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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 20, de 29/06/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 20
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 19
celebrada el jueves, 29 de junio de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de
registro 5306.) . . . (Página 810)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de
Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.
(Número de expediente 130/000005.) . . . (Página 810)
- Real Decreto-ley 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueban
medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la
pequeña y mediana empresa. (Número de expediente 130/000002.) . . .
(Página 844)
- Real Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio, por el que se modifica la
Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias y otras normas tributarias. (Número de expediente
130/000001.) . . . (Página 862)
- Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de
Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes. (Número de
expediente 130/000003.) . . . (Página 872)
- Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes en el
Sector de las Telecomunicaciones. (Número de expediente 130/000006.)
. . . (Página 884)
- Real Decreto-ley 5/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de
Contención del Gasto Farmacéutico Público y de Racionalización del
Uso de los Medicamentos. (Número de expediente 130/000004.) . . .
(Página 894)
Debates de totalidad de Convenios Internacionales:
- Convenio entre el Reino de España y el Estado de Israel para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, hecho en Jerusalén el
30 de noviembre de 1999. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A,
núm. 6, de 12 de junio de 2000. (Número de expediente 110/000002.) .
. . (Página 913)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por
España del Estatuto de la Corte Penal Internacional. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie A, núm. 1-1, de 26 de mayo de 2000. (Número
de expediente 121/000001.) . . . (Página 916)
Tramitación directa y en lectura única de Proposiciones de Ley:
- Tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley de
los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán
(Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV) y de Coalición Canaria,
relativa a la derogación de la disposición adicional primera de la
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica. (Número de expediente 122/
000049.) . . . (Página 924)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Modificación del orden del día . . . (Página 809)
La señora presidenta, de acuerdo con el contenido de lo acordado en
la Junta de Portavoces y conforme al artículo 68.1 del Reglamento,
propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en
relación con el orden de tramitación de los reales decretos-leyes,
que se aprueba por asentimiento.
Asimismo, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces,
propone al Pleno de la Cámara la inclusión como último punto del
orden del día el debate relativo a la tramitación directa y en
lectura única de la proposición de ley relativa a la derogación de la
disposición adicional primera de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de
fomento y coordinación general de la investigación científica y
técnica, que se aprueba por asentimiento.
Continúa la sesión con carácter secreto.
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados . . .
(Página 810)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de excelentísimos señores Diputados . .
. (Página 810)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que es aprobado.
Continúa la sesión con carácter público.
Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de
intensificación de la competencia de mercados de bienes y servicios .
. . (Página 810)
Presenta el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, el señor
vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y
ministro de Economía (De Rato y Figaredo). Comienza por explicar las
razones que han llevado al Gobierno a elegir la utilización de
decretos-leyes con respecto a estas medidas y, por tanto, explicar a
la Cámara la necesidad y urgencia de las mismas. Es la primera vez,
dice, que un gobierno recurre a instrumentos de necesidad y urgencia
no para corregir una determinada situación económica o para evitar
las consecuencias de esa situación económica desde el punto de vista
del empleo, sino al contrario, para garantizar de manera contundente
la continuidad y la profundización de los resultados de esa situación
económica. El objetivo principal de estos decretos-leyes es
garantizar que, a lo largo de esta legislatura, España tenga las
mejores oportunidades de avanzar en un crecimiento intenso en empleo
y un crecimiento superior a la media europea o, en cualquier caso,
significativo, que permita modernizar la economía al ritmo que lo
está haciendo en estos momentos. Asimismo expone los instrumentos de
política económica que el Gobierno va a poner en marcha, que son, en
cierto sentido, una clara continuación de los intensos procesos de
liberalización planteados en la pasada legislatura. A continuación
pasa a presentar el Real Decreto-ley 6/2000, que afecta a los
mercados energéticos e introduce modificaciones de gran
trascendencia. El objetivo, desde el punto de vista de los mercados
energéticos, es mejorar el funcionamiento de los mismos, en beneficio
de toda la economía, y las medidas que se proponen parten de la
convicción de que el sector energético es sin duda un factor decisivo
de la competitividad de la economía y afecta de manera determinante
no sólo a las grandes empresas sino especialmente a los pequeños
consumidores, a las pequeñas y medianas empresas y a las familias.
Explica las medidas que afectan a cada sector energético que
persiguen ampliar el número de oferentes que actúan en todos los
mercados energéticos y garantizar un suministro eficiente y constante
para asegurar la expansión económica.
En turno en contra intervienen los señores Sevilla Segura, del Grupo
Parlamentario Socialista, y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Replica el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de
Economía, duplicando los señores Sevilla Segura y Llamazares Trigo.
Cierra el debate el señor vicepresidente segundo del Gobierno y
ministro de Economía.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez, Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto;
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora Pisonero Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueban
medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la
pequeña y mediana empresa . . . (Página 844)
Presenta el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, el señor
ministro de Hacienda (Montoro Romero). Es un decreto-ley de reformas
tributarias plenamente coherentes con los objetivos de la política
económica del Gobierno y con los compromisos contraídos con los
ciudadanos. Se trata, añade, del ahorro de millones de familias, el
motor financiero de la economía del país, el que mueve la actividad
de las empresas y el que mueve la creación de empleo. Son reformas a
favor de las empresas medianas y pequeñas, a favor de la
competitividad y la expansión internacional de las empresas; en
resumen, son medidas fiscales a favor de los fundamentos reales de la
economía, es decir, la iniciativa de los ciudadanos que va creciendo
y acumulándose, logrando una estabilidad económica que permite un
progreso sano y duradero. Considera completamente necesario el
procedimiento de urgencia para evitar las incertidumbres en los
agentes económicos y movimientos erráticos de los mercados
financieros. Se trata de un Real Decreto-ley de medidas fiscales que,
en todos los casos, reduce la carga tributaria de los particulares y
de las empresas y que, junto con el resto de las medidas económicas
aprobadas en el Consejo de Ministros del viernes pasado, dan
consistencia a la estabilidad de la economía española y aportan
nuevos estímulos para el crecimiento de la actividad y del producto
interior bruto. Por ello pide a la Cámara su convalidación.
En turno en contra interviene el señor Sevilla Segura, del Grupo
Parlamentario Socialista, y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Replica el señor ministro de Hacienda, duplicando los señores Sevilla
Segura y Llamazares Trigo.
Cierra el debate el señor ministro de Hacienda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mauricio Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Azpiazu Uriarte, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Padrol i Munté, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Martínez-Pujalte
López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio, por el que se modifica la
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen económico y
fiscal de Canarias y otras normas tributarias . . . (Página 862)
Presenta el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, el señor
ministro de Hacienda (Montoro Romero). En primer lugar, resalta el
hecho de que desde el pasado viernes la zona especial de Canarias es
una realidad puesta ya en funcionamiento, que proporciona a esta
región un instrumento fiscal capaz de impulsar su desarrollo
económico y compensar su alejamiento geográfico. Explica el régimen
económico y fiscal de Canarias, remontándose en su historia hasta los
Reyes Católicos, y a continuación expone los objetivos que la zona
especial de Canarias pretende alcanzar al reforzar el papel
integrador mantenido por todo el REF. El decreto-ley se articula en
una exposición de motivos, tres artículos, una disposición
transitoria, tres disposiciones finales y un anexo de actividades
económicas permitidas, que pasa a desarrollar. En resumen, dice, la
zona especial de Canarias es una realidad que, fruto de la
colaboración entre el Gobierno central, los parlamentos nacional y
autonómico y el Gobierno canario, consigue un régimen fiscal especial
para la diversificación productiva de Canarias.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mauricio
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Llamazares
Trigo, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora
Barrios Curbelo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate el señor ministro de Hacienda.
Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de
liberalización en el sector inmobiliario y transportes . . .
(Página 872)
En nombre del Gobierno, el señor ministro de Fomento (Álvarez-Cascos
Fernández), presenta el Real
Decreto-ley cuya convalidación somete a la consideración de la
Cámara. En dicho Real Decreto-ley se abordan diversas modificaciones
legislativas en sectores de la competencia del Ministerio de Fomento,
que se insertan en el marco de un conjunto de medidas de naturaleza
estructural que, con carácter de urgencia, adopta el Gobierno a fin
de evitar la aparición de desequilibrios macroeconómicos que amenacen
la estabilidad y el proceso expansivo de la economía. Ya anuncia que
el decreto-ley va a ser objeto de tramitación como proyecto de ley
por el procedimiento de urgencia, porque el Gobierno tiene interés en
que los diferentes grupos parlamentarios manifiesten su opinión
respecto a sus artículos y, además, puedan presentar las enmiendas
que estimen convenientes. El objetivo fundamental del decreto-ley es
incidir de forma inmediata en el comportamiento de los distintos
agentes económicos, para estimular la competencia y conseguir una
mejor asignación de los recursos, así como influir positivamente
sobre el nivel de los precios, proyectándose las medidas previstas
sobre dos sectores básicos de la esfera de actuación del Ministerio
de Fomento: el sector inmobiliario y el de transportes, aunque
también se incluye el suministro de hidrocarburos a los buques en los
puertos para favorecer la competencia entre las empresas
suministradoras del sector de hidrocarburos. Tras detallar estas
medidas, afirma que en la adopción de estas medidas concurren, por la
naturaleza y finalidad de las mismas, la circunstancia de
extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la
Constitución para la utilización del real decreto-ley.
En turno en contra interviene el señor Caldera Sánchez Capitán, del
Grupo Parlamentario, y la señora Urán González, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno a favor interviene el señor López-Amor García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica el señor Caldera Sánchez-Capitán y la señora Urán González,
duplicando el señor LópezAmor García.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich
Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Rivero Baute, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, de
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Sedó i Marsal, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes en el
sector de las telecomunicaciones . . . (Página 884)
En nombre del Gobierno, la señora ministra de Ciencia y Tecnología
(Birulés Bertrán) explica las razones que han llevado al Gobierno a
la promulgación del Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de
medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones y también en
el de las actividades de inspección técnica de vehículos, así como su
contenido. Al igual que los otros reales decretos-leyes presentados
con anterioridad, este conjunto de medidas han sido adoptadas con el
objetivo de incrementar la liberalización e impulsar la competencia
en la economía española, creando un entorno más favorable para que
los agentes productivos se vean incentivados a invertir y se consiga
una oferta más flexible y productiva, que se acomode a los cambios,
contribuyendo así al desarrollo económico de todo el país sin crear
tensiones en la estabilidad de precios. Añade que las medidas tienen
como objetivo básico impulsar el uso de Internet por los ciudadanos
españoles y el desarrollo de nuevas iniciativas y servicios en el
mercado de la sociedad de la información. A continuación expone los
elementos fundamentales de las medidas adoptadas. En cuanto a la
inspección técnica de vehículos, explica que con la inclusión de sus
actividades en el conjunto de medidas urgentes de liberalización se
pretende mejorar el servicio, lo que incrementará la seguridad al
tiempo que favorecerá la reducción del porcentaje de vehículos
pendientes de pasar la inspección, además de la previsible reducción
del coste de aquel.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión a las seis de la tarde.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich
Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Rivero Baute, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Alcaraz Masats, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jané i Guasch, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Pérez Rubalcaba, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Mato Adrover, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 5/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de
contención del gasto farmacéutico público y de racionalización del
uso de los medicamentos . . . (Página 894)
La señora ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero) solicita
la convalidación del Real Decreto 5/2000, de 23 de junio, de medidas
urgentes de contención del gasto farmacéutico público y la
racionalización del uso de los medicamentos, aprobado por el
Gobierno, con el objetivo de avanzar en la contención del gasto
farmacéutico público, así como promocionar el uso racional de los
medicamentos. Explica la tendencia de las administraciones de los
diferentes Estados miembros de la Unión Europea a tomar medidas de
contención del gasto farmacéutico y el compromiso político en los
últimos años para fomentar la utilización de medicamentos genéricos e
introducir nuevas culturas de prescripción y dispensación orientadas
a la utilización de la denominación común internacional en la
identificación de los fármacos. Se refiere en concreto a las medidas
que se adoptan en el decreto-ley, que pretenden facilitar la
definición de un entorno de futuro que permita conjugar el
mantenimiento de una prestación farmacéutica pública del máximo nivel
y cobertura en el contexto de la Unión Europea con políticas de
contención del gasto farmacéutico y del uso racional del medicamento.
En turno en contra intervienen las señoras Valentín Navarro, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Castro Fonseca, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Replica la señora ministra de Sanidad y Consumo, duplicando las
señoras Valentín Navarro y Castro Fonseca.
Cierra el debate la señora ministra de Sanidad y Consumo.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Aymerich
Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Julios Reyes, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Uría Etxebarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Riera i Ben, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y el señor Mingo Zapatero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de
la competencia en mercados de bienes y servicios, se aprueba su
convalidación por 170 votos a favor y 119 en contra.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se rechaza por 122 votos a favor, 166 en
contra y una abstención.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 3/2000, de23 de junio, por el que
se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar
y a la pequeña y mediana empresa, se aprueba su convalidación por 178
votos a favor, 110 en contra y una abstención.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se aprueba por 289 votos a favor.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 2/2000, de 23 de junio, por el que se modifica la Ley 19/1994, de
6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de
Canarias y otras normas tributarias, se aprueba la convalidación por
289 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia se rechaza por 106 votos a favor, 182 en
contra y tres abstenciones.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en
el sector inmobiliario y transportes, se aprueba la convalidación por
182 votos a favor y 106 en contra.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se aprueba por 291 votos a favor.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 7/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes en el sector de las
telecomunicaciones, se aprueba la convalidación por 285 votos a
favor, cuatro en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se rechaza por 120 votos a favor y 171 en
contra.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 5/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de contención del
gasto farmacéutico público y de racionalización del uso de los
medicamentos, se aprueba la convalidación por 180 votos a favor, 108
en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se rechaza por 124 votos a favor y 166 en
contra.
Debates de totalidad de convenios internacionales . . . (Página 913)
Convenio entre el Reino de España y el Estado de Israel para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Jerusalén el
30 de noviembre de 1999 . . . (Página 913)
Defiende la enmienda de totalidad presentada el señor Rejón Gieb, en
nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno en contra de la enmienda de totalidad presentada interviene
el señor Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Replica el señor Rejón Gieb, duplicando el señor Robles Fraga.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Estrella
Pedrola, del Grupo Parlamentario Socialista.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 916)
Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por
España del Estatuto de la Corte Penal Internacional . . . (Página 916)
En defensa de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley por el
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), interviene la señora Uría
Etxebarría.
En turno en contra de las enmiendas interviene el señor Cisneros
Laborda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica la señora Uría Etxebarría.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Rejón Gieb,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Silva Sánchez, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y López Garrido, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Tramitación directa y en lectura única de Proposiciones de Ley . . .
(Página 924)
Tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley de
los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán
(Convergència i Unió), Vasco (PNV) y de Coalición Canaria, relativa a
la derogación de la disposición adicional primera de la Ley 13/1986,
de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación
científica y técnica . . . (Página 924)
No habiendo sido presentadas enmiendas, se procede a las votaciones
de los puntos del orden del día debatidos.
Convenio entre el Reino de España y el Estado de Israel para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Jerusalén el
30 de noviembre de 1999 (votación) . . . (Página 924)
En primer lugar se somete a votación la propuesta que tiene la
consideración de enmienda de totalidad, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que se rechaza por seis
votos a favor y 250 en contra.
Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por
España de la Corte Penal Internacional (votación) . . .(Página 924)
En primer lugar se someten a votación las enmienda mantenidas por el
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) a dicho proyecto de ley, que son
rechazadas por seis votos a favor, 249 en contra y una abstención.
En segundo lugar se procede a la votación del dictamen, que se
aprueba por 254 votos a favor y uno en contra.
Votación de conjunto . . . (Página 925)
Sometido a votación de conjunto por tener el proyecto de ley carácter
de orgánico, se aprueba por 256 votos a favor.
Tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley de
los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán
(Convergència i Unió), Vasco (PNV) y de Coalición Canaria, relativa a
la derogación de la disposición adicional primera de la Ley 13/1986,
de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación
científica y técnica . . . (Página 925)
Sometida a votación la tramitación directa y en lectura única del
proyecto de ley de referencia, se aprueba por 254 votos a favor.
Se levanta la sesión a las diez y veinticinco minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
La señora PRESIDENTA: Propuesta de modificación del orden del día. De
acuerdo con el contenido de lo acordado en la Junta de Portavoces y
conforme al artículo 68.1 del Reglamento, se propone al Pleno de la
Cámara la modificación del orden del día en relación con la
tramitación de los reales decretos-leyes correspondientes al punto
VII del orden del día. Así, el orden para la tramitación de los
reales decretos-leyes será el siguiente: en primer lugar, debate
relativo al Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas
Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y
Servicios; en segundo lugar, debate relativo al Real Decreto-ley 3/
2000, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas fiscales
urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana
empresa; en tercer lugar, debate relativo al Real Decreto-ley 2/2000,
de 23 de junio, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio,
de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otras
normas tributarias; en cuarto lugar, debate relativo al Real Decreto-
ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en
el Sector Inmobiliario y Transportes; en quinto lugar, debate
relativo al Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas
Urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones; y en sexto lugar,
debate relativo al Real Decreto-ley 5/2000, de 23 de junio, de
Medidas Urgentes de Contención del Gasto Farmacéutico Público y de
Racionalización del Uso de los Medicamentos. ¿Lo acuerda así la
Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada esta
modificación del orden del día.
Asimismo, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces,
se propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día,
en el sentido de incluir como último punto del mismo el debate
relativo a la tramitación directa y en lectura única de la
proposición de ley relativa la derogación de la disposición adicional
primera de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica. ¿Lo acuerda así la
Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la
modificación del orden del día.
Punto VII del orden del día. Convalidación o derogación de Reales
Decretos-leyes. En primer lugar, Real Decreto-ley...(Rumores.) Tienen
razón SS.SS. Ha sido el interés de esta Presidencia por agilizar el
debate.
Continúa la sesión con carácter secreto.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS.
(Número de registro 5306.)
Se somete a votación del dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que es aprobado.
Continúa la sesión con carácter público.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 6/2000, DE 23 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES DE
INTENSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIAEN MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS.
(Número de expediente 130/000005.)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día. En primer lugar,
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de
intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.
Para la presentación por parte del Gobierno, tiene la palabra el
vicepresidente segundo, señor Rato.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Señora presidenta, señoras
y señores diputados, tengo el honor de presentar ante el Pleno de la
Cámara el primero de los cinco reales decretos-leyes aprobados el
pasado viernes por el Consejo de Ministros, y espero que obtengan hoy
el respaldo de la Cámara. Quisiera comenzar mi exposición
manifestando a SS.SS. las razones que han aconsejado al Gobierno para
elegir la utilización de decretos-leyes con respecto a estas medidas
y, por tanto, explicar a la Cámara su necesidad y urgencia. Para
comenzar me parece imprescindible hacer referencia a la situación en
la que se encuentra la economía española en estos momentos que, como
SS.SS. saben, se caracteriza por un crecimiento sostenido desde el
año 1996, por encima del 3 por ciento, y que en los últimos meses del
pasado ejercicio y a lo largo del primer trimestre de éste, está
mostrando claros signos de aceleración. Al mismo tiempo, el Gobierno
y los principales organismos internacionales han revisado al alza las
previsiones de crecimiento para nuestro país en el año 2000,
situándolas en estos momentos por parte del Gobierno en un aumento
del producto interior bruto del 4 por ciento, que también es
considerado incluso superior por varios organismos internacionales.
En ese sentido, probablemente, desde el punto de vista de la política
económica, ésta sea la primera vez en que un Gobierno plantea como
necesidad urgente a la Cámara un paquete de medidas económicas no
para corregir una situación económica, no para evitar un deterioro de
la situación social o de la situación económica...(Varios señores
diputados: No se oye, no se oye.) Puedo hacer poco. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
Adelante, señor Rato.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta.
Decía que ésta es probablemente la primera vez en el debate
parlamentario que un Gobierno recurre a instrumentos de necesidad y
urgencia no para corregir una determinada situación económica ni para
evitar las consecuencias de esa situación económica desde el punto de
vista del empleo sino, al contrario, para garantizar de manera
contundente la continuidad y la profundización de los resultados de
esta situación económica. En ese sentido el principal objetivo de
estos decretos-leyes es garantizar que a lo largo de esta legislatura
España tenga las mejores oportunidades de avanzar en un crecimiento
intenso en empleo y superior a la media europea o, en cualquier caso,
significativo, que nos permita modernizar nuestra economía al ritmo
que lo estamos haciendo en estos momentos. Sin duda, como ha sido
puesto de relieve por el Gobierno y por los grupos parlamentarios, la
convergencia real es hoy el gran desafío de la economía española una
vez que hemos sido capaces de incorporarnos a la Europa del euro,
incluso es posible que estemos hablando de la Europa de la primera
velocidad en la pasada legislatura. Hemos de ser conscientes de que
los instrumentos que tienen a su alcance el Gobierno y la Cámara para
profundizar en una política económica que está siendo capaz de
beneficiar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles están limitados
por algunas de las decisiones históricas...
La señora PRESIDENTA: Perdón, un momento, señor Rato. Hay problemas
de megafonía.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Los instrumentos están
limitados por algunas de las decisiones históricas, como es nuestra
incorporación al euro la pasada legislatura. En concreto, la política
monetaria, como es bien consciente la Cámara, es hoy responsabilidad
y competencia de una institución europea, del Banco Central Europeo,
y dentro de los márgenes de la política fiscal, nuestros compromisos
del pacto de estabilidad y crecimiento nos orientan en una muy
determinada dirección. En ese sentido, quiero comenzar mi
intervención subrayando que el Gobierno ya ha anunciado, por boca de
su presidente y del ministro de Hacienda, la firme voluntad de
acelerar el calendario de reducción del déficit público para ponerlo
en situación de equilibrio en el próximo ejercicio, y en el presente
ejercicio del año 2000 ha revisado a la baja sus previsiones de
déficit público, para situarlo en una cifra aproximada del 0,4 del
producto interior bruto, exactamente la mitad de lo previsto al
inicio del ejercicio.
Por tanto, desde el punto de vista de los instrumentos de política
económica, que el Gobierno puede ofrecer a la Cámara y a la opinión
pública, son sin duda las políticas de oferta las que más
posibilidades y más margen tienen para tomar decisiones políticas y
responder a lo que en estos momentos es una demanda de la sociedad
española, y es que el nuevo periodo parlamentario, la nueva
legislatura, profundice en medidas que garanticen y que amplíen las
posibilidades de crecimiento de nuestra economía. En ese sentido, el
Gobierno entiende que la inmediata puesta en marcha de planes de
liberalización económica responde a una necesidad objetiva de la
economía española, que es agrandar nuestras posibilidades de
crecimiento, después de cuatro años de intenso crecimiento, y hacerlo
desde el punto de vista de políticas que no creen problemas de
estabilidad macroeconómica sino al contrario. Esta necesidad es aún
más evidente en un contexto no sólo de integración europea, sino
también de integración de mercados mundiales y en muy intenso proceso
de revolución tecnológica que está cambiando muchas de las facetas de
la vida económica, que incluso ha dado lugar a la afirmación por
parte de muchas instituciones públicas y de representantes tanto
académicos como políticos de una nueva economía en la que los
equilibrios macroeconómicos estarían afectados de
manera determinante por esta nueva economía y nuevas tecnologías.
Como podré explicar más adelante, y después será objeto de un debate
específico en uno de los reales decretos, es precisamente el impulso
de las nuevas tecnologías uno de los instrumentos básicos que el
Gobierno plantea hoy a la Cámara.
Las medidas que el Gobierno trae hoy al Congreso de los Diputados son
en cierto sentido una clara continuación de los intensos procesos de
liberalización aportados en la pasada legislatura. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, desde los servicios de megafonía
están intentando ajustar los micrófonos, pero todas SS.SS. saben que
en el momento que se acercan móviles a los micrófonos de los escaños
se producen interferencias, que es lo que está ocurriendo en este
momento. (Rumores.) Ruego a SS.SS. (estoy segura de que tienen todos
muchísimo interés en seguir el debate) que desconecten los teléfonos
móviles, y seguro que cooperarán a que los servicios de megafonía de
la Cámara consigan que haya un sonido perfecto.
Adelante, señor Rato.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta.
Como decía, las medidas liberalizadoras que el Gobierno trae hoy a la
Cámara son en gran parte continuación de las políticas de
liberalización ofrecidas en la pasada legislatura, pero con pasos
sustanciales para corregir no ya defectos de ese proceso, sino
características muy concretas que vienen marcadas por nuestra propia
historia económica de hace mucho tiempo. El proceso de crecimiento de
la economía española en estos momentos está caracterizado, por un
lado, por una intensa actividad exportadora, y por tanto por el
protagonismo del comercio exterior, exceptuando los meses de la
crisis de comercio internacional, y por otro lado, por un proceso
inversor extraordinariamente potente. Quisiera subrayar ante la
Cámara, para aquellos que siguen con interés la evolución de nuestra
capacidad de competir en nuestros mercados, que las cifras, que se
harán públicas en los próximos días, sobre el comercio exterior en
abril nos indican que las exportaciones reales están creciendo a un
ritmo cercano al 13 por ciento, mientras que las importaciones lo
hacen también a un ritmo muy intenso pero inferior, del 11 por
ciento, lo cual nos estaría indicando, por un lado, una muy intensa
recuperación de las exportaciones españolas en el comercio
internacional, que habrían aumentado su velocidad de crecimiento tres
veces respecto a las mismas fechas del año anterior y, por otro lado,
una ligera desaceleración de las importaciones que vendría a
indicarnos un crecimiento más equilibrado de nuestra economía. En ese
sentido la pujanza de nuestro sector exterior y de nuestra inversión
nos ratifican
en que el camino elegido la pasada legislatura es el correcto y que
la combinación de una política económica que reduzca las tensiones
financieras del sector público y que aumente las posibilidades de
oferta de la economía deben ser la base con la que responder a lo que
el Gobierno entiende que es una demanda de la sociedad española, y es
garantizar un ciclo económico más largo de los habituales en nuestra
economía y, por lo tanto, con mayores oportunidades de prosperidad
para la mayor parte de los ciudadanos.
Con este paquete de medidas liberalizadoras que el Gobierno trae a la
Cámara hoy, que son muy amplias y muy extensas, más de setenta, se
responde (y es el primer gobierno europeo que lo hace) a las demandas
de la reciente cumbre de Lisboa de la pasada primavera, del pasado
mes de marzo. Este debate que hoy el Gobierno plantea ante la Cámara
es la primera respuesta de un gobierno europeo de manera global y
coherente a los postulados planteados por el Consejo Europeo de
Lisboa para conseguir que en los próximos diez años la economía
europea se sitúe a la cabeza de las nuevas tecnologías, del empleo y
de la nueva economía. Las razones concretas de la urgencia que el
Gobierno ha entendido son, en primer lugar, responder a esa demanda
de los ciudadanos de clarificar y asentar las opciones y las
oportunidades de crecimiento económico durante los próximos años; en
segundo lugar, dar un marco rápido de adaptación de los sectores
económicos afectados, en muchos casos con decisiones privadas y en
otros con nuevos marcos regulatorios que permitan una rápida puesta
en marcha de las medidas. Y en tercer lugar, pero no por ello menos
importante, asentar desde el principio de la legislatura, las
expectativas de los ciudadanos y de los mercados respecto a cuáles
van a ser las prioridades de la política económica. Si me lo permite
la Cámara me gustaría recordar que ya en la pasada legislatura el
Gobierno del Partido Popular quiso desde el comienzo de la
legislatura, escasamente a las cinco semanas de formar Gobierno,
ofrecer a la opinión pública y desde luego al Congreso de los
Diputados, las líneas básicas de su política económica.
Independientemente de la opinión que merezca cada una de las medidas,
o que en su caso en aquel momento mereció cada una de las medidas,
existen evidencias suficientes de que la presentación clara y desde
el principio de las prioridades económicas del Gobierno permitió la
pasada legislatura un grado de confianza en las expectativas de los
ciudadanos que ha sido una de las bases más sólidas de la rápida
recuperación de la economía española. Pues bien, el Gobierno entiende
que en esta legislatura, en condiciones por suerte bien distintas a
las de entonces, en términos de crecimiento, en términos de empleo y
en términos de nuestra pertenencia al euro, es también imprescindible
y urgente presentar ante la economía española, ante los ciudadanos y
ante los mercados cuáles van a ser las prioridades del
Gobierno en política económica y para ello proponemos la aprobación a
la Cámara de estos decretos-leyes.
Además quisiera decir, para aquellos que pueden entender que el
Gobierno trata de hurtar determinadas cuestiones al debate
parlamentario, que precisamente hoy vienen aquí cuestiones que no
tendrían que venir a la Cámara, especialmente en algunos de los
decretosleyes, como es sanidad y telecomunicaciones; prácticamente
todas las medidas se podían haber aprobado con normas que no tuvieran
rango de ley y, sin embargo, el Gobierno entiende que forman parte de
un amplio paquete, global y coherente, que merece el debate por parte
de los grupos parlamentarios, independientemente de la decisión que
tome la Cámara sobre la tramitación de los decretos-leyes u otras
iniciativas parlamentarias que los grupos tengan a bien plantear a lo
largo de esta legislatura. En este paquete de medidas, señorías, se
muestra un cambio cualitativo, en opinión del Gobierno trascendental,
del marco histórico heredado de los grandes sectores de la economía.
Las medidas no pretenden aumentar la liberalización, manteniendo el
marco histórico, sino que van mucho más allá; modifican las
condiciones que hasta ahora estaban vigentes y que se caracterizan
por la evolución de los monopolios públicos de hace algunos años y
también por las decisiones de privatización que en su momento se
tomaron (fueron debatidas políticamente y que el Gobierno no tiene
ningún interés en debatir ahora, salvo que los grupos lo deseen)
desde el punto de vista de cuestiones tan importantes como los
grandes sistemas de distribución del gas, del petróleo o de la
electricidad. En definitiva, se modifican de manera contundente las
condiciones de privatización de finales de los 80 y principios de los
90 de grandes sectores para hacer posible ahora un crecimiento
sostenible de nuestra economía y un avance constante y progresivo de
los niveles de renta y de empleo de los ciudadanos españoles.
Quisiera también destacar, señora presidenta, señores diputados, la
coherencia interna del paquete de medidas que el Gobierno trae a la
Cámara. Como podrán apreciar SS.SS., independientemente del juicio
político que les merezcan las medidas, todas las decisiones adoptadas
se orientan en la misma dirección. El Gobierno ha huido de manera
consciente de establecer medidas compensatorias dentro del propio
paquete para suavizar los efectos de otras en determinados sectores,
una práctica demasiado conocida en nuestra política económica y que
ha restado en muchas ocasiones eficiencia a decisiones que venían
contrapuestas a otras que se tomaban al mismo tiempo y que intentaban
suavizar o corregir los efectos de las primeras. Las medidas que
contiene este paquete son todas medidas liberalizadoras y los
sectores tendrán que encontrar los efectos positivos de las mismas en
la apertura de nuevos mercados y en la utilización de políticas más
eficientes dentro de sus respectivas empresas. Además de afectar a
sectores muy importantes de nuestra economía,
como son los de telecomunicaciones, básicos en la nueva economía, o
los energéticos, también en las medidas se introducen cuestiones muy
importantes para el sostenimiento del equilibrio presupuestario y
para la calidad de la prestación de servicios sociales de la
importancia del gasto sanitario. Una vez más, el Gobierno del Partido
Popular introduce mejoras y racionalidad en el gasto sanitario que
revierten, todas ellas, en la financiación del Sistema Nacional de
Salud. Con eso profundizamos en una práctica de la pasada legislatura
de que las mejoras y eficiencias del sistema sanitario fueran siempre
revertidas en la propia financiación del sistema sanitario y en
ningún caso sirvieran para financiar otros gastos o reducir el
déficit público de las administraciones públicas. Se introducen
también criterios, negociados con la Federación Española de
Municipios y Provincias, sobre una mayor transparencia de las
decisiones sobre el suelo urbanizable y también cuestiones que
afectan a la intermediación inmobiliaria, los libros de texto, la fe
pública, los colegios profesionales o las condiciones del comercio.
Desde el punto de vista del suelo, quisiera claramente afirmar que
las decisiones que se contienen en estos reales decretos-leyes no dan
ni mucho menos por agotada una cuestión en la que la colaboración con
los ayuntamientos y con las comunidades autónomas va a exigir, a lo
largo de los próximos meses, por parte de esta Cámara y de las
autonómicas y de los ayuntamientos, decisiones que, dentro de un
marco de financiación suficiente de las entidades locales, permitan
una mayor transparencia en la fijación de los precios del suelo.
Dentro del contexto de las medidas y de su coherencia interna se
presta especial atención a la vigilancia de las estructuras de
mercado, y así se introducen mejoras técnicas en los órganos de
defensa de la competencia y una medida muy novedosa en nuestra
política económica, que no tiene precedentes, que es los límites de
participaciones empresariales en determinados sectores estratégicos
para garantizar la máxima competencia en los sectores básicos de la
economía.
Dentro del paquete de medidas, hay un amplio e importante número de
decisiones en materia tributaria que vienen a responder a la firme
convicción del Gobierno de que las decisiones tributarias no sólo
tienen efectos sobre la recaudación sino que son un instrumento de
política económica, desde el punto de vista del aumento de las
expectativas y de la oferta, y que contienen, en este paquete de
medidas, decisiones importantes sobre el ahorro, la
internacionalización de las empresas y la actividad de las pequeñas y
medianas empresas así como la implantación en estas de las nuevas
tecnologías.
Sin duda, desde el punto de vista de cuáles son los principales
beneficiarios del paquete de medidas, quisiera subrayar que son las
familias y los consumidores. No busquen SS.SS. en este paquete de
medidas ventajas para sectores corporativos ni decisiones que traten
de compensar a unos determinados sectores de otras decisiones a costa
de los consumidores o del empleo. Como he dicho, de lo que se trata
es de que la liberalización y la capacidad de introducirse en nuevos
mercados sea aprovechada por los sectores y por las empresas, al
objeto de extraer las mejores consecuencias de una política de
liberalización. Y, desde luego, huimos de toda pretensión de proteger
sectores corporativos, en lo que entendemos que es una política que
nunca ha dado resultados y que, además, siempre ha exigido nuevas
decisiones corporativas y proteccionistas para tratar de enmascarar
las que se tomaron con anterioridad para otros sectores.
Nada más lejos de la visión de una Europa del siglo XXI que una
política económica que entienda que el interés general sólo es
posible cuando se garantizan los nichos de privilegio de los
intereses corporativos. Además, y como he tenido ocasión de afirmar
ante la opinión pública en su presentación, estos reales
decretosleyes no tienen una intención coyuntural. No tendría
demasiado sentido, al principio de la legislatura, plantear a la
Cámara un debate sobre medidas coyunturales y el Gobierno entiende
que en este momento lo que la opinión pública demanda son medidas de
largo y profundo alcance, de carácter estructural, que introduzcan
con carácter permanente más flexibilidad en la economía española y,
por ende, una mayor capacidad de crecimiento. Radica ahí el principal
objetivo de estos reales decretos-leyes y a ello el Gobierno espera
que responda su aplicación.
Estos reales decretos-leyes se han planteado con un diálogo con todos
los sectores, tanto con empresas concretas que han sido afectadas en
sus decisiones por su texto como con sectores que ven cambiados
marcos en los que venían actuando de manera más o menos protegida.
Este diálogo creo que se ha saldado con una mejora de las propuestas
del Gobierno y con un entendimiento de los sectores que,
independientemente de los juicios que les merezcan las medidas para
ellos, entienden los beneficios generales que se derivan de las
mismas y, lo que es más importante, el convencimiento que pienso que
hoy hay en la sociedad española de que, si realmente queremos una
economía más competitiva y más generadora de empleo, los esfuerzos
deben ser equivalentes para todos. En este sentido, quiero agradecer
a todos los sectores afectados, independientemente de las críticas
que hacen al Gobierno, todas ellas, por otra parte, muy atendibles,
el reconocimiento de que es imprescindible una política global y
general, en la que no haya nichos de privilegios, para entender que
la economía española, en el gran salto de prosperidad que puede dar
en los próximos años, necesita el esfuerzo y el concurso de todos.
Paso ya a presentar el Real Decreto-ley 6/2000, que afecta, como SS.
SS. conocen, a los mercados energéticos e introduce modificaciones de
gran trascendencia, que, si ustedes me lo permiten, podríamos
calificar de
históricas, profundizando, por un lado, en la línea de liberalización
iniciada en la pasada legislatura, con las leyes del sector eléctrico
y del sector de hidrocarburos. Pero estas medidas ahora inciden en
aquellos aspectos que hasta el momento habían dificultado o retrasado
la competencia efectiva en estos sectores. Sin duda, el objetivo,
desde el punto de vista de los mercados energéticos, es mejorar su
funcionamiento en beneficio de toda la economía y las medidas que se
proponen parten de la convicción de que el sector energético es un
factor decisivo de la competitividad de nuestra economía y que afecta
de manera determinante no sólo a las grandes empresas sino
especialmente a los pequeños consumidores, a las pequeñas y medianas
empresas y a las familias.
En ese sentido, además, y es una de las cuestiones esenciales desde
el punto de vista de la política energética, las consideraciones
económicas no pueden hacernos olvidar la necesidad de garantías de
suministro y de calidad del producto, que son imprescindibles en
mercados como los eléctricos o los del gas. Quisiera señalar que
estas medidas se han tomado con una racionalidad que ha sido valorada
positivamente por la opinión pública y por los mercados, lo cual
indicaría que medidas que literalmente pueden afectar de manera
negativa a una determinada empresa, al tomarse en un conjunto de
otras medidas que abren nuevas oportunidades, tienen una racionalidad
suficiente como para que puedan ser entendidas por la opinión
pública.
Las medidas que se adoptan presentan un alto grado de paralelismo, y
por tanto de equilibrio, en los tres mercados a los que afectan, sin
perjuicio de las obligadas singularidades de cada uno de ellos, que
se derivan fundamentalmente de la distinta naturaleza de los
productos afectados y del grado de liberalización en el que estaba
hasta ahora cada uno de los mercados. En primer lugar, quisiera
destacar la decidida voluntad del Gobierno de romper modelos
empresariales de integración vertical que incluyen monopolios
naturales inevitablemente existentes en unos sectores que soportan su
actividad en grandes redes, líneas eléctricas, gasoductos
u oleoductos. El correcto aprovechamiento de estas redes exige que no
existan posiciones de dominio accionarial, garantizando la
neutralidad de su funcionamiento. Creo que esa ha sido una demanda
creciente de la opinión pública española, que venía a responder a las
decisiones de privatización que se tomaron a lo largo de la pasada
década y a principios de la década de los noventa en cuestiones
relacionadas especialmente con el gas y con los hidrocarburos y que
llegan a su fin en la aprobación de estos reales decretos.
Los tres grandes operadores de redes energéticas, red eléctrica, por
un lado, Enagas y la Compañía Logística de Hidrocarburos, van a
actuar con máxima independencia, posibilitando la entrada, en
condiciones de igualdad, a cualquier otro operador interesado en
actuar en el mercado español. Para ello, y yo diría que con una
notable novedad en nuestra práctica económica, se establecen
condiciones para la apertura del accionariado de la principal
compañía logística del sector de hidrocarburos, limitando las
participaciones generales al 45 por ciento... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señor Rato.
Señorías, en este momento la megafonía está funcionando y si no se
oye es como consecuencia de las conversaciones y de los murmullos de
los señores diputados. Les ruego que guarden silencio y seguramente
podremos seguir todos el debate muchísimo mejor. (Pausa.)
Adelante, señor Rato.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Como decía, señora
presidenta, señorías, se establecen condiciones para la apertura del
accionariado de la principal compañía logística del sector de
hidrocarburos, limitando las participaciones individuales al 25 por
ciento del capital social y al 45 por ciento la participación
conjunta de los actuales accionistas con capacidad de refino en
España.
Con respecto al sector del gas natural, se abre el accionariado de la
principal empresa transportista, a la que se encomiendan las
funciones del gestor técnico del sistema, limitando también en este
caso las participaciones individuales del conjunto del grupo que
ahora tiene la propiedad de esta empresa al 35 por ciento. Al mismo
tiempo, se pretende disminuir el peso de aquellos agentes que cuentan
hoy con una posición de dominio del mercado que dificulta, por un
lado, la entrada de nuevos operadores necesarios para que, a su vez,
en un mercado liberalizado, se pueda avanzar hacia una situación de
competencia efectiva. A estos efectos, por primera vez en nuestro
país, se limita el incremento de la cuota de potencia instalada a
grupos eléctricos que ostentan una cuota significativa y se establece
la obligación de determinadas instalaciones de producción de régimen
especial con derecho a incentivo, para que acudan al mercado
mayorista para vender los excedentes, es decir, al pool eléctrico.
En el sector del gas se asigna el 75 por ciento del gas procedente de
Argelia al gestor técnico del sistema, es decir, a Enagas, y se
plantea que el resto, el 25 por ciento, sea utilizado por sus
competidores, corrigiendo también una de las decisiones más
controvertidas de su privatización a principios de los años noventa.
Junto a ello es fundamental fomentar la transparencia en las
condiciones económicas de acceso a las redes, para evitar conflictos
entre comercializadores y propietarios de las mismas. En esta línea,
se entiende que los precios, los precios de utilización de las redes,
como es natural, deben reflejar de manera efectiva los costes que
retribuyen,
dando así certidumbre al mercado, por un lado, a los inversores y a
los agentes económicos que actúan en el mismo, pero también con una
máxima transparencia que permita la garantía a los consumidores de
una muy eficiente asignación de los recursos. Como decía, el papel
relevante del consumidor, el modelo que presentamos a la Cámara,
queda patente con el adelanto al año 2003, por tanto, a esta
legislatura, de la apertura de los mercados, tanto de gas como de
electricidad, para todo tipo de consumidores, es decir, para las
familias y para las pequeñas y medianas empresas, que no son
consumidores cualificados. Este adelanto de la fecha de apertura de
mercados nos sitúa sin duda entre los primeros países europeos en la
liberalización de sectores tan importantes como el gas o la
electricidad.
En el segmento de la comercialización de hidrocarburos, en los que la
evolución de las participaciones en el mercado ha sido
extraordinariamente lenta en la historia económica española, en parte
como consecuencia de la historia del monopolio de Campsa y en parte
por las decisiones que se tomaron en la privatización del mismo,
vamos a seguir fomentando el significativo aumento de nuevas
gasolineras, especialmente con bandera distinta de las que están en
estos momentos, y con su instalación en establecimientos comerciales,
para seguir el ejemplo de otros países europeos, que nos indican un
camino adecuado. Además, también en el sector de los hidrocarburos
líquidos, se limita la capacidad de apertura a los operadores al por
mayor de productos petrolíferos. El objetivo no puede ser otro, y lo
entiende perfectamente la opinión pública y la Cámara, estoy
convencido, que el incremento de grado de competencia, tomando aquí
también una decisión nueva en nuestra práctica económica, como es
limitar la capacidad de crecimiento durante un período relativamente
largo de tiempo de determinadas empresas.
Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que la información y la
transparencia de la misma es un elemento esencial de la política de
competencia, se establece que esta transparencia en la información es
un criterio que debe presidir el funcionamiento de cualquier mercado
liberalizado, ya que el acceso a la información se considera un
elemento indispensable, que lo es, para los posibles competidores y
para los consumidores y, por tanto, en todas las fases del proceso de
comercialización, tanto al por mayor como al por menor, de todos
estos productos, en unos casos con precios regulados y en otros con
precios comunicados, habrá una máxima transparencia de precios.
En definitiva, como decía, señora presidenta, señorías, con este
conjunto de medidas se persigue ampliar, por un lado, el número de
oferentes que actúan en todos los mercados energéticos, de modo que
su actuación y competencia permitan trasladar el beneficio a los
consumidores y, por otro lado, garantizar un suministro eficiente
y constante para garantizar la expansión económica.
Por último, quiero volver a subrayar, en el capítulo energético, que
estas medidas no pretenden tener un impacto coyuntural sobre nuestra
realidad energética. Estamos cambiando los mercados energéticos en
nuestro país de manera considerable y, por tanto, los efectos van a
ser de largo plazo y profundos. Eso no quiere decir que no haya
efectos inmediatos, que los va a haber, pero, sobre todo, lo
importante es la capacidad que dan a la economía española de una
mayor competencia y eficiencia en unos mercados indispensables para
el empleo y para la competencia del conjunto de la economía. Es la
introducción de más competencia el elemento básico de las medidas del
sector energético y lo que se pretende, al mismo tiempo, es que el
tamaño de nuestras empresas, las más importantes del país en el
sector energético, un tamaño que pueda ser suficiente para competir a
nivel europeo e internacional, no se haga a costa del consumidor,
como hasta ahora era la práctica de nuestra historia económica. No
serán los consumidores españoles los que garanticen que tengamos
empresas grandes a base de políticas proteccionistas, sino que será
precisamente la capacidad que tengan esas empresas de entrar en otros
mercados y de invertir en España en otros mercados y en el exterior
lo que garantice el tamaño y la competitividad internacional de
nuestras empresas.
Como he dicho, señora presidenta, en materia de competencia, también
se ha considerado necesario introducir un control de los procesos de
concentración, cada vez más importantes en las decisiones económicas
privadas, y para ello se establece la suspensión de las operaciones
que deben ser notificadas a los órganos de defensa de la competencia
para que sean autorizadas y evitar así lo que podría darse en muchos
casos, y es que una operación que entra en funcionamiento, y que
puede producir consecuencias económicas de compra de nuevas empresas,
por tanto, con consecuencias para inversores y para las empresas,
después no sea autorizada por los servicios de defensa de la
competencia. En paralelo con esta decisión de la suspensión de las
decisiones empresariales, se acortan significativamente los plazos en
los que tiene que decidir tanto el Tribunal de Defensa de la
Competencia como el Gobierno y se introducen posibilidades de que, en
casos muy concretos, las empresas puedan solicitar del Gobierno la
continuación del proceso de concentración al mismo tiempo que se
toman las decisiones.
Creo que con ello se evitan riesgos para las empresas y se evitan
incertidumbres para los mercados. También quisiera destacar que se
sigue el modelo comunitario, que es exactamente el que vamos a
aplicar en España a partir de ahora en el tema de las
concentraciones. Por otra parte, para prevenir actuaciones contrarias
a la libre competencia, como he dicho antes se establecen
limitaciones a la participación en el accionariado en empresas
competidoras de un mismo sector. Las personas físicas o jurídicas que
participen en el capital
de dos o más sociedades con condición de operador principal en un
mismo mercado energético o telefónico en una proporción superior al 3
por ciento del capital de cada empresa sólo podrán tener
representación en el consejo de administración en una de ellas y una
inversión superior al 3 por ciento. Esta es una decisión novedosa
y rupturista en nuestra práctica económica, que fue aplicada por
primera vez la pasada legislatura a dos entidades financieras y que
el Gobierno extiende ahora al conjunto de los operadores en los
sectores energéticos y de las telecomunicaciones.
El real decreto también responde a una de las decisiones libres
tomadas por dos importantes colectivos profesionales la pasada
legislatura, como es la fusión entre los colegios de corredores de
comercio y notarios, que se va a hacer efectiva, como ustedes saben,
en el último trimestre de este año. El Gobierno respalda, desde el
punto de vista político y económico, la decisión tomada por los
corredores y por los notarios y entiende que, manteniendo la
importancia de la fe pública y, por lo tanto, la existencia de
precios fijos, es posible introducir un grado de competencia a través
de descuentos del 10 por ciento en las actividades de fe pública,
manteniéndose la libertad en todas las demás actividades que
realizaban hasta ahora los corredores de comercio. Además, en los
aranceles de registradores, también en el ámbito de la fe pública, se
toman decisiones de reducción de aranceles que afectan principalmente
al proceso urbanístico y a las viviendas de protección oficial.
En materia de libros de texto, el Gobierno introduce una medida
claramente en dirección de defensa de los intereses de las familias.
Las familias son las consumidoras de libros de texto por definición,
en un mercado marcado por la cortedad de los plazos en la decisión
del consumidor y por la indicación estricta por parte de los colegios
en la utilización de libros de texto. Se producía en nuestro país una
situación realmente paradójica. Por un lado, como todos éramos
conscientes, las grandes superficies y los grandes establecimientos
de venta de productos culturales establecían descuentos superiores a
los que marcaba la ley, es decir, al 12 por ciento, a través de la
utilización de otros productos, en muchos casos relacionados con los
colegiales, que les hacían poder competir en un sector, mientras que
las librerías que no tenían esos productos estaban obligadas a un
descuento tasado por la ley. Cambiamos el sistema. A partir de ahora
la ley no autoriza la utilización del libro como reclamo comercial
para la venta de productos de naturaleza distinta y al mismo tiempo
se permite a todos los vendedores de libros de texto que puedan
aplicar los descuentos que les parezcan convenientes. En ese sentido,
ponemos en pie de igualdad a unos operadores con relación a los
otros, independientemente de su tamaño, y tomamos decisiones, una vez
más, para que el tamaño o la variedad de productos
que se venden no se utilicen en contra de los intereses o de las
posibilidades de las pequeñas librerías.
Desde el punto de vista de las profesiones colegiadas, se eliminan
algunas de las barreras que podían limitar los beneficios de la
colegiación única y, en el ámbito financiero, se reducen las
comisiones máximas que puedan percibir las gestoras de fondos de
inversión con una reducción entre el 20 y el 25 por ciento de media,
en consonancia con la importante caída de tipos de interés y además
se incrementa la transparencia en los folletos informativos. En el
mercado de tabacos, se eliminan y flexibilizan determinados
requisitos exigidos hasta ahora a los distribuidores mayoristas para
aumentar la competencia y finalmente se otorga a los médicos de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales la
facultad de dar altas a los beneficiarios de las prestaciones de
incapacidad temporal, con la finalidad de fomentar un uso más
adecuado de estas prestaciones. Será un desarrollo reglamentario que
haremos en negociación con los sectores sociales el que permita la
aplicación efectiva de esta cuestión.
Señora presidenta, señorías, para finalizar quisiera referirme a las
pequeñas y medianas empresas y al comercio. Algunos de los que
estamos aquí participamos en el año 1995 en el debate de la Ley de
Comercio, que estableció como principio básico la libertad de
comercio a partir del año 2000, de finales de este ejercicio. En este
sentido, el Gobierno ha entendido que tenía que dar una respuesta a
esa cuestión al principio de esta legislatura y quisiera, antes de
entrar en ella, recordar las medidas que durante la pasada
legislatura tomó este Gobierno y su mayoría parlamentaria en la
consolidación del papel de las pequeñas y medianas empresas. Por un
lado, en el ámbito financiero se facilitó su acceso a fórmulas de
capital riesgo y se mejoraron los instrumentos financieros a
disposición de las líneas abiertas por el Instituto de Crédito
Oficial. También se potenció la presencia exterior con el plan de
exportación 2000 y se mejoró sensiblemente el marco fiscal con
reducciones constantes de los módulos. Además se tomaron medidas muy
importantes para facilitar la capitalización e inversión de las
pequeñas y medianas empresas, además de las reducciones del impuesto
sobre la renta de las personas físicas.
Es indudable que una gran parte de los más de 2 millones de empleos
creados en la pasada legislatura se hizo como consecuencia de la
mejora del marco fiscal, financiero y administrativo de las pequeñas
y medianas empresas. Además, se estableció, concretamente en el
sector comercial, un sistema de diálogo constante a través del
Observatorio de la distribución comercial con comunidades autónomas y
con el sector, que nos ha permitido modernizar sobre todo el pequeño
comercio y, al mismo tiempo, tomar decisiones efectivas en la
reducción de las cargas fiscales de las pequeñas y medianas empresas.
Y es compromiso de este Gobierno,
como se conoce por el debate de investidura y por el programa
electoral, la implantación de unidad de tipo cero para los pequeños
comercios con beneficios inferiores a 3 millones de pesetas.
Plantea el Gobierno en este real decreto-ley, por un lado, mantener
el marco de reparto de las tareas entre las distintas
administraciones, que estaba fijado en el año 1995 y que, quiero
volver a recordar a la Cámara, finalizaba en diciembre del año 2000.
En ese sentido, hablamos de una prórroga hasta el año 2005 del
régimen transitorio en materia de libertad de horarios, cuyo
vencimiento se producía -vuelvo a repetir- el 1 de enero de 2001, y
mantenemos la capacidad de las comunidades autónomas para adecuar el
ejercicio de la actividad comercial a las peculiaridades de su
respectivo territorio. También mantenemos el régimen de aperturas en
domingos y festivos para el año 2000 y establecemos un calendario, yo
creo que relativamente prudente, de aumento de un domingo al año,
desde el punto de vista de la libertad de apertura para todo tipo de
establecimientos. Además, avanzamos en el régimen de libertad de
horarios fijados para determinadas actividades. No sé si la Cámara es
consciente -estoy seguro de que sí- de que en la Ley de Comercio del
año 1995 se establecía un régimen de excepción para la libertad de
horarios en determinadas actividades, como son pastelerías,
panaderías, tiendas de conveniencia, establecimientos culturales o
zonas turísticas. Pues bien, el Gobierno entiende que debe
establecerse un aumento de esta lista, que se exceptúa de las reglas
generales de la ley, para establecimientos menores de 300 metros, de
manera que exista una discriminación positiva para estos
establecimientos que les permita, además del caso de panaderías,
pastelerías, tiendas de conveniencia, establecimientos culturales o
zonas turísticas, tomar decisiones libres sobre su utilización de los
festivos. Así, vuelvo a subrayar, se establece una discriminación
positiva para los establecimientos más pequeños en competencia con
establecimientos de mayor tamaño, que siguen sometidos a un régimen
de limitación de aperturas similar al de la pasada legislatura en el
año 2000 y que se incrementa en un festivo al año a lo largo de los
próximos tres años.
Creemos que esta es una medida ventajosa para el empleo, ventajosa
para el consumidor y ventajosa para los pequeños comercios, y me
gustaría que no tuviéramos que debatirla en términos atávicos como
consecuencia de un supuesto enfrentamiento entre el tamaño de un
comercio y la libertad, puesto que en estos momentos el Gobierno
plantea precisamente un debate que es el contrario. La medida sin
duda va a afectar yo pienso que a la libertad de elección de los
comerciantes, a la libertad de elección del consumidor y así me
parece que ha sido entendida por la más nutrida representación de los
comerciantes, que, independientemente de las críticas, han sido
respetuosos con las decisiones que el Gobierno ha tomado.
Quisiera también significar que muchas de las medidas que se
contienen en estos reales decretos, en el sector de las
telecomunicaciones, en el sector tributario, pero también, en este
real decreto, en el sector eléctrico y gasístico, vienen a dar
oportunidades a las pequeñas empresas de beneficiarse de las
condiciones de la libertad, desde el punto de vista de los
suministros básicos, como son los energéticos.
Señora presidenta, señorías, creo que con el debate que hoy se va a
celebrar en esta Cámara, no sólo sobre el Real Decreto-ley 6/2000
sino sobre el conjunto de los cinco reales decretos, el Gobierno
presenta de manera inequívoca su política económica para los próximos
cuatro años. Pienso que existía también una demanda por parte de la
opinión pública y de la sociedad española de que el Gobierno
planteara una política económica -vuelvo a repetir- no para cambiar
las circunstancias de la economía española actual sino para
garantizar su continuación. En ese sentido, la decisión era urgente e
importante y espero, tanto de la decisión de los grupos
parlamentarios como del debate parlamentario, el respaldo a las
posiciones del Gobierno y el enriquecimiento de las decisiones que el
Gobierno ha tomado a través de las iniciativas y de las propuestas
que hagan los respectivos grupos parlamentarios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.
Señorías, antes de entrar en el debate entre los grupos
parlamentarios, comunico a la Cámara lo siguiente: La votación de los
decretos-leyes cuyo debate iniciamos ahora se producirá de manera
sucesiva y consecutiva al finalizar el debate del Real Decreto-ley 5/
2000. Asimismo, conforme al artículo 131.2, anuncio que la votación
de ley orgánica del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza
la ratificación por España del estatuto de la Corte Penal
Internacional no tendrá lugar antes de las 14 horas; se producirá en
el momento procesal oportuno o, en cualquier caso, no antes de las 14
horas.
Iniciamos el debate del real decreto presentado por el señor
vicepresidente. ¿Turno en contra? (Pausa.)
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señora presidenta, por haber
anunciado justo ahora el horario de votaciones y, sin duda, permitir
una mayor claridad en cuanto a los escaños en este trámite del
debate.
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Sevilla.
Puedo indicarle que no ha habido intencionalidad al hacer el anuncio
antes de su intervención, sino que trataba de dar respuesta a una
serie de preguntas que me
habían planteado los portavoces de los grupos parlamentarios.
El señor SEVILLA SEGURA: Así lo entiendo y por eso sólo lo constato y
no lo reprocho.
Señor Rato, es usted un mal sastre. Ha querido hacer un traje más
grande para la economía española y le ha salido un traje a la medida
de unos pocos pero tremendamente estrecho para la mayoría. No se ha
recatado usted en decir que las medidas que pomposamente ha
calificado como destinadas a poner fin a los monopolios y al poder de
los operadores dominantes en cada sector han sido pactadas y
aceptadas por los mismos, lo cual ya es en sí altamente sospechoso
respecto a su intención y eficacia real. Y es que un análisis
detallado de lo que ustedes han aprobado y presentan hoy aquí para su
convalidación ofrece una lectura muy distinta de lo que dicen que han
hecho. Por ejemplo, en el sector eléctrico. Limitan la capacidad de
generación de nueva potencia a las dos empresas dominantes del sector
por un período de entre tres y cinco años, excepto para aquellos
proyectos nuevos que ya tengan presentados o excepto que cambien
nuevos proyectos por viejas instalaciones a amortizar. Resultado:
modernizarán su parque de generación, seguirán ampliando su capacidad
con los proyectos ya presentados y dentro de cinco años su poder
dominante en el mercado eléctrico apenas se habrá reducido en menos
de un 10 por ciento. A cambio, les permiten ustedes entrar en el
capital de Enagas y controlar así para el futuro algo básico para la
generación de energía eléctrica con las nuevas tecnologías. Por otra
parte, reducen el importe que pagamos en la factura eléctrica en
concepto de garantía de potencia, pero a cambio les mantienen los
ingresos por los costes de transición a la competencia, cuestionados
por la Comisión Europea, y les compensan con la exigencia realmente
singular y muy condicionada de una bajada máxima de las tarifas del 9
por ciento, lo que quiere decir que puede llegar a ser cero en el
mínimo.
En el sector de hidrocarburos líquidos pasa algo parecido. Restringen
la capacidad de abrir nuevas gasolineras a dos de las tres compañías
existentes en el sector durante 3 años. Con una estimación razonable
del consumo durante ese período, si hoy entre las dos tienen el 65
por ciento del mercado minorista, en tres años pasarán a tener el 58
por ciento, que sin duda es menos de lo que tienen ahora, pero
seguirán siendo los operadores dominantes en el sector. Amplían
también la composición del accionariado de la Compañía Logística de
Hidrocarburos, lo cual es positivo, pero siguen sin abordar la
modificación del sistema de acceso de terceros a las redes de
distribución, que es la manera más inmediata para ampliar la
competencia en el sector. Modifican el sistema de información de
precios y de publicidad sobre los mismos sin aportar prácticamente
nada relevante sobre lo que ya existía y permiten la instalación de
suministro de gasolina en grandes
superficies, posibilidad que también existía ya, sin resolver, eso
sí, los problemas que ello pueda generar respecto a la falta de
competencias del Gobierno central a la hora de recalificar suelo.
En el sector del gas natural, reparten el poder actual de la empresa
Gas Natural con las eléctricas, pero a cambio consolidan a Enagas,
participada por las anteriores, como gestor técnico del sistema, con
capacidad para cobrar por ello, lo cual es nuevo, y le garantizan el
70 por ciento del mercado durante los próximos años, que es menos que
el 100 actual, pero tampoco es como para considerarlo una
liberalización histórica. Siguen manteniendo la actual regulación de
los cánones y peajes, claramente favorables a la empresa dominante y
desincentivador de la competencia, a pesar de la rebaja que anuncian,
y la apertura del contrato de gas con Argelia, que es positiva, queda
tan indefinida en cuanto a cómo y en qué condiciones se efectuará la
adjudicación del 25 por ciento liberalizado, que es imposible saber
su repercusión real sobre la competencia futura en el sector.
Señorías, el conjunto de estas medidas, aun reconociendo que van en
dirección adecuada y que incluso algunas fueron presentadas por mi
grupo en la legislatura pasada, contando entonces con el voto en
contra del Grupo Popular, prefiguran un concepto de las
liberalizaciones parcial, incompleto y distinto del que nosotros
defendemos. Ustedes no liberalizan, reparten el poder de las grandes
empresas de otra manera, compensándolas allí donde se puedan sentir
perjudicadas. Ustedes no fomentan de verdad la competencia, sino que
regulan la entrada de nuevos operadores, dosificándola en función de
los intereses de los ya establecidos. Ustedes no reducen el poder del
Gobierno en la economía ni su capacidad de influir sobre la misma,
sino que mantienen una elevada discrecionalidad en manos del
Gobierno, en lugar de transferirla a los órganos independientes de
vigilancia y defensa de la competencia, en los que claramente no
creen.
El ejemplo más evidente de esto son las medidas adoptadas sobre el
control de concentraciones. Señor Rato, en una economía como la
nuestra, el único límite a las concentraciones debe provenir del
impacto de las mismas sobre la competencia. ¿Por qué se reservan para
el Gobierno la capacidad final de autorizarlas o no? ¿No basta con la
opinión del Tribunal de Defensa de la Competencia? ¿Quieren
intervenir desde la política en dichos procesos, condicionándolos a
cambio de no se sabe qué contraprestaciones? Lo suyo, señor Rato, son
liberalizaciones de cartón piedra, amagar mucho y dar poco, pequeños
pasos donde deberían darse grandes zancadas. Tras la entrada en vigor
de estas medidas, los precios a los consumidores ni en gasolinas y
gasóleos ni en electricidad ni en gas tienen por qué ser menores de
lo que hubieran sido sin la aplicación de las mismas. Los
consumidores seguiremos sin poder elegir compañía eléctrica o de gas,
y los nuevos
operadores que quieran entrar en estos mercados van a seguir
enfrentados con el poder dominante de los ya instalados.
Como dicen los ingleses, algo es mejor que nada, pero el algo que
ustedes han hecho en estos sectores está más cerca de la nada que de
una liberalización efectiva que permita una competencia real en
beneficio de la mayoría de españoles y, desde luego, lejos de lo que
necesita la economía española para afrontar con éxito el reto de la
convergencia real con aquellos países con los que compartimos la
moneda, pero no su nivel de renta y de bienestar. El conjunto de
medidas que hoy analizamos no tiene por objeto combatir la
preocupante alza de nuestra inflación, no es, según ustedes mismos
dicen, coyuntural, sino estructural, es decir, no hacen nada contra
la inflación, excepto esperar y ver, y su horizonte es a medio plazo.
Esperemos que mirando a lo lejos no nos demos un trastazo con lo
cercano, que hoy es la inflación y el recalentamiento de nuestra
economía, a la que ustedes contribuyen con medidas que veremos en
otro decreto-ley.
Todos estamos de acuerdo en que incrementar el potencial de
crecimiento de nuestra economía y hacerlo desde el lado de la oferta
es positivo. Pero, analizado desde ese punto de vista, las medidas
aquí incluidas son insuficientes en su extensión y en su profundidad.
Por ese camino y a ese ritmo necesitaremos 25 años, eso sí, sin
ninguna crisis de por medio, para alcanzar la convergencia real con
la Unión Europea. Puede que a ustedes les satisfaga esa perspectiva,
pero a mi grupo no. Aspiramos a más y presentaremos propuestas e
iniciativas concretas en esa dirección si se tramita como proyecto de
ley este decreto y al margen del mismo si ustedes lo impiden con su
mayoría absoluta.
Con esa obsesión que tienen por presentar todo lo que hacen como
grandes gestas históricas están cayendo incluso en la tentación
autoritaria de reescribir la historia a su gusto. Es cierto que en la
economía española cada vez que se ha adoptado un paquete de medidas
liberalizadoras su repercusión sobre las tasas de crecimiento y sobre
la composición del mismo ha sido positiva; y para confirmarlo basta
ver lo que ocurrió en el mayor proceso de liberalización que se ha
producido en la historia reciente de nuestro país, que coincidió con
el ingreso en el entonces Mercado Común y la subsiguiente traslación
del ordenamiento comunitario a la economía española. No soy yo el que
ha entrado en las comparaciones históricas; pero, comparado con lo
que significó aquello -que, por cierto, ocurrió bajo mandato
socialista-, lo de hoy parece una nota a pie de página en ese proceso
de liberalización de la economía española. (Rumores.) Una nota
amplia, si ustedes quieren, pero una nota a pie de página.
(Aplausos.- Un señor diputado: ¡Bien!) Una nota que en esta parte del
decreto que acabo de analizar además está hecha a la medida de los
intereses de aquellos a los que se supone
que hay que reducir su poder de dominio en el mercado.
En el resto de las medidas, señorías, hay de todo, como en botica, o
como solía haber en botica antes del otro decreto que discutiremos
con posterioridad. De un conjunto tan amplio y variado de medidas
-alguna de las cuales cuesta mucho explicar su presencia aquí, dada
su nula relación con la liberalización de la economía- es tan difícil
acertar en todas como equivocarse en todas. Pero, como quiera que
para el autobombo ya están el Gobierno y su grupo, voy a centrarme en
tres medidas especialmente conflictivas desde un punto de vista
social y también desde el punto de vista del Grupo Parlamentario
Socialista. Primera, libros de texto. De las tres opciones posibles a
la hora de plantear una liberalización del sector han escogido
ustedes la que más favorece a las grandes superficies y más perjudica
a los pequeños libreros. Podían haber aceptado nuestra propuesta
respecto a la gratuidad de los libros de texto como parte indisoluble
de un sistema educativo gratuito. Sin duda, esta sería la que más
apoyo tendría por parte de los padres y madres de alumnos. No lo han
hecho. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se
perciben.-Rumores.) También podían haber liberalizado totalmente los
precios, con lo que jugaría el principio general de la Ley de
Comercio...
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Sevilla.
Ruego a SS.SS. que permitan seguir la intervención del señor diputado
que se encuentra en la tribuna.
Adelante, señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, presidenta.
Podían haber liberalizado totalmente los precios, con lo que jugaría
el principio establecido en la Ley de Comercio, que impide vender con
pérdidas, frenando así la capacidad de competencia desleal por parte
de las grandes superficies sobre los pequeños libreros. Tampoco lo
han hecho. Han liberalizado el descuento, con lo que no hace falta
reflexionar mucho para darse cuenta de que beneficia más a quien
tiene una mayor capacidad para competir en esas condiciones o a
aquellos que pueden utilizar los libros de texto directa o
indirectamente como reclamo para efectuar otras ventas de otros
productos. Esa es la que han escogido sembrando la inquietud entre
los pequeños libreros, aquellos para los que la campaña escolar forma
parte esencial de su negocio anual, que ven amenazado su futuro, y
sin duda para el alborozo de las grandes superficies, que ven cómo
con ustedes su poder de mercado va aumentando año tras año.
Señor Rato, la competencia entre grandes y pequeños puede ser
desleal, es decir, falsa competencia que el Gobierno debe regular con
mecanismos compensadores que equilibren la capacidad real de competir
entre unos y otros. Eso es lo que ustedes han abandonado
con esta medida, inclinándose claramente a favor de unos y en contra
de otros y rechazando otras medidas que hubieran beneficiado más a
los consumidores.
Algo parecido ocurre con los horarios comerciales. Nadie, salvo
ustedes, ha sentido la necesidad urgente de modificar la situación
que existía desde la Ley de 1995, ley que no fue fácil de consensuar
con los afectados e implicados en el asunto, pero que ha permitido
una situación relativamente tranquila y satisfactoria en un tema de
gran repercusión social. Ustedes vienen ahora a romper esa situación
y, permítaseme la expresión, lo hacen como un elefante en una
cacharrería, valiéndose sin duda de su mayoría absoluta. No voy a
entrar, como han hecho algunos representantes del sector, en si con
ello rompen ustedes o no promesas electorales, allá ustedes con ese
asunto, pero sí les tengo que decir que lo han hecho sin negociar con
las comunidades autónomas, sin negociar con los grupos parlamentarios
y sin negociar con las asociaciones representativas del sector. Lo
han hecho sin un estudio de cómo ha funcionado el sistema de horarios
comerciales desde su nueva regulación en 1995 y sin esperar a los
plazos establecidos en dicha ley para su eventual modificación en el
2001. Han generado un problema donde no lo había y lo han resuelto de
manera prepotente, muy alejada del consenso que tanto predican ahora
y que sí han practicado con las grandes empresas en las medidas que
les concernían. El resultado es que han dado marcha atrás respecto a
lo que habían dejado entrever en esa política de globo sonda que
tanto les gusta y, al final, no han contentado a nadie, generando de
paso un problema grave a las comunidades autónomas, que sienten
invadidas sus competencias, y a los miles y miles de pequeños
comerciantes, que no se van a ver beneficiados, o al menos así lo ven
ellos, y que no van a tener ni tan siquiera las ayudas previstas en
la Ley de 1995 para planes de modernización del sector. En mi
opinión, todo un ejemplo de cómo no hacer las cosas, como también es
un ejemplo negativo la inclusión en este conjunto de medidas de una
alteración sustancial del régimen de las mutualidades en relación con
las incapacidades laborales. Señor Rato, ¿qué pinta esto aquí? ¿Qué
razones de urgencia vinculadas a la liberalización de la economía
española existen para introducir de refilón una medida tan importante
que altera de manera drástica nuestro sistema sanitario actual?
La señora PRESIDENTA: Señor Sevilla, le ruego concluya.
El señor SEVILLA SEGURA: Con esta medida, nuestros médicos de la
atención primaria quedan bajo sospecha, se rompe la relación natural
entre el médico del sistema público de salud y su paciente y se
culpabiliza a éste de manera indirecta por su enfermedad.
Señorías, señor Rato, es ya un tópico decir que en un sistema
democrático las formas son importantes, hay incluso quien dice que
son la propia democracia. Pues bien, ustedes con este trámite de hoy
están despreciando las formas y, por tanto, teniendo un
comportamiento que puede calificarse de poco democrático. Ya en la
legislatura pasada ustedes abusaron del mecanismo del decreto-ley,
que hurta al Parlamento la posibilidad de discusión sosegada, de
pacto y de negociación. Ustedes recurrieron en 85 ocasiones durante
la pasada legislatura, pero no voy a repetir aquí los argumentos de
mi grupo al respecto, sino que voy a recurrir a otra autoridad con
una cita textual: Hay una petición de que el Gobierno no ningunee al
Parlamento; tiene razón para recelar. Es probable que 85 decretos-
leyes sean muchos, es probable que en ocasiones se haya pedido con
exceso el procedimiento de urgencia. Fin de la cita; cita del actual
vicepresidente primero del Gobierno en su reciente comparecencia ante
la Comisión Constitucional de esta Cámara. Si cree en lo que dice, y
no tengo por qué dudarlo, el señor Rajoy se habrá pronunciado en
contra de la tramitación de estas medidas como decreto-ley, ya que no
reúnen las dos condiciones que la Constitución y la doctrina del
Tribunal Constitucional han establecido para los decretos-leyes: la
extraordinaria necesidad, en el sentido de que no se hubiera podido
prever con tiempo para enviar a la Cámara un proyecto de ley, y la
urgencia, entendida como que las medidas no puedan esperar el tiempo
que dura la tramitación parlamentaria de las mismas, incluso por el
trámite de urgencia.
La señora PRESIDENTA: Señor Sevilla, le ruego concluya.
El señor SEVILLA SEGURA: Ustedes llevan dos meses trabajando con
estas medidas y tampoco parece urgente adoptar ahora algunas otras
que entrarían en vigor dentro de varios años o que no se han adaptado
en los últimos. En su concepción de la política como espectáculo, en
la que prima más lo que se dice que lo que se hace y la propaganda
sobre la realidad, es posible que estas minucias, que afectan a la
esencia misma de la democracia, a ustedes no les preocupen, pero les
aseguro que al Grupo Socialista sí y mucho. Por ello, pido la
tramitación como proyecto de ley del decreto que discutimos, a la vez
que anuncio que estudiaremos presentar un recurso de
inconstitucionalidad sobre el mismo.
La señora PRESIDENTA: Señor Sevilla, le ruego que concluya en 30
segundos.
El señor SEVILLA SEGURA: Señor Rato, parece que ustedes miden la
política de liberalizaciones al peso, como si 70 medidas
liberalizaran más que 60 y menos que 80, y no es un problema de
cantidad, sino de calidad, de profundidad de las medidas y sentido de
lo que representa la liberalización que ustedes confundieron,
primero, con las privatizaciones y, ahora, con la intervención
permanente desde el Gobierno en la marcha de las empresas, en lugar
de optar por reglas claras y no susceptibles de cambio a voluntad
gubernamental y organismos reguladores independientes y fuertes. Todo
lo que presentan hoy aquí puede ser cambiado por ustedes dentro de
unos meses por otro decreto-ley. No hay prácticamente ningún artículo
en este decreto que no refuerce la potestad del Gobierno para cambiar
todo lo aquí establecido, a veces mediante orden ministerial y el
resto compromisos a medio plazo.
Ustedes le llamarán a eso como quieran...
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Sevilla. Le ruego termine y
abandone la tribuna. Señor Sevilla, es un debate larguísimo, ha
consumido casi cuatro minutos más, más de tres minutos y medio más
del tiempo que le corresponde. Esta Presidencia está intentando ser
flexible, pero hay dos turnos en contra.
Muchas gracias, señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señoría. (Aplausos.-El señor
Martínez Noval pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez Noval, ¿en función de que
artículo solicita la palabra?
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Preferiría no utilizar ningún artículo del
Reglamento, porque esta no es una cuestión reglamentaria, sino de
talante.
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez Noval, usted sabe que para pedir
la palabra hay que acogerse, en cualquier caso, a un artículo del
Reglamento. (Rumores.)
En cuanto al talante de esta Presidencia, señor Martínez Noval, ha
quedado demostrado en cuanto que el señor Sevilla ha consumido tres
minutos y cuarenta y cinco segundos más del tiempo. (Continúan los
rumores.) Perdón, señorías. Hay dos turnos de petición en contra
cuando el Reglamento solamente prevé que se utilice uno. Esta
Presidencia, en el ánimo de hacer el debate lo más fluido posible y
con la mayor participación posible, ha concedido los dos turnos, así
como las réplicas.
Les recuerdo a SS.SS. que tenemos por delante la convalidación de
seis decretos-leyes (Rumores.), que se va a aplicar con flexibilidad
el tiempo, pero ruego la colaboración de todos ustedes.
Señor Martínez Noval, muchas gracias.
Señor Llamazares, tiene la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señor vicepresidente
del Gobierno, señorías, en su presentación de los reales decretos en
relación a este nuevo paquete de medidas liberalizadoras, el
vicepresidente
del Gobierno ha hecho honor al famoso aserto latino de
excusatio non petita, accusatio manifesta. El señor vicepresidente
del Gobierno ha transmitido a la Cámara que estas medidas, en la
mejor tradición de la manipulación histórica, son históricas. Al
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida no le extraña lo que
está ocurriendo en relación con la historia. Si finalmente estas
medidas son históricas, no es de extrañar que exista el debate sobre
la historia que hay en nuestro país.
El vicepresidente del Gobierno ha presentado también estas medidas no
como coyunturales, sino estructurales... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Llamazares, por favor.
(Pausa.)
Adelante, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Decía que el Gobierno ha presentado estas
medidas como estructurales, no coyunturales, intentando eludir lo
fundamental de las razones por las cuales el Gobierno presenta ante
esta Cámara el denominado paquete liberalizador, y es que en buena
parte su política de liberalización tiene ruidos, tiene fracasos, que
el Gobierno intenta compensar mediante la presentación de estas
medidas, por enésima vez, ante esta Cámara.
Por último, el Gobierno dice que estas medidas se han hecho en base
al diálogo con los agentes sociales. De nuevo la excusatio non
petita. Es evidente que estas medidas no han obtenido el acuerdo,
pero es también evidente que no han intentado siquiera el diálogo con
el conjunto de los sectores afectados.
En definitiva, señor vicepresidente del Gobierno, nos encontramos
ante un paquete de medidas propagandísticas que realiza el Gobierno
para intentar responder a una dinámica económica y social que no le
va bien, porque al Gobierno no le van bien los índices de inflación y
necesita tomar medidas para corregir esa situación, ese rebote y ese
diferencial de nuestra inflación en relación al resto de los países
de la Unión Europea; y al Gobierno no le va bien la situación social
con respecto a su política de liberalización. La política de
liberalización al principio de esta legislatura ha sufrido una fuerte
contestación social, se han movilizado los trabajadores, se han
movilizado sectores muy importantes en contra de esa política
denominada de la liberalización y de su efecto en los precios de
muchos sectores económicos de nuestro país. Por tanto, señor
vicepresidente del Gobierno, no son medidas del Gobierno para dar un
traje más ancho a la economía española, no es cierto, son medidas del
Gobierno que intentan responder a la frustración y al fracaso de su
política de liberalización, pero que intentan también aparentar ante
la sociedad española que son medidas del Gobierno para un nuevo
horizonte, para una nuevaeconomía en España.
