euskal Herria, los Diputados y Diputadas de AMAIUR presentamos esta
enmienda a la totalidad y pedimos la devolución al Gobierno de este
Proyecto de Ley de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio
2014.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2014.

Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—Ester
Capella i Farré.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto.

Los Presupuestos Generales del Estado consolidan los
recortes sociales que, por extensión, son recortes en los derechos de la
ciudadanía. Asimismo, no sólo mantienen, sino que aumentan, el espolio
fiscal a los Països Catalans.

A pesar de la manipuladora propaganda política que afirma
que la economía va por el camino de la recuperación, la realidad es que
la deuda española llegará al 100% de su PIB situándose por encima del
billón de euros, con un paro cercano al 30% y viéndose obligada a extraer
recursos del Fondo de reserva de pensiones de la Seguridad Social
—otra vez— para quitarle más de 6.000 millones para asumir
gastos superfluos o innecesarios como el exagerado gasto militar
español.

Sin embargo, y pese a los recortes sociales directos del
Gobierno español, se sigue exprimiendo a los Països Catalans obligando a
sus gobiernos a realizar mayores recortes sobre su población. El Gobierno
español recortará las inversiones en Catalunya más de un 25%, en el País
Valencià más de un 8% y en las Illes Balears casi un 6%. A ello hemos de
sumar los recortes por la falta de inversión en la infraestructura básica
para estar a la altura en términos de productividad y competitividad. En
este sentido, es especialmente relevante que los Presupuestos siguen sin
contemplar como una clara prioridad el Corredor Mediterráneo, afectando
al potencial económico del conjunto de los Països Catalans.

No sólo se consolida, sino que se agudiza una tendencia que
ha provocado un recorte de las inversiones en los Països Catalans: de
unos 3.700 Millones de euros en Catalunya, 1.650 en el País Valencià y de
280 en las Illes Balears. Por supuesto no se contemplan los pagos
pendientes por los incumplimientos de la Disposición Adicional Tercera de
l’Estatut o la compensación por el impuesto a la banca.

Asimismo, hay que señalar que la fuerza centrífuga que se
aplica en los recortes (el Fondo de Compensación Interterritorial se
recorta un 13% y los Sistemas de Financiación de los Entes Territoriales
un 10’5%, por poner sólo dos ejemplos), está inversamente
relacionada con la fuerza centrípeta que se aplica en el aumento de los
ingresos. De esta manera, es el Estado quien se apropia con el aumento
del IVA recaudado. Teniendo en cuenta que el 23% de los 8.500 Millones
adicionales ingresados por el aumento del IVA se han recaudado en
Catalunya, sólo con que Catalunya se quedara la mitad de los 2.000
Millones que le corresponde, recuperaríamos la situación que teníamos en
2012, revertiendo los recortes adicionales a que han obligado la asfixia
financiera a las autonomías y especialmente a las que padecemos un
descarado espolio fiscal. He aquí los argumentos que exhibe el Gobierno
español sobre el trato presupuestario a Catalunya y que la población
deberá tener en cuenta para decidir el voto en la consulta sobre el
futuro de nuestro país.

Paralelamente a este recorte de inversión territorial que
supone un recorte social en tanto que un 75% del presupuesto de las
Comunidades Autónomas se destina a servicios sociales, se siguen
produciendo importantes recortes en partidas sociales. Especialmente
escandaloso es el recorte de más de un 35%,

es decir de más de una tercera parte, del Ministerio de
Sanidad y Servicios Sociales, siendo este recorte de más de un 36% en los
servicios sociales en particular. A pesar de las explicaciones
financieras del Gobierno, no se puede justificar de ninguna manera un
recorte de estas dimensiones cuando se están cerrando servicios y
hospitales por todos sitios y el derecho a la dependencia ha dejado de
ser un derecho (el presupuesto de dependencia, ya recortado
anteriormente, se recorta en la mitad, cuando debería ser del doble para
hacerse efectivo el derecho). Asimismo, y con los índices de paro que
tenemos, se han recortado 150 millones las partidas para las Comunidades
Autónomas para fomento de la inserción y la estabilidad laboral.

También es particularmente escandaloso el recorte en
Sanidad cuando se están aumentando los presupuestos del Ministerio de
Industria, para pagar unos vergonzosos e ilegítimos sobrecostes —y
deuda— eléctricos, y del Ministerio de Defensa, que no sólo es
absolutamente exagerado sino que es deficitario y generador de 30.000
millones de deuda (eso según una cifra oficial que irá en crecimiento).
Además, el de Defensa es el único que ha seguido creciendo en los años de
crisis, pese a que de manera encubierta mediante el incremento a lo largo
del año a costa de deuda pública. En este sentido, hay que señalar que el
presupuesto de Defensa se han incrementado en unos 1.500 millones, un
24%, respecto a lo aprobado por el propio Parlamento.

Finalmente, y como dato anecdótico dentro de las partidas
superfluas o no urgentes o imprescindibles que se incrementan, debemos
citar el aumento de 6 millones de euros en las partidas para las
Federaciones Deportivas Españolas o el aumento de un 27% del presupuesto
del Instituto Cervantes (entre otros gastos, se incluye el incremento de
80.000 euros generado al incluir como Alto Cargo al Secretario General
del Instituto). Eso sí, paralelamente, se rebaja en 68.000 euros la ya
escasa partida para el Institut d’Estudis Catalans.

Por todo ello, se presenta la siguiente propuesta de veto
al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2014.

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una
propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2014.

Palacio del Senado, 27 de noviembre de 2013.—Jesús
Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y
el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente propuesta de veto.

Las previsiones del Gobierno son sólo augurios

La economía española decrecerá en 2013 un 1,6%, dato
negativo muy superior al de las estimaciones que el Gobierno había
reflejado en los Presupuestos Generales del Estado del año 2013 y que
preveían originalmente sólo una caída del 0,5%. El impacto contractivo de
las medidas de consolidación fiscal ha sido, en consecuencia, mucho más
elevado de lo esperado por el propio Gobierno.

La caída de la demanda interna explica gran parte de los
errores de medición del Gobierno. Mientras el Gobierno esperaba que las
medidas de austeridad provocasen una caída de la demanda interna del
2,9%, la realidad finalmente impuso una caída del 4,1%. Pero muy
especialmente ese resultado vino dado por la espectacular caída de la
inversión empresarial, que cayó un 7,5% frente a la predicción del
Gobierno de que caería sólo un 2,1%.

Estos datos revelan que tanto el Gobierno como las
instituciones internacionales que promueven las políticas de austeridad
están minusvalorando el efecto contractivo que provocan las medidas de
consolidación fiscal. Así, frente a la tesis de la austeridad expansiva,
que promueven recortes en el gasto público para poder obtener tasas de
crecimiento económico, parece que la realidad impone una visión mucho más
perversa de los efectos producidos en la economía. Esto es algo que el
propio Fondo Monetario Internacional, en un estudio titulado
«Expansionary Austerity: New International Evidence» supo ver también.
Según esta visión, puesta además de relieve por la realidad económica,
las medidas de consolidación fiscal sólo consiguen ahogar aún más la
economía.

Los presentes Presupuestos Generales, más que corregir esta
senda desastrosa, consolidan la visión ortodoxa de la consolidación
fiscal y sólo conseguirán hundir aún más la demanda interna y las
posibilidades de la economía de crecer económicamente. Paralelamente el
altísimo e inaceptable nivel de desempleo, la costosa e ineficaz
restructuración del sistema financiero y el muy desigual reparto de los
costes de la crisis está sentando las bases de una nueva y muy severa
crisis económica y social en nuestro país.

El Gobierno adopta con estos presupuestos una política
suicida con respecto al mercado de trabajo. Incluso el propio Gobierno es
consciente del nulo efecto positivo de estos presupuestos sobre la
creación de empleo, ya que predice que el empleo caerá un 0,2% en 2014.
Sin embargo el Gobierno espera que la población activa siga cayendo y
ello provoque un ligero retroceso en la tasa de paro hasta el 25,9%.

Ahora bien, en el último trimestre de 2011 la tasa de paro
estaba en un nivel dramático del 22,85%, mientras que actualmente se
sitúa en un 26,26%. Dicho crecimiento es además compatible con un
importante y reciente descenso en la tasa de actividad, hundida hasta el
59,54%, y con un descenso igualmente amplio de la tasa de empleo hasta el
43,91%. Estos datos señalan que los recientes presupuestos, así como las
últimas reformas laborales, no han surtido un efecto positivo en la
creación de empleo. El Gobierno acepta y se resigna a no crear empleo en
los próximos cinco años, tal y como plantean los informes del FMI.

La reforma laboral sólo ha servido para producir un
descenso en los salarios, y por ende en el coste laboral unitario, pero
no para crear empleo. Y crear empleo es la tarea más urgente que la
sociedad española debería acometer, aunque ni este Gobierno ni la troika
así lo entiendan. Los presentes presupuestos, de hecho, no hacen sino
empeorar la situación al reducir las inversiones reales un 9,8%. Y en un
contexto de falta de demanda, como el actual, sólo la inversión pública
puede relanzar la economía y crear importantes niveles de empleo.

Por otra parte, las políticas de estos presupuestos
agudizarán los problemas de demanda que existen actualmente en la
economía española. Según la encuesta «Access to finance» del Banco
Central Europeo, en marzo de 2013 un 29% de las PYMES señalaba que el
principal problema que enfrentaban era la dificultad para encontrar
clientes. Otro 25% señalaba la falta de acceso al crédito, y un 11% los
problemas derivados de la competencia. Sólo un 12% apuntó al elevado
coste laboral como problema principal.

La dificultad para encontrar clientes refleja la enorme
debilidad de la demanda interna en nuestra economía, que está siendo
machacada aún más con estos presupuestos generales. Además, el dogma de
la consolidación fiscal está ahogando más a las PYMES que a las grandes
empresas, las cuales muestran menores síntomas de preocupación por estos
fenómenos.

La distribución funcional de la renta sigue haciéndose cada
vez más desigual. Para 2013 la participación salarial en la renta se
reducirá hasta el 57,4%, según la Comisión Europea, cuando en 1998 era
del 65,8% y en 1980 del 71,9%. Este proceso de pérdida de peso ha sido
analizado por todos los organismos internacionales por sus efectos
económicos en la demanda interna, pero no se han acometido reformas para
revertir la tendencia. Más al contrario, la pérdida de poder de
negociación de los sindicatos, como

consecuencia de las últimas reformas laborales, y las
medidas de austeridad fiscal están empujando los datos aún más a la baja.
Todo ello provoca un grave deterioro de la demanda interna y, en
consecuencia, del empleo.

De forma lógicamente complementaria se está llevando a cabo
un intenso proceso de concentración de la renta y riqueza tanto a nivel
sectorial (como en el sector financiero) como a nivel individual. La
entidad Credit Suisse ha calculado que el número de ultramillonarios en
España ha crecido un 6,9% en el último año, mientras que su riqueza se ha
incrementado un 8,3%. Teniendo presente la pérdida del Producto Interior
Bruto en un 1,6%, es más que evidente el intenso proceso de
concentración, que por otra parte es generalizado en los países de la
Unión Europea. La mayor parte de los ingresos adicionales de estas 1.625
personas en España, controlando una riqueza por valor de 195.000 millones
de euros, proviene del sector de las finanzas. Todo lo cual está
perfectamente en línea con la política del Gobierno y, a la vez,
justificaría la necesidad de nuestras alternativas.

En todo caso, la Comisión Europea ya se ha manifestado
poniendo en cuestión las previsiones del Gobierno y el propio Proyecto de
Presupuestos exigiendo nuevos ajustes.

Unos presupuestos injustos fiscalmente

La política fiscal de este Gobierno está siendo
especialmente regresiva, con incrementos muy superiores en los impuestos
indirectos que en los impuestos directos. La subida del IVA, por ejemplo,
es ampliamente injusta porque afecta por igual a la clase trabajadora que
a las grandes fortunas de este país. Además, la subida del IVA en
determinados sectores, como el de la Cultura, está afectando muy seria y
negativamente a la actividad.

Del total de recaudación en 2012, el 56,41% fueron
impuestos directos y el 42,47% impuestos indirectos, siendo el resto
tasas y otros ingresos. Estos datos contrastan con los de 2008, donde los
impuestos directos tenían dos puntos más de peso, y revelan la tendencia
regresiva del esquema fiscal español.

Además, atendiendo al tipo de impuesto directo, el 41,89%
de la recaudación total del Estado se obtiene del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) y el 12,72% del Impuesto sobre Sociedades.
Más específicamente, el 38,56% de la recaudación total proviene de la
imposición a las rentas del trabajo, mientras que sólo el 3,15% proviene
de la imposición a las rentas del capital.

El tipo efectivo del impuesto a la renta bruta de los
hogares ha pasado de un 11,9% en 1997 a un 12,5% en 2012, mientras que el
tipo efectivo del impuesto sobre sociedades ha pasado de un 23,5% en 1997
a un 19,3% en 2012. Esta tendencia es claramente consecuencia de las
reformas fiscales que los gobiernos del PP y PSOE han realizado en las
últimas legislaturas y que han hecho recaer cada vez más el peso del
mantenimiento fiscal del Estado en las rentas del trabajo.

Por si fuera poco, el tipo efectivo para las empresas con
ingresos menores a los 6.000 euros es del 23,7% mientras que para
aquellas con ingresos superiores a los 180 millones de euros es del
17,8%. Una aberración que es producto del aún enorme gasto fiscal
derivado de tantas deducciones fiscales y que este Gobierno sigue sin
corregir.

Además, el Gobierno no sólo ha renunciado a implementar
medidas de fiscalidad verde para incluir los costes ambientales y
sociales de actividades económicas que hoy sufraga el conjunto de la
ciudadanía, sino que ha penalizado con nuevos tributos a sectores
punteros en sostenibilidad ambiental e intensivos en creación de empleo,
como el de las energías renovables.

A nuestro juicio la política fiscal de estos presupuestos
debería ser muy diferente. La mayor capacidad de las grandes fortunas y
las grandes empresas para financiar los costes del Estado debería
aparecer reflejada en el esquema fiscal. Desgraciadamente, este Gobierno
se ha caracterizado por hacer exactamente todo lo contrario, como
demostró con la aprobación de la amnistía fiscal a los grandes
defraudadores.

Por el lado de los ingresos, planteamos un conjunto de
medidas tributarias para asegurar el principio de suficiencia y la
justicia y progresividad del sistema fiscal. Se trata de limitar el
déficit sin recurrir a más deuda pública.

Para ello, el escenario fundamental es la lucha contra el
fraude y la economía sumergida, que puede proporcionar del orden de
38.000 millones de euros anuales. Aunque estos presupuestos incrementan
la partida de la Agencia Tributaria hasta los 949,2 millones de euros,
cabe recordar que veníamos de un recorte del 7,7% en el anterior
ejercicio y que la tasa de reposición del personal de la agencia sigue

estando en un miserable 10%, dando cuenta de que no hay
voluntad política suficiente para invertir de forma decidida en esta
materia.

En el Impuesto de Sociedades, con tipos teóricos del 30 o
el 25%, y visto ya cuáles son los tipos efectivos, el objetivo es
corregir esta injusta situación. Para lo cual proponemos que se eleve
hasta el 35% el tipo del impuesto para beneficios superiores al millón de
euros y que la suma de desgravaciones, subvenciones y ayudas (los
llamados en conjunto beneficios fiscales) no pueda significar en ningún
caso tipos efectivos inferiores al 25% en aquellos contribuyentes que
tributan al tipo general. La recaudación potencial de estas medidas
podría representar otros 20.000 millones de euros.

Otras medidas como un Impuesto sobre las Transacciones
Financieras, un nuevo impuesto sobre la riqueza que sustituya al de
Patrimonio, la modificación del sistema de módulos y la legislación sobre
las SICAV, o un tributo que grave la tenencia en el momento de la
adquisición de bienes de lujo, generarían ingresos potenciales superiores
a los 12.000 millones de euros.

Además, integrar en la tarifa general del IRPF a los
rendimientos del capital, incluyendo a las plusvalías generadas en menos
de dos años, permitiría mejorar la progresividad y potenciar la
recaudación del tributo.

También proponemos incorporar la fiscalidad ambiental como
un mecanismo fundamental para el cambio de modelo productivo y como
instrumento redistributivo en la sociedad. Introducir el criterio de
quien contamina paga de forma transversal en las figuras tributarias,
favoreciendo la eficiencia energética, la reducción de residuos, las
energías limpias o el transporte público es fundamental para incorporar
equidad en nuestro sistema tributario pero también para salir de la
crisis y sentar las bases de un sistema productivo sólido y que aborde
los restos de la crisis ecológica y energética actual.

En suma, estas medidas permitirían aumentar la recaudación
afectando en menor medida a la demanda interna porque gravitan sobre los
contribuyentes de mayor capacidad económica, cuya propensión marginal a
consumir es menor. Podríamos así revertir la subida del IVA que es
regresiva e injusta porque penaliza en mayor proporción a los ciudadanos
con bajos ingresos y que afecta negativamente a la recuperación de la
economía al retraer el consumo.

En consecuencia, hay recursos posibles y suficientes para
una política de creación de empleo sin necesidad de aumentar la deuda y
limitando el déficit. La decisión es, por tanto, política. Se trata de si
se quiere tocar o no a los grandes intereses de las grandes fortunas, de
las grandes empresas y de los bancos.

Unos presupuestos antisociales que consolidan el Estado del
malestar y la devaluación de las condiciones de vida de los
ciudadanos

Las nuevas exigencias de la Comisión Europea de más ajustes
sin duda conllevarán un mayor deterioro de las condiciones de vida de la
mayoría de los españoles.

Para empezar, el Gobierno aprueba junto con estos
presupuestos y reflejándolo ya en los mismos un ataque en toda regla a la
capacidad adquisitiva de los pensionistas y a las cantidades que van a
percibir desde ahora en concepto de jubilación. Este hecho se suma al
incremento en la edad de jubilación hasta los 67 años, aprobado por el
anterior ejecutivo, y que provocará un deterioro en la calidad de vida de
los ciudadanos.

La pretendida revalorización de las pensiones al menos un
0,25% anual no es en realidad tal cosa. Con índices de precios que se
sitúan sistemáticamente por encima de esa cifra, lo que estamos realmente
es ante una pérdida continuada de capacidad adquisitiva que va no sólo a
tener efectos sociales gravísimos, en tanto que cada vez más familias
dependen de las pensiones para sobrevivir, sino también efectos
económicos de extraordinaria importancia. El consumo se va a resentir
cada vez más, porque la propensión al consumo de las rentas más bajas es
mucho mayor que en las rentas más altas. Así, un empobrecimiento de las
clases trabajadoras llevará inevitablemente a un menor consumo y, por
ende, un empeoramiento de la demanda interna y del crecimiento económico.
Todo lo cual debilitará aún más las posibilidades de crear empleo y de
salir de la crisis.

No obstante, con la nueva reforma del sistema de pensiones
el Gobierno no sólo provoca un empobrecimiento mayor de las personas
jubiladas sino que también está creando incentivos para la suscripción de
planes de pensiones privados. Estos planes de pensiones privados son
meros productos financieros y asimismo son instrumentos insolidarios que
ponen en riesgo los propios ahorros de los pensionistas, aunque en todo
caso son un negocio muy lucrativo de las entidades financieras.

Las personas desempleadas, criminalizadas por parte del
Gobierno con insidias sobre el fraude en las prestaciones por desempleo,
no corren mejor suerte. En 2014 el Servicio de Empleo Público Estatal
dispondrá de menos recursos para las políticas activas de empleo y
protección a los desempleados, ya que verá sus recursos disminuidos en un
6,1% en comparación con la liquidación prevista para 2013. Con un 21%
menos de recursos en términos reales que en 2011 se pretende atender a un
22% de personas desempleadas más en 2014.

Por otro lado, en un país como España que está sufriendo
día a día el drama de familias desahuciadas de sus viviendas por no poder
hacer frente a sus compromisos de pago, resulta insignificante los 799
millones de euros destinados a la partida de acceso a la vivienda y
fomento de la edificación. Más aún cuando el problema no es de falta de
viviendas, sino de capacidad adquisitiva para acceder a alquileres
baratos o de ayudas para evitar el lanzamiento de las viviendas.

El Gobierno, por el contrario, ha creado la figura de la
SAREB para gestionar con ánimo mercantil una importante parte de los tres
millones de viviendas vacías que existen en España, mientras que ha
dinamitado iniciativas democráticas por parte de determinadas comunidades
autónomas, como Andalucía, que trataban de evitar los desahucios como
medida de urgencia. El recurso al Tribunal Constitucional que interpuso
el Gobierno respecto al plan antidesahucios de Andalucía fue una victoria
de la troika y las entidades financieras y una severa derrota de los
ciudadanos y, concretamente, de los sectores más afectados por la crisis
económica.

Los nuevos recortes en servicios sociales y promoción
social, muy especialmente en dependencia, agudizan el carácter antisocial
de estos presupuestos. Además, con un fuerte impacto de género, al no
prever las consecuencias tan graves y discriminatorias que tiene la
crisis sobre las mujeres. En España hay 636.000 viviendas en las que
ningún miembro del hogar recibe ingreso.

El débil Estado del bienestar construido con la lucha
social y política de décadas se ha tornado en malestar, con el cambio de
modelo de la sanidad pública, de la atención a la dependencia y de los
servicios públicos, sustituyendo derechos de ciudadanía por beneficencia
y mercados. Una muestra de ello son los presupuestos del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que han sufrido recortes en los
últimos años entre el 12 y el 20% y continúan a la baja. Los recortes,
repagos y privatizaciones son particularmente injustos con los más
débiles: menores, personas con discapacidad, enfermos crónicos o
afectados por enfermedades raras.

En paralelo, se refuerza la mano derecha del Estado, el
código penal y la represión de la contestación social, al tiempo que
continúa en declive la tutela judicial efectiva, la igualdad de los
ciudadanos ante la justicia y la justicia gratuita. En definitiva, se
refuerza la justicia como poder del Estado ligado al Gobierno mientras se
debilita como servicio público sufriendo nuevos recortes, en particular
en materia de personal y de la modernización necesaria para su
funcionamiento.

La contrarreforma en materia de educación, para impulsar la
competitividad al servicio de los mercados según se afirma en las
memorias presupuestarias, se acompaña en estos presupuestos con la
consolidación de los recortes. En 2014 nos encontraremos un 30,5% por
debajo del nivel de gasto de 2010 en educación.

Las becas y ayudas aumentan sus créditos para 2014 pero la
nueva fórmula, que introduce no sólo la renta sino también el
rendimiento, supondrá una reducción de lo que perciben los universitarios
y los estudiantes de bachillerato y formación profesional. En todo caso,
aparecen nuevos recortes en distintos programas disminuyendo los créditos
para educación infantil, mejora de la difusión de la formación
profesional, educación compensatoria, mejora de la calidad educativa,
formación del profesorado o para movilidad de estudiantes.

En lo que respecta a los empleados públicos, la congelación
de sus retribuciones constituye un grave atentado sobre el poder
adquisitivo de estos trabajadores. Cálculos sindicales apuntan a una
pérdida mínima del 25% en la capacidad adquisitiva de este colectivo de
trabajadores como consecuencia de las medidas contra la crisis. Y
continuar con la amortización de empleo público, además de dañar la
calidad de los servicios públicos, añade más leña al fuego de la crisis
en forma de destrucción de empleo. A los 400.000 puestos de trabajo
destruidos en 2013 en el sector público hay que sumar los que provocarán
estos presupuestos así como la reforma de la administración local, que
algunas fuentes calculan en unos 300.000 empleos.

De cara a la solidaridad con el exterior, la Ayuda Oficial
al Desarrollo alcanza en 2014 la cifra de 1.814 millones de euros, el
0,17% de la Renta Nacional Bruta, lo que significa 234 millones menos que
en 2013 y un descenso acumulado del 61% respecto a 2011, situándonos a la
cola de donantes de la UE e incumpliendo los compromisos
internacionales.

Unos presupuestos para socializar las deudas

La actual crisis económica no es una crisis de deuda
pública sino de deuda privada. Ningún organismo internacional supo verlo
en su momento y ninguno está actuando actualmente para resolverlo con la
velocidad que corresponde. Más bien estamos asistiendo a una
transferencia de deudas desde el sector privado hacia el sector público,
el cual está absorbiendo asimismo los riesgos derivados.

Los presentes presupuestos predicen un incremento de la
deuda pública hasta los 826.500 millones de euros, lo que viene a
significar un 99,8% sobre el PIB. Cabe recordar que en 2007 la deuda
publica era del 36,3% sobre el PIB, y que sólo empezó a crecer como
consecuencia de la crisis y de la aplicación de los programas de rescate
bancario y de las medidas anticíclicas.

Según datos del FMI, desde 2009 se han inyectado
directamente en el sistema financiero un total de 63.000 millones de
euros. Una parte importante de esas cantidades provino del fondo de
rescate bancario firmado entre el Gobierno español y la troika. Al margen
de esa cantidad, y de forma complementaria, están el resto de ayudas
directas e indirectas a la banca.

No obstante, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) ya dejó entrever que al menos 30.000 millones de ayudas a fondo
perdido no serán recuperadas por los contribuyentes.

Desde el comienzo de las medidas de consolidación fiscal
los mercados financieros se han ido calmando y la prima de riesgo ha
disminuido. En el marco de ese contexto el Gobierno ha calculado que en
2014 se pagarán un total de 36.590 millones de euros en concepto de
intereses de la deuda pública, un 5,12% menos que en el anterior
ejercicio.

Aunque tales hipótesis son muy frágiles, a tenor de cómo se
están sentando las bases de la siguiente crisis, 36.590 millones de euros
es una cantidad imposible de atender sin provocar una merma brutal en las
condiciones materiales de vida de los ciudadanos. Y, desgraciadamente,
así está siendo. Los cambios institucionales llevados a cabo por los
Gobiernos de PP y PSOE, especialmente la reforma de la constitución en
2011, han llevado a la creación de una palanca financiera para el
desmantelamiento de los servicios públicos.

Además, el perverso e inmoral triángulo financiero creado
por las instituciones de la actual Unión Europea, y que permite una
transferencia legal de dinero desde lo público a lo privado por medio de
la deuda, sigue abierto. Así, las entidades financieras tienen barra
libre para endeudarse con el Banco Central Europeo a tipos de interés muy
reducidos, mientras que utilizan ese dinero para prestar a las
administraciones públicas, a través de diversos programas —como el
plan de proveedores— o directamente por medio del mercado de deuda
pública, y lograr de ese modo ingentes beneficios a costa del
contribuyente. Sin que, por supuesto, se haya logrado reconectar al
sistema financiero con su función de prestamista a la economía real.

De hecho, la reestructuración del sistema financiero, que
continúa en estos presupuestos, está lejos de ser exitosa. Al menos de
acuerdo a los propósitos oficiales de volver a abrir el grifo del
crédito. Todavía el 21% de las grandes empresas y el 25% de las pequeñas
y medianas señalan que el principal problema que enfrentan es el acceso
al crédito. Siendo verdad que esos datos eran ligeramente superiores hace
tres años, lo cierto es que manifiestan lo lejos que queda la consecución
del objetivo de volver a canalizar el crédito.

En todo caso, el Banco Central Europeo, así como el resto
de bancos centrales de occidente —muy particularmente la Reserva
Federal y el Banco de Japón—, está manteniendo una política
monetaria expansiva verdaderamente ineficaz. El dinero no llega a la
economía real sino que se mantiene en la esfera financiera, hinchando una
nueva burbuja de activos financieros que tarde o temprano terminará
estallando como hiciera en su momento la burbuja inmobiliaria. La razón
por la que no son medidas válidas es que estamos ante un momento
económico llamado «trampa de la liquidez» que refleja que sin incentivos
para la inversión —y con la debilidad tan acusada de la demanda
interna, y con sus expectativas también a la baja— incluso con un
sistema financiero sano no habría motivos para endeudarse.

Pero además el Gobierno sigue ignorando un problema
fundamental, y que de hecho está en el origen de la presente crisis, que
es el endeudamiento privado. El endeudamiento de los hogares españoles
está en torno al 130% de su ingreso bruto disponible, con lo cual todos
los esfuerzos de los hogares están destinados a reducir esa exposición
tan bestial. La política de estos presupuestos, de empobrecimiento de las
rentas más bajas, sólo empeora el problema al aumentar la dificultad para
devolver las deudas. Los impagos y los intentos por reestructurar las
deudas de los hogares están y estarán a la orden del día. De ahí que sea
necesario poner en marcha programas públicos de reestructuración de la
deuda privada, como se ha hecho en otros tiempos históricos.

Unos presupuestos inútiles para el cambio de modelo
productivo

La dotación para inversión real directa en los presupuestos
consolidados para 2014 disminuye el 9,8% y, en particular, la política de
infraestructuras lo hace un 17,1%. Aún considerando la inversión que
realiza el sector público empresarial, lo cierto es que el esfuerzo
inversor público es insuficiente para una economía en recesión y con una
tasa de desempleo tan escandalosa como la nuestra.

Pero más allá del efecto multiplicador de la inversión, su
composición es igual de importante y en estos presupuestos la apuesta
sigue siendo la alta velocidad y las carreteras frente al ferrocarril de
cercanías y de media distancia. Somos, hoy todo el mundo lo sabe, el país
con más kilómetros de autovía y autopistas de Europa, el que más
kilómetros de AVE ha proyectado y construido, y también el campeón en
desempleo.

Además, el desmantelamiento de las empresas públicas del
transporte ferroviario y la incorporación del sector privado en la
explotación del servicio, acarreará la pérdida de miles de puestos de
trabajo y repercutirá sin duda en la calidad de la prestación del mismo,
amén de dejar en manos privadas el derecho a la movilidad. El transporte
y las infraestructuras deben ser un servicio público de gestión directa
que permita la movilidad, proporcionando y garantizando la calidad de
vida, la igualdad y la equidad de toda la ciudadanía.

En materia de investigación estos presupuestos confirman la
profundización de la crisis y el desmantelamiento casi definitivo del
sistema que construimos en 30 años de democracia. Nos encontramos con
Organismos Públicos de Investigación en estado de coma, convocatorias
eternamente retrasadas cuando no canceladas, jóvenes condenados al paro o
al exilio y empresas innovadoras que siguen esperando por unos créditos
que implican su propia supervivencia.

