—que exigiría en todo caso el previo informe de esta
Comunidad al proyecto—, apoyado sobre una tributación indirecta
tradicionalmente diferenciada y más reducida que la peninsular.

En concreto, es la disposición adicional tercera de la
Constitución la que previene que la modificación del régimen económico y
fiscal del Archipiélago Canario requerirá informe previo de la Comunidad
Autónoma. Idéntico mandato se contiene, de forma más desarrollada en el
artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado mediante Ley
Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, modificado por Ley Orgánica 4/1996, de
30 de diciembre.

ENMIENDA NÚM. 2

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a
la disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Reconocimiento de los gravámenes a instalaciones de
generación con retribución regulada y sujetas a garantía de
suministro.

De adición de una nueva disposición adicional.

Se añade una disposición adicional XXXX con la siguiente
redacción:

«Disposición adicional XXX. Instalaciones de generación de
régimen ordinario a las que se aplican los artículos 12 o 25.1 de la Ley
54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Los tributos creados por la presente Ley o los modificados
mediante la misma contenidos en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, serán reconocidos en la retribución de las
instalaciones de generación sujetas a un esquema retributivo para la
compensación de sus costes, por razones de garantía de suministro, a las
que sean de aplicación los artículos 12 ó 25.1 de la Ley 54/1997, de 27
de diciembre, del Sector Eléctrico. A tal efecto, se modificará la Orden
ITC/913/2006, de 30 de marzo, para el reconocimiento de los costes
derivados de los mismos en los sistemas insulares y extrapeninsulares y
el Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, y su normativa de desarrollo,
de forma que el coste reconocido considere el importe equivalente a la
aplicación de los tributos en el plazo de un mes desde la entrada en
vigor de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Las centrales a las que se aplica un régimen jurídico
propio derivado de su contribución a la garantía de suministro (centrales
de carbón nacional según el artículo 25 de la Ley 54/1997 y las que se
ubican en los SEIE según el artículo 12 de la Ley 54/1997), tienen un
régimen económico basado en el principio de suficiencia tarifaria, que
significa que han de percibir una retribución suficiente. Ello es así por
su contribución a la garantía del suministro eléctrico, que viene
explicitada en la Ley y, en el caso de las centrales de carbón nacional,
en el artículo 15.4 de la Directiva de Electricidad, como ha sido
reconocido expresamente por la Comisión Europea en su Decisión de 29 de
septiembre de 2010. Por eso, se habla de «compensación» al referirse a la
retribución de estas centrales. Estas cantidades se satisfacen por el
cumplimiento de obligaciones de servicio público universal.

Su régimen retributivo está fijado por las normas
reglamentarias que desarrollan los anteriores artículos de la Ley
54/1997: Orden ITC/913/2006 y Real Decreto 134/2010.

Establecer tributos o exacciones de cualquier naturaleza a
estas centrales implica que no puedan repercutir dichos costes, a
diferencia de lo que ocurre con otras centrales no sometidas a este
régimen jurídico y económico peculiar. Estas centrales sufrirían así un
quebranto patrimonial que, en la práctica,

no es otra cosa que una expropiación material y un ataque
al principio legal de suficiencia tarifaria, aparte de una flagrante
discriminación con el resto de centrales no afectadas al cumplimiento de
la garantía de suministro eléctrico.

Desde su entrada en vigor el 26 de febrero de 2011,
cualquier modificación que ha alterado la anterior estructura del coste
de generación de las centrales sometidas al régimen del Real Decreto
134/2010, ha sido reconocida en la retribución:

— Peaje a la generación: incrementó el coste variable
reconocido en 0,5 ¤/MWh en los precios regulados para 2012 y ha sido
reconocido para la liquidación de 2011.

— Orden ITC/3127/2011 por la que se regula el
servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad y se
modifica el incentivo a la inversión. Los precios regulados se redujeron
para reflejar el incremento de retribución en concepto de pagos por
capacidad.

Por tanto, es claro que cualquier alteración en los costes
ha de tener un reflejo en la retribución reconocida a estas
centrales.

Valoración económica.

La consideración de esta enmienda no supone una disminución
de ingresos.

ENMIENDA NÚM. 3

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX) y de don Miguel
Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a
la disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con el siguiente
texto:

«Disposición adicional tercera. Exención de los tributos
creados en la presente Ley a las instalaciones de los sistemas eléctricos
insulares y extrapeninsulares.

Los tributos creados por la presente Ley, o los modificados
mediante la misma contenidos en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, no serán de aplicación a las instalaciones de
generación ubicadas en los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares.»

JUSTIFICACIÓN

Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla precisan de una
regulación eléctrica específica, como establece la legislación actual,
debido a su carácter de sistemas aislados, sin economías de escala, y a
la existencia de una tarifa única. Además, se trata de instalaciones con
retribución regulada, que no pueden traspasar nuevos costes a sus
clientes.

Los impuestos propuestos deteriorarían la actividad de
generación en estos territorios, poniendo en peligro la seguridad de
suministro y la realización de nuevas inversiones.

Página
56

MOTIVACIÓN

Se extiende la imposición a la electricidad de origen
foráneo para no penalizar la competitividad de las empresas del Estado.
Además se estaría desvirtuando la formación de precios en el mercado
MIBEL compartido entre España y Portugal.

ENMIENDA NÚM. 6

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 4. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 4 con la
siguiente redacción:

«4.4 Estarán exentas de este impuesto todas las tecnologías
renovables en régimen especial y las renovables destinadas al
autoconsumo.»

MOTIVACIÓN

Este proyecto de ley se justifica de cara a armonizar
nuestro sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el
medioambiente y la sostenibilidad. Las tecnologías renovables son el
único instrumento con el que contamos actualmente en nuestro sistema
eléctrico para combatir los efectos que la generación de energía tiene
sobre el medioambiente. Estamos ante una forma de generación de energía
eléctrica totalmente respetuosa con el medioambiente y que además
contribuye directamente a evitar la importación y uso de combustibles
fósiles en nuestro país.

Resulta incongruente que se grave las energías renovables
con nuevos impuestos, y más cuando éstos tendrán la finalidad de fomentar
políticas de eficiencia energética y fomento de las energías renovables.
Toda clase de impuesto o tasa sobre las energías renovables, se deberá
tener en cuenta en los regímenes económicos futuros para estas
energías.

ENMIENDA NÚM. 7

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 10.1.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el epígrafe 1.10 del apartado uno del artículo
28, que queda redactado como sigue:

«Epígrafe 1.10. Gas natural destinado a usos distintos a
los de carburante, así como el gas natural destinado al uso como
carburante en motores estacionarios: 0,65 euros por gigajulio. El gas
natural empleado en plantas de cogeneración estará exento de
tributación.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 8

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Título II.

ENMIENDA

De modificación.

El Título II queda redactado como sigue:

«TÍTULO II. IMPOSICIÓN SOBRE LA ENERGÍA NUCLEAR

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 12. Creación.

Se crea el Impuesto sobre la producción de energía
termonuclear y sobre el depósito y el almacenamiento de residuos
radioactivos, con la finalidad de protección del medio ambiente.

Artículo 13. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación.

1. El impuesto sobre la producción de la energía
termonuclear y el depósito y almacenamiento de residuos radioactivos es
un tributo indirecto de alcance estatal que grava la contaminación y los
riesgos sobre el medio ambiente y la salud humana que ocasionan.

2. En las Comunidades Autónomas que ya tuvieran aprobados
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley otros impuestos con el
mismo hecho imponible, la compensación por parte del Estado deberá tener
un alcance suficiente para compensar económicamente su derogación.

3. La exacción de este impuesto es compatible con cualquier
tasa o contribución especial estatal, autonómica o local aplicable a las
operaciones gravadas.

4. Una parte del rendimiento derivado de este impuesto
queda afectado al Fondo de desarrollo de alternativas económicas a las
zonas con centrales nucleares, que crea la Disposición Adicional Segunda
de esta Ley.

5. La Ley de Presupuestos deberá definir anualmente la
parte que queda afectada al Fondo, en función de la previsión de ingresos
y de necesidades.

Artículo 14. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto:

a) La producción termonuclear de energía eléctrica.

b) La generación de residuos radioactivos.

c) El depósito permanente de residuos radiactivos.

d) El almacenamiento temporal de residuos radiactivos.

2. A los efectos de esta Ley se considera depósito de
residuos radiactivos la operación de entrega de los mismos en
instalaciones de almacenamiento definitivo.

Se considerará almacenamiento de residuos radiactivos a
toda operación consistente en la inmovilización a corto, medio o largo
plazo de los mismos, en almacenes temporales individualizados (ATI) o
almacenes temporales centralizados (ATC).

Se considerará residuo radioactivo de alta actividad el
combustible nuclear irradiado.

3. No está sujeta al impuesto el depósito o almacenamiento
de residuos radiactivos vinculado exclusivamente a actividades médicas o
científicas.

4. Los conceptos y términos con sustantividad propia que
aparecen en la Ley, salvo los definidos en la misma, tendrán el contenido
que les otorgue la normativa medioambiental o sobre energía, ya sea de
carácter internacional o del Estado.

Artículo 15. Sujetos pasivos y responsables solidarios.

1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes del
impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades sin
personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que:

a) produzcan energía termonuclear.

b) entreguen los residuos radiactivos a una instalación de
almacenamiento definitivo para su depósito.

c) entreguen los residuos radiactivos a un almacén temporal
individualizado o a un almacén temporal centralizado para su
almacenamiento temporal.

2. Tendrán la consideración de sustitutos de los
contribuyentes las personas físicas o jurídicas y los entes sin
personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 36 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean titulares de la
explotación de las instalaciones de almacenamiento definitivo o temporal
a las que se refieren las letras b y c del apartado 1 anterior.

3. Los sustitutos de los contribuyentes quedan obligados a
verificar la cantidad de los residuos depositados declarados por el
contribuyente. A tales efectos, los sustitutos de los contribuyentes
deberán instalar y mantener mecanismos de pesaje y de medición de
volumen.

4. Son responsables solidarios de la deuda tributaria del
impuesto, además de los establecidos en el artículo 42 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, los propietarios, usufructuarios,
arrendatarios o poseedores por cualquier título de los terrenos,
inmuebles o instalaciones en las que se realizan las actividades
señaladas en el artículo 9 de esta Ley.

Artículo 16. Base imponible.

La base imponible del impuesto está constituida:

a) En el caso de producción termonuclear de energía
eléctrica, por el importe que corresponda percibir al contribuyente por
la producción e incorporación de la energía eléctrica al sistema
eléctrico, correspondiente al período impositivo, expresado en euros.

b) En el caso de la generación de residuos radioactivos de
media, baja y muy baja actividad, por los metros cúbicos de residuos
radioactivos generados durante el período impositivo.

c) En el caso de la generación de residuos radioactivos de
alta actividad, por los kilogramos de uranio contenidos en el combustible
nuclear gastado generados durante el período impositivo, entendiéndose
como tal aquel combustible nuclear irradiado en el reactor y extraído
definitivamente de éste.

d) En el caso del almacenamiento o depósito de residuos
radiactivos de media, baja y muy baja actividad, por el volumen de los
residuos radiactivos depositados o almacenados, expresado en metros
cúbicos.

e) En el caso del almacenamiento o depósito de residuos
radiactivos de alta actividad, por la cantidad de los residuos
depositados o almacenados a la fecha de devengo del impuesto, expresada
en kilogramos de uranio total.

f) En el caso de almacenamiento de residuos radiactivos de
alta actividad que hayan sido reprocesados, por el volumen de los
residuos radiactivos depositados, expresado en metros cúbicos.

Artículo 17. Determinación de la base imponible.

1. La base imponible definida en el artículo 16 se
determinará para cada instalación en la que se realicen las actividades
señaladas en el artículo 2.1 de la Ley de forma independiente.

2. La base imponible definida en el artículo 16 se
determinará separadamente para los residuos de alta, media, baja y muy
baja actividad.

3. La base imponible se determinará, con carácter general,
por el método de estimación directa mediante sistemas de pesaje y
medición homologados.

4. En los supuestos siguientes la Administración
determinará la base imponible en régimen de estimación indirecta, sin
perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder:

a) Incumplimiento de la obligación del sustituto del
contribuyente a verificar el peso y/o volumen de los residuos
almacenados.

b) Falta de presentación de declaraciones exigibles o
insuficiencia o falsedad en las presentadas.

c) Resistencia, excusa o negativa a la actuación
inspectora.

Para la estimación indirecta de la base imponible, la
Administración podrá tener en cuenta cualquier dato, circunstancia o
antecedente que pueda resultar indicativo.

Artículo 18. Base liquidable

1. La base liquidable en los casos previstos en el apartado
d) del artículo 16, se obtendrá por la aplicación a la base imponible de
un coeficiente multiplicador K de reducción, de acuerdo con la siguiente
expresión:

BL = K * BI

en la que:

BL: Base liquidable

BI: Base imponible

El coeficiente K se obtendrá por aplicación de la siguiente
fórmula:

K = (VNC + VC * fC + VSI * fSI + VLI * fLI + VMX * fMX) /
(VNC + VC + VSI + VLI + VMX)

en la que:

VNC: Volumen de residuos no compactables ni incinerables
entregados para su depósito.

VC: Volumen de residuos compactables entregados para su
depósito.

fC: Factor de reducción de volumen por compactación.

VSI: Volumen de residuos sólidos que se someten a
tratamiento de incineración previo al depósito.

fSI: Factor de reducción de volumen por incineración de
residuos sólidos.

VLI: Volumen de residuos líquidos que se someten a
tratamiento de incineración previo al depósito.

fLI: Factor de reducción de volumen por incineración de
residuos líquidos.

VMX: Volumen de residuos que se someten a tratamiento mixto
de compactación e incineración previo al depósito.

fMX: Factor de reducción de volumen por tratamiento mixto
de compactación e incineración.

Los factores de reducción tomarán los siguientes
valores:

2. La base liquidable en los casos previstos en los
apartados a), c) y d) del artículo 16 será la misma que la base
imponible.

Artículo 19. Cuota íntegra y tipos de gravamen.

La cuota tributaria íntegra será el resultado de
multiplicar la base liquidable por los siguientes tipos impositivos:

a) En el caso de centrales nucleares de producción de
energía eléctrica, el tipo será del 10% del importe a percibir por el
contribuyente durante el período impositivo.

b) En el caso de la generación de residuos radioactivos,
los tipos aplicables serán los siguientes:

— Para residuos de alta actividad: 3.000 euros por
kilogramo de uranio.

— Para residuos de media y baja actividad: 8.000
euros por metro cúbico.

— Para residuos de muy baja actividad: 2.000 euros
por metro cúbico.

c) En el caso de entrega de los residuos radiactivos para
su depósito los tipos aplicables serán los siguientes:

— Para residuos radiactivos de alta actividad: 100
euros por kilogramo y año.

— Para residuos radiactivos de media y baja
actividad: 14.000 euros por metro cúbico.

— Para residuos radiactivos de muy baja actividad:
2.000 euros por metro cúbico.

d) En el caso de almacenamiento temporal de residuos
radiactivos los tipos aplicables serán los siguientes:

— Para residuos radiactivos de alta actividad: 50
euros por kilogramo y año.

— Para los residuos radiactivos de alta actividad que
hayan sido reprocesados: 10.000 euros por metro cúbico y año.

— Para residuos radiactivos de media y baja
actividad: 2.000 euros por metro cúbico y año.

— Para residuos radiactivos de muy baja actividad:
1.000 euros por metro cúbico y año.

Artículo 20. Repercusión.

1. En el caso del hecho imponible a que hace referencia el
apartado 1.c) del artículo 14 de esta Ley, el sustituto del contribuyente
deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre el
contribuyente, quedando éste obligado a soportarlo, siempre que la
repercusión se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y en su normativa
de desarrollo.

2. En el caso del hecho imponible a que hace referencia el
apartado 1.4) del artículo 14 de esta Ley, el sustituto del contribuyente
deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre el
contribuyente, quedando éste obligado a soportarlo, siempre que la
repercusión se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y en su normativa
de desarrollo.

Artículo 21. Período impositivo, liquidación y devengo.

1. Para los casos contemplados en las letras a) y d) del
apartado 1 del artículo 14 de esta Ley, el período impositivo será el año
natural.

El período impositivo será inferior al año natural en los
supuestos de inicio o cese de las actividades señaladas en el artículo
14.

El período impositivo coincidirá con el año natural en los
casos de sucesión en la realización de las actividades o de cambio de la
denominación del sujeto pasivo cuando no impliquen un cese de la
actividad en la instalación, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 40 y 42 de la Ley General Tributaria.

En el caso de almacenamiento de residuos radioactivos,
cuando el período impositivo sea inferior al año natural, la cuota
tributaria determinada de acuerdo con lo establecido en esta Ley se
prorrateará en función de los meses enteros de duración del período
impositivo.

El impuesto se devengará el último día del periodo
impositivo.

2. Para el caso contemplado en la letra c) del apartado 1
del artículo 14 de esta Ley, el impuesto se devengará en el momento en
que se produzca la entrega de residuos radiactivos para su depósito.

Página
62

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo artículo 28 tris, con la siguiente
redacción:

«Artículo 28 tris. Reforma ambiental del Impuesto Especial
sobre determinados medios de transporte.

Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley, la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, se modifica en
los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 1.b del artículo 65, al que se
da la siguiente redacción:

«La primera matriculación de embarcaciones y buques de
recreo o de deportes náuticos, nuevos o usados, en el registro de
matrícula de buques, ordinario o especial o, en caso de no ser
inscribibles en dicho registro, la primera matriculación en el registro
de la correspondiente Federación deportiva. Estará sujeta en todo caso,
cualquiera que sea su eslora, la primera matriculación de las motos
náuticas definidas en el epígrafe 4 del artículo 70.1.

La eslora a considerar será la definida como tal en la
versión vigente al día 30 de junio de 2007 del Real Decreto 544/2007, de
27 de abril, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de
las embarcaciones de recreo en la Lista séptima del Registro de matrícula
de buques.

Tienen la consideración de embarcaciones y buques de recreo
o de deportes náuticos:

Las embarcaciones que se inscriban en las listas sexta o
séptima del registro de matrícula de buques, ordinario o especial o, en
su caso, en el registro de la correspondiente Federación deportiva.

Las embarcaciones distintas de las citadas en el párrafo 1
anterior que se destinen a la navegación privada de recreo, tal como se
define en el apartado 13 del artículo 4 de esta Ley.»