Señorías, estas medidas -y mi grupo parlamentario se va a situar, por
supuesto, en una perspectiva diferente para su crítica- son, como
buenas medidas de propaganda, bien distintas de las anunciadas.
Podríamos decir que el Gobierno ha hecho mucho ruido, como la
montaña, pero que finalmente ha parido un ratón. El Gobierno ha
anunciado, en relación a los problemas creados por su política de
liberalización y en relación a la situación de protección de sectores
económicos muy importantes, que iba a tomar medidas definitivas en
esta materia. Ha hablado, a lo largo del último período, de
desinversiones por parte de los grandes oligopolios energéticos,
eléctricos y de telecomunicaciones; ha hablado de trocear a los
principales monopolios en estos sectores; ha hablado de reducir los
precios; ha hablado incluso de dar más poderes al Tribunal de Defensa
de la Competencia, dentro de lo que se puede denominar la lógica
neoliberal. Pero el Gobierno, finalmente, no ha hecho nada de eso; el
Gobierno, finalmente, ha pactado con esos sectores, porque solamente
si nos hubiéramos creído que estos sectores han sufrido un ataque de
generosidad podríamos creer que el Gobierno ha sido capaz de
cuestionar los intereses de los oligopolios gasístico, de
carburantes, de telecomunicaciones, y que estos oligopolios le han
agradecido al mismo tiempo al Gobierno sus medidas, que son
contradictorias con sus intereses.
Señorías, esto no ha sido así, porque, frente a los anuncios del
Gobierno, las medidas reales del mismo respetan a estos oligopolios
privados en lo que son sus principales posiciones de dominio. No hay
ningún cuestionamiento de sus posiciones de dominio. Al final, el
Gobierno ha transformado las desinversiones anunciadas en moratorias,
ha transformado la bajada de tarifas en rebajas máximas en el sector
eléctrico, ha transformado la tarifa plana en el sector de
telecomunicaciones en una tarifa ondulada y ha transformado sus
anuncios sobre el fortalecimiento del Tribunal de la Competencia en
mejoras técnicas. Además, no es verdad que no haya dado
compensaciones a los oligopolios del sector eléctrico, del gasístico
o del sector de los carburantes; ha habido compensaciones. Esa es la
explicación de que estos sectores y estas grandes empresas no sólo
hayan acatado las decisiones del Gobierno, sino que las hayan
saludado y apoyado, salvo una excepción, la de Telefónica, que tiene
otras explicaciones que, por razones de materia, no voy a tratar en
esta intervención parlamentaria. En definitiva, redistribución del
poder y redistribución de los beneficios sin cuestionar los
oligopolios privados. ¿Pero qué pasa con los consumidores? ¿Con el
sector minorista? Son los grandes olvidados o los grandes agraviados
de esta política, dice el Gobierno, de liberalización. Nosotros, que
siempre hemos sido y seguimos siendo en estos sectores al abrigo de
la competencia, intervencionistas, hubiéramos preferido una
intervención clara por parte del Gobierno. Porque las únicas
medidas creíbles de las desgranadas por el vicepresidente del
Gobierno, las únicas medidas creíbles de este paquete liberalizador
no son medidas liberalizadoras. Paradójicamente, son medidas de
intervención del Gobierno. Nosotros creemos que es una intervención
light que no soluciona los problemas. Nosotros apoyaríamos una
intervención del Gobierno con una participación pública en la
distribución del gas, en la distribución del sector eléctrico, en la
distribución de la energía, con participación en CLH, en Enagas, una
participación pública que permitiera impedir la colusión de intereses
que se está dando en este sector. Nosotros seríamos partidarios de
una política planificada de ahorro y de eficiencia energética y no de
una política tan sólo de moratorias. Nosotros seríamos partidarios de
una política de rebaja de precios y de fortalecimiento del Tribunal
de Defensa de la Competencia. Como ve, señoría, política de
intervención, en su caso de intervención light, en nuestro caso de
intervención en mercados que están al abrigo de la competencia y que
nosotros no creemos que puedan ser mercados liberalizados. No lo
están siendo ni con monopolios públicos ni con monopolios privados.
Lo más grave de estas medidas, señor vicepresidente del Gobierno, es
que de matute, en esta manzana insípida que ha sido el paquete
liberalizador, nos han metido un gusano, un merucu que diríamos en
Asturias. Han metido el gusano de la política conservadora. ¿Qué
política conservadora? Señorías, sin ninguna explicación, porque no
sabemos qué tiene que ver, en el paquete de medidas liberalizadoras
-y mi grupo parlamentario va a intervenir globalmente sobre todas,
porque son medidas globales- introducen de nuevo una contrarreforma
fiscal que libera de la contribución fiscal a las plusvalías, al
patrimonio y al impuesto de sociedades. Es decir, una contrarreforma
fiscal en toda regla, que vuelve a hacer recaer sobre los impuestos
de la renta y sobre los impuestos indirectos la mayor parte de la
contribución al gasto público de este país. Los asalariados vuelven,
otra vez, a tener que esforzarse más en contribuir, no sólo perdiendo
poder adquisitivo, sino contribuyendo más al gasto público de este
país. Por si fuera poco, introducen una medida gravisima que, en
nuestra opinión, contesta y es contradictoria con el diálogo social,
y es la atribución a las mutuas patronales de las bajas y las altas
por enfermedad. Con ser grave, no es solamente que esto cuestione la
integralidad del sistema sanitario, sino que, al final, son los
patronos los que van a decidir cuál es la razón de la baja y del alta
laboral. Van a beneficiar fundamentalmente a los patronos que pagan
los quince primeros días de esa baja laboral y a las mutuas
patronales que, por menos servicios, van a obtener la misma cantidad
de dinero que obtenían antes. Pero lo más grave de todo ello es que
se hace en un país con la más alta incidencia de accidentalidad y
mortalidad laboral de la Unión Europea. Eso se hace en un país con
estas características.
No nos vale que ahora nos diga que va a negociar el decreto con los
sindicatos. Esta medida atenta directamente contra los acuerdos
obtenidos en la Ley de la Seguridad Social con los sindicatos y
dificulta objetivamente el diálogo social.
En el mismo sentido van las medidas en relación con el sector
comercial. Van a obligar ustedes al pequeño comercio a tener un
jergón debajo del mostrador para poder competir con las grandes
superficies. Señorías, presentan ustedes iniciativas sobre suelo
urbano que no es verdad que estén pactadas con la Federación Española
de Municipios y Provincias. No están pactadas esas medidas que el
señor Aznar anunció que iba a pactar con la Federación Española de
Municipios y Provincias dentro del nuevo modelo de financiación de
las comunidades autónomas y de las organizaciones locales; esas
medidas no han sido pactadas, son impuestas.
Por último, en el descuento de libros y medicamentos, hubiéramos
preferido que ustedes avalaran la gratuidad de los libros de texto en
la enseñanza pública, y con relación a los medicamentos, que no
introdujesen una adicional gravísima, que rompe las características
de servicio público del medicamento y en la que reconocen la
posibilidad de descuentos. Señorías, van ustedes en contra de lo que
firman en la Organización Mundial de la Salud cuando proclaman su
preocupación por la automedicación española y, al mismo tiempo,
proponen medidas como ésta, que convierten el medicamento en un bien
de cambio y no en un bien de uso.
Pero lo más grave de estas medidas no es que se presenten de forma
propagandística, como un avance histórico -no es de extrañar los
problemas que hay sobre la historia en este país si esa es la
referencia a las cuestiones históricas-, sino que estas medidas
desvelan la verdadera naturaleza conservadora del Partido Popular.
Porque no solamente es el gusano que viene en la manzana insípida del
paquete liberalizador, es que ustedes han demostrado con estas
medidas, en primer lugar, que su programa no es sagrado. Es verdad
que algunas cuestiones no figuraban en su programa electoral, y se
puede decir: no estaban en el programa y las hemos tenido que
introducir ex novo porque la vida es mucho más rica que un programa
electoral. Pero es que otras sí lo estaban, y ustedes están tomando
decisiones contrarias a su programa electoral. Se está desvelando la
verdadera naturaleza del Partido Popular. Su programa ya no es
sacrosanto, su programa es vulnerable, como se ha demostrado en estas
medidas. ¿Cuándo introdujeron ustedes el copado de los pensionistas
en materia sanitaria? ¿Cuándo introdujeron ustedes la regresión
fiscal de que paguen mucho menos las grandes fortunas que los
asalariados? ¿Cuándo introdujeron ustedes la liberalización de los
horarios de comercio? ¿Cuándo introdujeron el control empresarial de
las bajas laborales? Ustedes están haciendo un verdadero fraude con
su programa electoral. (Un señor diputado: ¡Venga, venga!) Sí, sí,
así es.
En segundo lugar, ustedes incumplen la oferta en el discurso de
investidura. El señor Aznar, que no está hoy aquí, en su oferta de
investidura dijo que iba a presentar una serie de propuestas de
negociación a los agentes sociales y a las fuerzas políticas.
La señora PRESIDENTA: Señor Llamazares, le ruego concluya.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Termino.
Por no poder acordar, no han podido acordar ni con sus aliados
políticos, que están en contra de estas medidas y de otras que se
contienen en estos reales decretos. No han acordado con las fuerzas
parlamentarias, no han buscado el acuerdo con las organizaciones
sociales, se han confrontado con los trabajadores, con los
comerciantes, con los distribuidores; en definitiva, señorías, han
roto otra de sus ofertas de diálogo político en esta legislatura.
Pero lo que es más grave -y termino, señorías- no es que hagan
rodillo parlamentario, que es legítimo -no es presentable, pero es
legítimo, tienen mayoría absoluta-, sino que ninguneen al Parlamento
español. Y éstas son medidas que ningunean al Parlamento español,
porque abusan de los reales decretos. Usted mismo ha reconocido que
esta presentación de reales decretos no es por razón de urgencia, no
es por razón de excepcionalidad, como refleja la Constitución, usted
ha reconocido que es por contundencia -sin lugar a dudas, una
aportación al derecho constitucional-, pero ninguna de ellas es la
razón del artículo 86 de la Constitución.
Señorías, continúan ustedes en precedentes muy graves desde el punto
de vista democrático.Nosotros les emplazamos a que retiren las
principales medidas que no han sido pactadas con las organizaciones
sociales. Están a tiempo. Pueden retirar esas medidas para no
confrontar con los sindicatos y romper el diálogo social, para no
confrontar con los comerciantes y para no confrontar en general con
los trabajadores, en relación con la incapacidad de las mutuas
patronales. Señor vicepresidente del Gobierno, les instamos a que
presenten estas medidas mediante proyectos de ley. Si no lo hacen
así, éstas serán unas medidas contra el Parlamento español, e
introducirán en él no una política de rodillo, sino una política de
apisonadora, muy poco presentable desde el punto de vista
democrático.
La señora PRESIDENTA: Señor Llamazares, le ruego concluya.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Termino, señora presidenta.
Hacemos un llamamiento a la responsabilidad política y democrática
del Gobierno para que esto no se produzca. Si no se retiran estas
medidas y si se mantienen estos reales decretos, anuncio el voto de
Izquierda Unida en contra de todos y cada uno de los decretos, por
razón política y por razón democrática. (Aplausos.)
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Turno a favor del decreto. (Pausa.)
Señor Ministro, hay dos posibilidades: El Gobierno puede intervenir
siempre que quiera, con réplica de los señores portavoces y, si no,
habrá turno a favor de algún grupo parlamentario, si lo quieren
utilizar. Si no, pasaremos al turno de fijación de posiciones.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Es intención del Gobierno
replicar a los turnos en contra, porque me parece que es una práctica
básica del debate.
Entendía que había más turnos en contra, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: No. Se han consumido los dos: Izquierda Unida y
Grupo Socialista.
Tiene la palabra, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora
presidenta. Muchas gracias, señores diputados.
Agradezco las intervenciones, tanto del señor Sevilla, por el Grupo
Socialista, como del señor Llamazares, por Izquierda Unida, y paso a
contestar a las críticas que realizan, que son de diverso calibre y
tenor. Empezaré por el señor Sevilla, del Grupo Parlamentario
Socialista. Desde el punto de vista de las medidas energéticas, una
de las críticas que plantean el Grupo Socialista y su portavoz, el
señor Sevilla, es que las empresas privadas, a las cuales se les
imponen por ley en nuestro país disminuciones de participaciones y
limitaciones de inversión durante períodos de cinco años, han
aceptado las medidas. Esa crítica nos llevaría a que sólo en el caso
de que las empresas considerasen que las medidas son catastróficas,
el Grupo Socialista consideraría que son buenas. Esa afirmación, que
el señor Llamazares ha compartido, no tiene probablemente en cuenta
que vivimos en un mundo de capitales, de libertad de movimiento de
capitales y que nuestras empresas compiten en mercados abiertos.
Quizás SS.SS. deberían ver otros ejemplos. En Alemania acaba de
producirse un acuerdo sobre energía nuclear, que también ha sido
aceptado por las empresas y que ha permitido algo que me parece
esencial, y es que un Gobierno pueda afectar a decisiones de empresas
privadas y que, sin embargo, eso no afecte a una credibilidad del
funcionamiento de esas empresas o del mercado en su conjunto.
Me parece pobre el argumento de que puesto que las empresas a las que
se obliga a desinvertir -es difícil
encontrar una decisión más contundente- o a las que se pone un límite
en su actual participación en el mercado, ya sea en la distribución
al minorista, en el caso de los hidrocarburos líquidos, ya sea en la
generación eléctrica, en el caso de las eléctricas, entienden que el
conjunto de medidas liberalizadoras es positivo, el hecho de que no
se produzca una crisis que tendría consecuencia bursátiles es la
prueba del nueve de que las medidas no son suficientemente
importantes. Señorías, me parece una crítica poco meditada.
Probablemente es entendible; habida cuenta la falta de alternativa
del Grupo Socialista, que nos augura nos va a plantear, es
importante.
La segunda crítica del Grupo Socialista es que, héteme aquí que como
liberalizamos el mercado del gas, permitimos a las eléctricas
españolas que puedan competir en el mercado del gas español y hacemos
lo mismo en el mercado eléctrico, eso no es lo que deberíamos hacer.
¿Qué nos propone el Grupo Socialista, que sean las empresas
extranjeras del gas y electricidad las que entren en nuestro mercado
en exclusiva? Es decir, ¿el futuro del mercado eléctrico y energético
español sólo es aceptable para el Grupo Socialista, siempre y cuando
los actuales operadores españoles no sean empresas de suficiente
tamaño? Es verdad que eso lo han sostenido desde la oposición la
pasada legislatura, pero yo creo que es una medida también poco
meditada.
Comprendo que para ser el partido que privatizó el gas, que privatizó
los hidrocarburos y que estableció el marco estable eléctrico que
supuso un incremento del 40 por ciento de las tarifas en nuestro país
para los consumidores de todo tipo, encontrarse ahora con que otro
gobierno le plantea la desaparición de esas condiciones
monopolísticas, no permite demasiadas críticas y los argumentos son:
puesto que no ha sido una catástrofe para las empresas, las medidas
no son buenas y puesto que las empresas españolas de un determinado
sector van a poder competir en otro, eso quiere decir que se les
ofrece compensaciones. No, señor Sevilla. Eso quiere decir que los
mercados son abiertos. ¿Qué es lo que pretende S.S., que las empresas
españolas estén limitadas a mercados concretos y que sólo operadores
internacionales puedan entrar en los mercados energéticos españoles?
¿Se da cuenta S.S. de a lo que le lleva la necesidad de oponerse a
este real decreto? (Rumores.) Quizás pueda encontrar argumentos
técnicos más sólidos que no comprometan la posición de su grupo en un
tema de esta importancia.
Como gran argumento, dice el señor Sevilla: es verdad que ustedes
limitan por ley el crecimiento durante cinco años en las inversiones
de generación eléctrica de las principales empresas españolas. Y eso
al Grupo Socialista le parece que no tiene ninguna importancia. Eso
es precisamente una cosa normal, que se ha hecho a menudo; ustedes lo
hacían cada tres por cuatro, sólo que al contrario: engordaban
Endesa, engordaban a Campsa, engordaban a Gas Natural. Pues ahora se
hace
exactamente lo contrario y el Grupo Socialista considera que no tiene
ninguna importancia. (Rumores.-La señora López i Chamosa: ¡Bien que
os habéis aprovechado!)
Fíjense ustedes porque es un dato importante. Dice S.S.: Sí, pero hay
una letra pequeña. No, no hay ninguna letra pequeña, está en el mismo
tamaño. Las inversiones previstas para el parque eléctrico español,
que en estos momentos están siendo tramitadas en la Administración
y que fueron presentadas en base a una certidumbre anterior, nosotros
las respetamos. ¿Ustedes no? Piénsenlo, no hace falta que nos
contesten, nos han dicho que ya nos contestarán. Tienen tiempo para
pensarlo. (El señor Griñán Martínez: Pero no para contestar.) Piensen
ustedes si serían partidarios en este momento de que consideráramos
los planteamientos de ampliación de nuestro mercado eléctrico -que,
por cierto, no son mayoritarios de las dos empresas mayoritarias- con
respecto a una situación anterior y ahora quedaran prohibidos por una
medida legal del Parlamento. Señorías, si ustedes tienen que hacer
crítica a la política económica del Gobierno, deben tratar de hacer
críticas un poco más, no digo constructivas, pero por lo menos
solventes.
Vamos a ver algunos aspectos puntuales en los que no ha habido
crítica, pero sí una indicación diciendo: ya lo explicaremos más
tarde. ¿Qué es lo que quiere decir? Contempla el señor Sevilla en su
argumentación que no liberalizamos la posibilidad de entrada de
distintos operadores en la distribución al por mayor de los
hidrocarburos líquidos y del conjunto de los hidrocarburos y de la
electricidad. Pues bien, en las infraestructuras de electricidad de
gas, que tienen carácter regulado, mantienen el carácter regulado. En
cuanto a las tarifas de acceso de infraestructuras del gas, se da un
mandato al Gobierno para modificar el actual sistema de cálculo, que
por cierto viene de legislaturas anteriores, de forma que los peajes
reflejen directamente los costes de acceso.
En las infraestructuras de transporte de productos petrolíferos, que,
como sabe S.S. y la Cámara, estaba siendo hasta ahora un sistema
negociado en el que no había obligación de hacer públicas las
condiciones de los contratos, en este momento el real decreto
sustituye este régimen negociado por uno regulado en los territorios
extrapeninsulares, a lo que al parecer a S.S. no le ha dado ninguna
importancia, y mantiene el régimen negociado en la Península, pero
exigiendo que las condiciones económicas de los contratos sean
puestas a disposición de la Comisión Nacional de la Energía para
darles publicidad y que los propios usuarios puedan denunciar
posibles tratos discriminatorios. ¿Qué haría S.S. alternativamente?
¿Haría que todo fuera precio regulado? (La señora Mendizábal
Gorostiaga: ¡Claro!) Es una propuesta que S.S. puede hacer, si es que
la tiene prevista ahora, o en otros momentos. (La señora Mendizábal
Gorostiaga: Ya la hemos planteado.)
Al mismo tiempo, dice que no se separan de manera efectiva las
actividades de Gas Natural. Es cierto, no se separan de manera
efectiva. Su señoría no me obligará a explicar la historia, de dónde
viene la privatización de Enagas. Se produce un hecho que S.S. no ha
querido explicar a la Cámara y que yo voy a explicar porque es
importante. Hace cuatro años, las distintas actividades de Gas
Natural no sólo no se separaban, sino que no estaba previsto que
nunca en la historia económica española se fueran a separar. La
pasada legislatura le pusimos un límite del año 2008, ahora le
ponemos un límite del año 2003. ¿A S.S. le parece que ese límite es
poco, mucho, que deberíamos hacerlo de otra manera? Todo es
discutible. Es indudable que a S.S. le escucharemos con gran
atención, pero también hemos de tener en cuenta que aquí se han
producido inversiones, inducidas por las decisiones del Gobierno
cuando se privatizó Enagas, que nosotros tendremos que respetar en un
Estado de derecho.
Se nos dice que es insuficiente el calendario de liberalización de
los mercados. Es una afirmación que habría que justificar. ¿Es
insuficiente con respecto a qué? ¿A la situación actual española? No
es insuficiente, nos adelantamos todos. ¿Es insuficiente con respecto
a la historia tradicional española? Es rupturista, porque nunca hubo
calendarios de liberalización. ¿Qué sucede en otros países? Porque me
parece importante que pongamos nuestras medidas en el contexto de lo
que sucede en otros países. Pues bien, en España, a partir del
próximo mes de julio de este año, es decir, pasado mañana
literalmente, será elegible el 54 por ciento de la demanda frente al
28 por ciento que exige la directiva, es decir, pasamos del 28 por
ciento de la directiva al 54 por ciento, y al señor Sevilla le parece
que no vamos suficientemente rápido. Es una apreciación que puede
hacer cualquiera.
El 1 de enero del año 2003 en España será posible elegir
suministrador de electricidad para el cien por cien de la demanda,
incluidas familias y pequeñas empresas, y la directiva nos sitúa en
el 30 por ciento. Me parece que es suficientemente elocuente de que
quizá se puedan hacer las cosas más deprisa, pero nunca se han hecho
más deprisa, al revés, las tarifas eléctricas en nuestra historia
nunca han bajado, salvo en la pasada legislatura. El señor Sevilla
dice que le parece poco una reducción real del 9 por ciento. (La
señora Mendizábal Gorostiaga: Máximo del 9 por ciento.) Sí, máximo
del 9 por ciento. ¿A S.S. le parece que debería proponer más?
Propóngalo. (Rumores.) ¿Qué conozca la opinión pública? Pero,
señorías, si este es un debate en el que hay que ganar credibilidad.
Sus señorías han estado catorce años en el Gobierno, tienen técnicos
importantes en materia energética, propongan lo que harían.
(Aplausos.)
En el sector del gas natural, quiero recordar a SS.SS. que el 1 de
enero del año 1996 aquí no había ninguna liberalización, es decir,
había cero liberalización; en el
mes de julio, también de este año, será elegible el 72 por ciento de
la demanda como consumidor cualificado, frente al 25 por ciento que
exige la directiva, y el 1 de enero del año 2003, como ya he dicho en
mi presentación, será elegible el cien por cien de la demanda, frente
al 40 por ciento, en el año 2010, que propone la directiva. Por lo
menos vamos en este momento de manera mucho más intensa de lo que van
nuestros socios comunitarios, cuando tradicionalmente hemos ido de
manera mucho más lenta.
Dice el señor Sevilla, entrando en otras cuestiones, que no se
aumenta la liberalización con las medidas del Gobierno. Señor
Sevilla, es una afirmación rotunda que tendrá que justificarse con el
paso del tiempo. Añade S.S. que se aumenta la discrecionalidad. Señor
Sevilla, el Gobierno no va a interrumpir las concentraciones por
ninguna otra razón sino por razones de competencia. ¿A S.S. le parece
mejor el sistema anterior? Pues quiero recordarle que desde el año
1989 también el Gobierno podía intervenir en las concentraciones. ¿Su
señoría cree que el sistema, en paralelo con las decisiones
gubernamentales, que produce la evolución de una OPA en un proceso de
concentración, es mejor que el sistema europeo, por le cual se
detiene la OPA hasta que la autoridad competente decide en materia de
competencia? Es perfectamente discutible. Pero no me diga que estamos
violentando la libertad de los ciudadanos porque es exactamente lo
que hace la Comisión Europea. Su señoría podrá tener un sistema
alternativo; es más, lo tenía. Nosotros entendemos que éste es mejor
sistema. Si a S.S. le gusta más el anterior puede decirlo, pero no
dramatice, porque estamos siguiendo exactamente el modelo europeo,
que es verdad que no todos los países siguen, pero que a nosotros nos
parece que tiene mejores elementos de certidumbre y de rigor.
Sostiene que las liberalizaciones son de cartón piedra. Introducir en
nuestro sistema económico que ningún grupo podrá dominar dos
operadores energéticos o de telecomunicaciones, le parece poco al
señor Sevilla. Poco no sé si es, señor Sevilla, pero ustedes nunca se
atrevieron a tomar esa decisión, nunca. Es más, las concentraciones
que se producían con ustedes ni siquiera pasaban por el Tribunal de
Defensa de la Competencia, lo cual ha sido motivo de escándalo
reciente en algunas decisiones. (Rumores.) Y afirma muy rotundamente
el señor Sevilla que estas medidas no van a tener impacto alguno
sobre los precios. ¿Cómo explica entonces el señor Sevilla que
nuestra factura eléctrica haya caído en los últimos cuatro años un 25
por ciento y que nuestra factura de telecomunicaciones esté cayendo
más intensamente que en el conjunto de la Unión Europea? Afirma
también -cosa que no es exacta- que los consumidores no podremos
elegir. Sí lo podremos hacer, en el año 2003. A S.S. le parece que
debería de ser antes, pero he puesto ya de manifiesto la relación con
la evolución europea.
Mantiene S.S. que estas medidas no combaten la inflación. ¿Está
seguro S.S. de ello? ¿Está seguro de que las medidas de oferta no son
la mejor garantía para seguir creciendo? Porque la otra alternativa
no me la ha propuesto S.S. ¿Cuál sería: reducir el crecimiento
económico español? Ya sé que están ustedes todo el día preocupados
porque nuestra economía crea más empleos de los que, según la
productividad aparente, a ustedes les parecen convenientes. ¿Ahora me
va a proponer el Gupo Socialista que frenemos el ritmo de crecimiento
como consecuencia de la política económica? Dice que son medidas
insuficientes. Yo no coincido con esa apreciación de S.S., pero es
una afirmación absolutamente irrefutable. Serán insuficientes en
función de su política económica.
Resto de las medidas. Aquí hay cosas interesantes. Teniendo en cuenta
que el Grupo Socialista es el responsable de que tengamos ahora que
modificar la situación de Enagas o del marco eléctrico español, sería
interesante comprobar su credibilidad en función de qué capacidad
tiene de enfrentarse a los grupos interesados en las medidas
económicas, por otra parte, intereses perfectamente legítimos.
Señoría, usted es perfectamente predecible. En cuanto a los libros de
texto, basta con leer los editoriales de determinados medios de
comunicación para saber lo que va a decir su grupo. No hemos cambiado
un ápice desde el punto de vista de las limitaciones y de la libertad
que tiene su grupo de actuación. A ustedes lo que les interesa es lo
que les dicen que les tiene que interesar.
Señoría, los libros de texto a nosotros nos interesan desde el punto
de vista de las familias. ¿Son las familias las que les interesan a
ustedes? No estamos seguros. Quisiera recordar que la última
convocatoria de ayudas a las familias para la adquisición de libros,
durante el período socialista, se remonta al 13 de junio de 1985, y
perdieron las elecciones -si no me falla la memoria- en marzo de
1996. ¿Estaban ustedes realmente preocupados por las familias o por
los editores? (Aplausos.-La señora López i Chamosa: Por los
trabajadores de la Seguridad Social.) Porque tuvo que llegar un
Gobierno del Partido Popular para volver a plantear una política
distinta de becas. Sí, señoría, ya sabemos lo que ustedes defienden,
en este tema son ustedes perfecta y legítimamente predecibles. Yo no
digo que no puedan defender lo que quieran, pero, señor Sevilla, aquí
ya nos conocemos todos y sabemos perfectamente, cuando se plantean
cuestiones sectoriales, cómo reaccionan los distintos grupos
parlamentarios.
A S.S. le parece mal que los pequeños libreros puedan hacer
descuentos. A las familias, probablemente no. A S.S. le parece mal
que nosotros prohibamos que las grandes superficies puedan utilizar
otros productos para hacer descuentos en libros de texto. Pues
seguramente a los pequeños libreros no les parece mal. (Rumores.) Su
señoría recorre el camino de los horarios comerciales porque cree que
ahí tiene un eco en el
que puede asentar su discurso. Lamento que en este tema... (La señora
López i Chamosa: ¡No lo lamentes, sigue!) Sí, lo lamento. Lamento lo
que voy a decir. Su señoría no lo lamenta, pero yo sí. Lamento que
estemos reproduciendo en este tema la posición con las comunidades
autónomas en las que ustedes gobiernan, pero esa es otra cuestión.
(La señora López i Chamosa: ¡Ya os gustaría!- Rumores.) Si quieren
ustedes utilizar a sus comunidades autónomas para hacer oposición, ya
lo hicieron en la legislatura pasada con un éxito plenamente
descriptible. Su señoría dice... (La señora López i Chamosa: ¡Vais a
morir de éxito!)
La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Su señoria dice que el
permitir a los locales de menos de 300 metros en el conjunto del
territorio nacional que hagan lo mismo que hacen los locales de todo
tamaño en las zonas turísticas es malo. No debe serlo porque en las
zonas turísticas todo el mundo lo quiere hacer, porque las tiendas de
conveniencia cada vez son más comunes. Uno debería pensar que la
posibilidad de tomar decisiones libres, no que el Gobierno ni la
Administración obligue a nadie, no es un mal principio desde el punto
de vista no ya de la política económica sino de la política en
general. Es verdad que existen -y S.S. lo ha dicho- diferencias de
tamaño que pueden afectar a la competencia. Precisamente por eso
nosotros establecemos decisiones libres para locales de menos de 300
metros, ocho domingos para locales de más de 300 metros, nueve
domingos en el año 2001 y diez domingos en el año 2002. ¿Le parece a
S.S. que es un exceso? Estoy plenamente de acuerdo. Pero no afirme
con tanta rotundidad que hay una oposición por parte del sector; no
lo afirme con tanta rotundidad porque no tiene más que ver las
asambleas que se están produciendo en estos momentos,
independientemente de las críticas que el Gobierno acepta.
Por otra parte -y también el señor Llamazares ha hecho referencia a
esto-, sería bueno que además de que crean que representan a los
consumidores, que sin duda lo hacen, también se fijasen en lo que
dicen las asociaciones de consumidores sobre esta cuestión (La señora
López i Chamosa: Y los trabajadores.), que no parece que les molesten
excesivamente.
Por último, voy a hablar de las mutualidades laborales, a las que ha
hecho referencia en su intervención. Su señoría encuentra que no
tiene acomodo en un paquete de medidas económicas el que afectemos al
que es probablemente uno de los cauces de mayor fraude desde el punto
de vista del Estado de bienestar de nuestro país. Esa es una posición
política. Su señoría incluye las cosas que le parecen bien, pero no
incluye
las que le parecen mal, lo cual es una decisión. Nosotros no,
nosotros entendemos que el fraude en la incapacidad temporal es un
elemento básico para garantizar el funcionamiento del Estado de
bienestar. Desde el punto de vista de los principios, o garantizamos
el funcionamiento del Estado de bienestar luchando contra aquellos
que abusan de él o acabaremos haciendo recortes sociales. Quiero
recordar que la pasada legislatura es la única en diez años en la que
no hubo recortes sociales. (Protestas.) No, no los hubo. Yo he
asistido aquí, en los bancos de la oposición, a varios recortes
sociales de los que decían que defendían el Estado de bienestar y
nunca eran capaces de garantizar su supervivencia financiera.
(Aplausos.) Pues bien, ¿qué sucede con las mutuas? También el señor
Llamazares ha hecho referencia a ello. ¿Qué hacen ahora las mutuas?
(La señora López i Chamosa: Hacerse de oro.-Un señor diputado:
¡Cállate ya!) Su señoría lo sabrá.
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Rato.
Señora López, si usted no es ponente en este debate le ruego que
guarde silencio.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Hasta la fecha, los
médicos de las mutuas que cubren la contingencia de incapacidad
temporal podían dar bajas. No es cierto lo que SS.SS. han querido
transmitir a la Cámara de que los médicos de las mutuas no tenían
ninguna relación con la prestación pública de incapacidad temporal,
podían dar bajas; podían decirle a un señor: usted tiene derecho a
cobrar la incapacidad temporal. Nosotros introducimos un punto más:
que puedan dar altas. A S.S. no le parece bien; es legítimo que no le
parezca bien, pero lo que no puede decirme es que estamos cambiando
el sistema. Los mismos médicos que podían dar bajas por incapacidad
por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales ahora van a
poder dar altas. Quisiera recordar a la Cámara, en primer lugar, que
las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social y por
tanto están sujetas a estrictas normativas que han mostrado durante
largo tiempo su carácter y su eficacia. En segundo lugar, que las
mutuas son responsables del pago de parte de la prestación por
incapacidad temporal, es decir, ellas tienen que pagar; y parece que
tiene un cierto sentido que, si pueden dar bajas, puedan dar altas.
Puede haber grupos parlamentarios que crean que no, pero no me parece
un cambio tan significativo ni tan dramático, como el que ha hecho
referencia el señor Llamazares.
El señor Llamazares me dice que la dinámica económica y social no va
bien. Señor Llamazares, con medio millón de empleos en el año 2000 y
una economía creciendo al 4,1 por ciento no le diré que va bien, pero
que va mal tampoco, me quedaré en un justo equilibrio. Esa demanda
social que S.S. percibe de que 500.000
empleos en este año y una economía creciendo al 4,1 por ciento es una
mala situación, me parece un juicio excesivo. Por tanto, no estamos
tomando medidas en una dinámica económica y social que va mal. Si S.
S. quiere, aceptaré que tiene defectos -no sólo S.S., yo lo
reconozco-, el primero de ellos son los dos millones y medio de
parados.
He dicho a la Cámara -y lo reitero- que estamos tomando medidas
urgentes en un momento en que lo que la población quiere es que las
cosas se afiancen. Si la interpretación que hacen SS.SS. de la
urgencia es que sólo pueden tomarse medidas urgentes cuando las cosas
van mal, es una visión que no comparto, y eso no tiene nada que ver
con la contundencia, tiene que ver con que nosotros tomamos medidas
que en estos momentos tienen efectos y que, sobre todo, van a ampliar
las posibilidades de crecimiento de nuestra economía porque creemos
que hay que tomarlas ahora mismo, que no se puede esperar. ¿Su
señoría cree que se puede esperar? Yo creo que la mayor parte de la
opinión pública española cree que no se puede esperar, pero eso es
una discusión, como es natural, en la que cada cual mantendrá sus
posiciones.
No creo que haya una frustración frente al fracaso de la política
económica, ni respecto a la liberalizadora, señor Llamazares. Es
decir, los consumidores españoles a los que se les ha bajado la
tarifa de la luz un 25 por ciento no están frustrados, entre otras
cosas porque eso no había pasado nunca. Les podrá gustar que siga
este ritmo, pero lo que nadie quiere es volver atrás. Lo que nadie
quiere es volver ni al marco estable ni al monopolio del gas ni a
ninguna de las cosas que teníamos antes. (La señora Mendizábal
Gorostiaga: Ni al franquismo tampoco.) La gente quiere ir para
adelante. (Aplausos.) Y parece que los únicos que quieren quedarse en
el inmovilismo y volver atrás son ustedes; el inmovilismo es una
manera de hacer oposición, tanto por el Grupo Socialista como por
Izquierda Unida, y ustedes tomarán sus propias decisiones.
Me plantea que los consumidores son los grandes olvidados; ellos no
lo entienden así. La afirmación de S.S., para empezar, no es
compartida ni siquiera por las asociaciones de consumidores, entonces
no me pedirá que yo la comparta. Y me pide que haya más participación
pública, es decir, que vayamos a un proceso en el que el Estado
dedique mayores recursos a suplementar las compañías privadas que hay
en este momento en nuestro país. No comparto para nada su teoría, y
además S.S. me explicará cómo lo va a financiar, ¿Va a subir
impuestos? ¿Va a aumentar el déficit público o va a recortar gastos
sociales para que el Estado pase a ser accionista de las compañías
eléctricas? ¿Y de qué compañías eléctricas va a ser S.S. accionista,
de todas las que operen en España, de todo tamaño, nacionales y
extranjeras? Con el dinero que hay en este país no da para eso. ¿O
sólo vamos a ser socios de determinadas compañías que decidamos en el
Parlamento? ¿Se da
cuenta S.S. en qué camino nos quiere meter? ¿Se da cuenta S.S. de que
en este momento hay 72 operadores telefónicos en nuestro país y de lo
que se trata con las medidas que hoy se van a debatir aquí es que se
acabe con el resto del monopolio en el bucle local? ¿Pero qué me está
planteando S.S., que el Estado aumente su participación en sectores
que están en este momento liberalizados a nivel mundial y que
invirtamos en qué compañías, sólo en las españolas, en todas las que
operan en España? Sinceramente, creo que debe usted pensar esa
propuesta.
Dice que es contrario a la reforma fiscal, pero eso lo dejo para el
siguiente debate. Ya se opusieron a ello la pasada legislatura y los
ciudadanos se dieron cuenta. Ahora ya son las once pero, aunque diga
eso a las nueve y media de la mañana, los españoles se enteran, saben
quiénes quieren subir los impuestos. Y como lo saben, ya se protegen
los ciudadanos de que no les pase lo que a S.S. le gustaría hacerles.
(Rumores.-Aplausos.)
Voy terminando. Señoría, nosotros no estamos con estas medidas
aumentando las posibilidades de las grandes superficies. Lo sabe S.S.
Estamos aumentando la libertad que ya tenían determinados comercios
de determinadas actividades en todo el territorio nacional y todos
los comercios de zonas turísticas para los pequeños comercios de 300
metros. Su señoría es contrario a eso. Quiere que si un domingo abre
una superficie de 5.000 metros también lo pueda hacer una de 300
metros. Eso es lo que SS.SS me proponen. Me proponen que la misma
libertad de actuación que tiene una superficie de 5.000 metros y una
multinacional la tenga una pequeña tienda familiar de 300 metros.
Pues yo no estoy de acuerdo. Además no vamos a estar de acuerdo.
Nosotros queremos que la tienda familiar de 300 metros pueda tener
más libertad que tiene la multinacional de 5.000 metros. Ya ve usted
la diferencia. Usted está en una posición y nosotros en otra, lo
cual, quiero decirle, tampoco me parece tan grave, por lo menos desde
nuestro punto de vista.
En cuanto a las cuestiones relacionadas con los trámites
parlamentarios, cuando SS.SS hacen las estadísticas de los decretos-
leyes de la pasada legislatura seguramente no tienen en cuenta que
una gran parte de ellos fueron ratificaciones de gasto, porque hasta
las modificaciones de la ley de disciplina presupuestaria no pasaban
por el Parlamento. (Rumores.) Es decir, SS.SS. se quejan de que el
Gobierno los traiga aquí para debatir si puede gastar más o no. Para
ustedes puede que sea más cómodo que el Gobierno no les pregunte si
puede gastar más o no, pero los que están fuera de esta casa, que nos
tienen aquí para que respondamos, lo que quieren es que haya más
control parlamentario. En ese sentido, parece sorprendente que los
temas de telecomunicaciones y de medicinas, que no tendrían que venir
hoy a este Parlamento porque lo podríamos hacer por orden o por
decreto, vengan a este debate parlamentario. Comprendo que el debate
quizá les coja un
poco de sorpresa al principio de la legislatura, pero tenemos cuatro
años para continuarlo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.
Señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Señor Rato, sobre solvencia técnica y
solidez de los argumentos no acepto ninguna lección de usted.
(Rumores.-Aplausos.) Porque usted es experto en tergiversar sus
propios argumentos, en tergiversar los argumentos del contrario,
batallar contra los molinos de viento que a usted le gusta dibujar,
escuchar no lo que digo sino lo que usted quiere oír. Se lo repito
con claridad, no estamos en contra de las liberalizaciones, no
estamos a favor de subir impuestos, aunque a usted no le guste,
aunque preferiría oír otro discurso, lo siento por usted. La crítica
viene precisamente por ahí. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Adelante, señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: La crítica viene precisamente por ahí,
porque creemos que ustedes con este decreto no liberalizan todo lo
que se podría liberalizar. Si usted no es capaz de percibir eso, si
usted no es capaz de percibir los cambios de posición que se puedan
producir de acuerdo con los cambios que se producen en la propia
sociedad española, díficilmente podrá explicarnos este mismo decreto-
ley que nos presenta, donde hay 22 modificaciones a la Ley de
hidrocarburos que ustedes aprobaron hace dos años. En dos años han
cambiado 22 veces de opinión. (Aplausos.) ¿Por qué los demás no
tenemos ese mismo derecho? Comprendo que ustedes lo pasaron muy mal
durante 14 años en la oposición, pero da la impresión de que se han
quedado anclados ahí y que les gustaría que los demás siguiéramos
ahí. Lo siento, no es verdad, le guste o no le guste al señor Rato,
lo siento por usted.
Si hubiera escuchado lo que yo he dicho, insisto, no lo que a usted
le hubiera escuchado oír, se daría cuenta de que yo he criticado
mucho más lo que ustedes han dicho sobre lo que han hecho que lo que
han hecho; he criticado mucho más la propaganda que han vertido en
torno a lo que significan estas medidas que a las medidas en sí. Algo
nos debería de llevar a reflexionar cuando frente a un paquete tan
amplio (insisto en que, al parecer, ustedes conciben la
liberalización al peso y 70 medidas son más liberalizadoras que 60
medidas y menos que 80 medidas) unos sectores afectados lo aceptan y
otros protestan. Esa es la realidad o ¿también la va a negar? ¿Y eso
no significará nada respecto a las intenciones de las
liberalizaciones, a los pactos que se hayan podido fijar y a las
compensaciones que se han establecido? Yo no digo que no sea
necesario hacerlo,
pero me parece una presunción excesiva por su parte afirmar
rotundamente que no se ha dicho. Eso es lo que critico, no el que lo
hayan hecho, sino que presuman de no haberlo hecho cuando es bastante
evidente que lo han hecho.
Podemos ver lo que ha pasado en Estados Unidos con Microsoft si
queremos ver un modelo alternativo de liberalizaciones. No da la
impresión que hayan tenido las autoridades americanas el mismo
comportamiento que ustedes. Da la impresión que ha primado la defensa
del interés de los usuarios y los consumidores, que ha primado la
defensa de la competencia en el sector antes que el valor bursátil de
la empresa y que los beneficios de la empresa, todo lo contrario de
lo que ustedes han hecho en este paquete, digan lo que digan.
Vuelve a sacarme lo de las tarifas eléctricas, pero ¿cuántas veces le
tenemos que explicar que han bajado menos de lo que han hecho los
costes financieros de las empresas, simplemente como consecuencia de
la caída del tipo de interés, que no se puede establecer una relación
causa-efecto entre liberalización del sector -que al parecer no era
tanta cuando han tenido que volver a modificarlo ahora- y caídas en
las tarifas eléctricas? ¿Cuántas veces lo tendremos que decir? Tantas
cuantas veces ustedes digan lo contrario.
En el tema de las mutualidades quiero centrarme un poquito. El nombre
completo, si no estoy confundido, es mutualidades de accidentes de
trabajo; es decir, se supone que su objeto fundamental es prevenir
los accidentes y la siniestralidad laboral y, vistos los resultados,
no da la impresión que desgraciadamente estén teniendo mucho éxito en
esa tarea. (La señora López i Chamosa: Más bien poco.) Con la
modificación que usted nos presenta aquí plantea un cambio sustancial
en las relaciones entre estas mutualidades y el sistema sanitario
público a favor de una privatización del mismo. Si me dice que no es
tan significativo el que ya pueden dar las bajas, pero que ahora
pasan a dar las altas, quítelo, no lo haga; si de verdad no es tan
significativo, no lo haga (Aplausos) y si es significativo, como
a nosotros nos parece, explíquenlo con claridad, expliquen que están
queriendo parcelar y privatizar el sistema sanitario público de
pensiones. (La señora López i Chamosa: Aver si os han dado el visto
bueno los sindicatos.- Risas.-Rumores.)
Dentro de esa película que a usted le gusta montar cuando sube aquí
sobre lo que yo hubiera dicho o he dejado de decir, sobre lo que no
dije pero pude decir, etcétera, ha criticado que yo haya mencionado
que este paquete no combate la inflación. Señor Rato, eso lo ha dicho
usted mismo, luego se está criticando usted a sí mismo. Han repetido
hasta la saciedad que éste no es un paquete coyuntural que tenga nada
que ver con la inflación del mes que viene o del otro, que es un
paquete estructural a medio plazo. Son ustedes los que lo han dicho.
Yo lo único que he señalado es que, pareciéndome bien ese
planteamiento a medio plazo, no vayamos
a tropezarnos demasiado con la situación a corto plazo de una
inflación al alza que nos está haciendo perder competitividad por
mucho que usted mencione los crecimientos de las exportaciones
españolas. Mientras el déficit por cuenta corriente esté cayendo,
estamos perdiendo competitividad, no hay más interpretación.
El paquete que ustedes presentan tiene aspectos positivos, da pasos
en la buena dirección, incluye medidas que mi grupo ha solicitado en
esta Cámara y que ustedes votaron en contra en la legislatura pasada,
luego si alguien tiene que explicar cambios de posición sobre alguno
de estos aspectos son ustedes antes que nosotros. Pero también he
dicho que contiene medidas con las que no estamos de acuerdo; que en
los casos en los que creemos que se va en la buena dirección se podía
haber ido más lejos, dada la situación actual, que no es la de 1986,
ni la de 1991, ni la de 1993. Dada la situación actual, con una
concepción de la política de liberalizaciones distinta de la que
ustedes tienen se podía y se debería haber ido más lejos.
Señor Rato, hay cosas que no son opinables y con este decreto ustedes
incrementan la discrecionalidad del Gobierno y posibilitan un mayor
intervencionismo por parte del Gobierno en la actuación de las
empresas privadas. Eso es lo que pone el texto del decreto. ¿Que
usted no lo quería hacer así? Pues es que le ha salido mal. ¿Que a
usted no le interesa venderlo así? Pues ese es su problema. Desde
luego, cualquiera que lea no lo que usted dice, sino lo que dice el
decreto-ley, llega a la conclusión de que ustedes desconfían
profundamente de los órganos reguladores independientes y se
atribuyen para el Gobierno toda la capacidad de intervenir no ya sólo
en los mercados, sino en la propia vida de las empresas privadas, y
eso no es liberalismo, sino intervencionismo del más rancio estilo.
La señora PRESIDENTA: Señor Sevilla, le ruego que vaya concluyendo.
El señor SEVILLA SEGURA: Concluyo, señora presidenta.
Señor Rato, usted ha hecho una mención a no sé qué editorial de no sé
qué periódico estableciendo vínculos con grupos periodísticos. Yo le
sugiero que no vaya por esa vía. Todos recordamos una famosa foto en
un balcón de Carabaña, que no sé si usted tiene interés en que se le
recuerde; pero no vaya por esa vía.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sevilla.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Rato, no sea usted tan generoso. Ahora resulta que ustedes han
presentado 70 medidas y 5 reales decretos ante el Congreso de los
Diputados por permitirnos
a los grupos parlamentarios participar en el debate. Ustedes
presentan reales decretos ante esta Cámara porque no tienen otra
posibilidad, ya que modifican leyes que sólo pueden modificar
mediante un real decreto sometido a convalidación. Por tanto, no sea
usted generoso con nosotros. El control parlamentario déjenoslo a los
grupos parlamentarios de la oposición, por favor.
En relación a esa construcción que hace de la intervención de la
oposición, le diré que usted tiene esa rara capacidad de deteriorar
la imagen, de hacer como en el callejón del Gato: producir un
deterioro de la imagen de tal manera que al final no la conoce nadie,
es un esperpento. Me dice: usted niega el crecimiento de la economía
española... Yo no he dicho nada de eso. Yo le he dicho que ustedes
presentan estas iniciativas legislativas no para hacerle un traje más
ancho a la economía española, sino para ajustarle el traje a la
inflación, que se les ha ido de las manos, y para responder a
demandas sociales que están en la calle, que se han producido en los
últimos días; demandas del sector agrario, del sector pesquero, de
otros sectores que se ven agraviados por la situación de los precios
de los carburantes y por otras cuestiones. Dice usted que nunca han
sido tan bajas las tarifas eléctricas. Señoría, sin lugar a dudas, su
familia debe ser una gran consumidora, porque las tarifas de los
pequeños consumidores no han bajado, no es cierto. Tenemos las
segundas tarifas menos bajas de la Unión Europea, para pequeños
consumidores. Esa es la realidad, no intente trasladarnos su gran
consumo al resto de los pequeños consumidores en este país.
Dice usted que las iniciativas han sido concertadas y que una buena
muestra de ello es que hay una reacción positiva -parece ser- de las
organizaciones de consumidores. Pero nosotros decimos que las
iniciativas no han sido dialogadas ni con los consumidores -que van
por barrios las reacciones de los consumidores- ni con los
comerciantes ni con los sindicatos. Y no dramatizamos, señoría. Quien
ha dicho que esto motiva una movilización y que además paraliza el
diálogo social han sido los sindicatos -su iniciativa sobre las bajas
y las altas laborales-, lo han dicho hoy mismo. Quien ha dicho que
esto provoca movilizaciones en el pequeño comercio no hemos sido
nosotros, han sido los pequeños comerciantes; luego no nos atribuya
esa responsabilidad, sino analice en qué medida han negociado y han
dialogado con esos sectores. No es cierto que hayan dialogado. Dice
usted: es que nosotros hemos conseguido -hay que reconocerles que
tienen una gran capacidad- reducir el poder de los monopolios y que
éstos no solamente lo asuman, sino que aplaudan. Realmente, una gran
capacidad. Y les pongo un ejemplo similar al que ha puesto el Grupo
Parlamentario Socialista: ¿Es que el señor Bill Clinton, en Estados
Unidos, y Bill Gates son distintos a la realidad delos monopolios en
España? ¿Es que Bill Clinton es
menos inteligente que ustedes, o Bill Gates menos generoso que las
empresas españolas? Da la impresión de que las empresas españolas en
sectores oligopólicos son generosas fundamentalmente, no se guían por
sus resultados económicos, y ustedes son tan inteligentes y tienen
tan buenas relaciones con esos empresarios, que finalmente consiguen
convencerles de que sus intereses están en reducir sus propios
intereses. Señorías, ustedes nos lo explicarán.
Lo cierto es que ustedes han pactado con esas empresas. Por ejemplo,
respecto al sector eléctrico, dice usted que de alguna forma se
limita su expansión, y yo le acepto esa valoración, pero ¿qué va a
ocurrir con las centrales de carbón en el sector eléctrico? Díganos
usted aquí cuáles se van a cerrar y cuáles se van a cambiar por el
sector del gas. Porque eso es fundamental. Porque hay 38 centrales de
gas solicitadas, y ustedes van a hacer que se cambie de un monopolio
de consumo determinado a otro monopolio de consumo. Díganos cuáles
son las centrales térmicas que se van a ver afectadas y cómo van a
cumplir el plan del carbón. Díganoslo, porque eso tiene mucha
importancia para sectores sociales y comunidades autónomas de este
país. Dice usted que cuantifique nuestra propuesta, y yo le diría:
presente usted proyecto de ley, y podré presentar enmiendas. Si usted
no me permite presentar enmiendas, ¿cómo me dice al mismo tiempo que
no presento alternativas? Pero ¿cómo se atreve? Usted tendrá que
decir que presenta un proyecto de ley para que los grupos
parlamentarios tengan capacidad de presentar sus alternativas. Yo le
he dicho alguna de ellas. Le he dicho que realizan no una labor de
liberalización, sino de intervención política, y que nosotros
intervendríamos política y también económicamente en esos sectores,
porque esos son sectores al abrigo de la competencia, no es verdad
que sean sectores con competencia. No hay competencia.
En las grandes distribuciones del gas, de los hidrocarburos, en las
grandes distribuciones eléctricas no hay competencia, tanto en el
caso público como en el caso privado. Por ello nosotros nos
decantamos por una participación pública, por una intervención
definida. Le he dicho: participación en CLH y en Enagas. Y le digo
más: 5 por ciento de participación pública para evitar la colusión de
precios. Y me dice usted que de dónde va a sacar el dinero. Del 0,4
por ciento del déficit público que usted pretende reducir con
respecto al 0,8 por ciento comprometido. De ahí mismo, señoría. O de
la reducción de impuestos de 150.000 millones que va a producir la
medida fiscal que ustedes pretenden incorporar en estas medidas.
Vuelve usted al manido argumento respecto de los impuestos. Ustedes
recaudan más por impuestos de lo que se recaudaba con anterioridad,
por lo que en estos momentos hay más carga impositiva en este país.
(Un señor diputado: ¡Sí señor!) Distribuida de otra forma. (Rumores.)
Distribuida a favor de los grandes empresarios,
de los grandes capitales y en contra de los que tienen que
pagar impuestos indirectos e impuestos sobre sus salarios.
(Aplausos.) Esa es la realidad y no otra. Por lo tanto, lo que le
pedimos es que cambie esa orientación de la política fiscal. Podría
mantenerse la carga fiscal, pero distribuida de otra forma, por
ejemplo equiparando la carga fiscal en las empresas a la media
europea, porque estamos cinco puntos por debajo en relación a la
media europea en carga fiscal al sector empresarial.
Me ha parecido muy grave, gravísimo, lo que ha dicho S.S. sobre el
fraude de las altas y las bajas. Si hay fraude en las altas y bajas
médicas es su responsabilidad (La señora López i Chamosa: ¡Y de los
médicos!) Tienen ustedes mecanismos de inspección médica que para eso
están. Usted quiere decir que el sistema sanitario público no
funciona en altas y bajas -cosa que no comparto-; que no funciona la
inspección médica en relación a las altas y las bajas -que es
responsabilidad de su Gobierno- y que, por lo tanto, traslada la
responsabilidad de las altas y las bajas a la zorra para que cuide el
gallinero; es decir a los patronos para que les digan a los
trabajadores cuándo deben estar de alta. Que tengan la baja es lo de
menos, la mutua no tiene ningún interés en la baja. Donde tiene
intereses es en el alta. Ahí es donde tiene interés porque en
determinado momento, cuando el trabajador no esté todavía en
condiciones de volver a su trabajo es la que va a decir que vuelva al
trabajo -por interés de la empresa y por interés de la mutua- a pesar
de que no esté en condiciones sanitarias de realizarlo. Y, repito,
eso lo van a hacer ustedes en un país donde los accidentes laborales
son sangrantes, y justifican con ello los recortes. ¿Es que si no
funcionan bien las altas y las bajas por las mutuas ustedes van a
recortar el sistema de Seguridad Social? ¿Van a recortar el sistema
sanitario? No se busque excusas, señor Rato. Ustedes han decidido que
en esta legislatura la participación pública en la economía va a
bajar cinco puntos y lo van a hacer a través del recorte del gasto
social. No se busque excusas, señor Rato. Lo van a hacer en el copago
sanitario y en otras materias sociales, pero no porque los
trabajadores estén mucho de baja y no haya altas de las mutuas
patronales.
Termino pidiéndole de nuevo -y dígalo en esta Cámara- que van a
presentar estas iniciativas mediante proyectos de ley. Si quiere
usted que haya debate en esta Cámara, si lo hace por favorecer a la
oposición y el control parlamentario, preséntelo como proyectos de
ley. Si no lo hace así, no solamente incumplirá sus compromisos de
diálogo del principio de la legislatura, no solamente incumplirá su
programa electoral, sino que incumplirá también la propia
Constitución española. Anuncio aquí que nosotros nos sumaremos a
cualquier recurso de inconstitucionalidad contra estas normas, al
menos para que esta legislatura no sea lalegislatura del ninguneo del
Parlamento.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor Rato.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta.
Señor Sevilla, yo se lo he pedido creyendo firmemente en la solvencia
técnica de su grupo, entre otras cosas porque tienen muchos técnicos
en cuestiones energéticas; pero en ningún caso pretendía darle
lecciones. Como S.S. sabe muy bien, aquí las lecciones las dan los
electores. (Rumores.-Aplausos) No me digan ustedes que van a perder
las elecciones siempre. (Un señor diputado: ¡Ya las has perdido!) No
es eso lo que yo he dicho. He dicho que aquí no pretendo dar
lecciones a nadie. Creo que en algunos temas la aportación si no es
técnica es difícil de entender.
Tengo que reconocer que S.S. ha dicho cosas esclarecedoras en esta
última intervención. Dice que no están en contra de lo hecho pero sí
de lo dicho, y ese es un motivo fuerte para hacer un turno en contra
del decreto-ley. Es decir, le molestan las ruedas de prensa pero no
los textos legales. Ahora S.S. dirá que tergiverso sus palabras, pero
es lo que ha dicho. A S.S. le parecen bien las medidas pero no le
parece bien cómo las digo yo. (Aplausos.) Perdóneme, qué le voy a
hacer. Le pido mil disculpas, pero me parece que lo importante es lo
otro. Dice que los textos no le parecen mal, van en la buena
dirección, pero que haría más y que ya lo dirá. Muy bien, pero
entonces, ¿cuál es la discusión? ¿Sobre qué materia disentimos? ¿A S.
S. le parece que yo soy más enfático de lo necesario, que no
reconozco errores o simplemente es que, como es natural, al formar
parte del primer grupo de la oposición, tiene que plantear un turno
en contra?
Dice que no es suficiente y a mí me parece estupendo que no lo sea,
siempre que S.S. plantee nuevas alternativas, pero es importante que
no nos queramos equivocar, porque tanto S.S. como el señor Llamazares
han recurrido a Bill Gates para ponerse en plan realmente libera;
nuestra izquierda está siendo más liberal que nadie. Señores, Bill
Gates ha sido sentenciado por un juez, no por Bill Clinton. ¿Ustedes
creen que algún juez español, con la legislación que tenemos
nosotros, el respeto a la propiedad privada y nuestra Constitución,
hubiera dictado por sentencia la reducción de inversiones privadas y
las cuotas de participación que hemos planteado? ¿Ustedes lo creen?
Señorías, eso no se lo creen ni ustedes ni nadie. A Bill Gates un
juez americano le ha dicho que tiene que romper su compañía, mientras
que aquí los jueces no han intervenido entre otras cosas porque, tal
y como se hicieron las privatizaciones en algunas de estas empresas,
los
derechos privados no los podríamos afectar. Es cierto que hemos
hablado con las compañías, cómo no lo vamos a hacer si tienen unos
derechos que les dio un Gobierno legítimo en el legítimo ejercicio de
sus funciones, en muchos casos sin pasar por ningún informe de
Defensa de la Competencia. Pero eso ya no me importa, no quiero abrir
ese debate político. Si SS.SS. realmente quieren convertirse en el
estandarte del liberalismo español, entiendan bien lo que dice,
porque no es lo mismo que un juez obligue a un ciudadano privado
a hacer determinadas cosas que el que un gobierno le diga a unos
ciudadanos privados... (Rumores.-La señora López i Chamosa: Ha sido la
fiscal.) Señorías, es que si no el debate es esperpéntico y con
debates esperpénticos no llegamos a ningún sitio.
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Por lo tanto, entiendo que
el problema del Grupo Socialista está en las presentaciones públicas
que hago yo y no en los textos que aprueba el Gobierno. Bien, es un
paso sustancial y, como hay otros ministros que harán otras
presentaciones, a lo mejor a partir de ahí nos podremos encontrar
todos más cómodos. Como alternativa, entiendo que vamos en la buena
dirección, pero no es suficiente. Si ustedes han cambiado de opinión
y, según lo que ha dicho usted tan rotundamente, son partidarios de
la liberalización y de no subir impuestos, si es verdad, desde luego
han cambiado ustedes radicalmente de opinión. Me parece fantástico,
qué quiere que le diga. Bienvenidos, no puedo decirle otra cosa, tan
sólo que para las siguientes elecciones les pediré el voto, que es lo
único que me falta. (Risas.-Aplausos) Me parece una gran noticia. No
sé si todo su grupo parlamentario se ha enterado, pero me parece una
gran noticia. (La señora López i Chamosa: ¡No te preocupes, que
nosotros lo entendemos bien!) En relación con el debate acerca de las
mutualidades, a las que se han referido los dos, los responsables de
que se produzcan o no los accidentes laborales serán los que tengan
que aplicar la ley que los previene. Las mutuas soportan las
consecuencias, como el resto del sistema sanitario y, en ese sentido,
a mí me parece lógico que los mismos médicos que dan las bajas puedan
dar las altas. ¿Quiere eso decir, como ha manifestado el señor
Llamazares, que los médicos van a actuar con total pérdida de
profesionalidad y en contra de sus responsabilidades como médicos?
Este país no está lleno de gente que va persiguiendo al prójimo. ¿Qué
planteamiento me está usted haciendo? ¿De Dickens? Todos los
funcionarios españoles están sometidos a mutualidades en sus altas y
en sus bajas y las llevan a cabo
médicos que no son absolutamente irresponsables en las altas y que al
señor Llamazares le parecen estupendos en las bajas. Su señoría puede
no coincidir conmigo y decir que hay una diferencia radical entre
quién dé el alta y quién dé la baja. Yo no la comparto, creo que el
sistema tiene más lógica, pero no me diga usted, señor Llamazares,
que si como consecuencia de que los médicos de las mutuas que dan las
bajas van a poder dar altas..., porque entonces entramos en una
situación de pérdida de derechos de los trabajadores. Señoría, no
tengo nada que ver con los médicos de las mutuas, pero su afirmación
me parece casi ofensiva, ¡qué quiere que le diga!, porque resulta que
también son trabajadores y profesionales de la medicina y hay un
sistema de derechos laborales. Desde luego que este país tiene un
problema de accidentes laborales y el Gobierno debe aceptar las
críticas relacionadas con ello, pero no tiene nada que ver con esta
cuestión. Aquí estamos hablando de que a un señor que ha sido dado de
baja y que por lo tanto ya está protegido por el sistema, pueda
dársele de alta y qué médico se lo da. Eso es de lo que estamos
tratando y no del problema de los accidentes laborales. (La señora
Amador Millán: ¿La sanidad pública no vale?) También vale, señoría.
(La señora López i Chamosa: ¡Menos mal!) Pero igual que vale la
sanidad de las mutualidades para los funcionarios y para dar las
bajas, ¿por qué no va a valer para dar las altas? Es un debate en el
que las dos posiciones son perfectamente lógicas. No es que no tenga
importancia, pero lo que no entiendo es que haya una diferencia tan
radical entre una cosa y la otra.
Vuelvo a las argumentaciones del señor Sevilla. El señor Sevilla me
dice que las exportaciones no son una medida sobre nuestra
competitividad y que lo es el déficit por cuenta corriente. En el
déficit por cuenta corriente juega también nuestra demanda interna y
el hecho de que nosotros estemos absorbiendo en este momento muchas
importaciones que, por primera vez, en este último mes -lo cual puede
no ser significativo- se sitúan en un crecimiento inferior a nuestras
exportaciones, también tiene que ver. En cualquier caso, no parece
que los indicadores estén demostrando una pérdida de competitividad,
con lo cual no dejo de reconocer las críticas de S.S., que el
Gobierno no sólo tiene que aceptar, sino que tiene que reaccionar a
ellas, en el sentido de que España no debe mantener un diferencial
importante de inflación con los países euro.
Vamos a ver, ¿el Gobierno aumenta su discrecionalidad? No, el
Gobierno aplica los criterios de competencia. No aumenta su
discrecionalidad en todos los temas, el Gobierno no aumenta la
discrecionalidad sobre las decisiones de las empresas privadas más
que en la intervención sobre la competencia que, en cualquier caso,
está sometida al Tribunal de Defensa de la Competencia y a los
tribunales. Es verdad que en nuestro sistema jurídico el Tribunal de
Defensa de la Competencia en algunos temas, como en el de las
concentraciones,
da un informe previo y el Gobierno toma una decisión
transparente. ¿A S.S. no le parece correcto? Yo creo que tiene su
interés, pero en cualquier caso el Gobierno no aumenta su
discrecionalidad, lo que aumenta es la capacidad de actuación en
materia de competencia y reduce los plazos. La reducción de plazos no
puede entenderse como un aumento de discrecionalidad en ningún sitio.
Por otra parte, yo nunca he compartido la posición de S.S. con
respecto a que los temas de competencias sectoriales salgan del
Tribunal de Defensa de la Competencia. Eso me parecería un error
notablemente importante.
En cuanto a asomarse a balcones, le diré que las fotos en los
balcones no afectan a los intereses empresariales. Lo que afecta a
los intereses empresariales son las votaciones que se celebran en la
Cámara a favor de una u otra dirección. Por tanto, no sé qué fotos
tiene S.S., ni me importa, parece que S.S. conoce o colecciona las
mías, pues mejor para él. Lo que le digo es que en su grupo
parlamentario -y aquí ya nos conocemos todos- las posiciones sobre
determinadas cuestiones son conocidas y S.S. que ha cambiado -según
nos ha dicho- en muchas cosas, en esto todavía no ha sido capaz de
hacerlo.
El señor Llamazares me plantea que la tarifa de la luz en una
cuestión muy concreta no se ha reducido. Eso no es lo que dice la
Comisión Europea. Como usted comprenderá, mi consumo de luz
seguramente será igual que el suyo, son televisiones y una lavadora,
no creo que usted y yo seamos demasiado excesivos en esa cuestión.
Pero, señoría, si no tenemos un referente técnico nos vamos a volver
locos, si todo el problema es su recibo de la luz personal y el mío,
el interés de la Cámara va a ser descriptible. Señoría, Eurostat dice
que en los consumidores domésticos, es decir, en las familias, la luz
en España ha bajado el 15 por ciento, que es claramente por encima de
la media europea y que sólo nos superan Holanda y Finlandia, que ha
bajado en un caso el 21 y en el otro el 16; que en los consumidores
medios la bajada en España ha sido del 18,38 y que sólo nos supera
Suecia, que ha bajado el 18,47, por tanto, estamos prácticamente
igual, y que en los grandes consumidores industriales nuestra bajada
ha sido del 16,24 y que sólo nos superan Finlandia con el 19,58
y Suecia con el 17,80. Por tanto, ha bajado más para los consumidores
domésticos y ha bajado sensiblemente más que el conjunto de la Unión
Europea. ¿A S.S. le parece poco? Esa es una afirmación que yo nunca
le podré contrarrestar, pero me parece que el camino que hemos
elegido, en primer lugar, es sustancialmente distinto al anterior
porque antes subían y ahora bajan y el argumento de los tipos de
interés no es suficiente y, en segundo lugar, estamos haciéndolo más
deprisa que la media europea.
Apartir de ahí, yo puedo entender y compartir la teoría de que el
Gobierno va en la buena dirección peroque tendría que ir más deprisa.
Esa teoría, desde luego,
la comparto. También puedo entender que SS.SS. me digan que el
Gobierno se equivoca. Lo que sucede es que en este debate SS.SS.
plantean críticas desde el punto de vista formal a las propuestas que
hace el Gobierno a través de los decretos-leyes, pero no presentan
demasiadas alternativas sobre qué harían ustedes para responder a
algo que me parece políticamente esencial y es quién da respuesta a
lo que quieren los españoles, que es que continúe una situación
económica de empleo y de crecimiento económico.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato. ¿Turno de fijación
de posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, no deja de resultar curioso que coincida
en el tiempo la obtención de la mayoría absoluta por parte del
Partido Popular con la aparición de un cierto run-run social derivado
de que, cuando menos, una parte de la ciudadanía, por mucho que diga
el señor ministro, empieza a no constatar en la práctica los
beneficios concretos que le reporta la política económica del
Gobierno. Una política económica sustentada en la privatización de
los sectores económicos y en la creación de un marco favorable para
la actuación y, por tanto, al servicio de las grandes corporaciones.
(El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Durante los anteriores cuatro años de mandato el Gobierno pregonó que
la llamada liberalización y flexibilización del marco económico sería
muy beneficiosa para todos, también a nivel de precios, que, según el
Gobierno -y esto no se podrá negar- bajarían, ya fuesen las gasolinas
o el precio de las viviendas. Sin embargo, esa política del Gobierno
basada en que el mercado y la libre competencia, por cierto más libre
para unos que para otros, lo regulen todo empieza a manifestar sus
deficiencias, entre ellas la tendencia alcista de los precios, en
algunos casos muy importante y por encima de las previsiones del
Gobierno, mientras que en otros campos, como el salarial, persiste,
eso sí, la moderación. ¿Qué hace el Gobierno ante esta situación?
Desde nuestro modesto punto de vista, insiste en recetarnos más de lo
mismo, y en este Real-decreto 6/2000 propone una serie de medidas que
tampoco servirá para contener los precios o que en algunos casos
servirá para entregar a las grandes empresas parte del mercado hoy en
manos de pequeños y medianos empresarios.
Es difícil entrar a valorar pormenorizadamente medidas planteadas por
el poco tiempo de que disponemos, pero aun así conviene decir algunas
cosas. Las medidas liberalizadoras adoptadas en su día en el sector
de hidrocarburos están llevando a un alza imparable de los
combustibles con repercusiones muy negativas para transportistas,
para el sector agrario y pesquero y para los ciudadanos en general.
¿Cómo podría el Gobierno contener los precios? Actuando sobre algunas
de las causas que provocan estas subidas, entre ellas -habrá otras-
actuando sobre la carga impositiva o sobre los márgenes de beneficios
de las grandes petroleras y, por tanto, recuperando esa capacidad de
fijar precios máximos. Pero el Gobierno no hace eso, nos vuelve a
proponer medidas que se reducen a poco más que limitar temporalmente
la capacidad de aumentar el número de gasolineras a quien ya dispone
de muchas, a decir que va a aumentar la información sobre los precios
-una concreción un poco vaga en la medida en que parece ser que esa
información podrá nada menos que ser objeto de difusión- y a que
todos los hipermercados tengan estaciones de servicio, lo que desde
luego, señor Rato, con todo respeto, más allá de que estos
establecimientos usen la oferta de gasolinas algo más baratas como
gancho para atraer clientes, no resolverá nada. Poco más, raquíticas
medidas, por cierto anunciando desde hace mucho tiempo que iban a
aparecer, ante un problema que afecta tanto al bolsillo de los
ciudadanos. Para nosotros, también lo digo con esta modestia
adivinatoria, es poco creíble que estas medidas vayan a forzar una
baja en los precios de los combustibles.
Por hablar de otros temas brevemente, ya hizo usted referencia a que
sobre el gas se está avanzando hacia una gran liberalización, que es
algo que nosotros no compartimos; en el sector eléctrico y por lo que
se refiere a las tarifas el Gobierno anuncia en esta famosa
disposición transitoria tercera una rebaja de un máximo de un 9 por
ciento hasta el 2003, que se podrá calcular qué incidencia tendrá
para los ciudadanos; se mantiene, cómo no, como en el caso de los
hidrocarburos, el papel de las compañías dominantes; y se sigue
aplazando, aunque se recorte el plazo, la posibilidad del ciudadano
a elegir compañía suministradora, y digo esto porque parece que la
elección de compañía suministradora es básico para fomentar la bajada
de los precios.
En cuanto a la vivienda, aunque luego se tratará en otros reales
decretos-leyes, hay que decir que después de esas medidas durante los
cuatro años anteriores no se podrá negar que la vivienda sigue
subiendo a toda máquina. En concreto en este decreto, algunas de las
reducciones de aranceles y honorarios -nosotros no vamos a
criticarlas porque bienvenidas sean estas rebajas- no dejan de ser
una medida que va a significar muy poco, una medida más bien
destinada a la galería.
Dos últimos comentarios sobre este decreto. Uno, respecto a las
medidas sobre los libros de texto, en las que el Gobierno incide en
la misma tendencia de favorecer no tanto a los ciudadanos sino a las
grandes empresas comerciales. Esas sí tendrán la capacidad deaplicar
las rebajas, que a la larga ya veremos en qué
quedan, desde el punto de vista de esa defensa de las familias y, por
tanto, de los consumidores que tanto dice defender el señor ministro.
Rebajas que, se mire como se mire, se prohiban expresamente o no,
servirán de reclamo para otros fines comerciales. Mientras tanto, se
va a perjudicar notablemente a un sector importante, como es el de
los libreros, que tiene derecho a existir. Dos, respecto a los
salarios comerciales, las medidas del Gobierno en la práctica limitan
la capacidad real de regulación sobre esta materia que tienen las
comunidades autónomas. Digo la capacidad práctica, porque fija unos
mínimos a partir de los cuales podrán regular. Favorece, se mire como
se mire, a la gran empresa frente al pequeño comercio y acrecentará
la concentración en pocas manos de la comercialización de productos,
lo que, a la larga, también perjudicará a las empresas productoras.
Además, hablando de empleo, como ya se demostró con lo acontecido
hasta el momento, va a suponer destrucción de empleo y peores
condiciones laborales para los trabajadores que, entre otras
cuestiones, trabajarán más horas sin correspondencia salarial. En
nuestra modesta opinión, estas medidas respecto a los salarios
comerciales nos parecen de dudosa constitucionalidad, porque podrían
infringir el principio famoso de jerarquía normativa al modificar lo
previsto en la Ley orgánica 2/1996 por medio de este real decreto-ley
que obviamente es de rango inferior.
En resumen, más allá de las palabras, el Gobierno pone en marcha con
este decreto medidas de más que dudosa eficacia para la contención de
precios -poco tardará en demostrarse- y persiste en la creación de un
marco favorable para las grandes empresas en detrimento de las
pequeñas. Es evidente que de este real decreto sí podemos deducir el
especial respaldo del Gobierno al sector de la gran distribución
comercial, principal beneficiado de algunas de sus medidas estrellas,
como las referidas a la instalación de gasolineras, descuentos en
libros de texto y horarios comerciales. Eso sí queda en evidencia.
Medidas que, hay que decirlo, tienen desconcertada a una buena parte
de quienes les auparon al poder absoluto, pero esa es otra historia.
El Bloque Nacionalista Galego no comparte ni la filosofía ni los
fines que inspiran este real decreto-ley y votaremos en contra de su
convalidación.
Muchas gracias señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
Tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Empezaré donde ha terminado el Bloque Nacionalista Galego. Estas
medidas van a beneficiar a los grandes distribuidores comerciales,
libros de texto y, en este caso, horarios comerciales. Los diferentes
estudios que
han hecho distintas universidades y que han pedido diferentes grupos
pequeños de distribución dejan muy claro que estas medidas pueden
suponer en los próximos años un aumento de los beneficios para los
hipermercados de 3.000 millones más, de Alcampo a Carrefour, pasando
por las diferentes modalidades, y una pérdida de entre 4.000 a 65.000
puestos de trabajo, con unos costos sociales importantísimos para la
estructura del pequeño y mediano comercio. Es más, todos sabemos,
y las cifras son elocuentes, que los grandes distribuidores controlan
el 30 por ciento de la cuota de mercado, pero sólo tienen el 7 por
ciento de los trabajadores del sector.
Hay tres razones importantes para oponerse a las medidas de
liberalización de los horarios comerciales que benefician a los
grandes distribuidores. Primero, en el caso catalán el artículo 12.5
del Estatuto de Autonomía de Cataluña deja muy claro que la
competencia exclusiva en comercio interior es de la Generalitat de
Cataluña. No entendemos por qué se está negociando, por qué estamos
discutiendo en este ámbito si es una competencia exclusiva. Queda muy
claro que la Generalitat de Cataluña va a decir qué días son fiesta y
qué días no. Segundo, la implantación progresiva de las grandes
superficies ha significado en la última década una criba espectacular
del comercio tradicional. Familias y puestos de trabajo se han visto
despojados de su tradicional medio de vida. Lo razonable es que ante
este proceso las administraciones hubieran destinado fondos para la
reconversión del sector. No fue así. También hubiera sido razonable
que hubiera habido discriminación positiva entre el pequeño negocio y
los grandes distribuidores, pero tampoco se ha hecho así. Ahora
ustedes van a formalizar la segunda criba entre el pequeño y el
mediano comercio, obligándoles a competir con jornadas de catorce
horas y domingos y festivos abiertos. La necesidad de contratar más
personal no se verá compensada por el aumento del negocio. Tercera,
la flexibilidad total de la apertura de comercios y grandes
distribuidores va a repercutir también en los entes locales. Abrir
más domingos significa más control de tráfico, limpieza pública,
recogida de basuras, etcétera, es decir, ampliar plantillas y
horarios de los servicios municipales, las arcas municipales se verán
aún más vacías y esto sin contar con la hipotética supresión del IAE,
que ustedes ya avanzaron.
Si quieren ayudar al comercio y al consumidor, hay otras vías. Se las
recomendamos: Primero, regular y limitar el abuso de los bancos y
cajas de ahorro en las comisiones sobre los pagos con tarjeta.
Segundo, sean más contundentes con el abuso de posición de mercado
dominante de los grandes distribuidores. Tercero, reduzcan, sancionen
y controlen el abuso de los grandes distribuidores al pago de 90 ó
120 días a los proveedores. Por último, habiliten partidas
presupuestarias para potenciar el comercio urbano y ayudar a los
municipios, modernizar el sector y evitar esa sensación de
ciudades y barrios fantasma, sin comercio y sin vida, en una
estructura urbanística en proceso de degradación permanente.
