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DS. Senado, Pleno, núm. 156, de 16/12/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1999 VI Legislatura
Núm. 156
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA
Sesión del Pleno
celebrada el jueves, 16 de diciembre de 1999
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 166,
de fecha 13 de diciembre de 1999) (Continuación) (Número de expediente S.
621/000166) (Número de expediente C. D. 121/000186).
--De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley
Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Número
de expediente S. 624/000028) (Número de expediente C. D. 122/000295).
--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, en materia de lucha contra la corrupción de agentes
públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 170, de fecha
13 de diciembre de 1999) (Número de expediente S. 621/000170) (Número de
expediente C. D. 121/000158).
--De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de Ley
Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(Número de expediente S. 621/000172) (Número de expediente C. D.
121/000179).
--De la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación con el
Proyecto de Ley reguladora de los contratos tipo de productos
agroalimentarios (Número de expediente S. 621/000163) (Número de
expediente C. D. 121/000183).
--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica
reguladora de la responsabilidad penal de los menores (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 165,
de fecha 13 de diciembre de 1999) (Número de expediente S. 621/000165)
(Número de expediente C. D. 121/000144).
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y diez minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 7587)
De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 (Página 7587)
Continúa el debate de las Secciones.
Sección 26 (Sanidad y Consumo e Insalud).
El señor Blasco Nogués, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas
números 175 a 181. El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende
las enmiendas números 1138, de veto, 1140, 1141 y 1143 a 1186. El señor
Zamorano Vázquez defiende las enmiendas números 694 y 717, de veto, 695 a
697 y 719 a 768, del Grupo Socialista. El señor Bellido Muñoz consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Estaún García y Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Zamorano
Vázquez, por el Grupo Socialista, y Bellido Muñoz, por el Grupo Popular.
Sección 31 (Gastos de diversos Ministerios).
El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, da por defendidas las
enmiendas números 1187 a 1189. El señor Bueno Fernández consume un turno
en contra. No se hace uso del turno de portavoces.
Entidad pública estatal empresarial de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias.
El señor Granado Martínez defiende las enmiendas números 425 y 432, del
Grupo Socialista. El señor Alierta Izuel consume un turno en contra. No
se hace uso del turno de portavoces.
Entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número
1203. El señor Alierta Izuel consume un turno en contra. No se hace uso
del turno de portavoces.
Ente público de la Red Técnica Española de Televisión.
Se da por defendida la enmienda número 32, del Grupo Mixto. El señor
Alierta Izuel consume un turno en contra. No se hace uso del turno de
portavoces.
Ente público Radiotelevisión Española.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas
números 1198 a 1202. La señora Arnáiz de las Revillas García defiende la
enmienda número 769, de veto, del Grupo Socialista. El señor Agramunt
Font de Mora consume un turno en contra. No se hace uso del turno de
portavoces.
Entidad pública empresarial Correos y Telégrafos.
La señora Ranáiz de las Revillas García da por defendida la enmienda
número 387, de veto, del Grupo Socialista. El señor Alierta Izuel consume
un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas
números 1204 a 1206. El señor Alierta Izuel consume un turno en contra.
No se hace uso del turno de portavoces.
Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias.
El señor Granado Martínez defiende las enmiendas números 430 y 431, del
Grupo Socialista. El señor Alierta Izuel consume un turno en contra. No
se hace uso del turno de portavoces.
Se procede a votar.
Sección 26.
Se rechaza la enmienda número 176, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor,
132 en contra y 83 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Estaún García, Blasco
Nogués y Martínez Sánchez, del Grupo Mixto, por 87 votos a favor, 130 en
contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1138, de veto, del Grupo Mixto, por 86
votos a favor, 132 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1152, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor,
210 en contra y 10 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1143, 1154, 1157, 1161, 1163, 1166,
1167, 1169, 1170, 1180, 1181 y 1182 a 1185, del Grupo Mixto, por 86 votos
a favor, 132 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fenández, del Grupo Mixto, por 5 votos a favor, 132 en contra y 87
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 62 y 64, del Grupo Mixto, por 85 votos
a favor, 132 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 60, 61, 63, 65 y 66, del Grupo Mixto,
por 6 votos a favor, 132 en contra y 86 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 694, del Grupo Socialista, por 86 votos a
favor, 133 en contra y 5 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 717, del Grupo Socialista, por 84 votos a
favor, 132 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 695 a 697 y 719 a 768, del Grupo
Socialista, por 83 votos a favor, 131 en contra y 8 abstenciones.
Se aprueba la Sección 26 del dictamen por 131 votos a favor, 87 en contra
y 6 abstenciones.
Sección 31.
Se rechazan las enmiendas números 1187, 1188 y 1189, del Grupo Mixto, por
84 votos a favor, 130 en contra y 8 abstenciones.
Se aprueba la Sección 31 del dictamen por 132 votos a favor, 91 en contra
y 1 abstención.
Entidad Pública Estatal Empresarial Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias.
Se rechazan las enmiendas números 425 y 432, del Grupo Socialista, por 86
votos a favor, 132 en contra y 6 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen por 133 votos a favor, 90 en contra y 1
abstención.
Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
Se rechaza la enmienda número 1203, del Grupo Mixto, por 83 votos a
favor, 132 en contra y 9 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 433, del Grupo Socialista, por 85 votos a
favor, 133 en contra y 6 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen por 132 votos a favor, 90 en contra 2
abstenciones.
Ente público de la Red Técnica Española de Televisión.
Se rechaza la enmienda número 32, del Grupo Mixto, por 92 votos a favor y
132 en contra.
Se aprueba el texto del dictamen por 130 votos a favor y 92 en contra.
Ente público Radiotelevisión Española.
Se rechazan las enmiendas números 1198 a 1202, del Grupo Mixto, por 86
votos a favor, 132 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 31, del Grupo Mixto, por 91 votos a favor y
133 en contra.
Se rechaza la enmienda número 769, del Grupo Socialista, por 85 votos a
favor, 132 en contra y 6 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen por 133 votos a favor y 90 en contra.
Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos.
Se rechaza la enmienda número 387, del Grupo Socialista, por 85 votos a
favor, 133 en contra y 6 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen por 133 votos a favor, 83 en contra y 3
abstenciones.
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Se rechazan las enmiendas números 1204 a 1206, del Grupo Mixto, por 86
votos a favor, 132 en contra y 6 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen por 135 votos a favor, 88 en contra y 1
abstenciones.
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias.
Se rechazan las enmiendas números 430 y 431, del Grupo Socialista, por 87
votos a favor, 132 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen por 132 votos a favor, 90 en contra y 2
abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen relativo a todos los demás organismos y
anexos distintos de los que ya se han votado, por 131 votos a favor, 92
en contra y 2 abstenciones.
Título IV, Título VIII y Sección 07.
Se rechazan las enmiendas números 1227 a 1229 y 1242, del Grupo Mixto,
por 86 votos a favor, 132 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 293, de veto, del Grupo Socialista, por 87
votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 205 a 213 y 237 a 239, del Grupo
Socialista, por 83 votos a favor, 135 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba la propuesta de modificación a la totalidad del Título IV,
suscrita por todos los grupos parlamentarios, por asentimiento de la
Cámara.
Se aprueban los artículos 95 y 96 del dictamen por 133 votos a favor y 93
en contra.
Se aprueba la Sección 07 del dictamen por 134 votos a favor y 92 en
contra.
Disposición adicional decimosexta.
Se rechazan las enmiendas números 244 y 245, del Grupo Mixto , por 87
votos a favor, 132 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba una propuesta de modificación relativa a esta disposición
adicional, suscrita por todos los grupos parlamentarios, por asentimiento
de la Cámara.
Preámbulo.
Se aprueba el texto del dictamen por 132 votos a favor y 93 en contra.
Se aprueban los artículos 2, 3, 4, 6 y 12, así como el Anexo I del
dictamen por 133 votos a favor y 92 en contra.
La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley
Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(Página 7607)
El señor Agramunt Font de Mora, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se abre debate de totalidad.
En turno a favor, interviene el señor Merino Delgado. No se hace uso del
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Ríos Pérez y Román Clemente, por el Grupo Mixto; Zubia
Atxaerandio, por el del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Oliart Pons, por el Grupo Socialista, y Merino Delgado, por el
Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las trece horas y cincuenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
Comienza el debate del articulado.
El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número 3. El
señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 y
2, así como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo
modificado por las enmienda del Grupo Popular números 4, 8, 9, 11, 15,
16, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 46, 48, 49,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76,
77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98,
100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 113, 114 y 115. El señor
Zubia Atxaerandio defiende la enmienda del del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos que propugna la vuelta al texto del Congreso de los
Diputados en todo lo modificado durante la tramitación en el Senado. El
señor Oliart Pons defiende la vuelta al texto del Congreso de los
Diputados en lo modificado por las enmienda del Grupo Popular números 4,
8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 43,
46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 68, 69, 71, 73,
74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95,
96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 113, 114 y 115 y
por las enmiendas transaccionales fundamentadas en las enmiendas números
5, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 25, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 44,
45, 47, 50, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 78, 83, 84, 93, 99 y 103, del
Grupo Catalán
en el Senado de Convergència i Unió. Los señores Galván de Urzáiz y
Merino Delgado defienden la enmienda número 106, del Grupo Popular, al
tiempo que consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso
de la palabra los señores Ríos Pérez y Román Clemente, por el Grupo
Mixto; Zubia Atxaerandio, por el del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Oliart Pons, por el Grupo Socialista, y Merino
Delgado, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor,
207 en contra y 15 abstenciones.
Se rechaza el voto particular del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos
que propugna la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en todo lo
modificado durante la tramitación en el Senado por 93 votos a favor, 131
en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas del Grupo Socialista que propugna la vuelta al
texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmienda del
Grupo Popular números 4, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 29,
31, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 107,
108, 111, 112, 113, 114 y 115 y por las enmiendas transaccionales
fundamentadas en las enmiendas números 5, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22,
24, 25, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 72, 78, 83, 84, 93, 99 y 103, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió por 94 votos a favor, 130 en contra 2 abstenciones.
Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen firmadas por
todos los grupos parlamentarios por 134 votos a favor, 1 en contra 91
abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen, con las modificaciones introducidas,
por 129 votos a favor, 94 en contra 2 abstenciones.
La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley
Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal, en materia de lucha contra la corrupción de agentes
públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 7634)
El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se abre debate e totalidad.
No se producen turnos favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Zubia Atxaerandio, por el del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; Caballero Muñoz, por el Grupo
Socialista, y Prada Presa, por el Grupo Popular.
Se aprueba el texto del dictamen por asentimiento de la Cámara.
La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de Ley
Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(Página 7637)
El señor Agramunt Font de Mora, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se abre el debate de la propuesta de veto.
El señor Galán Pérez defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo
Socialista. El señor Uriarte Zulueta consume un turno en contra. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Zubia Atxearandio, por
el del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Capdevla i Bas, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Galán Pérez, por el
Grupo Socialista, y Uriarte Zulueta, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Socialista, por 83
votos a favor, 128 en contra y 1 abstención.
Comienza el debate del articulado.
El señor Galán Pérez defiende la enmienda número 2, del Grupo Socialista.
El señor Uriarte Zulueta consume un turno en contra. No se hace uso del
turno de portavoces.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Socialista, por 81 votos a
favor, 125 en contra 1 abstención.
Se aprueban el artículo único del dictamen y la exposición de motivos por
125 votos a favor, 82 en contra 1 abstención.
La señora presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.
De la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación con el
Proyecto de Ley reguladora de los contratos tipo de productos
agroalimentarios (Página 7643)
El señor Prim Tomás presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
El señor Castro Asensio consume un turno a favor. No se consumen turnos
en contra ni de portavoces.
Comienza el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas
números 1 a 3. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las enmiendas
números 4 a 8, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor
Sánchez Lucas defiende las enmiendas números 9 a 28, del Grupo
Socialista. El señor Galán Cazallas consume un turno en contra. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el
Grupo Mixto; Roig i Grau, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Sánchez Lucas, por el Grupo Socialista, y Galán
Cazallas, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1, 2 y 3, del Grupo Mixto, por 84 votos
a favor, 119 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 4 y 5, del del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 94 votos a favor, 112 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 6, 7 y 8, del del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 14 votos a favor, 113 en contra y 80
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 9 a 28, del Grupo Socialista, por 81
votos a favor, 113 en contra y 12 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen por 122 votos a favor, 1 en contra y 84
abstenciones.
La señora presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica
reguladora de la responsabilidad penal de los menores (Página 7649)
El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
La señora Vindel López consume un turno a favor. No se hace uso del turno
en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Zubia Atxaerandio, por el del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Iglesias Marcelo, por el Grupo Socialista, y la señora Vindel López, por
el Grupo Popular.
Comienza el debate de las enmiendas.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas
números 1, 3 a 6 y 8 a 14. Se da por retirada la enmienda número 17, del
del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Capdevila i Bas
defiende las enmiendas números 31 a 33 y 38 a 50, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió. El señor Iglesias Marcelo defiende las
enmiendas números 19 a 25 y 27 a 30, del Grupo Socialista. El señor
Cañellas Fons consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, y Cañellas Fons, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1 y 4, del Grupo Mixto, por 3 votos a
favor, 120 en contra 90 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 3, 9 y 10, del Grupo Mixto, por 85
votos a favor, 120 en contra 6 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 202 en contra u 7
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 31 a 33 y 38 a 50, del Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, por 7 votos a favor, 112 en contra 93
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 19 a 25 y 27 a 30, del Grupo
Socialista, por 86 votos a favor, 120 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba la propuesta de modificación relativa a la disposición final
sexta y a los artículos 4.3, párrafo primero, 40 y 25, suscrita por todos
los grupos parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueban los artículos 1, 5, 7.4, 17.1, 17.4, 22, 27, 28.2 y 61 del
dictamen por 124 votos a favor, 84 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueban los artículos 4 y 9 del dictamen por 209 votos a favor y 4 en
contra.
Se aprueba la disposición final tercera del dictamen por 124 votos a
favor y 88 abstenciones.
Se aprueba el resto del dictamen por 212 votos a favor de los 212
emitidos.
La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se suspende la sesión a las veintiuna horas y treinta minutos.
Se reanuda la sesión a las nueve horas y diez minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Bila): Buenos días, señorías. Se
reanuda la sesión.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2000 (S. 621/000166) (C. D.
121/000186) (Continuación).
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Continuamos con el debate de la
Sección 26, que corresponde a Sanidad y Consumo, con la incorporación del
Insalud.
Para la defensa de las enmiendas números 175 a 181, tiene la palabra el
Senador Blasco.
El señor BLASCO NOGUES: Gracias, señor Presidente.
Voy a darlas por defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Gracias, Senador Blasco.
Para la defensa del veto que corresponde a la enmienda 1138; a las
números 1140, 1141 y 1143 a 1186, tiene la palabra el Senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Voy a defender el veto que presenta Izquierda
Unida, así como las 46 enmiendas que presentamos, no de una en una, sino
globalmente. Asimismo, doy por defendidas las siete enmiendas presentadas
por el Senador Torres Cardona, ya que por motivos de trabajo se encuentra
en Formentera.
El veto a esta sección se basa en seis importantes motivos, que se
detallan en la justificación de la enmienda, y a los que voy a hacer
referencia a continuación.
En primer lugar, proponemos la devolución de la sección porque se
contempla un gasto en actividades de salud pública que es inferior al 1
por mil del presupuesto sanitario, dedicándose sólo 400 millones al
desarrollo de programas de salud de carácter preventivo y de promoción de
la salud para todo el Estado, lo que en nuestra opinión es incompatible
con un concepto de atención de salud de carácter progresista.
Porque el presupuesto dedicado a actividades de planificación sanitaria,
organización, control y gestión de las actividades del Departamento y de
los organismos autónomos adscritos al mismo es ridículo para las
actividades que se declaran, entre las que se encuentran el desarrollo de
la alta inspección, la potenciación de los programas de transplante de
órganos, la ordenación de las relaciones profesionales, la protección a
la mujer, etcétera, dedicándose además una parte importante del mismo a
actividades ajenas a este tema.
Porque en una actividad de la trascendencia social de la atención de
salud, en la que la prestación de calidad es muy importante, estando ésta
muy vinculada a una constante y adecuada formación, el sistema sanitario
dedica a la formación de sus profesionales la ridícula cantidad del 0,76
por ciento del presupuesto, que además disminuye en relación con el año
anterior, es decir, que es menor.
Porque no respeta los compromisos de destinar una fracción significativa
del gasto sanitario a ayudas a países en vías de desarrollo, dedicando a
la cooperación sanitaria internacional la también ridícula cantidad de
191 millones de pesetas.
Porque incrementa de forma insuficiente las nuevas inversiones en
atención primaria con respecto a 1999, lo que conlleva que avance muy
lentamente la construcción de la red de centros de salud, impidiendo
tenerla terminada en el territorio Insalud para el año 2001.
Y porque en el capítulo de investigación sanitaria gran parte del crédito
se destina a crear unas fundaciones sobre las cuales se aporta escasa
información al Parlamento.
Señorías, no quiero cansarles con argumentaciones. El veto está ahí. Por
tanto, paso a referirme a algunas de nuestras enmiendas, aunque hay que
decir que todas ellas proponen una considerable modificación del texto a
través de importantes aportaciones para la mejora de las redes de salud y
medidas distintas a las que se mencionan en la justificación del veto.
Por ejemplo, la enmienda número 1141 se refiere al empeoramiento de las
condiciones de salud en los países pobres, por lo que consideramos
necesaria una importante cooperación internacional en esta materia. Por
tanto, al ser la aportación de la sociedad española importantísima en
este terreno, proponemos 25.000 millones de pesetas para ese concepto.
La enmienda número 1145 propone impulsar la investigación clínica y
estimular la investigación entre los profesionales.
La número 1146 se justifica por la escasa dotación de la investigación en
materia de malformaciones congénitas, a pesar de los esfuerzos
profesionales que se realizan por parte de dichos profesionales, que
cuentan con muy pocos medios. El proyecto de presupuestos prevé 18
millones para atender esta necesidad, mientras que nosotros proponemos
que se dote con 500 millones de pesetas. En cualquier caso, lo importante
no son las cantidades, sino la voluntad de que se realice mejor.
Las enmiendas números 1148 y 1149, y otras más, se refieren a la
construcción de centros de salud, y en algunos casos a la mejora de los
ya existentes. En definitiva, se trata de una batería de enmiendas en
esta dirección. Así, la número 1151 propone una inversión de 2.500
millones de pesetas para la adquisición de 257 microbuses para servicios
sanitarios, debido a la dispersión rural existente en varias zonas del
país y al progresivo envejecimiento de la población en las mismas.
Otras enmiendas de las muchas que presentamos a esta sección se refieren
fundamentalmente a farmacia, por ejemplo, al ahorro de la actual factura
farmacéutica, al aumento de plantillas según las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud en función de la relación
enfermos-camas, a la construcción de nuevos hospitales, el de Toledo
entre otros como he dicho antes, etcétera.
Hemos presentado una enmienda, como consecuencia de una pregunta que
formulamos al Ministro del ramo, para modificar el proyecto del hospital
de Menorca. Me permitirán sus señorías que me detenga un poco más en ella
como Senador autonómico que soy por las Islas Baleares.
La contestación que me dio el Ministro en su momento fue positiva puesto
que llegó a decir que sí, que en Menorca se iba a construir un hospital,
pero esto es el paradigma de lo que muchas veces puede llegar a ser lo
irracional ante algo que se nos presenta. Me dijo que el hospital que se
iba a construir en Menorca tendría 132 camas, y que él consideraba que
con ello estaba ya cubierta la atención sanitaria en Menorca puesto que
se iba a construir también un centro de día en Ciudadela, en la otra
punta de la isla.
Pero también dijo el Ministro que se podía revisar el número de camas de
ese hospital --es decir, que en realidad la respuesta fue positiva-- para
aumentarlas si era preciso. Y es que es lógico; se trata de un hospital
de hace 40 años en el que no se ha tenido en cuenta nunca el aumento de
la población, y que en la Isla de Menorca se dedicaban por tradición a
dos actividades de carácter industrial, esencialmente bisutería y
calzado, pero en los últimos años ha habido un boom turístico
espectacular que ha provocado el aumento de la población, a la que, por
supuesto, hay que atender. Por eso precisamente solicitamos un aumento en
la inversión para ampliación de las camas hospitalarias, porque lo cierto
es que el hospital se va a construir. Sólo hace falta aumentar su
capacidad.
En definitiva, en enmiendas como éstas, de este calado, de este
significado, a las que se unen las argumentaciones que he planteado en la
defensa del veto, se compendian las 46 que en total hemos presentado a
esta sección, del mismo modo que también puede incluirse la defensa de
las enmiendas particulares del señor Torres Cardona.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Cámara.
Las enmiendas del Senador Torres Cardona se han dado por defendidas.
Pasamos al veto correspondiente a la enmienda número 694, al veto
presentado a la Sección 60, Insalud, enmienda número 717, y a las
enmiendas números 695 a 697 y 719 a 768.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Zamorano, por el Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a defender conjuntamente los dos vetos del Grupo Parlamentario
Socialista, así como las distintas enmiendas que hemos presentado a la
Sección 26 y a la Sección 60, Insalud.
Como sin duda recordarán sus señorías, hace unos quince días asistíamos
en este mismo Pleno a una interpelación formulada al Ministro de Sanidad
para conocer y valorar la política sanitaria que su Departamento había
llevado a cabo en la presente legislatura. Le dije al Ministro en aquella
ocasión que la gestión sanitaria que se había realizado durante estos
cuatro años se había caracterizado por un absoluto oscurantismo por las
decisiones que adoptaba y por la gestión que estaba llevando a cabo,
gestión con más políticas de márketing y de travestismo que de
actuaciones reales, y con un intento de crear una sanidad dual socavando
nuestro Sistema Nacional de Salud y potenciando lo que era y lo que es la
iniciativa privada, y, además, con un rotundo fracaso en iniciativas
tales como las fundaciones sanitarias, el control del gasto farmacéutico
o su nuevo modelo de financiación de la sanidad pública.
Pues bien, todo eso, lo que habían sido las pautas de comportamiento del
Ministerio a lo largo de toda esta legislatura, son las bases
fundamentales que tenemos para interponer el veto a estos Presupuestos
Generales del Estado, porque el proyecto que nos presenta el Gobierno
ahonda, incide y avanza en esas mismas líneas de actuación que se han
venido manteniendo durante estos años.
Con la presentación del veto a la Sección 26 preguntamos al Gobierno y a
sus señorías si están de acuerdo con las declaraciones del señor Aznar
relativas a que desaparezca en un futuro el Ministerio de Sanidad.
Nosotros creemos que no.
Por ello, tenemos que reaccionar enérgicamente ante el contenido de estos
presupuestos, carentes de una de política de salud, carentes de políticas
de prevención que, en definitiva, persiguen el objetivo de la
desaparición paulatina de un Ministerio de Sanidad como el que ahora
tenemos. Además, es un presupuesto en donde es difícil conocer cuáles son
los objetivos en política sanitaria concreta. Cuando analizamos la
memoria presentada se sigue la tónica
habitual de otros años de señalar unos objetivos que luego no se cumplen,
incluso en la valoración de estos objetivos en relación a las
liquidaciones que se presentan, se nos dice que han sido modificados con
respecto a los que originariamente se presentaron.
En definitiva, es difícil calcular y valorar cuál ha sido el grado de
cumplimiento de estos objetivos sanitarios que vienen establecidos, tanto
en atención primaria como en atención especializada.
Se confunde la atención primaria con lo que es el gasto de farmacia. Nos
llama ahora la atención, pasados cuatro años de las primeras
declaraciones del Ministro, la actuación que ha tenido con la atención
primaria. Nos viene a recordar aquella frase del señor Fernández-Miranda
cuando manifestaba que los centros de salud servían para dar educación
sexual a los jóvenes, organizar viajes Ceres para la tercera edad
etcétera, servían para cualquier cosa menos para la atención sanitaria.
Cuando el Ministro tomó posesión de su cargo se colocó en un plano
diametralmente opuesto a estas declaraciones del señor Fernández-Miranda.
Incluso parecía un ferviente defensor de este modelo de atención
primaria, pero transcurrido este tiempo observamos que no ha habido
actuaciones concretas para desarrollar estos centros de salud. Las
inversiones brillan por su ausencia, se han pintado muchos centros de
salud pero se han construido pocos --digo se han pintado sobre todo
presupuestariamente--, y ahora que se aprecia un fuerte incremento en las
consignaciones para atención primaria, observamos que van dirigidas
fundamentalmente hacia el gasto farmacéutico que, como veremos, es
consecuencia del fracaso que ha tenido este Gobierno en su política de
control del gasto farmacéutico.
Desde el punto de vista de la atención especializada, poco más hay que
decir. Durante años hemos venido denunciando las escasas consignaciones
para los planes de montaje, mantenimiento, etcétera, porque por desgracia
el nivel de obsolescencia de nuestras instalaciones va siendo cada vez
mayor.
Nos sorprenden con unas fundaciones públicas sanitarias que, como
recordarán, fueron introducidas deprisa y corriendo el año pasado en la
ley de acompañamiento por ser urgente su desarrollo al día de la fecha.
Como bien manifestamos al Ministro en aquellas sesiones, han nacido
muertas, no se han desarrollado. Ahora se pretende consignar una serie de
créditos sin saber exactamente cuál va a ser el grado de control, el
destino y el funcionamiento de las mismas.
Además, los pocos indicios que se tienen en cuanto a la actuación del
Gobierno con las fundaciones sanitarias son más que alarmantes. Hace
poco, en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas, el Grupo Parlamentario Popular se negaba a que el
Tribunal de Cuentas examinara la Fundación de Alcorcón. Pero lo que es
mucho más grave, lo que pone de manifiesto qué intenciones de gestión
tiene el Gobierno con estas fundaciones, fue el informe que el propio
Tribunal de Cuentas ha emitido sobre las fundaciones sanitarias que el
Ministro creó en Galicia y que quieren servir de modelo para su
implantación dentro de todo el denominado territorio Insalud.
Como digo, conforme aparecen en los presupuestos, no hay ningún tipo de
información ni ningún tipo de detalle para algo que entendemos puede ser
un principio de privatización de nuestras instituciones sanitarias, a la
que nos hemos negado rotundamente. Seguimos anunciando al Ministerio,
como hicimos hace un año, que nacen muertas, y se van a encontrar con el
absoluto rechazo por parte de todos los profesionales, y por supuesto del
Grupo Parlamentario Socialista, a la hora de llevar a cabo su
implantación.
Si en algo se puede caracterizar la actuación de este Gobierno, y que se
profundiza en estos presupuestos, es en sus tres grandes fracasos: el
primero de ellos la política de control del gasto farmacéutico. El
resultado final, después de tantas declaraciones, después de tantas
iniciativas, es el siguiente: los españoles hoy día tienen menores
prestaciones farmacéuticas que tenían cuando entró el Partido Popular en
el Gobierno, primero. El Sistema Nacional de Salud gasta mucho más, casi
un 14 por ciento de incremento acumulativo anual más que cuando entró el
Partido Popular en el Gobierno, segundo y tercero, se ha generado un
déficit en dos años de aplicación del nuevo modelo que va a superar los
250.000 millones de pesetas.
¿Cuáles son las causas fundamentales de ese descontrol en el gasto
farmacéutico? Si analizamos las actuaciones que ha tomado el Gobierno,
veremos muchas palabras y muchas declaraciones, pero a la hora de tomar
medidas concretas éstas han ido en un sentido diametralmente opuesto a
las que preconizaban.
Cuando hace tres años, también por la ley de acompañamiento, se
introdujeron una serie de medidas para la implantación de un mercado de
genéricos en España, nosotros, estando de acuerdo con el concepto,
preguntamos que a qué venía esa prisa por meterlas en la ley de
acompañamiento cuando se podían tramitar a través de unas modificaciones
a la Ley del Medicamento. Se nos dijo entonces que era fundamental para
el control del gasto farmacéutico. Tres años después el mercado de
genéricos en España es ridículo. No ha tenido ningún tipo de crecimiento,
o un crecimiento muy bajo. Además, la regulación sobre los precios de
genéricos beneficiaba a los productos que todavía tenían la patente en
vigor porque significaba una reducción sólo del 25 por ciento. Pero todo
esto dentro de un convenio que firma un Ministro con Farmaindustria, con
la patronal de la industria farmacéutica, en el cual los posibles ahorros
que pudiéramos tener quedarían deducidos de unas aportaciones que
establecía con Farmaindustria, ahorros tanto de esto como de un decreto
de precios de referencia que tenía que tener un año en vigor, que a pesar
de ser insuficiente para poder controlar el crecimiento del gasto, es un
decreto incorrecto, ni siquiera se han atrevido en ponerlo en vigor ante
las presiones de la propia industria farmacéutica.
En este contexto se establece un convenio con la misma en el cual se
rompen los esquemas normales de funcionamiento en un sistema como el
nuestro y se establecen sistemas de relaciones con la patronal
farmacéutica de pago por protección, es decir usted adelante una cantidad
de dinero
para que yo pueda controlar este gasto farmacéutico, y yo no toco sus
privilegios, es más, las grandes actuaciones que pueden ponerse en marcha
para controlar este crecimiento van a quedar en vía muerta o lo
suficientemente adulteradas para que no supongan una pérdida en sus
beneficios. Esto es lo que sucede con los genéricos y con los precios de
referencia. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)
Pero no acaba aquí la actitud de este Ministro y de este Gobierno, porque
en estos aspectos siguen las pautas de comportamiento de otro
departamento, que regaló a las eléctricas stock options. Parece que este
Gobierno todos los años tiene que regalar algo por Navidad, y el Ministro
de Sanidad no se podía quedar atrás y también tenía que hacerlo. Por ello
en la ley de acompañamiento de este año han introducido un conjunto de
enmiendas a través de las cuales va a subir de una manera alarmante el
precio de las medicinas en España, lo que va a significar un fuerte
incremento de beneficio para los laboratorios farmacéuticos, todo ello en
contra incluso de la propia inflación --veremos qué dice Economía cuando
conozca el alcance de la enmienda que se ha introducido--, en contra de
los bolsillos de los ciudadanos, que van a ver incrementados en más de un
120 por ciento los productos farmacéuticos que queden excluidos y todo en
beneficio de la antigua patronal del Ministerio, de los laboratorios
farmacéuticos. Es el regalito de Navidad que hace el Ministro de Sanidad
a sus antiguos patronos y que vamos a pagar todos los españoles, bien
directamente en financiación excluida, bien a través del Sistema Nacional
de Salud.
Fracaso total en el crecimiento del gasto farmacéutico, y con
independencia de las líneas seguidas --el Ministro dijo en su última
comparecencia que había llegado a un ahorro de 250.000 millones--,
convendría que explicara las cifras, porque lo que sí es cierto es que se
dijo que iba a haber un ahorro de 60.000 millones anuales y que se iban a
detraer de los presupuestos de farmacia para destinarlos a atención
primaria. Ese ahorro, que fue detraído en un principio en el modelo de
financiación, no se produjo, como tampoco se ha producido este año, según
las cifras del propio Consejo Interterritorial de Salud. Mas bien al
contrario, hemos tenido un crecimiento en torno a un 11 y medio por
ciento el año pasado y a un 11 por ciento este año.
En definitiva, los desfases presupuestarios sobre las cantidades
establecidas superan en dos años los 250.000 millones de pesetas. Pero el
Ministro le da la vuelta a la chaqueta --como si fuese un traje
reversible dice: ahora lo pongo por detrás--, y lo que ha sido un desfase
presupuestario de 250.000 millones, dice que es un ahorro de 250.000
millones, y se queda tan pancho. Sin embargo, la cifra del gasto,
facilitada por el Consejo Interterritorial de Salud, por los propios
laboratorios farmacéuticos están ahí, y las consignaciones
presupuestarias están en el propio debate de presupuestos de los años
anteriores.
Crecimiento del gasto, pues, que ha significado un gran fracaso pero
también una peligrosa situación para nuestro Sistema Nacional de Salud.
Cuando el Ministro presentó su nuevo modelo de financiación de la sanidad
pública, nosotros ya le criticábamos que era un modelo insuficiente, que
era incorrecto porque ligaba fondos de financiación condicionada a
posibles ahorros y que era injusto y discriminatorio. Le decíamos que
ligar posibles actuaciones a ahorros que pudieran o no producirse era
como el cuento de la lechera. Viene el Ministro y dice: con lo que me
ahorre en el gasto farmacéutico, voy a financiar más prótesis, voy a
hacer más centros de salud, voy a crear más hospitales, voy a hacer más
tipos de política de salud de éste o de otro tipo, etcétera. Todo eso era
un cuento de la lechera, porque si ese ahorro no se producía, al final
nos íbamos a encontrar con un déficit muy superior que tendría que
traducirse en una merma de las prestaciones sanitarias que iban a
realizarse. Y esto ha sido así. Se dio un anticipo del ahorro del gasto
en farmacia, y no solamente no se ahorra sino que se gasta el doble. Esto
tuvo que significar un recorte en las prestaciones que para poder
obviarlas lo cogieron a través de las aportaciones del ahorro que se
había producido en las prestaciones por incapacidades temporales, con lo
cual tampoco había habido un destino de estos ahorros de incapacidades
temporales en lo que el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
en su momento indicó que debería de realizarse. En definitiva, el cuento
de la lechera lleva a la rotura del cántaro y a una merma en el punto de
inversiones y de actuaciones en política sanitaria por el desfase que se
ha producido en esta financiación condicionada al ahorro farmacéutico.
Decíamos también que era insuficiente y efectivamente en el conjunto de
lo que eran las aportaciones que se tenían por el anterior modelo, y
quitando esta financiación condicionada, no había nada más que 50.000
millones de pesetas adicionales, cantidad altamente insuficiente para las
necesidades de nuestro Sistema Nacional de Salud, como se pone de
manifiesto a escasos dos años de la implantación de ese modelo.
Pero ahora nos encontramos con un problema más grave que se contempla en
estos presupuestos, y es que vamos a repetir el mismo error que en su día
se cometió con el gasto farmacéutico. Le decíamos entonces: anticipar el
dinero sin saber si se va a producir o no el ahorro y gastarlo, puede
desembocar a que, si luego no se produce ese ahorro, el déficit será
mayor.
Hasta ahora las cantidades por las incapacidades temporales se percibían
al finalizar el año, con lo cual no se anticipaba ese dinero. Ya en el
presupuesto para el ejercicio que viene se contempla que a primeros de
año se va a anticipar el dinero del previsible ahorro de incapacidad
temporal que se produzca en todo el año, que va a ser gastado --como dice
el señor Núñez Feijó-- en pagar la deuda farmacéutica. Si a final de año
no se ha producido ese ahorro previsto, nos volveremos a encontrar con un
déficit igual a las cantidades anticipadas, es decir, los 250.000
millones que arrastramos en dos años de aplicación del modelo se verán
incrementados en el déficit que arrastre el incremento del gasto
farmacéutico, más el posible desfase en los ahorros anticipados por
incapacidades temporales. Creemos que esto ya es una situación
suficientemente grave como para cuestionar el futuro presupuesto,
suficientemente grave como para exigir una revisión del
modelo de financiación de la Sanidad Pública que, por otro lado, ya
tendría que haberse hecho, ya tendría que haberse valorado, porque al año
de aplicación tendría que haberse realizado una valoración del mismo. Ese
tiempo ha pasado, y no ha habido una valoración o, al menos, la
valoración que se haya producido no ha significado unas modificaciones en
las cantidades que tienen que ser aportadas para su transferencia.
Le decíamos que era injusto y discriminatorio en cuanto a que había
Comunidades Autónomas que tenían una financiación muy superior a otras.
Esto nos fue negado. Pero hoy día en las propias memorias que nos
presentan de los presupuestos podemos contemplar cómo algunas Comunidades
Autónomas en el período de aplicación del nuevo modelo han tenido un
crecimiento de un 17 por ciento, mientras que otras no han llegado ni al
14, como es el caso del Insalud en la sanidad no transferida. Este
desfase se ha implantado a lo largo de la aplicación de este modelo, se
puede contemplar hoy día en la propia memoria que nos han presentado para
los presupuestos y exige una rectificación. Un modelo insuficiente que al
final ha tenido también una consecuencia importante en nuestro Estado de
las Autonomías, y es que no se ha podido proceder a la transferencia a
ninguna Comunidad Autónoma del sistema de salud a lo largo de toda la
legislatura en que ha gobernado el Partido Popular, y sencillamente
porque no existían los créditos suficientes, dentro de este modelo, para
realizarlas y porque la discriminación que contemplaba hacía que las
propias Comunidades Autónomas no estuviesen interesadas en la recepción
de la Sanidad, que se ha visto paralizada durante toda esta legislatura.
Si hay un conjunto de actuaciones que continúan desarrollándose,
fundamentalmente en el nuevo proyecto de presupuestos, como es todo aquel
conjunto de iniciativas que tratan de crear, de fomentar la iniciativa
privada en el sistema sanitario. Sin duda, una de las características que
nos encontramos cuando el Partido Popular accedió al Gobierno fue que tal
vez no existiese aquí un mercado privado lo suficientemente desarrollado,
no existiese un capital privado en la sanidad lo suficientemente
importante como para poder llevar hacia adelante las tesis del señor
Fernández-Miranda. Por eso tal vez el señor Aznar tuvo que plantearse una
política puente en estos cuatro años para que, a la vez que se socavaba
en parte nuestro Sistema Nacional de Salud, se iban creando las
condiciones por las cuales se podía desarrollar un sector privado en la
sanidad y se iba capitalizando ese sector privado para entrar
posteriormente con las tesis del señor Fernández-Miranda, y esto sí lo
vemos en los presupuestos. Las partidas que más han crecido durante toda
esta legislatura y que porcentualmente más crecen para los presupuestos
del año que viene son las que significan trasvase de dinero hacia la
sanidad privada, hacia los centros concertados privados, hacia todo
aquello que es provisión privada de servicios, tónica que ha tenido todos
estos años y tónica, como digo, que se agudiza en los presupuestos que
nos presentan para el próximo ejercicio.
En definitiva, éstas son las razones fundamentales del veto que presenta
el Grupo Parlamentario Socialista, tanto al Ministerio como al Insalud.
Al Ministerio, porque no queremos que desaparezca el Ministerio de
Sanidad, porque creemos que es necesaria la realización de políticas de
prevención de la salud; al Insalud, porque creemos que nuestro Sistema
Nacional de Salud tiene que seguir funcionando con el nivel de cohesión
social que ha tenido: universal, gratuito, con equidad de acceso, y no un
sistema, como le dije al señor Ministro en la interpelación anterior,
estratificado en el que volvamos a una sanidad de beneficencia para los
menos favorecidos; una sanidad asegurada para unas clases medias que
puedan mantener un nivel de seguro, y una sanidad privada para ricos.
Queremos seguir manteniendo nuestro Sistema Nacional de Salud y queremos
seguir avanzando en cuanto al nivel de prestaciones a realizar, y no con
el balance que tenemos, después de cuatro años de gestión del Partido
Popular, donde los españoles tienen menor nivel de prestación sanitaria
que cuando el Partido Popular accedió al Gobierno, los laboratorios --la
antigua patronal del señor Romay-- tienen mayores beneficios, y nuestro
sistema se está viendo en un serio peligro de financiación por un modelo
que, como digo, era injusto, insolidario e insuficiente y que, en
definitiva, está socavando las bases del Sistema Nacional de Salud.
Por ello entendemos que debe ser rechazado el presupuesto, tanto del
Ministerio como del Insalud.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Zamorano.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Bellido, por el Grupo
Parlamentario Popular.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a posicionarme en relación a los distintos vetos
presentados por los grupos parlamentarios Mixto y Socialista, así como
respecto a las enmiendas, tanto a la Sección 26 como a la 60, en su
apartado Insalud.
Ante todo, y en primer lugar, quiero agradecer a los diferentes grupos
políticos el esfuerzo realizado a la hora de elaborar todas estas
enmiendas, que coincide la inmensa mayoría de ellas con la propia
preocupación del Gobierno, del Ministerio de Sanidad y del Insalud, hasta
el punto de que muchas de estas enmiendas están recogidas ya,
posiblemente con distinta dotación económica, en los propios Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000.
En primer lugar, voy a manifestar mi posición respecto al veto de
Izquierda Unida, y a intentar dar una respuesta resumida a los seis
puntos que aquí ha expuesto el Senador Cámara.
Respecto al bajo gasto que según el Grupo de Izquierda Unida se prevé en
actividades de salud pública, he de decirle que ésta, durante la década
de los años ochenta, fue transferida y, por tanto, es competencia de las
distintas Comunidades Autónomas en su ámbito de actuación. En cualquier
caso, el Ministerio de Sanidad y Consumo prevé, en su proyecto de
presupuestos, una serie de créditos destinados a actividades de
prevención y protección de la salud en las cuantías necesarias, según la
política diseñada al efecto.
En cuanto al presupuesto dedicado a actividades de planificación
sanitaria, éstas no sólo se ejercen a través del programa 412, de
planificación sanitaria, al que hace referencia la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, sino también a través de otros programas
presupuestarios que dan un mayor contenido económico a esta actividad de
planificación.
Por lo que se refiere a la formación del personal sanitario, lo que
aparece en el presupuesto del Ministerio de Sanidad se refiere única y
exclusivamente al aparato administrativo del Departamento y no a la
formación de personal sanitario, que entra dentro del capítulo del
Insalud y del que cada Comunidad Autónoma debe destinar a esta formación
del personal sanitario.
Respecto a las ayudas a los países en vías de desarrollo, se podría haber
incrementado aún más esta partida presupuestaria, pero ya para el año
2000 el Ministerio recoge un incremento en sus dotaciones del 10,4 por
ciento, muy por encima de lo que se incrementan otros muchos capítulos
del propio presupuesto.
En el apartado quinto hacen referencia a la insuficiencia de las
inversiones en atención primaria. Señorías, pensamos que la inversión
presupuestaria en ese capítulo es suficiente. En el presupuesto del año
1999, las inversiones experimentaron un 59 por ciento con respecto al
ejercicio anterior, y que, en el presupuesto para el año 2000, además de
consolidarse este importante incremento, se ha previsto un crecimiento en
dicha transferencia del 6,6 por ciento. Ello supone la construcción de 87
centros de salud nuevos, así como la reforma de otros 20 centros en el
territorio Insalud-Gestión Directa, que es al que hace referencia este
presupuesto.
En cuanto al punto sexto, relativo a la investigación sanitaria, el
presupuesto recoge un incremento con respecto al año 1999 del 15,7 por
ciento, con una variación absoluta de 2.438 millones de pesetas.
En lo que respecta a los vetos planteados por el Grupo Parlamentario
Socialista, tanto a la Sección 26 como al Insalud, evidentemente, Senador
Zamorano, no voy a entrar en el debate sobre el estado de la sanidad
pública, que es el que, en cierto modo, usted ha planteado aquí. Como
bien ha dicho, recientemente tuvo oportunidad de debatir esa cuestión con
alguien que, como es lógico, tiene una mayor responsabilidad en la
gestión que yo, como es el Ministro de Sanidad, y creo que le dio
respuesta suficiente a todas sus argumentaciones. Sí voy a contestarle a
lo que representan las enmiendas presentadas por su Grupo. Le voy a
contestar a los dos vetos de forma global.
El proyecto de presupuesto del Ministerio de Sanidad y Consumo para el
año 2000, comprendidas las transferencias internas o entre subsectores a
favor del Insalud y de los organismos adscritos al Departamento, como el
Instituto Nacional de Consumo, la Agencia Española del Medicamento o el
Instituto de Salud Carlos III, se ha fijado en 4 billones 271.000
millones de pesetas, con una variación del 6,5 por ciento respecto al
ejercicio de 1999. De este importe, señoría, 4 billones 239.000 millones,
lo que supone un incremento de más de 256.000 millones de pesetas, se
transfieren al Insalud para dar cumplimiento al nuevo modelo de
financiación establecido para el período 1998-2001, estimando en el 5,8
por ciento el crecimiento del PIB para el año 2000.
Se trata de un presupuesto que consideramos suficiente, y hay Comunidades
Autónomas --es algo que tenemos que recordar en cada uno de estos
debates-- como la andaluza, firmante de ese acuerdo de financiación
sanitaria, que coinciden con esta apreciación.
En el ámbito del Insalud estatal, tanto Gestión Directa como Transferida,
además de contabilizar el crecimiento del PIB nominal, sabe su señoría
que se añaden con carácter de recursos adicionales 25.000 millones de
pesetas para la mejora de las listas de espera y la calidad, lo que
supone en total un incremento con respecto al año anterior de más de
306.000 millones de pesetas, es decir, un 7,6 por ciento de incremento.
Por tanto, entendemos que unidos todos los capítulos del Ministerio de
sanidad, unidos todos los capítulos del propio Insalud, queda totalmente
garantizada la cobertura sanitaria pública. Además, este presupuesto va a
permitir, como lo ha venido haciendo a lo largo de los tres o cuatro
años, la consolidación del Sistema Nacional de Salud.
Los distintos grupos parlamentarios han presentado muchas enmiendas a la
Sección 60, que hace referencia al Insalud, fundamentalmente demandando
inversiones en materia de atención primaria y especializada. Voy a hacer
referencia exclusivamente a alguna de estas enmiendas --no lo podré hacer
a todas--, y pretendo dar contestación a todos los grupos parlamentarios.
Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas por el PAR, me voy a
referir a una de ellas por la que solicitan una dotación de 3.200
millones de pesetas para eliminar las deudas acumuladas antes de asumir
las competidas transferidas. Señorías, no existe nueva deuda acumulada
que afecte a los centros de salud de Aragón, además de que en la enmienda
--hay que decirlo también-- no se concreta ninguna aplicación
presupuestaria ni programa definido para el que se propone el alta.
En cuanto a la construcción del hospital comarcal de las Cinco Villas de
Egea de los Caballeros, ya hemos dicho en anteriores debates
presupuestarios, empleando criterios de ordenación de los recursos
sanitarios, que desde el Ministerio y desde nuestro propio Grupo no está
indicada la construcción de este hospital en esta localidad, cuya
asistencia sanitaria está totalmente garantizada por el Hospital Clínico
de Zaragoza.
En sus enmiendas hacen distintas referencias al Hospital Royo Villanova.
He de decirle que con fecha 20 de noviembre de 1996, como bien conoce, se
firmó un protocolo entre la Diputación General de Aragón y el Insalud
para la remodelación y adaptación de este hospital, que finaliza en el
ejercicio de 1999, estando por tanto el hospital a dicha fecha en pleno
rendimiento.
Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas por Izquierda Unida, me
referiré también brevemente a algunas de ellas. Senador Cámara, es cierto
que el Ministro de Sanidad se comprometió a la construcción del hospital
de Menorca. Creo que queda recogido en estos presupuestos esa
construcción con una dotación de 500 millones de pesetas
sobre un total previsto de 2.525 millones y con una inversión total en
atención especializada en Baleares de 4.023 millones de pesetas.
Ciertamente, todos podríamos entrar en el debate referente a que la
cantidad sea o no suficiente, según cada Grupo, cada fuerza política,
cada Comunidad e, incluso, cada isla, pero, en esa distribución que todo
Ministerio hace --en este caso, el Ministerio de Sanidad-- atendiendo a
las necesidades, entendemos que ésta es una cantidad suficiente para
abordar ésa primera fase del proyecto de este hospital.
Se pide también la construcción de un nuevo hospital en Toledo. A este
respecto hay que decir que, del total de dotaciones para dicha provincia
en inversiones, 778 millones de pesetas van destinados a la fase primera
de la remodelación del Hospital Virgen de la Salud.
Respecto a otras inversiones referidas a la construcción de un hospital
en Cieza, debo decirle que, con fecha 17 de marzo de 1998, se suscribió
un concierto complementario por el que este hospital presta asistencia
sanitaria a los beneficiarios de la Seguridad Social, estipulándose un
régimen financiero de facturación por actividad realizada. No procede la
dotación económica que sus señorías solicitan en lo que hace referencia a
gastos de personal y mantenimiento dado que este hospital no es un centro
de gestión del Insalud, sino un hospital de la Comunidad Autónoma.
Existen otras enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, a algunas de las
cuales voy a referirme a continuación.
Por ejemplo, en referencia a la relativa a una dotación de 500 millones
de pesetas para asegurar la asistencia en centros de atención primaria en
atención ginecológica, debo decirle que desde el año 1997 el Insalud
viene desarrollando un plan integral de atención a la mujer en el que ya
se encuentran cubiertas actividades preventivas, actividades de
información y de prestación de métodos anticonceptivos, así como
asistencia a las enfermedades de transmisión sexual, garantizando la
adecuada coordinación y continuidad de la asistencia en los centros de
atención primaria.
Ha hecho su señoría referencia a la adquisición de 250 microbuses.
Entendemos que queda total y absolutamente garantizada con los medios
existentes, bien públicos, bien a través de conciertos, la prestación de
este servicio de transporte. Asimismo --bien lo sabe su señoría--, los
microbuses son medios ordinarios de transporte y su uso no se entiende
comprendido en el ámbito del Real Decreto 619/1998, de 17 de abril, por
el que se establecen las características técnicas, el equipamiento
sanitario y la dotación de personal de vehículos de transporte sanitario
por carretera.
