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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 645, de 13/04/2015
cve: BOCG-10-D-645
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
13 de abril de 2015
Núm. 645
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003622 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la profundización de las relaciones entre el Reino de España y la República Popular de China ... (Página5)
Comisión de Justicia
161/003607 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el acceso a la nacionalidad para los descendientes de españoles y españolas a los que no se pudo aplicar la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007
(Página 7)
Comisión de Interior
161/003614 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre intensificación y mejora de la cooperación entre los diferentes Cuerpos de Policía ... (Página8)
Comisión de Defensa
161/003599 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a fomentar la universalización del tratado sobre el comercio de armas ... (Página9)
Comisión de Economía y Competitividad
161/003592 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a apoyar la declaración de las Naciones Unidas de 2015 como Año Internacional de la Luz y las Tecnologías basadas en la Luz ...
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/003618 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la mejora de la atención de la Administración de Hacienda a los ciudadanos ... (Página12)
Comisión de Fomento
161/003593 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la nueva regulación sobre pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías por carretera que el Gobierno está elaborando y a las
consecuencias que se derivarían de la misma ... (Página14)
161/003606 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de suprimir el peaje de la AP-9 en el tramo comprendido entre Vigo y Redondela que perjudica a los habitantes de la zona y al sector
transportista que opera en el puerto de Vigo ... (Página15)
161/003612 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la construcción de una pasarela por encima de la CN-340 en la localidad de Cocentaina ... (Página16)
161/003617 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al cumplimiento del Convenio de colaboración entre el Administrador de Infraestructuras y el Consorcio de Transportes de Bizkaia para la
realización de las obras de ejecución del proyecto del intercambiador de Urbinaga en el término municipal de Sestao, firmado el 19 de mayo de 2011 ... (Página17)
161/003624 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la utilización de materiales reciclados en la construcción y conservación de carreteras ... (Página18)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003596 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para mejorar las penosas condiciones de trabajo de los buzos profesionales ...
161/003611 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la implantación urgente del Programa Garantía+45 ... (Página22)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003595 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE) ... (Página24)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003594 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Proyecto de Adecuación Ambiental de la Playa de Bañugues, en Asturias ... (Página25)
161/003597 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las obras que se están acometiendo en la playa de Cesantes, en Redondela (Pontevedra) ... (Página26)
161/003600 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a garantizar la participación de las Comunidades Autónomas en programas de lucha contra el cambio climático
que persigan la reducción de emisiones en sectores difusos, como los Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIME), o los proyectos CLIMA ... (Página27)
161/003601 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a colaborar con las Administraciones Autonómicas en materia de registros de huella de carbono (Página 28)
161/003603 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el pantano de Elx ... (Página30)
161/003605 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre ampliación de los plazos para el acceso a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) ... (Página31)
161/003608 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al fomento de la responsabilidad social corporativa de las entidades privadas para la conservación de nuestro Patrimonio Natural ...
161/003609 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a optimizar la trazabilidad en el traslado de residuos ... (Página32)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003604 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre cuestionarios de salud de compañías aseguradoras ... (Página34)
161/003610 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a seguir promoviendo la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios ... (Página35)
161/003613 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre adecuación de nuestro ordenamiento jurídico al tratado internacional para tipificar el tráfico de órganos como delito ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003615 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política española de Cooperación al Desarrollo. ... (Página37)
161/003623 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el desarrollo de protocolos responsables de producción ... (Página40)
Comisión de Cultura
161/003616 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Monasterio de Bon Xesús de Tranderias ... (Página40)
161/003620 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la candidatura de la sardana como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la UNESCO ... (Página41)
Comisión de Igualdad
161/003621 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la posibilidad de disponer de datos para determinar la incidencia de la violencia de género sobre las personas con discapacidad ...
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/003619 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a declarar el tercer domingo del mes de septiembre «Día Nacional de la Movilidad Ciclista» ...
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/003598 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a garantizar la participación de las Comunidades Autónomas en programas de lucha contra el cambio climático
que persigan la reducción de emisiones en sectores difusos, como los Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIMA), o los proyectos CLIMA ... (Página44)
161/003602 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a colaborar con las Administraciones Autonómicas en materia de registros de huella de carbono ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/003115 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si con las dotaciones de plazas en las comisarías de Galicia quedan atendidas la totalidad de funciones policiales
que se deben desarrollar en ellas, así como si se corresponde su dotación policial con las de otros territorios semejantes en cuanto a territorio, población y problemáticas específicas ... (Página47)
Comisión de Fomento
181/003116 Pregunta formulada por la Diputada doña María Teresa Rodríguez Barahona (GS), sobre repercusión de las nuevas previsiones en términos de competitividad económica, rentabilidad social y adecuación a los objetivos de la Alta
Velocidad como factor de vertebración de la Unión Europea ... (Página48)
181/003117 Pregunta formulada por la Diputada doña María Teresa Rodríguez Barahona (GS), sobre instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca y/o agentes económicos interesados y afectados con los que ha sido acordada la variación del
calendario de ejecución del proyecto de la LAV en su trazado Burgos-Vitoria y de los tiempos de viaje previstos entre las tres capitales vascas ... (Página48)
181/003118 Pregunta formulada por la Diputada doña María Teresa Rodríguez Barahona (GS), sobre criterios y prioridades aplicadas en la toma de decisión de posponer la conexión Burgos-Vitoria por alta velocidad y cambiar los tiempos de viaje
entre las capitales vascas ... (Página49)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/003119 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre confirmación de que durante los meses de verano del año 2014 las masas de agua del río Arnoia se encontraban en buen estado ...
181/003120 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre medidas llevadas a cabo para paliar los daños causados por la crecida del río Arnoia a su paso por Rebordechao, en Vilar de Barrio, así como cuantía de
la inversión de las mismas ... (Página49)
181/003121 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre noticias que ha tenido el Gobierno, a través de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de la existencia de contaminación durante el año 2014 y
2015 en el río Arnoia a su paso por el Ayuntamiento de Vilar del Barrio ... (Página50)
Comisión de Igualdad
181/003122 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre fecha prevista para la realización de un estudio y una encuesta de empleo del tiempo en España ... (Página50)
181/003123 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre número de empresas con más de 50 trabajadores que cuentan con planes de igualdad ... (Página50)
181/003124 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre número de convenios colectivos firmados en los años 2010 a 2014 que incluyeron previsiones de elaborar planes de igualdad y/o otras medidas de igualdad
... (Página50)
181/003125 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre número de empresas con menos de 50 trabajadores que cuentan con planes de igualdad ... (Página51)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2015.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la profundización de las
relaciones entre el Reino de España y la República Popular de China, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El milagro económico de la República Popular de China que ha sacado de la pobreza a más de 500 millones de personas y que la ha situado en la segunda posición del ranking mundial de potencias económicas, ha generado un interés por este país
tanto a nivel global como en España. La economía china ha crecido a un ritmo promedio del 10 % durante la primera década del siglo XXI. En 2013, creció al 7,7 % y está estimado que crezca al 7,4 % en 2014. Hoy en día es el mercado con más
consumidores del mundo, 1.360 millones, y el segundo mercado más grande por volumen de PIB, 9.469 millones de dólares. Una economía de este tamaño es, sin lugar a dudas, de gran importancia para España, y España, como la duodécima economía mundial
y quinta en la Unión Europea, es también de gran interés para China. Por consiguiente, es necesario fortalecer nuestro vínculo con China.
Las relaciones entre España y China se han ido intensificando en la última década y, hoy en día, China considera a España como su «mejor amigo» en la Unión Europea, tal y como señaló en 2011 Li Keqiang, Viceprimer ministro del Consejo de
Estado de la República Popular China. Su acercamiento como socios económicos ha producido hitos muy concretos. En 2005, España y China firmaron el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral y se lanzó el Plan Integral del Desarrollo de Mercado
(PIDM) para China, un plan que pretendía apoyar a las empresas españolas incrementando su visibilidad en el mercado chino, mejorando así sus exportaciones a este país, aumentar las inversiones y reforzar las relaciones institucionales entre ambos
países. Además, en 2008 se aprobó el Plan Asia Pacífico 2008-2012 y el Plan China Plus 2008-2010, dos planes enfocados a reforzar las relaciones entre los dos países. Asimismo, en 2010 se firmó el Plan Turismo China para atraer más visitantes a
España.
En septiembre de 2014, el Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, visitó China, se reunió con el actual Presidente de China, Xi Jinping, y la intensificación de las relaciones económicas y comerciales jugó un papel importante. El
Presidente del Gobierno afirmó en la clausura del Encuentro empresarial España-China que el aspecto económico «desempeña un papel de especial relevancia» dentro de las «excelentes relaciones bilaterales» entre España y China.
Por lo tanto, intensificar las relaciones comerciales entre España y China es de gran importancia. Desde 2009, las exportaciones españolas a China se han duplicado; sin embargo, nuestro mayor déficit comercial bilateral lo tenemos con
China y esto, de una manera sostenida. En 2013, las exportaciones españolas a China alcanzaron 3.942 millones de euros mientras que las importaciones totalizaron 17.363
millones de euros, lo que significa un desfase comercial que se situó en 13.420 millones de euros en ese mismo año. Los intercambios comerciales han aumentado, ya que China es nuestro tercer mayor proveedor a nivel mundial y el 7 % total de
mercancías que consumimos del exterior lo importamos de China.
En la última década, la presencia de las empresas españolas en el mercado chino también se ha incrementado. En 2000, eran 33 las empresas españolas registradas en la Cámara Oficial de Comercio de España en China, mientras que en 2010
sumaban 424. Actualmente, hay unas 600 empresas españolas implantadas en China. Además, desde 2010 el número de empresas exportadoras a China se ha triplicado, ascendiendo a 2.800 empresas en 2013.
Otro aspecto destacable de las relaciones económicas entre los dos países es el de la inversión. La inversión española ha estado creciendo en China y viceversa, pero es importante que esta tendencia no solo se mantenga sino que aumente. En
lo que se refiere a los flujos de inversión bilateral, la inversión bruta española en China fue de 200,6 millones de euros en 2013, muy lejos de los alcanzados en 2011, 1.243 millones de euros. La inversión china en España fue de 10,4 millones de
euros en 2013. Por lo tanto, no hay duda de que hay que intensificar las relaciones comerciales «en el campo de las inversiones donde existe mayor potencial para ello», tal y como dijo el Presidente del Gobierno durante su reciente visita a China.
España y China también tienen un marco de relaciones diplomáticas con una base muy sólida; son socios privilegiados desde 2005 por el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral, esto es, la relación entre España y China está al mismo nivel
bilateral que la que tiene China con Alemania, Francia y Reino Unido. La celebración en 2013 del 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, puso de manifiesto las excelentes relaciones entre España y China en los ámbitos
político, económico y sociocultural, a través del desarrollo de diversos actos culturales y la visita del Ministro de Asuntos Exteriores en junio de ese año. Además, España también tiene unas relaciones cercanas con China a través del marco
europeo, principalmente porque China es el socio comercial más grande para la Unión Europea y viceversa. Las relaciones entre la Unión Europea y China también se basan en una asociación privilegiada que consiste, entre otros temas que forman parte
de la arquitectura institucional de las relaciones, en un diálogo sobre los derechos humanos.
En conclusión, teniendo en cuenta el tamaño del mercado chino en términos de volumen de PIB y de número de consumidores, es sin duda deseable una relación más estrecha con el gigante asiático. Por lo tanto, es de gran importancia facilitar
la operatividad de las empresas españolas en el mercado chino, dar mayor visibilidad a la cultura española, a través de plataformas como el programa Marca España, e incrementar el comercio bilateral.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar con el proceso de profundización y refuerzo de las relaciones económicas y comerciales entre el Reino de España y la República Popular de China.
2. Apoyar el establecimiento de las empresas españolas en el mercado chino, aumentar su visibilidad, ayudar en la intensificación de los flujos de inversión entre los dos socios y facilitar el incremento de las exportaciones españolas a la
República Popular de China.
3. Fomentar el mantenimiento de consultas regulares en todos los ámbitos a través del diálogo permanente entre las dos partes.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2015.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia
161/003607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
acceso a la nacionalidad para los descendientes de españoles y españolas a los que no se pudo aplicar la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, para su debate en la Comisión Justicia.
Motivación
Con la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, se ampliaba la
posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles. Con ello se satisfacía una legítima pretensión de la emigración española, que incluía singularmente
a los descendientes de quienes perdieron la nacionalidad española por el exilio a consecuencia de la guerra civil o la dictadura.
Esta posibilidad, recogida en la disposición adicional séptima de dicha ley, establecida inicialmente para un plazo de solicitud de dos años, y ampliado una más posteriormente por acuerdo de Consejo de Ministros, ha llevado a que muchos
descendientes de españoles que residen en el exterior por motivos de exilio, hayan podido acceder a la nacionalidad que debía reconocerles por una deuda histórica de nuestro país.
Sin embargo, si bien la medida fue muy bien acogida en su momento y la mayoría de afectados por esta nueva regulación han podido acceder a la nacionalidad española sin mayor complicación, se han producido algunos casos de imposibilidad de
acceso porque aquella disposición adicional séptima dejó ciertos aspectos en el aire que, ante la falta de regulación concreta, impidieron de hecho el acceso a la nacionalidad españoles para algunos descendientes de españoles y, sobre todo, de
españolas que abandonaron nuestro país en un momento de extrema gravedad y pobreza.
El Partido Socialista considera que es de justicia reconocer la nacionalidad para todas y todos los descendientes de españoles que entre los años 1936 y 1955 tuvieron que abandonar nuestro país acuciados por el miedo y el hambre, por lo que
es necesario plantear una reforma legal que de manera inclusiva reconozca su derecho a aquellos que no pudieron optar por la nacionalidad española en su momento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar de forma inmediata las iniciativas parlamentarias oportunas que puedan recoger y regular el acceso a la nacionalidad para los descendientes de españoles y españolas a los que no se pudo aplicar la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007.
2. Prestar especial atención a la inclusión de los siguientes supuestos, que son aquellos que mayor incidencia tuvieron entre los descendientes de españoles que no pudieron acogerse a la regulación anteriormente mencionada:
Los descendientes de emigrantes españolas, ya que las mujeres españolas no trasmitían la nacionalidad que ostentaban hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, por lo que nos encontramos ante una discriminación brutal
por el mero hecho de ser descendientes de españolas en lugar de españoles.
Los descendientes de varón que tuvieron que renunciar a la nacionalidad española antes del nacimiento de sus hijos. Algunos países receptores de nuestros exiliados exigieron a estos que renunciaran a la nacionalidad española y adoptaran
la nacionalidad de su país de acogida para poder trabar y sobrevivir en él. Aquellos que firmaron esta renuncia cuando sus hijos ya habían nacido, no tuvieron inconveniente para transmitir la nacionalidad. Sin embargo, cuando esta renuncia se
produjo antes del nacimiento de sus
descendientes, estos no pudieron optar a la nacionalidad española y, por ende, no se ha transmitido a sus nietos a través de la disposición recogida en la Ley 52/2007.
Hijos mayores de edad de quienes han adquirido la nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica. Aquellos que han tramitado y obtenido la nacionalidad española acogiéndose a los supuestos que recogía la disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007, en principio transmitían la nacionalidad a sus hijos siempre que estos fueran menores de edad, Nos encontramos pues que aquellos mismos hijos que hubieran cumplido los dieciocho años en el momento en que su padre o madre haya sido
considerado español, no han optado a poder obtener la nacionalidad española. Esto ha supuesto en muchas familias diferenciaciones entre unos hijos y otros.
3. Modificar en cualquier caso la legislación que regula el acceso a la nacionalidad española y que establece la obligatoriedad de los descendientes menores de edad de ratificar la nacionalidad. En el año 2003 se incluía en el Código Civil
el artículo 24.3 en el que se indica que: los españoles nacidos en el exterior, hijos de padre o madre españoles nacidos también en el exterior, perderán la nacionalidad española si en el plazo de tres años desde su emancipación o mayoría de edad
no declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2015.María del Carmen Silva Rego, Diputada.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Interior
161/003614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
intensificación y mejora de la cooperación entre los diferentes cuerpos de policía, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Como recoge la exposición de motivos de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la seguridad pública constituye una competencia difícil de parcelar, que no permite delimitaciones o definiciones con el rigor
y precisión admisibles en otras materias. Ello es así porque las normas ordenadoras de la seguridad pública no contemplan realidades físicas tangibles, sino eventos meramente previstos para el futuro, respecto a los cuales se ignora el momento, el
lugar, la importancia y, en general, las circunstancias y condiciones de aparición.
La existencia de varios colectivos policiales que actúan en un mismo territorio, en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, con funciones similares y, al menos parcialmente, comunes, es decir, con atribuciones que podemos calificar de
concurrentes o de colaboración, nos obliga necesariamente a hacer posibles, en su caso, actuaciones conjuntas y de colaboración mutua, lo que exige explorar, previamente, todas las posibilidades de coordinación.
Sobre la base de esa práctica indivisibilidad de la seguridad pública y del consiguiente carácter concurrente del ejercicio de la competencia sobre la misma: dentro del respeto a la autonomía de las distintas esferas de la Administración
Pública, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quiso resaltar la necesidad de intercomunicación entre los cuerpos de seguridad de dichas esferas administrativas y, por ello, inmediatamente después de enumerar en
el artículo 2.º cuáles son esos cuerpos, proclama en su artículo 3.º, como un elemento constitutivo de todos ellos, el principio de cooperación recíproca y de coordinación orgánica.
Como garantía de eficacia de la colaboración entre los miembros de los cuerpos de policía de las distintas esferas administrativas territoriales, se han establecido también unos cauces institucionalizados
de auxilio y cooperación, y unos mecanismos orgánicos de coordinación, que en la presente legislatura se encuentran en desuso.