Entendemos, pues, que no se pueden votar estas medidas, sobre todo
por lo que hace referencia al apoyo del Gobierno a los grandes
distribuidores. Todo esto parece encaminado a una segunda criba, una
segunda liquidación del sector tradicional del pequeño comercio, un
sector familiar que aglutina una parte importante del tejido
productivo español, en este caso también el catalán, y entendemos que
el Gobierno, curiosamente un gobierno que prometía liberalizar y
trabajar a favor de los pequeños comerciantes y de los consumidores,
va a tomar medidas que afectarán brutalmente a este sector. Por
tanto, anunciamos nuestro voto en contra.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Puigcercós.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo, Coalición Canaria, ha estudiado en profundidad este texto
del Real Decreto-ley 6/2000, de medidas urgentes de intensificación
de la competencia en mercados de bienes y servicios. Por ello y por
los argumentos que voy a dar a continuación, vamos a votar
favorablemente su convalidación. En primer lugar, porque nos hemos
fijado en los objetivos de política social y económica con que el
Gobierno lo ha presentado aquí por boca de su portavoz, el
vicepresidente económico y ministro, señor Rato, pero que están
explicitados de una manera más resumida en su exposición de motivos.
En segundo lugar, porque se trata de unas medidas a favor de las
familias y de los consumidores, y si van dirigidas a las familias y
los consumidores son un beneficio político-social, que incluso
predomina sobre una intencionalidad técnica, financiera, de medidas
de contención de un recalentamiento de la economía de consumo en
razón de un aumento posible de la inflación. Pues bien, los
beneficios de control de la inflación son para nosotros de valor
considerable, pero siempre inferior a la valoración social de
beneficio a la familia y a los consumidores. No hay ninguna medida en
este real decreto-ley que vaya en contra de estos principios. Por
tanto, esto merece un voto de apoyo político en razón de los mismos.
¿Y cómo se va a conseguir esto? Pues respetando la Constitución, lo
que es la libertad de mercado. Sin este valor principal no se
entenderían una serie de medidas temporales, como las que pueden
traer todos estos reales decretosleyes. Ya se ha dicho además que el
Gobierno puede ir haciendo las rectificaciones por decretos
posteriores, según el pulso y la temperatura de nuestro desarrollo
económico. Esto se consigue recurriendo a unos instrumentos
perfectamente legítimos, tales como la desregularización.
No olvidemos que nuestro país ha soportado durante
decenios el árbol de los monopolios, y sus raíces, aunque ya hayamos
quitado ramas y troncos, siguen todavía dentro de muchas de las
estructuras financieras, productivas, etcétera, que es necesario ir
aireando hacia un mercado libre donde puedan entrar en libre
competencia los grandes, los medianos y los pequeños. Esto se
consigue con la desregularización y la apertura de mercado. Y ahí hay
un amplio índice. ¿Cómo nos vamos a oponer a que en el capítulo I se
haga una ampliación del accionariado de la Compañía Logísticas de
Hidrocarburos, la CLH? Si eso es lógico. Es decir, en este momento,
los que tienen capacidad de refino en España, que son prácticamente
dos empresas, tendrán que acomodarse a no tratar de llevar su
monopolio a los consejos de administración, donde tiene que haber una
limitación. En este caso se pone una limitación del 45 por ciento de
la participación directa o derivada en el accionariado de la
ampliación para la Compañía Logística de Hidrocarburos porque si no
estaríamos reiterando en otro escenario los conceptos monopolísticos
de la producción y del refino, y ya va siendo hora de que Campsa deje
de estar todavía presente en espíritu, como en el Tenorio,
apareciendo a través de las paredes financieras de los consejos de
administración.
Estamos hablando también de suministros cuando se trata de aspectos
relativos a materias energéticas como el gas. Creemos que ya era hora
de introducir un gestor técnico del sistema o, ¿íbamos a mantener el
monopolio del gas argelino? Y si hay un solo gasoducto, ¿por qué no
va a haber participaciones haciendo las reservas necesarias a los
sectores productivos con un 75 por ciento y obligando a que un 25 por
ciento vaya a distribuidores independientes? Si tratamos de abrir un
concepto práctico de la competencia, ésta sólo se puede conseguir con
competidores, y si aumentamos los competidores, estaremos
favoreciendo la competencia; si no, la reduciríamos a una pura figura
retórica. Por tanto, el gestor del sistema tiene que ser sometido a
unas obligaciones que -vuelvo a decir- van en beneficio de una figura
que aparece ahí.
Lo mismo ocurre con el sector eléctrico, en el que era necesario
limitar una producción que era monopolística. Si van a exceder ahora
del 40 por ciento, como siempre, es necesario también introducir
competidores que puedan entrar en la producción del incremento de la
potencia instalada. Las medidas que acompañan a este real decreto-ley
serán beneficiosas para hacer eficaces estas actuaciones ante los
consumidores. Desde luego, no se va a perjudicar a grandes sectores
productivos. Nosotros nos inclinamos por defender la figura del
consumidor cualificado. Este real decreto-ley, en el campo de la
energía eléctrica ha dedicado una amplia temática expositiva y
articulada a los requisitos que se van a introducir para ejercer la
condición de consumidorcualificado. Hasta este momento, en España, el
consumidor cualificado tenía más bien privilegios que obligaciones.
Aquí se van a introducir ahora los requisitos para evitar los
blindajes que pudiera tener el consumidor cualificado y que son
improcedentes e innecesarios en una economía libre de mercado.
Entramos en el título II del real decreto-ley. Las medidas de
garantía, referentes a órganos jurisdiccionales para proteger a la
familia y al consumidor en la política general que trae este real
decreto-ley en su exposición de motivos. Se trata de la defensa de la
competencia. Consideramos que era imprescindible que hubiera la
obligación de notificar las operaciones de concentración. En las
operaciones de concentración es donde más indefensos hemos estado
familias, ciudadanos y el común de la nación. O estas operaciones de
concentración quedan perfectamente reguladas, exigibles
y disciplinadas con un régimen de información y transparencia, o la
inseguridad ciudadana es manifiesta. Desde este Parlamento, los
grupos parlamentarios no podíamos ser más que testigos, desde las
gradas, del resultado de las acciones de unos agentes que estaban en
un terreno de juego en el que podían marcar todos los tantos que
quisieran, porque no había ni arbitraje, ya que ellos mismos eran
autores de su propio arbitraje. Ya era hora de que se entrara en el
control y notificación de las operaciones de concentración, que son
uno de los grandes monstruos. Grandes expertos, como el señor
Camdessus, han señalado que en una economía globalizada, o esto se
regula con una autodisciplina, o el común de la nación estará
indefenso frente a estos grandes operadores financieros que, por vía
de OPA, nos transforman en puros lectores de la noticia del suceso en
el periódico económico de turno.
En cuanto a las participaciones empresariales, creemos que la
sistemática del real decreto-ley es buena para señalar a qué mercados
o sectores deben referirse las participaciones empresariales. Se
traen cinco estratégicos e importantes sectores: la generación,
transporte y distribución, tanto de la energía eléctrica, como de los
hidrocarburos líquidos y de los hidrocarburos gaseosos, y después, la
gran modernidad, la telefonía fija y la telefonía móvil. ¿Dónde está
en estos momentos la gran batalla, en todos los órdenes, de estas
grandes concentraciones y empresas? Pues en el mundo de las
telecomunicaciones, y concretamente en lo que percibe ciudadano, el
aumento del número de usuarios de la telefonía móvil -millones en
España-, por no decir también de la telefonía fija. Démonos cuenta,
señorías, de que era necesario meter en este artículo 34 el apartado
3, que viene a regular que no haya predominio de operaciones
financieras por personas físicas o jurídicas para designar -y esto es
importante decirlo aquí hoy- directa o indirectamente miembros de los
órganos de administración de más de una sociedad que tenga condición
de operador principal. Estamos asistiendo -muchas veces con un coste
político para nuestro sistema democrático y para este Parlamento,
incluso
para el gobierno de turno que esté- a las autodesignaciones de
sectores financieros dentro de los consejos de administración de
estas empresas a las que afecta cualquiera de los cinco renglones que
hemos visto aquí. Ya va siendo hora de que si están privatizadas no
se genere una endogamia interna por circuitos financieros para hacer
esa designación. No tengo nada más que añadir.
Sobre libros de texto o colegios profesionales se ha guardado respeto
y Coalición Canaria concluye su intervención fijando dos posiciones
favorables. Una es la referida al comercio interior en los horarios
comerciales, sobre todo en el archipiélago canario, manteniendo la
competencia de la comunidad autónoma, al señalar que los pequeños o
medianos comercios tienen que ser calificados y ubicados en áreas
turísticas. Somos una región turística por excelencia. Nuestro
producto interior bruto de más de un 70 por ciento procede del sector
turismo y, por tanto, es lógico que junto a hoteles o instalaciones
turísticas, esté el pequeño comerciante de las áreas turísticas, no
solamente en tiendas de competencia sino en tiendas pequeñas de
asistencia (venta de productos solares, lácteos, el periódico del día
o la manutención imprescindible que el turista quiere encontrar
directamente allí). Es un turismo interno que utiliza estos servicios
(este tema se ha respetado); ello permite incentivar el trabajo,
porque si usted quiere ganar en una economía libre de mercado tiene
que trabajar. Porque nosotros no concebimos que haya una política
social, salvo la demagógica y subsidiaria del Estado, en la que se
gana sin trabajar. Esas son las reglas de un mercado operativo
dinámico, que en este caso se limitan a unas tiendas de competencias
que estuvieran adscritas en cadenas de marca o de registro
pertinentes. Por tanto, se va a favorecer a esa empresa familiar,
doméstica, corta, pequeña, pero sustantiva en la creación de puestos
de trabajo y empleo.
Termino, señor presidente, con una referencia a las mutualidades por
la incapacidad laboral. Nosotros entendimos siempre que si una
reglamentación autorizaba a un profesional medico a dar una baja
laboral, a través de una mutua, estaba también profesional y
deontológicamente cualificado para darle el alta. Porque aquí se ha
especificado algo muy concreto que nos da una seguridad jurídica. El
texto del artículo 44 de las mutualidades para la incapacidad
temporal dice: a los exclusivos efectos de las prestaciones
económicas de la Seguridad Social, y nada más. A esos efectos de
prestaciones económicas, no podemos estar pensando aquí que hay una
incapacidad profesional de un médico, que está capacitado, con una
radiografías, con una auscultación, con unas pruebas, para dar el
diagnóstico que conduce a la baja laboral y, por tanto, a la entrada
inmediata de ese trabajador en los auxilios de la Seguridad Social.
Ese profesional médico, con todo su bagaje técnico que ha permitido
el diagnóstico que conduce a la baja, no puede tener condicionamientos
técnicos y
profesionales para decir que, comparada la radiografía del día que le
dio la baja con la radiografía del día de hoy, le puede dar el alta
laboral a todos los efectos. Esta medida no sólo es de un saneamiento
de un posible fraude laboral, sino un reconocimiento de una capacidad
profesional, la que tienen los mismos funcionarios del Estado que
están adscritos a mutuas de asistencia sanitaria a este respecto. Por
tanto, se ha sido escrupuloso con el respeto profesional y ha habido
una lógica con la relación del trabajador a través de una mutua (en
la que el afiliado es la empresa a la que presta servicio el
trabajador). Todo ello puede conducir a una plena dignificación del
ejercicio médico profesional, porque tan respetable será el colegiado
médico si está en una mutua como en un ambulatorio de la Seguridad
Social o en una clínica privada. La Cámara no tiene derecho a hacer
ninguna presunción delictiva o dolosa de un profesional en cualquier
término que esté. Los servicios de inspección lo harán, pero la
Cámara no puede ser tan ingenua como para olvidar la picaresca que
puede haber en sistemas oscuros, en sistemas compartidos y que
conducen a un fraude a la Seguridad Social.
Por todas esas razones -y termino con brevedad, señor presidente-, el
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria votará favorablemente la
convalidación de este real decreto-ley, por entender que conduce a
unos beneficios políticos, económicos y sociales a favor de familias,
consumidores y agentes productivos, porque no va contra nada, y si va
contra algo es contra la molicie y las raíces que quedan de
monopolios o de ineficacias en sistemas empresariales.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones Señor
Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señor vicepresidente, el
Gobierno del Partido Popular habría ganado en credibilidad y en
sentido democrático si, en lugar de publicar el día de San Juan los
decretosleyes que hoy viene a convalidar en esta Cámara, hubiera
utilizado la hoguera del día anterior para cocinar y pactar las
medidas con los partidos políticos y agentes sociales.
Nuestro grupo, el Grupo Vasco, no está en términos generales en
contra de las medidas que impulsan la liberalización de los sectores
productivos. Es más, introducir competencia en el mercado puede ser
bueno para las empresas, que habrán de adaptarse a la nueva
situación, y es bueno también para los consumidores, que ven ante sí
una mayor oferta a precios más competitivos. Estamos convencidos de
que un proceso de desregulación puede ser positivo para el
crecimiento económico y el empleo. Por tanto, no estamos ni
filosófica ni necesariamente en contra de algunas de las medidas
planteadas por el Gobierno a través de estos decretos.
Es más, les avanzamos que vamos a votar a favor de la convalidación
de algunos de ellos, para que vean que no nos oponemos por capricho
ni por sistema.
También somos conscientes de que por el mero hecho de adoptar
diferentes medidas a través del Boletín Oficial no se garantiza su
éxito. Hay que ser vigilantes del proceso e impulsar los mecanismos
que conduzcan a una efectiva liberalización. Estoy pensando en
impulsar al efecto el Tribunal de Defensa de la Competencia o apoyar
las organizaciones de consumidores. Pero, señor vicepresidente,
nuestro grupo, como supongo que el resto de los de esta Cámara, al
menos los de la oposición, no puede estar de acuerdo con sus formas.
Quizá el resultado de haber presentado proyectos de ley en lugar de
decretos-leyes habría sido el mismo; ustedes tienen mayoría más que
suficiente, ya lo sabemos todos. Sin embargo, los partidos de la
oposición también pueden aportar cosas útiles e interesantes en
beneficio de todos, y aunque al final ustedes votaran y llevaran
adelante su proyecto habrían sido respetuosos con el procedimiento
parlamentario y con el sistema democrático y, como le gusta decir a
mi portavoz, en democracia la forma es el fondo. El carácter de las
medidas no justifica en muchos casos la utilización del decreto-ley,
que debe emplearse en casos excepcionales con el fin de no usurpar el
debate y la discusión política a los representantes de esta Cámara.
Hemos venido oyendo al Gobierno a lo largo de estos pocos meses de
legislatura que la austeridad y la desregulación de la economía son
los pilares básicos de su política económica y la única vía para
garantizar el crecimiento económico y la estabilidad de precios. Se
nos vendía la idea de la liberalización asociada al control del
índice de precios al consumo. Según ustedes, la política expansiva
practicada por el Banco Central Europeo y la cotización del euro eran
las causantes de una inflación que tan sólo se podía controlar con
austeridad presupuestaria y con liberalización de los mercados. Dado
el diferencial de inflación español con relación al de la Unión
Europea, su control podría haber justificado la adopción de medidas
más o menos urgentes. Sin embargo, el propio Gobierno, al menos por
boca del secretario de Estado, señor Folgado, ha reconocido que las
medidas que hoy se plantean en esta Cámara, pero que ya están en
funcionamiento, no van a resolver, al menos a corto plazo, el
problema de la inflación. Ahora, señor vicepresidente, permítame que
le diga que cada vez le entiendo menos.
No voy a extenderme, señor Rato, en analizar detalladamente todos los
aspectos del decreto-ley relativo a medidas urgentes e
intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios,
pero sí quiero referirme a algunas cuestiones que para nuestro grupo
parlamentario son relevantes. Quiero recordarle que la consideración
hoy en día de Enagas como gestor del sistema gasista que ahora recoge
este decreto ya fue propuesta por el Grupo Parlamentario Vasco
durante la
discusión de la Ley de hidrocarburos en 1998. Fue rechazada esta
opinión por exigir lo que ahora se reconoce, la necesaria
independencia de Enagas con respecto a su actual matriz, Gas Natural,
y la asignación de los contratos del Magreb entre los
comercializadores, como este nuevo real decreto aprueba. Aunque
tarde, bienvenido sea. Nos parece, sin embargo, impropio que, por una
nueva disposición adicional, se consolide a Engasa como gestor
técnico del sistema. A tenor del artículo 7.b), el gestor será aquel
transportista que sea titular de la mayoría de las instalaciones de
la red básica de Gas Natural. Hoy corresponde a Enagas dicha mayoría,
pero ésta puede cambiar en el futuro. La apertura de capital social
de Enagas a terceros es una oportunidad para quienes como Gas de
Euskadi han venido solicitando su presencia y la cuota
correspondiente de los contratos del Magreb. En cualquier caso y
antes de pronunciarnos definitivamente, será necesario conocer el
plan de actuaciones, que debe ser presentado por Enagas antes de dos
meses a la Secretaría de Estado de Economía.
Permítame, señor Rato, hacer otra salvedad o, mejor dicho, fijar la
posición del Grupo Vasco en lo relativo a la libertad de horarios
comerciales. La Ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero, complementaria
de la ordenación del comercio minorista, establecía en su artículo 3
que la libertad de horarios determinada en el artículo 2 no será de
aplicación hasta que el Gobierno, conjuntamente con los de cada una
de las comunidades autónomas, así lo decidan para su correspondiente
territorio, y no antes del 1 de enero del 2001. Pues bien, sin
negociación alguna ni consulta siquiera ni con el Grupo Vasco ni con
el Gobierno vasco, el Gobierno aprueba este real decreto-ley.El
sector comercial español, no sólo el vasco, no ha reclamado la
liberalización de sus horarios para competir con las grandes cadenas
de distribución, que, por cierto, son cada día más francesas y menos
españolas, y que cada día alcanzan mayores cuotas de mercado, hasta
el punto de que su propio Gobierno les obliga a cerrar un número
importante de establecimientos por atentar contra los principios
europeos de libre competencia. Los datos avalan estos planteamientos.
En la Comunidad Autónoma de Madrid, comunidad donde al amparo de la
ley orgánica difunta se permitía abrir hasta 14 días festivos y
domingos, se han perdido en cinco años, entre 1993 y 1998 más de
50.000 empleos. En una comunidad autónoma como la nuestra, la vasca,
donde no se ha abierto, salvo las panaderías, pastelerías y las de
conveniencia, ningún domingo ni festivo, en virtud de la propia
autorregulación del sector, amparada por el Gobierno vasco, se han
ganado en el mismo periodo de tiempo más de 6.000 empleos, se ha
incrementado el empleo en más de un 4 por ciento. Además, el comercio
español (y el vasco en esto no es una excepción) es propiedad en un
70 por ciento de empresarios, de personas físicas autónomas, tiene
una
media de tres empleados por establecimiento y factura una media de
26,5 millones de pesetas anuales. Con estos datos y con las medidas
liberalizadoras, no se aumentarán las ventas ni el empleo, sino que,
a pesar del esfuerzo renovador del propio sector y de los gobiernos
competentes en materia de comercio interior, como el nuestro, el
vasco, que coadyuva de conformidad con sus necesidades, con sus
presupuestos y medidas al fortalecimiento del sector, más bien
disminuirán las ventas y se perjudicará el empleo, salvo que se
consienta en ese sector la exigencia de un empleo familiar sumergido.
Además, con estas medidas somos cada vez menos europeos, cada vez nos
separamos más de esa Europa que tanto mentamos. La posición del
Parlamento Europeo es clara al respecto cuando aprobó, en sesión de
12 de diciembre de 1996, una resolución sobre el trabajo dominical.
Formuló una serie de peticiones dirigidas a los Estados miembros y
les solicitó a este respecto que prestasen la debida atención a las
tradiciones culturales, sociales y religiosas, así como a las
necesidades familiares de sus ciudadanos, reconociendo el carácter
especial del domingo como día de descanso. Tengan en cuenta la
especial situación de quienes formulan objeciones al trabajo
dominical en industrias o servicios no esenciales y, además, ajusten
la normativa relativa a los horarios de apertura de los comercios a
la normativa de los trabajadores asalariados en lo que se refiere al
trabajo dominical.A pesar de las serias objeciones que plantea
nuestro grupo con relación a la forma de actuar del Gobierno, vía
decreto, y de las consideraciones realizadas en torno a Enagas y
especialmente las referidas al sector comercial, las medidas
liberalizadoras planteadas pueden resultar positivas para la
actividad económica y el empleo. Somos conscientes de que cada vez es
más difícil poner puertas al campo. Por ello, nuestro grupo
parlamentario se va a posicionar favorablemente en la convalidación
del presente decreto-ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Azpiazu.
Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, señoras y señores diputados, la posición del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto a la
convalidación de los reales decretos-ley que estamos debatiendo hoy
en esta Cámara va a ser la de valorarlos positivamente desde una
perspectiva global, con alguna matización importante a la que más
adelante me referiré. Es cierto que todos ellos van en una misma
dirección, en la de introducir más competencia en la economía
española, de favorecer la fiscalidad de las pequeñas y medianas
empresas, favorecer la fiscalidad de las familias españolas,
favorecer la internalización de la economía española, acceso a la
liberalización de la telefonía fija, acceso a Internet, acceso a las
viviendas, introducción de los genéricos para la racionalización del
gasto sanitario, aspectos todos ellos coincidentes en la gran mayoría
de los casos con nuestro programa electoral, coincidentes con
nuestras actitudes de colaboración desde el año 1993 con el Gobierno
socialista y posteriormente con el Gobierno del Partido Popular y,
básicamente, también coincidentes con el objetivo global que
persiguen estas medidas liberalizadoras, así como desde la
perspectiva global de la política económica, tendentes a conseguir
Para España la convergencia real con el resto de países de la Unión
Europea, así como un incremento del Estado de bienestar para todos
los ciudadanos españoles y para sus familias.
Yendo en concreto al paquete de medidas y refiriéndome muy
particularmente al Decreto-ley 6/2000, diré que éste es un decreto
muy amplio, que toca muchos aspectos, ya que en él se abarcan
cuestiones tan importantes como el sector energético, el gasístico,
los libros de texto, las editoriales y los horarios comerciales. Por
cierto, señor vicepresidente, en estos dos últimos puntos, los libros
de texto y los horarios comerciales, es donde mantenemos desacuerdos
considerables, hasta el punto, señor Rato, de que por ser tan grande
el desacuerdo en la cuestión de los horarios comerciales, nuestro
voto, a pesar de estar de acuerdo con el resto de medidas, no va a
ser favorable a este real decreto.Pero también desde Convergència i
Unió queremos que quede muy claro que nuestra colaboración con la
política económica del Gobierno, que nuestras aportaciones
programáticas a la política económica del Gobierno va a continuar
siendo la misma del inicio de la legislatura y la misma que nosotros
ya expresamos en su comparecencia ante la Comisión de Economía, pues
para nadie es un secreto que desde la perspectiva económica global de
los resultados que hoy puede mostrar el Gobierno nosotros nos
consideramos corresponsables por nuestra colaboración desde el año
1996.
También es cierto, señor vicepresidente, y usted lo sabe
perfectamente, que globalmente estamos a favor de la política de
liberalización que aplicará el Gobierno con estos decretos-leyes que,
como he dicho anteriormente, van orientados a que en la economía
española haya más competencia, a que se pueda controlar mucho mejor
la inflación, a que se cree más empleo, a que continuemos con un
crecimiento sostenible por encima de la media europea y a que los
consumidores, las familias españolas sean finalmente las más
beneficiadas. Pero también es cierto, señor vicepresidente, que usted
nos lo hubiera puesto muchísimo más fácil si se hubieran podido
excluir de este real decreto tan amplio los horarios comerciales y
que hubieran ido en un real decreto aparte; en ese caso, excluyendo,
repito, los horarios comerciales, probablemente sus planteamientos
hubieran coincidido con las posiciones y con el voto
de nuestro Grupo Parlamentario, de Convergència i Unió.
Me explicaré, señor Rato, para que no haya equivocaciones ni
malentendidos. Concretamente, Convergència i Unió está a favor de la
liberalización del sector de los hidrocarburos, con todas las
consecuencias y en todas las medidas que ustedes han propugnado,
porque sabemos que el objetivo final que ustedes persiguen es el
mismo que el de la coalición de Convergència i Unió: que los
consumidores tengan el precio de la gasolina más barato. Pero desde
nuestro grupo parlamentario también quisiéramos hacer una
apreciación, señor Rato. Valdría la pena que ustedes estuvieran
atentos, ya que podría ser que en esta cuestión de las gasolineras
existieran indicios de inconstitucionalidad, ya que la autorización a
las grandes superficies para instalar gasolineras, estaciones de
servicio, atendiendo a las regulaciones de las estaciones de servicio
son competencias exclusivas, en régimen energético y de equipamientos
comerciales, de la comunidad autónoma, del Gobierno de la
Generalitat. Por tanto, en esta cuestión nos gustaría que
estuviéramos todos atentos para no incurrir en alguna
inconstitucionalidad.
También estamos de acuerdo, señor Rato, con la liberalización del
gas. Desde Convergència i Unió queremos decir aquí públicamente que
aprobamos que la liberalización se pueda adelantar en cinco años.
Tuvimos un gran debate la pasada legislatura respecto a la nueva Ley
de hidrocarburos. Se ha ido adelantando en diferentes etapas la
liberalización de un sector tan importante como el gasístico. Desde
nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) valoramos
positivamente la participación de otros operadores en Enagas con un
objetivo claro y evidente, que es rebajar los precios del gas
industrial y del gas doméstico. También estamos de acuerdo, como no
podía ser de otra manera, en la liberalización del sector eléctrico
para que finalmente los consumidores en los próximos tres años puedan
conseguir una rebaja de un 9 por ciento. Por cierto, en el decreto-
ley que ustedes plantean de la liberalización del sector eléctrico no
se comprometen a que esta rebaja tenga una efectividad de un tope del
9 por ciento; dicen: podríamos llegar hasta un 9 por ciento. Ya les
adelanto que desde nuestro grupo de Convergència i Unió iremos
incidiendo a lo largo de esta legislatura para que finalmente esta
rebaja del 9 por ciento sea efectiva y no solamente una previsión.Nos
parece adecuado que se convierta en ley la doctrina del Tribunal de
Defensa de la Competencia, en la que se prohibe a los holdings
industriales tener participaciones en más de un sector estratégico.
Nos parecen razonables las liberalizaciones que afectan al sistema
financiero, a los fedatarios públicos y a los colegios profesionales.
En cuanto a las mutuas laborales de accidentes, que ha sido también
objeto de debate en esta sesión parlamentaria, el sistema previsto en
el decreto-ley puede distorsionar el sistema sanitario y valdría la
pena hablar
en esta legislatura -pienso que tendremos suficiente tiempo los
grupos parlamentarios para analizarlo- para abogar por un
planteamiento de integrar en el mismo sistema la sanidad general y
las mutualidades. En este camino van a encontrar la colaboración,
como siempre la han tenido, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Respecto a los libros de texto, Convergència i Unió siempre ha estado
por el avance en la gratuidad de los mismos. Señorías, señor
vicepresidente, una medida que hubiera abogado por la gratuidad de
los libros de texto hubiera sido muchísimo más beneficiosa para las
familias españolas. El cambio de precios fijos con descuento por la
liberalización total de los descuentos nos preocupa por la
repercusión negativa que pudiera tener en determinadas industrias y
editoriales, algunas de ellas especializadas en libros de texto
catalán. Y es en este sistema, señor Rato, en el que nos preocupa en
cierta medida que no se pervierta la liberalización total de los
descuentos y acabe pasando lo que ha sucedido en algunos países de la
Unión Europea, concretamente en Inglaterra, que abogaron por un
sistema de liberalización del cien por cien de los descuentos; si se
comparan los precios de los libros de texto, se puede observar que el
incremento de los precios de los libros de texto en Inglaterra, en
aplicación de esta medida, ha subido por encima de la inflación.
Señor vicepresidente, señor Rato, entramos en la cuestión de los
horarios comerciales. ¿Por qué Convergència i Unió está en desacuerdo
con la propuesta del Gobierno, entendiendo, como he dicho
anteriormente, que globalmente en este real decreto estamos
prácticamente de acuerdo con todas las medidas que usted y su
Gobierno proponen? Señor vicepresidente, nosotros estamos en
desacuerdo con la liberalización de los horarios comerciales por
cuatro razones básicas, una competencial, otra programática, otra
económica y, finalmente, una de orden social y familiar. Vamos a
hablar, señor vicepresidente, de la competencial. Para nosotros este
decreto ley en el aspecto de los horarios comerciales presenta serias
dudas respecto a su constitucionalidad, tanto por motivos formales
como materiales, ya que, a nuestro entender, invaden competencias
exclusivas que en este momento corresponden a las comunidades
autónomas. Me explicaré. Usted en su intervención ha mencionado la
Ley 2/1996, de 15 de enero, ley orgánica que votaron todos los grupos
de esta Cámara. Esta ley, como SS.SS. saben perfectamente, transfirió
una competencia estatal a las comunidades autónomas por la vía del
artículo 150.2 de la Constitución en el sentido de que las
comunidades autónomas podrían disponer de la competencia en la
aplicación de la libertad de horarios en coordinación con la
Administración central. Si la ley orgánica transfirió una competencia
estatal a las comunidades autónomas, el decreto-ley que hoy estamos
discutiendo ha modificado aquella transferencia, y no sólo la ha
modificado
a través de una ley orgánica, que quizás habría sido lo
procedente, sino que se ha modificado a través de un decreto-ley.
Quizá podría existir riesgo de inconstitucionalidad.Voy a otro
aspecto que usted ha mencionado en su debate respecto a los horarios
comerciales, en la misma dirección de constitucionalidad
o inconstitucionalidad de dicho decreto-ley. En este decreto-ley el
Gobierno ha decidido unilateralmente liberalizar los horarios del
pequeño comercio, concretamente los de menos de 300 metros cuadrados,
cuando el mismo precepto reconoce textualmente que es necesario el
acuerdo del Gobierno de cada comunidad autónoma para aplicar en su
territorio la libertad absoluta de los horarios comerciales. En este
caso, como no ha existido ese acuerdo con las comunidades autónomas
correspondientes y se ha adoptado un acuerdo sin tener en cuenta las
competencias exclusivas de las comunidades autónomas, en esta
libertad unilateral para los pequeños comercios también podrían
existir riesgos de inconstitucionalidad.
Hay una segunda razón por la que nosotros no estamos de acuerdo con
este real decreto-ley respecto a los horarios, y es programática; el
señor Rato la conoce perfectamente. Nos hemos pasado la última
campaña electoral y los debates que hemos tenido a lo largo de los
últimos 10 años en esta Cámara con un objetivo básico para el sector
comercial por parte de Convergència i Unió, que era garantizar el
mantenimiento de los actuales horarios comerciales. Sintiéndolo
mucho, señor Rato, y aún reconociendo -y esto también es verdad- el
esfuerzo que ustedes han hecho en rebajar el número de días festivos
en los que se pueda abrir en cuanto a las previsiones iniciales que
ustedes tenían y de acuerdo con las conversaciones que mantuvieron
con el Grupo Catalán de Convergència i Unió, nosotros no podemos dar
soporte a esta medida, entre otras cosas porque hemos de ser fieles a
nuestro programa electoral y a nuestro electorado, que nos dio un
fuerte soporte en las pasadas elecciones al Parlamento español.
Hay una tercera razón por la que nos vamos a oponer a los horarios
comerciales, y es económica. Querría destacar en esta intervención
que a veces se achaca al pequeño y mediano comercio el incremento de
inflación que existe en estos momentos en España. No es así, señor
Rato, y usted lo sabe perfectamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Sánchez i Llibre, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Voy terminado, señor presidente.
Hay estudios solventes en los cuales se determina perfectamente que
el incremento del IPC viene de sectores más estratégicos, más
estructurales, como puedeser la energía y los transportes.
Hay una última razón, social y familiar, por la cual nosotros nos
oponemos a la liberalización de los horarios. ¿Qué sentido tiene,
señor vicepresidente, hablar de la calidad de vida o de políticas de
ayuda a la familia o de reducción de la jornada laboral si la
apertura en domingos y festivos dificulta, con una acción muy
importante, la conciliación de la vida familiar con la vida laboral?
En esta dirección, a nuestro entender, vamos hacia un cambio de un
modelo de sociedad, del modelo familiar. Si ustedes quieren
liberalizar sectores tan importantes como podía serlo la banca en su
momento o la Administración, por qué no, quizás entraríamos en una
guerra o en un gran enfrentamiento entre comerciantes y trabajadores.
En este caso realmente estaríamos cambiando el modelo de sociedad.
Por último, señor Rato -y ya voy terminando-, también vale la pena
saber -y que SS.SS. lo sepan perfectamente- que según la última
encuesta del CIS la mayoría de los ciudadanos españoles no consideran
necesaria la apertura de los comercios los días festivos o los
domingos correspondientes. Por lo tanto, esta es una medida que no
beneficia a los consumidores ni a las familias españolas, lo cual era
una pretensión inicial en su planteamiento y en su exposición de
motivos. Por tanto, nuestro grupo, Convergència i Unió, aun estando a
favor de la mayoría de iniciativas de este Real Decreto-ley 6/2000
que van a liberalizar la economía española, no podrá votarlo
favorablemente por una cuestión importante, a nuestro entender, que
es la que yo he expuesto y que es la libertad de horarios. Entendemos
que no se ajusta a nuestras pretensiones, que no se ajusta a la
constitucionalidad y que hay razones económicas y sociales que van a
motivar que nosotros, a pesar de que estemos de acuerdo, como digo,
con la mayoría de sus propuestas, votemos negativamente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sánchez i
Llibre.
Señora Pisonero.
La señora PISONERO RUIZ: Gracias, presidente.
Señorías, en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, tomo
la palabra para manifestar con claridad el apoyo al real decreto-ley
de liberalización de mercados de bienes y servicios. Me gustaría,
aunque fuera brevemente y haciendo un esfuerzo para no alargar más el
debate, exponer razones, que consideramos que hay muchas. La primera,
sin duda, representa un salto hacia delante, pero no en el vacío sino
sobre unas bases sólidas que se han ido sentando en la anterior
legislatura. Desde el principio, el nuevo Gobierno quiere dejar claro
el horizonte, porque sabe con claridad hacia dónde quiere ir. Eso
tampoco ha sido habitual en la historia reciente de la economía
española. Lo ha hecho con un conjunto de medidas claramente
coherentes, que es el segundo elemento de una buena definición
de política económica, sin ánimo de dar lecciones a nadie,
sino reconociendo lo que para las empresas es fundamental, despejar
el panorama, despejar el horizonte, como en este caso, para los
próximos cuatro años. Es un conjunto de medidas coherentes que además
está bien orientado, según ha manifestado la mayoría de los grupos de
esta Cámara en sus turnos previos a mi intervención, y que, por
tanto, tiene el consenso mayoritario de la Cámara por cuanto,
efectivamente, van en la dirección que los españoles están demandando
y así lo han demostrado en las urnas recientemente.
El Gobierno lo que ha hecho es manifestar en ese conjunto de medidas
el programa electoral que le ha permitido llegar a esta Cámara en esa
condición. Esa orientación es una apuesta decidida por una mayor
liberalización, con reglas claras, y no sin reglas, como se hizo en
decretos liberalizadores que se han puesto como paradigma histórico,
por ejemplo el de 1985, en el que todo era válido, no había ninguna
regla y menos para los pequeños. No hace falta recordar quién fue el
autor, que, según qué hiciera, es reconocido o rechazado por el Grupo
Socialista. Me estoy refiriendo, repito, al decreto de 1985. Decía
que hay una mayor liberalización, con reglas y con mecanismos de
vigilancia, y así se ha dicho por parte de distintos grupos, con los
que el Grupo Parlamentario Popular está totalmente de acuerdo, pero
con un objetivo prioritario que es hacer la economía más flexible,
para lo cual siempre es urgente adoptar medidas. Porque no hay que
confundir el carácter estructural con la necesidad de adoptar medidas
con el tiempo necesario. Es urgente tomar medidas para el futuro,
porque en la economía actual las cosas se empiezan a hacer desde
ayer. Esa es la urgencia y es el reconocimiento de que al Gobierno se
le ha pedido que actúe y lo ha hecho en un plazo tan rápido como el
de dos meses desde su constitución. Es una coherencia que desde luego
con el Grupo Parlamentario Popular está garantizada y que según quién
sea el portavoz del grupo mayoritario de la oposición no lo está
tanto.
Nosotros estamos de acuerdo con este decreto porque enmarca esa
referencia básica de política económica que constituyen las reformas
estructurales, reformas que, como decía, se enmarcan con claridad en
sus reglas básicas, eliminando incertidumbres y generando
expectativas positivas que van a permitir, en una adecuada política
de oferta, generar más oportunidades. Esas oportunidades son las que
ha demandado la sociedad española en el convencimiento de que el
crecimiento de cuatro años tiene que seguir otros cuatro para que
sigamos avanzando en una convergencia real a través de generación de
empleo. Eso exige nuevas oportunidades de crecimiento. Estamos, por
otra parte, dando ejemplo con hechos y no con palabras a lo acordado
en el Consejo de Lisboa para obtener una economía europeamás flexible
y que sea nuevamente España, en los
próximos años, la que cree el mayor número de empleos en toda Europa.
Es la respuesta a una economía, como decía, que quiere seguir
integrándose en el mundo y que quiere utilizar las nuevas tecnologías
de una manera más intensiva. Es una economía abierta y sólida, puesto
que efectivamente ha conseguido superar la crisis internacional de
los últimos dos años, cerrando nuevamente la brecha, a pesar de la
pujanza de su demanda interna, con un crecimiento de las
importaciones del 11 por ciento en el mes de abril, como ha indicado
el vicepresidente segundo, y un crecimiento de las exportaciones del
13 por ciento. ¿Eso qué quiere decir? Aparte de consideraciones de
cuenta corriente, es que la brecha se está cerrando y la aportación
al crecimiento económico del sector exterior es más positiva que en
meses anteriores. Es un crecimiento que apuesta claramente por la
apertura económica en la medida en que quiere empresas grandes, pero
empresas grandes que sean eficientes en todos los mercados y en el
mundo entero, no a costa de los consumidores españoles, como ha sido
claramente el modelo aplicado en los años ochenta. Queríamos grandes
empresas eléctricas, pero a costa de una tarifa para los consumidores
que triplicaba la europea. Ése no es el modelo por el que apuesta el
Partido Popular y por eso vamos a votar para que sigamos rompiendo
los monopolios del pasado.
Es este un plan que no mira el corto plazo, que no es miope a la hora
de buscar medidas efectistas para sectores concretos, que es lo
cómodo, sino que mira por el interés general y por el futuro.
Entendemos que una política verdaderamente antiinflacionista es la
que actúa en todos los frentes. La inflación se produce cuando hay
una tensión entre la demanda y la oferta. El Gobierno ha aplicado
medidas de control de la demanda, exigiéndose más en el control del
déficit público, y ha actuado en la oferta haciendo que la economía
sea capaz de generar más oportunidades.
Me quiero detener brevemente en un elemento que no se ha tenido en
cuenta: que la política de oferta del Partido Popular pasa por
ofrecer más oportunidades, pero también por discriminar positivamente
a quien mejor puede utilizarlas. Esas son las familias y las pequeñas
medianas empresas. Ese mejor aprovechamiento de las oportunidades es
el que ha permitido crear empleo y vamos a seguir apostando por esa
política porque ha dado buenos resultados. Y se discrimina
positivamente porque -creo que no huelga repetirlo- las medidas
adoptadas para el pequeño comercio lo que hacen es cambiar una
filosofía en la que no se restringe la libertad para que los grandes
acaben con los pequeños, sino que se da libertad a los pequeños, que
no se ven obligados a actuar por el hecho de que los grandes lo
hagan. Es muy distinto dar libertad cuando se puede competir con
iguales, impidiendo a los grandes que no lo hagan.
El Partido Popular apoya una política que permite que los pequeños,
que son los más capaces de crear empleo, tengan una discriminación
positiva en el uso de las nuevas oportunidades. Permite una mayor
libertad de horarios comerciales, no para los grandes, que no la van
a tener, pero sí para los pequeños, que la tienen desde ya. Una
política claramente dirigida al interés general, a los consumidores,
a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, con unas medidas
que son coherentes y que se verán explicadas -así lo espero- en el
próximo decreto fiscal, para apoyar que sean esas pequeñas empresas
las mejor preparadas para aprovechar las nuevas oportunidades. Hay
algunos que dicen que apoyan a las pequeñas empresas y hay otros que
actúan para demostrarlo. No me gustaría -como se ha hecho por otros
grupos- que confundamos a las pequeñas empresas diciendo que la
libertad es mala; la libertad es buena y lo que hay que hacer es
trabajar para que sean capaces de ejercerla de la mejor manera
posible.
Por último, quiero insistir en que efectivamente es mucho lo que
queda por hacer. Se ha marcado la referencia para los próximos cuatro
años y el Grupo Parlamentario Popular ofrece la máxima colaboración.
Tenemos que dar ese mayor apoyo para que los ciudadanos y en concreto
las pequeñas y medianas empresas puedan aprovechar al máximo las
nuevas oportunidades. Es necesario un debate constructivo, como el
que han hecho tanto el señor Vázquez, del BNG, como el señor
Puigcercós, que lamento que no esté de acuerdo con la bajada de
impuestos para los pequeños negocios, pero seguiremos trabajando en
beneficio de esos pequeños comerciantes, con el apoyo constructivo de
Coalición Canaria y de Convergència i Unió -monta uno tanto como el
otro-, sabiendo que siempre que Convergència i Unió ha ido de la mano
para las liberalizaciones les ha salido rentable. No se opongan a la
liberalización, porque sería dar marcha atrás. Es libertad para los
pequeños, que van a saber aprovecharla si en este período de sesiones
hacemos conjuntamente una adecuada política de pymes, como no me cabe
la menor duda de que seremos capaces conjuntamente en este período de
sesiones.
Efectivamente, no es lo mismo, como decía el señor Azpiazu, un real
decreto-ley que un proyecto de ley. Era importante marcar
referencias, generar expectativas, cuanto antes. Es lo que decía: las
reformas de largo plazo hay que empezarlas hace una semana. Esa es la
urgencia y esa es la necesidad de dar confianza a los agentes
económicos para que sigamos avanzando en un marco que está siendo
coherente, pero siempre sobre una base constructiva y no de ataque
sin alternativa, como ha hecho claramente el Grupo Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pisonero.
- REAL DECRETO-LEY 3/2000, DE 23 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBAN
MEDIDAS FISCALES URGENTES DE ESTÍMULO AL AHORRO FAMILIAR Y A LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. (Número de expediente 130/000002.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Pasamos al debate del
siguiente Real Decreto-ley 3/2000, de 23 de junio, por el que se
aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a
la pequeña y mediana empresa.
El señor ministro de Hacienda. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia.)
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señora presidenta,
señorías, el objeto de mi comparecencia es solicitar a SS.SS. el voto
afirmativo para convalidar el Real Decreto-ley 3/2000, de 23 de
junio, por el que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo
al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa.
Es un decreto-ley de reformas tributarias plenamente coherentes con
los objetivos de nuestra política económica y con los compromisos
contraídos con los ciudadanos en nuestro programa político, cuyo
contenido, en la parte que corresponde a la Hacienda pública, he
tenido el honor de exponer recientemente en este Congreso de los
Diputados. Son reformas a favor del ahorro de millones de familias.
Este ahorro es el motor financiero de nuestra economía, el que mueve
la actividad de las empresas y el que mueve la creación de empleo.
Son reformas a favor de las empresas medianas y pequeñas, en
beneficio de los cientos y cientos de miles de emprendedores que
constituyen el entramado básico de nuestra actividad económica. Son
reformas a favor de la competitividad y la expansión internacional de
nuestras empresas, que están participando con éxito en una economía
internacional cada vez más integrada, donde se multiplican los
desafíos y las oportunidades. Son, en resumen, medidas fiscales a
favor de los fundamentos reales de nuestra economía, es decir, la
iniciativa de los ciudadanos, que va creciendo y acumulándose, y la
estabilidad económica, que nos permite un progreso sano y duradero.
Todas las medidas fiscales que contiene este decreto- ley
contribuyen, en efecto, de un modo u otro, a reforzar la estabilidad
económica. Son medidas que, por un lado, estimulan la oferta de la
economía y, por el otro, alivian la presión de la demanda, al
orientar hacia el ahorro y la inversión recursos que de otro modo se
aplicarían al consumo. Son medidas que tienen en cuenta las
circunstancias y necesidades del presente, pero que alargan la vista
al medio y largo plazo. El Gobierno es bien consciente de que la
estabilidad es la única manera de prolongar la expansión económica
necesaria para alcanzar los niveles de renta y empleo
de la Unión Europea. (Algunos asistentes de la tribuna de invitados
despliegan una pancarta.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro.
Ruego a los servicios de la Cámara que restablezcan el orden en las
tribunas. (Pausa.)
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Estas medidas fiscales son parte coherente de un conjunto de medidas
económicas, como les ha explicado el vicepresidente segundo y
ministro de Economía, don Rodrigo Rato, con las que el Gobierno
también muestra la firmeza de su voluntad política en la aplicación
de la política económica y en el alto grado de prioridad que la
concede en el conjunto de su gestión política. Con estas medidas
damos satisfacción a una parte significada de nuestros compromisos
electorales en materia fiscal. Estoy seguro de que el fiel
cumplimiento de la palabra dada servirá para reforzar el crédito
político del Gobierno ante los electores y sobre el conjunto de los
ciudadanos. Del mismo modo, tengo la plena seguridad de que esta
vigorosa iniciativa del Gobierno a favor de la estabilidad
incrementará aún más el ya elevado crédito de la economía española
ante los agentes económicos y los mercados financieros.
La inicial tramitación de estas medidas fiscales por un procedimiento
de urgencia responde a la necesidad de preservar la eficacia de los
fines económicos que persiguen. En efecto, la inequívoca
manifestación de la voluntad del Gobierno a favor de la estabilidad
económica que se consigue con el anuncio conjunto de las medidas que
proponemos es un elemento decisivo para la creación de expectativas
en los agentes económicos y en los mercados financieros. Estas
expectativas, aunque por su propia naturaleza se generan desde lo que
va a deparar el futuro, comienzan a actuar ya en el presente de
nuestra economía, anticipan en cierto modo lo que después alcanzarán
y contribuyen desde ahora a conducir la economía por el camino
deseado. Porque es ahora cuando necesitamos afianzar los cimientos de
la estabilidad si queremos garantizar en toda la legislatura un
crecimiento de calidad, sano y duradero. Es ahoracuando estas medidas
económicas y fiscales tienen también que contribuir a atajar las
desviaciones en la estabilidad de los precios y ahora, ahora mismo,
cuando todavía estamos a tiempo de que nuestro crecimiento estable
crezca aún más, de manera decidida, hasta alcanzar los ambiciosos
objetivos que nos proponemos.
El procedimiento de urgencia es completamente necesario para evitar
las incertidumbres en los agentes económicos y movimientos erráticos
de los mercados financieros. En efecto, la inseguridad que puede
generar un largo proceso de tramitación en estas materias no se
corresponde con la naturaleza de los hechos económicos
que se regulan y puede perjudicar gravemente la toma de decisiones de
los inversores y de las empresas. No obstante, corresponde a la
Cámara decidir su tramitación como proyecto de ley. En tal caso,
ambas Cámaras y todos los grupos políticos tendrán la posibilidad de
pronunciarse sobre las medidas adoptadas; pero ya desde ahora los
ciudadanos, las pequeñas y medianas empresas españolas y la economía
en su conjunto podrán beneficiarse de la entrada en vigor de las
mejoras fiscales que hoy les presento. Porque, como advertirán SS.
SS., con las medidas fiscales del real decreto-ley cuya convalidación
hoy se pretende no se crean nuevos impuestos, ni se endurecen los
existentes, ni se reducen los beneficios fiscales, ni se elevan los
tipos. Se trata de un conjunto de normas que en todos los casos son
favorables a los contribuyentes. Como SS.SS. conocen, nuestro derecho
ampara la anticipación de la eficacia de las normas más favorables
siempre que ello sea factible una vez ponderadas las circunstancias
y los intereses de la Hacienda pública, como nosotros hemos hecho.
Tenemos en España cientos de miles de empresas pequeñas o medianas
que, como acabo de decir, son el verdadero sustrato de nuestra
economía. Ellas son las verdaderas protagonistas de la creación de
empleo y de su aumento depende que consigamos la meta última de
nuestra política económica. Gracias a las pequeñas y medianas
empresas, cuando acabe esta legislatura estaremos mucho más cerca de
la media europea en renta por habitante y en tasa de empleo. Ya en la
pasada legislatura el Gobierno del Partido Popular mostró un apoyo
claro a la pequeña y mediana empresa y contribuyó a su proceso de
adaptación al nuevo entorno del euro. Desde la perspectiva de la
fiscalidad, mejoramos la tributación de la pequeña y mediana empresa
en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el impuesto
sobre sociedades, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en
el impuesto sobre el patrimonio. Ahora vamos a dar un paso más en el
apoyo a las pequeñas y medianas empresas, vamos a ampliar el mismo
concepto de pequeña y mediana empresa para que puedan beneficiarse
del régimen fiscal del impuesto sobre sociedades todas aquellas cuyo
volumen de negocio alcance los 500 millones de pesetas, en lugar de
los 250 millones que es el límite actual. De este modo, cerca de
40.000 pequeñas y medianas empresas se van a beneficiar
inmediatamente del mejor trato fiscal y a lo largo de esta
legislatura decenas de miles de nuevas empresas podrán acogerse a
este nuevo beneficio.
Con este decreto-ley también estamos mejorando los estímulos fiscales
a la reinversión y creamos un incentivo especial para la renovación
tecnológica, porque sabemos que las pequeñas y medianas empresas
necesitan apoyos especiales en este momento de profundos cambios en
los mercados, de los productos, de los métodos de producción y de
gestión. La revolución técnica de la información y las comunicaciones
y la creciente
apertura de los mercados de capitales, personas, bienes y
servicios es un difícil desafío para la pequeña y mediana empresa.
Pero también es un inmenso vivero de oportunidades. Con estas
medidas, el Gobierno quiere expresar el respaldo de la sociedad
española a sus emprendedores y compartir con ellos los desafíos del
nuevo contexto económico para que puedan disponer de una financiación
holgada y suficiente, de los medios tecnológicos más avanzados y de
unos recursos humanos con la formación adecuada para crecer, crear
empleo y ampliar sus negocios en el mercado internacional.
Para el Gobierno del Partido Popular, a diferencia de lo que ocurría
en otros tiempos, las pequeñas y medianas empresas no son vistas como
meros contribuyentes a las arcas públicas, sino que ante todo son las
verdaderas creadoras de riqueza y de empleo de nuestra sociedad. La
política económica del Gobierno tiene la obligación de poner los
medios necesarios en las manos de quien mejor los use y por eso la
pequeña y mediana empresa recibe un trato fiscal diferente y otros
muchos apoyos directos e indirectos. Asimismo, estamos estudiando,
señorías, la posibilidad de aplicar, de ampliar alguna de estas
medidas a las microempresas y a los trabajadores autónomos; en
concreto, hacerles llegar la deducción por adquisición de equipos
tecnológicos informáticos y de comunicación y también las medidas
relativas a la formación de personal en nuevas tecnologías.
En cuanto a los incentivos fiscales del ahorro, este decreto-ley
incluye una serie de incentivos fiscales para el ahorro, cuya
finalidad última es contribuir al crecimiento estable de la economía
española y a la generación de empleo. Como antes he dicho, estas
medidas servirán para reforzar la estabilidad de la economía por un
doble efecto: potenciarán la inversión productiva y la oferta de la
economía y contribuirán a suavizar las tensiones de la demanda al
trasladar al consumo futuro recursos que de otro modo se orientarían
al consumo presente. El fomento del ahorro tiene decisiva importancia
en la generación de expectativas. El ahorro da consistencia y crédito
a los objetivos económicos del medio y del largo plazo y condiciona
positivamente las estrategias de los agentes económicos y la
confianza de los ciudadanos. En el contexto de nuestra política
económica es un instrumento de graduación y prolongación de la
expansión económica.
Por estas razones, a partir de la entrada en vigor de este decreto-
ley, las ganancias patrimoniales podrán tributar a un tipo fijo
pasado un año entre la adquisición y la venta del activo que las
causan, en lugar de los dos años exigidos hasta ahora. De esta manera
contribuimos a mejorar la formación y la propia movilidad del ahorro
y nos aproximamos a la práctica más frecuente de la mayoría de los
países de la Unión Europea. También favorecemos decididamente el
ahorro reduciendo el tipo impositivo, que ahora es del 18 porciento,
en lugar del 20 por ciento anterior. Así, equiparamos
el tratamiento fiscal del ahorro con el tipo mínimo del IRPF y
hacemos más atractiva la alternativa del ahorro frente al consumo. Se
trata, señorías, de fomentar el ahorro de una manera abierta, sin
ningún tipo de complejos, y soy consciente -supongo que tendré
ocasión de comprobarlo en el debate posterior- de que todavía existen
grupos políticos en esta Cámara que guardan serios prejuicios y
complejos en cuanto a lo que significa estimular el ahorro.
La experiencia de la pasada legislatura también es en sí misma un
considerable estímulo para este nuevo paso que ahora damos en la
mejora del tratamiento fiscal de las ganancias patrimoniales. En
efecto, cuando en 1996 establecimos un tipo fijo en la tributación de
las plusvalías, no todos esperaban que la respuesta de los
ahorradores pudiese alcanzar los valores que ahora conocemos. En
aquel mismo año, como efecto inmediato de aquellas medidas, los
fondos de inversión se incrementaron un 45 por ciento; en la
actualidad, puedo afirmar desde esta tribuna que al menos una de cada
tres familias españolas es partícipe de un fondo de inversión. Tienen
un máximo interés desde el punto de vista económico y social las
nuevas facilidades fiscales para los planes de pensiones y
mutualidades de previsión social. Como saben SS.SS., en este decreto-
ley se amplía el límite de reducción en la base imponible del
impuesto sobre la renta de las personas físicas por estas
aportaciones a los fondos de previsión social complementaria. Nos
proponemos seguir potenciando de este modo el sistema complementario
de previsión para despejar de incertidumbres el horizonte individual
y colectivo de la protección social.
Las medidas propuestas favorecen más a quien más las necesitan, es
decir, a los mayores de 52 años, para que puedan ir ampliando
progresivamente su aportación máxima deducible, y a las personas que
sufren minusvalías. En ambos casos pueden ampliar sus máximos
deducibles hasta 2.500.000 pesetas. Damos asimismo una respuesta a
una necesidad social ampliamente sentida con la extensión de estos
incentivos fiscales a los planes de pensiones para el cónyuge que no
percibe rentas o que en conjunto esas rentas no superan 1,2 millones
de pesetas anuales. Con este fin el contribuyente puede sumar 300.000
pesetas más a sus deducciones por este concepto. Gracias a esta
medida, muchos cónyuges sin rentas o con rentas bajas,
fundamentalmente amas de casa, podrán completar en el futuro sus
pensiones del sistema público y mejorará su autonomía, su seguridad y
su calidad de vida. Con esta nueva facilidad las familias disponen de
un nuevo medio para canalizar su ahorro, un ahorro que de este modo
es un estímulo más compartido y reforzado por una doble motivación.
Quiero también llamar la atención sobre una de las medidas más
significativas de este decreto-ley. A partir de ahora, la vivienda
habitual de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles quedará
completamente
exenta de tributación, tanto en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas como en el impuesto sobre el patrimonio. Con esta
iniciativa, que se suma a la exoneración de este mismo impuesto sobre
el patrimonio ya concedida en la legislatura pasada a favor de los
bienes productivos, se reduce drásticamente el ámbito de aplicación
de esta figura tributaria y con ello mejora la eficacia, la equidad y
la simplicidad de nuestro sistema impositivo.
Finalmente, el apoyo a la internacionalización de las empresas
españolas ha sido y sigue siendo uno de los objetivos principales de
nuestra política económica. Gracias a la política de estabilidad de
los últimos años, las empresas han dispuesto de una base financiera
sólida y holgada para ampliar sus inversiones tanto dentro de nuestro
país como en el exterior. La apertura de la economía española no se
limita ya al incremento del comercio exterior. En sólo cuatro años la
inversión bruta española en el exterior ha pasado de 600.000 millones
de pesetas a casi 8,5 billones, de los que aproximadamente cinco se
destinan a Iberoamérica. Este extraordinario flujo inversor se ha
orientando también, además de a Iberoamérica, a los países de la
Unión Europea. En concreto, en Iberoamérica ya somos el segundo país
inversor del mundo detrás de los Estados Unidos.
Este decreto-ley que hoy presento a la Cámara contiene nuevas medidas
para estimular las actividades de las empresas españolas en el
extranjero a través de sus filiales. Mejoramos el régimen para evitar
la doble imposición internacional, establecemos nuevos incentivos en
el impuesto sobre sociedades y aumentamos las facilidades tributarias
para favorecer el desplazamiento de los trabajadores de empresas
españolas al extranjero. Somos conscientes de que el proceso de
creciente integración de la economía internacional se realiza bajo el
signo de la competencia. Por tanto, es fundamental que las empresas
españolas cuenten con los apoyos necesarios para competir con las
suficientes ventajas. Hasta ahora, la respuesta de la economía
española al desafío de la globalización ha sido positiva. Cada día es
mayor y más importante la presencia de empresas españolas en el mundo
y, sobre todo, lo más significativo es que cada día se incrementa el
número de pequeñas y medianas empresas que se incorporan con fuerza
a los mercados internacionales.
En resumen, señora presidenta, el Gobierno somete a esta Cámara la
convalidación de un decreto-ley de medidas fiscales que en todos los
casos reduce la carga tributaria de los particulares y de las
empresas y que, junto con el resto de las medidas económicas,
aprobadas en el Consejo de Ministros del viernes pasado, dan
consistencia a la estabilidad de la economía española y aportan
nuevos estímulos para el crecimiento de nuestra actividad, de nuestro
producto interior bruto. Damos así cumplimiento a un importante
capítulo de nuestra oferta política y contribuimos a acortar el plazo
que aún nos falta para llegar al pleno empleo, al pleno empleo de
nuestros recursos productivos y al pleno empleo de nuestro trabajo.
Tengo la confianza de que SS.SS. valorarán la transcendencia, la
importancia de este conjunto de medidas fiscales y otorgarán su voto
positivo a la convalidación de este decreto-ley.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Montoro. ¿Turno en
contra? (Pausa.)
En primer lugar, el señor Sevilla, por el Grupo Socialista.
El señor SEVILLA SEGURA: Señora presidenta, señorías, me sigue
sorprendiendo la arbitrariedad con la que supuestos liberales, como
usted, señor Montoro, conciben y practican la acción del Gobierno.
Todo parece reducirse a cambios constantes en el marco normativo, lo
que es especialmente perjudicial en un campo como la fiscalidad. Y
siempre parecen sacarse de la manga la medida concreta que, como el
bálsamo de Fierabrás, resuelve todos los problemas hasta que poco
tiempo después descubren otra medida que cambian por la anterior. El
objetivo declarado de este real decreto es fomentar el ahorro de las
familias, la inversión, la internacionalización de la empresa
española y ayudar a las pymes a entrar en lo que hemos dado en llamar
la nueva economía. ¿Pero no habían hecho esto ya ustedes en la
anterior legislatura? ¿Tanto han cambiado las circunstancias en
apenas dos años como para necesitar cambiar una vez más todas las
normas? Yo creo que, o bien se equivocaron con sus medidas anteriores
y ahora tienen que rectificar, eso sí, sin decirlo, o bien no era
cierto lo que dijeron entonces, o bien no es cierto lo que dicen
ahora.
Ustedes presentaron la reciente reforma del IRPF como necesaria para
fomentar el ahorro de las familias españolas y hoy nos encontramos
con que estamos, según datos del Banco de España, en el nivel más
bajo de ahorro de toda la década. Con su ingeniería tributaria han
fomentado el consumo cuando querían fomentar el ahorro; no es pequeño
el error. Presentan ahora nuevas medidas supuestamente destinadas a
fomentar el ahorro, que es tanto como decir a desincentivar el
consumo y con él la demanda privada interna para dar más estabilidad
y continuidad. ¿Pero realmente van a conseguir, ahora y con estas
medidas, fomentar el ahorro? Es tal la desproporción existente entre
la pretensión del preámbulo y de su intervención hoy aquí, señor
Montoro, y los instrumentos puestos en este decreto-ley para
conseguirlo, que mucho me temo que estas medidas van a tener sobre el
ahorro privado el mismo éxito que las anteriores: cero.
Usted sabe, como académico, que es más que discutible la influencia
de la fiscalidad sobre las decisiones de ahorro de los particulares.
La fiscalidad diferencial
puede influir a la hora de canalizar el ahorro a través de unos u
otros instrumentos, pero es poco relevante a la hora de determinar el
volumen total de ahorro privado, mucho más influido por la renta y
las expectativas de los individuos y las familias. Pero, aún
aceptando -en contra de la evidencia de la situación española- que
este arbitrismo fiscal pudiera influir sobre las decisiones privadas
de ahorro, ¿de verdad cree usted y quiere hacernos creer que las
medidas aquí propuestas tienen la envergadura suficiente como para
conseguirlo? Yo creo que no y que ni usted se lo puede creer. Pero si
no es para fomentar el ahorro, ¿qué sentido tienen? Por una parte,
rebajan la tributación de las plusvalías y acortan de dos a un año el
plazo de tenencia de los bienes para que dicha rebaja sea efectiva,
es decir, donde antes obligaban a tener el ahorro durante dos años
para beneficiarse de una tributación ciertamente excepcional, ahora
basta con uno. No parece que esta medida fomente precisamente el
ahorro estable, a primera vista más bien parece lo contrario, que lo
que se fomenta es el consumo anual de lo ahorrado. Además, donde
antes se tributaba al 20 ahora es al 18, es decir, un mayor incentivo
a realizar la plusvalía de lo ahorrado y consumirlo en poco más de un
ejercicio. Curioso concepto el que tienen respecto a lo que significa
el fomento del ahorro, especialmente el relevante, el de medio y
largo plazo. Señorías, con estas medidas perseveran en la dirección
equivocada de separar la tributación de las rentas de patrimonio de
las procedentes del trabajo personal.
Mi grupo parlamentario se opuso en su momento, y se sigue oponiendo,
a la ruptura que ustedes introdujeron en el tratamiento fiscal de la
renta según su origen o procedencia. No encontramos ninguna razón por
la cual dos ciudadanos, con los mismos ingresos y la misma situación
familiar, paguen distinto tipo impositivo según sus rentas procedan
del trabajo o de la realización de plusvalías, y cuando además paga
menos el que las obtiene mediante plusvalías, están ustedes lanzando
un mensaje peligroso que parece decir que se castiga el trabajo y se
premia al rentista. No nos parece que ese sea un buen sistema
tributario. Pondré dos ejemplos para que se entienda mejor. Dos
contribuyentes que ingresen tres millones de pesetas cada uno, en un
caso como sueldo y en el otro como ganancia patrimonial, el primero
contribuye al fisco con 20.000 pesetas más; si en lugar de tres
millones ponemos cinco, la diferencia pasa a ser de más de 200.000
pesetas; y así sucesivamente.En realidad, si queda tal como ustedes
lo proponen ahora, pueden llegar a producir un cambio revolucionario
en nuestro sistema de retribuciones, ya que muchos trabajadores van a
preferir cobrar en forma de participaciones accionariales, con
revalorización asegurada, antes que en forma de sueldo, ya que de
esta manera pagarán menos impuestos. Además, al separar la
tributación según el origen de la renta, están vulnerando el
principio constitucional de que todos contribuyen
a las cargas generales en función de su capacidad de pago y sus
circunstancias personales. ¿O es que creen que las plusvalías no
afectan a la capacidad de pago de los contribuyentes y sólo lo hacen
las rentas del trabajo?
Por estas y otras consideraciones, mi grupo presentó dos recursos de
inconstitucionalidad, admitidos a trámite, a su anterior regulación
de las ganancias y pérdidas patrimoniales. Pues bien, la actual
propuesta no hace sino reforzar las causas de inconstitucionalidad
alegadas en su momento, pues la desigualdad de tratamiento fiscal
entre estas y otras rentas es ahora menos justificable, desde el
punto de vista de otorgar un tratamiento favorable a las ganancias a
largo plazo. En realidad, ahora queda más claro que antes que ustedes
simplemente quieren que las ganancias de capital tributen menos que
las procedentes del trabajo. No fomentar el ahorro, sino que aquellos
que tienen capacidad de ahorro paguen menos impuestos por las
plusvalías generadas por el mismo.
La segunda medida de supuesto fomento del ahorro consiste en lo que
han presentado como planes de pensiones para amas de casa; planes de
pensiones privados, por supuesto. Ahí se plantea algún problema
interesante que paso a comentar. O yo lo he entendido mal o ustedes
han redactado de tal manera el decreto que no queda claro si una ama
de casa que no perciba ninguna retribución externa al trabajo que
realiza en su casa se puede acoger o no a este decreto. En el
preámbulo dicen una cosa y en el articulado parecen decir otra. Si
aceptamos el supuesto de que no hace falta percibir retribuciones por
el trabajo personal fuera del domicilio familiar, se plantea otro
problema y es que esa medida vulnera los principios constitutivos de
nuestro sistema de pensiones, que concibe las prestaciones privadas
con derecho a desgravación fiscal sólo como complementarias a las del
sistema público. Si no hay trabajo retribuido fuera de casa, no hay
cotización a la Seguridad Social, y ustedes nos están metiendo en un
serio problema. En ese sentido, anuncio ya la intención de mi grupo
de presentar en el marco de la Comisión no permanente sobre el Pacto
de Toledo una propuesta para que las amas y amos de casa puedan
efectuar una contribución especial a la Seguridad Social con derecho
a prestaciones de jubilación. Esa nos parece una medida mucho más
efectiva y adecuada a la realidad sociológica de nuestro país que la
que ustedes presentan hoy aquí, que claramente beneficia más a
quienes más capacidad de ingresos tienen y, por tanto, más capacidad
de ahorro que colocar en un plan de pensiones para el cónyuge con
menos ingresos o sin ingresos, según nos explique usted.
Terminaré este apartado del decreto señalando que con las elevaciones
que establecen para los coeficientes reductores de los rendimientos
derivados del seguro de vida han conseguido ya que estos productos
sean cualquier cosa menos un seguro de vida. En realidad,
con su política se han transformado en un mecanismo de ahorro
prácticamente sin tributación, al que, eso sí, sólo accede quien por
su nivel de ingresos tiene capacidad de ahorro suficiente.
En definitiva, señorías, no se ahorrará más después de aprobar estas
medidas fiscales ni como consecuencia de las mismas. Simplemente
quienes ahorran, pagarán menos impuestos por las ganancias de dicho
ahorro. Esa es, en esencia, la realidad que refleja la propuesta que
hoy traen aquí. Por cierto, señor Montoro, ¿por qué se han plegado a
la presión de la banca y no han permitido la movilidad en los fondos
de inversión sin penalización fiscal, que sí hubiera sido una medida
positiva y sobre la que anuncio ya que mi grupo ha presentado una
iniciativa? Sería interesante que lo explicara.
El decreto-ley que hoy debatimos tiene otra parte -en esa afición a
hacer caleidoscopios legislativos que les ha entrado- relacionada con
las pequeñas y medianas empresas y el fomento a la introducción y uso
de las nuevas tecnologías por parte de las mismas. A pesar de que se
trata de una nueva vuelta de tuerca, incentivos fiscales en gran
parte ya existentes y una pequeña ampliación a otros, su necesidad
nos parece evidente a la luz de una encuesta realizada por el INE
sobre el uso de las nuevas tecnologías por parte de nuestro tejido
industrial, y especialmente por aquellas empresas con menos de 50
trabajadores. Nos parece necesario poner en marcha un conjunto de
medidas y líneas de apoyo a la innovación, especialmente en el
segmento de pequeñas y medianas empresas españolas. Sin embargo,
comparado con la magnitud del desafío, las medidas propuestas son
parciales y tímidas, hasta el punto que usted mismo ha anunciado que
dentro de poco tendrán que hacer otras, y mucho nos tememos que su
impacto real sea mínimo respecto al objetivo previsto. En primer
lugar, porque quizá convendría diferenciar entre empresas
industriales y el resto, ya que las primeras tienen unos volúmenes de
facturación y unas necesidades de inversión superiores, dadas las
propias características de sus procesos. En segundo lugar, porque un
programa de fomento de la innovación, si es eso lo que realmente se
pretende, debe contemplar un conjunto más amplio de medidas, que
integre aspectos tanto internos como del entorno; unas medidas que
deben incluir incentivos fiscales junto a otro grupo de políticas
dentro de un programa integral. El objetivo de incorporar a nuestra
economía la llamada sociedad de la información y la necesidad de
poner en funcionamiento una batería de instrumentos de fomento de las
nuevas tecnologías en las pymes, requeriría la exigencia de un marco
global diferente al actual y de programas específicos y horizontales
más amplios que lo que aquí se propone de manera aislada.
Las conclusiones del Consejo de Lisboa obligan a los Estados miembros
a elaborar un programa de desarrollo de la llamada nueva economía, en
el que el
fomento de la iniciativa empresarial dentro del campo de las nuevas
tecnologías, la incorporación de las mismas a las empresas existentes
y la inversión en capital humano constituyen campos preferentes de
actuación que deben abordarse de manera integrada y definiendo la
complementariedad de las actuaciones. Nada de esto figura aquí y, por
tanto, aunque la intención sea loable y las medidas propuestas vayan
en la dirección adecuada, faltan otras muchas que no pueden
elaborarse de manera parcial sin que el juicio sobre las mismas esté
sesgado por incompleto.
Señorías, permítanme un breve comentario más sobre las medidas
contempladas en este decreto-ley, a cuya mejora contribuiremos si se
tramita como proyecto de ley, cosa que solicito ya en estos momentos.
Me refiero al continuo proceso de destrucción del impuesto sobre el
patrimonio que ustedes han iniciado y al que dan una nueva puntilla
en este decreto-ley. Cada vez más su modelo tributario camina en la
dirección de gravar a quienes trabajan y quieren formar un patrimonio
y eximir a quienes ya tienen dicho patrimonio constituido. Con el
sistema fiscal que están diseñando, dicho en términos coloquiales,
hay que pagar muchos impuestos para llegar a rico, pero cuando ya se
es rico, no se pagan impuestos por casi nada.
Señora presidenta, señor Montoro, no puedo concluir mi intervención
sin mencionar, como he hecho en el anterior debate, la crítica
profunda que expresa mi grupo parlamentario al uso y abuso del
decreto-ley por parte del Gobierno, de forma especial en materia
tributaria, donde la doctrina es todavía más clara y contundente a la
hora de desaconsejarlo y, sobre todo, ante medidas que entrarán en
vigor en el próximo ejercicio tributario, es decir, con tiempo
suficiente como para debatirlo de manera adecuada en la Cámara. Las
razones incluidas en el preámbulo del decreto-ley para justificarlo
encierran argumentos cuanto menos curiosos. Por ejemplo, se defiende
la urgencia en términos de no paralizar inversiones, cuando la
realidad es que dicho decreto-ley va a provocar precisamente ese
efecto: quien pueda hacerlo, se esperará al año que viene para
acogerse a las nuevas medidas que aquí se prevén. Tampoco aquí
encontramos razones de urgente necesidad para que las medidas
propuestas adopten una forma tan contraria a los usos normales de una
democracia, como es el decreto-ley, cuando además la jurisprudencia
ha dejado claro que dichos defectos no se subsanan aunque se tramite
posteriormente como proyecto de ley.
Señorías, resumiendo la posición del Grupo Socialista sobre el
presente decreto-ley, discrepamos del procedimiento adoptado,
consideramos inconstitucional una parte del mismo y claramente
insuficiente y parcial el resto; motivos todos ellos suficientes para
justificar nuestra oposición al mismo y nuestro voto negativo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, no consumiré mucho tiempo en esta intervención de
rechazo del real decreto defendido por su Ministerio. Los argumentos
son fundamentalmente los mismos que he utilizado en la intervención
anterior y, por tanto, me ahorraré una buena parte de ellos.
En la introducción de este real decreto me ha llamado la atención un
nuevo argumento para justificar su presentación por este trámite, que
es un trámite excepcional y de urgencia, como usted sabe. El
argumento del señor Rato -que creía que era el argumento del conjunto
del Gobierno- era el de la contundencia de las medidas -nuevo
argumento en derecho constitucional-, pero me ha sorprendido que el
argumento cambie en el Ministerio de Hacienda y se convierta en el de
la inseguridad, eso sí de la inseguridad de los agentes económicos,
que necesitan saber ya que las medidas se van a tomar y que no pueden
esperar a la Ley de acompañamiento de los presupuestos; que se van a
tomar ya, y que van a tener ya eficacia relativa, porque muchas de
ellas tendrán eficacia el próximo año. Pero es curioso el argumento
de la inseguridad, porque por lo menos podían haber tenido en cuenta
que la misma inseguridad pueden tener los parlamentarios de esta
Cámara. A mí me parece que ustedes, por responder a una inseguridad
-que en todo caso no es tal, porque muchas de estas medidas
adquirirán eficacia el próximo año-, están cuestionando la seguridad
jurídica de los parlamentarios de esta Cámara, porque presentan esta
iniciativa legislativa sin ningún argumento. Otras iniciativas
legislativas podían tener el argumento, aunque no expreso, de
responder a la situación -que se les ha ido de las manos- de la
inflación o a las demandas sociales en relación con esa inflación.
Pero en este caso, no somos capaces de ver cuál es la razón para
considerar esta iniciativa como una iniciativa de urgencia, de
carácter excepcional, que motive la utilización del real decreto.
Además, no podemos decir que esta iniciativa no haya estado en su
compromiso electoral y que no haya estado en la comparecencia del
actual presidente del Gobierno en la sesión de investidura. Estaba en
su compromiso electoral y estaba en esa comparecencia, lo que ocurre
es que estaba más equilibrada quizás. Tal vez lo que ustedes han
dicho a los españoles y lo que dijeron ante este Parlamento fue que
estas medidas eran parte de un conjunto de medidas -y no es la
primera vez- que tenían que ver no solamente con el ahorro de los que
tienen capacidad de ahorro, es decir, con las plusvalías, sino que
también tienen que ver con la renta de los que obtienen su renta a
través de un salario. Decía el señor Aznar en la sesión de
investidura: Nos proponemos avanzar en la reforma del impuesto sobre
la renta, con una rebaja adicional de los tipos impositivos, un mejor
tratamiento fiscal a las familias e incentivos más favorables al
ahorro. Está claro que este conjunto de medidas, que no compartimos,
eran aparentemente equilibradas; respondían a demandas, que pueden
existir en sectores sociales, en relación a sus salarios y a los
impuestos sobre los salarios, en relación a los impuestos sobre el
ahorro, a las plusvalías, etcétera. Pero ustedes presentan ante esta
Cámara una iniciativa mucho más parcial, y por ello mucho más
representativa de su filosofía fiscal. Presentan ustedes antes esta
Cámara una iniciativa que -dicho en roman paladino- significa que los
que más tienen y los que obtienen sus rentas como rentas de capital
van a ser mejor tratados -digo mejor tratados- por la Hacienda
pública, porque en estos momentos, y merced a la reforma del sistema
fiscal que ustedes han llevado a cabo en la legislatura pasada, ya
son muy bien tratados.
Ustedes han segregado el impuesto de plusvalías del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, haciendo que esta parte del impuesto
no sea progresiva sino proporcional y que tenga un tipo del 20 por
ciento. Pues bien, no contentos con que haya una clara discriminación
en relación al impuesto sobre la renta de las personas físicas, de
los asalariados, ahora rebajan aún más los impuestos sobre las
plusvalías con un tipo del 18 por ciento y un período de tiempo menor
al que existía con anterioridad. Esta es una de las medidas
claramente desequilibradas, como ven, y que favorecen únicamente a
aquellos que tienen plusvalías en relación al conjunto de los
ciudadanos. Digo esto, porque como usted va a venir aquí con la
típica cantinela de que nosotros queremos más impuestos, para que vea
que nosotros queremos otro reparto de los impuestos, no su reparto de
los impuestos que, como ven, está favoreciendo en este caso concreto
a determinados niveles de renta que no son los de la mayoría de los
ciudadanos de este país.
Por si no fuera poco, además de ese desequilibrio, presentan ustedes
propuestas que benefician a los fondos de pensiones. Aquí tengo que
recordar de nuevo sus ofertas de diálogo, tanto en la sesión de
investidura como en relación a los agentes sociales. Tengo que
recordarles que ustedes en la sesión de investidura incluían esta
iniciativa como una de las cuestiones fundamentales a negociar en el
Pacto de Toledo y, sin embargo, a pesar de ello, ustedes la segregan
de dicho pacto y la hacen al margen del diálogo y de la negociación
social.
