CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 103

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ

Sesión núm. 4

celebrada el miércoles, 13 de octubre de 2004

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. (número de expediente 121/000009.) ...
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- Del señor secretario de Justicia (López Guerra). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (números de expediente 212/000202 y 212/000203.) ... (Página 2)


- De la señora subsecretaria de Justicia (De Miguel Landa). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso (número de expediente 212/000310), del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 212/000201) y
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya. (número de expediente 212/000191.) ... (Página 15)

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Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.



COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2005. (Número de expediente 121/000009.)


-DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (LÓPEZ GUERRA) A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Números de expediente 212/000202 y 212/000203.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión que tiene por orden del día las comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre los temas relativos al proyecto de ley de
presupuestos generales del Estado para el año 2005. Han sido solicitadas dos comparecencias, porque hemos refundido una de ellas, la relativa al Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, de tal manera que en la sesión de hoy
comparecerán ante nosotros el secretario de Estado de Justicia y la subsecretaria de Justicia.



Para evacuar el trámite referido a la comparecencia del secretario de Estado de Justicia, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, le damos la palabra al señor Astarloa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Empezaré por dar la más cordial bienvenida, en mi nombre y en el del Grupo Popular, al señor secretario de Estado en esta primera ocasión en la que está con nosotros en la Comisión.



No voy a hacer, como es natural en este trámite, ni uno ni medio discurso, sino que voy a plantear al señor secretario de Estado una serie de cuestiones alrededor del proyecto de presupuesto que en materia de política de justicia presentó el
Gobierno, con el objetivo de obtener en la sesión de hoy el máximo de información posible para un trámite que no está haciendo más que empezar y que, como en alguna ocasión yo he dicho desde la tribuna, este año por razones muy variadas va a ser un
trámite de gran interés; como digo, es un trámite que ahora iniciamos y con el que seguiremos en los próximos días, semanas y hasta meses. Le adelanto al señor secretario de Estado -y no le sorprenderá- que formularemos por escrito, señor
presidente, algunas de las cuestiones sobre las que queremos obtener información en el plazo preceptivo de 48 horas, empezando por una que es tradicional en estos trabajos, que tiene que ver con la ejecución presupuestaria de las partidas y
conceptos de la política de justicia, a día de hoy, o por lo menos al día más reciente que en el ministerio sean capaces de enviarnos, como son las modificaciones presupuestarias que se hayan producido o que eventualmente tengan previsto que se van
a producir de forma inmediata, las generaciones de crédito que igualmente se hayan producido o se vayan a producir, así como los ingresos que con motivo de generaciones de crédito se hayan producido o esté previsto que se produzcan. En todo caso,
mi primera pregunta para el señor secretario de Estado, en la medida en que pueda darnos alguna información sobre todo ello es: ¿en este momento cómo estamos en la ejecución del presupuesto, qué modificaciones y qué ingresos por generación de
crédito se han producido?


La segunda cuestión, ya entrando en el fondo de los números que nos han traído a la Cámara, es una pregunta muy directa y tiene que ver con el porcentaje final. Querríamos saber, señor secretario de Estado, por qué están hablando del ocho y
pico por ciento como incremento de las partidas presupuestarias correspondientes a la política de justicia, cuando si se compara la cuantía total del presidente ejercicio, que consta en los documentos y en el libro amarillo de información que los
acompaña, con la que en los mismos términos se planteó el pasado ejercicio, resulta un incremento que no va más allá del 5,8 por ciento, y si a eso se suma algo que igualmente estaba previsto en la documentación del pasado ejercicio, y en
consecuencia comprometido y anunciado también en el libro amarillo que mencioné, incluso estaríamos hablando de una cifra de comparación superior y, en consecuencia, de un incremento real del presupuesto para la política de justicia del 3,7 por
ciento. Naturalmente, me estoy refiriendo en esta última comparación a la inclusión en la cifra del ejercicio anterior de la generación de crédito comprometida. De todas maneras, siendo esto de una gran importancia, señor secretario de Estado,
porque no es lo mismo hablar del ocho y pico por ciento que del 5,8, o menos aún, del 3,7, probablemente la pregunta más importante que tengo que formularle esta tarde tiene que ver no tanto con lo que nos traen como con lo que no nos traen en este
presupuesto en materia de justicia.
Usted sabe infinitamente mejor que yo cuál era su compromiso, que voy a leer literalmente de la mano del programa electoral, que decía: el gasto directo del área de justicia del Gobierno aumentará de modo
inmediato en no menos de 180 millones de euros anuales y proseguirá de modo sostenido con la mira puesta en conseguir a medio plazo un 2 por ciento del total del presupuesto del Estado.



Es obvio que no estamos hablando ni de la mitad de la mitad de lo que acabo de leer, es obvio en consecuencia que no estamos hablando del cumplimiento de un compromiso de prioridad, y aquí podría extenderme largo rato -he prometido a la
presidencia no hacerlo- pero nos preocupan varias cosas. Nos preocupa que en nombre de un argumento como el que acabo de


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leer entrecomillado se razonase o explicase la ruptura del pacto de Estado, de algo que nosotros consideramos absolutamente capital para el proceso de modernización de la justicia que necesita este país; tampoco le hablo de que con las
cifras que nos traen no sólo incumplen los compromisos sino que ni siquiera se alcanza el nivel de compromiso que en su momento tanto criticó el Grupo Socialista en la oposición, y no existe no ya la comparación con las expectativas creadas, sino
con lo acontecido en estos últimos años, con el dinero adicional puesto al servicio de la justicia. Pero, probablemente, lo más grave, siendo las dos cosas anteriores muy serias, es el incumplimiento de una expectativa y una esperanza generadas por
ustedes ante los ciudadanos y ante todos los protagonistas del mundo de la justicia. Estos presupuestos, leídos desde la perspectiva de lo que ustedes habían prometido a los electores, a los ciudadanos y al mundo de la justicia, claramente son un
fraude respecto de las expectativas creadas. Estamos hablando de menos subida, de nada adicional y ni rastro de una de las promesas electorales estrella del Partido Socialista.



Dicho eso, probablemente todo lo demás son detalles de orden menor porque con eso es más que suficiente para valorar los presupuestos que tenemos encima de la mesa. No quiero, sin embargo, dejar de cumplir, como es mi obligación, el trámite
de plantear una serie de cosas que nos permitan aclarar las tripas del presupuesto. Lo digo sobre la base de nuestras preocupaciones principales, porque hay miles de asuntos que a lo largo de la tarde, entre su comparecencia y la de la señora
subsecretaria, podemos ir aclarando. Un primer grupo de preocupaciones, señor secretario de Estado es lo que, a nuestro juicio, en buena lógica tendría que desarrollarse en el próximo ejercicio y para lo que sería necesario tener las dotaciones
presupuestarias suficientes, y que sin embargo no las encontramos, por lo menos en la cuantía mínimamente indispensable para poder hacerlo. En este capítulo le señalo, y le ruego que me dé toda la información que pueda sobre cada una de estas
cuestiones, por una parte, el desarrollo de la oficina judicial. No apreciamos que exista ni un euro adicional para la oficina judicial, cuando probablemente es uno de los capítulos del proceso de modernización de la justicia que emprendimos hace
unos años que va a necesitar mayor apoyo financiero en el próximo ejercicio. Pienso sólo, por ejemplo, en los cientos de cursos que habría que desarrollar para los secretarios judiciales. En segundo lugar, le hablo, señor López Guerra, del
capítulo de formación, que probablemente es uno de los más decepcionantes en el presupuesto, tal y como nosotros lo hemos leído, en la medida en que lo único que se puede decir con toda claridad, y si no corríjame, es que estamos hablando no digo ya
de no aumento como en principio se anunció cuando se habló de hacer un gran esfuerzo en materia de formación, sino de decremento en cursos de acceso a fiscales o cursos de secretarios, por ejemplo. Quiero, señor secretario de Estado, oír sus
reflexiones sobre los juzgados mercantiles y sobre el desarrollo de la ley concursal. Ustedes ya han tomado una serie de decisiones para la primera inicial puesta en marcha en una serie de juzgados, pero entiendo de estos presupuestos que la
inicial es también la final y que no estamos hablando de un desarrollo en 2005 de nada que tenga que ver con los juzgados mercantiles. Fíjese que cuando hablo de los juzgados mercantiles no me refiero sólo a los jueces mercantiles, sino que me
refiero a todo el desarrollo de los juzgados mercantiles, es decir, toda la oficina de personal especializado que es necesario, tanto en los juzgados como eventualmente en las secciones de las audiencias, que haya que establecer para la fase de
recurso.



No vemos, señor secretario de Estado, y también nos parece de mucha preocupación, ni vestigio de previsiones para la continuidad del Plan de modernización del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional. Hace unos días hablábamos en esta
Cámara, por ejemplo, de la reforma del recurso de casación, y una de las pocas cosas en las que coincidíamos todos los grupos de esta Cámara era en la necesidad de dotar de mejores medios materiales al Tribunal Supremo para acometer la difícil
situación que en este momento tiene. Hace ahora un año, en el trámite correspondiente a los presupuestos del ejercicio pasado se habló, y se habló largamente, de otra cuestión que no quiero dejar de plantearle, la culminación del plan de
transparencia judicial; y a cuento de la culminación del plan de transparencia judicial hablaba, y lo hizo además insistentemente, creo que con buenas razones, el portavoz del Grupo socialista de la revisión de la planta judicial. No hay vestigio
alguno en este presupuesto de que todo ese proceso tenga una continuidad que permita decir que en 2005 estaremos en condiciones de trabajar en algún tipo de reforma de la planta judicial.



Nos preocupa muy especialmente -quiero que lo sepa- el capítulo 6 del programa correspondiente a juzgados y tribunales, y estoy hablando esencialmente de ese programa porque luego mi compañero, el portavoz adjunto, don Juan Santaella, en
relación con la comparecencia de la señora subsecretaria hablará de otros programas. El corazón del proceso de modernización de la justicia, con independencia de las variaciones que tengan que producirse en los capítulos 1 y 2, está en el capítulo
6, y de acuerdo con lo que apreciamos, ese corazón está parado. No hay previsión complementaria alguna que permita hablar, no digo ya de un salto cualitativo correspondiente a las expectativas creadas, sino de una simple mejora respecto a los
presupuestos de los ejercicios inmediatamente anteriores. Más en concreto, señor secretario de Estado, le queríamos demandar información sobre qué previsiones hay en relación con el desarrollo de Lexnet y del proceso de informatización de los
registros que, si no he entendido mal en la literatura de esta documentación, ustedes tienen el propósito de continuar en la línea que se ha


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seguido hasta ahora. Hay la impresión, si estoy equivocado me desmiente, de que, en el fondo, de lo que estamos hablando es de un continuismo vegetativo; de hecho, con la literatura de la memoria de objetivos del año pasado prácticamente
existe identidad. Si repasamos la del año pasado y la de este, vemos que en un 90 por ciento lo mismo que se decía en esa documentación hace ahora un año, lo cual, dicho sea entre paréntesis, me alegra porque contiene juicios de valor muy
favorables a la gestión en materia de justicia del Gobierno Popular. Hay, por ejemplo, juicios muy favorables sobre los juicios rápidos penales, y de eso me alegro. Pero cuando uno crea expectativas y el resultado es, en el mejor de los casos,
como acabo de decir, que vale la expresión de continuismo vegetativo, existe una serie de imposibilidades sobre las que quiero oír su opinión.
Me parece que es imposible, por ejemplo -lo digo para que todos, empezando por el ministro de Justicia,
acompasemos el lenguaje a la realidad-, acometer un proceso de transferencias a las comunidades autónomas, salvo que lo que se esté planteando a las comunidades autónomas, ya se lo contarán ustedes, sea que se les va a transferir miseria y gasto.



Me parece, además -este es otro capítulo especialmente importante sobre el que queremos oír sus reflexiones-, que es absolutamente imposible acometer la más mínima novedad. Y aquí, por ejemplo, tenemos ya encima de la mesa algunas novedades
sobre las que es necesario, por no decir indispensable, que el presupuesto de 2005 haga lo que en este momento no hace; pongo un ejemplo muy claro, en el anexo del proyecto de ley de violencia sobre la mujer que se aprobó en la Cámara el otro día y
que se ha remitido al Senado, se establecen 435 juzgados, de los cuales 14 son exclusivos y los 421 restantes, según las previsiones que ustedes han hecho, son juzgados ya existentes que van a compatibilizar sus funciones con las de violencia de
género. En la memoria económica estamos hablando de que el coste total de la creación de 21 juzgados es de 11.866.000 euros, parte para el Estado, parte para las comunidades autónomas, pero también en esa memoria económica estamos hablando de la
necesidad de acometer los costes de adaptación de los juzgados existentes, hasta los cuatrocientos y pico que he mencionado, y estamos hablando de cantidades próximas a los 21 millones de euros. Todas estas cantidades ni por asomo aparecen en los
presupuestos de este ejercicio. ¿Esto quiere decir que los juzgados de violencia sobre la mujer no van a empezar a funcionar en el año 2005? Y le menciono una de las novedades que ya tenemos aquí y que hay que empezar a poner ya en ejecución; no
quiero decirle nada si empiezo a referirme a las novedades que una y otra vez ustedes desde el ministerio están poniendo sino ante la Mesa parlamentaria todavía, sí ante la mesa de la opinión pública, como son las necesidades de reformas procesales
y orgánicas para acometer la modificación del divorcio, lo que ustedes llaman las libertades sexuales, algo que he visto que de forma incipiente introducen una pequeña cantidad puramente simbólica anunciando probablemente sus intenciones de futuro,
como juzgados de proximidad o eventualmente los juicios rápidos civiles, familia y desahucios, y no quiero decirle nada de lo que tendríamos que estar hablando, y ya me lo escucharon decir en esta Comisión en su día cuando salió la primera vez, si
de verdad tienen en la cabeza acometer la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el cambio de sistema, en su caso, de la instrucción y los costes sobre los que hay que pensar. Todo esto, por supuesto, no existe en los presupuestos.
Cuando digo, y lo digo muy sinceramente, que no atisbamos en absoluto la posibilidad de acometer novedades más allá del continuismo vegetativo, se lo decimos con toda la honestidad intelectual presupuestaria de la que somos capaces. Añadiría, pero
no quiero rebasar mucho más el tiempo, que además nos preocupa que se creen otros agujeros, no sé si se referirá a ello el señor Santaella en la comparecencia posterior, por ejemplo la asistencia sanitaria por parte de Mugeju baja, y lo cierto es
que la asistencia sanitaria que presta Mugeju no baja ¿Quiere decir que no se va a prestar la asistencia sanitaria?


