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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 456, de 12/05/2014
cve: BOCG-10-D-456
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
12 de mayo de 2014
Núm. 456
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002725 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras ... (Página5)
161/002726 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la escalada de violencia en Egipto y el aumento indiscriminado de sentencias de muerte ...
161/002746 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre uso ilícito de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ...
Comisión de Justicia
161/002722 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el aumento de los controles de acceso a las profesiones en las que exista un contacto permanente con menores de edad a fin de evitar
delitos de abusos sexuales, acoso sexual, agresiones sexuales o corrupción de menores ... (Página8)
Comisión de Interior
161/002736 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para instar al Gobierno a impulsar la utilización del DNI electrónico ... (Página11)
161/002748 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para expresar el reconocimiento y apoyo a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en defensa de los derechos y libertades
democráticas ... (Página13)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002714 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la regulación de las consecuencias presupuestarias derivadas de la imposición de competencias impropias a los municipios ...
161/002718 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la reestructuración del personal de Correos en la ciudad de Ferrol ... (Página16)
161/002719 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de defensa del sector agrícola almeriense ... (Página18)
161/002744 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para establecer la oficina sin papeles en las Administraciones Públicas ... (Página19)
Comisión de Fomento
161/002715 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la rehabilitación del Castell de Pujalt ... (Página21)
161/002716 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la finalización de las obras de ejecución de la A-27 entre El Morell y Montblanc y rescatar la concesión de la AP-2 entre Montblanc y
Lleida ... (Página22)
161/002717 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la creación de una Oficina de Colaboración Público-Privada ... (Página23)
161/002723 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre proyectos ferroviarios en la provincia de León ... (Página24)
161/002724 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de modificar las exigencias para la obtención de licencias de obra en las zonas de servidumbre aeronáutica ...
161/002742 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el impulso de la conectividad internacional del Archipiélago canario ... (Página27)
161/002743 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la necesidad de proveer un presupuesto de conservación de carreteras acorde con el valor patrimonial de la red viaria ...
161/002745 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación en la localidad de Lorca en el tercer aniversario del terremoto que la devastó ...
161/002749 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el abandono por el Gobierno de la construcción de la segunda circunvalación de Granada y la retirada de los Fondos Feder para el tramo Santa Fe-Las
Gabias ... (Página31)
161/002750 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso a la rehabilitación y regeneración urbana ... (Página32)
Comisión de Educación y Deporte
161/002727 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo ... (Página34)
161/002747 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar el uso de plataformas electrónicas en la formación de idiomas extranjeros y lenguajes de programación ...
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002720 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de apoyo a la denominación de origen Utiel-Requena ... (Página36)
161/002721 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la creación de una Ley Marco sobre la protección de los animales de compañía ... (Página37)
161/002728 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas para facilitar la movilidad de la madera ... (Página39)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002729 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al mantenimiento de la condición de familia numerosa hasta que el último de los hijos alcance el límite de edad establecido ...
161/002731 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a eliminar del mercado los ambientadores que pudieran originar emisiones nocivas para la salud de los consumidores ...
161/002732 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar la coordinación de las políticas socio-sanitarias a favor de personas en situación de dependencia ...
161/002733 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ampliación de las competencias de las oficinas de farmacia en el control y el seguimiento terapéutico de los pacientes ...
161/002734 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la unificación de las campañas de vacunación frente a la gripe estacional en el Sistema Nacional de Salud ...
161/002737 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la colaboración entre los organismos públicos de investigación y los centros asistenciales del Sistema Nacional de Salud en el ámbito
de la investigación clínica ... (Página47)
161/002738 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesaria participación infantil en la sociedad ... (Página48)
161/002739 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la efectiva inclusión social y la lucha contra la discriminación de la población gitana ... (Página49)
161/002740 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la participación de España en el Tercer Programa Plurianual de Acción en el ámbito de la Salud 2014-2020 de la Comisión Europea ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002713 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar una mejor coordinación entre la cooperación central y la descentralizada ... (Página52)
Comisión de Igualdad
161/002741 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar la protección de las víctimas de violencia de género universitarias ... (Página53)
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/002730 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al fomento del cálculo de la huella de carbono en empresas y organizaciones ... (Página54)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Fomento
181/001866 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias i Arau (GC-CiU), sobre previsiones acerca de adoptar las 44 toneladas como peso máximo autorizado, con carácter general en el transporte de mercancías, durante el periodo
2014-2015 ... (Página55)
181/001867 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre criterios del Ministerio de Fomento para determinar los tramos prioritarios a ejecutar en la autovía A-76 ... (Página56)
181/001868 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones del Gobierno de llevar a cabo las actuaciones precisas para reparar el tramo de la N-525 a su paso por el Ayuntamiento de Coles (Ourense) y
mejorar la seguridad vial en este tramo ... (Página56)
181/001869 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre cumplimiento de la normativa europea sobre los derechos de los viajeros en el transporte de autobuses y autocares, en vigor desde hace más de un año,
respecto a los apoyos a las personas con discapacidad que deberían tener a la hora de facturar, embarcar, subir al transporte, permanencia en sala de espera, tomar asiento, apearse del transporte y para cargar y recuperar el equipaje ...
181/001870 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre cumplimiento del Reglamento Europeo número 181/2011 sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y que obliga a la prestación de asistencia
gratuita a las personas con discapacidad y/o movilidad reducida en las estaciones que determine Fomento, así como en todos los autobuses y autocares ... (Página57)
181/001871 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre cumplimiento de la normativa europea sobre los derechos de los viajeros en el transporte en autobuses y autocares, en vigor desde hace más de un año y
que incluye distintas medidas para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad y movilidad reducida, especialmente en trayectos con distancias iguales o superiores a los 250 kilómetros ... (Página57)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley, y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2014.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras, para su debate
en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Fruto del trabajo conjunto realizado por el Instituto de Estudios para América Latina y África (IEPALA) y el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se ha organizado una misión parlamentaria de observación de
DDHH a Honduras antes del cumplimiento de los 100 primeros días de mandato de Juan Orlando Hernández.
El objetivo de esta misión era verificar la situación de Derechos Humanos en Honduras respecto a los derechos civiles, políticos y sociales, un país con un alto grado de violencia y elevadas tasas de pobreza y desigualdad, que además vive un
momento de gran complejidad en relación al panorama político. Durante la misma se han escuchado diferentes voces de la población hondureña a través de reuniones y entrevistas mantenidas con diferentes actores, habiéndonos reunido hasta este momento
con familiares de víctimas, el movimiento sindical, el movimiento campesino, organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, radios comunitarias y medios de comunicación, la Embajada de España en Honduras, el Observatorio
de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el grupo ACI, con el Coordinador General del partido LIBRE, el expresidente Manuel Zelaya, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal de DDHH y el anterior y recién nombrado
Comisionado Nacional de DDHH, reuniones con los 4 exmagistrados de la Sala de lo Constitucional, las FFAA, los representantes del G-16, el representante del Alto Comisionado de NNUU de DDHH, el ex Director de la Oficina de la Reforma a la Seguridad
Pública y la Bancada del Congreso Nacional.
En todos los encuentros mantenidos hasta este momento se ha reconocido el elevado grado de impunidad respecto a la violación de los DDHH existente en Honduras, habiendo sido informados incluso por la Corte Suprema de Justicia que la
impunidad alcanza hasta un 98% de las violaciones denunciadas.
Se han escuchado repetidamente denuncias sobre la debilidad de la separación de poderes que existe en Honduras a pesar de lo establecido en la Constitución del país. En concreto el poder ejecutivo viene arrogándose competencias propias del
poder legislativo, lo que conculcaría los principios sobre forma de gobierno establecidos en la carta magna. También hemos recibido denuncias sobre la excesiva influencia del poder ejecutivo en el poder judicial, sobre la constante asunción de
competencias propias de instituciones civiles por parte de las FFAA: control de puertos y aeropuertos, fronteras, migraciones, funciones policiales y de orden público, control de comunicaciones, sistema eléctrico, recursos naturales como bosques e
incluso funciones de intervención social respecto a menores y jóvenes, entre otras.
La excesiva asunción de funciones propias del poder civil ha facilitado la militarización de la sociedad y favorece el desarrollo de una cultura de violencia.
Incremento de la criminalidad organizada, especialmente del narcotráfico y las maras, incidiendo de forma preocupante sobre distintos sectores sociales y facilitando la pervivencia de situaciones de impunidad.
En reiteradas ocasiones se ha señalado que las violaciones de DDHH se concentran prioritariamente sobre determinados colectivos: periodistas, campesinos, sindicalistas, abogados, oposición política, mujeres, colectivo de diversidad sexual
entre otros. El alto nivel de impunidad provoca que los responsables de estas violaciones de DDHH no sean sancionados por la justicia, lo que a su vez facilita que continúen efectuándose todo tipo de violaciones de derechos fundamentales.
La inoperancia de los poderes públicos a la hora de combatir la impunidad impide la eficacia de las distintas medidas cautelares de protección sobre colectivos vulnerables dictadas tanto por la justicia hondureña como por el Sistema
Interamericano de DDHH. La propia Corte de Justicia nos ha reconocido carecer de medios para implementar las medidas cautelares aprobadas respecto de las múltiples denuncias sobre las nuevas formas de intimidación a personas defensoras de DDHH y
otros colectivos vulnerables. Se generalizan amenazas, secuestros y violencia contra familiares de defensores y defensoras de DDHH.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Gobierno tome las medidas necesarias para interceder ante el Estado de Honduras para que asegure una eficaz separación de poderes como premisa fundamental para garantizar el funcionamiento del estado de derecho.
2. Que el Gobierno inste al Estado de Honduras a adoptar una sólida política de prevención que garantice el combate a la criminalidad y a la violación de los DDHH.
3. Que se inste al Estado de Honduras a garantizar el estricto cumplimiento de las medidas cautelares acordadas por las instituciones competentes, destinándose los recursos necesarios, contra las muchas violaciones de derechos humanos
denunciadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2014.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la escalada de violencia en Egipto y el aumento indiscriminado de
sentencias de muerte, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
El tribunal de El Cairo ha dictado sentencias contra 720 partidarios del derrocado presidente Mohamed Morsi, acusados de participar en protestas en la provincia de Minya, donde se registraron actos violentos tras el desalojo de las acampadas
islamistas en las que murieron cientos de personas.
En este caso, 683 de los acusados han sido condenados a muerte. En otro caso parecido, 529 personas ya sentenciadas a la pena capital en un juicio de solo dos días de duración -criticado por Naciones Unidas y organizaciones de derechos
humanos internacionales- han visto su condena modificada por el veredicto judicial emitido: Se mantienen 37 sentencias a muerte, y el resto de las penas se reducen a 25 años de prisión.
En las dos sesiones del proceso contra los 529 acusados no se leyeron los cargos, no se juzgó individualmente a los acusados y a algunos ni siquiera se les asignó abogado. Varios condenados han denunciado que no participaron en las
protestas, que no son simpatizantes de los Hermanos Musulmanes y que ni siquiera estaban en Minya cuando se registraron los incidentes violentos.
Las 720 condenas es la mayor sentencia a la pena capital de la historia contemporánea de Egipto. Se produce en un contexto en el que la Hermandad musulmana es objeto de persecución por el régimen egipcio instaurado tras el golpe militar del
pasado verano.
Desde entonces, unas 3.000 personas han muerto en ataques de las fuerzas de seguridad contra manifestantes. Según el ministerio de Exteriores egipcio, también han fallecido 252 policías y 187 soldados.
Miles de manifestantes han resultado heridos o han sido arrestados en operaciones arbitrarias condenadas por organizaciones de derechos humanos. La persecución no solo afecta a los seguidores de la organización islámica, sino también a
activistas laicos que se manifiestan, por ejemplo, contra la represión y la nueva ley antiprotestas. Miles de personas han sido encarceladas tras el golpe militar, entre ellos varios periodistas, por el simple hecho de ejercer su profesión. Otros
manifestantes o seguidores de la Hermandad viven escondidos, en la clandestinidad, o se han exiliado a países vecinos como Turquía.
Al mismo tiempo la represión de estos últimos meses no ha impedido que Estados Unidos vaya a regalar a Egipto varios helicópteros militares Apache y haya invitado al jefe de los servicios secretos egipcios y al ministro de Exteriores a
viajar a Washington para discutir asuntos urgentes.
Las sentencias a muerte en Egipto llegan cuando queda menos de un mes para la celebración de elecciones presidenciales en un contexto de falta de libertad y represión, y con los Hermanos Musulmanes excluidos de la carrera electoral.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Gobierno condene la espiral de violencia y represión desencadenada por el Gobierno de Egipto, al mismo tiempo que le insta a suspender las penas de muerte de los condenados y revisar los procedimientos judiciales utilizados.
2. Que el Gobierno exija al Gobierno de Egipto garantías democráticas de expresión política en su país y respeto a las reglas de libre concurrencia electoral en las próximas elecciones Presidenciales y en general.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el uso ilícito de las Nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Recientemente, la agencia de noticias norteamericana Associated Press (AP) certificaba lo que el Gobierno cubano lleva años denunciando: es una constante de la Administración estadounidense poner en marcha programas ilegales y planes
subversivos que no respetan el Derecho internacional y que buscan desestabilizar el país y provocar cambios en el ordenamiento político, social y económico, creando una oposición artificial a merced de sus intereses económicos, ideológicos y
geoestratégicos.
Associated Press constata en el artículo publicado cómo la USAID creó redes sociales y plataformas de comunicación (Zunzuneo, Piramiedeo, Martinoticias y Diario de Cuba, entre otras), construidas a través de empresas pantalla domiciliadas en
España y en las Islas Caimán y financiadas por bancos extranjeros que, pirateando las bases de datos del servicio de telecomunicaciones cubano ETECSA, accedieron ilegalmente a datos personales de usuarios para, sin su consentimiento ni conocimiento,
utilizar posteriormente estos datos con fines políticos y promocionar redes sociales entre público cubano mayoritariamente joven y, posteriormente, empujar a los usuarios hacia posiciones políticas de defensa de los intereses norteamericanos en la
isla y contrarios a la soberanía del pueblo cubano.
Además, desde ETECSA se denuncian constantes operaciones para congestionar y crear inestabilidad en los servicios de telecomunicaciones cubanos a través del envío masivo de mensajes en forma de spam, dificultando y obstaculizando el
funcionamiento normal de los servicios de telecomunicación.
De esta manera, queda en evidencia cómo la Agencia Estadounidense para la Cooperación al Desarrollo (USAID), que supuestamente favorece el desarrollo de los países empobrecidos, es un instrumento más de política exterior para la defensa de
los intereses estadounidenses y para llevar a cabo actividades de injerencia política e influencia ideológica.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), adoptó el martes 29 de abril un comunicado en el que expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo por el uso ilícito de las Nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) contra sus Estados miembros, como es el caso de la red Zunzuneo, utilizada por el gobierno de los Estados Unidos para promover la subversión en Cuba.
La Celac subraya que el empleo ilícito de las TIC, como es el caso de la red Zunzuneo, 'tiene un impacto negativo para las naciones y sus ciudadanos', y destaca la necesidad de 'garantizar que el uso de dichas tecnologías sea plenamente
compatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional, en particular la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos y las normas de convivencia entre los Estados internacionalmente
reconocidas'.
La Comunidad, ante este caso, ha reiterado el compromiso de intensificar los esfuerzos internacionales dirigidos a 'salvaguardar el ciberespacio y promover su uso exclusivo con fines pacíficos y como vehículo para contribuir al desarrollo
económico y social', y puesto de manifiesto que la cooperación internacional es la única opción viable para prevenir los usos negativos potenciales del uso de dichas tecnologías y garantizar que el desarrollo de la ciencia y la tecnología esté
dirigido a preservar la paz y promover el bienestar y el desarrollo de nuestros pueblos.
El gobierno de la República de Costa Rica, actual Presidente de la Celac, cuyo territorio Washington utilizó ilegalmente para el lanzamiento y operación de dicha red, ha solicitado explicaciones a las autoridades norteamericanas sobre el
particular.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A que el Gobierno se posicione públicamente en contra de este tipo de prácticas injerencistas y denunciar que violan el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
2. A exigir a EE.UU. que lleve ante la justicia a los autores y que garantice medidas para el cumplimiento de la normativa de la UIT, dado que los casos de espionaje masivo y acceso ilegal a datos personales también han tenido lugar en
Europa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2014.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Justicia
161/002722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el aumento de los controles de acceso a las profesiones en las que exista un contacto permanente con menores de edad, a fin de evitar delitos de abusos sexuales, acoso sexual, agresiones sexuales o corrupción de menores,
para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El abuso sexual, las agresiones sexuales, el acoso sexual, la provocación sexual y la corrupción de menores son delitos que tienen en común una serie de circunstancias psicosociales sobre el menor que sufre estos delitos por parte del
agresor: coerción y asimetría de poder.
Es fundamental no concebir estos delitos como una simple cuestión concerniente a la sexualidad del menor, sino que, en la mayor parte de los casos, las relaciones de poder que el agresor posee sobre el menor son determinantes.
La victimización de los menores que sufren delitos como un abuso sexual, agresiones sexuales, acoso sexual, la provocación sexual o corrupción de menores está demostrado ser psicológicamente dañina, socialmente censurable y penalmente
perseguible. Puede darse el caso, incluso, de que estos delitos se cometan sin violencia y/o intimidación por parte del agresor e incluso parte del total de delitos de esta índole son cometidos también por menores. Sin embargo, el componente
sexual de esta forma de maltrato al menor hace que su detección sea compleja en una gran parte de los casos. Siendo años después de los sucesos cuando los menores denuncian los abusos, acosos o agresiones sexuales que han padecido. La detección de
este tipo de delitos es compleja, puesto que los propios miedos del menor a represalias del agresor, así como a la repercusión social que en su entorno puede causar este tipo de sucesos, construyen barreras para que los menores denuncien este tipo
de hechos.
Diferentes autores, expertos en la materia, señalan que los abusos sexuales, agresiones sexuales, acoso a menores o provocaciones sexuales no son tan infrecuentes como solemos pensar. Algunos de ellos incluso se atreven a señalar que el 20%
de las personas ha sufrido alguno de estos delitos en su infancia. También señalan que, al contrario de la creencia popular, hoy en día no se produce un mayor número de esta tipología de delitos, sino que han aumentado los medios de detección, por
lo que salen a la luz mayor número de casos.
Como se ha señalado previamente, la detección de este tipo de delitos es compleja y las administraciones deben reforzar todos los posibles mecanismos de prevención al alcance de su mano, para evitar que sucesos de este tipo puedan suceder y
marcar de por vida el desarrollo psicosocial del menor.
Los expertos aseguran que este tipo de delitos suceden mayoritariamente en el seno de la familia del menor, aunque todos conocemos casos en los que es en el entorno educativo o social del menor donde se han producido estos sucesos: centros
educativos, gimnasios, campamentos, deportes, centros de día y actividades extraescolares. Si bien la capacidad de la administración para detectar este tipo de delitos en el entorno familiar del menor está limitada a los protocolos de detección
existentes en los centros sanitarios y educativos del menor, así como a su círculo social más cercano, desde Unión Progreso y Democracia consideramos que pueden establecerse una mayor serie de garantías legales para que los menores posean un mayor
nivel de protección frente a este tipo de delitos.
Diferentes países ya han llevado a cabo toda una serie de iniciativas destinadas a la prevención, detección y acción sobre la comisión de delitos relacionados con los abusos sexuales, el acoso sexual, las agresiones sexuales o corrupción de
menores.
En Estados Unidos, por ejemplo, existe un registro abierto de personas condenadas por delitos relacionados con pederastia y agresiones sexuales a menores, en el que cualquier ciudadano de Estados Unidos, así como del extranjero, introduce el
nombre del condenado en cuestión o el área en la que reside y automáticamente aparecen los datos personales, foto, dirección del domicilio e incluso dirección del trabajo del condenado.
