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DS. Senado, Pleno, núm. 155, de 15/12/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1999 VI Legislatura
Núm. 155
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 15 de diciembre de 1999
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 166,
de fecha 13 de diciembre de 1999) (Continuación) (Número de expediente S.
621/000166) (Número de expediente C. D. 121/000186).
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 7499)
De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 (Continuación)
(Página 7499)
Sección 17 (Fomento).
Los señores Estaún García y Martínez Sánchez, del Grupo Mixto, defienden
las enmiendas números 83 a 135. El
señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1345 a 1568. El señor Armas Rodríguez, del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas números 23 a 25. El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da
por defendida la enmienda número 44, del señor Torres Cardona y, en su
caso, las demás enmiendas presentadas por este Senador al resto de las
secciones del los presupuestos. El señor Luis Calvo defiende las
enmiendas números 386, de veto, 388 a 424 y 426 a 429, del Grupo
Socialista. El señor Bris Gallego consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Estaún García y Román
Clemente, por el Grupo Mixto; Luis Calvo, por el Grupo Socialista, y Bris
Gallego, por el Grupo Popular.
Sección 18 (Educación y Cultura).
El señor Estaún García, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
136 a 150. El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas números 770, de veto, y 771 a 867. El señor Armas Rodríguez,
del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 26 y 27. El señor de la
Plata Rodríguez defiende las enmiendas números 434, de veto, y 435 a 558
y 560 a 574, del Grupo Socialista. El señor Barquero Vázquez consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Román Clemente, por el Grupo Mixto; de la Plata Rodríguez, por el
Grupo Socialista, y Barquero Vázquez, por el Grupo Popular. Los señores
De la Plata Rodríguez y Román Clemente intervienen de nuevo en virtud del
artículo 87.
Sección 19 (Trabajo y Asuntos Sociales).
Sección 60 (Seguridad Social e Imserso).
El señor Estaún García, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número 182.
El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 868, de veto, 869 a 908, 1142 y 1345. El señor Saavedra Acevedo
defiende las enmiendas números 575 y 713, de veto, 576 a 593, 714 a 716 y
718, del Grupo Socialista. El señor Lobo Asenjo consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Saavedra Acevedo, por el Grupo
Socialista, y Lobo Asenjo, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Sección 17.
Se rechazan las enmiendas números 85, 86, 90, 97, 99 y 112, del Grupo
Mixto, por 8 votos a favor, 134 en contra y 86 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Estaún García, Blasco
Nogués y Martínez Sánchez, por 88 votos a favor, 133 en contra y 4
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1344, del Grupo Mixto, por 89 votos a
favor, 134 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1346 a 1349 y 1452, del Grupo Mixto,
por 6 votos a favor, 215 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1352, 1354, 1355, 1357, 1358, 1363,
1365, 1373, 1376 a 1379, 1382 a 1385, 1392, 1404, 1412, 1416, 1418, 1421
a 1424, 1427, 1432, 1436, 1438 a 1440, 1442, 1446, 1448, 1456, 1457,
1461, 1462, 1464, 1470, 1471, 1473, 1489, 1491, 1504, 1510, 1516, 1518 a
1521, 1527, 1533, 1544, 1545, 1547, 1548, 1551 a 1553, 1556, 1559, 1560,
1562 a 1565, del Grupo Mixto, por 88 votos a favor, 135 en contra y 3
abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor, 132 en contra y
86 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo Mixto, por 11 votos a favor,
133 en contra y 82 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 23, del Grupo Mixto, por 93 votos a favor,
131 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 24 y 25, del Grupo Mixto, por 11 votos
a favor, 133 en contra y 83 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 44, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor,
126 en contra y 12 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 386, del Grupo Socialista, por 88 votos a
favor, 135 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 392, 393, 409, 414, 422 y 429, del
Grupo Socialista, por 87 votos a favor, 134 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista por 86 votos a
favor, 134 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba la Sección 17 del dictamen por 130 votos a favor, 96 en contra
y 1 abstención.
Sección 18.
Se rechazan las enmiendas números 136, 139, 140, 141, 142, 143 y 144, del
Grupo Mixto, por 88 votos a favor, 132 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Estaún García, Blasco
Nogués y Martínez Sánchez, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor, 134 en
contra y 85 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 770, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor,
133 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 772, 773, 774, 778, 780, 781, 782, 783,
784, 793, 794, 795, 818, 827, 829, 834, 837, 841, 842, 846, 848, 856 y
867, del Grupo Mixto, por 88 votos a favor, 132 en contra y 7
abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández, del Grupo Mixto, con excepción de la número 831, por 2
votos a favor, 133 en contra y 92 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Mixto, por 92 votos a favor,
131 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 26 y 27, del Grupo Mixto, por 9 votos a
favor, 132 en contra y 84 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 45, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor,
134 en contra y 86 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 46, del Grupo Mixto por 87 votos a favor,
132 en contra y 8 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 47, del Grupo Mixto, por 90 votos a favor,
124 en contra y 11 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 49, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor,
133 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 50 y 51, del Grupo Mixto, por 5 votos a
favor, 125 en contra y 95 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 434, del Grupo Socialista, por 83 votos a
favor, 134 en contra y 10 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 481, 482, 500, 501, 504, 514, 516, 546
y 551, del Grupo Socialista , por 86 votos a favor, 126 en contra y 15
abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista, por 88 votos a
favor, 135 en contra y 4 abstenciones.
Se aprueba la propuesta de modificación en relación con la enmienda
número 831, de los señores Román Clemente y Cámara Fernández, del Grupo
Mixto, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba la Sección 18, con las modificaciones introducidas, por 133
votos a favor y 92 en contra.
Secciones 19 y 60.
Se rechaza la enmienda número 182, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor,
132 en contra y 87 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 868, del Grupo Mixto, por 87 votos a favor,
132 en contra y 7 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1139, del Grupo Mixto, por 87 votos a
favor, 130 en contra y 9 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 875, 876, 878, 879, 882, 883, 885, 886,
888, 902 y 904, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor, 133 en contra y 5
abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 133 en contra y
91 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 575, del Grupo Socialista, por 84 votos a
favor, 135 en contra y 7 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 713, del Grupo Socialista, por 85 votos a
favor, 133 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 576 a 593, 714 a 716 y 718, del Grupo
Socialista, por 85 votos a favor, 134 en contra y 8 abstenciones.
Se aprueban las Secciones 19 y 60 del dictamen por 134 votos a favor, 91
en contra y 1 abstención.
Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.
Sección 20 (Industria y Energía).
El señor Martínez Sánchez, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número
151. El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 909, de veto, 910 a 920 y 1345. El señor Franco Gutiez defiende
las enmiendas números 594, de veto, y 595 a 620, del Grupo Socialista. El
señor Unceta Antón consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Martínez Sánchez y Román Clemente,
por el Grupo Mixto; Franco Gutiez, por el Grupo Socialista, y Unceta
Antón, por el Grupo Popular.
Sección 21 (Agricultura, Pesca y Alimentación).
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
921, de veto, y 922 a 933. El señor Rodríguez Rodríguez defiende las
enmiendas números 621, de veto, y 622 a 645, del Grupo Socialista. El
señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende la enmienda número 36, del Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Belrnáldez Rodríguez consume
un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Gatzagaetxebarría Bastida, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Rodríguez Rodríguez, por el
Grupo Socialista, y Bernáldez Rodríguez, por el Grupo Popular.
Sección 22 (Administraciones Públicas).
El seño Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
934, de veto, y 935 a 944. El señor Granado Martínez defiende las
enmiendas números 646, de veto, y 647 y 648, del Grupo Socialista. El
señor Garzarán García consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto;
Granado Martínez, por el Grupo Socialista, y Garzarán García por el Grupo
Popular.
Sección 23 (Medio Ambiente).
El señor Estaún García, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
152 a 174. El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas números 945, de veto, 946 a 1134 y 1345. La señora Pleguezuelos
Aguilar defiende las enmiendas números 649, de veto, y 650 a 691, del
Grupo Socialista. Los señores Sanz Blanco y Pascual Fernández-Layos
consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra el señor Estaún García, por el Grupo Mixto; la señora
Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista, y los señores Pascual
Fernández-Layos y Sanz Blanco, por el Grupo Popular.
Sección 25 (Presidencia).
Se dan por defendidas las enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández, del Grupo Mixto. El señor López Carvajal defiende las
enmiendas números 692, de veto, y 693, del Grupo Socialista. El señor
Martínez Oblanca consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores López Carvajal, por el Grupo
Socialista , y Martínez Oblanca, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Sección 20.
Se rechaza la enmienda número 151, del Grupo Mixto, por 86 votos a favor,
128 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 909, del Grupo Mixto, por 87 votos a favor,
126 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 911, 912, 913, 914 y 920, del Grupo
Mixto por 86 votos a favor, 127 en contra 6 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández, por 5 votos a favor, 131 en contra y 82 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 594, de veto, el Grupo Socialista, por 85
votos a favor, 129 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 595 a 620, del Grupo Socialista, por 84
votos a favor, 128 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba la Sección 20 del dictamen por 129 votos a favor, 89 en contra
y 2 abstenciones.
Sección 21.
Se rechaza la enmienda número 921, del Grupo Mixto, por 85 votos a favor,
128 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 930, 932 y 933, del Grupo Mixto, por 85
votos a favor, 128 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández, del Grupo Mixto, por 5 votos a favor, 128 en contra y
86 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 28, del Grupo Mixto , por 11 votos a favor,
128 en contra y 79 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 36, del del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 90 votos a favor, 119 en contra y 9
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 621, de veto, el Grupo Socialista, por 83
votos a favor, 130 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 622 a 645, del Grupo Socialista, por 84
votos a favor, 128 en contra y 6 abstenciones.
Se aprueba la Sección 21 del dictamen por 126 votos a favor y 93 en
contra.
Sección 22.
Se rechaza la enmienda número 934, de veto, del Grupo Mixto, por 85 votos
a favor, 128 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 935 a 939 y 943, del Grupo Mixto, por 3
votos a favor, 128 en contra 88 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández, del Grupo Mixto, por 84 votos a favor, 128 en contra y
8 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 52 y 53, del Grupo Mixto, por 3 votos a
favor, 125 en contra y 91 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 646, de veto, del Grupo Socialista, por 82
votos a favor, 127 en contra y 10 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 647, del Grupo Socialista, por 84 votos a
favor, 128 en contra y 8 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 648, del Grupo Socialista, por 84 votos a
favor, 128 en contra y 6 abstenciones.
Se aprueba la Sección 22 del dictamen por 126 votos a favor, 91 en contra
y 3 abstenciones.
Sección 23.
Se rechazan las enmiendas números 153, 155 y 172, del Grupo Mixto, por 6
votos a favor, 128 en contra 84 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Estaún García, Blasco
Nogués y Martínez Sánchez, por 87 votos a favor, 128 en contra y 5
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 945, de veto, del Grupo Mixto, por 86 votos
a favor, 129 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 946 a 956, 958 a 969, 991, 993, 996 a
1001, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor, 206 en contra y 7
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 977, 1005, 1006, 1009, 1015, 1018 a
1020, 1028 a 1030, 1032 a 1036, 1042 a 1044, 1052, 1053, 1056, 1057, 1060
a 1063, 1065, 1067 a 1072, 1077, 1079, 1083, 1086 a 1091, 1093, 1099,
1100, 1108 a 1110, 1112, 1113, 1116 a 1118, 1122 a 1125 y 1131, del Grupo
Mixto, por 86 votos a favor, 128 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor, 126 en contra y
87 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 5 a 18, del Grupo Mixto, por 13 votos a
favor, 128 en contra y 79 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 29, del Grupo Mixto, por 90 votos a favor,
128 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 30, del Grupo Mixto, por 12 votos a favor,
128 en contra y 80 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 54 y 55, del Grupo Mixto, por 87 votos
a favor, 128 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del señor Torres Cardona, del Grupo
Mixto, por 5 votos a favor, 128 en contra y 86 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 649, de veto, del Grupo Socialista, por 82
votos a favor, 130 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 659, 663, 678, 679 y 691, del Grupo
Socialista, por 87 votos a favor, 127 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista por 83 votos a
favor, 129 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba la Sección 23 del dictamen por 129 votos a favor, 89 en contra
y 2 abstenciones.
Sección 25.
Se rechaza la enmienda número 1135, de veto, del Grupo Mixto, por 82
votos a favor, 130 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1136 y 1137, del Grupo Mixto, por 85
votos a favor, 126 en contra y 9 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 692, de veto, del Grupo Socialista, por 83
votos a favor, 128 en contra y 8 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 693, del Grupo Socialista, por 83 votos a
favor, 129 en contra y 8 abstenciones.
Se aprueba la Sección 25 del dictamen por 128 votos a favor, 91 en contra
y 1 abstención.
Se suspende la sesión a las veintiuna horas y cuarenta minutos.
Se reanuda la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS DE PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2000 (S. 621/000166) (C. D.
121/000186) (Continuación).
La señora PRESIDENTA: Sección 17, Presupuesto del Ministerio de Fomento.
En primer lugar, enmiendas 83 a 135, presentadas por los Senadores Estaún
García, Blasco Nogués y Martínez Sánchez.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Estaún, por tiempo de veinte
minutos.
El señor ESTAUN GARCIA: Gracias, señora Presidenta.
No agotaré todo este tiempo, puesto que tengo intención de compartirlo
con mi compañero por Teruel, Inocencio Martínez.
Ya en la Comisión de Presupuestos tuve la oportunidad de defender y
explicar las enmiendas que el Partido Aragonés presenta a este
presupuesto del Ministerio de Fomento, un total de cincuenta y cuatro
enmiendas. En el debate en Comisión, el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular replicaba que el Gobierno y el Partido Popular estaban cumpliendo
con Aragón, y que las inversiones previstas eran satisfactorias para esta
Comunidad Autónoma. No dudo de que el Partido Popular esté satisfecho con
estos presupuestos. Son los suyos, y no podía ser de otra manera, pero es
evidente que ninguna otra fuerza política aragonesa lo está, como tampoco
lo están los 30.000 turolenses que realizaron un paro de cinco minutos el
pasado día 1 de diciembre como muestra de su disconformidad con la
situación de Teruel pero, sobre todo, en lo que se refiere a su situación
actual y futura y a la prevista en los presupuestos en materia de
infraestructuras de comunicación, en materia de carreteras principalmente
y de ferrocarriles. Por tanto, el descontento del Partido Aragonés con
este presupuesto, en concreto con las previsiones del Ministerio de
Fomento en relación con Aragón, es un sentimiento compartido con muchos
aragoneses y no una postura «naïf», tal y como fue calificada por el
portavoz popular en el debate en Comisión.
No voy a pormenorizar todas y cada una de las enmiendas del Partido
Aragonés, pero sí voy a explicar las que considero más representativas,
compartiendo este turno, como dije al principio, con mi compañero, el
Senador por Teruel Inocencio Martínez.
En primer lugar, hemos presentado una enmienda de 1.000 millones de
pesetas para el desarrollo del proyecto de comunicaciones por autovía
entre Lérida, Huesca y Pamplona. Recientemente, en esta misma Cámara, en
el último Pleno de control al Gobierno de esta legislatura, el Ministro
Portavoz del Gobierno, señor Piqué, contestó a una pregunta oral que tuve
oportunidad de formularle sobre esta cuestión, y lo hizo en unos términos
que han provocado cierto revuelo en Aragón, sobre todo, pero también en
otras Comunidades Autónomas afectadas por este proyecto de autovía, como
son Cataluña o Navarra. Distintas instituciones de Aragón y de estas
Comunidades Autónomas que he citado han protestado por la indefinición y
por la dilación con que el Gobierno está tratando esta importante vía de
comunicación.
El señor Piqué, en su respuesta, llegó a cuestionar que tuviera carácter
de autovía el tramo entre Huesca y Pamplona, ya que podría entrar en
competencia con las autopistas de peaje, en concreto con la A-68 y la
A-2, que, a su entender, coinciden de alguna manera con este eje de
comunicación. Todo el mundo en Aragón pensaba que ese tramo de autovía
entre Lérida, Huesca y Pamplona estaba asumido por el Ministerio de
Fomento y por el Gobierno.
Debido al revuelo creado por estas afirmaciones, que por supuesto no son
compartidas por nadie en Aragón y que han obligado incluso a cualificados
representantes del Partido Popular en Aragón a desmarcarse de ellas, se
ha creado un clima de desconfianza ante cuáles son las verdaderas
intenciones del Gobierno y del Ministerio de Fomento respecto a esta
autovía, por lo que la mejor manera de despejar estas indefiniciones y
demostrar la voluntad de ejecutar este proyecto sería que hoy el Grupo
Parlamentario Popular aprobara esta enmienda por valor de 1.000 millones
de pesetas.
También me replicaba el Senador Bris en el debate en Comisión que una
buena muestra de la preocupación del Gobierno por Aragón era la
introducción de cuatro enmiendas que aumentaban las inversiones en Aragón
y que suponían el 50 por ciento de las presentadas por el Grupo Popular
en el trámite de debate de los Presupuestos Generales del Estado en el
Senado. Ayer, con ocasión del debate de la Sección 16, ya expresamos la
opinión que nos merecía alguna de ellas, pero en lo que hace referencia a
esta Sección 17, concretamente a la carretera N-260, el eje pirenaico,
planteamos una serie de enmiendas que, en unos casos, mejoran el actual
trazado de esta vía que comunica las comarcas pirenaicas y, en otros,
tramos con un trazado alternativo y que pretendemos agilizar.
El Grupo Popular ha presentado una enmienda de 60 millones de pesetas que
nos parece totalmente insuficiente, ya que no altera en absoluto la
proporción de que solamente el 15 por ciento de las inversiones previstas
en este eje para el año 2000 vayan destinadas al trazado en Aragón,
mientras que el 85 por ciento se destina a inversiones en la Comunidad
Autónoma con la que fundamentalmente compartimos este eje, inversiones
que, sin duda, son tan necesarias como las que planteamos nosotros, pero
que van a agravar todavía más la diferencia que supone transitar por esta
carretera estatal entre una Comunidad Autónoma y otra.
En cuanto a comunicaciones por ferrocarril, el Senador Bris opinaba que
las inversiones en el AVE Madrid-Barcelona eran muy positivas para todas
las Comunidades afectadas por el trazado de este AVE. Sin duda, pero para
algunas más que para otras. En lo que se refiere a Aragón, y más
concretamente en Huesca, se nos imputan inversiones que difícilmente van
a repercutir directamente en los ciudadanos que representamos, como son
15.000 millones de pesetas para el AVE que se atribuye a Huesca,
provincia en la que el AVE no tiene ninguna parada y que, por el
contrario, puede suponer un obstáculo para el desarrollo de futuras vías
de comunicación que vertebren las comarcas por las que transcurre el AVE
a su paso por Huesca.
Como decíamos, valoramos muy positivamente el AVE y sus paradas en
Calatayud y Zaragoza, pero queremos concretar y definir perfectamente en
qué condiciones va a transitar el AVE por Aragón. Nos encontramos ante
una infraestructura importantísima que va a condicionar para
muchos años las comunicaciones ferroviarias y, como es lógico,
pretendemos para Aragón el máximo aprovechamiento de las oportunidades
que plantea el AVE. Por ello hemos presentado una serie de enmiendas que
reflejan cuáles son las aspiraciones del PAR en esta materia y también de
todos los grupos políticos del ayuntamiento de Zaragoza en lo que
respecta a lo que debería significar para Aragón y para su capital,
Zaragoza, el paso del AVE.
En comunicaciones ferroviarias, señora Presidenta, hemos presentado
enmiendas para otro ramal de este ferrocarril, como es el tramo
Zaragoza-Canfranc. Pretendemos desbloquear y variar una situación de
abandono ya histórica con una enmienda de 1.500 millones de pesetas que
permitiría, como digo, rescatar del olvido, de alguna manera, esta
importante línea internacional de comunicación.
En este orden de cosas, también presentamos una enmienda por 760 millones
de pesetas para la variante de Huesca que en la campaña electoral se nos
prometió por algún cualificado militante del Partido Popular como una
actuación inmediata con el ahorro de la licitación de la electrificación
del tramo Huesca-Tardienta. Por tanto, confiamos en que se produzca sin
ninguna tardanza el proyecto de variante de Huesca y la adjudicación con
esos remanentes del proyecto de ejecución de electrificación en dicho
tramo.
Hemos presentado también otra serie de enmiendas, como una relativa a la
carretera N-230, una carretera que transita por la Ribagorza, la comarca
más oriental de Aragón, que es la vía de comunicación fundamental para el
Valle de Arán. Hay que decir que el Valle de Arán es una pieza
fundamental para Baqueira-Beret, un centro importante de desarrollo
turístico, y que esta carretera soporta un tráfico muy elevado. Por
tanto, presentamos una enmienda que pretende desbloquear la situación
administrativa de esta carretera que ha sufrido varios estudios y que
últimamente, en una respuesta por escrito a este Senador, el Gobierno
informaba de que con fecha 12 de febrero se había resuelto suspender
todas las actuaciones respecto a este proyecto. Por tanto, nosotros no
nos resignamos a esta suspensión y pretendemos que el Ministerio de
Fomento agilice las actuaciones en torno a esta vía de comunicación.
Por último, voy a defender una enmienda en la que solicitamos 1.000
millones de pesetas en relación con el rescate del peaje de la A-68, una
autovía que ha sido calificada como la más cara de España, y respecto de
la cual planteamos la liberalización de su primer tramo, el
Zaragoza-Alagón, puesto que el mismo coincide con una zona industrial muy
importante de Zaragoza, que debido a los frecuentes accidentes que allí
se vienen produciendo se ha convertido en uno de los puntos negros de las
comunicaciones aragonesas. Por tanto, como he dicho, nosotros planteamos
que el peaje de ese tramo se liberalice, bien mediante el rescate a la
concesionaria, bien mediante la aplicación selectiva de esa rebaja de los
peajes que va a hacer el Gobierno en determinados tramos.
En estos términos concluyo mi intervención referida a esta Sección 17,
dando paso en este turno a mi compañero Inocencio Martínez, que defenderá
las enmiendas que hacen referencia a su circunscripción, es decir, a
Teruel.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Estaún.
El resto del turno corresponde, pues, al Senador Martínez.
El señor MARTINEZ SANCHEZ: Gracias, señora Presidenta.
Dentro de las 53 enmiendas que el Partido Aragonés ha presentado a la
Sección 17, hay 15 que se refieren específicamente a la provincia de
Teruel.
Todas sus señorías habrán recibido estos días una felicitación de
Navidad. En ella se intenta explicar en qué situación se encuentra la
provincia de Teruel en relación con su densidad demográfica, sus
infraestructuras, etcétera. Observando tan sólo lo que se dice en dos de
los párrafos de esa felicitación, podemos ver con toda claridad cuál es
la situación de esta provincia.
