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BOCG. Senado, serie II, núm. 1-a, de 10/07/2000
BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO
VII LEGISLATURA
Serie II: PROYECTOS DE LEY
10 de julio de 2000
Núm. 1 (a)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 1 Núm. exp. 121/000001)
PROYECTO DE LEY
621/000001 Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del
Estatuto de la Corte Penal Internacional.
TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS
621/000001
PRESIDENCIA DEL SENADO
Con fecha 10 de julio de 2000, ha tenido entrada en esta Cámara el texto
aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados relativo al Proyecto
de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del
Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Al amparo del artículo 104 del Reglamento del Senado, se ordena la
remisión de este Proyecto de Ley a la Comisión de Asuntos Exteriores.
Declarado urgente, se comunica, a efectos de los dispuesto en el artículo
135.1 del Reglamento del Senado, y siendo de aplicación lo previsto en su
artículo 106.2, que el plazo para la presentación de enmiendas terminará
el próximo día 4 de septiembre, lunes.
De otra parte y en cumplimiento del artículo 191 del Reglamento del
Senado, se ordena la publicación del texto del mencionado Proyecto de
Ley, encontrándose la restante documentación a disposición de los señores
Senadores en la Secretaría General de la Cámara.
Palacio del Senado, 10 de julio de 2000.--La Presidenta del Senado,
Esperanza Aguirre Gil de Biedma.--La Secretaria primera del Senado, María
Eugenia Martín Mendizábal.
PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACION POR
ESPAÑA DEL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL
EXPOSICION DE MOTIVOS
I
El 17 de julio de 1998, la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios,
convocada al efecto por las Naciones Unidas y reunida en Roma, adoptó el
Estatuto de la Corte Penal Internacional, que fue firmado por España,
junto con otros países, al final de la Conferencia, el 18 de julio.
El Estatuto de Roma constituye el colofón de una serie de trabajos y
negociaciones cuyo origen coincide prácticamente con el nacimiento de las
Naciones Unidas y que, con intensidad variable, se han sucedido a lo
largo del último medio siglo.
Así, tras los precedentes de los Tribunales militares internacionales de
Nuremberg y Tokio creados en 1945 y 1946 para juzgar a los principales
responsables alemanes y japoneses acusados de la comisión de «crímenes
contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad», la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1948 el Convenio para
la prevención y sanción del delito de genocidio y estableció un Comité
especial para la elaboración del estatuto de una jurisdicción penal
internacional de carácter permanente que llegó a preparar un proyecto
entre 1951 y 1953.
La decisión del Tribunal de Justicia de La Haya, de 1971, consideró que
el Convenio de 1948 contra el genocidio era parte del Derecho
Internacional consuetudinario. Posteriormente, la Resolución de las
Naciones Unidas, de 3 de diciembre de 1973, declaró que los crímenes
contra la Humanidad serían perseguidos y no podrán quedar impunes. Este
cúmulo de esfuerzos legislativos, doctrinales y jurisprudentes estableció
las bases para la efectiva protección de los derechos humanos en el
ámbito internacional, rompiendo con viejos dogmas del Derecho Penal tales
como el principio de territorialidad de la ley penal, basado en la idea
de soberanía nacional, que cede a un nuevo principio de jurisdicción
universal.
Tras el final de la guerra fría, la Asamblea General volvió a retomar el
tema, encargando en 1989 a la Comisión de Derecho Internacional la
elaboración de sendos proyectos de Estatuto de la Corte Penal
Internacional y de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la
Humanidad. Estos proyectos fueron presentados por dicha Comisión en 1994
y 1996, respectivamente, y, una vez refundidos, ampliados y completados
por un Comité compuesto por representantes gubernamentales, constituyeron
la base de trabajo de la Conferencia Diplomática de Roma.
Paralelamente a este proceso, han surgido en los últimos años iniciativas
de ámbito más restringido pero de gran importancia como precedentes de la
Corte Penal Internacional, como son los Tribunales Internacionales
creados en 1993 y 1994 por el Consejo de Seguridad de las Naciones para
el enjuiciamiento de los responsables de violaciones graves del Derecho
Internacional Humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia
y de Ruanda, respectivamente.
Todo ello condujo a que la Conferencia de Roma, tras largas e intensas
negociaciones, pudiera culminar la elaboración del Estatuto, cuyo texto
fue aprobado por 120 votos a favor, incluyendo a todos los países de la
Unión y la gran mayoría de los países occidentales, 7 en contra y 21
abstenciones.
El objetivo que se persigue con el Estatuto de Roma es la creación de la
Corte Penal Internacional, como instancia judicial independiente, aunque
vinculada con las Naciones Unidas, con carácter permanente y alcance
potencialmente universal, que será competente para enjuiciar los crímenes
de mayor trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.
Dado que los cuatro tribunales penales internacionales que han sido
creados hasta ahora lo han sido para situaciones concretas y con carácter
temporal, la constitución de una jurisdicción penal internacional con
vocación de generalidad y permanencia supone un paso decisivo en el
desarrollo del orden internacional.
Las características que concurren en el Estatuto de la Corte Penal
Internacional permiten afirmar que con él se sientan las bases de un
nuevo Derecho Internacional: más humanizador, por cuanto busca la mejor
protección del ser humano frente a los ataques más graves contra su
dignidad esencial; más integrador, al lograr aunar las voluntades de un
elevado número de países con sistemas jurídicos y políticos muy
diferentes entre sí; y más eficaz, al dotarse la comunidad internacional
de un nuevo instrumento enderezado a garantizar la efectiva observancia
de sus normas más fundamentales.
II
Superando la dificultad que implica la diversidad de sistemas políticos y
jurídicos entre los Estados participantes en la Conferencia de Roma, el
Estatuto resultante de sus deliberaciones es un texto completo que regula
todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha y el eficaz
funcionamiento de la Corte Penal Internacional: su establecimiento,
composición y organización; el Derecho aplicable y los principios
generales del Derecho penal que han de inspirar su actuación; la
delimitación de sus competencias, tanto desde el punto de vista material
como espacial y temporal; la tipificación de los delitos y las penas a
imponer, así como las reglas para la ejecución de éstas; las normas
procesales y de funcionamiento de los órganos judiciales; y los
mecanismos de colaboración con los Estados y con otros organismos
internacionales para la mejor consecución de los objetivos pretendidos.
Además, el Estatuto prevé que la regulación que contiene sea
ulteriormente desarrollada mediante varios instrumentos normativos, en
particular los Elementos de los Crímenes, las Reglas de Procedimiento y
Prueba, el Reglamento de la Corte, el Acuerdo de relación con las
Naciones Unidas, el Acuerdo de privilegios e inmunidades, los Reglamentos
Financiero y de Personal, etc., todo lo cual permitirá el correcto y
eficaz funcionamiento de la Corte.
III
Formalmente, el Estatuto se estructura en un preámbulo y 128 artículos,
agrupados sistemáticamente en trece partes. De este amplio contenido,
cabe destacar algunos aspectos como más significativos.
La Corte nace como institución independiente, aunque vinculada con el
sistema de las Naciones Unidas, dotada de personalidad internacional y
con la capacidad jurídica necesaria para el desempeño de sus funciones.
Tendrá su sede en La Haya.
Conforme al principio de complementariedad, la Corte no sustituye a las
jurisdicciones penales nacionales. La jurisdicción de la Corte sólo se
ejercerá de manera subsidiaria, cuando el Estado competente no esté
dispuesto a enjuiciar unos determinados hechos o no pueda hacerlo
efectivamente.
Es importante señalar que la Corte no es competente para enjuiciar a
Estados, sino a personas, ni tampoco para enjuiciar hechos aislados, sino
violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas de
manera extensa o continuada en una situación dada.
Por lo que respecta a la competencia material de la Corte, el Estatuto la
limita a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad
internacional en su conjunto, entendiendo por tales el genocidio, los
crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la agresión. Las
tres primeras categorías de crímenes se tipifican en el propio Estatuto
conforme a las tendencias más modernas del Derecho Internacional Penal.
Se prevé la posterior redacción de un instrumento denominado Elementos de
los Crímenes, que precisará aún más el contenido de esas figuras
delictivas, con objeto de ayudar a la Corte a interpretar y aplicar estos
preceptos. Respecto del crimen de agresión, la competencia de la Corte
queda diferida hasta que, al menos siete años después de la entrada en
vigor del Estatuto, una Conferencia de Revisión adopte, por una mayoría
especialmente cualificada, una disposición que defina dicho delito y
regule las modalidades del ejercicio de la competencia de la Corte
respecto del mismo.
La jurisdicción de la Corte será obligatoria para los Estados partes, los
cuales aceptarán automáticamente esa jurisdicción por el hecho mismo de
ratificar o adherirse al Estatuto. Asimismo, la jurisdicción de la Corte
puede extenderse a otros Estados no partes cuando éstos hayan aceptado la
competencia de la Corte por tratarse de un crimen cometido en su
territorio o cometido por nacionales de esos Estados, o bien cuando el
Consejo de Seguridad así lo haya determinado en virtud de sus
atribuciones conforme al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
En lo que se refiere al ámbito temporal de la competencia, el Estatuto
establece expresamente que no tendrá efectos retroactivos.
La iniciativa de la acción penal corresponde en exclusiva al Fiscal, una
vez que se haya puesto en marcha el mecanismo de activación de la Corte
por alguna de estas tres vías: por impulso de un Estado parte; por
impulso del Consejo de Seguridad; o por iniciativa del Fiscal, siempre
que cuente con la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares. No
obstante, el Estatuto --con el fin de garantizar que la Corte no actuará
más que en los casos en que los órganos jurisdiccionales internos no
puedan o quieran hacerlo-- reconoce al Estado que tiene jurisdicción
sobre los hechos amplias facultades para instar la inhibición del Fiscal
y para impugnar la competencia de la Corte o la admisibilidad de la
causa, con la única excepción de los casos en que el asunto haya sido
remitido a la Corte por el Consejo de Seguridad. En tales casos, se
entiende que prevalece el interés de la comunidad internacional, en cuyo
nombre actúa el Consejo, en que se haga justicia como medio para
restablecer la paz y la seguridad internacionales en una determinada
situación. Por la misma razón, se reconoce al Consejo de Seguridad en el
Estatuto la extraordinaria facultad de instar la suspensión de las
actuaciones de la Corte respecto de una situación dada, si lo entiende
como necesario en función de la paz y seguridad internacionales.
Como complemento de las normas competenciales y procesales, el Estatuto
recoge en su articulado una serie de principios generales del Derecho
Penal que han de orientar la actuación de la Corte: nullum
crimen sine lege; nulla poena sine lege; irretroactividad ratione
personae; responsabilidad penal individual; exclusión de los menores de
18 años de la competencia de la Corte; improcedencia de toda distinción
basada en el cargo oficial; responsabilidad de los jefes y otros
superiores; imprescriptibilidad de los crímenes; elemento de
intencionalidad; circunstancias eximentes de responsabilidad penal; error
de hecho y de derecho; y cumplimiento de órdenes superiores y
disposiciones legales.
Orgánicamente, la Corte --cuyos idiomas oficiales serán los mismos que
los de las Naciones Unidas: árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso-- se estructura en la Presidencia, las Secciones, la Fiscalía y la
Secretaría.
Asimismo, y junto a los órganos judiciales y a la Secretaría, el Estatuto
reconoce importantes funciones a una Asamblea de los Estados Partes, a la
que corresponderá, entre otros cometidos, los de adoptar los instrumentos
de desarrollo del Estatuto y las eventuales reformas a éste, elegir
magistrados y fiscales, aprobar el presupuesto de la Corte y las normas
de ejecución presupuestaria, supervisar la gestión administrativa y
financiera, así como guiar la relación de la Corte con las Naciones
Unidas y otras instancias internacionales y asegurarse de que los Estados
cooperan efectivamente con la Corte cuando ésta recabe su colaboración.
En cuanto a la estructura y el desarrollo del proceso, se combinan
técnicas del Derecho anglosajón y de los derechos continentales,
aprovechando también las experiencias de los Tribunales Internacionales
ad hoc ya existentes. El Estatuto configura un sistema de doble
instancia, una vez concluida la fase de instrucción.
En cuanto a las penas, el Estatuto establece que la Corte podrá imponer a
la persona declarada culpable una pena de reclusión por un número
determinado de años que no exceda de 30 o, en casos excepcionales, la
reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del
delito cometido y las circunstancias personales del condenado. Además, la
Corte podrá imponer multas y el decomiso del producto y los bienes
procedentes del crimen, sin perjuicio de los derechos de los terceros de
buena fe. Las penas privativas de libertad se cumplirán en un Estado
designado por la Corte en cada caso, sobre la base de una lista de
Estados que hayan manifestado a aquélla su disposición a recibir
condenados en sus establecimientos penitenciarios, disponibilidad que
puede estar sometida a ciertas condiciones.
Finalmente, el Estatuto regula las obligaciones de cooperación
internacional y de asistencia judicial a la Corte por los Estados partes,
contemplando principalmente tres formas de cooperación: la entrega de
personas a la Corte; el auxilio judicial internacional, para la
aportación de documentos, realización de pruebas, etc.; y la ejecución de
las sentencias de la Corte, en sus diversos aspectos. En caso de falta de
cooperación de los Estados partes, la Corte podrá plantear la cuestión
ante la Asamblea de Estados Partes o ante el Consejo de Seguridad, si
éste le hubiese remitido el asunto.
IV
A diferencia de los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y
Ruanda, que fueron creados por sendas resoluciones del Consejo de
Seguridad, en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,
la Corte Penal Internacional se establece sobre una base convencional,
mediante el tratado multilateral denominado Estatuto de Roma, celebrado
bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
Según prevé el propio Estatuto en sus cláusulas finales, el tratado está
abierto a la firma de todos los Estados y está sujeto a la ratificación,
aceptación o aprobación de los Estados signatarios, así como a la
adhesión de cualquier otro Estado. Para la entrada en vigor del Estatuto
se requiere el depósito de sesenta instrumentos de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión. Mediante la exigencia de que se reúna
ese número de Estados se pone de manifiesto el propósito de dotar a la
nueva Corte del respaldo y la legitimidad suficientes para que pueda
actuar eficazmente en nombre de la comunidad internacional.
En España, el Parlamento manifestó su claro apoyo al proceso de
elaboración del Estatuto en varias ocasiones, y de forma muy particular,
con la aprobación de una extensa Proposición no de Ley en la Comisión de
Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, de fecha de 24 de junio
de 1998, en la que se fijaron pautas precisas para la negociación por
parte de la Delegación española. Finalmente, nuestro país suscribió el
Estatuto en Roma el 18 de julio de 1998.
V
En suma, el contenido del Estatuto de Roma abarca tanto los aspectos
orgánicos, funcionales y procesales de la Corte Penal Internacional, como
el
alcance de su jurisdicción, configurándose como un instrumento nuevo e
independiente, de una trascendencia sin precedentes para el orden
jurídico internacional. La presente Ley Orgánica, viene a autorizar la
prestación del consentimiento del Estado, de conformidad con lo previsto
en el artículo 93 de la Constitución, a los efectos de ratificar el
Estatuto. Esta autorización se expresa en el único artículo que contiene
la Ley, al que se acompaña una declaración manifestando la disposición de
España a recibir personas condenadas por la Corte en los establecimientos
penitenciarios de nuestro país siempre que la duración de la pena de
prisión impuesta no exceda de la máxima admitida por nuestra legislación,
declaración permitida expresamente en el artículo 103 del Estatuto, al
tiempo que necesaria por las previsiones del artículo 25.2 de la
Constitución, que exige que las penas privativas de libertad y las
medidas de seguridad estén orientadas a la reeducación y reinserción
social del condenado.
En fin, mediante la ratificación del Estatuto que por esta Ley Orgánica
se autoriza, España se sitúa entre los países que contribuirán
inicialmente, con su participación en el proceso de institución de la
nueva Corte y elaboración de los preceptivos instrumentos de desarrollo,
al establecimiento de un orden internacional más justo, basado en la
defensa de los derechos humanos fundamentales. El concurso activo en la
creación de la Corte Penal Internacional es, así, una oportunidad
histórica para reiterar la firme convicción de que la dignidad de la
persona y los derechos inalienables que le son inherentes constituyen el
único fundamento posible de la convivencia en cualesquiera estructuras
políticas, estatales o internacionales.
ARTICULO UNICO
Se autoriza la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, firmado por España el 18 de julio de 1998.
DISPOSICION ADICIONAL
A efectos de lo previsto en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 103
del Estatuto, se autoriza la formulación de la siguiente Declaración:
«España declara que, en su momento, estará dispuesta a recibir a personas
condenadas por la Corte Penal Internacional, a condición de que la
duración de la pena impuesta no exceda del máximo más elevado previsto
para cualquier delito con arreglo a la legislación española.»
DISPOSICION FINAL
La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, APROBADO EN ROMA EL
17 DE JULIO DE 1998
Preámbulo
LOS ESTADOS PARTES en el presente Estatuto,
CONSCIENTES de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y
sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación
que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento,
TENIENDO PRESENTE que, en este siglo, millones de niños, mujeres y
hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y
conmueven profundamente la conciencia de la humanidad,
RECONOCIENDO que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la
paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,
AFIRMANDO que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad
internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal
fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la
cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos
a la acción de la justicia,
DECIDIDOS a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a
contribuir así a la prevención de nuevos crímenes,
RECORDANDO que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal
contra los responsables de crímenes internacionales,
REAFIRMANDO los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones
Unidas y, en particular, que los Estados se abstendrán de recurrir a la
amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la
independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma
incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas,
DESTACANDO, en este contexto, que nada de lo dispuesto en el presente
Estatuto deberá entenderse en el sentido de que autorice a un Estado
Parte a intervenir en una situación de conflicto armado en los asuntos
internos de otro Estado,
DECIDIDOS, a los efectos de la consecución de esos fines y en interés de
las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal
Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el
sistema de las Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes
más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su
conjunto,
DESTACANDO que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del
presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales
nacionales,
DECIDIDOS a garantizar que la justicia internacional sea respetada y
puesta en práctica en forma duradera,
HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:
PARTE I
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE
ARTICULO 1
La Corte
Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional («la Corte»).
La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer
su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de
trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y
tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.
La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las
disposiciones del presente Estatuto.
ARTICULO 2
Relación de la Corte con las
Naciones Unidas
La Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que
deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto
y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.
ARTICULO 3
Sede de la Corte
1.La sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos («el Estado
anfitrión»).
2.La Corte concertará con el Estado anfitrión un acuerdo relativo a la
sede que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes y concluir
luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.
3.La Corte podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere
conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.
ARTICULO 4
Condición jurídica y atribuciones
de la Corte
1.La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también la
capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y
la realización de sus propósitos.
2.La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con
lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier Estado
Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado.
PARTE II
DE LA COMPETENCIA, LA ADMISIBILIDAD
Y EL DERECHO APLICABLE
ARTICULO 5
Crímenes de la competencia
de la Corte
1.La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de
trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte
tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de
los siguientes crímenes:
a)El crimen de genocidio.
b)Los crímenes de lesa humanidad.
c)Los crímenes de guerra.
d)El crimen de agresión.
2.La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez
que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123
en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo
hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes
de la Carta de las Naciones Unidas.
ARTICULO 6
Genocidio
A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por «genocidio»
cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la
intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso como tal:
a)Matanza de miembros del grupo.
b)Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del
grupo.
c)Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.
d)Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.
e)Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
ARTICULO 7
Crímenes de lesa humanidad
1.A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por «crimen de lesa
humanidad» cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte
de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de dicho ataque:
a)Asesinato.
b)Exterminio.
c)Esclavitud.
d)Deportación o traslado forzoso de población.
e)Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en
violación de normas fundamentales de derecho internacional.
f)Tortura.
g)Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo
forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia
sexual de gravedad comparable.
h)Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia
fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales,
religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho
internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente
párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte.
i)Desaparición forzada de personas.
j)El crimen de «apartheid».
k)Otros actos inhumanos de carácter similar que causen
intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la
integridad física o la salud mental o física.
2.A los efectos del párrafo 1:
a)Por «ataque contra una población civil» se entenderá una línea de
conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el
párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de
un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa
política.
b)El «exterminio» comprenderá la imposición intencional de
condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas
entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una
población.
c)Por «esclavitud» se entenderá el ejercicio de los atributos del
derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido
el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular
mujeres y niños.
d)Por «deportación o traslado forzoso de población» se entenderá el
desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos
coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos
autorizados por el derecho internacional.
e)Por «tortura» se entenderá causar intencionalmente dolor o
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el
acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá
por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de
sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas.
f)Por «embarazo forzado» se entenderá el confinamiento ilícito de
una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la
intención de modificar la composición étnica de una población o de
cometer otras violaciones graves del derecho internacional.
