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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 364, de 26/11/2013
cve: BOCG-10-D-364
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
26 de noviembre de 2013
Núm. 364
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002157 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la reforma de la Ley Orgánica 3/1984, Reguladora de las iniciativas legislativas populares ...
Comisión de Justicia
161/002148 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre tratamiento justo, adecuado y sin discriminación a las personas con trastorno mental en la legislación penal ... (Página9)
Comisión de Interior
161/002137 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre elaboración de un Proyecto de Ley para garantizar el voto de los electores desplazados por la presión y la violencia de la banda
terrorista ETA ... (Página10)
161/002142 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la incorporación de las recomendaciones de la Defensora del Pueblo al Estatuto de Víctima del Terrorismo ...
161/002143 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para evitar el uso perverso de la LOREG por la formación política Bildu ... (Página14)
Comisión de Defensa
161/002150 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la prohibición de utilizar a los soldados como esquiroles ... (Página15)
Comisión de Fomento
161/002141 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la necesidad de mejorar los accesos, la iluminación y la seguridad viaria del puente de Amposta (provincia de Tarragona) en la carretera N-340 ...
(Página16)
161/002146 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a adoptar medidas de impulso del aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) ... (Página17)
161/002153 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre accesibilidad de la estación de Sabadell Centre ... (Página18)
161/002160 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la adopción de medidas para que los delitos ecológicos como el del 'Prestige' no queden impunes ... (Página19)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002151 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el reconocimiento a los trabajadores de subcontratas de su condición de excedentes mineros en el plan de empresa HUNOSA
y su incorporación urgente a la empresa ... (Página20)
161/002152 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a mantener la medida de apoyo a los sectores del turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería,
establecida en la disposición adicional duodécima de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral ... (Página21)
161/002154 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre territorialización de las subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de
inmigrantes ... (Página22)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002138 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al cumplimiento de la sentencia que considera ilegal la eliminación de los Fondos Mineros ... (Página23)
161/002145 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la paralización urgente de la plataforma de inyección de gas conocida como 'Proyecto Castor' ...
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002140 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa al rechazo al establecimiento de cualquier acuerdo pesquero entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos que incluya directa o
indirectamente en su ámbito de aplicación las aguas territoriales del Sáhara Occidental ... (Página26)
161/002156 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la drástica propuesta de la Unión Europea de reducir las cuotas pesqueras del jurel en un 40 % para el año 2014 ...
161/002158 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la vigilancia de la Comisión Europea en relación a la necesidad de revisar las importaciones de tomate desde el Reino de Marruecos
en los últimos años ... (Página28)
161/002159 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la reforma de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes ... (Página31)
161/002161 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la adopción de medidas para que los delitos ecológicos como el del 'Prestige' no queden impunes ... (Página32)
161/002163 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la modernización de infraestructuras y cumplimiento del acuerdo de cesión de Alarcón ...
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002135 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para garantizar un tratamiento adecuado a los reclusos enfermos de hepatitis C ...
161/002136 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas de apoyo a la erradicación del Virus de Inmunodeficiencia Humana o VIH, a través de un Proyecto de Ley Integral
de acción contra el VIH/SIDA ... (Página35)
161/002139 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la utilización de grasas trans artificiales en usos alimentarios ... (Página38)
161/002144 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el reconocimiento de los derechos sanitarios, económicos y sociales de los trabajadores de la empresa auxiliar IMSA
intoxicados por mercurio en el accidente laboral sufrido en la empresa AZSA entre el 19 de noviembre y el 2 de diciembre de 2012 ... (Página39)
161/002155 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre enfermedades raras ... (Página41)
161/002164 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre los precios de referencia en relación con la prestación farmacéutica en el Real Decreto 16/2012 ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002165 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre incremento del apoyo de la cooperación española a la I+D en salud global ... (Página43)
Comisión de Cultura
161/002162 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre combinación de distintas fórmulas de incentivación y ayudas para apoyar de forma eficiente a la cinematografía y el
audiovisual españoles ... (Página44)
Comisión de Igualdad
161/002149 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Consejo de la Juventud de España ... (Página46)
161/002166 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mujeres gitanas ... (Página48)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002147 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre tratamiento justo, adecuado y sin discriminación a las personas con trastorno mental en la legislación penal ... (Página49)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/001353 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre previsiones acerca de la creación del Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo en el País Vasco ...
Comisión de Defensa
181/001347 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre plazas ofertadas en las últimas cinco convocatorias del Ministerio de Defensa para la provisión de plazas de las escalas de tropa y marinería, así
como perfil académico de los aspirantes ... (Página51)
181/001354 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Tudanca Fernández (GS), sobre desarrollo del plan del Ministerio de Defensa para el apoyo y la protección de los intérpretes y traductores de las tropas españolas y otro personal a su
servicio en la misión ISAF en Afganistán ... (Página52)
Comisión de Economía y Competitividad
181/001315 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Garzón Espinosa (GIP), sobre reformulación de su pregunta sobre opinión del Gobierno acerca de la compatibilidad del ejercicio del cargo de Directora de la Fundación Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas (CNIO) con la dirección de un grupo de investigación, también en el CNIO (versión reformulada)... (Página52)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/001350 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre previsiones acerca de impulsar una estrategia española por el cambio demográfico con la participación del conjunto de todas las Administraciones
Públicas ... (Página53)
Comisión de Fomento
181/001333 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (GMx), sobre previsiones acerca de la necesidad de emprender actuaciones de mejora de la carretera N-550 al aumentar el volumen de tráfico debido a los altos peajes de
la AP-9 ... (Página53)
181/001334 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (GMx), sobre previsiones acerca de paralizar cualquier pretensión de privatización de AENA, así como de optar por cambiar a un modelo de gestión descentralizado que
permita a territorios como el gallego coordinar con eficacia sus tres aeropuertos ... (Página53)
181/001335 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (GMx), sobre aprobación por ADIF en 2010 de una rebaja del sistema de seguridad programado originariamente para la conexión Ourense-Santiago de Compostela, cambiando
la implantación del sistema avanzado ERTMS por el ASEA por una cuestión de ahorro económico ... (Página54)
181/001336 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre nuevas medidas y nuevos plazos previstos para llevar a cabo la liberalización en la gestión del transporte ferroviario de pasajeros anunciado para el mes
de julio de 2013 ... (Página54)
181/001337 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre consecuencias de la caída de la inversión pública en infraestructuras de transporte que plantea el Gobierno en su proyecto de Ley de Presupuestos para
2014 para la consecución del Corredor Mediterráneo ... (Página54)
181/001338 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre coste que tendrá para el erario público la salida propuesta por el Ministerio de Fomento a las graves dificultades por las que atraviesan algunas empresas
concesionarias de autopistas de peaje ... (Página55)
181/001339 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre consecuencias que tendrá para el sistema aeroportuario el proyecto de privatización de hasta el 60 % del capital de AENA Aeropuertos que se ha hecho
público mediante un informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones ... (Página55)
181/001342 Pregunta formulada por la Diputada doña María Ángeles Esteller Ruedas (GP), sobre actuaciones para la mejora de la carretera N-II en Cataluña ... (Página55)
181/001343 Pregunta formulada por la Diputada doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP), sobre kilómetros de actuaciones de carreteras puestas en servicio en la X Legislatura ... (Página55)
181/001344 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre kilómetros de nuevas líneas de alta velocidad puestas en servicio en la X Legislatura ... (Página56)
181/001345 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre avances conseguidos durante la X Legislatura en la conexión ferroviaria Meseta-Galicia ... (Página56)
181/001346 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), sobre licitaciones para el impulso del Corredor Mediterráneo ... (Página56)
181/001348 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre inclusión en la planificación del Ministerio de Fomento de la construcción de una rotonda en la N-640 en el entronque con el vial de acceso al
hospital del Salnés ... (Página57)
181/001365 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias i Arau (GC-CiU), sobre fecha prevista para hacer efectivo el modelo de liberalización de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril ...
181/001366 Pregunta formulada por la Diputada doña María Paz Lago Martínez (GP), sobre actividad e inversión en las autoridades portuarias de la provincia de Pontevedra ... (Página57)
Comisión de Educación y Deporte
181/001351 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre iniciativas para impulsar la permanencia del alumnado que se ha reenganchado en nuestro sistema educativo en virtud de la crisis y la falta de
oportunidades laborales ... (Página57)
181/001352 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre previsiones acerca de establecer Programas de Actuación que contemplen la participación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de los
mismos dirigidos a impulsar la permanencia del alumnado que se ha reenganchado en nuestro sistema educativo en virtud de la crisis y la falta de oportunidades laborales ... (Página58)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/001359 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre situación de los contratos firmados con la empresa PEMEX para el desarrollo del sector naval, así como autoridades que han dado su visto bueno ...
181/001360 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre trámite de la Administración General del Estado en el que se encuentran los contratos firmados con la empresa PEMEX para el desarrollo del sector naval
... (Página59)
181/001361 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre medidas previstas para que el sector naval pueda superar los obstáculos que en estos momentos impiden que puedan acceder a nuevas contrataciones para
la construcción de buques ... (Página59)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/001341 Pregunta formulada por la Diputada doña M.a Olaia Fernández Davila (GMx), sobre errores de la Agencia Tributaria en la tramitación de declaraciones fiscales de numerosas explotaciones ganaderas ...
181/001364 Pregunta formulada por la Diputada doña M.a Olaia Fernández Davila (GMx), sobre posición del Gobierno ante la propuesta de la Unión Europea de reducir en un 40 % las cuotas de pesca de jurel para el año 2014 ...
Comisión de Igualdad
181/001355 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si los contenidos y mensajes del libro 'Cásate y sé sumisa', editado por el Arzobispado de Granada, ayudan a construir una
sociedad igualitaria ... (Página60)
181/001356 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre pronunciamiento público realizado por el Gobierno contra los contenidos y mensajes del libro 'Cásate y sé sumisa', editado por el Arzobispado de Granada
... (Página60)
181/001357 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre opinión del Gobierno acerca del fomento de la violencia contra las mujeres en los contenidos y mensajes del libro 'Cásate y sé sumisa', editado por el
Arzobispado de Granada ... (Página61)
181/001358 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre opinión del Gobierno acerca del fomento de una sociedad sexista, discriminatoria en los contenidos y mensajes del libro 'Cásate y sé sumisa', editado por
el Arzobispado de Granada ... (Página61)
181/001363 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Montón Giménez (GS), sobre valoración de la edición, por parte del Arzobispado de Granada, del libro 'Cásate y sé sumisa' ... (Página61)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
093/000012 Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en calidad de beneficiario asociado, para el desarrollo de las acciones previstas en el Proyecto Life-Naturaleza 10
NAT/ES/000570 'Recuperación de la distribución histórica de lince ibérico (Lynx Pardinus) en España y Portugal' (Acrónimo: 'Iberlince') ... (Página62)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión Constitucional
161/002157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley relativa a la reforma de la Ley Orgánica 3/1984, Reguladora de las iniciativas legislativas populares, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La participación ciudadana es un mecanismo de los sistemas democráticos, mediante el cual los ciudadanos tienen la posibilidad, entre otros aspectos, de promover la legislación sobre asuntos o materias que estiman que no han sido
consideradas, o no lo han sido adecuadamente por los políticos. A este respecto, el artículo 9.2 de la Constitución Española sostiene que 'Corresponde a los poderes públicos [...] y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social'. El artículo 23.1 de la CE afirma que 'Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio
universal'; otorgando rango constitucional al derecho de participación en asuntos políticos de la sociedad civil.
El artículo 87.3 de la Constitución regula la capacidad de la ciudadanía para presentar proposiciones de ley a través de iniciativas legislativas populares. Este mismo artículo estipula que las iniciativas populares han de ser apoyadas por
un mínimo de 500.000 firmas acreditadas, como requisito previo para que sea introducida en la agenda política y debatida en las Cámaras representativas. A su vez indica que el procedimiento completo será regulado en por una Ley Orgánica.
El proceso de las iniciativas legislativas populares viene desarrollado en la Ley Orgánica 3/1984. El preámbulo de dicha Ley reconoce que siguiendo la tendencia de los estados democráticos más modernos, la CE se propone: 'intensificar la
participación de la sociedad, y permite instrumentar la directa participación del titular de la soberanía en la tarea de la elaboración de las normas que rigen la vida de los ciudadanos'. También reconoce la posibilidad de que haya ciertas
preocupaciones susceptibles de ser reguladas que no encuentran eco en las formaciones políticas con representación parlamentaria.
A pesar de que la participación ciudadana venga recogida como un derecho constitucional, la regulación que la ampara crea una serie de barreras que dificultan el cumplimiento de este derecho. Sin lugar a dudas la barrera más difícil de
superar es la recogida de las 500.000 firmas acreditadas, lo que representa alrededor del 1,25 % del censo electoral, uno de los porcentajes más altos de los países miembros de la Unión Europea. A pesar de que las iniciativas populares regulan
materias que no han sido tenidas en cuenta por los diputados, una vez superados los requisitos previos al llegar a las Cámaras tampoco logran captar la atención de los legisladores sobre la necesidad de las mismas.
El plazo de recogida de firmas establecidos por la Ley 3/1984 es de seis meses, con la posibilidad de prorrogarlo tres meses más. Teniendo en cuenta el reducido número de iniciativas legislativas populares
que han superado el corte de las firmas, este periodo es escaso y debería de ampliarse con el objeto de favorecer la aplicación efectiva del artículo 9.2 de la Constitución.
La Unión Europea también contempla la posibilidad de realizar iniciativas ciudadanas europeas que están reguladas por el Tratado de Lisboa ratificado por España el 15 de julio de 2008. Para ser tenidas en cuenta necesitan conseguir el apoyo
de 1.000.000 de firmas lo que representa alrededor del 0,20 % del censo electoral (porcentaje 6,3 veces menor que el español), recogidas en al menos siete Estados miembros de la Unión, con un mínimo de firmas en cada país, correspondiendo con el
número de diputados al Parlamento Europeo elegido en ese estado multiplicado por 750. En el caso de España se necesitan 40.500 firmas, que representa alrededor del 0,12 % del censo electoral; una cifra 10,3 veces inferior a la que requiere la
legislación española para sus iniciativas legislativas populares. La Comisión Europea encargada de recibir las iniciativas ciudadanas europeas, establece un plazo de doce meses para ese proceso.
A pesar de que el mecanismo de Iniciativas Populares de la Unión Europea solo lleva activo desde el 1 de abril de 2012, ya han sido dos las Iniciativas Populares que han conseguido superar el millón de firmas. Siguiendo este patrón, en 35
años pueden superar la barrera de firmas unas 70 iniciativas ciudadanas. Teniendo en cuenta la conveniencia de estimular la participación ciudadana expresada en los artículos constitucionales y la ley orgánica citadas previamente, es oportuno
simplificar las actuales normas de forma que el número de firmas requerida no represente una dificultad mayor y se amplíe el plazo de recolección de firmas a doce meses, similar al de la UE. A fin de presentar y defender la iniciativa, la Comisión
Promotora de la misma debe disponer de un espacio de tiempo en las Cámaras para defender su propuesta, tal y como se realiza en Austria, por ejemplo. Debe reducirse el plazo de discusión por las cámaras de nuestra normativa; en otros países
miembros de la Unión Europea se otorga prioridad a las iniciativas populares como señal de respeto de las cámaras a dichas iniciativas y la misma Unión Europea reduce ese plazo a la mitad del nuestro. Por último establecer un apartado en la página
web del Congreso de los Diputados que facilite la posibilidad de presentar iniciativas populares, permitiendo de esta forma estandarizar el proceso, permitir que la sociedad civil consulte las iniciativas populares abiertas, y les permita adherirse
a ellas mediante la firma electrónica.
La Ley 59/2003 fue aprobada en cumplimiento de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica. Para consolidar definitivamente
la firma electrónica se aprobó la Ley 56/2007 como formato de validación para cualquier procedimiento administrativo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar en el plazo de tres meses un proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de las Iniciativas Legislativas Populares, con objeto de incorporar lo siguiente:
a) Modificación del artículo 7.3 para ampliar el plazo de recogida de firmas de 6 meses a los estándares de la Unión Europea de doce meses.
b) Inclusión de un nuevo artículo para otorgar a la Comisión Promotora un espacio de tiempo mediante el cual pueda defender y argumentar la ILP propuesta ante el Pleno del Congreso de los Diputados.
c) Modificación del artículo 13 para que, una vez acreditado el número de firmas exigido, la proposición deba ser incluida en el orden del día del Pleno en el plazo máximo de tres meses para su toma en consideración.
2. Crear un sitio web oficial que canalice todas las ILP, estandarizando el proceso de registro de las iniciativas y permitiendo recabar el apoyo de los ciudadanos a través de procedimientos seguros de firma electrónica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Justicia
161/002148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
tratamiento justo, adecuado y sin discriminación a las personas con trastorno mental en la legislación penal, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Los colectivos que velan por los derechos de las personas con trastorno mental han manifestado su extrema preocupación por algunos de los aspectos contenidos en el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal.
La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) entiende que la desinformación y la falta de conocimiento sobre los trastornos mentales producen que en muchas ocasiones la sociedad discrimine
y rechace, por miedo a lo desconocido, a los afectados por este tipo de trastornos, a los que se estigmatiza de manera constante impidiendo el desarrollo de su proyecto vital. Es precisamente el estigma una de las barreras que en mayor medida
dificulta la accesibilidad universal a las personas con trastorno mental, el desenvolvimiento con normalidad en su vida diaria y el acceso a los recursos y a la atención que precisan como ciudadanos de pleno derecho.
La citada Confederación se opone con rotundidad a cualquier tipo de vinculación entre trastorno mental y peligrosidad por considerar que esta idea es prejuiciosa y estigmatizante y apela a la responsabilidad de los poderes públicos para
garantizar que las personas con trastorno mental reciban un tratamiento adecuado e integral desde el punto de vista social y sanitario, alejado del régimen penitenciario que pretende esta reforma.
Según las evidencias científicas hay que separar dos conceptos: la psicopatía y el brote psicótico. Así, mientras el primero indica que la persona comete un acto de manera consciente (concepto de maldad); el segundo se refiere a un acto
realizado en un momento de delirio y alucinación no siendo esta persona consciente del mismo y, por tanto, inimputable.
Según datos de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud de 2006, en España más de un millón de personas tiene un trastorno mental grave, muchas de las cuales no cuentan con un diagnóstico. Si la modificación del Código
Penal sigue su curso en los términos en los que está planteada en relación a la vinculación de trastorno mental, peligrosidad y medidas de seguridad en previsión de delitos que pudieran cometerse en el futuro, el Estado se encontrará con cientos de
miles de personas expuestas a un Código Penal y a un régimen penitenciario discriminatorio que, además, privará a este colectivo de la respuesta social y sanitaria que necesita.
El Proyecto aplica a todas las personas con trastorno mental la calificación de peligrosidad cuando, en realidad, en los casos en que existe algún peligro se debe a que no están tratadas adecuadamente debido a la carencia de medios en la
atención sanitaria y social; lo que supone la vulneración de los derechos enunciados en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de obligado cumplimiento y aplicación por parte del Estado español.
Por otra parte, las medidas de seguridad planteadas y los centros de internamiento no son las alternativas más propicias para atender a las personas con trastorno mental grave. Esta problemática no debe ser resuelta en el sistema
penitenciario.
FEAFES subraya que no se trata tanto de medir el riesgo de peligrosidad al que hace referencia el proyecto sino de ofrecer una atención adecuada a la persona que se ha de reinsertar en la sociedad garantizándose así su recuperación y
evitando que se cometan actos indebidos, generalmente motivados por la ausencia de tratamiento, en ocasiones a pesar de haberse realizado esfuerzos por parte de la persona enferma o de su entorno para obtener atención sanitaria y social.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo al colectivo de personas con trastorno mental, materializado en su compromiso de velar por que en la reforma del Código Penal reciban un tratamiento justo, adecuado y sin discriminación de
ningún tipo.
A tal fin, en la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal se garantizarán las siguientes cuestiones:
- Prescindir de la utilización del término 'peligrosidad' asociado al trastorno mental, evitando la automática equiparación de ambos conceptos.
- Que el internamiento, como medida de seguridad, nunca pueda ser permanentemente prorrogable.
- Que las personas con trastorno mental grave puedan acceder a la libertad condicional en plenas condiciones de igualdad.
- Que las personas con trastorno mental grave puedan acceder a la libertad vigilada en plenas condiciones de igualdad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2013.-Rosa Aguilar Rivero, Laura Carmen Seara Sobrado, Gracia Fernández Moya, María del Puerto Gallego Arriola, María Guadalupe Martín González y Julio Villarrubia Mediavilla,
Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Interior
161/002137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para garantizar el voto de los electores desplazados por la presión y la violencia de la banda terrorista ETA, para su debate en Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Constitución de 1978 establece en su artículo 23 que 'los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal'.
Sin embargo, la anomalía política que ha supuesto el terrorismo de la banda terrorista ETA y las presiones de su entorno para con las personas contrarias a su ideario y métodos, tanto en el País Vasco como en Navarra, ha impedido el ejercicio
efectivo de este derecho consagrado en nuestra norma fundamental.
El derecho fundamental de libre elección de domicilio habría sido conculcado en el momento en el que el cambio de residencia se produce por motivos ajenos a la voluntad de los afectados, debiéndose a presiones sociales derivadas de la
situación de presión y hostigamiento social que muchas de las personas exiliadas han padecido.
El informe extraordinario de la Institución del Ararteko relativo a la respuesta institucional que se ha dado a las víctimas del terrorismo señala un tipo de victimización calificada como 'violencia de persecución o amenazas, y coacciones
terroristas', que se da por el solo hecho de formar parte de determinados cuerpos profesionales, como policía o Guardia Civil, por pertenecer a un determinado partido político, o simplemente, por expresar el rechazo a la banda terrorista ETA. El
informe final sobre el Proyecto de Retorno elaborado por el Instituto Vasco de Criminología en el año 2011 pone de manifiesto la necesidad de que las Administraciones Públicas pongan en marcha una política global que articule y desarrolle medidas de
distinto alcance y significado para favorecer a las personas que abandonaron el País Vasco y
Navarra, de manera que éstas puedan retornar, si así lo desean, o que faciliten la recuperación de lazos y relaciones perdidas como consecuencia de este desplazamiento forzoso.
Otros informes como el Informe del Defensor del Pueblo de la Comunidad Autónoma Vasca, el Informe Final del Proyecto Retorno, así como las legítimas demandas de las asociaciones de víctimas del terrorismo y la necesidad objetiva de acabar
con la injusticia que resulta incompatible con principios y valores fundamentales de la Constitución y el Estado de Derecho exigen una respuesta por parte de las instituciones públicas.
Los procesos de victimización, como vulneraciones graves y reiteradas de los derechos humanos, merecen una respuesta pública en línea con los estándares internacionales y los principios de verdad, justicia, reparación y memoria. Es
necesario el reconocimiento del daño sufrido por las víctimas del terrorismo permitiendo a los ciudadanos que abandonaron el País Vasco y Navarra por la presión de ETA ejercer el derecho de sufragio en sus anteriores lugares de residencia. Es
necesario llevar a cabo medidas que neutralicen la 'depuración' del censo electoral practicada por la banda terrorista ETA a base de asesinatos, extorsiones y presiones. Toda inacción en este campo sería reconocer el éxito del terror al haber
modificado en su beneficio los censos electorales y haber privado de derechos fundamentales a numerosos ciudadanos mediante la estrategia del miedo y la coacción.