Con ello --y lamento no poder dar respuesta a todas las enmiendas--
concluyo esta respuesta al Grupo de Izquierda.
En referencia a las diferentes enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, quisiera referirme muy concretamente a una de ellas, ya que
precisamente hoy en la capital de Burgos hay una manifestación en demanda
de la construcción de un nuevo hospital en dicha ciudad. Se solicitan 750
millones de pesetas para la construcción de un nuevo hospital, pero debo
decirle que en el anexo de inversiones para el año 2000 se contempla la
primera fase del proyecto de reforma del Hospital General de Burgos, un
proyecto que se impulsó ya desde la anterior Administración del Gobierno
socialista y para cuya primera fase se habían previsto 3.599 millones de
pesetas, a ejecutar durante el ejercicio de 1999, con 300 millones de
pesetas; en el ejercicio del 2000, con 750 millones de pesetas; en el año
2001, con 1.250 millones de pesetas, y en el 2002, con 1.250 millones de
pesetas. Es un proyecto que en la actualidad ya se encuentra en ejecución
y cuya inversión total va a alcanzar los 6.150 millones de pesetas, por
lo que consideramos que la ciudad de Burgos, la provincia de Burgos
incluso, va a contar con un centro moderno y capaz de hacer frente a toda
la demanda.
En cualquier caso, he de decir que existe un compromiso firmado entre la
Junta de Castilla y León y el Ministerio de Sanidad y Consumo para
analizar la situación hospitalaria de Burgos, y esperamos que este
análisis ofrezca las oportunas conclusiones a efectos de determinar las
necesidades hospitalarias de la provincia. (El señor Vicepresidente,
Cardona i Vila, ocupa la Presidencia.)
Dicho esto, termino, señorías. Dentro de las limitaciones que cualquier
gestión económica impone y en base a la situación económica a la que ha
tenido que hacer frente el Gobierno del Partido Popular en los últimos
cuatro años, creo que el presupuesto sanitario es adecuado y aplaudido
por las distintas Comunidades Autónomas que tienen transferido el
Insalud; pero, además, pretende beneficiar a aquellos que van a ser sus
máximos receptores: los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Bellido.
Me gustaría poder intervenir en este debate referido a la Sanidad, pero
pienso que no es momento de explayarse.
Pasamos al turno de portavoces.
Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador
Estaún.
El señor ESTAUN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Comparto este turno con mi compañero de Grupo, el Senador Cámara.
Intervengo para precisarle al señor Bellido que, efectivamente, el
Hospital Royo Villanova se encuentra en funcionamiento, pero lo que
nosotros requerimos en nuestras enmiendas es un mayor equipamiento, sobre
todo en el servicio de urgencias, que en este momento no está en
funcionamiento, para que este hospital de referencia para toda la margen
izquierda de la ciudad de Zaragoza pueda funcionar a pleno rendimiento.
No voy a discutir con usted sobre si los vecinos de Ejea tienen o no
cubiertas sus necesidades sanitarias con el Hospital Clínico de Zaragoza;
desde luego, ellos no tienen esa impresión y demandan ese hospital
comarcal que nosotros solicitamos en nuestra enmienda.
La siguiente de nuestras enmiendas se formula para hacer frente a las
deudas del Hospital de Jaca, demandado en su día para cubrir esta
importante área turística con un hospital; ante la desidia del Insalud
para acometer esta demanda, el Municipio de Jaca asumió una competencia
que no era suya, como es la Sanidad, y ahora los vecinos de Jaca están
soportando una pesada carga en sus arcas municipales para mantener en
funcionamiento ese hospital. Pensamos que el Insalud debería hacerse
cargo de una competencia que le es propia, porque los vecinos no tienen
por qué pagar dos veces por el servicio sanitario; igual sucedía, y en su
día lo expliqué, con los cuarteles de la Guardia Civil.
Por último, había una enmienda muy modesta de 25 millones de pesetas para
la creación de una unidad de dolor y la implantación de la anestesia
epidural en los partos del Hospital de San Jorge, en Huesca, donde,
desafortunadamente, todavía se sigue pariendo con dolor. Pensamos que a
estas alturas del siglo no es razonable que las mujeres que deseen
acogerse a este tipo de anestesia no puedan hacerlo; es más, su
suministro debería estar asegurado por el Sistema Público de Salud.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VlCEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Estaún.
Continuando con el turno de portavoces del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el Senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para responder a alguna cuestión. Uno de los temas
que usted ha refutado de la exposición de motivos que hemos propuesto al
veto ha sido el de las inversiones a atención primaria. Ahí, venimos a
decir que el compromiso del Gobierno es que en el año 2001 esté terminado
al cien por cien la cobertura de esa red, y, como creemos que la
inversión este año es insuficiente en relación a la del año anterior,
pensamos que no se va a cumplir ese objetivo tan deseable. Esa es la
impresión que tenemos y, por tanto, hacemos esta exposición porque me
parece que no se ha respondido exactamente sobre la base de ese
compromiso, para ver si en el año 2001 tenemos cubierta toda la red de
atención primaria en el conjunto del territorio.
No se puede hablar de porcentajes en cifras significativas porque el 100
por ciento de cero es cero y, por tanto, hablar de que suben ciertas
partidas un 10 o un 15 por ciento no dice prácticamente nada. Es
significativo que en cooperación internacional la inversión o el gasto
vaya a ser de 191 millones de pesetas --si no me equivoco-- y, sin
embargo, para enjuagar el déficit del Hospital Clínico de Barcelona se
presupuesten 1.500 millones de pesetas. Por tanto, la cooperación
internacional, que es muy importante, se dota con 191 millones de pesetas
y me parece que no se puede hablar de que, aún así, la inversión haya
crecido el 10 o el 15 por ciento porque me parece que no tiene sentido.
Efectivamente nosotros hemos pedido mucho en nuestras enmiendas. Usted
sólo ha mencionado una --comprendo que todos queremos hacer breve ya este
debate por el cansancio-- pero, aun reconociendo las importantes
inversiones que ha habido, por ejemplo, en las Islas Baleares --como
decía el Ministro-- todavía no hay sensibilidad suficiente para
comprender lo que significa vivir en una isla: territorio discontinuo
--perdone la broma-- rodeado de agua por todas partes. Es muy importante
que se dote al hospital de Menorca de una mayor inversión para cubrir a
la población, como mínimo, sobre la base de las 2,5 camas por cada 1.000
habitantes, y el Hospital de Mahón, de nueva construcción, tiene 132
camas y no cumple esa «ratio». Simplemente, es una pequeña aportación
más. Solicitamos que se cumpla ese objetivo y se aumenten las camas, por
ejemplo, hasta 175 ó 180 --aunque no se llegue a las 200-- y se cubra el
déficit que estamos señalando que tiene la isla de Menorca. Les voy a
poner como ejemplo el hospital de Toledo; ya sabemos que se está
invirtiendo en la remodelación del hospital de Toledo capital, pero es
insuficiente y, además, está en una zona de difícil acceso. Por eso, se
plantea que se haga un nuevo hospital fuera de la ciudad, en lugar de
remodelar el existente. En Madrid, en el distrito Carabanchel-Latina, de
500.000 habitantes --si no me equivoco--, resulta que hace falta un
hospital porque Madrid está colapsado y, a lo mejor, es conveniente
completar la red hospitalaria en zonas específicas.
En definitiva, son una serie de enmiendas y de aportaciones que aunque se
pueden rechazar --lógicamente, agradezco el tono con el que se me ha
respondido-- y, sin alargar mucho más este debate, hay algunas cuestiones
que deberíamos concretar. No es que algunos estemos aquí solamente para
pedir sino para ser responsables pidiendo y en política presupuestaria es
muy importante destinar en un sentido u otro los dineros públicos y
simplemente creemos que la sanidad y la salud son temas importantísimos
de cohesión y de articulación social. Son temas de especial relevancia y,
además, de una gran sensibilidad y necesidad porque, aunque hemos
avanzado, ha sido de forma insuficiente. Espero que sigamos avanzado,
pero más rápidamente y, desde luego, con estos presupuestos no es así.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Cámara.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Zamorano.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir brevemente porque los vetos presentados apenas han sido
cuestionados por el portavoz del Partido Popular. Sólo hablaré de una de
las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista para la
que se ha anunciado el voto en contra, como es la referida al nuevo
hospital de Burgos. Senador Bellido, la reforma del hospital de Burgos ya
ha sido rechazada por la Junta de Castilla y León y por el propio Partido
Popular de Burgos, al que usted acaba de enmendar la plana. A la
manifestación convocada para esta tarde se ha adherido también el Partido
Popular, y no sé en qué situación van a quedar los
Diputados o Senadores de su Grupo cuando usted les acaba de dejar
colgados de la brocha; desde luego de la manifestación no se podrán
colgar cuando ustedes niegan la posibilidad de este nuevo hospital.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Zamorano.
Tiene la palabra el Senador Bellido.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Este turno es para dar respuesta a los distintos portavoces
parlamentarios. En cuanto al portavoz del Partido Aragonés y en
referencia a la deuda o déficit acumulado por el Hospital Comarcal de
Jaca, que ya se ha tratado en alguna otra ocasión en el debate
presupuestario, no cabe establecer esas dotaciones para la financiación
del déficit de un centro sanitario que no es de la red del Insalud. Como
su señoría sabe, el Insalud tiene firmado un convenio con el hospital de
Jaca para la práctica de actividades sanitarias, cuya financiación se
instrumenta en base a la actividad efectivamente realizada y para las
obligaciones que de forma específica se establecen en el convenio. Dicho
convenio se revisa anualmente, con lo que cabe la introducción de las
modificaciones que en cada caso se estimen oportunas.
En cuanto al Hospital Clínico Royo Villanova, he dado respuesta a una de
sus enmiendas muy rápidamente por la brevedad de mi intervención. Y
respecto a la otra enmienda que propone la dotación de 1.300 millones de
pesetas para financiar un concierto sustitutorio con el hospital, una vez
llevado a efecto el protocolo firmado en noviembre de 1996 para
remodelación y adaptación del hospital Royo Villanova, se procedió a
suscribir un concierto complementario, vigente en la actualidad, como ya
apunte en mi anterior intervención. Sin perjuicio de lo dicho, en febrero
de 1999 se ha firmado un nuevo protocolo por el que se crea una comisión
de expertos que durante el año 2000 va a evaluar y dictaminar la
procedencia de desarrollar un concierto sustitutorio para el apoyo a la
atención integral de la población en el área 5 de Zaragoza.
En lo que se refiere a la implantación de la anestesia epidural en el
Hospital San Jorge de Huesca, desde el Ministerio de Sanidad y el Insalud
se entiende que dicho hospital siguiendo criterios de optimización de los
recursos está dotado suficientemente en cuanto al número de anestesistas,
acorde con la cartera de servicios del propio hospital. En cualquier
caso, sería cuestión de que desde los órganos de gobierno de gestión del
propio hospital se impulsase la modificación de esa cartera de servicios,
y estoy convencido de que desde el Insalud no habría inconveniente alguno
en incrementar esa plantilla si las necesidades del propio centro así lo
exigieran.
Respecto a la intervención del Senador Cámara, es posible que no nos
satisfaga hablar de porcentajes cuando, a lo mejor, las cantidades
globales no se ajustan a las pretensiones de nuestra fuerza política e,
incluso, en muchos casos, a las necesidades que se establecen en otros
niveles asistenciales fuera de nuestro país. En cualquier caso, le puedo
decir que ese incremento representa un esfuerzo presupuestario que no
sólo se hace de cara al ejercicio del año 2000, sino que ya se viene
haciendo desde que el Gobierno del Partido Popular asumió las
competencias del Ministerio de Sanidad.
Por tanto, partíamos de una cifra escasa en cuanto a los recursos y
dentro de esas disponibilidades presupuestarias se ha ido incrementando;
disponibilidades presupuestarias que, en este caso, hay que sumar a otras
que se establecen también en diferentes Ministerios en la ayuda a países
en vías de desarrollo.
En este sentido, he de decirle que técnicamente la minoración de 25.000
millones de pesetas que se pretende con la enmienda del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, se aplica a la partida presupuestaria
26.11, transferencia entre subsectores, y aunque no se especifica un
concepto concreto en que ha de operarse esta baja, parece entenderse que
afectaría a las transferencias del Insalud para asistencia sanitaria. Y
esta minoración no parece adecuada, una vez que hemos conseguido lograr,
a través de un amplio esfuerzo y un amplio consenso, una dotación
presupuestaria importante para la atención sanitaria a la población
española con el nuevo modelo de financiación sanitaria.
En cuanto a la construcción de distintos hospitales, concretamente en la
Comunidad Autónoma de Madrid, he de decirle que en esta provincia está
prevista la realización de inversiones en atención especializada por un
importe de 8.311 millones de pesetas, cantidad que el Ministerio juzga
suficientemente ajustada para la cobertura de las necesidades de la
provincia, con la que se van a acometer 18 actuaciones en 17 hospitales y
un centro de especialidades, entre ellos, el proyecto de actualización
del Hospital Puerta de Hierro que asciende a 1.800 millones de pesetas,
así como la construcción del nuevo hospital de Majadahonda.
Evidentemente, en vez de reformar hospitales, podría establecerse el
criterio en otras Comunidades Autónomas, en otras provincias, de la
creación de nuevos hospitales, pero consideramos que se está haciendo un
esfuerzo presupuestario importante para que estos edificios que se han
venido utilizado hasta el momento sigan manteniendo la funcionalidad
necesaria para prestar la cobertura sanitaria suficiente a cada una de
las Comunidades Autónomas o de las provincias.
Ustedes demandan la creación de un nuevo hospital, en La Mancha-Centro, y
otro en Cartagena, cuando existe un proyecto de reforma para este último
por un importe total de 2.185 millones de pesetas, que se llevará a cabo
fundamentalmente en las siguientes fechas: en 1998 se hizo una dotación
de 935 millones de pesetas; en 1999, 500 millones; en el año 2000, 600
millones, y, finalmente, en el 2001, 150 millones de pesetas.
Consideramos que con esta inversión Cartagena va a contar con un hospital
moderno, que hará frente a las necesidades sanitarias de esa localidad y
a toda su comarca.
Su señoría ha hecho referencia a la inversión en atención primaria que se
solicita en el veto presentado por su Grupo. En este sentido, el
desarrollo de los presupuestos sanitarios en el capítulo de atención
primaria va dirigido al
cumplimiento del compromiso ministerial de ampliar hasta el cien por cien
la cobertura de los centros de salud. De ahí que el incremento de
inversión, como antes he comentado, sea del 6,8 por ciento. Así, a
Castilla y León se destinan 1.473 millones, con 17 actuaciones; a Murcia,
720 millones, con ocho actuaciones; a Asturias, 1.107 millones, con 11
actuaciones; a Extremadura, 765 millones, también con 11 actuaciones; a
Castilla-La Mancha, 791 millones, con 16 actuaciones; a Baleares, 100
millones, con dos actuaciones, y a La Rioja, 300 millones, también con
dos actuaciones. Por tanto, creo que en el 2001 alcanzaremos el objetivo
de llegar al cien por cien de la cobertura de los centros de salud.
Por último, por lo que respecta al portavoz del Grupo Socialista, en mi
intervención he dado respuesta punto por punto a los motivos de la
justificación de la enmienda de veto que sus señorías han presentado a
los presupuestos de sanidad, así como a la justificación de los
presupuestos del Insalud. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)
Y refiriéndome nuevamente al hospital de Burgos, creo que he dicho con
total y absoluta claridad que ya está aprobado un proyecto de
remodelación de dicho hospital por valor de 6.150 millones de pesetas. En
cualquier caso, repito que se ha firmado un acuerdo entre la Junta de
Castilla y León y el Ministerio de Sanidad --de ahí que el Partido
Popular en Burgos pueda estar orgulloso de su posicionamiento-- para
analizar la situación hospitalaria integral de Burgos, análisis que, como
ya he dicho, ofrecerá las conclusiones oportunas a los efectos de
determinar las necesidades hospitalarias de la provincia. Por ello, el
Partido Popular en Burgos se suma solidariamente a la manifestación que
los ciudadanos de esa ciudad van a realizar en el día de hoy.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bellido.
Finalizado el turno de portavoces de la Sección correspondiente al
presupuesto del Ministerio de Sanidad, pasamos a la Sección 31, Gastos de
diversos Ministerios.
A esta Sección se han presentado tres enmiendas por los Senadores Román
Clemente y Cámara Fernández.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Las damos por defendidas en sus justos términos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.
Para turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el Senador Bueno.
El señor BUENO FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, el Grupo Mixto ha presentado tres enmiendas a la Sección
31. La número 1187, de modificación, propone una baja en esta Sección por
valor de 14 millones de pesetas. Sin embargo, no se especifica el destino
de dicha cantidad, sino que, sencillamente, figura la baja
correspondiente. Por tanto, al no existir una mención específica a ese
respecto, no tenemos ningún argumento que dar, y la rechazamos por
considerarla incompleta.
La enmienda número 1188 prácticamente se repite todos los años a esta
Sección, que curiosamente siempre se encuentra con dos propuestas de
adición, tanto del Grupo Socialista, como del Grupo Mixto. Y no diría que
se trata de ayudas no deseadas, pero sí no entendidas, puesto que
hablamos de que se trata de incorporar 432.000 millones de pesetas a esta
sección, modificando prácticamente casi todas las Secciones de los
Presupuestos Generales del Estado. Con estas cantidades, lógicamente,
hemos de entender que el presupuesto está equilibrado y se corresponde ya
con las necesidades que el Gobierno ha entendido que había que contemplar
y una modificación de esta índole prácticamente supondría rehacer el
presupuesto. Este es el motivo de que, aun cuando sea bien intencionada
la enmienda, debamos rechazarla.
Por último, la enmienda 1189 es también un proyecto de modificación, para
reparaciones e indemnizaciones por tornado en la comarca de Baza,
Granada. Se solicitan 1.000 millones de pesetas, cantidad que no sale de
la Sección 31, sino que pasa de un programa a otro y de un artículo a
otro. Consideramos que la posibilidad de dar solución a una cuestión de
esta índole debería llevar otros conductos y no precisamente mediante los
presupuestos, porque, además, estos 1.000 millones de pesetas, cuyo
destino se pretende modificar, se corresponden con las indemnizaciones a
los afectados por el síndrome tóxico, de acuerdo con la sentencia de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1997.
Considerando, entonces, la buena voluntad de las enmiendas, por la
imposibilidad de darlas cabida en el presupuesto según está planteado,
nos vemos en la obligación de rechazarlas, agradeciendo la intención de
las mismas y con el deseo de que quienes han hecho estas enmiendas
entiendan la necesidad que tenemos de rechazarlas para mantener el
equilibrio del presupuesto.
Muchas gracias, señor Presidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bueno.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Pasamos a la Entidad Pública Estatal Empresarial de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias.
Hay presentadas dos enmiendas por parte del Grupo Parlamentario
Socialista, para cuya defensa tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Simplemente, por reseñar que estas enmiendas fueron debatidas en su día,
defendidas y contestadas cuando se discutió el veto a la Sección 17,
Ministerio de Fomento, y esto, por lo tanto, es válido tanto para la
Entidad Pública Estatal Empresarial de Puertos del Estado como para AENA
y para la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos.
En este sentido, damos por defendidas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, porque entendemos que ya han sido objeto de
debate.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Granado.
Para turno en contra, el Senador Alierta tiene la palabra.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señora Presidenta.
En lo referente a la Entidad Pública Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, que es objeto de debate en este momento, señalaré que los
argumentos para las enmiendas concretas que se han defendido en este
momento ya se expusieron, como se ha señalado por el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, en el debate de la sección correspondiente.
Unicamente queda por reseñar, respecto a los presupuestos de este
conjunto de entes públicos, el notable incremento que significa la
inversión en este tipo de infraestructuras, tan importantes. Si
comparamos la evolución de los presupuestos durante los últimos años,
observamos que desde el año 1995 hasta el presente ejercicio es notable
el incremento de las inversiones. De 52.000 millones de pesetas que
aparecían en los presupuestos para 1995, últimos presupuestos de la época
de Gobierno socialista, las inversiones previstas en los que ahora
estamos debatiendo para el año 2000 alcanzan la cifra de 80.000 millones
de pesetas, un reflejo más del incremento de las dotaciones destinadas a
infraestructuras, un importante elemento en la consideración positiva que
nos merecen estos presupuestos.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Alierta.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Pasamos entonces a la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, AENA.
Sólo hay una enmienda presentada por los Senadores Román Clemente y
Cámara Fernández, puesto que la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista se da por defendida.
Tiene la palabra el Senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias.
En esta enmienda se propone también la bajada de una inversión en un
aeropuerto determinado. Simplemente la doy por defendida y, por lo tanto,
no consumo tiempo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señora Presidenta.
Lo primero que he de decir es que los argumentos del Grupo Parlamentario
Socialista fueron expuestos en la Sección 17 y los relativos a la
enmienda que han defendido también se expusieron en el debate de esa
Sección.
En cuanto a la enmienda defendida por el señor Cámara en representación
también del Senador Román Clemente, la número 1203, nosotros no podemos
aceptarla. Entendemos que haya razones para presentar ese tipo de
enmiendas, pero son objeciones de tipo colateral y, en todo caso, sujetas
a análisis y a debate. Todas las opiniones son siempre muy respetables,
pero también hay estudios que avalan las actuaciones que se van a llevar
a cabo en el aeropuerto mencionado sin que el medio ambiente sufra más
allá de lo permisible con este tipo de instalaciones. Por lo tanto,
nuestro Grupo no puede admitir que se suprima una partida importante para
la ampliación de una infraestructura que juega un papel fundamental en el
País Vasco por las razones expuestas por los Senadores del Grupo
Parlamentario Mixto Cámara y Román, aun siendo, como son, razones dignas
de respeto. No se pueden paralizar esas obras por cuanto hay otros
estudios y otros planes que avalan su continuación.
Al igual que cuando me referí al Ente Público Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias, he de señalar que de la entidad Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea puede hacerse el mismo tipo de
consideraciones en cuanto que es un reflejo claro de la voluntad del
Gobierno de incrementar la dedicación a las infraestructuras. Como
señalaba anteriormente, en los presupuestos para 1995 las dotaciones para
Aeropuertos ascendían a la cifra de 70.000 millones de pesetas; en los
presupuestos que estamos debatiendo para el año 2000 las previsiones de
inversión de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, AENA, ascienden a 154.000 millones de pesetas. La
evolución de las cifras indica bien a las claras cuál es la preocupación
del Gobierno por la creación de infraestructuras, su desarrollo y su
modernización. Son cifras que, evidentemente, demuestran la voluntad de
que este tipo de instalaciones alcancen los niveles de eficacia y
desarrollo necesarios para que una actividad tan importante como el
tráfico aéreo tenga en tierra las adecuadas instalaciones para funcionar
de una manera eficiente. Por lo tanto, estas cifras por sí solas y su
evolución ya rechazan las críticas que se han venido haciendo respecto al
abandono de las infraestructuras y concretamente las relativas a
Aeropuertos Españoles.
Resumiendo, señora Presidenta, una vez más, no sólo en Puertos del
Estado, sino también en Aeropuertos Españoles, la evolución de las cifras
es tan positiva en la creación de infraestructuras en sectores
estratégicos que avala lo que se ha venido diciendo repetidamente en
estos presupuestos sobre la importante dedicación para la creación de
infraestructuras mediante las dotaciones que en ellos vienen reflejadas
para esas finalidades. Por lo tanto, es una razón más que avala el
permitirse el juicio de que los presupuestos que estamos debatiendo
--aparte de otras finalidades que también se han señalado-- son, en el
estricto ámbito de la creación de infraestructuras, unos presupuestos que
verdaderamente mejoran muchísimos anteriores y crean bases sólidas para
que estos problemas y deficiencias que existen en nuestro país relativos
a infraestructuras tengan solución de cara al futuro.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Alierta.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Pasamos al Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión.
La emienda del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por
el Senador Armas, ya ha sido defendida en su momento.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Ha sido defendida y también se han dado argumentos.
Brevemente, debo señalar que también este Ente cumple sus funciones, en
menor medida en cuanto a que sus actividades son menores.
La enmienda tiene una magnitud pequeña y, en consecuencia, no voy a
incidir en esta materia sobre la importancia que tienen los presupuestos
en infraestructuras. Donde verdaderamente se aprecia la importancia de
estos presupuestos en infraestructuras es en los Entes Públicos que hemos
tratado anteriormente. En este momento éste no tiene un papel inversor
importante. Por ello, señora Presidenta, no me voy a extender más.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Alierta.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Pasamos al Ente Público Radiotelevisión Española.
Hay varias enmiendas presentadas por los Senadores Román Clemente y
Cámara Fernández.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.
Las doy por defendidas en los términos en que están expresadas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román.
La enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por
el Senador Armas, también se ha dado por defendida. Resta el veto del
Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la Senadora Arnáiz.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señora
Presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una impugnación al
presupuesto del Ente Público Radiotelevisión Española porque consideramos
que no se contempla ninguna medida de saneamiento que asegure la
viabilidad del Ente.
Vetamos tanto la gestión económica, que nos parece inviable, como la
gestión de servicio público, que nos parecen la antítesis en los fines,
en los objetivos y en las funciones.
Lo que se ha definido como un modelo transitorio no es más que un compás
de espera hasta las nuevas elecciones. Después de la ruptura del consenso
en la pasada legislatura, para reclamarlo ahora durante estos cuatro
años, desde el punto de vista de nuestro Grupo es una forma de ganar
tiempo hasta las elecciones. La Subcomisión ha realizado unos trabajos
que han sido una auténtica tomadura de pelo para la oposición; no se ha
buscado un marco financiero estable y, finalmente, hoy nos anuncian los
medios de comunicación que el Grupo Parlamentario Popular acepta la
asunción de la deuda por parte del Estado para volver al punto del
principio, lo cual demuestra que hemos estado cuatro años mareando la
perdiz.
Consideramos que el Ente Público Radiotelevisión Española tiene una mala
gestión empresarial y un peor servicio público, por lo que impugnamos
esta política presupuestaria de televisión. Como muestra de la ineficaz
gestión empresarial, debemos decir que el coste por minuto de emisión en
Televisión Española es el más caro de todas las televisiones públicas y
privadas de España, y probablemente el más caro de todas las televisiones
de Europa. Mantienen un precario liderazgo de audiencia a un coste
desproporcionado. Las privadas emiten en España toda su programación
anual, de una similar calidad y con una similar parrilla, con el dinero
que Radiotelevisión España paga anualmente por intereses. Pero, además,
Televisión Española, continua e inexorablemente, reduce su cuota de
pantalla. En el período de septiembre a octubre, la primera ha reducido
un 0,2 y la segunda un 0,5 por ciento. Estos son datos de la Corporación
Multinet Media a partir de datos de SOFRE.
Por otra parte, las cadenas privadas se quejan de que la Televisión
pública ejerce una competencia desleal. Han recurrido a la Comisión
Europea y ésta ha intervenido dando en parte la razón a las cadenas que
se quejan de una competencia desleal por parte de Televisión Española.
Ha habido un incremento exponencial de la deuda. Este es otro ejemplo de
mala gestión presupuestaria y de desinterés económico en la gestión de
televisión. En estos años del Gobierno del Partido Popular, la deuda se
ha triplicado y ha pasado de 224.000 millones a los 700.000 millones que
tendrá al final del año 2000, un incremento de la deuda acumulada de
cerca de medio billón de pesetas en estos años, lo que, unido al billón
de las eléctricas y al fenómeno de las «stock options», nos demuestra
para quiénes España va bien y quiénes pagamos el pato de que esa España
vaya bien para unos pocos.
La verdad descarnada de los presupuestos de este ente público no puede
maquillarse electoralmente este año por el hecho de que excepcionalmente
se frene algo --y me refiero sólo al presente ejercicio-- el incremento
de la deuda en base a vender patrimonio, en base a vender unos derechos
de transmisión, en base a la salida de Vía Digital y en base a la deuda
que teníamos en Retevisión. Estas son actuaciones que no podrán repetirse
en los próximos ejercicios porque la liquidación de patrimonio que se
hace es irrepetible. Tal grado de deterioro económico sólo se justifica
por la utilización que el Gobierno hace de la televisión, que ha dejado
de ser un servicio público para convertirse en un servicio privado y
partidario a favor del Gobierno y del partido que lo sustenta.
Esto nos lleva al segundo aspecto que vetamos de Televisión, y es lo que
consideramos la negación, la antítesis de lo que constituye un servicio
público de Radio y de Televisión. Hay una falta de transparencia contable
e informativa, hay una falta de pluralismo y un secuestro de las
libertades, y el Vicepresidente, señor Cascos, nos tortura
intelectualmente con uno de los razonamientos «sui generis» que él hace
del estilo de considerar el fútbol como servicio de interés general, y
nos dice en este caso que incrementará la publicidad de 97.000 a 104.000
millones, es decir, casi un 8 por ciento, sin aumentar la saturación
publicitaria, sin condicionar la programación ni la presencia
publicitaria en los distintos bloques horarios; es un imposible, y no
sabemos a qué tipo de magia va a echar mano el señor Cascos al
comprometerse públicamente a esto.
Vetamos la calidad de los programas, vetamos unas parrillas que son
idénticas a las comerciales, vetamos la política informativa, aduladora
con el Gobierno hasta el empacho y depredadora, difamadora y demonizadora
de la oposición al estilo de la caza de brujas de McCarthy, vetamos la
manipulación de la información política y electoral y vetamos el bajísimo
perfil cultural de una televisión pública homogeneizadora y vulgarizadora
hasta la procacidad. Vetamos también el desprecio que la televisión,
supuestamente pública, hace de las Cortes Generales. Esta Senadora sólo
ha podido seguir informaciones en imágenes sobre la Comisión de Control
de Televisión y sobre los resultados de la Subcomisión parlamentaria a
través de una cadena privada y de pago. Los informativos de Televisión
Española los controla directamente La Moncloa y subsidiariamente Génova,
y Cabanillas es simplemente el consentidor oficial de este atropello
democrático. Pero el Partido Popular se ha quedado solo, política y
socialmente, defendiendo su particular aparato de propaganda política.
Esta televisión que pagamos y sufrimos todos tiene críticas de
profesionales y de políticos de todo el arco parlamentario, incluyendo el
Defensor del Pueblo. Es insoportable para la opinión pública la
apropiación partidaria de la televisión que hace el Partido Popular, que
tiene su continuidad en otras operaciones de control mediático que se
están haciendo a cargo de Telefónica.
Decía que el Defensor del Pueblo acaba de pronunciarse en su último
informe oficial descalificando el actual sistema de control de Radio y
Televisión, abogando por un órgano audiovisual independiente del Gobierno
y llamando la atención a Cabanillas para que respete la pluralidad
informativa, llamada de atención que también hace al Partido Popular y al
señor Cabanillas porque ambos cuestionaban la competencia tanto del
Defensor del Pueblo como de los diputados para indagar y controlar la
Radiotelevisión Española en lo referente a la defensa de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas.
Finalmente quiero decir que Televisión Española es, como antítesis de lo
que debe ser un servicio público, la cadena más infractora y la más
sancionada por el Ministerio de Fomento en estos meses de aplicación de
la normativa de Televisión sin Fronteras respecto a impedir la
contraprogramación. El 1 de diciembre de 1999 Televisión Española tenía
nueve infracciones; Tele 5, siete infracciones; Antena 3, seis
infracciones y Canal Plus una sola infracción.
El incremento de la saturación publicitaria, la negación de la televisión
pública o del partido que sustenta al Gobierno a subtitular, para los
sordos, los espacios de televisión son otra de las cuestiones que nos
hace pensar que Televisión Española es un aparato simplemente estratégico
de cara a las elecciones y de cara al control de la opinión pública por
parte del Partido Popular, y se ha dimitido absolutamente del servicio
público y del pluralismo democrático.
Quiero citar a alguien --si cito a continuos articulistas y editoriales
de una prensa como «El País», con el que el Partido Popular ha mantenido
un acoso y una guerra mediática importante me dirán que no tiene mérito--
como es a la periodista Isabel San Sebastián que en el «ABC» de hace dos
días decía, citando a Indro Montanelli, que las empresas públicas son los
botines de guerra de los partidos vencedores en las urnas y las
televisiones, las más preciadas piezas de ese botín, las auténticas joyas
de la corona; que estos oscuros objetos de deseo político, los medios de
comunicación de titularidad pública y, en particular, los audiovisuales
son también un arma estratégica fundamental en esta contienda electoral a
la que se refiere, cuyo control y manipulación constituyen para cualquier
partido una tentación mucho más fuerte que cualquier principio
ideológico. Más adelante decía la señora San Sebastián: que quede
constancia también de su respaldo absoluto a la fórmula propuesta por el
Colegio de Periodistas de Cataluña consistente en sustituir la
arbitrariedad absoluta con que el Gobierno designa al Director General de
la Corporación y reparte las frecuencias radiofónicas por una forma
auténticamente democrática basada en la creación de una autoridad
audiovisual elegida por una mayoría cualificada de la Cámara. Y, un poco
más adelante, dice: sin embargo, reconoce, hay un campo en el que nuestro
sistema de derechos y libertades falla estrepitosamente que es en el de
lo audiovisual, tanto en lo político como en lo económico. Y al final de
su artículo dice: no era esto lo que defendían los de Aznar cuando
estaban en la oposición. De hecho, sin declararlo abiertamente, muchos
populares, y no precisamente de los insignificantes, comentaban a
micrófono cerrado la conveniencia de sanear las maltrechas finanzas del
ente público para, acto seguido, privatizar todo lo posible y mantener un
solo canal de radio y de televisión con una programación de auténtico
servicio público muy alejada de la actual; incluso bien avanzada la
legislatura algunos de los ministros más directamente implicados en este
asunto reconocían ante esta periodista la injusticia de la situación
actual y la ineludible necesidad de cambiar radicalmente de modelo,
terminar con la doble financiación y privatizar el sector en su conjunto
o bien convertir a Radiotelevisión en algo parecido a la BBC tanto por su
oferta de contenidos como por su sistema de gestión. Pero ya dice
Montanelli que el botín es demasiado goloso para renunciar a él, sobre
todo en un país que se pasa la vida votando o en campaña electoral.
Nuestra única esperanza de democratización viene de Europa. Sólo a través
de la coacción de los socios aceptarán nuestros gobernantes de uno y otro
color desprenderse de tamaño instrumento de agitación y propaganda y,
entre tanto, bueno es que nosotros los periodistas y los políticos que
anden huérfanos de mando unamos nuestras voces y sigamos protestando.
Acabo diciendo que si anteriormente el Partido Popular abogaba por
privatizar Televisión Española, lo que ha hecho ha sido privatizar
Telefónica, es decir, ha privatizado las ganancias y ha socializado las
pérdidas de Televisión Española.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Arnáiz.
Para el turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular el Senador
Agramunt tiene la palabra.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a empezar por defender el presupuesto de Televisión Española que ha
presentado el Gobierno de la nación y de este modo rechazar la enmienda
de veto a la totalidad de la Sección que ha presentado, y luego
intentaré, si puedo, rebatir la larguísima serie de adjetivos, insultos,
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, en fin, lo habitual de
la Senadora Arnáiz, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en
cuestiones de televisión. Como ya estamos acostumbrados a escucharla
tantas veces, tampoco nos sorprende, aunque me gustaría que en el futuro
piense usted en lugar de leer artículos de otros periodistas.
Decía que empezaría por defender el presupuesto de Televisión. Creo que
después de cuatro años en el Gobierno y de este debate me hubiera gustado
y hubiera entendido como algo muy positivo que la Senadora Arnáiz hubiera
reconocido, por primera vez, que hemos hecho un presupuesto mucho más
cercano a lo que ustedes siempre han estado defendiendo de lo que quizá
podrían imaginar. Llevamos muchos años anunciando lo que pretendemos, y
al final lo vamos consiguiendo, es el mejor presupuesto que jamás ha
podido presentarse sobre Radiotelevisión, ya que presenta unas
reducciones del déficit, de los gastos, etcétera, absolutamente
espectaculares; donde, por ejemplo, el nivel de deuda, por primera vez,
es inferior al del año anterior; donde, por ejemplo, se ha rebajado la
deuda en más de 13.000 millones de pesetas; o donde, por ejemplo, el
coste de la financiación se ha reducido más del 45 por ciento; casi se ha
reducido la mitad el coste de la financiación.
Además, es un presupuesto en el que se ha trabajado con muchísima firmeza
para ajustar, para reducir, para matizar todas las partidas, y en el que
se producen reducciones enormemente sensibles, de más de 60.000 millones
de pesetas, en las partidas verdaderamente claves: los gastos o la
reducción del endeudamiento. Le recuerdo que el año pasado esas partidas
eran de 171.000 millones de pesetas y este año son de 110.000 millones de
pesetas. Por tanto, y pese a todo, el presupuesto de Radiotelevisión
Española para este año 2000 arroja todavía un déficit de algo más de
100.000 millones de pesetas, aunque supone una reducción frente al
presupuesto de 1999 de cerca de 68.000 millones de pesetas, lo que
demuestra con toda claridad lo acertado de las medidas de saneamiento
económico, de reordenación del grupo de Radiotelevisión Española. Por
ello creo que es un magnífico presupuesto, difícil de criticar.
Por otra parte, en el año 1999 se han llevado a cabo medidas encaminadas
a mejorar la situación financiera, centrándose fundamentalmente en la
provisión contable de la totalidad del actual expediente de regulación de
empleo y en la adecuación del costo de la deuda a los tipos de interés
vigentes en los mercados financieros. Por cierto, tipos de interés que,
como usted, cuando habla de Telefónica también se refiere a Telefónica o
cita a quien le apetece cuando se refiere a un tema que no tiene que ver,
yo también le diré que son tipos de interés que debería usted comparar
con los que había cuando gobernaba el Partido Socialista. Sólo ese
detalle hace que la inmensa mayoría de los españoles pensemos que España
va bien; sólo por ese pequeñísimo detalle de los intereses, que suponen
estos importantísimos ahorros en el presupuesto de Radiotelevisión
Española.
Además, usted empieza por acusar en su intervención al Gobierno, como
siempre --¿qué va a hacer usted?--, también de que no se haya llegado a
ningún acuerdo en la Subcomisión Constitucional del Congreso de los
Diputados, donde se está estudiando el nuevo modelo de Radiotelevisión
Española. Señoría, ese nuevo modelo lo estamos esperando todos. A lo
mejor, la culpa es de quien quiere que nunca se produzca acuerdo alguno.
Es muy fuerte, senadora Arnáiz, oírle a usted pedir aquí al Gobierno, año
tras año, en este debate, que asuma la deuda de Radiotelevisión Española;
cada año; y es lo que hacía el Gobierno Socialista, porque, así, la deuda
o el déficit se iban reduciendo; el Estado pagaba y a partir de ahí otra
vez cero, y así cada año. Por eso, cuando nosotros heredamos las cuentas
de Radiotelevisión Española decía el Presidente del Gobierno, José María
Aznar, que había una deuda de más de 500.000 millones de pesetas, y era
verdad, lo que ocurre es que ustedes no contaban lo que habían perdonado,
lo que habían pagado desde el Estado a Radiotelevisión Española.
Hoy dice usted que ha leído en los medios de comunicación --no lo
discuto; ya veo que usted lee mucho los medios de comunicación-- que se
va a asumir la deuda por parte del Estado. ¡Pues eso es lo que usted
viene pidiendo toda su vida! ¿Y encima también lo critica? A usted no le
gusta nada, hagamos lo que hagamos, ni si es rojo, ni si es verde, ni si
es blanco, ni si es azul, y no seguiré con el arco iris.
Ustedes critican que la subvención es pequeña, porque lo que quiere el
Grupo Parlamentario Socialista son siempre más subvenciones. Critican que
no asumamos la deuda. Cuando la asumimos, critican que la asumamos. En
definitiva, la diferencia es que nosotros apostamos por la transparencia
de la cuentas, no por el maquillaje de las cuentas. ¡Que se sepa cuánto
debe Televisión Española, que se sepa cuánto nos cuesta a los españoles
mantener el grupo Radiotelevisión Española, con cuestiones heredadas que,
tanto ustedes como nosotros, hemos
tenido que asumir cuando hemos gobernado! Porque no es nuevo, no es de
hoy el hecho de que Televisión Española sí sea más cara que otras
televisiones, pero es que tiene que mantener la Orquesta de
Radiotelevisión o centros regionales en todas las provincias de España, y
también hay enmiendas pidiendo que se incrementen las inversiones en
centros regionales de Murcia o de otras Comunidades. Siempre estamos en
lo mismo, y ninguna televisión mantiene cincuenta y tantos centros
regionales o la televisión internacional, o tantos y tantos costos como
tiene Televisión Española, porque es la televisión pública, la televisión
del Estado. Eso es verdad, pero es así y, por tanto, hay unos costes que
hay que asumir y que usted conoce perfectamente, porque ese discurso lo
ha mantenido usted cuando ustedes estaban en el Gobierno. No hay más
remedio que hacerlo. Lo que ya no me parece bien, Senadora Arnáiz, es que
luego usted diga que cuando el Partido Socialista dejó el Gobierno, había
una deuda en Televisión de 200.000 millones de pesetas y ahora es de
700.000, porque ni eran 200.000, que eran cerca de 500.000, ni son
700.000, porque son 690.000. No haga usted rebujos con los números y no
dé unas cifras espectaculares que usted misma sabe que no son ciertas.
Nosotros cogimos el Ente con más de 500.000 millones de pesetas, y ya le
he dicho que este año, por primera vez en la historia, estamos reduciendo
el déficit. Desde que existen las televisiones privadas, es la primera
vez que se reduce el déficit, que se reduce el endeudamiento, que se
reducen los gastos y los costes de Televisión Española. Por tanto, algo
estaremos haciendo bien. Yo creo que lo estamos haciendo todo bastante
bien.
Como es natural, usted aprovecha el que estuviésemos hablando del
presupuesto de Televisión para hacer algo divertidísimo, que es vetar la
calidad de los programas y el bajísimo perfil cultural, incluso con
procacidad --ha dicho--. Yo recuerdo haber criticado a Televisión
Española cuando gobernaba el Partido Socialista por la pornografía dura
que exhibía en sus pantallas, cosa que hoy no sucede. Si ha habido alguna
televisión procaz, ésa es la que había cuando ustedes gobernaban. Lo que
me parece, Senadora Arnáiz, es que usted no ve Televisión Española,
porque es la segunda vez que lo confiesa en apenas quince días. Ya lo
dijo en Comisión y hoy lo ha vuelto a repetir. Usted no ve la Televisión
Española, ni la 1 ni la 2. La primera es, de lejos, la televisión
española con más audiencia de España, y la segunda, también de lejos, es
la televisión de mayor calidad en cuanto a la programación cultural,
documental, etcétera, que pueda existir en España. Pero usted no ve la
televisión; usted ve CNN Plus, nada más, que es lo que dijo en la
Comisión y lo que ha vuelto a repetir --sin citarla, pero allí sí que lo
hizo-- en el Pleno de hoy. Usted no puede criticar a Televisión Española,
al menos desde el punto de vista de la calidad de los programas, porque
no la ve, y ya es la segunda vez que lo confiesa en quince días. Usted
sólo ve la televisión que le apetece ver --por cierto, también magnífica
televisión--; no seré yo quien critique a ese grupo mediático que ustedes
siempre defienden con tanto ardor. Yo no defiendo ni ataco a ninguno.
Ustedes sabrán por qué lo defienden siempre e incluso le hacen publicidad
gratuita en las Comisiones del Senado.
Senadora Arnáiz, alguna vez, en alguna cuestión, usted puede tener razón
--pocas, pero en alguna sí puede tenerla--. Lo que pasa es que, como
usted arrambla con todo, entra aquí como un elefante en una cacharrería y
diciendo que todo le parece mal. Critica todo de una forma tan demoledora
que, al final, sólo por ese hecho ya pierde la razón, porque cualquiera
de nuestros compañeros de Grupo son conscientes de que no puede ser todo
tan malo, y más cuando la inmensa mayoría de los españoles estamos
pensando lo contrario. Creo que usted exagera demasiado la nota en
defensa de las que imagino que son sus ideas. La televisión española es
la de mayor calidad de Europa y la que menos cuesta a los ciudadanos.
Mire usted lo que cuesta la BBC, que no tiene publicidad.
¿Usted quiere que Canal Plus y CNN Plus puedan competir con una
Televisión Española que no tenga publicidad, que haga unos contenidos
malísimos y que no sea vista? Usted lo que quiere es que no haya
televisión pública para que incrementen su audiencia otras televisiones.
Me parece bien, pero pese a ello, fíjese que Televisión Española es la
que menos saturación publicitaria tiene de todas las que en España emiten
hoy, la que utiliza menos todos los sistemas legales y legítimos de hacer
publicidad directa o indirecta, con barras por debajo, enseñando un
paquete de sopa encima de la mesa cuando está el presentador, etcétera,
que es lo que vemos en todos los programas de las televisiones privadas y
que difícilmente lo verá usted en la televisión pública. Es la que menos
saturación publicitaria realiza, y usted ha dicho aquí exactamente lo
contrario. ¿De dónde lo ha sacado? Quizá de su imaginación. Usted se
confunde y, como está viendo siempre lo que está viendo, se imagina que
está viendo la Televisión Española, y no la está viendo, como ha dicho.
Dice usted que mi Gobierno acosa al periódico El País. Usted misma, ¿qué
quiere que le diga? No es cierto y no lo comparto. Nosotros estamos
encantados con todos los medios de comunicación, y fíjese usted en el
argumento que ha utilizado para terminar su discurso, argumento ajeno
además, que implica que ni siquiera se lo ha imaginado, y dice usted que
hay una periodista que escribe en un periódico, pero no ha dicho que
presenta un programa diario en una televisión privada, porque si dice que
además de en ABC resulta que todos los días presenta un programa de una
hora en una televisión privada, a lo mejor entonces se entendería por qué
está criticando a la televisión pública, que precisamente a esa misma
hora hace un programa de contenidos muy parecidos a los que ella realiza.
¿No será que la señora San Sebastián está en su legítimo derecho
defendiendo su emisora de Antena 3, su programa de por las mañanas y
tratando de descalificar a su competencia en la misma hora, que es la
Televisión Española? ¿No será eso lo que hace que ella hable de botines
de guerra, oscuros objetos del deseo, etcétera? Además, me parece muy
legítimo que ella defienda su programa y su empresa; lo que no me parece
bien es que usted ataque a la empresa pública utilizando los argumentos
de quienes defienden legítimamente
y con todo derecho sus intereses particulares. Nunca el Gobierno del
Partido Popular, nunca el Grupo Parlamentario Popular ha defendido
intereses particulares, y ese debate ya lo hemos tenido aquí alguna vez.
Yo mismo he tenido que acusarles a ustedes de defender intereses
particulares de ese grupo al que usted dice que acosamos y que no es
cierto. Nosotros defendemos el interés general, el interés de todos los
españoles, no los intereses de unos u otros según a usted o a su grupo le
parezca más conveniente para sus intereses políticos. (El señor
Vicepresidente, Cardona i Vila, ocupa la Presidencia.)
Sencillamente, Senadora Arnáiz, una vez más, y aunque en algún detalle
quizás pueda tener razón, en términos generales siempre la pierde porque
usted se excede muchísimo en sus intervenciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Agramunt.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Senador Agramunt, entiendo que, puesto que no hay turno de portavoces por
parte del Grupo Socialista, tampoco lo hay por parte del Grupo Popular.
Pasamos al debate de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un veto que se
corresponde con la enmienda número 387. Para la defensa de la misma tiene
la palabra, por parte del Grupo Socialista, la señora Arnáiz.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Señor Presidente, lo damos por
defendido.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.)
El Senador Alierta tiene la palabra.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda, la número
387, al organismo Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, para
la devolución de dicho presupuesto, justificada dicha enmienda en lo que
ese Grupo considera insuficiente dotación de recursos e inadecuado
reparto de los mismos.
Ante esta enmienda hay que señalar que, a nuestro juicio, la inversión
prevista en los Presupuestos Generales para el año 2000 es la adecuada al
nuevo marco legal del ente público. Concretamente asciende a la cifra que
consta en los anexos correspondientes, 26.047 millones de pesetas,
cantidad que sus señorías podrán corroborar confirma lo que les acabo de
decir. Además, debido a la política que está haciendo actualmente el
Gobierno, los presupuestos de explotación y de capital registran un
déficit público menor. Como señal de esto, el señor Ministro, en su
intervención ante el Pleno del Congreso, señaló que la cantidad aportada
para Correos y Telégrafos en el año 1996 ascendía a 46.000 millones de
pesetas, en tanto que en el presupuesto para el ejercicio del año 2000
esa cantidad ha disminuido siendo concretamente de 17.000 millones de
pesetas. Es decir, esa entidad empresarial está funcionando
adecuadamente, tiene unos niveles de inversión satisfactorios y está
requiriendo progresivamente menores cantidades de los Presupuestos
públicos. Al mismo tiempo está manteniendo la calidad de los servicios,
y, como se señaló en el debate de la Sección 17, atendiendo de forma
eficaz, con nuevos métodos y nueva organización, las necesidades sobre
todo de la España rural, a la cual Correos y Telégrafos tiene entre sus
prioridades que atender.