Dos. Se elimina el punto 2 del apartado 1.c) del artículo
65.

Tres. Se eliminan las letras f), j) y k) del apartado 1 del
artículo 66.

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 70, al que
se da la siguiente redacción:

«1. Para la determinación de los tipos impositivos
aplicables, además de la consideración de las categorías Euro, se
establecen los siguientes epígrafes:

Epígrafe 1.º

a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean
superiores a 90 g/km, con excepción de los vehículos tipo quad y de los
vehículos comprendidos en los epígrafes 10.º, 11.º y 12.º.

b) Vehículos provistos de un solo motor que no sea de
combustión interna, con excepción de los vehículos tipo quad.

Epígrafe 2.º Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2
sean superiores a 90 g/km y sean inferiores a 105 g/km, con excepción de
los vehículos tipo quad y de los vehículos comprendidos en los epígrafes
12.º, 13.º y 14.º.

Epígrafe 3.º Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no
sean inferiores a 105 g/km y sean inferiores a 120 g/km, con excepción de
los vehículos tipo quad y de los vehículos comprendidos en los epígrafes
13.º y 14.º.

Epígrafe 4.º Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no
sean inferiores a 120 g/km y sean inferiores a 140 g/km, con excepción de
los vehículos tipo quad y de los vehículos comprendidos en el epígrafe
14.º.

Epígrafe 5.º Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no
sean inferiores a 140 g/km y sean inferiores a 160 g/km, con excepción de
los vehículos tipo quad y de los vehículos comprendidos en el epígrafe
14.º.

Epígrafe 6.º Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no
sean inferiores a 160 g/km y sean inferiores a 180 g/km, con excepción de
los vehículos tipo quad y de los vehículos comprendidos en el epígrafe
14.º.

Epígrafe 7.º

a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean
inferiores a 180 g/km y sean inferiores a 200 g/km, con excepción de los
vehículos tipo quad y de los vehículos comprendidos en el epígrafe
14.º.

b) Vehículos respecto de los que sea exigible la medición
de sus emisiones de CO2, cuando estas no se acrediten.

c) Vehículos comprendidos en las categorías N2 y N3
acondicionados como vivienda.

d) Vehículos tipo quad. Se entiende por vehículo tipo quad
el vehículo de cuatro o más ruedas, con sistema de dirección mediante
manillar en el que el conductor va sentado a horcajadas y que está dotado
de un sistema de tracción adecuado a un uso fuera de carretera.

e) Motos náuticas. Se entiende por “moto
náutica” la embarcación propulsada por un motor y proyectada para
ser manejada por una o más personas sentadas, de pie o de rodillas, sobre
los límites de un casco y no dentro de él.

f) Embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuticos,
con excepción de las motos náuticas.

g) Aviones, avionetas y demás aeronaves.

Epígrafe 8.º Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no
sean inferiores a 200 g/km, con excepción de los vehículos tipo quad y de
los vehículos comprendidos en el epígrafe 14.º.

Epígrafe 9.º Vehículos no comprendidos en los epígrafes
1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 11.º, 12.º,13.º o 14.º.

Epígrafe 10.º Motocicletas no comprendidas en la letra c)
del epígrafe 14.º cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean superiores a
60 g/km.

Epígrafe 11.º Motocicletas no comprendidas en la letra c)
del epígrafe 14.º cuyas emisiones oficiales de CO2 sean superiores a 60
g/km y sean inferiores a 80 g/km.

Epígrafe 12.º Motocicletas no comprendidas en la letra c)
del epígrafe 14.º cuyas emisiones oficiales de CO2 sean superiores a 80
g/km y sean inferiores a 100 g/km.

Epígrafe 13.º Motocicletas no comprendidas en la letra c)
del epígrafe 14.º cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean inferiores a
100 g/km y sean inferiores a 120 g/km.

Epígrafe 14º.

a) Motocicletas no comprendidas en la letra c) de este
epígrafe cuyas emisiones oficiales de CO2 sean iguales o superiores a 120
g/km.

b) Motocicletas no comprendidas en la letra c) de este
epígrafe cuyas emisiones oficiales de CO no se acrediten.

c) Motocicletas que tengan una potencia CEE igual o
superior a 74 kW (100 cv), cualesquiera que sean sus emisiones oficiales
de CO2.»

Cinco. Se modifica la letra b el apartado 2 del artículo
70, al que se da la siguiente redacción:

«b) Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado los tipos
a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará la suma de los
siguientes tipos:

1. Por epígrafe:

2. Por categoría Euro, según la normativa europea
vigente:

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 11

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 29.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 29 que queda redactado como
sigue:

«Art. 112.bis. apartado 6.

Estarán exentos del pago de este canon los aprovechamientos
hidroeléctricos acogidos al régimen especial de energía eléctrica puestas
en funcionamiento durante los últimos 7 años, así como aquellos que hayan
sido rehabilitados después de estar más de dos años fuera de servicio o
que se construyan en los pies de presa de almacenamientos de agua
destinados a otros usos como abastecimiento urbano, riego o regulación de
caudales. Estarán exentas de este impuesto durante los 10 primeros años y
siempre y cuando el impuesto sea de aplicación. También estarán exentos
los explotados directamente por la Administración competente para la
gestión del dominio público hidráulico.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

Página
67

5. El Gobierno podrá permitir los componentes de los
regímenes y las estructuras de tarifas que tengan un objetivo social,
siempre que los efectos perturbadores en el sistema de transmisión y
distribución se mantengan en el nivel mínimo necesario y no sean
desproporcionados respecto del objetivo social.

6. Se disminuirán progresivamente en el tiempo los pagos
por interrumpibilidad, así como los pagos por capacidad dada la
sobrecapacidad actual del sistema eléctrico.

7. El modelo de generación de electricidad debe ser
distribuido, mediante un sistema de redes inteligentes y un sistema
público obligatorio de contadores inteligentes antes del 2014.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 14

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional cuarta:

«Obligaciones de los agentes de mercado.

El Gobierno llevará a cabo, en el plazo máximo de seis
meses a partir de la aprobación de la ley, las acciones necesarias para
garantizar que los distribuidores de energía, los operadores de sistemas
de distribución y las empresas minoristas de venta de energía:

a) Proporcionen una vez al año, previa solicitud del
Ministerio de Industria, la información estadística agregada sobre sus
clientes finales. Esta información será suficiente para elaborar y
aplicar adecuadamente los programas de ahorro y mejora de la eficiencia
energética y promover y efectuar el seguimiento de los servicios
energéticos y de otras medidas de mejora de la eficiencia energética. La
información podrá incluir datos pasados y deberá incorporar datos
actuales sobre el consumo del usuario final, incluidos, si procede, los
perfiles de carga, la segmentación de clientes y la localización
geográfica de los clientes, preservando al mismo tiempo la integridad y
la confidencialidad de la información de carácter privado o
comercialmente sensible, de conformidad con la legislación aplicable. La
información que pueda ser de interés estará también a disposición de los
organismos que designen las Comunidades Autónomas y los
Ayuntamientos.

b) Se abstengan de cualquier actividad que pudiera impedir
la demanda de medidas de mejora del ahorro y la eficiencia energética, o
entorpecer el desarrollo de mercados de servicios energéticos y otras
medidas de mejora de la eficiencia energética. El Gobierno tomará las
medidas necesarias para poner fin a tales actividades cuando se
produzcan.

c) Basen su facturación en el consumo real de energía, y se
presente en términos claros y comprensibles. Se facilitará información
apropiada con su factura para que los clientes finales reciban las
cuentas completas del coste energético actual. La facturación basándose
en el consumo real se realizará con la frecuencia suficiente para
permitir que los clientes regulen su propio consumo de energía.

d) Faciliten al cliente final, de forma clara y
comprensible en sus facturas, contratos, transacciones o recibos de
estaciones de distribución, o junto con ellos:

i) los precios reales actuales y el consumo real de
energía, así como las emisiones de gases de efecto invernadero que
resultan de dicho consumo;

ii) la comparación del consumo actual de energía del
cliente final con el consumo durante el mismo período del año anterior,
preferentemente en forma gráfica;

iii) siempre que sea posible y de utilidad, la comparación
con un usuario de energía medio, normalizado o de referencia
perteneciente a la misma categoría de usuario;

iv) la información de contacto para las organizaciones de
consumidores, las agencias de energía u organismos similares, incluidas
las direcciones de Internet en donde puede encontrarse información sobre
medidas de mejora de la eficiencia energética, los perfiles comparativos
del consumidor final y las especificaciones técnicas objetivas de los
equipos que utilizan energía.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 15

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva Disposición Adicional Quinta:

«Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en la
industria.

El Gobierno destinará los medios necesarios para que el
IDAE implemente un plan de Ahorro y Eficiencia Energética para la
industria, en el plazo máximo de 6 meses a partir de la aprobación de la
ley, que permita reducir de forma efectiva el consumo de energía y mejore
la competitividad de las empresas.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 16

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don
José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición final primera. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado uno de la disposición final
primera.

MOTIVACIÓN

Los apoyos a energías renovables, y al ahorro y la
eficiencia deben permanecer en la tarifa y no asignarse discrecionalmente
mediante los presupuestos generales del Estado.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula 27 enmiendas al Proyecto de Ley de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética.

Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2012.—El
Portavoz, Joseba Zubia Atxaerandio.

ENMIENDA NÚM. 17

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Preámbulo. II.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado II del Preámbulo
del Proyecto de Ley, quedando su redacción de la siguiente forma:

«Preámbulo

II

En este sentido y con el fin también de favorecer el
equilibrio presupuestario, se establece en el Título I de esta Ley, un
impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, de
carácter directo y naturaleza real, que grava la realización de
actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía
eléctrica, incluyendo esta última las importaciones de terceros países,
en el sistema eléctrico español.

Este impuesto gravará la capacidad económica de los
productores e importadores de energía eléctrica que se deriva de su
participación en las distintas modalidades de contratación del mercado de
producción de energía eléctrica medida en barras de central o, en el caso
de las importaciones, en los puntos frontera. El impuesto se aplicará
tanto a la producción de todas las instalaciones de generación, salvo en
aquella parte de la misma cuyo destino sea la exportación, como a las
importaciones de energía eléctrica de terceros países.»

JUSTIFICACIÓN

En obligada coherencia y ligada obligatoriamente a las
enmiendas al artículo 1. Naturaleza; artículo 2. Ámbito territorial;
artículo 4. Hecho imponible; artículo 6. Base imponible del Titulo I y a
la enmienda de adición de un nuevo artículo al Título I.

La Ley del Sector Eléctrico establece en el punto 6 del
artículo 13 lo siguiente:

«El régimen jurídico y económico al que se someterán los
intercambios intracomunitarios e internacionales se regulará
reglamentariamente respetando los principios de competencia y
transparencia que han de regir el mercado de producción. En todo caso,
los sujetos que realicen operaciones de exportación de energía eléctrica
habrán de abonar los costes del sistema que proporcionalmente les
correspondan.»

La no sujeción de las importaciones al impuesto sobre el
valor de la producción de energía eléctrica es contraria a los citados
principios de competencia y transparencia, otorgando a dicha energía
importada

una ventaja económica competitiva (en la medida en la que
la importación es sustitutiva de la producción en territorio nacional) de
difícil encaje con el ordenamiento jurídico nacional.

Lo mismo ocurriría respecto al ordenamiento jurídico
comunitario. A este respecto, es de destacar el considerando (1) de la
Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio
de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad
y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE:

«… fomentar el comercio transfronterizo, a fin de
conseguir mejoras de la eficiencia, precios competitivos, un aumento de
la calidad del servicio y una mayor competitividad, y de contribuir a la
seguridad del suministro y a la sostenibilidad.»

Así, el hecho de que las importaciones de energía eléctrica
no soporten este impuesto sería contrario a los principios y objetivos
recogidos en dicha Directiva europea.

Por otro lado, el impuesto sobre el valor de la producción
de energía eléctrica sería en la práctica soportado también por las
exportaciones de energía eléctrica producida en España, lo cual haría que
los productores españoles pasaran a tener una posición de desventaja
económica competitiva igualmente de difícil encaje con el ordenamiento
jurídico comunitario y nacional de acuerdo a lo anteriormente
descrito.

Finalmente, las instalaciones de producción de energía
eléctrica basadas en el almacenamiento (como las instalaciones
hidráulicas con bombeo) son básicas tanto para la integración de energías
renovables en el sistema como para la seguridad de suministro. Ello es
debido en gran medida a su capacidad única de trasladar excesos de
producción en el sistema con dichas fuentes renovables a momentos con
potencial escasez, lo cual adicionalmente contribuye a la contención de
los precios en el mercado eléctrico. Sin embargo, la aplicación de este
nuevo impuesto a estas instalaciones llevará a una reducción de su
competitividad y, por tanto de su utilización, perdiéndose así en gran
medida los beneficios que aportan al sistema. Así, y desde una
perspectiva de coste-beneficio para la Sociedad, resulta evidente que
estas instalaciones deberían quedar exentas de dicho nuevo impuesto.

ENMIENDA NÚM. 18

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 1. Naturaleza del
Título I. Impuesto sobre el valor de la producción e importación de la
energía eléctrica, quedando su redacción de la siguiente forma:

«TÍTULO I

Impuesto sobre el valor de la producción e importación de
la energía eléctrica

Artículo 1. Naturaleza.

El impuesto sobre el valor de la producción e importación
de la energía eléctrica es un tributo de carácter directo y naturaleza
real que grava la realización de actividades de producción e
incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras
de central o, en el caso de las importaciones, en puntos frontera, a
través de cada una de las instalaciones indicadas en el artículo 4 de
esta Ley y a través de las interconexiones internacionales.»

JUSTIFICACIÓN

En obligada coherencia y ligada obligatoriamente a las
enmiendas de modificación del apartado II del Preámbulo, artículo 2.
Ámbito territorial; artículo 4. Hecho imponible; artículo 6. Base
imponible del Titulo I y a la enmienda de adición de un nuevo artículo al
Título I.

La Ley del Sector Eléctrico establece en el punto 6 del
artículo 13 lo siguiente:

«El régimen jurídico y económico al que se someterán los
intercambios intracomunitarios e internacionales se regulará
reglamentariamente respetando los principios de competencia y
transparencia que han de regir el mercado de producción. En todo caso,
los sujetos que realicen operaciones de exportación de energía eléctrica
habrán de abonar los costes del sistema que proporcionalmente les
correspondan.»

La no sujeción de las importaciones al impuesto sobre el
valor de la producción de energía eléctrica es contraria a los citados
principios de competencia y transparencia, otorgando a dicha energía
importada una ventaja económica competitiva (en la medida en la que la
importación es sustitutiva de la producción en territorio nacional) de
difícil encaje con el ordenamiento jurídico nacional.

Lo mismo ocurriría respecto al ordenamiento jurídico
comunitario. A este respecto, es de destacar el considerando (1) de la
Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio
de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad
y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE:

«… fomentar el comercio transfronterizo, a fin de
conseguir mejoras de la eficiencia, precios competitivos, un aumento de
la calidad del servicio y una mayor competitividad, y de contribuir a la
seguridad del suministro y a la sostenibilidad.»

Así, el hecho de que las importaciones de energía eléctrica
no soporten este impuesto sería contrario a los principios y objetivos
recogidos en dicha Directiva europea.

Por otro lado, el impuesto sobre el valor de la producción
de energía eléctrica sería en la práctica soportado también por las
exportaciones de energía eléctrica producida en España, lo cual haría que
los productores españoles pasaran a tener una posición de desventaja
económica competitiva igualmente de difícil encaje con el ordenamiento
jurídico comunitario y nacional de acuerdo a lo anteriormente
descrito.

Finalmente, las instalaciones de producción de energía
eléctrica basadas en el almacenamiento (como las instalaciones
hidráulicas con bombeo) son básicas tanto para la integración de energías
renovables en el sistema como para la seguridad de suministro. Ello es
debido en gran medida a su capacidad única de trasladar excesos de
producción en el sistema con dichas fuentes renovables a momentos con
potencial escasez, lo cual adicionalmente contribuye a la contención de
los precios en el mercado eléctrico. Sin embargo, la aplicación de este
nuevo impuesto a estas instalaciones llevará a una reducción de su
competitividad y, por tanto de su utilización, perdiéndose así en gran
medida los beneficios que aportan al sistema. Así, y desde una
perspectiva de coste-beneficio para la Sociedad, resulta evidente que
estas instalaciones deberían quedar exentas de dicho nuevo impuesto.

ENMIENDA NÚM. 19

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 2.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 2. Ámbito
territorial del Título I. Impuesto sobre el valor de la producción e
importación de la energía eléctrica, quedando su redacción de la
siguiente forma:

Página
73

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 4. Hecho imponible
del Título I. Impuesto sobre el valor de la producción e importación de
la energía eléctrica, quedando su redacción de la siguiente forma:

«Artículo 4. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible la producción e
incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras
de central, incluidos el sistema eléctrico peninsular y los territorios
insulares y extrapeninsulares, en cualquiera de las instalaciones a las
que se refiere el Título IV de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico. Asimismo, se integran en el hecho imponible las
adquisiciones de energía eléctrica, medias en los puntos frontera,
provenientes de intercambios intracomunitarios e internacionales de
electricidad.

2. La producción en barras de central se corresponderá con
la energía medida en bornes de alternador deducidos los consumos
auxiliares en generación.

3. Respecto a los conceptos y términos con sustantividad
propia que aparecen en la Ley, salvo los definidos en ella, se estará a
lo dispuesto en la normativa del sector eléctrico de carácter
estatal.»

JUSTIFICACIÓN

En obligada coherencia y ligada obligatoriamente a las
enmiendas de modificación del apartado II del Preámbulo; artículo 1.
Naturaleza; artículo 2. Ámbito territorial; artículo 6. Base imponible
del Titulo I y a la enmienda de adición de un nuevo artículo al título
1.

La Ley del Sector Eléctrico establece en el punto 6 del
artículo 13 lo siguiente:

«El régimen jurídico y económico al que se someterán los
intercambios intracomunitarios e internacionales se regulará
reglamentariamente respetando los principios de competencia y
transparencia que han de regir el mercado de producción. En todo caso,
los sujetos que realicen operaciones de exportación de energía eléctrica
habrán de abonar los costes del sistema que proporcionalmente les
correspondan.»

