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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 31, de 04/10/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 31
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 29
celebrada el miércoles, 4 de octubre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas . . . (Página 1362)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el objetivo de inflación
para el año 2001. (Número de expediente 172/000036.) ... (Página 1381)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que piensa adoptar el
Gobierno para mejorar, jurídica y económicamente, la situación de los
emigrantes españoles. (Número de expediente 172/000037.) . . .
(Página 1390)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el modelo
de la televisión pública en España, su modelo de financiación y su
marco jurídico, que no han sido definidos por consenso antes de su
traslado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI). (Número de expediente 172/000038.) . . . (Página 1400)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas . . . (Página 1362)
Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Va a defender su Gobierno en la próxima Conferencia
Intergubernamental la incorporación de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea en el nuevo Tratado, para dotarla
de un carácter jurídico vinculante? (Número de expediente 180/
000239.) . . . (Página 1362)
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Cómo justifica el Gobierno la intensidad de
las movilizaciones de este fin de semana, en protesta por la subida
de carburantes? (Número de expediente 180/000268.) . . . (Página 1363)
Del Diputado don Gabriel Cisneros Laborda, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué juicio merece
al Gobierno el proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, cuya redacción se culminó el pasado lunes en Bruselas?
(Número de expediente 180/000251.) . . . (Página 1364)
De la Diputada doña Carmen Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Qué
instrucciones concretas recibieron las Fuerzas de Seguridad del
Estado para cargar en Noia contra una concentración de vecinos en la
que resultó lesionado el Alcalde de dicha localidad? (Número de
expediente 180/000247.) . . . (Página 1365)
Del Diputado don Josep Maldonado Gili, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo.
Sr. Ministro del Interior: ¿Cúales son las razones por la actuación
contundente y desproporcionada de la Policía Nacional contra las
manifestaciones de agricultores frente a la refinería de Tarragona?
(Número de expediente 180/000266.) . . . (Página 1366)
De la Diputada doña Amparo Valcarce García, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué valoración hace
el Gobierno de los resultados de los Juegos Olímpicos para el deporte
español? (Número de expediente 180/000269.) . . . (Página 1367)
Del Diputado don Joaquín Calomarde Gramage, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué apoyo presta el
Gobierno a las Reales Academias como elemento vertebrador de la
sociedad? (Número de expediente 180/000260.) . . . (Página 1368)
Del Diputado don Eugenio Enrique Castillo Jaén, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
medidas se están adoptando por el Gobierno para evitar el consumo
excesivo de medicamentos por parte de los pacientes? (Número de
expediente 180/000262.) . . . (Página 1368)
Del Diputado don José Antonio Labordeta Subías, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Sigue manteniendo el
Gobierno su intención de poner en marcha el trasvase del Ebro,
previsto en el Plan Hidrológico Nacional, a pesar de las numerosas y
contundentes críticas que se están llevando a cabo, durante las
últimas semanas, desde distintos e importantes ámbitos sociales?
(Número de expediente 180/000249.) . . . (Página 1369)
Del Diputado don Ricard Pérez Casado, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores:
¿Cree el Sr. Ministro que la política de cooperación es un elemento
central del llamado Plan Estratégico de Política Exterior de España?
(Número de expediente 180/000246.) . . . (Página 1371)
Del Diputado don José María Robles Fraga, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el
Gobierno la visita del monarca marroquí Mohamed VI? (Número de
expediente 180/000255.) . . . (Página 1372)
De la Diputada doña María del Carmen Quintanilla Barba, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo
se está desarrollando el Plan de Choque en 100 municipios, iniciado
en 1999 con el objetivo de impulsar el empleo en las zonas con
mayores dificultades económicas y con elevados índices de desempleo?
(Número de expediente 180/000252.) . . . (Página 1372)
De la Diputada doña María Jesús Sainz García, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones
tiene previsto realizar el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
ante la aparición de documentación en el Instituto de la Mujer en la
vía pública, según han comunicado los medios de comunicación? (Número
de expediente 180/000267.) . . . (Página 1373)
Del Diputado don José Blanco López, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del
Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Cuándo
tiene previsto el Gobierno modificar los criterios para la
financiación de las Corporaciones Locales? (Número de expediente 180/
000241.) . . . (Página 1374)
De la Diputada doña María Teresa Costa Campi, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del
Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Piensa el
Gobierno reducir la dependencia energética de la economía española?
(Número de expediente 180/000243.) . . . (Página 1375)
Del Diputado don Raimon Martínez Fraile, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del
Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Cree el Sr.
Vicepresidente del Gobierno que el aumento del Índice de Precios al
Consumo (IPC) se debe a la subida de los precios turísticos y
hoteleros? (Número de expediente 180/000244.) . . . (Página 1376)
Del Diputado don Ángel Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del
Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Qué
requisitos debe reunir a juicio del Gobierno la dirección de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores? (Número de expediente 180/
000245.) . . . (Página 1378)
De la Diputada doña Susana Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace
el Gobierno de la campaña turística del verano? (Número de expediente
180/000253.) . . . (Página 1379)
De la Diputada doña María Fátima Báñez García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
actuaciones tiene previsto adoptar el Gobierno para favorecer el
acceso de las empresas españolas a nuevos mercados? (Número de
expediente 180/000254.) . . . (Página 1380)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 1381)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el objetivo de inflación
para el año 2001 . . . (Página 1381)
Presenta la interpelación del Grupo Parlamentario Socialista el señor
Bel i Queralt. Su grupo presenta la interpelación debido a la noticia
de la subida al 3,6 por ciento del IPC armonizado, con las
consecuencias que esto tiene para los asalariados, sobre todo los de
rentas más bajas. Asimismo el diferencial de inflación ha llegado en
agosto al 1,6 por ciento, con grandes aumentos también del índice de
precios al consumo de turismo en los países de la Unión Europea. Por
lo tanto, explica, el aumento de la inflación en España no se deriva
sólo del aumento de los precios del petróleo, sino que es una
inflación subyacente sin excusas, que ha aumento en los últimos
cuatro meses medio punto porcentual. Como explicación a esta
divergencia creciente apunta tres aspectos que considera
preocupantes: la débil contribución al aumento de la productividad
del sector privado; la débil contribución de la política española
a la flexibilidad de los mercados de productos y la fuerte contribución
de la política española, vía fiscal, al aumento de la demanda
interna. Termina su intervención preguntando en que fundamenta el
Gobierno su previsión de inflación para el año 2001.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor vicepresidente segundo del
Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y
Figaredo). Comienza la intervención haciendo algunas precisiones
sobre los datos aportados por el interpelante sobre el diferencial de
inflación con la Unión Europea en el mes de agosto que es el 1,3 por
ciento y no el 1,6 por ciento, por lo que no se está aumentando el
diferencial de inflación. Reconoce que es interesante el debate sobre
la inflación y hay que plantearlo, pero se debe hacer en términos más
complejos, por no decir más rigurosos, pasando a contestar a todos
los argumentos expuestos por el señor Bel. Concluye reconociendo que
en estos momentos el diferencial de inflación de España con la Unión
Europea sigue siendo un problema que el Gobierno tiene que resolver,
pero cuando se analiza se comprueba que en ese diferencial hay una
parte que está relacionada con índices muy volátiles, como son los
alimentos no elaborados, pero hay otra parte que está relacionada con
el sector servicios, en el que indudablemente las únicas políticas
alternativas son las de liberalización, políticas que no parecen
gustar al grupo interpelante. Asimismo afirma que el mejor
instrumento que tiene un Gobierno para
luchar contra la inflación sigue siendo la política presupuestaria
una vez que no tiene política monetaria, y recuerda que el objetivo
de estabilidad presupuestaría planteado para el 20001 va a permitir
entre otras cosas que aumente considerablemente el Fondo de Garantía
de Pensiones, lo que nos pone entre los países que tienen superávit
en la OCDE. Por lo tanto, añade, es un buen camino, aunque
indudablemente el Gobierno es el responsable del diferencial de
inflación y no debe contentarse con el mantenimiento de un
diferencial como el actual.
Replica el señor Bel i Queralt, duplicando el señor vicepresidente
segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Llamazares
Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la
señora Pisonero Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que piensa adoptar el
Gobierno para mejorar, jurídica y económicamente, la situación de los
emigrantes españoles . . . (Página 1390)
Presenta la interpelación urgente el señor Aymerich Cano, del Grupo
Parlamentario Mixto. Se refiere a la emigración gallega en el siglo
XX a América, Europa e incluso a otras regiones de España, y reclama
atención para los emigrantes. No sólo pide unas condiciones dignas de
retorno, sino que, como ciudadanos y ciudadanas españoles que son,
puedan gozar de los derechos sociales, económicos y políticos en
igualdad de condiciones que los residentes en territorio español.
Pone de relieve las promesas del Gobierno del Partido Popular en
cuanto a que resolvería en cien días los problemas de la emigración,
promesas que no cumplió sino que, por el contrario, se agravaron, y
denuncia que la emigración española está hoy en una situación aún más
precaria, consecuencia del agravamiento de la crisis económica en
Latinoamérica, de la quiebra de los sistemas sanitarios y de
protección social en esos países y del desinterés del Gobierno
español respecto de las condiciones de vida de los trabajadores
gallegos en Suiza o de los marineros gallegos en Noruega, por poner
dos ejemplos de dos colectivos emigrantes en Europa. El objetivo de
su interpelación, añade, no es mirar al pasado sino hacia el futuro
y, recogiendo las recomendaciones de la subcomisión creada al efecto
en la Comisión de Política Social y Empleo y del Consejo General de
la Emigración, pretende aunar el mayor consenso posible para lograr
unas medidas eficaces y concretas que den solución a los
muchos problemas que hoy aquejan a la emigración gallega y al resto
de la emigración española.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). Considera un buen camino la
búsqueda del consenso, especialmente en algo que en la Constitución
tiene suficiente énfasis en el artículo 42, pero opina que ya ha
habido esfuerzos en busca del consenso como lo prueba los resultados
de la subcomisión que ha citado el interpelante. Sin embargo no le
parece un buen camino para llegar al consenso el descalificar
absolutamente la política de emigración de este Gobierno y la de
gobiernos anteriores. A continuación pasa a explicar la política
llevada a cabo por este Gobierno en los últimos cuatro años y
contesta a los extremos de la interpelación planteada.
Replica el señor Aymerich Cano, duplicando el señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares
Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Navarrete
Merino, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Muñoz Uriol,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el modelo
de la televisión pública en España, su modelo de financiación y su
marco jurídico, que no han sido definidos por consenso antes de su
traslado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
. . . (Página 1400)
Presenta la interpelación urgente la señora Urán González, en nombre
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Se refiere a la
importancia que tiene en la sociedad el sector de las
telecomunicaciones y más concretamente el de la radiotelevisión, a
la influencia que ejerce en la opinión pública y a los grandes
beneficios que genera, por lo que existe una fuerte presión del
sector privado. Asimismo se refiere a la situación lamentable por la
que está atravesando Radiotelevisión Española, debido, en su opinión,
al incumplimiento constante del Estatuto de la Radio y la Televisión
donde se garantiza la financiación pública. Critica la solución
adoptada por el Gobierno, que es traspasar el Ente Público
Radiotelevisón Española a la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, y a la forma en que se ha hecho, creando una
subcomisión para tener entretenido al Parlamento durante bastante
tiempo y en la que no se llegó a ningún acuerdo, porque estaba claro
que así lo quería el Gobierno. Le gustaría creer lo que dice el señor
ministro de que no se
va a privatizar Radiotelevisión Española, pero la experiencia le dice
que no será así. Formula una serie de preguntas sobre los criterios
que se van a tener en cuenta en la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales a la hora de hacer el plan de viabilidad
y la repercusión que va a tener para los trabajadores. Su grupo
considera que la forma de actuar del Gobierno no ha sido clara y,
desde luego, no es el modelo de radiotelevisión pública que merece un
país democrático.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda
(Montoro Romero). Manifiesta que Radiotelevisión Española es más que
una empresa, en lo que está seguro que coincide con la interpelante,
porque desde su fundación hace medio siglo ha ocupado un lugar
central en la sociedad española y su saneamiento económico es
positivo tanto desde el punto de vista del pasado como desde la
perspectiva de futuro. Se trata, añade, de conservar lo mejor que
tiene y situarla en el futuro prometedor de la información y de la
comunicación. Se refiere a la aparición de televisiones privadas y
autonómicas, lo que supuso una mayor competencia y una bajada de
ingresos por publicidad considerable en Televisión Española. Explica
detalladamente estos extremos y asegura que el Gobierno ha
considerado que la adscripción a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales es la mejor opción. Reitera una vez más
que se va a preservar en todo momento el carácter de servicio público
de Radiotelevisión Española, y aprovecha la ocasión que le da la
interpelación para decir que el despejar el futuro de Radiotelevisión
Española debe ser un compromiso de todos los grupos políticos de la
Cámara, porque se lo merece, ya que es un ente público que ha
contribuido decisivamente a la cohesión, a la convivencia y a la
pluralidad de nuestra sociedad. La solución de sus problemas
financieros, que ahora afronta el Gobierno, añade, es imprescindible
para que este ente público pueda seguir prestando en el futuro un
servicio público de calidad, y está seguro de que ese es el ánimo, la
intención y el proyecto de todos los grupos parlamentarios de la
Cámara.
Replica la señora Urán González, duplicando el señor ministro de
Hacienda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Grau
Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Díaz-
Cano del Rey, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ballestero de
Diego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿VA A DEFENDER SU GOBIERNO EN LA PRÓXIMA CONFERRENCIA
INTERGUBERNAMENTAL LA INCORPORACIÓN DE LA CARTA DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL NUEVO TRATADO, PARA DOTARLA DE
UN CARÁCTER JURÍDICO VINCULANTE? (Número de expediente 180/000239.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto V del orden del día: preguntas.
En primer lugar, preguntas dirigidas al presidente del Gobierno.
Pregunta número 9, que formula el diputado don Gaspar Llamazares
Trigo.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, acaba de aprobarse el
proyecto de Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
¿Cuál es la posición del Gobierno en cuanto a la incorporación a los
tratados de dicha Carta en la próxima Conferencia Intergubernamental?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora presidenta,
señoría, el Gobierno es partidario de que la Carta de Derechos
Fundamentales forme parte del Tratado de la Unión Europea.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Por primera vez, señoría, nos satisface su
respuesta. (Rumores y protestas.)
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías!
El señor LLAMAZARES TRIGO: Lo que ocurre, señor presidente, es que no
ha sido siempre ésta la posición del Gobierno español. (Continúan los
rumores.) El Gobierno español decía inicialmente: hay que esperar
a conocer el contenido de la Carta para luego pronunciarse sobre su
carácter vinculante o no. Más tarde, en el marco de la Convención, el
Gobierno español ha hecho propuestas razonables, pero también otras
menos comprensibles; por ejemplo les queda el dudoso honor
de haber propuesto una excepción a la abolición de la pena de muerte
en tiempo de guerra y también han hecho propuestas que, en nuestra
opinión, limitaban los derechos sociales en la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.
Bienvenida sea su nueva posición, señor presidente. Consideramos que
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es esencial.
No solamente supone la constitución europea, sino que, además, supone
un paso adelante en la construcción de Europa. Europa se encuentra en
una disyuntiva ante al ampliación, señor presidente. O bien continúa
una construcción economicista, muy poco comprendida por la sociedad
europea, o bien adopta un corazón social y un alma democrática que
nos parece está inserta en la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea.
La posición del Gobierno español es importante. Lo fundamental en
estos momentos es que su Gobierno actúe activamente en la Conferencia
Intergubernamental para que la Carta de Derechos Fundamentales se
incorpore a los tratados con carácter vinculante.
Como confiamos en uno de los países que forman parte de los cinco más
importantes de la Unión Europea, según sus propias palabras; como
confiamos también en un Gobierno que tiene buena relación con el
presidente del Gobierno inglés y como, además, el Gobierno inglés ha
cambiado en los últimos tiempos su postura sobre la dinámica europea,
estamos convencidos de que va a conseguir que la Carta de Derechos
Fundamentales sea vinculante y se incorpore a los tratados.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, me alegra
mucho haber contribuido a su satisfacción aunque sea por una vez;
intentaré que sirva de precedente.
Como S.S. ha dicho, el pasado lunes se aprobó el proyecto de Carta de
Derechos Fundamentales redactado por la convención creada al efecto.
El presidente de la misma, señor Herzog, la presentará en el próximo
Consejo Europeo de Biarritz y siguiendo las indicaciones y las
conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Colonia la naturaleza
jurídica de la carta se examinará después de su proclamación oficial
y solemne que será en el Consejo Europeo de Niza. La posición del
Gobierno español, como le acabo de decir, es que esa Carta forme
parte del Tratado de la Unión Europea.
La naturaleza, el alcance jurídico de la misma está bien delimitado
en el proyecto. Su señoría sabe que afecta a las instituciones y
órganos de la Unión Europea, que afecta a los Estados miembros en
cuanto aplican
el derecho de la Unión Europea, el derecho comunitario, y que sirve
como instrumento de control en cuanto al ejercicio de competencias
transferidas respecto al ejercicio de derechos individuales.
Estamos ante un documento muy importante, que da mayor visibilidad a
los derechos de los ciudadanos europeos y que refunde y actualiza los
principios indisociables de nuestra civilización, es decir la
libertad individual, la igualdad ante la ley, el Estado de derecho,
la seguridad jurídica, la justicia, el valor de la solidaridad,
etcétera. Sobre ellos una economía libre y una sociedad libre. De eso
es exactamente de lo que trata la Carta de Derechos Fundamentales y
por eso el Gobierno español es partidario de que forme parte del
Tratado de la Unión Europea. Esperamos que así sea en el plazo de
tiempo más breve posible.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aznar.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿CÓMO JUSTIFICA EL GOBIERNO LA INTENSIDAD DE LAS
MOVILIZACIONES DE ESTE FIN DE SEMANA EN PROTESTA POR LA SUBIDA DE LOS
CARBURANTES? (Número de expediente 180/000268.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 10 que formula el diputado don
José Luis Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señora presidenta.
Señor Aznar, hace 20 días le pregunté sobre la cuestión de la subida
de los carburantes y afirmé que la falta de respuesta en ese momento
iba a ser el agravamiento de la situación posterior. Lamento que los
hechos me hayan dado la razón. Por eso le pregunto, ¿cómo justifica
la intensidad de las movilizaciones que se han producido estos días
en protesta por la subida de los carburantes?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, el Gobierno
no justifica ninguna movilización, ninguna intensidad de
movilización; la intensidad de la movilización la tendrán que
justificar los que la organizan. El Gobierno considera las
movilizaciones injustificadas, que no es lo mismo. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aznar.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Señor Aznar, creo que la inmensa mayoría
de los españoles comparte, compartimos que España puede estar a la
cabeza de los países de Europa. Lo cierto es que en este momento
estamos a la cabeza en dos cuestiones, fíjese: la primera, en el
coste de la vida por la acción de su Gobierno; la segunda, en cómo
suben los carburantes en nuestro país.
Sin embargo, desde hace 20 días también la mayoría de los españoles
nos hemos enterado de algunas cosas: Repsol aumenta sus beneficios en
el último semestre en 120.000 millones; que Cepsa, en 30.000, que el
Estado, su Gobierno va a recaudar 130.000 millones más por la subida
de los carburantes y la inmensa mayoría de los ciudadanos,
especialmente transportistas, autónomos, taxistas, agricultores,
tienen que pagar de su bolsillo. ¿Es eso social y moralmente
asumible? En mi opinión no, señor Aznar.
Por ello le vuelvo a insistir: no haga parches, tome medidas de
fondo, dé respuesta a lo que es un clamor de la ciudadanía, no
castigue sólo los bolsillos de los ciudadanos como consecuencia de la
subida del crudo. En nombre de esas reivindicaciones justas, de las
que hay hoy y de las que van a venir mañana, le exijo, le reclamo que
baje los impuestos de los hidrocarburos, es una reclamación justa que
responde al objetivo de hacer que la carga de la subida del petróleo
se reparta equitativa y socialmente y no haya beneficio sólo para las
compañías petrolíferas y para los impuestos y su recaudación.
Rectifique ahora, que será peor mañana, se lo aseguro, señor Aznar.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sabíamos que S.S.
mudaba rápidamente de opinión, lo sabíamos ya, pero evidentemente no
sabíamos que además de mudar opinión y de cambiar las preguntas
llegase un poco tarde a las mismas.
Señoría, tuvo oportunidad de decir esto mismo hace quince días, no lo
dijo después de haberlo dicho públicamente durante varios días en
distintos medios, lo cual no le impidió después de salir de este
hemiciclo hacerlo públicamente ante la prensa.
Ahora viene aquí a reclamar que se bajen los impuestos de los
hidrocarburos. Mire, señoría, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con
los agricultores y las asociaciones representativas de los mismos,
menos con una asociación; y lo que es una cuestión coyuntural, como
es la subida del gasóleo, lo convierte el Gobierno en un incremento
para un millón de agricultores de su renta agraria. Lo que no va a
hacer el Gobierno es reabrir negociaciones cerradas porque una
organización no haya firmado.
El Gobierno ha firmado con la Federación nacional de cofradías de
pescadores, y lo que no va a hacer, aunque
algunos no acepten que es problema de la federación, es negociar una
a una con las cofradías. El viernes pasado el Gobierno llegó a un
acuerdo con los transportistas y hoy han llegado a un acuerdo entre
ellos. Lo que no va a aceptar el Gobierno es, después de haber hecho
ese esfuerzo y esa negociación, que ningún grupo radical o exaltado
juegue y obtenga ventajas... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Que nadie obtenga
ventaja a costa de los intereses generales del país, y que se
organicen movilizaciones por desacuerdo entre sectores a costa de los
intereses generales del país. Eso el Gobierno no lo va a aceptar. Su
señoría puede intentar aprovechar en beneficio propio eso, pero creo
sinceramente que es muy poco responsable y además que S.S. se
equivoca.
Gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON GABRIEL CISNEROS LABORDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAALGOBIERNO: ¿QUÉ JUICIO MERECE AL
GOBIERNO EL PROYECTO DE CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA
UNIÓN EUROPEA, CUYA REDACCIÓN SE CULMINÓ EL PASADO LUNES EN BRUSELAS?
(Número de expediente 180/000251.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 20, que formula el diputado don
Gabriel Cisneros Laborda.
El señor CISNEROS LABORDA: Con la venia, señora presidenta.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Cisneros. Señorías. Adelante,
señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, del Gobierno, consciente de su patrimonio
espiritual y moral... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego guarden silencio y permitan
que se desarrolle el turno de preguntas.
El señor CISNEROS LABORDA: Veo que les produce una gran hilaridad el
texto de una Carta fundamental cuyo contenido aplaudieron ustedes
ayer con entusiasmo, me sorprende. (Aplausos.) Lo cierto es que,
consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada
sobre los valores indivisibles y universales
de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad,
y se basa en los principios de la democracia y del Estado de derecho.
Así reza, señor presidente, el segundo párrafo del preámbulo del
proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
aprobado anteayer en Bruselas por la práctica unanimidad de los
miembros integrantes de la convención redactora. Le anticipo, señor
presidente, el criterio del Grupo Parlamentario Popular de que el
proyecto de Carta es un texto cuya sencillez y brevedad servirá para
hacer visibles a los ojos de la ciudadanía europea los grandes
valores axiológicos de los derechos fundamentales y que el alto grado
de abstracción y generalidad de sus declaraciones era el único de los
caminos posibles para respetar la diversidad de las tradiciones
jurídicas europeas.
Puedo asegurarle, señor presidente, que ha sido un trabajo arduo, en
el que a lo largo de los meses de intensa dedicación que ha requerido
su relación se cernió muchas veces sobre la convención el temor no de
redactar una mejor o peor carta, sino llanamente de que no hubiera
forma de alumbrarla, y que la experiencia inédita de la composición
tripartita de la convención, si pudo suponer inicialmente una
dificultad adicional por la heterogeneidad de las perspectivas, se ha
acreditado como un mecanismo tan útil que no cabe desdeñar su posible
utilización para similares contenidos cometidos en el futuro, tal y
como se solicitó ayer en una proposición no de ley votada por esta
Cámara. Estima mi grupo que muchas de las críticas que se vienen
vertiendo sobre el contenido de la misma obedecen a una comprensión
defectuosa de los términos del mandato de Colonia y Tampere.
Formuladas esas reflexiones, y pretendiendo superar la dicotomía
entre carta normativa/carta declarativa o programática, que creemos
es empobrecedora, mi grupo quiere conocer su valoración sobre el
contenido de esta Carta, sus previsiones y propósitos sobre el futuro
de su tramitación.
Muchas gracias, señor presidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cisneros.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señora
presidenta.
Como su S.S. sabe muy bien, el proyecto de Carta de Derechos
Fundamentales fue encargado por el Consejo Europeo a una convención
integrada por representantes personales de los jefes de Gobierno, en
el caso español el representante personal fue el señor Rodríguez
Bereijo, y representantes de los parlamentos nacionales del
Parlamento Europeo, S.S. entre ellos, a los cuales quiero dar las
gracias por el trabajo y las aportaciones que han realizado en la
convención que ha sido especialmente útil e importante. Quiero decir
también que en opinión del Gobierno el proyecto de carta resultante
de los trabajos de la convención
es sumamente positivo y por eso se ha fortalecido nuestra esperanza y
nuestra posición de desear que sea incorporado en el plazo de tiempo
más breve posible al Tratado de la Unión Europea, y por tanto tenga
la mayor repercusión, la mayor expresión de naturaleza jurídica y de
consecuencias vinculantes. Eso requiere el cumplimiento de los plazos
a los que estamos sometidos por la propia regla del Consejo Europeo
de Colonia, como he dicho antes, y es que requiere la previa
declaración solemne en el Consejo Europeo de Niza y la adopción
solemne de la Carta de Derechos Fundamentales, porque la naturaleza
jurídica, como digo, está bien delimitada en el proyecto de Carta de
Derechos Fundamentales.
Eso forma parte de la reforma institucional de la Unión Europea y
quisiera aprovechar para decir que desde ese punto de vista España y
el Gobierno consideran necesaria una reforma institucional de la
Unión Europea. Consideramos necesaria la extensión del principio de
la mayoría cualificada siempre que exista una reponderación de votos
en el Consejo Europeo, porque si no sería muy difícil avanzar.
Consideramos necesario llegar a una mayor funcionalidad y simplicidad
en el trabajo, en el funcionamiento y en el reparto de cargas y de
responsabilidades en la Comisión Europea. Deseamos, como digo, la
extensión de la votación por mayoría cualificada en tanto que haya
esa reponderación de votos y entendemos que el principio de
cooperaciones reforzadas puede servir sobre todo en el tercer pilar,
es decir para crear un espacio de seguridad, libertad y justicia y en
el segundo pilar, es decir para las cuestiones de seguridad y la
defensa europea. Si además de eso ponemos en marcha la Carta de
Derechos Fundamentales, estamos haciendo un trabajo institucional en
el marco de la Unión Europea que yo creo es necesario, imprescindible
y positivo para fundar la ampliación europea. Desde ese punto de
vista, el trabajo de la convención, que quiero volver a agradecer, lo
valora el Gobierno muy positivamente.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MARÓN BELTRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ
INSTRUCCIONES CONCRETAS RECIBIERON LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL
ESTADO PARA CARGAR EN NOIA CONTRA UNA CONCENTRACIÓN DE VECINOS EN LA
QUE RESULTÓ LESIONADO EL ALCALDE DE DICHA LOCALIDAD? (Número de
expediente 180/000247.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro del
Interior. En primer lugar, pregunta
número 17, que formula la diputada doña Carmen Marón Beltrán.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señora presidenta, señor ministro, el 23 de
septiembre un grupo de vecinos de Noia se concentran pacíficamente
para pedir medidas de seguridad en una carretera con alta y reiterada
siniestralidad vial. La respuesta es una violenta carga policial en
la que resulta lesionado el alcalde socialista Rafael García
Guerrero. Le ruego, ministro, no esconda su respuesta derivando
responsabilidades y conteste con claridad. ¿Qué instrucciones
concretas recibieron las Fuerzas de Seguridad del Estado para
efectuar la carga contra los concentrados?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marón.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, ninguna especial. La Guardia Civil recibió la instrucción
que se imparte siempre ante acciones o actuaciones que son contrarias
a la ley.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señor ministro, en democracia no es normal
que un alcalde, máximo exponente de la representación popular que se
identifica como tal y además deben conocer que acompaña a sus
convecinos en sus legítimas demandas, acabe rodando por el suelo,
golpeado, maltrecho y humillado. Los reportajes gráficos son bien
evidentes de lo que pasó. ¿Es así como se protege la representación
popular? Es lamentable que para resolver un sencillo conflicto
utilicen el escudo de las fuerzas de seguridad. En democracia, señor
ministro, los conflictos ciudadanos, aunque resulten molestos, se
resuelven con diálogo, negociación y no como reiteradamente vienen
haciendo con el uso indiscriminado de la fuerza y el autoritarismo.
Se agravan los hechos cuando, como en este caso, son actos pacíficos.
Mujeres, niños, gente mayor y eso sí, como ha dicho el subdelegado,
algunos armados con paraguas. Tremendo comando, señor ministro.
Ustedes no tienen sentido de la proporción, pasan de la tolerancia
con los más fuertes a la brutalidad con los más débiles. ¿Cuál es su
baremo? ¿Cuál es su medida? Es lamentable que quien debe velar por el
respeto más escrupuloso a la figura del alcalde y sus convecinos
responda con una carga tan desproporcionada como arbitraria, y eso,
ministro, es su exclusiva responsabilidad.
Señor ministro, le exijo una vez más ante esta Cámara que garantice
las libertades y derechos de los ciudadanos, fundamentalmente de la
figura de su alcalde que debe ser el primero de ellos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marón.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señora presidenta,
señoría.
Cuando relatan hechos donde se producen incidentes de orden público
siempre me pregunto cómo se olvidan de cuestiones esenciales. Me
pregunto -ustedes han estado hace tan poco tiempo en el Gobierno- por
qué no leen los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado que están siempre a su disposición, no los informes de los
responsables políticos, para evaluar objetivamente estos hechos.