La cooperación que ya existe entre las policías locales y el Cuerpo Nacional de Policía se ha regulado a través de convenios, pero hay materias, como la formación, que permite una actuación equiparable en cuanto a las formas de actuar de
todas las policías, y que está retrocediendo en lugares con amplias plantillas de policías locales, como, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.
Uno de los órganos de coordinación, que ha venido demostrando su utilidad en la búsqueda de fórmulas realistas de colaboración policial con incidencia favorable en la seguridad pública, son las Juntas Locales de Seguridad, creadas por el
artículo 54.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, como instrumento de coordinación sentado sobre el elemento de la territorialidad del municipio. Ello constituye un mecanismo capaz de fijar medios y sistemas de relación al objeto de lograr
cierta homogeneidad y hacer factible actuaciones conjuntas, de colaboración mutua y de cooperación recíproca.
Desde que en el inicio de este año el Ministerio del Interior anunciara la elevación, de manera transitoria, al nivel 3 de alerta, con intensidad baja, en atención a la amenaza yihadista, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y
agentes de otros cuerpos deben sentirse más vigilantes en objetivos habituales de acciones terroristas como medios de transporte o infraestructuras vulnerables. Pero la elevación del nivel de alerta no ha conllevado un incremento del intercambio de
información, ni la convocatoria a efectos operativos de aquellos instrumentos de coordinación existentes, que en estos últimos tres años han visto cómo se iban desvaneciendo por falta de uso, lo que ha puesto en alerta, y preocupa, a los colectivos
y agentes sociales de policía local y autonómicos. El Gobierno, que ha dejado morir de inanición la cooperación policial, ha traído a la Cámara, al final de la legislatura, un Proyecto de Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía, en la que
establece la posibilidad de ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía Nacional de funcionarios de carrera de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.
Se trata de una medida extravagante, que no se justifica en la Exposición de motivos del Proyecto de Ley. Modificar el modelo policial configurado en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, exige plantear una Ley de movilidad corporativa
de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad (CNP, GC, policías autonómicos y policía locales), en la que se establezcan las bases y requisitos para el traslado de sus miembros de unos cuerpos a otros, teniendo en cuenta las categorías
profesionales, y fijando los correspondientes cursos de adecuación profesional conforme a la singularidad de las funciones y espacio geográfico de actuación de cada cuerpo, permitiendo a las formaciones políticas un pronunciamiento claro y que no
convierta al Cuerpo Nacional de Policía en único destinatario de no se sabe qué, ni por qué.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo todas aquellas medidas que refuercen la coordinación y cooperación entre los miembros de los cuerpos de policía de las distintas esferas administrativas territoriales,
facilitando la formación e información por parte de las policías autonómicas y estatales a las policías locales y de estas entre sí, procediendo a convocar todos aquellos instrumentos operativos de coordinación que han venido funcionando con buenos
resultados y que han sido abandonados en un momento en que la cooperación es vital para la seguridad de los ciudadanos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2015.Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/003599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para fomentar la universalización del tratado sobre el Comercio de Armas.
Antecedentes
El 2 de abril de 2013 los países representados en las Naciones Unidas (ONU) aprobaron prácticamente por unanimidad un Tratado sobre el Comercio de Armas que prohíbe a los Estados transferir armas convencionales a otros países si saben que
van a ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o facilitar su comisión.
El tratado obliga a todos los gobiernos a evaluar el riesgo de transferir armas, municiones o componentes a otros países donde puedan ser utilizados para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los
derechos humanos.
Los Estados acordaron que, si ese riesgo fundamental es real y no puede mitigarse, la transferencia no se lleve a cabo. El tratado adoptado afecta a las principales categorías de armas convencionales, incluidas las armas pequeñas y las
armas ligeras, que producen cantidades ingentes de víctimas civiles y proliferan en países con conflictos de baja intensidad y en situaciones de violencia armada.
El Tratado sobre el Comercio de Armas fue aprobado en una votación abrumadoramente mayoritaria de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tres Estados votaron en contra: Irán, Siria y Corea del Norte, 154 Estados votaron a favor y 23 se
abstuvieron. Al menos, 50 Estados debían ratificarlo, incorporándolo a su legislación nacional para que fuera posible su entrada en vigor. Y se logró el 25 de septiembre de 2014, en un tiempo récord para un tratado de la ONU.
Así pues el tratado de las Naciones Unidas que regula la venta de armas a escala global entró en vigor el pasado 24 de diciembre de 2014. La convención, la más importante desde el acuerdo de 1996 que prohíbe las pruebas nucleares, es la
primera legislación internacional que prohíbe exportar armamento convencional, munición, partes y sistemas a gobiernos que puedan utilizarlos contra su población.
España fue uno de los primeros países en materializar su adhesión, en junio del pasado año. Otros países exportadores de armamento, como Reino Unido, Alemania o Francia, también ratificaron el tratado y se comprometieron así a seguir sus
estrictas reglas para evitar que sistemas de artillería de gran calibre, helicópteros, aviones, barcos, misiles y lanzaderas lleguen a las manos de organizaciones o regímenes que cometen atrocidades.
Se calcula que la violencia armada se cobra más de medio millón de vidas al año en todo el mundo. El objetivo del Tratado es dar más transparencia a negocio que mueve 85.000 millones de dólares al año.
El gran reto, como sucede con los tratados de este tipo, será garantizar que se aplique de la manera más estricta posible para que dé resultados sobre el terreno, a la hora de proteger a la población civil. El comercio de armas es un
negocio que en la actualidad está escasamente controlado, por eso se considera que esta convención marca un antes y un después.
La responsabilidad para que sea efectivo no cae solo del lado de los exportadores de armas, sino también de los comprados para prevenir que se desvíen al mercado ilegal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Utilizar todos los aspectos de las relaciones bilaterales para fomentar que gobiernos de terceros países que aún no hayan firmado o ratificado o no se hayan adherido al TCA lo hagan y apliquen sus disposiciones.
2. Impulsar, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, la universalización del TCA y promover que el fin y el objeto del Tratado influya en los embargos de armas que imponga la ONU.
3. Continuar haciendo aportaciones al Fondo de la ONU para cooperación en materia de regulación del control de armas convencionales (UNSCAR).
4. Proporcionar recursos humanos, técnicos económicos y materiales a otros países, para elaborar sus sistemas nacionales de control de armas y apoyarles para que puedan firmar, ratificar o adherirse y aplicar de forma eficaz las
disposiciones del TCA.
5. Aplicar de forma estricta las disposiciones de derechos humanos del TCA, garantizando una evaluación, caso a caso, de las implicaciones en materia de derechos humanos de toda transferencia de
armas que analice la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso (JIMDDU).
6. Mejorar los informes sobre exportaciones de armas españolas remitidos al Congreso de los Diputados para permitir conocer quiénes son los usuarios de las armas españolas exportadas y qué medidas se adoptan para mitigar el riesgo de su uso
indebido para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2015.Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Economía y Competitividad
161/003592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para apoyar la declaración de las
Naciones Unidas de 2015 como Año Internacional de la Luz y las Tecnologías basadas en la Luz, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 20 de diciembre de 2013 una Resolución para declarar 2015 como Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz.
Con esta declaración, la Organización de Naciones Unidas pretende que la sociedad conozca la importancia que la ciencia y las tecnologías de la luz tienen para el desarrollo de la vida y del bienestar humano y la promoción del desarrollo
sostenible, así como fomentar la cultura científica de la sociedad, y estimular las vocaciones de la juventud hacia carreras científicas y tecnológicas.
En particular, la tecnología relacionada con la luz tiene aplicaciones y contribuye a avances notables en ámbitos tan relevantes como las comunicaciones, la medicina, la energía sostenible, la agricultura, la información y otros sectores
industriales y de servicios que contribuyen al desarrollo humano. Asimismo, la investigación en el campo de la luz contribuye una mayor eficiencia energética, lo que redunda en la preservación de los recursos escasos del planeta.
La elección del año 2015 no es casual, ya que se quiere dar notoriedad a una serie de hitos importantes en el estudio de la luz y de las ondas electromagnéticas. El año que viene se cumple el milésimo aniversario de las investigaciones
sobre óptica de lbn Al-Haytham, doscientos años de la teoría ondulatoria de la luz, propuesta por Agustín Fresnel, ciento cincuenta años de la formulación de la propagación electromagnética de la luz por James Clark Maxwell, ciento diez años de la
teoría del efecto fotoeléctrico de Albert Einstein, y el centésimo aniversario del año en que el mismo científico incorporó la luz al estudio de la cosmología en la teoría de la relatividad general; por último, se cumple el quincuagésimo
aniversario del descubrimiento del fondo de microondas en el universo, realizado por Arno Penzias y Robert Wilson y las investigaciones de Charles Kao considerado el padre de la fibra óptica.
Con esta Proposición no de Ley se pretende la designación de este evento como acontecimiento de interés público, al efecto de promover en España el interés social sobre la ciencia de la luz y las tecnologías asociadas.
El Comité Español para el Año Internacional de la Luz pretende llevar a cabo en España multitud de actividades relacionadas con este evento internacional. Como ya se ha observado, las tecnologías basadas en la luz tienen suma importancia en
numerosos ámbitos de la vida diaria, desde las comunicaciones, la salud, el arte y los procesos industriales, hasta la producción de energía. Por ello, el Comité Español incluye a sociedades e instituciones científicas, a centros tecnológicos
(incluidos los dos centros de la red europea de láseres), y a plataformas industriales. Se pretende que las actividades del Año Internacional de la Luz puedan beneficiarse de una importante colaboración entre el ámbito académico, el sector
tecnológico y el entorno industrial.
Así, el Comité Español para el Año Internacional de la Luz tiene los siguientes objetivos:
Promover en España el conocimiento social y la divulgación de la ciencia y tecnología de la luz entre el público.
Mejorar la enseñanza y la comunicación de la ciencia de la luz y de las tecnologías asociadas.
Impulsar la investigación en la ciencia y las tecnologías de la luz en España.
Promover las aplicaciones que el sector de la luz tiene en distintas áreas (salud, energía, medio ambiente, procesos industriales) en la sociedad.
Aumentar la cooperación entre el sector público y el privado en el ámbito de la ciencia y tecnología de la luz.
Mejorar la transferencia de tecnología y la inversión privada en el sector de la tecnología de la luz y facilitar la difusión de las investigaciones en este sector, para contribuir al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.
En este sentido, el Gobierno ha puesto en marcha iniciativas para impulsar la inversión en por ejemplo los incentivos a la reinversión de beneficios y a la innovación y los incentivos fiscales a los business angels: para favorecer la
inversión directa de particulares en proyectos empresariales. Asimismo, el Gobierno hace hincapié en el fomento de la colaboración público-privada como una vía para lograr mayor eficiencia en la gestión de recursos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a designar el Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz, 2015, como acontecimiento de interés público y a apoyar la labor del Comité Español para el Año Internacional de
la Luz.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2015.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/003618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para
su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, relativa a la mejora de la atención de la Administración de Hacienda a los ciudadanos.
Exposición de motivos
La Agencia Tributaria dispone en la actualidad de varios servicios de atención telefónica a los contribuyentes, empresas y asesores fiscales, a través de líneas telefónicas 901. Las llamadas a números 901 tienen coste compartido, de forma
que cualquier contribuyente, empresa o asesoría fiscal, han de abonar un precio encubierto por el simple hecho de realizar solicitar una información tributaria básica, realizar una consulta tributaria, solicitar asistencia a la hora de cubrir
formularios telemáticos tributarios, pedir certificaciones tributarias, iniciar la tramitación de impuestos que pueden ser previamente confeccionados por la Agencia (como el IRPF), o incluso solicitar una cita previa.
La propia sede electrónica de la Agencia Tributaria informa de los diversos números de atención telefónica en función de las gestiones a realizar, sin que exista ningún teléfono gratuito disponible ni siquiera para realizar una consulta de
trámite o simplemente informarse del horario de atención directa al público.
De forma paralela, los recortes aplicados de forma indiscriminada al funcionamiento del sector público han provocado que el incremento de la carga de trabajo de la AEAT no haya sido respondido con un mayor incremento de las plantillas de
personal, sobre todo en lo que se refiere a la atención al público y gestión tributaria. Al contrario se ha optado por avanzar hacia una telematización e informatización de muchos procesos, a través de empresas privadas, que también requieren de
una atención al usuario que, además de tener que asumir parte del coste si precisan de asistencia telefónica, se realiza de forma centralizada, sin que haya contacto directo con las delegaciones y administraciones tributarias que gestionan los
expedientes, que son responsables inmediatas de su tramitación y resolución.
Desde el punto de vista de los profesionales que asesoran a muchos contribuyentes y empresas en materia fiscal, la asistencia y relación también se ha ido devaluando, debido a los cambios impuestos por la dirección de la AEAT en la
organización y gestión de procesos, existiendo sobre todo limitaciones a la hora de la realización de consultas directas en las administraciones de la AEAT y derivando la asistencia a través de atención telefónica (de coste compartido) o a la
petición de cita previa. Con ello se ha producido una considerable disminución en la calidad del servicio, aunque sufrido directamente por los profesionales tributarios, repercute indirectamente en los contribuyentes.
La Agencia Tributaria desempeña una función pública esencial, como es la aplicación del sistema tributario. A pesar de ello, sobre todo en la faceta de gestión tributaria, se ha ido acometiendo una privatización parcial de gestiones y
procesos, al tiempo que se ha impuesto una reducción de gastos para la dotación de personal propio, que mejorase la atención, asistencia y refuerzo de la gestión tributaria. Únicamente, y de forma reciente, se ha iniciado la posibilidad de ampliar
plantillas de personal en ámbitos de inspección y control del fraude, que no se extiende en la misma intensidad a la gestión tributaria. Esta dinámica perjudica sobre todo a contribuyentes individuales o autónomos, así como pequeñas y medianas
empresas.
En base a la aplicación de los principios de gestión pública directa de un servicio esencial como es la administración y gestión del sistema fiscal, debe revisarse a fondo la estrategia de privatización y externalización de servicios
emprendida por la administración tributaria, empezando por revertir la injusticia que supone trasladar a los usuarios un gasto por ser atendidos telefónicamente por la administración tributaria, que debería ser en todo caso gratuito.
Por todo ello, formulamos la presente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Implantar servicios de atención telefónica gratuita para la asistencia de contribuyentes, empresas y asesorías fiscales en la Agencia Tributaria.
Instar a la Agencia Tributaria a considerar la atención presencial y directa de los contribuyentes como preferente, habilitando los medios necesarios para garantizarla sin restricciones, condicionantes u obstáculos que dificulten la
asistencia directa de los contribuyentes.
Impulsar una política de refuerzo personal en los servicios de gestión de la Agencia Tributaria para asegurar una dotación suficiente en todas las unidades tramitadoras que permitan la atención directa a los contribuyentes y asesorías
fiscales.
Revertir el proceso de privatización y externalización de procesos y gestiones por parte de la Agencia Tributaria, retomando la gestión pública directa el ámbito de la gestión tributaria y la atención y asistencia a los contribuyentes.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2015.M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.Rosana Pérez Fernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/003593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a la nueva regulación sobre pesas y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías por carretera que el Gobierno está elaborando y a las consecuencias que se derivarían de la misma, para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En mayo de 2014 el Ministerio de Fomento remitió a las asociaciones de transportistas su propuesta de modificación de la regulación sobre los pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías por carretera, la cual levantó
gran polémica y provocó el rechazo de todo el sector.
Además de otros cambios, la nueva norma pretendería la circulación de megacamiones de 60 toneladas de MMA y 25,25 metros de longitud, previa autorización de la Dirección General de Tráfico, preferentemente por autopistas y autovías y con la
exclusión del transporte de mercancías peligrosas. También abriría la posibilidad a un aumento de la altura máxima permitida hasta los 4,50 metros a cualquier camión rígido de más de 18 toneladas de MMA, así como a vehículos articulados.
Los cambios previstos requerirían previamente una modificación del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, que la Dirección General de Tráfico propuso a finales de 2014, informando al
Comité Nacional de Transportes de las modificaciones previstas y solicitándole que, en un plazo de diez días, emitiese su valoración sobre las mismas.
El Comité Nacional de Transportes fue rotundo al respecto y criticó tanto el plazo dado para evaluar los cambios como las propias modificaciones contempladas y los estudios que avalaban su viabilidad.
En el comunicado que hizo público, el Comité afirmaba que la propuesta carecía de rigor técnico y de seguridad jurídica y la tachaba de imprecisa e interpretable. Además, alertaba del riesgo de reducción de la flota de transporte actual en
más de un 15 % ya que la demanda sería asumida por menos vehículos y, por tanto, de la negativa repercusión económica que estos cambios tendrían sobre las empresas de transporte, sobre todo en las medianas y pequeñas. Otra de las razones de su
rechazo se argumentaba en la pérdida de rentabilidad, absolutamente ya inasumible a día de hoy, para los transportistas, ya que un incremento de la capacidad de carga de los camiones provocaría un aumento de la oferta en un sector cuya competencia
es enorme y, por tanto, una mayor caída de los precios.
A pesar de todo esto, la Dirección General de Tráfico considera que la modificación se justifica por los avances técnicos en el diseño de los vehículos, por la mejora de las infraestructuras viarias en España y por el fomento de la
competitividad que supondría.
Así las cosas, las posiciones están más enfrentadas que nunca y el sector del transporte de mercancías teme por su futuro y por los miles de puestos de trabajo que, de aprobarse, la nueva norma pondría en juego. De nuevo, el Gobierno, muy
lejos de dialogar y de intentar acercar posturas, trata de imponer su criterio sin contar con el sector. Un sector que supone el 5,5 % del PIB estatal, que emplea a 850.000 personas y que desde 2007 ha perdido más de 30.000 empresas.