En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de
derecho interno relativas al embarazo.
g)Por «persecución» se entenderá la privación intencional y grave de
derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en
razón de la identidad del grupo o de la colectividad.
h)Por «el crimen de «apartheid»» se entenderán los actos inhumanos
de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el
contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación
sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la
intención de mantener ese régimen.
i)Por «desaparición forzada de personas» se entenderá la
aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una
organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia,
seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar
información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la
intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período
prolongado.
3.A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término
«género» se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto
de la sociedad. El término «género» no tendrá más acepción que la que
antecede.
ARTICULO 8
Crímenes de guerra
1.La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en
particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como
parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.
2.A los efectos del presente Estatuto, se entiende por «crímenes de
guerra»:
a)Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o
bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra
pertinente:
i)Matar intencionalmente;
ii)Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los
experimentos biológicos;
iii)Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar
gravemente contra la integridad física o la salud;
iv)Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada
por necesidades militares, a gran escala, ilícita y arbitrariamente;
v)Obligar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a
prestar servicio en las fuerzas de una Potencia enemiga;
vi)Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona
de sus derechos a un juicio justo e imparcial;
vii)Someter a deportación, traslado o confinamiento ilegales;
viii)Tomar rehenes.
b)Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los
conflictos armados internacionales dentro del marco del derecho
internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
i)Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en
cuanto tal o contra civiles que no participen directamente en las
hostilidades;
ii)Dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es
decir, objetos que no son objetivos militares;
iii)Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones,
material, unidades o vehículos participantes en una misión de
mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección
otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho internacional
de los conflictos armados;
iv)Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará
pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a objetos de carácter civil
o daños extensos, duraderos y graves al medio natural que sean claramente
excesivos en relación con la ventaja militar general concreta y directa
de conjunto que se prevea;
v)Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas,
pueblos o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos
militares;
vi)Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las
armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a
discreción;
vii)Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional
o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones
Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y
causar así la muerte o lesiones graves;
viii)El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante
de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o
el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio
ocupado dentro o fuera de ese territorio;
ix)Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados al
culto religioso, las artes, las ciencias o la beneficencia, los
monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y
heridos, siempre que no sean objetivos militares;
x)Someter a personas que estén en poder del perpetrador a
mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier
tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico,
dental u
hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o
pongan gravemente en peligro su salud;
xi)Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o
al ejército enemigo;
xii)Declarar que no se dará cuartel;
xiii)Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las
necesidades de la guerra lo hagan imperativo;
xiv)Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal
los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga;
xv)Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en
operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran
estado a su servicio antes del inicio de la guerra;
xvi)Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por
asalto;
xvii)Emplear veneno o armas envenenadas;
xviii)Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier
líquido, material o dispositivo análogo;
xix)Emplear balas que se abran o aplasten fácilmente en el cuerpo
humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte
interior o que tenga incisiones;
xx)Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que,
por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos
innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho
humanitario internacional de los conflictos armados, a condición de que
esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean
objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del
presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con
las disposiciones que, sobre el particular, figuran en los artículos 121
y 123;
xxi)Cometer ultrajes contra la dignidad de la persona, en particular
tratos humillantes y degradantes;
xxii)Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución
forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del
artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia
sexual que constituya una violación grave de los Convenios de Ginebra;
xxiii)Aprovechar la presencia de civiles u otras personas protegidas
para que queden inmunes de operaciones militares determinados puntos,
zonas o fuerzas militares;
xxiv)Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material,
unidades y vehículos sanitarios, y contra personal habilitado para
utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de
conformidad con el derecho internacional;
xxv)Provocar intencionalmente la inanición de la población civil
como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables
para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente
los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra;
xxvi)Reclutar o alistar a niños menores de quince años en las
fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en
las hostilidades.
c)En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional,
las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de
Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes
actos cometidos contra personas que no participen directamente en las
hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan
depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de combate por
enfermedad, lesiones, detención o por cualquier otra causa:
i)Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular el
homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la
tortura;
ii)Los ultrajes contra la dignidad personal, en particular los
tratos humillantes y degradantes;
iii)La toma de rehenes;
iv)Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin sentencia
previa pronunciada por un tribunal constituido regularmente y que haya
ofrecido todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como
indispensables.
d)El párrafo 2.c) del presente artículo se aplica a los conflictos
armados que no son de índole internacional, y por lo tanto no se aplica a
situaciones de disturbios o tensiones internos, tales como motines, actos
aislados y esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar.
e)Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los
conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco
establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos
siguientes:
i)Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como
tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;
ii)Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material,
unidades y vehículos sanitarios y contra el personal habilitado para
utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de
conformidad con el derecho internacional;
iii)Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones,
material, unidades o vehículos participantes en una misión de
mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección
otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho internacional
de los conflictos armados;
iv)Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados al
culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia,
los monumentos,
los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a
condición de que no sean objetivos militares;
v)Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto;
vi)Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución
forzada, embarazo forzado definido en el apartado f) del párrafo 2 del
artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia
sexual que constituya también una violación grave del artículo 3 común a
los cuatro Convenios de Ginebra;
vii)Reclutar o alistar niños menores de quince años en las fuerzas
armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en
hostilidades;
viii)Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones
relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de
los civiles de que se trate o por razones militares imperativas;
ix)Matar o herir a traición a un combatiente enemigo;
x)Declarar que no se dará cuartel;
xi)Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el
conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos
de cualquier tipo que no estén justificados en razón del tratamiento
médico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven
a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en
peligro su salud;
xii)Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las
necesidades del conflicto lo hagan imperativo.
f)El párrafo 2.e) del presente artículo se aplica a los conflictos
armados que no son de índole internacional, y, por consiguiente, no se
aplica a situaciones de disturbios y tensiones internas, como motines,
actos aislados y esporádicos de violencia u otros actos de carácter
similar. Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el
territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado
entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o
entre tales grupos.
3.Nada de lo dispuesto en los párrafos 2. c) y d) afectará a la
responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener y restablecer el
orden público en el Estado y de defender la unidad e integridad
territorial del Estado por cualquier medio legítimo.
ARTICULO 9
Elementos de los crímenes
1.Los Elementos de los crímenes, que ayudarán a la Corte a interpretar y
aplicar los artículos 6, 7 y 8 del presente Estatuto, serán aprobados por
una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados
Partes.
2.Podrán proponer enmiendas a los Elementos de los crímenes:
a)Cualquier Estado Parte.
b)Los magistrados, por mayoría absoluta.
c)El Fiscal.
Las enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por una
mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados
Partes.
3.Los Elementos de los crímenes y sus enmiendas serán compatibles con lo
dispuesto en el presente Estatuto.
ARTICULO 10
Nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretará en el sentido
de que limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes o en
desarrollo del derecho internacional para fines distintos del presente
Estatuto.
ARTICULO 11
Competencia temporal
1.La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos
después de la entrada en vigor del presente Estatuto.
2.Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su
entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con
respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del
presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una
declaración de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12.
ARTICULO 12
Condiciones previas para el ejercicio
de la competencia
1.El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por ello
la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se refiere el
artículo 5.
2.En el caso de los apartados a) o c) del artículo 13, la Corte podrá
ejercer su competencia si uno o varios de los Estados siguientes son
Partes en el presente Estatuto o han aceptado la competencia de la Corte
de conformidad con el párrafo 3:
a)El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que
se trate, o si el crimen se hubiere
cometido a bordo de un buque o de una aeronave, el Estado de matrícula
del buque o la aeronave.
b)El Estado del que sea nacional el acusado del crimen.
3.Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en el presente Estatuto
fuere necesaria de conformidad con el párrafo 2, dicho Estado podrá,
mediante declaración depositada en poder del Secretario, consentir en que
la Corte ejerza su competencia respecto del crimen de que se trate. El
Estado aceptante cooperará con la Corte sin demora ni excepción de
conformidad con la Parte IX.
ARTICULO 13
Ejercicio de la competencia
La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los
crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las
disposiciones del presente Estatuto si:
a)Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo
14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos
crímenes;
b)El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una
situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes;
o
c)El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de
ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.
ARTICULO 14
Remisión de una situación por un Estado Parte
1.Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca
haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y
pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si
se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas
determinadas.
2.En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las
circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación justificativa
de que disponga el Estado denunciante.
ARTICULO 15
El Fiscal
1.El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de
información acerca de un crimen de la competencia de la Corte.
2.El Fiscal analizará la veracidad de la información recibida. Con tal
fin, podrá recabar más información de los Estados, los órganos de las
Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no
gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y
podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte.
3.El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento
suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de
Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, junto con
la documentación justificativa que haya reunido. Las víctimas podrán
presentar observaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares, de
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
4.Si, tras haber examinado la petición y la documentación que la
justifique, la Sala de Cuestiones Preliminares considerare que hay
fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto parece
corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el inicio de la
investigación, sin perjuicio, de las resoluciones que pueda adoptar
posteriormente la Corte con respecto a su competencia y la admisibilidad
de la causa.
5.La negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar la
investigación no impedirá que el Fiscal presente ulteriormente otra
petición basada en nuevos hechos o pruebas relacionados con la misma
situación.
6.Si, después del examen preliminar a que se refieren los párrafos 1 y 2,
el Fiscal llega a la conclusión de que la información presentada no
constituye fundamento suficiente para una investigación, informará de
ello a quienes la hubieren presentado. Ello no impedirá que el Fiscal
examine a la luz de hechos o pruebas nuevos, otra información que reciba
en relación con la misma situación.
ARTICULO 16
Suspensión de la investigación
o el enjuiciamiento
En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución
aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas, pida a la Corte que suspenda por un plazo de doce meses
la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte
procederá a esa suspensión; la petición podrá ser renovada por el Consejo
de Seguridad en las mismas condiciones.
ARTICULO 17
Cuestiones de admisibilidad
1.La Corte, teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el
artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:
a)El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento en el
Estado que tiene jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a
llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente
hacerlo.
b)El asunto haya sido objeto de investigación por el Estado que
tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar acción penal
contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a
que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda
realmente hacerlo.
c)La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta
a que se refiere la denuncia, y la Corte no pueda incoar el juicio con
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20.
d)El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la
adopción de otras medidas por la Corte.
2.A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto
determinado, la Corte examinará, teniendo en cuenta los principios de un
proceso con las debidas garantías reconocidos por el derecho
internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias,
según el caso:
a)Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión
nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de
que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia
de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5.
b)Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas
las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer
a la persona de que se trate ante la justicia.
c)Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera
independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma
en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de
hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.
3.A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un
asunto determinado, la Corte examinará si el Estado, debido al colapso
total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho
de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone
de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones
en condiciones de llevar a cabo el juicio.
ARTICULO 18
Decisiones preliminares relativas
a la admisibilidad
1.Cuando se haya remitido a la Corte una situación en virtud del artículo
13. a) y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables
para comenzar una investigación e inicie esa investigación en virtud de
los artículos 13.c) y 15, lo notificará a todos los Estados Partes y a
aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible,
ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se
trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter
confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas,
impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas, podrá
limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
2.Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el
Estado podrá informar a la Corte de que está llevando o ha llevado a cabo
una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su
jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir los
crímenes a que se refiere el artículo 5 y a los que se refiera la
información proporcionada en la notificación a los Estados. A petición de
dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia en favor del Estado
en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a
menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del
Fiscal, autorizar la investigación.
3.El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su
competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la remisión o
cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en
vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación
o no puede realmente hacerlo.
4.El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de
Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de
conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma
sumaria.
5.Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la
investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al
Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus
investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a
esas peticiones sin dilaciones indebidas.
6.El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya
emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su
competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones
Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante
las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad
única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de
que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
7.El Estado que haya apelado de una decisión de la Sala de Cuestiones
Preliminares en virtud del presente artículo podrá impugnar la
admisibilidad de un
asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos
importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
ARTICULO 19
Impugnación de la competencia de la Corte
o de la admisibilidad de la causa
1.La Corte se cerciorará de ser competente en todas las causas que le
sean sometidas. La Corte podrá determinar de oficio la admisibilidad de
una causa de conformidad con el artículo 17.
2.Podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos
mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte:
a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden
de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
b)El Estado que tenga jurisdicción en la causa porque está
investigándola o enjuiciándola o lo ha hecho antes; o
c)El Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el
artículo 12.
3.El Fiscal podrá pedir a la Corte que se pronuncie sobre una cuestión de
competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la
competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a
la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el
artículo 13 y las víctimas.
4.La admisibilidad de una causa o la competencia de la Corte sólo podrán
ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados
a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes
del juicio o a su inicio. En circunstancias excepcionales, la Corte podrá
autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase
ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa
hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la
Corte sólo podrán fundarse en el párrafo 1.c) del artículo 17.
5.El Estado a que se hace referencia en los apartados b) y c) del párrafo
2 del presente artículo hará la impugnación lo antes posible.
6.Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la
admisibilidad de una causa o de la competencia de la Corte será asignada
a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos,
será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a
la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de
Apelaciones de conformidad con el artículo 82.
7.Si la impugnación es hecha por el Estado a que se hace referencia en
los apartados b) o c) del párrafo 2, el Fiscal suspenderá la
investigación hasta que la Corte resuelva de conformidad con el artículo
17.
8.Hasta que la Corte se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización
para:
a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionada en
el párrafo 6 del artículo 18;
b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o
completar la reunión y el examen de las pruebas que hubiere iniciado
antes de la impugnación; y
c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que
eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal
haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58.
9.La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el
Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la Corte, antes de
ella.
10.Si la Corte hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con
el artículo 17, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando
se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que
invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada
inadmisible de conformidad con dicho artículo.
11.El Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el
artículo 17 suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que
se trate le comunique información sobre las actuaciones. A petición de
ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide
posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado
cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
ARTICULO 20
Cosa juzgada
1.Salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa, nadie será
procesado por la Corte en razón de conductas constitutivas de crímenes
por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte.
2.Nadie será procesado por otro tribunal en razón de uno de los crímenes
mencionados en el artículo 5 por el cual la Corte ya le hubiere condenado
o absuelto.
3.La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal
en razón de hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8
a menos que el proceso en el otro tribunal:
a)Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su
responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte; o
b)No hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial de
conformidad con las debidas
garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o lo
hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere
incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la
justicia.
ARTICULO 21
Derecho aplicable
1.La Corte aplicará:
a)En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos de los
crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba.
b)En segundo lugar, cuando proceda, los tratados y los principios y
normas de derecho internacional aplicables, incluidos los principios
establecidos del derecho internacional de los conflictos armados.
c)En su defecto, los principios generales del derecho que derive la
Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido,
cuando proceda, el derecho interno de los Estados que normalmente
ejercerían jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos principios no
sean incompatibles con el presente Estatuto ni con el derecho
internacional ni las normas y principios internacionalmente reconocidos.
2.La Corte podrá aplicar principios y normas de derecho respecto de los
cuales hubiere hecho una interpretación en decisiones anteriores.
3.La aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el
presente artículo deberá ser compatible con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en motivos
como el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, la edad, la
raza, el color, la religión o el credo, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, el
nacimiento u otra condición.
PARTE III
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
DE DERECHO PENAL
ARTICULO 22
«Nullum crimen sine lege»
1.Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente
Estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el
momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte.
2.La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará
extensiva por analogía. En caso de ambigüedad, será interpretada en favor
de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena.
3.Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la tipificación
de una conducta como crimen de derecho internacional independientemente
del presente Estatuto.
ARTICULO 23
«Nulla poena sine lege»
Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de
conformidad con el presente Estatuto.
ARTICULO 24
Irretroactividad «ratione personae»
1.Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente
Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor.
2.De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte
la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a
la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena.
ARTICULO 25
Responsabilidad penal individual
1.De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia
respecto de las personas naturales.
2.Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable
individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente
Estatuto.
3.De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y
podrá ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la
Corte quien:
a)Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro,
sea éste o no penalmente responsable.
b)Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea
consumado o en grado de tentativa;
c)Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea
cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la
tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para
su comisión.
d)Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de
comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad
común.
La contribución deberá ser intencional y se hará:
i)Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito
delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen
de la competencia de la Corte; o
ii)A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el
crimen.
e)Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y
pública a que se cometa.
f)Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso
importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume debido a
circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien desista de la
comisión del crimen o impida de otra forma que se consuma no podrá ser
penado de conformidad con el presente Estatuto por la tentativa si
renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.
4.Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la
responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la
responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional.
ARTICULO 26
Exclusión de los menores de dieciocho años
de la competencia de la Corte
La Corte no será competente respecto de los que fueren menores de
dieciocho años en el momento de la presunta comisión del crimen.
ARTICULO 27
Improcedencia del cargo oficial
1.El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción
alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una
persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o
parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún
caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá «per se» motivo
para reducir la pena.
2.Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve
el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al
derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su
competencia sobre ella.
ARTICULO 28
Responsabilidad de los jefes y otros superiores
Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el
presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:
a)El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar
será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la
Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control
efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón
de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:
i)Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento,
hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o
se proponían cometerlos; y
ii)No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a
su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en
conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su
investigación y enjuiciamiento.
b)En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado
distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente
responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren
sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en
razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados,
cuando:
i)Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso
omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban
cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos;
ii)Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su
responsabilidad y control efectivo; y
iii)No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a
su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en
conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su
investigación y enjuiciamiento.
ARTICULO 29
Imprescriptibilidad
Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.
ARTICULO 30
Elemento de intencionalidad
1.Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente responsable
y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente
si actúa con intención y conocimiento de los elementos materiales del
crimen.
2.A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa
intencionalmente quien:
a)En relación con una conducta, se propone incurrir en ella.
b)En relación con una consecuencia, se propone causarla o es
consciente de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos.
3.A los efectos del presente artículo, por «conocimiento» se entiende la
conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una
consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las palabras «a
sabiendas» y «con conocimiento», se entenderán en el mismo sentido.
ARTICULO 31
Circunstancias eximentes de responsabilidad penal
1.Sin perjuicio de las demás circunstancias eximentes de responsabilidad
penal establecidas en el presente Estatuto, no será penalmente
responsable quien, en el momento de incurrir en una conducta:
a)Padeciere de una enfermedad o deficiencia mental que le prive de
su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de
su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley.
b)Estuviere en un estado de intoxicación que le prive de su
capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su
capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley,
salvo que se haya intoxicado voluntariamente a sabiendas de que, como
resultado de la intoxicación, probablemente incurriría en una conducta
tipificada como crimen de la competencia de la Corte, o haya hecho caso
omiso del riesgo de que ello ocurriere.
c)Actuare razonablemente en defensa propia o de un tercero o, en el
caso de los crímenes de guerra, de un bien que fuese esencial para su
supervivencia o la de un tercero o de un bien que fuese esencial para
realizar una misión militar, contra un uso inminente e ilícito de la
fuerza, en forma proporcional al grado de peligro para él, un tercero o
los bienes protegidos. El hecho de participar en una fuerza que realizare
una operación de defensa no bastará para constituir una circunstancia
eximente de la responsabilidad penal de conformidad con el presente
apartado.
d)Hubiere incurrido en una conducta que presuntamente constituya un
crimen de la competencia de la Corte como consecuencia de coacción
dimanante de una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves
para él u otra persona, y en que se vea compelido a actuar necesaria y
razonablemente para evitar esa amenaza, siempre que no tuviera la
intención de causar un daño mayor que el que se proponía evitar. Esa
amenaza podrá:
i)Haber sido hecha por otras personas; o
ii)Estar constituida por otras circunstancias ajenas a su control.
2.La Corte determinará si las circunstancias eximentes de responsabilidad
penal admitidas por el presente Estatuto son aplicables en la causa de
que esté conociendo.
3.En el juicio, la Corte podrá tener en cuenta una circunstancia eximente
de responsabilidad penal distinta de las indicadas en el párrafo 1
siempre que dicha circunstancia se desprenda del derecho aplicable de
conformidad con el artículo 21.El procedimiento para el examen de una
eximente de este tipo se establecerá en las Reglas de Procedimiento y
Prueba.
ARTICULO 32
Error de hecho o error de derecho
1.El error de hecho eximirá de responsabilidad penal únicamente si hace
desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por el crimen.
2.El error de derecho acerca de si un determinado tipo de conducta
constituye un crimen de la competencia de la Corte no se considerará
eximente. Con todo, el error de derecho podrá considerarse eximente si
hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por ese crimen
o si queda comprendido en lo dispuesto en el artículo 33 del presente
Estatuto.