Por tanto, es una política la que lleva el Gobierno, que no sólo ahorra
dinero al Estado, sino que mejora la eficacia y cumple las directivas de
la Unión Europea, a las cuales se tiene que someter determinando una
normativa adecuada para que se aplique a este tipo de servicios a lo
largo y ancho de la Unión, manteniendo los puestos de trabajo una
evolución ordinaria.
Por ello, nuestro Grupo va a votar en contra de la enmienda defendida por
el Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Alierta.
¿Desean intervenir sus señorías en turno de portavoces? (Pausa.)
Pasamos, por tanto, al debate de la Sección siguiente, Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales, SEPI. A esta Sección hay presentadas
tres enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto suscritas por los Senadores
Román Clemente y Cámara Fernández con los números 1204, 1205 y 1206.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Damos por defendidas nuestras enmiendas en los mismos términos en que
están redactadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): ¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Se trata de tres enmiendas en las que se solicitan tres dotaciones por un
total de 16.000 millones de pesetas para ejecutar en el País Vasco las
correspondientes actuaciones, concretamente en el Valle de Ayala, para el
que se solicita una inversión para su revitalización, otra de 4.000
millones de pesetas también en la provincia de Guipúzcoa concretamente
para la revitalización económica del corredor
San Sebastián-Irún y Bahía de Pasajes, y una tercera dotación de 11.000
millones de pesetas para la revitalización industrial de la ría del
Nervión en la provincia de Vizcaya.
Nosotros entendemos y compartimos los deseos de los Senadores de
Izquierda Unida por la revitalización no sólo de estas zonas sino también
de todas aquellas zonas de España que se encuentran en proceso de
reconversión industrial. Queremos señalar a este respecto los esfuerzos
que ha hecho el Gobierno en los últimos años para encauzar de alguna
forma la actividad de estas zonas, especialmente en lo que se refiere a
la ría del Nervión, donde se ha conseguido que la industria siderúrgica
se encauce de nuevo y salga de la profunda postración en que se
encontraba. Actuaciones del Gobierno del Partido Popular creando y
promocionando una nueva empresa siderúrgica, e integrándola en grupos
industriales europeos con capacidad de futuro, permiten afrontar éste con
más optimismo.
Ahora bien, con respecto a las enmiendas presentadas por los Senadores
Román Clemente y Cámara Fernández, pertenecientes a Izquierda Unida,
entendemos que no encajan en el lugar en que están ubicadas. La Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales, en cuanto que tal, no invierte;
lo hace a través de sus empresas, empresas que habría que señalar en cada
caso a cuáles de ellas corresponden. Las inversiones totales previstas
por la SEPI, como tal organismo, no ascienden a una gran cantidad;
concretamente, en los presupuestos figuran 13.000 millones, es decir, una
cifra menor que la solicitada. Son las empresas participadas por la SEPI
las que pueden realizar esas inversiones.
Adicionalmente, señor Presidente, quiero señalar que algunas de las
empresas que pertenecen a la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales pueden llevar a cabo actuaciones de revitalización en la
provincia de Guipúzcoa o en otra zona, pero no es una función específica
de las empresas que participan en la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales. Encajarían mejor estas enmiendas en la Sección 15,
Ministerio de Economía y Hacienda; en concreto, en aquellos apartados
donde se solicitan dotaciones en incentivos regionales para que puedan
establecerse. En consecuencia, entendemos que las enmiendas encajarían
mejor en la citada Sección o en otros apartados, porque aquí tienen
difícil encaje. Nosotros compartimos la voluntad de atender a ésas y
otras zonas que necesitan de esos programas de incentivos regionales para
su desarrollo, ya se trate de nuevo desarrollo como de reconversión
industrial.
Señor Presidente, aunque comprendemos el espíritu que anima la
presentación de estas enmiendas, no podemos admitirlas e incorporarlas a
los presupuestos que estamos debatiendo porque, tal y como están
propuestas, no encajan con la técnica presupuestaria.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Alierta.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
No hay ninguna intervención.
Pasamos a la Sección siguiente, Ente Público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (GIF).
Se han presentado dos enmiendas por parte del Grupo Parlamentario
Socialista, las números 430 y 431. Para su defensa, tiene la palabra el
Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Estas enmiendas ya han sido defendidas y debatidas con las enmiendas de
la Sección 17. No obstante, como sé que este argumento no va a servir
para que el señor Alierta no consuma los diez minutos que tiene e incluso
los amplíe por otras circunstancias ajenas a este debate, quiero
recomendarles que hagan lo que se hace en otros Parlamentos del mundo,
que es leer páginas de la Biblia, que por lo menos es más entretenido.
(Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Antes de las fiestas navideñas,
leer la Biblia e interpretarla como cada uno entienda no nos viene nada
mal. Me parece muy bien, Senador Granado.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Hace bien el señor Granado al sugerirme que lea páginas de la Biblia
(Risas.), pero tiene una razón para hacerlo. Da la casualidad de que
vamos a debatir el Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias,
el GIF, y, si hay un apartado en estos presupuestos que destaque por su
bondad, en cuanto a infraestructuras se refiere, es precisamente éste.
Luego, es lógico que el señor Granado me diga que lea la Biblia y que no
hable del GIF, porque, si lo hiciera, se enterarían todos los Senadores y
quedaría constancia en el «Diario de Sesiones» de que las dotaciones para
infraestructuras que aparecen en los presupuestos para el año 2000 son,
no buenas, sino excelentes.
Las inversiones que esta entidad de la que estamos hablando tiene
previsto realizar en el año 2000, según consta en los presupuestos que
estamos debatiendo, ascienden a 245.396 millones de pesetas, que no es
una bagatela. Por lo tanto, comprendo que tenga interés en que hable de
otro tema y que en esta Cámara no dediquemos uno o dos minutos a hablar
de las inversiones que realiza el Gobierno, a través de esta entidad
pública empresarial, en algo tan importante como es la infraestructura
ferroviaria. Tiene más razón, todavía, si pensamos que para el tipo de
actuaciones que desarrolla el GIF, en los presupuestos de 1995 --último
que corresponde al Gobierno socialista-- había una cantidad de 3.122
millones de pesetas y hemos pasado de esta cantidad a 245.000 millones de
pesetas, señor Presidente, señoras y señores Senadores.
Vistas estas cifras, ¿se sostienen sus argumentos sobre que estos
presupuestos no contemplan creación de infraestructuras? Evidentemente,
no se sostienen.
Como en este debate se suele incidir y debatir sobre los temas que se
plantean en las enmiendas, normalmente no
se tiene ocasión de desarrollar los contenidos concretos de cada una de
las partidas y me parece que ha llegado el momento no sólo de incidir
sobre el contenido de las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista sino también el contexto en el que se presentan. Por lo tanto,
al señalar este fortísimo incremento, esa enorme cantidad de dinero
dedicada a la creación de infraestructuras que aparece en el Ente Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias, es necesario que mi Grupo resalte que
es un paso más en ese proceso de creación de infraestructuras, que se
suma a los anteriormente demostrados.
Vistas las cifras que aparecen en los presupuestos, comprenderán que me
haya extendido unos minutos en explicarlas a la Cámara para el
conocimiento de los señores Senadores, para que conste en el «Diario de
Sesiones» y para que --de una vez por todas-- quede claro que las
exclamaciones de que en estos presupuestos no se atienden las
infraestructuras es humo de paja que se entiende en un debate
parlamentario, pero los españoles deben saber que no es la realidad y, en
cambio, la realidad que figura en los presupuestos es brillante y les
permite un futuro mejor porque no es que las infraestructuras estén
adecuadamente dotadas sino que lo están de una forma brillante, sobre
todo si se compara con las que existían en presupuestos no muy lejanos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Alierta.
Hay un refrán que dice que después de la tempestad viene la calma.
Aquí parece que hemos empezado por la poesía y terminaremos después en la
prosa y es buena esa distensión porque se preparan momentos de alguna
tensión.
Muchas gracias, Senador Alierta.
El resto de organismos, el Anexo de inversiones reales y el Preámbulo no
han sido objeto de enmiendas. Por tanto, procede que se llame a votación
a los señores Senadores y, mientras tanto, se vayan ordenando las
votaciones. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) (Pausa.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a proceder a la votación de las Secciones del
proyecto de ley de presupuestos que se han debatido esta mañana.
Comenzamos por la Sección 26, presupuesto del Ministerio de Sanidad y
Consumo.
Votamos las enmiendas de los Senadores Estaún, Blasco y Martínez, en
primer lugar, la número 176.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, seis; en contra, 132; abstenciones, 83.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora el resto de las enmiendas presentadas por los Senadores
Estaún, Blasco y Martínez.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 87; en contra, 130; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de los Senadores Román y Cámara. En primer lugar,
la enmienda número 1138.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 86; en contra, 132; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 1152.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, tres; en contra, 210; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora las enmiendas números 1143, 1154, 1157, 1161, 1163, 1166,
1167, 1169, 1170, 1180, 1181 y 1182 a 1185.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 86; en contra, 132; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Ahora votamos el resto de las enmiendas presentadas por los Senadores
Román y Cámara.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, cinco; en contra, 132; abstenciones, 87.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas presentadas por los
Senadores Román y Cámara.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto originariamente presentadas
por el Senador Torres las vamos a votar en dos bloques. En primer lugar,
las números 62 y 64.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 85; en contra, 132; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el resto de las enmiendas originariamente presentadas por
el Senador Torres.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, seis; en contra, 132; abstenciones, 86.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la
enmienda número 694.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 86; en contra, 133; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 717.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 84; en contra, 132; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Ahora vamos a votar el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, de la número 695 a la 697 y de la 719 a la 768.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 83; en contra, 131; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la Sección 26, el presupuesto del Ministerio de Sanidad y
Consumo y el Insalud, según el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 131; en contra, 87; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
A continuación, votamos la Sección 31, Gastos de diversos Ministerios.
En primer lugar, las enmiendas números 1187, 1188 y 1189, de los
Senadores Román Clemente y Cámara Fernández.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 84; en contra, 130; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la Sección 31, Gastos de diversos Ministerios, según el
texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 132; en contra, 91; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la Sección 31.
Votamos el presupuesto de la Entidad Pública Estatal Empresarial, Puertos
del Estado y Autoridades Portuarias.
En primer lugar, las enmiendas números 425 y 432, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 86; en contra, 132; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos el texto del dictamen del presupuesto de la
Entidad Pública Estatal Empresarial, Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 133; en contra, 90; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos ahora el presupuesto de la Entidad Pública Empresarial
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
En primer lugar, la enmienda número 1203 de los Senadores Román Clemente
y Cámara Fernández.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 83; en contra, 132; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 433, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 85; en contra, 133; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el texto del dictamen de la Entidad Pública Empresarial
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 132; en contra, 90; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión.
Votamos la enmienda número 32, presentada por el Senador Armas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 92; en contra, 132.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el texto del dictamen del Ente Público de la Red Técnica Española
de Televisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 130; en contra, 92 .
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Presupuesto del Ente Público Radiotelevisión Española.
En primer lugar, votamos las enmiendas de los Senadores Román y Cámara,
números 1198 a 1202.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 86; en contra, 132; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 31, del Senador Armas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 91; en contra, 133.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 769, de veto, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 85; en contra, 132; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora el texto del dictamen del presupuesto del Ente Público
Radiotelevisión Española.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 133; en contra, 90.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el presupuesto de la Entidad Pública Empresarial Correos y
Telégrafos.
En primer lugar, el veto presentado por el Grupo Parlamentario
Socialista, que corresponde a la enmienda 387.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 85; en contra, 133; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos el texto del dictamen de la Entidad Pública Empresarial Correos y
Telégrafos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, 133; en contra, 83; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Ahora votamos el presupuesto de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, SEPI, comenzando por las enmiendas números 1204, 1205 y
1206, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los
Senadores Román y Cámara.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 86; en contra, 132; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 135; en contra, 88; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el presupuesto del Ente Público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas presentas por el Grupo
Parlamentario Socialista números 430 y 431.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 87; en contra, 132; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen del Ente Público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 132; en contra, 90; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el texto del dictamen que contiene el presupuesto de todos los
demás organismos y anexos distintos de los que ya hemos votado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 131; en contra, 92, abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados los presupuestos de todos los
organismos estatales y sus anexos.
Pasamos al Título IV, artículos 37 a 46; Título VIII, artículos 95 y 96 y
la Sección 7, Clases Pasivas.
Votamos las enmiendas de los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández,
números 1227 a 1229 y 1242.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 86; en contra, 132; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto presentadas por los Senadores Román Clemente y Cámara
Fernández.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la número
293, correspondiente al veto a la Sección de Clases Pasivas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 87; en contra, 131; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el veto a la Sección de Clases
Pasivas del presupuesto.
Vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, números
205 a 213 y 237 a 239.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 83; en contra, 135, abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas anteriormente
citadas.
Votamos la propuesta de modificación de la totalidad del Título IV,
suscrita por todos los grupos parlamentarios.
¿Puede considerarse aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado el Título IV.
Votamos el dictamen del Título VIII, artículos 95 y 96.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 133; en contra, 93.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen del Título
VIII, artículos 95 y 96.
Pasamos a votar el texto del dictamen de la Sección 07, correspondiente
al presupuesto de Clases Pasivas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 134; en contra, 92.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen de la Sección
07, presupuestos de Clases Pasivas.
Vamos a proceder a la votación de la disposición adicional decimosexta.
Las enmiendas números 246, presentada originariamente por los Senadores
Román Clemente y Cámara Fernández; 1573, del Grupo Parlamentario Popular,
y 1614, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió han sido retiradas y por tanto vamos a votar las números 244 y 245,
de los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 87; en contra, 132; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas 244 y 245.
Hay una propuesta de modificación del texto del dictamen de la
disposición adicional decimosexta, que está suscrita por todos los grupos
parlamentarios. ¿Se puede dar por aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada la propuesta de modificación, suscrita por todos los
grupos, de la disposición adicional decimosexta.
Pasamos a votar el preámbulo, de acuerdo con el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 132; en contra, 93.
La señora PRESIDENTA: Se aprueba el preámbulo del proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000.
Finalmente, vamos a votar los artículos números 2, 3, 4, 6, 12 y el Anexo
I, que no fueron votados al debatir el Título I.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 133; en contra, 92.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados los artículos anteriormente
citados.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2000 por Su Majestad el Rey. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
--DE LA COMISION CONSTITUCIONAL EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY
ORGANICA SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU
INTEGRACION SOCIAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
624/000028) (C. D. 122/000295).
La señora PRESIDENTA: Dictamen de la Comisión Constitucional en relación
con la proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España
y su integración social. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el Senador designado
por la Comisión, en este caso el Senador Agramunt.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, según designación de la Comisión Constitucional que me honro en
presidir, y de acuerdo con el artículo 120.1 del Reglamento del Senado,
procedo a efectuar la presentación de la proposición de ley orgánica
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social.
La proposición de ley orgánica tuvo entrada en el Senado el 29 de
noviembre de 1999 y, habiendo sido declarada urgente su tramitación, fue
remitida a la Comisión Constitucional, abriéndose plazo de enmiendas que
finalizó el 3 de diciembre y que, posteriormente, fue prorrogado hasta el
7 de diciembre.
A la proposición se han presentado 115 enmiendas, de las cuales las
números 1 y 2 corresponden a los Senadores Román Clemente y Cámara
Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; la número 3 al Senador Ríos
Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, y las números 4 a 115 al Grupo
Parlamentario Popular.
La Ponencia designada por la Comisión Constitucional e integrada por los
Senadores doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo
Parlamentario Socialista; don Salvador Capdevila i Bas, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; don Pedro
Tomás Galván de Urzaiz, del Grupo Parlamentario Popular; don Jesús Merino
Delgado, del Grupo Parlamentario Popular; don Joan Oliart Pons, del Grupo
Parlamentario Socialista; don José Fermín Román Clemente, del Grupo
Parlamentario Mixto; y don Joseba Zubia Atxaerandio, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Se reunió el 8 de
diciembre y acordó mantener el texto de la Proposición de Ley Orgánica
remitido por el Congreso de los Diputados, así como proponer el análisis
e incorporación, en su caso, de las 115 enmiendas presentadas, para
trámites parlamentarios posteriores.
La Comisión Constitucional en sesión de 10 de diciembre de 1999 ha
dictaminado la proposición de ley orgánica introduciendo 71 enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular y 31 enmiendas transaccionales propuestas por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió;
además se han mantenido las enmiendas 1, 2, 3 del Grupo Parlamentario
Mixto y 106 del Grupo Parlamentario Popular y retiradas las números 6,
23, 70, 109 y 110 del Grupo Parlamentario Popular.
En relación con el dictamen aprobado en la Comisión me permito, señora
Presidenta, señorías, hacer las siguientes observaciones.
En el artículo 25.1, primera línea, quizás debería decir «el visado se
solicitará y se expedirá» en vez de «... se solicitará y expeditará».
En el artículo 29, apartado 2, parece que falta «o» tanto antes de «se
proponga», como antes de «tenga una».
En el artículo 29.5, antes 4, parece mejor poner «figure» que «figurar».
En el artículo 31.1 se ha corregido la palabra «reúnen» por la que parece
más correcta «reúnan».
En el artículo 31.2 parece que falta la partícula «que», en la frase «El
extranjero que se presente en dependencias del Ministerio del Interior
manifestando por cualquier causa insuperable, distinta de la apatridia,
no puede ser documentado...», antes de «por cualquier causa insuperable».
En el mismo artículo y apartado 31.2 donde dice «En todo caso... cuando
el peticionario esté incurso en algunos...» parece que debería decir
«alguno».
Al artículo 36 le falta título.
El artículo 37, en la última línea donde dice: «... y las características
de las ofertas de empleo que se ofrecen a los trabajadores extranjeros no
residentes en España, por indicación de sectores y actividades...»,
parece que debería decir «con» en vez de «por».
El artículo 38 letra b) dice: «Se trata del cónyuge hijo de extranjero
residente en España con un permiso renovado» --texto que ya estaba en la
proposición pero con la conjunción «o» entre «cónyuge e hijo»--; parece,
por tanto, que faltaría la letra «o» entre «cónyuge» e «hijo».
En el artículo 38, párrafos a), b) y c), parece que el elenco debería
mantener en esas letras la redacción que se inicia con un sujeto en todos
los demás apartados; por ejemplo, decir: a) la cobertura de puestos de
confianza, b) el cónyuge o hijo de extranjero, c) el titular de una
autorización.
El artículo 40 ha pasado a ser artículo 30 bis nuevo, conforme a las
enmiendas números 67 y 68, que dan nueva redacción a los apartados 1, 2 y
3, e interpretadas en el sentido de trasladar el resto de los apartados
conexos al mismo nuevo destino. No obstante, por su contenido, podría
estar bien como artículo 30 bis nuevo o como artículo 28 bis nuevo.
En el artículo 43, en el encabezamiento, parece que sería conveniente que
figurara, en vez de «constituye el hecho imponible de una tasa»,
«constituye el hecho imponible de las tasas». El mismo plural --tasas--
debería ir, si así se estima correcto, en los artículos 43 bis nuevo, 44,
45 y 45 bis.
En el artículo 43 se ha corregido la última letra, g), por la correcta en
el orden alfabético, f).
El artículo 53 apartado 4 nuevo --antes 2-- parece que tiene una
redacción confusa, sobre todo si se compara con el apartado 1; en todo
caso, entendemos que falta una «a» antes de «los extranjeros».
El artículo 58 bis nuevo debería decir: «1. En los supuestos de los
apartados a), b) y c) del artículo 50, así como los apartados a) y g) del
artículo 49.»
En el artículo 58 ter nuevo se ha corregido la palabra «acceder», en la
última línea, por la que parece más idónea «exceder».
Falta título para los nuevos artículos 58 bis nuevo, 58 ter nuevo y 59
bis nuevo.
La ubicación del artículo 59 bis nuevo sería más adecuada en el Capítulo
I del Título II.
En la disposición transitoria segunda, apartado 3 nuevo, en la primera
línea, la mención a «permisos de trabajo b», debería ser «permisos de
trabajo B».
Disposición transitoria cuarta nueva. La mención de la primera línea al
artículo 46, debería ser a los artículos 43, 43 bis, 44 y 45 bis. Y la
mención posterior al artículo 44, en la tercera línea, debería ser al
artículo 45, o bien, para simplificar: «hasta tanto... en el Capítulo IV
del Título II seguirán en vigor las normas reguladoras... prórrogas y
renovaciones».
A esta proposición, además de todas estas correcciones sobre las que
entendemos se manifestarán los grupos parlamentarios durante el debate,
se mantienen 5 votos particulares: el número 1, del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, manteniendo el texto remitido por el
Congreso de los Diputados; el número 2, del Grupo Parlamentario
Socialista, manteniendo como voto particular el texto del Congreso de los
Diputados, que ha sido modificado por las enmiendas populares y
transaccionales; el número 3, del Grupo Parlamentario Popular, referente
a la enmienda número 106; el número 4, de los Senadores Román Clemente y
Cámara Fernández, solicitando el retorno al texto del Congreso de los
Diputados, en lo modificado por las enmiendas populares aprobadas,
excepto la número 48; el número 5, del Senador Ríos Pérez, del Grupo
Parlamentario Mixto, manteniendo como voto particular su enmienda número
3, así como el voto particular número 6, del mismo grupo, manteniendo las
enmiendas números 1 y 2, de los Senadores Román Clemente y Cámara
Fernández. (El señor Vicepresidente, Cardona i Vila, ocupa la
Presidencia.)
Además de ello, se ha presentado también una serie de correcciones
gramaticales o de numeración, firmadas por todos los grupos
parlamentarios.
Es todo cuanto procede indicar ante el pleno de la Cámara, señor
Presidente, sobre el dictamen elaborado por la Comisión Constitucional
acerca de esta proposición de Ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Gracias, Senador Agramunt.
Vamos a proceder al debate de totalidad.
En turno a favor, tiene la palabra el Senador Merino.
El señor MERINO DELGADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición de ley que presentamos para su aprobación en
este Pleno es, sin duda, una propuesta muy positiva para la sociedad
española, primero, porque viene a dar respuesta a unas graves carencias
sobre política de inmigración y extranjería que la ley socialista
vigente, de 1985, contiene; en segundo lugar, porque la sociedad española
de estos próximos años nos va a demandar conductas más democráticas, más
progresistas y más solidarias, pero, a la vez, más rigurosas y sobre todo
más acordes cada día con la realidad de las normas europeas; en tercer
lugar, porque en consecuencia no se trata --o al menos este grupo
parlamentario no lo pretende precisamente, como podemos ver estos días--
de obtener una rentabilidad electoral o política de esta norma. Al
contrario, han sido sobre todo los partidos de la izquierda y sus
movimientos o entes más próximos los que están haciendo un gran ejercicio
de irresponsabilidad social y política a la vista de las fechas
preelectorales en que nos encontramos.
Que nadie se llame a engaño. La falsa bandera de la defensa de los
colectivos inmigrantes puede producir en ellos un desencanto futuro más
nefasto aún que su situación actual. El cinismo de estas posiciones sólo
es comparable con la dureza de la Ley vigente de 1985.
Este grupo parlamentario ha hecho un importante ejercicio de
responsabilidad, estudiando el texto que se remitió por el Congreso de
los Diputados, y presentando, como es nuestra obligación, las enmiendas
que hemos considerado necesarias, porque, como Cámara de segunda lectura,
hemos querido perfeccionar y mejorar el texto y dar mayor rigor a alguno
de sus preceptos, y todo ello sin menoscabar el intenso y positivo
trabajo del Congreso de los Diputados.
Nuestras enmiendas han partido del respeto máximo a los contenidos
básicos del texto del Congreso de los Diputados. Estamos convencidos --y
lo compartimos-- de que esta proposición de ley amplía el catálogo de
derechos a favor de los emigrantes. Estamos convencidos --y lo
compartimos-- que era necesario incluir por primera vez el derecho de
reagrupación familiar. Y estamos absolutamente decididos a que los
poderes públicos se coordinen, sobre todo en las políticas de integración
de los emigrantes en nuestra sociedad, a través del Foro para la
Emigración y el Consejo de Política de Inmigración.
Hemos buscado, desde la llegada del texto al Senado, la negociación y el
consenso con todos los grupos políticos de la Cámara. Unos han intentado
encontrar fórmulas para llegar a un acuerdo, sin conseguirlo. Otros han
intentado mejorar nuestras enmiendas, y lo han conseguido. Otros,
finalmente, han rechazado desde el primer día nuestra oferta de diálogo.
Han impedido cualquier modificación del texto, con un claro desprecio al
trabajo de esta Cámara, y ni siquiera se han tomado la molestia de
presentar enmienda alguna pese a que, en Comisión, afirmaron que tenían
varias que habrían mejorado el texto.
En todo caso, este Grupo Parlamentario, tanto en Ponencia como en
Comisión, incluso hasta hace un momento, ha intentado mejorar el texto,
pero las fuertes presiones del Grupo Parlamentario Socialista sobre
portavoces de otros grupos, cuya firma era necesaria, y la negativa, por
primera vez en esta Cámara, del Grupo Parlamentario Mixto para conceder
su firma de cortesía a la presentación de nuevas enmiendas
transaccionales, que suponían regularizar a todos los extranjeros hasta
el pasado mes de noviembre, han hecho imposible ese acuerdo.
Este texto, que perfeccionaba sustancialmente el del Congreso, no ha
podido ser mejorado. Que sepa el Grupo Parlamentario Socialista, o el
Foro de la Emigración, o las ONG, que, en este caso, el Grupo
Parlamentario Socialista puede estar contra el Gobierno o votar en contra
de este texto, pero que han obstruido y perjudicado gravemente los
intereses de ciudadanos extranjeros en España. Están
dejando fuera de la regularización a miles de extranjeros, ahora sin
papeles, y deberán dar explicaciones a la sociedad española. Porque,
señorías, sólo nuestra modificación de la fecha para regularizar a todos
los extranjeros a 15 de noviembre --sólo ésa-- abría la puerta a todos
los que ahora no pueden regularizar su situación.
El texto aprobado por la Comisión puede sintetizarse, por tanto, en
cuatro grandes áreas de actuación. En primer lugar, la declaración de
derechos y libertades de los inmigrantes. En segundo lugar, el régimen de
emisión de visados. En tercer lugar, el mecanismo de regularización
automática. En cuarto lugar, el régimen sancionador.
Este Grupo Parlamentario, como he dicho anteriormente, ha entendido desde
el principio que cualquier reforma legislativa de la Ley vigente debía
adaptarse a la normativa europea. En este sentido, el Acuerdo de Tampere
no podía dejarse a un lado. Por tanto, esas cuatro grandes áreas que he
citado llevan ya en su contenido las nuevas directivas europeas, porque
ya he dicho en varias ocasiones que este Grupo debe cumplir el mandato
del apartado a), Política de asilo y migración común de la Unión Europea,
que, en su capítulo 3, apartado 21, es claro y rotundo cuando dice
textualmente: El estatuto jurídico de los nacionales de terceros países
debería aproximarse al de los nacionales de los Estados miembros.
A una persona que haya residido legalmente en un Estado miembro durante
un período de tiempo sin determinar y que cuente con un permiso de
residencia de larga duración, se le debería conceder en ese Estado un
conjunto de derechos de carácter uniforme lo más cercano posible al de
los ciudadanos de la Unión que contenga el derecho a residir, a recibir
educación, a trabajar por cuenta propia o ajena, sin olvidar el principio
de discriminación respecto de los ciudadanos del Estado de residencia.
El Consejo Europeo hace suyo el objetivo de ofrecer a los nacionales de
terceros países que hayan residido legalmente durante un período de
tiempo prolongado, la posibilidad de obtener la nacionalidad del Estado
miembro en que residen.
Podría, señorías, citar algún precepto más de esas importantísimas
conclusiones del acuerdo de Tampere. Todos coinciden en un aspecto común:
siempre habla de residentes legales como beneficiarios de derechos y
libertades. Sin embargo, este Grupo Parlamentario, respetando al máximo
ese mandato, ha ido más allá, y acorde con el texto del Congreso ha
respetado que todos los extranjeros, en situación legal o ilegal,
pudieran mantener unos derechos básicos, como el de la educación infantil
obligatoria, o el derecho a una sanidad pública para todos, incluidos los
niños o las mujeres embarazadas. Todos se incluyen en este beneficio
público.
Ni estos ni ningún otro derecho básico se contempla en ningún país de la
Unión Europea para los extranjeros en situación irregular --eso debe
quedar absolutamente claro--, pero a la vez compartimos la necesidad de
otorgar esos derechos básicos a todos los extranjeros, y también asumimos
el mandato de Tampere de diferenciar entre extranjeros que no tienen
legalizada su situación en España de aquellos otros que sí la tienen, y
cumpliendo rigurosamente ese mandato ampliamos el catálogo de derechos a
los extranjeros en situación legal, equiparándolos con cualquier
ciudadano español.
Para ello se prevén en la proposición de ley los derechos de educación,
vivienda, asociación, sindicación y huelga, derecho a voto en las
elecciones municipales cuando exista reciprocidad, derecho a la tutela
judicial efectiva, derecho a la asistencia jurídica gratuita y un derecho
importantísimo, el derecho a la reagrupación familiar, que no existía ni
existe en la Ley vigente.
Respetamos, por tanto, todo el sistema de derechos y libertades
establecidos por nuestra Constitución para los españoles a todos los
extranjeros con residencia legal en nuestro país. Nunca se había
establecido nada igual. Por supuesto, la Ley de 1985 sólo contenía
derechos de asociación, sindicación y huelga. Nada preveía para los demás
extranjeros.
Pero este Grupo Parlamentario no debe consentir situaciones de
explotación o de ilegalidad. No puede haber extranjeros de primera y de
segunda, como ha venido siendo habitual con la Ley vigente, y hoy
sufrimos las consecuencias.
Precisamente para regularizar las actuales situaciones creadas en la
ilegalidad --y deben rondar más de 50.000 los casos-- se ha establecido
en el texto el procedimiento del artículo 29, que regula todo lo relativo
a la obtención de visados. En nuestra opinión, este procedimiento es
suficientemente garantista, remitiendo para ello a la Ley de
Procedimiento Administrativo y al reglamento que se elabore. Lo hubiera
podido ser aún más, hubiera podido ser aún más beneficioso de aprobarse
las enmiendas transaccionales que se pretendían presentar.
Asimismo, se introduce la motivación de la denegación en los casos de
visado por reagrupación familiar o para trabajadores por cuenta ajena, e
incluye las razones humanitarias para su concesión, aunque no se reúnan
los requisitos legales.
Podemos concluir, por tanto, que en lo referente al régimen jurídico de
las situaciones de los extranjeros y a la tutela judicial efectiva de los
mismos, nuestras enmiendas han pretendido facilitar la entrada en España
de todos los extranjeros que lo deseen. Se trata, sin duda, de la
normativa más flexible y generosa de la Unión Europea y, por supuesto,
más generosa, más solidaria y más democrática que la Ley socialista de
1985 ahora vigente.
Por primera vez se incluye en el texto la posibilidad de que la
Administración fije cada año un contingente de trabajadores extranjeros,
dando audiencia previa al Consejo Superior de Políticas de Inmigración y
a las organizaciones empresariales y sindicales.
Se amplía, asimismo, el catálogo de excepciones a la necesidad del
permiso de trabajo, respetando el texto del Congreso de los Diputados, y
delimita claramente los tipos de permiso de trabajo por cuenta ajena, por
cuenta propia y permisos especiales.
Por último y en lo que se refiere al régimen de infracciones y sanciones,
cabe destacar, en primer lugar, que cumple escrupulosamente con lo
establecido en los convenios de Schengen y de Tampere, el primero de
ellos vigente
desde la Ley de 1985. Ahora, sin embargo, se incluye un nuevo precepto
que protege contra la discriminación, no sólo racial y religiosa, y
contemple la protección de la mujer, de acuerdo con el Tratado de
Amsterdam.
No se ha incluido ni una sanción nueva que no estuviera en la Ley vigente
o en el texto del Congreso de los Diputados, ni una sola sanción nueva
para los inmigrantes. Es cierto que aquellos que hayan cometido delito en
España o en el extranjero podrán ser expulsados, lo que no se contemplaba
en el texto del Congreso, pero sí en la Ley de 1985.
Por lo que se refiere al transporte internacional, el texto del Congreso
nada establecía, por lo que era necesaria su regulación en un momento de
fuerte aumento del transporte de mercancías por parte de extranjeros, a
la vez que se establecen las necesarias sanciones para el tráfico ilegal
de personas, drogas o armas, por ejemplo. Ni siquiera sobre esta cuestión
los grupos de la izquierda han querido apoyar nuestras enmiendas.
Para terminar, señorías, cabe decir que Europa dictará muy pronto, en
cumplimiento del Tratado de Amsterdam, una nueva normativa sobre
inmigración. No podíamos nosotros poner obstáculos a esa normativa con
otra que ahora estemos elaborando. En esta responsabilidad hemos
trabajado y, para conseguir el objetivo de una norma que transcienda de
los períodos electorales y de los gobiernos de diferente tendencia, hemos
hecho un llamamiento al diálogo y al consenso también en esta Cámara.
Por eso, debo agradecer al Grupo de Senadores de Convergència i Unió su
esfuerzo para mejorar el texto con las diversas enmiendas transaccionales
presentadas, así como a los restantes grupos que han presentado
enmiendas, en un afán constructivo de su labor parlamentaria.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Merino.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria va a
compartir, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, unos minutos de su
tiempo para exponer su posición con respecto a esta proposición de ley.
El problema que hoy debatimos va más allá de una mera discusión de texto.
No se trata de una cuestión que deba ser afrontada por un solo Gobierno o
dirimida, inclusive, un una sola legislatura. Es, sin lugar a dudas, una
cuestión de Estado, que tendrá una evolución futura y que afectará a
generaciones venideras de españoles.
Coalición Canaria ya ha dicho en repetidas ocasiones que el consenso
entre todas las fuerzas debe ser la salida a un manifiestoconflicto de
intereses políticos. Una ley de estas características no puede ser
aprobada por medio Parlamento a favor y medio Parlamento en contra. La
norma que ahora debatimos es un compromiso que atañe a todos los grupos.
No vamos a entrar a valorar de quién es la responsabilidad, porque
sospecho que es de todos, aunque de unos más que de otros.
Llama la atención, e incluso sorprende que no se haya realizado un
estudio serio y en profundidad sobre la realidad actual de la inmigración
en España. Tan sólo se conocen datos sueltos. De igual modo, tampoco se
ha evaluado económicamente algo que es propio de cualquier moción o
proposición de ley, lo que supondría acometer los retos y compromisos que
aceptamos si se aprueba la norma que hoy analizamos. Hay que orientar la
ubicación de los que llegan a nuestro país, valorar la mano de obra que
se puede necesitar y en qué sectores, los gastos añadidos en educación,
sanidad y vivienda, porque a quienes se acepta como convecinos habrá que
atenderles en igualdad de condiciones que a los nativos.
Nada de esto se ha hecho, y para comprobarlo basta subir a la tercera
planta de este edificio y acercarse a la Dirección de Comisiones; verán
que en el expediente relativo a la proposición de ley de extranjería no
hay informe alguno en el que se analice la realidad de la inmigración en
España ni las previsiones de futuro en caso de aplicación de cualquiera
de estos textos, tan sólo se acumulan iniciativas parlamentarias sin
sustento documental.
Por ello y porque en un principio había consenso, es imprescindible
volver al acuerdo. Los textos tienen grandes vacíos, por lo que el
reglamento que se elabore en los próximos seis meses para desarrollar
esta ley será muy polémico. Con un texto o con otro y con media España
frente a la otra media, no será posible afrontar con éxito uno de los
problemas más importantes del nuevo siglo.
Por ello, Coalición Canaria insta a todas las fuerzas políticas presentes
en el arco parlamentario a un postrero esfuerzo para reencontrarse en un
nuevo compromiso global. Este llamamiento es mucho más imperativo para
las dos fuerzas políticas que tienen la posibilidad de formar el futuro
Gobierno salido de las inmediatas elecciones generales: el Partido
Popular y el Partido Socialista; de su altura en la proyección a esta
política de Estado y de su mutuacolaboración, dependerá el éxito de esta
proposición.
Aún queda tiempo para hacer un nuevo esfuerzo, pues una semana es una
enormidad en materia política, y no será votado hasta el próximo
miércoles en el Congreso de los Diputados. Mientras, en este trámite
Coalición Canaria se va a abstener con el fin de apoyar desde sus escasos
escaños el posible consenso. Al mismo tiempo queremos reclamar, porque
será beneficioso para el conjunto de la sociedad, una mayor información,
pues sólo así la ciudadanía conocerá la auténtica dimensión de lo que hoy
estamos debatiendo.
Hemos dicho que nuestra posición no iba a estar supeditada a la
aprobación de nuestra enmienda de adición, y así será.
Independientemente de ello, Coalición Canaria se abstendrá hoy en esta
Cámara.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Ríos.
Para concluir el turno del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Merino, he seguido con muchísima atención su intervención. Quiero
responder --y lo haré después-- a ese llamamiento a la responsabilidad
que traslada al Grupo Parlamentario Mixto, y quiero hacerlo como portavoz
del mismo.
Pero antes me va a permitir que le diga cuál ha sido nuestra posición,
que ya conoce. No voy a hacer más que repetir lo que hemos manifestado en
la tramitación llevada a cabo en el Congreso de los Diputados, donde
fuimos protagonistas al presentar una proposición de ley. Izquierda Unida
no va a negociar ningún derecho humano, bajo el pretexto de cualquier
razón de Estado ni responsabilidad de Gobierno. Senador Merino, la única
razón de Estado que cabe para Izquierda Unida es el Estado Social y
Democrático de Derecho, que no distingue ni el color de la piel ni las
creencias. Estamos ante un comportamiento democrático o antidemocrático.
Su señoría sabe perfectamente que hemos hecho todo tipo de esfuerzos en
la tramitación de esta proposición de ley para conseguir el consenso en
el Congreso de los Diputados; consenso laborioso que ha supuesto meses de
discusiones, debates y negociaciones, y, Senador Merino, hay muchas cosas
que no me han gustado de su intervención, pero una me ha molestado
especialmente: no puede responsabilizar a las organizaciones no
gubernamentales, al Foro de la Inmigración y al Grupo Parlamentario Mixto
de algo que es sólo de su responsabilidad, de la responsabilidad de su
Grupo. Las organizaciones no gubernamentales, el Foro de la Inmigración
han estado colaborando de forma continua, estrecha, aportando datos e
ideas, trabajando por un consenso; y, en aras a ese consenso, Izquierda
Unida ha renunciado a muchas cosas. Para Izquierda Unida ésta es una ley
de mínimos, Senador Merino, lo saben perfectamente, pero era importante
ese consenso porque queremos que salga adelante la ley. No está
justificado ni es razonable que quiera trasladarnos su responsabilidad.
En la tramitación de esta ley se ha producido un debate en la Cámara y
otro fuera de ella, y mienten los que dicen que esta ley produce peligros
porque no es verdad; esta ley sólo puede ser peligrosa para los que, en
una situación de caos, vienen aprovechándose de los trabajadores
extranjeros no regularizados, sin posibilidad de Seguridad Social, porque
son objeto de explotación, sin los salarios legales y sin las condiciones
necesarias de salubridad e higiene en el trabajo. Para esos sí es
peligrosa la ley, pero no lo es en modo alguno el que se regularice a
todos los inmigrantes porque esto sólo puede redundar, Senador Merino, en
un Estado de Derecho que garantiza la seguridad jurídica y que puede
también --y es algo que les preocupa a ustedes-- garantizar la seguridad
ciudadana.
La ley que salió del consenso en el Congreso de los Diputados ponía orden
en un caos que había nacido precisamente por la política seguida por los
propios movimientos migratorios y, si esto se olvida, Senador Merino, se
está engañando a los ciudadanos.
Mienten también quienes están diciendo que ésta es una ley que favorece
actividades contra nuestra Comunidad. Aunque nosotros considerábamos y
consideramos que es una ley de mínimos, el texto del Congreso hacía un
reconocimiento de los derechos y libertades que queremos que salgan
adelante, y que salgan de forma consensuada. Mienten los que dicen que
esta ley es un coladero; esta ley no es ningún coladero porque no se ha
modificado ninguno de los requisitos para acceder al territorio nacional.
Cada uno de los artículos de esta ley debe tener la visión puesta en la
cara, en los nombres y en las personas que nos inspiran su redacción y,
para eso, ha sido enormemente valiosa la colaboración de las
organizaciones no gubernamentales y del Foro de la Inmigración. Esta es
una ley que pone nombre y apellidos a los inmigrantes que viven en el
Cerro de la Mezquita, en El Ejido (Almería); en la Loma de la Mezquita,
en el Cerro del Aguila, etcétera, eso es lo que quería esta ley.
Senador Merino, ustedes rompen el consenso con la presentación de 112
enmiendas, que han definido en el trámite de Comisión como su política de
máximos en materia de inmigración, pero eso es otra ley, da un vuelco
completo a la ley.
Ustedes han hecho una ley que dice estar inspirada en tratados, en
acuerdos internacionales, y saben que eso no es verdad, porque no puede
haber ningún acuerdo internacional que pueda ir contra los derechos
humanos, porque son derechos universales, no interpretados de forma
individual por ninguno de los Estados. En ningún acuerdo se pueden
quebrar los derechos humanos, los derechos universales.
En Izquierda Unida, del Grupo Mixto, hemos tenido toda la disposición del
mundo para trabajar. Ustedes pasaron en el trámite de Ponencia. Fuimos a
un debate en Comisión donde comparecieron con un acuerdo, mediante
enmiendas transaccionales, alcanzado con un Grupo Parlamentario de esta
Cámara, Convergència i Unió. Con ese acuerdo ustedes siguen rompiendo el
consenso del Congreso de los Diputados, rompiendo ese trabajo,
transformando la ley. Y hoy se presentan trasladándonos al Grupo
Parlamentario Mixto, a este portavoz, la responsabilidad de no conseguir
una variación en el texto que ustedes han modificado con sus enmiendas
transaccionales. Cuatro años de trabajo en esta Cámara, de una
trayectoria sobre la que ustedes no pueden echar ni una sombra de duda,
intachable en el trabajo y en el comportamiento.
Senador Merino, vamos a tener oportunidad de debatir, a lo largo de toda
la tramitación en la mañana de hoy, sobre todos aquellos aspectos que
ustedes han transformado con sus enmiendas. Lo que dice en su discurso no
se corresponde con lo que han modificado. Ustedes con sus enmiendas
persiguen reducir las prestaciones, limitar los derechos laborales,
evitar la universalización de los derechos sanitarios o escolares. Eso
sí, algo mantienen, la recaudación de impuestos y tasas y, sobre todo,
defender una libre disposición de una mano de obra oculta, legalmente
inexistente o precaria. No se puede proteger ninguna enmienda
transaccional que diga que esto que han hecho ustedes es la razón, el
entendimiento, la suavización de la actitud del Gobierno, porque eso es
convertirse en cómplices de esa ruptura del consenso.
Ustedes han convertido al extranjero en excluido y han abocado, con sus
modificaciones, a una discriminación a miles de trabajadores y
trabajadoras que han tenido la idea feliz de incrementar los beneficios
empresariales en nuestro país. Por eso, Senador Merino, nos hemos opuesto
en toda la tramitación, porque ustedes, sólo ustedes, han roto el
consenso del Congreso. Y yo le voy a devolver, Senador Merino, esa
responsabilidad que ha trasladado al Grupo Parlamentario Mixto: retiren
todas las enmiendas que han introducido, retiren las transaccionales,
vuelvan al consenso del Congreso de los Diputados, a esa ley fruto de
todo el trabajo, y ahí, en ese consenso, volveremos a estar.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de los grupos
parlamentarios Socialista y Mixto.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Román.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, abordamos hoy en esta sesión plenaria el debate de la
proposición de ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social. Creo que es bueno comenzar haciendo un
poco de historia, y recordar que esta proposición de ley tiene su origen
en tres iniciativas parlamentarias presentadas respectivamente por los
Grupos, Federal de Izquierda Unida, Catalán de Convergència i Unió y
Mixto. Tres iniciativas que una vez tomadas en consideración fueron
refundidas en un único texto dado que todas ellas tenían por objeto un
mismo fin, cual era la reforma de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
Una vez elaborado ese texto se acordó --con buen criterio-- que los
distintos grupos parlamentarios pudieran presentar sobre el mismo nuevas
enmiendas, sin perjuicio de que se pudieran defender posteriormente todas
las posiciones planteadas inicialmente en las distintas proposiciones de
ley o en las enmiendas que los grupos presentamos a cada una de ellas. Se
optó, por tanto, por un método de trabajo --a nuestro juicio, acertado--
aceptado por todos y que permitía analizar, con un carácter absolutamente
abierto y sin exclusiones, las diferentes posiciones políticas que cada
cual mantenía en una cuestión tan compleja y de tanta trascendencia. A
partir de ahí se suceden los distintos pasos reglamentarios de la
tramitación hasta llegar a la aprobación por el Pleno del Congreso de los
Diputados, en fecha 25 de noviembre, del dictamen elaborado por la
Comisión.
¿Cómo se desarrolla tal tramitación? Pues, señorías, se desarrolla con
rigurosidad, con serenidad, con espíritu constructivo, con afán de
consenso; un consenso que en las grandes líneas se obtiene con el texto
del dictamen. Y no fue tarea fácil, señorías, hubo que superar muchas
dificultades hasta llegar a un texto de consenso. Todos los grupos, sin
excepción, dejaron/dejamos en el camino parte de nuestras inquietudes y
deseos. Por hablar de nosotros mismos, diré que para no entorpecer el
acuerdo renunciamos --entre otras muchas cosas-- a plantear el debate
sobre competencias policiales en la materia, que entendemos que
corresponden en nuestro ámbito a la Ertzaintza; un debate éste importante
y que, en todo caso, suscitaremos en otro momento distinto y más oportuno
del que nos encontramos.
Lo importante es resaltar que nuestro grupo, como todos los demás,
centramos el discurso en lo estrictamente relacionado con el
reconocimiento de derechos y libertades de los extranjeros y en el empeño
por ensanchar o ampliar los estrechos límites de la ley vigente. Hicimos
nuestra la aportación en ese sentido de todo lo que tiene que ver con los
principios rectores de la política social y económica --vivienda,
sanidad, educación--; participamos de una redacción del Título II,
referido al régimen jurídico de la situación de los extranjeros, que
hacemos nuestra; asumimos la regulación de las infracciones en materia de
extranjería y también la coordinación de los poderes públicos en la
materia. En suma, nos consideramos, para lo bueno y para lo malo,
coautores del texto que aprobó el Congreso y ha tenido entrada en esta
Cámara.
Pero algo que parecía discurrir por los cauces de la serenidad, de la
seriedad y del buen hacer empieza a resquebrajarse curiosamente una vez
aprobado el informe de la Ponencia por la Comisión y antes del debate
plenario en la Cámara baja; lo que se venía haciendo desde hacía 18 meses
empieza a ser cuestionado, curiosamente, repito, justo en ese momento.
Comienza a ponerse en tela de juicio la propia labor parlamentaria y se
hace, sorprendentemente, desde instancias gubernamentales. Determinados
miembros del Gobierno --no daré nombres, pero están en boca de todos--
caen de pronto en la cuenta de que está próxima a culminar la reforma y,
sin importarles lo más mínimo la situación en que colocan a los propios
Diputados del grupo parlamentario que lo sustenta, empiezan a alzar su
voz crítica contra el texto que estaba a punto de ser aprobado en el
Pleno. El Grupo Parlamentario Popular se ve obligado a recular y es su
portavoz quien, en la sesión plenaria del día 25 de noviembre, reconoce
textualmente discrepancias con algunas previsiones, habla de reservas de
carácter técnico-jurídico y anuncia, junto a la petición de votaciones
separadas de algunas previsiones contenidas en el dictamen, el propósito
de enmendar en el Senado --y reproduzco literalmente-- aquellos extremos
de la ley que creemos insatisfactoriamente resueltos. Pronto se supo que
esas reservas y esos extremos iban, como se sospechaba, mucho más allá de
lo puntual y alcanzaban a la misma línea de flotación del texto aprobado
por el Congreso de los Diputados.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, en un trabajo digno de
reconocimiento por la celeridad con que lo lleva a cabo, presenta un
total de 112 enmiendas al texto elaborado durante 18 meses, que contaba
con un amplísimo respaldo, no sólo político sino también sindical, de
asociaciones, de ONGs, de colectivos y de ciudadanos de muy distinta
condición.