En territorios como el gallego, por ejemplo, donde el sector del transporte de mercancías por carretera representa el 4 % del PIB de Galiza y dio ocupación directa a más de 29.000 personas en 2014, se ha pasado desde 2007 de 9.000 empresas
registradas a apenas 7.000 y se han perdido más de 8.000 puestos de trabajo. Muchas de las que se mantienen sobreviven totalmente descapitalizadas o endeudadas, teniendo en muchos casos que trabajar por debajo de los costes de explotación,
soportando el precio del combustible más caro del Estado español, además de unos peajes de autopista también entre los más altos. Esta situación hace que gran parte de los vehículos pesados huyan de las autopistas hacia las carreteras
convencionales y el impacto en la seguridad viaria sea negativo.
Por otro lado, las asociaciones más representativas del sector también consideran que el aumento previsto en la capacidades de carga, la modificación de los pesos y dimensiones, traería inconvenientes precisamente en materia de seguridad
vial, gálibo y deterioro de las infraestructuras.
Y, por último, tal y como reclama el sector desde hace años, tampoco existe una normativa europea que regule, de manera homogénea y coherente, los pesos y dimensiones de los vehículos.
Proposición no de Ley
«Por todo lo expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Paralizar la nueva regulación sobre pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías por carretera.
Llegar a un acuerdo con el sector para tratar de consensuar la nueva normativa y evitar los graves problemas que generaría su aplicación.
Promover ante las instituciones europeas una normativa europea que regule, de manera homogénea y coherente, los pesos y dimensiones de los vehículos de mercancías por carretera.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2015.Rosana Pérez Fernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputadas doña Olaia Fernández Davila (BNG) y doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a la necesidad de suprimir el costosísimo peaje de la AP-9 en el tramo comprendido entre Vigo y Redondela, que perjudica a los habitantes de la zona y al sector transportista que opera en el puerto de Vigo.
Para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El BNG lleva años denunciando los costosísimos peajes de la AP-9, demandando un programa de descuentos similar al existente en otras autopistas del Estado, una mejora de la atención y de los servicios de una infraestructura viaria muy cara,
la finalización de su explotación privada, el traspaso de su gestión a la Xunta de Galicia y su conversión en una vía gratuita. Demandas todas ellas compartidas mayoritariamente por los gallegos y gallegas pero que nunca han sido objeto de interés
o preocupación por parte del Ministerio de Fomento.
Sin embargo, ante la indiferencia de Fomento, es nuestra obligación continuar atendiendo las solicitudes de los ciudadanos gallegos, así como de colectivos profesionales, en este caso el sector del transporte, y trasladárselas al Ministerio
con el propósito de que las tenga en cuenta. En este sentido, sería deseable que el Ministerio accediese a las peticiones de los ciudadanos y del sector del transporte, a los que debe servir, en lugar de priorizar únicamente a los intereses de
grandes corporaciones que logran suculentos beneficios por la explotación de la AP-9.
En este caso queremos referirnos a una cuestión muy concreta de la autopista y que creemos que podría ser satisfecha: la supresión del peaje que se cobra por circular por un pequeño y anecdótico tramo comprendido entre Vigo y Redondela,
apenas cuatro kilómetros, pero por el que usuarios y camioneros deben abonar casi un euro: 0,90 euros.
Para evitar dicho peaje los conductores están obligados a hacer una amplia excursión que les lleva a atravesar Chapela por calles y carreteras perdiendo más de media hora en el tránsito.
Los vecinos de Redondela llevan tiempo demandando la eliminación del peaje, algo que ya se hizo en O Morrazo. Se han ganado a pulso que Fomento satisfaga esta demanda porque es hora de que sean compensados por el destrozo causado por las
distintas infraestructuras viarias a su paso por Redondela, especialmente por la AP-9. Una situación que puede empeorar todavía más con la ampliación de la autopista en el puente de Rande,
Los transportistas que trabajan en el puerto de Vigo son uno de los sectores profesionales más afectados por este costosísimo peaje. Actualmente están obligados a utilizar la AP-9 para realizar transportes internos entre instalaciones del
propio puerto vigués.
Debe tenerse presente que los transportistas cuya actividad se desenvuelve en el puerto se han visto afectados por la reordenación del área dedicada al transporte de contenedores y que limitó las plazas de
estacionamiento de las plataformas necesarias para sus servicios. Después de la reordenación que redujo las plazas en el muelle de Guíxar en un 80 %, deben estacionar en la denominada explanada de Rande para almacenar los contenedores,
estando obligados a usar la AP-9 desde el puerto a la salida de Redondela, dado que la circulación por carretera está prohibida por tratase de tramos urbanos por donde no pueden circular los vehículos pesados. Una circunstancia que ha provocado un
incremento de los costes por el pago de peajes y que unido a los elevados precios de los combustibles les sitúa en una situación económica complicada
En julio del año pasado, las asociaciones de transportistas afectados, como la Asociación de Transportistas de Contenedores (ATC), la Federación de Usuarios (FUPV), la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías (Apetamcor) y la
Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Transportes Discrecionales de Mercancías (Fenadismer) trasladaban una solicitud a Puertos del Estado para que fuesen eximidos de tener que pagar el peaje en el trayecto entre Vigo y Redondela.
Explican que no pueden repercutir el coste de los peajes a sus clientes porque supondría una pérdida de competitividad del puerto, por lo que el sector sale perdiendo.
El Ministerio de Fomento debe ser consciente de que es la única vía que puede utilizar el sector para llevar a cabo su actividad profesional y económica. Resulta muy gravoso que tengan que pagar peaje por realizar transportes internos entre
las propias instalaciones del puerto de Vigo.
Otra cuestión que también debería ser objeto de preocupación por parte del Ministerio es el estado muy deficiente de los accesos a los estacionamientos de Rande, que exige a los transportistas la realización de numerosas maniobras lo que
provoca retenciones de tráfico en la N-552 y problemas de seguridad vial.
Asimismo, Fomento no puede hacer oídos sordos a este problema. Sería muy positivo que procediese a la mejora de los accesos para el estacionamiento de los contenedores del puerto.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
Realizar las gestiones pertinentes para proceder a la eliminación del peaje en el pequeño tramo comprendido entre Vigo y Redondela, que perjudica a la actividad económica del sector del transporte de contenedores y mercancías que opera en
el puerto de Vigo, así como a los habitantes de Redondela.
Mejorar los deficientes accesos a los estacionamientos de Rande que complica enormemente las maniobras de los transportistas del Puerto de Vigo y causa retenciones de tráfico en la N-552.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2015.M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.Rosana Pérez Fernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la construcción de una pasarela por encima de la CN-340 en la localidad de Cocentaina, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El trazado que recorría el antiguo ferrocarril Alcoi-Gandía, en adelante AG, supone una vía de comunicación vertebradora de la Comunidad Valenciana que une las comarcas de La Safor, El Comtat i LAlcoià.
Con la pretensión de recuperar este patrimonio civil e impulsar el turismo de interior de las poblaciones por las que atravesaba el tren, en el año 2005 se realizó un anteproyecto de conversión de este trazado en vía verde. Entre otras
actuaciones que no llegaron a ejecutarse, se contemplaba a su paso por la localidad de Cocentaina, la construcción de una pasarela para salvar el paso por encima de la CN-340, entre el pk 137,5 y el pk 141,7. Una pasarela que se hizo imprescindible
con la construcción de la
circunvalación de Alcoi que corta la vía de paso AG, el único camino peatonal existente que une Cocentaina con Alcoi y que se utiliza como vía alternativa al coche.
Con la entrada en funcionamiento de la autovía central, en el año 2011, el tráfico de vehículos que transitan por el punto kilométrico en cuestión ha ido aumentando, generando un gran impacto, multitud de quejas por el corte de esta Vía
Verde cada vez más transitada, y un grave peligro para los viandantes y ciclistas que atraviesan la carretera.
No podemos obviar que la vía verde AG constituye un itinerario de gran valor medioambiental y económico para la zona, que incorpora valor añadido a todos los municipios que atraviesa, que potencia el turismo rural, de interior y los
intercambios y ofertas conjuntas con el turismo costero, contribuyendo así a la generación de empleo y al desarrollo sostenible.
Así pues, es preciso dar una solución al problema planteado para permitir el tránsito por la vía verde con total seguridad y así corregir el desafortunado error de proyectar una variante ignorando su impacto sobre una vía de gran valor para
la zona.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se adopten las medidas necesarias para llevar a cabo la construcción de una pasarela en las coordenadas UTM30 ETRS89 X722096Y4289323 que evite poner en peligro la vida de las personas
que transitan por la zona.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2015.Patricia Blanquer Alcaraz y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003617
A la Mesa de la Comisión de Fomento
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al cumplimiento del Convenio de Colaboración entre
el Administrador de Infraestructuras y el Consorcio de Transportes de Bizkaia para la realización de las obras de ejecución del proyecto del intercambiador de Urbinaga en el término municipal de Sestao, firmado el 19 de mayo de 2011, para su debate
en Comisión.
Exposición de motivos
Con fecha de 19 de mayo de 2011, se formalizó la firma de un Convenio de Colaboración entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) para la «realización de las obras de
ejecución del Intercambiador de Urbinaga, en el término municipal de Sestao».
El objeto del Convenio era «establecer los mecanismos de cooperación entre ambos entes públicos para la ejecución del intercambiador de Urbinaga-Sestao junto a la actual estación de Metro-Bilbao, regulando la contratación, ejecución y
financiación de las obras correspondientes al mismo y de las asistencias técnicas precisas para la correcta dirección y control de las obras, incluyendo la coordinación en materia de seguridad y salud laboral y control medioambiental y de calidad».
Por su parte, los objetivos perseguidos con la actuación eran los siguientes:
«Fomentar el uso del transporte público consiguiendo la intermodalidad de los servicios de metro y tranvía con el servicio de Cercanías (línea C1 y C2).
Integrar el sistema ferroviario (metropolitano y cercanías) en el entorno urbano y mejora de la accesibilidad al intercambiada.»
De hecho, los proyectos se encuentran elaborados desde el año 2010, previéndose una inversión total de 9.728.493,62 euros más IVA.
Igualmente, el Convenio determina que la Dirección de obra le corresponderá a ADIF y será financiada al 50 % por cada uno de los entes firmantes del convenio, siendo el CTB quién se encargue de la licitación y la ejecución de las obras.
En este sentido el Convenio establece que en una primera fase se licitarán y ejecutarán el «Proyecto de vías y electrificación» y el «Proyecto de seguridad y comunicaciones», estando prevista la licitación de las obras de esta primera fase
en el mes de marzo de 2011.
La segunda fase, por su parte, corresponderá al «Proyecto de construcción del intercambiador de Urbinaga».
Sin embargo, y transcurridos más de cuatro años desde su formalización, Adif ha incumplido reiteradamente los compromisos adquiridos, al no proceder a dotar presupuestariamente en ninguno de los ejercicios las cantidades precisas para dar
cumplimiento al Convenio, impidiendo de esta manera la licitación y el inicio de las obras.
No ha ocurrido lo mismo con el CTB, que ha procedido, todos y cada uno de los ejercicios (también en el 2015) a consignar en sus presupuestos anuales las cantidades necesarias y suficientes para hacer realidad este proyecto, recogiéndolo
además en su plan de inversiones.
A este grave incumplimiento hay que sumar la denunciable actitud de Adif, que ha hecho caso omiso de las reiteradas solicitudes remitidas desde el CTB, al objeto de concertar un encuentro que permitiera conocer la disposición del ente
estatal para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. La última el 9 de marzo del presente año.
A esto cabe añadir que el propio convenio prevé la creación de una comisión de seguimiento, que debiera de haberse reunido con una «periodicidad al menos semestral», estipulación que también ha sido incumplida por Adif.
A fecha de hoy, no se han contestado a ninguna de las peticiones cursadas por el CTB para la celebración de una reunión que consideramos urgente, ni les ha sido facilitada información alguna sobre si existe intención por parte de ADIF de
aportar el 50 % del presupuesto que se comprometieron a dotar y sin el cual, no es posible comenzar el proyecto.
Por todo lo anterior,
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar sin más demora la partida presupuestaria necesaria y suficiente en el Presupuesto de Adif, prevista en el Convenio de Convenio de colaboración entre el Administrador de Infraestructuras y el Consorcio de Transportes de Bizkaia para
la realización de las obras de ejecución del proyecto del intercambiador de Urbinaga, en el término municipal de Sestao, firmado el 19 de mayo de 2011.
2. Dar cumplimiento íntegro y sin más demora a los términos y condiciones reguladoras del referido Convenio.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2015.Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario (EAJ-PNV).
161/003624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la utilización de materiales
reciclados en la construcción y conservación de carreteras, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El reciclaje de materiales es un importante instrumento para favorecer una economía más sostenible, ya que en muchos casos abarata procesos productivos mediante la valorización de residuos, y casi siempre permite reducir el impacto
medioambiental de la actividad económica. En particular, por los enormes volúmenes de materiales empleados, la construcción de grandes infraestructuras es una
actividad humana de elevado impacto ambiental y por tanto es de especial interés fomentar su sostenibilidad mediante la introducción del reciclaje.
En la construcción de carreteras se utiliza lo que se denomina mezcla bituminosa, de la que se distinguen dos partes fundamentales que se complementan: el árido y el ligante, cuyo resultado es lo que se conoce como pavimento, que es apto
para la circulación de vehículos.
El árido está formado por todas aquellas partículas que constituyen el esqueleto estructural de la mezcla. Su origen es mineral (caliza), y habitualmente es de primera extracción, confiriendo unas características muy concretas al pavimento.
Según diversos estudios de tendencias, de seguir en los niveles de explotación que hay actualmente, podría producirse el agotamiento de las canteras de árido de cierta calidad. De hecho, un factor importante a tener en cuenta en las actuales obras
son los costes de transporte de áridos desde la cantera hasta el lugar donde se lleva a cabo la obra.
Por otra parte, el ligante, cuya principal misión es proporcionar cohesión al árido, procede principalmente del betún, fracción residual del cracking del petróleo, aunque en algunas ocasiones se han utilizado otros productos derivados del
petróleo.
Desde hace años se viene realizando estudios y experimentos para obtener nuevas mezclas bituminosas a partir de materiales reciclados. En el caso de los áridos, se han empleado materiales tales como zeolitas, determinados residuos cerámicos
procedentes de la industria azulejera, escoria de acería, vidrios, neumáticos reciclados, etc., que han mostrado unos resultados satisfactorios.
Para la otra parte de la mezcla, el ligante, también se está empleando sustitutos como son los plastómeros y elastómeros, que producen grandes mejoras respecto de la mezcla habitual, ya que reducen la susceptibilidad a altas temperaturas,
previenen de la deformaciones permantentes y reducen la rigidez a bajas temperaturas. Los principales materiales reciclados con los que se han experimentado para el ligante son, entre otros, el polvo de neumático usado y los plásticos de desecho.
La construcción y rehabilitación de tramos de carretera a partir del uso de materiales reciclados tiene importantes ventajas, no solo para el medio ambiente, sino también para los conductores.
Por otro lado, se ha puesto de manifiesto en las diversas pruebas piloto llevadas a cabo que este tipo de materiales proporcionan una disminución de los costes de ejecución, y en algunos casos ofrecen una mayor resistencia en las carreteras
que los materiales convencionales.
En el año 2001, el Ministerio de Fomento dictó la Orden Circular 8/2001 sobre reciclado de firmes, que incluye instrucciones para que los estudios, trabajos y obras de construcción tuvieran en cuenta la consideración de ciertas técnicas para
tratar pavimentos in situ, así como la utilización de materiales reciclables en la fabricación del material asfáltico, un primer paso para favorecer la reutilización en este ámbito productivo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, actualizar y continuar la inclusión en los pliegos de prescripciones técnicas particulares, de instrucciones y directrices para el empleo de nuevos materiales reciclados, así como
de nuevas técnicas en la fabricación de pavimentos asfálticos, tanto para obras de conservación, mantenimiento y explotación, como en los proyectos constructivos de las nuevas infraestructuras viarias.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2015.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/003596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para mejorar las
penosas condiciones de trabajo de los buzos profesionales, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
El buceo profesional es una actividad laboral peligrosa y esto es así no solo por lo que indique el sentido común, sino porque así está recogido en la legislación laboral española.
Los buzos profesionales se enfrentan a múltiples riesgos mientras desempeñan su labor, algunos de ellos comunes al resto de trabajadores de la industria, la construcción o de la mar: golpes, cortes, quemaduras, atrapamientos, manejo de
cargas, los derivados del uso de aparatos a presión o de trabajar en una embarcación. Pero además se ven obligados a hacer frente a otros riesgos específicos de su actividad y que tienen su origen en el medio subacuático e hiperbárico en el que se
desarrollan este tipo de trabajos. Mientras que todas las actividades del ser humano, incluidas las laborales, se realizan en un medio aéreo, el trabajo de los buceadores profesionales tiene lugar en el medio acuático, con el consiguiente aumento
de la densidad, exposición a condiciones termohigrométricas desfavorables (frío y humedad) y, sobre todo, exposición a cambios de presión.