En estos momentos en la provincia de Teruel hay una población compuesta
por un 30 por ciento de ciudadanos mayores de 60 años, es decir, 42.000
habitantes de los 136.000 que tiene en total. Su densidad demográfica es
de 9,33 habitantes por kilómetro cuadrado. En esta provincia la población
se ha reducido entre 1910 y 1998, llegando a ser justamente la mitad de
la que había antes de esa fecha; es decir, en ese período de tiempo la
población ha descendido en 130.000 habitantes.
Como estaba diciendo, sobre esa base hemos presentado 15 enmiendas a esta
Sección del Ministerio de Fomento, entendiendo que las infraestructuras
son una de las bases fundamentales para lograr el desarrollo
socioeconómico de cualquier territorio.
Estas enmiendas podríamos agruparlas en tres partes. En la primera me
referiré a la autovía Somport-Sagunto, el eje norte-sur para nosotros,
los aragoneses, que uniría el Levante español con Francia.
En estos momentos, como también dicen mis conciudadanos en esa
felicitación navideña, Teruel no tiene ni un solo kilómetro de autovía
transitable, bien es verdad que hay dos tramos que se empezaron a
construir en el año 1998, pero estamos en 1999, a punto de entrar en el
siglo XXI, y nos vamos a encontrar con que concretamente en un territorio
español --porque también Teruel existe y forma parte del territorio
español-- no hay aún una autovía que nos una con el resto de Aragón y con
Valencia que permita incluso que circulen por Teruel vehículos de
transporte por carretera con mercancía hacia nuestro país vecino.
Esta necesidad está clara. Repito que es la base del desarrollo
socioeconómico. Por eso mismo hemos presentado enmiendas a todos los
tramos de autovía que están pendientes de licitación y que en estos
momentos son diez. Son enmiendas en las que no se solicitan precisamente
grandes cuantías --150 millones de pesetas por tramo-- con la idea de que
si efectivamente los proyectos están ya redactados y aprobados
técnicamente en el año 2000, lo cual parece absolutamente posible, se
puedan licitar todos esos tramos, como así nos lo comunicó el Director
General de Carreteras en su comparecencia ante la Comisión de
Presupuestos. Es decir, aunque sólo sea una la que se construya,
lo cierto es que tiene que haber una autovía en la provincia de Teruel.
Por otra parte, ya en el segundo grupo de enmiendas, nos tropezamos ahora
con el tema ferrocarriles. En este punto la cuestión es todavía más
sangrante. Los ciudadanos de Teruel están obervando cómo se invierten y
se van a invertir ciertos miles de millones de pesetas en construcción de
AVEs, en trenes de alta velocidad. En la provincia de Teruel somos
testigos directos de que en un año se han producido ocho
descarrilamientos de trenes y cuarenta y cuatro incidencias menores en la
única línea férrea --han oído bien, la única-- que existe en la
provincia, aunque, por suerte, no han causado daños humanos. Vemos que en
España se invierten cientos de miles de millones en trenes de alta
velocidad, mientras que en nuestra provincia ni siquiera se reparan las
vías. La reparación completa de las vías de la línea férrea entre Sagunto
y Zaragoza no supone ni el 0,7 por ciento de lo que se va a invertir en
el AVE Madrid-Barcelona. De ahí, nuestra petición de que dicha línea
férrea sea acorde a los tiempos en que vivimos para permitir el posible
desarrollo socioeconómico de esta provincia.
Además, hay que tener en cuenta que en las Cortes de Aragón se han
presentado varias proposiciones no de ley, para instar al Gobierno
español a que construya la autovía y a que repare y mejore las vías de
esta línea férrea, que se han aprobado por unanimidad y han contado con
el voto a favor del Partido Popular. Por eso, pido al Gobierno del
Partido Popular de España, del cual forma parte el Partido Popular de
Aragón, que haga exactamente lo mismo y permita que la provincia de
Teruel tenga la posibilidad de hacer realidad ese desarrollo que tanto
necesita.
Por último, hay una tercera parte: los tramos de carretera convencional,
tramos de la RIGE, Red de Interés General del Estado. Tenemos dos tramos
que son muy importantes porque comunican la Comunidad Autónoma de Aragón
con otras dos Comunidades Autónomas y que se encuentran en una situación
prácticamente tercermundista. Son tramos cuyo proyecto fue aprobado hace
dos o tres años. Me refiero al tramo de la carretera nacional 330, entre
Teruel y Los Santos, que linda con la provincia de Cuenca, y del tramo
que limita con la provincia de Castellón y llega hasta Ráfales, en el
bajo Aragón. Como digo, el proyecto de estos tramos fue aprobado en 1997
--es decir, llevamos dos años y medio de retraso--, aunque ya estaban
incluidos en los planes de la Dirección General de Carreteras desde 1984.
Espero que el Partido Popular se dé cuenta de que es absolutamente
necesario para esta provincia que la autovía, el ferrocarril y estas
carreteras --en definitiva, las infraestructuras de la provincia de
Teruel-- se tengan en consideración en el año 2000 y que los proyectos
tengan consignación presupuestaria en estos presupuestos, de modo que
puedan licitarse en el año 2000 y construirse en los años posteriores.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Martínez.
Pasamos al veto y a las enmiendas números 1.345 a 1.568 de los Senadores
Román Clemente y Cámara Fernández.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Román por tiempo de veinte
minutos.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, hemos presentado una propuesta de veto y 224 enmiendas.
Viendo las caras de asombro, anuncio de antemano que no voy a defender
una a una todas las enmiendas.
En el último Pleno y con motivo de una interpelación de este Senador
sobre política general en materia de infraestructuras, hemos tenido
oportunidad de debatir en esta Cámara la necesidad de planificación en
materia de infraestructuras. En este momento nos encontramos con un Plan
Director de Infraestructuras 1993-2007 que, como instrumento de
planificación --según se nos decía en aquel momento-- no incorpora ni
dotaciones ni actuaciones concretas. Era un instrumento de carácter
general pero el posterior desarrollo del mismo no estaba comprometido con
las necesarias dotaciones presupuestarias. Además, no hemos observado que
exista una modificación de ese Plan Director de Infraestructuras ni que
se adecue tanto a las necesidades presupuestarias como a la planificación
que resulta imprescindible.
Por otra parte, la presentación del Plan de Desarrollo Regional para
regiones Objetivo 1 ante la Unión Europea hace necesario que pueda ser
posteriormente concretado, tanto en el marco de apoyo comunitario como en
los planes operativos. Con esto quiero decir que nos encontramos ante una
necesidad urgente de planificación en materia de infraestructuras; sin
embargo, no es ésa la percepción que tiene este Senador y sí la de una
cierta improvisación a la hora de actuar en estas materias, ya sea en
carreteras, en ferrocarril, en puertos o aeropuertos.
Presentamos esta propuesta de veto acompañada de un número importante de
enmiendas. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular podrá decir que
son enmiendas de campanario --y yo no voy a entrar a discutir sobre
técnica parlamentaria o sobre la consideración de este tipo de
enmiendas-- pero, en todo caso les invito a que, en los ámbitos
respectivos, digan que cada una de esas enmiendas son de campanario
porque ustedes saben que son enmiendas que responden a demandas o
necesidades que hay en cada uno de los territorios. Me pueden tachar de
localista, pero es necesario finalizar el tramo de la autovía del
Mediterráneo comprendido entre Adra y Motril, después de muchísimos años
de espera. Es una autovía que no está cerrada porque las inversiones más
recientes se están efectuando en los tramos de Nerja; todavía queda por
finalizar el tramo Nerja-Motril, la necesaria conexión Adra-Motril y la
Motril-Bailén, para poder articular buena parte de Andalucía. No sé qué
justificaciones me podrán dar ustedes; la última de ellas es que nos
encontramos ante un proyecto de grandes dificultades técnicas y que
tienen encargados dos proyectos para resolver los diferentes problemas
medioambientales, pero así llevamos ya muchos años. Si dicen
que esto es una enmienda de campanario les va a ir muy mal en Almería y
en Granada.
Por tanto, mi primera reflexión de esta mañana es que tiene que haber
planificación de materia de infraestructuras. Si es cierto que ustedes
van a seguir, en este momento, las directrices europeas y van a canalizar
mayores inversiones en ferrocarril, yo les pregunto ¿con qué
planificación? ¿Qué líneas de alta velocidad, o de velocidad alta,
quieren poner en funcionamiento? Todavía estamos esperando que nos den a
conocer aquel estudio que habían encargado y que se debería haber
finalizado en el mes de julio sobre las necesidades del ferrocarril en
España. ¿Cómo se articula --a través de líneas de alta velocidad o de
velocidad alta-- o cómo se mejora la red convencional? ¿Qué tipo de ancho
de vía es el que se va a utilizar? ¿Cómo se mejora el transporte de
viajeros? ¿Qué se va a hacer con el transporte de mercancías? Desde una
política de solidaridad, ¿cómo se van a compensar los desequilibrios en
todo el territorio nacional? ¿Cómo se realizan inversiones sin provocar
enfrentamientos entre Comunidades Autónomas que tengan distintos
gobiernos al que sostiene, en este momento, al Gobierno del Partido
Popular en España? Hay que dar respuestas a todas estas cuestiones porque
en la planificación de la política de infraestructuras lo que debe
imperar es la solidaridad, la compensación de los desequilibrios y no hay
que olvidar que la política de infraestructuras es motor del desarrollo
regional y del desarrollo local.
Las enmiendas tienen este sentido, y yo les podría decir, por ejemplo,
que necesitamos que nos den una respuesta y no zanjemos el debate esta
mañana diciendo que son numerosas las enmiendas, no les vamos a dar
ninguna respuesta, sería imposible, no tenemos tiempo, y pase este
trámite parlamentario sin que ni siquiera podamos conocer a través de sus
respuestas cuál es la planificación que tiene el Gobierno.
Por tanto, yo pediría al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que si
no tiene a bien responder en este momento, conteste a los enmendantes
sobre el sentido de las enmiendas que le hemos formulado. Para eso
supongo que el Gobierno debe tener una maquinaria importante que
establece si estas necesidades son o no prioridad en sus actuaciones.
Pero les voy a resaltar algunas, en materia de ferrocarriles las
inversiones que se están haciendo en Andalucía son muy reducidas. Se
supone que ya estamos suficientemente compensados con la alta velocidad,
y que vamos a estar parcialmente compensados con el nuevo tramo de alta
velocidad Málaga-Córdoba, pero no es así. Hay provincias en Andalucía
para las que resulta imprescindible una mejora en su ferrocarril. Le cito
tres, de una parte de Andalucía que está pendiente de ampliar, mejorar,
potenciar su desarrollo ligado al de la infraestructura: Granada, Jaén y
Almería. Esta parte de Andalucía con un importante crecimiento, si me
quieren apurar, espectacular en los últimos años, precisa completar su
red de infraestructuras. Si es en ferrocarril, es imprescindible la
conexión de Almería con el Levante español. Ustedes deberían contestarme
esta mañana si están dispuestos o no a acometer el proyecto Euromed en su
llegada, no sólo en la planificada Alicante-Murcia, sino a Almería.
Tienen que responder, porque no vale una evasión y que me digan que han
aprobado en el Congreso de los Diputados una partida de 150 millones de
pesetas para estudios. Ya hay estudios realizados por el Gobierno
andaluz, coordínense los dos gobiernos, aprovechen los recursos que éstos
han destinado, no pierdan un solo minuto más y planifiquen la necesidad
de esta inversión, de tal manera que con la planificación de esa
extensión a Murcia del Euromed --por otra parte, una inversión altamente
rentable en el tramo Barcelona-Valencia, según hemos podido comprobar y
constatar, tanto por las cifras de viajeros como por el rendimiento de
explotación de esta línea-- se elaboren los anteproyectos, se empiece a
trabajar en el impacto medioambiental, y pueda ser una realidad la
conexión Murcia-Almería. Pero tienen ustedes que comprometerse no sólo
con esos estudios, sino con la necesidad de la construcción de esa línea.
Percibo que ustedes todavía no tienen resuelto ese problema y van a
llegar a las elecciones salvando la cara ante la opinión pública y,
pasadas las elecciones, según como sea el Gobierno que se constituya, ésa
será o no una realidad.
Pero tienen otra realidad en marcha en la que sí que tienen ya
comprometida la financiación. Es una de las líneas de alta velocidad, la
que ustedes llaman del Levante: Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia,
Murcia. ¿Por qué no permiten esa otra conexión --supongo que tendrán
medios técnicos para ello-- para no dejar aislada la provincia de Almería
o la salida natural de Granada-Almería hacia el Levante? Porque también
habrá que estudiar la posible salida Granada-Almería hacia el Levante
como una forma de vertebración de todo el territorio nacional.
Este es un ejemplo, ustedes han acometido actuaciones de soterramiento
del ferrocarril o conexión con puertos. Aquí tenemos un puerto al alza,
pujante, el de Almería. De la conexión con el puerto, del soterramiento
del ferrocarril, ya han anunciado que había un compromiso entre varias
instituciones, Gobierno, ayuntamiento, y por qué no, con la
participación, que también se ha ofrecido, del propio Gobierno andaluz.
Den también una respuesta a esto y no evadan la situación en la que nos
encontramos.
En materia de carreteras soy consciente de que, después de no pocos
esfuerzos, en este momento el Gobierno andaluz quiere hacer un intento
para finalizar la A-92 en el tramo sur Guadix-Almería. Hay actuaciones en
marcha, hay tramos ya licitados, tramos en obras, pero nos encontramos
con dos problemas que van a coincidir en el tiempo. Si definitivamente y
en un plazo razonable esta autovía, aunque estaba prevista su
finalización para 1992 puede llegar al 2002, es razonable también que
concluyan los dos tramos restantes, de los cuales uno está ya en
construcción y por acuerdo entre gobiernos es responsabilidad del
Gobierno central, que es Rioja-Tabernas, a un ritmo de ejecución bueno, y
el otro es Rioja-variante Almería, cuya licitación se acordó en Consejo
de Ministros el día 10.
Lo que les solicito --y así se formula en las enmiendas-- es la
posibilidad de finalizar cuanto antes este tramo, dentro de lo
técnicamente razonable y de los plazos que se
imponen en los trámites administrativos, y digo razonable porque se
pueden finalizar los tramos en ejecución Guadix-Almería y sin embargo
quede pendiente el tramo de más intensidad en el tráfico que pueda
impedir el normal funcionamiento de esta ya tan deseada finalización de
autovía. Y fíjense que digo tan deseada que, consultados los almerienses,
el principal problema que dicen tener es la finalización de la A-92. No
es de extrañar porque, insisto, debería estar concluida en el año 1992 y
su terminación está prevista para los años 2002 ó 2003.
De igual modo que les estoy planteando algunas necesidades en materia de
carreteras y de ferrocarriles, podría referirme a distintas actuaciones
en diferentes Comunidades Autónomas, por ejemplo, algunas imprescindibles
después de las modificaciones introducidas en el ferrocarril convencional
en Jaén. Ustedes anuncian, pero después no se comprometen, que pueden
existir conexiones Granada-Jaén con la alta velocidad y, sin embargo,
ninguna de estas provincias aparecen en el Plan de Desarrollo Regional
como actuaciones a desarrollar. Ustedes dicen que eso se puede corregir
en el marco de apoyo comunitario, vamos a ver si la vertebración completa
de Andalucía aparece en el marco de apoyo comunitario. Para ello es
imprescindible que coordinen sus actuaciones con el Gobierno andaluz, y
ya está bien de insistir en esta confrontación porque estamos perdiendo
un tiempo precioso, y además la confrontación tiene los días contados,
que será cuando se celebren las elecciones cuya fecha, aunque no
concreta, está próxima.
Termino porque no quiero extenderme más, a pesar del tiempo de que
dispongo para la defensa de las 224 enmiendas. Corro el riesgo de ser
tachado de localista, no me importa, a veces se tienen que jugar los
papeles que se tienen que jugar. Pero en esta ocasión quiero pedirles
que, aunque todas nuestras enmiendas serán rechazadas, al menos entiendan
que hay una demanda de planificación porque las infraestructuras en este
país necesitan planificación, y estoy seguro de que ustedes, cuando se
quiten el mono de trabajo de la aprobación de los presupuestos y se
coloquen el mono preelectoral y electoral, van a incorporar muchas de
estas enmiendas en sus programas electorales en cada Comunidad Autónoma,
aunque no las hayan aprobado hoy. Por favor, hagan un esfuerzo de
pedagógica explicación. Yo, repito, sólo les pido necesidad de
planificación en materia de infraestructura.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román.
¿El Senador Cámara desea utilizar el resto del turno? (Denegaciones.)
La enmienda presentada por el Senador Padrón fue defendida en el día de
ayer.
Por tanto, para la defensa de las enmiendas números 23 a 25, originarias
del Senador Armas Rodríguez, tiene la palabra su señoría.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Gracias, señora Presidenta.
A esta sección he presentado tres enmiendas. La número 23, encaminada a
la eliminación de barreras arquitectónicas en las sedes de la
Administración General del Estado en la isla de Lanzarote, porque, a
pesar de las inversiones realizadas, dichas sedes deben ser objeto de
nuevas obras para suprimir esas barreras.
La aplicación de sanciones a través de la Ley canaria 8/1995, de 6 de
abril, de accesibilidad y supresión de barreras, afectará tanto a las
administraciones públicas como a los promotores privados que gestionen
edificios públicos, por lo que la Administración General del Estado
estará obligada a remodelar sus edificios para adaptarse a las exigencias
de la mencionada Ley.
La enmienda número 24 se refiere a la carretera Tahíche-Guatiza. Dado que
el expediente de licitación anticipada está en curso, su presupuestación
es necesaria para garantizar su ejecución en el año 2000. Esta obra, que
se enmarca en el convenio de carreteras Madrid-Canarias debería
ejecutarse con la mayor celeridad posible, ya que en ese tramo se
concentra una parte importante de los puntos negros de la red insular de
carreteras. Se trataría únicamente de una inversión de cien millones de
pesetas, por lo que no creo que existan muchos inconvenientes para
agilizar su ejecución.
La número 25 propone el soterramiento de líneas eléctricas de media y
alta tensión en Lanzarote. Según la última respuesta escrita facilitada
por el Gobierno, el Ministerio de Industria no tenía constancia de la
realización de obras de este tipo en Lanzarote durante 1999, por lo que
sería necesario la inclusión de una partida específica en el año 2000
debido al impacto sobre la salud y el medio ambiente de este tipo de
instalaciones al aire libre. En ese sentido, la eliminación de estas
líneas es una de las actuaciones prioritarias en una isla como Lanzarote,
que es reserva de la biosfera, y que está obligada a efectuar una labor
permanente en favor de una política ambiental y respetuosa con el medio.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Armas.
¿La enmienda del Senador Torres Cardona va a ser defendida por el Senador
Román? (Asentimiento.)
En ese caso, su señoría tiene la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Damos por defendida la enmienda del Senador Torres Cardona y, en lo
sucesivo, si no se encuentra presente, toda vez que tiene convocado algún
Pleno en el ayuntamiento del que es alcalde, también daremos por
defendidas el resto de las enmiendas que ha presentado. Y si se
encontrara presente, sería él mismo quien las defendiera.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate del veto y las enmiendas del
Grupo Mixto, pasamos al veto y las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista a la sección correspondiente al presupuesto del
Ministerio de Fomento.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Luis Calvo, por tiempo de
veinte minutos.
El señor LUIS CALVO: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, debo empezar diciendo que por cuarta vez este Gobierno presenta
unos presupuestos y que todos ellos son expresivos de su estilo de
gobernar: decir una cosa y hacer otra; manejar la propaganda sobre
promesas electorales que luego no encuentran soporte presupuestario;
ampararse en el ciclo económico para ocultar sus carencias, su pasividad
y, por qué no decirlo, su fracaso. Son unos presupuestos de los que se
dice que tienen tantas prioridades, pero tan contradictorias, que al
final carecen de objetivos definidos.
Y en materia de infraestructuras, que es uno de los terrenos en los que
el Gobierno del Partido Popular muestra mayores carencias de gestión, el
territorio como bien público o como espacio que debe ser públicamente
organizado, le resulta absolutamente ajeno. Prueba de ello es que la
legislatura ha pasado sin que se haya hecho la más mínima referencia
planificadora, y se ha negado a las Cámaras cualquier facultad en esta
materia. No existen planes, programas o documentos de obra pública ni en
ferrocarril ni en carretera ni en obra hidráulica.
Un ejemplo puede ser suficiente para destacar este singular fenómeno: el
futuro de la red ferroviaria de alta velocidad. Cada día aparecen
publicados --aunque habría que decir filtrados desde el Ministerio de
Fomento-- planos, dibujos y mapas en los que se describe cómo será esa
red en un futuro más o menos próximo. Pero, sobre ella, sobre un medio
tan destacado de transporte de cara al próximo siglo, ¿no tiene algo que
decir el Parlamento? ¿Es que pueden pasarse años y años en medio de
estériles polémicas alimentadoras de agravios comparativos sin que estos
ejes vertebradores tengan respaldo presupuestario alguno? ¿De qué vale la
promesa y el compromiso público si no se logra que alguna vez ambas vayan
acompañadas de las correspondientes partidas inversoras en los
presupuestos? Y difícil es que esto ocurra, ya que en el período de
Gobierno del Partido Popular la inversión pública ha sufrido una grave
caída.
La importancia de este hecho es tan destacada que el propio Gobierno no
ha tenido más remedio que reconocer que ha utilizado como una de las
principales variables de ajuste del déficit público a la inversión en los
presupuestos. Y para probarlo basta tomar como base 100 el presupuesto
del ejercicio de 1990. Y partiendo de él, la inversión media, en pesetas
corrientes, prevista para el año 2000 tan sólo sería de 86,3. Ahora bien,
si esta comparación se hiciera en pesetas constantes, la caída aún sería
más importante, ya que llegaría a ser solamente el 61,1 de lo que alcanzó
al principio de la década. Y esa referencia podemos ponerla en el año
1990, en el 1994, en el 1995... En cualquiera de estos años da resultados
similares. Y estudios semejantes han sido realizados por instituciones
privadas, en los que se arrojan resultados aún más espectaculares en lo
negativo.
Ahora bien, junto a una fuerte restricción cuantitativa, las inversiones
en infraestructura de este Gobierno ofrecen un clarísimo desequilibrio
territorial. Así lo ha sido durante los tres últimos años y así es en los
presupuestos para el 2000.
En carreteras, en el mejor de los casos, se han limitado a finalizar
--eso sí, con enormes retrasos-- las obras que el Gobierno anterior dejó
adjudicadas, si bien en la mayoría de las ocasiones la parálisis más
absoluta ha sido la principal característica de la política inversora del
Partido Popular.