Nadie va a discutir --desde luego nuestro Grupo no lo hace-- el derecho
que le asiste al Grupo Parlamentario Popular, como a todos, a presentar
cuantas enmiendas le parezcan oportunas, en este u otro proyecto
normativo. Tampoco vamos a hacer cuestión de la celeridad del trámite del
Senado, ni vamos a levantar la más leve duda o sombra sobre la bondad del
trámite parlamentario y de la observancia del Reglamento. Pero lo que sí
sostenemos --y creo que con fundamentos sobrados-- es que en cuestión de
horas se pretende dar vuelta a un trabajo de meses y, en definitiva,
romper el consenso, porque se podrán hacer los discursos que se quiera y
se podrá adornar al máximo la justificación para el «Diario de Sesiones»,
incluso culpar ahora a otros, pero lo que no se puede negar, señorías, es
que 112 son muchas enmiendas para una proposición de 63 artículos, y lo
que es peor, que tales enmiendas suponen un drástico recorte sobre el
contenido del texto consensuado, con evidentes restricciones a la
integración y al reconocimiento de los derechos básicos de los
inmigrantes.
Se puede decir --y lo decimos-- que el Gobierno ha presentado por esta
vía, en el último minuto y a través de su Grupo Parlamentario, una
auténtica contrarreforma, o dicho de otra manera, un veto al texto
elaborado; en su legítimo derecho y conforme al Reglamento, eso sí, pero
ésa es la verdad. Pocos artículos, ninguno importante, se salvan de la
quema, utilizando un trámite --vuelvo a repetir-- todo lo legal y
reglamentario que se quiera, pero que supone una auténtica burla a
cuantos han confiado --y eran y son muchos-- en un cambio profundo de la
comúnmente llamada ley de extranjería.
Señorías, no se pueden generar unas expectativas durante meses y
rebajarlas, cuando no desvanecerlas, de un plumazo, en el último
instante. Es una cuestión que requiere sensibilidad y con la que no se
puede jugar. Reconocemos el esfuerzo del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió a fin de consensuar algunos de los
puntos más polémicos suscitados por las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, y constatamos, además, que gracias a ese empeño se han
introducido 35 enmiendas transaccionales que suavizan algunos de los
aspectos más preocupantes, pero este reconocimiento y constatación no son
suficientes en ningún caso para variar nuestra posición.
Participamos en un consenso del que nos sentimos satisfechos y en el que
nos vamos a mantener. Queremos que se apruebe por fin una nueva ley que
derogue la del año 1985, pero no queremos que sea cualquier ley, sino una
ley con sentido común, no mutilada, que goce del mayor consenso posible y
no sólo en sede parlamentaria. El texto aprobado por el Congreso lo era y
lo es, a él irá dirigido también ahora nuestro voto, por lo que votaremos
en contra del dictamen de la Comisión Constitucional de esta Cámara.
Señorías, estoy de acuerdo con ustedes. Es una cuestión de
responsabilidad, ciertamente. Cada uno tiene la suya. Nosotros también, y
la asumimos gustosos. De ahí nuestro rechazo sereno al texto que hoy, por
el juego de las mayorías, aprobará esta Cámara, pero que confiamos en que
la semana próxima rechace el Congreso de los Diputados. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Zubia.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor Presidente.
En las intervenciones durante el pasado 10 de diciembre en la Comisión
Constitucional de esta Cámara por parte de los representantes de algunos
grupos parlamentarios respecto de la actuación del Grupo de Convergència
i Unió creí entender la lectura crítica que se hacía en cuanto a que ese
esfuerzo benemérito --se utilizó esa palabra-- tenía por objeto salvar la
cara del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno.
Este Senador explicó el papel preponderante que nuestro Grupo siempre ha
tenido en la elaboración de la ley, y manifestó que nuestro objetivo era
mejorar ésta en pro de los derechos y libertades de los extranjeros y,
sobre todo, de su integración en la sociedad española.
Señorías, la sorpresa del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, o del Grupo
Parlamentario Mixto ante la presentación de estas 112 enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular fue también nuestra, aun cuando el posicionamiento
del Grupo Parlamentario Popular --que ha sido mencionado ahora en esta
Cámara-- durante el debate de esta ley en el Pleno del Congreso de los
Diputados dejó entrever que probablemente se presentarían enmiendas en el
Senado.
¿Qué postura debíamos adoptar?¿La inamovible y crítica de mantener a
ultranza el texto del Congreso porque estaba consensuado? ¿No podía
seguir manteniéndose ese consenso sobre las enmiendas presentadas, aunque
fuera a última hora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado?
Porque en otras ocasiones ha ocurrido eso, es decir, también ha habido
otro consenso en esta Cámara.
Algún grupo parlamentario ya puso de manifiesto en la Comisión
Constitucional que esta ley era realmente mejorable, aunque era obvio que
el hecho de encontrarnos a estas alturas de la legislatura, en pleno
debate de presupuestos, y ante una tramitación parlamentaria de urgencia,
con el consiguiente acortamiento de los plazos, ya de por sí
reducidísimos en esta Cámara, no invitaba a participar en la discusión y
negociación de esas enmiendas.
Pues bien, nuestro grupo, con el natural esfuerzo, y por entender que
debía salir a la luz esta ley de extranjería --la cual, aun con las
críticas y reparos achacados, mejora la situación actual ya que supone un
avance en el reconocimiento de los derechos y libertades y de todos los
aspectos de la integración de los inmigrantes, que era precisamente uno
de los máximos objetivos de nuestro grupo parlamentario--, presentó y
negoció con el Grupo Parlamentario Popular 36 enmiendas transaccionales
en la Comisión
Constitucional. De dichas enmiendas se dijo durante ese trámite que, si
bien suponían una mejora de las presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular, lo eran precisamente respecto de esas enmiendas y no del texto
del Congreso y su filosofía de consenso.
Nuestras enmiendas transaccionales pretendían evitar la ruptura de esa
filosofía del texto del Congreso en la búsqueda de la ley que necesita la
sociedad española y los inmigrantes que permanecen en nuestro país; una
ley que recoja los derechos inherentes a las personas, dejando claro, eso
sí, la igualdad de los derechos de los inmigrantes permanentes en nuestro
país y de los nacionales del mismo. Por ello, presentamos en la Comisión
Constitucional esas enmiendas transaccionales a las del Grupo
Parlamentario Popular, las cuales, como se dijo por nuestra parte, iban
en la línea de mejorar esta ley. (La señora Presidenta ocupa la
Presidencia.)
Varias de nuestras enmiendas transaccionales tenían por objeto la
retirada por parte del Grupo Parlamentario Popular de algunas de sus
enmiendas y la vuelta al texto del Congreso, precisamente para evitar esa
posición antagónica respecto de la filosofía de consenso del texto del
Congreso que denunciaban el resto de los grupos parlamentarios.
Creo que el primer paso fue dado por nuestra parte y, no limitándonos a
aquella intervención, hemos proseguido esta vía de diálogo y negociación
con el Grupo Parlamentario Popular con el afán de conseguir finalmente
una buena ley.
Como ha dicho el Senador Merino, estamos a punto de llegar a la
presentación de unas enmiendas transaccionales, algunas puramente
técnicas, pero la mayoría de gran calado y profundidad, sobre esta ley
que ahora debatimos.
Concretamente se ha referido a una de ellas, la relativa a la fijación de
la fecha a partir de la cual entrarían en vigor los efectos de esta ley,
fijada en el 15 de noviembre de 1999, que supone un gran avance e implica
--creo que se han hecho estudios al respecto-- la integración de unos
80.000 inmigrantes.
Otra de las enmiendas --a la cual se ha referido ya el Senador Román
Clemente-- es la relativa a la búsqueda e introducción en la ley de la
plena igualdad de los derechos humanos entre los inmigrantes y los
nacionales españoles.
Por último, otra de las enmiendas transaccionales propugnada por nuestro
grupo --a la que también ha hecho referencia el Senador Román Clemente--
es la referida a la vuelta al Congreso del artículo 63, respecto al Foro
de la Inmigración, es decir, nuevamente se potencia dicho Foro, con el
previo informe que precisamente caracteriza a esta institución.
En cuanto al texto aprobado el pasado mes de noviembre de 1999, ya ha
hecho referencia al mismo el Senador Zubia y no voy a incidir en ello,
como sus señorías saben, está basado en tres iniciativas, una de ellas
presentada por nuestro Grupo de Convergència i Unió, en defensa
precisamente de la toma en consideración de una proposición de ley
orgánica sobre medidas que favorecieran una mayor protección e
integración de los inmigrantes y, con ello, la elaboración de una nueva
ley, basada en valores y actitudes diferentes a las que se tuvieron en
cuenta en el año 1985, relativa a la integración social de los
extranjeros, especialmente de los extracomunitarios, en nuestra sociedad.
Como punto de referencia se tomó la iniciativa del Grupo Catalán de
Convergència i Unió, cuya toma en consideración fue aprobada por
unanimidad --creo que merece la pena dejar constancia de ello-- y uno de
los objetivos propuestos por nuestra iniciativa era el relativo a la
pretensión de ir normalizando escalonadamente la situación de los
inmigrantes extranjeros en España, poniendo el mayor énfasis en la
integración social de los inmigrantes residentes en España, el
reconocimiento expreso de derechos reconocidos en nuestra Carta Magna y
reconocidos también en diversas sentencias de nuestro Tribunal
Constitucional, así como en los convenios y tratados internacionales de
política migratoria ratificados por España.
Si no recuerdo mal, el representante de Coalición Canaria, del Grupo
Parlamentario Mixto, durante el debate de la toma en consideración en el
Congreso de los Diputados apeló a la necesidad de la prudencia como eje
fundamental para evitar reacciones innecesarias e inconvenientes y
propugnaba --de ahí su voto a favor a nuestra iniciativa-- un avance
gradual y coherente. La ley que necesita la sociedad española y los
inmigrantes que permanecen en nuestro país debe ser una norma que recoja
los derechos inherentes a las personas, dejando clara la igualdad de los
derechos de los inmigrantes permanentes en nuestro país con los de los
nacionales del mismo. Por parte del representante del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso de los Diputados se hizo referencia a la
iniciativa de nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió como un avance en materia legislativa por cuanto que
por primera vez se hablaba de integración y se enfocaba la inmigración en
territorio español en su relación con la sociedad, planteando la
integración como objetivo.
Durante su debate en Comisión en el Congreso de los Diputados ya se puso
de manifiesto la necesidad de adecuar la normativa de extranjería a los
acuerdos recientemente adoptados en la Cumbre de Tampere los días 16 y 17
de octubre de 1999. A ello se ha referido también el Senador Merino y no
voy a insistir en ellos, que, por otra parte, ya se han enumerado.
Evidentemente, con la presentación por parte del Grupo Parlamentario
Popular de estas 112 enmiendas da la impresión de que se produce un
torpedeamiento del texto remitido por el Congreso de los Diputados, un
endurecimiento del mismo. Pero es obvio y no admite duda alguna que
nuestras 36 enmiendas transacciones, de las que 31 son de corrección a 35
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, proponiendo una nueva
redacción al articulado y otras, tal y como se ha hecho mención, la
vuelta al texto del Congreso, consideramos que estaban dentro la
filosofía de los criterios marcados por la Cumbre de Tampere y la
filosofía del consenso a que se ha aludido.
Con ellas nuestro grupo ha realizado un esfuerzo de responsabilidad con
el objeto de salvar esta ley, al menos acorde con nuestros objetivos
marcados en su día con aquella iniciativa nuestra presentada en el
Congreso allá por marzo de 1998, con la salida a la luz en esta
legislatura
de una nueva sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social.
En primer lugar, se perseguía la integración de los extranjeros en la
sociedad española sin crear una ruptura de la cohesión social; el
completo equilibrio entre derechos y obligaciones de los extranjeros, con
la garantía por parte de estos últimos beneficiarios de disfrutar de los
derechos humanos básicos con independencia de su situación de legalidad.
Asimismo, el disfrute de los derechos familiares, con el derecho a favor
de los extranjeros legalmente establecidos en España al reagrupamiento
familiar, que pasa de una potestad administrativa a ser un derecho
reconocido a favor de los inmigrantes. Por otra parte, también se prevé
la creación de un mecanismo permanente de regularización para los
inmigrantes que en algún momento han tenido el permiso de residencia y la
renovación de un permiso de trabajo. Un endurecimiento, como no podía ser
menos, de las sanciones relacionadas con el tráfico de inmigrantes,
mujeres y niños y las redes mafiosas, manteniéndose, grosso modo, el
régimen sancionador establecido en la Ley 7 de 1985, si bien perdiendo
aquella excesiva discrecionalidad.
Debo destacar que, por mor de una de las enmiendas transaccionales
presentadas por nuestro Grupo de Convergència i Unió, fue retirada la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular y se mantiene la
vigente Ley de Asilo.
Estamos de acuerdo con que no es la ley que muchos hubiéramos deseado,
pero es necesario que esta nueva ley salga a la luz en esta legislatura,
que se mantengan las novedades que se han introducido. Aun con las
críticas de los sectores más o menos implicados, no se puede negar que se
trata de un enorme avance en el reconocimiento de unos derechos y una
mejora en los aspectos de la integración de los inmigrantes. Repito, uno
de los máximos objetivos de nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió. Todo ello recogiendo, asimismo, las
recomendaciones, entre otras instituciones, del Defensor del Pueblo y de
sus homólogos de las Comunidades Autónomas de España con la esperanza de
que esta tramitación se viera culminada en esta legislatura. Con esta
finalidad se han presentado las enmiendas transaccionales, no para salvar
la cara al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular, sino para lograr
una ley mejor.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Oliart.
El señor OLIART PONS: Señora Presidenta, señorías, tenemos dos textos: el
del Congreso, consensuado con toda la sociedad y largamente debatido: es
la ley de todos. Otro texto, impuesto por el Gobierno y por el Partido
Popular, a espaldas de los demás grupos, con un procedimiento sin
precedentes, al que luego me referiré, y utilizando la alta institución
del Senado, para sus fines partidistas. Sobre este texto del Senado y ese
procedimiento voy a consumir este primer turno, también, señorías, para
salir al paso de algunos de los argumentos que se han ido esgrimiendo
para justificar lo injustificable. (Varios señores Senadores del Grupo
Parlamentario Popular: ¡Oh, oh, oh!) A los Senadores del Grupo
Parlamentario Popular yo les recomendaría que leyesen a un político
socialdemócrata que fue Presidente de Francia en momentos muy difíciles y
que acabó con la Guerra de Indochina, se llama Mendès France, y decía: La
ley democrática es la fidelidad a la palabra dada. El Partido Popular ha
faltado a la palabra dada rompiendo un amplio consenso político y social.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Varios
Señores Diputados: ¡Muy bien!) Se han referido otros oradores antes que
este Senador, a los dos años de largos, meditados y reflexionados debates
en el Congreso de los Diputados, con comparecencias de ONGs que iban
desde las especializadas en los temas de inmigración hasta asociaciones
católicas. Esta ley que ha surgido de ese largo, larguísimo debate y de
esa larguísima reflexión es --y se han referido a ello también los otros
portavoces-- la ley de todos, y esa ley de todos ha sido reducida a
cenizas en el Senado. ¿Mediante qué? Mediante un procedimiento
surrealista, el que ha tenido lugar en el Senado --repito--, y han sido
testigos de ese procedimiento y de esa situación surrealista todos los
medios de comunicación y toda la opinión pública: ciento doce enmiendas
presentadas en el último momento, apurando todos los plazos posibles, y
eso ya en un trámite de urgencia, y distribuido poco antes de entrar en
Ponencia. Señorías, el bochornoso espectáculo de unos ponentes, este
servidor entre ellos, obligados a confesar que apenas habíamos tenido
tiempo de leernos una cuarta parte de las enmiendas, un trámite de
Ponencia que además no sirvió de nada, porque el Partido Popular
necesitaba tiempo para llegar a un acuerdo con Convergència i Unió y
precisaba tener vivas las enmiendas hasta el debate en Comisión para
poder asumir las más que probables transaccionales de Convergència i
Unió, y poder presentarse hoy, aquí, en el Pleno, con un texto conjunto.
Esta es la explicación, y no otra, de por qué los ponentes del Grupo
Parlamentario Popular no quisieron incorporar sus enmiendas en Ponencia.
(Un señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Sí señor!) Una
gran escenografía, señores, todo calculado al minuto, y luego,
continuando en esa obra de teatro, un pacto que podría decirse un parto
de madrugada, pero un parto anunciado.
Convergència i Unió y el Partido Popular llegan finalmente a un acuerdo.
(El señor Unceta Antón: ¡Es la democracia!). La obra de teatro, señorías,
llega a su desenlace previsto, y se vuelve a producir la situación ya
conocida: las treinta y siete enmiendas transaccionales de Convergència i
Unió son distribuidas en Comisión en pleno debate. Señorías, un nuevo
texto negociado a tres bandas, pero me atrevería a decir que más que a
tres, a dos, Gobierno y Partido Popular, por arte de birlibirloque,
sustituyen un texto consensuado con la sociedad (Rumores.); se destruye
el consenso y cosas muy valiosas quedan gravemente tocadas. Sí, señores
del Partido Popular, se defrauda
la confianza general en los acuerdos parlamentarios alcanzados. Las ONGs
y las asociaciones de todo el Estado, el Foro de la Inmigración han
quedado burlados. Se tiran por la ventana la reflexión y el sosiego que
requiere un debate sobre una materia tan sensible, se rompe con el
espíritu que presidió el proceso anterior basado en evitar
enfrentamientos y definir una política de inmigración que sirva realmente
a nuestra sociedad, y se rompe con el objetivo de considerar el fenómeno
inmigratorio, convenientemente regulado y dirigido, como algo beneficioso
para España.
Luego vienen las razones de una sinrazón: ¿Cómo justifican el Gobierno y
el Partido Popular los dos hechos que persisten, a pesar de todos los
discursos que se puedan hacer? Esos hechos son, primero, que el Gobierno
no dijera palabra en dos largos años y tampoco tuviera la capacidad de
presentar en cuatro años de legislatura un proyecto de ley propio de un
proyecto de ley de inmigración propio y, segundo, que el Partido Popular
rompiera un compromiso parlamentario en el que él mismo había participado
durante tanto tiempo. (El señor Agramunt Font de Mora: ¡Ley del 85!) Ya
vendrá eso. (Rumores.) Y lo intentan justificar de la peor manera
posible: Primero --apelo a la memoria de sus señorías para que lo
recuerden--, con el ridículo argumento económico del señor Rato en los
medios de comunicación sobre la sanidad y lo que esto iba a costar. Pero
luego se dieron cuenta de que ése era realmente un argumento ridículo, y
fíjese si se dieron cuenta que no han enmendado precisamente el artículo
sobre la sanidad. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario
Socialista: ¡Muy bien, muy bien!--Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Con apelación a las conclusiones de Tampere,
aquí confieso, señorías, ante toda la opinión pública y todas las cámaras
de televisión y toda España, si nos está oyendo (Rumores.), que se me ha
puesto cara de tonto al leer las conclusiones de Tampere porque no he
encontrado en ninguna de ellas, nada que se opusiera al texto del
Congreso de los Diputados, sino todo lo contrario. (Un señor Senador del
Grupo Parlamentario Popular:¡Demagogo!) Las conclusiones de Tampere lo
que están diciendo precisamente es que se busque la igualdad de derechos
de los extranjeros, de los inmigrantes y de los ciudadanos europeos. Esto
es lo que dicen las conclusiones de Tampere. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Pero aparte de estas dos razones,
ustedes han hecho algo todavía peor: han calificado el texto consensuado
de coladero y de efecto llamada, y han dicho: por un lado estamos
nosotros, el Partido Popular, los responsables que vamos a modificar esa
ley para que sea una ley responsable, y al otro lado están esos progres
que lo que quieren es que aquí entre todo el mundo. Pues no, señores.
Luego, en el segundo turno, cuando defienda el texto del Congreso de los
Diputados, quedará esto bastante más claro. (Varios señores Senadores del
Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien, muy bien!) ¿Cuáles son,
señorías, las razones reales? La primera, que el Partido Popular jamás ha
tenido política de inmigración. Esa es la realidad. (Rumores.--Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) La primera
intervención que este Senador tuvo en esta Cámara hace dos años fue
formulándole una interpelación sobre política de inmigración al señor
Mayor Oreja, Ministro del Interior. Allí quedó palpablemente claro que el
Partido Popular no tiene política de inmigración. Solamente tiene
política policial de inmigración. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.--El señor Agramunt Font de Mora: ¿Y la
socialista de 1985?-- Rumores.) La segunda razón --¿la quieren ustedes
escuchar? Se la voy a decir-- es que el Gobierno siempre creyó que la
nueva ley no vería la luz en la presente legislatura. Esa es la verdadera
razón (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Sí
señor!) y cuando vieron que sí iba a salir, entonces encendieron todas
las luces rojas, y de ahí viene lo que ha venido. (Rumores.)
También se ha dicho --eso yo se lo voy a decir en un tono mucho más
reflexionado porque también es muy grave-- que la oposición ningunea el
Senado. (El señor Unceta Antón: ¡Teatrero!) Nada tan demagógico ni tan
falso. Lo que decimos es que una ley consensuada en el Congreso de los
Diputados debe salir consensuada en el Senado; que no se puede imponer un
nuevo texto en cuarenta y ocho horas, señorías, y todavía querer tener
razón.
Quien quiere transformar el Senado (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) en aquella Cámara decimonónica que vetaba las
leyes del Congreso de los Diputados es la mitad de esa Cámara; la otra
mitad no se deja. (Rumores.) Y las enmiendas que se han introducido aquí
son enmiendas redactadas por la voluntad del Gobierno del Partido
Popular, no por el Grupo Parlamentario Popular, con lo cual, la
separación de poderes, aquel famoso principio de Montesquieu, también lo
están quebrando ustedes aquí. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--El señor Laborda Martín: ¡El principio de
Acebes!)
La señora PRESIDENTA: Señorías, voy a descontarle todo este tiempo al
Senador Oliart. Guarden silencio, por favor.
El señor OLIART PONS: Acabo esta primera intervención diciendo que es
moralmente muy lamentable que se haya recurrido a estos métodos para
cambiar una proposición de ley que se inspira en criterios y principios
humanitarios de justicia y también de necesidad, para dar respuesta a un
fenómeno que estará presente en la sociedad española del siglo XXI: la
llegada de personas empujadas por el hambre, y es penoso ver cómo
precisamente el gobierno de un país exportador de mano de obra ha
abanderado una política regresiva, porque todavía hay más de dos millones
de españoles y españolas en los confines del mundo trabajando fuera de su
patria; realidad, señorías, demasiado olvidada.
Somos o deberíamos ser los primeros interesados en defender los derechos
de las minorías. Es cierto que tienen mayoría suficiente en el Senado; es
cierto que todo ha sido reglamentario, no lo negamos, pero han dividido
ustedes esta Cámara y han apurado al máximo los resquicios de su
Reglamento para salirse con la suya en una materia sensible que es
política de Estado, y toda la responsabilidad es suya.
Voy a terminar con otra cita de Mendés-France: Quien aplica la regla de
la mayoría, olvidándose de los derechos de las minorías, no promueve la
democracia, sino que la sepulta. (Varios señores Senadores del Grupo
Parlamentario Popular: ¡Hala! ¡Hala.--Rumores.) Vuelvan ustedes al
consenso, votando a favor del texto del Congreso de los Diputados.
Nosotros ya adelantamos que votaremos en contra del texto que el Gobierno
ha introducido en el Senado.
Finalmente, voy a leer una noticia que nos acaba de venir de Europa
Press: Fuentes parlamentarias informaron a Europa Press que el Grupo
Popular presentó anoche un escrito en el Senado, en el que solicita a los
servicios de la Cámara un dictamen jurídico en torno a los artículos de
la ley de extranjería que tienen carácter orgánico.
Señorías, el Congreso de los Diputados es el único que ha determinado el
carácter orgánico de esta ley, y lo hizo claramente al precisarse una
mayoría absoluta para su aprobación. Eso que ustedes ahora están haciendo
es una treta para pasar el trámite del Congreso de los Diputados,
evitando la mayoría absoluta necesaria para la aprobación del texto
impuesto.
Muchas gracias, señorías, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador
Oliart.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el
Senador Merino.
El señor MERINO DELGADO: Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías,
Senador Oliart, la ley democrática no es la que cita ese líder
socialdemócrata francés, sino la ley votada. Esa es la verdadera ley
democrática. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular. ¡Muy
bien! ¡Muy bien!--Silbidos.--El señor Iglesias Marcelo: La del Congreso
de los Diputados.) Ahora me referiré a eso. (Rumores.) Un momento,
señorías, que ahora les contestaré a eso. (Rumores.)
Las normas que se aprueban en esta Cámara pueden ser aprobadas por los
grupos que garanticen las mayorías suficientes, y parece mentira que
ustedes ahora vengan a discutir eso. (Risas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Protestas y silbidos.) Por favor, yo les pediría
que no silbasen, si es posible, por respeto a los que estamos
interviniendo. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--El señor Laborda Martín, señalando a los escaños del Grupo
Parlamentario Popular: ¡Son ellos, son ellos los que silban!) No se
pongan ustedes nerviosos, señorías. (El señor Laborda Martín: ¡Usted es
el que se pone nervioso!) No se pongan nerviosos. (El señor Laborda
Martín: ¡Usted tampoco!) La señora PRESIDENTA: Senador Merino, por favor,
no dialoguen. Continúe y guarden silencio los demás mientras interviene
su señoría.
El señor MERINO DELGADO: Estamos de acuerdo, y lo hemos estado siempre,
respecto al diálogo y el consenso, y este Grupo ha intentado lograr hasta
hace diez minutos ese acuerdo y ese consenso. (Un señor Senador del Grupo
Parlamentario Socialista: ¡Lo habéis roto!) Si el Partido Socialista u
otros grupos parlamentarios no lo han querido, es responsabilidad suya,
no nuestra. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Señor Oliart, el que ha traído esta ley al Senado, por el
procedimiento de urgencia, no ha sido el Partido Popular. (El señor
Laborda Martín: ¡No es verdad!) Acuérdese: el Partido Popular no aprobó
en el Congreso el procedimiento de urgencia, sino que fueron los grupos
parlamentarios. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
socialista.--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista:
¡No es verdad!--El señor Laborda Martín: ¡Qué desvergüenza!) Por favor,
señor Laborda, no se ponga nervioso. (Silbidos y protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.) Los plazos de urgencia los establece
el Reglamento, no el Grupo Parlamentario Popular. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular) Senador Oliart, me parece legítimo que usted
quiera y pretenda defender los derechos fundamentales de la persona, y
comparto con usted esa defensa, pero usted sabe que todos esos derechos
fundamentales están recogidos sobradamente en el texto, No hemos dicho
que no se haya dialogado y, por supuesto, las ONGs y el Foro para la
Inmigración han apoyado y han colaborado en esta ley, y yo debo
reconocerlo públicamente, porque lo han hecho con esfuerzo, pero ¿cómo
puede decir usted que se pone orden en el caos en el texto del Congreso,
cuando se establecen iguales derechos para los que vengan con sus papeles
que para los que vengan de forma ilegal? (Fuertes protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--La señora Arnáiz de las
Revillas García, el señor Arévalo Santiago y el señor Rodríguez Cantero
hacen gestos negativos.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) Eso es lo que usted está defendiendo. Eso es lo que está
defendiendo el Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.--Protestas y silbidos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) ¿El Partido Socialista está de acuerdo
con eso? (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¿Y
vosotros?) Pues dígalo claramente. (Silbidos y fuertes protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) La señora PRESIDENTA:
Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor MERINO DELGADO: Una vez que se han desahogado los ocupantes de
los escaños de la parte izquierda, pregunto: ¿cómo puede decir que pone
orden en el caos, cuando establece que los extranjeros, legales o no,
pueden tener derecho a la educación hasta los dieciocho años, y la
Constitución establece que los españoles sólo lo tienen hasta los
dieciséis? (La señora Arnáiz de las Revillas García: Lo votasteis.--El
señor Rojo García:
Entonces, ¿para qué lo votasteis?--Fuertes protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) ¿Cómo puede decir que se rompe el consenso del
Congreso, cuando usted sabe cuántas y cuán importantes leyes han venido a
esta Cámara con el consenso del Congreso de los Diputados, incluida la
Constitución, y aquí se han introducido cientos de enmiendas que han
variado sustancialmente esa ley? (Varios señores Senadores del Grupo
Parlamentario Socialista hacen gestos negativos.--Aplausos prolongados en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Varios señores Senadores
del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien!) Ustedes están condenando con
esta posición electoralista a todos los inmigrantes a esa dualidad entre
legales e ilegales, porque, al final, si no prosperase este texto, se va
a mantener en vigor la ley de 1985. (El señor Agramunt Font de Mora: La
vuestra.--Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--Un señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista: La del
Congreso.) Están ustedes condenando a la sociedad española a seguir con
una ley dura y anticuada. (Varios señores Senadores del Grupo
Parlamentario Socialista: ¡No! ¡No! ¡No!) Vayan al fondo y digan por qué
han amenazado al PNV esta misma mañana con declararle culpable de aprobar
estas enmiendas. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.--Los señores Laborda Martín, Rojo García y
Carracao Gutiérrez: ¡Que lo retire! ¡Que lo retire!) La señora
PRESIDENTA: Señorías (Continúan las protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.), está en el uso de la palabra el Senador
Merino. (Los señores Laborda Martín y Carracao Gutiérrez: ¡Que lo retire!
¡Que lo retire!) Si ustedes no guardan silencio no es posible oírle. (El
señor Laborda Martín: Nos están insultando. ¿Quién ha amenazado? Aznar ha
amenazado al PNV.--Continúan las protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) El señor MERINO DELGADO: ¿Por qué se niega el
Grupo Socialista a que todos los extranjeros que están en España hasta el
15 de noviembre puedan regularizarse? ¿Por qué se han negado esta misma
mañana? Era una cosa absolutamente imprescindible, y tal vez se está
negando porque mejora el texto del Congreso, y eso a ustedes en este
momento no les interesa políticamente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
Hemos dicho desde el principio que hasta el último minuto vamos a estar
tratando de dialogar y de llegar al consenso. (La señora Martínez García:
¡Ya se nota!) Esta es la mejor prueba de que nosotros queríamos llegar a
un acuerdo en último extremo que mejorase aún más las enmiendas de la
Comisión. Ustedes las han rechazado. Esa es su responsabilidad. Por
tanto, son más importantes para ustedes las elecciones próximas y los
votos posibles que esos extranjeros a los que están manejando a su antojo
rechazando la posibilidad de legalizar a todos hasta el pasado mes de
noviembre. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) A ésos es a los que están ustedes manejando.
Ustedes defendían hasta ahora una ley búnker y ahora quieren una ley
coladero. Han pasado de un extremo al otro. No impute, Senador, esta ley
al Grupo Popular. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular ¡Muy
bien!)
El Partido Socialista ha tenido en estos años una política de
inmigración, durante los 15 años de Gobierno, o por lo menos durante los
once desde la Ley de 1985 hasta 1996, que no es nuestra. (El señor Rojo
García: ¡La apoyasteis!) Ustedes expulsaron en estos 11 años seis veces
más extranjeros. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Ustedes negaron 233 veces más visados que nosotros en esos
años. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--El señor Carracao Gutiérrez: ¡Ustedes los drogaron!) Ustedes
internaron en campos de concentración en Ceuta y Melilla... (Fuertes
protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Varios
señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular ¡Sí, sí!) Ustedes
internaron en campos de concentración... (Fuertes protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.
El señor MERINO DELGADO: Ustedes internaron en campos de concentración...
(Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista:
¡Fascistas!--La señora Arnáiz de las Revillas García: ¡Provocador!--El
señor Rojo García: ¡Discúlpate, impresentable!) Ustedes internaron en
campos de internamiento en Ceuta y Melilla a miles de subsaharianos
enviando incluso al jefe de seguridad de La Moncloa de Delegado del
Gobierno en Melilla para hacerlo. (Un señor Senador del Grupo
Parlamentario Popular: ¡Sí, señor!--Fuertes protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
¿Se acuerdan del jefe de seguridad del señor González? (El público
asistente en la tribuna pública se pone de pie y, vuelto de espaldas,
levanta las manos.--Pausa.--Fuertes aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista dirigidos a la tribuna pública.)
Señorías, en los efectos especiales también son ustedes unos verdaderos
artistas. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentarios
Socialista.--Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
Señor Senador, no ha entrado usted en el fondo de uno sólo de los
preceptos de la ley. (Un señor Senador desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista: ¡Qué vergüenza!) Supongo que después a lo mejor
tenemos la suerte de que usted discuta uno a uno esos artículos de
acuerdo a como lo hemos hecho nosotros, entrando en las enmiendas
concretas y en el espíritu, en los derechos y en
las libertades, no en el espectáculo, no en el numerito que ustedes
siempre nos garantizan gratis total. (Fuertes protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.--La señora Anáiz de las Revillas
García: ¡Provocador!--Un señor Senador del Grupo Parlamentario
Socialista: ¡Demagogo!) Siento que se pongan ustedes nerviosos,
señorías... (Fuertes rumores.)
Si alguna vez me dejan ustedes terminar esta intervención (Fuertes
protestas.), si alguna vez respetan ustedes los turnos de palabra (Un
señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Que no
provoquen!--Fuertes rumores.), si alguna vez dejan de provocarnos...
(Fuertes protestas.), a lo mejor puedo entrar en materia y decir lo que
tengo pensado.
Pero ustedes están demostrando que... (Fuertes rumores.--El señor Laborda
Martín hace gestos desde el escaño pidiendo que mantengan la calma los
Senadores del Grupo Parlamentario Socialista.)
Y ahora es el señor Laborda quien está pidiendo calma. Yo creo que es
bueno que tengan ustedes la calma suficiente para escuchar aquello que no
les gusta. (Fortísimos rumores.--El señor Rodríguez Rodríguez: ¡Cállate
ya, que ya está bien!--Fuertes silbidos.)
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, hagan el favor de guardar silencio!
¡Señorías, hagan el favor! Estamos en un debate parlamentario...
El señor MERINO DELGADO: Deben acostumbrarse...
La señora PRESIDENTA: Senador Merino, un momento.
El señor MERINO DELGADO: ... aunque estemos al final del período...
La señora PRESIDENTA: Un momento, Senador Merino, un momento. Guarde
silencio un momento.
Hagan el favor, señorías. Está en su turno de palabra el Senador Merino
y, por lo tanto, déjenle que hable. Tendrán luego sus turnos, hay un
montón de turnos para todos aquellos que quieran hacer uso de ellos.
Continúe, Senador Merino.
El señor MERINO DELGADO: Aunque estemos al final del período legislativo,
deben ustedes considerar que también nosotros podemos expresarnos en la
tribuna en contra de lo que a ustedes les gustaría, en contra de lo que
ustedes prefieren hacer o decir. (El señor Aleu i Jornet: ¿Y por qué
tenemos que aguantar esto!--Fuertes protestas.)
La señora PRESIDENTA: Sí, señoría, sí, señoría. Esta es una Cámara
parlamentaria...
El señor MERINO DELGADO: En esta Cámara...
La señora PRESIDENTA: ... en la que hay que escuchar los discursos de
todos los oradores. (Fortísimos rumores.)
¡Hagan el favor de guardar silencio, por favor, señorías! (Varios
Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Ya está bien!--Fuertes
rumores.)
El señor MERINO DELGADO: Yo comprendo que todo cuanto a ustedes no les
gusta queda absolutamente descalificado con adjetivos de todo tipo.
(Rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) No seré yo
quien tenga que decirles a ustedes cómo deben actuar, pero está claro que
deben permitir la libertad de los que tengamos que expresarnos en esta
tribuna, digamos lo que digamos, siempre que no se descalifique a una
persona (El señor Rodríguez Rodíguez--¡Ahí, ahí!) o siempre que se cumpla
con el Reglamento de esta Cámara (Gestos de asentimiento desde los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Rumores.)
Por tanto --y quiero terminar ya definitivamente, señorías--, no han
conseguido ustedes el objetivo de distorsionar este debate como
pretendían. (Protestas.) No han conseguido el objetivo de que este Grupo
entre en todas y cada una de las enmiendas que ha presentado y en lo que
significan esas enmiendas. Y no han conseguido distorsionar que esta
proposición de ley que en este momento defendemos, sea una proposición de
ley positiva para los españoles, y positiva para todos los extranjeros
que trabajan y quieren estar en España.
Y si ustedes, señorías, pretenden distorsionar este discurso ante la
sociedad, sepan que serán responsables de que la normativa actualmente
vigente --y ustedes saben qué resultados ha dado en estos catorce años--
pueda seguir vigente en los próximos años. (Un señor Senador del Grupo
Parlamentario Socialista: ¡Dentro del Congreso!)
No se engañen. Los textos que vienen del Congreso pueden ser modificados
en esta Cámara vengan o no con un consenso. Ustedes saben de sobra --y en
la propia Constitución así se hizo-- que aunque vengan con el consenso,
pueden ser modificados. Hay cantidad de proyectos de ley que han llegado
aquí con consenso y han salido sin él y enmendados (Rumores.) Esa es la
práctica parlamentaria aunque no les guste.
Yo comprendo que a ustedes Montesquieu les importa un pepino, pero, por
favor... (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--El señor Díez González: ¿Eso no es insultar? ¡Es un
provocador!) Lo ha dicho su, en tiempos, Vicepresidente del Gobierno.
(Fuertes rumores.)
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a defender este texto en el
Senado y va a votar a favor de este texto en el Senado porque considera
que es un texto positivo para la sociedad española, positivo para
mantener el régimen de derechos y libertades que no preveía la Ley de
1985 en los próximos años. Y en ese sentido, consideramos que esta
proposición de ley es una buena ley, es una buena norma (Un señor Senador
del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Para ti!), cumple con el objetivo
social, prevé la regularización de miles de trabajadores extranjeros en
situación ilegal (Fuertes rumores.), y preserva todos y cada uno de los
derechos y libertades que ustedes no les dieron en 1985.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Merino.
Antes de suspender la sesión, quiero pedir a los miembros de la Mesa y
Junta de Portavoces que se dirijan a la Sala de Gobierno para celebrar
una reunión.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las trece horas y cincuenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Señorías, buenas tardes, se
reanuda la sesión.
--DE LA COMISION CONSTITUCIONAL EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY
ORGANICA SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU
INTEGRACION SOCIAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
624/000028) (C. D. 122/000295) (Continuación).
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Vamos a proceder al debate de
todos los artículos, del 1 al 63, a la disposición adicional única, a las
4 disposiciones transitorias, a la única disposición derogatoria y a las
9 disposiciones finales.
Para la defensa del voto particular número 5, correspondiente a la
enmienda número 3, tiene la palabra el Senador don Victoriano Ríos, del
Grupo Parlamentario Mixto.
El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes. En primer
lugar, debo indicar que Coalición Canaria no enmienda el texto que ha
venido del Congreso, simplemente trata de introducir una enmienda a la
disposición adicional. La decisión de presentar precisamente en el Senado
esta enmienda a la disposición adicional ha sido porque consideramos que
es el lugar adecuado si seguimos pensando que esta Cámara es la Cámara de
representación territorial.
La Comunidad Autónoma de Canarias, por su ubicación geográfica, quiere
que en esta proposición de ley se establezca una posición de
diferenciación, con aplicación peculiar al resto de las Comunidades
Autónomas, en atención a su situación fronteriza, a la fragilidad del
territorio insular, a la lejanía con el continente europeo y su
proximidad al africano, en concordancia con lo que se indica en los
artículos 37 y 38 del Estatuto de Autonomía y con la finalidad de
establecer canales especiales de colaboración en materia de inmigración y
extranjería.
Desde 1982, fecha en que se aprobó nuestro Estatuto de Autonomía --por
cierto, por la vía del artículo 143--, ya se recogía en su artículo 37
que la Comunidad «podrá elevar al Gobierno las propuestas que estime
pertinentes sobre la residencia y el trabajo de extranjeros en Canarias».
Esta cuestión no está recogida en ninguno de los demás estatutos de
autonomía, incluidos los que eligieron la vía del artículo 151, motivo
que se destaca dada la situación de mimetismo a que se llegó en muchos de
ellos. Por tanto, los estatuyentes debieron encontrar, ya en 1982,
razones de peso para incluir este aspecto, como son la ultraperificidad
(terminología actual de la Unión Europea), la lejanía, la vulnerabilidad
y fragilidad del territorio, la gran densidad de su población --el doble
de la media estatal-- su proximidad al continente africano, su carácter
de archipiélago, la ausencia de materias primas, la escasez de territorio
cultivable y de agua, su reducida superficie, las crisis permanentes
agrarias del plátano y del tomate, el contencioso pesquero, la difícil
economía de un reducido número de productos, la gran dependencia de los
servicios --el turismo representa más del 75 por ciento del producto
interior bruto--, su extrema sensibilidad ante cualquier
desestabilización de la zona, el pendiente referéndum del Sahara
occidental, siempre pospuesto, la invasión masiva de pateras, ahora
además con muchos menores de edad que llegan a nuestras costas, y una
permanente bolsa de desempleo que actualmente representa el 14 por
ciento, la segunda más alta del Estado. Todos estos hechos han potenciado
actualmente esta problemática.
Este conjunto de razones se une también a la existencia desde 1982 del
artículo 38 del Estatuto de Autonomía, en el que se recoge que la
Comunidad Autónoma de Canarias será informada en el proceso de
negociación y elaboración de los tratados y convenios internacionales y
en la negociación de adhesión a los mismos, en cuanto afecten a materias
de su específico interés. Esta cuestión también se recoge en otros
estatutos de autonomía, especialmente en el catalán y en el vasco, pero
sólo en el de Canarias se establece que recibida la información, el
órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma emitirá, en su caso, su
parecer; es decir, que no solamente tendrá información sobre tratados y
convenios, sino que, además, dispondrá de un plazo para emitir su
opinión.
El Gobierno de Canarias ve con preocupación la llegada masiva de
inmigrantes a las costas del archipiélago. La difícil situación en que
viven en sus territorios de origen les lleva a adoptar medidas
desesperadas, exponiendo sus vidas en una aventura para provecho de unos
desalmados. Coalición Canaria ha presentado hace escasas fechas una
moción aquí, en el Senado, y también en el Parlamento de Canarias, en la
que se instaba al Gobierno central a que esta Comunidad se convirtiese,
por su situación geográfica y condiciones históricas, normativas y
estratégicas, en plataforma colaboradora del Estado a la hora de
coordinar todas las acciones encaminadas a articular las iniciativas
políticas de ayudas con respecto a sus vecinos pueblos norteafricanos del
sur del Atlas, para asegurar la paz y la solidaridad, así como a que
llevase a cabo las gestiones pertinentes para que la Unión Europea
estableciese de igual modo las medidas para que en el archipiélago
canario, verdadera frontera sur de Europa, se aglutinase la organización
de la política
europea de desarrollo con respecto a Africa occidental, de forma estable
y permanente.
Asimismo, el artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam recoge las
peculiaridades de una serie de territorios que por su lejanía, reducida
superficie, relieve, clima adverso y limitaciones económicas, necesitan,
como otros territorios de la Unión Europea, un tratamiento especial.
Señorías, resulta evidente que Canarias requiere una sensibilidad y
estudios especiales a la hora de aplicar esta nueva ley de extranjería,
motivo por el que presentamos esta enmienda de adición.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Ríos.
Para la defensa de los votos particulares números 4 y 6, de los Senadores
Román Clemente y Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, que
corresponde a las enmiendas números 1 y 2 para la vuelta al texto
remitido por el Congreso de los Diputados, en lo modificado por las
enmiendas números 4, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 31,
33, 34, 35, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 67, 68, 69, 71,73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101,102, 104, 105, 107, 108,
111, 112, 113, 114 y 115, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Senador Merino, permítame que al comienzo de mi intervención haga un
llamamiento a la serenidad. Es una obligación de todos los grupos
parlamentarios conseguir que este debate, por su trascendencia e
importancia, discurra con la mayor serenidad, rigor y profundidad. Y
fíjese que lo hago porque en el transcurso del debate, a última hora de
la mañana, se han llegado a deslizar sombras de dudas, sospechas,
desconfianzas sobre organizaciones no gubernamentales, sindicatos,
diferentes colectivos o el propio foro de la inmigración, ese rigor que
es esencial y fundamental en la vertebración del tejido social, en la
participación, se esté o no de acuerdo, con las opiniones que se emitan;
la sombra de la sospecha siempre acarrea confrontación y división.
Voy a ser muy breve en la defensa de nuestras enmiendas porque quiero
dedicar todo el tiempo de mi intervención a hacer otro llamamiento a la
recuperación del consenso político y social que generó el texto aprobado
por el Congreso de los Diputados.
Hemos presentado dos enmiendas, podíamos haber presentado más, pero
escogimos dos significativas, relacionadas con el derecho al voto de los
inmigrantes y con el derecho al agrupamiento familiar, a recomponer esa
vida familiar, que no esté doblemente rota.
Quiero anunciar al señor Merino y a todos los miembros de la Cámara que
en este debate procederé a retirar las dos enmiendas, así como el voto
particular porque, además, está confuso. Me parece más claro el voto
particular del señor Zubia que dice simple y textualmente: «vuelta al
texto del Congreso en todo lo modificado en su tramitación en el Senado».
Senador Merino, las organizaciones de todo tipo, sindicales, no
gubernamentales, colectivos, asociaciones de inmigrantes, el foro de la
inmigración, han estado trabajando con las fuerzas políticas a lo largo
de todo el proceso de tramitación, han sufrido la angustia de la
paralización de ese trámite en el Congreso de los Diputados; han sido
determinantes en la recuperación de la tramitación; han hecho
llamamientos de todo tipo, hasta que al final se consiguió que convocaran
la comisión pertinente en el Congreso para la aprobación definitiva y su
posterior aprobación en Pleno.
Y no es bueno, insisto, sembrar desconfianzas. Es innecesario y produce
una quiebra en el diálogo social, que hay que recuperar, porque ese
consenso, Senador Merino --y ésa es la diferencia--, abarca el consenso
político necesario para la tramitación, pero fundamentalmente el consenso
social. Esta es una ley que viene precedida de la participación, el
debate y la incorporación que han venido haciendo todas esas
organizaciones, y el texto ha tenido la virtud o la riqueza de incorporar
todas esas aportaciones. Ese es el consenso, Senador Merino; no es sólo
al que lleguemos entre las diferentes fuerzas parlamentarias, sino que va
más allá y hunde sus raíces en el consenso social.
¿Y sabe usted qué produce lo contrario? El que hayamos vuelto a hablar en
el transcurso de la mañana de ley de extranjería, pero ésta no era una
ley de extranjería. Yo también estoy en contra de la Ley de 1985, que era
una ley de extranjería, una mala ley, y ésta tenía la virtud de superar
aquella mala Ley de 1985.
Esta es una ley sobre los derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social. Esta es una ley, Senador Merino, no lo
olvide, que forma parte del desarrollo constitucional, que forma parte
del marco constitucional al mismo nivel que las leyes que lo han
desarrollado. Esta es una ley que también debe tener carácter de política
de Estado, y atendiendo a ese carácter convendrá conmigo en que todo el
consenso que se pueda alcanzar es necesario, e incluso diría que
imprescindible. Esta no es una ley administrativa. Tampoco es una ley
policial. Y no es un reglamento que haya nacido de acuerdos
internacionales. Esta es una ley que desarrolla la Constitución y el
Estado de Derecho, Senador Merino. Esa es la diferencia.
Por eso no tiene sentido seguir ahondando y profundizando en la
confrontación y en las diferencias en un proceso de tramitación
completamente enloquecido como el que se ha originado en el Senado, ni
cabe decir que se está cercenando el derecho que tenemos los Senadores de
modificar una ley. Senador Merino, en aquel momento le dije a su
compañero, el Senador González Pons --el cual, por cierto, agradeció que
le citara muchísimas veces, y no me importa hacerlo una vez más--, que en
esta Cámara también hemos llegado a consensos sobre leyes de política de
Estado, sobre leyes que afectaban al desarrollo del Estado. Y no nos
importó; todo lo contrario. Todos los grupos fuimos generosos, aunque nos
quedaban dentro cosas muy duras, pero sabíamos que había que hacer ese
esfuerzo, y en aquel momento no nos sentimos defraudados o decepcionados,
ni tampoco seguidistas de una actuación del Congreso. Porque ésta no es
una actuación del Congreso, sino que traspasa las paredes del Congreso en
la tramitación que ha seguido esta ley.
No quiero extenderme más, porque no por mucho repetir mis argumentos voy
a tener más razón. Sin embargo, me gustaría comentar algunas cosas sobre
lo que usted ha dicho esta mañana, Senador Merino. Bajo ningún concepto
esta ley, que fue aprobada en el Congreso con ese consenso, es un
coladero. Lo saben perfectamente. Salvo que ustedes entiendan esta ley de
nuevo como una ley policial, o no entiendan que lo que aquí está en juego
son derechos y libertades de esas personas, que tienen derecho a una vida
mejor y que han podido escoger el tenerla en nuestro país, Senador
Merino, no tiene ningún argumento, ni siquiera amparado en tratados o
acuerdos, para justificar que ésta es una ley de coladero, porque sabe
perfectamente que el texto aprobado impide que eso ocurra porque no se
han modificado los requisitos. Y también sabe, Senador Merino --y se lo
dije esta mañana y se lo voy a repetir esta tarde--, que para Izquierda
Unida, ésta es una ley de mínimos, una ley básica, y lo es precisamente
por eso, porque recoge los derechos y las libertades y porque profundiza
en esa integración social que para nosotros es fundamental. No hay otra
razón de ser más que el respeto al Estado social y democrático de
Derecho.