Termino, señor presidente, y he conseguido ser medianamente disciplinado.
Señor secretario de Estado, nos inquieta todo esto y otras muchas cosas que irán surgiendo a lo largo de la tarde. Voy a hacer un resumen final.
Se habla del 8, del
3 o del 5, y eso lleva al final a un debate político más o menos de imagen, pero lo que nos preocupa de verdad es que teniendo que realizar todos, no sólo el Gobierno, sino el país, un esfuerzo para cumplir unas determinadas expectativas con el
mundo de la justicia, ustedes que han sido extremadamente críticos, a mi juicio injustamente críticos, con el proceso de evolución de los presupuestos en estos últimos años, no caminan hacia delante sino radicalmente hacia atrás, y esa es una pésima
forma de empezar la legislatura y de continuar ese proceso.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado de Justicia, a quien por ser también su primera comparecencia y como siempre hacemos, damos la bienvenida en nombre de toda la Comisión.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Quiero manifestar, en primer lugar, que realmente es un honor para cualquier servidor público comparecer ante una Comisión parlamentaria integrada por representantes del titular
exclusivo y origen exclusivo de legitimidad de todos los poderes del Estado, y más cuando se va a hablar sobre cuestiones concretas, como es el presupuesto, que es una traducción a cifras objetivas y verificables de opciones políticas. No se trata
aquí de conceptos vagos sino de datos cuantitativos, que son comprobables de forma intersubjetiva. Quisiera en esta comparecencia, y al contestar las preguntas que se me han hecho, centrarme


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sobre todo en los presupuestos políticos que hay detrás de estas cifras, de cómo estas cifras representan unos proyectos, una voluntad de llevar a cabo transformaciones en el ámbito que estamos examinando, y por ello no seguiré rígidamente
un orden por capítulos, sino que iré siguiendo las preguntas que me ha hecho S.S., el señor Astarloa, e intentaré ajustar la respuesta a cada una de ellas a un concepto o a una visión general, puesto que en estas cuestiones es muy difícil contestar
a una materia sin que se solape con otra. Por otra parte, aquí actúo con cierta comodidad puesto que después de mi intervención vendrá la de la señora subsecretaria del departamento, que sin duda podrá complementar las omisiones y huecos que se
encuentren en mi exposición.



En cuanto a la pregunta concreta que me hacía al principio S.S., relativa a la ejecución del presupuesto, las cifras que tengo referidas a los tres primeros cuatrimestres son muy favorables. Como media estamos en el setenta y dos y pico por
ciento en conjunto y en algún capítulo, básicamente el que se refiere al programa 112.A, antes 142.A, estamos en el 73,38, es decir, que proyectado hacia el futuro, podemos concluir que el grado de cumplimiento y ejecución serán satisfactorios. En
cuanto al tema de generación de crédito, también los datos hasta el momento están siendo los esperados y van más o menos al ritmo de alrededor de 9.900.000 euros por trimestre, es decir que, posiblemente, el crecimiento por generación de créditos o
el gasto que se pueda imputar como consecuencia de aquel estará alrededor de los 38 ó 39 millones de euros.



Usted ha preguntado cuál es realmente el incremento que se está produciendo este año. Me parece una pregunta fundamental, puesto que refleja el grado de prioridad que tiene la justicia en la política del Gobierno, y puedo señalarle que
viendo las cifras en su aspecto general, el hecho de que la justicia sea una prioridad gubernamental queda claramente demostrado. Desde el punto de vista de la comparación en términos homogéneos, si nos fijamos no ya en las cifras absolutas de la
política de justicia sino simplemente en la sección 13, y excluimos organismos autónomos y el organismo público, las cifras escuetas son 1.059 millones de euros en 2004 y 1.148,643 millones de euros en el presupuesto para 2005. La diferencia es de
más de 89 millones de euros; esto, en porcentaje, supone el 8,41 por ciento, si comparamos en términos homogéneos. Si ustedes quieren, añadimos la generación de crédito prevista en 2004 y para 2005 y llegamos a la misma conclusión, suponiendo que
la generación de crédito sea aproximadamente la misma. Esta cifra, 8,41 por ciento o 89,87 millones de euros, es una cifra absoluta que no quiere decir nada pero viene a mostrar la prioridad de la política gubernamental si la tomamos en términos
comparativos. Para empezar, el crecimiento medio de todo el presupuesto es del 5,6 por ciento, es decir, que el crecimiento del presupuesto de justicia se sitúa notablemente por encima de la media del crecimiento de todo el presupuesto, lo que
muestra que la justicia sea una prioridad. Pero sobre todo si se compara con los presupuestos (también con los presupuestos en términos de años anteriores) en términos homogéneos. El resultado es que frente al 8,41 por ciento del 2005, nos
encontramos con un 7,59 para 2004 y un 6,32 para 2003, es decir, que hay un aumento notable. Esta prioridad puede verse no solamente comparando las cifras globales sino teniendo en cuenta la importancia que se da a determinadas partidas dentro del
presupuesto. Se dice que había un compromiso de 180 millones; estamos en el primer año de la legislatura y el aumento ha sido cercano a los 90 millones, y le reitero que estamos al principio de la legislatura, de forma que el cumplimiento de este
compromiso aparece como algo a llevar a cabo y yo diría que empezar con esta cifra no es empezar con mal pie, teniendo en cuenta que supone un aumento de 90 millones en comparación con los gastos previstos para este año.



Usted se refiere, y creo que el tema tiene cierta relevancia, al hecho de que estas cifras parecen no confirmar toda la discusión que se planteó con respecto a la ruptura del Pacto de Estado y de las críticas que se formularon en su momento.
Pudiera pensarse también lo contrario si tenemos en cuenta los objetivos que se persiguen en este presupuesto y las cifras en que se traduce. Se podría decir que en este presupuesto aparece como un punto fundamental de atención el servicio público
de la justicia, es decir, la dimensión de servicio publico y su aspecto de servicio a los ciudadanos; en segundo lugar, la defensa de los intereses y los derechos fundamentales de los ciudadanos y en tercer lugar, la colaboración y cooperación con
las comunidades autónomas en el nuevo diseño del Estado, aspectos estos en los que sí que se marca una diferencia notable con la política seguida por el anterior equipo y que viene a justificar el hecho de las críticas formuladas en su momento a la
forma de ejecutarse, o de no ejecutarse mejor dicho, el pacto sobre la justicia. Me explico; usted ha hecho referencia en algunos supuestos al hecho de que nos encontramos ante un mero crecimiento vegetativo y ha hecho referencia incluso a algunos
órganos judiciales, por ejemplo, los juzgados de lo mercantil. Es difícil admitir que nos encontramos ante un mero crecimiento o mantenimiento vegetativo si examinamos las previsiones concretas que se hacen en un punto central del presupuesto, me
refiero a la creación de nuevos órganos judiciales, a la ampliación de la planta judicial. Esta creación aparece como elemento fundamental y, desde luego, innovador en este presupuesto. Lo que es evidente es la necesidad del aumento de esta planta
no sólo por los datos globales. Si hablamos de estadísticas ciertamente el aumento de los asuntos que entran en los tribunales es creciente todos los años (6.900.000, 7.100.000, 7.200.000), pero estas cifras absolutas, estos términos
macroeconómicos por sí solos no vienen a decir nada salvo que supongan insuficiencia por parte de la prestación del servicio. Sin


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embargo, tenemos datos en abundancia de que este aumento de asuntos está suponiendo un exceso de carga sobre determinados órganos judiciales; no se trata únicamente de considerar cifras macroeconómicas, sino de considerar necesidades
precisas y concretas sobre muchos órganos.
Basándonos en datos suministrados por el Consejo General del Poder Judicial y por las memorias de los Tribunales Superiores de Justicia, podemos considerar que un porcentaje muy alto de los órganos
judiciales ahora existentes sufren un exceso de carga que dificulta notablemente su eficiencia. Teniendo en cuenta los módulos mismos suministrados por el Consejo General del Poder Judicial, un 24 por ciento de los juzgados de primera instancia e
instrucción y un 52 por ciento de los juzgados de instrucción experimentan cargas muy por encima de los módulos de entrada aconsejables. Es necesario suplementar, evitar este tipo de situación, introduciendo los órganos judiciales necesarios para
ello. Es curioso que el estudio del Consejo General del Poder Judicial realizado el 8 de mayo de este año considere que esta situación se traduce en la necesidad de 429 plazas judiciales nuevas; digo que es curioso porque viene a coincidir con la
previsión del Gobierno para la presente legislatura, que establece un crecimiento de unas mil plazas, de ellas 400 de jueces y 600 de fiscales. Como puede usted ver, la previsión de crecimiento de plazas judiciales por parte del Gobierno se
aproxima mucho a la previsión del crecimiento del Consejo General del Poder Judicial. Como consecuencia de esta perspectiva, y siguiendo entre otras la proposición no de ley aprobada por el Congreso el 21 de septiembre, es pieza fundamental de la
política del Gobierno y de este presupuesto la creación de 250 plazas de jueces y 135 plazas nuevas de fiscales. Creo que las cifras son interesantes para explicar los problemas surgidos con respecto al pacto de Estado en los ejercicios anteriores.
Hay que remontarse muy atrás para encontrar una creación similar de plazas; concretamente, si nos fijamos en los años inmediatamente anteriores, la creación de plazas frente a estas 250 para el año 2005 fue de 31 el 2003 y de 50 el 2004; incluso
puedo decirle que a partir del año 2002, en los ejercicios 2003 y 2004 se produce una reducción llamativa en la creación de nuevas plazas judiciales, aunque la necesidad de las mismas era la misma o superior. Lo mismo ocurre con respecto a las
plazas de fiscales para las cuales se creó; estando vigente en teoría la ejecución del pacto de Estado se crearon 23 para el 2003 y 20 para el 2004, frente a lo cual se propone la creación de 135 plazas de fiscales, que ciertamente encuentran un
reflejo presupuestario en los diversos conceptos, entre ellos un aumento de cerca de 26 millones en el capítulo 1 del programa 112.A. Este crecimiento, que desde luego no se puede llamar vegetativo, tiene objetivos muy claros, entre otros, y como
ustedes conocerán, crear plazas para consolidar definitivamente a no menos de 212 jueces adjuntos resultantes de la promoción que tomó posesión este año y que se encontraron con que, a pesar de que su salida de la Escuela Judicial era evidente, no
tenían creadas plazas donde poder ejercer realmente su práctica. He tenido la oportunidad de hablar en muchas ocasiones con estos jueces adjuntos y les resulta -no quiero usar el término dramático- inquietante la expresión de la situación en la que
se encontraban tras haber acabado en la Escuela Judicial, viendo que no tenían un lugar donde realmente llevar a cabo su actuación jurisdiccional, si exceptuandos estas plazas de adjunto que no daban oportunidad a una real y eficiente labor de este
tipo.



Por otra parte, y en relación con esto, usted decía que al parecer no se tienen en cuenta las innovaciones que puede ser, por ejemplo, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ya le he dicho que la previsión de 600 fiscales para
esta legislatura, que se plasma en 135 fiscales nuevos, tiene entre otras la justificación de ir preparando, sin improvisaciones y sin intentar crear la figura de fiscales adjuntos, la entrada en funcionamiento de una futura reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Debo decir que esta creación de plazas no solamente supera un crecimiento vegetativo en cuanto a la cantidad, sino también en cuanto al método. El método para llevar a cabo la cobertura concreta es (es un punto que he
señalado antes) el acuerdo y la negociación con las comunidades autónomas, puesto que como usted sabe en todos los territorios en los que se han transferido las competencias en materia de justicia son las comunidades autónomas las que tienen que
correr con gran parte de los gastos de los nuevos órganos judiciales que se creen, y desde esta perspectiva el reparto definitivo de plazas se va a hacer depender de un acuerdo real según los principios de lealtad autonómica que se lleva a cabo en
el marco de la Conferencia sectorial. Me seguía usted preguntando en esta línea sobre medidas referentes a la reforma de la Oficina Judicial. La Oficina Judicial es objeto de una previsión de reforma considerable, la Ley Orgánica 19/2003; en el
Ministerio de Justicia ya hemos señalado que no tenemos ninguna pretensión de destejer lo ya tejido o de innovación inútil, sino, por el contrario, trabajar sobre lo ya creado, y desde luego vamos a actuar con toda lealtad y también con toda
decisión en la ejecución de esta reforma de la Oficina Judicial. Como usted sabe perfectamente, la reforma de esta oficina necesita previamente una serie de innovaciones normativas en las que ya estamos trabajando, y junto a ellas algo tan decisivo
como la elaboración de las nuevas relaciones de puestos de trabajo que son las que van a configurar definitivamente el funcionamiento de los nuevos servicios comunes que van a ser el eje de la nueva oficina judicial. En esto estamos trabajando,
pero también existe una explícita previsión por nuestra parte que supone una partida de cerca de 5 millones relacionada sobre todo con complementos específicos fundamentales para la estructura de la nueva Oficina Judicial, si se quiere estimular e
incentivar aquellos puestos en los cuales se va a tener una capacidad de gestión de tipo directivo. En esta misma


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línea, y asisto con cierta perplejidad a la afirmación que hace usted del crecimiento vegetativo, se incluye también una partida referente a la puesta en marcha de cinco programas piloto en cuanto a la aplicación de los juicios rápidos
civiles, que suponen la necesidad de un convenio con comunidades autónomas, como usted sabe, convenios que están ya en marcha y que esperamos se concluyan en esta última parte del año de forma que puedan entrar en vigor en el próximo ejercicio.



