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DS. Senado, Pleno, núm. 161, de 19/11/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2003 VII Legislatura
Núm. 161
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON JUAN JOSE LUCAS GIMENEZ
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 19 de noviembre de 2003
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De D. CESAR ANTONIO RICO RUIZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los beneficios que va a reportar a los ayuntamientos la Ley de medidas para la modernización del Gobierno Local. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001415).
--De D. SALVADOR CAPDEVILA I BAS, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la situación en que se encuentra el estudio y programación para la creación de la cuarta sección en la Audiencia Provincial de
Girona. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001395).
--De D. ALONSO ARROYO HODGSON, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Ministerio de Medio Ambiente con respecto a la contratación de la obra de remodelación del embalse de Los Campitos y de
aprovechamiento de escorrentías del barranco de Santos, en la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de
expediente 680/001392).
--De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno de tener en cuenta las propuestas de las cooperativas y las asociaciones agrarias para la defensa en la Unión Europea del sector del aceite de
oliva en el proceso de reforma de la Organización Común de Mercado (OCM). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001398).
--De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones o criterios que determinaron la operación emprendida por la Delegación del Gobierno de Madrid en siete locales de los distritos de Usera y
Arganzuela. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001406).
--De Dña. MARIA ANGELES FONT BONMATI, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la opinión del Gobierno acerca de intensificar las actuaciones en relación con el importante problema de salud que se deriva de las enfermedades
cardiovasculares. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001409).
--De D. JORDI XUCLA I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno ante las obras de remodelación de la plaza Salvador Dalí, la avenida de Felipe II y la
calle Antonia Mercé, de Madrid, que afectan al conjunto escultórico que diseñó el pintor para la mencionada plaza y su entorno. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de
2003). (Número de expediente 680/001396).
--De D. FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre si el Gobierno ha dado información a la Comunidad Autónoma de Canarias acerca de las negociaciones llevadas a cabo con Marruecos con
respecto a la delimitación de la mediana entre el archipiélago y dicho país. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001393).
--De Dña. CRISTINA AGUDO CADARSO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno acerca de los compromisos alcanzados por la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias con el Embajador de la República de
Rumanía en España, en relación con la adopción de niños rumanos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001405).
--De D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Ministerio de Fomento para restablecer el servicio ferroviario entre Reus (Tarragona) y Zaragoza con Madrid, que ha sido suprimido con
la puesta en marcha de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Lleida. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001400).
--De D. FRANCISCO JOSE ALVAREZ DE LA CHICA, Dña. ANTONIA ARANEGA JIMENEZ y D. ANGEL DIAZ SOL, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la disposición del Gobierno de aceptar la oferta de la Junta de Andalucía de cofinanciar la línea férrea
del tren de alta velocidad a Granada.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001404).
--De Dña. MARIA DEL CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno para reforzar el vigente Plan Nacional de servicios especiales de salvamento de la vida humana en el mar y de la
lucha contra la contaminación del medio marino 2002 2005, en cuanto a los medios marítimos disponibles. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de
expediente 680/001414).
--De D. FRANCISCO FUENTES GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para aprobar la concesión a la Comunidad Autónoma de Extremadura del tercer canal de televisión.
(Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001407).
--De D. FELIX LAVILLA MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración política realizada por el Gobierno del retraso en la entrega de imágenes por parte de Televisión Española, S.A. (TVE) a otras televisiones en los casos
de acontecimientos de gran relevancia social.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001408).
--De D. ADOLFO ABEJON ORTEGA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones contempladas por el nuevo Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I), aprobado por el Gobierno para
el periodo 2004 2007, para la mejora cualitativa y cuantitativa de los recursos humanos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001412).
--De D. AMADOR VAZQUEZ VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos planteados en el nuevo Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I), aprobado por el Gobierno para el
periodo 2004 2007. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001413).
--De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre el modo en que se ha traducido la recepción de los fondos de cohesión de la Unión Europea durante nueve años, sin tener en cuenta el año 2003, en
términos de convergencia del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de España, en relación a la media del mismo en la Unión Europea. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre
de 2003). (Número de expediente 680/001378).
--De D. JUAN PABLO SANCHEZ SANCHEZ SECO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los efectos económicos que tiene el superávit de la Administración Central previsto para este año. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001411).
--De D. JOSE LUIS VALLINES DIAZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de las previsiones de creación de empleo en España, recientemente publicadas por la Comisión Europea. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001410).
--De Dña. CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las causas por las que el Ejército ha procedido a la destrucción de munición obsoleta y peligrosa en el campo de maniobras de Pájara, en
la isla de Fuerteventura (Las Palmas), transportando la misma desde la isla de Gran Canaria en camiones que no cumplen las condiciones necesarias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17
de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001394).
--De D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre los incentivos económicos previstos por el Gobierno para la utilización de los caudales ecológicos de las presas para producir electricidad. (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001401).
--De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Ministerio de Defensa para reconocer el derecho a pensión a parejas de hecho de militares fallecidos en acto de servicio.
(Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001402).
--De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno ha decidido trasladar la Escuela de Infantería de Marina de San Fernando (Cádiz) a Cartagena (Murcia). (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001403).
--De D. JUAN PEDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas adoptadas por el Reino de España y la Unión Europea con respecto a la frontera sur en el área atlántica (Islas Canarias).
(Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001390).
--De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las previsiones del Ministerio de Fomento para proceder, durante el año 2003, al abono de 189.318 euros, correspondientes a la mitad
de la ayuda reconocida, pendiente de pago, por la rehabilitación del Palacio de Patrokua en Markina Xemein (Vizcaya). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003).
(Número de expediente 680/001416).
Segundo
Interpelaciones:
--De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las responsabilidades del Gobierno por su política en materia de medios de comunicación, que ha conducido al problema laboral de Antena 3 de Televisión, S.A.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 670/000221).
--De D. MARIA CURTO FORES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la política del Gobierno en relación con las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de mutualidades de previsión social.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 670/000220).
--De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en materia de infraestructura de carreteras, especialmente en la provincia de Jaén. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 758, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente 670/000219).
Tercero
Lectura única de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 16, de
fecha 1 de noviembre de 2003). (Número de expediente S. 624/000015) (Número de expediente C. D. 122/000314).
--Proposición de Ley Orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el Proyecto de Constitución Europea. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 17, de fecha 1 de noviembre de 2003). (Número de expediente S. 624/000016) (Número de expediente C. D. 122/000315).
Cuarto
Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario para atender el pago de ayudas sociales a personas afectadas por la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el
ámbito del sistema sanitario público, por importe de 19.833.396 euros. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 167, de fecha 3 de noviembre de 2003).
(Número de expediente S. 621/000167) (Número de expediente C. D. 121/000166).
--Modificación del Orden del Día (Número de expediente 550/000057).
Quinto
Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 165, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente S. 621/000165) (Número de expediente C. D. 121/000171).
--De la Comisión de Interior y Régimen de las Administraciones Públicas en relación con el Proyecto de Ley de medidas para la modernización del Gobierno Local. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 166, de fecha 17 de noviembre de 2003). (Número de expediente S.
621/000166) (Número de expediente C. D. 121/000157).
--Modificación del Orden del Día (Número de expediente 550/000058).
Sexto
Mociones:
--De los GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO, DE SENADORES DE COALICION CANARIA, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, ENTESA CATALANA DE PROGRES, CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO, SOCIALISTA y POPULAR, por la que se insta al Gobierno a
adoptar, en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los municipios afectados, las medidas necesarias para reparar los daños producidos por las lluvias torrenciales que padecieron el pasado 16 de octubre en los municipios de
Albudeite, Campos del Río y Ceutí. (Número de expediente 662/000347).
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.
PREGUNTAS (Página 10091)
De D. CESAR ANTONIO RICO RUIZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los beneficios que va a reportar a los ayuntamientos la Ley de medidas para la modernización del Gobierno Local (Página 10091)
El señor Rico Ruiz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Administraciones Públicas (García-Valdecasas Salgado).
De D. SALVADOR CAPDEVILA I BAS, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la situación en que se encuentra el estudio y programación para la creación de la cuarta sección en la Audiencia Provincial de Girona
(Página 10092)
El señor Capdevila i Bas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Justicia (Michavila Núñez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Capdevila i Bas.
De D. ALONSO ARROYO HODGSON, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Ministerio de Medio Ambiente con respecto a la contratación de la obra de remodelación del embalse de Los Campitos y de
aprovechamiento de escorrentías del barranco de Santos, en la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) (Página 10093)
El señor Arroyo Hodgson formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Rodríguez Herrer). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arroyo Hodgson. En turno de dúplica, lo hace la
señora Ministra de Medio Ambiente (Rodríguez Herrer).
De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno de tener en cuenta las propuestas de las cooperativas y las asociaciones agrarias para la defensa en la Unión Europea del sector del aceite de
oliva en el proceso de reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) (Página 10094)
El señor Cabrero Palomares formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Rodríguez Herrer). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cabrero Palomares. En turno de dúplica, lo hace
la señora Ministra de Medio Ambiente (Rodríguez Herrer).
De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones o criterios que determinaron la operación emprendida por la Delegación del Gobierno de Madrid en siete locales de los distritos de Usera y Arganzuela
(Página 10096)
El señor Barranco Gallardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Barranco Gallardo. En turno de dúplica, lo hace el
señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua).
De Dña. MARIA ANGELES FONT BONMATI, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la opinión del Gobierno acerca de intensificar las actuaciones en relación con el importante problema de salud que se deriva de las enfermedades
cardiovasculares (Página 10097)
La señora Font Bomatí formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián). De D JORDI XUCLA I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre
las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno ante las obras de remodelación de la plaza Salvador Dalí, la avenida de Felipe II y la calle Antonia Mercé, de Madrid, que afectan al conjunto escultórico que diseñó el pintor para la mencionada
plaza y su entorno (Página 10098)
El señor Xuclà i Costa formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Xuclà i Costa.
En turno de dúplica,
lo hace la señora Ministra
de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).
De D. FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre si el Gobierno ha dado información a la Comunidad Autónoma de Canarias acerca de las negociaciones llevadas a cabo con Marruecos con
respecto a la delimitación de la mediana entre el archipiélago y dicho país (Página 10099)
El señor Rodríguez Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rodríguez Díaz. En turno de dúplica, lo
hace la señora Ministra de Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi).
De Dña. CRISTINA AGUDO CADARSO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno acerca de los compromisos alcanzados por la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias con el Embajador de la República de
Rumanía en España, en relación con la adopción de niños rumanos (Página 10100)
La señora Agudo Cadarso formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Agudo Cadarso. En turno de dúplica, lo
hace la señora Ministra de Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi).
De D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Ministerio de Fomento para restablecer el servicio ferroviario entre Reus (Tarragona) y Zaragoza con Madrid, que ha sido suprimido con
la puesta en marcha de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Lleida (Página 10102)
El señor Aleu i Jornet formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Aleu i Jornet. En turno de dúplica, lo hace el
señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De D. FRANCISCO JOSE ALVAREZ DE LA CHICA, Dña. ANTONIA ARANEGA JIMENEZ y D. ANGEL DIAZ SOL, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la disposición del Gobierno de aceptar la oferta de la Junta de Andalucía de cofinanciar la línea férrea
del tren de alta velocidad a Granada (Página 10103)
El señor Alvarez de la Chica formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Alvarez de la Chica. En turno de dúplica, lo
hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De Dña. MARIA DEL CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno para reforzar el vigente Plan Nacional de servicios especiales de salvamento de la vida humana en el mar y de la
lucha contra la contaminación del medio marino 2002 2005, en cuanto a los medios marítimos disponibles (Página 10104)
La señora González Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
De D. FRANCISCO FUENTES GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para aprobar la concesión a la Comunidad Autónoma de Extremadura del tercer canal de televisión (Página
10105)
El señor Fuentes Gallardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Costa Climent). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Fuentes Gallardo. En turno de dúplica, lo hace
el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Costa Climent).
De D. FELIX LAVILLA MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración política realizada por el Gobierno del retraso en la entrega de imágenes por parte de Televisión Española, S.A. (TVE) a otras televisiones en los casos de
acontecimientos de gran relevancia social (Página 10106)
El señor Lavilla Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Costa Climent).
De D. ADOLFO ABEJON ORTEGA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones contempladas por el nuevo Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I), aprobado por el Gobierno para
el periodo 2004 2007, para la mejora cualitativa y cuantitativa de los recursos humanos (Página 10107)
El señor Abejón Ortega formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Costa Climent).
De D. AMADOR VAZQUEZ VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos planteados en el nuevo Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I), aprobado por el Gobierno para el
periodo 2004 2007 (Página 10108)
El señor Vázquez Vázquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Costa Climent).
De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre el modo en que se ha traducido la recepción de los fondos de cohesión de la Unión Europea durante nueve años, sin tener en cuenta el año 2003, en términos
de convergencia del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de España, en relación a la media del mismo en la Unión Europea (Página 10109)
El señor Gibert i Bosch formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Gibert i Bosch. En turno de dúplica, lo hace el señor
Ministro de Hacienda (Montoro Romero).
De D. JUAN PABLO SANCHEZ SANCHEZ SECO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los efectos económicos que tiene el superávit de la Administración Central previsto para este año (Página 10111)
El señor Sánchez Sánchez-Seco formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).
De D. JOSE LUIS VALLINES DIAZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de las previsiones de creación de empleo en España, recientemente publicadas por la Comisión Europea
El señor Vallines Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro).
De Dña. CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las causas por las que el Ejército ha procedido a la destrucción de munición obsoleta y peligrosa en el campo de maniobras de Pájara, en la
isla de Fuerteventura (Las Palmas), transportando la misma desde la isla de Gran Canaria en camiones que no cumplen las condiciones necesarias.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre los incentivos económicos previstos por el Gobierno para la utilización de los caudales ecológicos de las presas para producir electricidad.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Ministerio de Defensa para reconocer el derecho a pensión a parejas de hecho de militares fallecidos en acto de servicio.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno ha decidido trasladar la Escuela de Infantería de Marina de San Fernando (Cádiz) a Cartagena (Murcia).
Esta pregunta ha sido aplazada.
De D. JUAN PEDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas adoptadas por el Reino de España y la Unión Europea con respecto a la frontera sur en el área atlántica (Islas Canarias).
Esta pregunta ha sido retirada.
De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las previsiones del Ministerio de Fomento para proceder, durante el año 2003, al abono de 189.318 euros, correspondientes a la mitad de
la ayuda reconocida, pendiente de pago, por la rehabilitación del Palacio de Patrokua en Markina Xemein (Vizcaya).
Esta pregunta ha sido retirada.
INTERPELACIONES (Página 10112)
De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las responsabilidades del Gobierno por su política en materia de medios de comunicación, que ha conducido al problema laboral de Antena 3 de Televisión, S. A.
El señor Barranco Gallardo realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate el
señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro).
De D. MARIA CURTO FORES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la política del Gobierno en relación con las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de mutualidades de previsión social
El señor Curto Forés realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro) Vuelve a intervenir el señor interpelante.
Cierra el debate el señor
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro).
De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en materia de infraestructura de carreteras, especialmente en la provincia de Jaén (Página 10122)
El señor Cabrero Palomares realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). Vuelve a intervenir el señor interpelante.
Cierra el debate el señor Ministro de
Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
LECTURA UNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 10128)
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 10128)
Proposición de Ley Orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el Proyecto de Constitución Europea. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Los señores Uriarte Zulueta y García Miralles consumen un turno a favor de ambas proposiciones de ley. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Loroño Ormaechaea, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y los
señores Molas i Batllori, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Florensa i Tomàs, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Uriarte Zulueta, por el Grupo Popular.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 10132)
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario para atender el pago de ayudas sociales a personas afectadas por la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el
ámbito del sistema sanitario público, por importe de 19.833.396 euros. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 10132)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor González Príncipe, por el Grupo Socialista, y la señora Gámez Mata, por el Grupo Popular. Ambos vuelven a intervenir en virtud del artículo 87.
Se suspende la sesión a las catorce horas y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 10134)
De la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
La señora López Garnica, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.
Se inicia el debate de la propuesta de veto.
El señor Espasa i Oliver defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor García-Talavera Casañas consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Loroño Ormaechea,
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, los señores Espasa i Oliver, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; López Carvajal, por el Grupo Socialista, y
García-Talavera Casañas, por el Grupo Popular.
LECTURA UNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 10143)
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Votación) (Página 10143)
Se aprueba la proposición de ley por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.
Proposición de Ley Orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el Proyecto de Constitución Europea. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Votación)
Se aprueba la proposición de ley por 208 votos a favor de los 208 emitidos.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 10144)
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario para atender el pago de ayudas sociales a personas afectadas por la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el
ámbito del sistema sanitario público, por importe de 19.833.396 euros. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Votación) (Página 10144)
Se aprueba el proyecto de ley por 204 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 10144)
De la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Votación de la
propuesta de veto) (Página 10144)
Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 58 votos a favor, 135 en contra y 15 abstenciones.
MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA (Página 10144)
La Cámara aprueba por asentimiento la exclusión del orden del día de la presentación del informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 10144)
De la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Continuación)
Comienza el debate de las enmiendas al articulado.
La señora Loroño Ormaechea defiende las enmiendas números 58 a 66, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Espasa i Oliver defiende las enmiendas números 7 a 26, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Beguer i
Oliveres defiende las enmiendas números 46 a 57, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Aránega Jiménez defiende las enmiendas números 28 a 45, del Grupo Socialista. El señor Antón rueda consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Espasa i Oliver, por el Grupo Entesa
Catalana de Progrés, y Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y las señoras Aránega Jiménez, por el Grupo Socialista, y Coloma Pesquera, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 61, 62 y 63, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 130 en contra y 71 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 64, del mismo grupo parlamentario, por 12 votos a favor, 185 en contra y 11 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 65, del mismo grupo parlamentario, por 82 votos a favor, 130 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 75 votos a favor, 130 en contra y 8 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 8, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 65 votos a favor, 130 en contra y 16 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 16, 17 y 18, del mismo grupo parlamentario, por 82 votos a favor y 130 en contra.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés por 72 votos a favor, 130 en contra y 11 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 51, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 28 votos a favor, 130 en contra y 55 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 54, del mismo grupo parlamentario, por 20 votos a favor, 131 en contra y 61 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 81 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 29 y 30, del Grupo Socialista, por 65 votos a favor, 131 en contra y 17 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista por 71 votos a favor, 131 en contra y 11 abstenciones.
Se aprueba el artículo único del dictamen, apartados uno, modificaciones al artículo 4.3, y dos, modificaciones al artículo 11.3, por 136 votos a favor, 67 en contra y 10 abstenciones.
Se aprueba la disposición adicional única del dictamen por 135 votos a favor, 15 en contra y 63 abstenciones.
Se aprueba la disposición final primera, apartado 1 del dictamen por 198 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones.
Se aprueba al resto de la disposición final primera por 133 votos a favor, 5 en contra y 73 abstenciones.
Se aprueba el resto del dictamen por 143 votos a favor, 4 en contra y 65 abstenciones.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.
De la Comisión de Interior y Régimen de las Administraciones Públicas en relación con el Proyecto de Ley de medidas para la modernización del Gobierno Local. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA (Página 10159)
El señor Núñez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.
Se inicia el debate de las propuestas de veto.
Se retira la propuesta de veto número 1, del señor Quintana González, del Grupo Mixto. El señor Curto Forés defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Rodríguez Pérez consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Mur Bernad, por el Grupo Mixto; la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Sabaté Borràs, por el Grupo Entesa Catalana
de Progrés; Curto Forés, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Hurtado García, por el Grupo Socialista, y Rodríguez Pérez, por el Grupo Popular.
Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 134 en contra y 64 abstenciones.
Comienza el debate de las enmiendas al articulado.
El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas números 9 a 52, de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, y retira las números 53 y 71, del señor Quintana González, del mismo grupo parlamentario. La señora
Etxegoyen Gaztelumendi defiende las enmiendas números 125 a 143, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas números 72 a 124, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Curto Forés defiende las
enmiendas números 196 a 212, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Hurtado García defiende las enmiendas números 145 a 161, 163, 165 a 174 y 177 a 195, del Grupo Socialista. Las señoras Solana Barras y Tejedor Utrilla
consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Sabaté Borràs, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Curto Forés, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, y Hurtado García, por el Grupo Socialista, sí como la señora Tejedor Utrilla, por el Grupo Popular.
MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA (Página 10180)
MOCION DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO, DE SENADORES DE COALICION CANARIA, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, ENTESA CATALANA DE PROGRES, CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO, SOCIALISTA Y POPULAR, por la que se insta al gobierno a
adoptar, en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los municipios afectados, las medidas necesarias para reparar los daños producidos por las lluvias torrenciales que padecieron el pasado 16 de octubre en los municipios de
Albudeite, Campos del Río y Ceutí (Página 10180)
Se aprueba la moción por asentimiento de la Cámara.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 10181)
De la Comisión de Interior y Régimen de las Administraciones Públicas en relación con el Proyecto de Ley de medidas para la modernización del Gobierno Local. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Votación de las enmiendas)
Se rechazan las enmiendas números 9, 29, 30, 32, 34 y 36, de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor, 180 en contra y 17 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 23, 24, 43 y 47, de los mismos señores senadores, por 5 votos a favor, 128 en contra y 70 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, por 59 votos a favor, 126 en contra y 18 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 125, 126, 128 y 137, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 77 votos a favor y 126 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 132, 133, 140, 141 y 142, del mismo grupo parlamentario, por 70 votos a favor, 126 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 135, del mismo grupo parlamentario, por 22 votos a favor y 181 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 127 y 129, del mismo grupo parlamentario, por 22 votos a favor, 126 en contra y 55 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 130, 131, 134, 136, 138, 139 y 143, del mismo grupo parlamentario, por 17 votos a favor, 125 en contra y 60 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 72 a 124, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 57 votos a favor, 125 en contra y 19 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 196, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 22 votos a favor, 124 en contra y 54 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 197, 198, 200, 208, 109, 211 y 212, del mismo grupo parlamentario, por 77 votos a favor y 125 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 199, 201 a 203, 206, 207 y 210, del mismo grupo parlamentario, por 23 votos a favor y 179 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 204 y 205, del mismo grupo parlamentario, por 16 votos a favor, 180 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 145 a 161, 163, 165 a 174 y 177 a 195, del Grupo Socialista, por 59 votos a favor, 126 en contra y 17 abstenciones.
Se aprueban varias propuestas de modificación del dictamen por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba el artículo primero, que modifica los artículos de la Ley 7/1985: 18, 20, 70, 85 a 117, 121.3, 122.5, 126.4, 127.1, 128, 130, 134.3, 136.3, antiguo 135.3, así como las disposiciones adicionales séptima y duodécima, por 131 votos
a favor, 16 en contra y 56 abstenciones.
Se aprueba el resto del dictamen por 188 votos a favor y 15 en contra.
El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se suspende la sesión a las diez horas y cinco minutos.
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
PREGUNTAS:
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día. Preguntas.
Las preguntas de la senadora Morales Rodríguez y de los senadores Aleu i Jornet, Laborda Martín y Carracao Gutiérrez han sido aplazadas. La pregunta del señor Hernández
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, dirigida al ministro del Interior, que es la número 2 por orden de respuesta, ha sido retirada.
--DE DON CESAR ANTONIO RICO RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS BENEFICIOS QUE VA A REPORTAR A LOS AYUNTAMIENTOS LA LEY DE MEDIDAS PARA LA MODERNIZACION DEL GOBIERNO LOCAL (680/001415).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don César Antonio Rico Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los beneficios que va a reportar a los ayuntamientos la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local.
Tiene la palabra el senador Rico Ruiz.
El señor RICO RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, buenos días. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, estableció el marco de las entidades locales ajustado a los criterios
constitucionales, y, por lo tanto, entendemos que no sólo era una ley conveniente, sino además necesaria para reflejar las condiciones y las circunstancias reales de las entidades locales en esos momentos. No obstante, todas sus señorías conocen
que las entidades locales, como administraciones más cercanas al ciudadano, están sujetas a un dinamismo social que los ciudadanos procuran para la mejora de sus servicios, para la solución de sus inquietudes, y que hace necesaria una adecuación de
la normativa a los momentos reales en que estamos viviendo.
De todas formas, todas las corporaciones locales, todas las administraciones locales no tienen las mismas singularidades, y es cierto, como se dice en la exposición de motivos de la ley de
medidas de modernización de Gobierno local, que quizá tras un período de reflexión sea necesaria una modificación de toda la Ley 7/1985, pero no es menos cierto que esas singularidades afectan en concreto a las ciudades que, por el concepto
poblacional, por el número de habitantes, se hace preciso que la adecuación normativa se haga en un momento determinado. Este momento en el trámite parlamentario ha llegado, con la tramitación de la ley de medidas de modernización del Gobierno
local. Por eso, señora ministra, mi pregunta es en qué beneficia dicha normativa a estos ayuntamientos a los que afecta la ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Administraciones Públicas.
La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (García-Valdecasas Salgado): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la elaboración del proyecto de ley de medidas para la modernización del Gobierno local ha estado presidida de un
amplio consenso político y social. Se han tenido en cuenta los trabajos de la Comisión de Entidades Locales del Senado, a propósito del informe sobre grandes ciudades; se han mantenido conversaciones con los alcaldes de las ciudades más
importantes de España y con los distintos grupos parlamentarios, y han sido analizadas en profundidad por la Federación Española de Municipios y Provincias. Este consenso se ha mantenido durante su tramitación parlamentaria, y quiero aprovechar la
ocasión para agradecer a todos los grupos parlamentarios el espíritu de diálogo que han demostrado --y que espero que continúe-- a lo largo de este proceso que está a punto de culminar.
Se han introducido modificaciones en el texto original que han
mejorado, sin duda, el texto aprobado por el Consejo de Ministros, y dada la importancia que tiene esta ley, son de gran satisfacción las aportaciones hechas durante su tramitación.
La ley va a significar también un paso adelante en la
modernización del conjunto de la administración pública local, en su cercanía a los ciudadanos, y sobre todo en una mejor gestión que termine dando como resultados unos servicios públicos de mayor calidad en el ámbito de los municipios españoles.
Señorías, con esta ley se potencian los mecanismos de participación ciudadana en el ámbito municipal, se garantizan todos los mecanismos de control y fiscalización de la gestión desarrollada por los diferentes gobiernos locales, se introducen
mejoras en la potestad sancionadora de las entidades locales, con lo que se fortalece notablemente la autonomía local, se clarifica el régimen jurídico de las mancomunidades de municipios, y en materia ya de municipios, se distinguen con claridad
las grandes facultades de los plenos como órganos de debate político, al tiempo que se fortalece la capacidad de los gobiernos locales para lograr una gestión de mayor agilidad.
En definitiva, señorías, creo que es muy importante que las
corporaciones locales cuenten, a partir del 1º de enero del año próximo, con estos nuevos instrumentos, que redundarán en beneficio de los ciudadanos, y a través del ingente trabajo que se está realizando en esta Cámara y en el Congreso de los
Diputados espero que esto ocurra, señorías, con el acuerdo de todos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
--DE DON SALVADOR CAPDEVILA I BAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO, SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRA EL ESTUDIO Y PROGRAMACION PARA LA CREACION DE LA CUARTA SECCION EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE
GIRONA (680/001395).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Salvador Capdevila i Bas, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la situación en que se encuentra el estudio y programación para la creación de la
cuarta sección de la Audiencia Provincial de Girona. Tiene la palabra el senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenido, señor ministro. La pregunta que se le ha formulado por el señor presidente es consecuencia de una moción que fue aprobada en la Comisión de Justicia, el 28 de junio
de 2001, defendida por este senador, y por la que concretamente se solicitaba la cuarta sección de la Audiencia Provincial de Girona. En aquel momento, si bien se había solicitado la cuarta sección civil, obviamente llegamos a una transacción con
el Grupo Parlamentario Popular para estudiar la naturaleza de dicha sección, pudiendo ser una sección exclusivamente penal, porque por los módulos que ofrece dicha Audiencia Provincial parece que la sección penal es más urgente que la civil o mixta,
y, por consiguiente, ésta es la pregunta. ¿En qué situación se encuentra el estudio y programación para la creación de esta nueva sección de Girona? Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señoría, y gracias de nuevo por manifestar una inquietud en la que el ministro comparte el deseo de mejorar la justicia en Girona, y además sabe
usted que no lo estamos haciendo con palabras, sino con hechos.
En los últimos cinco años se ha aumentado la planta de jueces en un 20 por ciento; han pasado a ser 58 los jueces que hay en Girona frente a 48 que había. Si hubiéramos mantenido el
ritmo de crecimiento de los años anteriores, deberíamos esperar hasta el año 2009 para tener en Girona los jueces que ahora tenemos. En fiscales la cosa sería un poco más seria, porque habría que esperar al día del juicio final, prácticamente, ya
que el crecimiento de la planta en estos cinco últimos años ha sido del 44 por ciento; hemos pasado de 23 a 33 fiscales, y si hubiéramos mantenido el ritmo de crecimiento de los cinco años anteriores, en que se crearon cero fiscales, a doce
fiscales por año, fíjese usted lo que hubiéramos tenido que esperar para tener el 44 por ciento más de fiscales que tenemos ahora en Girona.
El que haya más jueces, más fiscales, el que todos los jueces sean profesionales desde el 27 de mayo, los
58 puestos existentes, el que estén mejor retribuidos como consecuencia de una ley pendiente desde hacía dieciocho años, que se ha aprobado ya en esta legislatura, y que está empezando a entrar en funcionamiento precisamente desde el mes de
septiembre, está permitiendo que la Justicia avance en Girona. Por ejemplo, hay 2.112 asuntos penales que se han resuelto en 72 horas o en quince días, ninguno de esos 2.112 delitos se hubieran resuelto a estas alturas con la legislación y con los
métodos anteriores, es decir, se han celebrado 352 juicios penales.
En relación a la cuestión concreta de la sección de la audiencia, hubo una moción en esta Cámara que se cumplió en un punto, aunque tenía dos ejes; el primer eje se cumplió, que
fue creado por Real Decreto de 13 de julio de 2001. Para la cuestión de la sección se proponía un estudio, el estudio se ha hecho, lo ha evaluado la propia Generalitat de Cataluña, y la consejera de Justicia --con la que me une una magnífica
relación personal, y también un esfuerzo compartido por mejorar juntos la Justicia en Cataluña-- no me solicitó la creación de esa sección. Es más, en el escrito de fecha 17 de octubre de 2001, poco después de la moción, me pidió sólo una plaza de
órgano colegiado, y era para Tarragona, y ya en la programación de peticiones para el año 2003 ni siquiera me pidió la de Tarragona, entendiendo que las dos secciones civiles de Girona están por debajo del módulo, y quizá sí que pueda estar por
encima la sección de lo penal, pero lo que se podría proponer --que no me lo propuso la Generalitat, aunque podríamos hablarlo-- sería el refuerzo de un magistrado, no la creación de toda una nueva sección. Seguramente lo más sensato, de acuerdo
con los datos del consejo, es crear un juez de refuerzo para agilizar algunos de los asuntos pendientes. En todo caso, me reitero en mi compromiso de seguir trabajando por mejorar la Justicia, que tan necesario era hacerlo, tanto en Girona como en
el resto de Cataluña como en el resto de España. Creo que la meta vale la pena, que no es fácil hacerlo pero que, desde luego, se está avanzando mucho, bien y por el buen camino, entre otras cosas por la colaboración que tiene el Grupo Popular con
su grupo parlamentario haciendo leyes tan importantes como las que estamos promulgando, las que hemos hecho y las que todavía ayer y hoy se tramitan en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor ministro, por su buena predisposición. Efectivamente, he traído esta mañana a este debate la inquietud de los magistrados de Girona. Yo creo que los módulos no
pueden basarse en la frialdad de las estadísticas. Usted sabe perfectamente que en Girona provincia hay una conflictividad muy especial --hay un Derecho especial foral de Cataluña, está la conflictividad de la frontera, toda una
serie de elementos que debatimos también con ocasión de la ley de retribuciones a las carreras fiscal y judicial--, que el censo poblacional de la provincia de Girona es muy superior al de muchas de las capitales y no capitales que tienen
una remuneración superior a la de Girona, pero en fin, aceptar la oferta que usted ha hecho de aumentar un magistrado más en la sección penal es empezar con buen pie y no dudamos de que, evidentemente, si se estudia la naturaleza y calidad de los
procedimientos nos llevará a tener que aumentar en una sección más la Audiencia Provincial de Girona.
Efectivamente, los juicios rápidos van de maravilla, van muy bien, se resuelven muchos asuntos y la carga por magistrado puede ser que haya
disminuido en las secciones civiles precisamente por la rapidez de los juicios, pero, evidentemente, repito, hay una carga añadida, este valor añadido de la conflictividad de los pleitos que, aunque quizá no esté bien compararlo con otras
provincias, allí es una realidad. Hay una conflictividad seria con los procedimientos, que no son siempre reclamaciones de cantidades, y por eso se solicita esta ayuda adicional de una cuarta sección cuando sea posible.
Muchas gracias, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
--DE DON ALONSO ARROYO HODGSON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE CON RESPECTO A LA CONTRATACION DE LA OBRA DE REMODELACION DEL EMBALSE DE LOS CAMPITOS Y DE
APROVECHAMIENTO DE ESCORRENTIAS DEL BARRANCO DE SANTOS, EN LA ISLA DE TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE) (680/001392).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor de don Alonso Arroyo Hodgson, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Ministerio de Medio Ambiente con respecto a la contratación de la obra
de remodelación del embalse de Los Campitos y de aprovechamiento de escorrentías del barranco de Santos, en la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife).
Tiene la palabra el senador señor Arroyo Hodgson.
El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señor presidente. Señora ministra, señorías, buenos días.
A comienzo de los años setenta el antiguo Ministerio de Obras Públicas acometió la creación del embalse de Los Campitos y sendos canales para el
abastecimiento de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Se construyó una presa para almacenar algo más de 4 millones de metros cúbicos de agua, pero antes de que concluyera su ejecución se constató que su vaso era muy permeable. La geología puso en
evidencia lo inadecuado del diseño y de la solución adoptada. Desde entonces este embalse, permanentemente vacío, ha sido ante la opinión pública insular el paradigma de lo que no se debe hacer en materia de obras hidráulicas.
Aproximadamente una
década más tarde, a mediados de los años ochenta, a través de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas y el Cabildo Insular de Tenerife se desarrolló en la isla un nuevo diseño de depósitos reguladores, las Balsas del Norte
de Tenerife, que hoy son una muestra de buen hacer --con dimensiones más adecuadas, más modestas, pero con una mayor precisión-, que además de devolver la confianza de los ciudadanos en la ingeniería hidráulica son un referente a nivel regional,
incluso nacional, con un convenio con el CEDEX para la impermeabilización de embalses.
Por otra parte, dada nuestra secular sequía estructural, en Tenerife necesitamos aprovechar las escorrentías de las principales cuencas fluviales, como es el
caso del barranco de Santos entre otros. Por ello en la planificación hidrológica insular --Plan Hidrológico Insular, vigente desde 1997-- se incluyó la obra objeto de esta pregunta, que a su vez fue recogida en el convenio Estado-Canarias para la
construcción de obras hidráulicas de interés general firmado en diciembre de 1997. Ya entonces se contaba con un proyecto de construcción que fue remitido por el Gobierno de Canarias en su momento a la Dirección General de Obras Hidráulicas del
Ministerio de Medio Ambiente para su toma en consideración. Esta obra debería haberse iniciado hace tiempo ya que el convenio finaliza en diciembre de 2004. El proyecto había quedado desfasado técnica y económicamente, por lo que ha sido revisado,
ascendiendo el presupuesto base de licitación a la cantidad de 15,6 millones de euros, y sometido nuevamente al Ministerio de Medio Ambiente con todos los trámites pertinentes. La comisión bilateral Estado-Canarias que hace el seguimiento de dicho
convenio ha informado favorablemente el expediente.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de Medio Ambiente de contratación de la obra denominada remodelación del embalse de Los Campitos y
aprovechamiento de escorrentías del barranco de Santos en la isla de Tenerife? Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): Señor presidente, señoría.
Efectivamente, como usted señalaba, las obras de remodelación del embalse de Los Campitos y el aprovechamiento de las escorrentías del barranco de Santos
en la isla de Tenerife se encuentran entre las incluidas en el convenio suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para actuaciones en materia de infraestructura hidráulica y calidad de las aguas en el Plan Hidrológico
Nacional. Precisamente la última comisión bilateral de este convenio, que se celebró el pasado 30 de septiembre entre técnicos de ambas partes, acordó proponer --y así se aceptó por el ministerio-- la licitación de esta obra para el ejercicio
presupuestario de 2004.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador señor Arroyo Hodgson.
El señor ARROYO HODGSON: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, nos llena de alegría que la respuesta sea afirmativa.
Hace ahora aproximadamente tres años pregunté también por otra de las obras hidráulicas incluidas en el
convenio a su antecesor, el ministro Matas, y a los quince días de hacerle la pregunta estaba moviéndose la maquinaria allí.
Nosotros creemos en el convenio de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, creemos en el Plan Hidrológico
Nacional, pero para nosotros son muy importantes estas obras hidráulicas que garanticen el suministro y el abastecimiento de agua, el saneamiento, etcétera, para la creciente población de Tenerife en particular y de las islas Canarias en general.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): señor presidente, señoría.
Como usted señaló, mi departamento recibió hace escasos días --el 28 de octubre-- el proyecto definitivo del Gobierno de Canarias, que es el que debía
redactarlo, y ahora pasará por los trámites de revisión y de aprobación ordinarios.
Coincido con usted, señoría, en dos de sus reflexiones. La primera, en que la isla de Tenerife y en general las islas Canarias sufren un déficit estructural de
agua debido a sus especiales condiciones insulares, geográficas y climatológicas. Por ello estamos haciendo un gran esfuerzo desde el Ministerio de Medio Ambiente para desarrollar todas esas infraestructuras hidráulicas necesarias para paliar esa
situación. Hasta ahora hemos comprometido más de 391 millones de euros de los 456 millones que estipuló ese convenio al que nos referimos del año 1997. Además están otras obras incluidas en el Plan Hidrológico Nacional, como la desaladora de Santa
Cruz de Tenerife, que se encuentra finalizada y en pruebas, o el depósito de cabecera para el abastecimiento de la ciudad, que está en ejecución y prevista su finalización precisamente en este año 2003. Estas inversiones no terminarán en 2004 ya
que, como sabe, el Plan Hidrológico Nacional tiene un horizonte que llega hasta el año 2008.
También coincido con usted, señoría, en la necesidad de devolver a los ciudadanos la confianza en la ingeniería hidráulica, por eso es necesario que cada
proyecto cumpla con las normas hidráulicas, ambientales y las de seguridad de presas y embalses, proceso que acaba de iniciar este proyecto una vez redactado y que hace que algunas veces nos pongamos nerviosos y nos parezcan lentos para que lleven
consigo toda la seguridad que necesitan.
Señoría, como le decía, estudiaremos este nuevo proyecto y tenga por seguro que las actuaciones que estamos desarrollando en Canarias cumplen con todos los trámites necesarios, trámites en los que todos
tenemos nueva cuota de responsabilidad. Ahora, una vez redactado el proyecto por el Gobierno canario y que sea aprobado definitivamente, esperamos licitar esta obra durante el ejercicio 2004.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
--DE DON JOSE CABRERO PALOMARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO DE TENER EN CUENTA LAS PROPUESTAS DE LAS COOPERATIVAS Y LAS ASOCIACIONES AGRARIAS PARA LA DEFENSA EN LA UNION EUROPEA DEL SECTOR DEL ACEITE DE
OLIVA EN EL PROCESO DE REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) (680/001398).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don José Cabrero, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno de tener en cuenta las propuestas de las cooperativas y las asociaciones agrarias para la defensa en
la Unión Europea del sector del aceite de oliva en el proceso de reforma de la Organización Común de Mercado, OCM.
Tiene la palabra el senador señor Cabrero Palomares.
El señor CABRERO PALOMARES: Gracias, señor presidente.
Bienvenida, señora ministra, le han asignado a usted la respuesta a esta pregunta. Sepa que éste es el tema central hoy en los lugares productores de aceite de oliva de Andalucía,
especialmente en territorios como la provincia de Jaén.
Nosotros queríamos que el señor ministro Arias Cañete nos informara de los resultados del Consejo de Ministros de ayer y anteayer en Bruselas en relación con este asunto y sobre todo, como
indica la pregunta, de cómo asume el ministerio, el Gobierno en definitiva, las propuestas que han consensuado las organizaciones que representan amplísimamente al sector del aceite de oliva en Andalucía. Desde luego, sin ninguna duda, para
Izquierda Unida son acuerdos, son propuestas válidas para la defensa del sector en el conjunto de la Unión Europea y, por lo tanto, para las zonas productoras de España.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): Gracias, señor presidente.
El Gobierno, a la hora de articular su posición ante la OMC del aceite, tendrá en cuenta las propuestas de todas
las organizaciones profesionales agrarias españolas e, igualmente, las de todas las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Cabrero Palomares.
El señor CABRERO PALOMARES: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, está claro que hay que realizar este debate y, desde luego lo voy a hacer, con el responsable de esta área en su Gobierno, en el Gobierno de España.
Sin embargo,
quiero que quede claro que lo que hoy está planteado como una propuesta unitaria del sector, es clave para la sociedad jiennense y para Andalucía. Asimismo, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha expresado su posición con relación a estas
propuestas y mantiene bastantes coincidencias.
Nos parece fundamental que se reconozca la realidad productiva de nuestro país que, en este período transitorio, está muy por encima de lo que se reconoció en Bruselas en la anterior OCM; es decir, se
está penalizando más de un 30 por ciento de media, aproximadamente, cada año.
En segundo lugar, nosotros consideramos --y así lo están planteando los colectivos agrarios--, que se tiene que poner en marcha un sistema de ayudas que siga acoplado,
por una parte, a la producción y, por otra, a la superficie; que, de alguna manera, se siga ligando la percepción de ayudas a la actividad agraria y que la propiedad de la tierra no sea el elemento por el que se reciban las ayudas sino que sea
necesario cultivar, crear empleo y producir, siguiendo un modelo que preserve el medio ambiente --y en ese aspecto tiene usted un papel importante como responsable de esa área--, y, asimismo, poniendo en práctica un sistema que garantice la
seguridad alimentaria, a través de productos de mayor calidad.
Otro objetivo fundamental es la defensa del olivar de baja producción, que también tiene un componente ecológico muy importante en las zonas donde se desarrolla y, por tanto, debe
recibir una ayuda complementaria, por una parte, de fondos procedentes de desarrollo rural y, por otra, de fondos que puedan ser aportados por el Estado, lo que permitirá que esa actividad ecológica también repercuta en el ámbito económico y social,
y permita vivir a las personas de ese olivar.
En definitiva, nunca aceptaremos que salga dinero de Andalucía o de otras comunidades autónomas ni los trasvases de flujos financieros porque sería tremendamente negativo y rompería el propio sector,
las comunidades autónomas y los territorios, que es un importante elemento a tener en cuenta.
En cualquier caso, quiero agradecer su comparecencia y su esfuerzo, pero continuaremos este debate con el señor ministro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): Gracias.
Su señoría reclama una estrategia unitaria entre
administraciones públicas, cooperativas y asociaciones pero, pese a las reuniones celebradas con las organizaciones agrarias de ámbito nacional, no ha sido posible configurar hasta la fecha una posición unitaria, ya que éstas no han sido ni siquiera
individualmente capaces de articular una posición nacional única --con la excepción de la Unión de Pequeños Agricultores--, y mantienen fuertes divisiones internas, en función de la comunidad autónoma de que se trate.
En el seno de la conferencia
sectorial de agricultura hay, igualmente, una división en dos bloques: de una parte, Andalucía; y, de otra, el resto de las comunidades autónomas.
El ministerio de Agricultura, en la conferencia sectorial que se celebrará el día 1 de diciembre,
volverá a intentar alcanzar un consenso.
Lo cierto es que hasta la fecha, a pesar de las reuniones permanentes que se están celebrando, no se ha podido llegar a la posición unitaria que se logró por el sector en la reforma de 1998 y que el Gobierno
pudo asumir.
A pesar de estas divisiones, y para tranquilizar a su señoría, puedo trasladarle que en el pasado Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, celebrado en Bruselas el 17 de noviembre, el ministro de Agricultura planteó a la Comisión
Europea la necesidad de reconocer la realidad del sector olivarero español, lo que debe conducir a superiores apoyos presupuestarios a la producción española.
El ministro de Agricultura pidió a la Comisión flexibilidad para que el pago único
desacoplado pudiera ver incrementado su porcentaje en correlativa disminución del porcentaje asignado a los pagos por hectárea, con el fin de limitar los trasvases financieros desde las comunidades autónomas más productivas, como Andalucía, al
resto. Finalmente, el señor ministro pidió introducir en los pagos por hectárea elementos que permitieran garantizar la continuidad del proceso de mejora de la calidad que ha afrontado la producción española. En este momento, como usted señalaba,
el ministro español está reunido estos días con el comisario Fischler, para seguir mejorando la propuesta inicial de la Comisión.
Señoría, entiendo que como senador de la Comunidad Autónoma de Andalucía se preocupe por las propuestas de algunas
organizaciones agrarias de su comunidad, pero como senador del Reino de España debe comprender que el Gobierno no puede defender exclusivamente los intereses de una comunidad autónoma sino el modelo que sea más beneficioso para la totalidad de los
olivareros españoles, tanto los de las regiones con menor productividad y olivos de baja producción --a los que usted se ha referido--, que deben ser objeto de tratamiento específico en la reforma de esta OCM, como los olivareros más productivos,
que deben seguir recibiendo los apoyos que han permitido su continua modernización y mejora.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DON JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES O CRITERIOS QUE DETERMINARON LA OPERACION EMPRENDIDA POR LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE MADRID EN SIETE LOCALES DE LOS DISTRITOS DE USERA Y
ARGANZUELA (680/001406).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Juan Antonio Barranco Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones o criterios que determinaron la operación emprendida por la Delegación del Gobierno de Madrid en
siete locales de los distritos de Usera y Arganzuela.
Tiene la palabra el senador Barranco.
El señor BARRANCO GALLARDO: Con la venia.
Señor ministro, el día 25 de octubre, día anterior a las elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid, se realizó una gran redada policial en los distritos de Arganzuela y de Usera, en nuestra
ciudad, con la intervención de más de cien policías de distintas brigadas de la UIP y de varias comisarías. ¿Qué razones y criterios determinaron esta macrooperación policial? Y, ¿qué resultados se han obtenido de la misma?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señor presidente.
Señoría, las razones de esta operación se centran en la lucha contra la delincuencia, de protección del libre ejercicio de los derechos y libertades de los
ciudadanos, y de garantía de su seguridad.
Esta operación se inscribe en una más amplia que, como su señoría conocerá probablemente, se está realizando especialmente durante los fines de semana, en varias zonas y distritos de la Comunidad Autónoma
de Madrid; la última se ha llevado a cabo en Azca, el fin de semana pasado, con unos resultados positivos en la lucha contra la delincuencia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Barranco Gallardo.
El señor BARRANCO GALLARDO: Gracias, señor presidente y señor ministro, por su respuesta.
La realidad de esta gran operación,
esta gran redada, es que fueron detenidos 63 sin papeles, de los que esa misma noche fueron liberados 59 y que solamente cuatro fueron retenidos por antecedentes en relación con la ley de extranjería. Los detenidos denunciaron posteriormente
insultos, vejaciones, agresiones, e incluso algunas imputaciones políticas, que no venían al caso, y la mayoría fueron esposados al salir de estos locales.
Los vecinos de algunos de los locales de la zona han declarado que no causaban problemas en
el barrio.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha considerado inaceptable, y de suma gravedad, la operación de caza de personas realizada ese sábado y la han calificado también como una operación brutal, que tenía como único horizonte el
propagandístico, en plena jornada de reflexión electoral.
Los sindicatos de la policía, asimismo, han calificado esta operación, como mínimo, de inoportuna.
Señor ministro, sé que usted tiene otras preocupaciones y otros quehaceres --sin ir más
lejos, en el día de ayer--, pero ¿cree usted que esta redada --digna de Elliot Ness, en el Chicago de los años veinte--, a sólo 24 horas de unas elecciones autonómicas, es razonable, es sensata o es normal? Además de un rotundo fracaso policial fue
una descarada acción de propaganda electoral, dirigida por el delegado del Gobierno de Madrid; fue el último acto electoral del Partido Popular.
Como usted bien sabe, Madrid está veinte puntos por encima de la media en los índices de criminalidad
nacional. Los robos violentos, en lo que va de año, han aumentado un 26 por ciento --y la fuente es la Jefatura Superior de Policía de Madrid--; los atracos callejeros, en lo que va a de año, llegan a 30.985 --102 cada día--, lo que supone un 7
por ciento más que el año pasado; los robos con fuerza, en lo que va de año, llegan a 67.343 --4.516 más que el año pasado-, es decir, 221 diarios. ¿Cree usted que es normal que con este panorama en la ciudad de Madrid el delegado del Gobierno se
dedique a hacer operaciones de este calado electoral? Como usted bien sabe --y también sus antecesores--, el delegado del Gobierno es un incompetente o tiene otras prioridades que no tienen nada que ver con la seguridad de los ciudadanos
madrileños.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica tiene la palabra el señor Ministro de Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señor presidente.
Señoría, usted me pregunta lo que yo considero normal. Para empezar, lo que no considero normal es que me pregunte permanentemente --y hace muy bien-- sobre la
seguridad en Madrid. Pero se realizan operaciones de presencia policial intensiva, registros; se producen detenciones; se incautan armas, drogas; se desarticulan organizaciones que están operando en Madrid , y a su señoría tampoco le parece
bien. Y esto es lo que no es normal , porque es absolutamente incoherente. Ustedes acaban de descubrir la seguridad y la lucha contra la delincuencia, pero cuando se toman medidas policiales al respecto no les parecen bien, nunca les han gustado,
porque consideran más convenientes otro tipo de medidas distintas a las policiales para luchar contra la delincuencia y, señoría, no existen, hacen falta intervenciones policiales, firmeza, aplicación de la ley desde el Estado de Derecho, pero
plantando cara a los delincuentes y a sus organizaciones delictivas.
Señoría, como estaba diciendo, no es un fin de semana de operaciones por motivos electorales. Se trata de un amplio dispositivo que estamos llevando a cabo durante todos los fines de semana y que ha dado lugar a la intervención de 172
armas, a la desarticulación de siete grupos organizados, habiendo intervenido abundante cantidad de cocaína y de heroína. Pero, insisto, a usted esto no le parece bien porque son muchos policías que acuden a los barrios donde están las bandas que
trafican con drogas, a los barrios donde se produce una alta inseguridad que preocupa a los ciudadanos; efectivamente, lo estamos haciendo con muchos policías y lo vamos a seguir haciendo. Hay diseñada toda una estrategia para luchar contra la
delincuencia en Madrid, plantándole cara con todas las consecuencias y con toda firmeza. Ello nos ha permitido ya reducir en un 1,22 por ciento la delincuencia en Madrid entre enero y octubre del presente año; los delitos contra el patrimonio han
descendido un 0,4 por ciento; los delitos contra las personas un 11,5 por ciento, y los delitos contra la seguridad colectiva un 15,3 por ciento. No pretendo ser en ningún modo triunfalista, pero sí tomar todas las medidas a fin de garantizar la
seguridad de los ciudadanos madrileños.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
--DE DOÑA MARIA ANGELES FONT BONMATI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE INTENSIFICAR LAS ACTUACIONES EN RELACION CON EL IMPORTANTE PROBLEMA DE SALUD QUE SE DERIVA DE LAS ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES (680/001409).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la excelentísima señora doña María de los Angeles Font Bonmatí, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la opinión del Gobierno acerca de intensificar las actuaciones en relación con el importante problema de
salud que se deriva de las enfermedades cardiovasculares.
Tiene la palabra la senadora señora Font Bonmatí.
La señora FONT BONMATI: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra, señorías. En el año 2000 la Organización Mundial de la Salud instauró el Día Mundial del Corazón, cuyo objetivo era dar a conocer las enfermedades
cardiovasculares, ya que éstas constituyen una de las principales causas de muerte no sólo en España sino también en el resto del mundo. Según este mismo organismo, la OMS, la tendencia de la mortalidad por estas causas sigue un camino
preocupantemente ascendente, pronosticando los expertos que para el año 2010 el 36 por ciento de las muertes lo serán por enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, el conocimiento de los principales factores de riesgo modificables de esas
enfermedades permite su prevención, así como un diagnóstico y un tratamiento precoz que evitaría en gran parte las secuelas y la muerte de muchos pacientes.
Incidiendo en este aspecto, las sociedades científicas sugieren que la mejor vía para
afrontar este importantísimo problema es la elaboración de planes integrales de salud que incidan en todas las etapas de la evolución de la enfermedad, y en este sentido tengo que felicitar a la señora ministra por la rapidez de actuación de su
ministerio ante la gravedad de esta situación, adoptando distintas iniciativas tendentes a disminuir la morbi-mortalidad por enfermedad cardiovascular que en España alcanza el 34 por ciento de todas las muertes.
Por ello le hago la siguiente
pregunta: ¿considera el Gobierno que deben intensificarse las actuaciones en relación con el importante problema de salud que se deriva de las enfermedades cardiovasculares? Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente, la primera causa de muerte en España es la enfermedad cardiovascular que, a día de hoy, representa ya el 34,9 por ciento de
las muertes, es decir, 39.000 fallecidos al año en España.
Usted me pregunta si hay que intensificar las actuaciones y creo que sí y, además, es necesario abordar esta patología de una manera global y esto es precisamente lo que hacen los planes
integrales.
El plan de cardiopatía isquémica se ha elaborado en colaboración con muchos profesionales, con 30 sociedades científicas y con 100 expertos, que han trabajado de forma intensa durante más de cuatro meses; el plan fue aprobado en el
Consejo Interterritorial el 23 de septiembre y presentado públicamente el 15 de octubre en el Congreso de Enfermedades Cardiovasculares; responde al más alto nivel científico y abarca todos los ángulos de esta enfermedad; incluye la prevención de
los factores de riesgo coronario, la promoción de hábitos saludables en la población general, la detección y el diagnóstico precoz, y el tratamiento de los pacientes con factores individuales de riesgo, la asistencia a los pacientes con síndrome
coronario agudo y la prevención secundaria y la rehabilitación, así como actuaciones transversales como la investigación y los sistemas de información. Es una tarea compleja, un plan de actuación que incluye estándares de actuación y que propone
objetivos muy concretos; identifica los puntos críticos en la asistencia sanitaria a los pacientes; puntos críticos que se deben resolver, y propone, además, actuaciones concretas y ofrece ejemplos de buenas prácticas.
Fíjese, señoría, uno de los
acuerdos alcanzados en el seno del Consejo Interterritorial es que hay que trabajar de forma conjunta, que la responsabilidad principal de implantarlo recae en las autoridades sanitarias, pero es imprescindible la colaboración de todos y la
cooperación entre los profesionales. Este plan tiene una financiación específica
y es eminentemente práctico porque establece lo que hay que hacer y, sobre todo, cómo hay que hacerlo.
En definitiva, señorías, estamos intentando que la morbi-mortalidad por patología cardiovascular para los ciudadanos españoles sea cada
vez más baja.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
--DE DON JORDI XUCLA I COSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LAS OBRAS DE REMODELACION DE LA PLAZA SALVADOR DALI, LA AVENIDA DE FELIPE II Y
LA CALLE ANTONIA MERCE, DE MADRID, QUE AFECTAN AL CONJUNTO ESCULTORICO QUE DISEÑO EL PINTOR PARA LA MENCIONADA PLAZA Y SU ENTORNO (680/001396).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Jordi Xuclà, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno ante las obras de remodelación de la plaza
Salvador Dalí, la avenida de Felipe II y la calle Antonia Mercè, de Madrid, que afectan al conjunto escultórico que diseñó el pintor para la mencionada plaza y su entorno.
Tiene la palabra el senador señor Xuclà i Costa.
El señor XUCLA I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el 23 de enero de 1989 murió el pintor Salvador Dalí, instituyendo heredero universal de todos sus bienes, derechos y creaciones artísticas al Estado español. Por
Real Decreto 799/1995, de 19 de mayo, se encomendó al Ministerio de Cultura la tutela de la referida herencia. El 12 de noviembre de 1985, el alcalde de Madrid y Salvador Dalí firmaron un convenio por el cual el pintor se comprometía a diseñar un
conjunto escultórico en la avenida Felipe II de Madrid; el conjunto está formado por tres elementos: una estatua sobre una base cúbica donde puede leerse la palabra Gala; un dolmen megalítico y un parterre de granito con un enlosado en forma de
Cristo crucificado. Seguramente, ésta es la última obra de Dalí y una de sus contadas intervenciones urbanísticas. Hoy, el Ayuntamiento de Madrid ha levantado el parterre y ha destruido el enlosado y en el proyecto también se prevé la desaparición
del dolmen y el traslado de la estatua a otro punto de la plaza.
Me gustaría conocer, en el centenario del nacimiento del pintor Salvador Dalí, qué medidas tiene previsto adoptar o ha adoptado ya el Ministerio de Cultura para evitar la destrucción
del conjunto escultórico referido en cumplimiento de sus obligaciones, concretamente de las que emanan de la Ley de Patrimonio Histórico Español.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora
Ministra de Educación, Cultura y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señor presidente.
Señoría, en efecto, como ha mencionado usted, el Estado es el legatario universal de la obra de Salvador Dalí. No obstante, como
seguramente usted conoce, con arreglo al reparto de competencias establecido en la Constitución y en el artículo 6 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, la administración pública competente para aplicar el régimen jurídico de
protección sobre el patrimonio histórico son las comunidades autónomas, y en el caso del que estamos hablando, corresponde lógicamente a la Comunidad Autónoma de Madrid, ya que el dolmen de Dalí ni es de titularidad del Estado ni está adscrito a
ningún servicio público gestionado por la Administración General del Estado, sino que está en depósito en una plaza municipal.
De esta manera, el trabajo del ministerio debe ante todo atender a dos objetivos: garantizar la estricta conservación
del monumento y, en tanto que legatario de la obra daliniana, procurar que ésta se muestre al público en un lugar de la mayor relevancia. Y en este sentido, señoría, estamos trabajando con el ayuntamiento y con la Fundación Gala-Dalí.
Desde luego,
no cabe pensar, ni siquiera en un mal sueño, que esa obra se pudiera destruir, como creo que usted ha apuntado al final de su intervención; eso no estaría en el horizonte de la menos cuerda de las personas que pudieran tratar este asunto.
Así
pues, repito que estamos trabajando con el Ayuntamiento de Madrid y con la Fundación Gala-Dalí para que ese conjunto escultórico tenga la mejor ubicación posible, ya sea en la propia plaza, como fundamentalmente se pretende, ya sea en un lugar
todavía de mayor relevancia pública. En cualquier caso, tenga la seguridad de que esa obra de Dalí no sólo será cuidada, sino que, como las grandes obras, también será mimada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de réplica tiene la palabra el senador Xuclà.
El señor XUCLA I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, celebro que haya anunciado que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pretende que no se destruya esa obra de Salvador Dalí, aunque tendríamos que discutir a
ese respecto, cordialmente, pero con exactitud. En mi opinión todo ese conjunto escultórico conforma la obra en cuestión, y en estos momentos ya se está destruyendo --precisamente he utilizado esa expresión para intentar ajustarme a la realidad--
porque una de sus partes, el enlosado diseñado y dispuesto por Salvador Dalí, ya no existe. Además, lo que se prevé por parte del Ayuntamiento de Madrid es la superación del enlosado, la supresión del dolmen y el traslado de la estatua desde un
punto a otro de la plaza, así como la supresión de la base
cúbica de la escultura. Considero que eso supone la destrucción del conjunto escultórico.