Por eso, señor Presidente, procedo a retirar las dos enmiendas, y anuncio
que votaremos en contra del dictamen de la Comisión y a favor de la
vuelta al texto aprobado por el Congreso, en aras de ese consenso
político, pero, fundamentalmente, social.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Román.
Para la defensa del voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, que corresponde a la vuelta al texto
remitido por el Congreso de los Diputados en todo lo modificado durante
la tramitación en el Senado, tiene la palabra el Senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, seré muy breve. No me quiero perder en discursos. El de nuestro
Grupo está hecho hace ya unas horas, esta misma mañana.
Tres cuestiones quiero plantear en este turno.
La primera, obligadamente, la del voto particular propiamente dicho. Mi
intervención anterior creo que me exime de mayores explicaciones sobre el
voto particular que mi Grupo ha presentado para esta sesión
parlamentaria. Es un voto particular que, como ha quedado ya dicho,
pretende la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en
todo lo modificado durante la tramitación en esta Cámara.
Como ya ha quedado dicho, entendemos que el texto aprobado por el
Congreso de los Diputados era un buen texto y que, además, concitaba un
amplísimo consenso. El dictamen que hoy se trae a este Pleno no es,
evidentemente, ese texto, ni tan siquiera es ese texto con modificaciones
más o menos discutibles. Es, sencillamente, otro texto, un texto
alternativo que ni nos gusta, por lo restrictivo, ni concita el consenso
que sí logró el texto anterior.
En coherencia con esta posición, presentamos este voto particular, cuyo
apoyo solicitamos a fin de recuperar ese consenso ya alcanzado en la otra
Cámara y que en el momento presente hay que entenderlo como roto.
Segunda cuestión. Señor Merino, vamos a procurar ser elegantes. Este
portavoz, en sus doce años de actividad parlamentaria, siete como
Diputado y cinco prácticamente como Senador --y son unos cuantos--, ha
procurado siempre serlo y pretende seguir siéndolo. No es aceptable que,
a la hora de juzgar la posición de nuestro Grupo, se recurra a decir que
ésta, nuestra posición, obedece a amenazas. ¿Amenazas de qué o con qué?
No sé con qué se nos puede amenazar de nuevo a estas alturas. Pero, para
su tranquilidad y por si le sirve de algo, señor Merino, le diré que no
me afectarían, de existir, ni amenazas, ni presiones lo más mínimo.
Créame, señor Merino, que este Grupo ha sido siempre --y lo seguirá
siendo-- muy libre a la hora de tomar sus decisiones. Serán más o menos
acertadas, incluso a veces podrán ser equivocadas, pero siempre libres,
tan libres tanto cuando coincidimos con ustedes como cuando no lo hacemos
y estamos en contra, aunque yo comprendo que en este segundo caso o
supuesto les guste menos, pero respeten, cuando menos, esta regla del
juego. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Nuestra decisión de hoy, y sus señorías lo saben, es una decisión de pura
coherencia. Déjennos que sigamos siéndolo y simplemente pedimos eso, que
creo que no es mucho. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
Tercera cuestión y última, señor Presidente. No me hagan juego, señores
del Grupo Parlamentario Popular, con unas enmiendas que pretendían
presentar hoy por la mañana, en el último segundo de la tramitación de la
ley, y ahora parece que somos otros --entre ellos, nosotros-- los
responsables de su no incorporación por no posibilitar su admisión a
trámite.
Según sus señorías se trata de enmiendas buenas, muy buenas nos dicen que
incluso mejoran el texto aprobado en el Congreso. Pues bien, no se lo
discuto, incluso lo admito, hasta tal punto se lo admito que hubiera
estado y estoy abierto a su incorporación, pero no en el texto actual,
sino en el texto consensuado en el Congreso de los Diputados. Lo tenían y
lo tienen muy fácil, acéptese, apóyese la vuelta al texto del Congreso e
incorpórese en él estas enmiendas. Tienen todo nuestro apoyo. Entretanto,
señorías, no confundan o traten de confundir. Estamos ante una cuestión
de responsabilidad. Evidentemente, cada cual tiene la suya --lo decía
esta mañana--, nosotros también, y la asumimos. Asumimos nuestra
responsabilidad, solitos y sin amenazas de nadie. A partir de ahí, que la
sociedad y los ciudadanos saquen sus conclusiones.
Nada más. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario de Senadores
Vascos.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Zubia.
Para la defensa del voto particular número 2, del Grupo Parlamentario
Socialista, que se corresponde con el voto particular de los Senadores
Román Clemente y Cámara Fernández, más las enmiendas transaccionales
introducidas posteriormente, tiene la palabra el Senador Oliart.
El señor OLIART PONS: Gracias, señor Presidente.
Empiezo esta intervención en un tono de gran moderación y reflexión,
intentando recuperar ese tono en el que se ha debatido la ley durante
tantísimo tiempo y en el que se ha alcanzado ese consenso social, diría
yo imprescindible para diseñar una buena política de inmigración.
Es indudable que el número de enmiendas que hemos presentado representan
en su globalidad la petición de volver al texto inicial del Congreso y
así se ha de entender mi intervención.
Teníamos una situación jurídica que era la siguiente: la Ley de
Extranjería 7/1985, sobre derechos y deberes de los extranjeros en
España. Se trata de un instrumento que ha sido ampliamente superado y en
eso coincidimos todos. Por lo tanto, ésta no es la cuestión. Todos
estamos de acuerdo en ello, pero también quiero significar que en su
momento fue aprobada casi por unanimidad: 256 votos a favor y cuatro o
cinco abstenciones o votos en contra, que correspondían, si no recuerdo
mal, a Izquierda Unida.
El proceso llegó a considerar, por parte de todas las fuerzas sociales y
políticas, que ese instrumento no era el adecuado, y el Gobierno
socialista aprobó, a petición también de otras fuerzas políticas, y de la
presión social, un Real Decreto que configuraba el Reglamento de febrero
de 1996, que agotaba todas las posibilidades de desarrollo de la ley y
que, por tanto, se había llegado a los límites posibles dentro del marco
jurídico que envolvía la política de inmigración hasta aquel momento. Así
pues, lo que hoy estamos debatiendo aquí no es la diferencia entre la Ley
de Extranjería de 1985 y el texto que finalmente va a resultar aprobado,
sino el debate entre el texto aprobado por consenso en el Congreso de los
Diputados y el que hoy va a salir de aquí. Esta es la situación jurídica.
Y ¿cuál es la situación social? Que durante este tiempo la entrada de
trabajadores extranjeros ha aumentado, que los inmigrantes se quedan, y
eso lo sabíamos ya estudiando otras sociedades muy cercanas a nosotros;
está claro que cuando los trabajadores extranjeros parten de su casa, de
su país, del cielo que los ha visto nacer, piensan siempre en volver,
pero después la realidad es muy distinta y acaban formando sus familias,
quedándose e integrándose en su mayor parte en la sociedad que les ha
acogido. Este es un hecho que se ha tenido en cuenta durante todo este
proceso. Pero es que, además, la economía española también precisa de
nueva mano de obra, y éste es otro de los criterios que se ha tenido en
cuenta.
Y ocurría que la rigidez de los procedimientos administrativos iba
creando una bolsa creciente de indocumentados que todos coincidíamos en
que era necesario reducir, porque éste es el verdadero peligro social
contra la convivencia y la cohesión social, no una ley de integración,
precisamente la falta de una ley de integración es el peligro real. Y
todo eso no sólo por consideraciones morales, sino también, señoras y
señores Senadores, por cohesión social. Empiezan entonces a surgir
concentraciones importantes de inmigrantes en determinadas zonas urbanas
susceptibles de convertirse en guetos.
¿Cuáles son los instrumentos para evitar esta situación? Los instrumentos
adecuados son una política de vivienda y de enseñanza, y en eso también
todos coincidimos. A partir de aquí, de esta situación jurídica y de esta
situación social, surge un amplio y rico debate social sobre la situación
y sus posibles soluciones en la que entran todas las asociaciones, y esas
asociaciones son la contribución de todas las ONGs, sindicatos
representativos, foro de la inmigración y asociaciones católicas que
nadie ha manipulado ni ha utilizado, como algún portavoz ha pretendido
sugerir, por una simple razón, porque su dignidad y su representatividad
no lo permiten.
Ante esta situación jurídica y social, ¿qué hacer? Primero, dotarnos de
un nuevo instrumento jurídico adecuado; segundo, aplicar una política de
integración generosa, porque ésa es la verdadera aportación a ese cuerpo
jurídico que estamos debatiendo hoy y, tercero, diseñar una política
inmigratoria acorde con los tiempos. Así surge el espíritu y la filosofía
que han animado los debates que condujeron a la elaboración del texto del
Congreso.
¿Cuáles son los propósitos de la nueva ley? Otorgar el máximo de derechos
a los extranjeros; proporcionarles la mayor estabilidad administrativa
posible, porque está bien claro que sin documentación es imposible
empezar la integración; favorecer su plena integración en nuestra
sociedad; priorizar la reagrupación familiar, y apostar por una política
de inmigración positiva, regulada y modulada por la capacidad de acogida
de nuestra sociedad y por nuestra posibilidad de oferta de puestos de
trabajo.
¿Cuáles son los aspectos más importantes del texto? Ahora, señor Merino,
entraremos en todas aquellas cuestiones sobre las que usted me solicitaba
información. Queremos derechos constitucionales iguales para todos. En
esto estamos siguiendo las últimas sentencias del Tribunal
Constitucional, las sentencias de los tribunales europeos y, sobre todo,
del Tribunal Internacional de Derechos Humanos.
¿Cuáles son esos derechos que recoge la Ley? De reunión, de asociación,
de educación básica gratuita, de educación no obligatoria infantil,
superior o básica en las mismas condiciones que los españoles, acceso a
becas y a ayudas; que los trabajadores extranjeros tengan derecho a
sindicarse y derecho a la huelga, ¡cómo no!, a la asistencia sanitaria
pública de urgencia --que ya la tenían pero que ha quedado reflejado en
la ley--, a la asistencia letrada de oficio en los procedimientos
administrativos y jurídicos; derecho también a la reagrupación familiar y
a que los reagrupados tengan derecho individual a la residencia y al
trabajo, que no estén sujetos a la situación administrativa del padre de
familia; participación en la vida municipal, derecho al voto, que
lógicamente queda limitado por la Constitución, pero en el texto del
Congreso se suprimiría la mención al principio de reciprocidad, dejando
la puerta
abierta a que posteriores leyes electorales pudiesen normativizarlo de
acuerdo con esta idea más aperturista, aunque --seguramente se me dirá
por parte del Partido Popular-- si no hay una reforma constitucional esto
es muy difícil, y esta opinión la compartimos.
Luego hay un problema, y es que si no se puede ejercer el voto en las
elecciones municipales, se necesita un diálogo de los colectivos de
inmigrantes de trabajadores extranjeros con los municipios, y había una
aportación novedosa que regulaba esa participación de los inmigrantes en
los municipios donde residían. Nosotros continuamos creyendo que ese
diálogo es muy importante y, de haber existido esa vinculación,
posiblemente algunos hechos que han ocurrido últimamente no hubiesen
sucedido.
En ese texto está toda la cuestión de la regularización. Lógicamente, si
se empieza con una ley nueva, se ha de empezar también con una situación
nueva.
También está el gran tema de la obligatoriedad del contingente. Si se
apuesta por la obligatoriedad de fijar un contingente anual, se está
precisamente apostando por una política de inmigración positiva. Para
fijar ese contingente creemos que es necesaria una mayor participación de
las Comunidades Autónomas.
La lucha contra las mafias es otro de los aspectos que está en la ley, y
lamentamos que no se haya podido incluir otro punto para luchar contra la
explotación laboral y la economía sumergida.
Luego está el gran tema de la regulación de los flujos, tema muy
importante que es preciso clarificar, dadas las acusaciones infundadas e
injustas que se han vertido sobre el texto inicial. Los instrumentos de
regulación de flujo continúan siendo, señorías, los visados, los
contratos de residencia y trabajo, la reagrupación familiar y el
establecimiento de contingente anual. Lo demás continúa siendo control de
fronteras, aeropuertos, puertos y demás. Función, lógicamente, del
gobierno de turno.
En conclusión, la ley se propone crear un verdadero estatuto del
extranjero, agrupando los aspectos jurídicos y de integración social en
un mismo texto legal; disponer de un cuerpo jurídico que sirva a todos
los gobiernos, sean del color que sean, en la aplicación de una política
migratoria consensuada socialmente.
Luego está toda la cuestión que se ha planteado sobre la proposición de
ley y Europa. Ya he dicho antes, en mi primera intervención, que el texto
no contraviene ninguna normativa europea ni las conclusiones de Tampere
y, por tanto, no voy a ser reiterativo. Pero lo que sí digo es que la ley
española que se apruebe hoy en el Senado, la semana que viene en el
Congreso, podría suponer una gran aportación a la normativa común, porque
la gran Europa de los 500 millones se amplía al este y, ¿al sur? Hay un
desequilibrio importante y es velar por los intereses de España es velar
precisamente por el desarrollo de los países ribereños del Mediterráneo
occidental, un gran debate de política estratégica del que España,
lamentablemente, en estos momentos está ausente.
Con tantas enmiendas, el Gobierno del Partido Popular se ha olvidado de
hacer una aportación realmente positiva, precisamente la de impulsar
convenios con los países que proporcionan más emigrantes, tanto para
ordenar los flujos como para la colaboración de España a su desarrollo.
Es la única vía, a nuestro entender, a medio plazo, para frenar el drama
de las pateras.
Fíjense, señorías, la entrada de Turquía supondrá la libre circulación de
60 millones de personas de un país en vías de desarrollo. ¿Qué diferencia
hay con Marruecos? Yo creo que la misma distancia hay entre Turquía y los
países de la Unión Europea que entre el Reino de Marruecos y España.
Luego está el gran tema de la ley y la sociedad. El texto recoge el
espíritu mayoritario de nuestra sociedad, de sensibilidad y de respeto al
diferente, esta sociedad pluricultural que es el futuro de la sociedad
española y de la sociedad europea. La ley apuesta por la continuidad de
ese clima social que hemos sabido crear de repulsa al intolerante, y aquí
he de mencionar el gran papel de los medios de comunicación y de las
asociaciones, ese clima que han sabido crear contra los brotes o
expresiones xenófobas o de repulsa al extraño.
Termino, señorías, con una nueva llamada al consenso. Se ha de evitar el
surgimiento de los Le Pen y de los Haider; están larvados y esperando en
todas las sociedades, y no hemos de posibilitar situaciones para que
aparezcan; no hemos de dividir la sociedad en esta cuestión; hay un
consenso y ese consenso se ha de respetar. Lamentablemente, el texto que
estamos debatiendo aquí, no el del Congreso de los Diputados, sino el que
se ha presentado, ha dividido a la Cámara.
Para finalizar, mencionaré el consejo del gran historiador Hans J.
Morgenthan, que decía: «No puede existir moralidad política sin
prudencia.» Tengamos, señorías, esa prudencia.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Senadores. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Gracias, señoría.
Para la defensa del voto particular número 3, del Grupo Parlamentario
Popular, que corresponde a la enmienda número 106, tiene la palabra el
Senador Galván.
¿Podría hacer su señoría la defensa y el turno en contra, conjuntamente?
(Pausa.)
Gracias, señoría.
El señor GALVAN DE URZAIZ: Señor Presidente, señorías, no cabe duda de
que, para hacer una buena ley, tenemos que combinar dos factores
fundamentales: los sentimientos que albergamos como personas y Senadores
y la realidad de nuestra obligación con respecto al conjunto de la
sociedad española, al conjunto de esas personas que vienen normalmente
necesitadas a nuestro territorio. (La señora Presidenta ocupa la
Presidencia.)
Estamos hablando de una ley orgánica, de una ley importante, de una ley
de primera magnitud, especialmente para Comunidades Autónomas con altas
tasas de inmigración, como pueden ser Cataluña, Madrid, Andalucía,
Valencia, Canarias, etcétera. Estamos hablando de asuntos
tremendamente delicados, que requieren de la sensibilidad de todas sus
señorías, del entendimiento, de la capacidad de reflexión y, en todo
caso, en esta Cámara, de la capacidad para el encuentro, para el
acercamiento; en la posible y legítima oposición, pero con capacidad para
ese acercamiento.
Señorías, llevo cuatro años, a punto ya de terminar esta legislatura, en
este Senado. He participado en la elaboración de algunas leyes, y en el
último trámite, aquí, en esta Cámara, hemos conseguido modificar
consensos importantes que se habían logrado en el Congreso. Aquí, en esta
Cámara, con el esfuerzo de todos, incluidos representantes del Grupo
Parlamentario Socialista, hemos mejorado sustancialmente el texto que
provenía del Congreso. Eso nos ha honrado, nos ha llenado de
satisfacción, porque hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Con esto
quiero decir --y empecé haciendo referencia a los sentimientos-- que, en
una cuestión de inmigración, en una cuestión humana, en una cuestión que
afecta a gente necesitada, están, por una parte, nuestros sentimientos a
favor y, por otra, la consideración de la responsabilidad necesaria que
tenemos que tener, como parlamentarios españoles, para combinar dos
cuestiones importantes: las necesidades de esa gente y el conjunto de los
intereses del Estado.
Señorías, decía que es una cuestión importante, que es una cuestión muy
delicada y, como tal, presenta esa dicotomía entre lo que sentimos y lo
que debemos hacer. Nosotros, como Grupo Parlamentario Popular, hemos
utilizado todas las argumentaciones posibles, con limitaciones de tiempo
que no establecimos precisamente nosotros, sino que nos venían impuestas
reglamentariamente por un acordado trámite de urgencia, para darle
segunda lectura a esta norma, a este proyecto de ley, y enmendarlo según
lo que considerábamos y consideramos que es necesario, que es positivo
para el conjunto de España, para el conjunto de sus autonomías, para el
conjunto de sus territorios y, en todo caso, también para el conjunto de
esas personas que vienen en lamentables condiciones --la gran mayoría-- a
nuestro país y a las que tenemos que dar acogida, y que sólo podrán
desarrollar una vida digna cuando, además de los derechos que les
reconocemos, nuestra sociedad tenga capacidad para darlas trabajo.
Señorías, estamos hablando de un asunto fundamental que se concreta en
una norma que sólo será positiva si, al final, consigue un objetivo: que
sea asumida por todos. No sirve una ley para unos; no sirve una ley para
otros; sirve sólo una ley que pueda ser asumida por todos y que haga gala
de su título: la ley de los derechos y libertades de los extranjeros en
España.
Porque también es cierto que éste ha sido un país cuyo conjunto humano ha
tenido que salir de sus fronteras para conseguir un porvenir para sus
hijos, para su futuro, y sabemos de qué estamos hablando. Lo sabemos
también los canarios, pues gran parte de nuestros familiares han tenido
que buscar su vida en lo que era la segunda parte de España, hace ya
muchos años.
Señoría, queremos simplemente recuperar el diálogo distendido, el diálogo
del encuentro. Quizás el Grupo Parlamentario Socialista, debido a una
posición absolutamente dogmática --y perdónenme por emplear esta
palabra-- haya entendido que es más positivo mantener una postura de
cerrazón respecto a nuestra posición abierta, para lograr un encuentro en
nuestras enmiendas, que podían ser perfectamente transaccionadas. ¿Cómo
podemos entender a estas alturas que una nueva ley de libertades y
derechos de los extranjeros que vienen a nuestro país no contemple entre
su régimen de infracciones que toda ley debe contemplar el hecho de que
existen --y les consta a todas sus señorías-- mafias organizadas,
especialmente en el mundo del transporte, que se dedican a traer a esas
personas necesitadas cobrándoles importantes sumas para dejarlos de
cualquier manera en nuestro país?
¿Cómo podemos traer un texto del Congreso y no remitirlo llenando un
vacío que efectivamente está ahí y que es nuestra obligación concretar?
¿Cómo es posible que en esta Cámara del Senado no podamos darle una
segunda lectura a una ley tan importante?
Es evidente que mi turno tiene que referirse a la posición en contra de
nuestro Grupo en cuanto a la enmienda planteada por el Senador Ríos.
Hemos intentado, en la vía del consenso, establecer un texto que pudiera
servir a las dos partes, que pudiera mejorar el texto que venía del
Congreso, y ello no ha sido posible. Pero no cabe duda, señor Ríos, que
al amparo de los artículos 37 y 38 del propio Estatuto de Autonomía, que
bien señala su señoría que se diferencia del resto de los Estatutos de
Autonomía de las distintas Comunidades Autónomas de España, podemos
desarrollarlo reglamentariamente. Por lo tanto, podemos hacer ese
esfuerzo, porque yo creo que la sociedad canaria, el conjunto del
archipiélago canario, en su situación específica desde el punto de vista
geográfico, desde el punto de vista social, de desempleo, de limitaciones
de todo tipo a la hora de generar puestos de trabajo, evidentemente
requiere de una sensibilidad especial a la hora de fijar políticas de
emigración, de fijar políticas para la integración social de los
inmigrantes. Es evidente que si hay alguna Comunidad Autónoma requerida
de un tratamiento especial, no cabe duda de que tiene que ser, en primer
lugar, Canarias, acompañada también --no lo podemos olvidar-- de Ceuta y
Melilla.
Señorías, en ese sentido estaba abierta la enmienda que habíamos
mantenido viva y que en este momento retiramos, pero ello no quita para
que podamos desarrollar un instrumento en este sentido. Proponíamos por
vía transaccional un encuentro de las dos administraciones para poder
profundizar en todos aquellos problemas que, como archipiélago y por
nuestra proximidad a las costas africanas, se nos están planteando en los
últimos tiempos, pero ello no ha sido posible. No ha sido posible llegar
a un acuerdo porque quizá ha habido un acuerdo implícito de las demás
fuerzas políticas de esta Cámara territorial para que el Partido Popular,
de alguna forma, pudiera aparentar ante la sociedad que se quedaba solo;
pero no hay que olvidar que, si estamos en donde estamos y hemos
enmendado lo que hemos enmendado, es porque cumplimos precisamente con lo
que antes decía: la combinación necesaria entre los sentimientos y
nuestra obligación y responsabilidad como Senadores, como parlamentarios
de esta Cámara territorial
para dar solución a un problema que requiere de todo el tacto, de toda la
sensibilidad y de todo el consenso posible.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Galván.
Para el resto del turno de defensa del voto particular número 3, del
Grupo Parlamentario Popular, correspondiente a la enmienda número 106, y
para turno en contra, tiene la palabra el Senador Merino.
El señor MERINO DELGADO: Gracias, señora Presidenta.
Senador Román Clemente, le agradezco que se preocupe --y efectivamente lo
comparto-- en no sembrar desconfianzas. Nosotros llevamos todos estos
días, desde que el texto llegó a la Cámara, tratando de dialogar,
tratando de negociar, y no una, sino todas nuestras enmiendas, pero
usted, también legítimamente, no ha estado de acuerdo con ellas y no ha
entendido que pudiéramos discutir, incluso hoy, nuevas propuestas. Podía
haberse hecho, pero usted no lo ha considerado oportuno, Senador Román
Clemente.
Usted persigue a toda costa que las pretensiones que defiende sean las
buenas, sean las correctas, y socialmente tienen que tener la razón; y ya
sabemos que es una cuestión de Estado. Por eso nosotros hemos considerado
que no debíamos compartir su opinión y que estábamos actuando con
responsabilidad desde esa obligación de Estado que tenemos. Seguramente
la cuestión de Estado que usted plantea es diferente de la nuestra, pero
en ese sentido permítanos que tengamos un criterio distinto.
Y es que usted lo ha dicho. Usted quiere que todos los extranjeros,
tengan o no papeles, puedan votar, puedan tener todos los derechos, y ahí
incluye usted, tanto el esfuerzo de aquellos a los que se obliga a tener
los papeles en regla, como el de aquellos que no tienen pretensión alguna
de tenerlos en regla. Pero nosotros no podemos compartir eso, sin
perjuicio de que su tesis sea o no la acertada. Nosotros no compartimos
esa tesis.
Nosotros creemos. que los que se han esforzado en tener sus papeles en
regla, los que llegan a nuestro país con unos permisos de residencia
adecuados o los que consiguen sus papeles --como se dice en el argot
habitual-- deben tener más derechos que los que no tienen ninguna
intención a ese respecto, o bien no han podido o no han querido conseguir
sus papeles ni tener situación en regla.
Y no hablo ya de lo anterior hasta llegar a esta proposición de ley.
Estoy hablando del futuro. Porque si no, usted estaría mezclando a todos
aquellos que se esfuerzan por venir a España con sus papeles en regla con
los que negocian con armas, con los que negocian con trata de blancas,
con los que negocian con cualquier transporte ilegal o con cualquier
situación ilegal. Todos los extranjeros son iguales, y en eso es en lo
que nosotros no estamos de acuerdo, Senador Román Clemente. Otra cuestión
es que usted parta de unas premisas que yo le respeto pero que nosotros
no podemos compartir. (Rumores.)
No estamos de acuerdo con que los extranjeros tengan mayor derecho a la
educación que los españoles. No estamos de acuerdo. Y nos tiene que
respetar nuestra forma de pensar en ese punto. Creemos que los españoles
tienen que tener el mismo derecho a la educación que los extranjeros,
pero también creemos que los extranjeros no deben tenerlo más que los
españoles. Y según el texto del Congreso, así se dice, Senador Román
Clemente. Yo no tengo la culpa de que se haya aprobado eso en el Congreso
(El señor Román Clemente hace gestos negativos.), pero en ese texto se
especifica muy claramente que el derecho a la educación lo tienen todos
los extranjeros hasta los 18 años, y la Constitución y las leyes
españolas dicen que lo tienen los españoles hasta los 16 años.
Yo no he hecho esa norma, pero está claro que cuando nosotros
consensuábamos en el Congreso un texto --y aquí tengo que hacer
referencia a lo que ha dicho el Senador Oliart--, pusimos reparos a
determinados preceptos que no han sido aprobados por nosotros en el
Congreso. Por tanto, que no se hable de un texto consensuado por todos
los grupos políticos. Nosotros consensuamos un cuerpo de preceptos y nos
abstuvimos en otra serie de ellos que son los que fueron la causa de que
se presentasen posteriormente enmiendas en el Senado.
Para ser rigurosos, Senador Román Clemente, hay que decir todo sobre esa
cuestión porque es muy importante que eso quede claro.
Nosotros hemos estado de acuerdo en lo fundamental con esta proposición
de ley, pero hemos diferido de ustedes en algunas cuestiones que ustedes
también consideran importantes. Y tengo que agradecer su tono, y sobre
todo su esfuerzo, porque sé que lo ha venido haciendo su señoría durante
todos estos días para sacar adelante las cuestiones que usted defendía.
Del mismo modo que agradezco ahora el tono moderado del señor Oliart, que
ha venido a dar la razón a lo que le pedíamos antes de comer. Se ve que
la comida nos ha calmado a todos e incluso ha hecho posible que ahora
utilicemos... (Fuertes rumores.-- Los señores Armet i Coma y Carracao
Gutiérrez pronuncian palabras que no se perciben.) Bueno...., se ve que a
todos no. (Fuertes rumores.)
Y no puede estar de acuerdo, señor Oliart, con lo que ha manifestado,
porque como bien sabe, el Grupo Popular en el Congreso --y le repito lo
mismo que al señor Román Clemente-- no aprobó todo el contenido del texto
normativo.
Usted sabe que el Grupo Popular reparó determinados preceptos y se
abstuvo en ellos para que fuese en esta Cámara donde se introdujeran las
enmiendas correspondientes. Y sé que a lo mejor eso no lo comparte o no
le gusta, pero también tiene que respetarnos que nosotros podamos
hacerlo.
Y ya sé que precisamente por eso nos acusarán de todo tipo de cuestiones,
como de hecho ya ha ocurrido, pero tengo que decirle que tan respetable
es su tesis como la nuestra, y que, desde luego, nosotros estamos
actuando desde el principio en ese sentido con total coherencia. Tengo
que repetirle lo que decía el acuerdo de Tampere que he leído
literalmente esta mañana. En el apartado 21
habla exactamente de los que residen legalmente en el país y tienen un
permiso de residencia de larga duración. Tiene en cuenta dos cuestiones:
residencia legal y de larga duración, y para ellos pide el acuerdo de
Tampere unos derechos similares a los que tienen los ciudadanos del país
de residencia. Se lo puedo leer textualmente, pero eso es lo que dice.
Tenga por seguro que este Grupo no se lo ha inventado.
Usted ha citado el reglamento de 1995. Efectivamente, el Grupo de
Izquierda Unida pidió en aquel momento una nueva ley, y, posiblemente
hubiera sido más lógico hacerla entonces. Pero diez años después de
publicarse la Ley de 1985 se elaboró el reglamento; diez años después,
pero ¿por qué no hicieron en aquel momento una nueva ley o la ley de
integración que entonces era necesaria? Podíamos haberla hecho, pero el
caso es que no se hizo, y lo que no podemos es imputar al Grupo
Parlamentario Popular que no se hiciera.
¿Qué política de vivienda se hizo durante los quince años de vigencia de
la ley para la integración de los inmigrantes? ¿Qué política de
integración de los propios inmigrantes se ha hecho después? Es decir,
estamos ante cuestiones que, como ha dicho el Senador Román Clemente, son
de Estado. Pero lo más fácil es culpar al que en este momento, asumiendo
una responsabilidad muy impopular y todo lo que usted quiera, está
intentando dar claridad y coherencia a un texto normativo tan importante
como el que nos queremos dotar.
Efectivamente, a partir del mes de marzo no sabemos lo que va a ocurrir,
pero lo que está claro es que cualquiera que sea el Gobierno de este país
va a tener que hacer una norma adecuada a la normativa europea y
respetando el principio que en este momento diferencia a los extranjeros
en situación legal de los que están en situación ilegal. En función de
eso, el Partido que gobierne va a tener que establecer la normativa a
partir del mes de mayo.
Señor Oliart, nosotros creemos que la política que todos buscamos para la
integración de extranjeros está suficientemente garantizada en el texto
que nosotros defendemos. Está suficientemente garantizada en el texto que
vamos a aprobar esta tarde, y no se les priva de todo el catálogo de
derechos que la Constitución Española contempla para los ciudadanos
españoles. Ni mucho menos. Se equipara la situación legal de todos ellos;
es más, supera a cualquier norma de los países del entorno europeo. Usted
no me ha citado ningún país europeo donde se contemple el derecho a la
educación, a la sanidad y a la circulación de todos los extranjeros,
estén en situación legal o no. A lo mejor los hay, pero, desde luego, no
son los países gobernados por su Partido. Perdóneme que se lo diga, pero
en Alemania, Inglaterra o Francia no está así regulado; ojalá en esos
tres países los ciudadanos en situación ilegal tuviesen estos derechos.
Yo me felicito de que todos los grupos hayamos aceptado que todos los
extranjeros tengan ese catálogo de derechos básicos, sea cual sea su
situación.
Por el contrario, nosotros creemos, de acuerdo con la normativa europea,
que los ciudadanos en situación legal tienen, según este texto, los
mismos derechos que la Constitución contempla para los ciudadanos
españoles: el derecho de voto en las elecciones municipales cuando haya
reciprocidad, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al
reagrupamiento familiar, el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el
derecho a la sanidad, a la educación y demás derechos, incluidos los
derechos de sindicación y de huelga ya contemplados en la Ley de 1995. En
definitiva, este texto tiene en cuenta todos los derechos.
Por tanto, ¿en qué se diferencia este texto del que defendían ustedes en
lo que a protección de derechos básicos se refiere? Solamente en la
diferenciación del concepto de extranjero en situación legal y extranjero
en situación ilegal. Sin duda, cuando gobernaban ustedes aplicaron esa
diferenciación; así lo hicieron, no sólo en una norma de 1985, sino
también en otra del año 1995, diez años después. Por tanto, no estamos
separados en esa cuestión; estaremos separados, desde el punto de vista
político, por el momento preelectoral o por el momento que queramos pero,
desde luego, señor Oliart --y en ese sentido vuelvo a reconocerle el tono
moderado de su intervención de esta tarde-- tengo que decirle que hay que
hacer --y nosotros lo hacemos desde esta tribuna-- un nuevo llamamiento
al consenso. Creo que es posible, que se puede conseguir y, si no fuera
así, el Gobierno que salga elegido en las próximas elecciones tendrá que
hacer las adaptaciones normativas, y tendrán que hacerlo, si son ustedes
los que gobiernan, de una manera diferente, sin duda, a lo que ahora
están diciendo. Por tanto, creo que es un buen momento para que todos
lleguemos a ese acuerdo y a ese consenso.
Desde el primer momento en que llegó el texto a esta Cámara hemos
procurado llegar a ese acuerdo y dialogar al máximo con todos los grupos
políticos, y se nos acusa, únicamente, por esa diferenciación que se ha
introducido --de acuerdo con la normativa europea-- entre residentes
legales y residentes en situación irregular. Porque usted sabe, señoría,
que está absolutamente de acuerdo con todo lo demás. Podremos discutir
cuestiones de mayor o menor altura, pero lo que está claro es que todos
los grupos deberíamos llegar a un acuerdo sobre el fondo de un asunto tan
importante. En mi Grupo seguimos abiertos a cualquier diálogo y a
cualquier consenso y tengo que decir, señorías, que nunca es tarde para
llegar a ese acuerdo, pero la norma que en este momento se propone es
buena para este país y buena para los ciudadanos extranjeros que, sin
duda, están esperando de nuestra responsabilidad que lleguemos a ese
acuerdo, regularicemos la situación de tantas personas que están en este
momento en muchas provincias españolas en situación irregular y dotemos
de derechos y de libertades --de acuerdo con este texto-- a todos ellos
en igualdad con los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Merino.
Terminado el turno en contra, comienza el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente para dejar muy claro que el Partido
Popular, el Grupo Popular --quizá me van a obligar a decir--, el Gobierno
del Partido Popular ha puesto en boca de un portavoz canario una cierta
incomprensión con mente continental. Ya habrá nuevas oportunidades para
insistir en mi enmienda.
Como yo no tengo quien me aplauda (Aplausos.), en la que probablemente
será mi última intervención en esta legislatura, tengo que desearles a
todos felices pascuas --no voy a entrar en el tema del siglo o el
milenio--, y que podamos seguir convencidos de la capacidad de diálogo de
nuestro Parlamento. Felices fiestas, amigos, señora Presidenta.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el Senador Román, para consumir el
resto del turno del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.
Senador Merino, se pueden decir las cosas de muchas maneras --con
contundencia, con cierta provocación, con enfrentamiento-- y se pueden
decir mentiras o se puede ocultar la verdad, porque el texto aprobado en
el Congreso, con ese consenso y esa participación de las organizaciones
de todo tipo, libremente, no recoge lo que ha dicho con respecto al voto.
Ha querido mezclar dos cosas, la enmienda que hemos formulado desde
Izquierda Unida sobre el reconocimiento al voto con lo que no dice el
texto del Congreso. Pero les voy a leer la Constitución, Senador Merino,
que supongo que le debe inspirar también en su discurso. El artículo 140,
entre otras cuestiones, dice: Los concejales serán elegidos por los
vecinos del municipio. Senador Merino, ¿qué quería decir el constituyente
cuando se refería a vecinos? ¿Tiene el mismo carácter jurídico que
ciudadanos o demás? ¿Eso puede ser una lectura restrictiva de la
Constitución? Cada día se están haciendo interpretaciones, lecturas
restrictivas de la Constitución (El señor Agramunt Font de Mora: Eso no
está bien, léalo todo.) pero ya le he dicho, Senador Merino, que como
aquello no era el debate, como eso no puede ser... (El señor Agramunt
Font de Mora: Léalo todo.--Un señor Senador del Grupo Parlamentario
Socialista: ¡Déjale hablar, hombre!) Senador Agramunt, permítame que haga
la intervención con serenidad. (Rumores.) No tengo ninguna prisa. (Un
señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Déjale hablar!--La
señora Pleguezuelos Aguilar: Libertad de expresión.) No deseo tener
ninguna prisa.
Senador, hemos retirado la enmienda, y lo hemos hecho a pesar de que el
Senador Merino desee y quiera entrar en esa otra lectura de la
Constitución, porque precisamente nos parecía que era un esfuerzo para
lograr ese diálogo y ese consenso con el que comenzó su intervención el
Senador Galván. Y eso también demuestra la diferencia con la que ustedes
han estado discurriendo a lo largo de toda la tramitación. Comienzan de
una forma, ¿a lo largo de todos estos meses no tenían posibilidad de
haber incorporado y discutido con los diferentes colectivos otras
interpretaciones, que tienen que hacer agotando el plazo, por cierto,
ampliado hasta el día 7 de este mes de diciembre a las doce de la noche?
Yo voy a retomar el diálogo, Senador Merino. No es cierto que hayan
intentado dialogar, negociar, discutir, con todos los grupos de la
Cámara. Este Senador estuvo presente en la Ponencia, formó parte de ella,
asistió con todo el deseo, la voluntad y las ganas a la Ponencia. Sabe
perfectamente lo que sucedió en la Ponencia. En ese momento ustedes no
estaban en condiciones de incorporar sus 112 enmiendas. Les faltaba el
consenso, el acuerdo con Convergència i Unió que no estaba en la
Ponencia. No podían cerrar ustedes ningún acuerdo, no podían incorporar
sus enmiendas, no podían dar ese paso, a pesar de la justificación,
Senador Galván, a un calendario, a un ritmo trepidante, no podían
hacerlo. El problema de tiempo era de ustedes, no del resto de los
ponentes. Y estuvimos aquí el día 8, el día 9, y fuimos a Comisión el día
10, día en que, por si no recuerda lo que sucedió, tuvimos conocimiento
de las 36 enmiendas transaccionales que ustedes habían cerrado a las tres
de la madrugada.
Senador Merino, eso no es ni diálogo, ni consenso, ni negociación; pero
es su derecho, aunque yo no esté de acuerdo. Y como dice un librito muy
ilustrativo, con referencias a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos: No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero daría mi vida
porque usted lo pudiera seguir diciendo. Senador Merino, no estoy de
acuerdo con el procedimiento que ustedes han seguido, y hemos continuado
con el trabajo.
Señoría, no hay, no puede haber sustitución de los derechos en razón de
tener o no tener papeles. Las personas, los individuos, son sujetos de
derechos, así lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y
no lo condiciona a que tengan o no tengan papeles, a que tenga o no
regularizada su entrada, señor Merino. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Son sujetos de derecho, ustedes los convierten
en objetos de derecho y lo que quieren es, arbitrariamente, conceder a la
Administración esa arbitrariedad para ejercer esos derechos. Han
transformado la ley, la han convertido en una discrecionalidad de la
Administración, que declara cuándo los individuos tienen o no esos
derechos.
Senador Merino, no me cite la educación. Ustedes hacen una corrección del
texto precisamente por cuestiones ideológico políticas; siguiendo su
tendencia para subvencionar, para concertar la educación infantil,
modifican el texto en el sentido que les da la real gana. En él no se
dice que estas personas tengan ningún derecho más que los ciudadanos
españoles, el derecho a la educación y el derecho a la sanidad.
Senador Merino, formamos parte de la misma Ponencia contra la
intolerancia. Si hubiera visitado, como nosotros, los lugares donde viven
los inmigrantes en Almería, y hubiera comprobado las condiciones en las
que viven, seguro que sería más sensible porque le habría puesto nombre y
apellidos a esos artículos y exigiría el derecho a una vivienda digna, a
una educación, a una sanidad y a unas condiciones que no pueden ser
vulneradas arbitrariamente por una Administración, porque esas personas
son sujetos de
derecho. Son válidas para trabajar en los invernaderos de siete de la
mañana a ocho de la tarde y, sin embargo, no tienen papeles, Senador
Merino, pero contribuyen a los beneficios empresariales y a la riqueza de
una provincia. Ese es el doble lenguaje: mirar hacia un lado cuando les
interesa y hacia otro cuando no les interesa. Esto no es lo que dice la
ley.
Por tanto, podemos discutir sobre cuestiones más o menos anecdóticas,
sobre cuestiones de procedimiento, si esta Cámara tiene o no derecho a
enmendar, pero es difícil discutir sobre si tienen ustedes el deseo, la
voluntad, el compromiso de aplicar la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, si se sienten vinculados a ese consenso que desde las
diferentes organizaciones impregnó a todas las fuerzas políticas e hizo
surgir en el Congreso de los Diputados un texto que, no me cansaré de
repetir, es de mínimos, para que estas personas puedan empezar a
trabajar.
Senador Merino, puede mezclar todos los temas que quiera, puede hacer
todo lo que quiera, pero hoy, si siguen caminando por esa línea, van a
romper un consenso social muy importante. Ustedes, no creo que lo hayan
hecho alegremente; habrán evaluado electoralmente el coste que ello
supondría, han traído a esta Cámara la confrontación electoral, como les
dije en Comisión. Ustedes saben cómo empiezan esta quiebra social pero,
desde luego, no saben cómo la van a terminar. Y yo deseo que sea de la
forma más razonable; que retiren todas sus enmiendas, todas las
transaccionales, que se vuelva al texto del Congreso. Me sumo a lo
manifestado por el Senador Zubia, si quieren mejorar el texto, háganlo
desde el consenso en el Congreso --¡ojalá lo pudiéramos haber hecho en el
Senado!--, pero es allí donde se gestó ese consenso social y político que
ustedes van a romper, van a anular sin saber hacia dónde se van a
dirigir. (Aplausos.)
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra su portavoz, el Senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señora Presidenta.
Dado el tono de las intervenciones de los portavoces del Grupo
Parlamentario Popular esta tarde, que agradezco, a fin de no añadir más
crispación a un debate que ya ha tenido bastante, este Grupo renuncia a
este tercer turno de intervenciones.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Zubia.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra su portavoz, el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a consumir este turno con suma brevedad. Para nuestro grupo el debate
ha dado de sí todo lo que tenía que dar. Es más, nuestro grupo no se ve
capaz de forzar, activar o modificar otras cuestiones de esta proposición
de ley en este trámite del Senado. Creo que hemos hecho más, muchísimo
más: hemos ido más allá de nuestras posibilidades y de nuestras
responsabilidades intentando mejorar las enmiendas presentadas por el
Grupo Popular a esta proposición de ley.
Nos hemos comprometido, hemos asumido todos los riesgos, y hemos dado la
cara con un solo objetivo: intentar modificar una situación creada en
este trámite del Senado. ¿Y saben lo que les digo? A partir de aquí, que
siga los trámites que tenga que seguir; eso sí --quiero resaltarlo-- con
la misma responsabilidad por parte de todos. En este trámite cada uno ha
asumido sus propias responsabilidades; por tanto, que esta ley siga su
curso, pero también con la asunción por parte de cada uno de sus propias
responsabilidades.
Y les diré algo más: quiero dejar claro que de proceder a otra
tramitación en este mismo sentido volveríamos a intentar lo mismo que lo
que hemos hecho en esta ocasión. Esta es una ley demasiado importante
para no luchar con todas las fuerzas para recomponer una situación que el
Grupo Popular rompe, sin duda, al presentar sus enmiendas. Hemos
mantenido contactos y celebrado reuniones de todo tipo y a todos los
niveles con otros grupos. Incluso ayer a última hora seguíamos en la
línea de mantener esos contactos. ¿Para qué? Para intentar llegar a un
consenso que consideramos necesario.
Asumimos el resultado final sin reticencias. Pero nos hubiera gustado
muchísimo más asumirlo si hubiera sido posible la tramitación y la
aprobación correspondiente de esas nuevas transaccionales que ya han sido
comentadas por parte de nuestro portavoz esta mañana. Lástima que no haya
sido así.
Por tanto, y como resumen final, hay que decir lo siguiente. La
valoración de las enmiendas y de las transaccionales ya la ha hecho el
Senador Capdevila. El reconocimiento de que ésta ha sido una tramitación
forzada lo hago yo en éste acto. La aportación de nuestro grupo durante
todo el trámite ha sido abierta e importante. Lamentaríamos profundamente
que esta cuestión se utilizara como arma electoral. No estamos en esa
línea, en absoluto. No nos interesa. Nos parece, además, que ése sería un
mal camino, porque lo único que le interesa a nuestro grupo parlamentario
es mejorar la Ley de 1985 y la situación de los propios extranjeros. Y
tampoco estamos por obstaculizar --que quede claro-- esta tramitación
bajo ningún concepto.
No voy a entrar en las posiciones, y ni siquiera en las expresiones, de
otros grupos, aunque debo reconocerles, señorías, que esta mañana he
pasado una cierta vergüenza en algunos momentos del transcurso del
debate. (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¿Por parte
de quién?) Repito, pues, que no voy a entrar a debatir sobre las
posiciones de los distintos grupos. La tramitación sigue. Y fíjense bien
en lo que les digo: por encima de todo, sea cual sea el resultado final
en el Congreso, estoy convencido, y lo digo así, de que todos, aunque con
posiciones distintas, habremos luchado por hacer una buena ley.
Gracias señora Presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Oliart.
El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoras y señores Senadores, en primer lugar, señor Merino, voy a
continuar con mi tono reflexivo y calmado, a pesar de que,
indudablemente, usted en sus intervenciones --y no sé si se da cuenta--
me lo hace o nos lo hace bastante difícil.
Se ha referido usted antes a una cuestión de partidismo y ha dicho que
somos nosotros quienes estamos por hacer un uso partidista o electoral de
esta cuestión y, sobre eso, quisiera dejar aquí bien claro que no esa ésa
nuestra intención, como quisiera, de verdad, que tampoco fuese la
intención del Partido Popular. Y diré por qué.
Diré que, respecto a cuando antes hemos dicho que se había roto un
consenso, y era un consenso concreto sobre la ley que se había elaborado
en el Congreso, hay otro consenso que está a punto de romperse y éste es
precisamente el consenso social y político en virtud del cual durante
todos estos años de democracia desde la transición hasta ahora todas las
fuerzas parlamentarias han sido muy respetuosas en considerar que las
cuestiones de inmigración no habían de ser tratadas en clave partidista
ni en clave electoralista. Y yo lo que más deseo y lo que mi partido más
desea y mi Grupo Parlamentario lo que más desea es que ese clima de
entendimiento en este aspecto continúe así.
Ha dicho usted palabras muy gruesas sobre Ceuta y Melilla y la creación
de campos de concentración y yo le he de preguntar, Senador Merino, si
usted se ha desplazado hasta allí. Este Senador sí lo hizo el año pasado.
Visitó los dos campamentos, el de Ceuta y el de Melilla, vio en la
situación en la que estaban, habló con los medios de difusión y fue muy
respetuoso con la política que se estaba llevando a cabo por parte del
Gobierno del Partido Popular, a pesar de que no estaba de acuerdo
respecto a las condiciones en que estaban los dos campamentos y no estaba
este Senador de cuerdo con la cantidad de inmigrantes que estaban allí
amontonados, como tampoco estaba este Senador demasiado de acuerdo con
que el Gobierno del Partido Popular hubiese enviado a aquellas fronteras
a la Legión para impedir que pasasen la frontera los inmigrantes
marroquíes y argelinos, o como tampoco estábamos tan de acuerdo con que
se reforzaran tantísimo las barreras que separan Ceuta de Marruecos y
Melilla de Marruecos y, sin embargo, no hicimos ningún tipo de
declaraciones escandalosas.
Señor Merino, no es cierto que el Partido Popular sólo haya presentado
enmiendas sobre los artículos que el señor De Grandes en el Congreso de
los Diputados había pedido votación separada y en la que luego se
abstuvieron. Le ruego que haga usted la cuenta, como la hice yo esa
mañana, y verá usted que más de la mitad de los artículos que se votaron
favorablemente por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados han
sido enmendados aquí, en el Senado.
Tampoco es cierto que ustedes no votasen a favor del trámite de urgencia.
Usted, señor Merino, hizo esas declaraciones en Ponencia y yo le creí
porque en aquellos momentos no estaba seguro e hizo usted las mismas
afirmaciones a los medios de comunicación, pero luego yo consulté, porque
tenía dudas, y se me dijo que el Partido Popular también había apoyado el
trámite de urgencia. Por lo tanto, otra cosa incierta.
Usted dice que el Gobierno socialista durante los años que estuvo
gobernando a partir de la promulgación de la ley de extranjería de 1985
tuvo tiempo para reformar esa ley. Es cierto que lo tuvo, pero ustedes
han tenido también cuatro años para presentar esa ley que ustedes dicen
que se merecía la sociedad española y no lo han hecho.
Usted nos ha reprochado anteriormente el que no hayamos presentado nuevas
enmiendas en el trámite del Senado. Le voy a decir por qué, señor Merino,
y también a sus señorías. No lo hicimos porque sabíamos lo que iba a
pasar, y lo que queríamos era un debate lo más claro, lo más diáfano y lo
más transparente posible. Aquí tengo la lista de las enmiendas que
nosotros estábamos dispuestos a presentar, muchísimas, sobre todo por la
importancia de los temas que trataban. No las voy a leer porque en estos
momentos no tiene mayor relevancia.