Este agente físico, la presión, es el responsable de los riesgos de barotrauma (de oído, de senos paranasales, pulmonar...), de hipoacusia, de enfermedad descompresiva (que en sus formas agudas causa los accidentes de descomprensión, en
algunos casos mortales, y en sus formas crónicas es responsable de lesiones pulmonares, osteonecrosis disbárica, alteraciones neurológicas...), de intoxicaciones por gases presentes en el aire al ser respirados a presiones parciales superiores a la
atmosférica (hipercapnia, narcosis nitrogenada, hiperoxia, intoxicación por monóxido de carbono...). Todo un catálogo de riesgos y patologías específicas, graves o mortales y muy desconocidas incluso entre los profesionales de la medicina del
trabajo y de los servicios de prevención.
Aunque no se dispone de un censo riguroso de buceadores profesionales se calcula que puede haber unos 500, trabajan en diversos sectores, pero la mayor parte del colectivo se agrupa en empresas de acuicultura marina y en empresas de buceo
profesional. Estas últimas actúan como subcontratas en múltiples actividades, desde mantenimiento de instalaciones hidráulicas y energéticas, a la construcción y mantenimiento de infraestructuras marinas o a trabajos en sectores industriales como
el naval.
También resulta imposible determinar el número de accidentes exacto en el colectivo utilizando las estadísticas de accidentes de trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social debido a varios factores, como por ejemplo que las empresas
de buceo están adscritas a diferentes CNAEs, además de no poder establecer una relación directa a través de la forma en la que se ha producido el accidente. Por este motivo no nos queda más remedio que acudir a estimaciones y registros de agentes
sociales del sector.
En el estudio «Análisis de las demandas físicas y psíquicas en el puesto de trabajo de buceador acuicultor de 1.ª y 2.ª y su repercusión en la salud y capacidades de dichos trabajadores del sector de la acuicultura», financiado por la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y elaborado por la Asociación Empresarial de Cultivos Marinos (APROMAR), CC.OO. y UGT, se decía lo siguiente:
«En el periodo 1989-2012 han fallecido en nuestro país 32 buceadores profesionales (incluidos todos los sectores), y en la última década se ha triplicado la cifra de fallecimientos con respecto a la anterior, y son incontables las
incapacidades otorgadas para ejercer la profesión derivadas de lesiones por accidente de trabajo y enfermedad profesional. El 76 % de los accidentes mortales se han producido entre los buceadores profesionales industriales y un 24 % entre los buzos
del sector de la acuicultura.»
Tal cantidad de accidentes mortales en una población laboral tan escasa supone unos índices de incidencia brutales, probablemente de los más altos entre las diferentes actividades profesionales. A esto habría que añadir que los efectos de
la crisis económica también se están haciendo sentir en las condiciones de trabajo en el sector, aumentando la precariedad y en definitiva los riesgos. Buena prueba de ello son cifras como los seis accidentes mortales acaecidos en 2011 o los cuatro
computados en 2014, que podrían llegar a ser cinco si se tuviera en cuenta al buceador español fallecido en Italia durante las labores de reflotamiento del buque Costa Concordia.
Pero si los datos de siniestralidad en un colectivo tan pequeño son alarmantes, los de enfermedades ocasionadas por el buceo no lo son menos. En el estudio citado se calcula que la tasa media de incidencia anual alcanza las 1.287,1 EEPP por
cada 100.000 buzos que estuvieran ocupados en el sector de la acuicultura, mientras que para el resto de la población activa, la tasa media de EEPP/año se sitúa en torno a 98,48 EEPP por cada 100.000 trabajadores ocupados. Esto supone que un
buceador profesional que trabaje en una piscifactoría se enfrenta a un riesgo relativo de 13,07 veces más probabilidad de padecer
una enfermedad profesional causada por la presión que cualquier otra enfermedad profesional para cualquier otro puesto de trabajo y sector. Un dato de estas dimensiones debería ser suficiente para que las autoridades laborales reconocieran
el grado de penosidad y peligrosidad de las actividades laborales subacuáticas y la necesidad de adoptar medidas para evitar su impacto en la salud de estos trabajadores.
Otro dato revelador del impacto de las enfermedades profesionales causadas por la presión es la duración media de las bajas. En los últimos años la duración media ha excedido de largo el centenar de días al año (182 en 2011, 174,75 en 2012
y 239,22 en 2013). Esta duración tan prolongada de las bajas indica que cuando se produce el reconocimiento de la enfermedad profesional, la salud del buzo está tan deteriorada que necesita un periodo muy largo para recuperar la salud o
directamente conduzca a una declaración de incapacidad. O lo que es lo mismo, es la prueba del fracaso de la prevención en el sector del buceo profesional. Los facultativos especializados en medicina hiperbárica y subacuática que atienden a los
buceadores profesionales en nuestro país y les realizan los obligatorios reconocimientos médicos anuales, mayoritariamente adscritos a los servicios del Instituto Social de la Marina, alertan del altísimos porcentajes de buzos profesionales
relativamente jóvenes y con patologías crónicas (osteonecrosis disbáricas, alteraciones del oído, edemas crónicos de senos...) que dificultan su actividad laboral y que terminan en declaraciones de incapacidad.
Todos estos datos vienen a poner de manifiesto la dramática situación laboral que en España están viviendo estos profesionales.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para:
Realizar un censo riguroso de buceadores profesionales.
Encuadrar a todos los buzos profesionales en el Régimen Especial del Mar de la Seguridad Social o bien encuadrar a las empresas en un CNAE específico que permita identificar a estos trabajadores en las estadísticas y visibilizar su
situación.
Reconocer el grado de penosidad y peligrosidad de las actividades laborales subacuáticas y tratar de evitar su impacto en la salud de los trabajadores dedicados a las mismas, mejorando al tiempo las condiciones de trabajo del sector.
Actualizar la legislación en materia de seguridad e iniciar actuaciones orientadas a mejorar la prevención de riesgos laborales, en especial la Orden de 14 de octubre de 1997, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueban las normas de
seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas publicada en el BOE de 22 de noviembre de 1997.
Mejorar la formación de los Inspectores de Trabajo y los Técnicos de las Comunidades Autónomas en materias relacionadas con los riesgos específicos de las actividades subacuáticas, así como realizar campañas programadas de Inspección.
Poner en marcha acciones de formación preventiva en buceo para Inspectores de Trabajo.
Coordinar actuaciones con otros organismos de la administración implicados, como el Instituto Social de la Marina.
Mejorar la investigación de las causas de los accidentes sucedidos en el sector.
Establecer canales de información permanentes con los representantes sindicales para compartir información.
Posibilitar el traslado de la problemática de estos trabajadores al seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para que esta valorara la mejor manera de abordar cuestiones que pudieran estar relacionadas con la
prevención de riesgos en el buceo profesional.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2015.José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
implantación urgente del Programa Garantía+45, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El balance del mercado de trabajo desde que el Partido Popular asumió el Gobierno es desolador: se han perdido cerca de 600.000 puestos de trabajo, hay 170.000 parados más y la cifra de desempleo supera los 5,4 millones de personas, de las
cuales el 61 por ciento son personas paradas de larga duración. Además, un 3,8 millones de personas desempleadas no perciben prestación, un 70 por ciento del total.
A mayor abundamiento, asistimos a un incremento continuo del paro de larga duración y de reducción y agotamiento de la protección por desempleo. A finales de 2014, el número de personas paradas que llevaban más de dos años buscando empleo
ascendió a 2,4 millones, el 44 por ciento del total; más de un millón de esas personas son mayores de cuarenta años, la mayoría con cargas familiares. Este dato representa el gran drama social de nuestro país. Cada vez más personas se están
quedando atrapadas en la rueda del paro, sin prestaciones y sin una política activa decidida que los rescate de esta situación.
El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo continúa reduciéndose y acumula una caída superior a los 388.000 en el último año (12 %), situándose en torno a los 2,4 millones en enero de 2015. En esa fecha, la cobertura
descendió hasta el 56,5 por ciento, cinco puntos por debajo respecto al año anterior. El balance de la Legislatura es muy negativo, con 510.000 beneficiarios menos de prestaciones por desempleo, con una caída de 13 puntos en la tasa de cobertura, y
con una reducción en la cuantía media de la prestación contributiva de casi 100 euros, lo que convierte al desempleo en un puente hacia la pobreza.
Según el Informe «Prestaciones por Desempleo Evolución del Gasto en 2014», realizado por el Gabinete Económico de la Confederación Sindical de CC.OO. (septiembre 2014), en 2013, por primera vez, se invirtió el balance entre personas
perceptoras de prestaciones contributivas y de subsidios. De hecho, en agosto de 2014, solo el 43 por ciento de las personas beneficiarias lo eran de prestaciones contributivas, frente a un 57 por ciento de prestaciones asistenciales (subsidios y
renta activa de inserción). Un dato que pone de manifiesto el agotamiento de prestaciones para muchas personas.
Y para paliar una situación que el propio Gobierno ha provocado imponiendo reformas laborales y recortes de derechos unilateralmente, a finales de diciembre de 2014 aprobó el Programa Extraordinario de Actividad para el Empleo, una
iniciativa que llega con tres años de retraso y además es insuficiente.
Justo unos meses antes de las elecciones, el Gobierno se acuerda de que existe el diálogo social y aprueba un programa al que va a destinar alrededor de 800 millones de euros, cuando solo en el año 2014 se ha ahorrado en protección por
desempleo cerca de 5.200 millones de euros, el 17,4 por ciento de lo presupuestado.
Es más, en cuanto al número de personas beneficiarias de esta «ayuda de activación», asistimos a un baile de números entre el Sr. Rajoy y la Ministra de Empleo y Seguridad Social. Mientras aquel, en la conferencia de prensa seguida a la
firma del acuerdo de este Programa cifraba ese número en 450.000, poco más de un mes después el gabinete de la Ministra de Empleo y Seguridad Social reduce esa cifra a solamente 70.000 personas. Una cifra en cualquier caso muy reducida si la
comparamos con las 925.342 personas paradas que viven en hogares sin ingresos o en los que solamente hay una persona que trabaja y con una jornada inferior a veinte horas semanales. Si los relacionamos con las personas en desempleo sin protección,
es decir, aquellas que no perciben ninguna prestación y que alcanzan los 3.856.932, ese plan alcanza a solamente el 1,8 por ciento.
Con estos datos, no podemos considerar que el Gobierno haya realizado una política laboral eficaz. Ni tampoco ha fortalecido el sistema de protección por desempleo. Sus reformas laborales y su política de recortes nos han dejado una estela
de más paro y menos protección.
Es urgente que el Gobierno adopte un plan de choque dirigido a las personas desempleadas de larga duración amenazadas de pobreza y exclusión social. Es urgente que el Gobierno defina un programa específicamente dirigido a las personas
mayores de cuarenta años, en desempleo con más de dos años
de duración y, en su mayoría, con cargas familiares, sin olvidar a aquéllas personas que, en estas circunstancias, tienen 55 o más años y han sido arrojadas del mercado de trabajo, con graves dificultades de inserción y sin reunir los
requisitos para el acceso a la pensión de jubilación; requisitos que también se ha encargado de endurecer a lo largo de estos tres años de gobierno.
A través de esta iniciativa se insta al Gobierno a la elaboración de un Programa de garantía para estas personas desempleadas que debido a su edad encuentran una mayor dificultad en su reinserción laboral. Dotado con una financiación
suficiente para permitir rescatar de esta situación de angustia y desprotección a, al menos, 200.000 personas, mediante la creación de empleos directos, ofertados por las Administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro, dirigidos a la
realización de actividades de interés general. Desarrollo de una actividad que, a la par que permite la reincorporación en el mercado de trabajo de estas personas, también permite su recualificación, al compaginarse con acciones de mejora de su
empleabilidad, Y que debe contar con ofertas de empleo adecuadas a su perfil profesional y las necesidades del mercado de trabajo y de los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas implantadas en el territorio de actuación,
previo elaboración de un itinerario individual y personalizado y específico para conseguir su pronta vuelta al ámbito laboral.
Se trata de ofrecer a estas personas una oportunidad de escapar de la pobreza. Y se hace mediante su contratación, que a su vez les permitirá volver a obtener la protección del sistema de protección en su nivel asistencial. La
recualificación que acompaña a esta contratación separa este Programa de una mera intervención asistencialista, ya que apuesta por la reinserción de las personas desempleadas en el mercado de trabajo, devolviéndoles la dignidad como personas
trabajadoras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que urgentemente adopte medidas dirigidas a la inserción y la protección de las personas que no tienen empleo ni prestación, así como a poner en marcha el Programa Garantía+45, un programa
estatal para la creación de empleos directos para personas mayores de 45 años que lleven más de dos años desempleadas y hayan agotado la protección por desempleo, con actuaciones específicas para las personas mayores de 55 años que, habiendo agotado
la protección por desempleo, no cuenten con ninguna pensión o recurso público.
El Programa Garantía+45 tiene como finalidad la contratación de las personas desempleadas de larga duración a que se refiere el párrafo anterior, su recualificación profesional, mejorando su empleabilidad mediante acciones directas y
personalizadas y de apoyo en la búsqueda de empleo, y su reincorporación al circuito de protección por desempleo a través del subsidio.
A tal finalidad, dicho Programa contará con una financiación que permita la contratación de, al menos, 200.000 personas desempleadas que se encuentren en la situación referida. Podrán optar a dicha financiación las Administraciones públicas
y entidades sin ánimo de lucro que contraten temporalmente para la realización de actividades de interés general a dichas personas.
Los Servicios Públicos de Empleo evaluarán las competencias y necesidades de las personas desempleadas a que va dirigido el Programa+45, ajustando su perfil a los puestos de trabajo ofertados por las Administraciones públicas y entidades sin
ánimo de lucro.
Los contratos del Programa Garantía+45 tendrán una duración de seis meses, con una retribución equivalente al 100 por ciento del salario mínimo interprofesional. La jornada de trabajo no podrá tener una duración superior al 80 por ciento.
El tiempo de jornada restante se completará con las acciones derivadas del itinerario individual y personalizado de recualificación y de reinserción de la persona beneficiaria. Este itinerario será elaborado por los Servicios Públicos de Empleo que
adjudicarán un orientador u orientadora profesional para su realización, seguimiento y evaluación. En la elaboración y seguimiento de dicho itinerario, que incluirá un mínimo de dos entrevistas personalizadas y presenciales durante sus seis meses
de duración, se realizarán, al menos, las siguientes actuaciones:
Evaluación y diagnóstico individualizado del perfil de competencias profesionales, experiencia y expectativas laborales, así como habilidades, con especial atención al género y la edad.
Detección de necesidades de formación y su adecuación a las necesidades del mercado de trabajo y de los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas en el territorio de actuación.
Acompañamiento en la búsqueda activa de empleo, incluido el emprendimiento.
Puesta a disposición de ofertas de empleo adecuadas al perfil de la persona trabajadora.
Evaluación permanente de las actuaciones realizadas, con inclusión, si fuese necesario, de una redefinición de las mismas para ir ajustándolas a la mejora de la empleabilidad y alcanzar una mayor eficiencia en la reinserción de la persona
desempleada.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2015.Rafael Simancas Simancas, Diputado.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE), para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
El sábado 28 de febrero se publicó en el «BOE» el Real Decreto 124/2015, de 27 de febrero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del PIVE-7. Un programa de incentivos al vehículo eficiente que nace agotado ya que su
presupuesto está comprometido con las reservas realizadas bajo las condiciones del PIVE-6. Por este motivo, a pesar de que el PIVE-7 cuenta con una financiación inicial de 175 millones de euros, en el momento de la publicación del plan, y según
estimaciones realizadas por el sector, el 91 % de esta cantidad ya se encuentra comprometida. Así pues, de forma efectiva, este plan sólo contará con 15 millones de euros, lo que puede suponer que tenga un plazo de vida inferior a un mes.
Asimismo, en este nuevo plan se han incorporado como novedades exigencias, que a los socialistas nos parecen importantes, que deberían haberse incorporado en anteriores convocatorias para asegurar la efectiva retirada de vehículos en
circulación y evitar la posible compraventa ficticia de coches viejos para acogerse a las subvenciones públicas. Así pues, después de seis ediciones, se exige por primera vez que el vehículo achatarrado cuente con la Inspección Técnica de Vehículos
vigente a la fecha de entrada en vigor del programa y que el beneficiario haya sido titular del vehículo achatarrado durante los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda. Una novedad importante pero que sólo será exigida a un 9 %
de los beneficiarios del PIVE-7. Y si tenemos en cuenta el plan PIVE en su conjunto (las siete ediciones) sólo se habrá requerido comprobación de la retirada efectiva de vehículos a un exiguo 1,8 %.
El plan PIVE puede haber ayudado a reactivar las ventas del sector pero la planificación y la gestión del mismo ha sido improvisada y caótica.
Las convocatorias de los planes se han ido publicando bajo demanda del sector sin que se haya establecido unos objetivos previos, cuantificables y evaluables en el tiempo. De hecho, las convocatorias se han realizado en base a las
necesidades presupuestarias y no a unos objetivos en el corto y medio plazo.
La prórroga del PIVE-6 con la financiación del PIVE-7 ha contribuido a dar continuidad al programa pero ha generado incertidumbres e información engañosa para el consumidor. Además, desde hace algunos meses las ventas de automóviles están
comenzando a crecer de manera sostenida, pero dos tercios de los vehículos adquiridos en nuestro país son importados, siendo el crecimiento de las importaciones de vehículos un 19,4 % en 2014, lo que tiene su impacto negativo en la balanza
comercial.