Por lo que se refiere a varias cuestiones que ha planteado usted respecto a modernización, en cuanto a registros civiles el plan de modernización tecnológica, con el nuevo sistema Inforer, si usted se da cuenta, observa la parte de inversión
en el programa referente a registros civiles, verá que hay un aumento de nada menos que 1.400.000 euros, que conduce a la informatización en el próximo ejercicio de 250 registros civiles, una informatización muy superior a la que se ha llevado en
años anteriores.



Por lo que se refiere a formación nos encontramos con una situación sui géneris. En la proposición no de ley que se aprobó hace poco en el Congreso se indicaba la conveniencia de que el Gobierno llevase a cabo una reforma de la formación de
los diversos integrantes de los cuerpos de la Administración de Justicia en un nivel similar al que tienen actualmente jueces y magistrados, pero aquí obviamente no se puede actuar con precipitación. Mientras que jueces y magistrados hay alrededor
de unos 4.200 ó 4.300, el personal de la Administración de Justicia de tipo no jurisdiccional supera con creces los 40.000; un plan de este tipo obviamente no puede improvisarse. Este año se ha introducido en cifras estrictamente homogéneas un
aumento de no menos de un 10,23 por ciento en el programa 111.Q, es decir, el Centro de Estudios Jurídicos, y supone incluso la previsión de un aumento de más de 400.000 euros para la realización de estos cursos dentro de los cauces actualmente
existentes sin excluir un mayor desarrollo en su momento cuando exista un plan adecuado a la extensión de este tipo de personal.



Donde difícilmente puede emitirse una crítica referente al mero crecimiento vegetativo es en otro de los aspectos fundamentales del presupuesto de este año, la protección de los derechos de los ciudadanos; y aquí nos encontramos con
partidas que si no se pueden llamar innovadoras, es difícil encontrar otro calificativo. Me refiero, por ejemplo, en el programa 111.N, en el capítulo 4, a la partida de 3 millones de euros para financiar proyectos y actuaciones orientados a la
integración social y cultural de las minorías religiosas en España. Esto constituye una innovación no ya sólo en el presupuesto de Justicia, sino también en toda la política de libertad religiosa que se ha llevado a cabo en nuestro país.
Igualmente en lo que se refiere a la protección de derechos fundamentales de los ciudadanos vale la pena tener en cuenta el incremento que experimenta, muy considerable, en el programa 112.A, en el capítulo 4, el concepto referente a la
indemnización a los abogados de turno de oficio y a la asistencia letrada al detenido en el capítulo de justicia gratuita, aumento que es de más de 9.500.000 de euros, de forma que en estos aspectos difícilmente podría hablarse de mero crecimiento
vegetativo. La propuesta que se lleva a cabo en el actual presupuesto es por el contrario de una apuesta decidida por el aspecto de creación de planta de servicio público de la justicia, y por ello difícilmente pudiera considerarse como meramente
continuista. En lo que se refiere a los diversos aspectos a los que ha hecho usted mención, en cuanto a prestaciones de la mutualidad, si se contemplan los diversos programas, es evidente que se mantiene la capacidad de la mutualidad para llevar a
cabo sus diversas prestaciones, siguiendo el aumento natural del personal judicial. Con respecto a esto debo señalarle que entra también dentro de las previsiones del Gobierno elaborar los nuevos reglamentos relativos tanto al estatuto como al
reglamento de prestaciones de la mutualidad judicial.



Me ha señalado usted la importancia del capítulo 6 referente a la modernización; las cifras que yo tengo no muestran en forma alguna el hecho de que el esfuerzo de modernización se esté frenando, sino que se sigue manteniendo en los
diversos programas. En el programa de modernización de la Administración de Justicia, la línea de inversiones supone este año cerca de 22 millones de euros, que van destinados a su modernización, con lo cual se sigue manteniendo el programa Lexnet
de comunicación directa con los sujetos de las actuaciones ante la Administración de Justicia, programa Lexnet que está aumentando sus puntos piloto de 3 a 15 para el próximo ejercicio. A la vista de todo ello, creo, señoría, que la afirmación que
ha hecho usted de que parece que lo que se prevé con respecto al futuro es mantener una posición de insuficiencia y escasez es parcialmente cierta en el sentido de que siempre serán escasos los medios dedicados a la Administración de Justicia, pero
al mismo tiempo el esfuerzo que está llevando a cabo el Gobierno en este proyecto presupuestario supone que esta situación de escasez se está paliando dentro de los medios posibles, y no sólo eso, sino con prioridad con respecto a otras áreas del
presupuesto.



Por lo demás, quedo a su disposición para posteriores preguntas y aclaraciones.



El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir ahora el turno de portavoces; como es tradicional, de menor a mayor, por supuesto turno en el que está también incluido el grupo que ha pedido la comparecencia.



Tiene la palabra en primer lugar el señor Jané en nombre de Convergència i Unió.



El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, quería dar la bienvenida a esta Comisión de Justicia al secretario de Estado de Justicia en esta su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados y desearle también éxitos en su gestión. La
propia trayectoria académica y jurídica del señor López Guerra, precisamente


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en un ámbito que me es muy cercano como es el derecho constitucional, le avalan plenamente en su capacidad para llevar a cabo el programa del Gobierno en el ámbito de la Administración de Justicia. Por tanto, desde Convergència i Unió le
damos la bienvenida y le deseamos los máximos éxitos en su gestión.



Señor López Guerra, mi grupo parlamentario en este trámite político de marcar prioridades presupuestarias en cada uno de los ministerios le va a plantear de forma muy breve dos cuestiones. Usted hacía referencia a la necesidad de
implementar la proposición no de ley que aprobó el Congreso de los Diputados el pasado 21 de septiembre; en esa proposición no de ley y tras las enmiendas que se introdujeron en la misma había también una petición clara de atender la necesaria
normalización lingüística en el ámbito de la Administración de Justicia y del Poder Judicial en su conjunto. Estaba también, repito, dentro de esa proposición no de ley.
Paralelamente, el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 1 de junio
tomó en consideración una proposición de ley orgánica presentada por el Parlament de Cataluña, que está ahora en trámite dentro de este Congreso de los Diputados pero que debe ver finalmente la luz de su aprobación a lo largo del ejercicio 2005;
una proposición de ley orgánica que incide también en estos aspectos de la normalización lingüística, muy en concreto en la necesidad de que el conocimiento de la lengua y del derecho civil propio de las comunidades autónomas que así lo tengan sea
considerado un requisito y no únicamente un mérito en los respectivos concursos, y esto está tomado en consideración y en trámite en este momento ante las Cortes Generales. También en esta misma línea, señor López Guerra, ya en la pasada
legislatura se tomó en consideración otra proposición de ley del Parlament de Cataluña sobre la lengua en los registros civiles. No vio la luz porque decayó al disolverse las Cortes Generales el pasado mes de enero, pero bien es cierto que había
una voluntad política de todos los grupos de esta Cámara de activar esa propuesta, voluntad que fue también manifestada por el propio Ministro de Justicia en su primera comparecencia en esta legislatura.



Ante todos estos precedentes que le ha marcado y le ha recordado ahora Convergència i Unió, mi pregunta es la siguiente: Crece el presupuesto de Justicia un 8,41 por ciento, se van a destinar alrededor de 90 millones más de euros que en
ejercicios precedentes, crece más Justicia que el conjunto del presupuesto, ¿qué parte se va a destinar a una organización lingüística? ¿Qué parte de ese presupuesto, señor López Guerra, vamos a destinar, qué partidas? Mi grupo no ha sabido
verlas, no quiero afirmar que no existan pero no ha sabido verlas en el proyecto de ley presentado y, por tanto, mi grupo entiende que esta debe ser también una prioridad.
De ahí que le plantee expresamente esta inquietud, el ruego de que se
atienda esta petición, en concordancia con el propio mandato en esta legislatura del Congreso del pasado 21 de septiembre, proposición no de ley, y del pasado 1 de junio, proposición de ley. En concordancia también con la propia voluntad del
ministro expresada ante esta misma Comisión, le pide mi grupo formalmente que se atienda esta petición, que se nos explique en qué medida se recoge ya en el presupuesto presentado, y en caso de que hubiera aquí un déficit inicial que se pueda
corregir vía enmiendas, que ya le anticipo que mi grupo también va a presentar. Por tanto, este era el primer aspecto que quería poner Convergència i Unió encima de la mesa en este trámite político de las comparecencias ante la Comisión de
Presupuestos.



Al segundo aspecto de mi intervención hacía también referencia el portavoz del Grupo Popular hace unos minutos. Estamos avanzando en un proceso de mayores competencias de las comunidades autónomas en el ámbito de la administración de la
Administración de Justicia (los que estamos aquí entendemos perfectamente lo que queremos decir con administración de la Administración de Justicia, y lo que va con ello de modelo de gestión de la Oficina Judicial) y estamos también, señor López
Guerra, legislando continuamente en estas Cortes Generales, tomando decisiones legislativas, aprobando nuevas leyes que después tienen una repercusión ante esa administración de la Administración de Justicia en que cada vez más comunidades autónomas
tienen también una parcela importante de gestión.
Por tanto, el legislador estatal, estas Cortes Generales toman decisiones que repercuten después en presupuestos de comunidades autónomas en el ámbito de la Administración de Justicia. Siendo esto
como es (es una evidencia que es así, y lo vemos ahora con la nueva ley que estamos impulsando en materia de igualdad de género para evitar discriminaciones; lo vemos también en la normativa aprobada en la pasada legislatura sobre los juicios
rápidos), tomamos decisiones que tienen una repercusión económica en los presupuestos de las comunidades autónomas, y muy especialmente en materia de justicia. De ahí que mi grupo le reclama, también formalmente en esta comparecencia, una mayor
aplicación de lo que en la LOFCA se estableció como el principio de lealtad institucional, el principio de compensar a las comunidades autónomas de aquellas decisiones del legislador estatal que, por obligarles a esas comunidades autónomas a prestar
mayores servicios, puedan incidir negativamente en sus presupuestos, en su financiación. En cuanto a la LOFCA (cuyo principio está también en un sistema federal como el alemán, con el principio de la Bundestrene, de esa lealtad que usted conoce
bien también como experto constitucionalista). Convergència i Unió le quiere reclamar hoy en esta comparecencia que se tenga presente este principio, que está en la ley, en el artículo 4 de la LOFCA, en el que se expresa de manera concreta la
necesidad de compensar a las comunidades autónomas por las decisiones del legislador estatal. También este principio, vía enmienda de Convergència i Unió, se introdujo en la redacción final de la proposición no de ley que fue aprobada el pasado 21
de septiembre en el


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Pleno; por tanto, en ese espíritu también le pediríamos concreciones sobre en qué aspectos (juicios rápidos, nueva ley sobre la violencia de género, etcétera) el presupuesto va a reflejar esa necesaria compensación a las comunidades
autónomas.



Había dicho, señor presidente, que sería breve. Quería plantear sólo dos aspectos concretos. Reitero una vez más nuestro agradecimiento al secretario de Estado por su comparecencia y le deseo una buena gestión en el ámbito de la Justicia,
porque sin ninguna duda va a beneficiar al conjunto de la sociedad y al buen funcionamiento de nuestro Estado de derecho. Por tanto, deseándole suerte en esta gestión, le pedía estas concreciones en estos dos ámbitos.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Astarloa.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Muchas gracias, señor secretario de Estado por sus respuestas y, si me lo permite, también mi reconocimiento por el mal trago de tener que explicar determinado tipo de cosas que S.S.
ha explicado con
donosura parlamentaria a pesar de la dificultad de las mismas. Empiezo por un comentario semántico; yo no he utilizado en ningún momento la expresión crecimiento vegetativo. He hablado de continuismo vegetativo. La palabra crecimiento la ha
usado usted, no yo, porque este no es un presupuesto de crecimiento.