Usted, señor Merino, y también el Grupo Parlamentario Popular, han hecho
hincapié en dos de las enmiendas que han presentado. Una no es una
enmienda sino que ha sido un reproche, que estaba también subsumido en
una de las enmiendas: los famosos 18 años de la enseñanza. A mí me han
comunicado que esto fue un error de la Ponencia en el Congreso y que se
estaba dispuesto a aceptar los 16 años, porque no sería nada lógico que
los extranjeros tuviesen derechos superiores a los españoles; sí derechos
iguales. Si se hubiese presentado esa enmienda, junto con otras que
posiblemente hubiesen mejorado el texto, nosotros hubiéramos estado
abiertos a asumirlas si era necesario. Pero no, han presentado 112 que
cambiaron todo un texto.
Les voy a decir por qué cambiaron todo un texto. No voy a ser
pormenorizar demasiado, pero tengo aquí la relación de todas aquellas
cuestiones que considero son inaceptables para nosotros. En estas 112
enmiendas han limitado ustedes algunos derechos constitucionales,
aquellos de los que hablaba anteriormente el portavoz de Izquierda Unida.
En el derecho al voto, ustedes han vuelto a poner el criterio de
reciprocidad; en la participación de la vida municipal no aceptan esa
regulación específica que estaba en el texto; los derechos de reunión, de
asociación, limitados a situación legal; los derechos al trabajo y a la
Seguridad Social limitados a las autorizaciones de los sujetos que tienen
para trabajar; el derecho de sindicación y de huelga, lo mismo, como si
una persona que empieza a trabajar, que tiene su permiso y lo pierde,
tuviera que dejar el sindicato donde se ha afiliado. Esto es algo
completamente imposible y, además, las organizaciones sindicales no piden
ningún tipo de permisos para aceptar una afiliación. Remiten al
reglamento
el tiempo previo de convivencia matrimonial para conservar la residencia
en caso de ruptura de ese matrimonio; suprimen ustedes algunas garantías
jurídicas muy importantes.
Asimismo, en cuanto a las entradas y salidas del territorio español, son
ustedes bastante más limitativos; en materia de visados no digamos; en la
situación de los extranjeros se eliminan varios puntos que afectan a los
permisos de trabajo y de residencia. En el contingente suprimen ustedes
la obligatoriedad de fijarla anualmente. Se suprime la posibilidad de que
las empresas puedan contratar directamente al margen del contingente,
cosa que indudablemente no entendemos, porque si son ustedes de ideología
liberal lo que han de querer es precisamente que las empresas puedan
contratar directamente. En relación a los trabajadores de temporada,
suprimen ustedes que la Administración se responsabilice o vele para que
los temporeros sean alojados dignamente, cuando la Administración ha de
velar por ello y no ha de dejar que esa garantía parta de las propias
empresas, que son las que están contratando.
En materia de tasas, las establecen para todo. Precisamente una de las
enmiendas que pensaba presentar el Grupo Parlamentario Socialista era la
eliminación de las tasas por los contratos de trabajo.
En cuanto al capítulo de infracciones y sanciones presentan 35 enmiendas.
Señoras y señores Senadores, todo un memorial de intenciones. Incluso a
través de esas modificaciones pueden ustedes expulsar a un joven que ya
no tiene arraigo en su país por una condena penal de más de un año, cosa
que en estos momentos está en contra de la filosofía de todos los
tribunales de los países europeos.
Es por ello que no podemos aceptar esa enmienda que ustedes a última
hora, para lavarse la cara ante la opinión pública, han presentado en
materia de regularización.
¿Quiere que le explique la historia de la regularización? (Varios señores
Senadores del Grupo Parlamentario Popular: No; no.) Es igual, lo voy a
explicar, es muy breve. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, señorías.
El señor OLIART PONS: En la ley del Congreso figura la fecha del 1 de
junio de 1999. Ustedes presentaron una enmienda para fijarla el 1 de
enero de 1999, y luego en la transacción, y aquí viene el lavado de cara,
ustedes la piden ahora para noviembre, y dicen ustedes que así se
regularizan 90.000 trabajadores. No, la regularización de los 80.000
trabajadores --que son los que oficialmente se estima que existen en
estos momentos en situación irregular--, se regularizarían con el texto
del Congreso, pero nosotros estaríamos completamente abiertos a aceptar
esta mejora. ¿Hasta el 1 de noviembre? De acuerdo, acepten ustedes el
texto del Congreso y nosotros aceptaremos esta enmienda.
Señorías, volviendo --que no lo he perdido-- al tono moderado, he de
decirles que se ha roto un consenso político y social imprescindible para
el buen fin de la ley que finalmente salga publicada en el BOE y para la
aplicación de una eficaz política de inmigración. De momento va a
aprobarse un texto más restrictivo que el del Congreso y muchísimo más
discrecional. El Gobierno podrá aplicar políticas distintas según le
convenga. Se quería impedir la política de geometría variable que trata
al inmigrante como factor de equilibrio económico o como amenaza al orden
público según las exigencias políticas del momento. No ha sido posible.
Prevalecen hoy, y lamento decirlo de esta manera, aquellos que viven de
espaldas al viento de la historia, porque la historia apunta, y ya
estamos en ella, a una sociedad pluricultural, y no vale encerrarse.
Vencen hoy los que tienen una mentalidad de sitiados, y me permitirán
ustedes que sea un poco lírico. Quisiera tener una de las trompetas que
derribaron los muros de Jericó para acabar con las resistencias y los
temores que están detrás de ese cambio brusco y repentino de la derecha
de esta Cámara. (Rumores.) Se necesita un amplio consenso nacional; en
Francia no existió y todos sabemos los grandes problemas sociales de
convivencia y de cohesión social que se están originando en este
queridísimo país. Apostar por una ley de todos es fortalecer la cultura
de la tolerancia, que es también, señorías, la cultura de la democracia.
Siendo yo muy joven cayó en mis manos un libro al que le debo muchísimo,
«El Tratado de la tolerancia», de Voltaire. Después de leerlo, me di
cuenta que en el mundo hay dos partidos, el de los tolerantes y el de los
intolerantes. (Rumores.) No se sientan ustedes aludidos porque no era mi
intención. (El señor Unceta Antón: La Ley de 1985.) Yo decidí en aquel
momento ser del partido de los tolerantes (El señor Agramunt Font de
Mora: La Ley de 1985.), y durante toda mi vida he sido fiel a esa
decisión de mi juventud. (Rumores.)
Los inmigrantes suponen un beneficio para la sociedad que los acoge; los
países que han recibido flujos de inmigrantes son hoy los países más
avanzados del planeta, y quisiera referirme a unos versos debidos a Emma
Lataros que están inscritos en el frontispicio de la Estatua de la
Libertad, en la entrada del Puerto de Nueva York, y dicen así: Dadme
vuestros hombres, vuestros pobres, ansiosos de respirar la libertad.
Enviadme a los desheredados de la fortuna zarandeados por la tempestad.
Yo levanto por ellos mi lámpara de oro.
Al citar estos bellos versos, señorías, no interpreten que estoy
reclamando la bella utopía de la desaparición de las fronteras, de la
sociedad universal con la que soñaba Víctor Hugo el siglo pasado,
precisamente otro exiliado. Ojalá fuera eso posible, pero mientras llega
ese bello momento, tratemos, señorías, con justicia y comprensión a
quienes podamos acoger.
Finalmente quiero decirles que conozco muy de cerca el estremecimiento
del inmigrante o del exiliado indocumentado cuando ve el uniforme de un
policía. Lo sentía mi madre cuando me llevaba cogido de la mano por las
calles de Francia, ella también fue exiliada e indocumentada. (Varios
señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡La hora!)
Con ese pequeño apunte nostálgico a lo «Swann», en busca del tiempo
perdido o, tal vez, del tiempo recordado...
La señora PRESIDENTA: Un momento, Senador Oliart.
Como algunos Senadores se extrañan de que le estoy concediendo a su
señoría más del triple del tiempo habitual al turno de portavoces, quiero
explicar a la Cámara que el Senador Oliart tenía 106 minutos en el turno
anterior de defensa de sus enmiendas. Por eso acordamos que en este turno
la Presidencia sería generosa.
El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Tal vez, señoras y señores Senadores, el tiempo recordado...
Termino mi intervención esperando que el buen sentido vuelva a imperar y
recobremos el consenso perdido en lo que falta de tramitación
parlamentaria.
Pido pues el voto para el texto del Congreso.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Oliart.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Merino.
El señor MERINO DELGADO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador Román Clemente, las verdades a medias son si cabe más peligrosas
que lo que usted no considera verdadero. Usted al leer ahora el artículo
140 de la Constitución que dice que los Concejales serán elegidos por los
vecinos del municipio, se le ha olvidado o no ha querido decir que eso
será en la forma establecida en la Ley. La Constitución --curiosamente no
tiene usted que ir mucho más allá-- se lo dice en el artículo 13:
«Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en
el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad,
pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y
pasivo en las elecciones municipales.» Esto es la Constitución y yo no me
la invento.
Usted ha dicho efectivamente una verdad a medias, y sabe usted que eso es
ciertamente muy peligroso. (Rumores.)
Además, curiosamente ahora con la entrada de España en la Unión Europea,
los ciudadanos de la Unión Europea ya pueden votar en las elecciones
municipales en muchos de nuestros municipios, pero sólo los españoles y
los ciudadanos de la Unión Europea. Que yo sepa los del resto de países
no.
En esto hay que utilizar menos la demagogia y en este momento hay que ser
mucho más riguroso. Usted, Senador Román Clemente, y siento decírselo, no
lo ha sido. Ha sido más demagogo que riguroso. (Rumores.) Además, se ha
opuesto esta misma mañana a firmar que se tramitase aquí una enmienda
transaccional para que todos los extranjeros se regularicen a 15 de
noviembre, por lo menos para que pudiésemos defenderlo, y usted se ha
opuesto a que eso se firmase. Era la primera vez en la historia de esta
Cámara que algo de eso ocurría. Y yo no pensaba que usted con el talante
que tiene --democrático y, además, constructivo-- pudiera hacer posible
que no pudiésemos tramitar esa enmienda transaccional. Lo siento porque
realmente con eso hemos hecho un triste favor a las miles de personas que
hubieran podido beneficiarse de esa medida.
Esa es la defensa de los derechos humanos que usted hace. Desde luego el
principio de territorialidad, que a usted no le interesa, dice claramente
que los ciudadanos extranjeros cuando van a otro país tienen los derechos
que las leyes les otorgan en ese país, pero no más que a los nacionales
de ese país.
Senador Román Clemente, creo que, por mucha demagogia que usted aplique
al discurso, sabe que no tiene razón.
Yo creo, Senador Oliart, que el clima de entendimiento se demuestra con
hechos, no con palabras; nosotros consensuamos con ustedes la ley de
1985, es decir, la ley que en este momento está vigente; una ley que hizo
el Gobierno socialista y que ahora parece tan mala; una ley que en este
momento está vigente, que entones apoyamos, y de lo que no nos
arrepentimos ahora. Por tanto, ésa es una decisión responsable; ésa es
una decisión de responsabilidad por nuestra parte, de la misma forma que
consideramos un acto de responsabilidad --y así lo hacemos-- establecer
un contingente nacional de trabajadores cada año, por mucho que usted
diga que no se establece en el texto; sí se establece en el texto un
contingente de trabajadores cada año, a propuesta del Ministerio de
Trabajo y con el informe de las coordinadoras, organizaciones sociales,
sindicatos, etcétera; un bloque de derechos y de libertades suficiente;
una regularización de las situaciones ilegales. Esta ley que se va a
aprobar es suficientemente abierta según nuestro criterio,
suficientemente progresista y, sobre todo, suficientemente democrática.
No nos ha llamado intolerantes, es cierto; pero también es cierto que
usted ha dicho que no lo es; nosotros, con su permiso, tampoco lo somos.
Nosotros no hemos inspirado una política que al fin y al cabo se ha
practicado en todos estos años sobre los trabajadores extranjeros, y le
puedo referir, haciendo mención al «Diario de Sesiones», algunas frases
que vienen a cuento, y después le diré su origen: Señoras y señores
Senadores, no podemos legislar desde la abstracción y la reciprocidad o
la situación concreta de los niveles de empleo en nuestro propio país,
por las lógicas cautelas con que a lo largo del articulado se contemplan
las cuestiones que afectan a la seguridad del Estado; han de ser
limitaciones obvias al ejercicio de los derechos y las libertades de los
extranjeros en nuestro territorio. Ese es un texto que el entonces
ponente, Alfons Cucó, defendió en 1985, y ese texto está perfectamente
vigente hoy, y desde ese acto de responsabilidad que ustedes tuvieron
entonces, y que nosotros estamos manteniendo ahora, le digo que aspiramos
a una política de consenso, de diálogo en materia de extranjería.
Yo conozco sus antecedentes --que usted me ha recordado en alguna
ocasión-- como hijo de exiliado político. Yo también soy hijo de la
emigración interna, y sin embargo no quiero decirle aquí lo que se pasa,
también a nivel interno, en determinadas épocas, porque creo que no es el
momento. Este es el momento del diálogo, éste es el momento de llegar a
un acuerdo en una ley que considero altamente positiva para este país.
Finalmente, señorías, señoras y señores Senadores, creo que haremos un
gran favor a los miles de trabajadores extranjeros que están en este país
si vamos a un texto que contempla todo un elenco, todo un marco de
derechos y libertades, un marco suficiente, y que garantiza además la
igualdad de todos ellos ante la ley, cuando están en una situación
regular, y cuando además se prevé la regularización de aquellos que no lo
están.
Señorías, estamos en un momento importante; podemos optar por la
demagogia o por el rigor y la responsabilidad. Nosotros vamos a optar por
lo segundo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Merino.
Concluido el turno de portavoces, vamos a proceder a la votación.
(Pausa.)
Señorías, vamos a votar la proposición de ley orgánica sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Comenzamos con la votación de la enmienda número 3, correspondiente al
voto particular número 5, presentada por el Senador Ríos Pérez, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, tres; en contra, 207; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, que corresponde a la vuelta al texto remitido por
el Congreso de los Diputados en todo lo modificado en la tramitación en
el Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 93; en contra, 131; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
A continuación, votamos el voto particular número 2, del Grupo
Parlamentario Socialista.
¿Es necesario enumerarlo? (Denegaciones.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 94; en contra, 130, abstenciones, dos.
Votamos a continuación las propuestas de modificación del dictamen que
han sido suscritas por todos los grupos.
¿Pueden darse por aprobadas por asentimiento? (Denegaciones.)
¿Las votamos entonces separadamente? (Denegaciones.)
¿Las votamos una a una? (Denegaciones.)
¿Las votamos conjuntamente? (Asentimiento.)
Vamos a someter a votación conjuntamente las propuestas de modificación
del dictamen que han sido firmadas por los cinco grupos parlamentarios
presentes en esta Cámara, que tienen los números de Registro 67419 y
67420 y que han sido repartidas a los portavoces.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 134; en contra, uno; abstenciones, 91.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las propuestas de modificación del
dictamen.
Finalmente, votamos el dictamen.
¿Se puede votar en su conjunto? (Asentimiento.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 129; en contra, 94; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición de ley orgánica sobre
derechos y libertades de extranjeros en España y su integración social.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA
DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL
CODIGO PENAL, EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION DE AGENTES
PUBLICOS EXTRANJEROS EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000170) (C. D.
121/000158).
La señora PRESIDENTA: Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con
el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de lucha contra la
corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones
comerciales internacionales. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el Senador designado
por la Comisión, en este caso el Senador Moya.
El señor MOYA SANABRIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el proyecto de ley anunciado por la señora Presidenta tuvo su
entrada en esta Cámara el día 30 de noviembre, fecha en que fue publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», terminando el plazo de
presentación de enmiendas el pasado día 4.
A este proyecto de ley se presentaron dos enmiendas del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, Senador Moya.
Por favor, señorías, tomen asiento quienes se vayan a quedar y háganlo en
silencio.
Puede continuar.
El señor MOYA SANABRIA: Gracias.
La Comisión, en su reunión del pasado día 9 de diciembre, acordó
incorporar al proyecto de ley, con texto de carácter transaccional, las
dos enmiendas antes mencionadas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Al dictamen de la Comisión no se ha formulado ningún voto particular.
Este proyecto de ley orgánica consta de un artículo único precedido de un
preámbulo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Moya.
A este proyecto de ley no se ha presentado ningún voto particular. Por lo
tanto, podemos comenzar o no el debate de totalidad en función de lo que
dispongan sus señorías.
¿Desean hacer uso de la palabra en turno a favor? (Pausa.)
¿En turno en contra? (Pausa.)
En turno de portavoces tiene la palabra el Senador Zubia Atxaerandio en
representación del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, una breve, brevísima pero obligada intervención, en tanto que
mi grupo parlamentario ha sido el autor de las únicas dos enmiendas
presentadas en esta Cámara al proyecto de ley orgánica de modificación
del Código Penal en materia de lucha contra la corrupción de agentes
públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales.
Dos enmiendas que, además, como ha quedado dicho, han sido aceptadas y,
por consiguiente, forman parte ya del dictamen que dentro de unos
momentos vamos a aprobar.
Todos estábamos de acuerdo en que la ratificación por España del Convenio
de organización de cooperación y desarrollo económico de lucha contra la
corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones
comerciales internacionales conllevaba la necesidad de tipificar
penalmente las conductas contempladas en el convenio, pero a mi grupo
desde un primer momento le asaltó la duda de si la ubicación que se daba
a tal tipificación era la más correcta. El Gobierno, en el proyecto
remitido a las Cortes Generales, había optado por hacerlo mediante la
incorporación de un apartado 3 en el artículo 423 del Código Penal, es
decir, en el Título XIX del Libro II, que da cabida a los delitos contra
la Administración pública, y más concretamente dentro de su Capítulo V o
sea al cohecho.
Conforme a esta ubicación, y en opinión del Gobierno, el bien jurídico a
proteger, y que se protegía de hecho, era la Administración pública, y lo
que hacía en definitiva el proyecto presentado era ampliar los sujetos o
posibles responsables del delito de cohecho. Tal tratamiento de la
cuestión exigía, a nuestro modo de ver, una modificación paralela del
artículo 427 del mismo Código Penal Una modificación de pura lógica, en
la medida en que la exención de pena por el delito de cohecho que para un
determinado supuesto se establece en este artículo, debería alcanzar
también a esos nuevos sujetos posibles autores del delito que ahora se
incorporan en el artículo 423. Es decir, por simple coherencia debería
darse una adaptación del contenido del artículo 427 al nuevo artículo
423.
Sin embargo, algo no nos cuadraba del todo en esta complementación de la
normativa penal. Se nos antojaba que la pretensión última del convenio
antes referido, y en cuya ratificación por España estaba y está el origen
del proyecto, no era precisamente la de establecer excepción de pena
alguna sino más bien al contrario, y por ello pensamos que la solución
pasaba por sacar el delito que se trata de tipificar del Título XIX,
estableciendo en consecuencia un nuevo título, que bien podría ser el XIX
bis, que protegiera, no ya la Administración pública, sino un bien
jurídico distinto, el de la lucha contra la corrupción en las
transacciones comerciales internacionales.
Con ese propósito presentamos nuestras dos enmiendas, una de ellas
añadiendo es el TItulo XIX bis, de los delitos de corrupción en las
transacciones comerciales internacionales, con un artículo 445 bis, y la
segunda de ellas, adaptando el preámbulo a esta nueva redacción del
artículo único del proyecto. Ambas, con alguna corrección técnica
acertada, forman parte del dictamen.
En consecuencia, no me queda más que mostrar mi satisfacción, no tanto
por el hecho de que hayan sido admitidos nuestros posicionamientos, sino
porque hemos sido capaces de encontrar entre todos y con el apoyo de
todos una ubicación más ajustada a la tipificación penal de las conductas
contempladas en el convenio firmado el día 17 de diciembre de 1997. La
satisfacción indicada nos mueve, señorías, a anunciar nuestro voto
positivo al dictamen de la Comisión.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Zubia.
¿Algún otro Grupo desea intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo brevemente desde el escaño para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en favor del
dictamen.
Tal como ha manifestado el Senador Zubia, se trata de complementar la
normativa penal como consecuencia de los supuestos contemplados en el
convenio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico,
ratificado por España, con la incardinación del Título XIX bis: De los
delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, y
con la redacción de un nuevo artículo, el 445 bis, con el que estamos
totalmente conformes.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Caballero.
El señor CABALLERO MUÑOZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo con brevedad para manifestar el voto favorable de mi grupo
parlamentario a este proyecto de ley por las mismas razones que tuvimos
ocasión de exponer en la reunión de la Comisión de Justicia que se
celebró el pasado día 9 de diciembre.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Prada tiene la palabra.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, quiero
agradecer el tono y el contenido de las intervenciones que se han
producido por parte de los diferentes grupos parlamentarios.
Efectivamente, nuestro Grupo ha aceptado las dos enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos porque nos
parecían oportunas y acertadas. A nuestro juicio, el tratamiento de la
corrupción de funcionarios públicos es un asunto de una importancia
extrema, incluso pensamos que se le debería prestar más atención.
La lucha contra la corrupción requiere apuestas muy importantes y medidas
ambiciosas. En ese sentido, quiero recordar que en abril de 1996 el
Parlamento Europeo organizó una conferencia interparlamentaria sobre la
lucha contra el fraude al presupuesto comunitario. La conclusión número 4
pronunciada por el Presidente del Parlamento Europeo instaba, a largo
plazo, a reflexionar sobre la oportunidad de crear la figura de un Fiscal
General para las instituciones europeas encargado del control y de la
coordinación de los procedimientos penales relacionados con los ingresos
y los gastos de la Comunidad.
Un año más tarde, señorías, en abril de 1997 las Comisiones de Control
Presupuestario, de Libertades Públicas y Asuntos Interiores organizaron
una audiencia pública en el Parlamento Europeo en cuyo transcurso se
presentó un proyecto de «corpus iuris», que incluía normas de derecho y
de procedimiento penal sobre la protección de los intereses financieros.
Este documento, señorías, contiene la propuesta de crear un Ministerio
público europeo encargado de los delitos relacionados con los intereses
financieros de la Comunidad, de dirigir la investigación y el
procedimiento, de ejercer la acción pública durante el juicio y velar por
la ejecución de las sanciones, pero las infracciones seguirían siendo
juzgadas por las jurisdicciones competentes de los Estados miembros.
Debe destacarse otro acuerdo de Tampere que va en la misma línea. A
nuestro juicio, merece especial atención en cuanto va encaminado a
facilitar y reforzar la cooperación judicial en relación con la respuesta
a la criminalidad organizada. Se trata de la creación de Euroius, que se
concibe como una unidad integrada por Fiscales o Magistrados cedidos
temporalmente por los Estados miembros.
Las funciones que se prevé encomendar a este organismo, a Euroius,
consisten en facilitar la coordinación entre las fiscalías nacionales,
apoyar las investigaciones penales en los casos de delincuencia
organizada y acelerar la ejecución de las comisiones rogatorias,
cooperando en esto último con la red judicial europea.
Señorías, quiero transmitir a esta Cámara, en primer lugar, lugar, la
impresión de mi Grupo, del Grupo Parlamentario Popular, de que el
proyecto que hoy nos ocupa no ha merecido toda la atención que, a nuestro
juicio, requiere, ni desde el punto de vista informativo ni desde la
atención de la opinión pública. En este sentido, señorías, creo que el
legislador --es decir, nosotros-- no hemos sido capaces de transmitir la
importancia del proyecto a la sociedad y me reafirmo en que el contenido
modesto del proyecto en sí, no es reflejo de su importancia, desde el
conocimiento de la magnitud de las cuestiones objeto de este proyecto, y
también, señorías, desde la dificultad que en el ámbito internacional
supone la adopción de medidas eficaces de esta naturaleza.
Hay que incidir, señorías, en otra idea que nos parece fundamental: en
hacer un llamamiento desde aquí, desde el Senado, para que los poderes
públicos continúen implicándose en la búsqueda de soluciones más eficaces
para luchar contra la lacra de la corrupción, a todos los niveles, muy
significativamente --como no podía ser de otra manera-- en el ámbito
europeo, donde nuestra integración obliga a buscar con inteligencia e
imaginación medios para combatir eficazmente el fraude y la corrupción, y
creo, señorías, que este proyecto de ley introduce elementos de
inteligencia y de imaginación para combatir eficazmente el fraude y la
corrupción.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Prada.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Asentimiento.) Queda
aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION CONSTITUCIONAL EN RELACIóN CON EL PROYECTO DE LEY
ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (S. 621/000172) (C. D. 121/000179).
La señora PRESIDENTA: Dictamen de la Comisión Constitucional en relación
con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Se tramita por el
procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Senador Agramunt.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, entró en el Senado
el pasado 2 de diciembre, remitiéndose a la Comisión Constitucional, que
me honro en presidir. Habiéndose declarado urgente su tramitación, se
abrió un plazo para la presentación de enmiendas que finalizó el día 7 de
diciembre de 1999.
Al proyecto de ley orgánica se presentaron una propuesta de veto del
Grupo Parlamentario Socialista y dos enmiendas correspondientes,
respectivamente, al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, la número 1, y al Grupo Parlamentario Socialista, la número 2.
La Comisión Constitucional dictaminó el proyecto directamente, sin
intervención de Ponencia, en su sesión del día 10 de diciembre de 1999,
proponiendo como dictamen el texto remitido por el Congreso de los
Diputados.
Para este debate en el Pleno de la Cámara se ha formulado un voto
particular, del Grupo Parlamentario Socialista, manteniendo el veto y la
enmienda número 2 de dicho Grupo Parlamentario, lo que tengo el honor de
poner en conocimiento de sus señorías, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 120.1 del Reglamento del Senado.
Probablemente, señorías, sea éste el último dictamen que presente en esta
legislatura y quiero agradecer a todos los miembros de la Comisión
Constitucional, y a todos los grupos parlamentarios, su trabajo en la
Comisión, así como a los servicios de la Cámara y, en especial, a la
señora Letrada de la Comisión, doña Rosa Ripollés.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Agramunt.
A continuación, vamos a debatir la propuesta de veto presentada, que se
corresponde con el voto particular número 1 del Grupo Parlamentario
Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Con la venia, señora Presidenta.
Señorías, en este último Pleno de la VI Legislatura de esta Cámara me
toca defender una enmienda de veto en nombre de mi Grupo, el Grupo
Parlamentario Socialista, al proyecto de ley orgánica de modificación de
la Ley 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Y debatir
sobre la justicia constitucional del Tribunal Constitucional considero
que ha sido siempre un honor y algo apasionante para los que creemos que
el desarrollo de la justicia constitucional es el acontecimiento más
destacado, desde el punto de vista jurídico europeo, que ha sucedido en
la segunda mitad del siglo XX.
El proyecto que vamos a abordar es breve, de un solo artículo, encaminado
a modificar el artículo 33 de la referida Ley Orgánica reguladora del
Tribunal Constitucional, a fin de posibilitar la ampliación del plazo de
interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno,
ya sea del Estado o de las Comunidades Autónomas, siempre que se haya
llegado a un acuerdo en la correspondiente Comisión bilateral de
cooperación que, pretendidamente, haga posible solucionar los problemas
de constitucionalidad que presenten, bien leyes estatales o normas
autonómicas, sin necesidad de recurrirlas ante el máximo intérprete de
nuestra Constitución. Comunicado el acuerdo que se haya alcanzado en el
seno de la Comisión bilateral al Tribunal dentro de los tres meses
posteriores a la publicación de la norma legal, que es el plazo normal
para la interposición del recurso, dicho plazo de interposición se verá
ampliado hasta los nueves meses, a fin de posibilitar la tramitación de
lo acordado.
El Grupo Parlamentario Socialista, consciente como es de los problemas
que aquejan a la justicia constitucional, no ya en España, sino en todos
los países europeos (problemas de exceso de trabajo, exceso de carga o
volumen de asuntos que llegan a los tribunales constitucionales), va a
presentar, sin embargo, un veto a esta proyecto de ley por razones tanto
de fondo como de forma.
Por razones de forma, por cuanto el proyecto se remitió por el Gobierno
al Congreso, sin que previamente las Comunidades Autónomas afectadas
directamente por la reforma hubieran podido conocerlo y pronunciarse
sobre el mismo. También porque afectando a un órgano de máxima relevancia
constitucional, creemos que se ha quebrado la tradición de buscar y
lograr el consenso entre el Gobierno y la oposición respecto al mismo.
Finalmente, porque la reforma que se propugna creemos que no es, ni de
lejos, la necesaria para conseguir una sustancial agilización de la
justicia constitucional, que permita una más rápida decisión sobre
materias altamente conflictivas en la configuración de nuestro modelo de
Estado.
Por razones de fondo, porque la reforma proyectada no se limita a apurar
las potencialidades de las comisiones bilaterales de cooperación
previstas en el artículo 5.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas como foros de diálogo y negociación que
arbitren vías alternativas a la solución jurisdiccional de los conflictos
competenciales, sino que se incardina en el propio procedimiento
interfiriendo en uno de sus elementos esenciales: el plazo general para
la interposición del recurso, creando una excepción sólo aplicable a
algunos de los sujetos legitimados descritos en el artículo 162 de la
Constitución, en concreto, el Presidente del Gobierno y los órganos
colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas. A nuestro juicio,
hubiera sido preferible una menor distorsión del proceso de
constitucionalidad de las leyes, reforzando los mecanismos de seguimiento
y colaboración en el tiempo anterior al transcurso del plazo para
recurrir. En el mismo sentido ha opinado textualmente el Consejo de
Estado.
No explicita tampoco la naturaleza del acuerdo que, una vez comunicado a
Tribunal Constitucional, posibilita la ampliación a nueve meses del plazo
de interposición del recurso. El acuerdo, ¿es material que entra en el
fondo de la modificación normativa del principio que se esté
considerando, o basta sencillamente una manifestación conjunta y
coincidente de la voluntad de ambas partes, Estado y Comunidad Autónoma
de intentar llegar a un acuerdo? ¿Este acuerdo que se va a comunicar al
Tribunal Constitucional es un convenio de colaboración de los que la
Constitución exige su comunicación al Senado? O, si no, ¿qué es? ¿Cuál es
su naturaleza jurídica?
Otra grave objeción técnica, a nuestro juicio, es la falta de identidad a
falta de identidad entre los sujetos sustantivos y los procesales;
quienes van a lograr el acuerdo en la correspondiente Comisión bilateral
de cooperación son representantes de los Ejecutivos central y de la
correspondiente Comunidad Autónoma. Lo normal es que ese pacto suponga
una alteración o modificación de la norma legal ya publicada que es
objeto del conflicto. Sin embargo, ese acuerdo adoptado en la Comisión
bilateral tiene que implementarse luego por el Poder Legislativo, las
Cortes Generales de España, Congreso y Senado, o el Parlamento autonómico
de que se trate y, teniendo en cuenta que el principio de
indisponibilidad de las competencias ha de jugar de límite a cualquier
acuerdo por imperativo constitucional y estatutario, puede suceder que
los representantes de los ejecutivos en esa Comisión tengan un criterio
no coincidente plenamente con el de la mayoría de la Cámara legislativa
que deba llevarlo a efecto.
¿Qué sucede si diversos entes territoriales, diversas Comunidades
Autónomas, estiman que una ley estatal invade sus competencias y las
diversas comisiones bilaterales de cooperación llegan a acuerdos, no ya
absolutamente idénticos, que sería lo necesario, sino ni siquiera
homogéneos?
Tampoco se limita como sería deseable a juicio del Consejo de Estado, la
posible prórroga del plazo de interposición del recurso a los supuestos
en que el proceso de constitucionalidad a evitar tenga naturaleza
estrictamente competencial y no se trate de un recurso de naturaleza
material encaminado a la depuración del ordenamiento jurídico. De igual
modo, no se tiene en cuenta que un plazo tan amplio, como los nueve meses
que establece el proyecto, puede ser perturbador para los destinatarios
de la ley y que se aproveche para que la misma despliegue prácticamente
todos sus efectos.
Señorías, en nuestra opinión, la reforma atenta a la seguridad jurídica y
nada impide que pueda ser utilizada desde la voluntariedad de ambas
partes para fines distintos de los previstos. (El señor Vicepresidente,
Cardona i Vila, ocupa la Presidencia.)
En conclusión, el reforzamiento de la Constitución como garantía mutua
del respeto a las reglas del juego democrático y de los derechos y
libertades y la búsqueda intensa y apasionada de mecanismos de
colaboración y entendimiento entre el Estado y las Comunidades Autónomas
que perfeccionen nuestro modelo de Estado y evite en lo posible la
conflictividad constitucional, siempre nos parecerá deseable y contará
con nuestro apoyo. Pero nuestro grupo ha de rechazar de manera rotunda
una reforma equivocadamente planteada, elaborada sin el consenso previo
de las Comunidades Autónomas, inútil para descargar de trabajo al
Tribunal Constitucional y que genera muchos más problemas de los que
pretende resolver.
Es desde el respeto al principio de lealtad constitucional; desde la
búsqueda del consenso y del acuerdo como método básico para completar el
diseño de nuestro Estado; desde la valentía en la transformación de esta
Cámara, el Senado, en una verdadera Cámara de representación territorial,
como podremos reducir de verdad la litigiosidad constitucional y superar
las dificultades.
Al enviarnos este proyecto, el Gobierno, pretendiendo --estoy seguro de
que con buena fe-- descargar de trabajo al Tribunal Constitucional y,
como dice en la exposición de motivos de la norma, potenciar
decididamente mecanismos de diálogo, entendimiento y colaboración entre
el Gobierno del Estado y los gobiernos de las diferentes Comunidades
Autónomas en base a los principios de cooperación y de lealtad
constitucional imprescindibles en todo modelo de Estado compuesto, ha
efectuado algo que para mencionar a los clásicos, es como el parto de los
montes, lo que Horacio denominaba con su frase: «parturient montes,
nascetur ridiculus mus», parieron los montes y lo que salió fue un
ridículo ratón.
Así es este proyecto de ley que nos trae a esta Cámara el Gobierno del
Partido Popular.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Galán.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Uriarte.
El señor URIARTE ZULUETA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, tenía pensado comenzar este turno alabando el tono de la
intervención del Senador Galán, porque en Comisión le he escuchado hablar
sobre este tema y siempre me ha parecido que ha aportado argumentos
sólidos, razonables, con los que se puede estar de acuerdo o no, pero
nunca le había oído hacer una descalificación genérica.
Sin embargo, la mención hoy al ridículo ratón me deja un tanto
preocupado, porque además llueve sobre mojado, ya que en el Pleno del
Congreso, una señora Diputada, a la
que prefiero no nombrar, dijo que este proyecto era un churrito, que no
llegaba siquiera a churro. Y se quedó tan contenta con esa muestra de
ingenio, que le debió costar bastante porque la repitió incansablemente a
lo largo del debate. En fin, sean churritos o ratones, vamos a entrar en
el fondo del asunto.
Los argumentos del señor Galán son razonables, pero no nuevos, porque
todo lo que se expresa en el veto está literalmente copiado del veto
anterior. No se ha modificado absolutamente una palabra. Vamos a ver,
pues, cuáles son esos argumentos.
Hay uno de ellos al que en el veto, más que en la exposición del señor
Galán, se le atribuye una gran importancia. Se refiere a las supuestas
críticas del Consejo de Estado, del que se llega a decir que plantea
serias dudas sobre la constitucionalidad de este proyecto. Como digo, eso
figura escrito en el veto. Pero de ser así el Consejo de Estado estaría
cometiendo una gravísima irresponsabilidad, porque después de hacer
determinadas observaciones, en ninguna de las cuales dice que haya serias
dudas sobre la constitucionalidad del proyecto, lo aprueba y le da el
visto bueno por unanimidad. Por tanto, habrá habido observaciones o
dudas, pero el Consejo de Estado las ha examinado, y muchas de ellas han
sido tenidas en cuenta, pero no se puede dejar planear la sombra de que
el Consejo de Estado estimó que había serias dudas sobre su
constitucionalidad.
Otra cuestión que también se plantea el veto, y sobre la que nos ha
insistido el Senador Galán, se refiere a que en la elaboración del
proyecto no se escuchó previamente la opinión de las Comunidades
Autónomas. Y es cierto, pero fueron consultadas con posterioridad, a lo
largo del mes de septiembre de este año, y el 18 de octubre de 1999 se
celebró en el Senado una reunión de la Comisión General de las
Comunidades Autónomas en la que se trataron varios problemas; entre
ellos, el de la conflictividad, y se habló del proyecto en marcha para
tratar de reducirla.
A dicha reunión asistieron Consejeros de varias Comunidades Autónomas,
seis de ellas gobernadas por el Partido Popular. También acudieron el
Consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, señor Mayoral, y el
Consejero para las Administraciones Públicas de la Junta de Castilla-La
Mancha, señor Zambrana. Pues bien, no hubo nadie que manifestara sus
discrepancias en relación con el proyecto. Y por cierto, el más
entusiasta del proyecto fue precisamente el señor Mayoral, Consejero de
Presidencia de la Junta de Extremadura, que dio la bienvenida esperanzada
al proyecto. Y no insisto más, porque no quisiera que este comentario
pudiera influir negativamente en el porvenir político o profesional del
señor Mayoral.
Otro argumento que se utiliza es el de que los sujetos que intervienen en
la Comisión bilateral son distintos de los que después deben efectuar la
modificación del texto legislativo. Esto es evidente. Precisamente por
eso, porque es necesario adoptar una serie de trámites sucesivos
(primero, el acuerdo relativo a iniciar la negociación; después, el
acuerdo de hacer una propuesta de modificación, en su caso, si se
alcanza, y, finalmente, llevarlo a término, siempre que el Poder
Legislativo correspondiente lo considere útil), se establece un plazo tan
relativamente dilatado como el de los nueve meses.
En lo que no estamos de acuerdo en absoluto es en que ese plazo pueda
plantear problemas de constitucionalidad. Evidentemente, la Constitución
no establece plazos para recurrir y, por lo tanto, el que el plazo sea de
tres meses y, excepcionalmente, se pueda prolongar hasta nueve no
plantea, en absoluto, problemas de inconstitucionalidad.
Se ha dicho también que es poco lo que se va a resolver con esta ley, que
con esto se va a reducir poco el trabajo del Tribunal Constitucional,
pero es que no es ése, Senador Galán, el objeto del proyecto. Hay otros
temas, evidentemente, que sobrecargan hoy en día el trabajo del Tribunal
Constitucional, que son los recursos de amparo --hay una serie de
estudios y trabajos sobre la posibilidad de resolver esto--, pero aquí
estamos tratando de resolver un conflicto político, estamos tratando de
minorar todo lo posible los conflictos en materia legislativa, los
conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Se dice en el veto que el número de conflictos se encuentra estabilizado
desde 1984. Senador Galán, me va a permitir que rompa una lanza en
defensa del buen hacer de los últimos Gobiernos socialistas, porque,
efectivamente, aunque el número de conflictos fue creciendo durante la
primera década de su mandato, de 1980 a 1990, desde entonces ha
descendido notabilísimamente por la buena gestión en este tema de los
gobiernos socialistas de 1990 a 1996 y por la todavía mejor del Gobierno
del Partido Popular desde el año 1996. Hemos pasado de unos 421, entre
recursos y conflictos pendientes, a 180, de manera que la reducción es
verdaderamente importante.
Hay otro tema que también se ha planteado en el veto y hoy aquí y que me
interesa señalar, y es que se dice que por primera vez se rompe el
consenso en una materia tan importante como ésta del Tribunal
Constitucional, pero esto, Senador Galán, me permito recordarle que no es
cierto. Al elaborarse la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979
se incluyó en ella un recurso, el recurso previo de inconstitucionalidad
contra proyectos de leyes orgánicas o estatutos, que motivaba la
paralización del proyecto. El Partido Socialista se opuso a que se
incluyera ese recurso, se aprobó y, después, el Partido Socialista llegó
a hacer uso de él, y un uso, a mi juicio, acertado, ya que sirvió para
que no siguiera adelante el proyecto de la LOAPA. Pero, ¿qué pasó en
1982? Que el recurso previo de inconstitucionalidad se convirtió en un
arma importante de la oposición. Por ejemplo, dio lugar a un famoso
recurso y largo en consecuencias contra la Ley de despenalización del
aborto. Y, entonces, el Gobierno socialista tomó medidas absolutamente
enérgicas, en contra de todos los grupos políticos, sin más apoyo que el
del llamado entonces Partido Comunista, y suprimió el recurso previo de
inconstitucionalidad, dando incluso lugar a escenas un tanto
esperpénticas como la interposición de un recurso previo de
inconstitucionalidad contra el proyecto de ley orgánica que suprimía el
recurso previo de inconstitucionalidad, es decir, un mare mágnum
tremendo, en el que faltó absolutamente el consenso y en el que el
interesado en sacar el tema, frente a la voluntad de los demás, era el
Partido Socialista.
Por lo tanto, aunque el proyecto tenga sus defectos --no entramos en el
tema de las calificaciones--, creemos que es un proyecto útil, un
proyecto razonable y, por consiguiente, que este veto debe ser rechazado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Uriarte.
Pasamos al turno de portavoces.
En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
tiene la palabra el Senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor Presidente.
Voy a iniciar mi intervención anunciando que el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos va a votar a favor del dictamen de la
Comisión Constitucional sobre el proyecto de ley orgánica de modificación
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, por lo tanto, votará en
contra del veto presentado y defendido por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Es ésta una posición de mera coherencia con el discurso que hemos
mantenido desde el inicio mismo de la tramitación parlamentaria del
proyecto; un proyecto que, como ya hemos manifestado, no nos entusiasma
en la medida en que nos encontramos con una modificación puntual de la
ley, la segunda por cierto de este año 1999, vuelve a orillar el gran
debate pendiente sobre el papel que desempeña el Tribunal Constitucional
y la influencia más que decisiva que ha tenido y sigue teniendo en la
configuración del modelo de Estado, y vuelve a posponer una reflexión
serena y profunda sobre las dos décadas de andadura de este Alto
Tribunal; dos décadas en las que la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional ha tenido mayor trascendencia y repercusión y ha resultado
incluso más decisiva y determinante en esa configuración del Estado que
las propias normas jurídicas aprobadas por el Legislativo y el ejercicio
de la función ejecutiva del propio Gobierno.
Ante esta situación, ¿cuál es la pretensión de este proyecto de ley? Pues
no es otra que la muy loable, pero hipotética, de reducir la
conflictividad entre el Gobierno del Estado y los gobiernos de las
Comunidades Autónomas, ampliando para ello de tres a nueve meses el plazo
de interposición de los recursos de inconstitucionalidad en aquellos
supuestos en que haya un acuerdo en tal sentido en las Comisiones
bilaterales de Cooperación entre el Estado y cada una de las Comunidades
Autónomas. Una modesta pretensión, si se me permite la expresión, que
tiempo tendremos de comprobar y valorar su resultado, pero que no ataja
en ningún caso las causas reales de la conflictividad entre el Estado y
las Comunidades Autónomas.
Como decía al inicio de mi intervención, nuestro voto va a ser favorable
al texto del proyecto porque, pese a lo dicho, hemos tratado de ser
posibilistas y decidimos, desde un inicio, participar del espíritu de
colaboración y entendimiento que anima a la iniciativa del Gobierno.
Con tal propósito presentamos una serie de enmiendas que de una u otra
manera han quedado más o menos recogidas, y justo es también reconocerlo
y agradecerlo. En este sentido, me parece oportuno destacar la
modificación introducida en el texto originario como consecuencia de una
transaccional a una enmienda que suscribimos conjuntamente el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Coalición
Canaria y nuestro propio Grupo Parlamentario.
En definitiva, lo que gracias a ella se recoge en el texto que hoy
aprobamos es que cuando sea adoptado un acuerdo en la Comisión bilateral
sobre iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias, pueda
también pactarse o hacerse referencia en ese acuerdo a la invocación o no
de la suspensión de la norma que prevé el artículo 161.2 de la
Constitución. Dicho en otras palabras, que pueda también pactarse el no
uso de la prerrogativa que este artículo 161.2 de la Constitución
contempla sólo para disposiciones y resoluciones, pero que la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional ha ampliado a cualquier supuesto en
que el Gobierno del Estado litigue con una Comunidad Autónoma. Es un
paso, un pequeño paso, pero como tal lo valoramos.
Quiero señalar, antes de terminar mi intervención, que sigue habiendo
otra asignatura pendiente en relación con el Tribunal Constitucional. Me
estoy refiriendo --y sus señorías, y sobre todo el Senador Uriarte lo
conocen--, a la cuestión de las normas forales emanadas de las Juntas
Generales de los territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco y a la cuestión de las disposiciones, resoluciones y actos de los
órganos ejecutivos de esos mismos territorios históricos.
En el primero de los casos está pendiente el reconocimiento y la
legitimación pasiva de las Juntas Generales, y en el segundo el
reconocimiento de que tales disposiciones, resoluciones y actos de los
territorios históricos pueden ser objeto de conflicto de competencias.
Pero no voy a ir más allá, señorías; la cuestión, como bien sabemos,
viene de muy atrás. Las argumentaciones y contraargumentaciones son
sobradamente conocidas y además la propia enmienda que mi Grupo había
presentado reproduciendo anteriores debates no la he mantenido para este
último trámite. Esto no quiere decir que nos demos por vencidos y que
abandonemos una posición hasta ahora mantenida, nada más lejos de la
realidad y de nuestra intención. Volveremos a intentarlo en otro momento
seguro que no muy lejano, pero hoy nos parece oportuno destacar más lo
que nos ha conducido al acuerdo y, en definitiva, dar nuestro apoyo a
este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Zubia.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor Presidente.
Utilizo este turno, como ha hecho el Senador Zubia, para contestar a la
propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y a la
vez en defensa y
marcando nuestra posición tanto respecto a la votación del veto, que
anunciamos será contraria como respecto a la del proyecto de ley, que
será favorable.
Este proyecto de ley que hoy debatimos aborda la recomendación propiciada
en bastantes sentencias del Tribunal Constitucional sobre la importancia
del principio de colaboración en las relaciones entre los entes del
Estado y, sobre todo, del Estado y las Comunidades Autónomas sometidas a
un deber general de cooperación recíproca, sirviendo como mecanismo
óptimo las comisiones bilaterales de cooperación entre el Estado y cada
una de las Comunidades Autónomas, permitiendo reunir a representantes de
ambas administraciones para poder llegar a un acuerdo para solucionar el
conflicto.
Se aborda, pues, la reforma de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal
Constitucional, a efectos de permitir legalmente los acuerdos adoptados
en dichas comisiones bilaterales de cooperación, abriendo así un período
mayor, de tres a nueve meses, de interposición del recurso de
inconstitucionalidad, dentro del cual puede haber un período de diálogo
que permita disminuir esta conflictividad y lograrse en su caso el
acuerdo por el que se evite la interposición del posible recurso. Parte,
pues, de la voluntad de evitar la interposición de recursos de
inconstitucionalidad cuando sea interpuesta tanto por el Gobierno central
como por las Comunidades Autónomas superando esta estrecha rigidez del
período de tres meses de la vigente Ley Orgánica. El Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió considera importante la intervención de estas
comisiones bilaterales de cooperación de cada Comunidad Autónoma con su
propio plural criterio.
No podemos dejar de lado la importancia de la enmienda transaccional a
que ha hecho alusión el Senador Zubia, presentada por su Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, juntamente con Coalición
Canaria y nuestro propio Grupo de Convergència i Unió en el sentido que
ya he expuesto en este acto.
Con ello se limitan los casos en que la interposición del recurso de
inconstitucionalidad por el Estado recurre por el solo deseo de paralizar
una actuación determinada de una Comunidad Autónoma, y aunque sea una
pequeña reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, creemos
que es beneficiosa, y por tanto nuestro Grupo de Convergència i Unió
votará favorablemente al Dictamen de la Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Gracias, Senador Capdevila.
En el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Senador Uriarte, ha vuelto a insistirme, igual que hizo en Comisión, en
algunos aspectos utilizando fórmulas tales como: No, el informe del
Consejo de Estado no pone en duda la constitucionalidad. ¡Claro! Si el
informe del Consejo de Estado hubiera llegado a la conclusión de que el
proyecto es inconstitucional, habría dado un informe negativo, y no lo ha
hecho. Pero no es menos cierto que hace serias objeciones al contenido
del proyecto, alguna de las cuales, por ejemplo la referente a la
publicidad del acuerdo, han sido tenidas en cuenta por el Gobierno y por
su Grupo Parlamentario en el trámite del Congreso de los Diputados y
otras no.
Considero que la cuestión de la audiencia a las Comunidades Autónomas se
tenía que haber debatido con carácter previo a la remisión a las Cámaras.
