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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 556, de 11/11/2014
cve: BOCG-10-D-556
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
11 de noviembre de 2014
Núm. 556
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003155 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de reprobación al expresidente Aznar... (Página5)
161/003158 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el aborto seguro en El Salvador... (Página6)
Comisión de Defensa
161/003157 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre racionalización de estructuras orgánicas de Defensa y de las Fuerzas Armadas y los correspondientes planes de infraestructuras...
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/003142 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas urgentes para combatir el fraude fiscal, limitar la elusión y reducir la economía sumergida...
161/003161 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proceso de revisión de valoración catastral en el Ayuntamiento de Cambre (A Coruña)... (Página14)
161/003162 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proceso de revisión de valoración catastral en el Ayuntamiento de Fene (A Coruña)... (Página15)
Comisión de Fomento
161/003146 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre nuevo impulso al Corredor Ferroviario Mediterráneo a su paso por Andalucía, finalización en el marco 'Conectar Europa' de los tramos en obra y
adaptación inmediata del trayecto Granada-Antequera/Bobadilla-Marchena-Sevilla para tráfico de viajeros y mercancías... (Página16)
161/003148 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, por la que se insta al Gobierno a que adopte las medidas oportunas para el desarrollo de la iniciativa 'Faros de España'...
(Página19)
161/003152 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al paso a nivel de Hereña (Araba/Álava) en el trayecto Miranda de Ebro-Pobes de la línea Castejón de Ebro-Miranda de Ebro-Bilbao...
161/003153 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la construcción del apartadero técnico en el trayecto Miranda de Ebro-Pobes de la línea Castejón de Ebro-Miranda de Ebro-Bilbao...
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003149 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, por la que se insta al Gobierno a crear una Comisión Mixta formada por SEPI, agentes sociales, partidos políticos y sindicatos
para realizar un balance y valoración del acuerdo firmado entre SEPI, MAYASA y los sindicatos en 2002, y valorar su impacto sobre la Comarca de Almadén... (Página22)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003143 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta a la paralización de las obras de recrecimiento del pantano de Yesa (Navarra), a la realización de una moratoria que permita la elaboración de
un informe técnico independiente relativo a la viabilidad y seguridad de las citadas obras, y a acordar la realización de una investigación exhaustiva de cara a determinar las posibles responsabilidades... (Página23)
161/003159 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con el sector lácteo... (Página25)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003145 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre Cooperación Sanitaria... (Página26)
161/003160 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre Plan integral de lucha contra el ébola... (Página27)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003156 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el desarrollo del Estatuto del Cooperante... (Página28)
Comisión de Cultura
161/003147 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de la industria de la cerámica artística... (Página30)
161/003150 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre propuestas para una regulación cultural de la música popular... (Página31)
161/003151 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de aumentar la asignación presupuestaria destinada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a la Fundación Marco de Vigo...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/002118 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Sánchez Amor (GS), sobre aprobación por el Consejo de Ministros de la extradición del ciudadano kazajo Alexander Pavlov... (Página34)
181/002119 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Sánchez Amor (GS), sobre avión enviado para ejecutar la extradición del ciudadano kazajo Alesander Pavlov... (Página34)
181/002120 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Sánchez Amor (GS), sobre fecha en la que tuvo conocimiento el Gobierno de la intención del gobierno kazajo de enviar un avión para ejecutar la extradición de Alexander Pavlov...
(Página34)
181/002121 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Sánchez Amor (GS), sobre fecha y hora en la que ha aterrizado en España un avión enviado para ejecutar la extradición de Alexander Pavlov... (Página35)
181/002122 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Sánchez Amor (GS), sobre fecha, hora y medios por los que se han notificado a Interpol, a la Audiencia Nacional y al interesado la decisión del Consejo de Ministros sobre la
extradición del ciudadano kazajo Alexander Pavlov... (Página35)
181/002123 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Sánchez Amor (GS), sobre motivos por los que se ha ocultado a la opinión pública el acuerdo del Consejo de Ministros sobre la extradición del ciudadano kazajo Alexander Pavlov...
(Página35)
181/002124 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Sánchez Amor (GS), sobre fecha en la que ha salido de España el avión enviado para ejecutar la extradición del ciudadano kazajo Alexander Pavlov...
181/002125 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Sánchez Amor (GS), sobre permanencia del avión enviado para ejecutar la extradición del ciudadano kazajo Alexander Pavlov en alguna instalación aeroportuaria española...
181/002128 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre previsiones acerca del traslado de las oficinas de la Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra al inmueble adquirido por el Ministerio del
Interior para el fin del mismo en el año 2008... (Página36)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/002116 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre expedientes de revisión de subvenciones con cargo al Plan E a ayuntamientos gallegos abiertos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas... (Página37)
181/002117 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre constancia que tiene el Gobierno de la situación en la que se encuentra el balneario de Berán (Leiro), en la provincia de Ourense, en el que se
invirtieron dos millones de euros de los Fondos Feder... (Página37)
Comisión de Fomento
181/002129 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre obras previstas durante el año 2015 en la Plataforma Logística de Salvaterra-As Neves (PLISAN)... (Página37)
181/002130 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre previsiones acerca de modificar el enlace de Puzo-Lira en la A-52 que dará funcionalidad total a la autovía del Puerto Seco AG-51 durante el año
2015... (Página38)
181/002131 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre previsiones acerca de ejecutar durante el año 2015 las obras necesarias para dotar al ayuntamiento de Ponteareas del nudo correspondiente al
acceso a la autovía A-52... (Página38)
181/002132 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre kilómetros en la red de carreteras dependientes del Estado en la Comunidad Autónoma de Galicia que están todavía pendientes de cambios de
guardarraíles peligrosos para motoristas y ciclistas en caso de accidente y actuaciones durante 2014 y 2015 en dicho sentido... (Página38)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/002115 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre motivos por los que la retribución de la IET/1045/2014 no prima la competitividad, la eficiencia y la innovación técnica, sino que retribuye por igual
a todas las instalaciones, con independencia de su producción eléctrica... (Página39)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/002126 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre criterios seguidos por la empresa pública TRAGSA para nombrar como director en Galicia a don Ángel Currás... (Página39)
181/002127 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre situación procesal en la que se encuentra don Ángel Currás, nuevo director de la empresa TRAGSA en Galicia... (Página39)
Comisión de Cultura
181/002134 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre acciones en relación con la capilla mozárabe de San Miguel, en Celanova (Ourense)... (Página40)
181/002135 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre actuaciones previstas en el Monasterio do Bon Xesús de Trandeiras y su entorno, en el ayuntamiento de Xinzo de Limia...
181/002136 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión en la Vía de la Plata en la X Legislatura y planes de futuro... (Página40)
181/002137 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre planes respecto del reconocimiento del Camino de Invierno, en el Camino de Santiago... (Página41)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2014.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley, de reprobación al expresidente Aznar, para su debate en la Comisión de
Asuntos Exteriores.
Según hemos tenido conocimiento a través de la prensa, Aznar pactó una comisión del 1 % con Abengoa para conseguir adjudicaciones en la Libia de Gadafi.
Befesa, filial del grupo Abengoa, contrató al expresidente del Gobierno para interceder con el Gobierno de Gadafi y conseguir adjudicaciones de cuatro nuevas desaladoras en Libia, un negocio que Abengoa calculaba en 950 millones de euros.
Aznar firmó una comisión del 1 % de todos los contratos que cerrara la empresa en Libia hasta un máximo de 250 millones de euros de facturación, y de 0,5 % a partir de esa cifra. Además, cobró un adelanto de 100.000 euros
En total, José María Aznar habría ganado una comisión de seis millones de euros si Abengoa hubiese construido las desaladoras, pero la guerra civil en Libia y la muerte de Gadafi frustraron el negocio.
El contrato tiene fecha del 8 de septiembre de 2010, solo unos meses antes de la operación militar internacional en Libia a la que José María Aznar se opuso públicamente.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Reprobar al expresidente Aznar por realizar mediaciones internacionales como la referida mientras compatibiliza estas tareas con la percepción de una importante remuneración pública por el cargo que ocupó.
b) Proponer una comisión de investigación, a los efectos de determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2014.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
aborto seguro en El Salvador, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Un informe reciente de Amnistía Internacional pone de manifiesto que la discriminación y la desigualdad de género persistentes en El Salvador son causa de la preocupante situación de los derechos humanos de las mujeres y niñas en este país.
Pese a los avances de las últimas décadas en materia de derechos de las mujeres, en El Salvador las mujeres y niñas siguen teniendo muchos obstáculos para la completa realización de sus derechos humanos, en particular sus derechos sexuales y
reproductivos.
Esto es evidente en materias tales como las creencias en torno a qué constituye una conducta aceptable para mujeres y niñas, en los estereotipos sobre la función principal de la mujer como madre, en la que las niñas son consideradas
portadoras de hijos en potencia, en la sexualidad adolescente y en las actitudes hacia la actividad sexual prematrimonial. Las constantes de discriminación y desigualdad que afectan a la vida de las mujeres y niñas en este país determinan también
la respuesta legal y social a las cuestiones que les atañen, frenan el desarrollo de su empoderamiento y refuerzan la violencia.
Estos estereotipos discriminatorios siguen estando profundamente arraigados en una cultura conservadora y patriarcal, promovida ampliamente en parte por fuerzas conservadoras, como la jerarquía de la iglesia católica.
Es difícil encontrar otro país donde esta situación de discriminación contra las mujeres y la desigualdad de género sean tan evidentes como en El Salvador con la prohibición total del aborto que entró en vigor en 1997.
El aborto era no punible en este país desde 1973, reconociéndose la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo por malformación fetal (aborto eugenésico), por riesgo para la salud de la madre (aborto terapéutico) y en caso de
violación (aborto ético). El 25 de abril de 1997 la Asamblea Legislativa decidió aprobar y eliminar todas las formas de aborto legal bajo presión de la asamblea católica, grupos de 'sí a la vida' y de derechas. Incluso se procedió a reformar el
artículo 1.2 de la Constitución (30 de abril de 1997) para establecer que el Estado debe proteger y para reconocer la condición de 'persona humana' desde el mismo instante de la concepción.
En consecuencia, las mujeres y niñas tienen prohibido abortar, independientemente de las razones que tengan para querer abortar, ya esté su vida en peligro o se trate de un embarazo consecuencia de una violación.
Las mujeres y niñas con recursos económicos limitados ven agravada su situación, ya que no pueden acceder a la información sobre salud reproductiva y a métodos anticonceptivos.
Son alarmantes las tasas tan elevadas de violencia sexual contra niñas y mujeres jóvenes en El Salvador, lo que sumado a la falta de acceso a anticonceptivos de urgencia obligan a muchas sobrevivientes a buscar abortos clandestinos y
peligrosos, poniendo en peligro su salud e, incluso, su vida.
Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, las restricciones legales impuestas al aborto no impiden que las mujeres y las niñas aborten, al contrario las obliga a buscar abortos clandestinos e inseguros poniendo así en peligro
su vida y su salud.
Según el propio Ministerio de Salud salvadoreño, el suicidio es la segunda causa de muerte de jóvenes entre diez y diecinueve años. Además, el suicidio es la causa del 57 % de las muertes de embarazadas de entre diez y diecinueve años.
Como consecuencia de los efectos perniciosos de la Ley de 1997, varios órganos de vigilancia de los tratados de la ONU, como el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos del Niño, han criticado la prohibición del aborto en tanto que violación de los derechos fundamentales de las mujeres y niñas. Esos órganos de derechos humanos han pedido a El
Salvador que despenalice el aborto y garantice su disponibilidad con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Las obligaciones en materia de derechos humanos exigen que El Salvador prevenga esta discriminación y esta violencia de un modo que aborde las causas subyacentes de la marginación sistémica de las mujeres y las niñas en todos los niveles de
la sociedad y en todas las circunstancias, sean públicas o privadas, incluidos los contextos políticos, familiar, de atención a la salud, educativo, judicial y administrativo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mediar ante los organismos competentes para conseguir que se reconsideren la legislación sobre el aborto en El Salvador para evitar las graves consecuencias sobre los derechos de las mujeres de tal legislación sobre el aborto y su
aplicación y para dar la protección legal que todas las mujeres merecen.
2. Actuar ante los organismos internacionales pertinentes para instar a que El Salvador garantice el acceso al aborto seguro y legal, al menos en los casos de riesgo para la salud de la madre, cuando el feto no pueda sobrevivir fuera del
útero y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o de incesto.
3. Hacer las gestiones oportunas en el ámbito internacional para que se pongan en libertad inmediata e incondicionalmente a todas las mujeres y niñas encarceladas por someterse a un aborto o por sufrir un aborto espontáneo en El Salvador.
4. Actuar en los foros internacionales adecuados a fin de que el Estado salvadoreño garantice a todas las mujeres, incluidas las adolecentes, el acceso a la información y a los servicios de anticoncepción, incluida toda la gama de métodos
anticonceptivos modernos de calidad, como la anticoncepción de emergencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2014.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/003157
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre racionalización de estructuras orgánicas de Defensa y de las Fuerzas Armadas y los correspondientes planes de infraestructuras.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito registrado con el número 160344 y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2014.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre racionalización de estructuras orgánicas de Defensa y de las Fuerzas Armadas y los correspondientes planes de infraestructuras, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La empresa nacional Navantia, cuya trayectoria se inicia con la creación de astilleros vinculados al ámbito militar, ha adquirido a lo largo de tres siglos un gran prestigio internacional destacando tanto por la calidad y eficiencia en la
construcción y reparación de buques como por los métodos de trabajo empleados y la alta tecnología que ha desarrollado.
