comparados en el ámbito internacional. Ni existe el
fracaso, ni se dedican más recursos que los países de nuestro
entorno.

La cifra de abandono escolar alcanzó su punto más elevado
en el momento en el que había una demanda de mano de obra no cualificada
más alta, como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, cuando España
tenía una tasa de ocupación juvenil superior a países como Alemania o
Austria; no era, por tanto, consecuencia del sistema educativo.

En el momento en que nuestro dedicó un mayor porcentaje del
PIB que fue en 2008, llegó al 5% mientras que la media de la UE se sitúa
en el 7%. Y, aun con este menor nivel de recursos, los famosos informes
de la OCDE, que se pretenden convertir en la coartada de la reforma
educativa, reconocen que el sistema español existente alcanza un grado de
equidad por encima del promedio de los países estudiados; nuestro sistema
educativo ha logrado que el origen socio-económico y cultural del
alumnado sean menos importantes para conseguir el éxito escolar.

Frente a esta realidad, el proyecto plantea ideológicamente
un conflicto entre equidad y excelencia y apuesta claramente por buscar
la segunda a costa de sacrificar la primera.

Y lo que no reconoce en ningún momento es que el conjunto
de cambios que se plantean no han dado buenos resultados en ningún
país.

Es un proyecto impuesto, que ha sido redactado sin diálogo
social y de espaldas a la comunidad educativa, sin tener en cuenta ningún
análisis objetivo y despreciando a los organismos e instituciones que
trabajan en favor de la educación pública.

Para elaborarlo no se ha realizado ninguna diagnosis
previa, mínimamente rigurosa, de la situación actual del sistema
educativo, porque para imponer la ideología los análisis, el diálogo y
los datos estorban.

Desde la llegada del Gobierno del PP, hace poco más de un
año, los recortes educativos han ascendido a 5.212 millones de euros, lo
que ha supuesto un mayor deterioro de la educación pública, tanto en el
desarrollo de las enseñanzas como en las políticas dirigidas a los
profesionales de la educación (merma retributiva, precarización de
condiciones laborales del profesorado, cerca de 80.000 docentes menos,
más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas en
etapas no obligatorias y en servicios esenciales, como el comedor o el
transporte escolar), con el consiguiente impacto negativo en la calidad
educativa y en la igualdad en el acceso al derecho a la educación.

La inversión pública educativa en España ha descendido en
casi 8.000 millones de euros en los últimos años, y para 2015 el Gobierno
del PP se ha comprometido ante la UE a rebajarla hasta el 3,9% del PIB,
lo que supondrá retroceder a los años 80 situándonos a la cola de la UE y
de la OCDE.

Y ello, a pesar de que la Memoria del Proyecto calcula que
incrementar un punto la tasa de titulación en Bachiller supone un coste
de 74.365.011,77 euros; que hacerlo en la tasa de titulación en Ciclos
Formativos de Grado Medio exigiría 88.595.351,51 euros y lograrlo en
Formación Profesional Básica demandaría 24.989.141,27 euros. ¿Cómo va a
lograr esta reforma mejorar la titulación con ese recorte de
aproximadamente 9.000 millones en educación, que comprometió en el
Programa de Reformas remitido a la Comisión Europea?

La LOMCE es ante todo una contrarreforma antipedagógica,
que muestra una profunda ignorancia acerca del funcionamiento de los
procesos educativos. El Proyecto de Ley desconoce deliberadamente lo que
la investigación científica nos viene enseñando sobre los procesos de
evaluación educativa. Se confunde deliberadamente la evaluación de los
procesos educativos con la clasificación de los alumnos, en un modelo que
sólo nos puede conducir al aumento del abandono y del fracaso escolar.
Justo el camino inverso al que necesitamos, un modelo educativo centrado
en las necesidades y motivaciones del alumnado para contribuir al éxito
escolar de todos y cada uno de los alumnos que tienen necesidades y
motivaciones personales distintas.

Es una reforma que no aporta los recursos suficientes para
mejorar el sistema educativo, como se señala más arriba, que carece de
una memoria económica creíble y en medio de brutales recortes que
degradan la calidad educativa y atentan contra la equidad en el acceso al
derecho a la educación. Este proyecto elude las recomendaciones de la
propia Unión Europea sobre la necesidad de priorizar la inversión
educativa, sobre el incremento del gasto público en educación y su
equiparación progresiva a la media de los países de la Unión Europea.

Todo esto se ha puesto de manifiesto en el preceptivo
Dictamen del propio Consejo de Estado, que ha señalado graves
insuficiencias en aspectos centrales del proyecto de ley, empezando por
cuestionar la necesidad de la misma para alcanzar los objetivos que
supuestamente persigue, así como el escaso

esfuerzo ministerial (por no decir nulo), a la hora de
alcanzar un mínimo nivel de acuerdo con personas expertas y
organizaciones representativas de la sociedad y la comunidad
educativa.

El Proyecto de Ley concibe la educación no como un Derecho,
sino como un factor productivo al servicio de un modelo económico que
otorga a los mercados una función reguladora de las relaciones sociales
que sólo corresponde a las instituciones democráticas. Y con esta
concepción se supedita la educación a los intereses economicistas,
anteponiendo las exigencias de los poderes económicos a la formación
integral, mediante la supresión de materias y contenidos considerados
poco «útiles» para la «empleabilidad». Este proyecto renuncia a que el
sistema educativo forme ciudadanos y apuesta porque, otra vez, se dirija
a lanzar «productores» al mercado laboral, apuntillando la ya maltrecha
enseñanza de las humanidades.

Confunde deliberadamente la autonomía pedagógica de los
centros, positiva, con una autonomía de gestión que busca la
esponsorización de los centros haciéndoles dependientes en financiación
de sus benefactores privados.

Así mismo, es una reforma que confunde deliberadamente las
funciones que solo corresponden a los sectores públicos, al otorgar a los
«agentes privados» funciones «de facto» reguladoras del Sistema
Educativo. Además de promover la creación de centros privados con
recursos públicos, y extender y fomentar los conciertos con entidades
privadas (habitualmente confesionales). Fomenta además la competitividad
entre los centros, en lugar de la cooperación, mediante formas de
«especialización» para poder seleccionar a su alumnado, y estableciendo
clasificaciones según resultados, que servirán además para obtener mayor
financiación a los centros mejor situados en el ranking y no a los que
más lo necesiten. Este modelo de «competitividad» propicia la selección
adversa del alumnado y convierte al sistema educativo en un instrumento
de reproducción e incremento de las desigualdades, en lugar de ser como
debiera la principal política de reducción de la desigualdad social y
personal.