Ha hecho usted referencia a la cuestión competencial, citando el artículo 6 de la Ley del Patrimonio Histórico Español. Pues bien, voy a dar lectura
del artículo 4 de dicha ley, que dice así: «A los efectos de la presente Ley se entiende por expoliación toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio
Histórico Español...» Y continúa: «En tales casos la Administración del Estado, con independencia de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas, en cualquier momento podrá interesar del Departamento competente del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente la adopción con urgencia de las medidas conducentes a evitar la expoliación. Si se desatendiere el requerimiento, la Administración del Estado dispondrá lo necesario para la recuperación y
protección, tanto legal como técnica, del bien expoliado.» Señora ministra, creo que su ministerio debería aplicar el artículo 4 de la Ley del Patrimonio Histórico Español.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica tiene la palabra la señora ministra de Educación.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señor presidente.
Señoría, sólo quiero reiterar lo que he manifestado, es decir, que estamos trabajando para que esta obra de Dalí cuente con las mejores
condiciones para su exposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
--DE DON FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE SI EL GOBIERNO HA DADO INFORMACION A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS ACERCA DE LAS NEGOCIACIONES LLEVADAS A CABO CON MARRUECOS CON
RESPECTO A LA DELIMITACION DE LA MEDIANA ENTRE EL ARCHIPIELAGO Y DICHO PAIS (680/001393).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Froilán Germán Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre si el Gobierno ha dado información a la Comunidad Autónoma de Canarias acerca de las
negociaciones llevadas a cabo con Marruecos con respecto a la delimitación de la mediana entre el archipiélago y dicho país.
Tiene la palabra el senador Rodríguez Díaz.
El señor RODRIGUEZ DIAZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. De cara a la cumbre bilateral entre los reinos de España y Marruecos, que previsiblemente se celebrará durante los próximos días 8 y 9 de diciembre, el
Gobierno de Canarias ha expresado su deseo de que se desbloquee el conflicto existente en relación con la delimitación de la mediana que separa Marruecos del archipiélago canario, además de tratar otros asuntos que son de especial interés para las
islas, como el control de la inmigración irregular o el establecimiento de un cupo en las importaciones de tomate marroquí a la Unión Europea.
En lo que respecta a la mediana, se trata de una situación que lleva más de 25 años sin resolverse,
fundamentalmente, por el empeño del Reino de Marruecos en fijar la mediana a partir de su plataforma continental y no de su costa, lo que supondría, de llevarse a cabo según sus criterios, que aquélla se establecería a sólo 20 kilómetros de la isla
de Lanzarote.
Por otro lado, la autorización de nueve permisos a la compañía Repsol para la realización de prospecciones petrolíferas en aguas situadas frente a Lanzarote y Fuerteventura provocó en febrero de 2002 la reacción de Marruecos, que a
través de su Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado en el que criticaba esa autorización por considerar que la decisión del Gobierno español de delimitar las aguas territoriales de Canarias sobre la base de la línea mediana entre
ambas costas era un acto unilateral, discutible y hostil que atentaba contra los derechos inherentes a la soberanía marroquí sobre su plataforma continental.
Además, como usted ya sabe, dado que se ha debatido sobre el asunto en anteriores
ocasiones en esta Cámara, existe un mecanismo creado por su ministerio, a raíz de una moción presentada por Coalición Canaria y aprobada en el Senado, para informar a las comunidades autónomas durante la elaboración de acuerdos y tratados
internacionales que afecten a materias de su específico interés.
Por todo ello, de cara a la reunión del próximo mes de diciembre, quisiera saber si el Gobierno ha proporcionado formalmente información a la Comunidad Autónoma de Canarias respecto
de las negociaciones llevadas a cabo con Marruecos sobre la posibilidad de establecer la mediana entre Canarias y dicho país, en cumplimiento del artículo 38.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que establece que la comunidad autónoma será
informada en el proceso de negociación y elaboración de los tratados y convenios internacionales y en las negociaciones de adhesión a los mismos, así como en los proyectos de legislación aduanera en cuanto afecten a materias de su específico
interés, y que, recibida la información, el órgano de Gobierno de la comunidad autónoma emitirá, en su caso, su parecer.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, voy a responder a dos de los aspectos apuntados en su pregunta y que se van a tratar en la próxima cumbre con Marruecos.
Efectivamente, la lucha común contra la inmigración ilegal es una prioridad, y hemos constatado con
satisfacción que el Gobierno marroquí ha adoptado dos importantes medidas en ese ámbito.
En cuanto al objeto concreto de su pregunta, como su señoría ha hecho una exposición de los antecedentes muy completa, me voy a limitar a indicarle lo que en
estos momentos estamos haciendo en el ministerio. Como resultado de la reunión que mantuve en Madrid con mi colega marroquí, Mohamed Benaissa, en diciembre de 2002, es decir, después de las circunstancias que su señoría ha recordado, acordamos
comenzar un proceso de consultas sectoriales mediante reuniones o encuentros en varios grupos de trabajo sobre asuntos específicos, uno de los cuales se refiere precisamente a la delimitación de espacios marítimos entre España y Marruecos. Dicho
grupo ha celebrado durante este año cinco reuniones, la primera de ellas, el 16 de enero, y la última, el 15 de octubre pasado, en Rabat.
Como digo, estas reuniones han permitido entablar un proceso de consultas a nivel técnico sobre las cuestiones
relativas a la delimitación de esos espacios marítimos, únicamente en lo que respecta a la fachada atlántica.
Por otro lado, las consultas se realizan conforme a lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la
que España es parte.
Sin embargo, la fase en que se encuentra este proceso no cumple todavía con los requisitos necesarios para que se pongan en marcha los mecanismos de información por los que se interesa su señoría, sin que ello sea óbice para
que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya dado cuenta a la opinión pública de su curso en varios momentos y a través de los canales pertinentes.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de réplica tiene la palabra el senador Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ DIAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, le agradezco sus explicaciones. Verdaderamente es una buena noticia saber que entre esos grupos de consultas sectoriales se haya creado un grupo de trabajo para
la delimitación de las aguas territoriales entre ambos Estados.
De todas formas, aunque usted considere, y respeto su opinión, que todavía no ha llegado el momento de poner en marcha el procedimiento de consulta con el Gobierno de Canarias, como
éste ha realizado estudios concretos y es consciente de que debe mantener una posición respetuosa ante las responsabilidades del Estado, pero también de colaboración, manifestando sus opiniones y presentando sus estudios, aunque desde el punto de
vista legal o procedimental quizá éste no sea el momento obligatorio de consulta puede que ya sea conveniente que su ministerio y el órgano responsable en esta materia del Gobierno canario mantengan de manera formal algún tipo de negociaciones e
intercambio de información con objeto de que estas negociaciones lleguen a buen fin, ya que son muy importantes, no sólo para Canarias de forma específica, sino también para todo el Estado español.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, reitero que todavía no hay ningún proyecto de tratado ni ninguna negociación en marcha. Estamos en fase de consultas, y por
tanto, me parece prematuro activar ese mecanismo. No obstante, por supuesto que considero de sumo interés contar con las aportaciones que pueda hacer el Gobierno de Canarias y daré instrucciones para que, no de una manera formal, sino más bien
informal, se mantengan los contactos necesarios para recabar la información que pueda constar en los archivos de Canarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
--DE DOÑA CRISTINA AGUDO CADARSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO ACERCA DE LOS COMPROMISOS ALCANZADOS POR LA CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO DE CANARIAS CON EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE
RUMANIA EN ESPAÑA, EN RELACION CON LA ADOPCION DE NIÑOS RUMANOS (680/001405).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la excelentísima señora, doña Cristina Agudo Cadarso, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno acerca de los compromisos alcanzados por la Consejería de Asuntos Sociales del
Gobierno de Canarias con el embajador de la República de Rumanía en España, en relación con la adopción de niños rumanos.
Tiene la palabra la senadora Agudo Cadarso.
La señora AGUDO CADARSO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el pasado día 17 de octubre los informativos de la televisión canaria retransmitían la siguiente noticia, que leo a continuación: El Gobierno rumano agiliza los
expedientes de adopción canarios en este país --dicha noticia viene acompañada de una serie de documentos gráficos en los que aparece la consejera de Asuntos Sociales, un senador del Grupo Parlamentario Popular y el embajador rumano--. Ese es el
compromiso alcanzado por la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno canario, Agueda Montelongo, tras reunirse con el embajador rumano en España. Montelongo anunció que el embajador
ha sido totalmente sensible a esta situación que se vive en Canarias, una situación que se prolonga, y se ha comprometido con nosotros a establecer un listado y dar prioridad para que estas adopciones sean una realidad en poco tiempo.
Al
hilo de esta información, donde, como digo, se incluyen imágenes gráficas, le formulo la pregunta, señora ministra, en los términos en los que ha sido leída por el señor presidente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Gracias, señor presidente.
Señoría, lo primero que hay que hacer es recordar el marco en el que nos desenvolvemos, que no es otro que la situación en la que se encuentra el
Gobierno rumano que, a instancias de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, ha establecido una moratoria general en las adopciones en tanto en cuanto se aprueba un marco legal más acorde con los principios de la Unión Europea. Dicho esto, yo
misma, mi departamento y en general todos los que estamos interesados en resolver estos dramas humanos que viven las familias que estaban esperando recibir al hijo adoptivo, que en muchas ocasiones ya conocían, hemos trabajado por conseguirlo.
Estas gestiones ya han dado resultados; algunos expedientes, por encontrarse en determinadas fases de tramitación que ya lo permitían, se han completado.
Así pues, a la pregunta que usted me formula lo único que puedo responderle es que la
consejera de Canarias y ese senador se han hecho eco del drama humano que, como digo, viven los padres adoptivos y han mantenido una conversación con el embajador en ese mismo sentido. No se trata de que se vaya a dar prioridad a determinados casos
por una cuestión geografía, sino que, según me consta y según he podido comprobar con el Gobierno rumano, les han respondido lo mismo que al Gobierno central en las gestiones que estamos llevando a cabo, y es que, dentro de lo posible en el marco de
esta moratoria, las autoridades rumanas están procurando solucionar el mayor número de expedientes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
En turno de réplica tiene la palabra la senadora Agudo Cadarso.
La señora AGUDO CADARSO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, o bien no ha leído usted correctamente la noticia, o bien no quiere responderme, porque ésta habla de compromisos hacia las familias canarias. Usted sabe perfectamente
cuáles son las competencias de la autoridad central que figuran en el Convenio de la Haya, así como en nuestro instrumento de ratificación, como también conoce cuáles son las competencias del Ministerio de Asuntos Sociales a efectos de
comunicaciones y cuáles son las suyas, es decir, las relaciones exteriores.
Efectivamente nos movemos dentro de este marco, pero lo que no pueden hacer el Gobierno, el Ministerio de Asuntos Sociales o el suyo propio es una dejación de funciones,
porque existe un marco, que es la Conferencia Interterritorial. No porque se trate de la señora consejera de Asuntos Sociales de un Gobierno del Partido Popular en Canarias, ni porque sea un senador del Grupo Parlamentario Popular quienes
establezcan relaciones de compromiso, ello deja de salirse del ámbito de su competencia. Se están arrogando unas competencias que corresponden al Estado íntegramente y, además, se está creando una situación de privilegio exclusivo y un malestar en
las 1.200 familias que, como usted sabe, viven una muy mala situación respecto de las adopciones en Rumanía. Tanto la consejera como el senador acompañante conocen perfectamente los trabajos de la Comisión de Adopción de este Senado, porque se
trata de una situación grave que pretendemos corregir.
Así pues, basta ya de interferir, basta de mantener relaciones paralelas, basta de elaborar listas paralelas, basta de asumir competencias que no son propias, porque si el Gobierno no rechaza
esto de plano y lo reconduce al marco de actuación, que es la Comisión Interministerial, estaremos creando una situación de desigualdad entre las familias que viven esta situación y estaremos abriendo vías para que las mismas vayan por otros cauces,
que no son los correctos ni los legales y que, además, producen indefensión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de dúplica tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Señoría, me alegro mucho de su celo respecto de las competencias del Estado, que le aseguro no hace dejación de las mismas. Como le he dicho anteriormente, yo misma, en
primera persona, he llevado y sigo llevando estas conversaciones, a través de las cuales hemos conseguido solucionar, no todos los casos, pero sí 128 de ellos. Le repito que el marco legal es el establecido por el Parlamento y por la Comisión
Europea, así como por el Convenio de 1993 de la Haya que usted ha mencionado.
Se trata, por tanto, de abuso del lenguaje, porque compromiso no hay ni lo puede haber, pues ello sería discriminatorio, sería contrario al Derecho de la Unión Europea y,
por supuesto, al español y al rumano. Lo que usted nos ha leído es una noticia de televisión. No saquemos las cosas de quicio. Como le he repetido, señora senadora, el Gobierno está sobre este asunto, lo estamos llevando a término y estamos
solucionando, junto con el Gobierno rumano, aquellos expedientes que se pueden resolver de acuerdo con los principios del Estado de Derecho, ni más ni menos, y desde luego dándole toda la prioridad que podemos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
--DE DON RAMON ALEU I JORNET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO PARA RESTABLECER EL SERVICIO FERROVIARIO ENTRE REUS (TARRAGONA) Y ZARAGOZA CON MADRID, QUE HA SIDO SUPRIMIDO
CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA LINEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MADRID Y LLEIDA (680/001400).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor, don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Ministerio de Fomento para restablecer el servicio ferroviario entre Reus
(Tarragona) y Zaragoza con Madrid, que ha sido suprimido con la puesta en marcha de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Lleida.
Para formular la pregunta tiene la palabra el senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, coincidiendo con la puesta en funcionamiento de la línea de alta velocidad, los talgos que circulaban desde Madrid y Zaragoza por la vía de Caspe-Flix-Mora la
Nova-Reus-Barcelona han dejado de circular.
Habiéndonos puesto en contacto con trabajadores de Renfe, éstos nos han dicho que dichos servicios están suspendidos.
Así pues, el motivo de nuestra pregunta es conocer cuál la situación actual, así como
la de futuro de este servicio, pues entendemos que estos talgos eran los únicos trenes diurnos de largo recorrido que circulaban y que cumplían una función bastante importante para esta línea que ha visto como iba perdiendo circulación de trenes
progresivamente.
Nada más, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, sabe usted que se mantiene el servicio nocturno Madrid-Barcelona frontera, que tiene paradas en Mora y en Caspe. Ese servicio nocturno
sigue funcionando.
El servicio por el que su señoría se interesa, y que ha sido sustituido con motivo de la entrada en servicio de la línea de alta velocidad Madrid-Lleida, registró en Mora, durante el año 2002, un total de 2.301 viajeros, 914
subidos y 1.387 bajados, y en Caspe 3.155 viajeros, 1.355 subidos y 1.800 bajados. De estos viajeros los que usaron la relación con Madrid no llegó a tres viajeros diarios entre subidos y bajados en Mora y en Caspe; y en cuanto a la relación con
Barcelona no alcanzó los dos viajeros diarios subidos y bajados en ambas poblaciones, y lo que sí continúan son los mismo servicios regionales, que son los que tienen un fuerte componente ferroviario en esas poblaciones tanto hacia Zaragoza como
hacia Barcelona, como corroboran los datos que le voy a dar. Ambas poblaciones están atendidas por ocho servicios regionales en el caso de Caspe, cuatro por sentido, y 14 servicios regionales en el caso de Mora, siete por sentido. La demanda de
dichos servicios en el 2002 fue de 68.065 viajeros en Caspe, 33.012 subidos y 35.053 bajados y 136.824 viajeros en Mora, 64.897 subidos y 71.927 bajados. Esta es la razón por la cual los servicios que tienen viajeros se mantienen y se potencian y
los servicios que no tienen viajeros deben ser transformados y adaptados en función de los nuevos requerimientos de las líneas de alta velocidad.
Piense que no se ha modificado el número de estos servicios.
Por tanto, estamos hablando que del
conjunto de circulaciones que afectan a Caspe y a Mora, el Talgo nocturno hacia Madrid y hacia Barcelona sigue funcionando y la totalidad de los servicios, ocho en Caspe y 14 en Mora, también. Y en la medida en que, como consecuencia de la
capacidad de captación de nuevos tráficos, se aumente la intensidad del número de viajeros en estas estaciones para concentrarse en los puntos de enlace con la red de alta velocidad, tenga por cierto que el operador ferroviario no tendrá ningún
inconveniente en adaptar su oferta mejorando la intensidad y la frecuencia de estos servicios, pero lo que no tiene ningún sentido es mantener servicios que no tienen utilidad ni atractivo para los viajeros.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor presidente.
Me ha sorprendido usted al decirme que el servicio de cercanías funciona.
Es evidente, yo soy un usuario y le puedo decir que es así, pero eso no implica que con 5.000 usuarios
utilizando el servicio entre Caspe y Mora se suprima una línea que funcionaba no solamente para estas dos poblaciones, sino para todo un conjunto de ellas. Ahora, una zona que no puede decirse que esté en un gran auge económico, pierde un servicio
que tenía su interés y lo pierde por motivos exclusivamente económicos porque no hay suficientes viajeros. ¡Pues claro que no los hay!, ¡eso ya lo sabíamos! Lo que yo pregunto es si el ministerio va a forzar a Renfe para que reanude el servicio o
no va a hacerlo. Por lo que parece, usted dice que única y exclusivamente los factores económicos determinarán que el operador ferroviario decida si los reestructura o no. Me parece una política poco acertada desde la perspectiva de vertebración
global del territorio.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Fomento por tiempo de 20 segundos.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
El concepto de servicio ferroviario se adapta a las necesidades de los viajeros y si en este momento la red cambia, los servicios ferroviarios
cambian y la red de alta velocidad va a recortar tiempos entre Madrid y Barcelona y probablemente va a aumentar las conexiones de estas poblaciones a través de los regionales con las estaciones de enlace Zaragoza-Lleida o Barcelona.
Nada más y
muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
--DE DON FRANCISCO JOSE ALVAREZ DE LA CHICA, DOÑA ANTONIA ARANEGA JIMENEZ Y DON ANGEL DIAZ SOL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA DISPOSICION DEL GOBIERNO DE ACEPTAR LA OFERTA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA DE CONFINANCIAR LA LINEA
FERREA DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD A GRANADA (680/001404).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de los excelentísimos señores don Francisco José Alvarez de la Chica, doña Antonia Aránega Jiménez y don Angel Díaz Sol, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la disposición del Gobierno de aceptar la
oferta de la Junta de Andalucía de confinanciar la línea férrea del tren de alta velocidad a Granada.
Tiene la palabra el senador Alvarez de la Chica.
El señor ALVAREZ DE LA CHICA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, hace unas semanas recibió usted una propuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía para la posibilidad de firmar un convenio que afecta al conjunto de las
actuaciones ferroviarias en esa comunidad autónoma. Como supongo que su departamento lo estará estudiando, me gustaría saber qué posición tiene el ministro sobre esa propuesta.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Senador, su pregunta se refiere a la financiación del AVE a Granada, que es un proyecto que nació en el año 2000 por iniciativa del Plan de
Infraestructuras del Gobierno del que me honro en formar parte, y quiero reiterarle en sede parlamentaria lo que ya he dicho públicamente en Granada en numerosas ocasiones: La disposición del Ministerio de Fomento a aceptar cualquier propuesta de
financiación de la Junta de Andalucía para acometer la segunda vía de alta velocidad del corredor Bobadilla-Granada mediante un convenio del tipo del suscrito con la Xunta de Galicia para adelantar el calendario de ejecución del eje Atlántico de
alta velocidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Alvarez de la Chica.
El señor ALVAREZ DE LA CHICA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, hemos debatido usted y yo aquí en varias ocasiones sobre este asunto, la última en el mes de abril como consecuencia de la petición de suspensión de
actuaciones de las obras que se realizaron por parte de la Junta de Andalucía en el corredor de la línea transversal que une Sevilla con Almería; y puso usted ciertamente como ejemplo el modelo de acuerdo al que había llegado su departamento con la
Comunidad Autónoma de Galicia para ampliar y acelerar las actuaciones ferroviarias y en particular la del AVE.
Le recuerdo, señor ministro, que la Junta de Andalucía ya lleva invertidos más de 20.000 millones de pesetas en esa infraestructura, lo
que ha permitido entre otras cosas que hoy se pueda viajar entre Granada y Sevilla en torno a dos horas y media. Y, como usted bien sabe, la Junta le ha trasladado esa propuesta en los mismos términos que recoge el convenio que su departamento
firmó con la Xunta de Galicia, convenio que tiene en el caso de Andalucía el objetivo fundamental de conectar a las capitales andaluzas con AVE. Una actuación muy importante es la del eje ferroviario transversal, la conexión Granada-Bobadilla y su
enlace con Almería y Levante, como han solicitado las organizaciones sociales y empresariales de forma reiterada.
Señor ministro, hoy el AVE a Granada es tan imprescindible como urgente.
Ya no podemos perder más oportunidades. Después de casi
ocho años de su Gobierno, y aunque es bien es cierto que en algunas infraestructuras se han licitado tramos y se están ejecutando, no es menos cierto que la terminación de las autovías prometidas en la primera legislatura, no lo estarán ni en la
segunda. Granada se siente despreciada por mucha gente por tierra, mar y aire. El aeropuerto tiene peores servicios, con más de un centenar de aviones cancelados en el primer semestre. La autovía Granada-Bailén, la única conexión cierta con el
resto de España, tiene decenas de kilómetros en los que se advierte su mal estado y peligrosidad de firme. Y el ferrocarril ha visto desaparecer una de las pocas conexiones que había con Madrid hace dos años.
Por eso, señor ministro, es necesario
que responda cuanto antes a esta propuesta, y que lo haga por el bien del Estado y por el bien de Andalucía afirmativamente. Necesitamos un AVE como los demás, de doble vía, electrificada y ancho internacional y lo necesitamos para el 2007, no para
el 2025, como preveían los estudios del ministerio.
Por eso, señor ministro, hoy tiene una excelente oportunidad para ello.
La gente del sur sabemos que en otoño las aves vuelan al sur; ¡ojalá que los AVE también! Muchas gracias, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, y también saben en Granada que la línea Granada-Bobadilla de 123 kilómetros fue uno de los tramos afectados por el acuerdo del Consejo de
Ministros de 30 de septiembre de 1984 sobre actuaciones en las líneas altamente deficitarias de Renfe que provocó su cierre. Y también saben en Granada que la línea Granada-Bobadilla se ha incorporado a la red transeuropea de alta velocidad en el
año 2000 por decisión del Gobierno del que me honro en formar parte.
Por eso, señor senador, cuando el Plan de Infraestructuras lo incluye en el año 2000 inicia los estudios correspondientes. El 28 de abril de 2002 se licitó el estudio informativo
del corredor Granada-Bobadilla, que fue sometido a información pública el 5 de diciembre de 2002 y que actualmente se encuentra pendiente de que el Ministerio de Medio Ambiente emita la declaración de impacto ambiental. En este estudio informativo
se proyecta hacia Granada un corredor de doble vía para su construcción sucesiva de acuerdo con la evolución de la demanda, como se hace en la política de infraestructuras en España y en todo el mundo.
La propuesta del ministerio contempla el
acondicionamiento de la alta velocidad del trazado existente entre la estación de Santa Ana y Peña de los Enamorados. Desde este punto hasta Loja la propuesta discurre en una variante con nuevo trazado. Entre Loja y Granada se vuelve a
acondicionar el trazado existente para la alta velocidad, excepto en la variante de Obeilar, en el tramo Valderrubio-Pinos Puente y en su tramo entre Loja y Tocón, cuyas obras se encuentran en ejecución por la Junta de Andalucía.
El coste estimado
en el estudio informativo para la ejecución con vía doble de todo el trayecto es de 666 millones de euros y actualmente el ministerio está redactando los proyectos constructivos de los tramos estación de Antequera-Peña de los Enamorados y
Valderrubio-Pinos Puente y el GIF ha licitado las obras de conexión de esta línea en la estación de Santa Ana con la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga.
La construcción de la línea de alta velocidad es imparable y si la Junta de Andalucía
quiere poner dinero para anticipar la financiación de la segunda vía, el ministerio reitera en sede parlamentaria que está dispuesto a aceptar la oferta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DE DOÑA MARIA DEL CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA REFORZAR EL VIGENTE PLAN NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE SALVAMENTO DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR Y DE LA
LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION DEL MEDIO MARINO 2002-2005 EN CUANTO A LOS MEDIOS MARITIMOS DISPONIBLES (680/001414).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la excelentísima señora doña María del Carmen González, del Grupo Parlamentario Popular, sobre las previsiones del Gobierno para reforzar el vigente plan nacional de servicios especiales de salvamento de la
vida humana en el mar y de lucha contra la contaminación del medio marino 2002-2005 en cuanto a los medios marítimos disponibles.
Tiene la palabra la senadora González Rodríguez.
La señora GONZALEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, al Grupo Parlamentario Popular y a los ciudadanos nos consta, y se ha estado demostrando, que desde el principio para el Ministerio de Fomento y para
el ministro la seguridad marítima y de los transportes ha sido una finalidad en sí misma. Por lo tanto, tendremos que felicitarle por el gran esfuerzo realizado.
Hay que recordar que en 1996 el número de buques de salvamento se incrementó de 10 a
14 y el de embarcaciones de intervención ligera de 18 a 37. Nos encontramos con un presupuesto de 54 millones de euros aproximadamente y en el 2000 ya se había incrementado a 62 millones de euros. En julio de 2002, como bien conocen sus señorías,
se aprobó el plan de salvamento marítimo 2002-2005, contando con una situación de partida de recursos humanos de 358 personas, servicios centrales, servicio nacional de coordinación de salvamento, 20 centros de coordinación de salvamento, el centro
Jovellanos, medios operativos, cinco helicópteros, 14 buques de salvamento, 38 embarcaciones y un etcétera de muchos más medios. Así se demostró que el plan de cumplimiento de 1998-2201 fue muy satisfactorio.
Con esas bases de organización y con
esa experiencia fue cuando se pusieron en marcha las bases del plan 2002-2005 y algo muy importante que se refleja en ese plan: el compromiso del ministerio y del Partido Popular en mirar hacia el futuro para conseguir en una mejora continua,
flexible y eficaz de un servicio público en condiciones, que una vez más se demostró el 7 de noviembre de este mismo año, cuando en el Consejo de Ministros se aprobaron importantes acciones en esta materia.
No obstante, el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado quiere preguntar al señor Ministro cuáles son las previsiones que el Gobierno tiene para reforzar el vigente plan de saneamiento marítimo 2002-2005 en cuanto a medios marítimos posibles.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor presidente.
Señora senadora, efectivamente el plan nacional de salvamento 2002-2005, aprobado en julio de 2002, ha sido revisado
a la vista de la experiencia de accidentes como el del «Prestige», el «Spabunker cuatro» o la limpieza ilegal de tanques de mar como los realizados por el buque «Spiridon». Concretamente, se ha producido ya una mejora sustancial en las
características de los buques previstos en el plan nacional de salvamento. El plan tenía previsto la construcción de cuatro buques con las siguientes características: 40 metros de eslora, 50 toneladas de tiro y 200 metros cúbicos de capacidad de
tanques de residuos, con una inversión prevista de 29 millones de euros. Actualmente está decidida la construcción de cuatro buques de salvamento polivalentes, con mayor capacidad de tiro y recogida, dos de 90 toneladas de tiro y dos de 170
toneladas y además un buque especializado de lucha contra la contaminación de 2.000 metros cúbicos de capacidad de recogida de hidrocarburos.
El Consejo de Ministros autorizó el pasado 7 de noviembre la licitación del contrato de suministro de los
dos primeros buques polivalentes de posicionamiento dinámico y que tendrán las características mínimas de 90 toneladas de tiro a punto fijo, 50 metros de eslora, 14 metros de manga, dos motores de 3.000 kilovatios y una capacidad para almacenar 250
metros cúbicos de hidrocarburos. La licitación ya salió en el boletín del pasado 12 de noviembre y el presupuesto total para la construcción de los buques es de 30 millones de euros. Estimamos que el primer buque se entregará 15 meses después de
la firma del contrato y seis meses después el segundo.
También durante el próximo año está prevista, por una parte, la licitación de los otros dos buques de salvamento, con un mínimo de 170 toneladas de tiro y 500 metros cúbicos de capacidad
recogida, con un coste estimado de 72 millones de euros y, por otra, el diseño y la construcción de un buque especializado en lucha contra la contaminación, por un importe de 45 millones de euros y una capacidad de almacenamiento de residuos
superior a los 1.000 metros cúbicos.
Estas mejoras las hemos encuadrado en el marco europeo de colaboración en materia de seguridad marítima y lucha contra la contaminación. Los medios, unidades marítimas en este caso, siempre serán limitados y
por ello la colaboración entre países europeos es esencial y a esto va a colaborar la puesta en marcha de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, impulsada también por España para la coordinación de emergencias marítimas cuya envergadura así lo
requiera en las costas europeas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
La pregunta de don Ricardo Gatzagaetxebarría, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, queda retirada.
--DE DON FRANCISCO FUENTES GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA APROBAR LA CONCESION A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA DEL TERCER CANAL DE TELEVISION (680/001407).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Francisco Fuentes Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para aprobar la concesión a la Comunidad Autónoma de Extremadura del tercer
canal de televisión.
Tiene la palabra el senador señor Fuentes Gallardo.
El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el 20 de marzo del año 2001 el consejo de gobierno de la Junta de Extremadura acordó la solicitud al Gobierno de España de la concesión del tercer canal de televisión.
El pasado 28 de agosto de este año su ministerio anunció la aprobación inminente por el Consejo de Ministros de esa concesión. El 29 de agosto de este año, en la página web del Gobierno de España, se decía, y después todas las agencias se hicieron
eco, que se había aprobado el real decreto por el cual se concedía el tercer canal a la Junta de Extremadura. A media tarde del día 29 ustedes dicen que lo que ha hecho el Consejo de Ministros es estudiar y no aprobar el decreto. Por eso le
pregunto cuándo piensa el Gobierno aprobar el real decreto de concesión del tercer canal de televisión a la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Costa Climent): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, señoría, el Gobierno no aprobó la concesión del tercer canal y en estos momentos está trabajando para que pueda ser aprobado en el
entorno de final de año.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador señor Fuentes Gallardo.
El señor FUENTES GALLARDO: Señor ministro, hace dos años y medio que solicitaron el tercer canal. ¿En dos años y medio el Gobierno no ha tomado ninguna decisión por problemas de estudio? ¿Hay algún precedente en otra comunidad autónoma de
este tenor? Señor ministro, si hay algún problema, ¿cómo dice que se va a aprobar? En la página web «lamoncloa.es» aparece que se va a aprobar y después no se aprueba. ¿Es que los que ponen eso en la página web no saben que es un problema que
necesita mucho estudio, más de dos años y medio, y lo colocan en la página web por su cuenta y riesgo? Las agencias se hacen eco de lo que usted les dice, y es que se va a aprobar en el Consejo de Ministros. Pero ¿no sabía usted, cuando le dijo a
las agencias que eso se iba a aprobar, que se necesitaba más estudio? Esto es lo que no entendemos, señor ministro.
No entendemos qué motivos puede haber para que todavía hoy, dos años y medio después, no se haya aprobado, salvo que sean otros motivos, no estrictamente en cuanto a su labor como ministro del Gobierno de España, sino en cuanto a su labor de
apagafuegos del empecinamiento de sus compañeros en Extremadura que no quieren, bajo ningún concepto, que haya televisión autonómica. Pero está muy bien defender eso como partido político, pero no como ministro del Gobierno de España. Ojalá esté
equivocado y usted me lo aclare en la segunda intervención, pero no acabo de entender que dos años y medio después no esté aprobado el tercer canal.
Ustedes hicieron algunas alusiones a la analógica y a la digital. Eso no tiene nada que ver, señor
ministro, porque ese mismo día que usted iba a aprobar el decreto de Extremadura, pero que después decidió seguir estudiándolo, dieron la autorización a una comunidad autónoma, que ya estaba emitiendo en analógica, para la digital. Algunas noticias
salieron. Espero que en esta segunda intervención me aclare por qué después de dos años y medio no tenemos el real decreto de concesión del tercer canal.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Costa Climent): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, si en algo coincido con usted es en que no hay precedentes de actuaciones como las que se han producido en el marco de la televisión
autonómica en Extremadura.
Y no hay precedentes porque, sin duda, del hecho de poner en marcha canales de televisión autonómica al margen de los procedimientos legales o al margen del control parlamentario, desde el punto de vista político, tengo
que decir a su señoría que hay pocos precedentes y, por lo tanto, lo que hay que garantizar y defender es el control parlamentario sobre todo lo que son los medios de televisión de carácter público.
La Junta de Extremadura en las emisiones de Canal
Sur de Extremadura ha venido utilizando, a través de la red de Retevisión, tanto frecuencias que tenía planificadas aunque no asignadas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones como otras ajenas al plan nacional.
Por tanto, antes de
proceder a someter a la consideración y a la aprobación del Consejo de Ministros ese acuerdo de concesión del tercer canal, mi objetivo y lo que espero y deseo es que la inspección de telecomunicaciones haya realizado un estudio sobre las
frecuencias que, no estando prevista su utilización por un canal autonómico extremeño en el correspondiente plan nacional de televisión autonómica, pudieran entrar en colisión con las frecuencias que actualmente se están planificando en el plan
nacional de televisión local digital como consecuencia del uso no autorizado de las mismas que ha venido realizando la Junta de Extremadura.
Desde luego, mi objetivo es que la promulgación del real decreto no pueda entenderse en ningún caso como un
acto de convalidación del uso de frecuencias no planificadas y obstaculizar, por lo tanto, otros programas de actuación por parte del Gobierno.
Ya he dicho que en estos momentos lo previsible es que se pueda aprobar en el entorno del final de año y
lo que espero y deseo es que, con la misma diligencia, con la misma claridad y con el mismo rigor que actúa el Gobierno, actúen todas las administraciones en este caso concreto.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
--DE DON FELIX LAVILLA MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACION POLITICA REALIZADA POR EL GOBIERNO DEL RETRASO EN LA ENTREGA DE IMAGENES POR PARTE DE TELEVISION ESPAÑOLA, S. A. (TVE), A OTRAS TELEVISIONES EN LOS
CASOS DE ACONTECIMIENTOS DE GRAN RELEVANCIA SOCIAL ( 680/001408).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Félix Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración política realizada por el Gobierno del retraso en la entrega de imágenes por parte de Televisión
Española, S. A., a otras televisiones en los casos de acontecimientos de gran relevancia social.
Tiene la palabra el senador Lavilla Martínez.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado día 1 de noviembre la Casa de Su Majestad el Rey anunciaba el compromiso matrimonial del príncipe Felipe y Leticia Ortiz Rocasolano. Las imágenes oficiales de
la pareja se grabaron por parte de Televisión Española en los jardines de la residencia del príncipe Felipe en el Palacio de la Zarzuela. Serían las primeras imágenes en las que el príncipe Felipe iba a aparecer con su prometida.
Había, por tanto,
una gran expectación ante este acto de gran relevancia social.
El Estatuto de Radiotelevisión, Ley 4/1980, en su artículo 4, establece como uno de los seis principios que deben regir en los medios de comunicación el respeto al principio de igualdad
recogido el artículo 14 de la Constitución. Por su carácter institucional, estas imágenes tenían que distribuirse a todas las cadenas de televisión en las mismas condiciones de igualdad y, según parece, este principio no se cumplió.
Las imágenes
se emitieron en Televisión Española el día 3 de noviembre a las ocho de la tarde y otras cadenas, y, concretamente, Tele 5, no pudieron emitir estas imágenes hasta las ocho y cuarto.
Por este monopolio de Televisión Española para ganar
supuestamente audiencia, se denunció a Televisión Española por parte de Tele 5. De hecho, ese día Televisión Española tuvo una audiencia de 4.385.000 espectadores y una cuota de pantalla del 33,4 por ciento. Se superó con
este supuesto de deliberado retraso en más de un 10 por ciento su cuota de audiencia.
Aprovechando esta situación de privilegio ante el interés social de este acto, se arrastro a la audiencia con imágenes exclusivas de los archivos de
Televisión Española de Leticia Ortiz hasta el telediario, con 5.047.000 espectadores --el telediario, como usted sabe, señor ministro, fuente de partidismo y manipulación. (Rumores y protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Tele 5 se siente perjudicada y ha denunciado el caso ante la Comisión de Control de Radiotelevisión Española y en la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Además, los representantes del Partido Socialista
en el Consejo de Radiotelevisión Española han exigido una investigación para aclarar los hechos.
El director general de Radiotelevisión Española se ha negado a esta investigación que le piden los consejeros socialistas. Pretende que el Consejo se
limite a creer en la palabra del director general nada más.
Pero que el director general de una compañía se niegue a dar cuentas no sucede en ninguna empresa seria del mundo. El Gobierno tiene la responsabilidad política de impulsar y exigir esta
investigación.
Sólo una investigación nos hará saber con pruebas si estamos ante cualquiera de estas tres hipótesis --y termino-: que haya existido un fallo humano en Televisión Española y, por lo tanto, habría que pedir disculpas; que el fallo
lo haya cometido Tele 5, y también tendría que aclararse ante la opinión pública; o que se hayan dado instrucciones políticas para que la señal no llegase a tiempo.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, señor ministro, le exigimos hoy en sede
parlamentaria que se comprometa a esta investigación para aclarar los hechos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Costa Climent): Muchas gracias, señor presidente.
Veo con enorme sorpresa que su señoría no conozca las explicaciones y las aclaraciones que el ente público ha realizado y que, además, según me
consta, ha realizado de una manera detallada y precisa.
Debe saber su señoría que, tratándose de un acontecimiento de gran relevancia social, se procedió a la grabación de las imágenes, se montaron esas imágenes en Torre España y se realizó una
emisión inmediata por la propia Televisión y el resto de televisiones a través de Retevisión, de manera que todo se produjo de forma simultánea y gratuita, cumpliendo con la obligación que tiene Televisión Española como servicio público.
Televisión
actuó siguiendo de manera estricta el procedimiento en este caso concreto y puso a disposición la señal del conjunto de los operadores en el mismo momento en que la recibía Televisión Española y para el conjunto de las televisiones; por lo tanto,
no única y exclusivamente para dos, tres o cuatro televisiones españolas.
Su afirmación sobre la ganancia de cuota de pantalla tampoco obedece a un análisis técnico y riguroso y lo lógico, señoría, es que usted no se haga eco de algunas
declaraciones sino que verifique los datos.
Señoría, las mayores cuotas de pantalla de Televisión Española el pasado día 3 de noviembre fueron a las 21 horas, 20 minutos, 24 segundos; es decir, fuera ya de los momentos en que se difundió la señal
de ese acontecimiento y cuando todas las cadenas de televisión disponían ya de esas imágenes.
La bajada significativa de audiencia que se produjo en un operador, al que usted ha hecho referencia, sucedió once minutos antes de las 20 horas, cuando
todavía no estaban disponibles las imágenes para ninguna cadena de televisión.
En segundo lugar, le voy a decir a su señoría que el Grupo Popular todavía está esperando las explicaciones que le pidió al Gobierno del Partido Socialista respecto a un
retraso incomprensible en la entrega de imágenes por parte de Televisión Española a otras televisiones de un acontecimiento tan relevante a nivel internacional como fue la Conferencia de paz árabe-israelí celebrada en Madrid. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y si quiere ejemplos de lo que es la utilización de la televisión pública con criterios partidistas, recuerdo todavía un famoso gol que retransmitieron «non stop» (El señor Martínez Oblanca: El de
Butragueño.) con la sobreimpresión de «vota PSOE». Y recuerdo cómo en un caso de corrupción política ustedes intentaron que Televisión Española durante meses no se hiciera eco de una información que todos los medios de comunicación estaban
repitiendo de manera reiterada. (Rumores.) Por tanto, yo le diría a su señoría que fuera consciente de que la mejora, desde el punto de vista del servicio público... (Continúan los rumores.
El señor Lavilla Martínez muestra un artículo de
prensa.) Comprendo que su señoría se ponga nervioso cuando me escucha.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Silencio, señorías.
--DE DON ADOLFO ABEJON ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES CONTEMPLADAS POR EL NUEVO PLAN NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I), APROBADO POR EL GOBIERNO PARA EL PERI
2004-2007, PARA LA MEJORA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS (680/001412).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Adolfo Abejón Ortega, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre las previsiones contempladas por el nuevo Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I), aprobado por el Gobierno para el período 2004-2007, para la mejora cualitativa y
cuantitativa de los recursos humanos.
Tiene la palabra el senador Abejón.
El señor ABEJON ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el final del siglo XX y los comienzos del siglo XXI vienen marcados por una revolución científica que conllevará importantes cambios en el ámbito social. Las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, la biotecnología, la biomedicina son algunas de las nuevas materias que configuran este gran cambio científico y tecnológico.
En el campo de la biomedicina el descubrimiento del mapa del genoma
humano, los alimentos transgénicos y la investigación con células madre, han despertado enormes expectativas para la salud humana. Además, desde un punto de vista práctico, somos conscientes, como lo es el Gobierno, de la importancia que el
desarrollo de la actividad investigadora tiene para la innovación, la economía y el empleo.
Compartimos con el Gobierno que la creación de empleo necesita de la competitividad de nuestras empresas y el empleo de calidad necesita de la investigación
científica, del desarrollo tecnológico, y de una buena formación en recursos humanos.
El Gobierno español con vocación europeísta ha ido avanzando en los últimos años para ir convergiendo con la media de la Unión Europea.
Estamos creciendo a una
velocidad más rápida que los países económicamente más fuertes de nuestro entorno en una apuesta clara por alcanzar el porcentaje del PIB que Europa dedica a la investigación. Todo ello con el sano objetivo de convertir a España en un país potente
dentro del espacio europeo de investigación.
Dada la oportunidad que supone la reciente aprobación por parte del Gobierno del nuevo plan de I+D+I para el período 2004/2007, en aras a seguir potenciando los recursos humanos y, en especial, la
consideración de los investigadores actuales, la captación de nuevos investigadores y la apuesta decidida por la presencia de las mujeres en la investigación es por lo que le formulo la siguiente pregunta: ¿Cómo contempla el nuevo plan de I+D+I,
aprobado por el Gobierno para el período 2004/2007, la mejora cualitativa y cuantitativa de los recursos humanos? Quiero felicitar al señor ministro, por su agilidad y eficacia para elaborar el nuevo plan antes de que finalice el actual y darle las
gracias por su contestación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Costa Climent): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, las prioridades políticas del plan, pensando en el proceso continuo de la modernización de España, sin duda requiere el mayor esfuerzo,
la mayor cooperación y el mayor desarrollo posible de la comunidad científica española.
En concreto, desde el punto de vista de los recursos humanos y teniendo en cuenta, además, de manera muy particular el presupuesto para el año 2004, el Gobierno
contempla un crecimiento de los recursos financieros públicos dedicados al aumento de los recursos humanos de en torno al 10 por ciento, e incorporar algunas medidas que me parecen especialmente relevantes y significativas para mejorar las
condiciones en las que los investigadores desarrollan su trabajo en nuestro país y, por tanto, para mejorar las condiciones de promoción, producción, generación y distribución del conocimiento en España.
Desde ese punto de vista, 2004 va a ser el
primer año de aplicación del Estatuto del becario. La figura del becario investigador existe desde siempre y ha sido este Gobierno el que introduce e incorpora derechos sociales para los mismos.
En segundo lugar, los recursos humanos en
investigación y desarrollo como clave del crecimiento sostenido. El programa contempla la incorporación de 6.500 nuevos investigadores y tecnólogos como consecuencia de las políticas del plan nacional. Eso va a suponer que España tenga un ratio de
investigadores por población activa de cinco por mil y, por tanto, en un entorno muy cercano al de los principales países de la Unión Europea.
Se van a incorporar dos nuevas líneas de programas políticos para favorecer la incorporación de jóvenes y
programas líderes para favorecer la incorporación de investigadores con más experiencia. Se va a aumentar la oferta de empleo público. La productividad va a ir ligada a la generación de recursos y se va a introducir, además, un nuevo marco de
garantías y derechos para los investigadores; garantías como aumento de la publicidad de convocatorias y concursos, fechas fijas para convocatorias y concursos y una reducción de plazos, y derechos como más transparencia, más información en todo el
procedimiento administrativo, así como la creación de la oficina del investigador que, sin duda, será también un vehículo importante para canalizar las inquietudes de nuestra comunidad científica y, por tanto, ser más eficaces en la producción y
promoción de conocimiento en España.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DE DON AMADOR VAZQUEZ VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL NUEVO PLAN NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA (I+D+I), APROBADO POR EL GOBIERNO PARA
EL PERIODO 2004-07 (680/001413).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Amador Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre los objetivos planteados en el nuevo Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I), aprobado por el Gobierno para el período 2004-2007.
Tiene la palabra el senador Vázquez
Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor ministro.
Las sociedades avanzadas apuestan decididamente por la ciencia y la tecnología porque con ellas no solamente se eleva el nivel cultural, sino que
constituyen una base sólida para el desarrollo social y el progreso económico.
En los últimos años el Gobierno ha considerado a la I+D+I como un sector estratégico dentro y fuera de nuestro país. Ello ha quedado reflejado año tras año en los
Presupuestos Generales del Estado que han experimentado un gran crecimiento al haber pasado de 1.151 millones de euros en 1996 a los 4.402 en el próximo año 2004, lo que significa haber multiplicado por cuatro estos recursos públicos dedicados a
I+D.
Todo ello ha ido acompañado de un crecimiento económico sostenido en el tiempo y en consecuencia de un producto interior bruto mayor, lo que ha significado que el porcentaje de gasto dedicado a I+D no se vea reflejado en toda su dimensión real.
Este clima favorable de la acción del Gobierno también ha calado en el sector productivo privado. Hoy nuestras empresas tienen una mayor participación en la inversión global de I+D+I al haber pasado del 46 por ciento en 1996 al 52 por ciento en la
actualidad. Buena muestra de ello, señor ministro, la tenemos en el crecimiento de sectores estratégicos tales como bioética, energías renovables, empresas aeroespaciales, navales, de automoción, químicas o textiles.
Por todo ello, y dada la
importancia que tiene para toda la sociedad las nuevas medidas del Gobierno en esta materia, es por lo que le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué objetivos se plantean en el nuevo plan de I+D+I aprobado por el Gobierno para el período 2004-2007?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Costa Climent): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el objetivo básico del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación es contribuir a la modernización de España.
España ha
hecho un esfuerzo de modernización muy importante a lo largo de los últimos años y para conseguir que ese proceso se mantenga en el futuro de manera sostenida y, por tanto, reduciendo nuestro diferencial de crecimiento y de calidad de vida con
Europa, es necesario aplicar políticas de investigación, desarrollo e innovación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que haya más conocimiento en España, más conocimiento es progreso, y con el objetivo de que ese conocimiento sea explotado de
manera eficaz por el conjunto de la sociedad española.
Esa --como digo--, señoría, es la mejor manera de garantizar que España mantenga el diferencial de crecimiento económico y el diferencial de mejora de calidad de vida con Europa, como lo ha
hecho a lo largo de los últimos ocho años. Para ello, el plan incorpora un conjunto de políticas.
En primer lugar, más recursos dedicados a la investigación y desarrollo, más recursos públicos, en línea con lo realizado en ejercicios anteriores en
que los dedicados a la investigación y desarrollo se han multiplicado en los últimos ocho años aproximadamente por cuatro. Más y mejores recursos humanos dedicados a la investigación y, por tanto, a la producción de conocimiento, con nuevas plazas,
con nuevos contratos, con nuevas oportunidades para investigadores, para investigadores líderes y para investigadores jóvenes. Más estímulos a la inversión privada para que ésta asuma un mayor protagonismo en la investigación y desarrollo y, por
tanto, mayor protagonismo como motor de producción y desarrollo de conocimiento en España, con nuevas medidas fiscales que entrarán en vigor el próximo 1 de enero del año 2004. Un apoyo claro a la investigación básica, la investigación básica es la
realmente productora de conocimiento y a partir de la cual se pueden desarrollar y promover proyectos de desarrollo tecnológico. Un impulso a las grandes instalaciones científicas y técnicas, de manera que en España tengamos, de verdad, grandes
instalaciones científicas y técnicas y que , por tanto, España sea un país líder en Europa desde el punto de vista de grandes instalaciones. El fomento, la cooperación y la coordinación con las comunidades autónomas del sector empresarial y el
apoyo a proyectos industriales cualificados, proyectos que permiten el desarrollo industrial en nuestro país, un empleo de más valor añadido y un desarrollo tecnológico importante; proyectos como el avión comercial más grande del mundo; proyectos
como los satélites de observación de la tierra; proyectos como nuevos sistemas de comunicación que, sin duda, contribuyen de manera clara a mejorar y a garantizar el despegue tecnológico de España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
--DE DON ARSENI GIBERT I BOSCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE EL MODO EN QUE SE HA TRADUCIDO LA RECEPCION DE LOS FONDOS DE COHESION DE LA UNION EUROPEA DURANTE NUEVE AÑOS, SIN TENER EN CUENTA EL AÑO 2003, EN
TERMINOS DE CONVERGENCIA DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) PER CAPITA DE ESPAÑA, EN RELACION A LA MEDIA DEL MISMO EN LA UNION EUROPEA (680/001378).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Arseni Gibert i Bosch, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre el modo en que se ha traducido la recepción de los fondos de cohesión de la Unión Europea durante los
nueve años, sin tener en cuenta
el año 2003, en términos de convergencia del producto interior bruto (PIB) per cápita de España, en relación a la media del mismo en la Unión Europea.
Tiene la palabra el senador Gibert i Bosch.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, los fondos de cohesión creados en Maastricht en 1992 y aplicados desde 1994, pretenden, conjuntamente con los fondos estructurales, favorecer la
convergencia interna en Europa de las economías de los países miembros. Por eso le pregunto cómo se ha traducido en España la recepción de estos fondos durante el PERI 1994-2002, u otro PERI parecido si tiene datos que no coinciden con estos años,
en términos de convergencia en PIB per cápita en relación con la Unión Europea a Quince.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.
La aportación del conjunto de los fondos estructurales y del fondo de cohesión, en definitiva el conjunto de los fondos de cohesión que recibe España, ha
tenido una aportación significativa al crecimiento económico español, al proceso de convergencia real en términos de renta per cápita de España. Lo ha tenido porque se están encuadrando estos fondos en un modelo de crecimiento económico que está
favoreciendo la convergencia de España por la confianza generada ante los agentes económicos y sociales y porque se ven completados por unas reformas estructurales y una política presupuestaria que ha apostado por el saneamiento de los presupuestos
públicos, las reformas tributarias y la bajada de los impuestos como motores de crecimiento económico y de la creación de empleo en España.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra en turno de réplica el senador señor Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, vista en su conjunto España converge, y esto está bien y nos parece satisfactorio, como se lo parece a usted. Pero según la Comisión Europea, en su
Segundo Informe Intermedio sobre la Cohesión Económica y Social de 2003 en las disparidades regionales dentro de cada Estado miembro, en términos de PIB per cápita y poder de compra estándar, la desviación típica respecto al índice Unión Europea a
Quince, ha pasado en España de 15,9 en el año 1994 a 18,1 en el año 2001. Es decir, España converge con la Unión Europea pero crece el desequilibrio interno entre comunidades autónomas, y nos lo acaban de confirmar algunos datos recientemente
publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
De la misma fuente, en el PERI 1995-2000, el PIB per cápita de la Comunidad Autónoma de Madrid pasa en relación a la media española de un índice de 131,6 a 133,8, lo que significa 2,2 puntos más.
En relación a la media Unión Europea a Quince pasa en el mismo período de 102,9 a 110, o sea 7,1 puntos más. Es decir, la Comunidad de Madrid acapara la convergencia porque la media de convergencia de las restantes comunidades autónomas es de algo
menos de 4 puntos en relación a este 7,1. Es más, una comunidad autónoma muy pequeña converge más que Madrid, la mayoría de las restantes convergen bastante menos y alguna ni siquiera converge.
Otro día con más tiempo podríamos analizar las
causas, pero hoy me limitaré a preguntarle si a la vista de estos datos le sigue pareciendo un resultado plenamente satisfactorio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el modelo de desarrollo económico español es coherente y cohesionado. Prácticamente no hay comunidad autónoma en España que se esté quedando atrás en el proceso de
convergencia. Ahí está el avance de Andalucía y de Extremadura en términos de empleo y de aproximación de su nivel de renta per cápita al que tienen en la media de la Unión Europea.
Ese avance, por tanto, es cohesionado en la geografía española, y
lo es en Cataluña, señoría.
Cataluña ha pasado a ser región desarrollada de la Unión Europea y lo es en el proceso de convergencia, puesto que está por encima del cien por cien de media de la Unión Europea por primera vez en su historia. Por
tanto, su señoría ha citado a otras comunidades autónomas, incluida Madrid, pero el proceso de convergencia es global, es coherente y cohesionado, y además en términos relativos es mayor precisamente en las comunidades autónomas de menor desarrollo
económico, y ese es el resultado del proceso de convergencia que estamos viviendo aplicando inteligente y racionalmente los fondos europeos y enmarcándolos en un proceso de generación de confianza que se está extendiendo en toda la geografía
nacional. Por tanto, no insisto a su señoría en agravios comparativos, porque lo que se está moviendo es el mapa de la geografía española, y gracias a ese movimiento del mapa tenemos un crecimiento económico en el conjunto de España superior a la
media de la Unión Europea. Convergemos en términos medios y convergen los menos desarrollados de España en términos de empleo, que era el gran desafío de la sociedad española.
Fondos europeos sí para crecer y para crear empleo, y eso es lo que
está resultando en el proceso de convergencia real que estamos viviendo desde el año 1996 acá y que ha hecho a una España más cohesionada internamente, resolviendo agravios comparativos en los que algunas de sus
señorías insisten como elementos políticos cuando lo que están haciendo, en definitiva, es perder de vista lo que es el conjunto de la acción de convergencia de España en el momento de desarrollo económico creador de empleo y de convergencia
entre las regiones, las comunidades autónomas y España.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DE DON JUAN PABLO SANCHEZ SANCHEZ-SECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE LOS EFECTOS ECONOMICOS QUE TIENE EL SUPERAVIT DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PREVISTO PARA ESTE AÑO (680/001411).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, del Grupo Parlamentario Popular, sobre los efectos económicos que tiene el superávit de la Administración Central previsto para este año.
Tiene la
palabra el senador señor Sánchez Sánchez-Seco.
El señor SANCHEZ SANCHEZ-SECO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el compromiso de la estabilidad presupuestaria ha sido uno de los principios fundamentales de la política económica del Gobierno en la presente legislatura,
que además hemos podido corroborar y constatar con la felicitación del Fondo Monetario Internacional y también con la reciente aprobación en esta misma Cámara del proyecto de Ley General Presupuestaria, que viene a garantizar de ahora en adelante
este escenario permanente de estabilidad de las finanzas públicas en España, tanto a nivel estatal como a nivel territorial en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales.
Por ello, dado que, según ha manifestado usted hace unos días
respecto a que el presente ejercicio correspondiente al año 2003 no sólo se cerrará con déficit cero sino que además el Estado obtendrá un superávit gracias a la excelente gestión realizada en el control presupuestario, es por lo que nos gustaría,
señor ministro, que nos explicase qué efectos económicos tendrá el superávit de la Administración central previsto para este año 2003.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA: Muchas gracias, señor presidente; gracias, señoría.
El superávit presupuestario previsto para este año para las administraciones centrales es del 0,5 por ciento del producto interior bruto, y ello tiene
efectos directos sobre el presupuesto conforme a lo que marca la Ley de Estabilidad y sobre el conjunto de la economía nacional.
Según su origen, Estado o Seguridad Social, el superávit debe ir destinado a amortizar deuda pública, o al fondo de
reserva. Este año, habida cuenta de que el superávit radica en la Seguridad Social servirá para incrementar su fondo de reserva, lo que garantiza la viabilidad futura de las pensiones y nos permite anticipar los efectos de envejecimiento de la
población.
Sea cual sea el destino del superávit, sus beneficios más importantes son sobre el crecimiento económico y la creación de empleo. Precisamente por eso iniciamos hace ahora siete años y medio el proceso de consolidación fiscal, que está
llevando a nuestro país a las tasas más elevadas de población ocupada y de convergencia con Europa de nuestra historia.
El superávit nos va a permitir continuar las reformas que nuestro país está llevando a cabo; en concreto, anuncia las
siguientes bajadas de impuestos en nuestro país. Igual que el déficit es un impuesto que se paga en años posteriores con intereses, el superávit nos permite bajar los impuestos en el futuro y disfrutar ahora de los tipos de interés más bajos de
nuestra historia. En este sentido, he de recordar que hemos eliminado la prima de riesgo con Alemania y que la semana pasada algunos días llegamos a tener una prima de riesgo negativa, lo que es muy importante para las finanzas del Estado, porque
cada reducción de un punto básico del diferencial nos lleva a un ahorro aproximado de 40 millones de euros en la nueva Deuda Pública emitida en el año 2003.
Por primera vez en la historia de la democracia, la economía española está entrando en la
senda del superávit público y se está beneficiando de una política fiscal que puede dejar jugar libremente a los estabilizadores automáticos sin necesidad de incurrir en déficit, lo cual de hecho significa que la política presupuestaria está
apostando de una manera estable por el crecimiento económico y por la creación de empleo.
Así lo reconoce el informe del Fondo Monetario Internacional, que se hizo público ayer y que en sus conclusiones preliminares sobre España afirma: La
evolución económica española constituye un ejemplo de cómo una adecuada política económica, junto con el acceso a la Unión Económica y Monetaria y el descenso consiguiente de los tipos de interés, producen excelentes resultados en términos de
crecimiento económico.
Muchas gracias, señor presidente (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
--DE DON JOSE LUIS VALLINES DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO DE LAS PREVISIONES DE CREACION DE EMPLEO EN ESPAÑA, RECIENTEMENTE PUBLICADAS POR LA COMISION EUROPEA (680/001410).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don José Luis Vallines Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno
de las previsiones de creación de empleo en España, recientemente publicadas por la Comisión Europea.
Tiene la palabra el senador señor Vallines Díaz.
El señor VALLINES DIAZ: Muchas gracias, señor presidente. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Señor ministro, eje básico de las propuestas electorales del PP en 1996, puestas en práctica después de las elecciones
desde el Gobierno, fue el objetivo de establecer, mediante políticas equilibradas y coherentes entre sí, las condiciones precisas para que la sociedad española crease empleo, expresión de la mejor y más urgente política social necesaria.
Desde el
diálogo social con los representantes de empresarios y trabajadores y con otras fuerzas políticas se establecieron reformas en el ámbito laboral y en el económico; por ejemplo, el equilibrio presupuestario y la estabilidad, con austeridad en el
gasto público, han sido y son instrumentos bien eficaces. Con todo ello, ha tenido lugar la creación de más de cuatro millones de empleos, y que la cotización a la Seguridad Social alcance hoy ya casi los diecisiete millones de personas.
A finales
del pasado mes de octubre la Comisión Europea hacía públicas las previsiones de creación de empleo en el ámbito europeo, en línea con las nuevas orientaciones de empleo establecidas en el Consejo Europeo de Salónica, del pasado mes de junio, y que
tenían sus raíces en las decisiones de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Lisboa, del año 2000, que a su vez fueron fruto de una iniciativa conjunta del presidente del Gobierno español, José María Aznar, y del primer ministro británico,
señor Blair.
En este contexto expuesto, le pregunto, señor ministro, ¿qué valoración hace el Gobierno de las previsiones de creación de empleo en España, recientemente publicadas por la Comisión Europea?