Las unidades de producción con que cuenta en la ría de Ferrol utilizan los medios tecnológicos más avanzados del mundo y un modelo de producción de construcción integrada que hace posible combinar una excelente calidad con costes y plazos
altamente competitivos. Por su parte, los centros de Navantia en la Bahía de Cádiz permiten la construcción de grandes buques al contar con uno de los mayores diques del mundo. A su vez, las instalaciones de la empresa en Cartagena cuentan con
capacidad para construcción de buques especiales como submarinos y cazaminas al tiempo que ha desarrollado una alta tecnología en construcción con fibra de vidrio.
En la actualidad los astilleros públicos de Navantia atraviesan una de las épocas más difíciles de su historia. La falta de carga de trabajo, la desatención recibida por parte del Gobierno y diferentes actuaciones mal definidas han llevado
a los citados astilleros a una situación crítica a la que no se está dando la solución precisa.
Durante los últimos años, con el Gobierno del Partido Popular, los astilleros públicos españoles, bajo la excusa de la crisis, han pasado de ser considerados punteros a nivel internacional a sufrir un inexplicable proceso de paralización
debido a una nefasta política comercial y a una estrategia errada del Gobierno de España y de la cúpula directiva de Navantia que derivan en una importante pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos incidiendo de forma muy negativa en la
economía del país y especialmente en las zonas en que se ubican los astilleros.
Como consecuencia de los vaivenes políticos y de la falta de voluntad por parte del Gobierno de considerar el sector naval como un tema estratégico de la economía española, las comarcas y zonas en que están ubicados los citados astilleros se
enfrentan a un panorama insólito hasta el momento en materia de desempleo, de despoblación y de incremento de la pobreza.
Atrasos e informaciones contradictorias, elaboración de planes estratégicos inviables, falta de actuación de la empresa para acceder a concursos, desatención a las necesidades de adaptación de infraestructuras, incumplimientos en relación
con la garantía de la carga de trabajo para los astilleros junto con la desidia demostrada por parte del Ejecutivo han puesto en una situación límite al sector naval público español y a sus trabajadoras y trabajadores
El Gobierno del Partido Popular, en lugar de adoptar una postura proactiva para la continuidad del sector naval, permite la irresponsable dejación de funciones de los distintos equipos directivos de Navantia, mostrándose más preocupado en
obedecer las consignas neoliberales austericidas que en atender las demandas de las y los trabajadores que a través de sus movilizaciones exigen carga de trabajo para los astilleros, actividad económica y empleo.
Así, en respuesta a la desafortunada acción política llevada a cabo desde el inicio de la presente legislatura, las movilizaciones de la plantilla de los astilleros, reclamando carga de trabajo y planes de futuro para la empresa, han sido
una constante que ha contado en todo momento con un importante apoyo tanto por parte de organizaciones políticas y sindicales como de la ciudadanía en general.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos manifestado en múltiples ocasiones nuestra preocupación tanto por la posición de mercado de nuestros astilleros en el ámbito nacional e internacional como por la pérdida de contratos con empresas
que tienen una fuerte implantación en España y un gran consumo de mercado en nuestro país.
En esta situación, el Consejo de Ministros del pasado 25 de julio de 2014 ha tomado la sorprendente decisión de asignar al Ministerio de Defensa la responsabilidad de la planificación, dirección, control y ejecución de las políticas
necesarias para el fortalecimiento y consolidación del sector industrial de la
defensa poniendo a disposición de tal Ministerio, por una parte, el ejercicio de los derechos derivados de la participación pública estatal en el capital de sociedades mercantiles cuya actividad se desenvuelva en el sector industrial de la
defensa, y en otro ámbito, el liderazgo de la acción de gobierno en relación con los procesos de reestructuración y consolidación de la misma a nivel nacional e internacional.
Esta decisión, tomada a espaldas de la plantilla de los astilleros públicos y, desde luego, de los diferentes grupos políticos y entidades sociales y económicas con interés directo en el sector naval, carece de definición y proyecto con
respecto con las actuaciones que realizará el Ministerio de Defensa, creando una especial inquietud en relación con las importantes oportunidades que deben tener los astilleros públicos en el ámbito de la construcción civil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Definir los objetivos establecidos por el Ministerio de Defensa en relación con el sector industrial de la defensa y, en particular, con la empresa pública Navantia.
- Garantizar la ejecución de trabajos de construcción civil en los astilleros públicos de la empresa Navantia, así como la diversificación en la carga de trabajo encomendada a los mismos.
- Atender a la necesidad de mejora de las infraestructuras de la empresa pública Navantia y específicamente proceder a la construcción del dique flotante en los astilleros de la ría de Ferrol.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/003142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para combatir el fraude fiscal, limitar la
elusión y reducir la economía sumergida, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
El fraude fiscal y laboral constituye una realidad enormemente significativa de la economía española. Según estimaciones del Sindicatos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, la estimación equivale a ocho puntos de PIB, unos
80.000 millones de euros.
Según este mismo sindicato, la deuda fiscal pendiente de cobro alcanza los 50.000 millones de euros, lo que hace muy discutibles el logro de objetivos serios en la persecución del fraude.
Esta situación es perfectamente detectada por la ciudadanía, con todas las consecuencias que eso tiene sobre la moral fiscal. Según el último estudio del CIS al respecto (julio de 2013), el 94,8 % de los encuestados consideraba que en
España había mucho o bastante fraude fiscal. Como consecuencia, según una encuesta del Instituto de Estudios Fiscales, más de la mitad de los españoles justifica el fraude.
Frente a todo ello, la recaudación por lucha contra el fraude se sitúa en los 11.000 millones de euros anuales. Según datos de los técnicos fiscales, solo se recauda un euro de cada seis descubiertos como consecuencia del fraude.
La economía sumergida, por su parte, alcanza también un volumen significativo. En 2011, FUNCAS la estimó en el 23,7 % del PIB, en 2012 VISA Europa la situó en el 19,2 % del PIB y en 2013 el informe Tax Gap considera que la economía
sumergida en España es la más importante del sur de Europa y alcanza el 29,1 % del PIB. Realizando una ponderación de estos estudios se puede estimar que la economía sumergida era en 2012 del 24,6 % del PIB, unos 253.000 millones de euros.
Teniendo en cuenta que la contribución fiscal media era del 32,5 % en 2012, nos podemos situar en un volumen de fraude, como consecuencia de la economía sumergida, de unos 82.000 millones de euros.
La vinculación entre economía sumergida y fraude es evidente, aunque no todo el fraude tenga origen en la economía sumergida. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la economía sumergida consiste en actividades
que son productivas en sentido económico y relativamente legal (si ciertos estándares o regulaciones se cumplen), pero que son escondidas deliberadamente a las Administraciones Públicas, para:
a) Evitar el pago de impuestos.
b) Evitar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
c) Evitar cumplir normas laborales y de otro tipo; ciertos mínimos legales como el salario mínimo, el número máximo de horas trabajadas, estándares de seguridad o de salud, etc.
d) Evitar algunos procedimientos administrativos, como rellenar cuestionarios u otros formularios administrativos.
Los dos primeros motivos están directamente vinculados con el fraude y los dos últimos de forma indirecta.
En cuanto a la elusión fiscal, los contribuyentes que pueden practicarla, utilizan los resquicios y las contradicciones existentes en la legislación tributaria -algunas intencionadas y otras no- para pagar menos impuestos de forma
significativa. Es lo que eufemísticamente se llama optimización fiscal e ingeniería financiera. En este sentido, las autoridades europeas han iniciado una fuerte campaña para limitar la elusión fiscal mediante, entre otros ejemplos, la
clarificación del papel fiscal de ciertas multinacionales del sector de la informática o las telecomunicaciones o la llamada Directiva matriz-filial. Contrasta esta preocupación con la situación de, por ejemplo, los Bancos en España, que
difícilmente alcanzan una tributación media del 8 % cuando el impuesto de sociedades es del 30 %. La falta de equidad con empresas de otros sectores y tamaño menor es evidente, cuando estas no pueden aprovechar con la misma facilidad la legislación
sobre deducciones, subvenciones, etc.
Por otra parte, se ha anunciado que la reunión preparatoria de los Ministros de Hacienda del G20 del 19 al 21 de septiembre de 2014 en Cairns (Australia) ratificará las primeras siete medidas de las quince que contiene el plan de acción
contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios que el G20 ya aprobó en San Petersburgo el 6 de septiembre de 2013 para que 44 países miembros y candidatos de la OCDE apliquen sucesivamente en septiembre de 2014 y en septiembre y
diciembre de 2015.
La cuantificación del volumen económico que representa el fraude fiscal derivado de la economía sumergida (incluidas las cotizaciones sociales), más la originada mediante mecanismos de fraude no vinculados a la misma, puede estimarse de
forma prudente en unos 90.000 millones de euros anuales, de los que se recuperan unos 11.000 millones. Tenemos pues un saldo por fraude que no se recupera para la Hacienda Pública de 79.000 millones. Teniendo en cuenta que el fraude fiscal
prescribe a los cuatro años, se trataría de un volumen de fraude 'vivo' de 316.000 millones de euros. Si extendemos el periodo de prescripción de forma que el fraude generado en 2010 no prescriba hasta 2018, podría existir una bolsa de fraude
potencialmente recuperable de más de 600.000 millones de euros durante los próximos cuatro años, sin tener en cuenta recargos y multas.
A ello hay que añadir algo más de 38.300 millones de euros en el presupuesto de 2014 como 'gastos fiscales', que son el techo conocido y legal de los beneficios fiscales que representan el 26,3 % de los ingresos tributarios teóricos, aunque
la delgada línea roja entre elusión y evasión permita suponer cantidades más altas, que no están presupuestariamente reconocidas. No obstante, es evidente que no planteamos la supresión de todos estos gastos fiscales, sino solamente de los que
representan una ruptura significativa en la equidad del impuesto correspondiente.
La anualización de las posibilidades de recuperación de la recaudación fiscal con la aplicación de una Ley como la que proponemos generaría en cuatro años de aplicación una bolsa de 15.000 millones anuales como consecuencia del cumplimiento
de objetivos razonables de disminución del fraude y la economía sumergida, a la que habría que añadir unos 75.000 millones anuales como consecuencia de la persecución y recuperación del fraude histórico vivo, simplemente evaluado en el 50 % de sus
cantidades netas y repartido en los cuatro años. Mucho más que el déficit público.
Es perfectamente imaginable que pudieran dedicarse a financiar el apoyo a la contratación laboral digna y al impulso de la economía real unos 45.000 millones de euros anuales como consecuencia del aumento de la recaudación. No es ilusorio:
menos del 50 % de la recaudación potencial.
Pero ante todo ello, el Gobierno solo propone para lograr el ajuste fiscal exigido por las instituciones de la Unión Europea medidas radicales de recorte del gasto que afectan a los principales servicios
públicos, a los derechos sociales reconocidos por la Constitución Española, al bienestar de la ciudadanía, y que dificultan la creación de empleo y el desarrollo de la economía real.
No tiene justificación ética ni moral que no se tomen las medidas necesarias para llevar a sus últimas consecuencias la lucha contra el fraude fiscal mientras se exigen importantes sacrificios a la mayoría social.
Pero este argumento no es el único. Reducir el fraude es una condición necesaria para reducir el déficit público y eliminar el crecimiento acelerado de la deuda, que ya alcanza prácticamente el 100 % del PIB, sin tener que deteriorar los
servicios públicos, sin renunciar a gastos públicos de elevada rentabilidad económica y social, y sin hacer recaer desproporcionadamente en términos relativos la carga fiscal sobre las nóminas de los trabajadores y el consumo.
Pretendemos recuperar la lucha contra el fraude fiscal como un objetivo prioritario de la política económica, destinado a financiar en una parte importante la tan necesaria creación de empleo, el impulso de la demanda interna y el desarrollo
de la economía real.
Dos argumentos principales avalan esta posición:
a) Una importante diferencia en cuanto al volumen del fraude y economía sumergida entre España y los principales socios de la Unión Europea. Es más, frente a lo que algunos opinan, países con una mayor contribución fiscal, como Francia y
Alemania, tienen un porcentaje de fraude y economía sumergida mucho menor. Esto hace posible un margen muy importante para la eficacia de una adecuada voluntad política en su persecución.
b) Las cantidades resultado del fraude fiscal, la elusión y la economía sumergida son cantidades debidas a la Hacienda Pública, ocultadas y/o retenidas por defraudadores y delincuentes fiscales. La recuperación de la totalidad de las mismas
es una obligación social y democrática de los poderes públicos, cuya ausencia o debilidad puede ser causa, al menos, de reproche político.
En este sentido, conviene resaltar que, teniendo en cuenta los actuales periodos de prescripción de cuatro años, las cantidades potenciales de recaudación como consecuencia de deuda fiscal originada por el fraude no descubierto pueden
estimarse en 316.000 millones.