Unos presupuestos que confirman un modelo muy alejado de la
sociedad del conocimiento que ya ha desaparecido del discurso oficial. La
imagen del país, tan reclamada al condenar las manifestaciones o las
huelgas, ahora sí queda en entredicho al hacer caso omiso a las
recomendaciones de la UE y de su comisaria de investigación de avanzar en
la financiación de la I+D+i evitando el colapso del sistema.

Unos presupuestos que no permiten poner en marcha el Plan
Estatal de Investigación, cuyas convocatorias para 2013 siguen sin
publicarse y que requerirían una financiación adicional de al menos 100
millones de euros. No hay tampoco fondos para la puesta en marcha de la
Agencia Estatal de Investigación, incumpliendo así el mandato de la Ley
de la Ciencia de 2011. No hay recursos para financiar a los organismos
públicos de investigación asegurando unas condiciones mínimas más allá de
la hibernación. No hay recursos, ni voluntad, de reforzar el empleo
público impidiendo la creciente e imparable sangría de jóvenes
investigadores y técnicos. No hay recursos ni económicos ni humanos
suficientes para abordar el enorme reto que significará el nuevo programa
de I+D europeo Horizonte 2020. No podemos jugar en primera división con
plantillas de 55 años de media de edad y sin banquillo a la vista. No hay
recursos, ni voluntad, para apostar por la innovación apoyando al tejido
empresarial que intenta salir de la crisis investigando e innovando y no
por la vía de la degradación de los salarios.

Desde el punto de vista energético, en un contexto de
continúo encarecimiento de los costes de la energía, el Gobierno ha
decidido desmantelar cualquier tipo de política energética dejando
prácticamente sin recursos los programas que permiten controlar este
sector estratégico para la economía.

La partida para desarrollo energético ha disminuido en un
95% respecto a los presupuestos de 2011 y se marginan las políticas de
ahorro y eficiencia energética como alternativa para la sostenibilidad.
El desarrollo energético pasa a ser la última política del Ministerio de
Industria. De hecho, si no se tiene en cuenta la partida de 4.153
millones de euros destinada a financiar los costes del sector eléctrico,
este programa representa el 0,2% del total de industria y energía. En
línea a la reforma del sector eléctrico, estos presupuestos ponen de
manifiesto la obsesión del Gobierno en atajar el déficit tarifario sin
saber cuál es el horizonte energético de España y achacando la situación
a las renovables y al ahorro energético. No se contempla ninguna partida
para el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético que ya
fue eliminada en el ejercicio anterior.

España es muy vulnerable en cuestiones energéticas si
seguimos apostando por los combustibles fósiles y fuentes de energía que
no son autóctonas, ya que nos hacen extremadamente dependientes, aumentan
las emisiones y tienen impacto en la seguridad y en el medio ambiente. El
Gobierno está abandonando el impulso de las energías renovables que son
la única garantía de abastecimiento de

energía en el futuro y del que España puede ser pionera por
contar con un entorno favorable y con la tecnología adecuada. La
penalización al sector de las renovables está hipotecando el futuro
energético, conlleva el incumplimiento de directivas europeas y está
destruyendo miles de puestos de trabajo creados en los últimos años en la
economía verde.

En materia de medio ambiente, la reducción en las partidas
del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente es una de las más desiguales evidenciando que los presupuestos
no sólo están al servicio de la austeridad sino que también están al
servicio de un cambio de modelo más injusto y menos sostenible.

Esta cuestión adquiere gravedad en programas como el de
ordenación territorial de los recursos hídricos en el que desciende un
81% la dotación a las sociedades de aguas, o el de actuaciones en la
costa que disminuye un 11,3% y las actuaciones para la prevención de la
contaminación y cambio climático en un 13,5%. En los tres casos se trata
de programas que registran un descenso acumulado desde 2011 del 99%, del
75% y del 58% respectivamente.

Es incomprensible la irresponsabilidad del Gobierno ya no
ante la prevención, que también, sino ante la mitigación del cambio
climático, la partida que cuenta en la actualidad con el nivel más bajo
desde que existe el programa, obviando los riesgos que está corriendo
este país y los incalculables costes que tendrá en el futuro, hecho que
unido a la desaparición de partidas de gestión de la contaminación,
biodiversidad, calidad del aire o residuos, dibujan un país gris y
decadente.

La miopía del Gobierno ante los retos medioambientales del
país y del planeta pone en riesgo nuestro patrimonio natural pero también
impide el impulso de sectores económicos vinculados al medio ambiente,
que son intensivos en creación de empleo y que permitirían una transición
justa y sostenible de nuestro modelo económico y productivo.

Unos presupuestos recentralizadores y, a la vez,
propiciadores de la desigualdad

Estos Presupuestos están también al servicio de una visión
centralista del Estado. En el actual modelo autonómico, una mejor
financiación de las comunidades autónomas supone más recursos para
garantizar el Estado del Bienestar, con partidas básicas como educación y
sanidad.

El Gobierno pretende que sean las entidades territoriales
las que hagan el juego sucio a la troika, a sabiendas de que el 76% del
gasto de las comunidades autónomas es gasto social (47,8% sanidad, 35,5%
educación, 9,4% protección social, 3,3% cultura y 2,1% vivienda). El
mayor esfuerzo que se pide a las comunidades autónomas y las entidades
locales, que habrán de alcanzar un déficit del 1% y del 0%
respectivamente para 2014, provocan de forma automática una serie de
duros recortes en servicios públicos básicos.

Los presupuestos perpetran un descenso de las
transferencias a las comunidades autónomas por participación en los
ingresos del Estado de casi el 20%, un recorte de 3.730 millones de
euros. Además, se congelan las aportaciones a los entes locales en medio
de la reforma de la administración local. Una recentralización y ahogo
financiero que aumenta la fractura social y territorial del Estado.

El Proyecto asume la contradicción de pretender la
recentralización y a la vez prescindir de todos los fondos que en
Educación, Sanidad y Servicios Sociales tenían como finalidad garantizar
idéntico nivel de atención básica y prestaciones en todo el
territorio.

Otro elemento que caracteriza a estos presupuestos es la
falta de lealtad institucional.

Son unos presupuestos que no cumplen con Catalunya e
incumplen un año más la disposición adicional tercera del Estatuto de
Autonomía de Catalunya que fija el porcentaje de inversiones que se deben
destinar en proporción a la participación en el producto interior bruto.
No sólo no prevén compensar la deuda pendiente con la Generalitat sino
que si en el año 2012 ya no se cumplía con el porcentaje de inversiones
que marca la ley, este año se reduce un 25,5% más. Algo inasumible para
la población que acumula un déficit de infraestructuras ferroviarias y de
mantenimiento que limita la movilidad, el equilibrio territorial y el
desarrollo económico.

Tampoco se atiende la disposición adicional sexta del
Estatuto de Autonomía de Aragón que, para las inversiones en
infraestructuras, prevé que se ponderará con carácter prioritario la
superficie del territorio (un 9,45%, en el caso aragonés). Además,
después de cinco años de recortes, las inversiones del Estado en Aragón
han vuelto a caer, esta vez un 5,4%, lo que supone desde que empezó la
crisis un recorte acumulado de las inversiones en los últimos seis años
de más de un 70%, con las graves consecuencias que supone para un
territorio aún desvertebrado y con profundos desequilibrios.

Asimismo, y por tercer año consecutivo, se incumple la
disposición adicional tercera del Estatuto de Andalucía al destinarse
menos recursos de lo que corresponde a Andalucía de la inversión estatal
regionalizada atendiendo a su peso poblacional, el 17,9%, en el total
nacional. Este nuevo incumplimiento significa que en el conjunto de los
tres presupuestos elaborados por este gobierno del Partido Popular, el
déficit de inversiones acumulado en Andalucía asciende a 743 millones de
euros.

Unos presupuestos al servicio de intereses particulares

Los presentes presupuestos no se han redactado en los
despachos de la Moncloa sino que muy al contrario vienen determinados y,
de facto, redactados por las entidades financieras y sus instrumentos
institucionales —la troika—. El volumen de ayudas a la banca,
la delimitación de prioridades económicas y su clara connotación
antisocial representan la enorme deriva antidemocrática de este Gobierno
y de las actuales sociedades europeas.

La reforma constitucional de 2011, por parte de PP y PSOE;
la aprobación de la ley de estabilidad presupuestaria y financiera; y la
creación de una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, son
pasos todos ellos a favor de la creación de una camisa de fuerza
claramente injusta e inapropiada para el momento histórico. Y se suman al
Tratado de Maastricht, al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y al Pacto
Fiscal, entre otros, que han consolidado una forma ideológica de concebir
la economía que es, en última instancia, responsable de nuestra dramática
situación.

En definitiva, estos presupuestos no sólo sientan las bases
de una nueva y profunda crisis económica y social, sino que también
reflejan el declive de los principios democráticos y deliberativos con
los que se ideó en su origen el proyecto europeo. Estos presupuestos son
un paso más en la consolidación e institucionalización de una ideología
antisocial que se concibe a sí misma como una verdad absoluta. La misma
verdad, paradójicamente, que nos ha traído hasta esta crisis.

Por todo ello, presentamos veto al Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 2014.

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2014.

Palacio del Senado, 27 de noviembre de 2013.—Narvay
Quintero Castañeda y Miguel Zerolo Aguilar.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta
de veto.

El proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2014 pretende, en la senda de los anteriores para 2012 y
2013, garantizar la sostenibilidad financiera de las Administraciones
públicas, restablecer la confianza en nuestra economía y confirmar el
compromiso con la estabilidad presupuestaria. Aspectos estos decisivos
para alcanzar los grandes objetivos: un crecimiento sostenible y la
creación de empleo.

Sobre la corrección del déficit y la estabilidad
presupuestaria conviene apuntar desde el comienzo el nítido cumplimiento
del Gobierno de Canarias con ambos. De la lectura del proyecto, no
obstante, surgen de inmediato datos importantes que sobrecargan
injustificadamente a las Administraciones territoriales en el esfuerzo
del ajuste general de nuestra economía:

a) La reducción drástica de las operaciones de capital
—lo es ligeramente en las operaciones corrientes— afectando a
las inversiones que realizan principalmente las Comunidades
Autónomas.

b) Al igual que en los dos presupuestos anteriores para
2012 y 2013, el proyecto de 2014 distribuye asimétricamente las políticas
de gasto e inversión entre las diferentes Comunidades y, lo que es peor,
lo hace prescindiendo de observar las necesidades y circunstancias de las
diferentes autonomías.

c) De igual asimetría resultan los esfuerzos requeridos a
la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas, junto
a las entidades locales.

Por tanto, desde la constatación de que múltiples pueden
ser los motivos que nos animan a enmendar este Proyecto de Presupuestos
queremos sentar ya que nuestra enmienda se basa en la grave falta de
cumplimiento del principio de solidaridad interterritorial que mandata,
también, nuestra Constitución.

A pesar de ser un grupo político territorial no queremos
dejar de insistir en que la política general debe atender a todos los
territorios por ello justificamos esta enmienda en dos ejes, primero,
desde la visión de la Política General del Estado y en segundo lugar,
como siempre, desde la defensa de los intereses de Canarias en el marco
del interés general.

Política General del Estado

Son unos Presupuestos que no sólo no respetan los preceptos
constitucionales de igualdad y solidaridad entre españoles sino que por
tercer año consecutivo van directamente contra ellos. Solo este motivo
justifica la solicitud de devolución al Gobierno ya que estos
presupuestos consagran un modelo basado en la desigualdad, olvida la
solidaridad entre españoles, mandato constitucional, y representan la
continuidad de los graves desequilibrios interterritoriales que padecemos
y, lo que es peor, su agravamiento.

Podemos reflejar así algunos de los aspectos generales de
los desequilibrios a los que nos referimos.

En primer lugar, son unos Presupuestos que consagran y
extrapolan a un futuro de más de 5 años la resolución de la «crisis de
paro» que vive nuestro país, lo cual supone un grave atentado contra los
españoles de todas las edades especialmente los jóvenes. El PP no sólo
creó el modelo especulativo que nos condujo a la crisis de endeudamiento
privado sino que renuncia a resolver el impacto que para varias
generaciones de españoles ha supuesto la misma.

El Programa Nacional de Reformas (PNR) y el Cuadro
Macroeconómico del propio Proyecto de Presupuestos lo ratifican. Tampoco
puede ser de otra manera, el FMI en su último diagnóstico, establece que
España tendrá en 2018 un 25% de tasa de paro y, además, poco sabemos
sobre la fecha en la que habrá un punto de inflexión y la cifra de paro
volverá a ser soportable.

En efecto, los Presupuestos Generales del Estado para 2014
están elaborados claudicando en resolver dicha situación como resultado
todo ello de la consagración a ultranza del cumplimiento con el
compromiso europeo del déficit. Renuncia, por tanto, el Gobierno de
España a la perentoria necesidad de defender a nuestro país de una
política solidaria, en términos de lucha contra el paro, impuestas desde
el norte de Europa, a cambio de un teórico rescate que, en definitiva, lo
abonaremos los ciudadanos españoles, lo cual es una muestra más del
desinterés del Gobierno por la lucha en defensa de los intereses
generales.

La crisis de Alemania duró desde 1995 a 2005, se
trasgredieron todos los criterios de las finanzas europeas y ellos sí
obtuvieron nuestra solidaridad y comprensión y, dicho sea de paso, con
problemas mucho menores de paro que los nuestros.

Ese será el estado real de la economía española, un
estancamiento de la economía real, lo que se reconoce con claridad el
cuadro macroeconómico del Gobierno, ya que es cierto que sin un verdadero
plan de choque, y con la escala adecuada, no romperemos la inercia creada
para generar crecimientos del PIB que produzcan una inversión de las
tendencias apuntadas para la tasa de paro española.

Un cuadro macroeconómico como el elaborado nos pone en duda
su rigor ya que problemas como el endeudamiento privado y el descenso del
poder adquisitivo de las familias, sitúan toda responsabilidad de la
recuperación en el Sector Exterior. Adicionalmente, es de dudosa
credibilidad en cuanto a su previsión de incremento del consumo y de la
demanda interna que, en nuestra opinión, es claramente incompatible con
otra de las patas del propio cuadro: la tasa de paro prevista.

En segundo lugar, por cuarto año consecutivo se disminuye
el caudal inversor del estado en la economía real, y desde 2011 se ha
pasado de un total de 20.684 millones de euros a los 12.094 millones de
euros ahora programados es decir, en solo tres años ha habido una
reducción del 41,5%. Los deseables

efectos multiplicadores, vía la generación de empleo, y su
contribución a la formación bruta de capital seguirán ausente por tercer
año consecutivo.

Adicionalmente el Fondo de Compensación Interterritorial
(FCI) ha pasado de un total de 774,4 millones de euros en 2011 a los
432,4 millones de euros ahora programados, es decir, en solo tres años
una reducción del 44,16% que es superior al porcentaje antes
señalado.

La continuidad de la caída junto con su distribución por
los territorios y el Impacto en el FCI expresan el carácter insolidario
de este Proyecto de Presupuestos y le dan, además, una especial
relevancia al suponer una renuncia directa a este recurso importante
también para la ganancia en competitividad del país.

Tercero, el Proyecto de Ley de Presupuestos consagra un
modelo de financiación autonómica que privilegia a unas comunidades
frente a otras, las más ricas frente a las más pobres, y que incide por
tanto en la desigualdad entre los españoles habida cuenta de la alta
capacidad redistributiva de la renta que tienen las políticas sociales
que ejecutan las instancias autonómicas, tales como la sanidad y la
educación, por tanto desoyendo una vez más el mandato constitucional de
solidaridad interterritorial. Se renuncia por el Gobierno a la protección
de los intereses generales de los españoles ante un diagnostico
ampliamente reconocido sobre las injustas condiciones de financiación
autonómica actuales.

Cuarto, en contra de las afirmaciones del Gobierno, el
gasto social no es una prioridad de los Presupuestos 2014, su crecimiento
es el resultado de un imperativo legal de la política social de nuestro
país y, en todo caso, las reformas del PP se dirigen hacia una rebaja de
dichos mandatos legales para suavizar su coste presupuestario, en lugar
de incentivar decididamente una lucha real contra el paro, como método
estructural para superar los problemas de financiación de dichas
políticas sociales.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 continúan
profundizando en la reducción del gasto público dentro del contexto de
consolidación fiscal; ahora bien, el ajuste de gasto que se propone sigue
centrándose fundamentalmente en el esfuerzo de las Comunidades Autónomas
mediante la limitación, asimétrica con el Estado y entre ellas, de su
objetivo de déficit y endeudamiento y la adopción de medidas encaminadas
a reducir el gasto en educación y sanidad, entre otras; pero no en
aquellas destinadas a la realización de las verdaderas reformas
estructurales que se requieren en el ámbito de la Administración del
Estado y que debieran incidir también en una reducción de su gasto
estructural.

Un análisis del gasto de los últimos años de los
presupuestos generales del Estado, pone de manifiesto que los ajustes de
gastos se han practicado sólo en las operaciones de capital, capítulos 6
y 7 del presupuesto, y en particular en los créditos regionalizados que
han sufrido un descenso durante el periodo 2010 2014 de cerca de 15.500
millones de euros, el 60% de lo consignado en 2010. En cambio, los
créditos de las operaciones corrientes, si no consideramos las
variaciones de las partidas de pensiones, desempleo y gastos financieros,
el ajuste realizado por el Estado desde 2011 no alcanza el 1,5%. Además,
un análisis por políticas de gasto nos indica que se ha producido un
aumento del gasto de los servicios de carácter general, una exigua
disminución en la política de alta dirección y una importante disminución
en las transferencias a otras Administraciones Públicas e
Infraestructuras.

Por otra parte, tampoco parece que los presupuestos de 2014
contemplen los ajustes derivados del proyecto de Reforma de las
Administraciones Públicas puesto en marcha por el Gobierno. Este año
plantea 217 medidas, (139 afectan a las CCAA y a la Administración del
Estado y 78 exclusivamente a la Administración del Estado) y que pretende
en los cuatro años de gobierno, dejar de gastar 37.620 millones de euros
y proporcionar un ahorro con respecto a 2011 de 17.534 millones de euros
anuales en el momento que todas las medidas se hayan culminado. A pesar
de que según el informe de ejecución presentado en septiembre de este año
presenta 15 medidas finalizadas y 194 en proceso de ejecución, tenemos el
presentimiento de que nuevamente serán las Comunidades Autónomas las que,
en el ámbito de esta reforma, sufran aún más los ajustes que permitan la
consolidación fiscal.

Desde la defensa de los intereses de Canarias

Canarias ha asumido y cumplido —y lo sigue
haciendo— el objetivo de estabilidad y el rigor en el control del
gasto público. Lo hace a costa de grandes sacrificios, de enormes
esfuerzos, encaminados en la defensa de los servicios públicos
esenciales. Por el contrario, el Gobierno del Estado continúa sin reducir
su estructura, incrementando el gasto corriente a costa de disminuir la
inversión pública y reducir las transferencias a las autonomías.

En consecuencia, obliga a una distribución asimétrica de
los esfuerzos entre el Estado, por un lado, y las comunidades autónomas y
los entes locales, por otro. Como también son asimétricas, al igual que
en los dos años anteriores, las políticas de gasto en relación con las
necesidades objetivas de los diferentes territorios. Una circunstancia
que supone un grave atentado contra el principio de solidaridad que
mandata la Constitución.

Estos nuevos presupuestos estatales también vulneran el
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, instrumento bajo el amparo de la
Unión Europea que reconoce nuestras singularidades y nuestra condición
ultraperiférica. El REF no puede convertirse en papel mojado. Y eso es lo
que ocurrirá si finalmente se aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos
para 2014 que se ha presentado.

Por tercer año consecutivo, las políticas aplicadas por el
Gobierno de España constituyen un freno a nuestro desarrollo económico
incumpliendo los compromisos legales adquiridos en nuestro Estatuto de
Autonomía y en ese régimen específico.

Las partidas globales que reciben las Islas se reducen en
cerca de 500 millones de euros con respecto al presupuesto de 2011, es
decir, una disminución del 42% al pasar de 1.190 millones a los 693
millones para el próximo ejercicio.

Continúa disminuyendo, un año más, la inversión por
habitante que sigue manteniéndose por debajo de la media del resto de las
comunidades autónomas. Y todo ello, pese a que el REF dispone
textualmente que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio
que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas, excluidas
de este cómputo las inversiones que compensen el hecho insular. Como es
evidente, éste es un extremo que incumple claramente este proyecto de
ley.

Así, mientras el Archipiélago recibirá 155 euros por
habitante, el conjunto de las autonomías percibirá 215 euros, lo que
supone que cada canario recibirá 60 euros menos. Si la comparación se
realiza con aquellos territorios más beneficiados, las diferencias crecen
hasta los 400 euros per cápita.

Reflejo de esta distribución arbitraria es también el
siguiente escenario: Canarias, con una participación del 4% en el PIB
español, un 4,5% de la población y un 33% de desempleo, recibe en estos
presupuestos el 3,2% del total de las inversiones estatales. Por el
contrario, otras comunidades con un PIB y población similar y con una
tasa de paro inferior a la canaria en casi 10 puntos, perciben cerca del
14% de estas partidas.

El caso del convenio de carreteras es especialmente
significativo y la confirmación de una clara intencionalidad política
para bloquear el desarrollo de Canarias. Al igual que sucedió en 2013, el
gobierno del PP solo destina 54 millones de los 225 comprometidos. Con
ello, el recorte de los últimos tres años supera los 462 millones de
euros.

En esa línea de recorte indiscriminado, se reducen las
asignaciones destinadas a infraestructuras hidráulicas, desde los 36
millones de 2013 a los 21 millones para 2014. Además, persisten en la
eliminación de convenios como el de infraestructuras turísticas por
importe de 50 millones de euros, o el de infraestructuras educativas que
ascendía a 40 millones.

Especialmente grave es la disminución de las partidas
relacionadas con el empleo, con una rebaja del 20% con respecto a 2013,
pasando de 86 millones de euros a 69 millones en 2014. Entre estas
deducciones se encuentra la eliminación del Plan Integral de Empleo de
Canarias (PIEC) que llegó a estar dotado con 42 millones de euros y que
ha sido un instrumento fundamental para la formación de los parados.

Y el Ministerio de Fomento, tras dos años cerrándonos las
puertas, rescata las mismas bonificaciones a las tasas aeroportuarias
—vía enmienda anunciada por la propia ministra— que nosotros
logramos que se aplicasen en 2010 y 2011 y que, según el ministro de
Industria eran «pan para hoy y hambre para mañana». Y ahora, forzados por
la caída de Barajas, se apresuran a aplicar para atraer a cuatro millones
más de pasajeros.

Barajas sumó 45 millones de pasajeros el pasado año y sigue
siendo el aeropuerto con más viajeros del Estado, pero lo que el Gobierno
ha evitado reconocer y apoyar con políticas especiales la red de
aeropuertos de Canarias, que en 2012 registró un movimiento de 35
millones de pasajeros. Fomento apuesta por rescatar un aeropuerto, pero
ha cerrado durante dos años esa misma posibilidad a toda una Comunidad
Autónoma.

Canarias sigue estando a la misma distancia de la
Península, a más de 1.000 kilómetros de Cádiz, pero las decisiones
políticas nos sitúan cada vez más lejos de un territorio cada vez más
inalcanzable para las empresas canarias, cada vez menos accesible para
los propios canarios. No se trata de mendigar al

Gobierno lo que no nos corresponde ni exigir más ayudas en
una etapa de fuertes ajustes presupuestarios. Se trata de denunciar y
exigir que cumplan su palabra y respeten nuestros derechos.

Otro elemento que acredita que este gobierno da la espalda
a los canarios es la disminución practicada en el Fondo de Compensación
Interterritorial (FCI), siendo Canarias la autonomía que sufre un mayor
descenso. Paradójicamente, el Fondo fue creado, precisamente, para
corregir los desequilibrios económicos entre las comunidades; pero en
lugar de llevar a la práctica este principio el resultado final es
separarnos aún más del resto.

No queda ahí el maltrato que para Canarias supone el
proyecto de cuentas estatales. Lamentablemente, hay más datos que lo
confirman.

— Desaparecen todas las partidas de los planes
educativos de cooperación como los programas de refuerzo, comedores
escolares, transportes o ayudas a los libros de texto.

— No se dotan las partidas concernientes a las
estrategias contempladas en el Sistema Nacional de Salud como el Plan de
salud buco-dental, los planes de calidad o el plan funcional sobre el
sida, entre otras.

— No se incluyen las partidas de la ficha adicional
del POSEI en apoyo a nuestras producciones locales.

— Se mantiene en 2014 la disminución que se impuso en
2013 a la subvención destinada a la desalinización del agua, que pasó de
los 17 millones iniciales a los actuales 4 millones; un incumplimiento
más de nuestro REF que establece en el artículo 11.2 una compensación
«que garantice la moderación de los precios del agua desalinizada o
reutilizada».

En definitiva, estos presupuestos representan un fiel
reflejo de la desatención sistemática que el Gobierno del Estado presta a
Canarias con unos ajustes que castigan a las Islas de forma
desproporcionada y discrecional.

Unos presupuestos que instamos a corregir porque
profundizan en la brecha existente entre ciudadanos y dejan en
desigualdad a las Islas, provocando con ello un Estado de dos velocidades
y una Canarias cada vez más alejada de España.

En este tercer presupuesto de la mayoría absoluta del PP,
utilizada ésta para imponer un modelo de país donde los desequilibrios
sociales y territoriales se incrementan de forma muy grave y preocupante,
pretendemos corregir la orientación social y territorial de este proyecto
de Presupuestos, atendiendo a las siguientes prioridades generales como
son,

— Redistribuir los recursos para la financiación
autonómica de forma más equitativa.

— Aumentar los Fondos de Compensación
Interterritorial para mejorar la corrección de los desequilibrios
territoriales.

— Reorientar la política de apoyos a la economía real
entre las que deben reconsiderarse las de Tasas Aéreas de nuestro país
para incrementar la competitividad del Sector Turístico.

En suma, pensamos que un papel más activo del gasto público
productivo puede aumentar la capacidad de recuperación de nuestra
economía e implementar un mayor grado de cohesión social y territorial, a
la vez que coincidimos en objetivos como los planteados para lograr una
economía más eficiente y competitiva.

Consolidar estas políticas, sin descuidar la sostenibilidad
de las finanzas públicas, ha de servir en medio de una crisis económica
también para hacer frente al reparto injusto de esta sus perversos
efectos sociales y territoriales.

En consecuencia, consideramos que el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado, para el año 2014, presentado por el
Gobierno no aborda los problemas reales de los españoles, solo es
coherente desde la perspectiva del cumplimiento de Objetivo de déficit,
incrementa la atonía de la actividad económica, aumenta los
desequilibrios interterritoriales y sobre todo, por tercer año
consecutivo, condena a Canarias y a sus ciudadanos a un triste destino
teñido de paro y pobreza, por lo que se solicita su devolución al
Gobierno.

Página
23

Las únicas cifras que deberían guiar al ministro para su
acción de gobierno, son las alarmantes cifras de desempleo que en España
no paran de batir records, casi 6 millones de parados en la última
Encuesta de Población Activa, una tasa de desempleo del 26 %, y del 55 %
entre los jóvenes menores de 25 años. Además, casi dos millones de
hogares tienen a todos sus miembros en paro.

Ante magnitudes tan dramáticas, unidas al aumento
espectacular de la desigualdad en España, y la recomendación de diversos
organismos internacionales como el FMI, la Comisión Europea decidió
flexibilizar el plazo del plan de consolidación fiscal para nuestro país.
Y esto era necesario, pero no suficiente. Porque, además de relajar el
ritmo del ajuste, este debería adaptarse al ritmo de la recuperación de
nuestra economía. Pero, hemos estado en recesión más de un año, sin
ningún ritmo. Y todos sabemos que sin crecimiento no se puede detener el
aumento del déficit y la deuda pública.

También, habría que repartir de forma más equitativa los
costes de la consolidación fiscal. Según el propio FMI, en el caso de
España, hasta ahora, el ajuste ha estado basado en la reducción de
prestaciones sociales y en el incremento de impuestos directos e
indirectos provocando, consecuentemente, un aumento de las desigualdades
sociales y de la pobreza. Organizaciones sociales alertan de que las
políticas de austeridad podrían retrasar 25 años la recuperación del
nivel de vida previo a la crisis.

Pero el gobierno del Partido Popular, impasible ante tanto
sufrimiento de la sociedad española, ha confirmado con este proyecto de
presupuestos que no piensa rectificar su política económica. Siguen
basando el ajuste fiscal principalmente en aumento de impuestos y en
reducción de inversión pública, pese a todos los datos e informes que
advierten que de esta forma no se genera crecimiento y aumenta el
desempleo y la desigualdad.

Y es que sólo con políticas de austeridad y ajuste fiscal
no es posible que haya recuperación económica. Es como un círculo
vicioso. Se reduce el gasto público y se suben los impuestos. Esto reduce
la renta familiar disponible y se contrae el consumo. Esto a su vez
minora la recaudación de impuestos directos e indirectos y por tanto
aumenta el déficit y la deuda pública. Y, si además, coincide que la
economía está en recesión o tasas de crecimiento muy moderado, y hay
restricción de crédito, el coctel es mortal, más recesión y más
desempleo.

Por tanto, no podemos compartir la previsión de ingresos de
este presupuesto porque es irreal. No sólo no se acomete una verdadera
reforma fiscal que, unida a la lucha contra el fraude, ayude a recaudar
suficientemente de todos los contribuyentes para financiar los servicios
esenciales y evitar recortes, sino que se consolida la subida del IRPF,
que justificaron como temporal, y que junto a la subida del IVA, grava
principalmente a las clases medias y bajas y reduce aún más la capacidad
de consumo interna.

El análisis con detalle del apartado de gastos nos reafirma
en el convencimiento de la pésima gestión económica que realiza el
Gobierno del Partido Popular. Para empezar, nos encontramos con un
crecimiento de la deuda pública desorbitado, que alcanzará en 2014 el 97
% del PIB, provocando que la partida del pago de intereses alcance la
cifra de casi 37 mil millones de euros de gasto.