Es una contrarreforma segregadora, sexista y adoctrinadora
que restaura viejos itinerarios selectivos desde temprana edad, devalúa
la Formación Profesional y convierte la educación en una carrera de
obstáculos con continuas reválidas excluyentes. Potencia además la
enseñanza de la religión e impone una alternativa «dura y evaluable» al
gusto de la jerarquía católica, permitiendo así mismo la enseñanza
separada por sexos asegurando financiación pública a los centros
ultraconservadores que la practican. Y lo que es más grave, asegurando
que la educación separada por sexos no comporta discriminación, lo que
podría ser la puerta de entrada a otras formas de segregación.

La LOMCE es una reforma intervencionista y
recentralizadora, que persigue la homogeneización a partir de procesos de
permanente erosión de las funciones y competencias de las Comunidades
Autónomas y que desconoce el papel de la descentralización en la gestión
educativa en los buenos resultados alcanzados en términos de equidad y
eficiencia en otros sistemas educativos de la Unión Europea. Hasta ahora
las Comunidades Autónomas, con el respaldo de sus respectivas sociedades,
han desarrollado políticas educativas que han asegurado mayor equidad del
sistema, garantizando la igualdad de oportunidades y adaptando, para
hacerlo más eficaz, el sistema educativo a las singularidades propias de
su sociedad y su territorio. Reducir la capacidad de las Comunidades
Autónomas para configurar el currículo o planificar la oferta educativa
no contribuirá a mejorar la atención educativa que estamos obligados a
proporcionar a alumnos y familias.

En este terreno del adoctrinamiento y la homogeneización
del alumnado supone un ataque sin precedentes al sistema de inmersión
lingüística, que ha contado históricamente con un amplísimo consenso
social y político y que ha supuesto un factor imprescindible para la
integración y la cohesión social en las Comunidades Autónomas con lenguas
propias oficiales. Un modelo que ha contado históricamente con un
amplísimo consenso social y político y que cabría extender a las que,
teniendo lengua propia, no la han reconocido, para las que este proyecto
supone nuevas amenazas.

Por otro lado, el carácter recentralizador, segregador y
elitista de la contrarreforma que plantea el Gobierno del PP también
supone una amenaza para el conjunto del sistema educativo que las
diferentes Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias,
han desarrollado.

La LOMCE apuesta por un sistema educativo sin democracia y
sin participación de la Comunidad Educativa en la vida de los centros
educativos. Este aspecto de la Ley es claramente contrario al contenido y
espíritu proclamado en el artículo 27 de la Constitución Española. El
ataque a la democracia y la participación en la gestión de los centros,
disfrazado de lo que el PP denomina «autonomía del centro» rompe con la
tradición participativa de la escuela pública y abre las puertas a una
gestión jerárquica, al estilo del que se ha impuesto en buen número de
escuelas privadas concertadas.

El Consejo Escolar pasa a ser un órgano meramente
consultivo e informativo y, por el contrario, las funciones de decisión
pasan a la competencia exclusiva del director o directora del centro
(designado directamente por la Administración y no mediante una elección
democrática de la comunidad educativa). El equipo de los centros pasa a
ser una gerencia profesionalizada restringiendo, por tanto, el acceso a
tareas de dirección. El equipo directivo avanza hacia un modelo
jerárquico y unipersonal donde pierden peso las direcciones
colegiadas.

Relega a los gobiernos locales porque los ayuntamientos
dejan de ser interlocutores en la programación de la oferta educativa y
elimina su representación en los consejos escolares de las concertadas.
Hecho que se refuerza con la reducción de competencias municipales
prevista en la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.

Los Senadores que suscriben esta propuesta de veto
consideran que las medidas necesarias para mejorar nuestro sistema
educativo tienen que encaminarse en la dirección de ofrecer una educación
de calidad para toda la población escolar, tanto para el alumnado con
mayor capacidad y motivación para aprender, como sobre todo para quienes
tienen mayores dificultades de aprendizaje y necesitan por tanto más
apoyo educativo. Un sistema educativo de calidad debe asumir el
compromiso de elevar el nivel de formación de todo el alumnado, sea cual
sea su origen social o procedencia y su situación personal y familiar de
partida, sin segregar ni limitar sus posibilidades futuras. Más y mejor
educación para todos: este es el camino a seguir.

Para ello, se precisa ante todo una potente educación
pública, de titularidad y gestión pública, que garantice el derecho
universal a la educación en condiciones de igualdad y contribuya al éxito
escolar de todo el alumnado.

Se necesita una educación laica que respete la libertad de
conciencia y elimine del currículo escolar toda forma de adoctrinamiento.
Ello exige derogar los acuerdos con la Santa Sede y otras religiones,
excluir la educación religiosa del horario lectivo y suprimir la
simbología religiosa de los centros escolares. Este proyecto, por el
contrario, promueve la elección de la asignatura de religión y permite
que la nota obtenida en la misma acabe repercutiendo en la concesión de
becas.

Hace falta una educación personalizada, integral e
inclusiva, que reduzca el número de estudiantes por grupo y potencie la
tutoría y la orientación educativa, con un currículo y una organización
pensados para atender mejor a la diversidad del alumnado y formar
ciudadanos críticos y capacitados para cooperar en la construcción de un
mundo mejor y más justo.

No podemos renunciar a una educación en igualdad que
fomente la coeducación y no segregue por razón de sexo o de orientación
sexual, ni por ninguna otra característica de índole personal o
cultural.

Nuestro país, lastrado todavía por la larga y siniestra
sombra de la dictadura franquista precisa una educación democrática que
favorezca y potencie la participación real de toda la comunidad educativa
en la gestión y funcionamiento de los centros y de los distritos
escolares.

Es imprescindible una educación que motive al profesorado,
reconociendo y confiando en su labor, acordando sus condiciones de
trabajo y mejorando su formación inicial y permanente.

Pero nada de ello será posible sin una educación con
financiación pública suficiente, garantizada por Ley, que se blinde
frente a recortes, que alcance la media europea en PIB y asegure un
sistema integral de becas, así como la gratuidad de materiales
didácticos, comedor y transporte escolar en la enseñanza obligatoria.

Por ello unimos nuestra voz a la gran mayoría de la
comunidad educativa para exigir la retirada del proyecto de LOMCE, que se
promueva un amplio debate público, con participación de expertos y de
todos los sectores del ámbito escolar, para alcanzar un diagnóstico
compartido sobre las causas de los principales problemas de nuestro
sistema educativo y plantear medidas concretas con recursos suficientes
que sirvan para extender y mejorar nuestra educación pública.

Por todos estas poderosas razones presentamos esta
propuesta de veto al proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la
calidad educativa (LOMCE). Y por ello reclamamos al Gobierno de España la
retirada inmediata de este proyecto de ley.

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invasora de nuestra capacidad de decidir, arrogándose
competencias educativas que no le corresponden, recortando nuestra
soberanía, ya limitada, y avanzando en la recentralización del Estado.