En los Estados de nuestro entorno existen diferentes niveles de prevención y protección de los menores ante abusos sexuales. Por ejemplo, en Reino Unido existe una base de datos en la que se encuentran todas las personas condenadas por
delitos de agresiones sexuales y abusos a menores denominada ViSOR, Registro de agresores sexuales violentos. Este registro posee datos concretos sobre cada persona condenada por este tipo de delitos en todo el país, como por ejemplo nombre,
dirección, fecha de nacimiento, descripción completa, fotografías, evaluación de riesgos/comportamiento, el plan de riesgos elaborado por las autoridades para el condenado, etc. Si bien este registro de personas no es de acceso público, la Ley sí
que facilita su consulta, y la hace obligatoria al definir una serie de profesiones cuyos empleadores deben chequear los antecedentes penales de las personas que vayan a contratar para estas actividades profesionales, entre las que se encuentran
aquellas que poseen un contacto regular o permanente con menores. La Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006, así como por otra serie de reglamentos menores, estipulan qué profesiones deben evaluar los antecedentes penales de sus
trabajadores, así como posibilita que otras profesiones no especificadas puedan llevar a cabo dichas comprobaciones, por ejemplo en actividades voluntarias con menores, si los progenitores de éstos exigen a la empresa que se comprueben los
antecedentes penales de las personas que están en contacto con sus hijos.
Otros países, como es la República Italiana, también poseen este tipo de controles a priori sobre los agresores sexuales y pederastas. El Decreto legislativo número 39 publicado por el Ejecutivo italiano el pasado 4 de marzo de 2014 lleva a
cabo una serie de modificaciones normativas entre las que se incluye la obligatoriedad de presentar un certificado de antecedentes penales para toda persona en las solicitudes de trabajo, o actividades voluntarias, para cualquier empresa u
organización que esté en contacto directo, o de manera regular con menores, a fin de verificar la existencia de condenas relacionadas con los delitos abusos sexuales, acoso sexual, agresiones sexuales o corrupción de menores.
En los países nórdicos, como por ejemplo el Reino de Noruega, existen mecanismos de cribado de los profesionales que tienen contacto directo o de manera regular con menores de edad mediante la exigencia de certificados policiales de manera
obligatoria sobre los antecedentes penales por parte de las instituciones públicas o empresas que vayan a contratar personas para este tipo de puestos laborales.
El Consejo de Europa ya se preocupó por la protección de los menores ante las agresiones y los abusos sexuales en el año 2003, año en que publica un extenso informe titulado: 'Salvaguardando adultos y menores con discapacidad ante los
abusos'. En dicho informe se establece una serie de medidas preventivas en lo que a abusos de personas con discapacidad se refiere, que posteriormente han ido adoptando otros Estados, como es la implementación de sistemas de seguimiento y análisis
de trabajadores a través de registros policiales, certificados de buena conducta o la comprobación de las referencias cuando se fuera a trabajar con menores o adultos vulnerables.
En el ámbito europeo las estrategias de prevención de la pederastia y las agresiones sexuales a menores han seguido otros caminos, potenciándose el intercambio de información y de antecedentes penales de personas condenadas entre los
diferentes Estados miembros, estableciendo unas características definitorias comunes sobre esta tipología de delitos en los respectivos códigos penales, así como reforzando las medidas que tengan que ver con la inhabilitación para trabajar con
menores de los condenados por agresiones sexuales a menores o pederastia. Sin embargo, en los últimos años se está trabajando en la creación de una mayor serie de salvaguardas y mecanismos de prevención en el ámbito laboral que prevengan la
comisión de un delito penal relacionado con abusos sexuales, acoso sexual, agresiones sexuales o corrupción de menores en el territorio comunitario.
En 2004 se aprueba por el Consejo la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, señala que cada Estado miembro puede introducir
disposiciones destinadas a inhabilitar a las personas físicas, condenadas por una de las infracciones enunciadas, para el ejercicio de actividades que supongan el cuidado de niños.
En el año 2007 el Consejo de Europa emitió un Convenio del Conseja de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, elaborado en Lanzarote y ratificado por España en 2010. En dicho convenio se establece en
el Capítulo 11 de Medidas Preventivas, en su artículo 5.3 que:
'3. Cada Parte adoptará, de conformidad con su derecho interno, las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las condiciones de acceso a las profesiones cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con niños garanticen que
los aspirantes a ejercer dichas profesiones no hayan sido condenados por actos de explotación o abuso sexual de niños.'
A posteriori, concretamente en el mes de diciembre de 2011, el Consejo y el Parlamento Europeo aprobarían una nueva Directiva 2011/92/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía
infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, que en su considerando número 40 establece lo siguiente:
'Los empresarios tienen derecho a ser informados, cuando contraten personal para un puesto que implique tales contactos directos y regulares con menores, de las condenas por infracciones sexuales contra menores que consten en los
antecedentes penales, o de las inhabilitaciones vigentes. A efectos de la presente Directiva, la noción de empresario también debe abarcar a las personas que estén al frente de una organización dedicada a labores de voluntariado que guarden
relación con la vigilancia o el cuidado de menores y que impliquen contactos directos y regulares con ellos. El modo de facilitar esa información,
por ejemplo, por medio de la persona en cuestión, así como su contenido exacto, el sentido de las actividades de voluntariado organizadas y los contactos directos y regulares con los menores deben establecerse conforme a la legislación
nacional.'
La Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, debería haber sido traspuesta a nuestro
ordenamiento jurídico interno el pasado mes de diciembre según estipula la propia directiva en su artículo 27. Sin embargo, esta trasposición nacional todavía no se ha llevado a cabo ni se tiene constancia de que el Gobierno pretenda trasponerla
próximamente.
Pese a que ya existen determinadas profesiones en nuestro país para las que el acceso profesional está legalmente condicionado a que el interesado no posea antecedentes penales o esté inhabilitado por sentencia judicial firme para ese tipo
de empleo, como puede ser el cuerpo público docente, titulares de centros docentes privados o candidatos para un empleo público en la administración pública, consideramos que estos controles pueden ser mayores, respetando siempre la privacidad del
solicitante de empleo. Esta ampliación de requisitos al acceso de profesiones en las que exista un contacto permanente y/o regular con menores no debe suponer un impedimento para que las personas que habiendo cometido delitos penales que no tengan
que ver con los contenidos en el Título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, no supongan un impedimento a la hora de solicitar dicho empleo.
Consideramos, por tanto, que esta medida no debe limitar las posibilidades de reinserción social de las personas que han sido condenadas y han cumplido penas privativas de libertad, por lo que la comprobación de los antecedentes penales por
parte de la empresa contratante debe ser relativa a los delitos contenidos en el mencionado Titulo VIII de manera exclusiva. Esto conlleva que el Certificado de Antecedentes Penales que expide el Ministerio de Justicia deba poder ser expedido en
relación a los antecedentes personales de un Título en concreto del Código Penal si el ciudadano o terceras personas así lo solicitan.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que modifique las normas necesarias para que:
1. Toda persona que vaya a desempeñar un empleo, cuyo ejercicio implique el contacto regular con menores de edad, no deba poseer antecedentes penales por delitos contenidos en el Título VIII del Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.
2. Toda persona que desee acceder a un empleo en el que exista un contacto regular con menores de edad deba presentar el Certificado de Antecedentes Penales en relación a los delitos contenidos en el Título VIII del Libro II de la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
3. Modificar el proceso de expedición del Certificado de Antecedentes Penales para que el interesado pueda solicitar que se expida éste en relación a los delitos de un título concreto del Código Penal.
4. En el plazo de tres meses elabore y remita al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley que trasponga la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos
sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Interior
161/002736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para instar al Gobierno a impulsar la utilización del DNI electrónico, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En la actual sociedad de la información existen una gran cantidad de posibilidades que permiten mejorar la calidad de la vida cotidiana. El DNI electrónico es una pieza importante en este avance, ya que facilita las relaciones entre
ciudadanos, empresas y administraciones.
En febrero de 2004, el Consejo de Ministros aprobó la creación y distribución de un nuevo Documento Nacional de Identidad Electrónico para los ciudadanos españoles. En julio de 2005, la Dirección General de la Policía adjudicó la definición
y el desarrollo de este nuevo documento a un consorcio formado por Telefónica, Indra y Software AG, que ha implementado las tecnologías de infraestructuras de clave pública en el nuevo DNI electrónico.
La expedición del DNI electrónico comenzó en Burgos, en marzo de 2006, como experiencia piloto. Cinco meses después, y tras el éxito de esta prueba, se comenzó a emitir en ciudades de Castilla y León, así como de Cantabria. Se fue
ampliando la zona de emisión hasta que, desde 2008, es viable conseguirlo en cualquier comunidad autónoma. Actualmente cuentan con DNI electrónico 38 millones de españoles. Si las previsiones se cumplen, la implantación será total en 2020.
El Documento Nacional de Identidad electrónico, emitido por la Dirección General de la Policía, es el documento que, además de acreditar físicamente la identidad personal de su titular, permite acreditar electrónicamente y de forma
inequívoca la identidad de la persona y firmar digitalmente documentos electrónicos, otorgándoles una validez jurídica equivalente a la que les proporciona la firma manuscrita.
La principal novedad del documento es que incorpora un pequeño circuito integrado (chip), que contiene los mismos datos que aparecen impresos en la tarjeta (datos personales, fotografía, firma digitalizada, huella dactilar digitalizada)
junto con los Certificados de Autenticación y de Firma Electrónica.
En España, desde el año 2003, la firma electrónica tiene el mismo valor a efectos legales que la firma manuscrita (Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica) De esta forma, cualquier persona puede realizar múltiples gestiones
online -hasta el 95% de los trámites administrativos- de forma segura con la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Administraciones locales, así como con las empresas públicas y privadas y con otros ciudadanos, a cualquier hora
y sin tener que desplazarse ni hacer colas.
Entre los servicios que se ofrecen a los ciudadanos cabe destacar los siguientes: Consulta del informe de Vida Laboral, consulta de puntos del permiso de conducir, realización de la declaración del IRPF, firma electrónica de documentos,
solicitud de prestación contributiva por desempleo, consulta de inscripción en el censo electoral, solicitud de becas, etc.
Desde el punto de vista de la seguridad, el DNI electrónico es más seguro que el tradicional, ya que incorpora mayores y más sofisticadas medidas de seguridad que hacen imposible su falsificación. Asimismo, permite garantizar la identidad
de los interlocutores de una comunicación online, ya sea para intercambio de información, acceso a datos o compra por Internet, a la vez que asegura que la información intercambiada no ha sido alterada.
El DNI electrónico es por lo tanto un instrumento de impulso de la sociedad de la información, dado que permite trasladar al mundo digital las mismas certezas con las que operamos cada día en el mundo físico. Hace falta, por tanto, una vez
generalizada su distribución, potenciar su utilización.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, a adoptar iniciativas para impulsar la utilización del DNI electrónico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para expresar el reconocimiento y
apoyo a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en defensa de los derechos y libertades democráticas, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen la misión constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Su despliegue por todo el territorio nacional, su servicio a los
ciudadanos y su capacidad para hacer frente a las principales amenazas que acechan a nuestra sociedad, hacen que gocen de un reconocido prestigio internacional alcanzando un nivel de eficacia homologable al de las policías de los países más
avanzados del mundo. No en vano, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil son de las instituciones mejor valoradas por los españoles.
La labor desempeñada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en todo el territorio nacional, ha sido siempre de servicio y entrega al bien común de los ciudadanos, que en numerosas ocasiones han sido auxiliados, protegidos y amparados por
ellas.
En los últimos tiempos se ha producido un incremento de las agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que han ocasionado numerosos heridos entre sus miembros. El último ejemplo ha sido los altercados ocurridos
recientemente en Madrid el 22 de marzo, donde la policía fue insultada, golpeada y apedreada, de tal forma que 67 policías nacionales resultaron heridos, algunos de considerable importancia.
La protesta ciudadana, la manifestación pública, es comprensible y respetable, siempre y cuando se ejerza con respeto y acatamiento a la ley y al derecho.
Durante el año 2013 se celebraron en España 33.214 manifestaciones o concentraciones, y tan solo en 323 hubo algún tipo de incidente, donde resultaron heridos 131 policías. Esto demuestra que hubo miles de ciudadanos que se manifestaron
democrática, libre y pacíficamente, revindicando sus derechos legítimos, de una forma legal.
Es muy importante no equiparar la utilización de la fuerza que tiene que hacer la policía cuando se producen agresiones, cuando se pretende perpetrar delitos, o se pone en riesgo la seguridad de otros ciudadanos, con la violencia ejercida
por personas que quieren alterar el orden constitucional y el orden democrático de nuestra sociedad.
De igual forma debemos distinguir el ejercicio democrático del derecho de manifestación y de reunión de miles de ciudadanos de la actuación violenta de grupos organizados, que pretenden desestabilizar la paz social.
Las agresiones físicas a los miembros de las FCSE no solo afectan a quienes las sufren, también a la seguridad y al bienestar de todos.
Hay que destacar de forma especial la profesionalidad, la prudencia y la eficacia con la que en todos estos casos han actuado los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, en situaciones de mucha tensión, que en ocasiones han causado
numerosos heridos entre los propios policías.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan una labor encomiable para la protección de los derechos de los ciudadanos. Su misión no es otra que garantizar el cumplimiento de la Ley con el objetivo único de salvaguardar los
derechos y libertades individuales, labor que desempeñan de forma ejemplar y que requiere de un alto nivel de profesionalidad. Dicha exigencia de profesionalidad se refuerza cuando es necesario hacer frente a concentraciones irregulares en las que
elementos radicales se conducen de forma extraordinariamente violenta contra los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
Los partidos democráticos debernos estar siempre del lado de la ley, del lado de la Constitución y en apoyo a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que el Estado ha dado la responsabilidad de defender nuestros derechos y libertades
ofreciéndoles la posibilidad de utilizar en un determinado momento la fuerza para defender esos derechos y esas libertades.
No hay libertad sin seguridad; es un binomio que, obviamente, tiene que ir inseparablemente unido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Expresa su reconocimiento, apoyo y agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la extraordinaria labor que realizan en defensa de los derechos y libertades democráticas.
2. Rechaza y condena todo tipo de actos violentos o conductas antidemocráticas que vulneren nuestra legalidad, atentando contra la convivencia en paz y libertad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación de las consecuencias presupuestarias derivadas de la imposición de competencias impropias a los municipios.
Antecedentes
Según la propia exposición de motivos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, uno de sus principales objetivos es la clarificación de las competencias de las Entidades Locales
para evitar que estas ejerzan aquellas que no les corresponden, cuando no cuenten con la financiación suficiente para ello o cuando ello suponga una duplicidad con las ejercidas por otras Administraciones públicas.
En dicha exposición de motivos se afirma que con esta Ley 'el Estado ejerce su competencia de reforma de la Administración local para tratar de definir con precisión las competencias que deben ser desarrolladas por la Administración local,
diferenciándolas de las competencias estatales y autonómicas. En este sentido, se enumera un listado de materias en que los municipios han de ejercer, en todo caso, competencias propias, estableciéndose una reserva formal de ley para su
determinación, así como una serie de garantías para su concreción y ejercicio. Las Entidades Locales no deben volver a asumir competencias que no les atribuye la ley y para las que no cuenten con la financiación adecuada. Por tanto, solo podrán
ejercer competencias distintas de las propias o de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo
servicio público con otra Administración Pública'.
En relación al régimen de competencias propias, sin perjuicio de lo que puedan prever las leyes sectoriales estatales y autonómicas, el nuevo redactado del apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, recoge las materias sobre las que se pueden ejercer competencias propias que pueden desarrollar los municipios.
El apartado 3 del artículo 25 establece el principio de reserva formal de ley para la atribución de competencias propias e impone un mandato al legislador sectorial, estatal o autonómico, en cuanto que debe evaluar, en relación con la
concreta competencia que atribuya al municipio, la conveniencia de la implantación de servicios locales atendiendo a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
Igualmente, el apartado 4 establece un mandato adicional a los legisladores estatal y autonómicos en el sentido de que las leyes sectoriales que determinan las competencias propias municipales deben ir acompañadas de una memoria económica,
con la finalidad de reflejar el impacto sobre los recursos
financieros de las Administraciones Públicas afectadas, así como el cumplimiento del principio de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o actividad de que se trate. Además, se establece la garantía de que tales
leyes han de prever la dotación de recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de los municipios, pero con una limitación, a saber, que en ningún caso pueda conllevar un mayor gasto de las Administraciones Públicas.
El apartado 5 establece que dichas leyes sectoriales habrán de garantizar que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración, a efectos de evitar duplicidades.
En relación al régimen de delegación de competencias, el nuevo redactado del artículo 27, incluye un listado ejemplificativo de materias delegables que introduce dos novedades:
- Incorpora la garantía de que la delegación habrá de realizarse cuando se mejore la eficiencia de la gestión pública, contribuya a eliminar duplicidades y sea conforme con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
- Vincula la delegación de competencias con la necesaria financiación de la actividad o servicio que se delega.
Relacionado con lo anterior, el nuevo artículo 57 bis incluye una garantía adicional con relación a la financiación de delegación de competencias y suscripción de convenios de colaboración.
Así mismo, la nota explicativa sobre la reforma local editada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas indica que si la delegación fuese resultado de una disposición autonómica, es preciso indicar que dicha delegación ya fue
aceptada por la entidad local y siempre puede renunciar a ejecutarla si la comunidad autónoma no facilita los medios financieros necesarios.
Tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013 (LRSAL), el 31 de diciembre de 2013, las Entidades Locales ya no pueden seguir ejerciendo competencias que no les hayan sido atribuidas, ya sea como propias o como delegadas, pero podrán seguir
prestando otras competencias, que estén prestando actualmente, siempre y cuando concurran los requisitos establecidos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Según este artículo, si un Ayuntamiento ejerce competencias que no le han sido atribuidas (bien como propias o bien como delegadas) y quiere seguir ejerciéndolas y prestar las actividades de ellas derivadas, tendrá que justificar que tal
ejercicio no pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y que no incurre en un supuesto de ejecución simultánea del mismo
servicio público con otra Administración Pública, siendo para ello necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que
tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.
En relación con las competencias previstas en la ley con anterioridad a la entrada en vigor de la LRSAL y que no cumplen con las previsiones de suficiencia financiera hay que destacar que a la entrada en vigor de la LRSAL existen actividades
municipales que los ayuntamientos están prestando por estar previstas en ley sectorial, ya sea estatal o autonómica, y que no se pueden encuadrar en el listado de competencias propias del artículo 25 de la LBRL, ni tampoco como delegadas, por lo que
parecería que los municipios han de suspender su ejercicio o bien proceder según lo establecido en el mencionado artículo 7.4 de la LBRL.
Una de ellas y que afecta a muchos municipios es la atribuida por el artículo 115 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y concretamente la establecida en su apartado 'd) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas
condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas'.
Dichas competencias, que suponen unos costes que pueden alcanzar hasta un 4% de los gastos corrientes, no puede encuadrarse en el listado competencia) del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, en la redacción de la LRSAL, ya que es evidente que dicha materia, las costas (la zona marítimo-terrestre, las playas, ...) por su naturaleza de bien de dominio público estatal, está reservada al Estado, por lo que, de acuerdo con el
principio de la LRSAL, una administración una competencia, las entidades locales no deberían ejercer una competencia que no les corresponde y para la que no cuentan con la financiación suficiente para ello.
En caso contrario, es decir que se pueda encuadrar, la Ley reguladora, en este caso la de Costas, debería, según el artículo 25.3 y 25.4 de la LBRL evaluar la conveniencia de la implantación de estos servicios conforme a los principios de
descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera
y acompañarse de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o
la actividad. Asimismo, según el procedimiento establecido la Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales, cosa que no sucede en la actualidad.
Cabe decir que esta situación afecta a la mayoría de los municipios costeros cuya principal fuente de riqueza es el turismo, el sector económico que hoy día ofrece más estabilidad a la economía general del Estado. Añadiendo que los citados
municipios, especialmente los que cuentan con una población de derecho inferior a los 20.000 habitantes, sufren el agravio comparativo al estar encuadrados, a efectos de la propia LRSAL, en un tramo poblacional de población de derecho que no se
corresponde con la población real que tienen durante buena parte del año, al tener una población flotante que en algunos casos puede doblar o triplicar la población de derecho. Esta realidad obliga a mantener una estructura administrativa, de
policía, de infraestructuras y de servicios 'sobredimensionada', por lo que les correspondería, como mínimo, estar en el tramo superior poblacional determinado por la RSAL. En estos casos, el criterio de presupuesto consolidado determina mejor las
necesidades de los ayuntamiento que no el obsoleto criterio poblacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias con el fin que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas proceda a:
1. Evaluar el coste de la carga económica correspondiente a la competencia atribuida por el artículo 115 letra d) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas a los municipios, consistente en 'Mantener las playas y lugares públicos de baño
en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas'. La evaluación se efectuará en
base a las liquidaciones de los presupuestos municipales correspondientes a los ejercicios 2010 a 2013, por los conceptos de limpieza, salvamento, vigilancia y balizamiento de las playas y lugares públicos de baño.