El Gobierno, a través del Ministro del Interior, ya señaló su intención de llevar a cabo una reforma en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en este sentido hace más de un año, pero todavía no se han producido movimientos
significativos por su parte. El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales publicó una propuesta de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para garantizar el voto de los electores desplazados por
la presión de la violencia terrorista que todavía no se ha plasmado en una iniciativa real por parte del Gobierno.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir en el plazo de tres meses un Proyecto de Ley para el reconocimiento del derecho al voto en el País Vasco y Navarra de aquellas personas, y sus descendientes, que se vieron obligadas a
abandonar la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra por la amenaza directa de la banda terrorista ETA y las presiones de su entorno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la incorporación de las recomendaciones de la Defensora del Pueblo al Estatuto de Víctima del Terrorismo, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Las víctimas del terrorismo han sido, con su contribución personal, el exponente de una sociedad decidida a no consentir que nada ni nadie subvierta los valores de democráticos de convivencia, tolerancia y libertad. Por eso las víctimas
constituyen el más limpio paradigma de la voluntad colectiva de los ciudadanos en pro de un futuro en libertad.
Nuestra legislación actual sobre víctimas del terrorismo (Ley 32/1999, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, y la Ley 2/2003, del 12 de marzo, que modifica la anterior) limita este estatus legal a las personas que hayan sobrevivido
a un atentado, y a los familiares y personas más cercanas de aquellos quienes hayan resultado asesinados. La legalidad vigente define y limita el concepto de víctima del terrorismo con vistas a ordenar las indemnizaciones, ayudas y protección legal
a las que éstas tengan derecho. Pero cabe preguntarse si esta legislación recoge y regula adecuadamente todas las consecuencias
psicosociales que conlleva haber sufrido la lacra del terrorismo de forma cercana o si bien deja desamparadas a las víctimas en diferentes aspectos de su vida diaria.
El fenómeno de la victimización por terrorismo es complejo, así como las situaciones sociales a las que aboca en numerosos casos a posteriori. En los ámbitos territoriales y sociales donde más peso tienen las organizaciones terroristas,
como es el caso de ETA en el País Vasco y Navarra, las situaciones de victimización sufridas por quienes se han convertido en objetivo de la banda, sea por una u otra razón, excede con mucho la supervivencia a un atentado o la relación familiar
directa con una víctima mortal. ETA ha practicado durante muchos años, de modo sistemático y planificado, diversas modalidades de extorsión y persecución a colectivos y personas que, de un modo u otro, han afectado directa y gravemente a miles de
ciudadanos incluso años después de los sucesos de agresión y persecución por motivos ideológicos.
La persecución terrorista ha obligado a numerosas personas a renunciar a cargos públicos y políticos, a cambiar de trabajo, a cerrar negocios y a renunciar a la vida normal que espera disfrutar cualquier ciudadano en un Estado de Derecho.
Un número desconocido de personas, aunque en todo caso muy numeroso, se ha visto obligado a abandonar el País Vasco y a iniciar una nueva vida en zonas más seguras de España, constituyendo un auténtico destierro político completamente insólito en
una democracia. Y para continuar viviendo en el País Vasco y Navarra, otros miles de afectados han tenido que aceptar escoltas que protejan su seguridad personal, y han sufrido y sufren el aislamiento social que sigue a su condición de objetivos de
la banda.
En este caso se han visto o están no solo cargos políticos de todos los niveles, sino también periodistas, jueces, fiscales, profesores, estudiantes, escritores, libreros y funcionarios del Estado. No solo los miembros de las Fuerzas de
Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Ertzaintza se ven obligados a ocultar su identidad y empleo, sino que incluso empleados de la limpieza y jardineros tienen que ir escoltados a sus ocupaciones habituales para hacer más difícil su asesinato.
Muchas víctimas tuvieron que abandonar su residencia para poder tener una vida sin miedo, otros han visto cómo los causantes de su dolor y sufrimiento han salido impunes de sus actos por la prescripción de los delitos o incluso, otras víctimas, han
visto cómo se enaltecía a los asesinos de sus seres queridos sin que se hiciese los suficiente por parte de los poderes públicos para evitarlo.
La persecución terrorista ha sido reconocida y denunciada en los informes del Consejo de Europa, del Parlamento Europeo -mediante, por ejemplo, el Premio Shajarov 2001 concedido a Basta Ya, único colectivo europeo con semejante distinción, y
en actos de solidaridad con los cargos municipales perseguidos por ETA-, por varias prestigiosas organizaciones internacionales como Amnesty International, Human Rights Watch y el Instituto Internacional de la Prensa, además de ser constantemente
denunciada por prestigiosos colectivos cívicos vascos y españoles como Gesto por la Paz, Foro de Ermua o Iniciativa Ciudadana Basta Ya, además de las asociaciones de víctimas del terrorismo, particularmente AVT y COVITE. Y si bien es cierto que las
instituciones han tratado de ofrecer protección policial o privada a muchos afectados, poco más han hecho para poner fin a una anomalía radicalmente incompatible con la democracia.
El Estado de Derecho y la sociedad civil en su conjunto han de dar respuesta a la incomprensión y al dolor que sufren las víctimas del terrorismo y sus familiares así como arbitrar fórmulas para evitar que se mantenga cualquier tipo de
actuaciones que generan mayor sufrimiento y dificultades a las víctimas al ver que los asesinos y los terroristas son ensalzados y homenajeados por las atrocidades cometidas.
El Gobierno se comprometió hace ya dos años a elaborar un Estatuto de la Víctima del Terrorismo que ofrezca a estos ciudadanos una respuesta lo más amplia posible, no solo jurídica, sino también social, reparadora del daño sufrido y, a la
vez, minimizadora de otros efectos traumáticos mediante los poderes públicos. A finales del pasado mes de octubre el Gobierno presentó un informe sobre el Anteproyecto de la Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito, que incorporaría
algunas medidas destinadas a la mejora de la atención y protección de las víctimas del terrorismo. Sin embargo, sería necesario complementar las medidas que contiene el anteproyecto con las recomendaciones que la Defensora del Pueblo realizó en el
año 2012 para tal efecto.
Desde Unión Progreso y Democracia creemos que es necesario apoyar desde el poder legislativo estas propuestas para que se incorporen al Estatuto de la Víctima, como una muestra clara de apoyo y compromiso de la soberanía nacional, a la que
representamos, a las personas que han sufrido la lacra terrorista o han perdido seres queridos por la defensa de los valores democráticos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se dote a las víctimas del terrorismo de un tratamiento específico en el Estatuto de la Víctima que tenga en cuenta la condición de las víctimas de estos delitos y desarrolle los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad
establecidos en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral.
2. Que se establezca un sistema permanente de comunicación, bien en la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, bien en la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, con todas las Víctimas
del Terrorismo para que estas conozcan las decisiones de ámbito general que se adoptan en materia antiterrorista y tengan voz ante las Administraciones con respecto a las cuestiones que les afectan.
3. Que el Gobierno ejercite todas las acciones civiles contra los autores de delitos de terrorismo con posterioridad a subrogarse en los derechos de las víctimas. De tal modo que los autores de los delitos asuman no solo las
responsabilidades penales, sino también las civiles, teniendo en cuenta que es el Estado, y en última instancia el conjunto de la sociedad, quien ha adelantado las indemnizaciones por razones de solidaridad.
4. Que el Gobierno refuerce las acciones que lleva a cabo actualmente para evitar la impunidad de los delitos de terrorismo e impida en la medida la prescripción del delito; asimismo, que adopte todas las medidas legislativas para que no
se produzca tal impunidad, teniendo en cuenta en particular el elevado número de asesinatos en los que no se han depurado responsabilidades.
5. Que se aborde progresivamente el igualar el trato en materia de indemnizaciones a todas las víctimas del terrorismo, teniendo en cuenta la evolución de la jurisprudencia sobre la cuantía de las mismas y las dificultades existentes para
que un elevado número de víctimas obtenga las reparaciones que se derivan de una sentencia condenatoria.
6. Que los exiliados por causa del terrorismo gocen de reconocimiento y plenitud de derechos, con particular atención a los derechos electorales que les fueron privados por la acción criminal del terrorismo.
7. Que se refuercen las acciones que se llevan a cabo en materia de becas de estudio no universitarias y universitarias y de apoyo educativo a las víctimas del terrorismo en todos los niveles de enseñanza.
8. Que las víctimas del terrorismo sean informadas con suficiente antelación de la celebración de las vistas en los procesos penales en que estuviesen concernidas y reciban toda la ayuda necesaria para asistir a los procesos penales, si así
lo desean, durante su desarrollo. En particular, no deben compartir espacios en los edificios judiciales con personas del entorno de los autores de los delitos y tendrán preferencia absoluta para asistir a la vista con respecto a otras personas.
9. Que las víctimas del terrorismo tengan la condición de parte en el ámbito de la jurisdicción del Juez Central de Vigilancia Penitenciaria, cuando deba adoptarse una decisión con respecto al autor del delito.
10. Que las asociaciones de víctimas del terrorismo legalmente reconocidas puedan ejercitar la acusación popular sin ninguna restricción en los procesos penales, de modo que la imposición de fianzas no limite sus posibilidades de actuación
procesal.
11. Que las víctimas del terrorismo estén exentas del pago de costas procesales derivadas del ejercicio de acciones civiles y penales en defensa de sus derechos.
12. Que las víctimas del terrorismo sean informadas con precisión de la situación penitenciaria del autor del delito en cada momento mediante un procedimiento ágil y fácilmente accesible. En particular, en los supuestos de finalización de
la condena, acceso al tercer grado o a la libertad condicional, que sean informadas, con suficiente antelación, de la fecha de salida de la prisión o de inicio del tercer grado de tratamiento penitenciario.
13. Que las víctimas del terrorismo sean oídas con carácter previo a la adopción por la Administración penitenciaria de cualquier medida relativa a la clasificación del autor del delito (progresiones y regresiones de grado).
14. Que el arrepentimiento del autor del delito de terrorismo, manifestado por escrito, sea presupuesto para cualquier medida que mejore su situación penitenciaria y que tal arrepentimiento se objetive también mediante la colaboración con
las autoridades en el esclarecimiento de los delitos que hubiera cometido o de los que tuviera conocimiento.
15. Que se adopten medidas específicas incluida la reserva de plazas en las pruebas de acceso a la función pública -en cuanto puedan ser aplicables-, de acuerdo con la línea establecida sobre derechos laborales de las víctimas del
terrorismo en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
16. Que se garantice un trato efectivo e igualitario a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad víctimas del terrorismo en materia de honores y condecoraciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para evitar el uso perverso de la LOREG por la formación política Bildu, para su debate en Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La lacra del terrorismo y la presión social que este ha ejercido de manera recurrente son elementos que ha distorsionado de manera significativa la convivencia y la actividad política en diferentes puntos de la geografía española, pero sobre
todo en las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra.
Durante décadas no ha sido extraño que personas elegidas democráticamente para ostentar un cargo público y que no comulgaban con el credo nacionalista, sobre todo con el credo totalitario y violento de ETA, se vieran hostigados, perseguidos
y amenazados en su vida diaria para que abandonasen toda actividad política, cuando no, el País Vasco o Navarra.
Para evitar las continuas renuncias de cargos públicos, sobre todo concejales, así como para dotar a éstos de una mayor seguridad y garantías jurídicas a la hora de desempeñar su cargo frente a los terroristas totalitarios de ETA, en el año
2003 se aprobaría la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los concejales y que supuso una modificación en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
más concretamente en su artículo 182, facilitando que los partidos políticos perseguidos por ETA pudieran sustituir a los ediles que dejaban la actividad política porque no podían soportar las amenazas y los atentados de la banda terrorista.
Sin embargo hemos tenido constancia de que la coalición política Bildu ha pervertido el sentido y finalidad del citado precepto legal y desde las últimas elecciones municipales de mayo de 2011 ha conseguido nombrar como ediles en 19
Ayuntamientos del País Vasco y de Navarra a 24 concejales que no figuraban en sus listas en las elecciones municipales de mayo de 2011, sustituyendo de esta manera candidatos 'limpios' (que habían pasado el filtro legal) por otros de su plena
confianza, de los cuales al menos un tercio tuvieron una vinculación directa con la extinta Batasuna, bien porque en 2007 fueron en listas de ANV y agrupaciones independientes ilegalizadas por el Supremo o porque anteriormente fueron concejales de
Euskal Herritarrok o Herri Batasuna. En varios casos, los nuevos ediles han pasado a asumir tareas de gestión en las entidades locales. El proceso es simple: un concejal electo renuncia y nadie de los siguientes en las listas electorales lo
sustituye por lo que acogiéndose al artículo 182.2 de la LOREG se eligen a otras personas que no concurrieron a las elecciones.
En resumen, la coalición Bildu está recurriendo a los cuadros y dirigentes de las organizaciones ilegalizadas por su vinculación a ETA para formar su administración municipal, dejando una vez más en evidencia el papel meramente instrumental
de los 'independientes' que encabezaban sus listas electorales y la intención subrepticia de, una vez entrado en las instituciones, colocar en puestos claves de las mismas a sujetos invalidados como candidatos por su historial de colaboración o
integración en ETA o en las formaciones previamente ilegalizadas. Esta maniobra constituye un claro fraude de Ley, y posibilitaría por sí misma el inicio de un nuevo proceso de ilegalización.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reformar, en el plazo máximo de tres meses, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para evitar el fraude de ley que se está cometiendo aprovechando el artículo 182.2 de la LOREG.
2. Iniciar el procedimiento para ilegalizar a la coalición Bildu, a la vista de que los hechos sobrevenidos posteriores a la sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de mayo de 2011, aportan nuevas pruebas sobre la instrumentalización del
citado proyectos políticos por el entramado de ETA/Batasuna y su puesta al servicio de los partidos políticos previamente disueltos por su vinculación con la citada organización terrorista ETA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Defensa
161/002150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-SI, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para
la prohibición de utilizar a los soldados como esquiroles, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Ante la exitosa huelga de barrenderos y jardineros que se lleva a cabo en la ciudad de Madrid, se comienza a plantear la 'necesidad' de que el ejército se encargue de limpiar las calles de la ciudad. En este sentido, el Gobierno -lejos de
descartar esta posibilidad- ha mostrado su disposición si estima que se pueden generar problemas de salud pública.
La utilización del ejército tiene un precedente al asumir las labores de controladores aéreos en el año 2011, cuando la Ministra de Defensa Carme Chacón, en connivencia con el Ministro de Fomento José Blanco, decidieron que los soldados
suplieran a los controladores aéreos que no acudieron a su puesto de trabajo por un conflicto laboral, declarando para ello el estado de alarma. Tan orgullosa estaba la Ministra de ello que impuso la Corbata de la Orden de Mérito Civil a la Bandera
de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire, por su actuación 'ejemplar'.
El boicot institucional a huelga supone, no solo un ataque contra una de las herramientas clásicas de la clase obrera en su lucha por la justicia, sino una vulneración del derecho constitucional a la huelga.
El Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, que 'regula' el derecho fundamental a la huelga (pese a que su regulación debería ser por Ley Orgánica y no por Real Decreto), en su artículo 10 afirma que 'cuando la
huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas
necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas'. No obstante, la reconocida e inaplazable necesidad, así como las circunstancias de especial
gravedad quedan en manos de un gobierno, que puede actuar de manera discrecional y sin las oportunas salvaguardas para garantizar el derecho fundamental de huelga.
Asimismo, la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, en su artículo 15.3, establece que 'las Fuerzas Armadas, junto con las instituciones del Estado y las Administraciones públicas, deben preservar la seguridad y
bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente'. Sin embargo,
no se establece un mecanismo democrático que garantice que esta decisión tenga un suficiente aval parlamentario para evitar posibles excesos o discrecionalidades por parte del gobierno de turno.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Realizar las modificaciones legislativas oportunas con la finalidad de que una posible actuación del ejército dentro de las fronteras del Estado deba de ser autorizada por el Congreso de los Diputados por una mayoría de 2/3 partes, salvo
aquellas asignadas a la UME por urgente necesidad en caso de catástrofes o calamidades, que deberán ser autorizadas por la comunidad autónoma afectada.
2. No permitir ninguna actuación del ejército dentro de las fronteras del Estado, salvo aquellas de urgente necesidad por catástrofes o calamidades asignadas a la UME, mientras no se realicen las modificaciones referidas en el punto
anterior.
3. Prohibir expresamente que los soldados actúen como esquiroles en las huelgas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2013.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/002141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la necesidad de mejorar los accesos, la iluminación y la seguridad viaria del puente de Amposta (provincia de Tarragona) en la CN-340, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El puente de la CN-340, sobre el río Ebro a su paso por la ciudad de Amposta (en la provincia de Tarragona) tiene un tránsito medio diario de vehículos entre los 15.000 y 20.000, una tercera parte de los cuales son camiones. La mayoría de
ellos se dirigen hacia el norte en dirección a Barcelona y muchos de ellos más allá a los diferentes países de Europa.
La puesta en funcionamiento, recientemente, de la variante de l'Aldea, que ha supuesto un coste de 40 millones de euros, ha evidenciado, todavía mas, los déficits en los accesos del puente, en su iluminación y en el cuidado de sus zonas
anexas. Déficit que se incrementarán como consecuencia de que la Generalitat tiene intención de ejecutar una rotonda en la entrada de Amposta en la vía que llega desde la localidad de Sant Jaume d'Enveja para conectarla con la CN-340 en las
inmediaciones del puente que nos ocupa.
Ni los carriles de aceleración y desaceleración, ni las dimensiones de las barandillas del puente, cumplen las condiciones de seguridad exigibles. Además, que, habiéndose convertido en una zona 'semiurbana', es del todo necesario dotar al
puente y sus accesos de una iluminación nocturna adecuada y exigen remodelar la zona arbolada afectada por el puente, así como sus accesos que están hoy en condiciones lamentables.
Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar la anchura y longitud de los caminos de aceleración y desaceleración que conectan el puente sobre el río Ebro en la CN-340, en el municipio de Amposta, de manera que permitan la
incorporación y salida de dicha carretera de forma más segura que
actualmente. También modificar dimensiones y acabados de las barandillas laterales de protección del puente para proteger a vehículos y pasajeros en caso de salida accidental de vehículos de la carretera.
Así como dotarle de iluminación nocturna y adecuar los espacios verdes y arbolados, situados entre el puente y sus accesos, con el objetivo de hacer de ellos una zona recreativa abierta a ciudadanos y ciudadanas de Amposta y a los usuarios
de la carretera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2013.-Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley
relativa a adoptar medidas de impulso del aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En las dos legislaturas de Gobierno socialista en el aeropuerto de Jerez se invirtieron cerca de cien millones de euros en mejorar sus infraestructura, hacerlo más seguro, más competitivo, con capacidad para 3 millones de pasajeros. En
estos momentos las infraestructuras permanecen pero la actividad ha disminuido. El número de pasajeros sigue descendiendo, han disminuido las compañías que operan en el mismo, hay menos servicios y menos personal de contratas para atender las
necesidades del aeropuerto.
Una de las infraestructuras que se hizo nueva y se dotó de equipos a estrenar es la zona de mercancías. Un dinero que no se ha rentabilizado, porque esas instalaciones se han cerrado. El aeropuerto de Jerez no cuenta con terminal de carga
desde hace meses. Jerez ha pasado de registrar 396.136 kilos de carga en el año 2000 a 33.138 kilos el año pasado y a cero a fecha de hoy.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que un aeropuerto sin mercancías y con un bajo número de operaciones y pasajeros, es un aeropuerto abocado a ir desapareciendo. Por eso entendemos que es prioritario para nuestro aeródromo
volver a contar con este servicio. Creemos que es posible su recuperación haciendo un trabajo serio y riguroso de volver a reconquistar al cliente que opera desde otros aeropuertos y de conseguir nuevos clientes. Es además un aliciente más para
que las empresas se instalen en la zona. Sería el complemento ideal para las empresas ya instaladas en el parque tecnológico, o las que se vayan a instalar en la futura zona franca.
Estamos convencidos que con un trabajo serio y con voluntad política se podría hacer en Jerez un gran aeropuerto de carga.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reactivar el servicio de mercancía del aeropuerto de Jerez.
2. Establecer con urgencia medidas que activen, desarrollen y fomenten la puesta en valor de la terminal de carga del aeropuerto de Jerez para que se convierta en un gran aeropuerto de carga.
3. Hacer una potente campaña de información que dé a conocer el servicio.
4. Implicar a las distintas administraciones y a la actividad privada a su uso con el fin de volver a crecer
5. Crear con urgencia el Comité de Ruta Aérea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2013.-María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para hacer accesible la estación de Sabadell Centre.
Exposición de motivos
La estación de ferrocarriles de Sabadell Centre ha quedado desfasada y, a pesar de las múltiples reivindicaciones, su adecuación y accesibilidad siguen siendo una asignatura pendiente.
Actualmente, en la referida estación, a parte de escaleras fijas, solo existen escaleras mecánicas que permiten el acceso desde el andén al vestíbulo de la estación. Una de estas escaleras mecánicas lleva más de dos años fuera de servicio,
puesto que ADIF decidió en marzo de 2011 dejarla fuera de servicio por motivos de obsolescencia y seguridad.
La decisión se sustentó en dos auditorías técnicas realizadas por entidades de inspección homologadas por la Generalitat de Catalunya. Este hecho se puso en conocimiento de ADIF.
El mismo año 2011, ADIF comunicó al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas que había concluido la redacción de un proyecto constructivo de remodelación y adaptación integral de la accesibilidad de la estación de Sabadell
Centre que consistía en la instalación de tres ascensores y cuatro escaleras mecánicas para permitir la conectividad entre los dos andenes, el vestíbulo y la calle, situada en la superficie.
El referido proyecto preveía la sustitución de la escalera mecánica fuera de funcionamiento por un nuevo equipo con otra disposición geométrica.
Desde entonces, el actual Departamento del Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha reiterado su reclamación al Ministerio de Fomento, en su calidad de titular de la Infraestructura y a ADIF como entidad gestora, para
acometer de forma urgente los trabajos de remodelación y adaptación de la accesibilidad que arrastra la citada infraestructura.
A pesar de ello, la ejecución de estas obras por parte de ADIF están aún pendientes de que el Ministerio de Fomento realice la oportuna dotación económica.
En abril de 2012, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona remitió un escrito a ADIF en el que le recuerda que es absolutamente indispensable que acometa la ejecución de las obras proyectadas a los efectos de resolver los
problemas de inaccesibilidad de la infraestructura, teniendo en cuenta que es una estación por la que pasan más de 11.000 viajeros diarios.
Por parte del Síndic de Greuges de Catalunya, se elevó queja por causa de esta cuestión al Defensor del Pueblo, el cual, en junio del corriente año, emitió su respuesta e indica que 'una vez consultada, la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio del Fomento manifiesta que la entidad Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), dispone de un proyecto para la reforma y mejora de la accesibilidad de la estación ferroviaria Renfe
Centro en el que se contempla la instalación de ascensores para la comunicación entre los niveles de calle, vestíbulo y andenes, la sustitución de escaleras mecánicas, así como la incorporación de aseos para personas con movilidad reducida, además
de una prolongación de los andenes y la mejora de los accesos exteriores de la estación, todo lo cual tiene un costes de 4.880.938 euros, IVA incluido'.
Además, sostiene que 'dichas obras están recogidas en el Plan de Infraestructuras Transporte y Vivienda PITVI, elaborado por el Ministerio de Fomento para el periodo 2012-2024, por lo que se ejecutarán una vez se disponga de los
correspondientes recursos económicos'.