Decían ustedes que el método de trabajo para la negociación del Pacto
de Toledo iba a seguir siendo el diálogo social. Decían ustedes que
ya habían iniciado los contactos con los agentes sociales, pero para
avanzar al ritmo que todos queremos, antes de que acabe este año
habrá que adoptar medidas que ayuden a la creación de empleo, a la
reducción de la temporalidad
y a otras iniciativas que, en definitiva, junto con las medidas a que
me he referido, estaban incluidas en esa negociación del Pacto de
Toledo. Decían ustedes: revisión del sistema de prejubilaciones,
mejora de las pensiones más bajas, de las de viudedad, posibilidad de
retrasar voluntariamente la edad de jubilación y desarrollo
y extensión -y aquí viene la cuestión- de los sistemas complementarios
de previsión social, que ustedes incluían en la oferta de diálogo del
Pacto de Toledo. Parece ser que esa oferta de diálogo tampoco va a
incluir esta materia, tampoco va a ser lo que ustedes decían en la
sesión de investidura. Por lo tanto, no solamente hay inseguridad
jurídica para la Cámara, no solamente hay desequilibrio a favor de
las rentas del capital, sino, además, confrontación con la política
de diálogo anunciada al principio de la legislatura. Además ustedes,
por si no fuera poco, toman nuevas medidas en relación al impuesto de
sociedades, en relación al impuesto de patrimonio, como se ve todas
ellas dirigidas a aquellos niveles de renta importantes en la vida
social y cultural de este país, no, en general, a los niveles de
renta de la mayor parte de los ciudadanos.
Por último, quería hacer referencia a las medidas fiscales que prevén
para favorecer la internacionalización, para favorecer el nivel
tecnológico y, en definitiva, para favorecer a la pequeña y mediana
empresa. En primer lugar, nosotros no compartimos que la forma de
apoyar y favorecer a la pequeña y mediana empresa sea continuar con
una regresión fiscal en relación a lo que es la fiscalidad de las
empresas. Estas medidas van en el mismo sentido que las anteriores,
adoptadas a lo largo de la pasada legislatura. El conjunto de estas
medidas tiene un coste fiscal para los españoles que creemos no
compensa el beneficio que pueden obtener y sobre todo no compensa el
beneficio en materia de empleo o en materia de equilibrio social y
territorial. Nosotros preferiríamos que este tipo de iniciativas de
apoyo a la pequeña y mediana empresa se centrase básicamente en la
política sectorial, es decir, favoreciese a aquellas pequeñas y
medianas empresas que tienen capacidad de arrastre en la economía
nacional, que tienen capacidad de creación de empleo, que favorecen
el equilibrio territorial y que favorecen también un desarrollo
sostenible en materia de medio ambiente. Este modelo de apoyo a la
pequeña y mediana empresa no nos parece el más adecuado, toda vez que
el nivel de fiscalidad de nuestra pequeña y mediana empresa en estos
momentos es comparable al del resto de la Unión Europea y no necesita
nuevos sistemas de incentivos a través de beneficios fiscales.
En definitiva, señorías, somos contrarios al método, que significa la
presentación de este real decreto no urgente ante esta Cámara, somos
contrarios al contenido de las medidas, porque están desequilibradas
para el conjunto de los ciudadanos a favor de un determinado nivel de
renta, no son para la mayoría, y por último, creemos que estas
medidas niegan de forma clara el
diálogo social en el marco del Pacto de Toledo y el diálogo social en
general de que tanto ha hecho gala el Gobierno al inicio de esta
legislatura.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señorías, en primer lugar, les agradezco el tono de sus
intervenciones, aunque he de reconocer que francamente no he
entendido muy bien por qué presentan este voto en contra.
El señor Sevilla, califica la acción de Gobierno de arbitrismo. Yo
creo que es la primera vez que este portavoz está en los escaños y
sabrá que gobernar es aplicar programas políticos y electorales, y
todo lo que yo he traído esta mañana a la Cámara está en nuestro
programa electoral y es consecuencia del desarrollo de las
actuaciones que en materia fiscal se adoptaron en la anterior
legislatura.
Yo comprendo que a algunos miembros del Grupo Socialista esto de ser
coherente les llame la atención, lo puedo comprender, sobre todo en
la situación que están viviendo, pero les rogaría que no confundan la
definición y distingan entre lo que es una acción de un Gobierno que
aplica su programa -insisto, señorías, aplica estricta y
rigurosamente su programa- con lo que son decisiones de carácter más
o menos arbitrario o diferentes o rectificaciones en relación con el
pasado, porque, como S.S. ha reconocido, en la legislatura pasada -y
yo lo he señalado en mi discurso introductorio- se inauguró una forma
de tratamiento diferente de las ganancias y pérdidas patrimoniales en
el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Efectivamente, el Gobierno del Partido Popular, a las pocas semanas
de haber llegado a esa condición de Gobierno, tomó un grupo de
medidas, mediante un decreto-ley, en junio del año 1996, y las
medidas que traigo hoy a la Cámara en relación con ese nuevo
tratamiento son prolongación de las anteriores, prolongación, en
definitiva, del modelo de impuesto sobre la renta de las personas
físicas que queremos que esté plenamente vigente a finales de esta
legislatura. Lo que hacemos con este tratamiento fiscal de las
variaciones patrimoniales es acercarlo al tratamiento que ese tipo de
ganancias patrimoniales recibe en prácticamente todos los países de
la Unión Europea, en todos los países desarrollados del mundo. Eso es
lo que hacemos, señoría, y eso es lo que usted llama tratamiento
diferente de categoría de rentas que merece el título de
inconstitucional. Yo le pediría que actualizara sus argumentos
porque, con el paso que damos esta mañana, España todavía no ha
llegado a dar el mismo tratamiento a esas variaciones patrimoniales
que el que reciben
todos los países desarrollados del mundo, y cuando eso ocurre en
todos los países desarrollados del mundo será por algo en relación a
los efectos económicos que ello genera. Efectivamente, la fiscalidad
incide sobre la formación de ahorro de un país, incide sobre la
formación de ahorro de las familias en ese país e incide sobre los
canales, los instrumentos donde se materializa el ahorro en ese país.
La experiencia de la anterior legislatura constata que se producen
unos efectos positivos sobre el ahorro, que ha evolucionado en
nuestro país hacia formas más de medio y largo plazo, como lo
demuestra el éxito de las instituciones de inversión colectiva, el
éxito más reciente de los seguros de vida y también el éxito, que
cada vez va siendo más importante, de los planes y fondos de
pensiones. Eso es lo que está ocurriendo en la formación del ahorro
de los españoles.
Cuando el portavoz socialista sube a esta tribuna para recordar, con
fuente del Banco de España, que el ahorro ha caído, de los amplios
conocimientos teóricos que posee el señor Sevilla yo deduzco que está
manejando con propiedad ese concepto y que está hablando del ahorro
financiero neto. Es decir, que ahora ha bajado el ahorro de las
familias porque más de 500.000 familias en España -y le puedo dar el
dato exacto, de acuerdo con el registro de hipotecas- se hipotecaron
el año pasado. Fueron unas 540.000 hipotecas las que se hicieron el
año pasado. Para eso se endeudan y, obviamente, su ahorro neto
desciende. Pero lo que están haciendo esas familias al comprar una
vivienda es constituir un patrimonio a largo plazo, que es lo que
tienen que hacer, y es muy conveniente que lo hagan para el propio
crecimiento económico por la actividad y el empleo que generan y
porque están renunciando a consumos de presente a cambio de la
formación de un patrimonio de futuro. Eso es lo que está ocurriendo
en España, señor Sevilla, porque las familias tienen más renta
disponible, más empleo, más seguridad y más confianza en su futuro.
No es tan difícil de entender ese argumento porque se deduce
prácticamente de la interpretación correcta de la lectura de la
cuenta financiera de la economía española. No es tan difícil entender
que no estamos ante una explosión del consumo como pudo haberla en
los tiempos pasados. En definitiva, en nuestro país se está aplicando
un nuevo modelo de crecimiento económico, donde el ahorro nacional es
fundamental como pilar, como fuente de ese crecimiento económico que
tenemos que prolongar en esta legislatura, y ése es el propósito del
Gobierno. Francamente, ustedes vayan por la senda que quieran y
recurran a las instancias pertinentes.
En el argumento técnico de lo que se llama las pensiones de amas de
casa me ha vuelto a sorprender, si me permite que se lo diga con toda
sencillez desde esta tribuna. Señor Sevilla, el argumento de que en
la base del impuesto sobre la renta es deducible la aportación para
hacerlo equivalente a las cotizaciones a la Seguridad Social es para
nota en cuanto a la discriminación
que genera. Es mucho más sencillo que eso, señor Sevilla, permítame
que se lo explique. La desgravación fiscal corresponde, en
definitiva, a una renta que se va a generar en el futuro y se permite
la deducción de base imponible en los ejercicios presentes a cambio
de que esas rentas se bajen en el futuro, igual que se hace con el
sistema público, con las cotizaciones obligatorias a la Seguridad
Social.
Cuando estamos abriendo una nueva categoría de formación de pensiones
en nuestro país, a partir de lo que será su desarrollo, el Grupo
Socialista tendrá que explicar que en su día se opuso a que haya
cientos de miles de nuevas pensionistas en España, que en su día se
opuso a que personas que tienen una renta baja o que no tienen
ninguna renta, a partir de la fuente de renta principal que entra en
esa casa, generen su propio plan de pensiones. A eso es a lo que se
está oponiendo el Grupo Socialista. Tendrán que explicarles a esos
cientos de miles de contribuyentes que pueden generar ese ahorro en
el futuro cuál es el sentido de esa oposición y cómo se hace el
legítimo -eso sí- ejercicio de oposición política. La oposición está
para oponerse al Gobierno con razones, con fundamentos, no para
oponerse sin más porque entienda que esa medida va a favorecer a la
gran mayoría de los ciudadanos y, además, en estricto cumplimiento
-como recordaba el portavoz de Izquierda Unida- de nuestro programa
electoral, donde esta figura estaba contemplada.
Acabo este capítulo de plusvalías insistiendo en un argumento que
siempre nos acaba separando, que es el de la coherencia en los
programas políticos. Si el Grupo Socialista está en contra de este
sistema de tributación de plusvalías, lo que tiene que hacer es
llevarlo a su programa político y explicar a los ciudadanos españoles
que ahorran, que son millones, si llega al Gobierno, qué va a hacer
con ese tratamiento fiscal de la plusvalía. Es lo que tiene que
explicarnos el Grupo Socialista y no decir que no les gusta este
tratamiento; tiene que explicarnos cuáles son sus ofertas en esta
materia, porque luego llegan los compromisos electorales y entonces
el líder socialista de turno dice aquello de que el Gobierno hizo
algunas cosas bien, como fue bajar la tarifa del impuesto sobre la
renta de las personas físicas y que un potencial gobierno socialista
no las tocaría. Este argumento es el que se exhibió en las elecciones
del 12 de marzo y yo le pido que cuando un portavoz socialista ocupe
esta tribuna explique cuál es su oferta fiscal alternativa a la del
Gobierno, aparte de que nos explique que está en contra del Gobierno,
que eso ya es de suponer.
En cuanto a la movilidad de fondos, me han llamado poderosamente la
atención -reconociendo el carácter técnico que tiene el portavoz del
Grupo Socialista- las palabras del portavoz del Grupo Socialista.
Dice que favorecer la movilidad de fondos es más importante que lo
que este ministro ha traído a esta tribuna en materia de cambio de
plusvalías. Es decir, que iguala la
facilidad de intercambiar entre fondos no pagando una retención,
porque significa no pagar una retención, a un cambio del impuesto
para bajarlo. Lo que hemos traído a esta tribuna, señor Sevilla, es
una bajada del impuesto para los partícipes de los fondos de
inversión, eso es lo que hemos traído a esta tribuna. Eso no se puede
comparar con otro tipo de medidas. Por cierto, que no tienen tanto
alcance ni nada que ver con lo que ofrecen determinados sectores
económicos en nuestro país, con lo que les preocupa o no les
preocupa. Lo que está ocurriendo es que en el año 1999 se movió en
España la mitad del volumen de fondos de inversión, ello es expresión
de que hay movilidad entre los fondos de inversión. Estoy hablando
prácticamente de una movilidad que el año pasado afectó a cinco
millones y medio de contribuyentes, señorías; estamos hablando de
volúmenes muy importantes de movilidad. Y puedo decirles que este
año, por los datos que tenemos sobre recaudación tributaria, todavía
la movilidad entre fondos es superior. Lo que está haciendo el
Gobierno es cambiar el régimen fiscal de esos fondos, precisamente
para dar más estabilidad a los propios fondos, permitir que se ahorre
a medio y largo plazo en nuestro país y, a partir de ahí, que ese
ahorro sirva para el crecimiento económico y la creación de empleo.
En cuanto a los otros grandes ejes del decreto-ley, ya he oído que el
portavoz del Grupo Socialista dice que no es que no les guste lo que
vamos a hacer con las pequeñas y medianas empresas, es que les parece
insuficiente. Ya estamos con el argumento de siempre. Está muy bien
que les parezca insuficiente. Lo que tiene que hacer el Gobierno es
perfeccionar el sistema tributario y los condicionamientos
financieros y fiscales de nuestra pequeña y mediana empresa. Me
alegro de que el Partido Socialista por fin descubra que la pequeña y
mediana empresa es el motor del crecimiento económico y de la
creación de empleo en nuestro país. Por lo demás, ni siquiera le he
oído mencionar las medidas fiscales de internacionalización de
nuestras empresas con motivo de la valoración, por lo cual supongo
que sí les gustan y no han sido objeto de crítica alguna porque ni
siquiera las ha mencionado, siendo como son importantes para esa
movilidad internacional de nuestras empresas y para favorecer su
desarrollo.
Señor Llamazares, el argumento económico de fondo lo ha explicado
perfectamente el vicepresidente segundo del Gobierno. Lo que pretende
el Gobierno, a través de lo que llamamos también favorecer el ahorro,
es permitir que se financie la recuperación económica a más largo
plazo. Ese es el argumento económico que justifica la entrada en
vigor de medidas como las que traigo aquí, que son importantes
precisamente para dar certidumbre a esos mercados financieros y para
dar a los ahorradores esa certidumbre en cuanto a dónde pueden
y deben conducir sus ahorros, buscando siempre el medio y largo plazo.
Por parte del Gobierno no existe otra intención que no sea la del
desarrollo del punto 14 del Pacto de Toledo en materia de previsión
social complementaria, quiero dejarlo claramente expresado en esta
comparecencia. Lo único que hacemos es desarrollar el punto 14 del
vigente acuerdo de Pacto de Toledo, porque el acuerdo sigue vigente y
lo que trata ahora la Cámara es precisamente de su futuro y de su
renovación. Es intención del Gobierno completar los aspectos en
materia de previsión social complementaria que podemos desarrollar
para que cada vez haya más españoles que, a través de la desgravación
fiscal, accedan a esa pensión complementaria del sistema público que
significan los planes y fondos de pensiones en sus diferentes
variantes.
El señor Llamazares no ha entendido lo que estamos haciendo en el
impuesto sobre el patrimonio, porque no entiendo justificada esa
crítica que ha hecho. Señorías, lo que hemos hecho en el impuesto
sobre el patrimonio es nada menos que sacar a la gran masa de
contribuyentes que están sujetos a este impuesto por tener una
vivienda, y la vivienda media declarada en el impuesto está en torno
a 23 millones de pesetas. Lo que estamos haciendo es favorecer a esos
millones de contribuyentes que hoy están sujetos al impuesto sobre el
patrimonio por el hecho de tener esa vivienda. Es una medida de
amplio calado social y equilibrada en lo que va a ser el diseño y
aplicación de nuestro sistema impositivo.
La crítica de Izquierda Unida al tratamiento fiscal de la pequeña y
mediana empresa la doy por subsumida, obviamente. Su señoría, en
coherencia con el planteamiento político de su grupo, no reconoce la
importancia económica y social que tiene la pequeña y mediana
empresa, pero es cuestión de planteamiento político.
Acabo esta primera intervención con aquello que los portavoces de los
que han sostenido el voto en contra estaban suponiendo. Señorías, lo
que traigo a la Cámara es una bajada de los impuestos. Oponerse a esa
bajada es apostar por que en España haya una mayor presión fiscal
sobre los contribuyentes.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-Un señor diputado: Te
vas a condenar, Montoro.-La señora Cunillera i Mestres: No, que se
confiesa.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Montoro.
Señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, le recomiendo también que escuche lo que decimos y no
lo que usted quiere oír.
Si todo iba tan bien, ¿para qué cambiar? Si todo iba tan bien y todas
las medidas que ustedes habían adoptado, incrementado el ahorro en la
economía española y todo funciona muy bien, ¿por qué cambiar? Algo
habrán hecho mal o algo necesitaremos hacer de nuevo. Arbitrismo no
es arbitrariedad, y si quiere le paso las
definiciones del diccionario de la Real Academia. Si usted dice que
esto es la aplicación de su programa electoral es que ustedes tienen
un programa electoral arbitrista. ¡Qué le vamos a hacer! Ustedes
conciben que mediante la ingeniería fiscal de: aquí retoco un
poquito, allá subo y allá bajo, se resuelven todos los problemas; esa
es una concepción arbitrista y equivocada, desde mi punto de vista.
Señor Montoro, el tema de los planes de pensiones no lo ha entendido.
Seré más cortés, no me habré explicado bien. Lo que digo es que el
derecho a la desgravación fiscal por un plan privado de pensiones es
complementario del sistema público y, por tanto, sólo puede acogerse
a él alguien que perciba ingresos fuera de casa, en cuyo caso no es
un plan de pensiones para amas de casa que no trabajen fuera de su
casa, o ustedes están vulnerando uno de los principios esenciales
constitutivos de nuestro sistema de pensiones. Así de claro: o lo uno
o lo otro. Convendría que lo aclaráramos, porque con la redacción que
ustedes le han dado a este decreto, admite las dos interpretaciones
al decir que los ingresos a percibir tendrán que ser inferiores a un
millón. ¿Esto qué quiere decir, que pueden ser cero? Si son cero, es
decir, si no se perciben ingresos por trabajo fuera de casa, no se
cotiza a la Seguridad Social y, por tanto, el plan privado de pensión
no es complementario de nada, con lo que es discutible que tenga
derecho a desgravación fiscal. Señor Montoro, las leyes están así.
Usted las conocerá o no, le gustarán o no, pero lo cierto es que es
así.
Usted dice que estas medidas son prolongación de las anteriores;
claro, por eso nos oponemos. Nos opusimos a las anteriores, nos
tenemos que oponer a éstas. Dice también que nos aproxima a los
países de la Unión Europea; usted citará a unos en los que sí, pero
yo le podría citar otros en los que no. Me preocuparía más correr
mucho en aproximarnos a los países de la Unión Europea en gasto
social con relación al PIB, al nivel de renta per cápita. Me
interesaría más correr por ahí que por el tratamiento de la
fiscalidad de las plusvalías. Pero el problema ya no es si nos
acercamos o no al resto de países europeos, sino si es
constitucional, si está de acuerdo con nuestra Constitución. Yo
pienso que no; ustedes piensan que sí y el Tribunal Constitucional
decidirá.
El análisis que usted hace sobre el efecto en el ahorro de las
medidas tomadas es, cuando menos, curioso. Si no le gusta el informe
del Banco de España, le cito otro, un informe menos reciente, de la
Caixa de Pensiones de Cataluña, pero con el mismo resultado: estamos
en el nivel de ahorro familiar más bajo de la década. No me diga que
los fondos de inversión han subido. ¡Claro! Y los depósitos en los
bancos han bajado porque han caído los tipos de interés y el ahorro
se ha canalizado a través de otros instrumentos. Pero eso no
significa que el volumen total de ahorro, que se supone que es lo que
usted persigue, se haya modificado, sino
que está en el nivel más bajo de la década, entre otras cosas porque
también se ve en las cuentas financieras un problema preocupante que
tiene que ver con lo que usted decía sobre la vivienda, que es el
crecimiento que se está dando al crédito a los particulares, hasta el
punto de que el Banco de España ha tenido que tomar medidas de cara a
la eventual morosidad que pueda surgir con esos créditos. Y si se
financia a crédito no se financia con ahorro. O lo uno o lo otro,
pero las dos cosas es un poco complicado. ¿Qué tiene que ver la
tarifa del IRPF con la determinación de la base y con la ruptura que
ustedes introducen en el tratamiento fiscal de las rentas, según
procedan de un lado o de otro? Yo no veo qué tiene que ver, no veo
qué tiene que ver que nosotros hayamos dicho que mantendríamos la
actual tarifa del impuesto con que discrepemos profundamente respecto
al cálculo de la base y con que discrepemos profundamente respecto
a que las rentas que proceden del capital tributen menos que las rentas
que proceden del trabajo. Y como lo ha dicho varias veces desde el
poco tiempo que es ministro, señor Montoro, esta misma tarde le
enviaré una copia del programa electoral del Partido Socialista y así
tendrá ocasión de conocer cuál es esa alternativa que permanentemente
nos reclama.
Sobre las pymes, yo no he trabajado en la CEOE. Hice mi tesina en el
año 1978 sobre la pequeña y la mediana empresa. No la he descubierto
ahora. El Gobierno socialista, durante 14 años, adoptó medidas a
favor de las pymes. El problema no es si las hemos o no descubierto
ahora. El problema es que lo que ustedes presentan aquí es
incompleto, parcial y contrario al programa que se demanda en las
conclusiones de la cumbre de Lisboa. Ese es el problema: que ustedes
están haciendo política cortando el salchichón a rodajas y así no hay
forma de hacer políticas coherentes en temas como el fomento de la
innovación y de la actividad en las pequeñas y medianas empresas.
En cuanto a la movilidad de los fondos, yo acepto las cifras que
usted ha dado de los cinco millones de partícipes que se han movido,
el problema son los otros 15 que no lo han hecho. Pero no me interesa
tanto eso, me interesa el porqué, al parecer, ustedes en un momento
determinado estuvieron contemplando esa medida para incorporarla en
este paquete de supuestas liberalizaciones. Sale la banca para
oponerse porque eso repercute sobre sus cuentas de resultados y
ustedes la retiran. Es decir, anteponen los intereses de la banca
a los de los millones de partícipes de estos fondos de inversión, que
sí están reclamando, y desde hace tiempo no desde ahora, la
posibilidad de moverse entre unos y otros y sufrir por ello
penalizaciones fiscales.
Usted siempre concluye con el mismo sonsonete, por más que se ha
equivocado. Vuelvo a repetir: nosotros no estamos en contra de bajar
impuestos, estamos en contra de cómo bajan ustedes impuestos más a
unos que a otros. Si quiere se lo vuelvo a repetir. No hay una
única manera de hacer política económica, no hay una única manera de
hacer política tributaria, no hay una única manera de bajar
impuestos, afortunadamente. El que nosotros nos opongamos a su
política tributaria y a su concepción de a qué, a quiénes y a cuántos
se baja impuestos y a qué, a quiénes y a cuántos no lo va a hacer, no
significa que necesariamente estemos en contra de bajar impuestos,
sino, simplemente, que nuestras prioridades económicas y sociales son
otras de las que usted ha defendido aquí, en mi opinión,
afortunadamente también.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sevilla.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Desde el escaño porque la intervención del
señor Montoro no da para más. Lo digo porque el señor Montoro no ha
tenido ni siquiera la delicadeza de responder en términos generales
a la intervención del Grupo Parlamentario. Debe estar un poco cansado,
deben estar un poco aburridos del Parlamento, por eso meten estos
reales decretos en este Parlamento, para pasar de él y de sus debates
lo más posible. Quizá el método de discusión tenga mucho que ver con
eso.
Quiero plantear algunas cuestiones que a mí me parecen importantes
pero, sobre todo, el talante del señor Montoro, que espero que no
continúe en el conjunto de la legislatura. Ya he tenido dos
intervenciones en relación con su departamento y ha terminado en las
dos igual, diciendo: ya sabemos que ustedes no quieren rebajar los
impuestos. Hoy, en una intervención más elaborada, sin lugar a dudas,
nos decía: no quieren apoyar a la pequeña y mediana empresa.
Pues bien, con relación a rebajar los impuestos, nosotros no queremos
reducirlos más, igual que ustedes no quieren rebajar los impuestos
especiales. No me diga que somos los únicos, porque recientemente ha
habido un debate en esta Cámara y ustedes decían que los impuestos
especiales ni tocarlos. ¡Claro!, porque son sus impuestos, los
impuestos indirectos, pero nuestros impuestos, los progresivos, ésos
no queremos bajarlos; no, señoría, porque son los que imponen más
a quien más tiene. Ustedes, sin embargo, están haciendo cada vez más
hincapié en rebajar los impuestos a quien más tiene, que es el núcleo
de su propuesta de contrarreforma fiscal en el día de hoy: rebajar
más impuestos a quien más tiene. Nosotros no podemos estar de acuerdo
con esa política fiscal.
Con relación a la pequeña y mediana empresa, que parece ser que
ustedes ahora tienen el monopolio, en el debate de esta mañana tenían
relaciones privilegiadas con las grandes empresas porque han
conseguido recortarles sus intereses y que estén de acuerdo con
ustedes. Un gran avance. Ahora resulta que son los principales
interlocutores de la pequeña y mediana empresa y los
demás, la izquierda, no podemos hablar de la pequeña y mediana
empresa. Pues, no, señoría, no estamos de acuerdo. No estamos de
acuerdo con usted en que la forma de apoyo a la pequeña y mediana
empresa hoy -y sus cargas fiscales no son diferentes al resto de los
países europeos- sea rebajar sus cargas fiscales. Creemos que se
puede destinar el mismo esfuerzo económico a favorecer a las empresas
que tienen capacidad de arrastre en la economía, que tienen capacidad
de creación de empleo y de favorecer el equilibrio territorial.
Pensamos que es una política activa de carácter selectivo, mientras
que su política lo único que hace es rebajar los costos, igual que la
desregulación del mercado laboral, y no favorece el futuro de la
pequeña y mediana empresa. Nuestra pequeña y mediana empresa podrá
competir no por rebajar costos y por tener trabajadores en una
situación poco presentable. Podrá competir si es tecnológicamente
viable, bien organizada y capaz de arrastrar un mayor volumen de
empleo de calidad y un mayor equilibrio territorial. Esa es nuestra
posición. No vuelva a frivolizar en esta Camára. Haga un intento de
análisis y no vuelva a frivolizar.
Termino, señoría. Dice usted que siguen abiertos al Pacto de Toledo,
pero ¿no se da cuenta de que cuando se siente mi grupo parlamentario
en la negociación del Pacto de Toledo ya habrán avanzado ustedes
cuestiones que sólo se pueden negociar de forma equilibrada? Para
nosotros estas medidas fiscales que favorecen las pensiones privadas
lo que hacen es erosionar las pensiones públicas, crear un sistema
desequilibrado que favorece las pensiones privadas frente a las
pensionespúblicas y que convierte a la pensión privada no en una
pensión complementaria de la pública, sino cada vez más en una
pensión competidora de la pública. Conocemos otros casos y estamos
escaldados de esos modelos. Señoría, no frivolice tampoco sobre la
importancia de la negociación equilibrada en el Pacto de Toledo.
Termino. Ustedes no tienen un modelo fiscal, ustedes tienen un modelo
para armar -le recuerda las referencias literarias- un puzzle,
señoría.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor Montoro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias,
señora presidenta. Contestaré brevemente para que no se entienda una
descortesía el no atender las últimas intervenciones de los
portavoces que mantienen el voto en contra.
Resumiré la posición del Gobierno insistiendo en que lo que trae a
esta Cámara es una bajada de impuestos; una bajada de impuestos para
la formación del ahorro de las familias, para la pequeña y mediana
empresa, especialmente para que se incorpore a la innovación
tecnológica, y para favorecer la internacionalización de
nuestras empresas, la dispersión internacional de su actividad
económica.
Los argumentos que he escuchado tanto por parte del señor Sevilla
como del señor Llamazares no me hacen tener una visión distinta. El
señor Sevilla ha insistido en sus argumentos anteriores; lleve
adelante esos argumentos en el debate público y en el debate
político. El Partido Socialista se opone a la formación de las
pensiones de las amas de casa; lleve su argumento donde entienda que
deba llevarlo. Ésa es la conclusión política que hay que sacar.
Además, ha dicho otra cosa que me parece especialmente significativa:
que el Grupo Socialista de esta Cámara piensa que la Constitución
española no permite que España tenga un tratamiento de las ganancias
de capital, de las variaciones de valor del patrimonio equivalente al
que tienen los otros países miembros de la Unión Europea. Por lo
visto, nuestra Constitución no lo permite. Eso es lo que ha dicho
desde la tribuna. Todo un criterio del Grupo Socialista que me parece
importante conocer para ir aclarando las posiciones de cara al
futuro.
Su señoría tiene que hacer un gran esfuerzo todavía por integrarse.
En sus conclusiones dice que tiene otras prioridades. Me parece muy
legítimo que las tenga; la prioridad del Gobierno es traer a esta
Cámara una bajada de impuestos para favorecer la recuperación
económica del país, la creación de empleo y la dimensión
internacional de nuestras empresas. Ésa es la prioridad política que
establece el Gobierno y lo hace a través de un decreto-ley, como S.S.
nos recuerda. En nuestro país hay muchos precedentes de cambios
fiscales por decretos- leyes, pero la diferencia es cualitativa:
cuando los gobiernos de las etapas anteriores traían decretos-leyes
con motivos fiscales era para subir los impuestos y este Gobierno,
cada vez que acude a este instrumento, es para bajarlos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Montoro. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: En opinión del Bloque Nacionalista Galego,
el Real Decreto-ley que debatimos ahora, número 3/2000, en lo
sustancial, en lo que para nosotros es el meollo, contiene una
modificación de diversas leyes fiscales que suponen un mejor
tratamiento fiscal a los rendimientos de las grandes empresas, a las
plusvalías obtenidas por ganancias y pérdidas patrimoniales y, en
general, de las rentas más altas. Bajo el pretexto de introducir un
paquete liberalizador y promover un grado de competencia en los
mercados, el Gobierno insiste en introducir estímulos y beneficios
fiscales que favorecerán a un número reducido de contribuyentes, que
coinciden con las grandes empresas transnacionalizadas y las rentas
más altas. Se
utiliza, como ya destacaron otros grupos parlamentarios, la vía de
urgencia para modificar normas tributarias, sin que la misma parezca
debidamente justificada y sin dar lugar a un debate más reposado de
las mismas ni a la posibilidad, por supuesto, de que los distintos
grupos parlamentarios formulasen siquiera enmiendas parciales.
El efecto de este paquete de medidas liberalizadoras sobre el nivel
de precios internos es más que dudoso; sin embargo, los beneficios
fiscales para las empresas de rentas altas serán inmediatos,
especialmente el tratamiento de las plusvalías y las deducciones por
inversiones en el exterior de las grandes empresas. Desde nuestro
punto de vista, esta generosidad fiscal choca frontalmente con la
negativa del Gobierno a introducir reducciones en otros impuestos.
¡Qué curioso! Hablando de disminuir la carga impositiva que sufre la
sociedad, aquí también se podrían realizar reducciones, en especial,
ahora que está tan de actualidad, en los impuestos que gravan los
hidrocarburos, lo que sin duda tendría un efecto inmediato sobre los
precios y una repercusión beneficiosa para la generalidad de los
ciudadanos y los sectores más afectados por estas subidas, como
pueden ser el transporte, la agricultura, la pesca, etcétera.
El Gobierno insiste en modificar el modelo fiscal disminuyendo los
impuestos directos, disminuyendo así la carga sobre las rentas altas
y del capital y aumentando la presión fiscal, naturalmente, por vía
de los impuestos indirectos. Es un modelo fiscal que a nosotros nos
parece más injusto. En particular, tampoco alcanzamos a comprender ni
la urgencia ni los efectos positivos, a nivel de precios, que tendrán
medidas como la reducción del tipo impositivo y del período mínimo de
generación de las ganancias patrimoniales. Se prima aún más el
tratamiento fiscal favorable que venían recibiendo las ganancias
patrimoniales, a la vez que se introduce una discriminación más clara
con relación a los rendimientos del trabajo, al someter esas
ganancias patrimoniales obtenidas en el mismo período fiscal a un
gravamen lineal del 18 por ciento, frente a la tarifa variable y
progresiva que se aplica a los rendimientos del trabajo en ese mismo
período. Tampoco creemos que pueda tener un efecto positivo en la
contención de precios la posibilidad de obtener la exención de la
vivienda habitual de los contribuyentes sujetos al impuesto sobre el
patrimonio. Recordemos que un número muy reducido de personas tiene
un patrimonio que supera ampliamente el nivel medio de los
contribuyentes. Consideramos que se trata, una vez más, de una medida
graciable para favorecer a las rentas más elevadas.
También el Gobierno otorga carácter de urgencia al fomento de los
planes de pensiones privados. Si las medidas anteriores iban
dirigidas a primar fundamentalmente los sectores energéticos y de
telecomunicaciones, la elevación de los límites de deducción y de
aportaciones a los planes y fondos de pensiones está
orientada a beneficiar claramente al sector financiero, profundizando
así en el desvío del ahorro familiar precisamente al sector privado y
en detrimento de fortalecer el sistema público de pensiones. (El
señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Tampoco podemos compartir que la promoción de planes de pensiones
privados sea la vía para solucionar la cobertura de prestaciones de
jubilación de aquellas personas que realizan trabajo doméstico en su
propio hogar. La primera pregunta que hay que hacerse es cuántas
familias podrán aportar parte de su renta a fondos de pensiones
privados y durante cuánto tiempo. Otra pregunta es por qué esas
aportaciones no se pueden hacer al sistema público de pensiones.
En fin, señor presidente, por todo esto nosotros no podemos votar
favorablemente la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
Señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Mi grupo, señor Montoro, está de acuerdo con lo que ha dicho el
vicepresidente en su primera intervención sobre que los decretos que
ustedes nos traen hoy aquí forman un conjunto articulado y coherente.
Por eso, el primer problema que tenemos para el debate es que
hubiéramos preferido un debate global, en conjunto, a un debate
parcial que ya se está repitiendo, se está reiterando, y por eso
vamos a hacer nosotros una intervención breve.
Lo que ha ocurrido es que ustedes han ganado las elecciones, tienen
mayoría absoluta y tienen prisa, como no podía ser de otra manera, de
tomar este conjunto de medidas, y no sólo porque lo necesita la
economía, ya que lo necesitaba también años atrás. Estas mismas
medidas eran necesarias hace dos años, sin duda, y además estaban en
el planteamiento teórico y en todas las reflexiones que ustedes
hacían. Lo que ocurre es que ahora tienen mayoría absoluta, y esas
cosas hay que tomarlas en caliente tres meses después de obtener la
mayoría absoluta, porque si esperan ustedes un año, desde luego no
serían capaces de pisar tantos callos el mismo día como han hecho.
Estoy explicando aquí brevemente la posición de mi grupo y por qué
apoyamos el conjunto de medidas que traen, aunque algunas de ellas
podíamos haberlas discutido si ustedes hubieran dependido, en la
mayoría que tuvieran, de nuestros votos. Pero como no es así, yo creo
que el conjunto de medidas que ustedes proponen van en la buena
dirección -eso es lo que creo que todos estamos diciendo-, se toman
en el momento en que un gobierno con mayoría absoluta después de
ganar las elecciones tenía que tomarlas y están en la
línea -ya que se ha citado al Banco de España- de lo que ha planteado
el informe último del Banco de España, con el que yo coincido. En
primer lugar, que para mantener el crecimiento de la economía
española hace falta rigor presupuestario. Están hablando ustedes de
equilibrio presupuestario para el año que viene y esperamos colaborar
en el mismo. En segundo lugar, medidas de liberalización -ya estamos
hablando de ellas- y, en tercer lugar, reformas estructurales porque
si no la economía no puede seguir creciendo.
Es decir, han tomado un conjunto de medidas que es posible llevar a
cabo porque las ha elaborado un gobierno de centro o de
centroderecha, como ustedes prefieran llamarse. Si las hubiera hecho
un gobierno de izquierda aquí habría una escandalera. Ante una serie
de sectores que tienen una posición de operadores dominantes en el
mercado ha habido que empezar a tomar medidas para limitarlos.
Seguramente esas medidas son insuficientes y a lo largo de estos
años, aunque se acerquen a la próxima campaña electoral, habrá que
tomar otras; pero, sin duda alguna, el proceso de privatización de la
economía española no podía mantenerse con una posición de operadores
dominantes en los mercados y era necesario empezar a liberalizar, a
desregularizar y a generar competencia que es, en definitiva, lo
único que resuelve los problemas de los consumidores, línea en la que
nosotros estamos, a fin de crear una economía que sea competitiva en
el marco internacional.
El informe del Banco de España también hablaba de la necesidad de
reformar el mercado laboral y adaptarlo. ¿Se ha iniciado el diálogo
social? Porque estas medidas, sin una modernización del mercado
laboral, tienen bastantes limitaciones, y cuando hablo de modernizar
el mercado laboral no hablo de precarizarlo. Es muy importante que en
el futuro próximo consigamos un mercado laboral moderno, con
garantías, con seguridad para los trabajadores, pero eso va ligado
-entro rápidamente en los temas del decreto objeto de este debate- a
los problemas de productividad.
Señor Montoro, en este decreto hay algunas medidas que son
interesantes: ahorro familiar, impuesto de sociedades, apoyo a la
pequeña y mediana empresa, incentivos y deducciones en inversión en
los temas de mejoras tecnológicas. Lo que veo insuficiente en este
Gobierno, y le invito a tomar medidas lo antes posible en esa
dirección, son medidas para adaptarnos rápida, aceleradamente, al
proceso de revolución tecnológica. Vamos lentos, señoría. Estamos en
un periodo de cierta autocomplacencia en la sociedad española -yo
creo que es bueno tener una cierta seguridad en sí mismo- porque
algunos retos históricos los hemos resuelto. Pero el gran reto
histórico es el de la revolución tecnológica. Para quitarnos unas
pocas ínfulas hago ahora una reflexión brevísima sobre el informe de
la Universidad de Harvard, que se ha hecho público internacionalmente
la semana pasada. En él se dice claramente que el mundo está hoy
dividido por elementos indicadores
tecnológicos y no tanto ideológicos. Yo no quiero entrar en ese
debate porque creo que el mundo necesita sobre todo solidaridad y
cooperación, pero es muy curioso que se diga que hay 900 millones de
habitantes en países que lideran la innovación tecnológica, más de la
mitad del mundo está en países capaces de asimilar las innovaciones
tecnológicas aunque no las lidere, y el resto está marginado de la
revolución tecnológica. Reflexionemos. ¿En qué lugar nos colocan? No
nos sitúan en el primer mundo, el de los innovadores tecnológicos,
sino que nos colocan en el segundo mundo, con México, Brasil,
Argentina, el este de China -donde está el señor Aznar en este
momento-, etcétera. Es decir, en los países que son capaces de
asimilar los cambios tecnológicos pero no de liderarlos. Esto nos
plantea un problema muy serio.
Este conjunto de medidas de liberalización, adaptación del mercado de
trabajo, aumento de la productividad y competitividad necesita
incorporarse masivamente a la revolución tecnológica. Por eso estamos
a favor del apoyo a la pequeña y mediana empresa, por la
internacionalización de la empresa a que se refiere este decreto y
por el conjunto de medidas contra los oligopolios para intentar
conseguir de alguna manera que este país encabece, lidere, un nuevo
proyecto de revolución tecnológica.
En esa línea, termino diciendo que, ya que hemos citado tanto al
Banco de España, cuando se hace pública la sustitución del señor Rojo
por el señor Caruana -lo hizo público el ministro ayer- quisiera
hacer un homenaje a la figura del señor Rojo. Espero que el señor
ministro se lo transmita. Creo que todos los grupos parlamentarios
debemos reconocer y hacer un homenaje a la extraordinaria labor que
ha realizado el anterior gobernador del Banco de España en favor de
la modernización de la economía española.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mauricio.
Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señor ministro, voy a
procurar ser muy breve, puesto que a estas horas no se puede andar
jugando con el estómago.
El Real Decreto-ley 3/2000 se denomina de medidas fiscales, urgentes
y de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa.
Supongo que habrá felicitado al funcionario que ha redactado el
preámbulo del decreto, que me imagino que todavía estará un tanto
sonrojado, pero no les quepa ninguna duda de que es absolutamente
fiel y que es capaz de hacer de tripas de corazón para explicar lo
que es difícilmente explicable. Sin embargo, la responsabilidad no es
suya, sino del Gobierno que ha aprobado el decreto. En dicho
preámbulo sedice, entre otras cosas, que estas medidas de fomento
resultan necesarias en la actual coyuntura económica para garantizar
el crecimiento económico y evitar el afloramiento de presiones
inflacionistas. Y continúa: la consecución de este objetivo hace
imprescindible asimismo la aplicación de las medidas con carácter
inmediato. Además, señala que el anuncio de más reformas de esta
naturaleza puede provocar la paralización en las decisiones de
inversión y por ello dichas decisiones exigen la utilización de la
vía del real decreto-ley. He comentado anteriormente que entendíamos
que no era un método adecuado y que hubiera sido mucho más respetuoso
haberlo hecho por la vía de un proyecto de ley. A mí me parece que
las piruetas argumentales utilizadas son un cúmulo de despropósitos y
un insulto a la inteligencia. Han tenido tiempo suficiente para dar
un mejor ropaje al decreto, pero, como decía antes, no parece que las
formas les interesen mucho. Permítame además, señor Montoro, que le
exculpe personalmente a usted, ya que no quisiera referirme sólo a
usted, sino a su Gobierno.
A través de este decreto se han modificado leyes tan importantes como
la del impuesto sobre la renta de las personas físicas o el impuesto
sobre sociedades, sin ofrecer a la oposición la posibilidad de
debatir sobre estos temas que son de máxima importancia para el
conjunto de los ciudadanos. Además, han cambiado estas leyes cuando
apenas ha habido tiempo de evaluar los resultados de las mismas tras
las últimas reformas. Esto es cambiar por cambiar, sin pensar si se
avanza en la dirección correcta. Además, las medidas básicas
adoptadas en este decreto a mi juicio son regresivas y no fomentan el
ahorro, tal y como reza en el título, sino que por el contrario
favorecen el consumo y la cultura del pelotazo. Hasta ahora se
trataba de fomentar de alguna manera la estabilidad en la inversión a
más largo plazo y así las ventajas fiscales se aplicaban a aquellas
decisiones de inversión para un período de dos o más años. A partir
de ahora las ganancias patrimoniales derivadas de la enajenación de
activos de tan sólo un año de antigüedad tributan al 18 por ciento,
tipo mínimo de la tarifa del impuesto sobre la renta. Lógicamente,
estos rendimientos, que son obtenidos por personas con altos niveles
de renta, tributan al tipo más bajo, lo que hace que el IRPF sea cada
vez más regresivo y pivote cada vez más sobre los rendimientos de las
rentas de trabajo obtenidos por los trabajadores por cuenta ajena.
Aumentar los límites deducibles en el IRPF de las prestaciones a
planes de pensiones va en el mismo sentido: en el de favorecer las
deducciones fiscales de aquellas personas cuya capacidad adquisitiva
es muy superior a la media. Luego están ustedes legislando
básicamente a favor de los ciudadanos con rentas más elevadas.
Siendo importante lo que he comentado hasta el momento, a juicio del
Grupo Vasco hay algo todavía más preocupante desde el punto de vista
político e institucional. En el Estado español, como usted bien sabe,
hay cinco haciendas, con lo que ello significa. Navarra,
Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y la que denominados de territorio común
poseen haciendas integrales con capacidad normativa, gestora,
inspectora, etcétera.
No podemos obviar esta realidad a la hora de adoptar unilateralmente
medidas de carácter fiscal y tributario. Para evitar la
judicialización de las normas tributarias y el recurso permanente a
las medidas adoptadas, bien por los territorios forales o por la
Administración del Estado, se llegó a un acuerdo o pacto fiscal para
resolver en el plano político lo que son las discrepancias que pueden
surgir entre instituciones públicas que ejercen las competencias que
tienen encomendadas en su ámbito de actuación. El pacto fiscal,
firmado el 18 de enero de este año entre el Gobierno central y el
Gobierno vasco, establecía una serie de cuestiones que conviene
recalcar, aunque usted las conozca perfectamente, señor ministro.
En primer lugar, se decía que las medidas fiscales adoptadas deberían
ser coherentes con los objetivos de política económica que se desean
conseguir. En segundo lugar, entre otras muchas cosas, el acuerdo
establecía una comisión denominada de evaluación normativa
e integrada por igual número de miembros de las instituciones autónomas
vascas y de la Administración central del Estado. El objeto de dicha
comisión es analizar las medidas planteadas por cualquiera de las
administraciones, con el fin de llegar a acuerdos sobre las mismas,
por supuesto, respetando al máximo las competencias de cada uno.
La Comisión de evaluación normativa es un foro de encuentro y de
coordinación mutua de la política fiscal. Las medidas adoptadas a
través de este decreto-ley no han sido consultadas ni analizadas en
el seno de esta comisión. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario
Vasco no podemos sino denunciar este flagrante incumplimiento del
pacto fiscal por parte del Gobierno. Creo que en política no merece
la pena librar más batallas que las estrictamente necesarias.
Le pediría al Gobierno que reconduzca el tema del pacto fiscal y que
se reencuentre con las instituciones vascas en esta materia. Saben
que las medidas adoptadas mediante este decreto no son de aplicación
en el ámbito vasco, pero creo que sería mejor acordar estos temas
previamente.
Por todo lo anterior, vamos a votar en contra de la convalidación de
este decreto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Azpiazu.
Señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Señor presidente, señor ministro, señoras y
señores diputados, me voy a referir en mi intervención a cuál es la
posición de mi grupo parlamentario respecto de este real decreto-ley,
que está siendo objeto de debate y de análisis. Ya adelanto
que la posición de mi grupo parlamentario es favorable y que
votaremos a favor de la convalidación del mismo, y ello fruto de una
serie de circunstancias que afectan a los distintos bloques
normativos que componen o integran esta norma.
De los distintos bloques que la integran, el primero de ellos,
lógicamente, es el que afecta a las pequeñas y medianas empresas, con
una serie de medidas que no podemos sino valorar positivamente, como
es que se amplíe el número de empresas beneficiarias de este régimen
contenido en los artículos 120 y siguientes, por elevar la cifra de
negocio que habilita para el disfrute del mismo a 500 millones,
consideramos muy positiva la nueva deducción para que las pequeñas y
medianas empresas incorporen o adapten a sus procesos productivos y
gestores las nuevas tecnologías y que se mejore el tratamiento fiscal
para la amortización de los bienes adquiridos resultantes de
reinversiones procedentes de previas transmisiones de activos del
inmovilizado material. También se produce una mejoría en general de
la deducción de investigación, desarrollo e innovación tecnológica
para todo tipo de empresas, que entendemos positiva.
La verdad es que la posición de mi grupo parlamentario no podía ser
otra si analizamos cuál ha sido la posición política de Convergència
i Unió a medida que se han ido produciendo innovaciones de tipo
fiscal respecto de las pequeñas y medianas empresas. Recordemos que
la introducción de un régimen específico para pymes, en aquellos
momentos con una cifra de facturación hasta 250 millones, fue objeto
de debate en esta Cámara y que la posición de mi grupo parlamentario
en el debate de 14 de diciembre de 1995 fue literalmente afirmar que
el establecimiento de un nuevo régimen fiscal específico para pymes
constituía -leo literalmente- un gran paso político e histórico en el
campo del ordenamiento fiscal en España. También nos manifestamos
contundentemente a favor de las medidas para pymes que se contenían
en la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social
para 1998, más conocida como Ley de acompañamiento. Para cerrar este
primer bloque también entendemos positivas las medidas sobre las
sociedades y fondos de capital riesgo, ya que supone un incentivo
para las empresas innovadoras que entendemos positivo para la
economía.
Con relación a los planes y fondos de pensiones, he de significar muy
rápidamente que va en la línea del contenido de la recomendación 14
del Pacto de Toledo y que, por tanto, una medida económica que enlace
con el contenido de dicha recomendación debe ser valorada
positivamente, porque es coherente con la política social resultante
de los contenidos de este acuerdo entre las distintas fuerzas
parlamentarias. La posibilidad de que se hagan aportaciones a un plan
de pensiones, cuando uno de los cónyuges en un matrimonio no percibe
rentas de trabajo o de actividades económicas por debajo de 1.200.000
pesetas, poco voy a decir porque
además es una medida que propugnaba nuestro programa electoral y, por
tanto, debemos valorarla positivamente. También nos parece positivo
el incremento de las reducciones para las prestaciones derivadas del
seguro de vida que se perciben en forma de capital con una antigüedad
respecto de las primas de más de cinco u ocho años. Nos parecen
positivas y, por tanto, coherentes las medidas que supongan un
incentivo del ahorro a largo plazo y un incentivo a la previsión
social complementaria de carácter privado.
Respecto a las plusvalías, querría detenerme un poco más. Estamos
inmersos en un inexorable proceso de globalización económica y de
homogeneización fiscal con los países de nuestro entorno,
especialmente en el ámbito de la Unión Europea. Si a esto le unimos
que el capital es móvil, lo que tenemos que adoptar son medidas que
vayan en línea con las de nuestro entorno, porque la competencia en
la colocación del capital no se está produciendo sólo en los mercados
españoles, sino en los de toda la Unión Europea. Por tanto, tenemos
que seguir las líneas que marcan, o marcarlas nosotros en la medida
en que ello sea posible, respecto de la fiscalidad española y la de
los países de la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Porque si
analizamos lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, por
ejemplo Alemania, Italia, Francia, veremos que la existencia de un
doble tipo de gravamen, el segundo de ellos más reducido aplicado a
las plusvalías con una cierta antigüedad en su generación, o en
algunos países incluso sin esa antigüedad en la generación, se aplica
de forma generalizada. Por ejemplo, en el caso francés la venta de
valores, cuando se produce una participación sustancial en más de un
25 por ciento en el capital de una sociedad, tributa al tipo del 16
por ciento, y si la participación no es sustancial, de menos del 25
por ciento, no se somete a gravamen si el importe de la transmisión
es inferior a 50.000 francos, y en el caso de que se someta a
gravamen tributa al 16 por ciento. Se puede establecer el paralelismo
o la justificación de las medidas comparándolas con las de nuestros
socios en la Unión Europea. Similares medidas ocurren en la
fiscalidad italiana, y también en el caso de la fiscalidad de
Alemania y en otros países de la Unión, con lo cual lo que queremos
decir es que no compartimos las críticas a que estas medidas fiscales
supongan un cierto grado de injusticia social, porque teniendo en
cuenta que en capitales móviles las economías están
interrelacionadas, si se toman medidas maximalistas de la tributación
de este tipo de rentas lo que ocurrirá es que no van a ser aplicables
ni eficaces, y no hay mayor injusticia para una norma, sea tributaria
o de cualquier otro tipo, que sólo exista sobre el papel y que su
pretendida justicia sólo se produzca cuando se publica en el Boletín
Oficial del Estado y no cuando es aplicada por los ciudadanos
españoles.
En lo relativo a la internacionalización, tengo que decir -y lo digo
además desde la más profunda convicción-
que son medidas muy positivas para las empresas españolas, y además
permiten superar una serie de defectos estructurales en la
incentivación fiscal de la internacionalización de la empresa que se
habían venido produciendo en los últimos años, aunque en un contexto
de avance en el marco normativo aplicable a esta cuestión, partiendo
todo ello de un principio general: hay que apostar sin timidez y sin
reservas por aquellas medidas que supongan favorecer el proceso de
expansión internacional de las empresas españolas, entre otras cosas
porque los países de nuestro entorno apuestan sin timidez por estas
medidas, y como hoy en día las empresas españolas no compiten entre
sí sino que lo hacen con las francesas, con las italianas, con las
alemanas, con las británicas, no podemos quedarnos atrás. El
resultado fiscal de este marco normativo de incentivos a la
internacionalización de la empresa española que resulta de este real
decreto-ley tengo que decirle, señor ministro, que es muy positivo y
es un paquete completo.
En primer lugar, permite superar un déficit conceptual que se había
venido produciendo de equiparar internacionalización a exportación.
Hasta ahora los incentivos a la exportación se contenían en el
artículo 34 del impuesto sobre sociedades, pero echábamos en falta
una medida que supusiera un incentivo a la internacionalización. Hoy
en día lo encontramos en la posibilidad de deducir en base imponible
los importes de las inversiones financieras en determinados países
extranjeros, siempre y cuando se tenga mayoría de derechos de votos
y, es muy importante decirlo, la actividad de las filiales sea de
naturaleza empresarial para excluir la aplicación de este incentivo
fiscal en las participaciones en filiales que tengan actividad
meramente especulativa. La sustitución del sistema de deducción en
cuota, doble imposición internacional por dividendos y plusvalías
obtenidos como consecuencia de la transmisión de participaciones en
filiales, por el de la exención de estas rentas favorece la
neutralidad del sistema.
Quiero señalar también que hay una medida muy concreta, que
entendemos francamente positiva, y es que en el régimen fiscal
vigente no era posible deducir en España la doble imposición que se
generaba si, como consecuencia de la venta de las participaciones en
las filiales, éstas tenían plusvalías tácitas en sus balances. Hasta
ahora, si se vendían las participaciones en una filial y en su
balance existían plusvalías tácitas, no era posible eliminar la doble
imposición internacional que se producía. Como consecuencia de las
medidas contenidas en este real decreto sí se elimina este tema y se
produce una mejora técnica de gran calado que afecta a las empresas
más interesadas en el proceso de internacionalización.
Para terminar con las medidas concretas y antes de hacer un balance
general rápido, en cuanto a las entidades de tenencia de valores
extranjeros, se da un paso
muy importante con una serie de medidas concretas, como el
establecimiento del carácter nominativo de sus acciones y la
posibilidad de que las entidades de tenencia de valores extranjeros
formen parte de grupos de sociedades. Entendemos también que la nueva
regulación de los requisitos de participación ha experimentado una
importante mejoría, no condicionando el requisito del cinco por
ciento cuando el importe de la inversión supere los mil millones de
pesetas. Pero el gran paso adelante, desde el punto de vista de
potenciar la internacionalización o el uso de las entidades de
tenencia de valores extranjeros, es haber pasado del régimen de
diferimiento al régimen de exención. Esto no sólo supone un incentivo
a la internacionalización de las empresas españolas, sino que supone,
y es bueno desde un punto de vista de economía general, un incentivo
para captar inversiones que hasta ahora están en el extranjero y que
ahora pueden hacerse como cabeceras de inversión desde España. El
ejemplo lo tenemos en otros países de la Unión Europea, que para sus
holding tienen regímenes de participación exención, y todos sabemos
lo importante que es este régimen normativo para atraer inversiones a
los países que disfrutan de él. Con el tránsito del diferimiento a la
participación exención, se produce este cambio importante para atraer
inversión, no sólo para internacionalizar lo que ya está en España,
sino para atraer inversión al marco español. También valoramos
positivamente los cambios habidos en el impuesto sobre la renta de
las personas físicas y en el ámbito del patrimonio.
Para terminar, a juicio del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), se trata de un real decreto-ley equilibrado. Por una parte,
incorpora medidas que favorecen a las pequeñas y medianas empresas
con una connotación social muy importante y favorece el ahorro a
largo plazo. El tratamiento de las plusvalías supone también adquirir
márgenes mayores o mayores cotas de competitividad con el entorno
fiscal tributario de la Unión Europea. Por último, respecto a la
internacionalización, ya he dicho de forma clara y contundente cuál
es la opinión de nuestro grupo. Sólo quiero añadir que, dentro de
este proceso de mejora y perfección del sistema tributario, nos
gustaría que algunas mejoras funcionales y técnicas que hemos
advertido en el ámbito de la internacionalización de las empresas
españolas se trasvasaran también al ámbito del sistema tributario de
relaciones empresariales internas, mejoras para evitar plenamente la
doble imposición, como puede ser una mejor regulación de la normativa
aplicable a las fusiones impropias en que la entidad adquirente tiene
más del cinco por ciento que la transmitente. Es necesario avanzar,
teniendo siempre como premisa básica la suficiencia financiera del
sistema tributario, por tanto, el marco general de la política fiscal
y la lucha contra los déficit, y adquirir superávit presupuestarios,
pero avanzar también en la plena eliminación de la doble imposición
por distribución de dividendos en
España. Insisto, dentro de la valoración global, y en algunos casos
una valoración extremadamente positiva, mi grupo lanza dos propuestas
de carácter constructivo, no para este debate, sino para futuros
debates.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Tiene la palabra el señor Martínez Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, este
debate ha sido especialmente complejo de seguir, y lo debo decir en
tribuna, porque mientras estábamos en este hemiciclo siguiendo el
debate sobre los dos primeros reales decretos-leyes, a la vez, junto
al hemiciclo, en la sala donde se dan ruedas de prensa, se estaban
posicionando los grupos respecto a estos decretos-leyes, con lo cual
hemos tenido que estar siguiendo el debate en el hemiciclo y el
debate repetido en la rueda de prensa, y además con una salvedad
importante, y es que mientras en el hemiciclo se decían unas cosas,
el Grupo Socialista en rueda de prensa decía cosas que no eran
similares, eran cosas en algunos puntos distintas y por ello el
debate ha sido más difícil de seguir. Además, quiero dejar constancia
de que entonces la posición de mi grupo es también más compleja,
porque no sé si debo responder a lo que ha dicho aquí el portavoz
socialista o a lo que ha dicho el otro portavoz socialista en rueda
de prensa. La verdad es que estoy un poco confundido. Lo que sí es
cierto es que mi grupo parlamentario va a votar positivamente la
convalidación de este real decreto-ley, porque nos parece un pilar
muy importante dentro del conjunto de medidas que se han adoptado, y
además -y aprovecho para decirlo a la Presidencia- vamos a pedir su
tramitación como proyecto de ley, porque nos parece también
importante que a lo largo del debate en Comisión y luego en Pleno
podamos debatir incluso mejoras -algunos grupos, como Convergència i
Unió, han dicho que podrían aportar mejoras a los textos que hoy se
han presentado- y también lo tratemos más en profundidad. Nos parece
que dentro del objetivo de agrandar el traje de la economía, dentro
del objetivo de construir un marco económico que nos haga mejorar
nuestras posiciones en el momento actual, era necesario también
adoptar medidas fiscales en la línea de lo que hace este real
decreto-ley, medidas fiscales de fomento de ahorro, medidas fiscales
para mejorar la presencia de las empresas españolas en el exterior y
a la vez para mejorar el tratamiento de los desplazados, de las
personas que tienen que enviar las empresas españolas al exterior,
medidas fiscales para mejorar el tratamiento fiscal de las pequeñas y
medianas empresas fundamentalmente en todo el proceso de
incorporación de nuevas tecnologías, y medidas fiscales para mejorar
el tratamiento de la vivienda dando fin a un conjunto de medidas que
se han adoptado a lo largo de
los últimos cuatro años a favor de la fiscalidad de la vivienda
propia, medidas que se han adoptado en el marco del impuesto sobre
sucesiones, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y
ahora se complementan en el impuesto sobre el patrimonio.
Preguntaba el portavoz socialista que por qué hay que tomar medidas.
Hay que tomar medidas porque hay que dar respuesta a nuevos retos que
se presentan a la economía española. El otro día hacíamos un
comentario sobre la necesidad de que cuando un equipo de fútbol
asciende a una división superior cuente con nuevos argumentos, con
nuevos refuerzos para dar respuesta a las exigencias de esa nueva
competición. España ha entrado en la primera división europea, España
está dentro del contexto del euro y España necesita contar con nuevos
argumentos, con nuevos elementos para fomentar, fortalecer nuestra
competividad en ese marco. Por eso hay que adoptar nuevas medidas,
nuevas medidas que responden a un carácter estructural, a una
respuesta a medio y largo plazo que debe dar nuestra economía a los
retos con los que nos enfrentamos para no quedarnos atrás. Pero eso
no significa que se hayan hecho las cosas regular, porque en economía
hay un momento que hay que medir las políticas por los resultados
obtenidos y en España los resultados obtenidos son un crecimiento en
el último trimestre del 4,1 por ciento, una creación de empleo de más
de dos millones, una distribución más equitativa del bienestar, un
hacer llegar el crecimiento a todos los sectores de la sociedad, una
economía más moderna, con incorporación de nuevas tecnologías. Los
resultados han sido francamente positivos.
Decía el otro portavoz -no el que estaba en esta tribuna, sino el que
estaba en la otra-, que todo había sido consecuencia de la suerte que
tiene el señor Aznar. No sé si todo es consecuencia de la suerte que
tiene el señor Aznar y los resultados electorales son consecuencia de
la mala suerte. A lo mejor, los resultados obtenidos tienen que ver
con las políticas que se hacen y los resultados electorales también.
A lo mejor. Desde luego, la credibilidad que tiene este Gobierno para
traer a esta Cámara nuevas medidas se la da el que los resultados de
las medidas anteriores han sido muy positivos. Eso es indiscutible.
Ahora el portavoz socialista nos recordaba que el gran paquete no es
éste, que el gran paquete es el de Boyer. No sé si el gran paquete es
el de Boyer. Desde luego, lo que digo es que este conjunto de medidas
económicas es muy importante, que nos puede hacer avanzar en el
futuro, que nos puede situar con un marco tributario más moderno y
más eficiente para los objetivos de política económica, porque eso es
muy importante, señor Sevilla. Hay que tener un marco tributario que
dé respuesta a los objetivos que tiene la política económica. El
sistema tributario no tiene que ser sólo un mecanismo de recaudación,
tiene que ser un mecanismo que sirva para los objetivos de política
económica; tiene que ser un instrumento que sirva para
garantizar el crecimiento, para garantizar el empleo y para
garantizar el bienestar. Por eso es necesario contar con un marco
tributario que fomente el ahorro, para que contemos con ahorro
suficiente para dar respuesta a las necesidades de la inversión. Y
necesitamos tener también un marco tributario que fomente la
internacionalización de la empresa, que ayude a las pequeñas y
medianas empresas y que reparta además con equidad la carga
tributaria, y eso es lo que se hace con este conjunto de medidas
económicas.
Se puede hablar de propaganda; yo hablaría de realidades. Al final,
de lo que hay que hablar no es de lo que se dice, sino de los efectos
que las medidas producen. No sé si a veces, cuando se dicen las
cosas, pueden sentar mal, pero si nos atenemos a los resultados, las
medidas tributarias de los últimos años han ayudado
notabilísimamente. Ahora tenemos que seguir apoyando el ahorro para
tener una tributación competitiva. Decía muy bien el portavoz del
Grupo Catalán (Convergència i Unió) que no podemos ir hacia atrás en
la tributación del ahorro. Tenemos que tener una tributación similar
a la que tienen nuestro competidores, si no, el dinero se situará en
las costas fiscales más cálidas. Debemos contar con un sistema
tributario competitivo. Por eso nos parece una medida de excepcional
importancia bajar las plusvalías del 20 al 18. Nos parece además que
es una medida de trascendental importancia hacer que el marco
tributario sitúe los beneficios fiscales de acuerdo con el plazo de
inversión y que exista en España una inversión o un ahorro más
beneficiado fiscalmente cuando el plazo es más largo.
Es necesario que España cuente con un sistema público de pensiones
garantizado, y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Mi grupo ha
apoyado el Pacto de Toledo en su momento, cuando estábamos en la
oposición, y después, estando en el Gobierno, hemos aprobado una ley
para asegurar las pensiones públicas. Pero junto a eso es necesario
que fomentemos la existencia de una pensión complementaria para que
los ciudadanos, en el momento de la jubilación, puedan percibir una
pensión pública, garantizada, en una mano y una pensión
complementaria en la otra, y así no pierdan poder adquisitivo. Por
eso es muy importante potenciar, como hace este real decreto-ley, los
planes y fondos de pensiones, y es muy importante también incentivar
los seguros. Decía el portavoz socialista que los seguros eran para
ricos. En España hay centenares de miles de personas que acuden a un
seguro de vida y en muchos casos son seguros colectivos, que se hacen
en el marco de la negociación colectiva para los trabajadores. Son
seguros para la previsión, son seguros para ahorro a largo plazo, de
acuerdo con la Ley de ordenación y supervisión del seguro, que se
aprobó en el año 1995, una ley traída a esta Cámara por el Grupo
Socialista. Muy importantes son las medias para el ahorro y muy
importantes las medidas para la internacionalización de la empresa.
Creo que es necesario, cuando se
habla de internacionalización, no quedarse sólo con el viejo concepto
de exportación, hay que ir a otro concepto, el de presencia de
empresas españolas en el exterior y, sobre todo, presencia de
empresas españolas en mercados distintos a la Unión Europea. Por eso
la medida que se adopta es especialmente importante, igual que el
trato beneficioso para los trabajadores desplazados. Me parece muy
interesante también la reforma, en el marco tributario, de las ETV,
entidades de tenencia de valores, para que España se convierta en un
país de matrices y no en un país de filiales y para que empresas
españolas no tengan que emigrar a otros países para tener las
sociedades de tenencia de valores en otros mercados.
Nos parecen muy importantes las medidas que hacen referencia a la
tributación de las pymes. Vamos a tramitar este real decreto-ley como
proyecto de ley, pero no vamos a apoyar -si es verdad lo que en esta
Cámara se dijo hace unos meses- las medidas propuestas por el Grupo
Socialista para aumentar la tributación de las pymes. Nosotros
creemos que es muy importante tener un marco estructural y
empresarial de pequeñas y medianas empresas que garanticen el
crecimiento, la creación de empleo y que den solidez a nuestra
economía. Esas pequeñas y medianas empresas necesitan un marco fiscal
adecuado y, además, un marco fiscal que les permita la introducción
de nuevas tecnologías.
Señorías, concluyo, pero no sin decir que mi grupo parlamentario
entiende absolutamente beneficioso este real decreto-ley, que baja la
tributación, que sitúa a nuestro sistema tributario en un marco mucho
más competitivo y que contribuirá a que España siga por la senda del
crecimiento, de la creación de empleo y del bienestar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martínez-
Pujalte.
- REALDECRETO-LEY2/2000, DE 23 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA LA
LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
YFISCALDE CANARIAS Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS. (Número de expediente
130/000001.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Debate sobre el Real Decreto-
ley 2/2000, de 23 de junio, por el que se modifica la Ley 19/1994, de
6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias y otras normas tributarias.
Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señor presidente,
señorías, quiero iniciar esta exposición resaltando el hecho de que
desde el pasado viernes la zona especial canaria es una realidad
puesta
ya en funcionamiento. Una realidad ansiada por Canarias que
proporciona a esta región un instrumento fiscal capaz de impulsar su
desarrollo económico y compensar su alejamiento geográfico.
La zona especial canaria no es algo ajeno al régimen económico y
fiscal de Canarias, sino que es parte de él. Históricamente Canarias
siempre ha venido disfrutando de un régimen económico y fiscal
especial, adecuado a su situación de alejamiento geográfico y a sus
dificultades con las infraestructuras. Tendríamos que remontarnos a
la época de los Reyes Católicos para hallar el primer régimen de
franquicia disfrutado por las islas. Este trato especial se ha ido
adaptando, a lo largo del tiempo, a las circunstancias y el entorno
económico de cada momento. Así, en tiempos modernos, el reparto de
competencias entre Gobierno central y comunidades autónomas
establecido en la Constitución y la adhesión de España a la entonces
Comunidad Económica Europea motivaron una profunda revisión del
régimen económico y fiscal en 1991. Posteriormente, en 1994, se
planteó una nueva reforma que pretendía dotar a las islas de un
instrumento definitivo que impulsase el desarrollo del Archipiélago.
Sin embargo, en esta última reforma los instrumentos fiscales
contenidos en el REF fueron considerados, en terminología de la Unión
Europea, como una ayuda de Estado y debían, por tanto, obtener una
autorización previa de la Comisión europea. Así pues, hubo de abrirse
una negociación respecto de las medidas fiscales previstas en el
régimen económico y fiscal en la que se dio prioridad a aquellas que
se referían al funcionamiento del mercado interno, como la reserva de
inversiones canarias y la deducción en la cuota del impuesto sobre
sociedades para ciertas producciones canarias. Fue en 1998, una vez
alcanzado el acuerdo, cuando se iniciaron los contactos para la
autorización de la ZEC. Estos primeros contactos establecidos entre
el Gobierno español y la Comisión Europea llevaron a que en diciembre
de 1998 España plantease un nuevo diseño de la zona especial canaria
sobre los siguientes ejes principales: abandono de la estanqueidad
objetiva, estableciendo un régimen de no discriminación entre
sociedades residentes y no residentes que operasen en la ZEC;
acortamiento de la vigencia de la ZEC hasta el año 2008 y adecuación
al mapa de ayudas regionales de la Comunidad Europea; enumeración
positiva de las actividades a desarrollar en la ZEC, en lugar de la
lista negativa; respeto de las distintas normas sobre ayudas de
Estado introducidas desde 1994, y establecimiento de dos nuevas e
importantes justificaciones de la ZEC: su contribución a la
diversificación productiva y la creación de empleo, en lugar de la
más general de su aportación al desarrollo económico y social,
anteriormente empleada, considerando que el empleo constituía el
objetivo principal de la política económica aplicada en el conjunto
de la Comunidad Europea.
Desde entonces tuvo lugar un intenso el conjunto de la Comunidad
proceso negociador con las autoridades comunitarias, al que, justo es
decirlo, contribuyeron, con gran sentido de la responsabilidad y de
la ponderación de los intereses en juego, los representantes de
grupos políticos canarios y también del Gobierno canario; proceso
que, tras esa ardua negociación, protagonizada por el vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda en la
legislatura anterior, don Rodrigo Rato, culmina el 18 de enero del
año 2000, cuando el Colegio de Comisarios consideró compatible con el
mercado interior el nuevo diseño final de la ZEC, recibiéndose la
carta formal de autorización el 8 de febrero de 2000.
Llegado a este punto, me gustaría, señorías, exponer los objetivos
que la ZEC pretende alcanzar al reforzar el papel integrador
mantenido por todo el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Así hay
que destacar la importancia que el REF ha tenido tanto en la
integración de Canarias en lo que es el propio mercado español y en
la Unión Europea como en el desarrollo productivo y económico de esa
región. El REF ha contribuido a amortiguar la lejanía geográfica de
Canarias y su condición insular, acercándola a la Europa del euro.
Igualmente, el REF ha posibilitado, sobre todo en las últimas
décadas, que la región consiga un desarrollo razonable, pasando de
una economía en los años 60 con un peso excesivo del sector primario
y una baja productividad de los factores de producción a otra que,
a pesar de sus dificultades estructurales, se puede hoy considerar
plenamente desarrollada, con un producto interior bruto cada vez más
cerca de la media de las regiones españolas y cada vez más cerca de
la media de la Unión Europea, que era el objetivo.
Es en este mismo contexto y con estos mismos objetivos como debe
entenderse la nueva regulación de la zona especial canaria. La ZEC
aprobada por el Consejo de Ministros del pasado viernes se concibe
como un potente instrumento fiscal, destinado a conseguir la
diversificación productiva de las islas, reduciendo su excesiva
vulnerabilidad del monocultivo del turismo, y a incrementar la
creación de empleo para completar definitivamente la función
integradora del régimen económico y fiscal canario.
Aunque el detalle de los objetivos de política económica lo pueden
encontrar SS.SS. en la memoria que acompaña al decreto-ley, sí me
gustaría detenerme en algunas cifras que considero importantes para
esta comunidad autónoma. A pesar de resultar difícil estimar el
número de empresas que finalmente se acabarán instalando en la ona
especial, unos cálculos basados en proyecciones sobre aquellas que
han mostrado inicialmente su interés al consorcio de la ZEC nos hacen
pensar en un intervalo de entre 500 y 550 empresas que se autorizarán
en esta zona especial.
En términos de empleo, al ser preciso un mínimo de cinco empleos por
empresa autorizada, puede establecerse una cifra próxima a los 1.500
empleos en el primer año de funcionamiento, cifra que irá creciendo
en los sucesivos ejercicios de vigencia de la ZEC hasta totalizar un
mínimo de al menos 2.600 nuevos empleos directos, que con toda
probabilidad pueden situarse en el orden de los 3.000.
Para alcanzar estos objetivos el decreto-ley modifica la Ley 19/1994,
de 6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de
Canarias, la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del impuesto sobre
sociedades, y la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre
la renta de las personas físicas. El decreto-ley se articula en una
exposición de motivos, tres artículos, una disposició9n transitoria,
tres disposiciones finales y un anexo de actividades económicas
permitidas. Básicamente se estructura en dos partes principales, una
organizativa y otra descriptiva del régimen especial. En la parte
organizativa entra la regulación del consorcio de la zona especial
Canaria, del Registro oficial de entidades de la zona especial
canaria, el procedimiento de inscripción de las entidades que
operarán en la ZEC y el régimen de las infracciones y sanciones. Esta
parte no se notificó a las autoridades comunitarias por no constituir
propiamente un régimen de ayudas de Estado, pero se han operado
algunas modificaciones respecto del texto inicial, fruto de la
experiencia del funcionamiento del consorcio estos años.
Las principales modificaciones se refieren a:: la conversión de los
miembros del consejo rector, a excepción de su presidente y
vicepresidente, en consejeros sin dedicación completa, lo que
permitirá también atraer profesionales de prestigio, que no deseen
abandonar su actividad privada, pero sí deseen colaborar con el
proyecto de la ZEC; retoques en la composición de la comisión
consultiva, haciéndola más plural; introducción de unnun órgano
colegiado denominado comisión técnica, cuyo informe sobre las
solicitudes será preceptivo y vinculante y cuya misión es asistir al
Consorcio en la tarea de supervisión de las empresas que pretenden
acceder a la ZEC; adaptación con carácter general del texto de la ZEC
a las nuevas leyes surgidas desde 1994: Lofage, Contratos de las
Administraciones públicas, Asistencia jurídica al Estado, etcétera.
La tarea de las próximas semanas será, precisamente, la elección de
las personas idóneas que integrarán estos órganos rectores, elección
que consensuaremos tanto con el Gobierno canario como con los grupos
parlamentarios. Aunque el propio decreto-ley se encarga, en la
disposición transitoria, de mantener la vigencia del actual consejo
rector hasta el nombramiento del nuevo, puedo asegurarles, señorías,
que es voluntad del Gobierno no agotar plazos y ya, de hecho, estamos
trabajando en la elaboración de esa lista de posibles candidatos,
tanto para el consejo rector como para la comisión técnica.
En lo que se refiere a la parte descriptiva del régimen, se incluyen
sus aspectos sustantivos, es decir, la vigencia temporal, el ámbito
geográfico de aplicación, distinto se gún se trate de actividades de
servicios -todo el Archipiélago- o de producción y transformación
-determinadas áreas en cada isla-, los requisitos exigidos a las
entidades que deseen operar en la ZEC y régimen fiscal. Toda esta
parte fue notificada a las autoridades comunitarias. En esta parte es
donde se ha operado un cambio fundamental respecto del régimen
instituido en la Ley 19/1994, por lo que conviene detenerse algo más
en su descripción.
Vigencia temporal. Por exigencia comunitaria, sobre todo de su
política de ayudas de Estado de carácter regional, el límite de
autorización de entidades es hasta el 31 de diciembre del año 2006, y
el límite de vigencia de la ZEC el 31 de diciembre del 2008. La razón
es que a partir del 31 de diciembre del 2006, fecha en la que se
planteará la negociación del nuevo marco de apoyo comunitario,
previsiblemente Canarias habrá dejado de ser una región Objetivo 1,
con lo que, y a reservas de lo que finalmente ocurra con el Estatuto
permanente de las regiones ultraperiféricas -aún por definir ese
abandono, que además sería afortunado, porque significaría que
Canarias ha alcanzado un nivel mucho más alto de desarrollo
económico- podría optar hacia otras formas de apoyo a ese desarrollo
del archipiélago canario.
En cuanto al ámbito subjetivo de aplicación, se dará autorización a
aquellas personas jurídicas de nueva creación, cuyo objeto social o
actividad sea la realización de las actividades económicas contenidas
en el anexo 1 del decreto-ley, que se entiende favorecerán la
diversificación productiva de las islas. Aesos efectos, se exige una
inversión mínima de 16 millones, unos 100.000 euros, una creación
neta de cinco puestos de trabajo y presentar una memoria de las
actividades a desarrollar que avalen su viabilidad económica, su
competitividad y su contribución al desarrollo de Canarias.
En lo que se refiere al ámbito objetivo de aplicación, desaparece la
estanqueidad objetiva de la Ley 19/1994, es decir, la restricción de
las operaciones de la ZEC a sólo con no residentes básicamente. Ahora
puede, en principio, acudir cualquier inversor interesado y operar
dentro y fuera de España. Ahora bien, la ZEC establece algunos
mecanismos para evitar las deslocalizaciones masivas: por ejemplo, la
obligación de que la creación de empleo sea neta, o el coste fiscal
de una posible fusión con sociedades no- ZEC; en tal caso no se
disfrutaría de tipos reducidos si se venden activos de una sociedad
absorbida.