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, lógicamente la valoración que hace el Gobierno es muy satisfactoria. Como su señoría sabrá, la Comisión Europea prevé
para España en este año una tasa de crecimiento del 2,3 por ciento, que es 1,5 puntos superior a la de la media de los países del euro. Algunas economías de las más sólidas de la Unión Europea, como Francia o como Alemania, van a tener sin embargo
un crecimiento nulo o prácticamente nulo. Además, esta previsión que hace la Comisión Europea coincide con la formulada el pasado otoño por el Gobierno, en los presupuestos para el presente ejercicio, que algunos en aquel momento consideraron que
era irreal o exagerada. Y mejora la previsión realizada por la propia Unión Europea en la primavera pasada, que establecía un crecimiento del 2 por ciento del producto interior bruto para nuestro país. Además, la propia Comisión Europea para los
años 2004 y 2005 prevé que alcanzaremos de nuevo tasas de crecimiento en torno al 3 por ciento, y que reduciremos nuestra tasa de paro en al menos un punto en los dos próximos años.
Estas previsiones, señoría, confirman la buena salud de nuestra
economía y de nuestro mercado de trabajo, y confirman sin duda --porque los resultados no pueden ser producto de la casualidad-- el acierto de las decisiones que hemos venido adoptando, como la última reducción de impuestos y nuestra firme apuesta
por el equilibrio presupuestario, que además la propia Comisión Europea considera como las causas principales de nuestro crecimiento en el año 2003, decisiones que --de vez en cuando conviene también no olvidarlo o recordarlo-- contaron con la
oposición más absoluta del Partido Socialista.
Desde el año 1996 hemos venido liderando la creación de empleo en toda la Unión Europea, y este año lo vamos a hacer de nuevo, y si en el año 2003 hemos alcanzado resultados que han mejorado las
previsiones iniciales que había hecho la Comisión Europea para nuestro país, yo les aseguro que también en los próximos años vamos a ser capaces de superar estas previsiones que ha realizado la Unión Europea para este año y para el próximo.
Nada
más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
INTERPELACIONES:
--DE DON JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DEL GOBIERNO POR SU POLITICA EN MATERIA DE MEDIOS DE COMUNICACION, QUE HA CONDUCIDO AL PROBLEMA LABORAL DE ANTENA 3 DE TELEVISION, S. A.
(670/000221).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Punto segundo del orden del día.
Interpelaciones. Interpelación del excelentísimo señor don Juan Antonio Barranco Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las responsabilidades del
Gobierno por su política en materia de medios de comunicación, que ha conducido al problema laboral de Antena 3 de Televisión, S. A.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador Barranco.
El señor BARRANCO GALLARDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, estamos ante una interpelación relativa a la empresa Antena 3 Televisión, ante la resolución de un expediente de regulación de empleo que tiene algunas
singularidades respecto a otros expedientes que se han producido, y se siguen produciendo en nuestro país, que como dirían algunos tiene sus hechos diferenciales
respecto a otras situaciones y respecto a otros expedientes de regulación de empleo.
Estamos hablando de una empresa que es un servicio público, que tiene un gran componente de servicio público, cuya concesión hace el Gobierno, y la
renovación de esa concesión también la sigue haciendo el Gobierno; la última, si no recuerdo mal, en el año 2000 por el Gobierno actual. Además en el consejo de administración de esta empresa siempre han figurado --figuran todavía-- algunos altos
cargos del Gobierno, uno de ellos en la actualidad sigue figurando como consejero independiente. En 1996, el Partido Popular gana las elecciones, como sus señorías muy bien conocen, y en ese momento se nombra a don Juan Villalonga como presidente
de la Compañía Telefónica Nacional de España. El 24 de julio de 1997, don Antonio Asensio, que en paz descanse, vende a Telefónica sus acciones de Antena 3. Un secretario de Estado de Comunicación le hizo una propuesta, de ésas que salen en las
películas. Le dijo: te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar; y, efectivamente, no la pudo rechazar, y el señor Asensio vendió las acciones a Telefónica, presidida por don Juan Villalonga. El objetivo era claro: la creación de
un grupo de comunicación afín al Gobierno.
Los gestores de Antena 3 a partir de ese momento disponen de grandes cantidades de dinero, y se hacen contrataciones multimillonarias, entre ellas de productoras cuyos propietarios son personas muy
cercanas al señor Aznar, como el antiguo portavoz, don Miguel Angel Rodríguez. La línea editorial --los informativos-- está cada vez más cerca de La Moncloa. El Gobierno, con su decisión de que Antena 3 pertenezca a Telefónica convirtió, en
definitiva, la cadena en un instrumento de influencia política. Cinco años después, problemas financieros, políticos y quizá también personales, determinan la salida del señor Villalonga, como presidente de Telefónica. Telefónica decide, a partir
de ese momento, liquidar su grupo de medios de comunicación.
En abril del año 2003, es decir, del año actual, el Gobierno autoriza el traspaso de acciones. En junio de este año Telefónica vende a Planeta Agostini el 24 por ciento de sus acciones,
y le entrega la gestión de la empresa. Todo esto, con una situación muy especial, y es que en marzo de este mismo año se negocia un convenio colectivo entre la empresa y los trabajadores con una vigencia de tres años. Telefónica había impuesto ya
a Antena 3 la compra de Onda Cero y también los derechos de emisión de los Mundiales de Fútbol. También recordarán ustedes aquella vieja polémica en la que tuvo un papel muy destacado el señor Alvarez-Cascos.
Pues bien, la compra por parte de
Antena 3 de Onda Cero y de los derechos de emisión de los Mundiales de Fútbol condiciona las pretensiones salariales de los trabajadores; los trabajadores, en esa negociación colectiva, comprenden que sus pretensiones salariales se tienen que
moderar, a la vista de la deuda de ese crédito sindicado que habían adquirido, y admiten una moderación salarial en ese convenio de tres años. Pero también en esa negociación de marzo de 2003 queda claro que se va a seguir manteniendo el modelo
empresarial y la estabilidad de la plantilla, hasta tal punto que se llegan a negociar en ese convenio las pensiones futuras de los trabajadores de la plantilla de Antena 3 en ese momento, es decir, en marzo del 2003.
Sin embargo, ya en el mes de
junio de este año 2003, los nuevos gestores plantean súbitamente una reducción de plantilla que afecta al 25 por ciento de los efectivos. El 4 de septiembre, en función de esa decisión de los nuevos gestores de la empresa, se presenta el expediente
de regulación de empleo a la Dirección General de Trabajo con una propuesta inicial de 390 despidos, basado, según la justificación de la empresa, en causas económicas y productivas, en problemas para hacer frente al crédito sindicado que se pidió
para poder comprar Onda Cero y los derechos de retransmisión de los mundiales de fútbol.
¿Qué es lo que ocurrió? Sencillamente, que con los nuevos gestores de Antena 3 se realizan ajustes contables, se cambian los criterios contables --eso que se
llama ingeniería financiera-- y aparecen las pérdidas, entre otras cosas, porque se plantea la amortización de la deuda, por ejemplo, en el año 2003. Para que luego en el 2004, según hemos leído ayer en un medio de comunicación especializado en
bolsa --y seguramente comprobaremos todos los que estamos aquí--, la empresa vuelva a dar beneficios. Pero en el año 2003 ya da pérdidas, y eso justifica despedir a los trabajadores.
Esta empresa daba muchos beneficios con anterioridad. En el
2001, 20.000 millones de pesetas de beneficio. En el 2002, que es cuando se compra Onda Cero y los derechos de retransmisión de los mundiales, 6.000 millones de beneficios. Por lo tanto, no peligra la viabilidad de la empresa y no se puede aplicar
el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, ni tampoco se puede aplicar el artículo 6.1 del Real Decreto 43/1996, de 19 de enero. Es más, que no peligraba la viabilidad de la empresa no solamente lo digo yo desde esta tribuna o los
trabajadores o el comité de empresa, sino que en los informes no vinculantes, pero preceptivos, que tienen que hacer los consejeros de Trabajo de varios gobiernos de las comunidades autónomas y la propia Inspección de Trabajo, en concreto, de la
Comunidad Autónoma de Madrid, de la Generalidad de Cataluña, de Galicia y de Canarias --consejeros de distinto signo político, como ustedes habrán observado--, se estima que no está justificado este expediente de regulación de empleo en base a las
cuestiones económicas. Y concretamente, en el informe del consejero de la Comunidad Autónoma de Madrid, a la sazón presidida todavía por el señor Gallardón como presidente en funciones, se dice exactamente: Por ello, en cuanto a las cuentas
aportadas, no existe causa económica negativa que justifique la solicitud del despido. En el informe del consejero de la Generalidad de Cataluña se dice exactamente: No queda suficientemente acreditada la existencia de las causas económicas
invocadas. Es más, en el informe de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Madrid se dice textualmente: Se observa que la empresa hasta el año 2001 obtuvo un total acumulado de 474 millones de euros de beneficios. Y el propio
informe de la Inspección de Trabajo mantiene que las cifras de la empresa son positivas y, por lo tanto, plantea dudas razonables sobre la justicia de este
expediente de regulación de empleo, y señala asimismo que se ha producido un cambio de criterios en la valoración de las existencias de esta empresa.
Por lo tanto, estamos ante un expediente de regulación de empleo para que una empresa
sencillamente tenga más beneficios. No para salvar a una empresa de la quiebra o de la ruina, estamos ante un expediente de regulación de empleo para que la empresa ahora, en el 2004, reparta beneficios entre sus accionistas, una vez que ha salido
su cotización en bolsa, como sus señorías conocen.
El hecho es que el Gobierno en este proceso se ha constituido, en parte, a favor de la empresa, bien por acción, bien por omisión, y es responsable, por lo tanto, de los 215 despidos, que, por
cierto, lo fueron de forma absolutamente vejatoria y vergonzosa, como sus señorías conocerán. Profesionales de muchísimos años en distintos medios de comunicación se enteraron de mala manera, o fueron despedidos de su puesto de trabajo por agentes
de la seguridad privada.
Lo que pedimos, señor ministro, es que ustedes cambien de actitud y apoyen a los trabajadores, que se reúna con las partes, que propicie un acuerdo entre la dirección de la empresa y los trabajadores de Antena 3 que, en
definitiva, asuma su responsabilidad y solucione un problema que ustedes mismos han generado. Eso es lo que le pedimos esta mañana en este Salón de Plenos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Barranco.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Barranco, no entraré en el relato pormenorizado de los antecedentes de la empresa porque le he visto muy conocedor
de los detalles, y desde luego yo no tengo ese nivel de conocimiento, probablemente porque en mi partido nunca ha existido esa cultura de estar muy encima de los medios de comunicación privados y de las decisiones que éstos medios puedan tomar.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista-- La señora Aresti Victoria de Lecea: ¡Así se habla!)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Guarden silencio, señorías, por favor.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Muchas gracias, señor presidente.
Hay un nivel de detalle que ningún miembro del Gobierno alcanza a conocer.
Pero yo he explicado reiteradamente, lo he hecho en
esta Cámara y en el Congreso en las últimas semanas, y no tengo ningún inconveniente --porque, además, es mi obligación y lo hago encantado-- en volver a hacerlo que la autoridad laboral ante los expediente de regulación de empleo presentados por
las empresas, no puede hacer prácticamente nada.
Vuelvo a decirlo con toda rotundidad y con toda claridad. Nos encontramos ante una actuación administrativa reglada; la Dirección General de Trabajo, cuando se trata de empresas que tienen
implantación en más de una comunidad autónoma, se limita a comprobar el cumplimiento de los requisitos legales y no tiene otra facultad posible. Concretamente, ha de verificar que se encuentra demostrada la causa alegada por la empresa para llevar
a cabo el expediente de regulación de empleo, que existe una conexión de funcionalidad y proporcionalidad entre las extinciones de los contratos y la superación de la situación desfavorable de la empresa, y que existe un plan de acompañamiento
social para los trabajadores afectados. Esas son las competencias y la función de la autoridad laboral de la Dirección General de Trabajo.
Y señoría, usted sabe perfectamente que fue su partido, el Partido Socialista, el que aprobó la normativa
por la que se rigen los expedientes de regulación de empleo. Esta normativa se encuentra, como ha señalado su señoría, en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, que aprueba el reglamento de
los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos. Es cierto que el Partido Popular en su responsabilidad de Gobierno no ha modificado esta normativa, pero es la que está vigente desde el
año 1986. Y usted sabe perfectamente señoría que, en función de esa normativa, el Gobierno no puede interferir en las decisiones de las empresas privadas, y sólo puede comprobar que esas decisiones se ajustan a la legalidad. Otra cosa es que
quieran utilizar --como lo han hecho reiteradamente-- cualquier excusa con el fin de intentar trasladar que el Gobierno tiene algún interés en favorecer o en entender las decisiones de algunas empresas, e intentar cargar sobre nuestras espaldas
incluso aquellas decisiones de las que no somos en absoluto responsables --y ustedes saben perfectamente que no lo somos.
Usted sabe --y lo sabe todo el mundo-- que en el expediente de regulación de empleo presentado por Antena 3 Televisión hemos
cumplido escrupulosamente la legislación, y sabe que si no hubiéramos cumplido escrupulosamente la legislación se nos hubiera hecho saber, por varias vías: por la vía del recurso, pero también por la vía política. Y no se ha producido porque hemos
cumplido escrupulosamente la ley, ley o legislación que elaboró el Partido Socialista cuando tenía responsabilidades de Gobierno. Esta es la ley que el Partido Socialista creyó que era mejor para estos supuestos.
Yo también le voy a hacer un breve
relato, pero de lo que sí que sé, de esta etapa en la que he sido ministro de Trabajo y en función de lo cual estoy en estos momentos contestando a esta interpelación. Antena 3 Televisión presentó ante la Dirección General de Trabajo la solicitud
de tramitación de un expediente de regulación de empleo el pasado 4 de septiembre para proceder a la extinción de los contratos de 390 trabajadores, alegando esas causas establecidas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores,
que eran causas económicas y causas productivas. En esa misma fecha la empresa informó, como también es preceptivo, que iniciaba la fase de consultas con la representación de los trabajadores, para lo cual el período establecido en la ley
es de 30 días. Mientras las partes negociaban, la autoridad laboral, la Dirección General de Trabajo, supervisó, como establece la ley, que dicho proceso de negociación seguía los cauces del Estatuto de los Trabajadores.
En las negociaciones entre
la dirección de Antena 3 Televisión y el comité de empresa --que no se prolongaron por esos 30 días, sino por bastantes más, por 50 días-- se discutieron diversas propuestas que se sometieron a la consideración de los trabajadores; la última contó
con el respaldo de casi el 50 por ciento de los trabajadores. Y el 27 de octubre se presentó ante la Dirección General de Trabajo, ante la autoridad laboral, el acta final de desacuerdo, en la que la empresa solicitaba la finalización de 254
puestos de trabajo. Sabe que a partir de esa fecha la Dirección General de Trabajo dispone de un espacio de 15 días naturales para dictar resolución conforme al citado artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. El 7 de noviembre --cuatro días
antes de cumplirse dicho plazo máximo--, la Dirección General de Trabajo dictó una resolución mediante la que se estima parcialmente el expediente de regulación de empleo solicitado por Antena 3 Televisión. La autorización administrativa se debe a
que ha quedado acreditada la existencia de la causa económica que ha ocasionado a la empresa una fuerte caída de los resultados de explotación, junto con la causa productiva, que es la que ha originado este descenso de resultados. La empresa ha
propuesto, además, un plan orientado a la viabilidad futura de la empresa. Y, como su señoría sabe, la Dirección General de Trabajo ha rebajado la posible extinción de contratos de trabajo hasta un máximo de 215, casi la mitad, señoría, de lo que
inicialmente había propuesto la empresa al estimar una falta de proporcionalidad entre el volumen de extinciones solicitadas y las causas acreditadas. Además hemos hecho --es lo único que podemos hacer-- un llamamiento a las partes para que superen
el conflicto creado y busquen desde la negociación un punto de encuentro y equilibrio en la aplicación del expediente. Sabe su señoría que es lo único que podemos hacer y lo hemos hecho. Los trabajadores tendrán derecho a percibir una
indemnización de 30 días/año trabajado más una cantidad lineal de 3.000 euros, que es superior al mínimo legal establecido también en el Estatuto de los Trabajadores y que esperamos que, producto de la negociación, pueda verse también elevado.
Señoría, le diré lo mismo que dije la última vez que estuve en esta Cámara contestando también no sé si a una pregunta o una interpelación en este sentido: al Gobierno no le gustan los expedientes de regulación de empleo, a ningún Gobierno le deben
gustar los expedientes de regulación de empleo, pero su señoría sabrá que el 88 por ciento de los expedientes autorizados por la Dirección General de Trabajo este año han sido pactados entre la empresa y la representación legal de los trabajadores,
el 88 por ciento. Ojalá y se hubiera producido el acuerdo también en este supuesto, pero en cualquier caso esto no es lo habitual. Y su señoría debe saber --si tiene interés en esta materia, porque me imagino que no solamente tendrá interés en el
expediente de regulación de empleo de Antena 3, sino en los expedientes de regulación de empleo en general porque afectan a un número importante de trabajadores en nuestro país-- que comunidades como Asturias, Castilla-La Mancha, Andalucía --que
sabe que las gobiernan dirigentes del Partido Socialista-- han resuelto en el último semestre, solamente en el último semestre, expedientes de regulación de empleo que afectan a 11.369 trabajadores. Imagino que si usted les pregunta le dirán lo
mismo: que han autorizado estos expedientes de regulación de empleo porque así lo establece la ley --no le podrán decir mucho más--, que no han podido hacer otra cosa nada más que cumplir estrictamente la ley.
Su señoría sabrá también que el
número de expedientes de regulación de empleo que se tramitan y aprueban es muy inferior desde que gobierna el Partido Popular a los expedientes que se tramitaban cuando gobernaba el Partido Socialista, muy inferior. Concretamente, entre el año
1996 y el año 2002 se han aprobado en España un total de 32.000 expedientes de regulación de empleo, que han afectado a 720.000 trabajadores. Durante el mismo período de tiempo inmediatamente anterior, de 1988 a 1995, se aprobaron un total de
87.000 expedientes --que es un 63 por ciento más--, que afectaron a más de 2.200.000 trabajadores, un 67 por ciento más; aplicando la misma ley, señoría.
Yo creo que estos datos le deben revelar algo y deben llevarle a la reflexión, porque es
ahora cuando existen más oportunidades para las empresas que les permiten mantener y generar puestos de trabajo. Por eso hemos creado más de 4.000.000 de empleos desde el año 1996, por eso se han afiliado a la Seguridad Social en los casi ocho años
que llevamos de responsabilidad de Gobierno bastantes más del doble de los que lo hicieron durante los 13 años de Gobierno socialista. Y sólo entre enero y octubre de este año se han creado en España, señoría --sólo entre enero y octubre--, 102.850
empresas, lo que significa un 3 por ciento más respecto al mismo período del año 2002.
Evidentemente no nos gustan los expedientes de regulación de empleo, no nos podemos sentir satisfechos cada vez que se presenta uno, pero hay muchos menos, se
crean más empresas, se crea empleo y, por tanto, estoy seguro de que vamos en la buena dirección. Otra cosa no podemos hacer, nada más que aplicar la ley.
Lo que pasa es que su señoría y sus compañeros de grupo parlamentario han manifestado un
interés especial --que yo comparto-- en este expediente de regulación de empleo. A mí me hubiera gustado que ese interés fuera sobre el conjunto de los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo. Ha habido expedientes de
regulación de empleo que han afectado, desgraciadamente, a un número muy superior de trabajadores en otras empresas sin que el ministro de Trabajo, o sea yo, haya tenido que venir a esta Cámara a solicitud de sus señorías a contestar sobre el futuro
de esos trabajadores o sobre si se ha respetado la ley o no; nadie me ha interpelado por eso. No quiero pensar que es que detrás esté exclusivamente ese conocimiento exhaustivo del funcionamiento anterior de
Antena 3 Televisión que su señoría ha manifestado en esta tribuna cuando la ha ocupado, o que por la notoriedad que puede tener esta empresa se intenta trasladar este debate al debate político.
Créame que para nosotros ha sido un problema
social, que afectaba a personas, que afectaba a profesionales, que lo hemos reducido en casi un 50 por ciento, y desde luego, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano con la ley que se aprobó, señoría, en el año 1986.
Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Tiene la palabra el senador Barranco.
El señor BARRANCO GALLARDO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, subo a esta tribuna con la voluntad de buscar una solución a un problema muy serio, que afecta a 215 trabajadores; y le presumo a usted esa misma buena voluntad, para
lograr una solución en éste y otros casos. No se trata, ni mucho menos, de una cuestión de notoriedad sino, sencillamente, de cumplir con las obligaciones de cualquier senador de la oposición, máxime cuando es requerido por los propios trabajadores
para que defienda sus intereses. Por ello, insisto en que parto de esa voluntad y presumo que usted tiene la misma.
Ha dicho durante su intervención que no pueden hacer prácticamente nada; que no pueden hacer nada más que aplicar la ley y una
normativa que se elaboró en la época de Gobierno socialista y que ustedes han mantenido.
Sin embargo, sí pueden hacer algo porque la Dirección General tiene capacidad para aprobar y para rechazar, que no es poco. Además, se pueden hacer más cosas
que, aunque no estén recogidas estrictamente en los reglamentos o las leyes, dependen de la voluntad política.
Ha hecho usted alusión a otra intervención en el Senado respecto de este problema y quiero aclararle que no fue en esta Cámara sino en el
Congreso de los Diputados. En ese debate, concretamente en el trámite de la moción, quedó sin respuesta una de las cuestiones planteadas y, por ello, quiero aprovechar esta oportunidad --ya que insisto en que es la primera vez que tratamos este
asunto en la Cámara Alta--, para preguntarle si los días 18 y 19 de febrero del presente año mantuvo usted una reunión con el presidente de Planeta, don José Manuel Lara Bosch, en el despacho de este último, situado en la calle Recoletos, número 4,
en la quinta planta.
¿Mantuvo usted esa reunión? (Rumores.) Me gustaría conocer su respuesta porque si usted dice que la mantuvo, junto con una tercera persona, sería interesante saber cuáles fueron los temas tratados en febrero, justo tres meses
antes de la presentación de este expediente de regulación de empleo. Ya le hicieron esta misma pregunta en el Congreso de los Diputados y no la contestó, pero espero que responda en este debate.
Usted dice que han hecho todo lo que pueden hacer,
que no se puede hacer más y que hay otros expedientes de regulación de empleo pero, mire por donde, estas afirmaciones resultan aún más chocantes en el Senado; y le voy a decir el porqué. Lamento que no esté presente el presidente, don Juan José
Lucas Giménez, señor Prada.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Barranco, el presidente está presidiendo la sesión; el que no está es el excelentísimo señor don Juan José Lucas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor BARRANCO GALLARDO: Alégrense un poquito, que les veo muy tristes. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio, señorías.
El señor BARRANCO GALLARDO: Tal y como he dicho, lamento que no esté el presidente, don Juan José Lucas Giménez, ¿sabe usted por qué? Porque está claro que ha habido otras regulaciones de empleo en este país y otros problemas laborales
--por ejemplo, el de Sintel-- y, por ello, tengo en la mano un documento firmado por don Juan José Lucas Giménez --actual presidente de esta Cámara y, en agosto de 2001, ministro de la Presidencia--, según el cual aceptaba una serie de compromisos,
en representación de su Gobierno, destinados a los trabajadores de Sintel, que, por cierto, tenía algo que ver con Telefónica también. Uno de los puntos que firmó nuestro digno presidente fue: La propuesta del Gobierno se concreta en lo siguiente:
«Las administraciones públicas favorecerán con su actuación la posición de los trabajadores.» Y, en el punto cuarto, de ese mismo documento se dice: «Se impulsarán otras alternativas de empleo.» El día 25 de julio, las organizaciones sindicales
comunicaron al Gobierno la aceptación de este plan, propuesto por don Juan José Lucas, haciendo saber que la paz social se lograría en función del cumplimiento de este compromiso del ministro de la Presidencia.
¡Claro que se pueden hacer más cosas
además de aprobar o rechazar los expedientes de regulación de empleo! Por ejemplo, si hay voluntad política, se puede hacer lo mismo que hizo el presidente de esta Cámara.
Insisto en que se trata de una cuestión de voluntad política.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Barranco, le ruego que concluya.
El señor BARRANCO GALLARDO: Ya termino, señor presidente, pero le ruego su benevolencia y que tenga en cuenta que en mi primer turno no he agotado el tiempo reglamentario.
En cualquier caso, al final usted va a tener que asumir esa
responsabilidad de forma directa porque, como usted sabe, una vez que se ha comunicado el expediente de regulación de empleo, los representantes de los trabajadores tienen un mes --después de la notificación-- para elevar un recurso de alzada ante
usted. Por tanto, usted tendrá que decidir finalmente sobre esta cuestión. No podrá eludir esa responsabilidad porque también está tasada en la ley y usted
sabe que el siguiente paso sería un contencioso-administrativo.
Insisto en que se pueden hacer más cosas, señor ministro, y espero que usted las haga; que haga cosas positivas, en lugar de actuar como lo están haciendo tres altos cargos de
Antena 3, en este momento, que tienen un largo historial como liquidadores y cortadores de cabezas en distintas empresas de medios de comunicación: en Telecinco, en Telemadrid, en ONO o en la Cope. En este sentido, espero que a estos que han
actuado como consejeros delegados, directores generales o secretarios generales, y han hecho algunas operaciones de este tipo, se les aplique algún día aquella máxima evangélica que dice que el que a hierro mata, a hierro muere; el problema es que
estos señores se irán con un contrato blindado, al igual que han hecho otros directivos de Antena 3 y, sin embargo, estos 215 se quedarán acogidos al seguro de desempleo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Barranco.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Gracias, señor presidente.
Señor Barranco, en su turno de réplica me ha preguntado si he hecho una visita, me ha hablado de Sintel, me ha dicho que los trabajadores
cobrarán el subsidio de desempleo y me ha anunciado un recurso de alzada, pero no ha dicho nada más.
Hemos cumplido la ley y, ¿acaso hay alguna alternativa al cumplimiento de las leyes? Claro, se pueden incumplir --y en eso son ustedes maestros--,
pero no nos pidan a nosotros que hagamos lo mismo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Como bien ha dicho su señoría, el expediente se puede aprobar o rechazar: si hay causa, se aprobará y, si no hay causa, se rechazará;
pero no hay otro ámbito posible de actuación. Sin embargo, hemos colaborado para que la Dirección General de Trabajo tome la decisión de que las personas afectadas sean casi el 50 por ciento de las propuestas inicialmente por la empresa.
Además,
hemos recomendado --que es lo único que podemos hacer--, que en la negociación se busquen fórmulas más favorables desde el punto de vista de la indemnización económica y de las condiciones para los trabajadores despedidos.
Le diré, brevísimamente,
que ha habido expedientes de regulación de empleo que han afectado a un número mucho mayor de trabajadores sin que se haya producido ningún tipo de interpelación en esta Cámara o en la otra, sin que se haya originado el debate o la preocupación a
sus señorías. Por ello, sólo le voy a decir dos cosas que no quiero que se queden en el aire: pregunte a los sindicatos por el problema de Sintel; pregunte a UGT y a Comisiones Obreras si hemos cumplido escrupulosamente hasta la última coma
porque daré por buena la respuesta que le den.
Señoría, le faltan argumentos y, por ello, recurre a cualquier excusa.
En segundo lugar, como precisión previa, me parece casi bochornoso que su señoría pregunte si he estado o he dejado de estar, si
he visto o no he visto, porque su señoría se verá con mucha gente, como yo también, y no por eso, lógicamente, hay que dudar de las intenciones y de las decisiones de nadie.
Pero, tras esta precisión previa, le diré que no he estado en la sede de
Planeta ni el día 18, ni el día 19 ni ningún día de mi vida, nunca.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Es una de las mentiras más que se cuentan de vez en cuando para intentar construir una historia. No he visitado la sede
de Planeta en mi vida, a pesar de que he leído que dicen que he estado en no sé qué reunión.
Para terminar, le diré que, efectivamente, cada uno es responsable de sus decisiones y que muchas veces nos equivocamos, pero el Gobierno del Partido
Popular es responsable de haber creado cuatro millones de empleos en este país. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
--DE DON MARIA CURTO FORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN RELACION CON LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE MUTUALIDADES DE PREVISION SOCIAL
(670/000220).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Siguiente interpelación, del excelentísimo señor don Marià Curto Forés, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la política del Gobierno en relación con las
competencias de las comunidades autónomas en materia de mutualidades de previsión social.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador Curto.
El señor CURTO FORES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, formulo esta interpelación en nombre de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió con el ánimo de debatir sobre la aplicación que hace el Gobierno del
marco constitucional de distribución de competencias en materia de mutualidades de previsión social.
Creo que el Senado es un marco adecuado para debatir, reflexionar y buscar soluciones acerca de la distribución de competencias entre el Estado y
las comunidades autónomas, garantizando el necesario equilibrio de los poderes territoriales, buscando la máxima eficiencia del conjunto de las administraciones públicas y aplicando adecuadamente el principio de subsidiariedad.
Como usted sabe, señor ministro, las mutualidades de previsión social son entidades aseguradoras que ejercen una modalidad aseguradora de carácter voluntario, complementaria al sistema de Seguridad Social obligatoria.
Como usted también
sabe, las comunidades autónomas que, con arreglo a sus estatutos de autonomía, hayan asumido competencia en la ordenación de seguros la tendrán respecto de las entidades aseguradoras de su ámbito territorial, correspondiéndoles en el ámbito de las
competencias normativas el desarrollo legislativo de las bases de ordenación y supervisión de los seguros privados y, en el ámbito de competencias de ejecución, las de ordenación y supervisión de los seguros privados, que por Ley se otorgan a la
Administración General del Estado. Además, en cuanto a las cooperativas de seguros y mutualidades de previsión social, tendrán la competencia exclusiva en la regulación de su organización y funcionamiento, así como para conceder la autorización
administrativa y su revocación, previo informe de la Administración General del Estado.
Es de todos conocida la gran importancia que el sector asegurador tiene en Cataluña y, dentro del mismo, el sector mutualista y, más concretamente, las
mutualidades de previsión social, que tienen su origen en los gremios y cofradías de la Edad Media y que aún mantienen hoy en día una amplia presencia en el sector asegurador catalán. En Cataluña se recauda el 22,7 por ciento del total de las
primas de seguro del Estado español, porcentaje que se eleva al 27,2 por ciento si hablamos de primas de seguros de vida, las de mayor crecimiento en los últimos años y todavía con un gran potencial de crecimiento futuro. Asimismo, alrededor del 23
por ciento de las entidades aseguradoras españolas tiene sede social en Cataluña. Todas estas cifras revelan la importancia de este sector en el conjunto de la economía catalana, si tenemos en cuenta que, en términos del PIB, el peso de la economía
catalana dentro del total estatal no llega al 20 por ciento.
La importancia del mutualismo en Cataluña también se hace patente si tenemos en cuenta que las 157 mutuas existentes en el país, de las cuales 150 son de previsión social, representa
alrededor del 70 por ciento del número de mutuas existentes en el Estado español. Abarcan un colectivo de 750.000 socios mutualistas y garantizan riesgos a un total de 1.300.000 beneficiarios. Mantienen activos por valor de 617 millones de euros,
unas provisiones técnicas de 230 millones de euros, unos ingresos por cuotas anuales de 238 millones de euros y unos pagos por prestaciones de 115 millones de euros.
Hasta aquí, señor ministro, he intentado poner de manifiesto la importancia
relativa del sector asegurador y, muy especialmente, la del sector mutualista dentro del conjunto de la actividad económica de Cataluña para que se entienda claramente el interés del Gobierno de la Generalidad en asumir todas aquellas competencias
que, en el marco de la Constitución y de la normativa básica del Estado en esta materia, permitan potenciar la actividad mutualista en Cataluña y garantizar su futuro en un entorno cada vez más competitivo.
Señor ministro, de lo que se trata es de
discutir acerca de la distribución de competencias en materia de seguros y, más concretamente, en relación a las competencias sobre mutualidades de previsión social.
El Estado, de acuerdo con el artículo 149.1.11ª y 13ª de la Constitución, se
reserva las competencias para dictar las bases de ordenación de los seguros y las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. En este sentido, la normativa básica del Estado en esta materia, está integrada
fundamentalmente por la Ley 30/1995, de ordenación y supervisión de los seguros privados, el Reglamento de esta Ley, aprobado por Real Decreto 2486/1998 y el Reglamento de mutualidades de previsión social, aprobado por Real Decreto 1430/2002.
Concretamente, la Comunidad Autónoma de Cataluña, de acuerdo con el artículo 9.21 del Estatuto de Autonomía, ejerce la competencia exclusiva en materia de cooperativas, pósitos y mutualismo no integrado en el sistema de Seguridad Social obligatoria
y, a su vez, de acuerdo con el artículo 10.1, la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de ordenación del crédito, banca y seguros.
En desarrollo de estas competencias y hasta el pasado día 13 de junio del presente año, las
mutualidades de previsión social estaban reguladas en Cataluña por la Ley 28/1991, de 13 de diciembre. En el pasado mes de junio, el Parlamento de Cataluña aprobó una nueva ley de mutualidades de previsión social, la Ley 10/2003, de 13 de junio,
con el fin de adaptar la normativa catalana a los desarrollos normativos que han tenido lugar en el marco normativo estatal, potenciar la actividad mutualista en Cataluña y reforzar la solvencia de las mutualidades, así como establecer una nueva
normativa reguladora de los órganos de Gobierno para dotar de mayor agilidad a la gestión de las mutualidades en un entorno cada vez más competitivo, para garantizar la profesionalización de los órganos de administración y dirección, especialmente
en las entidades de mayor dimensión, y para introducir mecanismos de representación que funcionan en otras entidades de tipo asociativo o fundacional.
En este sentido, se plantea la necesidad de adaptarse a un hecho incuestionable como es el de
hallarnos inmersos en una economía globalizada y la necesidad de adaptar el concepto de autorización administrativa única, necesario para que puedan operar las entidades aseguradoras, que se encuentra recogido en las directivas comunitarias 1992/96
para el caso de seguros de vida, 1992/49 para el supuesto de seguros distintos al de vida y la directiva 2002/92, sobre mediación en los seguros.
En coherencia con el objetivo que se persigue en dichas directivas, el único punto de conexión
utilizado para determinar la competencia de autorización y control de las entidades aseguradoras que podrán actuar en el espacio económico europeo es el de su domicilio social, ya que la aplicación de los regímenes de derecho de establecimiento y de
libre prestación de servicios, tal como están definidos en el artículo 1.3.b) y c) respectivamente de la propia Ley 30/1995, comporta que tales entidades puedan extender su ámbito de operaciones en cualquier lugar del mismo.
Como consecuencia de lo
expuesto deviene lógica la plena asunción de competencias ejecutivas por parte de las
comunidades autónomas con competencias estatutarias en la materia, en particular, en aquellos supuestos relacionados con las actuaciones de entidades aseguradoras en otros Estados de la Unión Europea y en los supuestos de otorgamiento de la
preceptiva autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora, independientemente de la forma jurídica que adopten dichas entidades. De otra forma, las competencias que el marco constitucional reserva a las comunidades
autónomas en la materia serían prácticamente inexistentes o, en el mejor de los casos, residuales.
Debe tenerse en cuenta que las actividades económicas tienen como referente de actuación estrategias gerenciales que se dirigen a un mercado global e
intensivo en el uso de nuevas tecnologías; así, no es apropiada la fijación de unas competencias administrativas atendiendo al territorio en un momento donde Internet y la falta de localización que ésta conlleva se convertirá en una herramienta
importante para la comercialización de servicios.
Si la Administración del Estado deviene el único órgano competente para otorgar la licencia y la correspondiente inscripción para ejercer la actividad aseguradora y de mediador de seguros, asistimos
a un vaciado de las actuales competencias autonómicas en esta materia, lo que supone convertir el territorio en un título competencial mediante el cual el Estado, que sólo tiene explícitamente atribuida la competencia para dictar legislación básica
sobre ordenación de los seguros, recupera, mediante una aplicación desmesurada de la cláusula residual, una amplísima y en la práctica una trascendental competencia de desarrollo normativo y de ejecución, que le permite asumir toda la actividad
pública relativa a la autorización, control, sanción y disolución de un número creciente de compañías aseguradoras y mediadores de seguros. Además, esta configuración supone reducir a las comunidades autónomas a la condición de gestoras de
fenómenos estrictamente locales e intereses particulares, en lugar de reconocerles el carácter de copartícipes en la gestión de asuntos de dimensión y relieve general que contempla la Constitución Española, la cual, teniendo presente el interés
general, vincula a todos los poderes públicos, y el legislador no puede incidir en él sin existir una expresa previsión constitucional o estatutaria, circunstancia que no se produce en el ámbito que justificamos.
Señor ministro, en este sentido nos
interesa conocer cuál es la visión del Gobierno sobre un asunto que, tanto desde el punto de vista de las competencias de las comunidades autónomas como desde el de la importancia que el sector tiene en el conjunto de la actividad económica de
Cataluña, interesa de forma especial al grupo parlamentario que represento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Curto.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Gracias, señor presidente.
Con la venia del señor presidente. Señorías, señor Curto, interpela usted al Gobierno acerca de nuestra política con relación a las competencias de las comunidades autónomas en materia
de mutualidades de previsión social.
Pues bien, nuestra política no es otra, tanto en esta materia como en cualquier otra, que el respeto más absoluto a las competencias de las comunidades autónomas que en este caso, además, son amplísimas, como su
señoría conoce.
La gran mayoría de las comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, han asumido competencias en materia de control y supervisión de las mutualidades domiciliadas en su territorio y que actúan en su ámbito territorial. Esto ha
supuesto el traspaso desde la Administración Central de 747 mutualidades, cuyo control y supervisión dependen de las respectivas administraciones de las comunidades autónomas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) De ese número total que le
he facilitado, 421, es decir, el 56 por ciento del total, son mutualidades transferidas a Cataluña. De acuerdo con los datos del ejercicio 2002, las 63 mutualidades operativas de ámbito nacional han conseguido un volumen de cuota de 506 millones de
euros, lo que representa el 1 por ciento de la prima total del sector asegurador. Los activos de estas mutualidades alcanzan casi 6.200 millones de euros, y si comparamos estos datos, referidos a las mutualidades de ámbito nacional, con los
facilitados por la Confederación de Entidades de Previsión Social sobre todo el sector, que incluye también a las mutualidades autonómicas, el total del sector mutualista consigue unos ingresos por primas de 1.650 millones de euros, lo que supone
que las mutualidades de ámbito autonómico representan el 70 por ciento del total de los ingresos. Por su parte, el activo total del sector mutualista supera los 18.243 millones de euros, de los que el 34 por ciento corresponden a las mutualidades
de ámbito nacional y el restante 66 por ciento a mutualidades autonómicas.
Pues bien, como su señoría comprenderá fácilmente, la importancia de las mutualidades autonómicas y el adecuado funcionamiento de los mercados y del sistema financiero
requieren garantizar la coherencia entre las normativas estatales y autonómicas. Y con este fin, la Ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados establece la distribución de competencias entre la Administración Central y la
Autonómica. En ella se señala que las comunidades autónomas que con arreglo a sus estatutos de autonomía hayan asumido competencias en seguros, la tendrán respecto a las entidades aseguradoras cuyo domicilio social, ámbito de operaciones y
localización de los riesgos, en el caso de seguros distintos del de vida, y asunción de los compromisos en el supuesto del seguro de vida, se circunscriban al territorio de la respectiva comunidad autónoma. Este triple requisito es fundamental para
delimitar las competencias entre la Administración central y la autonómica. La normativa aplicable requiere el cumplimiento simultáneo de tres puntos de conexión: domicilio social, ámbito territorial de operaciones, y localización de los riesgos o
los compromisos. Estos puntos de
conexión son los mismos que los previstos en la anterior Ley de Seguros de 1984, que fue recurrida por la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal Constitucional; recurso que fue resuelto por el alto tribunal convalidando los tres puntos de
conexión y considerando que la legislación estatal respetaba el marco constitucional y estatutario de distribución de competencias. La vigente Ley 30/1995 también fue recurrida por la Generalitat ante el Tribunal Constitucional en 1996, sin que se
haya resuelto aún este recurso.
Por lo demás, y concretamente en lo que hace referencia a las mutualidades de previsión social, la ley reconoce amplísimas competencias a las comunidades autónomas. En primer lugar, tienen competencias exclusivas
para la regulación de su organización y funcionamiento. En segundo lugar, corresponde a las comunidades autónomas conceder y revocar la autorización administrativa para el funcionamiento de las mutualidades, previo informe de la Administración
General del Estado. Y, en tercer lugar, a las comunidades autónomas corresponde también ejercer el control y la supervisión de la actividad de las mutualidades.
Pues bien, le reitero que el Gobierno respeta absolutamente esas competencias de las
comunidades autónomas, lo cual no es incompatible con que, en el ejercicio de sus funciones, el Gobierno haya interpuesto el pasado mes de septiembre un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley catalana 10/2003 de Mutualidades de Previsión
Social, precisamente, desde nuestro punto de vista, en aras del respeto al marco constitucional y estatutario de distribución de competencias.
Parece ser que este recurso de inconstitucionalidad es el que motiva fundamentalmente la interpelación al
Gobierno que acaba de plantear su señoría. Pues bien, no voy a detenerme lógicamente en esta breve respuesta a analizar en profundidad los motivos que han fundado este recurso de inconstitucionalidad sobre el que, en todo caso, corresponde
pronunciarse al Tribunal Constitucional. Pero me va a permitir su señoría que le indique un solo ejemplo que acredita que la ley catalana presenta serias dudas de constitucionalidad; dudas que comienzan ya con el artículo primero, que extiende la
competencia de la comunidad autónoma a las mutualidades de previsión social con domicilio social o que desarrollen su actividad principalmente en Cataluña; es decir, de los tres requisitos que establece la Ley 30/1995, citada anteriormente, para
que la competencia corresponda a las comunidades autónomas, la ley catalana lo reduce a uno, y es que la entidad tenga su domicilio en Cataluña, o bien alternativamente, un criterio tan vago como que desarrolle su actividad principal en Cataluña.
Así pues, en nuestra opinión la ley catalana no respeta la delimitación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, delimitación que ya había establecido la ley de seguros de 1984, cuya validez, como ya le he indicado, fue
confirmada por el Tribunal Constitucional y se mantiene en la vigente Ley 30/1995.
Además, la ley catalana infringe en diversos preceptos las normas básicas establecidas por la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Por ello,
como he dicho, el Gobierno la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, del mismo modo que la Generalitat de Cataluña recurrió la Ley de 1995 en lo que hace referencia a la delimitación de competencias en materia de mutualidades de previsión
social entre la Administración central y las comunidades autónomas.
Como su señoría sabe, ambos recursos están pendientes de resolución por el Tribunal Constitucional, por lo que tendremos que esperar a conocer su criterio a ese respecto. Pero
entretanto no es incompatible el mantenimiento de la colaboración que ha venido caracterizando las actividades de los órganos de supervisión de las administraciones central y autonómica sobre las entidades de su respectiva competencia, colaboración
que deriva de que tales órganos aplican iguales o equivalentes métodos de control y supervisión sobre las entidades que se encuentran bajo su respectivo control.
Por otra parte, la Ley 34/2003, de modificación y adaptación a la normativa
comunitaria de la legislación de seguros privados, a la que también se hace referencia en el texto de su interpelación, no altera en absoluto el reparto competencial ni se refiere a las mutualidades de previsión social. Dicha ley se limita a
transponer la directiva 2001/17, relativa al saneamiento y liquidación de las entidades aseguradoras. Se trata de materias que forman parte de la competencia exclusiva que reconoce al Estado el artículo 149.1.6ª de la Constitución en el ámbito de
la legislación mercantil para fijar las bases de las obligaciones contractuales. Por tanto, el ámbito competencial autonómico en materia de mutualidades de previsión social no queda afectado en absoluto.
Para finalizar, permítame recordarle que
han sido precisamente los gobiernos del Partido Popular los que han desarrollado con mayor intensidad el sistema autonómico diseñado por la Constitución Española y los estatutos de autonomía. Así, han sido los gobiernos del Partido Popular los que
han impulsado los dos primeros modelos de financiación autonómica que han reconocido una verdadera autonomía financiera a las comunidades autónomas. Por otro lado, en todas las decisiones del Gobierno se respetan escrupulosamente las competencias
de las comunidades autónomas, respeto que también reclamamos para el ámbito de competencias que la Constitución Española reconoce al Estado.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador interpelante.
El señor CURTO FORES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, le recuerdo que las mutualidades de previsión social son compañías de seguros. Usted ha hablado del respeto más amplio a las competencias de las comunidades autónomas en
esta materia y se ha referido a la normativa vigente, tanto en el Estado como en la comunidad autónoma que ahora nos ocupa. Y mi interpelación, como usted bien ha dicho, hace referencia exclusivamente a un punto vital, a un punto clave.
Usted defiende la constitucionalidad de la Ley 30/1995 y, por tanto, el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, sobre la base de que el artículo 69.2 de dicha ley, que su señoría ha citado, determina que la
competencia autonómica respecto de las entidades aseguradoras se ejercerá en función de tres puntos de conexión de carácter acumulativo: el domicilio social, el ámbito de operaciones y la localización del riesgo en el territorio de la comunidad
autónoma.
Estoy convencido de que usted conoce alguna de las mutualidades, si no todas, que operan en la comunidad autónoma de Cataluña; por ello, seguro que conoce La Alianza. Pues bien, dicha compañía, además de prestar sus servicios y
desarrollar su actividad en la comunidad autónoma catalana, salta el río Senia y llega con su actividad hasta el norte de Castellón, donde tiene ya un arraigo histórico. ¿Usted cree que dicha mutua, que nace históricamente en Cataluña y, como digo,
desarrolla allí su actividad principal, no puede expandirse más, si no es a costa de que se pierda el control por parte de su propio Gobierno autonómico? Eso es lo verdaderamente crucial.
Por otra parte, he hecho referencia a las directivas de la
Unión Europea precisamente en el sentido de que los Estados tienen competencia para autorizar la actividad de esas compañías aseguradoras, y una vez autorizada dicha actividad en uno de los Estados miembros, en cualquiera de ellos, aquéllas pueden
desarrollarla en todo el espacio económico europeo. Si eso tiene sentido -- como ya he dicho, estamos ante un importante sector en el conjunto de la economía, además de ser un sector que para ser competitivo puede centrar cada vez menos su
actividad en ámbitos territoriales locales o pequeños--, mayor sentido tiene que una mutua de esas características no esté limitada en su crecimiento por el hecho de que uno de sus agentes de ventas traspase la frontera territorial delimitada por la
Constitución, en cuyo caso deberá prescindir del amparo y la política desarrollada en su comunidad autónoma, que es en la que reside. Ese es el punto esencial de debate.
Efectivamente, la Generalitat de Cataluña presentó un recurso de
inconstitucionalidad a la Ley 30/1995 que, como usted ha dicho, está pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional. Por otra parte, durante la tramitación de la ley de modificación de la Ley de 1995 --también citada por usted--, que
aprobamos hace unas semanas en el Senado, y en la que se establece que se incorpore al ordenamiento jurídico español la normativa europea, también hicimos esta propuesta, no para que ese tipo de mutuas actúe en contra de la legalidad, sino para
adecuar ésta a una realidad en nuestra opinión incuestionable. Y es que si las comunidades autónomas tienen competencias en materia de mutualidades, y especialmente en las mutualidades de previsión social, deben tener también competencia para
autorizar y controlar la actividad de esas mutas por el mero hecho de tener su domicilio social en su comunidad, sin estar limitadas por el hecho de que aquéllas traspasen su frontera. De lo contrario nos encontraríamos con que las comunidades
autónomas se reservarían la competencia en ese ámbito sólo para las entidades que tuvieran su domicilio, su actividad y sus asegurados en sus límites territoriales. Como digo, ése es el tema de debate.
E independientemente de que existan recursos
ante el Tribunal Constitucional, nuestro grupo quería conocer la visión del Gobierno sobre este asunto y también que ustedes supieran nuestra posición al respecto.
Y nos gustaría llegar a un acuerdo, porque entendemos que con la competencia que
solicitamos no quedarían mermadas en absoluto las competencias del Estado previstas en la Constitución para el ordenamiento de las bases de los seguros, así como para la actividad de control, ordenamiento y planificación de la actividad económica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Con la venia, señor presidente.
Señorías, reitero una vez más que el criterio del Gobierno no puede ser otro que el del respeto más absoluto a las competencias de
las comunidades autónomas, lo cual no quiere decir que no pueda haber distintos puntos de vista en un determinado momento, tanto por parte de cualquier institución autonómica, como ocurre en este caso con la Generalitat de Cataluña, como del
Gobierno de la nación. Pero en este caso repito algunos de los criterios que he expresado en mi primera intervención. Las dudas son mínimas, y desde luego consideramos que nuestra posición es bastante clara desde el punto de vista de la razón
competencial. El Tribunal Constitucional ya ha expresado su opinión al respecto cuando la decisión ha sido recurrida por la Generalitat de Cataluña y ha establecido requisitos de constitucionalidad que he citado anteriormente, como el domicilio
social, el ámbito territorial de operaciones y la localización de riesgos o compromisos. Todo ello está establecido y lo único que hemos hecho nosotros ha sido adoptar ese criterio, que ya no es sólo el de la Administración, que efectivamente lo
fue en su inicio, sino el del propio Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional establece que hay que cumplir dichos criterios de forma simultánea, y una ley de ámbito autonómico no puede saltarse ese mandato. Así pues, la obligación del
Gobierno, con independencia de lo que se resuelva en su día, es recurrir esta decisión. Pero su señoría ha querido llevar esta cuestión al ámbito del debate político, y no al exclusivamente competencial, que es el que yo he traído aquí, es decir,
argumentar nuestra decisión desde el punto de vista del razonamiento lógico, desde el punto de vista de la regulación.
Me pregunta si tiene sentido que una mutua que tiene su ámbito de actuación en el territorio de una comunidad autónoma
determinada, en este caso en Cataluña, no pueda operar fuera de él. Puede hacerlo, señoría, puede operar fuera de su territorio con autorización administrativa del Estado. Existe esa figura, está regulada; por tanto no me ponga usted ese ejemplo,
porque no me vale. Pero lo que
no puede hacer la legislación catalana, al amparo de ese planteamiento, probablemente inspirado en el sentido común --cualquiera puede preguntarse por qué no puede operar unos kilómetros más allá de donde tiene su domicilio social--, es
saltarse las normas constitucionales establecidas por decisión del Alto Tribunal tras un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
--DE DON JOSE CABRERO PALOMARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, ESPECIALMENTE EN LA PROVINCIA DE JAEN (670/000219).
El señor PRESIDENTE: Interpelación del excelentísimo señor, don José Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en materia de infraestructuras de carreteras, especialmente en la provincia de Jaén.
Para
exponer la interpelación tiene la palabra el senador Cabrero.
El señor CABRERO PALOMARES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la interpelación que traemos hoy al Senado tiene por objeto un tema que ha sido ampliamente debatido durante esta legislatura, y que se refiere a las infraestructuras
de carreteras, así como a otro ámbito de su competencia, el ferrocarril, en la provincia de Jaén. La idea de presentar esta interpelación tras haber debatido, como digo, bastantes iniciativas puntuales al respecto proviene de la necesidad de
realizar una evaluación, pues efectivamente estamos a punto de finalizar la legislatura y una de nuestras prioridades durante el transcurso de la misma ha sido precisamente la mejora de infraestructuras.
Entendemos que durante los últimos años se
ha desarrollado un modelo desequilibrado que no ha permitido la cohesión social ni territorial del conjunto del Estado. Una de las provincias que han sufrido las consecuencias de ese modelo ha sido precisamente la de Jaén, siendo uno de sus déficit
el de las infraestructuras. No es casualidad que sea un territorio con problemas en materia de desarrollo económico. La dinamización económica de esta zona está muy por debajo de la media española, siendo ésta una de las últimas provincias del
conjunto del Estado. Asimismo, indicadores como la renta familiar disponible la sitúan muy por debajo de la media, siendo también en este aspecto una de las últimas provincias de España.
Por todo ello, señor ministro, hemos querido hacer una
evaluación de las políticas de su departamento en materia de carreteras, intentando que, a partir de esta interpelación, exista un mayor nivel de compromiso de cara al futuro en orden a agilizar algunas cuestiones que se están llevando a cabo y
prever una mayor financiación para proyectos que, como digo, son prioritarios para nosotros. Desde ese punto de vista tengo que decir que durante esta legislatura se han hecho muy pocas cosas. Su ministerio no ha realizado ninguna obra nueva en
autovías o carreteras, no se han construido nuevos kilómetros, y no me refiero sólo a esta legislatura, sino también a la anterior, en la que usted no tenía esta responsabilidad, pero sí el Gobierno del Partido Popular. Se está ejecutando una obra
de construcción de una circunvalación de algo más de cinco kilómetros en la nacional 432 a su paso por Alcaudete, que está experimentando un retraso muy fuerte, que tiene unas previsiones de inversión presupuestaria de 7,8 millones de euros y cuya
financiación para completar esa infraestructura, que se ha retrasado y ha sido reivindicada por los ciudadanos, por Izquierda Unida y por otros grupos políticos de manera insistente, su ministerio no termina de prever.
Sólo se ha acometido hace
algo más de un año una obra de enlace en la N-IV hacia la ciudad del Bailén, así como el mantenimiento, o por decirlo de otra manera, la solución de los hundimientos de la carretera 322, asunto que debatimos con usted al principio de esta
legislatura y que se acaba de terminar con un presupuesto total de unos 800 millones de las anteriores pesetas. Esto es lo único que usted reconoció que efectivamente se había retrasado, poniendo en marcha una serie de actuaciones que han
posibilitado cumplir más o menos con el compromiso respecto de los plazos que adquirió en la Comisión de Infraestructuras. A partir de ahí se han hecho escasas inversiones y actuaciones incluso para el mantenimiento de las carreteras de la
provincia de Jaén. Asimismo se arreglaron algunos hundimientos que se habían producido en la carretera 323, a la altura de La Guardia, Pegalajar, etcétera. Se trata en definitiva de obras menores de mantenimiento que han sufrido retrasos, incluso
a la hora de arreglar los hundimientos por los que estas carreteras han estado cortadas durante ocho años. Todo ello evidencia lo que estamos planteando: que hay un muy escaso nivel de intervención por parte de su ministerio en las carreteras de
su competencia de esta provincia.
Las inversiones previstas para el próximo año en el proyecto de presupuestos que ahora mismo se está debatiendo en las Cortes Generales establecen un total de 23,5 millones de euros para las carreteras de este
territorio. En total, 31,7 millones de su ministerio, teniendo también en cuenta lo correspondiente a infraestructuras para ferrocarriles. Nos encontramos, pues, con que proyectos que han sido bastante reivindicados y debatidos aquí, y respecto de
los cuales se han adquirido algunos compromisos, continúan muy retrasados, faltos de inversiones y con unas previsiones que no van a permitir ejecutarlos en el plan 2000-2007.
Si observamos las previsiones plurianuales, hay proyectos como, por
ejemplo, los relacionados con Despeñaperros, en los que en el año 2007 se contemplan cantidades más considerables. Ello indica que, desde el punto de vista de la dinámica presupuestaria, han querido cerrar el período 2000-2007, que corresponde al
Plan Director de Infraestructuras, con una clara falta de solvencia para que podamos creer lo que ahí pone. En todo caso, estaríamos hablando de proyectos concretos cuya ejecución está prevista
más allá del año 2009 o del 2010, algo que indica que existe un gran retraso. Así tenemos, por ejemplo, el proyecto que acometerá la resolución del gran problema de Despeñaperros con 2,5 millones de euros, o un proyecto de gran importancia
para nuestra provincia que constituiría el enlace de esa parte de Andalucía con Levante, como es la prolongación de la autovía de Linares hasta Albacete, con unas previsiones presupuestarias para el próximo año de escasamente algo más de 200.000
euros. Esto indica que seguimos estando en una fase de estudio, de falta de impulso por parte del Gobierno para la ejecución de ese proyecto y otros proyectos importantes, que nosotros hemos expuesto en este Senado, como el enlace de la ciudad de
Linares con la N-322, etcétera, que ni siquiera están contemplados en las previsiones para el futuro por parte de su Gobierno.
Señor ministro, una vez que evaluamos como muy deficitarias las actuaciones de su Gobierno en estos últimos cuatro años,
y ampliándolo a los ocho años de Gobierno del Partido Popular, en relación con las carreteras de su competencia de la provincia de Jaén y una vez que hacemos una valoración muy negativa, de gran déficit de inversiones --ya que no se han hecho
proyectos considerables, sino solamente arreglar algunos hundimientos y además con muchísimo retraso--, pretendemos que haya un mayor nivel de compromiso por parte de su ministerio en este debate de final de legislatura para encarar en positivo los
déficit que se han acumulado en los últimos tiempos.
En el paso de Despeñaperros, que es un punto negro en una de las carreteras más importantes de España y considerada europea, desde el año 1996 hasta ahora, según los datos de los que disponemos,
el número de accidentes y siniestros está en torno a 300, en las que se han visto implicadas unas 400 personas, con unos niveles de mortalidad de 25 personas. Por esa situación nosotros consideramos tercermundista la nacional IV, y en este caso
concreto su paso por Despeñaperros. Señor ministro, queremos conocer en qué situación se encuentra este proyecto, del que se empezó a hablar a finales de los ochenta y principios de la década de los noventa y que en este momento está en fase de
redacción --se licitó, creo recordar, a finales del 2002--. Queremos conocer cómo está, porque las previsiones presupuestarias que usted hace son de algo más de 81 millones de euros en las plurianualidades hasta el año 2007 y, como he dicho antes,
orienta al último año la cantidad fuerte, lo cual indica que, como ha sucedido en el pasado, no hay voluntad de resolver ese gran problema que para nosotros, sin ninguna duda, es una prioridad.
También planteamos otras cuestiones, que hemos
debatido en el Senado y sobre las que se han adquirido compromisos, como las actuaciones para las travesías en la nacional 322 en toda una serie de municipios, en los que se han producido situaciones dramáticas por accidentes mortales. Queremos un
mayor nivel de compromiso, señor ministro, en este debate parlamentario en relación con ese asunto.
Otro tema que hemos debatido varias veces en este Senado es la prolongación de la autovía en esa nacional 322. Usted y yo lo hemos tratado varias
veces en debates parlamentarios. No estamos satisfechos con la evolución de este asunto. Se está retrasando muchísimo el proyecto. Se pusieron encima de la mesa las posibles opciones, se procedió a la información pública y las previsiones
presupuestarias hablan --creo recordar-- para el año que viene de 200.000 euros, 34 millones y medio de pesetas. Está clarísimo que no hay ninguna voluntad de resolverlo. Además, si observamos la técnica presupuestaria, según las previsiones
plurianuales empezamos el año 2003 y acabamos el año que viene. Interpretamos que no forma parte de las prioridades del Gobierno y desde ese punto de vista nos tememos que llegue el año 2010 y no hayamos hecho ejecuciones importantes en torno a un
proyecto que para nosotros sigue siendo importantísimo para la cohesión territorial de Andalucía y de la provincia de Jaén. Como sabe, esta es una cuestión muy importante.