Las actuales dificultades económicas de ADIF no impiden que este año se estén ejecutando centenares de kilómetros de tren de alta velocidad (TAV), un solo kilómetro cuesta un mínimo de 18 millones de euros, más de tres veces el coste de
mejora de la accesibilidad de la estación Sabadell Centre.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Evaluar dentro del existente proyecto de remodelación y adaptación integral de la estación de Sabadell Centre únicamente el coste de la accesibilidad, concretamente: la instalación de ascensores
para la comunicación entre los niveles de calle, vestíbulo y andenes y la sustitución de las escaleras mecánicas entre los andenes y el vestíbulo.
2. Realizar la modificación presupuestaria pertinente para ejecutar con carácter inmediato las obras de accesibilidad de la estación de Sabadell Centre.
3. Empezar obras de accesibilidad de la estación de Sabadell Centre antes de tres meses.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las Diputadas doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG) y doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a la adopción de medidas para que los delitos ecológicos como el del 'Prestige' no queden impunes, para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La catástrofe del petrolero 'Prestige' que tiñó de chapapote negro las costas de Galicia el 13 de noviembre de 2002, demostró las flaquezas en materia de seguridad del tráfico marítimo y la precariedad de medios para la lucha contra la
contaminación marina en el corredor de Fisterra, uno de los que mayor tráfico registra.
A pesar de que han transcurrido once años, y a pesar de la gravedad de los hechos, podríamos afirmar que nada se ha avanzado. Un delito ecológico de esas dimensiones ni siquiera es objeto de una sentencia ejemplar por parte de la justicia.
No hay castigo para los autores de una de las mayores mareas negras ni tampoco existen las responsabilidades políticas por la errática e ineficaz gestión de un accidente marítimo que se agravó por las decisiones adoptadas desde el Gobierno central y
desde la Xunta de Galicia.
En los últimos cuarenta y tres años se contabilizaron cuatro siniestros marítimos frente al litoral de Galicia, uno de los más afectados del mundo por la contaminación derivada de vertidos de hidrocarburos. Recordamos en este sentido al
'Poiycommander', 'Urquiola', 'Aegean Sea' y el 'Prestige'), sin olvidar el accidente del 'Casón' y del 'Erkowitz' que también provocaron una gran afectación por vertidos de productos altamente contaminantes.
Lejos de progresar por un camino en el que el delito ecológico grave, como es el caso del 'Prestige', se castigue con una sentencia ejemplar, resulta que transitamos por el camino a la inversa: la catástrofe del 'Prestige' no tiene ningún
coste, sale prácticamente gratis, salvo a los gallegos y gallegas, y a toda la marea humana de voluntarios que se implicaron activamente en la limpieza de la costas y de los arenales.
Uno de los muchos fallos en la gestión del 'Prestige' fue la enorme descoordinación entre administraciones implicadas. Y el hecho de adoptar decisiones desde lugares alejados de Galicia, desde Madrid. El BNG durante muchos años hasta la
creación de la Subcomisión sobre la catástrofe del 'Prestige' en el Congreso, demandó la transferencia de la gestión en salvamento marítimo, del control e inspección de barcos que transitan por el dispositivo de separación de Fisterra y de los
medios para la lucha contra la contaminación marina.
Esta reivindicación no fue fruto del capricho, fue producto de una mala experiencia, de la observancia de lo acontecido durante la crisis del 'Prestige': la total falta de coordinación para hacer frente a la mayor marea negra que se
recuerde. Galicia posee miles de kilómetros de costa, es la Xunta la que debería tener las competencias para poder controlar los buques que recalan a sus puertos o van de tránsito.
El paso de estos once años deberían haber servido para aprender y tomar nota. Poco se ha hecho en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina. Después de una catástrofe de estas características, podría afirmarse
que si volviese a ocurrir no se contaría con muchos más medios.
Galicia seguiría desprotegida, al albur de decisiones que se adoptan a miles de kilómetros de la costa gallega y sin apenas criterio.
La sentencia sobre el 'Prestige' ha resultado ser una decepción. Es una sentencia que no solo premia el delito ecológico sino que sus responsables quedan impunes. Incluso permite al Gobierno central vanagloriarse de una actuación
cuestionada desde todos los ámbitos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Transferir a la Xunta de Galicia las competencias en materia de seguridad marítima, tanto normativas como de ejecución que incluyan el control y la inspección de barcos, a fin de aplicar una política preventiva propia en relación al
transporte marítimo de mercancías peligrosas.
- Traspasar a la Xunta de Galicia las competencias en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina.
- Endurecer la legislación existente en materia de comisión de delito ecológico a fin de evitar que una catástrofe como la del 'Prestige' pueda saldarse sin indemnización económica alguna.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2013.-Rosana Pérez Fernández y M.ª Olaia Fernández Davila, Diputadas.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para el reconocimiento a los trabajadores de subcontratas su condición
de excedentes mineros en el plan de empresa de HUNOSA y su incorporación urgente a la empresa, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
El pasado mes de mayo la Junta General del Principado aprobó una Proposición no de Ley en la que se nos reconocía a los trabajadores de subcontratas de HUNOSA su condición de excedentes mineros, tanto en el Plan del Carbón que se negociaba
por entonces, como, posteriormente, en el plan de empresa de HUNOSA aprobado por dicha compañía. Ahora, tras el reciente acuerdo del nuevo Plan General del Carbón, parece que se ha dado un poco de oxígeno al sector minero. El reconocimiento de las
subcontratas como excedentes mineros es un paso importante, y se requiere que se dé un paso más en el plan de empresa de HUNOSA que se está negociando.
El sector minero tiene un peso muy específico en la economía asturiana, y las comarcas mineras dependen totalmente de este sector. Los diferentes acuerdos nacionales sobre el carbón y para el desarrollo y sostenibilidad de las comarcas
mineras no han funcionado. En el caso concreto de HUNOSA ha venido acumulando un importante déficit de producción y de plantilla. Además las cuencas mineras en las que HUNOSA ha venido desarrollando su actividad, mantienen un alto nivel de paro y
carecen de una industria alternativa al carbón. Por tanto, se están convirtiendo en un solar industrial y social a medida que se van cerrando las explotaciones de HUNOSA. Esta situación tan complicada de los territorios mineros se ha agravado en
estos últimos años debido al contexto de crisis general. Hace falta un nuevo impulso y apoyo político a estas comarcas para abrirles nuevos horizontes de empleo y desarrollo.
Para ello, se requiere, en primer lugar, voluntad política para agilizar la negociación del plan de empresa de HUNOSA. El nuevo marco del carbón permite la continuidad de la minería hasta el 2018, y contempla la recolocación de trabajadores
en el sector, reconociendo la prioridad de las subcontratas. De manera que, si se contemplan las incorporaciones en el plan de empresa de HUNOSA, este colectivo ha de tener cabida en la empresa. Teniendo en cuenta los criterios de producción y el
déficit de plantilla que
arrastra la empresa, y a la luz del nuevo marco regulador del carbón, su incorporación a HUNOSA es cuestión de voluntad política.
Y, habida cuenta de que de HUNOSA es una empresa estatal y por tanto depende del Gobierno de la nación, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a solicitar de la empresa estatal HUNOSA que en el marco del plan de empresa de HUNOSA se enmiende el déficit de plantilla y se proceda con carácter de urgencia a la incorporación de los
despedidos de las subcontratas de HUNOSA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a mantener la medida de apoyo a los sectores del turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería, establecida en la disposición adicional duodécima de
la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Antecedentes
La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, estableció en su disposición adicional duodécima, medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos
discontinuos en los sectores de turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería.
Concretamente, establece que las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería que generen actividad productiva en los meses
de marzo y de noviembre de cada año y que inicien y/o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijo discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 % de las cuotas
empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo, FOGASA y formación profesional de dichos trabajadores,
Sin embargo, la citada disposición establece que la citada medida de apoyo podrá aplicarse o tendrá vigencia, hasta el 31 de diciembre de 2013. Y prevé que el Gobierno evalúe la eficacia y efectos de la misma y, a la vista de dicha
evaluación, adopte las medidas que correspondan para su mantenimiento, prórroga o modificación.
Desde numerosas organizaciones, asociaciones o federaciones, relacionadas con el sector objeto de la medida de apoyo, se ha valorado muy positivamente la aplicación de la bonificación prevista en las cuotas empresariales a la Seguridad
Social, en los meses de marzo y de noviembre, para los trabajadores con contratos de carácter fijo discontinuo que se mantengan en alta durante dichos meses. Esta medida ha propiciado que muchos establecimientos del sector de la hostelería y
relacionados con el turismo, puedan mantenerse abiertos en meses considerados de temporada baja, con el consiguiente mantenimiento de los puestos de trabajo, y colaborando también así, a acelerar la reactivación económica.
Parece pues razonable prorrogar y si cabe mantener, la medida de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener, en 2014 y 2015, la medida de bonificación en los meses de marzo y noviembre del 50 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los
conceptos de recaudación conjunta de desempleo, FOGASA y formación profesional para los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería, establecida en la disposición adicional
duodécima de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley de territorialización de las subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes.
Antecedentes
La Orden TIN/2158/2008, de 18 de julio, establece las bases reguladoras de concesión de subvenciones públicas a Entidades Locales para la realización de programas innovadores en materia de integración de los inmigrantes. A estos efectos, se
entiende como innovadores aquellos programas cuyas actuaciones introduzcan nuevas formas de intervención social, faciliten la inclusión social, prevengan situaciones de riesgo y promuevan la convivencia ciudadana en el entorno local.
Estas subvenciones se convocan anualmente. Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 prevén para el presente año una dotación de 2,5 millones de euros con este fin.
Las Entidades locales, durante los años de explosión del fenómeno migratorio en España, son las primeras administraciones que han hecho frente a los nuevos retos y a las nuevas necesidades que se derivan de los profundos cambios que la
inmigración ha generado. Por ello, estas subvenciones han sido un instrumento que ha permitido desarrollar actividades innovadoras, fomentando la integración de los inmigrantes, la inclusión social y la convivencia ciudadana, especialmente en
aquellos municipios que concentran mayor población inmigrante.
Muy recientemente, la sentencia 26/2013, de 31 de enero de 2013, del Tribunal Constitucional, estima parcialmente el conflicto positivo de competencias interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya contra esta Orden Ministerial
y la resolución por la que se convoca la concesión correspondiente al año 2008, declarando que diversos artículos de la misma vulneran las competencias de la Generalitat de Catalunya. Este fallo reitera el mismo parecer manifestado en otras
sentencias, en relación a convocatorias correspondientes a otros ejercicios.
De acuerdo con los fundamentos jurídicos de la sentencia, el Tribunal Constitucional estima que la Generalitat de Catalunya ostenta la competencia exclusiva sobre asistencia social y corresponde a la misma la gestión de la dichas
subvenciones, es decir, la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos, excluyendo la posibilidad de gestión centralizada.
En esta sentencia, el Tribunal Constitucional recuerda, como ya ha hecho en otros casos, que los fondos presupuestarios destinados a materias en las que las Comunidades Autónomas ostenten competencias exclusivas, en el caso de que el Estado
no pueda invocar título competencial genérico o específico, 'han de integrarse como un recurso que nutre la Hacienda autonómica, consignándose en los Presupuestos Generales del Estado como Transferencias Corrientes o de Capital a las Comunidades
Autónomas, de manera que la asignación de los fondos quede territorializada, a ser posible, en los mismos Presupuestos Generales del Estado' (STC 13/1992, FJ 8 a).
Asimismo, el alto Tribunal manifiesta que 'se evite la persistencia de situaciones anómalas en las que sigan ejercitadas por el Estado competencias que no le corresponden. Como afirmamos 'la lealtad constitucional obliga a todos' (STC
209/1990, de 20 de diciembre, FJ 4) y comprende, sin duda, el respeto a las decisiones de este Alto Tribunal' (FJ 9).
Por todo ello, en respeto del marco competencial vigente, el Grupo Parlamentario Catalán presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la Orden ministerial TIN/2158/2008, de 18 de julio, establece las bases reguladoras de concesión de subvenciones públicas a Entidades locales para la realización de programas
innovadores en materia de integración de los inmigrantes, de acuerdo con las sentencias del Tribunal Constitucional dictadas, previendo que su gestión, tramitación, resolución y pago, así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos
estos aspectos, corresponden a las Comunidades Autónomas con competencias exclusivas en materia de asistencia social. Asimismo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado asignará territorialmente los fondos económicos anuales destinados a dichas
subvenciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002138
A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de Foro integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al cumplimiento
de la sentencia que considera ilegal la eliminación de los Fondos Mineros, para su debate en esta Comisión.
Exposición de motivos
El pasado día 28 de octubre de 2013 el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 4 dictó una sentencia que estima el recurso presentado por el Gobierno del Principado de Asturias, presidido por Francisco Alvarez-Cascos, al considerar
ilegal la eliminación de los Fondos Mineros destinados a infraestructuras realizada por el Gobierno de España.
Dicha medida se adoptó el 30 de diciembre de 2011, en el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy, mediante un acuerdo de no disponibilidad de créditos en los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados para el ejercicio 2012,
con la pretensión de corregir el déficit público, necesidad de reducir el gasto y cumplir con los objetivos del Programa de Estabilidad.
La decisión implicó un recorte en el gasto por una cuantía global de 8.900 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2011, prorrogados para el ejercicio 2012, distribuido por Ministerios, recorte presupuestario que
incluyó entre otras medidas la eliminación de las subvenciones para infraestructuras de los Convenios de los Planes de la Minería del Carbón, cuya gestión realiza el Ministerio de Industria a través de los correspondientes convenios suscritos con
las Administraciones competentes.
Desde el primer momento, Foro mantuvo siempre una postura rotunda de rechazo al mismo, no solo por suponer un golpe negativo para los intereses, perspectivas y desarrollo económico del Principado de Asturias en su conjunto, puesto que
suponía el traslado a nuestra Comunidad del coste de los contratos de obras suscritos y en ejecución en virtud de Convenios, sino también por ser contraria a la lealtad institucional y a la solidaridad y a la distribución equitativa de la renta
regional en España, al conllevar a un reparto injusto de los sacrificios económicos entre Comunidades Autónomas y resultar a todas luces ilegal desde la perspectiva de las leyes de presupuestos y de la ley general de subvenciones.
La sentencia ahora dictada, además de considerar que los Convenios de Fondos Mineros son Convenios interadministrativos de colaboración y, al mismo tiempo, una forma de subvención al financiarse a través de los mismos actuaciones
específicas, por lo que también se les aplica la regulación de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, tienen carácter negocial, puntualizando también que los acuerdos de contención del gasto público y consolidación fiscal (aquellos con los que el
Gobierno pretendía eliminar y no transferir los Fondos Mineros), no suponen una imposibilidad económica sobrevenida para el pago de las subvenciones concedidas.
En este sentido, el anterior Gobierno del Principado, presidido por Francisco Álvarez-Cascos, inició las actuaciones jurídicas precisas para impedir la anulación ilegal de los convenios de los 'Fondos Mineros', cuyas argumentaciones
básicamente son compartidas por la sentencia que ahora se dicta.
Los argumentos esgrimidos por el Gobierno del Principado en el requerimiento previo en vía administrativa no contestado por el Estado, son aceptados en la sentencia dejando sin soporte jurídico el criterio utilizado por el Gobierno de la
nación para eliminar los fondos mineros, que tiene la oportunidad, ahora, de no alargar la situación que esta injusta decisión supondría para el conjunto de Asturias, no apelando la sentencia.
Son muchos los municipios asturianos afectados por los proyectos de Fondos Mineros que se hubieran perdido en la totalidad de las cuantías de los proyectos relativos a las ayudas para las infraestructuras de las comarcas mineras asturianas.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
Primero. Que se aquiete frente a la sentencia número 341/13, de 28 de octubre, dictada por el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 4 en el procedimiento ordinario 45/2012, no interponiendo recurso de apelación frente a la misma
al considerar tal pronunciamiento judicial ajustado a derecho, permitiendo, con ello, que adquiera firmeza la sentencia transcurrido el plazo de quince días desde su notificación, tal y como se establece en el artículo 85.1 LJCA.
Segundo. Que, una vez adquirida firmeza la sentencia indicada en el apartado anterior, se proceda a su inmediata ejecución conforme a lo expuesto en el fundamento de derecho undécimo y en el fallo de la sentencia, procediendo, en
consecuencia, el órgano competente de la Administración del Estado a tramitar el correspondiente procedimiento administrativo en cada uno de los convenios objeto de recurso en los que, previa audiencia de las Administraciones interesadas, se
determinen las cantidades adeudadas de acuerdo con los razonamientos de la sentencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2013.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la paralización urgente de la plataforma de inyección de gas
conocida como 'Proyecto Castor', para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
El proyecto Castor, situado ante la costa de Castellón y Tarragona, y en aguas territoriales españolas del Mar Mediterráneo es un depósito submarino propiedad de la empresa Escal UGS. Está formado por tres grandes infraestructuras marinas:
una planta marina delante de la costa que aprovecha un yacimiento petrolífero agotado a 1750 metros de profundidad, un gasoducto de 30 km (22 de los cuales están en subsuelo marino y 8 por terrestre) al lado del río Sènia y una planta de operaciones
terrestre situada en Vinaròs y muy próximas a los municipios de Alvanar y Ulldecona.
Creado, según los estudios previos, para complementar la red española de almacenamiento y distribución de gas natural. Tiene capacidad para almacenar un máximo de 1.900 millones de metros cúbicos de gas
natural, suficiente por suministrar el equivalente a 50 días de consumo en España. El proyecto empezó sus operaciones en mayo de 2012, dando inicio el 10 de abril a la primera inyección de gas.
Desde mediados de septiembre de 2013 se han producido cientos de terremotos, en la zona donde el proyecto Castor estaba inyectando gas. El 1 de octubre se produjo un seísmo de 4,2 grados, causando gran alarma a las poblaciones próximas al
depósito y percibido en poblaciones de más de 100 km tierra adentro (Alcanar, Benicarló, Las Casas de Alcanar, Cervera del Maestre, Cálig , Peníscola , San Carlos de la Rápita y Vinaròs).
Según la empresa, los trabajos de inyección de gas fueron paralizados el 16 de septiembre después de los primeros temblores y la empresa Escal UGS reconoció que los terremotos podían estar vinculados con el proyecto Castor.
Este proyecto contó con la resistencia de ayuntamientos y sociedad civil de los territorios afectados y con informes que alertaban del riesgo sísmico dada la proximidad de la falla de Amposta, como los del Observatorio del Ebro o el
Instituto Geológico Minero así como la exigencia de requerimientos de la Generalitat de Catalunya que no se atendieron.
Por otro lado, el Gobierno valenciano no hizo ninguna advertencia ni aconsejó sobre la necesidad de realizar estudios sísmicos cuando fue consultado por el Ministerio de Medio Ambiente en el proceso de autorización ambiental del almacén de
gas Castor frente a la costa de Vinaròs, a pesar de ubicarse sobre una falla de 51 kilómetros y que colectivos de la zona si que habían trasladado su 'inseguridad' por el peligro de terremotos.
El 3 de octubre la Fiscalía de Castellón abrió una investigación de oficio para aclarar si el proyecto Castor está relacionado con los seísmos registrados en la zona durante estas semanas.
El ministerio trasladó el proyecto a cuatro direcciones generales (Calidad Ambiental, Medio Natural, Pesca y Patrimonio Cultural), pero sus informes se limitaron a señalar la existencia de espacios naturales, hábitats protegidos y afecciones
a la Red Naturaleza 2000, entre otras cuestiones. El presidente del Consejo, Alberto Fabra, afirmó recientemente, después de ser preguntado sobre el motivo de no recomendar un estudio sísmico en esta lase, que la Generalitat no participó en el
proceso y que fue 'potestad exclusiva' del Gobierno central.
En Ohio, Estados Unidos, se prohibió la inyección de gas en un almacén subterráneo después de que se provocara un seísmo de una intensidad más baja que la registrada en los terremotos del norte de Castellón. En este sentido, distintos
científicos norteamericanos han acreditado seísmos después de transcurridos 18 años de la inyección de hidrocarburos y según 'Geology' un seísmo de 5,7 de Richter en Oklahoma tenía su origen en un almacén subterráneo de gas.
Para nuestro Grupo Parlamentario, el proyecto Castor responde a una errática planificación en la política energética basada en un crecimiento ilimitado de la demanda que está favoreciendo el crecimiento de infraestructuras gasistas y compras
a futuros que no se corresponden con las necesidades reales como afirmó el propio Gobierno actual.
Se trata de un proyecto insostenible ecológica y económicamente que ha visto triplicar los costes presupuestados hasta 1.700 millones y que de entrar en funcionamiento aumentaría el déficit del sector gasista repercutiendo en la factura de
los consumidores.
Por su lado, la Comisión Nacional de la Energía ha cuestionado la gestión del proyecto y la arbitrariedad en la adjudicación de partidas alertando que los crecientes costes comprometían el interés general. El Real Decreto 855/2008 que
otorgó la concesión a Escal UGS incluyó una cláusula que daba todas las garantías a la empresa y que recurrió en mayo de 2012 el Ministerio de Industria Energía y Turismo por considerarla abusiva.
Recurso que el Tribunal Supremo ha desestimado una interpretación general en ese sentido, especifica que se podría anular la indemnización en función 'en definitiva, de la concreta causa que ha llevado al final de la concesión; de en qué
haya consistido la conducta dolosa o negligente de la empresa; de la gravedad o trascendencia de dicha conducta para la explotación y para las propias instalaciones que revierten al Estado'.
Además hay que tener en cuenta que el proyecto Castor fue seleccionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEl) y cofinanciado con 'Project Bonds' a pesar de la insostenibilidad del proyecto y el rechazo de gran parte de la gente del
territorio. Hasta ahora se han recogido unas 30.000 firmas pidiendo el cierre de la planta del Castor.
Nuestro Grupo Parlamentario ya cuestionó en su momento la falta de garantías del proceso de estudio de impacto ambiental, la falta de información y hemos rehusado este tipo de prácticas de almacenamiento
de gas así como otros similares de extracción como la fractura hidráulica. Este rechazo así como la preocupación por los efectos de este tipo de proyectos la compartimos con las organizaciones ecologistas y con las comunidades de afectados.
Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias para que, sin coste alguno para las arcas públicas, se proceda al cese permanente de la actividad de las tres infraestructuras que integran el proyecto Castor.
2. Establecer un plan y calendarizar el desmantelamiento del proyecto cumpliendo con todas las garantías ambientales y de seguridad incluyendo la restauración.
3. Utilizar todos los mecanismos técnicos y jurídicos a su alcance para esclarecer las causas que han llevado al fin de la concesión depurando responsabilidades e impulsar las acciones necesarias para que el coste no recaiga en las arcas
públicas.
4. Instar al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a investigar los procedimientos, costes y funcionamiento del proyecto y considerar la retirada de la inversión.
5. Instar a la Comisión Europea para que verifique el cumplimiento de la Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes del mercado interior.
6. Considerar los municipios de Vinaròs, Alcanar, Ulldecona, Sant Carlos de la Rápita, La Sènia y otros municipios afectados por los terremotos como parte interesada en el procedimiento para acceder a la información disponible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2013.-Laia Ortiz Castellví y Ricardo Sixto Iglesias, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al rechazo al establecimiento de cualquier acuerdo pesquero entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos que incluya directa o indirectamente en su ámbito de aplicación las aguas territoriales del Sáhara Occidental,
para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En el periodo 2007-2011 la Unión Europea tuvo suscrito con el Reino de Marruecos un Acuerdo Pesquero que tenía la particularidad de no delimitar los límites de las aguas territoriales sobre las que debía desplegar sus efectos.