Por otro lado, se reduce la inversión real de los
ministerios, hasta el 16,6 % con respecto a la de 2013. Y, de nuevo, se
confirma la falta de sensibilidad de este gobierno con los colectivos y
las personas más vulnerables. Así, se reducen las prestaciones por
desempleo y el gasto en políticas activas de empleo, se devalúan las
pensiones, se consolidan los recortes en sanidad, dependencia, educación,
infraestructuras, y cultura. En la inversión de I+D+i simulan un cambio
de tendencia al aumentar el gasto en 70,7 millones de euros, cuando el
balance desde 2011 es una reducción de más de 1.900 millones. Esto frena
en seco cualquier posibilidad de progreso de nuestra economía en los
próximos años.

No vamos a desgranar una a una las cifras de un presupuesto
injusto e insolidario con los ciudadanos de este país. Pero si queremos
resaltar la filosofía del mismo en contra de la cohesión territorial, ya
que no tiene en cuenta adecuadamente, como es tónica en este Gobierno,
las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas y,
especialmente el gasto en atención social a los ciudadanos. Y esto es muy
grave, y más, en una coyuntura como la actual. Vuelven a perder una gran
oportunidad de demostrar aquello de lo que no son y no tienen, aunque lo
presuman: solidaridad. Porque, como bien saben, las Comunidades Autónomas
gastan más del 80% de su presupuesto en educación, sanidad, y servicios
sociales, en definitiva, en atender las necesidades básicas y esenciales
de los ciudadanos.

En relación a Cataluña, se reduce la inversión en más del
25% con respecto a la del año anterior, incumpliendo otro año más el
Estatuto de Autonomía al presupuestar sólo una parte de la inversión
territorializada en infraestructuras que le corresponde a Catalunya por
el peso de la región en el PIB. Los Presupuestos prevén invertir sólo el
9,6 % del total cuando, en realidad le correspondería el doble,

el 19 %. Además, no se consigna ninguna cantidad para hacer
frente de las liquidaciones pendientes de los años 2009, 2010 y 2011 en
los que si se presupuestó adecuadamente.

Las senadoras y senadores firmantes de esta enmienda
rechazamos de plano este proyecto de Ley y solicitamos su devolución al
Gobierno por injusto, porque no va a alentar la necesaria recuperación de
la economía, no va a generar empleo, va a frenar el desarrollo y la
innovación, está en contra de la cohesión territorial y, va a incrementar
la desigualdad y la pobreza.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Palacio del Senado, 27 de noviembre de 2013.—Jordi
Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 6

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

La economía española decrecerá en 2013 un 1,6%, dato
negativo muy superior al de las estimaciones que el Gobierno había
reflejado en los Presupuestos Generales del Estado del año 2013 y que
preveían originalmente sólo una caída del 0,5%. El impacto contractivo de
las medidas de consolidación fiscal ha sido, en consecuencia, mucho más
elevado de lo esperado por el propio Gobierno.

La caída de la demanda interna explica gran parte de los
errores de medición del Gobierno. Mientras el Gobierno esperaba que las
medidas de austeridad provocasen una caída de la demanda interna del
2,9%, la realidad finalmente impuso una caída del 4,1%. Pero muy
especialmente ese resultado vino dado por la espectacular caída de la
inversión empresarial, que cayó un 7,5% frente a la predicción del
Gobierno de que caería sólo un 2,1%.

Estos datos revelan que tanto el Gobierno como las
instituciones internacionales que promueven las políticas de austeridad
están minusvalorando el efecto contractivo que provocan las medidas de
consolidación fiscal. Así, frente a la tesis de la austeridad expansiva,
que promueven recortes en el gasto público para poder obtener tasas de
crecimiento económico, parece que la realidad impone una visión mucho más
perversa de los efectos producidos en la economía. Esto es algo que el
propio Fondo Monetario Internacional, en un estudio titulado
«Expansionary Austerity: New International Evidence» supo ver también.
Según esta visión, puesta además de relieve por la realidad económica,
las medidas de consolidación fiscal sólo consiguen ahogar aún más la
economía.

Los presentes Presupuestos Generales, más que corregir esta
senda desastrosa, consolidan la visión ortodoxa de la consolidación
fiscal y sólo conseguirán hundir aún más la demanda interna y las
posibilidades de la economía de crecer económicamente. Paralelamente el
altísimo e inaceptable nivel de desempleo, la costosa e ineficaz
restructuración del sistema financiero y el muy desigual reparto de los
costes de la crisis está sentando las bases de una nueva y muy severa
crisis económica y social en nuestro país.

El Gobierno adopta con estos presupuestos una política
suicida con respecto al mercado de trabajo. Incluso el propio Gobierno es
consciente del nulo efecto positivo de estos presupuestos sobre la
creación de empleo, ya que predice que el empleo caerá un 0,2% en 2014.
Sin embargo el Gobierno espera que la población activa siga cayendo y
ello provoque un ligero retroceso en la tasa de paro hasta el 25,9%.

Ahora bien, en el último trimestre de 2011 la tasa de paro
estaba en un nivel dramático del 22,85%, mientras que actualmente se
sitúa en un 26,26%. Dicho crecimiento es además compatible con un
importante y reciente descenso en la tasa de actividad, hundida hasta el
59,54%, y con un descenso igualmente amplio de la tasa de empleo hasta el
43,91%. Estos datos señalan que los recientes presupuestos, así como las
últimas reformas laborales, no han surtido un efecto positivo en la
creación de empleo. El Gobierno acepta y se resigna a no crear empleo en
los próximos cinco años, tal y como plantean los informes del FMI.

La reforma laboral sólo ha servido para producir un
descenso en los salarios, y por ende en el coste laboral unitario, pero
no para crear empleo. Y crear empleo es la tarea más urgente que la
sociedad española debería acometer, aunque ni este Gobierno ni la troika
así lo entiendan. Los presentes presupuestos, de hecho, no hacen sino
empeorar la situación al reducir las inversiones reales un 9,8%. Y en un
contexto de falta de demanda, como el actual, sólo la inversión pública
puede relanzar la economía y crear importantes niveles de empleo.

Por otra parte, las políticas de estos presupuestos
agudizarán los problemas de demanda que existen actualmente en la
economía española. Según la encuesta «Access to finance» del Banco
Central Europeo, en marzo de 2013 un 29% de las PYMES señalaba que el
principal problema que enfrentaban era la dificultad para encontrar
clientes. Otro 25% señalaba la falta de acceso al crédito, y un 11% los
problemas derivados de la competencia. Sólo un 12% apuntó al elevado
coste laboral como problema principal.

La dificultad para encontrar clientes refleja la enorme
debilidad de la demanda interna en nuestra economía, que está siendo
machacada aún más con estos presupuestos generales. Además, el dogma de
la consolidación fiscal está ahogando más a las PYMES que a las grandes
empresas, las cuales muestran menores síntomas de preocupación por estos
fenómenos.

La distribución funcional de la renta sigue haciéndose cada
vez más desigual. Para 2013 la participación salarial en la renta se
reducirá hasta el 57,4%, según la Comisión Europea, cuando en 1998 era
del 65,8% y en 1980 del 71,9%. Este proceso de pérdida de peso ha sido
analizado por todos los organismos internacionales por sus efectos
económicos en la demanda interna, pero no se han acometido reformas para
revertir la tendencia. Más al contrario, la pérdida de poder de
negociación de los sindicatos, como consecuencia de las últimas reformas
laborales, y las medidas de austeridad fiscal están empujando los datos
aún más a la baja. Todo ello provoca un grave deterioro de la demanda
interna y, en consecuencia, del empleo.

De forma lógicamente complementaria se está llevando a cabo
un intenso proceso de concentración de la renta y riqueza tanto a nivel
sectorial (como en el sector financiero) como a nivel individual. La
entidad Credit Suisse ha calculado que el número de ultramillonarios en
España ha crecido un 6,9% en el último año, mientras que su riqueza se ha
incrementado un 8,3%. Teniendo presente la pérdida del Producto Interior
Bruto en un 1,6%, es más que evidente el intenso proceso de
concentración, que por otra parte es generalizado en los países de la
Unión Europea. La mayor parte de los ingresos adicionales de estas 1.625
personas en España, controlando una riqueza por valor de 195.000 millones
de euros, proviene del sector de las finanzas. Todo lo cual está
perfectamente en línea con la política del Gobierno y, a la vez,
justificaría la necesidad de nuestras alternativas.

Unos presupuestos injustos fiscalmente

La política fiscal de este Gobierno está siendo
especialmente regresiva, con incrementos muy superiores en los impuestos
indirectos que en los impuestos directos. La subida del IVA, por ejemplo,
es ampliamente injusta porque afecta por igual a la clase trabajadora que
a las grandes fortunas de este país. Además, la subida del IVA en
determinados sectores, como el de la Cultura, está afectando muy seria y
negativamente a la actividad.

Del total de recaudación en 2012, el 56,41% fueron
impuestos directos y el 42,47% impuestos indirectos, siendo el resto
tasas y otros ingresos. Estos datos contrastan con los de 2008, donde los
impuestos directos tenían dos puntos más de peso, y revelan la tendencia
regresiva del esquema fiscal español.

Además, atendiendo al tipo de impuesto directo, el 41,89%
de la recaudación total del Estado se obtiene del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) y el 12,72% del Impuesto sobre Sociedades.
Más específicamente, el 38,56% de la recaudación total proviene de la
imposición a las rentas del trabajo, mientras que sólo el 3,15% proviene
de la imposición a las rentas del capital.

El tipo efectivo del impuesto a la renta bruta de los
hogares ha pasado de un 11,9% en 1997 a un 12,5% en 2012, mientras que el
tipo efectivo del impuesto sobre sociedades ha pasado de un 23,5% en 1997
a un 19,3% en 2012. Esta tendencia es claramente consecuencia de las
reformas fiscales que los gobiernos del PP y PSOE han realizado en las
últimas legislaturas y que han hecho recaer cada vez más el peso del
mantenimiento fiscal del Estado en las rentas del trabajo.

Por si fuera poco, el tipo efectivo para las empresas con
ingresos menores a los 6.000 euros es del 23,7% mientras que para
aquellas con ingresos superiores a los 180 millones de euros es del
17,8%. Una aberración que es producto del aún enorme gasto fiscal
derivado de tantas deducciones fiscales y que este Gobierno sigue sin
corregir.

Además, el Gobierno no sólo ha renunciado a implementar
medidas de fiscalidad verde para incluir los costes ambientales y
sociales de actividades económicas que hoy sufraga el conjunto de la
ciudadanía, sino que ha penalizado con nuevos tributos a sectores
punteros en sostenibilidad ambiental e intensivos en creación de empleo,
como el de las energías renovables.

A nuestro juicio la política fiscal de estos presupuestos
debería ser muy diferente. La mayor capacidad de las grandes fortunas y
las grandes empresas para financiar los costes del Estado debería
aparecer reflejada en el esquema fiscal. Desgraciadamente, este Gobierno
se ha caracterizado por hacer exactamente todo lo contrario, como
demostró con la aprobación de la amnistía fiscal a los grandes
defraudadores.

Por el lado de los ingresos, planteamos un conjunto de
medidas tributarias para asegurar el principio de suficiencia y la
justicia y progresividad del sistema fiscal. Se trata de limitar el
déficit sin recurrir a más deuda pública.

Para ello, el escenario fundamental es la lucha contra el
fraude y la economía sumergida, que puede proporcionar del orden de
38.000 millones de euros anuales. Aunque estos presupuestos incrementan
la partida de la Agencia Tributaria hasta los 949,2 millones de euros,
cabe recordar que veníamos de un recorte del 7,7% en el anterior
ejercicio y que la tasa de reposición del personal de la agencia sigue
estando en un miserable 10%, dando cuenta de que no hay voluntad política
suficiente para invertir de forma decidida en esta materia.

En el Impuesto de Sociedades, con tipos teóricos del 30 o
el 25%, y visto ya cuáles son los tipos efectivos, el objetivo es
corregir esta injusta situación. Para lo cual proponemos que se eleve
hasta el 35% el tipo del impuesto para beneficios superiores al millón de
euros y que la suma de desgravaciones, subvenciones y ayudas (los
llamados en conjunto beneficios fiscales) no pueda significar en ningún
caso tipos efectivos inferiores al 25% en aquellos contribuyentes que
tributan al tipo general. La recaudación potencial de estas medidas
podría representar otros 20.000 millones de euros.

Otras medidas como un Impuesto sobre las Transacciones
Financieras, un nuevo impuesto sobre la riqueza que sustituya al de
Patrimonio, la modificación del sistema de módulos y la legislación sobre
las SICAV, o un tributo que grave la tenencia en el momento de la
adquisición de bienes de lujo, generarían ingresos potenciales superiores
a los 12.000 millones de euros.

Además, integrar en la tarifa general del IRPF a los
rendimientos del capital, incluyendo a las plusvalías generadas en menos
de dos años, permitiría mejorar la progresividad y potenciar la
recaudación del tributo.

También proponemos incorporar la fiscalidad ambiental como
un mecanismo fundamental para el cambio de modelo productivo y como
instrumento redistributivo en la sociedad. Introducir el criterio de
quien contamina paga de forma transversal en las figuras tributarias,
favoreciendo la eficiencia energética, la reducción de residuos, las
energías limpias o el transporte público es fundamental para incorporar
equidad en nuestro sistema tributario pero también para salir de la
crisis y sentar las bases de un sistema productivo sólido y que aborde
los restos de la crisis ecológica y energética actual.

En suma, estas medidas permitirían aumentar la recaudación
afectando en menor medida a la demanda interna porque gravitan sobre los
contribuyentes de mayor capacidad económica, cuya propensión marginal a
consumir es menor. Podríamos así revertir la subida del IVA que es
regresiva e injusta porque penaliza en mayor proporción a los ciudadanos
con bajos ingresos y que afecta negativamente a la recuperación de la
economía al retraer el consumo.

En consecuencia, hay recursos posibles y suficientes para
una política de creación de empleo sin necesidad de aumentar la deuda y
limitando el déficit. La decisión es, por tanto, política. Se trata de si
se quiere tocar o no a los grandes intereses de las grandes fortunas, de
las grandes empresas y de los bancos.

Unos presupuestos antisociales que consolidan el Estado del
malestar

El Gobierno aprueba junto con estos presupuestos un ataque
en toda regla a la capacidad adquisitiva de los pensionistas y a las
cantidades que van a percibir desde ahora en concepto de jubilación. Este
hecho se suma al incremento en la edad de jubilación hasta los 67 años,
aprobado por el anterior ejecutivo, y que provocará un deterioro en la
calidad de vida de los ciudadanos.

La pretendida revalorización de las pensiones al menos un
0,25% anual no es en realidad tal cosa. Con índices de precios que se
sitúan sistemáticamente por encima de esa cifra, lo que estamos realmente
es ante una pérdida continuada de capacidad adquisitiva que va no sólo a
tener efectos sociales gravísimos, en tanto que cada vez más familias
dependen de las pensiones para sobrevivir, sino también efectos
económicos de extraordinaria importancia. El consumo se va a resentir
cada vez más, porque la propensión al consumo de las rentas más bajas es
mucho mayor que en las rentas más altas. Así, un empobrecimiento de las
clases trabajadoras llevará inevitablemente a un menor consumo y, por
ende, un empeoramiento de la demanda interna y del crecimiento económico.
Todo lo cual debilitará aún más las posibilidades de crear empleo y de
salir de la crisis.

No obstante, con la nueva reforma del sistema de pensiones
el Gobierno no sólo provoca un empobrecimiento mayor de las personas
jubiladas sino que también está creando incentivos para la suscripción de
planes de pensiones privados. Estos planes de pensiones privados son
meros productos financieros y asimismo son instrumentos insolidarios que
ponen en riesgo los propios ahorros de los pensionistas, aunque en todo
caso son un negocio muy lucrativo de las entidades financieras.

Las personas desempleadas, criminalizadas por parte del
Gobierno con insidias sobre el fraude en las prestaciones por desempleo,
no corren mejor suerte. En 2014 el Servicio de Empleo Público Estatal
dispondrá de menos recursos para las políticas activas de empleo y
protección a los desempleados, ya que verá sus recursos disminuidos en un
6,1% en comparación con la liquidación prevista para 2013. Con un 21%
menos de recursos en términos reales que en 2011 se pretende atender a un
22% de personas desempleadas más en 2014.

Por otro lado, en un país como España que está sufriendo
día a día el drama de familias desahuciadas de sus viviendas por no poder
hacer frente a sus compromisos de pago, resulta insignificante los 799
millones de euros destinados a la partida de acceso a la vivienda y
fomento de la edificación. Más aún cuando el problema no es de falta de
viviendas, sino de capacidad adquisitiva para acceder a alquileres
baratos o de ayudas para evitar el lanzamiento de las viviendas.

El Gobierno, por el contrario, ha creado la figura de la
SAREB para gestionar con ánimo mercantil una importante parte de los tres
millones de viviendas vacías que existen en España, mientras que ha
dinamitado iniciativas democráticas por parte de determinadas comunidades
autónomas, como Andalucía, que trataban de evitar los desahucios como
medida de urgencia. El recurso al Tribunal Constitucional que interpuso
el Gobierno respecto al plan antidesahucios de Andalucía fue una victoria
de la troika y las entidades financieras y una severa derrota de los
ciudadanos y, concretamente, de los sectores más afectados por la crisis
económica.

Los nuevos recortes en servicios sociales y promoción
social, muy especialmente en dependencia, agudizan el carácter antisocial
de estos presupuestos. Además, con un fuerte impacto de género, al no
prever las consecuencias tan graves y discriminatorias que tiene la
crisis sobre las mujeres. En España hay 636.000 viviendas en las que
ningún miembro del hogar recibe ingreso.

El débil Estado del bienestar construido con la lucha
social y política de décadas se ha tornado en malestar, con el cambio de
modelo de la sanidad pública, de la atención a la dependencia y de los
servicios públicos, sustituyendo derechos de ciudadanía por beneficencia
y mercados. Una muestra de ello son los presupuestos del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que han sufrido recortes en los
últimos años entre el 12 y el 20% y continúan a la baja. Los recortes,
repagos y privatizaciones son particularmente injustos con los más
débiles: menores, personas con discapacidad, enfermos crónicos o
afectados por enfermedades raras.

En paralelo, se refuerza la mano derecha del Estado, el
código penal y la represión de la contestación social, al tiempo que
continúa en declive la tutela judicial efectiva, la igualdad de los
ciudadanos ante la justicia y la justicia gratuita. En definitiva, se
refuerza la justicia como poder del Estado ligado al Gobierno mientras se
debilita como servicio público sufriendo nuevos recortes, en particular
en materia de personal y de la modernización necesaria para su
funcionamiento.

La contrarreforma en materia de educación, para impulsar la
competitividad al servicio de los mercados según se afirma en las
memorias presupuestarias, se acompaña en estos presupuestos con la
consolidación de los recortes. En 2014 nos encontraremos un 30,5% por
debajo del nivel de gasto de 2010 en educación.

Las becas y ayudas aumentan sus créditos para 2014 pero la
nueva fórmula, que introduce no sólo la renta sino también el
rendimiento, supondrá una reducción de lo que perciben los universitarios
y los estudiantes de bachillerato y formación profesional. En todo caso,
aparecen nuevos recortes en distintos programas disminuyendo los créditos
para educación infantil, mejora de la difusión de la formación
profesional, educación compensatoria, mejora de la calidad educativa,
formación del profesorado o para movilidad de estudiantes.

En lo que respecta a los empleados públicos, la congelación
de sus retribuciones constituye un grave atentado sobre el poder
adquisitivo de estos trabajadores. Cálculos sindicales apuntan a una
pérdida mínima del 25% en la capacidad adquisitiva de este colectivo de
trabajadores como consecuencia de las medidas contra la crisis. Y
continuar con la amortización de empleo público, además de dañar la
calidad de los servicios públicos, añade más leña al fuego de la crisis
en forma de destrucción de empleo. A los 400.000 puestos de trabajo
destruidos en 2013 en el sector público hay que sumar los que provocarán
estos presupuestos así como la reforma de la administración local, que
algunas fuentes calculan en unos 300.000 empleos.

De cara a la solidaridad con el exterior, la Ayuda Oficial
al Desarrollo alcanza en 2014 la cifra de 1.814 millones de euros, el
0,17% de la Renta Nacional Bruta, lo que significa 234 millones menos que
en 2013 y un descenso acumulado del 61% respecto a 2011, situándonos a la
cola de donantes de la UE e incumpliendo los compromisos
internacionales.

Unos presupuestos para socializar las deudas

La actual crisis económica no es una crisis de deuda
pública sino de deuda privada. Ningún organismo internacional supo verlo
en su momento y ninguno está actuando actualmente para resolverlo con la
velocidad que corresponde. Más bien estamos asistiendo a una
transferencia de deudas desde el sector privado hacia el sector público,
el cual está absorbiendo asimismo los riesgos derivados.

Los presentes presupuestos predicen un incremento de la
deuda pública hasta los 826.500 millones de euros, lo que viene a
significar un 99,8% sobre el PIB. Cabe recordar que en 2007 la deuda
publica era del 36,3% sobre el PIB, y que sólo empezó a crecer como
consecuencia de la crisis y de la aplicación de los programas de rescate
bancario y de las medidas anticíclicas.

Según datos del FMI, desde 2009 se han inyectado
directamente en el sistema financiero un total de 63.000 millones de
euros. Una parte importante de esas cantidades provino del fondo de
rescate bancario firmado entre el Gobierno español y la troika. Al margen
de esa cantidad, y de forma complementaria, están el resto de ayudas
directas e indirectas a la banca.

No obstante, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) ya dejó entrever que al menos 30.000 millones de ayudas a fondo
perdido no serán recuperadas por los contribuyentes.

Desde el comienzo de las medidas de consolidación fiscal
los mercados financieros se han ido calmando y la prima de riesgo ha
disminuido. En el marco de ese contexto el Gobierno ha calculado que en
2014 se pagarán un total de 36.590 millones de euros en concepto de
intereses de la deuda pública, un 5,12% menos que en el anterior
ejercicio.

Aunque tales hipótesis son muy frágiles, a tenor de cómo se
están sentando las bases de la siguiente crisis, 36.590 millones de euros
es una cantidad imposible de atender sin provocar una merma brutal en las
condiciones materiales de vida de los ciudadanos. Y, desgraciadamente,
así está siendo. Los cambios institucionales llevados a cabo por los
Gobiernos de PP y PSOE, especialmente la reforma de la constitución en
2011, han llevado a la creación de una palanca financiera para el
desmantelamiento de los servicios públicos.

Además, el perverso e inmoral triángulo financiero creado
por las instituciones de la actual Unión Europea, y que permite una
transferencia legal de dinero desde lo público a lo privado por medio de
la

deuda, sigue abierto. Así, las entidades financieras tienen
barra libre para endeudarse con el Banco Central Europeo a tipos de
interés muy reducidos, mientras que utilizan ese dinero para prestar a
las administraciones públicas, a través de diversos programas —como
el plan de proveedores— o directamente por medio del mercado de
deuda pública, y lograr de ese modo ingentes beneficios a costa del
contribuyente. Sin que, por supuesto, se haya logrado reconectar al
sistema financiero con su función de prestamista a la economía real.

De hecho, la reestructuración del sistema financiero, que
continúa en estos presupuestos, está lejos de ser exitosa. Al menos de
acuerdo a los propósitos oficiales de volver a abrir el grifo del
crédito. Todavía el 21% de las grandes empresas y el 25% de las pequeñas
y medianas señalan que el principal problema que enfrentan es el acceso
al crédito. Siendo verdad que esos datos eran ligeramente superiores hace
tres años, lo cierto es que manifiestan lo lejos que queda la consecución
del objetivo de volver a canalizar el crédito.

En todo caso, el Banco Central Europeo, así como el resto
de bancos centrales de occidente —muy particularmente la Reserva
Federal y el Banco de Japón—, está manteniendo una política
monetaria expansiva verdaderamente ineficaz. El dinero no llega a la
economía real sino que se mantiene en la esfera financiera, hinchando una
nueva burbuja de activos financieros que tarde o temprano terminará
estallando como hiciera en su momento la burbuja inmobiliaria. La razón
por la que no son medidas válidas es que estamos ante un momento
económico llamado «trampa de la liquidez» que refleja que sin incentivos
para la inversión —y con la debilidad tan acusada de la demanda
interna, y con sus expectativas también a la baja— incluso con un
sistema financiero sano no habría motivos para endeudarse.

Pero además el Gobierno sigue ignorando un problema
fundamental, y que de hecho está en el origen de la presente crisis, que
es el endeudamiento privado. El endeudamiento de los hogares españoles
está en torno al 130% de su ingreso bruto disponible, con lo cual todos
los esfuerzos de los hogares están destinados a reducir esa exposición
tan bestial. La política de estos presupuestos, de empobrecimiento de las
rentas más bajas, sólo empeora el problema al aumentar la dificultad para
devolver las deudas. Los impagos y los intentos por reestructurar las
deudas de los hogares están y estarán a la orden del día. De ahí que sea
necesario poner en marcha programas públicos de reestructuración de la
deuda privada, como se ha hecho en otros tiempos históricos.

Unos presupuestos inútiles para el cambio de modelo
productivo

La dotación para inversión real directa en los presupuestos
consolidados para 2014 disminuye el 9,8% y, en particular, la política de
infraestructuras lo hace un 17,1%. Aún considerando la inversión que
realiza el sector público empresarial, lo cierto es que el esfuerzo
inversor público es insuficiente para una economía en recesión y con una
tasa de desempleo tan escandalosa como la nuestra.

Pero más allá del efecto multiplicador de la inversión, su
composición es igual de importante y en estos presupuestos la apuesta
sigue siendo la alta velocidad y las carreteras frente al ferrocarril de
cercanías y de media distancia. Somos, hoy todo el mundo lo sabe, el país
con más kilómetros de autovía y autopistas de Europa, el que más
kilómetros de AVE ha proyectado y construido, y también el campeón en
desempleo.

Además, el desmantelamiento de las empresas públicas del
transporte ferroviario y la incorporación del sector privado en la
explotación del servicio, acarreará la pérdida de miles de puestos de
trabajo y repercutirá sin duda en la calidad de la prestación del mismo,
amén de dejar en manos privadas el derecho a la movilidad. El transporte
y las infraestructuras deben ser un servicio público de gestión directa
que permita la movilidad, proporcionando y garantizando la calidad de
vida, la igualdad y la equidad de toda la ciudadanía.

En materia de investigación estos presupuestos confirman la
profundización de la crisis y el desmantelamiento casi definitivo del
sistema que construimos en 30 años de democracia. Nos encontramos con
Organismos Públicos de Investigación en estado de coma, convocatorias
eternamente retrasadas cuando no canceladas, jóvenes condenados al paro o
al exilio y empresas innovadoras que siguen esperando por unos créditos
que implican su propia supervivencia.

Unos presupuestos que confirman un modelo muy alejado de la
sociedad del conocimiento que ya ha desaparecido del discurso oficial. La
imagen del país, tan reclamada al condenar las manifestaciones o las
huelgas, ahora sí queda en entredicho al hacer caso omiso a las
recomendaciones de la UE y de su comisaria de investigación de avanzar en
la financiación de la I+D+i evitando el colapso del sistema.

Unos presupuestos que no permiten poner en marcha el Plan
Estatal de Investigación, cuyas convocatorias para 2013 siguen sin
publicarse y que requerirían una financiación adicional de al menos 100
millones de euros. No hay tampoco fondos para la puesta en marcha de la
Agencia Estatal de Investigación, incumpliendo así el mandato de la Ley
de la Ciencia de 2011. No hay recursos para financiar a los organismos
públicos de investigación asegurando unas condiciones mínimas más allá de
la hibernación. No hay recursos, ni voluntad, de reforzar el empleo
público impidiendo la creciente e imparable sangría de jóvenes
investigadores y técnicos. No hay recursos ni económicos ni humanos
suficientes para abordar el enorme reto que significará el nuevo programa
de I+D europeo Horizonte 2020. No podemos jugar en primera división con
plantillas de 55 años de media de edad y sin banquillo a la vista. No hay
recursos, ni voluntad, para apostar por la innovación apoyando al tejido
empresarial que intenta salir de la crisis investigando e innovando y no
por la vía de la degradación de los salarios.

Desde el punto de vista energético, en un contexto de
continúo encarecimiento de los costes de la energía, el Gobierno ha
decidido desmantelar cualquier tipo de política energética dejando
prácticamente sin recursos los programas que permiten controlar este
sector estratégico para la economía.

La partida para desarrollo energético ha disminuido en un
95% respecto a los presupuestos de 2011 y se marginan las políticas de
ahorro y eficiencia energética como alternativa para la sostenibilidad.
El desarrollo energético pasa a ser la última política del Ministerio de
Industria. De hecho, si no se tiene en cuenta la partida de 4.153
millones de euros destinada a financiar los costes del sector eléctrico,
este programa representa el 0,2% del total de industria y energía. En
línea a la reforma del sector eléctrico, estos presupuestos ponen de
manifiesto la obsesión del Gobierno en atajar el déficit tarifario sin
saber cuál es el horizonte energético de España y achacando la situación
a las renovables y al ahorro energético. No se contempla ninguna partida
para el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético que ya
fue eliminada en el ejercicio anterior.

España es muy vulnerable en cuestiones energéticas si
seguimos apostando por los combustibles fósiles y fuentes de energía que
no son autóctonas, ya que nos hacen extremadamente dependientes, aumentan
las emisiones y tienen impacto en la seguridad y en el medio ambiente. El
Gobierno está abandonando el impulso de las energías renovables que son
la única garantía de abastecimiento de energía en el futuro y del que
España puede ser pionera por contar con un entorno favorable y con la
tecnología adecuada. La penalización al sector de las renovables está
hipotecando el futuro energético, conlleva el incumplimiento de
directivas europeas y está destruyendo miles de puestos de trabajo
creados en los últimos años en la economía verde.

En materia de medio ambiente, la reducción en las partidas
del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente es una de las más desiguales evidenciando que los presupuestos
no sólo están al servicio de la austeridad sino que también están al
servicio de un cambio de modelo más injusto y menos sostenible.

Esta cuestión adquiere gravedad en programas como el de
ordenación territorial de los recursos hídricos en el que desciende un
81% la dotación a las sociedades de aguas, o el de actuaciones en la
costa que disminuye un 11,3% y las actuaciones para la prevención de la
contaminación y cambio climático en un 13,5%. En los tres casos se trata
de programas que registran un descenso acumulado desde 2011 del 99%, del
75% y del 58% respectivamente.