La no sujeción de las importaciones al impuesto sobre el
valor de la producción de energía eléctrica es contraria a los citados
principios de competencia y transparencia, otorgando a dicha energía
importada una ventaja económica competitiva (en la medida en la que la
importación es sustitutiva de la producción en territorio nacional) de
difícil encaje con el ordenamiento jurídico nacional.

Lo mismo ocurriría respecto al ordenamiento jurídico
comunitario. A este respecto, es de destacar el considerando (1) de la
Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio
de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad
y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE:

«… fomentar el comercio transfronterizo, a fin de
conseguir mejoras de la eficiencia, precios competitivos, un aumento de
la calidad del servicio y una mayor competitividad, y de contribuir a la
seguridad del suministro y a la sostenibilidad.»

Así, el hecho de que las importaciones de energía eléctrica
no soporten este impuesto sería contrario a los principios y objetivos
recogidos en dicha Directiva europea.

Por otro lado, el impuesto sobre el valor de la producción
de energía eléctrica sería en la práctica soportado también por las
exportaciones de energía eléctrica producida en España, lo cual haría que
los productores españoles pasaran a tener una posición de desventaja
económica competitiva igualmente de difícil encaje con el ordenamiento
jurídico comunitario y nacional de acuerdo a lo anteriormente
descrito.

Finalmente, las instalaciones de producción de energía
eléctrica basadas en el almacenamiento (como las instalaciones
hidráulicas con bombeo) son básicas tanto para la integración de energías
renovables en el sistema como para la seguridad de suministro. Ello es
debido en gran medida a su capacidad única de trasladar excesos de
producción en el sistema con dichas fuentes renovables a momentos con
potencial escasez, lo cual adicionalmente contribuye a la contención de
los precios en el mercado eléctrico. Sin embargo, la aplicación de este
nuevo impuesto a estas instalaciones llevará a una

reducción de su competitividad y, por tanto de su
utilización, perdiéndose así en gran medida los beneficios que aportan al
sistema. Así, y desde una perspectiva de coste-beneficio para la
Sociedad, resulta evidente que estas instalaciones deberían quedar
exentas de dicho nuevo impuesto.

ENMIENDA NÚM. 21

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al artículo Nuevo a continuación del
Artículo 5.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 5 bis de
Exenciones, quedando su redacción de la siguiente forma:

«Articulo 5 bis. Exenciones.

Se consideran exentas de este impuesto a las producciones
procedentes de la actividad de bombeo correspondientes a las
instalaciones hidráulicas con bombeo.»

JUSTIFICACIÓN

Entre todas las formas de producción hidráulica, el bombeo
tiene un carácter único por las peculiaridades técnicas de esta
tecnología.

Por un lado, el bombeo, a pesar de turbinar agua para
generar electricidad, no depende de la pluviosidad, ya que la misma es
previamente bombeada desde un depósito inferior hasta el superior. De
esta forma, basta con regular el nivel del depósito inferior para tener
disponible este recurso para cuando sea necesario. Así, el bombeo tiene
diferencias sustanciales respecto al resto de hidráulicas.

Por otra parte, el bombeo no sólo juega un papel relevante
en cuanto a la seguridad del sistema (aporta una energía que se puede
utilizar cuando se requiera para el apoyo a otras fuentes de energía no
firmes o ante incrementos inesperados de la demanda), sino también en
cuanto a integración de renovables dada su capacidad de absorber los
excesos de energía que se producen en momentos de poca demanda y mucha
producción eléctrica, por ejemplo, durante los períodos nocturnos.

Adicionalmente, el bombeo contribuye a minorar las puntas
de precio del sistema. Efectivamente, desde un punto de vista económico,
lo que el bombeo hace es comprar en los momentos de exceso de oferta en
el mercado cuando los precios son bajos (p.ej., valles de demanda con una
fuerte aportación de renovables) y vender en los momentos de mayores
escasez de oferta en el mercado cuando los precios son bajos. De esta
forma, el bombeo contribuye a que la relación entre los precios mínimos y
máximos del sistema no sobrepasen un cierto nivel, mitigando así las
puntas de precios del sistema.

Sin embargo, la operación del bombeo es muy sensible a la
modificación de sus incentivos económicos, por lo que la introducción del
impuesto sobre el valor del impuesto sobre el valor de la producción de
la energía eléctrica repercutirá de manera muy negativa en su
explotación, perdiéndose de esta forma buena parte de los beneficios que
esta tecnología aporta a la Sociedad. En base a esto, se debería eximir
al bombeo del impuesto sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica, exclusivamente para aquella producción electrica que proceda
de turbinar el agua del bombeo y no de las aportaciones naturales de
agua.

Página
76

productores españoles pasaran a tener una posición de
desventaja económica competitiva igualmente de difícil encaje con el
ordenamiento jurídico comunitario y nacional de acuerdo a lo
anteriormente descrito.

Finalmente, las instalaciones de producción de energía
eléctrica basadas en el almacenamiento (como las instalaciones
hidráulicas con bombeo) son básicas tanto para la integración de energías
renovables en el sistema como para la seguridad de suministro. Ello es
debido en gran medida a su capacidad única de trasladar excesos de
producción en el sistema con dichas fuentes renovables a momentos con
potencial escasez, lo cual adicionalmente contribuye a la contención de
los precios en el mercado eléctrico. Sin embargo, la aplicación de este
nuevo impuesto a estas instalaciones llevará a una reducción de su
competitividad y, por tanto de su utilización, perdiéndose así en gran
medida los beneficios que aportan al sistema. Así, y desde una
perspectiva de coste-beneficio para la Sociedad, resulta evidente que
estas instalaciones deberían quedar exentas de dicho nuevo impuesto.

ENMIENDA NÚM. 23

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 6.1.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 6.
Base imponible, quedando su redacción de la siguiente forma:

«Artículo 6. Base imponible.

1. La base imponible del impuesto estará constituida por el
importe total neto que corresponda percibir al contribuyente por la
producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica,
medida en barras de central, por cada instalación, en el período
impositivo.

A estos efectos, en el cálculo del importe total neto se
considerarán las retribuciones previstas en todos los regímenes
económicos que se deriven de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, en el período impositivo
correspondiente, así como las previstas en el régimen económico
específico para el caso de actividades de producción e incorporación al
sistema eléctrico de energía eléctrica en los territorios insulares y
extrapeninsulares.»

JUSTIFICACIÓN

En el Congreso se aceptó la enmienda n.º 17 del Grupo
Parlamentario Vasco que afectaba al exposición de motivos pero que iba
relacionada directamente con la presente enmienda que afectaba al texto
del articulado (enmienda congreso n.º 18) y que si se comprueba tenia la
exacta misma justificación. Se aceptó la filosofía pero se olvido su
plasmación en el articulado con la introducción de la palabra neto.

Las instalaciones de producción participan en los
diferentes mercados establecidos por la Ley 54/1997, del Sector
Eléctrico. En ocasiones, las instalaciones de generación tienen que
corregir su producción para adaptarse a la producción máxima que pueden
realizar (por ejemplo, menor producción eólica por menor viento) o
modificarlo para dar un servicio complementario al Operador del Sistema
(por ejemplo, menor producción por menor demanda en tiempo real). Esto
puede implicar que las operaciones que realizan en los mercados no son
únicamente de venta de energía eléctrica, sino también en ocasiones de
compra de la misma.

Así, la base imponible del impuesto debería ser entonces
«el importe total neto», en lugar de «el importe total», ya que las
instalaciones obtienen de hecho unos ingresos «netos». Es decir, el
importe de las ventas debe ser minorado por el importe de las compras,
ajustando de esta forma la base imponible del impuesto al ingreso
realmente percibido por las instalaciones.

Página
78

invertir en este sector de la minihidráulica, y llevó a que
las eléctricas vendieran tales activos obsoletos y en desuso a
particulares, quienes obtuvieron los correspondientes permisos e
invirtieron no solo en la adquisición de estos activos, sino también en
su rehabilitación y puesta en marcha. Este proceso se llevó a cabo a lo
largo de los años 90. También, a lo largo de los años 90 y primera década
del 2000 se han construido nuevas mini centrales amparadas por el marco
regulatorio mencionado. Por tanto, este subsector de la hidráulica, el
llamado de «mini centrales» es relativamente nuevo y en consecuencia sus
inversiones todavía no están amortizadas.

Por otra parte y con respecto de la comparación entre la
producción en régimen especial y las primas pagadas por la referida
producción, se puede observar que por el tipo de tarifa regulada en el
R.D. 661/2007, la mini hidráulica representa aproximadamente un 5 % de la
producción del régimen especial y obtiene un 3 % de la prima. Es decir la
prima que obtiene la mini hidráulica con la venta de la energía es la más
baja del régimen especial.

En línea con la argumentación de la enmienda propuesta, las
mini hidráulicas son concesiones administrativas y, por lo tanto, cada
productor tiene un contrato de concesión que le garantiza un equilibrio
económico. El Impuesto sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica es un gasto no repercutible impuesto por la Administración que
podría suponer una modificación sustancial de las condiciones de la
subvención y en consecuencia la obligación de la propia Administración de
indemnizar a sus administrados.

En base a los argumentos expuestos consideramos que la
enmienda presentada está fundamentada, toda vez que la bonificación
permitiría tener en cuenta las peculiaridades de las centrales mini
hidráulicas y permitiría su viabilidad económica.

ENMIENDA NÚM. 25

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo nuevo a continuación del
Artículo 11.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo al Título I.
Impuesto sobre el valor de la producción e importación de la energía
eléctrica, quedando su redacción de la siguiente forma:

«Artículo nuevo. Exenciones.

Quedan exentas del impuesto las producciones de energía que
vayan destinadas al mercado internacional o intracomunitario.»

JUSTIFICACIÓN

En obligada coherencia y ligada obligatoriamente a las
enmiendas de modificación del apartado II del Preámbulo; artículo 1.
Naturaleza; artículo 2. Ámbito territorial; artículo 4.Hecho imponible;
artículo 6. Base imponible del Titulo I.

La Ley del Sector Eléctrico establece en el punto 6 del
artículo 13 lo siguiente:

«El régimen jurídico y económico al que se someterán los
intercambios intracomunitarios e internacionales se regulará
reglamentariamente respetando los principios de competencia y
transparencia que han de regir el mercado de producción. En todo caso,
los sujetos que realicen operaciones de exportación de energía eléctrica
habrán de abonar los costes del sistema que proporcionalmente les
correspondan.»

La no sujeción de las importaciones al impuesto sobre el
valor de la producción de energía eléctrica es contraria a los citados
principios de competencia y transparencia, otorgando a dicha energía
importada

una ventaja económica competitiva (en la medida en la que
la importación es sustitutiva de la producción en territorio nacional) de
difícil encaje con el ordenamiento jurídico nacional.

Lo mismo ocurriría respecto al ordenamiento jurídico
comunitario. A este respecto, es de destacar el considerando (1) de la
Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio
de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad
y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE:

«… fomentar el comercio transfronterizo, a fin de
conseguir mejoras de la eficiencia, precios competitivos, un aumento de
la calidad del servicio y una mayor competitividad, y de contribuir a la
seguridad del suministro y a la sostenibilidad.»

Así, el hecho de que las importaciones de energía eléctrica
no soporten este impuesto sería contrario a los principios y objetivos
recogidos en dicha Directiva europea.

Por otro lado, el impuesto sobre el valor de la producción
de energía eléctrica sería en la práctica soportado también por las
exportaciones de energía eléctrica producida en España, lo cual haría que
los productores españoles pasaran a tener una posición de desventaja
económica competitiva igualmente de difícil encaje con el ordenamiento
jurídico comunitario y nacional de acuerdo a lo anteriormente
descrito.

Finalmente, las instalaciones de producción de energía
eléctrica basadas en el almacenamiento (como las instalaciones
hidráulicas con bombeo) son básicas tanto para la integración de energías
renovables en el sistema como para la seguridad de suministro. Ello es
debido en gran medida a su capacidad única de trasladar excesos de
producción en el sistema con dichas fuentes renovables a momentos con
potencial escasez, lo cual adicionalmente contribuye a la contención de
los precios en el mercado eléctrico. Sin embargo, la aplicación de este
nuevo impuesto a estas instalaciones llevará a una reducción de su
competitividad y, por tanto de su utilización, perdiéndose así en gran
medida los beneficios que aportan al sistema. Así, y desde una
perspectiva de coste-beneficio para la Sociedad, resulta evidente que
estas instalaciones deberían quedar exentas de dicho nuevo impuesto.

ENMIENDA NÚM. 26

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 17.1.a).

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1.a) del artículo
17. Base imponible, de forma que su redacción sea la siguiente:

«a) Los kilogramos de metal pesado contenidos en el
combustible nuclear gastado que ha generado energía durante el período
impositivo, entendiéndose como metal pesado el uranio y el plutonio
contenidos, y como combustible nuclear gastado el combustible nuclear
irradiado en el reactor y extraído definitivamente de este en dicho
período.»

JUSTIFICACIÓN

La redacción del Proyecto de Ley es ambigua en lo que
respecta a la base imponible del impuesto sobre la producción de
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la
generación de energía nucleoeléctrica, que en su apartado 1.a) la
define.

Una interpretación no correcta de este texto podría llevar
a considerar como base imponible a todos los kilogramos de metal pesado
contenidos en el combustible que se descargase en cualquiera de las
recargas («irradiado y extraído»), lo que no tendría ningún sentido ya
que el combustible nuclear puede estar varios años, es decir, varios
periodos impositivos, dentro del núcleo sin extraerse de él. De hecho, la
aplicación de esta interpretación daría lugar a una recaudación muy
irregular e, incluso, a una aplicación

retroactiva durante los primeros años, ya que se extraería
del reactor combustible quemado durante varios años atrás, cuando el
impuesto no existía.

La redacción sería válido para el combustible nuevo (que
entre en el reactor a partir del 01.01.2013 y se extraiga del reactor al
acabar su periodo de vida en el reactor, entre 1 a 8 años más tarde),
pero no sería válida, como se señalaba, para determinar qué porcentaje
del combustible nuclear gastado está sometido a este impuesto cuando ya
ha sido irradiado antes del 01.01.2013.

Por tanto, conviene aclarar que la base imponible es la
cantidad de combustible quemado en cada periodo impositivo,
independientemente de cuándo se extraiga del reactor.

ENMIENDA NÚM. 27

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 17.1.a).

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1.a) del artículo
17. Base imponible de forma que su redacción sea la siguiente:

«a) Los kilogramos de metal pesado contenidos en el
combustible nuclear gastado que ha generado energía durante el período
impositivo, entendiéndose como metal pesado el uranio y el plutonio
contenidos, y como combustible nuclear gastado el combustible nuclear
irradiado en el reactor a partir de la fecha de entrada en vigor de la
presente Ley y extraído definitivamente de este en dicho período
impositivo.»

JUSTIFICACIÓN

En el núcleo de un grupo nuclear existe combustible que ya
ha sido irradiado para producir energía eléctrica en el periodo anterior
a la entrada en vigor del presente Decreto Ley, por lo que no debería ser
gravado por esta cuando se extraiga definitivamente de dicho núcleo.

Con el fin de evitar una aplicación retroactiva de la Ley,
la base liquidable del impuesto se calcula aplicando a la base imponible
un coeficiente corrector en función del número de días que el combustible
ha permanecido en el reactor antes de la entrada en vigor de la Ley de
Medidas Fiscales.

Por tanto la redacción del Proyecto de Ley es ambigua en lo
que respecta a la base imponible del impuesto sobre la producción de
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la
generación de energía nucleoeléctrica, que en su apartado 1.a) la
define.

Una interpretación no correcta de este texto podría llevar
a considerar como base imponible a todos los kilogramos de metal pesado
contenidos en el combustible que se descargase en cualquiera de las
recargas («irradiado y extraído»), lo que no tendría ningún sentido ya
que el combustible nuclear puede estar varios años, es decir, varios
periodos impositivos, dentro del núcleo sin extraerse de él. De hecho, la
aplicación de esta interpretación daría lugar a una recaudación muy
irregular e, incluso, a una aplicación retroactiva durante los primeros
años, ya que se extraería del reactor combustible quemado durante varios
años atrás, cuando el impuesto no existía.

La redacción sería válido para el combustible nuevo (que
entre en el reactor a partir del 01.01.2013 y se extraiga del reactor al
acabar su periodo de vida en el reactor, entre 1 a 8 años más tarde),
pero no sería válida, como se señalaba, para determinar qué porcentaje
del combustible nuclear gastado está sometido a este impuesto cuando ya
ha sido irradiado antes del 01.01.2013.

Por tanto, conviene aclarar que la base imponible es la
cantidad de combustible quemado en cada periodo impositivo,
independientemente de cuándo se extraiga del reactor.

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82

1.º Central eléctrica: La instalación cuya actividad de
producción de energía eléctrica queda comprendida en el ámbito de
aplicación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y
cuyo establecimiento y funcionamiento hayan sido autorizados con arreglo
a lo establecido en el Capítulo I del Título IV de dicha Ley.

2.º Central combinada: La instalación cuya actividad de
producción de electricidad o de cogeneración de energía eléctrica y calor
útil para su posterior aprovechamiento energético queda comprendida en el
ámbito de aplicación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, y cuyo establecimiento y funcionamiento han sido autorizados
con arreglo a lo establecido en el Capítulo II del Título IV de dicha
Ley.”

Cuatro. Se suprime el artículo 79.3 a).

Cinco. El artículo 84 queda redactado como sigue:

“Artículo 84. Tipo de gravamen.

El impuesto se exigirá al tipo de 0,65 euros por
gigajulio.”

Seis. El Gobierno podrá, manteniendo la recaudación total,
establecer modificaciones o exenciones temporales a determinados
colectivos industriales por motivos de falta de homogeneización de dicha
carga en otros países.»

JUSTIFICACIÓN

El objetivo del proyecto de Ley de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética consiste, tal y como se indica en el punto I
del Preámbulo, en: «… armonizar nuestro sistema fiscal con un uso
más eficiente y respetuoso con el medioambiente y la sostenibilidad,
valores que inspiran esta reforma de la fiscalidad, y como tal en línea
con los principios básicos que rigen la política fiscal, energética, y
por supuesto ambiental de la Unión Europea».