Porque, señoría, usted lo que no dice en su intervención es que estos
incidentes son el resultado de dos manifestaciones o concentraciones
marcadamente ilegales: la primera el 16 de septiembre, que ocasionó
un caos circulatorio y en la que la Guardia Civil ofreció una
alternativa diferente que inmediatamente fue cortada por los
concentrados; en la segunda concentración también silencian ustedes,
señorías, que la Guardia Civil realizó numerosos intentos para evitar
los incidentes con propuestas de negociación, que no tuvieron la
respuesta adecuada por parte de los concentrados. Tampoco dicen que
había un acuerdo de los concentrados para cortar las carreteras hasta
que fueran desalojados por la fuerza.
Señoría, lamento que un alcalde, y se lo digo sinceramente, haya sido
atendido en un hospital por lesiones leves por un golpe que fue, sin
duda, fortuito e involuntario, pero ustedes tienen que lamentar que
un alcalde de su partido haya participado en dos manifestaciones de
carácter ilegal y también deben lamentar que el juez de instrucción
de Noia haya imputado al alcalde por un delito de resistencia a la
autoridad y de desórdenes públicos. Esos lamentos también tienen que
estar en su boca, señoría. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSEP MALDONADO I GILI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LA ACTUACIÓN CONTUNDENTE Y
DESPROPORCIONADA DE LA POLICÍA NACIONAL CONTRA LAS MANIFESTACIONES DE
AGRICULTORES FRENTE A LA REFINERÍA DE TARRAGONA? (Número de
expediente 180/000266.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 32 que formula el diputado don
Josep Maldonado i Gili.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, como usted sabe, el pasado día 28 de septiembre tuvo
lugar una actuación de la policía nacional contra manifestantes del
mundo agrícola frente a la refinería de Tarragona. Fue esta actuación
muy contundente, señor ministro, pero además desproporcionada y dejó
atónitos a los que la presenciaron. Muchos ciudadanos de Cataluña
hemos podido ver en diversos medios de comunicación la brutal carga
que tuvo lugar y que provocó que representantes democráticamente
elegidos como el alcalde de El Morell, señor Pere Guinovart, así como
otro líder sindical fueren agredidos.
Señor ministro, sabemos que en un Estado de derecho las fuerzas de
seguridad pueden tener que actuar, sabemos que la sociedad estaba
pasando por unos momentos malos por el déficit en el suministro del
elemento básico como son los carburantes -estos empezaban a escasear-
con el consiguiente perjuicio para el resto de los ciudadanos, pero
no entendemos la desproporción y la violencia que generó la carga
policial.
Discutimos, señor ministro, el exceso de dureza en la actuación,
discutimos que se siguiera apaleando a los manifestantes cuando estos
ya estaban abatidos en el suelo y sin mostrar resistencia. Eso es lo
que hoy no entendemos y rechazamos. Por tanto, señor ministro, le
preguntamos: ¿qué piensa hacer su Ministerio para investigar el tema
y a la vez para evitar que se repitan hechos tan lamentables como
estos?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Maldonado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, lo primero que quiero decirle es que la delegación del
Gobierno en Cataluña y el Gobierno de la Generalitat han coordinado
permanentemente sus actuaciones y han llegado a un acuerdo global
para el desbloqueo de la acción de los controles y lo que
significaban las centrales de abastecimiento de carburante. Ha habido
un dispositivo conjunto entre la Consejería de Interior y el
Ministerio del Interior que ha sido fruto de un trabajo enormemente
intenso, eficaz y evidentemente la valoración es global del conjunto
de ambas administraciones y de los responsables de ambos ministerios.
Señoría, por lo que significa la valoración de una actuación concreta
dentro de ese dispositivo, es evidente que resulta muy difícil juzgar
y arbitrar cuándo se peca por exceso y por defecto. Usted dice que
puede haber un exceso en un momento determinado en Tarragona, otros
pueden decir que en Lleida ha podido haber un defecto de actuación,
pero lo importante es que ambas administraciones están trabajando al
unísono, están trabajando en coordinación en un ambiente excelente.
Ése es el esfuerzo en el que, evidentemente, se
encontrarán las mejores fórmulas para evitar incidentes a los que
usted ha hecho referencia.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Maldonado. (Pausa.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO VALCARCE GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LOS RESULTADOS DE LOS
JUEGOS OLÍMPICOS PARA EL DEPORTE ESPAÑOL? (Número de expediente 180/
000269.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de
Educación, Cultura y Deporte.
En primer lugar, pregunta número 12, que formula la diputada doña
María Amparo Valcarce García.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en primer lugar nuestro reconocimiento a todos los
deportistas españoles que han participado en Sidney 2000 y muy
especialmente a aquellos que han sido condecorados, que han obtenido
medalla.
Señora ministra, la opinión unánime es que el deporte español ha
fracasado en Sidney 2000. El Gobierno, hasta ahora, ha culpado a los
deportistas y a los socialistas. El Gobierno tendrá que explicarnos
por qué un secretario de Estado del Deporte, en mitad de una
olimpiada, culpa a los deportistas de no tener afán competitivo. Eso
es torpe e irritante, pero, señora ministra, ¿de verdad cree que el
fracaso es culpa de los socialistas? (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Gracias, señora presidenta.
En primer lugar mi reconocimiento a todos los deportistas que han
participado en los Juegos Olímpicos de Sidney, a los que han tenido
medalla y a los que no han tenido medalla, porque el espíritu
olímpico es fundamentalmente participar; no subir al podio no es
fracasar, y por tanto mi reconocimiento a todos los que han
participado. (Aplausos.)
En segundo lugar, señoría, conviene precisión en la crítica y en la
opinión, porque yo como ministra he manifestado una serie de
opiniones a lo largo de estos últimos días, desde Sidney y aquí
mismo, en las que he planteado que no hay que ser autocomplacientes
ni sentir una sensación de fracaso absoluto, por una razón,
señoría. Desde luego, las medallas que se han obtenido no responden a
las expectativas creadas y desde Barcelona hasta Sidney, pasando por
Atlanta, en ese período de ocho años ha habido progresivamente un
menor nivel de nuestros deportistas en el olimpismo en lo que se
refiere a medallas obtenidas; por tanto, señoría, hay que precisar
bien a quién se echan las culpas y cuáles son las críticas. El
secretario de Estado del Deporte se ha explicado ampliamente y lo
volverá a explicar en su comparecencia. Señoría, lo que hay que hacer
es mirar hacia delante, y desde luego por parte de mi Ministerio se
van a hacer todas las acciones precisas en relación al deporte de
alta competición y al deporte escolar y de base para mantener en un
nivel de continuado crecimiento la actuación de nuestros deportistas
en los juegos olímpicos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra. (Rumores.)
Un momento, señora Valcarce. Es imposible que los diputados y los
ministros puedan oírse con determinados murmullos. (Pausa.)
Adelante, señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Debe ser eso, porque la ministra no escuchó mi reconocimiento hacia
todos los deportistas que participaron en Sidney.
En segundo lugar, tengo que decirle que si no reconoce este fracaso
nadie la creerá y, lo que es peor, nadie creerá que usted está
dispuesta a resolver esto. Usted tiene que admitir una cosa: el
Gobierno no ha tenido política deportiva, no ha dedicado suficientes
recursos, no ha apoyado el deporte base, ha desnaturalizado por
completo el plan ADO. Señora ministra, ha sido un caos organizativo y
sobre su mesa todavía no hay dimisiones, que sería lo normal. Yo no
le voy a pedir ceses, porque después de los cuatro cambios de
secretarios de Estado en cuatro años no parece lo más recomendable,
pero sí le pido que ahora me escuche, que escuche lo que es un
clamor. Lo que nosotros le decimos es que tiene que liderar el
deporte español, y para eso tiene que hacer algunas cosas: disponer
más recursos, dar un apoyo decidido al deporte base, impulsar el plan
ADO, y además tiene que hacer algo muy importante: interpretar la
vitalidad de este país y su pasión por el deporte, porque si no usted
estará defraudando a España.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Gracias, señora presidenta.
Estoy convencida de que su preocupación es tan honda como sincera, de
manera que pienso que podemos
contar con la colaboración del Partido Socialista para estas tareas.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JOAQUÍN CALOMARDE GRAMAGE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ APOYO
PRESTA EL GOBIERNO A LAS REALES ACADEMIAS COMO ELEMENTO VERTEBRADOR DE
LA SOCIEDAD? (Número de expediente 180/000260.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 29, que formula el diputado don
Joaquín Calomarde Gramage.
El señor CALOMARDE GRAMAGE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, la Constitución reconoce que la nación española es
patrimonio común de todos los españoles y que, precisamente por ello,
a su vez lo son, en primer lugar, su lengua común, el castellano o
español, igualmente sus lenguas autónomas, que son asimismo
españolas, por ello patrimonio igualmente común de todos los
españoles, su historia común y plural a un tiempo, así como su
cultura y el conjunto constitucional de sus instituciones. La cultura
es uno de los elementos vertebradores de la sociedad española, y
dentro del conjunto de nuestras instituciones culturales las reales
academias ocupan un lugar preeminente desde hace siglos. Ha primado
siempre en ellas el cultivo de la libertad y la práctica de la
excelencia, que junto con la pasión, la mesura y la prudencia son
virtudes clásicas que bien pudieran ayudar a incrementar la realidad
de nuestras libertades públicas y contribuir a la promoción de
nuestro acervo cultural, nacional e internacional.Por todo ello,
señora ministra, estimo que las reales academias, en su conjunto, son
un rico elemento vertebrador de la vida lingüística, literaria,
científica, artística e histórica española. Siendo esto así, y
estando todo ello en el marco de preocupaciones y ánimo del Gobierno
de la nación, me permito formularle, señora ministra, la siguiente
pregunta: ¿Qué apoyo presta el Gobierno a las reales academias como
elemento vertebrador de la sociedad?
Gracias, señora presidenta; gracias, señora ministra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Calomarde.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señoría, de todos es sabido que el
Instituto de
España y las reales academias, integradas o asociadas al mismo como
instituciones depositarias del saber científico y humanístico,
cumplen un papel fundamental en el mantenimiento y la promoción de
nuestro acervo cultural, tanto en el plano nacional como en el
internacional. Conscientes de su importancia, desde el Ministerio que
dirijo se seguirá apoyando la fecunda labor de estas instituciones
con las que se colabora en numerosos e importantes proyectos. Para
hacer posible esta función de fomento, el Ministerio que dirijo ha
hecho un gran esfuerzo presupuestario aumentando considerablemente en
los últimos cuatro años las subvenciones y ayudas que se asignan
anualmente a las reales academias. Así, el incremento total en los
últimos cuatro años ha sido de 880 millones de pesetas, lo que supone
un 118 por ciento respecto de 1996. Por lo que se refiere al año
2000, las subvenciones al Instituto de España y a las reales
academias integradas o asociadas al mismo ascienden a 1.680 millones
de pesetas, 1.324 para gastos de funcionamiento de más de 50 reales
academias e instituciones, tanto de ámbito nacional como local y
regional, y 277 para ayudas a la investigación del Instituto de
España y reales academias de ámbito nacional. Precisamente con cargo
a esta última partida presupuestaria se está financiando el programa
de informatización de las bibliotecas de estas reales academias,
conectándolas entre sí y haciéndolas accesibles a través de Internet,
con objeto de difundir al resto de las academias provinciales de toda
España, a las universidades y a las instituciones científicas
nacionales e internacionales sus valiosos fondos bibliográficos.
Quisiera destacar, por último, que la Real Academia Española recibe
específicamente para ayuda de sus gastos de funcionamiento una
subvención consignada en los Presupuestos Generales del Estado que
para el año 2000 es de 356 millones de pesetas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON EUGENIO ENRIQUE CASTILLO JAÉN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
MEDIDAS SE ESTÁN ADOPTANDO POR EL GOBIERNO PARA EVITAR EL CONSUMO
EXCESIVO DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LOS PACIENTES? (Número de
expediente 180/000262.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 31, dirigida a la ministra de
Sanidad y Consumo, que formula el diputado don Eugenio Enrique
Castillo Jaén.
El señor CASTILLO JAÉN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, ni a ustedes ni a ninguno de los aquí
presentes se les oculta que uno de los principales factores
contribuyentes al logro del sistema de bienestar social actual ha
sido sin duda el medicamento. La fuerte apuesta por la investigación,
desarrollo e innovación de este Gobierno y, cómo no, de la industria
han supuesto un avance terapéutico muy importante. Sin duda,
contribuyen a una verdadera prolongación de la esperanza de vida y
además, y no menos importante, que estos años añadidos, sobre todo el
período de jubilación, mantengan una calidad de vida hasta ahora
insospechada. No obstante, y aceptando las excelentes ventajas
sociosanitarias del medicamento, éste no es en absoluto una sustancia
inocua. Por el contrario, un mal uso, un abuso o una errónea
dosificación de un medicamento pueden originar efectos adversos
colaterales y ciertas iatrogenias a veces más nocivas que la
patología que se pretende combatir. El Ministerio que usted
representa, en concordancia con la Organización Mundial de la Salud y
otros organismos nacionales e internacionales, ha impulsado medidas
para un uso apropiado de los fármacos que por su potente actividad,
sobre todo las últimas innovaciones terapéuticas, deben seguir
controlados por profesionales sanitarios en beneficio del propio
enfermo. En este sentido, la labor del farmacéutico como profesional
del medicamento, tanto en las oficinas de farmacia como dentro de las
diversas estructuras sanitarias, es un factor esencial en el control
de abusos en el consumo de medicamentos y en difundir información al
paciente. Como principal autoridad sanitaria es el Ministerio de
Sanidad y Consumo el que debe propiciar, coordinar y moderar todo
tipo de acciones en este sentido. Por estas razones, señora ministra,
desde nuestro grupo y como siempre en defensa de los derechos del
consumidor, y en este caso del consumidor enfermo, le formulamos la
siguiente pregunta: ¿Qué medidas se están adoptando por el Gobierno
para evitar el consumo excesivo de medicamentos por parte de los
pacientes?
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Castillo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
señora presidenta.
Efectivamente, uno de los problemas con que en estos momentos nos
enfrentamos en el Ministerio es el creciente aumento del gasto
farmacéutico, que es debido a varios factores: el aumento del número
de recetas pero también el aumento del precio del propio medicamento.
Las nuevas tecnologías, los nuevos medicamentos, cada vez más caros,
están llevando a un gasto que está consumiendo los incrementos que
año a año se producen en los presupuestos del Sistema Nacional de
Salud. En este sentido, teniendo en cuenta la dificultad añadida que
significa el medicamento en sí mismo;
teniendo en cuenta que intervienen cuatro elementos: el médico
prescriptor, el paciente que lo recibe, el farmacéutico que lo vende
y el Sistema Nacional de Salud que lo paga, estamos analizando
primero la puesta en común de estas cuatro bases para conseguir el
control del uso excesivo del medicamento.
Amí no me gusta trasladar a los ciudadanos que gastan mucho en
medicinas porque puede parecer que lo que hay que hacer es que la
gente padezca la enfermedad sin tomar las medidas oportunas. Sin
embargo, se pueden introducir elementos correctores y qué duda cabe
de que la utilización de genéricos y los precios de referencia son
grandes elementos para tener una buena farmacia, buenos productos
farmacéuticos con un precio adecuado que puedan hacer posible que los
incrementos en los presupuestos sanitarios se dediquen a atención
primaria, a atención especializada y a los sociosanitarios, que
necesitan una inversión y una apuesta importante. En ese sentido, le
puedo dar no sólo los precios de referencia, que como usted sabe se
ponen en marcha el 1 de diciembre, sino los datos del gasto
farmacéutico del mes de agosto que significan una bajada
importantísima respecto al mes anterior y van desde el incremento del
5,3 por ciento en el conjunto del Insalud al 7,6 por ciento en el
servicio vasco; hay varios tantos por ciento pero, en cualquier caso,
todos han bajado por debajo del 7 por ciento. Eso significa que las
medidas que adoptamos en el mes de junio son buenas, así como los
precios de referencia, que ya están ejerciendo una labor importante
en el mercado. Así pues, con labores en torno a campañas que vamos a
poner en marcha inmediatamente conseguiremos un uso más racional del
medicamento y, por tanto, una mayor cantidad de dinero para otras
especialidades necesarias en el Sistema Nacional de Salud.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANTONIO LABORDETA SUBÍAS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿SIGUE MANTENIENDO EL
GOBIERNO SU INTENCIÓN DE PONER EN MARCHA EL TRASVASE DEL EBRO,
PREVISTO EN EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL, A PESAR DE LAS NUMEROSAS
Y CONTUNDENTES CRÍTICAS QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO, DURANTE LAS
ÚLTIMAS SEMANAS, DESDE DISTINTOS E IMPORTANTES ÁMBITOS SOCIALES?
(NÚmero de expediente 180/000249.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 18, dirigida al señor ministro
de Medio Ambiente y que formula el diputado don José Antonio
Labordeta Subías.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, desde la presentación del Plan hidrológico nacional
se han hecho públicas toda una serie de críticas desde distintos
ámbitos: expertos en hidrología, como los catedráticos de las
universidades de Madrid y Barcelona, investigadores del Instituto
Tecnológico Geominero de España, todas las organizaciones ecologistas
y conservacionistas de España, la plataforma de defensa de la cuenca
del Ebro, el Gobierno de Aragón, diputaciones y ayuntamientos
aragoneses. Ante esto nosotros le preguntamos: ¿Sigue manteniendo el
Gobierno su intención de poner en marcha el trasvase del Ebro
previsto en el Plan hidrológico nacional a pesar de las numerosas y
contundentes críticas que se están llevando a cabo, durante las
últimas semanas, desde distintos e importantes ámbitos sociales?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor ministro.
El señor El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señoría, comprendo perfectamente que usted pueda tener una visión
subjetiva de la realidad y que dicha visión le haga magnificar o
unificar unos planteamientos que bajo ningún concepto hoy son
unánimes. El debate que ha propuesto el Gobierno se lleva a cabo tal
como establece la ley, dentro del Consejo Nacional del Agua, y le
puedo garantizar que en tal Consejo dicho debate no se está
planteando hoy en los términos en que usted expresa. No obstante,
usted sabe que el Plan hidrológico nacional es algo mucho más
completo. Sabe que hoy en Aragón hay partidos como el Popular que
están defendiendo que las obras del pacto del agua se realicen de
forma prioritaria, puesto que es importante que se lleven a cabo las
infraestructuras que Aragón necesita para su propio desarrollo. Es
cierto y puedo reconocerle que el pacto del agua y esas inversiones
hasta hoy no han sido cumplidas como deberían haberlo sido. Sin
embargo, insisto en que este partido defiende que, una vez realizadas
estas obras, los sobrantes que se van al mar puedan ser utilizados en
base a un principio justo de solidaridad por aquellos que lo
necesitan.
Tengo dudas acerca de cuál es su postura con respecto a este proyecto
en general. ¿Qué tenemos que hacer con esas obras que se incluyen en
el Plan hidrológico nacional y que Aragón o al menos una parte de
Aragón pide? Empiezo a dudar de que la postura al respecto sea
unánime. Es imprescindible hacer Biscarrués, Yesa o Santa Liestra, al
igual que Mularroya y todas las demás, pero ¿hemos de hacer estas
obras? ¿Quiere Aragón
estas obras? ¿Necesita Aragón estas obras, sí o no, señor
Labordeta?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor ministro.
Queremos dejar bien sentado que no se trata de un enfrentamiento de
Aragón contra todos. Aquí estamos discutiendo acerca de dos modelos
de tratar un bien tan escaso como es el agua: uno, el que ustedes
proponen, que es anticuado, desarrollista e insostenible y otro, el
nuestro, moderno y de utilización racional de ese recurso tan escaso,
que es el que se defiende en todas las instancias de la Unión
Europea. Queremos transmitirle a usted, a toda la nación y también al
presidente señor Aznar, que sigue pidiéndonos solidaridad
-precisamente a una comunidad que cuenta con más de 400 núcleos
rurales abandonados y destrozados por una enloquecida política
hidráulica sin ningún raciocinio-, y a toda la sociedad el
sentimiento de un pueblo, el aragonés, que se siente agraviado,
expoliado en sus recursos y que ha recibido tradicionalmente, como
usted acaba de decir, de un Estado un trato casi colonial.
Efectivamente, hay un pacto del agua firmado por todas las
formaciones políticas aragonesas, pero precisamente el otro día la
segunda persona a cargo de su Ministerio dijo que en cuatro o cinco
años se haría el Plan hidrológico nacional y que el pacto del agua
tardaría mucho más. En estos presupuestos que hemos visto solamente
hay para el recrecimiento de Yesa y nosotros -yo ya se lo dije a
usted personalmente- estamos por la regulación de los caudales de los
ríos que pasan por Aragón. Estamos en contra de cuatro presas, de
cuatro grandes embalses que van a destrozar el territorio. Hoy
precisamente la prensa nacional habla de uno de ellos, de Jánovas,
que se va a detener, que ha sido un verdadero destrozo de un
territorio de un pueblo al que se expolió, al que se bombardeó, al
que se le obligó a marcharse de allí y que todos denunciamos; y ahora
se denuncia como una imposibilidad. El año 1973...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias.
Simplemente, señor Labordeta, ¿necesita Aragón que se hagan las
inversiones del pacto del agua, sí o no? ¿Ha de hacer el Estado, como
estamos haciendo, las obras de Santa Liestra, de Biscarrués, de Yesa,
de Jánovas? ¿Tenemos que hacer estos proyectos? ¿Necesita Aragón
estos proyectos, señor Labordeta, sí o no?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
- DELDIPUTADO DON RICARD PÉREZ CASADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES:
¿CREE EL SEÑOR MINISTRO QUE LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN ES UN ELEMENTO
CENTRAL DEL LLAMADO PLAN ESTRATÉGICO DE POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA?
(Número de expediente 180/000246.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Asuntos Exteriores. Pregunta número 16, que formula el diputado don
Ricard Pérez Casado.
El señor PÉREZ CASADO: Gracias, señora presidenta.
¿Cree el señor ministro que la cooperación internacional al
desarrollo es un elemento central del llamado Plan estratégico de la
política exterior de España?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Casado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta; muchas gracias, señoría.
Sin lugar a dudas, porque estamos hablando de un compromiso, de una
preocupación y de una actuación que desde mi punto de vista no debe
ser sólo del Gobierno, sino que debe responder a una actuación
conjunta de la sociedad española que está demostrando con los hechos,
todos los días, su enorme solidaridad y su enorme compromiso con
valores que todos compartimos, como son la democracia, la paz, el
desarrollo económico y la justicia social.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Pérez Casado.
El señor PÉREZ CASADO: Señora presidenta, señorías, señor ministro,
un plan estratégico requiere de la definición de objetivos precisos,
del señalamiento de prioridades, de la asignación de recursos
económicos y humanos y del consenso, como hacía alusión el señor
ministro, de todos los actores sociales y políticos. En el día no
tenemos nada de eso o al menos no tenemos lo que desearíamos. No hay
plan director, no hay un marco presupuestario definido en el tiempo,
no hay objetivos estratégicos señalados en su dimensión espacial
y temporal, no hay, en definitiva, el cumplimiento de la Ley de
cooperación. Incluso hay indicios de claros retrocesos, no sólo en lo
que concierne al desarrollo legislativo sino también en lo que
concierne a ese compromiso del 0,7 del PIB. La concertación social,
en fin, aparece más cercana a la ruptura que a su consecución. Esta,
señor ministro, es la demagogia de los hechos,
título que recordará usted, sin duda alguna, porque ambos lo leímos.
Desde mi grupo, el Socialista, les hemos ofrecido cooperación para
tareas inmensas e inmediatas, por ejemplo, en el tema de la
inmigración. El codesarrollo es uno de sus instrumentos. Quisiéramos
verlo plasmado. Seguimos ofreciéndonos para un debate en profundidad
sobre la deuda externa en todas sus dimensiones y no solamente en
aquellos aspectos de retornabilidad que, sin duda alguna, siendo
interesantes pueden no ser prioritarios. Estamos dispuestos a
discutir también sobre la intervención de las empresas en el
exterior, pero no sólo como único punto.
En definitiva, señor ministro, no nos traiga el plan a pedacitos, en
porciones, como el queso; tráiganoslo completo porque si no le
tendremos que preguntar a un colega suyo de Gobierno sobre la
cooperación internacional, que por ley le corresponde a usted.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Casado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta; muchas gracias, señoría.
No acabo de entender esta última alusión; me disculpará. (Rumores.)
Se lo digo por lo siguiente, porque hablando de la demagogia de los
hechos, estos son muy claros y no quiero remontarme a las hemerotecas
respecto a lo que se decía desde personas relevantes de su grupo en
relación con el 0,7 o la condonación de la deuda. Yo creo que han
pasado ya demasiados años como para que ahora tenga sentido. Lo
importante es lo que vamos a hacer y lo que se está haciendo. Lo que
se está haciendo es que cuando a principios de los ochenta las cifras
para la cooperación al desarrollo estaban en torno a los 22.000
millones hoy hemos decuplicado, hemos multiplicado por 10 esa cifra,
y nuestra perspectiva temporal es que cuando acabe la legislatura
podamos estar en torno a los 300.000 millones de pesetas, que creo
que es una cantidad muy considerable.
Me pregunta usted qué pasa con el plan director. Yo he tenido ocasión
de comparecer (he comparecido ya cinco veces ante comisiones de estas
Cámaras en los tres meses de sesiones que llevamos), he tenido
ocasión de comparecer ante la Comisión de Cooperación y he explicado
con toda claridad cuál es el trámite y usted lo conoce. Es el que nos
obliga la Ley de cooperación, que supone presentar un plan -que ya
está hecho-, que ahora tienen que conocer todas las partes implicadas
y también el Consejo General de Cooperación, que tiene que ser visto
por la Comisión Interministerial y por la Comisión Interterritorial,
lo que requiere sus plazos. La voluntad del Gobierno es que ese plan
esté aprobado antes de final de año y que pueda empezar a
funcionar a partir del año 2001. En ese terreno estoy seguro de que
nos vamos a encontrar su grupo y el Gobierno, su grupo y el grupo que
da apoyo al Gobierno y los demás grupos, porque creo que entre todos
compartimos las mismas finalidades y los mismos objetivos. Como es
así, paso por alto algunas insinuaciones para estar seguro de que la
cooperación va a ser plena también en este terreno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MARÍA ROBLES FRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL
GOBIERNO LA VISITA DEL MONARCA MARROQUÍ MOHAMED VI? (Número de
expediente 180/000255.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 24, que formula el diputado don
José María Robles Fraga.
El señor ROBLES FRAGA: Señora presidenta, señor ministro, los pasados
18, 19 y 20 de septiembre visitaba España S.M. el rey de Marruecos
Mohamed VI. Se trataba de una visita de Estado y también de un
acontecimiento -en palabras del señor ministro- de enorme importancia
que daría un fuerte impulso a la cooperación hispano-marroquí. En los
últimos 25 años España ha reencontrado su puesto y su posición en el
mundo, con lo que esto significa de redescubrimiento de nuestra
propia identidad y de nuestra situación histórica, geográfica y
estratégica. En este camino de naturaleza política y diplomática es
evidente que ha constituido y constituye una prioridad de gran
importancia asentar y desarrollar las mejores relaciones de amistad,
cooperación y buena vecindad con Marruecos. Por eso España considera
a Marruecos un interlocutor privilegiado, un socio estratégico y una
nación amiga. Es cierto que entre vecinos surgen en ocasiones
problemas o diferentes puntos de vista, pero nuestra obligación debe
ser resolverlos o delimitarlos de forma que no perjudiquen el estado
estructuralmente bueno de nuestras relaciones. Una política exterior
eficaz debe servir también para eliminar recelos o estereotipos de
carácter cultural que puedan perjudicar el desarrollo de este
entramado de intereses comunes. Sin duda, toda visita de Estado es
importante sobre todo por el modo en el que en ella se ponen en valor
los vínculos y las afinidades profundas entre las naciones y subrayan
los verdaderos y más importantes intereses que las unen. Por eso,
señor ministro, le pregunto, ¿qué valoración hace de la reciente
visita de Estado a España del rey de Marruecos S.M. Mohamed VI?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Robles Fraga.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señoría, el tema que usted suscita es de una enorme transcendencia.
Nuestras relaciones con el Reino de Marruecos son prioritarias, como
corresponde a algo que usted ha dicho que yo comparto plenamente.
Nosotros queremos tener con Marruecos una relación de socios
privilegiados, queremos ser aliados desde el punto de vista
estratégico y, desde luego, nos consideramos amigos. Es cierto
también -y faltaría a la verdad si dijera lo contrario- que en
nuestra relación con Marruecos, como con cualquier vecino, hay
siempre obstáculos, hay problemas y hay dificultades, pero de lo que
se trata es de superarlos en sentido positivo y de llegar cada vez
más a una situación de plena coincidencia en cuanto a los intereses a
defender y en cuanto a las cosas a hacer en común. Por eso la visita
del rey Mohamed VI ha sido un hito y marca un salto cualitativo en
nuestra relación. Ha sido fundamental para que nos conozcamos mejor,
para avanzar hacia un mejor conocimiento mutuo de las dos sociedades
y también para ir concretando ese deseo a través de realizaciones
precisas que tienen plasmación. Por ejemplo, durante la visita del
rey Mohamed VI se ha firmado un compromiso de aportación hasta 50
millones de dólares para desarrollar proyectos en el norte del país,
en el norte de Marruecos, -algo muy importante-, se ha abierto una
nueva fase para los mecanismos de conversión de deuda en capital, se
ha firmado también la voluntad de implicar la capacidad de la
interconexión eléctrica entre los dos países y se ha hablado de
muchísimas otras cosas. No quiero ocultar que hay una serie de
cuestiones de ámbito multilateral pero que afectan a nuestros
intereses bilaterales, como pueda ser la pesca o la asociación
agrícola con Marruecos, que son terrenos en los cuales, con todos los
obstáculos existentes, creo que al final podremos encontrar
soluciones que sean adecuadas para todos. Este es el espíritu desde
la amistad, desde la comprensión mutua, desde la franqueza, así vamos
a continuar y por eso creo que la visita del rey Mohamed VI merece
una valoración inequívocamente positiva.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN QUINTANILLA BARBA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO
SE ESTÁ DESARROLLANDO EL
PLAN DE CHOQUE EN 100 MUNICIPIOS, INICIADO EN 1999, CON EL OBJETIVO
DE IMPULSAR ELEMPLEO EN LAS ZONAS CON MAYORES DIFICULTADES ECONÓMICAS
Y CON ELEVADOS ÍNDICES DE DESEMPLEO? (Número de expediente 180/
000252.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas correspondientes al señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales. En primer lugar, pregunta número 21, que
formula la diputada doña María del Carmen Quintanilla Barba.