Es incomprensible la irresponsabilidad del Gobierno ya no
ante la prevención, que también, sino ante la mitigación del cambio
climático, la partida que cuenta en la actualidad con el nivel más bajo
desde que existe el programa, obviando los riesgos que está corriendo
este país y los incalculables costes que tendrá en el futuro, hecho que
unido a la desaparición de partidas de gestión de la contaminación,
biodiversidad, calidad del aire o residuos, dibujan un país gris y
decadente.

La miopía del Gobierno ante los retos medioambientales del
país y del planeta pone en riesgo nuestro patrimonio natural pero también
impide el impulso de sectores económicos vinculados al medio ambiente,
que son intensivos en creación de empleo y que permitirían una transición
justa y sostenible de nuestro modelo económico y productivo.

Unos presupuestos recentralizadores

Estos Presupuestos están también al servicio de una visión
centralista del Estado. En el actual modelo autonómico, una mejor
financiación de las comunidades autónomas supone más recursos para
garantizar el Estado del Bienestar, con partidas básicas como educación y
sanidad.

El Gobierno pretende que sean las entidades territoriales
las que hagan el juego sucio a la troika, a sabiendas de que el 76% del
gasto de las comunidades autónomas es gasto social (47,8% sanidad, 35,5%
educación, 9,4% protección social, 3,3% cultura y 2,1% vivienda). El
mayor esfuerzo que se pide a las comunidades autónomas y las entidades
locales, que habrán de alcanzar un déficit del 1% y del 0%
respectivamente para 2014, provocan de forma automática una serie de
duros recortes en servicios públicos básicos.

Los presupuestos perpetran un descenso de las
transferencias a las comunidades autónomas por participación en los
ingresos del Estado de casi el 20%, un recorte de 3.730 millones de
euros. Además, se congelan las aportaciones a los entes locales en medio
de la reforma de la administración local. Una recentralización y ahogo
financiero que aumenta la fractura social y territorial del Estado.

Otro elemento que caracteriza a estos presupuestos es la
falta de lealtad institucional.

Son unos presupuestos que no cumplen con Catalunya e
incumplen un año más la disposición adicional tercera del Estatuto de
Autonomía de Catalunya que fija el porcentaje de inversiones que se deben
destinar en proporción a la participación en el producto interior bruto.
No sólo no prevén compensar la deuda pendiente con la Generalitat sino
que si en el año 2012 ya no se cumplía con el porcentaje de inversiones
que marca la ley, este año se reduce un 25,5% más. Algo inasumible para
la población que acumula un déficit de infraestructuras ferroviarias y de
mantenimiento que limita la movilidad, el equilibrio territorial y el
desarrollo económico.

Unos presupuestos al servicio de intereses particulares

Los presentes presupuestos no se han redactado en los
despachos de la Moncloa sino que muy al contrario vienen determinados y,
de facto, redactados por las entidades financieras y sus instrumentos
institucionales —la troika—. El volumen de ayudas a la banca,
la delimitación de prioridades económicas y su clara connotación
antisocial representan la enorme deriva antidemocrática de este Gobierno
y de las actuales sociedades europeas.

La reforma constitucional de 2011, por parte de PP y PSOE;
la aprobación de la ley de estabilidad presupuestaria y financiera; y la
creación de una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, son
pasos todos ellos a favor de la creación de una camisa de fuerza
claramente injusta e inapropiada para el momento histórico. Y se suman al
Tratado de Maastricht, al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y al Pacto
Fiscal, entre otros, que han consolidado una forma ideológica de concebir
la economía que es, en última instancia, responsable de nuestra dramática
situación.

En definitiva, estos presupuestos no sólo sientan las bases
de una nueva y profunda crisis económica y social, sino que también
reflejan el declive de los principios democráticos y deliberativos con
los que se ideó en su origen el proyecto europeo. Estos presupuestos son
un paso más en la consolidación e institucionalización de una ideología
antisocial que se concibe a sí misma como una verdad absoluta. La misma
verdad, paradójicamente, que nos ha traído hasta esta crisis.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2014.

Palacio del Senado, 27 de noviembre de 2013.—El
Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 7

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto.

Los Presupuestos de cualquier Institución son el
instrumento básico para la definición, desarrollo y gestión de las
prioridades políticas de dicha Institución.

En este sentido tenemos que hablar de definir las
prioridades de la ciudadanía, hablamos del nivel y de las características
de los servicios públicos que el Gobierno del Estado quiere ofrecer a la
ciudadanía, al igual que marcar los criterios y maneras de repartir
socialmente el costo que dichos servicios necesitan.

Es de sobra conocido que los Presupuestos Generales del
Estado 2014 vienen a situarse dentro de una profunda crisis económica a
la que evidentemente tienen que responder. Crisis económica definida en
un contexto europeo que ha tenido graves repercusiones sociales y en el
que la ciudadanía europea ha mostrado su más aguda crítica, donde la
política de ahorro como estrategia divide a Europa, puesto que los
Gobiernos la aprueban mientras la ciudadanía las desaprueba. Un entorno
donde los Estados han visto restringidos sus márgenes de maniobra en el
ámbito presupuestario, sufriendo continuas exigencias de recortes,
austeridad del gasto y una serie de reformas que no han sido entendidas
por la ciudadanía.

Los colectivos de ciudadanos/as que menos han influido en
la crisis son, sin embargo, los que más la sufren; con unas tasas de paro
muy altas, con una capacidad de negociación salarial inexistente, con una
pérdida de capacidad adquisitiva de las pensiones y con un largo etc.

Con una deuda pública desbordada cercana a los 980.000
millones de euros; con una inversión pública muy baja que hace que
tengamos que ser muy pesimistas de cara al futuro.

Aunque el Gobierno intente transmitir el mensaje de que lo
peor ya ha pasado, la realidad es que las familias que tienen un salario
medio o ayudas que tiene algunos miembros en paro, no han recibido
todavía señales positivas como para que alberguen esperanzas.

La Unión Europea tiene un gran retraso con respecto de los
competidores con un gran compromiso en I+D+i que no se percibe en estos
Presupuestos.

En este marco, pues, y con el objetivo de déficit público
como guía y restricción, el Gobierno presenta unos Presupuestos que desde
el Grupo Vasco nos parecen rechazables, y es por lo que presentamos una
Propuesta de Veto a los mismos. Los motivos de carácter general son:

— La pérdida de capacidad adquisitiva de las
pensiones.

— La caída considerable de la inversión pública.

Concretando el análisis en la aplicación de estos
Presupuestos en relación a Euskadi, hay que señalar que nuestro Grupo
Parlamentario considera de extrema gravedad la nula implicación del
Gobierno del Estado con Euskadi, con un escaso 0’4% de inversiones
del total.

Un Proyecto que está sufriendo el olvido por parte del
Gobierno del Estado es el Proyecto de «Y» ferroviaria vasca. Proyecto que
está sufriendo continuas demoras y no cumple siquiera con los objetivos
marcados por la Unión Europea en el ámbito del transporte.

Dado esto, hace que el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV) solicite la devolución del Proyecto al Gobierno.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una
propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2014.

Palacio del Senado, 27 de noviembre de 2013.—El
Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 8

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente propuesta de veto.

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014
que ha presentado el Gobierno en el Congreso de los Diputados no son los
que necesita el país para salir de la crisis económica.

Tras dos años del Gobierno del Partido Popular el escenario
económico, social y político en España es muy preocupante y requiere
adoptar una nueva política económica alejada de la austeridad extrema y
la devaluación salarial de la clase media que contienen estos
Presupuestos.

Los resultados de la política económica aplicada hasta el
momento han sido evidentes: una tasa de paro que resulta intolerable,
sobre todo entre los jóvenes y los parados de larga duración, recortes
inútiles e injustos del gasto en educación, I+D+i, sanidad y dependencia,
que no han conseguido controlar el déficit del Estado ni la deuda
pública, así como la creciente desigualdad y persistencia de un
endeudamiento

estructural que encarece la financiación del sector
privado. De este modo, la gran mayoría de los ciudadanos están sufriendo
una pérdida de bienestar social y material que difícilmente van a
recuperar si se siguen aplicando estas políticas avaladas por los
partidos conservadores europeos.

España, entre otros países, se ha beneficiado de un tímido
cambio en la senda de consolidación fiscal que se ha suavizado por parte
de las instituciones europeas, reconociendo que el objetivo no era tanto
la cifra de déficit público, sino la continuidad del esfuerzo estructural
para reducir el desequilibrio en las cuentas públicas. Este cambio en la
intensidad de la reducción del déficit que veníamos pidiendo con
insistencia los socialistas europeos, junto con el dinamismo de las
exportaciones y la reducción de las tensiones financieras, van a
favorecer la estabilización de la economía española. Sin embrago, como
reconoce el propio escenario macroeconómico presentado por el Gobierno,
el crecimiento económico va a ser insuficiente y se va a seguir
destruyendo empleo neto durante el próximo año. La exigua reducción de la
tasa de paro en 2014, que quedará en todo caso muy por encima de la que
se encontró el Gobierno en 2011 (21,6%), se debe fundamentalmente a la
caída de la población activa, que se ha reducido en el último año en casi
350 mil personas. Va a continuar la debilidad de la demanda interna que
se refleja en la contribución negativa al crecimiento y, especialmente,
el consumo y la inversión privada apenas avanzan debido a los ajustes que
está adoptando el Gobierno.

La estrategia de salida de la crisis adoptada por el
Gobierno se ve reflejada en las grandes orientaciones de política
económica de los Presupuestos para 2014, que consiste en continuar
recortando los pilares del Estado de bienestar y continuar ajustando los
salarios de los trabajadores aumentando el poder de decisión de los
empresarios, lo que resulta totalmente insostenible, pudiendo generarse a
medio plazo graves conflictos sociales.

De ninguna manera pueden calificarse estos Presupuestos
como los «de la recuperación económica», como pretende sostener el
Gobierno, porque siguen teniendo un marcado carácter restrictivo. Los
seis millones de parados van a constatar cómo se seguirá destruyéndose
empleo neto el próximo año y se dedicará menos dinero a prestaciones por
desempleo. Los nueve millones de pensionistas y los 2,8 millones de
empleados públicos van perder poder adquisitivo. Muchos estudiantes se
van a quedar sin beca por los cambios introducidos en los nuevos
criterios de acceso y los enfermos crónicos graves van a tener que
afrontar un nuevo copago hospitalario del 10% de su tratamiento.

Por tanto, el Gobierno está fuera de la realidad que viven
millones de ciudadanos españoles en el día a día que están haciendo
auténticos milagros para llegar a fin de mes. En este sentido, el Informe
del Consejo de Europa sobre el Estado de los Derechos Humanos en España,
publicado el pasado 9 de octubre, alerta de que los recortes efectuados
en los presupuestos sociales, educativos y de salud han conducido a un
preocupante incremento de la pobreza de las familias, existiendo el
riesgo de que el ensanchamiento de las diferencias de renta entre los
hogares españoles se enquiste en la estructura social.

Y todo ello, mientras el Gobierno del Partido Popular lleva
a España al mayor endeudamiento público de toda su historia democrática,
superando el billón de euros. La propia Comisión Europea ha dicho que, en
2015, la deuda pública superará el 100% del PIB. Además, las ayudas a las
entidades financieras, que han provocado en parte este aumento de la
deuda pública, no han servido para la reactivación del crédito a las
familias y empresas.

En relación con el cuadro macroeconómico en el que se van a
desarrollar los presupuestos, las recientes proyecciones del FMI, sin
perjuicio de las divergencias en las previsiones de crecimiento, aseguran
que durante 2014 se seguirá destruyendo empleo (más de 120.000), con la
tasa de paro más alta de la UE (casi el 27%, por encima de la tasa de
paro de Grecia), ocupando la economía española el próximo año el puesto
182, de un total de 188 países, con peor evolución del PIB. Por ello,
creemos que existe un evidente riesgo de desviación en los ingresos y los
gastos, lo que erosionaría aún más la credibilidad del principal
instrumento de la política económica del Gobierno.

En el capítulo de ingresos, las previsiones de recaudación
que contienen los Presupuestos para 2014 son, de nuevo, poco consistentes
con el objetivo de reducir el déficit estructural a largo plazo en un
contexto de muy débil crecimiento. Siguen sin acometerse reformas en
profundidad de las principales figuras tributarias, y una lucha decidida
contra el fraude, que creen una base fiscal sólida de carácter permanente
que evite los recortes en políticas sociales, es decir, que paguen
quienes no lo hacen y quienes contribuyen por debajo de sus
posibilidades. Mientras tanto, se extiende a 2014, y quien sabe si a 2015
también, la aplicación del gravamen complementario del IRPF lo que, junto
a la subida generalizada

del IVA, hace que sean las clases medias y bajas las que
soporten la mayor parte del incremento del esfuerzo fiscal.

En el capítulo de gastos, el pago de los intereses de la
deuda sigue siendo la mayor partida de gasto no financiero (36.600
millones de euros), representando más que todo el gasto de personal al
servicio del Estado. Esto significa que los recortes que está llevando a
cabo el Gobierno son absorbidos por el coste de la deuda, en detrimento
de la inversión pública, que se sitúa en niveles de finales de los años
80, y la financiación de los servicios públicos esenciales.

Las inversiones reales de los Departamentos Ministeriales
en los Presupuestos se reduce de nuevo un 16,6% con respecto a 2013. Ello
demuestra, una vez más, que la anunciada reducción del 4,7% del gasto
disponible para los Ministerios no supone una austeridad en el
funcionamiento de la Administración General, sino que refleja el brutal
recorte a que se ve sometida la inversión pública, lo que tiene un efecto
negativo sobre el crecimiento y el empleo.

Los recortes de los presupuestos del Gobierno del Partido
Popular han situado a España en la cola de gasto en políticas activas de
empleo en porcentaje del PIB, acumulando una reducción del 44,8% con
respecto de los Presupuestos de 2011 (-3.280 millones de euros). En
inversión en I+D+i, se ha producido un drenaje de recursos de 1.943
millones de euros desde 2011, por lo que el exiguo incremento de 70,7
millones de euros que experimenta el Presupuesto para 2014 no puede hacer
variar la realidad de que la mejora de la productividad de la economía
española, variable clave para la sostenibilidad a medio y largo plazo, no
es una prioridad para este Gobierno.

En relación con la política educativa, el conjunto de los
tres presupuestos del Gobierno del Partido Popular habrán reducido las
partidas de gasto en 700 millones de euros anuales, lo que es una
expresión inequívoca, junto con la Ley Wert y los cambios introducidos
para acceder a una beca, del proyecto educativo de la derecha para este
país, que no es otro que dinamitar el principio de igualdad de
oportunidades y la calidad de la educación pública. Es necesario recordar
que con los gobiernos socialistas nos equiparamos al resto de los países
de la Unión Europea al acercarse el gasto dedicado a educación al 5% del
PIB, mientras que el Gobierno del PP ha comprometido una reducción de la
inversión en educación de hasta el 3,9% del PIB.

Los recortes en las partidas de gasto social contribuyen a
que la situación sea más dura para aquellas personas que más precisan de
la protección de las administraciones públicas en un contexto de intensa
crisis, poniendo en riesgo la cohesión social cuando más se necesita. En
la presentación de los Presupuestos para 2014, el peso del gasto social
se cifra en el 52,6% del gasto total, lo que supone una caída de 4,4
puntos porcentuales respecto de 2011.

En definitiva, el Gobierno sigue recortando, o no dotando
suficientemente, en todo aquello que es determinante para que crezcamos
mejor en el futuro y salgamos con un modelo más sólido: en educación, en
I+D+i, en formación profesional, en internacionalización y en
infraestructuras.

Por si todo lo anterior fuera poco, la actualización del
Plan de Ajuste Presupuestario de las Administraciones Públicas que el
Gobierno ha remitido a Bruselas prevé, sin aportar el detalle de las
medidas a adoptar, un ajuste adicional durante 2014 y 2015 de 8.600
millones de euros para las Comunidades Autónomas, y de 8.800 millones de
euros para las Entidades Locales. Tal previsión va a provocar un
indudable deterioro en la prestación de servicios públicos esenciales
(educación, sanidad, servicios sociales...), confirmando que el modelo de
salida de la crisis del PP se basa sólo en empleos precarios, bajos
salarios y sistemático desmantelamiento del Estado del Bienestar, lo que
tendrá un impacto muy negativo en las condiciones de vida de millones de
españoles.

En conclusión, estos Presupuestos resultan ineficaces para
luchar contra el desempleo, que es el principal problema de los
españoles, son inconsistentes en sus cifras de ingresos y gastos, pueden
carecer de la necesaria credibilidad en momentos cruciales para España,
continúan profundizando en el desmantelamiento del Estado del Bienestar y
la precariedad en el empleo y no contienen ninguna medida eficaz para
combatir la crisis económica en la que continua inmerso nuestro país.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta esta propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2014, y solicita su devolución al Congreso de
los Diputados.

Página
36

La caída de la demanda interna explica gran parte de los
errores de medición del Gobierno. Mientras el Gobierno esperaba que las
medidas de austeridad provocasen una caída de la demanda interna del
2,9%, la realidad finalmente impuso una caída del 4,1%. Pero muy
especialmente ese resultado vino dado por la espectacular caída de la
inversión empresarial, que cayó un 7,5% frente a la predicción del
Gobierno de que caería sólo un 2,1%.

Estos datos revelan que tanto el Gobierno como las
instituciones internacionales que promueven las políticas de austeridad
están minusvalorando el efecto contractivo que provocan las medidas de
consolidación fiscal. Así, frente a la tesis de la austeridad expansiva,
que promueven recortes en el gasto público para poder obtener tasas de
crecimiento económico, parece que la realidad impone una visión mucho más
perversa de los efectos producidos en la economía.

Los presentes Presupuestos Generales, más que corregir esta
senda desastrosa, consolidan la visión ortodoxa de la consolidación
fiscal y sólo conseguirán hundir aún más la demanda interna y las
posibilidades de la economía de crecer económicamente. Paralelamente el
altísimo e inaceptable nivel de desempleo, la costosa e ineficaz
restructuración del sistema financiero y el muy desigual reparto de los
costes de la crisis está sentando las bases de una nueva y muy severa
crisis económica y social en nuestro país.

El Gobierno adopta con estos presupuestos una política
suicida con respecto al mercado de trabajo. Incluso el propio Gobierno es
consciente del nulo efecto positivo de estos presupuestos sobre la
creación de empleo, ya que predice que el empleo caerá un 0,2% en 2014.
Sin embargo el Gobierno espera que la población activa siga cayendo y
ello provoque un ligero retroceso en la tasa de paro hasta el 25,9%.

Ahora bien, en el último trimestre de 2011 la tasa de paro
estaba en un nivel dramático del 22,85%, mientras que actualmente se
sitúa en un 26,26%. Dicho crecimiento es además compatible con un
importante y reciente descenso en la tasa de actividad, hundida hasta el
59,54%, y con un descenso igualmente amplio de la tasa de empleo hasta el
43,91%. Estos datos señalan que los recientes presupuestos, así como las
últimas reformas laborales, no han surtido un efecto positivo en la
creación de empleo. El Gobierno acepta y se resigna a no crear empleo en
los próximos cinco años, tal y como plantean los informes del FMI.

La reforma laboral sólo ha servido para producir un
descenso en los salarios, y por ende en el coste laboral unitario, pero
no para crear empleo. Y crear empleo es la tarea más urgente que la
sociedad española debería acometer, aunque ni este Gobierno ni la troika
así lo entiendan. Los presentes presupuestos, de hecho, no hacen sino
empeorar la situación al reducir las inversiones reales un 9,8%. Y en un
contexto de falta de demanda, como el actual, sólo la inversión pública
puede relanzar la economía y crear importantes niveles de empleo.

Por otra parte, las políticas de estos presupuestos
agudizarán los problemas de demanda que existen actualmente en la
economía española. Según la encuesta «Access to finance» del Banco
Central Europeo, en marzo de 2013 un 29% de las PYMES señalaba que el
principal problema que enfrentaban era la dificultad para encontrar
clientes. Otro 25% señalaba la falta de acceso al crédito, y un 11% los
problemas derivados de la competencia. Sólo un 12% apuntó al elevado
coste laboral como problema principal.

La dificultad para encontrar clientes refleja la enorme
debilidad de la demanda interna en nuestra economía, que está siendo
machacada aún más con estos presupuestos generales. Además, el dogma de
la consolidación fiscal está ahogando más a las PYMES que a las grandes
empresas, las cuales muestran menores síntomas de preocupación por estos
fenómenos.

La distribución funcional de la renta sigue haciéndose cada
vez más desigual. Para 2013 la participación salarial en la renta se
reducirá hasta el 57,4%, según la Comisión Europea, cuando en 1998 era
del 65,8% y en 1980 del 71,9%. Este proceso de pérdida de peso ha sido
analizado por todos los organismos internacionales por sus efectos
económicos en la demanda interna, pero no se han acometido reformas para
revertir la tendencia. Más al contrario, la pérdida de poder de
negociación de los sindicatos, como consecuencia de las últimas reformas
laborales, y las medidas de austeridad fiscal están empujando los datos
aún más a la baja. Todo ello provoca un grave deterioro de la demanda
interna y, en consecuencia, del empleo.

De forma lógicamente complementaria se está llevando a cabo
un intenso proceso de concentración de la renta y riqueza tanto a nivel
sectorial (como en el sector financiero) como a nivel individual. La
entidad Credit Suisse ha calculado que el número de ultramillonarios en
España ha crecido un 6,9% en el último año, mientras que su riqueza se ha
incrementado un 8,3%. Teniendo presente la pérdida del Producto Interior
Bruto en un 1,6%, es más que evidente el intenso proceso de
concentración, que por otra parte es generalizado en los países de la
Unión Europea. La mayor parte de los ingresos adicionales de

estas 1.625 personas en España, controlando una riqueza por
valor de 195.000 millones de euros, proviene del sector de las
finanzas.

Por último, en materia de investigación estos presupuestos
confirman la profundización de la crisis y el desmantelamiento casi
definitivo del sistema que construimos en 30 años de democracia. Nos
encontramos con Organismos Públicos de Investigación en estado de coma,
convocatorias eternamente retrasadas cuando no canceladas, jóvenes
condenados al paro o al exilio y empresas innovadoras que siguen
esperando por unos créditos que implican su propia supervivencia.

Unos presupuestos que confirman un modelo muy alejado de la
sociedad del conocimiento que ya ha desaparecido del discurso oficial. La
imagen del país, tan reclamada al condenar las manifestaciones o las
huelgas, ahora sí queda en entredicho al hacer caso omiso a las
recomendaciones de la UE y de su comisaria de investigación de avanzar en
la financiación de la I+D+i evitando el colapso del sistema.

Unos presupuestos que no permiten poner en marcha el Plan
Estatal de Investigación, cuyas convocatorias para 2013 siguen sin
publicarse y que requerirían una financiación adicional de al menos 100
millones de euros. No hay tampoco fondos para la puesta en marcha de la
Agencia Estatal de Investigación, incumpliendo así el mandato de la Ley
de la Ciencia de 2011. No hay recursos para financiar a los organismos
públicos de investigación asegurando unas condiciones mínimas más allá de
la hibernación. No hay recursos, ni voluntad, de reforzar el empleo
público impidiendo la creciente e imparable sangría de jóvenes
investigadores y técnicos. No hay recursos ni económicos ni humanos
suficientes para abordar el enorme reto que significará el nuevo programa
de I+D europeo Horizonte 2020. No podemos jugar en primera división con
plantillas de 55 años de media de edad y sin banquillo a la vista. No hay
recursos, ni voluntad, para apostar por la innovación apoyando al tejido
empresarial que intenta salir de la crisis investigando e innovando y no
por la vía de la degradación de los salarios.

Todo ello justifica la presentación de esta enmienda a la
totalidad de la Sección 27: Ministerio de Economía y Competitividad.

ENMIENDA NÚM. 249

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 36. Sistemas de financiación de entes
territoriales.

Enmienda a la totalidad de la Sección 36, Sistemas de
Financiación de Entes Territoriales, del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2014, por la que se solicita su
devolución al Gobierno.

JUSTIFICACIÓN

Estos presupuestos están también al servicio de una visión
centralista del Estado. En el actual modelo autonómico, una mejor
financiación de las Comunidades Autónomas supone más recursos para
garantizar el Estado del Bienestar, con partidas básicas como educación y
sanidad. Además se ignora que el próximo año debería entrar en vigor un
nuevo sistema de financiación autonómica.

En estos presupuestos las transferencias del gobierno a
otras Administraciones Públicas, se recortan drásticamente, en 2.328
millones de euros, una rebaja del 4,8%. Se rebajan las entregas a cuenta
por Fondo de Suficiencia Global un 15,6%, la aportación del Estado al
Fondo de Garantía en un 3,5% y a las CCAA en su conjunto se reduce un
18,87%. Las transferencias a los entes locales se congelan, con un
incremento del 0,04%. Pero eso se produce tan sólo por el importante
incremento de la liquidación definitiva de la participación en los
ingresos del Estado, ya que disminuye fuertemente tanto la partida de
Participación de ayuntamientos en los ingresos del Estado como la partida
de Participación de las diputaciones y cabildos insulares en los ingresos
del Estado.

Otro elemento que caracteriza estos Presupuestos es la
falta de lealtad institucional. Nuevamente, se incumple la disposición
adicional tercera del Estatut d’Autonomia de Catalunya, ya que no
se reconocen las deudas pendientes.

ENMIENDA NÚM. 250

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad Social.

Enmienda a la totalidad de la Sección 60, Seguridad Social,
del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2014, por la que se solicita su devolución al Gobierno.

JUSTIFICACIÓN

A pesar de que el Proyecto de Ley reguladora del Factor de
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de
la Seguridad Social está en trámite parlamentario, los presupuestos de
2014 están anticipando su aplicación con una revalorización de tan sólo
el 0,25% de las pensiones, muy por debajo del IPC. Así pues, se suspende
para el ejercicio 2014 la aplicación de lo previsto en el artículo 48 de
la Ley General de la Seeguridad Social. Y se hace por segundo año
consecutivo, tal y como ya hizo el Real Decreto ley 28/2012, de 30 de
noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la
Seguridad Social. En definitiva, este incremento del 0,25% no queda más
en un gesto populista a todas luces insuficiente ya que las personas
pensionistas verán como pierden de forma pronunciada su poder
adquisitivo.

ENMIENDA NÚM. 262

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación.

Formulamos veto a la sección 12 por estar en contra de los
principales objetivos políticos que se plantea en sus distintos programas
e incluso en sus prioridades y previsiones económicas para hacerlos
realidad.

Efectivamente, tal y como apuntaban los presupuestos de
2012 y 2013 se consolida la tendencia de la política exterior española a
retornar como punto de partida 2004, optando por la confrontación y
dejando en el olvido relaciones internacionales basadas en el dialogo
político y la cooperación.

La acción exterior del Gobierno parece seguir supeditada a
los intereses comerciales. En ejercicios anteriores nuestro Grupo
Parlamentaria citaba casos muy significativos como la actuación REPSOL
YPF en Ecuador objeto de numerosas denuncias de daños medioambientales
violaciones de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, o
más recientemente, el fuerte rechazo de las comunidades indígenas
campesinas de Barillas en Guatemala contra el proyecto de la empresa
española Hidralia. Nada apunta a que se vayan a producir cambios,
condicionando su acción del Estado en el exterior a los intereses de las
grandes multinacionales españolas de los diversos sectores. Solo así
puede entenderse la creación de nuevos consulados en India y China, al
mismo tiempo que se cierran consulados que afectarán de forma importante
a los ciudadanos españoles residentes en el exterior, como sería el caso
del cierre del Consulado de Basilea.

Además, el recorte en el presupuesto de esta sección del
4,4% más el recorte acumulado, en contra lo manifestado por el Gobierno
calificándolo como «austero» pero «asumible», a nuestro juicio estará muy
lejos de situar la política exterior a la altura de una política de
Estado. La reducción embajadas y consulados y organismos internacionales
donde España contradice los propios objetivos marcados por el Ministerio
de fortalecimiento de la política exterior de España y de la marca
España. Este presupuesto significará debilitamiento de la acción
bilateral, multilateral y diplomática. El recorte se traducirá en menor
presencia y representación tanto en la UE como en los organismos
multilaterales.

Igualmente importantes son los recortes de personal que
definitivamente parece que no solo tendrán un impacto negativo en la
acción consular sino que además son insuficientes a llevar a cabo la
futura Ley de Acción y del Servicio Exterior actualmente en esta Cámara.
De hecho los españoles residentes en el extranjero ya están percibiendo
las dificultades que se derivan de los recortes en la atención que
reciben en Secciones Consulares y Consulados hasta para obtener
certificaciones o una simple fe de vida.

Por otra parte, al haberse introducido para la
participación electoral de los emigrantes en los procesos en los que
todavía pueden hacerlo el voto rogado y el ejercicio en urna en los
Consulados, los ajustes afectan a derechos constitucionales básicos.

Por otra parte, el ajuste toca también al Instituto
Cervantes que en el ejercicio 2013 ya vio recortado su presupuesto en un
13% y según reconoció el Gobierno en las recientes comparecencias ahora
gestionará un presupuesto 3,7% más bajo de lo que gestionó en 2013, que
se traducirá en el cierre de centros importantes.

Este Grupo Parlamentario no puede permanecer impasible, y
mostramos nuestra oposición a unos presupuestos que en la práctica no
irán destinados a cumplir el objetivo de colaborar en la creación de
orden mundial justo y solidario y que incumple los compromisos adquiridos
por España en la lucha contra la pobreza.

En cuanto a derechos humanos, queda claro que tampoco es
una prioridad del Ministerio. Parece que nada cambia, inmovilismo
absoluto ante las violaciones de Derechos Humanos en Palestina, Sahara
Occidental o Guinea Ecuatorial, por citar algunos ejemplos, en los que
lamentablemente la política exterior del Estado no se implica. No
únicamente se trata de mantener el compromiso en los organismos
internacionales sino que además sería necesario incrementar las
transferencias destinadas a entidades sin fines de lucro que trabajan en
la defensa y protección de los derechos humanos.

Por último, la política de cooperación de este Gobierno nos
conduce a la liquidación del sistema público de cooperación internacional
para el desarrollo. La reducción en Ayuda Oficial al Desarrollo alcanza
en 2014 la cifra de 1.814 millones de euros, el 0.17% de la RNB, lo que
significa 234 millones menos que en 2013, y un descenso acumulado del 61%
respecto a 2011, situándonos a la cola de donantes de la UE, incumpliendo
los compromisos internacionales.