Dada la corta vigencia que el nuevo plan tendrá, y después de varias ediciones, es conveniente evaluar los efectos que sobre el sector y la economía han tenido las importantes inyecciones de dinero público que se han destinado a estos
programas de incentivación de la compra de vehículos a lo largo de los últimos años, y verificar que se han producido efectos positivos sobre el empleo, el medio ambiente, la hacienda pública, la balanza comercial y, en definitiva, sobre la economía
en general.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un informe de evaluación coste-beneficio de las distintas ediciones del Programa PIVE que mida sus efectos sobre el empleo, el medio ambiente, la hacienda pública y la balanza
comercial, con el objeto de poder mejorar las políticas públicas que se adoptan para fortalecer el sector industrial en nuestro país.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2015.Patricia Blanquer Alcaraz, Diputada.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
Proyecto de Adecuación Ambiental de la playa de Bañugues, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La ensenada de Bañugues constituye un enclave natural cuya especial relevancia desde el punto de vista del patrimonio natural y cultural se pone de manifiesto por su inclusión en cuatro clases de Espacios Protegidos, como son el LIC y la
ZEPA de Cabo Busto-Luanco, el Paisaje Protegido del Cabo Peñas, el Punto de Interés Geológico de Bañugues y el Área Arqueológica de la Ensenada de Bañugues.
Este espacio singular está sometido a una utilización masiva y desordenada durante el periodo estival y en él confluyen diversas circunstancias que condicionan y limitan el libre disfrute y protección del dominio público marítimo terrestre y
su servidumbre de tránsito, tales como la presencia en su borde oeste de un conjunto de edificaciones, cierres de fincas y estructuras de protección que se sitúan en el mismo borde de la playa e impiden el acceso a la misma y el tránsito peatonal.
En el año 2004, el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias suscribieron un convenio de colaboración con la finalidad de llevar a cabo la gestión
integrada de las zonas costeras de Asturias en el marco del Plan de Ordenación del Litoral de Asturias y de la legislación de costas, como modelos de desarrollo sostenible del litoral. En desarrollo de este convenio se ejecutaron diversas
actuaciones en distintos puntos del litoral asturiano que constituyeron un ejemplo de colaboración y coordinación institucional.
Como una más de estas actuaciones, en el año 2009 el Principado de Asturias procedió a la expropiación de los terrenos necesarios para ejecutar íntegramente las previsiones del «Proyecto de Adecuación Ambiental en el entorno de la playa de
Bañugues» redactado por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2008 y los puso a disposición de la Administración del Estado, cumpliendo así los compromisos adquiridos conforme a los términos del Convenio y el ordenamiento jurídico vigente en el
Principado de Asturias en materia de gestión de los bienes demaniales, sin que hasta la fecha se hayan acometido las inversiones comprometidas a través del Ministerio de Medio Ambiente.
La completa ejecución de las obras de adecuación ambiental de la playa de Bañugues es condición necesaria no sólo para dar respuesta a la problemática generada por los accesos y aparcamientos ligados al uso y disfrute del arenal en periodos
estivales sino también para resolver y recuperar un espacio de alto valor natural y cultural profundamente alterado.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir con sus obligaciones con la protección del dominio público marítimo terrestre y con la salvaguarda de la integridad de la servidumbre de tránsito, y ejecutar en su totalidad las previsiones del Proyecto de Adecuación Ambiental
de la playa de Bañugues, dando así cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Principado de Asturias.
2. Abstenerse de promover modificaciones en dicho proyecto con la finalidad de eludir el ejercicio de sus responsabilidades e irrenunciables competencias.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2015. María Luisa Carcedo Roces, María Virtudes Monteserín Rodríguez y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/003597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a las obras que se están acometiendo en la playa de Cesantes en Redondela (Pontevedra), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El gobierno local del Ayuntamiento de Redondela está realizando unas obras en la playa de Cesantes que suponen un grave impacto medioambiental.
Unas obras que cuentan con fondos FEDER, y que conllevan el levantamiento de un muro de aproximadamente dos metros para separar la playa de la zona de tránsito, que está a un nivel más elevado.
Aunque las obras son necesarias por el deterioro del muro anterior, el modo en el que se están ejecutando es totalmente incorrecto desde la perspectiva medioambiental.
La actuación acometida no se ajusta al proyecto inicial que presentaron a los vecinos antes de iniciarse los trabajos. El material empleado no es el mismo, y para colmo de males, lo más grave es la falta de inclinación del muro.
A fin de que la playa no pierda arena sería necesario que esta construcción se hiciera en forma de escollera y no en vertical como se está haciendo, contrariamente a lo proyectado inicialmente, El muro construido es de aproximadamente 250
metros, y quedan pendientes para una segunda fase otros 1.500 metros.
Las autoridades municipales aseguran contar con la autorización de Costas (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), pero dada la información de la que disponemos no cuenta con el correspondiente Estudio Medioambiental, que
consideramos fundamental para unas obras de estas características.
En este sentido, tanto vecinos como mariscadoras han dado la voz de alarma. Además de la inevitable pérdida de arena que va a sufrir esta playa muy degradada actualmente, hay que sumar la afectación a una zona rica en marisqueo. Las
mariscadoras afirman que las crías de bivalvos no podrán sobrevivir. En conclusión, además del impacto medioambiental hay que añadir el impacto económico-social en relación a la actividad de un colectivo formado por aproximadamente 150
mariscadoras.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Paralizar las obras que se están ejecutando en la playa de Cesantes, en el Ayuntamiento de Redondela, que consisten en la construcción de un muro en vertical de aproximadamente dos metros, y
que causa un gran impacto medioambiental debido a la pérdida de arena y a la mortalidad de la cría de bivalvos sembrada en esta zona marisquera.
No realizar ninguna actuación en la playa de Cesantes (Redondela) sin contar previamente con el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2015.M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a garantizar la participación de las Comunidades Autónomas en programas de lucha contra el cambio
climático que persigan la reducción de emisiones en sectores difusos, como los planes de impulso al medio ambiente (PIMA), o los proyectos CLIMA.
Antecedentes
El Gobierno ha impulsado recientemente, como instrumentos de lucha contra el Cambio Climático y para reforzar el objetivo de avanzar en la protección del medio ambiente e impulsar la actividad económica, las iniciativas PIMA (Plan de Impulso
al Medio Ambiente) Aire, PIMA Sol, PIMA Tierra, y PIMA ADAPTA.
Concretamente, el Consejo de Ministros aprobó, el 2 de agosto de 2013, el Real Decreto 635/2013 por el que se desarrolla el PIMA Sol, lanzado conjuntamente entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Esta iniciativa se suma al PIMA Aire 3, aprobado en Consejo de Ministros el pasado febrero o al PIMA Aire 4, el pasado 28 de noviembre, por ejemplo, y al PIMA Tierra aprobado el 7 de marzo de 2014, a través del Real
Decreto 147/2014.
Éste último, el PIMA Tierra, regula la concesión directa de ayudas para la renovación de tractores agrícolas, promueve el desguace de tractores antiguos y su sustitución por otros nuevos, con mayor eficiencia energética y menores emisiones
contaminantes.
El Plan PIMA Aire por su parte, pretende reducir de forma significativa las emisiones de contaminantes atmosféricos y de CO2 mediante la renovación del parque de vehículos y su sustitución por modelos más eficientes y de menor impacto
ambiental. Supone ayudas directas para la adquisición de vehículos comerciales, motocicletas y ciclomotores eléctricos e híbridos y de bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico.
El Plan de Impulso al Medio Ambiente PIMA Sol es una iniciativa destinada a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector turístico español. En concreto, promueve la reducción de las emisiones directas de GEI
en las instalaciones hoteleras conseguida mediante la rehabilitación energética de éstas.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), comprará las reducciones de emisiones directas de gases de efecto invernadero que se produzcan en los hoteles mediante los proyectos de renovación. El Plan pretende,
según el Gobierno, ser un impulso para la renovación de las infraestructuras hoteleras, contando con una orientación hacia una reducción significativa de las emisiones de CO2 en este sector (entre un 40 % y un 70 %), pero también de otros
contaminantes como el óxido de nitrógeno (NOx) y las partículas.
El Plan PIMA ADAPTA ha sido presentado muy recientemente, el pasado 12 de marzo, y tiene como objetivo poner en marcha, con carácter pionero y con vocación de continuidad en el tiempo, proyectos concretos de adaptación al cambio climático en
diversas comunidades autónomas.
Como ejemplo de programa o proyecto destinado a la lucha contra el cambio climático impulsado en estos momentos por el Gobierno, también podríamos destacar los Proyectos Clima. Éstos son promovidos a través del FES-CO2 (Fondo de Carbono
para una Economía Sostenible) y están concebidos para marcar una senda de transformación del sistema español hacia un modelo bajo en carbono. Son proyectos
desarrollados también en los conocidos como «sectores difusos» (no sujetos al régimen europeo de comercio de derechos de emisión), como son el sector del transporte, residencial, residuos, etc.
Sin duda, el cambio climático es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la humanidad. Y a la lucha contra él debemos destinar muchos y mayores esfuerzos. Es indiscutiblemente, una problemática de alcance global y de enorme
envergadura, pero a la que a su vez, cabe responder de forma local si pretendemos ser más efectivos o eficaces.
Este grave fenómeno de calentamiento del sistema climático tiene, según los expertos y como todo el mundo sabe ya, una causa clara, la acción humana, la actividad de las personas en diferentes sectores.
Como bien considera el Gobierno, es del todo imprescindible impulsar medidas y/o planes como los señalados pues una parte importante de las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene su origen en actividades no incluidas en el
denominado mercado de derechos de emisión. Se trata, como hemos señalado, de las conocidas como «emisiones de los sectores difusos», y tienen que ver con actividades como las citadas; el transporte, la agricultura, los residuos, los gases
fluorados, las actividades industriales no sometidas al mercado de derechos de emisión, y con la edificación, las viviendas y los servicios.
Si bien el control, el seguimiento y, en general, el funcionamiento de lo que afecta a las emisiones de actividades sometidas a los mercados de derechos de emisión se corresponde en gran medida, con las disposiciones normativas con origen en
la UE, las actuaciones en materia de emisiones difusas son fundamentalmente responsabilidad de los Estados, y en el caso del Estado español, se trata de responsabilidades básicamente autonómicas.
Por lo tanto, en opinión del Grupo Parlamentario Catalán y de acuerdo con el vigente marco normativo la distribución competencial establecida otorga competencias en materia de sectores difusos a las Comunidades Autónomas, las políticas
destinadas a la reducción de estas emisiones difusas deberían estar en manos de las CC.AA. La naturaleza global del fenómeno en ningún caso, puede ser excusa para que el Estado se apropie de unas competencias que no le corresponden.
En consecuencia, el Gobierno debe otorgar participación, colaboración e incluso protagonismo a las CC.AA, en las políticas destinadas a luchar contra las emisiones de los sectores difusos que contribuyen al Cambio Climático. Debería más que
contar con ellas y en este sentido, debería pues territorializar los recursos destinados a materializar las políticas de mitigación y reducción de emisiones que otras administraciones deben llevar a cabo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar con las Comunidades Autónomas impulsando su participación e implicación, en planes, medidas y programas destinados a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero
procedentes de los sectores difusos así como la adaptación frente a los impactos del cambio climático, y en concreto, en planes como los PIMA Aire, Sol, Tierra y ADAPTA, distribuyendo territorialmente los recursos destinados a materializar los
citadas medidas, planes y programas.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la participación de las administraciones autonómicas en los Proyectos Clima derivados del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, tanto en la recepción de
solicitudes, como en la definición de criterios y en la selección final de los proyectos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2015.Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a colaborar con las Administraciones Autonómicas en materia de registros de huella de carbono.
Antecedentes
Sin duda, el cambio climático es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la humanidad. Y a la lucha contra él debemos destinar muchos y mayores esfuerzos. Es indiscutiblemente, una problemática de alcance global y de enorme
envergadura, pero a la que a su vez, cabe responder de forma local si pretendemos ser más efectivos o eficaces.
Este grave fenómeno de calentamiento del sistema climático tiene, según los expertos y como todo el mundo sabe ya, una causa clara, la acción humana, la actividad de las personas en diferentes sectores. La actividad del sector industrial
pero también la actividad de los denominados sectores difusos (transporte, residencial, agrícola,...) está provocando de forma intensa y continuada, este efecto sobre el sistema climático, a través de las emisiones de lo que se conocen como Gases de
Efecto Invernadero.
De entre los instrumentos que tenemos para luchar contra el cambio climático y las emisiones que lo producen, hay un mecanismo conocido como «La huella de carbono». Este instrumento permite cuantificar las emisiones de gases de efecto
invernadero que son liberados a la atmósfera como consecuencia de una actividad determinada, bien sea la actividad necesaria para la fabricación de un producto, para la prestación de un servicio, o para el funcionamiento de una organización.
Esta cuantificación permite ser conscientes del impacto que tiene cada actividad en el calentamiento global, y por lo tanto se trata de una herramienta de sensibilización para organizaciones y para consumidores y usuarios. Puede ser un
elemento que nos permita diferenciar a las organizaciones que deciden comprometerse con el medio ambiente y apuestan por el desarrollo de una actividad sostenible, de las que no.
Pero la huella de carbono además de mecanismo de cálculo y sensibilización, se convierte también en un primer paso en el camino de la mejora y el compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Permite que las empresas
calculen y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero y establece un sistema para que las que lo deseen, puedan compensar su huella con proyectos de sumideros forestales en España.
El Registro nacional de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, aprobado por el Gobierno a través del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, tiene estos objetivos: cálculo, reducción y posterior
compensación a través de proyectos de absorción o sumideros forestales que estén localizados en España, con lo que también se impulsa la creación de masas forestales que absorben el CO2.
Todo ello permitirá una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contribuirá a que España pueda cumplir con los objetivos europeos en materia de lucha contra el cambio climático, así como los de ámbito internacional.
Sin embargo, parece que en esta materia se están produciendo algunas disfunciones que pueden poner en peligro el alcance de los objetivos previstos. Algunas CC.AA. desde hace algún tiempo, han impulsado y ya tienen implementadas
iniciativas en este terreno y en muchos casos, son muy similares a las promovidas por el ejecutivo central. Cabe, en opinión del Grupo proponente, que las administraciones implicadas en estas cuestiones colaboren con el fin de incrementar y no
reducir, las posibilidades de alcanzar efectivamente los objetivos de sensibilizar, de reducir las emisiones, de aumentar los proyectos de absorción y, en consecuencia, de cumplir con los compromisos internacionales asumidos por España en materia de
lucha contra el Cambio Climático.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar con las Comunidades Autónomas en materia de registros de huella de carbono, en especial con aquellas que ya tienen implementados mecanismos equivalentes, respetando en todo caso sus
competencias en la materia, su iniciativa política, y las diferentes características de los territorios que administran en cuanto a entramado social y económico, con el fin de incrementar las posibilidades de alcanzar efectivamente los objetivos
perseguidos por el citado mecanismo, de sensibilizar, de reducir las emisiones, de aumentar los proyectos de absorción, y en
consecuencia, de cumplir con los compromisos internacionales asumidos por España en materia de lucha contra el Cambio Climático.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2015.Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre el pantano de Elx, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El Pantano de Elche es la primera presa de bóveda construida en Europa y, muy probablemente, en el mundo. Es una obra importante en la historia mundial de las presas hidráulicas, porque desde su construcción en el siglo XVII, no se han
producido apenas avances en el diseño de las presas. Los ha habido en la tecnología y en los materiales, pero no en el diseño. Por este motivo, esta presa fue declarada Bien de Interés Cultural por la Generalitat Valenciana en 2003.
Por otra parte, este pantano abastece a las redes de riego que, al menos, desde la Edad Media aportan las aguas necesarias para el riego de los huertos de palmeras de Elx, declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tanto
las acequias de riego como el pantano se consideran consustanciales a los huertos de palmeras y, por eso mismo, forman parte del citado patrimonio de la humanidad.
Tanto el pantano como las comunidades de regantes que de él se abastecen atraviesan en la actualidad una situación muy crítica por no poder hacer frente a la reparación de determinadas infraestructuras hidráulicas que no admiten demora. La
más urgente, y probablemente la más compleja, es la que afecta a la compuerta de la presa y a la propia pared de la misma. La compuerta está fuera de servicio e impide el desagüe del pantano. Esto impide las funciones del pantano como embalse de
agua de riego. Pero, además, hace que la presa vierta aguas por coronación de manera casi constante, afectando a su estabilidad e impidiendo la función del pantano como infraestructura laminadora de avenidas.
La pared de la presa presenta filtraciones y salientes en el paramento exterior que es urgente reparar. Además, todo esto ha dado lugar al desarrollo de una cubierta vegetal importante sobre la propia pared que debe ser eliminada sin demora
y reparar las juntas de la sillería.
Para tratar de dar solución a estos problemas, en 2004 se firmó un convenio entre la Comunidad de la Acequia Mayor, propietaria del pantano, y el Ayuntamiento de Elx para la rehabilitación del pantano. Mediante este convenio, la comunidad
de regantes cede al Ayuntamiento el uso y disfrute del Pantano de Elche con sus instalaciones y terrenos anexos por espacio de treinta años, con expresa posibilidad de prórroga por idéntica duración. A cambio de esto, el ayuntamiento se compromete
a acometer las obras necesarias para restablecer la funcionalidad del pantano y el cumplimiento de la normativa vigente; así como a la recuperación ecológica y paisajística de la zona.
En cumplimiento de este acuerdo, en 2006 se firma un convenio de colaboración entre las dos entidades anteriores y la Confederación Hidrográfica del Júcar para la ejecución conjunta de actuaciones de mejora de la eficacia de las
infraestructuras existentes y de la utilización del agua y mejora del entorno natural. Mediante la ejecución de este convenio, financiado con fondos FEDER, y hasta su expiración a finales de 2006, se reparó la compuerta del pantano y se hicieron
algunas obras de restauración paisajística.