2. Determinar si la competencia indicada es propia o no de los municipios y, en su caso, facilitar los medios financieros necesarios para el ejercicio de la misma cumpliendo el mandato establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
3. Establecer el protocolo de actuación al que deben acogerse los municipios ante las leyes, estatales o autonómicas, aprobadas con anterioridad a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local y para las que no cuentan con los recursos financieros necesarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
reestructuración de personal de Correos en la ciudad de Ferrol. Debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En el Estado español, Correos es el operador responsable de prestar el servicio postal universal, de acuerdo a los parámetros de calidad, regularidad, accesibilidad y asequibilidad que marca la Ley y que hacen efectivo el derecho de todos
los ciudadanos y ciudadanas a las comunicaciones postales.
El informe de la SEPI correspondiente al año 2012, habla de que el Grupo Correos cerró el ejercicio 2012 con unas pérdidas de cuatro millones de euros achacables, entre otras causas, a que redujo un 10% su
cifra de negocios por la 'continua' caída de la demanda de envíos postales, por el efecto tanto de la crisis económica como de los planes de ahorro de los grandes clientes del Grupo y por el 'progresivo efecto de la sustitución' de envíos
postales físicos por electrónicos. En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, el pasado mes de octubre, el presidente de la SEPI, recordó que Correos 'está inmersa en un proceso de ajuste' que permitirá que se puedan
cancelar 518 millones de deuda en el 2014, 'arrastrada de ejercicios anteriores'.
Para compensar esas pérdidas, la Empresa Pública asegura haber aplicado medidas de austeridad en diferentes partidas de servicios y suministros exteriores que han permitido un ahorro de 21 millones de euros. Pero también ha Ilevado a cabo
distintas iniciativas de reducción de costes, entre las que figuran una disminución de la plantilla en unas 3.200 personas (un 5,6%), hasta situarla en unos 54.140 empleados al cierre de 2013. Una reducción que el propio presidente de Correos
calificó de 'absolutamente necesaria' para la Compañía en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso en el debate de los del 2012.
La Compañía actúa sistemáticamente no cubriendo las vacantes por jubilaciones o concursos (cerca de 600 en Galiza en 2013) ni las bajas por enfermedad (más de 200 en Galiza en 2013), o trasladando a sus funcionarios a otros Ministerios, tal
y como anunciaba recientemente el ministro de Hacienda, que pretendería reforzar la plantilla de la Agencia Tributaria con hasta medio millar de trabajadores de Correos para poder efectivizar el plan antifraude diseñado para este año.
La contratación de personal eventual está en el mínimo imprescindible y, en general, no se cubren las ausencias de los empleados por permisos legales que se les conceden o por vacaciones.
A todas estas medidas, que ponen en serio peligro el servicio postal universal de calidad y cuyo objetivo no es otro que reducir al máximo los gastos de personal, la Empresa lo denomina eufemísticamente 'dimensionamiento'.
Las consecuencias de estos 'dimensionamientos' son una mayor carga de trabajo para el personal existente, un empeoramiento de sus condiciones laborales y una merma en la calidad del servicio.
En Galiza, las centrales sindicales calculan que, en los dos últimos años, Correos ha reducido su plantilla en unos 400 empleados, pasando de 4000 a aproximadamente 3600.
Todas las ciudades gallegas han sufrido reestructuraciones de personal y es ahora en la de Ferrol donde se pretenden suprimir -al parecer para que ya sea efectivo en el próximo mes de octubre- secciones de reparto. En concreto, de las 49
actuales podrían reducirse 10 pero, eso sí, sin aumento de la plantilla de carteros y, por lo tanto, dejándolos sin tiempo material para realizar el reparto de las zonas que ya tienen asignadas.
En este caso, los recortes que se llevarían a cabo tienen especial gravedad ya que no se tiene en cuenta el déficit histórico de trabajadores que ya existe en la ciudad de Ferrol en la actualidad y que la propia Junta de Personal de Correos
en la provincia de A Coruña trasladaba a la Subdirección de Regulación de Servicios Postales del Ministerio de Fomento en el año 2007, momento en el que ya solicitaba un incremento de 5 trabajadores.
El número de carteros actuales, 42, tendría que asumir una mayor carga de trabajo -que temen que ni siquiera sea equilibrado entre ellos- y, si el reparto no se realiza en las condiciones de distribución y entrega de los envíos postales
establecidas en la Ley 43/2010, del Servicio Postal Universal ('se practicarán, al menos, todos los días laborables, de lunes a viernes ...') podrían incurrir en una infracción muy grave si existiese 'el incumplimiento de los principios, requisitos
y condiciones relacionados con la prestación del servicio postal universal' (art. 59.b).
En la práctica, la supresión de secciones sin aumento de personal significará, también en Ferrol, que los empleados tengan que hacer un mayor recorrido que el que vienen efectuando y, por lo tanto, estén expuestos a los peligros de las
prisas (errores en el reparto, estrés, accidentes, etc.) que, además de repartir en sus zonas habituales, tengan que rotar por zonas y barrios que desconocen y, por lo tanto, que el reparto completo les resulte imposible, o que les surjan problemas
para entregar las cartas a tiempo.
Razones esgrimidas por la Empresa como una menor demanda de envíos postales y, por lo tanto, una disminución de la correspondencia no son del todo ciertas en ciudades como Ferrol donde ha sido la correspondencia ordinaria la que ha
disminuido pero las notificaciones y la paquetería han aumentado de manera muy significativa.
Por otro lado, y a mayores de todo lo ya indicado, la oficina de Ferrol ha tenido que asumir en los últimos tiempos el reparto de correspondencia urgente de la zona urbana del limítrofe ayuntamiento de
Narón -de unos 36.000 habitantes e inexplicablemente sin servicio de reparto de urgentes propio- con los mismos empleados, 6, y sin refuerzo de la plantilla.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Paralizar las reestructuraciones, recortes o 'dimensionamientos' previstos para las plantillas de trabajadores de Correos, en concreto la programada para la ciudad de Ferrol.
- Dotar del personal suficiente a las oficinas de Correos para garantizar el cumplimiento de obligación de servicio público de calidad en condiciones laborales dignas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Alfred Bosch Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley de defensa del sector agrícola almeriense, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
De forma similar a lo que ocurrió en el año 2013, en el BOE del pasado día 16 de abril, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del gobierno de España, a través de la Orden HAP/596/2014, de 11 de abril, hacía pública la
aprobación de la reducción, para el período impositivo 2013, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por
diversas circunstancias excepcionales, entre las que se encuentra por distintas causas algunas actividades sobre cultivos agrícolas de la provincia de Almería, no así otras actividades relativas a la ganadería y la apicultura, por ejemplo.
En el artículo 37.4.1.° del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, se establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las que fuese de aplicación
el método de estimación objetiva, se viese alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, el Ministro de Economía y Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la
reducción de los signos, índices o módulos afectos a estas actividades.
A este respecto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha emitido informe por el que se pone de manifiesto que durante 2013 se han producido circunstancias excepcionales en el desarrollo de actividades agrícolas y
ganaderas que aconsejan hacer uso de la autorización contenida en el citado artículo 37.4.1.° del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así pues mediante este instrumento se han aprobado una serie de reducciones de tipos
por ámbitos territoriales municipales y actividades para la provincia de Almería que no se corresponde con la realidad del sector y su demanda, basado en unos criterios arbitrarios, injustos, discriminatorios y de una falta de rigor impropia de lo
que se espera de un gobierno que debe velar por los intereses generales de todo un sector con criterios de igualdad y justicia.
Desde el grupo Socialista, tal y como han reflejado las distintas organizaciones agrarias que ya han elevado petición al Ministerio de Hacienda mediante informe pormenorizado de los agravios comparativos que la aplicación de esta Orden va a
suponer en nuestro sector y nuestra provincia, exigiéndole una rectificación urgente que incluya los desequilibrios producidos en la horticultura, los cítricos, la apicultura, los frutos secos, y la ganadería ovina y caprina tanto dedicada a la
producción de leche como de carne, ejemplos concretos se pueden encontrar en el tratamiento que recibe una misma actividad sobre un mismo cultivo desarrollada en un municipio u otro limítrofe, o sobre la exclusión de un cultivo en la provincia
de Almería y su inclusión en un municipio colindante de la comunidad murciana. Así pues y teniendo en cuenta las demandas del sector, desde el grupo socialista proponemos que la rectificación incluya las reducciones de tipos según la tabla
siguiente
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la modificación de la Orden HAP/596/2014 de 11 de abril de 2014 para ampliar la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables al ejercicio 2013 según la siguiente tabla:
Actividad;Índice R.N.;Ámbito territorial
Apicultura;0,18;Para toda la Provincia
Cítricos;0,09;Para toda la Provincia
Frutos Secos (Almendro);0,09;Para toda la Provincia
Hortícolas;0,09;Para toda la Provincia
Ovino y Caprino de Leche;0,09;Para toda la Provincia
Ovino y Caprino de Carne;0,09;Para toda la Provincia'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2014.-María Consuelo Rumí Ibáñez y Gracia Fernández Moya, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para establecer la oficina sin papeles en las administraciones públicas, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La sociedad demanda una Administración cada vez más eficiente, en la que los recursos públicos se utilicen en un marco de máxima eficiencia y menor coste posible, sin menoscabo de la calidad de los bienes y servicios públicos ofertados.
Las organizaciones tienen en la tecnología una herramienta fundamental a la hora de mejorar sus ratios de eficacia y eficiencia, al igual que en la formación, innegables palancas de la productividad. En el ámbito de lo público, no
corresponde hablar de mejoras de la rentabilidad, sino más bien de maximización del presupuesto para hacer más con menos. Es en este aspecto en el que se debe incidir de manera clara, si queremos contar con una Administración moderna, eficiente,
flexible y centrada en el ciudadano.
Conviene promover, tanto en los gestores como en los empleados, los principios arriba citados. Los cambios de cultura organizativa no son fáciles en el corto plazo, requieren recursos y tiempo. La estrategia debe ser ir implementando
medidas de calado que, poco a poco, vayan orientando la acción hacia una mejora continua, en la que los ciudadanos sean cada vez más el centro de atención.
La implantación de la Oficina sin papeles sería un paso adelante en este sentido, debido fundamentalmente a dos de sus características. La primera es que reduce los costes de gestión de la información de forma dramática, liberando recursos
económicos susceptibles de emplearse en proyectos de mayor interés. La segunda, que disminuye el tiempo dedicado a tareas repetitivas y de poco valor añadido, permitiendo que los recursos humanos se dediquen a otras tareas que mejoren el bienestar
de los ciudadanos.
Algunos datos ilustran la importancia de la medida propuesta. El tiempo medio de acceso a la documentación en papel es de 4 minutos; si el formato fuera digital, ese tiempo se reduciría a 20 segundos.
Considérese, por ejemplo, el caso del Ministerio de Justicia. Maneja unos 8 millones de documentos, que se consultan una media de 3 veces, por año. La implantación de la oficina sin papeles supondría un ahorro de 1.400.000 horas y
recuperar una cuarta parte del espacio dedicado a su almacenamiento. Esto sólo en el Ministerio de Justicia. Estamos pues ante una medida con una repercusión importante en términos de ahorro de costes y mejora de la eficiencia. Es necesario tomar
medidas también para reducir los plazos de respuesta cuando se interactúa con la administración.
Por otro lado, la Administración cuenta ya con las herramientas necesarias para la implantación de la oficina sin papeles. No es tanto un problema tecnológico, ni de esfuerzo presupuestario, como de resistencia al cambio. Se pueden
señalar, en este sentido, proyectos como la Oficina de Registro Virtual de Entidades y Servicio de Interconexión de Registros ORVE/SIR, que permite el intercambio de información de forma segura y cumpliendo todos los requisitos legales. O INSIDE,
un servicio de gestión de documentos electrónicos que cumple con la normativa del Esquema Nacional de Interoperabilidad, entre otros servicios disponibles en el Centro de Transferencia Tecnológica del Portal de la Administración Electrónica.
Proposición no de Ley
'Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implantar, en el plazo máximo de 1 año, la Oficina sin papeles, de acuerdo con los siguientes contenidos y principios:
1. Rango y ámbito.
Debe regularse mediante una Ley común para todas las Administraciones.
Se efectuará conforme a las principios básicos del Estatuto del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, de acuerdo a su exposición de motivos, en la que proclama que las Administraciones deben contar con los factores
organizativos que les permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración.
2. Principios básicos.
La implantación de la Oficina sin papeles será responsabilidad de cada una de las unidades administrativas, que deberán comprometerse a no remitir documentación en papel a ninguna otra unidad, tanto dentro como fuera de su organización,
excepto en los casos en los que resulte inevitable.
Se aplicará un enfoque 'de abajo a arriba' (down-top) en el flujo de la información, siendo obligatorio digitalizar la información por aquellas unidades que reciben cualquier tipo de documentación cuya tramitación implique su remisión a
otros tramitadores. Los receptores deberán mantener la misma filosofía, en caso de tener que enviarla, de suerte que, con independencia del número de unidades que intervengan en su tramitación, ninguna de ellas reciba ni envíe documentación en
papel como principio general.
No se pretende que la totalidad de la documentación pase por este proceso, ya que pueden darse casos en los que carezca de sentido hacerlo (bien por la dificultad de digitalización, bien porque peligre la integridad de la propia
documentación). Un cumplimiento del 80% se considera generalmente una implementación exitosa de la oficina sin papeles.
Para asegurar un grado de cumplimento razonable, los responsables de cada unidad deberán conseguir un certificado que les acredite como 'oficina sin papeles'. Para ello, publicarán un catálogo especificando de quién reciben la
documentación, a quién la envían y el formato en el que se realiza el citado intercambio. Dicho catálogo estará estandarizado, de forma que la información se pueda compartir. En base a esta información, se establecerán las medidas necesarias para
eliminar el flujo de documentación en papel, solicitando en caso necesario la asistencia de las subdirecciones de sistemas de información o de métodos y procedimientos. El citado catálogo se irá actualizando cada 3 meses, de suerte que las unidades
irán obteniendo el certificado cuando el 80% del intercambio total de información se realice sin utilizar papel.
El plazo máximo para obtener el certificado será de un año. No obstante, a los 6 meses, quienes prevean que en el plazo establecido no van a poder conseguirlo deberán elevar un informe a su superior jerárquico, especificando las causas. En
tales casos, será éste quien asumirá la responsabilidad de llevar a cabo el proyecto.
Deberán establecerse medidas, en los planos retributivos y de promoción profesional, que incentiven la implantación de estas prácticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Fomento
161/002715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para la rehabilitación del Castell de Pujalt.
El Castell de Pujalt era uno de los castillos de la marca o frontera del Condado de Berga en el siglo IX. Alrededor de este, se fue construyendo el pueblo de Pujalt. El castillo ha marcado el devenir del pueblo, tanto es así, que incluso,
una vez terminado el dominio de la casa de los Cardona, con la extinción de los dominios señoriales, una parte de las piedras del castillo se utilizaron para construir las casas de la población.
Actualmente el castillo se encuentra en un estado bastante deteriorado, hecho que no ha impedido que esté clasificado como Bé Cultural d'Interés Nacional por parte de la Generalitat de Catalunya por su importancia histórica. Esta categoría
de protección legal también la tienen construcciones tan importantes como el Amfiteatre de Tarragona o la Cartoixa d'Escala Dei.
Históricamente desde el Ajuntament de Pujalt se ha solicitado su rehabilitación, ya que se considera el elemento vertebrados del casco antiguo del núcleo de Pujalt y tiene un gran interés por el consistorio a nivel patrimonial, histórico y
de cierre de la ordenación urbanística del principal núcleo del municipio. Hay que tener en cuenta, que tanto el Ayuntamiento como los vecinos han hecho un importante esfuerzo para mejorar los espacios públicos y las fachadas de las casas. La
rehabilitación va a permitir aumentar el potencial turístico del pueblo y diversificar la economía local.
Antes de la rehabilitación del Castell de Pujalt para convertirlo en un espacio recuperado y que sirva de mirador de anchas panorámicas hacia los Pirineos, las crestas de Montserrat, les Serres de Pinós y de Boixadors y los llanos d'Urgell,
hace falta la intervención arqueológica, con la finalidad de recuperar información histórica que los restos contienen y restaurar los elementos arquitectónicos que lo conforman.
Por estos motivos se han redactado varios proyectos de rehabilitación y también para la intervención arqueológica del castillo y de la Ermita de Sant Ponç, que forma parte del mismo conjunto arquitectónico. Se han solicitado diversas ayudas
y subvenciones para emprender estas actuaciones.
Desgraciadamente la última petición en el marco del programa 1% Cultural fue desestimada porque el Estado no había formalizado todavía la cesión al Ayuntamiento de la propiedad del Castillo.
Después de varios años de negociaciones con la Administración Central, el pasado mes de septiembre de 2012 el Ajuntament de Pujalt obtuvo la propiedad del Castell de Pujalt al formalizarse su cesión en el registro de la propiedad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a financiar la intervención arqueológica del Castell de Pujalt así como la rehabilitación del mismo y de la Ermita de Sant Ponç.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para finalizar las obras de ejecución de la A-27 entre El Morell y Montblanc y rescatar la concesión de la AP-2 entre Montblanc y Lleida.
Exposición de motivos
La autovía 27 está planificada para conectar Tarragona con Lleida. Su importancia como eje de comunicación va más allá, ya que forma parte del trazado que debe comunicar el mar Cantábrico con el mar Mediterráneo, pasando por Iruña y Huesca
a través de la A-22, la A-23 y la A-21.
La A-27 es la más atrasada del conjunto de autovías que deben enlazar Tarragona con Donostia. El resto de tramos están más avanzados y algunos ya se encuentran en servicio, como en Navarra o en Aragón.
El tramo de la A-27 que está en una fase más avanzada para ser ejecutado es el comprendido entre Tarragona y Montblanc. Según las previsiones iniciales todo este tramo ya tendría que haber entrado en funcionamiento desde el mes de abril de
2012, incluso el trayecto comprendido entre El Morell y Valls tendría que haberse inaugurado en 2011.
Sin embargo, la situación actual dista mucho de estas previsiones. Fue en agosto del 2013, cinco años después del inicio de las obras, cuando los municipios de Tarragona y el El Morell quedaron conectados por autovía. Del resto de tramos
se desconoce el calendario concreto de ejecución. En el correspondiente a El Morell-Variant de Valls se retomaron las obras el pasado mes de febrero de 2014, sin un calendario concreto de finalización. En el tramo de la Variant de Valls las obras
están paralizadas sin fecha prevista para volver a empezar los trabajos. Peor es la situación del tramo entre la Variant de Valls y Montblanc en donde llegó a suspenderse el contrato.
En resumen, desde 2008, hace 6 años y cuando la totalidad de los tramos ya estaban adjudicados, sólo han entrado en servicio 7,7 kilómetros, un promedio de vértigo.
La demarcación de Tarragona se encuentra dentro de los territorios que generan más riqueza en todo el Estado, especialmente en el sector industrial y el turístico. Cabe recordar que el Camp de Tarragona alberga uno de los clústers químicos
más grandes de Europa, donde se concentra el 25% de la actividad de este sector en todo el Estado.
La A-27 juega un papel económico muy importante para la ciudad de Tarragona así como para toda su demarcación. No en vano, la A-27 es la salida natural del Port de Tarragona hacia el interior peninsular. Un 25% de las mercancías que
proceden del mismo tienen como destino el noroeste de la península ibérica; además, el 24% de los turistas de la Costa Daurada llegan a través de la N-240.
Según las principales entidades empresariales de Tarragona, la demora en la ejecución de la A-27 les representa una importante merma de actividad económica y de competitividad tanto desde la perspectiva industrial como la turística. A ello,
hay que añadir las importantes inversiones futuras programadas con los proyectos Barcelona World y Ferrari Land, entre otros que obligan a dotar a este territorio de las mejores infraestructuras de conexión y movilidad.
A esta disminución de ingresos, hay que añadir el sobrecoste que tienen que afrontar las empresas de transporte de mercancías peligrosas debido a que en sus trayectos hacia el interior peninsular tienen que hacer 70 kilómetros de más.