ARTICULO 33
Ordenes superiores y disposiciones legales
1.Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en
cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea
militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal a menos que:
a)Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el
gobierno o el superior de que se trate;
b)No supiera que la orden era ilícita; y
c)La orden no fuera manifiestamente ilícita.
2.A los efectos del presente artículo, se entenderá que las órdenes de
cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente
ilícitas.
PARTE IV
DE LA COMPOSICION Y ADMINISTRACION DE LA CORTE
ARTICULO 34
Organos de la Corte
La Corte estará compuesta de los órganos siguientes:
a)La Presidencia.
b)Una Sección de Apelaciones, una Sección de Primera Instancia y una
Sección de Cuestiones Preliminares.
c)La Fiscalía.
d)La Secretaría.
ARTICULO 35
Desempeño del cargo de magistrado
1.Todos los magistrados serán elegidos miembros de la Corte en régimen de
dedicación exclusiva y estarán disponibles para desempeñar su cargo en
ese régimen desde que comience su mandato.
2.Los magistrados que constituyan la Presidencia desempeñarán sus cargos
en régimen de dedicación exclusiva tan pronto como sean elegidos.
3.La Presidencia podrá, en función del volumen de trabajo de la Corte, y
en consulta con los miembros de ésta, decidir por cuánto tiempo será
necesario que los demás magistrados desempeñen sus cargos en régimen de
dedicación exclusiva. Las decisiones que se adopten en ese sentido se
entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40.
4.Las disposiciones financieras relativas a los magistrados que no deban
desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva serán adoptadas
de conformidad con el artículo 49.
ARTICULO 36
Condiciones que han de reunir los magistrados, candidaturas y elección de
los magistrados
1.Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2, la Corte estará compuesta
de 18 magistrados.
2.a)La Presidencia, actuando en nombre de la Corte, podrá proponer que
aumente el número de magistrados indicado en el párrafo 1 y señalará las
razones por las cuales considera necesario y apropiado ese aumento. El
Secretario distribuirá prontamente la propuesta a todos los Estados
Partes.
b)La propuesta será examinada en una sesión de la Asamblea de los
Estados Partes que habrá de convocarse de conformidad con el artículo
112. La propuesta, que deberá ser aprobada en la sesión por una mayoría
de dos tercios de los Estados Partes, entrará en vigor en la fecha en que
decida la Asamblea.
c)i)Una vez que se haya aprobado una propuesta para aumentar el
número de magistrados con arreglo al apartado b), la elección de los
nuevos magistrados se llevará a cabo en el siguiente período de sesiones
de la Asamblea de los Estados Partes, de conformidad con los párrafos 3 a
8 del presente artículo y con el párrafo 2 del artículo 37;
ii)Una vez que se haya aprobado y haya entrado en vigor una
propuesta para aumentar el número de magistrados con arreglo a los
apartados b)y c) i), la Presidencia podrá en cualquier momento, si el
volumen de trabajo de la Corte lo justifica, proponer que se reduzca el
número de magistrados, siempre que ese número no sea inferior al indicado
en el párrafo 1. La propuesta será examinada de conformidad con el
procedimiento establecido en los apartados a) y b). De ser aprobada, el
número de magistrados se reducirá progresivamente a medida que expiren
los mandatos y hasta que se llegue al número debido.
3.a)Los magistrados serán elegidos entre personas de alta consideración
moral, imparcialidad e integridad que reúnan las condiciones requeridas
para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus
respectivos países.
b)Los candidatos a magistrados deberán tener:
i)Reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la
necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal,
abogado u otra función similar; o
ii)Reconocida competencia en materias pertinentes de derecho
internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las
normas de derechos humanos, así como gran experiencia en funciones
jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la
Corte.
c)Los candidatos a magistrado deberán tener un excelente
conocimiento y dominio de por lo menos uno de los idiomas de trabajo de
la Corte.
4.a)Cualquier Estado Parte en el presente Estatuto podrá proponer
candidatos en las elecciones para magistrado de la Corte mediante:
i)El procedimiento previsto para proponer candidatos a los más altos
cargos judiciales del país; o
ii)El procedimiento previsto en el Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia para proponer candidatos a esa Corte.
Las propuestas deberán ir acompañadas de una exposición detallada acerca
del grado en que el candidato cumple los requisitos enunciados en el
párrafo 3.
b)Un Estado Parte podrá proponer un candidato que no tenga
necesariamente su nacionalidad, pero que en todo caso sea nacional de un
Estado Parte.
c)La Asamblea de los Estados Partes podrá decidir que se establezca
un comité asesor para las candidaturas. En ese caso, la Asamblea de los
Estados Partes determinará la composición y el mandato del comité.
5.A los efectos de la elección se harán dos listas de candidatos:
La lista A, con los nombres de los candidatos que reúnan los requisitos
enunciados en el apartado b) i) del párrafo 3; y
La lista B, con los nombres de los candidatos que reúnan los requisitos
enunciados en el apartado b) ii) del párrafo 3.
El candidato que reúna los requisitos requeridos para ambas listas podrá
elegir en cuál desea figurar. En la primera elección de miembros de la
Corte, por lo menos nueve magistrados serán elegidos entre los candidatos
de la lista A y por lo menos cinco serán elegidos entre los de la lista
B. Las elecciones subsiguientes se organizarán de manera que se mantenga
en la Corte una proporción equivalente de magistrados de ambas listas.
6.a)Los magistrados serán elegidos por votación secreta en una sesión de
la Asamblea de los Estados Partes convocada con ese fin con arreglo al
artículo 112. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 7, serán elegidos
los 18 candidatos que obtengan el mayor número de votos y una mayoría de
dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes.
b)En el caso de que en la primera votación no resulte elegido un
número suficiente de magistrados, se procederá a nuevas votaciones de
conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado a) hasta
cubrir los puestos restantes.
7. No podrá haber dos magistrados que sean nacionales del mismo Estado.
Toda persona que, para ser elegida magistrado, pudiera ser considerada
nacional de más de un Estado, será considerada nacional del Estado donde
ejerza habitualmente sus derechos civiles y políticos.
8. a)Al seleccionar a los magistrados, los Estados Partes tendrán en
cuenta la necesidad de que en la composición de la Corte haya:
i)Representación de los principales sistemas jurídicos del mundo;
ii)Distribución geográfica equitativa; y
iii)Representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres.
b)Los Estados Partes tendrán también en cuenta la necesidad de que
haya en la Corte magistrados que sean juristas especializados en temas
concretos que incluyan, entre otros, la violencia contra las mujeres o
los niños.
9.a)Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), los magistrados serán
elegidos por un mandato de nueve años y, con sujeción al apartado c) y al
párrafo 2 del artículo 37, no podrán ser reelegidos.
b)En la primera elección, un tercio de los magistrados elegidos será
seleccionado por sorteo para desempeñar un mandato de tres años, un
tercio de los magistrados será seleccionado por sorteo para desempeñar un
mandato de seis años y el resto desempeñará un mandato de nueve años.
c)Un magistrado seleccionado para desempeñar un mandato de tres años
de conformidad con el apartado b) podrá ser reelegido por un mandato
completo.
10.No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, un magistrado asignado a una
Sala de Primera Instancia o una Sala de Apelaciones de conformidad con el
artículo 39 seguirá en funciones a fin de llevar a término el juicio o la
apelación de los que haya comenzado a conocer en esa Sala.
ARTICULO 37
Vacantes
1.En caso de producirse una vacante se celebrará una elección de
conformidad con el artículo 36 para cubrirla.
2.El magistrado elegido para cubrir una vacante desempeñará el cargo por
el resto del mandato de su predecesor y, si éste fuera de tres años o
menos, podrá ser reelegido por un mandato completo con arreglo al
artículo 36.
ARTICULO 38
Presidencia
1.El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo
serán elegidos por mayoría absoluta de los magistrados. Cada uno
desempeñará su
cargo por un período de tres años o hasta el término de su mandato como
magistrado, si éste se produjere antes. Podrán ser reelegidos una vez.
2.El Vicepresidente primero sustituirá al Presidente cuando éste se halle
en la imposibilidad de ejercer sus funciones o haya sido recusado.
El Vicepresidente segundo sustituirá al Presidente cuando éste y el
Vicepresidente primero se hallen en la imposibilidad de ejercer sus
funciones o hayan sido recusados.
3.El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo
constituirán la Presidencia, que estará encargada de:
a)La correcta administración de la Corte, con excepción de la
Fiscalía, y
b)Las demás funciones que se le confieren de conformidad con el
presente Estatuto.
4.En el desempeño de sus funciones enunciadas en el párrafo 3. a), la
Presidencia actuará en coordinación con el Fiscal y recabará su
aprobación en todos los asuntos de interés mutuo.
ARTICULO 39
Las Salas
1.Tan pronto como sea posible después de la elección de los magistrados,
la Corte se organizará en las secciones indicadas en el artículo 34.b).
La Sección de Apelaciones se compondrá del Presidente y otros cuatro
magistrados, la Sección de Primera Instancia de no menos de seis
magistrados y la Sección de Cuestiones Preliminares de no menos de seis
magistrados. Los magistrados serán asignados a las secciones según la
naturaleza de las funciones que corresponderán a cada una y sus
respectivas calificaciones y experiencia, de manera que en cada sección
haya una combinación apropiada de especialistas en derecho y
procedimiento penales y en derecho internacional. La Sección de Primera
Instancia y la Sección de Cuestiones Preliminares estarán integradas
predominantemente por magistrados que tengan experiencia en procedimiento
penal.
2.a)Las funciones judiciales de la Corte serán realizadas en cada sección
por las Salas.
b)i)La Sala de Apelaciones se compondrá de todos los magistrados de
la Sección de Apelaciones;
ii)Las funciones de la Sala de Primera Instancia serán realizadas
por tres magistrados de la Sección de Primera instancia;
iii)Las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares serán
realizadas por tres magistrados de la Sección de Cuestiones Preliminares
o por un solo magistrado de dicha Sección, de conformidad con el presente
Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.
c)Nada de lo dispuesto en el presente párrafo obstará a que se
constituyan simultáneamente más de una Sala de Primera Instancia o Sala
de Cuestiones Preliminares cuando la gestión eficiente del trabajo de la
Corte así lo requiera.
3.a)Los magistrados asignados a las Secciones de Primera Instancia y de
Cuestiones Preliminares desempeñarán el cargo en esas Secciones por un
período de tres años, y posteriormente hasta llevar a término cualquier
causa de la que hayan empezado a conocer en la sección de que se trate.
b)Los magistrados asignados a la Sección de Apelaciones desempeñarán
el cargo en esa Sección durante todo su mandato.
4.Los magistrados asignados a la Sección de Apelaciones desempeñarán el
cargo únicamente en esa Sección. Nada de lo dispuesto en el presente
artículo obstará, sin embargo, a que se asignen temporalmente magistrados
de la Sección de Primera Instancia a la Sección de Cuestiones
Preliminares, o a la inversa, si la Presidencia considera que la gestión
eficiente del trabajo de la Corte así lo requiere, pero en ningún caso
podrá formar parte de la Sala de Primera Instancia que conozca de una
causa un magistrado que haya participado en la etapa preliminar.
ARTICULO 40
Independencia de los magistrados
1.Los magistrados serán independientes en el desempeño de sus funciones.
2.Los magistrados no realizarán actividad alguna que pueda ser
incompatible con el ejercicio de sus funciones judiciales o menoscabar la
confianza en su independencia.
3.Los magistrados que tengan que desempeñar sus cargos en régimen de
dedicación exclusiva en la sede de la Corte no podrán desempeñar ninguna
otra ocupación de carácter profesional.
4.Las cuestiones relativas a la aplicación de los párrafos 2 y 3 serán
dirimidas por mayoría absoluta de los magistrados. El magistrado al que
se refiera una de estas cuestiones no participará en la adopción de la
decisión.
ARTICULO 41
Dispensa y recusación de los magistrados
1.La Presidencia podrá, a petición de un magistrado, dispensarlo del
ejercicio de alguna de las funciones que le confiere el presente
Estatuto, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
2.a)Un magistrado no participará en ninguna causa en que, por cualquier
motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Un
magistrado será recusado de conformidad con lo dispuesto en el presente
párrafo, entre otras razones, si hubiese intervenido anteriormente, en
cualquier calidad, en una causa de la que la Corte estuviere conociendo o
en una causa penal conexa sustanciada a nivel nacional y que guardare
relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento. Un
magistrado será también recusado por los demás motivos que se establezcan
en las Reglas de Procedimiento y Prueba.
b)El Fiscal o la persona objeto de investigación o enjuiciamiento
podrá pedir la recusación de un magistrado con arreglo a lo dispuesto en
el presente párrafo.
c)Las cuestiones relativas a la recusación de un magistrado serán
dirimidas por mayoría absoluta de los magistrados. El magistrado cuya
recusación se pida tendrá derecho a hacer observaciones sobre la
cuestión, pero no tomará parte en la decisión.
ARTICULO 42
La Fiscalía
1.La Fiscalía actuará en forma independiente como órgano separado de la
Corte. Estará encargada de recibir remisiones e información corroborada
sobre crímenes de la competencia de la Corte para examinarlas y realizar
investigaciones o ejercitar la acción penal ante la Corte. Los miembros
de la Fiscalía no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes
ajenas a la Corte.
2.La Fiscalía estará dirigida por el Fiscal. El Fiscal tendrá plena
autoridad para dirigir y administrar la Fiscalía, con inclusión del
personal, las instalaciones y otros recursos. El Fiscal contará con la
ayuda de uno o más fiscales adjuntos, que podrán desempeñar cualquiera de
las funciones que le correspondan de conformidad con el presente
Estatuto. El Fiscal y los fiscales adjuntos tendrán que ser de diferentes
nacionalidades y desempeñarán su cargo en régimen de dedicación
exclusiva.
3.El Fiscal y los fiscales adjuntos serán personas que gocen de alta
consideración moral, que posean un alto nivel de competencia y tengan
extensa experiencia práctica en el ejercicio de la acción penal o la
sustanciación de causas penales. Deberán tener un excelente conocimiento
y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
4.El Fiscal será elegido en votación secreta y por mayoría absoluta de
los miembros de la Asamblea de los Estados Partes. Los fiscales adjuntos
serán elegidos en la misma forma de una lista de candidatos presentada
por el Fiscal. El Fiscal propondrá tres candidatos para cada puesto de
fiscal adjunto que deba cubrirse. Salvo que en el momento de la elección
se fije un período más breve, el Fiscal y los fiscales adjuntos
desempeñarán su cargo por un período de nueve años y no podrán ser
reelegidos.
5.El Fiscal y los fiscales adjuntos no realizarán actividad alguna que
pueda interferir en el ejercicio de sus funciones o menoscabar la
confianza en su independencia. No podrán desempeñar ninguna otra
ocupación de carácter profesional.
6.La Presidencia podrá, a petición del Fiscal o de un fiscal adjunto,
dispensarlos de intervenir en una causa determinada.
7.El Fiscal y los fiscales adjuntos no participarán en ningún asunto en
que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su
imparcialidad. Serán recusados de conformidad con lo dispuesto en el
presente párrafo, entre otras razones, si hubiesen intervenido
anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de que la Corte
estuviere conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a nivel
nacional y que guardare relación con la persona objeto de investigación o
enjuiciamiento.
8.Las cuestiones relativas a la recusación del Fiscal o de un fiscal
adjunto serán dirimidas por la Sala de Apelaciones:
a)La persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá en
cualquier momento pedir la recusación del Fiscal o de un fiscal adjunto
por los motivos establecidos en el presente artículo.
b)El Fiscal o el fiscal adjunto, según proceda, tendrán derecho a
hacer observaciones sobre la cuestión.
9.El Fiscal nombrará asesores jurídicos especialistas en determinados
temas como, por ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de
género y violencia contra los niños.
ARTICULO 43
La Secretaría
1.La Secretaría, sin perjuicio de las funciones y atribuciones del Fiscal
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, estará encargada de
los aspectos no judiciales de la administración de la Corte y de
prestarle servicios.
2.La Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el principal
funcionario administrativo de la Corte. El Secretario ejercerá sus
funciones bajo la autoridad del Presidente de la Corte.
3.El Secretario y el secretario adjunto deberán ser personas que gocen de
consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente
conocimiento
y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
4.Los magistrados elegirán al Secretario en votación secreta por mayoría
absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los
Estados Partes. De ser necesario elegirán, por recomendación del
Secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un secretario adjunto.
5.El Secretario será elegido por un período de cinco años en régimen de
dedicación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El secretario
adjunto será elegido por un período de cinco años, o por uno más breve,
si así lo deciden los magistrados por mayoría absoluta, en el
entendimiento de que prestará sus servicios según sea necesario.
6.El Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro
de la Secretaría. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará
medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará
asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que
comparezcan ante la Corte, y a otras personas que estén en peligro en
razón del testimonio prestado. La Dependencia contará con personal
especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los
relacionados con delitos de violencia sexual.
ARTICULO 44
El personal
1.El Fiscal y el Secretario nombrarán los funcionarios calificados que
sean necesarios en sus respectivas oficinas. En el caso del Fiscal, ello
incluirá el nombramiento de investigadores.
2.En el nombramiento de los funcionarios, el Fiscal y el Secretario
velarán por el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad y
tendrán en cuenta, «mutatis mutandis», los criterios establecidos en el
párrafo 8 del artículo 36.
3.El Secretario, con la anuencia de la Presidencia y del Fiscal,
propondrá un reglamento del personal que establecerá las condiciones en
que el personal de la Corte será designado, remunerado o separado del
servicio. El Reglamento del Personal estará sujeto a la aprobación de la
Asamblea de los Estados Partes.
4.La Corte podrá, en circunstancias excepcionales, recurrir a la pericia
de personal proporcionado gratuitamente por Estados Partes,
organizaciones intergubernamentales u organizaciones no gubernamentales
para que colabore en la labor de cualquiera de los órganos de la Corte.
El Fiscal podrá aceptar ofertas de esa índole en nombre de la Fiscalía.
El personal proporcionado gratuitamente será empleado de conformidad con
directrices que ha de establecer la Asamblea de los Estados Partes.
ARTICULO 45
Promesa solemne
Antes de asumir las obligaciones del cargo de conformidad con el presente
Estatuto, los magistrados, el Fiscal, los fiscales adjuntos, el
Secretario y el secretario adjunto declararán solemnemente y en sesión
pública que ejercerán sus atribuciones con toda imparcialidad y
conciencia.
ARTICULO 46
Separación del cargo
1.Un magistrado, el Fiscal, un fiscal adjunto, el Secretario o el
secretario adjunto será separado del cargo si se adopta una decisión a
tal efecto de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 cuando se
determine que:
a)Ha incurrido en falta grave o en incumplimiento grave de las
funciones que le confiere el presente Estatuto y según lo establecido en
las Reglas de Procedimiento y Prueba; o
b)Está imposibilitado de desempeñar las funciones descritas en el
presente Estatuto.
2.La decisión de separar del cargo a un magistrado, el Fiscal o un fiscal
adjunto de conformidad con el párrafo 1 será adoptada por la Asamblea de
los Estados Partes en votación secreta:
a)En el caso de un magistrado, por mayoría de dos tercios de los
Estados Partes y previa recomendación aprobada por mayoría de dos tercios
de los demás magistrados.
b)En el caso del Fiscal, por mayoría absoluta de los Estados Partes.
c)En el caso de un fiscal adjunto, por mayoría absoluta de los
Estados Partes y previa recomendación del Fiscal.
3.La decisión de separar del cargo al Secretario o a un secretario
adjunto será adoptada por mayoría absoluta de los magistrados.
4.El magistrado, Fiscal, fiscal adjunto, Secretario o secretario adjunto
cuya conducta o cuya idoneidad para el ejercicio de las funciones del
cargo de conformidad con el presente Estatuto haya sido impugnada en
virtud del presente artículo podrá presentar y obtener pruebas y
presentar escritos de conformidad con las Reglas de Procedimiento y
Prueba; sin embargo, no podrá participar por ningún otro concepto en el
examen de la cuestión.
ARTICULO 47
Medidas disciplinarias
El magistrado, Fiscal, fiscal adjunto, Secretario o secretario adjunto
que haya incurrido en una falta menos grave que la establecida en el
párrafo 1 del artículo 46 será objeto de medidas disciplinarias de
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
ARTICULO 48
Privilegios e inmunidades
1.La Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los
privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.
2.Los magistrados, el Fiscal, los fiscales adjuntos y el Secretario
gozarán, cuando actúen en el desempeño de sus funciones o en relación con
ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de
las misiones diplomáticas y, una vez expirado su mandato, seguirán
gozando de absoluta inmunidad judicial por las declaraciones que hagan
oralmente o por escrito y los actos que realicen en el desempeño de sus
funciones oficiales.