Le agradezco en primer lugar no sólo que nos haya dado la razón de que efectivamente las cifras de comparación que se están utilizando son las del año pasado frente a este año, y que según cuál se coja hablamos del 8, del 5 o del 3,7. Le
agradezco que vayan quedando medianamente claras las cifras de comparación, porque efectivamente la comparación con la que ustedes han calculado el 8 no toma como referencia del año pasado la que por ejemplo utilizó el portavoz del Grupo Socialista
en la comparecencia del año pasado que era de 1.116 millones; la comparación real con la del año pasado es la que da el 5,8. Ahora cuando terminemos la sesión lo calcularé. Ni siquiera si a eso le agregamos la generación de crédito estamos
hablando del 3,7. Yo había hecho el cálculo sobre la base de un máximo de 30 millones de generación de crédito, pero S.S. nos ha dicho, y es una buena noticia para la justicia, que las previsiones con las que están trabajando son de 38 ó 39
millones de euros, lo cual es una noticia espléndida porque trae más dinero incluso que el librito amarillo, que es el catón, había puesto encima de la mesa. Nuestra conclusión (insisto en que no nos parece lo más importante, pero hay que dejarlo
claro) es que estamos hablando de un incremento del 3,3 ó 3,4 más o menos, calcularé luego exactamente y a ver si nos ponemos de acuerdo.



No voy a cargar las tintas en esta comparecencia; entiendo sus dificultades sobre lo que se compromete y lo que se cumple. No voy a cargar las tintas sobre eso, porque todos los que estamos en esta sala hemos entendido perfectamente lo que
se prometió y lo que tenemos. Dice S.S. que no son los 180 pero estamos en los 80, y este es el principio de legislatura. Déjeme que le haga una pregunta, y esta sí es una pregunta importante para el mundo de la Justicia y para el conjunto de los
ciudadanos. ¿Con esto no se está diciendo, señor secretario de Estado: una vez que estamos en el mundo de la realidad no podemos cumplir de manera alguna en esta legislatura lo que hemos dicho que íbamos a hacer? No obstante lo cual vamos a hacer
un gran esfuerzo en el mundo de la Justicia poniendo en la medida de lo posible los próximos ejercicios más de lo que se ha podido poner en este. Esta es una contestación, pero hay otra: aunque ya este año no tenemos los 180 millones adicionales,
seguimos manteniendo el compromiso de que al final de la legislatura estarán puestos los 1.500 millones adicionales y habremos llegado al 2 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado, lo cual quiere decir que si este presupuesto no es lo
que ustedes habían prometido, en todo caso, vamos a asistir a tres presupuestos en materia de justicia no ya buenos sino explosivos para poder cumplir ese objetivo. Se lo pregunto; lo que usted tiene en mente en este momento es: Vamos a
ajustarnos a la realidad y decir a los ciudadanos que la intención era buena pero no es posible, o lo vamos a realizar los tres próximos ejercicios con saltos absolutamente históricos y espectaculares de los presupuestos del Ministerio de Justicia,
y tenemos medianamente hablado con el Ministerio de Hacienda que eso va a ser posible.



Señoría, a la hora de decir dónde estaban las bondades (seguro que alguna tiene, no todo va a ser malo en este presupuesto) hablaba de unos objetivos, que yo no le voy a discutir, y de un ejemplo. Del ejemplo podemos hablar largamente, y es
todavía más preocupante si de lo que se trata es de demostrar con ese ejemplo que estas son las bondades del presupuesto. Su señoría ha dicho que es muy bueno lo que se plantea aquí en la creación de nuevos órganos judiciales; y ha dicho más, que
es muy bueno y además es mucho mejor que lo que se ha hecho en el pasado inmediato. Ya sabe que yo tengo la regla de hablar fundamentalmente de lo que ustedes están haciendo y no de ponerme a explicar lo que antes se hizo. En primer lugar, ese es
un comentario no justo con el pasado porque desde 1997, cuando el Consejo General del Poder Judicial dijo lo que dijo, se han creado las 800 plazas judiciales que se tenían que crear (entiendo que esto no me lo va a discutir porque como es
matemáticas ahí está). Dejando por sentado que no hace bueno lo que usted nos propone en comparación con el pasado, sencillamente sería mejorar en todo caso, quiero hacerle una apreciación. Todavía no sé a estas alturas de cuantas nuevas plazas
judiciales están ustedes hablando, porque unas veces mencionan 250, otras veces mencionan 150, otras veces mencionan ustedes 100 (concretamente en el librito amarillo llamado catón), y la partida presupuestaria


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correspondiente a eso da para 20 nuevas plazas judiciales. A lo mejor van a ser capaces durante el ejercicio de sacar dinero de otro lado (ahora hablaremos de generaciones de crédito) para que el dinero para 20 se convierta en dinero por lo
menos para 100, no le digo ya para 150 o para 250; pero en todo caso a día de hoy ustedes tienen dinero para crear 20 plazas judiciales en el próximo ejercicio. Añadía S.S. una cosa, hablar del ministerio fiscal. Podemos dedicar un monográfico
si quiere a hablar sobre este tema, incluso se lo podemos preguntar los dos al fiscal general del Estado. Cuando el fiscal general del Estado el día de la apertura del Año Judicial en presencia de muchos de nosotros dijo: Ha sido gracias al
esfuerzo personal de muchos miembros de la carrera que ha sido posible sacar adelante las nuevas obligaciones que nos están imponiendo las leyes, porque de medios no hemos andado sobrados, pero confiamos en que se va a ser generoso en el inmediato
futuro para que haya los medios suficientes para que no se tenga que hacer ese esfuerzo personal, ¿lo decía a sabiendas de lo que este presupuesto da para el ejercicio 2005 al ministerio fiscal? Supongo que no, supongo que la lectura de este
presupuesto a una de las personas a las que más decepción ha acarreado es al señor fiscal general del Estado, porque aparte de que tampoco acabo de tener muy claro si hablamos de 135 (en unos papeles se habla de 135 y en otros de 100) lo cierto es
que al margen de la previsión de sueldo de equis número de fiscales, por ejemplo 100 como usted dice, no hay nada más, y lo que yo entendí al fiscal general del Estado es que no estábamos hablando sólo del sueldo de las personas sino del conjunto de
medios que permiten funcionar a una fiscalía, y de eso aquí nada. Así que no sé yo si no es mejor que busquemos otro ejemplo para poner en evidencia la parte de bondad que pueda tener este presupuesto, porque este ejemplo es complicado.



Voy a hacer un apunte. Se refería hace un momento el señor Jané (como no le he entendido muy bien se lo pregunto, señor secretario de Estado) a cómo piensa administrar en el futuro la cuestión de la toma de decisiones en materia de justicia
en relación con la repercusión que esas decisiones tienen en las comunidades autónomas. En la medida en que ya lo ha planteado el señor Jané no voy a extenderme en esto. Usted sabe que a día de hoy por lo menos el criterio es que la previsión de
modificación de financiación se está sustanciando no en las conferencias sectoriales, en este caso en la Conferencia sectorial de Justicia, sino en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la medida en que en principio está previsto
que el conjunto de las políticas tengan la correspondiente y suficiente financiación, y cuando no la tienen sea en la evaluación de conjunto de ese Consejo que se evalúe y se establezca. En esto no objeto nada, sólo le pido información de si es que
el ministerio en este momento lo que tiene pensado es acometer una modificación del sistema de financiación de las políticas de Justicia en relación con las comunidades autónomas, yendo a una negociación directa con las comunidades autónomas en el
seno de la comisión sectorial y al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera.



Le preguntaba por una serie de cosas (a la mayoría me contestó, a otras no), no para que se pusiese en evidencia si la cuantía era suficiente en todas o no lo era, sino sobre la base de algunos epígrafes generales. En uno de ellos decía que
ustedes tienen imposible acometer con este presupuesto tal o cual cosa, y S.S. en algún caso me ha comentado que están ante un programa piloto, por ejemplo en el tema de los juicios rápidos; eso ya lo comenté cuando hablé de ello, estábamos
hablando de una cantidad simbólica que no podía corresponder más que a algo parecido a un programa piloto. Lo que nos preocupa, señor secretario de Estado, no es que se pueda hacer un ejercicio concreto para ver si en una localidad algo de esto se
puede poner en marcha, lo que nos preocupa es que con estos presupuestos no estamos en condiciones (lo creo con toda claridad y además tengo la impresión de que usted también lo cree) de acometer en profundidad las políticas que se está diciendo que
se van a acometer, y o bien dejamos de decir que se van a acometer y se aplazan para cuando haya dinero disponible, o bien decimos que las queremos acometer pero no tenemos el dinero disponible; en todo caso, las dos cosas a la vez no nos parece
posible. Acepto que no hay más dinero para formación para no precipitarnos; es un argumento como otro cualquiera. Lo que me parece importante es que también seamos en esto sinceros todos, por ejemplo, en los debates de esta Cámara. Es
prioritario que hagamos un gran esfuerzo en materia de formación, pero no nos precipitemos; con este presupuesto no nos precipitamos. No he mencionado alguna cosa, porque les hablará de ello después el señor Santaella, de lo que S.S. llamó gran
novedad, de los 3 millones para un fondo para desarrollo, en sus términos, de la libertad religiosa; yo hablé de otros temas, de cosas que se nos vienen encima. Si hay que adoptar medidas procesales y orgánicas jurisdiccionales a la hora de hacer
una reforma en materia de divorcio, o lo aplicamos en 2005 o no; si no lo vamos a aplicar en 2005 porque no hay dinero para hacerlo, tendremos que decirle a los ciudadanos que se apruebe cuando se apruebe no se aplicará en 2005; es lo que yo he
querido decir.



En cuanto al capítulo 6 (y sin ánimo de abrir una controversia grave), créame cuando le digo lo que le he mencionado antes, que el corazón de la modernización de la Justicia está en el capítulo 6 del programa de juzgados y tribunales, y que
hoy ese corazón está parado; a lo mejor estamos a tiempo (vamos a verlo en el trámite de enmiendas o cuando sea), de sacar algún dinero, el incremento en otro sitio que se haya podido meter en este presupuesto, para insuflar algo de sangre al
corazón que está parado, que es el capítulo 6, es decir, las inversiones que hay que hacer. Cualquier día de estos nos sentamos en esta Comisión y vemos con detalle si efectivamente el Plan de Infraestructuras es razonable o


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no, y si lo que se va a poner en el ejercicio que viene para nuevas tecnologías en materia de la justicia es razonable o no.



Termino, señor presidente, y es la última intervención de este grupo parlamentario. Por parte de este grupo, como ve señor secretario de Estado sin cargar las tintas en el mal trago de tener que explicar por su parte estos presupuestos, le
digo que sería bueno que por lo menos en esta comparecencia de hoy, ya que el inmediato futuro tenemos muy claro lo que es y no da para más, tengamos medianamente claro lo que espera en el subsiguiente futuro, para no seguir generando expectativas
que a lo mejor no van a poder realizar, como no han podido realizarlas en este ejercicio en relación con el mundo de la Justicia, y que eso lo digan con claridad.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Villarrubia.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Buenas tardes a todos y hoy de manera especial al compareciente, el secretario de Estado de Justicia, a quien damos sinceramente la bienvenida ante esta Comisión para presentar este presupuesto,
agradeciéndole también la información que nos ha trasladado.



Me van a permitir que haga algunas pequeñas valoraciones. No es mi labor como es lógico contestar al portavoz del Grupo Popular, pero evidentemente en este turno presupuestario con un contenido netamente político, como suelen ser las
comparecencias del secretario de Estado y como ha sido la intervención del señor Astarloa, permítanme, insisto, hacer alguna pequeña reflexión. La primera reflexión es que desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos razonablemente satisfechos
con el presupuesto que se ha presentado. La segunda es dejar claro, señor Astarloa, que no se juega, ni le ha dado la razón el secretario de Estado, con los números, si es un 3,7 o si es un 5,8, depende de lo que tomemos. No, en términos
homogéneos, la sección 13 crece un 8,41 por ciento. Si tomamos sólo de la sección 13 el programa 112.A de tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal, que es el más importante, crece aún más, el 8,6 por ciento, en términos homogéneos; si tomamos la
generación de crédito del año 2004, también debiéramos, para que fueran los términos homogéneos, tomar la de 2005.



Una primera cuestión. Afirma literalmente el portavoz del Partido Popular que estamos ante un continuismo vegetativo. Casi en cinco segundos podría terminar con mucho optimismo mi intervención, porque no habría más que coger el presupuesto
de 2004, que es de un continuismo vegetativo, aplicarle todos los epítetos y adjetivos que el Partido Popular puso a ese presupuesto -que era histórico, que era el mejor, que solucionaba todos los problemas, no lo voy a repetir- y nos íbamos todos
tan contentos. No sé por qué dice con tristeza el señor Astarloa que es escaso este presupuesto cuando crece sobre lo histórico, sobre lo magnífico, que no era tan histórico ni tan magnífico, este 8,41 u 8,60 por ciento, según tomemos el total de
la sección 13 o el programa 112.A Cuestión primera bis, casi reflexión por lo tanto, porque entra dentro del mismo campo. Estamos ante una situación de priorización de la justicia en los Presupuestos Generales del Estado. Decimos claramente desde
el Grupo Parlamentario Socialista que la justicia no ha sido priorizada suficientemente en los presupuestos durante muchos años, desde luego no en los últimos, y no lo suficientemente ahora como le habría gustado al Grupo Parlamentario Socialista,
pero decir que no hay recursos absolutamente para casi nada si estamos creciendo bastante por encima de la media de los presupuestos, me parece que es una crítica poco sólida.
Apuntamos desde nuestro grupo parlamentario, señor secretario de Estado,
que hacen falta más recursos. Los recursos siempre son escasos y el crecimiento tiene que ser sostenido a lo largo de los años.