Nos gustaría conocer cuáles son sus previsiones, cuáles son sus opciones en
relación con el estudio que se ha hecho sobre este asunto y nos gustaría que hubiera una información que genere confianza en el conjunto de la sociedad jiennense que está demandando una solución. También nos gustaría conocer cuál es su voluntad
para que las comarcas afectadas por esa autovía --que serían las del Condado, la Loma, Cazorla y Segura-- y cómo van a quedar enlazadas a ese proyecto, que es una prioridad y debe ser objeto de atención fundamental en las previsiones de su Gobierno.
Nos gustaría conocer toda esa dinámica, su pensamiento y hacia dónde vamos con ese proyecto.
Hay una demanda fuerte en relación con la nacional 322 que su Gobierno no escucha, no quiere entender. Existe un gran debate en la zona de La Guardia, en
la 323, de competencia del Estado, para enlazar esa ciudad, que se está convirtiendo en una ciudad dormitorio, con la capital --a 5 ó 6 kilómetros--, sería algo resuelto por cualquier infraestructura moderna entre ciudades y municipios y aquí no se
han tenido en cuenta cuestiones básicas de comunicación. Nos gustaría conocer de manera detallada si su Gobierno, su ministerio tiene pensado resolver ese asunto, que es objeto de una gran demanda social en toda esa parte de la ciudad de Jaén y la
comarca de La Guardia.
Otra de las competencias de su ministerio en materia de carreteras en esta provincia es la nacional 432, que une Córdoba con Granada y que también pasa por la zona de la sierra sur de la provincia de Jaén. Ahí se está
haciendo la circunvalación de la ciudad de Alcaudete, con ese retraso que mencionaba. No termina su ministerio de contemplar la financiación total de ese proyecto para el año 2004, sino que lo están alargando hasta el 2005, cosa que no entendemos
desde ningún punto de vista, ya que ni siquiera esos eran los plazos de ejecución del proyecto.
Además había que resolver toda una serie de cuestiones, a las que incluso usted se ha comprometido en algún debate parlamentario con nosotros, en
relación con accesos a algunos núcleos de población que tienen que ver con esta carretera, como es el municipio Alcalá la Real, la ciudad mayor de la comarca de la sierra sur, y terminar el trayecto de Alcalá la Real al término de la provincia de
Granada, para lo que, como podemos contemplar también en las previsiones plurianuales para el año que viene, hay una escasísima financiación. La
previsión de financiación para ese proyecto se va siempre hasta el año 2007 con cantidades mayores, lo que indica que está claro que no hay voluntad por parte del Gobierno, por lo menos nosotros así lo deducimos de las previsiones
plurianuales del proyecto de presupuestos para el año 2004.
Señor ministro --alguna vez hemos planteado este asunto--, hay una plataforma de ayuntamientos de todos los colores, de todos los grupos políticos, de las provincias de Córdoba, Jaén y de
Granada que están planteando que en esa carretera se debe hacer un estudio a fondo para su conversión en autovía. Dicho de otra manera, todas las capitales de provincia de Andalucía deben estar comunicadas entre sí a través de carreteras modernas,
carreteras que nosotros consideramos deben ser autovías, y no sucede así con las capitales de Granada y de Córdoba. Para ellas no existe ese proyecto, se trata de una carretera convencional, que incluso pasa por municipios, aunque hay algunos
proyectos de circunvalación, como el que hemos dicho u otros que se contemplan con pequeñas cantidades, como el de Baena, en el proyecto para el próximo año.
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya terminando.
El señor CABRERO PALOMARES: Termino, señor presidente.
También queremos poner encima de la mesa la necesidad un compromiso de estudiar conjuntamente --con los municipios que han creado esa plataforma y que están afectados, que son el cien
por cien, independientemente del color político-- la posibilidad de conversión de esa carretera en autovía. Abramos la puerta a una solución que demandan estas provincias para su desarrollo económico y social.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Con la venia, señor presidente.
Su señoría me interpela sobre la política del Gobierno en materia de infraestructuras de carreteras en la provincia de Jaén y quiero decirle que a
comienzos de esta legislatura, en junio en el Congreso y en septiembre de 2000 en el Senado, tuve ocasión de presentar la política de infraestructuras del ministerio, que no es otra que el cumplimiento de las previsiones recogidas en el Plan de
Infraestructuras 2000-2007, con horizonte de ejecución 2010. En este Plan de Infraestructuras de Transporte, la provincia de Jaén tiene incorporadas todas y cada una de sus principales necesidades para cancelar el déficit de comunicaciones tanto
por carretera como ferroviarias, y creo que su señoría debería elevar la perspectiva de las comunicaciones, incorporando en el análisis de la mejora de la vertebración de la provincia de Jaén también las conexiones ferroviarias.
Igualmente quiero
recordar a su señoría que las infraestructuras no son alfombras que pueden extenderse o enrollarse y trasladarlas de un sitio a otro. Toda infraestructura tiene un proceso administrativo inexorable donde no existen atajos. Y para que una obra
pueda iniciarse como tal obra, aparte de la consignación presupuestaria en los presupuestos generales del Estado, es necesario un estudio informativo de trazados, una información pública exhaustiva, una contestación a las alegaciones, una posterior
declaración de impacto ambiental, una selección del trazado y aprobación definitiva del estudio informativo, posteriormente la redacción de los proyectos y finalmente la licitación de las obras con arreglo a los proyectos redactados. Y este es un
proceso que en condiciones normales, si no surgen polémicas ni obstáculos administrativos, puede durar entre ocho y diez años. Y si su señoría conoce un mecanismo que permita acortar este procedimiento, debería exponerlo para que todos nos
pudiéramos ilustrar sobre el mismo. Y si no es así, todos somos rehenes de lo que el Estado de Derecho nos exige para proyectar y para ejecutar una gran infraestructura.
Y precisamente por eso, de dónde venimos es fundamental para saber dónde
estamos y hacia dónde vamos. Le quiero recordar que el Plan General de Carreteras 1984-1991 incluyó la ejecución de la autovía de Andalucía, cuyos diferentes tramos en la provincia de Jaén se pusieron en servicio entre los años 1984 y 1991 en las
condiciones que su señoría conoce. La siguiente planificación fue el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007, con el mismo horizonte de ejecución 2010 que el actual del Gobierno del que formo parte. Y en este plan de infraestructuras se
incluyó como autovía el eje de la nacional 323 entre Bailén, Granada y Motril --no antes-- y, al mismo tiempo, se planificaba el corredor Linares-Albacete como carretera convencional --subrayo el corredor Linares-Albacete como carretera
convencional.
El Plan de Infraestructuras de Transportes de este Gobierno, además de culminar el eje por autovía entre Bailén y Motril, incluyó en su planificación la conversión en autovía del corredor entre Linares y Albacete y también la mejora
de la autovía de Andalucía, ahora Autovía del Sur A-4, a su paso por Despeñaperros, porque recordará su señoría que sólo se le dio condición de trazado de calzada de autovía a una de las calzadas de la A-4 a su paso por Despeñaperros. En la
nacional 323 entre Bailén y Motril, desde mayo de 1996 hemos puesto en servicio 93 kilómetros de autovía, correspondiente a los tramos desde Jaén hasta Izbor en la provincia de Granada y en estos momentos se encuentra en ejecución el último tramo
pendiente en esta provincia.
La actuación más importante en marcha en la provincia de Jaén, señor senador, es la autovía Linares-Albacete. El 24 de octubre de 1994 se había dado orden de estudio para su construcción o acondicionamiento como
carretera convencional; así se licitó el estudio informativo, así se sometió a información pública en el año 1999 y así se había enviado ese mismo año 1999 para la formulación de la preceptiva declaración de impacto ambiental. Con la puesta en
marcha del Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-
2007, el 8 de noviembre, este ministro modificó la orden de estudio anterior para convertirla en autovía; y sobre la base de esta modificación, en el mismo mes de noviembre, solicitamos a Medio Ambiente la validez de las consultas previas
de este estudio como carretera para poder utilizarlas y aprovecharlas como autovía, contestación que se produjo en diciembre de 2000 en el sentido de que era necesario iniciar nueva y totalmente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ahora como autovía. Y así, el 16 de noviembre de 2001 se licitó la asistencia técnica para la autovía Linares-Albacete, se adjudicó en junio de 2002 a Ayesa y en el estudio informativo se analiza por completo la conversión en autovía de la 322, que
en gran parte se encuentra en la provincia de Jaén. El estudio se encuentra actualmente en fase de supervisión; va a ser sometido a información pública próximamente y a partir de esa información pública podremos pasar a la remisión a Medio
Ambiente para solicitar la declaración de impacto ambiental.
El trazado recomendado por el estudio informativo que le estoy mencionando cuenta con 120 kilómetros de autovía en la provincia de Jaén del total de los 227 kilómetros, e incluye nuevas
variantes en Linares, Canena, Rus, la Hiedra, Ubeda, Torreperogil, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Arroyo del Ojanco, Puente de Génave y Génave. Dentro de la provincia de Jaén se estudiaron dos corredores con distintas variantes, que en su
conjunto hacen cinco, en torno al corredor norte y al sur que es la actual carretera. El trazado recomendado en el estudio informativo es el sur, el que está próximo a la carretera actual, con un presupuesto de ejecución de 391 millones de euros en
la provincia de Jaén sobre un total de 682 millones de euros de todo el corredor; dispondrá de dos calzadas separadas de siete metros, con arcenes exteriores de dos y medio e interiores de un metro; la mediana será la estricta cuando se atraviesen
espacios protegidos para reducir su impacto ambiental. Una vez que finalice el período de información pública --ya se lo he dicho--, se enviará a Medio Ambiente para la declaración de impacto ambiental, y cuando se apruebe definitivamente el
trazado redactaremos los proyectos de construcción, que serán los que darán paso a la fase de construcción.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004 se recogen las anualidades correspondientes para poder terminar el estudio informativo y
para poder licitar la redacción de los correspondientes proyectos. Sin proyectos, señor senador, es inútil toda partida presupuestaria dedicada a financiar obras.
Otra actuación de gran relevancia en la provincia de Jaén es el paso de
Despeñaperros que es el nuevo trazado de la Autovía A-4 entre Venta de Cárdenas y Santa Elena. Antiguamente el paso de Despeñaperros contaba con una carretera de doble sentido con un trazado sinuoso que fue mejorado en la década de los setenta. A
la vista de los tráficos que se registraban, se decidió su desdoblamiento por el procedimiento de construir una nueva calzada de trazado independiente. Esta obra, que pasó por una rescisión de contrato, fue concluida e inaugurada en julio de 1984.
A partir de ese momento, el tránsito por Despeñaperros se hace de la misma manera que hasta hoy: la mitad de la nueva calzada construida en 1984 y la otra mitad de la antigua calzada componen la calzada Madrid-Sevilla y la otra mitad de ambas
calzadas componen la calzada Sevilla-Madrid. Hay que tener en cuenta que las dos medias calzadas antiguas disponen de características geométricas no adecuadas para los tráficos modernos, pero supongo que no responsabilizará a este ministro de eso,
simplemente coincidiremos en que alguien tomó la decisión de llamar autovías a obras que en estos momentos no pueden ser homologadas para una red transeuropea de vías de alta capacidad. Y por eso hoy tenemos que culminar lo que no se hizo bien a su
tiempo, y por eso se puso en marcha un estudio informativo que requirió un documento complementario con una nueva alternativa solicitada durante la información pública por la junta rectora del parque existente que atravesaba en esa zona, que obligó
a una nueva información pública en el año 1999 y que permitió la aprobación en el año 2001, después de la declaración de impacto ambiental de marzo de 2001.
A partir de ese momento se dictó la orden de estudio del proyecto de nueva calzada Venta de
Cárdenas-Santa Elena. Se licitó en agosto de 2002.
Se adjudicó el 20 de diciembre del año pasado . El proyecto termina el 20 de diciembre de este año. Con este proyecto de nueva calzada podremos pasar a la licitación de este tramo de autovía
para que el sentido Sevilla-Madrid disponga de la nueva calzada de autovía de 8,9 kilómetros; y para el sentido Madrid-Sevilla se utilizarán las dos medias calzadas actuales más modernas, que son las inauguradas en el año 1984, con las
correspondientes actuaciones de adaptación que sean convenientes y que queden recogidas en el proyecto.
Además, está incluida la remodelación de los enlaces de Venta de Cárdenas en Ciudad Real y el de Aldeaquemada, aproximadamente en la zona
central del tramo, así como el de Santa Elena en la provincia de Jaén.
El presupuesto estimado de este tramo, señor senador, es de 110,5 millones de euros para una sola calzada. Será una de las obras más importantes del plan de infraestructuras
licitada en esta legislatura y el plazo de ejecución máximo con el que saldrá a concurso, y que luego será objeto también de propuestas por los concursantes, se estima que debe ser inferior a 40 meses.
En los presupuestos del año 2004 se contempla
una anualidad de 2.568.000 euros para poder licitar estas obras en el año 2004, cosa que le anuncio desde esta tribuna. También en el paso de Despeñaperros se adjudicaron en 2003 las obras de mejora del trazado de Almuradiel, límite de provincia de
Jaén, que constituye la variante de Venta de Cárdenas, con un presupuesto de 3.113.000 euros, obras que se licitaron en abril de 2003.
Con independencia de lo apuntado anteriormente, también se están ejecutando actuaciones de acondicionamiento y
conservación.
Quiero destacar las actuaciones en la nacional 432 por las que se interesa su señoría. Las prioridades del ministerio en esta carretera se dirigen al acondicionamiento del corredor y a la construcción de las variantes de población
más importantes que mejoren la seguridad y la circulación. La intensidad media diaria de esta carretera es inferior a
5.000 vehículos/día, y por eso mismo no justifican en este momento su conversión en autovía.
Se encuentran en ejecución en la nacional 432, a su paso por la provincia de Jaén, la variante de Alcaudete, licitada en julio de 2002, y las obras
de refuerzo del firme entre el límite de la provincia de Córdoba y Alcaudete, obra licitada por importe de 2.386.000 euros. Y, además, sabe su señoría que en la provincia de Córdoba también están en ejecución varias obras de variantes en esta
carretera.
Otra infraestructura de transporte importante en la provincia de Jaén es la red de alta velocidad. Jaén está incorporada a la red de alta velocidad desde el año 2000 por iniciativa de este Gobierno en el plan de infraestructuras que
modifica las previsiones del anterior PDI en el que las actuaciones de acondicionamiento finalizaban en Santa Cruz de Mudela, unos kilómetros antes de llegar a la provincia de Jaén.
Hoy los jiennenses pueden aspirar a la alta velocidad, señor
senador, porque la iniciativa se está cumpliendo en todos los trámites, igual que otras actuaciones del resto de los programas de alta velocidad del plan de infraestructuras. La línea de alta velocidad Madrid-Jaén va a suponer una inversión de 585
millones de euros, de los cuales 203 corresponden a los 76 kilómetros de la provincia de Jaén. La situación de los tramos es la siguiente: Santa Cruz de Mudela-Vadollano: 67 kilómetros, de los cuales 25 pertenecen a Jaén; su estudio informativo
está en redacción con un coste estimado de 15,8 millones de euros. El tramo Vadollano-Linares, de 6 kilómetros y medio: se encuentran en ejecución las obras de plataforma y están prácticamente finalizadas, lo que permitirá iniciar las obras de
vía, electrificación y señalización el próximo año, como prevén los presupuestos del año 2004. El tramo Linares-Jaén, 45 kilómetros, está pendiente de declaración de impacto ambiental, solicitada el pasado 5 de agosto y, al igual que en otras
líneas, la intención del ministerio es acortar los plazos y de esta manera poder pasar a la fase de proyectos en los subtramos Linares-Casas de Torrubia y Grañena-Jaén, cuyas asistencias técnicas ya se licitaron en marzo y abril de este año, lo cual
permite asegurar que su redacción está muy avanzada.
Además, Jaén pertenece a las 45 ciudades españolas en las que están formados los grupos de trabajo tripartitos para consensuar y optimizar las soluciones ferroviarias de integración del
ferrocarril a su llegada a la capital.
Esto es lo que he pretendido transmitir a su señoría: el compromiso global --no parcial, no sólo de carreteras-- de infraestructuras que el Ministerio de Fomento está desarrollando en la provincia de Jaén
para dotarla de una serie comunicaciones a la altura del siglo XXI, a la altura de un país en pleno proceso de convergencia, lo mismo que Andalucía y lo mismo que el resto de España.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador interpelante.
El señor CABRERO PALOMARES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, no tenemos ningún problema en hablar del ferrocarril o de
carreteras. Ya sabe usted que hemos hablado muchas veces de esos temas aquí en el Senado. La provincia de Jaén quedó marginada. Usted dirá que no tenía responsabilidad en aquella época --y es cierto-- en materia de política ferroviaria en todo el
proceso de la comunicación Madrid-Sevilla a través del AVE. Nos quedamos marginados, nos quedamos con muy pocos trenes y en las líneas convencionales había, además, falta de asistencia en reparaciones, etcétera. Tanto es así que después de ocho
años de gobierno de su partido, hoy cuando llueve un poquito se cortan las vías desde Jaén a Granada dos o tres días y hay que ponerse en marcha para arreglarlas porque no se ha hecho ningún tipo de inversión. Son vías que no tienen nada que ver
con lo que usted planteaba al final de su intervención sobre la necesidad de cohesión social territorial. Es un total abandono el que sufrimos en esa materia. Por poner un ejemplo --ustedes llevan gobernando ocho años--, la línea de comunicación
Jaén-Linares-Baeza-Madrid, a través de alta velocidad, pues esta cuestión ya nos preocupa bastante menos, es algo que --como usted ya ha planteado-- lleva un retraso tremendo. Después de ocho años de gobierno solamente se ha hecho una parte --creo
recordar-- de ocho kilómetros de plataforma entre Linares-Baeza y Vadollano, y no más. Todo lo demás está en fase de estudio, como usted está diciendo, de informe de impacto ambiental, etcétera, con un retraso tremendo.
A la vista de como se están
desarrollando estas cuestiones en materia de política ferroviaria y de previsión de inversiones presupuestarias plurianuales, nosotros en el año 2010 no veremos cumplida esa ilusión que usted decía que teníamos que tener los jiennenses porque vamos
a montar en el AVE para venir a Madrid. Con los planteamientos y las previsiones de inversión y el ritmo a que se está produciendo la ejecución de la obra y del proyecto, en el año 2010 no tendremos todavía la posibilidad de viajar en un tren que,
se llame como se llame, debe mejorar de manera sustancial lo que tenemos en este momento.
Esa es la realidad respecto de la política ferroviaria. Además, su ministerio no contempla un proyecto desde Jaén a Córdoba y a Sevilla que efectivamente nos
intercomunique con toda Andalucía, también con trenes modernos. Las previsiones de su proyecto se quedan en Jaén, con lo cual, desde nuestro punto de vista, este proyecto que usted está vendiendo aquí tiene un gran déficit. Siempre hemos apoyado
que hay que adelantar todos los procesos, pues llevan un retraso tremendo. Nos deja en Jaén y de Jaén a Córdoba tenemos la línea convencional tal y como están las cosas.
Usted ha planteado que los procesos en materia de carreteras llevan de ocho a
diez años, pues se necesita un informe de impacto ambiental, estudios, información pública, etcétera. El paso de Despeñaperros, que ya hemos discutido anteriormente, es una necesidad perentoria, ya que es cierto lo que usted ha dicho sobre que la
carretera convencional es de hace ya más de 30 años y sigue utilizándose como autovía. Eso es una barbaridad y un déficit
del proyecto de desdoblamiento que se hizo en los años ochenta. Yo lo he planteado aquí y lo vuelvo a plantear.
Llevamos ya quince años, no son ni ocho ni diez. Llevamos quince años desde que se empezó a plantear este asunto hasta la
fecha y todavía no han empezado las actuaciones, licitación de obras y ejecuciones. Y las previsiones presupuestarias que usted hace para los próximos años nos crean bastantes dudas de que efectivamente sea un proyecto que se pueda ejecutar en los
plazos que usted está planteando aquí.
Y así sucede con la nacional 322. Es cierto que había un proyecto de carretera que no era autovía y que después se convirtió en autovía o, por lo menos, ésa era la idea en el proyecto que nosotros hemos
compartido y que se lleva con una lentitud tremenda. Usted ha dicho que entre ocho y diez años se resolverá todo el proceso de estudio, redacción de proyectos, etcétera; pero con la dinámica de previsiones presupuestarias estamos hablando del año
2010 y tampoco tendremos resuelto ese asunto.
Lo que hemos querido poner de manifiesto desde el principio es que esta provincia está abandonada en materia de inversiones por parte de su Gobierno. Y si echamos mano de lo que, desde nuestro punto de
vista, puede ser un criterio a tener en cuenta sobre las inversiones que se producen en el Estado, el de inversión media por habitante, desde el año 1997, que fue el primer presupuesto que elaboraron ustedes, hasta el que tenemos encima de la mesa
con la previsión para el año que viene, en la provincia de Jaén, como en el resto de España, se tendrían que haber invertido alrededor de 176.000 millones más de las antiguas pesetas para ser ciudadanos como todos los demás de cualquier territorio
de España.
Sin embargo, se han producido inversiones y ejecuciones muy por debajo y, por ejemplo, para el año que viene la previsión es de un 45 por ciento de inversión media por habitante con respecto a lo que se prevé en los Presupuestos
Generales para el conjunto del Estado español.
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.
Termino indicando que, efectivamente, ahí esta el motivo de estos grandes déficit de infraestructuras y del retraso en algunas de ellas, incluso en cuestiones perentorias como los
hundimientos de una carretera. Desde nuestro punto de vista, esto significa que en el modelo de desarrollo, que es muy desigual y desequilibrado, la provincia de Jaén ha salido perdiendo por la política de su Gobierno. En ese sentido, anunciamos
que plantearemos la moción correspondiente, para pasar a debatir y votar, en todo caso, toda una serie de iniciativas que inciden en lo que hemos planteado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, su señoría en esta réplica plantea un problema de credibilidad, y me gustaría saber qué demostración quiere en relación con la
credibilidad de mis afirmaciones y compromisos desde esta tribuna. Yo he dicho que el nuevo tramo de primera calzada de autovía que complete el paso por Despeñaperros, por un importe de 110 millones de euros, se licitará en el año 2004. Su señoría
lo pone en duda e invoca el importe de la partida presupuestaria. Puede comprobar que en el primer año con esa cantidad de 110 millones de euros se puede licitar un tramo de autovía. Y puede repasar los presupuestos de años anteriores y comprobar
qué licitaciones hubo cada año y que es suficiente con que se incluya una partida de esa naturaleza. Segundo, le invito a otra cosa: dígame qué compromiso adquirido por mí desde esta tribuna no se ha cumplido.
Dígamelo, por favor: compromiso
adquirido desde esta tribuna en relación con licitación, adjudicación o ejecución de una obra, porque mientras tanto mis palabras valen en los términos en que las he pronunciado.
En su conjunto, la política de infraestructuras en España y,
concretamente, en autovías, nos ha permitido poner en marcha desde el año 1996, 2.567 kilómetros de autopistas y autovías y que hoy a estas horas se estén ejecutando en distintas fases, unos en fase de adjudicación, otras en fase de conclusión,
2.275 kilómetros, lo cual quiere decir que este Gobierno ha inaugurado o puesto en marcha 4.843 kilómetros de autovías en algo más de siete años. Si su señoría a los 8.500 kilómetros que tiene la red de autovías y autopistas en este momento, suma
los 2.275 de obras en marcha, verá que cuando estamos terminando el año 2003, la red de alta capacidad en distintas fases de construcción ya está situada en 11.000 kilómetros, lo cual hace bastante creíble el objetivo de los 13.000 kilómetros de
aquí al año 2010. Y con ese ritmo creíble, su señoría podrá encontrar cabida a las aspiraciones de conversión en autovía, por ejemplo, del tramo Linares-Albacete.
Su señoría no está de acuerdo con el proceso largo de entre ocho y diez años; yo
tampoco, coincidimos los dos. Lo que quiero que me diga es si su señoría fuera ministro, qué atajos encontraría para acortarlo. Porque si su señoría estuviera aquí, seguiría atado en un Estado de Derecho por las mismas limitaciones de la normativa
vigente. Y si hay algún error, alguna interpretación, alguna alternativa que su señoría conozca, dígala. Porque si usted fuera el ministro de Fomento no podría acortar plazos establecidos en las previsiones; y no podría hacer una obra sin
proyecto; y no podría hacer un proyecto sin declaración de impacto ambiental; y no podría hacer declaración de impacto ambiental sin una información pública durante dos meses para toda la sociedad y contestar las alegaciones; y no podría
solicitar la declaración de impacto ambiental si no ha hecho consultas medioambientales previas; y no podría hacer consultas si no ha licitado y adjudicado el estudio informativo. Si su señoría conoce otro camino, explíquelo en la Cámara, pero si
no, su señoría es tan rehén de los plazos como el ministro de Fomento, esté usted en los bancos de la oposición o en los bancos del Gobierno. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Y, finalmente, señor senador, y en esto veo que su señoría ha sido muy sincero, otro gallo cantaría si muchas de estas actuaciones se hubieran iniciado antes. Y es claro que Jaén necesitaba antes estas actuaciones, y es claro que hubo
posibilidad política de decidir antes el comienzo de estas actuaciones e iniciar la autovía Linares-Albacete o la conversión en autovía del paso de Despeñaperros, pero su señoría hoy en esta Cámara le está pidiendo cuentas al ministro que ha puesto
en marcha la autovía Linares-Albacete y que va a licitar la conversión en autovía de la segunda calzada de Despeñaperros.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
LECTURA UNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 624/000015) (C. D. 122/000314).
--PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MEDIDAS PARA LA CELEBRACION SIMULTANEA DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL REFERENDUM SOBRE EL PROYECTO DE CONSTITUCION EUROPEA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 624/000016) (C. D.
122/000315).
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión con el punto tercero del orden del día, lectura única de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, que se tramita por el procedimiento de urgencia, y proposición de Ley orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el Proyecto de Constitución
Europea, que asimismo se tramita por el procedimiento de urgencia.
No se han presentado propuestas de veto a estas proposiciones de ley orgánica, que se tramitarán conjuntamente.
Debate de totalidad.
Para consumir el turno a favor, tiene la
palabra el senador señor Uriarte.
El señor URIARTE ZULUETA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, vamos a debatir conjuntamente, por el procedimiento de lectura única, dos proposiciones de ley orgánica que afectan a su vez a otras dos leyes orgánicas en vigor, la de
1985, sobre Régimen Electoral General, y la de 1980, sobre distintas modalidades de referéndum.
Estas dos proposiciones de ley orgánica tienen muchos puntos en común. En primer lugar, las dos se refieren a la situación de España en la Unión
Europea, no a los grandes aspectos, sino a los aspectos de legislación interna necesarios para que esa acomodación de España a la nueva situación derivada de las modificaciones en la Unión Europea se realice de una forma más cómoda y menos
complicada posible. En segundo lugar, estas dos proposiciones tienen en común el elevado grado de consenso, al haberse presentado por todos los grupos políticos y al no haber sido objeto de veto en el Congreso de los Diputados ni en el Senado.
Vamos a examinar, en primer lugar, la primera de estas dos proposiciones, que se refiere al número de parlamentarios europeos que corresponde designar a España.
Como sus señorías saben, la asignación de diputados en el Parlamento Europeo no se
realiza por normas internas, sino por normas de la propia Unión Europea, y en estos momentos --porque está a punto de cambiar-- los diputados asignados a España son 64. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General, de 19 de junio de 1985, en su
artículo 215 recoge esa asignación e insiste en que el número de diputados europeos es de 64. Pero se trata de una situación con muy poca estabilidad. En estos momentos, a través del Tratado de Niza, el número de diputados asignados parece --no es
seguro-- que va a ser 54. Estamos pendientes de las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea, entre ellas dos tan inmediatas como la de Bulgaria y la de Rumanía, y todo hace suponer que ese número va a variar.
Ahora bien, para evitar tener que
actualizar constantemente en nuestras normas internas el número de diputados que nos corresponde elegir en el Parlamento Europeo, la mejor solución es modificar el artículo 215 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que es el que ratifica
expresamente que el número de diputados españoles en el Parlamento Europeo es de 64, sustituyendo ese número fijo por una referencia a lo que, en su caso, diga el ordenamiento jurídico europeo. Ese es el objeto de la primera proposición de ley que
se presentó en el Congreso.
Una vez presentada en el Congreso, los grupos cayeron en la cuenta de que, además del artículo 215, que insistía en los 64 diputados españoles, había otro que hacía lo mismo, el párrafo segundo del artículo 220, que
también mencionaba los 64 diputados europeos. La solución era muy sencilla, se cambió también la redacción del párrafo segundo del artículo 220 mediante una enmienda firmada por todos los grupos parlamentarios, que fue aprobada por el Congreso y
que forma parte del proyecto remitido por el Congreso al Senado. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) La segunda de las proposiciones de ley es algo más compleja. Se refiere a la posibilidad de celebración conjunta de las
elecciones europeas y del referéndum sobre la Constitución Europea.
Con el asunto de las elecciones europeas pasa algo parecido a lo del número de diputados de cada país, también
las fechas de celebración de las elecciones europeas las fijan las normas europeas, y las próximas se van a celebrar en el mes de julio del año 2004.
Aparte de eso, sus señorías saben perfectamente que en este momento se está intentando
llegar a la aprobación de una Constitución para Europa, cuyo trabajo, que se encargó a una convención en el año 2001, se ha presentado en el verano de este año 2003.
Todavía faltan por resolver los puntos más conflictivos del proyecto, pero se
confía en que puedan estar resueltos en los primeros meses del año 2004, con lo cual estaríamos en condiciones de dar un paso más. Y ¿Cuál es este paso? Una vez que se apruebe la Constitución Europea, ni las normas europeas ni las normas españolas
exigen que esa Constitución se someta a referéndum, no sería necesario. Hay países que someten las reformas de la Unión Europea a referéndum y otros que no lo hacen, pero en el caso español se da la circunstancia de que en el debate del Estado de
la nación, en el mes de julio, el Congreso adoptó un acuerdo instando al Gobierno a que someta el proyecto de Constitución a referéndum nacional, y, por tanto es prácticamente obligatorio y, evidentemente, se va a celebrar. Ahora bien, si se
celebra ese referéndum se plantea el problema en relación con la Ley Orgánica del año 1980, sobre modalidades del referéndum, y es que esta Ley Orgánica de 1980, en su artículo 4.2 dispone que no podrá celebrarse un referéndum en los 90 días
anteriores o en los 90 días siguientes a unas elecciones. Es decir, ¿Cuál es el objeto? El objeto, evidentemente, es no mezclar churras con merinas, es decir, que en un plazo de unos pocos meses no tengamos unas elecciones locales y un referéndum
a nivel europeo. Según esto, puesto que es posible que tengamos el referéndum en el año 2004 y vamos a tener las elecciones en el año 2004, la mejor solución quizá hubiera sido suprimir el artículo 4.2, pero no se ha considerado conveniente. Se
entiende que la regla de no coincidencia entre el referéndum y las elecciones es una medida muy razonable, como norma general, sin perjuicio de que en este caso pueda ser de consecuencias nefastas. Decía el señor Rejón, diputado de Izquierda Unida
en el Congreso de los Diputados, que como celebremos en el plazo de unos meses unas elecciones europeas y un referéndum sobre la Constitución Europea, a la segunda votación no iban a acudir ni los pájaros, y algo de esto podría ocurrir.
De todas
formas, cabían dos soluciones: o haber derogado el artículo 4.2, o la otra solución, que es la que se ha adoptado, y que parece la más razonable, es decir, mantener el artículo 4.2 con la prohibición de coincidencia, como regla general, pero en
este caso --que está clarísimo que no hay ningún inconveniente en el hecho de la simultaneidad, y por el contrario tiene muchas ventajas-- incluir una autorización al Gobierno para que el referéndum y las elecciones se celebren, no dentro de un
plazo determinado, sino simultáneamente y cuando proceda, con arreglo a lo dispuesto para las elecciones europeas. Esta es la propuesta que se trae aquí.
Me remito, una vez más, al elevado grado de consenso en esta materia; las dos proposiciones
han sido firmadas por todos los grupos políticos; no ha habido ni un solo veto ni en el Congreso de los Diputados ni en el Senado; en el Congreso de los Diputados tampoco hubo un solo voto en contra, sólo dos abstenciones, y esta situación hace
sospechar que con toda probabilidad estas dos proposiciones de ley puedan ser aprobadas, y en todo caso anuncio que nuestro grupo va a votar a favor de su aprobación.
Nada más y muchas gracias. (El señor García Miralles pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
El señor García Miralles me pide la palabra ¿para un turno a favor también? (Asentimiento.) Tiene su señoría la palabra.
El señor GARCIA MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente, por la interpretación que ha hecho en este caso del Reglamento.
Querría justificar mi intervención en turno a favor, procedimentalmente, por dos razones. La primera, por la
propia trascendencia, aunque sea un tema meramente instrumental, y la segunda porque mi grupo propuso en el Congreso de los Diputados --y luego fue aceptado por todos los grupos-- la iniciativa de solicitar al Gobierno el mecanismo constitucional
del referéndum para resolver, desde una perspectiva a nuestro modo de ver de los ciudadanos, una mayor participación en un tema de tan trascendental importancia.
Mi colega el señor Uriarte ha cumplido dos funciones: una, defender su posición, la
de su grupo, que compartimos, de apoyar estas dos proposiciones; y, dos, la de suplir la función normal, en un proyecto de esta trascendencia, de presidente de comisión, con lo cual a mí me ahorra muchas explicaciones, que comparto, desde el punto
de vista técnico-jurídico, con su intervención, y también algunos minutos a la atención de sus señorías.
Pero querría decir que el apoyo que damos a la celebración de un referéndum tiene, a mi modo de ver, dos vertientes: por una parte, lo que
pudiéramos llamar la eficacia, la pedagogía e incluso la economía procesal de sincronizarlo con unas elecciones europeas; pero, en segundo lugar, la de escenificar, de alguna manera, clarísimamente la participación de los ciudadanos en ese proceso
de construcción, mediante la votación en referéndum de algo que, desde un punto de vista técnico-jurídico, por una parte es un tratado, pero por otra parte es una constitución. Quiero decir que se va a votar un tratado, pero el Tratado de la
Constitución Europea, cuando sabemos que los tratados son mecanismos de tipo internacional y las constituciones son mecanismos de orden interno. Pero la dinámica de la construcción europea, desde la Comunidad del Carbón y del Acero hasta la futura
Europa, no sólo de los Estados, sino de los ciudadanos, es una dinámica que ha requerido y requiere una gran ingeniería política y una gran dosis de generosidad por parte de todos los Estados y de todos los ciudadanos. De ahí que este referéndum va
a plantear la necesidad por parte de todos --y creo que es un buen paso, como ha dicho el senador Uriarte, que, por consenso, con la iniciativa de todos los grupos de la Cámara, se haya
puesto este mecanismo en marcha-- de una gran pedagogía política para no sólo ganar un referéndum, sino para convencer a nuestros conciudadanos de la importancia y la trascendencia del paso que vamos a dar.
Tenemos un escenario europeo que
ha cambiado, no sólo desde esa Comunidad del Carbón y del Acero, sino en el que determinadas fronteras históricas se han derribado, y lógicamente esto genera una serie de problemas de gran calibre y trascendencia. Hay que explicar que, desde un
espacio de libertad y de derechos adquiridos en cada Estado, en la propia Europa, y ante un mundo donde hay una superpotencia que predomina, donde es necesaria esa Europa que aporte equilibrio, que aporte sensatez, que aporte en definitiva una voz
propia, el acto de un referéndum en el que todo el pueblo español participe de una forma consciente, oyendo --con todos los matices que se quiera-- las posiciones de los distintos partidos políticos, es algo fundamental, porque estamos construyendo
una Europa, no sólo de los Estados, sino de los ciudadanos, y los ciudadanos van a tener ahí su voz.
Una última reflexión, al hilo de esta intervención, y es que quizá se eche de menos --y tendríamos que articular los mecanismos para que los
propios parlamentos autónomos, y también aquí en el Senado, en base a lo que establece el artículo 56 de nuestro Reglamento, en que tanto el Gobierno como la Comisión Mixta Congreso-Senado, para hechos como éste, deberían de convocarla y dar mayor
información--, como decía, quizá se eche de menos cualquier mecanismo participativo, tanto a nivel parlamentario como por supuesto en su momento de información ciudadana, que debería ayudarnos a llevar adelante lo que hoy vamos a poner en marcha,
por la trascendencia que tiene y por la necesidad de participación que exige.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que yo voy a utilizar muy poco tiempo, sólo intervengo para decir que estamos debatiendo dos proposiciones de ley, por lectura única, ambas suscritas, como bien
decía el senador Uriarte y también el senador García Miralles, por todos los grupos parlamentarios. La primera de ellas lo que hace es modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, incidiendo fundamentalmente en el artículo 215, y a
través de una enmienda, también suscrita por todos los grupos parlamentarios, en el artículo 220, apartado 2, que supone ajustar esta Ley Orgánica del Régimen Electoral General a la evolución que está teniendo la propia construcción europea y, por
tanto, determinar que el número de diputados que se deban designar se ajuste al ordenamiento jurídico europeo, tal y como ha dicho el senador Uriarte. Por tanto, como grupo parlamentario, trasladamos que vamos a votar a favor de dicha proposición
de ley.
Lo mismo sucede con la otra proposición de ley, también en lectura única, y que se refiere a la celebración simultánea con las elecciones al Parlamento Europeo del referéndum sobre el proyecto de Constitución Europea, que también fue
suscrita por todos los grupos parlamentarios y a la cual, igual que hicimos en el Congreso de los Diputados, vamos a prestar nuestro apoyo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Molas.
El señor MOLAS I BATLLORI: Gracias, señor presidente.
Estamos ante un debate más de Derecho objetivo que de Derecho sustantivo.
Como decía antes el senador García Miralles, se trata de un debate instrumental, que es un adjetivo justo.
No
debo insistir en el contenido de esas dos proposiciones de ley porque el senador Uriarte, con precisión y claridad, ya lo ha señalado.
Por una parte vamos a modificar la LOREG, aunque no sabemos el número de diputados, y por otra vamos a hacer
compatible un referéndum de ratificación de la Constitución Europea, aunque tampoco está aprobada la Constitución Europea. No obstante, como las Cortes van a ser disueltas porque llegan al final de su mandato y podría ser que se produjera el
referéndum, la posible aprobación y las elecciones europeas en una fecha en que se podría no haber cursado el procedimiento legislativo y haber modificado la legislación a tiempo para las convocatorias, es necesario hacerlo ahora y con una fórmula
jurídicamente correcta de remisión, es decir, una fórmula que remite a un contenido y a un número de diputados y, por tanto, aún más adjetivo de lo que hubiera sido en otro caso.
El hecho mismo de hacer lo que hacemos indica algo que está contenido
en toda la temática, y es que la cláusula jurídica que aprobaríamos nos remite al ordenamiento jurídico europeo, es decir, el contenido es el del ordenamiento jurídico europeo, y esto es importante, porque dicho ordenamiento va creciendo no sólo en
cantidad sino también en primacía de aplicación. Ahora ya hacemos referencias directas a lo que diga el ordenamiento jurídico europeo, y éste es el núcleo de la construcción de Europa, que el ordenamiento jurídico europeo tenga unas materias en que
fije su contenido.
Por tanto, la reforma de la LOREG, jurídicamente, la creo correcta. Nos deja con la duda de cuántos diputados tendremos que elegir, y para el referéndum se habilita al Gobierno para que pueda convocarlo conjuntamente, haciendo
una excepción a un sistema normal, que es el que nos hemos dado y el que nos parece coherente, aunque
para este caso no sólo se vería lesivo por el número de participantes, sino además porque en el mismo acto se va a producir algo que para nosotros es importante, que es la confirmación de la voluntad de los españoles de que el Tratado de la
Construcción Europea es un tratado, por una parte, pero sobre todo es ya una Constitución. Esto es algo que cada uno lo verá como crea conveniente, pero nuestra voluntad, la voluntad que expresa que nosotros queramos aprobarlo en referéndum, que
sería impropio en el caso de un tratado, es que se trata de una Constitución. Aquí cada uno lo verá como quiera, el vaso medio lleno o medio vacío. Hasta este momento está medio vacío, o medio lleno --según se quiera ver--, y ahora unos pueden
decir que aún no está lleno y otros pueden decir que está empezando a llenarse sustancialmente.
Creo que el hecho de ratificar una Constitución Europea, una vez aprobada --medida que no era necesaria--, le da un papel superior en nuestra valoración
a lo que queremos para el futuro de Europa.
No sé si es todo lo que queremos --seguro que no--, pero es mucho y más que lo anterior el hecho de someterlo a aprobación en un referéndum.
Desde el optimismo de la razón y del camino histórico, aun no
finalizado pero avanzando en cada período de tiempo, creo que será una medida importante que pueda aprobarse en referéndum y, por tanto, que la Constitución Europea no sea sólo un tratado internacional.
Sobre las líneas de la construcción europea
no me voy a pronunciar porque no es el momento -sí el lugar-- de hacerlo. Ya llegará el hecho de debatir qué Europa queremos. Lo que sabemos ahora es que queremos una Europa unida, con una constitución y que el ordenamiento jurídico europeo diga,
y nosotros lo aceptamos, determinadas cuestiones como foco central de la decisión que nosotros asumimos sin conocerla aún. Creo que esto tiene un valor simbólico muy importante respecto al futuro.
Nuestro grupo apoyará la proposición de ley
presentada por todos los grupos en el Congreso porque creemos que es la fórmula más correcta y adecuada para resolver la cuestión de la necesidad de adaptar nuestras normas electorales a la situación presente y a las necesidades del pueblo español
para que se manifieste al mismo tiempo que sus representantes en la aprobación de la Constitución Europea.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Molas.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ DIAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, queremos dejar constancia de nuestra posición. Se conoce porque hay un trámite que ha sido aprobado con el consenso de todos los grupos parlamentarios, tanto en la presentación
de las proposiciones de ley como en la modificación que se incluye para las mismas, e incluso en el acuerdo de debatir conjuntamente estas dos proposiciones de ley orgánica.
En este sentido hemos manifestado claramente nuestra voluntad, coincidente
con la del resto de los grupos, de apoyar estas modificaciones, tanto de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, como la proposición de ley orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del
referéndum sobre el proyecto de Constitución Europea. Está claro que la nueva situación que se produce nos obliga a adaptar nuestra legislación a unos hechos de especial relevancia en la construcción europea, no sólo en el aspecto electoral, que no
es la primera vez, sino también en la ratificación de esa propuesta de Constitución Europea, si es que al final la vamos a tener con el consenso amplio de todos los Estados y, en el caso concreto del Estado español, ratificarla conjuntamente con
esas elecciones al Parlamento Europeo.
Aún no queda claro cuál va a ser el número de diputados europeos que vamos a elegir --lo decía el anterior portavoz-- pero, en cualquier caso, queremos dejar constancia de que también participamos en ese
consenso y manifestamos nuestro apoyo a estas dos proposiciones de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Froilán Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Florensa.
El señor FLORENSA I TOMËS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, se nos someten en este trámite parlamentario dos proposiciones de ley orgánica en lectura única cuya razón de ser, a nuestro entender, estriba en la concurrencia de
tres elementos. De una parte, los próximos comicios europeos, de junio de 2004; de otra parte las consecuencias de la ampliación de la Unión Europea y, por último, la decisión soberana de las Cortes de decidir someter a referéndum la Constitución
Europea.
Para nuestro grupo parlamentario se trata de un debate jurídico puramente instrumental. Creemos que ése es su alcance y no otro. El gran debate, el debate político, deberá tener lugar en su día, en junio, sobre la nueva Constitución
Europea y sobre las posiciones de los distintos grupos parlamentarios en cuanto a sus matices y posiciones favorables o no a su aprobación. Constitución Europea que, como se ha dicho ya por el senador Uriarte, no deja de ser un tratado desde el
punto de vista técnico, aunque se alcanza a todos que de naturaleza especial por lo que tiene de declaración programática de unos valores para todos los ciudadanos europeos.
La primera proposición de ley trata sobre la reforma de la Ley Electoral
General para suprimir la referencia expresa al número concreto y específico de diputados --decimos los juristas que toda definición es peligrosa en Derecho, pero a veces también toda concreción es peligrosa en Derecho, como se demuestra en este
caso--. Debemos suprimir, pues, esa referencia expresa y establecer lo que se denomina técnicamente como una remisión externa, en
este caso remisión al ordenamiento jurídico europeo. Veremos cómo queda finalmente la representación española en el Parlamento Europeo en cuanto a diputados, si en más o en menos de los que actualmente están previstos; son las
negociaciones de las fórmulas alternativas al Tratado de Niza las que tendrán que arrojar la cifra definitiva.
La segunda proposición pretende establecer la simultaneidad de las elecciones europeas con el referéndum sobre el proyecto de
Constitución Europea. Actualmente, como ya se ha dicho, el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, impide la simultaneidad o cuasi simultaneidad de las elecciones con
referendos. La propuesta en este caso es de simultaneidad y el instrumento utilizado para permitir esa simultaneidad es una nueva ley orgánica «ad hoc». Por supuesto, técnicamente se podían haber utilizado otras alternativas: por ejemplo, se
podía haber modificado el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, introduciendo una excepción genérica a la prohibición de simultaneidad o cuasi simultaneidad cuando concurrieren determinados requisitos, como que hubiese así un
acuerdo expreso de las Cortes. Si se hubiese hecho así el mecanismo sería el mismo que se utiliza para la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, es decir, solucionar desde el punto de vista interno una determinada situación
planteada. No se ha hecho así. Esta propuesta que vemos hoy aporta concreción a costa de regular una situación que se consumirá en un solo día. Esta ley orgánica no será derogada por ninguna posterior, sino por extinción de su contenido, ligado
únicamente al «certus an e incertus quando» de las elecciones al Parlamento Europeo.
Más allá de las cuestiones técnicas, obviamente nuestro grupo parlamentario está de acuerdo en ambas proposiciones y va a votar favorablemente. Nuestra posición
es favorable al referéndum sobre el Tratado de Constitución Europea porque lo creemos necesario, al contrario de lo que hayan podido decidir otros países --por ejemplo Gran Bretaña--.
Creemos necesario que se posibilite este referéndum para
reforzar la legitimidad democrática de esta Constitución Europea y será entonces, como decíamos, cuando se plantee cuándo las distintas fuerzas políticas podrán defender sus respectivas posiciones propugnando el voto favorable o no a dicha propuesta
y los matices a que haya lugar.
Y es oportuno --creemos-- el poder simultanear el debate sobre el referéndum de la Constitución Europea con el programa de los distintos grupos para las elecciones al Parlamento Europeo, como mínimo por una triple
razón --y con ello termino--. En primer lugar --ya se ha apuntado-- por una economía de esfuerzos y economía de procedimientos; una consulta más a los ciudadanos en este año trufado de elecciones quizá no sería lo mejor para atraer el interés del
ciudadano. En segundo lugar, para intentar incrementar la participación del ciudadano español en las elecciones europeas; sabemos que son las elecciones que arrojan un mayor índice de abstención de los ciudadanos españoles y acaso el debate que
facilite el referéndum sirva para aumentar esa participación. Y en tercer lugar --y no menos importante desde nuestro punto de vista--, una labor pedagógica, que es la de intentar acercar las instituciones europeas al ciudadano español, tanto las
instituciones europeas como el acervo legislativo de la Unión Europea, que es un gran desconocido no sólo para los ciudadanos españoles, sino incluso para los operadores jurídicos --hay un gran desconocimiento sobre la normativa europea y su
eficacia en el ámbito territorial de la Unión Europea a través de los reglamentos de aplicación directa, de las directivas susceptibles de transposición, de las recomendaciones, etcétera--. Me parece importante además que hayamos acuñado --como ha
hecho referencia el senador Molas-- una vez más el término ordenamiento jurídico europeo, que está llamado a tener cada vez una importancia mayor.
Termino reiterando nuestra posición favorable a ambas proposiciones de ley que entendemos, insisto
una vez más, como un debate de una cuestión puramente técnico--jurídica y que no alcanza a más.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Florensa.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Uriarte.
El señor URIARTE ZULUETA: Gracias, señor presidente.
Unicamente quiero decir que hemos tenido ocasión de comprobar que el consenso que existía sobre esta materia continúa, que este portavoz está totalmente de acuerdo con lo que han
manifestado los portavoces que le han precedido en el uso de la palabra y que solicitamos una vez más la aprobación de estas dos proposiciones de ley. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Uriarte.
Estas dos proposiciones de ley serán sometidas a votación en el transcurso de la sesión plenaria que celebraremos esta tarde.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO PARA ATENDER EL PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTADAS POR LA HEPATITIS C COMO CONSECUENCIA DE HABER RECIBIDO TRATAMIENTO CON CONCENTRADOS DE FACTORES DE COAGULACION EN EL
AMBITO DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO, POR IMPORTE DE 19.833.396 EUROS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000167) (C. D. 121/000166).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Punto cuarto del orden del día: Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito
extraordinario para atender el pago de ayudas sociales a personas afectadas por la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, por importe de
19.833.396 euros. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
No se han presentado enmiendas a este proyecto de ley dentro del plazo que al efecto se señaló. En consecuencia, procedemos al debate del proyecto.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno
en contra? (Pausa.) Turno de Portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana
de Progrés? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador González Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Seré muy breve, señor presidente.
Anuncio el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista y simplemente quiero dar una explicación a las personas afectadas --estamos hablando de más de 1.000 personas que
resultaron contaminadas por el tratamiento con hemoconcentrados.
Hemos tardado cuatro años desde la ley de acompañamiento y posiblemente las ayudas que han sido aprobadas y que hoy vamos a dotar presupuestariamente no sean las que nos hubieran
gustado a ninguno --quizá se podría discutir si el país, el Estado, debiera haber sido más generoso--, pero lo importante es que al menos en el sistema público se reconoce la necesidad de indemnizar a aquellas personas que han resultado dañadas en
su salud por una práctica que no ha sido lo suficientemente cuidadosa. En este sentido, a los socialistas nos hubiera gustado que este crédito extraordinario se hubiera votado antes y tal vez debiéramos haber llegado a un acuerdo para que el censo
total hubiera recogido a todos los afectados.
Nada más que eso.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador González Príncipe.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Gámez.
La señora GAMEZ MATA: Buenos días. Muchas gracias.
Simplemente voy a contestar a la intervención del senador González en el siguiente sentido. Nosotros también opinamos que se debe resarcir a quienes por unos errores o por unas
deficiencias en la detección de una enfermedad adquieren el virus de otra enfermedad que les va a afectar para toda la vida --partiendo, además, de que son personas que eran ya enfermas porque tenían coagulopatías y fueron tratadas en su momento con
factores para paliar esas coagulopatías--. Creo que ese daño no se puede resarcir de ninguna manera, y menos con dinero, pero las ayudas sociales podrán consolar un poco a los afectados.
Efectivamente, mi grupo parlamentario está de acuerdo en que
llevan muchos años esperando esas ayudas, porque es una enfermedad que adquirieron en los años ochenta y, curiosamente, tengo una hija de los años ochenta y ya es independiente en el terreno profesional. Sin embargo, quiero recordar que el Grupo
Parlamentario Socialista estaba en el Gobierno entre el año 1990 --momento en que se descubrió el problema-- y 1996; y aunque no voy a decir que sería deseable que hubieran puesto el dinero, porque sé que es muchas veces lo más difícil, sí podrían
haber colaborado con la elaboración de una ley. En este sentido, todos los años se presentó una ley de acompañamiento a los presupuestos en la que se pudo recoger que estas personas recibiesen una ayuda social e, incluso, tuvieron seis años para
hacer el censo.
Pudieron haber adelantado mucho el trabajo y, quizá, no sería necesario que hoy aprobásemos este crédito extraordinario sino que el Grupo Parlamentario Popular podría haberlo propuesto hace cuatro, cinco o seis años.
Efectivamente,
ha transcurrido mucho tiempo, pero creo que no se debe reprochar una tardanza cuando uno es cómplice o partícipe de la misma.
Muchas gracias. (El señor González Príncipe pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Gámez.
Senador González Príncipe, ¿pide la palabra en base al artículo 87?
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Sí.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Su señoría tiene la palabra por un minuto.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Me sobrará tiempo.
Yo sí quiero pedir disculpas en nombre de mi grupo parlamentario y de mi partido. Llegamos tarde, pero como dice mi madre, lo importante es llegar. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada
Presa): Muchas gracias, senador González Príncipe.
Senadora Gámez, dispone de un minuto.
La señora GAMEZ MATA: Intervengo simplemente para decir que en eso estamos de acuerdo: lo importante es llegar; y hoy hemos llegado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Gámez.
Finalizado el debate, someteremos este proyecto de ley a votación a lo largo de la próxima sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las catorce horas y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE SANIDAD Y CONSUMO EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 35/1988, DE 22 DE NOVIEMBRE, SOBRE TECNICAS DE REPRODUCCION ASISTIDA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
621/000165) (C. D.
121/000171).
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Dictamen de la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con el proyecto de
ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de diciembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora López Garnica.
La señora LOPEZ GARNICA.: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida, remitido por el Congreso de los Diputados tuvo
entrada en el Senado el pasado día 31 de octubre de 2003. De conformidad con las previsiones del artículo 104 del Reglamento del Senado se remitió en la misma fecha a la Comisión de Sanidad y Consumo. Al mismo tiempo se abrió un plazo para la
presentación de enmiendas hasta el día 4 de noviembre, que sería posteriormente ampliado hasta el 6 de noviembre de 2003. Al final de dicho plazo se presentó una propuesta de veto y un total de 66 enmiendas. Todos estos extremos fueron objeto de
publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 165 (a), (b), (c) y (d), de fechas 31 de octubre, 4 y 10 de noviembre de 2003 respectivamente.
La Ponencia, reunida el día 10 de noviembre, emitió informe
publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie II, número 165 (e), de fecha 13 de noviembre de 2003, sin introducir modificaciones respecto del texto remitido por el Congreso de los Diputados.
La Comisión de Sanidad y
Consumo, a la vista del citado informe de la Ponencia, se reunió el pasado día 13 de noviembre de 2003, aprobando como dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados, «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número
165 (f) de fecha 17 de noviembre de 2003.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Se ha presentado una propuesta de veto; es la número 1, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés. Tiene la palabra el senador señor Espasa.
El señor ESPASA I OLIVER: Señor presidente, señoras y señores senadores, hasta este momento tenía alguna esperanza, pero tengo que hacer aquello que escribió Dante a la puerta del infierno: «Lasciate ogni speranza». El PP no se ha movido,
el PP no quiere consensuar nada, la ministra de Sanidad dice que esta ley es el punto de equilibrio justo en el tema que vamos a tratar, y sí lo es, señorías, pero lo es dentro del Partido Popular, entre las distintas percepciones que sobre tan
importante tema, como es la investigación utilizando preembriones no viables para producir células madre se producen en este ideologizado partido del PP. Es un punto de equilibrio dentro del PP, no es el punto de equilibrio con la sociedad española
ni con la comunidad científica española. La comunidad científica y la sociedad españolas venían reclamando este paso adelante que se va a dar con la aprobación de esta ley, cosa que reconocemos y aplaudimos. Lo venían reclamando por razones
científicas de investigación, por razones de no perder el tren de la investigación en España respecto del resto del mundo, y también por razones de necesidades terapéuticas, por ejemplo, la posibilidad que parece haberse abierto de utilizar estas
células troncales para producir efectos beneficiosos en los enfermos de diabetes a través de producirse transplantes de células de los islotes de Largerhans, que curarían la diabetes en estos enfermos.
Es decir, ha habido una demanda científica y
una demanda social, y eso ha movido a la ministra Ana Pastor a dar un paso valiente hacia adelante que reconocemos. Es un paso con el que se abre en parte la puerta. Pero si yo fuese Frank Sinatra y estuviese aquí la ministra le cantaría aquello
de «Smoke gets in your eyes», es decir, el humo ciega tus ojos, señora ministra. El humo de la ideología ha cegado los ojos de la ministra a la hora de dictar esta ley. Y ha cegado los ojos de la ministra porque, siendo un paso adelante y
permitiendo la investigación con los preembriones sobrantes fruto de la Ley 35/1988, es decir, la ley de reproducción asistida que ahora vamos a modificar, introduce tres cortapisas enormemente incongruentes, impresentables e inexplicables.
Me voy
a referir a ello para que sus señorías entiendan por qué presenta un veto un grupo parlamentario que considera que la ley es positiva y sirve para algo. Lo presentamos porque pensamos que podía abrirse una negociación sobre los tres elementos
profundamente contradictorios que contiene la ley, sobre todo uno de ellos: el del estatuto jurídico de los preembriones sobrantes, y es que la aprobación
de la modificación de ley que vamos a aprobar hoy puede requerir, de nuevo, una aclaración por parte del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, estamos ante un tema importante y profundo.
¿Cuáles son estos tres puntos en los que no estamos
de acuerdo y que justifican nuestro veto? En primer lugar, soló pueden fecundarse tres ovocitos, y así se recoge literalmente en el texto de la ley. Se pueden hacer interpretaciones benévolas sobre lo que dice la ley, pero eso es lo que dice
aunque no debería ser así. La ley tendría que establecer que de la inseminación de ovocitos pueden resultar como máximo tres ovocitos fecundados, pero para conseguirlos hay que inseminar o poner en contacto más de tres ovocitos y espermatozoides.
Esto debe quedar claro en la ley, porque, si no, estamos ante un absurdo científico y una limitación poco práctica y, por tanto, inaceptable por parte de la comunidad científica que trabaja en estas materias. Todo el mundo sabe, también las
señorías del Grupo Popular que conocen el tema, que para conseguir la fecundación de tres hay que poner en contacto más ovocitos y espermatozoides.
Por otro lado, estamos de acuerdo, y por eso no lo hemos enmendado, en la limitación de los tres
preembriones a transferir. Por lo tanto, no voy a hablar más de eso. Creemos que es una medida arbitraria pero ética y moralmente acertada. Estamos aquí para fijar unos límites dentro de la actividad científica, y en el caso de la transferencia
de preembriones estamos de acuerdo en que sean tres. Ahí no tenemos nada que decir, pero sí que la limitación de tres ovocitos encubre dos falsedades. Se dice que así no se van a producir partos múltiples, pero eso no es verdad --y lo saben los
senadores del Grupo Popular--, ya que, básicamente, se producen por una estimulación hormonal seguida de inseminación y no por transferencia de preembriones. Por lo tanto, sobre esto, que dicen que es el «leitmotiv» de la ley, no hacen nada y
resulta un engaño, y no es bueno que las leyes falseen la realidad científica.
En tercer lugar, la limitación de tres ovocitos va a limitar --y valga la redundancia-- la eficacia de los ciclos reproductivos y, por lo tanto, del conjunto de
terapéuticas. Hay que tener en cuenta que, al fin y al cabo, estamos hablando, no de investigación con preembriones, sino de una técnica que sirve para reducir partos múltiples y ayudar a que las parejas o mujeres no fértiles puedan tener
descendencia. La ley que ahora modificamos es fundamentalmente una ley de reproducción humana asistida, no pierdan eso de vista. Por lo tanto, el deseo de conseguir menos partos múltiples y una mayor eficacia en la reproducción asistida queda
deteriorado con esta limitación de los ovocitos que ustedes introducen.
El segundo tema y más importante ética, jurídica y moralmente, y por lo tanto también políticamente, es el estatuto jurídico de los preembriones sobrantes. Aquí se produce,
señoras y señores senadores, una paradoja absolutamente sorprendente. Resulta que los preembriones sobrantes de la Ley 35/1988, una vez cumplidos los requisitos exhaustivos que contempla la ley, que nos parecen bien y que no hemos enmendado, pueden
utilizarse para la investigación. Muy bien, ése es el aspecto positivo de la ley.