Por otra parte, las medidas técnicas y legales contra el fraude deben ir acompañadas con medidas organizativas y de gestión de los recursos humanos en la administración tributaria.
La eficacia de cualquier plan de lucha contra el fraude pasa por potenciar la organización de los recursos humanos para alcanzar al mayor número de contribuyentes y sectores económicos, definir y clarificar las funciones para incrementar la
capacidad y autonomía de actuación, motivar a los trabajadores mediante el desarrollo previsible de la carrera administrativa y la promoción interna, e incentivar el trabajo y las habilidades individuales.
Finalmente, recordamos que el 25 de junio de 2013 este Grupo Parlamentario presentó una Proposición de Ley sobre Medidas para Intensificar la Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, aún no debatida, y el 2 de agosto de 2014 la propuesta
de creación de una Comisión de Investigación sobre el Fraude Fiscal, rechazada por la mayoría absoluta del Grupo Popular.
El Grupo de la Izquierda Plural considera que los resultados concretos en la lucha contra el fraude constituyen una base legítima para fundamentar una política alternativa global y financiar una parte significativa de la misma, para lo que
presentará otras propuestas legislativas con esta finalidad.
Ante todo ello, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar durante el presente periodo de sesiones, y, en todo caso, en el plazo de seis meses un Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para Combatir el Fraude Fiscal, Limitar la Elusión y
Reducir la Economía Sumergida, de acuerdo con los siguientes objetivos y contenidos:
a) Los objetivos de la Ley que se insta serán situar el fraude, la elusión fiscal y la economía sumergida en proporciones equivalentes a la de nuestros principales socios de la UE y en coherencia con las políticas sobre estos hechos
propuestas por la Comisión Europea y la OCDE.
b) Como horizonte temporal en el logro de estos objetivos, se fija un período máximo de cuatro años con el siguiente alcance:
i. Reducir en 10 puntos de PIB la economía sumergida
ii. Reducir el fraude fiscal hasta un mínimo de 3 puntos de PIB, como primer paso para su erradicación. Investigar y perseguir principalmente las conductas constitutivas del delito fiscal.
iii. Limitar la elusión fiscal para que las diferencias de tributación entre personas físicas o jurídicas por un impuesto de la misma naturaleza no pueda ser superior a ocho puntos porcentuales de la base imponible.
iv. El redactado de la Ley, de los reglamentos que la desarrollen, de los procedimientos, recursos e instrumentos que se utilicen serán coherentes y funcionales para el logro de esos objetivos.
v. El contenido de la Ley combinará medidas de estímulo al cumplimiento de las obligaciones fiscales con el reforzamiento de la penalización del mismo.
vi. La Ley fijará objetivos anuales de reducción del fraude y de la economía sumergida y establecerá mecanismos para informar al Congreso de los Diputados de su cumplimiento.
c) Desarrollar las siguientes medidas vinculadas al fraude fiscal y en las cotizaciones a la Seguridad Social:
vii. Ampliar en un año mediante disposición transitoria el periodo de prescripción del fraude fiscal en el momento de aprobación de la misma, dos años a partir del primer año de aplicación de la Ley, tres a partir del segundo y cuatro a
partir del tercero. La disposición decaería una vez logrado limitar el fraude a un máximo de tres puntos de PIB. En todo caso, la prescripción prevista por la Ley se extenderá a 10 años cuando se utilicen procedimientos tendentes a ocultar la
identidad real del obligado tributario, se utilicen paraísos fiscales o la defraudación se cometa por una red organizada para cometer la evasión fiscal, equiparando la prescripción administrativa a la prescripción del tipo agravado del delito
fiscal.
viii. Se promoverá la modificación del Código Penal para reducir la consideración de delito contra la Hacienda Pública a 50.000 euros de fraude y del tipo agravado a 120.000 euros de fraude. En el caso de cotizaciones a la Seguridad
Social, se considerará delito cuando el fraude acumulado supere los 50.000 euros en el periodo de prescripción correspondiente.
ix. Revocar la licencia de las Instituciones financieras y entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito que se nieguen a colaborar con la Administración Tributaria en la información y persecución de prácticas de fraude fiscal.
x. Generalizar el criterio de retención a cuenta en la fuente para todas las rentas.
xi. Determinar cuando no haya factura o no conste en ella la cantidad del impuesto (para evitar el con o sin IVA), la más alta de las cantidades entre la que se manifieste como pactada verbalmente o el precio medio del mercado.
xii. No podrán pagarse en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
xiii. Limitar rigurosamente el sistema de estimación objetiva mediante módulos al microempresario que venda exclusivamente al consumidor final.
xiv. Extender la responsabilidad solidaria en la deuda originada por fraude fiscal a quienes colaboren en él, activa o pasivamente, y subsidiaria a quienes subcontraten obras o servicios sujetos a obligación tributaria, no solo a tributos
que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse.
xv. Comprobar el origen de los 40.000 millones que han aflorado con la amnistía fiscal regulada en el Real Decreto-ley 12/2012, para evitar que se estén blanqueando capitales de procedencia ilícita, salvo los provenientes exclusivamente de
la evasión fiscal. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley, mediante la correspondiente modificación del artículo 95 de la Ley General Tributaria, el Gobierno vendrá obligado a publicar en el ''Boletín Oficial del Estado'' la
identidad, las cantidades declaradas y la cuota tributaria autoliquidada por las personas físicas y jurídicas que se han acogido al proceso de regularización fiscal previsto en el Real Decreto-ley 12/2012.
d) Desarrollar las siguientes medidas vinculadas a la reducción de la economía sumergida:
xvi. Recoger la obligatoriedad de alta en la Seguridad Social de todos los contratos de trabajo verbales, independientemente de las características del trabajador (incluida su nacionalidad, residencia o
situación legal). En el caso de contratos escritos, los datos de cotización serán los realmente pactados de forma verbal o de hecho. El incumplimiento será considerado como fraude.
e) Desarrollar las siguientes medidas vinculadas a la limitación de la elusión fiscal:
xvii. Modificar la legislación de las Instituciones de Inversión Colectiva para evitar los notorios abusos de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), incluyendo el límite máximo de participación individual (5 % del capital)
a todas las modalidades de sociedades de inversión, financieras o no. Así se evita el control de la sociedad y el partícipe que quiera invertir o adquirir algún bien reembolsará su participación y tributará por la renta del ahorro diferida, según
la diferencia entre el valor liquidativo y el valor de adquisición. Las sociedades no constituidas por los procedimientos de fundación sucesiva y de suscripción pública de participaciones dispondrán de un plazo de un año, contado a partir de su
inscripción en el correspondiente registro administrativo, para alcanzar la cifra máxima prevista en el párrafo anterior.
xviii. Limitar el total máximo de subvenciones, deducciones y exenciones. Esto es especialmente necesario en el Impuesto de Sociedades de forma que quienes tienen un tipo legal del 30 % no puedan tributar menos del 24 % de la base
imponible (un 3 % menos por causas generales y un 3 % menos por contratación laboral) y quienes tienen un tipo legal del 25 % no puedan tributar menos del 17 % de la base imponible (un 3+5 % por las mismas causas)
xix. Trabajar para procurar un acuerdo en la OCDE para la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes y derechos en los países o territorios
calificados como paraísos fiscales.
xx. Aplicar el Plan de acción de la OCDE contra la erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios de las multinacionales.
xxi. Prohibir en las instituciones financieras españolas nacionalizadas la operativa hacia y desde paraísos fiscales.
xxii. Derogar la disposición final primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, para evitar que se convierta en
una especie de proceso de regularización fiscal permanente y además resulta manifiestamente contrario a nuestro sistema jurídico privar al Ministerio Fiscal y a Jueces y Tribunales del conocimiento de hechos que pudieran constituir delito. En
consonancia con lo anterior, se promoverá la modificación del Código Penal para sustituir por un régimen de atenuantes la exclusión de pena contenida en la salvedad de los apartados 1 de los siguientes artículos en relación con el apartado 4 del
artículo 305, los apartados 3 del artículo 307 y 307 ter, y apartado 5 del artículo 308.
f) Desarrollar las siguientes medidas vinculadas a la reorganización de instrumentos de la Administración Tributaria y su reforzamiento material y humano:
xxiii. Creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda. Esto supondrá la habilitación de los 8.500 Técnicos del Ministerio de Hacienda para realizar funciones superiores a las actualmente encomendadas, incrementando así la eficacia en la
prevención y reducción del fraude.
xxiv. Duplicar en los primeros dos años de aplicación de la Ley el personal funcionario para alcanzar ratios por habitante equivalentes a la media de los países de la UE.
g) Otras medidas:
xxv. Se habilita al Gobierno para tomar las medidas oportunas que permitan contar con la elaboración periódica por expertos independientes de un informe que contenga un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en España y del
fraude fiscal y laboral. Dicho informe estará desagregado territorialmente, por sectores económicos y por tributos.
xxvi. El informe a que se refiere el apartado anterior será presentado y debatido en las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos, que podrán promover las medidas correctoras oportunas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2014.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre el proceso de revisión de valoración catastral en el Ayuntamiento de Cambre (A Coruña), para su debate ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
El Ministerio de Hacienda ha llevado a cabo recientemente la revisión catastral en el municipio de Cambre (A Coruña) a instancias del alcalde de la localidad y de su equipo de gobierno sin procurar la necesaria información ni a la población
afectada ni a las fuerzas políticas con representación municipal.
A lo largo de los últimos meses, las vecinas y vecinos de Cambre han estado recibiendo notificaciones por parte de la Gerencia Regional de Galicia en A Coruña de la Dirección General del Catastro en las que se comunica la nueva valoración
catastral de sus propiedades. En caso de que las personas afectadas deseen conocer la resolución que les compete deben dirigirse a un portal de internet, para lo cual, obviamente, es preciso poseer conocimientos informáticos y conexión a internet,
pues este es el único modo de descargar las nuevas valoraciones catastrales.
En el municipio de Cambre habitan muchas personas mayores que no cuentan con los conocimientos necesarios para el acceso a internet por lo que desconocen la forma en que les afectará la modificación catastral. Además, un importante
porcentaje de la población del municipio, y singularmente, las personas de mayor edad, son perceptoras de pensiones tanto contributivas como no contributivas de escasos importes lo cual les va a dificultar hacer frente al incremento del IBI de sus
viviendas, adquiridas con gran esfuerzo, y que supondrá en múltiples casos abonar una cuantía aproximada de la mitad de la pensión que perciben mensualmente.
Otro sector de población del municipio está formado por familias jóvenes con hijas e hijos pequeños que, a causa de la situación económica y laboral actual, han visto disminuidos, cuando no perdidos, sus ingresos.
La mencionada revisión catastral en el ayuntamiento de Cambre supone un incremento del 91 % en el valor medio de los terrenos y viviendas. Este porcentaje, por sí solo, resulta abusivo y, teniendo en cuenta que entre todos aquellos
ayuntamientos de la misma provincia donde se han acordado nuevos valores catastrales, Cambre es el más afectado por el gran incremento de dichos valores y el que experimenta la mayor subida; las vecinas y vecinos de Cambre serán también los
perjudicados en mayor medida por el incremento en el abono de la contribución.
Por otra parte, la variación del valor catastral no se ajusta a la actual situación del mercado inmobiliario ni tiene en cuenta la realidad en que se encuentran la inmensa mayoría de las familias de Cambre que sufren la crisis económica y el
desempleo y se verán doblemente perjudicadas al incrementarse el valor de su patrimonio ya que, tras la revisión de valores catastrales, en Cambre muchos inmuebles han visto duplicadas o, incluso, triplicadas sus valoraciones catastrales, lo cual se
reflejará en el mismo porcentaje en el recibo de la contribución que tendrán que abonar los y las vecinas de este municipio a partir del año 2015. Este incremento en el valor patrimonial, que no de mercado, impedirá a la población de Cambre acceder
a diversas prestaciones sociales que son necesarias en las actuales circunstancias socioeconómicas y laborales.
La conclusión es que esta revisión catastral tiene un objetivo meramente recaudatorio, buscando gravar económicamente a la población de Cambre e intentando confundirla, pretendiendo camuflar el impacto de una subida tan escandalosa como la
propuesta prolongando el efecto de este incremento desmesurado sobre los recibos de la contribución hasta el año 2025, aunque el valor catastral ya queda fijado en esta revisión.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dejar sin efecto la actualización catastral realizada en el Ayuntamiento de Cambre (A Coruña) e iniciar de nuevo el proceso de revisión de la valoración catastral en dicho municipio, de forma
transparente y con información precisa a la población y atendiendo a las valoraciones reales y a las condiciones socioeconómicas de la localidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre el proceso de revisión de valoración catastral en el Ayuntamiento de Fene (A Coruña), para su debate ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
El Ministerio de Hacienda ha llevado a cabo recientemente la revisión catastral en el municipio de Fene (A Coruña) a instancias del alcalde de la localidad y de su equipo de gobierno sin procurar la necesaria información ni a la población
afectada ni a las fuerzas políticas con representación municipal.
Durante el mes de octubre de 2014, las vecinas y vecinos de Fene están recibiendo notificaciones por parte de la Gerencia Regional de Galicia en A Coruña de la Dirección General del Catastro en las que se comunica la nueva regularización
catastral de sus propiedades. Inicialmente se les exige abonar la cantidad de 60 euros como principio del proceso, explicando la disponibilidad de quince días desde la recepción de la comunicación para presentar alegaciones a la Regularización
Catastral propuesta.