En esa misma línea, en el punto I del Preámbulo, se
considera que: «La presente reforma contribuye además a la integración de
las políticas medioambientales en nuestro sistema tributario, en el cual
tienen cabida tanto tributos específicamente ambientales, como la
posibilidad de incorporar el elemento ambiental en otros tributos ya
existentes».

La propuesta modificación de la Ley de Impuestos Especiales
para introducir un tipo impositivo a los usos del gas natural contribuye
a homogeneizar el tratamiento de las diferentes fuentes de energía de
cara a la internalización de los costes ambientales, en particular, los
derivados de las emisiones de CO2.

El tipo al CO2 asumido por el gas natural, contrasta con la
ausencia de cargas fiscales al CO2 en el caso de los hidrocarburos
líquidos, lo que no sólo es contradictorio con el propio objetivo
manifestado en este proyecto de Ley (ya que no se estarían gravando las
distintas fuentes energéticas de forma acorde con las externalidades
ambientales que se producen en su uso), sino que también se introducen
fuertes distorsiones en la competitividad relativa de los precios de las
distintas fuentes energéticas, penalizándose a las fuentes menos emisoras
(gas natural, electricidad) frente a las más emisoras (gasolinas,
gasóleos, fuelóleos…).

La política energética y ambiental europea reconoce la
necesidad de que todos usos energéticos asuman de forma homogénea el
coste derivado de sus emisiones de CO2 (tanto aquellos enmarcados dentro
del sistema europeo de comercio de derechos de emisión como los ubicados
dentro de los sectores difusos). En esta línea, la Propuesta de Directiva
que modifica la Directiva 2003/96/CE del Consejo por la que se
reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos
energéticos y de la electricidad introduce un impuesto al CO2 con el
objetivo de replicar para los sectores difusos el coste que asumen por el
CO2 los sectores sometidos al sistema europeo de comercio de derechos de
emisión. En dicha propuesta de Directiva se incluye un impuesto al CO2 de
20 ¤/tonelada.

Así mismo la Directiva de 2009/28/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables, fija como objetivos generales
conseguir una cuota del 20 % de energía procedente de fuentes renovables
en el consumo final bruto de energía de la Unión Europea (UE) y una cuota
del 10 % de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de
energía en el sector del transporte en cada Estado miembro para el año
2020. Dado que el sector de hidrocarburos líquidos prácticamente no
contribuyen a la las citadas obligaciones de su sector en el 20 % siendo
el sector eléctrico el principal contribuyente con algo mas del 30 % en
2011 para facilitar el cumplimiento de los objetivos de alcanzar el 20 %
de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de
energía en 2020. Un céntimo aplicado tiene un impacto directo muy poco
significativo en la inflación, en cambio produce una recaudación
excluidos querosenos de unos 452 M¤ por cada céntimo aplicado.

ENMIENDA NÚM. 30

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 28.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 28 del Titulo III
de Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales para introducir el céntimo verde en el Coque de petróleo,
quedando de la siguiente forma:

«Artículo 28. Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales.

Se modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el epígrafe 1.10 y se crean los epígrafes
1.16, 1.17 y 1.18 de la Tarifa 1.ª del Impuesto sobre Hidrocarburos, en
el artículo 50.1 de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, que quedan
redactados de la siguiente forma:

“Epígrafe 1.10 Gas natural destinado a usos distintos
a los de carburante, así como el gas natural destinado al uso como
carburante en motores estacionarios: 0,65 euros por gigajulio.

Epígrafe 1.16 Gasóleo destinado a la producción de energía
eléctrica o a la cogeneración de energía eléctrica y de calor: 29,15
euros por 1.000 litros.

Epígrafe 1.17 Fuelóleos destinado a la producción de
energía eléctrica o a la cogeneración de energía eléctrica y de calor:
12,00 euros por tonelada.

Epígrafe 1.18 Coque de petróleo destinado a la producción
de electricidad en centrales eléctricas o a la producción de electricidad
o a la cogeneración de electricidad y de calor en centrales combinadas:
0,65 euros por Gigajulio.”

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 50 de la Ley
38/1992, de Impuestos Especiales, que queda redactado de la siguiente
forma:

“3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7
del artículo 8, la aplicación de los tipos reducidos fijados para los
epígrafes 1.4, 1.12, 1.16 y 2.10 queda condicionada al cumplimiento de
las condiciones que se establezcan reglamentariamente en cuanto a la
adición de trazadores y marcadores, así como a la utilización realmente
dada a los productos. Tales condiciones podrán comprender el empleo de
medios de pago específicos.”

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86

JUSTIFICACIÓN

También se introduce una necesaria señal de promoción a las
políticas de eficiencia energética en consonancia con los objetivos
nacionales y europeos. La Directiva 2003/96/CE permite la exención a los
combustibles utilizados por estas tecnologías.

Evitar una imposición excesiva, introducir una señal de
eficiencia y mantener el principio de rentabilidad razonable de las
instalaciones de cogeneración, biomasa y residuos, estableciendo un tipo
reducido para el Gas Natural en estas instalaciones coincidente con el
mínimo armonizado a nivel europeo, a pesar de que la Directiva 2003/96/CE
permite la exención total a los combustibles utilizados por estas
tecnologías.

La cogeneración, la biomasa y los residuos generan
importantes externalidades positivas sobre el empleo y la protección del
medio ambiente en los sectores productivos y de servicio público.

Estas tecnologías son precisamente las que no han alcanzado
los objetivos de desarrollo con cobertura de régimen económico previstos
en la regulación vigente, por lo que es adecuado evitar la imposición
excesiva por motivos de política energética.

También se introduce una necesaria señal de promoción a las
políticas de eficiencia energética en consonancia con los objetivos
nacionales y europeos.

El actual redactado disminuirá la competitividad industrial
de un elevadísimo número de sectores tan relevantes y diferentes como el
de tratamiento de residuos, el químico, el siderúrgico, el papelero, el
del automóvil, la petroquímica, el de alimentación, la cerámica, textil,
etc., que mediante procesos de cogeneración obtienen importantes mejoras
de eficiencia.

Gravar con este impuesto supondrá una medida de carácter
anti industrial, con los efectos que ello conllevará en los diferentes
sectores industriales, en unos momentos en los que la competitividad en
el mundo obliga a su mejora constante.

Se podrían producir deslocalizaciones de empresas, con lo
que implica de gravedad en términos económicos y de empleo para una
economía como la española en una difícil situación, y más, si cabe, para
un País Vasco con un importante peso de su sector industrial.

Estas instalaciones con la aplicación de los nuevos
impuestos, no solo no alcanzarían una rentabilidad razonable tal como
prescribe la ley, sino que entrarían en pérdidas con riesgo de no poder
atender el servicio de la deuda y de no poder continuar la prestación del
servicio, lo que conllevara desempleo y perdida de actividad en los
sectores industriales correspondientes, con gran impacto en el sector
industrial y rural.

Algunos de los grupos y subgrupos de instalaciones
regulados de acuerdo con la ley, están en tarifa regulada la cual es
ajustada trimestralmente por el M.º de Industria mediante una fórmula, de
forma que ajusta permanentemente su rentabilidad razonable, pero en dicha
fórmula no es posible la repercusión de los extracostes derivados de la
aplicación de la presente ley y por ello se producirá la entrada perdidas
y sus efectos consecuentes, situación anteriormente expuesta.

Por todo ello se propone la presente enmienda con el
objetivo de establecer un tipo impositivo adecuado de 0.15 ¤/Gigajulio
para las citadas instalaciones con Procesos de Cogeneración, de
tratamiento de residuos tec. de forma que puedan mantener la rentabilidad
razonable establecida por la ley y permita la supervivencia del citado
sector.

ENMIENDA NÚM. 32

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 28. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 28 del Titulo III.
Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, de forma que su redacción sea la siguiente:

Página
89

La cogeneración, la biomasa y los residuos generan
importantes externalidades positivas sobre el empleo y la protección del
medio ambiente en los sectores productivos y de servicio público.

Estas tecnologías son precisamente las que no han alcanzado
los objetivos de desarrollo con cobertura de régimen económico previsto
en la regulación vigente, por lo que es adecuado evitar la imposición
excesiva por motivos de política energética.

También se introduce una necesaria señal de promoción a las
políticas de eficiencia energética en consonancia con los objetivos
nacionales y europeos.

El actual redactado disminuirá la competitividad industrial
de un elevadísimo número de sectores tan relevantes y diferentes como el
de tratamiento de residuos, el químico, el siderúrgico, el papelero, el
del automóvil, la petroquímica, el de alimentación, la cerámica, textil,
etc., que mediante procesos de cogeneración obtienen importantes mejoras
de eficiencia.

Gravar con este impuesto supondrá una medida de carácter
anti industrial, con los efectos que ello conllevará en los diferentes
sectores industriales, en unos momentos en los que la competitividad en
el mundo obliga a su mejora constante.

Se podrían producir deslocalizaciones de empresas, con lo
que implica de gravedad en términos económicos y de empleo para una
economía como la española en una difícil situación, y más, si cabe, para
un País Vasco con un importante peso de su sector industrial.

Estas instalaciones con la aplicación de los nuevos
impuestos, no solo no alcanzarían una rentabilidad razonable tal como
prescribe la ley, sino que entrarían en pérdidas con riesgo de no poder
atender el servicio de la deuda y de no poder continuar la prestación del
servicio, lo que conllevara desempleo y perdida de actividad en los
sectores industriales correspondientes, con gran impacto en el sector
industrial y rural.

Algunos de los grupos y subgrupos de instalaciones
regulados de acuerdo con la ley, están en tarifa regulada la cual es
ajustada trimestralmente por el M.º de Industria mediante una fórmula, de
forma que ajusta permanentemente su rentabilidad razonable, pero en dicha
fórmula no es posible la repercusión de los extracostes derivados de la
aplicación de la presente ley y por ello se producirá la entrada perdidas
y sus efectos consecuentes, situación anteriormente expuesta.

ENMIENDA NÚM. 33

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 29.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 29 del título IV.
Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en su artículo 112 bis, punto
5, quedando su redacción de la siguiente forma:

«5. El tipo de gravamen anual será del 4 por ciento del
valor de la base imponible y la cuota integra será la cantidad resultante
de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.»

JUSTIFICACIÓN

La producción de energía hidroeléctrica es de origen
renovable, por lo que no genera emisiones contaminantes a la atmósfera;
en especial, no emite CO2, por lo que su uso aporta una contribución
esencial para la lucha contra el cambio climático.

Adicionalmente, el carácter regulable de la mayor parte de
la producción hidráulica ayuda a la integración de otras energías
renovables que dependen de un recurso variable y no predecible, como el
viento y el sol. Así pues, de esta manera indirecta es también
herramienta fundamental para la lucha contra el cambio climático.

Pero además, la energía hidroeléctrica tiene otras ventajas
medioambientales fundamentales, ya que ayuda a regular los caudales de
nuestros ríos, garantizando un caudal mínimo ecológico y permitiendo
gestionar las avenidas en caso de grandes precipitaciones.

El proyecto de ley tiene como fundamento básico la
protección del medio ambiente, para lo que busca la internalización de
los costes medioambientales derivados de la producción de energía
eléctrica. Sin embargo, la mayor carga fiscal de la ley se aplica a la
energía hidroeléctrica, ya que para ésta se establece, además del
impuesto general del 6 % sobre el valor de la producción de la energía,
un nuevo canon adicional del 22 % sobre la utilización de las aguas
continentales para este uso.

En total, esta nueva ley, grava la energía hidroeléctrica
detrayendo el 28 % de su valor, sufriendo la mayor presión fiscal de
todas las fuentes de producción de energía, a pesar de que, por su
reducido impacto y su contribución al control de los caudales, la energía
hidroeléctrica es la forma de producción eléctrica más respetuosa con el
medioambiente, por lo que es conveniente, y así lo están haciendo el
resto de los países europeos, gravar menos a esta tecnología que a otras
más contaminantes.

En este sentido, existen dos estudios europeos impulsados y
tutelados por la Comisión Europea, el proyecto ExternE y el proyecto
CASES. El ExternE(External Costs of Energy) tiene como objetivo definir
las externalidades de la energía, y en particular de la producción de
electricidad. Por su lado, el proyecto CASES (Cost Assessment for
Sustainable Energy Systems) estima los costes completos de la energía,
incluyendo costes privados y las externalidades. De estos proyectos, se
deduce que la generación hidroeléctrica tiene un impacto ambiental no
internalizado de 2,05 ¤/MWh, lo que equivaldría a un 4 por ciento de los
ingresos que obtiene esta tecnología en el mercado eléctrico. Tal y como
explica el propio Proyecto de Ley en el punto V de la exposición de
motivos, la internalización de costes debe estar ligada a las
correspondientes proyecciones económicas de largo plazo y el daño
medioambiental debe establecerse con rigor y en la línea de los demás
países de la UE, por lo que el gravamen del canon hidroeléctrico se fija
para que la internalización coincida con estos estudios hasta que se
realicen análisis específicos del impacto de la hidroeléctrica en nuestro
país, en el marco de una auténtica Reforma Fiscal Ambiental.

ENMIENDA NÚM. 34

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 29.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 29. Modificación
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en su artículo 112 bis.7, quedando su
redacción de la siguiente forma:

«7. El canon se reducirá en un 90 por ciento para las
instalaciones hidroeléctricas de potencia igual o inferior a 50 MW, y en
un 100 por ciento para las instalaciones de producción de energía
eléctrica de tecnología hidráulica de bombeo, y en la forma que
reglamentariamente se determine para aquellas producciones o
instalaciones que se deban incentivar por motivos de política energética
general.»

JUSTIFICACIÓN

Entre todas las formas de producción hidráulica, el bombeo
tiene un carácter único por las peculiaridades técnicas de esta
tecnología.

Por un lado, el bombeo, a pesar de utilizar agua turbinada
para generar electricidad, no depende de la pluviosidad, ya que el agua
se bombea desde depósitos inferiores hasta los superiores. De esta forma,
basta con regular el nivel del depósito inferior para tener disponible
este recurso para cuando sea necesario.

Por otra parte, no sólo se dispone de una energía que se
puede utilizar cuando se requiera para el apoyo a otras fuentes de
energía no firmes (el bombeo es fundamental para la integración de
energías renovables) o aumentos inesperados de la demanda, sino que al
bombear se pueden absorber los excesos de energía que se producen en
momentos de poca demanda y mucha producción eléctrica, por ejemplo,
durante los períodos nocturnos.

Adicionalmente, el bombeo es muy sensible a la modificación
de los incentivos económicos, por lo que la introducción del canon
hidroeléctrico puede repercutir de manera muy significativa en su
explotación, reduciendo los niveles de producción con esta tecnología.
Esto repercutirá en una menor calidad de suministro y una mayor
dificultad para integrar la producción renovable.

Por todas estas consideraciones, se exime al bombeo
completamente del nuevo canon hidráulico.

ENMIENDA NÚM. 35

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 29.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 29. Modificación
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en su artículo 112 bis.7, quedando su
redacción de la siguiente forma:

«7. El canon se reducirá en un 90 por ciento para las
instalaciones hidroeléctricas de potencia igual o inferior a 50 MW, y en
un 100 por ciento para las instalaciones de producción de energía
eléctrica de potencia igual o menor a 5 MW, y en la forma que
reglamentariamente se determine para aquellas producciones o
instalaciones que se deban incentivar por motivos de política energética
general.»

JUSTIFICACIÓN

La imposición del pretendido canon sobre la utilización de
aguas continentales a la producción de energía eléctrica supone
desconocer la realidad del sector caracterizado por una fuerte diversidad
y que, principalmente, permite dividir al sector de la producción de
energía hidroeléctrica en pequeños productores (titulares de las
denominadas mini centrales con capacidad menor o igual a10MW) y grandes
productores.

A diferencia de la gran hidráulica —construida,
principalmente en los años 40 del siglo XX— la minicentral
experimenta su evolución en la década de los años noventa como
consecuencia del marco legislativo aprobado en los años inmediatamente
anteriores (Ley 82/1980 sobre conservación de la energía, Real Decreto
1217/1981, para el fomento de la producción hidroeléctrica en pequeñas
centrales, el Real Decreto 916/1985 y la Ley de Aguas 29/1985);
acometiéndose en los años siguientes fuertes inversiones para la puesta
en marcha de estas instalaciones y que en la actualidad se encuentran en
periodo de amortización.

En orden a garantizar la rentabilidad de las inversiones
acometidas, el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula
la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial,
establecía una tarifa para la mini hidráulica a fin que las inversiones
realizadas en esta tecnología obtuvieran una rentabilidad razonable.

En tal concepto jurídico (y económico) indeterminado
«rentabilidad razonable» influyen numerosos factores relacionados tanto
con la naturaleza propia de tales instalaciones (costes de mantenimiento,
nuevas medidas para el control efectivo de los caudales, etc.) como con
la evolución experimentada por el propio sector energético español y las
medidas adoptadas en su marco de regulación.

No cabe duda que el nuevo canon por utilización de las
aguas continentales que se pretende instaurar ex artículo 29 del
«Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética»
constituye un nuevo factor que pone en crisis el predicado principio de
rentabilidad razonable.

ENMIENDA NÚM. 36

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adiciona,
con la siguiente redacción:

«Disposición adicional nueva. Financiación de los costes
anuales derivados de los derechos de cobro de largo plazo que genera el
déficit de tarifa.

Se modifica el apartado 5 de la disposición adicional
vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, que queda redactado de la siguiente manera:

“5. Los déficit del sistema de liquidaciones
eléctrico generarán derechos de cobro consistentes en el derecho a
percibir un importe mensual de los años sucesivos hasta su satisfacción.
Las cantidades aportadas por este concepto serán devueltas reconociéndose
un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado que se
fijará en la orden por la que se aprueban los peajes.

Hasta 2012, los pagos que realice la Comisión Nacional de
Energía necesarios para satisfacer los derechos de cobro tendrán
consideración de costes permanentes del sistema y se recaudarán a través
de los peajes de acceso hasta su satisfacción total.

A partir de 2013, los pagos mensuales de las anualidades
del déficit del sistema de liquidaciones eléctrico serán abonados a cada
titular hasta su total satisfacción por la Administración General del
Estado con cargo a las partidas presupuestarias establecidas al efecto en
los Presupuestos Generales del Estado. Reglamentariamente se establecerá
un procedimiento para el cálculo de las cantidades a consignar en los
Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio, así como para la
liquidación de las cantidades correspondientes a los titulares de los
derechos de cobro. En el caso de derechos de cobro cedidos al fondo de
titulización a que se refiere este apartado, los plazos, importes y
condiciones de liquidación de las correspondientes anualidades
coincidirán con las previstas en las correspondientes emisiones.