Pero resulta que los preembriones que se van a producir después de la aplicación de esta ley ya no pueden ser utilizados para investigación.
Estos solo pueden ser
utilizados para reproducción. La ley viene a decir dos cosas: primero, no se producirán embriones sobrantes --de ahí la limitación de los ovocitos y la limitación de la transferencia de preembriones-- y, segundo, si se producen, serán destinados a
reproducción humana, no a investigación, es decir, que inventen ellos. A partir de la entrada en vigor de esta ley, cuando agotemos los preembriones que, cumplidos los requisitos, pueden servir para la investigación, España ya no produce más
preembriones, España es un limbo jurídico en el mundo que no produce preembriones y, por lo tanto, no tiene el problema ético, jurídico y moral de qué se hace con los preembriones sobrantes.
Dicho de forma más cruda, los preembriones a que se
refiere la Ley de 1988, aquella ley que aprobó todo el sector progresista de la Cámara y que votó en contra la derecha y, además, llevó ante el Tribunal Constitucional --lo firmaron un señor que se llama Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde y
68 diputados más del Grupo Popular y fue un recurso de mala fe que perdieron estrepitosamente, porque la sentencia, como se dice en términos taurinos, les dio un buen revolcón--; por tanto, aquellos preembriones a que se refiere la ley de 1988 irán
a investigación, pero los preembriones a que se refiere la ley modificada por la mayoría absoluta del Partido Popular solo sirven para reproducción humana.
Por tanto, ustedes establecen una diferencia jurídica inaceptable entre unos preembriones y
otros, porque ustedes saben y reconocen que, no ex profeso sino por la pura práctica científica --y no se refieran al convenio de Oviedo--, se producirán preembriones sobrantes. Les recuerdo que el Tribunal Constitucional en las dos sentencias
fruto de sus recursos delimita muy precisamente cuál sería este estatuto jurídico y habla de un bien jurídico a proteger, que, si bien no tiene la misma intensidad que si se tratase de una persona, sí tiene un grado bastante alto de intensidad en
cuanto a dicha protección jurídica.
¿Me van a explicar ustedes cómo razonarán el diferente estatuto jurídico de los preembriones hijos de la ley que ustedes modifican del que tienen los preembriones anteriores? Creo que no lo van a poder demostrar
y que nuevamente tendrá que ser el Tribunal Constitucional el que diga que todos los preembriones en España sirven para lo mismo, o tienen el mismo estatuto jurídico, y después ya decidiremos con las leyes para qué pueden o no ser utilizados. Pero
lo que no se puede hacer es introducir mediante una ley ordinaria una diferencia de tal calado ético, moral y jurídico que entre en contradicción con la sentencia del Tribunal Constitucional en la vida legislativa, en el Derecho positivo español y,
por lo tanto, en la actividad científica de nuestra comunidad científica española.
Se están ustedes equivocando en este punto y por eso esperábamos la rectificación. Pero ya hemos dicho que hemos entrado en el infierno ideológico del Partido
Popular y hemos dejado toda esperanza fuera.
Finalmente, señor presidente, señoras y señores senadores, el tercer motivo de la objeción es la locura centralizadora
y ejecutora que le ha entrado al Partido Popular en el diseño del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa.
Resulta, señoras y señores senadores, que en materia de sanidad hay una reserva para el Estado --lo sabemos
perfectamente-- según el artículo 149.1.16ª de la Constitución, respecto a la coordinación y bases generales de la sanidad, y hay una reserva para investigación, fomento y coordinación general de la investigación, según el artículo 149.1.15ª.
Pero
es que, señoras y señores senadores, de ahí se pasa a que sólo se puedan descongelar los preembriones que van a servir para formar líneas celulares de células troncales en un solo centro, es decir, existe desconfianza en la arquitectura
constitucional de nuestro Estado; desconfianza en el papel normalizador de las leyes; desconfianza en el papel vigilante de las autoridades sanitarias, y desconfianza en la ejecución de las leyes por parte de los centros sanitarios o de
investigación que eventualmente estuviesen habilitados al efecto. Por tanto, cuatro desconfianzas.
Llegamos a una invasión no ya de competencias en ejecución o en desarrollo legislativo, sino en la propia práctica científica, en la propia práctica
médica. Es tal el grado de locura centralizadora que es como si resultase que para detectar si hay o no determinadas patologías rectales en los españoles decretásemos por ley que los tactos rectales se harán todos en Madrid. Es algo así, señorías,
y como diría don Camilo José Cela, un tacto rectal es meter el dedo en el culo. Esto es lo que dice esta ley. Sólo se pueden descongelar embriones en el Centro Nacional de Medicina Reproductiva y de Trasplantes, es decir, centralización en la
ejecución profesional, no ya en la vigilancia de las leyes sino en cómo se opera, cómo se visita, cómo se descongela un embrión. Esta es una desconfianza radical no solamente en los científicos sino en las autoridades sanitarias, sus propias
autoridades, las autonómicas. Es decir, sólo el Partido Popular, sólo el Centro Nacional puede descongelar preembriones, porque no vaya a ser que los consejeros de sanidad autonómicos se conviertan en aprendices de Frankenstein que vayan clonando
españolitos por las esquinas.
Repito, todo ha de ser en el Centro Nacional y sólo una descongelación.
Entonces, iremos enviando paquetes postales de preembriones congelados de los centros a Madrid y viceversa con las líneas celulares troncales,
pero sólo se descongelarán en un centro. Esta es una locura centralizadora que creía que ya no vería pero, como se dice, no hay que morirse nunca porque siempre se ven cosas nuevas. Y ustedes han conseguido hacer algo realmente nuevo y
sorprendente.
Señorías, señoras y señores senadores, esta es nuestra primera intervención sobre esta cuestión. Hemos dicho --y aún lo mantenemos-- que no queríamos sostener este veto. La ley tiene aspectos francamente positivos, lo reconozco. Lo
he dicho, senadora López Garnica, pero también tiene tres contradicciones muy graves.
Queríamos ayudar a superarlas, pero parece que no es posible porque, señorías, esta ley no es un equilibrio entre la exigencia ética y la exigencia moral a la que
nos obliga el Convenio de Oviedo, nuestro papel de legisladores, y las demandas de la comunidad científica que en ocasiones se extralimitan en lo que puede y debe ser. No se llega a ese punto de equilibrio que sería bueno y en el que me tendrían a
su lado. Es un punto de equilibrio sólo dentro del Partido Popular.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra. Tiene la palabra el senador señor García-Talavera.
El señor GARCIA-TALAVERA CASAÑAS: Muchas gracias, señor presidente.
Senador Espasa, señorías, me gustaría comenzar esta intervención con un punto más de sosiego que su iniciativa, y por ello quisiera comenzar agradeciéndole el expreso
reconocimiento que en el texto de su veto se manifiesta sobre la oportunidad del proyecto que hoy debatimos, la necesidad de encauzar los riesgos y problemas éticos derivados de los avances en la investigación biomédica y el carácter razonable de
las soluciones propuestas en la ley. Sin embargo, a pesar de ese comienzo esperanzador de la justificación de su veto, senador Espasa, seguidamente aparecen en la misma reflexiones que contradicen lo señalado y que, en definitiva, vienen a
justificar desde su punto de vista la presentación del mismo.
Pues bien, en este turno en contra voy a tratar de convencerle de que su afirmación inicial iba bien encaminada y de que han sido precisamente sus argumentos posteriores los que le han
llevado al error de mantener el veto. Además, mi intervención irá dirigida en la medida de lo posible a acercar posturas en este debate, porque considero que todos coincidimos en que el objeto de esta ley merece el máximo esfuerzo posible para
tratar de alcanzar el consenso o al menos el entendimiento de las distintas posturas.
En primer lugar, éste es un proyecto de ley cuyo texto ha sido elaborado con la mayor prudencia y el mayor rigor científico y ético, con el propósito principal de
resolver un problema que se ha generado, y continúa generándose, por el desfase temporal entre una ley promulgada en 1988 y el avance cada vez más rápido e inexorable de la investigación científica. Por razón de dicho desfase hoy somos conscientes
de situaciones que con toda probabilidad era imposible prever en 1988, tales como los riesgos materno-fetales derivados de los embarazos múltiples y la necesidad, en consecuencia, de su prevención. No estoy diciendo que sea esta la única causa de
los embarazos múltiples, pero nadie me puede rebatir que no sea un motivo importante.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta la existencia de problemas de tipo sanitario, ético y de inseguridad jurídica. Y en tercer lugar, el elevado número de
preembriones humanos sobrantes de la fecundación in vitro, que permanecen congelados y con un destino incierto.
Convendremos en que, si bien la Ley 35/1988 ha contribuido a resolver de manera eficaz los problemas de infertilidad en nuestro país, la
misma no limitaba el número de óvulos a fecundar ni de embriones que se podían transferir por ciclo y a una mujer, admitiendo la posibilidad de crioconservar los embriones no utilizados. Ello ha llevado
a que en estos momentos exista, como acabo de indicar, un enorme número de embriones congelados --varias decenas de miles, por no citar una cifra mucho más alarmante--, cuando las técnicas de reproducción asistida se han desarrollado con tal
nivel de éxito, que nada tienen que ver con los resultados de finales de los años ochenta y permiten en estos momentos que los fines reproductivos puedan ser alcanzados sin continuar generando este problema.
Como consecuencia de lo expuesto, en una
mano tenemos la acumulación de un elevado número de embriones no transferibles a sus madres, almacenados en los centros de reproducción asistida y sin un futuro claro; y en la otra, el avance de la ciencia y la tecnología en el campo de la terapia
celular y la medicina regenerativa, lo que reclama el interés investigador sobre las células madre procedentes de embriones que no vayan a ser transferidos, como alternativa a su descongelación. En este punto estimo imprescindible aclarar que de un
solo embrión la ciencia permite obtener numerosas líneas celulares para la investigación, y dejo sobre la mesa esa reflexión, para que la gente recapacite.
En esta tesitura hemos apostado por la prudencia y el análisis riguroso de la realidad
científica y las implicaciones éticas, tratando de huir en todo momento de una posición partidista, procurando así estudiar la cuestión planteada desde todos los puntos de vista, de manera que la solución contemplada en la ley no supusiera un
planteamiento de oposición radical a las muy diversas opiniones que en un asunto tan complejo hay necesariamente involucradas.
Por ello, nuestra primera actitud fue consultar a los expertos para recibir información de primera mano sobre el estado
de la ciencia, así como de las implicaciones sanitarias, éticas y jurídicas de las distintas alternativas. En este sentido, hemos recogido las recomendaciones de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y del Comité Asesor de Etica, del
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Señorías, no hemos hecho sino adaptar lo que la sociedad científica y jurídica venía demandando.
Por todos estos motivos, consideramos que este proyecto de ley se basa en un texto equilibrado, de exquisita
prudencia y rigor científico y ético, que recoge todas las sensibilidades, dando una solución ética y a la vez permeable a la investigación ante un problema generado en el pasado.
Insisto en que la reforma que hoy debatimos introduce las medidas
necesarias para evitar la práctica de técnicas ya superadas, que generan una alta tasa de partos múltiples y sus temibles efectos adversos. Ello se consigue mediante el establecimiento de un máximo de tres embriones por ciclo y con el límite de
fecundar tres ovocitos por mujer y ciclo.
¿No creen sus señorías que una situación sin límites aún generaría un caos mayor que el que ahora se pretende corregir? Por otra parte, en el caso de que sea necesario crioconservar los embriones ello se
hará en un plazo acorde con la vida fértil de la mujer y el compromiso de la responsabilidad de los progenitores sobre sus preembriones. Además, su destino tendrá siempre fines reproductivos; en otras palabras, serán transferidos a su madre o
donados a otras parejas con el mismo fin. (La señora Aránega Jiménez: ¿Y si no hay?) Asimismo, se contempla que, en casos excepcionales y por razones clínicas de los progenitores, se podrá fecundar un número mayor de ovocitos de acuerdo con el
protocolo que elaborará el Ministerio de Sanidad y Consumo asesorado por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Ese es, sin duda, el elemento que flexibiliza la ley; por tanto, no digan que ésta es una ley inflexible.
Por otra
parte, se aumenta el plazo de criopreservación de semen y se optimiza la congelación de óvulos según los últimos avances de la técnica. Se introduce en los centros de fecundación in vitro un seguro para proteger los embriones crioconservados hasta
que sean transferidos.
Queda perfectamente explicitada la prohibición y comercialización del material celular procedente de la descongelación de los embriones sobrantes, anteriores a la entrada en vigor de esta ley, previo consentimiento informado
de las parejas progenitoras y al no haber sido transferidos a su propia madre ni a otra en lista de espera.
Por último, señorías, y en apelación a la responsabilidad y a la ética, se asegura el cumplimiento de las normas y principios que regulan el
uso de células y tejidos de origen humano destinados al trasplante, así como el debido respeto a la vida y a la dignidad humana mediante la creación del centro nacional de trasplantes y medicina regenerativa, que velará por el cumplimiento de los
requisitos recogidos en el punto 4 de la disposición final primera, que no quisiera ahora tener que explicar.
Así pues, senador Espasa, creo haber dado argumentos más que suficientes para la no aceptación de su veto. No obstante, para finalizar
trataré de responder puntualmente a las razones que, según su criterio, fundamentan la presentación del mismo: un supuesto distinto trato para embriones crioconservados antes y después de la entrada en vigor de la ley, y una supuesta desconfianza
en las garantías científicas y éticas de las comunidades autónomas y centros privados.
En cuanto a la primera de estas razones debo decir que, si como ya hemos dicho, las técnicas existentes hoy día permiten que la generación de embriones se ajuste
a las necesidades reproductoras de la pareja, y por tanto --si se nos permite utilizar esta expresión--, que no existan embriones sobrantes, el distinto tratamiento que usted plantea no se ajusta a la realidad, pues no se puede tratar de forma
desigual algo que la ciencia ya está en condiciones de evitar que se produzca. Que sobren embriones no parece coherente ni natural; que se queden sin transferir aún lo es menos, pero que estos contribuyan a los partos múltiples con el consiguiente
riesgo para madres e hijos es todavía un mayor desatino. Un mayor número de embriones sólo tendría explicación cuando sea clínicamente necesario y exista el compromiso de los padres para que les sean transferidos. Considero que esto es algo fácil
de comprender y compartir.
Al mismo tiempo, y tras un serio proceso de reflexión científica y ética, la ley contempla la posibilidad de utilizar para fines de investigación científica las células madre procedentes de preembriones existentes con
anterioridad. Ello
es así porque la ley trata de evitar que el problema de los embriones almacenados se siga produciendo en el futuro. Sería incoherente prever la investigación con algo que se pretende deje de producirse. La solución que plantea la ley es la
misma que han adoptado la práctica totalidad de los países avanzados de nuestro entorno, como Francia, Alemania, Suiza o Estados Unidos. La propia Comisión Europea presentó el pasado mes de julio su propuesta del programa marco para la
investigación con células madre, donde se establece que sólo podrán ser financiados los proyectos que utilicen células obtenidas a partir de embriones sobrantes anteriores al 27 de julio de 2002. Sé que hoy ha habido una votación en ese sentido,
tema éste que, si usted lo desea, luego podremos entrar a considerar. Con estos antecedentes queda claro que la teoría del doble rasero, o de que es absurdo poner límites a la investigación, se contradice con la experiencia internacional, por lo
menos con la de los países que abordan estos problemas con una cierta prudencia.
Por lo que se refiere a esa supuesta desconfianza en centros de investigación de comunidades autónomas o privados, que usted deduce de la creación de un centro
nacional de investigación celular y medicina regenerativa, dotado de un banco nacional y asistido por una comisión de seguimiento, he de decirle, senador Espasa, que dicha creación no responde a ninguna desconfianza, sino a la necesidad de crear un
organismo que coordine la aplicación de la ley, dado que la experiencia actual nos muestra que sin dicha coordinación, ésta difícilmente alcanzará en la práctica sus objetivos. Por otra parte, dicha labor de coordinación no impide, sino que, por el
contrario, favorece que las labores de investigación se repartan entre los diversos centros públicos y privados distribuidos por todo el territorio nacional bajo la filosofía de compartir esfuerzos y evitar cotos cerrados en labores investigadoras.
De esta manera se pretende que el centro nacional sea el pivote en torno al que se articule el trabajo en red de todos los investigadores españoles en esta materia, por lo que todos podrán seguir trabajando.
En definitiva, señorías, mi grupo
entiende que la ley responde a la necesidad de la sociedad española en materia de reproducción asistida; incorpora los criterios científicos más recientes, y sitúa la investigación desde un punto de vista ético y jurídico en una posición prudente a
la vez que responsable, aceptable para todos y que no perjudica a nadie. Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de su propuesta de veto.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) En su nombre tiene la
palabra la senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
Estamos debatiendo el proyecto de ley que modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida y concretamente en estos momentos estamos de alguna forma
fijando posición en relación con el veto presentado a este proyecto de ley por parte del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.
Desde el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, debemos decir que es necesaria la
modificación de la Ley 35/1988 y es preciso adaptarla a las necesidades actuales y a la evolución experimentada con respecto a las técnicas de reproducción asistida. Por otro lado, también entendemos que es necesario prevenir posibles situaciones
de riesgo materno--infantiles derivadas de las gestaciones múltiples, así como clarificar el panorama actual abierto por la investigación con células madre embrionarias y la capacidad regeneradora de dichas células en diversos problemas de salud,
sobre todo en procesos degenerativos que afectan a una parte importante de la sociedad, así como la capacidad terapéutica en determinadas enfermedades tales como la diabetes, por mencionar alguna de ellas.
La ley que en estos momentos estamos
debatiendo es compleja por delicada y vuelvo a reiterar las mismas palabras que expresé en su momento en la comisión, y digo delicada por la existencia de visiones, posiciones y perspectivas contrapuestas en las que conjugar el respeto a todas es
difícil pero no imposible. Es necesario adecuar la ley de 22 de noviembre de 1988 sobre técnicas de reproducción asistida a la situación actual y dar respuesta a situaciones no contempladas en la misma, y creo que en este sentido no hay ningún
grupo parlamentario que lo objete.
Sin embargo, el planteamiento que se realiza en el proyecto de ley que hoy debatimos al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no le convence del todo y ello porque consideramos que la respuesta que
se da a quienes abogan por el derecho a la protección de su salud y que consideran que la investigación con células madre embrionarias pueden proporcionarles calidad de vida, vida de calidad, así como a quienes solicitan que se respete el derecho a
la vida, es una respuesta parcial.
La disposición final primera al hablar del destino de los preembriones crioconservados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley es un claro ejemplo.
Por otro lado, consideramos que el deseo de formar una
familia con hijos/hijas en la misma que tienen muchas parejas que actualmente han de recurrir a técnicas de reproducción asistida pueden tener ciertas limitaciones que considero que ningún grupo parlamentario de esta Cámara desea, como pueden ser un
menor éxito reproductivo, un incremento en las listas de espera y un mayor coste económico.
Las modificaciones introducidas en relación con el número máximo de ovocitos a fecundar por ciclo, que tienen el fin --que compartimos de alguna forma-- de
evitar embarazos múltiples y procesos de gestación con un índice de riesgo materno-infantil considerable, no va a incrementar el éxito reproductivo, no va a reducir listas de espera ni períodos de tiempo para iniciar los tratamientos de fertilidad
ni va a reducir el coste económico que incide en el gasto sanitario por distintas razones.
Una de ellas es que la limitación
afecta a las técnicas in vitro y no a la estimulación ovárica e inseminación artificial, con lo cual se podrán seguir produciendo embarazos múltiples.
El gasto sanitario achacable a la atención neonatal y posteriores derivados de los
riesgos de embarazos múltiples tendrá una incidencia limitada en cuanto a su reducción. Por otro lado, la limitación en el número máximo de ovocitos a fecundar por ciclo y teniendo en cuenta que la tasa de fertilización de las dos técnicas
involucradas es de un 60-70 por ciento llevará, en consecuencia, a que al no poder seleccionarse los embriones para su implantación, la tasa de embarazo por ciclo caerá y lo hará en un 15 por ciento menos que la mitad de la de ahora. En
consecuencia, se reduce el éxito reproductivo, conllevando la necesidad de someter a la mujer a nuevos tratamientos, con el consiguiente incremento de gasto sanitario, sin obviar, por supuesto, el desgaste psicológico personal por el fracaso
reproductivo y sin tener en cuenta hasta el físico al que se somete a la mujer y por extensión a su pareja.
A la par, esta situación va a generar que las listas de espera se incrementen en vez de reducirse, con la consiguiente inquietud para
quienes esperan y ansían ver cumplidos sus deseos de tener un hijo.
Incidir en la reducción de la lista de espera supone, tal y como se contempla en estos momentos en el proyecto de ley, a juicio de este grupo parlamentario, un incremento del gasto
sanitario. La ley, lejos de abordar esta cuestión, la complica, a nuestro juicio, por la limitación establecida.
La disposición final primera, por otro lado, habla del destino de preembriones crioconservados con anterioridad a la entrada en vigor
de la ley, en la la redacción que se plantea en la misma es respetuosa con las decisiones de los progenitores, o de la mujer en su caso, de dichos preembriones. Además, es respetuosa con los distintos cuestionamientos y planteamientos éticos
realizados con respecto al destino y utilización de los mismos, abriéndose una puerta a la protección de la salud que reclaman numerosas personas afectadas por distintas patologías que pueden mitigar los efectos de las mismas en su vida gracias a la
investigación con células madre embrionarias, pudiendo tener vida de calidad, vuelvo a reiterar, y calidad de salud, teniendo en cuenta las distintas líneas de investigación abiertas y los resultados constatados obtenidos de las mismas. Es una
puerta abierta a la esperanza que compartimos, que debe contar con un estricto control y un único fin en el ámbito de la investigación biomédica y de medicina regenerativa y que no es otro que la mejora de conocimientos médicos para la puesta al día
de nuevos métodos diagnósticos preventivos o terapéuticos aplicables al hombre.
Tengamos en cuenta que para quienes ven una solución o mejora a su problema de salud en las expectativas abiertas por estas líneas de investigación, se reivindica un
derecho reconocido constitucionalmente que es el derecho a la protección de su salud y que incide directamente en su vida.
Estamos totalmente de acuerdo en que no se puede generar de forma intencionada y menos permitir preembriones para
investigación. Lo único que planteamos es la necesidad de tener en cuenta y utilizar criterios idénticos y coherentes en relación con preembriones sobrantes tanto con anterioridad, como con posterioridad a la entrada en vigor de la ley con todas
las salvaguardas necesarias en los mismos términos en los que se recoge en la disposición final primera.
Desde el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, siendo respetuosos con todas las posturas existentes actualmente, en relación
al destino que deben tener los preembriones crioconservados sobrantes existentes o los que pudieran existir en el futuro deben ser objeto de criterios idénticos y coherentes y en adecuado equilibrio entre quienes demandan el respeto al derecho a la
vida al derecho constitucional que reconoce la protección a la salud de quienes tienen puesta su esperanza en el cumplimiento de ese derecho para con sus personas a través de vías que esta ley abre con respecto a ese derecho. No digo que no se
cumpla el derecho a proteger la salud, pero el ejercicio del mismo entraña dar respuesta adecuada a las necesidades de salud que hoy en día tienen muchas personas. Ambas demandas residen en criterios éticos.
En relación con la disposición final
segunda, la presente ley se aprueba al amparo del artículo 149.1.15ª y 16ª de la Constitución Española que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica y en
materia de bases de la sanidad. Estamos totalmente de acuerdo con la redacción y en desacuerdo en cómo se trasladan ambas al texto de la ley: primero, fomento de la investigación también es competencia de las comunidades autónomas, es una
competencia compartida; segundo, bases de la sanidad; señorías, estamos hablando de bases de la sanidad. La ley se excede, entra de lleno en gestión sanitaria, competencia exclusiva de las comunidades autónomas, y ello lo hace a través de los
términos en que se establece la creación del centro nacional de trasplantes y medicina regenerativa como organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo a través de los fines generales que se le atribuyen y la estructura que se crea
dentro del centro, el banco nacional de líneas celulares, porque las funciones que se le atribuyen son desde cualquier punto de vista gestión sanitaria. Por tanto, en la ley hay una serie de aspectos que quedan sin cubrir las expectativas y ni tan
siquiera en su totalidad las recomendaciones, senador García-Talavera, hechas incluso por la Comisión de Reproducción Humana Asistida.
En principio y respecto a la primera cuestión que he planteado al inicio de mi intervención, de que la ley es
necesaria y compleja por delicada, tengo que manifestar que sí tenemos serias objeciones sobre el contenido de la ley, por lo que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos se va a abstener en el veto.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Espasa.
El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor presidente.
Señor García-Talavera, voy a dar respuesta a sus objeciones a mis argumentos. En primer lugar, según el Convenio de Oviedo no se pueden producir preembriones humanos con fines expresos de investigación. De acuerdo. Nadie dice lo
contrario. No nos haga decir lo que no decimos.
Estamos de acuerdo con eso y, de hecho, España lo ha ratificado y estamos orgullosos de que así sea, pero eso no empece para que de ahí puedan ustedes deducir, proclamar y postular que en el curso
normal, no torticero, de la práctica clínica de medicina reproductiva, de asistencia a parejas y mujeres no fértiles, no se vayan a producir preembriones sobrantes. Se van a producir, no ex profeso, simplemente por la práctica clínica natural y
normal y negar eso es negar la obviedad.
¿Por qué lo hacen ustedes? Porque en el fondo están metidos en una contradicción ideológica muy profunda. Ya lo sé. Y les miro con la máxima caridad de la que soy capaz, pero están ustedes metidos en una
contradicción muy seria. ¿Es o no es persona humana el preembrión? ¿Es o no es vida humana como dice Ratzinger, como dice el Papa, la célula fecundada, el ovocito fecundado? Están ustedes haciendo pecadillos. Están haciendo pecadillos, señores
del Partido Popular . Ratzinger y el Papa dicen que hay vida humana ya en el ovocito fecundado. Y ustedes dicen: vamos a hacer un pecadillo hasta la «ley de los rojos», hasta la ley de 1988, pero con nuestra ley se acabaron los pecados. Se
acabaron los pecados. No hay preembriones, no hay investigación. Por lo tanto, estamos cumpliendo a rajatabla la «Humane Vitae», a rajatabla. Esto es la ley: «Humanae Vitae» en forma de ley del Partido Popular. Esto es. Sé que tienen esta
contradicción y les felicito por el coraje de dar el paso adelante. Lo que pasa es que lo dan sólo para unos y no para los otros. Y ahí está el problema. Ahí está el núcleo duro, no del PC, sino del problema que tenemos aquí. Ahí está el núcleo
duro.
Señor García-Talavera, no me ponga el ejemplo de Estados Unidos que es perverso. Por suerte, España no es tan perversa como Estados Unidos. El señor Bush ha dicho que con fondos públicos no se puede investigar con preembriones, pero con
fondos privados sí. Al menos en España somos más serios. Al menos en España las cosas valen para todos, públicos y privados. Me alegro de ser ciudadano español, claro que sí. Pero no me ponga un ejemplo torticero para decir que mis argumentos
son falsos o no son modernos. A lo mejor ser moderno es ir detrás de los tambores de Estados Unidos. Si esto es ser moderno sean ustedes modernos, yo no.
Hablemos de la desconfianza. No voy volver a los argumentos de tipo profesional que he
desgranado antes en mi primera intervención. Voy a la argumentación jurídico constitucional. ¿Cómo pueden ustedes defender lo que dice literalmente el 149.1.15ª y 16ª de la Constitución? ¿Cómo pueden ustedes, la ministra y todo su equipo, pensar
que el Tribunal Constitucional no se lo cargará de un plumazo? ¿Pero cómo pueden ustedes creer que lo que hacen con el centro nacional de medicina reproductiva y de trasplantes es coordinación y fomento de la investigación o coordinación y bases
generales de la sanidad? ¿Cómo pueden creer que esto se puede comer? ¿Con patatas? Ni con patatas ni con ensalada. No se puede comer. Es una invasión competencial sobre leyes orgánicas, sobre estatutos de la propia Constitución como la copa de
un pino, hecha en una ley ordinaria. Yo no lo entiendo y lo entiendo a la vez. No lo entiendo desde el punto de vista jurídico, científico y político y, en cambio, sí lo entiendo desde el punto de vista ideológico. Por eso, les he dicho que el
humo cegaba sus ojos; y entiendo que quieren ustedes dejar de pecar.
Pecados los del pasado , pecadillos los del pasado, y no pecados para el futuro. Así cumplen ustedes la «Humanae Vitae».
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, debemos señalar que la presentación de este proyecto de ley supone un avance importante. En consecuencia, creo que en su tramitación el Grupo Parlamentario
Popular, y la señora ministra de un modo especial, han sido aplaudidos porque, tal como había quedado la Ley 35/1988, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, suponía un verdadero problema abordar este asunto y avanzar en su resolución. En cambio,
extrañamente, y ayer tarde con otro motivo pudimos manifestarlo, concretamente cuando se debatía la ley del estatuto marco; tras cuatro proyectos de ley, tres en los que en el período de seis meses ha habido un amplio debate, un consenso muy
generalizado y, en consecuencia, una importante modificación asumiendo enmiendas de unos y otros grupos e intentando una aproximación por parte del ministerio; en este caso no se ha producido.
Y no se ha producido en ninguno de los distintos
apartados, porque dentro de las discrepancias que se han manifestado por los diversos grupos de esta Cámara respecto a la solución de los embriones crioconservados y a la tecnología del futuro, concretamente en la fecundación máxima de tres
ovocitos, hay algunos puntos en los que quizá hubiera podido haber alguna aproximación. Y puedo parece un poco ingenuo, pero todavía nos parece que, incluso, hubiera sido más fácil encontrar la aproximación en la otra parte de la discrepancia, en
la que mantenemos a fondo sobre la creación del centro nacional de transplantes y medicina regenerativa, pero no ha habido el menor movimiento por parte del Grupo Parlamentario Popular ni del ministerio. Ya lo veremos en el momento de defender las
enmiendas, pero nos parece absurdo, casi ofensivo, que este centro nacional que no sólo coordinará y determinará las bases generales por las que se rijan los centros, lo cual estaría bien, incluso que acreditase a los centros, además pretenda, y si
Dios no lo remedia lo conseguirá, centralizar en el banco nacional de líneas celulares la elaboración, el almacenamiento, la conservación y la gestión de líneas celulares de diverso tipo.
Lamentamos, sinceramente, esta falta de diálogo por parte
del ministerio y dentro de unos minutos defenderemos
estas enmiendas con la mayor rotundidad posible. En cualquier caso, aun entendiendo el paso que este proyecto de ley significa, no apoyaremos la propuesta de veto del senador Espasa, vamos a abstenernos, lamentando esta falta de diálogo,
este «sostenella y no enmendalla», y no quererse mover ni un milímetro del texto inicial, que ha existido durante toda la tramitación por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador López Carvajal.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista con respecto al veto presentado por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y ya
anuncio que va a ser favorable al mismo. Intentaré razonar cuáles son los motivos que fundamentan nuestra posición política.
En primer lugar, nosotros apoyamos ese veto porque la reforma que hoy debatimos se ha abordado sin ánimo de consenso. Esa
es la primera de las razones, el primero de los argumentos. Y, ¿por qué se ha comportado así el Grupo Parlamentario Popular? Yo creo que por dos razones fundamentales. En primer lugar, por razones puramente electorales. El Gobierno intenta
capitalizar la reforma de esta ley, y el Gobierno ignora que esta reforma es consecuencia de una dinámica externa a su voluntad.
¿Por qué? Esta reforma se lleva a cabo, en primer lugar, como consecuencia del impulso parlamentario que sobre este
tema ha imprimido el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados así como el Grupo de Izquierda Unida, y cuando nosotros presentábamos proposiciones de ley o mociones, ¿cuál era la respuesta del Grupo Parlamentario Popular? Se la
voy a leer. El Grupo Popular sostuvo --y estamos hablando de mayo del año 2002-- que autorizar estos trabajos, es decir, las investigaciones con células madre embrionarias humanas, supondría romper barreras con la vida humana, y entrar en un camino
sin retorno; una senda que el Grupo Popular equiparó --usando como ejemplo «la guerra de las galaxias»-- a abandonar la verdad y la bondad y pasar al lado oscuro. Estas no son palabras de unas Cortes preconstitucionales, sino de las Cortes
actuales, del año 2002. Cuando la izquierda estaba impulsando este debate, ustedes estaban en esta posición política.
En segundo lugar, ustedes han tenido la presión de los comités éticos, de los dos que hay funcionando en este país, de la
Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que hace bastante tiempo que les viene diciendo, en el primer informe de 1998, que aborden esta reforma, así como en el segundo informe del año 2000, que según dice la Comisión Nacional de
Reproducción Humana Asistida no fue recibido oficialmente hasta el 26 de noviembre de 2001, a pesar de que estaba hecho en abril del 2000, por ganar tiempo, porque no tenían todavía las ideas claras; luego, esa presión existe. Como esta línea
argumental no era suficiente, ustedes crearon otro comité nuevo, un comité ad hoc, que fue el Comité de Etica de Investigación Científica y Tecnológica, que les vino a decir exactamente lo mismo: que autorizasen la investigación con células humanas
embrionarias procedentes de los sobrantes de la fecundación in vitro que tuviesen más de cinco años.
Tuvieron otra presión muy importante, posiblemente la que más les preocupó a ustedes, que fue la de los diabéticos; un millón quinientas mil
firmas pidiendo que se investigase, pidiendo esperanza, que no estaban pidiendo resultados a corto plazo, sino esperanza; ustedes nos han acusado a nosotros de demagogos cuando decimos que estamos generando una confianza que no está dibujada a
corto plazo en los diabéticos, y aquí se han discutido mociones para la creación del centro nacional de enfermedades raras y ustedes han llenado la tribuna de enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, que no tienen ninguna esperanza porque ustedes
no van a poner en marcha, ni mucho menos en esta legislatura, ese centro que prometieron aquí.
Y en último lugar, ustedes han tenido la presión de un gobierno progresista de este país, como ha sido el Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha
aprobado una ley, por la que se regula la investigación en Andalucía con preembriones humanos no viables. Aquí está la ley, y todo eso les ha hecho a ustedes cambiar de opinión. Por tanto, ustedes intentan capitalizar una reforma políticamente, y
no les pertenece.
En segundo lugar, ¿por qué ustedes no quieren consensuar este texto? ¿Por qué lo han abordado sin ánimo de consenso? Porque el texto que se nos ofrece es el resultado de un difícil equilibrio en el seno del Partido Popular que
no se puede modificar en esta Cámara. Al Partido Popular la Ley 35/1988 siempre le ha incomodado, siempre. Por eso ustedes la recurrieron, pero no recurrieron uno, dos, tres o cuatro artículos, sino que la recurrieron toda, absolutamente toda,
como aquí bien dice la sentencia del Tribunal Constitucional que le estoy enseñando; la recurrieron toda, y sin embargo no tuvieron más apoyo que el de un voto particular firmado concretamente por don Manuel Jiménez de Parga, que si no me equivoco
en este momento es presidente del Tribunal Constitucional.
La señora ministra se ha situado en una posición equidistante entre dos puntos de este partido: por un lado los fundamentalistas y por otro lado los pragmáticos. ¿Quiénes son los
fundamentalistas del Grupo Parlamentario Popular? Son aquellos que todavía consideran que el estatus jurídico del preembrión es análogo y semejante al de la persona. Eso hoy, constitucionalmente, no se puede sostener. Eso es, simple y
exclusivamente, la proyección de un ideario religioso que yo respeto pero desde el que nunca se puede gobernar este país, que es plural.
En segundo lugar, esos mismos fundamentalistas son los que quieren condenar al profesor Bernard Soria a
investigar en el extranjero.
Solamente la Junta de Andalucía le ha dado protección y cariño, mientras que ustedes le han querido mandar a Singapur porque aquí no le autorizan a investigar.
¿Quiénes son los pragmáticos? Los que dicen a aquellos de ustedes que todavía cuestionaban hace unos años el derecho de que una mujer sola pudiera usar las técnicas de fecundación in vitro --ésa era una de las líneas argumentales que
emplearon en el recurso de inconstitucionalidad, porque ustedes decían que la mujer sola, es decir, sin pareja estable, o no casada, no podía nunca someterse a las técnicas de fecundación in vitro-- que esto puede tener un coste electoral muy
elevado, porque a 1.500.000 personas que piden la reforma hay que hacerles caso, que estamos en vísperas de una campaña electoral. En ese equilibrio se mueve la ministra, pero no es el equilibrio que precisa la sociedad española para abordar esta
ley.
Para finalizar, porque se me acaba el tiempo, quiero desmontar una línea argumental que es muy importante. El Gobierno de ustedes no toma ninguna decisión. Ahí discrepo de todos los oradores anteriores. El problema que tenemos por delante
no es el de la acumulación de preembriones humanos sobrantes, si son muchos o son pocos. Eso no es un problema, sino una esperanza de vida. ¡A ver si nos enteramos! El problema tampoco es evitar las gestaciones múltiples. El verdadero problema
ético-jurídico y, en definitiva, moral y político que tiene la sociedad española es el uso de esos preembriones, dilema que se abre a partir de 1998, cuando James Thompson aísla por primera vez las células madre embrionarias procedentes de embriones
sobrantes FIV.
¿Qué hace el Gobierno? Autorizar a los progenitores a que tomen las decisiones correspondientes sobre esa parte de su patrimonio, pero cuando los progenitores no viven o no se pueden localizar, ¿qué hace el Gobierno? Se esconde.
No toma ninguna decisión. Demuéstrenme lo contrario, porque yo estoy dispuesto a rectificar. No tengo prejuicios, vengo aquí a debatir y estoy abierto a todos los postulados.
¿Qué ocurre con los futuros preembriones? Sobre esta cuestión tampoco
se pronuncia el Gobierno. No hay ningún científico en España capaz de decir que no se va a producir ningún embrión sobrante de la FIV a partir de la entrada en vigor de esta ley. ¡Ninguno! Y me da igual que haya uno, diez, cien o mil. El problema
jurídico y moral es el mismo. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno? Que se tapa los ojos y no mira por ahí, y hoy día, señorías, hay que hacerlo.
Por último, cuando se aíslan por primera en el año 1998 las células troncales humanas, resulta que los
dos investigadores, James Thompson y John Gearhart, patentizan su invento y lo venden directa y claramente a una empresa americana llamada Geron, como todos ustedes saben. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Que todos los investigadores que
quieran investigar tienen dos posibilidades: Si sus objetivos son comerciales deberán establecer una colaboración con la empresa citada, que será la que explote en el mercado los resultados de ese trabajo; por el contrario, si su finalidad es
estrictamente académica, Geron se limita a enviar sus células a través de una fundación y les cobra seis mil dólares.
Está ocurriendo que mientras los políticos de muchos países discuten sobre esta discusión moral, ya hay empresas que se han
adelantado a este debate y han establecido un plan comercial para explotar tanto los preembriones humanos como las células troncales, y quiero decir y reiterar aquí públicamente que hay mucho más riesgo de que se puedan cometer conductas éticamente
reprobables en la investigación privada que en la investigación pública, y eso debe saberlo este Gobierno. Asimismo, también debe saber este Gobierno que uno de los investigadores más importantes del mundo es español, el profesor Juan Carlos
Izpisúa Belmonte, pero no desarrolla sus trabajos en España sino en La Jolla, en California, porque aquí no se le ofrecen posibilidades.
Tenemos que enfrentarnos con estos problemas, pero debemos hacerlo sin prejuicios, desde una ética cívica en la
que parece que ustedes no creen.
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Ya termino, señor presidente.
Todavía somos muchas las personas, los ciudadanos, que creemos que es posible una ética que no tenga inspiración religiosa; y también hay muchas personas capaces de recordar aquí esa
gran frase del poeta latino Horacio: «Virtutem doctrina parit», la ciencia engendra la virtud.
Señorías, aprendan que la ciencia engendra la virtud; no tengan miedo y apoyen la petición de la oposición, que es el futuro. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García-Talavera.
El señor GARCIA-TALAVERA CASAÑAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero empezar mi intervención agradeciendo al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria su apoyo y que vayan a votar en contra de la propuesta de veto.
Creo que
a lo largo de este debate hemos coincidido varias veces, de manera general, en limitar el número de embriones que se pueden transferir de una madre, con el fin de evitar los efectos adversos de embarazos múltiples. Sin embargo, también puedo
percibir que, a pesar de los argumentos, a mi juicio sólidos, que he dado a sus señorías para apelar a su gran capacidad reflexiva, aún subyacen desacuerdos basados en posiciones políticas apriorísticas, más que en las conclusiones derivadas de un
sosegado y prudente análisis ético y científico que fundamente la posición política finalmente adoptada por cada grupo.
Tal y como hemos escuchado, hay quien no entiende por qué se establece una única salida, la reproductiva, a los nuevos
embriones, sin permitir que se investigue con ellos; incluso se ha afirmado que existen diferentes clases de embriones y se aplica un doble rasero ético --según sean nuevos o viejos los embriones--, e incluso he oído hablar de que unos son rojos y
otros azules.
A tal efecto, debo recordar que la legislación española no es la única que permite generar embriones exclusivamente con fines reproductivos sino que es el enfoque de la mayor parte de los países occidentales y éste es el criterio expresado
claramente en el Convenio para la protección de derechos humanos y dignidad del ser humano, en relación a la aplicación de la biología y la medicina, firmado en Oviedo, en 1997.
Parece una opinión mayoritaria, en los países de nuestro entorno, que
dejar la puerta abierta a la investigación con nuevos embriones sobrantes no resulta coherente con el empeño de querer evitar que los haya ni con el principio de limitar la producción de embriones a los fines reproductivos. De lo contrario,
señorías, es evidente que los hechos estarían yendo en contra de nuestros objetivos. Esta es una decisión basada no sólo en argumentos éticos sino también jurídicos, e incluso --si me lo permiten--, de sentido común.
En consecuencia, quienes no
aceptan los límites establecidos en la reforma que hoy debatimos, deberían hacerse la pregunta de si quieren situar a España entre los poquísimos países que permiten la obtención de embriones con fines experimentales. Es evidente que se trata de
una opción pero, desde nuestro punto de vista --que, como se ha dicho, es el más ampliamente compartido--, no es la más ética ni la más responsable y, desde luego, no es compatible con el convenio de Oviedo ni con el Código Penal y ni siquiera con
el espíritu de la ley socialista de 1988. Es más, es una opción que, en el supuesto de ser asumida, alejaría la reforma de este pretendido punto de encuentro y equilibrio entre posiciones diversas, en la que todos pueden verse reflejados de alguna
manera y que ha constituido el principio inspirador de la misma ley.
Otros partidos y otros grupos parlamentarios no pueden pretender que hagamos una ley que se ajuste exactamente a sus criterios. Sin embargo, creo que todos los puntos han sido
debatidos en el Congreso de los Diputados, se han admitido diez enmiendas y se han rechazado otras.
Mi grupo entiende que es razonable aprovechar las células de un embrión que va a ser descongelado, pero también entiende que se deben poner todos
los medios para evitar que miles de embriones vuelvan a quedar almacenados y abocados a la descongelación. Y hacemos esta afirmación porque no es ésta la única línea de investigación con células embrionarias en el ámbito de la medicina regenerativa
y reparadora. Es más, nadie ha podido probar que sea la mejor, ni siquiera que deba ser la prioritaria. Me gustaría que en esta Cámara quedara perfectamente claro que a las personas que tienen un familiar con una enfermedad poco recuperable y que
necesita medicina reparadora o regenerativa, nadie les puede asegurar que éste sea el único camino para resolver el problema. No es cierto ni hay quien lo afirme en este momento.
La Ciencia sabe bien que hay otras líneas de investigación que son
las células madre adultas o con modelos animales que deben ser priorizados e intensificados. Es más, hoy, el Parlamento Europeo aprueba con restricciones la financiación comunitaria y con células madre dando prioridad a las células adultas. ¿Por
qué? Porque la mayoría de los científicos consideran que este es un camino que puede llevar a resolver este problema basado en la capacidad de diferenciarse que poseen estas células. Por lo tanto, creo que también debe ser priorizado, que es algo
en lo que están de acuerdo todos los países europeos en el seno del Parlamento.
Por último, y dado que también ha sido motivo de crítica, nos gustaría volver a precisar que la creación de un centro nacional, de una comisión o de un banco no tiene
por finalidad monopolizar la actividad investigadora en el ámbito de la terapia celular y medicina regenerativa, sino la de repartir juego y, como dije antes, promover el trabajo en red, y para cumplir con esta finalidad, por una parte el centro no
tiene necesariamente por qué tener una sede única. Por otra, las líneas celulares procedentes de esta institución serán compartidas y distribuidas a todos los centros de investigación implicados en el desarrollo de esta tecnología.
Para finalizar,
señor presidente, quiero manifestar que el temor a la enfermedad y el aprecio a la salud nunca pueden vulnerar o sacrificar el respeto a la dignidad del ser humano, y esto es algo que los científicos y los profesionales de la medicina lo tienen que
tener claro. Consta en su propio juramente hipocrático. Los embriones que se generan a partir de la promulgación de esta ley son para que un padre y una madre a quienes la naturaleza ha impedido tener un hijo puedan tenerlo, sencillamente.
Pero
marcada esta orientación básica, también es preciso señalar que la ley ha procurado un equilibrio entre ella, el respeto a la vida humana y el desarrollo de la investigación científica en favor de la salud.
Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos a la votación.
LECTURA UNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):
--PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Votación) (S. 624/000015) (C. D. 122/000314).
El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Ha sido debatida esta mañana y se tramita por el procedimiento de urgencia.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 207; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
En consecuencia, queda aprobada definitivamente por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
--PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MEDIDAS PARA LA CELEBRACION SIMULTANEA DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL REFERENDUM SOBRE EL PROYECTO DE CONSTITUCION EUROPEA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Votación) (S.
624/000016) (C. D. 122/000315).
El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición de ley orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el proyecto de Constitución Europea.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a favor, 208.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Fuertes aplausos.) En consecuencia, queda aprobada definitivamente por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento
Europeo y del referéndum sobre el proyecto de ley de Constitución Europea.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO PARA ATENDER EL PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTADAS POR LA HEPATITIS C COMO CONSECUENCIA DE HABER RECIBIDO TRATAMIENTO CON CONCENTRADOS DE FACTORES DE COAGULACION EN EL
AMBITO DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO, POR IMPORTE DE 19.833.396 EUROS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Votación) (S. 621/000167) (C. D. 121/000166).
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para atender el pago de ayudas sociales a personas afectadas por la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con
concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, por importe de 19.833.396 euros.
Se tramita, asimismo, por el procedimiento de urgencia.
Se inicia la votación. (Pausa.--Fuertes rumores.) Efectuada la votación,
dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 204; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para atender el pago de ayudas sociales a personas afectadas por la hepatitis C
como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público por importe de 19.833.396 euros. (Fuertes rumores.) Silencio, señorías.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):
--DE LA COMISION DE SANIDAD Y CONSUMO EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 35/1988, DE 22 DE NOVIEMBRE, SOBRE TECNICAS DE REPRODUCCION ASISTIDA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Votación) (S.
621/000165) (C. D. 121/000171).
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con el proyecto de ley por la que se modifica la ley 35/1986, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. En primer lugar, propuesta de veto
número 1, presentada por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés y debatida esta tarde.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a favor, 58; en contra, 135; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
--MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA (550/000057).
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.4 del Reglamento del Senado y a solicitud del presidente de la Comisión de Peticiones, señor Madrid, propone al Pleno la modificación del orden del día
con objeto de excluir del mismo el informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobado por asentimiento.
--DE LA COMISION DE SANIDAD Y CONSUMO EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 35/1988, DE
22 DE NOVIEMBRE, SOBRE TECNICAS DE REPRODUCCION ASISTIDA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Continuación) (S. 621/000165) (C. D.
121/000171).
El señor PRESIDENTE: Debatimos, a continuación, las enmiendas presentadas a la ley sobre técnicas de reproducción asistida.
En primer lugar, procede la defensa de los votos particulares presentados por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, correspondientes a las enmiendas números 58 a 66. Tiene la palabra la senadora Loroño. (Rumores.) Silencio, señorías. Puede iniciar su intervención, señoría.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado una serie de enmiendas a este proyecto de ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre,
sobre técnicas de reproducción asistida, cuyos aspectos fundamentales ya han sido expuestos en el debate celebrado con anterioridad con motivo del veto presentado por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría.
Por favor, ruego guarden silencio para facilitar la labor del orador.
Puede continuar, senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor presidente.
Como decía, hemos presentado una serie de enmiendas al proyecto de ley que estamos debatiendo cuyo contenido ya ha sido defendido en la intervención realizada con motivo del
veto presentado por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. No obstante, quiero trasladar una serie de objeciones con respecto a la ley que vamos a aprobar en breve.
Pero antes quiero hacer constar de nuevo, como he hecho en mi
intervención anterior, la necesidad de la ley para adecuar la situación existente en técnicas de reproducción asistida a los avances científicos, evitar que la utilización de las técnicas in vitro generen embriones supernumerarios y den lugar a
gestaciones múltiples con los riesgos que ello entraña para la salud de la madre y de los fetos y dar respuesta a una serie de aspectos no contemplados en la ley actualmente vigente, la Ley 35/1988. (El señor vicepresidente, Rojo García, ocupa la
Presidencia.) Nuestras mayores objeciones ya las hemos comentado antes, pero voy a reiterarlas por su importancia. En primer lugar, no estamos de acuerdo con limitar el número de ovocitos, y esto no quiere decir que no compartamos la necesidad de
prevenir los preembriones supernumerarios y, en consecuencia, las gestaciones múltiples. No quiero repetirme, pero hay que tener en cuenta que esta limitación incide sobre determinadas técnicas de reproducción asistida y no en otras, con lo cual no
vamos a evitar las gestaciones múltiples ni prevenir en su totalidad los riesgos maternoinfantiles que puedan derivarse de las mismas.
En segundo lugar, entendemos que el proyecto de ley entra de lleno en competencias de las comunidades autónomas,
razón por la que presentamos un grupo de enmiendas que pretenden limar esa serie de aspectos relativos a su competencia pura y exclusiva, es decir, la gestión sanitaria.
Tal y como se enuncia en la disposición adicional única, el centro nacional de
transplantes y medicina regenerativa, que se constituye como organismo autónomo, va a sustituir al actual organismo nacional de transplantes y, por tanto, va a terminar con la estructura actualmente planteada en relación con ese ámbito en el que el
Ministerio viene actuando en coordinación con todas las comunidades autónomas, lo cual no quiere decir que a través del centro nacional no se siga haciendo lo mismo y, por tanto, no asuma el cometido que en estos momentos corresponde al órgano
nacional de trasplantes. En definitiva, entendemos que, a través de los fines que se otorgan al centro nacional de trasplantes, se limitan y se delimitan competencias exclusivas de las comunidades autónomas, ya que se entra de lleno en materia de
gestión sanitaria. Y lo mismo sucede cuando se crea dentro de la estructura del Centro Nacional el banco de líneas celulares, porque entendemos que los fines que se le otorgan son los relativos a la gestión sanitaria, que en estos momentos también
se viene desarrollando desde el ámbito de las comunidades autónomas.
El proyecto de ley, en su disposición final segunda, en referencia al título competencial, resalta que la ley pretende que se cumpla el artículo 149.1.15ª y 16ª de la
Constitución, que otorga al Estado el fomento y la coordinación de la investigación como competencia exclusiva, así como las bases de la sanidad. Sin embargo, entendemos que el fomento de la investigación es competencia compartida con las
comunidades autónomas. Por tanto, el Estado debe coordinar la investigación, pero las comunidades autónomas también la fomentan. Por otro lado, entendemos también que en este caso se supera y se excede de lo que simple y llanamente son las bases
de la sanidad, puesto que se entra de lleno en gestión sanitaria.
Por último, otro bloque de enmiendas se refieren a la puerta que se abre a través de la disposición final primera en relación con el destino que se les otorga a los preembriones
críoconservados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Pedimos la supresión de esta disposición final, ya que con nuestras enmiendas incorporamos su contenido, si bien con ciertas matizaciones, a la modificación que planteamos respecto
al artículo 15 de la actual Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida, y, por otro lado, en lo que se refiere al centro nacional de trasplantes y medicina regenerativa, proponemos, también con ciertas matizaciones, que
figure en la disposición adicional única, donde ya se contempla y se le atribuye una serie de fines y funciones.
En definitiva, estas son las enmiendas que quería resaltar y que hacen objeción, por un lado, a la limitación establecida en cuanto al
número de ovocitos; por otro, al ámbito competencial y, por último, al empleo de criterios distintos
para los preembriones sobrantes en relación con los existentes en estos momentos, antes de la entrada de la ley, y los que se pudieran generar en el futuro, porque creo que nadie en esta Cámara puede afirmar que no se van a generar y, por
tanto, no se van a destinar con un compromiso de responsabilidad asumido por sus progenitores --o la mujer, en su caso-- a fines reproductivos única y exclusivamente. Por tanto, son objeciones que tenemos con respecto a este proyecto de ley que
intentamos modificar a través del conjunto de enmiendas que nuestro grupo ha presentado.
Voy a abreviar el debate porque creo que en el veto ya hemos expuesto las razones fundamentales; concretamente, desde esta tribuna, esta portavoz del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha planteado la complejidad de esta ley, por lo delicado del tema y por tener que conjugar y buscar el equilibrio entre las distintas posiciones y criterios existentes en estos momentos, tanto a nivel
científico como social. En cualquier caso, también quiero manifestar que podríamos haber acercado posturas, haber buscado puntos de encuentro que fueran coherentes, equilibrados, ante todo éticos, por supuesto, y que dieran respuesta a numerosas
cuestiones que de alguna forma se resuelven, pero se resuelven para un período de tiempo muy corto, sin posible continuidad.
En este sentido, he de decir al senador García-Talavera que las líneas de investigación con células madre embrionarias,
como bien ha dicho, no son la panacea, pero en estos momentos está constatado y demostrado que al menos van a otorgar, de cara al futuro, soluciones de carácter diagnóstico y terapéutico y, por qué no decirlo, hasta preventivo, para determinadas
enfermedades existentes en la actualidad, así como calidad de vida a muchas personas en esta sociedad. Lo único que no entendemos -- y lo vuelvo a repetir-- es la utilización de criterios distintos.
Compartimos, por supuesto, la idea de que no se
debe utilizar la ley como excusa para abrir esa puerta que se teme que se pueda abrir, extendiendo el ámbito de investigación a los preembriones sobrantes en el caso de que no se destinen a fines reproductivos, ya que permitir que se produzcan
embriones con fines de investigación es algo a lo que este grupo parlamentario se opone, y lo vuelve a reiterar desde este micrófono y desde esta tribuna.
Para concluir, quiero agradecer a la señora ministra su presencia de nuevo en esta Cámara y
también quiero trasladarle que así como en la sesión del pasado lunes, con motivo del debate de la ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, le agradecimos su búsqueda de consenso y puntos de encuentro entre los
distintos grupos parlamentarios de esta Cámara con respecto a las objeciones que manteníamos a las distintas leyes que en muy corto plazo han pasado por el Senado --complicadas y complejas, por tener que conciliar distintos intereses-- en este caso
también había que conciliar distintos puntos de vista y distintas perspectivas con un componente ético importante, y hemos echado en falta que el ministerio y los responsables ministeriales no hayan intentado buscar puntos de encuentro con los
representantes de los grupos parlamentarios en esta Cámara.
Sólo me queda reconocer su valentía a la hora de presentar la modificación de la Ley 35/1988, pero manifestando que aunque ahora hemos abierto la puerta a la esperanza para muchas
personas, este grupo no comparte que de cara al futuro demos un portazo a esa esperanza que ahora abrimos a través de la posibilidad de investigar por la vía de las células madre embrionarias.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senadora Loroño.
Para la defensa del voto particular del Grupo Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Espasa.
El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, no era mi intención intervenir en este turno, puesto que los argumentos que ahora voy a desgranar están contenidos en el veto que ha presentado mi grupo
parlamentario, que en mi opinión ha dado lugar a un buen y polémico debate.
Sin embargo, como veo que la señora ministra ha acudido a la Cámara, lo que le agradezco, voy a repetir esos argumentos, lamentando que no haya asistido cuando hemos
tratado los aspectos sustanciales de esta ley.
Supongo que no habrá podido hacerlo, porque no creo que haya querido eludir la polémica que hemos intentado plantear, polémica que, como ya hemos dicho, comienza al reconocerse que esta ley supone dar
un paso valiente y hacia adelante, aunque posteriormente se producen tres contradicciones muy graves que casi llegan a invalidarlo.
Señorías, esta es una ley muy compleja, que entra en asuntos tan delicados como son los componentes ético, moral,
jurídico y, por tanto, político del asunto que estamos tratando: el estatuto jurídico del preembrión, para, a partir de éste, decidir lo que se puede hacer y lo que no se puede, es decir, para poner límites éticos a las demandas y el progreso de la
ciencia. Y en eso estamos completamente de acuerdo con ustedes; la ciencia avanza, pero debe tener una serie de guías; el legislador tiene la obligación de determinar por dónde se debe ir y por dónde no.
Como digo, ésta es una ley muy compleja y
difícil, llena de contenidos científicos, éticos, morales, e incluso religiosos en opinión de algunos.
Sin embargo, en este punto no ha habido una pizca de consenso. Las diez enmiendas presentadas en el Congreso, señor García-Talavera, son
florituras de redacción o se refieren a cuestiones lexicográficas, pero en los tres temas importantes no se ha producido el más mínimo movimiento. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho: porque este es un punto de equilibrio dentro del Partido Popular, no
con la sociedad española ni con las demandas de los científicos, todas las cuales, por supuesto, no deben ser atendidas ya que a veces se producen irracionalidades por parte de algunos de ellos, claro que sí.
Y les ruego que no vuelvan a repetir
que estamos aprovechando o fomentando la idea de aquellos que afirman que se pueden producir preembriones para la investigación. No estamos en esa línea. Lo prohíbe el Convenio de Oviedo, que ha sido ratificado por nuestro país, y nosotros
respaldamos completamente esa postura. Por tanto, no utilicen esa torticera argumentación contra nosotros y otros grupos, porque repito que no estamos por la creación de embriones para la investigación, aunque ustedes aparezcan como el
Arcángel San Gabriel, llegando con su espada flamígera y diciendo que gracias a su grupo eso no va a ocurrir. Insisto en que nosotros no lo haríamos, y tampoco el Grupo Socialista lo está proponiendo.
¿Cuáles son las tres cuestiones a las que me
he referido? Usted las conoce perfectamente, señora ministra. En primer lugar, hemos propuesto a sus dignos y eficientes representantes en el Senado que el texto quedaría mejor redactado en lo que a la fecundación de tres ovocitos se refiere si
reflejara, no con las mismas palabras, pero sí lo que indica nuestra enmienda, es decir, que las técnicas de fertilización tendrán como objetivo no fecundar más de tres ovocitos. Podríamos también estar de acuerdo en ese punto si se expresara de
esta forma, pero ustedes no han modificado su postura. En cuanto a la transferencia de tres preembriones, ya hemos dicho que estamos de acuerdo. Por tanto, no hablemos más de ese tema.
La segunda cuestión, y la más profunda de todas, se refiere
al estatuto jurídico de los preembriones. Señora ministra, se ponga usted como se ponga, está introduciendo una diferencia no explicable, si no es en términos ideológicos, y me atrevería a decir incluso que de trasfondo religioso, entre el estatuto
jurídico de los preembriones legislados según la Ley de 1988 y el de los preembriones que se van a producir tras la aprobación de esta ley. Porque se van a producir preembriones, ustedes también lo han reconocido, aunque digan que no van a ser
objeto de investigación. De acuerdo, tampoco nosotros lo queremos, pero repito que se van a producir. Y ustedes lo admiten hasta tal punto, que han manifestado que si se producen se dedicarán a la reproducción asistida.