Caso de no presentar alegación, se procederá a aprobar la propuesta planteada por la Dirección General del Catastro habiendo de abonar, además, el incremento en el importe del IBI correspondiente a los últimos cuatro años a los cuales se
aplica la mencionada Regularización catastral.
En caso de que las personas afectadas deseen conocer la resolución que les compete deben dirigirse a un portal de internet, para lo cual, obviamente, es preciso poseer conocimientos informáticos y conexión a internet, pues este es el único
modo de descargar las nuevas valoraciones catastrales.
En el municipio de Fene habitan muchas personas mayores que no cuentan con los conocimientos necesarios para el acceso a internet por lo que desconocen la forma en que les afectará la modificación catastral. Además, un importante porcentaje
de la población del municipio, y singularmente, las personas de mayor edad, son perceptoras de pensiones tanto contributivas como no contributivas de escasos importes lo cual les va a dificultar hacer frente al incremento del IBI de sus viviendas,
adquiridas con gran esfuerzo, y que supondrá en múltiples casos abonar una cuantía aproximada de la mitad de la pensión que perciben mensualmente.
Otro sector de población del municipio está formado por familias jóvenes con hijas e hijos pequeños que, a causa de la situación económica y laboral actual, han visto disminuidos cuando no perdidos sus ingresos.
Esta regularización afecta de forma importante a las sociedades cívicas, tanto de carácter cultural, deportivo o vecinal, que tienen su sede en el municipio, las cuales, a partir de la nueva regularización, deberán pasar a abonar cantidades
muy superiores en concepto de IBI. Hay que señalar que la totalidad de las entidades de las citadas características del ayuntamiento de Fene colaboran de forma activa con la población del municipio cediendo sus locales e instalaciones para todo
tipo de eventos culturales, educativos, deportivos o festivos, colaboración que se extiende, de forma gratuita, a los actos organizados por el propio ayuntamiento. En las circunstancias socioeconómicas actuales, dichas entidades han visto disminuir
el número de personas asociadas y consecuentemente los ingresos derivados de este concepto, lo cual significará la imposibilidad de hacer frente a las pretensiones recaudatorias de la Dirección General del Catastro.
La mencionada revisión catastral en el ayuntamiento de Fene supone un incremento sustancial en el valor medio de los terrenos y viviendas y no responde a la realidad del municipio en relación con las modificaciones propuestas en dicha
regularización. De hecho, en el ámbito rural municipal, construcciones aledañas a las viviendas realizadas para diversos servicios, han pasado a formar parte de la misma vivienda incrementando así los metros cuadrados tanto horizontal como
verticalmente y, como consecuencia, elevando de forma ficticia el valor catastral de la misma.
Este incremento resulta abusivo en la regularización catastral no se ajusta a la actual situación del mercado inmobiliario ni tiene en cuenta la realidad en que se encuentran la inmensa mayoría de las familias y las entidades de Fene que
sufren la crisis económica y el desempleo y se verán doblemente perjudicadas al incrementarse el valor de su patrimonio ya que tras la regularización de valores catastrales, en Fene muchos inmuebles han visto duplicadas o, incluso, triplicadas sus
valoraciones catastrales, lo cual se reflejará en el mismo porcentaje en el recibo de la contribución que tendrán que abonar los y las vecinas de este municipio a partir del año 2015. Este incremento en el valor patrimonial, que no de mercado,
impedirá a la población de Fene acceder a diversas prestaciones sociales que son necesarias en las actuales circunstancias socioeconómicas y laborales.
La conclusión es que esta regularización catastral, desproporcionada e injustificada tiene un objetivo meramente recaudatorio, buscando gravar económicamente a la población de Fene e intentando confundirla pretendiendo camuflar el impacto de
una subida tan escandalosa como la propuesta prolongando el efecto de este incremento desmesurado sobre los recibos de la contribución durante los próximos años.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Dejar sin efecto la actual regularización catastral realizada en el Ayuntamiento de Fene (A Coruña).
- Anular el abono de la regularización correspondiente a los cuatro años anteriores a la misma.
- Ampliar los plazos de información y alegaciones.
- Establecer prórrogas en los pagos del IBI tanto para familias como para entidades.
- Iniciar de nuevo el proceso de regularización catastral en dicho municipio, de forma transparente y con información precisa a la población y atendiendo a las valoraciones reales y a las condiciones socio-económicas de la localidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/003146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
nuevo impulso al Corredor Ferroviario Mediterráneo a su paso por Andalucía, finalización en el marco 'conectar Europa' de los tramos en obra y adaptación inmediata del trayecto Granada-Antequera/Bobadilla-Marchena-Sevilla para tráfico de viajeros y
mercancías, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Tras la elaboración del PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte), el Gobierno de España y el de la Junta de Andalucía acordaron impulsar la construcción del llamado Eje Ferroviario Central de Andalucía, que al igual que la
autovía A-92 uniera y cohesionara todo el territorio andaluz de
oeste a este, conectando todas las capitales de provincia y generando una malla de primer nivel para toda la extensa Comunidad Autónoma andaluza. Con el fin de acelerar la construcción y finalización de dicho Eje Ferroviario, el Gobierno de
España, titular de la red ferroviaria de interés general, responsable en toda España de la red a través de ADIF y de la circulación de viajeros y mercancías a través de RENFE, acordó hacerse cargo de todos los tramos previstos (Cádiz-Sevilla,
Huelva-Sevilla, Málaga-Bobadilla-Córdoba, Algeciras-Bobadilla, Bobadilla-Granada, Granada-Almería, Almería-Murcia), asumiendo excepcionalmente, caso único en toda España, la Junta de Andalucía la construcción del trayecto Sevilla-Bobadilla (129 Km),
cofinanciado con fondos FEDER del Marco Comunitario de Apoyo 2007-2013. Este trayecto a construir por la Junta de Andalucía, como había ocurrido anteriormente en el tramo Tocón-Loja, del trayecto Bobadilla-Granada, cuya plataforma también fue
construida por la Junta de Andalucía, se entregaría libre de carga a la Administración del Estado, a través de ADIF, para su explotación en la RFIG (Red Ferroviaria de Interés General).
La crisis económica, el cambio en el modelo de alta velocidad y la reducción brutal en las inversiones pública por parte del Gobierno de España en esta Legislatura, ha hecho que se pararan las inversiones en el indispensable tramo
Algeciras-Bobadilla, que debía dar servicio al primer puerto español y del Mediterráneo por volumen de mercancías; que se ralentizara la ejecución de la conexión Almería-Murcia, Cádiz-Sevilla y Huelva-Sevilla; que se dejara sin tramitar
ambientalmente el tramo Almería-Granada, y así sigue en estos momentos; y finalmente, que se incumpliera flagrantemente el proyecto Bobadilla-Granada, dejando la doble vía en Archidona (Málaga) y utilizando en 27 km a su paso por el casco urbano de
Loja, la plataforma convencional actual con enormes carencias al haber sido diseñada y ejecutada en túneles y viaductos en el siglo XIX, y decidiendo no construir las nuevas estaciones previstas de Granada y Loja.
La crisis económica también, la reducción drástica e injustificable de las ayudas y transferencias del Estado a la CC.AA. de Andalucía y el elevado costo económico (1100M) que entrañaba la realización del tramo Sevilla-Bobadilla, por el
aeropuerto, retrasaron asimismo la construcción del proyecto por parte de la Junta de Andalucía y se optó por finalizar inicialmente los 77 km desde Marchena a Bobadilla (280M de inversión), que en estos momentos tiene totalmente finalizada la
plataforma para doble vía y tráfico mixto, de mercancías y viajeros, dejando detenida la tramitación y ejecución del tramo Marchena-Sevilla.
Con posterioridad a esta decisión de la Junta de Andalucía, el Parlamento y el Consejo Europeo aprobaron los Reglamentos (1316/2013, de 11 de diciembre) 'Conectar Europa' y el 1315/2013, de 11 de diciembre de 2013, de Red Transeuropea de
Transporte, donde se acuerda el Corredor Ferroviario Mediterráneo,Sevilla-Antequera-Granada-Almería-Murcia-Alicante-Valencia-Tarragona-Barcelona-Perpignan, además de los tramos Huelva-Sevilla y Algeciras-Madrid, también en este caso parte del
Corredor Atlántico, todos ellos incluidos en el Marco Comunitario Europeo 2014-2020, y por tanto prioritarios y a los que se va a cofinanciar con fondos comunitarios, cuya primera convocatoria está ya aprobada, con una partida de 11.900 M para los
programas TEN-T y debe acordarse en febrero de 2015.
En este contexto, en el que España está obligada a respetar los Reglamentos europeos y los corredores ferroviarios aprobados, se intenta por parte del Gobierno, responsable de la totalidad de la red de alta velocidad de España, castigar a
Andalucía congelando, al parecer de manera definitiva, el trazado del Corredor Mediterráneo entre Bobadilla y Sevilla, con el fin de señalar políticamente la culpabilidad de la Junta por no haber finalizado su compromiso con la construcción de este
tramo, que adquirió en momento de bonanza económica y sin los brutales recortes de la financiación que ha impuesto el Gobierno de Rajoy, cuando el Gobierno de España ha parado práctícamente todos los que se había comprometido a finalizar en
Andalucía, a excepción de los que al tener fondos europeos del Marco 2007-2013, tiene que terminar ineludiblemente en diciembre de 2015.
Se adopta de esta manera una posición política de deslealtad con Andalucía por parte del Gobierno de España, que en otras circunstancias y desde la normalidad de las relaciones interinstitucionales, hubiera negociado con la Junta la
finalización del proyecto, revisando en su caso las condiciones y el trazado previsto, intentando tal vez abaratar el costo económico final, pero asegurando en cualquier caso que el Corredor Mediterráneo a su paso por Andalucía, se finalizaría tal
como estaba previsto y acordado, de manera imperativa por los Reglamentos europeos citados y por la planificación estratégica española y andaluza.
Por el contrario, el Gobierno de España descarta inexplicablemente hacerse cargo o negociar un acuerdo con la Junta de Andalucía para poner en uso los 77 km de plataforma ya finalizados entre Bobadilla y Marchena, y a cambio decide, sin que
en modo alguno pueda considerarse una alternativa de futuro, poner en uso una variante de 6/7 km por Almodóvar del Río para unir antes de llegar a Córdoba el trazado
de alta velocidad Málaga-Córdoba, con el de Sevilla-Córdoba, para con este bypass permitir la conexión con Sevilla, en alta velocidad a los viajeros procedentes de Granada y Málaga, aunque obviamente con un aumento del número de kilómetros a
recorrer (50 km ) y por tanto del costo económico del billete.
Este baipás por Almodóvar del Río, cuyo estudio informativo no está hecho y que deberá tener entre 6/7 km, con un puente sobre el Guadalquivir, otro sobre la línea convencional y dos saltos de carneros, ha sido valorado inicialmente con un
costo mínimo de 50 M cuando se haga con doble vía y de entorno a 27 M de manera provisional con una sola vía. En los PGE 2015 han incluido solo 400.000 euros para realizar el Estudio Informativo, planificando una inversión de 21 M para 2017,
cuando posiblemente esté ya el trámite administrativo finalizado, con su correspondiente DIA y los proyectos constructivos, por lo que la puesta en funcionamiento no será antes del 2018, porque como es conocido y comprobado, cualquier nueva
propuesta ferroviaria lleva una tramitación administrativa mínima de dos-tres años para llevarla a cabo.
La obra propuesta de baipás por Almodóvar del Río, por su costo económico y sin duda las ventajas que puede producir para completar la malla andaluza de alta velocidad, hasta que esté finalizado el Corredor Ferroviario Mediterráneo como está
previsto en el Reglamento europeo, aprobado en el marco 'Conectar Europa', es una obra complementaria y útil, y será beneficiosa para el tráfico de viajeros en Andalucía con alta velocidad.
Sin duda, el baipás ferroviario por Almodóvar del Río es una obra complementaria y útil para completar la malla de alta velocidad para viajeros en Andalucía, pero de ninguna manera una opción alternativa a terminar lo antes posible el
Corredor Mediterráneo por el trazado Bobadilla-Pedrera-Osuna-Marchena-Sevilla, como está previsto y aprobado en los Reglamentos europeos con el apoyo y voto de los representantes españoles. La justificación de mantener el trazado a Sevilla por
Marchena resulta tan evidente y contundente, observando sencillamente un mapa de Andalucía, que argumentarlo es volver a discutir lo que el Gobierno de España, con Gobierno socialista y popular, el Consejo y el Parlamento Europeo, el PITVI, la
Estrategia Logística de España, el PISTA y todos los Planes de Ordenación del Territorio de Andalucía, han aprobado repetidamente sin ninguna discusión. El problema a resolver es cómo y por dónde se realiza el trazado que falta por ejecutar entre
Marchena y Sevilla, con qué costo económico y con qué características técnicas, esto es, con el trazado y las características actuales para tráfico mixto de alta velocidad u otro alternativo y provisional, y en qué plazo.
