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BOCG. Senado, apartado I, núm. 128-967, de 30/11/2012
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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2013.


(621/000019)


(Cong. Diputados, Serie A, núm. 27



Núm. exp. 121/000027)


PROPUESTAS DE VETO


(Continuación)


PROPUESTA DE VETO NÚM. 9


Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013
que ha presentado el Gobierno en el Congreso de los Diputados de nuevo
profundizará en la destrucción de empleo y la recesión que sufre la
economía española y supone una vuelta de tuerca más en el proceso de
desmantelamiento del Estado de Bienestar en nuestro país.


Tras casi un año de Gobierno del Partido Popular, el
escenario económico y social en España es muy preocupante y requiere
adoptar una nueva política económica alejada de la austeridad extrema que
contienen estos Presupuestos. Los resultados de la política económica
aplicada hasta el momento han sido evidentes: un nivel de paro que
resulta intolerable, sobre todo entre los jóvenes, recortes injustos del
gasto en educación, sanidad y dependencia, que no han conseguido
controlar el déficit ni la deuda, así como la creciente desigualdad y
persistencia de una elevada prima de riesgo que encarece la financiación
de los servicios públicos y el sector privado. De este modo, las clases
medias y bajas están sufriendo una pérdida de bienestar social y material
que difícilmente van a recuperar si se siguen aplicando estas políticas
avaladas por la derecha europea.


Para el Gobierno del Partido Popular la ideología se ha
convertido en un elemento central de esta política que quiere presentar
como ineludible y sin alternativa. Sin embargo, existen otras
alternativas viables -que combinen la necesaria austeridad con los
estímulos al crecimiento y fundamentalmente existe otra manera de ajustar
el gasto y elevar los ingresos frente a la distribución profundamente
injusta que está llevando a cabo el Ejecutivo.


Como siempre hemos venido defendiendo los socialistas, es
imprescindible revisar la senda y el ritmo de consolidación fiscal de
acuerdo con la Unión Europea y acordar una nueva política fiscal
realista, de tal manera que esta juegue el papel estabilizador que le
corresponde en una fase de profunda recesión y









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elevada tasa de desempleo. La reducción del déficit no
puede convertirse en el único objetivo de la política económica, entre
otras cosas, porque nos llevará a una espiral de crecimiento negativo y
al incumplimiento de los objetivos de déficit como va a ocurrir este
año.


El Fondo Monetario Internacional ha recomendado
recientemente la aplicación de un ajuste fiscal similar a un maratón en
el que hay que ser constante, pero no llevar a cabo un sprint, ya que
este puede acabar en un círculo vicioso de crecimiento negativo, caída de
la recaudación, más gasto por desempleo y, de nuevo, al incumplimiento de
los compromisos de déficit y deuda pública.


Si no se cambia el proceso de consolidación fiscal para los
próximos tres años, el impacto de la austeridad extrema tendrá como
consecuencia una mayor caída de la actividad y, por ende, menos empleo,
que es el principal problema de los ciudadanos. Por ello, esta política
presupuestaria ha generado incertidumbre y una pérdida de credibilidad
frente a nuestros acreedores, provocando que nuestros costes de
financiación crezcan por encima de Italia, convirtiéndonos en el foco de
atención de los grandes países avanzados.


También ha habido notables errores en la gestión de la
política económica. El excesivo y casi único interés político del
Gobierno del Partido Popular en escudarse en la herencia recibida, en vez
de tratar de resolver los problemas de futuro, y el juego peligroso con
las cifras de déficit de 2011, nos está costando muy caro a los
españoles. Igualmente, el retraso en presentar los Presupuestos para 2012
por cálculos electorales o el descrédito de las instituciones
fundamentales para el correcto funcionamiento de la economía como el
Banco de España o la Intervención General del Estado, así como la nefasta
gestión del caso Bankia o la pérdida de influencia en el Banco Central
Europeo, son claros ejemplos de que cada día el país se le está yendo de
las manos al Gobierno.