Porque esta reforma vacía prácticamente, de una manera
ilegítima, nuestra soberanía en este campo, quedando sometidos a una mera
aplicación de las regulaciones propuestas.

Consideramos inadmisible y antidemocrática esa involución
en aspectos fundamentales: que sea el Estado quien diseñe el 50% de las
asignaturas troncales de la enseñanza obligatoria así como del bachiller,
o que corran a cargo del Estado las pruebas de las evaluaciones finales
de cada etapa, con el único fin de condicionar el curriculum es
inaceptable a todas luces, porque además de la invasión curricular,
entendemos que fomentarían claramente la discriminación prematura del
alumnado, sometiéndole a una carrera de obstáculos, además de la grave
intromisión que supondría en la autonomía de los centros y en el trabajo
del profesorado.

Igualmente grave y totalmente antidemocrática es el aspecto
del funcionamiento de las escuelas. Obvian totalmente la importancia del
clima escolar en una buena educación. Es inadmisible la limitación de lo
que entendemos es el eje fundamental para el impulso de una verdadera
calidad educativa, la participación y capacidad de decisión de los
consejos escolares, reduciendo a la nada la implicación de madres, padres
y capacidad de decisión de los consejos escolares, reduciendo a la nada
la implicación de madres, padres y alumnado así como la pérdida total de
autonomía de las escuelas, con la centralización del poder decisorio en
las direcciones de los centros, pervirtiendo la figura del director,
brazo ejecutor de la administración central, así como grave nos parece la
reducción de la capacidad de los centros de adaptar y definir proyectos
educativos a las necesidades particulares del entorno social y del
alumnado del centro.

En segundo lugar, desde el punto de vista de la concepción
de la educación, consideramos que es una Ley contra la equidad, que no
mira para nada al modelo de sociedad, que no tiene en cuenta la
pluralidad y diversidad del alumnado, y dejando de lado criterios
pedagógicos y de integración, y con la palabra mágica de la
«empleabilidad» como excusa, plantean una involución total en el aspecto
ideológico, poniendo la educación al servicio del mercado y las empresas,
con un modelo competitivo, basado en la meritocracia y que arrincona al
más débil; el alumnado y el sistema educativo deberán moldearse al gusto
y necesidad del mercado, pervirtiendo el objetivo de desarrollo personal
y social, base de la educación, acabando con el derecho irrenunciable a
la igualdad de oportunidades. Hace años que nuestro sistema educativo
trabaja por limar las diferencias por origen, nivel de recursos…
Este proyecto quiere deliberadamente parar esa maquinaria para mantener
precisamente esas diferencias de origen. Esto provocaría
irremediablemente que haya estudiantes de primera y de segunda.

A ello, hay que añadir el riesgo más que manifiesto de
adoctrinamiento en valores conservadores que presenta este proyecto, ese
espíritu de la eliminación de las visiones de la sociedad que incomodan
al partido gobernante. Nos resulta inquietante ese objetivo claramente
ideologizante, como queda patente por ejemplo con la impartición de
religión o la marcha atrás en las políticas de igualdad de género
derivado de una discriminación positiva de los colegios segregados por
sexos.

Y por último, especialmente grave nos parece el ataque que
supone contra el euskera. El idioma de nuestro pueblo, vejado, castigado,
minorizado, en una situación de peligro de desaparición que exige un
esfuerzo y tratamiento singular, lo cual es admitido por toda la
comunidad educativa y la ciudadanía de Euskal Herria.

El elemento principal de cohesión social como viene siendo
demostrado claramente, vuelve a ser castigado, despreciado y relegado a
un nivel secundario. Esto supondría poner en peligro de muerte los
modelos de inmersión lingüística o aquellos en los que la lengua
vehicular sea el euskera, desandando el camino recorrido durante los
últimos años, violando los derechos lingüísticos y asestando un tremendo
golpe de bilingüismo real y a la normalización lingüística.

Por todo ello, AMAIUR sumándose a la voz de toda la
comunidad educativa, sindical y social (profesorado, alumnado, madres y
padres, personal no docente que trabaja en las escuelas, agentes en
defensa del euskera) que vienen demostrando su más profundo y unánime
rechazo a este Proyecto de Ley, entendiendo que no tiene el aval de la de
Euskal Herria, presenta este veto y pide la retirada inmediata de la
LOMCE, el respeto a la realidad de Euskal Herria y a su derecho a decidir
el sistema educativo que sus agentes educativos y la sociedad vasca
quieran.

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Propugnan un carácter conservador, ultraliberal, clasista y
regresivo de la educación, que deja de ser un derecho para convertirse en
un servicio y que abre camino a la escuela selectiva. La LOMCE actúa como
un catalizador del proceso de privatización de la educación, tal como se
refleja a través de la oficialización del concierto a los centros de
élite que rompen los principios de coeducación.

De igual manera, se consolida un modelo de escuela
confesional, heredero del nacionalcatolicismo negador de la libertad de
conciencia, que establece la religión como materia fundamental, agravando
aún más la actual situación —no compartida por el
republicanismo— de presencia de la enseñanza de la religión en el
sistema escolar público a través de un profesorado, pagado por la
Administración pública, pero designado y controlado por la propia
Iglesia. La ofensiva de la jerarquía de la Iglesia Católica es tanto más
inaceptable —y lamentable su asunción por parte del gobierno—
en cuanto corre en paralelo a la expulsión del currículo de la asignatura
de Educación para la Ciudadanía, que había sido cuestionada por la
Conferencia Episcopal.

Asimismo, mientras se potencia la enseñanza de una materia
dogmática como la religión, son suprimidas o relegadas otras materias
imprescindibles para la formación integral del alumnado como el
Conocimiento del Medio como Área de Educación Primaria, la Historia
Contemporánea para los estudiantes de Secundaria de las ramas científicas
y tecnológicas, la Música u otras.

El proyecto de ley representa un paso atrás en todo aquello
que estimula la cogestión de los integrantes de la Comunidad Educativa en
el proyecto educativo, al suprimir el carácter decisorio del Consejo
Escolar, así como la participación de la sociedad hasta el extremo de
menoscabar el papel de los ayuntamientos como administración educativa.

Todo ello nos hace concluir que el proyecto de Ley Orgánica
para la mejora de la calidad educativa no responde a una sincera voluntad
de aspiración de mejora del actual sistema, tal como queda demostrado,
más allá de la voluntad de imposición, intolerancia y rechazo al diálogo
demostrada por el Gobierno, en la ausencia de una memoria económica
creíble suficiente. Al contrario, su contenido impedirá, sin duda,
fracturar al conjunto de la Comunidad Escolar e impedirá alcanzar los
objetivos que se pretenden en la Unión Europea para el año 2020 de
reducir el fracaso escolar y la tasa de abandono escolar, así como el de
aumentar el porcentaje de alumnado que finaliza con éxito los estudios
postobligatorios.