El debate, sin duda alguna, no puede solucionarse olvidándose del trazado del Corredor Ferroviario Mediterráneo, e inventando un uso alternativo como sustituto del anillo ferroviario previsto en Antequera, porque las características técnicas
de la plataforma ejecutada, su diseño, la cercanía a poblaciones importantes y viviendas, no lo harían viable y no superaría un control de impacto ambiental y de tecnologías de muy altas velocidades como sería necesario a un banco de pruebas para la
alta velocidad de futuro.
El debate potente y sólido es como cumplir el mandato que el Parlamento y el Consejo Europeo han aprobado en el Reglamento 'Conectar Europa' y en el de Red Transeuropea de Transporte, que han acordado que el Corredor Ferroviario Mediterráneo
de Mercancías y Viajeros pase, por sentido común, por Bobadilla y Marchena hasta Sevilla y no por Córdoba. Este es el trazado aprobado, y podemos acordar en su caso que provisionalmente los viajeros pasen por Córdoba (Almodóvar del Río), pero esta
solución no resuelve el trazado para mercancías, que es fundamental para conectar los puertos de Huelva, Cádiz, Sevilla y Bahía de Algeciras con el nodo logístico de Bobadilla-Antequera.
La solución lógica y con lealtad institucional es que se llegue a un acuerdo entre la Junta Andalucía y ADIF, en nombre del Gobierno de España, para ceder en las condiciones que se acuerden las obras ya realizadas y que sobre la plataforma
ejecutada hasta Marchena se instalen ya vías convencionales de ancho ibérico con vías polivalentes, que con señalización ASFA, permitirían, con una inversión de en torno a 105 M, asegurar el transporte de mercancías en mejores condiciones y reducir
el tiempo de viaje para viajeros, entre diecinueve y veinticuatro minutos, según se utilizara material móvil autopropulsado, cuya velocidad máxima en diésel es 160 km/h, o material móvil remolcado tipo Talgo, que tiene una velocidad máxima de 200
km/h.
La comparación entre el paso con alta velocidad por Almodóvar del Río sería de un tiempo de viaje entre Granada y Sevilla que oscilaría entre noventa minutos si no para en ninguna estación o de ciento cuatro minutos si para, por ejemplo, en
Loja, Antequera y Puente Genil; frente a un tiempo de viaje de ciento veintiséis minutos entre Granada y Sevilla, haciendo transbordo a un Talgo en Antequera. Pero el precio para el pasajero sería muy inferior en esta segunda opción porque el
canon de línea convencional es muy inferior y el material móvil es más barato por lo que RENFE puede poner precios muy inferiores.
Esta opción con línea convencional mejorada con los nuevos 77 km hasta Marchena, daría servicio a poblaciones como Dos Hermanas, Utrera, Marchena, Osuna y Pedrera, lo que sin duda alargaría los tiempos de viaje en dos minutos por parada pero
daría más y mejor servicio a una mayor población. Acometer esta obra de adaptación de los 77 km hasta Marchena se puede realizar ya, porque no necesita de tramitación ambiental y por tanto en un año podría estar en uso, frente a los tres años del
baipás de Almodóvar del Río.
Esta solución adaptando la vía permitiría en el futuro inmediato que se acuerde, en un marco económico más propicio, con cofinanciación europea en el marco 'Conectar Europa' cambiar de ancho de vías, electrificar y, en su caso, duplicar las
vías si es necesario, puesto que la plataforma ejecutada entre Bobadilla y Marchena está diseñada para doble vía de tráfico mixto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Dar prioridad a la construcción del Corredor Ferroviario Mediterráneo a su paso por Andalucía, aportando los fondos económicos necesarios para finalizar los tramos ya avanzados: Algeciras-Bobadilla, Granada-Bobadilla, Huelva-Sevilla,
Cádiz-Sevilla, Almería-Murcia. Además de desbloquear la tramitación del trazado Granada-Almería y BobadillaSevilla.
2. Presentar en la 1.ª convocatoria del Mecanismo Conectar Europa los tramos pendientes del Corredor Mediterráneo a su paso por Andalucía, para tenerlo terminado en 2020, y poder ofertar servicios de alta velocidad ferroviaria para viajeros
y mercancías, dentro del Corredor Mediterráneo, al conjunto de Andalucía y España.
3. Negociar y acordar con la Junta de Andalucía el traspaso de la plataforma ferroviaria construida entre Bobadilla y Marchena para modernizar el actual trazado ferroviario convencional para viajeros y mercancías, reducir los tiempos de
viaje y poder ofertar precios asequibles para los trayectos que dan servicio a las poblaciones por las que discurre, y sus conexiones con la alta velocidad que se cruzan en el nodo Bobadilla-Antequera.
4. Estudiar la mejor forma de poner en uso los nuevos 77 km de plataforma entre Bobadilla y Marchena para su uso inmediato, en su caso, con tráfico convencional hasta tanto se acuerde y finalice el trazado para alta velocidad.
5. Contratar de manera inmediata el estudio informativo y acelerar la tramitación ambiental del baipás ferroviario de alta velocidad por Almodóvar del Río para asegurar que en 2018 esté en funcionamiento.
6. Impulsar la licitación y la contratación del proyecto de construcción del anillo ferroviario de Antequera para que pueda finalizarse y ponerse en uso lo antes posible, dada su importancia como centro de investigación, desarrollo e
innovación en materia ferroviaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2014.-Manuel Pezzi Cereto y Antonio Francisco Pradas Torres, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Fomento.
En la actualidad, y aunque algunos ya no iluminen el mar, los faros se mantienen con otros usos de lo más variopinto. De los 187 faros existentes en nuestras costas, 55 están habitados, en 28 hay centros de interpretación o salas de
exposiciones, en 12 hay centros de formación, laboratorios y centros de investigación y en uno hay un acuario, entre otras actividades.
Impulsado por el Ministerio de Fomento para poner en valor la red de faros del país, Puertos del Estado ha puesto en marcha la iniciativa Faros de España que permitirá dar un uso distinto a estas
infraestructuras de forma que ya no puedan ser disfrutados por el público en general, pues su intención es que la mayoría pasen a tener fines lucrativos como hoteles, casas de lujo o restaurantes dando concesiones y privatizando la gestión
de estos espacios que solo se podrán permitir los más onerosos y pudientes bolsillos.
En otras palabras, el Gobierno, con tal de reducir el déficit público de las administraciones y en su afán de privatizarlo todo, se ha propuesto la idea de vender al mejor postor el patrimonio público de todos, poniendo el cartel de 'se
vende' a los faros que gestiona el Estado. Se trata de dar entrada a la iniciativa privada, por eso Fomento no se ha planteado que la gestión hotelera recaiga en Paradores que se encuentra en medio de un proceso de reestructuración.
Según el Gobierno, con esta iniciativa se busca fomentar el uso de estos inmuebles como oferta de alojamiento en aquellos sitos donde sea posible y siempre que se respete su valor patrimonial, intentando dinamizar al sector empresarial
hostelero y gastronómico y con ello al empleo. Sin embargo, el pequeño tamaño de los inmuebles y la imposibilidad para hacer reformas de ampliación resta interés para muchos empresarios, dado que en un principio el Ministerio no va a permitir que
se construyan habitaciones anexas a los edificios ya existentes porque una de las obligaciones para el concesionario será devolver el faro a su estado inicial una vez cese su actividad, por lo que las interesadas son pequeñas iniciativas de
restauración u hostelería.
Aunque ya hay algunos faros en España con estos usos, como el de Formentor (Islas Baleares), que alberga un restaurante y existe un grupo técnico en Puertos que está desarrollando un informe vinculante para establecer las medidas que se han
de adoptar para garantizar la compatibilidad del uso de los faros con la hostelería y que dependerá de su idoneidad y viabilidad y de que el espacio sea 'compatible con su uso técnico y Puertos del Estado ha dejado claro que siempre se analizará
'caso por caso', con un respeto escrupuloso a la ley de costas y al pliego técnico que se fije para cada faro, en ningún caso este proceso deberá generalizarse pues los faros además de ser los edificios más románticos de nuestro paisaje costero,
lugares de peregrinación y meditación marinera, cuya luz ha guiado el rumbo de miles de barcos a lo largo y ancho de los mares, muchos de ellos se encuentran dentro de parajes protegidos.
Hecho este último que finalmente habrá que tener en cuenta para destinar su uso a un fin privado o público y siempre bajo previa consulta con el resto de administraciones públicas que puedan verse afectadas o que tengan que intervenir de
alguna forma, no debiéndose adoptar decisiones unilaterales por parte de Puertos del Estado.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas oportunas para que en el proceso de desarrollo de la iniciativa ''Faros de España'':
Se tengan que emitir sendos informes sobre los posible impactos negativos que en el patrimonio natural y cultural podrían ocurrir de otorgar la concesión, no concediéndose esta en su caso.
Solamente se puedan dedicar a uso público como espacio visitable y expositivo vinculado a la difusión y conocimiento de los valores ambientales, culturales, históricos y paisajísticos de la zona aquellos faros que se encuentren en el
interior o las inmediaciones de espacios protegidos.
Se promuevan convenios con las administraciones públicas, preferentemente con las locales, que puedan verse afectadas de alguna forma por el uso hostelero y/o gastronómico de estas instalaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera y Ricardo Sixto Iglesias, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003152
A la Mesa de la Comisión de Fomento
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al paso a nivel
de Hereña (Araba) en el trayecto Miranda de Ebro-Pobes. Línea Castejón de Ebro-Miranda de Ebro-Bilbao, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En la línea ferroviaria Castejón de Ebro-Miranda de Ebro-Bilbao todavía existen pasos a nivel que suponen un peligro para la integridad de las personas.
Concretamente, en el municipio de Ribera Alta, punto kilométrico 156/2, en la localidad de Hereña, hay un paso que solo cuenta con un cartel indicando 'Atención al Tren' en el que no existen ni barreras de seguridad ni un control semafórico.
Cada día los habitantes de la zona se juegan la vida pasando por este lugar para acceder a las labores agrícolas que deben atender en uno y otro lado del paso y los habitantes de San Miguel para llegar a sus casas.
No es nuestra intención la de ser alarmistas, pero a unos metros de este paso había otro y ya se tomaron medidas con la construcción de un paso elevado, lugar donde hace unos años murió una niña.
Actualmente, existen testimonios de personas que han intentado hablar con responsables de ADIF de Miranda y Bilbao para plantear el problema y buscar una solución, pero todos sus intentos han caído en saco roto ya que ni tan siquiera reciben
información de los horarios de paso de los trenes.
Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
'Aportar una solución que resuelva el grave problema que supone atravesar el paso a nivel de la Caseta de Hereña, en el término de Hereña, Ribera Alta (Araba).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2014.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/003153
A la Mesa de la Comisión de Fomento
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción del apartadero técnico en el
trayecto Miranda de Ebro-Pobes. Línea Castejón de Ebro-Miranda de Ebro-Bilbao, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En octubre de 2009 Adif anunciaba la inversión de 1,8 millones de euros para construir un apartadero técnico en Ribera Alta, en el tramo entre Miranda de Ebro (Burgos) y Pobes (Araba) de la línea férrea de ancho convencional Castejón-Bilbao,
para incrementar la capacidad del mismo.
El apartadero técnico se ubicaría en el punto kilométrico 154/800 de la línea Castejón-Bilbao, aproximadamente en la mitad del trayecto entre Miranda de Ebro y Pobes y contaría con una vía de apartado con una longitud útil de 750 metros.
Para su construcción estaba prevista la instalación de la super estructura ferroviaria (carril, traviesas, balasto, sujeciones y desvíos) y adaptar las instalaciones de seguridad y electrificación a la nueva situación de las vías, entre
otros trabajos complementarios.
La obra salió a licitación con un presupuesto de 1.877.896,7 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Esta inversión tenía carácter de obra por cuenta del Estado, y se enmarcaba dentro del Contrato Programa suscrito entre la
Administración General del Estado y Adif para el periodo 2007-2010.
Las fincas afectadas por las obras del proyecto fueron ocupadas mediante expropiación forzosa en el año 2011.
A día de hoy no se ha procedido al inicio de las obras de un proyecto clave, ya que la construcción de este apartadero se enmarca en el contexto del plan de impulso del transporte de mercancías por ferrocarril, y supone una instalación
estratégica para los trenes con origen y final en el puerto de Bilbao y su zona de influencia, favoreciendo de esta manera el desarrollo socioeconómico.
Como consecuencia del retraso en la construcción del apartadero mencionado, provisionalmente se viene utilizando un apartadero en Pobes y ello provoca una dificultad añadida en el paso a nivel de esta población, generándose colas de
vehículos que transitan por esta carretera ya que las barreras permanecen cerradas largos periodos de tiempo.
Por todo lo anterior el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
'Retomar los compromisos adquiridos y comenzar en el plazo de tres meses con las obras de construcción del apartadero técnico en Ribera Alta (Araba).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2014.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/003149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Durante siglos la Comarca de Almadén ha sido una de las zonas mineras más importantes de la Península Ibérica y después del Estado Español. Sus minas de cinabrio y su producción de mercurio han sido las más importantes del mundo llegando a
tener hasta el 50 % de cuota de mercado.
A finales del siglo XX las restricciones de uso del mercurio hizo que se produjeran sucesivos planes de reconversión de la empresa titular de dichas minas, Minas de Almadén y Arrayanes (MAYASA) , dependiente de la SEPI.