Me parece normal que las Comunidades Autónoma acojan favorablemente todo
lo que sea darles cauces para que intenten evitar la conflictividad, para
que tengan fórmulas que permitan la modificación de leyes que a su juicio
suponen una clara invasión de sus competencias exclusivas o propias. Lo
mismo ocurriría --estoy seguro--, si hiciéramos uso de lo que dice el
artículo 56 de nuestro Reglamento y la Comisión General de las
Comunidades Autónomas de esta Cámara, para, con carácter previo al
trámite del Senado, intentar sustanciar problemas, conflictos,
diferencias de criterios que pueden existir entre el Gobierno de la
nación, que envía el proyecto a esta Cámara, y algunos gobiernos de
Comunidades Autónomas que tienen amplia representación en esa Comisión y
que pueden utilizarla como fórmula para llegar a un acuerdo, para llegar
a un consenso. Por lo tanto, no me parece en absoluto relevante esa
cuestión.
El tema del recurso previo de inconstitucionalidad, ¡claro que fue
modificado y, además, de manera radical por el Gobierno socialista! ¿Por
qué? Porque la oposición del Grupo Parlamentario Popular empezó a hacer
un uso claramente torticero, abusivo, de ese recurso previo de
inconstitucionalidad a fin de paralizar aquellas normas que
democráticamente la mayoría de la Cámara aprobaba en cada momento. Es
indudable que se vio que era una utilización en abuso de derecho o en
fraude de ley, como quiera calificarse, de algo que se había pensado para
otra formulación diversa. También estoy seguro de que la buena voluntad
que está debajo de esta fórmula transaccional que ustedes han pactado con
el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y con el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió para llegar a
un consenso suficiente para sacar adelante el proyecto, puede ser
utilizada torticeramente por parte de alguna determinada Comunidad
Autónoma o por parte de un determinado Grupo Parlamentario que puede
jugar a dos bandas: el Gobierno de su Comunidad pide la ampliación del
plazo y, sin embargo, por ejemplo, aquí con mayoría de 50 Diputados o 50
Senadores se produce el recurso de inconstitucionalidad contra el
proyecto de ley, contra la ley ya publicada, cuando está siendo objeto de
debate el problema de su posible constitucionalidad o no en el seno de la
Comisión bilateral. Por lo tanto, me parece que las objeciones de fondo a
las que yo he hecho referencia son de bastante peso.
Considero que la fórmula transaccional, que los portavoces de los Grupos
vascos y catalán han valorado muy positivamente, tiene aspectos
positivos; al haber suprimido la automaticidad de la suspensión previa de
la norma del Parlamento autonómico, y sacar por lo tanto la regulación
del 161.2 de la Constitución me parece un paso adelante que mejora el
contenido de la Ley. Por el contrario, haber rebajado el contenido del
acuerdo previo en la Comisión bilateral que paraliza el transcurso del
plazo y amplía el mismo de tres a nueve meses --antes se decía la
modificación normativa acordada, ahora se dice solamente un acuerdo, en
aras a evitar la presentación del recurso-- me parece que es un dato
negativo, es algo que deja en un terreno de mucha menor seguridad
jurídica ese juego de ampliación del plazo. Basta que usted compare el
texto actual que estamos debatiendo con el texto inicial que existía en
el Congreso de los Diputados.
El problema, señorías, del Tribunal Constitucional es que tiene un doble
papel: el papel inicial de control de la constitucionalidad de las leyes,
desde el punto de vista de la visión de la justicia constitucional, que
surge en los Estados Unidos a partir de la famosa decisión del Tribunal
Federal, presidido por el juez Marshall, el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos, en el caso Marbury versus Madison, y a partir de ahí
empieza eso. En cambio, en Europa no se introduce prácticamente hasta
1920, cuando se plantean problemas en Suiza y en Austria donde la
cuestión es hasta qué punto se produce un problema de respeto a la
división de competencias entre la federación y los länder o los Estados
miembros en los Estados federales.
Yo creo que tendríamos que discutir, y con mucho reposo --ustedes y
nosotros, que somos los grupos mayoritarios y vamos a ser en este país en
los que va a recaer la responsabilidad de gobernar--, el papel de nuestra
justicia constitucional. Tienen mucha razón los señores de los grupos
nacionalistas cuando dicen que no podemos construir un Estado autonómico
que sea jurisdiccional autonómico, donde el Tribunal Constitucional sea
el que va configurando absolutamente todas y cada una de las partes del
modelo de Estado. Me parece que en ese afán extensivo del Tribunal
Constitucional --algunos le han denominado el legislador en negativo--,
basta con que anule una disposición y puede en su sentencia condicionar
el trabajo de la Cámara para la adecuación de esa norma a la Constitución
o no, y habría que analizar en qué medida y hasta qué grado porque ahí
hay problemas de una enorme densidad e importancia.
En definitiva, lo que ustedes han hecho es una gota de agua en el mar; es
el parto de los montes. A lo mejor, en el Congreso de los Diputados se lo
dijeron de una forma más chabacana; yo se lo he dicho recurriendo a
Horacio. Creo que ésa es la diferencia entre esta Cámara y la Cámara
Baja. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Galán.
Tiene la palabra el Senador Uriarte.
El señor URIARTE ZULUETA: Muchas gracias, señor Presidente.
Vuelvo al tema del Consejo de Estado, porque me sorprende un tanto. Es
evidente que el Consejo de Estado, si creyera que el proyecto era
inconstitucional, no lo iba a informar favorablemente por unanimidad;
pero si tuviera la más pequeña duda sobre el tema, tampoco. Entonces, lo
que no se puede decir es: lo aprobó, pero advirtió que tenía serias dudas
sobre su constitucionalidad. Eso no lo ha dicho el Consejo de Estado; ésa
es una arriesgadísima interpretación del análisis del proyecto que
forzosamente realiza el Consejo de Estado, como es su obligación.
Dice el Senador Galán, y tiene razón, que tal vez hubiera sido preferible
que la audiencia de las Comunidades Autónomas hubiera sido anterior en la
tramitación del proyecto, y creo que es muy posible que tenga razón; pero
creo que también es importante reconocer que este problema ha sido
subsanado y que han sido consultadas absolutamente todas las Comunidades
Autónomas, no habiendo constancia de que ninguna de ellas sea contraria
al proyecto que estamos tramitando, aunque sea un pequeño ratón.
En cuanto al recurso previo de inconstitucionalidad, yo no voy a hacer
ningún canto a él, ¡Dios me libre! pero sí quiero decir dos cosas:
primero, que el recurso previo de inconstitucionalidad se suprimió cuando
empezó a molestar al Gobierno del Partido Socialista, y que en ese
momento no hubo ningún escrúpulo por la falta de consenso. Ese es un
hecho absolutamente irrefutable, y, por lo tanto, no es la primera vez
que se adopta una decisión en esta materia sin consenso, con la
diferencia de que entonces el acuerdo se adoptó por sólo dos Grupos, el
Socialista e Izquierda Unida, y en este caso se adopta absolutamente por
todos los grupos políticos, excepto por el Grupo Socialista.
En cuanto a la enmienda transaccional, me parece que ha enriquecido
notablemente el texto, porque en su versión primitiva parecía dar por
supuesto que el convenio tenía que girar acerca de una modificación del
texto legislativo. Entre otros aspectos, hay uno que me parece
excepcionalmente importante que es el que señala que el acuerdo puede
conducir a eso: al acuerdo de iniciar una tramitación, pero no
necesariamente. Puede concluir en que la Comunidad Autónoma o el Estado,
que estaban pensando impugnar, acuerden desistir de la impugnación. Eso
me parece enormemente importante.
El Senador Galán ha señalado algunos de los que él considera defectos del
proyecto. A mí me parece que estos defectos podrían ser muy lógicamente
examinados en las correspondientes enmiendas, pero lo que ya no me parece
lógico es tratar de que esos defectos, que son simplemente de matiz,
modifiquen un veto. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) A mí me
recordaba --y perdóneme el recuerdo el Senador Galán-- un caso extraño
que vivimos en esta misma Cámara hace un año, que fue la Ley de
restitución de Bienes Incautados a los Partidos Políticos, en la que el
Partido Socialista, después de catorce años de no devolver ninguno de los
bienes incautados a los partidos socialistas, interpuso un veto para
impedir que se restituyeran los bienes a los partidos políticos, diciendo
que se quería que se restituyera más. Pues señor Galán, lo mejor es
enemigo de lo bueno. Conformémonos con lo bueno y no acudamos a los vetos
para mejorar proyectos de ley, ya que ése no es el objeto de un veto.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Uriarte.
Vamos a proceder a la votación de la propuesta de veto. Para su
aprobación se requiere la mayoría absoluta de los Senadores. En este
caso, 130.
Votación de la propuesta de veto, voto particular número 1, presentado
por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley orgánica de
modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a
favor, 83; en contra, 128; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el veto propuesto.
Pasamos al debate de las enmiendas, concretamente al voto particular
número 1, del Grupo Parlamentario Socialista, que es la única enmienda,
la número 2, al artículo único y a la exposición de motivos.
En el turno a favor tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Desde el escaño, señora Presidenta, y con toda
brevedad.
Nuestra única enmienda es de supresión del artículo único del texto, por
los mismos argumentos y las mismas razones por las que hemos mantenido el
veto que acaba de votarse. Por lo tanto, no voy a perder mucho tiempo en
defender esta enmienda. Sólo quiero decir a sus señorías que hubiera
entendido más oportuno profundizar en el problema que ha conducido a
presentar esta iniciativa.
Tenemos que estar todos de acuerdo en que en un Estado compuesto, en un
Estado descentralizado, en un Estado con poderes políticos tanto a nivel
central como a nivel de sus nacionalidades y regiones, con poderes
legislativos en una y en otra instancia, con permanente posibilidad de
conflicto, o se fortalecen los mecanismos de colaboración, de cooperación
y de búsqueda de acuerdos y de soluciones negociadas, o se va necesaria e
inexorablemente a una solución siempre jurisdiccional. Más que criticar
al Tribunal Constitucional, yo creo que hay que considerar que está
cumpliendo perfectamente su papel, a veces entrando en funciones que no
tendrían por qué corresponderle, cuando tendrían que ser los órganos
tanto del Legislativo como del Ejecutivo los que buscaran las oportunas
soluciones. Pero, insisto, creo que el Tribunal Constitucional está
haciendo su trabajo correctamente y lo está haciendo con dignidad, y
desde aquí quiero agradecérselo a todos sus miembros.
Me parece que en esta búsqueda de soluciones, de acuerdos y de diálogos
que eviten la conflictividad siempre sus señorías encontrarán al Grupo
Socialista. Nos parece que este pomposo proyecto de ley de reforma,
cuando todos sabemos que, por ejemplo en lo que va de año, de más de
cuatro mil asuntos que han entrado en el Tribunal Constitucional sólo a
22 se les podría aplicar este proyecto de ley, no va a tener ninguna
trascendencia ni ninguna eficacia. Confío mucho más en que todos ustedes,
señores del Grupo que sostiene al Gobierno de la Nación, así como todos
nosotros, busquemos esa fórmula y evitemos de esta manera tener que
recurrir permanentemente para todo al Tribunal Constitucional. (Varios
señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien! ¡Muy
bien!)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Galán.
En turno en contra tiene la palabra el Senador Uriarte.
El señor URIARTE ZULUETA: Gracias, señora Presidenta. Voy a ser todavía
más breve que el Senador Galán en su intervención.
Se ha presentado un veto, y a continuación una enmienda en la que se pide
la supresión del proyecto. Es decir, el contenido es exactamente el
mismo.
El Senador Galán nos ha expuesto detenidamente las razones por las que su
Grupo no está conforme con este proyecto. Nosotros hemos expuesto por qué
creemos que éste es útil aunque no alcance todos los objetivos que a
juicio del Senador Galán pretende alcanzar el Grupo Parlamentario
Socialista y, por tanto, nos ratificamos en nuestra oposición a la
enmienda.
Nada más, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Uriarte.
¿Algún Grupo desea hacer uso de la palabra en turno de portavoces?
(Pausa.)
Vamos a pasar a las votaciones. (Pausa.)
Señorías, vamos a votar en primer lugar la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista número 2, que se corresponde con el voto
particular número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, 81; en contra, 125; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora el artículo único y la exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 125; en contra, 82; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de
ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional.
--DE LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LOS CONTRATOS TIPO DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS (S. 621/000163) (C. D. 121/000183).
La señora PRESIDENTA: Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca en relación con el proyecto de ley reguladora de los contratos tipo
de productos agroalimentarios.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el Senador Prim.
El señor PRIM TOMAS: Señora Presidenta, señorías, el proyecto de ley
reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios, que se
tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en la Cámara el
día 15 de noviembre de 1999.
El plazo de presentación de enmiendas finalizó el 26 de noviembre. Se
presentó un total de 28 enmiendas. El proyecto de ley fue debatido
directamente por la Comisión, que se reunió el día 10 de diciembre,
decidiéndose aprobar como dictamen de la misma el texto remitido por el
Congreso de los Diputados. Se han presentado tres votos particulares.
Gracias, señora Presidenta. Gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Prim.
Comienza el debate de totalidad.
¿Turno a favor? (Pausa.)
Tiene la palabra por tiempo de diez minutos el Senador Castro Asensio.
El señor CASTRO ASENSIO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, subo a la tribuna para defender en nombre del Grupo
Parlamentario Popular el proyecto de ley de contratos tipo de productos
agroalimentarios, cuyo debate hoy nos ocupa y que constituye, a nuestro
juicio, un elemento fundamental para la mejora de la transparencia y de
la competencia en el sistema agroalimentario.
Los contratos tipo han demostrado ya su eficacia en el conjunto del
sector y durante los más de doce años que vienen aplicándose, desde su
aparición con la Ley 19/1982, de 26 de mayo. No obstante, la normativa
que aconsejó su creación y permitió su desarrollo ha sido superada con el
paso de los años y las circunstancias, puesto que, por una parte, se han
operado profundas transformaciones económicas en el sistema
agroalimentario y, por otra, han aparecido en el escenario
agroalimentario las organizaciones interprofesionales consagradas por la
Ley 38/1994, de 30 de diciembre, así como la Ley de acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estado de 31 de diciembre de 1996. Ambas
circunstancias hacen precisa una nueva regulación de los contratos tipo
desde un enfoque que permita el libre juego del mercado.
Uno de los elementos fundamentales de este proyecto es la consideración
del ámbito al conjunto del sistema agroalimentario, ajustado plenamente a
la realidad de la multiplicidad en las relaciones de los sectores agrario
y pesquero, con las actividades de transformación y comercialización de
los productos. En función de estos elementos el proyecto ha contado con
un amplísimo consenso. En este sentido, señorías, conviene resaltar que
han sido consultadas más de sesenta organizaciones representativas, por
supuesto la totalidad de las de ámbito general y un amplio número de las
sectoriales, que han aportado visiones específicas con las que aproximar
el proyecto a las necesidades del mercado agroalimentario. Asimismo, en
el trámite llevado a cabo en el Congreso de los Diputados de este
proyecto se han incorporado, mediante enmiendas transaccionales, varias
propuestas de los distintos Grupos que sin duda han enriquecido el texto
que hoy debatimos.
El proyecto de ley reguladora de los contratos tipo de productos
agroalimentarios se basa en el principio de libertad de los operadores
para ajustar sus contratos al modelo homologado, en perfecta armonía con
el derecho a la competencia, vigente tanto en España como en el conjunto
de los Estados de la Unión Europea. Libertad de los operadores que hace
referencia, tanto a la aceptación de los contratos tipo como a lo
contrario, a su no aceptación, desde un punto de vista absolutamente
abierto y voluntario que se conjuga con las ventajas en la información
sobre aspectos relativos a la calidad, a las prestaciones, a la posición
comercial, a la forma de resolver las controversias, etcétera, aportando
transparencia al mercado y, por tanto, fomentando la competencia en el
mismo. Por ello, se prevé que los precios serán libremente fijados por
las partes signatarias del contrato, que es un elemento fundamental, a
nuestro juicio, para preservar el derecho de la competencia.
Otra de las claves fundamentales del presente proyecto estriba en sus
previsiones respecto a la resolución de las controversias. Así, los
contratos ajustados a modelos homologados podrán recurrir a la Comisión
de Seguimiento, al arbitraje, para resolver los conflictos que pudieran
aparecer entre las partes y que, sin este instrumento, deberían dirimir
en reclamaciones civiles, vía jurisdiccional, que pueden prolongarse
durante años mientras que con los mecanismos previstos en el proyecto
podrán resolverse en mucho menos tiempo y con menor coste. La Comisión de
Seguimiento supone, a su vez, un nexo de unión con las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias, que son habilitadas para proponer
contratos tipos y designar las Comisiones de Seguimiento en su propio
seno, compatibilizando la normativa nacional con las reglamentaciones
comunitarias que regulan la materia.
Señorías, otro aspecto significativo de este proyecto de ley es su
carácter simplificador, que debe resaltarse porque, aunque contempla tres
tipos de procedimientos administrativos específicos, el de homologación,
el especial de homologación y el de prórroga, todos ellos son tratados de
una manera concreta que facilitará a las organizaciones representativas
su participación en la propuesta de homologación de los contratos tipo.
Por último, y en aras a la brevedad, quiero resaltar la coordinación
establecida entre la Administración del Estado y las Administraciones
Autónomas en la materia objeto de esta ley, que debe servir de principio
para la diversa normativa que afecte al sistema agroalimentario.
Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Pasamos al debate del articulado. Para la defensa del voto particular
número 3, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a las enmiendas
números 1 a 3, tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.
Intervengo para dar por defendidas las enmiendas en los mismos términos
en que están expresadas.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, correspondiente a las enmiendas números 4 a 8.
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
El proyecto de ley que debatimos en estos momentos ha experimentado una
modificación sustancial desde que fue presentado por parte del Gobierno
hasta su debate en esta Cámara. Inicialmente era un proyecto de ley
armonizador, que establecía una legislación en materia de contratos tipo
de productos agroalimentarios, de carácter pleno y absorbente, para todos
los contratos que se realizan en el Estado, pero la negociación política,
la falta de mayoría del Grupo Parlamentario Popular y la presión del
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió dieron lugar a que se
modificara radicalmente el ámbito de aplicación, de manera que esta ley
se aplicará exclusivamente a aquellos contratos tipo de productos
agroalimentarios que se realicen en ámbitos superiores al de una
Comunidad Autónoma, mientras que el establecimiento de normas de
contratos modelo o estándar en el ámbito agroalimentario que se realicen
en el ámbito de una Comunidad Autónoma serán de su exclusiva competencia.
Se ha dado un salto cualitativo muy importante y por lo tanto, nosotros
nos congratulamos de esa nueva filosofía que inspira al proyecto de ley.
No obstante, hemos presentado un conjunto de enmiendas con las cuales
todavía pretendemos mejorar esta iniciativa legislativa en la tramitación
parlamentaria. Son aquellas que se refieren al procedimiento
administrativo de homologación de los contratos tipo de productos
agroalimentarios en los que mi Grupo Parlamentario plantea que se
establezca el principio que informa el Estado autonómico, el principio de
colaboración, de manera que en aquellos casos en que la aprobación de
contratos tipo de productos agroalimentarios sea competencia del Estado,
las Comunidades Autónomas puedan informar previamente cuando haya
sectores agrarios o pesqueros afectados por el contrato a celebrar y
tengan ámbito territorial en esa Comunidad Autónoma. Para el
procedimiento especial de prórroga de la homologación pedimos lo mismo,
que sean oídas en todo caso las Comunidades Autónomas, mientras que
actualmente el proyecto de ley prevé que solamente serán oídas en
aquellos casos en los que se vean afectadas especialmente. Como queda en
la indeterminación el concepto de especial, creemos que la petición de
audiencia y la petición de informe previo en todos los casos en los que
estén afectadas las Comunidades Autónomas mejora ostensiblemente la ley.
La siguiente enmienda de mi Grupo Parlamentario es de política
legislativa, obviamente opinable y, por lo tanto, nosotros estamos
abiertos a escuchar las razones del Grupo Parlamentario Popular. En base
al principio de tipicidad de las infracciones y las sanciones, entendemos
que las conductas que ahí se establecen respecto al quehacer de las
comisiones de seguimiento no son merecedoras de esa tipificación como
infracción o como sanción. En definitiva, es una cuestión de política
legislativa y, por lo tanto, opinable políticamente.
Por último, señora Presidenta, mi Grupo Parlamentario presenta también
una enmienda que es importante, que cuando se trata de homologar un
contrato tipo de productos agroalimentarios, pero dirigido a una especie
que está sujeta por la regulación de la política agraria comunitaria a
una organización común de mercado, de una interpretación estricta de la
ley se puede desprender que la competencia de la homologación será, en
todo caso, de los poderes centrales del Estado. Nosotros añadimos el
inciso de que el ministerio actúe en el ámbito de su competencia --es
decir, cuando afecte a un producto agrario o a un producto pesquero
sujeto a una organización común de mercado, con ámbito de aplicación
superior al de una Comunidad Autónoma-- pero, en otro caso, sería
competencia de la Comunidad Autónoma.
Y finalizo, señora Presidenta, refiriéndome a una enmienda que pretende
consagrar el deber de colaboración entre las Administraciones públicas,
de modo que toda aquella documentación que tenga el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación de las Comisiones de seguimiento como
órganos que disciplinan el funcionamiento de los contratos tipo de
productos agroalimentarios, o información sobre su estado económico,
auditorías internas y externas, pueda ser también suministrada a las
Comunidades Autónomas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
El voto particular número 2 del Grupo Parlamentario Socialista
corresponde a las enmiendas números 9 a 28. Para su defensa tiene la
palabra el Senador Sánchez Lucas.
El señor SANCHEZ LUCAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Procuraré ser breve, señora Presidenta, señorías, pero no por eso voy a
dejar de tocar alguna cuestión que entendemos importante. Inicialmente
valoramos positivamente la propuesta de esta ley por lo que representa de
coordinar y simplificar la multitud de normas jurídicas que actualmente
existen. Además, la promulgación de la Ley
38/1994 reguladora de las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias deja sin sentido los anteriores acuerdos
interprofesionales y colectivos recogidos en la Ley de 1982. Pese a lo
positivo, que reconocemos, que pueda tener el presente proyecto de ley,
no podemos dejar de denunciar, al igual que hacen las organizaciones
sindicales agrarias, la calculada ignorancia que en la ley se hace de los
contratos denominados de integración. (El señor Vicepresidente, Cardona i
Vila, ocupa la Presidencia.) Cuando digo que la ignorancia es calculada
es porque existen precedentes de intentos de dar respuesta a este tipo de
contratos en iniciativas parlamentarias en el Congreso de los Diputados,
y siempre han encontrado la oposición del Grupo Parlamentario Popular y
del Gobierno al que sustenta para no interesarse en la regulación de este
tipo de contratos. Se pierde otra ocasión, y no se sabe cuántas van, de
mejorar una ley en sí necesaria pero muy incompleta.
Nuestra enmienda al título de la ley es en coherencia con las demás
enmiendas referidas a los contratos de integración de los que se olvida
este proyecto de ley. Todas nuestras enmiendas configuran este proyecto
de ley en dos capítulos: El primero se refiere a las generalidades de la
ley y en su mayoría se trata de precisiones al texto. Dicho capítulo
primero agrupa los artículos del 1 al 12. El segundo capítulo se
configura en una serie de enmiendas, todas ellas de adición, a los
artículos 13 a 23, y referidas a los denominados contratos de
integración.
La enmienda número 16 pretende dar más representación en los contratos,
puesto que la propuesta debe ser presentada al menos por aquellas
organizaciones que representen a la mayoría de ambos sectores, el
vendedor y el transformador y/o comercializador. La enmienda número 17
propone que se dé conocimiento a las organizaciones representativas que
no suscriban la solicitud de homologación. La enmienda número 18 define
el tipo de contrato de integración dentro ya del capítulo segundo. Y para
los Senadores que no estén al corriente de lo que es un contrato de
integración, me permito leerles simplemente dos apartados de nuestra
enmienda: «2. Se entiende por contrato de integración el contrato que
tiene por objeto la producción en colaboración de bienes agroalimentarios
en el que una parte denominada integradora suministra los bienes,
materias primas y productos necesarios a la otra parte denominada
integrada, desarrollando ésta una fase o la totalidad del ciclo
productivo del bien, transcurrido el cual la parte integradora retira los
bienes producidos, recibiendo la parte integrada la remuneración pactada
en función de los resultados obtenidos.» En el número 5 de esta enmienda
número 18 añadimos: «5. El contrato que tenga las características
mencionadas en los apartados anteriores no perderá la condición de
contrato de integración aunque sea otra la denominación empleada para
designarlo.» Y el último apartado de esta enmienda número 18 es del
siguiente tenor: «6. No tendrá la consideración de contrato de
integración aquel en el que la remuneración del integrado consista en una
cantidad fija periódica, con independencia de la producción obtenida.»
De todas las enmiendas yo destacaría la número 21, importante en
coherencia con nuestra propuesta de que se contemplen también los
contratos de integración. Delimita las condiciones del contrato de
integración en supuestos no contemplados y del todo necesarios, como
pueden ser las indemnizaciones públicas o derivadas de las primas de las
pólizas de seguros, o en el caso de que las pérdidas no sean cubiertas ni
por la Administración ni por las primas de seguros. Esta enmienda regula
nítidamente, lo que es imprescindible, el reparto más justo posible en
caso de pérdidas y previene todas las situaciones que presumiblemente se
puedan presentar como, por ejemplo, los efectos sufridos por los
integrados en Cataluña con la peste porcina clásica: los integradores
cobraron bien y discrecionalmente se compensó a los integrados. Esto no
puede seguir así.
Por tanto, es necesario hacer hincapié en la imperiosa necesidad de
disponer lo antes posible de normas jurídicas que den respuesta en
respuesta adecuada y justa a la manifiesta indefensión en la que se
encuentran la mayor parte de los integrados que, como he manifestado al
comienzo de mi intervención, suelen ser pequeñas empresas familiares que
necesitan en muchos casos ese complemento de integración para poder
mantener la actividad agraria.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Sánchez
Lucas.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN CAZALLAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, las enmiendas presentadas por Izquierda Unida y por el Grupo
Parlamentario Socialista pretenden prácticamente lo mismo y, por tanto,
siento decirles que nuestro Grupo las va a rechazar.
Voy a argumentarlo de manera conjunta. De estas tres enmiendas, dos hacen
referencia precisamente a cuestiones reglamentarias y, por consiguiente,
no deben ser objeto de una ley, que debe ser mucho más general, y la
tercera se refiere a los contratos de integración, aunque prácticamente
todas ellas se refieren a dicho contratos.
Considero que esta materia no es objeto de la ley reguladora de los
contratos tipo de productos agroalimentarios que estamos discutiendo sino
más bien de una moción, y creo que esta enmienda podría haber sido
presentada en cualquiera de los proyectos discutidos a lo largo del
debate de hoy.
Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista
distorsionan el texto del proyecto precisamente porque introducen
forzadamente una materia que no es su objeto; se observan repeticiones al
articulado, se invocan procedimientos regulados que el proyecto de ley
deroga, etcétera, lo que por sí solo justificaría su rechazo.
Hay algunas cuestiones de fondo también en lo relativo a la integración
que hacen la propuesta inviable. Ustedes dicen que la integración es una
relación de carácter mercantil, cuando todos sabemos que es de carácter
civil, pues hay una prestación de servicios y un depósito de bienes;
también manifiestan que está desregulada jurídicamente,
cosa totalmente incorrecta porque, como su señoría conoce, el Código
Civil regula los contratos de arrendamiento de servicios en su artículo
1544. El citado Código también regula los contratos de depósito en los
artículos 303 a 310, mientras que la ganadería integrada está contemplada
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el IVA y en la
Seguridad Social.
En la enmienda número 15 se pone de manifiesto la falta de número 15 se
pone de manifiesto la falta de consistencia de la propuesta presentada,
porque según la enmienda número 13, el artículo 1 quedaría comprendido en
el Capítulo I, denominado Disposiciones Generales aplicables al contrato
tipo agroalimentario, mientras que con la enmienda número 15 se propone
incluir en él también a los contratos de integración.
Si nos referimos a las enmiendas números 18 a 28 --que plantean los
nuevos artículos 13 a 23 del proyecto, vemos que la enmienda número 18,
que se refiere al nuevo artículo 13, confunde lo agrario con lo
agroalimentario. Por otro lado, en estas enmiendas se incluye el sector
pesquero en el agrario y no se hace referencia a la transformación ni a
la comercialización, las cuales, como sabe, son fundamentales en el
sector agroalimentario.
Para no extenderme demasiado, como tampoco ha hecho su señoría --y
posteriormente podremos hacer hincapié en ello si usted quiere--, en
resumidas cuentas, no se reconoce el carácter civil de la relación y
además, como ya he dicho, se confunde la composición del sector
agroalimentario.
En cuanto a las cinco enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, podríamos decir que se pueden resumir en
dos grupos: las cuatro que, como bien ha dicho el señor
Gatzagaetxebarria, hacen referencia a la homologación, que está
perfectamente regulada en los artículos 1 y 7.1 del proyecto de ley --por
lo que estas enmiendas no hacen sino incurrir en cierta redundancia--, y
la quinta, relativa a las infracciones, algo que, como su señoría bien ha
dicho, es cuestión de opiniones.
No tengo más que añadir, sino que siento rechazar las enmiendas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Galán
Cazallas.
Abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer el tono del portavoz del Grupo Popular, aun rechazando
las enmiendas, porque a estas alturas de la tarde, y después de la
tensión habida, es digno de mencionar. Sólo quería que quedara constancia
de ello.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Gracias, Senador Román.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo de Convergència i Unió, té la parola el Senador Roig.
El señor ROIG I GRAU: Gracias, señor Presidente.
Señorías, desde mi escaño paso a fijar la posición del Grupo de
Convergència i Unió en relación con este proyecto de ley reguladora de
los contratos tipo de productos alimentarios.
Consideramos especialmente importante la aprobación de esta ley, porque,
tal como se plantea en su exposición de motivos, existía la necesidad de
regular los contratos agroalimentarios derivados de la actividad de los
sectores primarios, especialmente de la pesca y la agricultura, que se
desarrollan con una estrecha dependencia del medio natural.
En cuanto a las enmiendas presentadas por los diferentes Grupos,
votaremos a favor de las correspondientes al Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos. Porque, si bien la ley, en su artículo 1,
plantea claramente que lo que se pretende es regular la homologación de
los contratos de tipo agroalimentario cuyo ámbito exceda de una Comunidad
Autónoma, nos parece razonable que el Ministerio de Agricultura tenga que
recabar informe vinculante, información, datos, etcétera, de las
Comunidades Autónomas a las que les afecte cualquier procedimiento de
forma especial o no. Y les pongo un ejemplo: la manzana y Cataluña.
Por tanto, por lo que se refiere a la ley, anuncio también nuestro voto
favorable al dictamen, porque entendemos que se trata de una norma marco,
y a partir de ahora lo que hará falta será esperar el desarrollo
normativo que de la misma se realice.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila), Moltes gràcies, Senador Roig.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Sánchez Lucas.
El señor SANCHEZ LUCAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Seré muy breve puesto que ya sabíamos mucho antes de presentarse este
proyecto de ley que no se iban a aprobar las enmiendas, porque, siguiendo
en la línea que discutimos hace unos quince días, la cual es, la tenencia
de animales potencialmente peligrosos, la consigna del Ministerio es que
no se admitan enmiendas. Por tanto, está claro, pero nuestra obligación
es intentarlo.
En este caso, estaría de acuerdo en parte con lo que ha dicho el Senador
Galan, respecto a que los contratos de integración, no deben ser objeto
de regulación en esta ley. Esto, ¿qué quiere decir? ¿Que se volverá a
recuperar la iniciativa en el Congreso de los Diputados para que haya una
ley de integración, o es que no es una contradicción --en la que estamos
nosotros-- el planteamiento de que esta ley es para coordinar en una sola
norma el conjunto de medidas y acuerdos que había dispersos? ¿Por qué no
puede servir igualmente para los de integración? Nosotros lo planteamos
por capítulos para facilitarlo, ya que en su día el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso de los Diputados no quiso aceptar una ley que
tratara de contratos de integración, posiblemente porque me da la
sensación de que los temas relativos a agricultura son la cenicienta de
todos los temas, por lo menos respecto a estos que bajan a un nivel más
de calle, de campo, y quizá haya un cierto desconocimiento en este caso
por parte del representante o portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Pero yo diría que es un sector en el que en estos momentos, a pesar de
que no hay datos, porque no hay registros, ni censos --al no haber
contratos, también en parte--, se acogen, por ejemplo, en el porcino, en
madres, el 60 por ciento de los contratos de integración; en cerdos de
cebo, el 70 por ciento; en avicultura, el 98 por ciento de broiler; el 90
por ciento, en ponedoras; el 90 por ciento en codornices; el 95 por
ciento, en pavos, y el lo por ciento en perdices. En vacuno, por ejemplo,
el 70 por ciento del cebo se hace en contratos de integración. Y el
Senador Galán, que es un hombre que conoce la agricultura y la ganadería,
debe saber qué cifras se mueven alrededor de todo esto.
Lo que no puede ser es que, especialmente, por parte del Grupo Popular se
dé la bendición a esta ley y, en cambio, se dejen al margen una serie de
situaciones manifiestas de indefensión y precariedad porque hay personas
que también tienen un contrato. Si usted quiere, no es una transformación
puramente industrializada, pero sí es transformación, porque, por
ejemplo, en avicultura, se coge un pollito y se le ponen unos kilos más
de peso, como en el caso del vacuno y, por tanto, es una transformación.
Es una situación que he vivido y he padecido por mi condición de persona
que ha estado en este sector. Y, a excepción de los contratos de
integración realizados con cooperativas --un contrato más o menos hecho a
medida de lo que cree la cooperativa, pero donde existe un soporte
jurídico--, no ocurre lo mismo en los casos de las casas de pienso o de
particulares, porque se da la situación de que es totalmente discrecional
que se pongan o no animales, lo que también serviría para el caso de las
tierras.
Desde mi punto de vista, demuestra muy poca sensibilidad y en este caso
no creo --o no lo han querido decir-- que las organizaciones sindicales
agrarias, todas ellas, no hayan mostrado su preocupación por la poca o
nula respuesta que se da a este tipo de contratos. Creo que tendrían que
haberlo aceptado, discutiendo y mejorando, si quieren, nuestras
enmiendas, pero sucede igual que en el caso anterior que he mencionado
referente a la ley de tenencia de animales potencialmente peligrosos. Una
cosa es la música y otra cosa es la letra.
En este momento volvemos a estar en una situación en la que debido a las
prisas se habla de una ley, y nos parece muy bien, pero ya saben aquello
que dice: ustedes elaboren las leyes que yo haré los reglamentos. Este
reglamento es totalmente precario porque a estas alturas de la
legislatura en que nos encontramos es imposible que el Gobierno del
momento lo pueda modificar, por tanto queda bien y con muy poco
compromiso en la materia del día a día y de las explotaciones familiares,
que son las que se benefician de este tipo de contratos.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Sánchez
Lucas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Galán
Cazallas.
El señor GALAN CAZALLAS: Gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer el tono de todos los portavoces. Muchas gracias por las
aportaciones.
Señor Sánchez Lucas, le felicito las Navidades, así como al resto de los
Senadores, puesto que dentro de poco están aquí.
Yo pienso que la normativa actual ha sido superada por el paso del
tiempo. Hay que tener en cuenta que data del año 1982 y que la nueva
tiene dos elementos fundamentales, que son: el carácter voluntario y la
libertad de precios. Ademas, en la nueva ley se hace referencia al
arbitraje y de esa forma se ahorrará un tiempo precioso en la
tramitación.
Con esta ley se pretenden lograr adaptación de la producción agraria a la
demanda real, tanto en cantidad como en calidad; segundo, un conocimiento
previo por parte del agricultor de un cierto nivel de ingresos; tercero,
una reducción de aquellas producciones estructuralmente excedentarias y
por último, facilitar a la industria agroalimentaria la necesaria
homogeneidad del producto base y la regularidad en el suministro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Galán
Cazallas.
Vamos a proceder a la votación.
Voto particular del Grupo Parlamentario Mixto que corresponde a las
enmiendas números 1, 2 y 3.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 84; en contra, 119;
abstenciones, cuatro.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Quedan rechazadas.
Voto particular número 1 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
En primer lugar, enmiendas números 4 y 5.
Se inicia la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, 94; en contra, 112; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Quedan rechazadas.
Enmiendas números 6, 7 y 8. Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio e/ siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, 14; en contra, 113; abstenciones, 80.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Quedan rechazadas.
Voto particular número 2 del Grupo Parlamentario Socialista que
corresponde a las enmiendas números 9 a 28 inclusive.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a
favor, 81; en contra, 113; abstenciones, 12.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Quedan rechazadas.
¿Se puede votar todo el texto conjuntamente, es decir, de los artículos 1
a 12, disposiciones adicionales primera y segunda, disposiciones
transitoria, derogatoria, disposiciones finales primer y segunda y
exposición de motivos? (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, 122; en contra, uno; abstenciones, 84.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Por consiguiente, queda
definitivamente aprobado, por lo que será remitido por las Cortes
Generales el proyecto de ley reguladora de los contratos tipo de
productos agroalimentarios. En consecuencia se procederá a su inserción
el «Boletín Oficial del Estado».
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA
REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES (S. 621/000165) (C.
D. 121/000144) El señorVICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Pasamos al debate
del dictamen de la Comisión de Justicia, en relación con el proyecto de
ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante
designado por la Comisión en este caso el Senador Moya.
El señor MOYA SANABRIA: Muchas gracias, señor Presidente.
El Proyecto de Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los
menores, que se somete a la consideración del pleno, tuvo su entrada en
esta Cámara el pasado día 18 de noviembre, fecha en que se publicó en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», terminando el plazo de
presentación de enmiendas el día 30 del mismo mes.
A este proyecto de ley se presentaron 61 enmiendas, distribuidas de la
siguiente forma: 14 de los señores Román Clemente y Cámara Fernández;
cuatro del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; 20 del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; 12 del
Grupo Parlamentario Socialista y 11 del Grupo Parlamentario Popular.
La Ponencia estuvo integrada por don José Cañellas Font, don Salvador
Capdevila i Bas, don Juan Iglesias Marcelo, doña María Antonia Martínez
García y doña María Rosa Vindel López, y se reunió el pasado día 2 de
diciembre y emitió el correspondiente dictamen. La Ponencia, en su
informe, introdujo diversas modificaciones en el texto remitido por el
Congreso de los Diputados, derivadas de la aprobación de las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Dicha Ponencia se volvió
a reunir el día 9 de diciembre, inmediatamente antes del comienzo del
debate en Comisión de este proyecto de ley, e introdujo cambios en su
informe derivados de la aceptación de las enmiendas números 2 y 7, de los
Senadores Román Clamente y Cámara Fernández, 15, 16 y 18, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, 34, 36 y 37 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i Unió, así como de la
incorporación al texto de modificaciones de carácter transaccional,
fundamentadas en las enmiendas números 35, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y 26, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Asimismo, la Ponencia introdujo diversas correcciones técnicas y de
estilo y posteriormente se reunió la Comisión, que aprobó el nuevo texto
propuesto por la Ponencia, quedando así dictaminado el proyecto de ley
orgánica reguladora de la responsabilidad penai de los menores.
Al dictamen de la Comisión han formulado votos particulares los señores
Román Clemente y Cámara Fernández, el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Socialista.
El proyecto de ley orgánica consta, en su actual redacción, de 64
artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, y
siete disposiciones finales, precedidas de un preámbulo.
Como Presidente de la Comisión de Justicia, siendo el último proyecto de
ley que se presenta en la presente legislatura, quiero, en mi nombre y en
el de todos los miembros de la Comisión, quiero testimoniar el
agradecimiento a todos los servicios de la Cámara, y especialmente al
letrado de la Comisión, no sólo por el trabajo realizado, sino por la
actitud de servicio, a cualquier hora, día y noche, que han tenido a la
hora de desarrollar su labor, que ha sido eficaz y llena de mérito para
la Comisión de Justicia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Gracias, Senador Moya.
Pasamos al debate de totalidad.
¿Turno a favor? Tiene la palabra la Senadora Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, este proyecto de ley orgánica reguladora de la responsabilidad
penal de los menores obedece a una necesidad impuesta por la Ley Orgánica
4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la
competencia y el procedimiento de los juzgados de menores. Obedece
también a la moción aprobada por el Congreso de los Diputados; obedece a
medidas de la anterior legislatura, adoptadas a mediados del mes de mayo
de 1994, y obedece al artículo 19 de la vigente Ley Orgánica 10/1995, de
23 de noviembre, más conocida como Código Penal.
La primera de ellas, la Ley Orgánica 4/1992, establece un marco flexible
para que los juzgados de menores puedan determinar las medidas aplicables
a éstos, en cuanto infractores penales, y corresponde simplemente a una
modificación impuesta por el Tribunal Constitucional, que declaró
inconstitucional el artículo 15 de la Ley de Tribunales Tutelares de
Menores.
Esta ley orgánica reconocía expresamente --y cito textualmente-- el
carácter de una reforma urgente que adelanta parte de una renovada
legislación sobre reforma de menores, que será objeto de medidas
legislativas posteriores. Les recuerdo que este texto data de 1992.
Por lo que se refiere a la moción de mayo de 1994, en ella se delimitaban
las medidas para mejorar el marco jurídico vigente de protección del
menor: establecimiento de edad penal en los dieciocho años y promulgación
de una ley penal del menor que previera la exigencia de responsabilidad
para los jóvenes infractores que no hubieran alcanzado todavía la mayoría
de edad, y que, además, la responsabilidad estuviera fundamentada en
principios orientados hacia la reeducación de los menores de edad
infractores, basándose en sus circunstancias personales, en sus
circunstancias familiares y sociales, y que tuviera especialmente en
cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas.
Pues bien, señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular
quiere manifestar su satisfacción por que el Gobierno al que apoya haya
decidido, de una vez por todas, acabar con una vergonzosa e intolerable
situación preconstitucional y con un vacío legal que sin duda duraba
demasiado, señorías, llevando a las Cortes Generales este proyecto de ley
que constituye una necesaria reforma legislativa, partiendo del principio
del superior interés del menor, partiendo de las garantías de nuestro
ordenamiento constitucional, y partiendo también de las normas del
Derecho Internacional, especialmente de la Convención de los Derechos del
Niño, de 20 de noviembre de 1989, esperando responder, con esta futura
ley, a las expectativas que se han ido creando en estos años en la
sociedad española.
Además, al fijar el artículo 19 del vigente Código Penal la mayoría de
edad penal y exigir una regulación expresa de la responsabilidad penal de
los menores de dicha edad en una ley independiente, este proyecto también
da respuesta en un doble sentido.
En primer lugar, la responsabilidad penal de los menores presenta, frente
a la de los adultos, un carácter primordial de intervención educativa que
trasciende todos los aspectos de su regulación jurídica y que determina
considerables diferencias entre el sentido y el procedimiento de las
sanciones en uno y otro sector, sin perjuicio, naturalmente, de las
garantías comunes a todo justiciable.
En segundo lugar, la edad límite de 18 años, establecida por el Código
Penal para referirse a la responsabilidad penal de los menores, precisa
de otro límite a partir del cual comience la posibilidad de exigir esa
responsabilidad que el proyecto concreta en 14 años.
Además, han sido criterios orientadores de este proyecto, señor
Presidente, señorías, las sentencias del Tribunal Constitucional números
36/1991, de 14 de febrero, y 60/1995, de 17 de marzo, en todo lo que se
refiere a las garantías y el respeto a los derechos fundamentales que
necesariamente han de imperar en el procedimiento seguido ante los
juzgados de menores y en todo lo que se refiere también a la adopción de
unas medidas que no pueden ser represivas sino preventivo-especiales,
orientadas hacia la efectiva reinserción y el superior interés del menor,
valorados, además, con criterios que han de buscarse primordialmente en
el ámbito de las ciencias no jurídicas.
El proyecto tiene la naturaleza de disposición sancionadora, porque
desarrolla la exigencia de una verdadera responsabilidad jurídica a los
menores infractores, aunque referida específicamente a la comisión de
hechos tipificados como delitos o faltas por el Código Penal.
La redacción jurídica así dirigida al menor infractor es una intervención
de naturaleza primordialmente educativa, de especial intensidad, que
rechaza expresamente otras finalidades esenciales del Derecho Penal de
adultos, en evitación de un efecto contraproducente para el menor, y es
que, en el Derecho Penal de menores, ha de primar como elemento
determinante del procedimiento y de las medidas que se adopten el
superior interés del menor, interés que se valorará con criterios
técnicos y no con criterios formalistas, por equipos de profesionales
especializados en el ámbito --repito-- de las ciencias no jurídicas.
El proyecto, además, hace compatible este interés del menor con el del
perjudicado o víctima del hecho cometido por el menor, estableciendo un
procedimiento singular, rápido y poco formalista para el resarcimiento,
en su caso, de daños y perjuicios, teniendo bien presente la Ley 35/1995,
de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la
Libertad Sexual.
Se instaura, además, un sistema de garantías adecuado a la pretensión
procesal, asegurando que la imposición de la sanción se efectuará tras
vencer la presunción de inocencia, pero sin obstaculizar los criterios
educativos y de valoración del interés del menor, haciendo al mismo
tiempo un uso flexible del principio de intervención mínima, en el
sentido de dotar de relevancia a la posibilidad de no apertura del
procedimiento, al resarcimiento anticipado o, si lo prefieren, a la
conciliación entre infractor y víctima, y a los supuestos de suspensión
condicional de la medida impuesta o de sustitución de la misma durante
ejecución.
Al atribuir la competencia a un juez ordinario con categoría de
magistrado se garantiza, además, la tutela judicial efectiva de los
derechos en conflicto.
Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal, su posición es doble. Por un
lado, es la institución que promueve la acción de la justicia y la
defensa de la legalidad y, por el otro, vela por los intereses de los
derechos de los menores y por el interés de éstos.
En defensa de la unidad de doctrina, el sistema de recursos ordinarios se
confía a las salas de menores de los tribunales superiores de justicia
que habrán de crearse, asegurándose y reforzándose la efectividad de la
tutela judicial en relación con las finalidades que se propone la ley.
Así las cosas, señor Presidente, señorías, el límite para exigir
responsabilidad sancionadora a los menores de edad penal son los catorce
años, con dos tramos: de catorce a dieciséis y de diecisiete a dieciocho
años, constituyendo una agravación específica en el tramo de los mayores
de dieciséis ante la comisión de delitos que se caracterizan por la
violencia, la intimidación o el peligro para las personas.
Tanto en la exposición de motivos como a lo largo del articulado se
recoge la finalidad recuperadora, resocializadora y educativa,
desarrollando medidas como la amonestación, las prestaciones en beneficio
de la comunidad, el tratamiento ambulatorio, la asistencia a un centro de
día, la permanencia en el domicilio durante el fin de semana, la libertad
vigilada y la realización de tareas socioeducativas, entre otras.
En cuanto al transcurso parlamentario del proyecto, les diré que lo que
empezó con una fuerte contestación en el Congreso, nada menos que con dos
enmiendas de devolución, tras muchos meses de trabajo en la Cámara Baja
ha llegado a esta Cámara de forma mucho más pacífica. Tan es así que la
mitad de su articulado no ha sido enmendado, y tanto en el trámite de
Ponencia como en el de Comisión aquí en el Senado se han aceptado
enmiendas de todos los Grupos, Parlamentarios, lo que ha mejorado
notablemente este proyecto de ley.
Señor Presidente, señorías, creo que no hay mejor forma de cerrar una
legislatura que extendiendo a un sector muy sensible, el de los menores
de edad, los derechos constitucionales que desde 1978 corresponden a los
ciudadanos adultos de este país. Justo es reconocer que ha sido posible
porque el Gobierno del Partido Popular afrontó la situación y envió a las
Cortes el proyecto de ley, y justo es reconocer también las aportaciones
de los grupos parlamentarios de esta Cámara y el espíritu de colaboración
con el que se han enfrentado al mismo. Creo, señor Presidente, que el
resultado no puede ser mejor.
A todos, muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Y a usted, Senadora Vindel.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor Presidente.
Turno, en esta ocasión, para el proyecto de ley orgánica reguladora de la
responsabilidad penal de los menores.
Señorías, haré un turno casi telegráfico y, en ese sentido, debo
reconocer que la intervención de la Senadora Vindel me ha venido
espléndidamente, por cuanto que buena parte de la exposición que yo iba a
realizar ha sido por ella manifestada y, en consecuencia, en aras de la
brevedad, les ahorro a ustedes toda esa primera parte de mi intervención.
Estamos ante un proyecto de ley que fue presentado por la señora Ministra
de Justicia el día 25 de febrero de este mismo año en las Cortes
Generales, que es tanto como decir que fue el mismo día en que se
presentó el proyecto de ley de enjuiciamiento civil, que precisamente ha
sido aprobado hoy con carácter Congreso de los Diputados.
Respecto a este proyecto, mantuvimos desde un principio que la filosofía
que lo inspiraba era garantista para con los menores, que era menos
represiva que la del anterior anteproyecto de 1995 y, en consecuencia, no
dudamos desde el primer momento en dar nuestro voto de confianza al
proyecto que tuvo entrada en las Cortes Generales.