Por todo ello, se presenta veto al Proyecto de Ley Orgánica
para la mejora de la calidad educativa y su devolución al Gobierno.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley
Orgánica para la mejora de la calidad educativa.

Palacio del Senado, 31 de octubre de 2013.—Jordi
Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura
Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

El Proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), supone un cambio de modelo educativo. Un cambio
involutivo, pasar de un modelo inclusivo, comprensivo y descentralizado a
otro segregador, centralizado y confesional.

Un cambio involutivo que se manifiesta en todos los
ámbitos, pedagógicos, competenciales, aconfesionales y democráticos así
como en el tratamiento inadmisible que se otorga a las lenguas
cooficiales.

La finalidad es evidente atentar contra la igualdad de
oportunidades y atacar la escuela pública.

Por otro parte, la LOMCE se ha elaborado sin un proceso
previo de dialogo y debate con la comunidad educativa.

Hay muchas razones para la presentación de esta propuesta
de veto a la LOMCE, pero queremos destacar las siguientes:

1. Es segregadora

La segregación empieza ya al definir trayectorias que traen
a titulaciones diferentes. Separación temprana. Formación Profesional
básica dentro del sistema obligatorio como una vía alternativa y, sobre
todo, los dos tipos de graduado que representan una afrenta para la
dignidad de la Formación Profesional.

La segregación de los alumnos en los ámbitos curricular,
funcional o por la misma tipología del alumnado en diferentes tipos de
centros es una de las claves de la reforma legal.

En vez de trabajar por la cohesión, subraya las
diferencias: se podrá segregar por lengua, por sexo y por capacidades,
puesto que se podrá separar el alumnado en función de sus resultados
académicos.

2. Promueve la exclusión social

Se suprime el apartado 2 del artículo 140 de la LOE, que
impedía que las evaluaciones externas sirvieran para hacer
clasificaciones de alumnos y centros en listados públicos para evitar un
uso pernicioso para el proceso educativo.

A partir de la nueva ley, las clasificaciones de resultados
en pruebas externas se publicarán. Se concibe la educación como un marco
de competición entre individuos.

Además, se pedirán cuentas a los centros, siendo la
Administración quien impondrá los indicadores básicos para su evaluación
y por los contenidos curriculares a impartir que se derivan. Servirá para
dotar de recursos los centros con mejores resultados y presumiblemente
situados en entornos sociales favorecidos en detrimento de los sectores
sociales más débiles y desfavorecidos. Agravará la magnetización de
centros en entornos sociales más desfavorecidos.

3. Es una ley recentralizadora

Es una ley recentralizadora: el Gobierno de Madrid decidirá
los contenidos de las materias troncales y las preguntas de las
reválidas.

Se aumenta el porcentaje de contenidos establecidos por el
Estado central y se incorporan evaluaciones externas al final de cada
etapa que determinan los niveles de exigencia. Se controlan así los
conocimientos concretos que se tienen que impartir, así como la selección
del alumnado hacia una u otra vía de la educación postobligatoria, dado
el carácter de reválida de estas pruebas.

El proyecto de ley cambia profundamente la distribución
competencial que ha funcionado durante 30 años y fulmina las competencias
de la EAC, artículo 131, que establece competencias compartidas en
programación de la educación, su definición, la evaluación del sistema, y
el establecimiento de planes de estudio y ordenación curricular.

4. Equipara la educación a la superación de pruebas

Refuerza en todas las etapas el aprendizaje de materias
instrumentales, pero aumentan la ratio y sacan desdoblamientos en estas
materias (lengua, matemáticas).

Reducen la presencia de las asignaturas más creativas
(música, artes plásticas).

Enfocan el estudio a la superación de pruebas externas
(PISA). No olvidamos que preparar una prueba no es lo mismo que
aprender.

5. Laicidad

Va en sentido contrario a la necesaria laicidad del sistema
educativo porque elimina la asignatura de Educación para la Ciudadanía y,
atendiendo las presiones de la cúpula eclesial, vuelve a colocar con
fuerza la religión como asignatura que cuenta para la nota final de
ESO.

6. Favorece la privatización y el espíritu
mercantilista

Favorece la privatización y el espíritu mercantilista.
Amplía la duración de los conciertos económicos, blinda las escuelas de
élite que segregan los alumnos por sexos, permite la selección de
alumnos, crea rankings de resultados y no asegura la gratuidad en la
educación infantil y en los estudios postobligatorios.

Tampoco garantiza la oferta pública suficiente en un
territorio porque la oferta se ordenará en función de la demanda de las
familias. La escuela pública puede quedar como oferta subsidiaria de la
concertada.

Además de fomentar la exclusión y la segregación, la LOMCE
promueve la competencia entre el alumnado y entre los centros por encima
del valor de la cooperación y el trabajo en equipo. Prevé la publicación
de rankings y se priorizan los resultados por delante de la calidad y de
la equidad de los procesos educativos. Se prevén medidas correctoras para
los centros con bajos resultados.

7. Un ataque al modelo de escuela democrática

Es un ataque al modelo de escuela democrática porque la
participación del profesorado y las familias queda reducida, se reduce la
autonomía de los centros, los consejos escolares serán consultivos y
pierden competencias en favor de las direcciones y las direcciones son
escogidas con más intervención por parte de la Administración.

8. Relega a los gobiernos locales

Relega a los gobiernos locales. Los municipios dejan de ser
interlocutores para la programación de la oferta educativa y no tendrán
representantes en los consejos escolares de las escuelas concertadas.
Este hecho quedará reforzado por la reducción de las competencias
municipales prevista en la reforma de la Ley de Bases de Régimen
Local.

9. Relega el catalán a materia residual y dinamita el
modelo de inmersión lingüística

Obliga los territorios con lengua cooficial a garantizar
«en todas las etapas educativas obligatorias que las lenguas cooficiales
sean ofertas en las diferentes asignaturas en proporciones equilibradas
en el número de horas lectivas». En caso contrario, los gobiernos
autonómicos tendrán que ofrecer a los padres la posibilidad «de escoger
la lengua vehicular» y, si no hay oferta en la escuela pública o en la
concertada de su localidad, tendrán que «sufragar los gastos de
escolarización» en «centros privados».

«Disposición adicional trigésima novena. Lengua castellana
y lengua vehicular de la enseñanza.

— Las Administraciones educativas podrán otorgar, en
función del estado de normalización lingüística en sus territorios, un
trato diferenciado a la lengua cooficial respeto del castellano en una
proporción razonable, sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la
exclusión del castellano.