La señora QUINTANILLA BARBA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la prioridad de la política del Gobierno del Reino de
España, en la anterior legislatura y en ésta, sigue siendo dar
cumplimiento al mandato constitucional de crear empleo e intentar
garantizar que todos los españoles tengan acceso a un puesto de
trabajo. La política de empleo del Gobierno del Partido Popular ha
sido y es, primero, una política económica que crea actividad
económica. Segundo, diálogo y crecimiento; diálogo social que ha
permitido que el crecimiento económico se haya trasladado al empleo.
Tercero, un conjunto de medidas para incentivar fuertemente las
políticas activas de empleo. Por todo ello hoy podemos decir que se
han obtenido los mejores éxitos de creación de empleo en la historia
de la democracia española. Sin embargo, ese empleo era necesario
también impulsarlo en la sociedad rural, en definitiva, en nuestros
pueblos. El plan de acción para el empleo del año 1999 contemplaba el
desarrollo de un plan de choque en 100 municipios de más de 10.000
habitantes que en aquellos momentos se encontraban muy afectados por
el desempleo. Por ello, señor ministro, le pregunto: ¿Cómo se está
desarrollando el plan de choque iniciado en 1999 con el objetivo de
impulsar el empleo en las zonas con mayores dificultades económicas y
con elevados índices de desempleo?
Muchas gracias, señor ministro.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Quintanilla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, como muy bien señalaba hace unos instantes, también se lleva
a cabo en los lugares en los que existe una especial dificultad para
que esa creación de riqueza pueda traducirse en una adecuada creación
de empleo. Esto es así en muchas de las zonas rurales españolas y lo
es también con mayor intensidad en aquellos municipios en los que no
sólo en opinión del Gobierno sino de la Federación Española de
Municipios y Provincias eran necesarias acciones especiales y se ha
desarrollado este plan de choque en más de 100
municipios. Estas acciones se insertan en el Plan nacional de acción
para el empleo y, dentro de lo que es esa tercera directriz
comunitaria de medidas.
Como le decía, la selección de municipios se ha hecho de consenso y,
en este caso, de perfecto entendimiento entre el INEM y la Federación
Española de Municipios y Provincias. Pretendíamos una duración
inicial de siete meses y una dotación de al menos 200 millones de
pesetas por ayuntamiento, pero podemos decir con satisfacción que, a
la vista de la evolución de este programa, se ha ampliado a nueve
meses y las dotaciones se han situado en torno a 250 millones de
pesetas. También se ha logrado un compromiso de las propias
instituciones locales en la financiación y en la gestión, con una
dotación de más del 15 por ciento. Son estos resultados los que nos
animan a pensar en una segunda fase del plan en la que nos gustaría
incorporar otros 35 municipios, con esa configuración, tanto en
territorios pertenecientes al INEM como en territorios que tienen
transferidas las políticas activas. Prevemos también una duración de
nueve meses por acción y una dotación de 250 millones de pesetas por
proyecto. Al final, también podemos lucir unos resultados que creo
positivos, insisto, para todos los que han participado en esta
medida, más de 4.000, en este caso 4.423, trabajadores contratados en
los 25 proyectos y con una financiación por parte del INEM de 6.422
millones de pesetas. Aquí subrayo que es una inversión alta en
proporción a la media respecto a la acción por cada una de las
personas beneficiadas, que supera el millón de pesetas, 1.150.000
pesetas. Creemos que esta experiencia de cooperación entre el INEM y
la Federación de Municipios y Provincias merece ser prorrogada y,
como creo que ha quedado claro, intensificada.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JESÚS SAINZ GARCÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
ACTUACIONES TIENE PREVISTO REALIZAR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES ANTE LAAPARICIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE
LA MUJER EN LA VÍA PÚBLICA, SEGÚN HAN PUBLICADO LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN? (Número de expediente 180/000267.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 28, que formula la diputada
doña María Jesús Sainz García.
La señora SAINZ GARCÍA: Señora presidenta, señor ministro, ante las
noticias aparecidas la semana pasada en los medios de comunicación,
en los que se reseñaba que, en un contenedor ubicado en la calle
Almagro, aparecía alguna documentación relativa al
Instituto de la Mujer y también ante algunas interpretaciones, que
ciertamente nos han parecido un poco sorprendentes, consideramos que
puede ser de interés conocer cuáles son las actuaciones que se están
realizando desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en
relación con estos hechos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Gracias, señora presidenta.
Señoría, sinceramente, sin tópico alguno, agradezco la prontitud de
una iniciativa que quite cualquier duda o alarma sobre el fondo de la
cuestión misma. Ciertamente, el sistema de eliminación de estos
documentos ha sido inadecuado, pero en el fondo de la cuestión está
la importancia o trascendencia de los documentos y creo que, por
encima de cualquier opinión política o ideológica, está la opinión
del jefe del servicio de documentación del Instituto de la Mujer,
institución e incluso servicio que gozan de un gran prestigio, que
con carácter previo determinó la intrascendencia de estos documentos
o lo que en lenguaje administrativo se determina como improcedencia
de su traslado al archivo general del propio ministerio.
Hecha esta salvedad, que tal vez se entienda reforzada por el hecho
de que estos documentos no se hallaban situados en ninguna
dependencia con uso administrativo, los locales a los que se ha hecho
mención venían siendo utilizados desde el año 1987 -y creo que es
bueno- por una serie de organizaciones no gubernamentales, en
concreto 22, con lo cual podemos pensar que a estos documentos tenían
acceso no solamente las personas miembros de las organizaciones sino
también cualquier otra persona relacionada con las mismas.
Hecha esta observación, insisto, de que tanto los peritos como los
anteriores responsables nunca entendieron que se tratase de piezas
valiosas, por decirlo así, pero desde el punto de vista documental,
coincido en que fue inadecuada la eliminación. El propio jefe del
servicio de documentación sugería su destrucción por métodos de
triturado de papel, lo cual me parece infinitamente mejor desde los
puntos de vista estético, medioambiental y de lógica administrativa.
Para corregir esta deficiencia, y no sólo para corregirla sino para
evitar que en el futuro se puedan reproducir situaciones como ésta,
se han adoptado las medidas de determinación de por qué no se
siguieron los pautados indicados por el jefe de servicio y habrá una
inspección administrativa. Puedo garantizarle que se ha recordado la
obligación de utilizar métodos que, insisto, tengan más lógica
medioambiental y administrativa.
En cualquier caso, también he oído que podría tratarse de archivos
personales y esto parece difícil de conciliarse con la idea de que no
fuesen retirados por quienes venían siendo utilizados, pero lo que
más me tranquiliza, insisto, es la opinión, seria y sólida, del
responsable del servicio de documentación del propio Instituto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ BLANCO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO
PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿CUÁNDO TIENE
PREVISTO EL GOBIERNO MODIFICAR LOS CRITERIOS PARA LA FINANCIACIÓN DE
LAS CORPORACIONES LOCALES? (Número de expediente 180/000241.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 11, dirigida al Ministro de
Hacienda, que formula don José Blanco López. Tiene la palabra.
El señor BLANCO LÓPEZ: Señora presidenta, bienvenido señor
vicepresidente.
Los ayuntamientos gestionan y prestan a los ciudadanos, cada vez más,
un mayor número de servicios. Sin embargo, no tienen garantizada una
financiación estable y suficiente. A pesar de ser un objetivo
unánimemente compartido, no existe la certeza de que el Gobierno lo
vaya a abordar. Por tanto, urge abordar la financiación de las
corporaciones locales, debe abordarse en el marco de la financiación
del conjunto de administraciones, y estaría bien que la hicieran
coincidir con la financiación autonómica para el período 2000-2006.
Por eso le pregunto: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
abordar la financiación de las corporaciones locales?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blanco.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias,
señora presidenta.
Señoría, en la forma de preguntarlo he notado un tono de alarma que
no se corresponde con la situación actual de la financiación de los
ayuntamientos. Como S.S. conoce mejor que nadie, tenemos un sistema
de financiación en vigor. Ese sistema de financiación local comenzó
en 1999 y rige hasta el año 2003, y además fue acordado con su grupo
parlamentario, con el Partido Socialista. Por tanto, lo que le pido
es que se desprenda
de ese tono alarmista y tenga una actitud positiva para lo que va a
ser la revisión del sistema en la segunda mitad de la legislatura,
tal como ha anunciado reiteradamente el Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, nada de alarmismo. Usted sabe bien que el conjunto de
corporaciones locales, incluidas las que presiden los alcaldes del
Partido Popular, está reclamando un nuevo marco de financiación de
las corporaciones que tienen que dar cobertura a nuevos servicios,
que es necesario abordarlo urgentemente y que fue un compromiso
electoral de su partido en el año 1995 -elecciones municipales-, en
el año 1996 -elecciones generales- y en el año 2000; por cierto, que
también abordaron en ese debate que iban a suprimir el impuesto sobre
actividades económicas. Tienen que dar respuesta al doble objetivo de
garantizar la financiación de las corporaciones locales que cubra los
servicios que tienen que prestar y, a su vez, abordar la eliminación
del impuesto sobre actividades económicas, que es un impuesto que ha
quedado obsoleto, que grava a autónomos y a pequeños comerciantes,
que se debe de eliminar y que no debe formar parte otra vez de la
promesa electoral de la candidatura del señor Rato para las próximas
elecciones. Ya lo han prometido ustedes en tres ocasiones: en 1995,
en 1996 y en 2000. Pues bien, ahora tienen que abordar la supresión
del impuesto sobre actividades económicas, sin mermar los recursos de
las corporaciones locales y -por cierto, señor Montoro- sin regalar
al conjunto de ciudadanos, como usted anuncia hoy a través de los
medios de comunicación, un nuevo impuesto. No nos regale con un nuevo
impuesto y aborde la financiación de las corporaciones locales.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blanco.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, no me he enterado de si S.S. está a favor o en contra de la
supresión del impuesto sobre actividades económicas. (Rumores.) Yo me
imagino que S.S. era miembro del Grupo Socialista que, hace muy pocos
meses, votó a favor de esa proposición no de ley, inspirada por
Convergència i Unió, para la supresión del impuesto sobre actividades
económicas. Esa supresión es muy positiva para miles y miles de
trabajadores, de autónomos, de pequeños comerciantes y de pequeños
empresarios en España.
El ardor con el que defiende S.S. el equilibrio financiero de los
ayuntamientos -que es compartido, por lo demás, por este Gobierno-
debería llevar también a S.S. a hacer propuestas positivas, y estoy
convencido de que en el futuro tendremos ocasión suficiente en esta
Cámara para llevar adelante esas propuestas y poder llegar a acuerdos
y a pactos sobre lo que debe ser la financiación estable y futura de
las corporaciones locales en España.
De todas formas, permítame S.S. que, sin ningún punto de ironía, le
recuerde que en la nueva etapa de su Grupo Socialista bajar los
impuestos es de izquierdas. Por tanto, siendo eso verdad, en primer
lugar, tengo que negarle que yo haya hecho ningún anuncio sobre un
nuevo impuesto para financiar las corporaciones locales. Puede tener
S.S. la tranquilidad de que ese anuncio no existe, ni por parte del
Gobierno ni de este miembro del Gobierno. Por lo demás, a lo que le
animo es a que colabore con el Gobierno en el futuro para definir
cuáles deben ser los principios, las premisas y las variables que
componen esa financiación estable de los ayuntamientos en España.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Montoro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA COSTA CAMPI, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO
DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿PIENSA
EL GOBIERNO REDUCIR LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA DE LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000243.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor vicepresidente
segundo del Gobierno.
En primer lugar, pregunta número 13, que formula la diputada doña
María Teresa Costa Campi.
La señora COSTA CAMPI: Señor vicepresidente, la economía española es
una de las más sensibles al encarecimiento del precio del crudo, y ya
les ha alertado sobre este problema la Comisión Europea hace dos
semanas. La rigidez de nuestra demanda de petróleo nos ha llevado a
ser los protagonistas del primer desequilibrio asimétrico que se ha
producido entre los países que configuramos la UEM, y usted debe
recordar que es el principal problema que puede padecer una unión
monetaria. Sus efectos, además de los ecológicos -que no entraremos
en ellos-, son: inflación creciente, déficit exterior, pérdida de
competitividad, atenuamiento del proceso de crecimiento económico y,
por tanto, un mayor alejamiento del objetivo de convergencia real con
Europa. Ante ello, ¿piensa el Gobierno tomar alguna decisión que
reduzca la dependencia energética?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta. Gracias, señora diputada.
Sí, ya lo ha hecho.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor vicepresidente.
Señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Señor ministro, usted no ha contestado la
pregunta, y además es consciente de que el Gobierno tiene la enorme
responsabilidad de haber desaprovechado la fase alcista del ciclo
económico para impulsar la adopción y la obtención de nuevas
tecnologías que modificaran la estructura, los equipos y los procesos
productivos, que en la economía española son muy intensivos en el
consumo de petróleo. Los españoles deben saber que es la pasividad
del Gobierno lo que provoca que el petróleo tenga un elevado peso en
nuestra economía. Como consecuencia de ese abandono, nuestras
necesidades de petróleo suponen el 9 por ciento del PIB, frente a
Alemania, que es un 4 por ciento, y Francia, que es un 5 por ciento.
Desventaja que usted sabe muy bien -datos de ayer- se acentúa en las
exportaciones.
Y, señor ministro, no caiga en la tentación de darnos una respuesta
fácil y autocomplaciente, además de querer reducir a la oposición al
papel de Casandra. Usted es un hombre culto y sabe que, si bien no le
hacían caso, tenía el poder de predecir lo que iba a pasar.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora
presidenta. Muchas gracias, señora diputada.
Comprendo que S.S. no quiera hablar de los efectos ecológicos, porque
con un líder que pide una bajada de los impuestos sobre la gasolina,
la posición ecológica de su grupo ha desaparecido. (Aplausos.- El
señor Blanco López: ¿Por qué no le contesta?) Por cierto, señor
Blanco, buenas tardes. Así que comprendo que S.S., que también es una
persona culta, quiera obviar un debate, que por cierto es muy
importante, como es el debate ecológico. Su señoría, que también es
una persona que sabe, seguramente cuando habla de la dependencia
energética francesa tendrá en cuenta la
política nuclear. Pero bueno, eso nos llevaría más lejos de una
pregunta de dos minutos y medio.
Respecto a lo que S.S. me pregunta, quisiera recordarle -y perdóneme
que se lo diga, porque no sé si S.S. era diputada en la pasada
legislatura, pero si no lo era, leería los periódicos- que en la
pasada legislatura el Gobierno aprobó la Ley del sector eléctrico con
la oposición de su grupo parlamentario, que supuso la finalización
del sistema monopolístico del sector eléctrico, que en estos momentos
tenemos una dependencia eléctrica del 14 por ciento y que es nuestra
intención reducirla, y para eso hemos acabado con el marco estable,
hemos aumentado la competencia en el sector, lo que lo hace más
eficiente, hemos puesto en marcha un plan, que finaliza en el año
2005, de la minería del carbón y del desarrollo alternativo de las
comarcas mineras y hemos puesto un incentivo importante a
instalaciones fotovoltaicas y a la red de baja tensión.
Pero, además, si S.S. era consciente en el mes de diciembre de lo que
ahora le preocupa, sería consciente de que, en el mes de diciembre,
el Gobierno anterior del mismo partido aprobó un plan de fomento de
las energías renovables, que debe permitir a nuestro país tener una
doble aportación de energías renovables a nuestras necesidades
energéticas.
Por cierto, S.S. debe ser consciente de que los datos de crecimiento
energético en nuestro país, como consecuencia de ese shock asimétrico
al que S.S. se refiere - que quiere decir que crecemos más que los
demás y creamos más empleo, esa es nuestra aportación asimétrica a la
Unión Europea-, el crecimiento del consumo eléctrico ha crecido,
entre 1996 y 1999, al 18 por ciento, en los cuatro años, lo cual
demuestra hasta qué punto estamos modernizando nuestro aparato
productivo.
Respecto a otras cuestiones, como puede ser nuestra dependencia del
petróleo, efectivamente tenemos una grave dependencia, aunque en este
momento los precios del petróleo en España crecen por debajo de la
media europea, lo cual nos debería indicar que algunas de las medidas
que ha tomado el Gobierno y que S.S. no quiere tener en cuenta
funcionan. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON RAIMON MARTÍNEZ FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO
PARAASUNTOS ECONÓMICOS YMINISTRO DE ECONOMÍA: ¿CREE EL SEÑOR
VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE EL AUMENTO DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL
CONSUMO (IPC) SE DEBE A LA SUBIDA DE LOS PRECIOS TURÍSTICOS Y
HOTELEROS? (Número de expediente 180/000244.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 14, que formula el diputado don
Raimon Martínez Fraile.
El señor MARTÍNEZ FRAILE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente del Gobierno, ¿cree usted que el aumento del
índice de precios al consumo se debe al aumento de los precios
turísticos y hoteleros?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidente, gracias, señor diputado.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en julio y en
agosto, sí.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ FRAILE: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, hace un año usted nos sorprendió, en agosto, a todo el
sector turístico al echarle la culpa de los males de la economía
española -si no lo recuerda mire las hemerotecas-. Me permití el lujo
de llamarle a usted intervencionista y stalinista en aquella ocasión.
(Risas.- El señor vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos
Económicos y ministro de Economía, De Rato y Figaredo, pronuncia
palabras que no se perciben.) Sin embargo, el año 1999 fue el mejor
año turístico que ha tenido nunca este país. Hace quince días el
señor Costa que ahora, según parece, es secretario de Estado de
Turismo, nos volvió a sorprender con la noticia de que el año 2000
había sido un mal año turístico y también que el sector turístico era
el culpable de la inflación en este país. ¿Se han parado a comparar
el aumento de la inflación turística en España y en la Unión Europea
en los últimos meses? Tienen ustedes tendencias muy intervencionistas
porque eso del libre mercado lo predican, pero no se lo creen. Son
tan ineficaces en su acción económica que al primer sector industrial
del país, el turismo, lo tratan de la siguiente manera: rebajan las
inversiones en promoción y lo critican cuando crea más riqueza.
Porque usted, señor Rato, debe saber que menos turistas no quiere
decir menos ingresos. ¿Por qué no esperan a tener los resultados de
la balanza de pagos antes de criticar? ¿Pedirá usted perdón al sector
turístico cuando vuelva a demostrar que a pesar del abandono en que
lo tiene el Gobierno continúa siendo el que crea más puestos de
trabajo y genera más riqueza de todos los sectores productivos o como
el año pasado se va a olvidar de este sector que es el más dinámico
de la economía española?
Señor Rato, hace muchos años que el sector turístico está apostando
por la calidad y no por la cantidad y si no, pregúntele al señor
Gamero que está sentado por aquí y así aprenderá usted un poco sobre
la industria turística.
Permítame un pequeño ejemplo sobre su ineficacia. Si consulta usted
la página web de Turespaña descubrirá que en la oferta turística
musical de Madrid no existe el Teatro Real y que en la oferta
turística de Barcelona no existe el Liceo. Dedíquese usted a la
economía real, señor Rato y no a la economía virtual de las
entelequias del señor Aznar de España va bien. La industria turística
va bien, a pesar de ustedes. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Fraile.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta. Gracias, señor diputado.
Señor Martínez, en cuanto a la importancia del sector turístico,
subrayo y aplaudo todo lo que S.S. ha dicho. En cambio, no me parece
justo que diga que no hacemos nada por el sector turístico porque
este es el único Gobierno que ha bajado impuestos que afectan a las
pequeñas y medianas empresas, todas las veces con los votos en contra
de su grupo. Este Gobierno y el grupo parlamentario que lo sostiene
han permitido que España entre en el euro y con eso haya una bajada
de tipos de interés que ha beneficiado -con ustedes no hubiera
entrado nunca- al sector turístico, que está lleno de pequeñas y
medianas empresas (una cosa es que S.S. haya tenido y tenga
conexiones con el sector turístico muy respetables y otra cosa es que
se olvide de los datos sobre los precios). Durante el mandato de este
Gobierno el turismo de España ha aumentado en doce millones de
personas. Su señoría seguramente considerará que eso no tiene
demasiada importancia, pero habida cuenta de que nos hemos convertido
en la segunda potencia turística mundial, la tiene y mucho. El
Gobierno reconoce el nivel de calidad turística, pero lo que no puede
hacer el Gobierno y si S.S. lo quiere hacer allá S.S., es negar la
evidencia.
El IPC general de España ha crecido en julio seis décimas, de las
cuales la rúbrica que se refiere a turismo supone la mitad, 0,3. En
el mes de agosto ha crecido cuatro décimas, de las cuales la rúbrica
turismo supone 1,7, lo cual quiere decir que de diez décimas que ha
subido el IPC general en dos meses de verano, el turismo
prácticamente explica cinco décimas y lo que el Gobierno le está
diciendo al sector turístico español al mismo tiempo que promueve
campañas -y acepto las críticas de S.S. sobre la página Web que me
acaba de decir- en colaboración con todas las autonomías y los
ayuntamientos y pone en marcha un Plan integral de calidad turística,
es que los precios pueden
perjudicar no solo al IPC general, sino a la demanda turística con un
crecimiento que ya no se mantenga en estos ritmos en el futuro.
Negar la evidencia no es la manera de solucionar los problemas y si
S.S. ha decidido venir a esta Cámara a defender exclusivamente un
sector, ésa es decisión de su grupo parlamentario, pero nosotros
defendemos los intereses generales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.
- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO
PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿QUÉ REQUISITOS DEBE
REUNIR A JUICIO DEL GOBIERNO LA DIRECCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL
DELMERCADO DE VALORES? (Número de expediente 180/000245.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 15, que formula el diputado don
Ángel Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Gracias, señora presidenta.
Señor Rato, no sé si hoy o mañana acaban su mandato los señores
Fernández-Armesto y Ramallo como dirigentes de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, y parece que no van a repetir en el cargo
porque ya se han despedido, por lo menos su presidente. Lo más
probable, señor Rato, es que usted lleve al Consejo de Ministros el
viernes la sustitución y el nombramiento de estos dos altos cargos, y
nos lo dirá posiblemente ahora.
Le quiero preguntar: ¿Cuáles son los requisitos que cree el Gobierno
que deben reunir los altos dirigentes de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta. Gracias, señor diputado.
Los que marca la ley.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Estoy seguro de que lo va a hacer así,
pero me gustaría que lo hubiese
dicho también hace unos años; y no me hable de lo que hicimos hace
doce años porque, como ya le conozco, sé que utilizará este turno
para decir ciertas cosas que yo no le podré rebatir. Eso es agua
pasada, eran otros momentos y se daban otras circunstancias; además,
yo recuerdo lo que ustedes dijeron y lo que dijo al respecto la
señora presidenta del Parlamento cuando tuvo ocasión.
Estamos hablando de otros momentos y de otras circunstancias, del
futuro; las cosas no pueden ser igual que hasta ahora, señor Rato. La
Comisión Nacional del Mercado de Valores, tristemente, ha vivido
momentos muy difíciles porque ha habido demasiadas injerencias
y demasiadas circunstancias -sobre todo en la última época- que la han
hecho perder credibilidad. Los medios de comunicación de estos
últimos meses nos han dado un espectáculo absolutamente deprimente:
Ramallo se responsabiliza de la apertura del caso Villalonga; Rato
insta a la Comisión Nacional que vele por la transparencia; la CNMV
abre una investigación interna, etcétera, etcétera.
Todo esto tiene que ver con una excesiva politización y una posible
injerencia en determinados nombramientos de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Es un órgano importantísimo, usted lo sabe y mi
grupo parlamentario también. Se aproximan momentos difíciles de
concentración y de apertura de nuevos mercados, momentos
verdaderamente importantes. Creemos que hay que consensuar estos
nombramientos, que hay que informar al Parlamento y llegar a un
acuerdo. No puede ser que esto sea la salida de determinados altos
cargos o de los miembros de la fundación FAES. Si fuera éste el orden
lógico, ya sabríamos quién sería el presidente: el señor Blesa o el
señor Pizarro. Esto hay que discutirlo; no puede ser que se proceda a
estos nombramientos como ustedes lo han hecho. Consensúenlo; busquen
un acuerdo e informen al Parlamento. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta, gracias, señor diputado.
El señor diputado puede hacer las críticas políticas que quiera, pero
no trate de meterse con instituciones que no están en el debate
político.
Por primera vez en la historia de España, una empresa de accionistas
norteamericanos está dispuesta a aceptar que le den acciones de
compañías españolas a cambio de sus acciones norteamericanas. (Un
señor diputado: ¿Y qué?) ¿Cómo que y qué? Esto quiere decir que la
credibilidad de la transparencia del mercado de valores de nuestro
país es equiparable a la del más importante del mundo, y eso no es
así gracias a ningún Gobierno. Es
más, la Comisión Nacional del Mercado de Valores la crearon ustedes;
la primera liberalización del mercado de valores la hicieron ustedes.
Tienen que sentirse satisfechos. Tenemos un grado de credibilidad en
la transparencia de nuestro mercado de capitales que permite que
ahorradores norteamericanos que tienen acciones de una compañía
norteamericana estén dispuestos a cambiarlas por acciones que se
intercambian en nuestro país. ¡Por favor, no hay que llevar el debate
político a esos extremos! Si no les gusta la Comisión Nacional del
Mercado de Valores simplemente porque el que gobierna y tiene mayoría
absoluta es el Partido Popular, tienen ustedes un problema
democrático muy serio.
En segundo lugar, señoría, no sé cuál va a ser el criterio de su
grupo cuando tenga responsabilidades; desde luego, si su criterio es
partir de la base de que una persona que haya tenido
responsabilidades en un Gobierno democrático de España está
incapacitada para dirigir cualquier institución, debátanlo entre
ustedes. Nosotros no tenemos ningún empacho porque el Defensor del
Pueblo haya sido ministro de gobiernos socialistas anteriores. Nunca
hemos tenido ningún inconveniente en que haya habido ministros o
secretarios de Estado que hayan ocupado cargos ya sea en Defensa de
la Competencia ya sea en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
¿Quieren ustedes empezar una nueva cruzada interna para decirles a
sus antiguos compañeros ministros, algunos de los cuales se sientan
aquí, que consideran que el que hayan sido ministros de un Gobierno
democrático les incapacita para ser imparciales? ¡Allá ustedes!
Ustedes sabrán lo que tienen; pero yo, desde luego, no voy a seguir
esa línea.
Lo que le puedo decir en este momento es que tenemos una Comisión con
órganos transparentes; que, durante el mandato de las dos personas
que usted ha mencionado, se han promovido en España códigos de
conducta que nos equiparan con los más importantes países del mundo;
que tenemos un nivel de transparencia extraordinario; que crisis que
se han planteado en compañías muy importantes se han resuelto de
manera absolutamente transparente, con la presencia de los consejeros
de órganos institucionales, con votos unánimes y siguiendo los
criterios de los técnicos.
Si ustedes no pueden criticar de otro modo al Gobierno más que yendo
contra las instituciones, realmente es lamentable. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA CAMARERO BENÍTEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ
VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA CAMPAÑA TURÍSTICA DEL VERANO?
(Número de expediente 180/000253.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 22, que formula la diputada
doña Susana Camarero Benítez.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor vicepresidente, en primer lugar me
gustaría destacar la importancia que el sector turístico tiene en el
conjunto de la economía española mejorando cada año, como usted decía
en su comparecencia ante la Comisión de Economía, su aportación a la
balanza de pagos en porcentaje del producto interior bruto.
Sabemos que España es la segunda industria turística del mundo y que
la consolidación de España como líder mundial del sector turístico
pasa por la clara apuesta por la calidad y el desarrollo sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
El pasado año 1999 supuso una cifra récord en negocio turístico y en
número de turistas, llegando al 10 por ciento su tasa de crecimiento.
Esto significa que el turismo va adquiriendo un peso cada vez mayor
en el conjunto de la actividad económica española, dado que el
producto interior bruto en su conjunto creció en 1999 al 4 por
ciento.
Sin duda la estabilidad política y económica, los planes de
excelencia turística, la puesta en marcha de convenios entre
administraciones públicas para orientar la actividad hacia el turismo
sostenible, el buen funcionamiento del observatorio turístico en la
pasada legislatura junto con el buen funcionamiento de las mesas
sectoriales y sobre todo la puesta en marcha del plan de calidad
contribuyeron a este crecimiento.
Sabemos que hay comunidades, como la valenciana de donde vengo, donde
el turismo atraviesa una fase expansiva y alcanzó este verano máximos
históricos en número de ocupaciones hoteleras, pero también es
cierto, señor vicepresidente, que hay signos de saturación en el
turismo tradicional de sol y playa en los meses centrales del verano
y que es difícil seguir fiando el crecimiento turístico a lo que
ocurra en estos meses, puesto que un crecimiento excesivo en estas
fechas pondría en peligro la estabilidad de precios y la
correspondiente saturación podría llevar a una pérdida de imagen tan
necesaria en este sector.
Por todo ello al Grupo Parlamentario Popular le parece pertinente la
siguiente pregunta: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la campaña
turística del verano?
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Camarero.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta, gracias, señora diputada.
Efectivamente, como se ha puesto de manifiesto a lo largo del debate
ya esta tarde, el sector turístico representa el principal sector
español desde el punto de vista
de su importancia en la economía, y desde luego además es el único
sector de la economía española que se sitúa a niveles mundiales como
la segunda industria turística del mundo, equiparable sólo a la
industria francesa y por delante de la industria italiana. En ese
sentido, la valoración que puede hacer el Gobierno del sector
turístico español no puede ser más favorable en términos de su
competitividad y de su contribución al crecimiento y al empleo,
porque es un sector extraordinariamente intenso desde el punto de
vista de la mano de obra.