De la ejecución de la A-27 también dependen otros proyectos que mejorarían la atracción de nuevas empresas en las comarcas de la Conca de Barberà y I'Alt Camp.
En relación a las mejoras de las comunicaciones entre Montblanc y Lleida, desde el territorio se observa que la mejor opción en este momento es el rescate de la concesión de la Autopista AP-2 en este tramo tal y como recoge la declaración de
Montblanc-Les Borges Blanques-Lleida firmada tanto por el tejido económico (la Cámara de Reus, la Cámara de Lleida), las instituciones (Ayuntamiento de Les Borges Blanques, Ayuntamiento de Juneda) como por diferentes entidades de la sociedad civil
(Prou morts a la N-240).
En primer lugar, es la solución más rápida, dado que la autopista ya está construida y por tanto es una medida muy rápida de implementar. Desde un punto de vista económico, el rescate de la autopista es mucho más eficiente en estos momentos
que la construcción de una autovía en paralelo. Además, al tratarse de una solución inmediata, permitiría reducir rápidamente los índices de siniestralidad que sufre la N-240.
En síntesis, la construcción de la A-27 entre El Morell y Montblanc y el rescate de la AP-2 entre Montblanc y Lleida garantizarían una comunicación por vías rápidas entre Tarragona y Lleida sin peaje para el usuario, con un evidente impulso
económico y de seguridad vial para las comarcas afectadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar de forma inmediata en el Congreso Diputados un calendario concreto que fije la ejecución, en esta legislatura, de todos los tramos de la A-27 comprendidos entre El Morell, Valls y Montblanc.
2. Rescatar la concesión de la Autopista AP-2 entre Montblanc y Lleida conectándola con la A-27 y sin peajes para los usuarios de este tramo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Fomento, la siguiente Proposición no de Ley para la creación de una Oficina de Colaboración Público-Privada.
La Colaboración Público-Privada (CPP) es una forma de cooperación entre las administraciones públicas y el sector privado con el fin de modernizar la oferta de infraestructuras y de servicios públicos estratégicos, en mejores condiciones de
ahorro y eficiencia.
En una Comunicación ad hoc (2009), la Comisión Europea definió la CPP como una solución innovadora de gestión y financiación que contribuye a '(1) facilitar la realización de proyectos de interés público; (2) compartir los riesgos
financieros y reducir los costes de infraestructura que normalmente son soportados íntegramente por el sector público; (3) favorecer el desarrollo sostenible, la innovación, la investigación y el desarrollo, mediante la competencia y los acuerdos
con las empresas privadas', entre otros beneficios.
Como consecuencia del déficit, la disminución de recursos presupuestarios y los elevados costes financieros, las administraciones se enfrentan a nuevos retos para el desarrollo de infraestructuras y la normal prestación de servicios. En
este sentido, la CPP se presenta también como una fórmula para garantizar la financiación, construcción y gestión de proyectos en un escenario de fuerte consolidación fiscal.
Las CPPs son cada vez más importantes en todos los países de nuestro entorno y, en el caso de España, representan una práctica frecuente en sectores tan diversos como transportes, salud pública, educación, seguridad, gestión de los residuos,
distribución de agua o energía. En este sentido, la experiencia acumulada demuestra que la CPP hace posible la ejecución de un mayor número de proyectos necesarios en un menor espacio de tiempo, aprovechando los conocimientos técnicos y la
experiencia de las empresas, consiguiendo una utilización más eficiente de los recursos públicos.
Para paliar las carencias del modelo actual de CPP, se propone al Gobierno la creación de una oficina de Colaboración Público-Privada formada por la administración central y un grupo de expertos del sector
privado, con el objetivo de planificar, coordinar, asesorar y evaluar la ejecución de proyectos de CPP en el ámbito de la Administración Central.
La creación de una Oficina de Colaboración Público-Privada ayudaría a garantizar la definición de sectores estratégicos, la estructuración adecuada de los proyectos para una mejor distribución de los riesgos, el acceso a financiación más
barata, cuestiones de contabilidad pública, el denominado 'value for money', la transparencia, la no discriminación y la seguridad jurídica, entre otros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
1. Crear la Oficina de Colaboración Público-Privada, asignándole funciones de asesoramiento, mediación, arbitraje y salvaguarda de las iniciativas de Colaboración Público-Privada dentro de la administración central.
2. Proceder al desarrollo legislativo necesario para la puesta en marcha de dicho organismo de acuerdo con los planteamientos esgrimidos por la European PPP Expertise Centre.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre proyectos ferroviarios en la provincia de León, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Las contradictorias informaciones vertidas desde el Ministerio de Fomento, Junta de Castilla y León, Diputación de León, Ayuntamiento de León y Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo en relación a los proyectos ferroviarios que afectan al
conjunto de la provincia de León, ha generado un importante malestar social tal y como se mostró en la manifestación celebrada el pasado seis de abril en León.
Los presuntos informes del Ministerio de Fomento, con fecha de marzo, reconociendo los recortes y la paralización total de obras tan simbólicas como la integración de FEVE en la ciudad de León, la LAV León-La Robla o la integración del
ferrocarril en León y San Andrés del Rabanedo, que además adjunta una lista de argumentos para intentar ocultar a la sociedad leonesa los verdaderos planes del Gobierno de España, se suma a la cadena de despropósitos que envuelven a la totalidad de
los proyectos ferroviarios en León desde enero del año 2012.
El primero de ellos, y posiblemente detonante de todo lo posterior, ha sido el drástico recorte en la inversión, que supera el 70% en la actual Legislatura, donde las obras del AVE han pasado de recibir casi 320 millones de euros en los
Presupuestos Generales del Estado de 2011 a poco más de 100 millones previstos para el presente ejercicio; recorte similar a las paradas y bloqueadas obras de integración de FEVE, donde la inversión en el mismo periodo ha caído de 28 millones de
euros a 4.
Ello ha conllevado que la 'semiAlta Velocidad' que el Ministerio de Fomento planifica ahora para León se reduzca a una única vía, hecho que debilita gravemente la Línea de Alta Velocidad a León, contradiciendo claramente la posición
defendida por el anterior Gobierno en Europa que fijó esta infraestructura como prioritaria para la UE siendo incluida en la Red Básica Transeuropea, y relegando el AVE a León a un AVE de segunda en relación a las conexiones ya existentes a Segovia,
Valladolid, Zaragoza, Barcelona, Valencia o Sevilla (entre otras); a lo que habría que añadir el más que posible cambio de ubicación del Centro de Regulación y Control de tráfico de todas las líneas del noroeste de España, que había sido diseñado
en León por parte del anterior Gobierno.
De igual manera este recorte en la inversión podría suponer la desaparición total del proyecto de soterramiento del ferrocarril en León y San Andrés del Rabanedo, volviendo al diseño original de principios del 2000 y lastrando de esta manera
las alternativas de desarrollo y crecimiento económico y social de los dos municipios.
En la misma línea se encuentra el proyecto de integración de FEVE en la ciudad de León, donde las obras llevan completamente paradas varios meses, un frenazo envuelto en una cadena interminable de declaraciones contradictorias por parte de
Ayuntamiento de León, Diputación Provincial, Junta de Castilla y León y Gobierno Central, que han pasado de mantener el proyecto original con la llegada del tren-tram a la estación de Matallana, a cambiarlo por la antigua brecha ferroviaria a base
de pasarelas o a lanzar la propuesta de suprimir de manera total la circulación de trenes hasta la citada estación; todo ello envuelto en una nube de argumentos falsos que han llegado hasta el extremo de querer confundir al conjunto de la sociedad
utilizando argumentos de falta de seguridad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La dotación de una partida económica extraordinaria que permita la inmediata conclusión de las obras de integración de FEVE en la ciudad de León, manteniendo sin ningún tipo de alteración ni modificación el diseño y los parámetros
inicialmente proyectados, garantizando la llegada del tren-tram a la estación de Matallana (León), incluyendo el ramal a Hospitales y la Universidad, manteniendo el servicio del ferrocarril de vía estrecha a todos los municipios y pueblos de la
línea, y evitando la vuelta a la antigua brecha ferroviaria que divide en dos partes la ciudad de León.
2. La ejecución de la Línea de Alta Velocidad a León tal y como estaba concebida inicialmente, es decir, con doble vía y unos parámetros de diseño que permitan mantener el tiempo de viaje entre León y Madrid en menos de dos horas y sin
merma alguna en sus sistemas de seguridad.
3. Garantizar la coexistencia de la Alta Velocidad con el transporte ferroviario convencional, que da servicio a numerosas localidades de la provincia, recuperando las paradas en el medio rural que han sido suprimidas a lo largo de la
presente Legislatura condenando al aislamiento a miles de vecinos y vecinas de la provincia de León.
4. Convocatoria inmediata de la Mesa Técnica de Trabajo, como órgano sustituto de la antigua sociedad 'León Alta Velocidad', para que los representantes políticos y técnicos de los Ayuntamientos de León y San Andrés exijan el soterramiento
del ferrocarril tal cual estaba contemplado inicialmente.
5. Tras la celebración de la reunión de la Mesa Técnica de Trabajo, convocar por parte del Ministerio de Fomento una reunión a la que asistan Junta de Castilla y León y Ayuntamientos afectados (León y San Andrés del Rabanedo) para que se
establezca un calendario de trabajo, a corto y medio plazo, que garantice la viabilidad del proyecto de soterramiento planteado en la anterior Legislatura.
6. Aprobación de la partida presupuestaria para dotar del equipamiento necesario al Centro de Control del Ave (CRC) en el edificio construido al efecto en la ciudad de León, manteniendo el diseño estratégico del mismo para el noroeste
ferroviario peninsular.
7. Inicio de los trámites necesarios para el traslado de los talleres de León y ejecución del complejo ferroviario en Torneros en los terrenos ya expropiados a este efecto, y que deberán albergar tanto las nuevas instalaciones de los
talleres de material remolcado y motor como los del Centro Logístico del Noroeste, blindando la posición de León como nudo ferroviario del noroeste del país dentro de los ejes prioritarios de transporte de mercancías en las Redes Transeuropeas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2014.-Rafael Simancas Simancas, Helena Castellano Ramón y María Luisa González Santín, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la
necesidad de modificar las exigencias para la obtención de licencias de obra en las zonas de servidumbre aeronáutica. Debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Según el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas y por el que se modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los
Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, todos los expedientes de obras que se encuentren
dentro de la servidumbre aeronáutica, como es el caso en Galicia de las zonas próximas al aeropuerto de Santiago de Compostela, A Coruña o Vigo, deben ser remitidos en base a dicha normativa a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
A esta diputada le han llegado las quejas de ayuntamientos como el de Ordes (Santiago de Compostela) porque se han dificultado, burocratizado y ralentizado excesivamente las licencias para actuaciones de rehabilitación sencillas, o para
núcleos de naturaleza rural. El Real Decreto exige el permiso de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en las zonas de servidumbre de aeropuertos para cualquier tipo de obra, lo que dilata cualquier tipo de contratación o actuación.
Además, en el caso de ayuntamientos como el de Ordes que no disponen en sus normativas vigentes de un informe previo con carácter favorable de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, el plazo máximo para la emisión
de un acuerdo para construir, instalar, o plantar en zonas de servidumbre aeronáutica es de seis meses, en lugar de tres meses que sería el plazo en caso de existir dicho informe.
Con el añadido de que si en seis meses no se recibe respuesta, se entenderá como desfavorable. Se presupone así la denegación de la licencia.
Sin embargo, quedan exentos de solicitar permiso a la AESA las obras menores que se encuentren dentro de un Núcleo Urbano Consolidado. La cuestión es que esto genera muchos problemas en territorios como Galicia porque posee una
particularidad que no se da en otros territorios del Estado: hablamos del suelo de Núcleo Rural.
Desde una mentalidad urbana es difícil contar con esta especificidad debido al grado de desconocimiento de las singularidades de los diferentes territorios. Por tanto, el suelo de Núcleo Rural no se reconoce como Núcleo Urbano Consolidado y
cualquier obra menor debe seguir el proceso largo antes descrito.
Con esta normativa se complica en demasía el proceso para actuaciones y obras tan sencillas como un retejado, una rehabilitación de fachada, la sustitución de carpinterías, o incluso la construcción de un cierre de parcela en Suelo de Núcleo
Rural. Para cualquiera de estas actuaciones se precisa el permiso de la AESA, lo que se traduce en una larga espera, que en el mejor de los casos supone esperar seis meses para obtener la licencia preceptiva, o incluso más si se hace evidente la
denegación.
Uno de los sectores más afectados por la crisis que es el de la construcción, sigue sumando con este tipo de normativas problemas a su ya largo elenco. Y si se trata de iniciar la remontada con huecos como el camino de las obras y
rehabilitaciones por dónde el sector pueda abrirse camino, resulta que sólo se encuentra piedras en el camino como la normativa aquí descrita.
Proposición no de Ley
'Por los argumentos expuestos, el Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Considerar el Suelo de Núcleo Rural como Suelo de Núcleo Urbano Consolidado en las zonas de servidumbre aeronáutica según los parámetros recogidos en el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 584/1972, de
24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas y por el que se modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés
General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
- Proceder a modificar el Real Decreto mencionado, eliminando la exigencia de solicitar el permiso de obra a la AESA para la realización de cualquier obra que no supere los 20 metros de cota sobre la rasante natural del terreno existente,
requisito que ha complicado, ralentizado y burocratizado excesivamente el proceso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de la conectividad
internacional del Archipiélago canario, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El transporte aéreo es un elemento fundamental en la conectividad de países y regiones que favorece la circulación de pasajeros y mercancías e impulsa el desarrollo económico y social de los territorios, máxime cuando se trata de
archipiélagos como es el caso de las Islas Canarias.
Dentro del régimen de libre competencia y economía de mercado en el que prestan sus servicios las compañías aéreas, compete a la administración estatal favorecer, dentro de sus competencias, las conexiones aéreas que permitan satisfacer las
necesidades de movilidad de los usuarios del transporte aéreo, removiendo los posibles obstáculos que puedan dificultar la implantación de nuevos enlaces o el crecimiento de los existentes.
Si bien las aerolíneas de los países del Espacio Económico Europeo pueden prestar libremente sus servicios dentro de dicho ámbito geográfico, las conexiones desde aeropuertos europeos con otras naciones vienen reguladas por lo establecido en
los Acuerdos sobre Transporte Aéreo que firmen entre sí los estados, o, en algunos casos, con las autoridades comunitarias, así como por las concesiones de los correspondientes derechos de tráfico soberanos de cada estado, entre los que se
encuentran los conocidos como 'de quinta libertad', atendiendo a la libertades del aire definidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Por tanto, entre las funciones encomendadas a la administración estatal para favorecer la conectividad internacional de las regiones españolas a través del transporte aéreo, y señaladamente de los territorios no peninsulares como es el caso
de las islas Canarias, se encuentra la negociación de Acuerdos con países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo y, en su caso, la concesión de los derechos de tráfico que permitan a las compañías aéreas desarrollar su actividad conforme las
necesidades y demandas de los usuarios de este modo de transporte. En la negociación de estos acuerdos es fundamental observar el principio de reciprocidad, por el cual las concesiones al otro Estado deben ir acompañadas de concesiones similares
para nuestro país, de tal forma que se pueda garantizar el desarrollo de la industria aeronáutica española (compañías, aeropuertos, etc.) en condiciones de igualdad de oportunidades con la de los demás Estados.
Debe destacarse la creciente importancia que supone para el transporte aéreo español las conexiones con países no comunitarios. Así, en el año 2013, el número de pasajeros transportados entre España y países no europeos ascendió a 25,3
millones, frente a 24,2 millones en el año anterior; esto es, un incremento del 4,6 % frente a una disminución del 1,3 % en el total de viajeros que utilizaron los aeropuertos españoles.
Este incremento es aún más significativo en el caso de Canarias, puesto que el número de pasajeros entre el archipiélago y países no comunitarios aumentó un 17,5 % entre 2012 y 2013, frente a un aumento del 0,4 % en el total de viajeros del
modo aéreo en las islas. En 2013 se superaron los 2 millones de
pasajeros que partieron desde Canarias con destino fuera de la Unión Europea, suponiendo un factor relevante para el desarrollo y conectividad de las Islas Canarias.
Consecuentemente, la creciente importancia de las conexiones aéreas con estados no comunitarios propicia que el Ministerio de Fomento preste especial atención al establecimiento o incremento de dichos enlaces, desarrollando marcos que
favorezcan la operativa de vuelos desde dichos Estados hacia los aeropuertos del archipiélago, así como permitiendo el empleo de la 'quinta libertad' cuando dichas concesiones traen consigo beneficios para el desarrollo económico y social de la
región.
Cabe resaltar que en los últimos años han predominando las negociaciones con países del continente africano, lo cual ha beneficiado especialmente a las regiones con intereses específicos en esta zona, como es el caso de Canarias. Asimismo,
se ha impulsado una política que fomenta la apertura de mercados y la liberalización del tráfico aéreo directo, abriendo la posibilidad a que se pueda operar desde cualquier punto en España y a que sean las compañías aéreas las que elijan
libremente.
Igualmente, la flexibilización prevista en la Disposición Adicional 14.ª de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible para conceder 'quintas libertades', ha permitido a la Dirección General de Aviación Civil autorizarlas cuando el análisis de los
proyectos operativos presentados por las compañías aéreas de terceros países ha determinado que las propuestas presentadas son viables y contribuyen al establecimiento de operaciones y enlaces beneficiosos para los intereses regionales.
Por otra parte, es preciso señalar que la potenciación de la internacionalidad de los aeropuertos canarios requiere, además, de la estrecha y continua colaboración con las administraciones autonómica y local, así como con los agentes
económicos y sociales, en la toma de decisiones sobre el desarrollo de los servicios relacionados con el transporte aéreo, puesto que son piezas fundamentales en el fomento de la actividad aérea.
En este sentido, el Gobierno, mediante el Real Decreto 697/2013, ha aprobado la regulación de los Comités de Coordinación Aeroportuaria como órganos de ámbito regional donde puede canalizarse la participación de las distintas
administraciones y agentes económicos y sociales en las decisiones relacionadas con el desarrollo aeroportuario.
El pasado 12 de marzo se constituyó el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Canarias, y por tanto, el Gobierno ya se ha dotado del órgano dónde se canalicen las iniciativas para potenciar el desarrollo y competitividad internacional de
los aeropuertos canarios.
Por consiguiente, la creciente importancia de los enlaces aéreos con países no comunitarios, particularmente, los que tienen como origen o destino las Islas Canarias, requieren que se continúe e intensifique la aplicación de las medidas que
ya viene adoptando el Gobierno para favorecer dentro de sus competencias las conexiones aéreas que satisfagan las necesidades de movilidad de los usuarios del transporte aéreo, y a tales efectos:
El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las siguientes iniciativas:
- Impulsar la conectividad internacional del archipiélago canario, empleando la 'quinta libertad' cuando los proyectos operativos presentados por las compañías aéreas de terceros países sean viables, sostenibles y beneficiosos para el
desarrollo económico y social de la región.
- Promover la consecución de Acuerdos bilaterales de transporte aéreo entre España y terceros Estados en los que, en base al principio de reciprocidad, se favorezca la operativa de vuelos desde esos Estados hacia los aeropuertos del
archipiélago.
- Colaborar activamente con las autoridades regionales y locales, así como con los agentes económicos y sociales de la región, para conseguir un mayor desarrollo y competitividad internacional de los aeropuertos canarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002743
A la Mesa de la Comisión de Fomento
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre la necesidad de proveer un presupuesto de conservación de carreteras acorde con el valor patrimonial de la red viaria, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La movilidad por el conjunto de las carreteras españolas está en torno al 90% del tráfico total de pasajeros y prácticamente el 85% del de mercancías. Es frecuente asociar las necesidades de conservación y rehabilitación para mantener un
bien económico en un adecuado estado funcional a su valor patrimonial, calculable a través de diversos procedimientos. En el caso de una red de carreteras madura, se suele admitir que se necesita una inversión anual del 2% de su valor patrimonial.