Respecto al régimen fiscal, a través de una remisión a la normativa
comunitaria se regula la posible acumulación de este régimen con
otros incentivos fiscales a la inversión y al empleo. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.)
En el impuesto sobre sociedades se establecen unos tipos de gravamen
reducidos, variables entre el 1 por
ciento y el 5 por ciento que dependen del año de autorización y de la
creación de empleo, siendo creciente el tipo a lo largo del período
de vigencia que se divide en tres tramos. En el caso de que se
realicen actividades económicas escasamente implantadas en el
archipiélago canario, los tipos de reducen en un 20 por ciento. Los
tipos reducidos se aplicarán exclusivamente sobre la parte de la base
imponible derivada de las operaciones que se realicen material y
efectivamente en el ámbito geográfico de la ZEC y hasta unos límites
señalados, distintos según se trate de actividades industriales, de
servicios o de una categoría especial de actividades que pueden
presentar un mayor riesgo de movilidad.
En definitiva, señorías, la zona especial canaria es una realidad
que, fruto de la colaboración entre el Gobierno central, los
parlamentos nacional y autonómico y el Gobierno canario, consigue un
régimen fiscal especial para la diversificación productiva de
Canarias; régimen que, respetando las pautas marcadas por la Comisión
Europea, refuerza la condición de Canarias como región
ultraperiférica ante la Unión Europea e incrementa el atractivo de
esta zona para las inversiones creadoras de empleo. Es precisamente
por la importancia que la ZEC tiene para el desarrollo de Canarias y
por su límite temporal de vigencia por lo que se ha considerado
necesario no demorar por más tiempo su aplicación, introduciendo en
la Ley 19/1994, de modificación del régimen económico y fiscal de
Canarias, las reformas acordadas con la Comisión Europea. Confluyen
plenamente en este supuesto las circunstancias de urgencia y
necesidad que justifican la utilización de la figura del decreto-ley
para aprobar estas importantes normas que en él se contienen.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Turno en
contra? (Pausa.) ¿Fijación de posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo de Coalición Canaria va a
votar, por supuesto, a favor del decretoley, sobre la reforma del
régimen económico y fiscal de Canarias, en lo que se refiere a la
zona ZEC. Sólo quiero introducir algunas reflexiones sobre qué
significa este decreto-ley en el marco de un largo proceso, yo diría
que de una larga lucha histórica que viene manteniendo Canarias para
el reconocimiento de sus hechos diferenciales.
El señor Montoro ha hecho alguna reflexión sobre eso. Por ejemplo, ha
empezado por decir que Canarias, desde la época de los Reyes
Católicos tiene una serie
de especialidades fiscales. Esas especialidades fiscales no son el
resultado, como es natural, de ningún privilegio, todo lo contrario,
son el resultado de un hecho geográfico. Somos distintos porque
estamos distantes. Tenemos un marco económico distinto porque estamos
a mil kilómetros del continente y eso no se ha entendido bien y
siempre en el marco del Estado español y tampoco en la Unión Europea.
Por eso los canarios hemos tenido que ir manteniendo una larga
batalla, primero con los Reyes Católicos, luego en la Ley de puertos
francos de mitad del siglo XIX, en una situación catastrófica que
tenía Canarias, y con un preámbulo que inspira permanentemente todas
las reformas fiscales y económicas que ha ido teniendo Canarias a lo
largo de los últimos 150 años, que es el reconocimiento de su
insularidad y de su lejanía. En 1972, en la época de la dictadura,
cuando los canarios pedíamos estatuto de autonomía (y, dentro del
estatuto de autonomía, de autogobierno, que era una reivindicación
rupturista con el modelo político de la dictadura de Franco)
deseábamos el reconocimiento de nuestro régimen económico y fiscal.
Al final, sólo se aceptó la parte económico fiscal, como no podía ser
de otra manera, de la que surge el régimen económico y fiscal de
1972. De ahí aparece claramente diferenciado un marco económico y
fiscal para Canarias, dentro del Estado español. Por eso no es
casualidad que en la Constitución española del 78, en la disposición
adicional tercera, se diga que el régimen económico y fiscal es un
elemento básico del pacto de Canarias con el Estado y, por tanto, de
la Constitución democrática, que es hoy la de todos los españoles. En
1986, con la adhesión de España a la Unión Europea, Canarias tiene un
tratamiento diferencial. Desde 1986 hasta 1991 tuvimos cinco años con
lo que se llamaba Protocolo 2. Estábamos fuera de la unión aduanera,
con un tratamiento para unas islas alejadas, un archipiélago alejado
que necesitaba un tratamiento diferencial. En 1991 el Estado español
nos pidió que una vez pasados esos cinco años nos integráramos de
pleno derecho - esa era la expresión- en la Unión Europea, pero con
el reconocimiento de nuestro hecho diferencial. De ahí sale el
régimen fiscal de 1991, es decir, el reconocimiento del IGIC y no del
IVA, nuestros impuestos especiales de carácter indirecto, que son la
culminación de lo que en el Estatuto de Autonomía de Canarias se
mostraba como un elemento esencial de nuestro hecho diferencial. Pero
en 1991 nos quedamos sólo a medias. Los canarios hemos perdido casi
una década, que en el año 2000 estamos intentando cerrar. En 1991 nos
quedamos sólo con medidas fiscales; entonces dijimos: hace falta
completarlas con medidas económicofiscales. En el periodo del
Gobierno socialista, en 1974, se planteó la reforma del régimen
económico y fiscal canario, que, en un proceso de integración europea
mucho más acelerada, supuso que Europa empezara a ponernos reservas.
El hecho diferencial canario no es ningún tipo de privilegio, ya lo
he dicho, es una compensación
para que situaciones desiguales puedan tener un tratamiento
igualitario; es decir, no ser discriminados por nuestra lejanía, que
es un elemento diferencial y es un obstáculo a nuestro desarrollo
económico, como nuestra historia económica ha demostrado.
En 1996 entra el Gobierno del Partido Popular y tiene que ratificar
los acuerdos de 1994. De nuevo se produce una larga lucha. En 1996 la
Comisión Europea empieza a poner grandísimas reservas, ya las ponía
en 1994, a la convalidación, de acuerdo con el derecho comunitario,
de nuestras especialidades de la reforma de 1994.Después de una larga
batalla, en diciembre de 1996 conseguimos los artículos 25, 26 y 27
del REF, es decir, las bonificaciones y las reservas de inversiones,
que ha cambiado una parte esencial de la historia de Canarias. En
Canarias no se generaba ahorro; las empresas de fuera obtenían
grandes beneficios y sacaban los capitales. El resultado era un paro
tremendo en las islas Canarias y con empresas que no eran
competitivas. ¿Qué industria era la que teníamos en Canarias? Las
pequeñas industrias agroalimentarias, el tabaco, la pesca, etcétera,
que están en un auténtico declive. Necesitábamos un instrumento
fiscal tan potente como fue la reserva de inversiones. Ahora
precisamente, señor Montoro, le recuerdo que está en sus manos y del
Gobierno de Canarias el que pronto podamos definitivamente fijar los
criterios de la reserva de inversiones.
Después de diciembre de 1996, volvemos a entrar con el tema de la
zona ZEC. En Europa hay una gran preocupación por los paraísos
fiscales, y pensaban que los canarios queríamos un paraíso fiscal,
como las islas Caimán, es decir, una zona especial que sólo sirviera
para lavar dinero negro. Nosotros estamos contra los paraísos
fiscales. Es muy importante el informe de la OCDE estableciendo
límites a los paraísos fiscales. Nosotros no queremos que un señor
cree una empresa con un trabajador, con un fax y sobre esa base evada
capital y realice fraude a las haciendas públicas. Nosotros no
queremos eso; queremos una zona económica. Quiero recordarle que la
zona económica que nosotros planteamos es la que tiene Irlanda o
Madeira. Si uno mira el mapa continental europeo, se pregunta: ¿por
qué Madeira tiene una zona especial, Irlanda tiene una zona especial
y Canarias no tiene una zona especial? Es un déficit político
importante de los gobiernos de España; reflexionemos sobre eso. Si
había alguna zona era Madeira y Canarias, que son reconocidas como
regiones ultraperiféricas. Irlanda, gran isla, aparentemente atrasada
y que ha pegado un gran cambio histórico, se ha incorporado a la
revolución tecnológica con su zona especial. ¿Cómo consiguieron otros
países de la Unión Europea una zona especial para Irlanda y a
nosotros nos han estado poniendo toda clase de cautelas? Por dos
razones: por una debilidad política del Gobierno de España, que
nosotros lamentamos, en la negociación europea y porque en el
Gobierno central de España había reservas y cautelas ya que los
canarios
éramos sospechosos de no se sabe qué, sospechosos de nuestro atraso,
de que queríamos crear un paraíso fiscal, de que queríamos
deslocalizar, de que queríamos meter actividades de seguros o de
banca o financieras. Si Singapur se separa de Malasia -y se produce
un cambio tremendo en la isla-, si Hong Kong es lo que es, si la
islas Mauricio -y ustedes perdonen la similitud con mi apellido-, si
Madeira, si Canarias son territorios que en el mundo de la
globalización juegan un papel de intermediación económica clave y su
renta de situación por su lejanía es un instrumento básico de su
desarrollo, por lo que tenemos que apostar los canarios es por un
desarrollo autosostenido , y no por un desarrollo de venir a llorar a
la Administración central subvenciones para nuestro atraso económico.
Todavía en Canarias hay ese debate, todavía hay empresarios que lo
que pretenden son protecciones, subvenciones, venir llorando y de
víctimas, victimistas. Eso es lo que no queremos, sino una economía
que se desarrolle, que tenga sus propios recursos. El hecho de ser
lejano no es un elemento de nuestro atraso, sino que puede ser un
elemento de nuestra potencia. Nosotros no queremos un agujero fiscal
en el continente europeo, sino una plataforma de España y de Europa
en esta zona del mundo que va desde Dakar, Cabo Verde, Canarias,
Madeira, el sur del continente y enfrente Casablanca y el Magreb. Esa
es la nueva zona económica, en cuyo centro queremos trabajar. España
tiene que entender que Canarias no es un problema, sino que es un
instrumento potencial muy importante para una dimensión que no ha
utilizado nunca a lo largo de su historia. No ha tenido sino
prevenciones contra nosotros, no nos ha puesto más que corsés,
camisas de fuerza. Hemos empezado a romperlos. Esa es la razón de
ser, en gran parte, del nacionalismo canario: introducir aquí, hacer
comprender a los pocos señores diputados -y no es casualidad que sean
tan pocos cuando se habla de Canarias- que la dimensión canaria es
una parte importante de la dimensión europea, en una zona del mundo
que está muy lejana, a sólo 100 kilómetros del continente africano, y
África para nosotros no es un problema.
Por eso, señor Montoro, le felicito a usted y al señor Rato, estamos
encantados de haber avanzado. Lo que espero es que hayan entendido y
no lo hagan, primero, por la ZEC, luego, por la reserva de
inversiones, porque no saben muy bien, porque estos canarios... No, es
un conjunto; es entender una plataforma nueva que se va a
desarrollar, que ha madurado no sólo económicamente sino como
sociedad, que tiene personalidad propia y que lo único que pide es
ser tratado como otros territorios extracontinentales, aunque en
algunos casos no tenga sentido. Yo puedo entender que Irlanda
provoque grandes reservas sobre deslocalización porque está al lado.
Irlanda es una gran isla pero pegada. Los suecos se van a Irlanda y
los ingleses, que también hablan inglés. Pero nosotros, a 100
kilómetros de África, ¿qué
deslocalizaciones vamos a producir? Lo único que estamos pidiendo es
generar actividad económica y utilizar nuestra renta de situación en
un mundo globalizado a nuestro favor.
Señor Montoro, falta la RIC, aprobamos la ZEC. Yo valoro muy
positivamente su oferta de pactar el consejo rector, porque no
queremos que ustedes pongan en él un comisario económico para que
esté todo el tiempo asustado a ver si van a deslocalizar algo, sino
un señor que dirija un proyecto de política económica de futuro para
Canarias. Porque nosotros no queremos venir aquí de víctimas de nada.
Queremos ser una comunidad autónoma con personalidad, con fuerza
propia y con capacidad de sostener nuestro progreso y nuestro futuro,
y así colaborar con España y con Europa. Eso es lo queremos ser.
La señora PRESIDENTA: Señor Mauricio, le ruego concluya.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Termino, señora presidenta, y le
agradezco su generosidad con el tiempo.
Como decía, eso es lo que queremos saber. Por tanto, pactemos el
consejo rector pero con una concepción económica nueva; pactemos el
RIC, y ayúdennos (nosotros vamos a ayudarnos también) a conseguir un
estatuto especial o permanente, como usted le llama, de región
ultraperiférica en la Unión Europea. Cuando lo consigamos -y
esperamos que sea en la cumbre de Niza- habrán pasado diez años de
espera, desde 1991 hasta el 2001, que es cuando lo vamos a conseguir,
para que se nos reconozca nuestra personalidad económica como pueblo.
Ya se nos reconoció nuestra personalidad política con la reforma del
estatuto de autonomía reconociendo nuestra nacionalidad. Somos una
nacionalidad dentro de la Constitución española y como tal somos un
pueblo maduro que se autogobierna, que tiene su propio proyecto
económico y que vive en una zona distinta a la del resto de los
españoles, pero no por eso dejamos de ser españoles ni dejamos de ser
europeos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Muy brevemente.
En primer lugar quiero aclarar que para nosotros este real decreto no
se incorpora al resto de la batería de medidas presentadas por el
Gobierno ante el problema de la inflación, aunque no lo reconozca, y
tiene que ver con un tema que nos parece muy importante como es el
régimen económico y fiscal de Canarias, cuestión con la que nosotros
estamos de acuerdo y, por tanto, vamos a votar favorablemente, aunque
estemos un poco confundidos por el tema de las islas Mauricio y las
islas Canarias.
La falta de diputados no creo que se deba al tema, que interesa a
todos los diputados; el problema es que estamos ya bastante agotados.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señoras y señores diputados, para un diputado
socialista canario o para un diputado canario que pertenezca a
cualquiera de los grupos parlamentarios tener la oportunidad de
intervenir en este turno y además en un turno mixto, porque
anunciamos nuestro voto a favor de los contenidos de este real
decreto-ley y al mismo tiempo se fijan posiciones, nos permite
indicar a los socialistas (queremos que quede muy claramente
reflejado en el «Diario de Sesiones» y ante la opinión pública) que
este decreto-ley no se enmarca en todo el conjunto de medidas de
reales decretos-leyes de política económica del Gobierno que a lo
largo de la mañana y de la tarde de hoy vamos a ir viendo. Se trata
de un real decreto-ley singular que vamos a votar a favor y del que
vamos a pedir también su tramitación posterior como proyecto de ley,
dada la importancia que tiene desde la perspectiva de la fiscalidad y
la economía de la Comunidad Autónoma canaria y desde la perspectiva,
sin duda alguna, de esa especie de foralidad histórica que ella tiene
con su régimen económico y fiscal. Tiene que quedar muy claro que se
trata de un real decreto-ley con el que los socialistas nos
identificamos si no plenamente en sus contenidos, que hubiésemos
deseado que hubiesen tenido otra dimensión, sí en lo que ha
significado desde el punto de vista de desarrollo histórico.
El Grupo Parlamentario Socialista no quiere dejar de recordar que fue
precisamente el Parlamento de Canarias, en el libre ejercicio de su
autonomía, cuando en el año 1985 se dirigió al Gobierno de España,
presidido por Felipe González, para pedirle que, en el Tratado de
Adhesión del Reino de España a la Comunidad Europea en aquel momento,
la comunidad canaria quedase singularizada, singularidad derivada de
la lejanía, de las características geográficas, del poco tono
económico que requería de actuaciones específicas. Así se recogió por
mandato del parlamento de Canarias en el Tratado de la Unión Europea
en lo que se denominó Protocolo 2. Con posterioridad, fue el mismo
Parlamento de Canarias, en 1989, quien de nuevo se dirige al Gobierno
de la nación, presidido por Felipe González, y le dice que es
necesario que Canarias reconduzca su situación, porque a lo largo de
los años 1986, 1987, 1988 y 1989 la situación económica no se ha
enderezado y el acuerdo que se adoptó en 1985, a petición del
Parlamento de Canarias, requiere una reconducción. El Gobierno de
España así lo hace, lo incorpora a su actitud negociadora, a su
actividad negociadora con las comunidades europeas, con la Comisión
Europea y de ahí que a partir del año 1990 comiencen a ser de plena
aplicación en Canarias políticas comunitarias que no lo habían sido
hasta ese momento. No podemos dejar de recordar que, precisamente en
esa línea, la sensibilidad de la Comisión Europea a instancias del
Gobierno de España permite la irrupción de un nuevo programa de
opciones específicas para la Comunidad Autónoma canaria, el Poseican,
que pone de manifiesto ese respeto singular de Europa y del Gobierno
de España hacia nuestras singularidades, a las que desde esta tribuna
hemos hecho referencia en varias ocasiones.
En 1991 se aprueba la Ley del régimen económicofiscal canario para
armonizar la fiscalidad canaria con la que en el resto del Reino de
España se ponía en marcha. En 1994, se aprueba la Ley de
modificaciones del régimen económico-fiscal canario, que hoy se va a
modificar en más de 40 artículos con este real decretoley que el
Gobierno nos trae. El Gobierno de España y las Cortes Generales (no
con el voto del Partido Popular, sino con el voto favorable de
Coalición Canaria, del Grupo Socialista y de los restantes grupos
nacionalistas de la Cámara) aprueban la Ley de modificaciones del
régimen económico-fiscal de 1994. Hoy se produce la modificación de
un título de esa ley, y es así porque en 1994 hubo dificultades, que
no vamos a negar, en la comunicación del Gobierno español a la
Comisión Europea respecto a los contenidos de ese título V. La
Comisión da una indicación estableciendo la necesidad de una
negociación con ella, negociación que dura seis años y que el 18 de
enero pasado condujo a la aprobación de la compatibilidad de una
serie de mecanismos en lo que se refiere a ayudas del Estado.
Señorías, debemos dejar muy claro a efectos de conocimiento de toda
la Cámara y del contenido del «Diario de Sesiones» qué es lo que se
aprueba el día de hoy. Previsiblemente, dada la orientación del voto
de los grupos parlamentarios, se aprobará la modificación de los
contenidos de ese título V, que es el referido a la zona especial
canaria. Nosotros no podemos olvidar la sensibilidad del Gobierno de
España, de un Gobierno socialista que durante 10 años marcó esa
trayectoria, esa línea de conducta con respecto a la Comunidad
Autónoma canaria. Entre otras cosas, la Ley de puertos del Estado y
de la marina mercante de 1992 estableció y fijó en Canarias el
registro especial de buques del Estado español a efectos de
posibilitar un relanzamiento de la marina mercante española, en
situación de grave crisis en aquella época, y no se residencia ni en
la Comunidad Valenciana, ni en la de Cataluña, ni en la de Galicia,
sino que se residencia en la Comunidad Autónoma canaria. Es
precisamente en uno de los títulos de nuestra Ley de modificación del
régimen económico- fiscal canario de 1994 donde se establecen una
serie de mecanismos incentivadores de la fiscalidad para potenciar la
estructura de la marina mercante española. Hoy, curiosamente,
aquellos que denostaban esas medidas permanecen callados, porque el
95 por ciento de la flota mercante española, el 95 por ciento del
tonelaje de registro bruto de la flota mercante española está
residenciado en la Comunidad Autónoma canaria, con una aportación de
generación de empleo y de actividad económica protagonizada por las
distintas empresas navieras, armadoras, que se han residenciado en
Canarias al amparo de los contenidos de la Ley de puertos del Estado
y de la marina mercante y de los beneficios fiscales recogidos en un
título de la Ley de modificaciones fiscales del régimen económico-
fiscal canario. Hoy vamos a consolidar -y nos felicitamos por ello-
los contenidos de la zona especial canaria. Son unos contenidos
diseñados en 1993 y 1994 por aquel Gobierno, que negoció con el
Gobierno de la Comunidad Autónoma canaria una serie de contenidos que
han requerido unos retoques y modificaciones, que nosotros aceptamos
en estos momentos, pero que tienen que quedar muy claros.
Nosotros, señorías, debemos dejar patente que no estamos aprobando
hoy un paraíso fiscal, como algún que otro comentario de pasillo -y
hay que decirlo- ha filtrado en conversaciones informales un tanto
jocosamente, como consecuencia del desconocimiento de la realidad. La
zona especial canaria no será en modo alguno un paraíso fiscal. Se
trata realmente de una zona que la Comisión Europea y el Gobierno de
España impulsan para la generación de empleo, para la generación de
empresas. Se trata de una zona europea de empresas cuyo objetivo
esencial es el desarrollo regional de un archipiélago, de una región
ultraperiférica, objetivo que tendrá que ver culminado, tal como ha
dicho la Comisión Europea recientemente -y nosotros también nos
felicitamos por ese contenido- con una serie de medidas que deben ir
estableciendo la regulación del artículo 299, párrafo segundo, del
Tratado de la Unión Europea, que será ya una especie de último
escalón a efectos de normalizar nuestro corpus frente a la Unión
Europea.
La zona especial canaria la concebimos nosotros como un instrumento
que coadyuva, pues, a la promoción de la complementariedad de una
economía de Canarias que está hoy en día fundamentalmente orientada
al sector servicios, y por ello se potencian en ella actividades
manufactureras internacionales. La zona especial canaria era
inicialmente, tal como se recoge en la filosofía de la ley del año
1994, una especie de zona off shore, un instrumento orientado a la
internacionalización de la economía de Canarias, lo que, en términos
económicos, los economistas que aquí se encuentran presentes saben
-yo no soy economista, obviamente- que se denomina como economía de
enclave. Sepretendía con los contenidos de aquella ley situar
determinados enclaves económicos orientados a generar un
plus de riqueza, un plus de actividad económica en el ámbito de la
economía de Canarias, y por ello se configuró en torno a unos
conceptos fundamentales, a unos pilares básicos: los de la
estanqueidad objetiva, el de la estanqueidad subjetiva y, en torno al
principio derivado de esta última, de estanqueidad geográfica. Ahora
se modifica, y se modifica de una forma que nosotros aceptamos. Es
posible ahora la instalación en Canarias de empresas de titularidad
accionarial de empresarios canarios, de empresarios españoles, que
constituyen sociedades que van a estar sometidas al control de la
Administración pública española. Sometidas a un control, no hay, no
habrá opacidad fiscal. Hay un control permanente de todas las
instituciones que tengan algo que ver al respecto. Hemos de dejar muy
claro que las entidades que se integren en la zona especial canaria
van a tributar en el impuesto sobre sociedades de forma baja, a un
tipo impositivo que irá del 1, pasando por el 2,5, al 5 por ciento,
dependiendo del momento de la instalación de la ZEC.
En primer lugar, nos parece positiva la exigencia de un número mínimo
neto de cinco empleos para cada una de las empresas que se instalen
en la ZEC, y el señor ministro, cuando leyó determinados párrafos de
la memoria, indicó que, según un informe del consejo rector de la
ZEC, es posible que en los próximos años se generen alrededor de
3.000 puestos de trabajo. Es decir, el gasto fiscal se va a emplear
en la generación de empleo, en la generación de nueva actividad
económica. ¡Cómo no vamos a apoyar una actuación gubernamental de
esta índole, que hemos venido demandando en los últimos años! En
segundo lugar, señorías, tiene que quedar muy claro que no va a haber
opacidad fiscal. Naturalmente, nos parece muy positiva la
introducción excepcional que se recoge en el texto que hoy se trae a
nuestra consideración de la exigencia de una inversión mínima de
100.000 euros para todas aquellas empresas que se instalen y que se
vinculen a la generación de empleo, pero además con fiscalidad
excepcional en el supuesto de empresas preexistentes, a las que se
aumentarán las deducciones fiscales para que integren a aquellos
trabajadores hoy situados en alguna de las actividades de las
empresas que se instalarán en la ZEC. En tercer lugar, con el fin de
establecer una mayor proporcionalidad entre ayuda y lucha contra el
desempleo nos parece positivo que se introduzca una menor reducción
en el ritmo temporal de decrecimiento de la ayuda cuando la empresa
ZEC cree más empleo del que inicialmente tenía previsto la norma; es
decir, se darán mayores ayudas fiscales y mayor gasto fiscal a quien
más empleo genere. En cuarto lugar, se reconoce implícitamente una
determinada prima de preexistencia que nos parece positiva. Hay
industrias que están hoy con un tono económico vital muy corto y que
se van a poder acoger a los mecanismos incentivadores de la ZEC, con
lo cual se van a consolidar puestos de trabajo
que existen en la actualidad, y en esas industrias se generarán
puestos de trabajo complementarios.
En consecuencia, la zona especial canaria va a ser un nuevo
instrumento de desarrollo de nuestra comunidad que una vez más pone
de manifiesto la sensibilidad, la solidaridad del resto del Estado
español con Canarias y también la de las instituciones comunitarias.
Es cierto que nada nos viene regalado por inspiración divina sino
como consecuencia de actuaciones políticas y gubernamentales, de la
propia Comunidad Autónoma canaria y de toda la estructura social de
dicha comunidad. Reitero, señoría, que con este instrumento nos
sentimos globalmente satisfechos.
La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego termine.
El señor SEGURA CLAVELL: Sí, señora presidenta, voy terminando mi
intervención.
Sin embargo, desde el punto de vista formal nos preocupa que una vez
convalidado el real decreto-ley no se pueda tramitar posteriormente
en forma de proyecto de ley. El Gobierno puede tener preocupación
acerca de determinados contenidos de compatibilización de ayudas
fiscales. La reserva para inversiones es un instrumento potente -será
objeto de debate con el señor ministro en Comisión a partir del
próximo mes de septiembre- que tiene del orden de medio billón de
pesetas en condiciones de poder ser materializadas en actividades
ZEC. Ojalá sea así, pero no podemos renunciar a la tramitación como
proyecto de ley desde el punto de vista de la propia comunidad
canaria porque la Constitución española nos obliga a ello. Señorías,
vamos a modificar el 53 por ciento de la ley, del orden de 45
artículos de la misma. No puede quedar sencillamente como un real
decreto-ley que se convalida porque es el Parlamento de Canarias el
que lo ha demandado. Puedo asegurar a los restantes grupos que el
Grupo Socialista tiene interés en producir enmiendas razonablemente
técnicas del futuro proyecto de ley en la tramitación en el Congreso
de los Diputados y el Senado, si como tal se tramitase. Somos
conscientes de que se trata de una estructura que hay que procurar
que no se debilite ante la Comisión Europea ni que ésta pueda tener
instrumentos para debilitarla. Desde esa óptica, no renunciemos al
ejercicio de una responsabilidad institucional que nos viene dada por
la Constitución española y por el propio estatuto de autonomía.
Así pues, señorías, reitero que vamos a votar a favor de la
convalidación del real decreto-ley, con lo cual la Ley de
modificación del régimen económico y fiscal canario alcanza un nivel
bastante aceptable. Y pedimos a la Cámara que se produzca su
posterior tramitación como proyecto de ley.
Señora presidenta, nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. Me corresponde explanar
en nombre del Grupo Parlamentario Popular el posicionamiento del
mismo respecto al Real Decreto-ley 2/2000, cuya convalidación se
solicita hoy por el Gobierno.
La posición del Grupo Parlamentario Popular va a ser favorable a
dicha convalidación puesto que la modificación que se está llevando a
cabo de la Ley 19/1994, que modifica algunos aspectos económicos y
fiscales del REF canario, termina con un largo trayecto, con seis
años de negociaciones y de situaciones que podríamos denominar
complejas.
He escuchado aquí, sin embargo, que se va a solicitar su tramitación
como proyecto de ley y tengo que decir que el Grupo Popular no va a
apoyar esa petición, puesto que, como todo el mundo sabe -lo han
repetido los diferentes intervinientes-, estamos esperando desde hace
seis años esta regulación. Se ha dicho que la zona especial canaria
se está modificando en este momento en base a los parámetros y a la
regulación comunitaria para poder hacerla compatible y que se pueda
aplicar. Como les digo, llevamos seis años esperándolo y desde luego
nos parece esencial que comience a aplicarse ya dicha zona para la
creación de empleo y para la diversificación de la economía canaria,
que tanto depende del turismo o de determinadas actividades
agrícolas.
El Grupo Popular no lo va a apoyar no sólo por su vigencia hasta el
2008 de esta zona especial canaria sino porque sorprendentemente, en
el debate que hace muy pocos meses ha tenido lugar en el Gobierno de
Canarias, tal como exige la Constitución española, puesto que lo que
hoy estamos haciendo es modificar el régimen económico y fiscal de
Canarias, que requiere el informe previo del Parlamento autonómico,
el interviniente representante del Grupo Socialista, sabiendo que se
iba a regular esta modificación en un real decreto-ley, apoyó con su
voto, igual que el resto de sus compañeros, el debate y la ponencia y
en ningún momento dijo que no estaba de acuerdo. Eso es un doble
discurso y a nosotros los dobles discursos nunca nos han gustado y
nos siguen sin gustar. Si verdaderamente están dispuestos a que se
regule como un proyecto de ley y a que se suspendan o se paralicen
algunas medidas esenciales para el desarrollo económico de Canarias y
de todos los canarios, deberían decir esto también en Canarias, al
igual que lo dicen aquí. Porque lo cierto es que el Partido Popular,
cuando se incorporó al Gobierno en 1996, se encontró pendientes
muchísimos contenciosos de Canarias con Europa.
En el año 1996 nos encontramos con que existía una problemática con
la modificación del régimen económico y fiscal. Es cierto que la
regulación de la Ley 19/1994 requería su convalidación con la
regulación comunitaria y efectivamente, tal como ha manifestado el
interviniente del Grupo Socialista, solamente se notificó a la Unión
Europea la convalidación de determinados artículos, de determinadas
medidas fiscales, que se regulaban en los artículos 24, 25, 26 y 27.
No se notificó la del artículo 28, correspondiente a la zona especial
canaria, a la espera de la aprobación o no aprobación.
Señoras y señores diputados, no nos engañemos con respecto a lo que
ha sucedido. La modificación del régimen económico y fiscal aprobada
en la Ley 19/1994 recoge una serie de aspectos y de incentivos que
necesitamos en Canarias. Canarias, efectivamente, es una región
lejana, con unas características de insularidad, con un suelo
reducido y con escasez de recursos. Ynos encontramos con que todas
estas medidas fiscales, que han ido evolucionando a lo largo del
tiempo según las necesidades, se modifican en el año 1994 para
intentar adecuarlas a la normativa europea. Pero lo cierto es que no
se notifica en forma, sino que el artículo 28, relativo a la zona
especial canaria, se paraliza a la espera de la evolución de la
propia normativa o de los órganos de la Unión Europea. En ese plazo
de tiempo, desde 1994 a 1998, en que se notifica por el Gobierno del
Partido Popular, surgen una serie de dificultades que voy a exponer y
que creo que también fueron esenciales para dificultar, para
prolongar a seis años la aprobación de la zona especial canaria que
hoy llevamos a cabo. Incluso quiero recordar que mediante el real
decreto-ley 3/1996, la Diputación Permanente aprueba una modificación
del REF y en marzo del mismo año se aprueba el Consejo rector del
consorcio de esta zona especial canaria, un consejo rector sin
funciones, aunque yo quiero hacer constar en este momento el
agradecimiento del Partido Popular por la gran labor que
desarrollaron sus miembros, con Rafael Molina Petit a la cabeza, para
la defensa de la zona especial canaria, para que se aplicara como una
zona competitiva, eficaz y creadora de empleo.
La primera dificultad surgió en el año 1997, cuando los ministros de
Economía y Finanzas de la Unión Europea aprobaron en el Ecofin un
texto en el cual se fijaba un código de armonización fiscal que lo
que pretendía y lo que pretende es intentar eliminar normas o
conductas que contraríen la libre competencia o que deslocalicen las
empresas de la Unión Europea. Pero no sólo es eso. A los tres meses,
el 10 de marzo de 1998, también en la Unión Europea el Consejo
aprueba unas nuevas directrices para las ayudas de Estado con
finalidad regional y, como ustedes saben, la zona especial canaria
también se considera una ayuda de Estado. Las directrices van en la
línea de fijar una especial consideración a estas ayudas de Estado
con finalidad regional para que las mismas tengan como objeto una
inversión permanente y una creación de empleo estable en el
tiempo. Además, la coyuntura económica canaria, que mejora ya a
mediados de 1998, da lugar a que el producto interior bruto en la
Comunidad Autónoma canaria aumente y llegue a superar el 75 por
ciento, la media de la Unión Europea. Ello podía dar lugar a que se
perdiera la calificación de nuestro archipiélago como región Objetivo
1. Sin embargo, se consiguió, debido a su consideración como zona
ultraperiférica, que siga como región Objetivo 1 durante el período
2000-2006 y que, por tanto, se siga fijando para el archipiélago
canario el nivel máximo de ayudas de Estado. Es en ese momento cuando
se notifica por parte del Gobierno del Partido Popular la regulación
de la zona especial canaria. Esta regulación -como se ha dicho
anteriormente- recoge determinadas modificaciones para hacerla
compatible. No estamos hablando de un paraíso fiscal -como se ha
dicho-, no se está hablando en ningún momento de una zona offshore.
Estamos hablando de una zona de baja tributación, entre un 1 y un 5
por ciento -y se ha dicho antes- del impuesto sobre sociedades y,
desde luego, las modificaciones que se están aprobando creemos que
mejoran ostensiblemente el contenido y el desarrollo de la zona
especial canaria. El problema se plantea con respecto a la vigencia
porque no se admite en ese sentido y la vigencia queda hasta el 31 de
diciembre de 2008 y opcional hasta el 2006, pero lo cierto es que se
elimina la estanqueidad objetiva y sólo recoge la geográfica de lo
que se denominan zonas estancas. Por tanto, nos encontramos con una
zona especial canaria modificada, pero esa modificación da lugar a
una mejora de la misma y a una aplicación de la misma, que es lo que
queremos los canarios: una zona especial canaria que dé lugar a un
crecimiento económico con una diversidad de nuestra producción y a un
crecimiento de empleo.
Además, estamos convencidos de que va a ser una zona competitiva, y
va a serlo porque si comparamos las zonas estancas de la zona
especial canaria con las zonas francas del resto de España, como Vigo
o Barcelona, vemos perfectamente cómo en las mismas, aparte de la
exención de los impuestos de aduanas respecto a las mercancías, se
recoge también una aplicación del tipo impositivo muy reducido, que
es el 1 al 5 en nuestra zona especial canaria, frente a la de Vigo o
Barcelona, que sería el 35 por ciento. Y ahora, por cierto, con uno
de estos reales decretos-leyes, si tiene la empresa una producción de
más de 500 millones, el 30 por ciento. Pero también es competitiva
respecto a la zona de Madeira, que aquí se ha nombrado, y respecto a
la zona de Irlanda. En Irlanda, efectivamente, se admiten
determinadas actividades que no se recogen en la nuestra, como es la
actividad financiera, pero, sin embargo, el tipo impositivo es del
12,5 por ciento. Por tanto, nosotros podemos ser también muy
competitivos respecto a esa zona. Y respecto a Madeira, es cierto que
en algunas actividades aplica el tipo impositivo del cero por ciento,
pero lo cierto es que nosotros creemos que
nuestra zona especial canaria va a tener una clara ventaja respecto a
la zona de Madeira. En primer lugar, nuestro territorio es mayor; en
segundo lugar, nuestras infraestructuras en transporte son mucho
mejores que las de Madeira; en tercer lugar, nuestro clima es mucho
más favorable y atractivo y por último está nuestro potencial humano.
La existencia de las dos universidades en Canarias, donde se estudian
carreras técnicas, va a dar lugar a que tengamos unas personas
preparadas que van a poder trabajar en estas empresas donde se va
a requerir una especialización. Estamos hablando de todo lo que tiene
que ver con la informática, con el comercio electrónico, con el
ensamblaje, con la fibra óptica o incluso con la actividad
farmacéutica.
Esta zona especial canaria, que, como hemos dicho, el Partido Popular
y el Gobierno del Partido Popular, ha luchado por que la misma se
aplique, sin lugar a dudas también se hace con justicia. Este no
cobro de determinados impuestos no es algo que se nos regale a los
canarios. Nuestra característica física de lejanía e insularidad,
nuestras características económicas de la escasez de recursos y del
coste del transporte, requieren, como ha requerido siempre a lo largo
del tiempo, una diferenciación fiscal y económica que permita a los
canarios, que permita a las empresas canarias, crear riqueza. Además,
creemos que va a ser una zona eficaz, automáticamente. Si conseguimos
que se fijen las 550 empresas, habrá una creación de empleo directo
de más de 3.000 puestos de trabajo, que tan bien viene a Canarias, ya
que sufrimos una lacra terrible de desempleo respecto al resto de los
países europeos e incluso respecto a otras regiones de España.
Creemos que esta zona especial canaria sin lugar a dudas va a tener
todos los condicionantes y todos los criterios para poder crear
empleo, para poder hacer crecer la riqueza en Canarias. La
notificación se llevó a cabo por el Gobierno del Partido Popular,
porque llevábamos una negociación a dos bandas, con el Gobierno de
Canarias y al mismo tiempo con la Unión Europea, y nos parecía que
era esencial notificar nuestras características fiscales y nuestra
propia idiosincrasia fiscal. Y no nos tenemos que arrepentir de ello,
porque es lo que se merecen en este momento todos los canarios para
el desarrollo económico. Por esa actitud, por ese comportamiento
riguroso y sólido que ha desarrollado el Gobierno del Partido Popular
se notifica en el año 1998 lo que se debió notificar en 1994, y ya en
febrero de 2000 se da luz verde a esta zona especial de Canarias. Ha
sido emitido el informe previo del Parlamento autonómico y ahora nos
encontramos, señoras y señores diputados, con un real decreto que
modifica algunos aspectos en el sentido que se ha dicho con
anterioridad y con que por fin se va a aplicar, después de seis años,
una zona especial canaria, principal pilar para la creación de
riqueza y de empleo.
Desde aquí el agradecimiento al Gobierno del Partido Popular que se
ha encontrado, como he dicho anteriormente,
con muchísimos contenciosos pendientes entre Canarias y la Unión
Europea -la reserva de inversiones, la consideración de Canarias como
zona ultraperiférica-. Se han ido cerrando todos esos contenciosos
pendientes y ahora ya se ha cerrado la zona especial canaria;
esperemos que la interpretación de la RIC, de la reserva de
inversiones, que se vaya a llevar a cabo sea positiva, para que
continúe el crecimiento de la misma, que también es un instrumento
económico importante para Canarias.
La señora PRESIDENTA: Señora Barrios, la ruego termine, por favor.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señora presidenta.
Aparte de este reconocimiento al trabajo llevado a cabo por el
Gobierno del Partido Popular, estoy convencida de que esta apuesta
firme que hace España y Europa por Canarias la hace por el futuro y
por el desarrollo económico de Canarias y de los canarios, y desde
luego, con la aplicación de esta zona especial en Canarias, vamos a
conseguir no sólo el desarrollo económico de empresas, que muchas
veces se puede malentender, sino un desarrollo económico y un
crecimiento de riqueza que se va a distribuir entre todos. Y, por
tanto, se va a crear un mayor número de empleos, que en el fondo es
la gran finalidad que estamos persiguiendo.
Muchas gracias. (El señor ministro de Hacienda, Montoro Romero, pide
la palabra.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Barrios.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Con mucha brevedad quiero agradecer las intervenciones de los
representantes de los grupos políticos en la Cámara. Recibir ese
apoyo va a potenciar el propio instrumento fiscal, pero sobre todo
significa un apoyo para lo que es el crecimiento económico de
Canarias y la creación de empleo en esta región.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- REAL DECRETO-LEY 4/2000, DE 23 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES DE
LIBERALIZACIÓN EN EL SECTOR INMONILIARIO Y TRANSPORTES. (Número de
expediente 130/000003.)
La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, de
medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y
transportes.
Para su presentación, tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señorías, el real decreto-ley cuya convalidación se
somete a la consideración de esta Cámara aborda diversas
modificaciones legislativas en sectores competencia del Ministerio de
Fomento, que se insertan en el marco de un conjunto de medidas de
naturaleza estructural que con carácter de urgencia adopta el
Gobierno a fin de evitar la aparición de desequilibrios
macroeconómicos que amenacen la estabilidad y el proceso expansivo de
nuestra economía.
Sin perjuicio de las razones que motivan la adopción del real
decreto-ley, debo significar que el texto va a ser objeto de
tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia,
pues es deseo del Gobierno que los diferentes grupos parlamentarios
manifiesten su opinión respecto a sus artículos y además puedan
presentar las enmiendas que estimen por conveniente. En este
contexto, el punto de partida que hay que tener en cuenta es la
evolución positiva de la economía española, en la que han tenido
especial incidencia las medidas liberalizadoras acordadas por el
Gobierno, lo cual hace necesario seguir avanzando en el proceso para
mantener el ritmo de crecimiento económico. El objetivo fundamental
es incidir de forma inmediata en el comportamiento de los distintos
agentes económicos, para estimular la competencia y conseguir una
mejor asignación de los recursos así como influir positivamente sobre
el nivel de los precios.
Las medidas previstas en este real decreto-ley se proyectan
directamente sobre dos sectores básicos de la esfera de actuación del
Ministerio de Fomento, como son el sector inmobiliario y el de los
transportes. Pero se incluye también el suministro de hidrocarburos a
los buques en los puertos para favorecer la competencia entre las
empresas suministradoras del sector de hidrocarburos.
Por lo que respecta al sector inmobiliario, las medidas que se
adoptan pretenden corregir las rigideces advertidas en el mercado
como consecuencia del fuerte incremento de la demanda y la incidencia
en los productos inmobiliarios del precio del suelo condicionada a su
vez por la escasez de suelo urbanizable. Con esta finalidad se
introducen modificaciones en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el
régimen del suelo y valoraciones que pretenden, de una parte, reducir
los elementos de discrecionalidad de las administraciones públicas
para reforzar la seguridad jurídica y agilizar el procedimiento de
calificación del suelo en sus diferentes finalidades, y, de otra,
aumentar la capacidad de actuación de los particulares y de otras
administraciones públicas para instar la transformación del suelo en
urbanizable. Asimismo, a fin de evitar que la falta de previsión en
los propios planes o la falta de regulación urbanística
por las comunidades autónomas puedan bloquear la posibilidad de
transformación de los suelos urbanizables genéricos, se habilita a la
iniciativa privada para que pueda proponer la presentación de un
proyecto de delimitación o una propuesta de planeamiento, dando al
mismo tiempo carácter positivo al silencio de la Administración, de
modo que se eviten las paralizaciones innecesarias que prolongan
desproporcionadamente las actuaciones urbanísticas, siguiendo en esto
la línea general que en materia de procedimiento administrativo común
se ha establecido para las administraciones públicas.
La reforma que se introduce, en consecuencia, habrá de incrementar la
oferta de suelo, al eliminar aquellas previsiones normativas en vigor
que por su falta de flexibilidad pudieran limitarla, trasladando este
efecto positivo al precio final de los bienes inmobiliarios. Por otra
parte, y en lo que concierne también al referido sector, se introduce
una modificación en el régimen jurídico de la intermediación
inmobiliaria. En este sentido, el Ministerio de Fomento resalta la
importante contribución de los agentes de la propiedad inmobiliaria
al buen funcionamiento del mercado inmobiliario. No obstante, y sin
perjuicio de reconocer la capacidad de estos profesionales, las
exigencias de dinamizar este tráfico jurídico por su repercusión
positiva general en la economía hacen necesario abrirlo a otros
profesionales. Ello no va a suponer en modo alguno una merma de la
calidad en la prestación de este servicio, que queda garantizado a
través de los mecanismos previstos en la normativa mercantil y de
protección a los consumidores. Ahora bien, este servicio se prestará
en un entorno más competitivo en el que los agentes de la propiedad
inmobiliaria seguirán disponiendo de un valor añadido derivado de la
posesión de un título profesional otorgado por el Ministerio de
Fomento, que no tiene por qué excluir a otros agentes.
En relación con el sector de los transportes, las medidas que se
contienen en el real decreto-ley están llamadas a actuar sobre el
régimen concesional de los servicios regulares de viajeros por
carretera para su mejora, como prevé el programa electoral del
Partido Popular y que ya puse de manifiesto como objetivo en mi
intervención ante la Comisión de Infraestructuras de esta Cámara del
pasado 15 de junio. Mediante la modificación de la ley de ordenación
de los transportes terrestres se reducen los plazos de estas
concesiones, cuya duración no podrá ser inferior a seis años ni
superior a quince, frente a la situación actual, que establecía un
marco entre ocho y veinte años, a fin de que la evolución de la
economía en general y del sector en su conjunto repercutan con el
carácter más inmediato posible en la prestación del servicio. En la
determinación de estos nuevos plazos se armonizan las necesidades de
amortización de las inversiones de los transportistas con las
exigencias de fomentar una mayor competencia en el sector, ya que el
acortamiento de los plazos permitirá
una mayor secuencia en la adjudicación de las concesiones.
Por otra parte, y en la misma línea de fomento de la competencia, se
suprime en el ámbito portuario cualquier obstáculo de carácter formal
que pueda suponer una restricción en el suministro a los buques de
productos petrolíferos. Teniendo en cuenta el volumen de combustible
que se suministra en el ámbito portuario para los buques y
transportes terrestres que en el mismo se mueven, hemos considerado
éste como muy adecuado para introducir el principio de competencia
entre los suministradores, si bien expresamente se dispone que se
respeten las limitaciones que se especifican, entre las que destaca
la seguridad en el suministro y el buen desarrollo del tráfico y de
las operaciones portuarias. La supresión de estos obstáculos
favorecerá la ampliación y diversificación de la oferta con la
subsiguiente repercusión en la calidad del servicio y en los precios
que de ello ha de derivarse.
El conjunto de estas medidas tiene su apoyo constitucional en el
artículo 149.1.13ª, que otorga al Estado competencia exclusiva sobre
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica; en el artículo 149.1.1ª, que prevé la competencia estatal
para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los
deberes constitucionales, en relación con el artículo 33 de la
Constitución; en el artículo 149.1.18ª, sobre procedimiento
administrativo común, y en la competencia estatal sobre los puertos
de interés general y sobre los transportes terrestres que transcurran
por el territorio de más de una comunidad autónoma, a que se refiere
el artículo 149.1.20ª y 21ª.
En la adopción de estas medidas, que, como se ha indicado, se
integran en el conjunto más amplio de las que adopta el Gobierno,
concurre, por la naturaleza y finalidad de las mismas, la
circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que exige el
artículo 86 de la Constitución para la utilización del real decreto-
ley, requisito imprescindible, como ha recordado, por otra parte, la
jurisprudencia constitucional.
Muchas gracias, señora presidenta.(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvarez-Cascos. ¿Turno en
contra? (Pausa.)
En primer lugar, el señor Caldera, del Grupo Socialista.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Señor Álvarez-Cascos, votaremos que no a la convalidación de este
decreto-ley; es inaceptable para mi grupo parlamentario. En todo
caso, me alegro de que podamos tramitarlo como proyecto de ley -lo
solicito en este trámite formalmente- para su mejora. Es verdadque el
mismo tiene dos partes: una se refiere, como
S.S. ha explicado, a medidas referentes al sector del transporte,
donde sí apreciamos algunos avances positivos, no se lo niego, pero
sin embargo, en lo que tiene que ver con el problema del suelo, el
texto es muy negativo. Empiezo por los transportes.
Existe una directiva comunitaria que ustedes podían haber incorporado
en este trámite. No sabemos por qué no lo han hecho. Se liberaliza el
suministro de carburantes en los puertos españoles. Reconozco que es
un pequeño avance y es importante. Y por qué no en los aeropuertos,
señor Cascos? ¿Por qué no? ¿Qué razones hay? Nosotros presentaremos
la enmienda pertinente en la tramitación del proyecto de ley. También
queremos que haya una liberalización real y efectiva en los
aeropuertos españoles. Ya está liberalizado el handling, ¿por qué no
el suministro de combustibles? ¿No son medidas de liberalización? Le
invitamos a que complete usted y su grupo este texto a lo largo de la
tramitación parlamentaria.
Por lo que se refiere a los puertos, es un pequeño paso adelante,
pero también insuficiente. Deberían haber avanzado más en relación
con la necesaria libertad tarifaria, que permitiría el abaratamiento
de las tarifas. La competencia entre puertos posibilita esta rebaja
de tarifas. Se lo dije en su comparecencia. En los últimos años del
mandato del Gobierno socialista se produjo una rebaja efectiva y real
de las tarifas portuarias, que se han venido incrementando, sin
embargo, de forma notable y por encima de la inflación en los últimos
cuatro años. Presentaremos enmiendas en esta línea para mejorar -y
mucho- este texto, porque lo necesita.
En cuanto al suelo, señor Álvarez-Cascos, pretenden ustedes resolver
un problema grave y complejo, lo reconozco, de una forma simple y
doctrinaria. Hacen una ecuación, rechazada ya universalmente, salvo
por su grupo parlamentario y su Gobierno. Espero que a lo largo de la
tramitación parlamentaria podamos convencerles. Su posición es la
siguiente: el abaratamiento del precio de la vivienda. Supongo que
esa es la finalidad de este texto ¿verdad? Todos queremos que baje el
precio de la vivienda, porque ha subido de forma, iba a decir
extraordinaria, me atrevo a calificarlo con otro adjetivo,
escandalosa, en los dos últimos años. Seis veces el crecimiento de
los salarios; seis veces. En el año 1998 y 1999 y lleva el mismo
camino en el año 2000. ¡Inaceptable! Como decía, su ecuación es la
siguiente: el abaratamiento del precio de la vivienda es igual al
aumento de la oferta de suelo urbanizable. Y no es así. Eso ocurrió
ya con la norma de 1997. Usted es ingeniero y supongo que estará de
acuerdo conmigo en que la verificación de las hipótesis, el
empirismo, es un buen principio de actuación. La «liberalización» del
texto del año 1997 no ha dado ese resultado. No se ha abaratado el
precio de la vivienda. Al contrario. Al aumentarse la oferta de suelo
urbanizable, se ha incrementado y de forma extraordinaria además.
¿Sabe usted por qué? Porque el
mercado de suelo, señor ministro, no es un mercado en competencia
perfecta -ni mucho menos- que responde al aumento de la oferta con la
rebaja del precio. Ustedes tienen unas anteojeras que les impiden ver
que el problema del mercado del suelo tiene que ver con la concepción
de ciudad, con un sistema complejo integrado que hay que atender
desde muy diversos puntos de vista y no sólo desde el de la oferta de
suelo urbanizable.
Estas medidas no sirven, señor ministro, porque aumentarán la
especulación. No hay ni una sola medida antiespeculativa en este
texto. Nosotros les propondremos varias a lo largo de su tramitación.
No sirven porque aumentará el precio de la vivienda, como ocurrió con
la norma del año 1997; porque invaden, a nuestro juicio, competencias
municipales y autonómicas y porque tendrán un impacto negativo en el
modelo de crecimiento de la ciudad. Si ese doctrinarismo del que
ustedes hacen gala hubiera dado como resultado, a partir de la norma
de 1997, la rebaja real del precio de las viviendas, quizá mi grupo
parlamentario hubiera estimado como positiva una propuesta de aumento
de oferta de suelo urbanizable. Hay mucho en España. Lo que no hay es
suelo urbanizado. Urbanizable, mucho; para varias décadas de
construcción. Si aquella norma hubiera convertido realmente la
vivienda, el producto final, en un menor precio, estaríamos
dispuestos a estimarla, a pesar de los efectos negativos que un
proceso de liberalización sin control puede provocar en los aspectos
ambientales de calidad de vida y de modelo de ciudad. Pero es que ni
siquiera desde ese punto de vista hemos tenido esa fortuna.
Esta disposición afecta al ámbito de actuación de las corporaciones
locales, señor ministro, y a su capacidad para ordenar la ciudad, sin
duda alguna. Yo le pregunto: ¿han consultado ustedes a la FEMP? No.
(Rumores.- Varios señores diputados: ¡Sí!) No, no la han consultado;
el señor Rato se reunió un ratito con la señora Barberá. ¿Es eso una
consulta? ¡Hombre, por favor! ¡Por favor, señorías! ¿No hay órganos
ejecutivos en esa institución? Son éstos los que toman acuerdos, no
su presidenta en una simple consulta. No les han consultado. Hágalo;
le invito a que lo haga a lo largo de la tramitación del proyecto de
ley.
Más grave aún: la Ley reguladora de las bases del régimen local, de
la que tuve el honor de ser ponente en esta Cámara hace ya algunos
años, exige en su artículo 113 que un órgano, la Comisión Nacional de
Administración Local, sea consultado cuando diversas medidas afectan,
como en este caso, a la capacidad de ordenación urbanística,
competencia de las entidades locales. ¿Lo han hecho? Tampoco. ¿A qué
debemos, pues, dar respuesta, señorías? Es evidente que a la subida
del precio de la vivienda. Y no sólo a esto, sino a un fenómeno
pernicioso que preocupa a este grupo parlamentario más grave y que
está ocurriendo en este momento. Teniendo un período de crecimiento
económico
y habiéndose abaratado los tipos de interés, se está dando un
fenómeno pernicioso, señor Álvarez- Cascos, está siendo expulsada la
demanda no solvente del mercado inmobiliario. ¿Qué quiere decir? Los
promotores solo acuden a la vivienda libre porque se vende cara
y concede grandes beneficios, de tal suerte que, en un momento de
crecimiento económico, aquellos que tienen necesidades están siendo
expulsados del acceso a la vivienda. Le pondré algunos ejemplos. En
el año 1996, se construyeron en España 152.000 viviendas protegidas.
¿Sábe cuántas lo han sido en 1999? La tercera parte, 56.000 y, de
ellas, solo 16.000 mediante promoción pública o de régimen especial,
que son las que verdaderamente garantizan el acceso a una vivienda a
las economías modestas.
Por tanto, se da una doble injusticia, que un crecimiento exorbitante
del precio de la vivienda, que podría aceptarse para determinados
segmentos de capacidad económica, resulta que está provocando la
expulsión inmediata de un derecho constitucional, como es el acceso a
la vivienda, de centenares de miles de familias españolas que no
tienen recursos y que ven que el encarecimiento espectacular de la
vivienda les impide acceder a ella. ¿Qué soluciona esta norma? Para
nosotros, casi nada, muy poco. En todo caso, son soluciones, señor
ministro, en contra, primero, de algunos grupos parlamentarios que
aquí se sientan y a los que me gustaría escuchar: CiU y Coalición
Canaria. Estas medidas son exactamente lo contrario de las enmiendas
que ustedes incorporaron en la tramitación de la norma de 1997. El
PP, que dispone ahora de mayoría absoluta, modifica de nuevo la norma
y elimina las aportaciones que ustedes hicieron en la corrección de
aquel texto. Si no han cambiado de posición en dos años, supongo que
estarán de acuerdo conmigo en que es inaceptable para ustedes este
texto.
Soluciones en contra de los municipios. La limitación de la
declaración de suelo no urbanizable, señor ministro, vacía la
capacidad de ordenación del territorio y el principio de autonomía
local. El problema no reside, se lo dije antes, en la cantidad de
suelo urbanizable disponible, sino urbanizado. Lo que ocurre es que
no se actúa con los instrumentos adecuados para frenar la
especulación. En su texto no hay ninguna posibilidad de promover
suelo barato mediante la cooperación del sector público y el privado;
aquí no se cambian los criterios de valoración que ustedes
modificaron para acercarlos al valor de mercado y que hacen imposible
un control del precio del suelo; aquí no se fomenta suelo para
vivienda a precio tasado (como hace la ley vasca, y que está dando
importantes resultados) y para viviendas de protección oficial; aquí
no se promueve la utilización del patrimonio de suelo para facilitar
vivienda barata, y eso es lo que nosotros queremos. Los efectos,
pues, aumento del valor del suelo rústico,
incremento del valor expectante y, por tanto, de la posibilidad de
especulación.
Otra medida es la transformación de suelo urbanizable. Todo proyecto
formulado por la iniciativa privada, de acuerdo con su texto, unido
al silencio positivo para la aprobación de los planes de urbanismo de
iniciativa privada en seis meses, producirá los siguientes efectos.
Primero, una explícita invasión de las competencias legislativas de
las comunidades autónomas y, en segundo lugar, un grave peligro,
señorías, que el modelo de ciudad, si damos cauce a esta norma, pueda
dispersarse. La ciudad es un sistema que precisa de grandísimas
inversiones públicas. El valor del suelo y el de la vivienda viene
también determinado por el esfuerzo público en inversiones para
dotación de servicios a esas viviendas y a esos suelos. Los servicios
públicos no pueden depender sólo del interés privado, no pueden
depender sólo de la decisión autónoma de la iniciativa privada,
tienen que estar coordinados con la autorización de la entidad con
competencias, que es la que define el modelo de ciudad que se desea.
Por tanto, aquí se da un paso muy peligroso para la privatización de
la ordenación de las ciudades. Y he de decirle, señor Cascos, que el
silencio administrativo que usted propone como una norma que favorece
la diligencia de las administraciones públicas, nosotros, con
carácter general, lo compartimos, pero no en este caso. ¿Sabe usted
por qué? Porque el silencio administrativo sólo se predica cuando la
resolución nunca lo es en perjuicio de tercero ni de los intereses
públicos. Y aquí puede ocurrir perfectamente esto. Puede fomentar,
además, la corrupción; puede fomentar el hecho del abandono de las
facultades de inspección y control por parte de las entidades
locales. Por tanto, no debe utilizarse el silencio administrativo
para ordenar el modelo de ciudad, porque las administraciones podrían
quedar comprometidas por la iniciativa privada a prestar después
servicios públicos que ellas no han planificado, no han valorado y no
han decidido. Por tanto, piensen ustedes en esto que les planteo.
¿Cuáles son nuestras propuestas? y acabo ya. Incentivar la
concertación, señor ministro, entre la iniciativa privada y la
pública en actuaciones de urbanización, edificación y rehabilitación
-presentaremos enmiendas en este sentido-; promover la regeneración
de barrios degradados en las ciudades; fomentar la concertación de
las administraciones en el desarrollo de las infraestructuras de
mayor impacto urbano; modificar el sistema especulativo de valoración
del suelo a urbanizar; facilitar la formación de patrimonios
municipales de suelo para regenerar barrios de la ciudad; edificar
viviendas de protección oficial; dotar a la ciudad de los sistemas
generales y locales necesarios para una mayor calidad de vida y un
desarrollo más sostenible; una medida muy importante será la de
promover que los ayuntamientos mantengan en su patrimonio, como
mínimo, el 25 por ciento de suelo urbanizable para
estos fines-; habilitar el establecimiento, por ejemplo, de una
cuantía mínima de viviendas de protección oficial, que se habrá de
promover en actuaciones urbanísticas -un modelo ya le he dicho cuál
es: el de la ley vasca- y, por último, establecer -como hace, por
ejemplo, la ley valenciana- que la ejecución del planeamiento es
responsabilidad del sector público, que la puede ejercer directamente
o por concesión a agentes promotores de la urbanización.
Le pondré un último ejemplo de cómo una adecuada utilización de los
instrumentos que le he señalado puede ser muy positivo para favorecer
el acceso a la vivienda de los ciudadanos españoles: Extremadura. Un
ejemplo empírico, con resultados prácticos desde el año 1995. Su ley
autonómica de fomento de vivienda permitió, señoría -y le ofrecemos
la extensión de este principio con carácter básico-, la
reclasificación de suelo no urbanizable -aquí sí aceptaríamos una
liberalización en el sentido de la reclasificación del suelo no
urbanizable- sólo para proyectos de viviendas protegidas, con
limitación de precio final de venta y con destino exclusivo a
residencia habitual en un radio aproximadamente de mil metros
alrededor del suelo urbano o urbanizable programado en municipios de
más de 10.000 habitantes. ¿Sabe usted lo que ha ocurrido? Le pongo
dos ejemplos: el municipio de Cáceres, gobernado por el Partido
Popular, aceptó esta propuesta y el incremento del precio de la
vivienda en los tres últimos años no ha superado en términos medios
el 4 por ciento. El municipio de Badajoz, gobernado por su formación
política, no aceptó la propuesta de la norma autonómica extremeña y
el incremento ha sido exactamente del 14 por ciento, tres veces y
media más.
Señor Álvarez-Cascos, hay medidas, hay posibilidades, abandone el
doctrinarismo, favorezca la tramitaciónde este texto como proyecto de
ley, piense en las necesidades de los ciudadanos que no tienen acceso
a la vivienda, háganos caso sobre estas enmiendas y nosotros
votaremos hoy en contra, pero trabajaremos lealmente para mejorar el
texto en su tramitación parlamentaria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, mi grupo parlamentario va a defender el
turno en contra por dos razones, fundamentalmente: una de forma y
otra de fondo. La de forma, señorías, es porque en esta Cámara, y ya
en la legislatura pasada, con el mismo partido en el Gobierno, se
utilizó en exceso el decreto-ley para hacer iniciativas del Gobierno
que perfectamente podían haber venido a la Cámara como proyectos de
ley y haber permitido
un debate sereno, acomodado a las necesidades reales que tiene
la población. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.)
Señorías, ustedes plantean este real decreto-ley dentro de un paquete
liberalizador que, en principio, se presentó a la opinión pública
como un paquete que iba a incidir en la contención de la inflación,
pero que al final ustedes mismos han tenido que reconocer que se
limita a ser un paquete liberalizador, que no va a incidir en la
inflación y que desde luego no la va a contener. Señorías, llevan
ustedes aproximadamente nueve meses sin que se haya ejercido control
y, desde luego, este tipo de medidas bien las podían haber tenido
preparadas los diferentes ministerios para haber traído los proyectos
de ley a esta Cámara y para que se hubieran podido no solo discutir,
sino además ser consultadas las organizaciones, y en este caso en
concreto, la Federación Española de Municipios y Provincias, que
tendrá bastante que decir con respecto a la modificación que se hace
de la Ley del Suelo.
Pero es más, señoría, a este decreto-ley le falta una memoria
justificativa y una memoria económica y, desde luego, el carácter de
extraordinaria y urgente necesidad pasa a ser totalmente subjetivo y
no objetivo, porque lo que aquí nos está planteando el Gobierno nada
tiene que ver con una incidencia directa, ni tan siquiera rápida, en
la contención de la inflación.
Por otra parte, nos alegramos, señorías, de que el propio ministro
haya hecho mención a que lo vamos a tramitar como proyecto de ley. Mi
grupo parlamentario también solicita esa tramitación. Desde luego, no
nos parece que sea necesario que se tramite con carácter de urgencia,
porque no nos parece que las medidas tengan la necesidad de ese
carácter de urgencia.
Pero señoría, la parte fundamental de este real decreto- ley, que es
la modificación de la Ley del Suelo, tiene dos objetivos que el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida no comparte. El Grupo
Parlamentario Popular y el Gobierno el martes, en la fijación de
posición sobre una iniciativa, planteaban que era una iniciativa
intervencionista, que tenía mucho de intervención en las competencias
de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y que no era
posible respaldarla, precisamente porque no respetaba el marco
competencial. Pues, señorías, el propio Gobierno, y el Grupo Popular
que lo sustenta en esta Cámara, hoy van a meter la mano no en el
bolsillo de los ciudadanos, sino en el bolsillo de las competencias
de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas.
Señorías, esta modificación de la Ley del Suelo, que intentaron
ustedes hacerla en la anterior, en la de 1997, y no pudieron, van a
hacerla ahora con mayoría absoluta pero sin consultar a los
ayuntamientos, que son los más afectados, y creando además verdadera
inseguridad jurídica. Van a crear ustedes un conflicto competencial
entre las comunidades autónomas y el Gobierno, entrelas comunidades
autónomas y los ayuntamientos, y
entre los ayuntamientos y el Gobierno. Con esta iniciativa están
ustedes bloqueando la eficacia de la administración competente, la
Administración local, para llevar a la práctica su planeamiento
urbanístico y poder conseguir algo por lo que se luchó durante muchos
años, que los planeamientos urbanísticos fueran acordes con las
necesidades de desarrollo urbanístico de los propios ayuntamientos y
de los propios municipios, y no con las necesidades especulativas de
la mayoría de los promotores de viviendas. Están ustedes volviendo a
una época que no nos gustaría volver a vivir en nuestro país, una
época cercana a los años sesenta que lo único que fomentaba era la
expansión urbanística, sin tener en cuenta las necesidades de los
ciudadanos ni las de los propios ayuntamientos.
Pero es más, con estas medidas vuelven ustedes a enriquecer a los
especuladores. No hay ni una sola medida que frene la especulación
del suelo. Y el precio del suelo no es solamente lo que influye en el
aumento del precio de la vivienda. Eso ya lo dijeron ustedes con la
reforma de 1997 y no ha servido para frenar el crecimiento de la
vivienda. Inciden ustedes en el mismo error que cometieron en 1997, y
no son capaces de reconocer que este tipo de liberalizaciones, este
tipo de modificaciones legislativas no cubre el objetivo de
abaratamiento de la vivienda, porque, es más -y aunque se haya dicho
ya desde esta tribuna hay que insistir en ello-, se han ido
reduciendo paulatinamente las viviendas de protección oficial y se
han ido reduciendo paulatinamente las viviendas sociales, que son
precisamente aquellas que necesitan mayoritariamente determinados
sectores de la población, y ustedes siguen beneficiando las viviendas
de renta libre, a las que no puede acceder la mayoría de la
población.
Pero, señorías, además de todos estos conflictos que ustedes van a
generar, no van a conseguir que baje el precio de la vivienda, pero
también están ustedes consiguiendo que se pueda urbanizar y lo dejan,
además, a una iniciativa privada sin ningún tipo de control que lo
que puede ocurrir es que llegue en determinadas zonas, sobre todo del
litoral, que ya tienen suficiente presión urbanística, a un
desarrollo no deseable que no solo va a perjudicar a los entornos
naturales, sino a aquellos que ustedes también pretender defender, y
que es la panacea turística del litoral de todo el Estado español.
Este real decreto viene a plantear de una manera clara y decidida que
los ayuntamientos tengan la obligación de pronunciarse en un plazo de
tiempo que para muchos ayuntamientos va a ser técnicamente imposible,
porque no tienen esos recursos, lo que dará lugar a un desarrollo
urbanístico por silencio administrativo positivo.
Estamos hablando de algo muy serio: el desarrollo urbano. ¿Qué
servicios se van a poder prestar? ¿Cómo se van a poder controlar esos
servicios por parte de la Administración? Pero además es algo
esperpéntico que cualquier administración, incluso la central, pueda
modificar la actuación del ayuntamiento en materia de desarrollo
urbanístico a propia iniciativa.
Pero, además, ustedes no dicen nada de lo que ocurre con las
viviendas vacías. En la presentación del decreto el señor ministro
nos decía que las rigideces del sector, el exceso de la demanda y la
escasez del suelo eran las razones por las que cada día estaba más
caro el precio de la vivienda. ¿Qué ocurre, sobre todo en las grandes
ciudades, con las viviendas vacías? No hay escasez de viviendas, hay
una cantidad enorme de viviendas vacías a las que la ciudadanía no
puede acceder a través de su compra. Sobre eso no se dice nada,
simplemente vamos a aumentar la construcción y un determinado tipo de
construcción, la de renta libre, que tampoco va a conseguir que la
mayoría de los sectores de la población pueda ejercer el derecho
constitucional a una vivienda digna.
Señor ministro, en la comparecencia en la que nos explicó las líneas
generales de su departamento esta diputada ya le dijo que con la
política que ustedes habían desarrollado respecto a la vivienda y con
la modificación de la Ley del Suelo que habían hecho en 1997 habían
expulsado del mercado de la vivienda a dos sectores fundamentales de
nuestra sociedad, a las personas jóvenes y a las personas mayores.
Con esta modificación no sólo van a seguir expulsando del acceso a la
vivienda a estos sectores de la población, sino también a un sector
muy importante de la población, que son la mayoría, las capas medias
y las capas medias bajas. Lo único que consiguen es seguir
encareciendo la vivienda, no luchar contra los especuladores y dejar
que al final los ayuntamientos pierdan recursos económicos, pierdan
la posibilidad de planificar y desarrollar urbanísticamente sus
municipios y pierdan también la capacidad de decisión sobre cómo y
cuándo se tiene que hacer. Esto, señor ministro, no es nada más que
profundizar en una política que ya se ha demostrado que es errática.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): ¿Algún grupo parlamentario
quiere utilizar el turno a favor? (Pausa.)
Señor López-Amor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señor presidente, señorías, el Real
Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de
liberalización en el sector inmobiliario y de transportes, de cuya
convalidación va a tratar la presente intervención, forma parte, como
todos ustedes saben, de un plan de medidas para consolidar el
crecimiento y la creación de empleo.
En primer lugar, quiero agradecer al ministro la declaración de que
se va a tramitar como proyecto de ley urgente y deseo decirle al
portavoz socialista que tiene que escuchar más al ministro, puesto
que lo ha
dicho en las tres primeras líneas de su intervención y parece que
usted no se ha enterado.
Yo creo que este plan tiene algunos aspectos fundamentales que
quisiera referir. En él se sientan reglas del modelo económico
español para los próximos diez años, al tiempo que su objetivo claro
es la competitividad; en segundo lugar, que las reformas que con el
mismo se introducen se incrementa nuestro potencial de la economía
mediante actuaciones en sectores que necesitan de intervención del
Estado; y, en tercer lugar, creo que este plan tiene efectos
beneficiosos para los consumidores en materia sobre todo de suelo
urbanizable, fiscalidad, ahorro, comercio, profesionales, etcétera.
Las medidas de este decreto-ley vienen a incrementar el grado de
competencia y de flexibilidad de nuestra economía al efectuar
actuaciones muy concretas en sectores clave de nuestra economía y, en
el caso concreto de este decreto-ley, en el suelo urbanizable. Se
establecen, como he dicho anteriormente, claves de política económica
para los próximos años que representan un profundo cambio en las
reglas de juego de nuestra estructura económica. El Gobierno de
alguna manera intenta romper con los lastres que ha venido
arrastrando nuestra economía y adaptando a España a la nueva
situación que se va a vivir con la unión monetaria y con la nueva
economía.
Centrándonos ya en las medidas concretas, el decreto-ley 4/2000
introduce mayor flexibilidad en el mercado del suelo, lo cual, a
pesar de las intervenciones anteriores de los portavoces de la
oposición, va a repercutir muy favorablemente sobre el precio de las
viviendas y ello porque el precio del suelo en el precio final de la
vivienda tiene una importancia cuasi decisiva, tiene una importancia
realmente notable. De este modo, se elimina además la
discrecionalidad que en algunos casos se utiliza o que la Ley del
Suelo otorga a los municipios en la clasificación de suelo como
urbanizable.
La iniciativa privada en materia de suelo va a tener el derecho a
promover la transformación del mismo, y a través del silencio van a
quedar aprobados instrumentos de planeamiento urbanístico de
desarrollo con el plazo o el silencio positivo de los seis meses o el
que establezca, siendo respetuosos, la propia legislación autonómica.
En el transporte de viajeros por carretera se reduce el plazo de las
concesiones exclusivas, siendo además muy respetuoso con el derecho
transitorio y con los derechos adquiridos con anterioridad, y se
facilitan nuevos puntos de suministro y venta de combustible en los
recintos portuarios, así como se establece también un mayor nivel de
competitividad, un mayor nivel de competencia entre los profesionales
que pueden dedicarse a la intermediación inmobiliaria.
Por tanto, yo creo que todo esto forma un conjunto de medidas de
naturaleza estructural y que, sin perder su condición de medidas de
la política unitaria del
Gobierno, afectan a sectores que son propios de la competencia del
Ministerio de Fomento, y así su objetivo más importante no es otro
que el incidir de forma inmediata en el comportamiento de los
distintos agentes económicos para estimular la competencia, conseguir
una mejor asignación de recursos y, en definitiva, influir
decisivamente sobre el nivel de los precios.
Yo creo que aquí ya se han dado las razones que justifican
sobradamente la urgencia de este decreto-ley, las actuaciones que
este decreto-ley produce sobre todo en la Ley reguladora del régimen
del suelo y sus valoraciones, y por tanto todas ellas inciden en el
nivel de los precios esperado en el futuro y en favorecer la calidad
de vida de los usuarios y de los afectados, que no son otros que
todos los ciudadanos, y por ello nuestro grupo no puede más que
prestar su apoyo al Gobierno y considerar que estas medidas son las
adecuadas dentro de la continuidad de una política económica que
hemos visto que en los cuatro años anteriores ha llevado a este país
a unas tasas de paro desconocidas hasta el momento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor López-Amor.
En turno de réplica, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente. Con
brevedad.
Señor López-Amor, he escuchado, claro que he escuchado, y mi grupo
emitirá el voto en dos sentidos: al texto, no, es inaceptable, y sí a
la tramitación del proyecto de ley a ver si podemos modificarlo.
Junto con la mayoría de los expertos inmobiliarios y en suelo,
intento convencerles de que hoy el precio final de la vivienda tiene
más que ver con la expectativa de revalorización global de la misma
que con el precio del suelo; es decir, sube el suelo porque sube la
expectativa de venta de la vivienda. Frente a ello, creemos que hay
dos medidas básicas que debe recoger este texto: una, valoraciones;
hay que reducir el sistema de valoraciones, si no el suelo per se, en
el proceso de producción y de urbanización resultará cada vez más
caro. Si vamos al valor del mercado, ese elemento de producción final
del coste de la vivienda subirá. La segunda, la reserva -y se puede
hacer por ley, porque lo permite la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional- de un porcentaje de suelo -a lo largo de la
tramitación ya veremos cuánto- para vivienda a precio tasado. En este
sentido hay ya ejemplos de funcionamiento que son muy positivos. Eso
entra en las facultades de ordenación básicas que tiene atribuidas la
Administración del Estado y por tanto en esta Cámara podríamos
regularlo así.
Las medidas que adopta este decreto son todas inconvenientes,
especialmente para municipios y comunidades autónomas. Créame que el
silencio administrativo es muy peligroso. Resuélvanlo ustedes de
otro modo, estimulen mediante la norma la necesidad de que las
administraciones competentes, en este caso las locales, resuelvan,
¡que resuelvan!, en los plazos que ustedes determinen, pero no
permitan que el silencio administrativo, que en este caso puede ser
en perjuicio de toda la colectividad, del modelo de desarrollo de
ciudad y de otros posibles interesados, perjudique a todos; no
permitan que se vean perjudicados por un procedimiento de esta
naturaleza.
La objetivación, como dice la exposición de motivos de este texto, de
la declaración de suelo no urbanizable, se lo ha dicho la señora
Urán, es delicadísima, especialmente en áreas muy sensibles, como el
litoral español. Solo aquellas zonas con expresa declaración de
protección van a quedar libres de la posibilidad de urbanización.
Ustedes tienen que entender que el modelo de desarrollo de ciudad
tiene mucho que ver con su ecosistema, y tienen ustedes que entender
que se necesitan espacios libres para garantizar la calidad de vida
del modelo de ciudad y que eso no puede quedar únicamente en manos de
la iniciativa privada.
Por tanto, estas intervenciones que ustedes determinan en este texto,
así como la declaración por parte de administraciones no competentes
en el planeamiento urbanístico para instar el desarrollo del mismo,
afectan, atentan a la autonomía local y además no resuelven el
problema del precio de la vivienda.
Nosotros presentaremos todas estas propuestas como enmiendas y espero
que el Grupo Parlamentario Popular esté dispuesto a incorporarlas al
texto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Caldera.
Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente. Brevemente.
Señorías, simplemente quiero ratificar lo que en nombre de mi grupo
parlamentario hemos dicho desde la tribuna. Quiero decir que vamos a
votar en contra del decreto, que vamos a votar a favor de la
tramitación como proyecto de ley y que esperamos que en esta
tramitación el tan constante dicho del Gobierno sobre su necesidad de
diálogo y de querer llegar a acuerdos con las fuerzas parlamentarias
lo veamos reflejado precisamente en la tramitación de una ley tan
importante como esta, porque, como he dicho anteriormente, ustedes
están tramitando por un procedimiento que no nos parece el más
adecuado, aunque se vaya a tramitar como proyecto de ley. Pero
además, señorías, queremos que de verdad tengan ustedes la capacidad
de diálogo y de llegar a acuerdos para que realmente podamos deshacer
la gran desfeta -como se dice en mi tierra- que están ustedes
planteando con esta modificación de la Ley del Suelo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Urán.
Señor López-Amor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señor presidente, intervengo para decir
que nuestro grupo evidentemente va a apoyar, por las razones que
anteriormente he dicho, las actuaciones en materia de Ley del Suelo,
el Decreto-ley 4/2000. Y quiero decirle al señor Caldera que si
hubiera sido tan cierto lo que él ha sostenido, la praxis y el
ejercicio del poder durante tantos años, no sólo a nivel central sino
también a nivel local, hubiera resuelto el problema de la vivienda.