Después de esa fecha, la Comunidad de la Acequia Mayor siguió recibiendo algunas ayudas por parte del Ayuntamiento y por parte de la Confederación para hacer frente a algunas de las reparaciones menores; hasta estas cesaron en mayo de 2011,
no recibiendo desde esa fecha ninguna ayuda de ninguna institución. Además, se da la circunstancia de que la bomba reparada en 2006 se volvió a romper, estando la presa en la situación descrita anteriormente.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a restaurar la compuerta y la pared del Pantano de Elx y a realizar cuantas actuaciones sean necesarias para que éste cumpla la normativa vigente sobre presas hidráulicas; dotando para ello
los recursos económicos necesarios en los PGE de 2016.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2015.Joan Baldoví Roda, Diputado.Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la necesidad de ampliar los plazos para el acceso a las ayudas de la PAC, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La campaña 2015 de acceso a las ayudas de la PAC está sufriendo una importante demora debido a los retrasos en la puesta en marcha de la aplicación informática, y por el retraso en la publicación de la normativa correspondiente. Otro
problema que guarda relación con el retraso es el relativo a las circulares del FEGA sobre cuestiones importantes para la correcta orientación y tramitación de las solicitudes.
Esta situación está generando una gran inquietud en el sector agrario, preocupado por las dificultades con las que se van a encontrar a la hora de realizar las gestiones pertinentes cuando están a punto de finalizar los plazos establecidos.
En relación con este tema, hemos tenido conocimiento de la propuesta del Comisario de Agricultura de la Unión Europea para autorizar a los Estados miembros a prorrogar hasta el 25 de junio de 2015 el plazo de presentación de solicitudes de
los pagos de la PAC, tanto del primero como del segundo pilar. Propuesta que consideramos debería ser asumida por el Gobierno debido a la preocupante demora que está sufriendo el proceso en todo el territorio del Estado, como es el caso de Galicia.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Agricultura a:
Ante los retrasos que está sufriendo la Campaña 2015 para el acceso a las ayudas de la PAC, proceder a la ampliación de los plazos de tramitación de solicitudes hasta el 15 de junio de 2015, en línea con la propuesta realizada por el
Comisario de Agricultura de la UE.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2015.M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fomento de la
responsabilidad social corporativa de las entidades privadas para la
conservación de nuestro Patrimonio Natural, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Es una afirmación incuestionable que la biodiversidad constituye un activo fundamental para las sociedades que se desarrollan en su entorno y por ello adquieren la condición de Patrimonio Natural de gran importancia.
En algunos casos como el de España, por su conformación orográfica y por su situación al extremo occidental de Europa, se dispone de una gran variedad de entornos naturales con diferentes climatologías, y por tanto con una gran riqueza desde
el punto de vista de fauna y flora.
La adecuada conservación de estos activos pasa por contar con la adecuada acción del hombre, que por un lado debe evitar y perseguir cualquier acción de ataque que comprometa su conservación y por otro contribuir a su restitución, para el
disfrute de generaciones futuras.
Este compromiso con la naturaleza cada vez se encuentra más presente en la sociedad, y no solo porque el 40 % de la economía mundial depende de la biodiversidad, sino porque es un sentir generalizado de la ciudadanía hasta el punto de que un
número cada vez más importante de agentes económicos y compañías comerciales o de servicios consideran que el medio ambiente es un factor determinante para su negocio.
Sin embargo, todavía el 54 % de las empresas en España no encuentran la relación entre su negocio y la biodiversidad. Por este motivo, debe realizarse una transición desde el conocimiento hasta la acción, pasando por el compromiso más allá
de la propia actividad empresarial, de las memorias ambientales y de la responsabilidad social corporativa, recordando que no se trata de un compromiso exclusivo de las grandes empresas.
Por otra parte, los deberes de los poderes públicos incluyen la obligación de promover las iniciativas privadas de conservación de la naturaleza y de desincentivación de aquellas con incidencia negativa sobre la conservación de la
biodiversidad y el uso sostenible del patrimonio natural.
En esta línea, el Gobierno ya cuenta con la alianza de 15 grandes empresas con el propósito de vincular la conservación del entorno con un desarrollo económico sostenible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, a fin de proponer una colaboración de lo público y lo privado por la conservación de nuestro patrimonio natural, propone la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se impulsen acuerdos de colaboración con entidades privadas que permitan involucrarlas en la conservación de nuestro Patrimonio Natural.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2015.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para optimizar la trazabilidad en el
traslado de residuos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Dentro de las preocupaciones ambientales, las sociedades modernas perciben la generación de residuos como una de las mayores amenazas para la conservación de nuestro entorno.
Desde mediados de los años setenta los residuos urbanos iniciaron una fuerte tendencia al aumento en toda Europa, siendo más acusada en España durante el último lustro del siglo XX. Así, la generación y gestión de residuos supone, desde
hace años, uno de los retos ambientales más complejos de las sociedades modernas, que reconocen la responsabilidad, individual y colectiva, en su generación.
El aumento global de las cantidades de residuos generados supone un problema de gestión por sí mismo, y por otro lado, la generación de residuos representa una pérdida de recursos y de energía. Por estos motivos la prevención en la
generación de residuos y una correcta gestión de los mismos, para asegurar modelos de producción y consumo más sostenibles, ya era un objetivo contemplado en el VI Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de medio ambiente de 2002.
La Directiva 2008/98/CE sobre Residuos, Directiva Marco de Residuos, avanzaba en esta línea al establecer medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud humana mediante la prevención o la reducción de los impactos adversos de la
generación y gestión de los residuos, la reducción de los impactos globales del uso de los recursos y la mejora de la eficacia de dicho uso.
En la actualidad, según datos de la oficina estadística comunitaria Eurostat, considerando toda la basura generada por los hogares, pequeños negocios y Administraciones Públicas que es recogida por los ayuntamientos, durante 2012 cada
persona en España generó 464 kilogramos de residuos urbanos, reduciendo notablemente la cantidad respecto a los 531 kilogramos por persona de residuos urbanos generados en 2011.
Una vez tomadas las medidas oportunas para la prevención, reducir la cantidad de residuo generado y seguir trabajando en el diseño de productos para que estos sean reutilizable o fácilmente reciclados, disponemos de una cantidad de residuo
que debe ser trasladado de forma controlada para su correcto tratamiento y así disponer de un recurso que se incorporará nuevamente al sistema productivo. Estos son algunos de los retos que los Estados miembros de la UE tienen propuesto cumplir
antes de 2020.
En un sentido amplio, la trazabilidad de los residuos consiste en el seguimiento que permite controlar el origen del residuo, la categorización y cantidad de residuo, quién se ha ocupado de realizar trasporte, en qué condiciones se realiza
el traslado y el trayecto realizado, y cuál es el destino del residuo. Otro asunto vinculado con la mejora del traslado de residuos, y en general toda la gestión, es la optimización de la información disponible sobre el residuo que facilite el
tratamiento por las empresas y el control por las Administraciones Públicas.
Sin embargo, todavía existen problemas frecuentes que generan una barrera para facilitar un adecuado control en los traslados de residuos y la armonización informativa, como por ejemplo: la discrepancia sobre los procedimientos
administrativos requeridos por las diferentes CC.AA. que complican el procedimiento; aspectos como los requerimientos de información específica en las distintas regiones o la prevalencia de formatos propios que dificultan la armonización de los
datos. También es habitual que existan flujos de trabajo distintos o la imposibilidad de registro telemático de comunicaciones, aspectos estos que dificultan la gestión.
Diferentes iniciativas, dirigidas desde sectores públicos y privados, en materia de armonización de datos y de trazabilidad o acciones técnicas para permitir conocer la localización en todo momento del residuo han servido para avanzar en
este aspecto de la gestión de los residuos, entre los que destaca la elaboración del Real Decreto sobre traslado de residuos, que actualmente está en proceso de tramitación.
Este Real Decreto, que desarrollará lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados por el que se regula el régimen de los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado,
pretende dar cumpliendo el mandato de constituir un régimen adecuado de vigilancia y control de los traslados de residuos realizados exclusivamente dentro de su jurisdicción de cada Estado, que establece el Reglamento 1013/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006 relativo a los traslados de residuos.
El nuevo Reglamento introducirá novedades en la normativa vigente del traslado de residuos y se aplicaría a todos los tipos de residuos. Pese a todos los avances planteados por el Gobierno será necesario seguir trabajando para eliminar las
barreras en el sistema, mejorar la trazabilidad del residuo y armonizar el conjunto de la información requerida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Unificar criterios en cuanto a la definición, clasificación de los residuos, documentación a presentar y de los procedimientos administrativos establecidos en todas las CC.AA. que faciliten la adecuada gestión.
Elaborar e implantar un sistema de identificación y designación de residuo homogéneo en todo el territorio nacional, equivalente al existente a nivel europeo.
Identificar la utilización de un modelo único de documentación que sirva para la comunicación de cualquier movimiento de residuos en todo el territorio, pudiendo compartir espacio con otros documentos propios de cada CC.AA.
Fomentar la tramitación electrónica y el establecimiento de un procedimiento unificado para su tramitación. Permitir la tramitación telemática de un documento unificado que permita la carga masiva de ficheros para eliminar la gestión manual
de los datos, que puede generar errores.
Desarrollar, desde el seno de la Comisión de Coordinación de residuos, documentos relativos al traslado de residuos, en un lenguaje común, adaptarlo a la nueva Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que entiendan
administración y empresas, y se trabaje en la homogeneización de procedimientos, criterios y formularios a utilizar en todo el territorio nacional
Acordar, por parte de las Administraciones Públicas con el consenso del sector, el nivel de información que se debe requerir a las empresas implicadas en la producción y gestión de residuos, para tener información homogénea y comparable
entre todas las CC.AA. y se garantice su confidencialidad así como el derecho de los ciudadanos al acceso a la información de carácter medio ambiental establecida en la legislación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2015.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre cuestionarios de salud de compañías aseguradoras, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Las Compañías Aseguradoras de Seguros de Vida ligadas a entidades bancarias parecer ser que han incrementado el rechazo al pago de las indemnizaciones derivadas de los siniestros alegando la falta de notificación por parte del asegurado de
una patología previa o alegando que no se ha cumplido correctamente el cuestionario de salud.
De ese modo, apelan a la aplicación del artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, que dispone lo siguiente:
«Artículo 10.
El tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del
riesgo. Quedará exonerado de tal deber si el asegurador no le somete cuestionario o cuando, aun sometiéndoselo, se trate de circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén comprendidas en él.
El asegurador podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al tomador del seguro en el plazo de un mes, a contar del conocimiento de la reserva o inexactitud del tomador del seguro. Corresponderán al asegurador, salvo que
concurra dolo o culpa grave por su parte, las primas relativas al período en curso en el momento que haga esta declaración.
Si el siniestro sobreviene antes de que el asegurador haga la declaración a la que se refiere el párrafo anterior, la prestación de éste se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la
que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. Si medió dolo o culpa grave del tomador del seguro quedará el asegurador liberado del pago de la prestación.»
Las compañías deniegan el pago alegando falta de cobertura por no haber declarado preexistencias en relación al estado de salud previo a la conclusión del contrato de seguro, y sustentan en este actuar su apelación a la existencia de dolo,
a pesar de tratarse en muchos casos de enfermedades no diagnosticadas imposibles de conocerse en ese momento y, en otros, a pesar de que nadie preguntó al tomador del seguro, pues al parecer en muchas ocasiones, y según reflejan las sentencias, se
trata de firmas mecánicas que se producen de manera preceptiva con la firma de la hipoteca al adquirir la casa. De hecho, ligan el coste de la hipoteca a su firma, abusando de la necesidad del ciudadano de una hipoteca para adquirir una vivienda
condicionando su precio a la firma de un contrato de seguro de vida que el tomador no tiene ningún interés en firmar.
Así, lo único que se requiere por la compañía aseguradora es rellenar un documento en el que el tomador declara sobre su estado de salud, que suele ser rellenado directamente por el empleado del banco, que en ese momento hace las funciones
de agente de seguros. No existe chequeo médico alguno.
Cuando se produce el desgraciado suceso que implica el pago por la compañía, el beneficiario se encuentra con la negativa de la entidad aseguradora alegando dolo o mala fe por haber ocultado padecer una enfermedad que el tomador del seguro
ni siquiera sabía que tuviera. Esta negativa conduce a quienes pueden permitirse pagar abogado, procurador y tasas a acudir a la vía judicial, y es ahí donde las sentencias están determinando que este actuar de las aseguradoras no puede
considerarse como firma de un cuestionario de salud a efectos legales y mucho menos calificar la actitud del tomador de dolosa o de mala fe.
A pesar de la reiterada doctrina jurisprudencial, las compañías aseguradoras siguen actuando con total impunidad, bajo la expectativa de que la mayoría de la gente no reclame judicialmente y así ahorrarse el dinero que legalmente deberían
pagar.
Resulta evidente que esta práctica filibustera debe encontrar una contestación institucional que le ponga fin.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Impulsar una modificación legislativa que implique que, de una parte, la obligación de garantizar que el contenido del cuestionario de salud se corresponda a la realidad compete a la compañía de seguros, que en caso de no exigir documento
médico alguno ni chequeo médico asume el riesgo que acarrea la aceptación de la palabra del tomador sin que quepa posteriormente alegar ningún tipo de dolo ni ocultación; y, de otra, que regule un régimen sancionador que garantice una protección
para el tomador del seguro frente a las prácticas abusivas que puedan darse por parte de las compañías aseguradoras sobre las que recaen múltiples sentencias condenatorias por su mala praxis.
Implementar mecanismos con el fin de que las prácticas abusivas de las compañías aseguradoras cesen, garantizando la protección del consumidor mediante el incremento de los mecanismos de control públicos y el amparo previo a la vía
judicial.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2015.Joan Baldoví Roda, Diputado.Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para seguir promoviendo la compra
centralizada de medicamentos y productos sanitarios, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El objetivo prioritario del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde el comienzo de la X Legislatura en materia de sanidad ha sido y es garantizar la sostenibilidad y la solvencia del Sistema Nacional de Salud (SNS); junto
con la consolidación y el desarrollo de la cohesión, la calidad, la equidad, la seguridad y la universalidad en la prestación de la asistencia sanitaria.
El impulso de la sanidad electrónica (tarjeta sanitaria individual, historia clínica y recetas electrónicas, digitales e interoperables), la actualización y la reestructuración de la cartera de servicios, la promoción del uso de los
medicamentos genéricos, la revisión de los precios y las presentaciones de los medicamentos innovadores son algunas de las iniciativas implementadas en los últimos tres años por el Ministerio de Sanidad para favorecer la eficiencia e impulsar la
optimización de los recursos existentes.
Otra medida aplicada con la misma voluntad es la compra centralizada de medicamentos y de productos sanitarios. En cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y la seguridad de sus prestaciones, que contempla el fomento de actuaciones conjuntas de los servicios de salud en las adquisiciones que sean susceptibles de un mecanismo de compra conjunta y centralizada,
el Ministerio de Sanidad promueve, desde diciembre de 2012, la compra centralizada para rebajar los precios en la adquisición de medicamentos y productos, así como para mantener la calidad, unificar los criterios técnicos y dotar de mayor
transparencia a los contratos.
Los pacientes, los profesionales y los proveedores son beneficiarios de esta práctica, en la que hasta la fecha han participado el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria; las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana; el Ministerio de Defensa, y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, adscrita al Ministerio del Interior.
El ahorro generado gracias a la compra centralizada desde su puesta en marcha asciende a 134 millones de euros, una cifra que puede verse incrementada si el listado de sus participantes se amplía a la totalidad de las Comunidades Autónomas.
En consecuencia, y debido a la contribución que ha supuesto la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios, tanto en el aumento de la cohesión en el SNS, así como en el ahorro generado en el propio sistema sanitario desde el
comienzo de la X Legislatura, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir desarrollando, en virtud de la eficiencia y de la cohesión del Sistema Nacional de Salud, la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios, así como a seguir trabajando
para favorecer la participación de todas las Comunidades Autónomas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2015.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
adecuación de nuestro ordenamiento jurídico al tratado internacional para tipificar el tráfico de órganos como delito, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La Organización Mundial de la Salud cifra en 10.000 al año los trasplantes clandestinos. Catorce países del continente, entre ellos España, firmaron el 24 de marzo de 2015 en Santiago de Compostela el primer tratado internacional para
tipificar el tráfico de órganos como delito, un convenio que pretende derribar barreras burocráticas para su persecución internacional y que pone bajo el foco de la justicia a los
intermediarios en la compraventa, al personal sanitario que participa en los trasplantes e incluso a los receptores de los órganos, sobre todo cuando no se trata de una cuestión de vida o muerte. Entre los firmantes del Convenio contra el
Tráfico de Órganos del Consejo de Europa a los que este puede traer más cambios están Albania y Moldavia, dos Estados en los que hay «constancia» de casos de ciudadanos que donan sus órganos a cambio de dinero a enfermos de otros territorios,
explican los redactores del documento, que ha precisado dos años de negociaciones.
En España, las reformas legislativas a las que compromete el convenio permitirían actuar contra los nacionales que en el futuro compren órganos en el extranjero, aunque en estos territorios sea legal.
El convenio, promovido por el Consejo de Europa, considera ilegal la extracción de órganos «sin el consentimiento libre, informado y específico del donante» o cuando se ofrece un «beneficio económico o una ventaja comparable» a esa persona o
a un tercero. Y tipifica también como delito el «uso» de esos órganos, su «implantación», su traslado, su preparación, su almacenamiento y el simple «ofrecimiento» del dinero. Las personas jurídicas también serán responsables y se perseguirá
incluso la «complicidad» y la «tentativa».