Si aplicamos este criterio a la red estatal de carreteras española, por la que se desplaza el 55% del tráfico total del país, con un valor patrimonial estimado de 85.000 millones de euros, se necesita una inversión anual en conservación de
unos 1.700 millones de euros. La inversión actual de conservación de carreteras ha sido presupuestada para el año 2013 en 942 millones de euros (el 1,1% de su valor patrimonial). Además, hay que tener en cuenta que 989 km de 'autovías de primera
generación' (el 4% de la red) se conservan mediante fórmulas concesionales, y el pago a los concesionarios representa ya del orden de 200 millones de euros anuales: para el resto de la red quedan del orden de 20.000 /km, el mínimo de la última
década. Este limitado presupuesto solo cubre las necesidades para mantener la red en condiciones de vialidad estricta (prestación del servicio), pero en ningún caso sirve para proceder a rehabilitaciones del firme, reposición de señalización o
actualización de sistemas de contención de vehículos.
Además de lo anterior, hay que tener en cuenta el déficit ya acumulado en la red estatal de carreteras, que se estima en un mínimo de 1.800 millones de euros. La red de carreteras de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales se
encuentra en una situación parecida, con un déficit de conservación estimado en 3.800 millones de euros. Como resultado nos encontramos con una evidente pérdida de competitividad.
Esta situación conduce a que un inadecuado trabajo de mantenimiento sobre la red viaria, derive, de facto, en mayores costes de funcionamiento, mayores costes de futuras rehabilitaciones y renovaciones, y menores niveles de seguridad en la
circulación. A continuación se detallan los principales:
- La imposibilidad presupuestaria de licitar obras de rehabilitación de firmes hace que muchos tramos el estado de la red se encuentre muy deteriorada. Esta situación tiene unas consecuencias directas en la inseguridad vial, deterioros,
averías en vehículos, etc.
- Un inadecuado estado de conservación de los pavimentos, con una defectuosa regularidad superficial o un coeficiente de rozamiento defectuoso, se traduce en menores niveles de seguridad para la circulación, al reducir las posibilidades de
evitar un accidente en caso de error o necesidad de maniobra evasiva (aspecto fundamental en los accidentes fronto-laterales o alcances). También se obliga al conductor a dispersar su atención al tratar de evitar los defectos del pavimento.
- En los sistemas de contención de vehículos un inadecuado nivel de contención o un deficiente estado de conservación afectan a la capacidad de limitar las consecuencias de un accidente. Y no debemos perder de vista que la accidentalidad
por salida de vía está presente en casi el 40% de los siniestros mortales que se registran en nuestro país.
- También resulta complejo circular por las carreteras con una señalización vertical y horizontal deteriorada o desgastada, lo que no solo no permite unos adecuados tiempos de identificación y reacción al conductor, sino que puede ser motivo
de aparición de errores, especialmente en condiciones de nocturnidad o de meteorología adversa.
- Lo mismo ocurre con la práctica cada vez más habitual de apagar las instalaciones de alumbrado, presuntamente justificada por un supuesto excesivo coste energético. En realidad son muy escasos los tramos iluminados de la red y muy
necesario su mantenimiento para garantizar una circulación cómoda y sin errores en aquellas áreas conflictivas en las que se han instalado luminarias.
Además, parece inevitable relacionar el aumento de la siniestralidad de la carretera de los últimos meses con el deficiente estado de conservación de la red principal de carreteras.
En definitiva, es evidente la relación directa del adecuado estado de mantenimiento de una red de carreteras con la mejora de las condiciones de seguridad del flujo circulatorio, en aras a contribuir al sostenimiento de los descensos
continuados de las estadísticas de accidentalidad de la última década.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Asociar la inversión para la conservación de la Red de Carreteras del Estado al valor patrimonial de la red, mediante los pertinentes estudios que permitan fijar su valor mínimo.
2. Desarrollar un plan de choque para la recuperación de los déficit de conservación acumulados en la Red de Carreteras del Estado, priorizando los tramos catalogados como de concentración de accidentes y aplicando las medidas que presenten
mayores índices de rentabilidad, según recomienda la Directiva de Seguridad de Infraestructuras Viarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
161/002745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación en la localidad de Lorca en el tercer aniversario
del terremoto que la devastó, para su debate en la Comisión de Fomento.
El domingo 11 de mayo de 2014 se cumplirán tres años de los sucesos sísmicos ocurridos en la localidad de Lorca, cuyos eventos principales se registraron sucesivamente a las 15:05 (h. UTC) con magnitud Mw 4,5 y a las 16:45 (h. UTC) con
magnitud MW 5,1, centrándose su impacto sobre el área urbana, dando lugar a nueve víctimas mortales, cientos de heridos y daños materiales cuantiosísimos, cuya valoración y planes subsiguientes de reconstrucción y recuperación económica a base de
inversiones y medidas complementarias se estimó por entonces en mil seiscientos cincuenta millones de euros (1.650 m..). Es lo que se denominó propuesta de Plan Lorca que se elevó al Congreso de los Diputados para su debate, y a cuyo efecto se
fijó la fecha del 13 de febrero de 2011, sin que finalmente se produjera, ya que ese mismo día se presentó una enmienda transaccional por parte del Grupo socialista proponiendo la revisión de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha, y la
construcción de trescientas (300) viviendas a cargo del SEPES como cuestiones fundamentales, lo que dejó aplazado el debate sobre el Plan Lorca propiamente dicho.
Los terremotos citados sumieron al pueblo de Lorca en una de sus mayores angustias colectivas, y aun habiendo transcurrido ya tres años, y habiendo sido constantes las promesas y los compromisos adquiridos por los distintos gobiernos, tanto
nacionales como regional (recordemos que durante los acontecimientos el partido en el gobierno era el PSOE); sin embargo, el proceso de reconstrucción lleva un considerable retraso sobre las previsiones iniciales y los planes de reactivación
económica anunciados en su día distan mucho de ser realidad por el momento.
Como datos más sobresalientes, conviene tener en cuenta a este propósito, que el Gobierno de España ha incumplido manifiestamente el compromiso de construcción de 300 viviendas a través de su organismo autónomo SEPES, y que no ha aprobado
(como tal) el Plan Lorca tantas veces demandado y anunciado para la reactivación económica. Si bien es cierto que en mayo de 2012, coincidiendo con el segundo aniversario, se presentó públicamente un documento denominado 'Plan Lorca +', que hasta
la fecha no goza de la aprobación oficial, en su globalidad, por ninguna instancia gubernamental.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para:
1. Cumplir con el compromiso de construcción de 300 viviendas en la localidad de Lorca, a través de su organismo autónomo SEPES.
2. Poner en marcha de forma urgente un plan de reactivación económica y de generación de empleo en la comarca de Lorca.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera y Ricardo Sixto Iglesias, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre el
abandono por el Gobierno de la construcción de la segunda circunvalación de Granada y la retirada de los fondos FEDER para el tramo Santa Fe-Las Gabias, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La segunda circunvalación de Granada, diseñada como autovía al oeste de la ciudad, tenía como objetivo convertirse en el trazado de la A-44, autovía de Sierra Nevada, Madrid/Jaén-Costa Tropical, sustituyendo el actual trazado de la
circunvalación de Granada, ya colapsado durante numerosas horas del día. Su trazado de 25,5 km, acordado durante el Gobierno de Aznar, discurría desde Calicasas hasta Alhendín, conectando la A-44 con la autovía A-92, la N-432 y la futura GR-43. Su
ejecución se acordó hacerla en cuatro tramos: Calicasas-Albolote, Albolote-Santa Fe, Santa Fe-Las Gabias y Las Gabias-Alhendín.
Tras el estudio informativo y la aprobación del recorrido de la segunda circunvalación se redactaron los distintos proyectos constructivos durante los años 2005, 2006 y 2007, licitándose y contratándose durante el Gobierno de Zapatero las
obras de los tres primeros tramos desde Calicasas hasta Las Gabias, con un presupuesto de ejecución de 172,39 millones de euros, invirtiéndose 95,5 M en el periodo entre 2008 y 2011.
La llegada del Gobierno del Partido Popular significa un parón muy significativo en el ritmo de las obras y en las cantidades presupuestadas, que caen a 6,7 M en 2012, 8,2 M en 2013 y 6,75 en los PGE de 2014, año en el que se dedica solo
3,5 M para el tramo Calicasas-Albolote, 2,9 M para el Albolote-Santa Fe, y 300.000 euros para mantenimiento de obras del tramos Santa Fe-Las Gabias, que habían parado en su totalidad. Un año más también dejan sin partida para licitar el último
tramo Las Gabias-Alhendín, para el que asignan 50.000 euros para trámites administrativos, y ni siquiera adelantan partida alguna en la programación de los años 2014, 2015 y 2016.
En la actualidad continúan las obras a un ritmo muy reducido en los dos primeros tramos, Calicasas-Albolote, de 4 km de longitud, que tiene un grado de ejecución del 27,04%, y en el tramo Albolote-Santa Fe de 6 km y un grado de ejecución del
22,9%.
El tercer tramo, Santa Fe-Las Gabias, de 9 km, está ejecutado en un 14%, siendo gestionado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA), dependiente del Ministerio de Fomento. Este organismo solicitó
financiación para ejecutar el trazado dentro del Programa Operativo de Andalucía de fondos FEDER, recibiendo 35.802.432,43 , es decir, el 80% del total (44,7 M) de la obra. El Ministerio a través de SEITTSA en 2011 hizo la solicitud de reembolso
de fondos FEDER de 6,98 M, que no ha podido tramitar ni se le ha abonado por no tenerla terminada en el plazo previsto y no tener inversión adecuada en los Presupuestos del Estado en los últimos años para este tramo.
Con esta desastrosa gestión, el Ministerio de Fomento ha acordado llevarse los fondos FEDER previstos para este tramo Santa Fe-Las Gabias, a otras carreteras y autovías de Andalucía, en concreto a la duplicación de la carretera N-443 en el
nuevo acceso a Cádiz y a los tramos Linares-Ibros e Ibros-Úbeda de la autovía A-32, dejando definitivamente sin fondos europeos a este tramo de la segunda circunvalación y por tanto dejándola parada en su totalidad.
Esta maniobra de birlado de fondos europeos previstos para la segunda circunvalación de Granada, junto a la mínima inversión a través de los PGE y la no licitación del último tramo, condenan a que Granada y su área metropolitana no puedan
siquiera soñar tener esta autovía, indispensable para la vida diaria de los 500.000 habitantes de la zona, terminada antes de al menos el 2018, con los gigantescos perjuicios que ocasionará a la vida y la economía de toda su área de influencia.
Todo esto supone un tamaño dislate y agravio contra Granada y su ciudadanía, por parte del Gobierno de Rajoy y de su Ministerio de Fomento, apoyado por el PP en la provincia y por las instituciones por ellos gobernadas, especialmente la
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Granada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se reprograme de manera inmediata las partidas de fondos FEDER para reasignar la totalidad de los fondos económicos sustraídos de la obra Santa Fe-Las Gabias para reanudar las obras previstas y poderlas ejecutar de manera inmediata y
con el horizonte acordado en el Marco Comunitario de Apoyo.
2. Que se acuerde incluir al tramo las Gabias-Alhendín, de la segunda circunvalación de Granada, como proyecto para ser financiado por el programa operativo en el nuevo Marco Comunitario 2014-2020, con fondos suficientes para poder terminar
las obras en el menor tiempo posible.
3. Que se asegure que en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 se presupuesten las cantidades necesarias para terminar los tramos en construcción, Calicasas-Albolote y Albolote-Santa Fe, sin mayor dilación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2014.-Manuel Pezzi Cereto, José Martínez Olmos y Elvira Ramón Utrabo, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y las siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
impulso a la rehabilitación y regeneración urbana, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Gobierno de España ha legislado intensamente a favor de la rehabilitación, regeneración y renovación urbana no solo a través de la recientemente aprobada Ley 8/2013 sino también mediante el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016. A
estas medidas de importante calado ha de sumarse la disponibilidad de fondos europeos durante el nuevo periodo de programación 2014-2020 que permitirán sumar recursos procedentes de la Unión Europea a los recursos dispuestos por el Gobierno de
España para este fin.
Sin embargo, a pesar de la existencia de una importante cantidad de recursos y herramientas para acometer proyectos de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, será necesario tener en cuenta diversos factores para maximizar el
impacto de esta estrategia en términos de creación de empleo y generación de riqueza. En los últimos años la rehabilitación urbana ha tenido un protagonismo creciente debido a su interés tanto por parte del sector privado como desde el punto de
vista de la administración
pública. La posibilidad de generar ahorros energéticos junto con la generación de empleos directos asociados al sector de la rehabilitación constituyen los aspectos clave de este sector. Además, combinar la rehabilitación edificatoria con
el impulso al modelo de ciudades inteligentes, está generando metodologías de desarrollo de las ciudades que van más allá de la rehabilitación urbana y se centran en un desarrollo sostenible, inteligente e integrado de las ciudades. Para una
transformación completa de las ciudades a través del desarrollo de las ciudades inteligentes y de la sostenibilidad será necesario eliminar las barreras administrativas existentes mediante las herramientas legales disponibles y los recursos
económicos necesarios. En este sentido, cabe destacar el presupuesto de más de 2.000 millones de euros de los que dispone el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 orientado fundamentalmente a potenciar la rehabilitación de viviendas, fomentar la
implantación de medidas de eficiencia energética e impulsar el modelo de ciudades inteligentes.
En la actualidad existen proyectos piloto que han conseguido desarrollar mecanismos de colaboración entre las instituciones, los ciudadanos y las empresas para generar políticas de crecimiento a través de la rehabilitación urbana y las
ciudades inteligentes. Esto ha permitido mejoras económicas y ambientales en aquellas zonas donde se han desarrollado los proyectos. Sin embargo, para conseguir un desarrollo integral de la rehabilitación y regeneración urbana, será necesario
desarrollar y documentar las prácticas estatales en este sentido para facilitar el impulso de nuevos proyectos a través de mecanismos estandarizados y bien conocidos por todos.
Tal y como se ha comentado anteriormente, la implantación y desarrollo masivo de proyectos de rehabilitación y regeneración urbana, donde sean técnica y económicamente viables, va a permitir reducir el consumo energético global de nuestro
país, así como generar empleo asociado a un sector productivo. Sin embargo, a diferencia de etapas anteriores, a partir de ahora las políticas europeas obligan a desarrollar metodologías de regeneración urbana integradas, condición que será
necesaria e indispensable para desarrollar dichos proyectos.
Para conseguir los objetivos propuestos por el Plan de Vivienda 2013-2016, será necesario actuar con medidas a corto y a largo plazo. Es necesario actuar de forma inmediata para garantizar la sostenibilidad energética de las ciudades al
tiempo que se fomenta el empleo en un sector como el de la rehabilitación de edificios que no está viviendo su mejor época. A largo plazo deberá impulsarse de forma decidida la regeneración urbana, trabajando más allá de la mera rehabilitación de
centros históricos, poniendo el foco en la integración de los barrios degradados, periféricos o construcciones de más de 50 años. No es difícil reconocer las huellas que los procesos urbanísticos han dejado en nuestras ciudades. Por eso, es más
necesario que nunca aprender del pasado e impulsar la rehabilitación y la regeneración para integrar y cohesionar las distintas sensibilidades que coexisten en las ciudades. Todo ello, siguiendo una nueva política marcada por la legislación del
Gobierno de España y las directrices de la Unión Europea y teniendo en cuenta las bondades de una política de vivienda no expansionista, basada en la reconversión de zonas degradadas y en la rehabilitación de segunda generación.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir Impulsando proyectos piloto en materia de rehabilitación y regeneración urbana, no solo en el centro de las ciudades, sino también en barrios periféricos y degradados.
2. Desarrollar metodología específica que permita el impulso a un modelo sostenible, inteligente e integrado de las ciudades.
3. Establecer fórmulas que permitan documentar las ventajas e inconvenientes de los proyectos de integración, rehabilitación y regeneración urbana desarrollados, como paso previo para medir el impacto de las medidas puestas en marcha. Todo
ello mediante la exposición pública de los datos obtenidos fomentando medidas de transparencia y participación ciudadana en todas las fases de cada proyecto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Deporte
161/002727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la implementación de las tecnologías de la
información y la comunicación en el sistema educativo, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La aparición de las llamadas 'Nuevas Tecnologías' ha provocado en las últimas décadas cambios y transformaciones importantes en nuestra sociedad. La educación y la sociedad son conceptos estrechamente relacionados, la educación colabora en
el crecimiento de la sociedad y la sociedad contribuye en la formación del individuo.
La educación no puede dar la espalda a la sociedad, ya que es un elemento fundamental para el crecimiento de la misma. Actualmente estamos viviendo una completa revolución tecnológica a través de la sociedad de la información y
comunicación, es necesario que el sector educativo se adapte a ella para que no se quede obsoleto y alejado de la realidad.
Por ello es necesario incorporar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones' (TIC) a la educación e integrarlas y adaptarlas a los contenidos de los currículos de cada una de las etapas educativas y de cada uno de los elementos
integrantes de sus proyectos curriculares.
El uso de las tecnologías como un medio para mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos nos conduce a un nuevo modelo de enseñanza que nos aporta ventajas y transformaciones.
La incorporación de las nuevas tecnologías al sistema educativo depende de múltiples factores, entre los que destacan el cambio de actitud por parte de la comunidad educativa hacia una educación más cercana al mundo exterior, más flexible y
más próxima a las individualidades de cada alumno.
Los profesores deben tener un conocimiento adecuado de los nuevos medios tecnológicos, audiovisuales e informáticos de uso didáctico, lo que hace imprescindible que nuestros docentes reciban una adecuada formación en la utilización y el
manejo de las nuevas tecnologías con el fin de que lo incorporen a su quehacer docente, aportando de este modo nuevas posibilidades a la enseñanza y aprendizaje de los distintos contenidos curriculares.
Esta nueva herramienta educativa constituye un recurso de apoyo a las administraciones educativas, ya que garantiza una mejor interoperabilidad entre ellas. La incorporación generalizada de las TIC al sistema educativo demanda introducir
las modificaciones técnicas que habiliten la coordinación entre todos los sistemas informáticos de las administraciones educativas que lo integran, lo que permitirá personalizar la educación, adaptándola a las necesidades y al ritmo de cada alumno.
Otra de las ventajas que proporciona la interoperabilidad de este nuevo modelo de enseñanza es la creación de nuevos contenidos educativos creados con medios tecnológicos. Un nuevo modelo de material didáctico que permita sustituir el
tradicional en soporte papel por lo que podemos llamar la mochila digital. Este cambio de soporte en el material educativo reducirá considerablemente el coste del mismo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo:
1. Adaptando, mediante cursos formativos, el perfil profesional del docente a las tecnologías de la información y la comunicación.
2. Garantizando la efectiva interoperabilidad entre los sistemas informáticos utilizados por las administraciones educativas que lo integran.
3. Creando un nuevo modelo de material didáctico en soporte digital que permita sustituir el tradicional en soporte papel, previa fijación de objetivos predefinidos y seguimiento y evaluación de su impacto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Popular en el Congreso.
161/002747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar el uso de
plataformas electrónicas en la formación de idiomas extranjeros y lenguajes de programación, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
El dominio de lenguas extranjeras, así como de lenguajes de programación, son dos de las habilidades más importantes, según la mayoría de los expertos, de cara al desarrollo profesional y la mejora de las perspectivas laborales. Por otro
lado, consideran que la demanda de estos conocimientos seguirá ganando peso en el futuro inmediato y que resultarán determinantes de cara al mercado laboral y a la competitividad de la economía. De hecho, la reciente reforma del sistema educativo
impulsada por el Gobierno es una buena prueba de la creciente importancia que se le otorga al aprendizaje de estas materias.
Al calor de la revolución tecnológica que está transformando el mundo en el que vivimos, durante los últimos años han surgido una multitud de herramientas que facilitan el acceso al aprendizaje y a la formación continua. Plataformas como
los MOOC (siglas que ingles corresponden a massive online upen courses), mediante las cuales se puede acceder a una amplia oferta de cursos abiertos de la más variada temática, así como iniciativas como The Hour of Code, Codeacademy, Khan Academy,
etc., son buena prueba de lo extenso del ecosistema formativo que está apareciendo en la red. Entre estas herramientas existen también algunas de origen español, como por ejemplo Busuu, una comunidad on line líder en el aprendizaje de idiomas
extranjeros y en la que el espíritu colaborativo entre hablantes nativos de distintas lenguas es una de sus señas de identidad, ayudándose entre sí en el proceso de aprendizaje. Igualmente, en fechas recientes se ha presentado una plataforma fruto
de la colaboración entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la empresa tecnológica Google, llamada Actívate, que pretende formar a los jóvenes en competencias digitales y dotarles de herramientas para emprender y encontrar un empleo.