Por tanto, crean ustedes
un estatuto jurídico distinto para unos y otros preembriones.
Señorías, leánse las dos sentencias del Tribunal Constitucional, donde se asigna un status jurídico al preembrión, no ya de persona, puesto que esto sería contravenir el Código Civil,
pero sí un status muy alto. Como se trata de un bien jurídico a proteger de alto valor ético en la medida en que es un posible ser humano, no podemos tener un tratamiento distinto para unos y para otros. ¿Por qué unos se destinan a la reproducción
y otros a la investigación? Porque si, como dicen ustedes, todos son viables --y biológicamente todos lo son--, también podrían ir a reproducción los que ya tenemos. Si ustedes quieren llegar al fondo de su argumento --por cierto, de base
religiosa, aunque no quieran reconocerlo-- deberían destinar a reproducción todos los sobrantes de la Ley de 1988. ¿Por qué unos sí se pueden destinar a investigación en tanto que otros no pueden? Tan preembriones son unos como otros, tan
congelados, tan compuestos por cuatro, ocho o dieciséis células están unos como otros. Exactamente igual.
Como digo, léanse de nuevo la sentencia del Tribunal Constitucional, señorías, porque incurren ustedes en una distinción que no se sostiene y
que va contra la jurisprudencia ya establecida por el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué lo hacen? Como hemos dicho antes, porque están en una contradicción ético-religiosa. Se pueden cometer pecadillos con lo que había hasta ahora, es decir con
los preembriones de la Ley de 1988, pero a partir de ahora lo que dicen Ratzinger o el Papa va a misa, y nunca mejor dicho. El Partido Popular nos lleva a todos a misa, pero, señoras y señores del Grupo Parlamentario Popular, gracias a Dios --entre
comillas--, estamos en un Estado laico y, por tanto, cada uno puede creer lo que quiera. No pueden ustedes obligarnos a todos a ir a misa.
Las leyes no deben estar impregnadas de residuos de moral religiosa, aunque tampoco tienen que ir en contra
de ella. Se trata simplemente de que quien crea en ello no las utilice, pero no porque haya un determinado dogma --la vida humana existe a partir de la fecundación del ovocito-- vamos a hacer las leyes españolas de acuerdo con lo que establece la
«Humanae vitae», el señor Ratzinger o el Papa Juan Pablo II. No señorías, la soberanía que enmarca la Constitución Española es de tipo laico y produce sus leyes de acuerdo con el consenso que podemos llegar a alcanzar dentro de una ética civil,
respetuosa con todas las creencias, consensuada y no obligatoria para nadie. Pero ustedes están en esa contradicción, y ahí se encuentra el segundo núcleo de discrepancia con ustedes, en la creación de dos estatutos jurídicos distintos para los
preembriones según la fecha de su producción. Y aquí no hay respuesta por su parte porque no puede haberla.
Tercero: la centralización e invasión de competencias. Ahora se nos avanza que el centro puede ser multilocalizado, es decir, con
múltiples sedes que pueden trabajar en red, pero se trata, en definitiva, de un solo centro. Y vuelvo a lo que les decía antes: entran ustedes, no ya a invadir competencias autonómicas, sino a dictaminar una práctica profesional concreta,
delimitando que solamente unos profesionales concretos, los del centro nacional, tenga o no tenga éste varias sedes, puedan aplicar esta técnica. Esto es algo que no había sucedido jamás; en toda la producción legislativa española desde 1978 hasta
la fecha nunca habíamos llegado a la centralización de ninguna práctica profesional.
Pero ustedes lo hacen por primera vez.
Realmente es inaudita la falta de confianza en las autoridades sanitarias autonómicas o en los centros debidamente
autorizados que esto representa.
¿Que tiene que haber un solo reglamento, una sola normativa, un solo protocolo sobre un tema tan complejo y delicado como éste? Por supuesto que sí tiene que haberlo, y nosotros estaríamos totalmente de acuerdo con
ustedes en eso, algo en lo que quizá no coincidimos con otros grupos que plantean posiciones ligeramente diferentes al respecto. Como digo, estaríamos de acuerdo en que estamos ante un tema muy delicado y, por tanto, en que se haga lo mismo en toda
España, pero de ahí a que sólo lo puedan hacer determinados funcionarios o personal contratado de un determinado organismo autónomo, cuando además se trata de una práctica profesional, hay un abismo. Es inaudito, es increíble, es imposible de
entender.
Estas son las razones que nos han llevado a presentar el veto y a mantener nuestras enmiendas parciales. Teníamos la esperanza de mejorar el asunto de los ovocitos, la cuestión del estatuto jurídico de los preembriones y la
centralización
de la descongelación en un solo organismo. No ha sido posible y de aquí nuestro veto, que ya se ha votado y ha decaído, y de aquí nuestras enmiendas, que ruego a mis ilustres y eficientes contraopinantes las den todas por defendidas
agrupadas en estos tres argumentos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Espasa.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, en el debate anterior, cuando el senador Espasa ha defendido su propuesta de veto, nosotros hemos señalado lo que creíamos que suponía de avance este
proyecto de ley de modificación de la Ley 35/1988 sobre técnicas de reproducción asistida. En este aspecto, teníamos que felicitar al Gobierno, al Grupo Parlamentario Popular y a la ministra por haber asumido este reto; y lamentábamos --y también
lo manifestamos anteayer, señora ministra--, que después de tres proyectos de ley debatidos y aprobados en estos últimos seis o siete meses, en este cuarto, en cambio, no estuviesen ni el Gobierno ni el Grupo Parlamentario Popular dispuestos no a
asumir un número importante de enmiendas, sino ni tan siquiera a modificar una línea del redactado. Y creemos sinceramente que es un error, porque en posesión de la verdad absoluta no está nadie, y seguramente de haber escuchado alguno de los
puntos de la oposición se hubiese podido mejorar este proyecto de ley y, además, darle un mayor consenso, habida cuenta de la importancia que el mismo tiene.
Entrando en la defensa de nuestras enmiendas, diré que parte de ellas están enfocadas de
acuerdo con principios científicos y éticos similares a los que presenta el Gobierno en el proyecto de ley, aunque entendamos, como planteamos en algunas de las enmiendas, que no debería marcarse tan exactamente el número de ovocitos a fecundar,
concretamente tres, idea que al parecer también abriga el Gobierno a través de posteriores excepciones reglamentarias que se prevén. Algunas de estas enmiendas son similares a las de otros grupos y no vamos a incidir en ellas, aunque si Grupo
Parlamentario Popular hubiese presentado alguna propuesta transaccional, seguramente se hubiese podido estudiar e incluso admitir por nuestra parte.
Otro grupo de enmiendas en las que quiero hacer hincapié, lo componen las números 51, 52, 55, 56 y
57, que son las que hacen referencia directa o indirectamente al centro nacional de trasplantes de medicina regenerativa que se crea a través de este proyecto de ley y que va a monopolizar la investigación biomédica y la medicina regenerativa.
Entendemos, señorías, que esta disposición adicional y lo que de ella se deriva no sólo no está acorde con el reparto competencial que en materia de investigación prevé la Constitución Española, sino que es un olvido absoluto, yo incluso me
atrevería a calificar de una ofensa de cuanto se ha realizado por centros pioneros, centros privados en su inmensa mayoría, en diversos puntos de España, concretamente y de un modo especial en Cataluña. Por tanto, estas enmiendas están dirigidas a
evitar esta concentración de poder investigador y a dar oportunidad a que estos centros pioneros puedan continuar, con la acreditación o los requisitos necesarios, con su labor, admirada y seguida con atención no sólo en toda España sino mucho más
allá. Según el redactado actual --lo hemos dicho en el turno de portavoces correspondiente al veto que ha defendido el senador Espasa-- el centro nacional no sólo coordina y determina las bases generales por las que se rigen los centros --que nos
parecería bien--, sino que además centraliza en el banco nacional de líneas celulares, la elaboración, el almacenamiento, la conservación y la gestión de líneas celulares de diverso tipo. Es una centralización y es una estatalización impropia de un
partido político de un país occidental realmente la iniciativa privada parece que debería ser no solamente asumida, sino incluso potenciada.
Lamentamos sinceramente esta falta de sensibilidad por parte del Grupo Parlamentario Popular y del
Ministerio de Sanidad y Consumo y esta falta de consideración hacia avances realizados por investigadores y por diversos centros que durante lustros han ido avanzando con su propia investigación y con su propio trabajo. En este sentido manifestamos
nuestra radical oposición a esta disposición adicional única del proyecto de ley mediante estas cinco enmiendas a las que me he referido.
Para terminar, insisto en que cuando en España gran número de personas del más elevado rango en todos los
aspectos han confiado en centros, por poner un ejemplo, de Barcelona, es incongruente que el proyecto de ley sea tan centralista, tan estatalista y tan desconfiado hacia quienes están en primera línea española y europea en este campo. No nos
extrañaría, señor presidente, que este apartado de la ley acabase en el Tribunal Constitucional.
Lamentamos, pues, señorías, que en un proyecto de ley tan importante, que en cualquier caso, con las discusiones que se quieran, supone un avance, se
haya perdido la oportunidad de dialogar, de llegar a un consenso más amplio y suponga, además, en algunos aspectos, sobre todo en estos a los que me acabo de referir, un verdadero retroceso sobre lo que están actualmente llevando a cabo un buen
número de centros españoles.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Muchas gracias, senador Beguer, Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Aránega.
La señora ARANEGA JIMENEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, de nuevo traemos al Pleno enmiendas que encierran una potencialidad importante para mejorar aspectos legislativos y más en este caso, cuando se trata de modificar una
ley que tantas ventajas supuso en su día y sigue suponiendo para las personas que tienen problemas en su proyecto reproductivo. Por eso, seguimos manteniendo una serie de enmiendas que ya discutimos en comisión, para ver si en la última fase del
proceso de esta ley es posible que ustedes consensúen alguna de las que encierran
los tres o cuatro puntos más conflictivos que según todos los grupos de la Cámara tiene esta ley.
No me voy a entretener en desglosar una a una las enmiendas, pero las hemos agrupado en torno a cuatro temas fundamentales.
Una de nuestras
enmienda tiende concretamente a mejorar aspectos relativos a los posibles ovocitos a fecundar, que ustedes en la ley establecen que sean sólo tres.
Otro grupo de enmiendas van dirigidas a redactar de una manera mucho más eficaz, mucho más justa y
mucho más constitucional lo que ha de pasar con los preembriones excedentarios que se produzcan como consecuencia de la aplicación de las técnicas de fecundación humana asistida a partir de la promulgación de esta ley.
Otra serie de enmiendas
aluden al ámbito competencial. Se ha dicho por parte de todos los grupos, y de forma bastante explícita, contundente y clara, que el Partido Popular y su Gobierno demuestran una voracidad terrible al querer asumir determinadas competencias que
todos los grupos, incluido el nuestro, entienden que ya están asumidas por las diferentes comunidades autónomas, que las ejercen con la debida eficacia y respeto.
No entienden, por tanto, esa incursión en sus competencias a través de esta ley. Me
estoy refiriendo al Centro Nacional de Transplantes y Medicina Regenerativa y, en concreto, a la creación de un banco nacional único de células troncales humanas, así como un comité ético totalmente focalizado en lo que se derive de la investigación
y aplicación de las líneas celulares que se puedan obtener de esos preembriones.
Otra enmienda que nosotros consideramos importante es aquella relativa a la importación o exportación de células troncales embrionarias humanas.
Esa es otra de las
incongruencias que no entendemos que no hayan mejorado en la redacción de la ley. En la Unión Europea el Partido Popular apoyó esa medida, sin embargo, queda recogida en sentido absolutamente contrario en la redacción de esta Ley de reproducción
asistida humana.
Respecto de los ovocitos a fecundar, ustedes regulan una cosa que es absolutamente técnica. Por lo tanto, tienen que defenderla con argumentos técnicos, porque si no no se entiende, la gente se pierde, incluso algunas personas de
esta Cámara que no son excesivamente expertas en este campo.
Ese punto de esta ley no solamente no mejora la técnica de reproducción asistida, sino que lesiona su finalidad. ¿Por qué? Porque los ovocitos se obtienen por una estimulación ovárica
de la mujer y normalmente se extraen siete u ocho porque no todos pasan la fase de metafase dos. Y una vez que han pasado la fase de metafase dos se fertilizan con los espermatozoides. No todos pasan la fase de pronúcleo. Es más, se saben los
porcentajes. Ustedes lo saben porque todos los expertos en fertilización asistida dan una cifra y no hay nada más que meterse en la página web para saberla. El 60 por ciento de los ovocitos que se extraen de la estimulación ovárica son los que se
encuentran en fase metafase dos. Si son tres los ovocitos, ¿cuál es el 60 por ciento de esos ovocitos? Y después, una vez que esos ovocitos han sido fecundados, ¿cuál es el número que ustedes aseguran que sobrepasa la fase de pronúcleo? Por
tanto, consideramos que esta ley no tiene el fundamento técnico suficiente como para decir que sólo sean tres ovocitos los que se fecunden. Eso no tiene sentido con los argumentos técnicos que se han expresado aquí. Por esa razón, señora ministra,
los expertos en estas técnicas unánimemente dicen que no les parece oportuno el número de tres que ustedes proponen en la ley. Son razones técnicas, científicas y metodológicas que ellos exponen, y nosotros entendemos que así debe ser, las que
apoyan que no sea tres el número de ovocitos a fecundar. Ustedes argumentan que con ese número se van a evitar los embarazos múltiples.
¿Ustedes saben dónde se produce el mayor número de embarazos múltiples? ¿En la estimulación precoz en una
pareja fecundada por vía normal, o en los embarazos múltiples por implantación de los ovocitos fecundados por las técnicas de fertilización asistida? Ustedes conocen los porcentajes, ¿verdad? Entonces, por esa razón están asistiendo a una
contradicción absoluta en el objetivo, porque los embarazos múltiples son fruto de la estimulación ovárica, que se hace tanto para las técnicas de fertilización asistida como para la vía normal. Y en la vía normal no se puede regular el número de
embriones que se encuentran alojados en el útero materno; sin embargo, en las técnicas de fertilización asistida sí se pueden implantar, tres, cuatro o dos, según los casos, señorías, porque todos sabemos que la medicina y el ser humano no son algo
matemático y uniforme. Cada caso requiere un estudio. ¿Por qué? Porque la calidad ovocitaria es diferente, la calidad espermática también lo es, el proyecto reproductivo es diferente. Por eso nosotros entendemos que la redacción más oportuna y
más eficaz es permitir que el equipo médico especialmente cualificado en estas técnicas estudie cada caso y, en función de ello, dé la medicina, el tratamiento y la oportunidad específica para que el proyecto reproductivo de esa persona sea eficaz.
Aquí no se puede dar 300 miligramos para todo el mundo sin contar kilogramos de peso y día, ¿verdad que no? Pues en este supuesto nosotros solicitamos que se estudie caso a caso, y en función de la especificidad de cada uno los equipos expertos en
estas técnicas sean los que indiquen exactamente el número.
Por otra parte, ustedes plantean que con estas técnicas no será posible que existan embriones excedentarios. Yo les tengo que decir que van a existir embriones excedentarios y ustedes lo
saben. Lo que sucede es que según ustedes sólo se podrán derivar para obtener líneas troncales embrionarias humanas a los embriones anteriores a la ley, y no contemplan desde ningún punto de vista la posibilidad de poder obtener esas mismas líneas
de los embriones excedentarios a partir de la promulgación de esta ley. Aquí se lo han dicho todos los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, eso es anticonstitucional y no solamente eso, sino que es ilógico. Y las cosas que no
tienen lógica se fundamentan de una manera muy escasa y endeble. Por tanto, nos hubiera gustado --y todavía estamos a tiempo-- que también consideraran la posibilidad de una redacción diferente de este apartado, porque contiene esas carencias
legislativas que hemos expuesto aquí los diferentes grupos parlamentarios.
Por otra parte, hemos presentado enmiendas referidas al Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa donde, como he dicho antes, se prevé la existencia de un solo banco de células troncales, en este caso serían tanto embrionarias
como fetales como adultas, pero a nivel nacional. La enmienda que hemos presentado ofrece una mejor redacción, porque no invade ámbitos competenciales que ya tienen asumidos las comunidades autónomas, y con nuestro texto se reflejaría que aquellas
comunidades que estuvieran en los niveles técnicos, científicos y políticos adecuados para poder apostar por la existencia de bancos de líneas celulares pudieran llevarlos a cabo; y no sólo eso, sino que en la comunidad autónoma andaluza no
solamente se ha promulgado ya una ley, con anterioridad a la que hoy estamos debatiendo aquí, que posibilita el uso terapéutico de las células troncales de los embriones excedentarios, sino que además ya se ha decretado la creación de un banco de
líneas celulares troncales en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada.
Ese afán devorador, esa voracidad que tienen ustedes por quitar las competencias --al menos así lo parece-- que tienen asumidas las comunidades autónomas en
estos temas, choca no sólo en este ámbito competencial, sino que además produce un ejemplo disonante respecto a lo que se está haciendo en la Unión Europea.
El otro día en comisión ya decíamos que en la Unión Europea se trabaja por una red de
bancos de líneas celulares que tenga una sola denominación, y se va a llamar banco europeo de células troncales; ésa es la denominación, pero a nadie se le habrá ocurrido decir que va a haber un sólo banco en Estrasburgo o en la ciudad que sea, que
además se van a centralizar allí los protocolos de descongelación de los preembriones y que se van a producir allí las líneas de células troncales. No, eso en ningún momento queda reflejado en la convocatoria que terminó el día 14, sino todo lo
contrario, y se lo digo porque hay una red específica que se denomina Red MUSKA que contempla la posibilidad de ubicar los bancos de líneas celulares a través de redes en las diferentes sedes nacionales o regionales. Por eso la universidad de
Granada y concretamente el campus de ciencias de la salud, y por tanto la comunidad autónoma andaluza, participa en la Red MUSKA de bancos de líneas celulares.
Por otra parte, hay otra enmienda que mejora ostensiblemente esta ley, y es la relativa
a la importación y exportación de líneas ya establecidas en otros países de células madre embrionarias. Es muy importante que esto quede recogido en la ley, porque, si no, se produciría un efecto absolutamente negativo en nuestro país, y se lo digo
porque, con fondos de todos los españoles, nuestro país participa en la financiación de los proyectos de los diferentes programas-marco de la Unión Europea. Y el Partido Popular votó afirmativamente --y así quedó reflejado-- a la iniciativa de
investigar con líneas celulares e importarlas a los diferentes países --he traído la documentación por si quieren revisarla.
Sin embargo, en esta ley ustedes evitan esa posibilidad, con lo que hacen un doble daño: en primer lugar, lesionan la
posibilidad de experimentar con esas líneas celulares y, por tanto, posibilitar la exploración de esa herramienta terapéutica; el segundo daño es que impiden a los investigadores de este país que concurran a esa fuente de financiación.
Les digo
esto porque la normativa de la convocatoria dice que financiarán los proyectos de líneas celulares troncales embrionarias humanas siempre que los países de origen permitan que se investigue con esa herramienta terapéutica.
Por eso me gustaría que,
en última instancia, pensaran de nuevo en la posibilidad de aceptar algunas de las importantes enmiendas que prácticamente todos los grupos parlamentarios han reflejado en esta Cámara.
No olvidemos, por tanto, que el número de tres ovocitos a
fecundar tiene las carencias técnicas e incluso éticas que hemos expuesto. Digo éticas porque el choque hormonal para la estimulación ovárica no es algo baladí y, por tanto, hay que aprovecharlo y rentabilizarlo al máximo. Son técnicas costosas y
dolorosas. Por eso les decía que desde el punto de vista moral también había que considerar ese aspecto, ya que si son sólo los tres ovocitos que se ponen a fecundar, tienen enormes posibilidades de que el experimento fracase, de que el inicio de
esa terapéutica fracase y tengan que someterse a nuevos choques hormonales sucesivos.
Por eso los expertos en estas técnicas establecen esa objeción, porque ellos conocen mejor que nadie las carencias que tiene fijar ese número de tres ovocitos
--en comisión dije que era un número mágico, por no decir otra cosa, porque realmente es un número que carece de sentido a la hora de mejorar las técnicas de fertilización asistida.
¿Qué va a pasar con los preembriones excedentarios a partir de
esta ley cuando la pareja o la persona, la mujer, no tenga mayor proyecto reproductivo ni quiera donar los embriones? Seguro que va a haber esos embriones excedentarios nuevamente. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener que esperar tandas de años
sucesivos para ir regulando lo que ocurre con el almacén consecutivo que se vaya generando? No parece ni ético, ni técnico, ni legal, ni moral, ni aconsejable. Por eso sugerimos que recapaciten y planteen otra redacción.
Igualmente, sobre el
ámbito competencial del banco único todos los grupos hemos manifestado la posición que mantenemos. Invitamos a la reflexión, unido a poder importar líneas establecidas de células madre a través de las distintas redes o bancos que existen en otros
países.
Como dijo el portavoz del Partido Popular, si querían una ley de consenso esta es su oportunidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senadora Aránega.
En turno en contra tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el senador Antón Rueda.
El señor ANTON RUEDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, gracias por su presencia.
Señorías, he escuchado la defensa de las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios a este
proyecto de ley y, en ellas, se sigue insistiendo, fundamentalmente, en cuatro aspectos: en la supuesta diferencia del tratamiento que se da a los preembriones actuales y a los futuros; en la investigación con preembriones; en el número
de ovocitos que se deben fecundar y en el totalmente discutible centralismo del proyecto.
Ni en las conversaciones que he mantenido con los portavoces ni en lo manifestado en las intervenciones que acaban de realizar he escuchado ningún dato nuevo
que nos haga modificar nuestro criterio y, por tanto, les comunico en este momento que no podemos aceptar ninguna de las enmiendas planteadas.
Al no haber oído nada sustancialmente distinto a lo que se dijo en comisión, es difícil que les pueda
responder hoy con alguna argumentación diferente a las que ya ofrecí; sin embargo, voy a intentarlo.
La Ley de Reproducción Humana Asistida preveía la crioconservación de los embriones sobrantes durante un máximo de cinco años, pero no
especificaba cuál debía ser el destino de los que no se utilizasen tras esos cinco años. Pues bien, el proyecto de ley que estamos debatiendo viene a llenar este vacío legal: por un lado, pretende definir el destino de los preembriones actualmente
criocongelados y, por otro, dicta los criterios que se deben seguir en el futuro para evitar que se sigan produciendo embriones sobrantes. Además, con las normas que se establecen en el proyecto, se prevé evitar también muchos de los embarazos
múltiples que ahora se producen con las técnicas de fecundación in vitro.
Señorías, el proyecto de ley, respetando la legislación, dice claramente que a partir de ahora los embriones supernumerarios que se generen serán crioconservados para ser
utilizados posteriormente con fines reproductivos como única alternativa. En cuanto a los preembriones actualmente crioconservados, preferiríamos usarlos también con fines reproductivos, pero en el caso de muchos de ellos no podrá aplicarse esta
solución, entre otras cosas, por la enorme desproporción que hay entre el gran número de preembriones actualmente crioconservados y el escaso número de mujeres que desean y están en condiciones de ser receptoras.
Señorías, un embrión es
anatómicamente un conjunto de células y este grupo celular sólo puede considerarse fisiológicamente un embrión vivo cuando duplica su celularidad de forma continuada. Para que esto suceda es necesario un útero que lo acoja y, si no hay útero, no
hay embrión viable. Por ello, en el caso de que un preembrión no tenga útero donde desarrollarse, la única alternativa posible es su descongelación y el uso, si procede, de sus estructuras biológicas para investigación, de acuerdo con la
legislación vigente. Por todo ello, los criterios básicos que animan esta actuación, tanto sobre los preembriones que se generen en el futuro como la prevista sobre los que están actualmente crioconservados, son los mismos.
Señorías, la redacción
del texto legal no se aparta en ningún momento de lo dispuesto en el convenio de Oviedo y en el Código Penal y, además, atiende las recomendaciones de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida y las del Comité Asesor de Etica de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología, que permiten utilizar en investigación las líneas celulares procedentes de los actuales embriones crioconservados que hubieran superado los plazos legales, siempre que exista el consentimiento previo de la
pareja progenitora.
Debido al gran número de preembriones existentes, es absolutamente previsible que, con la normativa enunciada, habrá suficientes líneas celulares para la investigación futura y, si ya hay suficientes líneas celulares para la
investigación, no debemos legislar haciendo la vista gorda y permitiendo que se vuelvan a acumular embriones sobrantes para que también, en el futuro, se puedan utilizar en la investigación. Hay que recordar que está prohibida la creación de
embriones con fines de investigación; esto debe ser así, tanto de forma directa como de forma indirecta y, por ello, no hay que permitir ningún resquicio legal.
Estados Unidos y muchos países de la Unión Europea han establecido plazos o fechas
límite para el uso de embriones crioconservados en investigación. Este proceder va también encaminado a evitar la creación de preembriones sobrantes.
Señorías, no debemos legislar sobre algo que no queremos que exista.
Legislar para impedir la
existencia, en el futuro, de preembriones crioconservados y admitir, en la misma ley, la existencia de esos preembriones en el futuro, es un contrasentido. Regular, además, en esa misma ley la investigación con esos preembriones no deseados es no
estar convencido de lo que se quiere legislar, es no estar convencido de que la ley vaya a servir para algo.
Cambiando de enmiendas, señorías, sobre el número de ovocitos y de embriones, les diría que se pusieran de acuerdo. El senador López
Carvajal nos dijo el otro día en la comisión que no admite que se fecunden solamente tres ovocitos. Por el contrario, el senador Espasa nos dijo que en mujeres sanas basta un ovocito fecundado para producir un embarazo. Es verdad. Nos dijo el
senador Espasa que aun con la redacción de este proyecto van a quedar embriones sobrantes. No sé si quedarán o no, pero evidentemente si hacemos caso a las enmiendas que piden un aumento del número de ovocitos fecundados, entonces sí que quedarán
embriones sobrantes, y entonces sí que la nueva ley no habrá servido para nada.
El senador López Carvajal nos dijo entonces que le parece suficiente transferir un máximo de tres preembriones. Por el contrario, la senadora Loroño nos dijo que no
quiere limitar su número y pronosticó que, actuando de esa forma, van a aumentar las listas de espera, como también nos lo ha repetido en la sesión de hoy. Entonces yo me pregunto: ¿A quién hacemos caso? Evidentemente no podemos atender tres
posturas contrarias a la vez, así que pónganse de acuerdo.
Señorías, intentando poner las cosas en su sitio, diremos que la creación de embriones sobrantes es sencillamente un error que genera un problema.
Senadora Loroño, hay que hacer una ley
con cierta rigidez para que realmente no puedan producirse embriones sobrantes. Solo deben generarse los embriones que la pareja esté dispuesta a utilizar en la procreación.
Personalmente considero menos malo que aumenten las listas de espera,
pues hay otros métodos
para solucionarlas, que el que aumenten los embriones sobrantes.
Quiero decir a la senadora Aránega que si se lee despacio el artículo 4.3 --supongo que lo habrá hecho-- verá que dice textualmente: Se fecundará un máximo de tres ovocitos
que puedan ser transferidos a la mujer en el mismo ciclo. La frase «que puedan ser transferidos a la mujer» asegura que realmente son tres ovocitos fecundados y viables los que estarán disponibles para ser transferidos. (Varios señores senadores
del Grupo Parlamentario Socialista: ¡No!) Sí, así es. Creo que con esta garantía no cabe pedir otras para asegurar la gestación.
Al senador Espasa le digo igualmente que si se lee bien el texto del proyecto se dará cuenta de que lo que pide está
escrito ahí. En el artículo 4.1 se dice que el equipo médico analizará la situación con el objeto de que pueda ajustar el número de ovocitos que se pretende fecundar y el número de preembriones que se va a transferir. O sea, senador Espasa, una
cosa es que como norma general se autorice la fecundación y transferencia de unos números máximos de ovocitos y de preembriones por ciclo, y otra cosa es que siempre haya que hacerlo así.
Los casos en los que se permita fecundar un mayor número de
ovocitos se contemplarán en protocolos elaborados por el ministerio, y esos protocolos darán flexibilidad a la norma en esos casos necesarios.
Está comprobado científicamente que fecundando tres ovocitos se consigue una gestación en un alto
porcentaje de casos. Por ello, y para evitar los embriones sobrantes, debemos usar este número como máximo, como sucede en muchos países europeos.
Las enmiendas del tercer grupo tratan sobre lo que ustedes denominan excesivo centralismo o invasión
de competencias. En estos últimos años estamos asistiendo al nacimiento de la medicina regenerativa, un área de mucha importancia científica y ética, de mucha trascendencia social y política, en la que el uso de células, tejidos y órganos para
implantación y trasplante va a modificar definitivamente el pronóstico de muchas enfermedades y las expectativas de vida. Un asunto tan serio y de tanto futuro como este requiere la conjunción de todos los esfuerzos, requiere ser tratado con la
mayor seguridad y la más amplia perspectiva.
Nadie debe ir por libre. Se deben comunicar los resultados de las investigaciones, se deben afrontar conjuntamente los proyectos, en suma, se debe colaborar. Por ello debe existir un organismo de
carácter nacional que aglutine los esfuerzos, que gestione las políticas, que impulse las iniciativas, que coordine y promueva todas las actuaciones necesarias, como sucede en países tan adelantados y tan poco sospechosos como el Reino Unido,
senadora Aránega. Este centro, naturalmente, debe ser autónomo, debe estar constituido por las comunidades autónomas y debe estar adscrito al máximo órgano que existe para el fomento de la investigación médica y científico-técnica, como es el
Ministerio de Sanidad, un centro que puede ser un conjunto de lugares físicos interconectados mediante las nuevas tecnologías.
Todo esto debe ser así, y así lo dice el proyecto de ley, pero parece que algunos de ustedes tienen miedo a la palabra
gestión. Léanse el texto del proyecto y verán que cuando se habla de gestión se habla de gestión política general, no de gestión económica ni empresarial de los centros.
A ningún centro de ninguna autonomía se le van a quitar sus competencias en
la gestión de su actividad. Todos los centros van a poder seguir trabajando y decidiendo sobre cómo hacen su trabajo. El Gobierno, senadores, se fía de los centros, y lo único que quiere, en beneficio de todos, es coordinar sus actividades. La
gestión política de que se habla en el proyecto consiste únicamente en definir y promover las líneas políticas generales de actuación, y es natural que si se crea un centro nacional de trasplantes y medicina regenerativa, ese centro deba tener las
competencias en gestión política sobre estos asuntos.
Nunca he dudado de la capacidad y prestigio de los centros catalanes.
Ustedes saben que tengo en muy alta estima la Medicina y la Ciencia catalana, pero, senador Beguer, senador Espasa, ustedes
no son los únicos. Den gracias por lo que tienen y compartan Ciencia con otras comunidades o centros. No hay que ser excluyentes ni tampoco hay que parecerlo.
Señor presidente, señorías, antes de este Pleno he hablado bastante con los portavoces
de los distintos grupos parlamentarios para exponerles la posición del mío. No me ha importado descubrir mis argumentos y facilitarles así la preparación de sus intervenciones. Y no me ha importado porque creo que es mejor convencer de las
bondades del proyecto que simplemente aprobarlo con la mayoría de los votos. Con esas conversaciones las diferencias en cuestiones técnicas creo que al menos entre nosotros han quedado bastante solventadas, y sólo se mantienen en este foro las
enmiendas por las lógicas discrepancias políticas. Por ello lamento que mi grupo no pueda admitir ninguna, pero así debe ser.
El proyecto de ley es necesario y delicado, como ha dicho la senadora Loroño. Está realizado con afán de justicia, con
amplio respaldo científico y con mucho cuidado para no herir sensibilidades. Creemos que es un buen texto que va a llenar de forma adecuada el vacío legal existente. Creemos que es un proyecto compensado, lo suficientemente rígido en el
planteamiento de sus objetivos y lo suficientemente flexible en las formas de conseguirlos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Señorías, he argumentado de la mejor forma que he sabido la posición de mi grupo sobre las enmiendas
presentadas. Espero haberles aportado algo.
Quiero que mis últimas palabras sean de agradecimiento a los grupos que nos van a apoyar con sus votos, también a todos los portavoces ponentes del proyecto, y en general a todos los senadores. Mi
agradecimiento especial a la ministra, que en el año y medio que lleva de mandato nos ha dado un ejemplo magnífico de gestión política consensuada, limpia y eficaz.
Señorías, ha sido un placer y un lujo poder estar trabajando con ustedes hoy aquí.
Muchas gracias a todos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Tiene la palabra el senador señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ DIAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, está claro que hay una coincidencia general entre todos los portavoces que han intervenido en el sentido de que esta ley que hoy se trae aquí en su fase final es
necesaria para actualizar, ante los avances científicos y ante los problemas que han surgido en estos últimos años, la respuesta que hay que dar a numerosas parejas y a mujeres españolas ante la situación que se ha creado con las nuevas
expectativas, como también es verdad que este proyecto de ley ha abierto numerosas expectativas para estas parejas y para estas mujeres. También es verdad que todos los grupos políticos compartimos los objetivos que propone la ley, que por
reiterados que hayan sido no voy a dejar de nombrar. Esos objetivos fundamentales serían, en primer lugar, el tratar de evitar embarazos múltiples, evitar embarazos de alto riesgo y evitar la generación de embriones sobrantes. Creo que en líneas
generales todos coincidimos en esto aunque luego haya algunos matices. pero también es verdad que la mayoría de los grupos han expresado las excesivas restricciones que plantea esta nueva norma en el sentido de prolongar, complicar y encarecer los
procesos de reproducción asistida. Ya son bastante prolongados, caros y complicados, por lo que nos preocupa que estas restricciones excesivas y la inflexibilidad de la norma continúen encareciendo, prolongando y complicando estos procesos.
Como
ya hemos manifestado, vamos a posicionarnos a favor de esta ley porque creemos que avanza con respecto a lo que teníamos, pero, como no es la ley que hubiéramos querido, presentamos una serie de enmiendas que no han sido aceptadas y que en su
momento decayeron por cuestiones que no vienen al caso, aunque queríamos mantenerlas vivas en este Pleno, que coinciden con muchas de las presentadas por el resto de grupos, por lo que lógicamente contarán con nuestro apoyo en esta sesión.
Por lo
tanto, con esa posición global de apoyo a la ley pero también de crítica, como refleja nuestro respaldo a numerosas enmiendas de los otros grupos, queda clara cuál es nuestra postura ante este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero empezar mi intervención poniendo de manifiesto que, salvo que no se dé una situación contraria, éste va a ser último proyecto de ley relativo al ámbito de sanidad que
vamos a debatir en esta Cámara en la presente legislatura. Por tanto, aprovecho la ocasión para agradecer a todos los miembros de la Comisión de Sanidad y, en especial, a los ponentes del proyecto de ley el trabajo realizado y su interés por buscar
puntos de acuerdo, aunque no nos haya convencido, senador Antón, y en la segunda parte de mi intervención le daré una serie de argumentos.
Igualmente, agradecemos la labor del Ministerio de Sanidad y Consumo, de su responsable máxima, la ministra
de Sanidad presente en esta Cámara, y de otros miembros de su gabinete que han tenido a bien compartir su tiempo con nosotros en un intento de buscar puntos de encuentro, aunque en el caso de esta ley, señora ministra, tenemos que hacer una pequeña
salvedad en tanto que esa situación no se ha dado. Por último, quiero también extender nuestro agradecimiento al letrado y demás servicios de la Cámara, sin cuya ayuda y apoyo no hubiéramos podido llegar a buen puerto en todos los proyectos
debatidos en materia sanitaria en tan poco tiempo.
Senador Antón, ha quedado claro que todos los grupos parlamentarios de la oposición coincidimos, aunque con ciertos matices, en una serie de cuestiones comunes.
En primer lugar, cabe citar la
cuestión del destino anterior y posterior de los preembriones sobrantes. Este proyecto da solución a algunos, ¿pero podemos garantizar --y vuelvo a insistir en ello-- que con las limitaciones que plantea esta ley en cuanto al número de ovocitos a
fecundar y el número de preembriones a transferir no haya sobrantes, incluso haciendo cumplir a todas las parejas que se sometan a fecundación in vitro el compromiso de responsabilidad sobre sus preembriones crioconservados en los términos
previstos? Tengan en cuenta que de alguna forma les estamos obligando a que sean donados con fines reproductivos como única alternativa. ¿Podemos garantizar que no haya sobrantes? Esa es una de mis reflexiones, y en este tema todos los grupos
parlamentarios hemos planteando enmiendas.
En segundo lugar, se habla de presunto centralismo de la ley, y de presunto nada. Léase textualmente lo que dice la ley y verá que echa por tierra la estructura existente en este momento, porque se
aprovecha una ley sobre técnicas de reproducción asistida para crear el Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa. Es decir, creamos un centro nacional de transplantes cuando ya tenemos establecida y en marcha una estructura similar
--y lo decía en comisión-- cuyo rendimiento es altamente positivo, en beneficio de todos aquellos ciudadanos que precisan de un transplante de órgano, tejido o célula, y el grado de coordinación y colaboración entre comunidades autónomas y el
ministerio también es excelente, con lo que rompemos la estructura actualmente existente y entramos de lleno en el ámbito de la gestión sanitaria. Usted puede decir lo contrario, pero, cuando se habla de coordinar y gestionar transplantes como fin
esencial del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa y del Banco Nacional de Líneas Celulares, estamos hablando de elaboración, conservación y almacenamiento, y eso es gestión.
Usted ha empleado un término que es clave. Usted ha
dicho que la gestión política corresponde al Gobierno, por tanto, a las comunidades autónomas corresponde la gestión administrativa. Así pues, de alguna forma ustedes están diciendo sí a las competencias de las comunidades autónomas
y al Estado de Autonomías pero como meros agentes administrativos, pero no con plena autonomía política. Usted ha empleado, textualmente, la expresión gestión política. Por tanto, gestión política para el Gobierno y gestión administrativa
para las comunidades autónomas. Y esto es vulnerar competencias. Ya no se trata de limitar y delimitar sino de vulnerar.
Por último, creo que la investigación con células madre embrionarias es otra cuestión en la que todos los grupos
parlamentarios de la oposición coincidimos y, por supuesto --vuelvo a insistir--, con respeto total y absoluto a la dignidad del ser humano. Creo que nadie ha dicho lo contrario. Quizá utilicemos distintos matices, distintas palabras y distintos
términos, pero lo cierto es que hay que respetar la dignidad del ser humano desde la situación de preembrión hasta la situación de persona adulta, por ejemplo, de aquella que en estos momentos necesita recurrir a las técnicas de fecundación in vitro
para poder tener un hijo porque no le queda otro remedio, por desgracia, con lo cual está superando trabas de tipo psicológico y de tipo físico importantes como mujer y como pareja, así como respeto a la dignidad del ser humano que espera con anhelo
y ansiedad que las líneas de investigación abiertas por las posibilidades que ofrecen las células madre embrionarias resuelvan o mitiguen su problema de salud.
Creo que es en esos términos en los que estamos hablando los distintos portavoces, si
bien con distintos matices, con planteamientos distintos, y, si realmente hubiese habido búsqueda de consenso y de acuerdos, hubiéramos llegado a puntos de encuentro.
No digo que la ley no resuelva cuestiones, lo hace y con valentía --también hay
que decirlo--, pero deja otras en el camino que a los grupos de la oposición nos parecen importantes y que se podían haber solventado una vez que se ha dado ese paso valiente de traer a la Cámara el proyecto de ley que reforma la de 1988, que
necesitaba ser modificada para adecuarse a las circunstancias actuales y dar respuesta a problemas a los que hoy en día no se daba solución.
Sólo me resta decir que, aunque quede poco tiempo, debemos hacer ese intento de búsqueda de puntos de
encuentro, porque nos lo agradecerán todas las personas que en esta ley están viendo una puerta abierta ante las distintas situaciones, desde quienes hacen una defensa a ultranza del derecho a la vida, hasta quienes piden que se proteja su derecho a
la salud mediante las mejoras que pudieran introducirse a través de las líneas de investigación abiertas con las células madre embrionarias.
No quiero extenderme . Sólo quiero agradecer nuevamente el trabajo que se ha realizado en muy poco tiempo,
tanto por el ministerio como por los miembros de la Comisión de Sanidad y Consumo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador señor Espasa.
El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor presidente.
Llegamos al final del trámite parlamentario, como se ha repetido, sin ninguna modificación, sin ningún acercamiento, y ,lamentablemente, nos tendremos que ratificar cada uno en nuestras
posiciones. Nosotros votaremos aquella parte de la ley que representa el paso adelante que hemos reconocido, pero no podremos votar el resto de la ley, por las razones que hemos expresado en el veto, en la enmienda y en la primera réplica.
Para
terminar, quiero volver a fijar nuestra posición que consta ya en el «Diario de Sesiones» para el día que ilustres miembros del Tribunal Constitucional se documenten de todo lo que se ha dicho en esta Cámara y en el Congreso sobre esta delicadísima
cuestión.
Voy a señalar los tres aspectos básicos. Primero, con relación a los ovocitos, les hemos dado propuestas más inteligentes, más exactas y más respetuosas con la realidad científica, sin disentir del mismo objetivo final que ustedes
persiguen, que es limitarlos. No han querido. Ahí queda dicho, escrito y argumentado.
Segundo, respecto al estatuto jurídico de los preembriones, no sé a qué argumentos acudir para no repetirme, pero es de una evidencia palmaria que ustedes , con
sus votos y con esta ley, generan un estatuto distinto para los preembriones posteriores a la vigencia de esta ley respecto de los anteriores. Como se dice vulgarmente, se meten ustedes en camisa de once varas, vulneran la doctrina del Tribunal
Constitucional que establecía como un alto bien jurídico el estatuto de este preembrión y que, por tanto, exigía --y lo dice explícitamente la sentencia-- un tratamiento igual para todos ellos e introducen un tratamiento desigual, porque reconocen
que va a haber otros preembriones. Se les han dado argumentos de mediante qué vías puede haber preembriones no hechos ex profeso y no llegar al final del ciclo reproductivo. Pero da igual.
Ustedes se callan y no quieren contestar porque entran en
la contradicción ideológica a la que me he referido anteriormente y con la que acabaré mi intervención.
Y, en tercer lugar, está el asunto del centro nacional. Quiero agradecer el tono y el ambiente constructivo, dentro de la discrepancia fuerte y
profunda que hemos tenido, de todos los ponentes del Grupo Parlamentario Popular. Pero en ocasiones se les escapan expresiones que necesitan ser inmediatamente corregidas con un cierto énfasis, señor Antón Rueda. No puede ser --¡ya está bien!--
que cuando se reclama una competencia autonómica --no en exclusiva, simplemente se constata la realidad, lo ha hecho el senador Beguer, podía haberlo hecho yo-- hablando de la excelencia de determinados centros en la Comunidad autónoma de Cataluña,
usted responda que es una actitud excluyente y que por qué no repartimos el pan al resto de pobres de España. ¡Por favor, ya está bien! Ya está bien de tergiversar la legítima lucha por la defensa de una arquitectura constitucional que nos hemos
dado todos los españoles, no solamente los catalanes. Y no está bien que ustedes respondan a un recordatorio histórico imputándonos una voluntad al senador Beguer y a mí, a la Comunidad Autónoma de Cataluña, de exclusión de los beneficios
científicos que puedan darse en los centros privados, por cierto, de esta comunidad. Señor Antón, ahí se le ha visto
el plumero, lo mismo que ha sucedido en cuanto a la gestión política del Centro Nacional. Lo ha dicho la senadora Loroño y no voy a repetirlo. Es exactamente lo que he dicho anteriormente en el veto. Ustedes desconfían de los científicos,
de los centros privados, de los centros públicos, de las autoridades sanitarias y lo reúnen todo en el Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Reproductiva. Y tanto lo concentran que cuando se dan cuenta de que han metido la pata, afirman que el
centro puede ser en red, multicéntrico, que puede haber muchos, que sólo será una gestión política, que después puede haber una gestión práctica, es decir, el técnico sanitario que corresponda ya procederá a la descongelación del preembrión
sacándolo del tanque de nitrógeno. Eso, por decirlo suavemente, es un chiste, senador Antón. Puestos a desconcentrar, descentralizar y crear centros multicéntricos, les voy a dar una idea.
Medio en serio medio en broma se ha pedido para Zamora la
sede de ese centro nacional, el único que podrá descongelar embriones. Pues bien, ¿saben ustedes dónde podría estar ese centro? No en Zamora, sino en el Vaticano. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Varios señores
senadores, desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular: ¡Hala, hala!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, sólo con algunas excepciones, en la inmensa mayoría de los casos, y hoy, sin ninguna duda, la última parte de los debates se convierte en un diálogo de sordos. A
veces se presentan enmiendas transaccionales de última hora, aunque hoy, como digo, se ha producido un diálogo de sordos. En cualquier caso, en esta intervención voy a referirme sólo a la cuestión competencial.
En primer lugar diré que hay que
leer con claridad este proyecto de ley, que establece en su disposición adicional única que el centro nacional contará con un Banco Nacional de Líneas Celulares que se encargará de la elaboración, el almacenamiento, la conservación y gestión de
líneas celulares de diverso tipo, de acuerdo con las normas y estándares..., etcétera. Es decir, no se habla de la gestión política, sino que sólo establece de forma concreta la labor que llevará a cabo el banco nacional de líneas celulares.
Por
otro lado, en la disposición final primera se indica que corresponderá al Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa la aplicación del procedimiento de descongelación de los preembriones cuyas estructuras biológicas vayan a ser
utilizadas en el ámbito de la investigación biomédica y la medicina regenerativa..., etcétera. Así pues, está claro que se reserva aspectos muy concretos de la gestión.
Por otra parte, senador Antón, lamento profundamente las palabras que usted ha
dicho --el senador Espasa ya ha aludido a ello-- respecto de nuestra defensa competencial, como si los catalanes defendiéramos posturas excluyentes. He intervenido en el debate de muchos proyectos de ley, en los que a veces se han aceptado nuestras
enmiendas, y otras, no, debates que, como he dicho, muchas veces han acabado en un diálogo de sordos --seguramente en el de hoy tengamos culpa ambas partes--; pero pocas veces como hoy, creo que ninguna, se ha intentado desvirtuar mi argumento como
usted acaba de hacer.
Señoría, nosotros hemos puesto el ejemplo de Cataluña, y de Barcelona en concreto, como muestra de que existen centros pioneros en esta materia, pero no excluimos a nadie ni mucho menos. En la comisión ya dije que no
pretendía que hubiera un centro nacional en Barcelona, que podría estar, porque eso también sería una muestra de centralismo, sino que se instalen todos aquellos centros que realmente justifiquen su acreditación. Por tanto, puede haber centros en
Barcelona, Valladolid, Granada, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Sevilla, es decir, en las capitales importantes, y en otras probablemente no los haya. En cualquier caso, repito que no tiene por qué ser sólo Barcelona la ciudad donde se encuentre ese
centro. Y me extraña muchísimo que usted haya hecho esas manifestaciones, que a veces se escapan, pero son las verdaderamente excluyentes, queriendo dar la vuelta al calcetín, cuando por nuestra parte lo único que defendemos son las competencias en
esta materia de todas las comunidades autónomas, aunque hayamos puesto el ejemplo de Cataluña porque es el que conocemos más de cerca y por ser ésta una de las comunidades que ha investigado en este campo. Pero, por descontado, también queremos que
se acrediten todos aquellos centros que hayan investigado en este campo.
Así pues, repito que lamentamos que haya habido un diálogo de sordos, además de un intento de desvirtuar los argumentos que he expuesto al acusar de centralista y estatalista
esta parte del proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Aránega.
La señora ARANEGA JIMENEZ: Gracias, señor presidente.
Yo también me uno a las palabras de los senadores que me han precedido en el uso de la palabra. Cuando llegamos a este turno final uno tiene la sensación de que, tras esforzarnos, como
hacemos, en esgrimir argumentos potentes para mejorar una ley, no se nos escucha y a veces hasta se nos tergiversa lo que aquí decimos. Digo que no se nos escucha porque, en relación con el grupo de enmiendas que hemos presentado respecto del tema
de los ovocitos, ustedes cada vez dicen una cosa distinta. Unas veces dicen que serán los ovocitos a fecundar, otras veces hablan de los ovocitos en fase de fecundación, y otras en fase última de fecundación.
Dicen que éste es un tema que está
claro en la ley, pero me gustaría que ustedes pensaran por qué todos y cada uno de los grupos que no pertenecen al Gobierno de Partido Popular han expresado las mismas reservas respecto de este punto. ¿Saben ustedes por qué ha sido así? Porque con
este número que ustedes plantean restringen ostensiblemente
el proyecto reproductivo de la persona sometida a este tratamiento de técnicas de fertilización in vitro; restringen sus posibilidades, y por ello todos los grupos hemos hecho hincapié en poner de manifiesto que ése es un error que queda
recogido en la ley, tanto por razones técnicas, como ya hemos expuesto, como por razones jurídicas e incluso por razones morales y también económicas. ¿Se trata de tratamientos muy costosos para la persona que se somete a ellos o lo son para la
Administración? Ustedes, frente a la serena argumentación de todos los grupos, piden que la oposición se ponga de acuerdo, algo que, cuando menos, es una frivolidad, senadores del Grupo Parlamentario Popular.
¿Qué va a suceder con los embriones
excedentarios de las técnicas de fertilización asistida? ¿Por qué plantean ustedes dos tratamientos diferentes para una misma cosa? ¿Cuáles son sus argumentos para establecer que los preembriones excedentarios anteriores a la entrada en vigor de
esta ley tendrán un determinado tratamiento, en tanto que los que lo sean a partir de la promulgación de la misma tendrán otro diferente? Aquí se han expuesto razones muy contundentes y ustedes no han respondido ni a una sola de las argumentaciones
serias que se han planteado.
En cuanto a las competencias, todos los grupos, a través de nuestras enmiendas e intervenciones, hemos manifestado que ustedes se estaban injiriendo en ámbitos competenciales ya asumidos por las comunidades autónomas.
Así pues, y respecto del banco de células madre o células troncales, no vengan ustedes ahora a decir que dice la ley que podría decir otra cosa. Otros senadores que me han precedido en el uso de la palabra ya les han dicho que ello queda recogido
en el texto de ley que ustedes han traído a esta Cámara de una forma bien clara, y que, sin embargo, ustedes no recogen la coordinación de las comunidades autónomas, deseable por todos los grupos, sino todo lo contrario. No sólo gestionan el banco,
sino también la posibilidad de descongelación de las líneas.
Eso es algo que nadie en esta Cámara ha aceptado, sino que, por el contrario, hemos mantenido nuestra discrepancia al respecto. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la
Presidencia.) Por otra parte, y en relación con las células madre, no traten ustedes de poner en boca de los diferentes grupos políticos palabras que aquí no se han dicho. Aquí todos hemos expresado que las vulgarmente llamadas células madre son
una herramienta terapéutica que se consolida cada vez más como una realidad. Ya no es algo de futuro, sino que ahí están los resultados obtenidos en muchos hospitales. Si se prima de alguna manera en la Unión Europea la investigación con células
adultas es porque esa investigación lleva más largo recorrido y más grupos optan por esa línea de investigación, pero es porque están en mejores condiciones no porque esa sea la herramienta más oportuna. No tergiversen los hechos, son las células
madre embrionarias las que presentan mayores posibilidades. Es más fácil dirigir la programación celular que la desprogramación, ustedes lo saben, y sin embargo eso también se ha dicho en esta Cámara. Con respecto a la importación y exportación de
líneas de células madre, ni tan siquiera han mostrado un solo argumento para decir por qué se recoge en esta ley en esos términos.
Por tanto, siento de verdad que todo el esfuerzo, todo el debate, toda la capacidad intelectual que cada uno de los
grupos de esta Cámara hemos puesto para tratar de mejorar esta ley no se haya apreciado; siento que de las propuestas que nosotros hacemos, que tienen una potencialidad enorme de mejorar el proyecto, no se haya aceptado ni tan siquiera una enmienda
sobre los puntos importantes que esta ley tiene. Me queda ese sabor de decepción cuando acaba el debate de esta ley. Nos hubiera gustado decir otra cosa. Nosotros siempre pensamos que las leyes son positivas, para mejorar y ofrecer soluciones a
los ciudadanos, y nos hubiera gustado que alguna de las enmiendas que han presentado todos los grupos políticos, incluido el mío, hubieran sido recogidas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas
gracias, senadora Aránega.
Para finalizar el turno de portavoces, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Coloma.
La señora COLOMA PESQUERA: Gracias, señor presidente.
Gracias, señora ministra, por venir a esta Cámara a un debate tan importante. Quiero agradecer, en primer lugar, el tono utilizado por los portavoces de todos los grupos, agradecer su
voto a los que ya han dicho que van a apoyar este proyecto de ley y, en todo caso, agradecer la labor constructiva que se ha hecho a lo largo de esta legislatura en la Comisión de Sanidad y en todos los proyectos que se han llevado a cabo en ellas.
Gracias a todos, señorías.
Asistimos en el Pleno al debate de modificación de la Ley 35/1988 sobre técnicas de reproducción asistida, en la que todos estamos de acuerdo, porque es una reforma necesaria con la que el legislador y el Gobierno dan
respuesta a una demanda de la sociedad. El Grupo Parlamentario Popular asume el texto plenamente. Pensamos que es un texto hecho con rigor científico y jurídico, un texto positivo que recoge las recomendaciones de los expertos con una gran base
científica y ética, que respeta el carácter plural de la sociedad, que trata de recoger todas las sensibilidades, siendo muy respetuoso con todas ellas. Esta, por tanto, es una reforma necesaria, que se ha afrontado con valentía y con la que se da
un paso adelante muy importante, aportando solución a problemas nada sencillos y que hasta ahora no habían sido resueltos; modificaciones, señorías, señor presidente, que tanto la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida como el Comité
Asesor de Etica y Tecnología o las sociedades científicas, los expertos, las asociaciones de enfermos, los juristas de reconocido prestigio nacional e internacional y la sociedad en general han considerado que era necesario afrontar. A todos ellos
se les ha tenido en cuenta a la hora de elaborar el texto.
Señor presidente, señorías, como no podía ser de otra manera, el Ministerio de Sanidad y Consumo debe velar
por incrementar la salud de las personas y por ello uno de los objetivos es el de reformar ésta para evitar las gestaciones múltiples y con ello los riesgos para la salud tanto de la madre como de los hijos, así como mejorar cada una de las
fases del proceso de reproducción asistida y evitar la acumulación de embriones en un futuro.
Otro de los objetivos es el de resolver la acumulación de embriones criocongelados sobrantes de la fecundación in vitro, ya que la ley vigente no resolvía
este problema de los embriones no transferidos transcurridos los cinco años, dando así una solución ética y abierta a nuevas líneas de investigación, bajo estrictas normas de control, siempre bajo el consentimiento informado de los progenitores para
proyectos no lucrativos, dirigidos a reducir el sufrimiento humano y que pueda contribuir a la resolución de graves e importantes problemas de salud.
Señorías, en esta reforma debe prevalecer una actitud razonada y razonable para que una demanda de
estas características sea tratada y debatida con información científica suficiente y que las medidas que se adopten sean precisas, rigurosas y no den pié a equívocos.
Si conseguimos que esta situación se produzca, todos saldremos ganando, los
legisladores, los científicos y, por encima de todo, los pacientes que sólo desean solucionar de la forma más sencilla y efectiva sus problemas de infertilidad o de esterilidad.
Señorías, todos los expertos recomendaban en sus informes modificar la
ley vigente y es por lo que el Gobierno da un paso firme y seguro con el fin de resolver los problemas que se habían generado hasta ahora.
Modificamos esta ley para que lo que ha venido sucediendo hasta ahora, es decir, la acumulación de embriones
humanos sobrantes de la fecundación in vitro no vuelva a suceder.
El Grupo Parlamentario Popular, como ya ha dicho el senador Antón que me ha precedido en el uso de la palabra, va a rechazar las enmiendas presentadas por los distintos grupos y va a
apoyar el texto del dictamen porque es un texto serio, responsable, riguroso científica y jurídicamente, coherente, equilibrado, ético, asentado sobre unos principios firmes y sólidos como son que sólo se pueda aceptar la generación de embriones
humanos con fines reproductivos, que es algo que no dice el Gobierno ni el Partido Popular solamente, sino que ésta, como no podía ser de otra manera, ha sido una decisión respetuosa con el convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina,
el Convenio de Oviedo, donde en su artículo 18.2 dice textualmente: Se prohíbe la creación de embriones humanos con fines de experimentación y con el VI Programa Marco de la Comisión Europea que también lo recoge de una manera clara, respetuoso con
la decisión de las parejas o de la mujer que tiene la palabra sobre qué destino dar a los embriones actualmente congelados a través del consentimiento informado. En este texto se ha procurado aunar las distintas posturas existentes ante cuestiones
tan trascendentes como el respeto a la vida, el deseo de fertilidad de las parejas y el respeto a la libertad de investigación en favor siempre de la salud de las personas.
Me gustaría decir a los grupos nacionalistas que tenemos total respeto a
las competencias en materia de sanidad de las comunidades autónomas. El centro nacional de trasplantes y medicina regenerativa no es un lastre para el desarrollo de la investigación en cada autonomía ni va a monopolizar nada, sino todo lo
contrario, se trata de promover el trabajo en red y repartir juego. Las líneas celulares son para todos. Este centro será el que asigne y controle las líneas celulares que pudieran obtenerse para la investigación a los diferentes centros
autonómicos. Se ha tenido en cuenta un criterio de seguridad y control, así lo señaló el Comité Asesor de Etica. No se trata de un tema baladí, señorías, cuando hablamos de embriones o de células y, por ello, lo más lógico es la unificación de
esfuerzos y compartir conocimientos.
Por todo lo expuesto, espero de sus señorías el rigor también a la hora de votar y de apoyar este texto.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Finalizado el debate, llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Sometemos, señorías, a votación las enmiendas al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. (Rumores.) Silencio, por favor.
La votación se
inicia con las enmiendas 61, 62 y 63 presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 11; en contra, 130; abstenciones, 71.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (Rumores.) Silencio, por favor.
Enmienda número 64 del mismo grupo parlamentario. (Rumores.) Silencio, por favor.
Señor Díaz, silencio, por favor.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a favor, 12; en contra, 185; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 65 del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 82; en contra, 130; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 75; en contra, 130; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Enmienda número 8.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 65; en contra, 130; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 16, 17 y 18 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 82; en contra, 130.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 72; en contra, 130; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos en tres bloques las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. En primer lugar, la enmienda número 51.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 28; en contra, 130; abstenciones, 55.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 54 del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 20; en contra, 131; abstenciones, 61.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas y defendidas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 81; en contra, 128; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 29 y 30.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 65; en contra, 131; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 71; en contra, 131; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por último, votamos el dictamen. En primer lugar, el artículo único, apartado uno, modificaciones al artículo 4.3, y artículo único, apartado dos, modificaciones del artículo 11.3.
Se inicia la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 136; en contra, 67; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos la disposición adicional única.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 135; en contra, 15; abstenciones, 63.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la disposición final primera, apartado primero.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 198; en contra, tres; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el resto de la disposición final primera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 133; en contra, cinco; abstenciones, 73.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por último, votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 143; en contra, cuatro; abstenciones, 65.
El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida.
--DE LA COMISION DE INTERIOR Y REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PARA LA MODERNIZACION DEL GOBIERNO LOCAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
621/000166) (C. D. 121/000157).