Hemos de ser conscientes de que entre los años 1996 y 1999 visitaron
España doce millones más de personas de las que lo hacían en
ejercicios anteriores y que todavía en el año 2000, con crecimientos
tan importantes sobre los que basar las estadísticas, el turismo está
creciendo en aproximadamente medio millón de personas más a fecha de
agosto, lo que supone un crecimiento de medio millón de personas más
sobre el año 1999 y tres millones de personas más sobre el año 1998.
Lo que sí es cierto, como muy bien ha dicho S.S., es que se aprecian
ciertas tendencias que por un lado nos deben llamar la atención desde
el punto de vista de la relación precio-calidad, como he puesto de
manifiesto anteriormente, y otras tendencias en las que tenemos que
profundizar. La primera de ellas es el aumento de la calidad, y el
Plan integral de calidad turística aprobado por el Gobierno la pasada
legislatura con el acuerdo de todas las comunidades autónomas es un
camino que tenemos que recorrer. La segunda es un crecimiento más
intenso en los meses considerados como temporada media o baja, lo
cual creo que es positivo en la dirección que manifestaba S.S., y el
crecimiento también de los destinos turísticos de interior y de
ciudad. En ese sentido me parece relevante, por ejemplo, registrar
que hay comunidades autónomas como Extremadura, como las dos
Castillas o como una parte importante de la cornisa cantábrica como
es el caso de Asturias, Galicia o Cantabria, que han tenido
incrementos superiores al 10 por ciento en turismo.
Por todo ello, tenemos que hacer una valoración positiva, pero
también hemos de tener en cuenta que algunas de las circunstancias
internacionales que nos beneficiaron en los últimos años están
desapareciendo, por suerte para los países afectados. Así vemos
crecimientos superiores al cien por cien en turismo europeo en
Turquía, al 50 por ciento en Egipto y la aparición ya de un nuevo
mercado turístico en Croacia, aunque no en los niveles que tenía
antes del conflicto de Yugoslavia. Eso debe llevarnos a incentivar
los procesos de calidad y la referencia precio-calidad. En ese
sentido el Gobierno ya ha expresado su opinión.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente del
Gobierno.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
ACTUACIONES TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA FAVORECER EL
ACCESO DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS A NUEVOS MERCADOS? (Número de
expediente 180/000254.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 23, que formula la diputada
doña María Fátima Báñez García.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, señorías, la liberalización del comercio está
evolucionando de forma que en todo el mundo se está produciendo una
reducción de barreras de entrada. La globalización ha permitido un
fortalecimiento de la conexión económica de España con los demás
países europeos y los Estados latinoamericanos. Esto supone una de
las mayores oportunidades de crecimiento de empleo y de riqueza para
la economía española. Estamos asistiendo a un cambio estructural en
nuestro país. Antes importábamos y recibíamos inversiones de las
empresas extranjeras de forma mayoritaria y hoy, sin embargo,
exportamos y nuestras compañías compiten de tú a tú con las
principales multinacionales. Así, según los últimos datos, las
inversiones exteriores en España crecieron durante el pasado año un
88 por ciento, mientras que las de nuestro país en el exterior
aumentaron un 176 por ciento. Y la evolución de la cuota de mercado
mundial de exportaciones españolas ha crecido de forma notable desde
1995 hasta la fecha, pasando de 1,78 por ciento al 2 por ciento
actual. A esto tenemos que añadir el dato de que España es hoy el
segundo país inversor en América Latina. En esta evolución, señorías,
han tenido un papel fundamental las políticas de internacionalización
de la empresa que se pusieron en marcha en la pasada legislatura por
el Gobierno.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que se tiene que
seguir avanzando en esta línea y, por ello, le formulo la siguiente
pregunta: ¿Qué actuaciones tiene previsto adoptar el Gobierno para
favorecer el acceso de las empresas españolas a nuevos mercados?
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Báñez.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta. Gracias, señora diputada.
Efectivamente, en la apertura de nuestra economía a nuevos mercados
radica uno de nuestros desafíos más
importantes de los próximos años. Es verdad que se han producido
cambios muy sustanciales en la presencia de España en el mundo desde
el punto de vista inversor. Hoy se publica una estadística de la ONU
que nos sitúa como el sexto inversor mundial. Somos, como muy bien ha
recordado S.S., el segundo inversor en América Latina y en algunos
años, como en 1999, el primero. En algunos países como en México en
este primer semestre nos encontramos a niveles de inversión similares
a los Estados Unidos. Por tanto, España ha cambiado su papel
económico desde el punto de vista de la presencia de nuestras
empresas en el mundo.
De lo que sí tenemos que ser conscientes es de que tenemos una
concentración de nuestras exportaciones extraordinariamente poderosa
en la Unión Europea, con más de un 70 por ciento, lo cual nos obliga
a plantearnos, en una economía de mercados globalizados, estrategias
de diversificación territorial muy importantes. Creemos sinceramente
que se deben contemplar los nuevos países europeos con el plan de
ampliación que el Gobierno aprobó en mayo de 1999, que está llevando
a cabo misiones cada vez más importantes en los países que van a
formar parte de la Unión Europea en muy poco tiempo. Entendemos que
es perfectamente alcanzable un objetivo de un 2,5 por ciento de
nuestro comercio exterior con esa zona en el año 2004, pero nuestros
grandes desafíos se centran en América Latina y en Asia, donde
nuestra presencia es muy limitada.
Hemos de ser conscientes de que, por ejemplo, nuestra exportación a
Portugal es superior a nuestra exportación a toda América Latina, y
ahí podemos darnos cuenta del largo camino que tenemos que recorrer y
que nuestra presencia en Asia no es superior a una cuota de mercado
que ni siquiera llega a un punto. En ese sentido el plan Asia que el
Gobierno está estudiando y que será presentado a la opinión pública
en muy breves fechas por el ministro de Asuntos Exteriores y por mí,
será un desafío importante de la administración comercial española,
donde habrá que, por un lado, reforzar la imagen de nuestro país y,
por otro, poner en marcha instrumentos que profundicen las políticas
de comercialización y las de formación, que juegan un papel
determinante en estas cuestiones de comercio internacional.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.
INTERPELACIONES URGENTES
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL OBJETIVO DE INFLACIÓN
PARA EL AÑO 2001. (Número de expediente 172/000036.)
La señora PRESIDENTA: Punto VI del orden del día: Interpelaciones
urgentes. En primer lugar, interpelación
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el objetivo de
inflación para el año 2001.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Señora presidenta, señorías, en el pasado mes
de mayo mi grupo parlamentario presentó una interpelación porque en
ese momento nos causaba preocupación conocer que los datos del IPC
armonizado de abril habían llegado ya al 3 por ciento. Hemos conocido
que los últimos datos del mes de agosto han llegado al 3,6 por ciento
en el IPC armonizado y, por lo tanto, hemos llegado a la conclusión
de que hoy estamos peor. Aesto se debe la interpelación que
presentamos. Hoy estamos peor y las consecuencias las pagan los
asalariados en términos de pérdida de poder adquisitivo. Esto es así
para todos los asalariados y, particularmente, para aquellos de
menores aumentos salariales, como funcionarios y poco cualificados.
Lo fue en 1999 y se ha acentuado en el 2000, en un momento en que la
subida de los costes de la hipoteca está encareciendo la financiación
de la compra de vivienda y en esto, señor vicepresidente, ustedes
tienen exactamente la misma responsabilidad cuanto mérito reclamaban
en la fase descendente de tipo de interés.
Ciertamente, el aumento de la inflación es un hecho general en la
Unión Europea. De esta tendencia en los últimos meses sólo se ha
escapado Dinamarca. Pero en los detalles está el diablo y cuando
observamos la evolución del diferencial de inflación vemos que en
abril estábamos a una diferencia de 1,3 puntos porcentuales y en
agosto hemos llegado a 1,6, por cierto con grandes aumentos del
índice de precios al consumo de turismo en los países de la Unión
Europea. De ahí una segunda consecuencia, y es la incipiente pérdida
de competitividad de nuestras empresas exportadoras a la Unión
Europea, exportación que representa en torno al 70 por ciento de
nuestro comercio exterior. En España, por tanto, señorías, el aumento
de la inflación no se deriva sólo del aumento de los precios del
petróleo, porque saben que tenemos la otra inflación, la llamada
subyacente, la inflación sin energía ni alimentos elaborados, señor
vicepresidente, la inflación sin excusas. Y la inflación sin excusas
en los últimos cuatro meses ha aumentado medio punto porcentual.
¿Cómo es posible que hace tres años, en agosto de 1997, nuestro IPC
fuera una décima inferior al de la Unión Europea y tres años después
nuestro IPC armonizado sea 1,6 puntos superior? ¿Qué ha pasado en la
política española para explicar esa divergencia creciente? Yo voy a
apuntar tres aspectos que me parecen preocupantes de la política
española reciente: en primer lugar, la débil contribución al aumento
de la productividad del sector privado. En segundo lugar, la débil
contribución de la políticaespañola a la flexibilidad de los mercados
de productos
y, en tercer lugar, la fuerte contribución de la política española,
vía fiscal, al aumento de la demanda interna.
Los datos sobre productividad son claros y son conocidos. Entre 1995
-sí, 1995- y 1999 nuestra tasa anual de productividad ha crecido poco
más de medio punto porcentual, de forma que en 1996 estábamos al 80
por ciento de la Unión en índice de productividad y en 1999 estábamos
al 77 por ciento. Se lo recordó hace pocas semanas mi compañera Maite
Costa. Ustedes han tenido una política de inversión en
infraestructuras que ha sido un acompañamiento al ajuste del déficit,
han recortado la inversión en términos del PIB y, además de
recortarla, han tenido un deficiente grado de realización de las
inversiones propuestas. Además, ustedes han contribuido poco al
desarrollo del capital tecnológico y a la formación de capital
humano. Hoy en España la inversión en investigación técnica y
aplicada está por debajo todavía del 40 por ciento de la media de la
Unión Europea y, señor Rato, nuestro potencial económico permitiría
más. Por tanto, ahora la debilidad de las políticas de impulso a la
productividad desde el sector público pasan factura y nuestro sector
productivo no puede absorber los costes sin trasladarlo al precio.
El segundo factor que me parece que ha contribuido a nuestro aumento
diferencial de inflación ha sido su escasa política de liberalización
en términos de introducción de la competencia. Creo que ustedes han
sido demasiado suaves en materia de regulación para el acceso de
nuevos competidores, sobre todo en servicios de red, de forma que las
compañías instaladas han podido controlar la competencia, y creo
también que han usado la regulación para ayudar a las grandes
compañías -a los grandes grupos industriales privatizados-
a financiar su expansión internacional. De ahí, señor Rato, que
estaremos a la cola en la liberalización de la telefonía local. El 1
de enero tendremos liberalizado el bucle local. Nos habrán precedido
Dinamarca, Austria, Alemania, Italia, Suecia, Holanda y Reino Unido
está en ello. ¿Quizás por esto nuestros precios de comunicación en
1997, 1998, 1999 y hasta agosto del año 2000 han tenido una evolución
peor que la del resto de los países de la Unión Europea? Nuestro IPC
en comunicación, cuando era positivo y cuando era negativo, ha sido
superior a la media de la Unión Europea.
En el sector eléctrico, sinceramente, creo que también ha habido una
cierta suavidad en materia de liberalización. ¡Qué diferencia con
Alemania donde, de un plumazo, liberalizaron la elección de
suministrador! ¿Puede esto tener algo que ver con el hecho de que
nuestros precios de electricidad antes de impuestos para consumidores
domésticos y pymes sean los segundos de la Unión, sólo después de
Portugal? (El señor Caldera Sánchez-Capitán: ¡Muy bien!) Gracias.
Ahora, señoría, la debilidad en el impuesto de la competencia también
nos pasa factura e impide que la demanda interna no se traslade a
precios frenando
beneficios extraordinarios. En tercer lugar ustedes han contribuido
muy bien a la aceleración de la demanda interna -en un momento de
fase expansiva del ciclo la han acentuado con su política fiscal-, de
forma que la tasa de ahorro de las familias en 1999 en España es la
más baja de la década de los noventa. Si ustedes calientan la
demanda, no contribuyen al aumento de la productividad y no
contribuyen a la competencia en los mercados, por lo que mal va a
absorber nuestro sector productivo estos cambios sin trasladar a
precios.
Señor vicepresidente, los errores de ayer son los problemas de hoy:
los problemas de asalariados, de aquellos que no pueden defenderse de
aumentos imprevistos de inflación, los incipientes problemas de
competitividad de nuestras empresas exportadoras que se dirigen
especialmente a la Unión Europea. Por eso nos gustaría saber en qué
se fundamenta su previsión de inflación para el año 2001. Necesita
convencernos porque, de momento, es difícil que le creamos. La
previsión de inflación para 1999 fue del 1,8 por ciento y acabó en el
2,9 por ciento, por lo que se desvió el 60 por ciento; la previsión
de inflación para el 2000 era del 2 por ciento, ¿acabará en? Se
desviará mucho. Por cierto, señor ministro, ¿qué previsión tienen
ustedes de inflación para el año 2000? Porque sabemos todos que va a
subir más del 2 por ciento, para eso no hace falta ningún aparato
estadístico. Muy complicado. Es más, hay algunas instituciones de
diferentes tipos que se atreven a dar predicciones, como la OCDE,
bancarias como la Asociación Española de Banca o la Caixa de
Cataluña, universitarias, ésas que le gustan a usted tanto, como el
laboratorio de prospectiva de la Universidad Carlos III o de la
Universidad Complutense, y todas coinciden en situar nuestra
inflación prevista a finales del año 2000 por encima del 3 por
ciento, cerca del 3,5 por ciento. Pero ustedes no nos dan su
previsión. Yo me he encontrado con una sorpresa. He intentado ver en
el boletín mensual de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera cuál era la inflación prevista para el año 2000. Yo sabía
que a finales de julio, en el boletín que publica en agosto, la
inflación prevista era del 2 por ciento. Luego he cogido el último
número, el 74, de septiembre, y me he encontrado en la celda de
inflación prevista para el año 2000 dos guiones, es decir, nada.
Señor ministro, en previsión de inflación vamos como los cangrejos,
marcha atrás.
Si no quieren darnos la previsión de inflación para el año 2000,
¿cómo espera que creamos su previsión de inflación para el año 2001?
En cualquier caso, señor vicepresidente, ¿en qué fundamentan su
previsión de inflación para el año 2001?
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora
presidenta.
Señor Bel i Queralt, plantea usted el tema más importante del debate
sobre la economía española y, por ello, voy a hacer algunas
precisiones sobre los datos, para que S.S. y, sobre todo, la Cámara
no sean llevados a error.
El diferencial de inflación con la Unión Europea en el mes de agosto,
según el índice armonizado del Instituto Nacional de Estadística, es
el 1,3 y no el 1,6. Ahí hay un dato que S.S. debe tener en cuenta:
que no estamos aumentando nuestro diferencial de inflación, lo cual
es importante para una parte de lo que preocupa a S.S. y le preocupa
con razón.
En segundo lugar, cuando S.S. habla de que nuestros sectores
liberalizados no se han movido con mayor eficiencia, debería tener en
cuenta los datos de Eurostat y comprobaría cómo en la rúbrica de
comunicaciones nuestra inflación es inferior, incluso en el mes de
agosto, en el que hay un reequilibrio tarifario del bucle local, a la
media europea, lo cual vendría a decir que la política de
telecomunicaciones, que el Gobierno comenzó en el año 1998, porque
hasta ese año España tenía un monopolio -ese es un hecho que yo no
juzgo políticamente- que, además, había sido negociado que durara
hasta el 2002, como gran éxito. Los conversos ya se sabe que son
siempre más fervorosos, pero, en cualquier caso, en 1998 teníamos un
monopolio. Y si S.S. comprueba que, en España, en estos momentos, la
aportación del sector de las telecomunicaciones al IPC es menor que
la aportación que hace la media europea, podrá decirme que no le
gusta el proceso de liberalización, pero no que no es más eficiente
que el de nuestros competidores.
La Comisión Europea ha indicado que nosotros, pese a haber sido un
país que tradicionalmente tenía unos precios eléctricos que crecían
por encima de la media, desde hace tres años tenemos unos precios
eléctricos que crecen por debajo de la media. En ese sentido, S.S.,
que hace bien en poner el acento sobre el debate de la inflación,
hace mal en basarlo en argumentos que no se corresponden con la
realidad. El debate existe y hay que plantearlo, pero en términos, no
diré más rigurosos, pero sí más complejos.
Su señoría me dice que hemos perdido competitividad, productividad
aparente. Tiene toda la razón, pero debe saber que, para un país que
tenía una tasa de paro del 23 por ciento, la única manera de mantener
una productividad aparente era no crear empleo. España va a tener un
problema de productividad aparente, es decir, estadística, como
consecuencia de que está en un proceso muy intenso de reducción del
paro, pero creo que ningún grupo parlamentario puede pensar realmente
que debemos renunciar a ese proceso como consecuencia de una
estadística, que, por otra parte, no se manifiesta
en otros datos. Sinceramente, creo que su grupo parlamentario
no debe preocuparse por la productividad aparente, ya que eso no se
manifiesta en nuestra cuota de comercio internacional, como acaba de
ponerse de relieve, ni siquiera en el crecimiento de nuestras
exportaciones a la Unión Europea, que están creciendo al 16 por
ciento. Si estamos creciendo al 16 por ciento en nuestras
exportaciones a la Unión Europea en un momento en que nuestro
diferencial de inflación no baja, no podrá decir S.S. que nuestras
empresas no son competitivas. Hoy mismo, S.S. tiene un dato de
Eurostat, según el cual los precios industriales crecen en España lo
mismo que en el resto de la Unión Europea; por lo tanto, se está
demostrando que nuestras empresas industriales, las de los bienes
comercializables industriales, que probablemente son las que
simbolizan mejor nuestra competitividad, no están siendo dificultadas
por esos diferenciales de inflación, lo cual no quiere decir -y se lo
digo sin ni siquiera punto, con coma- que nuestro diferencial de
inflación no sea en este momento un asunto que debe preocuparnos;
todo lo contrario, se trata de un asunto en el que la crítica al
Gobierno debe producirse, y el Gobierno la asume.
La segunda cuestión que plantea S.S. es cuál es la previsión del
Gobierno para final de año. Yo podría hacerle dos preguntas y S.S. me
diría: Contéstemelas usted. ¿Cuál es el objetivo de valoración del
euro y cuál es el objetivo de valoración del petróleo que S.S. tiene?
Su señoría no tiene por qué tenerlo, estoy de acuerdo, pero
reconocerá usted que el Gobierno tiene que ser cuidadoso con la
creación de expectativas. Nosotros tenemos que trabajar con un
objetivo de inflación en el presupuesto que sea compatible con la
política monetaria del Banco Central Europeo. Sería un error
histórico que nosotros aceptásemos que vamos a diseñar una política
presupuestaria con objetivos de inflación distintos de los que va a
tener el Banco Central Europeo en la política monetaria. Y S.S. lo
entiende. Porque si nosotros aceptásemos eso, estaríamos -y es un
segundo argumento que le quiero dar porque estamos en un momento de
un choque de oferta considerable- impulsando al alza nuestro
presupuesto, porque el objetivo de inflación del presupuesto,
señoría, no sólo es un debate nominal, es un debate que afecta a la
previsión de ingresos, es un debate que afecta a las cotizaciones
sociales. Y si nosotros aceptáramos en este momento que no nos
adaptamos a la política monetaria del Banco Central Europeo,
estaríamos impulsando nuestro gasto público al alza, con un riesgo
muy serio para los que a mí me parece que siguen siendo los dos
objetivos primordiales de la política económica española, que son la
convergencia real y la creación de empleo. Es verdad que esos
objetivos no vienen del cielo y que cuestiones como el déficit
público, la competitividad, la liberalización, la formación, el I+D,
todo eso forma parte del proceso. Lo que no podemos hacer es poner en
riesgoesos dos objetivos. Y yo quisiera recordar a la Cámara
que llevamos más de un año de crisis del petróleo y que en el año
1999, cuando comienza la crisis del petróleo en el mes de febrero,
hemos crecido, según el Instituto Nacional de Estadística, al 4 por
ciento, y en el año 2000, según el Instituto Nacional de Estadística,
llevamos creciendo en el primer trimestre al 4,2, y su señoría me
encontrará muchas crisis del petróleo en que la economía española
crecía al 4 por ciento. Pero, además, para molestar a los que creen
que la productividad aparente es esencial, en esos dos años la
economía española, no el Gobierno, habrá creado 1.200.000 empleos,
que, como S.S. comprenderá, por lo menos para esas personas no está
mal. Además, eso tiene incidencia en otras muchas rúbricas que S.S.
conoce igual de bien que yo. Por lo tanto, el Gobierno no tiene más
objetivo de inflación que el que va a fijar la política monetaria, y
todo lo demás sería una locura.
Independientemente de otros factores en los que S.S. tiene una base
de razón, estamos ante un choque de oferta muy importante, y el error
histórico que cometería este Gobierno en segundo lugar, si siguiera
el razonamiento de S.S., sería introducir un choque de oferta en
nuestras previsiones de inflación para siempre. Ese fue el error que
cometieron los gobiernos en los años setenta, o sea que no estoy
refiriéndome a nadie en este momento que haya tenido
responsabilidades políticas próximas, pero nosotros no podemos
aceptar ese principio. Por eso es un error pretender reducir los
impuestos sobre la energía en el momento en que precisamente estamos
aumentando nuestra transferencia de renta a los países productores, y
ese error España no debe cometerlo en ningún caso. Es verdad que un
gobierno tiene que tener políticas alternativas, y lo importante de
una política económica (por suerte este país ha salido de la política
del ajuste permanente en la que hemos vivido durante mucho tiempo,
cuando lo único que se informaba desde los órganos más competentes
era que el país tenía que estar perpetuamente en ajuste, si crecía
mucho, porque tenía inflación y si crecía poco, también, porque tenía
déficit público) es que sea suficientemente amplia. Es cierto que en
estos momentos nosotros no podemos reducir los impuestos sobre la
energía por política energética, por no hablar de la política
medioambiental, que al parecer su grupo parlamentario ha dejado en el
baúl de los recuerdos.
Tenemos otros instrumentos, por suerte, para hacer que los colectivos
más débiles que puedan sufrir consecuencias, en este caso, de los
precios del petróleo o de la desviación de inflación no pierdan su
situación. No olvide el señor diputado que ha sido precisamente esta
mayoría parlamentaria la que ha permitido que las pensiones estén
garantizadas por ley. Pero para que las pensiones estén garantizadas
por ley hay que tener superávit presupuestario y hay que tener fondo
de reserva en la Seguridad Social. No es tan fácil decir: Ahora todos
somos partidarios de bajar los impuestos. ¡Hombre, claro! Pero el
problema es saber bajarlos.
Aquellos que no reduzcan el déficit público nunca van a bajar los
impuestos, y por tanto es mejor que no nos cuenten cuentos chinos,
porque por ese camino no se va a ningún sitio. ¿Cuáles son los
problemas de inflación que tiene la economía española,
independientemente del problema de los precios del petróleo, que
incide en aproximadamente un tercio, para nosotros y para todos los
demás? No ha cambiado la circunstancia desde la última vez que
debatimos que en España la inflación no es tanto un problema absoluto
como un problema de diferencial. Esto es importante porque en este
momento tenemos la misma inflación que Estados Unidos. Por lo tanto,
tenemos un problema de diferencial que no se ha agravado. También
tendría razón S.S. si me dijera que tampoco ha mejorado y no es
mantenible. En eso le daría la razón. Pero no se la puedo dar en que
se ha agravado porque por suerte no ha sido así. A uno se le podrá
criticar por lo que pasa, pero por lo que no pasa me parece un poco
excesivo.
Si S.S. sigue detenidamente los datos del Instituto Nacional de
Estadística comprobará que, además del tema energético, nuestro
problema está relacionado con los alimentos no elaborados, es decir
con el índice más volátil. Me dice S.S. por qué en 1997 teníamos una
inflación tan baja. Probablemente no por la liberalización. ¿Por qué
tuvimos en 1998 la inflación más baja de nuestra reciente historia?
Como consecuencia de la contribución de los alimentos no elaborados y
del aceite, por lo tanto de la climatología, y como consecuencia de
los precios del petróleo. Probablemente no era posible que España
pudiera tener una política de convergencia real y un índice de
inflación inferior a la Unión Europea. Seguramente que eso lo sabe S.
S. igual que yo.
Sin duda que en estos momentos tenemos por un lado un problema de
precios de la energía. Pero hemos de ser conscientes de que en la
tasa interanual de energía estamos mejor que la media europea. La
media europea en la tasa de energía está en el 12,3 y nosotros
estamos en el 9,7. Luego S.S. tendrá que reconocer que las políticas
de competencia en este país están funcionando, lo cual es bueno
porque sería una catástrofe lo contrario. Y donde el diferencial de
España se está aumentando es en lo que se produce a través del sector
servicios. En este sector el Gobierno ha planteado una estrategia,
como son las medidas liberalizadoras del mes de junio, y su grupo
parlamentario nos ha abandonado en todas, porque han presentado 17
recursos de inconstitucionalidad. Están ustedes en contra de la
liberalización del suelo, de la liberalización de los horarios
comerciales, de la liberalización de las ITV, de la liberalización de
todo. Y claro SS.SS., que ya nos demostraron en la legislatura pasada
su sensibilidad a los grupos de poder, a los lobbies microeconómicos
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, me podrán decir cómo hemos de
introducir competencia en el sector servicios si no
es a través de una mayor competencia real en sectores concretos. Yo
comprendo que desde la oposición no se quieran arrostrar cierto tipo
de presiones; pero entonces no se puede hacer cierto tipo de
discursos.
También quisiera destacarle a S.S., respecto del problema de la
competitividad que le preocupa, que en los bienes industriales no
energéticos nuestra tasa de inflación es del 2 por ciento. Y según
los últimos datos que tenemos del índice de precios industriales, el
que hoy acaba de hacerse público, está creciendo al mismo ritmo que
el del resto de la Unión Europea, un 0,2 en el mes de agosto, con un
diferencial muy pequeño, de pocas décimas, con la Unión Europea. Le
voy a decir las cifras exactas. En este momento tenemos un 5,1 y la
Unión Europea un 4,9. Por lo tanto, si en los productos industriales
y en los productos con los que tenemos que competir no se está
desviando nuestra inflación, el problema de competitividad que S.S.
cree apreciar en la productividad aparente, en mi opinión, no existe.
La Cámara puede repasar lo que está sucediendo con el índice de
precios industriales no energéticos, lo que está sucediendo con el
índice de precios industriales al consumo, lo que está sucediendo con
el índice de precios industriales de bienes de equipo. Todo eso nos
lleva a que nuestra inflación subyacente tenga que ir tendiendo hacia
el 2 por ciento.
Ha dicho S.S. que el Gobierno se equivocó al calentar la economía. Si
S.S. fuera responsable de la economía española en mitad de una crisis
comercial como la del año 1998-1999, en la que el comercio mundial
decreció con una intensidad como no lo había hecho desde el año 1982,
a lo mejor hubiera tomado la decisión de contribuir a eso con una
política de ajuste. Habría un montón de cientos de miles de españoles
que no habrían encontrado empleo. Y sólo eso no sería lo grave, sino
que S.S. tendría en este momento un problema de déficit público que
no tiene. Pero es que vuelvo a repetir, cuando el problema de Europa
era la deflación en Alemania y en Italia, ¿deberíamos haber
sacrificado la convergencia real y el empleo a favor de una política
de ajuste? Desde luego, nosotros no quisimos hacerlo. Es verdad que
su grupo parlamentario no quería que bajáramos el impuesto sobre la
renta. Pero hay un montón de cientos de miles de empleos en nuestro
país y un montón de convergencia real que no se hubiera producido sin
esa situación.
Por último, señora presidenta, señor diputado, vamos a hablar de la
inversión. Mirando los años 1997, 1998, 1999, 2000, sólo hay un año
en el que la formación bruta de capital en España es inferior a la
media europea y es en 1997, donde hacemos efectivamente un ajuste
presupuestario. Quiero recordarle que en el año 1996 nos
encontrábamos con un déficit público muy alto que habíamos heredado
de gobiernos anteriores; y que teníamos que finalizar en diciembre de
1998 con una cifra de déficit público del 3 por ciento para entrar en
el euro. Lo que está sucediendo en este
momento es que somos uno de los pocos países europeos que está
manteniendo tasas muy importantes de inversión pública al mismo
tiempo que reduce radicalmente el déficit público y lo hace
desaparecer, lo cual quiere decir que estamos financiando la
inversión pública con ingresos corrientes. Si S.S. no lo valora,
realmente será porque tenemos una visión de la política económica
radicalmente distinta.
La señora PRESIDENTA: Señor rato, le ruego que vaya concluyendo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Voy concluyendo.
Por tanto, señora presidenta, señores diputados, es muy cierto que en
estos momentos el diferencial de inflación de España con la Unión
Europea sigue siendo un problema que el Gobierno no ha resuelto.
Cuando analizamos ese diferencial, hay una parte que está relacionada
con índices muy volátiles, como son los alimentos no elaborados, pero
hay otra que lo está con el sector servicios, en el que
indudablemente las únicas políticas alternativas son las de
liberalización, en las que su grupo parlamentario al parecer no cree
o por lo menos no nos quiere acompañar. Además, el mejor instrumento
que tiene un Gobierno para luchar contra la inflación sigue siendo la
política presupuestaria una vez que no tiene política monetaria.
Quiero recordar a S.S. que el objetivo de estabilidad presupuestaria
que nosotros hemos planteado para el año 2001, que va a permitir
entre otras cosas que aumente considerablemente el Fondo de garantía
de pensiones, nos sitúa ya entre países como Canadá, Australia, Nueva
Zelanda, Estados Unidos o los países nórdicos, que son los que en
este momento tienen superávit en la OCDE; y no es una mala compañía.
Es decir, durante mucho tiempo se nos ha situado junto a países que
tenían desequilibrios, devaluaciones, déficit público, altas tasas de
paro y que no convergían realmente, y ahora se nos puede empezar a
comparar con los países que le acabo de mencionar. Señoría, ese es un
buen camino, independientemente de que indudablemente el diferencial
de inflación tiene en estos momentos como responsable al Gobierno y
éste debe a todas luces no contentarse con el mantenimiento de un
diferencial como el actual.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.
Señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Señor vicepresidente, constato que no nos ha
querido dar su previsión de inflación para finales del 2000, aunque
las instituciones que le he mencionado antes también elaboran sus
previsiones sobre coste del petróleo y relación de tipo de cambio, y
nos facilitan las previsiones de inflación para finales del año 2000.
Créame que me sabe mal, porque una buena manera de obtener
credibilidad para el 2001 es ganarla en el 2000. El problema, es que
si ustedes nos proporcionan sus previsiones, ellas no les dan
credibilidad, sino que se la quitan. Tenga en cuenta que una
previsión muy baja de inflación para el año 2001 en lugar de actuar
como bálsamo para las negociaciones salariales, etcétera, puede
hacerlo como una trampa por su sesgo a la baja bastante increíble.
Le voy a dar datos para que consten. Nuestro diferencial de inflación
con la Unión Europea ha crecido. Yo no le he hablado de la eurozona,
sino de la Unión Europea y, según Eurostat, con la eurozona en los
últimos cuatro meses se ha mantenido el diferencial de inflación,
pero con la Unión Europea ha subido tres puntos, al 1,6. Y como a mí
me parece que exportamos igual a Reino Unido, Dinamarca, Suecia y
Grecia, me preocupa el ensanchamiento de nuestro diferencial de
inflación con la Unión Quince de 1,6 puntos porcentuales a finales de
agosto. Lo mismo sucede con el IPC de comunicaciones. Yo no he
comparado el IPC de comunicaciones de España con la eurozona, sino
con la Unión Europea y con datos del INE, señor Rato. Con datos del
INE, en agosto de este año el IPC de comunicaciones en España es de
menos 4,7 y en la Unión Europea de menos 4,8. En 1997 bajó dos
décimas menos que en la Unión Europea, en 1998 subió 6,6 puntos más
que el IPC europeo y en 1999 bajó 1,8 puntos menos que en la Unión
Europea; Unión Europea, UE Quince, nuestro espacio de socios
comerciales, donde nos tiene que preocupar nuestra competitividad.
Estos son los datos como se han formulado.
Mencionaba usted la relativa obsesión que nuestro grupo tiene con la
productividad. Nos preocupa porque la productividad, como usted
reconoce, está creciendo muy poco, y usted lo reduce a un problema
contable. En otros países, como Estados Unidos, están discutiendo
sobre la causalidad inversa; es decir, ¿cuál es el problema de la
productividad? ¿Qué crece mucho el empleo? ¿O es que el tipo de
empleo que se está creando en España -y le aseguro que nos gusta que
se cree empleo- no ayuda a que crezca la productividad? Piénselo,
señor Rato, porque en Estados Unidos vinculan de forma causal el tipo
de empleo generado con el cambio en la productividad. No nos queda ni
la excusa de que en España crece más el producto interior bruto y,
por tanto, crece más la inflación porque en el año 2000 se ha
producido un fenómeno nuevo: el resto de países de la Unión -la
media- aumenta su crecimiento del PIB y se acerca al nuestro. En
cambio, nuestra inflación crece más, y se va, con lo cual el
argumento de crecimiento del PIB-inflación dura poco.
Voy a enfilar el final comentándole algunos problemas sobre la
contribución de la política pública a la productividad y la
flexibilidad de los mercados. Está
bien -y nos alegra- que la formación bruta de capital fijo tenga un
crecimiento importante, pero yo le discutía la aportación desde la
política pública en términos de inversión en capital físico,
inversión en capital tecnológico a ese crecimiento de la
productividad. Y ahí de verdad tienen un pasivo porque en años de
fase expansiva del ciclo han reducido la inversión en términos de PIB
y además han ejecutado poco. En cuanto a flexibilidad de mercados,
voy a ir a lo muy concreto. Ustedes tomaron en junio unas medidas
liberalizadoras -así llamadas- que nuestro grupo no apoyó. Una de
estas medidas era limitar al 10 por ciento el descuento en las
especialidades farmacéuticas publicitadas. Le digo limitar porque
antes no había ninguna imposibilidad de hacer descuentos -en ningún
sitio de la normativa se fijaba ninguna imposibilidad de hacer
descuentos-, pero introdujeron el límite del 10 por ciento de
descuento en las especialidades farmacéuticas publicitadas. Yo me he
dado una vuelta hoy por algunas farmacias de Madrid, que es la ciudad
mayor, con más población, con más farmacias y por tanto con más
competencia eventual. He comprado cinco presentaciones similares de
un conocido analgésico de uso muy popular. En los cincos casos el
precio que me han cobrado ha sido el máximo: 430 pesetas. No cito la
marca por motivos obvios. Señor Rato, 430 pesetas implica descuento
cero y muchas de sus medidas de liberalización -así llamadas- tienen
efecto cero. No diré todas, pero sí muchas. Por eso, nuestro grupo en
junio, por boca de Matilde Valentín, propuso en esta Cámara avanzar
en la liberalización de los puntos de venta de especialidades
farmacéuticas publicitadas. Yo hoy le voy a preguntar qué opina de
esto y espero que no me responda lo mismo que contestó la ministra de
Sanidad. En el Diario de Sesiones del 29 de junio está. Decía la
señora ministra: Usted me dice que tome medidas como la
liberalización total del sector. ¿Usted qué quiere, que me pegue el
porrazo nada más empezar? Paréntesis, rumores, risas, paréntesis.
(Risas.)
Señor vicepresidente, para conseguir de verdad que se reduzcan los
precios en las especialidades farmacéuticas publicitadas, como
sucedió cinco o seis años con la leche de niños, ¿van a liberalizar
la distribución de este tipo de productos? Si no sólo nos queda un
remedio y es esperar a que el Tribunal de Defensa de la Competencia
haga un estudio con una muestra más amplia que la mía, porque si
todos los precios son iguales uno puede pensar que hay algún tipo de
acuerdo restrictivo de la competencia. Pero para hacer un estudio el
Tribunal de Defensa de la Competencia tiene que ser instado por
alguien. No puede de oficio hacer una instrucción porque tiene que
instruir el Servicio de Defensa de la Competencia y depende de usted.
¿Entiende por qué proponemos que el Tribunal de Defensa de la
Competencia tenga poder e independencia?
Señor Rato, voy a acabar. Cuando Schumpeter comparaba a los ministros
de Economía con las carreras de
caballos, los comparaba en particular con los jinetes, decía que,
cuando el caballo es bueno, el mérito lo lleva el jinete. La economía
española en los últimos años ha sido un caballo excepcional, ahora la
economía española empieza a mostrar algún renqueo. Ahora será ocasión
de comprobar la calidad del jinete. Señor Rato, espero que podamos
seguir pensando que hay jinete.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta, señor diputado.
Sobre los fármacos me remito a las declaraciones de la ministra de
Sanidad. (Rumores.)
Su señoría me dice que se estaba refiriendo -y puede que sea un error
mío- al IPC de los Quince. Su señoría habrá de tener en cuenta los
efectos de la política monetaria del Banco Central Europeo, no puede
evitarlo. La pérdida o la ganancia de competitividad de nuestra
economía estará también relacionada con otros factores como pueden
ser los cambiarios. No somos nosotros los que hemos dicho que es
bueno para la economía europea un euro débil, no hemos sido nosotros;
al contrario. Lo que sí es cierto es que nosotros en marzo de 1999,
con una economía robusta, en mitad de una crisis financiera
internacional y con claros riesgos de un estancamiento de las grandes
economías, fuimos sometidos a una política monetaria
extraordinariamente expansiva en Europa, que, desde luego, fue la más
expansiva de la década en España. Si S.S. quiere hacer una
comparación entre la política monetaria del Banco Central Europeo y
la política monetaria de los bancos centrales externos o la
cotización del euro, ampliando el debate, es bueno que la haga; de lo
que no cabe duda es de que nosotros no nos estamos comportando con
respecto a los tres países que están fuera del euro peor que lo están
haciendo otros países en términos de inflación. Es más útil
compararnos con los países con los que tenemos la misma política
monetaria, pero, al fin y al cabo, comprendo que S.S. sostenga otra
postura. Tendríamos que entrar a ver si nuestra competitividad se ha
visto perjudicada o mejorada como consecuencia de la política
monetaria y en ese sentido no sé si eso aporta demasiado al debate,
habida cuenta de que ni usted ni yo podemos influir en la política
monetaria. Sigo pensando que nuestro diferencial con la zona euro es
la clave de la cuestión. Tampoco nuestras exportaciones a los países
fuera de la zona euro dentro de la Unión Europea se están viendo
perjudicadas. Por tanto, no tengo las preocupaciones que indica S.S..
Indica una vez más su preocupación por la productividad aparente -que
es lo que S.S. me comenta- después
ya sé que ustedes no quieren mencionar la palabra aparente, pero
es una palabra clave. Un país que tiene que reducir su tasa de
desempleo al ritmo que nosotros lo hacemos, seguramente va a tener
una productividad aparente que no sea la que más refleje la realidad.
Su señoría tiene que recordar que los Estados Unidos tienen una tasa
de paro del 4 por ciento y que nosotros tenemos una tasa de paro del
14 por ciento, pero teníamos una del 23 por ciento. La sociedad
española ha creado la mitad de los empleos de la Unión Europea. Su
preocupación, por la que cree encontrar argumentos sobre la
competitividad de la economía española, no refleja en mi opinión la
realidad, que, por otra parte, apreciamos en otros aspectos, no sólo
en el crecimiento de las exportaciones o en la evolución del índice
de precios industriales, sino también en el crecimiento de nuestro
producto industrial o en la rentabilidad de los activos en nuestro
país, que está en unos niveles altamente esperanzadores, más de 3
puntos de rentabilidad positiva de los activos respecto a la
financiación.
Su señoría insiste en decirme que el Tribunal de Defensa de la
Competencia debe jugar un papel más activo. Por suerte no les hemos
hecho caso, porque ustedes en su primera moción sobre el Tribunal de
Defensa de la Competencia nos pedían que no opinara ni sobre
telecomunicaciones ni sobre energía. Eso nos pedían, otra cosa es que
ahora ya no lo pidan. Todos nos damos cuenta de la formulación de una
alternativa económica, por eso dicen cosas y después no las vuelven
a repetir, pero no será que no las hayan dicho. Y por suerte no les
hicimos ningún caso, porque entendimos que esa era una propuesta que
no tenía demasiada base.Las estadísticas del Tribunal de Defensa de
la Competencia son apabullantes -y S.S. las conoce- en número de
procedimientos y en sometimiento de las concentraciones que no
estaban sometidas. Las reglas que el Gobierno ha adoptado sobre la
banca española y su presencia en grupos de telecomunicaciones o de
energía no tienen precedente en nuestra legislación ni lo han tenido
en ningún otro momento. Por tanto, ahí S.S. no está acertado. Así lo
demuestran los índices -y aquí sí que le valen unos índices y otros,
si S.S. quiere- en el tema de las telecomunicaciones, dentro y fuera
de la UE, aunque yo sigo pensando que el problema de la UE a Once,
del eurogrupo, es el que nos debe interesar más.
En su última intervención, S.S. ha sido más cauto que algunos de sus
compañeros y no nos ha dicho que la economía española va a entrar en
recesión. Ha hecho bien, porque, por suerte, probablemente no es así.
Pero S.S. debe ser consciente de que en estos momentos la economía
española está creciendo vigorosamente y tiene márgenes de actuación
suficientes como para enfrentarse a una crisis del petróleo, de la
que ya hasta su grupo parlamentario es consciente, aunque no lo fue
de la crisis comercial y financiera de los años 1998 y1999. Es
posible que nuestra política de liberalización
de fármacos no sea todo lo acertada que pudiera ser, pero de lo que
no cabe duda, señorías, es de que desde el punto de vista de la
liberalización de nuestra economía las medidas que se han producido,
que en ningún caso ustedes han apoyado, nunca, son las únicas de
liberalización. Porque si hubiéramos seguido tal como nos encontramos
la situación habría un monopolio eléctrico y un monopolio de
teléfonos. Claro, usted me dirá: Es que ustedes han gobernado en el
momento en que había que hacer los cambios. Es verdad, hemos
gobernado en el momento en que había que hacerlos, y a cada gobierno
le toca su momento, pero también tengo que decirle, con toda justeza,
que ustedes nunca nos han acompañado en esos cambios. Y a partir de
ahí, señoría, acerca de la apuesta que su grupo parlamentario está
haciendo de que el ciclo económico español ha llegado a su fin, que
es exactamente la misma que hizo en la legislatura pasada, si no
aciertan, nos darán una explicación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato. ¿Grupos que desean
fijar posición ¿ (Pausa.)
Por Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, señor
ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno, de su
intervención lo que más me preocupa es que, a pesar de que acepta que
no se controla el objetivo de inflación a lo largo de este año y que
probablemente no se controle para el año que viene, sigue
manteniendo, por criterios formales, puramente formales, el objetivo
de inflación en el 2 por ciento. (El señor vicepresidente, Camps
Ortiz, ocupa la Presidencia.) La única explicación no es sujetarse a
las indicaciones del Banco Central Europeo, nosotros somos más
malévolos. Pensamos que la explicación para mantenella y no
enmendalla, para mantener el objetivo de inflación en el 2 por
ciento, a sabiendas de que no se va a cumplir dicho objetivo de
inflación, es el maquillaje del presupuesto. Es la única razón, el
maquillaje del presupuesto, que tiene, por supuesto, efectos sociales
y salariales. Como siempre, a una inflación de beneficios van a
seguir unas medidas del Gobierno que van a recaer sobre la mayoría de
la sociedad, en particular sobre los asalariados. Ese es el sentido
de mantener el objetivo artificial del 2 por ciento en el crecimiento
de la inflación, no el de seguir las indicaciones del Banco Central
Europeo.
El Gobierno no ha explicado aquí por qué se mantiene el diferencial
en España con relación a otros países europeos, porque no puede ser
que ese diferencial se mantenga por el crecimiento de los precios del
petróleo o por otro tipo de factores, que son generales en la Unión
Europea y que explican la evolución de la inflación
en el conjunto de la Unión, pero no el diferencial español. En
nuestra opinión, el diferencial español se podría explicar por tres
causas: en primer lugar, por la evolución salarial, que no se
explica, ya que hay una pérdida de poder adquisitivo de los salarios;
en segundo lugar, por los costes financieros, que sí es verdad que
han aumentado, pero no explican el diferencial de inflación; y en
tercer lugar, por los beneficios empresariales. Y claro, de eso no
quiere hablar el Gobierno. Así, mientras entre 1996 y 1999 se ha
producido un incremento del 12 por ciento del papel de los salarios
en la economía, el papel de los beneficios en la economía española se
ha incrementado en el 70 por ciento. Por eso digo que esta inflación
es de beneficios, pero las recetas del Gobierno, desgraciadamente,
van a ser de nuevo combatir la inflación en los salarios, como ha
planteado el objetivo del 2 por ciento de inflación para el próximo
año. Por tanto, no nos preocupa tanto la irrealidad del Gobierno con
relación a las previsiones de inflación como las recetas del Gobierno
para combatir la inflación. Esto es lo que más nos preocupa porque
van a recaer otra vez sobre la mayoría, sobre los asalariados, que no
tienen responsabilidades en este rebrote inflacionario.
A mí me gustaría tener un debate algún día sobre objetivos
ambientales con el señor Rato, pero ustedes no tienen nada que decir
sobre el cumplimiento de los objetivos de Kioto; en dióxido de
carbono multiplican por dos los objetivos sólo en estos años, ya
veremos en los próximos. Han logrado acabar con cualquier medida de
política energética alternativa en el sector eléctrico. Las últimas
medidas en el sector eléctrico han acabado con los proyectos de
cogeneración; en estos momentos, con las últimas medidas de
competitividad en el sector eléctrico, no interesa a nadie un
proyecto de cogeneración y, desde luego, las medidas de ahorro
y eficiencia energética no existen en España. Ustedes no tienen un plan
de ahorro y eficiencia energética y las medidas de ahorro y
eficiencia energética no funcionan, por lo que la economía española
es cada vez más intensiva en consumo de energía. Yo no sé cuáles son
los datos que tiene el Gobierno para hacer esas valoraciones respecto
a su preocupación ecológica.
Como decía antes, lo que nos preocupa son las medidas que va a tomar
el Gobierno en relación con la inflación. Mucho nos tememos que el
Gobierno vuelva a unas nuevas medidas de competencia -serían las
terceras-, que a tenor de sus resultados no han sido muy exitosas, o
bien utilice las viejas recetas neoclásicas de recortar el gasto
público, como si ello estuviera íntimamente unido a la evolución de
la inflación, cosa que está por demostrar; sería lo mismo que decir
que la deuda privada de determinadas empresas repercute en la
inflación o que la deuda pública de Cataluña provoca mayor inflación
en Cataluña que en el resto del Estado, lo que nos parece un
argumento absurdo. En todo caso,vemos que el Gobierno tiene una
obsesión y, como
consecuencia de esta situación inflacionista, va a producir un
recorte del gasto público con el objetivo de déficit cero. Por otra
parte, nos preocupa mucho también la obsesión del Gobierno en
relación con los salarios, porque va a tener consecuencias directas
sobre los salarios. Es verdad que en algunos casos va a ser un
brindis al sol, pero en otros va a tener consecuencias directas y
algunas de ellas ya se están produciendo, por ejemplo con los
funcionarios o en otros sectores que van a ver cómo la previsión de
inflación del Gobierno reduce sus expectativas salariales.
Esas son las preocupaciones que tenemos en estos momentos y, por
supuesto, no compartimos la opinión del Gobierno acerca de que se
hayan hecho todos los esfuerzos en materia de competencia. El
Gobierno dice que ha tomado una serie de decisiones -nosotros creemos
que han sido mecanismos propagandísticos-, en algunos casos de
intervención, que saludamos, fundamentalmente en sectores minoristas;
pero a los sectores mayoristas, a quienes están obteniendo inflación
de beneficios en nuestro país en estos momentos, el Gobierno, como
dicen los franceses, les ha pasado la mano en dirección del pelo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Llamazares.
Señora Pisonero.
La señora PISONERO RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy hemos tenido ocasión, de nuevo, de contrastar la
existencia de modelos distintos, pero lamentablemente con mayores
inconsistencias que en etapas anteriores. Queremos estar, si se me
permite la expresión, en misa y repicando. Un día estamos en contra
de equilibrar las cuentas y al siguiente preferimos que se haga una
política fiscal más restrictiva; o pedimos una cosa o pedimos la
otra, las dos a la vez es imposible. Queremos que el sector público
se ajuste más, pero que luego sea el único que invierta en la
economía, y eso es imposible. Se pone de manifiesto que se prefiere
-eso sí- bajar los impuestos sobre hidrocarburos, que van a
perjudicar la política energética, pero no son partidarios de reducir
el IRPF. Volvemos a fijar la posición adecuadamente. Nosotros
preferimos bajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas,
que es verdaderamente una garantía de mejora de poder adquisitivo, no
para un año concreto, sino para el conjunto de los años, dejando a
los pensionistas fuera de la obligación de declarar. Ustedes
prefieren no bajar el impuesto sobre la renta y que sea el sector
público el que administre los recursos, sea a través de empresas
públicas o de un mayor gasto público, endeudando a la sociedad
española. Eso es lo que nos llevó a que cuando venía una crisis
internacional, no es que España creciera menos, sino que cayera en
términos de PIB, perdiera
producción, como ocurrió en los años 1992-93, sin ir más lejos.
Efectivamente, con esas políticas nos hacíamos mucho más vulnerables.
¿Por qué? Porque, utilizando el símil que decía el señor Bel, sólo
había un caballo y un jinete. Ahora hay dos millones de ciudadanos,
que hace cuatro años no trabajaban, que empujan del caballo y que son
capaces de tomar sus decisiones porque el partido que estaba en el
Gobierno confiaba en la iniciativa individual y no en el sector
público como el único garante de las políticas que se hagan en este
país. Es un modelo distinto, estamos de acuerdo; pero si ofrecemos
una alternativa, que sea coherente. No podemos ofrecer una cosa y la
contraria al mismo tiempo, porque eso lo que hace es confundir a la
ciudadanía, que sí sabe los resultados de determinadas políticas.
Estamos de acuerdo en que la inflación debe estar mejor y en que hay
que trabajar para que esa inflación no estrangule un crecimiento.
Evidentemente, tenemos un diferencial porque, por quinto año
consecutivo (y hay pocas referencias históricas en España), lo que ha
crecido es el PIB. En épocas de crisis, en lugar de converger con
Europa, abríamos la brecha, pero en cinco años hemos mejorado la
convergencia real de una manera considerable, porque hemos crecido
por encima del 3 por ciento y cerca del 4 por ciento (y no por la
coyuntura, porque en Francia estaban creciendo un 0,5) y porque en
cuatro años, en los que ha habido una crisis internacional (vuelvo a
repetir, porque hay que repetirlo), se han creado dos millones de
puestos de trabajo. Por cierto, le tengo que dar una mala noticia.
Hoy hemos sabido, por el señor ministro de Trabajo, que su
productividad aparente ha debido sufrir porque se han afiliado
150.000 personas a la Seguridad Social, batiendo el récord del año
2000. Lo siento mucho, pero hay 150.000 personas que hoy están
afiliadas a la Seguridad Social. (Aplausos.- Varios señores
diputados: ¡Muy bien, muy bien!) Una mala noticia para el señor Bel y
para los que le acompañan en el Grupo Socialista, que consideran que
el mayor mal de la economía española es que la productividad aparente
no crezca lo suficiente, sobre todo para los dos millones de
ciudadanos que hoy pueden planificar su vida y que hace cuatro años
ni se lo podían plantear, y debían permanecer en casa de sus padres,
porque cualquiera planificaba sabiendo que no iba a encontrar un
trabajo en su puñetera vida, con perdón. (Rumores.)
Lo que el señor vicepresidente ha intentado explicar (y aprovecho ya
para centrarme en el tema) es que, si realmente creemos en Europa, si
realmente creemos en la unión monetaria y queremos reforzar el euro,
tenemos que ser los primeros en contribuir al objetivo, que en Europa
consideramos que es positivo, de alcanzar una estabilidad de precios
del 2 por ciento. Ese es el objetivo y esa es la referencia que
debemos tener como país que afortunadamente ha sido capaz de
constituir eleuro por mérito propio y no por voluntad política, que
hubiera sido la alternativa. Y hemos constituido el euro en ese
convencimiento de que la estabilidad de precios es la mejor garantía
para que crezcamos de una manera continuada y sostenida. España
demostró que se podía llegar a esa situación y ha venido creciendo y
creando empleo durante estos cinco años, y eso es lo que tenemos que
seguir haciendo, pero con las políticas que nos han llevado aquí, no
dando marcha atrás, sino haciendo nuestros propios deberes. El 2 por
ciento es el objetivo adecuado. Este año ningún país de Europa va a
conseguir de una manera clara el objetivo previsto para el conjunto
de la zona euro, pero no podemos renunciar a situarnos en esa senda
por la crisis internacional que se está manteniendo durante más de un
año -es cierto-, con unos precios elevados del crudo. No podemos
adoptar la actitud irresponsable de engrasar la máquina y -utilizando
su símil, señor Bel- de espolear al caballo para que acabe extenuado
y se caiga.
No podemos ser nosotros mismos los que tiremos la toalla y digamos:
no se van a conseguir los precios estables para el 2001. Hacemos los
deberes y, efectivamente, vamos a proponer en la tramitación de los
presupuestos que se mantenga ese equilibrio presupuestario, que es la
mejor garantía de que el sector público (que es más pequeño -ya lo
siento- que el que tenían ustedes, porque creemos que esa es la mejor
manera de crecer) tenga las cuentas equilibradas, no introduzca
distorsiones y no haga pagar a los ciudadanos una deuda galopante; no
para que invierta el sector público, porque nosotros pensamos que lo
más productivo, aunque usted no lo crea, es que sea el sector privado
el que invierta en infraestructuras y el que invierta en las empresas
en las que se arriesga. Ese es el otro modelo. Yo lo entiendo, pero
prefiero que tengan que pagar unos tipos de interés reales que hoy,
en España, son los más bajos de Europa, ya que apenas llegan al 1 por
ciento. Con eso hay proyectos privados que hoy son rentables. Hace
tan sólo cinco años, cuando la deuda pública establecía unos tipos de
interés del 12 por ciento, no había quien invirtiera en este país a
no ser que fuera en deuda pública.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Pisonero, vaya
terminando.
La señora PISONERO RUIZ: Termino, señor presidente.
El Grupo Popular, a través de las iniciativas que se planteen en esta
Cámara, va a apoyar que se sigan aplicando las políticas -incluso
pedirá más- que han permitido ese desarrollo de la economía, que no
viene de la coyuntura ni viene de la magia, sino de tener un modelo,
eso sí, coherente, de mantener siempre la misma posición y no en
función de las presiones que se tengan en no se sabe qué ámbitos; una
política fiscal en cualquier caso equilibrada, seria, que apueste no
sé si por un ahorro privado en mínimos, que entonces se
conseguía aumentando los impuestos, y en el caso del Partido Popular
se obtiene reduciendo el gasto y reduciendo los impuestos; con un
incentivo constante a la inversión, que no tiene por qué ser pública,
ya que lo importante es que el país invierta y sea capaz de
financiarlo con unos niveles que sean sostenibles, hoy eso es
posible; en tercer lugar, impulsando una liberalización que hay que
ser capaz de defender tanto en los despachos como en la calle. Cuando
se sube a la tribuna y se dice que se quiere más liberalización, hay
que creérsela, pero, eso sí, siendo coherentes: no se puede pedir más
sector público y, al mismo tiempo, pedir más liberalización, que a lo
mejor es estar presente en las comisiones de control y no buscar una
vigilancia adecuada de la competencia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pisonero.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARAMEJORAR, JURÍDICA Y ECONÓMICAMENTE, LA SITUACIÓN DE LOS
EMIGRANTES ESPAÑOLES. (Número de expediente 172/000037.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Mixto sobre medidas que piensa adoptar el
Gobierno para mejorar jurídica y económicamente la situación de los
emigrantes españoles.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señor presidente.
Al igual que otros territorios del propio Estado español, en el siglo
XX Galicia perdió, como consecuencia de la emigración, más de un
millón de personas, personas que se fueron a otros países en la
búsqueda de un futuro mejor y de mejores condiciones de vida. Primero
se fueron a América, más recientemente a otros Estados europeos, e
incluso -porque para nosotros esa también es emigración, aunque no
sea objeto de esta interpelación- a otras partes del Estado;
actualmente, muchos jóvenes gallegos siguen yendo a Canarias. Pero no
siempre esta búsqueda tuvo éxito y, como prueba, hace ya más de
sesenta años Ramón Suárez Picallo, otro diputado nacionalista
gallego, presentó y defendió en esta misma tribuna una proposición de
ley de repatriación de emigrantes que, debido a la crisis que azotó
con especial crudeza a América del Sur, estaban soportando en esos
países durísimas condiciones de vida.
Pues bien, hoy, igual que hace sesenta años, estamos reclamando en el
Parlamento español atención para los inmigrantes, no sólo reclamando
condiciones de retorno
dignas, sino también que ellos como ciudadanos y ciudadanas españoles
puedan gozar de los derechos sociales, económicos y políticos en
igualdad de condiciones que los residentes en territorio español.
En 1996 el Gobierno del Partido Popular prometió que en cien días
resolvería los problemas de la emigración, que colocarían la
emigración en un lugar prioritario de su agenda política. Cuatro años
y medio después los problemas no sólo no se resolvieron, sino que
incluso se agravaron. La emigración gallega y la emigración española
están hoy en una situación aún más precaria, consecuencia del
agravamiento de la crisis económica en Latinoamérica, de la quiebra
de los sistemas sanitarios y de protección social en estos países y
del desinterés -hay que decirlo- del Gobierno español, que contrasta
vivamente, por cierto, con el interés y la presión ejercida por otros
gobiernos, como el italiano o el portugués, respecto de las
condiciones de vida de los trabajadores gallegos y españoles en Suiza
o de los marineros gallegos en Noruega, por sólo hacer referencia
a dos ejemplos, a dos colectivos de emigrantes en Europa. Desinterés
que va más allá del simple incumplimiento de un compromiso político,
constituye el incumplimiento de un mandato constitucional, el
recogido en el artículo 42 de una norma que, tristemente, como
tenemos ocasión de comprobar en esta Cámara, es tan venerada
hipócritamente como cotidianamente desobedecida.
Y es que la emigración, los hombres y las mujeres que con sus remesas
contribuyeron decisivamente a un desenvolvimiento económico, bien que
desigual, del Estado español, es algo más, señores del Partido
Popular y del Gobierno, que una reserva de votos. Son ciudadanos del
Estado español y, como tales, tienen derecho a que se les reconozcan
las mismas prestaciones y los mismos servicios que a los que
residimos en el interior. Sobre todo, tienen derecho al amparo y a la
ayuda del Estado español, amparo y ayuda que, incluso en las
situaciones más extremas (quiero recordar las inundaciones de
Venezuela el año pasado), brillan por su ausencia.
Pero la finalidad de esta interpelación no es mirar hacia el pasado.
Queremos mirar hacia el futuro y, recogiendo las recomendaciones
indicadas en el informe aprobado el 23 de junio de 1998 por la
subcomisión creada al efecto en el seno de la Comisión de Política
Social y Empleo de esta Cámara sobre la situación de los españoles
que viven fuera del Estado, y también las recomendaciones elaboradas
por el Consejo General de la Emigración en mayo de este año,
pretendemos aunar el mayor consenso posible alrededor de unas medidas
eficaces y concretas y de una voluntad política decidida para poner
en vías de solución los muchos problemas que hoy aquejan a la
emigración gallega y a la emigración española.
Pero para aportar estas soluciones, para indicar cuáles puedan ser
estas medidas, es necesario identificar,
primero, cuáles son los problemas a los que se enfrenta nuestra
emigración. Por lo que se refiere a sus derechos sociales y
económicos, debemos establecer una diferencia clara entre la
situación de los emigrantes en América y la situación de los
emigrantes en Europa. La más grave, desde luego, es la situación de
los emigrantes en Latinoamérica. Se trata, como bien se sabe, de un
colectivo, el de los emigrantes de primera generación en
Latinoamérica, envejecido, alrededor de 60-70 años, empobrecido a
causa de la crisis continuada sufrida por los países de acogida, de
un colectivo que, después de una vida de trabajo, contempla impotente
cómo la inflación les obliga a sobrevivir con pensiones de hambre,
compensadas en contadas ocasiones por pensiones asistenciales
españolas o por empleos en negro. Es un colectivo que en unas
economías globalizadas contempla impotente cómo las exiguas pensiones
que perciben pierden poder adquisitivo aceleradamente y que en muchas
ocasiones carecen de medios para acceder a una asistencia médica y
farmacéutica dignas.