En caso de insuficiencia de las cantidades consignadas
presupuestariamente para atender el pago de las anualidades del déficit,
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta
del Ministro de Industria, Energía y Turismo, adoptará las medidas
precisas que permitan la financiación transitoria de tal insuficiencia,
incluyendo la financiación en el mercado. Excepcionalmente, cuando no sea
posible acudir a mecanismos transitorios de financiación, la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordará, a propuesta
conjunta de los Ministros de Industria, Energía y Turismo, y de Economía
y Competitividad, que el exceso sea financiado temporalmente por el
Instituto de Crédito Oficial, en condiciones de mercado. En estos
supuestos, la Ley de Presupuestos necesarias.

Para la financiación de los derechos de cobro a que se
refiere el párrafo primero de este apartado, tales derechos de cobro se
podrán ceder a un fondo de titulización que se constituirá a estos
efectos y se denominará Fondo de Titulización del Déficit del Sistema
Eléctrico, según lo contemplado en la disposición adicional quinta de la
Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española
en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación
Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema
financiero, siendo de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto
926/1998, de 14 mayo, por el que se regulan los fondos de titulización de
activos y las sociedades gestoras de fondos de titulización. La
constitución del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico
requerirá el informe previo favorable del Ministerio de Economía y
Hacienda.

El activo del fondo de titulización estará constituido
por:

a) Derechos de cobro generados y no cedidos a terceros por
los titulares iniciales del derecho hasta 10.000 millones de euros a
fecha de 31 de diciembre de 2008. El precio de cesión de dichos derechos
y las condiciones de cesión de los mismos se determinará por Real
Decreto, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios de
Industria, Turismo y Comercio y de Economía y Hacienda.

b) Generales del ejercicio siguiente consignará la partida
necesaria para la devolución de las cantidades Los derechos de cobro a
que dé lugar la financiación de los déficits generados desde el 1 de
enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012, cuyas características,
así como precio y condiciones de cesión, se establecerán por Real
Decreto, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios de
Industria, Turismo y Comercio y de Economía y Hacienda.”»

JUSTIFICACIÓN

El déficit tarifario del sector eléctrico se sitúa en
24.000 millones de euros, con un crecimiento anual de 5.000-6.000
millones de euros.

Este déficit está afectando profundamente al sistema y pone
en riesgo, no sólo la situación financiera de las empresas del sector
eléctrico, sino la sostenibilidad misma del sistema.

En 2012 se han adoptado un conjunto de medidas para reducir
el déficit que no son trasladables, en su mayoría, a ejercicios futuros y
que, hasta la fecha, han resultado insuficientes.

Adicionalmente, el presente Proyecto de Ley de medidas
fiscales para la sostenibilidad energética cuya entrada en vigor está
prevista en enero de 2013. tiene como finalidad «cumplir con los
objetivos de déficit en general, y también de déficit tarifario, y poder
construir un sistema energético y eléctrico que sea solvente y
sostenible», según declaración de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del
14 de septiembre.

El cumplimiento de los objetivos de este Proyecto de Ley
requiere el desarrollo de mecanismos legales que regulen, de una parte,
la financiación con cargo a Presupuestos Generales del Estado del
importe, o parte del mismo, de algunos de los costes del sistema
eléctrico y, de otra, que aquellas partidas fruto de decisiones de
política energética, tarifaria o socioeconómica sean asumidas
íntegramente por los propios Presupuestos Generales del Estado.

El Real Decreto-ley 6/2009 dispuso la constitución del
Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE), cuya
finalidad era subrogarse en los derechos adquiridos por las empresas con
el objeto de obtener financiación a largo plazo en los mercados
financieros.

Además, según señala el mencionado Real Decreto-ley 6/2009,
al amparo de lo establecido en el artículo 114 de la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria, se autoriza a la Administración
General del Estado a otorgar avales en garantía de las obligaciones
económicas exigibles al FADE. De producirse la ejecución del aval frente
a la Administración General del Estado, ésta se subrogará, respecto de
los importes ejecutados por cualquier concepto, en todos los derechos y
acciones que tuvieran reconocidos los acreedores frente al FADE.

Por tanto, puesto que es la Administración General del
Estado la responsable del sistema tarifario y del potencial déficit
tarifario que se genere, es necesario liberar a la tarifa eléctrica, lo
antes posible, de la carga que supone financiar los derechos de cobro de
largo plazo que genera dicho déficit, trasladando los costes derivados de
la financiación del déficit eléctrico a los Presupuestos Generales del
Estado.

Por otro lado, entre las decisiones de política económica
que adopta la Administración General del Estado, se establece el
principio de tarifa eléctrica única a nivel nacional. Esto obviamente
incluye los territorios insulares y extrapeninsulares que, por sus
especiales características, deberían soportar un mayor coste por sus
suministros eléctricos.

Para otros sectores y actividades, estos territorios gozan
de sistemas de protección adicionales, que son financiados por los
Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, en el caso del suministro
de electricidad, es la propia tarifa eléctrica la que asume el sobrecoste
derivado de esta decisión política.

El Real Decreto-ley 6/2009 ya estableció la necesidad de
trasladar estos sobrecostes a los Presupuestos Generales del Estado de
manera progresiva, pero a fecha actual este proceso no se ha
materializado. Por tanto, se debe establecer que la totalidad del
sobrecoste extrapeninsular sea urgentemente asumido por

los Presupuestos Generales del Estado, con un tratamiento
análogo al del resto de medidas destinadas a compensar los efectos de la
insularidad y extrapeninsularidad ya existentes.

ENMIENDA NÚM. 37

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional
con la siguiente redacción:

«Disposición adicional. Financiación de las anualidades
para extracoste de generación en el régimen insular y
extrapeninsular.

1. Las compensaciones por los extracostes de generación de
los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares a que se refiere el
artículo 12.3 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico
serán financiadas íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado. A estos efectos, los extracostes correspondientes a cada año
serán incorporados en la Ley de Presupuestos Generales del año
posterior.

2. Reglamentariamente, se determinará un procedimiento para
el cálculo de las cantidades a consignar en los Presupuestos Generales
del Estado de cada ejercicio, los oportunos mecanismos de control del
extracoste, así como el procedimiento de liquidación del mismo.

3. En caso de insuficiencia de las cantidades consignadas
presupuestariamente para atender el pago de los extracostes, la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Ministro
de Industria, Energía y Turismo, adoptará las medidas precisas que
permitan la financiación transitoria del exceso de extracostes,
incluyendo la financiación en el mercado. Excepcionalmente, cuando no sea
posible acudir a mecanismos transitorios de financiación, la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordará, a propuesta
conjunta de los Ministros de Industria, Energía y Turismo, y de Economía
y Competitividad, que el exceso sea financiado temporalmente por el
Instituto de Crédito Oficial, en condiciones de mercado. En estos
supuestos, la Ley de Presupuestos Generales del ejercicio siguiente
consignará la partida necesaria para la devolución de las cantidades
necesarias.»

JUSTIFICACIÓN

El déficit tarifario del sector eléctrico se sitúa en
24.000 millones de euros, con un crecimiento anual de 5.000-6.000
millones de euros.

Este déficit está afectando profundamente al sistema y pone
en riesgo, no sólo la situación financiera de las empresas del sector
eléctrico, sino la sostenibilidad misma del sistema.

En 2012 se han adoptado un conjunto de medidas para reducir
el déficit que no son trasladables, en su mayoría, a ejercicios futuros y
que, hasta la fecha, han resultado insuficientes.

Adicionalmente, el presente Proyecto de Ley de medidas
fiscales para la sostenibilidad energética cuya entrada en vigor está
prevista en enero de 2013. tiene como finalidad «cumplir con los
objetivos de déficit en general, y también de déficit tarifario, y poder
construir un sistema energético y eléctrico que sea solvente y
sostenible», según declaración de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del
14 de septiembre.

El cumplimiento de los objetivos de este Proyecto de Ley
requiere el desarrollo de mecanismos legales que regulen, de una parte,
la financiación con cargo a Presupuestos Generales del Estado del
importe, o parte del mismo, de algunos de los costes del sistema
eléctrico y, de otra, que aquellas partidas fruto de decisiones de
política energética, tarifaria o socioeconómica sean asumidas
íntegramente por los propios Presupuestos Generales del Estado.

El Real Decreto-ley 6/2009 dispuso la constitución del
Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE), cuya
finalidad era subrogarse en los derechos adquiridos por las empresas con
el objeto de obtener financiación a largo plazo en los mercados
financieros.

Además, según señala el mencionado Real Decreto-ley 6/2009,
al amparo de lo establecido en el artículo 114 de la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria, se autoriza a la Administración
General del Estado a otorgar avales en garantía de las obligaciones
económicas exigibles al FADE. De producirse la ejecución del aval frente
a la Administración General del Estado, ésta se subrogará, respecto de
los importes ejecutados por cualquier concepto, en todos los derechos y
acciones que tuvieran reconocidos los acreedores frente al FADE.

Por tanto, puesto que es la Administración General del
Estado la responsable del sistema tarifario y del potencial déficit
tarifario que se genere, es necesario liberar a la tarifa eléctrica, lo
antes posible, de la carga que supone financiar los derechos de cobro de
largo plazo que genera dicho déficit, trasladando los costes derivados de
la financiación del déficit eléctrico a los Presupuestos Generales del
Estado.

Por otro lado, entre las decisiones de política económica
que adopta la Administración General del Estado, se establece el
principio de tarifa eléctrica única a nivel nacional. Esto obviamente
incluye los territorios insulares y extrapeninsulares que, por sus
especiales características, deberían soportar un mayor coste por sus
suministros eléctricos.

Para otros sectores y actividades, estos territorios gozan
de sistemas de protección adicionales, que son financiados por los
Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, en el caso del suministro
de electricidad, es la propia tarifa eléctrica la que asume el sobrecoste
derivado de esta decisión política.

El Real Decreto-ley 6/2009 ya estableció la necesidad de
trasladar estos sobrecostes a los Presupuestos Generales del Estado de
manera progresiva, pero a fecha actual este proceso no se ha
materializado. Por tanto, se debe establecer que la totalidad del
sobrecoste extrapeninsular sea urgentemente asumido por los Presupuestos
Generales del Estado, con un tratamiento análogo al del resto de medidas
destinadas a compensar los efectos de la insularidad y
extrapeninsularidad ya existentes.

ENMIENDA NÚM. 38

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional al
texto de la ley, quedando su redacción de la siguiente forma:

«Disposición adicional. Régimen concesional.

Los titulares de las instalaciones de producción de energía
eléctrica que a la entrada en vigor de esta Ley sean titulares de una
concesión hidroeléctrica cuyo plazo concesional no permita la adecuada
amortización de las inversiones realizadas con la carga impositiva
establecida en el artículo 28, tendrán derecho a prorrogar dicho plazo un
máximo de 10 años, siempre que se acredite por el concesionario los
perjuicios que se le causarían en caso contrario.»

JUSTIFICACIÓN

La naturaleza mixta de las concesiones hidráulicas, tanto
administrativa como contractual, requiere que, ante una limitación
singular del derecho del concesionario, se precise resarcir al mismo del
perjuicio causado mediante una fórmula que permita el restablecimiento
del equilibrio financiero y contractual inicialmente existente. Por ello,
se considera adecuado que en los supuestos en los que el plazo

concesional que reste hasta la extinción de la concesión no
permita restablecer aquel equilibrio, que el plazo máximo se prorrogue
por el tiempo estrictamente necesario previa la correspondiente
acredita.

ENMIENDA NÚM. 39

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional al
texto de la ley, quedando su redacción de la siguiente forma:

«Disposición adicional nueva. Internalización en primas y
tarifas de régimen especial

Antes del 31 de marzo de 2013, el Ministerio de Industria y
Comercio, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, dictará las disposiciones necesarias para
internalizar en las tarifas y primas correspondientes a las plantas de
cogeneración incluidas en los subgrupos a.1.1., a.1.2, a.1.3 y a las
instalaciones acogidas a la disposición adicional sexta y disposición
transitoria segunda del RD 661/2007, de 25 de mayo, el impacto del
impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el
impacto de la modificación de la Ley 38/1992, epígrafe 1.10, 1.16 y 1.17,
así como el impacto de la no asignación de derechos gratuitos de emisión
en el PNA 2013-2020.»

JUSTIFICACIÓN

Las plantas de Cogeneración y las plantas de tratamiento de
residuos ganaderos entre otras, purines, no pueden, en la actualidad,
internalizar los impuestos sobre la producción eléctrica, sobre el
combustible consumido y la no asignación de derechos gratuitos emisiones
de gases de efecto invernadero,al estar sujetos a una tarifa regulada que
se actualiza por el Ministerio de industria trimestralmente para mantener
la rentabilidad razonable, pero que en su actualización no contempla
dichos parámetros y por lo que el hecho de no permitir dicha
internalización hace inviable el sostenimiento de las plantas de purines
y las lleva de forma mayoritaria a pérdidas que determinarán el cierre de
las mismas.

ENMIENDA NÚM. 40

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional
con la siguiente redacción:

«Disposición adicional nueva. Liquidación de la
energía.

A los efectos de lo dispuesto para la liquidación de la
energía en el artículo 18.5 del RD 1747/2003, de 19 de diciembre, por el
que se regulan los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares,
solo se podrá reconocer como coste retributivo para las centrales de
producción en régimen ordinario en dichos sistema y mientras no estén
interconectados con la península como máximo el 40 % de los importes

anuales pagados por éstas como consecuencia de la
aplicación de los impuestos establecidos en la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de Ley ha recogido tres céntimos verdes por el
consumo de combustibles fósiles en la producción de electricidad (gas
natural, carbón, fuel oil y gasoil), así como un impuesto del 6% a los
ingresos por la actividad de generación de electricidad.

Sería conveniente matizar en la Ley la aplicación de estos
impuestos a la generación en régimen ordinario extrapeninsular, dado que
la regulación sectorial establece un reconocimiento posterior de los
costes incurridos. Por lo tanto, de no modificarse la propuesta, los
impuestos pagados por estos colectivos serán reclamados por las empresas
propietarias a efectos de su reconocimiento, y por tanto sería entonces
el consumidor eléctrico el que pagaría totalmente «todo» el impuesto a
través de la tarifa de acceso, lo que incrementaría el déficit de tarifa,
cuando debiera repartirse la carga entre productor y consumidor.

ENMIENDA NÚM. 41

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Dos.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo párrafo al apartado Dos.
de la disposición final primera. Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico que añade un apartado 7 en el artículo
30, quedando la siguiente redacción de citado apartado 7:

«7. La energía eléctrica imputable a la utilización de un
combustible en una instalación de generación no híbrida que utilice como
energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles, en
ningún caso será objeto de régimen económico primado, salvo lo
establecido en el siguiente párrafo:

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, se
podrán utilizar equipos que utilicen un combustible para el mantenimiento
de la temperatura del fluido transmisor de calor en aquellas
instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías
renovables no consumibles y que en la fecha de entrada en vigor de la
presente ley hubieran sido inscritas en el Registro de pre-asignación de
retribución regulado en Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril. La
generación de energía eléctrica a partir de dicho combustible deberá ser
inferior, en cómputo anual al 12% de la producción total de
electricidad.

A los anteriores efectos, por orden del Ministro de
Industria, Energía y Turismo se publicará la metodología para el cálculo
de la energía eléctrica imputable al combustible fósil utilizado.»

JUSTIFICACIÓN

La presente modificación de la disposición final primera,
apartado dos, trata de evitar al menos la quiebra financiera de las
instalaciones renovables no consumibles a las que aplica la presente
propuesta de eliminación del régimen económico primado, que son
básicamente las plantas Termosolares, y a las que no hay que olvidar
aplicaran dos medidas impositivas adicionales como son el impuestos del
6% a la producción eléctrica y el céntimo verde de 0.65 euros por
gigajulio por consumo de gas natural que tienen a su vez otro importante
impacto económico, a las que sitúan por debajo del umbral de la
rentabilidad razonable, además de tratar con la redacción propuesta que
la misma no sea aplicable a mas instalaciones que las actualmente
inscritas en el registro de preasignación de retribución, y por tanto
mantener para el caso de futuras instalaciones a inscribir en el citado
registro de preasignación de retribución un régimen no primado.

La presente modificación de la citada disposición final
primera viene justificada porque:

— Desde el punto de vista de impacto económico, el
pretendido cambio normativo del artículo 30.7 de la Ley 54/1997 produce
un enorme impacto negativo sobre las plantas termosolares y pone en
peligro la sostenibilidad del sector, dado que la eliminación de la
producción primada con combustible fósil implicaría que las plantas
Termosolares entren en quiebra dado que su flujo de caja resultara
insuficiente para poder hacer frente al vencimiento de la deuda, lo cual
inexorablemente conllevaría una muy importante perdida de valor de los
activos.

La situación de Default Operativo ocasionado por el
presente cambio regulatorio supondrá un daño directo a las instalaciones
y las mismas se verían obligadas a la amortización anticipada de la
totalidad de su deuda, que para el conjunto del sector ascendería a
cientos de millones de euros.

No hay que olvidar que la presente medida se yuxtapone
además a otras dos medidas de carácter impositivo, como son los impuestos
a la producción de energía eléctrica del 6%, y al céntimo verde por
consumo de gas natural de 0.65 ¤/gigajulio, lo que claramente, como se
expresa, sitúan a las instalaciones por debajo de los umbrales de
rentabilidad razonable que recoge la Ley del Sector Eléctrico.

— Desde un punto de vista jurídico, dicho precepto
podría atentar contra principios generales del derecho tan sólido y
fundamental en un Estado de Derecho como son los principios de seguridad
jurídica, irretroactividad de las normas o de confianza legítima en la
Administración. Del mismo modo, se trata de una norma de acentuado
carácter discriminatorio puesto que despliega sus efectos eminente y
primordialmente en la industria solar termoeléctrica.