Y esa desconfianza se debe, entre otras cosas, a las
increíbles cifras que presenta el cuadro macroeconómico en el que se van
a desarrollar estos Presupuestos. El Gobierno ha mantenido la previsión
de crecimiento que presentó el 20 julio de 2012 con una caída del PIB de
-0,5 % para 2013 pese a que la gran mayoría de organismos internacionales
y servicios de estudios privados han revisado a la baja las perspectivas
de crecimiento del próximo año, que establecen una caída de casi un punto
porcentual más de lo previsto por el Gobierno. El FMI en su último
informe de perspectivas económicas mundiales prevé que la economía
española el próximo año será la segunda con peor evolución del PIB (-1,3
%, casi el triple de lo que dice el Gobierno) de las 185 de todo el
mundo. Pero además, el Fondo no prevé que la tasa de paro empiece a
reducirse en 2013, como sostiene el Gobierno, sino que seguirá aumentando
hasta niveles récord del 25,1 % de media anual en 2013. Por ello, creemos
que existe una evidente falta de realismo y consistencia sobre el marco
económico en el que se va a aplicar el Presupuesto, que genera un
evidente riesgo de desviación en los ingresos y los gastos, lo que
erosiona la credibilidad del principal instrumento de la política
económica del Gobierno.


En concreto, del cuadro macroeconómico lo que más llama la
atención es la ligera mejoría del consumo privado y la inversión, difícil
de sostener con las expectativas de crecimiento y los resultados de las
medidas adoptadas por el Gobierno. El consumo privado se verá afectado
por el deterioro del empleo y la fuerte «devaluación interna» que están
sufriendo las familias, que ven mermada su capacidad de compra como
consecuencia de la reducción de los salarios reales (disminución
importante en el caso de los empleados públicos), la subida del IRPF e
IVA, la inflación, etc. Asimismo, la inversión (la formación bruta de
capital fijo caerá solo un -2,1 %) va a estar muy condicionada por la
recesión, el proceso de desapalancamiento empresarial y la restricción de
la financiación como consecuencia de la recapitalización del sector
financiero. Por tanto, es previsible que la demanda interna continúe con
un comportamiento similar en 2013, con caídas de más de cuatro puntos
porcentuales. En cuanto al sector exterior, el Gobierno espera que las
exportaciones de bienes y servicios crezcan un 6,0 %, 2,4 puntos
porcentuales más de lo que se prevé que crezca el PIB mundial (3,6 %).
Este avance de las exportaciones consideramos que es excesivo cuando
nuestros principales socios comerciales, principalmente de la Eurozona,
están prácticamente estancados y solo crecen los países emergentes.


La profunda y larga recesión está incrementando
automáticamente el componente cíclico del déficit. Según diversos
cálculos, si el PIB cae, como contempla el FMI o el consenso del mercado,
en torno al 1,5 %, este componente puede deteriorar adicionalmente las
cuentas públicas en otros 20.000 millones de euros. Y, por otro lado, el
FMI ha tenido que revisar los efectos de la austeridad fiscal sobre el
crecimiento del PIB (multiplicadores fiscales), que se sitúa en el rango
0,9-1,7 %, apoyado por la evidencia generada por la recesión mundial
iniciada a finales de 2008. Además, si este año el déficit acaba siendo
superior al previsto, tendrían que tomarse medidas adicionales a las que
contemplan los Presupuestos para llegar









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al 4,5 % en 2013. Por ello, consideramos que es urgente
revisar la senda y el ritmo de consolidación fiscal, ya que la
extraordinaria caída de la demanda interna de la economía española es la
evidencia de los efectos profundamente dañinos del ajuste público en la
actividad y, sobre todo, en el empleo.


Además de la imposibilidad de cumplir con los objetivos de
déficit, las ayudas a las entidades financieras provocarán un aumento de
la deuda pública derivado del efecto del mecanismo de asistencia
financiera europea. Los Presupuestos prevén 30.000 millones de euros que
el Reino de España asumirá por el préstamo para la recapitalización del
sistema financiero, con lo que el total de la deuda pública podría
alcanzar a finales de 2013 un 90,5 % del PIB. No obstante, la ratio de
deuda pública/PIB seguirá aumentando después de conocer los resultados de
los test de estrés de Oliver Wyman, que cifran las necesidades
aproximadamente en unos 40.000 millones de euros.


Sin duda, es necesario sanear las entidades financieras
para que reactiven cuanto antes el crédito a las familias y empresas,
pero esto se hace con un elevado coste sobre los contribuyentes. El
Gobierno ha decidido, tras la nefasta gestión de Bankia, destinar la
mayor parte de los recursos públicos para recapitalizar y sanear el
sector bancario, en detrimento de la educación, la sanidad y la
dependencia en un momento de intensa recesión como el actual.