La cooperación internacional no debe someterse a la
inestabilidad en función de excedentes, requiere de un compromiso público
sostenido. El recorte de este año se suma a los iniciados en 2010 y
suponen en conjunto 2.755 millones de euros menos, lo que implica el
desmantelamiento de la política de cooperación española. Además cabe
destacar que del total de fondos destinados a AOD, un 55% estará
gestionado por ministerios distintos al Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, que es el órgano responsable de la dirección de la
política de cooperación y el único que cuenta con una Agencia
especializada y con capacidades, la AECID, en la materia.

Un desmantelamiento que se ilustra en la reducción de un
10% en el presupuesto de la AECID, que ya había experimentado un recorte
muy importante en su presupuesto de 2012, con lo que acumula un descenso
en sus fondos de más de 631 M en los tres últimos ejercicios
presupuestarios. Ello supone que únicamente el 12% del total de la AOD de
la Administración General del Estado será gestionada por la AECID.

Los presupuestos para el 2014 también castigan
especialmente a los fondos destinados a Convenios con ONGD que descienden
en un 65%, lo que significa casi 50 millones menos que en 2012, hecho que
entra en con la visión del propio Gobierno que considera la cooperación
vía convenios como «un tipo de ayuda que va muy directamente a los
ciudadanos de los países en desarrollo y que, además, financia buena
parte de lo que es el apoyo a uno de los agentes principales de la
cooperación para el desarrollo».

El FONPRODE es 100% reembolsable, infringiendo de nuevo la
Ley del FONPRODE y reforzando la tendencia hacia la financiarización de
la política de cooperación española que se inició en 2011.

Página
42

que la partida de gasto se debe repartir posteriormente
entre los territorios gestionados por el ministerio y los gestionados por
las Comunidades Autónomas con competencia transferida. Aspecto que no se
establece ni en los presupuestos ni en la descripción general de
objetivos y que el Ministerio debería aclarar.

Lo cierto es que no salen las cuentas, ante el flagrante
incumplimiento de sus compromisos públicos. Si el dinero de las tasas no
se invierte en mejorar la Justicia Gratuita, resulta necesario que el
Ministerio de Justicia explique cuál ha sido el destino económico del
pago por el acceso a nuestros juzgados y tribunales.

Debe llegarse a la conclusión de que las tasas han tenido
una finalidad puramente recaudatoria a nivel general y, correlativamente,
se han utilizado para diseñar una Justicia al alcance de quienes puedan
pagársela, lo cual supone una importante discriminación de sectores de la
población en función de su capacidad económica. Esta privatización del
servicio público se acompaña de otras medidas similares, como la
asignación de los actos de comunicación y ejecución a los procuradores o
la próxima entrega a los registradores mercantiles y de la propiedad de
los Registros Civiles. Asimismo, las disposiciones presupuestarias
indican en la Oferta de Empleo Público que únicamente se van a crear 50
plazas de acceso a las carreras judicial y fiscal, aunque la previsión
del proyecto de crear 50 haya sido duplicada en el trámite del Congreso,
tal número sigue siendo insuficiente. Se trata de una medida que ni
siquiera llega a cubrir las bajas estructurales de la plantilla judicial,
por lo que en la práctica supone un descenso de la misma. Ello resulta
incompatible con el enorme volumen de procedimientos por resolver en el
conjunto de nuestro sistema judicial, que en la actualidad se sitúa en
2,6 millones de asuntos pendientes.

No se da una salida al colectivo de jueces y magistrados
sustitutos, y la carga de trabajo sin crear nuevas plazas repercutirá aún
más negativamente en el servicio público, ya de por sí en derribo. Además
consideramos, que las plazas deberían hacerse extensivas a Secretarios
Judiciales y otros puestos estructurales que hasta ahora se han ido
cubriendo por personal interino. Por tanto, primero consolidación de
trabajo temporal. Y en segundo lugar coincidimos con las reivindicaciones
sindicales sobre la eliminación del límite máximo del 10% de la tasa de
reposición de efectivos con el fin de que se puedan convocar todas las
plazas vacantes no cubiertas por personal titular en esta Administración
de Justicia.

Por contra resulta significativo que pese a la reducción de
competencias del CGPJ y el contexto de crisis, que afecta a la práctica
totalidad de los presupuestos, la partida destinada al mismo ha sufrido
un recorte moderado.

Un último apunte, muy significativo, la desaparición de la
partida de reparación a las víctimas de la Guerra Civil «a la espera de
que se puedan estudiar nuevas subvenciones» refleja claramente en este
presupuesto las prioridades del Gobierno.

En definitiva, estamos ante un recorte más en otro servicio
público, el de la administración de justicia, que no está en la lógica de
la mejora de la calidad del servicio a prestar a los ciudadanos, sino de
objetivos macroeconómicos de estabilidad presupuestaria y reducción del
déficit por la vía de la disminución del gasto público. Al contrario,
suponen otro ejemplo más de adopción de medidas en perjuicio de los
sectores más débiles de la sociedad, que no podrán abonar tasas
judiciales y verán más limitado su acceso a la jurisdicción y a la
Justicia Gratuita. Y cierran cualquier posibilidad de mejora,
transformación y modernización de nuestro sistema judicial.

ENMIENDA NÚM. 291

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa.

La presentación del proyecto de los Prepuestos Generales
del Estado (PGE) siempre genera una gran expectación y un enorme debate
público, pues se supone que son las cuentas que han de señalar los
derroteros de las políticas públicas del estado para el próximo año. Esto
es relativamente cierto, pues la

realidad es muy diferente. El presupuesto público sufre
innumerables alteraciones a lo largo del ejercicio que lo modifica
substancialmente, de tal manera, que al finalizar el año puede haber
sufrido un cambio radical.

Esto es lo que ocurre anualmente con el presupuesto
militar. Resulta que cada año durante la ejecución del gasto asignado al
Ministerio de Defensa se añaden recursos al presupuesto inicial
procedentes de diferentes ámbitos, un aumento que en los últimos diez
años arroja una media anual de 1.500 millones de euros extras sobre
asignación inicial. Lo que es sin duda un engaño, pues demuestra que
muchas de las partidas presupuestarias están infravaloradas, y que se
completan a lo largo del ejercicio con aportaciones extraordinarias.

De esto podemos deducir que el gasto real en defensa del
Estado español, recogido en los PGE es manifiestamente insuficiente, por
no decir falso, pues puede alcanzar un 154% sobre el inicial, como
ocurrió en el pasado año 2012.

Esto es especialmente significativo en dos de las partidas
presupuestarias: el pago de los compromisos adquiridos con los Programas
Espaciales de Armamentos (PEAs) y las misiones militares en el
exterior.

De esta manera, los presupuestos de 2014 en lo relativo a
los PEAs son un calco de los del ejercicio de 2012 y 2013. Se sigue la
misma estrategia de no contabilizar este gasto en los PGE, aunque ya se
conozca de antemano, pues se tiene la seguridad de que el crédito se va a
conseguir con asignaciones extraordinarias.

De hecho, tanto en 2012 como en 2013 se acudió a esta vía
para conseguir créditos por importe de 1.782,711 y 877,3 M¤,
respectivamente. ¿Ocurrirá lo mismo en 2014? Sin duda, Pedro Argüelles,
Secretario de Defensa ha asegurado que recurrirá de nuevo a créditos
extraordinarios para hacer frente al pago de los PEAs.

La otra partida que cada año es consignada de manera
insuficiente son las operaciones militares en el exterior, denominadas de
manera eufemística de «mantenimiento de la paz», —pues no es lo que
están llevando a cabo en Afganistán ni en las aguas del océano Índico y
que cada año tienen una aportación anual de 14,36 millones. En el año
2012 cerraron el ejercicio con un coste de 766,8 millones y este año 2013
en el mes de marzo ya tenían aprobada una aportación de 514,5 millones
que al finalizar el año será superior.

Ambas partidas, son un caso manifiesto de fraude
presupuestario para ocultar a la oposición política y a la opinión
pública el verdadero presupuesto militar. Se consignan de manera
insuficiente estas partidas, para después incrementarlas con diversos
mecanismos contables.

Modificaciones que provienen de diversos ámbitos, como son
los créditos extraordinarios para hacer frente al pago de los PEAs; las
partidas ampliables que son traspasos que provienen de un cajón desastre
denominado Fondos de Contingencia; o algunas transferencias externas
procedentes por ejemplo de Naciones Unidas con motivo de las misiones en
el exterior, e ingresos propios generados por la enajenación de
patrimonio de Defensa (viviendas, terrenos, cuarteles y venta de
armas).

De todo ello indicadores del gasto militar previsto para
2014 muestran que el gasto militar diario es ligeramente superior al año
2013 y representa 45,27 millones diarios, un 1,58 del PIB, lo cual indica
una aportación por persona/año de 353 euros para sufragar una incógnita
denominada Defensa Nacional.

Además, las variaciones en la inversión militar aumentarán
en un 17,1%, que pasarán de 769,1 en 2013 a 900,5 millones 2014.

La variación más significativa en los PGE es la
correspondiente a la investigación militar para el ejercicio 2014 que es
de 506,84 M¤. En el año 2013, el presupuesto de este apartado ascendió
hasta los 363,38 M¤, lo que representa un aumento del 39,5%.

En relación al apartado correspondiente al presupuesto para
la investigación civil, esta alcanza los 5.633,15 M¤. Lo que representa
un aumento de un 1,3% respecto el presupuesto de 2013, que ascendió a
5.562,45M¤. La inversión en investigación militar alcanzará en 2014 el
8,26% del total de la I+D española, mientras en 2013 representaba solo el
6,13%. Resulta evidente una clara apuesta por la I+D militar por parte
del Gobierno español para el ejercicio 2014.

Es cierto que la crisis europea afecta especialmente
aquellos países con economías menos desarrolladas. Pero esto no es óbice
para que los gobiernos de estos países, entre ellos España, no atajen la
crisis abortando aquellos gastos que se pueden considerar como menos
«productivos». Y es que el gasto militar en su conjunto entorpece el
desarrollo económico, pues ese mismo gasto dedicado al desarrollo de
bienes de la economía real tendrían un efecto más positivo.

Sirvan de ejemplo las siguientes alternativas de reducción
del gasto militar que podrán liberar miles de millones de euros para
gastos sociales y economía productiva:

1) Dedicar la partida destinada a I+D militar a I+D civil,
lo que supondría el desvío de 506,4 millones de euros hacia la
investigación civil.

2) Reducir y anular inversiones en armamentos,
especialmente las relacionadas con los PEAs, y destinar esos recursos al
desarrollo de bienes civiles, lo que supondría evitar el crédito
extraordinario de aproximadamente 1.000 millones de euros, no incluido en
los PGE, ya ha anunciado por el Ministerio de Defensa.

3) Reducir progresivamente los efectivos militares de un
ejército sobredimensionado, no para engrosar la lista de paro, sino para
realizar otras funciones de servicios públicos que tuvieran un mayor
impacto en el bienestar de la población. Por ello es preciso que como
actuación previa se de a conocer el contenido del documento elaborado por
el JEMAD «VISION 2025» respecto a la dimensión y restructuración de las
futuras plantillas de las Fuerzas Armadas y la puesta en marcha del
PROGRAMA SAPROMIL que permite la incorporación de los miles de militares
a otras funciones públicas.

4) Anular las operaciones militares en el exterior, lo que
traería consigo un ahorro de cientos de millones de euros.

Todo ello justifica con creces la presentación de esta
enmienda de veto de devolución de la Sección del Ministerio de
Defensa.

ENMIENDA NÚM. 300

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

La política fiscal de este Gobierno está siendo
especialmente regresiva, con incrementos muy superiores en los impuestos
indirectos que en los impuestos directos. La subida del IVA, por ejemplo,
es ampliamente injusta porque afecta por igual a la clase trabajadora que
a las grandes fortunas de este país. Además, la subida del IVA en
determinados sectores, como el de la Cultura, está afectando muy seria y
negativamente a la actividad.

Del total de recaudación en 2012, el 56,41% fueron
impuestos directos y el 42,47% impuestos indirectos, siendo el resto
tasas y otros ingresos. Estos datos contrastan con los de 2008, donde los
impuestos directos tenían dos puntos más de peso, y revelan la tendencia
regresiva del esquema fiscal español.

Además, atendiendo al tipo de impuesto directo, el 41,89%
de la recaudación total del Estado se obtiene del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) y el 12,72% del Impuesto sobre Sociedades.
Más específicamente, el 38,56% de la recaudación total proviene de la
imposición a las rentas del trabajo, mientras que sólo el 3,15% proviene
de la imposición a las rentas del capital.

El tipo efectivo del impuesto a la renta bruta de los
hogares ha pasado de un 11,9% en 1997 a un 12,5% en 2012, mientras que el
tipo efectivo del impuesto sobre sociedades ha pasado de un 23,5% en 1997
a un 19,3% en 2012. Esta tendencia es claramente consecuencia de las
reformas fiscales que los gobiernos del PP y PSOE han realizado en las
últimas legislaturas y que han hecho recaer cada vez más el peso del
mantenimiento fiscal del Estado en las rentas del trabajo.

Por si fuera poco, el tipo efectivo para las empresas con
ingresos menores a los 6.000 euros es del 23,7% mientras que para
aquellas con ingresos superiores a los 180 millones de euros es del
17,8%. Una aberración que es producto del aún enorme gasto fiscal
derivado de tantas deducciones fiscales y que este Gobierno sigue sin
corregir.

Además, el Gobierno no sólo ha renunciado a implementar
medidas de fiscalidad verde para incluir los costes ambientales y
sociales de actividades económicas que hoy sufraga el conjunto de la
ciudadanía,

sino que ha penalizado con nuevos tributos a sectores
punteros en sostenibilidad ambiental e intensivos en creación de empleo,
como el de las energías renovables.

A nuestro juicio la política fiscal de estos presupuestos
debería ser muy diferente. La mayor capacidad de las grandes fortunas y
las grandes empresas para financiar los costes del Estado debería
aparecer reflejada en el esquema fiscal. Desgraciadamente, este Gobierno
se ha caracterizado por hacer exactamente todo lo contrario, como
demostró con la aprobación de la amnistía fiscal a los grandes
defraudadores y la ampliación de los privilegios de las SICAV a las
sociedades de inversión inmobiliaria.

Además, se ha avanzado la voluntad de presentar en 2014 una
reforma profunda del sistema fiscal. Lo que se ha avanzado de forma
informal como contenidos de dicha reforma no va a significar mayor
progresividad ni justicia. Al contrario, parece que se pretende
incrementar el peso de los impuestos indirectos y reducir el tipo del
Impuesto de Sociedades.

En lo que respecta a los empleados públicos, la congelación
de sus retribuciones constituye un grave atentado sobre el poder
adquisitivo de estos trabajadores. Cálculos sindicales apuntan a una
pérdida mínima del 25% en la capacidad adquisitiva de este colectivo de
trabajadores como consecuencia de las medidas contra la crisis. Y
continuar con la amortización de empleo público, además de dañar la
calidad de los servicios públicos, añade más leña al fuego de la crisis
en forma de destrucción de empleo. A los 400.000 puestos de trabajo
destruidos en 2013 en el sector público hay que sumar los que provocarán
estos presupuestos así como la reforma de la administración local, que
algunas fuentes calculan en unos 300.000 empleos.

Estos Presupuestos están también al servicio de una visión
centralista del Estado. En el actual modelo autonómico, una mejor
financiación de las comunidades autónomas supone más recursos para
garantizar el Estado del Bienestar, con partidas básicas como educación y
sanidad.

Por último, el Gobierno pretende que sean las entidades
territoriales las que hagan el juego sucio a la troika, a sabiendas de
que el 76% del gasto de las comunidades autónomas es gasto social (47,8%
sanidad, 35,5% educación, 9,4% protección social, 3,3% cultura y 2,1%
vivienda). El mayor esfuerzo que se pide a las comunidades autónomas y
las entidades locales, que habrán de alcanzar un déficit del 1% y del 0%
respectivamente para 2014, provocan de forma automática una serie de
duros recortes en servicios públicos básicos.

Los presupuestos perpetran un descenso de las
transferencias a las comunidades autónomas por participación en los
ingresos del Estado de casi el 20%, un recorte de 3.730 millones de
euros. Además, se congelan las aportaciones a los entes locales en medio
de la reforma de la administración local. Una recentralización y ahogo
financiero que aumenta la fractura social y territorial del Estado.

Todo ello justifica la presentación de este veto a la
Sección 15: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

ENMIENDA NÚM. 305

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.

Los presupuestos de la sección 16 para 2014 presentan un
incremento de 1,35%. Fundamentalmente este incremento se justifica
exclusivamente en el incremento de El incremento se justifica en el
incremento en los créditos de obligaciones de ejercicios anteriores y el
coste de las Elecciones previstas en 2014.

Por demás, al igual que las demás secciones, son unos
presupuestos continuistas que ahondan en la lógica de recortes que marcan
la acción de este Gobierno, que difícilmente harán posible cumplir
siquiera con sus objetivos y compromisos. Nuevamente se hace especial
hincapié en la necesidad de hacer frente a la demandas de seguridad de
nuestra sociedad con el objetivo de lograr un progresivo descenso de la
criminalidad. Mensaje desconcertante, más aún en el contexto de
criminalización y represión de las movilizaciones ciudadanas, sin
precedentes en democracia, que estamos viviendo.

A nuestro juicio, la política de seguridad debe ser
garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin embargo, el
presupuesto 2014 para el Ministerio de Interior, al igual que el de los
ejercicios anteriores, lo que pone de relieve es la falta de un
planteamiento global en materia de seguridad ciudadana y la respuesta
policial, penal y penitenciaria a la misma.

La sensación subjetiva de inseguridad ciudadana que el
Gobierno del PP de forma reiterada trata de transmitir para justificar
algunas de las reformas anunciadas no se corresponde con la realidad de
España, ya que en el marco de la Unión Europea es un país de violencia e
inseguridad ciudadana realmente baja. En el estado español no hay un
problema de delincuencia, hay un problema de saturación en la población
reclusa, que son cuestiones distintas.

Sin embargo, los presupuestos para 2014 no prevén partidas
presupuestarias que tengan reflejo en políticas de prevención del delito,
de remoción de las causas sociales y económicas de la delincuencia o la
reinserción, en cumplimiento y desarrollo del artículo 25 de la
Constitución. La literatura que acompaña los presupuestos para el área de
seguridad ciudadana señala planes de lucha contra la corrupción, el
blanqueo de capitales, etc., contrasta con la práctica de este Gobierno.
Sin ir más lejos, días atrás, conocimos los la destitución del mando de
la Comisaría General de Policía judicial o los cambios en la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), afectando a las investigaciones
que actualmente se siguen en importantes casos de corrupción, en los que
están implicados ex cargos públicos y dirigentes del Partido Popular,
como los casos Gurtell-Bárcenas.

Por nuestra parte, defendemos la necesidad de un nuevo
modelo de policía, un nuevo sistema policial más operativo, más eficaz y
eficiente, que se concrete en la creación de un único cuerpo de policía
estatal de carácter civil. Estos presupuestos no son los presupuestos que
puedan soportar el necesario cambio de modelo policial. Al contrario todo
apunta a una pretendida re-militarización de la Guardia Civil, en el que
las asociaciones no tienen las condiciones necesarias ni los recursos
para desarrollar su labor de defensa de sus derechos e intereses.

Un año más, en los distintos programas de esta sección para
el ejercicio 2014, tanto en Policía Nacional, como en Guardia Civil,
Centros penitenciarios o la atención a la inmigración nos encontramos,
como otros años, con un presupuesto que en materia de seguridad, mantiene
unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mal dotadas, con derechos
recortados e insuficientemente pagadas. La baja tasa de reposición para
los próximos años para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil
es preocupante y más aún lo es la falta de medios económicos y materiales
para prestar su trabajo en condiciones óptimas.

Se consideran insuficientes las partidas presupuestarias
previstas para modernizar y adaptar a las nuevas formas de delincuencia y
a la propia realidad social los medios materiales (vehículo, informática,
instalaciones, dependencias policiales) Igualmente no se contempla
partida presupuestaria para la mejora de los planes de selección y
formación.

Se consolidan en estos presupuestos una visión
estrictamente policial del fenómeno de la inmigración. Sólo así se
justifica que se mantenga la prevención y lucha contra el fenómeno de la
inmigración irregular como objetivo estratégico del área de seguridad.
Esta visión policial se plasma en políticas como la instalación de
cuchillas en la verja de Melilla mientras se mantiene la inexistencia de
dotación presupuestaria que permita el desarrollo acciones coordinadas
entre los agentes sociales y el Gobierno para canalizar los flujos
migratorios y la integración social de los inmigrantes, así como la
protección humanitaria de los mismos (asilo/refugio), entre otras.
Insistimos en exigir el cierre de los Centros de Internamiento de
Extranjeros.

En relación con instituciones penitenciarias, según informa
el propio Ministerio aproximadamente el 70% se destinará a pagar deuda
acumulada de 2012.

La transferencia al organismo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, que pasa a ser una transferencia externa del
Estado, y se traduce en un incremento de 12,24 millones de euros, no es
suficiente para paliar el déficit en programas de reinserción y acceso al
mundo laboral.

Las cantidades presupuestadas para programación y
desarrollo de actividades culturales, deportivas, de inserción laboral o
educativas permanecen inalterables año tras año, cuando por el contrario
desde el Ministerio se ofrecen cifras que ponen de manifiesto la
saturación en los centros penitenciarios motivada por la alta tasa de
ocupación penitenciaria. Por no hablar de la expresada voluntad de
racionalizar la asistencia sanitaria de los internos que ya ha tenido
como precedente la limitación en el suministro de fármacos
necesarios.

En relación con los fondos reservados parece absolutamente
injustificado su volumen, y sigue resultando discutible su existencia
mientras no se acometa la reforma de su régimen jurídico.

ENMIENDA NÚM. 325

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

A pesar de que la inversión pública es un elemento
imprescindible de dinamización económica como reconocen todas las
organizaciones internacionales que sostienen que sólo con ajustes no se
sale de la crisis. Sin embargo, de nuevo en estos presupuestos para 2014
las inversiones previstas desde el Ministerio de Fomento siguen
conteniendo el mayor esfuerzo en términos absolutos (el 1,6% del PIB y el
61% del total de inversiones del presupuesto con respecto conjunto de
ministerios), basado fundamentalmente en el principio dinamizador que las
infraestructuras de transporte suponen para la economía.

Además, el análisis de estas inversiones y de su
composición nos lleva a determinar que el esfuerzo en el mantenimiento y
conservación de las infraestructuras existentes, en el transporte
ferroviario utilizado por la mayoría de los usuarios y de mercancías y en
las subvenciones corrientes al transporte es claramente insuficiente,
siendo estas inversiones las que realmente tienen una clara reversión
social y económica generando puestos de trabajo de calidad, mientras que
la construcción de más y más infraestructuras de transporte continúa
siendo la prioridad del Gobierno generando una deuda impagable.

Ya ha quedado sobradamente demostrado, sin embargo, que la
tremenda inversión que se ha hecho durante los últimos años nos ha
situado en niveles récord europeos de kilómetros de autovía y líneas de
alta velocidad así como de número aeropuertos, pero no ha impedido que
nuestra crisis sea más profunda que la de los países de nuestro entorno
ni que tengamos los mayores niveles de paro. La falta de un análisis
detallado de coste-beneficio que tenga en cuenta el verdadero impacto
económico y social de las infraestructuras ha sido totalmente obviado por
los sucesivos gobiernos y el resultado se ha visto ya en forma de una
enorme deuda, que ahora se pretende aliviar con la venta de parte de esas
infraestructuras, a la vez que el Gobierno pretende como única solución
el rescate de otras, como son las autopistas que se encuentran en manos
de las concesionarias.

Es así como la alta velocidad sigue siendo el gran receptor
de la inversión (El 70% de la destinada a ferrocarril con 3.194 millones
de euros). Y ello a pesar de que se trata de un sistema de transporte
elitista que una gran parte de la población no puede permitirse y de sus
fortísimos impactos ambientales y territoriales. Entre tanto, si la
inversión va a la alta velocidad, está continúa retrayendo recursos de la
inversión tan necesaria para el ferrocarril convencional (373 millones de
euros), las mercancías (140 millones de euros) o las cercanías, que es
precisamente el medio que usa la mayor parte de la población (121
millones de euros).

Hay que añadir que la reducción de un 2,7% en las
subvenciones corrientes al transporte supondrá además un mayor
encarecimiento de los precios para los usuarios que ya vienen sufriendo
en los últimos años, a lo que hay que sumar la reducción de líneas y
servicios de RENFE-Operadora como resultado de la Obligación de Servicio
Público (OSP) implantada según el Acuerdo de Consejo de Ministros de
30/12/2010 que está teniendo como consecuencia la dificultad de movilidad
para muchas personas que se ven abocados a optar entre el aislamiento o
el uso del automóvil.

La clara apuesta del Gobierno por la liberalización de los
servicios de transporte ferroviario supone la privatización de muchos de
ellos y dar prioridad a la rentabilidad económica frente al servicio
público. En definitiva menos servicios, más caros y de menor calidad.

En los PGE 2014 podemos comprobar cómo se va a desarrollar
el PITVI, resultando muy preocupante que, a pesar del cambio en cuanto al
diagnóstico e incluso el lenguaje utilizado, en realidad no va a suponer
un cambio en la ruinosa política de infraestructuras de planes
anteriores. Así es como en carreteras se pretenden invertir 2.153
millones de euros de los que 1.184 millones serán para la creación de
nuevas

infraestructuras (178 Kms. más) frente a los 878 millones
que se destinaran al mantenimiento y conservación de la propia red,
claramente insuficiente para los 26.038 Kms. ya en servicio de la Red de
carreteras del Estado. El deterioro de las carreteras existentes es a
todas luces evidente y el pretexto utilizado por el Gobierno de que las
licitaciones son más económicas porque las ofertas han bajado su precio,
no se compadece con la realidad que ya en 2012 y 2013 estamos
constatando. Se desiste además de las actuaciones en zonas urbanas y de
la partida de acondicionamientos de viales, de lo que se deduce que la
seguridad en carretera, a pesar de lo que pretende hacer ver el discurso
oficial, queda claramente relegada al olvido.

Estos presupuestos dejan clara la intención de continuar
apostando por un modelo dónde lo público, lo que pagamos todos/as, se
trasvasa a las entidades privadas. Es la ley de los vasos comunicantes,
donde las dificultades de movilidad y encarecimiento del transporte para
las mayorías se traducen en escandalosos beneficios para las grandes
constructoras y las entidades financieras. Buen ejemplo de ello es la
propuesta de volver a constituir una nueva Empresa Nacional de Autopistas
que asumirá el fracaso fundamentalmente de las radiales de Madrid.

Y a la vez, se plantea la privatización parcial de
AENA.

La política de vivienda da carpetazo a todas las ayudas,
subvenciones y planes de vivienda hasta ahora vigentes, desviando las
inversiones hacia el fomento del alquiler, beneficiando principalmente a
los arrendatarios frente a los arrendadores, y al fomento de la
rehabilitación (a las constructoras).

Estos presupuestos responden al total abandono que ahora el
Gobierno hará para cumplir con este derecho y van en sintonía con las
recientes leyes de medidas para la flexibilización y fomento del mercado
de viviendas de alquiler y de renovación, regeneración y renovación
urbanas que responden única y exclusivamente a las exigencias largamente
demandadas por las grandes agencias inmobiliarias y constructoras, en vez
de tener como prioridad contribuir a mejorar las condiciones de
habitabilidad de viviendas antiguas y deterioradas, generar empleo y e
introducir sistemas que permitan ahorros energéticos y de consumo de
agua. Se priorizan otras exigencias que ya el anterior gobierno del PSOE
atendió, como fomento del alquiler, realizando importantes cambios
normativos, implantando el desahucio express o las SOCIMIs. Y demandas
que, tras pinchar la burbuja inmobiliaria destinada casi en exclusividad
a la venta, necesita ahora desviar el negocio hacia la vivienda en
alquiler.

Se aseguran así los beneficios de estos grupos de presión
en detrimento del de los inquilinos que verán como las condiciones
contractuales se hacen más precarias, disminuyendo las obligaciones en
cuanto a la duración de los contratos y aumentando las posibilidades para
su rescisión, fomentando y acelerando los desahucios, encareciendo el
precio de los arrendamientos y, en definitiva, dando una vuelta de tuerca
más en contra del derecho constitucional a la vivienda y el derecho
fundamental habitacional.

Todo ello justifica la presentación de este veto a la
Sección 17: Ministerio de Fomento.

ENMIENDA NÚM. 547

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

Los presupuestos de educación para 2014 no sólo resultan
continuistas sino que muestran la consolidación de los recortes
emprendidos por el Gobierno del PP desde el inicio de su gestión y
refuerzan el discurso que ha servido de base para la reforma educativa
articulada a través de la LOMCE, además de avanzar en la estrategia de
retirada presupuestaria del Gobierno de los contenidos fundamentales del
Estado de Bienestar que son competencia de las Comunidades Autónomas.

Si bien es cierto que en estos presupuestos se destina un
10,6% más que el pasado ejercicio, no lo es menos que los datos reales
muestran un recorte del 41% desde 2010.

Son recortes que, además, afectan a partidas cruciales para
el desarrollo de una educación de calidad y a los colectivos que precisan
apoyos y respaldos, lo que abunda en la constante devaluación del
objetivo de equidad:

— Dos millones de euros en la partida destinada a
infantil, primaria, secundaria, FP y escuelas oficiales de idiomas.

— Más de cuatro millones de euros (4,7) al Sistema
Nacional de Cualificaciones y de la FP para la mejora de la FP.

— Un 23,4% menos en la partida destinada a Educación
Compensatoria.

— Cuatro millones de euros en la partida destinada a
la Mejora de la Calidad Educativa.

— Supresión de la partida destinada a Investigación y
Evaluación Educativa.

— Desaparece el Educa3 en infantil y primaria,
desaparece el PROA desde infantil a FP.

— Desaparecen las ayudas para ordenadores, que en
2012 contaba con un presupuesto, ya recortado de 45 millones euros y se
pretende sustituir por la denominada «mochila» digital con una dotación
de dos millones de euros.