3.El secretario adjunto, el personal de la Fiscalía y el personal de la
Secretaría gozarán de los privilegios e inmunidades y de las facilidades
necesarias para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el
acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.
4.Los abogados, peritos, testigos u otras personas cuya presencia se
requiera en la sede de la Corte serán objeto del tratamiento que sea
necesario para el funcionamiento adecuado de la Corte, de conformidad con
el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.
5.Se podrá renunciar a los privilegios e inmunidades:
a)En el caso de un magistrado o el Fiscal, por decisión de la
mayoría absoluta de los magistrados.
b)En el caso del Secretario, por la Presidencia.
c)En el caso de los fiscales adjuntos y el personal de la Fiscalía,
por el Fiscal.
d)En el caso del secretario adjunto y el personal de la Secretaría,
por el Secretario.
ARTICULO 49
Sueldos, estipendios y dietas
Los magistrados, el Fiscal, los fiscales adjuntos, el Secretario y el
secretario adjunto percibirán los sueldos, estipendios y dietas que
decida la Asamblea de los Estados Partes. Esos sueldos y estipendios no
serán reducidos en el curso de su mandato.
ARTICULO 50
Idiomas oficiales y de trabajo
1.Los idiomas oficiales de la Corte serán el árabe, el chino, el español,
el francés, el inglés y el ruso. Las sentencias de la Corte, así como las
otras decisiones que resuelvan cuestiones fundamentales de que conozca la
Corte, serán publicadas en los idiomas oficiales. La Presidencia, de
conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento
y Prueba, determinará cuáles son las decisiones que resuelven cuestiones
fundamentales a los efectos del presente párrafo.
2.Los idiomas de trabajo de la Corte serán el francés y el inglés. En las
Reglas de Procedimiento y Prueba se determinará en qué casos podrá
utilizarse como idioma de trabajo otros idiomas oficiales.
3.La Corte autorizará a cualquiera de las partes o cualquiera de los
Estados a que se haya permitido intervenir en un procedimiento, previa
solicitud de ellos, a utilizar un idioma distinto del francés o el
inglés, siempre que considere que esta autorización está adecuadamente
justificada.
ARTICULO 51
Reglas de Procedimiento y Prueba
1.Las Reglas de Procedimiento y Prueba entrarán en vigor tras su
aprobación por mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de
los Estados Partes.
2.Podrán proponer enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba:
a)Cualquier Estado Parte;
b)Los magistrados, por mayoría absoluta; o
c)El Fiscal.
Las enmiendas entrarán en vigor tras su aprobación en la Asamblea de los
Estados Partes por mayoría de dos tercios.
3.Una vez aprobadas las Reglas de Procedimiento y Prueba, en casos
urgentes y cuando éstas no resuelvan una situación concreta suscitada en
la Corte, los magistrados podrán, por una mayoría de dos tercios,
establecer reglas provisionales que se aplicarán hasta que la Asamblea de
los Estados Partes las apruebe, enmiende o rechace en su siguiente
período ordinario o extraordinario de sesiones.
4.Las Reglas de Procedimiento y Prueba, las enmiendas a ellas y las
reglas provisionales deberán
estar en consonancia con el presente Estatuto. Las enmiendas a las Reglas
de Procedimiento y Prueba, así como las reglas provisionales, no se
aplicarán retroactivamente en detrimento de la persona que sea objeto de
la investigación o el enjuiciamiento o que haya sido condenada.
5.En caso de conflicto entre las disposiciones del Estatuto y las de las
Reglas de Procedimiento y Prueba, prevalecerá el Estatuto.
ARTICULO 52
Reglamento de la Corte
1.Los magistrados, de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas
de Procedimiento y Prueba, aprobarán por mayoría absoluta el Reglamento
de la Corte que sea necesario para su funcionamiento ordinario.
2.Se consultará al Fiscal y al Secretario en la preparación del
Reglamento y de cualquier enmienda a él.
3.El Reglamento y sus enmiendas entrarán en vigor al momento de su
aprobación, a menos que los magistrados decidan otra cosa. Inmediatamente
después de su aprobación, serán distribuidos a los Estados Partes para
recabar sus observaciones. Se mantendrán en vigor si en un plazo de seis
meses no se han recibido objeciones de una mayoría de los Estados Partes.
PARTE V
DE LA INVESTIGACION
Y EL ENJUICIAMIENTO
ARTICULO 53
Inicio de una investigación
1.El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará
una investigación a menos que determine que no existe fundamento
razonable para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto. Al
decidir si ha de iniciar una investigación, el Fiscal tendrá en cuenta
si:
a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para
creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia
de la Corte.
b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17.
c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en
cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una
investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a
la investigación y la determinación se basare únicamente en el apartado
c), lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
2.Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no
hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento, ya que:
a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una
orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58;
b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17; o
c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia,
teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del
crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto
autor y su participación en el presunto crimen.
Notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y
al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 o
al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el párrafo b)
del artículo 13.
3. a)A petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al
artículo 14 o del Consejo de Seguridad de conformidad con el párrafo b)
del artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la
decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con
el párrafo 1 o el párrafo 2 y pedir al Fiscal que reconsidere esa
decisión.
b)Además, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio,
revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si
dicha decisión se basare únicamente en el párrafo 1.c) o el párrafo 2.c).
En ese caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es
confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
4.El Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de
iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos
o nuevas informaciones.
ARTICULO 54
Funciones y atribuciones del Fiscal
con respecto a las investigaciones
1.El Fiscal:
a)A fin de establecer la veracidad de los hechos, podrá ampliar la
investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para
determinar si hay responsabilidad penal de conformidad con el presente
Estatuto y, a esos efectos, investigará tanto las circunstancias
incriminantes como las eximentes;
b)Adoptará medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la
investigación y el enjuiciamiento de los
crímenes de la competencia de la Corte. A esos efectos, respetará los
intereses y las circunstancias personales de víctimas y testigos, entre
otros la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, y la
salud, y tendrá en cuenta la naturaleza de los crímenes, en particular
los de violencia sexual, violencia por razones de género y violencia
contra los niños; y
c)Respetará plenamente los derechos que confiere a las personas el
presente Estatuto.
2.El Fiscal podrá realizar investigaciones en el territorio de un Estado:
a)De conformidad con las disposiciones de la Parte IX; o
b)Según lo autorice la Sala de Cuestiones Preliminares de
conformidad con el párrafo 3. d) del artículo 57.
3.El Fiscal podrá:
a)Reunir y examinar pruebas;
b)Hacer comparecer e interrogar a las personas objeto de
investigación, las víctimas y los testigos;
c)Solicitar la cooperación de un Estado u organización o acuerdo
intergubemamental de conformidad con su respectiva competencia o mandato;
d)Concertar las disposiciones o los acuerdos compatibles con el
presente Estatuto que sean necesarios para facilitar la cooperación de un
Estado, una organización intergubemamental o una persona;
e)Convenir en que no divulgará en ninguna etapa del procedimiento
los documentos o la información que obtenga a condición de preservar su
carácter confidencial y únicamente a los efectos de obtener nuevas
pruebas, salvo con el acuerdo de quien haya facilitado la información; y
f)Adoptar o pedir que se adopten las medidas necesarias para
asegurar el carácter confidencial de la información, la protección de una
persona o la preservación de las pruebas.
ARTICULO 55
Derechos de las personas durante
la investigación
1.En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente
Estatuto:
a)Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse
culpable.
b)Nadie será sometido a forma alguna de coacción intimidación o
amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o
degradantes.
c)Quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que
comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los
servicios de un intérprete competente y las traducciones que sean
necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad.
d)Nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será
privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el presente
Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.
2. Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen
de la competencia de la Corte y esa persona haya de ser interrogada por
el Fiscal o por las autoridades nacionales, en cumplimiento de una
solicitud hecha de conformidad con lo dispuesto en la Parte IX, tendrá
además los derechos siguientes, de los que será informada antes del
interrogatorio:
a)A ser informada de que existen motivos para creer que ha cometido
un crimen de la competencia de la Corte.
b)A guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los
efectos de determinar su culpabilidad o inocencia.
c)A ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no lo
tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre que fuere
necesario en interés de la justicia y, en cualquier caso, sin cargo si
careciere de medios suficientes.
d)A ser interrogada en presencia de su abogado, a menos que haya
renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada.
ARTICULO 56
Disposiciones que podrá adoptar la Sala
de Cuestiones Preliminares cuando se presente una oportunidad única
de proceder a una investigación
1.a)El Fiscal, cuando considere que se presenta una oportunidad única de
proceder a una investigación, que tal vez no se repita a los fines de un
juicio, de recibir testimonio o la declaración de un testigo o de
examinar, reunir o verificar pruebas, lo comunicará a la Sala de
Cuestiones Preliminares.
b)La Sala, a petición del Fiscal, podrá adoptar las medidas que sean
necesarias para velar por la eficiencia e integridad de las actuaciones
y, en particular, para proteger los derechos de la defensa.
c)A menos que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene otra cosa,
el Fiscal proporcionará la información correspondiente a la persona que
ha sido detenida o que ha comparecido en virtud de una citación en
relación con la investigación a que se refiere el apartado a), a fin de
que pueda ser oída.
2.Las medidas a que se hace referencia en el apartado a) del párrafo 1
podrán consistir en:
a)Formular recomendaciones o dictar ordenanzas respecto del
procedimiento que habrá de seguirse.
b)Ordenar que quede constancia de las actuaciones.
c)Nombrar a un experto para que preste asistencia.
d)Autorizar al abogado defensor del detenido o de quien haya
comparecido ante la Corte en virtud de una citación a que participe o, en
caso de que aún no se hayan producido esa detención o comparecencia o no
se haya designado abogado, a nombrar otro para que comparezca y
represente los intereses de la defensa.
e)Encomendar a uno de sus miembros o, de ser necesario, a otro
magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares o la Sección de
Primera Instancia que formule recomendaciones o dicte ordenanzas respecto
de la reunión y preservación de las pruebas o del interrogatorio de
personas.
f)Adoptar todas las medidas que sean necesarias para reunir o
preservar las pruebas.
3.a)La Sala de Cuestiones Preliminares, cuando considere que el Fiscal no
ha solicitado medidas previstas en el presente artículo que, a su juicio,
sean esenciales para la defensa en juicio, le consultará si se
justificaba no haberlas solicitado. La Sala podrá adoptar de oficio esas
medidas si, tras la consulta, llegare a la conclusión de que no había
justificación para no solicitarlas.
b)El Fiscal podrá apelar de la decisión de la Sala de Cuestiones
Preliminares de actuar de oficio con arreglo al presente párrafo. La
apelación se sustanciará en un procedimiento sumario.
4.La admisibilidad o la forma en que quedará constancia de las pruebas
reunidas o preservadas para el juicio de conformidad con el presente
artículo se regirá en el juicio por lo dispuesto en el artículo 69 y la
Sala de Primera Instancia decidirá cómo ha de ponderar esas pruebas.
ARTICULO 57
Funciones y atribuciones de la Sala
de Cuestiones Preliminares
1.A menos que el presente Estatuto disponga otra cosa, la Sala de
Cuestiones Preliminares ejercerá sus funciones de conformidad con las
disposiciones del presente artículo.
2.a)Las providencias u órdenes que la Sala de Cuestiones Preliminares
dicte en virtud de los artículos 15, 18 ó 19, el párrafo 2 del artículo
54, el párrafo 7 del artículo 61 o el artículo 72 deberán ser aprobadas
por la mayoría de los magistrados que la componen;
b)En todos los demás casos, un magistrado de la Sala de Cuestiones
Preliminares podrá ejercer las funciones establecidas en el presente
Estatuto, a menos que las Reglas de Procedimiento y Prueba dispongan otra
cosa o así lo acuerde, por mayoría, la Sala de Cuestiones Preliminares.
3.Además de otras funciones que le confiere el presente Estatuto, la Sala
de Cuestiones Preliminares podrá:
a)A petición del Fiscal, dictar las providencias y órdenes que sean
necesarias a los fines de una investigación.
b)A petición de quien haya sido detenido o haya comparecido en
virtud de una orden de comparecencia expedida con arreglo al artículo 58,
dictar esas órdenes, incluidas medidas tales como las indicadas en el
artículo 56 o solicitar con arreglo a la Parte IX la cooperación que sea
necesaria para ayudarle a preparar su defensa.
c)Cuando sea necesario, asegurar la protección y el respeto de la
intimidad de víctimas y testigos, la preservación de pruebas, la
protección de personas detenidas o que hayan comparecido en virtud de una
orden de comparecencia, así como la protección de información que afecte
a la seguridad nacional.
d)Autorizar al Fiscal a adoptar determinadas medidas de
investigación en el territorio de un Estado Parte sin haber obtenido la
cooperación de éste con arreglo a la Parte IX en el caso de que la Sala
haya determinado, de ser posible teniendo en cuenta las opiniones del
Estado de que se trate, que dicho Estado manifiestamente no está en
condiciones de cumplir una solicitud de cooperación debido a que no
existe autoridad u órgano alguno de su sistema judicial competente para
cumplir una solicitud de cooperación con arreglo a la Parte IX.
e)Cuando se haya dictado una orden de detención o de comparecencia
con arreglo al artículo 58, y habida cuenta del valor de las pruebas y de
los derechos de las partes de que se trate, de conformidad con lo
dispuesto en el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba,
recabar la cooperación de los Estados con arreglo al párrafo 1.k)del
artículo 93 para adoptar medidas cautelares a los efectos de un decomiso
que, en particular, beneficie en última instancia a las víctimas.
ARTICULO 58
Orden de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de
Cuestiones Preliminares
1.En cualquier momento, después de iniciada la investigación, la Sala de
Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de
detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas
y otra información presentada por el Fiscal, estuviere convencida de que:
a)Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la
competencia de la Corte; y
b)La detención parece necesaria para:
i)Asegurar que la persona comparezca en juicio; ii)Asegurar que la
persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las
actuaciones de la Corte; o
iii)En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o
un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen
en las mismas circunstancias.
2. La solicitud del Fiscal consignará:
a)El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su
identificación;
b)Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte que
presuntamente haya cometido;
c)Una descripción concisa de los hechos que presuntamente
constituyan esos crímenes;
d)Un resumen de las pruebas y cualquier otra información que
constituya motivo razonable para creer que la persona cometió esos
crímenes; y
e)La razón por la cual el Fiscal crea necesaria la detención.
3. La orden de detención consignará:
a)El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su
identificación;
b)Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte por
el que se pide su detención; y
c)Una descripción concisa de los hechos que presuntamente
constituyan esos crímenes.
4.La orden de detención seguirá en vigor mientras la Corte no disponga lo
contrario.
5.La Corte, sobre la base de la orden de detención, podrá solicitar la
detención provisional o la detención y entrega de la persona de
conformidad con la Parte IX del presente Estatuto.
6.El Fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que enmiende
la orden de detención para modificar la referencia al crimen indicado en
ésta o agregar otros. La Sala de Cuestiones Preliminares enmendará la
orden si estuviere convencida de que hay motivo razonable para creer que
la persona cometió los crímenes en la forma que se indica en esa
modificación o adición.
7.El Fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que, en
lugar de una orden de detención, dicte una orden de comparecencia. La
Sala, de estar convencida de que hay motivo razonable para creer que la
persona ha cometido el crimen que se le imputa y que bastará con una
orden de comparecencia para asegurar que comparezca efectivamente,
dictará, con o sin las condiciones limitativas de la libertad (distintas
de la detención) que prevea el derecho interno, una orden para que la
persona comparezca. La orden de comparecencia consignará:
a)El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su
identificación;
b)La fecha de la comparecencia;
c)Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte que
presuntamente haya cometido; y
d)Una descripción concisa de los hechos que presuntamente
constituyan esos crímenes.
La notificación de la orden será personal.
ARTICULO 59
Procedimiento de detención en el Estado
de detención
1.El Estado Parte que haya recibido una solicitud de detención
provisional o de detención y entrega tomará inmediatamente las medidas
necesarias para la detención de conformidad con su derecho interno y con
lo dispuesto en la Parte IX del presente Estatuto.
2.El detenido será llevado sin demora ante la autoridad judicial
competente del Estado de detención, que determinará si, de conformidad
con el derecho de ese Estado:
a)La orden le es aplicable;
b)La detención se llevó a cabo conforme a derecho; y
c)Se han respetado los derechos del detenido.
3.El detenido tendrá derecho a solicitar de la autoridad competente del
Estado de detención la libertad provisional antes de su entrega.
4.Al decidir la solicitud, la autoridad competente del Estado de
detención examinará si, dada la gravedad de los presuntos crímenes, hay
circunstancias urgentes y excepcionales que justifiquen la libertad
provisional y si existen las salvaguardias necesarias para que el Estado
de detención pueda cumplir su obligación de entregar la persona a la
Corte. Esa autoridad no podrá examinar si la orden de detención fue
dictada conforme a derecho con arreglo a los apartados a) y b) del
párrafo 1 del artículo 58.
5.La solicitud de libertad provisional será notificada a la Sala de
Cuestiones Preliminares, que hará recomendaciones a la autoridad
competente del Estado de detención. Antes de adoptar su decisión, la
autoridad competente del Estado de detención tendrá plenamente en cuenta
esas recomendaciones, incluidas las relativas a medidas para impedir la
evasión de la persona.
6.De concederse la libertad provisional, la Sala de Cuestiones
Preliminares podrá solicitar informes periódicos al respecto.
7. Una vez que el Estado de detención haya ordenado la entrega, el
detenido será puesto a disposición de la Corte tan pronto como sea
posible.
ARTICULO 60
Primeras diligencias en la Corte
1.Una vez que el imputado haya sido entregado a la Corte o haya
comparecido voluntariamente o en cumplimiento de una orden de
comparecencia, la Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que ha
sido informado de los crímenes que le son imputados y de los derechos que
le reconoce el presente Estatuto, incluido el de pedir la libertad
provisional.
2.Quien sea objeto de una orden de detención podrá pedir la libertad
provisional. Si la Sala de Cuestiones Preliminares está convencida de que
se dan las condiciones enunciadas en el párrafo 1 del artículo 58, se
mantendrá la detención. En caso contrario, la Sala de Cuestiones
Preliminares pondrá en libertad al detenido, con o sin condiciones.
3.La Sala de Cuestiones Preliminares revisará periódicamente su decisión
en cuanto a la puesta en libertad o la detención, y podrá hacerlo en
cualquier momento en que lo solicite el Fiscal o el detenido. Sobre la
base de la revisión, la Sala podrá modificar su decisión en cuanto a la
detención, la puesta en libertad o las condiciones de ésta, si está
convencida de que es necesario en razón de un cambio en las
circunstancias.
4.La Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que la detención en
espera de juicio no se prolongue excesivamente a causa de una demora
inexcusable del Fiscal. Si se produjere dicha demora, la Corte
considerará la posibilidad de poner en libertad al detenido, con o sin
condiciones.
5.De ser necesario, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar una
orden de detención para hacer comparecer a una persona que haya sido
puesta en libertad.
ARTICULO 61
Confirmación de los cargos antes del juicio
1.Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 y dentro de un plazo
razonable tras la entrega de la persona a la Corte o su comparecencia
voluntaria ante ésta, la Sala de Cuestiones Preliminares celebrará una
audiencia para confirmar los cargos sobre la base de los cuales el Fiscal
tiene la intención de pedir el procesamiento. La audiencia se celebrará
en presencia del Fiscal y del imputado, así como de su defensor.
2.La Sala de Cuestiones Preliminares, a solicitud del Fiscal o de oficio,
podrá celebrar una audiencia en ausencia del acusado para confirmar los
cargos en los cuales el Fiscal se basa para pedir el enjuiciamiento
cuando el imputado:
a)Haya renunciado a su derecho a estar presente; o
b)Haya huido o no sea posible encontrarlo y se hayan tomado todas
las medidas razonables para asegurar su comparecencia ante la Corte e
informarle de los cargos y de que se celebrará una audiencia para
confirmarlos. En este caso, el imputado estará representado por un
defensor cuando la Sala de Cuestiones Preliminares resuelva que ello
redunda en interés de la justicia.
3. Dentro de un plazo razonable antes de la audiencia:
a)Se proporcionará al imputado un ejemplar del documento en que se
formulen los cargos por los cuales el Fiscal se proponga enjuiciarlo; y
b)Se le informará de las pruebas que el Fiscal se proponga presentar
en la audiencia.
La Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar providencias respecto de
la revelación de información a los efectos de la audiencia.