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Interior y Régimen de las Administraciones Públicas en relación con el proyecto de ley de medidas para la modernización del gobierno local. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Para
la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la comisión, senador Núñez Rodríguez. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.--Pausa.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señorías, les ruego guarden silencio.
El señor NUÑEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, con la brevedad que el trámite de urgencia impone, diremos simplemente que el proyecto de ley que va a ser sometido a la consideración de sus señorías ha sido publicado
en el boletín oficial de la Cámara del día 3 del actual mes de noviembre. Que fijado el plazo de presentación de enmiendas en un principio hasta el día 7, fue ampliado a solicitud de un grupo parlamentario hasta el día 10 de noviembre.
En la fecha
siguiente al 10 de noviembre fue informado por la ponencia, y el día 12 lo dictaminó la comisión. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Núñez, un momento, por favor.
Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Senador Romero, senador Alonso, senador Marimon, guarden silencio, por favor. (Pausa.) Muchas gracias, señorías.
Puede
continuar, senador Núñez.
El señor NUÑEZ RODRIGUEZ: Con la venia, señor presidente, decía que estos plazos tan cortos que obligaron, prácticamente en 72 horas, a cerrar el trámite de enmiendas, redactar el informe de la ponencia y emitir el dictamen de la comisión,
hacen necesario agradecer a los miembros de la comisión, y muy especialmente a los componentes de la ponencia, senadores Arjona Santana, Duch Plana, Etxegoyen Gaztelumendi, Hurtado García, Mur Bernad, Perestelo Rodríguez, Rodríguez Pérez, Solana
Barras, Tejedor Utrilla y Xuclà i Costa, la labor desarrollada.
Sin más particularidades, y teniendo en cuenta que el trámite es de urgencia, queda presentado ante sus señorías el proyecto de ley de medidas para la modernización del gobierno local.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
A este proyecto de ley se han presentado inicialmente dos propuestas de veto, que pasamos a debatir.
La propuesta de veto número 1, originariamente presentada por el senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, ha sido retirada, y, en consecuencia, pasamos a la defensa de la propuesta de veto número 2, presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Curto.
El señor CURTO FORES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante un proyecto de ley que debería de adecuar y modernizar uno de los tres pilares sobre los que se sustenta la arquitectura territorial del Estado: el régimen
local.
Ha llovido mucho desde aquel 3 de abril de 1985 en que se aprobaron las bases del régimen democrático de la administración local en España.
Transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y culturales hacían necesaria una verdadera
reforma de las bases del régimen local en España.
El Gobierno del Partido Popular, y el grupo parlamentario que le da soporte tanto en el Congreso como en el Senado, han perdido la oportunidad de abordar con profundidad la reforma de las leyes
básicas de carácter municipal.
Desde el año 1985, a pesar de que se han producido algunas modificaciones en la mencionada ley de bases, prácticamente no han sido más que parches o modificaciones parciales.
La propuesta que ha presentado el
Gobierno después de un año de estudio por parte de la Comisión de los Entes Locales en esta Cámara no ha resultado ser ni una ley de grandes ciudades ni una verdadera ley de modificación del régimen local español; es más, desde nuestro punto de
vista, más que una ley parece un reglamento. Además, creemos que, como he dicho antes, al no abordarse con profundidad la reforma de las bases del régimen local, se han dejado de abordar --se han quedado en el tintero-- aspectos importantes que,
como he dicho antes, requerirían los cambios que se han producido en estos prácticamente 18 años en el mundo local español. No se abordan aspectos que afectan a la participación ciudadana en los ayuntamientos, ni se modifican los instrumentos de
calidad democrática que necesitaban y necesitan nuestras corporaciones locales; falta un verdadero compromiso competencial, no hay un diseño con la previsión de su financiación adecuada a las necesidades actuales y, entre otras cosas, no se ha
producido la legitimidad esperada de los ayuntamientos para defender la autonomía local ante el
Tribunal Constitucional. Son éstos algunos de los aspectos que deberían formar parte --no voy a entrar en ellos-- de una reforma profunda de la administración local en España.
Nuestro grupo ha presentado el veto a esta ley después del
trámite parlamentario en el Congreso y el debate en comisión, porque hemos visto una total falta de sensibilidad por parte del Grupo Parlamentario Popular para aceptar algunas de nuestras propuestas, que iban en la dirección de, como mínimo,
mantener el ámbito competencial de las comunidades autónomas en materia de régimen local, así como en la modificación de algunos aspectos menores de la ley pero, en todo caso, novedosos, a los que ahora me referiré, y por último, no abordar de forma
definitiva la aprobación de la Carta de Barcelona, es decir, que esta Cámara, como todas sus señorías saben, lleva años pidiendo al Gobierno para que presente de forma definitiva el proyecto de ley que debe desarrollar la Carta de Barcelona,
aprobada por unanimidad de todos los grupos tanto en el ayuntamiento de Barcelona como en el Parlament de Cataluña hace cinco años.
Entendemos, señorías, que el proyecto de ley para la modernización del gobierno local debe basarse en un escrupuloso
respeto a las competencias de las comunidades autónomas en materia de régimen local, teniendo también en cuenta las especificaciones de su organización territorial como, por ejemplo, las contempladas en el estatuto de autonomía de Cataluña.
Entendemos que esta ley supone un notable incremento en el alcance de aquellos puntos, elementos, artículos o aspectos que se consideran básicos para la legislación estatal, tanto en extensión como en intensidad. El proyecto considera básicos
ámbitos que hasta el momento no habían merecido esta calificación como, por ejemplo, la legislación de mancomunidades, regulada hasta el momento por las leyes de los parlamentos autonómicos; aspectos relacionados con la gestión de los servicios
públicos locales y, sobre todo, el novedoso y flamante nuevo Título X de esta ley, que introduce un régimen especial para los municipios de gran población con aspectos muy pormenorizados y que, prácticamente, no dejan campo a la actuación de los
gobiernos y de los parlamentos autonómicos para legislar sobre esta materia.
Por tanto, se produce un retroceso en las competencias de las comunidades autónomas en lo relativo a la legislación de las mancomunidades, sobre la cesión de los servicios
públicos locales y, especialmente, como acabo de decir, sobre la organización de los municipios de gran población, que se recoge en el Título X de este proyecto de ley.
En definitiva, señorías, así como hasta ahora el régimen local español estaba
caracterizado por el uniformismo territorial y normativo --tanto si tenían 300 ó 300.000 habitantes--, la modificación que propone el Gobierno promueve el mismo uniformismo pero en dos niveles: para los municipios que no lleguen a los 175.000 o
250.000 habitantes --según sean o no capitales de provincia--; y para el resto de ciudades. Por lo tanto, entendemos que se repite nuevamente aquello del «café para todos», que es una filosofía que no podemos compartir.
En relación con el
retroceso de las competencias de las comunidades autónomas, voy a poner un ejemplo que muestra, desde nuestro punto de vista, el desprecio del proyecto de ley hacia las mismas. Así, el artículo 117, que regula la composición de la Comisión Nacional
de Administración Local, dice que estará formada por las administraciones públicas locales y por la Administración General del Estado. Asimismo, en el apartado 3 de este mismo artículo, dice que, en todo caso: «A sus reuniones podrán asistir,
cuando sean convocados por su Presidente, representantes de las Comunidades Autónomas.» Es decir, las comunidades autónomas no forman parte, de pleno derecho, de este organismo permanente de colaboración entre la Aministración del Estado y la
administración local, pero hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas también son Estado y tienen competencia exclusiva en materia de régimen local y, por lo tanto, no podemos aceptar simplemente el papel de convidados, cuando el
presidente lo considere conveniente.
Este es sólo un ejemplo pero, en todo caso, tal como he expuesto con anterioridad, creo que el conjunto de la ley pone de manifiesto la clara voluntad de aumentar las competencias básicas del Estado y, en
consecuencia, disminuir las de las comunidades autónomas en materia de régimen local y, además, deja sin resolver el problema de la Carta de Barcelona. Es cierto que en el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados se aceptó una enmienda
de Convergència i Unió que tenía la finalidad de que el Título X, no afectará a la ciudad de Barcelona mientras no se aprobase la citada carta; sin embargo, señoría, llevamos ya mucho tiempo prorrogando este trámite. En este sentido, hemos
presentado diversas iniciativas parlamentarias que incitaban al Gobierno a presentar la ley que diera carta de naturaleza a la normativa que regula el funcionamiento del Ayuntamiento de Barcelona y no sólo seguimos donde estábamos sino que no hay
voluntad de adquirir un compromiso, que era lo único que pedíamos: que el Gobierno fijase un plazo concreto y se comprometiera; pero no han sido capaces de asumir el compromiso.
Por todos estos motivos, señorías, mi grupo parlamentario mantiene
su propuesta de veto, a pesar de que nos hubiera gustado participar en el debate y la mejora de una ley que debería abordar todas las transformaciones que se han producido en el mundo local en estos últimos 18 años y garantizar un entramado jurídico
que abordara de forma definitiva las competencias que, en este momento, necesitan los ayuntamientos --evidentemente, con su financiación correspondiente-- y, a la vez, el necesario equilibrio entre las competencias de la administración local y las
de las comunidades autónomas.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Curto.
¿Turno en contra? Tiene la palabra el senador Rodríguez Pérez.
El señor RODRIGUEZ PEREZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero expresar una queja por la actitud de falta de cortesía y elegancia, por lo menos de solidaridad, del señor Quintana.
Sabíamos que no iba a asistir a ete debate, y hasta última hora de hoy ha mantenido este veto. Nos
ha hecho trabajar en él a todas las personas que estamos llevando este proyecto. Ahí queda constancia de esta queja.
Señor Curto, nosotros pensábamos que ustedes iban a retirar este veto, que eran más bien de cuestiones de tipo electoral las que
les impulsaban a haberlo presentado. Efectivamente, usted ya hizo mención a que mantiene dos discrepancias fundamentales con el proyecto de ley. Una de ellas, en lo que se refiere a temas competenciales y otra a la Carta Municipal de Barcelona.
En lo que se refiere a la Carta Municipal de Barcelona no me resisto a leerle, señoría, las manifestaciones del portavoz de Convergència i Unió, señor Jané y Guasch, en el debate del 11 de marzo de este año, con motivo de la proposición no de ley
presentada por el Grupo Socialista, que dio lugar a una enmienda transaccional entre dicho Grupo y el Grupo Popular, origen de este texto, que había tenido su inicio en la Comisión de Entidades Locales del Senado con la presentación del informe por
el ministro Posada sobre las grandes ciudades.
El señor Jané y Guasch, el 11 de marzo de 2003, decía lo siguiente: «Nosotros consideramos que Barcelona, como capital de Cataluña, necesita de la Carta Municipal, pero con una ley propia, con una ley
independiente, no incluida en ese régimen de ley de grandes ciudades, que respetamos para otras poblaciones pero que entendemos que no debe regular lo que está previsto en la Carta Municipal de Barcelona. Repito que para Convergència i Unió la ley
de grandes ciudades o cualquier normativa sobre ciudades de gran población no debe incluir la Carta de Barcelona.
Debe haber una ley específica para Barcelona, en su carta municipal, una ley que deberán aprobar las Cortes Generales, aprobando el
mandato que viene del Ayuntamiento de Barcelona, y aprobado por unanimidad en el Parlamento de Cataluña...» Y añadía lo siguiente: «No se ha utilizado --en relación con la enmienda-- el apartado 4 --un apartado larguísimo--, con una serie de
especialidades que prevé un régimen específico para los municipios de mayor población. Para nosotros creo que ésa es la voluntad de quienes han firmado esta transacción, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista. Esto es un llamamiento
a una futura ley de grandes ciudades.
No se ha utilizado ese término, tampoco se ha puesto el límite de qué es lo que se considera gran ciudad o no, pero se habla de hacer un régimen específico para los municipios de mayor población.» Pues bien, si
se acepta el final de ese apartado 4, que en este régimen específico para los municipios de mayor población no se integrará la ley especial de Madrid ni la ley especial para Barcelona, que tendrán una regulación propia independiente en cumplimiento
de la propuesta de carta municipal, aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona, si se acepta esta precisión, mi grupo votaría a favor de esta transacción que deja muy claro que la futura regulación de un régimen específico para estas poblaciones de
mayor número de habitantes, que es una ley de grandes ciudades, no integrará lo que supone la ley específica que debe tener Barcelona en cumplimiento de su carta municipal. Esta es la propuesta que hace Convergència i Unió. Si se acepta,
votaríamos a favor, porque globalmente estamos a favor del conjunto de medidas que desde el consenso se impulsan a través de este texto transaccional.
Señor Curto, no es fácil de entender. Es muy difícil comprender por qué se ha producido esa
variación. Este texto está aquí, y, efectivamente, dentro del consenso y para invitar a Convergència i Unió, se dictó una transitoria, en este momento es concretamente la transitoria cuarta, en la cual y a petición de ustedes, recogiendo el guante
que lanzaba su portavoz, en esta transitoria cuarta, en tanto no se apruebe su régimen especial, el Título X de esta ley no será de aplicación al municipio de Barcelona. Y es más, hay una disposición derogatoria única en la que se dice: «Quedan
derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con las disposiciones de esta Ley, excepto la disposición adicional sexta, de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, y sin
perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta.» Si vamos a esa disposición adicional sexta, usted sabe que se dice que: el régimen especial del municipio de Madrid, contenido en el texto articulado, en su apartado 2..., el régimen
especial del municipio de Barcelona contenido en el texto articulado..., y sus disposiciones continuarán vigentes salvo que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo establecido en la presente Ley --la Ley 7/1985--. O sea, este texto
se deja en vigor justamente para complacer a Convergència i Unió.
Señoría, no podemos entender que si en ese ánimo de consenso se hace patente, merced a esta disposición transitoria cuarta, que Barcelona queda excluida de esta ley de grandes
ciudades mediante la disposición que deroga todo cuanto se oponga a esta ley, excepto esta disposición adicional sexta que habla de la ley de régimen especial para Madrid y Barcelona, yo no le puedo admitir, señoría, que ustedes basen su veto
justamente en que no hay una nueva contemplación de la Carta Municipal de Barcelona. Y es que sí se contempla. Otra cosa son los plazos, que también se debatieron, aunque no se hizo mención de los mismos.
Este es uno de los motivos que les llevan
a vetar este texto, en el que, por otra parte --y es una contradicción flagrante, senador Curto--, en su párrafo final dicen: Para la mejora de los gobiernos locales es necesaria una profunda modificación del actual régimen local, algo que, por
cierto, ya se dice en el apartado 3 de la exposición de motivos. Ahí se dice: «Sin perjuicio de que el objetivo último debe ser la elaboración de una nueva Ley de Bases de la Administración Local, que constituya un instrumento adecuado para que
nuestros gobiernos locales afronten los complejos retos que les presentan los albores del siglo XXI, que necesitará un tiempo razonable pero no dilatado de reflexión y discusión, nuestros gobiernos locales requieren, de forma inaplazable y urgente
la adopción de una serie de reformas tendentes a su racionalización y modernización, que responde a necesidades ineludibles.» Recoge también esta parte final
de su veto, cuando dice: El actual proyecto de ley de modernización del gobierno local no deja de ser una modificación puntual de determinados aspectos del régimen local. Es decir, no le dan importancia. Nosotros no estamos de acuerdo en
esa modificación puntual porque en su Título X introduce a estos grandes municipios, de más de 250.000 habitantes, municipios capitales de provincia de más de 175.000 habitantes, capitales de provincia o cabildos insulares cuya población insular sea
de más de 175.000 habitantes o aquéllos de más de 75.000 habitantes que lo hagan a petición de sus plenos y mediante ley de su Parlamento.
Como digo, no deja de ser una contradicción que digan ustedes que este proyecto no es sino una modificación
puntual de determinados aspectos y que desde un amplio consenso y sin burlar las competencias de las comunidades autónomas dicen que hay otros temas que es necesario abordar.
Y a eso iremos después. Pero quiero que quede clara su postura, en lo
que se refiere a esta Carta Municipal, y que quede clara la voluntad del Partido Popular y también la del Partido Socialista de sumarles a ustedes al consenso atendiendo a esa petición. Usted mismo sabe que ahí está la expresión, la voluntad del
Gobierno en respetar esta Carta Municipal de Barcelona. Y cuando se manifiesta esta voluntad está claro que los demás pasos, señoría, tienen que venir por añadidura.
Presentan también ustedes temas de tipo competencial, algo recurrente en los
partidos nacionalistas aunque no en todos; sí en ustedes, tiene que reconocerlo. Tengo que decirle que lo que ustedes dicen no se ajusta a la realidad, toda vez que los artículos que regulan el régimen de atribución de competencias a los
municipios, concretamente el 25 y 26 de la Ley de Régimen Local, no se modifican. Le puedo leer, por ejemplo el artículo 25, que señala que los municipios deberán prestar, en todo caso, una serie de servicios entre los que se incluyen los que
aprueben las respectivas comunidades autónomas.
Nos interesa hacer hincapié, señoría, en los apartados 2 y 3 del artículo 20, ya que no se han modificado los artículos que hacen referencia a las distribuciones competenciales. Concretamente, el
apartado 2 del artículo 20 dice: «Las leyes de las comunidades autónomas sobre el régimen local podrán establecer una organización municipal complementaria a la prevista en el número anterior.» Este apartado 2 no se ha modificado, señor Curto
Forés, ni el tercero, que dice: «Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en las leyes de las comunidades autónomas a las que
se refiere el número anterior.» También le podría mencionar el artículo 21.1.s) o el número 26 de la Ley 7/1985.
Señoría, si de la citada ley no se modifican los artículos que distribuyen las competencias entre las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, no entendemos cómo pueden basar ustedes su argumentación justamente en algo que no se corresponde con la realidad de la ley.
Tampoco es cierto que se hayan sentado las bases orgánicas para que las grandes ciudades puedan administrar
un mayor número de competencias frente a los entes autonómicos. Esa es su eterna pelea, enfrentar a las comunidades autónomas con los ayuntamientos. Usted sabe que el artículo 137 de la Constitución --y se lo dije en comisión-- regula y reconoce
al mismo nivel el poder estatal, autonómico y local. Lo reconoce, como luego se corrobora mediante sentencias del Tribunal Constitucional, siendo una de las más importantes la del 28 de julio de 1981, que dice que las entidades locales son
titulares de un derecho a la autonomía constitucionalmente garantizada por lo que no pueden ser dejadas en lo que respecta a la configuración de sus órganos de gobierno a la interpretación que cada comunidad autónoma pueda hacer de ese derecho, de
ahí que corresponda al Estado la fijación de criterios o principios básicos en esta materia.
Como le decía antes, no es verdad que se hayan sentado las bases para que las grandes ciudades puedan administrar un mayor número de competencias frente a
los entes autonómicos. Es a la inversa, señoría. Lo que se busca es que la organización de los ayuntamientos responda a las necesidades propias de los municipios altamente poblados, que es lo que ha inspirado la nueva configuración de sus órganos
de gobierno y administración, pero no mayores competencias. Se distribuyen y es una nueva forma de organización de estos grandes municipios, pero no se detraen competencias de otros entes.
En la medida en que el Estado ejerce una potestad
legislativa propia, la de fijar una organización municipal básica, no puede plantearse ningún problema de constitucionalidad. Usted decía el otro día que la Comunidad Autónoma de Cataluña tenía competencia exclusiva en materia de régimen local, y
yo le dije que negaban la mayor. Si usted parte de una premisa falsa, toda su argumentación queda viciada por ese defecto. No es verdad, es justamente al revés, el derecho a la autonomía local está constitucionalmente garantizado y en la medida en
que el Estado ejerce una potestad legislativa que le ha sido atribuida en el artículo 149.1.18 de la Constitución, como es la de fijar una organización municipal básica, no puede plantearse ningún problema de constitucionalidad.
Tampoco es cierto
que el proyecto de ley insista en la uniformidad, es justo al contrario. Antes sí ocurría; en la Ley 7/1985 se trataba a todos los ayuntamientos por igual y ahora se distinguen los ayuntamientos del régimen común y los de las grandes ciudades, los
que antes citamos: esos grandes cuatro grandes grupos, incluidos los cabildos insulares. Por eso, esta ley, contrariamente a lo que usted decía, rompe con esa excesiva uniformidad que caracterizó al régimen local español, tal y como se señala en
la exposición de motivos.
Creo que no nos vamos a poner de acuerdo sobre este tema. Está claro que ustedes tienen un concepto que anteponen. Ustedes pretenden subordinar la autonomía local a la autonomía de las comunidades autónomas y nosotros
las ponemos al mismo nivel simplemente haciendo un ejercicio de responsabilidad respecto de lo que marca la Constitución.
Concluyo esta intervención, señoría, citando una frase de un político y pensador francés, Tocqueville, quien decía que es en
el municipio donde reside la fuerza de los pueblos
libres, que las instituciones municipales son a la libertad lo que las escuelas primarias son a la ciencia: la ponen al alcance del pueblo. Y añadía, con gran sentido del pragmatismo, que, entre todas las libertades, las de los municipios,
que se establecen tan difícilmente, son también las más opuestas a las ambiciones de poder.
¿Por qué tienen miedo, señorías, a esta autonomía de los ayuntamientos? Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mur.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
Intervendré en este turno sobre la propuesta de veto que ha defendido el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, pero antes permítanme una cuestión previa para
responder al senador Rodríguez acerca de la queja, a mi modo de ver, injustificada, por la retirada de la propuesta de veto suscrita por el senador Quintana.
Creo que es justo lo contrario. El senador Quintana ha tenido con todos nosotros la
amabilidad de comunicarnos que, cuando no puede estar presente, no la defendamos. Yo estoy como ponente y podría haber hecho la defensa de esta propuesta de veto, que por otra parte está perfectamente explicitada en la exposición de motivos y en
todo el texto, y creo, sinceramente, que el buen trabajo del senador Quintana ha quedado ya reflejado. El hecho de que hayamos conocido ahora que no lo puede defender y, por tanto, se retire, en vez de que decaiga, me parece más bien una práctica
parlamentaria correctísima, aunque esto ya es a juicio de cada uno.
Voy a entrar en la cuestión del veto que ha defendido el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió para decirles que, aunque sea de modo testimonial --aquí
casi todas las cuestiones acaban siendo testimoniales por fuerza de los votos--, lo voy a apoyar. Y lo voy a hacer, sin entrar en demasiados detalles, por cuestiones básicas y fundamentales que, a mi juicio, contiene esa propuesta de veto.
Es
verdad que todo proyecto de ley del calado y la profundidad de la que en estos momentos nos ocupa tiene algunas cuestiones importantes y algunas cuestiones bien redactadas. En primer lugar, hay una cuestión importante para toda ley y es que, aparte
de la legitimidad y la legalidad, sea oportuna. Y estoy de acuerdo en que esta ley es oportuna.
¿Cómo no lo va a ser, con la cantidad de años que llevamos esperando una legislación específica para las entidades locales? Pero, a nuestro juicio,
este proyecto que se nos presenta por parte del Grupo Popular adolece de algo muy importante y es que desconoce el Estado autonómico. El senador Rodríguez acusa a los nacionalistas de tener una fijación por querer defender los derechos del Estado
de las Autonomías, pero, señoría, creo que el Título VIII está ahí para algo. Y ustedes tienen una fijación absolutamente contraria, es decir, parece que les molesta que siempre haya que hacer referencia al legítimo derecho que tienen las
comunidades autónomas, que también son Estado --creo que es aquí donde está la clave del concepto.
Ustedes ven a las comunidades autónomas, a unas más que a otras --a las que gobiernan ustedes me imagino que no--, como una especie de contrapoder
con la Administración Central. Pero el Estado español, el que contempla la Constitución, está perfectamente diseñado, como también están perfectamente reglamentadas cuáles son los niveles y las competencias de cada una de ellas.
Y, señoría, en la
medida en que las comunidades autónomas sean fuertes, estén bien gestionadas, tengan los medios adecuados y la financiación precisa, haremos un Estado fuerte. No se puede hacer un Estado fuerte solo desde Madrid, solamente aceptando el concepto
unitarista del Estado.
Evidentemente, en este sentido, senador Rodríguez, también podría decir que ustedes tienen la fijación contraria a la que se nos acusa. Creo que no es eso. Pienso que sería más correcto decir que en toda legislación tenemos
que tener en cuenta los tres niveles de la Administración: central, autonómica y local. Somos defensores de la administración local, claro que sí. Repito, hay que tener en cuenta los tres niveles pero coordinados, escalonados y no enfrentados,
porque cuando oigo al Grupo Parlamentario Popular tengo la sensación de que ahora han descubierto que la manera de debilitar a las comunidades autónomas es enfrentándolas con los entes locales. No sé si sucederá así con esta ley, pero es algo que
ya ocurre con la financiación. Tenemos competencias en materia de administración local pero no tenemos presupuesto. Le puedo asegurar que la Comunidad Autónoma de Aragón transfiere mucho dinero a los ayuntamientos pero jamás se nos transfiere una
peseta por el concepto de administración local. Por tanto, de alguna manera estamos supliendo a la Administración central del Estado, tanto los ayuntamientos en la prestación de servicios como las comunidades autónomas, proporcionándoles una
financiación, para lo cual no tenemos una financiación derivada del Gobierno central.
Usted ha dicho algo que no comparto: la autonomía local al mismo nivel que la autonomía de las comunidades autónomas. Permítame, señor senador, decirle que no;
no quiere decir que sean de primera y de segunda y le voy a decir, a mi modesto juicio, el porqué. Los ayuntamientos todavía no legislan, las comunidades autónomas sí, y hay un órgano de control de los gobiernos de las comunidades autónomas que son
los parlamentos regionales. No me parece que los ayuntamientos y sus plenos sean ese órgano de control; por tanto, cada uno en su nivel y así está bien articulado. No estoy pidiendo que los ayuntamientos también legislen, faltaría más. Pero no
es bueno que hagamos esa diferenciación y que enfrentemos a unos contra otros.
En cualquier caso, voy a votar por apoyo testimonial esta enmienda, porque considero que tiene suficientes fundamentos; después veremos el articulado donde,
evidentemente, hay algunos aciertos y otros, a mi juicio, no tanto. Y quiero decirle, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que tan pronto como quede aprobada esta ley, si
les da tiempo, empiecen a revisar un nuevo modelo de financiación de las entidades locales fundamentalmente derivado de esta ley porque, de lo contrario, la ley servirá de poco.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Mur.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Extegoyen.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
De una primera lectura del presente proyecto de ley, valorando lo que vaya a dar de sí la reforma que se anuncia para la modernización del gobierno local, a mi entender no parece
este título el que resulta más apropiado, porque visto el contenido concreto del texto que se nos propone, si por algo se caracteriza es por su falta de ambición.
Cierto es que el proyecto de ley que nos ocupa no es algo baladí; a la vista está
que se reforman aspectos puntuales y determinados capítulos de la vigente Ley de Bases de Régimen Local, creándose además un nuevo capítulo décimo relativo a las grandes ciudades. Pero no es menos cierto que hubiera sido ésta una muy buena
oportunidad para abordar la cuestión de la administración local desde una perspectiva global y de una forma mucho más meticulosa, con el objetivo de hacer eficaz y duradera una reforma que todos los agentes implicados consideran necesaria.
Señorías, a mi entender, esta labor puede abordarse sólo desde la más rigurosa responsabilidad, algo que debo decir que en este caso y a día de hoy no se corresponde con la actitud del Partido Popular puesto que está necesitado, por aquello de las
promesas electorales, de llegar a las próximas elecciones generales del mes de marzo con algo más que las cenizas de aquello que denominaron Pacto Local y que anunciaron inminente hace poco más de un año. Toda una reforma que resultó ser humo,
entre otras razones, porque nunca supieron cómo acometer una de las cuestiones fundamentales y aún pendientes en este país, cual es el debate sobre el régimen de financiación de los entes locales.
Los vetos que han sido presentados al presente
proyecto de ley, tanto el del senador del Grupo Parlamentario Mixto, Anxo Quintana, como el del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al menos en su filosofía, participan de la visión crítica que de esta reforma tiene el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, razón por la cual compartimos la línea de su argumentación, aunque no tanto la oportunidad de su presentación. Y me explico. A mi grupo parlamentario, en el Congreso de los Diputados ya se nos
planteó la disyuntiva de limitar nuestra posición crítica a este proyecto de ley en los estrictos términos en los que se plantea la reforma, o alternativamente considerando en bloque la perspectiva del régimen local, y enmendar todos aquellos
aspectos de la Ley de Bases que consideramos mejorables, con independencia de que estuvieran o no afectados por este proyecto. Y es aquí donde, en su caso, hubiera cabido la presentación de una enmienda a la totalidad o un veto ante esta Cámara.
A
la vista está que hemos optado por la primera de las opciones y que no hemos vetado la presente reforma, pero lo hemos hecho, no tanto porque no discrepemos del resto del articulado de la ley, sino por una cuestión de mera operatividad. En
cualquier caso, como ya hemos dicho, compartimos la filosofía que informa estos vetos, por lo menos del que queda vivo, razón por la cual en su momento nos decantaremos por la abstención.
Y, no ya como cuestión previa, sino como reflexión final,
quiero terminar haciendo una referencia a lo que el senador Rodríguez, nuestro compañero del Grupo Popular, ha dicho al comienzo de su intervención respecto de nuestro también compañero el senador Quintana.
Sinceramente, no entiendo ese tipo de
comentarios cuando se apela a la cortesía parlamentaria. No lo entiendo, no lo comparto, ni tampoco me veo reflejada en él. Y hoy me siento en la obligación de manifestarlo así, ya que, no sé si el senador Rodríguez habrá tenido la oportunidad de
hablar con el senador Quintana, pero yo lo he hecho no hace mucho tiempo y ha sido a última hora cuando me he enterado de que no podía llegar. De cualquier forma, creo que es la segunda vez que oímos desde la tribuna algo muy parecido respecto del
senador Quintana, y aunque en modo alguno voy a sacar la cara por él --aquí ya somos todos mayorcitos, y tampoco soy yo quién para hacerlo--, me gustaría dejar constancia de este tema, porque ya son muchas las cuestiones de cortesía parlamentaria
que abordamos sobrevolando los asuntos de fondo en esta Cámara.
Señorías, hay que tener en cuenta que en esta Cámara hay un grupo muy grande, pero también hay grupos pequeños. No sé si algún miembro del Grupo Popular habrá tenido la oportunidad de
formar parte de un grupo mixto para saber lo difícil que es trabajar en él. Hay veces que en ese grupo los senadores se representan exclusivamente a sí mismos, con lo cual, el don de la ubicuidad adorna a muy poca gente.
Por otra parte, si
hablamos de cortesía parlamentaria habría que decir que también lo es, por ejemplo, que el Gobierno tenga en cuenta el hecho de que estas Cámaras son legislativas con el fin de evitar, porque puede hacerlo, el traer a conocimiento y debate en esta
Cámara iniciativas legislativas de calado como si fueran churros. No tenemos tiempo.
Cortesía parlamentaria también es tener la oportunidad de estudiar y enmendar esas leyes con una cierta rigurosidad, en lugar de disponer de un minuto 20 segundos
para defender muchas de las enmiendas que tenemos que presentar o analizar.
En fin, cuestiones parlamentarias son muchas cosas. Sólo nos queda un mes y medio para acabar esta legislatura, pero creo que todos tenemos todavía muchas cosas que
aprender a ese respecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Etxegoyen.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Sabaté.
El señor SABATE BORRAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, tal como hemos manifestado a lo largo de los últimos tiempos en esta Cámara, y en concreto en la Comisión de las Entidades Locales, nuestro grupo parlamentario comparte la
evidente necesidad de que se reforme la legislación en materia de administración local, por lo que esta reforma se debía abordar. Ello pasa por reforzar la eficacia y rapidez en la gestión para actuar de acuerdo con lo que requieren los intereses
ciudadanos y, a su vez, ofrecer importantes garantías para que el debate amplio y abierto sobre las políticas de las ciudades se pueda llevar a cabo de manera adecuada. Las tareas de control e impulso que deben realizar los plenos de los entes
locales deben garantizarse, al tiempo, como digo, que se insiste en la eficacia, rapidez y mejora de la propia gestión.
Estos dos aspectos: la necesidad de los gobiernos locales de llevar a cabo ese impulso y actuar con rapidez y eficacia, y la
necesidad democrática de que los plenos de los entes locales ejerzan su función de control y ofrezcan garantías a la ciudadanía, en la práctica pueden parecer contradictorios. Partiendo de esa doble necesidad, insisto en que era evidente la doble
oportunidad de modificar la legislación del régimen local.
Por otro lado, se había planteado el debate para reforzar el régimen competencial de las grandes ciudades. Llevamos ya tiempo debatiendo esa cuestión, e incluso hemos elaborado un informe
en esta Cámara sobre la conveniencia de que exista una ley de las grandes ciudades, haciendo hincapié sobre todo en la necesidad de que éstas tuvieran mayores competencias, fundamentalmente en materia de seguridad ciudadana, de haciendas locales y
de justicia local, entre otros aspectos.
Evidentemente todos estos argumentos llevaban a la necesidad de acometer esta reforma legislativa.
Ante todo ello, entendemos que este proyecto de ley, que ahora se somete a debate y votación, es necesario,
aunque, a nuestro juicio, el texto del mismo resulta manifiestamente insuficiente. El mayor techo competencial no se consigue en la medida adecuada y, sobre todo, en lo que afecta precisamente al tema de las grandes ciudades, al que hacía
referencia hace sólo un momento. Así pues, insuficiencia en cuanto al marco competencial.
Asimismo, tal y como razona la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, se produce una invasión
de competencias de las comunidades autónomas en algunos campos.
A partir de la legislación básica se concreta en exceso y se limita la capacidad legislativa de los Parlamentos autónomos. Por otra parte, también es cierto que estamos ante un nuevo
aplazamiento de la ley de la carta municipal de Barcelona.
Pese a todo, nuestro grupo parlamentario reconoce y asume, en cuanto a este último aspecto, el acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados, donde, según tengo entendido, se pactó,
incluido el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la inclusión de la fórmula que recoge la disposición transitoria cuarta en cuanto que la ciudad de Barcelona queda excluida del Título X de esta ley, estando pendiente de
una legislación específica. Tal y como hemos reclamado en otros momentos --lo hicimos en el debate del informe que elaboramos en esta Cámara sobre la ley de grandes ciudades--, sin duda sería mucho mejor fijar unos plazos concretos que den
garantías al municipio de Barcelona, pero también es cierto que de momento el propio ayuntamiento de la Ciudad Condal está de acuerdo con esta fórmula sobre la que, como he dicho, hubo consenso en el Congreso de los Diputados en cuanto a dejar para
una futura ley específica la carta municipal de Barcelona, algo que permite mantener la esperanza de que esta necesidad, planteada tantas veces y compartida por todos los grupos y por el propio ayuntamiento, efectivamente será una realidad.
Por
ello no acabamos de entender el veto que plantea el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Consideramos que esta ley, si bien es manifiestamente insuficiente, es por otra parte necesaria. Es preciso avanzar en esta
reforma de la legislación de entes locales, es necesario mejorar las competencias y la organización de nuestros ayuntamientos, y precisamente por esa necesidad nos abstendremos en la votación del veto planteado por dicho grupo, pues entendemos que
la necesidad de la ley justifica su no devolución al Congreso de los Diputados, algo que constituiría una marcha atrás nada oportuna en este momento.
Gracias, señor presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Sabatè.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) En su nombre tiene la palabra el senador Curto.
El señor CURTO FORES: Gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Pérez, usted tenía la duda de que este veto al proyecto de ley que ahora debatimos obedeciera a cuestiones electorales. Pues bien, ha podido usted comprobar que no era así.
Las elecciones catalanas se celebraron el domingo pasado y hoy mantenemos el veto, pues nuestras convicciones sobre determinados temas, y especialmente sobre aquellos que hacen referencia al autogobierno de Cataluña y a la concepción del Estado
plurinacional español en general, nos llevan siempre hasta donde nos llega el aliento, y mientras éste no nos falte, seguiremos trabajando para mantener esta visión que hasta hoy, por desgracia, sólo defendemos los partidos nacionalistas. Usted ha
dicho que éste era un discurso recurrente que sólo defienden los partidos nacionalistas, aunque según qué grupos, pues unos lo hacen más y otros menos.
Efectivamente el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió defiende las
competencias de las comunidades autónomas. Y yo le pregunto, senador Rodríguez Pérez, ¿si no las defendemos nosotros, quién lo va a hacer? La muestra la tenemos aquí. Usted decía que había una contradicción en el veto en lo referido al acuerdo al
que se había llegado sobre la carta municipal de Barcelona. Y con esto respondo en parte, aunque no correspondería, a la valoración
que ha hecho el señor Sabaté, del Grupo de Entesa. No comprende que, después del acuerdo al que se llegó sobre la no inclusión del municipio de Barcelona en el Título X de la ley que hoy se aprobará, nosotros mantengamos el veto
argumentando la no resolución de la carta de Barcelona. Señor Sabaté, está claro; ustedes no lo entienden porque no les interesa tanto resolver de una forma definitiva --después de cinco años de acuerdo unánime entre el Ayuntamiento de Barcelona y
del Parlament de Cataluña-- la carta municipal de Barcelona, como llegar a un acuerdo, como van a llegar hoy, en la visión general del Estado que mantiene, aunque el señor Rodríguez Pérez lo discutía, este uniformismo, esta revisión de la ley de
bases de régimen local, con una visión que continúa sin respetar las competencias de las comunidades autónomas.
El señor Rodríguez Pérez me decía que hay artículos en los que se regulan las competencias de las comunidades autónomas en los que no
hemos variado nada. Evidentemente, me he referido a aquellos artículos que producen una variación de las competencias. Si no variaran nada, no diría nada. Me he referido, concretamente al artículo 4, apartados 2 y 3 --artículo primero, apartado
uno--; al apartado segundo del artículo 12; y al punto d) del apartado primero del artículo 36. Usted sabe cuál es nuestra visión sobre el papel de las provincias y ustedes no solamente no resuelven o no abordan este tema desde la perspectiva de
las comunidades autónomas, sino que encima dan nuevas competencias a las provincias, competencias que, por otro lado, en estos momentos están ya asumidas por las comunidades autónomas. Le podría enunciar aquellos artículos que representan un
recorte clarísimo de las competencias de las comunidades autónomas.
Por lo tanto, entiendo, señorías, que el mantenimiento de nuestro veto responde a una coherencia que hemos defendido desde el principio en relación con la visión de lo que se debía
de hacer en la reforma de la ley de bases de régimen local y en la defensa de la carta municipal de Barcelona. Porque mucho nos tememos --después de comisiones mixtas, de grupos de trabajo a partir del año 1998 entre el Ayuntamiento de Barcelona,
la Generalitat y la administración del Estado-- que al final exista una falta de entusiasmo. Habremos conseguido que el Título X no se aplique a Barcelona --que es positivo--, pero puede ser que esto nos lleve a una vía muerta y que no se aplique
el Título X a Barcelona pero que tampoco Barcelona tenga su carta, tal como desea y tal como aprobaron todos los grupos en su día, y ese día ya es muy lejano, pues hace cinco años.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Curto.
Corresponde el turno al representante del Grupo Parlamentario Socialista, senador Hurtado.
El señor HURTADO GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
Hemos estudiado el veto que presenta el Grupo de Convergència i Unió en su conjunto y en determinadas cuestiones nos parece bastante interesante.
En cualquier caso, como
representante del Grupo Parlamentario Socialista, me gustaría hacer una reflexión sobre lo que nos ocupa esta noche, que es una modificación de la ley de bases del año 1985, que todos municipalistas coinciden en que ha sido una muy buena ley, pero
que a los 18 años de su entrada en vigor necesitaba un cambio. Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista este cambio se tenía que haber hecho, en primer lugar, sin urgencias y, en segundo lugar, respecto del conjunto de la ley,
porque una ley de este calibre es muy importante para todos los ciudadanos y para todos los grupos políticos. Yo he venido comentado con todos los ponentes que estas leyes no pueden surgir de una mayoría, por muy cualificada que ésta sea, sino del
acuerdo, porque cuando se aplica en los municipios puede darse el caso de que un grupo que aquí puede entenderse como una mayoría, en los ayuntamientos puede encontrarse en la oposición. Por tanto, desde la perspectiva del Grupo Parlamentario
Socialista, esta ley, como hemos comentado en alguna ocasión, tenía que haberse hecho sin urgencias y tenía que haberse tratado en su conjunto.
En cualquier caso, nos alegra que esta ley, tras su recorrido por el Congreso y por el Senado, se
parezca bastante poco a la que entró en el Congreso hace unos meses. Porque hay que decir bien claro que el Partido Popular se ha dado cuenta de que tenía que rectificar ciertas cuestiones porque de otra forma no daba satisfacción siquiera a su
propio grupo. Ha habido un acuerdo importante, aunque no todo el que hubiera querido mi grupo. ¡Qué más quisiéramos todos los grupos, incluso todos los ciudadanos, que llegar a un acuerdo unánime de toda la Cámara en todas las cuestiones! Pero,
lógicamente, debido a la posición ideológica de cada uno, eso es materialmente imposible.
Una de las cuestiones en nuestra opinión más importantes del veto que se plantea esta noche, que es la Carta municipal de Barcelona, se debe precisamente a un
acuerdo que hubo en el Congreso de los Diputados, donde se incorporó la enmienda 277 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que era igual a la enmienda 255 del Grupo Parlamentario Socialista, según la cual el municipio
de Barcelona quedaba al margen de la aplicación de esta ley. Es cierto que el Grupo Parlamentario Popular nos viene diciendo desde hace mucho tiempo que no sólo la ley de la Carta municipal de Barcelona, sino también la de capitalidad de Madrid se
van a llevar a efecto muy pronto, aunque parece que en esta legislatura ni una ni otra van a ser una realidad, y la de capitalidad de Madrid nos hubiera ahorrado algunos problemas, incluso alguna reflexión más profunda de le ley que estamos
debatiendo. En cualquier caso, debido al acuerdo que se produjo en el Congreso, entendíamos que debíamos seguir dando ese margen de confianza, ya que tanto una ley como la otra tiene que surgir del acuerdo de todos.
Por tanto, aunque consideramos
que el veto contiene alguna cuestión fundamental, nos abstendremos en la votación porque entendemos que han sido muchas las enmiendas admitidas que, sinceramente, mejoran la ley.
Esta es nuestra posición. Esperamos y deseamos que las cuestiones
que quedan pendientes, aunque no puedan llevarse
a cabo en esta legislatura, en un futuro muy próximo, con un gobierno distinto, lleguen a ser una realidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Hurtado.
Para finalizar este turno de portavoces, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Rodríguez Pérez.
El señor RODRIGUEZ PEREZ: Muchas gracias, señor presidente.
En relación con las palabras que molestaron al señor Mur sobre la falta de cortesía o solidaridad del señor Quintana de la que yo hablaba, y después de la encendida defensa que
hizo la señora Etxegoyen del señor Quintana, yo me siento obligado --y además lo hago con toda sinceridad y no tengo inconveniente en decirlo-- a reiterar estas palabras, eso sí pidiendo al señor Mur que en otra ocasión, si puede, nos avisen con más
antelación. Pero --repito-- que conste que retiro lo dicho.
Señor Mur, decía usted que nosotros no creemos en la autonomía de las comunidades autónomas. Pues no es verdad, señor Mur. ¿Quién logró un acuerdo unánime para la financiación de las
comunidades autónomas, a las que después se sumó un acuerdo de renovación con carácter indefinido del concierto vasco y lo mismo con el convenio de Navarra? ¿Quién logró el traspaso completo a todas las comunidades autónomas de las competencias en
Sanidad? Le podía citar muchas más.
El artículo 137 de la Constitución, señoría --y esto vale para todos los portavoces que intervinieron con anterioridad-- establece que «el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en
las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades» --dice el artículo textualmente-- «gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.» Está claro que las corporaciones locales no legislan, pero, dentro de sus
competencias, son corporaciones con plena autonomía y están al mismo nivel, no están subordinadas. Hay otra postura que intenta subordinar las corporaciones locales a las comunidades autónomas. Esa es nuestra postura.
Señora Etxegoyen, me hablaba
de falta de ambición. Efectivamente, a concesión de parte, en el apartado III de la Exposición de Motivos --lo vuelvo a leer-- se dice: «Sin perjuicio de que el objetivo último debe de ser la elaboración de una nueva Ley de Bases de la
Administración local, que constituya un instrumento adecuado para que nuestros gobiernos locales afronten los complejos retos que les presentan los albores del siglo XXI, que necesitará un tiempo razonable pero no dilatado de reflexión y
discusión...» En nuestros gobiernos locales, en los del Título X, en estos municipios de más de 250.000 habitantes, o capitales de más de 175.000 habitantes, o cabildos, o sedes de instituciones autonómicas, o ciudades que tengan relevancia especial
y que superen los 75.000 habitantes, a petición de los gobiernos locales de las capitales de provincia y aprobado por los parlamentos de sus comunidades autónomas, señorías, se introduce un cambio sustancial en su gestión, que afecta al Título X. Se
crea un órgano ejecutivo, que es la junta de gobierno local. Se restan poderes al alcalde, que irán a esa junta de gobierno local. Es una forma totalmente nueva de gestión. Pueden formar parte de esta junta local hasta un tercio de personas que
no hayan sido electas. Se crean estas entidades con las empresas públicas locales -- una nueva fórmula de gestión--; se establece, que es algo fundamental en esta ley y no hemos hecho mención a ello, la participación ciudadana, incluso con la
presentación de iniciativas populares con unos márgenes realmente fáciles de conseguir en ayuntamientos. Marca unos porcentajes entre el 20, el 15 y el 10 por ciento, dependiendo del tipo de población. Se establece una comisión de sugerencias y
reclamaciones. Se dan más competencias a estos órganos ejecutivos, a la junta de gobierno local, y se dan muchas más garantías en los plenos para el control de estos órganos.
En esto coincido con el señor Hurtado y creo que él coincide también con
nosotros. Tengo que agradecer al Partido Socialista que haya mejorado notablemente el texto con sus enmiendas. Estoy de acuerdo con usted, señoría, en que este texto tiene que ser apartidista. Leyes de este tipo no pueden ser, y no son para el
Partido Popular, para el Partido Socialista, para Convergència. Por eso, me duele que no se sumen todos ustedes, porque ustedes aplicarán las leyes donde gobiernen, y van a aplicar esta ley exactamente igual que la puede aplicar en otra capital o
en otro municipio un gobierno del Partido Nacionalista Vasco o de Izquierda Unida. En esto coincido con el señor Hurtado, y siempre estuvo en nuestro ánimo hacer una ley que valiese para todos, porque en un sitio se aplicará y seremos oposición, y
en otros estaremos gobernando. En unos la sufriremos y en otros seremos artífices de su puesta en funcionamiento.
Finalizo haciendo unas pequeñas precisiones, señor Curto, respecto de la Carta municipal de Barcelona. Señoría, le decía en el
trámite de comisión que si se saca del Título X al Ayuntamiento de Barcelona mediante esa disposición transitoria cuarta, si además el pasado 8 de octubre la Ministra de Administraciones Públicas presidió una reunión del Ministerio de
Administraciones Públicas con la Comisión Mixta Generalidad de Cataluña-Ayuntamiento de Barcelona en la que, entre otros extremos, se acordó excluir esto que acabamos de decir y poner en marcha grupos de trabajo sectoriales --Administración General
del Estado, Comisión Mixta y Ayuntamiento de Barcelona-- al objeto de que antes de acabar la presente legislatura, se elabore de forma consensuada un documento marco que recoja las líneas básicas del proyecto de ley de régimen especial de Barcelona,
creo que hay garantías suficientes; si no hubiese esta voluntad, señor Curto, no se hubiese hecho todo esto. Y también le tengo que decir que yo no soy catalán, pero sé que ustedes empezaron con la carta municipal en el año 1980 en la primera
comisión y la aprobaron en 1997, 17 años después. ¡Qué quiere que le diga! Antes he hecho una cita de Tocqueville y quiero rematar mi intervención con otra cita de este político y pensador
francés, también en relación con esa autonomía que ustedes pretenden negarle a las corporaciones locales. Dice lo siguiente: «Arrebatad la fuerza y la independencia al municipio y tendréis súbditos en lugar de ciudadanos.» Nada más y
muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Rodríguez Pérez.
Finalizado el debate, procedemos a someter a votación la propuesta de veto número dos, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, referida al proyecto de ley de medidas para la modernización del gobierno local.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 11; en contra, 134; abstenciones, 64.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
A continuación, pasamos a la defensa de las enmiendas. En primer lugar, las enmiendas números 9 a 52, originariamente presentadas por los senadores Cabrero Palomares y Cuenca
Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Para la defensa de las referidas enmiendas, tiene la palabra el senador Mur.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor presidente.
Veo que el fervor futbolístico puede más que el fervor de la ley que estamos debatiendo en este momento. Voy a ser comprensivo con sus señorías y, como portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, voy a dar por defendidas las enmiendas números 9 a 52, originalmente presentadas por los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, en los mismos términos y por las mismas razones que constan en el «Boletín Oficial del
Senado», y reitero, para que quede constancia, la retirada y por tanto no sometimiento a votación de las enmiendas números 53 a 71, que habían sido presentadas por el señor Quintana González, con el ruego de que las enmiendas números 9 a 52 sean
sometidas a votación en el momento oportuno.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Pasamos a la defensa de las enmiendas números 125 a 143, presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Tiene la palabra para su defensa la senadora
Etxegoyen. Y, por favor, señorías, les ruego guarden silencio.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor presidente.
Tal y como he comentado, con motivo del debate de los vetos presentados al presente proyecto de ley, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha optado por
cuestionar esta reforma mediante la presentación de un total de 19 enmiendas, y hacerlo además en estricta relación con los capítulos de la Ley de Bases de Régimen Local afectados por ésta; enmiendas cuya justificación paso seguidamente a explicar,
y que voy a ordenar en cuatro grandes bloques: de carácter técnico, de carácter competencial, un tercer bloque en relación con las nuevas fórmulas previstas para la gestión de los servicios públicos, y un último bloque referido al Título X del
proyecto que atañe al régimen específico de lo que ya conocemos como grandes ciudades.
Como decía, las enmiendas de este primer bloque, que hacen un total de siete, se significan por su carácter técnico, y son las enmiendas números 125, 126, 130,
131, 132, 133 y 143. Voy a hacer especial hincapié en la primera de ellas, la número 125, que tal vez les parezca, señorías, una enmienda de puro trámite porque, de suyo, afecta sólo al título del proyecto de ley; una enmienda más simbólica que de
fondo seguramente, pero que no puede considerarse sin embargo de índole menor. Ya he tenido oportunidad de mencionar anteriormente, con motivo del debate de los vetos, que resulta a todas luces desafortunado situar el proyecto de ley que nos ocupa
bajo el epígrafe de la modernización del gobierno local, porque su objetivo, señorías, visto el texto de la ley, no es ése. El título elegido, puesto en relación con el contenido concreto de la reforma, resulta una falacia en toda regla, y voy a
intentar explicar por qué digo esto.
Si aplicamos el concepto modernización al tema que nos ocupa, entiendo que debiéramos hablar de la necesaria adaptación del régimen jurídico de los entes locales a las demandas y exigencias de una sociedad
moderna, que hoy por hoy pasa indefectiblemente por lo que todos conocemos como la sociedad del conocimiento. Y en esta línea, al texto de la reforma le faltan un sinnúmero de medidas de contenido heterogéneo y de muy diferente alcance en
cuestiones tales como personal o procedimientos, por ejemplo, y por qué no, también sobre el adecuado encaje jurídico e institucional de los entes locales en el entramado general de la Administración Pública. Y a este respecto, en este proyecto de
ley no encontramos nada de nada, porque el proyecto de ley de modernización del gobierno local que nos ocupa se limita a incorporar una serie de previsiones que no comprometen la idea de una moderna administración local, razón que nos lleva a
considerar su título, ciertamente desafortunado, por pretencioso, porque lo que tenemos entre manos es sencillamente una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Si se me apura, es una reforma válida y sustancial en algunos de sus aspectos,
pero tanto si se me apura como si no, considero que ésta es una iniciativa legislativa que no garantiza, ni de lejos, la modernización que tan pomposamente diría yo adorna su título. Y mal empezamos, señorías, si de entrada somos incapaces de
llamar a las cosas por su nombre.
La enmienda número 126, por su parte, afecta a la exposición de motivos, es también de carácter técnico, y corrige lo que consideramos un error del redactor original, cuando dice que las cuestiones relativas al
régimen local han sido ordenadas de manera que las bases corresponden
al Estado y el desarrollo legislativo a las comunidades autónomas, pero olvidan mencionar que la ejecución concierne también a estas últimas.
La enmienda número 130 es de orden terminológico. A través de ella pedimos que se cambie la
denominación «Junta de Gobierno Local» por la de «Consejo Ejecutivo de Gobierno Local», porque entendemos que el término «Junta» es inapropiado para expresar la naturaleza ejecutiva del órgano al que se refiere el texto y puede inducir a equívocos y
confusión en la medida en que, además, procede del derecho privado societario y se utiliza no para designar al órgano ejecutivo, sino al órgano asambleario.
Consideramos, pues, que nuestra enmienda mejora la redacción originaria.
La enmienda
número 131 también pone de relieve la poca rigurosidad del proyecto a la hora de articular formalmente la reforma, ya que la redacción de los artículos 21, 22 y 23 que se propone es reproducción literal de los actualmente vigentes, con la sola
salvedad de denominar de forma distinta al órgano de gobierno. A esta portavoz le hubiera parecido mucho mejor utilizar la técnica formal de una concreta disposición adicional para introducir dicho cambio de denominación --de ahí nuestra enmienda
número 143--, técnica que, sin ir más lejos, ha sido utilizada en la mayoría de las modificaciones legislativas de esta legislatura, evitando con ello confusión y problemas para cualquiera que deba interpretar o aplicar esta norma.
Como decía, son
igualmente de carácter técnico las enmiendas números 132 y 133, que doy por expresamente defendidas.
El segundo bloque al que me refería al comienzo de mi intervención abarca las enmiendas de naturaleza competencial, que son cuatro, concretamente
las números 127, 128, 129 y 135.
La primera de ellas, la número 127, propone añadir a la tipología de entidades locales recogidas en el artículo 3.2, junto a las mancomunidades de municipios, una referencia a otras formas asociativas consorciales
en los términos y con los requisitos que establezcan las comunidades autónomas. Con ello no hacemos sino entroncar con una concepción de las formaciones consorciales dibujada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, subrayando el reconocimiento
constitucional que las competencias autonómicas tienen en todo lo relativo a la ordenación jurídica de los consorcios.
La siguiente, la enmienda número 128, pretende introducir una modificación en el apartado 3 del artículo 4 de la ley, dado que su
redacción actual es, a nuestro juicio, inconstitucional porque hace aquello que la Sentencia 214/89, del Tribunal Constitucional, expresamente dice al legislador estatal que no puede hacer, esto es, atribuir competencias directamente a las
mancomunidades y entidades locales relacionadas en el apartado 2 del artículo 3 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. A este respecto lo que nos dice el proyecto de ley no ofrece dudas. Su inciso inicial establece textualmente que
corresponde a las mancomunidades de municipios las potestades señaladas en el apartado 1 del mismo artículo 3, y la sentencia que les he mencionado, la 214/89, para ser más concretos en su fundamento jurídico 4º establece con diáfana claridad que la
labor legislativa del Estado ha de circunscribirse estrictamente a garantizar el principio de autonomía local en relación con el municipio, la provincia y la isla, quedando al margen entidades distintas a éstas como, por ejemplo, las mancomunidades.
Nuestra enmienda reconoce a los propios municipios la capacidad de elección de qué potestades locales quieren derivar en las mancomunidades o instituciones similares en las que se integren, dejando claro que ello corresponde y está sujeto, con
exclusividad, a la regulación autonómica correspondiente.
La enmienda número 129, igualmente de carácter competencial y referida a los apartados 3 y 4 del artículo 17, pretende corregir el texto original, que en lo que a la gestión supramunicipal
del Padrón se refiere instituye un monopolio casi absoluto del Instituto Nacional de Estadística, desconociendo el hecho de que las comunidades autónomas tienen también competencias que afectan a esta materia, como, por ejemplo, la del régimen
municipal del Padrón y la de estadística para sus propios fines.
Con ello no pretendemos en absoluto quebrar la regulación jurídica del Padrón, que es básica y así debe seguir siendo común para todo el territorio del Estado, sino tan solo reconocer
que también las comunidades autónomas que lo tengan estatutariamente atribuido son titulares de las funciones ejecutivas sobre gestión del Padrón municipal.
Finalmente, la enmienda número 135 se defiende por sí sola y no debería requerir mayores
explicaciones, y menos aún para el grupo que presumiblemente votará en contra de la misma, el Grupo Parlamentario Popular mayoritario en esta Cámara, que tiene a gala defender el Estatuto de Gernika sin cuestionarse ni puntos ni comas. Pues bien,
nuestro Estatuto de Guernica, en su artículo 37.3, dice que los Territorios Históricos tienen competencias exclusivas en materia de régimen electoral municipal --no lo digo yo, sino el Estatuto de Gernika--, y a su tenor nuestra enmienda número 135
introduce una modificación a la disposición adicional segunda de la ley, añadiendo un nuevo número 11, salvaguardando la competencia atribuida a los Territorios Históricos en materia de régimen electoral municipal frente a la vis atractiva que, a
favor del Estado, instaura este proyecto de ley.
El tercer bloque de enmiendas está relacionado con las modalidades previstas para la gestión de los servicios públicos. Son tres enmiendas de las cuales solamente voy a defender la número 134,
puesto que las números 136 y 139 son complementarias a esta y las doy por defendidas en los términos que ustedes ya conocen y que constan en el diario oficial correspondiente.
Como decía, la enmienda número 134, al artículo 85, propone la inclusión
de un nuevo instrumento de gestión en los servicios públicos locales.
Desde nuestro punto de vista, se trata de uno de los mejores instrumentos para la gestión de aquellos servicios que no impliquen autoridad. Además, es una figura ya conocida:
la fundación privada, que incorporamos al texto de la ley con un triple objetivo.
El primer objetivo consistiría en dar cobertura legal a una realidad bastante extendida, porque son ya muchos los
servicios locales que, de hecho, se gestionan a través de la fórmula de la fundación privada local.
Nuestro segundo objetivo sería reconocer, para y en el ámbito municipal, una fórmula de gestión que está ya legalmente reconocida en otros
niveles administrativos superiores y que, una vez aprobada la vigente Ley de Fundaciones, ha adquirido plena validez y ha quedado definitivamente asentada.
De acuerdo con los usos parlamentarios, quizá el tercer objetivo debería figurar en primer
lugar porque el pasado año, con motivo de la reforma de la mencionada Ley de Fundaciones, mi grupo parlamentario planteó por primera vez esta cuestión y recuerdo que el Grupo Parlamentario Popular contestó que aquel no era el foro adecuado para ese
debate y se nos remitía a una eventual reforma de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. Pues bien, en ese punto estamos y, por ello, lo hemos vuelto a plantear en nuestra enmienda número 135. Ya veremos qué ocurre con ella y, sobre
todo, con qué justificación será, presumiblemente, rechazada.
Finalmente, el cuarto bloque de enmiendas, hace referencia al régimen específico previsto en el proyecto de ley para las grandes ciudades, mediante la incorporación a la Ley reguladora
de las Bases del Régimen Local, de un nuevo Título X. Suman un total de cinco enmiendas, que voy a dar por defendidas en sus propios términos, a excepción de la enmienda número 137, que paso a explicar sucintamente.