La base que sustenta lo anteriormente expresado al suprimir
el régimen económico vigente para la parte de energía eléctrica que
producen las instalaciones renovables no consumibles (básicamente las
instalaciones termosolares) a partir de combustible fósil supone una
mutilación con alcance retroactivo del régimen económico vigente: hasta
esta fecha las instalaciones que optaren por la venta a tarifa tenían
limitada la generación eléctrica a partir de dicho combustible, en
cómputo anual, al 12 % de la producción total de electricidad y las que
optaren por la venta en el mercado, al 15% de la producción total de
electricidad.

Es de recordar que como consecuencia de un proceso de
negociación con el sector termosolar (reconocido como tal por el entonces
Ministro de Industria en su comparecencia ante el Congreso de los
Diputados el 26 de enero de 2011 con motivo de la convalidación del Real
Decreto-ley 14/2010 y similar al que tuvo lugar con el sector eólico)
destinado a dotar de previsibilidad y estabilidad regulatoria la
actividad de producción de energía eléctrica con tecnología termosolar,
el Gobierno aprobó el Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, en el
que se establecía, entre otros extremos, que las revisiones de las
tarifas y primas no afectarían a las instalaciones hubieran resultado
inscritas en el Registro de preasignación de retribución.

Esta regulación se complementó con una Resolución de la
Dirección General de Política Energética y Minas por la que se comunicaba
individualmente a cada titular de instalación de producción de energía
eléctrica con tecnología termosolar las condiciones retributivas y de
capacidad de vertido de energía eléctrica anual de la instalación. No se
hacía referencia en ninguna de las normas referidas a la existencia un
régimen retributivo distinto para la parte de energía eléctrica producida
a partir de un combustible fósil.

La nueva regulación propuesta por tanto contraviene un
régimen regulatorio específico, objeto de reconocimiento individualizado,
alumbrado con el propósito declarado de otorgar estabilidad regulatoria a
inversores nacionales y extranjeros. Específicamente este fue uno de los
elementos que, en su momento, sirvieron para tranquilizar a los
inversores extranjeros en relación con la no introducción de ulteriores
modificaciones que afectaran, más allá del régimen de modificaciones ya
previsto en esa fecha, el régimen económico de las instalaciones
termosolares.

Es por ello, que se trata de un precepto que atenta directa
y frontalmente contra derechos adquiridos y que asimismo daría lugar a la
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. El artículo 106
de la Constitución reconoce el derecho de los particulares a ser
indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o
derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que sea
consecuencia del funcionamiento normal o

Sin olvidar la puesta en peligro miles de puestos de
trabajo en instalaciones, el corte de raíz del desarrollo internacional y
tecnológico del sector termosolar, donde empresas españolas ocupan
posiciones de liderazgo mundial ahora mismo, y las posibles actuaciones
de los inversores extranjeros, que han invertido 5.000 millones o el 35%
del total, que con toda probabilidad reclamarían en arbitraje
internacional

las pérdidas económicas producidas por este cambio
retroactivo provocando un daño irreparable a la denominada por el
Gobierno «Marca España». En cuanto a estos aspectos, resulta evidente
concluir que la Disposición Final Primera, apartado Dos que se pretende,
producirá un impacto negativo sustancial en uno de los elementos clave en
el crecimiento de la economía española, como es la inversión extranjera.
La inestabilidad regulatoria culminada por medidas de marcada naturaleza
retroactiva conllevaría la pérdida automática e irreparable de la
confianza en el actual Gobierno, por parte de inversores extranjeros,
máxime cuando la gran mayoría de las empresas españolas en su proceso de
internacionalización (principalmente en USA) no están percibiendo marcos
normativos inestables o la aplicación de medidas retroactivas y/o
discriminatorias.

Por todo lo anteriormente expuesto se propone la presente
modificación al objeto de que encontrar en adecuado equilibrio en la
regulación, proponiendo una disminución del 3% en el porcentaje de gas
natural actualmente autorizado por la normativa sectorial, que permitirá
por un lado alcanzar las cifras de recaudación señaladas por el
ministerio de 50-60 M¤ al año y por otro a las instalaciones Termosolares
que si bien sitúan a las instalaciones por debajo de los umbrales de
rentabilidad razonable que recoge la Ley del Sector Eléctrico al menos
evita su quiebra financiera y permitiría cumplir con el servicio de la
deuda, considerando en ello el impacto del resto de medidas fiscales que
les son aplicables, los impuestos a la producción de energía eléctrica
del 6%, y el céntimo verde por consumo de gas natural de 0.65
¤/Gigajulio.

ENMIENDA NÚM. 42

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
(GPV)

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV),
al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Apartado
nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado en la
disposición final primera que modifica el apartado 1 de la disposición
adicional vigésima primera, de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, quedando su redacción de la siguiente forma:

«Apartado nuevo. Disposición adicional vigésimo primera.
Suficiencia de los peajes de acceso y desajustes de ingresos de las
actividades reguladas del sector eléctrico.

1. A partir del 1 de enero de 2013, los peajes de acceso
serán suficientes para satisfacer la totalidad de los costes de las
actividades reguladas sin que pueda aparecer déficit “ex
ante”. La eventual aparición de desviaciones transitorias por
desajustes en los costes o ingresos reales respecto a los que sirvieron
de base para la fijación de los peajes de acceso en cada período, dará
lugar a que las tarifas de acceso del período siguiente al de la
aparición de dicho desajuste temporal se modifiquen en la cuantía
necesaria para su ajuste.

Cuando por la aparición de desajustes temporales, el fondo
acumulado en la cuenta específica a que se refiere el Real Decreto
2017/1997, de 26 de diciembre, abierta en régimen de depósito arrojara un
saldo negativo, la Comisión Nacional de Energía requerirá a todos los
agentes que reciben ingresos regulados con cargo al sistema eléctrico
para que aporten las cantidades necesarias para atender tal saldo
negativo, en proporción al importe que corresponda percibir a cada uno de
tales sujetos. Se entenderá que reciben ingresos regulados con cargo al
sistema eléctrico a los productores de régimen especial por la prima o
prima equivalente, los productores de los sistemas insulares y
extrapeninsulares, los productores que reciban pagos por capacidad
(incentivo a la inversión, incentivo a la disponibilidad y los derivados
del procedimiento de resolución de restricciones por garantía de
suministro), los transportistas y distribuidores, los comercializadores
de último recurso, los perceptores de las cuotas con destinos
específicos, y cualesquiera otros que reciban ingresos procedentes de las
cantidades recaudadas por las empresas comercializadoras, distribuidoras
y transportistas en concepto de pagos por capacidad, peajes

de acceso, o conjuntamente con los peajes de acceso. Se
exceptúan de esta obligación a los consumidores y a los titulares de
derechos de cobro a que se refiere el apartado 5 de esta disposición
adicional.

Las empresas tendrán derecho a recuperar las aportaciones
por este concepto en las sucesivas liquidaciones del correspondiente
ejercicio, si existiera saldo positivo; si no lo hubiera, las
aportaciones pendientes se devolverán en las 14 liquidaciones
correspondientes al ejercicio siguiente. Las cantidades aportadas por
este concepto serán devueltas reconociéndose un tipo de interés en
condiciones equivalentes a las del mercado que se fijará en la orden por
la que se aprueban los peajes.»

JUSTIFICACIÓN

Con la vigente redacción de la Disposición adicional
vigésimo primera de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, el déficit de
tarifa que se presenta en el procedimiento de liquidación de las
actividades reguladas gestionado por la Comisión Nacional de Energía es
sufragado por las matrices de los cinco principales grupos eléctricos
españoles. En la actualidad, esa obligación de financiación alcanza tanto
al llamado «déficit ex ante» (déficit que ya a principios de años se
prevé que se va a producir) como a los «desajustes temporales» (déficit
que cada año se produce por encima del déficit ex ante aprobado).

La imposición a un reducido número de empresas de la
obligación de financiar el déficit de tarifa constituye una carga que,
como se ha reconocido en ocasiones previas, afecta a su situación
financiera y a su capacidad de competir en los mercados naciones e
internacionales. Como decían las Exposiciones de Motivos del Real
Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril, y del Real Decreto-Ley 13/2012, de 30
de marzo, el déficit tarifario pone en riesgo la situación financiera de
las empresas del sector eléctrico y «está llevando al sistema a una
situación de riesgo inasumible, tanto para las empresas eléctricas, como
para los consumidores, con consecuencias graves para la seguridad del
sistema si no se acometen las reformas necesarias para su completa
resolución».

De acuerdo con la Disposición adicional vigésimo primera de
la Ley del Sector Eléctrico, a partir de 1 de enero los ingresos han de
ser suficientes para cubrir todos los costes del sistema, de tal manera
que no se admitirá la existencia de déficit ex ante.

No obstante, la misma norma prevé que se produzcan
desajustes temporales de ingresos, desajustes que (por su propia esencia)
deben ser puramente coyunturales y de escasa cuantía. En efecto, si los
peajes de acceso se calculan conforme a la mejor estimación disponible de
la demanda prevista, y de modo que sean suficientes para cubrir la mejor
previsión posible de costes del sistema, los desajustes que se presenten
obedecerán a ligeros e inevitables acontecimientos: desviaciones de la
demanda respecto de la prevista, impagos puntuales, costes superiores a
los previstos, retrasos en el cobro de ingresos del sistema por cualquier
razón (por ejemplo, periodo de tiempo que transcurra entre el ingresos en
el Tesoro de la recaudación de los nuevos tributos previstos en este
Proyecto de Ley y su entrega a la Comisión Nacional de Energía,
etc.).

En el caso en que se produzcan esos desajustes temporales,
no tiene sentido que sean unas pocas empresas las que lo sigan
financiando, ya que se coloca a estas empresas en peor situación que al
resto de las empresas del sector.

Además de que la situación y estructura del mercado español
de electricidad ha cambiado mucho desde 2005 (cuando se seleccionaron
esas empresas para financiar el déficit de tarifa), lo cierto es que es
mucho más razonable que la falta de liquidez que pueda presentar
puntualmente el sistema de liquidación de actividades reguladas sea
soportada con todos aquellos sujetos que perciben pagos regulados (sea
cual sea su naturaleza: costes permanentes, costes de diversificación y
seguridad de abastecimiento, costes con destinos específicos, pagos por
capacidad, etc.) en proporción a tales pagos. De este modo, la carga se
reparte equitativa y proporcionalmente entre el conjunto de sujetos que
perciben ingresos regulados, poniendo fin a la situación actual, y existe
un interés compartido por todos los agentes en la contención y solución
al déficit tarifario.

De esta regla sólo se exceptuarían aquellos titulares de
derechos de crédito derivados de la financiación del déficit de tarifa en
los ejercicios anteriores y a los Consumidores. No parece que tenga mucha
lógica (aparte de que introduciría incertidumbres no deseadas en el
proceso de titulización del déficit) que quien ya ha contribuido a la
financiación del déficit vea demorada la recuperación de lo prestado y
para que no quepa duda los consumidores.

Página
102

Artículo 15. Sujetos pasivos y responsables solidarios.

1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes del
impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades sin
personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que:

a. produzcan energía termonuclear.

b. entreguen los residuos radiactivos a una instalación de
almacenamiento definitivo para su depósito.

c. entreguen los residuos radiactivos a un almacén temporal
individualizado o a un almacén temporal centralizado para su
almacenamiento temporal.

2. Tendrán la consideración de sustitutos de los
contribuyentes las personas físicas o jurídicas y los entes sin
personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 36 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean titulares de la
explotación de las instalaciones de almacenamiento definitivo o temporal
a las que se refieren las letras b y c del apartado 1 anterior.

3. Los sustitutos de los contribuyentes quedan obligados a
verificar la cantidad de los residuos depositados declarados por el
contribuyente. A tales efectos, los sustitutos de los contribuyentes
deberán instalar y mantener mecanismos de pesaje y de medición de
volumen.

4. Son responsables solidarios de la deuda tributaria del
impuesto, además de los establecidos en el artículo 42 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, los propietarios, usufructuarios,
arrendatarios o poseedores por cualquier título de los terrenos,
inmuebles o instalaciones en las que se realizan las actividades
señaladas en el Artículo 9 de esta Ley.

Artículo 16. Base imponible.

La base imponible del impuesto está constituida:

a. En el caso de producción termonuclear de energía
eléctrica, por el importe que corresponda percibir al contribuyente por
la producción e incorporación de la energía eléctrica al sistema
eléctrico, correspondiente al período impositivo, expresado en euros.

b. En el caso de la generación de residuos radioactivos de
media, baja y muy baja actividad, por los metros cúbicos de residuos
radioactivos generados durante el período impositivo.

c. En el caso de la generación de residuos radioactivos de
alta actividad, por los kilogramos de uranio contenidos en el combustible
nuclear gastado generados durante el período impositivo, entendiéndose
como tal aquel combustible nuclear irradiado en el reactor y extraído
definitivamente de éste.

d. En el caso del almacenamiento o depósito de residuos
radiactivos de media, baja y muy baja actividad, por el volumen de los
residuos radiactivos depositados o almacenados, expresado en metros
cúbicos.

e. En el caso del almacenamiento o depósito de residuos
radiactivos de alta actividad, por la cantidad de los residuos
depositados o almacenados a la fecha de devengo del impuesto, expresada
en kilogramos de uranio total.

f. En el caso de almacenamiento de residuos radiactivos de
alta actividad que hayan sido reprocesados, por el volumen de los
residuos radiactivos depositados, expresado en metros cúbicos.

Artículo 17. Determinación de la base imponible.

1. La base imponible definida en el Artículo 16 se
determinará para cada instalación en la que se realicen las actividades
señaladas en el artículo 2.1 de la Ley de forma independiente.

2. La base imponible definida en el Artículo 16 se
determinará separadamente para los residuos de alta, media, baja y muy
baja actividad.

3. La base imponible se determinará, con carácter general,
por el método de estimación directa mediante sistemas de pesaje y
medición homologados.

4. En los supuestos siguientes la Administración
determinará la base imponible en régimen de estimación indirecta, sin
perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder:

a. Incumplimiento de la obligación del sustituto del
contribuyente a verificar el peso y/o volumen de los residuos
almacenados.

b. Falta de presentación de declaraciones exigibles o
insuficiencia o falsedad en las presentadas.

c. Resistencia, excusa o negativa a la actuación
inspectora.

Para la estimación indirecta de la base imponible, la
Administración podrá tener en cuenta cualquier dato, circunstancia o
antecedente que pueda resultar indicativo.

Artículo 18. Base liquidable.

1. La base liquidable en los casos previstos en el apartado
d) del Artículo 16, se obtendrá por la aplicación a la base imponible de
un coeficiente multiplicador K de reducción, de acuerdo con la siguiente
expresión:

en la que:

BL: Base liquidable

BI: Base imponible

El coeficiente K se obtendrá por aplicación de la siguiente
fórmula:

en la que:

VNC: Volumen de residuos no compactables ni incinerables
entregados para su depósito.

VC: Volumen de residuos compactables entregados para su
depósito.

fC: Factor de reducción de volumen por compactación.

VSI: Volumen de residuos sólidos que se someten a
tratamiento de incineración previo al depósito.

fSI: Factor de reducción de volumen por incineración de
residuos sólidos.

VLI: Volumen de residuos líquidos que se someten a
tratamiento de incineración previo al depósito.

fLI: Factor de reducción de volumen por incineración de
residuos líquidos.

VMX: Volumen de residuos que se someten a tratamiento mixto
de compactación e incineración previo al depósito.

fMX: Factor de reducción de volumen por tratamiento mixto
de compactación e incineración.

Los factores de reducción tomarán los siguientes
valores:

2. La base liquidable en los casos previstos en los
apartados a), c) y d) del Artículo 16 será la misma que la base
imponible.

Artículo 19. Cuota íntegra y tipos de gravamen.

La cuota tributaria íntegra será el resultado de
multiplicar la base liquidable por los siguientes tipos impositivos:

a. En el caso de centrales nucleares de producción de
energía eléctrica, el tipo será del 10% del importe a percibir por el
contribuyente durante el período impositivo.

b. En el caso de la generación de residuos radioactivos,
los tipos aplicables serán los siguientes:

— Para residuos de alta actividad: 3.000 euros por
kilogramo de uranio.

— Para residuos de media y baja actividad: 8.000
euros por metro cúbico.

— Para residuos de muy baja actividad: 2.000 euros
por metro cúbico.

c. En el caso de entrega de los residuos radiactivos para
su depósito los tipos aplicables serán los siguientes:

— Para residuos radiactivos de alta actividad: 100
euros por kilogramo y año.

— Para residuos radiactivos de media y baja
actividad: 14.000 euros por metro cúbico.

— Para residuos radiactivos de muy baja actividad:
2.000 euros por metro cúbico.

d. En el caso de almacenamiento temporal de residuos
radiactivos los tipos aplicables serán los siguientes:

— Para residuos radiactivos de alta actividad: 50
euros por kilogramo y año.

— Para los residuos radiactivos de alta actividad que
hayan sido reprocesados: 10.000 euros por metro cúbico y año.

— Para residuos radiactivos de media y baja
actividad: 2.000 euros por metro cúbico y año.

— Para residuos radiactivos de muy baja actividad:
1.000 euros por metro cúbico y año.

Artículo 20. Repercusión.

1. En el caso del hecho imponible a que hace referencia el
apartado 1.c) del Artículo 14 de esta Ley, el sustituto del contribuyente
deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre el
contribuyente, quedando éste obligado a soportarlo, siempre que la
repercusión se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y en su normativa
de desarrollo.

2. En el caso del hecho imponible a que hace referencia el
apartado 1.4) del Artículo 14 de esta Ley, el sustituto del contribuyente
deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre el
contribuyente, quedando éste obligado a soportarlo, siempre que la
repercusión se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y en su normativa
de desarrollo.

Artículo 21. Período impositivo, liquidación y devengo.

1. Para los casos contemplados en las letras a) y d) del
apartado 1 del Artículo 14 de esta Ley, el período impositivo será el año
natural.

El período impositivo será inferior al año natural en los
supuestos de inicio o cese de las actividades señaladas en el Artículo
14.

El período impositivo coincidirá con el año natural en los
casos de sucesión en la realización de las actividades o de cambio de la
denominación del sujeto pasivo cuando no impliquen un cese de la
actividad en la instalación, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 40 y 42 de la Ley General Tributaria.

En el caso de almacenamiento de residuos radioactivos,
cuando el período impositivo sea inferior al año natural, la cuota
tributaria determinada de acuerdo con lo establecido en esta Ley se
prorrateará en función de los meses enteros de duración del período
impositivo.