Esta circunstancia fue aprovechada por Marruecos para, de manera torticera, extender de facto el ámbito geográfico de aplicación de este Acuerdo Pesquero con la UE más allá del límite de sus aguas territoriales y, en concreto, al sur del
paralelo 27° 40', donde se sitúa la frontera internacionalmente reconocida entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Semejante hecho supuso una fragrante vulneración del Derecho Internacional y una apropiación indebida por parte del Gobierno de Rabat
de los recursos pesqueros del Pueblo Saharaui, a la vez dañaba de manera inconfundible los fundamentos de la UE, basados en el respecto al Derecho Internacional.
No obstante lo anterior, el 14 de diciembre de 2011, el Parlamento Europeo, en una decisión histórica, vetó la prórroga del Acuerdo Pesquero Unión Europea-Marruecos, entre otras razones, por ser un
instrumento que daba carta de naturaleza a la ocupación ilegal del Sáhara Occidental y al saqueo de sus recursos pesqueros por parte de Marruecos.
Sin embargo, en la actualidad la Comisión Europea, alegando defender a la flota pesquera europea, cuando en realidad está actuando bajo presión del Gobierno de Mohamed VI y sus aliados está impulsando la firma de un nuevo Acuerdo Pesquero
con Marruecos. Y este Tratado Pesquero que ahora se impulsa de nuevo no fija los límites de las aguas territoriales del Reino de Marruecos sobre las que debe desplegar sus efectos, de nuevo extiende de facto su ámbito geográfico de aplicación más
allá del límite de las aguas territoriales de Marruecos, al sur del paralelo 27° 40', y de nuevo conlleva una flagrante vulneración del Derecho Internacional, el robo de los recursos pesqueros del Pueblo Saharaui, y el convertir a la Unión Europea
en cómplice de las pretensiones coloniales y anexionistas 'manu militari' de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
Ante estos hechos, para evitar que los intereses egoístas y cortoplacistas de unos pocos perjudiquen a los débiles, en concreto al Pueblo Saharaui, y sirvan de coartada a los fuertes, al Ocupante Marroquí, el Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Oponerse activamente y con todos los medios jurídicos, diplomáticos y políticos a su alcance a que la Unión Europea suscriba tratado alguno de pesca con el Reino de Marruecos en tanto el ámbito de aplicación geográfica del mismo no quede
expresamente circunscrito a las aguas territoriales internacionalmente reconocidas al Reino de Marruecos, y, en todo caso, excluya las aguas de la costa atlántica africana al sur del paralelo 27° 40'.
2. Propugnar y defender activamente que, en tanto no se complete el proceso de autodeterminación del Pueblo Saharaui en los términos establecidos por el Derecho Internacional, mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación
libre en el Sáhara Occidental, cualquier acuerdo pesquero que la Unión Europea pretenda suscribir para que despliegue sus efectos al sur del paralelo 27° 40' de la costa atlántica africana solo pueda ser suscrito por el Reino de España, en su
condición de Potencia Administradora 'de iure' del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental, y establezca expresamente que todos los beneficios económicos que el mismo genere reviertan íntegramente en la Población Saharaui, con la oportuna
supervisión del propio Reino de España y de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la drástica propuesta de la UE de reducir las cuotas pesqueras del jurel en un 40 % para el año 2014, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La Comisión Europea ha propuesto, para el próximo año, nada más y nada menos que un recorte del 40 % del total admisible de capturas (TAC) en el Caladero del Cantábrico Noroeste. Una reducción drástica en la pesca de una especie que los
mismos marineros dicen que sobre abunda en el mar.
El sector del cerco de Galicia no puede creerse el salvaje recorte del jurel, sobre todo porque en todas sus salidas al mar corroboran la gran cantidad de stock de esta especie que está por todas partes.
De seguir adelante la Comisión Europea con esta idea, supondría un duro golpe para el sector del cerco ya que vive fundamentalmente de la pesca del jurel, es una especie básica para su sostenimiento. Sin olvidar los recortes en otra de las
especies básicas de la flota de cerco, la caballa. Así que la
composición sería nefasta para estos pescadores, menos jurel (a pesar de su sobreabundancia) y las actuales reducciones que ya llevan tiempo soportando para la caballa.
Asimismo, no obviamos el tira y afloja que mantiene la UE con el sector pesquero que pesca merluza. Una especie sometida a un duro plan de ajuste desde 2004 en el Gran Sol pero actualmente hay tanta merluza que podría casi cogerse con las
manos. Sin embargo, y a pesar de las ingentes necesidades de los marineros gallegos, la UE sigue sin decidirse a aumentar las cuotas de pesca de la merluza.
Sorprende a los pescadores gallegos que la propuesta de recorte de la UE se plantee para las aguas que discurren de Fisterra hacia el norte, la zona VIIIc, mientras que hacia el sur, la zona IXa, la idea de la UE es la de aumentar en un 17 %
las cotas pesqueras.
La flota de cerco tiene una gran importancia en las zonas costeras gallegas porque dinamiza la economía de muchas poblaciones, fija población y crea empleo. Perder empleo y actividad en la actual situación económica es un lujo que este
Gobierno no se puede permitir dadas las altísimas tasas de paro.
Por eso, se hace urgente que el Gobierno español puje ante la UE para evitar otro paso atrás en materia de pesca puesto que en los últimos tiempos se contabilizan demasiados retrocesos en el ámbito de la pesca por las continuas limitaciones
que impone la UE, que parece empeñada en acabar con un sector productivo estratégico en Galicia.
El BNG no habla a la ligera, a los hechos nos remitimos porque la UE y el Estado español destinan más fondos a la destrucción de flota, al desguace, que a garantizar un futuro seguro.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Realizar todas las actuaciones y gestiones posibles para evitar que se apruebe la propuesta de la Comisión Europea de reducir drásticamente las cuotas de pesca del jurel, en un 40 %, para el próximo año 2014, propuesta que de salir
adelante supondría un duro golpe para el sector pesquero de cerco.
- Trabajar intensivamente ante la UE para que se aumenten los TAC del jurel y de caballa dada la sobreabundancia de stock de estas especies, algo comprobable en cada salida al mar.
- Apoyar a la flota de cerco, así como otras muchas flotas artesanales que son básicas en la dinamización económica de zonas costeras de Galicia y de otras partes del estado, que crean empleo y fijan población en poblaciones de la costa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2013.-M.a Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la vigilancia de la Comisión Europea en relación a la necesidad de revisar las importaciones de tomate desde el Reino de Marruecos en los últimos años, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Exposición de motivos
El día 7 de abril de 2011 la Comisión Europea defendió ante el Pleno del Parlamento Europeo que no existe 'fraude ni fracaso sistemático' en el sistema de control que se aplica a la entrada de tomate marroquí al mercado comunitario, tesis
que choca con las críticas y denuncias que vienen haciendo muchos agricultores europeos, sobre todo los españoles.
En el mismo debate, impulsado por la Federación Española de Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas (FEPEX), los eurodiputados exigieron a la Comisión Europea que tomara las medidas pertinentes para frenar las 'irregularidades'
en el cálculo de los aranceles al tomate marroquí que consideraban sí se estaban produciendo.
FEPEX denunciaba por su parte unas prácticas abusivas más que perjudiciales para los productores europeos. La argumentación de la Federación Española se basaba en que en numerosas ocasiones, pese a que los cupos de importación eran
sobrepasados o el precio del tomate importado estaba por debajo de lo establecido por la normativa agrícola, no se aplicaban las medidas arancelarias recogidas en los acuerdos comerciales con el Reino de Marruecos. Una situación que la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ya había señalado como recurrente en diferentes ocasiones.
Ante esta situación el comisario de Relaciones Interinstitucionales, Meros Sefcovic, aseguró que lo tratado en el informe era un caso 'aislado' y que se habían tomado las medidas necesarias para enmendarlo. A pesar de ello, dichos sucesos
han vuelto a repetirse según las asociaciones de productores y exportadores de frutas.
En noviembre de 2011 FEPEX denunció de nuevo la caída de los precios en los mercados comunitarios como consecuencia de las exportaciones de tomate procedente del Reino de Marruecos. Según esta organización, Marruecos tenía la capacidad de
exportar 185.000 toneladas de tomate y otras 28.000 toneladas complementarias de tomate con aranceles reducidos entre los meses de octubre y mayo según lo recogido en el acuerdo comercial entonces vigente.
Para el mes de octubre de 2011, el techo de exportaciones de tomate por parte del Reino alauí estaba estipulado en 10.600 toneladas; alcanzándose, según datos recogidos por el sector, una cifra superior que alcanzaba las 14.000 toneladas en
el mercado de Perpignan. Aumentando dicha cifra para el total de la Unión Europea en 23.335 toneladas. Un exceso de exportaciones de tomate por parte del Reino de Marruecos que superaría en un 120 % a lo establecido en el Acuerdo de Asociación.
En noviembre de 2011 las exportaciones de tomate procedentes del Reino de Marruecos a la Unión Europea se han situado en 38.000 toneladas, según el servicio de vigilancia aduanera de la Comisión Europea, lo que supone que habían superado el
contingente previsto para este mes en un 37 %. Las asociaciones de productores y exportadores de frutas también denuncian que los precios a los que Marruecos vende el tomate han caído a 0,41 euros/kilo, frente a los 0,46 euros/kilo estipulados en
el Acuerdo de Asociación. Esta venta de frutas y verduras por debajo del precio estipulado en el Acuerdo de Asociación también se dio en otros productos como el calabacín, cuyo precio de venta estipulado era de 0,42 euros/kilo para el que se
detectaron en 2011 precios de venta de 0,34 euros/kilo.
Apenas un mes después de estas incidencias, diciembre de 2011, trascendió que Marruecos había conseguido introducir 120.000 toneladas de tomate a través de Francia pese a tener autorizado un contingente de 35.000 toneladas. Pese a ello la
Comisión Europea mantuvo la misma actitud pasiva.
En diciembre de 2012, el Congreso de los Diputados debatió una Proposición no de Ley sobre las medidas a tomar ante la entrada en vigor del nuevo protocolo agrícola del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos (expediente 161/000480). En la
misma, además de alertar de que el nuevo protocolo deja en manos de los Estados miembros el control de precios de entrada y el control de contingentes señala que 'la Comisión se debe responsabilizar de su correcto funcionamiento, así como del cabal
cumplimiento de los términos del acuerdo, con especial interés en la percepción de los derechos de liquidación y gravamen cuando los precios de entrada reales se sitúen por debajo de los precios de entrada establecidos en el acuerdo'. Dicha
Proposición no de Ley se aprobó con modificaciones en los siguientes términos:
'1.° El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar la labor realizada ante la UE para asegurar:
a) El establecimiento de un sistema eficaz de seguimiento de los controles aduaneros que garantice que las cantidades previstas en el Protocolo Agrícola susceptibles de beneficios arancelarios preferentes, establecidos por el contingente no
son rebasados en ningún caso. Este sistema contemplará la puesta en marcha de un intercambio de información que dé transparencia al cumplimiento de dichos contingentes.
b) El cumplimiento, control e inspección de la trazabilidad de los productos, así como de los estándares fitosanitarios que garanticen la seguridad alimentaria que se exigen en las producciones europeas.
c) La elaboración en la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC), de una regulación de precios de entrada, que garantice su estricta aplicación.
d) La realización de un seguimiento permanente del impacto de las consecuencias del acuerdo sobre los Mercados Comunitarios y sobre las rentas del sector hortofrutícola europeo, procediendo, en el caso de que se constaten perjuicios como
consecuencia del acuerdo, a la puesta en marcha de medidas
de apoyo a los productores españoles que se vean afectados negativamente por él mismo, que sirvan para compensar y mejorar su competitividad.
2.° De la misma manera, también se insta al Gobierno a:
a) Ayudar al sector productor en España a nuevas inversiones que mejoren su competitividad mediante:
- La incentivación de la concentración de la oferta en origen, favoreciendo la fusión de cooperativas.
- La modernización y ampliación de las instalaciones.
- La promoción de actuaciones de I+D+I encaminadas a nuevos productos, nuevas técnicas productivas y ahorros energéticos y de inversiones en el ámbito de la reciente resolución de 6 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de I+D+I.
b) Mantener un permanente contacto con el Gobierno francés sobre los mecanismos y aplicación de control aduanero y su directa implicación en el buen cumplimiento del Protocolo.
c) Mantener contactos con el sector productor español en Marruecos para evaluar información sobre el cumplimiento del Protocolo y la evolución del tomate marroquí en los mercados comunitarios.
d) Colaborar con el gobierno marroquí a los efectos de control de los productos exportados a la UE, así como su implicación para el mejor desarrollo de los intercambios de los productos contemplados en el Protocolo.'
Según datos facilitados por el observatorio de precios de la Junta de Andalucía, del 1 al 27 de noviembre de 2012 se produjo un descenso en el precio del tomate que lo situaba por debajo del precio mínimo establecido. En concreto, el 1 de
noviembre se registró un precio de 45,30 /100 kg, valor que descendió progresivamente hasta el 7 de noviembre, donde la cotización alcanzó el valor más bajo del período, 36 /100 kg. Este proceso a la baja se repitió en las semanas ulteriores,
siendo sólo a partir del martes 27 cuando el precio sube. El precio medio de entrada del tomate marroquí en la UE establecido en el Acuerdo de Asociación entre la UF y Marruecos es de 46,1 /100 kg,
Estos datos reflejan una situación de falta de vigilancia de las autoridades comunitarias en relación con los contingentes y precios de importación de tomate y otros productos desde terceros países, es sistemática y reiterada. Una práctica
que ha generado un perjuicio a las arcas comunitarias por aranceles no cobrados por un lado y un daño por lucro cesante a los agricultores españoles y comunitarios en general por otro.
Por todo lo anterior se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Trasladar a las autoridades comunitarias la necesidad de revisar las importaciones de los últimos años a fin de evaluar si en ellas se ha producido una pérdida a las arcas comunitarias.
2. En base a los datos anteriores evaluar las pérdidas tanto a la economía española como a la de los propios agricultores.
3. Comunicar a esta Cámara en qué situación se encuentra el acuerdo aprobado en la PNL (expediente 161/000480) sobre 'la realización de un seguimiento permanente del impacto de las consecuencias del acuerdo sobre los mercados comunitarios y
sobre las rentas del sector hortofrutícola europeo'.
4. Solicitar a las autoridades comunitarias que el dinero obtenido por la evaluación y cobro de aranceles no pagados, revierta sobre la agricultura europea de forma que los agricultores sean resarcidos por los daños que la falta de
vigilancia comunitaria ha derivado en sus explotaciones.
5. Reclamar a las autoridades comunitarias un cambio de legislación que impida la importación de productos alimenticios un 30 % por debajo de los precios de producción comunitarios.
6. Reclamar de las autoridades comunitarias información cabal sobre el cumplimiento de los acuerdos con otras áreas comerciales para verificar si en todos los acuerdos se están produciendo incumplimientos de este tipo o es sólo y
particularmente en este caso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley relativa a la reforma de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La exposición de motivos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, pone especial énfasis en la necesidad de coordinación de las diferentes Administraciones en la prevención y combate de los incendios. El artículo 44 otorga a la
Administración General del Estado, junto con las Comunidades Autónomas organizar coordinadamente programas específicos de prevención de incendios forestales.
En el artículo 30 de este mismo documento, se insta a la creación de un Plan Forestal Español como instrumento de planificación a largo plazo de la política forestal española, desarrollando la estrategia forestal española. Este documento
que fue aprobado en 3 de julio de 2002 por el Consejo de Ministros, da gran importancia a la prevención de los incendios mediante el fomento del asociacionismo para la intensificación de la selvicultura preventiva tanto en montes públicos como
privados. Uno de los objetivos de este plan es el impulso a la gestión sostenible de los montes españoles mediante el fomento de la ordenación y la selvicultura, y sostiene en su diagnóstico que la selvicultura es un método tradicional que ha ido
dirigido a la mejora de producción maderera, aunque en los últimos años también se ha orientado a la prevención de incendios, o con fines fitosanitarios.
Además identifica como una de las causas del aumento de los incendios forestales en los últimos tiempos la falta de programas de selvicultura preventiva con dotaciones económicas suficientes para la actuar sobre la acumulación de
combustibles. Estos combustibles influyen de forma directa en la extensión que puedan adquirir las superficies quemadas.
Según los expertos, los medios de extinción de incendios han llegado a un nivel de desarrollo muy elevado, y la productividad marginal de la inversión destinada a medios de extinción de los mismos es muy reducida. El aumento de presupuesto
y medios destinados a este fin no producen mejoras cualitativas en la reducción de superficie quemada. Por ello se recomienda fomentar las acciones de prevención para reducir la incidencia de los incendios en las zonas forestales.
La prevención de los incendios debe desarrollar estrategias desde un punto de vista de gestión forestal sostenible. A raíz de la crisis económica, los entornos forestales, tanto públicos como privados se han visto abocados al abandono por
la no rentabilidad de las explotaciones forestales, acumulando grandes masas forestales que no han sido controladas y por ello son más susceptibles a los incendios. Es imprescindible aumentar los esfuerzos en las labores preventivas que contribuyan
a disminuir los riesgos y facilitar los medios de extinción. En distintos foros, tanto nacionales como internacionales resaltan la importancia de la integración de actividades planificadas de pastoreo en la prevención de incendios, que ya viene
aplicándose en algunas Comunidades Autónomas. El pastoreo controlado en áreas pasto-cortafuegos, constituye una herramienta agraria sostenible, en la cual el ganado contribuye a reducir los riesgos de incendios. Los cortafuegos son herramientas
lineales donde se erradica total o parcialmente la masa forestal, y tanto su realización como su mantenimiento tienen un elevado coste para la Administración. Son labores costosas y extensas que no se pueden realizar en todo el territorio.
En el pastoreo controlado el ganado realiza una labor continua a lo largo del año, que bajo la supervisión del pastor consigue la reducción de pasto y matorral en las infraestructuras contra incendios. El empleo de ganado con objeto de
prevenir incendios produce grandes beneficios cuando se utiliza de forma correcta. El pastoreo en el monte es un gran aliado dado que reduce la concentración de combustible vegetal del sotobosque, por ello es determinante evitar que se pierda este
tipo de actividades a través de la implementación de ayudas que permitan que sea rentable, buscar canales para el incremento de la comercialización de los productos y fomentar el asociacionismo con el objeto de fomentar el pastoreo controlado.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el plazo de seis meses un proyecto de Ley de modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, para que aplique con efectividad
varios principios de su artículo tercero, en concreto los apartados a, b, d, e, f y h, incorporando una regulación que fomente la sostenibilidad económica del aprovechamiento forestal del pastizal y la hagan compatible con los requerimientos
agroambientales y aspectos de conservación del medio, prevención de incendios y mantenimiento de determinados hábitats.
2. En virtud del artículo 149/3 de la Constitución Española, corresponde al Estado la competencia de la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer
normas adicionales de protección, por lo que se insta al Gobierno a que cree un Plan que recoja en coordinación con las Administraciones Autonómicas la selección de zonas aptas para el desarrollo de la selvicultura, la contratación de pastores y el
seguimiento y evaluación de las zonas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las Diputadas doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG) y doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a la adopción de medidas para que los delitos ecológicos como el del 'Prestige' no queden impunes, para su debate en Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La catástrofe del petrolero 'Prestige' que tiñó de chapapote negro las costas da Galicia el 13 de noviembre de 2002, demostró las flaquezas en materia de seguridad del tráfico marítimo y la precariedad de medios para la lucha contra la
contaminación marina en el corredor de Fisterra, uno de los que mayor tráfico registra.
A pesar de que han transcurrido once años, y a pesar de la gravedad de los hechos, podríamos afirmar que nada se ha avanzado. Un delito ecológico de esas dimensiones ni siquiera es objeto de una sentencia ejemplar por parte de la justicia.
No hay castigo para los autores de una de las mayores mareas negras ni tampoco existen las responsabilidades políticas por la errática e ineficaz gestión de un accidente marítimo que se agravó por las decisiones adoptadas desde el Gobierno central y
desde la Xunta de Galicia.
En los últimos 43 años se contabilizaron cuatro siniestros marítimos frente al litoral de Galicia, uno de los más afectados del mundo por la contaminación derivada de vertidos de hidrocarburos. Recordamos en este sentido al 'Polycommander',
'Urquiola', 'Aegean Sea' y el 'Prestige', sin olvidar el accidente del 'Casón' y del 'Erkowitz' que también provocaron una gran afectación por vertidos de productos altamente contaminantes.
Lejos de progresar por un camino en el que el delito ecológico grave, como es el caso del 'Prestige', se castigue con una sentencia ejemplar, resulta que transitamos por el camino a la inversa: la catástrofe del 'Prestige' no tiene ningún
coste, sale prácticamente gratis, salvo a los gallegos y gallegas, y a toda la marea humana de voluntarios que se implicaron activamente en la limpieza de la costas y de los arenales.
Uno de los muchos fallos en la gestión del 'Prestige' fue la enorme descoordinación entre administraciones implicadas. Y el hecho de adoptar decisiones desde lugares alejados de Galicia, desde Madrid. El EING durante muchos años hasta la
creación de la Subcomisión sobre la catástrofe del 'Prestige' en el Congreso, demandó la transferencia de la gestión en salvamento marítimo, del control e inspección de barcos que transitan por el dispositivo de separación de Fisterra y de los
medios para la lucha contra la contaminación marina.
Esta reivindicación no fue fruto del capricho, fue producto de una mala experiencia, de la observancia de lo acontecido durante la crisis del 'Prestige': la total falta de coordinación para hacer frente a la mayor
marea negra que se recuerde. Galicia posee miles de kilómetros de costa, es la Xunta la que debería tener las competencias para poder controlar los buques que recalan a sus puertos o van de tránsito.
El paso de estos once años deberían haber servido para aprender y tomar nota. Poco se ha hecho en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina. Después de una catástrofe de estas características, podría afirmarse
que si volviese a ocurrir no se contaría con muchos más medios. Galicia seguiría desprotegida, al albur de decisiones que se adoptan a miles de kilómetros de la costa gallega y sin apenas criterio.
La sentencia sobre el 'Prestige' ha resultado ser una decepción. Es una sentencia que no sólo premia el delito ecológico sino que sus responsables quedan impunes. Incluso permite al Gobierno central vanagloriarse de una actuación
cuestionada desde todos los ámbitos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Transferir a la Xunta de Galicia las competencias en materia de seguridad marítima, tanto normativas como de ejecución que incluyan el control y la inspección de barcos, a fin de aplicar una política preventiva propia en relación al
transporte marítimo de mercancías peligrosas.
- Traspasar a la Xunta de Galicia las competencias en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina.
- Endurecer la legislación existente en materia de comisión de delito ecológico a fin de evitar que una catástrofe como la del 'Prestige' pueda saldarse sin indemnización económica alguna.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2013.-Rosana Pérez Fernández y M.a Olaia Fernández Davila, Diputadas.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la modernización de infraestructuras y cumplimiento del acuerdo de
cesión de Alarcón, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Las obras de modernización de los regadíos tradicionales del Júcar integrados en la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) deben mantener la mayor prioridad y urgencia en el nuevo Plan Hidrológico del Júcar, tal y como se establece en
el plan vigente. Esta prioridad se justifica en la necesidad de generar nuevos recursos en un sistema deficitario, como es el Júcar, donde no se cumplen las garantías si se atienden todas las asignaciones previstas.
Es inadmisible que se pretenda acometer con la misma prioridad actuaciones encaminadas a consumir más recursos. Primero hay que generar el recurso y después incorporar nuevos usos.
El Convenio del Embalse de Alarcón de 23 de julio de 2001 prevé como contraprestación a la entrega del Embalse para la gestión optimizada del sistema Alarcón-Contreras-Tous la ejecución inmediata de las obras de modernización de los regadíos
integrados en USUJ.