Respecto a la emigración europea, los problemas de los emigrantes en
Europa en este ámbito se concretan en los colectivos de trabajadores
en países no comunitarios, fundamentalmente en Suiza y en Noruega.
Respecto a Suiza, el Gobierno español no puso objeción ninguna a un
acuerdo entre la Unión Europea y Suiza que, en clara violación del
principio de reciprocidad, introduce discriminaciones claramente
perjudiciales para nuestros trabajadores de temporada y dificulta la
recuperación de lo ya cotizado durante una vida de trabajo a la
seguridad social suiza; o también, como ya apunté, el colectivo de
marineros gallegos que, desde los años cincuenta, estuvo trabajando
en la flota pesquera noruega y que, a la hora de su jubilación,
contemplan cómo la inexistencia de un tratado bilateral entre el
Estado español y ese país escandinavo les impide acceder a una
pensión digna.
Todos estos colectivos -los emigrantes en Suiza, los emigrantes en
Europa y los emigrantes en América- tienen también reclamaciones y
problemas comunes. Por ejemplo, todos ellos reclaman que en los
centros educativos españoles en el extranjero se garantice -es otra
de las recomendaciones de la subcomisión creada en el seno de la
Comisión de Política Social y Empleo- la enseñanza de la lengua,
cultura e historia de las diferentes naciones que conviven dentro del
Estado español. Reclaman también una mejora de los contenidos de las
emisoras públicas de radio y televisión dirigidas a la emigración y
que se refleje en ellas también ese carácter plurinacional,
plurilingüístico y pluricultural del Estado. Por fin, que la
Universidad Nacional de Educación a Distancia establezca centros en
los países de acogida para facilitar el acceso de estos españoles en
el extranjero a la educación superior. Todas éstas son carencias
claras de la política española de emigración.
Otro punto que no quiero pasar por alto es el relativo a la
participación política de la emigración. Es necesario, y así lo cree
el Bloque Nacionalista Galego, dignificar la participación política
de los emigrantes. Dignificarla a través, en primer lugar, de la
equiparación de los procedimientos del ejercicio del derecho de
sufragio de aquéllos con los previstos para los residentes en
territorio estatal; y, en segundo lugar, tomando en consideración el
censo de residentes ausentes, y no sólo el de residentes en el
interior, a la hora de asignar la distribución de escaños por
provincia en las elecciones generales o el número de concejales
integrantes de las respectivas corporaciones municipales.
En concreto, respecto a la dignificación del ejercicio del derecho de
sufragio -me refiero, lógicamente, al sufragio activo-, es necesario
eliminar los procedimientos previstos actualmente en la Ley Orgánica
del Régimen electoral general que no garantizan suficientemente ni el
carácter personal del voto ni su carácter secreto y, muchas veces, ni
siquiera su carácter libre. Repárese bien en lo que digo; no digo que
los votos de los emigrantes no sean libres, personales y secretos,
sino que los procedimientos previstos en la vigente legislación
española no garantizan suficientemente estas condiciones. Por eso el
Consejo General de la Emigración propone instalar mesas en los
consulados y embajadas españolas, recomendación también recogida, por
cierto, en el ya tantas veces citado informe de 1998 de la
subcomisión de esta Cámara.
Se puede ir más allá. Las condiciones en que se desarrolla la campaña
electoral para la emigración deben ser equiparadas progresivamente
con las establecidas para el interior. Esto requiere, es cierto, un
mayor compromiso presupuestario para subvencionar envíos de
propaganda electoral a través de convenios -en su caso- con los
servicios postales de esos países; habilitar en las embajadas,
consulados y demás centros oficiales españoles en el extranjero
lugares para la colocación de la propaganda y la celebración de actos
electorales; instalar mesas con sus correspondientes presidentes,
vocales, interventores y apoderados de las diferentes candidaturas;
en definitiva, dignificar el derecho de sufragio de los españoles en
el extranjero, objetivo en el que supongo coincidiremos todos los
diputados y diputadas de esta Cámara.
Otra recomendación de los colectivos de emigrantes españoles en el
extranjero se refiere al acceso a la nacionalidad. Reclaman una ley
de nacionalidad, y esa reclamación fue recogida por la subcomisión a
que tantas veces me he referido. La subcomisión recomendaba en su
informe la elaboración de una ley que posibilite la recuperación de
la nacionalidad por parte de los españoles y sus descendiente y que
permita compatibilizar en los términos más amplios la nacionalidad
española con la del país de residencia. Los organismos y asociaciones
representativas de los emigrantes reivindican que en el acceso a la
nacionalidad española de
los descendientes de españoles se elimine la discriminación por edad
-actualmente se opta únicamente después de la mayoría de edad,
después de los dieciocho años- y de género -únicamente pueden acceder
a ella los hijos de españoles, y no los hijos de españolas- y que
este acceso no se permita sólo a los hijos e hijas sino también a los
nietos y nietas. Como contraste, quizá convenga recordar que, en
ordenamientos como el italiano, la atribución de nacionalidad es
aplicable hasta a los bisnietos, de manera que no estamos reclamando
algo extravagante, desproporcionado o carente de precedentes ya que,
como se ve, son más avanzados y ambiciosos en otros países de nuestro
entorno.
En cuanto al retorno, quiero recordar que es otro de los mandatos
establecidos en el artículo 42 de la Constitución. Dice este artículo
que los poderes públicos deben orientar sus políticas, en el ámbito
de la emigración, al retorno de los emigrantes.
Con datos referidos a Galicia, que son los únicos de los que
disponemos en este momento, el promedio anual de retornados en los
últimos diez años es de 6.500 personas por año, personas que,
basándose en una propaganda irreal, vuelven a un país, al suyo, en el
que sin embargo todo son problemas y dificultades; problemas como la
descoordinación administrativa (son contados los municipios que
cuentan con ventanillas únicas); la inexistencia de políticas
específicas en materia de acceso a la vivienda, al empleo, al
reciclaje profesional; la insuficiencia del subsidio de desempleo
para los retornados, que asciende sólo al 75 por ciento del salario
mínimo interprofesional, o la nula presión ejercida por el Gobierno
español para reclamar a Argentina y a otros Estados latinoamericanos
el cumplimiento de los convenios existentes en materia de seguridad
social. La administración argentina, por ejemplo, tarda un promedio
de cinco años en reconocer el derecho a pensión de los retornados,
plazo durante el cual el interesado debe acogerse a prestaciones no
contributivas españolas, o igualmente plazo durante el cual el
interesado puede morir y, por tanto, es lo que se ahorra.
Respecto del retorno de la emigración europea, aun tratándose de un
retorno más organizado -la mayoría de estos emigrantes vuelven con un
cierto capital y cuentan ya con vivienda en el interior- sigue
habiendo problemas como la deficiente información y orientación
empresariales, cómo invertir ese dinero de forma productiva en
provecho del propio retornado y de su colectividad, e incluso las
dificultades ya reseñadas para recuperar el dinero aportado a fondos
de previsión o para el cómputo, a efectos de pensión, del tiempo
trabajado y efectivamente cotizado en Estados no comunitarios con los
que no existe convenio en la materia.
Debo recordar que en el informe de la subcomisión se urgía a la
elaboración de un plan coordinado entre las diferentes
administraciones competentes para abordar las diferentes políticas
implicadas, vivienda, servicios
sociales, educación, empleo, etcétera. Aunque con retraso, parece
necesario retomar esta iniciativa y dar cumplimiento efectivo no sólo
a un mandato constitucional, sino también a una deuda histórica con
nuestra emigración.
En conclusión, queremos ver hacia el futuro y este es el espíritu que
anima esta iniciativa. Queremos conseguir que el Gobierno y el
Congreso de los Diputados den una respuesta urgente -la respuesta que
los emigrantes aguardan- y que las buenas intenciones se transformen
en medidas concretas, que entre todos seamos capaces de alcanzar una
igualdad efectiva, real, entre los gallegos y los españoles de dentro
y los de fuera.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
Señoría, creo que siempre es un buen camino la búsqueda del consenso,
especialmente en algo que en la Constitución tiene suficiente énfasis
y que marca ese artículo 42 antes citado, algo que también usted ha
citado; en la busca del consenso ha habido ya esfuerzos anteriores,
como son los resultados de aquella Comisión que el Parlamento creó.
Lo que no creo que sea un buen método para la búsqueda del consenso
es tratar de apropiarse en exclusiva de un texto que es de toda la
Cámara y desde luego descalificar a tabla rasa o a matarrasa lo que
ha sido la acción del Gobierno, no solamente de este Gobierno. Las
fuerzas políticas con las que ustedes gobiernan en Galicia también
están comprometidas en ese consenso.
Insisto en que no me parece que sea un buen método ni un buen punto
de arranque dar por absolutamente descalificada la política que haya
podido llevar a cabo en sus cuatro últimos años este Gobierno -que
trataré de explicar y creo que será sencillo de entender- y la que
también se ha realizado en anteriores etapas, porque creo que siempre
se ha actuado -yo al menos así lo creo- desde la buena voluntad y no
desde una competencia en sensibilidad. Le puedo garantizar que
cualquiera de las señorías que ocupan los escaños de esta Cámara
siente hacia los españoles que viven fuera de España la misma
sensibilidad, de eso no tengo ninguna duda.
Coincido en que, aunque hablamos de una manera genérica y aunque
usted ha tenido un exquisito cuidado en no hacer exclusiva de la
comunidad autónoma a la que usted pertenece la emigración -aunque sin
duda ninguna ha habido comunidades, como es el caso de Galicia y de
Canarias, que han tenido una importantísima
migración-, creo que no estamos hablando de algo homogéneo.
No es lo mismo, y se decía hace unos instantes, la condición que
tienen aquellos españoles que residen en países de la Unión Europea,
en un ámbito en el que desde luego se ha producido una evidente
homogeneización de derechos y de obligaciones y en el que existen
unas reglas claras de juego que permiten la exigencia de
responsabilidades mutuas, la aplicación de protección social a través
del Reglamento 1408 en condiciones razonables, que la que están
sufriendo, sin duda ninguna, españoles que probablemente en muchos
casos no tuvieron éxito en su aventura personal y que además ahora
tienen que soportar la crisis de la economía del país de residencia.
Por cierto, puestos a responsabilizar, me permitirá decirle que me ha
sorprendido que también nos responsabilizase -supongo que habrá sido
un lapsus- de la crisis económica de algunos de estos países.
Ciertamente creo que hay que atender esa gran diferencia de
situaciones que pueden darse. Hay que pensar que muchas de nuestras
acciones no van a depender solamente de la buena voluntad, que creo
que no regatea España, sino también de los instrumentos
internacionales que hacen viable esta ayuda. Se ha citado la
existencia de convenios de seguridad social; le diré que, al menos
quien le habla, en su anterior etapa como secretario de Estado, tuvo
ocasión de renovar, actualizar y perfeccionar siete de estos
convenios, y naturalmente no he seguido otro orden que no fuese el de
las principales poblaciones españolas. Si usted me pregunta por qué
ese interés, le diré que porque algunos de ellos llevaban sin
actualizarse más de 15 y 20 años, habiendo cambiado -como habían
cambiado- sustancialmente las legislaciones, tanto la española como
la del país de origen. Y no se me ocurre plantear eso como un
elemento de crítica o de descalificación -insisto- de fuerzas
políticas con las que, sin duda, estoy seguro de que usted se siente
más próximo que yo mismo.
También hay que tener en cuenta cuando se habla de la emigración -y
vuelvo a insistir- la opinión de las propias personas interesadas.
Una de las decisiones que fue objeto de crítica, pero que creo que
fue un acierto, en la anterior legislatura fue, dado que
prácticamente la mitad de la población española en el exterior tiene
más de 65 años, buscar esa integración ante las políticas que se
relacionan con las personas de más edad y las que se relacionan con
la condición de emigrante. Es evidente que durante estos años se ha
producido un fenómeno positivo de fortalecimiento de las estructuras
asociativas y representativas de nuestros emigrantes.
Afortunadamente, es el consejo de residentes español, a través de su
presidente y de los órganos directivos, el que puede trasladar, y
está trasladando, la opinión alGobierno y al máximo nivel.
Este mes de septiembre el propio presidente del Gobierno ha tenido la
ocasión de escuchar de primera mano y de primera voz la opinión de
nuestros emigrantes, que en muchos de los casos también saben aplicar
esa prudente dosis de reivindicación y beligerancia con el
conocimiento de las posibilidades que España tiene. Sin duda alguna,
y esto no puede ni va a ser nunca reproche hacia nadie, las propias
circunstancias económicas de un país pueden ser determinantes a veces
de que uno sienta la necesidad de afirmarse más o menos como español,
entre otras cosas -y no me gustaría omitirlo, frente a lo que pueden
ser actitudes voluntaristas-, porque España es el único país que
exporta pensiones asistenciales para sus emigrantes por la única
condición de ser españoles. Ahí me permitirá que resista, en nombre
del conjunto de la sociedad española, en nombre de anteriores
gobiernos, ese hecho peculiar y positivo de que España sea el único
país que exporta. Y nos encontramos con que existe una resistencia
tradicional de otros países a producir este tipo de transferencias de
renta. Dicho de otra manera, existe un razonable egoísmo de muchos
países a transferir renta a los españoles, que no sé si es bueno o
malo, pero es cierto. Luego no irá por el camino de la pura exigencia
el conseguir que esos países tengan reciprocidad, porque el que
exista convenio de seguridad social no depende solamente de la
voluntad española, depende también del otro país. Que exista
reciprocidad en los derechos políticos no depende sólo de España,
depende del otro país. Luego está muy bien, porque le aseguro que es
objetivamente bueno, que en esta Cámara se oiga también la voz de la
emigración. Le garantizo que hay muchas personas dispuestas también a
entenderlo y a interpretarlo, ahora y en el pasado. Ahí tiene usted
ese trabajo que ha citado; un trabajo al que yo, lógicamente, me
sumo. Luego viene la parte quizá más difícil, que es instrumentar, y
le garantizo que a la hora de buscar el consenso y el acuerdo con
otros países no creo que sea bueno entrar descalificando o
desautorizando a esos países, y es lo que también admítame, por
simple veteranía, no por más sabiduría política, sino por un poquito
más de edad, que le dé como consejo.
Asumo plenamente lo que se decía hace unos instantes respecto a
seguir teniendo como libro de ruta ese trabajo que realizó el
Parlamento español sobre los problemas de los españoles que viven
fuera. ¿Qué es lo que ha tratado este Gobierno, el anterior, y va a
tratar naturalmente en la presente legislatura? Seguir mejorando,
y no solamente los medios económicos, que creo que es obvio que han
crecido; las dotaciones dirigidas a emigrantes han crecido
simplemente en esos cuatro años y medio que usted desea olvidar en
más de una tercera parte, en más de un 33 por ciento. Desde luego
creo que es un esfuerzo económico importante y, en cualquier caso,
por encima de lo que son los niveles de crecimiento que ha soportado
España. Le decía que se ha pasado desde el año 1996, entonces eran
aproximadamente
7.300 millones -voy a dar la cifra precisa- a más de 9.000,
en este caso van a ser 10.000 prácticamente los millones, 9.700 el
año 2000 y previsiblemente superaremos la cifra de 10.000 millones
para el año 2001. Simplemente este salto del año 2000 al 2001
supondrá un incremento superior al 9 por ciento.
Insisto en que a veces no son solamente las ayudas económicas, siendo
muy importantes. Antes hablaba de un término, permítame, que no puedo
compartir. No se trata de dignificar el voto, el voto es digno
siempre, más aún entiendo que son las personas que lo ejercen y da
dignidad a la democracia ejercer este derecho. Yo pienso que no
solamente tiene que haber buena voluntad, que no se regatea, tiene
que ser posible también conciliar el consenso. Cuando habla usted de
algo tan delicado como es la Ley Electoral, estoy seguro de que sabe
también de antemano que la Ley Electoral forma parte del llamado
bloque de constitucionalidad, y sabe -y creo que ha sido bueno para
España- que no se ha emprendido ninguna reforma con carácter
unilateral. No piense que es un puro ejercicio de inepcia, sino que
realmente conseguir que los tiempos y los métodos aplicables en lo
que es el ámbito español sean directamente trasladables, por ejemplo,
a Australia, es complejo. Admítame que al menos es complejo, como
decía, de hacer absolutamente iguales. Y principios como los que
usted citaba de que en todas las mesas consulares llegase a haber esa
mesa que usted imaginaba con presidentes, vocales e interventores,
eso sí que en muchos casos contravendría sinceramente el propio
secreto o carácter confidencial del voto, porque estaríamos hablando
a veces de poblaciones muy reducidas.
Por cierto, sabe S.S. como yo que, a pesar de que se ha reducido la
población española residente en el extranjero a un ritmo importante,
eso no ha sido argumento ni va a ser nunca excusa para reducir
nuestros esfuerzos económicos. Le acabo de citar que se han
incrementado sensiblemente. De 1.700.000 personas ha descendido a
1.500.000 simplemente en el tránsito del año 1998 a 1999. En esa
misma etapa, con esa reducción tan enérgica, se han producido unos
incrementos muy superiores a los que han seguido otras líneas de
gasto del Estado. Esa es la tónica que quiere aplicar este Gobierno.
No va a decaer el esfuerzo. Es difícil a veces actuar. En ámbitos no
solamente de pensiones asistenciales, en ámbitos de asistencia
sanitaria estamos, sin duda ninguna, sujetos y supeditados a la
calidad de la asistencia sanitaria en esos países. Y eso es lo que
nos ha llevado a firmar convenios y a que en muchos casos,
afortunadamente, ya nuestros españoles tengan una asistencia digna
-ahí sí cabe la palabra-. Recientemente, a la lista que usted conoce
de países con los que sí ha sido posible firmar convenios de
cooperación sanitaria hay que añadir otros, como puede ser el caso
bien reciente de Venezuela, donde tambiénsin duda ninguna está uno de
los grandes colectivos.
Le decía que se han modificado también normas, pero no me gustaría
-se lo digo con toda franqueza- que algunas modificaciones estuviesen
simplemente al albur de la situación económica de cada país. Por ser
claros, yo entiendo el deseo de muchos españoles -en momentos de
bonanza económica de algunos de esos países, o por simple afecto, no
sólo a la tierra que les vio nacer, sino a la tierra en que llevaron
a cabo su proyecto personal- de adoptar la nacionalidad de ese país.
Lo que no creo que sea bueno es que ni España ni ningún otro país
legislen los cambios simplemente por condiciones de cambio o de
transición económica. Yo creo que son cambios delicados que habrá que
hacer con la debida prudencia en el ámbito del propio Código Civil y
en el que le puedo avanzar ya que sí que se está trabajando en los
programas con la máxima generosidad no sólo en cuanto a la
conservación, sino también a la transmisión. Pero no se olvide de que
tiene que haber una regla de reciprocidad, le pido que la tenga en
cuenta porque, insisto, se trata de ser generosos pero no de ser el
único país generoso del mundo, lo cual nos llevaría a una situación
francamente complicada.
Por cierto, permítame también que entienda que esa reforma que usted
suscita debería ser armónica en el tiempo y en el espacio respecto a
la condición que deban tener los extranjeros en España. La llamada
Ley de Extranjería me parece que también debe, en alguna medida, ser
importante.
Si usted quiere, en la segunda parte, porque no deseo abusar del
tiempo ni de la benevolencia del presidente, tendré ocasión de
acreditarle, con cuantos datos y cifras considere usted oportunos, lo
que acabo de sostener. Le garantizo, ya ahora, que he escuchado su
primera intervención con la máxima atención y naturalmente lo haré
también en la réplica. Sigo creyendo que esta es una materia en la
que merece la pena colaborar, nos lo dice el artículo 42 de la
Constitución y nos lo están diciendo también los consejos de
residentes españoles y todas cuantas personas, afortunadamente
muchas, trabajan por mejorar la calidad de vida de los españoles que
viven dentro y fuera de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señor ministro, mantengo desde luego la
oferta del Bloque Nacionalista Galego a colaborar. El Bloque
Nacionalista Galego no se está apropiando absolutamente de nada; está
reclamando que las recomendaciones que figuran en el informe con el
que efectivamente podemos coincidir, coinciden también los consejos
de residentes españoles y coincide el Consejo General de la
Emigración, que esas recomendaciones dejen de serlo y se conviertan
en medidas concretas. No creo que le pueda decir
al Consejo General de la Emigración o a los consejeros generales de
muchos países que están en este momento suscribiendo un manifiesto
que también se apropian de los términos de ese informe. (La señora
vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.)
No discuto que hayan hecho ustedes un esfuerzo, lo que sí digo es que
desde luego no es suficiente, porque si no estos colectivos de
trabajadores españoles en el extranjero así lo estarían reconociendo.
Dicen que se apruebe y se presente en las Cortes una ley de
nacionalidad, donde por cierto ustedes reclaman una reciprocidad que
no exigen en el último convenio con Suiza, porque Suiza a la hora de
determinar las condiciones en que se produce la libre circulación de
personas, libre establecimiento, libre prestación de servicios,
etcétera, establece condiciones totalmente desequilibradas; que se
reconozcan a efecto de pensiones los años trabajados en España aunque
no hubiesen dado lugar a cotización; que se equipare la cuantía de
las pensiones asistenciales; que se modifique la normativa referente
a la apertura y mantenimiento de las aulas de lengua y cultura con
arreglo a los acuerdos del V Pleno del tercer mandato del Consejo
General de la Emigración (usted no refirió a esto; parece que todo lo
que se refiere a las lenguas y culturas distintas al castellano que
existen en el Estado no es problema); y dicen también que se tramite
con carácter urgente, porque ellos no dudan de la dignidad de su
voto, pero dudan de que los procedimientos sean dignos; piden la
modificación de la Ley orgánica del régimen electoral general de
forma que se posibilite realmente el voto de los españoles en el
exterior en igualdad de condiciones a los que viven en España.
Vamos a hablar claramente. Respecto a la reforma de la ley electoral,
efectivamente es una ley que forma parte del bloque de la
constitucionalidad; como usted dice es una ley orgánica que debe
concitar un gran consenso a su alrededor, pero hubo modificaciones
parciales y concretas de esta ley, y estamos hablando de modificar no
la regla de proporcionalidad, no de la Ley dHont, sino de
procedimientos de ejercicio del derecho de sufragio activo, es decir
reformas de procedimientos que incluso se podrían hacer, si me apura,
a través de normas reglamentarias.
Hay muchas dudas acerca de que las sacas que contienen los votos no
se modifiquen cuando salen del consulado y cuando llegan; hay
documentación sobre este tipo de denuncias y podríamos otro día
hablar de ellas con calma. Por tanto, yo no dudo de la dignidad del
voto de los emigrantes en el extranjero, simplemente digo que el
aumento que experimentó el censo de residentes ausentes desde que
ustedes están gobernando a algo se deberá. Nosotros reconocemos el
sentido positivo de que los españoles en el extranjero accedan al
censo, pero ese aumento del censo, precisamente por la importancia
que tiene, debe traducirse en procedimientos
de votación iguales y equiparables dentro de las condiciones y dentro
de las circunstancias de cada país a los procedimientos existentes
para los residentes en el interior y que se tenga en cuenta -que
tampoco a eso contestó- el número de residentes ausentes a la hora de
determinar cuántos escaños se atribuyen a una provincia. Se lo voy a
decir claramente: la provincia de Ourense perdió un diputado y esto
no habría sucedido si se hubiese contabilizado el censo de residentes
ausentes, que en muchos municipios de esa provincia llega al 20 por
ciento del censo total de votantes. Son propuestas concretas que
usted puede o no puede compartir pero sobre las que se tendrá que
pronunciar aquí desde esta tribuna. Me parece que no son propuestas
revolucionarias, no son propuestas que supongan socavar las bases del
régimen electoral español, sino que son francamente asumibles.
En relación con la generosidad o no generosidad del Estado español,
creo que los emigrantes españoles no hacen comparaciones, pero de la
misma manera que ustedes se gastan con generosidad dinero público
para operaciones más o menos provechosas de propaganda más o menos
exitosa con estos emigrantes, una cosa tiene que ir unida a otra, y
si la Constitución habla de retorno tienen derecho a que ese retorno
se les garantice en condiciones dignas y en condiciones de igualdad
con el resto de españoles. Si la Constitución habla de atención a los
emigrantes, habrá que cumplir ese artículo 42 de la Constitución y no
escudarse en cifras, en si pasamos de 7.000 a 9.000 millones, cuando
la realidad es que la situación empeoró y empeoró a lo mejor en parte
a la mala gestión de su Gobierno -nadie es perfecto-, pero también
porque aumentan las necesidades de esta población envejecida en
Latinoamérica; a medida que pasa el tiempo aumentan sus necesidades
de salud, sus necesidades farmacéuticas y disminuye su poder de
compra, disminuye su poder adquisitivo para acceder a estas
prestaciones o hablando de Argentina -una economía, como le decía,
dolarizada, y no le hecho la culpa, Dios me libre, de la crisis de la
economía Argentina-, donde un café cuesta 400 pesetas, cuando ellos
están cobrando de pensión el equivalente a 250 dólares. Por cierto,
la depreciación de la peseta frente al dólar también está provocando
una disminución acelerada del poder adquisitivo de estas pensiones.
Otra medida que podrían tomar es establecer un cambio fijo peseta/
dólar para garantizar, en la línea del Pacto de Toledo, el poder
adquisitivo de estas pensiones asistenciales para los españoles que
residen en el extranjero.
Por tanto, señor ministro -y ya acabo- éstas no son propuestas
exclusivas del Bloque Nacionalista Galego, y por eso creo son
susceptibles de concitar un amplio consenso a su alrededor; son
propuestas formuladas por el Consejo General de la Emigración, donde
el Bloque desde luego tiene poca influencia, y por muchos consejos de
residentes españoles en Francia,
en Holanda, y a cuyas propuestas nosotros nos sumamos en parte y
añadimos otras que efectivamente son de nuestra cosecha, pero que nos
parecen adecuadas y dignas de recibir el apoyo de esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Aymerich.
Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Aymerich, me alegra coincidir con usted, porque además éstos
son objetivos compartidos por todo el Parlamento, de eso no cabe
duda, y me alegra también escuchar que ahora consideran necesario e
importante que se pondere de la mejor manera posible el voto de la
emigración. Eso es bueno. Hace poco tuve ocasión de conocer
declaraciones del señor Beiras, y decía que debía ser computado en
cuenta aparte, no sé si porque a veces los resultados electorales
mueven ciertos ánimos. En cualquier caso, tengo plena confianza y doy
por bueno lo que usted señalaba en la tarde de hoy; me parece
correcto.
Debo decirle también que en estas materias somos plenamente
conscientes, como le decía hace unos instantes, de que la población
de residentes españoles envejece; prácticamente el 29 por ciento de
nuestros emigrantes tiene más de 65 años, más de la mitad de ellos
tienen entre 65 y 76 años y casi la mitad es mayor de 75 años. Por
eso se están firmando acuerdos con Chile, con Brasil, con Perú, con
Uruguay, con Costa Rica, con Santo Domingo, con Marruecos, con
Guatemala y con Argentina y se están poniendo en marcha los
mecanismos necesarios para poder hacerlo en Venezuela, en Colombia y
en México. También me permito anunciarle, supongo que para
satisfacción de todos, que asimismo será posible hacerlo en Bolivia.
Esto ha supuesto que en menos de tres años hemos pasado de un
esfuerzo de 20 a un esfuerzo de 200 millones de pesetas, que me sigue
pareciendo una cantidad reducida y trataremos de mejorar, pero que
ciertamente va buscando esa respuesta.
También estamos intentando sostener el esfuerzo asistencial, y créame
que a sostener en unas poblaciones que se reducen, las redes
asistenciales diseñadas para poblaciones muy superiores es complejo
y, nos guste o no, requiere el concurso y la colaboración de las
administraciones de esos países, que por cierto tienen las
dificultades económicas que usted señalaba. Buena parte de esa obra
asistencial está siendo sostenida, aun a sabiendas de que la mayor
parte de la asistencia no la dispensan ya a españoles, sino que se
dispensa a ciudadanos de esos países, pero también creemos que es una
forma de colaborar y de buscar la reciprocidad y la armonía que antes
señalaba.
Respecto a lo que decía sobre tratar de manera distinta a los
distintos grupos de emigrantes, a veces es más sencillo atender a los
colectivos que residen en las grandes poblaciones porque es más fácil
estructurar estos servicios. El gran drama está en ocasiones en las
pequeñas poblaciones de algunos de los países que se citaban,
y también se ha buscado que se desciendan al nivel municipal los
acuerdos. Cito como ejemplos que se pueden manejar los acuerdos con
la municipalidad de Rosario, de Buenos Aires, los que se están
llevando a cabo en Santiago de Chile y los que se están proyectando
ya en México y Andorra. Sigo creyendo que es indispensable descender
a esos casos de mayor necesidad.
La vinculación con España y los problemas de retorno creo que son una
obligación que nos imponían la Constitución y el sentido común. Se
siguen produciendo y yo creo que también se han facilitado. De hecho
sabe que introdujimos una reforma normativa para evitar que durante
unos meses estuviesen en tierra de nadie; perdían los derechos del
país de origen y de hecho las pensiones asistenciales que pudieran
tener en el país de origen y no podían adquirir derechos para recibir
las prestaciones españolas no contributivas o asistenciales hasta
transcurridos dos años. Hemos logrado que no se produzca esa
indeseable pausa o esa indeseable pérdida de rentas. Creo que también
es bueno seguir buscando formulaciones que permitan, como decía
antes, facilitar de manera efectiva el retorno. Piense que
aproximadamente el 70 por ciento de los que retornan lo hacen en edad
laboral, con lo cual sin ninguna duda también tendremos que insistir,
como hasta ahora venimos haciendo si me permite decirlo, en
concederles prioridad para la búsqueda de un puesto de trabajo o para
conseguir la inserción profesional y laboral que creo merecen.