El impuesto se devengará el último día del periodo
impositivo.

2. Para el caso contemplado en la letra c) del apartado 1
del Artículo 14 de esta Ley, el impuesto se devengará en el momento en
que se produzca la entrega de residuos radiactivos para su depósito.

SECCIÓN II. NORMAS DE GESTIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL
IMPUESTO

Artículo 22. Liquidación y pago del impuesto.

1. Los sujetos pasivos o, en su caso, sustitutos del
contribuyente, por cada una de las instalaciones en las que realicen las
actividades gravadas, estarán obligados a declarar y autoliquidar el
impuesto y a ingresar el importe de la correspondiente deuda tributaria
en el mes de enero de cada año natural y, en el caso de cese de la
actividad, en el plazo de un mes desde la fecha en la que dicho cese se
produzca.

2. El pago de las autoliquidaciones deberá efectuarse en el
lugar y forma determinados por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Artículo 23. Prescripción.

La prescripción del impuesto se regulará por lo previsto en
los artículos 66 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Artículo 24. Gestión del impuesto.

La gestión, recaudación e inspección de este impuesto
corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda.

Artículo 25. Infracciones y sanciones.

Las infracciones tributarias relativas al presente impuesto
serán calificadas y sancionadas de conformidad con lo previsto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás disposiciones
que regulen la potestad sancionadora de la Administración pública en
materia tributaria.

Artículo 26. Orden Jurisdiccional.

La jurisdicción contencioso-administrativa, previo
agotamiento de la vía económico-administrativa, será la única competente
para dirimir las controversias de hecho y de derecho que se susciten
entra la Administración tributaria y los contribuyentes en relación con
cualquiera de las cuestiones a que se refiere esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 47

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 28. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el epígrafe 1.10 del apartado uno del artículo
28, que queda redactado como sigue:

«Epígrafe 1.10. Gas natural destinado a usos distintos a
los de carburante, así como el gas natural destinado al uso como
carburante en motores estacionarios: 0’65 euros por gigajulio. El
gas natural empleado en plantas de cogeneración estará exento de
tributación.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 48

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo nuevo a continuación
del Artículo 28.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo artículo después del artículo 28, con la
siguiente redacción:

«Artículo 28 bis. Reforma ambiental del Impuesto sobre
Hidrocarburos.

Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley, la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, se modifica en
los siguientes términos:

Uno. Se modifica la letra a) del punto 2 del artículo 51, a
la que se da la siguiente redacción:

“a) Su utilización como carburante en los vuelos
internacionales e intracomunitarios.

Esta exención no se aplicará cuando el Estado español
llegue a acuerdos bilaterales con otros Estados en lo referente a los
vuelos entre ambos países que así lo prevean.”

Dos. Se suprimen las letras f, g y h del apartado 2 del
artículo 51.

Tres. Se añade un nuevo punto en la Disposición transitoria
sexta, con el siguiente texto:

“6. A los efectos de lo establecido en el artículo
48, la base imponible aplicable sobre el uso de hidrocarburos en los
vuelos domésticos tendrá una reducción del 50% en el año 2013 y del 25%
en el año 2014.”

Cuatro. Se añade una disposición transitoria vigésima
segunda, a la que se da la siguiente redacción:

“Disposición transitoria vigésima segunda.
Aproximación progresiva de las tarifas de las gasolinas sin plomo y los
gasóleos para uso general.

La tarifa del epígrafe 1.3 del artículo 50.1 de esta Ley se
verá modificada de la manera siguiente:

— 330,42 euros en el período impositivo iniciado el 1
de enero de 2013.

— 353,85 euros en el período impositivo iniciado el 1
de enero de 2014.

— 377,27 euros en el período impositivo iniciado el 1
de enero de 2015.

— 400,69 euros en el período impositivo iniciado el 1
de enero de 2016.”

Cinco. Se añade una disposición transitoria vigésima
cuarta, a la que se da la siguiente redacción:

“Disposición transitoria vigésima cuarta. Aumento
progresivo de las tarifas de los fuelóleos.

La tarifa del epígrafe 1.5 del artículo 50.1 de esta Ley se
verá aumentada de la manera siguiente:

— 56,96 euros por 1.000 litros en el período
impositivo iniciado el 1 de enero de 2013.

— 99,92 euros por 1.000 litros en el período
impositivo iniciado el 1 de enero de 2014.

— 142,88 euros por 1.000 litros en el período
impositivo iniciado el 1 de enero de 2015.

— 185,84 euros por 1.000 litros en el período
impositivo iniciado el 1 de enero de 2016.”

Seis. Se añade una disposición adicional quinta, a la que
se da la siguiente redacción:

“Disposición adicional quinta. Acuerdos bilaterales
para la aviación.

La Administración General del Estado realizará las acciones
necesarias a fin de alcanzar acuerdos bilaterales con otros Estados
miembros de la Unión Europea que posibiliten la aplicación del Impuesto
de Hidrocarburos sobre el combustible usado en vuelos
intracomunitarios.”»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

Página
110

Epígrafe 5.º Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no
sean inferiores a 140 g/km y sean inferiores a 160 g/km, con excepción de
los vehículos tipo quad y de los vehículos comprendidos en el epígrafe
14º.

Epígrafe 6.º Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no
sean inferiores a 160 g/km y sean inferiores a 180 g/km, con excepción de
los vehículos tipo quad y de los vehículos comprendidos en el epígrafe
14.º

Epígrafe 7.º

a. Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean
inferiores a 180 g/km y sean inferiores a 200 g/km, con excepción de los
vehículos tipo quad y de los vehículos comprendidos en el epígrafe
14.º

b. Vehículos respecto de los que sea exigible la medición
de sus emisiones de CO2, cuando estas no se acrediten.

c. Vehículos comprendidos en las categorías N2 y N3
acondicionados como vivienda.

d. Vehículos tipo quad. Se entiende por vehículo tipo quad
el vehículo de cuatro o más ruedas, con sistema de dirección mediante
manillar en el que el conductor va sentado a horcajadas y que está dotado
de un sistema de tracción adecuado a un uso fuera de carretera.

e. Motos náuticas. Se entiende por ‘moto
náutica’ la embarcación propulsada por un motor y proyectada para
ser manejada por una o más personas sentadas, de pie o de rodillas, sobre
los límites de un casco y no dentro de él.

f. Embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuticos,
con excepción de las motos náuticas.

g. Aviones, avionetas y demás aeronaves.

Epígrafe 8.º Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no
sean inferiores a 200 g/km, con excepción de los vehículos tipo quad y de
los vehículos comprendidos en el epígrafe 14.º

Epígrafe 9.º Vehículos no comprendidos en los epígrafes
1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 11.º, 12.º,13.º ó 14.º

Epígrafe 10.º Motocicletas no comprendidas en la letra c
del epígrafe 14º cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean superiores a 60
g/km.

Epígrafe 11.º Motocicletas no comprendidas en la letra c
del epígrafe 14º cuyas emisiones oficiales de CO2 sean superiores a 60
g/km y sean inferiores a 80 g/km.

Epígrafe 12.º Motocicletas no comprendidas en la letra c
del epígrafe 14º cuyas emisiones oficiales de CO2 sean superiores a 80
g/km y sean inferiores a 100 g/km.

Epígrafe 13.º Motocicletas no comprendidas en la letra c
del epígrafe 14º cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean inferiores a
100 g/km y sean inferiores a 120 g/km.

Epígrafe 14.º

a. Motocicletas no comprendidas en la letra c de este
epígrafe cuyas emisiones oficiales de CO2 sean iguales o superiores a 120
g/km.

b. Motocicletas no comprendidas en la letra c de este
epígrafe cuyas emisiones oficiales de CO2 no se acrediten.

c. Motocicletas que tengan una potencia CEE igual o
superior a 74 kW (100 cv), cualesquiera que sean sus emisiones oficiales
de CO2.”

Cinco. Se modifica la letra b el apartado 2 del artículo
70, al que se da la siguiente redacción:

“b. Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado los
tipos a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará la suma de los
siguientes tipos:

1. Por epígrafe:

2. Por categoría Euro, según la normativa europea
vigente:

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 50

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 29.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 29 que queda redactado como
sigue:

«Art. 112 bis. apartado 6.

Estarán exentos del pago de este canon los aprovechamientos
hidroeléctricos acogidos al régimen especial de energía eléctrica puestas
en funcionamiento durante los últimos 7 años, así como aquellos que hayan
sido rehabilitados después de estar más de dos años fuera de servicio o
que se construyan en los pies de presa de almacenamientos de agua
destinados a otros usos como abastecimiento urbano, riego o regulación de
caudales. Estarán exentas de este impuesto durante los 10 primeros años y
siempre y cuando el impuesto sea de aplicación. También estarán exentos
los explotados directamente por la Administración competente para la
gestión del dominio público hidráulico.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 51

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
segunda.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la disposición adicional segunda.

JUSTIFICACIÓN

Los apoyos a energías renovables, y al ahorro y la
eficiencia deben permanecer en la tarifa y no asignarse mediante los
presupuestos generales del Estado.

ENMIENDA NÚM. 52

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional.

Precios y tarifas de eficiencia energética y otras
normativas sobre la energía por red.

El Gobierno llevará a cabo, en el plazo máximo de seis
meses a partir de la aprobación de la ley, una reforma en profundidad del
mercado eléctrico teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Los precios y tarifas eléctricos vigentes en cada
momento, tanto las integrales como las de acceso o las de último recurso,
se establecerán de forma que su cuantía refleje adecuadamente los costes
reales de las actividades de suministro de electricidad.

2. Se excluirá las instalaciones de producción
hidroeléctricas y nucleares del pool, para que pasen a regirse por un
mecanismo que tenga en cuenta los costes en que realmente incurren, con
el objeto de que estas instalaciones no se retribuyan excesivamente
contribuyendo a aumentar el déficit de tarifa.

3. Las tarifas y peajes regulados deben servir eficazmente
para promover la eficiencia energética y para internalizar los costes
ambientales de las energías sucias, permitiendo que los consumidores
reciban una señal de precio ajustada a la realidad, para facilitar una
elección informada del tipo y cantidad de energía que necesitan consumir.
A este fin, las tarifas y peajes regulados serán progresivos y
escalonados por niveles de consumo, de forma que se desincentive el
derroche y se garantice el acceso al consumo energético mediante un bono
social efectivo.

4. El Gobierno velará por la supresión de aquellos
incentivos en las tarifas de transmisión y distribución que aumenten
innecesariamente el volumen de energía distribuida o transmitida. A este

respecto podrá imponer a las empresas que operen en los
sectores de la electricidad y del gas, respectivamente, obligaciones de
servicio público relativas al ahorro y la eficiencia energética.

5. El Gobierno podrá permitir los componentes de los
regímenes y las estructuras de tarifas que tengan un objetivo social,
siempre que los efectos perturbadores en el sistema de transmisión y
distribución se mantengan en el nivel mínimo necesario y no sean
desproporcionados respecto del objetivo social.

6. Se disminuirán progresivamente en el tiempo los pagos
por interrumpibilidad, así como los pagos por capacidad dada la
sobrecapacidad actual del sistema eléctrico.

7. El modelo de generación de electricidad debe ser
distribuido, mediante un sistema de redes inteligentes y un sistema
público obligatorio de contadores inteligentes antes del 2014.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 53

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional.

Obligaciones de los agentes de mercado.

El Gobierno llevará a cabo, en el plazo máximo de seis
meses a partir de la aprobación de la ley, las acciones necesarias para
garantizar que los distribuidores de energía, los operadores de sistemas
de distribución y las empresas minoristas de venta de energía:

a) Proporcionen una vez al año, previa solicitud del
Ministerio de Industria, la información estadística agregada sobre sus
clientes finales. Esta información será suficiente para elaborar y
aplicar adecuadamente los programas de ahorro y mejora de la eficiencia
energética y promover y efectuar el seguimiento de los servicios
energéticos y de otras medidas de mejora de la eficiencia energética. La
información podrá incluir datos pasados y deberá incorporar datos
actuales sobre el consumo del usuario final, incluidos, si procede, los
perfiles de carga, la segmentación de clientes y la localización
geográfica de los clientes, preservando al mismo tiempo la integridad y
la confidencialidad de la información de carácter privado o
comercialmente sensible, de conformidad con la legislación aplicable. La
información que pueda ser de interés estará también a disposición de los
organismos que designen las Comunidades Autónomas y los
Ayuntamientos.

b) Se abstengan de cualquier actividad que pudiera impedir
la demanda de medidas de mejora del ahorro y la eficiencia energética, o
entorpecer el desarrollo de mercados de servicios energéticos y otras
medidas de mejora de la eficiencia energética. El Gobierno tomará las
medidas necesarias para poner fin a tales actividades cuando se
produzcan.

c) Basen su facturación en el consumo real de energía, y se
presente en términos claros y comprensibles. Se facilitará información
apropiada con su factura para que los clientes finales reciban las
cuentas completas del coste energético actual. La facturación basándose
en el consumo real se realizará con la frecuencia suficiente para
permitir que los clientes regulen su propio consumo de energía.

d) Faciliten al cliente final, de forma clara y
comprensible en sus facturas, contratos, transacciones o recibos de
estaciones de distribución, o junto con ellos:

i) los precios reales actuales y el consumo real de
energía, así como las emisiones de gases de efecto invernadero que
resultan de dicho consumo;

ii) la comparación del consumo actual de energía del
cliente final con el consumo durante el mismo período del año anterior,
preferentemente en forma gráfica;

iii) siempre que sea posible y de utilidad, la comparación
con un usuario de energía medio, normalizado o de referencia
perteneciente a la misma categoría de usuario;

iv) la información de contacto para las organizaciones de
consumidores, las agencias de energía u organismos similares, incluidas
las direcciones de Internet en donde puede encontrarse información sobre
medidas de mejora de la eficiencia energética, los perfiles comparativos
del consumidor final y las especificaciones técnicas objetivas de los
equipos que utilizan energía.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 54

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional.

Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en la industria.

El Gobierno destinará los medios necesarios para que el
IDAE implemente un plan de Ahorro y Eficiencia Energética para la
industria, en el plazo máximo de 6 meses a partir de la aprobación de la
ley, que permita reducir de forma efectiva el consumo de energía y mejore
la competitividad de las empresas.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 55

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera.
Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado uno de la disposición final
primera.

JUSTIFICACIÓN

Los apoyos a energías renovables, y al ahorro y la
eficiencia deben permanecer en la tarifa y no asignarse discrecionalmente
mediante los presupuestos generales del Estado.

Página
116

Atendiendo al articulado del Proyecto y a la configuración
del nuevo impuesto, éste ni responde al objeto pretendido por la norma,
protección del medioambiente, ni respeta los principios rectores de la
política tributaria española, ni los principios constitucionales.

En primer lugar, y atendiendo al fin que la norma pretende
tutelar, el impuesto no cumple con los objetivos establecidos por la
norma, por cuanto que un impuesto directo sobre los productores de
energía eléctrica que grava con un único tipo impositivo la totalidad de
los ingresos recibidos por la producción: no refleja el impacto ambiental
que se trata de proteger, no incentiva el uso de las energías más
respetuosas con el medioambiente y no desincentiva el uso de aquéllas que
no lo son.

En este sentido, el hecho imponible no contempla aquellas
conductas indeseables que se tratan de desincentivar, la base imponible
no refleja el daño ambiental de dichas conductas, no establece mecanismos
que beneficien a aquéllos contribuyentes que actúen de un modo más
favorable para el entorno natural, etc.

Adicionalmente, se configura como un impuesto de tipo
único, idéntico para todo tipo de productores, imponiendo la misma carga
tributaria a aquellos productores que son más respetuosos con el
medioambiente y a los que no los son. Por tanto, el nuevo impuesto, no
puede ampararse, como finalidad propia de la norma, en una supuesta
finalidad extra o para-fiscal que por la propia configuración de la norma
no se cumple.

En segundo lugar, la capacidad económica gravada por el
impuesto está desvirtuada al establecer una base imponible ligada a la
venta de la energía eléctrica producida que no es una manifestación de la
riqueza real ni potencial del contribuyente. En este sentido, el impuesto
grava exclusivamente el ingreso obtenido por el contribuyente sin
consideración alguna de los costes incurridos por el contribuyente en la
generación de dichos ingresos. Por tanto, el Proyecto no respeta el
principio de capacidad económica ya que establece una base imponible
ligada a un indicador de capacidad económica colateral, la venta de
energía, y no la capacidad económica real del contribuyente, la
producción. Para que el principio de capacidad económica no se vulnere,
resulta imprescindible que este criterio fundamente la estructura del
tributo tanto en relación a su hecho imponible, como a la base, al tipo y
a la cuota, criterio que no se aplica en este caso estableciendo
criterios objetivos que lo justifique. Adicionalmente y atendiendo al
principio de justicia tributaria, la creación del nuevo impuesto debería
haberse configurando teniendo en cuenta el conjunto de cargas fiscales
que soportan los productores y la particular estructura de sus costes
empresariales.

En tercer lugar, el impuesto no realiza una distribución
justa y equitativa de la carga tributaria en tanto en cuanto la base
imponible se determina a partir de una capacidad económica desvirtuada,
fundada a indicadores que nada tienen que ver con la capacidad real de
cada contribuyente y que, ni mucho menos, responden al objeto pretendido
del Proyecto, «armonizar nuestro sistema fiscal con un uso más eficiente
y respetuoso con el medioambiente y sostenibilidad energética». Este
hecho no hace sino ahondar en una clara desigualdad entre los
contribuyentes produciendo consecuencias económicas y jurídicas
desproporcionadas entre los diferentes productores. Esta
desproporcionalidad hace que el nuevo impuesto sitúe a los contribuyentes
en peores condiciones de competencia empresarial y restándoles
oportunidades competitivas en el sector. Por tanto, el impuesto creado
podría ser inconstitucional y contrario a los artículos 1.1 31, 33 y 38
de la Constitución Española ya que vulnera principios de justicia
tributaria constitucionalmente tutelados, limitando la competitividad
económica e impidiendo el crecimiento económico sostenible.