El último Plan de reconversión 2002, pactado entre los agentes sociales y la Empresa se acometió una fuerte reducción de plantilla. A cambio se pondrían en marcha serie de medidas sociales y económicas para evitar las consecuencias que se
pudieran derivar del cese de esta actividad, y lograr asegurar un futuro para esta zona.
El objetivo marcado en dicho plan era acometer una serie de actuaciones que supusiera un nuevo desarrollo de la Comarca de Almadén. Existe un compromiso de 'poner en marcha un conjunto de medidas de acompañamiento que eviten en lo posible
el problema asociado a su reducción de empleo directo' página 21 Plan. También el Plan reconoce 'la posibilidad de consolidar actividades mercantiles existentes, como sondeos etc...'
Otras medidas iban dirigidas a la implantación de iniciativas industriales a través de la creación de suelo industrial, de una oficina de promoción industrial para canalizar proyectos de inversión a Almadén, y un plan de explotación de la
Dehesa de Castilseras propiedad de MAYASA.
Pues bien hasta la fecha el plan que había sido pactado y comprometido para Almadén ha tenido unos resultados prácticamente nulos, incumpliéndose gran parte del mismo con unas graves consecuencias demográficas, y económicas.
Año;Población (Habitantes)
1981;9722
1991;8012
2003;6659
2012;6100
2013;5893
Hoy en día la población de Almadén es envejecida con una alta tasa de mortalidad, una muy baja tasa de natalidad, y una tasa de paro muy por encima de la media nacional.
Por lo tanto podemos considerar que la falta de aplicación del Plan de empresa de MAYASA así como la no implantación de medidas que se contemplaban de reindustrialización ha traído consecuencias negativas a la comarca de empobrecimiento,
aislamiento y reducción de su censo.
Los Ayuntamientos de Almadén, Alamillo y Almadenejos, con el apoyo de la práctica totalidad de los grupos políticos se han hecho eco de esta situación y recientemente han aprobado declaraciones y apoyado movilizaciones para que el mayor
recurso que posee MAYASA, la finca de Castilseras, se ponga a disposición de los mismos con el objetivo de crear un plan de explotación que pueda generar riqueza y empleo.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas, para crear una comisión mixta formada por SEPI, agentes sociales, Partidos políticos y sindicatos para realizar un balance y valoración del acuerdo firmado
entre SEPI, MAYASA y Sindicatos en 2002, y valorar su impacto sobre la Comarca de Almadén.
2. El Congreso de los Diputados emplaza al Gobierno y a la SEPI a que atendiendo a la petición social e Institucional:
- Proceda mediante convenio a la cesión de la finca de Castilseras a los Ayuntamientos de Almadén, Alamillo y Almadenejos, o a su municipalización en su caso.
- Aporte una inversión inicial para trabajar conjuntamente con dichos Ayuntamientos en proyectos específicos para crear puestos de trabajo, con el fin de compensando de esta forma a estas localidades por el fracaso de las políticas de
reindustrialización firmadas con los agentes sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2014.- Cayo Lara Moya y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003143
A la Mesa del Congreso de Diputados y Diputadas
Don Sabino Cuadra Lasarte, Diputado de Amaiur (Grupo Mixto), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se solicita la paralización de las
obras de recrecimiento del pantano de Yesa (Navarra) la realización de una moratoria que permita la elaboración de un Informe técnico independiente, relativo a la viabilidad y seguridad de las citadas obras, y acordar la realización de una
investigación exhaustiva de cara a determinar las posibles responsabilidades, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En fecha de 17 de julio, fue presentada por el hoy firmante una Proposición no de Ley en la que, textualmente, se solicitaba lo siguiente:
'El Pleno del Congreso de Diputados y Diputadas acuerda instar el Gobierno a:
1. Paralizar por razones de seguridad e inviabilidad del proyecto las obras de recrecimiento del pantano de Yesa (Navarra) que se vienen realizando.
2. Acordar una moratoria que permita la elaboración de un Informe técnico independiente relativo a la viabilidad y seguridad de las citadas obras.'
En el espacio de tiempo transcurrido entre la presentación de la citada solicitud y la fecha actual, y sin que haya habido oportunidad de proceder al debate de la citada Proposición no de Ley en el Congreso,
han sucedido nuevos hechos que aconsejan modificar parcialmente la solicitud contenida en la citada Proposición no de Ley razón por la cual se presenta ahora esta autoenmienda.
En efecto, el 24 de octubre de 2014, tan solo dos días después de que el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Sr. Xavier de Pedro, anunciase a bombo y platillo la resolución definitiva de los problemas provocados por los
deslizamientos de tierras habidos en la ladera derecha de las obras de recrecimiento del pantano de Yesa (Navarra), los colectivos 'Asociación Río Aragón' y 'Yesa No!' han denunciado de forma gráfica e indubitada la aparición de nuevas grietas en la
citada ladera.
La gravedad de los nuevos deslizamientos se deriva, no solamente de comprobar una vez más su repetición (en julio de este mismo año la CHE había afirmado por enésima vez que el deslizamiento de la ladera derecha ya había cesado), sino de
comprobar cómo las nuevas grietas, si bien comienzan dentro de la zona de seguridad establecida por la CHE, continúan después fuera de la misma durante varias docenas de metros. Es decir, una vez más la CHE evidencia, cuando menos, una
incompetencia alarmante a la hora de definir y delimitar los problemas de seguridad existentes en las obras. No solo eso, sino que es cada vez más evidente que la Confederación está suministrando continuamente información deliberadamente falsa; es
decir, está mintiendo.
A ello debe sumarse el escandaloso hecho de que, como consecuencia de las distintas modificaciones realizadas en el proyecto inicial de las obras, el presupuesto actual de las mismas es, a día de hoy, un 332 % superior al establecido en el
año 2001 cuando las obras fueron adjudicadas (376 millones de euros frente a los 113 iniciales). Presupuesto éste que sigue creciendo como consecuencia de las expropiaciones a practicar de las ciento tres viviendas amenazadas gravemente por las
obras y las nuevas modificaciones a introducir -aún sin concretar-, anunciadas el pasado julio por el Ministerio.
En opinión de Amaiur, éstas son las consecuencias de un proyecto que desde un primer momento ha estado rodeado de todo un sinnúmero de prisas, improvisaciones, deficiencias técnicas, falta de estudios medioambientales y geológicos y, parejo
a ello, de una desinformación y ocultamiento de datos, tal como ha sido puesto de manifiesto por las distintas asociaciones cívicas y medioambientales (Asociación Río Aragón, Plataforma 'Yesa + NO!, Lanak gelditu!', etc...) y los propios
Ayuntamientos cercanos.
Por todo ello, visto lo visto, es lícito y obligado preguntarse si todo lo anterior responde tan solo a un cúmulo de irresponsabilidades técnicas y administrativas, o si por el contrario nos encontramos ante un típico supuesto de
manipulación y ocultamiento de datos que posibilite posteriormente la multiplicación del costo inicial para mayor beneficio de las empresas adjudicatarias (UTE formada por ACS, Ferrovial y FCC) y de quienes han podido propiciar lo anterior desde la
propia Administración, en forma parecida a los distintos casos de corrupción que han surgido por toda la geografía estatal y que han estado ligados en muchos casos a adjudicaciones de obras públicas.
A estos efectos, resulta obligado señalar que, tanto la adjudicación del proyecto, en enero de 2001, como la colocación de la primera piedra de las obras, en mayo de 2001, fue realizada por el entonces Ministro de Medio Ambiente, Jaume
Matas, actualmente procesado por doce delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, habiendo sido ya condenado en uno de estos casos a la pena
de seis años de cárcel.
Por todo ello, Amaiur presenta una nueva Proposición no de Ley, como desarrollo de la anterior ya registrada el 17 de julio de 2014, añadiendo a la misma los puntos 3 y 4 que figuran a continuación, con lo cual ésta quedaría redactada de !a
siguiente manera:
Proposición no de Ley
'El Pleno del Congreso de Diputados y Diputadas acuerda instar el Gobierno a:
1. Paralizar por razones de seguridad e inviabilidad del proyecto las obras de recrecimiento del pantano de Yesa (Navarra) que se vienen realizando.
2. Acordar una moratoria que permita la elaboración de un Informe técnico independiente relativo a la viabilidad y seguridad de las citadas obras.
3. Acordar la realización de una investigación exhaustiva de cara a determinar las posibles responsabilidades técnicas, administrativas y políticas existentes en este, tan a las claras, deficientísimo Proyecto.
4. Sin perjuicio de lo anterior, investigar a fondo las posibles connivencias que haya podido haber entre la empresa adjudicataria (UTE formada por ACS, Ferrovial y FCC) y los responsables políticos y administrativos (CHE, Ministerio,...)
que han participado en la aprobación y gestión de este proyecto durante estos años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2014.-Sabino Cuadra Lasarte, Diputado.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en
relación con el sector lácteo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El Real Decreto 1363/2012, del 28 de septiembre, por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y se establecen las condiciones de
contratación desarrolla la aplicación del paquete lácteo en el ámbito nacional y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la actualidad está abordando su modificación y pidiendo informes a las comunidades autónomas.
En el mes de mayo de 2014, cuando fue nombrada la nueva ministra ya manifestó la necesidad de que se modificara el Real Decreto.
El sector lácteo es especialmente importante en Galicia por el número de explotaciones y por la producción láctea y está sufriendo unas circunstancias que impiden que los productores y productoras gallegos tengan la posibilidad de competir
en igualdad de condiciones que el resto de productores europeos: bajada de precios en origen, la amenaza de pago de supertasa por exceso de producción, más de 7.000 explotaciones sin contrato, y las que lo tienen es con una duración que no supera
los tres meses, etc.
Consideramos necesario que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tenga en cuenta las especiales circunstancias y condiciones del sector lácteo en Galicia en la modificación del Real Decreto 1363/2012.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a que en la modificación del Real Decreto 1363/2012 incluya:
- La obligación efectiva de formalizar contratos con los productores por parte de las industrias.
- Que la duración de los contratos sea obligatoriamente de dos años, para garantizar una mínima estabilidad en el primer período de desaparición del sistema de cuota láctea y que los precios tengan como referencia parámetros objetivos.
- Que se garantice la recogida de toda la leche producida en Galicia y en el resto de Comunidades Autónomas.
- Que la figura del mediador de contratos sea obligatoria y verdaderamente efectiva, con facultades reales de arbitraje y sanción y no de manera opcional como hasta ahora.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2014.-Margarita Pérez Herraiz, Alejandro Alonso Núñez, María Paloma Rodríguez Vázquez, Miguel Ángel Cortizo Nieto, Laura Carmen Seara Sobrado, Guillermo Antonio Meijón Couselo y María
del Carmen Silva Rego, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Cooperación
Sanitaria, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
En este año 2014, se cumplen ocho años de vigencia del Real Decreto 519/2006 por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes y la Orden Ministerial AEC/163/2007 que lo desarrolla, en cumplimiento de la exigencia de proporcionar un
marco legal definido y reconocido para todos los trabajadores expatriados que se encuentran dentro de su marco de aplicación.
La necesidad de seguir avanzando en la dignificación de la tarea del cooperante, a través de la mejora de sus condiciones laborales y sociales, llevaron al Pleno del Senado a aprobar la creación de una Ponencia de Estudio sobre Normativa
Aplicable a los Cooperantes.
El IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, establece, en su capítulo: Una estrategia de colaboración con las ONG, que 'en el periodo de vigencia de este Plan Director se estudiará y, en su caso se reforzará, el Estatuto del
Cooperante, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las conclusiones y propuestas acordadas en la ponencia sobre la normativa aplicable a los cooperantes aprobada en la Comisión de Cooperación del Senado.
Con este objetivo, la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, Organización Médica Colegial de España y la organización médico-humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras España solicitaron de forma conjunta, la revisión de la
normativa aplicable al personal laboral y estatutario de los servicios públicos de salud, en su desempeño como cooperantes.
Teniendo todo lo anterior en cuenta, propusieron que, desde la Administración Central del Estado y a través de las diversas herramientas de coordinación con las CCAA, como el Consejo Interterritorial de Cooperación, la Comisión de
Cooperación de Empleo Público o el Consejo Interterritorial de Sanidad, entre otros, se impulse la mejora y homogeneización de las normativas que rigen la actividad profesional de los cooperantes sanitarios.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar desde la Administración Central del Estado un acuerdo con las Comunidades Autónomas para establecer un marco normativo de mínimos, de aplicación en todo el ámbito estatal, que
garantice los derechos laborales de los cooperantes sanitarios, en las siguientes materias:
1. Regular y unificar la concesión de permisos y excedencias del personal estatutario de los Servicios Públicos de Salud para su incorporación a proyectos de cooperación y/o humanitarios.
2. Regular las bolsas de trabajo dependientes de los Servicios Públicos de Salud y la baremación de las mismas, con el fin de que se valore a efectos laborales la experiencia de los cooperantes que se encuentran desempeñando su labor en el
extranjero, una vez retornan y se incorporan a la función pública.
3. Regular la consideración de la experiencia del cooperante en las oposiciones para ocupar plazas en el Sistema Público Sanitario, como mérito a valorar con una puntuación mínima y equitativa en todo el ámbito nacional.