— Recorte en la formación del profesorado en un 92,
47% entre los ejercicios 2012-2014.

— Recorte en la partida destinada a las ayudas a
libros de texto, perdiendo 18,6 millones con respecto al ejercicio
anterior y que ha pasado de 98 millones en 2011 a la práctica
desaparición de la misma en este próximo ejercicio (1,4 millones).

Incluso la partida estrella para estos presupuestos, las
becas de carácter general, aquellas que se otorgan en función de las
circunstancias socio-económicas, esconden un engaño, uno más. Y ello
viene determinado porque la nueva fórmula que se recoge en la LOMCE,
introduce no sólo la renta sino el rendimiento, penalizando precisamente
a los que menos recursos económicos tienen.

Finalmente y en términos reales el presupuesto para 2014,
supone un 30,5% por debajo del gasto de 2010 en educación. En los dos
últimos años se han recortado más de 5.000 millones en educación.

Por todo lo expuesto presentamos un veto a la sección
18.

ENMIENDA NÚM. 658

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.

En un país cuyo principal problema económico y social es el
paro, es incomprensible que se continúe reduciendo la partida de Fomento
de la Inserción y la Estabilidad Laboral. Por tercer año consecutivo las
transferencias a las CCAA en materia de políticas activas y formación
profesional se ven minoradas. En este proyecto el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 baja la partida
respecto el anterior en 150 millones, un 10% menos respecto 2013 ya que
pasa de 1.391 millones a 1.241. El acumulado de recortes desde 2011,
cuando la partida estaba dotada con más de 3.100 millones es de un 56% de
recorte, es decir, lo han dejado en menos de la mitad. Esto no sólo
supone un menosprecio a las competencias de las CCAA sino también la
renuncia a apoyar a las personas desempleadas en el fomento de su
empleabilidad.

El SEPE dispondrá de menos recursos el año que viene para
las políticas activas de empleo y protección a los desempleados. Aunque
formalmente el SEPE presente su anteproyecto de presupuestos para 2014
con un incremento sobre el año anterior la realidad es que el año que
viene tendrá menos recursos. En el proyecto de presupuesto para 2014 el
SEPE prevé gestionar 33.956,8 millones de euros, mientras que el
presupuesto modificado de 2013, y por lo tanto el presupuesto real de ese
año, es de 36.138,4 millones de euros, es decir dispondrá de 2.181,6
millones de euros menos reduciendo su presupuesto un 6 % en comparación
con 2013.

Pero estos presupuestos no sólo condenan a las personas
desempleadas a seguir paradas con las drásticas reducciones en el
programa de fomento de empleo, sino que también les condena a quedarse
sin ingresos. El incremento del 10% de las prestaciones a los
desempleados que explica el gobierno no es real, ya que se aplica sobre
la ley de PGE 2013 pero ese presupuesto se incrementó mediante el Real
Decreto-ley 10/2013, en 5.000 millones porqué con el presupuesto inicial
no se podía hacer frente al incremento del gasto ni a la caída de los
ingresos. Además, el presupuesto recoge el endurecimiento al acceso a
prestaciones que introdujo el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de
medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los
trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

ENMIENDA NÚM. 666

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Industria, Energía
y Turismo.

En un contexto de continúo encarecimiento de los costes la
energía, el gobierno ha decidido desmantelar cualquier tipo de política
energética, dejando prácticamente sin recursos los programas que permiten
controlar este sector estratégico para la economía. La partida para
desarrollo energético ha disminuido en un 95% respecto a los PGE de 2011
y se marginan las políticas de Ahorro y Eficiencia energética como
alternativa para la sostenibilidad. El desarrollo energético pasa a ser
la última política del Ministerio de Industria muy por detrás en
inversiones del apoyo al sector del carbón y de las políticas dirigidas a
la energía. De hecho, si no se tiene en cuenta la partida de 4.153
millones de euros destinada a financiar los costes del sector eléctrico,
este programa representa el 0.2% del total de industria y energía. En
línea a la reforma del sector eléctrico, estos presupuestos ponen de
manifiesto la obsesión del Gobierno en atajar el déficit tarifario sin
saber cuál es el horizonte energético de España y achacando la situación
a las renovables y al ahorro energético. No se contempla ninguna partida
para el IDAE —Instituto para la Diversificación y el Ahorro
Energético— que ya fue eliminada en el ejercicio anterior.

España es un estado muy vulnerable en cuestiones
energéticas si seguimos apostando por los combustibles fósiles y fuentes
de energía que no son autóctonas, ya que nos hacen extremadamente
dependientes, aumentan las emisiones y tienen impacto en la seguridad y
en el medio ambiente. El Gobierno está abandonando el impulso de las
energías renovables que son la única garantía de abastecimiento de
energía en el futuro y del que España puede ser pionera por contar con un
entorno favorable y con la tecnología adecuada. La penalización al sector
de las renovables está hipotecando el futuro energético, conlleva el
incumplimiento de directivas europeas y está destruyendo miles de puestos
de trabajo creados en los últimos años en la economía verde.

Además, el Proyecto no contiene consignaciones suficientes
para afrontar los compromisos del nuevo Plan de la Minería suscrito
recientemente.

Por otra parte, el Gobierno renuncia a tener una auténtica
política industrial que promueva los sectores que puedan contribuir a
cambiar el modelo productivo y garantizar empleo de calidad. La única
apuesta de este Proyecto es, una vez, más el apoyo al sector del
automóvil que ni tan siquiera está impidiendo la pérdida de empleos en el
mismo.

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en el sector y, a la vez, conseguir que los precios para
los consumidores no se disparen. En la jungla menos regulada sólo pueden
conseguir sus objetivos las grandes cadenas de distribución.

Además, la congelación de la partida para seguros agrarios,
tras los recortes acumulados de ejercicios anteriores, unida a la
eliminación del apoyo a los seguros agrarios en varias comunidades
autónomas, provocará que muchos agricultores no puedan asegurar sus
explotaciones ante el elevado coste.

Todo ello justifica la presentación de este veto a la
Sección 23: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

ENMIENDA NÚM. 1009

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.

Los programas contenidos en esta sección son de continuidad
respecto a los contemplados en los presupuestos de 2012 y 2013 y adolecen
de los mismos errores. Estos programas constatan de nuevo que el Gobierno
renuncia a una apuesta de la salida de la crisis basada y a partir del
crecimiento de la economía. La política de austeridad extrema continuará
teniendo, por tercer año consecutivo, un impacto muy negativo sobre el
crecimiento y el empleo.

Estos programas no generan confianza, ni dentro ni fuera de
nuestras fronteras. No se apuesta por la demanda interna y no se potencia
la internacionalización de nuestra economía.

La política tributaria hará recaer nuevamente y de manera
injusta la mayor parte de la financiación de los servicios públicos sobre
las rentas del trabajo y las clases medias. La subida de impuestos es
injusta y tendrá efectos negativos sobre la actividad económica. No se
aborda la necesaria reforma fiscal para la sostenibilidad de las cuentas
públicas y la generación de riqueza. La lucha contra el fraude fiscal
sufrirá un retroceso todavía mayor al actual por el recorte en las
plantillas de funcionarios destinados a la misma.

En cuanto a la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, se constata nuevamente las dos premisas que presiden la
política del Gobierno: recentralización y control del Estado del resto de
administraciones públicas y, por consiguiente, el nulo interés por el
municipalismo y el mundo rural, como queda reflejado en las medidas
legales previstas en el proyecto de ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local:

— La cooperación económica local prácticamente
desaparece como máximo instrumento de cooperación local y que hasta el
año 2011 dio importantes frutos: los planes de obras y servicios y el Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), que en el ejercicio de
2011 alcanzó los 2,6 M¤. Este programa se recorta un 64% respecto a los
presupuestos de 2013.

— Los planes provinciales e insulares de cooperación
han quedado reducidos a 432.000 ¤, impidiendo la continuidad de los
planes de obras y servicios.

— La financiación de los municipios de menos de
20.000 habitantes ya desapareció el los presupuestos de 2011, los
primeros del Gobierno del Partido Popular.

Nuevamente los empleados públicos verán congelados sus
salarios y la oferta de empleo público se reduce de una forma alarmante,
poniendo en grave riesgo la calidad de los servicios que el Estado debe
prestar a los ciudadanos.

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respecto al 2011. Teniendo en cuenta que la situación
económica de las familias, lejos de mejorar, en general ha empeorado,
queda mucho recorrido aún para alcanzar los niveles de 2011.

En cuanto al programa Erasmus, se corresponde con «Otras
becas y ayudas», con 18 millones de euros, nada que ver con los 62,8
millones de euros que recibía en 2011, también en plena crisis.

Las cantidades del Programa de Educación Compensatoria
aumentan ligeramente un 0,73% más. Pero si comparamos con el presupuesto
de 2012 se produce un descenso de 116,14 millones de euros lo que supone
un 68,41% menos. La principal causa de este descenso es la desaparición
del programa PROA (Programas de apoyo y refuerzo en centros de Primaria y
Secundaria) dentro del capítulo destinado a transferencias corrientes a
Comunidades autónomas, que contaba con 60 millones de euros.

El Programa Otras enseñanzas y actividades educativas se
vuelve a reducir en un 9,53%, pasando a 47,35 millones en el 2014.

En conclusión, estos presupuestos distan mucho de ser el
elemento fundamental para afrontar la lucha para «Disminuir tasas de
abandono temprano de la educación y aumentar las tasas de titulación en
educación secundaria obligatoria».

Prueba irrefutable de ello es que tras la tramitación y
aprobación de la LOMCE como elemento estrella para mejorar la educación
en nuestro país no se haya previsto la dotación presupuestaria para su
implantación en el curso 2014-15 tal como lo prevé el texto
normativo.

Estos presupuestos, aunque con un tímido aumento, de ningún
modo van a incidir en esa supuesta mejora de la calidad educativa,
dejando por el camino ilusiones truncadas de muchos jóvenes sobre su
futuro profesional, van a suponer incrementos en el índice de
profesionales de la educación en las listas del paro, a los alumnos más
vulnerables se les vetará su continuidad en el sistema, y en definitiva,
será una pérdida de valor añadido a la sociedad de nuestro país.

Cultura

Pocas semanas después de que el Gobierno haya mostrado sus
auténticas prioridades en materia cultural presentando (y aprobando) en
el Parlamento la Ley para la Regulación de la Tauromaquia, como su
primera y única norma en este campo, los Presupuestos Generales del
Estado para 2014 nos vuelven a demostrar cual es para el Gobierno la
prioridad de la Cultura en el conjunto de sus políticas.

Al exiguo presupuesto de 716 millones de euros, se le
siguen añadiendo el mantenimiento del tipo de IVA al 21 % para las
principales actividades culturales (cine, artes escénicas,
música….) lo que supone unas consecuencias devastadoras, ya
acreditadas en el año que lleva su aplicación, para el acceso a la
cultura (social y geográficamente), el trabajo de los creadores y la
viabilidad de las empresas del sector. La subida del IVA cultural tampoco
ha supuesto un beneficio para los tributos del Estado puesto que no
compensa las disminuciones por otros conceptos (IRPF,
Sociedades….); y también se le sigue añadiendo el recorte brutal de
los fondos disponibles por compensación de la copia privada fruto del
cambio de modelo, aprobado por el Gobierno, que sustituye el Canon
Digital por una cantidad fijada arbitrariamente en los propios
Presupuestos que ha quedado reducida a cinco millones de euros (frente a
los 100 millones de euros como mínimo que se recaudaban con el sistema
anterior).

Esta fuerte restricción en los recursos destinados a la
Cultura tiene a su vez un impacto especialmente negativo para Cataluña.
Los fondos que el Gobierno destina a las instituciones e infraestructuras
culturales de carácter estatal o con repercusión para toda España
ubicadas en Cataluña son claramente insuficientes e injustas con una
Comunidad Autónoma que lidera la actividad y la industria cultural
española (25 %). En particular, es muy decepcionante la desaparición por
segundo año consecutivo del convenio firmado entre el Gobierno y el
ayuntamiento de Barcelona para reconocer y apoyar la capitalidad cultural
de esa ciudad, lo que conlleva la dejadez de responsabilidades por parte
del Ministerio de Cultura en algunas instituciones clave como el Gran
Teatre del Liceu o proyectos como la Biblioteca Provincial y Urbana.

Finalmente, destacamos también el bajísimo compromiso del
Ministerio de Cultura en estos presupuestos con el reconocimiento y
desarrollo de la pluralidad lingüística de España, desatendiendo los
programas en esta materia y muy significativamente su apoyo a las
Academias de la Lengua del catalán, galego o euskera, que son el símbolo
de esta realidad plurilingüe.

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en casos de necesidad y vuelve a ser flagrante la atención
presupuestaria a los emigrantes que recientemente han salido de
España.

ENMIENDA NÚM. 1012

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El ministerio de Agricultura ha sido durante los pasados
ejercicios presupuestarios uno de los ministerios con más recortes
acumulados. Su presupuesto ha disminuido notablemente con una pérdida
acumulada de 810 millones de euros. Una cantidad que no se enmienda con
los 41 millones de incremento que registra el conjunto del presupuesto en
este próximo ejercicio. Una situación económica que condena la
agricultura, el medio ambiente y la alimentación a renunciar a las
políticas públicas imprescindibles para nuestra agricultura.

Políticas relacionadas con el desarrollo rural que, de
nuevo, ven mermados sus recursos, especialmente los que daban sentido a
la existencia de una Ley 45/2007 de desarrollo rural sostenible, que
queda, con este presupuesto, totalmente desmantelada. El mundo rural
pierde así una imprescindible cobertura de políticas destinadas a la
equidad entre ciudadanos, y equidad en el desarrollo entre
territorios.

Lo mismo sucede con las ayudas destinadas a los seguros
agrarios, una pieza fundamental de nuestro sistema agrario que tiene como
finalidad contribuir a la garantía de las cosechas de nuestros
agricultores, sometidas a fenómenos meteorológicos que tienen
afectaciones muy graves para su renta. Congelar estas partidas en la
situación de importantes reducciones de pasados ejercicios, alentando a
que se desentiendan de estas ayudas, también, las Comunidades Autónomas,
significa una grave irresponsabilidad de efectos devastadores para
nuestra agricultura.

En términos similares hemos de rechazar las insuficientes
dotaciones para las políticas pesqueras en los programas 415A, 415B, que
vienen sufriendo recortes des del año 2011 cercanos al 50% de las
partidas entonces consignadas.

La partida destinada a actuaciones en costa se encuentra en
sintonía con la legislación aprobada que privatiza el litoral, no
permitirá cumplir con las obligaciones europeas que tienen en materia de
gestión e inversión ni con los efectos del cambio climático más evidentes
como la subida del mar y las repercusiones sobre nuestro patrimonio
natural.

En materia de agua se prioriza la inversión pero las
partidas destinadas a la mejora de la gestión y calidad del agua no
incrementan hecho no permitirá atender las obligaciones derivadas de la
Directiva Marco del Agua.

Además de ser unos presupuestos que no establecen objetivos
en materia ambiental renuncian a implementar medidas de fiscalidad verde
para incluir los costes ambientales y sociales de actividades económicas
que hoy sufraga el conjunto de la ciudadanía y siguen penalizando con
nuevos tributos a sectores punteros en sostenibilidad ambiental e
intensivos creadores de empleo como el de las energías renovables.
Incorporar el criterio de quien contamina paga de forma transversal en
las figuras tributarias, favoreciendo la eficiencia energética, la
reducción de residuos, las energías limpias o el transporte público es
fundamental para incorporar equidad en nuestro sistema fiscal pero
también para salir de la crisis y sentar las bases de un sistema
productivo sólido y que aborde los restos de la crisis ecológica y
energética actual.

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El Gobierno afirma que los niveles de financiación actuales
son razonables y que la I+D+I es una de las prioridades de los
presupuestos de los últimos años. Nada más lejos de la realidad.
Nuevamente, una cosa son las intenciones y otra las políticas concretas
que se reflejan en los Presupuestos.

El Proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno, en
cambio, va claramente en dirección contraria. Los programas de I+D+I
continúan retrocediendo en el conjunto del gasto. El recorte acumulado
desde el 2011 representa el 28% de los créditos de los Capítulos I al VI
y el 23% del Capítulo VIII. Además, han disminuido un 31% los créditos
destinados al Fondo de Investigación Científica y Técnica, es decir, los
programas dedicados a proyectos y personal de investigación.

El recorte acumulado desde el año 2011 en el CDTI es del
63%, que equivale a 156 M¤, lo cual representa una seria limitación a la
capacidad de actuación de este Centro, clave para el fomento y desarrollo
de la innovación empresarial y de la competitividad de nuestra
economía.

La limitación en la reposición de personal de investigación
y el retraso de dos años en la creación de la Agencia Estatal de
Investigación son dos ejemplos más de la nula prioridad que concede el
Gobierno a las políticas de fomento y promoción de la Investigación, el
Desarrollo y la Innovación.

Catalunya dispone de importantes centros y fundaciones
vinculados a la I+D+I y que han alcanzado gran prestigio y reconocimiento
tanto a nivel nacional como internacional. Las aportaciones que realiza
en los mismos el Estado son totalmente insuficientes para la consecución
de sus fines y la continuidad de su prestigio.

ENMIENDA NÚM. 1015

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad
Social.

Tal y como sucedió en los presupuestos del 2012 y 2013, los
presupuestos de la Seguridad Social no responden a la realidad económica
de nuestro país ni a las necesidades sociales que hoy reclaman estos
tiempos de crisis.

El contexto actual pone de manifiesto que las condiciones
de nuestro crecimiento se asientan, fundamentalmente, en la precarización
de nuestros servicios sociales y de nuestro mercado de trabajo,
gravemente afectado por la reforma laboral del año 2012. En esta
situación y con una previsión de crecimiento de un 0’7% que
conforma la incapacidad de nuestra economía para crear empleo, y una
reiterada caída de ingresos en la caja de la Seguridad Social, las
perspectivas de nuestros pensionistas son claramente negativas.

El presupuesto actual debe afrontar una caída de las
cotizaciones de los trabajadores en activo que descienden un 3’76,
y que no son compensadas por la caída de las cotizaciones sociales que
disminuyen un 2,86%, mientras que a su vez, las cotizaciones de los
desempleados sufren un incremento del 8’13%. En este contexto, la
rebaja presupuestaria alcanza la cifra, para el año 2014 de
–9.741’91 millones de euros. Es decir, un 94’99% más
que el déficit alcanzado en los últimos años. Un escenario claramente
negativo que se confirma con la cifra de 504.358 afiliados menos a la
seguridad social en el último balance anual de septiembre de 2013.

En este escenario, la caída de los ingresos que provienen
de las transferencias del estado para financiar las pensiones no
contributivas equivale a una reducción del 16’40% en relación al
2013, es decir, 2.577 millones de euros. No parece que el incremento de
un 5% en las bases máximas de cotización pueda tener ningún efecto
paliativo a esta situación, si tenemos en cuenta la caída del número de
cotizantes y el estancamiento de las bases de cotización y muy
especialmente la precarización del mercado laboral, el aumento del
trabajo a tiempo parcial y una reducción del 25’52% de los
contratos indefinidos.

El incremento de nuevos pensionistas al sistema, más
aquellos que se incorporaran, atendiendo a la nueva reforma del sistema
de pensiones de aplicación prevista para el 2014, derivará en una mayor
necesidad de complementos para complementar la pérdida de poder
adquisitivo de sus pensiones. Siendo relevante también, el descenso de
las pensiones no contributivas en un 14% en relación al 2013 o la
disminución de las prestaciones familiares en un 40’97%.

Estas cifras demuestran el deterioro de nuestro sistema de
Seguridad Social fruto del desmantelamiento del hasta ahora conocido como
«estado del bienestar», que finiquitan definitivamente estos
presupuestos, atendiendo a lo que sucede en derechos como la Ley de la
Dependencia, que ha excluido a miles de personas del sistema; la dotación
de la Tele asistencia que, después de sucesivos recortes, ha desaparecido
con un grave perjuicio para miles de personas necesitadas de este
servicio esencial para su autonomía personal; o lo sucedido con las
ayudas destinadas al Turismo y al Termalismo social que ha visto, en
estos últimos dos años, recortes del 34%.

En este contexto, sin crecimiento económico, sin creación
de empleo, con más precariedad laboral y una permanente devaluación de
los salarios, con ajustes que recaen en los más débiles y una sociedad
injusta y desequilibrada donde las desigualdades crecen por encima de la
media europea y a lo que hemos de sumar la pérdida continuada de poder
adquisitivo de nuestros pensionistas, que deben asumir, con sus escasos
recursos, la pérdida de servicios sociales y sanitarios para muchos de
ellos ya inasumibles, proponemos la devolución al gobierno del
presupuesto de la sección 60.

ENMIENDA NÚM. 1016

(PROPUESTA DE VETO)

De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco
Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos
Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan
Sabaté Borràs (GPEPC)

y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora
María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación
de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

En el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
2014 el Gobierno vuelve a incumplir el principio previsto por la
Disposición Adicional Tercera del Estatut de Autonomía de Cataluña y
acordado por los Gobiernos de España y de la Generalitat de Cataluña por
el que la dotación en inversiones para Cataluña coincidiría con el peso
de esta Comunidad en el PIB español (18,9 % según el INE). Este
incumplimiento tiene su máxima expresión en el presupuesto del Ministerio
de Fomento donde la inversión regionalizada destinada a Cataluña no
alcanza los 945 millones de euros lo que representa un 25 % menos que en
2013 (1.267 millones de euros) y tan solo el 9,6 % del total, o lo que es
lo mismo en torno a 900 millones de euros menos de lo que correspondería
según el acuerdo vigente antes citado.

Esta merma produce obviamente o el olvido o la
ralentización innecesaria y contraproducente económicamente de
infraestructuras y obras importantes para Cataluña especialmente en lo
que se refiere al Corredor del Mediterráneo, las autovías en Girona y el
Pirineo, las cercanías y la gran estación intermodal de la Sagrera
(Barcelona) o a obras de preservación del Patrimonio Histórico como las
Murallas de Tarragona.

Esta desatención a los compromisos adquiridos con Cataluña
se inscribe además en una política general de disminución de los
presupuestos del Ministerio de Fomento, especialmente en el apartado de
inversiones reales (-29,37 %) absolutamente contraria con lo que debería
ser una auténtica estrategia para salir de la crisis que buscara
compaginar la competitividad económica de España con la creación de
puestos de trabajo y la garantía de cohesión social y distribución
equitativa de oportunidades para toda la ciudadanía. Para salir de la
crisis, la inversión debería ser una autentica prioridad y en este
presupuesto no lo es.

Otro claro reflejo de la equivocación del Gobierno en sus
prioridades presupuestarias son las dotaciones de los Presupuestos
Generales del Estado 2014 en materia de vivienda. Contraviniendo la
retórica de las tres leyes aprobadas en el Parlamento sobre esta materia
y del nuevo Plan de Vivienda 2013-2016, el Gobierno continúa la senda de
los anteriores ejercicios presupuestarios, traduciendo el presupuesto de
cifras el ensañamiento en los recortes de los programas destinados a
favorecer el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos con menores
rentas. Así, si tomamos como referencia el último presupuesto aprobado
durante la pasada legislatura, el programa 261-N, promoción,

administración y ayudas para rehabilitación y acceso a
vivienda, destinado, «a equilibrar el desarrollo regional y estimular la
distribución de la riqueza como consecuencia de esa planificación
(artículo 131 de la Constitución Española), que posibilitará, además, la
consecución de los objetivos previstos en el artículo 47 de la
Constitución «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», se
ha visto recortado en un 31,41%; El programa 261-0, ordenación y fomento
de la edificación, destinado principalmente a la conservación,
restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico, histórico y
social, reduce su dotación en este presupuesto en un 2,33%, con lo que ha
visto disminuida su cuantía, a lo largo de la presente legislatura un
63,97%. Por último, el programa 261-P, suelo y políticas urbanas, sufre
una reducción del 1,55%, acumulando una disminución del 39,91%.

ENMIENDA NÚM. 1017

(PROPUESTA DE VETO)

De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco
Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos
Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan
Sabaté Borràs (GPEPC)

y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora
María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación
de la Sección 36. Sistemas de financiación de entes territoriales.

La política centralista y recentralizadora del Estado se
pone nuevamente de manifiesto en esta sección. Los recortes previstos en
la financiación de las Comunidades Autónomas ponen en grave riesgo las
políticas sociales y el Estado del Bienestar, especialmente educación y
sanidad, cuyas competencias pertenecen mayoritariamente a las CCAA.
Además, estos presupuestos ignoran y no tienen en cuenta que el próximo
año debe entrar en vigor un nuevo sistema de financiación autonómica.

Se recortan casi un 5% (2.300 M¤) las transferencias a las
otras Administraciones Públicas; así como las entregas a cuenta del Fondo
de Suficiencia Global (15,6%), las aportaciones del Estado al Fondo de
Garantía (3,5%) y a las CCAA en su conjunto (18,9%).

La cooperación económica local prácticamente desaparece
como máximo instrumento de cooperación local y que hasta el año 2011 dio
importantes frutos: los planes de obras y servicios y el Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), que en el ejercicio de 2011
alcanzó los 2,6 M¤. Este programa se recorta un 64% respecto a los
presupuestos de 2013.

Los planes provinciales e insulares de cooperación han
quedado reducidos a 432.000 ¤, imposibilitando su continuidad.

La financiación de los municipios de menos de 20.000
habitantes ya desapareció el los presupuestos de 2011, los primeros del
Gobierno del Partido Popular.

Finalmente, estos presupuestos no reconocen las deudas
pendientes con Catalunya e ignoran nuevamente, y por tercer ejercicio
consecutivo, el contenido de la Disposición Adicional Tercera del Estatut
d’Autonomia de Catalunya, aprobado por el Parlament de Catalunya,
refrendado por la ciudadanía y finalmente aprobado por las Cortes
Generales.

ENMIENDA NÚM. 1018

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección
12. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Presentamos esta propuesta de veto a la Sección 12 por
estar en contra de los principales objetivos políticos que se plantea en
sus distintos programas e incluso en sus prioridades y previsiones
económicas para hacerlos realidad.

Efectivamente, tal y como apuntaban los presupuestos de
2012 y 2013 se consolida la tendencia de la política exterior española a
retornar como punto de partida 2004, optando por la confrontación y
dejando en el olvido relaciones internacionales basadas en el dialogo
político y la cooperación.

La acción exterior del Gobierno parece seguir supeditada a
los intereses comerciales. En ejercicios anteriores nuestro Grupo
Parlamentaria citaba casos muy significativos como la actuación REPSOL
YPF en Ecuador objeto de numerosas denuncias de daños medioambientales
violaciones de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, o
más recientemente, el fuerte rechazo de las comunidades indígenas
campesinas de Sarillas en Guatemala contra el proyecto de la empresa
española Hidralia. Nada apunta a que se vayan a producir cambios,
condicionando su acción del Estado en el exterior a los intereses de las
grandes multinacionales españolas de los diversos sectores. Solo así
puede entenderse la creación de nuevos consulados en India y China, al
mismo tiempo que se cierran consulados que afectarán de forma importante
a los ciudadanos españoles residentes en el exterior, como sería el caso
del cierre del Consulado de Basilea.

Además, el recorte en el presupuesto de esta sección del
4,4 % más el recorte acumulado, en contra lo manifestado por el Gobierno
calificándolo como «austero» pero «asumible», a nuestro juicio estará muy
lejos de situar la política exterior a la altura de una política de
Estado. La reducción embajadas y consulados y organismos internacionales
donde España contradice los propios objetivos marcados por el Ministerio
de fortalecimiento de la política exterior de España y de la marca
España. Este presupuesto significará debilitamiento de la acción
bilateral, multilateral y diplomática. El recorte se traducirá en menor
presencia y representación tanto en la UE como en los organismos
multilaterales.

Igualmente importantes son los recortes de personal que
definitivamente parece que no solo tendrán un impacto negativo en la
acción consular sino que además son insuficientes a llevar a cabo la
futura Ley de Acción y del Servicio Exterior actualmente en el Congreso
de los Diputados.

Este retroceso puede observarse en Instituto Cervantes
donde el ejercicio 2013 vio recortado su presupuesto en un 13 % y según
reconoció el Gobierno en las recientes comparecencias ahora gestionará un
presupuesto 3,7 % más bajo de lo que gestionó en 2013, que se traducirá
en el cierre de centros importantes.

No podemos permanecer impasible, y mostramos nuestra
oposición a unos presupuestos que en la práctica no irán destinados a
cumplir el objetivo de colaborar en la creación de orden mundial justo y
solidario y que incumple los compromisos adquiridos por España en la
lucha contra la pobreza.

En cuanto a derechos humanos, queda claro que tampoco es
una prioridad del Ministerio. Parece que nada cambia, inmovilismo
absoluto ante las violaciones de Derechos Humanos en Palestina, Sahara
Occidental o Guinea Ecuatorial, por citar algunos ejemplos, en los que
lamentablemente la política exterior del Estado no se implica. No
únicamente se trata de mantener el compromiso en los organismos
internacionales sino que además sería necesario incrementar las
transferencias destinadas a entidades sin fines de lucro que trabajan en
la defensa y protección de los derechos humanos.

Por último, la política de cooperación de este Gobierno nos
conduce a la liquidación del sistema público de cooperación internacional
para el desarrollo. La reducción en Ayuda Oficial al Desarrollo alcanza
en 2014 la cifra de 1.814 millones de euros, el 0,17 % de la RNB, lo que
significa 234 millones menos que en 2013, y un descenso acumulado del 61
% respecto a 2011, situándonos a la cola de donantes de la UE,
incumpliendo los compromisos internacionales.

La cooperación internacional no debe someterse a la
inestabilidad en función de excedentes, requiere de un compromiso público
sostenido. El recorte de este año se suma a los iniciados en 2010 y
suponen en conjunto 2.755 millones de euros menos, lo que implica el
desmantelamiento de la política de cooperación española. Además cabe
destacar que del total de fondos destinados a AOD, un 55 % estará
gestionado por ministerios distintos al Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, que es el órgano responsable de la dirección de la
política de cooperación y el único que cuenta con una Agencia
especializada y con capacidades, la AECID, en la materia.