Hacía el señor Astarloa jugo dialéctico con la cantidad de incremento y hablaba de la ruptura del Pacto de Estado para la reforma de la Justicia; no vamos a entrar en ese debate, creo que no nos daría tiempo ni es lugar este trámite, pero
sabe que una de las razones fue la no dotación de los recursos suficientes; sabe igualmente que el Pacto de Estado está roto; sabe igualmente que no fue la única razón, sino lamentablemente la utilización -no voy a extenderme en ello- que de la
justicia hicieron usted y el incumplimiento de la letra y del espíritu del propio Pacto de Estado, y además la no dotación de esos recursos, que usted ahora pretende que se cubran en 4 años, cuando los 250.000 millones de pesetas eran para dos
legislaturas completas, 8 años era el compromiso para aportar estas cantidades que ustedes decían que estaban sobradamente aportadas, no habría que ir más que a la hemeroteca del año anterior. Si con lo que ustedes tenían en el presupuesto estaban
sobradamente dotadas y se cumplía el pacto de Estado, ahora más generosamente estaríamos cumpliéndolo. No, señor secretario de Estado, no llegamos a cubrir esa cantidad en parte alícuota que exigíamos y sosteníamos que había que dotar en
cumplimiento del Pacto de Estado.



Alguna cuestión añadida. Se ha tocado -y muy resumidamente- y nos gustaría alguna aclaración más, señor Secretario de Estado -el mapa judicial, la revisión y la demarcación de la planta por el portavoz del Partido Popular, que entiendo que
parcialmente ha contestado, y de manera importante. Quisiera añadir algún matiz en cuanto a la creación de plazas. En la creación de plazas, los números están ahí. Para jueces, en el año 2000, 150; en 2001, 105; en 2002, 105; en 2003, 31, y en
2004, 50; para fiscales, 2003, 23 y en 2004, 20, el total en los tres últimos años es de 185 y sólo en este año 250. Hablamos de la última legislatura casi completa. Para fiscales se crearon bastantes menos


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en toda la legislatura, en los tres últimos años, que la previsión sólo de este año, que por otra parte y entre paréntesis, le corresponderá contestar al secretario de Estado; no confunda la cuantía de consignaciones con el número de plazas
porque si se concluye el derecho a percibir haberes en el mes de noviembre, lógicamente no hace falta consignar doce meses sino uno o dos en su caso, eso serán las cuentas que en el ministerio tendrá previstas.



Vamos al grano. Señor secretario de Estado, hay un compromiso electoral de creación de 1.000 plazas de jueces y fiscales a razón de 400 jueces y 600 fiscales en la legislatura. Vemos que con esto se va bastante más allá de la parte
alícuota de este año. Quisiéramos que nos explicara si esos números diversos que vienen en distintos documentos presupuestarios no tienen su origen -yo así lo he entendido al menos pero para aclararlo a todos los comisionados- en la proposición no
de ley aprobada por este Parlamento el día 21 de septiembre, que instaba al Gobierno una serie de cuestiones. Entre paréntesis y brevemente, señor Secretario de Estado, el que el Gobierno cumpla lo que le solicitaba el Parlamento es un acto, como
bien decía el portavoz de Convergència i Unió, de normalidad democrática, no lo contrario, sino de normalidad democrática. El no cumplimiento sería la anormalidad. Nos gustaría que en la réplica pudiera aclarar, o ampliar si lo tiene a bien,
aquella información. Si hoy no dispone de ella se puede, por el conducto de la Cámara, remitir en cualquier momento, y lo digo también para alguna pregunta puntual más que pueda plantearle. Nos gustaría que ampliara esta información en algunos
sentidos que han planteado los anteriores comparecientes, también el de Convergència i Unió al que haré una pequeña referencia en este acto.



¿Es consecuencia de esta proposición no de ley impulsar aún más la voluntad de aumentar las plazas y elevarlas 250 en jueces y 135 en fiscales? ¿Tiene voluntad política el Gobierno de dar cumplimiento al resto del contenido de la
proposición no de ley en lo que al aspecto presupuestario se refiere? Aquí tengo que reconocer que don Jordi Jané ha planteado dos temas que en efecto se recogen en esa proposición no de ley que transaccionamos ambos grupos, y en el proyecto de ley
orgánica de 1 de junio. También quiero comentarle un pequeño matiz porque, con la habilidad que le caracteriza, pregunta qué consignación presupuestaria tiene en dos aspectos, uno en el contenido de esa proposición de ley y, dos, por las leyes ya
aprobadas como la Ley de Enjuiciamiento Civil, juicios rápidos, Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que conllevaban ciertos gastos para comunidades autónomas que no fueron tenidos en cuenta suficientemente por el legislador estatal ni por el
Gobierno anterior. El acuerdo de esa proposición no de ley insta al legislador y al Gobierno para que cualquier ley que en el futuro se apruebe, sin perjuicio de lo que se negocie por otro lado, tenga consignación presupuestaria. La consignación
presupuestaria concreta, claramente se recoge en la primera proposición de ley y se quitó un párrafo de que no podíamos exigir consignaciones presupuestarias de aquello que aún no se había convertido en ley. Lo que pregunto al Gobierno es por la
voluntad política, pero lógicamente la consignación concreta es complicada en tanto en cuanto no sabemos cuál va a ser el texto definitivo que apruebe este Congreso.



¿Se soluciona ese grave problema de los jueces adjuntos con este número de plazas, señor secretario de Estado? En la formación, que nos preocupa especialmente y se recogía también en esta proposición no de ley, ya vemos que, en efecto, se
recoge un 10 y pico por ciento de incremento, ¿Existe posibilidad, si fuera necesario, de ampliar con la generación de créditos o por cualquier otro conducto esta consignación?


En cuanto a los capítulos 2 y 4, tengo que decir que observamos -lo digo también en voz alta- que no son sólo las plazas sino los gastos corrientes y las transferencias del 112.A se incrementan el 13,24 por ciento en total, y el 10 y pico
por ciento toda la sección 13; en transferencias corrientes aún se va más allá, capítulo 4, el 31 y pico por ciento -no es gasto sólo de personal- en el programa 112 y supera el 40 por ciento. Quizá tengamos ocasión de verificarlo con la
subsecretaria en la siguiente comparecencia, entraremos quizá en algún dato numérico más, pero le pongo alguno sobre la mesa y muy por encima.



En el capítulo 6, señor secretario de Estado vamos a tener una parcial coincidencia con el Grupo Parlamentario Popular, porque es verdad que el incremento de inversión nueva es el 2,29 por ciento y de reposición el 4,29 por ciento; es
verdad que nos gustaría que hubiera podido ser algo más, en todo caso es superior a la del año anterior que sólo llegaba en el conjunto y en la media al de 2005. Esto que catalogaba de corazón parado, el infarto de miocardio lo habríamos padecido
hace bastante tiempo, don Ignacio. Evidentemente, no estamos en situación de paro sino en ese continuismo vegetativo de lo que consideraban extraordinario, que no lo era tanto, y de que se mejora, pero poco, la consignación del año anterior. Eso
sí lo reconocemos, y nos gustaría que pudiera haber alguna consignación más.



Algunos temas puntuales, por abreviar, señor secretario de Estado. Si quiere y tiene ocasión de decir algo más del plan de transparencia judicial, dejando claro que lamentablemente hasta 2004 se tenía absolutamente abandonado; si hay
alguna idea respecto a la Carta de derechos del ciudadano; ya le he hecho una mención a la reforma de la Ley de Demarcación y Planta; si quiere, puede hacer alguna pequeña reflexión sobre esto y también alguna reflexión sobre el plan de
actuaciones sobre la violencia de género, que de entrada tengo que decir que aumenta un 68,2 por ciento sobre la consignación del año anterior, aunque nos parece que es algo que hay que mejorar. Nos gustaría que comentara por qué este incremento
tan elevado, el 50 por ciento más incluso en el capítulo 4, de transferencias corrientes, para el turno de oficio y la asistencia al detenido. Si quiere y tiene


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ocasión, puede hacer alguna mención a la justicia de proximidad, si es en cumplimiento, creo que de la disposición adicional quinta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, qué idea hay al respecto, si ya hay alguna experiencia piloto, qué
consignaciones se recogen si lo tiene a mano; si no, lo dejaríamos para la comparecencia posterior. Quiero decirle que nos parece muy bien la consignación de 3 millones largos de euros en el capítulo 4 en cuanto a integración de minorías
religiosas en España; si quiere hacer alguna referencia a ello aunque ya lo ha mencionado, también se lo agradeceríamos.



Para concluir, desde el Grupo Parlamentario Socialista le comunicamos que estamos razonablemente satisfechos con este presupuesto, que nos gustaría, porque ha sido un área abandonada e insuficientemente tratada durante muchos años, que el
incremento año tras año sea al menos como el del ejercicio que nos ocupa y si fuera posible algo más, mucho mejor, para mejorar el servicio público de la justicia, tan deteriorado en todos los barómetros de opinión a juicio de la mayoría de los
ciudadanos.



El señor PRESIDENTE: Gracias.



Tiene la palabra el señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Muchas gracias.



Quisiera hacer algún comentario sobre las múltiples preguntas que se me han formulado. Me referiré, en primer lugar al resultado o las consecuencias de la parte de la proposición no de ley referentes a la propuesta efectuada en su momento
por su grupo en materia lingüística. En lo que se refiere a la cuestión lingüística en materia de justicia, nos encontramos con una actuación pluridimensional. La cuestión de la lengua surge en aspectos muy distintos, en lo que se refiere a la
selección de personal y a su traslado y promoción, en lo que se refiere a registros, en lo que se refiere a formación, en lo que se refiere incluso a aspectos procesales, de forma que es difícil contestar al respecto.



Ciertamente, la proposición, creo que es su número 5, hace referencia específica a previsiones presupuestarias relacionadas con la cuestión lingüística, y a este respecto, obviamente, en cuanto son previsiones presupuestarias que están a su
vez ajustadas a cada una de esas dimensiones afectadas, no pueden adoptarse todas a la vez. Por ejemplo, en el supuesto de selección, convocatorias de oposiciones, promociones y otras. Evidentemente, esta aplicación habrá de hacerse cuando se
lleve a cabo la convocatoria en cuestión y, ciertamente, por parte del Gobierno, desde el ministerio existe la voluntad política de tenerlo en cuenta. En lo que se refiere a registros, existe también en estos momentos el proyecto de aprobar en este
trimestre las diversas reformas de la normativa referente a registros, de manera que se hagan efectivos los derechos lingüísticos. En lo que se refiere a formación, dentro del crecimiento que supone este año, se incluye el hecho de la cuestión
lingüística. En cuanto a los juicios rápidos, obviamente si bien no existe ningún convenio concretamente con la Comunidad Autónoma de Cataluña, sí lo hay con otras comunidades en las que existe un pluralismo lingüístico, existe una lengua propia
oficial, y habrá de tenerse en cuenta, de forma que en esta partida se encuentre también incluida. La respuesta concreta no puede hacerse de una manera global, sino teniendo en cuenta los diversos aspectos en que se puede optar y, sobre todo, que
en gran parte la política lingüística va a ser resultado de reformas normativas de futuro.



En cuanto al segundo aspecto, es decir, lo que se refiere a las consecuencias en materia económica del reparto de competencias entre Estado y comunidades autónomas, ciertamente son muy tenidas en cuenta por el ministerio. Con esto aprovecho
para contestar al señor Astarloa.
Evidentemente, no se trata de llevar a la comisión sectorial de justicia materias que le corresponden al Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero sí tiene la conferencia sectorial posibilidades de traducir en
la materia de justicia el principio de lealtad autonómica. Me centraré sobre todo en un punto al que hice referencia anteriormente, como puede ser la fijación y el número de plazas judiciales que debe corresponder a las diversas comunidades
autónomas con competencias transferidas en esta ampliación. Insisto, respecto de la atribución concreta por mi parte, que en estos momentos sería imprudente dar números puesto que la conferencia sectorial en que debe llevarse a cabo esta
distribución todavía no se ha celebrado; se celebrará a principios de noviembre, pero ya puedo decirles, casi con un 85 ó 90 por ciento de seguridad, que el reparto se va a llevar a cabo de acuerdo con las propuestas realizadas por diversas
comunidades autónomas, teniendo en cuenta que estas comunidades son las que han de cargar con gran parte de los gastos que suponen estas nuevas plazas judiciales, sobre todo en los órganos de tipo unipersonal.



A este respecto, quisiera ya enlazar con una cuestión de las que ha planteado S.S. Vayamos al núcleo del asunto; nos encontramos, como ocurre siempre -eso es inevitable al parecer en la vida política y social y siempre lo será-, ante
recursos limitados, de forma que la decisión política consiste en llevar a cabo una evaluación, una exposición de prioridades. Su señoría se ha referido a la modernización de la justicia; si en este caso no cometo un error de tipo semántico, se
refiere usted al capítulo 6, como el corazón de la modernización. Es posible que así sea, pero no es menos cierto que nosotros hemos percibido una demanda, tanto social como técnica, que no se refiere únicamente al capítulo 6 sino básicamente a lo
que me refería antes, el servicio público a los ciudadanos, es decir, la atención a las demandas ciudadanas por los órganos jurisdiccionales. En este aspecto, hemos encontrado una demanda expresada por instancias de tipo técnico en cuanto a
insuficiencia de los órganos judiciales que deben enfrentarse con la demanda social. En este punto, insisto, y a diferencia de


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políticas anteriores que yo no he citado para criticar sino como elementos estrictamente comparativos, existe una diferencia evidente, no son lo mismo 30 ó 50 plazas que 250 plazas que se crean este año. Me dice S.S.
que no encuentran la
financiación.