4. Regular la reserva de plazas, a través de las medidas que se consideren oportunas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV, EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre Plan
integral de lucha contra el ébola, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El virus del ébola causa en el ser humano la enfermedad por el virus del ébola (EVE) cuya tasa de letalidad puede llegar al 90 %. Este virus se introduce en la población humana por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros
líquidos corporales de animales infectados. Posteriormente, se propaga en la comunidad mediante la transmisión de persona a persona, por contacto directo (a través de las membranas mucosas o de soluciones de continuidad de la piel) con órganos,
sangre, secreciones, u otros líquidos corporales de personas infectadas, o por contacto indirecto con materiales contaminados por dichos líquidos.
En agosto de 2014 la OMS declaró que la infección por ébola en África Occidental constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional y publicó la 'hoja de ruta para la respuesta al virus del ébola', con la finalidad de
detener la transmisión del virus en los países afectados en un plazo de seis a nueve meses, y evitar su propagación internacional.
La hoja de ruta ayudará a los gobiernos y los asociados a revisar y dotar de recursos los planes operacionales de respuesta al brote de EVE en cada país. Asimismo, ayudará a coordinar el apoyo internacional a su plena aplicación. Sus
objetivos son: lograr que las actividades complementarias de respuesta a la EVE en los países con transmisión extendida e intensa tengan una cobertura geográfica completa; velar por la aplicación inmediata de intervenciones integrales de respuesta
a la EVE en los países con casos iniciales o transmisión localizada; reforzar la preparación de todos los países para detectar y responder rápidamente a las exposiciones al virus del ébola, especialmente de los que tengan fronteras terrestres con
una zona de transmisión intensa y los que cuenten con centros de transportes internacionales.
Según datos de la Comisión Europea, el ébola ha afectado por el momento a 10.141 personas, de las que 4.922 han fallecido.
Tanto en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, del 20 de octubre, como en el Consejo Europeo, celebrado el 23 y 24 de octubre, la UE y sus Estados miembros han comprometido su esfuerzo internacional para aportar
una respuesta de emergencia ante esta crisis. Ese esfuerzo se ha elevado en esa última reunión del Consejo Europeo a 1.000 millones de euros, asumiendo que la forma más eficaz de luchar contra esta emergencia sanitaria consiste en ayudar a los
países de África Occidental afectados por la epidemia, tanto con medidas de tipo preventivo como de asistencia sanitaria.
La lucha contra esta enfermedad no debe ser solo local, sino que ha de ser global y especialmente centrada en el foco principal: los países afectados en África. Solo si se ataja el problema desde el corazón del mismo se podrá poner fin al
ébola. España por su situación geopolítica y estratégica ha de jugar un papel relevante en la lucha contra la enfermedad. España tiene la obligación de liderar el proceso de lucha contra el ébola y para ello es necesario establecer un plan
integral y global de lucha contra el virus.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a emprender las actuaciones necesarias para liderar la lucha internacional contra el ébola. A tal fin, aprobará, con urgencia, un Plan integral y global de lucha contra esta enfermedad que
contendrá, al menos, las siguientes medidas:
1. Dotar una partida presupuestaria extraordinaria para la cooperación al desarrollo destinada a la mejora y fortalecimiento de la estructura sanitaria de los países afectados y la lucha contra la transmisión de la enfermedad entre los
habitantes de los propios países, y liderar en el ámbito de la UE una acción de cooperación al desarrollo para ayudar en la dotación de recursos a los países africanos afectados.
2. Habilitar una partida extraordinaria a disposición del Programa Mundial de Alimentos para asegurar el mantenimiento de la seguridad alimentaria en la zona afectada por el ébola.
3. Cooperar con la OMS, los gobiernos de los países afectados y las organizaciones presentes en la zona para dar una respuesta socio-sanitaria coordinada que permita evitar los riesgos de contagio en los países afectados.
4. Adoptar las medidas necesarias para facilitar la llegada de medios humanos y materiales, médicos y sanitarios a la zona afectada, entre ellas:
a) Habilitar la base logística de Gran Canaria para que se convierta en un corredor humanitario, sanitario y logístico con la zona afectada.
b) Desplegar un contingente del ejército tanto para el despliegue de hospitales de campaña en la zona, incluyendo el personal necesario para su funcionamiento, así como personal que permita mantener la seguridad en la zona.
c) Poner a disposición del operativo desplegado en la zona afectada la unidad NBQ (Nuclear, Biológica y Química) de la UME.
5. Promover en el ámbito de la UE el establecimiento de un protocolo de evacuación para garantizar la seguridad del personal sanitario y de cooperación que incluya la puesta a disposición de un avión de evacuación permanente en la zona
afectada.
6. Aumentar el presupuesto destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo que permita prevenir situaciones futuras de carácter similar.
7. Reforzar las medidas relacionadas con la prevención, investigación y mejora de la gestión de la Salud Pública en relación con el ébola, para poder aportar la experiencia en española a la lucha internacional contra la enfermedad. Para
ello se procederá a:
a) Aumentar los fondos destinados a la investigación y desarrollo de tratamientos para enfermedades infecciosas. Mantener activa la coordinación interterritorial y de expertos para garantizar una respuesta multidisciplinar y efectiva.
b) Investigar las causas del contagio de Teresa Romero y proponer las medidas necesarias para evitar futuros contagios. Establecer alianzas con centros de investigación que permitan usar la experiencia del tratamiento a Teresa Romero,
asegurando la protección de la propiedad intelectual que pueda corresponder al sistema sanitario público español.
c) Informar a la ciudadanía adecuadamente. Poner el valor el trabajo de los sanitarios españoles y divulgar los avances en el tratamiento y cura de la enfermedad.
d) Garantizar la información y formación del personal sanitario, tanto público como de la sanidad privada.
e) Proceder a la creación de un Centro nacional de control de enfermedades, bajo la dependencia del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que incorpore las actuales estructuras de salud pública del Instituto de Salud Carlos
III.
f) Proceder a la creación de un Grupo de Trabajo con el mandato de elaborar un informe con propuestas operativas para reforzar la Salud Pública en España y su preparación para hacer frente a las crisis sanitarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2014.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo del Estatuto del Cooperante, para
su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Los cooperantes son la mejor expresión del espíritu de solidaridad entre los pueblos, sentimientos profundamente arraigados en la sociedad española. Además, son la imagen de la cooperación sobre el terreno y nuestra mejor carta de
presentación.
Así ha vuelto a ponerlo en evidencia la gesta de nuestros cooperantes en la lucha contra el ébola en los países de África Occidental. Pero no basta con valorar su esfuerzo, es preciso atender sus preocupaciones. Los cooperantes no solo se
alejan de sus familias y de sus lugares de origen, sino que con frecuencia afrontan situaciones de riesgo, de violencia e inseguridad, de desastres naturales o de escasez de productos. Su entrega va más allá de lo exigible a cualquier profesional,
por lo que garantizarles las mejores condiciones laborales y de vida es una prioridad.
El Estatuto del Cooperante, establecido por Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, en aplicación de la Ley 23/1998, de 7 de junio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, representó un avance histórico en el reconocimiento de la
problemática de los cooperantes, fijando un marco jurídico estable para regular cuestiones tales como la protección social, o el régimen fiscal aplicable.
Transcurridos varios años de la aplicación de esta normativa, desde distintas instancias del mundo de la cooperación, ONG, y sobre todo, los propios cooperantes, se viene solicitando un desarrollo del Estatuto en aspectos concretos, que
suponga una mejora en las condiciones laborales y del régimen administrativo, así como en la coordinación de las distintas Administraciones Públicas competentes en esta materia, con el fin de evitar disparidades. Efectivamente, en determinadas
prestaciones la complejidad del modelo territorial y la dispersión normativa a él asociada, dificulta que el conjunto del colectivo cuente con idénticas condiciones y garantías en cuestiones fiscales y laborales. Para establecer un acuerdo de
criterios comunes ya existen espacios de diálogo, como es el caso del Consejo Interterritorial de Cooperación, la Comisión de Coordinación de Empleo Público, el Consejo Interterritorial de Sanidad.
Es esta una materia que afecta en primer lugar al Gobierno de España, pero también a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. En el trabajo de los cooperantes se hace necesaria una corresponsabilidad por parte del Estado en su
conjunto. Por ello, junto al catálogo de derechos y obligaciones se establece la figura de un aseguramiento colectivo de los cooperantes. Sin embargo, las prestaciones sanitarias en sus estancias en España aún deben ser reglamentadas por las
instancias del Estado que tienen asignadas dichas competencias.
Otro elemento fundamental para la vida de un cooperante es el retorno, una vez finalizada la misión en el extranjero, por ello su inscripción como desempleados en los servicios públicos de empleo garantizará el beneficio de las políticas
activas de empleo a este colectivo.
Para el caso del personal funcionario, tal y como propone la AECID, la experiencia en programas de cooperación internacional debería computar como méritos en los concursos de plazas ligadas al sector de la cooperación, y en el caso de
aquellos que están en bolsas de empleo público, se les exima de responder a las ofertas de empleo, sin que esto suponga perjuicios a su regreso a España.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Desarrollar el Estatuto del Cooperante para mejorar la protección social, laboral, fiscal y en las condiciones del régimen administrativo de los cooperantes.
2) Concertar con las Comunidades Autónomas la definición de criterios comunes de coordinación de las distintas Administraciones, y de interpretación y aplicación de las normas de protección a los cooperantes con el fin de evitar
disparidades, llevando la reflexión a alguno de los organismos competentes, tales como, Consejo Interterritorial de Cooperación, la Comisión de Coordinación de Empleo Público, el Consejo Interterritorial de Sanidad.
3) Concertar igualmente con las Comunidades Autónomas el criterio de que, en el caso del personal funcionario, se reconozca a los cooperantes la experiencia en programas de cooperación internacional en el cómputo de méritos en los concursos
de plazas ligadas al sector de la cooperación, y en el caso de aquellos que están en bolsas de empleo público, se les exima de responder a las ofertas de empleo, sin que esto suponga perjuicios a su regreso a España.
4) Desarrollar las propuestas de la ponencia de estudio sobre la normativa aplicable a los cooperantes, aprobada en 2011 por la Comisión de Cooperación del Senado:
a) Desarrollar el Estatuto del Cooperante, disminuyendo en lo posible el ámbito subjetivo del mismo.
b) Ampliar el concepto de cooperante haciéndolo menos restrictivo.
c) Promover la negociación y firma de un convenio colectivo específico para los cooperantes.
d) Proponer que la Unión Europea estudie la posibilidad de un tipo de visado específico para los cooperantes que les facilite su trabajo.
e) Lograr que las distintas Administraciones y especialmente la Administración Tributaria den instrucciones para una interpretación y aplicación uniforme de la normativa sobre el IRPF que regula a los cooperantes.
f) Extender la cobertura de aseguramiento a los cooperantes, ya existente, a sus cónyuges y a las personas unidas de forma estable por análoga relación de efectividad..
g) Elaboración por parte de los servicios de empleo de las distintas Comunidades Autónomas, de itinerarios de inserción laboral específicos para los cooperantes una vez hayan finalizado su misión en el extranjero.
h) Estudiar medidas que permitan vincular la duración del contrato temporal al período de vigencia del programa de cooperación.
i) Poner en marcha un plan entre los distintos actores que mejoren la seguridad en terreno y la formación de los cooperantes.
j) Mejorar los mecanismos de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas, y potenciar el funcionamiento de los ya existentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo y Ricardo Sixto Iglesias, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV, EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Cultura
161/003147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de la industria
de la cerámica artística, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El desarrollo de la cerámica está ligado a la historia y a la evolución de la mayoría de los pueblos desde el Neolítico, período aproximadamente comprendido entre los años 6.000 y 3.000 antes de Cristo en el que surgió la necesidad de
almacenar los excedentes de la producción agrícola. Desde entonces, la cerámica ha evolucionado en sus técnicas y en sus representaciones hasta el punto de suponer un fiel testimonio de la existencia histórica de determinadas civilizaciones y ser
parte esencial de la cultura que las sustentó.
En lo que a España se refiere, contamos con un gran legado cultural de reconocida tradición en el ámbito de la cerámica artística. El arte de la cerámica ha sido tan preciado y valorado en nuestro país, que encontramos múltiples referencias
en otras expresiones artísticas como la literatura y la pintura.
La calidad artística de la cerámica en España siempre ha sido muy apreciada por dinastías monárquicas en todo el mundo, que a lo largo de nuestra historia la han elegido para decorar sus palacios. Este reconocimiento y demanda de la
cerámica española como obra de gran calidad artística perdura hasta nuestros días.
Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo en Toledo, Sevilla, Alba de Tormes en Salamanca, Manises en Valencia, Alcora en Castellón, Arroyo de la Luz en Cáceres, Buño en A Coruña, Totana en
Murcia o Llamas de Mouro en Oviedo, son, entre otras localidades españolas, algunos ejemplos ilustrativos de lugares célebres por razón de sus alfares, en las que se fabrican piezas de decoración apreciadas internacionalmente.
Además, y teniendo presente la existencia de más de 2.000 empresas en el sector en la actualidad, la actividad económica en torno a la producción de esta modalidad cerámica es notable. Muchos son los artistas dedicados a este noble arte y
muchas las ciudades en las que tradicionalmente la cerámica artística ha sido su principal fuente de ingresos.