4.Antes de la audiencia, el Fiscal podrá proseguir la investigación y
modificar o refirar los cargos. Se dará al imputado aviso con antelación
razonable a la audiencia de cualquier modificación de los cargos o de su
retiro. En caso de retirarse cargos, el Fiscal comunicará las razones a
la Sala de Cuestiones Preliminares.
5.En la audiencia, el Fiscal presentará respecto de cada cargo pruebas
suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado
cometió el crimen que se le imputa. El Fiscal podrá presentar pruebas
documentales o un resumen de las pruebas y no será necesario que llame a
los testigos que han de declarar en el juicio.
6.En la audiencia, el imputado podrá:
a)Impugnar los cargos;
b)Impugnar las pruebas presentadas por el Fiscal; y
c)Presentar pruebas.
7.La Sala de Cuestiones Preliminares determinará, sobre la base de la
audiencia, si existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados
para creer que el imputado cometió cada crimen que se le imputa. Según
cual sea esa determinación, la Sala de Cuestiones Preliminares:
a)Confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que
existen pruebas suficientes y asignará al acusado a una Sala de Primera
Instancia para su enjuiciamiento por los cargos confirmados.
b)No confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado
que las pruebas son insuficientes.
c)Levantará la audiencia y pedirá al Fiscal que considere la
posibilidad de:
i)Presentar nuevas pruebas o llevar a cabo nuevas investigaciones en
relación con un determinado cargo; o
ii)Modificar un cargo en razón de que las pruebas presentadas
parecen indicar la comisión de un crimen distinto que sea de la
competencia de la Corte.
8.La no confirmación de un cargo por parte de la Sala de Cuestiones
Preliminares no obstará para que el Fiscal la pida nuevamente a condición
de que presente pruebas adicionales.
9.Una vez confirmados los cargos y antes de comenzar el juicio, el
Fiscal, con autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares y previa
notificación al acusado, podrá modificar los cargos. El Fiscal, si se
propusiera presentar nuevos cargos o sustituirlos por otros más graves,
deberá pedir una audiencia de conformidad con el presente artículo para
confirmarlos. Una vez comenzado el juicio, el Fiscal, con autorización de
la Sala de Primera Instancia, podrá retirar los cargos.
10.Toda orden ya dictada dejará de tener efecto con respecto a los cargos
que no hayan sido confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares o
hayan sido retirados por el Fiscal.
11.Una vez confirmados los cargos de conformidad con el presente
artículo, la Presidencia constituirá una Sala de Primera Instancia que,
con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 9 del presente artículo y en el
párrafo 4 del artículo 64, se encargará de la siguiente fase del
procedimiento y podrá ejercer las funciones de la Sala de Cuestiones
Preliminares que sean pertinentes y apropiadas en ese procedimiento.
PARTE VI
DEL JUICIO
ARTICULO 62
Lugar del juicio
A menos que se decida otra cosa, el juicio se celebrará en la sede de la
Corte.
ARTICULO 63
Presencia del acusado en el juicio
1.El acusado estará presente durante el juicio.
2.Si el acusado, estando presente en la Corte, perturbare continuamente
el juicio, la Sala de Primera Instancia podrá disponer que salga de ella
y observe el proceso y dé instrucciones a su defensor desde fuera,
utilizando, en caso necesario, tecnologías de comunicación. Esas medidas
se adoptarán únicamente en circunstancias excepcionales, después de que
se haya demostrado que no hay otras posibilidades razonables y adecuadas,
y únicamente durante el tiempo que sea estrictamente necesario.
ARTICULO 64
Funciones y atribuciones de la Sala
de Primera Instancia
1.Las funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia enunciadas
en el presente artículo deberán ejercerse de conformidad con el presente
Estatuto, y las Reglas de Procedimiento y Prueba.
2.La Sala de Primera Instancia velará por que el juicio sea justo y
expedito y se sustancie con pleno respeto de los derechos del acusado y
teniendo debidamente en cuenta la protección de las víctimas y de los
testigos.
3.La Sala de Primera Instancia a la que se asigne una causa de
conformidad con el presente Estatuto:
a)Celebrará consultas con las partes y adoptará los procedimientos
que sean necesarios para que el juicio se sustancie de manera justa y
expedita;
b)Determinará el idioma o los idiomas que habrán de utilizarse en el
juicio; y
c)Con sujeción a cualesquiera otras disposiciones pertinentes del
presente Estatuto, dispondrá la divulgación de los documentos o de la
información que no se hayan divulgado anteriormente, con suficiente
antelación al comienzo del juicio como para permitir su preparación
adecuada.
4.La Sala de Primera Instancia podrá, en caso de ser necesario para su
funcionamiento eficaz e imparcial, remitir cuestiones preliminares a la
Sala de Cuestiones Preliminares o, de ser necesario, a otro magistrado de
la Sección de Cuestiones Preliminares que esté disponible.
5.Al notificar a las partes, la Sala de Primera Instancia podrá, según
proceda, indicar que se deberán acumular o separar los cargos cuando haya
más de un acusado.
6.Al desempeñar sus funciones antes del juicio o en el curso de éste, la
Sala de Primera Instancia podrá, de ser necesario:
a)Ejercer cualquiera de las funciones de la Sala de Cuestiones
Preliminares indicadas en el párrafo 11 del artículo 61;
b)Ordenar la comparecencia y la declaración de testigos y la
presentación de documentos y otras pruebas recabando, de ser necesario,
la asistencia de los Estados con arreglo a lo dispuesto en el presente
Estatuto;
c)Adoptar medidas para la protección de la información confidencial;
d)Ordenar la presentación de pruebas adicionales a las ya reunidas
con antelación al juicio o a las presentadas durante el juicio por las
partes;
e)Adoptar medidas para la protección del acusado, de los testigos y
de las víctimas; y
f)Dirimir cualesquiera otras cuestiones pertinentes.
7.El juicio será público. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia podrá
decidir que determinadas diligencias se efectúen a puerta cerrada, de
conformidad con el artículo 68, debido a circunstancias especiales o para
proteger la información de carácter confidencial o restringida que haya
de presentarse en la práctica de la prueba.
8.a)Al comenzar el juicio, la Sala de Primera Instancia dará lectura ante
el acusado de los cargos confirmados anteriormente por la Sala de
Cuestiones Preliminares. La Sala de Primera Instancia se cerciorará de
que el acusado comprende la naturaleza de los cargos. Dará al acusado la
oportunidad de declararse culpable de conformidad con el artículo 65 o de
declararse inocente.
b)Durante el juicio, el magistrado presidente podrá impartir
directivas para la sustanciación del juicio, en particular para que éste
sea justo e imparcial. Con sujeción a las directivas que imparta el
magistrado presidente, las partes podrán presentar pruebas de conformidad
con las disposiciones del presente Estatuto.
9.La Sala de Primera Instancia podrá, a petición de una de las partes o
de oficio, entre otras cosas:
a)Decidir sobre la admisibilidad o pertinencia de las pruebas.
b)Tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden en las
audiencias.
10.La Sala de Primera Instancia hará que el Secretario lleve y conserve
un expediente completo del juicio, en el que se consignen fielmente las
diligencias practicadas.
ARTICULO 65
Procedindento en caso de declaración
de culpabilidad
1.Si el acusado se declara culpable en las condiciones indicadas en el
párrafo 8. a) del artículo 64, la Sala de Primera Instancia determinará:
a)Si el acusado comprende la naturaleza y las consecuencias de la
declaración de culpabilidad;
b)Si esa declaración ha sido formulada voluntariamente tras
suficiente consulta con el abogado defensor; y
c)Si la declaración de culpabilidad está corroborada por los hechos
de la causa conforme a:
i)Los cargos presentados por el Fiscal y aceptados por el acusado;
ii)Las piezas complementarias de los cargos presentados por el
Fiscal y aceptados por el acusado; y
iii)Otras pruebas, como declaraciones de testigos, presentadas por
el Fiscal o el acusado.
2.La Sala de Primera Instancia, de constatar que se cumplen las
condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, considerará que la
declaración de culpabilidad, junto con las pruebas adicionales
presentadas, constituye un reconocimiento de todos los hechos esenciales
que configuran el crimen del cual se ha declarado culpable el acusado y
podrá condenarlo por ese crimen.
3.La Sala de Primera Instancia, de constatar que no se cumplen las
condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, tendrá la
declaración de culpabilidad por no formulada y, en ese caso, ordenará que
prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el
presente Estatuto y podrá remitir la causa a otra Sala de Primera
Instancia.
4.La Sala de Primera Instancia, cuando considere necesaria, en interés de
la justicia y en particular en interés de las víctimas, una presentación
más completa de los hechos de la causa, podrá:
a)Pedir al Fiscal que presente pruebas adicionales, inclusive
declaraciones de testigos; u
b)Ordenar que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento
ordinario estipulado en el presente Estatuto, en cuyo caso tendrá la
declaración de culpabilidad por no formulada y podrá remitir la causa a
otra Sala de Primera Instancia.
5.Las consultas que celebren el Fiscal y la defensa respecto de la
modificación de los cargos, la declaración de culpabilidad o la pena que
habrá de imponerse no serán obligatorias para la Corte.
ARTICULO 66
Presunción de inocencia
1.Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe su
culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable.
2.Incumbirá al Fiscal probar la culpabilidad del acusado.
3.Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar convencida de
la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable.
ARTICULO 67
Derechos del acusado
1.En la determinación de cualquier cargo, el acusado tendrá derecho a ser
oído públicamente, habida
cuenta de las disposiciones del presente Estatuto, y a una audiencia
justa e imparcial, así como a las siguientes garantías mínimas en pie de
plena igualdad:
a)A ser informado sin demora y en forma detallada, en un idioma que
comprenda y hable perfectamente, de la naturaleza, la causa y el
contenido de los cargos que se le imputan;
b)A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa y a comunicarse libre y confidencialmente con
un defensor de su elección;
c)A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
d)Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63, el
acusado tendrá derecho a hallarse presente en el proceso y a defenderse
personalmente o ser asistido por un defensor de su elección; a ser
informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y,
siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre
defensor de oficio, gratuitamente si careciere de medios suficientes para
pagarlo;
e)A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a
obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean
interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. El
acusado tendrá derecho también a oponer excepciones y a presentar
cualquier otra prueba admisible de conformidad con el presente Estatuto;
f)A ser asistido gratuitamente por un intérprete competente y a
obtener las traducciones necesarias para satisfacer los requisitos de
equidad, si en las actuaciones ante la Corte o en los documentos
presentados a la Corte se emplea un idioma que no comprende y no habla;
g)A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse
culpable y a guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los
efectos de determinar su culpabilidad o inocencia;
h)A declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar
juramento; y
i)A que no se invierta la carga de la prueba ni le sea impuesta la
carga de presentar contrapruebas.
2.Además de cualquier otra divulgación de información estipulada en el
presente Estatuto, el Fiscal divulgará a la defensa, tan pronto como sea
posible, las pruebas que obren en su poder o estén bajo su control y que,
a su juicio, indiquen o tiendan a indicar la inocencia del acusado, o a
atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar a la credibilidad de las
pruebas de cargo. En caso de duda acerca de la aplicación de este
párrafo, la Corte decidirá.
ARTICULO 68
Protección de las víctimas y los testigos
y su participación en las actuaciones
1.La Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el
bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las
víctimas y los testigos. Con este fin, la Corte tendrá en cuenta todos
los factores pertinentes, incluidos la edad, el género, definido en el
párrafo 3 del artículo 7, y la salud, así como la índole del crimen, en
particular cuando éste entrañe violencia sexual o por razones de género,
o violencia contra niños. En especial, el Fiscal adoptará estas medidas
en el curso de la investigación y el enjuiciamiento de tales crímenes.
Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado
o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos.
2.Como excepción al principio del carácter público de las audiencias
establecido en el artículo 67, las Salas de la Corte podrán, a fin de
proteger a las víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una
parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación
de pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales. En
particular, se aplicarán estas medidas en el caso de una víctima de
agresión sexual o de un menor de edad que sea víctima o testigo, salvo
decisión en contrario adoptada por la Corte atendiendo a todas las
circunstancias, especialmente la opinión de la víctima o el testigo.
3.La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente,
que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las
víctimas si se vieren afectados sus intereses personales y de una manera
que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio
justo e imparcial ni sea incompatible con éstos. Los representantes
legales de las víctimas podrán presentar dichas opiniones y observaciones
cuando la Corte lo considere conveniente y de conformidad con las Reglas
de Procedimiento y Prueba.
4.La Dependencia de Víctimas y Testigos podrá asesorar al Fiscal y a la
Corte acerca de las medidas adecuadas de protección, los dispositivos de
seguridad, el asesoramiento y la asistencia a que se hace referencia en
el párrafo 6 del artículo 43.
5.Cuando la divulgación de pruebas o información de conformidad con el
presente Estatuto entrañare un peligro grave para la seguridad de un
testigo o de su familia, el Fiscal podrá, a los efectos de cualquier
diligencia anterior al juicio, no presentar dichas pruebas o información
y presentar en cambio un resumen de éstas. Las medidas de esta índole no
podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio
justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos.
6.Todo Estado podrá solicitar que se adopten las medidas necesarias
respecto de la protección de sus funcionarios o agentes, así como de la
protección de información de carácter confidencial o restringido.
ARTICULO 69
Práctica de las pruebas
1.Antes de declarar, cada testigo se comprometerá, de conformidad con las
Reglas de Procedimiento y Prueba, a decir verdad en su testimonio.
2.La prueba testimonial deberá rendirse en persona en el juicio, salvo
cuando se apliquen las medidas establecidas en el artículo 68 o en las
Reglas de Procedimiento y Prueba. Asimismo, la Corte podrá permitir al
testigo que preste testimonio oralmente o por medio de una grabación de
vídeo o audio, así como que se presenten documentos o transcripciones
escritas, con sujeción al presente Estatuto y de conformidad con las
Reglas de Procedimiento y Prueba. Estas medidas no podrán redundar en
perjuicio de los derechos del acusado ni serán incompatibles con éstos.
3.Las partes podrán presentar pruebas pertinentes a la causa, de
conformidad con el artículo 64. La Corte estará facultada para pedir
todas las pruebas que considere necesarias para determinar la veracidad
de los hechos.
4.La Corte podrá decidir sobre la pertinencia o admisibilidad de
cualquier prueba, teniendo en cuenta, entre otras cosas, su valor
probatorio y cualquier perjuicio que pueda suponer para un juicio justo o
para la justa evaluación del testimonio de un testigo, de conformidad con
las Reglas de Procedimiento y Prueba.
5.La Corte respetará los privilegios de confidencialidad establecidos en
las Reglas de Procedimiento y Prueba.
6.La Corte no exigirá prueba de los hechos de dominio público, pero podrá
incorporarlos en autos.
7.No serán admisibles las pruebas obtenidas como resultado de una
violación del presente Estatuto o de las normas de derechos humanos
internacionalmente reconocidas cuando:
a)Esa violación suscite serias dudas sobre la fiabilidad de las
pruebas; o
b)Su admisión atente contra la integridad del juicio o redunde en
grave desmedro de él.
8. La Corte, al decidir sobre la pertinencia o la admisibilidad de las
pruebas presentadas por un Estado, no podrá pronunciarse sobre la
aplicación del derecho interno de ese Estado.
ARTICULO 70
Delitos contra la administración de justicia
1.La Corte tendrá competencia para conocer de los siguientes delitos
contra la administración de justicia, siempre y cuando se cometan
intencionalmente:
a)Dar falso testimonio cuando se esté obligado a decir verdad de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 69;
b)Presentar pruebas a sabiendas de que son falsas o han sido
falsificadas;
c)Corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o testimonio o
interferir en ellos, tomar represalias contra un testigo por su
declaración, destruir o alterar pruebas o interferir en las diligencias
de prueba;
d)Poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte
para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga
de manera indebida;
e)Tomar represalias contra un funcionario de la Corte en razón de
funciones que haya desempeñado él u otro funcionario; y
f)Solicitar o aceptar un soborno en calidad de funcionario de la
Corte y en relación con sus funciones oficiales.
2.Las Reglas de Procedimiento y Prueba establecerán los principios y
procedimientos que regulen el ejercicio por la Corte de su competencia
sobre los delitos a que se hace referencia en el presente artículo. Las
condiciones de la cooperación internacional con la Corte respecto de las
actuaciones que realice de conformidad con el presente artículo se
regirán por el derecho interno del Estado requerido.
3.En caso de decisión condenatoria, la Corte podrá imponer una pena de
reclusión no superior a cinco años o una multa, o ambas penas, de
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
4.a)Todo Estado Parte hará extensivas sus leyes penales que castiguen los
delitos contra la integridad de su propio procedimiento de investigación
o enjuiciamiento a los delitos contra la administración de justicia a que
se hace referencia en el presente artículo y sean cometidos en su
territorio o por uno de sus nacionales,
b)A solicitud de la Corte, el Estado Parte, siempre que lo considere
apropiado, someterá el asunto a sus autoridades competentes a los efectos
del enjuiciamiento. Esas autoridades conocerán de tales asuntos con
diligencia y asignarán medios suficientes para que las causas se
sustancien en forma eficaz.
ARTICULO 71
Sanciones por faltas de conducta en la Corte
1.En caso de faltas de conducta de personas presentes en la Corte, tales
como perturbar las audiencias o negarse deliberadamente a cumplir sus
órdenes, la Corte podrá imponer sanciones administrativas, que no
entrañen privación de la libertad, como expulsión temporal o permanente
de la sala, multa u otras medidas similares establecidas en las Reglas de
Procedimiento y Prueba.
2.El procedimiento para imponer las medidas a que se refiere el párrafo 1
se regirá por las Reglas de Procedimiento y Prueba.
ARTICULO 72
Protección de información que afecte la seguridad nacional
1.El presente artículo será aplicable en todos los casos en que la
divulgación de información o documentos de un Estado pueda, a juicio de
éste, afectar a los intereses de su seguridad nacional. Esos casos son
los comprendidos en el ámbito de los párrafos 2 y 3 del artículo 56, el
párrafo 3 del artículo 61, el párrafo 3 del artículo 64, el párrafo 2 del
artículo 67, el párrafo 6 del artículo 68, el párrafo 6 del artículo 87 y
el artículo 93, así como los que se presenten en cualquier otra fase del
procedimiento en el contexto de esa divulgación.
2.El presente artículo se aplicará también cuando una persona a quien se
haya solicitado información o pruebas se niegue a presentarlas o haya
pedido un pronunciamiento del Estado porque su divulgación afectaría a
los intereses de la seguridad nacional del Estado, y el Estado de que se
trate confirme que, a su juicio, esa divulgación afectaría a los
intereses de su seguridad nacional.
3.Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a los privilegios
de confidencialidad a que se refieren los apartados e) y f) del párrafo 3
del artículo 54 ni la aplicación del artículo 73.
4.Si un Estado tiene conocimiento de que información o documentos suyos
están siendo divulgados o pueden serlo en cualquier fase del
procedimiento y estima que esa divulgación afectaría a sus intereses de
seguridad nacional, tendrá derecho a pedir que la cuestión se resuelva de
conformidad con el presente artículo.
5.El Estado a cuyo juicio la divulgación de información afectara a sus
intereses de seguridad nacional adoptará, actuando en conjunto con el
Fiscal, la defensa, la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de
Primera Instancia según sea el caso, todas las medidas razonables para
resolver la cuestión por medio de la cooperación. Esas medidas podrán
ser, entre otras, las siguientes:
a)La modificación o aclaración de la solicitud;
b)Una decisión de la Corte respecto de la pertinencia de la
información o de las pruebas solicitadas, o una decisión sobre si las
pruebas, aunque pertinentes, pudieran obtenerse o se hubieran obtenido de
una fuente distinta del Estado;
c)La obtención de la información o las pruebas de una fuente
distinta o en una forma diferente; o
d)Un acuerdo sobre las condiciones en que se preste la asistencia,
que incluya, entre otras cosas, la presentación de resúmenes o
exposiciones, restricciones a la divulgación, la utilización de
procedimientos a puerta cerrada o ex parte, u otras medidas de protección
permitidas con arreglo al Estatuto o las Reglas de Procedimiento y
Prueba.
6.Una vez que se hayan adoptado todas las medidas razonables para
resolver la cuestión por medio de la cooperación, el Estado, si considera
que la información o los documentos no pueden proporcionarse ni
divulgarse por medio alguno ni bajo ninguna condición sin perjuicio de
sus intereses de seguridad nacional, notificará al Fiscal o a la Corte
las razones concretas de su decisión, a menos que la indicación concreta
de esas razones perjudique necesariamente los intereses de seguridad
nacional del Estado.