La verdad es que ustedes no han satisfecho nunca la demanda no
estructurada de viviendas que en este país ha existido. Creo que en
este momento se ha actuado no sólo en materia legislativa sino en
materia económica, porque la rebaja en los tipos de interés tiene
mucho que ver con la financiación de la vivienda. En este país no
existen unas bolsas de demanda insatisfecha de vivienda; existen
personas y capas sociales que tienen mayores dificultades, pero hoy
todo el mundo está en disposición de adquirir una vivienda.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor López-Amor.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Muchas gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a votar en contra de este decreto-
ley y participará, espero que positivamente y de manera constructiva
aunque depende de la actitud del Grupo Popular, en su enmienda. Va a
votar en contra -intentaré no reiterar argumentos ya expuestos por
otros que me precedieron en el uso de la palabra- porque esta
liberalización del suelo, esta ampliación de lo que se considera como
suelo urbanizable y dejar con carácter privado la iniciativa del
proceso urbanizador, no va a redundar en el abaratamiento del precio
de la vivienda porque el mercado del suelo y el de la vivienda no es
competitivo, es un mercado oligopólico, como se puede comprobar,
tanto a escala municipal como a escala estatal. Sin embargo, va a
crear inseguridad jurídica, va a crear más especulación y va
a fomentar más corrupción. Intentaré brevemente explicar estas tres
afirmaciones.
Inseguridad jurídica, porque en primer lugar va a perjudicar a
aquellos ayuntamientos y a aquellos agentes que con mayor rigor, con
mayor respeto a la legislación vigente, intentaron ordenar y
organizar el proceso urbanístico. Sin embargo, va a premiar a
aquellos ayuntamientos y a aquellos agentes que fueron más laxos,
menos cumplidores de la legislación a la hora de realizar este tipo
de actuaciones ligadas al urbanismo. ¿Va a
crear más especulación? Va a crear más especulación porque va a poner
más suelo en el mercado, va a aumentar la oferta pero no va a
abaratar los precios de la manera que dijimos.
Sobre la corrupción, si establecen ustedes el silencio positivo de
seis meses, lógicamente a los ayuntamientos cuando el proyecto
presentado por un particular sea ilegal sólo le quedará revisar, por
la vía de revisión de oficio, y anular ese proyecto. ¿Los
ayuntamientos tendrán que indemnizar, como ya ocurre ahora con la
tramitación de muchas licencias ilegales con connivencia entre el
solicitante de la licencia y muchas veces la Administración local
correspondiente al titular de un proyecto anulado por la vía de
revisión de oficio? Es algo que tampoco se aclara en este proyecto y
creo que introduce unas incógnitas muy grandes para el interés
general y sobre todo para los municipios afectados.
Vamos a votar en contra porque este decreto-ley no se sostiene en pie
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional. De conformidad con
la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 1997, este
decreto- ley invade competencias autonómicas y no basta con
apelaciones, como ha hecho el señor ministro, a unos títulos
competenciales tan vagos y muchas veces puestos en su lugar por la
propia jurisprudencia constitucional, como el que alude a la
ordenación general de la actividad económica o a la igualdad básica
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales.
Por estas razones, el Bloque Nacionalista Galego va a participar de
manera activa en la tramitación de este real decreto como proyecto de
ley, esperamos que su participación pueda tener algún reflejo en el
texto final, pero reitero nuestra oposición al decreto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor
Aymerich.
Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, Coalición Canaria va a apoyar la convalidación de
este real decreto pero lo va a hacer desde la propuesta hecha por el
señor ministro en el sentido de que se va a tramitar como proyecto de
ley. Si no fuera así, si no se tramitara como proyecto de ley y si
desconociéramos la voluntad que tiene el señor ministro de intentar
en el período de enmiendas consensuar algunos aspectos que se tratan
en el texto presentado, Coalición Canaria necesariamente tendría que
votar hoy en contra de la convalidación de este real decreto.
En lo que se refiere a aspectos que se contemplan en el mismo
relacionados con los transportes o el avituallamiento de buques en
los puertos, estamos de acuerdo con las medidas que se proponen y por
tanto no tenemos
nada que objetar. Otra cosa es lo que se refiere a aspectos
relacionados con la Ley 6/1998, conocida popularmente como Ley del
suelo. Hace apenas dos años de la puesta en marcha de esta ley y tras
estos dos años estamos analizando hoy modificaciones sustanciales al
texto aprobado en su día, texto que fue aprobado con el consenso de
cuatro fuerzas parlamentarias de esta Cámara: Partido Popular,
Convergència i Unió, PNV y Coalición Canaria. Desde nuestro punto de
vista se sigue partiendo del error de planteamiento que ya se hacía
en el año 1998 por parte del Grupo Parlamentario Popular, y que luego
tuvimos oportunidad de matizar a través de los distintos acuerdos que
encontramos entre las fuerzas políticas que apoyaban al Gobierno, de
que la causa del alto precio del suelo es la escasez de suelo
urbanizable y que el precio del suelo, por consiguiente, depende de
la cantidad de suelo clasificado. No estamos de acuerdo con esos
planteamientos y creemos que desde ahí nacen todos los errores de
partida que se desarrollan a través de las distintas propuestas que
sehacen.
Lo que falta -lo ha dicho con anterioridad algún interviniente- no es
suelo urbanizable, lo que falta es suelo urbanizado; lo que falla no
es planeamiento, lo que falla en estos momentos es gestión
urbanística. Se parte de la apreciación, que nosotros no podemos
compartir en modo alguno, de que los municipios son un obstáculo para
el desarrollo urbanístico. Nosotros entendemos -y por tanto no
podemos compartir ese criterio- que el problema grave es al
contrario, el exceso de alegría de algunos ayuntamientos al promover
suelo urbanizable es una de las causas de los desmanes urbanísticos
que se producen en distintas zonas del territorio del Estado. Nos
preocupa sobremanera dar rienda suelta al uso del suelo.
Probablemente nuestra preocupación parte desde la visión que tenemos
como fuerza política que básicamente representa al conjunto del
Estado pero más relacionada con un archipiélago como es el de
Canarias donde el suelo es escaso, donde el suelo es frágil, donde el
paisaje juega un papel importante y donde la especulación
urbanística, debido fundamentalmente al fenómeno turístico, es un
elemento que hay que intentar acotar.
Las medidas que básicamente se proponen en este real decreto-ley
desde nuestro punto de vista son dos: primero, se restringe la
clasificación del suelo rústico por el planeamiento general,
considerando enemigo natural del suelo urbanizable. Segundo, se
favorece la aprobación del planeamiento de desarrollo del suelo
urbanizable. El suelo rústico se restringe suprimiendo que el
planeamiento general pueda clasificar unos terrenos como rústicos
cuando se consideren inadecuados para el desarrollo urbano. Éste fue
una de los elementos más discutidos en la ley aprobada en 1998, que
suscitó más debate y al final logramos introducir este texto que hoy
desaparece con la propuesta que se someteal Parlamento, dejando
solamente como causa para
clasificar suelo rústico a través del planeamiento general todas las
relacionadas con la protección de los valores naturales, culturales,
económicos, de dominio público o de prevención de riesgos.
Desde el punto de vista jurídico consideramos que es un exceso del
legislador estatal y es contrario, a nuestro juicio, a la disposición
adicional segunda de este decreto-ley que hoy se somete a la
consideración de la Cámara y a los artículos 149.1.1ª, 13ª y 18ª de
la Constitución. El Estado no tiene competencias para prefigurar el
modelo urbanístico, ni siquiera indirectamente. Entendemos que esta
competencia corresponde plenamente a los municipios.
Desde el punto de vista técnico, la inadecuación o falta de aptitud
de unos terrenos para el desarrollo urbano puede tener causas
urbanísticas como la excesiva lejanía, la falta de incardinación con
el modelo de desarrollo que está propiciando el municipio, la
excesiva pendiente de un terreno, la ausencia de un firme mínimamente
adecuado para la cimentación de las edificaciones, el soporte de las
propias obras de urbanización que impidan las obras. Por tanto, este
artículo, como mínimo tiene que ser matizado en el texto que hoy se
somete a consideración de la Cámara.
El otro gran aspecto es favorecer la aprobación del planeamiento de
desarrollo del suelo urbanizable. Se trata de extender el derecho a
promover a las diferentes administraciones públicas, que entendemos
es un aspecto positivo; por otra parte, se otorga capacidad a otras
administraciones y a los propietarios a formular los instrumentos
necesarios para delimitar o fijar las condiciones de suelo
urbanizable y entendemos que es un elemento cuando menos confuso y
que puede generar graves problemas si no se matiza. Además, el
planeamiento de desarrollo puede ser aprobado por silencio
administrativo positivo en seis meses. Entendemos que hay que
precisar el silencio administrativo positivo. El plazo de seis meses
nos parece poco tiempo y puede ser un elemento que produzca grandes
conflictos entre distintas administraciones. Nos podemos encontrar
con que un particular formule una propuesta de desarrollo urbanístico
y que la someta a información pública. ¿Dónde lo somete a información
pública, porque no se contempla en el real decreto-ley? ¿En su casa?
¿En un periódico? ¿Dónde van a ver los ciudadanos esa información
pública? No hay nada contemplado en el texto que hoy se somete a
consideración de la Cámara. Se pudiera dar el caso de que sin
producirse ningún acto por parte de la Administración -es decir, ni
la aprobación inicial ni la aprobación provisional-, transcurran los
seis meses que se contemplan en este texto y que por tanto el
particular adquiera sus derechos a urbanizar. No se contempla la
posibilidad de que el desarrollo propuesto por este particular deba
tener informes de Carreteras, de Costas, de Turismo o de Patrimonio
Histórico, y en el caso de que el desarrollo que se plantee necesite
cualquiera de estos informes, en seis meses es
absolutamente imposible que esté tramitado este expediente. Por
tanto, entendemos que si el objetivo que se persigue es abaratar el
precio del suelo para conseguir mejores precios para la vivienda -eso
lo compartimos todos-, desde luego los mecanismos que se utilizan
para ello no son los adecuados. Esperamos que en el trámite de
enmiendas esa disposición a encontrar acuerdos manifestada
reiteradamente por el señor ministro sea posible y encontremos esos
acuerdos como en el año 1998. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia.)
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, no es el decreto-ley que usted nos ha
presentado el peor del bloque. Ha tenido además la delicadeza de
anunciar que se tramitará como proyecto de ley, con lo cual señor
ministro vamos a tener que votar a favor de su convalidación.
Sí me van a permitir hacer algunas reflexiones para las que estoy
legitimada no sólo por ser una diputada más, sino porque pertenezco a
una formación que ha tenido que oír machaconamente esa canción de si
actuamos dentro o fuera del marco. Sabe usted, señor ministro, que
nosotros podemos propugnar cambios en el ordenamiento, pero siempre
actuamos desde dentro del sistema y ustedes aquí, en estos seis
decretos-leyes, se saltan el sistema de fuentes del derecho
constitucionalmente querido. La extraordinaria urgencia y necesidad
del artículo 86, tan citado en la exposición de motivos, no basta con
alegarla como en los pleitos, sino que hay que probarla. Con toda
espontaneidad, el señor vicepresidente segundo, ayer, en una
intervención radiofónica con Iñaki Gabilondo, decía que con estos
seis decretos-leyes se trataba de presentar un plan de impacto para
dar a conocer su programa de Gobierno. Una portavoz de su propio
grupo ha dicho hoy que se trataba de marcar referencias, de generar
expectativas presentando un plan de Gobierno. Ambas son finalidades
más claras que las del artículo 86 que alegan, absolutamente
legítimas políticamente, pero que no integran los requisitos
constitucionalmente exigibles por el artículo 86 de la Constitución.
Si uno examina los acuerdos del Consejo de Ministros del viernes
pasado, donde además de estos seis decretos-leyes había decretos
legislativos que son consecuencia de habilitación legislativa sin
disposiciones adicionales de control contenidas en la Ley de
acompañamiento del año pasado, daba la sensación de que por la vía
del decreto-ley y el proyecto de ley de acompañamiento que vendrá en
el
siguiente período de sesiones les era a ustedes posible completar el
programa legislativo previsto para los cuatro años. La verdad es que
con mayoría absoluta se puede hacer prácticamente lo que se quiere,
pero también cabe utilizarla con cautela y convenciendo a los
sectores implicados; por ese camino parece ir la oferta del señor
ministro de que al menos en este caso concreto se van a admitir
enmiendas.
Modificaciones que ustedes proponen a la Ley del suelo y
valoraciones. Es claro y ustedes lo saben, que lo único que se puede
tocar en esta materia es el derecho de propiedad del suelo, el
estatuto jurídico básico de la propiedad, que no puede impedir el
despliegue por el legislador autonómico de las competencias que les
corresponden; es decir, no cabe tocar lo que es urbanismo y la
definición de suelo urbanizable o no anda ahí justo en el límite.
Modificar estos preceptos, que son de definición de propiedad
-creemos que si lo son-, con una urgente necesidad vinculada a la
economía se explica mal. Además, existe una mala utilización de
títulos competenciales, porque la ordenación general de la economía,
artículo 149.1.13.ª de la Constitución, da muy poca cancha cuando se
hace intervenir el urbanismo -título autonómico- vinculándolo a la
igualdad, artículo 149.1.1.ª En todo caso, creemos que el contenido
de los artículos 9, 15 y 16, que en algo enmendaremos, sí respeta el
orden constitucional de competencias.
Agradezco la referencia que ha hecho el portavoz socialista a la Ley
vasca de valoraciones en la medida que pertenezco a un partido que ha
tenido siempre responsabilidades de Gobierno, pero me explico menos
su celo en la defensa de las competencias autonómicas cuando
precisamente la norma declarada íntegramente inconstitucional por el
Tribunal Constitucional, que es quien tiene competencia para ello, es
un decreto legislativo del año 1992; es decir de los tiempos en que
ellos gobernaban. En todo caso, y con independencia de las enmiendas
que podamos presentar en esta parte, desde nuestra perspectiva la
regulación que el decreto-ley contiene no excluye la intervención de
los poderes públicos en la dirección del urbanismo, que era nuestro
temor, y por tanto apostamos por la convalidación.
En transportes terrestres, cuando aluden a la Ley 16/1987 suponemos
que la modificación del artículo 72.3 es en lo que puede ser
competencia estatal; es decir el transporte interautonómico, no el
intra autonómico, porque como antes he dicho y ha manifestado el
Tribunal Constitucional ahí al Estado no le quedan competencias.
Aplicaré, por tanto, el beneficio de la posible lectura
constitucional del precepto, la conservación de la norma en su
lectura posible conforme al reparto competencial, y por tanto también
encontramos correcta la normativa.
En cuanto a la intermediación inmobiliaria, siendo posible nos ha
parecido sorprendente. Conocemos que existe variadísima
jurisprudencia que puede avalar la
opción que han adoptado como legisladores, pero me pregunto si
pretende zanjar un conflicto que ha dado lugar a tantísima
jurisprudencia o soliviantar a un sector que, como el señor ministro
sabe mejor que yo, se sabe hacer oír de manera muy notable.
No sé si la mayoría absoluta les permite aceptar un consejo, pero en
todo caso yo soy osada y se le voy a dar: ¿Por qué no utilizan en
esta materia el artículo 36 de la Constitución que está casi inédito,
y de una vez se hace la regulación de los colegios profesionales y de
las profesiones colegiadas? Por cierto, el Decreto-ley 6/2000, al
tocar la vieja ley de 1974, ley preconstitucional y sólo en alguna
medida retocada, considera que es requisito imprescindible para el
ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al
colegio correspondiente, lo cual va claramente en contradicción con
algunas normas autonómicas no impugnadas que excluyen de la
colegiación aquellos supuestos en que el ejercicio profesional se
efectúa como funcionario, por ejemplo abogados del Estado, abogados
al servicio de las comunidades autónomas o el ejercicio de la
medicina como funcionario público. Creo, por tanto, que les generará
problemas.
Finalmente, la modificación de la Ley 2/1992, de puertos del Estado,
sobre instalación de avituallamiento en puertos, nos parece correcta
en cuanto a la competencia, si bien no acertamos a ver todo cuanto
pueda tener de liberalización; igual es nuestra cortedad. Ciertamente
da más cancha a la autoridad portuaria, pero no excluye la
intervención de otros poderes cuando dice: debiendo el titular de la
concesión obtener las licencias, permisos y autorizaciones conforme a
la legislación vigente. En definitiva, no es una norma modélica este
decreto-ley, incurre en defectos formales, pero creemos que es
interpretable en clave de posible y, además conforme ha anunciado el
señor ministro y ya he repetido, es enmendable.
Señor ministro, señorías, no quiero concluir mi intervención sin
hacer referencia a manifestaciones que determinados políticos vascos
de su partido hacían estos días en una interpretación de esta serie
de normas liberalizadoras en la prensa local. Se decía que estas
normas habían tenido que ser adoptadas desde el Gobierno del Estado
porque a pesar de ser todas ellas materias competencia del Gobierno
vasco, como éste no actuaba el Gobierno del Estado se había visto
obligado o impelido a actuar. Creemos que debiera explicárseles cuál
es la distribución constitucionalmente querida de competencias: no
actúa el que quiere sino el que constitucionalmente tiene reconocido
el nivel competencial correspondiente. Precisamente porque lo que
ocurre es lo contrario, porque este decreto-ley es interpretable en
clave de ejercicio por el Estado de competencias, de potestades, de
parcelas que le son propias, por esa lectura o interpretación es
precisamente por lo que el Grupo Vasco va a votar a favor de su
convalidación.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señora presidenta, señor ministro, señorías,
intervengo en representación del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) para fijar nuestra posición respecto al Real
Decreto-ley de medidas urgentes de liberalización en el sector
inmobiliario y transportes.
La intención principal del presente decreto-ley de incidir de forma
inmediata en el comportamiento de distintos agentes económicos para
estimular la competencia y en definitiva influir positivamente sobre
el nivel de precios, a nuestro grupo le parece aceptable, siempre
desde el concepto base que se refleja en la exposición de motivos. En
concreto, el decreto se desarrolla a través de cuatro artículos.
Siendo los cuatro importantes, a nuestro grupo los artículos 2 y 4 no
presentan dudas, en particular el referente a la modificación de la
Ley de puertos del Estado menos aún por cuanto ya fija la necesidad
de su desarrollo reglamentario, en el que podría establecerse
cualquier precisión de detalle que no estuviera detectada en este
momento.
En realidad, todos los decretos-leyes que hoy debatimos tienen una
característica común formal: su redacción ha debido ser precipitada,
prueba de ello son las múltiples correcciones que se han publicado a
los muy pocos días de su promulgación, pues cuatro de los reales
decretos han sufrido correcciones.
Señora presidenta, nuestro grupo también solicita la tramitación de
este decreto como proyecto de ley. El ministro ya ha anunciado que
desea y propone dicha tramitación por urgencia para establecer
mejoras y acuerdos. Nuestra cordial felicitación por su positiva
actitud, que en principio no parecía posible precisamente en este
decreto. La tramitación de este decreto como proyecto de ley
permitirá mejorar el redactado del mismo por si faltase algo en los
artículos 2 y 4 una vez analizados más profundamente e incidir de
manera más intensa -a nuestro entender, lo precisan- en los artículos
1 (régimen del suelo) y 3 (actividad de intermediación inmobiliaria).
De lo que acabo de decir, señora presidenta, la solicitud de
tramitación como proyecto de ley que ya sabemos así se hará, también
se desprende nuestro apoyo a la convalidación del real decreto-ley,
puesto que como ya dije al principio su línea de intención nos parece
adecuada.
Acontinuación voy a comentar la posición del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) respecto a los artículos 1 y 3, que
para nosotros presentan lagunas, por los menos de redacción y estilo
aunque posiblemente, si me considerara un analista riguroso que no lo
soy, debería decir algunas lagunas de posible intención política
principalmente en el artículo 1.
El artículo 3 pretende clarificar la situación actual del ejercicio
de la actividad de intermediación inmobiliaria y dice la exposición
de motivos que se encuentra afectada por la falta de una
jurisprudencia unánime, reconociendo que dicha actividad no está
reservada a ningún colectivo singular de profesionales. Para
clarificar esta actividad, a los redactores no se les ocurre otra
cosa que establecer lo siguiente. Dicen: Las actividades enumeradas
en el decreto de aprobación del Colegio oficial de agentes de la
propiedad inmobiliaria podrán ser ejercidas sin necesidad de poseer
título alguno o pertenecer a ningún colegio. Con ello, liberación
total considerando que la problemática en el campo de la
intermediación la producen los conocidos API puesto que sólo a ellos
se refiere y afecta la medida correctora propuesta para un buen
desarrollo de la actividad. Creo que no hay motivo alguno para
considerar una actuación concreta dirigida hacia este colectivo, más
bien lo contrario.
Señorías, seamos realistas y conscientes de que esta actividad hoy en
día ya está totalmente liberalizada, mal liberalizada, ¿o no
desarrollan directamente esta actividad los ciudadanos que venden
directamente su piso o alquilan su apartamento en la playa a
terceros, sin control alguno? ¿No ejerce esta actividad algún que
otro conserje de edificio o promotores directamente sin ser API? ¿No
es así en la operación llamada de particular a particular que vemos
en muchos anuncios de los periódicos? Lo que debe hacerse, señor
ministro, es regular la intermediación para proteger a los usuarios
de la misma, compradores y vendedores. La mayoría de países de Europa
la tienen regulada con API, con equivalentes o sin ellos; pero
liberalizada totalmente o no la actividad debe regularse. Desde
Europa hay instituciones que nos lo reclaman. Ha habido demasiadas
gestiones fraudulentas en este tema, y podríamos citar aquí los tres
motivos principales de actuación de su Ministerio que S.S. nos
exponía hace unos días: seguridad, calidad y modernidad. La seguridad
y la calidad en estos temas de gestión también deberíamos
considerarlas. Al tramitarse como proyecto de ley podrá resolverse,
y nuestro grupo presentará en su caso la enmienda correspondiente para
que dicho artículo 3 contemple la necesidad de establecer la
regulación de actividad de intermediación inmobiliaria tal como la
tienen en Austria, Francia, Portugal, Holanda, Luxemburgo, Italia,
Alemania o Irlanda, y cito estos países porque tengo documentación
a mano de tal como están funcionando allí. La solución tomada no es la
óptima y más cuando hace pocos días que el Ministerio acaba de
convocar y realizar exámenes para el título de API. Se puede
arreglar, y me congratulo de que el señor ministro esté en ello.
Con el artículo 1 se pretende una mayor flexibilidad en el mercado
del suelo con el objetivo de repercutir favorablemente sobre el
precio de las viviendas. Toda actuación que esté encaminada a
favorecer el acceso a la vivienda adecuada no es más que hacer
efectivo el
derecho constitucional de gozar de una vivienda digna. El Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) está en ello. En el
programa electoral figura esta preocupación por el tema de la
vivienda no sólo para los jóvenes sino también con carácter general.
Señor ministro, el artículo 1 modifica parcialmente los artículos 9,
15 y 16 de la Ley 6/1998, sobre régimen del suelo y valoraciones, de
manera que se suprime uno de los supuestos inicialmente previstos en
los que el planeamiento general podía declarar el suelo como no
urbanizable, precisamente aquel que dejaba a las administraciones
actuantes mayor margen de libertad para modular el desarrollo urbano.
Por otra parte, se habilita a las administraciones públicas, sean o
no competentes, para la aprobación del correspondiente planeamiento y
desarrollo a promover la transformación del suelo urbanizable, y se
facilita el ejercicio del derecho a promover la transformación del
suelo urbanizable por los particulares y las administraciones. Estas
modificaciones pueden comportar una vulneración de las competencias
que en materia de urbanismo han asumido las comunidades autónomas y
en concreto la Generalitat de Cataluña.
El señor presidente del Gobierno el pasado día 21 de junio,
precisamente la semana pasada, en respuesta a la pregunta de un señor
diputado respecto al control del precio de la vivienda decía: El
Tribunal Constitucional ha determinado que las competencias
urbanísticas son exclusivas de las comunidades autónomas, y lo que
propone el Gobierno es un acuerdo con las comunidades autónomas y con
las corporaciones locales. Se refería a la sentencia del Tribunal
Constitucional del 20 de marzo de 1997. El real decreto-ley no es un
acuerdo con las comunidades autónomas ni con las corporaciones
locales. El trámite como proyecto de ley es necesario, ya sabemos que
así será, y permitirá llegar a acuerdos. Por ello podemos votar
afirmativamente la convalidación.
Lógicamente si nuestra solicitud de trámite como proyecto de ley no
hubiese sido posible por votación desfavorable, cosa que no se
produce, la frustración de nuestro grupo al haber apoyado la
convalidación sólo podría solucionarse con la reserva de actuación
mediante las correspondientes impugnaciones o presentación de
recursos de inconstitucionalidad, lo que no esperamos ni deseamos.
Aquí, señor Caldera, quisiera decirle que no estamos de acuerdo con
usted; conceptos que usted habitualmente tiene que defender y
principalmente las formas en que lo hace están quizás a años luz de
distancia, o quizás no tanto, de nuestra manera de hacer las cosas,
que procuramos que siempre tengan un cariz positivo, llanamente
positivo. Nuestra posición hoy es de un inicio positivo que espero
que siga siendo así en el futuro, y para otras posiciones nos queda
tiempo suficiente.
Señorías, señora presidenta, ratifico nuevamente lo que decíamos.
Como proyecto de ley el trámite será
efectivo y nuestro grupo apoya la convalidación por cuanto, repito y
ya dije al principio de mi intervención, la intención principal del
real decreto-ley nos parece aceptable según las líneas explicadas
aquí y en la propia exposición de motivos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
- REAL DECRETO-LEY 7/2000, DE 23 JUNIO, DE MEDIDDAS URGENTES EN EL
SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente 130/000006.)
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate del Real Decreto ley 4/
2000, iniciamos el debate del Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de
junio, de medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones,
para cuya presentación tiene la palabra la señora ministra de Ciencia
y Tecnología.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, presidenta.
Señorías, me corresponde como ministra de Ciencia y Tecnología
explicar, en nombre del Gobierno, las razones que han llevado a la
promulgación del Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de medidas
urgentes en el sector de las telecomunicaciones y también al de las
actividades de inspección técnica de vehículos, así como su
contenido.
Las medidas de este Real Decreto-ley y, por tanto, su carácter
urgente, se enmarcan en el conjunto de medidas de carácter
estructural tomadas por el Gobierno, que están siendo explicadas en
esta sesión. Este conjunto de medidas ha sido adoptado, como bien
saben, con el objetivo de incrementar la liberalización e impulsar la
competencia en la economía española creando, tal como se dice en la
exposición de motivos del propio real decreto, un entorno más
favorable para que los agentes productivos se vean incentivados a
invertir y se consiga una oferta más flexible y productiva, que se
acomode a los cambios, contribuyendo así al desarrollo económico de
todo el país sin crear tensiones en la estabilidad de precios.
Las medidas que contiene el Real Decreto-ley 7/2000, cuya
convalidación sometemos hoy a la consideración de la Cámara, tienen
como objetivo básico impulsar el uso de Internet por los ciudadanos
españoles y el fomento del desarrollo de nuevas iniciativas y
servicios en el mercado de la sociedad de la información, ampliando
así las oportunidades de acceso de todos los ciudadanos a este
ámbito. Estas medidas de carácter urgente se completarán próximamente
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como comenté en mi
comparecencia en la Comisión de Ciencia y Tecnología, mediante
propuestas de desarrollo reglamentario y
actuaciones que abarcarán entre otras materias las relativas al uso
compartido de infraestructuras y acceso de los operadores al dominio
público y privado, evaluación de conformidad y puesta en el mercado
de equipos y aparatos de telecomunicación y la regulación del uso del
dominio público radioeléctrico. Asimismo, llevará a cabo las
actuaciones y elaborará los correspondientes planes, para alcanzar el
objetivo de conectar a la red lo más rápidamente posible y llevar la
era digital a cada rincón del territorio de la iniciativa e-Europa,
una sociedad de la información para todos, adoptada en el consejo
extraordinario de Lisboa. Insisto, señorías, en el carácter
extraordinario y de urgente necesidad que para el Gobierno tiene el
conjunto de medidas a tomar en el sector de las telecomunicaciones
que recoge el real decreto-ley, para profundizar en la liberalización
de este sector de extraordinaria importancia en la economía española,
como es bien conocido y reconocido por esta Cámara.
La liberalización impulsada desde la Comisión Europea, con un papel
importante por parte de España en el ámbito de las
telecomunicaciones, y más aún después del consejo extraordinario de
Lisboa, exige incorporar a nuestro ordenamiento las conclusiones de
dicho consejo. Es necesario actuar con urgencia, por cuanto se
requiere disponer con premura de un calendario cierto y coherente,
con una entrada en vigor lo más rápida posible, con la seguridad
jurídica correspondiente de las conclusiones del Consejo de Europa,
con el fin de asegurar la realización de todas las actuaciones
necesarias, para que las medidas recogidas en este real decreto- ley
se completen en este período de tiempo previsto y mínimo.
En cuanto al real decreto en esta materia, a continuación expongo los
elementos fundamentales de las medidas adoptadas. Por un lado, la
contabilidad de costes, incrementando las exigencias de información y
transparencia para los operadores telefónicos dominantes en materia
de costes. La medida consiste en emplazar dichos operadores del
servicio telefónico fijo y la de las líneas susceptibles de
arrendamiento que tengan la consideración de dominantes, a presentar
antes del 31 de julio de cada año, no sólo ante la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones sino también ante los ministerios
de Economía y de Ciencia y Tecnología, los resultados del sistema de
contabilidad de costes del último ejercicio cerrado y del
inmediatamente anterior, de acuerdo con los principios, criterios y
condiciones para el desarrollo de dicho sistema. Esta misma
obligación, además, se establece para aquellos operadores de
telefonía móvil automática que tengan la condición de dominantes en
el mercado nacional de interconexión. La obtención de esta
información persigue, además, que el análisis de estos costes permita
tener un mayor conocimiento acerca de los costes de la prestación de
los servicios telefónico fijo y de circuitos alquilados, coste neto
del servicio universal y costes asociados
a los precios de interconexión de la red fija. Para conseguir que
se vayan adecuando los precios de interconexión a la baja, es
necesario exigir su orientación a costes a los correspondientes
operadores dominantes en el mercado nacional de interconexión.
Corresponde a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la
declaración del operador dominante, como hizo ya para la telefonía
móvil el pasado 9 de marzo.
En cuanto al segundo paquete de actuaciones, el real decreto-ley
adelanta a enero del año 2001 la apertura del bucle de abonado de
Telefónica en sus modalidades, tanto de bucle compartido, como de
bucle desagregado. La Comisión delegada del Gobierno para asuntos
económicos establecerá, de acuerdo con el procedimiento previsto, los
precios de la primera oferta de referencia a los operadores
correspondientes a ambas modalidades de acceso al bucle de abonado.
Esto permite, por un lado, cumplir la recomendación del calendario de
la Comisión de la Unión Europea, derivada de la cumbre de Lisboa y,
por otro, introducir rápidamente dos modalidades de apertura de
bucle, que permiten más competencia y más autonomía a los operadores
que quieran alquilarlo para la toma de decisiones en sus planes de
negocio y de despliegue de redes capilares.
En tercer lugar, la implantación de la selección de operador en las
modalidades de llamada-llamada y de preselección, preasignación para
las llamadas metropolitanas, a partir del 15 de noviembre de este
año, que es el mínimo plazo posible para su instrumentación,
incrementando la competencia en este tipo de llamadas. Deesta forma
se posibilitará a los operadores ofertar la gama completa de
servicios telefónicos a los usuarios, diversificando la oferta para
los usuarios finales y produciendo una bajada en los precios de la
prestación de estos servicios, en línea también con las decisiones
adoptadas en el consejo europeo de Lisboa.
En cuarto lugar, y en lo que se refiere a las tarifas telefónicas, el
real decreto-ley dispone la obligatoriedad, para los operadores
dominantes del servicio telefónico fijo al público, de establecer un
nuevo programa de tarifas para el servicio telefónico metropolitano
en aquéllas que hacen referencia a que por 700 pesetas se tendrá
derecho al consumo de 600 minutos de tráfico al mes, en horario de
tarifa reducida y fines de semana, incluyendo en este precio el
correspondiente al establecimiento de la comunicación; asimismo,
incluye un bono adicional para tráfico metropolitano, que da derecho
al consumo de 600 minutos de tráfico al mes durante las 24 horas, por
1.400 pesetas, significando en estos casos unos ahorros sobre la
tarifa general, si lo contáramos en la totalidad del tiempo, del 45
por ciento en el primer caso y de una cantidad ya muy significativa,
desde el punto de vista del caso de las 700 pesetas, de una
disminución del 71 por ciento.
En quinto lugar, y en lo que se refiere a la tarifa plana para acceso
a Internet, el Gobierno con este realdecreto-ley procede a promover
el acceso a Internet,
utilizando la red telefónica pública, a todos los ciudadanos
a precios asequibles, atendiendo a la creciente demanda de esta tarifa
plana. Esta medida adoptada consiste en establecer la obligación de
los operadores dominantes del servicio telefónico fijo disponible al
público de incorporar una tarifa plana en horario reducido por 2.750
pesetas al mes, para acceder a los proveedores del servicio de
Internet a partir del 1 de noviembre de este año, también la fecha
más próxima dentro del desarrollo para la implantación de esta
tarifa. Esta tarifa se aplicará a las llamadas realizadas en horario
reducido, que es entre las 0 y las 8 horas y entre las 18 y las 24
horas de lunes a viernes, y entre las 0 y las 24 de sábados, domingos
y festivos de ámbito nacional, sumando un total de 62 horas
continuadas durante el fin de semana. Esta medida, pues, ha de
entenderse como un primer paso y posibilita que los operadores en
competencia desarrollen nuevas fórmulas de precios, como ya está
ocurriendo, que se adapten a las necesidades crecientes de todo tipo
de usuarios.
En sexto lugar, el real decreto-ley dispone que el Ministerio de
Ciencia y Tecnología lleve a cabo, antes del 31 de octubre del año
2000, un estudio sobre las posibles alternativas que permitan
incrementar el grado de competencia en telefonía móvil, con la
posible introducción de nuevos operadores de este servicio,
presentando y realizando las propuestas regulatorias y de otro tipo
que sean necesarias.
En séptimo lugar, las medidas que se recogen en el real decreto-ley
se completan con la previsión de que la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones eleve, con carácter excepcional, antes del próximo
15 de septiembre, para su aprobación por la Comisión delegada del
Gobierno para asuntos económicos, la propuesta de modificación de la
oferta de interconexión de referencia de Telefónica, Sociedad
Anónima, unipersonal, en lo que se refiere claramente a todo el marco
de las llamadas metropolitanas y la referencia a Internet. Esta
medida persigue garantizar la eficacia competitiva de las restantes
medidas adoptadas, de forma que todos los operadores en el mercado
partan de las mismas condiciones.
Por tanto, en conclusión, las medidas que se desarrollan en el ámbito
de las telecomunicaciones persiguen incidir en dos hitos temporales:
a muy corto plazo, en la reducción del coste de las llamadas
metropolitanas, el de mayor impacto para las economías domésticas,
estableciendo, por un lado, programas de tarifas para las llamadas
metropolitanas y, por otro, la previsión de las modificaciones
necesarias para que todos los operadores puedan competir en igualdad
de oportunidades. Asimismo, a corto plazo, el desarrollo de la
selección de operador para llamadas metropolitanas, así como la
apertura del bucle de abonado completarán la instauración de la libre
competencia en el ámbito de la telefonía local, estableciendo, pues,
como he dicho, en el caso de Internet, una tarifa plana para impulsar
el uso
de Internet en los ciudadanos españoles, creando las condiciones
adecuadas y perdurables en el tiempo para un acceso a Internet más
barato y rápido para el conjunto de los usuarios. En definitiva, el
real decreto contempla una serie de medidas que en su conjunto, y no
de forma individual, establecen el marco necesario para avanzar en un
rápido desarrollo de la sociedad de la información en España.
En cuanto a la inspección técnica de vehículos, la inclusión de sus
actividades en el conjunto de medidas urgentes de liberalización del
Gobierno obedece a que se ha apreciado un previsible cuello de
botella que podría afectar a la seguridad y al desarrollo del parque
automovilístico, habida cuenta de su tendencia al crecimiento. Se
marca un plazo corto, de cuatro meses, para el desarrollo
reglamentario necesario para su aplicación efectiva.
El contenido del real decreto-ley en esta materia consiste
básicamente en la liberalización de la actividad de la inspección
técnica de vehículos de manera que pueda ser ejercida por toda
empresa. Es decir, además de las comunidades autónomas u otras
administraciones competentes, directamente o a través de sociedades
de economía mixta, pueden ser también titulares de la actividad las
entidades particulares que opten por desarrollarla, siempre que
reúnan los requisitos que se determinen reglamentariamente y que
obtengan la correspondiente autorización administrativa.
Además, el real decreto establece las bases de las condiciones de
autorización e, introduciendo determinadas medidas sancionadoras,
recoge un régimen transitorio para las concesiones y autorizaciones
vigentes y modifica la naturaleza de las tarifas de la inspección
fijadas por las comunidades autónomas, que pasan de ser de precio
fijo a ser sólo un precio máximo.
El objetivo de las medidas introducidas es facilitar la entrada de
nuevos agentes, lo que forzosamente redundará en un mayor nivel de
competencia y, por tanto, en la mejora del nivel de prestación del
servicio y en la reducción de los precios aplicados por los
operadores. Esta reducción de precios está posibilitada por la
caracterización de las tarifas como precios máximos. La experiencia
señala que, en condiciones de mayor competencia, la liberalización de
precios se traduce en reducción de los mismos. Además, teniendo en
cuenta que aquéllos que cumplan determinados requisitos podrán
obtener la autorización para ejercer la actividad, habrá mayor
afluencia de nuevos agentes en el mercado.
Estas medidas liberalizadoras requieren inexcusablemente la
articulación de un buen sistema de control que pueda establecer
actuaciones de naturaleza auditora por parte de las administraciones
autorizantes que garanticen las condiciones necesarias para la
prestación del servicio. A esta necesidad responde la previsión
contenida en el artículo 7.2 de determinación
reglamentaria de los requisitos técnicos que permitan el ejercicio de
la actividad de inspección.
En suma, señorías, se pretende mejorar el servicio, lo que
incrementará la seguridad al tiempo que favorecerá la reducción del
porcentaje de vehículos pendientes de pasar la inspección, además de
la previsible reducción del coste del servicio.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Birulés.
Señorías, de acuerdo con lo previsto y acordado en la Junta de
Portavoces, se suspende la sesión, que se reanudará a las seis de la
tarde.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión a las seis de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión. ¿Turno en contra del
decreto 7/2000? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Aymerich tiene la palabra.
El señor AYMERICH CANO: Muchas gracias, señora presidenta. Voy a
intervenir brevemente para fijar la posición de mi grupo.
Mi grupo se va a abstener en este real decreto-ley. No pensamos que
la tarifa plana que se está aprobando lo sea realmente, por una
cuestión fundamental: porque no se extiende las 24 horas del día, el
horario que se prevé perjudica a las empresas, a las instituciones
educativas que no están conectadas a la red Iris y, en fin, a todas
aquellas personas que por razones laborales u otras tienen horarios
que les impiden acceder o beneficiarse de esta tarifa bonificada. Es
una medida, por cierto, contradictoria con otra que se recoge en este
paquete liberalizador, como es deducir de la base imponible del
impuesto sobre sociedades los gastos realizados por empresas en
tecnologías de la información, material, formación del personal,
etcétera. ¿Cómo se justifica esta medida de deducción fiscal si, al
mismo tiempo, se impide a las empresas beneficiarse de la tarifa
plana? Por esta razón, mi grupo no se va a oponer, pero sí se va a
abstener respecto a la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señora presidenta, señora ministra, tal y como
usted anunció en la comparecencia ante la Comisión de Ciencia y
Tecnología del Congreso, hoy estamos debatiendo la convalidación de
este real decreto-ley tendente a mejorar los servicios y
los precios en el sector de las telecomunicaciones. Todas las medidas
que se tomen en este sector que sirvan para cohesionar social,
económica y territorialmente y que además sirvan para acercar a los
ciudadanos las nuevas tecnologías y los servicios de la sociedad de
la información cuentan y contarán con el apoyo del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria. Elementos que rompan el
aislamiento son fundamentales para cohesionar todos los territorios
del Estado español, fundamentalmente para aquellos cuya situación de
lejanía, de fragmentación territorial, hacen que las
telecomunicaciones y los transportes sean los ejes fundamentales que
posibilitan la cohesión de los mismos. Por lo tanto, la convalidación
de este real decreto-ley va a contar con el apoyo de mi grupo
parlamentario.
En el paquete de medidas que hoy se contemplan hay directrices para
la liberalización de las telecomunicaciones, como son la
disponibilidad de costes de Telefónica, la apertura del bucle de
abonado o la selección de operador para llamadas metropolitanas, que
están acompañadas de otras medidas tendentes a modificar las tarifas
telefónicas o medidas para facilitar el acceso a Internet. (La señora
vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)
En relación con la implantación de una tarifa plana para el uso de
Internet, hemos de señalar que coincidimos plenamente con la
propuesta, que responde a una demanda social y puede favorecer el
desarrollo de nuevas tecnologías en el Estado español. Esta medida
debe ir acompañada, señora ministra, del desarrollo pleno del plan
Info XXI y de la iniciativa europea. Lo más importante no es sólo la
tarifa, sino despertar el interés de los ciudadanos para el uso de
Internet como una herramienta de utilidad. Pensando en el medio
plazo, no en el inmediato, en el que lo que normalmente se contempla
es la cuestión económica, el sistema utilizado nos ofrece algunas
dudas para la reducción de las tarifas metropolitanas. Se impone la
reducción de tarifas antes de conocer la contabilidad de costes del
operador dominante, en este caso Telefónica. No hay un conocimiento
de la contabilidad de costes acerca de las líneas susceptibles de
arrendamiento para facilitar la competencia y, por lo tanto, de los
derechos de interconexión. Pudiera suceder que de las nuevas tarifas
que se fijan para el área metropolitana y de los costes de
interconexión en el arrendamiento de las líneas se haga un uso
inviable para que otros operadores puedan participar en el mercado
del área metropolitana. Las nuevas tarifas, más los derechos de
arrendamiento de las líneas, pueden hacer poco atractivo el mercado
para la participación de nuevos operadores. A nuestro juicio, los
objetivos que se persiguen con el decreto-ley, que son facilitar la
competencia, mejorar los servicios y abaratar las tarifas, se podrían
asegurar con mayores garantías de la siguiente manera: Primero,
conocer la contabilidad de costes del operador dominante, en este
caso Telefónica, en lo que se refiere a las líneas abiertas a la
utilización, mediante el pago de alquiler, para los nuevos
operadores; segundo, fijar los precios de alquiler de las líneas que
se ofertan a los posibles nuevos operadores; tercero, entrada de
nuevos operadores; cuarto, competencia entre ellos, ver hasta dónde
es capaz de llevar los precios el mercado, y quinto, evaluación del
Gobierno en un tiempo razonable, para ver si la competencia ha
llevado los precios a unos índices razonables o es necesario adoptar
medidas.
El riesgo que vemos o la duda que nos suscita la propuesta que se
somete hoy a nuestra aprobación es, por una parte, que no haya
competencia por inviabilidad económica, y por otra parte, que se
pueda reforzar indirectamente al operador dominante, en este caso
Telefónica. En definitiva, a simple vista, la reducción de tarifas
que se plantea parece más pensada desde el punto de vista de contener
el IPC de este año que de garantizar una verdadera competencia en el
área metropolitana. Sólo el tiempo despejará las dudas que nos
suscita el planteamiento que hoy se hace, tendente al abaratamiento
de las tarifas en el área metropolitana. A estas dudas podríamos
añadir la de si seguirá siendo atractivo este segmento del mercado
-el área metropolitana- para los cableros o para los operadores
inalámbricos con los nuevos precios que se pretende implantar.
Señor ministra, entendemos que se desaprovecha la oportunidad de
impulsar en este real decreto-ley otras medidas orientadas a corregir
el desequilibrio que existe en estos momentos entre los operadores
fijos y los móviles. A nuestro juicio, hay que terminar con la
discriminación que existe entre operadores de telefonía fija y
operadores de telefonía móvil. Si se impulsan medidas tendentes a
conseguir ese objetivo, se produciría de inmediato, entendemos
nosotros, un aumento de la competencia y, por tanto, un ajuste
tarifario. Hoy, los operadores móviles pueden ofrecer servicios de
telefonía fija, pero los operadores de telefonía fija no están
autorizados a ofrecer servicios de telefonía móvil. Por tanto, los
operadores de móviles están en el mercado en una situación de ventaja
con respecto a los operadores de telefonía fija. Pensamos que la
solución podría pasar por legislar la figura del proveedor de
servicios móviles, es decir empresas que, con la correspondiente
licencia, puedan vender con su propia marca servicios de telefonía
móvil utilizando las redes móviles de los operadores dominantes en
ese mercado.
Por lo demás, nos parece una necesidad abrir el mercado, tal y como
se propone en la prestación de los servicios de la inspección técnica
de vehículos. Compartimos plenamente la línea argumental que señala
el real decreto-ley y la explicada anteriormente por la señora
ministra. Por tanto, la convalidación de este real decreto- ley va a
contar, como indicaba antes, con el apoyo del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria. Pedimos a la señora ministra que estudie estos
aspectos que acabamos de señalar y que nos ofrecen dudas. En
cualquier caso, si no son a iniciativa del Gobierno, el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria tendrá la oportunidad, a lo largo
de la legislatura, de presentar las iniciativas correspondientes
tendentes a fortalecer el mercado de la libre competencia para
mejorar los servicios y abaratar los costes de la misma.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora ministra.
La señora VICEPRESIDENTA(Becerril Bustamante): Por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a ser breve y, por tanto, voy a intentar ir en corto y por
derecho a la posición de Izquierda Unida. Breve, porque estamos
asistiendo a una sesión de esta Cámara absolutamente desencajada, mal
organizada, interrumpida y sin sentido, porque esto parece un desfile
de ministros sobre debates que repiten lo del debate anterior. Se
especifican cosas que se podían haber especificado brevísimamente en
una sola intervención, posiblemente, del señor Rato. Por tanto,
quiero protestar por esta forma de organizar los debates en función
de los intereses del star system de los señores ministros.
Al mismo tiempo, estamos asistiendo a un debate en que el objetivo no
está claro, porque parece ser que el objetivo no es rebajar la subida
de los precios, el IPC. Se hace un nuevo traje, un traje más amplio,
nos ha dicho el señor Rato a través de los medios de comunicación,
para darle más espacio a la economía. Por tanto, estamos asistiendo,
siguiendo las palabras del señor Rato, a una especie de crecimiento
con obesidad. Para eso se amplía el traje y el crecimiento seguirá
adelante, pero en función de los acuerdos que se están tomando dicho
crecimiento va a llevar siempre incorporada la subida constante de
los precios porque estamos asistiendo a una inflación de los
beneficios y, en este caso, las medidas que se están tomando bajo el
eslogan subliminal de todo el poder al mercado conduce a subir
beneficios de unos pocos y, consecuentemente, a que siga subiendo el
índice de precios al consumo. Esa es la situación en este debate
desencajado por razón de una mala ordenación.
Señora Birulés, sabe usted que está habiendo una gran movilización
para conseguir la tarifa plana en Internet. Es una movilización de
nuevo cuño. No es sólo la gente en la calle, que también ha salido,
sino la movilización a través de un medio nuevo de comunicación que
conecta, que organiza, que hace converger a la gente con mucha más
rapidez que otras veces y tambiéncon mucha efectividad. Esta
reivindicación que tiene potencia -por ejemplo, es la que se utilizó
para algunos tratados internacionales como el multilateral de
inversiones con gran efectividad- es la que les ha conducido a frenar
el toro fuerte, el miura de esta reivindicación potente y nueva. Por
eso, usted se lanzó de
inmediato, señora Birulés, a la arena de los medios de comunicación
diciendo el primer día que se iba a aprobar la tarifa plana, con lo
cual creó una expectativa intentando, desde esa voluntad política,
frenar el toro de esta reivindicación, pero la expectativa era falsa.
Lo que nos ha traído después aquí parece más que nada la compensación
que dan a Telefónica para abrir el bucle local, como lo han hecho. Es
una medida interesante, pero ya está teniendo contrapartidas y una de
las contrapartidas puede ser esta tarifa, más que ondulada, rizada,
con respecto a Internet que ustedes van a aprobar aquí en función de
la inmensa mayoría absoluta que poseen.
Señora Birulés, a las horas en que usted aplica la tarifa plana las
redes están absolutamente vacías, absolutamente descargadas, y desde
una mínima contabilidad analítica de costes, el coste de esta tarifa
plana es marginal, si no cero ¿Qué ocurre, señora Birulés? Que van
ustedes a cobrar 2.750 pesetas cuando no debían cobrar nada o cobrar
500 pesetas. Esa es la tarifa plana que estamos aprobando aquí, en
función del horario que ustedes le asignan y teniendo en cuenta la
utilización de los internautas en nuestro país, quién lo está
utilizando y a qué hora. Si querían de verdad una tarifa real en este
caso o no tenían que haber cobrado prácticamente nada o entre 500 y
700 pesetas, no 2.750 pesetas que es lo que van a cobrar.
El coste es marginal. Desde ese punto de vista, nosotros no estamos
de acuerdo, porque, por ejemplo, a las doce de la mañana, en Madrid,
la red está absolutamente saturada, pero a esa hora también, señora
Birulés, hay gente que hace teletrabajos, hay gente que necesita esa
tarifa plana por su modesta condición económica, hay gente que la
utiliza para temas de medicina durante todo el día. Por lo tanto,
señora Birulés, como la reivindicación va a seguir adelante con
potencia y con carga acumulada de internautas convergentes, hay que
llegar a una tarifa plana real, auténtica, que no sirva de
compensación a ninguna otra medida como la apertura del bucle local
que ustedes van a realizar a través del decreto que ya está vigente.
Por lo tanto, señora Birulés -lo dije también ante los medios de
comunicación y lo dije aquí-, no nos vamos a dejar engañar, esto no
es una tarifa plana y ustedes les regalan un montón de dinero,
teniendo en cuenta a los internautas que actúan a esta hora de la
noche, que no son muchos, en función de las condiciones económicas de
estos internautas y en función de que para Telefónica la utilización
de las redes a esa hora en que ustedes sitúan la denominada -que en
absoluto es- tarifa plana es un coste marginal.
Se abre el bucle local -voy a ser muy breve, como he dicho, señora
presidenta-, a través de un acceso en el que se utiliza a Telefónica
con tarifas de interconexión y a través de métodos de preasignación o
de preselección; Telefónica va a ir asignando los distintos
operadores en función de esa red técnica que ustedes
van a montar, fundamentalmente que Telefónica va a montar.
Efectivamente, esta es una medida positiva, con consecuencias que se
han anunciado aquí desde el punto de vista de los intereses de la
empresa, como ha dicho el señor portavoz de Coalición Canaria, pero
que no sabemos, señora Birulés, si puede conllevar, aparte de lo que
he dicho anteriormente, otras contrapartidas. Sabemos que Telefónica
constantemente argumenta de cara a las posiciones del Gobierno que
les cuesta muy caro mantener el servicio universal y que
singularmente les está costando mantener el servicio en zonas no
rentables unos 120.000 millones de pesetas. Por lo tanto, nos
gustaría saber si hay alguna contraprestación en perspectiva, por
ejemplo, la flexibilización de precios a partir de dentro de poco
porque hasta ahora se hace con aprobación del Gobierno, si se va a
conceder en un breve espacio de tiempo esa flexibilización de
precios, señora Birulés, es decir, que sea Telefónica la que asigne
realmente los precios. Y Telefónica puede hacerlo, por ejemplo, a
través del sistema de la cesta de precios, de la price cup, puede
hacerlo y, a partir de ahí, puede conseguir ciertas compensaciones
que no sabemos si se van a producir, pero no nos fiamos en absoluto
de que no se puedan producir en función -repito- de esta
argumentación que he hecho previamente con respecto a esa tarifa
plana que ustedes les regalan en un 80 ó 90 por ciento de su importe
a Telefónica por razón de las horas que utilizan. Por consiguiente,
señora Birulés, señora presidenta, vamos a votar en contra de este
decreto-ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señora ministra de Ciencia
y Tecnología, señoras y señores diputados, el Real Decreto-ley 7/
2000, de medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones,
contiene dos grandes capítulos diferenciados, un primer capítulo
sobre telecomunicaciones, que Convergència i Unió valora
positivamente, y un segundo capítulo sobre inspección técnica de
vehículos que nuestro grupo lamenta que esté incluido en este
decreto- ley tanto por razones de forma, el título del decretoley se
refiere exclusivamente al sector de las telecomunicaciones, como por
razones de fondo, dado que la regulación sobre las ITV que incorpora
nos plantea dudas sobre su adecuación normativa al actual marco
constitucional y estatutario.
Señorías, el capítulo I de este Decreto-ley sobre telecomunicaciones
supone un avance positivo en el proceso iniciado de dotar medidas que
incrementen la necesaria competencia en el sector, especialmente en
relación con las llamadas locales, dado que en el
artículo 2 se establece que a partir de enero del año 2000 el
operador dominante deberá facilitar el acceso desagregado y el acceso
compartido al bucle del abonado, con lo que deberá ser posible abrir
la competencia en llamadas locales. Esta es, señora ministra, una
medida positiva, una medida que veníamos reclamando diversos grupos
parlamentarios desde hacía tiempo y una medida que encaja
perfectamente dentro de lo que nos está pidiendo la propia Comisión
Europea.
También merece, señora ministra, señorías, un comentario positivo la
selección de operador para llamadas metropolitanas, que se regula en
el artículo 3 y que permitirá que antes del próximo 15 de noviembre
Telefónica facilite la preselección de llamadas locales, con lo que
ya no será necesario marcar el dígito especial, favoreciendo con ello
la libre competencia en el ámbito de la telefonía local.
Señora ministra, señorías, en materia de Internet, para Convergència
i Unió las medidas que adopta este decreto-ley para favorecer su
implantación son positivas y van en la línea que diferentes grupos
parlamentarios habíamos reclamado con insistencia desde la pasada
legislatura. Hoy se demuestra que lo que muchos proponíamos en
materia de tarifas era técnicamente posible y económicamente viable.
Nos congratulamos, pues, y vamos a apoyar con nuestro voto la tarifa
de 2.750 pesetas mensuales para el acceso a Internet, una tarifa que
será aplicable a partir del próximo 1 de noviembre. La implantación
de esta tarifa supone un primer paso, aunque todavía no es la tarifa
que muchos venimos reclamando.Hoy aprobamos, señorías, no una tarifa
plana, sino una tarifa ondulada o, si lo prefieren, una tarifa plana
intermitente: en unas horas sí, en unas horas no; unos días sí, otros
días no, depende del horario. Hay tarifa plana si realizo la conexión
a Internet los sábados, domingos y festivos, y no hay tarifa plana si
realizo la conexión a Internet desde las ocho de la mañana hasta las
seis de la tarde los lunes, miércoles, jueves y viernes no festivos.
Por tanto, es una tarifa ondulada, una tarifa plana intermitente. No
obstante, nuestro grupo parlamentario la valora positivamente. Sin
duda, esta tarifa facilitará la conexión a Internet a muchísimos
hogares y abrirá de forma efectiva las necesidades de conexión a un
precio asequible, cosa que muchos ciudadanos agradecerán, y entiendo,
señora ministra, que lo agradecerán sobre todo los fines de semana,
que es cuando un ciudadano dispone de más tiempo libre. Y sabrá que
sea por la mañana, sea por la tarde, sea por la noche, podrá
conectarse a Internet y tendrá ese precio fijo. Por tanto, nuestro
grupo comparte esta medida, la comparte pero sabe que es
insuficiente, que es un primer paso. Estamos seguros, señorías, de
que en esta legislatura vamos a llegar muy pronto a la verdadera
tarifa plana. Todos estamos de acuerdo y con la medida de este
decreto-ley damos ese primer paso hacia ese camino y por tanto nos
congratulamos de ello.
En el ámbito de los precios, Convergència i Unió también valora
positivamente la reducción del coste de las llamadas metropolitanas
con un programa de tarifas para el servicio telefónico metropolitano,
un programa que tiene un coste de 700 pesetas en horario reducido y
de 1.400 pesetas las 24 horas del día y que da opción a un derecho de
consumo de 600 horas mensuales, que vienen a ser como media 20
minutos diarios.
Finalmente, en el ámbito de las telecomunicaciones, también
consideramos acertado el incremento de las exigencias de información
y transparencia en materia de costes para los operadores telefónicos
dominantes, así como el contenido del artículo 5 en el que el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, su Ministerio, se compromete
a efectuar, antes del próximo 31 de octubre, un estudio sobre las
posibles alternativas y propuestas de regulación concretas para
incrementar el grado de competencia en telefonía móvil.
Señora presidenta, señorías, paso ahora a comentar la posición de mi
grupo ante la regulación de las ITV que se contempla en el capítulo
II de este decreto-ley.
En la nota de prensa difundida por el Gobierno tras el Consejo de
Ministros del pasado viernes, se afirmaba muy brevemente que con
estas medidas aprobadas se liberaliza la actividad de inspección
técnica de vehículos, de tal forma que se pasa de concesión a
autorización y de precios regulados a precios máximos. Señora
ministra, Convergència i Unió considera que se ha pretendido realizar
una síntesis demasiado simple y escueta de una regulación que puede
comportar una alteración de las competencias en materia de industria
asumidas por las comunidades autónomas en este ámbito. Dado que esta
regulación impide que las comunidades autónomas puedan gestionar en
el futuro este servicio mediante concesión, esta conculcación de
competencias nos exige, y soy el primero en afirmarlo, un estudio más
pausado y sosegado, pero consideramos que incluso pudiera llegar a
ser inconstitucional. Por tanto, señora ministra, nosotros
requeriríamos que esta parte de este decreto-ley se tramitara como
proyecto de ley a los únicos efectos de poder estudiar con más
detenimiento y plantear esas enmiendas necesarias ante esta
regulación del capítulo II, porque, además, esta nueva normativa
modifica el régimen económico de las actuales concesiones, altera
indirectamente las condiciones en que las mismas fueron otorgadas,
con el coste económico que esto puede acarrearles. Van a exigir una
indemnización y esa indemnización tendrá un coste. Nosotros
entendemos que si tiene un coste, señora ministra, corresponde a su
Gobierno. La comunidad autónoma que ha otorgado una concesión no ha
modificado esta normativa, la modifica este Gobierno con la
aprobación del decreto-ley. Por tanto, si hay un coste para esas
concesionarias, si se altera el equilibrio financiero y económico de
la concesión, deberá estudiarse cómo se indemniza ese desequilibrio
que puede suponer. Señora ministra, da la impresión de que se ha adop
tado
esta medida de forma precipitada y pediríamos que se aceptara su
tramitación como proyecto de ley.
Para concluir, quisiera reiterar el voto favorable de Convergència i
Unió a un decreto-ley que, en el ámbito de las telecomunicaciones, es
oportuno y necesario. Este decreto-ley constituye un paso importante
para extender la sociedad de la información al conjunto de los
ciudadanos, tal y como lo son para las empresas las medidas
incorporadas en el Decreto-ley 3/2000, en donde se introducen
incentivos fiscales para mejorar el acceso y la presencia de
Internet, el desarrollo del comercio electrónico, el fomento a la
formación del personal en el uso de las nuevas tecnologías, así como
incentivos a las inversiones de las empresas en innovación
tecnológica.
Señora ministra, vamos en una dirección adecuada, nos congratulamos
de ello, y tendrá su Ministerio y los demás grupos de esta Cámara la
colaboración de Convergència i Unió en todas aquellas medidas que
redunden en dar pasos en positivo a favor de la implantación de las
telecomunicaciones en España.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, señora ministra, subo a esta tribuna para exponer la
posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el
decreto-ley de medidas urgentes en el sector de las
telecomunicaciones que el Gobierno aprobó el viernes pasado. Y
créanme, señorías, que no es una intervención fácil, porque les
adelanto que vamos a votar sí a la convalidación de este real
decreto-ley, a pesar de que la medida más importante que contiene,
que es la liberalización del bucle local de telefonía fija, llega, a
juicio del Grupo Parlamentario Socialista, tarde; a pesar de que otra
medida de interés que contiene el decreto-ley, que es la implantación
de una tarifa plana, llega tarde y además se hace a medias; a pesar
de que el instrumento que se ha utilizado para incorporar a nuestro
ordenamiento jurídico una serie de medidas en materia de
telecomunicaciones en este decreto-ley es, a nuestro juicio, un
instrumento inadecuado, no debería haberse hecho por decreto-ley; a
pesar, finalmente, de que ustedes, y no es la primera vez, aprovechan
el decreto-ley para arrebatar a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones algunas competencias que pasan al Gobierno. Es
verdad que ustedes han desmonopolizado las llamadas locales, pero no
es menos cierto que se han avocado competencias que eran de la CMT y,
por tanto, han desmonopolizado pero no han liberalizado, siguiendo la
tónica de lo que es la política del Gobierno en materia de
telecomunicaciones, que podríamos resumir brevemente
con un gráfico: más poder regulatorio para el Gobierno. A pesar
de estas cuatro cosas, vamos a votar que sí. La pregunta es por qué a
pesar de estos inconvenientes votan ustedes que sí. Se lo voy a
aclarar rápidamente. Porque queremos ser coherentes con las
posiciones que mi grupo ha mantenido en esta Cámara en materia de
política de telecomunicaciones, porque - como SS.SS. saben- desde el
mismo momento en que se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones
hemos sostenido en esta Cámara la necesidad de liberalizar el bucle
local de telefonía fija. Para que lo entienda la gente, hemos
sostenido en esta Cámara que los ciudadanos deberían tener la
posibilidad de elegir un operador también para llamadas locales, es
decir, romper el monopolio de la compañía Telefónica.
Llega tarde esta medida, señora ministra, se lo hemos dicho antes. En
Europa se ha hecho en muchos países antes. En la legislación
comunitaria está recomendada desde hace mucho tiempo. Pero, en fin,
valga en esta tarde el aforismo de más vale tarde que nunca.
Votaremos sí por coherencia con nuestras posiciones parlamentarias y
nuestras propuestas parlamentarias en este punto. Vamos a votar
también que sí por coherencia con nuestras posiciones en materia de
tarifa plana. Saben ustedes que desde hace más de dos años venimos
solicitando en esta Cámara al Gobierno que se establezca una tarifa
plana para los internautas residenciales, para las pymes, para las
escuelas, para los hospitales. En vano, no lo hemos conseguido.
Señora ministra -usted no estaba en esta Cámara, algunas de SS.SS.
sí, desde luego la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en esta
materia también-, el 14 de diciembre, hace sólo seis meses, en esta
Cámara el señor Arias-Salgado, anterior ministro de Fomento, decía
ufano -y me lo decía a mí que era portavoz del grupo en aquella
tarde-, y cito literalmente: «En España existe tarifa plana y usted
lo sabe». Ciertamente, en mi ignorancia no estaba solo, tenía una
buena compañía, me acompañaban los internautas; hoy descubrimos que
me acompañaba una buena parte del Gobierno de la nación que continúa
en este Gobierno, la propia ministra de Ciencia y Tecnología, incluso
el presidente del Gobierno, que estoy seguro de que avala con el
decreto ley que hoy traemos a esta Cámara que efectivamente no había
en España tarifa plana. Ustedes han arrastrado los pies, finalmente
han traído aquí la propuesta de tarifa plana, han dado su brazo a
torcer, aunque es verdad -como se ha dicho en intervenciones
anteriores- que lo han hecho tarde y a medias, pero en todo caso han
iniciado el camino. Y el Grupo Parlamentario Socialista,
coherentemente con lo que ha venido solicitando en esta Cámara en
relación con la liberalización del bucle local, en relación con la
tarifa plana, va a votar que sí a este decreto ley y lo va a hacer,
repito, por coherencia con nuestras propias posicionespolíticas en
materia de telecomunicaciones.
Decía al principio de mi intervención que el instrumento legal no era
el adecuado. Seguramente a lo largo del día hemos oído -desde luego
el Grupo Parlamentario Socialista lo ha hecho en varias ocasiones-
algunas disquisiciones jurídicas sobre el uso del decretoley, que
está tasado constitucionalmente -lo dice la Constitución- para temas
en los que exista urgente y extraordinaria necesidad. La pregunta que
habría que hacerse es ¿es este el caso? Y la respuesta, señora
ministra, inequívocamente para el Grupo Parlamentario Socialista es
no. No lo es. Y le voy a poner sólo dos ejemplos. El primero se
refiere a la medida más importante que aprobamos, si se convalida el
decreto-ley esta tarde aquí, que es justamente la liberalización del
bucle local de telefonía fija. Usted, señora ministra, no puede
ignorar que esta medida la podía haber hecho de forma distinta a por
un decreto-ley; se lo voy a decir de otra manera, la podría haber
hecho mediante una orden ministerial. Usted lo sabe como lo sé yo. El
artículo 9 del reglamento de interconexión que está en vigor dice
literalmente: «Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones
que tengan la consideración de dominantes -Telefónica- estarán
sujetos a las siguientes obligaciones: primera, segunda, tercera y
leo la cuarta textualmente: Facilitar el acceso al bucle de abonado
en la fecha y en las condiciones que a tal efecto, en su caso,
determine el Ministerio de Fomento previo informe de la CMT. Por
cierto, informe que en este decretoley no se ha producido y buenos
errores que se podría haber ahorrado el Gobierno cuando lo aprobó si
hubieran pasado a informe de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones el decreto-ley, que algunos tiene -usted lo sabe-
y algunos ya han sido corregidos. En resumen, señora ministra,
hubiera bastado una orden ministerial de su Ministerio, Ciencia y
Tecnología, para aprobar la liberalización del bucle local. Han hecho
ustedes por decreto-ley lo que se podía haber hecho a través de una
orden ministerial.
Probablemente este no sea el tema más llamativo. Paso a leerles el
artículo 5 del real decreto-ley, que hará seguramente la delicia de
algunos de los juristas presentes en esta Cámara. Cito una vez más
textualmente: «El Ministerio de Ciencia y Tecnología efectuará antes
del 31 de diciembre del año 2000 un estudio sobre las posibles
alternativas que permitan incrementar el grado de competencia en
telefonía móvil, realizando las propuestas regulatorias
correspondientes.» Para entendernos, el presidente, señor Aznar,
encomienda a su ministra de Ciencia y Tecnología que haga un estudio
para ver cómo se aumenta la competencia en telefonía móvil; eso sí,
se hace por decreto-ley. Ciertamente, señora ministra, es la primera
vez -creo- en la historia del derecho español que una orden de un
ministro o de un presidente a un ministro figura en un decreto-ley.
La pasión del Gobierno actual por los decretos-leyes es conocida,
viene de la anterior legislatura, no es nada nuevo. Hay teorías al
respecto: hay quien dice que se
quieren ustedes ahorrar trámites parlamentarios. Hay quien dice que a
ustedes les gusta lo del ordeno y mando, hay quien dice que el
decreto-ley le da más poder mediático al asunto. A mí me vale todo.
Yo lo que le pido aquí hoy, señora ministra, es que para no hurtar
competencias a este Parlamento, para hacer las cosas jurídicamente
bien, tramiten ustedes este real decreto-ley como ley. Señora
ministra, señores del Gobierno les aseguro que mejorará, y no sólo
gramaticalmente; por cierto, en el párrafo que he leído se contiene
algún error gramatical.
Ahora bien, señoría, no tengo más remedio que reconocer que algunas
de las cosas que se dicen en el real decreto-ley efectivamente
exigían una ley, concretamente aquellas que se refieren a las
competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Es
verdad que en este decreto-ley se arrebatan competencias a la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, fundamentalmente en
un artículo, en el artículo 1, donde se les hurta competencias en
algo tan importante como son los costes de interconexión que usted
sabe, señora ministra, que van a definir el juego liberalizador de
nuestro sistema de las telecomunicaciones. En la práctica, el
artículo 1, que suma una adicional a la Ley General de
Telecomunicaciones, está modificando los artículos 28, 29, 30 y 31 de
dicha ley, está modificando el artículo 39 y, de paso, dos reales
decretos, el de interconexión y aquel por el que se establece el
servicio universal. En resumen, hoy, después de aprobado el real
decreto-ley, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tiene
menos capacidad reguladora de la que tenía antes de su aprobación y
el Gobierno, por el contrario, tiene más capacidad de intervención en
el sistema de telecomunicaciones. Le decía antes que es verdad que
ustedes desmonopolizan, no es menos cierto que ustedes no están
liberalizando, se están arrogando competencias de la CMT, están
aumentando la capacidad de intervención del Gobierno en línea, por
cierto, con otros reales decretos de este paquete que estamos
discutiendo hoy aquí. En resumen, señora ministra, para lo que
realmente interesa al ciudadano no hacía falta un decreto-ley y para
arrebatar competencias a la CMT, que creo que no le interesa al
ciudadano, para eso sí hacía falta un decreto-ley. Ciertamente,
reconozca usted conmigo que están trabajando en sentido contrario al
que ustedes argumentan: no liberalizan, recorren justamente el camino
contrario.
Brevemente -y voy terminando-, señora presidenta, dos comentarios
respecto al capítulo II, el de la inspección técnica de vehículos.
Comparto con el portavoz de Convergència i Unió que casa mal este
asunto aquí, pero, en fin, hay decretos peores, se lo aseguro. En
este paquete que hemos aprobado hay alguno que tiene medidas
ciertamente que son peras y manzanas sumadas. No nos gusta nada esta
parte del decreto-ley por una razón que se ha apuntado aquí. Creemos
sinceramente que se invaden competencias de las comunidades
autónomas -estamos convencidos- y, además, creemos que la regulación
que se establece no es compatible con el servicio que se presta. No
estamos regulando un comercio; estamos regulando un servicio del que
depende en cierta medida la seguridad vial de los ciudadanos. No
valen trivialidades, señora ministra, no se puede desregular sin más,
y en ese sentido estamos frontalmente en contra de este capítulo II.
En resumen, no vamos a votar que sí a la competencia que se establece
en este decreto-ley en el bucle local de telefonía fija, no vamos a
votar tampoco que sí a la tarifa plana. Nosotros lo que vamos a hacer
es volver a votar que sí porque lo hemos hecho en muchas ocasiones en
esta Cámara, a veces a propuesta nuestra, a veces a propuesta de
otros grupos parlamentarios. Son ustedes, señores de la mayoría, son
ustedes, señores del Gobierno, los que van a votar por primera vez
aquí que sí a la liberalización del bucle de telefonía local, a la
implantación de la tarifa plana. Y le voy a decir una cosa más,
señora ministra. Vamos a votar que sí pero a partir de mañana vamos a
volver a la tarea -a la faena, como dicen ustedes-, vamos a volver a
traer iniciativas al Parlamento para que se apruebe una auténtica
tarifa plana. Se lo voy a decir de otra forma: vamos a aplanar su
tarifa ondulada a base de iniciativas parlamentarias, una detrás de
otra; ya hemos introducido alguna. Hubo un debate en el Senado en
relación con este tema, un debate en el que, por cierto, los señores
del Grupo Popular de aquella Cámara se quedaron completamente solos.
Vamos a insistir en que haya tarifa plana como han hecho mis
compañeros de Izquierda Unida, de Convergència i Unió, de Coalición
Canaria, como han hecho todos los grupos parlamentarios, una tarifa
plana de verdad: 24 horas para los internautas residenciales, las
escuelas, los hospitales, las pymes, la gente que trabaja en casa. Lo
decía el señor Jané y es muy cierto. Vamos a seguir insistiendo. Ya
hemos introducido una proposición no de ley para que por esa tarifa
plana se pague realmente un precio asequible: 3.000 pesetas todo el
día, 2000 por el día, 1000 por la noche. Vamos a seguir insistiendo
en este asunto. Y vamos a estar atentos a la regulación que usted
tiene que hacer del alquiler del bucle local, no vaya a ser que
Telefónica consiga, a través del sistema de precios, que este real
decreto-ley quede en agua de borrajas. Vamos a estar atentos también
a la regulación que se tiene que hacer de nuevo en las tarifas de
interconexión en las llamadas metropolitanas para que haya otros
operadores, además de Telefónica, que puedan dar a sus usuarios
tarifa plana. Vamos también a seguir el desarrollo de este decreto-
ley para defender los derechos de los que invierten en cable, que
sabe usted que en este momento tienen algunas incertidumbres respecto
al desarrollo que del mismo se pueda hacer. Finalmente, señora
ministra, vamos a traer una proposición de ley a esta Cámara para que
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones recupere las
competencias que en
este real decreto-ley y en otros anteriores se le han ido arrebatando
desde que se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones. En resumen,
señora ministra, no vaya a ser que los amigos de pupitre recompongan
su relación y nos veamos aquí una vez más defendiendo los derechos de
los usuarios de las telecomunicaciones frente a los intereses del
monopolio de Telefónica.
Nada más. Muchas gracias, señoras y señores. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Pérez
Rubalcaba.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señora presidenta, señoras ministras, señor
ministro, señorías, el conjunto de medidas que hoy estamos
discutiendo en esta Cámara no pueden ser entendidas como una decisión
aislada, sino que forman parte de un programa de Gobierno que fue
expresado en esta Cámara por el presidente del Gobierno en el debate
de investidura y, de forma muy especial, corresponden al compromiso
que adquirimos con los ciudadanos en las urnas el pasado 12 de marzo.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer en nombre de mi grupo el
apoyo a todos los grupos parlamentarios que han anunciado su
intención de votar favorablemente este decreto-ley. Por supuesto que
respetamos, como siempre, tanto a los grupos que no van a votar este
decreto-ley como las críticas de la oposición parlamentaria. Pero
creo que hay cuestiones sobre las que no se puede dudar. Se ha
hablado aquí esta tarde de coherencia, y la primera de las cuestiones
de las que no podemos dudar es que este conjunto de medidas
constituye un ejercicio de coherencia; coherencia con nuestro
proyecto ideológico; coherencia con la gestión del Gobierno de Aznar
durante la pasada legislatura, durante los pasados cuatro años de
Gobierno, y también coherencia con el proyecto modernizador que hemos
ofrecido a la sociedad española para la próxima década. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.) Hoy, señorías, hay portavoces que
se llenan la boca hablando de innovación, de tecnología, de
desarrollo. Se consideran pioneros de las tecnologías, de Internet, y
además consideran que ciertas medidas que se plantean por el
Gobierno, medidas que van a ser efectivas a partir de mañana mismo,
llegan tarde. Sin ninguna duda eso es legítimo, pero también es poco
creíble, sobre todo cuando sabemos que se han desaprovechado tantos
años para dar pasos que homologuen a España como competitiva en
política global de investigación, de desarrollo, de innovación y
sobre todo de telecomunicaciones, y cuando normalmente ustedes no
vienen aquí precisamente a presentar alternativas a las políticas del
Gobierno.
En segundo lugar, si me permiten que lo exponga en esta primera
introducción, hay un objetivo común en el
conjunto de los reales decretos que hemos debatido en el día de hoy:
el objetivo de construir entre todos una sociedad más competitiva y
seguir caminando en la búsqueda del pleno empleo. Y es que, señorías,
todas las medidas que estamos proponiendo y que se aprobaron en el
día de hoy significan mayor libertad, mayor competencia, mejores
servicios y precios más reducidos, y eso, al final, como hemos
demostrado en los últimos cuatro años significa siempre más empleo y
empleo de calidad. Señorías, en la pasada legislatura se dieron pasos
de gigante para liberalizar las telecomunicaciones. Quiero acudir a
la memoria de muchos de ustedes para decirles que una de las primeras
decisiones del Gobierno Aznar en la pasada legislatura fue
precisamente presentar ante esta Cámara un decretoley de
liberalización de telecomunicaciones, que debatimos en junio de 1996.
Ese decreto-ley fue el primer paso -un paso importante- para pasar
del entonces régimen de monopolio público a un régimen de competencia
como el que hoy disfrutamos. Señorías, como les decía, en la pasada
legislatura dimos pasos de gigante, pero un Gobierno reformista sabe
que siempre se puede mejorar, que siempre quedan asignaturas
pendientes y por eso hoy podemos afirmar que cuando se convalide este
real decreto-ley se establecerá con toda claridad una mayor
competencia en telefonía. Y eso, ¿en beneficio de quién? Como
siempre, en beneficio de los usuarios, que van a poder cambiar de
operador telefónico, elegir en cada momento el que les ofrezca
mejores ofertas, no tener que modificar su número telefónico ni
cambiar de línea. De esta forma España está en la vanguardia de los
países que cumplen los acuerdos de Lisboa del pasado mes de marzo.
Además, señorías, antes de que finalice este año habrá competencia en
las llamadas locales y, como digo, siempre en beneficio de los
consumidores.