La financiación en realidad supone un esfuerzo notable que es, como ha señalado por su parte el señor Villarrubia, una consecuencia, que no hay por qué negar, del impulso parlamentario representado por la proposición no de ley aprobada por
el Congreso, que ha supuesto una decisión de incrementar el número de plazas a tener en cuenta. ¿Cómo se puede conseguir esta financiación? Ciertamente, supone un esfuerzo y un traslado de medios y recursos, que debe considerarse en sus justos
términos. En primer lugar, y no se trata de criticar sino de reconocer hechos, existen en estos momentos 212 jueces adjuntos que no están en ninguna plaza judicial; asombrosamente -quizá sea uno de los hechos más llamativos en la historia judicial
de España-, una promoción entera de jueces se ha encontrado con que sale de la Escuela Judicial y no tiene plaza u órganos judiciales en que encarrilarse de forma consolidada. De forma que la creación de estas 250 plazas judiciales supone la
efectiva consolidación de estos 212 jueces que no se había llevado a cabo en el ejercicio anterior, lo cual supone a efectos del gasto una consideración importante.



Segundo punto, no olvidemos que estamos hablando, insisto de nuevo, del Estado de las autonomías, en el que los territorios con competencias transferidas van a correr con gran parte de los gastos de nuevos órganos judiciales que se crean, y
van a correr con estos gastos, no por ninguna imposición de las instancias del Ministerio de Justicia sino por acuerdos que se deciden dentro de la conferencia sectorial, en la cual no se llevan a cabo nuevas formas de financiación pero sí acuerdos
y compromisos con respecto a qué obligaciones va a asumir cada una de las partes. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta los datos que ya tenemos, es decir, el número de jueces con que ya contamos y, por otra parte, el coste en que van a
incurrir las comunidades autónomas, no aparece ni mucho menos desproporcionado a los recursos existentes la creación de estas 250 plazas, lo cual supone, como no podía ser de otra forma, la consolidación de la situación de estos 212 jueces que se
encontraban en una posición atípica, que tuvo que ser remediada, como conocerá S.S., por una normativa reglamentaria efectuada ad hoc por el Consejo General del Poder Judicial en el año 2003, a la vista de lo que había, es decir, que una promoción
entera no tenía un lugar por el que encaminarse. Desde esta perspectiva, y lo señalaba S.S., lo que hay aquí es una decisión política de prioridades de atribución de recursos en el sentido de potenciar la oferta de plazas y siguiendo no un capricho
ni una ocurrencia, sino peticiones y demandas expresadas de forma muy clara.



En lo que se refiere al Ministerio Fiscal, insisto en que esta creación de 135 plazas supone una ruptura con la línea de evolución de creación de años anteriores y una toma de conciencia de que el Ministerio Fiscal tiene que enfrentarse con
tareas que, tanto en el presente como en el futuro, desbordan las previsiones actuales en cuanto a las plazas que existen. Entiendo que usted pueda discrepar y siga la línea del equipo anterior que ponía mucho menos el acento en la creación de
plazas -20, 30 ó 40 plazas- y ponía más el acento en los planes de modernización, pero es la línea que nos parece conveniente. Naturalmente, está usted en su perfecto derecho diciéndolo, pero a mí me parece que los datos de la realidad muestran que
no se encuentra ahí la línea en la que realmente se estructuran en estos momentos las demandas sociales.



Con respecto a las preguntas concretas a las que se ha referido S.S., el señor Villarrubia, puedo contestarle algunas. El aumento del turno de oficio, que son más de 9 millones de euros, se debe a un dato evidente, la insuficiencia de las
previsiones contenidas en el presupuesto del año pasado, es decir, que entre las previsiones iniciales de gasto y el gasto realizado existía tal desproporción que en el presupuesto actual hemos incluido este mecanismo porque queremos hacer unos
presupuestos reales y realistas que se adecuen al gasto que efectivamente se va a llevar a cabo.



En cuanto a la justicia de proximidad, existe una previsión cuasi simbólica, teniendo en cuenta que la justicia de proximidad como tal debe ser introducida mediante reformas legislativas que llevan su tiempo, de forma que si efectivamente
entra en vigor una nueva normativa que introduzca esta justicia de proximidad, los gastos que va a suponer van a ser reducidos tanto por la prudencia natural al introducirla como por la parte del ejercicio en la que se pueda llevar a cabo.



En lo que se refiere a la violencia de género, teniendo en cuenta de nuevo los datos a que me refería, es decir, que estamos en un Estado de las autonomías en el que se reparten los costes, existe un notable incremento en la previsión
presupuestaria que llega alrededor de los 2 millones de euros en el capítulo 4 del programa 112.A, y que supone un aumento considerable con respecto a la atención a las víctimas incluida en situaciones anteriores.



Con respecto a la Carta de derechos y su proyección, nos encontramos con una situación muy parecida a la proyección lingüística en la justicia. La Carta de derechos se refiere a una cantidad notable de dimensiones, de situaciones y de
actuaciones que tienen que ser recogidas en normas o en aspectos de la justicia muy distintos, de forma que una contestación global no es posible. Sí puedo señalarle, sin embargo, que existen determinados incrementos en varias partidas, sobre todo
destinados a cuestiones como una mejor atención al público en el sentido de prolongaciones de jornada y planes de apoyo para conseguir una mejor celeridad en determinados órganos.



En cuanto a la transparencia judicial, en estos momentos se está llevando a cabo una actuación ya en


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el primer semestre de este año, también en el segundo, por la cual se intenta que exista una traducción presupuestaria de la mejor o peor actuación de diversos órganos judiciales. Existe un sistema de incentivos basado en el cumplimiento o
no cumplimiento de módulos judiciales que sirven para un mejor conocimiento de la efectiva actuación de los diversos órganos. Debo señalar que esta es una materia que supone una relativa innovación en nuestro ordenamiento el hecho de que exista
este sistema de mejora o de incentivos a través de módulos; estamos en una fase de prueba y error, es decir, verificar hasta qué punto estas nuevas dotaciones suponen una mejora en la justicia.



No sé si me dejo en el tintero alguna de las preguntas que me ha hecho.
Estoy de acuerdo con usted en que estamos razonablemente satisfechos, y pongo el acento en razonablemente, porque nunca se puede estar satisfecho con los presupuestos
que se dedican a una cuestión de este tipo. Insisto, en que esta diferencia del 8, 41 no deriva de elegir un punto de comparación u otro sino simplemente de seleccionar dos cifras, que son objetivamente verificables y homogéneas como son la sección
13 del año pasado y la sección 13 de este año referentes al Ministerio de Justicia.
Podemos suponer que si la generación de crédito de este año ha sido de unos 39 millones, razonablemente podemos esperar que sea también de 39 millones en 2005;
manteniendo magnitudes iguales, la diferencia es de 8, 41 puntos, y estos 8, 41 puntos porcentuales supone un avance notable tanto con respecto a situaciones anteriores como con respecto a la misma media presupuestaria. De forma que, insisto,
primero, estos presupuestos señalan que la justicia es una prioridad; segundo, que este prioridad se traduce a su vez en preferencias internas para un determinado tipo de gastos frente a otros. Naturalmente, nosotros creemos que los gastos que
queremos potenciar responden a una demanda social y a una lógica de eficacia superior a la que se ha llevado a cabo en ejercicios anteriores.
Creo que con esto he contestado a las preguntas que se me han hecho.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Agradecemos su comparecencia y vamos a suspender momentáneamente la sesión cinco minutos para despedir al secretario de Estado y para recibir a la subsecretaria del
Ministerio de Justicia. Muchas gracias.



-DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (DE MIGUEL LANGA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente 212/000310), DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000201) Y DEL
GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. (número de expediente 212/000191.)


El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión. Damos la bienvenida, en nombre de la Comisión, a la subsecretaria del Ministerio de Justicia en esta su primera comparecencia y primera comparecencia también presupuestaria. Han solicitado esta
comparecencia el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista y el ausente en este trámite Grupo Parlamentario Esquerra Republicana.



Sin más preámbulo, vamos a dar la palabra al señor don Juan Santaella en nombre del Grupo Parlamentario Popular.



El señor SANTAELLA PORRAS: En primer lugar, quiero agradecer su comparecencia a la subsecretaria, igual que al secretario de Estado que anteriormente ha estado en esta Comisión. No puedo ocultarle, igual que al portavoz de mi grupo, que
respecto de la intervención del secretario de Estado teníamos mucha curiosidad y mucha inquietud por ver los primeros presupuestos que este Gobierno nos presentaba, sobre todo después de las referencias que se han hecho, no sólo al programa
electoral del Partido Socialista, sino a las declaraciones que manifestó en esta misma Comisión el portavoz del Partido Socialista sobre los presupuestos anteriores. Quizá el programa del Partido Socialista lo haya aumentado, porque el señor
Villarrubia decía comentando los presupuestos anteriores en la comparecencia que la propuesta del Partido Socialista era aplicar no menos de un incremento del 15 por ciento, es decir, unos 160 millones de euros adicionales durante varios años. Eso,
unido al programa que el Partido Socialista ha presentado y viendo los presupuestos que se están presentando, es desolador, no sólo para nosotros, sino fundamentalmente para el Partido Socialista.



La primera pregunta que a mi me gustaría hacer a la señora subsecretaria es: ¿Qué motivo cree que ha tenido este Gobierno para no cumplir o empezar incumpliendo los compromisos que, tanto electoralmente como en la legislatura anterior,
venía el Partido Socialista asumiendo? Si hacemos un análisis a primera vista de la estructura de los presupuestos de 2005 en comparación con la estructura de los presupuestos de 2004, vemos que sólo suben en la clasificación por programas el
programa del gobierno del Poder Judicial y suben los Registros vinculados con la fe pública; bajan la Dirección y Servicios Generales y la selección y formación de jueces, manteniéndose ese peso relativo de 2005 en el resto de los programas
exactamente igual que el de las cantidades y dotaciones presupuestarias de 2004. Pero si lo analizamos desde el punto de vista de la clasificación económica, vemos que suben fundamentalmente los gastos corrientes en bienes y servicios y las
transferencias corrientes, mientras que el peso relativo de los gastos de personal y de las inversiones suponen bastante menos de lo que relativamente suponían los gastos de personal y las inversiones con los datos y las consignaciones
presupuestarias para el año 2004. Fíjese que el peso relativo de los gastos de personal en 2004


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suponía el 79,2 por ciento y ha bajado al 78,5, pese al esfuerzo que se dice que se ha realizado. La suma de las operaciones corrientes ha subido del 92,6 al 93 por ciento, mientras que las operaciones de capital han bajado del 7,4 al 7 por
ciento. Esto de principio a nosotros lo que nos viene a decir es lo que también se había puesto de manifiesto por lo portavoz señor Astarloa, que la justicia es un área de gasto prioritario, dicen en el librito amarillo; nosotros también lo
planteábamos en el librito amarillo de 2004, pero indudablemente, el esfuerzo, y no quiero entrar otra vez en la polémica de si lo que sube es el 8,4 o el 8,6 o el 8,1, dependerá de los datos y de la ejecución presupuestaria que tengamos a la vista
de los presupuestos de 2004. El señor Villarrubia el año pasado pedía en esta misma comparecencia, que si se le podía aclarar y dar documentación para saber efectivamente si lo que se decía de una subida del 10,1 por ciento en los presupuestos de
2004 era o no la realidad, y nosotros, sin la ejecución presupuestaria del año 2004, tampoco sabremos si la subida es del 8,4, el 8,6, el 8,1 o el 5 y pico por ciento.



Dejando eso al margen y esperando la documentación que le estamos solicitando, en cuanto a los objetivos, lógicamente estamos totalmente de acuerdo. Es decir, ustedes manifiestan que el objetivo es lograr un servicio público de calidad y
contribuir al desarrollo de los derechos de los ciudadanos; lógicamente, en eso estamos de acuerdo. A nosotros nos hubiera gustado añadirle: siempre y cuando haya un respeto escrupuloso a la independencia del Poder Judicial, aunque creo que
también ustedes serán respetuosos con dicha independencia del Poder Judicial, porque si no entraríamos en una politización de la justicia que a nadie nos convendría y menos a los ciudadanos. Para estos objetivos, en los cuales estamos totalmente de
acuerdo en principio, ustedes ponen en marcha un campo de actuaciones que concretan en siete materias: la adecuación de la planta judicial a las necesidades reales, el impulso al proceso de modernización, el desarrollo de una nueva justicia de
proximidad, la extensión de los juicios rápidos al ámbito civil, la protección de las víctimas de los delitos de violencia, apoyo a un salto cualitativo en la reforma y modernización de la oficina judicial y plan de adopción de las nuevas
tecnologías en los registros civiles; adecuación y programas, que figuraban en el pacto que ustedes rompieron y que se suscribió en el año 2001, por falta de recursos y de medios, estábamos ya totalmente de acuerdo y seguimos estándolo. Creo que
es por la línea por donde hay que avanzar. Ustedes en estos campos se han encontrado con un avance muy significativo, aunque el señor Villarrubia no lo quiera reconocer, en los esfuerzos que se han hecho en esta materia en las dos últimas
legislaturas. No le voy a recordar todo lo que el Partido Popular, mientras ha tenido la responsabilidad del Ministerio de Justicia, ha realizado en esta materia, pero sí le digo que se encuentran, para avanzar con estos presupuestos de 2005, con
una plena profesionalización de los jueces y magistrados que están hoy día dedicados a la función de justicia, que se encuentran con una justicia que resuelve más asuntos de los que entran: en el año 1995 se resolvían 5.292.000 y los datos de 2003
son de 7.000.036, con un crecimiento espectacular de 800 plazas de jueces y magistrados en los últimos seis años, una puesta en marcha de los juicios rápidos, que al principio criticaban y que hoy día parece ser que les parecen bien cuando quieren
incluso ampliarlos al ámbito civil, y una modernización de la oficina judicial en la que se estaba avanzando.