A lo largo de esta legislatura se ha ido haciendo patente un cambio de
modelo de desarrollo y de financiación de las infraestructuras. El sector
privado, necesario, sin duda, para la ejecución de la obra pública, ha
tomado la iniciativa y ha condicionado la política de infraestructuras
del Gobierno hasta el punto de que es él, el sector privado, quien decide
qué obras se realizan. Y el cambio de modelo puede verse en el diseño de
la financiación de la obra pública, cuyo único mérito consiste en
centrifugar a futuros ejercicios el coste de las obras, comprometiendo
con ello el margen de gestión de los futuros gobiernos y elevando su
coste de financiación.
La anterior Administración, dirigida por el PSOE, desarrolló un programa
de obras públicas financiado mediante impuestos y de uso gratuito para el
usuario. Frente a esa opción, hoy se percibe que el Gobierno del Partido
Popular progresivamente va cambiando esa filosofía. Las futuras
infraestructuras serán de peaje y las financiarán los propios usuarios.
El evidente desapoderamiento en materia de carreteras lo pone de
manifiesto. El sector privado gestionará la red viaria y lo pagarán los
usuarios. La autopista de peaje es la auténtica opción del Partido
Popular, a la que dedican todos sus esfuerzos jurídicos, económicos,
políticos. Es la llegada de este partido al Gobierno la que impulsa el
sistema de autopistas llevado a cabo en tiempos de Franco y tienen ya
comprometidos nada menos que 1.400 kilómetros de nuevas autopistas, sin
criterios de homogeneidad ni vertebración territorial y con el único
criterio de la rentabilidad privada. Y no sólo se promueve el sistema,
sino que, para más inri, se modifica el marco legal, otorgando nuevas
ventajas a las concesionarias.
El ferrocarril. Es en esta materia donde se aprecian con mayor claridad
los desequilibrios ocasionados por la política de vertebración del
territorio llevada a cabo por el Partido Popular. En este modo de
transporte el partidismo y la propaganda constituyen la segunda
característica de la política del Gobierno y de su partido. Se anuncian
proyectos que no se hacen, y para comprobrarlo es útil analizar el estado
de las obras de los distintos corredores.
En el AVE Madrid-Barcelona el calendario previsto es de difícil
cumplimiento debido a las modificaciones hechas en los accesos a las
ciudades, y muy especialmente en Barcelona, donde ni siquiera se tienen
proyectos. Hay, además, un riesgo de colapso financiero, derivado del
aumento de costes de la red barcelonesa: Sants, aeropuerto, puerto, El
Vallés, La Sagrera.
El AVE Barcelona-frontera francesa está parado. Nada se ha progresado en
esa línea y, por si fuera poco, llegan noticias alarmantes sobre la baja
actividad de la sociedad formada por Renfe y la Sociedad Nacional de
Caminos de
Hierro, francesa, a la que, posteriormente, se incorporó el GIF que, a su
vez, ha sufrido continuos cambios en estos cuatro años y que empieza a
carecer de orientación política.
En las demás líneas de alta velocidad se ha cumplido lo que veníamos
anunciando: todo se ha demorado. La línea Madrid-Barcelona consume todos
los recursos financieros y, además, requerirá endeudamiento adicional y
fuertes inversiones procedentes de unos presupuestos que no dan más de
sí.
Y, a pesar de que este hecho resulta meridianamente claro, se prometió
todo a todos, por lo que el esfuerzo de propaganda se ha dirigido a
gastar en estudios, no habiéndose avanzado siquiera en los proyectos más
emblemáticos.
Los presupuestos son un exponente de lo dicho, y en ellos vemos el tipo
de actuaciones que se contemplan: «Y» vasca , 1.000 millones de pesetas
en estudios; variante de Pajares, 500 millones de pesetas en estudios;
nuevo acceso a Galicia, 100 millones de pesetas en estudios;
Murcia-Almería, 50 millones de pesetas para estudios; Albacete-Murcia,
100 millones de pesetas para estudios; AVE Córdoba-Málaga, 2.000 millones
de pesetas para estudios y proyectos. El tramo Valladolid-Segovia, del
tren de alta velocidad, padece una seria y larga lista de peripecias, que
le hacen acumular no sólo retrasos sino auténticos desbarajustes. Sin
estar bien definidas las soluciones técnicas ni las ambientales ni las
territoriales, se saca a concurso un tramo aislado del mismo, lo que es
una auténtica temeridad. Y por si todo ello fuera poco, los pliegos de
condiciones se hicieron con un calendario de muy difícil comprensión. El
resultado es que la Comunidad Autónoma de Madrid considera lentos y
peligrosos algunos trazados diseñados por el Ministerio de Fomento, ya
que estima que los cálculos de coste son incorrectos y que tienen un
estudio de impacto ambiental que no posee el adecuado nivel de definición
para una estructura de esta importancia.
En el ferrocarril convencional hay pocas inversiones y mala gestión
política, lo cual ha retrasado algún proyecto importante, como el del
Corredor del Mediterráneo. Y una de las mayores debilidades de la gestión
ministerial se ha reflejado en las dificultades para formalizar un nuevo
contrato-programa entre Renfe y el Estado a lo largo de la legislatura.
Expiró la anterior en 1998 y el nuevo contrato-programa se aprobó el 30
de octubre de este año. A mi juicio, hay que poner de relieve que su
período de vigencia es sólo de dos años, orientándose más hacia las
tareas de saneamiento financiero que a aquellas otras destinadas hacia la
prestación de un servicio de mayor calidad entre las provincias españolas
que se encuentran fuera de los proyectos de la alta velocidad y del ancho
de vía internacional. Semejante enfoque revela cómo de nuevo va a
experimentar un considerable retraso el proyecto de vertebración
territorial, que debería realizarse a través de una red moderna, capaz de
proporcionar un servicio adecuado, tanto para los pasajeros como para las
mercancías.
En cuanto a la vivienda, el Gobierno ha sido incapaz durante los últimos
años de desarrollar una política de vivienda con la que compensar el
espectacular auge inmobiliario que se produce en España. El incremento de
actividades en la edificación residencial ha originado una subida de los
precios de la vivienda del 10 por ciento en el segundo trimestre de este
año, respecto de igual período del año anterior, magnitud que se sitúa
muy por encima del incremento del IPC. Y todo ello está dificultando el
acceso a la vivienda a las familias de menores ingresos, en particular a
los jóvenes que pretenden independizarse, a pesar de la evolución
favorable de los tipos de interés.
Y ante esta realidad el Gobierno se limita a desplegar una propaganda
basada en proporcionar datos falsos sobre el cumplimiento del Plan de
Vivienda vigente, enfatizando la supuesta liberalización del mercado del
suelo, diluyendo, como es habitual en él, su responsabilidad y echando
sobre Comunidades Autónomas y ayuntamientos la responsabilidad,
disminuyendo la cifra de gasto en las ayudas directas a la vivienda y no
introduciendo ninguna novedad fiscal que contribuya a los objetivos de
una nueva política de vivienda.
¿Y qué decir de puertos y aeropuertos? Señorías, algo tan relevante para
la economía de nuestro país como la red portuaria nacional, ya que no hay
que olvidar que más del 80 por ciento de las mercancías que entran y
salen de España lo hacen a través de nuestros puertos y son transportadas
por barcos, parece olvidado o, cuando menos, relegado por nuestro
Gobierno. El plan de empresa presentado por el Ente Puertos del Estado
constituye, a nuestro juicio, una suma no homogénea de proyectos
individuales de cada una de las autoridades portuarias españolas, lo cual
lleva a una duplicidad de inversiones y a una competitividad que resulta
auténticamente estéril.
¿Y qué decir del transporte aéreo español que no se haya dicho ya a lo
largo de estos cuatro años y en el pasado puente? Se trata de uno de los
sectores económicos en nuestro país peor calificados por los usuarios; ya
se habla del desastre nacional. Y es que el transporte aéreo español vine
sufriendo una grave crisis y el Gobierno es incapaz de darle solución, lo
cual se evidencia, una vez más, en estos presupuestos. No hay voluntad de
conseguir la modernización de la navegación aérea española ni su
adaptación a la normativa comunitaria. En nuestro espacio aéreo padecemos
auténticos cuellos de botella que requerirían un conjunto de actuaciones
estructurales y de inversiones que en modo alguno se reflejan en estos
presupuestos.
Tenemos varias razones, y de peso, para impugnar el presupuesto de
Correos y Telégrafos. La primera es que este presupuesto debilita a la
entidad porque sus mayores ingresos previstos se producen a costa de
incremento de tarifas. La segunda razón es que se prevé una subvención de
capital que representa aproximadamente la mitad de las inversiones
previstas, lo cual supone un endeudamiento de un organismo que aún
arrastra pérdidas en su cuenta de resultados. La tercera razón es que,
para mantener el ritmo constante de los ingresos y las disminuciones de
subvención a la explotación, se realiza una política de reducción de
plantilla en las zonas rurales cuando el aumento de los puntos de reparto
es de unos 300.000 al año. Hay más razones. Esta política de personal ha
provocado unos ya el cierre de más de 470 oficinas auxiliares de Correos
y la supresión
de más de 200 carteros rurales, deteriorando gravemente el servicio a los
ciudadanos que viven en comarcas más despobladas.
La política obsesiva por reducir el déficit de explotación ha ocasionado
una grave pérdida de la calidad del servicio en general. La pérdida de
mercado del correo público es ya alarmante en los envíos urbanos donde se
ha perdido hasta un 12 por ciento en los últimos tres años, y mientras
tanto el Director General de Correos trata de engañar a las Cámaras con
informes fechados después de su comparecencia relativos al contrato de
alquiler de la sede de la entidad.
Por todo ello, hemos presentado sendas enmiendas de impugnación al
presupuesto de la Sección 17 y al de la Entidad Pública Empresarial
Correos y Telégrafos, para las que solicitamos el apoyo de la Cámara.
Respecto a nuestras restantes enmiendas en relación con infraestructuras
de carreteras, defendemos las números 408 a 422 y las números 389 y 429.
En ellas solicitamos que se incluya la cantidad de 15.000 millones para
el Plan de Infraestructura de Baleares a fin de dar cumplimiento al
régimen especial para aquellas islas.
Solicitamos además un montante de 196.200 millones de pesetas para las
siguientes Comunidades: Castilla y León, Comunidad Valenciana, Andalucía,
Madrid, Cantabria, Aragón, Galicia, Asturias, Cataluña, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja. Con ello tratamos de
establecer una reorganización del gasto interno que garantice de forma
más eficaz la verdadera finalidad inversora de todos los créditos de
gastos de capital. Todo debe repercutir en el anexo de inversiones reales
y en los correspondientes programas y proyectos detallados en cada una de
las enmiendas referidas a las diferentes Comunidades que hemos señalado y
cuyo detalle dilataría en exceso esta intervención.
En relación con las infraestructuras del transporte ferroviario, y a los
efectos de establecer una reorganización también del gasto interno de la
sección al objeto de garantizar una eficaz asignación de recursos cuyo
fin debe ser la inversión directa y no su inmovilización, presentamos las
enmiendas números 392 a 407, en las que proponemos se incluyan 83.000
millones de pesetas para inversión nueva en las Comunidades Autónomas de
Aragón, Madrid, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria,
Andalucía, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco,
Cataluña, Extremadura y Asturias.
En relación con las enmiendas números 390, 423, 424, 426, 427 y 428, por
un montante que sobrepasa los 19.000 millones de pesetas, solicitamos una
partida más importante a la subsidiación de intereses y a las
subvenciones para adquisición y rehabilitación de viviendas.
Hemos presentado la enmienda número 429 con objeto de producir aquellas
compensaciones que en supuestos concretos no contemplados en su totalidad
por la regulación establecida en las nuevas disposiciones adicionales de
los presupuestos para el 2000 y la Ley de medidas que lo acompañan sean
necesarias para el rescate de circunvalaciones, tramos urbanos, etcétera,
de autopistas de peaje.
Con las números 430 y 431 pretendemos que se amplíe en 3.500 millones de
pesetas la dotación al GlF para la línea de alta velocidad
Madrid-Castilla-La Mancha-Valencia-Murcia-Ramal a Castellón, así como
para la Estación del AVE en La Sagrera.
Las enmiendas números 425 y 432 van destinadas al muelle de Los Mármoles
en Lanzarote y al puerto alternativo al de Los Cristianos en Tenerife.
Para la reactivación de determinadas actuaciones en diversos aeropuertos,
hemos presentado la enmienda número 433, por 3.960 millones de pesetas.
Por último, las enmiendas números 388, 389 y 391, por 16.500 millones de
pesetas, propugnan subvenciones al transporte aéreo y marítimo para las
Baleares y Canarias así como para el Plan de Infraestructuras de
Baleares, de acuerdo con la Ley de Régimen Especial. Para todas ellas
solicitamos el apoyo de la Cámara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Luis Calvo.
Para el turno en contra, tiene la palabra el Senador Bris, del Grupo
Parlamentario Popular, por tiempo de veinte minutos.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, hemos estado escuchando unas versiones catastrofistas en
relación con la Sección 17, Fomento, a la que se han presentado dos
enmiendas de devolución que se están debatiendo en el Pleno de esta
Cámara, las números 386, del Grupo Parlamentario Socialista, y la 1344,
de Izquierda Unida. Me van a permitir, señorías, que empiece mi
intervención con el debate y contestación a estas dos enmiendas de
devolución.
Ambas tienen, sin duda alguna, elementos comunes. Se habla de que no
existe planificación. El Grupo Socialista, aunque no lo ha manifestado
aquí el Senador Luis Calvo, que no sólo falta planificación sino también
orientación y directrices. Se hace mención del PDI, que realmente no fue
una planificación, fue una redacción de buenas voluntades, sin ninguna
financiación prevista, y no nos parece un ejemplo adecuado para hablar de
planificación.
A Izquierda Unida le quiero decir que ni mucho menos protesto de las
enmiendas de campanario, todos los Senadores hemos intentando en algún
momento que fueran incluidas en los presupuestos de inversiones, pero si
habla de planificación, la relación de enmiendas que presenta es lo más
distinto y diferente de una planificación, es un «tótum revolútum» que no
sirve de planificación en absoluto.
Señorías, el Partido Popular tiene una planificación clara, mucho más
clara que otras que se aplicaron en su día, como son: el Plan de
Carreteras, que se está cumpliendo; el contrato-programa de Renfe que se
ha firmado en octubre, como bien ha dicho anteriormente el Senador Luis
Calvo; los planes directores de aeropuertos; el Plan de puertos, la
planificación que todas sus señorías tienen y que figura en los anexos
del presupuesto, y la primera y segunda fase de un plan que no gusta al
Partido Socialista,
pero que a nosotros nos parece importante, que es el Plan de Autopistas.
Se han referido también a la caída de la inversión pública. No existe tal
caída, y lo demuestra el billón 208.947 millones de pesetas en que se
cifra la inversión para el año 2.000, una subida del 7,4 por ciento en
relación con el año anterior y, superando la inversión del sector público
estatal, el 3,37 por ciento del producto interior bruto.
Se ha dicho también que es la patronal la que dirige la política del
Ministerio y debo decirles que eso es totalmente falso. Lo que sucede, y
eso lo ha terminado reconociendo el Senador Luis Calvo, es que hay dos
molelos de políticas distintas: la del Partido Popular que cree en la
colaboración del sector privado, mientras que ustedes no, y para nosotros
la infraestructura forma parte muy importante de la política económica
del Gobierno, en busca por ejemplo de la disminución del déficit público.
El Senador portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado que
ellos hacían inversiones sin tener en cuenta el déficit público.
Señorías, en 1996 el déficit público era de un 7,1 por ciento, lo que no
nos hubiera permitido ni mucho menos entrar en la moneda común, y en el
año 2000 se espera bajarlo hasta el 0,8 por ciento. Es decir, el Grupo
Parlamentario Socialista pretende financiar infraestructuras con los
impuestos sin preocuparles para nada el déficit, y nosotros consideramos
que la inversión forma parte de la política económica del Gobierno.
Se habla de autopistas, de autovías. Los contratos de gestión de autovías
no suponen una privatización, sino que es la incorporación del sector
privado a la conservación y gestión de las mismas.
En cuanto al programa de autopista le diré que esta mañana yo he venido
de Guadalajara, en total una distancia de 56 kilómetros, y he tardado en
llegar dos horas y media. Esas son las autovías que nos dejaron ustedes
y, además, sin otra vía alternativa. Indudablemente todos los ciudadanos
de Guadalajara y del Corredor de Henares estamos esperando a que se haga
de una vez por todas la autopista Madrid-Guadalajara, que nos permitirá
acercarnos. Por lo tanto, creemos en la política de autopistas, que la
podían haber hecho ustedes hace 16 años. (Rumores.) Creemos en la
política de autopistas.
Se habla mucho de que hay que rebajar los precios de los peajes, incluso
se habla del rescate de los peajes, pero sin más, es decir, cuando aquí
se habla de un alargamiento a los peajes, ustedes dicen que cómo puede
hacerse eso. Pues mire usted, ese alargamiento de los peajes nos permite,
en primer lugar, abaratar y rebajar de manera considerable los peajes de
las autopistas que han pasado durante el gobierno del Partido Popular de
19 pesetas por kilómetro a 9 ó 10 pesetas por kilómetro. Por otra parte,
aunque ahora no sea ésa la política del Partido Popular, posiblemente se
pueda llegar a ese rescate de peajes que tanto el Senador Román Clemente
como el Senador Luis Calvo han manifestado.
También se dice que se ponen muchas cosas en los presupuestos, pero que
realmente no se hace nada, que sólo se incluyen créditos simbólicos. Pues
mire usted, yo le puedo relacionar unas obras importantísimas que no son
simbólicas, sino que están ahí para que ustedes puedan circular por ellas
o, por lo menos, ser usuarios de las mismas. (Un señor Senador del Grupo
Parlamentario Socialista: ¡Díganos alguna!) ¿Algunas de ellas? La
importantísima Autovía Madrid-Valencia que el Partido Socialista no pudo
llevar a cabo; la Autopista de las Rías Bajas; la Autovía del Noroeste, y
tantas y tantas tendidas a lo largo del país que corresponden a las
necesidades reales. (Risas.) Ustedes se ríen y sueltan la carcajada. Yo
les puedo decir que el tren de alta velocidad --podemos hablar también de
él-- Madrid-Barcelona es una realidad absoluta que en el año 2002
funcionará hasta Lleida y que en el año 2004 llegará hasta Barcelona y la
frontera francesa. Pero son muchas más.
¿Y qué estamos intentando hacer desde el Partido Popular? La vertebración
del país construyendo infraestructuras, buscando el equilibrio
territorial y haciéndolas viables financieramente, cosa que ustedes no
consiguieron. (Rumores.)
Hablan de desequilibrio territorial. Le diré que el 43 por ciento de las
inversiones se dedican a territorios que son Objetivo 1, es decir, a
aquellos que tienen la renta per cápita por debajo del 70 por ciento de
la media de la Unión Europea, el 30 por ciento a las que están entre el
70 y el 80 por ciento, y el 27 por ciento al resto. Es decir, existe
indudablemente un gran equilibrio territorial.
Critican el modelo alemán, que, además, en este momento no se aplica.
Señorías, fue muy importante el momento coyuntural en que vivíamos para
poder acercarnos a algo, de lo que creo que todos estamos orgullosos, que
es el cumplimiento de los criterios de Maastricht, que para nosotros, y
supongo que para ustedes, eran prioritarios. Esto nos permitió, no
disminuyendo la inversión, mantener los niveles de años anteriores,
siendo una fórmula de financiación cuyo encarecimiento nace del hecho
único de que se demora en el tiempo, aunque, señorías, habría que
analizar si el coste de financiación al final resulta para ustedes mayor
que el de mercado. (Rusas.) No sé por qué se sonríen, porque realmente
creo que es un tema muy serio del que estamos hablando, y se lo digo con
toda sinceridad. Pero si ustedes se lo quieren tomar a broma, muy bien,
allá ustedes. Nosotros indudablemente queremos darle fidelidad al debate
y a todas las cuestiones que estamos planteando, y con el máximo respeto
a los Senadores que han intervenido hoy, respeto que también pido para
mí.
Se ha criticado el programa 513 A, de infraestructuras ferroviarias,
tanto por Izquierda Unida como por el Partido Socialista, quienes han
mostrado su preocupación. Quiero aclararles que lógicamente la
infraestructura ferroviaria, que forma una parte muy importante de la
vertebración del territorio nacional --palabra que tendremos que
pronunciar muchas veces, porque de esa vertebración va a depender el
desarrollo del futuro--, ha tenido un incremento de inversión para el año
2000, señorías, del 45 por ciento.
Han hablado también de otros temas, como la impugnación al programa 513
E, de conservación y explotación de las autovías, que también ha sido
objeto de un aumento considerable.
Por tanto, creemos que estamos ante unos buenos presupuestos, que
acometen muchas inversiones, aunque es
lógico que al hablar de inversiones todas nos parezcan correctas. A mí,
sinceramente, no hay ni una sola inversión de las presentadas por los
Senadores de la oposición que no me parezca importantes porque todas
ellas dan respuesta a alguna reivindicación existente en un territorio
determinado, pero ustedes saben --los que han gobernado, precisamente por
eso, y los que no, porque son personas con una lógica y un razonamiento--
que no se puede hacer todo porque los recursos no son suficientes, y, por
tanto, una de las cuestiones primordiales que tienen que llevar a cabo
los gobiernos es saber, al menos, marcar prioridades.
También el Partido Socialista ha hecho una mención especial al tema de la
vivienda así como una impugnación a Correos y Telégrafos. En cuanto a la
vivienda, les diría lo siguiente que la dotación de este año para esta
política asciende, como saben sus señorías, a 109.540 millones de
pesetas. Se ha dicho por parte del Senador Andrés Luis Calvo que es una
cifra inferior a la del año pasado; posiblemente está rondando la del año
pasado, pero lo que se tiene que tener en cuenta es que los tipos de
interés cuando se hicieron los presupuestos para 1999 no estaban tan
bajos como en estos momentos, y, por tanto, ese dinero va a ser mucho más
aprovechado en lo que se refiere a la subsidiación de las mismas.
Se ha dicho que el Partido Popular está echando balones fuera en el tema
de la vivienda hacia las Comunidades Autónomas y hacia los ayuntamientos.
No, señorías; lo que pasa es que las Comunidades Autónomas tienen unas
competencias muy importantes en materia de vivienda, importantísimas, en
la gestión de las ayudas públicas, y los ayuntamientos --yo soy alcalde
de un ayuntamiento-- también tenemos unas competencias muy importantes en
lo que se refiere a proporcionar suelo para que se puedan construir las
viviendas que lógicamente se necesitan.