En dicha plataforma ya están disponibles tres MOOCs, certificados por la EOI (Escuela de Organización Industrial), sobre las competencias digitales más demandadas en la actualidad: comercio electrónico, cloud computing y analítica web.
En términos cuantitativos se puede afirmar que el impacto de estas nuevas plataformas de aprendizaje es muy alto. España es líder europeo en número de MOOCs, contando, según los últimos datos publicados por la Comisión Europea, con un total
de 169 de estos cursos, lo que supone la tercera parte del total de MOOCs producidos en el seno de la Unión Europea. En su primer año de vida Code.org ha alcanzado 20 millones de usuarios, en 20 idiomas y más de 170 países. Y la plataforma de
aprendizaje de idiomas on line Busuu ha alcanzado los 40 millones de usuarios y los 20 millones de descargas en la tienda de aplicaciones de Apple.
Pero la revolución que estas nuevas herramientas introduce en la educación no es únicamente cuantitativa, facilitando e incrementando el acceso a una formación continuada más abierta y económica, sino que se trata de un cambio cualitativo en
la forma de aprender. Por medio de las mismas los alumnos toman contacto con la materia objeto de estudio de forma interactiva -aprenden haciendo- convirtiendo el proceso en una especie de juego en el que cada alumno va superando sucesivas fases
mientras progresa en su aprendizaje.
Su utilización en el ámbito educativo constituye una oportunidad que merece la pena aprovechar y que podría dar muy buenos resultados, concretamente en el ámbito del aprendizaje de idiomas extranjeros y lenguajes de programación. Máxime
cuando la mejora del nivel de idiomas y la introducción de las
tecnologías de la información y la comunicación son objetivos declarados de nuestra política educativa. Igualmente, su empleo por los alumnos puede contribuir a una mejora en su motivación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la implantación de programas piloto para la integración de plataformas on line de formación en idiomas, matemáticas y programación, tanto en los planes de estudio, como para su
utilización como herramientas complementarias en la formación superior, así como en la formación continua del profesorado.
2. Acompañar dichos programas piloto de las pertinentes evaluaciones de resultados que permitan determinar el impacto de los mismos en el desarrollo de las mencionadas competencias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley de apoyo
a la denominación de origen Utiel-Requena, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Exposición de motivos
La denominación de origen Utiel-Requena se corresponde con una comarca valenciana situada en el interior de la provincia. Es una pequeña meseta casi circular y de más 1.800 km2, situada a 70 km del mar Mediterráneo y con una altitud media
de 700 metros. Las tierras y el clima incomparables de las que disfruta esta tierra -con rasgos del Mediterráneo, pero con influencias continentales- hacen posible la obtención de uvas diversas variedades y hacen que los vinos Utiel-Requena sean
especiales, destacando los tintos y rosados elaborados con la variedad tinta Bobal.
Con una superficie de casi 40.000 hectáreas, es el viñedo más extenso y homogéneo de la Comunidad Valenciana y comprende nueve términos municipales: Caudete de las Fuentes, Camporrobles, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Utiel,
Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.
La historia vitivinícola en el entorno se remonta a más de 2.000 años y la Edad Media (año 1265), durante el reinado de Alfonso X El Sabio se crea el 'guardián de las viñas', figura descrita en el Fuero de Requena. Ya en el siglo XIX se
vive un auge de la vitivinicultura en Utiel-Requena, ya que se aceleró el ritmo de nuevas plantaciones. En 1887 se inaugura la línea de ferrocarril Valencia-Utiel que propició la formación de verdaderos barrios de bodegas en los alrededores de las
estaciones.
En la actualidad la producción supera los veinticinco millones de botellas (25.319.399 según datos del Consejo Regulador 2012), agrupa a más de cien bodegas y sostiene más de siete mil familias, por lo que el vino es, sin duda, el principal
motor de la economía de esta región.
El cultivo de la vid tiene una importancia capital en la economía de la comarca. Durante años, agricultores y bodegueros han hecho un gran esfuerzo en crear productos de calidad, en investigación, en modernizar sus infraestructuras. Todo
este trabajo ha llevado a la denominación de origen Utiel-Requena a poseer un gran prestigio que no puede desaparecer.
Las denominaciones de origen apuestan por la calidad y apuestan por el origen, con estrictos criterios que garantizan la consolidación de un nombre en el territorio. En la calidad y la diferenciación del producto está el valor añadido, pero
pueden quedar completamente irreconocibles si se enmarcan artificialmente
en un conjunto heterogéneo que no se corresponde con algo que los consumidores puedan identificar. El futuro está en la exportación y la apuesta por la calidad debe ser decidida. Cualquiera puede producir cantidad, pero la calidad, que es
seña de un territorio, cuesta mucho esfuerzo conseguirla.
La iniciativa de suprimir la denominación de origen Utiel-Requena puede suponer a medio plazo la ruina de la comarca. Por el contrario, lo que deberían hacer las Administraciones es apoyar la Denominación de Origen para que siga siendo
motor de desarrollo de la comarca y de empleo de sus habitantes.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Entablar un diálogo institucional con la Generalitat Valenciana que, con respeto a las competencias de cada Administración, apoye a la denominación de origen Utiel-Requena y su mantenimiento hasta que no existan razones que aconsejen su
desaparición.
2. Realizar estudios desde la Administración General del Estado que evalúen las ventajas económicas y sociales de la desaparición de denominaciones de origen consolidadas en favor de otras genéricas.
3. Promocionar las figuras de calidad diferenciada de cara a que el consumidor pueda identificar los elementos diferenciales y característicos que ofrece un producto protegido cuyas características se deben al medio geográfico en el que ha
sido producido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-José Luis Ábalos Meco, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña Rosa María Díez González, y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la creación de una Ley Marco sobre la protección de los animales de compañía, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
España está en los primeros puestos de los países europeos con mayor tasa de abandonos de animales de compañía. En países como Suiza, Alemania, Holanda o Suecia el abandono de animales es apenas inexistente, mientras que en nuestro país la
cifra alcanza los 300.000 animales abandonados cada año, según la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Madrid. Lo que equivale a decir que cada dos minutos en España un animal es abandonado. Estos números no pueden justificarse
solo como consecuencia de la crisis, puesto que en otros países golpeados con fuerza en su economía no muestran unas tasas tan altas como las que se dan en España.
La carencia de una Ley Marco de Protección Animal provoca que cada Comunidad Autónoma regule según su criterio la tenencia de animales domésticos, lo que a su vez conlleva importantes vacíos legales, diferencias y carencias graves en lo
referente a su protección.
Actualmente, no se puede considerar de forma integral que las legislaciones autonómicas aborden de forma eficaz la protección de los animales domésticos: promueven el control, la recogida y el sacrificio de perros y gatos, sin tomar
verdaderas medidas de prevención al abandono y la superpoblación de estos animales.
El destino de los animales abandonados que no perecen atropellados o por causa de enfermedad, son los centros de recogida que proporciona la Administración. Estos centros son un recurso meramente paliativo que se encuentran desbordados por
un flujo de entrada incesante, con medios y espacio insuficientes para atender tanta demanda. Por tanto, los animales en su mayoría son sacrificados si no aparece un adoptante adecuado antes de que se cumplan los plazos de permanencia mínimos del
animal en el centro.
Otro destino posible son las asociaciones protectoras, en las que sí que se practica el sacrificio cero, pero cuentan con baja financiación y su ocupación supera con creces el nivel máximo, por lo que no pueden dar cabida a las miles de
peticiones de ayuda urgente que reciben cada día para acoger nuevos animales encontrados.
El principal motivo de abandono de animales son las camadas indeseadas y el tipo de los animales abandonados principalmente son mestizos. La esterilización obligatoria evitaría la procreación de estos animales que terminan siendo
abandonados o sacrificados cada año, además de ser un procedimiento beneficioso desde el punto de vista social y también para la salud y bienestar de los mismos. La Sociedad Mundial de Protección Animal (WSPA) asegura que una perra o gata con una
vida reproductiva de seis años puede generar una descendencia de hasta sesenta mil nuevos especímenes por la progresividad generacional de descendientes. La esterilización es uno de las pocas soluciones que existen para desacelerar el crecimiento
de la población animal.
Según indican distintos estudios, entre ellos de la OMS, el programa que incluya una campaña educativa y un apoyo legislativo que obligue al dueño a someter a su animal a la esterilización de su animal será el método más eficaz para la lucha
contra la superpoblación de los animales domésticos. En Alemania, Suiza o Bélgica, o en comunidades como Cataluña, ya es obligatorio y se decantan por esta opción, salvo, naturalmente, para los ejemplares destinados a la cría, una actividad que
solo debería estar en manos de profesionales.
Tampoco se han implantado medidas eficaces para controlar la cría y venta de animales, estimándose que el 80% de los mismos se venden ilegalmente; un lucrativo negocio con amplios márgenes de beneficio sepultado bajo el manto de la economía
sumergida y que escapa al control fiscal. España está inundada de animales de compañía que provienen de la cría ilegal, ya sea autóctona o de la industria de producción en masa de mascotas de los países de Europa del Este, es decir, de las llamadas
'fábricas de cachorros'. Las condiciones en las que viven los padres de cría son deleznables y, la mayoría de cachorros, al ser criados únicamente para obtener un beneficio, tienen problemas físicos y etológicos como vienen denunciando muchos
compradores de estas mascotas.
Además de las graves consecuencias explicadas por la ausencia de este marco legislativo, se producen otros efectos colaterales, como es la disparidad del calendario de vacunas. La obligatoriedad y periodicidad de las vacunas que debe
padecer un animal es competencia transferida a las comunidades autónomas, existiendo graves incongruencias cuando por ejemplo el animal se desplaza por distintas regiones.
La identificación de las mascotas con microchip, a pesar de ser obligatoria en todas las comunidades y el porcentaje de animales identificados es cada año mayor, las bases de datos de las comunidades autónomas son incompatibles entre muchas
de ellas en materia veterinaria. Si el animal a identificar pertenece a otra comunidad autónoma, se puede realizar la lectura del microchip, pero no se puede acceder al contenido de los datos de identificación de ese animal.
Respecto a la tenencia de animales salvajes exóticos como animales de compañía existen grandes diferencias en las leyes autonómicas; desde la ley andaluza que lo prohíbe totalmente hasta otras que ni siquiera lo abordan. Este tipo de
adquisiciones de animales ha provocado graves daños para los propios animales y el ecosistema en general. Casos como el mapache o la cotorra argentina, primero comprados como mascotas para luego ser abandonados por sus dueños ante la imposibilidad
de tenerlos en casa, se han convertido en especies invasoras, con la repercusión económica y ecológica que ha provocado, y que finalmente han sido o están siendo erradicados por la administración.
Cabe mencionar la problemática de los perros de caza que son abandonados cuando sus propietarios deciden que ya no sirven para los fines para los que fueron educados. Ese es el destino de aproximadamente 100.000 perros de 'usar y tirar'
cada año, según datos Ecologistas en Acción, que no pueden seguir siendo ignorados en relación con su regulación legal. La mayoría de las veces son encontrados en un estado lamentable, pues han sido maltratados o torturados, o simplemente
abandonados a su suerte por las carreteras y los montes.
Especialmente destacable es la problemática de los galgos. Según las protectoras de animales que se dedican solo a la recogida de perros de esta raza, estiman que se abandonan 50.000 galgos al año, calculado en base al número de 'galgueros'
federados en España que practican la caza de la liebre. Además, la eliminación de muchos de estos perros se realiza por medio de distintos procedimientos, algunos especialmente cruentos y espeluznantes.
Otro grave problema sin adecuado tratamiento hasta ahora es el de los animales domésticos abandonados que comienzan a formar parte de la fauna urbana, como son los gatos asilvestrados; por muchas administraciones considerados como plagas y
tratados como tales. Con la excepción de Cataluña y algunos ayuntamientos puntuales, no se reconoce la gestión de estos animales en colonias controladas sanitariamente como ya se realiza en los países más avanzados, siendo la única solución
demostrada que resuelve la sobrepoblación de los felinos en las zonas urbanas.
El trato y la consideración que los animales reciben por parte de una sociedad es indicador del grado de libertad y humanidad que esta ha alcanzado. Tratándose fundamentalmente de perros y gatos, animales a los que hemos incluido en nuestra
sociedad hace miles de años y de esta manera interferido en su ciclo biológico, estamos obligados a responsabilizamos. El reconocimiento y la protección de un conjunto de derechos que impida el maltrato o el sufrimiento inútil de los animales debe
ser objetivo de toda legislación civilizada y democrática.
El abandono no solo supone problemas éticos ni afecta únicamente a los animales, sino también afecta a la sociedad. Al trauma físico y psicológico que sufre cada uno de estos animales hay que añadir el coste económico y el problema que
afecta y perjudica de diversas formas a la sociedad y que obliga a que numerosas personas o colectivos sensibles al problema dediquen su tiempo, esfuerzo y economía tratando de paliar el problema generado por la falta de responsabilidad de un
segmento de la sociedad.
Es por eso que UPyD reclama la planificación de una política de protección animal común y responsable para todo el Estado, que asegure la igualdad en los criterios en la tenencia de animales domésticos aunque su gestión siga siendo
descentralizada por parte de las comunidades autónomas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Impulsar a nivel nacional la creación de una Ley Marco de Protección de Animales Domésticos, que recoja los principios de respeto, defensa y protección de los mismos, en el que se contemplen al menos los siguientes aspectos que a
continuación se citan:
a) Prohibir el sacrificio de animales en los centros de recogida de animales como única solución al abandono.
b) Establecer medidas estrictas de control poblacional.
c) Establecer un adecuado control sobre los criaderos y la procedencia de los animales.
d) Actualizar las sanciones por abandono y maltrato animal, inhabilitando a los infractores para su tenencia.
e) Promover la gestión por entidades de protección animal de los centros de acogida dependientes de la Administración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas para facilitar la
movilidad de la madera, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La madera es un elemento natural, un material que reúne una serie de propiedades, como resistencia, durabilidad, adaptabilidad, versatilidad, etc., que le proporcionan múltiples utilidades y aplicaciones.
El sector industrial relacionado con la madera en España cuenta con un elevado peso económico y tiene una gran influencia en la protección, la sostenibilidad y la gestión de nuestros montes, especialmente en las masas forestales.
Es evidente que la orografía influye en los costos de corte, despiece, extracción y transporte, y en gran medida condiciona el tamaño, estructura y productividad de la industria vinculada a la madera. En España, debido a la topografía y a
la climatología, resulta más difícil mecanizar los trabajos de corta y extracción como se hace en los países de nuestro entorno para poder reducir los costes, por lo que tenemos una desventaja competitiva estructural. Por ese motivo hay que buscar
los otros elementos de la cadena de creación de valor sobre los que se pueda actuar, y entre ellos destaca el transporte de la madera.
Quizás el transporte más importante, generalmente por carretera, sea el traslado de la madera desde el punto de extracción de la materia prima hasta el punto de primera transformación para convertir los portes de los árboles y restos de
costa en otros productos, como madera laminada o aserrada, pasta y papel, tableros contrachapados y chapas, tableros de fibra, etc. Se estima que el volumen de madera transportado anualmente ronda los 15 millones de metros cúbicos.
Durante los últimos años, el aumento internacional de los costes para la industria maderera, especialmente por el incremento del precio de los combustibles para el transporte por carretera, la mano de obra especializada, los medios mecánicos
y las amortizaciones de las inversiones, ha tenido un doble efecto sobre el sector. Por un lado ha mejorado la competitividad en precio de la madera española frente a las importaciones y, por otro, ha dado lugar a un incremento de los costes que se
repercute en los precios finales del producto interno.
Combinando las medidas que facilitan el transporte de madera con la potenciación del uso alternativo de la masa forestal como fuente de energía, se puede mejorar sustancialmente la competitividad del sector. La utilización económica de los
bosques redunda en una mejora de su estado que se traduce en una menor vulnerabilidad a los incendios. Adicionalmente se traduce en mayor actividad económica y nivel empleo en las zonas rurales, en ese sentido, parece evidente que un ahorro de los
costes de transporte derivado de un aumento de la capacidad de carga útil en los camiones permitiría que se realizasen mayor número de entresacas en menor número de portes, optimizando el aprovechamiento y la productividad para los propietarios
forestales y para los transportistas.
La Unión Europea, a través de la Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996, establecía para determinados vehículos de carretera las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos
autorizados en el tráfico internacional, pero dejaba a los gobiernos nacionales la posibilidad de establecer sus propios límites para viajes domésticos. El Real Decreto 2822/1998, Reglamento General de Vehículos, en su artículo 14, establece que no
se permitirá la circulación de vehículos cuyas masas, dimensiones y presión sobre el pavimento superen determinadas masas máximas y dimensiones autorizadas.
Para el tipo de vehículos empleados en el transporte de madera estos valores máximos se sitúan en 40 toneladas de peso y 18,75 m de longitud, las mismas dimensiones y pesos máximos que establece la Directiva 96/53/CE. En consecuencia, en
España no se han aplicado ninguna de las excepciones recogidas en la legislación europea para los viajes domésticos. Se estima que estos valores todavía tienen un margen de incremento sin que ello suponga un perjuicio para las carreteras.
Adicionalmente esta medida reduciría la congestión y aumentaría la seguridad en las carreteras al reducir el número de vehículos en tránsito y dar lugar a una disminución del consumo de combustible por unidad de masa transportada y por tanto de las
emisiones de CO2.
Pero el transporte forestal no es tan solo un eslabón de la industria de la madera, también es un elemento que tener en cuenta en cuanto a la competitividad empresarial, de la eficiencia energética, de reducción de contaminación y una parte
fundamental de la cadena de gestión de los montes, de la que depende la rentabilidad de nuestros bosques. Por este motivo es indispensable estudiar alternativas, de acuerdo con las condiciones regionales, los efectos sobre las carreteras y otra
serie de limitaciones.
Además de las condiciones técnicas de los vehículos, hay otros aspectos que mejorarían la eficiencia del transporte, como la disponibilidad de infraestructuras que faciliten la accesibilidad a los montes, o la implantación de herramientas
informáticas, que ya han sido usadas en otros países y para otros productos, que permiten racionalización en las cadenas logísticas, la localización de ofertas y demandas y, en consecuencia, la reducción de distancias recorridas. Estas últimas
medidas exigirían de una colaboración entre las administraciones públicas y el sector empresarial.
Aunque queda demostrada la importancia las repercusiones positivas de las medidas propuestas, este debate continúa presente en el sector y ya se ha abierto en diferentes ocasiones, dentro de las propias Cortes, pero no se ha llegado a
concretar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar, en colaboración con las comunidades autónomas y las asociaciones del sector, un análisis pormenorizado sobre las necesidades nacionales de transporte por carretera para el sector.
2. Modificar el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, en lo que se refiere a la regulación de pesos y dimensiones, garantizando la seguridad vial con criterios de eficiencia y
buscando el equilibrio entre los intereses de la industria y los cargadores y los del sector del transporte.
3. Contemplar, en los planes de desarrollo rural, y de acuerdo con las comunidades autónomas y entidades locales, la financiación para la mejora la accesibilidad a los montes, especialmente en áreas remotas de montaña, con infraestructuras
adecuadas y la aplicación de tecnologías que optimicen las distancias de transporte y facilite la movilización de la madera y la gestión eficiente de los montes. Estas medidas aparte de sus efectos económicos contribuyen a la protección
medioambiental de los bosques ya que se considera que la extracción sostenible de madera contribuye a la lucha contra los incendios forestales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al mantenimiento de la
condición de familia numerosa hasta que el último de los hijos alcance el límite de edad establecido, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La familia es el pilar básico de nuestra sociedad, constituye un verdadero núcleo de solidaridad y de apoyo básico frente a las difíciles circunstancias que estamos viviendo. Este relevante papel de la familia es insustituible y, por ello,
debe contar con la protección y el apoyo de los poderes públicos.
En este sentido, cabe destacar la Declaración Universal de Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, que en su artículo 16.3 determina que 'la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección
de la sociedad y del Estado'.
Asimismo, la Constitución establece en su artículo 39.1 que 'los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia'.
Por otro lado, en el caso particular de las familias numerosas, la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, actualiza y mejora la regulación de la acción protectora dispensada a este importante colectivo
familiar, cuyas normas generales databan de 1971 y que en gran parte habían quedado obsoletas y no ajustadas al orden constitucional de distribución territorial de competencias.