En los presupuestos de 2005, y ya refiriéndonos concretamente a los gastos de personal, ustedes los suben un 7,41 por ciento, es decir, 63.330.000 euros, de los cuales 15 millones van para el sistema retributivo; sólo para el mapa judicial
plantean unos 25 millones de euros y el resto para la justicia de proximidad, 1.121.000, si no me equivoco en los datos, para los juicios rápidos 829.000 y para la medicina forense 1.996.000.
Esto quiere decir a nuestro modo de ver, y quizá sirva
para reafirmar lo que venía diciéndole al secretario de Estado el señor Astarloa, que de los 63 millones de euros, prácticamente la mitad es lo que destinan a nuevas acciones de justicia. Planteaba el secretario de Estado la creación de los 150
nuevos órganos judiciales y las 100 plazas del ministerio fiscal, pero fíjese que de la subida de los gastos de personal, prácticamente el 50 por ciento es lo que se destina a este sistema. Sin embargo, en los gastos corrientes en bienes y
servicios, capítulo 2, que aumentan cerca de los 10 millones de euros, el 50 por ciento de esos 10 millones va para la seguridad y vigilancia de los órganos judiciales y sólo el otro 50 por ciento es el que destinan para la reforma de la oficina
judicial, con 2 millones, y la rehabilitación de edificios cedidos en un 1.290.000. Igual ocurre con las transferencias de capital, que suben a 13.800.000 y proceden fundamentalmente de las transferencias a familias e instituciones sin fines de
lucro; para los proyectos de integración de minorías religiosas, 3 millones; estamos bastante de acuerdo con la asistencia jurídica gratuita porque es un esfuerzo que se debía de haber hecho y nos parece muy bien que en este presupuesto se recoja
para que no haya esas diferencias que había. Sobre los 3 millones de euros, lógicamente nosotros mantenemos nuestra gran diferencia y es lo que le quiero preguntar. ¿Cree que es necesaria esa partida? y no me diga que constitucionalmente está
avalado el destino de los 3 millones para la integración de las minorías religiosas. ¿No piensan que lo que están es en todo caso intentando una provocación a una serie de ciudadanos o simplemente de españoles que se consideran católicos? Le
preguntaría por algún Estado islámico que destine partidas iguales para la integración de los cristianos. No es que yo me oponga radicalmente al tema, pero me parece que es un gesto, al menos, de provocación en la sociedad en estos momentos.



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Por último, paso a las inversiones reales, que, efectivamente son como una paralización del corazón, como decía el señor Astarloa. Se había hecho un gran esfuerzo. Las inversiones no crecen al ritmo que crecen los gastos de personal, los
gastos corrientes o las transferencias corrientes, pero fundamentalmente nos llama mucho la atención que proyectos que ya estaban aprobados y estaban en marcha se hayan paralizado por ejemplo, y le pregunto a la señora subsecretaria qué pasa con el
nuevo edificio de los juzgados de Talavera de la Reina, con la reforma del edificio de los juzgados de Badajoz, o con la del edificio de los juzgados de Zamora. Nos llama mucho la atención el presupuesto en cuatro comunidades, Asturias, Castilla y
León, Castilla-La Mancha y Murcia -curiosamente, tres están gobernadas por gobiernos del Partido Popular- que son las que se ven perjudicadas, en 6.775.000 euros, y la que más baja es la de Castilla y León, mientras que otras se ven más beneficiadas
con unos presupuestos incrementados, como pueden ser la de Extremadura o la de Cantabria. Sobre la política de inversiones, me gustaría igualmente que la señora subsecretaria nos comentara si no cree que se intenta politizar con las inversiones en
un ministerio como es el de Justicia, en razón o no razón del signo político del gobierno.



Voy a hacer algunas preguntas para terminar mi intervención sobre algunos programas concretos. Por ejemplo, en el programa 111.N, Dirección y Servicios Generales de Justicia, ustedes reducen los gastos de personal y lo justifican por
ajustes internos con el programa de tribunales de Justicia y ministerio fiscal. Sin embargo, con la reducción de personal que ya efectúan en este programa, mantienen las cargas de la Seguridad Social por encima de las que se tenía con más personal,
no sé si me explico: tienen más Seguridad Social con menos personal del que se venía teniendo. Me explica la causa. Le he preguntado sobre los 3 millones de euros sobre la integración de las minorías. Me gustaría también preguntarle qué razones
ha tenido el ministerio para suprimir la dotación al IRLA, que también vemos en los presupuestos que desaparece. Respecto al programa 111.Q, de formación, se había puesto de manifiesto que efectivamente se está destinando poco para formación y
vemos que, por los indicadores que dan, los cursos a fiscales, que estaban previstos el año pasado para 151, bajan a 143; los de secretarios, de 300 bajan a 275, y en cambio los forenses, de 69 los suben a 83. ¿Cómo sube tanto este programa en
proporción con la poca diferencia de cursos que ustedes prevén en los presupuestos? sobre el programa 112.A, le preguntaría que cómo es posible que para una partida de 796 millones se dedicaran 23 millones a cuotas, prestaciones y gastos sociales
en los presupuestos del 2004, y para una dotación de 860 millones se destine la misma partida.
Cómo se están incrementando los gastos de personal y en cambio aquí no se destinan más gastos para las prestaciones sociales. En cuanto a los gastos
corrientes de este programa, ya le he dicho que el 50 por ciento va destinado a la seguridad y vigilancia y el otro 50 por ciento a la oficina judicial, rehabilitación, juicios rápidos y justicia de proximidad.



Para terminar ¿cómo congelan las partidas a las comunidades autónomas en 5 millones y también las partidas a las juzgados de paz en 3.440.000? Con esta pregunta y con la valoración que he hecho de los presupuestos me gustaría que la señora
subsecretaria, a la que le reitero la bienvenida, nos aclarara algunos conceptos respecto a los que, como decía el portavoz del grupo parlamentario, no creemos que los presupuestos estén dotados suficientemente para seguir avanzando en lo que todos
queríamos y en los objetivos que desde el principio le he dicho que compartíamos.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Bienvenida a la Comisión de Justicia en la presentación -presentación entre comillas porque ha comparecido anteriormente también el secretario de Estado- de este que espero sea sólo el primer presupuesto que
usted tenga ocasión de venir a esta Comisión a defender y a explicar, en su condición actual o en otra que sea igualmente positiva como mínimo. Tengo unas cuestiones que plantearle, porque parte del debate político lo hemos realizado en la
comparecencia anterior y no nos gustaría tener que repetirlo, al menos en lo sustancial. Va a ser inevitable reiterar algún tema, el primero porque nuevamente el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra reitera la intervención del señor
Astarloa en el sentido de preocuparse tan notoriamente por el cumplimiento de nuestro programa electoral. En lo que a las consignaciones de justicia se refiere, más vale que se preocupen- se lo digo muy cariñosamente- de su programa electoral y de
sus problemas. Nosotros ahora estamos afortunadamente en otra situación.
El presupuesto que presentamos, le reitero lo que le decía en la comparecencia anterior, es un 8,41 en la sección 13 en su totalidad de incremento en relación con el año
anterior y un 8,61 si tomamos tan sólo el nuevo programa 112.A de tribunales de Justicia y ministerio fiscal, y no hay historias de que cuando venga la ejecución, como se lo decía yo el año anterior, pero porque ustedes hacían trampas, entre
comillas. ¿Sabe por qué hacían trampas? Porque la generación de crédito del año siguiente la presentaban como un incremento del presupuesto inicial y del presupuesto que presentaban aquí, de tal forma que si nosotros hiciéramos eso, estaríamos
ahora con un 13 o un 14, por ejemplo, por ciento de incremento; esas son las trampas, entre comillas. No tomaban datos homogéneos. Nosotros estamos actuado con transparencia en la presentación de este presupuesto, y, en datos homogéneos, es
decir, de consignación inicial del año anterior a consignación inicial de este año es el 8,41 en el total de la sección 13 o el


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8,61 en el 112.A, según usted quiera coger, pero con absoluta transparencia. Si añade la generación de créditos esperando a la ejecución definitiva del presupuesto, entre otras cosas no se ha terminado el año, habría que esperar al del año
siguiente, pero ya le pregunto para salir un poco de dudas, ¿cuál es la previsión aproximada, dentro de la dificultad en cuanto a la generación de crédito que ha habido este año, cuando culmine el ejercicio económico, cuál es la previsión que va a
haber en el año que viene, a ver si hay mucho desfase? En cualquier caso, tendremos que tomar siempre datos homogéneos.



Sobre otras cuestiones ya ha preguntado el portavoz del Partido Popular y voy a ser muy rápido porque sí coincidimos en el interés con alguna información, por ejemplo, en la explicación de los movimientos cuantitativos más significativos.
En el programa 112.A nos llama la atención un importante incremento en gasto corriente que nosotros hace años criticábamos, pero cuando no es por un mal gasto sino que es por la creación y generación de nuevas necesidades con nuevos órganos
judiciales, naturalmente tiene que subir, y la pregunta es lógica: ¿es suficiente ese incremento para la dotación de gasto corriente ordinario de toda esta generación de órganos alguno de los cuales se ha llevado ya a cabo, más los que pretendemos
crear? En el capítulo 4 se produce un importante incremento en transferencias. Algo ha dicho ya el señor secretario de Estado, pero quisiera alguna explicación añadida sobre los dos conceptos fundamentales de asistencia jurídica gratuita y de
asistencia al detenido, por un lado, y por otro, sobre el tratamiento a las confesiones religiosas y a la integración de las minorías religiosas, para lo que vemos ahí un incremento en el capítulo 4, de la Dirección de Servicios Generales, programa
111.N. Es otra cuestión que quisiera que explicara, por qué se produce ahí, señora subsecretaria -salto de programa porque va a ser media docena de cuestiones-, una disminución en gastos de personal. Me ha sorprendido un poco en este programa
111.N, este espectacular aumento en transferencias corrientes, que pasan de 149.000 euros a 3.086.000 euros. Me gustaría alguna pequeña explicación.
Vemos en este programa un crecimiento notorio de las inversiones en un 18 y pico por ciento,
aunque es un programa menor en el conjunto del total, que ya hemos dicho con anterioridad que nos gustaría que subiera más, que se hubiera podido consignar algo más, pero que al tener que ir a gasto de otro tipo, que ya se ha explicado con
anterioridad, no ha sido posible.



Queda alguna cuestión más y es si está en condiciones de decirnos siquiera someramente de qué forma se refleja en el presupuesto la mejora del servicio público de la justicia y el desarrollo con carácter general de derechos de los
ciudadanos, algo que para nosotros es fundamental, aparte de la gestión cotidiana. ¿Podría decirnos cómo se refleja? Nos gustaría también alguna pequeña pincelada sobre la modernización de la justicia y la informatización en el ámbito de los
registros civiles en relación también con la ejecución del plan de transparencia judicial, el desarrollo o cumplimiento de la Carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia, algo que se venía diciendo y sobre lo que, sin embargo, hasta hace
escasos meses no había casi nada desarrollado. Si tiene alguna información que añadir a la reforma de la oficina judicial y también a la reforma de la ley de demarcación y planta judicial. Qué opinión le merece la nueva consignación para el plan
de actuaciones contra la violencia de género, también dentro del capítulo 4. Aunque no es la única cuestión y lo importante ya lo hemos debatido con anterioridad, al hilo de las plazas de jueces y fiscales, qué modificación hay de secretarios
judiciales y de otro personal al servicio de la Administración de Justicia, porque me parece que es importante también el movimiento que hay que dotación de plazas de este año, incluso creo de seis médicos forenses nuevos. Nosotros siempre
reivindicábamos la ejecución de algunas obras en cuanto a institutos de Medicina Legal. ¿Hay alguna previsión en este presupuesto? Nos interesaría también conocerlo. Nos ha llamado la atención un incremento que hay en una partida concreta de
seguridad y vigilancia de órganos judiciales en cerca del 300 por ciento ¿odría explicarnos si es tan amable y está en condiciones esta cuestión? Por lo demás, como seguramente en la respuesta a las numerosas preguntas que ha realizado el portavoz
del Partido Popular quedará absolutamente explicado, así espero, el conjunto del presupuesto, con estas cuestiones daría por concluida la petición de información de interés.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.



Tiene la palabra a continuación la subsecretaria de Justicia.



La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (De Miguel Langa): También para mí es una satisfacción estar aquí, es la primera vez que comparezco ante ustedes en el Congreso y sinceramente es un honor. Espero que también cuando termine mi
comparecencia pueda decir que es una satisfacción.