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adecuar nuestro ordenamiento jurídico, en el plazo más breve posible, al contenido del tratado internacional para tipificar el tráfico de órganos como delito, suscrito el 24 de marzo de 2015
en Santiago de Compostela.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2015.José Martínez Olmos, Diputado.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la política española de Cooperación al Desarrollo, para su debate en
la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En España continúa produciéndose una falta de compromiso real del Gobierno con la cooperación internacional. Según los últimos datos disponibles, en 2013 España se sitúa a la cola de los 15 donantes europeos del CAD (Comité de Ayuda al
Desarrollo), muy por debajo de la media, y por detrás de países que han sido objeto de rescate por parte de la Unión Europea como Portugal o Irlanda. Al nivel de España o por detrás sólo se encuentran Italia y Grecia. Y si analizamos los
presupuestos de Ayuda Oficial al Desarrollo para 2015, las perspectivas siguen siendo sombrías, 0,17 % de la RNB, lo que sitúa la cooperación en niveles de los años noventa cuando España era aún un donante incipiente. A pesar del compromiso
solidario de la sociedad española, la cooperación parece ser una política prescindible que puede ser desproporcionadamente recortada por motivo de la crisis o incluso ser eliminada cuando haya necesidad de ajustes.
La situación actual de la política de cooperación es crítica arrastrando una caída de casi el 70 % desde el 2011 y del 39 % desde el inicio de la legislatura.
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española permanece lejos de la meta del 0,7 % del PIB comprometida para 2015 en distintos marcos internacionales de desarrollo y ratificado por el Gobierno español a través de las Conclusiones del Consejo
de la Unión Europea del pasado 27 y 28 de junio de 2014. En este sentido, es importante que la cooperación internacional no se vea sometida a la inestabilidad en función de excedentes y que disponga de un compromiso público sostenido. Los
continuos recortes que la AOD, el FONPRODE, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han sufrido en los últimos años está cuestionando gravemente la capacidad de la
Administración de desarrollar en los países priorizados las orientaciones estratégicas del Plan Director de Cooperación.
España debería tomar ejemplo de otros países de su entorno en los que las ayudas al desarrollo se han convertido en una política de Estado, impermeable a los vaivenes de la economía. Este es el caso del Reino Unido, quien a pesar de estar
gobernado por un gobierno conservador ha consagrado en una ley el compromiso de destinar el 0,7 % de su renta nacional a la Ayuda Oficial al Desarrollo, convirtiéndose así en el primer país del G-7 que confecciona una norma de estas características.
Como se observa, son dos formas distintas de entender la política de cooperación. Reino Unido también ha sufrido la crisis, pero a diferencia de lo realizado aquí por el Gobierno, allí las partidas destinadas a cooperación, lejos de verse
recortadas, no han dejado de aumentar hasta garantizar su blindaje por ley.
Con respecto a la Ayuda Humanitaria, el recorte sufrido ha alcanzado el 81% desde 2011 y del 44 % desde el inicio de la legislatura. Esto es especialmente preocupante puesto que los enormes retos a los que nos enfrentamos en este sentido
exigen que la ayuda sea flexible y, sobre todo, que esté bien dotada ante la imposibilidad de prever emergencias. Asimismo, la partida canalizada vía ONGD ha sufrido también un recorte del 97 % desde 2011 a pesar de la capacidad diferencial de las
ONGD de responder de forma ágil e inmediata a estas crisis humanitarias.
Por otra parte, solo el 46 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo está gestionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Casi el 54 % de la AOD es aportada por ministerios distintos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, que es el ministerio responsable de la dirección de la política de cooperación según lo establecido en la Ley 23/1998, y el único que cuenta con una Agencia especializada en la materia. Un desequilibrio que debe ser abordado cuanto
antes para que el MAEC recupere el control de la política de cooperación.
En las actuales circunstancias, la política de Cooperación al desarrollo no solo debe cumplir con los objetivos establecidos en la Ley 23/1998, de 7 julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, sino que debe ser un instrumento
eficaz en la consecución de una sociedad más justa y sostenible a nivel global. Pero todo ello no puede abordarse desde una perspectiva unilateral o estatal. Son los trabajos que en el ámbito de las Naciones Unidas se están realizando y que
deberán concluir el próximo mes de septiembre de 2015 con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, el marco de referencia ideal desde donde intentar conseguirlo. Unos objetivos que se basarán en la evaluación que se ha
realizado sobre los logros y los déficits de los Objetivos del Milenio.
Entre los objetivos principales evaluados, merece especial mención lo poco que se ha avanzado en la lucha contra la desigualdad. En este sentido, es importante tener en cuenta que el problema de la desigualdad ya no se circunscribe
únicamente a los países en vías de desarrollo sino que también está aumentando en los países desarrollados. La brecha entre los ricos y pobres de los países de la OCDE se ha visto ampliada sobremanera en un periodo de tiempo realmente corto. Este
aumento de la desigualdad debe entenderse en el marco de las políticas macroeconómicas, financieras y laborales que están siendo adoptadas. Los programas de ajuste estructural, cuyos efectos sobre la pobreza y la desigualdad son ya bien conocidos
en los países en desarrollo, han estado aplicándose en gran parte de los países desarrollados, con dramáticas consecuencias para los segmentos menos privilegiados de la población. Por desgracia, en España hemos podido comprobar como el desempleo,
la desigualdad salarial y los recortes sociales aumentaban sin que el Gobierno tomara medidas realmente efectivas para luchar contra ello.
La lucha contra la creciente desigualdad debe configurarse, por lo tanto, como un paso clave para avanzar en la erradicación en todo el mundo de la pobreza. El camino hacia un mundo sin pobreza ni desigualdad pasa por la transformación de
un modelo económico injusto y generador de desigualdad. Para ello, son necesarias otras políticas, unas políticas coherentes con el desarrollo, que aborden problemas globales como la falta de regulación de los sistemas financieros, las asimetrías
del sistema comercial o la mercantilización de la naturaleza. Para ayudar a implementar estas necesarias políticas, España debería aprovechar su condición de miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que, en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, desempeñe un papel de liderazgo a favor de una fiscalidad justa así como en la lucha contra el fraude fiscal. España debe impulsar la adopción de decisiones eficaces para regular las transacciones financieras
internacionales, para imponer tasas suficientes a esas transacciones y para impedir que los paraísos fiscales sean instrumentos para evitar el control, la regulación y la fiscalidad sobre las transacciones.
En resumen, es imprescindible abandonar la falta de rigor que ha mostrado el Gobierno en la delimitación de los objetivos y las prioridades de la política de cooperación en los últimos años así como dejar de recortar los fondos públicos
destinados a la cooperación al desarrollo. Para ello, es necesario recuperar y aplicar los principios de cooperación al desarrollo establecidos en la ley de cooperación de 1998, entre ellos poner en valor a la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo como marco único que gestione el conjunto de la cooperación española con la participación de la sociedad civil; y participar en organizaciones internacionales como Naciones Unidas asumiendo un rol activo y comprometido
en la definición de unos Objetivos de Desarrollo Sostenible que pasen por buscar la defensa de los derechos humanos, los derechos laborales, la igualdad de género, la protección del medio ambiente, garantizar la seguridad alimentaria de la población
mundial y luchar por la erradicación de la pobreza y la desigualdad.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Garantizar el cumplimiento de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo; aumentando las dotaciones presupuestarias destinadas a Ayuda Oficial al Desarrollo para recuperar progresivamente el presupuesto
destinado a cooperación para que en cinco años España pueda formar parte del grupo de países que destinan un 0,7 % de su PIB al desarrollo.
Tomar las medidas oportunas para que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación recupere el control efectivo del presupuesto destinado a cooperación internacional al desarrollo. A este respecto, se insta igualmente a dotar a la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de los recursos necesarios para desarrollar sus funciones con plena eficacia.
Impulsar un modelo de cooperación desvinculado de la Economía especulativa y basado en valores como la justicia social, la redistribución y la solidaridad.
Revertir la reforma de la ley del FONPRODE con la finalidad de que cumpla los objetivos por los que fue creado y trasladar su gestión a la AECID.
Restituir a la política española sobre deuda externa su vinculación a la política de cooperación internacional a fin y efecto de que se adapte a las necesidades de desarrollo de los países deudores.
Instar al Consejo Europeo, la Comisión Europea y la Presidencia de turno del Consejo a convocar una Conferencia Europea de Deuda para proceder a una auditoría y evaluación del endeudamiento público y privado en el conjunto de la Unión
Europea, y proceder a la aprobación de un programa europeo de reestructuración de la deuda.
Asumir, en el marco de las Naciones Unidas, un rol de liderazgo en la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que incida en:
La lucha contra la pobreza y la desigualdad teniendo en cuenta que es necesario hacer frente a la pobreza y la desigualdad entre los distintos países del mundo, pero en la medida que la desigualdad entre las personas se ha incrementado
también en los países desarrollados, en éstos se deberán promover políticas legislativas para establecer derechos y para implementar sistemas fiscales que contribuyan a reducir esas desigualdades.
Acabar con todas las formas de discriminación y de violencia contra las mujeres.
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Garantizar la seguridad alimentaria de la población mundial.
Promover el trabajo decente.
La lucha contra el fraude fiscal y el impulso a la implementación de regulaciones legales que permitan disponer de una fiscalidad justa a nivel global.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2015.Laia Ortiz Castellví, Diputada.Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo de protocolos
responsables de producción, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Cada vez es más evidente que el mundo hoy se desarrolla en un concepto global en donde las personas y los bienes, así como los servicios, circulan de una forma muy ágil entre los distintos países.
Es claro que si nos centramos en elementos materiales que en un momento dado pueden satisfacer las necesidades del consumidor, el lugar de elaboración de los mismos o de su transformación puede encontrarse en zonas muy distantes de aquél en
el que se consumen, o incluso en zonas que se encuentran muy lejos de los parámetros de desarrollo tanto de aquellos mercados desarrollados como de aquellos que se empiezan a desarrollar al amparo de la prosperidad de sus ciudadanos.
Los mercados maduros y los consumidores que los integran cada vez tienen un mayor criterio respecto a la calidad de los productos, la seguridad que ofrecen y también las reglas o protocolos que se han seguido para su elaboración, demandando
o exigiendo el respeto a los derechos humanos y, naturalmente, el uso de materiales no agresivos con el medio ambiente ni con la salud de los consumidores y usuarios.
Se considera necesario dejar constancia de la solidaridad de la Cámara con los principios que animan a procesos de producción responsables en cualquier lugar en donde se realicen, y por ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados, consciente del carácter global de las relaciones entre personas y mercados, considera necesario:
Manifestar su inequívoco compromiso con métodos responsables de producción de productos, con especial respeto a la salud y seguridad de los trabajadores y consumidores, y al medio ambiente.
Impulsar en el ámbito del mercado europeo cuantas iniciativas sean necesarias para lograr sensibilizar al consumidor ante la exigencia de protocolos de producción responsables con el medio ambiente y los Derechos Humanos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2015.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/003616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
Monasterio de Bon Xesús de Tranderias, para su debate en la Comisión de Cultura.
El Monasterio do Bon Xesús de Trandeiras, en Xinzo de Limia, que data del siglo XVI, es de estilo gótico portugués con varios elementos renacentistas.
Fue abandonado por los franciscanos tras la desamortización y sufrió numerosos daños, incluido un grave incendio. Pese a ello, hay amplias zonas del mismo que se conservan en buen estado. Así, la Iglesia
con una portada gótico-plateresca y el claustro, con sus columnas, sus 28 arcos y capiteles, que data del primer Renacimiento, son los dos elementos mejor conservados del Monasterio.
Es sin duda alguna uno de los emblemas de la comarca de A Limia y durante años se ha especulado con diferentes usos que se le podrían dar a dicho Monasterio.
En todo caso, el tiempo ha pasado y a día de hoy, una buena parte del mismo se encuentra en situación de semi-ruina salvo algunos elementos ya citados.
El Grupo Socialista ha preguntado por las previsiones a cerca de este conjunto histórico y la respuesta ha sido que el Gobierno no tiene constancia de solicitud de colaboración o ayuda en relación con este monumento y que por tanto no está
prevista actuación alguna en el Monasterio do Bon Xesús de Trandeiras.
A través del Instituto del Patrimonio Cultural de España, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Gobierno mantiene con las Comunidades Autónomas una colaboración activa en diversos proyectos de conservación y
restauración de monumentos.
Por otro lado, y en virtud del vigente acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, podrían haberse realizado las actuaciones precisas que requiere este Monasterio a través del 1,5 %
cultural que introduce la convocatoria pública como instrumento para la selección y priorización de actuaciones.
Lo cierto es que diferentes posibilidades entre las administraciones públicas para colaborar en la restauración del Monasterio do Bon Xesús de Trandeiras.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, conjuntamente con la Xunta de Galicia y el Concello de Xinzo de Limia, ponga en marcha un programa de actuaciones de restauración, rehabilitación y puesta en valor del Monasterio do Bon
Xesús de Trandeiras, con la financiación necesaria y en el que se recojan diferentes alternativas para un uso público del Monasterio.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2015.Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la candidatura de la
sardana como patrimonio cultural e inmaterial de la UNESCO, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La sardana es un baile popular que se ha extendido por Cataluña desde el siglo XIX. El músico y compositor José Ventura (1817-1875) consolidó la sardana hasta convertirla en uno de los símbolos más conocidos del folklore catalán.
Aunque la definición de la Real Academia Española de la Lengua comprende tanto la música como el baile, hablar de la sardana es hacerlo principalmente de una coreografía popular en la que participan personas de ambos sexos que bailan cogidas
de la mano formando un corro que mira al centro y se balancea de derecha a izquierda, punteando con los pies los compases de la música.
Por su parte, la música de la sardana es tocada por una cobla, es decir, por grupos musicales formados por 12 instrumentos históricos: el flautín, tamboril, dos tibles, dos tenoras, dos trompetas, trombón, dos fiscornos y un contrabajo. En
consecuencia, la sardana incluye todas las familias tímbricas instrumentales: cuerda, percusión y viento de madera y metal.
El registro actual de sardanas asciende a unas 30.000, aunque cada año se amplía con unas doscientas nuevas composiciones. Se trata de una evolución paralela a la experimentada con el paso de los años por la cobla, que ha evolucionado en
métrica, en rítmica, en tímbrica, en formato básico, así como en número de instrumentos.
Además, la cobla se ha abierto a otras estéticas y tendencias musicales, a otros lenguajes, así como el jazz, pop, rock, sinfonismo, electrónica De hecho, la mayor parte de las figuras que componen la escena musical catalana actual han sido
reproducidos por la cobla en algún momento en los últimos cien años.
En Cataluña existe actualmente y a raíz de la historia de la sardana, un potente asociacionismo popular, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, en el que destacan entidades como la Obra de Ballet Popular que estableció la
celebración del Día Universal de la Sardana, la Federación Sardanista de Cataluña y la Unión de Grupos Sardanistas.
El asociacionismo popular de la sardana organiza cada año gran cantidad de actos en toda Cataluña. Destacan los llamados «aplecs» (encuentro de origen religioso y festivo que se celebraba al aire libre en torno a un santuario o de un lugar
con algún emblema), además de bailes, audiciones, conciertos, concursos de composición y competiciones de«colles».
Por todo lo expuesto, y entendiendo que la sardana, como danza y como música, forma parte del patrimonio cultural inmaterial de Cataluña y por tanto de España, que debe ser protegido, reconocido y promovido, atendiendo a lo que dispone la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural inmaterial, celebrada en 2003,
El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de trabajo de Patrimonio Mundial e Inmaterial, apoye y defienda en las instancias internacionales oportunas, la
inscripción de la candidatura de la cultura de la sardana en la lista Representativa del patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, sin que implique coste adicional alguno presupuestario.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2015.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Igualdad
161/003621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la posibilidad de disponer
de datos para determinar la incidencia de la violencia de género sobre las personas con discapacidad, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En la actualidad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recoge a través de diferentes informes y datos estadísticos la realidad sobre la violencia de género en nuestro país. Las fichas estadísticas de víctimas mortales
recogen en tiempo real datos sobre el número de denuncias interpuestas, medidas de protección, edad de las víctimas, ámbito geográfico o país de nacimiento.
El Gobierno ha realizado un gran esfuerzo para avanzar en un conocimiento más completo del fenómeno de la violencia de género, necesario para diseñar e implementar políticas eficientes en este grave problema.
Sin embargo, consideramos que estos datos estadísticos, fundamentalmente aquellos que se actualizan en tiempo real, estarían más completos de cara a futuras políticas, si se conociera el número de personas con discapacidad que sufren este
tipo de violencia. Según las últimas macroencuestas realizadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad sobre Violencia de Género, casi el 10 % de las mujeres asesinadas el año pasado en España víctimas de la violencia
de
Género tenían discapacidad, porcentaje que sube hasta el 13 % en el año 2012. En 2013, cinco de las 54 asesinadas por el machismo eran mujeres con discapacidad, mientras que en 2012 fueron siete de las 52 mujeres muertas a manos de sus
parejas o exparejas.
Existen muchas mujeres con discapacidad que viven en entornos hostiles y segregados. Mujeres que desconocen que están siendo víctimas de violencia, que dependen de forma vital de su agresor, y que no tienen acceso a la información, no
siendo posible para ellas ni siquiera llegar de forma independiente a la comisaría para denunciar.
Por ello, es necesario conocer los datos de mujeres con discapacidad que sufren o han sufrido malos tratos en nuestro país, de forma actualizada, para poder plantear las políticas públicas oportunas y erradicar de forma efectiva esta lacra,
que afecta de forma acuciante al colectivo de mujeres con discapacidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la inclusión de las personas con discapacidad en los datos estadísticos de la violencia de género publicados en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
con el fin de obtener una información más completa y actualizada de cómo afecta la violencia de género a estas personas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2015.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/003619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a declarar el
tercer domingo del mes de septiembre «Día Nacional de la Movilidad Ciclista», para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Cada vez más, no solo en España, sino prácticamente en la totalidad de los países desarrollados, las estrategias de movilidad buscan fomentar otros modos de transportes (alternativos y/o complementarios) mucho más «sostenibles» y
«saludables».