Un desmantelamiento que se ilustra en la reducción de un 10
% en el presupuesto de la AECID, que ya había experimentado un recorte
muy importante en su presupuesto de 2012, con lo que acumula un descenso
en sus fondos de más de 631 M en los tres últimos ejercicios
presupuestarios. Ello supone

que únicamente el 12 % del total de la AOD de la
Administración General del Estado será gestionada por la AECID.

Los presupuestos para el 2014 también castigan
especialmente a los fondos destinados a Convenios con ONGD que descienden
en un 65 %, lo que significa casi 50 millones menos que en 2012, hecho
que entra en con la visión del propio Gobierno que considera la
cooperación vía convenios como «un tipo de ayuda que va muy directamente
a los ciudadanos de los países en desarrollo y que, además, financia
buena parte de lo que es el apoyo a uno de los agentes principales de la
cooperación para el desarrollo».

El FONPRODE es 100 % reembolsable, infringiendo de nuevo la
Ley del FONPRODE y reforzando la tendencia hacia la financiarización de
la política de cooperación española que se inició en 2011.

ENMIENDA NÚM. 1019

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección
13. Ministerio de Justicia.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2014 se ha
previsto para Justicia la cantidad de 1.500,75 millones de euros. Se
trata de una reducción de un 2,17% en relación con la cantidad prevista
en 2013. Se trata de un nuevo recorte presupuestario sostenido desde el
inicio de la legislatura, progresivo y continuado, pues en los
presupuestos de 2013 ya se acordó una disminución del 4,21% respecto del
año 2012.

Las reformas legislativas puestas en marcha por el Gobierno
junto a las anunciadas (a pesar de la confusión existente entre
borradores, informes de expertos, anteproyectos o simples anuncios
propagandísticos del Ministro de Justicia) sustentadas por los
presupuestos de la sección 2012, 2013 y 2014, suponen en su conjunto un
ataque sin precedentes al servicio público de la Justicia. Los
presupuestos para 2014 son un paso más en el «desmontaje» de la Justicia
puesto en marcha por este Gobierno.

El gasto destinado a la Administración de Justicia en los
PGE para el año 2014 supone sin duda una nueva involución en el proceso
modernizador de la administración de justicia retrocediendo hasta el año
2008 para encontrar una previsión de gasto similar, que entonces se situó
en 1480 millones de euros.

Dicho descenso se produce a pesar de que nuestros juzgados
y tribunales padecen graves insuficiencias de medios personales y
materiales. En lugar de adaptarse los presupuestos a las necesidades
reales de una administración de justicia históricamente deficitaria en
recursos, se apuesta por recortes que continúan agravando la ya precaria
situación del servicio público, con las lógicas consecuencias en el
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Resulta ilustrativo que no haya mención alguna al carácter
de servicio público de la Justicia. Toda una declaración de intenciones
que parece encontrar acomodo en las reformas propuestas por el Gobierno y
en las prioridades del gasto en la sección.

Por otro lado, en materia de inversiones, se baja de 74,94
millones de euros a 61,55 millones de euros, lo cual supone una reducción
del 17,17%. Dicha disminución es especialmente importante en el apartado
de nuevas tecnologías y en el ámbito del Plan de Modernización. Con el
presupuesto presentado por el Gobierno difícilmente se podrá acometer con
éxito ni siquiera una mínima parte de los problemas pendientes de la
justicia española: modernización e implantación de la oficina judicial,
nuevo mapa judicial, revisión de las retribuciones del personal al
servicio de la Administración de Justicia no transferido a las
Comunidades Autónomas, mejora en materia de infraestructuras, nuevas
tecnologías, etc.

Tampoco la implantación de los tribunales de instancia, ni
la reordenación de partidos judiciales o el avance en la implantación de
oficinas judiciales pueden llevarse a cabo sin nuevas inversiones, y
según nuestras estimaciones con este presupuesto ni siquiera llegan para
el mantenimiento de la estructura actual.

Destaca también la partida destinada a sufragar el
beneficio de la Justicia Gratuita cuya cuantía asciende 34 m/¤. Pese a
existir un incremento respecto el año anterior, debemos destacar que la
partida

supone la demostración de una doble falsedad. Por una
parte, frente a la afirmación del Ministerio de Justicia en los PGE de
construir una justicia de «puertas abiertas», se ha establecido una
justicia blindada para quienes tengan recursos o para se sitúen por
debajo del umbral de la pobreza mediante la imposición de las tasas
judiciales.

La segunda además supone una rotundo incumplimiento del
Gobierno cunado justificó la implantación de las tasas judiciales para
destinarlas a la partida de justicia gratuita. Los PGE prevén una
previsión de ingresos por tasas judiciales de 365 m/¤ para 2014, y de
forma sonrojante solo se destinan 34 m/¤ para Justicia Gratuita. En ese
sentido hemos de recordar que la recaudación corresponde a todo el estado
y que la partida de gasto se debe repartir posteriormente entre los
territorios gestionados por el ministerio y los gestionados por las
Comunidades Autónomas con competencia transferida. Aspecto que no se
establece ni en los presupuestos ni en la descripción general de
objetivos y que el Ministerio debería aclarar.

Lo cierto es que no salen las cuentas, ante el flagrante
incumplimiento de sus compromisos públicos. Si el dinero de las tasas no
se invierte en mejorar la Justicia Gratuita, resulta necesario que el
Ministerio de Justicia explique cuál ha sido el destino económico del
pago por el acceso a nuestros juzgados y tribunales.

Debe llegarse a la conclusión de que las tasas han tenido
una finalidad puramente recaudatoria a nivel general y, correlativamente,
se han utilizado para diseñar una Justicia al alcance de quienes puedan
pagársela, lo cual supone una importante discriminación de sectores de la
población en función de su capacidad económica. Esta privatización del
servicio público se acompaña de otras medidas similares, como la
asignación de los actos de comunicación y ejecución a los procuradores o
la próxima entrega a los registradores mercantiles y de la propiedad de
los Registros Civiles.

Asimismo, las disposiciones presupuestarias indican en la
Oferta de Empleo Público que únicamente se van a crear 50 plazas de
acceso a las carreras judicial y fiscal. De ellas 30 estarían destinadas
al ingreso en la judicatura y 20 en la fiscalía. Se trata de una medida
que ni siquiera llega a cubrir las bajas estructurales de la plantilla
judicial, por lo que en la práctica supone un descenso de la misma. Ello
resulta incompatible con el enorme volumen de procedimientos por resolver
en el conjunto de nuestro sistema judicial, que en la actualidad se sitúa
en 2,6 millones de asuntos pendientes.

No se da una salida al colectivo de jueces y magistrados
sustitutos, y la carga de trabajo sin crear nuevas plazas repercutirá aún
más negativamente en el servicio público, ya de por sí en derribo. Además
consideramos, que las plazas deberían hacerse extensivas a Secretarios
Judiciales y otros puestos estructurales que hasta ahora se han ido
cubriendo por personal interino. Por tanto, primero consolidación de
trabajo temporal. Y en segundo lugar coincidimos con las reivindicaciones
sindicales sobre la eliminación del límite máximo del 10% de la tasa de
reposición de efectivos con el fin de que se puedan convocar todas las
plazas vacantes no cubiertas por personal titular en esta Administración
de Justicia.

Por contra resulta significativo que pese a la reducción de
competencias del CGPJ y el contexto de crisis, que afecta a la práctica
totalidad de los presupuestos, la partida destinada al mismo ha sufrido
un recorte moderado.

Un último apunte, muy significativo, la desaparición de la
partida de reparación a las víctimas de la Guerra Civil «a la espera de
que se puedan estudiar nuevas subvenciones» refleja claramente en este
presupuesto las prioridades del Gobierno.

En definitiva, estamos ante un recorte más en otro servicio
público, el de la administración de justicia, que no está en la lógica de
la mejora de la calidad del servicio a prestar a los ciudadanos, sino de
objetivos macroeconómicos de estabilidad presupuestaria y reducción del
déficit por la vía de la disminución del gasto público. Al contrario,
suponen otro ejemplo más de adopción de medidas en perjuicio de los
sectores más débiles de la sociedad, que no podrán abonar tasas
judiciales y verán más limitado su acceso a la jurisdicción y a la
Justicia Gratuita. Y cierran cualquier posibilidad de mejora,
transformación y modernización de nuestro sistema judicial.

Página
65

a la demandas de seguridad de nuestra sociedad con el
objetivo de lograr un progresivo descenso de la criminalidad. Mensaje
desconcertante, más aún en el contexto de criminalización y represión de
las movilizaciones ciudadanas, sin precedentes en democracia, que estamos
viviendo.

A nuestro juicio, la política de seguridad debe ser
garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin embargo, el
presupuesto 2014 para el Ministerio de Interior, al igual que el de los
ejercicios anteriores, lo que pone de relieve es la falta de un
planteamiento global en materia de seguridad ciudadana y la respuesta
policial, penal y penitenciaria a la misma.

La sensación subjetiva de inseguridad ciudadana que el
Gobierno del PP de forma reiterada trata de transmitir para justificar
algunas de las reformas anunciadas no se corresponde con la realidad de
España, ya que en el marco de la Unión Europea es un país de violencia e
inseguridad ciudadana realmente baja. En el estado español no hay un
problema de delincuencia, hay un problema de saturación en la población
reclusa, que son cuestiones distintas.

Sin embargo, los presupuestos para 2014 no prevén partidas
presupuestarias que tengan reflejo en políticas de prevención del delito,
de remoción de las causas sociales y económicas de la delincuencia o la
reinserción, en cumplimiento y desarrollo del artículo 25 de la
Constitución. La literatura que acompaña los presupuestos para el área de
seguridad ciudadana señala planes de lucha contra la corrupción, el
blanqueo de capitales, etc., contrasta con la práctica de este Gobierno.
Sin ir más lejos, días atrás, conocimos los LA destitución del mando de
la Comisaría General de Policía judicial o los cambios en la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), afectando a las investigaciones
que actualmente se siguen en importantes casos de corrupción, en los que
están implicados ex cargos públicos y dirigentes del Partido Popular,
como los casos Gurtell-Bárcenas.

Nuestro Grupo Parlamentario defiende la necesidad de un
nuevo modelo de policía, un nuevo sistema policial más operativo, más
eficaz y eficiente, que se concrete en la creación de un único cuerpo de
policía estatal de carácter civil. Estos presupuestos no son los
presupuestos que puedan soportar el necesario cambio de modelo policial.
Al contrario todo apunta a una pretendida re-militarización de la Guardia
Civil, en el que las asociaciones no tienen las condiciones necesarias ni
los recursos para desarrollar su labor de defensa de sus derechos e
intereses.

Un año más, en los distintos programas de esta sección para
el ejercicio 2014, tanto en Policía Nacional, como en Guardia Civil,
Centros penitenciarios o la atención a la inmigración nos encontramos,
como otros años, con un presupuesto que en materia de seguridad, mantiene
unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mal dotadas, con derechos
recortados e insuficientemente pagadas. La baja tasa de reposición para
los próximos años para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil
es preocupante y más aún lo es la falta de medios económicos y materiales
para prestar su trabajo en condiciones óptimas.

Se consideran insuficientes las partidas presupuestarias
previstas para modernizar y adaptar a las nuevas formas de delincuencia y
a la propia realidad social los medios materiales (vehículo, informática,
instalaciones, dependencias policiales) Igualmente no se contempla
partida presupuestaria para la mejora de los planes de selección y
formación.

Se consolidan en estos presupuestos una visión
estrictamente policial del fenómeno de la inmigración. Sólo así se
justifica que se mantenga la prevención y lucha contra el fenómeno de la
inmigración irregular como objetivo estratégico del área de seguridad.
Esta visión policial se plasma en la inexistencia de dotación
presupuestaria que permita el desarrollo acciones coordinadas entre los
agentes sociales y el Gobierno para canalizar los flujos migratorios y la
integración social de los inmigrantes, así como la protección humanitaria
de los mismos (asilo/refugio), entre otras. Nuestro Grupo Parlamentario
sigue exigiendo el cierre de los Centros de Internamiento de
Extranjeros.

En relación con instituciones penitenciarias, según informa
el propio Ministerio aproximadamente el 70% se destinará a pagar deuda
acumulada de 2012.

La transferencia al organismo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, que pasa a ser una transferencia externa del
Estado, y se traduce en un incremento de 12,24 millones de euros, no es
suficiente para paliar el déficit en programas de reinserción y acceso al
mundo laboral.

Las cantidades presupuestadas para programación y
desarrollo de actividades culturales, deportivas, de inserción laboral o
educativas permanecen inalterables año tras año, cuando por el contrario
desde el Ministerio se ofrecen cifras que ponen de manifiesto la
saturación en los centros penitenciarios motivada por la alta tasa de
ocupación penitenciaria.

En relación con los fondos reservados parece absolutamente
injustificado su volumen, y sigue resultando discutible su existencia
mientras no se acometa la reforma de su régimen jurídico.

ENMIENDA NÚM. 1022

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección
17. Ministerio de Fomento.

En estos presupuestos para 2014 las inversiones previstas
desde el Ministerio de Fomento siguen conteniendo el mayor esfuerzo en
términos absolutos (el 1,6% del PIB y el 61% del total de inversiones del
presupuesto con respecto conjunto de ministerios), basado
fundamentalmente en el principio dinamizador que las infraestructuras de
transporte suponen para la economía. Es el análisis de estas inversiones
y de su composición lo que nos lleva a determinar que el esfuerzo en el
mantenimiento y conservación de las infraestructuras existentes, en el
transporte ferroviario utilizado por la mayoría de los usuarios y de
mercancías y en las subvenciones corrientes al transporte es claramente
insuficiente, siendo estas inversiones las que realmente tienen una clara
reversión social y económica generando puestos de trabajo de calidad,
mientras que la construcción de más y más infraestructuras de transporte
continúa siendo la prioridad del Gobierno generando una deuda
impagable.

Ya ha quedado sobradamente demostrado, sin embargo, que la
tremenda inversión que se ha hecho durante los últimos años nos ha
situado en niveles récord europeos de kilómetros de autovía y líneas de
alta velocidad así como de número aeropuertos, pero no ha impedido que
nuestra crisis sea más profunda que la de los países de nuestro entorno
ni que tengamos los mayores niveles de paro. La falta de un análisis
detallado de coste-beneficio que tenga en cuenta el verdadero impacto
económico y social de las infraestructuras ha sido totalmente obviado por
los sucesivos gobiernos y el resultado se ha visto ya en forma de una
enorme deuda, que ahora se pretende aliviar con la venta de parte de esas
infraestructuras, a la vez que el Gobierno pretende como única solución
el rescate de otras, como son las autopistas que se encuentran en manos
de las concesionarias.

Es así como la alta velocidad sigue siendo el gran receptor
de la inversión (El 70% de la destinada a ferrocarril con 3.194 millones
de euros). Y ello a pesar de que se trata de un sistema de transporte
elitista que una gran parte de la población no puede permitirse y de sus
fortísimos impactos ambientales y territoriales. Entre tanto, si la
inversión va a la alta velocidad, está continúa retrayendo recursos de la
inversión tan necesaria para el ferrocarril convencional (373 millones de
euros), las mercancías (140 millones de euros) o las cercanías, que es
precisamente el medio que usa la mayor parte de la población (121
millones de euros).

Hay que añadir que la reducción de un 2,7% en las
subvenciones corrientes al transporte supondrá además un mayor
encarecimiento de los precios para los usuarios que ya vienen sufriendo
en los últimos años, a lo que hay que sumar la reducción de líneas y
servicios de RENFE-Operadora como resultado de la Obligación de Servicio
Público (OSP) implantada según el Acuerdo de Consejo de Ministros de
30/12/2010 que está teniendo como consecuencia la dificultad de movilidad
para muchas personas que se ven abocados a optar entre el aislamiento o
el uso del automóvil.

La clara apuesta del Gobierno por la liberalización de los
servicios de transporte ferroviario supone la privatización de muchos de
ellos y dar prioridad a la rentabilidad económica frente al servicio
público. En definitiva menos servicios, más caros y de menor calidad.

En los PGE 2014 podemos comprobar cómo se va a desarrollar
el PITVI, resultando muy preocupante que, a pesar del cambio en cuanto al
diagnóstico e incluso el lenguaje utilizado, en realidad no va a suponer
un cambio en la ruinosa política de infraestructuras de planes
anteriores. Así es como en carreteras se pretenden invertir 2.153
millones de euros de los que 1.184 millones serán para la creación de
nuevas infraestructuras (178 Kms. más) frente a los 878 millones que se
destinaran al mantenimiento y conservación de la propia red, claramente
insuficiente para los 26.038 Kms. ya en servicio de la Red de carreteras
del Estado. El deterioro de las carreteras existentes es a todas luces
evidente y el pretexto

utilizado por el Gobierno de que las licitaciones son más
económicas porque las ofertas han bajado su precio, no se compadece con
la realidad que ya en 2012 y 2013 estamos constatando. Se desiste además
de las actuaciones en zonas urbanas y de la partida de acondicionamientos
de viales, de lo que se deduce que la seguridad en carretera, a pesar de
lo que pretende hacer ver el discurso oficial, queda claramente relegada
al olvido.

Estos presupuestos dejan clara la intención de continuar
apostando por un modelo dónde lo público, lo que pagamos todos/as, se
trasvasa a las entidades privadas. Es la ley de los vasos comunicantes,
donde las dificultades de movilidad y encarecimiento del transporte para
las mayorías se traducen en escandalosos beneficios para las grandes
constructoras y las entidades financieras.

La política de vivienda da carpetazo a todas las ayudas,
subvenciones y planes de vivienda hasta ahora vigentes, desviando las
inversiones hacia el fomento del alquiler, beneficiando principalmente a
los arrendatarios frente a los arrendadores, y al fomento de la
rehabilitación (a las constructoras).

Estos presupuestos responden al total abandono que ahora el
Gobierno hará para cumplir con este derecho y van en sintonía con las
recientes leyes de medidas para la flexibilización y fomento del mercado
de viviendas de alquiler y de renovación, regeneración y renovación
urbanas que responden única y exclusivamente a las exigencias largamente
demandadas por las grandes agencias inmobiliarias y constructoras.
Exigencias que ya el anterior gobierno del PSOE atendió, como fomento del
alquiler, realizando importantes cambios normativos, implantando el
desahucio express o las SOCIMIs. Y demandas que, tras pinchar la burbuja
inmobiliaria destinada casi en exclusividad a la venta, necesita ahora
desviar el negocio hacia la vivienda en alquiler.

Se aseguran así los beneficios de estos grupos de presión
en detrimento del de los inquilinos que verán como las condiciones
contractuales se hacen más precarias, disminuyendo las obligaciones en
cuanto a la duración de los contratos y aumentando las posibilidades para
su rescisión, fomentando y acelerando los desahucios, encareciendo el
precio de los arrendamientos y, en definitiva, dando una vuelta de tuerca
más en contra del derecho constitucional a la vivienda y el derecho
fundamental habitacional.

ENMIENDA NÚM. 1023

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección
20. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

En un contexto de continúo encarecimiento de los costes la
energía, el gobierno ha decidido desmantelar cualquier tipo de política
energética, dejando prácticamente sin recursos los programas que permiten
controlar este sector estratégico para la economía. La partida para
desarrollo energético ha disminuido en un 95% respecto a los PGE de 2011
y se marginan las políticas de Ahorro y Eficiencia energética como
alternativa para la sostenibilidad. El desarrollo energético pasa a ser
la última política del Ministerio de Industria muy por detrás en
inversiones del apoyo al sector del carbón y de las políticas dirigidas a
la energía. De hecho, si no se tiene en cuenta la partida de 4.153
millones de euros destinada a financiar los costes del sector eléctrico,
este programa representa el 0.2% del total de industria y energía. En
línea a la reforma del sector eléctrico, estos presupuestos ponen de
manifiesto la obsesión del Gobierno en atajar el déficit tarifario sin
saber cuál es el horizonte energético de España y achacando la situación
a las renovables y al ahorro energético. No se contempla ninguna partida
para el IDAE —Instituto para la Diversificación y el Ahorro
Energético— que ya fue eliminada en el ejercicio anterior.

España es un estado muy vulnerable en cuestiones
energéticas si seguimos apostando por los combustibles fósiles y fuentes
de energía que no son autóctonas, ya que nos hacen extremadamente
dependientes, aumentan las emisiones y tienen impacto en la seguridad y
en el medio ambiente. El Gobierno está abandonando el impulso de las
energías renovables que son la única garantía de abastecimiento de
energía en el futuro y del que España puede ser pionera por contar con un
entorno favorable y con la tecnología adecuada. La penalización al sector
de las renovables está hipotecando el

futuro energético, conlleva el incumplimiento de directivas
europeas y está destruyendo miles de puestos de trabajo creados en los
últimos años en la economía verde.

ENMIENDA NÚM. 1024

(PROPUESTA DE VETO)

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección
36. Sistemas de financiación de entes territoriales.

Estos presupuestos están también al servicio de una visión
centralista del Estado. En el actual modelo autonómico, una mejor
financiación de las Comunidades Autónomas supone más recursos para
garantizar el Estado del Bienestar, con partidas básicas como educación y
sanidad. Además se ignora que el próximo año debería entrar en vigor un
nuevo sistema de financiación autonómica.

En estos presupuestos las transferencias del gobierno a
otras Administraciones Públicas, se recortan drásticamente, en 2.328
millones de euros, una rebaja del 4,8%. Se rebajan las entregas a cuenta
por Fondo de Suficiencia Global un 15,6%, la aportación del Estado al
Fondo de Garantía en un 3,5% y a las CCAA en su conjunto se reduce un
18,87%. Las transferencias a los entes locales se congelan, con un
incremento del 0,04%. Pero eso se produce tan sólo por el importante
incremento de la liquidación definitiva de la participación en los
ingresos del Estado, ya que disminuye fuertemente tanto la partida de
Participación de ayuntamientos en los ingresos del Estado como la partida
de Participación de las diputaciones y cabildos insulares en los ingresos
del Estado.

Otro elemento que caracteriza estos Presupuestos es la
falta de lealtad institucional. Nuevamente, se incumple la disposición
adicional tercera del Estatut d’Autonomia de Catalunya, ya que no
se reconocen las deudas pendientes.

ENMIENDA NÚM. 1177

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad Social.

MOTIVACIÓN

Inadecuación de los créditos a los objetivos de protección
social, que ponen en grave riesgo el desarrollo de unas políticas
fundamentales para la vertebración y la cohesión social.

Al igual que sucediera en los Presupuestos Generales del
Estado para 2012 y 2013, los presupuestos de Seguridad Social que se
presentan para 2014 no se ajustan a la realidad.

Si a las magnitudes macroeconómicas de crecimiento
económico de un 0,7% del PIB, insuficientes para la creación de empleo
neto, añadimos la precarización de nuestro mercado de trabajo y la
política de devaluación salarial emprendida a partir de la reforma
laboral de 2012, nos encontramos con un escenario de caída de los
ingresos en cotizaciones que va a incidir directamente en el gasto de
prestaciones, con unas dotaciones ya de por sí escasas para mantener el
nivel de vida de nuestros pensionistas.

Este deterioro del saldo presupuestario, que según los
presupuestos de Seguridad Social para 2014 alcanza la cifra de
–9.744,91 millones de euros —un 94,99% más que el déficit
alcanzado en 2011, un déficit que, en consecuencia, se ha multiplicado
por 20 en los dos últimos años—, puede implicar una mayor
detracción de recursos del Fondo de Reserva, el cual entre 2012 y 2013 ya
se ha visto reducido en 23.631 millones de euros, lo que representa una
reducción de un 33,7% respecto de la cifra que alcanzaba a finales de
2011.

Es cierto que las cifras del presupuesto de ingresos,
119.691,14 millones de euros, representan un decremento de un 4,76%
respecto a 2013. Pero no es menos cierto que la caída de las cotizaciones
sociales, que representan el 86% de los recursos financieros del sistema,
disminuyen sólo un 2,86% en relación a 2013, mientras que las
cotizaciones de ocupados caen un 3,76% y se incrementan las cotizaciones
de desempleados un 8,13%, lo que hace presagiar un deterioro aún mayor
del mercado laboral. Al respecto se señala que, entre septiembre de 2012
y septiembre de 2013, la caída en la afiliación es de 504.358
afiliados.

Y tampoco es menos cierto que el incremento en un 5% de las
bases máximas de cotización tendrá un efecto mínimo sobre los ingresos
del sistema, pues en ningún caso podrán compensar la caída del número de
cotizantes y el estancamiento de las bases de cotización, consecuencia
directa de la devaluación salarial y la precarización del mercado
laboral: mayor trabajo a tiempo parcial en detrimento del trabajo a
tiempo completo, y mayor temporalidad. Como dato se señala que los
últimos datos de contratación enero-septiembre de 2013 reflejan una
reducción de un 25,52% de los contratos indefinidos, en relación con el
mismo período del año 2012.

Y a esto hay que añadir una importante caída de los
ingresos provenientes de las transferencias del Estado para financiar las
prestaciones no contributivas: 2.557,42 millones de euros menos que en el
ejercicio 2013, un 16,40%.

Así, la financiación de los complementos a mínimos
desciende 1.500 millones de euros en relación a 2013. Si en 2013 el
Gobierno se vanagloriaba del aumento de la aportación del Estado para
sufragar esos gastos, que superaba los 12.950, en 2014 debemos lamentar
esta reducción habida cuenta de que se espera un crecimiento del número
de pensionistas, tal y como viene sucediendo en los últimos ejercicios, y
sabemos que el 27,5% de estos pensionistas necesita de complementos a
mínimos. A ello hay que añadir que la reforma de las pensiones que está
llevando a cabo el Gobierno, que se aplicará en 2014, derivará a un mayor
número de pensionistas a estos complementos por pérdida del poder
adquisitivo de sus pensiones. También las pensiones no contributivas
descienden un 14% en relación a 2013, así como las prestaciones
familiares, con una disminución del 40,97%, y las partidas destinadas a
servicios sociales.

Por lo que se refiere al presupuesto de gastos, también es
cierto que presenta un incremento en operaciones no financiera del 2,89%:
129.436 millones de euros frente a los 125.579 millones de euros en el
ejercicio 2013. Y también es cierto que la dotación destinada al pago de
prestaciones se ha incrementado en un 2,98%, hasta alcanzar los
125.318,88 millones de euros. Pero no es menos cierto que esta partida en
2013 se incrementó un 5,22% y ha resultado insuficiente para hacer frente
a las obligaciones del sistema.

Por su parte, el incremento de las partidas destinada al
pago de las pensiones contributivas del sistema en un 3,26%, 3.533,95
millones de euros más que en 2013, hace explicita la pérdida de poder
adquisitivo que van a sufrir 9 millones pensionistas en 2014 por la
aplicación del nuevo índice de revalorización que contiene la reforma de
las pensiones (0,25%), pues dicha partida debe hacer frente al aumento de
los pensionistas, así como al denominado efecto sustitución, esto es,
pensiones más elevadas que las que venían percibiendo las personas que
fallecen y son dadas de baja en las obligaciones del sistema.

En el Presupuesto del IMSERSO destaca que en materia de
atención a la dependencia se ha producido un descenso del 46,8% respecto
del anterior. Detrás de este enorme recorte está la eliminación de la
partida destinada a cotizaciones sociales de los cuidadores no
profesionales, unida al mantenimiento de las cantidades recortadas en
2012 y 2013.

Sólo la supresión del nivel concertado en los tres
presupuestos elaborados por el Gobierno del Partido Popular supone que en
cada uno de esos años (2012, 2013 y 2014) se deje de invertir en atención
a las personas en situación de dependencia 283 millones de euros, más una
cantidad igual que debían aportar las Comunidades Autónomas. También se
han producido recortes sustanciales en la partida destinada al nivel
mínimo. Esta partida presupuestaria era de 1.337 millones de euros en
2011 y sufrió un recorte de 50 millones en 2012 y de 250 millones en
2013, hasta dejarla con una dotación de 1.087 millones, cantidad
claramente insuficiente, que se repite en el Proyecto de Presupuestos
correspondiente a 2014.

Estos recortes obedecen al proceso de desmantelamiento que
ha sufrido el Sistema de Atención a la Dependencia un desde la llegada al
Gobierno del Partido Popular, que ha recortado derechos y expulsado a
miles de beneficiarios.

Las partidas presupuestarias destinadas a Turismo y
Termalismo Social sufrieron importantes minoraciones en los dos
Presupuestos anteriores. En el Presupuesto de 2012 ambas sufrieron un
descenso total de 34.098.000 euros respecto del anterior, lo que suponía
una disminución del 24%. En el

Presupuesto de 2013 se recortaban 7.201.150 euros de
Turismo Social, lo cual supuso un nuevo recorte del 10% en esta partida.
En el Presupuesto de 2014, después de dos ejercicios de fuertes recortes,
se produce el mantenimiento de esas adelgazadas cifras. Estos programas,
además de contribuir al mantenimiento y mejora de la salud de las
personas mayores, facilitan su socialización y su acceso al ocio, al
tiempo que generan importantes retornos económicos y de empleo en las
zonas turísticas beneficiadas.

La dotación a Teleasistencia, que en 2011 era de 32
millones de euros, experimentó en el Presupuesto de 2012 un recorte de
más del 93%, para acabar desapareciendo en el de 2013, lo que ha
perjudicado a miles de personas que gracias a este servicio podían seguir
viviendo en su domicilio a pesar de tener ciertas limitaciones por
cuestiones de salud o de edad. En el Presupuesto de 2014 no existe
dotación alguna para esta partida fundamental para el envejecimiento
activo.

La red de centros adscritos al Programa 3134, «Autonomía
Personal y Atención a la Dependencia» cuenta con 10 centros en
funcionamiento, los mismos que existían en el año 2011. Es decir, en dos
años de gobierno del Partido Popular no se ha incorporado a la red ni un
solo centro y a la vista del este Proyecto de Presupuestos, será difícil
que se abra algún centro nuevo en 2014.

Por todo ello, se propone el presente veto al Presupuesto
de la Sección 60, pues no se ajustan a la realidad. Ni a la realidad de
un mercado laboral, donde no se atisba ninguna política de creación de
empleo y marcado por la precariedad y la devaluación salarial, de
incidencia directa en los ingresos del sistema. Ni a la realidad de unos
gastos que nacen infradotados para atender sus obligaciones, y que además
explicitan la implantación de un sistema de revalorización que condena a
nuestros pensionistas a la pérdida constante del poder adquisitivo de sus
pensiones, especialmente preocupante en pensiones ya de por sí muy bajas
y respecto de las que no hace un esfuerzo suplementario de aumento, esto
es, las pensiones mínimas. Partidas de gastos con descensos importantes
en las destinadas a evitar la pobreza y la exclusión social.