Intentaré contestar a todas las preguntas que me han planteado; si me dejo alguna, me las pueden reiterar en el turno de réplica. Me gustaría empezar apuntando una serie de cifras significativas que se han puesto en entredicho o que se
están barajando en esta comparecencia. Efectivamente, el incremento que recibe la política de gasto de Justicia comparada con los términos de 2004 es un 8,6 por ciento. Si nos atenemos, no a la política de Justicia, que como sabemos engloba no
solamente a los créditos del Ministerio de Justicia sino también del Consejo General del Poder Judicial y dado que el Ministerio de Justicia también participa de otras políticas diferentes que no son estrictamente las de Justicia, en la sección 13,
Ministerio de Justicia, el incremento es de un 8,4 por ciento en términos homogéneos, es decir comparando el presupuesto inicial que figura en 2004 con el presupuesto que tenemos presentado


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para 2005 descontadas en términos homogéneos las transferencias a las comunidades autónomas que se hayan podido hacer en este periodo, en 2004, que exclusivamente ha sido a la Generalitat de Cataluña, aproximadamente en 200.000 euros,
correspondientes a gastos de funcionamiento de determinados servicios. Siguiendo con la clasificación de programas, el señor Santaella comentaba que le extrañaba que solamente subieran los programas de Registros vinculados a la fe pública y también
el de administración de los tribunales de Justicia y del ministerio fiscal. El programa de Registros vinculados a la fe pública, efectivamente, sube un 16 por ciento con respecto al resto de los programas, mientras que el de administración de los
tribunales de Justicia, que solamente sube en un 8,6 por ciento en términos absolutos, es el que mayor incremento recibe.
No bajan el de Servicios generales ni tampoco el de formación de jueces.
El único servicio o programa que baja es el de la
Abogacía del Estado, como usted habrá podido comprobar, y no porque disminuyan sus créditos presupuestarios, sino porque hay un ajuste de créditos en gastos corrientes debido a un cambio de imputación contable del alquiler de un edificio en Marqués
de Duero, que estaba imputado en este programa y que pasa a consignarse en el programa 111.N, que es el de servicios generales.



En cuanto a la clasificación económica, también se sorprende de cómo los gastos corrientes y los de transferencia sean los que más aumentan en el presupuesto. Quiero decirle que en el tema de gastos corrientes -aquí iríamos por programas-
en el 112.A, que es el de tribunales de Justicia y del ministerio fiscal, el incremento se produce por una adecuación en primer lugar a la nueva planta y a los nuevos órganos judiciales.
Lógicamente, si está prevista la creación de 250 nuevas
unidades judiciales más 135 fiscales, también será necesario crear edificios y acometer gastos corrientes. Al mismo tiempo, la extensión que también está prevista de los juicios rápidos va a provocar un incremento en este capítulo. Para pagos de
salarios de tramitación, que conoce usted que también son consignados con cargo al capítulo 2, se ha hecho un ajuste para hacer frente a las sentencias que se ejecutan. Como usted debe saber, en presupuestos anteriores venían siendo deficitarias
las consignaciones que se preveían en este concepto de pago de salarios de tramitación y en ejecución de sentencia. Además también en gastos corrientes se ha ajustado en el tema de seguridad; indudablemente se ha hecho un esfuerzo por los
edificios judiciales para mantenerlos en condiciones de seguridad. Lógicamente, hay que garantizar servicios de vigilancia de esos nuevos edificios judiciales. La partida que se consignaba en gastos en seguridad era completamente deficitaria
respecto al gasto, y de hecho en 2004, frente a gastos de alrededor de 9 millones contraídos con contratos con empresas de seguridad privada, lo que venía consignado como dotaciones era exclusivamente una partida de 3 millones, con lo cual había un
déficit de 6 millones. Lo que se hace con esto es atender a esos compromisos contraídos con contratos para garantizar vigilancia y seguridad de los edificios judiciales. A medida que se vayan haciendo nuevas unidades judiciales, estos gastos
indudablemente deberán incrementarse.



Por lo que se refiere a los gastos de personal, se establece en el programa 111.N, de carácter general, que disminuyen en un 7 por ciento los créditos del capítulo 1, gastos de personal, debido fundamentalmente a una redistribución. Ha
desaparecido la Dirección General de Modernización, cuyos créditos figuraban en este programa. Por lo tanto, ha habido una disminución en el artículo 10, referido a la consignación para un director general. Ha disminuido también el personal
eventual por la disminución de dos asesores en el gabinete del ministro y también ha disminuido el personal de secretaría. Y al suprimirse este centro directivo, los créditos de las dos subdirecciones que formaban parte del mismo han pasado a
consignarse en el programa 112.A, de tribunales de Justicia y del ministerio fiscal. De ahí la bajada - por decirlo de alguna manera- del capítulo 1 en este programa. También en el programa de tribunales de justicia y del ministerio fiscal señala
el señor Santaella cómo para reforma de unidades judiciales, solamente se prevén para rehabilitación 1.200.000 euros. Esta partida corresponde fundamentalmente para la creación de un nuevo edificio cedido para la Fiscalía de Palma de Mallorca.
Usted sabe que en los edificios que no son propiedad del ministerio no se pueden imputar reformas al capítulo 6 de inversiones o más concretamente al concepto 630, sino que es necesario ir al capítulo 2 para financiar todas esas modificaciones o
rehabilitaciones.



El incremento del capítulo 4 se produce fundamentalmente en dos programas, el 111.N, de servicios generales, y el 112.A, de tribunales de justicia y del ministerio fiscal. En el primero de los programas se debe fundamentalmente a la
aportación de 3 millones de euros para financiar proyectos de integración social y cultural de minorías religiosas en España. Está reflejado en la disposición adicional decimotercera de los presupuestos cómo se canalizará esta dotación. El hecho
de fomentar la libertad religiosa -aunque me dijo que no adujera a la Constitución, sí voy a hacerlo para garantizar la libertad religiosa. No se hace para agraviar a nadie, porque el Estado garantiza la libertad religiosa de todos y porque
favorecer programas de integración de cualquier religión o cualquier minoría no tiene por qué ir en detrimento de fondos ni de ninguna otra; se hace para favorecer la integración a través de proyectos no solamente de minorías musulmanas, sino
también de la minoría evangélica o la judía.



En cuanto a inversiones reales, no pueden seguir el ritmo ni del capítulo 1 ni del capítulo 2. Estamos hablando de que los capítulos 1 y 2 suben porque tienen que acomodarse a los índices, y las inversiones se programan en un momento
determinado y no tienen por


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qué continuar sine die. De hecho, la mayoría de las inversiones se contemplan en planes, normalmente plurianuales. Si hablamos de construcción de edificios, una vez que se acaban ya no requieren una inversión o construir otro nuevo;
entonces se pasará a hacer otro tipo de inversión, que puede ser la rehabilitación o la reforma de determinados edificios. Lo mismo ocurre cuando uno suministra un ordenador, no tiene por qué estar suministrándolo todos los años, sino que tendrá
una vida y las necesidades pueden cambiar. La inversión global en el ministerio no disminuye sino que aumenta en su conjunto en un 3, 9 por ciento y, lógicamente, se sigue con el esfuerzo inversor de continuar con aquellos planes y edificios que
están enmarcados en planes plurianuales, que muchos de ellos se van a terminar el año que viene, e iniciar unas nuevas actuaciones tanto de continuación de las necesidades actuales como de aquellas otras que puedan surgir con la incorporación y la
creación de nuevas unidades judiciales. En concreto me ha preguntado sobre qué pasa en los juzgados de Talavera, Badajoz y Zamora. Le mandaré la información porque no la tengo aquí, y no tengo ningún inconveniente en decirle qué ha ocurrido con
esos edificios en concreto. Hilando con el tema de inversiones, no sé en cuántos institutos de medicina legal se van a realizar inversiones, pero por ejemplo en el Instituto de Medicina Legal de Extremadura y en varios otros edificios en Cantabria
a finales de 2005 se va iniciar tanto un proyecto como una obra y también en otras comunidades. En el caso de que necesiten alguna precisión, se la hago llegar.



También se ha hablado del concepto de Seguridad Social, de por qué aumenta. Seguridad Social es un concepto ampliable, con lo cual no hay problema en que se acomode o no, no hay problema en que ese crédito sea ajustado o no; ese crédito
normalmente, como usted bien sabe, se mantiene en los presupuestos y según vaya evolucionando el personal, si hay insuficiencia, es ampliable. No hay ningún problema para solicitarlo, y si no, es un dinero que como tampoco puede ser objeto de
transferencia a ningún otro capítulo del ministerio, ni quita ni pone a ningún otro de los conceptos presupuestarios.



Me pregunta por qué se suprime el IRLA. La creación de la fundación y el fomento de la libertad religiosa ha hecho considerar que ya existe una partida para que cualquier asociación, cualquier programa de integración que persiga estas
finalidades tenga su cabida en esos créditos ampliables.



Por último, y con esto termino, en esta primera intervención, creo que el presupuesto que se ha elaborado es realista, que con él se ha intentado tanto responder a los gastos contraídos como a todos los objetivos que se plantean y todas las
actividades que se han ido marcando. Indudablemente, el esfuerzo que se ha hecho por incrementar determinadas partidas y ajustarlas al crédito y al gasto real es importante. En el tema de asistencia jurídica gratuita, ese crédito era netamente
deficitario, y todos los años y ejercicios anteriores se presupuestaban unas cantidades que eran quintuplicadas o cuyo déficit superaba bastante lo consignado.
Se ha intentado que eso no se produzca precisamente para evitar desfases o que haya que
hacer transferencias de cualquier otro tipo, y desde luego consideramos que es suficiente el presupuesto de 2005, al menos para los objetivos que se tienen planteados.



El señor PRESIDENTE: Para réplica o para formular alguna pregunta, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular el señor Santaella.



El señor SANTAELLA PORRAS: En su intervención, o no me ha entendido bien o no me ha contestado lo que yo le preguntaba. Cuando le hablaba de que a primera vista, me estaba refiriendo al mismo cuadro que ustedes presentan, es decir, el peso
relativo que cada programa tiene con respecto a las cantidades del presupuesto, y ahí es donde yo le decía que sólo subían en clasificación por programas el Gobierno y el Poder Judicial y los registros vinculados a la fe pública, mientras que
bajaban la dirección y servicios generales y la selección de formación. Como peso relativo, no es que tengan menos cantidad, sino que dentro de la estructura del presupuesto de 2004, suponía más formación que lo que supone ahora en 2005. Y con
respecto a la clasificación económica que igualmente viene planteada por ustedes, cuando yo le decía que están subiendo fundamentalmente los gastos corrientes y las transferencias de capital y que baja el peso relativo de los gastos de personal y de
las inversiones, es exactamente igual, sacado del mismo cuadro, que lo que ustedes presentan como peso relativo con respecto a los años 2004 y 2005.
Pero deshecho el malentendido, le agradezco la información que nos ha dado y para terminar quisiera
que me dijera, si me puede aclarar porque se me ha quedado antes en el tintero, cuál ha sido la política que han seguido con respecto a la mutualidad, es decir, cómo cambian de los conciertos de la Seguridad Social a la sanidad privada y esa
reducción de costes a qué es debida.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Villarrubia.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Treinta segundos solamente para agradecer a la subsecretaria del ministerio, doña Ana María De Miguel, toda su información. Tan sólo quisiera referirme a un tema puntual, ya que se ha hablado de errores;
en cuanto al organigrama está ahí reflejada, no hace falta más, la comparación con 2004 de todos los datos, pero hay un dato que me ha preocupado y para que no haya mala interpretación quería comentarlo, y es en cuanto al número de jueces. En el
libro, en la memoria, como está realizada antes de la proposición no de ley, hay


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algo que si usted estuviera en condiciones de explicarnos me gustaría que lo hiciera, y es la previsión presupuestaria en cuanto al número de jueces y fiscales. En cuanto a fiscales está claro que vienen 100, se nos ha hablado ya de 135,
pero de jueces parece que hay algún pequeño problema en los números que se recogen. Si está en condiciones en este momento de hacer esa pequeña aclaración, se lo agradecería. Nada más y muchas gracias por la información que nos ha dado.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora subsecretaria.



La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (De Miguel Langa): Respecto a la Mutualidad judicial, no sé el descenso donde se produce. Indudablemente desciende la Mutualidad judicial, pero es en el capítulo 2, en el de gastos corrientes, que
desciende un 1,31 por ciento, pero no así en el de prestaciones económicas ni tampoco en las farmacéuticas, que suben; en concreto, en cuanto a prestaciones económicas, suben un 12,78 por ciento y en cuanto a asistencia sanitaria sube un 9,75. Si
cogemos los dos programas de manera agregada, sube un 10,89 por ciento. En conjunto, el organismo sube un 3,25. Es decir, si nos fijamos en gastos corrientes, disminuye, y si nos fijamos en prestaciones, aumenta en un 10,89 por ciento. No sé
realmente donde puede estar la diferencia a la que alude.



En cuanto a lo que me ha preguntado el señor Villarrubia, no sé si se referirá a lo que figura en los presupuestos, donde aparecía como dotación presupuestada en cuestión de magistrados 4.359 jueces y la diferencia con la ejecución prevista
que figura en el 2004 donde aparecen 4.339. En estas fichas aparecía como presupuestado en 2004 un número de 4.169 jueces, que es una cifra que por lo menos por los datos que he podido comprobar parece que está un poco inflada y no correspondía
realmente con las dotaciones que estaban presupuestadas. En la ejecución prevista, que hablaba de 4.339 plazas, ahí estaban incluidos los 232 adjuntos que salieron de la Escuela Judicial, a los que se ha referido ya el secretario de Estado, que
carecían no solamente de plazas sino incluso de dotación presupuestaria, con lo cual no estaban presupuestados pero sí estaban contabilizados en ese apartado de ejecución prevista. De ahí que en lo presupuestado habría que descontar en ejecución
prevista los 232 adjuntos, y casi el crecimiento de lo presupuestado para el año 2005 sería de 252 nuevos efectivos alcanzándose un total de 4.359.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.



Si no hay más asuntos que tratar, y agradeciendo a los servicios de la Cámara y a todos ustedes su presencia y, por supuesto, a las autoridades comparecientes en nombre del Ministerio de Justicia, levantamos la sesión.



Eran las seis y cincuenta minutos de la tarde.