Esta movilidad «sostenible» debe basarse en la planificación ya existente y, por supuesto, ha de tener en cuenta los principios de integración y de participación. Además, de manera más específica, deberá:
Permitir un desarrollo más equilibrado y una mejor integración de los diferentes modos de transporte.
Cumplir con las premisas de sostenibilidad (viabilidad económica, equidad social y calidad ambiental, reduciendo la contaminación acústica, atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero).
Optimizar la eficiencia y la rentabilidad del sistema.
Mejorar el atractivo del entorno, la calidad de vida y la salud.
Sólo de esta forma podrá conseguirse un sistema de movilidad que sea sostenible, seguro, universal, competitivo y saludable. Sin duda, atributos que reúne con creces la bicicleta como modo de transporte alternativo y/o intermodal.
Pero a estas innegables ventajas socio-ambientales, se unen otras de carácter socio-económico no menos relevantes que las anteriores.
Por un lado, están las oportunidades de negocio innovador que ofrece el sector de la bicicleta; un sector que ya impacta de manera considerable dentro de la industria de artículos deportivos en España, donde el ciclismo es la principal
fuente de ingresos con un porcentaje estimado en torno al 20 % del total.
Y, por otro, no es menos relevante el potencial de regeneración que dentro del sector turístico ofrece la bicicleta.
Como destino turístico preferido de los europeos, debemos apuntarnos a la corriente que la iniciativa privada ya ha detectado. El «cicloturismo» es una realidad que mueve cifras de vértigo en Europa (2.300 millones de desplazamientos y
44.000 millones de euros de facturación anuales); capaz, además, de desarrollar todo un sector empresarial completo y muy dinámico, que tiene la virtud de ofertar puestos de trabajo estables geográficamente y de generar riqueza de manera
territorialmente distribuida. Y España, por nuestra climatología, por patrimonio natural y cultural, por nuestros éxitos deportivos en este campo y por tradición, es un país donde existe toda una tradición ciclista, una tradición que hace del
«cicloturismo» una actividad muy atractiva.
En consecuencia, desde las Instituciones debemos apoyar este tipo de iniciativas y ayudar al sector privado a aprovechar estas oportunidades de crecimiento y competitividad que giran alrededor de la bicicleta.
Entre las acciones que permiten evidenciar este apoyo institucional resulta de especial interés por su efecto pedagógico a través de la participación activa tanto del sector (fabricantes, ciclistas, etc.) como de los propios responsables
políticos (sobre todo, a nivel Local) la «Celebración de un Día Nacional de la Movilidad Ciclista», como así queda suficientemente demostrado con las experiencias ya puestas en marcha, por ejemplo, alrededor de la celebración de la Semana Europea
de la Movilidad.
La institucionalización del «Día Nacional de la Movilidad Ciclista» vendría a culminar y a reconocer el ingente esfuerzo, así como todo el trabajo desplegado durante el año transcurrido entre dos celebraciones consecutivas, por los distintos
grupos de interés (asociaciones de ciclistas, fabricantes, administraciones públicas, etc.) de manera coordinada, con lo que se garantizaría un efecto multiplicador en las diferentes acciones, en aras a reforzar y fomentar el uso «responsable» de la
bicicleta como modo alternativo y/o complementario de transporte.
Con el fin de reforzar su estrategia de movilidad sostenible, saludable y segura mediante el fomento del uso de la bicicleta, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar, con efectividad en 2015, el tercer domingo del mes de septiembre como ?Día Nacional de la Movilidad Ciclista?, coincidiendo con el último día de la Semana Europea de la
Movilidad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2015.Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/003598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a garantizar la participación de las Comunidades Autónomas en programas de lucha contra el cambio climático
que persigan la reducción de emisiones en sectores difusos, como los planes de impulso al Medio Ambiente (PIMA), o los Proyectos CLIMA.
Antecedentes
El Gobierno ha impulsado recientemente, como instrumentos de lucha contra el Cambio Climático y para reforzar el objetivo de avanzar en la protección del medio ambiente e impulsar la actividad económica, las iniciativas PIMA (Plan de Impulso
al Medio Ambiente) Aire, PIMA Sol, PIMA Tierra, y PIMA ADAPTA.
Concretamente, el Consejo de Ministros aprobó, el 2 de agosto, de 2013, el Real Decreto 635/2013 por el que se desarrolla el PIMA Sol, lanzado conjuntamente entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Esta iniciativa se suma al PIMA Aire 3, aprobado en Consejo de Ministros el pasado febrero o al PIMA Aire 4, el pasado 28 de noviembre, por ejemplo, y al PIMA Tierra aprobado el 7 de marzo de 2014, a través del Real
Decreto 147/2014.
Éste último, el PIMA Tierra, regula la concesión directa de ayudas para la renovación de tractores agrícolas, promueve el desguace de tractores antiguos y su sustitución por otros nuevos, con mayor eficiencia energética y menores emisiones
contaminantes.
El Plan PIMA Aire por su parte, pretende reducir de forma significativa las emisiones de contaminantes atmosféricos y de CO2 mediante la renovación del parque de vehículos y su sustitución por modelos más eficientes y de menor impacto
ambiental. Supone ayudas directas para la adquisición de vehículos comerciales, motocicletas y ciclomotores eléctricos e híbridos y de bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico.
El Plan de Impulso al Medio Ambiente PIMA Sol es una iniciativa destinada a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GED del sector turístico español. En concreto, promueve la reducción de las emisiones directas de GEI
en las instalaciones hoteleras conseguida mediante la rehabilitación energética de éstas.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), comprará las reducciones de emisiones directas de gases de efecto invernadero que se produzcan en los hoteles mediante los proyectos de renovación. El Plan pretende,
según el Gobierno, ser un impulso para la renovación de las infraestructuras hoteleras, contando con una orientación hacia una reducción significativa de las emisiones de CO2 en este sector (entre un 40 % y un 70 %), pero también de otros
contaminantes como el óxido de nitrógeno (NOx) y las partículas.
El Plan PIMA ADAPTA ha sido presentado muy recientemente, el pasado 12 de marzo, y tiene como objetivo poner en marcha, con carácter pionero y con vocación de continuidad en el tiempo, proyectos concretos de adaptación al cambio climático en
diversas comunidades autónomas.
Como ejemplo de programa o proyecto destinado a la lucha contra el cambio climático impulsado en estos momentos por el Gobierno, también podríamos destacar los Proyectos Clima. Éstos son promovidos a través del FES-CO2 (Fondo de Carbono
para una Economía Sostenible) y están concebidos para marcar una senda de transformación del sistema español hacia un modelo bajo en carbono. Son proyectos desarrollados también en los conocidos como «sectores difusos» (no sujetos al régimen
europeo de comercio de derechos de emisión), como son el sector del transporte, residencial, residuos, etc.
Sin duda, el cambio climático es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la humanidad. Y a la lucha contra él debemos destinar muchos y mayores esfuerzos. Es indiscutiblemente, una problemática de alcance global y de enorme
envergadura, pero a la que a su vez, cabe responder de forma local si pretendemos ser más efectivos o eficaces.
Este grave fenómeno de calentamiento del sistema climático tiene, según los expertos y como todo el mundo sabe ya, una causa clara, la acción humana, la actividad de las personas en diferentes sectores.
Como bien considera el Gobierno, es del todo imprescindible impulsar medidas y/o planes como los señalados pues una parte importante de las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene su origen en actividades no incluidas en el
denominado mercado de derechos de emisión. Se trata, como hemos señalado, de las conocidas como «emisiones de los sectores difusos», y tienen que ver con actividades como las citadas; el transporte, la agricultura, los residuos, los gases
fluorados, las actividades industriales no sometidas al mercado de derechos de emisión, y con la edificación, las viviendas y los servicios.
Si bien el control, el seguimiento y, en general, el funcionamiento de lo que afecta a las emisiones de actividades sometidas a los mercados de derechos de emisión se corresponde en gran medida, con las disposiciones normativas con origen en
la UE, las actuaciones en materia de emisiones difusas son fundamentalmente responsabilidad de los Estados, y en el caso del Estado español, se trata de responsabilidades básicamente autonómicas.
Por lo tanto, en opinión del Grupo Parlamentario Catalán y de acuerdo con el vigente marco normativo la distribución competencial establecida otorga competencias en materia de sectores difusos a las Comunidades Autónomas, las políticas
destinadas a la reducción de estas emisiones difusas deberían estar en manos de las CC.AA. La naturaleza global del fenómeno en ningún caso, puede ser excusa para que el Estado se apropie de unas competencias que no le corresponden.
En consecuencia, el Gobierno debe otorgar participación, colaboración e incluso protagonismo a las CC.AA., en las políticas destinadas a luchar contra las emisiones de los sectores difusos que contribuyen
al Cambio Climático. Debería más que contar con ellas y en este sentido, debería pues territorializar los recursos destinados a materializar las políticas de mitigación y reducción de emisiones que otras administraciones deben llevar a
cabo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar con las Comunidades Autónomas impulsando su participación e implicación, en planes, medidas y programas destinados a reducir has emisiones de gases con efecto invernadero
procedentes de los sectores difusos así como la adaptación frente a los impactos del cambio climático y, en concreto, en planes como los PIMA Aire, Sol, Tierra y ADAPTA, distribuyendo territorialmente los recursos destinados a materializar los
citadas medidas, planes y programas.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la participación de las administraciones autonómicas en los «Proyectos Clima» derivados del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, tanto en la recepción de
solicitudes, como en la definición de criterios y en la selección final de los proyectos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2015.Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/003602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a colaborar con las Administraciones Autonómicas en materia de Registros de Huella de Carbono.
Antecedentes
Sin duda, el cambio climático es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la humanidad. Y a la lucha contra él debemos destinar muchos y mayores esfuerzos. Es indiscutiblemente, una problemática de alcance global y de enorme
envergadura, pero a la que a su vez, cabe responder de forma local si pretendemos ser más efectivos o eficaces.
Este grave fenómeno de calentamiento del sistema climático tiene, según los expertos y como todo el mundo sabe ya, una causa clara, la acción humana, la actividad de las personas en diferentes sectores. La actividad del sector industrial
pero también la actividad de los denominados sectores difusos (transporte, residencial, agrícola, ) está provocando de forma intensa y continuada, este efecto sobre el sistema climático, a través de las emisiones de lo que se conocen como Gases de
Efecto Invernadero.
De entre los instrumentos que tenemos para luchar contra el cambio climático y las emisiones que lo producen, hay un mecanismo conocido como «La huella de carbono». Este instrumento permite cuantificar las emisiones de gases de efecto
invernadero que son liberados a la atmósfera como consecuencia de una actividad determinada, bien sea la actividad necesaria para la fabricación de un producto, para la prestación de un servicio, o para el funcionamiento de una organización.
Esta cuantificación permite ser conscientes del impacto que tiene cada actividad en el calentamiento global, y por lo tanto se trata de una herramienta de sensibilización para organizaciones y para consumidores y usuarios. Puede ser un
elemento que nos permita diferenciar a las organizaciones que deciden comprometerse con el medio ambiente y apuestan por el desarrollo de una actividad sostenible, de las que no.
Pero la huella de carbono además de mecanismo de cálculo y sensibilización, se convierte también en un primer paso en el camino de la mejora y el compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Permite que las empresas
calculen y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero y establece un sistema para que las que lo deseen, puedan compensar su huella con proyectos de sumideros forestales en España.
El Registro nacional de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, aprobado por el Gobierno a través del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, tiene estos objetivos: cálculo, reducción y posterior
compensación a través de proyectos de absorción o sumideros forestales que estén localizados en España, con lo que también se impulsa la creación de masas forestales que absorben el CO2.
Todo ello permitirá una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contribuirá a que España pueda cumplir con los objetivos europeos en materia de lucha contra el cambio climático, así como los de ámbito internacional.
Sin embargo, parece que en esta materia se están produciendo algunas disfunciones que pueden poner en peligro el alcance de los objetivos previstos. Algunas CC.AA. desde hace algún tiempo, han impulsado y ya tienen implementadas
iniciativas en este terreno y en muchos casos, son muy similares a las promovidas por el ejecutivo central. Cabe, en opinión del Grupo proponente, que las administraciones implicadas en estas cuestiones colaboren con el fin de incrementar y no
reducir, las posibilidades de alcanzar efectivamente los objetivos de sensibilizar, de reducir las emisiones, de aumentar los proyectos de absorción y, en consecuencia, de cumplir con los compromisos internacionales asumidos por España en materia de
lucha contra el Cambio Climático.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar con las Comunidades Autónomas en materia de registros de huella de carbono, en especial con aquellas que ya tienen implementados mecanismos equivalentes, respetando en todo caso sus
competencias en la materia, su iniciativa política, y las diferentes características de los territorios que administran en cuanto a entramado social y económico, con el fin de incrementar las posibilidades de alcanzar efectivamente los objetivos
perseguidos por el citado mecanismo, de sensibilizar, de reducir las emisiones, de aumentar los proyectos de absorción, y en consecuencia, de cumplir con los compromisos internacionales asumidos por España en materia de lucha contra el Cambio
Climático.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2015.Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2015.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/003115
Grupo Parlamentario Socialista
Preguntas con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Considera el Gobierno que con las dotaciones de plazas actuales en las comisarías de Galicia quedan perfectamente atendidas la totalidad de funciones policiales que se deben desarrollar en cada una de ellas? ¿Se corresponde la dotación
policial de cada una de las comisarías gallegas con las de otros territorios semejantes en cuanto a territorio, población y problemáticas específicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2015.Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
Comisión de Fomento
181/003116
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María Teresa Rodríguez Barahona
Texto:
El Proyecto de Alta Velocidad a escala europea en el trazado del Eje Atlántico Ferroviario Europeo incluye la Línea Madrid-Valladolid-Vitoria-frontera francesa y la denominada «Y» de comunicación en LAV entre las tres capitales vascas. La
Ministra de Fomento y el Secretario de Estado de Infraestructuras en intervenciones públicas, realizadas en fechas recientes en Euskadi, han desgranado información sobre el calendario de ejecución del Proyecto, por una parte, y sobre los tiempos de
viaje previstos entre las capitales vascas, por otra. Dada la naturaleza estratégica de esta fundamental infraestructura. ¿Cuál es la repercusión de las nuevas previsiones en términos de competitividad económica, rentabilidad social y adecuación a
los objetivos de la Alta Velocidad como factor de vertebración de la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2015.María Teresa Rodríguez Barahona, Diputada.
181/003117
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María Teresa Rodríguez Barahona
Texto:
La Ministra de Fomento y el Secretario de Estado de Infraestructuras en intervenciones públicas, realizadas en fechas recientes en Euskadi, han desgranado información sobre variación del calendario de ejecución del Proyecto de la LAV en su
trazado Burgos-Vitoria, por una parte, y sobre los tiempos de viaje previstos entre las tres capitales vascas, por otra, que plantean serias dudas respecto al logro de los objetivos con los que se abordó este gran proyecto de comunicación en Alta
Velocidad. ¿Con qué Instituciones de la CAV y/o agentes económicos interesados y afectados por el proyecto han sido acordados dichos cambios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2015.María Teresa Rodríguez Barahona, Diputada.
181/003118
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María Teresa Rodríguez Barahona
Texto:
El Proyecto de Alta Velocidad a escala europea incluye en territorio español la Línea Madrid-Valladolid-Vitoria-frontera francesa y, en su desarrollo en la Comunidad Autónoma de Euskadi, la denominada «Y» de comunicación en LAV entre las
tres capitales vascas. La Ministra de Fomento y el Secretario de Estado de Infraestructuras en intervenciones públicas, realizadas en fechas recientes en Euskadi, han desgranado información sobre el calendario de ejecución del Proyecto, por una
parte, y los tiempos de viaje previstos entre las capitales vascas, por otra, que plantean serias dudas respecto al logro final de los objetivos con los que se abordó este gran proyecto de comunicación en Alta Velocidad. Conocido ya el reiterado
argumento de las necesidades presupuestarias. ¿Cuáles son los criterios y prioridades aplicadas en la toma de decisión de posponer la conexión BurgosVitoria y cambiar los tiempos de viaje entre las capitales vascas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2015.María Teresa Rodríguez Barahona, Diputada.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/003119
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Puede afirmar el Gobierno que durante los meses de verano de 2014 las masas de agua del río Arnoia se encontraban todas ellas en buen estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2015.Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/003120
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuáles son las medidas y cuánto ha ascendido la inversión de las mismas, llevadas a cabo para paliar los daños causados por la crecida del río Arnoia a su paso por Rebordechao, en Vilar de Barrio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2015.Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/003121
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Ha tenido noticias el Gobierno, a través de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de contaminación durante el año 2014 y lo que va de 2015 en el río Arnoia a su paso por el Ayuntamiento de Vilar de Barrio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2015.Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
Comisión de Igualdad
181/003122
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuándo se va a realizar por parte del Gobierno un Estudio y una Encuesta de Empleo del Tiempo en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2015.Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/003123
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuántas empresas con más de 50 trabajadores y trabajadoras cuentan con Planes de Igualdad en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2015.Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/003124
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuántos convenios colectivos firmados en España en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 incluyeron previsiones de elaborar Planes de Igualdad y/o otras medidas de igualdad? Desglosar por años.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2015.Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/003125
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuántas empresas con menos de 50 trabajadores y trabajadoras cuentan con Planes de Igualdad en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2015.Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.