ENMIENDA NÚM. 1192

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Economía y
Competitividad.

La grave crisis económica ha venido a poner de manifiesto
de manera contundente la importancia de la inversión en conocimiento. Los
efectos de la crisis en aquellos países que venían dedicando de manera
sostenida mayores recursos a ciencia, tecnología e innovación han sido
menos profundos y duraderos.

Para lograr una economía saludable que impulse el
crecimiento que precisamos para la recuperación del empleo es
imprescindible hacer de la inversión en investigación, desarrollo e
innovación una prioridad. Los avances científicos contribuyen a la mejora
de la calidad de vida y son fuente principal de la innovación, una
innovación que contribuye de manera determinante a la mejora de la
competitividad.

En el ámbito europeo esa prioridad se ha plasmado en el
Programa Horizonte 2020. Los recursos destinados a este Programa dan
buena prueba del papel clave para el desarrollo social y económico
—y con ello para la salida de la crisis— que desde las
instituciones europeas se reconoce a la promoción del conocimiento, de la
ciencia y la innovación.

Sin embargo, una vez más, el Proyecto presentado por el
Gobierno apunta en la dirección opuesta. La política de gasto de
Investigación, Desarrollo e Innovación civil continúa perdiendo peso en
el conjunto del gasto. Esta política representaba el 2,4 % de los
presupuestos 2011 y en el Proyecto para 2014 ha descendido ya hasta el
1,6 %.

El recorte acumulado desde 2011 representa un 28 % de los
créditos de los Capítulos I al VII y un 23 % de Capítulo VIII. Se ha
reducido más allí donde la ejecución presupuestaria es elevada y menos
donde es baja. Los créditos destinados al Fondo para la Investigación
Científica y Técnica, de donde se nutren proyectos y personal de
investigación, han caído un 31 %.

En cuanto al CDTI, el recorte acumulado en Capítulo VII
desde 2011 es del 66,3 %, 156 millones de euros, limitando seriamente la
capacidad de actuación del Centro en su misión de fomento de la
innovación empresarial, directamente vinculada con la competitividad.

Y lo que es, si cabe, aún más preocupante: el Gobierno
afirma en el libro de presentación del Proyecto (Pag. 166-167) que los
niveles de financiación actuales son razonables y que la I+D+i ha sido
una de las prioridades de los presupuestos de los últimos años.

En esa clave ha de interpretarse el proclamado aumento del
gasto en investigación civil, que además de exiguo apenas atiende deudas
de los dos años anteriores y ni siquiera alcanza la suma de los créditos
extraordinarios que el Gobierno se ha visto obligado a aprobar en 2013
ante las denuncias de la comunidad científica y el inminente colapso del
sistema. De hecho, iniciada la tramitación del Proyecto de Presupuestos
para 2014, no se ha publicado todavía la convocatoria 2013 del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, lo que
representará en la práctica un año perdido.

Las cifras reflejadas en los diferentes programas de la
Sección 27 que se integran en la Política de Gasto 46 son claramente
incompatibles con la suficiencia financiera de nuestro Sistema de
Ciencia-Tecnología, por lo que afectarían aún más a su capacidad
investigadora, particularmente a lo más valioso, su personal de
investigación. Sus efectos se multiplican por la limitación que el
artículo 21 del Proyecto de Ley establece en la reposición del personal
de investigación y el retraso ya de dos años en la creación de la Agencia
Estatal de Investigación.

E igualmente perjudicial, y contrario al pretendido impulso
de la competitividad que parecería presentarse como parte esencial del
núcleo de la actividad del Departamento, es el mantenimiento del recorte
de las transferencias al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI). Este recorte está afectando gravemente a la capacidad y eficacia
del Centro en el momento en que, justamente, su acción es más necesaria
para la recuperación económica.

Como es bien sabido, las políticas de I+D+i son
especialmente sensibles a la inestabilidad financiera y los efectos del
recorte no podrían, por tanto, ser recuperados a corto ni medio
plazo.

Por ello el Grupo Parlamentario Socialista formula el
presente veto a la Sección 27 de los Presupuestos Generales del Estado
para 2014.

ENMIENDA NÚM. 1260

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

El presupuesto para 2014 previsto para el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad continúa con la tendencia de
recorte marcada por los correspondientes a 2012 y 2013 y resulta
claramente insuficiente.

En el área de servicios sociales no se recuperan las
partidas que se habían hecho desaparecer en los dos presupuestos
anteriores, mientras que las que permanecen se mantienen con dotación
escasa, tras los importantes recortes que sufrieron. Con ello se sigue
dejando sin una atención básica a los colectivos más vulnerables de la
sociedad mientras aumentan considerablemente las situaciones de necesidad
a las que deberían dar cobertura los servicios sociales.

En materia de atención a la dependencia se ha producido un
descenso del 46,8% respecto del anterior. Detrás de este enorme recorte
está la eliminación de la partida destinada a cotizaciones sociales de
los cuidadores no profesionales, que en su mayoría son mujeres, unida al
mantenimiento de las cantidades recortadas en 2012 y 2013.

Sólo la supresión del nivel concertado en los 3
Presupuestos elaborados por el PP ha supuesto que en cada uno de esos
años (2012, 2013 y 2014) se deje de invertir en atención a las personas
en situación de dependencia 283 millones de euros, más una cantidad igual
que debían aportar las Comunidades Autónomas. También se han producido
recortes sustanciales en la partida destinada al nivel mínimo. Esta
partida presupuestaria era de 1.337 millones de euros en 2011 y sufrió un
recorte de 50 millones en 2012

y de 250 millones en 2013, hasta dejarla con una dotación
de 1.087 millones, cantidad claramente insuficiente, que se repite en el
Presupuesto correspondiente a 2014.

Estos recortes obedecen al proceso de desmantelamiento que
ha sufrido el Sistema de Atención a la Dependencia un desde la llegada al
Gobierno del Partido Popular. Las modificaciones normativas han expulsado
a miles de personas en situación de dependencia que tenían derecho a ser
beneficiarias del Sistema y han reducido sustancialmente la intensidad de
los servicios y prestaciones. Medidas como la paralización del
calendario, la eliminación de la financiación del nivel concertado, el
aumento del copago, la supresión de la cotización a la Seguridad Social
de los cuidadores familiares (casi todas mujeres), o el régimen
incompatibilidad entre servicios y prestaciones, entre otras, han
desmontado el Sistema tal y como fue concebido y acordado por los agentes
sociales y las fuerzas políticas.

El Programa 231F, Otros servicios sociales del estado, se
recortó en 2012 un 24,3% y en 2013 un 12,50%. En 2014 se mantienen las
exiguas dotaciones resultantes de aquellos recortes.

Entre otras partidas relevantes, en este programa se
encuentra el Plan Concertado, que en los dos Presupuestos anteriores
sufrió un recorte del 66,66%, hasta situarlo en 30 millones de euros, una
cantidad claramente insuficiente para el cumplimiento de sus fines, que
los PGE de 2014 se limitan a mantener. Esto ocurre mientras la demanda de
servicios sociales ha aumentado a cifras hasta ahora desconocidas.

En las políticas de discapacidad el anunciado nuevo Plan
acción para las personas con discapacidad no cuenta con dotación alguna.
Además, se mantienen las cantidades recortadas en partidas como la de la
Universidad Carlos III para el Centro Español de Subtitulado y
Audiodescripción; la Confederación Española de Personas Sordas, para
ejercicio de sus derechos básicos y para el Centro de Normalización
lingüística de la Lengua de Signos Españolas; o la Fundación CENTAC para
Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad. Con ello continúa el
retroceso en materia de igualdad de oportunidades para este
colectivo.

En las principales partidas del Programa 231G, Atención a
la infancia y a las familias, se mantienen las cantidades resultantes de
los recortes del 42,6% experimentado en 2012, y el 17,32% de 2013.

Ello ha implicado un enorme retroceso en estas políticas
justo cuando son más necesarias. Entre otras consecuencias, se produjo en
2012 la desaparición de dos Programas de enorme importancia: los de
medidas para menores infractores y los destinados a menores en situación
de dificultad social y maltrato, que no se recuperaron en 2013 y tampoco
en 2014.

En el área de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres también se ahonda en los recortes efectuados por los dos
Presupuestos anteriores, dejando a los Programas correspondientes con una
financiación insuficiente para el cumplimiento de sus fines. Con ello el
Gobierno demuestra la escasa importancia que le merecen las políticas
públicas para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y
erradicar la violencia de género.

El Programa 232B de actuaciones en Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres en los Presupuestos para 2013, se
redujo a la mitad respecto de los presupuestos 2011 del último gobierno
socialista, dejando una financiación exigua, que se mantiene en el
Presupuesto de 2014. Esto supuso drásticas disminuciones en la dotación
de los programas de Formación y Fomento del Empleo femenino (94% en los
Planes Especiales respecto a los PGE 2011), así como el desmantelamiento
de las ayudas al tejido asociativo de las mujeres en los programas a
gestionar en CCAA o a través de Entidades Locales.

A ello hay que añadir, en 2014, el recorte que sufren los
Programas para la aplicación de la igualdad de oportunidades, mientras
que se dotan una serie de partidas con el denominador común del fomento
del emprendimiento. Es loable tratar de favorecer el denominado
«emprendimiento», pero ello no debe hacerse a costa de restar fondos de
un programa cuyo objetivo es fomentar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. A la vez, los presupuestos públicos de igualdad siguen
beneficiando a los programas a gestionar por la CEOE, o por la Fundación
YNCYDE, o del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, en detrimento
de otras partidas de gasto que antaño gestionaba el tejido asociativo de
mujeres, que acumula experiencia y expertizaje en la materia.

El Instituto de la Mujer, queda con la misma
—escasa— financiación que tenía en 2013, después de sufrir un
recorte del 34,13% respecto de los presupuestos de 2011 que laminó tanto
las actuaciones del Gobierno como las de asociaciones de mujeres en
materia de no discriminación y fomento de la participación de la mujer.
Además, se pierde definitivamente la «cantera» de especialistas en género
que se habían ido formando a lo largo de estos últimos años a través del
Instituto, al reducirse, hasta casi desaparecer, la dotación para las
ayudas a estudios universitarios de postgrado y a las becas de formación
en materia de igualdad.

En cuanto a la Prevención integral contra la violencia de
género del Programa 232C, tras el decremento en 2013 del 27,01% sobre el
ejercicio 2011, se produce en 2014 un recorte del 1,54% respecto del año
anterior, alcanzando ya un recorte que supera el 28% y confirmando que el
Gobierno es totalmente insensible ante esta realidad, en la que la rebaja
de planteamientos ante cómo se debe luchar para erradicar esta expresión
brutal de la discriminación contra las mujeres es patente: sigue sin
ponerse en marcha el tan anunciado Plan personalizado de asistencia a las
víctimas, han desaparecido prácticamente las campañas de prevención
contra la violencia, mientras el Gobierno desmantela progresivamente la
red de apoyo social para las mujeres víctimas de violencia.

ENMIENDA NÚM. 1261

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

El presupuesto para 2014 previsto para el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad continúa con la tendencia de
recorte marcada por los correspondientes a 2012 y 2013 y resulta
claramente insuficiente.

En el área de sanidad los presupuestos consolidan el
recorte ya iniciado en los dos anteriores e impiden conscientemente que
el Estado cumpla sus funciones de garante de la cohesión del Sistema
Nacional de Salud y de coordinación de las políticas sanitarias.

En este sentido al decremento de un 61,10 por ciento que el
Fondo de Cohesión Sanitaria sufrió en los PGE 2013 se une un nuevo
descenso del 37,1 por ciento, quedando su dotación en 22 M de euros
cuando en 2011 era de 99 M. Sin embargo lo peor es su desnaturalización.
Por segundo año consecutivo el Fondo deja de cumplir las principales
funciones para las que fue creado: la compensación a las comunidades
autónomas de la asistencia sanitaria a pacientes derivados entre ellas,
de la asistencia sanitaria en centros de referencia del Sistema Nacional
de Salud y de la asistencia sanitaria a pacientes como consecuencia de la
aplicación de técnicas o procedimientos con uso tutelado. Se convierte en
un fondo extrapresupuestario donde el Estado no aporta ninguna
financiación a los fines citados.

La dotación para Estrategias de Salud sigue bajando, las
partidas de Salud Pública han desaparecido y el Plan de Calidad está
dotado en un 10% de lo que estaba en la anterior legislatura.

En definitiva las políticas de cohesión y coordinación, que
habían recibido un fuerte impulso durante el gobierno socialista, dejan
de ser prioritarias lo que prueba el escaso peso político del Ministerio
de Sanidad y pone de manifiesto que su finalidad actual consiste en una
política legislativa de erosión de la sanidad pública.

En el área de servicios sociales no se recuperan las
partidas que se habían hecho desaparecer en los dos presupuestos
anteriores, mientras que las que permanecen se mantienen con dotación
escasa, tras los importantes recortes que sufrieron. Con ello se sigue
dejando sin una atención básica a los colectivos más vulnerables de la
sociedad mientras aumentan considerablemente las situaciones de necesidad
a las que deberían dar cobertura los servicios sociales.

En materia de atención a la dependencia se ha producido un
descenso del 46,8% respecto del anterior. Detrás de este enorme recorte
está la eliminación de la partida destinada a cotizaciones sociales de
los cuidadores no profesionales, que en su mayoría son mujeres, unida al
mantenimiento de las cantidades recortadas en 2012 y 2013.

Sólo la supresión del nivel concertado en los 3
Presupuestos elaborados por el PP ha supuesto que en cada uno de esos
años (2012, 2013 y 2014) se deje de invertir en atención a las personas
en situación de dependencia 283 millones de euros, más una cantidad igual
que debían aportar las Comunidades Autónomas. También se han producido
recortes sustanciales en la partida destinada al nivel mínimo. Esta
partida presupuestaria era de 1.337 millones de euros en 2011 y sufrió un
recorte de 50 millones en 2012 y de 250 millones en 2013, hasta dejarla
con una dotación de 1.087 millones, cantidad claramente insuficiente, que
se repite en el Presupuesto correspondiente a 2014.

Estos recortes obedecen al proceso de desmantelamiento que
ha sufrido el Sistema de Atención a la Dependencia un desde la llegada al
Gobierno del Partido Popular. Las modificaciones normativas han expulsado
a miles de personas en situación de dependencia que tenían derecho a ser
beneficiarias del Sistema y han reducido sustancialmente la intensidad de
los servicios y prestaciones. Medidas como la paralización del
calendario, la eliminación de la financiación del nivel concertado, el
aumento del copago, la supresión de la cotización a la Seguridad Social
de los cuidadores familiares (casi todas mujeres), o el régimen
incompatibilidad entre servicios y prestaciones, entre otras, han
desmontado el Sistema tal y como fue concebido y acordado por los agentes
sociales y las fuerzas políticas.

El Programa 231F, Otros servicios sociales del estado, se
recortó en 2012 un 24,3% y en 2013 un 12,50%. En 2014 se mantienen las
exiguas dotaciones resultantes de aquellos recortes.

Entre otras partidas relevantes, en este programa se
encuentra el Plan Concertado, que en los dos Presupuestos anteriores
sufrió un recorte del 66,66%, hasta situarlo en 30 millones de euros, una
cantidad claramente insuficiente para el cumplimiento de sus fines, que
los PGE de 2014 se limitan a mantener. Esto ocurre mientras la demanda de
servicios sociales ha aumentado a cifras hasta ahora desconocidas.

En las políticas de discapacidad el anunciado nuevo Plan
acción para las personas con discapacidad no cuenta con dotación alguna.
Además, se mantienen las cantidades recortadas en partidas como la de la
Universidad Carlos III para el Centro Español de Subtitulado y
Audiodescripción; la Confederación Española de Personas Sordas, para
ejercicio de sus derechos básicos y para el Centro de Normalización
lingüística de la Lengua de Signos Españolas; o la Fundación CENTAC para
Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad. Con ello continúa el
retroceso en materia de igualdad de oportunidades para este
colectivo.

En las principales partidas del Programa 231G, Atención a
la infancia y a las familias, se mantienen las cantidades resultantes de
los recortes del 42,6% experimentado en 2012, y el 17,32% de 2013.

Ello ha implicado un enorme retroceso en estas políticas
justo cuando son más necesarias. Entre otras consecuencias, se produjo en
2012 la desaparición de dos Programas de enorme importancia: los de
medidas para menores infractores y los destinados a menores en situación
de dificultad social y maltrato, que no se recuperaron en 2013 y tampoco
en 2014.

En el área de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres también se ahonda en los recortes efectuados por los dos
Presupuestos anteriores, dejando a los Programas correspondientes con una
financiación insuficiente para el cumplimiento de sus fines. Con ello el
Gobierno demuestra la escasa importancia que le merecen las políticas
públicas para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y
erradicar la violencia de género.

El Programa 232B de actuaciones en Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres en los Presupuestos para 2013, se
redujo a la mitad respecto de los presupuestos 2011 del último gobierno
socialista, dejando una financiación exigua, que se mantiene en el
Presupuesto de 2014. Esto supuso drásticas disminuciones en la dotación
de los programas de Formación y Fomento del Empleo femenino (94% en los
Planes Especiales respecto a los PGE 2011), así como el desmantelamiento
de las ayudas al tejido asociativo de las mujeres en los programas a
gestionar en CCAA o a través de Entidades Locales.

A ello hay que añadir, en 2014, el recorte que sufren los
Programas para la aplicación de la igualdad de oportunidades, mientras
que se dotan una serie de partidas con el denominador común del fomento
del emprendimiento. Es loable tratar de favorecer el denominado
«emprendimiento», pero ello no debe hacerse a costa de restar fondos de
un programa cuyo objetivo es fomentar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. A la vez, los presupuestos públicos de igualdad siguen
beneficiando a los programas a gestionar por la CEOE, o por la Fundación
YNCYDE, o del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, en detrimento
de otras partidas de gasto que antaño gestionaba el tejido asociativo de
mujeres, que acumula experiencia y expertizaje en la materia.

El Instituto de la Mujer, queda con la misma
—escasa— financiación que tenía en 2013, después de sufrir un
recorte del 34,13% respecto de los presupuestos de 2011 que laminó tanto
las actuaciones del Gobierno como las de asociaciones de mujeres en
materia de no discriminación y fomento de la participación de la mujer.
Además, se pierde definitivamente la «cantera» de especialistas en género
que se habían ido formando a lo largo de estos últimos años a través del
Instituto, al reducirse, hasta casi desaparecer, la dotación para las
ayudas a estudios universitarios de postgrado y a las becas de formación
en materia de igualdad.

En cuanto a la Prevención integral contra la violencia de
género del Programa 232C, tras el decremento en 2013 del 27,01% sobre el
ejercicio 2011, se produce en 2014 un recorte del 1,54% respecto del año

anterior, alcanzando ya un recorte que supera el 28% y
confirmando que el Gobierno es totalmente insensible ante esta realidad,
en la que la rebaja de planteamientos ante cómo se debe luchar para
erradicar esta expresión brutal de la discriminación contra las mujeres
es patente: sigue sin ponerse en marcha el tan anunciado Plan
personalizado de asistencia a las víctimas, han desaparecido
prácticamente las campañas de prevención contra la violencia, mientras el
Gobierno desmantela progresivamente la red de apoyo social para las
mujeres víctimas de violencia.

Por todo ello formulamos el presente veto Sección 26 del
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

ENMIENDA NÚM. 1312

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 25. Ministerio de la Presidencia.

A la sección 25.

Se propone la devolución al Gobierno del Presupuesto de la
Sección 25. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 20 no responden, en esta Sección 25, a los objetivos y prioridades
que los distintos responsables del Departamento han expuesto en sede
parlamentaria, carece de una razonable adecuación entre dichos objetivos
y las previsiones presupuestarias.

Asimismo, mantiene en el olvido importantes políticas que
en años anteriores llevaba a cabo el Ministerio de Presidencia y se
mantienen duplicidades no deseables, además de crearse alguna nueva.

ENMIENDA NÚM. 1316

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Industria, Energía
y Turismo.

MOTIVACIÓN

Los Presupuestos para el año 2014 correspondientes a los
programas de la Sección 20 (Industria, Energía y Turismo) continúan
incidiendo en los mismos errores desarrollados por el Ministerio en la
primera mitad de la legislatura y que han llevado a una muy preocupante
caída del peso de la industria en el PIB, alejándonos cada vez más de los
objetivos europeos.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo consolida con
sus políticas los recortes sobre la industria y el turismo, así como la
decisión de frenar el desarrollo de las energías renovables. Los
presupuestos de esta sección debilitan fuertemente programas
fundamentales para la competitividad y sostenibilidad de la economía
española y profundizan notablemente los principales problemas de nuestro
tejido productivo.

ENMIENDA NÚM. 2093

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

MOTIVACIÓN

El Gobierno califica la política educativa en estos
Presupuestos como prioritaria y sin embargo esta calificación no impide
que se consoliden en estos presupuestos los dramáticos recortes que han
dejado a la educación en España en los niveles presupuestarios del año
2006.

El pretendido incremento presupuestario en educación para
el año 2014 va a significar un recorte del 24% respecto del último
presupuesto gestionado por el Partido Socialista, el del año 2011. Eso
significa que el Partido Popular está recortando en estos tres años
presupuestarios, 2012, 2013 y 2014, una media de 700 millones anuales
respecto al último presupuesto socialista, que ascendió a 2.843
millones.

De mantenerse esta media el próximo año y el compromiso con
Bruselas de bajar el gasto en educación en 2015 hasta el 3,9 —así
lo indica—, en una sola legislatura, en solo cuatro ejercicios
presupuestarios se habrán ahorrado uno; o quizás sea más exacto decir que
en cuatro años habrán recortado, habrán hurtado a la educación todo un
año presupuestario, 2.800 millones de euros.

Además, los recortes inducidos por este Gobierno en las
comunidades autónomas harán que se disparen los recortes en el sistema
educativo en estos dos escasos años a 5.200 millones.

En cuanto a los programas presupuestarios que incluye el
proyecto, el destinado a formación permanente del profesorado mantiene
una reducción del 92,47% respecto del Presupuesto de 2011.

El destinado a educación infantil y primaria, comparado con
el presupuesto de 2011 se recorta casi un 40%. En este programa han
desaparecido las dotaciones para el ciclo de 0 a 3 años, en la línea de
lo mantenido por el ministro Wert de que no es una etapa educativa sino
asistencial. Es significativo que en los objetivos señalados para este
programa se menciona textualmente: «sobre la base de lo anterior, (que
hay que potenciar la educación infantil), resulta necesaria la asignación
de fondos públicos destinados a este fin que permitan garantizar y hacer
extensiva la concertación de nuevas unidades a aquellos centros privados
de educación infantil que lo soliciten y reúnan los requisitos
establecidos». Es decir, lo único que preocupa al Gobierno es concertar
más unidades privadas de educación infantil.

En el programa de educación secundaria, FP y escuelas
oficiales de idiomas, lo recortado desde 2011 se eleva hasta un 59%, es
decir, 146 millones. Pero si lo comparamos con el año anterior, con el
año 2013, cae también en siete millones y medio de los cuales, 5 millones
se recortan en formación profesional, lo que contrasta con la prioridad
que el Gobierno ha manifestado por la FP.

En el referido a enseñanzas universitarias, la asfixia a
las universidades cada vez es mayor. Se ha recortado prácticamente un 70%
a las universidades, un 69,88%.

En el programa relativo a servicios complementarios de la
enseñanza, se han recortado un 98,4% desde 2011 los créditos referidos a
la cobertura de libros de texto, habiendo confesado la Secretaria de
Estado en la Comisión de Educación que en la práctica se elimina, dejando
en exclusiva la partida restante para los centros de Ceuta y Melilla.

En cuanto a las becas y ayudas, las modificaciones
introducidas en la normativa reguladora, harán más difícil el acceso a
las mismas, a pesar del aumento del crédito. Además, el día 31 de agosto
de este mismo año, de acuerdo con los informes de ejecución
presupuestaria de la Intervención General de la Administración General
del Estado, se había ejecutado el crédito del programa Becas y Ayudas a
Estudiantes en 80,4%. Esta cifra es extraordinariamente elevada, muy
superior a la cifra de ejecución de agosto de 2012 que era del 49% y
desproporcionada si la comparamos con la cifra de ejecución de agosto de
2011, cuando todavía gobernaba en Partido Socialista, que estaba en un
22%, lo que puede indicar muy probablemente una huida hacia delante en la
gestión del crédito, que debe ser compensada con el incremento del
crédito en este presupuesto.

En los programas de Deportes, el Gobierno sigue igualmente
con la tónica de estrangular el presupuesto del Consejo Superior de
Deportes disminuyendo las partidas globales, las transferencias
corrientes, las inversiones, etcétera.

En materia de Cultura, en el marco de la impresentable
política de hostilidad del PP con la cultura, con los creadores y
autores, con el claro incumplimiento por parte del Gobierno de Rajoy del
derecho de los ciudadanos que recoge el art. 44 de la Carta Magna, el
problema del canon sin resolver y los recortes, evidentes o camuflados,
son las líneas maestras del exiguo presupuesto de 716,40 millones de
euros de la cultura para 2014, en este apartado de la Sección 18.

El incremento del tipo del IVA del 8 por ciento al 21 por
ciento, aprobado por Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, para
actividades culturales como el cine y el teatro, ha tenido y está
teniendo efectos devastadores sobre un sector que ya venía atravesando,
cuando se aprobó esta subida, serias dificultades.

Esta medida que es un grave ataque a la industria cultural
y creativa en España, y es una pésima decisión porque ahoga las
posibilidades de crecimiento de un sector que representa el 3,2% del PIB
y emplea a cerca de 500.000 trabajadores. Y con la mirada puesta en el
futuro, supone renunciar a un modelo de crecimiento económico basado en
la creatividad y en el valor añadido que va asociado al talento y a la
innovación.

Por otra parte, la pérdida en la recaudación del propio
impuesto evidencia la torpeza del Gobierno y el negativo impacto de la
medida, porque de cines cerrados, de teatros vacíos, de conciertos sin
público no se recauda nada. Y eso es lo que va a conseguir el Gobierno si
no rectifica: vaciar espacios culturales.

El Grupo Socialista ha presentado numerosas iniciativas,
todas ellas rechazadas por el voto en contra del Grupo Popular, para
dejar sin efecto la subida del tipo impositivo del IVA referida al
material escolar y a los bienes y servicios culturales prevista en el
mencionado Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.

Si bien uno de los objetivos que se recoge en el proyecto
de Presupuestos Generales del Estado para 2014, en el ámbito de Cultura,
es «facilitar la creación, la innovación y la producción de conocimiento
e impulsar la cultura en red, salvaguardando los derechos derivados de la
propiedad intelectual», aún no ha sido presentado el proyecto de ley de
propiedad intelectual que viene siendo anunciado desde las primeras
comparecencias del Ministro Wert, únicamente se suprimió el canon
digital, mediante el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, que
regula la Comisión de Propiedad Intelectual.

El Gobierno anunció entonces que establecería,
reglamentariamente, el procedimiento de pago a los perceptores de la
compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado.

El Ministro Wert afirmó que «el modelo de compensación
equitativa de los derechos de autor a través del canon digital se ha
demostrado, en la práctica y en los tribunales, un modelo cuestionado y
lleno de ineficiencias, contestado desde la sociedad y sumamente difícil
de gestionar».

Y en el proyecto de presupuestos se recoge, de nuevo como
el año pasado, la cantidad de 5 millones de euros para 2014 para la
compensación equitativa por copia privada, pero sigue sin resolverse la
cuestión, lo que representa un fuerte golpe al tejido asociativo del
sector cultural.

El anunciado proyecto de ley de mecenazgo tampoco ha sido
remitido a las Cortes, como se comprometió por parte del Ministro Wert en
su primera comparecencia para presentar las líneas generales del
Departamento, siendo muy necesaria una ley singular diferenciada como
instrumento normativo específico dedicado en exclusiva al mecenazgo.

La ley no debiera ceñirse sólo a aspectos fiscales sino
también a otros aspectos que sirven de estímulo a la participación
privada en actividades de interés general y que, en muchos casos, son la
verdadera motivación de la actuación de mecenazgo, incorporando mejoras
tributarias sobre la situación actual.

Por otro lado, y es una muestra clara de la falta de
coherencia y de rigor, esta Sección 18 de los Presupuestos Generales del
Estado no contempla las líneas de crédito imprescindibles para cumplir el
Plan Estratégico General 2012-2017 de la Secretaría de Estado de Cultura,
es decir, no recoge, no cuenta con los recursos financieros necesarios
para poder desarrollar la propia política diseñada por el Gobierno del
PP.

En definitiva, sustanciales recortes en cultura, decisiones
pendientes y problemas sin resolver, incoherencia, constituyen alguna de
las razones por las que el Grupo Socialista no comparte la política del
Gobierno del Partido Popular ni su concreción en los Presupuestos
Generales del Estado y, por todo ello, presenta una enmienda a la
totalidad de devolución de la Sección 18 de los Presupuestos Generales
del Estado para 2014.

ENMIENDA NÚM. 2273

(PROPUESTA DE VETO)

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.

En el Proyecto de Ley de PGE para 2014 las políticas de
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitencias, correspondientes a la
Sección 16 del Ministerio del Interior asciende a 6.386, y en términos
consolidados el presupuesto total del Ministerio para 2.014 asciende a
7.296,51 millones de euros, lo que

implica según el Ministerio del Interior un incremento
respecto a los presupuestos de 2013 en términos no consolidados del 1,2
por ciento. Pero es imprescindible precisar sin embargo que este aumento
está prácticamente condicionado por los créditos destinados al pago de
obligaciones de ejercicios anteriores, esto es, de deudas, asignados por
importe de 61,7 millones de euros, así como al incremento derivado y
exigido por la organización de las elecciones al Parlamento Europeo, por
importe de 93,5 millones de euros. Sin esta cuantía veríamos que el
presupuesto del Ministerio del Interior seguiría bajando, lo que unido a
las bajadas de 2011 y 2012 significa una bajada de más de un seis por
ciento en las políticas de seguridad en los tres presupuestos que, con el
de 2014, ha gestionado el gobierno del Partido Popular.