Finalmente también se refería a los jóvenes, y estamos ante una
segunda generación que es la que a veces tiene mayores problemas,
incluso de identidad. Se han logrado acuerdos con el Consejo Superior
de Cámaras de Comercio para que también las empresas españolas, que
tienen hoy felizmente una presencia creciente e influyente en estas
sociedades, faciliten la integración profesional, la realización de
prácticas e incluso el acceso a sus propias carteras de empleo.
También las becas Reina Sofía y el programa Carolina creo que son
buenos ejemplos de cómo podemos facilitar el mantenimiento de la
identidad cultural de los españoles que están en el extranjero. Me
citaba la UNED como área de encuentro, y felizmente hay un convenio
firmado entre la Dirección general de Ordenación de las Migraciones
y la UNED que está permitiendo el acceso a los hijos de emigrantes en
condiciones de igualdad evidentemente, con centros en Bonn, Bruselas,
París, Londres, Ginebra, Rosario, Caracas, Nueva York, México, Sao
Paulo, Roma, Buenos Aires y Tánger. Para el curso 2000-2001,
confiamos que estará en marcha el centro para Chile; creemos que para
el año siguiente se podrá
también abrir un centro en Perú y también entran en nuestra
programación centros en Lisboa, Santiago de Chile y Lima. Puedo
decirle, en este repaso necesariamente breve, que por supuesto
trataremos de seguir fortaleciendo los mecanismos de asociación y de
vertebración, especialmente los consejos de residentes.
Por último, yo creo que tal y como se ha dicho hace unos instantes, y
en eso coincido plenamente, debemos buscar que las acciones en este
terreno sean de coordinación y colaboración de todas las
administraciones. Sin duda alguna, si un emigrante retorna es
importante que pueda no solamente tener una renta que le facilite la
inserción, pero también sentirse debidamente atendido en todos los
ámbitos, en las necesidades de vivienda y especialmente de empleo.
Esos son los programas que esperamos marcar y señalar en los próximos
meses a través de una asignación de prioridades que no dudo serán
perfectamente comprendidas por la sociedad española, y en el concurso
lógicamente a nuevas ideas, a nuevos proyectos y a la colaboración,
tenga la certeza, señor Aymerich, de que nos encontrará siempre.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
ministro. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo únicamente para decir que fijaremos posición en la moción
subsiguiente; coincidimos con las preocupaciones que se han expresado
en torno a la situación de nuestros emigrantes que tienen carencias
evidentes en materia social, en materia cultural, en relación con el
retorno, y en ese sentido nosotros coincidimos con las preocupaciones
expresadas por el Bloque Nacionalista Gallego, también expresadas por
los propios emigrantes, y fijaremos posición, como he dicho, en la
moción subsiguiente.
Nada más.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor
Llamazares. ¿Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió)? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Expresaré en primer término nuestra
adhesión a la interpelación presentada por el Grupo Mixto.
En segundo lugar, como es lógico, me doy por derrotado porque es
conocido ese principio que dice que en cuestiones de criterio siempre
tiene la razón el que está en el Ministerio.
El Gobierno, como suele ocurrir, ha dado a través de su ministro de
Trabajo unas cifras elocuentes en la parte que le conviene resaltar
pero ha omitido el desacuerdo imperante entre el Consejo General de
Emigración y los órganos que debieran hacerse eco de sus opiniones
o de sus acuerdos. Tampoco estoy de acuerdo con la pedagogía que
frecuentemente se imparte en estas materias; que el señor ministro
manifieste -como ha hecho-, que sería pernicioso para España ser un
país excesivamente generoso me hace pensar en el sonrojo que
seguramente tendrá en su tumba el señor Olof Palme, que tan generoso
fue en tantos temas trascendentes para la creación de una auténtica
conciencia internacional. Además, al expresarse de esta manera
tampoco se presta ningún servicio a los emigrantes españoles que
residen en el exterior, porque yo no puedo compartir la doctrina del
fallecido representante popular señor Kirkpatrick, expuesta en el
Pazo de Mariñán con ocasión de un seminario de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, donde manifestaba que había que ser
extraordinariamente generoso con el reconocimiento de derechos de los
españoles que residían fuera de España y trabajaban en otros países,
y en cambio ser extraordinariamente pacato en el reconocimiento de
derechos a los trabajadores que venían a nuestro país. En un mundo
globalizado eso no puede sostenerse, y además, va contra el sentido
de la historia. La Unión Europea comenzó por establecer la libertad
de aduanas para bienes, para servicios y mercancías y ha terminado
introduciendo la libre circulación de personas. Esto es lo que va a
suceder en la medida que se vaya interiorizando en la conciencia
internacional la Organización Mundial del Comercio. De manera,
señorías, que la situación del emigrante en el exterior es como un
lugar geométrico definido por la generosidad de la legislación de su
país de origen, la generosidad de la legislación de su país de
acogida y en tercer término por la legislación internacional
existente.
Causa también sonrojo que la Convención de las Naciones Unidas,
resolución 45158, aprobada por la Asamblea General sin ni siquiera
votación el 18 de diciembre del año 1990, no haya sido ratificada por
el número suficiente de Estados para ponerla en vigor, y entre esos
Estados que no la han ratificado se encuentra España. Naturalmente,
en la vida internacional hay una tendencia a la igualdad de trato de
los nacionales y los extranjeros; tendencia que no se puede
desconocer y que será cuestión de oportunidad política cómo se va
encajando en la situación de los diferentes países. También existe la
conciencia de la necesidad de hacer una distinción entre regulares o
irregulares, con papiers o sin papiers, y finalmente el respeto a la
soberanía de los Estados para regular su emigración.
Con ocasión de una reunión del Consejo de Europa en Granada, con el
tema monográfico de la emigración, fui invitado, como secretario de
Emigración de la Unión General de Trabajadores, y planteé algo que en
principio causó verdadero escándalo y terminó siendo asumido por
todos los que asistían a aquella reunión: el día que se quiera tener
una legislación verdaderamente justa sobre los movimientos
migratorios esta legislación tendrá que emanar de esferas
supraestatales por una razón muy elemental y es que todos los
Estados, tanto los de acogida como los de envío de emigrantes, tienen
en cuenta sus intereses y abdican de consideraciones en relación con
la justicia de la situación humana de esas personas. En España
tenemos una gran paradoja, tenemos paro, tenemos necesidad de mano de
obra extranjera y tenemos más de millón y medio de personas,
probablemente algo próximo a dos millones, de los cuales una gran
parte están lampándose, si se me permite la expresión, para regresar
a España y tener un puesto de trabajo. Estas son paradojas. También
es paradójico que los neoliberales defiendan que el equilibrio del
mercado tiene una virtud maravillosa que produce unos equilibrios
extraordinarios y resuelve armónica y justamente todas las cosas.
Esto se hace carne en la doctrina que se imparte desde nuestras
cátedras de economía cuando se refieren a la circulación de servicios
y mercancías y en cambio deja de ser creído cuando se refiere a la
circulación de las personas, de manera que hoy se puede decir que es
mejor ser una mercancía extranjera que un nacional de otro país.
Nosotros hemos propuesto una ley sobre nacionalidad que tiene el
número 122/000003 y que ha sido atendida por el Gobierno con el
número 0000. Igualmente compartimos la mayoría de los criterios
sostenidos en la ponencia aprobada por el Pleno de esta Cámara el día
23 de junio de 1998, donde el Grupo Socialista, igual que en la
configuración de los derechos que han ido adquiriendo los emigrantes
en el exterior, ha tenido sin duda importancia decisiva, sin que con
esto queramos menoscabar otras aportaciones.
Están vivos muchos problemas. Yo no soy tan optimista como el señor
ministro en relación con los instrumentos jurídicos internacionales.
Tengo una publicación cerrada al mes de diciembre de 1999 del propio
Ministerio de Trabajo, en la que no se menciona el convenio a que ha
hecho alusión con la República Dominicana. Seguramente no será un
error suyo, sino una falta de información, de lo cual me alegro; pero
en esa publicación de los convenios aprobados en materia de
asistencia, en materia de jubilación, en fin cuatro grandes bloques
de materias, 14 son de la Unión Europea y 22 del resto de países. El
número de Estados es de 200 y el señor ministro me podrá decir que
sin duda la emigración tiene más importancia cuantitativa en unos
Estados que en otros, pero yo creo que no sería un mal principio
diplomático que todos los Estados firmaran un convenio sobre esta
materia; si ahora no tienen emigrantes para cuando los tengan. Es
importante que nuestros connacionales no aterricen en un aeropuerto
desconocido, ingrato o precario.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Navarrete, debe
concluir. Ha consumido su tiempo.
El señor NAVARRETE MERINO: Concluyo ya diciendo que compartimos la
necesidad de actualizar el centro, que es necesario tener más en
cuenta las opiniones del Consejo General de Emigración y que es
necesario refinar la sensibilidad en nuestro país, puesto que la
memoria del año 1999 del Consejo Económico y Social no hace ni una
alusión al problema que aquí nos obliga. Sería bueno que desde el
Ministerio de Trabajo y por supuesto desde las organizaciones
sindicales se siguiera el criterio del que fui beneficiario en el año
1977 en un convenio sobre la construcción en Berna, al que se invitó
a UGT y a CC.OO. a participar por el gran contingente de trabajadores
españoles que había empleados en la construcción en aquel país. Sería
una buena regla a tener en cuenta en el nuestro para los ciudadanos
marroquíes que por ejemplo faenan en trabajos agrícolas y para los
trabajadores españoles que residan en Europa o en otros países.
Quiero decir que la mayoría de las ayudas de los convenios que hay
-me parece que aproximadamente hay unas 20 rúbricas de ayudas- tienen
carácter fragmentario, se caracterizan por el subjetivismo y más bien
parecen orientadas a la creación de un mercado de voto cautivo.
Nada más, señorías. Le prometo, señor ministro, que con nosotros va a
mantener una fuerte polémica en esta materia. Quiero que no lo
considere como una especie de agresión personal o injustificada, sino
más bien como una muestra de colaboración, porque nuestras
aportaciones, así como las suyas por supuesto, serán agradecidas por
la sociedad española y particularmente por esa parte tan necesitada
de la sociedad española que vive más allá de nuestras fronteras.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor
Navarrete.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias.
En primer lugar, quiero felicitar al Bloque Nacionalista Gallego por
haber traído a la Cámara este debate. Efectivamente, ésta es una
semana importante, puesto que se va a debatir una ley que tiene gran
repercusión para los extranjeros que quieren residir en nuestro país,
siendo también muy buen momento para discutir asimismo sobre la
situación de los españoles en el exterior. Además, creo que es un
buen momento para hacer balance de lo que se ha hecho. Efectivamente,
el Partido Popular lleva cuatro años en el Gobierno y siempre ha
tenido una gran sensibilidad respecto al exterior.
Usted sabe, señor Aymerich -y lo sabe además porque es gallego-, que
no solamente ha sido a nivel de
un Gobierno central, sino a nivel de la Xunta de Galicia donde
también gobierna el Partido Popular, y que desde el principio se
inició un apoyo importantísimo para esos gallegos que siguen
residiendo en el exterior, esos más de 250.000 gallegos. Yo le tengo
que decir que debido a las competencias que asumen y tienen las
comunidades autónomas, su labor es fundamental en cuanto a derechos y
en cuanto a obligaciones por parte de esas comunidades.
Como representante de mi grupo parlamentario, tengo que decirle que
después de haber oído minuciosamente su intervención, la verdad es
que aunque lo felicito tengo que decirle que no comparto la opinión
que usted tiene sobre lo que se ha hecho. Además, creo que cuando se
hace una intervención en un sentido tan negativo, cuando los hechos
están ahí le resta credibilidad. Para el Grupo Parlamentario Popular
nos es muy favorable, además queremos que este tipo de iniciativas
vengan también de desde otros grupos, y estaremos muy atentos a la
moción que usted presente; pero cuando las cifras están ahí es
difícil que S.S. haga una valoración tan opuesta a lo que es la
realidad. Para nosotros ha sido un motivo importante de preocupación
la situación que tenían los españoles que estaban residiendo en
países que actualmente tienen ese desequilibrio económico. También
eran motivo de preocupación los jóvenes que querían retornar, así
como garantizar unas condiciones dignas a los mayores para su
retorno. Eso se ha venido reflejando año tras año en algo tan fácil
de comprobar como son los Presupuestos Generales del Estado. Usted
conoce las partidas destinadas, no ya por las comunidades autónomas
que tienen dentro de sus competencias partidas diferentes según la
sensibilidad de cada una, sino que independientemente de eso el
Gobierno central ha ido aumentando paulatinamente, y desde el año
1996, esas partidas, y lo demuestra el hecho de que en estos cuatro
años se hayan incrementado en más del 33 por ciento. Eso, señor
Aymerich, por mucho que usted no esté de acuerdo o tenga unas
consideraciones diferentes a lo que pueda ser nuestro Gobierno,
tendrá deberá reconocer que es una realidad. Lo ha dicho muy bien el
ministro en su intervención cuando ha hecho una referencia a cuáles
han sido esas actuaciones. Yo le tengo que decir que a mí
personalmente me produce gran satisfacción el que hoy aquí se hable
de plan de salud, y me produce gran satisfacción que hoy se diga que
se tiene que ir aumentando ese plan de salud. ¿Sabe por qué? Porque
ese plan de salud se puso en marcha con un Gobierno del Partido
Popular. Esas recomendaciones que según el representante del PSOE
había que tener más en cuenta del Consejo General de la Emigración
las venían haciendo durante muchos y muchos años y fue un Gobierno
del Partido Popular, con una sensibilidad específica y con un
reconocimiento merecido de que había situaciones de precariedad en
aquellos países que no compartían nuestro mismo sistema de protección
social y sanitario, el que
dijo que había que dar un paso más allá, un paso más allá complicado.
Ha dicho el ministro que el hecho de firmar acuerdos con países donde
esos sistemas sanitarios son diferentes a los nuestros y en
condiciones diferentes en cada uno de esos países, supone ir
paulatinamente hacia su logro. A nosotros nos hubiera gustado poder
implantar ese plan de salud desde el primer momento para todos los
españoles que necesitaran y carecieran de recursos. Lo vamos haciendo
y se ha hecho una relación de todos los países con los que se ha
firmado. Me parece bien que este Parlamento considere que se tiene
que ir avanzando porque a nosotros, por haberlo puesto en marcha, nos
parece que es fundamental que todas esas personas que viven en países
donde no les cubre la asistencia sanitaria la tengan garantizada por
un Gobierno sea del color que sea. Debe reconocer que para mí sea un
motivo de satisfacción que haya sido un Gobierno del Partido Popular
el que haya hecho esa iniciativa. (El señor vicepresidente, Camps
Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Mayores. Usted lo ha comentado. Poder hablar hoy de centros de
mayores, el que yo le diga que hay asistentes sociales para los
mayores en Argentina me tiene que reconocer, independiente de que
sólo haya leído algunas de las manifestaciones que hayan hecho
miembros del Consejo General de la Emigración, que si ha leído los
informes anteriores ahí están, o cómo se ha ido ampliando la UNED o
los acuerdos firmados para la formación de jóvenes o cómo el Gobierno
ha regulado el retorno para que no quedaran en esa situación tan
precaria como ha dicho el ministro. Quiero decirle que para nosotros
también era un compromiso estar de acuerdo con la función que tenía
que hacer el Consejo General de la Emigración. Por eso regulamos que
la Administración tuviera un menor peso y le dimos una mayor agilidad
al consejo. Precisamente porque hemos tenido reuniones la pasada
semana con miembros del Consejo General de la Emigración, quiero aquí
reiterar el compromiso que ya tuve con ellos y el compromiso que el
Partido Popular adquirió con todos los españoles en el exterior.
Nosotros dijimos que en esta legislatura iba a haber una ley de
nacionalidad, iba a haber una modificación de la Loreg que
garantizara la participación en condiciones similares a la de los
españoles y que además hiciera efectivo el voto. Eso va a ser así.
Señor Aymerich, me congratula que esté usted de acuerdo con nosotros.
Quiero recordarle, aunque seguro que usted lo sabe pero por si acaso
no ha tenido la documentación a mano, el «Diario de Sesiones» o los
periódicos, cuando se produjeron los hechos, que...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Muñoz, vaya
concluyendo, por favor.
La señora MUÑOZ URIOL: Termino enseguida.
Decía que cuando perdieron aquel diputado que ganó el Partido Popular
por los votos de la emigración,
el representante de su partido, señor Beiras, dijo entonces que el
voto de la emigración no debía contar. Yo creo que fue producto de lo
que supuso que una emigración votara mayoritariamente, más del 70 por
ciento, al Partido Popular. En cualquier caso, y para concluir,
quiero decirle que el Partido Popular tiene sensibilidad en este
tema, que nos interesa, que lo estamos haciendo, que esperaremos a su
moción y que no le quepa la menor duda de que si hay que apoyarla la
apoyaremos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Muñoz.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL MODELO
DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA, SU MODELO DE FINANCIACIÓN Y SU
MARCO JURÍDICO, QUE NO HAN SIDO DEFINIDOS POR CONSENSO ANTES DE SU
TRASLADO A LA SOCIEDAD ESTATALDE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI).
(Número de expediente 172/000038.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): La siguiente interpelación
urgente es la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
sobre el modelo de la televisión pública en España, su modelo de
financiación y su marco jurídico, que no han sido definidos por
consenso antes de su traslado a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI). Para su defensa tiene la palabra
la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, a nadie se nos escapa la importancia que el
sector de las telecomunicaciones, más concretamente el de la
radiotelevisión, tiene en estos momentos, considerando además que es
el sector de mayor proyección del mundo. Este sector produce grandes
beneficios económicos en su explotación comercial, si se hace sin
ningún tipo de compromiso social. Por tanto, existe una fuerte
presión del sector privado que podemos sumar a los poderosos
intereses que despierta la gran influencia que tienen en la opinión
pública los medios de comunicación y en especial la televisión.
Actualmente, el Ente Público Radiotelevisión Española tiene una
situación que viene dada por el incumplimiento constante del Estatuto
de la radio y la televisión donde se garantiza la financiación
pública. Es decir, el Estatuto de Radiotelevisión Española reconoce
que la financiación del ente tiene que ser pública y se tiene que
llevar a cabo. Pero desde hace ya muchos años tiene una dependencia
económica en sus ingresos por publicidad casi absoluta y la falta de
financiación estable por parte del Estado ha llevado al Ente Público
Radiotelevisión
Española a una situación lamentable. Este año se van a reconocer,
sumando la deuda del año 2001, casi 800.000 millones de pesetas. ¿Y
qué solución le ha dado a este problema el Gobierno del Partido
Popular? Pues bien, la solución que se le ha dado es traspasar el
Ente Público Radiotelevisión Española a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, que todos sabemos que es simplemente el
laboratorio o el hospital donde se pretenden curar las enfermedades
económicas de nuestras empresas públicas para cerrarlas, si no es
posible, o privatizarlas. Y todo esto se ha hecho en una situación
bastante compleja. En la legislatura pasada, el Gobierno tuvo al
Parlamento entretenido durante bastante tiempo con una subcomisión en
la que fue imposible llegar a ningún tipo de acuerdo, en la que no
fue posible llegar a un modelo ni a una financiación. Mi grupo
parlamentario cree que se dio esa situación porque estaba claro que
al Gobierno no le interesaba que se llegara a ningún tipo de acuerdo.
Yo creo que eso nos da la razón en el momento en que -como ustedes
ven- el Gobierno del Partido Popular va a hacer directamente
responsable de Radiotelevisión Española a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales.
El Gobierno busca el consenso en temas de proyección social y
nosotros pensamos que en realidad lo hace para ocultar su propia
fisonomía, la careta que siempre hemos denunciado que ustedes se
ponen ante determinadas cuestiones. Sin embargo, en una cuestión tan
vital para los ciudadanos y para el normal funcionamiento de la
democracia no sólo huyen del consenso, del diálogo, de la
participación, del intento de llegar a acuerdos con los grupos
parlamentarios, no sólo con los grupos parlamentarios sino también
con los afectados, los propios trabajadores del Ente Público
Radiotelevisión Española o con las organizaciones sociales que puedan
estar afectadas por este tipo de actuaciones. Y no sólo huyen de ello
sino que, en nuestro criterio, con premeditación y alevosía, sin
definir el modelo de televisión y su marco de financiación, emprenden
ustedes una aventura infinitamente alejada de los intereses de la
democracia y de los sufridos ciudadanos para acabar en un negocio que
no sabemos muy bien por quién va a estar controlado. Nos gustaría que
nos lo explicara, señor ministro.
En todo caso, a nosotros nos gustaría creer lo que usted tantas veces
ha dicho de que no se va a privatizar Televisión Española. Nos
gustaría creerlo, pero la verdad es que la experiencia nos dice que
no pueden tener credibilidad para nuestro grupo parlamentario en este
tipo de compromisos. Al principio de esta legislatura, en una
interpelación de mi grupo parlamentario, el señor Cabanillas dijo en
esta misma Cámara que Radiotelevisión Española no iba a depender de
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y a pocos meses
después estamos hablando de que así va a ser. Ustedes dicen que no
van a privatizar. Nos gustaría que eso también lo dijera aquí el
señor ministro, aunque pueda servirnos de poco. Además, hay muchas
formas de hacerlo. No van
ustedes a privatizar ¿a corto plazo, a medio plazo? ¿Van a privatizar
el ente totalmente o lo van a privatizar en parte? Señor ministro,
realmente ¿cuál es la intención que tienen ustedes con el traspaso de
Radiotelevisión Española a la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales? Ustedes dicen que esta entrada es para absorber su
deuda y nosotros pensamos que se podía haber hecho de otra manera,
para hacer una gestión empresarial y para presentar al Parlamento, a
mediados del año 2000, un plan de viabilidad que suponga una
estabilidad financiera para Radiotelevisión Española. Ustedes dicen
que están dispuestos a negociarlo con los sindicatos en el primer
semestre. Nosotros no dudamos de las intenciones de hacer una buena
gestión, ni muchísimo menos, pero ¿qué directrices, qué criterios se
van a tener en cuenta en la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales a la hora de hacer el plan de viabilidad? ¿Van a contar
con obtener el máximo de ingresos publicitarios, como ocurre ahora,
con el impacto que eso significa en el tipo de programación que se
emite, o van a poner algún límite compensando con una subvención
pública que acepte la Unión Europea? ¿Van ustedes a establecer algún
criterio sobre programación diciendo cuál es la que quieren para
Televisión Española, una que en general lleve la audiencia a los
niveles actuales, o están dispuestos a mejorarla aún a costa de tener
menos audiencia? Las respuestas a todas estas preguntas tienen
repercusión bastante directa en la política que tiene que llevar a
cabo el ente sobre compras de series, de largometrajes y también en
la producción de programas en general, lo que afecta directamente
a la programación.
En definitiva, señor ministro, ¿qué objetivos de audiencia, de
ingresos publicitarios y de subvenciones va a marcar el Gobierno a la
SEPI para que haga este plan? Nos gustaría saberlo porque hay mucha
nebulosa en este traspaso. No se tiene en absoluto claro cómo se va a
orientar porque no hay fijado un modelo de radiotelevisión pública.
¿Qué unidades de negocio van a crear, señor ministro? ¿Cómo lo van a
hacer? ¿Cómo van a preservar el Estatuto jurídico de Radiotelevisión
Española? ¿Se va a modificar? ¿No se va a modificar? ¿Cómo se va a
asegurar la independencia de Radiotelevisión Española? Es un ente
independiente, con independencia de lo que podamos pensar los demás,
o podamos asegurar, acerca de las intervenciones que se producen.
¿Cómo se va a asegurar que vayamos a seguir teniendo un servicio
público esencial? ¿Cómo vamos a asegurar que ésta no es realmente la
antesala de una privatización, cuando además ya se está produciendo
por parte de algunas comunidades autónomas, en concreto la de Madrid,
una explicitación verbal de su presidente de intento de privatización
de la radiotelevisión autonómica, que de momento no puede llevar a la
práctica porque la ley no se lo permite? Aunque ustedes han dicho que
ésa no es una de sus prioridades, también la tienen en cartera y se
puede producir a un plazo más o menos corto.
Señorías, el Gobierno entiende que Radiotelevisión Española no es más
que un problema financiero o una operación económica, en lugar de
entender que es un proyecto mucho más amplio y de calado mucho más
profundo, que es un proyecto de política informativa de calidad,
informativa y formativa, que se tiene que cimentar en el pluralismo
democrático. Dudamos mucho, señor ministro, de que esto que ustedes
están llevando a cabo ahora sea para sanear Radiotelevisión Española.
Más bien estamos convencidos de que es para tomar un derrotero
distinto, entre otras cosas porque si la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales tiene que hacer un plan de viabilidad va
a tener que reducir costos. ¿Qué va a significar eso para los
trabajadores del Ente Público Radiotelevisión Española? ¿Cuántos
trabajadores más va a costar este plan de viabilidad? ¿Qué va a
suceder con las programaciones que se tienen que poner en marcha?
Este año hay presupuestados 80.000 millones de pesetas para
programación. ¿Qué va a ocurrir con todo eso?
Señor ministro, éstas son las dudas, las interrogantes que el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene respecto a esta
actuación de su Gobierno. Creemos que no es la más participativa ni
la más clara y, desde luego, creemos que no es la que va a dar una
solución a la radiotelevisión pública, que no es el modelo de
radiotelevisión pública que se merece un país democrático. Por tanto,
señor ministro, usted desde esta tribuna deberá despejar las dudas y
nosotros en nuestra moción intentaremos plantear el modelo que
creemos que se debe seguir.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Urán.
Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señor presidente,
convendrá conmigo S.S. interpelante que Radiotelevisión Española es
bastante más que una empresa; usted misma lo ha dicho en su
intervención. Es, efectivamente, una institución que desde su
fundación hace medio siglo ha ocupado y sigue ocupando un lugar
central en la sociedad española. Ha llevado a cabo un servicio de
gran trascendencia en la información, la cultura y el ocio. Es un
servicio público vertebrador de la sociedad, con proyección
internacional y difusor de la cultura y lengua españolas. Está claro,
por tanto, que Radiotelevisión Española es mucho más que una empresa,
es también la escuela, el vivero de magníficos profesionales,
productores, redactores, locutores, guionistas, realizadores,
actores, cámaras y técnicos de las más variadas especialidades que
tenemos en España. En buena medida, las demás cadenas de televisión
que hasta ahora existen en España, privadas y autonómicas, se han
alimentado de esta institución pública y, como los mismos
profesionales conocen
mejor que yo, en éste y en otros aspectos Radiotelevisión Española ha
sido una auténtica nodriza generosa.
Radiotelevisión Española pertenece al sector de la información -como
marcaba muy bien S.S.- y de la comunicación que en estos momentos
está viviendo en plena revolución tecnológica y cultural. En
consecuencia, las perspectivas económicas de Radiotelevisión Española
hay que enmarcarlas en el elevado potencial de una actividad en
crecimiento constante. El punto de partida del saneamiento económico
de Radiotelevisión Española es, pues, positivo tanto desde el punto
de vista del pasado como desde la perspectiva de su futuro. Se trata
de conservar lo mejor que tiene esta institución, lo que ha tenido y
va a seguir teniendo, y situarla en el futuro prometedor de la
información y de la comunicación.
Como SS.SS. conocen, Radiotelevisión Española tiene hoy un grave
problema financiero. Desde el comienzo de la utilización del
endeudamiento, a partir de 1991, con la entrada en funcionamiento de
las televisiones autonómicas y privadas (es decir, con los gobiernos
socialistas), se ha alcanzado una cifra acumulada de cerca de 550.000
millones de pesetas a 31 de diciembre de 1999, a lo que habría que
sumar 232.000 millones de pesetas de asunción de deuda que en su
momento hizo el Estado, entre los años 1994 y 1996; asunción de deuda
que significa que hemos aumentado la carga de intereses que pagamos
todos los españoles como consecuencia de esa estrategia.La aparición
de televisiones privadas y autonómicas cambió el panorama del sector
en beneficio de la audiencia, que a partir de entonces tiene más
posibilidades de elección. Pero la mayor competencia afectó
lógicamente a los ingresos comerciales de Radiotelevisión Española,
que fundamentalmente se financia -y aún se sigue financiando- con
publicidad. En 1989 los ingresos de Radiotelevisión Española
ascendieron a 155.000 millones, bajaron a 108.000 millones en el año
1999 y alcanzaron un mínimo en el año 1996, cuando se llegó a 72.000
millones de pesetas. Sin embargo los gastos han seguido
incrementándose, año tras año, desde 173.000 millones en el año 1991
a 241.000 millones en el año 1999. Paralelamente y como consecuencia
del endeudamiento se ha producido un importante aumento en el
capítulo de gastos financieros, pasando de 291 millones en el año
1991 (año en el que comienza la política de endeudamiento) a unos
45.000 millones en el año 1999. En conclusión, la actual estructura
financiera del grupo descansa fundamentalmente en el endeudamiento,
unos costes financieros crecientes, sin que se pueda ver a corto
plazo la posibilidad de amortización de la deuda con los recursos
generados por Radiotelevisión Española, ya que estos apenas alcanzan
a cubrir el 50 por ciento de los gastos del grupo. Este y sólo este
es el problema que ahora vamos a afrontar. Lo único que ahora nos
ocupa es el problema financiero, y lo vamos a abordar desde el
estricto respeto a la independencia y autonomía de Radiotelevisión
Española, tal y como está previsto en su estatuto. Si no solucionamos
el problema financiero
lo que estamos haciendo, señorías, es poner en peligro la institución
y poner en peligro el servicio público que presta. El Gobierno, a
estos efectos, ha considerado que la adscripción a la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales es la mejor opción. Desde que
la SEPI se creó, en el año 1995, a través de un real decreto-ley
convertido posteriormente en ley, este organismo ha demostrado
suficientemente su capacidad de gestión, orientada sobre todo a
sanear y a consolidar un gran número de proyectos empresariales,
asegurando su viabilidad futura. La SEPI es el único órgano en la
Administración española realmente preparado para llevar adelante un
plan de la envergadura que requiere Radiotelevisión Española. La SEPI
no es ese hospital técnico al que se refería S.S. y no es tampoco una
máquina de privatización. La SEPI es sencillamente, señoría, el
organismo público más capacitado, con más preparación, con más
conocimiento y con más experiencia para llevar adelante un
tratamiento económico-financiero como el que hoy requiere
Radiotelevisión Española. A tales efectos, será la propia
Radiotelevisión Española la que presentará en los próximos programas
un proyecto de viabilidad empresarial, no la SEPI, como dice S.S.,
sino que lo hará el propio ente público con el propósito de que ese
plan entre en vigor en el año 2001. Es un plan que tiene que ser
negociado con los trabajadores, puesto que son los trabajadores de la
casa los primeros interesados en lo que debe ser la viabilidad futura
de la compañía. La función de la SEPI consiste y consistirá en
colaborar en su ejecución, aprovechando siempre la experiencia y el
conocimiento acumulado por la SEPI, y permitiendo en definitiva la
mejora de la situación financiera del ente público. Una vez elaborado
ese plan, el Gobierno compromete su remisión al Congreso de los
Diputados para su adecuado conocimiento y, por supuesto, para los
debates políticos que la Cámara entienda acerca de la realidad y la
aplicación material del plan.