— Mientras no se realice la determinación a que se
refiere el párrafo anterior, los padres o tutores tendrán derecho a
escoger la lengua vehicular de la enseñanza que reciban sus hijos.
Cuando, como consecuencia de dicha falta de determinación, no exista
oferta docente pública o concertada en la lengua vehicular elegida en la
localidad de residencia de los alumnos, los padres o tutores podrán optar
por escolarizar a sus hijos en centros privados.

Este planteamiento es contrario a cualquier estrategia de
fomento de las lenguas propias, diferentes del castellano. Y, en
especial, un ataque al modelo de inmersión lingüística del cual nos hemos
dotado en Cataluña cómo uno de los elementos (no el único) de cohesión
social, que ratifica su bravata de españolizar los alumnos catalanes.

10. Fomenta el negocio educativo y profundiza la
privatización

Se incluye como parte del sistema educativo los «agentes
privados» que desarrollan funciones de regulación, financiación o
prestación del servicio educativo en España. Artículo claramente
orientado a legalizar la progresiva privatización del sistema educativo
español y a sustituir el «derecho» a la educación por la «prestación del
servicio» de la educación.

11. Centros concertados

Se prolonga el periodo para renovar los conciertos: de un
máximo de 4 a un mínimo de 6 años en Primaria y cuatro años en
Secundaria. Además, las administraciones deberán tener en cuenta la
«demanda

social» a la hora de programar el reparto de plazas, es
decir, si hay padres que prefieran llevar a sus hijos a la escuela
concertada en vez de a la pública.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica para la mejora
de la calidad educativa.

Palacio del Senado, 31 de octubre de 2013.—El
Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto.

JUSTIFICACIÓN

El artículo 16 del Estatuto de Gernika dispone que:

«En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional
primera de la Constitución, es de la competencia de le Comunidad Autónoma
del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la
Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que
atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la misma y de la alta
inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.»

Queda patente en dicho precepto estatutario la especialidad
o singularidad de la competencia de Euskadi en materia educativa, cuyo
ejercicio se ha plasmado, entre otras, en la Ley 1/1993, de 19 de
febrero, de la Escuela Pública Vasca, que en su Preámbulo recalca este
origen singular de las competencias de Euskadi en materia educativa, a lo
que cabría añadir que esa Comunidad Autónoma tiene además características
culturales propias que el sistema educativo debe considerar, como lo es
la existencia de dos lenguas oficiales, una propia y otra común. Ley en
la que se recogen los principios generales y los fines de la escuela
pública vasca, que se define como plural, bilingüe, democrática, al
servicio de la sociedad vasca, enraizada social y culturalmente en su
entorno, participativa, compensadora de las desigualdades e integradora
de la diversidad, y en la que se apuesta firmemente por una escuela
pública suficientemente dotada de medios materiales y humanos, en la que
participen todos los sectores sociales implicados y en la que los centros
gocen de una autonomía efectiva, siendo la escuela pública el instrumento
de actuación directa de la Administración en el cumplimiento del precepto
constitucional que garantiza el derecho a la educación y en la
compensación de las desigualdades.

Sin embargo, el texto del Proyecto de Ley Orgánica para la
mejora de la calidad educativa, al no reconocer a la Comunidad Autónoma
Vasca especialidad alguna en materia de enseñanza, desconoce su
singularidad constitucional derivada de sus derechos históricos y que
encuentra amparo y respeto, como ya hemos señalado, en la disposición
adicional primera de la Constitución y cuya actualización general ha sido
operada en el marco de la Constitución y del propio Estatuto de Gernika
que se erige el marco normativo primario atributivo de competencias y
facultades en la materia.

En definitiva, transgrede el bloque de constitucionalidad y
obvia que ha sido precisamente el ejercicio del autogobierno y la
aplicación extensiva de estos principios a la totalidad del sistema
educativo vasco la que ha posibilitado construir con un amplio consenso
entre los diversos agentes, docentes, alumnos y alumnas, padres y madres,
escuela pública y concertada e instituciones, un modelo estable basado en
la mejora continua y la excelencia.

De hecho, las últimas evaluaciones internacionales y las
evaluaciones de diagnóstico, las mismas que han servido de argumento al
Ministerio de Educación para promover la reforma de la LOE, han reflejado
que la situación y realidad de nuestros centros es diferente a la de
otros sistemas educativos del Estado.

Las tasas de abandono escolar temprano, el porcentaje de
alumnado titulado en ESO y Bachillerato, los ratios de titulados
superiores y la alta satisfacción de las empresas y de inserción laboral
de la FP,

contribuyen a que el alumnado vasco alcance la media
europea, e incluso la supere y se sitúe entre las dos primeras posiciones
en el Estado.

Mantenemos igualmente profundas discrepancias con la
práctica totalidad del Proyecto de Ley en tanto que propone cambios de
enorme calado que tienen efecto directo en la totalidad del sistema
educativo español, e inciden en ámbitos tan diversos como el pedagógico,
el organizativo o el económico.

Aspectos como el tratamiento de la realidad plurilingüe del
Estado español, la configuración del currículo, la organización de los
ciclos, el sistema de evaluaciones, el modelo de Formación Profesional o
la autonomía de los centros, entre otros, nos llevan al rechazo de este
Proyecto de Ley que además, carece del imprescindible consenso social y
político que requiere una reforma educativa de semejante calado, que
adolece de un marcado carácter recentralizador y uniformador y que
produce la quiebra del principio de equidad, elemento clave de cualquier
sistema educativo de calidad.

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora
María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al
Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.

Palacio del Senado, 31 de octubre de 2013.—Mónica
Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí
Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera
García.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 6

De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco
Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos
Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan
Sabaté Borràs (GPEPC) y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador
Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC),
el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora
María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta
de veto.

El Gobierno del Partido Popular ha presentado a través de
este proyecto de Ley una reforma ideológica del principal pilar de
construcción de la sociedad moderna, la Educación. Y lo hace sólo con el
apoyo de su mayoría parlamentaria, en contra de toda la oposición, la
comunidad educativa y la mayoría de Comunidades Autónomas que
competencialmente son las encargadas de gestionar la educación en sus
territorios. Presenta esta norma con una prepotencia impropia de un
Ejecutivo cuya acción de gobierno debe basarse en el principio de interés
general y no, como ya es costumbre en sus propuestas legislativas, en el
interés particular de ciertos sectores.

Las senadoras y senadores firmantes de esta enmienda
rechazamos de plano este proyecto de Ley y solicitamos su devolución al
Gobierno por innecesario y por injusto, por subordinar la Educación
pública a la concertada y a la privada, por reducir la igualdad de
oportunidades en el acceso a la educación, por segregar y discriminar a
los alumnos más vulnerables, por devaluar la Formación profesional, por
eliminar la educación en valores éticos y democráticos de la asignatura
Educación para la ciudadanía, por computar como obligatoria la formación
religiosa, por favorecer la financiación pública de la educación
segregada por sexos, por reducir drásticamente la participación de la
comunidad educativa en los Consejos Escolares, y por conculcar las
competencias educativas y lingüísticas de las Comunidades Autónomas,
atacando injustamente el modelo de inmersión lingüística y el conjunto
del sistema educativo de Cataluña establecido en el Estatut y
desarrollado en la Ley de Educación catalana.

El Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad
educativa es innecesario porque cambia la arquitectura organizativa de la
Educación Pública que está funcionando y ha logrado el equilibrio entre
el derecho a la educación y la libertad de enseñanza que establece el
artículo 27 de la Constitución.

Todos coincidimos en la necesidad de mejora permanente del
sistema educativo en nuestro país. Pero, dada la importancia para
nuestras generaciones presentes y futuras, cualquier mejora debe estar
basada en un diagnóstico compartido y un consenso entre todas las
administraciones competentes y el conjunto de la comunidad educativa. Y
este proyecto no lo está. Y lo que es más grave, este texto ha concertado
la oposición en bloque de toda la sociedad, desde el profesorado al
alumnado, de la escuela infantil a la universidad, de las comunidades
autónomas, los sindicatos, las familias, y los partidos políticos.

Toda esta oposición a la reforma ha culminado en la
convocatoria de dos huelgas generales en la Educación, el 9 de mayo y el
pasado 24 de octubre, la presentación de once vetos en su tramitación en
el Congreso y la firma de un pacto entre los grupos parlamentarios de la
oposición y las organizaciones sociales comprometiéndose a la derogación
de la Ley ante un eventual cambio de gobierno y a colaborar en la
elaboración de una nueva ley que cuente con el máximo consenso
parlamentario y de la comunidad educativa.

Además, en el inicio de la tramitación de esta norma en el
Senado, y tras la celebración de una sesión monográfica de la Comisión
General de Comunidades Autónomas sobre la invasión de competencias
autonómicas que implica el proyecto de ley, cinco Comunidades Autónomas
han anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal
Constitucional.

Esta norma incorpora implícitamente una filosofía
claramente recentralizadora de las competencias autonómicas en Educación.
Y esto es intolerable. En Catalunya, en virtud de la Constitución y de
acuerdo con el Estatuto de Autonomía se promulgó una Ley de Educación en
2009, aprobada por el 85% de los diputados del Parlament, que está
funcionando de forma satisfactoria desde su entrada en vigor.

A nuestro juicio, este proyecto de ley condiciona
gravemente el ejercicio de las competencias educativas de la Generalitat
de Catalunya, deja sin contenido real sus competencias en materia de
ordenación educativa y definición de los contenidos curriculares e
interfiere en su capacidad de planificar la oferta educativa de acuerdo
con las necesidades de escolarización.

La norma lleva al límite el ejercicio de las competencias
estatales de homologación de los títulos académicos, mediante una
regulación exhaustiva y la introducción de unas pruebas externas
centralizadas que anulan la capacidad de determinar los contenidos
educativos, en contra de las previsiones del Estatut de Catalunya sobre
el establecimiento de políticas propias por parte de la Generalitat.

Además, el texto del proyecto de ley reduce y altera las
competencias de la Generalitat en materias como la evaluación general del
sistema y la planificación educativa, llegando al extremo de poder
alterar la planificación de la oferta de servicio público y las normas de
admisión que son, sin ninguna duda, de competencia autonómica.

También el calendario de implantación de la ley afecta de
forma negativa al ejercicio de las competencias de la Generalitat. No
parece razonable que los plazos de implantación de una ley, que no
corresponde exclusivamente al Ministerio, sean tan reducidos. No es
casual que en las anteriores leyes que establecían cambios en la
estructura académica (tanto con la LOGSE y la LOE como también con la
LOCE) el calendario no se definía en la ley sino que se habilitaba al
Gobierno para su concreción. Concreción que lógicamente, hay que hacerla
de acuerdo con las administraciones educativas, tal y como señala el
Consejo de Estado en su Dictamen.

El proyecto, con su actual redacción, implica que la
Generalitat, y el resto de Comunidades Autónomas, tendrán que producir
nuevas normas reglamentarias que afecten a la ordenación curricular y a
la organización de los centros. Y hará falta, también, hacer acciones de
formación para el profesorado.

El hecho de que el proyecto proponga un calendario de
aplicación tan acelerado demuestra la voluntad del Gobierno de agotar,
también en el ámbito reglamentario, todo el margen de actuación. En
realidad implica dejar a la Generalitat sin posibilidades para el
ejercicio de sus propias competencias.

Otro de los motivos principales para la devolución al
Gobierno de este texto es el cambio en la regulación lingüística que
ataca injustificadamente el modelo de inmersión lingüística de Catalunya.
Y lo hace con el espurio argumento de que existe un «problema»
lingüístico y hay que proteger el castellano. Este modelo de probada
eficacia garantiza el conocimiento del catalán y del castellano al
finalizar la formación y ha sido fundamental para la cohesión y para la
convivencia lingüística en nuestro territorio.

La medida introducida en la Disposición Adicional 38 de
asumir el compromiso de una escolarización especial para aquellos
—contados— alumnos que acrediten que no disponen de «una
oferta docente razonable sostenida con fondos públicos en la que el
castellano sea utilizado como lengua vehicular», asumida directamente por
el Ministerio y repercutiendo los gastos a la Generalitat no es
razonable. Constituye una muestra de desconfianza institucional, de falta
de respeto a las competencias estatutarias

y, también, una demostración de la falta de confianza en
los instrumentos jurisdiccionales como el propio Tribunal Constitucional
que ha revalidado este sistema en numerosas sentencias.

Un análisis en detalle del contenido del proyecto de ley
muestra el cambio de un modelo que garantizaba la igualdad de
oportunidades efectiva en el acceso a la educación, independientemente
del origen o de las condiciones socioeconómicas, obligando a la
existencia de plazas públicas en la educación obligatoria, hacia otro en
el que se relega la preponderancia de la escuela pública en favor de la
escuela concertada. Y esto, unido a la zona única de escolarización, y en
contra de las recomendaciones de la OCDE, puede provocar que sean los
propios centros los que elijan a los alumnos, y la red de escuela pública
se convierta en el único espacio donde puedan estudiar los alumnos más
vulnerables, con problemas y riesgo de exclusión social.

Estamos radicalmente en contra de una ley que es un foco de
segregación y discriminación temprana de los alumnos. Así, el sistema de
evaluaciones finales o reválidas que incorpora y que pueden tener
consecuencias académicas impredecibles ya que potencia el progreso de los
mejores en vez de favorecer la igualdad de oportunidades para el progreso
de todos. Esto también va a suponer la competencia entre centros
centrando sus esfuerzos en preparar a los alumnos para estas reválidas en
vez de reforzar la evaluación continua en cada una de las etapas de la
formación. El adelanto en la elección de itinerarios, y la sustitución de
la selectividad por pruebas de acceso va a reducir el número de alumnos
que finalmente van a acceder a los estudios superiores. Pero, aún más
grave es la eliminación de los programas de educación compensatoria y
atención a la diversidad, abandonando a los alumnos más débiles, con más
dificultades y más vulnerables.