En el nuevo Plan Cuatrienal se va a modificar el sistema de ayudas,
sustituyendo la subsidiación de los tipos de interés por la subsidiación
en un porcentaje establecido, en función de los ingresos familiares del
adquirente. Realmente esto no figura así en los presupuestos de este año,
sino que estamos hablando de lo que puede pasar en el futuro. Los
presupuestos de este año recogen el conjunto de subvenciones,
subsidiación de intereses y anticipos comprometidos en políticas
anteriores, así como un conjunto de acciones puntuales relacionadas con
la aluminosis y la ejecución de viviendas en Ceuta y Melilla, y no son
datos falsos, señorías. El Plan de Viviendas actual está ejecutado en un
80 por ciento. Se habla de una caída de viviendas de protección pública,
y tengo que decir que no es cierto, porque la vivienda de protección
pública se viene construyendo desde hace mucho tiempo aproximadamente en
un número de 30.000 a 35.000 viviendas cada año, y la política de
vivienda del Gobierno estos últimos años ha permitido que en 1998 se
iniciase la construcción de 430.000 viviendas y en el año 1999 de 500.000
viviendas.
También para Correos y Telégrafos ha tenido un recuerdo especial el
Partido Socialista. Ha presentado la enmienda número 387 al Organismo
242, Entidad Pública Empresarial de Correos y Telégrafos, para modificar
la dotación de dicho presupuesto, en la que se dice que consideran
insuficiente la dotación de recursos e inadecuado el reparto de los
mismos. Ante esta enmienda, señorías, hay que señalar que a nuestro
juicio la inversión prevista en los presupuestos para el año 2000 es la
adecuada al nuevo marco legal del ente público. En este momento, debido a
la política que está siguiendo el Gobierno y que, lógicamente --vamos a
volver a repetirlo--, forma parte de la política económica, se está
registrando la menor cifra de déficit público que ha tenido hasta ahora.
El señor Ministro, en su intervención ante el Pleno del Congreso, señaló
también que la cantidad aportada para Correos y Telégrafos en el año 1996
ascendía a 46.000 millones de pesetas, mientras que en el presupuesto
para el año 2000 esa cantidad ha disminuido, señorías, a 17.000 millones
de pesetas. Una política la del Partido Popular que no sólo ahorra dinero
al Estado, sino que mejora la eficacia de los servicios, cumple
--cuestión importante-- las directrices de la Unión Europea y mantiene
los puestos de trabajo en evolución ordinaria. Por lo tanto, nuestro
Grupo, lógicamente, no va a poder votar a favor de esa impugnación.
En cuanto a las enmiendas presentadas a las diversas partidas por los
grupos políticos y que llegan vivas al Pleno, el número es de 329; hubo
seis presentadas por el Grupo Parlamentario Popular que fueron
incorporadas en el trámite de la Ponencia. De ellas, al Grupo
Parlamentario Mixto corresponden 59; al Partido Aragonés, 53; seis, a los
Senadores de Baleares y Canarias; 46 al Grupo Parlamentario Socialista, y
224 a Izquierda Unida. Se me ha dicho a lo largo de las intervenciones de
los portavoces que les gustaría que contestase a cada una de ellas;
también me gustaría a mí hacerlo, pero va a ser difícil dado el tiempo
con el que contamos. De todas las enmiendas solamente son nuevas 26, el
resto fueron ya debatidas y rechazadas en el Congreso con argumentos,
lógicamente, similares.
La inviabilidad de la aceptación de las enmiendas viene dada, en primer
lugar, al considerar que el montante económico al que asciende la suma de
las mismas es otro presupuesto más, y alguna de las secciones de las que
se pretende obtener algún alta, como es la 31, estaría superrebasada en
su totalidad. Por ejemplo, el valor de las enmiendas que presenta
Izquierda Unida sobrepasa los 410.000 millones de pesetas; las del Grupo
Parlamentario Socialista, los 300.000 millones de pesetas; las del PAR,
los 40.000 millones de pesetas. Es decir, como indico, suponen un
presupuesto nuevo en la sección de infraestructuras, lo cual, por
principio, ya resulta inadmisible puesto que estamos hablando de cerca de
800.000 millones de pesetas.
Vuelvo a repetir que como filosofía, y hablando de enmiendas de
campanario, me parecen todas perfectas, no discuto ninguna --¡ojalá
pudiéramos llegar con nuestros recursos a todas ellas!-- y me merecen el
mayor de los respetos; pero, como hemos dicho, los recursos son muy
limitados y desde luego es muy difícil, muy difícil, poder hacerse cargo
de todas ellas. (El señor Vicepresidente, Cardona i Vila, ocupa la
Presidencia.)
Las enmiendas del PAR, señorías, tienen graves errores técnicos y algunas
de ellas incluso ya están contempladas.
Por ejemplo, la número 94, puesto que la autovía Lleida-Huesca-Pamplona
tiene una parte contemplado; en el tramo Zaragoza-Canfranc se contemplan
también partidas; la variante de Huesca está pendiente de estudio; en
cuanto a los rescates de los peajes, ya hemos indicado que la política
actual del Partido Popular no contempla el rescate de peaje en las
autopistas, etcétera. En definitiva, hay enmiendas del Partido Aragonés
que están contempladas en los presupuestos, aunque posiblemente no con
los montantes que ellos indican porque, indudablemente, depende del
estado de tramitación en que se encuentre un proyecto para saber la
cantidad que se debe presupuestar. En cualquier caso, esas enmiendas
tienen graves errores técnicos que posiblemente, aparte de nuestra
votación, las anularían y yo les pido que en el futuro tengan más
cuidado. Porque, por ejemplo, 13 enmiendas proponen bajas en la Sección
31 cuando ellos mismos rebasan el dinero que tiene esa Sección --eso es
importante--; otras 30 enmiendas proponen bajas en un superproyecto --le
voy a decir el número: 1988 17 38 9007, actuaciones en acondicionamientos
e incidencias-- que en el año 2000 no tiene dotación alguna, pues la
tenía en 1999 pero en el 2000 es cero, luego, ¿cómo pueden ustedes dar un
alta diciendo que cogen dinero de una baja que no tiene dotación? Otras,
indudablemente, no corresponden al artículo que mencionan, y otras, como
es lógico, están ya en marcha. Vuelvo a repetir que me gustaría poder
referirme a todas y cada una de ellas, pero me es muy difícil.
En lo que se refiere a las enmiendas que presenta Izquierda Unida,
reconozco sinceramente el gran esfuerzo que han hecho el Senador Román
Clemente y el Senador Cámara. Han realizado un recorrido por todos los
territorios de España, y nos han ido presentando estas enmiendas, que
figuran con los números 1345 a 1568. De ellas, doce son nuevas: las
números 1419, 1420, 1465, 1466 y 1468, y las 1540 a 1546, ambas
inclusive. Las hemos estudiado, señorías, con el máximo cariño, y repito
que han hecho un trabajo importante.
En estructura ferroviaria, cuestión por la que ustedes sienten una enorme
preocupación y que afecta al programa 513.A, han presentado nada menos
que noventa y siete enmiendas. Es decir, que han hecho una planificación
entera de ese programa.
El Programa 513.D, creación de infraestructuras de carreteras, también ha
sido objeto de atención, e Izquierda Unida ha presentado setenta y nueve
enmiendas.
Todos esos programas han tenido una atención especial, junto con otros
como pueden ser el 431.A o el 432.A, ordenación y fomento de la
edificación.
La modificación presupuestaria que solicita Izquierda Unida es de más de
400.000 millones de pesetas. El número de infraestructuras que serían
objeto de modificación es altísimo, yo diría que casi las doscientas que
ustedes relacionan en las enmiendas. Deben ustedes comprender que todo
ello hace que sea inviable la admisión de las enmiendas, pero no porque
no sean importantes, como decía el Senador Román Clemente, sino porque la
planificación del Partido Popular es la que en estos momentos está en los
presupuestos. Posiblemente si esas obras que aparecen en los presupuestos
no figurasen, el Senador Román Clemente me estaría diciendo que debían
aparecer las que no están y dejar las que están. Por lo tanto, como
nosotros decimos, siempre se trata de una cuestión de prioridades.
La enmienda número 3, presentada por el Senador Padrón Rodríguez, para
una inversión en Canarias; las números 23 y 24, que presenta el Senador
Armas Rodríguez en relación con diversas propuestas que afectan a la Isla
de Lanzarote, y las enmiendas 43 y 44, del Senador Torres Cardona, que
hacen también referencia a diversas obras en las islas Baleares, son
todas ellas importantes, pero no es posible aceptarlas por diversas
razones, como puede ser que dichos proyectos existen ya --o proyectos
similares, como los hay en alguna enmienda que se aprobó en el Congreso y
que afecta a estas que estamos mencionando--, o que podrían incluirse en
el uno por ciento cultural.
En cuanto a las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista --estoy viendo que ya voy mal de tiempo--, hemos hablado del
veto y de las impugnaciones tanto a Correos y Telégrafos como a la
Sección 17.
El Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido vivas para este Pleno 46
enmiendas, aunque solamente cinco --repito-- hacen referencia a conceptos
nuevos. Este número elevado de enmiendas, en relación con las que se
presentaron en el Congreso, se debe a que dos de las presentadas en la
Cámara Baja se desglosan en el Senado en treinta y una enmiendas, una
modificación, como decíamos, de más de 300.000 millones de pesetas, y un
incremento de más de 150.000, ya que el resto lleva las bajas
subsiguientes de otras partidas presupuestarias, de manera especial el
GIF (no sé qué manía tienen ustedes con el GIF: lo van desproveyendo de
dinero, y, por otra parte, quieren que se construyan urgentemente las
líneas de alta velocidad) y la Sección 31, que tiene consignado menos
dinero del que se le quiere dar de baja. El Grupo Parlamentario
Socialista quiere financiar los 150.000 millones restantes con un
incremento de la presión fiscal, señorías, que afecta fundamentalmente a
pequeños empresarios y a pequeñas sociedades, protagonistas principales
de la creación de empleo. Es lo que lleva consigo el separar la política
de infraestructuras de la política económica del Gobierno. Nosotros
pretendemos rebajar el déficit público y no subir los impuestos y a
ustedes, señorías, no les preocupan los déficit públicos y pretenden
subir los impuestos.
Los programas que más preocupan al Grupo Socialista son, sin duda, el
513.D, sobre creación de infraestructura de carreteras, y el 513.E, sobre
conservación y explotación de carreteras, a los que han presentado 15
enmiendas. Se trata de programas que afectan a la política de carreteras
del Partido Popular, que ha previsto para este año, señorías, un
incremento presupuestario de un 6 por ciento. Dicho aumento está recogido
en los 439.000 millones de pesetas que en el próximo ejercicio
representará la infraestructura y conservación de carreteras, destacando
también que cinco de las seis enmiendas que hemos incorporado en el
trámite de Ponencia corresponden al Programa de carreteras, concretamente
a la de la autovía de Aragón, tramo Segovia-Teruel; la construcción del
tercer carril de la carretera nacional N-II, entre Guadalajara y Alcalá
de Henares;
la autovía Teruel-Zaragoza, tramo Teruel-Santa Eulalia del Campo; el
ensanche y mejora del puente de Castejón de Sos, en Huesca, y la
circunvalación suroeste de Salamanca.
El Programa 513.A, sobre infraestructuras ferroviarias, que también ha
sido preocupación del Grupo Socialista, ha recibido por parte de este
Grupo 17 enmiendas. Se trata de un sector, señorías, en el que se van a
invertir este año 547.000 millones de pesetas, lo que supone un
incremento respecto al año anterior del 45 por ciento.
Otros programas que han merecido una atención especial por parte del
Grupo Socialista, correspondientes a la Sección 17, son el 431.A, de
promoción, administración y ayuda para la rehabilitación y acceso a la
vivienda, sobre el que ha presentado cinco enmiendas, y el 511.D, que
hace referencia a la Dirección y Servicios Generales de Fomento.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Senador Bris, le ruego que vaya
terminando, por favor.
El señor BRIS GALLEGO: Señor Presidente, consumiré un par de minutos más
y termino.
Las enmiendas presentadas y los programas en los que hacen una mayor
incidencia los grupos parlamentarios son los siguientes: 158 han
retendido modificar los Programas 513.D y 513.E; 108 el Programa 513.A;
29 el Programa 432.A; 13 el Programa 431A; ocho el Programa 511.A; tres
el Programa 515.B, y 10 otros programas. En total han sido 329 enmiendas
que, por diversas razones --creo que algunos argumentos han sido ya
explicados--, no nos es posible, lógicamente, aprobar.
Por tanto, nos reiteramos en nuestro voto negativo tanto a las
impugnaciones presentadas por el Grupo Socialista y por Izquierda Unida
como a las enmienda planteadas a la Sección 17.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Bris.
Antes de pasar al turno de portavoces quiero preguntar al Grupo
Parlamentario Mixto si sus miembros también van a compartir el tiempo que
les corresponde. (Los señores Román Clemente y Estaún García hacen gestos
afirmativos.)
En primer lugar intervendrá el Senador Estaún y, posteriormente, el
Senador Román.
Tiene la palabra el Senador Estaún.
El señor ESTAUN GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Intervendré muy brevemente para expresar nuestra decepción por la
contestación que hemos recibido por parte del Grupo Parlamentario
Popular, en la persona del Senador Bris, a las enmiendas presentadas por
el Partido Aragonés.
Realmente nos ha requerido el Senador Bris para que nos esmeremos más en
próximos presupuestos en la elaboración de nuestras enmiendas. Viendo el
tiempo que él ha ocupado en despacharse con ellas no sé si nos
compensaría o no dedicar mayores esfuerzos a unos detalles técnicos que
creo no tienen más importancia de la que realmente tienen, viniendo,
además, de unos senadores que no tienen grupo propio ni cuentan con los
medios que pueda tener el Grupo Parlamentario Popular o el Ministerio de
Fomento.
Por lo tanto, espero que nos disculpe por las incorrecciones técnicas que
haya encontrado que, por otro lado, se producen todos los días por parte
de Grupos Parlamentarios tan numerosos y con tantos medios como el
Popular y, en consecuencia, son disculpables.
Nosotros no pretendemos reescribir un presupuesto nuevo, sino que estamos
mostrando una voluntad política y estamos intentando hacer una llamada de
atención al Grupo Popular y al Gobierno sobre cuáles son las necesidades
de Aragón. Si ustedes no quieren atenderlas son muy libres de hacerlo,
pero no se escuden en la incapacidad técnica de aprobar unas enmiendas
porque están mal redactadas. Creo que es un argumento muy pobre y, desde
luego, confiaba en que el Senador Bris se explayara un poco más sobre
alguno de los planteamientos que le he hecho hoy en el Pleno, ya que en
Comisión no lo hizo.
Por tanto, mostramos nuestra decepción y anunciamos nuestro voto en
contra tanto a esta Sección como al resto del Presupuesto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Estaún.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Bris, tengo que reconocerle que entre los portavoces de su Grupo,
posiblemente uno de los que más trabajo y con más intensidad tendrá que
emplearse a lo largo de este debate presupuestario será su señoría, tanto
por el volumen de las enmiendas presentadas, como por la significación
que tiene esta sección y por la sensibilidad de la misma respecto a las
demandas y exigencias que desde cada uno de los rincones del territorio
español se vienen planteando. Y cuando digo sensibilidad me estoy
refiriendo a que ésta se podrá medir posteriormente en el apoyo o no que
pueda recabarse por parte de los ciudadanos ante una política
determinada.
Pero no me voy a extender más en esta consideración, para entrar ahora en
lo manifestado esta mañana en relación con el rechazo expresado hacia las
propuestas de veto.
Primer consideración. Dice su señoría que el Plan Director de
Infraestructuras es simplemente una declaración de intenciones puesto que
carece de financiación. ¡Pero si han tenido ustedes cuatro años para
cambiar el Plan Director de Infraestructuras!
Si cuando ustedes acceden al Gobierno se encuentran con un instrumento de
planificación que no es tal, si se encuentran simplemente una declaración
de intenciones que, además, carece de financiación, ¿cómo están perdiendo
tanto tiempo en buscar un instrumento de planificación y
orientación para algo tan importante como las inversiones en materia de
infraestructuras? ¡Cuatro años es demasiado tiempo para eso!
En todo caso, cuando se han planteado iniciativas en ambas Cámaras para
incorporar alguna infraestructura concreta al Plan Director de
Infraestructuras, ustedes en absoluto han dicho: Miren, es que ese
instrumento es inservible para este Gobierno y, por tanto, no lo tenemos
en consideración. Ese no sirve, no vale. Estamos elaborando otro
instrumento de planificación.
Senador Bris, yo no puedo compartir sus argumentos. Dice usted que la
planificación del Gobierno de su Partido en materia de infraestructuras
es la que se contempla en los Presupuestos para el ejercicio del año
2000. Creo yo que tendría que haber algo más.
Lo intentan ustedes, aunque sea también como orientación, en un
voluminoso, bien presentado y argumentado Plan de desarrollo regional
para las regiones Objetivo 1. Pero lo mismo que le digo esto, también
tengo que reconocer que, como dice el Secretario de Estado de
Presupuestos y gastos, todo eso tiene que ser concretado en la
negociación del marco de apoyo comunitario en los planes operativos.
Pues bien, Senador Bris, ¿con qué instrumento de planificación nos
quedamos entonces? ¿Cómo deciden ustedes las inversiones en política de
infraestructuras en este país? ¿Qué instrumento es el que están
utilizando ustedes?
Porque, Senador Bris, yo podré ser torpe; podremos habernos equivocado a
la hora de diseñar las infraestructuras, también reconozco que nuestras
enmiendas pueden no ser un ejemplo de la planificación de
infraestructuras, porque no es ése el objetivo, ya que ni tenemos los
medios adecuados, ni es nuestra responsabilidad tampoco el planificar con
nuestras enmiendas la política de infraestructuras del Gobierno. Pero,
Senador Bris, ¡sí es responsabilidad de su Gobierno planificar la
política de infraestructuras!
Y, además, es que ha habido un cambio en los últimos años, con lo cual,
la prioridad de esas inversiones, aunque sea tímidamente, pasará a estar
en las infraestructuras del ferrocarril. ¿Y con qué planificación,
Senador Bris?
Desde esta misma tribuna el Ministro de Fomento
--que ayer también tuvo una sesión intensa-- dijo que estaba
prevista una planificación en materia de infraestructuras. Que había una
serie de estudios pendientes de finalización, y que se darían a conocer
en el mes de julio, con lo cual, en esa fecha conoceríamos la
planificación del Gobierno en esa materia. Pero no lo conocemos. ¿Se
refleja en el presupuesto? Yo no percibo en el presupuesto ese
instrumento de planificación, Senador Bris, y lo que percibo es
incompleto.
En su contestación tampoco nos dice cuánto tiempo tendremos que estar
esperando, pero, Senador Bris, yo se lo voy a decir: Hasta que pasen las
elecciones. Este es un tema tan sensible que un error puede costar muy
caro, puede suponer hasta ganar o perder unas elecciones. Y ustedes lo
saben, porque lo han estado discutiendo en el ámbito de su Partido con
detrimento y con documentos que primero existen y luego no. Ustedes lo
han discutido y saben que en política de infraestructuras lo que importa
es el sesgo de apoyos electorales. Díganlo, Senador Bris. Nuestras
enmiendas, ni las que hemos presentado en el Senado ni las que ya hemos
formulado en el Congreso de los Diputados, no tienen esa finalidad, pero
necesitamos conocer cuanto antes esos instrumentos de planificación, y yo
percibo, Senador Bris, que no los vamos a conocer hasta que hayan pasado
las elecciones. Sin embargo, no sabremos nada de la planificación en
política ferroviaria.
Es cierto que más avanzado está --y lo tengo que reconocer-- el tema de
las autovías, si bien ustedes están cerrando autovías que ya estaban
incluidas en ese instrumento que dicen que no sirve, el Plan director de
infraestructuras --ese instrumento que dicen que no tenía financiación--,
y concluyen las obras; es más, ahora dan un paso adelante e inician esa
segunda fase: autopistas de peaje, en la que, según el Senador Bris,
entra en juego el sector privado. Yo, sin duda, equivocado, creo que lo
está planificando el sector privado, lo cual es coherente con la política
que llevan a cabo y con su ideología. El sector privado diseña
instrumentos en el mercado que le son rentables y, desde luego, no
colabora de forma altruista con el Gobierno en el diseño de la política
de infraestructuras, sino que hace negocio: invierte donde sea rentable
porque obtiene beneficios. Eso es así. Por eso entiendo que se construya
el tramo Cartagena-Vera como autopista de peaje, porque es una zona que
puede ser rentable económicamente. Pero ustedes tienen que justificar que
eso no va en detrimento de otra red, como puede ser la autovía del
Mediterráneo, o de rutas convencionales alternativas, por aquello de
compensar el costo que tiene para los ciudadanos.
En definitiva, Senador Bris, necesitamos conocer cuál es su política
general en materia de infraestructuras para, a su vez, saber qué modelo
de vertebración han previsto para este país, España, y si sus
presupuestos --no sólo es una previsión para el año 2000, también es una
previsión plurianual de inversiones-- se corresponden o no con su deseo
de planificación en materia de infraestructuras.
Es verdad, Senador Bris, que estoy bastante preocupado por la política
ferroviaria. Durante mucho tiempo hemos insistido en ello con una
tremenda soledad, pero parece que ahora se empieza a percibir un cambio,
siguiendo las directivas europeas relativas a la alta velocidad y a la
velocidad alta. Desconocemos cuál es la planificación, cosa que me
preocupa, porque --como sabe el Senador Bris-- errores de este tipo
llevan a aislamientos y a desequilibrios territoriales.
Termino, para no extenderme en exceso. La cuantía de todas nuestras
enmiendas puede suponer un esfuerzo de inversión superior a los 400.000
millones de pesetas. El Senador Alierta ya me dijo, cuando discutimos
esto en otras sesiones, que se había incrementado la partida de ingresos,
aproximadamente, en 2 billones --exactamente, faltan 30.000 millones para
redondear la cifra--, gracias a la puesta en marcha de nuevas políticas
fiscales y contra el fraude. La propuesta de inversión de estos 400.000
millones de pesetas tiene que ver con unos mayores ingresos, por eso no
me puede decir que esa inversión es excesiva para la cantidad prevista en
el presupuesto que han presentado
ustedes, sino que tiene que compararla con el presupuesto disponible en
política de ingresos. Evidentemente, en ambos casos serán
convenientemente rechazados, pero quede claro que son políticas y
planteamientos distintos. Yo lo comprendo, el suyo es un trabajo de
respuesta, en una política que es muy sensible, y por eso ha estado
tremendamente moderado y respetuoso con las enmiendas --lo que le
agradezco--, aunque sé que serán todas ellas rechazadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Román.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la, palabra el Senador Luis
Calvo.
El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Senador Bris ha hecho uso de la palabra para decir que
planteábamos aquí versiones catastrofistas, y quiero preguntarle cómo lo
calificarían los viajeros aeroportuarios, los empleados de correos, los
usuarios de Renfe o los ciudadanos que llevan esperando años la ejecución
de proyectos que ustedes prometieron y que siguen prometiendo, pero que
no se hacen, y veríamos cuál era la respuesta que obteníamos.