Tanto la Administración General del Estado como la Administración Autonómica son competentes en la ejecución de las obras de modernización de los regadíos tradicionales del Júcar, así lo han reconocido reiteradamente y las han declarado como
actuaciones básicas, prioritarias y urgentes. Esta prioridad, para que no sea una mera declaración de intenciones, debe hacerse efectiva en los Presupuestos de ambas administraciones.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas, para:
1. Incluir en la normativa del nuevo Plan Hidrológico del Júcar la mayor prioridad y urgencia de la modernización de los regadíos integrados en la USUJ.
2. Incluir dentro del programa de medidas las inversiones necesarias para la terminación de la Modernización de los Regadíos Tradicionales del Júcar con la mayor prioridad y urgencia. Para ello inicialmente se deberá contar con unas
inversiones de 20'91 millones de en los Presupuestos Generales del Estado de 2014, 25 millones de en los de 2015 y completar la modernización en el periodo 2016-2021.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas urgentísimas para garantizar un tratamiento adecuado a los
reclusos enfermos de hepatitis C, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La situación sanitaria de los reclusos en prisiones españolas está sufriendo un preocupante deterioro desde que Instituciones Penitenciarias (IIPP) ha restringido radicalmente los nuevos tratamientos de la hepatitis C por falta de
disponibilidad presupuestaria desde hace un año y medio. Como es sabido la prevalencia de esta patología en prisiones es altísima, afectando a cerca de un 40% de los internos, muchos de ellos infectados también de VIH.
Bien es cierto que un ínfimo número de ellos son beneficiarios de un tratamiento relativamente nuevo, la triple terapia (Telaprevir o Boceprevir+Interferón pegilado+Ribavirina); en concreto es el tratamiento de elección en la hepatopatía
crónica avanzada por VHC genotipo I, en estados precirróticos, y que de no tratarse evolucionaría inevitablemente a cirrosis franca u otras complicaciones como el hepatocarcinoma y por tanto a la muerte en más de la mitad de los casos. El problema
es que la medicación correspondiente a este tratamiento es cara.
El argumentario de IIPP para justificar esta carencia ha ido cambiando en este tiempo; de decir francamente que no podían dar el tratamiento porque no tenían dinero y que en todo caso iban a establecer unos cupos priorizando casos, a
escamotear el tratamiento a los pacientes coinfectados de VIH porque, supuestamente, se salían de las recomendaciones de la Agencia Española del Medicamento, hasta llegar a la situación actual donde suministran el tratamiento pero sólo en Madrid y
en el Hospital Gregorio Marañón. Al parecer la razón es que en el Gregorio Marañón hay ensayos clínicos en marcha con estos fármacos y por tanto el tratamiento le saldría gratis a IIPP (los pone la farmaindustria). De esta forma se establece un
triple cuello de botella:
- Los presos tienen que aceptar su traslado a una prisión de Madrid para 'ponerse en espera' y entrar en el ensayo clínico, con lo que muchos internos renuncian antes de empezar.
- La entrada en los ensayos clínicos supone un goteo lento de presos beneficiarios de este tratamiento: hasta ahora sólo tres según la propia IIPP, pese a que muchos no pueden esperar meses para ser tratados porque en ese tiempo pueden
desarrollar la cirrosis, en cuyo caso, el tratamiento ya no estaría indicado.
- Este tratamiento en el Gregorio Marañón se está haciendo con ingreso, posiblemente debido a las condiciones del ensayo clínico, y en la Unidad de Custodia Hospitalaria sólo hay un número muy reducido de camas.
Con el método descrito, se trataría de reducir al mínimo el número de internos que recibirían el tratamiento y producir el ahorro económico pretendido aún a costa de poner en grave peligro la vida de cientos de personas.
La alternativa que defiende el Defensor del Pueblo andaluz es que se les suministre la medicación en condiciones equivalentes al resto de la población, como dice la Ley y el Reglamento penitenciario (artículo 208.1), es decir en su sitio de
origen, en su hospital de referencia, de forma ambulatoria y sin más esperas ni dilaciones. En Andalucía y en general en el Sistema Nacional de Sanidad, al común de los ciudadanos se está suministrando esta medicación sin cortapisas, sin listas de
espera y de forma ambulatoria. De hecho lo que se está intentando en muchos casos para que el preso reciba un tratamiento que no puede esperar es pedir su excarcelación para poder ser tratado como un ciudadano normal.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar medidas urgentes para garantizar un tratamiento adecuado a los reclusos enfermos de hepatitis C y, muy especialmente, a los coinfectados de VIH
2. Estudiar la puesta en práctica de la alternativa preconizada por el Defensor del Pueblo Andaluz: Que se les suministre la medicación en condiciones equivalentes al resto de la población, como dice la Ley y el Reglamento penitenciario
(artículo 208.1), es decir, en su sitio de origen, en su hospital de referencia, de forma ambulatoria y sin más esperas ni dilaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de apoyo a la erradicación del Virus de Inmunodeficiencia
Humana o VIH, a través de un Proyecto de Ley Integral de acción contra el VIH/Sida, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, ONUSIDA, desde el año 1981, año de inicio de la epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana o VIH, se han infectado en todo el mundo 65 millones de personas, y se estima
que cada año contraen el virus entre 2 y 3 millones de personas más.
En España se estima que cada año contraen el virus entre 3.500 y 4.000 personas, afectando ya a un total de 150.000 personas. De los nuevos diagnósticos, un 45% son tardíos, lo que complica no sólo la puesta en marcha del protocolo
sanitario sino la recuperación de la propia persona. En la actualidad, se producen anualmente más de 1.000 muertes a lo largo de todo el Estado español por enfermedades asociadas al Sida. Además, unas 50.000 personas que han contraído el virus
desconoce que lo tiene, suponiendo un tercio del total, lo que aumenta las posibilidades de infección a terceras personas, siendo de hecho este desconocimiento el causante de más del 70 % de las nuevas transmisiones.
Es una demanda reconocida por toda la comunidad internacional el importante papel de los poderes políticos nacionales e internacionales a la hora de poner freno a este drama global. La incapacidad de administrar tratamiento antirretroviral
contra el VIH/Sida a los millones de personas que lo necesitan a lo largo del mundo constituye desde hace ya demasiados años una emergencia sanitaria mundial que debe ser resuelta con la mayor brevedad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que de estos 46 millones de personas infectadas actualmente por el VIH, 6 millones de ellas necesitan urgentemente ser tratadas con medicación antirretrovírica, habida cuenta del avanzado
estado de su enfermedad. Situación en la que en nuestro país se encuentran más de 10.000 personas a día de hoy.
Por su parte, la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa ha manifestado que los recortes presupuestarios que se están llevando a cabo a nivel comunitario no deben afectar a los programas preventivos o de
tratamiento precoz de las enfermedades infecciosas ya que, de lo contrario, dichas políticas repercutirán en un aumento de casos de infecciones como el VIH.
Por desgracia, en nuestro país, el Gobierno del Partido Popular sigue alejándose del compromiso adquirido con los objetivos de ONUSIDA, OMS, OIT y UNGASS para el periodo 2011-2015. Dicha estrategia no pretende más que seguir progresando a
nivel mundial en el camino hacia los objetivos de acceso universal a los servicios de prevención, atención y apoyo relacionados con el VIH, así como para detener y reducir la propagación del virus.
Actualmente, parece que el Gobierno del Partido Popular no es todavía consciente de la magnitud del problema, y prefiere mirar hacia otro lado a la hora de tomar medidas verdaderamente contundentes siempre y cuando estas afecten
positivamente a la ciudadanía. ¿Cómo sino podría explicarse un recorte presupuestario del 80% en el Plan Nacional sobre el Sida en sólo dos años? ¿Cómo puede el Ejecutivo explicar que en 2013 las entidades encargadas de la prevención y seguimiento
de la población con VIH cuenten con un presupuesto total de 1 millón de euros, cuando dos años antes, en 2011, el presupuesto era de 4,5 millones?
O dicho de otra manera: ¿Cómo se pueden cumplir con los compromisos adquiridos nacional e internacionalmente mermando la capacidad de respuesta de las organizaciones que trabajan en la prevención y el apoyo a las personas afectadas por el
VIH? No se nos ocurre más respuesta que el desinterés y la falta de voluntad política.
Recordamos la perversa y cínica situación que se vive en nuestro país desde que se dificultó el acceso universal al tratamiento por VIH, pero no así la prueba de diagnóstico de la infección. Desde la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012,
en materia sanitaria, y a partir de su puesta en vigor el 31 de agosto de 2012, la población inmigrante en situación irregular queda fuera del Sistema Nacional de Salud (SNS). Con lo que desde hace más de un año, dichas personas pueden hacerse la
prueba de diagnóstico pero no seguir un tratamiento en caso de dar positivo en dicha prueba. Esta situación, además de la desatención sanitaria de miles de personas, supone de manera inevitable y obvia una pérdida de control sobre la evolución de
la infección y un incremento del número de transmisiones.
Unida a la anterior, el copago sanitario impuesto por el Gobierno es otra de las medidas que atentan contra la salud de las personas con VIH, puesto que supone dificultar el acceso a los fármacos de dispensación hospitalaria y productos
sanitarios básicos a las personas con menos recursos económicos, si no la privación completa del servicio.
Estas medidas suponen un retroceso de 20 años respecto a todos los avances legales y sociales alcanzados mediante la incesante movilización social, la presión y el esfuerzo de miles y miles de activistas, asociaciones, organismos,
Administraciones públicas y otros agentes sociales involucrados en la erradicación de esta pandemia. Es por ello que se hace más que necesario el establecimiento de nuevas políticas que aseguren una estrategia clara ante esta alarmante situación, o
nos enfrentaremos en los próximos años a consecuencias socio-sanitarias sin precedentes.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. El cumplimiento de los compromisos económicos y de cooperación adquiridos en los acuerdos internacionales en el ámbito de VIH y Sida ante organismos como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), la Sección
Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Parlamento Europeo (PE) para alcanzar el llamado Objetivo Cero: cero nuevas infección por el VIH, cero discriminaciones y cero muertes
relacionadas con el Sida.
2. El cumplimiento de los objetivos y compromisos de acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo para el VIH suscritos en la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de 2011.
3. Fortalecer y reafirmar la presencia en el Fondo Global para la lucha contra el Sida, así como en la iniciativa Internacional para la Vacuna del Sida (IAVI).
4. Propiciar y participar en la construcción y apoyar un marco mundial de innovación médica que asegure el acceso y la disponibilidad de medicamentos y herramientas de salud del VIH/Sida para los
ciudadanos de todos los países, proponiendo un modelo que elimine las barreras actuales de acceso y promoviendo una I+D en salud que beneficie la salud de todas las personas.
5. Incrementar el apoyo a los trabajos de I+D sobre nuevos medicamentos y herramientas de salud del VIH/Sida que se llevan a cabo en centros de investigación y desarrollo en cualquier punto del Estado español, sin discriminación geográfica
alguna.
6. Incrementar la partida presupuestaria y asegurar la transparencia en los criterios de concesión a las entidades responsables.
7. Garantizar el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para todas las personas, por tanto, sin exclusión de las personas refugiadas e inmigrantes no regularizadas, no sólo por
motivos solidarios y de justicia social, sino también de salud pública, especialmente evidente en el caso de la infección por VIH, ya que estos colectivos suponen una parte relevante de los nuevos diagnósticos. En general, se deberá promover y
facilitar el acceso a la prueba del VIH de forma anónima, confidencial y gratuita a toda la población que desee conocer su estado serológico. Igualmente, se promoverá el diagnostico precoz y hacer de la prueba del VIH una acción para el trabajo
efectivo en la prevención del VIH ofreciendo consejo asistido previo al resultado y tras el mismo.
8. Ofrecer un posicionamiento favorable en relación al Pacto Social por la No Discriminación asociada al VIH/Sida, así como favorecer todos los marcos de diálogo que dicho pacto necesite para su aplicación.
9. Adecuar la catalogación de la infección por VIH como enfermedad infecto-transmisible en lugar de enfermedad infecto-contagiosa, denominación esta última que carece de rigor científico y cuyas consecuencias se viene observando que derivan
en situaciones gravemente discriminatorias para las personas que viven con VIH, en especial en el acceso a bienes y servicios. Esta modificación ha de ser incorporada a la legislación y normativa vigente en materia de acceso a bienes y servicios
por medio de las modificaciones pertinentes al respecto.
10. Reforzar la Secretaría del Plan Nacional del Sida (SPNS), como organismo coordinador de la respuesta española al VIH, así como la participación y coordinación con las ONGs de lucha contra el VIH y atención a las personas que viven con
VIH/Sida. Dicha Secretaría deberá velar por la elaboración de un nuevo Plan Multisectorial frente a la infección por VIH/Sida en España 2013-2017. Además, apoyará la existencia y desarrollo de los Planes o Servicios Autonómicos de respuesta al
VIH. Finalmente, será necesaria su labor de garantizar la continuidad de los programas desarrollados por las ONGs con el fin de evitar la desatención de las miles de personas que están detrás de estos servicios.
11. Colaborar con las Consejerías de Sanidad de los distintos gobiernos autonómicos para desarrollar un plan regional para el fomento y la accesibilidad de la prueba rápida de detección del VIH de manera anónima y gratuita, así como el
posterior seguimiento y tratamiento del virus.
12. La extensión a las Comunidades Autónomas no incluidas en el Sistema de Información de Nuevos Casos de infección por VIH confidencial y anónimo, de manera coordinada entre las Administraciones públicas, las ONGs, y las demás
organizaciones encargadas de la prevención y seguimiento de las personas con VIH/Sida. De esta manera se pretende disminuir el impacto personal y social de la infección por VIH; conocer la evolución epidemiológica de la infección por VIH en el
Estado español; orientar las acciones de prevención y control de la infección del virus, así como conocer las características clínicas de las personas recientemente infectadas.
13. Crear un Plan General para la Promoción de los Estilos de Vida Saludable, abordando los factores protectores de la salud, como la resiliencia, pero también la prevención de otros problemas de salud que afectan a las personas con VIH
como el uso problemático de sustancias perjudiciales para el organismo (tabaco, alcohol y otras drogas o sustancias), el incumplimiento terapéutico, el uso inadecuado de los servicios de salud, etc.
14. Desarrollar un Plan General de Educación Afectivo-Sexual y de Género orientado a la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), como el VIH. Es imprescindible que se pongan en marcha programas, proyectos y campañas
específicas de información y prevención del VIH para la población en general. De igual manera, se atenderá a las necesidades de los diferentes grupos sociales, enmarcando estos programas y estrategias en las necesidades y características
específicas de cada sector de la población a la que se dirijan.
15. Incluir el tratamiento del Síndrome de Lipodistrofia dentro del ámbito de la sanidad pública. Al estar aceptado que el Síndrome de Lipodistrofia guarda relación directa con el tratamiento de la infección por VIH, han de ser considerado
como derivación del proceso asistencial, y ser beneficiario de todas las demás medidas relacionadas con el VIH.
16. Desarrollar un Plan General de Reinserción Laboral y Contra la Exclusión Social para todas las personas con VIH/Sida, en el que deberán constar, entre otras, las siguientes medidas; garantizar en el empleo público la igualdad de las
personas con VIH, contrarrestar de esta manera la situación de discriminación que sufren en el ámbito privado; implementar procesos de sensibilización con campañas de concienciación social en relación a la normal capacitación profesional de las
personas con VIH; establecer exenciones y beneficios fiscales para aquellas empresas que empleen personas con VIH; ofrecer formación específica al personal de Recursos Humanos, en su calidad de empleadores o responsables de grupos de personas;
ofrecer, asimismo, formación a los representantes de los trabajadores; establecer mecanismos de cooperación entre ONGs, asociaciones empresariales, gremiales, sindicales y mutuas; fomentar la creación de comisiones paritarias que impulsen y
diseñen políticas de inserción, etc.
17. Creación de un plan específico de formación para profesionales y centros del ámbito sanitario. La elaboración y aplicación del plan debe perseguir, entre otros, los siguientes objetivos: proteger debidamente los historiales clínicos
de las personas con VIH/Sida, así como la privacidad de dichas personas; capacitar al personal sanitario para el trato y tratamiento específico de las personas con VIH/Sida; la no discriminación de personas con VIH/Sida respecto al resto de
pacientes; la generalización de las medidas universales de protección; la obligación de contar con el consentimiento del paciente, familiares o tutores legales para poder realizar la prueba de diagnóstico del virus, etc.
18. Elaborar, en colaboración con las entidades representativas de la prevención, seguimiento y participación en el ámbito del VIH, un proyecto de ley que abarque y regule las medidas antes citadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la utilización de grasas trans artificiales en usos alimentarios,
para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Estados Unidos se dispone a emprender su enésima batalla contra los problemas cardiovasculares y de obesidad que atenazan a su población. La FDA, la agencia que regula los alimentos y los fármacos en ese país, ha propuesto vetar la
presencia de grasas trans artificiales en los alimentos al no considerarlas seguras. Esta medida supondrá uno de los pasos más importantes de las autoridades de salud pública norteamericanas.
Ya en 2006, la agencia estadounidense determinó que los alimentos que contuviesen aceites hidrogenados debían reflejarlo en su etiquetado -lo que provocó que muchas compañías los eliminaran-, una medida que también han puesto en marcha otros
países como Canadá. Ese mismo año, Nueva York aprobó una ley que obligaba a los restaurantes a dejar de utilizarlas en sus cocinas.
Este tipo de grasas se producen al hidrogenar algunos aceites vegetales para que sean más sólidos y que los alimentos parezcan más atractivos y científicamente se ha demostrado que contribuyen a obstruir las arterias, al elevar
peligrosamente el nivel en sangre de colesterol malo y disminuir el bueno, lo que hace que se incremente significativamente el riesgo de enfermedad cardiaca. Además podrían considerarse como no seguras para una alimentación equilibrada, al afectar
a la maduración del cerebro, a las membranas cerebrales e incluso a la formación de algunas hormonas esteroideas.
Aunque hasta el momento estas sustancias estaban consideradas como 'generalmente seguras', ahora pasarán a considerarse un aditivo, y estarán sujetos a la aprobación de la FDA antes de su comercialización. Si no la obtuvieran -las empresas
deberán demostrar que son seguras- los alimentos que las contengan se considerarían adulterados y su venta estaría prohibida.
Las autoridades estadounidenses creen que la medida ayudaría a prevenir unos 20.000 infartos y 7.000 muertes provocadas por patologías cardíacas al año. En Estados Unidos, una de cada tres personas
padece problemas de corazón. En ese país, en 2007 (según los últimos datos recogidos por el Centro de Control de Enfermedades), murieron 150.000 personas menores de 65 años por ataques de corazón.
En España, no hay regulación sobre el uso de estas grasas. Solo la recomendación de las autoridades sanitarias a las empresas para que minimicen su uso. Estas, sin embargo, no están obligadas ni siquiera a informar en el etiquetado de su
presencia.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Prohibir de forma general la presencia de grasas trans artificiales en los alimentos preparados, y en especial en platos de comidas preparadas, establecimientos de restauración y comedores de empresa y escolares.
2. Regular la utilización de las grasas trans artificiales para uso alimentario, obligando, entre otras cosas, a que las empresas que las utilicen informen del mismo a través del etiquetado en sus productos.
3. Realizar un estudio sobre el efecto en la salud de los ciudadanos que produce el consumo de este tipo de grasas.
4. Poner en marcha una campaña informativa a través de los distintos medios de comunicación para informar sobre el efecto en la salud que origina el consumo de este tipo de sustancias. Esta campaña, además, se deberá hacer de forma
explícita, por canales de comunicación adicionales, en establecimientos educativos públicos y en comedores de empresas públicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de los derechos sanitarios, económicos y sociales
de los trabajadores de la empresa auxiliar IMSA intoxicados por mercurio en el accidente laboral sufrido en la empresa AZSA entre el 19 de noviembre y el 2 de diciembre de 2012, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Se cumple un año desde el accidente laboral que produjo la intoxicación por mercurio de más de medio centenar de trabajadores de la empresa auxiliar IMSA cuando realizaban labores de mantenimiento, reparación y corta de tubos en un
intercambiador de calor de la empresa Asturiana de Zinc (AZSA) en San Juan de Nieva (Asturias) entre el 19 de noviembre y el 2 de diciembre de 2012. Había mucho mercurio en el intercambiador, pero sólo se midió su presencia con posterioridad a la
realización del trabajo. Las únicas medidas de prevención que les exigieron por parte de AZSA fue las de cualquier espacio abierto, esto es una mascarilla con filtros. Si AZSA les hubiera avisado de la presencia de altas dosis de mercurio en el
espacio confinado del intercambiador, las medidas de prevención hubiesen sido diferentes, tales como equipos de respiración autónoma.
Sólo se dispensó un tratamiento médico a partir de cinco meses del accidente, y sólo a nueve afectados se les administró medicamentos quelantes para la eliminación del metal pesado. Y a los demás se les dio de alta, pese a que sus niveles
de mercurio en sangre eran y siguen siendo muy superiores a los niveles máximos permitidos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son de 10µg/l (microgramos/litro). Los partes médicos del Hospital Universitario Central de Asturias (RUCA)
siguen hablando de 'probable' intoxicación con mercurio negando el tratamiento de desintoxicación y mandando a los afectados a trabajar con el mercurio todavía en el cuerpo. Sin embargo, los informes de la Unidad de Toxicología Clínica del
Instituto de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, con fechas de 9 de septiembre y 22 de octubre de 2013, han concluido textualmente, en varios de los casos examinados que
'En nuestra opinión, es indudable que el paciente ha sufrido una intoxicación aguda/subaguda grave por mercurio con secuelas que perduran'. Además de denunciar la tardanza en la quelación 'por parte de su Mutua o el Servicio de Salud del
Principado de Asturias, indicándosele únicamente tratamientos sintomáticos por los distintos especialistas o Mutua a los que se consulta', los Catedráticos de la Universidad de Valladolid establecen diagnósticos de eretismo mercurial manifestado
como insomnio, pérdida de memoria y astenia; mononeuritis secundaria; trastornos visuales, neuropatía periférica y cefalea.
Poco se ha hecho desde entonces para garantizar a los trabajadores intoxicados el reconocimiento de su enfermedad, dispensarles la atención médica necesaria para curar sus dolencias y secuelas, adjudicarles la correspondiente compensación
económica y tomar las medidas preventivas adecuadas de seguridad laboral para evitar que este tipo de accidentes vuelva a producirse.
Las sanciones propuestas por el Inspector de Trabajo encargado de la investigación de las causas del accidente del mercurio de diciembre pasado en las instalaciones de la empresa Asturiana de Zinc están paralizadas por orden judicial. La
diferente valoración del siniestro por parte de la Inspección y del Instituto Asturiano de Riesgos Laborales está en el fondo del asunto, pero la potestad sancionadora está en manos del funcionario estatal y no del servicio regional, que es un
órgano meramente asesor. Y la indemnización a que tengan derecho está igualmente paralizada a la espera de lo que decida el juzgado de instrucción de Avilés donde se investiga el caso. La intoxicación por mercurio de los trabajadores de IMSA se
debió, según el informe del Inspector de Trabajo, a una serie de irregularidades 'en cascada' en materia de seguridad laboral que tuvieron su origen, según el mismo documento, en la incapacidad de AZSA de evaluar el verdadero riesgo que suponía la
'indubitada' concentración del metal en los intercambiadores en los que trabajaban los afectados. Así, AZSA es, para el Inspector, 'responsable directa, principal y única' de lo acontecido.