Esta medida, por otro parte, anula las políticas de fomento
a las energías renovables y las políticas de ahorro y eficiencia
energética, desincentivando la inversión en el desarrollo de sistemas de
producción más respetuosos con el medioambiente. De este modo,
contraviene las disposiciones de la Unión Europea, en sus objetivos 2020,
más concretamente en la Directiva 2009/28/CE, que persiguen el desarrollo
de una Europa sostenible y eficiente energéticamente. Esto es, una Europa
con un sistema eléctrico moderno en el que la generación esté basada cada
vez más en tecnologías eficientes y limpias y las emisiones de CO2 se
reduzcan paulatinamente. Un sistema que además favorezca una mayor
independencia energética y una mayor seguridad de suministro.

Página
118

regulados, o bien pondría en serio riesgo la garantía de
suministro. Una regulación de la actividad y precio que no tomara en
consideración el nuevo coste convertiría en improductivas centrales
existentes e inviables nuevas inversiones, todo ello necesario para hacer
frente a la demanda actual y futura.

La exclusión de Canarias, por otra parte, es coherente con
su vigente sistema de financiación, de acuerdo con lo previsto en la Ley
8/1980, de 22 de septiembre, Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas y Ley 26/2010, de 16 de julio, de Cesión de Tributos del Estado
a la Comunidad Autónoma de Canarias —que exigiría en todo caso el
previo informe de esta Comunidad al proyecto—, apoyado sobre una
tributación indirecta tradicionalmente diferenciada y más reducida que la
peninsular.

En concreto, es la Disposición Adicional Tercera de la
Constitución la que previene que la modificación del régimen económico y
fiscal del Archipiélago Canario requerirá informe previo de la Comunidad
Autónoma. Idéntico mandato se contiene, de forma más desarrollada en el
artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado mediante Ley
Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, modificado por Ley Orgánica 4/1996, de
30 de diciembre.

ENMIENDA NÚM. 60

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 2.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 2bis, que queda
como sigue:

«Artículo 2 bis. Ámbito temporal.

Cuando la situación económica del sistema eléctrico
garantice la suficiencia de los ingresos en beneficio de todos los
sujetos que operan en el mismo de manera que se logre conseguir un
sistema eléctrico solvente y sostenible cesará la obligación tributaria
prevista en el presente Título de esta Ley. En todo caso, el tributo
previsto en el presente Título se aplicará, exclusivamente, al ejercicio
2013.»

MOTIVACIÓN

El presente Proyecto de Ley tiene por objetivo, mediante la
creación de nuevos tributos en unos casos y la modificación de los
existentes en otros, eliminar el déficit tarifario al finalizar 2013. Por
tanto, sería razonable que una vez logrado el objetivo dichas medidas
dejarán de tener efecto. En consecuencia, se hace necesario que se límite
el ámbito temporal del nuevo impuesto sobre el valor de la producción de
la energía eléctrica.

ENMIENDA NÚM. 61

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 4.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1, del artículo 4,
con la siguiente redacción:

«1. Constituye el hecho imponible la producción e
incorporación al sistema eléctrico peninsular de energía eléctrica medida
en barras de central, a través de los mercados diario e intardiario, de
los mercados de contratación bilateral o física o a plazo, o a través de
los servicios de ajuste, en cualquiera de las instalaciones a las que se
refiere el Título IV de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.

Estarán exentas del pago de este impuesto las unidades de
producción a las que se refiere el capítulo I del Título IV de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que desarrollen a
escala comercial la gasificación de carbón autóctono en ciclo
combinado.»

MOTIVACIÓN

Los territorios insulares y extrapeninsulares gozan de una
regulación propia basada en su singularidad. El hecho de no poder
beneficiarse de las economías de escala que hay en la península, así como
la necesidad de respetar el principio de tarifa única (los consumidores
de toda España pagan la misma tarifa) hacen que en los sistemas
eléctricos insulares y extrapeninsulares la producción de la energía sea
una actividad intervenida y con ingresos regulados.

El establecimiento de nuevas cargas tributarias provocará
un desequilibrio patrimonial en las empresas productoras que actúan en
dichos sistemas que, o bien se corrige con un nuevo incremento de los
precios regulados, o bien pondría en serio riesgo la garantía de
suministro. Una regulación de la actividad y precio que no tomara en
consideración el nuevo coste convertiría en improductivas centrales
existentes e inviables nuevas inversiones, todo ello necesario para hacer
frente a la demanda actual y futura.

La exclusión de Canarias, por otra parte, es coherente con
su vigente sistema de financiación, de acuerdo con lo previsto en la Ley
8/1980, de 22 de septiembre, Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas y Ley 26/2010, de 16 de julio, de Cesión de Tributos del Estado
a la Comunidad Autónoma de Canarias —que exigiría en todo caso el
previo informe de esta Comunidad al proyecto—, apoyado sobre una
tributación indirecta tradicionalmente diferenciada y más reducida que la
peninsular.

En concreto, es la Disposición Adicional Tercera de la
Constitución la que previene que la modificación del régimen económico y
fiscal del Archipiélago Canario requerirá informe previo de la Comunidad
Autónoma. Idéntico mandato se contiene, de forma más desarrollada en el
artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado mediante Ley
Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, modificado por Ley Orgánica 4/1996, de
30 de diciembre.

Por otro lado, la tecnología de gasificación de
combustibles sólidos integrada en ciclo combinado (GICC) ha sido
reconocida por la Comisión Europea como una de las tecnologías clave para
alcanzar los objetivos estratégicos de reducción de la dependencia
energética de la UE y de lucha contra el cambio climático.

Por otro lado, las primas a las energías son una corrección
del mercado, algo que «nivela» las tecnologías. Esto es debido, entre
otros aspectos, a la no internalización por parte de las tecnologías del
régimen ordinario de sus costes reales. En caso de aplicar el impuesto
sobre el total de la remuneración, se estaría afectando a la
competitividad de las distintas tecnologías. Su justificación, se basa
por Ley, entre otros aspectos por la contribución efectiva a la mejora
del medio ambiente, al ahorro de energía primaria y a la eficiencia
energética. Del mismo modo, la Ley del Sector Eléctrico en el artículo
30.4, reconoce el derecho de rentabilidad razonable para los generadores
en régimen especial. No obstante, en la memoria económica del
anteproyecto de Ley no se ha llevado a cabo el análisis del impacto de
estas medidas sobre las tecnologías renovables, y su efecto en la
rentabilidad. En este caso, estas medidas fiscales pudieran ser
consideradas confiscatorias y por lo tanto la norma inconstitucional.

ENMIENDA NÚM. 62

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 4. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 2, del artículo 4,
con la siguiente redacción:

«2. La producción en barras de central se corresponderá con
la energía medida en bornes de alternador deducidos los consumos
auxiliares en generación, los suministros a redes interiores, líneas
directas e instalaciones interconectadas y la destinada al consumo de los
titulares de la instalación de cogeneración y/o instalaciones
industriales consumidoras de la energía térmica coproducida. En todo
caso, el impuesto se devengará sobre la energía efectivamente liquidada
en el correspondiente sistema de liquidación.»

MOTIVACIÓN

Es necesario precisar lo que se entiende por incorporación
al sistema eléctrico de la energía producida definida en el Artículo 4
punto 1, para contemplar debidamente las casuísticas de autoconsumos y de
suministros que se realizan por redes interiores, líneas directas e
instalaciones interconectadas. Esta energía no es incorporada físicamente
al sistema ya que se suministra a redes interiores, líneas directas e
instalaciones interconectadas.

El sistema de medición de la energía a efectos de la
producción que aplica el Proyecto de Ley, tomando como base la energía
medida en barras de metal, ocasiona el efecto no deseado de gravar el
autoconsumo en los casos de instalaciones de cogeneración que exportan
excedentes.

Por otro lado, las primas a las energías son una corrección
del mercado, algo que «nivela» las tecnologías. Esto es debido, entre
otros aspectos, a la no internalización por parte de las tecnologías del
régimen ordinario de sus costes reales. En caso de aplicar el impuesto
sobre el total de la remuneración, se estaría afectando a la
competitividad de las distintas tecnologías. Su justificación, se basa
por Ley, entre otros aspectos por la contribución efectiva a la mejora
del medio ambiente, al ahorro de energía primaria y a la eficiencia
energética. Del mismo modo, la Ley del Sector Eléctrico en el artículo
30.4, reconoce el derecho de rentabilidad razonable para los generadores
en régimen especial. No obstante, en la memoria económica del
anteproyecto de Ley no se ha llevado a cabo el análisis del impacto de
estas medidas sobre las tecnologías renovables, y su efecto en la
rentabilidad. En este caso, estas medidas fiscales pudieran ser
consideradas confiscatorias y por lo tanto la norma inconstitucional.

ENMIENDA NÚM. 63

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 4.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo párrafo al apartado 1 del
artículo 4, con la siguiente redacción:

«Igualmente, estarán exentas del pago de este impuesto las
instalaciones de bombeo.»

MOTIVACIÓN

Garantizar la viabilidad de estas instalaciones.

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regulados, o bien pondría en serio riesgo la garantía de
suministro. Una regulación de la actividad y precio que no tomara en
consideración el nuevo coste convertiría en improductivas centrales
existentes e inviables nuevas inversiones, todo ello necesario para hacer
frente a la demanda actual y futura.

La exclusión de Canarias, por otra parte, es coherente con
su vigente sistema de financiación, de acuerdo con lo previsto en la Ley
8/1980, de 22 de septiembre, Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas y Ley 26/2010, de 16 de julio, de Cesión de Tributos del Estado
a la Comunidad Autónoma de Canarias —que exigiría en todo caso el
previo informe de esta Comunidad al proyecto—, apoyado sobre una
tributación indirecta tradicionalmente diferenciada y más reducida que la
peninsular.

En concreto, es la Disposición Adicional Tercera de la
Constitución la que previene que la modificación del régimen económico y
fiscal del Archipiélago Canario requerirá informe previo de la Comunidad
Autónoma. Idéntico mandato se contiene, de forma más desarrollada en el
artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado mediante Ley
Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, modificado por Ley Orgánica 4/1996, de
30 de diciembre.

Por otro lado, las primas a las energías son una corrección
del mercado, algo que «nivela» las tecnologías. Esto es debido, entre
otros aspectos, a la no internalización por parte de las tecnologías del
régimen ordinario de sus costes reales. En caso de aplicar el impuesto
sobre el total de la remuneración, se estaría afectando a la
competitividad de las distintas tecnologías. Su justificación, se basa
por Ley, entre otros aspectos por la contribución efectiva a la mejora
del medio ambiente, al ahorro de energía primaria y a la eficiencia
energética. Del mismo modo, la Ley del Sector Eléctrico en el artículo
30.4, reconoce el derecho de rentabilidad razonable para los generadores
en régimen especial. No obstante, en la memoria económica del
anteproyecto de Ley no se ha llevado a cabo el análisis del impacto de
estas medidas sobre las tecnologías renovables, y su efecto en la
rentabilidad. En este caso, estas medidas fiscales pudieran ser
consideradas confiscatorias y por lo tanto la norma inconstitucional.

ENMIENDA NÚM. 66

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 8.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el artículo 8 que queda como sigue:

«Artículo 8. Tipo de gravamen.

Uno. El impuesto se exigirá en función de la siguiente
escala de gravamen

Dos. La producción de energía eléctrica destinada
exclusivamente a la contratación bilateral de grandes volúmenes de
energía con los consumidores industriales con peajes de alta tensión de 6
periodos y un consumo mínimo en el periodo 6 del 55% de su energía
eléctrica anual, le será aplicable un tipo del 1 por ciento.

El Organismo regulador y de control llevará registro y
contabilidad de todos los contratos realizados, y supervisará el correcto
funcionamiento de los mismos.»

MOTIVACIÓN

Aplicar un tipo de gravamen del 6% a todas las tecnologías
no refleja la realidad distinta de cada una de ellas, afectando de manera
muy negativa a las plantas de cogeneración. La creación de un tributo
inspirado en los principios de progresividad mediante la creación de una
escala de gravamen, de forma que el impuesto grave en función de los
ingresos anuales que obtenga el contribuyente con la venta de energía de
cada instalación, protegiendo a aquellos pequeños y medianos
productores.

La gran industria electro-intensiva, debido a sus
especiales características de consumo, beneficiosas para el sistema
eléctrico, como son su elevado consumo en valle, su predictibilidad y
estabilidad, tiene el perfil idóneo para la realización de contratos a
largo plazo, que actualmente no existen en España, ni en tiempo ni en el
precio de los mismos. En los grandes mercados europeos, como el francés,
el alemán o el Nordpool, los grandes consumidores industriales compran la
mayor parte de su energía mediante contratos bilaterales a largo plazo,
muchos de ellos, como el caso francés, a coste de producción de la
tecnología base, lo que les permite ser competitivos independientemente
de los vaivenes del mercado.

Se debe fomentar la contratación bilateral de energía
eléctrica para la industria de gran consumo electro-intensivo a precios
competitivos no referenciados al precio pool marginalista.

La enmienda debe servir para que se promuevan ofertas
específicas a precios competitivos adaptadas a consumidores
electro-intensivos con peajes de alta tensión de 6 periodos y un consumo
mínimo en el periodo 6 del 55% de su energía eléctrica anual.

ENMIENDA NÚM. 67

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 8.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el artículo 8 que queda como
sigue:

«Artículo 8. Tipo de gravamen.

El impuesto se exigirá al tipo del 2 por ciento.»

MOTIVACIÓN

Este artículo establece el tipo de gravamen del nuevo
impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica del 6%
para los ingresos por generación eléctrica. Es un nuevo gravamen sobre la
realización de actividades de producción y oferta de energía eléctrica en
el mercado eléctrico español medida en barras de central para cada una de
las instalaciones. Aplicar un tipo de gravamen del 6% a todas las
tecnologías no refleja la realidad distinta de cada una de ellas,
afectando de manera muy negativa a las plantas de cogeneración.

ENMIENDA NÚM. 68

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir el siguiente párrafo al artículo 8 que
queda como sigue:

«(…)

Se establece una bonificación en el tipo exigido del
impuesto del 65 por ciento para las instalaciones de cogeneración de
electricidad y de calor, residuos agrícolas y ganaderos, biomasa y
tratamiento y reducción de residuos cuya actividad quede comprendida en
el ámbito de aplicación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico y del 90 por ciento para las instalaciones hidroeléctricas de
potencial igual o inferior a 50MW.»

MOTIVACIÓN

Evitar una imposición excesiva, introducir una señal de
eficiencia y mantener el principio de rentabilidad razonable de las
instalaciones de cogeneración, biomasa, residuos agrícolas y ganaderos y
centrales mini hidráulicas.

La cogeneración, la biomasa y los residuos agrícolas y
ganaderos generan importantes externalidades positivas sobre el empleo y
la protección del medio ambiente en los sectores productivos y de
servicio público. Estas tecnologías son precisamente las que no han
alcanzado los objetivos de desarrollo con cobertura de régimen económico
previstos en la regulación vigente, por lo que es adecuado evitar la
imposición excesiva por motivos de política energética. La Directiva
2003/96/CE permite la exención total, parcial o la reducción del nivel de
imposición a la electricidad producida por estas tecnologías. Por otro
lado, la bonificación establecida para las centrales mini hidráulicas
permitiría atender a sus peculiaridades y su viabilidad económica.

ENMIENDA NÚM. 69

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 10.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de los apartados 2 y 3 del
artículo 10, que queda como sigue:

«2. Entre el día 1 y el 20 de los meses de abril, julio y
octubre del año posterior al del periodo impositivo que sea objeto de
liquidación, los contribuyentes que hayan realizado el hecho imponible
deberán efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación
correspondiente a dicho período impositivo, de acuerdo con las normas y
modelos que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas.

3. Los pagos fraccionados se calcularán en función del
valor de la producción de energía eléctrica en barras de central
realizada en los trimestres naturales primero, segundo y tercero
respectivamente, del periodo impositivo finalizado con anterioridad,
aplicándose el tipo impositivo previsto en el artículo 8 de esta
Ley.»

MOTIVACIÓN

Los preceptos del Proyecto de Ley van a obligar a ingresar
pagos a cuenta ante la Hacienda pública con carácter previo al cobro
efectivo de la remuneración por la producción eléctrica que constituye el
propio hecho imponible de este tributo. Por ello, se considera adecuado
adecuar los pagos fraccionados

a la percepción efectiva por el contribuyente de la
remutación por la producción ofertada, aproximando los periodos de
liquidación a la fecha de liquidación final del tributo.

ENMIENDA NÚM. 70

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 18.

ENMIENDA

De modificación.

«La cuota tributaria será resultado de aplicar a la base
imponible los siguientes tipos impositivos:

a) En la producción de combustible gastado resultante de la
generación de energía nucleoeléctrica, a la que se refiere el apartado
1.a) del artículo 17, el tipo será de 4.167 euros por kilogramo de metal
pesado.

b) En la producción de residuos radioactivos a que se
refiere el apartado 1.b) del art 17:

1.º Para residuos radioactivos de baja y media actividad,
el tipo será de 11.416 euros por metro cúbico.

2.º Para residuos radioactivos de muy baja actividad, el
tipo será de 1.903 euros por metro cúbico.»

MOTIVACIÓN

La finalidad de la presente enmienda es aumentar el tipo
impositivo para el cálculo de la cuota tributaria de este impuesto, de
manera que se alcancen valores equivalentes a una tasa de 10 ¤/MWh, que
fue la mínima recomendada por la Comisión Nacional de Energía en su
Informe de 7 de marzo de 2012 sobre el sector energético español. Esta
medida tendría un efecto positivo sobre la recaudación sin impacto en el
precio final.

Asimismo, la medida trata de corregir la desviación
existente en el funcionamiento del mercado eléctrico, que ha llevado a
determinadas tecnologías a percibir beneficios extraordinarios, por
tratarse de centrales ya amortizadas, tal y como se pone de manifiesto en
la Evaluación del Programa Nacional De Reformas y del Programa de
Estabilidad de España para 2012 realizada por la Comisión Europea en mayo
de 2012.

ENMIENDA NÚM. 71

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 20.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado al Artículo 20, que queda
redactado como sigue:

«Artículo 20. Exenciones.

Estará exento del impuesto el almacenamiento de residuos
radiactivos procedentes de actividades médicas o científicas, así como de
residuos radiactivos procedentes de incidentes excepcionales en
instalaciones industriales no sujetas a la reglamentación nuclear que
sean calificados como tales por el Consejo de Seguridad Nuclear o
generados en dichas instalaciones en el marco de lo establecido en los

acuerdos a que hace referencia el artículo 11.2 del Real
Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes
radiactivas encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas.»

MOTIVACIÓN