No voy a hablar de la planificación porque suscribo totalmente lo que ha
manifestado hace un momento el Senador Román Clemente.
Sí voy a hablar de las autopistas. La autopista de peaje es la auténtica
opción del Partido Popular. Como es sabido, la ley de autopistas de 1973
dio una cobertura muy favorable a esas concesiones, pero sólo el coste
del seguro de cambio ha supuesto para las arcas públicas más de 550.000
millones de pesetas y no sólo están promoviendo ustedes el sistema de
autopistas sino que, además, han modificado el marco legal otorgando
nuevas ventajas a los concesionarios y, todo ello, cuando aún no se ha
conseguido la reversión de ninguna autopista para el Estado. ¿Por qué?
Porque, próximas a su fin, las concesiones han sido prorrogadas por el
Gobierno a cambio de rebajas de peaje verdaderamente cosméticas. Además,
se ha ampliado el período máximo de vigencia de la concesión de 50 a 75
años, ampliando --a su vez-- el objeto social de las concesiones de modo
que actividades que antes se desarrollaban en las autopistas y eran
objeto de concesión por el Estado --como es el caso de las gasolineras,
aparcamientos, centros de transporte, etcétera, que eran independientes
de la explotación de la autopista y generaban ganancias para el sector
público-- ahora se integran en la concesión; es decir, un formidable
régimen legal, protector del beneficio privado.
En una segunda modificación legal, en estos días, se amplían sin
contrapartida alguna las posibilidades de negocio de las concesionarias
en las áreas de influencia de las autopistas. Además, las grandes
constructoras ofrecieron medio billón de pesetas para la conversión en
autopistas de las 6 autovías radiales nacionales; recuperarían la
inversión mediante fórmulas de cobro a largo plazo. Pues bien, la ley de
acompañamiento para el año 2000 acepta este sistema y crea un nuevo
contrato de gestión integral de autovías que significa --ni más ni
menos-- pasar a manos privadas la gestión de las autovías españolas
durante 20 años. Nos encontramos ante una privatización encubierta de la
red de autovías que se ha financiado íntegramente con recursos públicos
provenientes de impuestos. En definitiva, están ustedes garantizando a
las constructoras un volumen de negocio de alrededor de 3 billones de
pesetas en los próximos años, ¡y se quedan tan frescos!
Creo que en política territorial el Gobierno ha actuado con una gran
irresponsabilidad; ha fomentado todo tipo de demandas sobre
infraestructuras tratando, eso sí, de satisfacerlas con la inclusión de
créditos simbólicos en los presupuestos, pintando sobre el papel su
ejecución, si bien --a la hora de la verdad-- sólo una parte ínfima de
esos compromisos se van a llevar a cabo. Hemos visto que proyectos
presupuestados un año desaparecen en los del ejercicio siguiente, para
volver a aparecer cuando la necesidad política o electoral lo hace
necesario y es que, en estos últimos años, la ficción inversora ha
adquirido una gran notoriedad con el Gobierno del Partido Popular. Uno de
los ejemplos que evidencia esta realidad ha corrido a cargo del GIF, del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. Durante los años
1997 a 1999, el GIF ha recibido en concepto de capital y subvenciones
alrededor de 380.000 millones de pesetas, de los cuales solamente 165.000
millones de pesetas han sido destinados a la inversión; el resto, 214.000
millones de pesetas se han mantenido en forma de inmovilizado financiero.
Es decir, existe una gran desproporción entre los fondos aportados por el
Estado y la Unión Europea al GIF y las inversiones reales verdaderamente
realizadas por este organismo. ¿Dónde están esas inversiones en
inmovilizado financiero? En Deuda Pública, algo sorprendente. El Estado
emite Deuda Pública con la que financiar las aportaciones de capital al
GIF, pero como éste no es capaz de gastar las cantidades que cada año le
asignan, se dedica a comprar con ellas una parte de esa Deuda Pública
emitida por el Estado. Esta es la realidad de la política inversora del
Gobierno, aunque la inversión ficticia la venden ustedes muy bien.
Y es que la inversión pública en infraestructuras, aunque haya crecido
algo en los presupuestos del año 2000, no mucho, adquiere una magnitud
que no sirve para absorber los déficit arrastrados en ejercicios
anteriores. Esta escasez de dotación de los distintos proyectos es lo que
procura tan alto grado de desequilibrio territorial. Y no lo decimos sólo
nosotros, sino también el Gobierno. Recuerden que en la presentación del
proyecto de presupuestos para el año 2000, en la página 33 del libro
amarillo, se ha comparado la evolución de la inversión del sector público
estatal en porcentaje del producto interior bruto. En 1994 la inversión
fue de un 3,39 por ciento, siendo, como se recordará, un ejercicio con
fuerte crisis económica, mientras que en el año 2000 será del 3,33 por
ciento, unas centésimas por debajo, precisamente en un momento alto del
ciclo económico. La Caixa, en una reciente publicación, también certifica
ese descenso de la inversión: en los últimos quince años la media de la
inversión pública tomada en porcentaje del PIB ha sido del 3,5 por
ciento. Y frente a ese dato
puede y debe manejarse otro: con el Gobierno del Partido Popular ese
porcentaje cae hasta el 3 por ciento. Qué lejos estamos del 5 por ciento
del producto interior bruto al que se llegó con los gobiernos del Partido
Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Luis
Calvo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
En contestación a los portavoces de los grupos políticos, debo decirle al
portavoz del Partido Aragonés que el tiempo de 20 minutos es muy escaso
para contestar a 400 enmiendas, supondría dedicar a cada enmienda tres
segundos, lo cual sería imposible. De verdad, lo lamento, pero es el
Reglamento de la Cámara.
Ni mucho menos he querido hablar de incapacidad técnica, únicamente he
manifestado un hecho nada más con ánimo de crítica positiva. Desde luego
creo que las dotaciones para Aragón en el presupuesto del año 2000 son
excelentes, con cerca de 57.000 millones de pesetas en inversiones, muy
por encima de la media nacional, señoría. Hay que ser solidarios, y usted
sabe perfectamente que así lo establece la Constitución. El montante en
los presupuestos sobrepasa los 170.000 millones de pesetas para la
Comunidad aragonesa, cosa que nos alegra muchísimo.
Senador Román Clemente, tenemos sensibilidad, como la tiene usted, para
que todos los territorios del Estado español estén perfectamente
vertebrados y cuenten con esa infraestructura, ya sea ferroviaria o en
carreteras, que desde luego todos desearíamos.
El Plan Director de Infraestructuras nunca se aprobó como un verdadero
plan. El Partido Socialista en los meses que gobernó tampoco lo consideró
como tal, sino como algo que posiblemente tendría que estudiarse, pues se
estaba hablando de una financiación, que nunca se logró, de cerca de 20
billones de pesetas hasta el año 2007, con el fin de paliar ese déficit
que teníamos en infraestructura pública de aproximadamente un 80 por
ciento en relación con el resto de los países de la Unión Europea. Por
tanto, nunca fue una verdadera planificación.
Creo haberle explicado que la planificación del Partido Popular se pone
de manifiesto en el plan de carreteras, en el contrato-programa de Renfe,
en el plan director de aeropuertos, en el plan de puertos, en el plan de
autopistas, planes que todos ellos se están cumpliendo, señorías, y,
desde luego, en los anexos, que sin duda alguna es una más de las
planificaciones, en la que precisamente los Senadores siempre hacemos un
seguimiento de cómo van la carretera, el ferrocarril, la autopista o la
autovía que a nosotros nos interesa.
No existe un desequilibrio territorial, además hace unos días hemos
hablado en esta misma Cámara de las inversiones en infraestructuras y el
Plan de Desarrollo Regional se va a ocupar de ese desequilibrio. Pero, de
nuevo, he de señalarle que el 43 por ciento de nuestros presupuestos se
dedican a los territorios que son Objetivo 1.
Señoría, si se aprobaran sus enmiendas tampoco existiría planificación,
como usted mismo ha reconocido, y son muchas las cuestiones de las que
podríamos hablar, pero reconozco que Izquierda Unida realiza siempre un
gran esfuerzo en los presupuestos, siempre da ideas, y el talante con el
que se ha de enfocar esta discusión indudablemente ha de ser democrático,
de libertad, de convivencia pacífica, pero está claro que podemos
disentir en algunas cuestiones.
Quiero recordar al Grupo Parlamentario Socialista que se pueden hacer
versiones catastrofistas, pero España está entrando en el siglo XXI con
ilusión, con esperanza, como se manifiesta al convertirse en uno de los
países más importantes de la Unión Europea e, indudablemente, el Gobierno
del Partido Popular está contribuyendo mucho para que sea así.
Con relación a los aeropuertos, posiblemente si quien hubiera gobernado
antes hubiera puesto alguna pequeña piedra --digo piedra en sentido
positivo, plataforma si es más correcta la palabra-- la solución en este
momento sería totalmente distinta.
El Partido Popular no solamente está haciendo política de autopistas, en
estos años de Gobierno el número de kilómetros de autovía va a llegar a
los 2.000. El marco legal lo que nos permite es lo que establece la ley
de autopistas que ustedes aprobaron, que es la movilización del sector
privado y, desde luego, no puedo admitir que se me diga que las autovías
radiales se están convirtiendo en autopistas. No es así. Existen
contratos de gestión de autovías que pretenden una colaboración con el
sector privado importantísima pero, desde luego, al ciudadano no le va a
costar ni una peseta circular por ellas y, por tanto, es totalmente
distinto.
En cuanto a la política territorial, como cualquier grupo político que
gobierne, tratamos de hacer una vertebración de todo el territorio, y no
entendemos la manía del Partido Socialista en criticar al GIF; éste es un
órgano gestor que indudablemente está cumpliendo una labor importante que
nos va a permitir no solamente entrar en el tren de alta velocidad
Madrid-Barcelona, sino también tener opción al tren de alta velocidad
Córdoba-Málaga, al tren de alta velocidad hacia Valladolid, e incluso a
la «Y» vasca. Por tanto, consideramos que el GIF está cumpliendo una de
las cuestiones importantes en materia de inversiones previstas por el
Gobierno del Partido Popular.
En cuanto a la inversión ficticia, ya le he mencionado algunas de las
obras que demuestran que no se trata de una inversión ficticia. Lo que
estamos haciendo es tratar de cumplir realmente lo que decimos. Recuerdo
convenios firmados por el Gobierno socialista que no se podían cumplir
porque no existía financiación. Ahora, cuando decimos que se crea un
proyecto que importa tantos millones es porque el trámite de su
desarrollo no necesita una financiación mayor. Por tanto, podríamos
destacar que durante el Gobierno del Partido Popular las operaciones de
capital que se realizan están por encima del déficit público, mientras
que cuando gobernaba el Partido Socialista ocurría lo contrario, que el
déficit público estaba por encima de las operaciones de capital. La
política que ustedes siguieron
fue errónea, dio malos resultados al Estado y, sin embargo, la política
de infraestructuras del Partido Popular ha ido unida a la política
económica, nos ha permitido cumplir los criterios de Maastricht, así como
estar en vagón de primera línea en la Unión Europea.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Bris.
Terminado el debate de la Sección 17, pasamos al de la Sección 18,
Educación y Cultura.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Estaún para defender las
enmiendas números 136 a 150.
El señor ESTAUN GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, el Partido Aragonés ha presentado una serie de enmiendas a
la sección 18, Educación y Cultura, en lo que respecta a Aragón, puesto
que las transferencias de educación ya se produjeron.
Hemos intentado llamar la atención sobre determinados monumentos,
conjuntos históricos y catedrales emblemáticas para la Comunidad Autónoma
Aragonesa, sobre los cuales consideramos que el Ministerio de Cultura
debe llevar a cabo determinadas actuaciones para su rehabilitación y, en
algunos casos, su restauración.
Con ese objetivo se proponen partidas como la relativa a la Plaza Mayor
de Graus, en Huesca, de 30 millones de pesetas, o la correspondiente a la
restauración del Castillo de Montearagón, de 50 millones, así como otra
serie de partidas para catedrales e iglesias, las cuales, como he dicho,
son emblemáticas para la Comunidad Autónoma Aragonesa; por ejemplo, el
Monasterio de Villanueva de Sijena o el Sitio Nacional de San Juan de la
Peña.
Otro grupo de enmiendas hace referencia a instalaciones deportivas en la
capital aragonesa, como las correspondientes a los proyectos del Centro
Aragonés del Deporte, una pista de atletismo y el Palacio de Deportes, en
Zaragoza. Asimismo, se proponen inversiones para la red de refugios de
montaña, ya que Aragón es uno de los principales emplazamientos para
realizar deportes de aventura y actividades de montaña. En este sentido,
nuestras demandas se encaminan a complementar la red de refugios de
montaña, en la que el Ministerio de Cultura tiene alguna participación.
También presentamos una enmienda para Alcañiz, por importe de 300
millones de pesetas, siendo fieles a la larga tradición que dicha ciudad
tiene en materia automovilística, ya que desde hace una serie de años se
vienen celebrando unas pruebas que ya se han convertido en un clásico en
el calendario y cuya continuidad se encuentra en grave peligro en estos
momentos. Así pues, esos 300 millones de pesetas tienen por objeto
garantizar la tradición automovilística de la ciudad de Alcañiz que ha
servido para la promoción de todo el Bajo Aragón y concretamente de dicha
ciudad.
Por último, señor Presidente, presentamos una enmienda de 100 millones
pesetas para la Fundación 2008, con el fin de preparar adecuadamente la
conmemoración del II Centenario de los Sitios de Zaragoza.
Estos son los objetivos de las enmiendas presentadas por el Partido
Aragonés a la Sección 18, Ministerio de Cultura.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Estaún.
Quedan, por tanto, defendidas las enmiendas de los Senadores Estaún
García, Blasco Nogués y Martínez Sánchez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por los Senadores Román
Clemente y Cámara Fernández, números 770 a 867, tiene la palabra el
Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
La número 770 es una enmienda de veto a la Sección 18 que hemos querido
argumentar sobradamente, porque cuando se trata de la política de
educación todos los esfuerzos que hagamos siempre nos parecerán
insuficientes. Por tanto, voy a tratar de justificar por qué presentamos
esta propuesta de veto.
En primer lugar, he de decir que consideramos imprescindible que un
presupuesto sea claro y transparente, y éste no nos lo parece porque
cuando hemos tratado de compararlo con el correspondiente a 1999 hemos
comprobado que hay un déficit de documentación que no permite analizar
con claridad el contenido de algunas partidas del presupuesto de la
Sección 18, Ministerio de Educación, para el año 2000.
Por otra parte, nuestro rechazo, que coincide con el de algunos agentes
sociales, se concreta en lo siguiente. Izquierda Unida considera que este
presupuesto no asegura la financiación suficiente para atender las
necesidades educativas en este país. Tampoco permite finalizar
adecuadamente el proceso de transferencias, y soy consciente de que en
fecha muy reciente se han firmado acuerdos de transferencias a varias
Comunidades Autónomas. No garantiza la financiación suficiente para
completar la implantación de la LOGSE en las condiciones que la propia
Ley establece, y seguimos sin aproximarnos a ese parámetro medio de la
Unión Europea en lo que se refiere a gastos por educación, sobre lo que
insistiré posteriormente.
He dicho que en lo relativo a transferencias es insuficiente la subida de
un 10,3 por ciento, lo que equivale, aproximadamente, a 45.000 millones
de pesetas. Con esto hay que atender procesos pendientes y, por otro
lado, no hay que olvidar que hay ya una parte importante comprometida en
actuaciones independientes de proceso de transferencias. Podríamos citar
actualización monetaria, aumento de plantillas, generalización de
conciertos, política de becas... y así seguir con un largo etcétera. Y en
cuanto a las transferencias firmadas con algunas Comunidades Autónomas,
con independencia de la firma, éstas las han valorado de forma
insuficiente, lo que ha motivado --no hay que olvidarlo-- la necesidad de
inyectar fondos complementarios
en Madrid, Cantabria, Aragón, por citar algunos ejemplos.
He de añadir, además, que el esfuerzo necesario para culminar con la
LOGSE no se refleja en el presupuesto. Las inversiones en puestos
escolares nuevos o por sustitución crecen en Primaria y Secundaria en
1.600 millones de pesetas, cuando una parte significativa del alumnado
del primer ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria sigue en centros de
Primaria en el territorio MEC. También es verdad que algunos otros
territorios, como al que yo pertenezco, siguen estando escolarizados en
centros de Primaria, pero no es eso lo que establece la LOGSE y, por
tanto, no es ése el objetivo que había que cumplir. El que hay que
cumplir es el relativo a la construcción de estos centros de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, que nos permitan una educación de calidad.
Las transferencias educativas han dejado reducido el gasto público
gestionado por la Administración Central a un 15,6 por ciento del total.
Esos sí son datos que aparecen en la memoria. Y si hacemos, simplemente,
alguna comparación, podemos observar que esto puede significar que el
gasto del Estado destinado a la gestión de la política de educación en el
año 2000 asciende a 507.365 millones de pesetas, de un gasto público
--podemos deducir-- en torno al 3,25 billones de pesetas. Si tenemos en
cuenta que la previsión del producto interior bruto está en torno a 97
billones de pesetas, se situaría en el 3,4 por ciento del producto
interior bruto, muy alejado de esa media comunitaria --después
discutiremos, si quieren ustedes, sobre ella--, aproximadamente, del seis
por ciento para gastos en educación. De un 3,4 a un 6 por ciento hay una
gran diferencia.
Observamos y denunciamos la ausencia de un plan plurianual que nos
permita ir acercándonos a ese porcentaje. Consideramos que la inyección
económica debería tener ya su reflejo en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000, que se aplicaría a los siguientes objetivos:
aplicación de todas las medidas de calidad establecidas en la LOGSE en el
propio Título V; establecimiento de un fondo de compensación
interterritorial para corregir las desigualdades en la calidad del
servicio educativo en las diferentes Comunidades Autónomas, que en el
proceso de transferencias se está agudizando, compensando de este modo a
las más desfavorecidas e, independientemente --insisto-- de los recientes
acuerdos de transferencias, dado que hay acuerdos anteriores de
transferencias que nos han llevado a una situación de desequilibrio que
habrá que compensar, habrá que hacer frente a esa realidad; un plan de
actuación universitaria creando un fondo de compensación específico,
estabilizando al profesorado y mejorando la política de becas.
A las carencias de tipo global que hemos señalado ya y que por sí solas
nos harían rechazar este presupuesto, insisto que podríamos añadir otras
de más detalle que abunden en cuestiones de política educativa con las
que estamos en desacuerdo. Hay que decir que se retiran, por ejemplo
--recuerdo que fue motivo de gran polémica--, las partidas del Plan
integral de empleo en Canarias, que aparecían justificadas en la Sección
18. Sigue incrementándose la subida media en un 14,6 por ciento para la
enseñanza privada concertada. Es superior a la subida que se aplica en la
pública. Por otra parte, lo hemos dicho, lo hemos denunciado y lo
volvemos a hacer otra vez, la opacidad en los Presupuestos Generales del
Estado dificulta seguir la pista a ese incremento. Ya he pedido en una
anterior oportunidad en este mismo debate, mediante alguna enmienda al
proyecto de ley de Presupuestos o al de Medidas Fiscales, que se
incorpore a partir del año 2001 el desglose del concepto «otros gastos»
entre los del personal de administración y los de funcionamiento, para
ver si así podemos hacer un seguimiento de estas partidas.
Tampoco hay que olvidar que los conciertos en educación infantil --que ha
sido un objetivo de este Gobierno-- se van a generalizar, sin embargo, no
ocurre lo mismo con la escolarización del tramo 0-3 años o a partir de
los 3 años, Educación Infantil, en los centros públicos, con lo cual, se
está produciendo una descompensación difícil de corregir. Hay algunas
Comunidades Autónomas cuyo porcentaje de escolarización de alumnos de
tres años está todavía muy bajo, entre el 50 y el 60 por ciento, más
cerca del 50. Por tanto, hay un trato discriminatorio, cuestión que no se
corrige en este Presupuesto.
La política de formación del profesorado es claramente insuficiente. El
capítulo de becas sube apenas un 4 por ciento, es decir, 6 puntos menos
que la media del Departamento. Nos parece que es claramente negativo.
Con respecto a la convergencia con la Unión Europea, sobre lo que ustedes
están insistiendo una y otra vez, el gasto en becas en la Unión Europea
asciende al 0,6 por ciento del producto interior bruto, mientras que aquí
estamos en un ridículo 0,1 por ciento.
Los sindicatos vienen denunciando año tras año que no hay partida para la
homologación salarial y yo creo que ustedes han perdido una magnífica
oportunidad. Yo sé que tienen un ejemplo en su compañero de Partido,
Alberto Ruiz-Gallardón, que acaba de firmar con los sindicatos un acuerdo
de homologación. Han perdido una magnífica oportunidad de seguir ese
mismo ejemplo. Queremos que el acuerdo que firmó en su momento el
Gobierno con los sindicatos también sea de aplicación contenida en este
Presupuesto, pero no lo hace, no lo posibilita. Debo entender que,
incluso, dentro del propio Partido Popular hay posiciones distintas sobre
cómo homologar al profesorado de los centros privados concertados y yo
creo que ya es una reivindicación de justicia. No la demoren más. No se
llenen la boca después diciendo que defienden determinado tipo de
políticas y a la hora de practicarlas no las reflejan en el Presupuesto.
Para concluir, el presupuesto para enseñanza universitaria es irrisorio,
con un gasto público estatal de 15 milésimas del producto interior bruto,
y es imprescindible solucionar esta cuestión. Tanto ustedes como nosotros
hemos asistido a comparecencias de representantes de las diferentes
universidades que demandan con urgencia un incremento en el presupuesto
para universidad, pero ustedes no les quieren atender, mientras que la
situación en la universidad es preocupante, como ya también --y se lo
anuncio-- renuncian a un plan nacional de evaluación de la calidad
en la universidad, aún con las cantidades que recogen en el Presupuesto.
Ambas cosas tienen que ver. No destinan los recursos y después no son
capaces de hacer un seguimiento a través de un plan nacional de
evaluación de calidad.
Es preciso asignar partidas para el plan de estabilización y promoción
del profesorado que, después de la negociación con rectores y con
sindicatos, hay que poner en marcha, hay que cumplir. Y respecto a las
partidas que destinan a la UNED, da la impresión de que quienes quieran
acudir a ella tendrán que pagar sus servicios porque ustedes están
retirando a marchas forzadas financiación a la UNED, con lo cual, su
situación se está resintiendo de forma muy seria.
No voy a defender las otras noventa y seis enmiendas, pues como
comprenderán sus señorías ya he agotado casi todo el tiempo. Voy a darlas
por defendidas y en posteriores turnos tendremos oportunidad de seguir
debatiendo estas políticas educativas.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.
La enmienda número 4 del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente
presentada por el señor Padrón Rodríguez, ¿ha sido defendida en su
momento?