De nuevo, en el capítulo de ingresos, las previsiones de
recaudación que contienen los Presupuestos para 2013 son poco creíbles e
inconsistentes con el objetivo de reducir el déficit estructural a largo
plazo en un contexto de fuerte recesión. Hasta agosto, los ingresos
tributarios descienden un 4,6 %, por lo que en los 4 meses restantes la
recaudación debe crecer tanto como para absorber el 4,6 % de descenso
acumulado hasta agosto y llegar a un crecimiento del 15,9 %.


En definitiva, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista,
siguen sin acometerse reformas en profundidad de las principales figuras
tributarias, que creen una base fiscal sólida de carácter permanente que
evite los recortes en políticas sociales, y se opta, o bien por pequeños
parches —mayor tributación de las plusvalías a corto plazo,
limitación de las amortizaciones de las empresas— o bien por
recurrir a propuestas que venía reclamando el PSOE, como el gravamen de
los premios de las loterías o la recuperación del Impuesto sobre el
Patrimonio, sin acometer una reforma de la imposición patrimonial más
justa y eficiente como el impuesto sobre las grandes fortunas, para que
paguen los que más tienen. Además, de la injusta e ineficaz amnistía
fiscal, se establecen beneficios fiscales en el ISI y en el IAE que
presumiblemente van a favorecer ad hoc a concretos inversores, al
establecerse la posibilidad de otorgar una bonificación del 95 % para
aquellas que impliquen fomento del empleo, lo que evoca claramente el
proyecto de Eurovegas.


En el capítulo de gastos, el pago de los intereses de la
deuda será la mayor partida de gasto no financiero (38.600 millones de
euros), cuyo crecimiento del 33,8 % (10.000 millones de euros más que en
2012), representa más que todo el gasto de personal al servicio del
Estado. Esto significa que los recortes que está llevando a cabo el
Gobierno son absorbidos por el coste de la deuda, en detrimento de la
inversión pública y la financiación de los servicios públicos
esenciales.


La inversión pública de los Presupuestos se reduce de nuevo
un 12 % con respecto a 2012, situándose en el 1,3 % del PIB en 2013. Sin
embargo, los gastos de personal no se reducen, se incrementan un 1,2 %
con respecto a 2012, debido a las pensiones de las Clases Pasivas, que se
incrementarán tanto por el número de pensionistas como por la
revalorización, a pesar de la congelación de las retribuciones de los
empleados públicos y de las modificaciones normativas que afectan a
permisos y vacaciones. En cuanto a la disminución del gasto de los
Ministerios en un 8,9 % en promedio, por segundo año consecutivo, se
calcula incluyendo los gastos financieros (capítulo 8) e inversión
(capítulo 6), por lo que la supuesta austeridad en el funcionamiento de
la Administración General no es tal, sino que refleja el brutal recorte a
que se ve sometida la inversión pública.


Los recortes de los dos últimos presupuestos del Gobierno
del Partido Popular han situado a España en la cola de gasto en políticas
activas de empleo en porcentaje del PIB (alrededor de 0,3 % del PIB). En
inversión en I+D+i, se ha producido un drenaje de recursos de 2.017
millones de euros desde 2011, lo que pone de manifiesto que la mejora de
la productividad de la economía española no es una prioridad. En
definitiva, el Gobierno sigue recortando en todo aquello que es
determinante para que crezcamos mejor en el futuro: en educación, en
I+D+i, en formación profesional, en internacionalización y en
infraestructuras.


La política educativa se reduce en este Presupuesto en un
14,4 % (más de 326 millones de euros). En conjunto, en los dos
presupuestos del Gobierno del Partido Popular, las políticas educativas
se han reducido en 900 millones de euros. A su vez, la política educativa
pierde peso en el conjunto del Presupuesto, pasando del 0,9 % al 0,6 %;
una expresión inequívoca del proyecto educativo de la derecha









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española. Un logro histórico que en tan solo dos
presupuestos Rajoy ha conseguido deshacer: al recorte de más de 5.000
millones de euros en 2012 en la inversión educativa realizada por las
distintas administraciones, ahora se añade el recorte en el presupuesto
de 2013, que disminuye un 31,6 % desde el último presupuesto socialista.
Es necesario recordar que tras siete años consecutivos de avance en
inversión en educación de los gobiernos socialistas, nos equiparamos al
resto de los países de la Unión Europea al acercarse al 5 % del PIB
dedicado a educación. En el Documento de Plan Nacional de Reformas
enviado a la Comisión Europea, el Gobierno de Rajoy reconoce que el
objetivo es llevarnos a un exiguo gasto del 3,9 % del PIB en educación.
Quiere decir que su objetivo es dejar a España a la cola de Europa y
renunciar a los objetivos 2020 de la Unión Europea.