7.Posteriormente, si la Corte decide que la prueba es pertinente y
necesaria para determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado,
podrá adoptar las disposiciones siguientes:
a)Cuando se solicite la divulgación de la información o del
documento de conformidad con una solicitud de cooperación con arreglo a
la Parte IX del presente Estatuto o en las circunstancias a que se
refiere el párrafo 2 del presente artículo, y el Estado hiciere valer
para denegarla el motivo indicado en el párrafo 4 del artículo 93:
i)La Corte podrá, antes de adoptar una de las conclusiones a que se
refiere el inciso ii) del apartado a) del párrafo 7, solicitar nuevas
consultas con el fin de oír las razones del Estado. La Corte, si el
Estado lo solicita, celebrará las consultas a puerta cerrada y ex parte;
ii)Si la Corte llega a la conclusión de que, al hacer valer el
motivo de denegación indicado en el párrafo 4 del artículo 93, dadas las
circunstancias del caso, el Estado requerido no está actuando de
conformidad con las obligaciones que le impone el presente Estatuto,
podrá remitir la cuestión de conformidad con el párrafo 7 del artículo
87, especificando las razones de su conclusión; y
iii)La Corte, en el juicio del acusado, podrá establecer las
presunciones respecto de la existencia o inexistencia de un hecho que
sean apropiadas en razón de las circunstancias; o
b)En todas las demás circunstancias:
i)Ordenar la divulgación; o
ii)Si no ordena la divulgación, establecer las presunciones
relativas a la culpabilidad o a la inocencia del acusado que sean
apropiadas en razón de las circunstancias.
ARTICULO 73
Información o documentos de terceros
La Corte, si pide a un Estado Parte que le proporcione información o un
documento que esté bajo su custodia, posesión o control y que le haya
sido divulgado por un Estado, una organización intergubernamental
o una organización internacional a título confidencial, recabará el
consentimiento de su autor para divulgar la información o el documento.
Si el autor es un Estado Parte, podrá consentir en divulgar dicha
información o documento o comprometerse a resolver la cuestión con la
Corte, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 72. Si el autor no es
un Estado Parte y no consiente en divulgar la información o el documento,
el Estado requerido comunicará a la Corte que no puede proporcionar la
información o el documento de que se trate en razón de la obligación
contraída con su autor de preservar su carácter confidencial.
ARTICULO 74
Requisitos para el fallo
1.Todos los magistrados de la Sala de Primera Instancia estarán presentes
en cada fase del juicio y en todas sus deliberaciones. La Presidencia
podrá designar para cada causa y según estén disponibles uno o varios
magistrados suplentes para que asistan a todas las fases del juicio y
sustituyan a cualquier miembro de la Sala de Primera Instancia que se vea
imposibilitado para seguir participando en el juicio.
2.La Sala de Primera Instancia fundamentará su fallo en su evaluación de
las pruebas y de la totalidad del juicio. El fallo se referirá únicamente
a los hechos y las circunstancias descritos en los cargos o las
modificaciones a los cargos, en su caso. La Corte podrá fundamentar su
fallo únicamente en las pruebas presentadas y examinadas ante ella en el
juicio.
3.Los magistrados procurarán adoptar su fallo por unanimidad, pero, de no
ser posible, éste será adoptado por mayoría.
4.Las deliberaciones de la Sala de Primera Instancia serán secretas.
5.El fallo constará por escrito e incluirá una exposición fundada y
completa de la evaluación de las pruebas y las conclusiones. La Sala de
Primera Instancia dictará un fallo. Cuando no haya unanimidad, el fallo
de la Sala de Primera Instancia incluirá las opiniones de la mayoría y de
la minoría. La lectura del fallo o de un resumen de éste se hará en
sesión pública.
ARTICULO 75
Reparación a las víctimas
1.La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas
la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse
a las víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa
solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá determinar
en su decisión el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o
perjuicios causados a las víctimas o a sus causahabientes, indicando los
principios en que se funda.
2.La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en
la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas,
incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Cuando
proceda, la Corte podrá ordenar que la indemnización otorgada a título de
reparación se pague por conducto del Fondo Fiduciario previsto en el
artículo 79.
3.La Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este artículo,
tendrá en cuenta las observaciones formuladas por el condenado, las
víctimas, otras personas o Estados que tengan un interés, o las que se
formulen en su nombre.
4.Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente artículo, la
Corte, una vez que una persona sea declarada culpable de un crimen de su
competencia, podrá determinar si, a fin de dar efecto a una decisión que
dicte de conformidad con este artículo, es necesario solicitar medidas de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 90.
5.Los Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a
este artículo como si las disposiciones del artículo 109 se aplicaran al
presente artículo.
6.Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en
perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno
o al derecho internacional.
ARTICULO 76
Fallo condenatorio
1.En caso de que se dicte un fallo condenatorio, la Sala de Primera
Instancia fijará la pena que proceda imponer, para lo cual tendrá en
cuenta las pruebas practicadas y las presentaciones relativas a la pena
que se hayan hecho en el proceso.
2.Salvo en el caso en que sea aplicable el artículo 65, la Sala de
Primera Instancia podrá convocar de oficio una nueva audiencia, y tendrá
que hacerlo si lo solicitan el Fiscal o el acusado antes de que concluya
la instancia, a fin de practicar diligencias de prueba o escuchar
presentaciones adicionales relativas a la pena, de conformidad con las
Reglas de Procedimiento y Prueba.
3.En el caso en que sea aplicable el párrafo 2, en la audiencia a que se
hace referencia en ese párrafo o, de ser necesario, en una audiencia
adicional se escucharán las presentaciones que se hagan en virtud del
artículo 75.
4.La pena será impuesta en audiencia pública y, de ser posible, en
presencia del acusado.
PARTE VII
DE LAS PENAS
ARTICULO 77
Penas aplicables
1.La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer
a la persona declarada culpable de uno de los crímenes a que se hace
referencia en el artículo 5 del presente Estatuto una de las penas
siguientes:
a)La reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30
años; o
b)La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema
gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado.
2.Además de la reclusión, la Corte podrá imponer:
a)Una multa con arreglo a los criterios enunciados en las Reglas de
Procedimiento y Prueba.
b)El decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes
directa o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de los derechos
de terceros de buena fe.
ARTICULO 78
Imposición de la pena
1.Al imponer una pena, la Corte tendrá en cuenta, de conformidad con las
Reglas de Procedimiento y Prueba, factores tales como la gravedad del
crimen y las circunstancias personales del condenado.
2.La Corte, al imponer una pena de reclusión, abonará el tiempo que, por
orden suya, haya estado detenido el condenado. La Corte podrá abonar
cualquier otro período de detención cumplido en relación con la conducta
constitutiva del delito.
3.Cuando una persona haya sido declarada culpable de más de un crimen, la
Corte impondrá una pena para cada uno de ellos y una pena común en la que
se especifique la duración total de la reclusión. La pena no será
inferior a la más alta de cada una de las penas impuestas y no excederá
de 30 años de reclusión o de una pena de reclusión a perpetuidad de
conformidad con el párrafo 1.b del artículo 77.
ARTICULO 79
Fondo Fiduciario
1.Por decisión de la Asamblea de los Estados Partes se establecerá un
Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes de la
competencia de la Corte y de sus familias.
2.La Corte podrá ordenar que las sumas y los bienes que reciba a título
de multa o decomiso sean transferidos al Fondo Fiduciario.
3.El Fondo Fiduciario será administrado según los criterios que fije la
Asamblea de los Estados Partes.
ARTICULO 80
El Estatuto, la aplicación de penas por los países y la legislación
nacional
Nada de lo dispuesto en la presente parte se entenderá en perjuicio de la
aplicación por los Estados de las penas prescritas por su legislación
nacional ni de la legislación de los Estados en que no existan las penas
prescritas en la presente parte.
PARTE VIII
DE LA APELACION Y LA REVISION
ARTICULO 81
Apelación del fallo condenatorio o absolutorio o de la pena
1.Los fallos dictados de conformidad con el artículo 74 serán apelables
de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, según se dispone
a continuación:
a)El Fiscal podrá apelar por alguno de los motivos siguientes:
i)Vicio de procedimiento;
ii)Error de hecho; o
iii)Error de derecho;
b)El condenado, o el Fiscal en su nombre, podrá apelar por alguno de
los motivos siguientes:
i)Vicio de procedimiento;
ii)Error de hecho;
iii)Error de derecho;
iv)Cualquier otro motivo que afecte a la justicia o a la regularidad del
proceso o del fallo.
2.a)El Fiscal o el condenado podrán apelar de una sentencia, de
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, en razón de una
desproporción entre el crimen y la condena.
b)La Corte, si al conocer de la apelación de una sentencia,
considerase que hay fundamentos para revocar la condena en todo o parte,
podrá invitar al Fiscal y al condenado a que presenten sus argumentos de
conformidad
con los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 81 y podrá dictar
una decisión respecto de la condena de conformidad con el artículo 83.
c)Este procedimiento también será aplicable cuando la Corte, al
conocer de una apelación contra la sentencia únicamente, considere que
hay fundamentos para reducir la pena en virtud del párrafo 2. a).
3.a)Salvo que la Sala de Primera Instancia ordene otra cosa, el condenado
permanecerá privado de libertad mientras se falla la apelación.
b)Cuando la duración de la detención fuese mayor que la de la pena
de prisión impuesta, el condenado será puesto en libertad; sin embargo,
si el Fiscal también apelase, esa libertad podrá quedar sujeta a las
condiciones enunciadas en el apartado siguiente.
c)Si la sentencia fuere absolutoria, el acusado será puesto en
libertad de inmediato, con sujeción a las normas siguientes:
i)En circunstancias excepcionales y teniendo en cuenta entre otras
cosas, el riesgo concreto de fuga, la gravedad del delito y las
probabilidades de que se dé lugar a la apelación, la Sala de Primera
Instancia, a solicitud del Fiscal, podrá decretar que siga privado de la
libertad mientras dure la apelación;
ii)Las decisiones dictadas por la Sala de Primera Instancia en
virtud del inciso precedente serán apelables de conformidad con las
Reglas de Procedimiento y Prueba.
4.Con sujeción a lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 3, la
ejecución de la decisión o sentencia será suspendida durante el plazo
fijado para la apelación y mientras dure el procedimiento de apelación.
ARTICULO 82
Apelación de otras decisiones
1.Cualquiera de las partes podrá apelar, de conformidad con las Reglas de
Procedimiento y Prueba, de las siguientes decisiones:
a)Una decisión relativa a la competencia o la admisibilidad.
b)Una decisión por la que se autorice o deniegue la libertad de la
persona objeto de investigación o enjuiciamiento.
c)Una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de
oficio de conformidad con el párrafo 3 del artículo 56.
d)Una decisión relativa a una cuestión que afecte de forma
significativa a la justicia y a la prontitud con que se sustancia el
proceso o a su resultado, y respecto de la cual, en opinión de la Sala de
Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia, un dictamen
inmediato de la Sala de Apelaciones pueda acelerar materialmente el
proceso.
2.El Estado de que se trate o el Fiscal, con la autorización de la Sala
de Cuestiones Preliminares, podrá apelar de una decisión adoptada por
esta Sala de conformidad con el párrafo 3. d) del artículo 57. La
apelación será sustanciada en procedimiento sumario.
3.La apelación no suspenderá por sí misma el procedimiento a menos que la
Sala de Apelaciones así lo resuelva, previa solicitud y de conformidad
con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
4.El representante legal de las víctimas, el condenado o el propietario
de buena fe de bienes afectados por una providencia dictada en virtud del
artículo 73 podrán apelar, de conformidad con las Reglas de Procedimiento
y Prueba, de la decisión por la cual se conceda reparación.
ARTICULO 83
Procedimiento de apelación
1.A los efectos del procedimiento establecido en el artículo 81 y en el
presente artículo, la Sala de Apelaciones tendrá todas las atribuciones
de la Sala de Primera Instancia.
2.La Sala de Apelaciones, si decide que las actuaciones apeladas fueron
injustas y que ello afecta a la regularidad del fallo o la pena o que el
fallo o la pena apelados adolecen efectivamente de errores de hecho o de
derecho o de vicios de procedimiento, podrá:
a)Revocar o enmendar el fallo o la pena; o
b)Decretar la celebración de un nuevo juicio en otra Sala de Primera
Instancia.
A estos efectos, la Sala de Apelaciones podrá devolver una cuestión de
hecho a la Sala de Primera Instancia original para que la examine y le
informe según corresponda, o podrá ella misma pedir pruebas para
dirimirla. El fallo o la pena apelados únicamente por el condenado, o por
el Fiscal en nombre de éste, no podrán ser modificados en perjuicio suyo.
3.La Sala de Apelaciones, si al conocer de una apelación contra la pena,
considera que hay una desproporción entre el crimen y la pena, podrá
modificar ésta de conformidad con lo dispuesto en la Parte VII.
4.La sentencia de la Sala de Apelaciones será aprobada por mayoría de los
magistrados que la componen y anunciada en audiencia pública. La
sentencia enunciará las razones en que se funda. De no haber unanimidad,
consignará las opiniones de la mayoría y de la minoría, si bien un
magistrado podrá emitir una opinión separada o disidente sobre una
cuestión de derecho.
5.La Sala de Apelaciones podrá dictar sentencia en ausencia de la persona
absuelta o condenada.
ARTICULO 84
Revisión del fallo condenatorio o de la pena
1.El condenado o, después de su fallecimiento, el cónyuge, los hijos, los
padres o quien estuviera vivo al momento de la muerte del acusado y
tuviera instrucciones escritas del acusado de hacerlo, o el Fiscal en su
nombre, podrá pedir a la Sala de Apelaciones que revise la sentencia
definitiva condenatoria o la pena por las siguientes causas:
a)Se hubieren descubierto nuevas pruebas que:
i)No se hallaban disponibles a la época del juicio por motivos que
no cabría imputar total o parcialmente a la parte que formula la
solicitud; y
ii)Son suficientemente importantes como para que, de haberse
valorado en el juicio, probablemente hubieran dado lugar a otro
veredicto.
b)Se acabare de descubrir que un elemento de prueba decisivo,
apreciado en el juicio y del cual depende la condena, era falso o habría
sido objeto de adulteración o falsificación.
c)Uno o varios de los jueces que intervinieron en la sentencia
condenatoria o en la confirmación de los cargos han incurrido, en esa
causa, en una falta o un incumplimiento de sus funciones de gravedad
suficiente para justificar su separación del cargo de conformidad con el
artículo 46.
2.La Sala de Apelaciones rechazará la solicitud si la considera
infundada. Si determina que la solicitud es atendible, podrá, según
corresponda:
a)Convocar nuevamente a la Sala de Primera Instancia original;
b)Constituir una nueva Sala de Primera Instancia; o
c)Mantener su competencia respecto del asunto, para, tras oír a las
partes en la manera establecida en las Reglas de Procedimiento y Prueba,
determinar si ha de revisarse la sentencia.
ARTICULO 85
Indemnización del detenido o condenado
1.El que haya sido ilegalmente detenido o recluido tendrá el derecho
efectivo a ser indemnizado.
2.El que por decisión final hubiera sido condenado por un crimen y
hubiere cumplido la pena correspondiente será indemnizado conforme a la
ley de ser anulada posteriormente su condena en razón de hechos nuevos
que demuestren concluyentemente que hubo un error judicial, salvo que la
falta de conocimiento oportuno de esos hechos le fuera total o
parcialmente imputable.
3.En circunstancias excepcionales, la Corte, si determina la existencia
de hechos concluyentes que muestran que hubo un error judicial grave y
manifiesto, tendrá la facultad discrecional de otorgar una indemnización,
de conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de
Procedimiento y Prueba, a quien hubiere sido puesto en libertad en virtud
de una sentencia definitiva absolutoria o de un sobreseimiento de la
causa por esa razón.
PARTE IX
DE LA COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ASISTENCIA JUDICIAL
ARTICULO 86
Obligación general de cooperar
Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente
Estatuto, cooperarán plenamente con la Corte en relación con la
investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.
ARTICULO 87
Solicitudes de cooperación:
disposiciones generales
1.a)La Corte estará facultada para formular solicitudes de cooperación a
los Estados Partes. Estas se transmitirán por vía diplomática o por
cualquier otro conducto adecuado que haya designado cada Estado Parte a
la fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Cada Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa designación de
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
b)Cuando proceda, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a),
las solicitudes podrán transmitirse también por conducto de la
Organización Internacional de Policía Criminal o de cualquier
organización regional competente.
2.Las solicitudes de cooperación y los documentos que las justifiquen
estarán redactados en un idioma oficial del Estado requerido, o
acompañados de una traducción a ese idioma, o a uno de los idiomas de
trabajo de la Corte, según la elección que haya hecho el Estado a la
fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
El Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa elección de conformidad
con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
3.El Estado requerido preservará el carácter confidencial de toda
solicitud de cooperación y de los documentos que las justifiquen, salvo
en la medida en que su divulgación sea necesaria para tramitarla.
4.Con respecto a las solicitudes de asistencia presentadas de conformidad
con la presente Parte, la Corte podrá adoptar todas las medidas,
incluidas las relativas a la protección de la información, que sean
necesarias para proteger la seguridad y el bienestar físico o psicológico
de las víctimas, los posibles testigos y sus familiares. La Corte podrá
solicitar que toda información comunicada en virtud de la presente parte
sea transmitida y procesada de manera que se proteja la seguridad y el
bienestar físico o psicológico de las víctimas, los posibles testigos y
sus familiares.
5.a)La Corte podrá invitar a cualquier Estado que no sea parte en el
presente Estatuto a prestar la asistencia prevista en la presente parte
sobre la base de un arreglo especial, un acuerdo con ese Estado o de
cualquier otra manera adecuada.
b)Cuando un Estado que no sea parte en el presente Estatuto y que
haya celebrado un arreglo especial o un acuerdo con la Corte se niegue a
cooperar en la ejecución de las solicitudes a que se refieran tal arreglo
o acuerdo, la Corte podrá informar de ello a la Asamblea de los Estados
Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le hubiese remitido el asunto.
6.La Corte podrá solicitar de cualquier organización intergubernamental
que le proporcione información o documentos. Asimismo, la Corte podrá
solicitar otras formas de cooperación y asistencia que se hayan acordado
con cualquiera de esas organizaciones, de conformidad con su competencia
o mandato.
7. Cuando, en contravención de lo dispuesto en el presente Estatuto, un
Estado Parte se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación
formulada por la Corte, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones
de conformidad con el presente Estatuto, ésta podrá hacer una
constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los
Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le hubiese remitido el
asunto.
ARTICULO 88
Procedimientos aplicables en el derecho interno
Los Estados Partes se asegurarán de que en el derecho interno existan
procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas
en la presente parte.
ARTICULO 89
Entrega de personas a la Corte
1.La Corte podrá transmitir, junto con los antecedentes que la
justifiquen de conformidad con el artículo 91, una solicitud de detención
y entrega de una persona a todo Estado en cuyo territorio pueda hallarse
y solicitará la cooperación de ese Estado. Los Estados Partes cumplirán
las solicitudes de detención y entrega de conformidad con las
disposiciones de la presente parte y el procedimiento establecido en su
derecho interno.
2.Cuando la persona cuya entrega se pida la impugne ante un tribunal
nacional oponiendo la excepción de cosa juzgada de conformidad con el
artículo 20, el Estado requerido celebrará de inmediato consultas con la
Corte para determinar si ha habido una decisión sobre la admisibilidad de
la causa. Si la causa es admisible, el Estado requerido cumplirá la
solicitud. Si está pendiente la decisión sobre la admisibilidad, el
Estado requerido podrá aplazar la ejecución de la solicitud de entrega
hasta que la Corte adopte esa decisión.
3.a)El Estado Parte autorizará de conformidad con su derecho procesal el
tránsito por su territorio de una persona que otro Estado entregue a la
Corte, salvo cuando el tránsito por ese Estado obstaculice o demore la
entrega.
b)La solicitud de la Corte de que se autorice ese tránsito será
transmitida de conformidad con el artículo 87 y contendrá:
i)Una descripción de la persona que será transportada;
ii)Una breve exposición de los hechos de la causa y su tipificación;
y
iii)La orden de detención y entrega.
c)La persona transportada permanecerá detenida durante el tránsito;
d)No se requerirá autorización alguna cuando la persona sea
transportada por vía aérea y no se prevea aterrizar en el territorio del
Estado de tránsito;
e)En caso de aterrizaje imprevisto en el territorio del Estado de
tránsito, éste podrá pedir a la Corte que presente una solicitud de
tránsito con arreglo a lo dispuesto en el apartado b). El Estado de
tránsito detendrá a la persona transportada mientras se recibe la
solicitud de la Corte y se efectúa el tránsito; sin embargo, la detención
no podrá prolongarse más de 96 horas contadas desde el aterrizaje
imprevisto si la solicitud no es recibida dentro de ese plazo.