Por todo lo expuesto y con el objetivo de proteger, fomentar, e impulsar, así como de promocionar, la cerámica artística de nuestro país.
El Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promocionar, modernizar e internacionalizar la industria cerámica desde el ámbito artístico y el científico en coordinación con las administraciones competentes y el sector ceramista.
2. Profundizar en la difusión, el conocimiento y la investigación de las obras de cerámica artística, mediante el impulso de:
- La formación de los profesionales en los conocimientos técnicos y prácticos.
- La incorporación de las nuevas tecnologías a la cerámica.
- La promoción de exposiciones nacionales e internacionales organizadas en torno a la cerámica artística.
- La realización de campañas de difusión mediante el Instituto Cervantes y las embajadas de España en el exterior.
- La creación de plataformas y de la venta on line de cerámica artística.
3. Impulsar iniciativas dirigidas a la obtención de reconocimientos nacionales e internacionales y a la promoción de marcas de calidad.
4. Impulsar el turismo cultural vinculado a la cerámica artística, fundamentalmente mediante la consolidación de rutas en ciudades reconocidas internacionalmente por su producción cerámica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre propuestas para una regulación cultural de la música popular para su
debate en la Comisión de Cultura.
Las entidades y asociaciones más representativas que trabajan en el sector del directo de la música popular están demandando que desde el Ministerio de Cultura se aborde una ley general de la música que permita la estabilidad y el impulso
necesario, tanto para la creación y difusión musical como para la regulación del sector.
La industria del directo atesora una gran importancia cultural, por su capacidad de facturación y generación de nuevos públicos. En los últimos treinta años el aumento de este sector en la música popular ha sido espectacular. No obstante,
este aumento no siempre va unido a una dignificación del mismo. El directo sigue siendo, en general, bastante precario, con infraestructuras escasas y sin garantizar la seguridad social de los músicos que componen las bandas o acompañan a los
artistas. Así mismo, es un sector laboral sin regularizar y es muy difícil, en esas condiciones, desarrollar la profesionalización de sus
componentes, tanto los que desarrollan su trabajo desde un punto de vista privado como los que trabajan en el sector público.
Los conciertos sustentan la creación artística en nuestro país y dan de comer al 90 % de autores, creadores, artistas, intérpretes y músicos en general. A su vez, es el sector que garantiza el contacto directo con el público y el que recoge
mejor todas las creaciones artísticas de la música popular, sus evoluciones, tendencias, modas y fusiones. A la vez, los nuevos valores se dan a conocer, normalmente, en el directo y a partir de él, pueden hacer despuntar sus carreras en otras
facetas.
Los tres ejes considerados esenciales para este sector, y en torno a los que gira el documento 'Por una Ley de la Música. Propuesta para una regulación cultural de la música popular', consensuado por numerosas entidades y asociaciones, son:
Primero. Todas las músicas son cultura y han de ser consideradas como tales, sin discriminación entre unas y otras. Todas han de ser tratadas desde el mismo prisma cultural, pasando por las buenas prácticas profesionales.
Segundo. Hay que dignificar el directo, desde las infraestructuras para todos los sectores hasta la creación del estatuto del músico.
Tercero. Es fundamental regular el sector desde un punto de vista cultural, tanto para la iniciativa privada que opera en él, como para las administraciones públicas, que deberán implantar la figura del gestor musical especializado.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar de manera integral los problemas que tiene el sector de la música popular en directo a través de una Ley de la música que:
- Marque las bases para la regulación de todas las músicas populares desde un punto de vista cultural, en los ámbitos estatal, autonómico y local.
- Regule las competencias de las diferentes administraciones.
- Declare la música popular de interés general y sirva para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del trabajo de los creadores.
- Propicie la creación del Estatuto del músico con el fin de dignificar su condición, regulando a los autores e intérpretes musicales como trabajadores y, por tanto, que normalice la situación laboral de los mismos en todas sus actividades
profesionales, tales como grabaciones, conciertos, enseñanza etc. Así mismo, deberá establecer un régimen fiscal especial para autores, artistas y ejecutantes, que tenga en cuenta sus rentas irregulares.
- Contemple normas de 'excepción cultural' en pro de la diversidad y de la pluralidad.
- Abarque a todas las músicas.
- Instaure un Instituto de Recursos, una Dirección General u otro organismo afín, para tratar de modo específico todo lo relacionado con el sector. Este organismo debería de tener presupuesto específico y debería contar con la presencia del
sector del directo.
- Marque un modelo de gestión sobre las músicas, coordinando todos los organismos que afectan al fomento de las mismas.
- Regule, desde un punto de vista cultural, el trabajo y la función de las salas de música en directo.
- Iguale las exenciones y ayudas de la música en directo con el de otras expresiones artísticas escénicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad de aumentar la asignación presupuestaria destinada por el Ministerio de Cultura y Educación a la Fundación Marco de Vigo. Debate en Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El 22 de octubre de 2002 los representantes del Ayuntamiento de Vigo, la extinta Caixanova, la Xunta de Galicia y la Diputación provincial de Pontevedra crearon la Fundación Marco, una fundación de interés cultural gallego que, bajo la
tutela del Servicio de Fundaciones de la Xunta de Galicia, gestiona las actividades del museo. En enero del año 2006, el Ministerio de Cultura también entró a formar parte del patronato de la Fundación Marco.
Se trata de un Museo de Arte Contemporáneo de Vigo que tiene gran relevancia para la proyección y la exhibición de obras contemporáneas y para incentivar el conocimiento del arte contemporáneo de Galicia de manera especial.
El Ministerio de Cultura lleva años contribuyendo a través de los Presupuestos Generales del Estado al impulso de la Fundación Marco de Vigo, destinando partidas presupuestarias que son de gran ayuda para que este Museo pueda continuar la
importante actividad cultural que desarrolla y que redunda en la imagen de la ciudad viguesa, resultando asimismo un reclamo de interés turístico.
Sin embargo, debemos llamar la atención sobre la constante reducción de la asignación económica del Ministerio de Educación y Cultura a la promoción cultural del Museo Marco de Vigo que se produce en los Presupuestos Generales del Estado.
De hecho para el presente ejercicio 2014 se contemplaba una partida de 48.000 euros, que se ha vuelto a reducir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2015. Se recoge una partida cifrada en 35.000 euros.
Una asignación que era superior en años anteriores pero que cada año sufre un recorte severo para la financiación de dicho Museo, y que compromete seriamente la actividad cultural de la Fundación. Además, la reducción del presupuesto del
Ministerio viene a sumarse a otros recortes económicos que se practican por parte de otras administraciones que forman parte de la Fundación.
Desde el BNG, quisiéramos recalcar que aún en tiempos de crisis económica se deben cuidar ámbitos como la cultura y la educación porque son vehículos de transmisión de conocimiento, de formación humana y de aprendizaje, y que incluso
contribuyen a despertar o erigir otros modos de vida ligados a la creación artística. Las creaciones culturales y artísticas forman parte de la idiosincrasia de los pueblos, de su evolución, pero para poder contemplarlas e incentivarlas es
necesario contar con la implicación de las distintas Administraciones públicas.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Cultura a:
Aumentar la partida presupuestaria destinada por el Ministerio de Cultura para el desarrollo de la actividad cultural del Museo Marco de Vigo a fin de mantener el nivel de sus exposiciones y exhibiciones artísticas de gran interés para la
ciudad olívica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2014.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Comisión de Interior
181/002118
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don José Ignacio Sánchez Amor
Texto:
¿Ha aprobado el Gobierno en su sesión del Consejo de Ministros del viernes 14 de febrero de 2014 la extradición del ciudadano kazajo Alexander Pavlov? ¿Por qué no se ha dado cuenta de ese acuerdo en la reseña oficial de dicho Consejo de
Ministros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2014.-José Ignacio Sánchez Amor, Diputado.
181/002119
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don José Ignacio Sánchez Amor
Texto:
¿Qué tipo de avión (privado, militar, comercial, etc.) ha sido enviado para ejecutar la extradición del ciudadano kazajo Alexander Pavlov? ¿De quién era propiedad la aeronave o quién la había alquilado? ¿Qué aeropuerto ha utilizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2014.-José Ignacio Sánchez Amor, Diputado.
181/002120
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don José Ignacio Sánchez Amor
Texto:
¿En qué fecha tuvo conocimiento el Gobierno de la intención del gobierno kazajo de enviar un avión para ejecutar la extradición de Alexander Pavlov?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2014.-José Ignacio Sánchez Amor, Diputado.
181/002121
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don José Ignacio Sánchez Amor
Texto:
¿En qué fecha y hora ha aterrizado en España un avión enviado para ejecutar la extradición del ciudadano de ese país Alexander Pavlov?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2014.-José Ignacio Sánchez Amor, Diputado.
181/002122
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don José Ignacio Sánchez Amor
Texto:
¿En qué fecha y hora y por qué medios se han notificado a Interpol, la Audiencia Nacional y el interesado la decisión del Consejo de Ministros sobre la extradición del ciudadano kazajo Alexander Pavlov?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2014.-José Ignacio Sánchez Amor, Diputado.
181/002123
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don José Ignacio Sánchez Amor
Texto:
¿Por qué se ha ocultado a la opinión pública el acuerdo del Consejo de Ministros sobre la extradición del ciudadano kazajo Alexander Pavlov, a pesar de haber sido el asunto objeto de atención por diversos medios de comunicación y diputados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2014.-José Ignacio Sánchez Amor, Diputado.
181/002124
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don José Ignacio Sánchez Amor
Texto:
¿Cuándo ha salido de España, en su caso, el avión enviado para ejecutar la extradición del ciudadano kazajo Alexander Pavlov?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2014.-José Ignacio Sánchez Amor, Diputado.
181/002125
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don José Ignacio Sánchez Amor
Texto:
¿Continúa el avión enviado para ejecutar la extradición del ciudadano kazajo Alexander Pavlov en alguna instalación aeroportuaria española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2014.-José Ignacio Sánchez Amor, Diputado.
181/002128
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Piensa el Gobierno acometer, y en qué fecha, el traslado de las oficinas de la Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra de su ubicación actual al inmueble adquirido por el Ministerio del Interior
para este fin en el año 2008, con una inversión de 4.140.736 euros, sito entre las calles Blanco Amor y Luis Braille?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2014.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/002116
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuántos expedientes de revisión de subvenciones con cargo al Plan E a ayuntamientos gallegos ha abierto el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas? Detallar ayuntamientos y expediente revisado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/002117
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Tiene constancia el Gobierno de la situación en la que se encuentra el Balneario de Berán (Leiro), en la provincia de Ourense, en que se inviertieron 2.000.000 de euros de Fondos FEDER?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
Comisión de Fomento
181/002129
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Qué obras piensa acometer el Gobierno del Estado durante el año 2015 en la Plataforma Logística de Salvaterra-As Neves (PLISAN)? ¿Cuál será su coste total, qué coste asumirá cada una de las administraciones implicadas en su ejecución, con
cargo a qué partida presupuestaria se realizará la cantidad que corresponda al Estado y cuál es el calendario previsto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2014.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/002130
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Piensa acometer el Gobierno la modificación del enlace de Puzo-Lira en la A-52, que dará funcionalidad total a la autovía del Puerto Seco AG-51, durante el año 2015? De ser así, ¿en qué consistirán dichas obras, cuáles son el calendario y
el coste total previstos y con cargo a qué partida presupuestaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2014.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/002131
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Piensa el Gobierno acometer, durante el año 2015, la ejecución de las obras necesarias para dotar al ayuntamiento de Ponteareas del nudo correspondiente acceso a la autovía A-52? De ser así, ¿definirá exactamente cuáles serán esas obras,
presupuesto total de las mismas, calendario, inversión prevista y con cargo a qué partida presupuestaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2014.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/002132
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Cuántos kilómetros en la red de carreteras dependientes del Estado en la Comunidad Autónoma de Galicia, por provincias, están todavía pendientes de cambios de guardarraíles peligrosos para motoristas y ciclistas en caso de accidente, y qué
actuaciones acometerá el Gobierno durante 2014 y 2015 en este sentido, en qué tramos y con qué presupuesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2014.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/002115
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Por qué la retribución de la IET 1045/2014 no prima la competitividad, la eficiencia y la innovación técnica, sino que retribuye por igual a todas las instalaciones, con independencia de su producción eléctrica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/002126
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Qué criterios ha seguido la empresa pública TRAGSA para nombrar como director en Galicia a Ángel Currás?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/002127
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Conoce el Gobierno la situación procesal en la que se encuentra Ángel Currás, nuevo director de la empresa TRAGSA en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
Comisión de Cultura
181/002134
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Qué acciones ha puesto en marcha o va a poner el Gobierno de España respecto a la Capilla Mozárabe de San Miguel, en Celanova, provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/002135
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Llevará a cabo el Gobierno en lo que resta de legislatura alguna actuación en el Monasterio do Bon Xesús de Trandeiras y su entorno, en el Ayuntamiento de Xinzo de Limia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/002136
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál ha sido la inversión en la Vía de la Plata durante esta legislatura y cuáles son los planes de futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/002137
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuáles son los planes del Gobierno respecto del reconocimiento del Camino de Invierno, en el Camino de Santiago?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.