Finalmente, no podemos permitir que este proyecto de ley
nos haga retroceder en el tiempo eliminando derechos y avances muy
importantes que hemos logrado en la educación cívica y democrática en
nuestro sistema educativo, como la eliminación de la asignatura de
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, el carácter
obligatorio de la asignatura de Religión y de sus alternativas, y el
apoyo explícito del Gobierno a los centros educativos que segregan por
sexo.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica
para la mejora de la calidad educativa.

Palacio del Senado, 31 de octubre de 2013.—El
Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 7

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ha
manifestado en reiteradas ocasiones que para mejorar en la calidad
educativa era imprescindible el consenso. Consenso parlamentario y entre
aquellas administraciones responsables de la actividad educativa, para
que las reformas no sean coyunturales sino estables y consenso social,
para que las reformas tengan el apoyo y el impulso de la comunidad
educativa, profesorado, familias y expertos, ya que reformar en
profundidad el marco legal que regula la educación equivale a reformar
uno de los pilares del Estado y no puede hacerse de manera partidista e
ideológica, es obligatorio encontrar consensos más amplios y duraderos
que la simple mayoría parlamentaria de cada legislatura. Lamentablemente
la tramitación y los objetivos del Proyecto de Ley en ningún caso han
buscado acuerdos y consensos.

Si además se trata de reformar el marco educativo de un
estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico, como es el caso
del estado español, es evidente que la reforma debe ser especialmente

sensible para integrar las diferentes realidades de
aquellos territorios con lengua y cultura diferenciada de la
castellana.

El conjunto de la sociedad, la práctica totalidad de la
comunidad educativa y las fuerzas políticas suelen coincidir en el
diagnóstico de los aspectos a mejorar de nuestro sistema educativo:
reducir significativamente el fracaso escolar, aumentar los graduados en
educación secundaria, fidelizar a los alumnos hasta obtener una formación
que facilite su empleabilidad, aumentar los índices de éxito escolar
entre nuestros estudiantes, reforzar las áreas estructurales, dominar una
lengua extranjera y potenciar la Formación Profesional. También coinciden
que para mejorar la calidad de la educación lo importante no es modificar
de nuevo la estructura legislativa, competencias y curriculums, sino
mejorar en la prioridad social por la educación y en la colaboración de
las administraciones y la comunidad educativa para mejorar los resultados
y la calidad de la educación entre nuestros jóvenes.

Sin embargo el Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa propone un cambio estructural, una transformación
total del actual sistema educativo y pretende abordarlo como decisión
partidista e ideológica del Partido Popular, sin pacto con las demás
fuerzas parlamentarias, sin pacto con las administraciones autonómicas,
verdaderas responsables de la institución educativa y sin acuerdo alguno
con aquellas comunidades, como Catalunya, con realidades nacionales,
culturales y lingüísticas diferenciadas.

A nuestro entender, el objetivo del Proyecto de Ley no es
la mejora de la calidad educativa, su finalidad es ideológica y de
recentralización del sistema educativo entorno al Ministerio de Educación
con voluntad de homogeneizarlo, sin previos consensos y excluyendo a las
comunidades autónomas, incluso a aquellas como Catalunya con lengua y
cultura propias diferentes del castellano. De ahí la creación del llamado
«sistema educativo español» y la distribución de las asignatura en
troncales, específicas y de libre configuración autonómica, reservándose
el Gobierno el total control sobre las troncales y marginando las de
configuración autonómica.

Además, la reforma de la Ley orgánica de mejora de la
calidad educativa (LOMCE) ataca el modelo catalán de inmersión
lingüística elemento relevante del bilingüismo que respira Catalunya y,
por lo que parece, tanto molesta al Gobierno del Partido Popular. Un
modelo de éxito de la sociedad catalana, conseguido, con muchos
esfuerzos, y que, después de 30 años de funcionamiento, demuestra que
garantiza el conocimiento del catalán y del castellano al finalizar la
formación obligatoria, y demuestra que ha evitado la división social por
comunidades lingüísticas. El Proyecto de ley del Ministro Wert opta por
proteger exclusivamente la enseñanza en castellano, incluso con la
expropiación de recursos económicos propios de las CCAA. Su aprobación
supondría un ataque frontal al Estatut de Autonomía de Catalunya, a la
Ley de Educación de Catalunya y a la autonomía financiera de las
Comunidades Autónomas.

No ha habido voluntad de consenso ni de acuerdos en el
trámite parlamentario del Proyecto en el Congreso de los Diputados, y las
muestras de posibles flexibilizaciones del proyecto de ley han sido
escasas, en el debate del contenido autonómico del Proyecto de Ley en la
Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrado en el Senado.

Por ello este Grupo Parlamentario presenta una propuesta de
veto al Proyecto de Ley de mejora de la calidad educativa.

Más allá de la falta de consenso y de lo planteado en cada
una de las enmiendas al articulado, destacar cuatro puntos de gran
discrepancia.

En primer lugar, discrepancias en la distribución
competencial. Esta distribución, entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, en el ámbito educativo se fundamenta en la Constitución y en
los respectivos Estatutos de Autonomía, como normas institucionales
básicas de cada comunidad autónoma que definen las competencias asumidas
dentro del marco constitucional. Se puede afirmar, por tanto, que existe
una reserva estatutaria en el ámbito de la distribución de
competencias.

La LOMCE pretende un cambio de modelo de distribución de
competencias que, cuando menos, es contrario al espíritu constitucional.
Del modelo tradicional de competencias compartidas, que podríamos
denominar horizontal, donde el Estado fija la parte común de las
enseñanzas y las Comunidades Autónomas pueden ejercer sus competencias en
la parte restante, se pasa a un modelo de competencias repartidas,
completamente vertical, donde el Estado fija absolutamente el contenido,
el horario mínimo y los criterios de evaluación de las asignaturas
troncales, hasta el punto que puede impedir de facto que las Comunidades
Autónomas desarrollen políticas propias en materia educativa.

Merece especial atención el caso de las Comunidades
Autónomas con lengua propia puesto que las asignaturas de Lengua
cooficial y de Literatura son relegadas al bloque de las asignaturas de
libre

configuración autonómica, cuando es evidente que, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma correspondiente, la Lengua cooficial y
Literatura deben formar parte del bloque de asignaturas troncales, con un
tratamiento curricular al mismo nivel que la lengua castellana y
literatura.