La citada enmienda tiene que ver
con el régimen específico destinado, como todo el Título X del proyecto de ley, a las grandes ciudades y, singularmente, en lo que afecta a la línea que separa las ciudades susceptibles de acogerse a dicho régimen, de aquellas otras que quedan
excluidas. Siendo como es éste uno de los puntos que más controversia y debate ha generado durante la tramitación parlamentaria del presente proyecto de ley, creo que merece la pena incidir un poco más en el mismo.
Lo cierto es que los criterios
iniciales a este respecto --como antes ha comentado nuestro compañero, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-- se han ido flexibilizando como consecuencia del debate parlamentario pero, desde luego, no sigue la línea ni aborda todo lo que
mi grupo parlamentario hubiera deseado. No estoy hablando tanto de los criterios para acogerse a las previsiones a las que se refiere el Título X sino, muy especialmente, a la fijación de las condiciones para proceder a su salida.
En este sentido,
la enmienda número 137 propone que, actuando una mayoría cualificada de entre el número legal de miembros de la corporación, sea el Pleno municipal el que pueda decidir sobre la continuidad, o no, del régimen previsto para las grandes ciudades,
habida cuenta que, a este respecto, el texto de la reforma es excesivamente rígido.
La aplicación del Título X se instituye como obligatorio, aun en el supuesto de que el número oficial de habitantes de la ciudad afectada se reduzca por debajo del
límite legal establecido, lo que a nuestro entender implica que el principio de autonomía municipal, que debiera informar y prevalecer en una cuestión como ésta, se vea seriamente comprometido. Abogamos para que sea el propio municipio, como decía
con anterioridad, el que a través de una mayoría cualificada --el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros presentes-- y, en todo caso, la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, acuerde su toma en
consideración para luego decidir sobre las consecuencias de la regresión, crecimiento o expansión que, en su caso, dicho municipio se ve obligado a afrontar.
Como ya he dicho, doy por defendidas todas aquellas enmiendas a las que no he hecho
referencia, en los mismos términos que constan en el diario oficial de esta Cámara.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senadora Etxegoyen.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Sabaté.
El señor SABATE BORRËS: Gracias, señor presidente.
Señorías, como he manifestado en mi intervención anterior, este proyecto de ley responde a una necesidad y, a la vez, suponía una oportunidad para reformar la legislación en el ámbito de
las administraciones locales, con el fin de lograr su modernización y adaptación al contexto de la Unión Europea, en el que estamos ubicados.
Este era el momento adecuado para hacer una apuesta decidida con el fin de resolver la contradicción --o,
por lo menos, la dualidad-- en la que se encuentran los entes locales y, muy especialmente, los ayuntamientos, donde los plenos tienen la doble función de ejercer el control y el impulso de la gestión del Gobierno y, a su vez, de él se deriva el
propio ejecutivo local. Esta dualidad, no siempre bien resuelta, otros países de la Unión Europea la han solucionado de manera eficaz disociando claramente la figura del Pleno y, por tanto, de los miembros electos de la corporación, con la
introducción de la figura de los miembros del ejecutivo, escogidos directamente por la presidencia de la institución.
Es evidente que el presente proyecto de ley hace una incursión en este campo y, en realidad, en el ámbito de las grandes ciudades
prevé la posibilidad hasta un tercio de la inclusión de personas no electas que pasen a formar parte del ejecutivo local. En cualquier caso, nos parece que no se ha aprovechado suficientemente esta oportunidad de haberse planteado la reforma más a
fondo y que realmente permitiese la existencia de un ejecutivo en verdad amplio y de acuerdo con las necesidades de gestión que complementase de manera adecuada la función, si se me permite la comparación, de pequeño parlamento de un corporación
local, en la medida en que sobre todo debe tener esta tarea de control y de impulso de la acción de gobierno, que es, por otra parte, la que corresponde siempre a las cámaras legislativas. Ya les he pedido que me permitan esta licencia.
Nuestras
enmiendas, después de que nuestros respectivos grupos parlamentarios, los correspondientes a Entesa Catalana de Progrés en el Congreso de los Diputados,ya hubiesen plantado una serie de enmiendas y algunas hubiesen
sido aceptadas, se centran sobre todo en una serie de ejes argumentales.
Por una parte, en la necesidad de mejorar el control ciudadano de la gestión municipal, en definitiva, el favorecer la iniciativa popular ante los entes locales. Es
evidente también que este proyecto de ley, ya como incursión en ese sentido, nos parece manifiestamente mejorable y que se debería avanzar más en esa dirección y dar mayores facilidades a estas iniciativas populares ante los entes locales.
Asimismo, y como he manifestado también en mi intervención anterior, hay un exceso de concreción y, por tanto, una incursión del proyecto de ley en las competencias legislativas de las comunidades autónomas. Entendemos que en algunos casos debería
dejarse precisamente al ámbito de la capacidad legislativa de los parlamentos autónomos para que fuesen los que completasen la legislación de base del conjunto del Estado.
También hemos planteado un tema recurrente yo diría que desde la
recuperación de las corporaciones locales democráticas en nuestro país.
Se trata de un tema muy concreto pero no por ello menos importante: la cobertura de la prestación por desempleo para los representantes locales, para los concejales y alcaldes
que, cotizando a la Seguridad Social, se encuentran desprotegidos después de años de prestación de un servicio a las corporaciones locales. Lamentamos que no se aproveche esta oportunidad para, en un acto de justicia, dar esta cobertura que
demandan los ediles locales, que sin duda es una cuestión de estricta justicia y que en este momento resolvería un agravio comparativo planteado desde hace mucho tiempo y nunca resuelto de manera adecuada.
Nuestras enmiendas también van en la
dirección de plantear una serie de medidas que faciliten el control de la gestión municipal por parte de los propios grupos municipales desde el Pleno. Precisamente a la vez que insistimos en disociar claramente ese papel del Pleno del que es el
ejecutivo local, y creemos que es la línea que hay que seguir, por otra parte es necesario que los grupos municipales que ejercen ese papel de pequeño parlamento local disfruten del asesoramiento y de los medios técnicos y materiales necesarios para
ejercer de manera adecuada el control de la gestión municipal. En caso contrario, se podría llegar a una situación de indefensión y, por otra parte, de un exceso de autonomía del ejecutivo, y no es esa la intención de nuestro planteamiento cuando
insistimos en que el ejecutivo tenga un carácter más profesional, más de gestión y que el Pleno tenga esa función reforzada de control. Para eso hacen falta más medios, y una vez más este proyecto de ley no los establece de manera suficiente.
Asimismo, dentro del marco del Título X y sus apartados específicos para las grandes ciudades, es un avance el plantear la conferencia de ciudades, pero entendemos que debería convertirse en un verdadero foro político. Es necesario que esa
conferencia de ciudades se articule de manera adecuada con una reglamentación propia que le permita ser operativa y que sea realmente la interlocutora de las instituciones del Estado en materia de política local en todo lo que afecta a grandes
ciudades. Una vez más avanzamos pero no de manera suficiente.
Finalmente quiero referirme de nuevo a la Carta Municipal de Barcelona, y si me lo permiten querría responder también a la intervención del senador Curto cuando planteaba que en nuestro
grupo, el de Entesa Catalana de Progrés, estamos más pendientes del acuerdo sobre la legislación base del Estado que de que se apruebe la Carta Municipal de Barcelona. Señor Curto, por supuesto que como grupo parlamentario de una Cámara del Estado,
en este caso el Senado, estamos interesados en que la legislación de base que aquí se apruebe sea acorde con los intereses y las necesidades del mundo local en todo el Estado.
Usted sabe que esto es así y quiero suponer que el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió está en esta misma labor e intención, pero permítame que le diga también que es evidente el interés que tiene nuestro grupo por que esta carta se apruebe cuanto antes, un grupo parlamentario que, por
cierto, representa en esta Cámara a los grupos que vienen gobernando el Ayuntamiento de Barcelona desde el año 1979, impulsores, por tanto, de la Carta Municipal de Barcelona. Si me permite que haga una valoración diré que en este caso nosotros
hemos hecho política práctica, la «real politik», apostando verdaderamente por una redacción que dejando fuera la Carta Municipal de Barcelona permita en breve abordar su aprobación sin que forme parte del conjunto de la legislación para las grandes
ciudades y, por tanto, tenga el tratamiento específico que el Ayuntamiento de Barcelona reclama. Creo que esto lo compartimos nuestros respectivos grupos parlamentarios al menos, pero el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió ha apostado por el testimonialismo, por decir: queremos más. Pese al acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados que entiendo es al que se podía llegar en este momento --no se podía llegar a más--, ustedes insisten en plantear la
necesidad de que se vaya más allá. Ustedes sabían que ese veto no podía prosperar, y por tanto entiendo que han apostado por el testimonio. Es una forma de hacer oposición, pero insisto en que nuestros respectivos grupos somos responsables del
gobierno de la ciudad de Barcelona, motivo por el que necesitamos sobre todo concreción así como que la Carta Municipal de Barcelona se apruebe cuanto antes.
Estas son, señorías, las líneas argumentales del conjunto de enmiendas que hemos planteado
a este proyecto de ley de medidas para la modernización del Gobierno Local. Con esto doy por defendido el conjunto de nuestras enmiendas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Curto.
El señor CURTO FORES: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo mantiene un total de 17 enmiendas a este proyecto de ley que estamos debatiendo, y se me ocurre empezar la defensa de las mismas --que no haré con detalle
puesto que la mayoría ya las he comentado en la defensa de nuestro veto-- devolviéndole al Grupo Parlamentario Popular la duda que el señor Rodríguez Pérez había planteado ante nuestro veto. Decía su señoría: No comprendemos cómo mantienen
el veto después de llegar a un acuerdo en una parte de la enmienda que habíamos planteado en el Congreso sobre la Carta Municipal de Barcelona.
Y luego, en relación con las competencias de las comunidades autónomas --que nosotros entendíamos que
con el proyecto de ley van a verse mermadas--, yo le digo a su señoría que no comprendo cómo el Grupo Parlamentario Popular, que se hubiera evitado el veto --nosotros no lo habríamos presentado--, resulta que no acepta estas 17 pequeñas enmiendas
que intentan en todo caso defender por una parte aquellas competencias que en nuestra opinión lesionan el proyecto de ley y resolver lo de la Carta Municipal de Barcelona, cuestión a la que según acaba de afirmar el senador Sabaté, estemos sólo
nosotros en la oposición. Para resolver el tema de la Carta de Barcelona, nuestro grupo plantea en la enmienda que se fije un plazo, porque, a pesar de que el señor Rodríguez Pérez ha informado a la Cámara que en el mes de noviembre de 2003 se
había celebrado una reunión con representantes del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat, sin embargo, la Carta de Barcelona se aprobó en el año 1998. Por consiguiente, ¿qué ha pasado durante estos cinco años? Basta recordar las
experiencias vividas en esta misma Cámara, donde se han aprobado mociones y propuestas para resolver este tema; iniciativas en las que se establecían plazos de confianza al Gobierno sin llegar a fijar fechas concretas, pero pasa el tiempo y no
tenemos esa ley tan esperada. Solamente pedíamos --así lo manifestó nuestro grupo en el Congreso y yo lo hago ahora-- fijar una fecha; si 2 ó 3 meses les parece poco tiempo, marquemos 6 meses. Si en un tema tan maduro y a punto de nacer se
hubieran comprometido, no digo a 2 meses pero sí a 4, probablemente lo hubiéramos aceptado. Por lo tanto, no entendemos por qué no se aprueba una cuestión tan simple y sencilla.
Lo mismo sucede con el resto de enmiendas. En el debate del veto he
hecho referencia a un artículo en el que ustedes menosprecian claramente a las comunidades autónomas no integrándolas en la Comisión Nacional de la Administración Local. ¿No creen que no le costaría nada al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno
que en esta comisión nacional, además del Estado y administraciones locales, estuviera presente un miembro de cada comunidad autónoma sin que fuera necesario esperar de la amabilidad del presidente para que fuesen invitados? ¿Es esto tan difícil?
Pues tampoco lo aprueban.
Otra enmienda hace referencia al ámbito de las competencias que ustedes proponen para las diputaciones provinciales. En Cataluña tenemos ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones y Generalitat, y ustedes proponen
que la diputación provincial, que en este momento tiene competencias residuales precisamente para que no se produzca una duplicidad o disfuncionalidad entre las distintas administraciones, coopere en el fomento del desarrollo económico y social y en
la planificación del territorio; competencias que claramente corresponden a la Generalitat y consejos comarcales. Por lo tanto, si las diputaciones provinciales estaban funcionando bien hasta ahora y ustedes las defienden, déjenlas como están y no
les den más competencias.
Puedo ponerle otro ejemplo, como el hecho de que ustedes pretendan, a través de la modificación del artículo 13 de la ley, que el Estado también pueda establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios. Si
las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en la ordenación del territorio, es normal que sean éstas las que, en todo caso, intervengan de cara a la fusión o absorción de los municipios. Creo que con este artículo van a crear
situaciones de conflicto en las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio.
Podría seguir desgranando aspectos de nuestras enmiendas que, desde nuestro punto de vista, son elementales y, sin embargo, ustedes no apoyan. Se ha
hecho referencia, también, a un tema que planteamos todos los grupos y que nadie quiere abordar de forma definitiva, y quien tiene capacidad de hacerlo, en este caso, es el Grupo Parlamentario Popular, que es el que tiene la mayoría. Resolvamos el
tema de aquellos concejales que están cotizando al régimen general de la Seguridad Social y cobran el desempleo cuando termina su función en el ayuntamiento. Todos lo comentamos pero nadie lo aborda, lógicamente, porque el grupo mayoritario no lo
acepta.
Así, podría continuar con el resto de las 17 enmiendas, pero con la argumentación utilizada, tanto para el veto como para las enmiendas, creo que pueden darse por defendidas. En todo caso y como última reflexión, voy a repetir lo que he
dicho antes. Ustedes no entienden por qué hemos mantenido el veto y nosotros no comprendemos cómo no aceptan --no digo todas, que entendemos que no se puede-- buena parte de ellas, ya que seguramente mejorarían el texto de la ley.
Nada más y
muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Hurtado.
El señor HURTADO GARCIA: Gracias, señor presidente.
Voy a comenzar haciendo mención de aquellas enmiendas que en el proceso del trámite en el Senado han sido tenidas en cuenta por el grupo mayoritario y fueron aprobadas en comisión. Son
las enmiendas números 162, 164, 176, 175 y 152, que nuestro grupo parlamentario consideraba de vital importancia.
Algunas de ellas eran referidas a que, una vez que funcionase la iniciativa popular, el debate tuviese lugar en el Pleno y no en la
Junta de Gobierno Local, ya que, si las sesiones de esta son secretas, parece bastante chocante que, después de necesitar una importante cantidad de firmas, dependiendo del número de habitantes del municipio, el debate tuviera lugar en dicho órgano
--insisto--, cuyas sesiones son secretas.
Otras enmiendas eran referidas a las mayorías cualificadas. Hace un momento me han hecho llegar una enmienda que se sostiene sobre la número 185, del Grupo Parlamentario Socialista, para incluir entre los órganos directivos al secretario
general del pleno. En cualquier caso, no es idéntica a la nuestra sino que se mantiene sobre la base de la enmienda presentada por nuestro grupo.
Respecto a las restantes enmiendas, podríamos dividirlas en cuatro grupos.
En primer lugar, se
pretende una mayor calidad democrática y mayor participación ciudadana mediante la creación de comisiones de vigilancia de la contratación pública y la creación de comisiones de investigación.
Asimismo, las enmiendas al artículo 18, son referentes
a iniciativas más democratizadoras de la gestión local, al igual que la enmienda número 147, al artículo 20, que pone de manifiesto la existencia de la comisión especial de sugerencias en los municipios con más de 5.000 habitantes, así como la
comisión de vigilancia de la contratación, respecto de la que tengo que manifestar que viene funcionando en bastantes municipios de nuestro país aun cuando todavía no está en marcha esta ley.
Respecto al artículo 22, proponemos que el número de
miembros para la constitución de la comisión de investigación sea el de un quinto, así como la creación de una oficina presupuestaria. Entendemos que ello supone una democratización de la gestión local.
Con el mismo fin, proponemos la modificación
del artículo 70, respecto de la posibilidad de que determinadas sesiones de la Junta de Gobierno Local sean públicas.
Proponemos también la modificación del artículo 75, sobre la declaración de posibles incompatibilidades para miembros de la
corporación.
Respecto a los artículos 93 y 94, presentamos enmiendas respecto al cómputo anual de la jornada de trabajo y la fijación de retribuciones complementarias para los funcionarios.
Por otro lado, en cuanto a la reforma de la Comisión
Nacional de Administración Local, un tema en el que hemos estado de acuerdo todos los grupos políticos, pidiendo que se lleve a la práctica su reforma, sin embargo, a la hora de la verdad, como decía el senador Curto, se sigue manteniendo una
comisión nacional que, desde nuestro punto de vista, es prácticamente obsoleta.
Nuestra enmienda número 161 al artículo 25 bis pone de manifiesto una cuestión que hemos esperado todos los grupos parlamentarios y en la que existían acuerdos
importantes, el compromiso de un aumento de las competencias municipales, es decir, un compromiso competencial. En muchas ocasiones, en la Comisión de las Entidades Locales manifestamos que esta ley nos iba a llevar de la mano a conseguir que los
entes locales tuvieran más competencias, al menos en seguridad ciudadana, justicia municipal, inmigración, empleo, telecomunicaciones, educación, sanidad, etcétera; todos los asuntos que habían manejado todos los técnicos y los políticos que nos
han visitado en la citada Comisión de las Entidades Locales para hablar sobre lo que se ha dado en llamar la ley de ciudades, porque, como todos sabemos, ni siquiera ha acabado por ser una ley de grandes ciudades.
Otra cuestión que nos preocupa a
los grupos parlamentarios y que defendemos en el día de hoy es la cotización del seguro de desempleo por parte de los concejales para que al finalizar su gestión, aquellos que lo necesiten, como en cualquier otro trabajo, puedan acceder a él. En
principio, parece que estamos todos de acuerdo en este tema, sin embargo, todos los grupos parlamentarios llevamos ya muchos años presentando enmiendas, no solamente a esta ley sino también a la ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del
Estado, pero no sale adelante. Espero, deseo y quisiera que todos los grupos seamos capaces de reflejarlo en algún texto escrito, por el bien de esos concejales y porque a todos, seamos del grupo que seamos, en un momento determinado nos puede
afectar.
La enmienda número 169 hace referencia a la financiación de los gastos que puede suponer la modificación en el texto con respecto a los policías locales.
La enmienda número 168 pretende que el Observatorio Urbano de calidad de servicios
no fuese sólo para el Título X sino para el conjunto de los municipios.
La enmienda número 170 permite al Pleno no aplicar el Título X al disminuir la población.
Hay otra cuestión a la que hemos tenido ocasión de referirnos en estos debates
durante mucho tiempo, que es la función del secretario general del ayuntamiento, que en esta ley se denominará secretario general del Pleno. Estamos de acuerdo en que el Pleno sea un órgano de debate político, pero la Junta de Gobierno Local va a
ocuparse de una serie de asuntos para los cuales sería necesaria la presencia del secretario general del ayuntamiento porque, a diferencia de lo que puede ocurrir en cualquier otro tipo de gobierno, bien regional o nacional, la Junta de Gobierno
Local va a tratar infinidad de temas referidos a licencias de obras, ordenación de pagos, entre otras cuestiones. La concepción del Grupo Parlamentario Popular es bien distinta. Nosotros tenemos muchas enmiendas en las que mostramos nuestra
discrepancia; en cualquier caso, es una manera diferente de ver las cosas, pero al menos creo obligado dejarlo patente debido a que consideramos que la Junta de Gobierno Local es un órgano distinto a un gobierno, a un consejo de gobierno de una
comunidad autónoma. Por tanto, repito, entendemos obligado que el secretario del ayuntamiento esté presente en la Junta de Gobierno Local.
En esa función democratizadora a la que he hecho referencia, ponemos de manifiesto el carácter público en
ciertas cuestiones de la Junta de Gobierno Local y también hay otras referidas fundamentalmente a lo que anteriormente he comentado: por un lado, debe haber una calidad democrática y una participación ciudadana mayor y, por otro, un compromiso
competencial claro. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Por último, presentamos la enmienda número 192 con el fin de que esta ley haga referencia a la posible entrada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la
FEMP, es decir, para que en dicho organismo haya una representación de los entes locales. Este es un tema que también consideramos importante.
En cualquier caso, insisto en que según todos los municipalistas la Ley de Bases Reguladora del Régimen Local de 1985 ha sido muy importante y ha dado mucho juego a la Administración local, pero al cabo de 18 años de vigencia era obligado
una importante modificación; y en mi opinión ese cambio se opera en algunos extremos con este proyecto de ley, aunque hubiera sido más conveniente que esa modificación no se realizara por el procedimiento de urgencia sino de forma reposada y bien
analizada, y que hubiera alcanzado a todos los artículos de la citada ley y no sólo a algunos de ellos, porque creo que el mundo local estaba esperando algo muy distinto de lo que se le ofrece aquí esta noche.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Hurtado.
Para turno en contra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Solana.
La señora SOLANA BARRAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar hay que decir que nos encontramos ante un proyecto de ley que viene precedido por un amplio debate parlamentario y un claro consenso político, debate para el
que, como todos ustedes saben, ha sido esencial el trabajo realizado en esta Cámara, y de forma específica la labor llevada a cabo por la Comisión de las Entidades Locales, ejemplo del cometido que como Cámara de representación territorial
ostentamos constitucionalmente.
Paso a continuación a manifestar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto de un primer bloque de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley, correspondiendo a la senadora Tejedor intervenir en
relación con las enmiendas al resto del articulado.
Al título del proyecto de ley se han presentado tres enmiendas por parte de los grupos parlamentarios Entesa Catalana de Progrés, de Senadores Nacionalistas Vascos y Socialista. En ellas se
plantea la modificación de la denominación de este proyecto de ley. El Grupo Popular no va a aceptarlas por considerar que dicho título recoge claramente el espíritu de la reforma y es fruto del consenso con los partidos políticos y agentes
implicados.
A la exposición de motivos se ha presentado la enmienda número 126 por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que hace referencia, como ya ha indicado su portavoz, a las potestades de ejecución de las comunidades
autónomas en esta materia, precisión que a nuestro juicio es innecesaria, pues con este proyecto de ley se ejerce una competencia normativa, la de legislación básica, sin que sea necesario redundar en un aspecto ya delimitado, como es el principio
competencial. En consecuencia, señorías, el Grupo Popular no la puede aceptar.
Al artículo 3 de la Ley de Bases Reguladora del Régimen Local se han presentado dos enmiendas: la número 9, del Grupo Mixto, y la número 127, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. La primera de ellas pretende incluir como entidades locales los distritos de los grandes municipios.
No podemos aceptar la enmienda por entender que los distritos no tienen la consideración de entidades locales sino que son
divisiones territoriales de la Administración local. Por su parte, la enmienda número 127 propone incluir en el concepto de entidades locales a los consorcios, enmienda que tampoco vamos a aceptar, pues en nuestra opinión los consorcios no pueden
tener la consideración de entidades locales, ya que éstas pueden constituir consorcios con otras entidades públicas o privadas.
Al artículo 4 se han presentado tres enmiendas: la número 128, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y las
números 196 y 197, de Convergència i Unió. Tampoco el Grupo Parlamentario Popular acepta estas enmiendas, en el primer caso, por no considerar adecuado que los municipios puedan atribuir potestades públicas a una entidad de ámbito supranacional, y
en el segundo caso, por lo que respecta a las enmiendas números 196 y 197, ambas de supresión y con la finalidad de permitir que las potestades de las mancomunidades se remitan a la legislación autonómica, por entender que lo único que pretende el
proyecto es clarificar que las mancomunidades, como forma asociativa voluntaria para la prestación de servicios u obras municipales, tendrán las potestades que determinen sus estatutos, y en su defecto, las previstas en el apartado 1 del artículo 4.
A los artículos 12 y 13 se han presentado las enmiendas números 198 y 199, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Ambas son rechazadas, pues el Grupo Parlamentario Popular considera que la redacción del proyecto de ley
no tiene por qué dar lugar a situaciones de conflicto. El respeto a la competencia de las comunidades autónomas es una constante en el proyecto de ley con expresiones como la recogida en el artículo 13, que establece que todas estas medidas se
adoptarán sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas.
Al artículo 17 de la Ley de Bases del Régimen Local el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado la enmienda número 129, enmienda que el Grupo
Parlamentario Popular no acepta, pues dicha ley se limita a imponer la obligación a los municipios sobre la remisión de datos de sus respectivos padrones al Instituto Nacional de Estadística, algo que es competencia del Estado.
Al artículo 18 se
han presentado tres enmiendas, las números 73, 146 y 200. La enmienda 73, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, y la 146, del Grupo Parlamentario Socialista, tienen el mismo objetivo, enmiendas ambas que no aceptamos por no
compartir el principio de ampliar el catálogo de los posibles derechos de los vecinos que no estén recogidos expresamente en la ley, en aras del principio de seguridad jurídica.
En cuanto a la enmienda número 200, presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, con la que se pretende añadir en este artículo una mención expresa a la legislación autonómica, nuestro grupo no la acepta sobre la base de que el artículo 70 bis, donde se regula la
iniciativa popular, ya establece que las disposiciones previstas en el segundo apartado se entienden
siempre sin perjuicio de la legislación autonómica en la materia.
Asimismo rechazamos la enmienda número 201, presentada al artículo 19.
Al artículo 20 se han presentado cinco enmiendas, las números 74, 75, 130, 147 y 148, que rechazamos.
También rechazamos la enmienda número 130, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, a este mismo artículo, en la que se propone modificar la denominación de la Junta de Gobierno, porque consideramos más acorde con el espíritu del
proyecto de ley mantener la denominación que figura en el texto.
Las enmiendas 74 y 147, presentadas por los grupos parlamentarios de Entesa Catalana de Progrés y Socialista, respectivamente, tampoco las aceptamos, pues el artículo 132 exige la
reclamación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones prevista para los municipios de gran población, no impidiéndose en ningún caso, y sobre la base de la potestad de autoorganización,que dicha comisión se constituya en el resto de los
ayuntamientos. No obstante, el Grupo Popular no considera conveniente que su presencia sea impuesta. Las enmiendas 75 y 148, referentes al mismo artículo 20, también son rechazadas, pues la creación de la comisión de vigilancia de contratación no
es considerada por mi grupo como órgano necesario, sin perjuicio de que pueda crearse por cada ayuntamiento dentro de su potestad de organización.
Igualmente, señorías, son rechazas por el Grupo Parlamentario Popular las enmiendas presentadas a los
artículos 21, 22 y 23, al igual que las presentadas al artículo 24, que son las número 12 y 80.
Asimismo el Grupo Parlamentario Popular rechaza las enmiendas presentadas a los artículos 25, 36, 46, 47, 70, 74 y 75.
Al artículo 77 se han presentado
cuatro enmiendas, las números 17, 16, 84 y 155, del Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés y Grupo Parlamentario Socialista, en las que se propone implementar dos apartados con la finalidad de reconocer
expresamente que los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a participar en los órganos rectores de los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y comisiones de investigación.
Señorías, en cuanto a la creación de
comisiones de investigación, mi grupo no lo acepta, siguiendo la argumentación ya expresada en el artículo 22.5. Y con respecto a la adición del primer apartado, consideramos innecesaria su introducción por ser excesivamente reglamentista, debiendo
tenerse en cuenta que el proyecto prevé que serán los respectivos estatutos los que determinen la composición de los órganos rectores.
Al artículo 88 se han presentado 14 enmiendas procedentes, como todas sus señorías habrán deducido, de todos los
grupos parlamentarios. Las enmiendas 18, 23, 56 y 57, presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, son rechazadas.
Las enmiendas 85, 92, 93 y 94 han sido presentadas por el Grupo de Entesa Catalana. No aceptamos la 85, pues consideramos más
acertada y rigurosa la redacción contenida en el proyecto. La 92 también ha sido rechazada, aunque ha sido admitida parcialmente en su redacción posterior con respecto al personal y rebajamos a cinco años el requisito de los 10 de experiencia que
estaba previsto originariamente en el proyecto de ley para los profesionales del sector privado. Y en cuanto a la composición de sus órganos rectores, se estará a lo que dispongan sus estatutos respetando la autonomía local. Por tanto, como ya he
indicado, mi grupo opina que la referencia a la legislación autonómica es innecesaria. En cuanto a la enmienda 93, no es aceptada por mi grupo por considerar acertada la redacción contenida en el proyecto, debiendo ser los estatutos los que
determinen, en todo caso, la composición de los consejos de administración como reflejo del principio de autonomía local.
También rechazamos la enmienda 94.
Las enmiendas 134 y 136 tampoco son admitidas por el Grupo Parlamentario Popular. La
enmienda 209, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, plantea la modificación del artículo 85, con la finalidad de añadir una mención expresa a las especialidades que en su caso establezca la
legislación autonómica. Esta enmienda tampoco es aceptada por el Grupo Parlamentario Popular, ya que consideramos que la Ley de Bases del Régimen Local es legislación básica del Estado y, por tanto, las potestades legislativas de desarrollo de las
comunidades autónomas deben ejercitarse en el respeto a dicha legislación básica y la aplicación de los preceptos se efectuará, en todo caso, de acuerdo al sistema constitucional de fuentes de derecho.
Las enmiendas a los artículos 93, 94 y 104,
que son las enmiendas 86, 87, 88, 157, 158 y 159, han sido presentadas por el Grupo Parlamentario de Entesa y por el Grupo Parlamentario Socialista, relativas a las retribuciones de los funcionarios locales, jornada de trabajo y retribuciones de
personal eventual, no son aceptadas por el Grupo Parlamentario Popular, pues la posible modificación de estas materias deberá abordarse en la futura ley de régimen local que sustituya a la actual.
En cuanto a las enmiendas a los artículos 98 y 99,
que son las 204 y 205, el Grupo Parlamentario Popular también las rechaza.
Por último, señorías, en cuanto al bloque que tengo asignado, presentaré la argumentación en contra de las enmiendas 55, 89, 160, 206 y 207 que son al artículo 117. Las
enmiendas 89, del Grupo de Entesa, y 160, del Grupo Parlamentario Socialista, plantean que se mantenga que los acuerdos de la Comisión Nacional de Administración Local se adopten por consenso y la exigencia de mayoría absoluta de los miembros de la
representación local. No son aceptadas por mi grupo, ya que la reforma de este precepto obedece a la necesidad de flexibilizar el régimen de convocatoria de adopción de acuerdos de la comisión nacional. Por último, las enmiendas números 206 y 207,
de Convergència i Unió, y 55, del Grupo Parlamentario Mixto, que pretenden que haya una representación permanente de las comunidades autónomas en la Comisión Nacional de Administración Local, no son aceptadas por mi grupo, ya que se trata de un
órgano de colaboración del Estado con las corporaciones locales, no siendo, según nuestro criterio,
preceptiva la presencia de las comunidades autónomas.
Gracias, señor presidente y señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Solana.
Señorías, llevamos más de cinco horas de sesión plenaria. ¿El Pleno de la Cámara autoriza a esta a Presidencia continuar la sesión? (Asentimiento.) Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra la senadora Tejedor.
La señora TEJEDOR UTRILLA. Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, realizo este turno compartido con mi compañera, la senadora Solana, para fijar nuestra posición en relación con las enmiendas presentadas al proyecto de ley de medidas
para la reforma y modernización del gobierno local, fundamentalmente las referidas al régimen de organización de los municipios de gran población.
La verdad es que hemos llegado a un alto grado de consenso con esta ley porque ya en el trámite del
Congreso de los Diputados se admitió un número de enmiendas muy importante y en el trámite de ponencia y comisión en el Senado hemos llegado a la retirada de algunas enmiendas, a la transacción de otras muchas y a la incorporación de las enmiendas
que el Grupo Popular ha presentado como consecuencia de muchísimas inquietudes de otros grupos políticos y de diversos colectivos. Esto ha puesto de manifiesto el interés que han manifestado muchos grupos políticos por llegar al más alto grado de
consenso y el interés común en adoptar aquellas medidas necesarias para mejorar la situación de nuestro régimen local.
Rápidamente voy a intentar responder a las enmiendas relacionadas con el Título X, el Título XI, el artículo segundo, el artículo
tercero, las disposiciones adicionales, las transitorias y las finales.
En cuanto al Título X, régimen de organización de los municipios de gran población, hay un bloque de enmiendas referidas al Capítulo I, sobre todo referido al ámbito de
aplicación de esta ley.
Aquí nos encontramos con la enmienda número 210 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió que tiene por finalidad establecer que la determinación de los municipios que quedan incluidos en el ámbito
de aplicación de la ley sea competencia de las comunidades autónomas. Esta enmienda no se acepta porque se está olvidando que el proyecto tiene un carácter de legislación básica y, por tanto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el
Estado tiene que establecer un mínimo común normativo que resulte de aplicación en todo el territorio nacional; ello sin perjuicio de las facultades de desarrollo o de ejecución que la normativa básica otorga a las comunidades autónomas. Por
tanto, no se puede dejar el ámbito de aplicación de una ley básica al criterio de cada comunidad autónoma.
La enmienda número 24 del Grupo Parlamentario Mixto no se acepta porque hace referencia a la regulación de las áreas metropolitanas, que es
competencia de las comunidades autónomas, y en las mancomunidades de municipios, como fórmula asociativa que son, se determinará en sus propios estatutos.
En cuanto a la enmienda número 170, del Grupo Parlamentario Socialista; la 97, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, o la 137, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que plantean prácticamente lo mismo, que en el caso de reducción de la cifra oficial de población el Pleno de los municipios a los que sea
de aplicación el Título X pueda decidir si desea o no continuar rigiéndose por el Título X. Estas enmiendas no se aceptan porque no puede quedar al arbitrio de una decisión municipal la aplicación del régimen que le es aplicable, puesto que la
legislación básica estatal lo que persigue es una mínima organización común, y estamos hablando, como he dicho anteriormente, de una legislación básica.
Al Capítulo II, que hace referencia a la organización y funcionamiento de los órganos
municipales necesarios es al que se ha presentado un mayor número de enmiendas. Vamos a hacer referencia a la enmienda número 98, de Entesa, y a la 171, del Grupo Parlamentario Socialista, al artículo 122 apartado 3. En ellas se proponen el
mantenimiento de la figura del secretario del ayuntamiento. También ha habido muchas otras enmiendas relacionadas con este tema. No se van a aceptar porque una de las novedades principales de este proyecto de ley, en aras a conseguir una mayor
racionalización, agilidad y eficacia de los gobiernos locales es la de establecer en los municipios de gran población una nueva configuración de sus órganos necesarios. En este sentido, el proyecto pasa a configurar el Pleno como el órgano de
máxima representación política, correspondiéndole el control y la fiscalización de la gestión de todo el Ejecutivo municipal, la potestad normativa y el ejercicio de determinadas funciones esenciales para el municipio, inspirándose también en el
modelo parlamentario que existe en la Administración General del Estado y en el de las propias comunidades autónomas. Por lo tanto, el Pleno debe contar con un secretario general del Pleno, al igual que existe un secretario general en el Congreso y
en las cámaras autonómicas.
Hay también otras enmiendas, la 99 de Entesa, la 122 del Grupo Parlamentario Socialista y la 26 del Grupo Parlamentario Mixto, al artículo 122, en las que se pretende establecer el carácter público de las comisiones del
Pleno. No se van a aceptar porque el carácter público o no de estas comisiones corresponde determinarlo al reglamento orgánico que las regula y no a una norma con rango de ley.
Al artículo 124 están las enmiendas 102 de Entesa y la 177 del Grupo
Parlamentario Socialista, que pretenden suprimir determinadas funciones que el proyecto atribuye a la Junta de Gobierno local, dándoselas al alcalde. No se aceptan porque una de las finalidades fundamentales del proyecto de ley es el reforzamiento
de un ejecutivo municipal colegiado como órgano al que le van a corresponder las principales funciones ejecutivas y administrativas del Gobierno Local, sin perjuicio, por supuesto, de la superior dirección que le corresponde al alcalde y de las
atribuciones que a éste están reservadas.
Al artículo 126 hay una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto que no se acepta porque plantea que formen parte de la Junta de Gobierno Local personas que no ostenten la condición de concejales. Esto refuerza el perfil ejecutivo que se ha
pretendido en este órgano tal y como se recoge en la Exposición de Motivos de la ley. Por lo tanto, resulta también incardinable al modelo legal europeo en el diseño del gobierno local.
Al artículo 126 se han formulado las enmiendas 106 de Entesa
y 179 del Grupo Socialista. En estas enmiendas se propone que las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local sean públicas, pretenden que no sean secretas.
En este proyecto de ley se recoge que seas secretas porque perseguimos el mismo criterio
que preside los consejos de ministros y de gobierno de las comunidades autónomas.
Hay un gran número de enmiendas referidos a la creación de distritos. No vamos a aceptar las enmienda 109 de Entesa y la 182 del Grupo Socialista porque hay que
recordar que el proyecto de ley tiene un carácter básico y, por tanto, es imperativo para todos los ayuntamientos. Si fuera meramente potestativo el precepto perdería este carácter básico y el Estado el título competencial que le ampara para
aprobar la presente ley.
Por lo tanto, la creación de distritos no puede ser potestativa.
La enmienda 112 de Entesa y 184 del Partido Socialista pretenden que los presidentes de distrito sean personas que tengan el carácter de órganos superiores.
No se acepta porque sólo el alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local van a tener esta consideración.
El artículo 131 tiene una enmienda en la que se plantea que el Consejo Social de la Ciudad pase a denominarse Consejo Económico y
Social. No se acepta porque esto induciría a error, puesto que ya existen con esta denominación el Consejo Económico y Social a nivel estatal y también en algunas comunidades autónomas tiene la misma denominación.
El Capítulo III referido a la
gestión económica y financiera tiene enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos y del Grupo Parlamentario Mixto, que son las enmiendas número 141 y la 45 que pretenden suprimir el artículo 134.3 que reserva a funcionarios con habilitación
nacional la titularidad del órgano de gestión económica financiera y presupuestaria. No se aceptan porque además el Grupo Popular ha presentado una enmienda a este artículo en la cual se modifica la configuración de este órgano u órganos y sólo
quedan reservadas a funcionarios de habilitación nacional las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación, quedando fuera la titularidad de un habilitado nacional para las funciones de presupuestación.
Al artículo 141 hay una enmienda del
Partido Nacionalista Vasco, la enmienda número 142, que quiere incluir otras posibilidades de carácter sancionador en poder de los alcaldes. No se acepta porque durante la elaboración del proyecto de ley ya se valoró la posibilidad de que los
alcaldes pudieran imponer sanciones de distinta naturaleza a las pecuniarias, pero fue descartada porque tradicionalmente en la legislación sectorial sólo se atribuye a los alcaldes la potestad de imposición de sanciones de carácter pecuniario.
Entesa y el Grupo Socialista plantean la incorporación de un nuevo artículo, el artículo cuarto, con el fin de modificar el artículo 75 ter de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional. No se acepta porque, de acuerdo con el principio de
jerarquía normativa, esta pretendida modificación exigiría una ley orgánica y estamos ante una ley que tiene carácter ordinario.
Tenemos también las enmiendas 211 del Grupo Catalán de Convergència i Unió, 191 del Grupo Socialista, y 50 del Grupo
Parlamentario Mixto que proponen una disposición adicional nueva, que ha sido defendida por muchísimos grupos políticos, referida a la prestación por desempleo para los concejales. Esta es una tradicional aspiración que debe abordarse tras un
período de reflexión y no consideramos que se deba incluir en este momento en un proyecto de ley de medidas de modernización del gobierno local. Es cierto que desde el punto de vista jurídico es posible la inclusión de la prestación por desempleo
por la vía de la ampliación por el Gobierno del ámbito protegido frente a dicha contingencia conforme a la disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley de la Seguridad Social. Sin embargo, toda ampliación del ámbito de protección debe
ir analizada en un contexto global y comparando las situaciones de necesidad de los distintos colectivos no protegidos. Es cierto --como se ha planteado aquí-- que es una enmienda que afecta a todos los grupos políticos porque todos tenemos la
posibilidad de ser concejales y quedarnos en situación de desempleo, pero también es cierto que todos tenemos la libertad de querer ir en una lista como concejales o no querer ir, así que de momento parece que no es adecuado plantearlo en esta ley
de modernización del Gobierno local.
La enmienda 52 del Grupo Parlamentario Mixto pretende añadir una disposición adicional que establezca que el Gobierno adaptará la regulación de la Ley reguladora de las Haciendas Locales a lo establecido en esta
ley. Esta enmienda tampoco se va a aceptar.
La enmienda 122, de Entesa, plantea una nueva disposición adicional.
Establece que se dé al Gobierno un mandato para que en seis meses elabore un proyecto de ley sobre policías locales. No se acepta
porque esta propuesta implicaría la modificación de una ley orgánica, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por tanto, sería necesario una ley orgánica.
Las enmiendas números 123 y 124, de Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés, junto con las números 194 y 195 del Grupo Parlamentario Socialista, plantean un mandato al Gobierno para presentar en un plazo de seis meses, un proyecto de ley de retribuciones de los miembros de las corporaciones locales con el fin de
consignar en el proyecto de ley del Presupuestos Generales del Estado dotaciones adicionales para los municipios con población inferior a los mil habitantes. No se acepta porque ésta es una modificación de tal naturaleza que requiere un período de
reflexión y, en su caso, debería acometerse en la futura elaboración de la ley de bases de régimen local.
La enmienda número 135 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos plantea una disposición adicional segunda nueva. Pretende
añadir un punto 11 y un
precepto relativo a las competencias del País Vasco en materia electoral.
Hay que decir que el régimen electoral local es materia regulada en la Ley Orgánica sobre Régimen Electoral General y, desde luego, asumible por las comunidades
autónomas.
A la disposición adicional novena se han planteado también una enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y otra del Grupo Parlamentario Socialista, que pretenden adicionar un inciso que prevea la financiación de los
gastos que para las corporaciones locales suponga la atribución de nuevas funciones. La atribución de nuevas competencias a las haciendas locales tiene su origen en competencias que hasta esta fecha se ejercían por las comunidades autónomas. Por
lo tanto, deben ser éstas y no el Estado las que propicien los fondos necesarios para financiar el gasto que conlleva, por ser tanto titulares de las funciones como de los fondos con los que se financian.
La enmienda número 212 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, similar a la número 49 del Grupo Parlamentario Mixto, plantea una nueva disposición transitoria que pretende que el Gobierno presente, antes del día 30 de diciembre, un proyecto de ley
atribuyendo a Barcelona las competencias de titularidad estatal que se recogen en su carta municipal. Esta enmienda de CiU ha sido suficientemente debatida y contestada en la propuesta de veto por mi compañero, por lo que no vamos a contestar a
esta propuesta de disposición transitoria nueva.
En la elaboración de este proyecto de ley ha habido intención de consensuar muchísimas de las disposiciones recogidas en él. Tengo que decir que ha sido un ejemplo de capacidad de negociación, de
aportación de ideas, de sugerencias de muchos de los grupos políticos, y también ha supuesto un esfuerzo importante la aceptación de unas, la retirada de otras y la transacción de otras muchas. Por lo tanto, sobre el resto de las enmiendas vivas de
los distintos grupos políticos, las que no se hayan debatido y mencionado en este turno en contra se consideran rechazadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Tejedor.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.) Gracias, senador Mur.
¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? Tiene la palabra el
senador Froilán Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ DIAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, siguiendo con nuestra intervención en la Comisión de Interior de esta Cámara, nuestra posición va a ser, y explicaremos por qué, de apoyo a este proyecto de ley, ya que
en el trámite del Congreso de los Diputados se asumieron por parte de la ponencia y en comisión varias de las enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario, y dos fundamentales que quedaba para su trámite en el Senado, fueron asumidas, una
en el trámite de ponencia, y otra en la comisión a través de una enmienda transaccional que recogía en su integridad nuestra enmienda número 144.
Ya anunciamos en el debate en comisión que íbamos a dar nuestro apoyo a esta ley porque recogía dos
aspectos fundamentales para nuestro Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, como era incluir de manera expresa y su equiparación en todos los aspectos, por supuesto, respetando los indicadores de población que en esta ley se
contemplan, de los cabildos insulares con las grandes ciudades.
En consecuencia, nuestro voto va a ser favorable, pero también creemos que muchas de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley y que se ha defendido hoy aquí, merecen nuestro
apoyo porque contemplan aspectos que, sinceramente, mejoran la redacción y los objetivos de este proyecto de ley. Por lo tanto, vamos a votar favorablemente algunas de las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, pero, repito,
nuestro posicionamiento final va a ser el de apoyo global a este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Denegaciones.) Gracias, senadora Etxegoyen.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés tiene la
palabra el senador Sabaté.
El señor SABATE BORRËS: Muchas gracias, señor presidente.
Reiterando la opinión de nuestro grupo de que es una ley necesaria, esperamos que sirva para mejorar el funcionamiento de los entes locales, y a su vez quiero celebrar el hecho de
que haya habido una cierta voluntad de consenso por parte del Grupo Parlamentario Popular, voluntad de consenso que ojalá se hubiese extendido a más artículos, porque entendemos que buena parte de las enmiendas que hemos planteado hacían referencia
precisamente a algunas de las líneas que ya estaban abiertas, y por tanto se podía haber aprovechado la ocasión para elaborar una ley que respondiese a las necesidades reales del mundo local.
Entendemos que la ley va a mejorar la situación; que
sigue habiendo insuficiencias notables, y que será necesario abordar una nueva ley de bases de régimen local, tal y como se ha expresado, para que podamos dar solución a los problemas que en este momento tienen los entes locales en nuestro país, y
en función de eso precisamente nuestra posición ante el dictamen va a ser, de acuerdo con el articulado, en algunos casos favorable y en otros casos de abstención o de voto en contra.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
Corresponde el turno al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y tiene la palabra el senador Curto.
El señor CURTO FORES: Muchas gracias, señor presidente.
Brevemente. Quiero decir a la Cámara que el portavoz de nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados terminaba su exposición de posicionamiento del grupo sobre esta
ley afirmando que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados se abstenía en la votación porque estaba seguro de que en el Senado se podría avanzar. La ley ha llegado al Senado y
lamentablemente va a salir sin que se haya podido incorporar ninguna de las enmiendas que teníamos presentadas. Por tanto, nuestro grupo, fundamentalmente por los dos motivos que hemos argumentado, tanto en el veto como en la defensa de las
enmiendas, es decir, el recorte en las competencias de las comunidades autónomas y el hecho de que no se ponga un plazo para la elaboración de la ley que ha de regular la Carta Municipal de Barcelona, aunque no hubiera sido éste nuestro deseo,
votaremos en contra globalmente del proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Hurtado.
El señor HURTADO GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
En este turno de portavoces quisiera hacer una reflexión respecto a esta ley, que yo creo que tiene tres fechas fundamentales. Una, el 11 de octubre del año 2001, que fue la
presentación en la Comisión de Entidades Locales por parte del ministro Posada del informe de grandes ciudades; el 11 de marzo de 2003, en que se aprueba la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados de
forma mayoritaria; y por último, el 31 de marzo, donde se aprueba el informe por el Pleno del Senado de forma unánime. Sin referirme ni mucho menos a la presentación por parte del ministro, ni siquiera a la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, ni incluso al informe aprobado por el Pleno del Senado, la verdad es que la ley no responde a las expectativas que había creado ese informe. Creo que hay tres o cuatro puntos a mencionar, pero haría referencia en primer
lugar al punto cuarto, donde se habla de la función de control, de la comisión de investigación, y de asegurar el pleno ejercicio de las funciones de los concejales, y su derecho a la información, que creo que no queda suficientemente salvaguardado
en esta ley.
Por ejemplo, el apartado cinco fomenta la atribución de competencias de las entidades locales, en materias tales como vivienda, empleo, educación o servicios sociales, que tampoco han sido recogidas por esta ley; incluso en el punto
ocho, en materia de seguridad ciudadana, resultaría preciso reforzar el papel de las policías locales y de las juntas de seguridad.
Mientras estamos aprobando esta ley se presenta una enmienda que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, según
la cual en las ciudades de gran población --no sabemos si son las grandes ciudades-- se crean unos funcionarios o agentes reguladores del tráfico que, de verdad, creo que hubiera sido interesante que se hubiera discutido en esta ley y no en otra de
forma paralela. Aquí estamos definiendo un tipo de ciudades y, por otro lado, en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se habla de las ciudades de gran población, y no sabemos cuáles son.
En cualquier caso, al menos podríamos convenir
todos los grupos parlamentarios en que cuando nos referimos a su aplicación en la administración local en unos somos gobiernos y en otros somos oposición.
No obstante, es cierto que cuando comienza cualquier legislatura siempre se nos dice que será
la de los entes locales, que será la legislatura de los ayuntamientos, y cuando estamos llegando a su final vemos que quedan muchas cosas pendientes. Salvo que en ese gran cajón de sastre que es la ley de acompañamiento a los presupuestos entren
muchas de las cosas que ahora mismo tenemos pendiente, creo que dejamos para la próxima legislatura temas que son de vital importancia para los entes locales, como la Carta de Barcelona, la ley de capitalidad de Madrid, reformar la Comisión Nacional
de Administración Local, la participación de la Federación de municipios en el Consejo de política fiscal y financiera, la modificación del modelo de financiación, sobre el que podemos convenir que, a pesar de haberse aprobado no hace mucho tiempo
--el año pasado-- ya está resultando obsoleta para los entes locales, la reforma de la Ley del Suelo para que suponga una modificación en las políticas activas de suelo y vivienda por parte de los ayuntamientos, y mecanismos de cooperación entre el
Gobierno y las comunidades autónomas.
Si a eso añadimos que también tenemos pendientes temas como el transfuguismo, la participación ciudadana, e incluso el seguro de desempleo para los concejales o cuestiones sobre diputaciones, resulta que son
muchos los temas que tenemos pendientes en la administración local para completar el marco de descentralización de un Estado como el español que pretende lograr esa característica de la mejor forma posible.
En cualquier caso, que esto sirva de base
para manifestar que nosotros apoyaremos, lógicamente, aquella parte de la ley en la que nos han admitido enmiendas, sin perjuicio de que sentimos, de verdad, no poder apoyarla toda en su conjunto porque hay algunos artículos en los que entendíamos
que tenía que haber habido cambios sustanciales. No se han tenido en cuenta nuestras enmiendas y desde el Grupo Parlamentario Socialista manifestamos nuestra abstención, sin perjuicio de que a la mayor parte de la ley, considerando que no es la del
Grupo Parlamentario Socialista y que ha tenido cambios desde su entrada en el Congreso hasta su aprobación por el Senado, con mejoras sensibles, le daremos nuestro apoyo.
Todo esto queda pendiente y esperamos que un próximo gobierno pueda cambiar
esos temas tan importantes en la administración local para conseguir ese Estado más descentralizado.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Hurtado.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Tejedor.
La señora TEJEDOR UTRILLA: Gracias, presidente.
En este turno de portavoces quiero recordar que este proyecto de ley viene precedido de un amplísimo debate, un amplísimo nivel de consenso político, y me gustaría hacer referencia a los
trabajos que se han llevado a cabo en la Comisión de Entidades Locales del Senado.
Esta comisión ha elaborado un extraordinario informe sobre las grandes ciudades y sus áreas de influencia, que ha sido esencial para un posterior consenso en la
elaboración de este proyecto de ley.
También quiero hacer referencia a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, en la que se instaba al Gobierno a presentar este proyecto. Tuvo un
importante respaldo, se debatió con alcaldes de grandes ciudades, se debatió con la FEMP, con especialistas y, por lo tanto, va a suponer un gran paso en la modernización del conjunto de la administración pública local. También en la cercanía a los
ciudadanos y, sobre todo, una mejor gestión que termine dando como resultado unos servicios públicos de mayor calidad en el ámbito de los municipios españoles.
Con esta ley pretendemos que se impulse la participación ciudadana en el ámbito local.
Queremos que en los grandes municipios se distingan con claridad las grandes facultades de los plenos como órganos de debate político y que se fortalezca a los gobiernos locales, para hacer posible una gestión más fácil y más eficaz, a la vez que se
garanticen todos los mecanismos de control y fiscalización de la gestión desarrollada.
Quiero agradecer a Coalición Canaria su colaboración y su esfuerzo, desde el momento de la presentación de sus enmiendas hasta la retirada o transacción de
muchas de ellas, al haber sido incorporadas parte de sus reivindicaciones en las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Por ello, insisto en agradecer su espíritu de colaboración y de consenso durante el debate de este proyecto
de ley.
En relación a la intervención del señor Sabaté, he de manifestar que me alegro que haya considerado que hemos llegado a un importante grado de consenso en aquello que es lo más importante, la esencia de este proyecto de ley de medidas de
modernización del gobierno local.
Es cierto que todos los grupos políticos han planteado que nos quedan muchas cosas por hacer y, especialmente, el senador Hurtado, del Grupo Parlamentario Socialista; estoy convencida de que nos queda mucho por
hacer, mucho que mejorar, pero también lo estoy de que son muchísimas más las cuestiones que nos han unido que las que nos separan.
Todos los portavoces conocen que estamos ante la elaboración de una nueva Ley de Bases del Régimen Local y esperamos
que durante la tramitación de esa ley, con más reflexión y más tiempo, se puedan recoger parte de las reivindicaciones planteadas por los distintos grupos parlamentarios y que, en este momento, no ha sido posible recoger en este texto.
Tengo que
decir que si teníamos alguna asignatura pendiente en el ámbito institucional, en España, se podría considerar que era la atención diaria a las corporaciones locales y ésta es una ley que moderniza, agiliza y acerca los entes locales al conjunto de
los ciudadanos. Por ello, este proyecto de ley va a cubrir un importante hueco legislativo.
El portavoz del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha manifestado que va a votar en contra de este proyecto de ley de modernización del
gobierno local y he de decirle que, en definitiva, casi todas las enmiendas de Convergència i Unió tienen un marcado carácter nacionalista, lo que me crea serias dudas en cuanto a que crean en la autonomía de las regiones y, desde luego, no apoyan
en absoluto la autonomía municipal.
No debería ser preciso que les recordará el artículo 137 de la Constitución, que establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se
constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Todas, senador Curto, y no sólo las comunidades autónomas. La autonomía de los ayuntamientos no se deriva, por tanto, de una delegación de
competencias de las comunidades autónomas sino de la propia Constitución.
Antes de terminar mi intervención quiero agradecer la actitud del Grupo Socialista porque, desde el principio, ha manifestado un importante espíritu de colaboración.
Por
último, me gustaría recordarles la historia de aquel abogado al que le preguntaron, al cumplir cien años, si a lo largo de su vida había visto pasar muchísimos cambios; él contestó que sí, que estuvo en todos ellos y contra todos ellos.
Espero que
lo que le ocurrió a aquel abogado no les ocurra a los portavoces de esta Cámara, porque estamos ante una ley necesaria y buena, que debiera haber alcanzado el mayor consenso posible.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Tejedor.
--MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA (550/000058).
--MOCION DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO, DE SENADORES DE COALICION CANARIA, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, ENTESA CATALANA DE PROGRES, CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO, SOCIALISTA Y POPULAR, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO
A ADOPTAR, EN COLABORACION CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA Y LOS MUNICIPIOS AFECTADOS, LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA REPARAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES QUE PADECIERON EL PASADO 16 DE OCTUBRE EN LOS MUNICIPIOS DE ALBUDEITE, CAMPOS DEL RIO Y CEUTI (662/000347).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señorías, antes de someter a votación las enmiendas que acaban de ser objeto de debate, relativas al proyecto de ley de medidas para la modernización del gobierno local, les comunico que se ha hecho
llegar a esta Presidencia una moción firmada por todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios para que sea objeto de debate y, en su caso, aprobación.
Se precisa modificar el orden del día por parte del Pleno al objeto de poder debatir y
aprobar esta moción. ¿Lo acuerdan así sus señorías? (Asentimiento.) Acordada la modificación del orden del día, doy lectura al texto de la moción al objeto de que sus señorías tengan conocimiento de ella.
A la Presidencia del Senado. Los
portavoces de los grupos parlamentarios abajo firmantes, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 174 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente moción para su debate y aprobación por el Pleno del Senado.
Las lluvias torrenciales de
cerca de 200 litros por metro cuadrado que padecieron el pasado 16 de octubre los municipios de Albudeite, Campos del Río y Ceutí, produjeron graves daños en inmuebles, instalaciones públicas e infraestructuras, así como en numerosas viviendas y
edificios particulares, dando como resultado daños en gran número de vehículos, enseres y bienes muebles de los mismos. Las graves consecuencias de esta tormenta han afectado gravemente a la economía y a las condiciones de vida de la familia y los
municipios afectados. Por tanto, el Senado insta al Gobierno a que, en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los municipios afectados, adopte las medidas necesarias para reparar los daños producidos. Palacio del Senado,
18 de noviembre de 2003. Como les decía, viene firmada por todos los portavoces de los grupos parlamentarios.
¿Hay alguna intervención en relación con esta moción? (Pausa.) ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada. Muchas
gracias, señorías.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):
-- DE LA COMISION DE INTERIOR Y REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PARA LA MODERNIZACION DEL GOBIERNO LOCAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
621/000166) (C. D.121/000157)
(Continuación).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): A continuación, pasamos a la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de ley de medidas para la modernización del gobierno local.
En primer lugar, las enmiendas presentadas por los senadores
Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, que se votarán en tres bloques. En el primero, las enmiendas 9, 29, 30, 32, 34 y 36.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, seis; en contra, 180; abstenciones, 17.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 23, 24, 43 y 47.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, cinco; en contra, 128; abstenciones, 70.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 59; en contra, 126; abstenciones, 18.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en cinco bloques. En primer lugar, las enmiendas número 125, 126, 128 y 137.
Se
inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 77; en contra, 126.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Enmiendas números 132, 133, 140, 141 y 142.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202; a favor, 70; en contra, 126; abstenciones, seis.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 135.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 22; en contra, 181.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa):Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 127 y 129.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 22; en contra, 126; abstenciones, 55.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa):Quedan rechazadas.
Votamos por último las enmiendas números 130, 131, 134, 136, 138, 139 y 143 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202; a favor, 17; en contra, 125; abstenciones, 60.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa):Quedan rechazadas.
Señorías, pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés en un solo bloque, enmiendas números 72 a 124.
Se inicia la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a favor, 57; en contra, 125; abstenciones, 19.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa):Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en cuatro bloques. En primer lugar, enmienda número 196.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a favor, 22; en contra, 124; abstenciones, 54.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa):Queda rechazada.
Enmiendas números 197, 198, 200, 208, 209, 211 y 212.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202; a favor, 77; en contra, 125.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa):Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 199, 201 a 203, 206, 207 y 210.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202; a favor, 23; en contra, 179.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa):Quedan rechazadas.
Por último, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, votamos las enmiendas números 204 y 205.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202; a favor, 16; en contra, 180; abstenciones, seis.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa):Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista números 145 a 161, 163, 165 a 174 y 177 a 195.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202; a favor, 59; en contra, 126; abstenciones, 17.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las propuestas de modificación del dictamen números de registro 61421, 61422, 61423, 61424 y 61426.
¿Puede entenderse aprobadas por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobadas.
Ahora, votamos el dictamen en dos bloques. En primer lugar, votamos el artículo 1, que modifica los siguientes artículos de la Ley 7/1985: 18, 20, 70, 85 a 117, 121.3, 122.5, 126.4, 127.1, 128, 130, 134.3, 136.3, antiguo 135.3,
así como las disposiciones adicionales séptima y duodécima.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 131; en contra, 16; abstenciones, 56.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado.
Votamos, a continuación, el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 188; en contra, 15.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a
la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve y media de la mañana.
Eran las veintidós horas y cinco minutos.