4.Si la persona buscada está siendo enjuiciada o cumple condena en el
Estado requerido por un crimen distinto de aquél por el cual se pide su
entrega a la Corte, el Estado requerido, después de haber decidido
conceder la entrega, celebrará consultas con la Corte.
ARTICULO 90
Solicitudes concurrentes
1.El Estado Parte que haya recibido una solicitud de la Corte relativa a
la entrega de una persona de conformidad con el artículo 89, y reciba
además una solicitud de cualquier otro Estado relativa a la extradición
de la misma persona por la misma conducta que constituya la base del
crimen en razón del cual la Corte ha pedido la entrega, notificará a la
Corte y al Estado requirente ese hecho.
2.Si el Estado requirente es un Estado Parte, el Estado requerido dará
prioridad a la solicitud de la Corte cuando ésta:
a)Haya deterninado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
18 y 19, que la causa respecto de la cual se solicita la entrega es
admisible y en su decisión haya tenido en cuenta la investigación o el
enjuiciamiento que lleva a cabo el Estado requirente con respecto a la
solicitud de extradición que éste ha presentado; o
b)Adopte la decisión a que se refiere el apartado a) como
consecuencia de la notificación efectuada por el Estado requerido de
conformidad con el párrafo 1.
3.Cuando no se haya adoptado la decisión a que se hace referencia en el
párrafo 2.a), el Estado requerido tendrá la facultad discrecional, hasta
que se dicte la decisión de la Corte prevista en el párrafo 2.b), de dar
curso a la solicitud de extradición presentada por el Estado requirente,
pero no la hará efectiva hasta que la Corte haya resuelto que la causa es
inadmisible. La Corte adoptará su decisión en procedimiento sumario.
4.Si el Estado requirente no es parte en el presente Estatuto, el Estado
requerido, en caso de que no esté obligado por alguna norma internacional
a conceder la extradición al Estado requirente, dará prioridad a la
solicitud de entrega que le haya hecho la Corte si ésta ha determinado
que la causa era admisible.
5. Cuando la Corte no haya determinado la admisibilidad de una causa de
conformidad con el párrafo 4, el Estado requerido tendrá la facultad
discrecional de dar curso a la solicitud de extradición que le haya hecho
el Estado requirente.
6.En los casos en que sea aplicable el párrafo 4, y salvo que el Estado
requerido esté obligado por alguna norma internacional a extraditar la
persona al Estado requirente que no sea parte en el presente Estatuto, el
Estado requerido decidirá si hace la entrega a la Corte o concede la
extradición al Estado requirente. Para tomar esta decisión, el Estado
requerido tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, entre otros:
a)Las fechas respectivas de las solicitudes;
b) Los intereses del Estado requirente y, cuando proceda, si el
crimen se cometió en su territorio y cuál es la nacionalidad de las
víctimas y de la persona cuya entrega o extradición se ha solicitado; y
c)La posibilidad de que la Corte y el Estado requirente lleguen
posteriormente a un acuerdo respecto de la entrega.
7.Cuando el Estado Parte que reciba una solicitud de la Corte de entrega
de una persona reciba también una solicitud de otro Estado relativa a la
extradición de la misma persona por una conducta distinta de la que
constituye el crimen en razón del cual la Corte solicita la entrega:
a)El Estado requerido, si no está obligado por ninguna norma
internacional a conceder la extradición al Estado Parte requirente, dará
preferencia a la solicitud de la Corte.
b)El Estado requerido, si está obligado por una norma internacional
a conceder la extradición al Estado requirente, decidirá si entrega la
persona a la Corte o la extradita al Estado requirente. En esta decisión,
el Estado requerido tendrá en cuenta todos los factores pertinentes y,
entre otros, los enumerados en el párrafo 6, pero tendrá especialmente en
cuenta la naturaleza y la gravedad relativas de la conducta de que se
trate.
8.Cuando, de conformidad con una notificación efectuada con arreglo al
presente artículo, la Corte haya determinado la inadmisibilidad de una
causa y posteriormente se deniegue la extradición al Estado requirente,
el Estado requerido notificará su decisión a la Corte.
ARTICULO 91
Contenido de la solicitud de detención
y entrega
1.La solicitud de detención y entrega deberá formularse por escrito. En
caso de urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio que permita
dejar constancia escrita, a condición de que la solicitud sea confirmada
en la forma indicada en el párrafo 1.a) del artículo 87.
2.La solicitud de detención y entrega de una persona respecto de la cual
la Sala de Cuestiones Preliminares haya dictado una orden de detención de
conformidad con el artículo 58 deberá contener los elementos siguientes o
ir acompañada de:
a)Información suficiente para la identificación de la persona
buscada y datos sobre su probable paradero;
b)Una copia de la orden de detención; y
c)Los documentos, las declaraciones o la información que sean
necesarios para cumplir los requisitos de procedimiento del Estado
requerido relativos a la entrega; sin embargo, esos requisitos no podrán
ser más onerosos que los aplicables a las solicitudes de extradición
conforme a tratados o acuerdos celebrados por el Estado requerido y otros
Estados y, de ser posible, serán menos onerosos, habida cuenta del
carácter específico de la Corte.
3.La solicitud de detención y entrega del condenado deberá contener los
siguientes elementos o ir acompañada de:
a)Copia de la orden de detención dictada en su contra;
b)Copia de la sentencia condenatoria;
c)Datos que demuestren que la persona buscada es aquella a la que se
refiere la sentencia condenatoria; y
d)Si la persona que se busca ha sido ya condenada, copia de la
sentencia y, en el caso de una pena de reclusión, una indicación de la
parte de la pena que se ha cumplido y de la que queda por cumplir.
4.A solicitud de la Corte, un Estado Parte consultará con ésta, en
general o con respecto a un asunto concreto, sobre las disposiciones de
su derecho interno que puedan ser aplicables, de conformidad con el
apartado c) del párrafo 2 del presente artículo. En esas consultas, el
Estado Parte comunicará a la Corte los requisitos específicos de su
derecho interno.
ARTICULO 92
Detención provisional
1.En caso de urgencia, la Corte podrá solicitar la detención provisional
de la persona buscada hasta que se presente la solicitud de entrega y los
documentos que la justifiquen, de conformidad con el artículo 91.
2.La solicitud de detención provisional deberá hacerse por cualquier
medio que permita dejar constancia escrita y contendrá:
a)Información suficiente para identificar a la persona buscada y
datos sobre su probable paradero;
b)Una exposición concisa de los crímenes por los que se pida la
detención y de los hechos que presuntamente serían constitutivos de esos
crímenes, inclusive, de ser posible, la indicación de la fecha y el lugar
en que se cometieron;
c)Una declaración de que existe una orden de detención o una
decisión final condenatoria respecto de la persona buscada; y
d)Una declaración de que se presentará una solicitud de entrega de
la persona buscada.
3.La persona sometida a detención provisional podrá ser puesta en
libertad si el Estado requerido no hubiere recibido la solicitud de
entrega y los documentos que la justifiquen, de conformidad con el
artículo 91, dentro del plazo fijado en las Reglas de Procedimiento y
Prueba. Sin embargo, el detenido podrá consentir en la entrega antes de
que se cumpla dicho plazo siempre que lo permita el derecho interno del
Estado requerido. En ese caso, el Estado requerido procederá a entregar
al detenido a la Corte tan pronto como sea posible.
4.El hecho de que la persona buscada haya sido puesta en libertad, de
conformidad con el párrafo 3, no obstará para que sea nuevamente detenida
y entregada una vez que el Estado requerido reciba la solicitud de
entrega y los documentos que la justifiquen.
ARTICULO 93
Otras formas de cooperación
1.Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en la presente
parte y con los procedimientos de su derecho interno, deberán cumplir las
solicitudes de asistencia formuladas por la Corte en relación con
investigaciones o enjuiciamientos penales a fin de:
a)Identificar y buscar personas u objetos;
b)Practicar pruebas, incluidos los testimonios bajo juramento, y
presentar pruebas, incluidos los dictámenes e informes periciales que
requiera la Corte;
c)Interrogar a una persona objeto de investigación o enjuiciamiento;
d)Notificar documentos, inclusive los documentos judiciales;
e)Facilitar la comparecencia voluntaria ante la Corte de testigos o
expertos;
f)Proceder al traslado provisional de personas, de conformidad con
lo dispuesto en el párrafo 7;
g)Realizar inspecciones oculares, inclusive la exhumación y el
examen de cadáveres y fosas comunes;
h)Practicar allanamientos y decomisos;
i)Transmitir registros y documentos, inclusive registros y
documentos oficiales;
j)Proteger a víctimas y testigos y preservar pruebas;
k)Identificar, determinar el paradero o congelar el producto y los
bienes y haberes obtenidos del crimen y de los instrumentos del crimen, o
incautarse de ellos, con miras a su decomiso ulterior y sin perjuicio de
los derechos de terceros de buena fe; y
l)Cualquier otro tipo de asistencia no prohibida por la legislación
del Estado requerido y destinada a facilitar la investigación y el
enjuiciamiento de crímenes de la competencia de la Corte.
2. La Corte podrá dar seguridades a los testigos o expertos que
comparezcan ante ella de que no serán enjuiciados o detenidos ni se
restringirá su libertad personal por un acto u omisión anterior a su
salida del Estado requerido.
3.Cuando la ejecución de una determinada medida de asistencia detallada
en una solicitud presentada de conformidad con el párrafo 1 estuviera
prohibida en el Estado requerido por un principio fundamental de derecho
ya existente y de aplicación general, el Estado requerido celebrará sin
demora consultas con la Corte para tratar de resolver la cuestión. En las
consultas se debería considerar si se puede prestar la asistencia de otra
manera o con sujeción a condiciones. Si, después de celebrar consultas,
no se pudiera resolver la cuestión, la Corte modificará la solicitud
según sea necesario.
4.El Estado Parte podrá no dar lugar a una solicitud de asistencia, en su
totalidad o en parte, de conformidad
con el artículo 72 y únicamente si la solicitud se refiere a la
presentación de documentos o la divulgación de pruebas que afecten a su
seguridad nacional.
5.Antes de denegar una solicitud de asistencia de conformidad con el
párrafo 1.1), el Estado requerido considerará si se puede prestar la
asistencia con sujeción a ciertas condiciones, o si es posible hacerlo en
una fecha posterior o de otra manera. La Corte o el Fiscal, si aceptan la
asistencia sujeta a condiciones, tendrán que cumplirlas.
6.Si no se da lugar a una solicitud de asistencia, el Estado Parte
requerido deberá comunicar sin demora los motivos a la Corte o al Fiscal.
7. a)La Corte podrá solicitar el traslado provisional de un detenido a
los fines de su identificación o de que preste testimonio o asistencia de
otra índole. El traslado podrá realizarse siempre que:
i)El detenido dé su libre consentimiento; y
ii)El Estado requerido lo acepte, con sujeción a las condiciones que
hubiere acordado con la Corte;
b)La persona trasladada permanecerá detenida. Una vez cumplidos los
fines del traslado, la Corte la devolverá sin dilación al Estado
requerido.
8. a)La Corte velará por la protección del carácter confidencial de los
documentos y de la información, salvo en la medida en que éstos sean
necesarios para la investigación y las diligencias pedidas en la
solicitud;
b)El Estado requerido podrá, cuando sea necesario, transmitir al
Fiscal documentos o información con carácter confidencial. El Fiscal
únicamente podrá utilizarlos para reunir nuevas pruebas;
c)El Estado requerido podrá, de oficio o a solicitud del Fiscal,
autorizar la divulgación ulterior de estos documentos o información, los
cuales podrán utilizarse como medios de prueba de conformidad con lo
dispuesto en las partes V y VI y de conformidad con las Reglas de
Procedimiento y Prueba.
9.a)i)El Estado Parte que reciba solicitudes concurrentes de la Corte y
de otro Estado, de conformidad con una obligación internacional y que no
se refieran a la entrega o la extradición, procurará, en consulta con la
Corte y el otro Estado, atender ambas solicitudes, de ser necesario,
postergando o condicionando una de ellas;
ii)Si esto no fuera posible, la cuestión de las solicitudes
concurrentes se resolverá de conformidad con los principios enunciados en
el artículo 90;
b)Sin embargo, cuando la solicitud de la Corte se refiera a
información, bienes o personas que estén sometidos al control de un
tercer Estado o de una organización internacional, en virtud de un
acuerdo internacional, el Estado requerido lo comunicará a la Corte y la
Corte dirigirá su solicitud al tercer Estado o a la organización
internacional.
10. a)A solicitud de un Estado Parte que lleve a cabo una investigación o
sustancie un juicio por una conducta que constituya un crimen de la
competencia de la Corte o que constituya un crimen grave, con arreglo al
derecho interno del Estado requirente, la Corte podrá cooperar con él y
prestarle asistencia;
b)i)La asistencia prestada de conformidad con el apartado a) podrá
comprender, entre otras cosas:
a.La transmisión de declaraciones, documentos u otros elementos de
prueba obtenidos en el curso de una investigación o de un proceso
sustanciado por la Corte; y
b.El interrogatorio de una persona detenida por orden de la Corte;
ii)En el caso de la asistencia prevista en el apartado b) i) a.:
a.Si los documentos u otros elementos de prueba se hubieren obtenido
con la asistencia de un Estado, su transmisión estará subordinada al
consentimiento de dicho Estado;
b.Si las declaraciones, los documentos u otros elementos de prueba
hubieren sido proporcionados por un testigo o un perito, su transmisión
estará subordinada a lo dispuesto en el artículo 68;
c)La Corte podrá, de conformidad con el presente párrafo y en las
condiciones enunciadas en él, acceder a una solicitud de asistencia
presentada por un Estado que no sea parte en el presente Estatuto.
ARTICULO 94
Aplazamiento de la ejecución de una solicitud de asistencia con respecto
a una investigación o un enjuiciamiento en curso
1.Si la ejecución inmediata de una solicitud de asistencia interfiriere
una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto distinto de
aquel al que se refiera la solicitud, el Estado requerido podrá aplazar
la ejecucion por el tiempo que acuerde con la Corte. No obstante, el
aplazamiento no excederá de lo necesario para concluir la investigación o
el enjuiciamiento de que se trate en el Estado requerido. Antes de tomar
la decisión de aplazar la ejecución de la solicitud, el Estado requerido
debe considerar si se podrá prestar inmediatamente la asistencia con
sujeción a ciertas condiciones.
2.Si, de conformidad con el párrafo 1, se decidiere aplazar la ejecución
de una solicitud de asistencia, el Fiscal podrá, en todo caso, pedir que
se adopten las medidas necesarias para preservar pruebas, de conformidad
con el párrafo 1. j) del artículo 93.
ARTICULO 95
Aplazamiento de la ejecución de una solicitud
por haberse impugnado la admisibilidad
de la causa
Cuando la Corte proceda a examinar una impugnación de la admisibilidad de
una causa de conformidad con los artículos 18 ó 19, el Estado requerido
podrá aplazar la ejecución de una solicitud hecha de conformidad con esta
parte hasta que la Corte se pronuncie sobre la impugnación, a menos que
ésta haya resuelto expresamente que el Fiscal podrá continuar recogiendo
pruebas conforme a lo previsto en los artículos 18 ó 19.
ARTICULO 96
Contenido de la solicitud relativa a otras formas de asistencia de
conformidad con el artículo 93
1.La solicitud relativa a otras formas de asistencia a que se hace
referencia en el artículo 93 deberá hacerse por escrito. En caso de
urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio que permita dejar
constancia escrita, a condición de que la solicitud sea confirmada en la
forma indicada en el párrafo 1 a) del artículo 87.
2.La solicitud deberá contener los siguientes elementos o estar
acompañada de, según proceda:
a)Una exposición concisa de su propósito y de la asistencia
solicitada, incluidos los fundamentos jurídicos y los motivos de la
solicitud;
b)La información más detallada posible acerca del paradero o la
identificación de la persona o el lugar objeto de la búsqueda o la
identificación, de forma que se pueda prestar la asistencia solicitada;
c)Una exposición concisa de los hechos esenciales que fundamentan la
solicitud;
d)Las razones y la indicación detallada de cualquier procedimiento
que deba seguirse o requisito que deba cumplirse;
e)Cualquier información que pueda ser necesaria conforme al derecho
interno del Estado requerido para cumplir la solicitud; y
f)Cualquier otra información pertinente para que pueda prestarse la
asistencia solicitada.
3.A solicitud de la Corte, todo Estado Parte consultará con la Corte, en
general o respecto de un asunto concreto, sobre las disposiciones de su
derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el párrafo 2
e). En esas consultas, los Estados Partes comunicarán a la Corte las
disposiciones específicas de su derecho interno.
4.Las disposiciones del presente artículo serán también aplicables, según
proceda, con respecto a las solicitudes de asistencia hechas a la Corte.
ARTICULO 97
Consultas con la Corte
El Estado Parte que reciba una solicitud de conformidad con la presente
parte celebrará sin dilación consultas con la Corte si considera que la
solicitud le plantea problemas que puedan obstaculizar o impedir su
cumplimiento. Esos problemas podrían ser, entre otros:
a)Que la información fuese insuficiente para cumplir la solicitud;
b)Que, en el caso de una solicitud de entrega, la persona no pudiera
ser localizada, pese a los intentos realizados, o que en la investigación
realizada se hubiere determinado claramente que la persona en el Estado
requerido no es la indicada en la solicitud; o
c)Que el cumplimiento de la solicitud en su forma actual obligare al
Estado requerido a no cumplir una obligación preexistente en virtud de un
tratado con otro Estado.
ARTICULO 98
Cooperación con respecto a la renuncia a la inmunidad y consentimiento a
la entrega
1.La Corte no dará curso a una solicitud de entrega o de asistencia en
virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible
con las obligaciones que le imponga el derecho internacional con respecto
a la inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática de una persona o
un bien de un tercer Estado, salvo que la Corte obtenga anteriormente la
cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad.
2.La Corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual
el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las
obligaciones que le imponga un acuerdo internacional conforme al cual se
requiera el consentimiento del Estado que envíe para entregar a la Corte
a una persona sujeta a la jurisdicción de ese Estado, a menos que ésta
obtenga primero la cooperación del Estado que envíe para que dé su
consentimiento a la entrega.
ARTICULO 99
Cumplimiento de las solicitudes a que se hace referencia en los artículos
93 y 96
1.Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el
procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y,
salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la
solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la
autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y
prestar asistencia en el trárnite.
2.En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte lo pida, los
documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con
urgencia.
3.Las respuestas del Estado requerido serán transmitidas en su idioma y
forma original.
4.Sin perjuicio de los demás artículos de la presente parte, cuando
resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin
necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una
persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun
cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido
si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el
reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en él,
el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un
Estado, según se indica a continuación:
a)Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo
territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido
una decisión de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 ó 19,
el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas
las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
b)En los demás casos, el Fiscal podrá ejecutar la solicitud tras
celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a
cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado
Parte. Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para
la ejecución de una solicitud de conformidad con el presente apartado,
celebrará consultas sin demora con la Corte para resolver la cuestión.
5.Las disposiciones en virtud de las cuales una pwsona que sea oída o
interrogada por la Corte con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las
restricciones previstas para impedir la divulgación de información
confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente
aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace
referencia en el presente artículo.
ARTICULO 100
Gastos
1.Los gastos ordinarios que se deriven del cumplimiento de las
solicitudes en el territorio del Estado requerido correrán a cargo de
éste, con excepción de los siguientes, que correrán a cargo de la Corte:
a)Gastos relacionados con el viaje y la seguridad de los testigos y
peritos, o el traslado, con arreglo al artículo 93, de personas
detenidas;
b)Gastos de traducción, interpretación y transcripción;
c)Gastos de viaje y dietas de los magistrados, el fiscal, los
fiscales adjuntos, el secretario, el secretario adjunto y los
funcionarios de cualquier órgano de la Corte;
d)Costo de los informes o dictámenes periciales solicitados por la
Corte;
e)Gastos relacionados con el transporte de la persona que entregue a
la Corte un Estado de detención; y
f)Previa consulta, todos los gastos extraordinarios que puedan ser
resultado del cumplimiento de una solicitud.
2.Las disposiciones del párrafo 1 serán aplicables, según proceda, a las
solicitudes hechas por los Estados Partes a la Corte. En ese caso, los
gastos ordinarios que se deriven de su cumplimiento correrán a cargo de
la Corte.