El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, todas las enmiendas del
Senador Padrón a todas las Secciones han quedado defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Restan por defender del Grupo
Parlamentario Mixto las enmiendas originariamente presentadas por el
Senador Armas Rodríguez.
Tiene su señoría la palabra.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
A esta Sección hemos presentado dos enmiendas. La número 26 propone la
ampliación de la UNED en Arrecife, Lanzarote. El notable incremento de
matrículas en el centro de la UNED aconsejan la realización de una
inversión extraordinaria para la ampliación de las actuales
instalaciones. La UNED es la única alternativa a la que puedan acceder
numerosos estudiantes que por causas económicas o familiares no tienen
posibilidad de ingresar en los centros universitarios convencionales. El
número de matrículas registrado este año asciende a más de 600 y el
centro no reúne las condiciones adecuadas para atender tal demanda, por
lo que se hace imprescindible realizar una actuación inmediata para
adaptarla a las necesidades reales.
La número 27 tiene por finalidad la construcción de un auditorio en
Arrecife. Tras la construcción de los auditorios de Las Palmas de Gran
Canaria y la ejecución de obras en el de Santa Cruz, el Ministerio de
Educación contemplaba en sus planes de actuación la realización de
proyectos de similares características en las islas periféricas, siendo
Arrecife la ciudad más importante de las islas no capitalinas y la más
necesitada de unas instalaciones de este tipo para acoger actos
culturales y de otra índole. Espero que el Ministerio de Educación
mantenga su promesa de cooperar con los proyectos de similares
características, que deberían llevarse a cabo en las islas periféricas
una vez que finalicen las obras del auditorio de Santa Cruz de Tenerife.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Gracias, Senador Armas.
Para la defensa de las enmiendas números 45 a 51, tiene la palabra el
señor Torres Cardona o algún representante del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Por ausencia obligada del Senador Torres Cardona, que tiene también
obligaciones en el ayuntamiento del que es alcalde, doy por defendidas
estas enmiendas, así como las que restan a todas las Secciones, salvo que
el Senador Torres pueda defenderlas en un momento determinado.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.
Pasamos a la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, números 435 a 558 y 560 a 574, así como el veto
correspondiente a la enmienda número 434.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
De la Plata.
El señor DE LA PLATA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, intervengo para defender la enmienda de veto a la Sección
18 y el resto de las enmiendas.
En primer lugar, me gustaría enmarcar esta intervención en el derecho
legítimo que tenemos como grupo de la oposición de control del Gobierno y
proponer alternativas, en este caso a la Sección 18 de los Presupuestos
Generales del Estado.
Para no tener que realizar una argumentación posterior, debo señalar de
antemano que este portavoz, como no podía ser de otra manera, asume la
responsabilidad de los años de gobierno socialista en cuanto a los logros
y desaciertos que se pudieran haber producido. Digo esto para contestar
al señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión, Senador
Barquero, y para continuar el debate que mantuvimos en la propia
Comisión.
Se dijo entonces que el Grupo Parlamentario Socialista tenía un afán de
voluntarismo político, que justificaba lo injustificable y que se oponía
por el hecho de oponerse. «Siempre un huevo más», y «da la impresión de
que no se han leído los presupuestos», son frases expresadas en la
Comisión que se quedaron un poco en el aire, por lo que me gustaría
concretarlas fijando la postura que el Grupo Parlamentario Socialista
mantiene en la Sección 18.
Dijo también este mismo portavoz que estos presupuestos iban a ser
difíciles de igualar en el futuro y que eran los mejores presupuestos de
los últimos diez años. Y le voy a argumentar por qué el Grupo
Parlamentario Socialista va a votar en contra de esta Sección, aunque no
se haya leído los presupuestos.
En primer lugar, no tendríamos que hablar tanto de cifras como de
filosofía y de conceptos, y está claro que existe una gran diferencia de
conceptos en lo que es la educación para el Grupo Parlamentario Popular y
lo que es la educación para el Grupo Parlamentario Socialista. Les voy a
dar tres o cuatro pinceladas, para que no se le olviden a la hora de
mantener las cifras y los porcentajes. Para nosotros es un servicio
público, lo que tendrá connotaciones en los argumentos que le daré
posteriormente; es un instrumento del Estado que lucha contra la
desigualdad, que también se va a plasmar en una serie de cifras, partidas
y programas concretos. La formación es un instrumento que hace posible la
igualdad de oportunidades, y lógicamente el Estado se tiene que
comprometer con un sistema de ayudas para que eso sea así. Tiene que
atender a las minorías, no sólo a través de educación especial o
compensatoria, sino pensando también en las zonas rurales, etcétera, y si
todo esto hace posible que la gente acuda a la formación en igualdad de
oportunidades, tiene que haber un sistema universitario que piense
también en el futuro y en la integración en el mundo laboral de estos
estudiantes. Ha habido un aumento importantísimo del número de
estudiantes en la universidad en estos últimos diez, doce, quince o
veinte años, como usted sabe, y ésa es, sin duda, la mejor prueba de la
inversión en educación en años anteriores.
Nosotros nos oponemos a la Sección 18, en primer lugar, porque no se
recogen en los presupuestos los compromisos para la aplicación de la
LOGSE. Aquí existe también una disparidad de criterios. El portavoz del
Grupo Parlamentario Popular decía en su intervención en la Comisión: «...
se ha hablado de la financiación de la LOGSE. Mire usted, este año
termina la implantación de la enseñanza obligatoria, del cuarto curso de
la ESO, y está perfectamente financiado.»
El señor Secretario de Estado, por su parte, asume que hay un déficit de
la LOGSE aplicable a los socialistas, como no podía ser de otra forma.
Teóricamente habría que haber invertido 373.000 millones de pesetas
durante el período que va de 1990 a 1996, y estas inversiones no se
realizaron; se invirtieron sólo 132.000 millones de pesetas. Según él se
implantó la Ley con un déficit respecto a su propia memoria económica; es
decir, hay un reconocimiento de que existe un déficit. Nosotros creemos
que hay que volcarse en la financiación para la aplicación de esa ley, y
si existe ese déficit el Estado tiene que apostar por superarlo haciendo
una inversión importante.
Tenemos las transferencias a punto. Creo que sólo queda una Comunidad,
Asturias. Pero cada vez que se firma un proceso de transferencias --como
ya dijo el portavoz socialista cuando se discutió el veto a la Ley de
Presupuestos Generales del Estado--, la Comunidad Autónoma enseguida
tiene que hacer una apuesta más importante y una fuerte inyección en
educación, como ha comentado también algún otro portavoz. Esto significa
que, al final, el Estado está transfiriendo el déficit en la aplicación
de la LOGSE a las Comunidades Autónomas.
En segundo lugar, mi Grupo parlamentario entiende que en los Presupuestos
Generales del Estado tienen que priorizar de forma nítida a la escuela
pública, que ha seguido un proceso de deterioro durante estos años de
gobierno popular.
En cada presupuesto se produce una mayor diferencia entre el crecimiento
de la escuela privada y la escuela pública. Podría ponerle varios
ejemplos: en el año 1999 crece un 6 por ciento la pública, frente a un 15
la concertada. Esto es una realidad, sin mencionar alguna medida que se
ha ido poniendo en práctica para debilitar la escuela pública y potenciar
la concertada, por ejemplo, el sistema de selección del alumnado por
parte de la escuela concertada.
Hay que tener cuidado porque ha costado mucho esfuerzo y mucho tiempo
conseguir el equilibrio entre la escuela pública y la escuela privada
concertada, y hay que procurar que esto no comience a resquebrajarse,
porque la educación es un tema excesivamente delicado, como ya dije al
principio. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la
Presidencia.)
Utilizan varias vías de financiación: el cheque escolar, los conciertos
en niveles no obligatorios, es decir, sistemas para debilitar la
enseñanza pública y potenciar la privada. Si la red pública de centros
todavía no está completa, no parece lógico ampliar los conciertos.
En tercer lugar, las dotaciones son insuficientes en materia de
educación, de cultura, de investigación. En educación, tiene que haber
una apuesta por los servicios complementarios de la enseñanza, con una
inversión nueva. Ya le he comentado el traspaso del déficit a las
Comunidades mediante esa firma de transferencias insuficientes. Tiene que
haber un aumento en programas dirigidos a compensar las desigualdades.
En cultura, es un presupuesto escasamente inversor. Se lo dije en
Comisión y se lo vuelvo a repetir. Usted decía: «Me da la impresión de
que no se han leído los presupuestos. Apuntan precisamente a una serie de
datos que verdaderamente son casi el buque insignia de los presupuestos.»
En cultura, concretamente en el Programa de conservación y restauración
de bienes culturales, hay una propuesta de inversión de 3.628 millones de
pesetas. Yo le decía --después hablaremos de las enmiendas concretas--
que tenía que haber un presupuesto mayor para que generase inversión y
para que cada una de las obras concretas que se proponen pudiera generar
un movimiento económico importante, además de atender al bien de interés
cultural, al museo, o al teatro que fuera. El Estado tiene que responder,
igualmente, a los compromisos adquiridos en temas culturales y
deportivos, ya sean olimpiadas, ciudades culturales, etcétera.
Finalmente, en dotaciones tiene que haber una apuesta clara para elevar
el número y la cantidad asignada a cada una de las becas. Es verdad que
ha bajado el número de estudiantes en la enseñanza obligatoria, pero
también es verdad que no sólo se ha mantenido, sino que incluso se ha
aumentado el número de alumnos en la universidad. También
será necesario proceder a una revisión para elevar el nivel de renta de
las familias que tienen derecho a acceder a ayudas. Este es un tema que
no está resuelto. Cada año se quedan más familias pendientes de recibir
ayudas, por lo que habría que revisar los niveles de renta exigidos para
que esas familias pudieran acceder a una ayuda para estudios,
fundamentalmente universitarios.
Finalmente, el esfuerzo por conseguir el equilibrio financiero y
presupuestario en nuestras universidades es insuficiente. Le vuelvo a
repetir los mismos conceptos que se esgrimieron en Comisión, conceptos
que también usted desautorizó diciendo que eran unos términos
excesivamente generales, que no sabía qué significaba ese equilibrio
presupuestario, no sabía si se refería a profesores asociados, a plan de
inversiones, etcétera. Le voy a decir sólo una cosa: me remito al propio
texto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que dice, entre
otras cosas «... que tengan por objeto la progresiva consecución del
equilibrio presupuestario y la contención del endeudamiento de las
universidades en el año 2002». Es decir, la propia Ley de Presupuestos
Generales del Estado contempla exactamente los mismos términos que este
portavoz mencionó en la Comisión y que menciona hoy en el pleno: el
endeudamiento de la universidad, el equilibrio financiero de nuestras
universidades. Esa tiene que ser una apuesta importante. Es verdad que no
es competencia del Estado, pero también es verdad que se propone --y de
hecho ustedes han admitido alguna enmienda en ese sentido-- la
colaboración con las Comunidades Autónomas para conseguir ese equilibrio
financiero. Y en el propio texto de la ley se ha reconocido ese
desequilibrio, por no mencionar la cantidad de manifestaciones que se han
vertido respecto a ese tema, incluso por la propia Conferencia de
Rectores de Universidad.
Por esta serie de razones, mi Grupo parlamentario ha planteado un veto a
la Sección 18, y voy a concretar al menos las enmiendas más importantes
en cada uno de los apartados a que me he ido refiriendo.
Hay una enmienda, que planteamos en coherencia con las explicaciones que
he ido dando, que trataría de establecer un plan plurianual de
financiación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, que
contemplaría para el año 2000 una propuesta de 100.000 millones de
pesetas para paliar ese déficit que ustedes mismos reconocen en la
aplicación de la ley y para que, de cara al futuro, haya una garantía de
éxito en la consecución de los objetivos que se plantean en la misma.
Entendemos, igualmente, que hay que ir finalizando --creo que estamos en
torno al 80 por ciento-- la red de escuelas infantiles públicas y
concertadas de 0 a 3 años, y presentamos una enmienda al efecto de 24.000
millones de pesetas.
Luego hay un conjunto de enmiendas, que se cifran en torno a los
23/24.000 millones de pesetas, referidas a la mejora de la calidad
educativa e inversión nueva, reposición, construcción de centros de
primaria y secundaria, gastos de personal, etcétera, para garantizar, en
cada uno de sus aspectos, la aplicación de la reforma.
Lo mismo ocurre con los servicios complementarios: programa de
inversiones, gastos de funcionamiento, comedores escolares, transporte,
escuelas hogar, etcétera. Lógicamente, todo esto está en función del
propio desarrollo de la ley, ya que hay mayor movilidad de estudiantes en
enseñanza obligatoria y tenemos que prestar unos servicios
complementarios de calidad, con una plantilla adecuada de profesores,
etcétera.
Al mismo tiempo hay que acometer programas concretos dirigidos a
compensar desigualdades. Si tan convencidos están de los problemas que
existen en la enseñanza secundaria obligatoria, aumenten la partida para
acometer programas de garantía social, evitando así que haya grupos de
alumnos que puedan quedar descolgados.
En dotaciones, entendemos que tiene que haber una apuesta clara en
sistemas de ayuda y planteamos un incremento de 15.000 millones de
pesetas para programas de becas.
Hacemos una apuesta también importante, con una enmienda de 25.000
millones, por la gratuidad de los libros de texto, entendiéndolo como
material imprescindible en la enseñanza obligatoria, tanto para Primaria
como para Secundaria.
En investigación --al igual que en alguna otra sección ya hemos hecho
mención a ello-- hay un traslado de 3.855 millones de pesetas al programa
542-A, de la Oficina de Ciencia y Tecnología, que está ubicada ahora
mismo en Presidencia. Aumentamos las partidas de los programas de
formación profesional investigador o la cofinanciación de inversiones y
de infraestructura de I+D prevista en los campos incluidos en los fondos
FEDER Objetivo 2.
En consecuencia, en Universidad planteamos un plan plurianual de
cofinanciación con las Comunidades para los años 2000 a 2002 y hacemos
una propuesta de crecimiento de 7.000 millones de pesetas para este año.
Proponemos 5.000 millones de pesetas para compensar el acuerdo respecto a
la reducción o exención de los precios públicos por servicios académicos
a alumnos de familias numerosas de tres hijos. Y, finalmente, en este
apartado proponemos aumentar en 500 millones de pesetas la dotación a la
UNED para desarrollo de nuevas tecnologías adecuadas a la metodología
específica de esta Universidad.
En el área cultural seguimos manteniendo que es un presupuesto
escasamente inversor y por ello, lógicamente, nuestras enmiendas van
dirigidas a solventar las necesidades presupuestarias en cultura y en
inversiones imprescindibles.
En Patrimonio, planteamos el aumento de 3.500 millones de pesetas en
conservación y restauración de bienes culturales para una serie de obras
que están repartidas por todo el territorio de nuestro país,
entendiéndolas como obras necesarias e importantes.
En promoción y cooperación cultural proponemos un aumento de 400 millones
de pesetas. En música, danza, teatro y cinematografía, 1.765 millones de
pesetas de aumento entre todas ellas. Archivos, bibliotecas, museos,
2.450 millones de pesetas. Proponemos dotación presupuestaria, como le
dije antes, para compromisos adquiridos en temas culturales --la
capitalidad europea de la cultura,
«Salamanca 2002», 1.000 millones de pesetas-- y para las declaraciones
que ha habido de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en edificios
románicos, edificios palentinos y en Las Médulas, León.
En el área deportiva --voy terminando--, queremos aumentar en 500
millones de pesetas el presupuesto para garantizar una presencia española
digna en las Olimpiadas de Sidney. Proponemos transferencias a las
Comunidades y a las Corporaciones Locales, en este caso concretamente al
Ayuntamiento de Almería para Los Juegos del Mediterráneo con 1.000
millones de pesetas. En deporte escolar y universitario, dotaciones para
equipamiento y construcciones para la Universidad, así como inversiones
concretas en ciertos puntos, situaciones, edificios o equipamientos. Por
último, acuerdos con Corporaciones Locales.
Planteamos también un esfuerzo en convenios con Corporaciones Locales
para cooperar y trabajar en espacios teatrales, en rehabilitación, en
transferencias para estructuras y equipamientos musicales, mejorar la red
de instalaciones municipales de uso público, Federación de Universidades
Populares, etcétera.
Esas son, en líneas generales, las enmiendas que este Grupo Parlamentario
plantea a los Presupuestos Generales del Estado en el área de educación,
investigación, cultura y deportes.
Permítame que le diga, señor portavoz, que este Grupo ha hecho un
esfuerzo importante por plantear, de forma positiva, propuestas concretas
y responsables.
Hay una enmienda de 100.000 millones de pesetas en coherencia con nuestro
planteamiento, y creo que con el del Gobierno, en cuanto a que existe un
déficit en la aplicación de la LOGSE. Creo que, afortunadamente, todavía
estamos a tiempo. Hace algún tiempo se rechazó en el Congreso una
proposición que iba en esa línea. No se quiso aprobar. Mi Grupo le
plantea que se establezca un plan de financiación para los próximos años
con el fin de garantizar la superación de ese déficit. De esta forma
existirá un acercamiento en cuanto al desarrollo de la ley y a la
importancia que tiene la educación para los niños y niñas de nuestro
país.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador De la Plata.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Barquero.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente, señorías.
Me voy a referir, en primer lugar, a las dos enmiendas de veto, del Grupo
Parlamentario Socialista y de Izquierda Unida.
En cuanto a la enmienda de veto del Grupo Parlamentario Socialista,
número 434, tengo que decirle, señoría, que yo tengo el mayor de los
respetos por usted como portavoz y como persona, y el mayor de los
respetos por el discurso que acaba de pronunciar aquí, como también tengo
el mayor de los respetos por el Senador Iglesias, pero, en educación,
ustedes relatan muy bien el cuento. Enmiendas responsables. Si uno las
lee puede decir: Sí, son responsables, pero si uno ve luego cómo tratan
de financiarse, me parece que son de una total y absoluta
irresponsabilidad. Ustedes llevan a cabo un juego de ingeniería fiscal
para financiar todo esto y, al final, lo único que hacen es lo que le
dije en Comisión: Si pongo una docena de huevos, ustedes ponen un huevo
más; porque tiene que ser así. Hay cuestiones, y una de ellas es la
educación, en las que la filosofía de su Grupo, anticuada, pasada de
moda, trasnochada, cambiada en muchos países del entorno cultural y
educativo en el que vivimos, tiene que seguir valiendo para hacer bandera
de diferencias ideológicas. Señoría, le repito que no tome lo que le voy
a decir como algo personal contra usted, pero en educación está muy claro
que ustedes quieren seguir jugando a un socialismo trasnochado. No voy a
rehuir el debate ideológico cuando mi terreno, como grupo que apoya al
Gobierno, es el debate de las cifras. No le tengo miedo al debate
ideológico sobre educación. En absoluto. Porque si en algo se van
adaptando ustedes a la modernidad es en que van cambiando la filosofía
educativa, más en la línea de los partidos democristianos y de centro
derecha de Europa que en la vieja línea de la doctrina educativa de los
socialistas clásicos, y espero que no me obligue a tener que citar aquí
alguna frase textual de algún ilustre socialista histórico, ya fallecido.
Confío en que no me obligue a ello.
Pero por no referirme a los muertos y quedarme en los vivos, sí le
recordaré algo que tampoco quería recordar, pero que usted hace que
empiece por ahí, porque le repito que no tengo miedo al debate ideológico
con ustedes sobre asuntos educativos. En absoluto.
Felipe González, en una reunión con dirigentes de UGT celebrada en Gijón
en noviembre de 1996, en un momento en que desde el Gobierno del Partido
Popular se propiciaba un gran acuerdo educativo y estaban las
transferencias a la vista --acababa de aprobarse la LOGSE pocos años
antes y estaba en desarrollo--, y el señor González --digo-- con esa
visión de Estado que le caracteriza --entre comillas--, dijo tajantemente
que no podía haber un pacto nacional sobre educación porque éste era un
sector que diferenciaba al PSOE del PP. Felipe González deseaba la
educación como un factor de cohesión de la izquierda, y no como un factor
fundamental de progreso de una sociedad como la española. ¡Qué maravilla!
¡Qué estadista! ¡Qué magnífico conocedor de la realidad nacional!
Poco después de estas declaraciones de Felipe González, Comisiones
Obreras, UGT y CEAPA anunciaron la huelga de abril y la manifestación de
mayo en Madrid. Los sindicatos, que habían pactado con el Gobierno el
sistema de pensiones y la reforma del mercado laboral, necesitaban un
ámbito reivindicativo. De modo que no me venga usted aquí a decir que
hablar de educación es hablar de filosofía y de conceptos profundos
--cuando digo usted me refiero al Grupo Socialista, y le ruego que
distinga el nivel personal de este otro nivel de profundidad-- porque
además su discurso ha sido absolutamente correcto. Naturalmente que sí,
faltaría más. ¿Usted qué se cree? ¿Para qué queremos nosotros la
educación? La queremos para un país cada vez más culto y más próspero;
para un país cada vez más
libre; para que los ciudadanos sepan distinguir quién juega con las
pensiones y quién con las pensiones hace una política seria. Lo que
queremos es un país ilustrado; un país que no se convenza con mítines; un
país que acepte la modernidad y los conceptos modernos; un país con
ciudadanos que se levanten por sí mismos, no que estén permanentemente
subvencionados. Para eso queremos la educación, para ciudadanos libres.
¿Usted qué se cree que es esto?
Instrumento de lucha contra la desigualdad. Naturalmente, y ahora le voy
a dar una serie de cifras. ¿Usted cree que alguien gana algo con las
desigualdades en un país? ¿Usted cree que las desigualdades son fomento
de algo positivo? Ustedes siguen utilizando los mismos tópicos del siglo
XIX al hablar de la educación; no han cambiado el lenguaje y hablan de
modernidad y de progreso --idea que, por cierto, procede de Hegel que,
desde luego, no era socialista--. La idea de progreso es hegeliana,
aunque luego la retoma Marx, pero su origen no está en la izquierda.
Atención a las minorías. Por supuesto, y aquí tiene programas de atención
a las minorías. Cuando usted expone las razones de la enmienda a la
totalidad nos damos cuenta de que se basan solamente en un argumento:
donde nosotros ponemos cinco, usted pone seis. Esas son todas las
razones. Usted sigue la misma estructura del programa de educación,
porque cuando uno pretende ser verdaderamente un revolucionario, por
convicción, no por indignación, uno hace un programa de educación
distinto; uno no coge todos los programas, todos los capítulos, todos los
conceptos del Gobierno y les va aumentando un huevo más, que es lo que
hacen ustedes. Aumentan un huevo más, y una vez que han puesto un huevo
más buscan a ver qué texto le ponen al huevo. Eso es lo que hacen
siempre, como los corredores de segunda línea, ir a rebufo del que va el
primero, a ver si el primero comete un error, a ver si este portavoz en
su intervención en la Comisión de Presupuestos dijo una frase que se
pueda interpretar ambiguamente, dijo algo que usted pueda coger para
darle la vuelta. Porque, claro, si yo cojo la justificación --no su
discurso, que lo respeto en cuanto que pronunciado por usted, se lo
vuelvo a decir para que distinga claramente el nivel personal de lo que
usted representa en materia de educación, no en otras cuestiones--, decía
que si yo cojo la justificación que ustedes dan de la enmienda de
devolución, tengo que decirle, señoría, que eso sí que es impresentable.