Sostuvimos el criterio de que la edad se elevara a los catorce años. En
este sentido, quiero recordar que el artículo primero del proyecto
establecía que la ley sería aplicable a mayores de trece, y no catorce, y
menores de dieciocho. Presentamos alegaciones y objeciones y propusimos
corregir aspectos técnicos, como puede ser --y resalto por su
importancia-- resituar la figura del Fiscal en el proceso relativo a los
menores. Planteamos cuestiones competenciales, salvaguardando el ámbito
de actuación de las Comunidades Autónomas. Y nos manifestamos --y hay que
decirlo-- en desacuerdo con un aspecto que, afortunadamente, desapareció
del propio anteproyecto, y que consistía en excluir de la regla general
de la edad penal de los 18 años a quienes incurrieran en acciones
terroristas. Era y es evidente, señorías, que la opción por la edad no
admite excepciones, cualquiera que sea el acto delictivo que se cometa.
Pero se admitió, esta nuestra discrepancia, cumpliendo lo que recomendaba
con buen criterio el Consejo General del Poder Judicial.
En cualquier caso, en este momento de la tramitación cabe resaltar el
importante cambio que ha sufrido el anteproyecto, respecto al proyecto,
así como la alteración sustancial que se ha producido a lo largo de toda
la tramitación parlamentaria. Se puede decir que prácticamente todas las
sugerencias del Consejo General del Poder Judicial han sido admitidas y
que las enmiendas de distintos grupos, y me refiero fundamentalmente a
las nuestras, han tenido una buena acogida. Mi Grupo presentó veintitrés
y, salvo tres, todas ellas fueron recogidas en el trámite llevado a cabo
en la Cámara baja. De ahí, nuestro voto favorable al texto que vio la luz
en el Congreso de los Diputados.
¿Qué ha pasado en esta Cámara? Ciñéndonos, señorías, a lo que ha
constituido la postura del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, he de decir que en la tramitación en el Senado se ha aceptado
literalmente nuestra
enmienda número 15, formulada al artículo 45, y en virtud de ella se
respetan de forma plena las competencias de autoorganización de las
Comunidades Autónomas. Se ha aceptado, tal cual, nuestra enmienda número
18, presentada a la disposición final séptima, apartado 2, por la que
finalmente se establece que serán --como es lógico-- las Comunidades
Autónomas las que dicten las normas reglamentarias para la aplicación de
las funciones que les otorga la ley. Y se ha aceptado --es importante y
quiero resaltarlo-- la enmienda número 16, formulada al artículo 48.2;
artículo del proyecto que establecía en su texto originario la
posibilidad de que el expediente personal del menor fuera secreto incluso
para el propio menor o su representación, y esto se nos antojaba que no
respetaba el derecho de defensa y que, por tanto, no era acorde con el
artículo 24 de la Constitución. Solicitamos, a través de nuestra
enmienda, su reconsideración, y nuestra petición ha sido atendida.
Esto quiere decir que tan sólo una enmienda nos ha quedado viva para este
trámite, la número 17, que conforma nuestro voto particular número 1.
Esta enmienda tiene que ver con la «vacatio legis» de la ley. Tratábamos
de fijar una «vacatio legis» menor, no de un año --como señala el
proyecto--, sino de seis meses; y digo tratábamos porque, siendo
consciente de las dificultades que conlleva la puesta en marcha de esta
ley y conocedor del escaso consenso que nuestra propuesta puede
conseguir, procedo a retirarla en este mismo momento.
Termino, señor Presidente, anunciando nuestro voto favorable al dictamen
de la Comisión, con un pero, «pero» que tiene que ver con las importantes
variaciones experimentadas por dos artículos, el 4 y el 9, modificación
experimentada en la tramitación del proyecto en esta Cámara. Son
variaciones derivadas de sendas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
al régimen de los mayores de 18 años y a las reglas para la aplicación de
las medidas. Es éste un tema, en realidad se trata de dos, que queremos
estudiar con mayor detenimiento, de cara al Pleno que se celebrará la
próxima semana en el Congreso de los Diputados, por cuanto que entendemos
que en estos dos artículos se ha vuelto a posiciones que creíamos
superadas en la tramitación del proyecto en aquella Cámara. En
consecuencia, señorías, ese hecho va a propiciar nuestro voto negativo a
estos dos artículos, al menos en ese trámite.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Iglesias.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en esta intervención quiero fijar la posición de mi Grupo y la
valoración que nos merece este proyecto de ley de responsabilidad penal
de los menores.
Inicialmente mantuvimos una posición de veto en el Congreso de los
Diputados; en la última votación de totalidad en el Congreso, una
posición de abstención; y, después del trámite en esta Cámara, valoramos
globalmente de forma positiva el texto del proyecto de ley, votaremos
favorablemente un gran número de artículos del mismo y negativamente
aquellos en los que nos parece que quedan más concretadas las reservas
que todavía persisten en el proyecto de ley.
Quiero hacer esta intervención con el ánimo de que la expresión de esas
reservas pueda contribuir a su claridad definitiva, al menos en el
sentido de que la voluntad del legislador queda presente a través de este
debate parlamentario y, por lo tanto, cualquier duda hermenéutica pudiera
ser aclarada con la consulta de los textos que en esta sesión se van a
originar.
La justicia juvenil es una cuestión extraordinariamente compleja, no es
sólo una cuestión de derecho ni tan sólo una cuestión de leyes, hay mucho
más en la justicia juvenil, y lo primero que hay que hacer es prevenir y
corregir aquellas condiciones que constituyen una especie de caldo de
cultivo en el que la delincuencia de los menores surge y aparece. No
basta ir contra los menores infractores, hay que prevenir aquellas
condiciones que hacen posible que los menores se conviertan en
delincuentes o infrinjan las normas del Código Penal. Por lo tanto, la
primera consideración que hay que hacer es que tiene que haber un régimen
de prevención de las condiciones sociales, familiares y ambientales en
las que constantemente aparecen los fenómenos de los menores infractores.
En segundo lugar, es importante que en el modo de aplicación de esta ley
se tenga en cuenta el carácter especial de los sujetos a los que va
orientada; estamos hablando de menores, de personas de 14 a 18 años de
edad y, en casos especiales, entre 18 y 21 años, y esa consideración de
menores tiene que estar permanentemente presente en la aplicación de la
ley, de manera que si la ley no tiene en cuenta el sujeto al que se
dirige tendrá muy poco que ver con un tratamiento correcto de las
infracciones de los menores. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda,
ocupa la Presidencia.) Hay que tener en cuenta también cuál es la índole
de los fallos judiciales que van a recaer sobre los procedimientos, el
tipo de medidas, su naturaleza, qué cantidad y qué cualidad de medidas
deben aplicarse a los menores y los procedimientos de la rehabilitación,
que es fundamental, y en el que no solamente tienen que intervenir los
juristas y los expertos en Derecho, sino todo un conjunto de expertos y
científicos de carácter social, de psicólogos, de pedagogos, de
sociólogos, etcétera, que tendrán que hacer presente los elementos para
que el juicio acerca de la conducta de los menores sea correcto. Por lo
tanto, es un tema extraordinariamente complejo y tiene un elemento
constitutivo, diferenciador, clave y esencial que nace de la Constitución
y del convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, porque
el objetivo fundamental de esta ley tiene que ser la protección, la
defensa y la garantía de los derechos de los menores concretados en la
expresión que recoge la ley de su interés superior. Esta es la piedra
clave de este proyecto de ley, y sobre eso tiene que girar
fundamentalmente el contenido del proyecto, tanto desde el punto de vista
de los procedimientos como desde el punto de vista de las medidas
correctoras. Y nos parece observar
que este proyecto de ley guarda todavía un cierto grado de ambivalencia
de fondo, que no me atreveré a achacar a ninguna voluntad del Gobierno ni
del Grupo que lo sustenta, sino que achacaré fundamentalmente a la
dificultad de la materia.
La justicia de los menores es una materia extraordinariamente complicada
y, por lo tanto, tiene un carácter ambivalente y dual, en el que si por
un lado hay que tener en cuenta el aspecto educativo, corrector y de
potenciación de los menores, por otro lado parece que el carácter penal y
coercitivo de la ley aparece de vez en cuando como de una forma
irreprimible. La dualidad, educación-corrección-promoción y defensa de
los intereses de los menores y, por otra parte, el carácter penal,
sancionador y coercitivo de algunas de las medidas, nos parece que
entraña un cierto riesgo, una cierta ambivalencia. Porque, en definitiva,
si estamos hablando de la ley de la responsabilidad penal de los menores,
es decir, de reconocer la naturaleza penal de la ley formalmente, el
código penal juvenil, diciendo las cosas por su nombre, con claridad,
porque no hay que tener temor a decir las cosas como son, tiene que tener
una orientación esencialmente diferente de aquella que anima el Código
Penal de los mayores de edad, y esa diferencia tiene que notarse, esto no
es un simple añadido, un apéndice del Código Penal de los mayores de
edad. Esta es una ley esencialmente diferente porque tanto en el
procedimiento --no hablamos de procesos, sino de procedimientos-- como en
las medidas, en el seguimiento, o en la finalidad esencial de la ley,
tiene que ser algo radicalmente distinto de lo que es el Código Penal de
los adultos. De vez en cuando aparecen algunas normas que nos recuerdan
que el Código Penal de los adultos está presente, y en algunas ocasiones
el carácter de menor del que ha cometido la infracción vale menos que la
naturaleza jurídica de los presuntos delitos que se le achacan. La
gravedad del hecho cometido decide la adopción de determinadas medidas,
cuando el criterio rector debe ser siempre y en todas las ocasiones el
carácter de menor que tiene el que comete los hechos. Esa naturaleza del
menor es la que debe regir.
Por lo tanto, nunca deberían aparecer consideraciones en función de la
gravedad de los delitos. Por eso sed quejaba hace un momento el Senador
Zubia de que en el proyecto inicial aparecieran como una excepción de la
norma los hechos o delitos de terrorismo cometidos por menores, porque
cualesquiera que sean los delitos, y pueden ser muy graves --y de hecho
lo son--, el carácter de menores y, por lo tanto, de personas que están
en crecimiento, de gentes que todavía no están en posesión de la plena
madurez personal, que no tienen la autonomía existencial suficiente y no
tienen los criterios y el conocimiento para la decisión correcta de sus
conductas, debería ser tenido en cuenta para no permitir que el Código
Penal pudiera invadir algunas parcelas de este código de los menores.
Debo recordar que el Código Penal es ley supletoria de este código de los
menores y que la Ley de Enjuiciamiento Criminal es también ley supletoria
para los procedimientos que este proyecto de ley establece. Y al respecto
tengo que decir que un procedimiento judicial al cual se ve sometido un
menor de edad no es en sí mismo un procedimiento educativo. Poner a un
menor ante el imponente aparato de la justicia no es nunca y por sí mismo
un elemento de educación de los menores. Ante esa mole gigantesca del
poder de la justicia, los menores se sentirán apabullados, y antes de
sentir una reacción educativa, se sentirán seguramente aplastados por el
enorme edificio. Como Fray Guillermo de Baskerville, en la novela de
Umberto Eco, ante el edificio que contenía la biblioteca donde se
guardaba toda la sabiduría del mundo antiguo, para entrar en la cual
hacía falta una enorme cantidad de intríngulis, laberintos,
investigaciones, los menores, ante el edificio de la justicia penal, se
sentirán desorientados y necesitarán una ayuda especial.
Las medidas sancionadoras educativas que la ley propone, de las que nos
declaramos especialmente satisfechos, son un conjunto de medidas de
excelente orientación y, por tanto, con posibilidades de reinserción y
reeducación positivas y efectivas. Sin embargo, algunas tienen un
carácter educativo que no se desprende automáticamente de su naturaleza.
Cuando hablamos de medidas de internamiento, en régimen cerrado, en
régimen semiabierto o en régimen abierto, cuando a una persona le privan
de su libertad, es difícil que sea interpretado como una medida de
educación; al contrario, uno se puede sentir agredido, y para que esa
privación de libertad se convierta en una medida educativa no puede ser
una consecuencia mecánica de su imposición, sino del modo de su
aplicación, de su organización.
Entre las claves que, a nuestro juicio, deberían, deben y tengo la
esperanza de que rijan en el futuro para la aplicación de esta ley y su
contenido material y formal, está, en primer lugar, que para entender la
conducta de los menores hay que mirar lo que sucede a su alrededor. La
familia, el barrio, la escuela, el ambiente social, la pandilla, son
elementos constitutivos formales de la conducta de los menores y cuanto
más pequeño es el sujeto más se leen en su conducta las influencias que
ha recibido. Sin contexto, la conducta del menor es indescifrable y sin
la construcción de un contexto adecuado las medidas serían inoperantes.
El menor sometido a esta ley debe ser considerado no como un delincuente
--que no lo es, la ley no lo dice-- sino como un menor que está en
peligro y que ha de ser rescatado para un crecimiento adecuado de su
personalidad, tiene que ser sustraído de un conjunto de influencias que
pueden acabar convirtiéndole en un delincuente adulto o habitual. Por
consiguiente, el rescate de ese menor en riesgo debería ser el «leit
motiv» permanente y profundo de las medidas que se adoptan en este Código
Penal, porque en los grados de responsabilidad penal la ley está muy
clara y no está de más decirlo: irresponsabilidad penal hasta los 14
años; plena responsabilidad penal a partir de los 18; responsabilidad
limitada de 18 a 21 en casos expresamente estimados por los jueces, y
entre los 14 y los 18 años responsabilidad penal limitada, pero no
constante, sino dinámica y fluyente; no es lo mismo a los 14 que a los 16
ó 17 años, y esa responsabilidad ha de ser graduada por los jueces, no se
puede tratar de la misma manera a unos sujetos que a otros.
Por último, un menor es una persona que está en camino hacia su plena
autonomía existencial y moral; es decir,
no puede ser dueño todavía de su propia existencia porque no posee los
conocimientos suficientes ni la formación de la voluntad para tomar sus
decisiones vitales; ese menor que se encuentra en camino hacia la
autonomía existencial y moral ha de ser enjuiciado, comprendido y juzgado
para que en lugar de poner un obstáculo a su crecimiento aumentemos sus
posibilidades de humanidad, de crecimiento personal, para convertirse en
persona adulta, no sumisa, porque la rebeldía tiene también su sitio y su
lugar. Si esta ley --como espero-- consigue avanzar en esa dirección,
habremos hecho un trabajo del que podremos sentirnos satisfechos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador
Iglesias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, me gustaría darle las gracias al portavoz del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, el Senador Zubia, por anunciar su voto
favorable a este proyecto de ley, así como la retirada de la única
enmienda que le quedaba viva. A estas alturas de esta semana de debates
parlamentarios, y a estas horas, eso se agradece.
Asimismo, quiero agradecer al Senador Iglesias su intervención y el que
haya comunicado su voto favorable a determinados artículos. Y como, señor
Presidente, señorías, soy de natural optimista, voy a intentar hacer un
último esfuerzo para convencer al Senador Iglesias y a su Grupo
Parlamentario de que voten a favor de este proyecto de ley.
¡Qué razón tiene el Senador Iglesias al decir lo apabullado que uno se
siente ante los tribunales de Justicia! Pero, señoría, no hace falta ser
menor de edad para que a alguien le apabulle y le asuste la Justicia. Sin
embargo, un menor infractor mayor de 14 años nunca puede ser un
irresponsable a efectos legales. Cosa distinta es cómo se articule la
exigencia de su responsabilidad. Y en eso estamos.
Sinceramente, creo que las medidas que se contienen en este proyecto de
ley tienen todas las garantías y contemplan todos los derechos de nuestro
ordenamiento jurídico, además de los contenidos en los tratados
internacionales. Por otra parte, sólo se van a aplicar a los mayores de
14 años, hasta los 18 años, mientras que a los menores de 14 años
simplemente se les aplicarán las medidas de protección del ordenamiento
civil, es decir, la Ley 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.
Es cierto que la materia que aquí se regula es muy compleja y difícil,
porque sus destinatarios son muy especiales: los menores. Pero, señorías,
hay que tener en cuenta que la ley configura unos órganos esenciales,
cuales son el Ministerio Fiscal, el equipo técnico, los jueces y
magistrados, los letrados, y demás profesionales, todos ellos encaminados
a la especialización por razón de la materia, cosa que nos deja bastante
tranquilos.
Como todavía hoy se está produciendo un vacío legislativo tan vergonzoso
y tan grave, estamos aplicando una ley de 1948, la cual, aparte de tener
unos principios paternalistas y moralizantes a más no poder, supone que a
fecha de hoy se juzgue de forma penal a menores de 12 años, además de que
se esté ingresando en prisiones de adultos a menores de 16 años. Una
reflexión sobre esto nos lleva a considerar que la nueva ley debe
aplicarse cuanto antes y que contiene toda las garantías exigibles en un
Estado moderno y en una sociedad civilizada a finales del siglo XX.
Este proyecto defiende los intereses de los menores y se fundamenta en
dos pilares básicos. En primer lugar, en la educación, para recuperar al
menor y al joven infractor, y ahí está el artículo 7. Quizá la medida más
drástica, como muy bien ha dicho el Senador Iglesias, sea la de
internamiento, que puede ser en régimen cerrado o en régimen semiabierto.
Tanto en uno como en otro caso se establece que las personas sometidas a
esta medida, los menores, residirán en el centro y desarrollarán en el
mismo actividades formativas, educativas, laborales y de ocio; algo,
señorías, que en estos momentos, al existir ese vacío legal, no se puede
aplicar en las prisiones.
Ojalá acertemos con esta ley, Senador Iglesias, porque creo sinceramente,
no que sea buena, sino magnífica. Y no lo digo yo, sino todas las
personalidades que han comparecido durante varios días en el Congreso de
los Diputados al examinar este texto. Como digo, es una ley magnífica, y
esperemos que los resultados de su aplicación también sean los indicados
por la voluntad de todos nosotros.
Creo que mantener una posición de abstención --perfectamente respetable,
por otro lado-- significa, señorías, seguir anclados en 1948, volver a
Dickens, y yo creo que ni esta sociedad, ni este país, ni, desde luego,
los menores de edad de este país se lo merecen.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Vindel.
Pasamos ya al debate de las enmiendas al articulado, artículos 1 a 64,
disposiciones adicionales primera a tercera, disposición transitoria y
disposiciones finales primera a séptima.
Voto particular número 2, de los Senadores Román Clemente y Cámara
Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, que se corresponde con las
enmiendas 1, 3 a 6 y 8 a 14.
Para su defensa, tiene la palabra su señoría.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Las doy por defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.
El voto particular número 1 ha sido retirado.
Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, que se corresponde con las enmiendas 31 a 33 y 38 a
50.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestras enmiendas tratan de corregir unas disfunciones en el texto del
proyecto de ley y en los artículos que se concretan respectivamente en
cada una de ellas, al objeto de adecuarlas a la previsión que se hace en
el artículo 4 del proyecto de ley, al aplicarse la presente ley también a
las personas mayores de 18 años y menores de 21. Por tanto, a lo largo
del texto del proyecto deberá utilizarse la palabra «menor» cuando se
hace referencia al menor de edad, en la franja de los 16 a los 18 años, y
utilizar la palabra «joven» cuando se haga referencia a un mayor de 18
años y menor de 21, así como adaptar las expresiones «menor» y «joven»
cuando se hace referencia a ambos, y en algunos supuestos, si es en
plural, deberá emplearse la palabra «menores» por «menores» o «jóvenes».
Por ello, se insiste en corregir dicha omisión. Por razón de coherencia
legislativa, creemos que es preciso adecuar los preceptos relacionados en
nuestras enmiendas, ya que se mantienen vivas dichas referencias.
Lo mismo cabe decir al emplear el calificativo de «letrado del menor»,
que consideramos que debería suplirse por la del «letrado del defensor» o
«letrado de la defensa», utilizando una terminología mucho más acorde con
el sentido del proyecto de ley. Así, las enmiendas 38 a 50 van dirigidas
a corregir puntualmente los artículos 6, 7, párrafo tercero, 24, 28,
párrafo primero, 28, párrafo segundo, 30, párrafo primero, 35, párrafo
primero, 37, párrafo segundo, 39, párrafo primero, 49, párrafo primero,
52, párrafo primero y 60, párrafo séptimo. Se trata de la corrección «in
situ» de dichas especificidades.
El Grupo Parlamentario Popular pretende corregir dicha disfunción con un
apartado nuevo que ha sido incorporado al final del párrafo cuarto del
artículo 1 del texto del dictamen y expresa la frase textual: «Sin
perjuicio de lo anterior, cuando esta Ley se refiera genéricamente al
menor o a los menores, se entenderá que lo hace a todos los incluidos en
su ámbito de aplicación.» Pero creo que aun con dicho texto no se
corregirían en su totalidad dichas distinciones, ya que la ley distingue
dos franjas claramente: la de 14 a 18 años, calificándoles de menores, y
la de 18 a 21, que lo son como jóvenes, y en este íter del articulado hay
supuestos que van dirigidos de una forma concreta, claramente
diferenciados y específicos a cada una de dichas franjas y, por lo tanto,
el que nos refiramos a menores y se entienda según el ámbito de
aplicación, aparte de producir la consiguiente confusión, no coincide con
la debida claridad con esa distinción que hace el párrafo cuarto del
artículo 1 de menor y joven.
Lo mismo sucedería con el empleo del calificativo de «letrado», pues
cuando lo hace del menor es obvio que diga «letrado del menor», pero
cuando lo es del joven debería especificarse como «letrado del joven». De
ahí que propugnemos la sustitución por la de «letrado defensor», que
sería más apropiado y englobaría ambos supuestos o franjas.
No se puede confundir con otro calificativo, ya que el hecho de que se
asigne un letrado a la víctima lo es de ésta y no sería en modo alguno
defensor, por lo que lo propio de los menores y jóvenes implicados sería
justo el empleo de la palabra letrado de la defensa.
No podía terminar sin dejar constancia de dos hechos que fueron ya
debatidos en el Congreso de los Diputados. El primero es que la entidad
pública de protección de menores deberá valorar la situación y habrá de
promover las medidas de protección adecuadas conforme a lo dispuesto en
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica.
Mi Grupo parlamentario de Convergència i Unió ya expuso las tesis de que
el aumento de edad mínima de inimputabilidad de los trece que era el
texto originario, a los 14 años, implicaba dejar sin tratamiento a un
buen número de menores que creíamos que deberían ser objeto de algún tipo
de respuesta parecida a las medidas previstas en la presente ley. Se
dejaba constancia en el Congreso de los Diputados de estos 658 casos que
hubo en Cataluña entre los años 1992 y 1996 y en una edad comprendida
entre los doce y los trece años sobre delitos de lesiones; unos catorce
casos de violación; un supuesto de asesinado; 114 casos de robos con
violencia, y 225 robos con intimidación, todo ello en una sola Comunidad.
Imaginemos la cantidad que habrá en el resto de las Comunidades de
España.
Se hace esta reflexión por cuanto pensamos que no deja de ser un error
dejar sin tratamiento a este colectivo, pues el Código Civil sólo prevé
la adopción de medidas de protección, que no de tratamientos ni de
reinserción, a los niños menores de 14 años, que realmente estuvieran
desamparados, que no tuvieran familia, con lo cual, con sólo tener unos
familiares que ni siquiera les atiendan la ley se vería impotente para
actuar en tales supuestos. Ahí está la estadística como hemos dicho
ampliada naturalmente, sin la globalización del resto y este colectivo
sin un tratamiento específico.
El segundo apartado del que queríamos dejar constancia es otro de los
problemas que fue denunciado por nuestro grupo parlamentario en el
Congreso de los Diputados durante el debate del presente proyecto, y era
la conveniencia de que en los supuestos de menores de 16 años que
hubieran cometido ciertos delitos con violencia o intimidación, o grave
riesgo para la vida o la integridad física de la víctima, la ley
contemplara la excepción y pudiera el perjudicado o víctima poder
ejercitar las pertinentes acciones particulares en el procedimiento
instruido al menor. Era nuestra opinión el que la víctima o perjudicado
tuviera un papel tan principal como el menor o como el propio Ministerio
Fiscal, y de ahí que propugnábamos el ejercicio de unas acciones por
particulares en los supuestos antes referidos.
En su tramitación ante esta Cámara se ha aceptado la transaccional
ofrecida por el Grupo Parlamentario Popular a nuestra enmienda número 35,
al artículo 25 del proyecto, que si bien no aborda el ejercicio de la
acción particular en los supuestos contemplados en nuestra enmienda, al
menos permite integrar los intereses de la parte perjudicada o víctima
con la posibilidad, tanto en fase instructora como en la de Audiencia, de
poder personarse teniendo vista de todo lo actuado, proponer pruebas así
como participar en la práctica de las mismas, evacuar también el trámite
de conclusiones,
de valoración del conjunto de la prueba, práctica incluso de nuevas
pruebas en trámite en la audiencia, el acceso a los recursos, etcétera;
en definitiva, señorías, es una intervención que si no es la querida por
nuestro grupo, estarán sus señorías de acuerdo con nosotros en que, en
modo alguno, desnaturaliza el tipo de procedimiento contemplado en el
presente proyecto.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Capdevila.
Voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, que se
corresponde con las enmiendas números 19 a 25 y 27 a 30.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Iglesias.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
No nos vamos a abstener en la votación de la ley, vamos a votarla
favorablemente en cuatro quintas partes de su contenido, pero algunos de
sus artículos recibirán nuestro rechazo como expresión de las reservas
que todavía mantenemos y que me temo que no vamos a poder eliminar en
esta última intervención parlamentaria.
En líneas generales nuestras enmiendas en su conjunto tienden a definir
con mayor precisión los objetivos de la ley. Creemos que en el artículo
1, que trata del ámbito general de la ley, no estaría de más hacer una
definición de cuáles son los objetivos fundamentales de la ley, que son
la reeducación de los menores y el resarcimiento de los daños que sus
actos o infracciones puedan haber provocado, establecimiento de algunas
garantías mayores de las que establece la ley, por ejemplo, en las
condiciones de la detención o el derecho a no declarar y a no confesarse
culpable, aunque está implícito porque es un derecho constitucional.
Debo referirme a tres enmiendas que contienen tres reservas importantes
respecto del contenido de la ley. La primera de ellas es nuestra enmienda
número 25 al artículo 27 en el que se establece la posibilidad de que los
informes técnicos de los equipos que han de formar parte necesariamente
de la instrucción o del procedimiento como un elemento fundamental para
conocer la conducta y proponer las medidas de rehabilitación, el texto
del proyecto de ley dice que esos informes técnicos serán los que emitan
los equipos técnicos dependientes de las Comunidades Autónomas, que ya
existen en muchas de ellas, o los que entidades privadas puedan emitir,
naturalmente a instancia de las partes. Queremos introducir aquí la
posibilidad, no con carácter complementario, sino sustantivo de que
entidades privadas puedan emitir informes técnicos a petición,
naturalmente, de las partes o del menor o de la familia del menor,
teniendo en cuenta que el acceso a esas entidades privadas, no siempre
pero en muchas ocasiones, dependerá fundamentalmente de las posibilidades
económicas de la familia, nos hace temer que un cierto aire de justicia
de clase pudiera hacerse presente con la aplicación de esta ley.
Naturalmente nada nos parecería más odioso que, algo que depende de las
condiciones económicas de la familia, tuviera una incidencia importante
en los procedimientos y en las resoluciones. Nos parecería verdaderamente
intolerable, y no quiero llegar a pensar que eso vaya a suceder. Pero,
desde luego, tal como lo dice el precepto puede suceder. Por lo tanto,
deberíamos poner como núcleo fundamental el informe de los equipos
técnicos, que dependiendo funcionalmente del Ministerio Fiscal,
orgánicamente de las Comunidades Autónomas, tengan que intervenir
necesariamente en los procedimientos. Esa es una de las objeciones que
mantenemos.
Otra objeción que también mantenemos se refiere al peculiar sistema de
responsabilidad civil que esta ley implanta. La ley dice que habrá una
responsabilidad civil solidaria de los padres, tutores, responsables,
guardadores, guardadores de hecho por las consecuencias de las
infracciones cometidas por aquellos de los que son responsables, y que
esa responsabilidad civil solidaria, es decir, en paquete, todos
responsables civilmente y a la vez ante las sentencias de los jueces que
intentan reparar los daños ocasionados, será moderada por los jueces --no
extinguida, sino moderada--. Cuando se estime que no ha habido dolo o
negligencia por parte de los padres, etcétera, el juez podrá moderar la
responsabilidad solidaria.
A nosotros nos parece, primero, que es una novedad que va a constituir un
considerable galimatías en la aplicación porque entra en contradicción
formal con el contenido del Código Civil. El Código Civil en el artículo
1903 establece un conjunto de normas en las que la responsabilidad de los
padres, etcétera, el último escalón, es siempre subsidiaria, porque si
hay responsabilidad de los padres o tutores en dolo o negligencia
respecto de la conducta de los menores, es evidente que estarán también
encausados penalmente y, desde luego, tendrán que responder civilmente de
las consecuencias de los actos de los menores que están bajo su guarda o
bajo su tutela. Pero en el caso de que no haya dolo, ni imprudencia, ni
negligencia de ninguna clase, sino que los padres o tutores se hayan
comportado, como dice el Código Civil, con el celo de un buen padre y la
diligencia de un buen padre de familia, ya me dirá por qué esos padres,
guardadores o tutores tienen que responder solidariamente de las
consecuencias de las infracciones de los menores.
¿Se imagina lo que va a pasar con los guardadores de hecho, que son por
ejemplo los profesores de los centros educativos, bajo cuya tutela y
guarda hay alumnos menores de 18 años, que durante seis o siete horas
están en el centro y cometen una infracción, no por negligencia ni por
dolo ni porque haya ninguna inducción, sino simplemente porque ocurre,
aunque los profesores sean celosos en el cumplimiento de sus tareas, que
sean declarados responsables solidarios de las responsabilidades y de las
compensaciones que la conducta de los menores pueda provocar?
La decisión del Legislativo en ese punto es muy grave; obligará
inmediatamente a todos los colectivos de profesores a exigir a sus
autoridades competentes la suscripción de pólizas de responsabilidad
civil para poder defenderse, en el caso de que les toque alguna de estas
incidencias que la ley contempla. Nos parece que perturbar el sistema del
Código Civil no ayuda a aclarar la cuestión, sino que lleva más bien a la
confusión. Si hay responsabilidad en los hechos por parte de los padres,
deberán responder, porque así se lo van a exigir los tribunales, tanto
penal como civilmente; si no hay dolo o negligencia la responsabilidad
subsidiaria defiende los intereses de los derechos de los perjudicados,
que en todo caso tendrán que ser satisfechos subsidiariamente por los
padres, tutores, etcétera.
Por tanto, no coincidimos con el perfil que dibujan de la responsabilidad
civil en la ley, y nos parece que acudir al sistema general establecido
en el Código Penal y en el Código Civil sería suficiente, por lo que esto
va a ser una fuente de perturbaciones.
Por último, nosotros tenemos que expresar una última reserva, y es que
nos parece que el contenido de la memoria económica de la ley, que
acompaña al proyecto, aunque no forma parte de su contenido y que hace
una previsión del coste de la implantación de esta ley en todas las
Comunidades Autónomas, no llega a 5.000 millones de pesetas, que nos
parece que es una cantidad radicalmente insuficiente para su puesta en
vigor. Por eso hemos cambiado nuestra opinión de una «vacatio legis» de
seis meses a una «vacatio legis» de doce meses, y aún pensamos que si los
medios son los que ahí se dibujan, los doce meses van a ser muy cortos
para que se pueda aplicar efectiva y realmente esta ley.
Yo debo decirle que coincido en esto con el informe de la Fiscalía
General del Estado, que dice: El más imaginativo cuadro de medidas puede
estar abocado al fracaso si, de forma paralela, no se adoptan las
decisiones necesarias, muchas de ellas de naturaleza reglamentaria para
su efectiva aplicación. El legislador --y nos llama la atención--
incumpliría el mandato constitucional y legal, que viene a cubrir el
texto proyectado, si se limitara a un pomposo enunciado de medidas cuya
realidad se abandonara a un segundo escalón de decisiones
administrativas, con un orden de prioridades presupuestarias no siempre
coincidentes con el desarrollo del anteproyecto.
Se ha dicho, con indudable razón, que las garantías formales tienden a
desplazarse del plano del reconocimiento formal de los derechos al de los
procesos aplicativos, cognoscitivos, decisionales, ejecutivos y sociales.
En definitiva, parece claro que la más que aceptable estructura que
diseña el anteproyecto podría desmoronarse si sus cimientos no se
refuerzan con la indispensable aportación de todas las Administraciones
públicas encargadas de hacer realidad el tratamiento interdisciplinar del
menor delincuente, y para ello no basta una declaración legal.
Este proyecto de ley abre una puerta a un territorio que se va a pisar
por primera vez. Si no se aportan los medios suficientes, corremos el
riesgo de que, al abrir la puerta, nos encontremos con que la casa que
debía haber un poco más allá no tiene ni suelo ni paredes ni techo, y si
no hay eso, en realidad no habría nada. Nada nos haría lamentarlo más que
el hecho de que esta ley, por falta de medios, pudiera generar una enorme
frustración en todos los ámbitos, que esperan razonablemente su
aprobación y su entrada en vigor. Sin medios esta ley será papel mojado.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Iglesias.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Cañellas. No le veía,
estaba usted en las alturas y yo miraba hacia la zona baja. Estaba
mirando a la Senadora Vindel, creyendo que era la ponente.
Tiene su señoría la palabra.
El señor CAÑELLAS FONS: Gracias, señor Presidente.
Estoy en las alturas: ésta es la Cámara Alta. (Risas.)
Intervengo para fijar la posición de mi Grupo con respecto a las
enmiendas presentadas a este proyecto de ley y que siguen vigentes.
Senador Román Clemente, don José --porque yo no tengo derecho a
equivocarme ni con su nombre ni con nada--, me ha hecho su señoría una
faena no defendiendo las enmiendas, porque yo, con el afecto que sabe que
le tengo, pensaba iniciar mi discurso con una pequeña maldad: referirme a
su enmienda 14, que pretende introducir un número 5 en la disposición
final tercera, que ya tiene el número 5, y que dice algo más que su
enmienda. Pero señoría, le pido perdón, como siempre. Perdóneme esa
pequeña maldad.
En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, Senador Capdevila, lamento tener que decirle que su
exposición no me ha convencido. Yo creía que con esa mención que ha hecho
usted del último párrafo del artículo 4, de que cuando se habla de menor
solamente así se quiere significar que se está hablando de menores y de
jóvenes, había más que suficiente, de la misma manera que hicimos en otro
proyecto de ley en que definimos, al principio del articulado, lo que se
iba a entender por determinada voz a partir de aquel momento, para
ahorrarnos toda esa dicotomía de menor-menores, menor-joven , y no sé si
tendría que decir jóvenes y «jóvenas», como dijo algún parlamentario. No,
señor Capdevila, señores de Convergència i Unió.
Yo entiendo que esa preocupación que demuestran sus enmiendas, con las
que han hecho un trabajo exhaustivo, expurgando en cada artículo dónde
podría encontrarse esta distinción que había que introducir, nos parece
un trabajo insuficiente y, Senador Capdevila, incompleto. Se han dejado
ustedes dos conceptos fundamentales en los que no han introducido la
distinción: el título de la ley Orgánica reguladora de la responsabilidad
penal de los menores. ¿Los jóvenes no? En segundo lugar, en todo el
proyecto de ley sólo se habla del juez de menores. ¿Vamos a cambiar
también el título al juzgado? Eso es un poco la caricatura, rizar el
rizo, si su señoría quiere, pero sobre la base de lo que ya le he dicho
de que creíamos que con esa definición inicial de lo que se entiende a
todo lo largo de la ley por menor, era más que suficiente.
Senador Iglesias, antes de fijar la posición de mi grupo en cuanto a las
tres enmiendas que su señoría ha defendido, permítame que me refiera a su
intervención en el turno de portavoces, relativo al debate de totalidad.
Su señoría decía --y tiene razón-- que hay que ir con cuidado con las
medidas sancionadoras, que lo importante
es la medida educativa. Pero señoría, yo entiendo --y ésa es una opinión
particular, quizá sólo como padre-- que la educación no está reñida con
la sanción. Lo que hay que procurar es que la sanción sea la adecuada
para que pueda producir efectos educativos, como decía su señoría, días
ha, en el debate de la Comisión. No toda sanción es educativa. Una
idéntica sanción a todos los menores no tiene por qué producir el mismo
efecto. Por eso, señoría, quería hacer que se fijara en el contenido de
su enmienda 27, a la que no ha hecho referencia.
Su enmienda 27 pretende suprimir un párrafo inicial del número 2, del
artículo 28, que habla de la medida de internamiento. Sus señorías
pretenden suprimir eso, y no estamos de acuerdo, pero siga leyendo el
texto de ese apartado referido a la medida de internamiento, en la que se
dice que el juez resolverá sobre la propuesta del Ministerio Fiscal en
una comparecencia a la que asistirán también el letrado del menor y el
representante del equipo técnico y de la entidad pública de protección o
reforma de menores, los cuales informarán al juez sobre la conveniencia
de la adopción de la medida solicitada desde la perspectiva del interés
del menor y de su situación procesal. Eso es lo que prima. No per se se
acepta la medida de internamiento propuesta por el Fiscal. Se acepta
después de una audiencia, después de unos informes y de un resultado en
interés del menor, y en eso, señorías, estamos todos de acuerdo en que es
lo que ha de primar en esta ley y en otras muchas.
Su enmienda número 25 recoge su prevención frente a los informes técnicos
de entidades privadas. El punto seis del artículo 27 que ustedes
pretenden suprimir, a mi modo de entender, es clarísimo. El punto uno del
artículo 27 establece que el informe se encarga desde el inicio a las
entidades que tengan competencias en la materia de que estamos tratando,
es decir, a las entidades públicas, pero nada obsta que en el número seis
el informe a que se refiere el presente artículo podrá ser elaborado o
complementado por aquellas entidades públicas o privadas que trabajen en
el ámbito de la educación de los menores y, aparte de esa condición,
conozcan la situación del menor expedientado, es decir, que tengan un
conocimiento previo de la situación de este menor porque, señorías,
¿vamos a despreciar el informe de una entidad privada a la que quizás los
padres tienen encomendado, antes de que se produzca el hecho delictivo,
el cuidado de ese menor? ¿Lo vamos a despreciar sólo por el hecho de que
es privada, aunque tenga un conocimiento previo y profundo? Entiendo,
señoría, que esa suspicacia que manifiestan ustedes es realmente
exagerada.
En cuanto a la enmienda número 28, relativa a la responsabilidad civil,
me ha parecido entender que su señoría hacía alusión a que si había dolo
o negligencia estarían procesados. No estamos hablando del dolo o
negligencia que dan lugar al nacimiento de un delito, sino del dolo o
negligencia civil.
Su señoría decía que le espantaba esa solidaridad que se impone en el
artículo. Señoría, solidaridad de todos estos «iusta modum» que dicen los
canonistas, porque dice: solidariamente los padres, los tutores, los
guardadores, por este orden, no todos a la vez y en el mismo saco. Juntos
pero no revueltos, por decirlo en términos más coloquiales. Primero los
padres, luego los tutores --que vienen a hacer las veces de los padres--
y, en último extremo, los guardadores legales o de hecho, que son los
menos responsables.
¿Y qué les da precisamente este precepto? Todo lo contrario de lo que su
señoría decía. Les da a los jueces la posibilidad de reducir esta
responsabilidad civil, incluida la de los maestros a los que su señoría
como docente se refería, cuando se demuestre que éstos no han favorecido
con su dolo o con su negligencia el hecho cometido por el menor. Es al
revés: va todavía disminuyendo la responsabilidad del artículo 1.903.
Está más a favor de esos a quienes impone una responsabilidad subsidiaria
en caso de que el menor sea irresponsable civil, por decirlo en estos
términos. De manera, señoría, que el enfoque, desde nuestro punto de
vista, es totalmente contrario del que hacen desde su grupo, y entendemos
que el nuestro favorece más que perjudica a los responsables civiles
subsidiarios que contempla el precepto.
En cuanto a ese defecto que sus señorías atribuyen a la memoria
económica, Senador Iglesias, permítame recordarle algo que su señoría ya
ha dicho. Tenemos un año de plazo para habituarnos, incluso los
profesionales, a que vamos a tener que cambiar el chip de nuestra
mentalidad penal, de que esta responsabilidad penal de los menores no se
les va a exigir como a los mayores, ni en el modo, ni en la forma, ni en
el fondo. Estamos ante algo completamente distinto: el menor de edad, e
incluso del mayor al que se le atribuye esa condición ficticia de menor a
fin de poderse beneficiar de este proyecto.
¿Les parecen poco 5.000 millones? Señorías, no olviden que va a ser una
financiación compartida y que van a intervenir las Comunidades Autónomas.
Piensen, además, que partimos de la existencia de unas entidades que
cuentan con equipos suficientes y a las que tan sólo habrá que dotar de
unos complementos de competencias, medidas y recursos, pero en ningún
caso se trata de crearlas ex novo. Si no tienen eso en cuenta, puede
parecerles escasa la cuantía de los 5.000 millones. Pero sobre ese tema,
Senador Iglesias, podremos volver a hablar --seguramente yo no, porque ya
no estaré aquí-- cuando se debatan los presupuestos del 2001. Será
entonces cuando realmente sabremos si son suficientes o no los 5.000
millones.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cañellas.
Abrimos el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Cañellas, me parece que su silogismo no entra dentro de mi
informe, que creo que he dejado claro. Parte del articulado va dirigido a
los jóvenes y otra parte a los menores. Me parece que englobarlos en una
frase como la que contiene el apartado 4 del artículo 1 no encaja muy
bien en esta situación. El hecho de que en el título se haga mención a la
responsabilidad de los menores no impide que parte del articulado se
destine a los jóvenes, además de a los menores. Ahí queda hecha la
reflexión.
En este último trámite no voy a hablar de lo ya dicho sobre este proyecto
de ley en trámites anteriores, tan sólo voy a insistir en que hubo un
vacío legal para la franja comprendida entre los 16 y los 21 años con
procedimientos penales en curso a la entrada en vigor de esta ley, y tal
vacío se cubre con la enmienda número 36 presentada por nuestro grupo,
que ha sido finalmente incorporada en el texto del dictamen, previéndose
un régimen transitorio de dichos procedimientos penales en curso sobre
mayores de 16 y menores de 18 al objeto de que se remitan las actuaciones
practicadas al Ministerio Fiscal para que instruya el procedimiento que
es regulado por esta ley.
También tuvimos en cuenta otros supuestos de procesos en curso de
imputados mayores de 18 y menores de 21 años, al objeto de que el Juez de
menores proceda conforme a lo establecido en el artículo 4 de esta ley,
que ha sido introducido gracias a la enmienda número 34 de nuestro Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Nuestra valoración global del proyecto inicial era positiva, y la
incorporación de diversas enmiendas la han mejorado. En definitiva,
entendemos que ha quedado un proyecto de ley muy bueno. Su objetivo es la
reinserción social de los menores y jóvenes en virtud de una educación, y
persigue la educación de la responsabilidad de los actos teniendo además
la garantía jurídica correspondiente.
Uno de los ámbitos más afectados y reformados por el Código Penal de 1995
ha sido el de los menores, tanto para la fijación de la mayoría de edad
como para la protección del menor. Su artículo 19 establece la no
responsabilidad criminal de los menores de 18 años con arreglo a dicho
Código, pudiendo incurrir en responsabilidad, según lo dispuesto en la
ley que regule la responsabilidad penal del menor. Pero la disposición
final séptima del propio Código exceptuó la entrada en vigor de aquel
artículo innovador hasta que adquiriese vigencia la ley que regulase la
responsabilidad penal del menor a que se refiere este precepto. Por
tanto, hasta que no entre en vigor el presente proyecto de ley, está en
suspenso el contenido de este artículo 19 del Código Penal, permaneciendo
entre tanto la mayoría de edad penal del anterior Código, que lo fija a
los 16 años, provocando --como es obvio-- los consiguientes problemas.
Esa es la razón, en consecuencia, de la imperiosa necesidad de que la
presente ley sea aprobada y entre en vigor.
El antiguo Código Penal se inspiraba en el llamado criterio biológico
para fijar la mayoría de edad a los 16 años y establecía que los menores
de esta edad están exentos de responsabilidad penal cuando ejecuten un
hecho penado por la ley y que serán confiados a los Tribunales Tutelares
de Menores. El problema es, como se ha dicho, fijar una edad por debajo
de la cual el sujeto es considerado inimputable y entendemos que está
superada la tesis de culpabilidad, teniendo en cuenta que es absurdo
creer que el discernimiento se adquiere al día siguiente de alcanzar la
edad ya preestablecida y no antes.
La pena no es el modo adecuado de tratar a niños o a jóvenes. Hoy se
entiende que para ellos ha de existir un Derecho especial, una
responsabilidad penal al margen del Código Penal, cuyo primordial
carácter no es el represivo sino el educativo y la reinserción social.
La reflexión sobre la edad, si 13 ó 14 años, ya la hemos expuesto, pero
quizá hubiera sido óptimo que no nos olvidáramos de este colectivo de
niños de 13 años que quedan fuera de la aplicación de las medidas
adecuadas de esta ley de responsabilidad penal del menor.
El principio de interés superior del niño juega uno de los papeles
fundamentales en el presente proyecto de ley en los supuestos de
conflicto de intereses, atribuyéndose al Ministerio Fiscal la instrucción
e investigación de hechos y el impulso del procedimiento. Esta doble
intervención del Ministerio Fiscal ha sido bastante criticada porque es
difícil encontrar el equilibrio entre instruir el expediente y, a la vez,
defender al menor.
Por último, coincidiendo con la postura del Senador Iglesias, creemos que
es absolutamente imprescindible disponer de suficientes recursos
económicos, personales y materiales con los que dar respuesta a la
práctica de esta nueva ley, porque es necesario contar con los centros de
internamiento especiales para acoger a las personas adultas mientras
cumplen las medidas que les han sido impuestas por el Juez de menores. En
esta cuestión estamos de acuerdo con la enmienda número 29 del Grupo
Parlamentario Socialista al exigir para las Comunidades Autónomas los
recursos económicos necesarios para poder aplicar de manera efectiva lo
previsto en la ley; no obstante, no consideramos oportuno supeditarlo a
la entrada en vigor de la misma por cuanto --como ya expusimos de forma
amplia en el Congreso de los Diputados-- el presente proyecto es
positivo, es necesaria su aplicación lo más rápidamente posible, y al
margen de poner este condicionamiento, ya que hay Comunidades Autónomas,
como Cataluña, que ya están aplicando dichos preceptos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Capdevila.
¿Grupo Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Cañellas.
El señor CAÑELLAS FONS: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para darle una explicación al Senador
Capdevila.
Los que hace mucho tiempo que vestimos la toga por primera vez --como su
señoría y yo mismo-- tenemos la deformación profesional de pretender en
Sala, informando,
que el abogado contrario no sabe de nada. Espero que no tome mi
intervención anterior como algo personal porque ha sido simplemente una
expresión de esa deformación que uno tiene, por los muchos años que
también tiene uno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cañellas.
Algunas de sus señorías se han puesto nerviosos con el control del
tiempo, pero les quiero anunciar que todos los ponentes de todos los
grupos parlamentarios han utilizado la tercera parte de lo que tenían
previsto en Junta de Portavoces. Lo que ocurre es que ya esta Presidencia
les había reducido el tiempo con anterioridad. (Risas.)
Vamos a comenzar la votación con el voto particular número 2 de los
Senadores Román Clemente y Cámara Fernández. En primer lugar, las
enmiendas números 1 y 4.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a
favor, tres; en contra, 120; abstenciones, 90.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 3, 9 y 10, del mismo grupo
parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 85; en contra, 120; abstenciones, seis.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Votamos ahora el resto de las enmiendas de los Senadores Román Clemente y
Cámara Fernández.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a
favor, tres; en contra, 202; abstenciones, siete.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el voto particular número 3, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, enmiendas
números 31 a 33 y 38 a 50.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a
favor, siete; en contra, 112; abstenciones, 93.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Votamos ahora el voto particular número 4, del Grupo Parlamentario
Socialista, enmiendas números 19 a 25 y 27 a 30.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a
favor, 86; en contra, 120; abstenciones, siete.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
A continuación, votamos la propuesta de modificación sobre la disposición
final sexta, artículos 4.3 párrafo primero; artículo 40 y artículo 25,
suscrita por todos los grupos parlamentarios.
¿Se puede votar por asentimiento? (Asentimiento.)
Así es y así consta.
A continuación, votamos el texto del dictamen de la Comisión. En primer
lugar, los artículos 1, 5, 7.4, 17.1, 17.4, 22, 27, 28.2 y 61.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, 124; en contra, 84; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobados.
Votamos ahora los artículos 4 y 9.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a
favor, 209, en contra, cuatro.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobados.
Votamos la disposición final tercera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a
favor, 124, abstenciones, 88.
El señor VICEPRESIDENTE(Aguilar Belda): Queda aprobada.
Votamos el resto del texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a
favor, 212.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción definitiva
por Su Majestad el Rey.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las veintiuna horas y treinta minutos.
(El debate finaliza en el «Diario de Sesiones» número 157.)