Los recortes en las partidas de gasto social contribuyen a
que la crisis sea más dura para aquellas personas que más precisan de la
protección de las administraciones públicas en un contexto de intensa
recesión, poniendo en riesgo la cohesión social cuando más se necesita.
En la presentación de los Presupuestos para 2013, el peso del gasto
social se cifró en el 63,6 % del gasto total. En realidad se trata de un
maquillaje, en este cálculo se ha excluido, por primera vez, el coste del
servicio de la Deuda Pública. Si incluimos esta partida, el gasto social
real es del 55,96 %, lo que supone una caída de 0,24 puntos respecto de
2012 y de 2,04 puntos porcentuales respecto de 2011. También en el
capítulo de Servicios Sociales y Promoción Social se vuelve a recurrir a
disfrazar la realidad en las cuentas porque teóricamente presenta un
incremento del 34,4 % —en relación con 2012— debido a que se
incluyen más de mil millones de euros destinados al pago de obligaciones
pendientes por cuotas de Seguridad Social; en realidad, el capítulo
experimenta una caída del 14,4 %.


Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad es el que más reduce su presupuesto; un 22,6 % respecto a
2012. Es evidente que la sanidad pública no es una prioridad para este
Gobierno. Después de romper con la universalidad del sistema, después de
instaurar el copago, nuevamente se reduce el presupuesto. Sobre todo en
las partidas para el Fondo de Cohesión Sanitaria, que se reducen de los
87,2 millones de euros en 2011, con Gobierno socialista, a los 36,29
millones actuales. El Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, que
tenía 30,27 millones de euros en 2011 y ahora solo 5,21. Y del mismo modo
con las Estrategias de Salud, que se reducen desde los 17,12 millones de
euros de 2011 a los 2,52 para 2013. Es todo un recorte a las políticas de
cohesión del sistema sanitario y a las políticas de salud pública que se
deben desarrollar cooperando con las Comunidades Autónomas.


Desde que gobierna el Partido Popular, los recursos
destinados a la dependencia se han reducido en más de un 30 %, un 17 %
este último año, lo que representa un ataque en toda regla a su
sostenibilidad económica y, finalmente, el desmantelamiento y colapso del
propio sistema de dependencia. En los Presupuestos para 2013, la
dependencia sufre otro severo recorte de más de 200 millones de euros. El
presupuesto refleja así el recorte que el Gobierno decretó en julio, con
la reducción de alrededor de un 15 % en las cantidades que perciben los
dependientes por el llamado nivel mínimo. En 2011, el último año de
Gobierno socialista, en plena crisis, la dotación total para dependencia
fue de alrededor de 1.700 millones de euros. Este programa ya se redujo
hasta los 1.407 millones de euros, sobre todo por la decisión del PP de
eliminar la partida completa del nivel acordado: 283 millones a repartir
entre las Comunidades Autónomas que en el año 2013 tampoco figura. En lo
que respecta a la financiación de los servicios sociales básicos, es
decir, los que prestan los ayuntamientos y corporaciones locales a través
del llamado Plan Concertado, el recorte es igualmente dramático. La
partida para apoyar la red básica de servicios sociales se ha visto
reducida a 30 millones de euros, un recorte del 40 % respecto a 2012
(entonces se destinaron alrededor de 50 millones). Pero si lo comparamos
con el último presupuesto del Gobierno socialista, el recorte es aún
mayor, del 65 %, ya que en ese año el Plan Concertado estaba dotado con
86 millones de euros.


Lo más grave es que este recorte se produce en un momento
en el que el riesgo de exclusión social y de pobreza está creciendo de
manera alarmante en España. Diversos informes, de diversas ONG’s y
entidades del Tercer Sector, nos advierten de que cada vez hay más
españoles que ya no alcanzan a pagar el recibo de la luz, el agua,
ciudadanos que han perdido la prestación por desempleo y necesitan ayuda
para alimentos, ropa, para pagar el comedor y el material escolar. Y es
justamente en los momentos de crisis económica, cuando más necesario se
hace fortalecer el sistema de protección social.


En conclusión, estos Presupuestos resultan ineficaces para
luchar contra el desempleo que es el principal problema de los españoles,
son inconsistentes en sus cifras de ingresos y gastos y,
fundamentalmente, carecen de la necesaria credibilidad en un momento
crucial para España.









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Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente propuesta de VETO al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2013, solicitando su devolución al
Gobierno


En el Palacio del Senado a 26 de noviembre de
2012.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.