En dicha Ley se define el concepto, características y requisitos de familia numerosa, se concreta la acción protectora vinculada a la condición de familia numerosa en aquello que afecta a las competencias de la Administración General del
Estado. En su disposición final segunda esta Ley faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su aplicación, desarrollo y ejecución. A esta finalidad
responde el Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, a través del cual se lleva a cabo su desarrollo reglamentario para
permitir dar plena efectividad a la acción protectora dispensada en la Ley a esta modalidad de familia.
El concepto de familia numerosa, las condiciones que deben reunir sus miembros, están recogidos en los artículos 2 y 3 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, así como en el artículo 1 de su Reglamento,
que establece las condiciones para que se reconozca y mantenga la condición de familia numerosa, basándose en criterios de edad, convivencia y dependencia física, intelectual o económica.
De este modo, la consideración legal de familia numerosa se produce cuando los hijos o hermanos son solteros y menores de 21 años de edad, o son personas con discapacidad o están incapacitados para trabajar, en estos dos últimos casos con
independencia de cuál sea su edad. El límite de edad establecido se amplía hasta los 25 años, en los supuestos de que los hijos cursen estudios que se consideren adecuados a su edad y titulación o estén encaminados a la obtención de un puesto de
trabajo.
Por otra parte, el límite de edad que marca la ley como requisito para considerar que existe cierta dependencia económica de los hijos respecto a los padres, no se corresponde con la realidad que actualmente viven los hogares españoles, ya
que según el estudio 'Jóvenes y Emancipación en España', presentado en octubre de 2012 y realizado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, en 2010 tan solo el 46,8% de los jóvenes españoles de 25 a 29 años estaba emancipado.
En los últimos años hemos asistido a un considerable retraso de la edad en la que los jóvenes abandonan el hogar familiar. Algunas de las causas del retraso en la edad de emancipación se derivan del actual contexto socioeconómico, la
elevada tasa de desempleo juvenil, y las dificultades de acceso a la vivienda, han provocado un progresivo retraso en la edad de emancipación de los jóvenes del hogar familiar. Dicho efecto ha tenido repercusiones indirectas para las
responsabilidades familiares de los hogares españoles, provocando una mayor incidencia económica para aquellas familias con mayor número de hijos a cargo, donde la carga económica para la familia ha sido más elevada.
La ley estipula que cuando el mayor de los hijos cumple 21 años (o 25 años en caso de que esté estudiando), las familias dejan de cumplir los requisitos para que se les reconozca y mantenga la condición de familia numerosa, por variación del
número de miembros en la familia. Dicha situación provoca que la familia numerosa siga siéndolo de hecho, pero no de derecho y, en consecuencia, se deje sin efecto de aplicación cualquiera de los beneficios inherentes a dicha condición.
Esta pérdida del reconocimiento legal de familia numerosa provoca, en su caso, un perjuicio social y económico a los hijos menores que no pueden seguir optando a los beneficios que obtuvieron sus hermanos mayores y, por consiguiente, no les
son de aplicación los derechos o beneficios en la preferencia de acceso a la obtención de becas, descuentos en transporte, etc. Además, esta pérdida de la condición legal de familia numerosa repercute también negativamente en la familia, al no
poderse beneficiar de los derechos que les serían reconocidos por ostentar tal condición.
En una situación de crisis con más de un 50% de paro juvenil y la permanencia en el hogar de los jóvenes españoles resulta necesario modificar la normativa para que el reconocimiento legal de familia numerosa se mantenga hasta que el último
de los hijos cumpla con el requisito de edad establecido actualmente por la legislación vigente, de 21 años, o 25 años incluidos en el caso de que esté cursando estudios adecuados a su edad para la obtención de un puesto de trabajo. De esta forma,
se podrán beneficiar en equidad de trato e igualdad de condiciones todos los integrantes de la unidad familiar formada por una familia numerosa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de realizar los cambios normativos necesarios para hacer extensible la condición de familia numerosa hasta que el menor de los hijos alcance el límite de edad
establecido en el artículo 3 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a eliminar del mercado
ambientadores que pudieran originar emisiones nocivas para la salud de los consumidores, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Recientemente hemos conocido a través de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que algunas clases de ambientadores, velas perfumadas, inciensos, aceites y otros análogos, desprenden sustancias tóxicas, alergénicas y contaminantes,
que lejos de crear bienestar, empeoran considerablemente la calidad del aire.
Dichos estudios revelan que la sección de productos analizados emiten altos niveles de sustancias nocivas como el benceno o el formaldehído, que son comparables, en términos de toxicidad y riesgos para la salud, al humo del tabaco. A nivel
europeo se han realizado estudios en países de nuestro entorno, como Bélgica, Italia y Portugal, con idénticos resultados respecto de los productos analizados.
Este tipo de productos pueden ser habituales en el ámbito doméstico, y encontrarse en contacto con las personas que residen en el mismo, desconociendo que algunos de ellos pueden dañar las propiedades del aire que respiramos. Por ello,
aquellos que desprendan niveles muy elevados de sustancias perjudiciales no hay que emplearlos en lugares que carezcan de ventilación, ni en presencia de niños, embarazadas o personas que padezcan alergia o asma.
Actualmente en nuestra legislación existe un vacío legal acerca de este tipo de productos, no quedando regulado de forma concreta los niveles de emisiones y exposición permitidas, por lo que se hace totalmente necesaria la fijación de un
límite máximo de emisiones, así como un etiquetado que muestre las condiciones de uso e informe de los posibles riesgos que pueden suponer algunos de estos productos para la salud de los usuarios.
De la misma manera que hemos hecho con otras sustancias como el tabaco, con la que hemos avanzado con una legislación concienciada en crear espacios libres de humo y en donde se asegure la calidad del aire que se respira en lugares públicos,
de igual forma debemos regular otro tipo de sustancias, que, a pesar de ser a priori más desconocidas en lo que a sus efectos nocivos se refiere, pueden suponer igualmente un perjuicio para la salud de aquellos que se encuentran en contacto con
ellas.
Por todo ello, debemos analizar este tipo de productos y su relación con el aire que respiramos para abordar medidas que preserven la salud de las personas dando como resultado una calidad del aire saludable.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las comunidades autónomas y administraciones locales a:
1. Estudiar los posibles efectos nocivos de los ambientadores para mejorar y precisar la regulación de este tipo de productos.
2. Con la información obtenida, impulsar la retirada de aquellos productos que produzcan un nivel de emisiones tóxicas que sean perjudiciales para la salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar la coordinación de
las políticas socio-sanitarias a favor de personas en situación de dependencia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La atención a la dependencia constituye una política social de primer orden en un país como España, en el que los actuales cambios demográficos, sanitarios y sociales están originando un paulatino aumento de la población en situación de
dependencia.
Conscientes de esta circunstancia, en los últimos años los poderes públicos han diseñado medidas para poder atender adecuadamente al colectivo de personas dependientes y sus familias.
En este sentido y de forma particular, los planes de acción para personas con discapacidad (2003-2007) y para personas mayores (2003-2007), aportaron un gran avance en la protección de las personas dependientes. Del mismo modo, la entrada
en vigor, el 1 de enero de 2007, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, supuso la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD),
un modelo que tiene por finalidad principal la garantía de las condiciones básicas y la previsión de los niveles de protección a todas las personas en situación de dependencia, sirviendo de cauce tanto para la colaboración y participación de las
Administraciones Públicas, como para la optimización de los recursos públicos y privados disponibles.
Sin embargo, pese a la buena voluntad de las distintas fuerzas políticas en la implantación y puesta en marcha de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, el Gobierno anterior arrastró el sistema a una situación de insostenibilidad.
La ley preveía que transcurridos los tres primeros años de su aplicación se realizara una evaluación de resultados, proponiendo las modificaciones que en su caso se estimaran procedentes. Cinco años después de su entrada en vigor esa
evaluación aún no se había realizado, por lo que el Gobierno actual se vio obligado, en un ejercicio de responsabilidad institucional compartido entre administraciones, a realizar esa evaluación.
El informe del Tribunal de Cuentas relativo a la fiscalización de la aplicación de la Ley de Dependencia entre 2007 y 2011, conocido a comienzos de 2013, puso de manifiesto deficiencias en la aplicación de esta Ley de promoción de la
autonomía personal y atención a la personas en situación de dependencia.
El Gobierno, en aras de corregir la situación heredada, emprendió una ambiciosa reforma con el fin de ordenar, simplificar y dotar de transparencia al Sistema. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
consciente de la necesidad de una adecuada coordinación en los servicios sanitarios y servicios que confluyen en el sistema de dependencia, ha propuesto la creación de un espacio único socio-sanitario al tiempo que está impulsado un Pacto de Estado
por la Sanidad y los Servicios Sociales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, a continuar mejorando la coordinación de las políticas socio-sanitarias con el
objetivo de impulsar la acción a favor de la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ampliación de las
competencias de las oficinas de farmacia en el control y el seguimiento terapéutico de los pacientes, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La asistencia sanitaria es una pieza fundamental de lo que hoy entendemos como Estado del Bienestar, y en un contexto como el actual, con una población cada vez más envejecida y una prevalencia cada vez mayor de los procesos crónicos, la
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico precoz y el abordaje temprano, integral, continuado y personalizado de las patologías se antoja cuanto menos necesario para ganar años a la vida mientras ganamos vida a los años.
El protagonismo del sector farmacéutico en la consecución del objetivo que supone consolidar y desarrollar la calidad y la esperanza de vida de las personas en nuestro país es incuestionable.
La formulación, la preparación, la conservación, la evaluación, la autorización, el registro, el almacenaje, la conservación, la presentación, la dispensación y la venta de productos farmacéuticos conforman un proceso clave para garantizar
la calidad de la asistencia sanitaria que se presta en el Sistema Nacional de Salud. El sector farmacéutico es, en consecuencia, un eslabón esencial de la cadena asistencial.
Junto con la industria farmacéutica y los organismos encargados del almacenaje y la distribución de los medicamentos, el papel desempeñado por las oficinas de farmacia es fundamental en el acceso a los fármacos y otros productos sanitarios
en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos.
Las oficinas de farmacia tienen en la legislación estatal la consideración de establecimientos privados de interés público sujetos a la planificación sanitaria de las comunidades autónomas (artículo 149.1.16 de la Constitución Española y en
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad) en las que el farmacéutico ha de desempeñar las labores propias de un agente de salud.
Dispensación y distribución de medicamentos y productos sanitarios, gestión de residuos farmacéuticos, prestación de consejos sanitarios, elaboración de fórmulas magistrales, formación de futuros licenciados... Son algunas de las funciones
y servicios desarrollados por los farmacéuticos para proteger la salud y prevenir la enfermedad de los ciudadanos.
La legislación estatal promulgada en virtud de estas competencias es abundante, cabe destacar, las siguientes disposiciones legales; Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento; Ley
16/1997, de 25 de abril, sobre Regulación de las Oficinas de farmacia; Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud; Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias; Ley 10/2013, de
24 de julio, que modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
A esta legislación a nivel nacional hay que añadir las disposiciones de desarrollo promulgadas por las distintas comunidades autónomas para la ordenación farmacéutica en sus respectivos territorios. Las diferentes leyes autonómicas de
ordenación farmacéutica establecen también las funciones de las oficinas de farmacia, incorporando nuevas actividades y potenciando las labores de atención farmacéutica. De este modo, las autonomías han aprobado decretos y leyes sobre atención y
ordenación farmacéutica que, en todo caso, y además de regular, buscan mejoras en la colaboración entre las autoridades sanitarias y las oficinas de farmacia para mejorar la prestación y potenciar el papel del farmacéutico en el desarrollo de la
asistencia.
Bajo este marco normativo, las oficinas de farmacia prestan su servicio en régimen de libertad y flexibilidad horaria, garantizando la continuidad de la asistencia a la población y cumpliendo la normativa de las comunidades autónomas al
respecto.
Por todo ello, y teniendo en cuenta los esfuerzos realizados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde el comienzo de la X Legislatura en favor de la mejora de los resultados en salud obtenidos en el sistema
sanitario, así como en la optimización de todos los recursos disponibles, con medidas orientadas hacia la coordinación socio-sanitaria, el trabajo en red entre las comunidades autónomas y la coordinación constante con los profesionales sanitarios.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar, en coordinación con las comunidades autónomas y los colegios oficiales de farmacéuticos, la ampliación de las competencias de las oficinas de farmacia en lo relativo al control y el
seguimiento terapéutico de los pacientes, con la finalidad de mejorar la continuidad asistencial y favorecer una respuesta eficaz del Sistema Nacional de Salud a las necesidades sanitarias cambiantes de los ciudadanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la unificación de las
campañas de vacunación frente a la gripe estacional en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define vacuna como cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos en el organismo. Puede tratarse, al parecer de la propia OMS, de
una suspensión de microorganismos inertes o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos, y suelen administrarse mediante una inyección, aunque algunas vacunas se suministran mediante un vaporizador nasal u oral.
Una de las infecciones víricas contra las que la vacunación es más habitual es la gripe estacional. La OMS entiende por gripe estacional una infección vírica aguda que puede ser del tipo A, B o C en función de las combinaciones de las
proteínas H y N en la superficie del virus.
Fiebre alta, abundante secreción nasal, escalofríos, tos, dolores musculares, articulares y de cabeza... Son algunos de los síntomas propios de la gripe estacional, que puede afectar a toda la población, pero especialmente a los niños
menores de dos años, a los mayores de 65 años, a las mujeres embarazadas, a los trabajadores de centros sociosanitarios, y a personas de todas las edades que presenten determinadas afecciones, tales como inmunodepresión o patologías crónicas
cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas.
Según la OMS, la gripe estacional puede causar problemas económicos (principalmente por los costes de las bajas laborales) y de salud pública considerables, de ahí su énfasis en la prevención de las infecciones, especialmente mediante la
vacunación, que resulta segura y eficaz desde hace más de 60 años hasta el punto de tener una efectividad comprendida entre el 70 y el 90 por ciento (especialmente en ancianos, en los que reduce los casos graves y las complicaciones un 60 por
ciento, y las muertes en un 80 por ciento). En una línea de trabajo similar a la de la OMS, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad considera la vacuna como la medida más eficaz para prevenir la gripe estacional y sus
complicaciones.
El Ministerio (que cuenta con la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica para vigilar la incidencia de la gripe en España), recomienda la vacunación tal y como hacen numerosas sociedades científicas y asociaciones profesionales de nuestro
país.
No obstante, existen diferencias en las campañas de vacunación de las comunidades autónomas en cuanto a las fechas en las que se suministran las vacunas. Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la campaña de
vacunación 2011-2012 alcanzó una cobertura del 57,7 por ciento de la población española de 65 y más años de edad (un total de 8.738.321 vacunados). Este dato, aunque superior al 56,9 por ciento registrado en la campaña 2010-2011, está muy alejado
del 75 por ciento establecido como objetivo por la OMS para la temporada 2014-2015. Además, las diferencias de población vacunada existentes entre las comunidades autónomas son manifiestas.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta iniciativas desarrolladas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el ámbito de las vacunas desde el comienzo de la X Legislatura, tales como el calendario común de vacunación
infantil o la compra centralizada y conjunta de vacunas con las comunidades autónomas.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a unificar las campañas de vacunación de la gripe estacional de las comunidades autónomas, en colaboración y coordinación con las propias autonomías y en base a la evidencia científica, con el
fin de incrementar la inmunización de los ciudadanos y mejorar, en consecuencia, la prevención de la enfermedad y la protección de la salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la colaboración entre
los organismos públicos de investigación y los centros asistenciales del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la investigación clínica, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La investigación clínica es el proceso de observación sistemática, medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de hipótesis sobre un producto, sustancia, medicamento o dispositivo médico que no pretende generar nuevo
conocimiento, sino acelerar la conversión a la práctica de los avances científicos existentes para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una pieza fundamental de la investigación clínica son los ensayos clínicos, que la propia OMS define como 'cualquier estudio de investigación que asigna de manera prospectiva participantes
humanos o grupos de humanos a una o más intervenciones sanitarias con la finalidad de evaluar los efectos en los resultados sanitarios'. De acuerdo con la OMS, los ensayos clínicos incluyen fármacos, células, procedimientos quirúrgicos y
radiológicos, tratamientos conductuales, cambios en el proceso asistencial y atención preventiva, entre otros factores.
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud; la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, y la Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que
se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre
prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, son, básicamente, las normas que establecen
cómo debe desarrollarse la investigación clínica en nuestro país.
Además, el Comité de Bioética de España -creado por la propia Ley de Investigación Biomédica- es el encargado de emitir informes, propuestas y recomendaciones para los poderes públicos de ámbito estatal y autonómico sobre las implicaciones
éticas y sociales de la biomedicina y ciencias de la salud, incluidas las relativas a la investigación clínica.
Un caso concreto de investigación clínica desarrollada por un organismo público de investigación -instituciones de investigación de carácter público y de ámbito nacional que, junto con las universidades, forman el núcleo básico del sistema
público de investigación científica y desarrollo tecnológico español, y ejecutan la mayor parte de las actividades programadas en el Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica- es el del Centro Nacional de Investigaciones oncológicas (CNIO) -adscrito al Instituto de Salud Carlos III, y a su vez a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y al Ministerio
de Economía y Competitividad-, que puso en marcha en 2009 su Programa de Investigación Clínica.
Desde entonces, el CNIO ha firmado acuerdos de colaboración con varios hospitales de titularidad pública y privada de la Comunidad de Madrid, que han posibilitado la realización de ensayos clínicos con los que se han producido más de 150
publicaciones científicas y se han generado nuevos tratamientos con los que mejorar el abordaje del cáncer de pulmón, de páncreas o de riñón, entre otros.
Con la finalidad de consolidar y desarrollar estos avances en Oncología, así como los alcanzados en otras áreas de la medicina, tanto la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación 2013-2020, como el Plan Estatal de
Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016, consideran prioritario el desarrollo de la investigación clínica basada en la evidencia de los conocimientos científicos y tecnológicos, y lo valoran como un medio para mejorar la salud de
los ciudadanos con nuevas intervenciones preventivas y terapéuticas que además permitan maximizar el uso de los recursos disponibles.
En consecuencia, y teniendo en cuenta lo dispuesto sobre investigación biomédica en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica, y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como las diferencias entre investigación clínica con medicamentos y con productos sanitarios establecidas por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, la creación del Registro Español de Estudios Clínicos en mayo de 2013, y la nueva regulación para favorecer la investigación clínica desde la simplificación de procedimientos en la autorización y la realización de estudios en
la que trabaja el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a diseñar y aplicar, en coordinación con las comunidades autónomas, las medidas necesarias para desarrollar la cooperación entre los organismos públicos de investigación y los centros
asistenciales del Sistema Nacional de Salud, tanto de titularidad pública como privada, con la finalidad de impulsar la investigación clínica y agilizar la aplicación práctica de avances en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las
enfermedades, así como en la rehabilitación de los pacientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesaria participación
infantil en la sociedad, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La garantía de la promoción y defensa de los derechos de la infancia y adolescencia son obligaciones ineludibles para los poderes públicos ya que el menor, por su falta de madurez física y mental, necesita una protección y un cuidado
especiales.
En ese sentido, la Constitución Española, en su artículo 39, reconoce el deber de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, así como la atención integral de los hijos; además, en el apartado
4 establece el derecho de los niños a gozar de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
En este marco legal, España ratificó, el 6 de diciembre de 1990, la Convención de la Organización de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, sobre los Derechos del Niño, un instrumento internacional
que se basa en cuatro principios fundamentales: la no discriminación, la dedicación al interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, y el respeto por los puntos de vista del niño, todos dirigidos a
reconocer a los niños y las niñas como agentes sociales y como titulares activos de sus propios derechos.
En consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, tanto la Unión Europea como España han impulsado medidas a favor de los derechos de la infancia. En el marco europeo destacan instrumentos como la Agenda de la Unión Europea en
pro de los Derechos del Niño (2011), la Estrategia sobre los Derechos del Niño del Consejo de Europa (2012-2015) o la reciente Recomendación 'Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas', mientras que en el plano nacional el
Gobierno ha aprobado recientemente, el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (2013-2016) y Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (2013-2016).
Todas estas medidas persiguen garantizar el principio del interés superior del menor y comparten el objetivo de garantizar la participación activa de los niños y niñas en la comunidad (en actividades recreativas, deportivas y culturales),
reconociendo, de este modo, la importancia de la influencia que ejercen los niños y niñas en su propio bienestar y desarrollo futuro.