Señoras y señores diputados, hoy hablamos de globalización; hablamos
de la sociedad del conocimiento; hablamos de la nueva economía, en la
que el principal valor es sin duda ése, el conocimiento. Pues bien,
los internautas encuentran también una respuesta modernizadora del
Gobierno Aznar en este real decreto-ley. Una clara apuesta por la tan
demandada tarifa plana de acceso a Internet que pretende que éste
sobrepase la frontera de las necesidades empresariales y se incorpore
al uso habitual de los hogares y de las familias españolas. Hoy los
analistas económicos, los que hacen predicciones sobre competitividad
de los países, sitúan precisamente en la relación Internet-hogares
familiares uno de los elementos clave para definir a los países con
futuro. Internet es una nueva puerta abierta al mundo y la llave de
esa puerta la tienen que tener sobre todo nuestros jóvenes, las
nuevas generaciones, que han de tener cotidianamente la posibilidad
de utilizar esa llave para abrirse definitivamente en sus
posibilidades y en sus oportunidades al mundo. Por eso -ustedes
pueden llamarla como quieran y pueden criticar por todos los
motivos esta medida- se toma la decisión de que la tarifa plana se
haga en una franja horaria que está directamente vinculada al mayor
uso de Internet en los hogares españoles. Queremos fomentar la
utilización de Internet en los hogares españoles desde las seis de la
tarde hasta las ocho de la mañana, y todo el fin de semana y todos
los festivos tendrán tarifa plana, como digo, todos los hogares,
todas las familias españolas. También se establece una tarifa plana
para llamadas locales, y con la apertura del bucle local -que como
decía el señor Rubalcaba llegará tarde pero, en todo caso, no ha
tardado 14 años- se está introduciendo la competencia en el único
segmento que nos faltaba: en telefonía fija local.
Señorías, somos conscientes de que tenemos una actitud de reforma
permanente, de mejora, de innovación. Hay quien tiene miedo a la
revolución tecnológica y hay quien tiene miedo al cambio. Sin
embargo, hay quienes no lo tenemos. Estamos ante una gran oportunidad
y somos conscientes de que quedan muchas cosas por hacer. También
quedan cosas por hacer tras la aprobación de este real decreto-ley.
Ya sabemos -nos lo ha repetido y recalcado el señor Rubalcaba- que
también se va a incrementar la competencia, porque así lo ha
anunciado el Gobierno en este decreto-ley, en telefonía móvil. Por
tanto, señorías, afortunadamente seguiremos debatiendo en esta Cámara
iniciativas del Gobierno en esta materia.
Señora presidenta, señorías, pedimos a la Cámara que convalide este
real decreto-ley porque supone un paso más para que España sea más
abierta internamente y hacia el exterior, porque supone mayor
competencia, que como siempre hemos dicho los que creemos en ella
significa nuevos y mejores servicios para los usuarios, precios más
reducidos, y todo ello dirigido a quien de verdad justifica nuestro
trabajo político en esta Cámara y fuera de ella: el mayor bienestar
de las familias españolas.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mato.
- REAL DECRETO-LEY 5/2000, DE 23 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES DE
CONTENCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO PÚBLICO Y DE RACIONALIZACIÓN DEL
USO DE LOS MEDICAMENTOS. (Número de expediente 130/000004.)
La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 5/2000, de 23 de junio, de
medidas urgentes de contención del gasto farmacéutico público y de
racionalización del uso de los medicamentos.
Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora ministra,
señora Villalobos.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
señora presidenta.
Señoras y señores diputados, comparezco en esta Cámara en nombre del
Gobierno para solicitar la convalidación del Real Decreto 5/2000, de
23 de junio, de medidas urgentes de contención del gasto farmacéutico
público y la racionalización del uso de los medicamentos, aprobado
por el Gobierno, con el objetivo de avanzar en la contención del
gasto farmacéutico público, así como promocionar el uso racional de
los medicamentos. Como SS.SS. saben, el gasto farmacéutico público es
una de las variables que más inciden en el gasto sanitario financiado
por el Sistema Nacional de Salud, por lo que durante los últimos años
se han llevado a cabo una serie de medidas dirigidas a situar su tasa
de crecimiento en niveles compatibles con los escenarios
presupuestarios establecidos. Aspectos como los espectaculares
avances científicos y tecnológicos producidos especialmente en las
últimas décadas en el campo de la farmacoterapia, así como en el
envejecimiento progresivo de la población, están condicionando un
crecimiento de la factura farmacéutica muy por encima de la
evaluación media del gasto sanitario, tal como sucede en el conjunto
de los Estados de la Unión Europea. Por ese motivo, las
administraciones de los diferentes Estados miembros vienen adoptando,
especialmente en los últimos años, distintas medidas de contención
del gasto farmacéutico orientadas a promover el uso racional de los
medicamentos y, de hecho, la mayoría de los países mantienen sistemas
de regulación administrativa de los precios de las especialidades
farmacéuticas y en la totalidad de los Estados miembros controlan el
margen de las oficinas de farmacia y la distribución de mayoristas.
Por otra parte, existe en Europa un claro compromiso político en los
últimos años para fomentar la utilización de medicamentos genéricos e
introducir nuevas culturas de prescripción y dispensación orientadas
a la utilización de la denominación común internacional en la
identificación de los fármacos.
El porcentaje de gasto farmacéutico sobre la totalidad del gasto
sanitario público es un indicador que permite comparar con cierta
homogeneidad la racionalidad en el consumo de medicamentos entre los
diferentes países del entorno europeo. Mientras que en la media de la
Unión Europea este porcentaje se sitúa en el 15,4, en España -según
los últimos datos de la OCDE- estas cifras de gasto farmacéutico
alcanzan el 20 por ciento. Si nos referimos a la evolución del gasto,
en el período 1986-1999 ha pasado de 214.000 millones de pesetas a un
billón 37.000 millones de pesetas en valores nominales, lo que
representa una tasa anual acumulativa del 12,91 por ciento, muy por
encima del 8 que durante el mismo período y en tasa acumulativa ha
crecido el PIB nominal. Pese a que las medidas adoptadas en la última
legislatura han surtido efectos situando la media del crecimiento del
gasto farmacéutico en el período 1996-1999 en un 9,3 por ciento, la
experiencia demuestra que la tendencia del gasto se mantiene en torno
al 12 por ciento; es decir, si no se adoptan medidas de forma
mantenida y sistemática, la tasa de crecimiento se sitúa en estas
cifras. Por ese motivo y en consonancia con medidas que se vienen
adoptando sin excepción en los diferentes Estados de la Unión, y que
más adelante se describen, ha sido imprescindible introducir
urgentemente modificaciones legales para ajustar los márgenes por la
dispensación de los medicamentos con criterios de equidad entre las
oficinas de farmacia, ordenando asimismo la remuneración por la
distribución y dispensación de los medicamentos de precio más elevado
e introduciendo estímulos en la dispensación de genéricos. Dichas
medidas no se han adoptado sólo en España, sino que se han implantado
de forma similar, como he dicho antes, en el conjunto de países de la
Unión Europea.
Por lo que respecta a las oficinas de farmacia, es un hecho conocido
la existencia de grandes diferencias entre los volúmenes de ventas al
Sistema Nacional de Salud de estos establecimientos sanitarios
relacionadas principalmente con su ubicación geográfica. Por ello se
han establecido descuentos o rappels sobre este volumen de ventas,
medida que afecta únicamente a aquellas oficinas que facturan por
encima de la media nacional, es decir, por encima de 55 millones de
pesetas al año al Sistema Nacional de Salud. Por tanto, se exime de
este descuento a aquellas oficinas que facturan por debajo de esta
cantidad y que constituye el 60 por ciento del total de oficinas de
farmacia existentes en el conjunto del territorio nacional. Se trata
de aplicar una medida que favorezca la equidad entre estos
establecimientos sanitarios. Los ahorros por este descuento o rappel
al Sistema Nacional de Salud pueden estimarse en torno a los 22.500
millones de pesetas en su primer año de aplicación. El
establecimiento de descuentos por la oficina de farmacia al Sistema
Nacional de Salud existe en países con una importante cobertura
sanitaria, como son el Reino Unido e Italia, donde estos descuentos
se actualizan anualmente en función de parámetros específicos
adoptados a las características de la prestación farmacéutica de cada
país. De otra parte, el actual sistema de márgenes de dispensación de
especialidades farmacéuticas, establecido en base a porcentajes fijos
sobre precio de venta, el 27,9, desincentiva la dispensación de
medicamentos de precios bajos, siendo un factor de crecimiento del
gasto público ante el constante incremento del precio de los nuevos
medicamentos. Por ello, la propuesta de establecer una cantidad fija
a partir de determinados niveles de precios ayudará a contener los
precios finales de los nuevos medicamentos moderando el crecimiento
del gasto. Así, para precios iguales o inferiores a 13.035 pesetas de
ventas de laboratorio, el margen de las oficinas de farmacia seguirá
siendo el 37,9 sobre el precio de venta al público sin impuestos;
para las prestaciones de precios superiores a esta cantidad, es
decir, por encima de 13.035
pesetas, el nuevo margen será de 5.580 pesetas por envase. Con la
aplicación de esta segunda medida se conseguirá un ahorro estimado
anual en torno a 8.800 millones de pesetas. Todo ello con el objetivo
de alcanzar un cierto equilibrio entre la retribución profesional de
los farmacéuticos y los importantes incrementos de precios en los
nuevos medicamentos. Establecer un límite en los márgenes de
distribución y dispensación de especialidades farmacéuticas es una
medida vigente en países como Bélgica, Alemania y Francia. Esto
responde a la necesidad de aplicar medidas racionalizadoras ante los
elevados precios de los nuevos medicamentos, así como de los
medicamentos huérfanos y los de origen biotecnológico.
Por otra parte, durante la legislatura que ahora comienza se va a
realizar una decidida apuesta por el desarrollo pleno y efectivo del
mercado de genéricos. Para ello, además de agilizar su autorización,
promover el desarrollo de acciones divulgativas e introducir una
nueva cultura de prescripción contando con la participación de los
profesionales y de los pacientes, se ha considerado oportuno, en
línea con las políticas iniciadas en países centroeuropeos,
incentivar su dispensación a través de un margen diferenciado para
estos medicamentos en las oficinas de farmacia. Uno de los ejemplos
más representativos de este tipo de medidas se encuentra en Bélgica y
Holanda, donde el farmacéutico recibe un tercio del ahorro que supone
la dispensación del medicamento genérico. Concretamente, para los
medicamentos genéricos el margen se incrementará en un 5,1, pasando
del tipo general de un 27,9 a una retribución del 33 por ciento sobre
el precio de venta al público sin impuestos. En relación con la
distribución mayorista, tal y como sucede con el sistema de márgenes
de oficinas de farmacia, la retribución en base a porcentajes fijos
sobre el precio de venta de almacén (9,6 por ciento) es un factor de
crecimiento del gasto público farmacéutico por el incremento del
precio de los nuevos medicamentos. Por ello, y en consonancia con la
modificación de los márgenes de oficinas de farmacia, también se
establece un nuevo régimen de márgenes para la distribución de
mayoristas. Los medicamentos de precio de venta de laboratorio igual
o inferior a 13.035 pesetas mantienen el margen actual, que es el 9,6
al que me refería antes; para las prestaciones de precio superior a
esta cantidad, el margen es de 1.384 pesetas por envase. Por otra
parte, se ha establecido la posibilidad de que las oficinas de
farmacia efectúen descuentos sobre el precio de venta al público de
las especialidades farmacéuticas publicitarias, con un límite del
diez por ciento. Esta medida es coherente con la tendencia
liberalizadora existente en Europa con respecto a los precios de los
medicamentos no financiados en los que España estaba presente de
forma parcial desde el año 1981, en que se liberalizó el precio
industrial de estos medicamentos.
Uno de los elementos que más inciden en el crecimiento del gasto
farmacéutico es el estímulo de la demanda que sin duda se propicia a
través de la importante inversión promocional de las empresas
farmacéuticas. Este hecho ha generado inquietudes en las
administraciones de nuestro entorno, como en el Reino Unido, donde se
limita el porcentaje máximo de la cifra de ventas que las compañías
farmacéuticas pueden invertir en publicidad, o en Francia, donde
existe un impuesto que grava la inversión en promoción de
medicamentos. El Gobierno, sensible a este problema, también ha
introducido entre las medidas cuya convalidación hoy solicito la
actualización del Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, que regula
en España la publicidad de medicamentos, a fin de delimitar las
actuaciones de la industria farmacéutica en esta materia.
En definitiva, señorías, y a modo de resumen, este conjunto de
medidas pretende facilitar la definición de un entorno de futuro que
permita conjugar el mantenimiento de una prestación farmacéutica
pública del máximo nivel y cobertura en el contexto de la Unión
Europea, con políticas de contención del gasto farmacéutico y del uso
racional del medicamento.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra. ¿Turno en
contra? (Pausa.)
En primer lugar, señora Valentín, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, nos trae el Gobierno para su convalidación
un real decreto-ley titulado medidas urgentes de contención del gasto
farmacéutico público y de racionalización del uso de los
medicamentos. De su lectura se deducen dos conclusiones absolutamente
contundentes. El Gobierno del señor Aznar y la señora ministra de
Sanidad no saben cómo afrontar la política farmacéutica y la política
de uso racional del medicamento y, por otra parte, todo el esfuerzo
publicitario del Ministerio de Sanidad en la pasada legislatura
vendiendo las excelencias de las medidas adoptadas para contener el
gasto farmacéutico público eran, pura y simplemente, un engaño.
Señorías, el Gobierno del Partido Popular ha ido dando bandazos
respecto a la política farmacéutica y, ante esa improvisación, el
resultado no puede ser peor. El gasto farmacéutico a través de receta
en el Insalud aumentó un 15,73 por ciento en el período 1996-98 y la
factura farmacéutica sigue en alza en el año 1999. Las medidas
adoptadas hasta ese momento por el Gobierno han tenido un resultado
dañino para la salud y para el bolsillo de los ciudadanos y no han
sido efectivas para la finalidad que pretendían, que era la
contención del gasto farmacéutico público.
Señorías, en el año 1998 el Gobierno excluyó de la financiación
pública 834 medicamentos, a pesar de que el Partido Popular cuando
estaba en la oposición juraba y perjuraba que hasta las jeringuillas
serían gratis. Con esta medida se pretendían ahorrar 65.000 millones
de pesetas y con esos ahorros se iban a hacer nuevos hospitales,
nuevos centros de salud, se iba a dotar de alta tecnología a los
centros sanitarios, pero nada más lejos de la realidad. Ha sido
contraproducente para el Gobierno y para los ciudadanos, porque se ha
producido un considerable incremento de la factura farmacéutica
pública, y sólo se ha contenido el gasto en aquellas comunidades
autónomas en donde no aplicaron esta medida, por ejemplo en
Andalucía. (Una señora diputada: Y en Navarra.) Estos medicamentos
excluidos siguen siendo, como decía el anterior ministro de Sanidad,
eficaces, útiles y seguros y por eso se pueden seguir recetando por
los médicos del sistema, pero con una apreciable diferencia. En estos
momentos los ciudadanos pagan íntegramente el precio de esos
medicamentos. Como la medida se tomó con criterios exclusivamente
económicos y sin tener en cuenta las necesidades sanitarias de la
población, les salió el tiro por la culata. El entonces ministro de
Sanidad explicaba en esta Cámara que la evolución del gasto
farmacéutico en 1999 puso en evidencia que el efecto pretendido para
conseguir ese ahorro se había neutralizado, es decir, no se había
conseguido. Ustedes hicieron las cuentas de la lechera y, de la
ensoñación de la publicidad, pasaron a la cruda realidad.
Igual ocurrió con la siguiente medida: medicamentos genéricos, una
medida que, bien aplicada, hubiera podido ser absolutamente positiva
y, sin embargo, se da la paradoja de que existen en el mercado
medicamentos con marca comercial con precios más baratos que algunos
genéricos que está autorizando el Ministerio de Sanidad. La norma
nace con tantas restricciones que, en la práctica, sólo tendremos los
medicamentos genéricos que los laboratorios dueños de las patentes
quieran autorizar.
Los precios de referencia siguen sin ser aprobados. Al igual que los
genéricos, su regulación es tan restrictiva que los efectos prácticos
sobre el ahorro serán inapreciables. Señorías, el día 23 de junio,
una información especializada en farmacia apuntaba -y leo
textualmente-: el proyecto de orden ministerial sobre precios de
referencia promovido por el anterior ministro de Sanidad está en
revisión ante los problemas jurídicos que podría originar la puesta
en marcha de una normativa tan plagada de ambigüedades que en algún
momento podría haberse interpretado como favoritismo. ¿Favoritismo
hacia quién, señora ministra? ¿Nos lo podría explicar?
Respecto a las medidas que nos trae esta tarde, señora ministra,
usted compareció el día 13 de junio en la Comisión de Sanidad para
exponernos los objetivos y las medidas de su Ministerio a lo largo de
esta legislatura.
Después de cuatro horas de mucha literatura y poca concreción,
no contestó a nuestras reiteradas preguntas sobre qué medidas pensaba
tomar su Ministerio para reducir el gasto farmacéutico público y
sobre cuál era su política de uso racional del medicamento.
Sinceramente, si hace quince días tenía ya elaborado este real
decreto-ley, su intervención fue una burla al Parlamento. Y si no
sabía nada de esto, que sería igual de grave, denota que la política
sanitaria en este país la sigue haciendo el ministro de Economía con
criterios económicos, sin tener en cuenta las necesidades sanitarias
de la población. ¿Este es el pacto que usted nos ofrecía en aquella
comparecencia, señora ministra? ¿Ahora se pacta vía reales decretos-
leyes?
Nos plantean un conjunto de medidas sin memoria justificativa alguna,
sin ningún tipo de explicación y que tratan el problema con bastante
frivolidad. ¿Nos puede explicar la señora ministra cuáles son las
razones de extraordinaria y urgente necesidad para utilizar esta
técnica? ¿Con quién se ha negociado el contenido de este real
decreto-ley? ¿Ha sido quizá con Farmaindustria?
De los cinco artículos que contiene, cuatro modifican decretos que no
necesitan norma con rango de ley. Hasta el título, señora ministra,
induce a falsedad. Dice usted que es para la racionalización del uso
de los medicamentos; no hay ninguna medida que contemple dicha
racionalización del uso de los medicamentos. Se establece la
posibilidad de que las farmacias puedan hacer descuentos en las
especialidades farmacéuticas publicitarias de hasta un 10 por ciento.
¿Por qué no se admiten descuentos también, señora ministra, para otro
tipo de especialidades farmacéuticas? ¿Cuál ha sido el criterio para
fijar el tope del descuento en el 10 por ciento?
En cuanto al margen de las oficinas de farmacia, se mantiene tal como
estaba y se establece la excepción cuando se trate de venta de
medicamentos genéricos, que se eleva al 33 por ciento. La ventaja de
los medicamentos genéricos es que su precio, teóricamente, es más
barato que el de los medicamentos con marca. Con este argumento se
está debilitando este principio, porque suben ustedes en cinco puntos
el margen de las oficinas de farmacia cuando se trata de la venta de
genéricos. ¿Cómo va a repercutir, señora ministra, esta medida en la
factura farmacéutica con datos reales? La segunda excepción que hacen
a este margen de las oficinas de farmacia es de medicamentos con
precio de venta al público superior a 20.000 pesetas. ¿Por qué se
aplica sólo a los medicamentos con un precio igual o superior a éste?
¿Cuántos medicamentos hay con un precio igual a 20.000 pesetas?
¿Cuántos de este tipo se venden al año con cargo a los fondos
públicos?
Por otra parte, se impone una rebaja forzosa que han de hacer las
oficinas de farmacia cuando presenten su factura a la Seguridad
Social. Se establecen distintostramos. No sabemos, señora ministra,
cuántas farmacias
hay en cada uno de estos tramos, a cuántas farmacias va a afectar y,
lo que es más importante, señora ministra, ¿ha pensado que esta
medida puede limitar y condicionar la capacidad de las comunidades
autónomas, que son las que tienen transferida la normativa sobre
ordenación sanitaria, porque el real decreto-ley define los
descuentos a la Seguridad Social como parte de los márgenes de las
oficinas de farmacia e impide que las comunidades autónomas puedan
negociar individualmente los descuentos en sus conciertos
respectivos? Anuncia actualizaciones anuales de los márgenes de las
oficinas de farmacia y de los almacenes farmacéuticos con criterios
exclusivamente económicos, el PIB y el IPC. ¿Le interesan a la señora
ministra los criterios sanitarios para estas actualizaciones?
Por último, anuncian que se va a modificar la regulación de la
publicidad de los medicamentos. No conocemos el sentido de la
reforma, si va a ser más restrictiva o más permisiva, pero es
absolutamente ridículo que se incluya un artículo en este real
decreto-ley, porque no hacía falta para modificar el decreto que
regula la publicidad de los medicamentos, sobre todo, cuando se trata
única y exclusivamente de un anuncio cara al futuro.
Por todas estas razones, señorías, el Grupo Socialista no va a votar
a favor de estas medidas de cosmética que ustedes quieren imponer sin
dar ningún tipo de explicación y que no van a paliar el grave agujero
que se está produciendo en el Sistema Nacional de Salud vía factura
farmacéutica pública, porque esta letra ya la conocemos, la pusieron
en marcha y fue un fracaso. Pedimos al Gobierno que tramite este real
decreto-ley como proyecto de ley para poder debatir en el Parlamento
de forma serena y sosegada la política farmacéutica en su conjunto,
porque sus improvisaciones, al final, las pagan los ciudadanos.
Señora ministra, he oído durante todo el día de hoy hablar de la
introducción de la competencia en los sectores monopolísticos.
¿Quiere que hablemos de introducir competencia y de liberalizar el
sector farmacéutico para beneficiar a los ciudadanos? (Aplausos.) El
Grupo Socialista está dispuesto con medidas de mucho más alcance a
sustituir el régimen de precios fijos por uno de precios máximos para
todas las especialidades farmacéuticas, como ha recomendado hace
tiempo el Tribunal de Defensa de la Competencia, para que se
beneficien los consumidores; a liberalizar la venta de medicamentos
publicitarios y productos sanitarios para que se puedan vender en
cualquier establecimiento; a liberalizar el establecimiento de las
oficinas de farmacia, recomendado por el Tribunal de Defensa de la
Competencia y el Fondo Monetario Internacional en su informe de 1999,
que beneficiará sin duda a los ciudadanos y a los profesionales que,
habiendo estudiado la carrera de farmacia, quieren hacer de la
oficina de farmacia su forma de vivir. ¿Quiere que hablemos de
política de uso racional del medicamento, señora ministra? Pongan en
marcha
urgentemente el sistema de precios de referencia ligado a principios
activos; si no, no será eficaz. Adecuen las dosis a los tratamientos
para evitar despilfarros impuestos por la industria farmacéutica. Den
una información actualizada y permanente a los profesionales del
Sistema Nacional de Salud sobre las especialidades farmacéuticas que
están en el mercado, sobre los genéricos, sobre su relación coste-
efectividad, sobre las novedades farmacológicas, y hagan posible que
esta información no les llegue única y exclusivamente de los
laboratorios, que son los que comercializan el producto. Por encima
de todo esto, señora ministra, establezcan un control más riguroso
cuando se autoricen los medicamentos nuevos y cuando se fije su
precio, de modo que se contraste fehacientemente la mayor utilidad
que comportan respecto a los que existen en el mercado, porque,
señora ministra, la factura farmacéutica creció en el año 1999 un 10
por ciento en relación con el año anterior. ¿Sabe usted cuánto se
incrementó el número de recetas en el mismo período? Un 1,38 por
ciento. Reflexione como quiera, en voz alta o en voz baja, pero estos
datos evidencian que no es el consumo lo que más crece y que lo que
efectivamente se dispara es el precio de los medicamentos. Y, por
favor, un ruego, señora ministra, no siga reflexionando
demagógicamente con el copago por parte de los pensionistas porque se
produce una importante alarma social en este colectivo. Quizás lo
único que pretende usted con esta medida es cargar sobre las espaldas
de los más vulnerables el dinero que ustedes como Gobierno no quieren
aportar a la sanidad de este país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valentín.
Para un turno en contra tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero empezar mi intervención tratando de echarle una mano a la
señora ministra de Sanidad, que últimamente manifiesta en los medios
de comunicación que está buscando dinero. Yo creo que la señora
ministra tiene que buscar el dinero en los Presupuestos Generales del
Estado. Por eso, lo primero que quiero decir a los señores del
Gobierno -me gustaría que estuviera aquí el señor Rato, porque es el
afectado- es que no nos gusta su paquete (Risas y aplausos.), que no
nos gusta en absoluto este paquete de medidas liberalizadoras que
trae al hemiciclo. Está muy bien que se rían porque distiende mucho.
(Risas.) Por las mismas causas que ya ha expuesto aquí mi portavoz
esta mañana, tengo que decir que, por razones de forma, aunque
también de fondo, votaremos en contra de este real decreto, que tiene
que ver con la contención del gasto farmacéutico y la racionalización
del uso de medicamentos.
Pues bien, en este decreto hay cuatro medidas concretas de
intervención en el comercio de medicamentos. Anuncian ustedes también
otra medida de racionalización de la promoción de las especialidades
farmacéuticas, que al parecer se regulará durante el verano. Estas
cuatro medidas de regulación del comercio de medicamentos afectan a
la fijación de los márgenes de beneficio de las oficinas de farmacia
y de almacenes farmacéuticos. En efecto, tal y como nos contaba aquí
la ministra, se reduce algo el beneficio de las farmacias: medio
punto, señora ministra, fijándolo en el 27,9 por ciento. Para los
medicamentos facturados a la Seguridad Social que superen un importe
mensual de 4,6 millones de pesetas por farmacia se establece también
una reducción adicional de carácter progresivo en función del monto
mensual de dicha facturación a la Seguridad Social. Sin embargo,
señora ministra, la reducción no es para todos los productos, porque
en el caso de que se utilicen genéricos -por los que usted tiene
mucho entusiasmo, entusiasmo que, sin embargo, en este real decreto
no queda nada claro-, el margen que ustedes ofrecen a las farmacias
es del 33 por ciento, con el único fin de incitar a los farmacéuticos
para que a la hora de dispensar cambien el producto prescrito por el
médico a un genérico. Como usted decía, se reduce también medio punto
el margen de beneficio de los almacenes farmacéuticos, fijándolo en
el 9,6 por ciento.
Se permite que para los llamados productos publicitarios -medicinas
que no están en la lista de prescripción de la Seguridad Social y de
las que se puede hacer propaganda en los medios de comunicación- las
farmacias puedan rebajar un 10 por ciento el precio del producto.
Pues bien, señora Villalobos, con esta medida ustedes favorecen única
y exclusivamente a las grandes farmacias, a las farmacias con muchos
clientes, que naturalmente podrán compensar esta rebaja con la venta
de muchos envases, cosa que no van a poder hacer las pequeñas
farmacias; por tanto, es una medida en detrimento de las mismas.
El gasto de farmacia viene creciendo de forma imparable, por encima
de las previsiones del Ministerio de Sanidad. En 1999, el gasto
público en farmacia en España creció en un 11,36 por ciento, mientras
que se presupuestó únicamente un 8,5 por ciento. Lo mismo sucedió en
1998 y en todos los años anteriores, en los que el aumento del gasto
farmacéutico estuvo muy por encima del incremento del PIB nominal. En
este año 2000 se presupuesta un gasto en farmacia que supone, señora
ministra, un 22,2 por ciento de todo el gasto sanitario público, y si
bien es cierto que porcentualmente es una cifra alta, tampoco es tan
exagerada.
Los gobiernos del Partido Popular vienen aplicando medidas para
tratar de parar el incremento del gasto farmacéutico, con escaso
éxito, todo hay que decirlo. En general, ustedes han aplicado medidas
insuficientes y, desde luego, erróneas. En el año 1998 aprobaron
ustedes el segundo medicamentazo. Retiraron ustedes o excluyeron 869
fármacos de la Seguridad Social y el resultado que obtuvieron fue que
aumentó el gasto farmacológico en este país. Pues bien, podían
ustedes haber mirado al horizonte y haberse fijado en algunas
comunidades autónomas -no hace falta ir muy lejos, no hace falta ni
siquiera ir a Europa, aquí tenemos ejemplos- en las que precisamente
se hizo lo contrario, en las que se negaron a aplicar el acuerdo del
Gobierno central, por ejemplo, en la comunidad de Andalucía, donde en
1999 presentaron un balance con menos gasto farmacéutico sin aplicar
ninguna medida talismán. Eso ha sido además en su tierra, o sea que
lo tiene cerquita. En Navarra también se han aplicado medidas que van
de verdad en la dirección de corregir el gasto farmacéutico.
Precisamente lo que hicieron aquí, señora Villalobos, fue premiar
económicamente a los médicos que recetaban menos, comprar los pañales
en concursos públicos y poner farmacias en los centros de salud. Este
real decreto plantea medidas claramente insuficientes, que consisten
en arrancar unas decimillas a los farmacéuticos y aplicar un 10 por
ciento de descuento a las especialidades publicitarias. Con esto,
señora ministra, no va a conseguir parar el crecimiento de un consumo
sanitario que aumenta, duplicando o triplicando el crecimiento del
PIB.
Desde la tribuna, algún diputado de su grupo nos reclamaba que
planteáramos alternativas desde la oposición. Pues bien, yo le voy a
plantear alternativas en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Si usted quiere contener de verdad el gasto
farmacéutico, tendrá que trabajar en otra dirección. Hay que influir
en las medidas de prescripción, empezando por formar a los
profesionales en torno a la realización de protocolos y a la
aplicación de los mismos, para evitar mecanismos de perversión, y me
estoy refiriendo tanto a la presión de los laboratorios como a la del
Gobierno, pagando más por recetar menos.
Ustedes deben comprar los medicamentos al mejor precio posible y para
eso, señora ministra, hay que recurrir a concursos públicos y a las
compras centralizadas, como han hecho en Navarra. Tienen que poner
farmacias en los centros de salud. El señor Fraga lo ha ordenado -le
han hecho una huelga los farmacéuticos- y en Galicia y en Navarra se
ha puesto en marcha ya esta medida, que es imprescindible para el
ahorro que usted intenta promover.
Le decía coloquialmente antes en un encuentro en esta escalera, pero
ahora se lo digo desde la tribuna, que si usted no limita el gasto de
la promoción de los laboratorios -que de ahí sí podemos conseguir al
menos el 50 por ciento del ahorro-, todo lo demás es el chocolate del
loro. En Estados Unidos hay laboratorios que tienen un presupuesto
superior para gastos de promoción al que tiene Coca-Cola. Como usted
se limite a poner en marcha estas medidas, siento comunicarle, señora
Villalobos, que se va a encontrar a la vuelta
del verano -a lo mejor esto es una excusa, ya lo veremos- con que
esto no sirve para mucho; no digo que no sirva para nada. Tienen que
reducir también o hacer desaparecer la publicidad de medicamentos que
incitan al consumo injustificado y, cómo no, la estrella del
problema, han de educar a la población para que pueda consumir
racionalmente medicamentos.
Señora ministra, las medidas propuestas hoy aquí en esta Cámara por
el Gobierno, sin ser rechazables, difícilmente se pueden apoyar,
porque son insuficientes, porque son exclusivamente monetaristas,
porque además son inconexas, pues nos traen ustedes un real decreto
que no conforma en absoluto un plan global para la legislatura. Ahora
este real decreto, dentro de unos días el que está en el Consejo de
Estado sobre genéricos, anuncian que después del verano habrá otro
real decreto de racionalización de la promoción de las especialidades
farmacéuticas... En fin, cuando amaine el revuelo creado por las
declaraciones de la señora ministra en el conjunto de la sociedad
volverán a sugerir el tema del copago, que es lo que subyace en el
fondo de la cuestión. Estas medidas insignificantes de reducción de
los márgenes comerciales no son más que una cobertura moral para que
dentro de unos meses, a la vuelta del verano, con premeditación y
alevosía, a lo que ya nos tienen acostumbrados, puedan aplicar el
copago y pedir al conjunto de la sociedad que haga un esfuerzo mayor.
Por eso, señora ministra, no vamos a votar a favor de este real
decreto.
Para terminar, quiero decirle que lo único que van a conseguir
ustedes es que el ciudadano gaste cada vez más dinero en
medicamentos. Este es el resumen final. Me he esforzado, he intentado
ser generosa en esta primera oportunidad -especialmente con usted,
porque es ministra y porque me gusta que las mujeres hagan bien las
cosas, aunque sean del PP- (Rumores.), pero no me ha dado usted la
oportunidad de serlo. (Aplausos.)
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidenta.
Señora Castro, en primer lugar, muchas gracias por lo feminista que
se declara usted, pero si es tan feminista, por favor, no nos exija a
todas que seamos las más inteligentes, porque ha habido hombres
ocupando cargos importantes que no han sido excesivamente
inteligentes. No sea usted tan feminista que tengamos que ser siempre
las mejores; déjenos ser que seamos como seamos, iguales que ellos.
Es lo único que pido. Por tanto, no siga por esa línea del feminismo,
señora Castro, porque las mujeres iríamos fatal.
He escuchado con muchísima atención la intervención de las dos
representantes, tanto de Izquierda Unida
como del Grupo Socialista, en su posición en contra de este decreto,
pero con el máximo respeto a las dos en el fondo no he encontrado una
razón para el no; puedo encontrar matices, puedo encontrar, como ha
dicho la diputada representante de Izquierda Unida, señora Castro,
que no son suficientes, pero si no son suficientes puedo incluso
compartirlo en algún momento con usted, pero son válidas, por lo
tanto, ¿por qué votar que no? No lo puedo entender.
Puedo entender que usted utilice este turno, como yo lo he hecho
cuando fui diputada de la oposición, para tener un debate
clarificador con el ministro correspondiente, incluso para cambiar el
sentido de mi voto; por tanto le invito a que lo cambie, porque
espero poder convencerle de que esto es bueno. Yo creo que de entrada
ya la tengo bastante convencida, señor Castro. En primer lugar,
porque las medidas son buenas para el control del gasto del
medicamento. Cualquier medida en el mundo de la sanidad es delicada,
lógicamente. Yo he dicho tanto en la contestación a las preguntas que
se me han hecho aquí en el Pleno como en las comparecencias ante el
Congreso o el Senado, que las medidas que fuéramos tomando irán a
favor de la calidad de la sanidad pública y del mantenimiento y
equidad del sistema. Esta es la premisa que compartimos todos los
grupos representados en esta Cámara.
Ahora bien, es necesario tomar medidas en aquel conjunto de
actuaciones en la sanidad, como es el medicamento, que no incidan
directamente en la prestación sanitaria. Me explico. Ninguna de estas
medidas tiende a que el ciudadano no pueda utilizar las medicinas,
bien al contrario: con estas medidas lo que estamos haciendo es
proteger a los ciudadanos; ni a la industria, señora Castro, ni a las
farmacias.
Yo tengo un enorme respeto a los farmacéuticos. Creo que los
licenciados en farmacia se dedican, se han dedicado a colaborar con
los demás profesionales del sistema para una mayor calidad, para
calmar los miedos y las preocupaciones de los ciudadanos; pero estas
medidas se toman en el entorno de las oficinas de farmacia, es decir,
el farmacéutico en tanto que empresario, no en tanto que
farmacéutico, por lo que hay que introducir medidas de control de ese
gasto, porque, como usted bien ha dicho y la propia señora Valentín,
el incremento del gasto farmacéutico es cada día más importante.
Pero no el más importante sólo y exclusivamente en estos cuatro años,
señora Valentín, y siento no compartir lo que ha dicho usted en esta
tribuna, porque desde 1996 a 1999 se ha conseguido controlar el gasto
que se ha situado en el 9,2 de incremento. Hasta ese momento, los
incrementos medios eran del 20 por ciento, señora Valentín, son datos
recogidos de los mismos lugares que me imagino que los señores
ministros de Sanidad del Gobierno socialista traían a esta Cámara,
salvo que nos mintieran, porque decir que las medidas que toma este
Gobierno son malas, sinceramente, no sé si es que
la experiencia de, por ejemplo, su compañera diputada anterior
ministra o el conjunto de ministros de Sanidad que ha tenido el
Gobierno socialista de pronto han cambiado de opinión. Esta mañana
hemos oído a otros portavoces del Partido Socialista cómo han
cambiado de opinión. Fantástico. Me encanta, señora Valentín, que
también en el área de la sanidad sea usted un poco más
liberalizadora, porque las propuestas alternativas que ha planteado
usted aquí, después de catorce años de gobierno no tomaron ni una.
Las tomaron en sentido contrario. Ni una, señora Valentín, ¡ni una!
(Rumores.- Aplausos.)
Por tanto, que usted ahora me proponga liberalizar las oficinas de
farmacia, como usted ha pretendido hacer en Castilla-La Mancha cuando
era consejera, si quiere usted que negociemos con el sector, mal lo
podríamos hacer. Una cosa y la contraria a la vez es complicado.
Usted me dice que tome medidas, como la liberalización total del
sector, la señora Castro me pide que abra oficinas de farmacia en los
centros de salud, y me pide usted que lo negocie. ¿Usted qué quiere,
qué me pegue el porrazo nada más empezar? (Rumores.-Risas.) ¿Me
quiere usted decir, señora Valentín, si sus compañeros ministros
fueron capaces de negociar con las oficinas de farmacia, con los
farmacéuticos como industria, con la Fefe? ¿Han traído aquí alguna
medida? (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora ministra.
Señorías, ruego guarden silencio para que sea posible seguir la
intervención de la señora ministra con el mismo silencio con el que
se han seguido las intervenciones de las señoras diputadas en este
mismo asunto.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
señora presidenta.
Porque si analizamos las medidas que tomó el Gobierno socialista
sobre las oficinas de farmacia para el control del gasto
farmacéutico... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Yo
comprendo que para su congreso no les interesa que recuerden su
memoria, pero es que es su memoria. (Rumores.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora ministra.
Señorías, ruego guarden silencio para que podamos seguir el debate
con el mismo tono que se había mantenido hasta este momento y con la
misma atención con que desde todos los escaños se ha atendido a las
señoras diputadas que han precedido en el uso de la palabra a la
ministra. (La señora Mendizábal Gorostiaga pronuncia palabras que no
se perciben.) Señora Mendizábal, le ruego que guarde silencio.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Señora
Valentín, de verdad que las reflexiones en voz alta, como usted decía
antes, que hago con usted las hago para sentirme en cierta forma
cómplice un poco de aquellas medidas que tomó aquel Gobierno, y
fueron varias. Desde el año 1982 hasta el año 1988 se varían los
márgenes de farmacia cuatro veces; cuatro veces. Por tanto, no es una
medida que el Partido Popular en la anterior legislatura y en esta
haya decidido inventarse; parece que es un camino que ya había
recorrido este país anterior al momento de la llegada del Partido
Popular al Gobierno. No se escandalice usted tanto, porque sus
compañeros ministros ya lo hicieron. ¿Es bueno o es malo?
Yo creo que lo que cumple fundamentalmente es el control del gasto,
el control del incremento cada vez mayor del gasto farmacéutico. Es
una medida económica, pero yo no sé qué forma hay de hacer buena
sanidad si no es con dinero. Déme usted esa fórmula mágica para
conseguir que la sanidad sea cada vez mejor, de más calidad,
atendiendo a las nuevas necesidades que van surgiendo en la realidad
de la sociedad española, gastando menos dinero. ¿Tendremos que hablar
de dinero, señora Valentín? Resulta que en los últimos cuatro años se
ha incrementado el gasto sanitario, por el acuerdo firmado en el año
1997, por encima del IPC. Pero es que resulta que el gasto
farmacéutico se consume no solamente esos aumentos sino un poco más,
y desde luego en lo que no voy a recortar es en asistencia, y estoy
convencida de que eso lo compartimos todos. Aquí sí se puede recortar
de forma que se protejan los derechos de todos los ciudadanos. En esa
línea vamos a seguir trabajando.
Usted hablaba de los genéricos. A mí me hubiera encantado que en
España se hubiera empezado a hablar de genéricos antes de 1996, pero
es que ustedes no lo plantearon jamás; jamás se habló de genéricos.
Ahora se habla de genéricos, entonces no. Vamos a analizar la
evolución de los genéricos, y ha sido profundamente positiva la
evolución de la utilización de los genéricos.
De su explicación, señora Valentín -y posiblemente ha sido por mi
torpeza-, no he entendido si usted está de acuerdo con que hayamos
subido a las oficinas de farmacia, para incentivar los genéricos, el
5 por ciento, es decir, el 30. Si usted está de acuerdo o no, la
verdad es que no me he enterado muy bien, simplemente me gustaría que
me lo aclarara.
Respecto a los precios de referencia, le voy a sugerir, señora
Valentín, con el mayor respeto y el mayor cariño (Rumores.), que no
se siga usted guiando por lo que dicen los medios de comunicación.
Hace no demasiado tiempo hizo usted aquí una pregunta guiada por un
medio de comunicación y yo le sugerí que no lo hiciera así. No lo
haga así, señora Valentín, porque en estas medidas no hay nada que
tenga que ver con el copago. Usted me anuncia que voy a traer el
copago,
en el sentido que usted dice. Allá usted con lo que usted dice.
Y, desde luego, los precios de referencia van a salir la próxima
semana en el Boletín Oficial del Estado, por orden ministerial, como
debe ser. Lo que tampoco sé muy bien es si usted quiere que lo que
pueda hacer por orden ministerial lo haga o lo haga o por real
decreto, porque si algo que podía haber hecho como orden ministerial
lo traigo aquí para poder ser debatido y me acusa usted, no sé qué
hacer. ¿Para qué me pide usted que lo tramite como proyecto de ley?
No lo entiendo bien, no es coherente su posición. Lo traigo a la
Cámara para oír su opinión pero, si usted quiere, lo hacemos por
órdenes ministeriales y punto, aunque no me parece lo más razonable
en los pocos casos que podía haberlo hecho. Los precios de referencia
van a ser una realidad que va a ayudar mucho a la contención de los
gastos farmacéuticos y va a favorecer a los ciudadanos.
Me ha hecho una serie de preguntas que voy a intentar contestarlas.
Por encima de 20.000 pesetas ahora mismo en el mercado hay
aproximadamente un 5 por ciento de los medicamentos que se dispensan
al Sistema Nacional de Salud, sobre un total de aproximadamente, más-
menos, 9.000 medicamentos; por tanto, tampoco es un sacrificio
excesivo el que le pedimos a las oficinas de farmacia. Son 490
medicamentos por encima de 20.000 pesetas. Es verdad que con los
rappel que hemos introducido hay una mayor presión sobre los
medicamentos que se dispensan al Sistema Nacional de Salud pero, como
he dicho en mi primera intervención, son absolutamente equitativos.
Aquellas oficinas de farmacia que facturan al Sistema Nacional de
Salud menos de 55 millones de pesetas al año no van a sufrir ningún
rappel, no se les va a descontar nada, y esto significa el 60 por
ciento de las farmacias que hay en el territorio nacional. Y así, de
forma escalonada, hasta las farmacias que facturan al Sistema
Nacional de Salud por encima de 500 millones de pesetas al año. Aeste
último tramo, que significa dos farmacias en el conjunto del
territorio, se le va a aplicar un margen acumulativo de rappel de un
10,19 por ciento. Es una medida absolutamente escalonada, es una
medida que al 60 por ciento de las oficinas de farmacias las deja
fuera; por tanto, no es un ataque al conjunto de los pequeños
farmacéuticos sino todo lo contrario.
Aquí lo que pretendemos es proteger a las farmacias en núcleos
rurales (y preguntaba antes la señora Castro) y a las farmacias de
barrio que menos ventas hacen al Sistema Nacional de Salud. Le voy a
poner un ejemplo: si el precio de venta al público de un medicamento
fuera 100.000 pesetas, que los hay, el margen actual que puede
ingresar esa oficina de farmacia por esa medicina sería de 27.900
pesetas. Con el nuevo sistema, el margen para ese medicamento que
valía 100.000 pesetas es de 5.580 pesetas; es decir, que el
ciudadano, por una medicina que valía 100.000 pesetas, va a pagar
77.680 pesetas. Ese es el precio final real a partir del 1
de agosto. Se bajan los medicamentos. Usted dice en sus soluciones:
precios máximos. ¡Si es que ya es así! Usted no sabe, o se le ha
olvidado (estoy convencida de que se le ha olvidado), que los precios
que marca el Ministerio son máximos, no son mínimos ni son fijos, a
través de los cuales los diferentes laboratorios pueden subir o
bajarlos.
Usted dice que las medidas que tomó el anterior ministro han sido
profundamente negativas, y habla del medicamentazo. Mire, su Gobierno
creo que hizo otro muchísimo más grave, y contuvo durante un tiempo
el gasto farmacéutico. Me da la sensación de que fue un compañero
suyo el que enseñó el camino. Y le voy a decir más: el segundo
medicamentazo, llamado vulgarmente, era mucho más ciudadoso, con
muchas medicinas que sí utilizaban muchos ciudadanos, y usted habla
de la bondad del sistema andaluz. A mí no me gustaría entrar en ese
debate, porque yo creo que en el tema de la calidad y del
mantenimiento del sistema sanitario de salud lo compartimos todos, al
margen del partido político al que pertenezcamos.
Yo no estoy muy convencida, porque no tengo los datos y no nos los
quieren proporcionar, de si realmente los médicos han prescrito en el
Sistema Andaluz de Salud -no olvidemos que aquí prescriben los
médicos- estas medidas que estaban dentro del control realizado por
el Gobierno del Partido Popular cuando era ministro mi compañero,
señor Romay, o si ni las han prescrito o si la deuda fantástica que
tenemos en Andalucía con la industria farmacéutica se ha incrementado
o no. No lo sé porque no conozco los datos.
Yo le voy a dar los datos al día de hoy del gasto farmacéutico. Los
datos de mayo dicen que el Sistema Andaluz de Salud ha crecido,
respecto a mayo de 1999, el 13,20 por ciento, mientras que el total
del Sistema Nacional de Salud está, en el mes de mayo, en el 7,8 y el
sistema Insalud el 7,1. Sin embargo, en Andalucía ha crecido el
13,29; los vascos han bajado el 0,85 y Navarra el 1,44. Por lo tanto,
no deben ser tan buenas las medidas tomadas por el Sistema Andaluz de
Salud, porque ha crecido el que más de todos los sistemas
transferidos. Por consiguiente, no parece razonable aquel alarde
impresionante del consejero diciendo: Nosotros pagamos. Me encantaría
saber qué diablos han pagado, porque, que yo sepa, hasta ahora deben
dos años a la industria farmacéutica, y estoy convencida de que al
consejero de la comunidad autónoma andaluza como a mí le preocupa el
problema, y estoy convencida de que están bastante contentos con las
medidas que hoy hemos tomado aquí.
Las medidas que hemos tomado aquí están en la línea de proteger a los
ciudadanos, de buscar un sistema sanitario que controle los gastos
farmacéuticos allí donde se puedan controlar para utilizarlos en las
prestaciones asistenciales. Si usted tiene alguna idea más original y
en la línea liberalizadora que usted plantea, por supuesto, señora
Valentín, estaré encantada de discutirla
con usted y llevarla a cabo. Estoy convencida de que de la palabra al
hecho en usted hay un gran trecho.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Villalobos.
Señora Valentín.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, me va a permitir que, con todo el cariño del mundo
(Rumores.), le recuerde que es usted ministra del Gobierno de este
país, que no está usted en una tertulia de Hermida (Aplausos.) y que
estamos en el Parlamento, que es usted responsable de hacer posible
que el principio de igualdad de oportunidades de los ciudadanos de
cualquier punto del país sea una realidad, que es usted responsable,
porque le recuerdo que es ministra, de que la salud no sea
considerada como un negocio, sino que sea considerada como un derecho
esencial y constitucional de los ciudadanos.
Señora ministra, por mucho que se empeñe, las medidas que contiene el
Real Decreto-ley que su Gobierno ha presentado no son válidas. No es
que discrepemos en la forma, es que no sirven para el fin que
persiguen, que es contener la factura farmacéutica, porque no hay un
diagnóstico previo hecho por parte de su Ministerio de qué está
ocurriendo. Si lo hubiera, imagino que con toda la amabilidad del
mundo nos lo habrían pasado en la memoria que justifica este Real
Decreto- ley que han traído ustedes a convalidar esta tarde a la
Cámara.
Le voy a decir de dónde he sacado el dato según el cual el gasto
farmacéutico a través de recetas del Insalud en el período 1996-1999
creció un 15,83 por ciento: de la Memoria de asistencia especializada
del Insalud para el año 2000, señora ministra (Aplausos.), con lo
cual procuro que cuando digo un dato en esta tribuna esté
suficientemente contrastado, y su obligación como responsable del
Ministerio y del Insalud era saberlo. ¿Me puede decir, señora
ministra, de qué fuente ha obtenido los datos del incremento del
gasto farmacéutico del mes de mayo? Porque no hay nada publicado en
relación al incremento al que usted hacía mención. Yo le he dicho la
fuente, y la fuente es suya, y, desgraciadamente, usted no lo sabía.
Ya imagino que tomará nota.
Señora ministra, si los precios de los medicamentos, como usted acaba
de decir desde esta tribuna, son máximos, se podrán establecer
descuentos sobre precios máximos. ¿Sí o no? (Rumores.) Si se pueden
establecer descuentos, ¿para qué traen, mediante un real decreto-ley,
la posibilidad del descuento en los medicamentos publicitarios? Si
hace usted el favor y es tan amable, señora ministra, nos podría
contestar.
Ha hablado en su intervención en muchas ocasiones de Europa y yo le
pido y le ruego que haga todo lo posible
para que la convergencia con Europa sea desde todos los puntos de
vista, especialmente desde el punto de vista de la convergencia
social, porque ha puesto usted ejemplos de la situación o la
ordenación farmacéutica en distintos países europeos. Me gustaría que
también se pudieran poner ejemplos de la convergencia con Europa en
relación con la aportación que hace el Gobierno para financiar la
sanidad de todos los españoles, en función del PIB, porque todavía
estamos por debajo de la media de los países de la Unión Europea.
(Aplausos.) Señora ministra, hay margen para crecer desde el punto de
vista de gasto sanitario. (Un señor diputado pronuncia palabras que
no se perciben.) Voy a terminar, sí, ya va siendo hora,
efectivamente, después de estar aquí todo el día.
Señora ministra, los ministros y ministras socialistas de Sanidad lo
único que hicieron fue construir un Sistema Nacional de Salud que ha
sido catalogado por el Organización Mundial de la Salud como de los
más importantes y más eficaces, y que ustedes, con este tipo de
medidas y con esta política, lo único que van a hacer es cargárselo.
(Aplausos.)
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valentín.
Señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Voy a intervenirdesde el escaño porque voy
a aceptar la invitación que me han hecho a la brevedad.
Solamente voy a decirle, señora ministra, que han intervenido dos
grupos políticos que plantean cosas diferentes: la postura de la
señora Valentín, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que le
propone la liberalización del sector farmacéutico, y la de Izquierda
Unida, que exige una respuesta específica e individual. Izquierda
Unida lo que le está proponiendo, señora ministra, es que haya
intervención pública, que ponga oficinas de farmacia en los centros
de salud. Entonces, no mezcle usted las cosas y respóndanos a cada
uno según aquello que le planteamos y le proponemos.
Por otra parte, es increíble que venga usted aquí y parezca que se
cree que nos hemos caído de un pino. (Risas.) Dice usted que viene
aquí con este real decreto porque es urgente, necesario, porque a
usted le preocupan muchos los ciudadanos. Señora ministra, usted
viene aquí con este real decreto porque no tiene otro camino, porque
usted no puede venir aquí nada más que con este real decreto porque
modifica otro real decreto, y para eso sólo hay dos maneras: o esta o
por ley. O sea que viene usted aquí con este real decreto por
obligación -en mi pueblo se dice de otra manera-, por obligación.
(Risas.)
Usted dice que no encuentra las razones por las queustedes votan en
contra, por las que discrepan, y yo,
señora Villalobos, con todos los respetos, tengo que recordarle que
yo le he dicho desde la tribuna que sus medidas, sin ser rechazables,
no merecen nuestro apoyo, y le he explicado por qué y le he dicho en
qué dirección tiene usted que trabajar. Creo que más claro no se
puede hablar. Porque, de verdad, señora Villalobos, esta medida es
igual que si un matrimonio, una familia de otro tipo, cualquier tipo
de familia, se propone ahorrar con unos objetivos concretos y a un
plazo, y empiezan ahorrando por las cerillas que se gastan en la
cocina. Eso es lo que nos trae usted a esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Señora
Castro, yo le pido disculpas si usted ha podido interpretar que yo no
le he contestado. Yo no he querido mezclar su intervención con la del
representante del Grupo Socialista ni nada que se le parezca. Ustedes
pueden mezclarse o no, pero en este caso le garantizo que no he
querido mezclar nada. (Rumores.)
Usted me ha hecho una pregunta muy concreta, y le contesto. En primer
lugar, quiero aclararle algo que ha dicho en esta tribuna y que no
responde a la realidad: no hay ninguna comunidad autónoma que tenga
en los centros de salud oficinas de farmacia; ninguna, ni Navarra, ni
Galicia -perdone que no se lo haya contestado antes-, ni ninguna
otra. Es una medida que se puede tomar y que usted plantea, pero
nadie la ha tomado hasta ahora, ninguna comunidad autónoma. Algunas
han desarrollado diferentes leyes en torno a la oficina de farmacia,
unas más liberalizadoras, otras menos, pero ninguna ha planteado ni
está utilizando este sistema.
Perdóneme, señora Castro, yo no intento ofenderla, yo no sé muy bien
cómo tengo que hablarles a ustedes, pero yo no he dicho que tenga la
obligación o no de venir aquí. Yo soy parlamentaria desde el año 1986
y tengo un enorme respeto al Parlamento y a la representación
popular, enorme. Por lo tanto, para mí no es una obligación venir
aquí, es un placer estar aquí, y estoy desde 1986. Por ello, ni huyo
del Parlamento ni nada que se le parezca, sino todo lo contrario.
Creo en los debates parlamentarios, siempre que se mantengan en una
línea de enfrentamiento razonable, lógico por los planteamientos
ideológicos que cada uno tenemos, y creo que las medidas que cada uno
entienda que debe tomar se deben discutir aquí. Por lo tanto, nunca
me verá huir del Parlamento, jamás lo verá. Consecuentemente, no se
trata de obligaciones, se trata de venir porque creo que es el
espacio donde tenemos que hablar de política y de las medidas que
toma el Gobierno. No me refería además a usted; me refería a la
posición de la representante del Grupo Socialista, que decía que
podía haberlo hecho por orden ministerial. Eso, desde luego, no viene
aquí. Y he dicho que yo entendía que era bueno que se debatiera aquí.
No me refería a usted.
Usted hablaba también -y perdóneme que le pida disculpas de nuevo- de
los medicamentos publicitarios; me ha comentado en los pasillos que
le preocupaba esta medida, y yo le aclaraba que en este real decreto
sí se contienen medidas dirigidas a los grandes laboratorios
farmacéuticos. Yo creo que es importante, efectivamente, controlar el
dinero que en publicidad gastan los laboratorios farmacéuticos, que
le puedo decir que están en torno a 350.000 millones de pesetas al
año. Claro que sí. Y le recuerdo que en la anterior legislatura, el
anterior ministro, compañero mío, señor Romay, ya las tomó. Y en esa
línea, y profundizando más, vamos a seguir trabajando, y estoy
convencida de que en esta misma Cámara va a haber muchas ocasiones de
que usted y yo hablemos de estas cuestiones.
Señora Valentín, creo que como el conjunto de los representantes de
esta Cámara, estoy absolutamente convencida de que la salud no es un
negocio sino un derecho y después de cuatro años de gobernar este
país lo hemos demostrado de forma fehaciente y clarísima. Por tanto,
no tengo que justificar ante usted que defienda el Sistema Nacional
de Salud. Además, señora Valentín, creo que soy bastante más humilde
que usted porque yo no pretendo que me pongan medallas porque he
hecho un Sistema Nacional de Salud, como tampoco lo hicieron ustedes;
es más antiguo que ustedes. (Rumores.) Ustedes podrán haberlo
perfeccionado. (Continúan los rumores.) Si ustedes quieren que
desaparezca la UCD vale, pero la historia es la historia, y el
Sistema Nacional de Salud no se lo han inventado ni ustedes ni nadie,
hace muchos años que existe. (Rumores.) Se puede haber ido
perfeccionando (Continúan los rumores.), y nosotros tenemos la
obligación...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora ministra.
Señorías, les ruego que guarden silencio para que podamos seguir el
debate con un mínimo de respeto a los sucesivos oradores y oradoras
que ocupan la tribuna. (Pausa.)
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidenta.
Lo que yo pretendo es mejorarlo algo más, continuar un proceso que
compartimos todos de mantenimiento del Sistema Nacional de Salud.
Pretendo humildemente mayor calidad, hacer frente a los nuevos
desafíos y seguir adelante. Señora Valentín, creerme yo salvadora de
la patria... Este país ya ha tenido suficientes salvadores de la
patria. Parece que a ustedes les gustan los salvadores de la patria
pero a mí no me gustan nada,
por tanto no comparto el ser salvadora. (Rumores y protestas) En
segundo lugar, el incremento del mes de mayo, por el que me ha
preguntado de forma inquisitorial, sale de los datos aportados por
las comunidades autónomas, se distribuyen en el Consejo
Interterritorial de Salud y lo conoce todo el mundo de la sanidad,
todas las comunidades autónomas y todo aquel que se interesa por
ellos. Son datos oficiales. Creo que en los datos que ha dado, señora
Valentín, se ha equivocado en una cosa, lo siento. En los datos a que
usted ha hecho referencia de que han crecido el 15,2 no se habla de
la receta farmacéutica ni del precio total de los medicamentos; se
habla de la medicina especializada, que era una parte de ese gasto
farmacéutico y no del conjunto. En cualquier caso, creo que vamos a
tener más ocasiones de volver a hablar de esta cuestión. (Rumores.)
Señora Valentín, usted ha sido consejera de Sanidad y sabe que cuando
he hecho referencia a los precios máximos he dicho claramente que los
precios de los medicamentos se ponen cuando los laboratorios
presentan una nueva fórmula, en función de ella se les pone el precio
que es máximo y los laboratorios, en las negociaciones que tienen con
los distribuidores, si quieren pueden bajarlo, pero yo no se lo puedo
imponer.
Punto segundo. Ustes dice que yo estoy favoreciendo a los grandes
laboratorios. De las medidas que tomaron los gobiernos socialistas no
hay ni una que afecte a los grandes laboratorios ni a las
distribuidoras, solamente a las oficinas de farmacia. El camino del
Partido Socialista no parece que fuera muy social sino todo lo
contrario, porque jamás se atrevieron a meterse con los grandes
laboratorios ni con otras grandes empresas, y jamás se atrevieron con
las grandes distribuidoras. Jamás tomaron una sola medida. (Rumores.)
Es la primera vez que se toman medidas, tanto en el anterior Gobierno
como en éste, contra los grandes intereses de la industria
farmacéutica, y vamos a seguir en esa línea, como planteaba la señora
Castro.
Por último, señora Valentín, como creo que usted no ha querido
ofenderme por el hecho de que vaya a las tertulias, recordarme que
soy ministra lo sé muy bien y posiblemente a quien más moleste que yo
sea ministra es a usted, pero qué le vamos a hacer (Rumores.), las
urnas son las urnas y espero que usted las respete como yo.
(Continúan los rumores.) Sé que soy la ministra del Sistema Nacional
de Salud. Sé que tengo que garantizar una sanidad equitativa,
universal y de calidad para todos los españoles. En ello estoy y en
esa línea continuaré. Si ha intentado ofenderme hablando de las
tertulias, se lo han enchufado mal, debe ser de otro sector porque
por respeto a compañeras de su partido que han compartido conmigo
esas tertulias -y espero que lo sigan haciendo- y otras muchas donde
podamos explicar nuestros mensajes políticos a los ciudadanos
-algunas ocupan hoy en este Parlamento instancias
importantes- por respeto a ellas ni siquiera le contesto,
señora Valentín.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Villalobos. ¿Grupos que desean
fijar posición? (Pausa.)
Grupo Mixto, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, tenemos que agradecerle, señora ministra, que nos traiga
aquí medidas que podía aprobar a través de un reglamento, de un real
decreto o incluso a través de orden ministerial, como dice usted.
¿Para qué? Para dar oportunidad a esta Cámara y que podamos hablar
con usted, que tengamos conocimiento de ellas.
Creo que el decreto-ley cuando se regula en la Constitución se hace
con unas finalidades típicas...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Aymerich, un momento. (Pausa.)
Adelante, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Decía que la Constitución no regula el
decreto-ley para cualquier cosa sino sólo para determinadas materias,
seguramente no las que están aquí. Que usted nos traiga esta
regulación a través de un real decreto-ley le permite, aparte de
escucharme, librarse del informe del Consejo Económico y Social,
informe por cierto con voto particular de los sindicatos -entre ellos
un sindicato gallego-, que fue bastante duro con el decretazo de su
antecesor, señor Romay. No creo que las medidas que se contienen en
este real decreto sean útiles ni adecuadas para reducir el gasto
farmacéutico, e intentaré explicarle por qué.
En primer lugar, acomete usted una nueva regulación del margen
comercial de los medicamentos, pero es que el margen comercial para
las oficinas de farmacia sigue igual que estaba en el Real Decreto
165/1997, lo único que modifican es que para los envases -y digo
bien, envases- de precio superior a 13.305 pesetas, ese margen queda
establecido en 5.580. A las industrias farmacéuticas se lo ponen muy
fácil, con reducir el envase o fraccionar lo que ahora estaba en un
único envase a 13.305 pesetas y hacer varios envases a 5.000 ó 13.304
pesetas problema solucionado. Desde luego quien hace la ley hace la
trampa, o le ofrece la trampa a la industria farmacéutica: fraccionan
los envases y fuera.
Por otro lado, suben el margen comercial para los genéricos hasta el
33 por ciento. Por tanto no hay reducción de margen comercial, ni
minoración como en algún momento se dice en este real decreto. Esta
subida del margen comercial para los medicamentos genéricos intenta
compensar o justificar la reducción anterior, una reducción más
teórica que real, y desde luego es una medida totalmente inadecuada
para promoverel consumo de genéricos o la dispensación de
genéricos. Aún así tampoco el sector farmacéutico - hablo de las
oficinas de farmacia- está demasiado contento con esta medida, y me
remito a las informaciones de la prensa de hoy, a pesar de que temían
medidas bastante más drásticas como por ejemplo liberalizar la
apertura de farmacia. ¡Ya ve usted qué ingratos son algunos!
Desde mi modestia y desde la modestia de mi futuro grupo, me permito
aconsejarle unas vías que no son nuevas, no son de mi cosecha
particular sino que forman ya un poco parte del acervo de quien
propone desde puntos de vista avanzados medidas de reducción del
gasto farmacéutico. Primero, que se cumpla esa promesa que usted hizo
en una intervención anterior esta misma tarde de publicar ya la orden
ministerial que en desarrollo del artículo 94 de la Ley del
medicamento publique los precios de referencia. En segundo lugar,
actuar con valentía y trasladar de las farmacias a los propios
médicos del sistema público de salud la obligación de prescribir
medicamentos genéricos cuando terapéuticamente su valor sea el mismo
que el de otras especialidades existentes en el mercado. Esto sí
reduce el gasto farmacéutico; esta medida va en contra de los
intereses de la industria farmacéutica, que usted deja absolutamente
incólume después de este real decretoley. Hay que revisar también la
medida que su antecesor en el cargo, señor Romay, adoptó en el año
1998; es decir la posibilidad de que los médicos del sistema
sanitario público prescriban medicamentos no financiados por el
sistema; pero no creo que usted esté dispuesta a adoptar este tipo de
medidas u otras de tenor similar, por eso lo que usted hace ahora es
cargar sobre las oficinas de farmacia y los consumidores la reducción
del gasto farmacéutico. Veremos en qué medida. En la práctica,
implanta la primera medida de copago. Por lo que dice la prensa de
hoy, parece que después vendrán más para pensionistas, etcétera, pero
ya está usted implantando la primera. Aumenta el precio de venta al
público que han de pagar los consumidores, como mínimo para los
genéricos, pero seguramente también para esos otros envases más
pequeños, y reduce el gasto público a través de las deducciones que
aplica a las farmacias.
Con relación a esta deducción, supongo que no se referiría a ella el
señor Rato esta mañana, o usted misma esta tarde cuando decía que
muchas medidas que se contienen en este paquete podrían aprobarse a
través de reglamentos, de decretos o de órdenes ministeriales. De
hecho usted añade una nueva disposición adicional al Real Decreto
165/1997, introduce en una norma con rango reglamentario lo que a
juicio de mi grupo es una medida de carácter fiscal, un nuevo tributo
que establecen ustedes para las farmacias a través de una norma sin
rango de ley. Supongo que los colegios de farmacéuticos tendrán
técnicos para dilucidar este extremo, porque una medida de este tipo
infringe, viola directamente la reserva de ley que en materia
tributaria
establece la Constitución; pero, repito, técnicos tendrá el Gobierno
y técnicos tendrán las farmacias para discutir este asunto.
Por tanto, primera medida de copago, una medida que no da el paso que
habría que dar que es obligar a los médicos a prescribir genéricos, y
después parece que vendrán otras aplicando una progresividad de la
que sólo se acuerdan para las partes menos favorecidas de la escala
social. Por todo ello, mi grupo va a votar en contra de la
convalidación de este decreto-ley y supongo que tampoco tendrá
intención de tramitarlo como proyecto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, nuestro grupo y creo que la mayoría de
esta Cámara estamos de acuerdo en que es importante afrontar de forma
urgente medidas que tiendan a contener el gasto sanitario en
medicamentos. Pero la reflexión que quisiera hacer mi grupo en este
momento, y quizá lo digo con mayor énfasis después de haber escuchado
el debate, es que no debemos perder el norte de que estas medidas han
de hacerse en un contexto de mejora de la calidad del sistema
sanitario y del uso racional del medicamento. Insistimos en que las
medidas no deben tomarse sólo bajo el prisma de una valoración
económica que es importante, ni bajo el prisma comercial del
medicamento como si fuera cualquier otra mercancía. Entendemos que
debe primar siempre una valoración sanitaria del problema. Yo creo
que hubiera sido bueno para todos que el señor Rato participara en
este debate o por lo menos lo hubiera escuchado. No hay que olvidar
nunca -y más después de este debate- que el medicamento es un
producto sanitario y además un pilar fundamental de la asistencia
sanitaria. La terapéutica es quirúrgica o médica, dentro de la médica
es fundamental la farmacológica, y hoy por hoy los grandes avances en
la disminución de tasas de mortalidad en muchas enfermedades es
precisamente gracias a los productos farmacéuticos.
La complejidad y la envergadura del problema nos lleva a pensar que
si ponemos en una balanza el adelanto por medio de este real decreto,
que probablemente sí va a suponer un impacto en el ahorro en la
factura de farmacia durante unos meses, si ponemos en una balanza que
probablemente hemos hipotecado la posibilidad de un consenso (ya que
estamos iniciando una legislatura, y se está conformando un nuevo
equipo dentro del Ministerio), y creo es importante quemar esa etapa;
un consenso con todas las partes implicadas, y un debate más sosegado
en el seno de esta Cámara y
con las comunidades autónomas. Lo digo porque efectivamente en el
caso de mi grupo, de Coalición Canaria, entendemos la importancia de
tomar medidas sobre todo desde que en 1994 nos ha sido transferida la
sanidad, porque soportar las descompensaciones que produce en el
presupuesto el gasto farmacéutico nos lleva a entenderlo así.
Probablemente esa experiencia que también tienen las comunidades
autónomas en la gestión del Sistema Nacional de Salud, podrían haber
aportado elementos importantes en este real decreto. Por el
contrario, una vez puesto eso en una parte de la balanza, si ponemos
en la otra lo que hubiera ocurrido apostando por el proceso de
intentar un consenso con los sectores afectados en torno a un pacto
de Estado, como se ha comentado por nuestro grupo y como usted misma
me pareció entender que comentó en su comparecencia en la Comisión de
Sanidad, pacto de Estado sobre la sanidad del el Sistema Nacional de
Salud en su conjunto, pero que específicamente también incluyera lo
que se refiere a la contención de la prestación farmacéutica, de su
gasto, probablemente hubiera durado más el proceso de intentar llegar
a un debate y a un consenso, pero se hubiera valorado con más
profundidad y de forma más integral el problema y probablemente se
hubieran dado medidas que no sólo fueran de carácter coyuntural.
Si calibramos los pros y los contras, probablemente hubiera
compensado más caminar por esta última opción, por la que nosotros
apostamos y estamos convencidos de que no esté cerrada la puerta para
que se pueda empezar a caminar nuevamente en este sentido; esperamos
que no esté cerrada tanto por el Gobierno como también -y lo digo
sobre todo después de este debate- por los sectores implicados, entre
ellos el farmacéutico. Y ¿por qué comentamos que no hay que perder el
tiempo y hacer una apuesta firme por empezar a trabajar con ese
consenso y fundamentalmente con el planteamiento de converger hacia
un pacto de Estado? Porque entendemos que es la única forma que nos
va a permitir que esta medida o cualquier otra sean verdaderamente
eficientes. No es una cuestión de moda, de que lo moderno es buscar
consenso, estamos convencidos de que es la única forma de que las
medidas sean realmente eficientes. Entendemos que es el único camino
que nos puede dar garantía de eficacia. Señora ministra, tenemos que
generar un marco de estabilidad dentro del sector sanitario, que
incluya el que necesita también el propio sector farmacéutico, para
que podamos garantizar dar continuidad a los efectos de la
contención, y además en un contexto de no poner en peligro la calidad
asistencial ni las mejoras en la prestación farmacéutica. Nos
preocupa la falta de consenso que ha habido en este sentido con el
sector farmacéutico, que no haya habido contactos previos con el
mismo, contactos que probablemente hubieran aportado una valoración
más profunda sobre el impacto de estas medidas, máxime cuando no
existía una
situación previa de conflicto. Ahora sí la hay. Estábamos en una
situación que las asociaciones empresariales farmacéuticas y los
propios colegios farmacéuticos proponían el pacto de Estado para la
armonización del gasto público en medicamentos. Se podría haber
llegado a más o a menos acuerdos, no lo sabemos, pero era importante
quemar ese cartucho. Hay que volver a ese enfoque; podemos estar
todavía a tiempo y hay que favorecer el clima de consenso. No creemos
que lo haya favorecido el planteamiento por medio de un real decreto
ni tampoco, señora ministra, que se deslicen en la opinión pública
comentarios sobre las posibles medidas de copago que podrían ser
tomadas. Esto puede ser peligroso; más aún si no se da en el contexto
de un debate en la Cámara y un debate con todos los sectores
implicados.
Por sus palabras en la comparecencia y por otras manifestaciones que
ha realizado en público, entendemos que ha hecho una apuesta para
comprometerse con el consenso y por hacer consultas previas. Por eso
insistimos en que se contemple la posibilidad de que este real
decreto pase a ser debatido como proyecto de ley en esta Cámara.
Lo que más nos preocupa de este real decreto después de la crispación
que se ha generado, es cómo vamos a involucrar al farmacéutico en su
importante labor -que no debemos olvidar- como agente educativo en la
prestación farmacéutica y en la divulgación de los genéricos entre
los ciudadanos. Nos preocupa el anuncio reciente de los colegios
farmacéuticos de desabastecimiento o falta de stock de las farmacias
de aquellos medicamentos que tienen precios más altos, sobre todo
cuando se trata de farmacias de núcleos rurales o núcleos urbanos
pequeños en donde hay menos oficinas de farmacia y menor demanda de
medicamentos, de modo que podría no resultarles rentable la
adquisición de algunos de estos productos. ¿Qué va a pasar con los
conciertos vigentes en las comunidades autónomas, que van a ser
denunciados por los colegios farmacéuticos? Es necesario hacer alguna
referencia en el real decreto a la adecuación al régimen económico y
fiscal de Canarias -una cosa muy puntual- porque sólo se menciona el
IVA y hay que adaptar las facturas de farmacia a la situación
específica de Canarias.
Entrando en aspectos más de fondo, creemos que el debate debe
encuadrarse en la política sanitaria global, en el sistema sanitario
que defendemos y queremos desarrollar, de modo que la política
específica del medicamento sea consecuencia de esto. No voy a
extenderme en el sistema sanitario que queremos, pues básicamente es
el que tenemos, eso sí modernizándolo, dotándolo de posibilidades de
gestión más eficientes, mejorando la calidad, incluyendo una política
de recursos humanos, etcétera, etc. No obstante, hay que resaltar -ya
lo han hecho otros portavoces- el refrendo que la OMS ha dado
recientemente al sistema asistencial
español al situarlo en uno de los mejores puestos del ranking en un
estudio comparativo de todos los sistemas asistenciales del mundo.
No hay que perder de vista que la prioridad es discutir estos temas
en el contexto del presupuesto de sanidad. Se trata de saber cuál es
el presupuesto que este país está dispuesto a invertir en sanidad;
presupuesto que nos permita seguir consolidándola como parte esencial
del Estado del bienestar.
La señora PRESIDENTA: Señora Julios, le ruego concluya
La señora JULIOS REYES: Ahora mismo concluyo, señora presidenta.
Apostamos por estrategias globales e integradoras de una gestión del
gasto farmacéutico. Ha comentado datos con los que estamos todos de
acuerdo, por ejemplo que el porcentaje del gasto sanitario en
medicamentos respecto al total del gasto sanitario es muy alto en
España. Estamos de acuerdo; no estamos tan de acuerdo en que éste sea
un buen indicador para hacer comparaciones. Los valores absolutos y
los porcentajes no nos permiten nunca hacer buenas comparaciones, sí
describen pero no tienen capacidad analítica. En ese sentido, hay que
valorar que el gasto per cápita en medicamentos, España no está
precisamente en los primeros puestos del ranking...
La señora PRESIDENTA: Señora Julios, le ruego concluya, por favor.
La señora JULIOS REYES: También tenemos que mejorar nuestro sistema
de información y entender que si buscamos indicadores como el del
consumo, unidades de medicamentos que consumimos por habitante, nos
encontramos con que tampoco España se encuentra en los primeros
puestos del ranking. Estamos ahora mismo en un proceso de
convergencia en toda Europa para unificación de los precios del
medicamento. Esto tenemos que analizarlo por su incidencia para
conocer las causas de este problema.
La señora PRESIDENTA: Señora Julios, le ruego dé por terminada su
intervención.
La señora JULIOS REYES: Solamente quiero decir que entendemos que las
actuaciones coyunturales pueden generar inestabilidad en el sector y
solicitamos que el presente real decreto se tramite como proyecto de
ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
En la medida de lo posible intentaré aligerar los argumentos, no sin
trasladar a la señora ministra la profunda decepción que a mi grupo y
al partido al que pertenezco nos produjo la lectura de este decreto-
ley. La primera pregunta que nos podemos hacer es por qué lo presenta
la señora ministra de Sanidad si realmente -a ello se ha referido
también la portavoz del Grupo de Coalición Canaria- el contenido del
decreto no es sanitario, sólo busca dinero, no educar a la población
en el uso racional del medicamento, y la sanidad -se lo dije en su
primera comparecencia- no es sólo dinero, es sobre todo calidad en la
prestación.
En segundo lugar, por qué es un decreto-ley si la mayor parte de su
contenido es propio de real decreto; es más, en varios artículos se
hace referencia a que este artículo de un decreto-ley, es decir
petrificando el rango, modifica un real decreto. Cierto es que el
Estado tiene competencia, en virtud del 149.1.16ª, en legislación
sobre productos farmacéuticos, pero en legislación; en lo que deba
ser reglamento, deberá ser un reglamento.
En tercer lugar, la decepción se refiere al talante con que la señora
ministra inició su andadura y el talante que ahora evidencia esta
disposición. Hizo un intento de buena relación con todos los grupos y
con todos los consejeros de las comunidades autónomas con
competencias asumidas y lo consiguió. Quizá se debía a que en aquel
momento tenía un acuciante problema que le estalló nada más tomar
posesión, el referido a las listas de espera, y en ese momento, justo
es reconocerlo, tuvo el apoyo de todos los grupos y también el de los
consejeros con competencias asumidas que repito le participaron sus
experiencias, su leal saber y hasta le facilitaron toda la
documentación empleada en el caso vasco, donde esa problematica no
existe pues no tenemos problemas de gestión de listas.
Le he dicho que el contenido del decreto-ley es completamente
reglamentista y le debo manifestar que esto nos estropea las
políticas propias en la comunidad autónoma, porque la vasca ha sido
pionera en la aplicación de medios de contención del gasto
farmacéutico con criterios de uso racional del medicamento, de los
cuales creemos que adolece este Real Decreto-ley 5/2000. De este
modo, previo pacto y consenso con la Corporación farmacéutica de
Euskadi -lo que en este caso no ha existido-, se introdujo en el
concierto firmado con las oficinas de farmacia en el año 1996, una
cláusula de devolución por encima de un crecimiento pactado, medida
que fue pionera a nivel del Estado y por cierto criticada entonces
desde múltiples instancias.