Los trabajadores se quejan de no haber recibido la suficiente atención por parte del Gobierno del Principado, ni la dirección de AZSA. La empresa AZSA no está contribuyendo a la investigación, y después de ocho meses todavía no ha emitido
el informe preceptivo sobre el accidente. En vez de alertar, prevenir y remediar, se oculta la verdad. Por su parte, el gobierno sí ha hecho su informe ocho meses después del accidente. Pero niega la información a los grupos parlamentarios y no
estimula a la Fiscalía para que se persone en el juicio abierto.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover las medidas necesarias para que la administración pública reconozca la enfermedad de intoxicación por mercurio a los afectados y las prestaciones y compensaciones económicas a que tengan derecho.
2. Intensificar la acción de la Fiscalía para conseguir una pronta resolución del proceso penal
3. Abogar por la aplicación de las sanciones planteadas por la Inspección de Trabajo a la empresa ASTA por su actuación irregular en materia de prevención de riesgos laborales.
4. Verificar si las mutuas han obrado correctamente al dar el alta a la mayoría de los trabajadores afectados, pese a que todavía se mantienen los síntomas de intoxicación por mercurio, siendo muchas de estas dolencias causa de incapacidad.
5. Apremiar a la empresa AZSA para que entregue su informe definitivo sobre las circunstancias del accidente.
6. Promover medidas legislativas, administrativas y de control que refuercen la prevención en materia de seguridad laboral para impedir que este tipo de accidentes puedan repetirse.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre enfermedades raras, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El año 2013 fue designado año de las enfermedades raras y ultrarraras. Las enfermedades consideradas raras son aquellas que afecten a menos de 5 de cada 10.000 personas. Las ultrarraras afecten a 1 de cada 10.000. A pesar de ello existen,
según la OMS cerca de 7.000 enfermedades de este tipo que afectarían a un total del 7% de la población mundial. Al estado español se calcula que hay unos tres millones de personas afectadas por estos tipos de enfermedades.
Estas enfermedades, de la misma manera que se denominan raras, o ultrarraras, se denominan huérfanas o ultra-huérfanas. Son llamadas así por el abandono y la invisibilidad a la que están sometidas. Una enfermedad que afecta a 12 persones
en todo el estado o a 200 en todo el mundo no resulta interesante para las empresas farmacéuticas ni para los gobiernos que han de decidir donde destinan el dinero dedicado a investigación de sus presupuestos. El 20% de las enfermedades raras
tardan más de 10 años a ser diagnosticadas, con el desgaste personal y psicológico que ello ocasiona. Porque los síntomas son los que son, tenga o no el enfermo un nombre para lo que padece. Una enfermedad rara o ultra-rara puede costar entre 500
y 700 euros mensuales a quien la padece. Eso, en un momento en el que cuesta tantísimo conseguir la subvención de medicamentos y prótesis, en los casos que, además, no son comunes, aun cuesta más de justificar para los enfermos y a menudo quedan
excluidos de gratuidades.
Ha llegado el momento, en el año de les enfermedades raras y ultra-raras, de levantar la voz para decir que las personas afectadas de enfermedades minoritarias no son ciudadanos de segunda, son personas con un derecho tan básico como es el
de la sanidad y el de una vida digna.
No hablamos de afectados de países lejanos, ni de lugares donde la sanidad no está garantizada, donde difícilmente serán diagnosticados. Hablamos de los ciudadanos del que nos gusta llamar primer mundo, un mundo que se olvida de aquellos
que más atención necesitan y los hace invisibles. Hablamos de ciudadanos de nuestro entorno más cercano.
Asociaciones como FEDER, o AELMHU, entre muchas otras, dedican sus esfuerzos a ayudar a aquellos que, en un momento determinado, han de enfrentarse a la dura situación de acoger una enfermedad rara o ultra-rara en su casa. La tarea de
asociaciones de este tipo, o la de particulares como Víctor Cerdá y su equipo del 'Camí Solidad', todos de Vallada (Valencia), que de manera desinteresada han recorrido la provincia de Valencia en beneficio de FEDER y de la investigación y el
tratamiento de este tipo de enfermedades; o Mónica Gómez, una toledana que, por indicación del Hospital Chic de Barcelona, contacta con personas que padecen su enfermedad o alguna del mismo grupo, para orientarlos y darles apoyo ante el golpe que
supone enterarse y que además participa en el ensayo clínico de un fármaco paliativo, son ejemplos que los enfermos y sus familias agradecen profundamente. Son ejemplos de que nuevamente, son los ciudadanos los que cubren las funciones que tendrían
que asumir las administraciones.
En la mayoría de los casos no se sabe que esperar de estas enfermedades, por tan desconocidas como son, y eso multiplica el desasosiego de las familias y enfermos. Los tratamientos son siempre a partir de métodos de ensayo, hasta que se
acierta con alguno que ayude, aunque no cure.
Resulta muy duro para los afectados saber que, por ejemplo, el ensayo en el que participa la chica nombrada antes, tendría que haber visto la luz en 2012, que ella lleva un año asintomática gracias al fármaco, y que, como no hay suficientes
enfermos, de momento han aplazado la salida hasta el 2014 o 2015 como mínimo.
Las administraciones estatales y autonómicas, en los casos de transferencias concedidas, han de hacer un esfuerzo y trabajar por los miles de personas que esperan ayuda. Es necesario impulsar la investigación, en lugar de recortarla. Es
necesario apostar por la sanidad, en lugar de recortarla. Es necesario trabajar por las personas y pensar en todos.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a que invierta en investigación en materia de diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras y ultra-raras y que trabaje para que los derechos de los afectados por enfermedades minoritarias no sean vulnerados
por las empresas farmacéuticas por cuestiones económicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2013.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los Precios de Referencia en relación con la prestación
farmacéutica en el Real Decreto 16/2012, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
El Real Decreto 16/2012, ha supuesto a pocos meses del nuevo Gobierno la contrarreforma del modelo sanitario público universal a un sistema de seguro excluyente, financiado cada vez más por los propios ciudadanos con impuestos a la
enfermedad y al límite del colapso.
En su Capítulo IV sobre prestación farmacéutica, modifica la política del medicamento y en particular lo relativo al copago/repago y el artículo 93 relativo al precio de referencia que permite la formación de un grupo homogéneo sin la
exigencia de genérico y estableciendo la revisión anual de los mencionados precios de referencia (la última versión tuvo lugar a finales de 2011).
El sistema de Precios de Referencia es el instrumento más potente de contención/reducción del gasto farmacéutico. Sin embargo, las prisas y la chapuza del Gobierno en el Real Decreto 16/2012, han provocado que la intención inicial de
regularlo por simple Orden ministerial haya recibido un varapalo del Consejo de Estado que obliga a su regulación mediante Real Decreto.
Entre tanto, las presiones del lobby farmacéutico y la desorientación/desbarajuste del Gobierno han provocado la reducción de los 780 de Precios de Referencia (entre nuevos y revisados) a unos 500, es decir de un ahorro de 400 millones de
euros iniciales a tan solo 140 millones de euros.
Desde abril de 2012 hasta hoy, la incapacidad del Ministerio y sus errores y la debilidad ante las previsiones del sector han provocado un quebranto financiero que podría estar dentro de la Administración leal o incluso de la malversación de
fondos públicos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Depurar responsabilidades en el Ministerio de Sanidad, ante el fiasco de los precios de referencia en el Real Decreto 16/2012 y en su tramitación como Orden ministerial.
2. Valorar y corregir las consecuencias para el ahorro en gastos de farmacia de más de año y medio sin la revisión preceptiva por Ley del Periodo de Referencia.
3. Evaluar y rectificar la reducción drástica de los Precios de Referencia afectados, en favor de la industria farmacéutica y en detrimento del ahorro del SNS.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una Proposición no de Ley para incrementar el apoyo de la cooperación española a la I+D en salud global.
Antecedentes
Tal y como señala el Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, el mundo en desarrollo sigue afrontando grandes retos en el cumplimiento de objetivos relacionados con la salud materno-infantil, el SIDA, la malaria, la tuberculosis y
otras enfermedades relacionadas con la pobreza, la igualdad de género, la seguridad alimentaria o la sostenibilidad del medioambiente.
La Cooperación Española de acuerdo con este marco de actuación, apuesta por una política de prevención en todos los campos, pero especialmente en lo que respecta a la lucha contra el hambre, la seguridad alimentaria y la nutricional, y en
Salud. Considera que el primer escalón de los sistemas de cohesión social, es el acceso y cobertura de los servidos sociales básicos y en especial, cabe destacar en este sentido, la salud. Estima importante enfatizar el componente multisectorial
de estas políticas y la necesidad de que existan sinergias entre ellas, pero destaca la necesidad de potenciar el enfoque de salud en todas ellas.
Se propone asimismo, como objetivos: trabajar en el seno de las Iniciativas Globales, en los Organismos Multilaterales y en los grupos de expertos de la Unión Europea, para adecuar las políticas específicas de enfermedad, al objetivo
general de la cobertura universal y de la equidad, disminuyendo el riesgo de distorsión de los sistemas de salud; colaborar con las Organizaciones Internacionales de referencia en salud; contribuir al fortalecimiento y cobertura universal de
sistemas públicos de salud equitativos, sostenibles, eficientes y de calidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva, la lucha contra enfermedades prevalentes y olvidadas y el acceso a los medicamentos esenciales.
Desde la perspectiva de Salud global, constata, que la salud es un derecho humano fundamental, así como un elemento clave para el desarrollo equitativo y sostenible, y la reducción de la pobreza. Los determinantes de la salud, las
enfermedades, su prevención y tratamiento pueden trascender las políticas nacionales de salud, convirtiéndose en una cuestión de índole global. Y concreta como el acceso a medicamentos existentes y la investigación, desarrollo e innovación
relacionados con nuevos medicamentos, métodos de prevención (incluidas las vacunas) y de diagnóstico más adaptados y accesibles para las personas que más lo necesiten, son cuestiones que requieren de una acción global.
En este contexto y de forma coherente con estos principios, la Cooperación Española pretende continuar colaborando con Iniciativas Globales y Regionales que han demostrado eficacia en el incremento del acceso, en la provisión de bienes
globales y servicios sanitarios básicos necesarios para asegurar el derecho a la salud de todas las poblaciones, y en investigación, a la vez que intentará reforzar los procesos nacionales propios de investigación en salud.
España apostó por la I+D en salud global de forma importante desde 2007, sin embargo a partir de 2012, la cooperación española ha interrumpido su apoyo financiero aunque mantiene su apoyo político.
Aún siendo conscientes de la gravedad del momento y de la compleja situación en que se encuentran tanto las cuentas públicas como la economía española, en opinión del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), el Gobierno debería reanudar el
compromiso también financiero con la I+D en salud global para luchar contra muchas enfermedades.
En un contexto de armonización de políticas en este sentido, a nivel europeo, España no puede y no debe quedar al margen. En general, los países de la UE, de uno y otro signo, pese a la crisis, están manteniendo sus apoyos. Si bien algunos
Estados han reducido sus contribuciones, la mayoría intentan mantener una política de apoyo a esta área entendida como apuesta a largo plazo, y un ejemplo de ello es el Gobierno Británico que el pasado mes de agosto anunció que iba a destinar 160
millones de euros a I+D en salud global. Si España no apoya financiera y políticamente esta causa, se situaría en una posición aislada dentro del consenso europeo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incrementar el apoyo de la cooperación española al desarrollo de nuevas herramientas de salud para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades con fuerte impacto en los países empobrecidos,
destinando mayores recursos a la Investigación y Desarrollo para la Salud Global adaptadas a las necesidades y particularidades de las poblaciones más afectadas. Y en concreto a:
1. Basar la orientación de los recursos destinados a Salud Global, en criterios científicos independientes que preserven los objetivos de salud pública, potenciando y apoyando las alianzas público-privadas y los organismos multilaterales
que demuestren un alto grado de cumplimiento de los citados criterios y/o que cuenten con modelos eficientes de desarrollo de productos biomédicos.
2. Aprovechar las capacidades de fundaciones, centros universitarios, centros de investigación y desarrollo, empresas y organizaciones no gubernamentales en el diseño, monitorización y evaluación de los programas en Salud Global para
incrementar su eficacia, así como en los foros internacionales sobre Salud Global para mejorar y aumentar la capacidad de influencia y compromiso en este ámbito.
3. Promover un modelo de innovación médica y científica que asegure el acceso y la disponibilidad de medicamentos y herramientas de salud que beneficie a todas las personas.
4. Impulsar un marco mundial que promocione la ética, el respeto a los Derechos Humanos y la participación comunitaria en todos los procesos de investigación y desarrollo de innovaciones médicas.
5. Explorar junto con otros donantes internacionales, la posibilidad de acordar estrategias conjuntas que garanticen la complementariedad de sus respectivos programas de Salud Global y, en concreto, la posibilidad de implementar como
estrategia y motor de desarrollo el conocimiento y la innovación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Cultura
161/002162
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Proposición no de Ley sobre combinación de distintas fórmulas de incentivación y ayudas para apoyar de forma eficiente a la cinematografía y el audiovisual españoles.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que en el punto 2 se insta al Gobierno a ejercer su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cultura. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la
iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de combinar distintas fórmulas de incentivación y ayudas
para apoyar de forma eficiente a la cinematografía y el audiovisual españoles, para su debate en la Comisión de Cultura.
A principios de octubre de 2013, la propia Susana de la Sierra, directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, no ocultó su preocupación
ante la decisión del Gobierno de reducir drásticamente la partida del cine en los presupuestos presentados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En ellos, los 55,7 millones de euros destinados en 2013 han pasado a ser 50,84 para 2014.
Dentro de esta partida, es la del Fondo Nacional de la Cinematografía, de la que salen todas las ayudas al cine español, la que sufre más. El fondo se reducirá un 14 %: de los 39,12 millones de euros de 2013 se baja a 33,70 millones para
2014. Como dato comparativo, en 2012 Reino Unido dedicó 120 millones a ayudas al cine; Alemania, 340, y Francia, 770.
La directora general de Cine no dudó en avisar: 'Con esta cifra no podemos hacer frente a las deudas por ayudas a la amortización que tenemos con películas estrenadas en años anteriores. Ni a la que debemos de pagar en este último
trimestre [unos 21 millones, que corresponden a los títulos estrenados en el último trimestre de 2011] ni a las del año próximo [unos 45 millones para películas estrenadas en 2012]. Estamos ante un problema específico y grave porque los productores
tienen créditos contraídos por esa cifra. No podemos dejar de pagar'.
De la Sierra, al frente del ICAA desde enero de 2012, utilizó sin rodeos la palabra 'crítica' para la situación. Resaltó que, con la cifra del proyecto de presupuestos para 2014, no solo será imposible hacer frente a las deudas legales con
las productoras, sino que no habrá posibilidad real de ayudar a nuevos realizadores, proyectos de interés especial o a los cortometrajes. '¿Qué les vamos a decir a los estudiantes de las distintas escuelas de cine?', llegó a lamentarse.
Señaló también De la Sierra que existe un documento económico estudiado por todo el sector en el que se analiza el impacto del nuevo modelo de negocio, con el que el ministro Wert ha justificado la durísima rebaja -se da prioridad a las
ayudas a proyecto en lugar a la amortización- y en el que los incentivos fiscales juegan un papel primordial.
En paralelo a la preocupación manifestada entonces por la directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, se produjeron aquellas desafortunadas manifestaciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
achacando la crisis del cine a 'la calidad de las películas', no al IVA o los recortes. Y cuando fue preguntado por el recorte del 12,4% del Fondo de Garantía Cinematográfica, del que salen las ayudas para la producción de cine, el ministro achacó
la crisis del sector a una pérdida de espectadores desde hace 'diez años'.
Este último aspecto es muy peligroso y denota un grave desconocimiento o, lo que es peor, una tremenda mala fe, pues las matemáticas se empeñan en refutar los argumentos de Montoro. Según los datos que facilita el Instituto de
Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es decir, del Gobierno, el cine español ha crecido en estos últimos diez años en taquilla. En 2002 generó 85,4 millones, pagados por 19
millones de espectadores, y en 2012, recaudó 119,9 millones, pagados por 18,2 millones asistentes a las salas. Es más, para que no queden dudas, el repaso a los últimos años: en 2008, el cine español ganó 81,6 millones de euros en taquilla; 104,3
millones en 2009; 80,2 millones en 2010 y 99,1 millones en 2011. Que traducido a espectadores significó 14,3 millones en 2008; 17,4 millones en 2009; 12,9 millones en 2010 y 15,5 millones en 2011
El señor Montoro con sus declaraciones agudiza el pesimismo y la decepción en un sector en el que, día a día, los problemas se agudizan y no aparecen perspectivas claras. El sistema está inutilizado y tampoco se anuncia ningún cambio
radical sobre el modelo industrial, al contrario.
La realidad, más allá de las desafortunadas manifestaciones del ministro de Hacienda, es que la actual ley del cine de 2007 se ha mostrado claramente insuficiente para la supervivencia de un sector de extraordinaria importancia para nuestro
país, como es el sector del cine. El Gobierno actual afirmó su voluntad de redactar un nuevo Proyecto de Ley cuyo calendario es más que probable que sea incumplido, ya que esta nueva ley se anunció que entraría en vigor el 1 de enero de 2014, y no
parece que dicho plazo vaya a cumplirse.
Nuestras propuestas al respecto caminan en la línea de reforzar la implementación de incentivos fiscales, pero advertimos que esa medida debería ir acompañada de otras ayudas directas hasta que se establezca y se cumpla una nueva ley de
financiación más acorde a la realidad de las cosas y, sobre todo, a la realidad de mercado.
Como bien es conocido, todas las cinematografías del mundo (incluida, y sobre todo la de EE.UU.) reciben ayudas públicas de distintos tipos, al tiempo que la mayoría de casi todos los sectores industriales o productivos de todo el mundo
también reciben tales ayudas.
En el caso del cine español, además, el reforzamiento de ayudas directas e indirectas es una necesidad para poder competir con cierta igualdad de herramientas en un mercado hegemónico y cuasi monopolístico en la distribución del cine por
parte de la industria de EE.UU.
Sin duda, una de las grandes lagunas del cine español en el panorama cinematográfico internacional -al margen de EE.UU.- a sea el hecho de no disponer de medidas en la lase de distribución que es donde se encuentra el verdadero problema, ya
que casi todas las ayudas inciden en la lase de producción.
El mercado del cine ni es libre ni equilibrado, y se produce en función del control que las distribuidoras ejercen sobre la exhibición. En los contratos es habitual condicionar la exhibición de una película con una fuerte demanda a la
compra de un paquete con otras películas de menor interés. El sistema es el de la sociedad de consumo en el que prima la oferta y el control de la red de distribución sobre el consumo o la demanda de productos. Y el cine, por su triple dimensión
económica, cultural e ideológica, no es ajeno a esa realidad.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Actualizar el sistema de ayudas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) para adaptarlo a las nuevas necesidades de la cinematografía, dotando al Fondo con una cuantía suficiente.
2. Aprobar una Ley que permita desarrollar una política eficaz y sostenible de ayudas directas a la cinematografía y el audiovisual conforme a las propuestas de todos los sectores, y que se contemple un aumento de los incentivos fiscales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2013.-Ascensión de las Heras Ladera y Chesús Yuste Cabello, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Igualdad
161/002149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el Consejo de la Juventud de España, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El Gobierno de España presentó el pasado 21 de junio en Consejo de Ministros el informe de reforma para las Administraciones Públicas elaborado por la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA), en el que se recogía la supresión
del Consejo de la Juventud de España. Esta medida fue reafirmada el pasado 27 de septiembre en Consejo de Ministros donde se anunciaba la supresión de este organismo, la derogación de la Ley 18/1983 de 16 de noviembre y la creación de un Consejo de
la Juventud como ente corporativo de base privada.
El Gobierno en ningún motivo ha justificado esta decisión, ya que se basa en primer lugar en una supuesta duplicidad de funciones entre este órgano y el Instituto de la Juventud, pero en ningún momento se ha justificado en que consiste esa
duplicidad. Es preciso recordar que no puede, en modo alguno, convenirse en la existencia de tal pretendida duplicidad, ni por razón de las competencias que cada uno de dichos entes tiene encomendadas, ni por razón de su protagonismo en el plano
interno e internacional, ni, de manera destacada, por razón de su respectiva naturaleza jurídica, participativa y representativa una e institucional administrativa otra, que las diferencian sustancialmente, algo que el propio Informe reconoce, pero
en lo que no profundiza al confundir ambas.
CJE es una plataforma autónoma del Ejecutivo formada por organizaciones juveniles, cuya Presidencia y Comisión Permanente son elegidas por sus entidades miembro, de manera democrática en reunión de Asamblea. Por tanto, no cabe pensar en
ningún caso que un órgano independiente, conformado por asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud y del tercer sector, tenga la misma funcionalidad que el órgano gubernamental. El Consejo de la Juventud de España ha
venido representando a los jóvenes, defendiendo la mejora de sus condiciones de vida, apoyando y fortaleciendo el movimiento asociativo juvenil en el territorio español, favoreciendo el intercambio entre dichas entidades y trasladando la voz de los
jóvenes españoles en diversos espacios de participación del ámbito internacional.
En el contexto de la Unión Europea, uno de los principales objetivos establecidos en el Marco Renovado para la Cooperación Europea en el ámbito de la juventud 2010-2018 se refiere a la participación de las personas jóvenes en la democracia
representativa y en la sociedad civil a todos los niveles. Para hacerlo efectivo, se recomienda a los Estados miembros que presten apoyo político y financiero a las organizaciones juveniles, así como a los consejos de la juventud, locales y
nacionales, y que promuevan el reconocimiento de su importante papel en la democracia. Esto ha permitido que en los países de la Unión Europea este modelo de participación exista igualmente.
En un contexto como el actual y en el que el Gobierno debe priorizar en su agenda la lucha contra el desempleo juvenil y el futuro de toda una generación, se hace más necesaria que nunca la existencia de una plataforma independiente que dé
voz a los y las jóvenes para defender sus intereses y que a su vez sean representados en otras plataformas juveniles de ámbito internacional tan importantes como el Foro Europeo de la Juventud. Una plataforma que fomente el asociacionismo juvenil y
el voluntariado, y que genere propuestas para la mejora de las políticas de la Juventud, como ha realizado recientemente con la propuesta de 'Garantía Juvenil' que realizo en 2010 y que ha sido apoyada por instituciones como la Comisión Europea o la
Organización Internacional del Trabajo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Renunciar a incluir en el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público la modificación de la personalidad jurídica del Consejo de la Juventud de España, ni la derogación o modificación de la Ley 18/1983, de 16 de noviembre.
Tampoco se hará mediante otros proyectos de ley en tramitación o que pudieran tramitarse.
2. Iniciar un proceso de diálogo con las organizaciones juveniles miembros del Consejo de la Juventud de España, canalizado a través de su Comisión Permanente, para asegurar su participación en las decisiones sobre las modificaciones que
deberían incorporarse a la Ley 18/1983, de 16 de noviembre, y a las normas y reglamentos que la desarrollan. Las modificaciones, en su caso, se tramitarán mediante un proyecto de Ley específico que no hurte el debate sobre la participación juvenil,
y con implicación de todos los grupos parlamentarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2013.-Herick Manuel Campos Arteseros, Carmen Montón Giménez y Leire Iglesias Santiago, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
mujeres gitanas, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Aunque no se conoce la cifra con exactitud, se calcula que España cuenta con una población de cultura gitana en torno a las 750.000 personas que tienen fijada su residencia en todo el territorio. Este dato se ha incrementado a partir de
2002 con la llegada de personas de cultura gitana procedentes de países de la Unión Europea como Bulgaria o Rumanía.
La población de cultura gitana ha estado tradicionalmente sometida a la discriminación y el alejamiento de los cauces más habituales de convivencia ciudadana, pero ello no significa que constituya un colectivo homogéneo. Sin duda los
avances en todos los ámbitos que han realizado las personas de cultura gitana las sitúa en diferentes posiciones socioeconómicas en nuestro país.