En segundo lugar, discrepancias respecto al tratamiento
marginal que se da a la lengua catalana en el texto del proyecto de ley.
El tratamiento de la lengua castellana y la lengua catalana está
específicamente desarrollado en el bloque de constitucionalidad, formado
por la Constitución y los respectivos Estatutos de Autonomía.

En relación al redactado actual del Proyecto desconoce y no
se adecua a la realidad del régimen lingüístico del sistema educativo de
Catalunya, más plural, enriquecedor y cohesionador que el reflejado en la
norma, puesto que garantiza que al finalizar la enseñanza obligatoria los
alumnos tienen pleno dominio de las lenguas oficiales catalana y
castellana, de acuerdo con el Marco europeo común de referencia para el
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas, y permite a los
centros educativos, en ejercicio de su autonomía y a través de sus
proyectos lingüísticos, adecuar el proceso de enseñanza y aprendizaje de
las lenguas a su realidad sociolingüística, que en ningún caso comporta
la separación de los alumnos por razones de lengua.

En tercer lugar, discrepancias en la regulación en el
Proyecto de Ley de un Calendario de aplicación y una financiación
imposibles de cumplir.

Las precedentes reformas educativas han contemplado en sus
respectivas leyes orgánicas aprobadas por las Cortes Generales (LOGSE,
LOCE y LOE), un plazo global para el calendario de aplicación, siendo
regulada posteriormente la concreción de dicho calendario mediante los
Reales Decretos correspondientes.

Si se analizan en detalle los calendarios de aplicación de
las leyes antes mencionadas se observa que, aparte de consultar
previamente con las Comunidades Autónomas su concreción, la implantación
progresiva tiene lugar a partir de un curso y medio después de la
aprobación de la ley y, como señala el Consejo de Estado en el dictamen
sobre el Proyecto de Ley:

Al margen de lo anterior, cabe destacar que el calendario
de implantación nunca se ha fijado en una norma de rango legal, sino que
siempre ha habido una remisión a la aprobación por el Gobierno en
decretos posteriores. Lo único que se ha previsto en las sucesivas leyes
ha sido la duración total de la implantación gradual (LOGSE: 10 años;
LOCE y LOE: 5 años).

Las razones de carácter ideológico parecen las únicas que
pueden avalar tanta precipitación ya que es evidente ello no responde a
criterios de calidad.

La precipitación en la aplicación de la ley también
representa un riesgo de quiebra en los itinerarios formativos de los
alumnos que cursan las diferentes enseñanzas y etapas de acuerdo con la
normativa vigente. Especial reflexión requieren los cambios que se
introducen respecto de las condiciones de acceso y admisión en las
enseñanzas de formación profesional, con la supresión del curso de
formación específica para el acceso a los ciclos de grado superior, lo
cual puede provocar un gravísimo perjuicio a los alumnos que realizan
actualmente el curso de acceso al grado superior (unos 5.800 alumnos en
Catalunya) puesto que en el curso 2014-2015 no podrían acceder a los
ciclos de formación profesional de grado superior.

Por otra parte, el Proyecto de Ley no acompaña la reforma
educativa de la correspondiente financiación y una reforma como esta es
costosa. Tampoco el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2014, primer año de aplicación de la ley, contemplan partida alguna
para implementar la reforma. ¿Quién la debe financiar, las comunidades
autónomas? Es necesario recordar que la austeridad presupuestaria ha
castigado especialmente la educación: maestros de baja que no pueden ser
sustituidos, más alumnos por aula, problemas con las becas comedor, ...,
aplicar la austeridad a la educación ha sido una decisión durísima para
las comunidades autónomas y no puede agravarse ahora desde el Gobierno
obligando a las Comunidades a financiar una reforma precipitada, que no
resuelve los problemas existentes.

En cuarto lugar, discrepancias en la regulación en el
Proyecto de Ley del denominado «mecanismo subsidiario», el cual llega a
modificar la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de
las Comunidades Autónomas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, presenta una propuesta de veto al Proyecto de
Ley.

Página
23

La LOMCE no impulsa y respalda la Formación Profesional, no
le da ni el peso ni la importancia que necesita para dotarla de atractivo
para los jóvenes y eso es nefasto para un país como España, que atraviesa
una crisis que nos augura que los técnicos de formación profesional están
llamados a ocupar en un futuro inmediato el 65% de los puestos de las
empresas y que van a ser los que más van a contribuir a la competitividad
de nuestra economía.

Por su parte, la selectividad tal y como la conocemos ahora
desaparece pero para duplicarse. Según la LOMCE, en lugar de esa prueba
habrá dos, una de final de bachillerato y otra que podrán fijar las
universidades según sus propios criterios de admisión. Este nuevo acceso
a la universidad no contribuirá a la mejora de la calidad educativa sino
a frenar el ingreso a la misma de los que menos recursos tienen
quebrando, de esta forma, la equidad de nuestro sistema educativo. El
propósito del Gobierno es el de dificultar el acceso universitario con el
acceso previsto en la LOMCE junto con la subida de precios, la brutal
bajada de becas y los cambios en los requisitos para obtenerlas.

La LOMCE, igualmente, se carga el servicio público de la
educación haciendo desaparecer la prevalencia de la educación pública
sobre la concertada. El Gobierno, por medio de este proyecto de Ley, da
herramientas a las Comunidades Autónomas para invertir el principio de
subordinación de la escuela pública a la concertada, en detrimento de la
pública.

Este es el verdadero cambio de modelo que plantea el
Gobierno del Partido Popular en el sistema educativo. La LOMCE discrimina
en función de la clase socioeconómica y en función de la procedencia de
los alumnos.

Igualmente, la LOMCE trastoca el sistema de valores.

El proyecto devuelve a la Religión la condición de
asignatura computable para la media y para obtener beca, y la alternativa
a la Religión separa y diferencia por cuestiones de creencias.

La LOMCE discrimina, asimismo, al favorecer la segregación
por sexos porque elimina el valor de la coeducación, lo cual lleva a
perpetuar los estereotipos sexuales y la desigualdad. El Gobierno apoya y
alienta por una parte a los centros que segregan por sexo dotándoles de
dinero público, cuando diversas sentencias del Tribunal Supremo señalan
que dichos colegios no tienen derecho a financiarse con fondos
públicos.

Por último, sobre el calendario de aplicación llama la
atención la rapidez con la que el Gobierno pretende empezar a implantar
las modificaciones en el sistema educativo, llevándolo a partir del curso
2014-2015, lo cual representa un periodo de tiempo claramente
insuficiente para llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para su
implantación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista rechaza el
Proyecto de Ley Orgánica de mejora de la calidad educativa y formula el
presente veto a este Proyecto de Ley Orgánica, solicitando su devolución
al Gobierno.