Y ustedes, a quienes tantas veces se les llena la boca cuando dicen que
el Gobierno y el Partido o los Partidos que le apoyan no tienen
consideración y, además, desprecian a esta Cámara, ¿cree que esto es
tener respeto al Congreso y al Senado? (La señora Martínez García hace
gestos negativos y pronuncia palabras que no se perciben.)
¿Usted cree que las cinco líneas y media en que ustedes justifican la
devolución de la Sección 18 es tener respeto al Congreso de los Diputados
y al Senado, aparte de que ustedes la han copiado exactamente igual? Pues
no, señoría. (El señor De la Plata Rodríguez pronuncia palabras que no se
perciben.) No lo hacen todos igual, y no me gusta entrar en debate con el
resto de compañeros de la Cámara cuando estoy interviniendo.
Y es que, frente a esta vergüenza de cinco líneas, los dos Senadores de
Izquierda Unida... (La señora Martínez García: ¡Vergüenza las 112
enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular!)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Les ruego silencio y que no
dialoguen con el interviniente.
Puede continuar.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Frente a esta vergüenza de cinco líneas, los dos Senadores de Izquierda
Unida han presentado una enmienda a la totalidad de devolución de la
sección perfectamente estructurada, con la que no estamos de acuerdo,
pero que nos merece tanto respeto, que si el Presidente me lo permite,
entraré a discutir con los dos Senadores algunos de los puntos que en
dicha enmienda se contienen, y no con esta filosofía trasnochada...
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Se lo permito, Senador Barquero,
pero en sólo dos minutos. Su tiempo ya ha terminado.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Señorías, conviene tener en cuenta dos
cuestiones previas a la hora de hacer cualquier valoración sobre estos
presupuestos. En primer lugar, que las transferencias de Educación a las
Comunidades Autónomas están prácticamente hechas en su mayoría, y que el
acuerdo de principios alcanzado con las Comunidades Autónomas para su
traspaso pone de manifiesto que la negociación ha sido, tal y como la
plantea el Gobierno, con las dificultades que haya podido tener, aceptada
por las Comunidades Autónomas.
En segundo lugar, la situación de la que partimos anteriormente es el
mejor instrumento para valorar el esfuerzo presupuestario que se ha hecho
en Educación, que ha tenido el mayor incremento en esta materia en los
últimos años.
Desde el ejercicio presupuestario 1991-1992 estos presupuestos para
Educación han tenido sucesivamente los siguientes incrementos: 4 por
ciento, 2,4, 6,4, por ciento, menos 0,1 por ciento en el ejercicio de
1995-1996, 2,2, 6,4, 6,7 por ciento, y 10,6 por ciento en el presente
ejercicio presupuestario. Y si el gasto medio por alumno entre 1996 y
1999 se ha incrementado en más del 20 por ciento, el incremento entre el
año 1999 y el 2000 es de más de un 7 por ciento.
En las grandes líneas de actuación de este presupuesto, habría que
manifestar, en primer lugar, el enorme esfuerzo que se va a hacer en
materia de infraestructuras. Y con esto también contesto al portavoz
socialista, y a quienes se han empeñado en decir, e incluso en repetir,
que estos cuatro años de Gobierno del Partido Popular han sido años
perdidos en materia de educación. Pues bien, ya entre mayo de 1996 y
diciembre de 1998 se crearon 184 nuevos colegios
o institutos, con un ritmo de apertura de un centro cada seis días.
A mí me parece que este esfuerzo nunca lo hizo el Gobierno Socialista en
sus largos años de Gobierno, salvo que el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista me demuestre lo contrario.
Además, el Ministerio continúa la política de inversiones. En Educación
Infantil se ha aumentado la financiación para que los alumnos que quieran
ir a un centro privado puedan ir. ¿No quiere usted igualdad de
oportunidades? Pues, igualdad de oportunidades desde el principio. ¿Por
qué vamos a obligar a un niño que empieza el colegio a que sólo pueda ir
a un centro público, si quiere ir a uno privado, y condicionarle a que
siga allí? Siguen planteando la disyunción entre centro público y centro
privado. A ver cuándo se enteran de que una de las ideas de la modernidad
y del progreso es que las instituciones privadas también pueden atender a
servicios públicos. Eso es algo que el mundo de nuestro entorno reconoce
como una evidencia, pero todavía siguen ustedes con la batalla centros
públicos-centros privados, como si el dinero destinado a la concertación
fuese dinero para minorías selectas y no para el conjunto de los
españoles. Todavía siguen con esa guerra, pues aún no se han convencido
de lo contrario. Claro, ustedes entienden el progreso según sus
criterios, no según lo que nos acerca a otros países.
En el capítulo 6 y en relación a Educación Infantil hay una inversión de
4.400.006 millones y en el capítulo VII 130 millones. Nuevos centros
previstos para el próximo ejercicio: Asturias, uno; Badajoz, dos;
Cáceres, dos; Cuenca, uno; Guadalajara, uno. Terminación de los que
estaban en construcción este año, centros que van a acoger a 1.160
alumnos; se han creado 1.160 puestos escolares.
Educación Secundaria. Financiación del 4.º curso de la ESO. Ampliación y
renovación de la red de centros; se abrirán nueve colegios nuevos y trece
institutos. Modernización de equipamiento; más de 12.000 millones
dedicados a este fin. Nuevas tecnologías aplicadas a la Educación, que
incluyo como inversión. Gestión de más de 51.000 cuentas en Internet; a
través de los puntos de información cultural están conectados a Internet
el 75 por ciento de los centros de Primaria y el 93 por ciento de los de
Secundaria. ¿Cuántos tenían ustedes conectados a Internet?
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Barquero, le doy un
minuto más.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Le ruego cierta generosidad, porque el Gobierno del Partido Popular ha
hecho tanto por la Educación que oír lo que uno ha tenido que oír es como
para que le tripliquen el tiempo para que los ciudadanos conozcan lo que
el Partido Popular ha hecho en Educación en estos tres años y lo que va a
hacer.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Tal como veo el hilo conductor
de su discurso, posiblemente no tendríamos suficiente con toda la semana,
y yo estoy aquí para regular el tiempo acordado en Junta de Portavoces.
Tiene un minuto y medio, señoría.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Señor Presidente, agradezco su generosidad.
Desde luego, no era mi pretensión agotar su paciencia, sino aclarar
algunos conceptos. Muchas gracias.
Como decía, nuevas tecnologías aplicadas a Educación. Culminación del
Programa aldea digital; al final 71.741 alumnos de 2.493 pequeñas
localidades gozarán de este Programa, con una inversión adicional de
10.000 millones de pesetas. ¿Cuánto habían invertido ustedes en esto?
(Rumores.)
En el turno de portavoces, si es necesario, continuaré dando datos sobre
becas, programas de garantía social, vertebración del sistema educativo,
etcétera. Gracias a que ustedes no han apoyado la reforma de las
Humanidades, seguimos sin tener el nivel que debiéramos tener en esta
materia. Gracias al decreto de mínimos que ustedes hicieron en su
momento, que es un cajón de sastre y buena fuente para todo tipo de
equívocos y ambigüedades, y a su negativa de enmendarlo, seguimos como
estamos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador
Barquero.
Abrimos el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Senador Barquero, ¡con qué ímpetu ha subido a la tribuna para hablar de
la política general del Gobierno y algo menos de la política educativa
--es comprensible que después falte tiempo--! Pero señoría, vaya por
delante ese agradecimiento a la formulación de la propuesta de veto en la
que no ha querido entrar. Ha preferido la confrontación; ha preferido
escudarse en la frase «ustedes hicieron menos», pero la política
educativa no puede --y no debe-- esperar a la confrontación. Ha habido
tres aplazamientos en el calendario de aplicación de la LOGSE, ley que a
ustedes no les gusta, y puede convertirse en un fracaso porque no ha
tenido ni tiene --y, por lo visto, tampoco va a tener-- la financiación
adecuada y necesaria.
No voy a discutir sobre modernidad y progreso porque estoy seguro de que
usted y yo no nos vamos a poner de acuerdo en el concepto de modernidad
--ni lo pretendo--, pero sí pretendo demostrarle que el gasto por alumno
en la Unión Europea, con la que ustedes dicen converger, está en una
media de un 6 por ciento del producto interior bruto, mientras aquí está
en un 3,5 por ciento, y renuncian en este presupuesto a aproximarse a esa
media.
Usted ha querido discutir sobre concertación y ha dicho que hay que
facilitar los medios para quienes desean escoger entre una enseñanza
privada y una enseñanza pública. Senador Barquero, no ha dicho la verdad.
La Constitución
establece el derecho a la educación y los poderes públicos tienen que
facilitar ese acceso a la educación pero, si ustedes conciertan la
educación infantil en la etapa de 0 a 3 años en los centros privados
--prácticamente se aproximan al 100 por ciento-- y no facilitan plazas en
centros públicos, ¿de qué elección me está hablando? Cuando un niño o una
niña quiere ir a un centro público, en la etapa de 3 años y no tiene
plaza, ¿qué opción le están facilitando? ¿Sabe el porcentaje de
escolarización de alumnos y alumnas de 3 años, en el conjunto de este
país? ¿Me lo puede decir? Si no puede, le diré yo después el porcentaje
de escolarización de alumnos y alumnas de 3 años. Usted sigue instalado
en la confrontación y eso no es modernidad, señor Barquero, eso es
resentimiento, justificación, anticipo de campaña electoral o no sé qué
cosas más.
Hablemos de educación, Senador Barquero. Han pasado por esta Cámara
diferentes responsables de las universidades españolas y han dicho que la
universidad está en una situación grave. Están pidiendo financiación,
están pidiendo que se resuelva el problema del profesorado y usted sabe
como yo --porque hemos estado en la Comisión de Educación y Cultura-- que
algunos responsables de universidades le han manifestado que es precisa
la reforma de la LRU. Ustedes han aplazado esta reforma porque tiene un
contenido profundo y no se podía hacer --decían ustedes-- deprisa y
corriendo, al final de la legislatura; ha quedado aplazada para la
próxima. Le han hablado de la necesidad de estabilidad del profesorado,
de la necesidad de financiación y, es más, nos han dicho --con millones
de pesetas concretos-- que la universidad necesita hacer un esfuerzo en
inversión porque estamos en un momento difícil y delicado; pero, sobre
esa cuestión, ha pasado deprisa, ha preferido la confrontación. Usted me
ha dado datos --muy pocos datos-- relativos a que el Gobierno del Partido
Popular ha hecho un esfuerzo en equipamiento de los centros educativos en
primaria y en secundaria.
¡Faltaría más que no hiciera esfuerzos para construir centros! Lo que
ocurre, Senador Barquero, es que estando ya próximos a la finalización
del período de generalización de la LOGSE, quedan demasiados centros de
infantil, primaria y secundaria sin construir.
Yo no tengo prisa, Senador Barquero, no tengo ningún deseo de seguir
ahondando en la confrontación, le estoy hablando de educación.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Román, vaya concluyendo.
El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, me ciño. No le voy a pedir
ninguna prórroga de tiempo, ninguna.
Senador Barquero, si la LOGSE, a pesar de que ustedes no estaban de
acuerdo con ella, no debe fracasar porque estaríamos ante el fracaso de
una reforma que conllevaría un perjuicio irreparable en el sistema
educativo español, hay que dotarla de la financiación adecuada. Estos
presupuestos han renunciado a esa financiación. Es posible, estoy seguro,
que dentro de dos meses en campaña electoral ustedes consignarán en su
programa la financiación para la LOGSE de la que ahora carece. Y le voy a
recordar unas palabras de algún portavoz de otro grupo parlamentario que
con ustedes va a apoyar este presupuesto, Convergència i Unió. Decía el
portavoz de este grupo parlamentario en una de las múltiples
comparecencias sobre temas educativos: Nosotros hemos cumplido la tarea
en la aplicación de la LOGSE en nuestra Comunidad Autónoma. Nosotros
demandamos más recursos porque una vez cumplida la tarea, queremos dotar
de calidad a nuestro sistema educativo y no renunciamos a esa
financiación.
Senador Barquero, todos queremos la financiación adecuada para hacer que
el sistema educativo tenga la calidad que todos nos debemos comprometer a
obtener. Señoría, deje la confrontación para campañas electorales,
estamos haciendo daño a la educación.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador De la
Plata. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)
El señor DE LA PLATA RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que no esperaba que se pusiera tan nervioso, señor Barquero.
Me dice usted: No le tengo miedo en el debate..., espero que no me
obligue..., usted qué se cree..., a ver cuándo se entera... Se ha puesto
muy nervioso y, naturalmente, al final, el tiempo que le han dado le ha
faltado para explicar la ley de educación.
Dice que hacemos el cuento muy bien. Es verdad, hemos aprendido, pero es
que ustedes no han aprendido. Eso es lo que vengo a decirles, que no han
aprendido a hacer el cuento, en absoluto. Les hemos dicho, desde que
comenzó el debate de la ley de Presupuestos Generales del Estado, de
dónde iba a salir el dinero para las alteraciones, modificaciones o
incrementos que se proponen en las enmiendas. Les hemos explicado que es
posible reducir beneficios fiscales y ampliar el dinero, y ustedes han
seguido diciendo permanentemente que queríamos subir los impuestos.
Yo no sé si la filosofía que nosotros defendemos es anticuada o es un
socialismo trasnochado. Me ha llegado al alma que me diga que queremos un
país que no se contente con mítines. Señoría, hablar de desigualdad o de
igualdad de oportunidades en positivo no es hablar de socialismo
trasnochado, sino de la realidad. Y eso se hace con apuestas económicas a
programas concretos. No me diga lo de los ciudadanos subvencionados
porque, afortunadamente, gracias a que se crea una red de subvenciones
públicas para personas que no tienen posibilidades, ha habido muchos
cientos de miles de familias en este país que han podido llegar a final
de mes. Eso se llama solidaridad, que para usted puede estar trasnochado,
para nosotros no, porque sigue habiendo injusticias y en estos cuatro
años más todavía. Y le diré que el sistema de educación profundiza en
desigualdades si gobierna la derecha.
No me amenace con frases de personas pertenecientes a mi Partido o
ideológicamente cercanas a él, incluso algunas
ya fallecidas. Me dice: ¿No se entera de que usted está gobernando? ¿Me
sigue hablando de Felipe González? Por algo será.
Con este tipo de frases, con ese sentido de Estado que le caracteriza,
permítame que le diga que con la intervención que ha realizado su señoría
desde esta tribuna, no le voy a contestar, porque me da la impresión de
que con esto está todo dicho.
Usted dice que empleamos los mismos tópicos del siglo XIX. ¡Pues claro
que sí! ¡Y en el siglo que empieza seguiremos diciendo lo mismo, si sigue
habiendo injusticias! Necesitamos un Estado más fuerte solidariamente.
¿Sabe lo que esto significa? Significa que el Gobierno tiene que apostar
allí donde haga falta por las minorías --por eso hablaba de zonas
rurales-- porque existen desigualdades. ¡Claro que defendemos lo mismo!
¡Ojalá no tuviéramos que hablar de estos temas porque significaría que
habríamos alcanzado la madurez suficiente!
Me dice usted que debemos tener más valentía y que cómo es posible que no
hayamos cambiado la estructura de los programas de educación. Señor
Barquero, ha cometido usted un desliz que supongo no habrá sido a
conciencia. Si el único programa que ustedes han cambiado en las partidas
de Educación y Cultura es el relativo a publicaciones; es el único
programa que han suprimido de la estructura de los Presupuestos Generales
del Estado que planteaban los socialistas. ¿Cómo es posible que me diga
que no hemos sido valientes para modificar esto?
Al final de su intervención me dice que la justificación de la enmienda a
la totalidad es una falta de vergüenza, una falta de respeto al Congreso
y al Senado. Eso me llega al alma. Usted dirá que me llegan al alma
demasiadas cosas, pero curiosamente ustedes alcanzan un acuerdo con todos
los grupos políticos en el Congreso respecto a una ley, a la que
presentan en esta Cámara, en el Senado, 112 enmiendas, y usted me habla
de respeto al Congreso y al Senado. Me parece muy poco serio,
independientemente del acuerdo al que se llegue en su momento, que ya
tendremos tiempo de discutir.
Me habla del crecimiento de gastos de educación. Yo sé cuánto tiempo se
tarda en hacer un proyecto para crear una escuela. No venga usted a
contarme historias que no me pueda creer. Ustedes empezaron a inaugurar
escuelas nada más llegar al gobierno, pero primero tendrían que realizar
una serie de gestiones, como ubicar esa escuela, la tramitación de los
solares, la adjudicación del proyecto, el proyecto mismo, etcétera. En el
año 1992 el crecimiento de gastos en educación suponía el 6,1 por ciento
del producto interior bruto; en 1993, el 6,3; en 1994, 6,2; en 1995, 6,2;
en 1996, 6,2; en 1997, 6,1; en 1998, 6,2 y en 1999, 6,1. Es decir,
tampoco es para tirar cohetes, señor Barquero. No se ponga nervioso.
Ahora debe usted explicarme lo que crea conveniente.
Para finalizar, usted me habla de la igualdad de oportunidades y me hace
un juego de palabras en cuanto a la elección de los centros. En ese
sentido, nosotros defendemos el que el alumno elija el centro y no que el
centro elija al alumno; es decir, que éste tenga la posibilidad de
estudiar en una escuela pública, concertada, o privada: donde le dé la
gana. Sin embargo, ustedes han hecho posible que el centro privado o
concertado sea el que elija al alumno, y eso se llama discriminación, por
muy antiguo que le parezca mi discurso. Por tanto, en cuanto a su
comentario acerca de que a ver cuándo me entero, tengo que decirle que me
he enterado perfectamente. Y le vuelvo a repetir que durante estos cuatro
años ha existido una apuesta clara por la escuela concertada y privada en
detrimento de la escuela pública, que se ha deteriorado. Así se lo tengo
que decir, porque así ha ocurrido.
Su señoría no ha contestado absolutamente ninguno de los argumentos que
le he dado, aunque comprendo que si mi discurso le ha parecido
trasnochado se haya dedicado a hablar de otras cuestiones. Pero son
ustedes los que gobiernan --eso sí, hasta dentro de muy poco tiempo;
luego, ya veremos--, no nosotros, y durante cuatro años se han dedicado a
hacer oposición, y así no se gobierna un país.
Están en contra de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo,
pero no la han modificado. Son ustedes los que no han sido valientes. Sin
embargo, poco a poco la han ido haciendo daño desde sus cimientos para
hacer posible que esa ley se caiga. Pero, ¡hombre...! Si ustedes mismos
reconocen que hay un déficit achacable al Gobierno socialista, ¿por qué
no son valientes y afrontan ese déficit elaborando un programa plurianual
de inversión de cara al futuro, en dos o tres años, para financiar la
LOGSE, en lugar de dejarla caer para decir luego que ha sido un fracaso?
Para no decir eso, apuesten por la educación. Y como yo he hecho una
defensa de la educación como instrumento en contra de las desigualdades,
no venga a decirme qué es lo que creo, o para qué estoy aquí; porque lo
que usted crea o no es un problema suyo y de su Grupo Parlamentario, pero
yo he venido a explicar las ideas que defiende el Grupo Parlamentario
Socialista, como lo ha demostrado durante una serie de años.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Barquero.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor portavoz socialista, voy a decir de dónde sale el dinero; y se lo
voy a explicar a la Cámara, porque me imagino que su señoría ya lo sabe.
Ustedes han hecho una comedia, por eso no me creo nada de lo que ha
dicho. Para empezar, no sé si hemos presentado en el Senado más de cien
enmiendas que no se propusieron en el Congreso, pero, en todo caso, si lo
hemos hecho será por considerar que esta Cámara tiene un valor por sí
misma. Pero ustedes han hecho algo mucho más sencillo.
Las novedades respecto del Congreso son las siguientes. Por un lado,
suprimen la enmienda presentada en el Congreso número 1798, de 200
millones, para la remodelación del Palau de la Música Catalana en su
segunda fase, y la sustituyen por la número 545, nueva en el Senado, que
incrementa en 200 millones las transferencias para estructuras y
equipamientos musicales. Presentan en el Senado la enmienda número 549,
que aumenta hasta 550 millones la número 1867, del Congreso, para la
Biblioteca Pública de Barcelona; la enmienda número 559, que hemos
consensuado, para el Museo de Arte Contemporáneo de Alava, y la número
561 --que coincide prácticamente con la número 1593, del Grupo Popular,
presentada en el Senado--, en la que solicitan cien millones para
recuperar los conjuntos arqueológicos grecorromanos. Eso es, como digo,
lo que ustedes han hecho.
¿Y qué hicieron además ustedes? Todo el gasto que aumentan en educación
va o bien con cargo al programa
63-A de la Sección 31, gastos de diversos ministerios, que ustedes saben
que eso técnicamente es absolutamente incorrecto, o bien refieren las
ampliaciones a una aplicación presupuestaria, la 31.02.633-A.630, que
tenía una dotación de 22.149 millones de pesetas. Pero, como se quedaron
cortos, porque pasaron esa cantidad, ¿qué hicieron? Presentaron en el
Senado la enmienda número 294, en la que esa partida se aumenta hasta
lograr un total de más de 985.000 millones de pesetas. ¿Y cómo sacan esta
cantidad? Es la cuenta de la lechera. Ustedes dicen: saco 487.000
millones de pesetas del Impuesto sobre la Renta, saco 460.000 millones de
pesetas del Impuesto de Sociedades, saco 10.000 millones de pesetas del
Impuesto sobre Primas de Seguros y saco 85.000 millones de pesetas de
otros temas, que ustedes especifican en el desglose de esa enmienda 294.
Es decir, su política, una vez más sobre los hombros de los ciudadanos.
Ustedes no saben crear riqueza. Ustedes saben estrechar los bolsillos de
los demás, de todos, para con ello hacer la política que a ustedes les
interesa. Está clarísimo. Y lo ha dicho usted, señoría. La razón de ser
del socialismo anticuado, como usted ha manifestado aquí, es que
necesitan un Estado más fuerte; naturalmente. Un Estado más fuerte sólo
es posible cuanto más débiles sean los ciudadanos. A ciudadanos más
fuertes, Estado más débil. A ciudadanos más débiles, Estado más fuerte.