No obstante es imprescindible incrementar los esfuerzos para la inclusión plena y en igualdad de oportunidades de las personas gitanas. Este principio tiene especial relevancia en relación con las mujeres de cultura gitana que, debido a su
pertenencia a una minoría étnica y a estereotipos relacionados con dicha minoría sufren una discriminación específica que se añade a la todavía existente situación de desigualdad entre mujeres y hombres.
La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 carece, como el Grupo Parlamentario Socialista ha denunciado en su momento, de una planificación específica dirigida a las mujeres de cultura gitana,
apuntando únicamente en alguno de sus párrafos la necesidad de incluir la perspectiva de género o realizando referencias escasas e indefinidas a la situación de las mujeres de esta cultura.
La adscripción al espacio doméstico y la vinculación de las mujeres gitanas como depositarias de la transmisión de determinadas tradiciones de esta cultura frecuentemente les impide acceder a espacios relacionados con la formación, el
empleo, la salud o la participación pública.
Como muchas otras medidas de concreción de los derechos de ciudadanía, tanto el Convenio con el Instituto de Cultura Gitana como el Convenio con la Fundación Secretariado General Gitano, establecidos en la anterior legislatura socialista,
han visto mermadas cuando no cercenadas sus competencias y actividades privando a las mujeres de cultura gitana de actuaciones tendentes a remover los obstáculos que perpetúan su discriminación.
Las dificultades a las que se enfrentan las mujeres de cultura gitana en los ámbitos antes mencionados, tienen especial relevancia en relación con varios aspectos.
Un elevado porcentaje de familias de cultura gitana valoran cada vez más positivamente a la escuela y a la educación como un medio básico de promoción social, de desarrollo personal y de apertura de posibilidades para el futuro, sin embargo
coexiste con esta tendencia un mayor absentismo escolar de los niños y, singularmente, de las niñas de cultura gitana y mayor abandono de las aulas. Asimismo, se siguen realizando prácticas que violan, sistemáticamente, los derechos fundamentales
básicos, como los matrimonios concertados y forzados por parte de sus familias.
En otro orden de cosas, el sistema sanitario público no se ajusta a la realidad social de las mujeres de cultura gitana que continúan sin realizar acciones preventivas en materia de salud, lo cual conduce a un envejecimiento prematuro, a un
nivel de esperanza de vida considerablemente menor que el de las mujeres de la cultura minoritaria y a la escasez del uso de los servicios de atención primaria y especializada, específicamente en relación con la atención ginecológica, en
contraposición con el uso de los servicios de urgencia.
En relación con la formación y el acceso al empleo se aprecia la falta de formación y la inadecuación de la formación ocupacional. La falta de referentes en su cultura de otras mujeres que hayan recibido formación, y un proceso de
socialización tradicionalmente muy vinculado a la familia, hacen que las mujeres gitanas se incorporen al empleo en ciertos ámbitos ocupacionales, generalmente no cualificados y a menudo en condiciones laborales muy desiguales respecto a la
población mayoritaria.
En relación con la violencia de género, las mujeres de cultura gitana representan un grupo especialmente vulnerable determinado por las claves propias de convivencia y en muchos casos el aislamiento de las estructuras que prestan servicio en
este ámbito.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Fortalecer la relación con las entidades en que se integran las mujeres de cultura gitana.
Crear los canales adecuados que proporcionen a las mujeres de cultura gitana información minuciosa en relación con las situaciones de violencia de género y la erradicación de las mismas.
Establecer estructuras sanitarias de atención primaria adecuadas a las condiciones de las mujeres de cultura gitana.
Proporcionar a las mujeres de cultura gitana información y atención ginecológica, especialmente la relacionada con el embarazo, parto, puerperio e interrupción voluntaria del embarazo.
Facilitar a las mujeres de cultura gitana información y atención relacionada con la lucha contra la violencia de género.
Establecer un protocolo específico para la prevención y la eliminación del absentismo escolar de las niñas y niños de cultura gitana.
Visibilizar a las mujeres de cultura gitana en las campañas relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Incluir en las estadísticas de organismos oficiales a las mujeres de cultura gitana.
Realizar campañas informativas con objeto de destacar los logros alcanzados por mujeres de cultura gitana en todos los ámbitos.
Priorizar la pertenencia a grupos étnicos minoritarios en las acciones de formación para el empleo y el acceso a la vivienda pública.
Incluir la integración de la población gitana de origen extranjero dentro de las prioridades de la política de integración de los inmigrantes, hacerlo como una política dirigida a toda la ciudadanía, con estrategias que garanticen la
igualdad de derechos, deberes y oportunidades, fortaleciendo las bases de la convivencia y la cohesión social en España, sobre los principios de igualdad y no discriminación, ciudadanía, interculturalidad e inclusión, y recuperando con este fin la
cobertura presupuestaria del Fondo de Integración necesaria para su desarrollo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2013.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
tratamiento justo, adecuado y sin discriminación a las personas con trastorno mental en la legislación penal, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Los colectivos que velan por los derechos de las personas con trastorno mental han manifestado su extrema preocupación por algunos de los aspectos contenidos en el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal.
La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) entiende que la desinformación y la falta de conocimiento sobre los trastornos mentales producen que en muchas ocasiones la sociedad discrimine
y rechace, por miedo a lo desconocido, a los afectados por este tipo de trastornos, a los que se estigmatiza de manera constante impidiendo el desarrollo de su proyecto
vital. Es precisamente el estigma una de las barreras que en mayor medida dificulta la accesibilidad universal a las personas con trastorno mental, el desenvolvimiento con normalidad en su vida diaria y el acceso a los recursos y a la
atención que precisan como ciudadanos de pleno derecho.
La citada Confederación se opone con rotundidad a cualquier tipo de vinculación entre trastorno mental y peligrosidad por considerar que esta idea es prejuiciosa y estigmatizante y apela a la responsabilidad de los poderes públicos para
garantizar que las personas con trastorno mental reciban un tratamiento adecuado e integral desde el punto de vista social y sanitario, alejado del régimen penitenciario que pretende esta reforma.
Según las evidencias científicas hay que separar dos conceptos: la psicopatía y el brote psicótico. Así, mientras el primero indica que la persona comete un acto de manera consciente (concepto de maldad); el segundo se refiere a un acto
realizado en un momento de delirio y alucinación no siendo esta persona consciente del mismo y, por tanto, inimputable.
Según datos de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud de 2006, en España más de un millón de personas tiene un trastorno mental grave, muchas de las cuales no cuentan con un diagnóstico. Si la modificación del Código
Penal sigue su curso en los términos en los que está planteada en relación a la vinculación de trastorno mental, peligrosidad y medidas de seguridad en previsión de delitos que pudieran cometerse en el futuro, el Estado se encontrará con cientos de
miles de personas expuestas a un Código Penal y a un régimen penitenciario discriminatorio, que además, privará a este colectivo de la respuesta social y sanitaria que necesita.
El Proyecto aplica a todas las personas con trastorno mental la calificación de peligrosidad cuando, en realidad, en los casos en que existe algún peligro se debe a que no están tratadas adecuadamente debido a la carencia de medios en la
atención sanitaria y social; lo que supone la vulneración de los derechos enunciados en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de obligado cumplimiento y aplicación por parte del estado español.
Por otra parte, las medidas de seguridad planteadas y los centros de internamiento no son las alternativas más propicias para atender a las personas con trastorno mental grave. Esta problemática no debe ser resuelta en el sistema
penitenciario.
FEAFES subraya que no se trata tanto de medir el riesgo de peligrosidad al que hace referencia el proyecto sino de ofrecer una atención adecuada a la persona que se ha de reinsertar en la sociedad garantizándose así su recuperación y
evitando que se cometan actos indebidos, generalmente motivados por la ausencia de tratamiento, en ocasiones a pesar de haberse realizado esfuerzos por parte de la persona enferma o de su entorno para obtener atención sanitaria y social.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo al colectivo de personas con trastorno mental, materializado en su compromiso de velar por que en la reforma del Código Penal reciban un tratamiento justo, adecuado y sin discriminación de
ningún tipo.
A tal fin, en la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal se garantizarán las siguientes cuestiones:
- Prescindir de la utilización del término 'peligrosidad' asociado al trastorno mental, evitando la automática equiparación de ambos conceptos.
- Que el internamiento, como medida de seguridad, nunca pueda ser permanentemente prorrogable.
- Que las personas con trastorno mental grave puedan acceder a la libertad condicional en plenas condiciones de igualdad.
- Que las personas con trastorno mental grave puedan acceder a la libertad vigilada en plenas condiciones de igualdad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2013.-Rosa Aguilar Rivero, Laura Carmen Seara Sobrado, Gracia Fernández Moya, María del Puerto Gallego Arriola, María Guadalupe Martín González y Julio Villarrubia Mediavilla,
Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Interior
181/001353
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Odón Elorza González
Texto:
En el año 2010 la Fundación Fernando Buesa llevó al Congreso de los Diputados la propuesta de creación de un Centro de la Memoria de las víctimas del terrorismo, sugerencia que fue recogida en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. En ella se contempla que ha de ser el Gobierno Central quien ha de impulsar la creación de proyecto y que se ubicará en el País Vasco. En relación con el compromiso adquirido por
el Gobierno de crear este Centro en el País Vasco, contemplado en el articulo 57 de la citada Ley 29/2011, y a la vista de la paralización de las actuaciones, ¿qué pasos va a dar el Ministerio de Interior y con qué calendario para hacer realidad el
Centro Nacional para la Memoria de las víctimas del Terrorismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2013.-Odón Elorza González, Diputado.
Comisión de Defensa
181/001347
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Cuáles han sido las plazas ofertadas en las último cinco convocatorias del Ministerio de Defensa para la provisión de plazas de las escalas de tropa y marinería, y cuál ha sido el perfil acIdámico de los aspirantes?.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2013.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/001354
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Luis Tudanca Fernández
Texto:
¿Cómo se está desarrollando el plan del Ministerio de Defensa para el apoyo y la protección de los intérpretes y traductores de las tropas españolas y otro personal a su servicio en la misión ISAF en Afganistán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2013.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.
Comisión de Economía y Competitividad
181/001315
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Garzón Espinosa, Alberto (GIP)
Reformulación de su pregunta sobre opinión del Gobierno acerca de la compatibilidad del ejercicio del cargo de Directora de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) con la dirección de un grupo de investigación,
también en el CNIO.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Economía y Competitividad. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Mediante el presente escrito se reformula la pregunta oral al Gobierno en Comisión con número de expediente 181/001315, de fecha 28 de octubre de 2013, sobre la opinión del Gobierno acerca de la compatibilidad del ejercicio del cargo de
Directora de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) con la dirección de un grupo de investigación, también del CNIO, quedando redactada en los siguientes términos:
¿Qué valoración hace el Gobierno de la crisis de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y de la situación de su Directora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2013.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/001350
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
Los gobiernos de Castilla y León, Asturias, Galicia y Aragón han suscrito recientemente la declaración del I Encuentro Interterritorial por el Cambio Demográfico. En dicho texto figura una solicitud al gobierno del Estado para que se
impulse una Estrategia Española por el Cambio Demográfico con la participación del conjunto de todas las administraciones públicas. ¿Piensa el gobierno del Estado atender esta petición, y cuál sería el calendario temporal previsto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2013.-Antonio Meijón Couselo, Diputado.
Comisión de Fomento
181/001333
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Rosana Pérez Fernández
Texto:
¿Qué previsiones maneja el Ministerio de Fomento en relación a la necesidad de emprender actuaciones de mejora en una saturada y deficiente N-550 que ha aumentado considerablemente el volumen de tráfico debido a los altos peajes de la AP-9?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.
181/001334
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Rosana Pérez Fernández
Texto:
¿Va el Gobierno a paralizar cualquier pretensión de privatización de AENA, optar por cambiar el modelo de gestión de un ente con dimensiones mastodónticas por un modelo descentralizado que permita a territorios como el gallego coordinar con
eficacia sus tres aeropuertos, traspasando la gestión aeroportuaria a Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.
181/001335
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Rosana Pérez Fernández
Texto:
¿Aprobó Adif en 2010 una rebaja del sistema de seguridad programado originariamente para la conexión Ourense-Santiago de Compostela, cambiando la implantación del sistema avanzado ERTMS por el ASFA por una cuestión de ahorro económico? De
ser así, ¿No considera que esta decisión supuso una merma de la seguridad en el tramo del trágico accidente de Angrois?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.
181/001336
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Qué nuevas medidas y qué nuevos plazos tiene previsto el Gobierno para llevar a cabo la liberalización en la gestión del transporte ferroviario de pasajeros anunciado para el pasado mes de julio de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2013.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/001337
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Qué consecuencias tendrá para la consecución del Corredor Mediterráneo la caída de la inversión pública en infraestructuras de transporte que plantea el Gobierno en su proyecto de Ley de Presupuestos para 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2013.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/001338
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Qué coste tendrá para el erario público la salida propuesta por el Ministerio de Fomento a las graves dificultades por las que atraviesan algunas empresas concesionarias de autopistas de peaje en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2013.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/001339
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Rafael Simancas Simancas
Texto:
¿Qué consecuencias tendrá para el sistema aeroportuario español el proyecto de privatización de hasta el 60 % del capital de AENA Aeropuertos que se ha hecho público mediante un informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2013.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
181/001342
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María Ángeles Esteller Ruedas
Texto:
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno en la Legislatura para la mejora de la carretera N-Il en Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2013.-María Angeles Esteller Ruedas, Diputada.
181/001343
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández
Texto:
¿Cuántos kilómetros de actuaciones de carreteras ha puesto en servicio el Gobierno en la Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2013.-María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.
181/001344
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Ana Madrazo Díaz
Texto:
¿Cuántos kilómetros de nuevas líneas de alta velocidad ha puesto en servicio el Gobierno en la Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2013.-Ana Madrazo Díaz, Diputada.
181/001345
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Celso Delgado Arce
Texto:
¿Puede informar el Gobierno sobre los avances conseguidos durante la presente Legislatura en la conexión ferroviaria Meseta-Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2013.-Celso Delgado Arce, Diputado.
181/001346
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Macarena Montesinos de Miguel
Texto:
¿Qué licitaciones ha llevado a cabo el Gobierno para el impulso del Corredor Mediterráneo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2013.-Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.
181/001348
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Figura en la planificación actual del Ministerio de Fomento la construcción de una rotonda en la N-640 en el entronque con el vial de acceso al Hospital del Salnés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2013.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/001365
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macias i Arau
Texto:
¿Cuándo prevé el Gobierno hacer efectivo el modelo de liberalización de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2013.-Pere Macias i Arau, Diputado.
181/001366
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María Paz Lago Martínez
Texto:
¿Puede informar el Gobierno sobre la actividad y la inversión en las Autoridades Portuarias de la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2013.-María Paz Lago Martínez, Diputada.
Comisión de Educación y Deporte
181/001351
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Qué iniciativas se están desarrollando desde el Ministerio de Educación para impulsar la permanencia del alumnado que se ha reenganchado en nuestro sistema educativo en virtud de la crisis y la falta de oportunidades laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2013.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/001352
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Piensa el gobierno establecer Programas de Actuación que contemplen la participación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de los mismos dirigidos específicamente a impulsar la permanencia del alumnado que se ha reenganchado en
nuestro sistema educativo en virtud de la crisis y la falta de oportunidades laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2013.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/001359
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
El Conselleiro de Economía de la Xunta de Galicia avanzó en una Comisión parlamentaria que la Xunta de Galicia hacía, textualmente 'una apuesta decidida y firme en el sector naval y que en el caso de la alianza estratégica con PEMEX, tendrá
su desarrollo a través de un contrato que ya se firmó y que tiene el visto bueno de la Abogacía del Estado, el visto bueno de Navantia, el visto bueno de la propia SEPI y que, por tanto, tiene el visto bueno del Gobierno de España'.
¿Cual es la situación a día de hoy de todos los contratos?
¿Están todos firmados?
¿Cuales son los plazos y las condiciones de dichos contratos?
¿Tienen estos contratos el visto bueno de la abogacía del Estado, de Navantia y de la SEPI?
¿En qué fecha se produjo el visto bueno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001360
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
El Conselleiro de Economía de la Xunta de Galicia avanzó en una Comisión parlamentaria que la Xunta de Galicia hacía, textualmente 'una apuesta decidida y firme en el sector naval y que en el caso de la alianza estratégica con PEMEX, tendrá
su desarrollo a través de un contrato que ya se firmó y que tiene el visto bueno de la Abogacía del Estado, el visto bueno de Navantia, el visto bueno de la propia SEPI y que, por tanto, tiene el visto bueno del Gobierno de España'.
¿En qué trámite de la Administración General del Estado se encuentran?
¿Está confirmado por escrito, y en qué documentos, que la PMI -Sociedad de Comercio Internacional de PEMEX- desarrollará estos contratos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001361
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila
Texto:
¿Qué medidas prevé el Gobierno para que el sector naval pueda superar los obstáculos que en estos momentos impiden que puedan acceder a nuevas contrataciones para la construcción de buques?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/001341
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila
Texto:
¿A que se debió el error de la Agencia Tributaria en la tramitación de las declaraciones fiscales de numerosas explotaciones ganaderas lácteas considerando que no estaban al corriente de pago en sus impuestos cuando tributaron por módulos?
¿Cómo es posible que se produzca un error administrativo de
estas características que podría dejar a dichas explotaciones sin el anticipo del 50 % de las ayudas de la PAC que deberían haber recibido desde el pasado mes de octubre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
181/001364
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila
Texto:
¿Qué posición tiene el Gobierno ante la drástica propuesta de la UE de reducir en un 40 % las cuotas de pesca de jurel para el año 2014? ¿Va el Gobierno a pujar ante la Comisión Europea para evitar esta desmesurada reducción de los TAC de
jurel que sería un duro golpe para la flota de cerco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
Comisión de Igualdad
181/001355
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez
Texto:
¿Cree el Gobierno que los contenidos y mensajes del libro 'Cásate y sé sumisa', editado por el Arzobispado de Granada, ayudan a construir una sociedad igualitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2013.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.
181/001356
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez
Texto:
¿Ha realizado el Gobierno algún tipo de pronunciamiento público contra los contenidos y mensajes del libro 'Cásate y sé sumisa', editado por el Arzobispado de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2013.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.
181/001357
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez
Texto:
¿Cree el Gobierno que los contenidos y mensajes del libro 'Cásate y sé sumisa', editado por el Arzobispado de Granada, fomentan modelos de sumisión que son caldo de cultivo de la violencia contra las mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2013.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.
181/001358
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez
Texto:
¿Cree el Gobierno que los contenidos y mensajes del libro 'Cásate y sé sumisa', editado por el Arzobispado de Granada, fomentan una sociedad sexista, discriminatoria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2013.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.
181/001363
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña Carmen Montón Giménez
Texto:
¿Qué valoración hace el Gobierno de la edición, por parte del Arzobispado de Granada, del libro 'Cásate y sé sumisa' que hace un llamamiento a las mujeres a que ahora es el momento de aprender la obediencia leal y generosa, la sumisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2013.-Carmen Montón Giménez, Diputada.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
093/000012
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(93) Convenios entre Comunidades Autónomas
Autor: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia-Consejo de Gobierno
Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en calidad de beneficiario asociado, para el desarrollo de las acciones previstas en el Proyecto Life+Naturaleza 10
NAT/ES/000570 'Recuperación de la distribución histórica de lince ibérico (Lynx Pardinus) en España y Portugal' (Acrónimo: 'lberlince').
Acuerdo:
Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, poniéndolo en conocimiento de la
Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del Parlamento de la citada Comunidad Autónoma.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EN CALIDAD DE BENEFICIARIO ASOCIADO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO LIFE+ NATURALEZA 10
NAT/ES/000570 'RECUPERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA DE LINCE IBÉRICO (LYNX PARDINUS) EN ESPAÑA Y PORTUGAL' (ACRÓNIMO: 'IBERLINCE')
En Sevilla, a de de 2013
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. don José Juan Díaz Trillo, Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por Decreto del Presidente 23/2010, de 22 de marzo, por el que se dispone su nombramiento como Consejero y actuando en función de
las competencias que tiene asignadas de acuerdo con el Decreto 105/2011, de 19 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.
Y, de otra el Exmo. Sr. don Ramón Luis Valcárcel Siso, en calidad de Presidente de la Región de Murcia, nombrado por Real Decreto 874/2011, de 24 de junio, y actuando en función de las atribuciones que le confiere el artículo 7.1 de la Ley
7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, previa aprobación del Consejo de Gobierno por Acuerdo de fecha.. y con la autorización de la Asamblea
Regional de fecha...
Ambas partes se reconocen mutuamente en plena capacidad para formalizar el presente Convenio de Colaboración en la representación que intervienen y en consecuencia
EXPONEN
Primero.
Que la Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo con las competencias que le han sido atribuidas y en virtud del Decreto 105/2011, de 19 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, es el órgano
de la Junta de Andalucía al que corresponde la superior dirección de las competencias en materia de medio ambiente.
Que la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) es el Beneficiario coordinador del Proyecto Life-Naturaleza 'Recuperación de la distribución histórica de lince ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal' (LIFE10NAT/E/000570), en
virtud del Acuerdo de Subvención de 19 de agosto de 2011 suscrito entre la Comisión Europea y la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) con arreglo al Reglamento (CE) n.° 614/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de
2007, relativo al instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE+). (anexo 1). Por tanto, el único responsable legal y financiero frente a la Comisión Europea para la plena aplicación de las acciones del proyecto a fin de lograr los objetivos
y para la difusión de los resultados del mismo. Así mismo constituye el único punto de contacto con la Comisión Europea y es el único participante que informa de los progresos técnicos y financieros.
Segundo.
Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia (en adelante CARM) es Beneficiario asociado del Proyecto Life 'Recuperación de la distribución histórica de lince ibérico (Lynx pardinus) en España y
Portugal' (LIFE10NAT/E/000570), en virtud del Acuerdo de Subvención de 19 de agosto de 2011 suscrito entre la Comisión Europea y la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) con arreglo al Reglamento (CE) n° 614/2007 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de mayo de 2007, relativo al instrumento financiero para el medio ambiente LIFE+, el cual se comprometió a participar de la manera en que se recoge en el formulario A4/6 del citado proyecto, que se adjunta como Anexo 2.
Que el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, atribuye a aquélla en el artículo 11.3, la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de medio ambiente y normas
adicionales de protección, competencia ésta atribuida a la Consejería de Presidencia, de acuerdo con el Decreto del Presidente número 24/2011, de 28 de junio, por el que se establece el Orden de prelación de las Consejerías de la Administración
Regional y sus competencias.
Que de acuerdo con el Decreto número 141/2011, de 8 de julio, por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia, la Dirección General de Medio Ambiente ejercerá las competencias del Departamento en materia de
protección y conservación de la naturaleza, de la flora y fauna silvestre, la gestión de la red natura, del medio forestal y de los recursos naturales y aprovechamientos forestales, cinegéticos y de pesca fluvial, conservación de suelos y gestión y
defensa de las vías pecuarias, así como las de formación, información y sensibilización en estas materias, planificación y prevención de la contaminación, vigilancia e inspección ambiental, evaluación ambiental de planes y proyectos, autorización
ambiental integrada y calificación ambiental, así como las relativas al cambio climático y al fomento del medio ambiente.
Tercero.
Que el LIFE+ NATURALEZA 10NAT/ES/000570 se regirá conforme a los siguientes documentos de referencia, por orden de prioridad:
Reglamento (CE) n.° 614/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de mayo de 2007 (LIFE+)1,
Las disposiciones especiales del acuerdo de subvención.