ARTICULO 101
Principio de la especialidad
1.Quien haya sido entregado a la Corte en virtud del presente Estatuto no
será procesado, castigado o detenido por una conducta anterior a su
entrega, a menos que ésta constituya la base del delito por el cual haya
sido entregado.
2.La Corte podrá pedir al Estado que hizo la entrega que la dispense del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo 1 y, si fuere
necesario, proporcionará información adicional de conformidad con el
artículo 91. Los Estados Partes estarán facultados para dar esa dispensa
a la Corte y procurarán hacerlo.
ARTICULO 102
Términos empleados
A los efectos del presente Estatuto:
a)Por «entrega» se entenderá la entrega de una persona por un Estado
a la Corte de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.
b)Por «extradición» se entenderá la entrega de una persona por un
Estado a otro Estado de conformidad con lo dispuesto en un tratado o
convención o en el derecho interno.
PARTE X
DE LA EJECUCION DE LA PENA
ARTICULO 103
Función de los Estados en la ejecución de las penas privativas de
libertad
1.a)La pena privativa de libertad se cumplirá en un Estado designado por
la Corte sobre la base de una
lista de Estados que hayan manifestado a la Corte que están dispuestos a
recibir condenados.
b)En el momento de declarar que está dispuesto a recibir condenados,
el Estado podrá poner condiciones a reserva de que sean aceptadas por la
Corte y estén en conformidad con la presente parte.
c)El Estado designado en un caso determinado indicará sin demora a
la Corte si acepta la designación.
2.a)El Estado de ejecución de la pena notificará a la Corte cualesquiera
circunstancias, incluido el cumplimiento de las condiciones aceptadas con
arreglo al párrafo 1, que pudieren afectar materialmente a las
condiciones o la duración de la privación de libertad. Las circunstancias
conocidas o previsibles deberán ponerse en conocimiento de la Corte con
una antelación mínima de cuarenta y cinco días. Durante este período, el
Estado de ejecución no adoptará medida alguna que redunde en perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 110.
b)La Corte, si no puede aceptar las circunstancias a que se hace
referencia en el apartado a), lo notificará al Estado de ejecución y
procederá de conformidad con el párrafo 1 del artículo 104.
3.La Corte, al ejercer su facultad discrecional de efectuar la
designación prevista en el párrafo 1, tendrá en cuenta:
a)El principio de que los Estados Partes deben compartir la
responsabilidad por la ejecución de las penas privativas de libertad de
conformidad con los principios de distribución equitativa que establezcan
las Reglas de Procedimiento y Prueba;
b)La aplicación de normas de tratados internacionales generalmente
aceptadas sobre el tratamiento de los reclusos;
c)La opinión del condenado;
d)La nacionalidad del condenado; y
e)Otros factores relativos a las circunstancias del crimen o del
condenado, o a la ejecución eficaz de la pena, según procedan en la
designación del Estado de ejecución.
4.De no designarse un Estado de conformidad con el párrafo 1, la pena
privativa de libertad se cumplirá en el establecimiento penitenciario que
designe el Estado anfitrión, de conformidad con las condiciones
estipuladas en el acuerdo relativo a la sede a que se hace referencia en
el párrafo 2 del artículo 3. En ese caso, los gastos que entrafle la
ejecución de la pena privativa de libertad serán sufragados por la Corte.
ARTICULO 104
Cambio en la designación del Estado de ejecución
1.La Corte podrá en todo momento decidir el traslado del condenado a una
prisión de un Estado distinto del Estado de ejecución.
2.El condenado podrá en todo momento solicitar de la Corte su traslado
del Estado de ejecución.
ARTICULO 105
Ejecución de la pena
1.Con sujeción a las condiciones que haya establecido un Estado de
conformidad con el párrafo 1.b) del artículo 103, la pena privativa de
libertad tendrá carácter obligatorio para los Estados Partes, los cuales
no podrán modificarla en caso alguno.
2.La decisión relativa a cualquier solicitud de apelación o revisión
incumbirá exclusivamente a la Corte. El Estado de ejecución no pondrá
obstáculos para que el condenado presente una solicitud de esa índole.
ARTICULO 106
Supervisión de la ejecución de la pena
y condiciones de reclusión
1.La ejecución de una pena privativa de libertad estará sujeta a la
supervisión de la Corte y se ajustará a las normas generalmente aceptadas
de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos.
2.Las condiciones de reclusión se regirán por la legislación del Estado
de ejecución y se ajustarán a las normas generalmente aceptadas de las
convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos; en
todo caso, no serán ni más ni menos favorables que las aplicadas a los
reclusos condenados por delitos similares en el Estado de ejecución.
3.La comunicación entre el condenado y la Corte será irrestricta y
confidencial.
ARTICULO 107
Traslado una vez cumplida la pena
1.Una vez cumplida la pena, quien no sea nacional del Estado de ejecución
podrá, de conformidad con la legislación de dicho Estado, ser trasladado
al Estado que esté obligado a aceptarlo o a otro Estado que esté
dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta si quiere ser trasladado a éste,
a menos que el Estado de ejecución lo autorice a permanecer en su
territorio.
2.Los gastos derivados del traslado de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1, de no ser sufragados por un Estado, correrán por cuenta de la
Corte.
3.Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 108, el Estado de ejecución
también podrá, de conformidad con su derecho interno, extraditar o
entregar por cualquier otra vía a la persona a un Estado que haya pedido
la extradición o entrega para someterla a juicio o para que cumpla una
pena.
ARTICULO 108
Limitaciones al enjuiciamiento o la sanción
por otros delitos
1.El condenado que se halle bajo la custodia del Estado de ejecución no
será sometido a enjuiciamiento, sanción o extradición a un tercer Estado
por una conducta anterior a su entrega al Estado de ejecución, a menos
que, a petición de éste, la Corte haya aprobado el enjuiciamiento, la
sanción o la extradición.
2.La Corte dirimirá la cuestión tras haber oído al condenado.
3.El párrafo 1 del presente artículo no será aplicable si el condenado
permanece de manera voluntaria durante más de treinta días en el
territorio del Estado de ejecución después de haber cumplido la totalidad
de la pena impuesta por la Corte o si regresa al territorio de ese Estado
después de haber salido de él.
ARTICULO 109
Ejecución de multas y órdenes de decomiso
1.Los Estados Partes harán efectivas las multas u órdenes de decomiso
decretadas por la Corte en virtud de la Parte VII, sin perjuicio de los
derechos de terceros de buena fe y de conformidad con el procedimiento
establecido en su derecho interno.
2.El Estado Parte que no pueda hacer efectiva la orden de decomiso
adoptará medidas para cobrar el valor del producto, los bienes o los
haberes cuyo decomiso hubiere decretado la Corte, sin perjuicio de los
derechos de terceros de buena fe.
3.Los bienes, o el producto de la venta de bienes inmuebles o, según
proceda, la venta de otros bienes que el Estado Parte obtenga al ejecutar
una decisión de la Corte serán transferidos a la Corte.
ARTICULO 110
Examen de una reducción de la pena
1.El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que
haya cumplido la pena impuesta por la Corte.
2.Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al
respecto después de escuchar al recluso.
3.Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o
veinticinco años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte revisará
la pena para determinar si ésta puede reducirse. La revisión no se
llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.
4.Al proceder a la revisión examen con arreglo al párrafo 3, la Corte
podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los
siguientes factores:
a)Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera
continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y
enjuiciamientos;
b)Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de
las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular
ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan
las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en
beneficio de las víctimas; o
c)Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba
que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente
claro e importante como para justificar la reducción de la pena.
5.La Corte, si en su revisión inicial con arreglo al párrafo 3, determina
que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la
periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de
Procedimiento y Prueba.
ARTICULO 111
Evasión
Si un condenado se evade y huye del Estado de ejecución, éste podrá, tras
consultar a la Corte, pedir al Estado en que se encuentre que lo
entregue, de conformidad con los acuerdos bilaterales y multilaterales
vigentes, o podrá pedir a la Corte que solicite la entrega de conformidad
con la Parte IX. La Corte, si solicita la entrega, podrá resolver que el
condenado sea enviado al Estado en que cumplía su pena o a otro Estado
que indique.
PARTE XI
DE LA ASAMBLEA DE LOS ESTADOS
PARTES
ARTICULO 112
Asamblea de los Estados Partes
1.Se instituye una Asamblea de los Estados Partes en el presente
Estatuto. Cada Estado Parte tendrá un representante en la Asamblea que
podrá hacerse acompañar de suplentes y asesores. Otros Estados
signatarios del presente Estatuto o del Acta Final podrán participar en
la Asamblea a título de observadores.
2. La Asamblea:
a)Examinará y aprobará, según proceda, las recomendaciones de la
Comisión Preparatoria.
b)Ejercerá su supervisión respecto de la Presidencia, el Fiscal y la
Secretaría en las cuestiones relativas a la administración de la Corte.
c)Examinará los informes y las actividades de la Mesa establecida en
el párrafo 3 y adoptará las medidas que procedan a ese respecto.
d)Examinará y decidirá el presupuesto de la Corte.
e)Decidirá si corresponde, de conformidad con el artículo 36,
modificar el número de magistrados.
f)Examinará cuestiones relativas a la falta de cooperación de
conformidad con los párrafos 5 y 7 del artículo 87.
g)Desempeñará las demás funciones que procedan en virtud del
presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.
3.a)La Asamblea tendrá una Mesa, que estará compuesta de un Presidente,
dos Vicepresidentes y 18 miembros elegidos por la Asamblea por períodos
de tres años.
b)La Mesa tendrá carácter representativo, teniendo en cuenta, en
particular, el principio de la distribución geográfica equitativa y la
representación adecuada de los principales sistemas jurídicos del mundo.
c)La Mesa se reunirá con la periodicidad que sea necesaria, pero por
lo menos una vez al año, y prestará asistencia a la Asamblea en el
desempeño de sus funciones.
4.La Asamblea podrá establecer los órganos subsidiarios que considere
necesarios, incluido un mecanismo de supervisión independiente que se
encargará de la inspección, la evaluación y la investigación de la Corte
a fin de mejorar su eficiencia y economía.
5.El Presidente de la Corte, el Fiscal y el Secretario o sus
representantes podrán, cuando proceda, participar en las sesiones de la
Asamblea y de la Mesa.
6.La Asamblea se reunirá en la sede de la Corte o en la Sede de las
Naciones Unidas una vez al año y, cuando las circunstancias lo exijan,
celebrará períodos extraordinarios de sesiones. Salvo que se indique otra
cosa en el presente Estatuto, los períodos extraordinarios de sesiones
serán convocados por la Mesa de oficio o a petición de un tercio de los
Estados Partes.
7.Cada Estado Parte tendrá un voto. La Asamblea y la Mesa harán todo lo
posible por adoptar sus decisiones por consenso. Si no se pudiere llegar
a un consenso y salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa:
a)Las decisiones sobre cuestiones de fondo serán aprobadas por
mayoría de dos tercios de los presentes y votantes, a condición de que
una mayoría absoluta de los Estados Partes constituirá el quórum para la
votación.
b)Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se tomarán por
mayoría simple de los Estados Partes presentes y votantes.
8.El Estado Parte que esté en mora en el pago de sus contribuciones
financieras a los gastos de la Corte no tendrá voto en la Asamblea ni en
la Mesa cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las
contribuciones adeudadas por los dos años anteriores completos. La
Asamblea podrá, sin embargo, permitir que dicho Estado vote en ella y en
la Mesa si llegare a la conclusión de que la mora se debe a
circunstancias ajenas a la voluntad del Estado Parte.
9.La Asamblea aprobará su propio reglamento.
10.Los idiomas oficiales y de trabajo de la Asamblea serán los de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
PARTE XII
DE LA FINANCIACION
ARTICULO 113
Reglamento Financiero
Salvo que se prevea expresamente otra cosa, todas las cuestiones
financieras relacionadas con la Corte y con las reuniones de la Asamblea
de los Estados Partes, inclusive su Mesa y sus órganos subsidiarios, se
regirán por el presente Estatuto y por el Reglamento Financiero y
Reglamentación Financiera Detallada que apruebe la Asamblea de los
Estados Partes.
ARTICULO 114
Pago de los gastos
Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes, incluidos
los de su Mesa y órganos subsidiarios, se sufragarán con fondos de la
Corte.
ARTICULO 115
Fondos de la Corte y de la Asamblea
de los Estados Partes
Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes, inclusive
su Mesa y sus órganos subsidiarios, previstos en el presupuesto aprobado
por la Asamblea de los Estados Partes, se sufragarán con cargo a:
a)Cuotas de los Estados Partes.
b)Fondos procedentes de las Naciones Unidas, con sujeción a la
aprobación de la Asamblea General, en particular respecto de los gastos
efectuados en relación con cuestiones remitidas por el Consejo de
Seguridad.
ARTICULO 116
Contribuciones voluntarias
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 115, la Corte podrá recibir
y utilizar, en calidad de fondos adicionales, contribuciones voluntarias
de gobiernos, organizaciones
internacionales, particulares, sociedades y otras entidades, de
conformidad con los criterios en la materia que adopte la Asamblea de los
Estados Partes.
ARTICULO 117
Prorrateo de las cuotas
Las cuotas de los Estados Partes se prorratearán de conformidad con una
escala de cuotas convenida basada en la escala adoptada por las Naciones
Unidas para su presupuesto ordinario y ajustada de conformidad con los
principios en que se basa dicha escala.
ARTICULO 118
Comprobación anual de cuentas
Los registros, los libros y las cuentas de la Corte, incluidos sus
estados financieros anuales, serán verificados anualmente por un auditor
independiente.
PARTE XIII
CLAUSULAS FINALES
ARTICULO 119
Solución de controversias
1.Las controversias relativas a las funciones judiciales de la Corte
serán dirimidas por ella.
2.Cualquier otra controversia que surja entre dos o más Estados Partes
respecto de la interpretación o aplicación del presente Estatuto que no
se resuelva mediante negociaciones en un plazo de tres meses contado
desde el comienzo de la controversia será sometida a la Asamblea de los
Estados Partes. La Asamblea podrá tratar de resolver por sí misma la
controversia o recomendar otros medios de solución, incluida su remisión
a la Corte Internacional de Justicia de conforinidad con el Estatuto de
ésta.
ARTICULO 120
Reservas
No se admitirán reservas al presente Estatuto
ARTICULO 121
Enmiendas
1.Transcurridos siete años desde la entrada en vigor del presente
Estatuto, cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas a él. El texto
de la enmienda propuesta será presentado al Secretario General de las
Naciones Unidas, que lo distribuirá sin dilación a los Estados Partes.
2.Transcurridos no menos de tres meses desde la fecha de la notificación,
la Asamblea de los Estados Partes decidirá, en su próxima reunión, por
mayoría de los presentes y votantes, si ha de examinar la propuesta, lo
cual podrá hacer directamente o previa convocación de una Conferencia de
Revisión, si la cuestión lo justifica.
3.La aprobación de una enmienda en una reunión de la Asamblea de los
Estados Partes o en una Conferencia de Revisión en la que no sea posible
llegar a un consenso requerirá una mayoría de dos tercios de los Estados
Partes.
4.Salvo lo dispuesto en el párrafo 5, toda enmienda entrará en vigor
respecto de los Estados Partes un año después de que los siete octavos de
éstos hayan depositado en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas sus instrumentos de ratificación o de adhesión.
5.Las enmiendas a los artículos 5, 6, 7 y 8 del presente Estatuto
entrarán en vigor únicamente respecto de los Estados Partes que las hayan
aceptado un año después del depósito de sus instrumentos de ratificación
o aceptación. La Corte no ejercerá su competencia respecto de un crimen
comprendido en la enmienda cuando haya sido cometido por nacionales o en
el territorio de un Estado Parte que no haya aceptado la enmienda.
6.Si una enmienda ha sido aceptada por los siete octavos de los Estados
Partes de conformidad con el párrafo 4, el Estado Parte que no la haya
aceptado podrá denunciar el presente Estatuto con efecto inmediato, no
obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 127 pero con sujeción
al párrafo 2 de dicho artículo, mediante notificación hecha a más tardar
un año después de la entrada en vigor de la enmienda.
7.El Secretario General de las Naciones Unidas distribuirá a los Estados
Partes las enmiendas aprobadas en una reunión de la Asamblea de los
Estados Partes o en una Conferencia de Revisión.
ARTICULO 122
Enmiendas a disposiciones de carácter institucional
1.No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 121, cualquier
Estado Parte podrá proponer en cualquier momento enmiendas a las
disposiciones del presente Estatuto de carácter exclusivamente
institucional, a saber, el artículo 35, los párrafos 8 y 9 del artículo
36, el artículo 37, el artículo 38, el párrafo 1 (dos primeras
oraciones), 2 y 4 del artículo 39, los párrafos 4 a 9 del artículo 42,
los párrafos 2 y 3 del artículo 43 y los artículos 44, 46, 47 y 49. El
texto de la enmienda propuesta será presentado al Secretario
General de las Naciones Unidas o a la persona designada por la Asamblea
de los Estados Partes, que lo distribuirá sin demora a los Estados Partes
y a otros participantes en la Asamblea.
2.Las enmiendas presentadas con arreglo al presente artículo respecto de
las cuales no sea posible llegar a un consenso serán aprobadas por la
Asamblea de los Estados Partes o por una Conferencia de Revisión por una
mayoría de dos tercios de los Estados Partes. Esas enmiendas entrarán en
vigor respecto de los Estados Partes seis meses después de su aprobación
por la Asamblea o, en su caso, por la Conferencia.
ARTICULO 123
Revisión del Estatuto
1.Siete años después de que entre en vigor el presente Estatuto, el
Secretario General de las Naciones Unidas convocará una Conferencia de
Revisión de los Estados Partes para examinar las enmiendas al Estatuto.
El examen podrá comprender la lista de los crímenes indicados en el
artículo 5 pero no se limitará a ellos. La Conferencia estará abierta a
los participantes en la Asamblea de los Estados Partes y en las mismas
condiciones que ésta.
2.Posteriormente, en cualquier momento, a petición de un Estado Parte y a
los efectos indicados en el párrafo 1, el Secretario General de las
Naciones Unidas, previa la aprobación de una mayoría de los Estados
Partes, convocará una Conferencia de Revisión de los Estados Partes.
3.Las disposiciones de los párrafos 3 a 7 del artículo 121 serán
aplicables a la aprobación y entrada en vigor de toda enmienda del
Estatuto examinada en una Conferencia de Revisión.
ARTICULO 124
Disposición de transición
No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 12, un
Estado, al hacerse parte en el presente Estatuto, podrá declarar que,
durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el
Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la
Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el
artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus
nacionales o en su territorio. La declaración formulada de conformidad
con el presente artículo podrá ser retirada en cualquier momento. Lo
dispuesto en el presente artículo será reconsiderado en la Conferencia de
Revisión que se convoque de conformidad con el párrafo 1 del artículo
123.
ARTICULO 125
Firma, ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión
1.El presente Estatuto estará abierto a la firma de todos los Estados el
17 de julio de 1998 en Roma, en la sede de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Posteriormente, y
hasta el 17 de octubre de 1998, seguirá abierto a la firma en Roma, en el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Después de esa fecha, el
Estatuto estará abierto a la firma en Nueva York, en la Sede de las
Naciones Unidas, hasta el 31 de diciembre del año 2000.
2.El presente Estatuto estará sujeto a la ratificación, aceptación o
aprobación de los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación,
aceptación o aprobación serán depositados en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas.
3.El presente Estatuto estará abierto a la adhesión de cualquier Estado.
Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
ARTICULO 126
Entrada en vigor
1.El presente Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente
al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
2.Respecto de cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el presente
Estatuto o se adhiera a él después de que sea depositado el sexagésimo
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el
Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo
día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
ARTICULO 127
Denuncia
1.Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Estatuto mediante
notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones
Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se
reciba la notificación, a menos que en ella se indique una fecha
ulterior.
2. La denuncia no exonerará al Estado de las obligaciones que le
incumbieran de conformidad con el presente Estatuto mientras era parte en
él, en particular las obligaciones financieras que hubiere contraído. La
denuncia no obstará a la cooperación con la Corte en el contexto de las
investigaciones y los enjuiciamientos penales en relación con los cuales
el Estado denunciante esté obligado a cooperar y que se hayan iniciado
antes
de la fecha en que la denuncia surta efecto; la denuncia tampoco obstará
en modo alguno a que se sigan examinando las cuestiones que la Corte
tuviera ante sí antes de la fecha en que la denuncia surta efecto.
ARTICULO 128
Textos auténticos
El original del presente Estatuto, cuyos textos en árabe, chino, español,
francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copia
certificada a todos los Estados.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados por
sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Estatuto.
HECHO EN ROMA, el día diecisiete de julio de mil novecientos noventa y
ocho.