Su señoría, con toda la amabilidad que yo le reconozco, se ha
referido a declaraciones públicas mías, en mi condición de ministro
de Hacienda, responsable por tanto del departamento al que pertenece
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de acuerdo con
el último modelo de reestructuración gubernamental llevado a cabo al
comienzo de la legislatura. Se ha referido a esas declaraciones en
las que yo he expresado públicamente el planteamiento de que no
existe el proyecto de privatizar Radiotelevisión Española. Vamos pues
a preservar en todo momento su carácter de servicio público, y es
precisamente para preservar ese carácter público por lo que debemos
llevar a cabo su saneamiento económico. Su señoría puede subir a la
tribuna a dudar de todas las palabras, pero yo sólo le hago una
consideración de fondo a ese respecto. El Gobierno del Partido
Popular no tiene ningún complejo a la hora de privatizar. El Gobierno
del Partido Popular, también en algunas comunidades autónomas,
llevaba efectivamente en su programa electoral proyectos
privatizadores de televisiones autonómicas.
Nosotros no nos escondemos cuando hablamos de privatización, señoría.
Llevamos adelante con toda claridad la privatización en aquellos
ámbitos de la empresa pública donde realmente conviene a la sociedad
española que exista esa iniciativa privada en vez de la pública. El
éxito de la política de privatización está en la raíz de la creación
de empleo que estamos viviendo, en la transformación económica de
nuestro país que estamos viviendo y está también en la propia
adscripción de España, como miembro fundador del euro, a la unión
económica y monetaria. Por tanto, señoría, está usted en su legítimo
derecho de dudar de la palabra de quien ahora mismo hace uso de ella,
pero no tiene ningún argumento de fondo para decir que no se van a
llevar adelante los planes en los términos que yo estoy expresando
con toda claridad y con toda rotundidad en esta tribuna.
En resumen, la decisión del Gobierno por la que se adscribe el Ente
Público Radiotelevisión Española a la SEPI tiene como única
finalidad, lo repito una vez más, el saneamiento financiero. Por eso,
como se expresará en el proyecto de ley de orden administrativo,
fiscal y de asuntos sociales que acompaña a los presupuestos, la SEPI
ejercerá sus funciones con pleno respeto a los principios de
autonomía, pluralidad y neutralidad establecidos en el Estatuto de
Radiotelevisión Española. Es más, no se cambia ni una sola coma del
Estatuto actual de Radiotelevisión Española. Por tanto, la SEPI
ejercerá su función sin perjuicio de las competencias que dicho
estatuto atribuye al director general y al consejo de administración
del ente; consejo que, como SS.SS. saben, ha votado mayoritariamente
a favor de la adscripción en la votación celebrada recientemente en
su seno.
Señorías, aprovecho el uso de la palabra que me da esta interpelación
para insistir en que despejar el futuro de Radiotelevisión Española
debe ser un compromiso de todos los grupos políticos de la Cámara.
Radiotelevisión Española se lo merece. Es un ente público que ha
contribuido decisivamente a la cohesión, a la convivencia y a la
pluralidad de nuestra sociedad. La solución de sus problemas
financieros, que ahora afronta el Gobierno, es imprescindible para
que el Ente Público Radiotelevisión Española pueda seguir prestando
en el futuro un servicio público de calidad. Estoy convencido de que
ese es el ánimo, la intención y el proyecto de todos los grupos
parlamentarios de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, está claro que no negamos las declaraciones de que es
más que una empresa, es un ámbito central para la sociedad y tiene
una gran importancia en el ámbito cultural y en el de la información.
De ahí nuestra preocupación de que el Ente Público Radiotelevisión
Española no solamente conserve lo que tiene y lo que ha tenido, sino
que amplíe y profundice en lo que debe ser un servicio público en la
comunicación como es el servicio público de Radiotelevisión Española.
Señor ministro, el endeudamiento del ente le ha llevado a tener un
aumento en el capítulo de los gastos financieros, pero no se ha
querido acometer por parte de ningún Gobierno ni por parte del
Gobierno del Grupo Popular una financiación estable desde los
Presupuestos Generales del Estado. Es más, ustedes trasladan el Ente
Público Radiotelevisión Española a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales para poder alcanzar el objetivo de
déficit cero. Eso es lo que hacen ustedes, y lo hacen para que no les
quede una deuda en sus presupuestos. El problema es bastante más
preocupante. Usted mismo lo ha dicho. La SEPI es el único órgano
preparado para llevar adelante el tratamiento económico y financiero
que ha de tener Radiotelevisión Española. (La señora presidenta ocupa
la Presidencia.) Sí, señoría, por eso nosotros le llamamos el
sanatorio. Sin embargo, la función de la SEPI, a pesar de que ustedes
ahora cambien sus objetivos en la ley de acompañamiento para que
pueda entrar el Ente Público Radiotelevisión Española, hasta ahora
solamente ha sido la de privatizar o cerrar aquellas empresas que no
eran rentables. No ha tenido otros objetivos, ese era su cometido.
Las ha hecho rentables, ha saneado las que ha podido y las que no,
no.
Señor ministro, no ha respondido a las preguntas que le he formulado
respecto a cuáles van a ser las directrices que van a llevar a cabo
ese plan de viabilidad. Usted dice que el ente va a presentar el
plan, pero si la Sociedad Industrial de Participaciones Industriales
va a tener que gestionarlo algo tendrá que decir y también algo
tendrá que decir el Gobierno sobre cómo se van a orientar. Hay un
error que ustedes cometen y es que no hemos definido el modelo de
Radiotelevisión Española para saber después cuáles van a ser las
necesidades de ese modelo y para que se le pueda dar la financiación
adecuada, con independencia de la deuda que tenga hasta estos
momentos. Además, señoría, lo han hecho de una manera que no nos
parece la más correcta en la participación, de la que usted hablaba,
en el compromiso de todos los grupos de la Cámara para sacar adelante
Radiotelevisión Española. Nos lo están impidiendo ustedes con su
forma de actuar. Han tomado una decisión que van a llevar a la
práctica y lo único que nos queda es discutir en la ley de
acompañamiento si nos parece adecuado o no, pero no han dado
posibilidades a esta Cámara para dialogar, para consensuar y alcanzar
el modelo que queremos de Radiotelevisión Española y su financiación.
No puede tranquilizar a nuestro grupo parlamentario cuando habla de
que se va a mantener y preservar el carácter de servicio público.
Tenemos muchos servicios públicos que están privatizados en nuestro
país. No pretendo decir con esto que ustedes vayan a llevar a cabo la
privatización, pero nos genera la duda. Es más, hoy mismo el Consejo
Económico y Social se ha pronunciado
en un informe y han tenido que llegar a una enmienda
transaccional para que fuera aprobado por unanimidad. Hay miembros
del Consejo Económico y Social que pretendían que el informe hubiera
sido más duro. En el mismo les dicen que el traspaso ha sido
precipitado y que no ha estado bien estudiado. De todas formas,
tienen que constestarnos si van a entregar el plan que en la
legislatura pasada el entonces vicepresidente primero del Gobierno
remitió a la subcomisión que se creó y si mantienen o no como
Gobierno los criterios que allí tenían, porque había un modelo
distinto de financiación del que ustedes han adoptado al final.
Nos gustaría saber qué es lo que más pesa en el planteamiento de
política de comunicación que hace el Gobierno, la política de
comunicación, la política económica o la mera política de
contabilidad o fiscalidad. A partir del primero de enero, si las
acciones de Televisión Española, sociedad anónima, y de Radio
Nacional de España, sociedad anónima, que ahora tiene en su totalidad
el ente público como representante del Estado, pasan a la Sociedad
Industrial de Participaciones Industriales, ¿qué es lo que le queda
al ente si le quitan las acciones y la representación del Estado?
¿Dónde se adscriben, desde esa fecha, la Orquesta y Coro, el
Instituto de Formación Profesional, la Gerencia, la Secretaría
General, la Dirección de Organización, la Comercial, etcétera. Es
decir, ¿dónde van todas las dependencias del ente público y los 1.100
trabajadores que ahora están adscritos al mismo? ¿Qué va a pasar?
Explíquenoslo y a lo mejor nuestras reticencias empiezan a ser
menores.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señora presidenta,
señoría, yo debo compartir como Gobierno la preocupación por lo que
hoy es Radiotelevisión Española en su ámbito económicofinanciero,
y entiendo que ese es el trasfondo de su interpelación. Lo digo porque,
como S.S. sabe, ha cambiado el texto de la interpelación; quiero
decir que realmente hay dos textos -por lo menos, se me ha facilitado
así-: el que entra en el registro al día siguiente cambia el sentido
de la interpelación. En la primera, lo que le preocupaba a S.S. era
que se hagan las cosas como el Gobierno pretende hacerlas, sin llegar
a consensuar previamente un modelo de televisión; esa era la primera
interpelación. En la segunda cambia el texto y aparece ya que lo que
importa es el modelo de televisión pública en España, su modelo de
financiación y su marco jurídico, que no han sido definidos por
consenso antes de su traslado a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales.
El Gobierno tiene constancia del interés de los grupos de la Cámara
por el Ente Público RTVE. Ese interés ya quedó de manifiesto en un
trabajo que se hizo durante la legislatura anterior en el seno de una
subcomisiónen la que tuvo lugar un intercambio de opiniones.
Ese trabajo está ahí y, a raíz de ello, el nuevo Gobierno, el que se
conforma con la nueva legislatura, tiene la obligación de atender a
las prioridades de carácter económico-financiero. Atendiendo
precisamente a esas prioridades, toma la decisión de llevar adelante
una adscripción orgánica a la SEPI, que en modo alguno significa
cambiar el estatus del ente público; digo esto porque me ha hecho
usted unas preguntas que me han dejado algo desconcertado. Creo que
S.S. entiende que en el ámbito de dependencia orgánica de la SEPI
está Iberia, y las acciones son de Iberia y no de la SEPI -la SEPI
tiene una participación, pero las acciones son de Iberia-; pues en el
ente público es igual. Me hace usted unas preguntas que son algo
difíciles de interpretar en cuanto al papel y a la distribución de
funciones entre SEPI y cualquier empresa pública de su órbita.
Su señoría aduce ahora que esta es una forma de llegar al déficit
cero. En todo caso, será la revés; la deuda de Televisión Española ya
está fuera del presupuesto, y no fue el Gobierno del Partido Popular
el que inventó este sistema; existe desde los años 1990-1991, y por
eso me he referido a los antecedentes. Este argumento, que por cierto
se lo he oído también al portavoz económico del Grupo Parlamentario
Socialista, es algo difícil de encajar en la contabilidad nacional;
si TelevisiónEspañola está ya fuera del presupuesto, excepto en la
parte de recursos que transfiere el presupuesto público al ente -esa
es la ligazón-, el resto no representa la forma de centrifugar
déficit ni de llegar al déficit cero. Me reconocerán SS.SS. que no
puede ser nunca así.
En cuanto al papel de la SEPI, usted sigue llamándolo un papel
dramático; no sé ya cómo califica S.S. cada vez que sube a la
tribuna. No sé si S.S. tiene el respeto que tiene este ministro por
Hunosa, por Astilleros Españoles o por Iberia, que están en la SEPI.
Desde luego, mi respeto es máximo y supongo que S.S. no está
queriendo decir que estas empresas están tan ruinosas y fuera de todo
aval que lo único que podemos hacer en SEPI es aplicarles la
respiración artificial; imagino que no es eso lo que quiere decir.
SEPI es una agencia pública de gestión empresarial, no es tan difícil
de entender; y es por su conocimiento, por su experiencia y por su
capacidad probada por lo que queremos que colabore activamente en el
plan de saneamiento de Televisión Española.
Insisto en que el plan lo tiene que hacer el propio ente público, no
se lo puede hacer nadie por él y, por tanto, será del propio ente
público de donde nazca realmente el planteamiento de su futuro y
desde ese planteamiento de futuro ese plan debe ser contrastado
efectivamente con los trabajadores de la casa para que el plan sea
motivador, sea estimulante en todo momento y realmente cumpla con el
objetivo que tiene que tener este tipo de planes, cual es
efectivamente el de despejar el futuro, que a nadie le conviene más
que a los trabajadores de Radiotelevisión Española.
No tiene nada que ver una operación económica, señoría, con una
operación de comunicación, con la política de comunicación del
Gobierno. El Gobierno tiene una responsabilidad con un ente público,
que es sanearlo financieramente. Las preguntas que me hace S.S. sobre
si hay que contratar partidos de fútbol o hay que ir a películas de
origen español o hay que retransmitir festivales de canto, eso,
señorías, no es el motivo de esta interpelación claramente y es algo
que no puede ser decidido si no es por las autoridades rectoras del
ente público. Por tanto, ahí, señoría, salvo su mejor criterio, este
ministro está realmente empeñado en aplicar el plan de saneamiento
financiero que necesita el ente público y no tiene ningún tipo de
intención diferente que ésta, a no ser que SS.SS., por las sonrisas
que ponen, a lo mejor tengan otras intenciones, pero eso lo revelan
las sonrisas de SS.SS., no la expresión que este ministro está
manteniendo en la tribuna de oradores. Pero si se sonríen, ustedes
sabrán por qué.
Por tanto, la pregunta de qué va a pasar con el ente público se
contesta diciendo que la diferencia es tan sencilla como la que he
tratado de expresar en esta tribuna. La diferencia es una adscripción
orgánica que no funcional, una adscripción, por tanto, que va a ser
una forma de despejar, de darle viabilidad económicofinanciera a algo
que tiene mucho potencial económico- financiero. Estamos hablando de
un ente público que funciona en la sociedad de la comunicación con
mucho futuro, no estamos hablando de una empresa que no tenga ya no
sólo presente sino futuro, porque bien al contrario tiene mucho
potencial y entre todos -y por eso insisto, señoría- debemos
acercarnos a un plan de saneamiento de Televisión Española desde una
actitud constructiva que estoy seguro que usted misma y su grupo
parlamentario mantienen, actitud que espero del conjunto de la Cámara
para que sea debatida en forma de moción por el Pleno de la Cámara y
a partir de ahí podamos abrir un camino de colaboración con el que
despejar el futuro económico-financiero de Radiotelevisión Española.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Montoro. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor
Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, ante esta interpelación mi grupo tiene que decir que creía
que era uno de los temas pendientes que tenía que presentar el
Gobierno, porque venía de la pasada legislatura y era uno de los
compromisos que adquirió el propio director general de
Radiotelevisión Española en su primera comparecencia ante la Comisión
de control parlamentario de Radiotelevisión Española en la que nos
habló de la necesidad de establecer
una doble vertiente de actuación: una es el funcionamiento día a día
en el equilibrio presupuestario, y la otra resolver una asunción de
deuda que competía al Estado, que no al propio organismo de
Radiotelevisión Española, y que tenía que solucionarse.
Realmente lo que faltaba por conocer a este Parlamento era este plan
de viabilidad que el señor ministro nos ha prometido hoy antes de
llevar adelante lo que es la inclusión del Ente Público de
Radiotelevisión Española en el organismo de SEPI -Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales- lo que está dentro de la línea que allí
estaba propuesta. Ahora nos falta ver, con la aprobación de los
presupuestos del año 2001, que quede resuelto el problema del
equilibrio estable del funcionamiento día a día, que se preserve con
esto la financiación de un servicio público, en el que todos los
grupos estamos implicados y aceptamos que sea así, y quedará
pendiente para resolver de manera diferente, fuera de lo que es el
propio presupuesto de funcionamiento orgánico, la resolución de este
problema financiero con unos costes que, como nos acaba decir el
señor ministro, son importantísimos en el ejercicio anual de gasto
del organismo.
Entendemos que alguna televisión autonómica tendría que participar,
porque otras están más o menos implicadas, aunque no sea, dentro de
la definición europea, un servicio público en la forma que se
entiende para Radiotelevisión Española, y que se diera una posible
solución a los déficit que algunas de ellas tienen acumulados.
Finalmente, nuestro grupo seguirá de forma atenta la evolución de
todo este proceso parlamentario que hoy se inicia y esperamos que con
la moción correspondiente tendremos posibilidades de decir algo más
al respecto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Díaz-Cano.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Gracias, señora presidenta, señorías.
Señor Montoro, había una canción que decía: La televisión pronto
llegará. El Gobierno dijo, en boca del señor Cabanillas, que
Radiotelevisión Española jamás se adscribiría a la SEPI, y ahora se
adscribe. De hecho, el señor Cabanillas llegó a ministro portavoz. No
me extrañaría que usted pronto interviniese en la programación de
Radiotelevisión Española, lo que no sé si es bueno o malo; si usted
lo quiere, adelante.
Se ha hablado de varias cuestiones aquí, pero permítame que le
corrija en algo que creo que es importante para este Parlamento. Al
consejo de administración de Radiotelevisión Española no se le ha
sometido ningún plan en relación con este asunto, lo que indica el
grado de respeto que desde el Gobierno se tiene a un órgano
que está compuesto por personas elegidas por este Parlamento. Esta
forma que se ha adoptado es una burla al Parlamento, señor Montoro.
Permítame que le lea algo muy breve: La adscripción de
Radiotelevisión Española a la SEPI implica el sometimiento a la
determinación externa de unos criterios que no pueden dejar de
incidir en la actividad del ente público; cabría pensar que sólo en
lo puramente económico, pero un elemental ejercicio de realismo
llevaría a reconocer que quizá tuviera trascendencia respecto de su
misma orientación. ¿Sabe quién ha escrito esto, señor Montoro? El
Consejo de Estado, el día 27 de julio, a propuesta de ustedes, cuando
intentaron realizar esta operación a través de un real decreto. El
propio Consejo de Estado percibe que esta adscripción va más allá de
lo puramente económico, porque en realidad lo que se va a producir es
un solapamiento de competencias entre el consejo de administración,
el director general de Radiotelevisión Española y las atribuciones y
competencias de la propia SEPI. Es algo elemental, con independencia
de los mejores o peores razonamientos jurídicos que ustedes pretenden
introducir en la ley de acompañamiento. Y esto, sencillamente, es
alterar las reglas del juego que establece nuestra Constitución
cuando se definen derechos fundamentales, como el derecho a una
información veraz y plural, sobre todo cuando se hace desde medios de
comunicación social que dependen del Estado. Esto es lo realmente
importante de este asunto, porque aquí lo que está en juego, lo que
se produce, aparte del artificio legal, del cambio de las reglas del
juego a través de la modificación de hecho, señor Montoro, diga usted
lo que diga, es una alteración del Estatuto de Radiotelevisión
Española, por lo menos en cuanto a la atribución de competencias del
consejo de administración y del director general de Radiotelevisión
Española. ¡Qué papelón están haciendo jugar ustedes al director
general de Radiotelevisión Española, señor González Ferrari! Si se
enteró por la prensa, como reconoció ante el propio consejo de
administración, de su plan, señor Montoro. Y en estos momentos, eso
sí figuradamente, le pasa lo que a la Zarzamora, que llora por las
esquinas porque, ¿qué papel va a jugar el señor González Ferrari si
ustedes lo han desautorizado, han descafeinado su plan y si él mismo
ha reconocido que este no es su plan? Por cierto, en su programa
electoral no venía la adscripción de Radiotelevisión Española a la
SEPI. Decía algo tan elemental como lo que aprobó por unanimidad el
Consejo de Administración de Radiotelevisión Española el día 7 de
septiembre: que por la entidad del texto a reformar del Estatuto de
Radiotelevisión Española y teniendo en cuenta el gran acuerdo
parlamentario que hubo en esta Cámara hace 20 años para aprobar el
estatuto actualmente vigente, es preciso, por la naturaleza del
servicio público esencial que presta Radiotelevisión Española, traer
a esta Cámara un modelo que se discuta con los grupos parlamentarios
para obtener el máximo consenso posible y definir
un marco de financiación estable. Pero ¿qué empresa, señor Montoro,
no sé si de programación pero de esto sí debería entender, hace
primero el plan de viabilidad sin conocer el modelo de empresa que
quiere desarrollar? ¿En qué cabeza cabe esto? Cabrá en la cabeza del
ministro de Hacienda, del señor Ferrera, que a lo mejor estaba
aburrido y, como no había nada más que privatizar, pues ahora
Radiotelevisión, vamos a empezar a gestionar este asunto.
Me parece que esto es muy grave, insisto, para los ciudadanos y para
el Parlamento, porque las personas elegidas por este Parlamento para
ser miembros del consejo de administración de Radiotelevisión
Española no han tenido el más mínimo conocimiento formal hasta este
momento, a esta hora, ni por parte del Gobierno ni por parte del
director general de Radiotelevisión Española. Esto es una burla al
Parlamento y, por tanto, a los ciudadanos, porque los ciudadanos
tienen que recibir un servicio público a través de Radiotelevisión
Española y nosotros dudamos que se pueda prestar adecuada y
eficazmente sin el acuerdo parlamentario y desde la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz-Cano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ballestero.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señora presidenta.
Durante estos años no he tenido claro exactamente ese término de
interpelación urgente, no lo llegaba a entender bien, pero con la
presentación de esta interpelación sí tengo realmente clara la
palabra urgente. Izquierda Unida presenta esta interpelación fechada
el día 28 de septiembre -interpelación que lo único que viene a decir
es que SEPI es igual a privatización- cuando el mismo 28 de
septiembre, por la mañana, el señor Montoro aclara que nada tiene que
ver SEPI con privatización. Efectivamente, eso es urgencia. Pero ya
en un verdadero alarde de urgencia el señor director general de
Radiotelevisión Española, en la comparecencia en la Comisión de ese
mismo día por la tarde, es decir, prácticamente ya se había cerrado
el registro cuando lo estaba diciendo, aclaraba que nada tiene que
ver la privatización con la adscripción de Radiotelevisión Española a
la SEPI. Eso no es urgencia, eso es ir a urgencias antes de romperse
la pierna. Me va a permitir decir que diga que hay algo muy especial,
porque siendo al día siguiente, el día 29, cuando en el Consejo de
Ministros se decide enviar esa adscripción al Consejo de Estado para
que posteriormente vaya en la ley de acompañamiento, eso es una
anticipación tremenda. Por eso yo propondré que aparte de
interpelaciones urgentes haya a partir de ahora interpelaciones
extraordinariamente urgentes.
¿Cuál es el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es que las
ideas en esta interpelación están total y absolutamente
preconcebidas. La única idea que trae Izquierda Unida -y no siempre
fue así, durante mucho tiempo se intentó buscar el consenso- con esta
iniciativa es crear un alarmismo entre los trabajadores y en la casa
de Radiotelevisión Española que en nada refleja la realidad. Además,
el contenido y la literalidad de la propia interpelación así lo dice,
contenido y redacción -si me permiten un tono más de broma-, por
cierto, que no es la mejor defensa de la interpelación. Yo recuerdo
aquella frase de Richelieu que decía que le diesen tan sólo dos
líneas escritas por cualquier hombre y encontraría motivos más que
suficientes para procesarle. Le puedo asegurar que con esta redacción
habría motivos para llevarle no sé a dónde. Entiendo que a veces la
velocidad, sobre todo en estos casos, nos lleva a cometer errores,
pero le puedo asegurar que ¡eso sí que es una redacción! Esa idea
preconcebida y alarmista lo dice muy claro con expresiones como que
dudamos mucho de que esto no sea una privatización, que detrás de
esto, por más que lo niegue, hay una privatización o que esto va a
acabar en un negocio controlado por los amigos del Gobierno. Desde
luego esto puede tener cualquier cosa, puede ser idea de cualquier
mente quizá calenturienta, pero rigor político, en absoluto. Y no
sólo no hay ningún rigor político, sino que, además, también se falta
a la verdad en esta interpelación cuando se pretende echar a los
sindicatos encima del Gobierno de la nación, cuando se sigue también
creando ese alarmismo diciendo que se van a movilizar inmediatamente.
Le voy a dar dos razones que creo que son más que sobradas.
Ayer este grupo parlamentario tuvo la ocasión de reunirse con el
Comité General Intercentros y lo único que vio en la representación
sindical es una disposición total y absoluta a colaborar. Desde luego
quieren los sindicatos -y este grupo parlamentario lo apoya- que
desde el principio se les tenga en cuenta en las reuniones, y así se
hará Por eso le puedo asegurar que nada más lejos de la realidad lo
que usted dice. Pero en julio pasado también el secretario general de
UGT decía que apoyaría cualquier iniciativa que acabase con la deuda
y que permitiese una viabilidad económica. Por tanto, no creen una
alarma, que por otra parte es evidente que no se ajusta a la
realidad. Porque díganme: ¿creen ustedes que se puede aportar alguna
solución real a los problemas de Radiotelevisión Española si no se
acomete la viabilidad financiera? Es imposible. Desde luego, en ese
camino tienen unos verdaderos compañeros de batalla que son los
mercenarios de la alarma, que es el Partido Socialista. (Aplausos.)
Quiero repasar cuál ha sido la trayectoria del Grupo Socialista. En
los 14 años que estuvo en el Gobierno, ¿qué se hizo? En primer lugar,
gracias a su falta de previsión, con la entrada de las privadas
empieza a incrementarse la deuda de Radiotelevisión. Actuación desde
el Gobierno: persecución a trabajadores de Radiotelevisión,
sectarismo, falta de pluralismo informativo; esa fue la actuación. Se
llega a la oposición. ¿Qué se hace cuando hay un ámbito oportuno como
es el parlamentario para, dentro de la subcomisión, aportar las ideas
al modelo? Se van de la subcomisión, no proponen absolutamente nada,
rechazan el Parlamento. Llegan estos momentos y ¿qué hacen?
Contradicción tras contradicción en cada una de las propuestas que
está haciendo el Grupo Socialista. Pero todavía tenemos que escuchar
desde esta tribuna que el señor Cabanillas dijo que no se iba a
entrar en la SEPI. No, señor DíazCano. Lo que dijo el señor
Cabanillas es exactamente lo que decimos hoy el Gobierno y el Grupo
Popular: que SEPI no es igual a privatización.
Otra aclaración que me permite que le haga: lo que pasó con el
consejo de administración fue una actitud, en mi opinión, también
vergonzante de un consejero que es presidente de turno en estos
momentos como es el señor Sacaluga, que en su calidad de presidente
dijo que el consejo de administración estaba en contra de la SEPI,
pero al día siguiente salieron ocho consejeros, que, si no recuerdo
mal, componen mayoría absoluta del consejo de administración,
diciendo que estaban a favor de la SEPI. Perdonen, pero las mayorías
absolutas se articulan de esa manera y no como quiere el Grupo
Socialista. Por tanto, lo que hay que ver es qué está pasando, cuál
es la situación real.
En la anterior legislatura, a través de esa subcomisión, elaboramos
un documento donde hacíamos unas propuestas concretas que llevamos a
nuestro programa electoral y que básicamente reconocían una realidad
en la que estábamos todos de acuerdo: no hay una Radiotelevisión
Española en el futuro, en pleno siglo XXI, que pueda estar a la
altura de los grandes radioteleoperadores europeos si no se arregla
el problema económico. Esto lo llevamos al programa y después, en
estos momentos, lo estamos llevando al Gobierno de la manera que es
posible, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales. Por tanto, esta decisión entra en la coherencia de lo
dicho, lejos de lo que están haciendo otros. ¿Esto tiene algo que ver
con el modelo, con el Estatuto o con las reformas? En absoluto. Yo
creo que son dos caminos paralelos que tenemos que andar, que pueden
ir perfectamente al mismo tiempo. Lo que sí me gustaría pedir al
resto de los grupos parlamentarios es que, lejos de crear este
alarmismo, nos
ayuden en este camino. Den sus opiniones. Vendrá dentro de unos meses
un plan de futuro de viabilidad económica. Colaboren en ese plan.
Debatiremos sobre las reformas estatutarias que permitan crear un
modelo nuevo. Aporten ideas sobre ese plan, dejen de hacer demagogia
con Radiotelevisión Española que creo que es un problema de todos.
La señora PRESIDENTA: Señor Ballestero, le ruego concluya, por favor.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Termino, señora presidenta.
Hace muy pocos días, en el consejo de administración se aprobaba por
unanimidad la programación de Radiotelevisión Española, cosa que no
había sucedido desde hace muchos años. Señor Díaz-Cano, yo entiendo
que usted acaba de llegar, pero tiene a su disposición las actas del
consejo de administración. Esto no ha pasado desde hace mucho tiempo
y es también un éxito, creo que personal, del señor González Ferrari.
Me refiero al hecho de que en estos momentos se piense que hay una
programación que puede servir a todos los públicos, dar cabida a
todas las minorías, que puede formar, cultivar, que puede, desde
luego, apostar por el deporte y pensar en la educación.
Esa Radiotelevisión, que hoy es tan importante, y esos profesionales,
que tienen tanta calidad, han conseguido que en los Juegos Olímpicos
que acaban de terminar cinco deportes hayan sido retransmitidos por
los trabajadores de Radiotelevisión Española para todo el mundo. Si
tenemos en nuestras manos esa Radiotelevisión pública, respóndanme,
por favor, ¿por qué no quieren ustedes apoyarnos? Nosotros seguiremos
ofreciéndoles el consenso, pero, sinceramente, si la única oposición
que van a hacer es traer interpelaciones de este tipo, nosotros
seguiremos intentando arreglar los problemas de Radiotelevisión
Española.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ballestero.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la
mañana.
Eran las ocho y treinta minutos de la noche.