Las disposiciones comunes, incluidas en el acuerdo de subvención.
La propuesta de proyecto (en lo sucesivo 'proyecto') a que se refiere el acuerdo de subvención,
Todo lo anterior forma parte integrante del acuerdo de subvención y del presente Convenio y regirá los derechos y obligaciones de beneficiario coordinador, beneficiario asociado y Comisión Europea.
Cuarto.
Este Convenio se formaliza conforme a lo estipulado en el artículo 4.8 de las disposiciones comunes. Las cantidades a abonar y las condiciones de pago se establecen en las cláusulas decimocuarta y decimoquinta del presente Convenio de
colaboración.
Quinto.
Que basándose en lo anterior, ambas entidades acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.
El objeto del presente Convenio es la colaboración en la ejecución del Proyecto Life 'Recuperación de la distribución histórica de lince ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal' (LIFE10NAT/E/000570), con una duración prevista del
proyecto desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 31 de agosto de 2016, durante el cual la CARM tiene la obligación de ejecución de las siguientes acciones:
Acción;Titulo de las acciones
A 1;Redacción de un plan de sensibilización y comunicación común, de planes específicos y manual de identidad gráfica.
A.2;Jornadas de trabajo para revisión y redacción de protocolos conjuntos de actuación en el medio natural y revisión de su efecto: mejoras de hábitat.
A 3;Jornadas de trabajo para revisión y redacción unificada y elaboración de protocolos sanitarios para lince ibérico.
A.4;Jornadas de trabajo para actuaciones de permeabilización en vías de comunicación y conectividad de la red Natura 2000.
A 5;Actualización del modelo de áreas de reintroducción, selección de áreas y jornadas para revisión y redacción de protocolos de análisis e informes.
A.7;Modelos de plan de gestión y su conectividad para LIC declarados por lince ibérico.
A.8.6;Datos sanitarios de la fauna que convive con el lince ibérico en áreas de presencia y de reintroducción. Obtención de valores sanitarios de fauna asociada al lince en áreas de reintroducción de Murcia.
A.10;Áreas de aplicación de convenios de colaboración en áreas de reintroducción.
C.4;Mejoras de hábitat en áreas periféricas a las de presencia actual.
C.5;Mejoras de hábitat y conejo en áreas de reintroducción: plan de mejoras.
C.6;Actuaciones de desfragmentación de hábitat en vías asfaltadas.
C.8;Adquisición de conejo silvestre para nuevos cercados en áreas de reintroducción, expansión y conexión.
C.9;Plan de liberación de linces en áreas de reintroducción.
D.1;Jornada inaugural de unificación de metodologías y herramientas de trabajo para todas las áreas de actuación y equipos de profesionales.
D,2;Puesta en marcha de web del proyecto Life+.
D.3;Puntos de información lince.
D.4;Seminario internacional sobre la conservación del lince ibérico, el monte mediterráneo y el conejo de monte.
D.5;Exposición itinerante. Diseño, edición y promoción.
D.6;Distinción/reconocimiento a la conservación del lince.
D.7;Edición y distribución de material divulgativo.
Acción;Titulo de las acciones
D 8.1;Campaña general de divulgación. Conformación del Club Amigos del Lince y actividades relacionadas.
D-10.2;Campaña de divulgación en el área de reintroducción, expansión y conexión de poblaciones de lince ibérico. Sector Agro-ganadero.
D.12;Edición de un informe final divulgativo: informe Layman.
D.16;Edición de un boletín de difusión del proyecto.
E.1;Dirección y coordinación del proyecto.
E.4;Puesta a punto y funcionamiento de la red transnacional Iberlince.
E.8;Programa de supervisión de los resultados sobre las poblaciones de conejo en el ámbito de actuación del proyecto.
E.12;Plan de conservación para el proyecto Life en el futuro.
Así mismo participará en todas aquellas otras acciones en las que sea requerido en aras a una correcta coordinación global de la ejecución del Proyecto y de sus objetivos.
Segunda.
Las acciones citadas en la cláusula anterior, tienen un coste de ejecución de 498.950 euros y se desarrollarán por el Beneficiario asociado mediante la aportación de su participación en la financiación del Proyecto y la financiación de la
CE, como se detalla en la cláusula decimoquinta.
Tercera. Elegibilidad de los gastos.
Sólo se considerarán gastos elegibles para el Proyecto los generados a partir del 1 de septiembre de 2011 y hasta el 31 de agosto de 2016, según consta en el Acuerdo de subvención firmado entre la Comisión Europea-Dirección General de Medio
Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) el 19 de agosto de 2011. Todo ello salvo que la Comisión amplíe el plazo de ejecución.
Cuarta. Funciones y obligaciones del beneficiario coordinador.
4.1 La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) deberá proporcionar a la Comisión todos los informes necesarios, de acuerdo con el artículo 12 de las disposiciones comunes, la CARM deberá facilitar toda la información necesaria para
la redacción de estos informes. La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) debe proporcionar al Beneficiario asociado copias de los informes técnicos y financieros enviados a la Comisión, así como las respuestas remitidas por ésta.
4.2 El Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía), contratará a un auditor externo con experiencia que actúe, además de como auditor propiamente dicho, como asesor y analista de los aspectos económico-financieros del proyecto, al
menos durante tres meses cada año e ininterrumpidamente desde dos años antes de la finalización del mismo. La auditoría se llevará a cabo de forma confidencial.
4.3 Los pagos intermedios y final se realizarán en su máximo previsto en función del cumplimiento de las tareas y los compromisos establecidos entre el Beneficiario coordinador y Beneficiario asociado y una vez recibido el beneplácito de la
Comisión Europea a los gastos efectuados.
Quinta. Obligaciones y funciones de los beneficiarios asociados.
5.1 La CARM como Beneficiario asociado, es responsable de la ejecución de las acciones relacionadas en la cláusula primera de este Convenio y descritas en los formularios pertinentes del proyecto. La CARM se compromete a la correcta
ejecución del Proyecto de acuerdo a las directrices marcadas en la Comisión de seguimiento del mismo.
5.2 La CARM acepta todas las disposiciones del Acuerdo de subvención con la Comisión.
5.3 La CARM notificará a la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) la ejecución de las acciones con suficiente antelación al objeto de poder notificar éstas a la Comisión Europea, especialmente las relacionadas con actos públicos.
5.4 La CARM está obligada a ayudar a la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) a cumplir con sus obligaciones como Beneficiario coordinador en relación con el Acuerdo de subvención. En particular, la CARM proporcionará a la
Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) cualquier documento o información (técnica y financiera), tan pronto como sea posible después de recibir la solicitud del Beneficiario coordinador.
La información solicitada para completar los informes obligatorios a la Comisión que se realice por la CARM se enviará por lo menos dos meses antes de la fecha límite de entrega de cada informe, según el cronograma que se describe en la
propuesta de Proyecto revisado.
El pago acordado dependerá del cumplimiento de estos compromisos y se llevará a cabo después de haberse recibido una respuesta positiva de la Comisión a la información técnica y financiera enviada, Si la respuesta de la Comisión establece un
incumplimiento de las cuestiones técnicas y/o financieras por la CARM el pago se hará solo de la parte que tenga la aceptación de la Comisión.
5.5 La CARM debe contribuir a la financiación del proyecto con 199.580 euros en calidad de contribución propia. Dicha aportación la realizará la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante aportación de recursos humanos, imputando
horas de personal funcionario de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia, desplazamientos y una parte de gastos generales necesarios para la gestión del proyecto que no requieren de justificación.
Los fondos propios que se aportarán a este proyecto no tendrán reflejo presupuestario, ya que únicamente se incluirá un proyecto de inversión financiado 100 % con Fondos LIFE y cuya distribución presupuestaria por anualidades, sería la
siguiente:
Años;Fondos LIFE 100%;Fondos Propios CARM (Personal funcionario, desplazamiento y parte de gastos generales);Total
2013;46.298 ;49.996 ;96.294
2014;70.610 ;49.992 ;120.602
2015;111.891 ;49.796 ;161.687
2016;70.571 ;49.796 ;120.367
Total;299.370 ;199.580 ;498.950
Año 2013: Cuarenta y seis mil doscientos noventa y ocho euros (46.298,00 ), IVA incluido.
Año 2014: Setenta mil seiscientos diez euros (70.610,00 ), IVA incluido.
Año 2015: Ciento once mil ochocientos noventa y un euros (111.891,00 ), IVA incluido.
Año 2016: Setenta mil quinientos setenta y un euros (70.571,00 ), IVA incluido.
5.6 La CARM se compromete a facilitar toda la documentación financiera y de contratación que sea requerida por el auditor.
5.7 La CARM no informará directamente a la Comisión sobre el progreso técnico y financiero a menos que expresamente así se lo solicite la Comisión.
Sexta. Obligaciones comunes del beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados.
6.1 La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) y la CARM deberán mantener al día los libros de contabilidad, de acuerdo con las prácticas contables habituales impuestas por la ley y los reglamentos vigentes. La CARM deberá remitir
al Beneficiario coordinador copia de los libros de contabilidad, así como copia compulsada de las facturas contabilizadas. Una vez cada tres meses, la CARM .enviará copias de la documentación contable a la Consejería de Medio Ambiente (Junta de
Andalucía).
6.2 La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) y la CARM se asegurarán que todas las facturas incluyan una referencia clara al proyecto y su vinculación con el sistema de contabilidad,
6.3 La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) y la CARM velarán por que la ayuda comunitaria se haga pública, según se detalla en el artículo 13 de las disposiciones comunes.
6.4 La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) y la CARM se intercambiarán libremente los conocimientos necesarios para la correcta ejecución del proyecto a través de las Comisiones descritas en el Proyecto.
6.5 La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) y la CARM declaran que no van a actuar, en el contexto del proyecto, como subcontratistas o proveedores entre sí o con cualquier otro Beneficiario asociado.
Séptima. Subcontratistas.
7.1 Para las tareas específicas de duración determinada, un proyecto puede incluir subcontratistas que no serán considerados como Beneficiarios asociados.
7.2 Tanto Beneficiario coordinador como Beneficiarios asociados deberán adjudicar los subcontratos de conformidad con las normas aplicables a las licitaciones públicas, de conformidad con las Directivas comunitarias sobre procedimientos de
licitación pública.
Para los contratos superiores a 125.000 , tanto Beneficiario coordinador como Beneficiario asociado convocarán licitación entre los subcontratistas potenciales y adjudicarán el contrato a la oferta más ventajosa desde el punto de vista
económico, cumpliendo los principios de transparencia e igualdad de trato de los posibles subcontratistas y procurando evitar conflictos de intereses.
Las normas relativas a la licitación a que se refieren los dos párrafos anteriores se aplicarán también en caso de compra de bienes inventariables.
7.3 Todas las facturas emitidas por los subcontratistas deberán llevar una clara referencia a los proyectos LIFE+ y al orden/subcontrato realizado. Todas las facturas deberán ser suficientemente detalladas como para permitir la
identificación de los elementos que abarca el servicio prestado.
Octava. Responsabilidad civil.
8.1 La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) exime a la Comisión de cualquier responsabilidad derivada de su relación con la CARM o de los Convenios suscritos en este contexto.
8.2 La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) y la Consejería CARM serán los únicos responsables frente a terceros en todas las acciones de su responsabilidad, incluyendo los daños de cualquier tipo que se pudieran derivar,
mientras el proyecto se está llevando a cabo. Los daños a terceros derivados de actos dolosos o negligentes causados por el beneficiario asociado en la ejecución de sus responsabilidades en el Proyecto Life lberlince serán responsabilidad de la
CARM.
Novena. Conflicto de intereses.
9.1 La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) y la CARM se comprometen a tomar todas las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de conflicto de intereses que pudiera afectar el desempeño imparcial y objetivo del Acuerdo
de subvención.
9.2 Cualquier situación que constituya o pueda conducir a un conflicto de intereses durante la ejecución del Acuerdo de subvención debe ser puesto en conocimiento de la Comisión, por escrito, sin demora. La CARM debe informar a la
Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) de cualquier conflicto de intereses que se pueda producir. La Comisión se reserva el derecho de verificar que las medidas tomadas son adecuadas y pudiendo adoptar nuevas medidas si lo considera
necesario.
Décima. Informes técnicos de actividad.
La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) debe informar a la Comisión sobre los progresos y los logros del proyecta LIFE+ a través de la presentación de los siguientes informes:
a. Informe inicial, que se entregarán dentro de los nueve meses del inicio del proyecto: Mayo de 2012.
b. Informe anual, que se entregarán en noviembre de 2013.
c. Informe intermedio con solicitud de pago, que se entregarán en noviembre de 2014.
d. Informe anual, que se entregarán en noviembre de 2015.
e. Informe final con solicitud de pago, que se entregarán en Marzo de 2017.
Para cumplir con los informes previstos, la CARM enviará toda la información técnica y financiera solicitada por la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) por lo menos dos meses antes del plazo previsto para cada entrega,
No obstante, la información relativa a la gestión técnica y/o financiera del proyecto puede ser solicitada por la Comisión en cualquier momento.
Undécima. Acciones de comunicación, publicidad de la ayuda comunitaria y de los productos audiovisuales.
11.1 La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) y la CARM deberán dar publicidad del proyecto y sus resultados, mencionando siempre la ayuda comunitaria recibida.
11.2 La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) y la CARM deberán poner de manifiesto el apoyo financiero dado por la Comunidad Europea en todos los documentos y medios de comunicación producidos en el marco del proyecto,
utilizando el logotipo LIFE proporcionado por la Comisión. En los créditos del material audiovisual, al inicio y/o al final se incluirá una mención explícita y legible de la contribución de LIFE+.
11.3 El logotipo de LIFE no puede ser usado como un sello de calidad certificada o etiqueta ecológica Su uso se limitará a las actividades de divulgación.
11.4 La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) como Beneficiario coordinador, creará una página web del proyecto a través del Beneficiario asociado Instituto da Conservaçáo da Natureza e da Biodiversidade del Ministério do
Ambiente e do Ordenamento do Territorio de Portugal, este sitio web proporcionará difusión de las actividades del proyecto, de su progreso y resultados. En esta dirección de Internet estarán los principales resultados del proyecto a disposición del
público. La dirección de Internet deberá ser facilitada en todos los eventos del Proyecto e indicada en los informes. Este sitio web deberá estar operativo a más tardar seis meses después del inicio del proyecto y se actualizará periódicamente,
conservándose durante al menos cinco años después de la finalización del proyecto. Tanto Beneficiario coordinador como Beneficiarios asociados están obligados a facilitar toda la información requerida para ser puesta en este sitio web en los
idiomas del Proyecto: español, portugués e inglés.
Asimismo, este sitio web, servirá de soporte a la Red Transnacional Iberlince, de acceso exclusivo para socios del Proyecto y su contenido está sujeto a la cláusula de confidencialidad.
11.5 Un resumen del proyecto, incluyendo el nombre y datos de contacto del Beneficiario coordinador y Beneficiarios asociados, debe ser colocado en la página web del Proyecto LIFE y puesto a disposición del público en general.
11.6 Todos los bienes inventariables adquiridos en el marco del proyecto deben llevar el logotipo LIFE a menos que se especifique lo contrario por la Comisión.
11.7 La edición de cualquier material que tenga relación con el proyecto será supervisada previamente por el Beneficiario coordinador y consensuada en la Comisión de Seguimiento.
Duodécima. Confidencialidad.
La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) y la CARM se comprometen a preservar la confidencialidad de cualquier documento, información u otro material que se les transmita o esté contenido en la Red Transnacional iberlince y cuya
divulgación podría perjudicar a un tercero. Los datos de carácter personal incluidos en el proyecto estarán a disposición de la Comisión Europea, de otras instituciones de la UE y del equipo de supervisión externa, que se rigen por un acuerdo de
confidencialidad.
Decimotercera. Información financiera.
13.1 Para la declaración final de gastos e ingresos, la CARM proporcionará a la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) el 30 de diciembre de 2016 a más tardar, con fecha y firma, declaración de gastos. La fecha límite para la
declaración financiera intermedia queda fijada el 30 de noviembre de 2014, por tanto la CARM enviará a la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) toda la información financiera solicitada para cumplir con este informe a más tardar el 30 de
septiembre de 2014.
La información solicitada será enviada por la CARM en una hoja Excel, compatible con los formularios financieros exigidos por la Comisión. La CARM enviará también todos los documentos financieros generados compulsados por correo
certificado.
13.2 Si la Comisión solicita alguna información adicional, la CARM la enviará a la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) por e-mail dentro de los diez días posteriores a su requerimiento.
13.3 La CARM está obligada a informar de los costes como se especifica en las disposiciones comunes y en el Acuerdo de subvención. En particular, la CARM debe cumplir con la Parte II, 'Disposiciones financieras' de las disposiciones comunes
de la Comisión.
Decimocuarta. Contribución financiera de la CARM.
14.1 De acuerdo con la declaración del Beneficiario asociado la CARM, implementará acciones con un coste estimado total de 498.950 euros.
14.2 La CARM contribuirá al proyecto con 199.580 euros de recursos financieros propios. Sobre la base de las cantidades anteriores, la CARM recibirá de la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) un máximo de 299.370 euros en
concepto de contribución de la CE.
Los costes totales estimados incurridos por la CARM se revisarán periódicamente durante el proyecto. De acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) (que tendrá en cuenta los costes totales del proyecto incurridos por
todos los participantes) las cantidades especificadas en el presente artículo pueden ser modificadas, siempre que las modificaciones estén en línea con el Acuerdo de subvención sobre el presupuesto del proyecto o hayan sido aprobadas por la Comisión
Europea.
El acuerdo final de pago se supedita a la evaluación de la Comisión de la declaración final de gastos e ingresos y, más concretamente, a los costes del proyecto aceptados como elegibles.
Decimoquinta. Condiciones de pago.
15.1 Todos los pagos deben hacerse a la siguiente cuenta bancaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: Banco de Santander, cuenta número 0049 6660 71 2516026789.
15.2 La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) transferirá la cantidad de 299.370 euros a la CARM de acuerdo con el siguiente calendario:
a. 119.748 euros, es decir, el 40% de la contribución financiera de la CE, dentro de los quince días siguientes a la firma de este Convenio de colaboración entre las partes.
b. 119.748 euros, es decir, el 40% de la contribución financiera de la CE, tras la aceptación por la Comisión Europea (CE) del informe intermedio con solicitud de pago y en particular de la elegibilidad de los gastos efectuados por la CARM y
de que se haya gastado al menos el 150 % de la primera prefinanciación, en el plazo de treinta días desde la recepción del pago provisional por la CE.
c. El saldo restante, es decir, 59.874 euros, es decir, el 20 % de la contribución financiera de la CE, dentro de los treinta días siguientes a la recepción y aprobación por la CE del Informe Final y la Declaración Final de los gastos reales
incurridos. El saldo pendiente de pago a la CARM se calculará de la siguiente manera: los gastos totales (excluyendo la autofinanciación) incurridos por el socio con el fin de implementar el proyecto, menos los fondos que ya se han pagado a la
CARM. Todo condicionado a la elegibilidad de los gastos efectuados por la CARM.
15.3 La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) transferirá la cuota proporcional del pago final a la CARM que la Comisión haya realizado. La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) recuperará los importes indebidamente
pagados a la CARM por no haber sido considerados elegibles por la Comisión.
Decimosexta. Auditoría financiera.
16.1 Además de la auditoría contratada por la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía), la Comisión o cualquier representante autorizado por la Comisión, podrá auditar a Beneficiario coordinador/asociados, en relación al Proyecto,
en cualquier momento durante el período de ejecución del mismo y hasta cinco años después del último pago de la contribución comunitaria, a que se refiere el artículo 28.4 de las disposiciones comunes,
16.2 La Comisión o cualquier representante autorizado tendrá acceso a los documentos necesarios para determinar la elegibilidad de los gastos, tales como facturas, extractos de nóminas, órdenes de compra, comprobante de pago, hojas de tiempo
y demás documentos que sirvan para el cálculo y la presentación de los costes.
16.3 La Comisión tomará las medidas apropiadas para garantizar que sus representantes autorizados respeten la confidencialidad de los datos a los que tengan acceso o que se les prestan.
16.4 La Comisión podrá verificar el uso dado a la contribución financiera de la Comunidad por la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) y por la CARM.
16.5 La información sobre los resultados de la auditoría se enviará a la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía). La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) puede comunicar sus observaciones a la Comisión dentro del mes
siguiente a su recepción. La Comisión podrá decidir no tomar en consideración las observaciones presentadas fuera de plazo. De todo ello será informada la CARM.
16.6 Sobre la base de las conclusiones de la auditoría, la Comisión tomará todas las medidas que considere necesarias, incluida la emisión de una orden de recuperación de la totalidad o parte de los pagos efectuados.
16.7 El Tribunal de Cuentas podrá comprobar la utilización de la contribución financiera de la Comunidad en el marco del presente Acuerdo de subvención, sobre la base de sus propios procedimientos.
Decimoséptima. Controles e inspecciones.
17.1 La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) y la CARM se comprometen a permitir al personal de la Comisión y a las personas autorizadas por ella el acceso a los lugares e instalaciones donde se ejecuta el proyecto y a todos los
documentos referentes a la gestión técnica y financiera.
17.2 Los controles podrán ser realizados hasta cinco años después del último pago a que hace referencia el artículo 28.4 de las disposiciones comunes.
Decimoctava. Comisión de seguimiento.
Con el fin de hacer un seguimiento del cumplimiento del Convenio de Colaboración, se establece una Comisión de Seguimiento que estará formada por un representante de cada una de las partes. Esta Comisión de Seguimiento podrá reunirse de
forma individual o conjunta con el resto de socios en la Comisión Life lberlince.
El representante de la Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) será designado por el Director General de Gestión del Medio Natural. El representante de la CARM será nombrado por el Consejero de Presidencia de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Serán funciones de esta Comisión de Seguimiento resolver las controversias que pudieran plantearse en la interpretación y aplicación de las cláusulas de este Convenio de Colaboración y el seguimiento del grado de cumplimiento del mismo.
Decimonovena. Duración.
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y mantendrá su vigencia hasta el momento en que la CE efectúe el pago final y se realice la liquidación final a la CARM o bien, previo acuerdo explícito entre las partes, hasta
la completa finalización y ejecución de las acciones encomendadas al Beneficiario asociado, incluyendo en las mismas la correspondiente justificación de gastos y emisión de los correspondientes informes.
Vigésima. Naturaleza del convenio.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa.
Vigesimoprimera. Finalización y extinción del acuerdo de colaboración.
La Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía) y/o la CARM acordarán la terminación anticipada del Convenio de colaboración si se produce alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 19 de las disposiciones comunes.
Este Convenio de Colaboración se extinguirá por resolución o por conclusión del mismo, sin perjuicio en su caso del eventual nacimiento del deber de reintegro. Serán causas de resolución:
- La extinción de la personalidad jurídica de alguna de las partes.
- El mutuo acuerdo.
- La demora o incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales o de las cláusulas previstas en el mismo.
- La imposibilidad material o jurídica de desarrollar su objeto en los términos pactados.
- La suspensión definitiva del proyecto acordado de conformidad entre las partes.
- Cualquier otra prevista en la legislación vigente.
Vigesimosegunda Jurisdicción.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para conocer las cuestiones litigiosas que pudieran presentarse. No obstante lo anterior, las controversias que pudieran plantearse en la interpretación y aplicación de
las cláusulas de este Convenio de Colaboración, serán resueltas en primera instancia por los representantes de cada firmante en la Comisión de Seguimiento establecida en la cláusula decimonovena del presente Convenio de Colaboración.
Y en prueba de conformidad, firman el presente documento, por triplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha anteriormente indicados.