De este modo, el derecho de la infancia a participar en la sociedad civil, y muy especialmente en los asuntos que les afectan, de acuerdo a su edad y madurez, está siendo recogido cada vez por un mayor número de administraciones y actores
sociales.
Entre las personas adultas, la idea de hacer realidad el derecho de la infancia a participar y a generar espacios y mecanismos de participación provoca reacciones de desconfianza. Por ello, habitualmente se les ofrecen pocos espacios y
oportunidades para expresar sus propias ideas y opiniones. Sin embargo, la necesidad de considerar a los niños y niñas como sujetos activos de nuestra sociedad es cada vez más grande.
La participación infantil sitúa a los niños y niñas como sujetos sociales con la capacidad de expresar sus opiniones y decisiones en los asuntos que les competen directamente en la familia, la escuela y la sociedad en general. Les permite
colaborar, aportar y cooperar en el progreso común, y fortalece su relación con los adultos, al tratarse de un proceso de aprendizaje mutuo tanto para los niños como para los adultos.
Así, en muchas de las últimas normas aprobadas en las comunidades autónomas aparece el derecho a la participación infantil de manera específica, pero aun existiendo esta regulación, su efectiva aplicación es muy diversa y desigual.
Por ese motivo, y siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los organismos internacionales, y conscientes de que la participación infantil es una herramienta imprescindible para asegurar el futuro desarrollo de los niños y niñas, es
necesario que los poderes públicos y la sociedad en su conjunto multipliquen los esfuerzos para la aplicación efectiva de este derecho.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer los mecanismos necesarios para garantizar el derecho de los niños y niñas a participar en la sociedad civil, y muy especialmente en todos los asuntos que les afectan, de acuerdo a
su edad y madurez, de manera que su relación con el mundo se desarrolle de una manera crítica, reflexiva y comprometida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la efectiva inclusión
social y la lucha contra la discriminación de la población gitana, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La comunidad gitana, presente en España desde el siglo XV, se caracteriza por mantener históricamente una identidad cultural propia y por poseer una trayectoria marcada, al igual que en el resto de Europa, por procesos de exclusión social.
Actualmente, aunque no existen datos oficiales, se calcula que hay entre 10 y 12 millones de ciudadanos europeos de origen gitano/romaní, lo que convierte a esta minoría en la más numerosa de la UE. A pesar de que esta población está
presente en Europa desde hace siglos, hoy en día muchos de ellos sufren situaciones de exclusión y de rechazo social en gran parte de los Estados miembros.
Conscientes de esta situación, tanto los poderes públicos nacionales como los internacionales, han puesto en marcha políticas orientadas a garantizar la protección de los derechos fundamentales de este colectivo, gracias a los cuales la
población gitana en España ha experimentado, en términos generales, importantes avances sociales en los últimos años. Sin embargo, pese a los logros alcanzados, hay que seguir avanzando en cuatro áreas clave de mejora de la integración de la
población gitana: educación, empleo, vivienda y salud.
Por ese motivo, el actual Gobierno, con el objetivo de alcanzar una sociedad de ciudadanos libres e iguales, en la que todos los españoles tengamos los mismos derechos y obligaciones, sin discriminación, ha diseñado y aprobado instrumentos
como la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020. Una iniciativa que beneficiará alrededor de 750.000 personas, de las que un 37,5% se encuentran en riesgo de exclusión severa, o el Plan Nacional de
Acción para la Inclusión Social 2013-2016, programa que incluye como objetivo concreto la atención especializada de colectivos específicos que por sus particulares características están expuestos a un mayor riesgo pobreza y exclusión social, como es
ciertamente el caso de la población gitana.
En consonancia con la intención del Gobierno de poder llevar a cabo una efectiva sociedad de todos y para todos, y teniendo muy en cuenta la recomendación de 'desarrollar acciones efectivas de sensibilización social, para que la
discriminación sea un comportamiento reprobable socialmente', contemplada en el informe anual 2012 de la Fundación Secretariado Gitano, entidad social intercultural sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana en
España y en el ámbito europeo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en el marco de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 y en consonancia con los objetivos del Plan Nacional de Acción para la Inclusión
Social 2013-2016, desarrollar acciones para la promoción y sensibilización de la realidad de la población gitana con el fin de alcanzar una plena convivencia intercultural, así como la igualdad de trato.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la participación de
España en el Tercer Programa Plurianual de Acción en el ámbito de la Salud 2014-2020 de la Comisión Europea, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La plena convergencia con el resto de países de la Unión Europea en el ámbito de la salud es una cuestión prioritaria para el Gobierno de España desde hace años.
Los avances promovidos durante la presidencia española de la Unión Europea en 2010 son una muestra representativa de la voluntad de España por converger en esta materia. Entre ellos, cabe destacar el Plan de acción de donaciones y
trasplantes, la Directiva de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, la Directiva para la Prevención de Lesiones causadas por Instrumentos Cortantes y Punzantes en el sector Hospitalario y Sanitario, o el Acuerdo
para fijar los contenidos de la nueva Directiva de farmacología.
No obstante, el trabajo realizado por el Gobierno español para favorecer la consecución de sinergias con el resto de países miembros de la Unión en el área de Sanidad se ha visto redoblado desde el comienzo de esta X Legislatura.
Actuaciones tales como: la colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Dirección General de Sanidad y Consumo de la Unión Europea para desarrollar medidas de identificación y autentificación de los datos de los
pacientes en Europa desde abril de 2012, la dirección desde la Organización Nacional de Trasplantes del programa 'Accord' para incrementar la disponibilidad de órganos para trasplante en todos los países miembros desde mayo de 2012, la participación
del Ministerio de Sanidad en el programa 'Hope' de intercambio de profesionales sanitarios en junio de 2012, la propuesta de creación por parte del mencionado ministerio de una base de datos sobre medicamentos no autorizados en la Unión en
septiembre de 2013, y el liderazgo español en la Acción sobre Equidad en Salud desde enero de 2014, son algunos ejemplos destacados -junto con otros en materia de seguridad alimentaria y nutrición, violencia de género o derechos humanos- de las
iniciativas propuestas por Sanidad para estrechar los lazos sanitarios con el resto de Europa.
Una nueva oportunidad de seguir avanzando hacia la convergencia de los sistemas sanitarios de la Unión Europea es el Tercer Programa Plurianual de Acción en el ámbito de la Salud 2014-2020.
Enmarcado en la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento, y elaborado desde finales de 2011, el programa de acción en salud previsto para los próximos seis arios pretende ayudar a los Estados miembros a emprender las reformas necesarias
para favorecer la innovación y la viabilidad de los sistemas sanitarios -compartiendo conocimiento y haciendo frente a la escasez de recursos humanos y materiales-, mejorar el acceso de los ciudadanos a una asistencia mejor y más segura -en ámbitos
como el uso de antibióticos o el abordaje de las enfermedades raras-, fomentar la salud de los ciudadanos desde la prevención de las enfermedades -desde la promoción de hábitos de vida activos y saludables y la prevención del tabaquismo y la
reducción del consumo de alcohol-, y proteger a la sociedad de las amenazas sanitarias transfronterizas -mejorando la detección y la capacidad de respuesta de los países ante situaciones de emergencia-.
Para conseguir los citados objetivos, el programa cuenta con una dotación presupuestaria cercana a los 450 millones de euros que deberán invertirse entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, y que podrán financiar tanto
actividades directamente relacionadas con los objetivos prioritarios como actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación del propio programa.
Por todo lo expuesto, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a diseñar y aplicar acciones, en coordinación con las Comunidades Autónomas, con las que favorecer la participación de España en el Tercer Programa Plurianual de Acción en el ámbito de la Salud
2014-2020 de la Comisión Europea, e impulsar, en consecuencia, la generación de sinergias que favorezcan la convergencia del Sistema Nacional de Salud con el resto de sistemas sanitarios europeos, así como la sostenibilidad y la solvencia del modelo
sanitario español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar una mejor coordinación
entre la cooperación central y la descentralizada, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La multiplicidad de actores que se han sumado a la cooperación al desarrollo en los últimos tiempos, desde nuevos donantes a la participación más activa de otros agentes procedentes de países receptores de ayuda, hacen aún más necesario
abordar el reto de integrar sus esfuerzos de forma coherente, para consolidar la aportación de estos nuevos actores más allá de la mera aportación económica.
La cooperación descentralizada juega un importante papel en este sentido. De acuerdo con la Ley 23/1998, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la cooperación descentralizada se basa en los principios de autonomía presupuestaria y
autorresponsabilidad en su desarrollo y ejecución, y debe respetar el principio de colaboración entre administraciones públicas. Por su parte, el Estado fomentará las actividades de las ONGDs fortaleciendo procedimientos de colaboración entre la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y las Comunidades Autónomas (CC.AA.) a fin de asegurar la comunicación y homologación de datos registrales.
Este modelo, aunque con un importante desarrollo institucional y normativo -a través de agencias, leyes de cooperación planes directores, consejos consultivos, convocatorias autonómicas y locales- no siempre favorece la participación de
actores potenciales de la cooperación descentralizada (como centros educativos, universidades y centros de investigación, medios de comunicación, o pymes) y, en ocasiones, no consigue responder a las demandas locales, ni contribuir al
fortalecimiento de las capacidades en los países en desarrollo.
Las subvenciones, a menudo inducidas por la demanda, se convierten habitualmente en el principal instrumento de canalización de recursos y muchos de los proyectos desarrollados por ONGD, se ejecutan sin tener en cuenta al origen de sus
fondos, perdiendo así su carácter distintivo y el potencial con el que cuenta la cooperación descentralizada.
El examen de pares del CAD de 2007 ya describió el modelo de cooperación español como atomizado y disperso, haciendo alusión a los serios problemas de articulación y coordinación entre sus actores, a la duplicación de esfuerzos y a los
elevados costes de transacción que todo ello suponía. Por otra parte, numerosos autores han subrayado la necesidad de análisis autocrítico que tiene la cooperación descentralizada, centrando este análisis en su contribución a la definición y al
cumplimiento de las metas de desarrollo consensuadas internacionalmente. De acuerdo con las recomendaciones de aquellos, la cooperación descentralizada debe orientarse estratégicamente hacia el apoyo a la gobernabilidad local, hacia el
fortalecimiento de la sociedad civil y las instituciones locales, o hacia el apoyo al diseño y a la gestión de políticas públicas en el ámbito local.
En el ámbito multilateral se han dado importantes pasos en este sentido, como el 'Código de Conducta sobre División del Trabajo' que trata de fomentar una mayor especialización sectorial y geográfica (2007) o los acuerdos de la Agenda de
Acción de Accra (2008) que reafirmaron el liderazgo del país socio en diálogo con los donantes, facilitando de manera transparente la participación de la sociedad civil y el sector privado. En la última década, también en el ámbito de la UE, se ha
prestado una atención creciente al diálogo con la sociedad civil: el Consenso Europeo para el Desarrollo, el Instrumento de Cooperación al Desarrollo, el Informe del Tribunal de Cuentas Europeo, y, finalmente, el 'Diálogo estructurado', han
ampliado el alcance de este diálogo de manera importante.
A nivel nacional, y de acuerdo con el Real Decreto 794/2010, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de cooperación promueve la formalización de
acuerdos para el desarrollo de normativas convergentes con las comunidades autónomas y con las entidades locales, o con las asociaciones de estos, de ámbito estatal o autonómico, en el marco de sus respectivas competencias, y en cumplimiento de la
Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo. Asimismo, el informe de la Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas, presentado en el Consejo de Ministros de 21 de junio de 2013, en materia de racionalización del sector público, precisa la supresión de órganos y entidades duplicadas, ineficientes o no sostenibles, y al referirse
a la cooperación internacional al desarrollo, promueve la eliminación de duplicidades con las comunidades autónomas.
Por último, el vigente IV Plan Director 2013-2016 otorga un importante peso a la cooperación descentralizada, tanto en su participación en la definición estratégica de la cooperación española como en el valor concedido a su coordinación
interna y con la Administración General del Estado, y manifiesta su empeño en definir más claramente complementariedades y diferenciaciones para lograr una división de trabajo estructurada que redunde en la eficacia del desarrollo y de la acción
humanitaria.
Entendemos que, de acuerdo con la dispersión de la actual normativa reguladora de subvenciones, a nivel estatal y autonómico, y conforme a las recomendaciones internacionales, el mejor camino para afrontar la agenda de desarrollo es una
asociación entre los diferentes actores de la cooperación española alrededor de objetivos y visiones comunes para el desarrollo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Fomentar la colaboración entre el Estado y las CC.AA. en materia de cooperación internacional fomentando la división del trabajo y la complementariedad, para lograr una mayor eficacia e impacto de los resultados.
- Trabajar conjuntamente con comunidades autónomas y entidades locales para definir conjuntamente un papel relevante de la cooperación descentralizada orientada hacia una mayor especialización sectorial y geográfica, que fomente el diálogo
con los países socios y aproveche así su carácter distintivo.
- Avanzar en la coordinación de la cooperación internacional al desarrollo del Estado y de las CC.AA. y, en particular, en materia de registro de ONGD.
- Promover el reconocimiento mutuo de los trámites administrativos conjugándolos con el necesario rigor que debe presidir la materia.
- Avanzar en la transparencia y cohesión entre todas las administraciones que tengan política de cooperación internacional para el desarrollo en España para que se pueda compartir toda la información sobre las actividades que se lleven a
cabo en un país por cualquier Administración y para que, a su vez, el país socio esté completamente informado, a nivel central, regional y local, de todas estas actuaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Igualdad
161/002741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a mejorar la protección de
las víctimas de violencia de género universitarias, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La gran problemática social de la violencia de género puede alcanzar a cualquier mujer, independientemente de su edad, cultura, clase social o nivel académico. Como parte de esta realidad, diversas investigaciones internacionales indican
que la violencia de género es un fenómeno cada vez más presente en el ámbito universitario.
En noviembre de 2013, la Universidad Complutense de Madrid publicó el estudio 'La juventud universitaria ante la igualdad y la violencia de género'. Del mismo se desprende que el 14,3 por ciento de las estudiantes
universitarias reconoce sufrir o haber sido víctima de violencia de género en su relación de pareja, mientras que el 10,6 por ciento de los estudiantes varones reconoce haber ejercido o intentado ejercer algún tipo de maltrato sobre ellas,
llegando incluso hasta golpearlas en un 4,3 por ciento de los casos.
Las repercusiones de sufrir este tipo de maltrato en las estudiantes universitarias se traducen en cambios en el programa educativo previsto, ausencia de asistencia a las clases y, en muchos casos, el abandono total de los estudios.
De las conclusiones de la investigación se extrae que la superación de la violencia de género en las universidades requiere la implicación de la propia institución en la detección y asistencia a las víctimas.
Al igual que ocurre en el artículo 40.3 bis) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en el que se reconoce un derecho preferente a ocupar otro
puesto de trabajo a los trabajadores que tengan consideración de víctimas de violencia de género, la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha suscrito, con ocho universidades públicas y privadas, un convenio de colaboración para fijar un
procedimiento excepcional que posibilite a las universitarias víctimas de violencia de género trasladar su expediente a otro centro universitario de la Comunidad y disponer de plazas reservadas en las residencias juveniles del Instituto de la
Juventud de Castilla y León.
Se trata de un procedimiento rápido y gratuito establecido para que las mujeres universitarias que han sufrido este tipo de violencia puedan seguir llevando a cabo una vida autónoma y normalizada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las comunidades autónomas y Administraciones locales a impulsar la firma de convenios de colaboración para establecer un procedimiento
excepcional que garantice el cambio de lugar de realización de estudios universitarios oficiales de grado, en el espacio de tiempo más breve posible y de forma gratuita, a aquellas estudiantes que acrediten la situación de víctima de violencia de
género.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/002730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fomento del cálculo de la
Huella de Carbono en empresas y organizaciones, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.
Exposición de motivos
La Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR, define la Huella de Carbono como 'el instrumento para determinar, evaluar y comunicar el efecto de los productos, servicios y organizaciones en el cambio climático'.
Además de cuantificar el impacto sobre el cambio climático, el cálculo de la huella de carbono nos permite identificar los puntos de mejora en la estructura corporativa, edificios y procesos industriales, o en todo el ciclo de vida de un
producto. Posteriormente se diseñarán planes de acción que permitan reducir las emisiones, siendo más eficientes en el uso de la energía y de los recursos y pongan en funcionamiento tecnologías alternativas de consumo y producción bajas en carbono,
lo que supondrá un beneficio para la entidad traducido en una reducción de costes.
Existen diferentes métodos para la medición de la huella de carbono, llevando a cabo un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la aplicación de normativas internacionales reconocidas, tales como ISO 14064-1, PAS
2060 o GHG Protocol, entre otras. Muchas empresas,
especialmente grandes organizaciones, ya han elaborado y verificado sus huellas de carbono, como parte de una estrategia de política medioambiental, pero también como mecanismo para de transparencia para relacionarse con el resto de mundo
empresarial o con la sociedad.
La comunicación de los resultados, además de contribuir a mejorar la reputación social corporativa de la organización, puede servir para implicar a los trabajadores y proveedores en las acciones de reducción, e informar a clientes e
inversores.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha calculado, por segundo año consecutivo su huella de carbono, durante los años 2010 y 2011. Ha identificado aquellas actividades o procesos responsables de la emisión de gases de
efecto invernadero, generados en los edificios pertenecientes al Ministerio.
La huella de carbono total para 2010 asciende a 424.711,8 t CO2 eq y, en 2011, a 201.086,7 t CO2 eq. Si se analiza la información por alcances, se aprecia como la práctica totalidad (más del 99%) de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), en ambos años, corresponden a las generadas por las actividades de: transporte de los trabajadores (a los centros de trabajo o a otros destinos por motivos de trabajo), la gestión de residuos y las compras y contrataciones.
El Ministerio continuará con el cálculo anual de su huella de carbono a la vez que trabaja en un plan de reducción, que le permita actuar sobre los puntos críticos identificados. Es necesario que esta actuación ejemplarizante de la
administración se traslade al mundo empresarial, como un instrumento eficaz para el desarrollo de una economía baja en carbono.
En ese sentido, el Ministerio ha anunciado la preparación de un Real Decreto para la creación del registro único del sistema voluntario de cálculo de la huella de carbono, su reducción y compensación por reducciones o por absorciones de
dióxido de carbono.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fomentar el cálculo voluntario de la Huella de Carbono de organizaciones realizando, en colaboración con las asociaciones empresariales, actuaciones para la divulgación del registro único y
los beneficios de la integración de la gestión del cambio climático en su estrategia empresarial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2014.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Comisión de Fomento
181/001866
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macias i Arau
Texto:
Teniendo en cuenta que la tendencia creciente en los países de nuestro entorno, a la adopción de las 44 toneladas como peso máximo autorizado, con carácter general en el transporte de mercancías:
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para que esta medida se implante en España durante el periodo 2014-2015?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2014.-Pere Macias i Arau, Diputado
181/001867
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Seara Sobrado
Texto:
¿Cuáles son los criterios del Ministerio de Fomento para determinar los tramos prioritarios a ejecutar en la autovía A-76?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001868
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Seara Sobrado
Texto:
¿Tiene pensado el Gobierno llevar a cabo las actuaciones precisas para reparar el tramo de la N-525 a su paso por el Ayuntamiento de Coles (Ourense) y mejorar la seguridad vial en este tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001869
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Seara Sobrado
Texto:
¿Cumple el Gobierno con la normativa europea sobre los derechos de los viajeros en el transporte de autobuses y autocares, en vigor desde hace más de un año, respecto a los apoyos a las personas con
discapacidad deberían tener a la hora de facturar, embarcar, subir al transporte, permanencia en sala de espera, tomar asiento, apearse del transporte y para cargar y recuperar el equipaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001870
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Seara Sobrado
Texto:
¿Cumple el Gobierno con el Reglamento Europeo N.° 181/2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar, y que obliga a la prestación de asistencia gratuita a las personas con discapacidad y/o movilidad reducida en las estaciones
que determine Fomento, así como en todos los autobuses y autocares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001871
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Seara Sobrado
Texto:
¿Cumple el Gobierno la normativa europea sobre los derechos de los viajeros en el transporte en autobuses y autocares, en vigor desde hace más de un ano y que incluye distintas medidas para salvaguardar los derechos de las personas con
discapacidad y movilidad reducida, especialmente en trayectos con distancias iguales o superiores a los 250 kilometros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.