El Real Decreto-ley 5/2000 tiene un corte y un contenido
exclusivamente economicista, le he dicho; no es una norma sanitaria,
pues no hace la más mínima alusión al fomento del uso racional del
medicamento, que debe marcar de manera inequívoca todas las actuacio
nes
sanitarias en el campo del medicamento y de la terapia medicamentosa.
Consideramos que además este es un asunto lo suficientemente
importante como para que se hubiera tratado y negociado en el Consejo
interterritorial de Sanidad, así como con las representaciones
colegiales de los farmacéuticos afectados, y nos consta que así no ha
sido. Usted además lo prometió. En su comparecencia del 13 de junio
yo le sugerí que aprovechase el consejo como marco de participación
de las comunidades autónomas en el diseño de las medidas que la
sanidad necesitaba. Le dije: Hay comunidades autónomas con
competencias asumidas desde hace tiempo, muy distintas; hay valiosas
experiencias a aprovechar, utilícelo como marco valioso de
participación de las comunidades autónomas en el diseño de medidas.
Las comunidades autónomas con competencias no se han enterado de que
esta ley estaba en tramitación.
Desde luego, no apreciamos para nada razones de extraordinaria
urgencia y necesidad que exige la Constitución para utilizar una
norma de este estilo y usted tampoco nos contó en la comparecencia
ante la Comisión que pensaba adoptar medidas de este estilo. Nos
preguntamos, visto el contenido de los reales decretosleyes de hoy,
para qué sirven las comparecencias de los ministros ante las
comisiones cuando se inicia una legislatura, si en ellas no se
anuncia -quizás luego para sorprender- que se van a adoptar medidas
de este estilo.
Señora ministra, las comunidades autónomas, algunas, tenemos
competencias de ejecución en ordenación de las oficinas de farmacia y
en la relación con los colegios, que usted ahora, con esta medida, se
lo digo en serio, nos fastidia, ya que desde el punto de vista
autonómico se sustraen a las comunidades autónomas posibilidades para
negociar y colaborar con los colegios de farmacéuticos en el
correspondiente concierto, los descuentos y aportaciones oportunas
adaptadas a la realidad social cercana e interrelacionadas con otros
temas farmacéuticos y, en concreto, el uso racional del medicamento.
Además, con la dudosa legalidad que puede suponer regular como
márgenes cuestiones que en realidad lo son de descuento.
El departamento de sanidad vasco sí ha mantenido una reunión a
propósito de esta disposición. El día 27 de junio, anteayer, se
reunió con los presidentes de los colegios oficiales de farmacéuticos
de Euskadi, con el representante de los almacenes de distribución de
especialidades farmacéuticas de Euskadi y con el vicepresidente del
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que
informaron sobre el sentir de los farmacéuticos vascos y manifestaron
el sentir de este colectivo. Ellos proponían otras medidas: renunciar
al incremento del margen profesional por la dispensación de genéricos
-el real decreto-ley lo sube hasta el 33 por ciento-, habida cuenta
de que el apoyo de la corporación farmacéutica de Euskadi a la
promoción de
los genéricos no es por aspectos económicos sino por aspectos
sanitarios asociados al uso racional del medicamento. Proponían
también homogeneizar la rebaja o descuento en la dispensación de
especialidades farmacéuticas en todas las farmacias de Euskadi,
habida cuenta de que el medicamento no es un bien de consumo sino un
bien social al que toda la población tiene que acceder en igualdad de
condiciones en todas las farmacias de la comunidad autónoma vasca.
Proponían modificar la tabla de deducciones del artículo 3.1, de modo
que el primer tramo se inicie con una facturación mensual de cinco
millones de pesetas y los porcentajes aplicables en las deducciones
comiencen en el 5 por ciento y continúen en idéntica proporción hasta
el 10, aceptándose en el último tramo que se pueda mantener un 13. Y
proponían, por último, adoptar medidas de intervención de precios en
las especialidades farmacéuticas publicitarias a los laboratorios
para que éstos no se incrementen unilateralmente.
Señora ministra, todo esto es lo que se podía haber hecho, porque
creemos que tenemos potestades en materia reglamentaria y creemos que
esta materia lo es, pero su decreto-ley, que congela rangos, lo
impide o lo encorseta enormemente. Nos corta la posibilidad de
políticas propias quizás mejores o quizás no mejores pero sí más
adecuadas a lo que es nuestra propia realidad en esta área y desde
luego hubiesen sido unas medidas pactadas. Por ello, no hay manera de
decirle que sí a este atropello que yo considero este decretoley y,
con perdón, a este bodrio en lo jurídico y en lo sanitario y dudo
además que pueda resultar útil en lo económico.
Señora ministra, debo además decirle que usted y todo el Consejo de
Ministros han dejado fatal al ministro de Administraciones Públicas,
que centró su primera intervención ante esta Cámara en la cooperación
entre las comunidades autónomas y de las comunidades autónomas con el
Estado. Su idea fuerza, su proyecto estelar era elaborar una ley de
cooperación de las comunidades autónomas que sirviese para avanzar en
la construcción del Estado autonómico. Si ya lo van haciendo ustedes
a través de decreto-ley y a su aire en cada sector, van a dejar sin
contenido ésta que fue su idea estelar para esta legislatura. Repito,
señora ministra: desde nuestra perspectiva, un auténtico desastre.
Muchas gracias, señora ministra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Muchas gracias, señora presidenta.
El Real Decreto-ley 5/2000, de medidas urgentes de contención del
gasto farmacéutico público y de racionalización del uso de los
medicamentos, que el Gobierno
presenta hoy a la Cámara para su convalidación, debe enmarcarse, tal
y como el texto del real decreto especifica, dentro de un conjunto de
medidas presupuestarias que sirvan -y cito textualmente- para
alcanzar más adecuadamente los objetivos generales del Sistema
Nacional de Salud, al tiempo que se va incorporando a los mismos la
cobertura de necesidades emergentes. Por ello -dice el texto del real
decreto-ley- deben adoptarse medidas urgentes orientadas tanto a la
contención del gasto farmacéutico público como a la promoción del uso
racional del medicamento. Para estos fines, el Gobierno propone
revisar los márgenes correspondientes a las oficinas de farmacia y
los almacenes farmacéuticos, adoptar medidas que fomenten el uso de
genéricos y flexibilizar la dispensación de los medicamentos
calificados como publicitarios.
Decía hoy el vicepresidente, señor Rato, que el paquete de medidas
que presentaba a la Cámara no eran coyunturales sino estructurales, y
refiriéndose en concreto al paquete de medidas de contención del
gasto farmacéutico ha dicho que no era menester que tuviesen rango de
ley, pero que se les había querido dar este rango para fomentar el
diálogo y buscar el consenso. También ha dicho el vicepresidente y
ministro de Economía que el ahorro que generen estas medidas
revertirá directamente en el Sistema Nacional de Salud, es decir, no
se trata de ahorrar para desviar los recursos generados hacia otras
prioridades presupuestarias, sino que el Gobierno se compromete a que
el ahorro revierta directamente en financiación añadida al Sistema
Nacional de Salud.
Señora ministra, le adelanto que el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) va a apoyar al Gobierno, votando favorablemente
la convalidación de este real decreto-ley. No obstante, a pesar de
este voto favorable, permítame que le haga unas cuantas
consideraciones que estimamos importantes.
La primera es conceptual, señora ministra. Usted misma, cuando
compareció ante la Comisión de Sanidad en su primera intervención
como ministra, dijo que apostaba por un gran pacto sanitario, al
estilo del Pacto de Toledo, para abordar las reformas estructurales
que el Sistema Nacional de Salud precisa. Esta portavoz, en nombre de
mi grupo parlamentario, brindó todo el apoyo de Convèrgencia i Unió
para alcanzar este gran pacto, pacto que quiero recordar que no sólo
debe pretender buscar la máxima complicidad de los grupos políticos
con representación parlamentaria, sino que además debe buscar la
complicidad de los distintos sectores y agentes que intervienen y que
inciden en el conjunto del sistema. Por eso lamentamos que las
medidas que hoy trae para su aprobación no se hayan incluido en lo
que debería ser, a nuestro entender, uno de los capítulos importantes
de este pacto para consolidar el Sistema Nacional de Salud.
La reacción de los distintos colegios farmacéuticos y de la
Asociación de Empresarios Farmacéuticos no
parece ser la que corresponde cuando decisiones de este tipo se toman
desde la complicidad, y a mi grupo le consta que hay un amplio sector
representativo de estos colectivos que está por la labor de colaborar
con el Gobierno para buscar soluciones para la contención del gasto
farmacéutico. La aprobación hoy del real decreto-ley no debería ser
excusa para prescindir de la complicidad. Todo lo contrario, instamos
al Gobierno a que establezca nuevamente los mecanismos necesarios
para recomponer los puentes de diálogo. De no ser así, estaríamos
andando por unas sendas que no conducen al destino deseado.
Analizadas las formas, quisiera hacer unas observaciones sobre el
contenido del decreto-ley.
Primera.-Precio de venta al público de las especialidades
farmacéuticas publicitarias, posibilidad de descuento hasta un 10 por
ciento. Mi grupo opina que esta medida tendrá poca influencia sobre
el gasto farmacéutico público y que, además, favorece a las grandes
farmacias en perjuicio de aquellas que dan cobertura a barrios o a
núcleos de población más pequeños y que, en consecuencia, facturan
menos, con lo cual van a tener mucha dificultad para competir con los
precios que puedan negociar las que facturan más. Esta situación
a medio plazo podría desplazar la demanda hacia aquéllas que pueden
competir y, si esto sucede, algunas oficinas de farmacia pueden tener
grandes dificultades de supervivencia. A mi grupo le preocupa de
manera especial esta medida. Creemos que debe replantearse e instamos
al Gobierno para que lo haga. Nosotros siempre hemos defendido y es
el modelo sanitario del Servei Català de Salut, que las oficinas de
farmacia no pueden ser consideradas como un comercio cualquiera en el
que se expiden medicamentos como si fuesen conservas. Para nosotros,
señora ministra, la farmacia es uno de los brazos en los que se apoya
el sistema y entendemos que los profesionales farmacéuticos de las
oficinas de farmacia no se limitan al acto de dispensar medicamentos,
sino que en el ejercicio de su profesión asesoran al usuario
complementando muchas veces el acto médico, cuando no en muchas
situaciones sustituyendo o aliviando la exigencia de la atención
primaria de salud. Como comprenderá, señora ministra, el concepto que
nosotros defendemos de farmacia dista mucho del modelo comercial que
podría dar lugar a medidas como las que propone el artículo 1 de este
real decreto-ley.
Segunda.-Disminución de márgenes tanto de las oficinas de farmacia
como de los almacenes. Pensamos que con toda probabilidad este punto
hubiera sido fácilmente consensuable. Es decir, llegar a los mismos
fines, ahorro, pero con otros parámetros. Probablemente un modelo de
margen escalonado en el que se contemplase un porcentaje por el acto
de dispensación, asesoramiento al usuario-cliente y, otro, sobre el
precio de medicamento. Señora ministra, señorías, nadie discute ya -y
es lógico- que el porcentaje del minorista
y del mayorista pueda ir paralelo al precio del medicamento y que hay
que aplicar correcciones y topes. El sector en su gran mayoría
defiende y entiende este tipo de medidas.
Tercera.-Aplicación de deducciones a las oficinas de farmacia,
directamente proporcionales a su volumen de facturación en aquellas
facturas a cargo de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos.
Nos parece una medida acertada. Busca la equidad. La que más gana
también contribuirá más al sostenimiento presupuestario del sistema.
Cuarta.-Aumento del margen de las oficinas de farmacia del 27,9 al 33
en el caso de que dispensen medicamentos genéricos, es decir,
incentivarlos. Nos parece acertado. Simplemente quiero recordarle que
esta medida debe ir acompañada de la de precios de referencia -usted
lo ha dicho señora ministra- y de la de prescripción de que los
facultativos incidan en el mercado de genéricos. De no ser así,
estaríamos desplazando la responsabilidad de fomentar el uso de
genéricos en el último eslabón de la cadena.
En resumen, con la excepción del primer punto que he analizado, el
del 10 por ciento de descuento de medicamentos publicitarios, el
resto de las medidas que propone el real decreto-ley son
perfectamente asumibles, pero por este motivo hubiésemos preferido
que el Gobierno las hubiese encuadrado en el marco del gran pacto que
usted misma anunció, señora ministra. Creemos que la precipitación en
tomar medidas, aunque sean necesarias, no favorece, contrariamente a
lo que defiende el Gobierno, que los resultados de las mismas a corto
plazo y, desde luego, a medio, sea más coyuntural que estructural. Es
decir, con estas medidas probablemente dentro de un tiempo llegaremos
a la conclusión de que ha pasado algo así como lo que pasó con el
medicamentazo de su Gobierno y el del anterior, que, de momento,
tiene unos efectos positivos, pero a la larga se diluye.
Nosotros apostamos por el gran acuerdo. Usted dijo que estaba por la
labor, que pondría todo su empeño; no dudamos de su intención. Sería
necesario restablecer el diálogo con todos los implicados. Está en
sus manos y en las del equipo de Gobierno. Por este motivo, señora
ministra, vamos a solicitar que el real decreto- ley se tramite como
proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, tomo la palabra -que espero que sea muy
breve, cosa que ustedes celebrarán puesto que llevamos prácticamente
12 horas en el
hemiciclo- para definir la posición del Grupo Parlamentario Popular,
que es, como es natural, favorable a la convalidación del Real
Decreto-ley 5/2000, que entiende sobre el gasto farmacéutico.
Entendemos que esta medida del Gobierno es una medida que va a
reportar fundamentales beneficios a los ciudadanos, a la familia y a
los consumidores, y por eso, a diferencia de lo que ha mencionado
recientemente la portavoz de Convergència i Unió, entendemos que la
posibilidad de que los ciudadanos puedan ahorrarse un 10 por ciento
en el consumo de medicamentos publicitarios es una medida positiva
para toda la población española. En la asamblea de los farmacéuticos
ya se ha decidido que ésa sería una medida en la que estarían de
acuerdo con el Gobierno, y van a mandar una circular para que todas
las farmacias puedan aplicar este descuento del 10 por ciento en toda
la geografía española.
En segundo lugar, las medidas son coherentes en tanto en cuanto se
les exige o se les pide a las oficinas de farmacia y al colectivo
farmacéutico unas demandas de ayuda, en virtud de las ventas al
servicio público, al Servicio Nacional de Salud, cantidades que
reviertan en el propio sistema, y se hace con un criterio de equidad,
dejando libres de esa obligación a la mayor parte de las farmacias
-según ha referido la ministra el 60 por ciento-, que están
cumpliendo una gran misión en todo el territorio español,
fundamentalmente a nivel de los municipios y de las distintas
comarcas y que tienen unos ingresos que no exceden de los 55 millones
de pesetas anuales. Los márgenes correctores tienen, a mi juicio, una
pauta adecuada, que va in crescendo hasta los 500 millones de pesetas
de facturación al Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, medida de
equidad, de esfuerzo, que pedimos a las farmacias y a los
farmacéuticos. Al mismo tiempo, se implanta otra medida que fomenta
la prescripción y la dispensación de genéricos y se incrementan cinco
puntos en el margen de los farmacéuticos, medida que ha sido bien
valorada por algunos de los grupos intervinientes.
Por último, la mayor parte de las medidas contenidas en los cinco
artículos están englobadas con un único fin, con el fin más
prioritario, que no es otro que inyectaren el Sistema Nacional de
Salud, en el sistema propiedad de todos los ciudadanos españoles,
40.000 millones para seguir atendiendo a los ciudadanos, para seguir
investigando, para seguir marcando una atención de calidad, como bien
se ha explicado en el dictamen de la Organización Mundial de la
Salud, que nos define como el séptimo país del mundo que marca un
parangón del que tenemos que estar todos orgullosos.
Para terminar, señora presidenta, entendemos que este es un real
decreto-ley cuya urgencia se justifica en tanto en cuanto el propio
día 1 de agosto estas medidas van a estar a disposición de todos los
españoles y, lo que es mucho más importante, en definitiva, después
de escuchar con atención a los portavoces de los distintos
grupos políticos, es que entiendo que esta medida es de centro
reformista. Es una medida de centro en tanto en cuanto está
equilibrada entre posiciones enormemente liberalizadoras y otras que
permanecen más ancladas en el pasado. Y en segundo lugar es
reformista porque intenta continuar con las medidas que se tomaron en
la pasada legislatura y que impidieron que el gasto farmacéutico se
elevara a límites muy superiores a los que en este momento tenemos en
el Sistema Nacional de Salud. Porque no nos olvidemos de que la mayor
parte de ese incremento se debe a la cobertura total de fármacos cada
día más caros pero que son enormemente rentables en el tratamiento de
las enfermedades oncológicas y también en el tratamiento del sida.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mingo.
Vamos a proceder a la votación de los seis reales decretos-leyes en
el orden en que han sido debatidos a lo largo de todo el día de hoy.
En primer lugar, Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas
urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y
servicios.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 170; en contra, 119.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado, por tanto, el referido real
decreto-ley.
Al haberse solicitado su tramitación como proyecto de ley, se somete
a votación la tramitación del citado real decreto como proyecto de
ley por el procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 122; en contra, 166; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la tramitación
como proyecto de ley del real decreto convalidado.
Votación del Real Decreto-ley 3/2000, de 23 de junio, por el que se
aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a
la pequeña y mediana empresa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 178; en contra, 110; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, convalidado el real
decreto-ley de referencia.
Al haberse solicitado su tramitación asimismo como proyecto de ley,
se somete a votación la tramitación del citado real decreto como
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 289.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada su tramitación
como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Votación del Real decreto-ley 2/2000, de 23 de junio, por el que se
modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen
económico y fiscal de Canarias y otras normas tributarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 289; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el real decreto
de referencia.
Asimismo, al haberse solicitado su tramitación como proyecto de ley,
se somete a votación la tramitación del citado real decreto-ley como
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 106; en contra, 182; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada su tramitación como proyecto de
ley por el procedimiento de urgencia.
Votación del Real decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas
urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 182; en contra, 106.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley de
referencia.
Al haberse solicitado su tramitación como proyecto de ley, se somete
a votación la tramitación del referido decreto ley como proyecto de
ley por el procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 291.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la tramitación del referido
decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Votación del Real decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de medidas
urgentes en el sector de las telecomunicaciones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 285; en contra, cuatro; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el real decreto-ley de
referencia.
Al haberse solicitado su tramitación como proyecto de ley, sometemos
a votación el citado decreto-ley como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 120; en contra, 171.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la tramitación del referido
decreto-ley como proyecto de ley.
Por último, Real decreto-ley 5/2000, de 23 de junio, de medidas
urgentes de contención del gasto farmacéutico público y de
racionalización del uso de los medicamentos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 180; en contra, 108; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el real decreto-ley. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
Al haberse solicitado la tramitación del citado real decreto-ley como
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, procedemos a su
votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 124; en contra, 166.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la tramitación del referido
decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Antes de entrar en los siguientes puntos del día, anuncio a SS.SS.
que la votación de los tres puntos que quedan pendientes, que son el
debate de totalidad de convenios internacionales, el proyecto de ley
orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del
Estatuto de la Corte Penal Internacional y el nuevo punto del orden
del día, por el cual se modifica el proyecto de ley de ciencia e
investigación, serán sometidos a votación de manera sucesiva al final
de los debates.
DEBATES DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES:
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE ISRAEL PARAEVITAR
LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN JERUSALÉN EL
30 DE NOVIEMBRE DE 1999. (Número de expediente 110/000002.)
La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: Debates de
totalidad de convenios internacionales. Convenio entre el Reino de
España y el Estado de Israel para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio, hecho en Jerusalén, el 30 de noviembre de 1999.
Se ha presentado una propuesta, que tiene la consideración de
enmienda a la totalidad, por parte del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Para su defensa, tiene la palabra el señor Rejón.
(Rumores.) Señorías, al objeto de que podamos continuar con los
debates a la mayor brevedad posible, ruego a las señoras y señores
diputados que vayan a abandonar la Cámara que lo hagan, a ser
posible, de la forma más rápida y en silencio. (Continúan los
rumores.) Señorías, ruego abandonen el hemiciclo u ocupen sus
escaños. Les agradecería que no permanecieran de conversación en los
pasillos del hemiciclo.
Adelante, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Muchas gracias, señora presidenta, por su amparo
a estas horas.
Izquierda Unida, en realidad, ha presentado esta enmienda por un
desacuerdo fundamentalmente con el sitio en que se ha realizado la
firma del Convenio entre el Reino de España y el Estado de Israel,
que, a nuestro entender, viene a quebrar una línea -ya se había
quebrado en un acuerdo internacional de intercambio científico, en
tiempos del Gobierno del Partido Socialista Obrero Español- de
respeto y una tradición en la política internacional española.
Nosotros tenemos un desacuerdo de fondo con el contenido de este
convenio por la forma en que es tratada la colisión entre el derecho
internacional y el derecho del país y de los países en cuestión. Ya
veremos después, en la ratificación del Tribunal Penal Internacional,
muchos de estos problemas. (Rumores.) Por tanto, en Izquierda Unida
entendemos que se hacen en este convenio varias referencias a la
legislación interna de cada país en lo que se refiere a la soberanía...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Rejón. (Pausa.)
Adelante, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Muchísimas gracias por su benevolencia, pero a
esta hora los esfuerzos inútiles llevan a la melancolía y yo, que
usted, terminaba esto como pudiéramos. (Risas.)
Decía que los conceptos de residentes suelen estar en contraposición
con el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones
Unidas. Por tanto, aunque el contenido técnico-fiscal está
normalizado si se compara con otros convenios internacionales, su
insuficiencia, señorías, con respecto al derecho internacional y el
apoyo que debe brindar nuestro país a una paz justa en la región
hacen que este convenio, a nuestro entender, no deba ser ratificado.
Pero quisiera centrarme no en que ponga en el texto que está hecho en
Jerusalén, pues lo hemos utilizado como técnica reglamentaria donde
colgar nuestra enmienda, sino en que el hecho de que se haya firmado
el 30 de noviembre del pasado año en Jerusalén, a nuestro entender,
rompe una doctrina de la política exterior española no solamente del
siglo XX, sino también del XIX, que siempre tuvo como norma no
aceptar las conquistas militares como fuente de derecho. Esta
práctica habitual de la política exterior española de los distintos
gobiernos sirvió y fue acicate para que Madrid fuera elegida como
sede para el inicio de las conversaciones entre los israelitas y los
palestinos. Ustedes saben que uno de los elementos centrales de la
guerra de 1967, hace 33 años, y que está, entre otras cuestiones, en
el núcleo de diferencias entre la Autoridad Palestina y el Estado de
Israel, es el destino de Jerusalén, cuya parte oriental está ocupada
militarmente por el ejército israelí. Nuestro país, España, no aceptó
ya en aquella fecha la conquista, situación que se ha mantenido por
los distintos gobiernos, y el hecho es que la embajada española está
en Tel-Aviv, e incluso en Jerusalén se mantiene un consulado para la
relación con la comunidad palestina.
De estas consideraciones, entre otras, viene el rechazo de la fuerza
política a la que represento, porque indiscutiblemente se podrían
haber utilizado otras opciones, se podría haber firmado en otro
sitio. Hacerlo en Jerusalén significa, a nuestro entender, una
relajación de los hábitos diplomáticos españoles, una descortesía con
el pueblo palestino y una aceptación por la vía de los hechos de la
usurpación por parte del ejército israelí de Jerusalén. La firma,
como decía, por el Estado español con el ocupante militar israelí
significa un ejemplo del desmoronamiento de la solidaridad
internacional con los pueblos en situación débil y, al mismo tiempo,
un ejemplo de pleitesía a Estados Unidos para no se sabe qué
estrambótico acuerdo en el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. Esta firma, como decía, viene a quebrar una tradición que ya
se quebró, por otra parte, con la firma en Jerusalén del Acuerdo
internacional de intercambio científico en tiempos del Gobierno
socialista, a pesar de que los entonces ministros del ramo intentaran
dulcificar esta situación. Es verdad que distintos colectivos y
organizaciones no
gubernamentales plantearon a los ministros españoles que se jugara
con el equilibrio; si ya por razones de pequeña estrategia
diplomática se había tenido que firmar en Jerusalén, ¿por qué no se
firmaban también en Jerusalén acuerdos con el pueblo palestino? Eso
no se ha hecho y, desde luego, lamentamos que el Gobierno del PP
muestre así una predisposición de premiar una posición ilegal, tal y
como establecen las Naciones Unidas.
Señorías, termino. Hay una frase muy querida que se repite
fundamentalmente en el invierno israelí entre el pueblo judío: «El
año que viene, en Jerusalén». Pero hay dos formas distintas de
entenderla: una, la de los halcones, que la entienden de una forma
bélica, imperialista, de la peor raigambre del pueblo judío, y hay
otra, la de las palomas, a la que este humilde portavoz se adhiere,
en el sentido de que «el año que viene, en Jerusalén» tiene mucho más
que ver con una ilusión, con una forma de entenderse de un pueblo que
con un espacio territorial.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: ¿Turno en contra?
Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señora presidenta.
Pasaré por alto la mención a la peor raigambre del pueblo judío, que
creo que es bastante desafortunada. Señalaré solamente que la
enmienda, más allá de las consideraciones del portavoz de Izquierda
Unida, mi compañero y amigo Luis Carlos Rejón, diputado por la misma
circunscripción que yo, Córdoba, se refiere solamente a que Izquierda
Unida propone sustituir la expresión «hecho en Jerusalén, el 30 de
noviembre de 1999», por la siguiente: «Firmado el 30 de noviembre de
1999». Es, como SS.SS. pueden ver, otra brillante, luminosa,
centelleante aportación de Izquierda Unida al derecho internacional.
Quiere que esta Cámara ratifique un convenio firmado en ninguna
parte, el convenio de la ciudad sin nombre, de la ciudad en la que no
se quiere firmar. Naturalmente, los convenios se firman donde se
firman y en los convenios, además de muchas otras cosas, se pone el
lugar y la fecha de su firma. Pero, en ese marxismo versión Groucho
Marx que ha introducido en este interesante debate, se ha quedado
corto. Si no quiere decir Jerusalén ni en castellano ni en inglés, ni
en árabe, ni en hebreo; si no quiere pronunciar esa palabra, al
parecer, maldita en el uso diplomático que Izquierda Unida aporta a
esta Cámara, podría haber dicho: este convenio fue firmado en algún
lugar del Medio Oriente; podría haber dicho: este convenio fue
firmado en una ciudad de cuyo nombre no quiero acordarme, que es muy
clásico y muy literario; o: en esa ciudad desconocida, donde Cristo
fue crucificado, muerto y sepultado y donde resucitó al tercer día,
en la que Mahoma subió a los cielos o en la que está el
Muro de las Lamentaciones. Podría haber buscado una forma un poco más
inteligente y graciosa de reconocer que este convenio ha sido firmado
y que ha sido firmado, naturalmente, en alguna parte.
Mire usted, la mención del lugar de la firma no tiene ninguna
consecuencia internacional. Muchas veces se firman convenios entre
dos países en una ciudad de otro Estado y, naturalmente, se pone, y
eso no implica que esa ciudad de ese otro Estado pase a ser
reconocida como territorio de la soberanía de ninguno de los dos
Estados firmantes. Hasta el día de hoy, no hay uno ni dos, hay nueve
acuerdos, convenios y tratados firmados entre España y el Estado de
Israel, desde 1987 para acá, que no han afectado ni a la posición
política del Gobierno español, ni al estatus jurídico de Jerusalén,
ni a la teoría del corpus separatum, ni a la Resolución 181 de
Naciones Unidas sobre Jerusalén con motivo de la partición de
Palestina. Sencillamente, la propuesta de Izquierda Unida, que es
graciosa, innovadora, no tiene ningún sentido porque no tiene nada
que ver que se mencione que se ha firmado en Jerusalén con la
política de España, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o cualquiera otra de las
numerosas cosas que han sido citadas aquí como pendientes de esta
palabra para ponerse en entredicho.
Don Manuel Azaña cuenta en sus Memorias que hubo un político opositor
a él que se levantó escandalizado porque, con motivo de una algarada
o unos disturbios o un gran acontecimiento político, se había
producido algún abuso de tipo sexual. Y él escribe en sus Memorias:
¿Qué tendrá que ver la revolución en España con el virgo de las
doncellas de Jumilla? Pues nada, no tiene absolutamente nada que ver.
¿Qué tendrá que ver que ponga en un convenio que ha sido firmado en
Jerusalén con la posición internacional de España, con las relaciones
de España, con el problema del Medio Oriente, con la Conferencia de
Barcelona o con el estatus jurídico de Jerusalén o con Naciones
Unidas, los Estados Unidos o las alianzas geoestratégicas de España
o de Israel con quien quiera? No tiene absolutamente nada que ver. Y
como no tiene nada que ver, vamos a votar en contra de la enmienda.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Robles.
Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, yo no pretendía intervenir
porque este es un tema que lleva mi compañero Centella y pensaba
tranquilamente dejarlo pasar y dar por defendida la enmienda. No
obstante, la ácida -me imagino que debe ser por la hora y la emulsión
de jugos gástricos por encima de la media- intervención del señor
Robles Fraga me obliga a hacerle algunas consideraciones.
Yo hice una advertencia -le puedo recordar que a lo mejor llevo de
parlamentario muchos más siglos que usted- y, previendo que usted,
también sagaz parlamentario, iba a utilizar el hecho de una supuesta
debilidad técnica de la enmienda, dije: mire, hemos utilizado esta
técnica como un clavo donde agarrar reglamentariamente una enmienda,
con el fin de expresar un contenido político. Por lo tanto, quedaba
dicho de antemano. No obstante, entre las pequeñas anécdotas sobre la
firma de ninguna parte, quiero recordarle -usted lo debe saber porque
es un gran conocedor de la vida y de la política internacional- que
los acuerdos de Roma, por los cuales se empezó a dar vida a la
Comunidad Europea, se firmaron en un libro que estaba totalmente en
blanco. Usted debería saber que una de las muchas inundaciones que
asolaban la Florencia italiana fastidió la imprenta y los ejemplares
que iban a ser firmados, y se firmó el ejemplar con la primera
página, con la última y la firma, y eso no le quitó validez. Por
tanto, en política, como en todo, muchas veces hay que utilizar la
imaginación, lo cual no es malo en un momento determinado.
Me alegra mucho la referencia a los hermanos Marx. A mi me hubiera
gustado que en el partido que milito, además del marxismo de don
Carlos, hubiera el de los hermanos Marx, porque también tenían
momentos de lucidez; es una pena que por estrechez de alguno de
nuestros dirigentes nos quedáramos solamente en don Carlos Marx.
Cuando nosotros planteamos el tema de Jerusalén, esa guerra de hace
33 años, no es un chiste de los hermanos Marx; es decir, un conflicto
y todas las consecuencias que ha tenido sobre la estabilidad o
inestabilidad internacional, sobre la vida de muchas personas, sobre
el asesinato, sobre el terrorismo, no creo que lo pudiéramos resolver
en un chiste.
Por último, como figurará en el «Diario de Sesiones», he criticado la
peor raigambre, señor Robles Fraga, del militarismo judío, entre
otras cuestiones, señor Robles Fraga, porque el que le habla es hijo
de una judía alemana que tuvo que coger el último tren antes de que
los nazis arramblaran con todo. Por tanto, no le voy a hablar del
pueblo judío, de hecho yo pertenezco a la zona de las palomas y no a
la de los halcones, que parece que anidan en los mismos sitios que
sus gaviotas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Señora presidenta, he citado literalmente la
expresión utilizada por el señor Rejón, que creo que ha sido
desafortunada, y no he entrado en ella.
En segundo lugar, este es un convenio para evitar la doble imposición
y la evasión fiscal. No es sobre el
estatus jurídico de Jerusalén, ni sobre los halcones, ni sobre las
palomas, ni sobre la Conferencia de Barcelona, y por eso está muy mal
traída su enmienda y la explicación política de la misma, y por eso
vamos a votar en contra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Robles. ¿Algún grupo
desea fijar posición? (Pausa.)
Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias, señora presidenta.
Después del concurso floral entre los dos diputados de Córdoba, yo no
sé si el Grupo de Izquierda Unida mantiene todavía esta propuesta de
veto. Si es así, tendría que decir que la interpretación que hace
Izquierda Unida es errónea, es peligrosa; errónea porque presupone
que firmar un convenio en una ciudad es entender que esa ciudad es la
capital de un Estado, cosa que no ocurre; se han firmado convenios
bilaterales entre España y Francia en Granada, entre España y
Portugal en Salamanca, etcétera. Segundo, una grave interpretación
porque presupone que al aceptar España la firma de este acuerdo en la
ciudad de Jerusalén, donde por otra parte tiene su sede -no en el
Jerusalén Este- el Gobierno de Israel, tiene su sede el Parlamento
israelí, al que no hace mucho visitaba una delegación de esta Cámara,
es reconocer la anexión de Jerusalén Este, que España jamás ha
reconocido y que jamás va a reconocer porque es contraria al derecho
internacional.
Finalmente, señora presidenta, si lo que desea el Grupo de Izquierda
Unida es que esta Cámara celebre un nuevo debate -hemos hecho
aproximadamente uno cada seis o siete meses en Pleno o en Comisión-
sobre el proceso de paz en Oriente Medio, mi grupo estará encantado
de mantenerlo, pero, mientras tanto, vamos a votar en contra de esta
enmienda de totalidad.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Estrella.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR
ESPAÑA DEL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. (Número de
expediente 121/000001.)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: Dictámenes de
Comisión sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley orgánica por
la que se autoriza la ratificación por España del Estatuto de la
Corte Penal Internacional. En este proyecto de ley hay tres enmiendas
mantenidas por el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV.) Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta. Señorías, en
la intervención que tuve ocasión de realizar en la Comisión de
Asuntos Exteriores el día 21 de junio comencé quejándome de la escasa
relevancia que se estaba dando por el partido en el Gobierno y por el
Gobierno a la entrada en el derecho español de lo que, desde la
perspectiva del grupo al que yo pertenezco, era un tremendo paso en
la consolidación universal del derecho humanitario. Nos parecía que
el procedimiento de ratificación de este tratado se había tramitado
muy de tapadillo, muy a oscuras dentro de esta Cámara y que,
tratándose como se trata de un Gobierno que se publicita bien, y esto
es un mérito, creíamos que se le debería haber dado un aire distinto
a su tramitación. Las circunstancias ocurridas en el día de hoy me
llevan a decir más de lo mismo. Que las pocas enmiendas que quedan
vivas respecto de la tramitación, que son las de mi propio grupo, se
vean a estas horas y en un día en el que hemos empezado a las nueve
de la mañana con la ratificación de reales decretos- leyes es un
intento por parte de quien haya confeccionado el orden del día de que
determinados debates no tengan la transparencia, la relevancia o,
cuando menos, no sean oídos. Soy de sobra consciente de que mis
enmiendas van a ser escasamente votadas, pero en tiempo de mayorías
absolutas, a las minorías sólo nos queda el hacernos oír, el poder
manifestar nuestra palabra. Nos queda la palabra, que decía el poeta.
Poca palabra voy a poder utilizar a estas horas si no quiero
granjearme el odio de todas SS.SS., que están deseando terminar
cuanto antes. Repito, la intervención en la sede de la Comisión, del
día 21 de junio, fue mucho más extensa y supongo que también más
documentada de la que voy a efectuar a estas horas por respeto a
todos ustedes. Si bien, creo que me hubiera gustado que se plasmase
de forma más clara en el «Diario de Sesiones» -en el querido «Diario
de Sesiones»-, aunque no se tradujese en votos, cuál es la postura
que el Grupo Vasco sostiene respecto de dos cuestiones que quedan
vivas.
Me quejé de que no se hubiese utilizado en la tramitación de este
proyecto de ley el trámite que prevé - que no es en absoluto
imprescindible, pero que sí lo prevé la Constitución en su artículo
95- que el Gobierno o cualquiera de las Cámaras pueda pedir al
Tribunal Constitucional que declare si existe o no contradicción con
la Constitución cuando se ratifica un tratado. El que pudiese existir
contradicción con la Constitución no se lo ha inventado el Partido
Nacionalista Vasco, sino que está en los informes del Consejo de
Estado y en el informe del Ministerio de Justicia. La Constitución no
hace referencia a que el informe se deberá pedir cuando exista, sino
a cuando pueda existir. Con lo cual pensamos que era factible la
solicitud
de tal informe, y al grupo al que represento le hubiera gustado que
así se produjese. Nos quejábamos también de que, tratándose de un
momento tan importante en el progreso de la consolidación del derecho
humanitario en el mundo, el proyecto de ley que presentaba el
Gobierno tuviese una tan escueta exposición de motivos. Esto ha
quedado en parte solventado por la transacción efectuada con las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el propio texto
ofrecido como transacción por el grupo mayoritario de la Cámara, el
Partido Popular, transacción en la que se introduce una parte del
texto que también presentaba el Grupo Vasco, pero en la que
expresamente solicité no estar incluida porque nos hubiera gustado
que se diese un paso más.
Nos queda viva una enmienda de las llamadas retóricas. Admito que se
diga que contiene un principio rupturista, principio que quizá sea
más propio de los preámbulos constitucionales, pero que también suele
introducirse en las declaraciones de derechos humanos. Por tanto, nos
parecía adecuado que se introdujese en este momento. En el debate
constitucional lo intentó el profesor Tierno Galván, pero el
procedimiento de reforma, que no de ruptura, hizo poco recomendable
hacerlo en aquel momento. Creíamos que 21 años después podía ser un
momento propicio para recogerlo. después de reiterar la firme
convicción de que la dignidad de la persona y los derechos
inalienables que le son inherentes constituyen el único fundamento
posible de la convivencia en cualesquiera estructuras políticas
estatales o internacionales -y este era el deseo de mi grupo-,
reiteración especialmente necesaria si miramos hacia nuestro propio
pasado en el que en fechas no muy lejanas imperaba la negación de las
libertades y la inmunidad de un poder ilegítimamente establecido. Que
no nos lo iba a aceptar el Grupo Popular lo dábamos por hecho. En la
legislatura pasada, en su último momento, no fue posible consensuar
un texto que permitiese pronunciarse en contra del alzamiento
nacional del 18 de julio, pero la no aceptación por parte del Grupo
Socialista sí que nos ha parecido en este momento menos lógica.
Repito que nos parecía un buen momento cuando se estaba hablando del
sometimiento al derecho de todos los poderes públicos, incluso de la
sujeción universal del poder al derecho; nos parecía que era
necesario dar en nuestro propio ordenamiento, en el ordenamiento
español, un paso de este estilo, y así lo hemos pretendido.
Mantenemos otras dos enmiendas que en realidad son una misma puesto
que una pretende recoger en la exposición de motivos lo que la otra
articula, que hace referencia a los posibles problemas de roce
constitucional, que repito que no se ha inventado el PNV sino que se
apuntan en los informes del Consejo de Estado y también del
Ministerio de Justicia que acompañan al proyecto de ley que nos
presentó el Gobierno. De las
distintas posibilidades de roce constitucional hay más de las que
ellos apuntan. Puse como ejemplo en Comisión la posibilidad de que se
incurriese en alguna contradicción con el principio de tipicidad que
consagra de manera tan clara el artículo 25 de la Constitución cuando
se permite la existencia de delitos por analogía, pero sobre todo me
refería a la idea de los dos posibles motivos de roce que señalaba el
Consejo de Estado, el de la inviolabilidad parlamentaria y el de la
inviolabilidad del Rey. La inviolabilidad parlamentaria la despacha
el Consejo de Estado diciendo que es difícil que en el ámbito en el
que se produce se puedan originar conductas por parte de señores
parlamentarios que caigan dentro del ámbito de lo que va a juzgar el
Tribunal Penal Internacional. Nos parece que se le escapa un posible
delito, puesto que creemos que un diputado sí está en condiciones de
cometer el delito de instigación directa al genocidio, lo cual caería
directamente dentro de la competencia del Tribunal Penal
Internacional. Nos parece que existe tanto en el informe del Consejo
de Estado como en el informe del Ministerio de Justicia, una cierta
inercia a no pronunciarse a favor de que haya que hacer
modificaciones constitucionales, lo cual -si se me permite decirlo, y
lo dije ya en Comisión- me parece un cierto síntoma de anormalidad
política. En los países de gran tradición democrática, Francia,
Italia o Alemania, las mutaciones constitucionales se producen sin
ningún tipo de dificultad, y aquí, con 21 años ya de texto
constitucional, no debiera existir ese pánico o esa poca fe en la
consolidación del sistema de cara a hacer posibles las mutaciones
constitucionales, si éstas se pudieran hacer.
Nos planteábamos el otro caso posible de inviolabilidad, que era la
del Rey. Manifesté mi absoluto respeto por la institución
parlamentaria y simplemente me planteaba la cuestión teórica
constitucional de hasta dónde llega la inviolabilidad parlamentaria
en el propio texto constitucional. Una Constitución elaborada en el
año 1978 tiene que estar pensando en un Rey, jefe de Estado, sometido
al Estado de derecho. La inviolabilidad, por tanto, no puede ser
absoluta, como cuando se hablaba de las monarquías absolutas de
origen divino, cuestión de la que hablé yo en Comisión con queja del
portavoz del Grupo Popular. Me refería a que una monarquía que se
regula en el año 1978 tiene que estar sometida a los parámetros de
una monarquía sujeta al Estado de derecho, como creemos que así es,
dentro del texto constitucional. Creemos que los propios miedos del
tiempo en el que la Constitución se elaboró o incluso las
circunstancias posteriores han hecho que esta institución de la
inviolabilidad del Rey sea de las menos estudiadas si uno mira los
tratados constitucionales. Se ha comentado un poco por el profesor
Herrero de Miñón, existe también algo en los comentarios al texto
constitucional que la propia Cámara ha tenido a bien facilitarnos en
relación con la elaboración del texto, pero casi nadie se ha
planteado un problema que
está ahí: qué alcance tiene en una Constitución, repito, del año 1978
la inviolabilidad parlamentaria, y si al entenderla como
incondicionada podía producirse algún roce con el tenor literal del
artículo 27 del Tratado de Roma, teniendo en cuenta además el tenor
literal del artículo 56.3 y 64.2 de la Constitución. Nos parecía que
podría existir tal problema pero que podía salvarse intentando hacer,
en este mismo momento de la ratificación por ley orgánica de un
tratado internacional, una definición de hasta dónde llega la
inviolabilidad. Definir el estatuto de la inviolabilidad no con
carácter absoluto -podrá hacerse en otras leyes posteriores-, sino
a los efectos necesarios para la ratificación del tratado, sin que
quede la más mínima duda de que es acorde con el texto del Estatuto
de Roma y con el tenor literal de la propia Constitución. La idea que
articulábamos era la de que, puesto que estábamos dentro del ámbito
de una ley orgánica, por qué utilizar una ley orgánica distinta;
podríamos utilizar la propia ley orgánica de ratificación para
introducir el tenor de nuestra segunda enmienda, en la que decimos
que el rey será personalmente responsable de sus actos ante la Corte
Penal Internacional, o ante cualquier otro órgano judicial
internacional al que el Estado haya atribuido competencias derivadas
de la Constitución, cuando dichos actos no hayan sido refrendados
conforme al artículo 64 de aquélla y, si existe tal refrendo,
responderá la persona que lo haya otorgado. Repito que creíamos que
esto era acorde con el tenor literal del artículo 56.3 de la
Constitución y con el 27 del Tratado de Roma. Nos parecía que en
algún momento era necesario positivizar la interpretación del alcance
constitucional de la inviolabilidad en el texto constitucional y este
era un buen momento para lograrlo. Creemos, además, que con esto no
restamos alcance al tratado sino que, muy al contrario, se lo
aumentamos. Se nos manifestaba que la ratificación del tratado es
incondicionada, pero entendemos que el tenor con el que el proyecto
de ley ha sido traído a la Cámara es el de entender que estamos en el
marco de lo dicho en el informe del Consejo de Estado que lo
acompaña. Dicho informe establece en su página 30 que, en suma, la
irresponsabilidad personal del monarca no se concibe sin su corolario
esencial, esto es, la responsabilidad de quien refrenda y que, por
ello, es el que incurriría en la eventual responsabilidad penal
individual a que se refiere el artículo 25 del estatuto. Esto es
perfecto, es correctísimo para cuando el rey actúa dentro del
cometido que tiene atribuido como jefe del Estado, pero pongámonos en
el supuesto de la patología: actuaciones contrarias al ordenamiento
jurídico, actuaciones de configuración penal, que es a las que se
refiere el tratado, teniendo en cuenta las cuales nos parecía
necesario hablar de los actos no necesitados de refrendo y de
aquellos en que, necesitándolo, no se hubiera otorgado.
Repetimos que es simplemente una ley orgánica que podría ser
independiente de la ratificación del tratado,
en la cual se da alcance a un precepto constitucional de cuya
interpretación ha huido todo el mundo por razones que se nos escapan
o por ese miedo atávico a hablar de cuestiones referidas a la
monarquía, cosa que se puede hacer desde el absoluto respeto a la
institución monárquica y a la Constitución. Nos parece que no debe
existir pánico a hablar de determinadas cuestiones y, en la
convicción del grupo al que represento, la solución jurídicamente más
acertada para corregir el posible problema que apunta el informe del
Consejo de Estado o el informe del Ministerio de Justicia es
precisamente, en buena técnica jurídica, la que el Grupo Vasco aporta
y que está introducida en la enmienda que someto a la consideración
de ustedes.
La señora PRESIDENTA: Señora Uría, le ruego que concluya, por favor.
La señora URIA ECHEVARRIA: Sí, señora presidenta.
Conociendo el resultado previsible de estas enmiendas, quería que
quedase bien claro en el «Diario de Sesiones» que, desde el primer
momento, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) se ha posicionado sin
la menor duda a favor de la ratificación de la ley orgánica por la
que se introduce en nuestro ordenamiento el tratado del Tribunal
Penal Internacional.
Muchas gracias, señorías; muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urea.
Turno en contra de las enmiendas. (Pausa.)
Señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Con su venia, señora presidenta, señora
Uría, invocando el término que ha utilizado S. S. en un debate
anterior, debo apelar a la cierta decepción que nos ha producido su
intervención porque le confieso nuestra esperanza, al parecer
gratuita, en que los días de reflexión que han mediado entre el
debate en la Comisión de Asuntos Exteriores y este Pleno movieran el
ánimo de su grupo en el sentido de una retirada de las enmiendas;
alternativamente habríamos confiado o deseado que su defensa aquí nos
hubiera aportado argumentos distintos de aquellos que la señora Uría,
siempre con brillantez, siempre con rigor, nos expuso en la Comisión
de Asuntos Exteriores, pero debo confesar que no ha sido así. (El
señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Ciertamente, me parece circunstancial o irrelevante que pretenda
deducir S. S. una escasa importancia por parte del Gobierno en torno
a la adhesión de España al Convenio Internacional que crea el
Tribunal Penal, que lo derive de la circunstancia puramente azarosa
de que se produzca a lo largo de una fatigosa y maratoniana sesión
parlamentaria y en horas habitualmente inusuales que determinan una
presencia escasa de señorías en
el hemiciclo. Sabe que ha sido absolutamente accidental y frente a
esta circunstancia podría invocarle el dato, bastante significativo,
bastante relevante, de que esta es la primera ley y la primera ley
orgánica de esta legislatura. Cerramos el periodo de sesiones
remitiendo al Senado la adhesión de España al Tribunal Penal
Internacional, sobre cuya oportunidad versaba, como S. S. sabe, una
moción unánime de esta Cámara. Por otra parte, no invoque en los
términos en que lo ha hecho el principio de la mayoría absoluta
atribuyéndole funciones de arrogancia o de avasallamiento, cuando en
este caso concreto más cabría hablar de minoría absoluta; son ustedes
solos, las señorías del Partido Nacionalista Vasco, quienes reparan u
objetan este proyecto de ley. Por cierto, tuvieron el exclusivo apoyo
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, sin que el señor Rejón
nos hiciera la caridad en Comisión de explicarnos las razones en
virtud de las cuales respaldaba las enmiendas del PNV. Se limitó a
subrayar la legitimidad política de la iniciativa, extremo que en
ningún caso podemos entrar a discutir, pero nos ahorró las razones
por las cuales las respaldaba. Quizá en esta ocasión, aunque sea con
la brevedad que el tiempo impone, esté en condiciones de suplir esa
omisión.
Pediría a la señora Uría que no mencionase el dictamen del Consejo de
Estado ni el informe del Ministerio de Justicia en los términos en
que lo ha hecho, que parecen avalar la argumentación de su enmienda.
Ese dictamen y ese informe, como su intervención, como mi
intervención, obviamente reconocen que existe una reflexión de
eventual inconstitucionalidad, que provoca intelectualmente una
reflexión entre la posibilidad de cohonestar las previsiones del
Estatuto de Roma con nuestra Constitución, pero no deriva o dimana de
ella necesariamente la hipótesis de la inconstitucionalidad que S. S.
cabalmente razona en la justificación de su enmienda, sino que
concluye en un resultado contrario, en una conclusión inequívocamente
contraria.
No es un problema de miedo, ni de miedo a tratar los perfiles de la
institución monárquica ni de la Corona en su acogimiento
constitucional, ni mucho menos de miedo a considerar la hipótesis de
una reforma constitucional. Una reforma constitucional, a quien la
postula, a quien la defiende, por lo menos le corresponde la carga de
la prueba de justificar su necesidad y S. S., cuando nos propuso un
procedimiento en la Comisión -hoy ha sido más cautelosa-, porque es
una jurista rigurosa y acrisolada, nos vino a decir que tenía serias
dudas sobre que el acogimiento de una declaración interpretativa
fuera el procedimiento normativo más adecuado para cumplir su
finalidad. Lo que S. S. no ha hecho -y me vuelve a poner en la
obligación de hacerlo yo- es leer el artículo 27 del estatuto al que
vamos a prestar nuestra ratificación, que dice: El presente estatuto
será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el
cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea
jefe de Estado o de
Gobierno, miembro de un Gobierno o Parlamento, representante elegido
o funcionario de Gobierno, en ningún caso le eximirá de
responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la
pena. Ese es el texto al que vamos a prestar la adhesión, ese es el
texto que la mayoría de la Cámara considera que no produce ningún
tipo de colisión con las previsiones constitucionales y ese es el
texto que expresa claramente el sometimiento también del jefe del
Estado a las previsiones del tratado creador de la Corte Penal
Internacional, obviamente en los términos de la doctrina del
referéndum, obviamente en los términos de la instrucción del
refrendo, obviamente haciendo recaer sobre la personalidad
refrendante el peso de la imputabilidad o el de la responsabilidad
penal en su caso.
De suerte, señora Uría, que tengo que concluir reiterándome en los
términos en que me expresaba en la Comisión. No sólo se trata de
rechazar su enmienda, señora Uría; se trata de preguntarnos la razón
de su presentación porque entendemos -y no hemos deducido lo
contrario de su intervención- la radical superfluidad, aparte de la
anomalía de algo que no es ni la mera adhesión ni la expresión de una
limitación, con arreglo a la doctrina tradicional del artículo 93.1.
Usted conoce de sobra, señora Uría, que nuestra Constitución, en
razón de su modernidad, nos permite equiparnos, ante una hipótesis
como ésta, de transferencia de competencias o de poderes derivados de
las competencias, a instancias internacionales, en mucha mejor medida
que lo estuvieron todas las constituciones de la Europa occidental en
el horizonte de los años sesenta, cuando se produjo el proceso de la
construcción europea. Usted sabe de sobra las reformas
constitucionales -por ejemplo la belga, que inspira claramente el
artículo 93 nuestro, por qué no reconocerlo- para operar esa
transmisión de competencias, para transferir atributos, títulos de la
soberanía que en virtud de la modernidad de nuestro texto
constitucional el artículo 93 permite. Y me sorprende que haya
invocado S.S. el artículo 95.2. Pudo muy bien el Partido Nacionalista
Vasco (EAJ-PNV) haber puesto en marcha una iniciativa parlamentaria
para reclamar de este Congreso de los Diputados que elevase al
Tribunal Constitucional la consulta a que se refiere el artículo
95.2. No lo hizo, y al no hacerlo me viene a apuntar también que es
el carácter puramente testimonial, puramente político, digamos, no en
el más noble o en el mejor de los sentidos de la palabra, sino más
bien inscrito en unas coyunturas muy concretas de cierta instalación
arisca del Partido Nacionalista Vasco en la vida política nacional,
el que determina la motivación de una enmienda que me alegro oír que
en ningún caso va a suponer el voto contrario de su grupo a la
adhesión, porque a S.S. no se le oculta que la importancia histórica
del estatuto es patente por todo lo que significa para el
reforzamiento de la dimensión axiológica y humanizadora del derecho
internacional contemporáneo.
En consecuencia, mi grupo solicita de esta Cámara el rechazo de las
dos enmiendas y media vivas, señora Uría, porque media enmienda ha
sido incorporada, como S.S. no sé si ha reconocido aquí o no, a la
nueva exposición de motivos, que enriquece claramente el texto que
vino del Gobierno. En consecuencia, solicitamos tanto el rechazo de
las enmiendas como el voto favorable en el trámite final de votación
de ley orgánica.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Cisneros.
Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor presidente, he considerado, a pesar
de la corrección jurídica y la exquisita gramática y dicción que
siempre utiliza el portavoz del Grupo Popular, que se ha producido en
algún momento una expresión que puede afectar a la dignidad del grupo
parlamentario al que represento, atribuyendo a actitudes ariscas o a
determinadas actitudes políticas la presentación de las enmiendas en
relación con la ratificación del tratado referido al Tribunal Penal
Internacional. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Señorías,
nos hemos movido como siempre en los parámetros que nos parecen
adecuados a nuestras propias convicciones políticas y en modo alguno
tienen razones espúreas las enmiendas presentadas.
Desde el primer momento hemos sido partidarios de la ratificación del
tratado y si no solicitamos la intervención del Tribunal
Constitucional de motu proprio, tal y como dice el artículo 95, fue
porque el tratado se ha tramitado en esta Cámara con el secretismo
que consta en la Comisión y que yo manifesté, además de entender que
es el Gobierno o cualquiera de las Cámaras, no un grupo concreto como
el mío, el que puede poner en marcha el mecanismo. En todo caso,
repito, no ha sido fácil seguir la pista al proyecto de ley de
ratificación del tratado y conté las vicisitudes en Comisión, con lo
que ahorro a SS.SS. repetirlas ahora en Pleno.
El punto primero del artículo 95 indica también que la celebración de
un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la
Constitución exigirá la previa revisión constitucional. Lo que
nuestra enmienda pretende evitar es eso, lo que queremos entender es
que la estipulación del artículo 27 es contrario al tenor de la
inviolabilidad que la propia Constitución contiene.
Nada más, muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría. ¿Grupos que desean
fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en una situación de serenidad, de madurez democrática, la
ratificación por el Congreso de los Diputados del Estatuto de la
Corte Penal Internacional hubiera tenido sin duda una escenificación
solemne, donde una resolución corta pero precisa, leída por la
presidenta del Congreso en nombre de todos los grupos parlamentarios,
hubiera servido incluso de exposición de motivos para la presente ley
orgánica, que no es ni más ni menos que la autorización para la
ratificación de un tratado internacional en la línea de lo estipulado
en el artículo 93 de la Constitución española. Sin embargo, dos
situaciones, una humanamente comprensible y otra de alta torpeza
política, a nuestro entender, han apartado la posibilidad anterior.
Con lo de la situación humanamente comprensible me refiero, señorías,
al deseo de un par de grupos parlamentarios que en la Comisión
correspondiente quisieron -legítimamente, está claro- dejar la
impronta de su sello, o la del plumífero o plumífera que lo redactó,
en la exposición de motivos del presente proyecto de ley orgánica.
Dos enmiendas a dicha exposición copiadas con mayor o menor fortuna
de la memoria del Ministerio; dos enmiendas que pretendían colocar en
el frontispicio de un texto de indudable valor histórico la firma de
sus autores. Es humanamente comprensible pero de sonrojo político.
Que la importancia histórica de la autorización precisa de una
exposición de motivos -comillas- que otorgue la requerida solemnidad
al texto -cierro comillas- pudiera parecer rigurosa, si se aísla del
texto a ratificar, está claro. Pero plantear que la exposición de
motivos de una ratificación tenga entre nueve o diez veces más
extensión que la exposición de motivos de la ley, estatuto o tratado
a ratificar es, cuanto menos, osado. Es tanto como decir a los
firmantes del texto en Roma que nosotros y nosotras, diputados
representantes del pueblo español, sí sabemos poner entradilla a las
leyes, o sea que aprovechando el lugar de la firma somos más papistas
que el Papa. Pero, como decía antes, esto es humanamente comprensible
ante la importancia del momento. Momento, señorías, que viene en
estos tiempos a cerrar una primera fase que se inicia en 1914.
Washington, Nuremberg, Ginebra, Nueva York, Viena o La Haya son hitos
de este proceso; son hitos de un proceso que ojalá en un plazo corto
reciba las ratificaciones necesarias. Que en estos momentos
históricos haya habido situaciones donde acusadores o acusados
pudieran ser intercambiables no quita validez al proceso. Como
escribe la poetisa cordobesa Matilde Cabello: Yo aprendí el difícil
arte de apartar al hombre de su verbo, y gocé de este modo de la obra
de muchos de ellos. Muchos de estos personajes, al convertirse en
adalides de la justicia o de la libertad, aunque sólo fuera para
justificar situaciones o lavar conciencias, estaban ayudando sin
duda, a lo mejor a su pesar, a que se fuera abriendo un proceso
hegemónico
que concluye por ahora en los acuerdos de Roma. ¿Qué queda de las
posturas de algunas señorías de algún grupo, por ejemplo, ante el
caso Pinochet? No lo sé ni en estos momentos me importa; lo que
importa es que estamos aquí y ahora.
Decía antes, señorías, que dos situaciones nos habían impedido una
salida idílica. La una es humanamente comprensible, a ella me he
referido; la otra, es de alta torpeza política. Hubo un momento
magnífico en la historia de la filosofía alemana, que es tanto como
decir la historia de la filosofía europea, en el que empiristas,
racionalistas e idealistas se cruzaron en debates miles. En una de
sus osadías llegaron a plantear que la realidad no existía y que ésta
no era más que una proyección del pensamiento del individuo. A lo que
otra escuela le respondía: si la realidad no existe, cur taurum fugit
¿por qué huyes del toro? Señorías, si la figura del Rey no es sagrada
¿por qué se huye del toro de la enmienda del Partido Nacionalista
Vasco? Si no hay colisión entre el derecho internacional y la Corona
¿por qué se huye del toro, señorías? El dilema no está entre
monarquía y estatuto, sino entre responsabilidades del jefe de Estado
y el derecho internacional, derecho este que es de obligado
cumplimiento en la jurisdicción interna de los Estados adheridos al
sistema de las Naciones Unidas y a lo que se ha dado en llamar la
comunidad de naciones en lo que se refiere a este tipo de cuestiones.
Este dilema, señorías, fue resuelto por el derecho internacional con
motivo del juicio contra el emperador Guillermo II de Alemania
después del primer conflicto bélico mundial y recogido en el artículo
227 del Tratado de Versalles. El principio de no inmunidad del jefe
de Estado establecido en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg del
primero de octubre de 1946, en los tribunales ad hoc, viene derivado
de este procedimiento y no de disquisiciones sobre la inmunidad de
los jefes de Estado que el derecho derivado de las constituciones
americana y francesa habían dado por totalmente resuelto.
En el caso de España, no creemos que el haber procesado racionalmente
estos elementos pusiera en duda la institución monárquica, más bien
al contrario. Lo que se consigue con los argumentos que se presentan
al Parlamento en defensa de la no aceptación de la enmienda, a
nuestro entender, es crear una deslegitimación que antes o después
surgirá política y socialmente. Se ha perdido, señorías, una
oportunidad histórica de adecuar el principio de la Jefatura del
Estado y de la Comandancia de las Fuerzas Armadas a la realidad
histórica internacional que vendrá con la modificación del sistema de
Naciones Unidas, propósito que es motivo de discusión abierta en los
parlamentos europeos y por parte de delegaciones diplomáticas
europeas en las reuniones de trabajo y a las que el informe ni
siquiera menciona. No vemos ningún grupo político o social - y desde
luego le puedo asegurar que a mi fuerza política no- en condiciones
de haber limitado este debate a
la figura del jefe de Estado o dicho en otros términos, de haber
utilizado la discusión sobre la Corte Penal para poner en duda la
monarquía. Ese no es el problema. La finalidad única es ratificar el
principio de jurisdicción penal universal para los crímenes más
graves contra la conciencia común de la humanidad. Ante esto,
utilizar argumentos derivados del derecho sagrado repugnan a la
racionalidad del Estado de derecho. Por cierto, en los debates en
Comisión y en Pleno en el Senado de la Constitución de 1978 no hubo
apelaciones a ninguna de estas situaciones. Además, es curioso cómo
se pasó de puntillas sobre este tema por razón de las brujas que
velaban la cuna en aquellos años de 1977-1978. Algunos
respetabilísimos y más que respetables padres de aquella Constitución
recordarán que cuando se debatía en Comisión el artículo 56 gastaron
todo el tiempo en discutir sobre el problema procedimental de si no
se mantenían las enmiendas en Comisión podrían luego mantenerse en el
Pleno. El debate en Pleno fue de una enmienda técnica, en el debate
en el Senado había una enmienda que fue retirada antes de su
votación. Por tanto, señorías, antes de utilizar argumentos derivados
del derecho sagrado, utilicemos la racionalidad del Estado de
derecho, porque no se plantea la igualdad ante la ley del jefe del
Estado en la cotidianeidad. Estamos hablando de situaciones
excepcionales que ojalá nunca se dieran aquí ni fuera de aquí. El
otro día un columnista decía que el crimen de Estado se practica, no
se legisla Decía: ¿Se imaginan ustedes un decreto-ley de persecución
de los gitanos o una ley orgánica de usos y costumbres e impunidad de
la tortura? Evidentemente no.
Señorías, si un 15 de abril de 1931 Alfonso de Borbón, Alfonso XIII,
hubiera conseguido imponer su criterio a Sanjurjo -esa es otra de las
grandes manipulaciones de la historia, que, por cierto, a la Academia
de la Historia se le ha debido olvidar o ha debido estar callada
durante mucho tiempo-, digo, si un 15 de abril de 1931 Sanjurjo
escucha a Alfonso XIII y saca a las fuerzas para anular las
elecciones del 14 de abril, indiscutiblemente, con la Constitución de
1876 en la mano -que en su artículo 48 dice: La persona del Rey es
sagrada e inviolable, y en el artículo 49 dice que son responsables
los ministros-, nos podríamos haber encontrado en una situación de
auténtica represión, que, evidentemente, en apelación a esa
Constitución de 1876, no podría haberse tocado.
Por lo tanto, señorías, mostramos el apoyo a la enmienda del Partido
Nacionalista Vasco, pero, al mismo tiempo, indiscutiblemente
conociendo las intervenciones de sus señorías, no va a serlo. Nuestro
voto afirmativo sin ninguna duda va a ser a la ratificación de un
tratado con el que, humildemente, teniendo presente que en este siglo
millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades
que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia
de la humanidad, y reconociendo que esos graves crímenes
constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de
la humanidad, decidimos garantizar que la justicia internacional sea
respetada y puesta en práctica de forma duradera.
Desde luego nos felicitamos de este momento, sin grandes alharacas, e
indiscutiblemente felicitamos a todos aquellos que han sido parte en
este proceso y vuelvo a insistir en que el voto de la fuerza
parlamentaria que represento será afirmativo sin ninguna duda.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rejón.
El Grupo Parlamentario Mixto había pedido la palabra y ruego
disculpas porque no les he visto.
Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego apoya esta ley orgánica y lo
hace porque es consciente de que de ese modo contribuye a evitar la
impunidad de los que atentan contra los derechos de las personas y de
los pueblos: el derecho de las personas a vivir como seres libres e
iguales; el derecho de los pueblos a existir, a determinarse
libremente y a determinar libremente su futuro.
Queremos concluir diciendo que para nosotros este tratado constituye
un paso adelante, mas no todo lo ambicioso que habríamos deseado.
Estaríamos contentos si sirviese para que la ley del más fuerte en
las relaciones internacionales sea sustituida por la justicia; si
sirviese para que la política exterior del Estado español se guiase
más por consideraciones de justicia, de moral, de igualdad y de
derecho internacional que por el único imperativo al que hoy parece
atender, el de situarse a cualquier precio junto al más poderoso. Si
así fuese, nos podríamos congratular, con razón, de participar de una
decisión histórica. Esperamos que el Gobierno español no acabe
aceptando las condiciones que los Estados Unidos ponen para ratificar
este tratado, inmunidad absoluta para los miembros de las Fuerzas
Armadas americanas. La inclusión de una garantía tal de inmunidad,
sea cual sea el Estado beneficiario, convertiría en papel mojado ese
estatuto o, aún peor, lo convertiría en una nueva arma de dominio
imperial, y este no es desde luego el tipo de comunidad internacional
diseñada en la Carta de Naciones Unidas, por la que el Bloque
Nacionalista Galego apuesta decididamente.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta, y con
gran rapidez, porque en Comisión ya expusimos nuestros argumentos.
Coalición Canaria va a votar favorablemente esta ley orgánica en
razón del artículo 93 de la Constitución Española, que hace
imperativo tal carácter, para que España pueda, sin más dilación,
ratificar el Estatuto de Roma para la creación de la Corte Penal
Internacional.
Son necesarios 60 instrumentos de ratificación de otros tantos países
y España debe ocupar ahí, con un valor democrático parlamentario y
constitucional de primerísimo orden, un lugar destacado. Ya la
Comisión de Asuntos Exteriores hace dos años lo hizo patente así.
Coincidimos posteriormente con el Parlamento Europeo y con el Consejo
de Europa, que se han pronunciado favorablemente para estimular a
todos los países occidentales y democráticos de todo el orbe a que
signaran los acuerdos e instrumentos de ratificación. Se van a
definir cuatro crímenes importantes, basados en los principios que
trae el documento -ningún crimen sin ley, ninguna pena sin ley-:
crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la
humanidad y crímenes de invasión en cualquiera de sus órdenes
militares.
Entendemos que con nuestro voto -también con el de toda la Cámara- se
favorece este impulso democrático de España. No tenemos ninguna duda,
señora presidenta, ni sobre sus valores políticos ni sobre su
reciedad, compatible con la Constitución española. El señor portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, don Gabriel Cisneros, ha leído el
alcance del primer párrafo del artículo 27 del Estatuto de Roma para
la Corte Penal Internacional respecto al problema suscitado del
alcance constitucional o no o si era necesaria una modificación
constitucional. Estamos basándonos en el artículo 93, incluso en su
correlación con el artículo 10.2 de la Constitución española en la
defensa de los derechos fundamentales y derechos humanos. Puede
surgir cualquier duda con el artículo 93, pero no a nuestro entender.
¿Por qué? Porque el artículo 27 -la primera parte ha sido leída por
el señor Cisneros- contiene un breve párrafo en la segunda, que dice
claramente: Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales
que conlleve el cargo oficial de una persona con arreglo al derecho
interno o al derecho internacional no obstarán para que la Corte
ejerza su competencia sobre ellas.
Señorías, los antecedentes estaban en los tribunales internacionales
para los casos de genocidio y crímenes de guerra en Ruanda y en la ex
Yugoslavia. Se trata de aplicar un nuevo derecho internacional a un
tipo de personajes de cierta catadura que ocupando la jefatura de un
Estado son llamados lisa y llanamente en la prensa y en el lenguaje
común dictadores, genocidas, conculcadores de los derechos humanos,
culpables de crímenes de lesa humanidad. Pero hay que llamarlos de
una manera oficial, y se habla aquí de jefes de Estado, de jefes de
Gobierno, de parlamentarios o de agentes que pueden estar en la
política internacional o militar. Nosotros nos congratulamos de que
en este momento,
bajo la presidencia del señor Kirsch, esté funcionando en el ámbito
de Naciones Unidas, en Nueva York, una comisión preparatoria para
ultimar ya los detalles de aplicación de la Corte Penal
Internacional. Afortunadamente, tras el voto que en julio de 1998 no
consintió que firmaran los Estados Unidos de Norteamérica y algunos
otros países por cuestiones militares, el Gobierno norteamericano
experimenta un giro, el señor Clinton ha dado ya instrucciones más
concretas y hay una colaboración positiva. Desde España nos
congratulamos de esto, pero nuestro problema estaba hoy aquí y
creemos en esa firmeza constitucional de lo que estamos aprobando y
también en su oportunidad política.
Sin más razones que exponer, señora presidenta, nuestro Grupo de
Coalición Canaria se siente muy honrado y participará en este debate
democrático aportando nuestro voto positivo para que el Gobierno del
Reino de España, sin más dilación y una vez agotado el trámite del
Senado, presente en la sede de La Haya y ante Naciones Unidas el
instrumento de ratificación que nos acredita como un país
democrático, constitucional y respetuoso con todas nuestras
instituciones internas, con las internacionales y, por supuesto, con
el derecho de gentes y el derecho constitucional.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Catalán se remite a la intervención el señor
Ignasi Guardans en la Comisión de Asuntos Exteriores del pasado
miércoles día 21 de junio.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señorías, señora presidenta, aunque sea tan
tarde y a pesar de todo el tiempo que hemos estado aquí, la verdad es
que este es un momento, a nuestro juicio, extraordinariamente
importante; es mucho más importante la aprobación de esta ley
orgánica que los decretos-leyes que se han debatido esta mañana y
esta tarde. (Rumores.) Esto sí que es algo histórico y desde luego no
los decretos-leyes que hemos debatido hoy.
Se trata del salto más notorio que se ha dado en el siglo XX en la
persecución de los crímenes contra la humanidad, de los crímenes más
odiosos, más lesivos para los habitantes del planeta, y, por tanto,
la Corte Penal Internacional y el que España se una a los países
que ya lo han ratificado, que son trece, significa, sin duda, estar
en la línea de lo que es el movimiento moral probablemente más
significativo del siglo XX, que ha sido el movimiento por la defensa
de los derechos humanos. Hay que recordar aquí que llegar a este
momento no ha sido una casualidad, sino que ahí está la lucha de
mucha gente, de muchas organizaciones no gubernamentales, de víctimas
de genocidio, de masacres, de asesinatos y de deportaciones masivas,
y de refugiados. Esto forma parte de la causa de que hoy podamos aquí
plantearnos algo que Naciones Unidas aprobó y que es la propuesta de
una Corte Penal Internacional, que concentra la persecución de los
peores crímenes que ha conocido la humanidad.
Naturalmente que la coyuntura también lo explica, el fin de la guerra
fría, los hechos de Yugoslavia, de Ruanda o incluso el propio caso
Pinochet, que, aunque ha sido una coincidencia casual, ha impulsado
el movimiento de firmas de ratificación de este Estatuto de la Corte
Penal Internacional. En España el que se ratifique por esta Cámara y
después del verano por el Senado este estatuto es especialmente
significativo, porque tenemos el recuerdo del régimen inmediatamente
anterior al democrático, de un régimen que cometió delitos que son
perseguidos por el Estatuto de la Corte Penal Internacional: millones
de refugiados, decenas de miles de muertos como consecuencia de una
guerra civil y por la represión posterior a ésta, que hace que sea
especialmente importante y significativo que en España se ratifique
el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Nuestra Constitución,
queriendo romper con ese régimen, es una Constitución
internacionalista, que asume que muchas competencias pueden ser
trasladadas a organismos supranacionales. Por eso, a diferencia del
Partido Nacionalista Vasco, no vemos ningún tipo de conflicto entre
la Constitución española y este estatuto.
Siento que no esté aquí la señora Margarita Uría, porque en su
intervención ha hablado de un planteamiento hipotéticamente contrario
a la Constitución que nosotros no vemos por ningún lado. La
Constitución española no impide para nada, ni puede hacerlo, que un
jefe de Estado que cometa crímenes contra la humanidad sea juzgado,
por mucha inviolabilidad que se diga que tiene, porque cometer
crímenes contra la humanidad no está entre las competencias de los
jefes de Estado, y, por tanto, ese jefe de Estado que cometiera esos
crímenes y que fuera responsable de ellos sería juzgado en España y
ante la Corte Penal Internacional. Pero es que, además, la Corte
Penal Internacional no obstaculiza para nada lo que pueda suceder en
el derecho interno. Lo que estamos aprobando hoy aquí es que, si hay
responsables de crímenes contra la humanidad, esas personas tendrán
que ir a la Corte Penal Internacional si no se juzgan en nuestro
país. Eso es lo que estamos aprobando con este Estatuto de la Corte
Penal Internacional y ningún obstáculo constitucional hay para ello.
De todas formas, hay que decir que no basta con la aprobación de este
estatuto, que hay que seguir trabajando, cooperando con la Corte
Penal Internacional. Nos preocupa que haya países tan importantes
como Rusia, como China, como Estados Unidas, que tienen veto en el
Consejo de Seguridad, que no lo han firmado todavía -alguno de ellos
desde luego no piensa firmar para nada este documento-. Nos preocupa
ese sector del Congreso de los Estados Unidos, liderado por el
senador Helms, que intenta, mediante un proyecto de ley terrible,
sancionar a aquellos países que ratifiquen este estatuto. Sin
embargo, el Grupo Socialista incluye este estatuto dentro de una
política de solidaridad con los seres humanos, la solidaridad que
tuvieron con los refugiados españoles tantos países, la solidaridad
que los tribunales españoles han tenido con las víctimas de Pinochet.
Nosotros no consideramos que este estatuto sea una guinda, sino que
es una parte esencial de una política de derechos humanos, hacia el
interior y hacia el exterior, y para saber también defender la
política de derechos humanos, denunciando a países aun tan poderosos
como Rusia, en lo que ha hecho en Chechenia, o China, donde está
estos días el presidente del Gobierno español y ha habido
ejecuciones-espectáculo. Eso es parte también de una lucha por los
derechos humanos. Nosotros hoy, sin embargo, tenemos que felicitarnos
porque este proyecto de ley haya llegado aquí, porque podamos
ratificarlo y nos apuntemos decididamente en un movimiento imparable
de lucha contra la impunidad.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Garrido.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE PROPOSICIONES DE LEY:
- TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN
(CONVÈRGENCIA I UNIÓ), VASCO (EAJ-PNV) Y DE COALICIÓN CANARIA,
RELATIVA A LA DEROGACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DE LA LEY
13/1986, DE 14 DE ABRIL, DE FOMENTO Y COORDINACIÓN GENERAL DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA. (Número de expediente 122/
000049.)
La señora PRESIDENTA: Nuevo punto del orden del día, que ha sido
incluido por acuerdo del Pleno esta mañana: Tramitación directa y en
lectura única de iniciativas legislativas. Proposición de ley
relativa a la derogación de la disposición adicional primera de la
Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la
investigación científica y técnica.
No han sido presentadas enmiendas, por lo que deduzco que no va a
haber intervenciones.
CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE ISRAEL PARA EVITAR
LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN JERUSALÉN EL
30 DE NOVIEMBRE DE 1999. (Número de expediente 110/000002.)
(Votación.)
La señora PRESIDENTA: Debates de totalidad de convenios
internacionales. Convenio entre el Reino de España y el Estado de
Israel para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho
en Jerusalén el 30 de noviembre de 1999.
Sometemos a votación la propuesta que tiene la consideración de
enmienda de totalidad al citado convenio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
256; a favor, seis; en contra, 250.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la citada
propuesta.
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZALARATIFICACIÓN POR
ESPAÑA DEL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. (Número de
expediente 121/000001.) (Votación.)
La señora PRESIDENTA: Votación del punto IX del orden del día:
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de
ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del
Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Señorías, van a ser tres las votaciones que vamos a realizar respecto
a este punto del orden del día. En primer lugar, la votación de las
enmiendas mantenidas por el Grupo Parlamentario Vasco a dicho
proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
256; a favor, seis; en contra, 249; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas las
enmiendas de referencia.
En segundo lugar, señorías, procedemos a la votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
255; a favor, 254; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
La señora PRESIDENTA: Por último, señorías, respecto a este punto del
orden del día, vamos a efectuar la votación de conjunto, por tener el
proyecto de ley carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
256; a favor, 256.
La señora PRESIDENTA: Al haber alcanzado la mayoría necesaria, queda
aprobado el proyecto de ley en votación final sobre el conjunto del
texto. (Aplausos.)
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN
EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), VASCO (EAJ-PNV)
Y DE COALICIÓN CANARIA, RELATIVA A LA DEROGACIÓN DE LA
DISPOSICIÓN PRIMERA DE LA LEY 13/1986, DE 14 DE ABRIL, DE FOMENTO Y
COORDINACIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA.
(Número de expediente 122/000049.) (Votación.)
La señora PRESIDENTA: A continuación sometemos a votación la
tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley
relativa a la derogación de la disposición adicional primera de la
Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la
investigación científica y técnica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
254; a favor, 254.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición
de ley de referencia.
Se levanta la sesión.
Eran las diez y veinticinco minutos de la noche.