Su razón de ser: un Estado más fuerte porque los ciudadanos sean más
débiles. (El señor Cobo Fernández: ¡Qué antiguo! ¡Un Estado más fuerte en
manos de los poderosos. Esa es la derecha de siempre!) Y ésta es la razón
de ser de este planteamiento educativo que ustedes presentan a las
Cámaras.
Un ejemplo de modernidad --y por eso le dije a usted que no me tirase de
la lengua-- es la famosa frase del prócer socialista Llopis. ¿Sabe usted
para qué dijo Llopis que era necesario utilizar la educación? Palabras
textuales: Para apoderarnos del alma de nuestros niños. ¡Fíjense qué
modelo de libertades! (La señora Martínez García: ¡Qué cutrez!) ¿Eso es
solidaridad? ¿Es solidaridad eso? ¡No me cuente usted historias, por
favor! Y si me sigue tirando de la lengua, sigo soltando frases de
ilustres próceres socialistas.
Para que vean que la educación ustedes la han utilizado siempre, no para
ir contra las desigualdades, sino como un factor esencial de ingeniería
social. ¡Para eso la han utilizado ustedes siempre! ¡Y en eso siguen! (El
señor Cobo Fernández: ¡Ay Dios!)
Y con este método de ingeniería fiscal, con ese sistema que ustedes han
hecho, pueden poner 10.000 millones de pesetas para neutralizar
desequilibrios de la LOGSE o 200.000 millones de pesetas o 300.000.
Pueden seguir ampliando el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Física, y así, eso es un saco sin fondo. Háganlo ustedes el día que
vuelvan a gobernar, que esperemos que sea muy tarde.
Señor Román Clemente, en primer lugar, porque ha vuelto a insistir mucho
en la escolarización infantil, le voy a dar las cifras que obran en mi
poder en este momento, que son las siguientes: Número de unidades de
educación infantil en relación con los conciertos, territorio de gestión
del Ministerio de Educación, centros privados concertados,17.162; número
de unidades de centros públicos, 39.111. Y, si quiere, le doy los datos
respecto de las tres Comunidades en las que el Ministerio tiene
encomendada la gestión. En Asturias, 763 unidades públicas; concertadas
privadas de infantil --que es a lo que usted se refería--, 246. En
Castilla-La Mancha, 2.176 públicas, y privadas, 439. En Extremadura,
1.383 públicas y 228 privadas. Ya ve usted que no hay en absoluto un
desequilibrio, en el sentido en que a mí me pareció haberle entendido.
Pero quisiera decirle algo más --se lo merecen; han trabajado en la
enmienda de devolución--, aunque no voy a entrar en aspectos ideológicos
que, evidentemente, sustentan modelos educativos diferentes y totalmente
respetables. Sólo voy a hacer una pequeña reflexión que afecta a la
relación enseñanza pública-enseñanza privada...
Perdonen que haga un inciso pues quiero aportar otro dato. Si tomamos
como base el dinero dedicado a la enseñanza concertada en el año 1992 y
establecemos como base 100, en Andalucía, Comunidad gobernada durante
todos esos años por los Socialistas, en el año 1998 esa base 100 es
162,7; es decir, 62,7 por ciento de incremento de los fondos aportados a
la enseñanza concertada en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Digo esto
porque conviene descubrir los dobles lenguajes, para que nadie se engañe.
Ustedes hacen la política que mayores beneficios y rendimientos les da.
No me venga hablando de principios.
Continúo contestando a Izquierda Unida, y perdonen el inciso, señores
Román Clemente y Cámara Fernández.
Critican la subida del 14,6 por ciento de la enseñanza concertada porque
es superior la subida de la pública. Quisiera hacer alguna consideración
para que la tengan en cuenta. Hay algunas razones para este aumento que
está porcentualmente un poco por encima. En primer lugar, la implantación
de cuarto de la ESO, que conlleva la concertación de una serie de aulas
y, en segundo lugar, un aumento de las cantidades dedicadas a becas para
que los alumnos puedan acudir a centros privados de educación infantil.
Pero quiero hacer alguna reflexión más, señores del Grupo Parlamentario
Mixto. Sigue costando mucho más un alumno de la pública que de la
privada. Además, yo percibo una cierta contradicción entre esta queja del
porcentaje que sube la enseñanza concertada, y la denuncia sindical, de
la que se hacen eco ustedes, sobre la homologación salarial del
profesorado de la concertada con el de la pública.
En este sentido, yo quisiera que recordasen y repasasen el espíritu y la
letra del artículo 49.4 de la LODE, donde se habla de acercamiento
progresivo sin plazo de tiempo, etcétera. Es difícil, por tanto, conjugar
la fase de implantación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, de los
niveles de enseñanza infantil, del aumento de aulas concertadas con ese
progresivo acercamiento, pero, desde luego, es algo que está en la Ley y
en el espíritu del Gobierno está el cumplirlo.
En cuanto a becas, critican que suban solamente un 4 por ciento --al
referirme a las beca también estoy dando respuesta a algún planteamiento
que ha hecho aquí el portavoz socialista-- y dicen que es injusto. Por
primera vez se supera la cifra de los 100.000 millones de pesetas. Tengan
en cuenta que el dinero destinado a becas en 1990 era de 57.000 millones
de pesetas y hoy sobrepasamos los 102.000 millones de pesetas. Ustedes
pueden decir que hace falta más. En educación ningún presupuesto es
suficiente pero, además, el número de potenciales becarios, respecto al
curso anterior, ha bajado en medio millón, con lo cual es un 4 por ciento
de aumento para medio millón menos.
La media de incremento del becario potencial es de un 17,82 por ciento,
incluyendo las becas para libros de texto que, como ustedes saben, suben
un 20 por ciento, de 10.000 a 12.000 pesetas.
Becas importantes por su novedad. En primer lugar las Becas Séneca, 750
millones de pesetas para que los alumnos universitarios en los dos
últimos años de carrera puedan cambiar de distrito universitario, pueda
haber una movilidad intraautonómica de los universitarios dentro del
Estado español, porque se daba la paradoja de que era más fácil que un
alumno español estudiase en universidades del extranjero que circulara
por distintas universidades de nuestro país.
La señora PRESIDENTA: Senador Barquero, le ruego que vaya concluyendo.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Voy terminando, señora Presidenta.
La acción Erasmus del Programa Sócrates aumenta un 250 por ciento
responde a 1999. La cantidad que podía conseguir hace seis años un alumno
becario Erasmus, al menos en el País Vasco, entre la asignación de la
Unión europea, la que aportaban las Cajas de Ahorros y el bolsillo de sus
padres podía alcanzar las 65.000 ó 70.000 pesetas. Hoy en día lo que
puede percibir un becario Erasmus solamente por parte del Gobierno
Central es del orden de las 60.000 pesetas.
¿Sería deseable que esta cantidad aumentase? Sería deseable y por ello
les decía: vamos a analizar los aumentos partiendo de dónde venimos, de
dónde estábamos.
La señora PRESIDENTA: Señor Barquero, se va a conceder otro turno, y le
ruego concluya, pues sospecho que su señoría pedirá intervenir.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Y así podría ir comentado, señora Presidenta,
otra serie de parámetros que se aumentan. Por ejemplo, hablan ustedes de
la relación con el PIB. En relación al producto interior bruto, lo que en
este momento representa porcentualmente la Educación es más o menos
análoga no a la de los países más evolucionados de la Unión Europea, pero
sí respecto a la media de los países de la OCDE.
No he tenido tiempo de referirme al cuantioso programa, con las novedades
de dotaciones económicas de garantía social, programa dirigido a las
minorías, que crece de una forma espectacular, pasando del 30 por ciento.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Barquero Vázquez. (El señor
De la Plata Rodríguez pide la palabra.)
Por el artículo 87, tiene la palabra por tiempo máximo de cinco minutos.
El señor DE LA PLATA RODRIGUEZ: Gracias, señora Presidenta.
No voy a consumir los cinco minutos. Voy a decir dos o tres frases al
señor Barquero. Le ha vuelto a faltar tiempo para justificar el rechazo a
las enmiendas, porque se ha detenido en señalar alguna frase. Si el señor
Llopis afirmó eso me parece muy bien. ¿Para qué le voy a recordar yo
cuántos representantes de la derecha en este país han dicho cantidad de
frases? No tendría tiempo con cinco minutos. ¿Para qué, qué sentido
tiene?
Yo he expuesto, y es lo que más ha molestado a su señoría de mi primera
intervención, el cuadro de principios que defendemos los socialistas. Eso
ha sido lo que más le ha ofendido. Y ha seguido haciendo alusión a ello
en las dos intervenciones siguientes, afirmando que no le hable de
principios. Yo todavía, aquí y hoy, puedo defender principios, señor
Barquero. Añade que cuando nosotros expresamos nuestras ideas hacemos
mítines o que cuando hay una subvención por parte de un Estado en una
situación económica negativa se habla de ciudadanos subvencionados.
Permítame que le diga que dudo de la solidaridad cuando es pronunciada
por la derecha. Dudo de lo que significa para la derecha la palabra
solidaridad si los ciudadanos no pueden ser subvencionados en una
situación de extrema necesidad.
Ese no es el caso. La situación económica actualmente es positiva, y el
Estado tiene que ser fuerte para redistribuir riqueza, pero me da la
impresión de que usted de eso entiende poco. Y como veo que no le
interesa lo que le estoy comentando, le diré --aunque sólo se lo diga a
la Presidenta-- que el socialismo en mi idea trata de luchar por la
igualdad de oportunidades. Señoría, tratamos de que los ciudadanos sean
libres, que puedan elegir, pero que puedan hacerlo en igualdad de
oportunidades.
Muchas gracias, señora Presidenta. (El señor Román Clemente pide la
palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador De la Plata.
Tiene la palabra, también por el artículo 87, el Senador Román Clemente
por un tiempo de cinco minutos como máximo.
El señor ROMAN CLEMENTE: No, señora Presidenta, no serán cinco minutos.
Es para aclarar al Senador Barquero que no hay ninguna contradicción
cuando pedimos la homologación para el personal docente de los centros
privados concertados.
Los artículos 49.1 y 49.4 de la LODE establecen que de forma progresiva
se procederá a la homologación de las retribuciones del personal docente
de centros privados concertados con los centros públicos. Algunas
comunidades ya han establecido un calendario al respecto. Hubo en su
momento un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos que se ha ido
aplicando de forma diferente según Comunidades Autónomas. Recientemente,
hace apenas unas semanas, la Comunidad Autónoma de Madrid ha firmado un
acuerdo con los sindicatos por el que se procede a esta homologación
fijando un calendario. A eso es a lo que me refiero. No hay ninguna
contradicción porque es justo, es de derecho y además porque hay que
cumplir la ley, lo que establece la LODE, para proceder a esa analogía, a
esa homologación, y esto tiene y debe ser contemplado en el presupuesto
porque si no no será posible esa homologación, incluso en el ámbito
todavía de competencias del Ministerio, como en aquellas Comunidades
Autónomas que no lo han hecho, si no estaríamos estableciendo un agravio
comparativo, una discriminación entre profesores en función de las
Comunidades Autónomas donde estén. No hay ninguna contradicción,
simplemente cumplimiento con lo que establecen las leyes.
Gracias, señora Presidenta. No he agotado el tiempo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román.
Pasamos al debate de la Sección 19, Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, y de la Sección 60, Seguridad Social e Imserso.
En primer lugar, los Senadores Estaún García, Blasco Nogués y Martínez
Sánchez han presentado la enmienda número 182. Para su defensa tiene la
palabra el señor Estaún por tiempo de un minuto.
El señor ESTAUN GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta, será
suficiente. Nuestra enmienda viene a solicitar una reconsideración de
cómo se hicieron las transferencias del Imserso a la Comunidad Autónoma
aragonesa, pues a nuestro juicio hay un déficit a la hora de valorar este
concepto en 300 millones de pesetas, y en ese sentido la ha presentado el
Partido Aragonés.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador.
Seguimos con el veto y las enmiendas presentadas por los Senadores Román
Clemente y Cámara Fernández.
Para la defensa de las enmiendas números 869 a 908 y 1142 a 1345, tiene
la palabra el señor Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, tengo veinte minutos y voy a intentar recortarlos, entre otras
cosas porque en la ley de presupuestos y en la ley de medidas ya han sido
en buena parte discutidos los contenidos de esta sección. Sin embargo, y
también improvisando, como el señor Barquero me comentaba hace un
momento, se me ocurre, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid,
porque a veces se hacen estas cosas, al calor del debate anterior, decir
que detrás de unos presupuestos hay medidas, hay ideas políticas y, si me
permiten la perspectiva siempre estratégica de cualquier formación
política, también hay ideologías. Aunque no lo parezca, muchas veces se
expresan en Presupuestos políticas y concepciones de la vida, del Estado,
si es más fuerte o es más débil y un montón de aspectos más que definen
las concepciones de izquierdas o de derechas. Tanto para lo que voy a
plantear aquí como para el debate anterior, yo quiero un Estado más
fuerte pero muy democrático. También quiero un modelo de relaciones
laborales, de gasto social, etcétera, que permita abordar las políticas
precisas para defender a la parte más débil de la sociedad.
Todo es ideología, efectivamente, y cuando uno sube aquí a la tribuna
tiene la tentación de decir algunas cosas. Espero que no se me conteste
en la forma que antes se ha hecho al Senador socialista,
independientemente de mi opinión, hacia las figuras históricas
socialistas, comunistas, anarquistas, los defensores a ultranza del
capitalismo más depredador, etcétera. Yo no voy a entrar en esta
cuestión. Pero, miren ustedes --siento moralmente la obligación de
decirlo--, al menos algunos de los personajes que se han mencionado, ya
muertos, estuvieron en el exilio por la defensa de la libertad y la
democracia. Y cuando yo entro a este Senado por la puerta de la Marina me
encuentro con una figura de este país importantísima, Cánovas del
Castillo, y con una leyenda que dice: Muerto por el anarquismo. Es un
anacronismo; en todo caso tendría que poner: Muerto por unos anarquistas.
El anarquismo, por ejemplo, en este país creó los ateneos libertarios que
dieron lugar, inclusive, a una buena parte de la educación de un montón
de trabajadores en esas aulas improvisadas. Por tanto, son aspectos,
efectivamente, ideológicos, a veces, los que nos mueve a traerlos aquí, y
no pasa nada, porque estamos para eso, para discutir. Pero vamos a
discutir sobre el presupuesto, aunque detrás existan estos aspectos más
políticos, más de fondo o más de línea de orientación.
La Sección 19, fundamentalmente en ese aspecto político, está enmarcada
en unos cambios profundos y que afectan a la política y, por tanto, a la
protección social en toda su dimensión. Yo creo que hay cambios en las
formas de producir, de realizar el trabajo, la aparición de nuevas
categorías. Discutimos esta sección, como otras, en el marco de una etapa
de segmentación terrible que hace que la aparición de las nuevas
categorías, la rotación masiva en el mundo del trabajo produzcan
situaciones indeseables. Por tanto, en esa orientación una política u
otra tiene que ver con lo que estamos comentando. Existe también una
estrategia de disminuir, si no eliminar el papel del sector público, o
disminuir el gasto social, o al menos contenerlo, no aumentarlo sobre la
base de necesidades objetivas, etcétera.
Yo creo que el paro, la precariedad, la pobreza y la exclusión social han
crecido --no es verdad que hayan disminuido--,
y, en mi opinión, de forma masiva y en paralelo, sobre todo si lo
comparamos con el crecimiento espectacular de la riqueza en los últimos
años, por encima de la media europea en cuanto a producto interior bruto,
haciendo un país más desigual, tal como demuestran todo tipo de estudios
que podemos mencionar aquí.
La Sección 19 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000
no contiene, en nuestra opinión, las partidas presupuestarias suficientes
para abordar todas las necesidades sociales que la situación de amplios
colectivos del Estado español requieren. Por el contrario --y es nuestra
opinión-- ahondan la brecha social entre la Unión Europea, como decía
antes, y España, pues haría falta --lo dije en otro debate-- cinco veces
el gasto social actual para alcanzar a la Unión Europea.
Un ejemplo claro de esto se ve en los gastos del Inem. Estos
presupuestos, señorías, dejan en la cuneta a 1,8 millones de parados que
siguen sin cobertura. No son los 700.000 que ya de por sí reconocen las
autoridades del Ministerio, ya que sus cálculos se realizan sobre paro
registrado y no sobre EPA. De ellos, 350.000 viven en situación
dramática. Efectivamente, la renta activa que se plantea en los
presupuestos no resuelve nada, ya que tan sólo va a poder ser aplicada a
parados de larga duración que hayan agotado todas las prestaciones y que
tengan cargas familiares, es decir, unos 100.000 en principio. Ese es el
balance final --serán menos en mi opinión-- y existen requisitos
restrictivos que no contemplan la necesidad global, haciendo que sólo se
destinen a ellos unos 50.000 millones de pesetas. El Inem sube sólo un
2,1 por ciento en general y un 2,5 por ciento por programas.
Las llamadas políticas activas se dedican a la mejora del capital humano,
excluidos los 50.000 millones de pesetas destinados a la renta activa de
inserción, que figura en la partida de desempleo; y también se incluyen
285.159 millones de pesetas para bonificar contratos indefinidos,
cantidad que fue mayor en 1999 porque éstos representaban del orden de un
27,2 por ciento de los realizados. En nuestra opinión esto no es
suficiente, y además mantiene la política seguida en 1995 por el
Ministerio de gastarse alegremente el excedente de dinero procedente de
las cotizaciones al desempleo, que tendría que ir a financiar la
protección social a los parados.
Las políticas activas --y a este respecto tengo que señalar que cuando se
habla de políticas pasivas éstas se plantean de forma peyorativa, porque
estamos hablando de la protección social a los parados que no tienen
ningún tipo de renta-- deberían ser exclusivamente financiadas con la
imposición general del Estado, e incluso descontando los 100.000 parados
teóricos a los que el Inem calcula que va a llegar la renta activa de
inserción, quedarán 700.000 sin ayuda de ningún tipo, ni activa ni
pasiva. Estos presupuestos siguen sin contemplar entre las políticas
activas los incentivos para la reducción de la jornada semanal a 35
horas, sin reducción salarial. Ya saben ustedes que lo debatimos ayer, y
por tanto no voy a extenderme en este apartado. En cualquier caso, sí es
conveniente recordar que existe un aumento espectacular de la
productividad y que esa productividad, como decía ayer, casi nunca va
destinada a salarios y mucho menos a mejorar las condiciones laborales de
los trabajadores, reduciendo la jornada y favoreciendo la creación de
empleo, el reparto del trabajo. En mi opinión, resulta necesaria la
reducción de la jornada, y por eso mi grupo ha presentado diferentes
enmiendas, con el fin de corregir la política del Partido Popular en
torno a esta cuestión. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la
Presidencia.)
El tiempo escasea y creo que el debate ya se ha planteado en todos sus
términos. No obstante, quisiera resaltar que los presupuestos no abordan
la creación de empleo de forma importante para el año 2000, y se calcula
que va a haber un crecimiento del empleo del 2,6 por ciento mientras la
economía crece un 3,7 por ciento. Por ello hace falta una política más
activa, más agresiva, con inversiones de todo tipo con el fin de
favorecer la creación de empleo, aplicando medidas que ya se han
comentado en otras secciones.
Por otra parte, la cuantía destinada a la protección de parados desciende
en términos globales en un 1 por ciento y, en mi opinión, hace falta una
protección social más plena, tal como recogen los diferentes sindicatos
en este país a través de las campañas que últimamente se están
planteando.
Las enmiendas que presentamos tienen que ver con inversiones en
escuelas-taller o casas de oficios para la formación en todas sus
vertientes. Asimismo, tienen que ver con ayudas de carácter asistencial
en favor de los emigrantes y sus asociaciones, pues aunque mañana o
pasado discutiremos una ley --veremos lo que queda--, hace falta
potenciar esos aspectos en los programas del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Programas de actuación de prevención y reinserción
social y laboral en concreto, enmiendas que tratan de sensibilizar en
diferentes aspectos. Obras de mejora en las oficinas del Inem, que están
francamente mal en este país. Enmiendas para el fomento del empleo en
algunas vertientes. Inversiones para mejora de las infraestructuras en
formación profesional. Enmiendas como la número 881, que trata
fundamentalmente de planes gerontológicos y la posibilidad de ir
buscando, por tanto, un horizonte mejor para que ocho de cada cien
mayores tengan ayuda a domicilio en este país. Enmiendas como la número
883, que trata sobre un crédito en concreto para apoyo a personas
discapacitadas.
En definitiva, enmiendas que contemplan una concepción, una filosofía, un
discurso político con propuestas concretas en el conjunto de las
enmiendas a las diferentes secciones. Los integrantes de Izquierda Unida,
en este caso inscritos en el Grupo Parlamentario Mixto, estamos en
condiciones de decir que de aplicarse esa política habría que distribuir
de otra forma el conjunto del presupuesto, porque habría que meter más
dinero para la protección social, para todo lo relativo a nuestros
mayores, para toda la formación en sus diferentes vertientes, para la
protección al desempleo y para políticas activas y pasivas de empleo que
permitan cambiar la situación. Lógicamente, eso no se hace cuadrando de
cualquier manera las cuentas; se hace
quitando de un lado y poniéndolo en otro. Esa es la diferencia de
orientación entre unas concepciones políticas y otras en el marco de
estos presupuestos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cámara.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Saavedra.
El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, vengo a defender el veto a las Secciones 19 y 60, así como las
enmiendas a las mismas, que en su conjunto suman 24 --no parece que sean
muchas comparadas con las secciones anteriores--, centrándome en aquellos
aspectos que consideramos fundamentales y que los justifican.
Tratándose de un departamento, el de Trabajo y Asuntos Sociales, que
tiene en su seno el Instituto Nacional de Empleo y que cuenta con un
presupuesto superior a 2 billones de pesetas, la principal razón del veto
es que esas cantidades asignadas no responden, no son las adecuadas a los
objetivos de creación de empleo que señala el Gobierno como uno de sus
principales motivos. Las razones por las que además podemos argumentar
este veto ya fueron expuestas el pasado lunes en relación con el texto
articulado al referirnos a las cuantías de las pensiones establecidas por
estos presupuestos y a la necesidad de incrementarlas como forma de
respuesta de solidaridad en un país que marcha económicamente a magnífico
ritmo y en el que, sin embargo, la respuesta social no tiene el mismo
ímpetu.
Es también necesario que los complementos de mínimos que se establecen en
la Sección 60 no sean consecuencia de los recursos del propio sistema de
la Seguridad Social, sino transferencias desde los Presupuestos Generales
del Estado al Inem, y que no se estén cubriendo las políticas activas con
el superávit por la gestión de la recaudación de ingresos sobre gastos
que el Inem viene experimentando. Según se nos informó en la sesión de
comparecencias, se prevé que, al cerrar el año 1999, dicho superávit
habrá experimentado un crecimiento que estará en torno a los 420.000
millones de pesetas, que es una cifra muy significativa que permitiría
incrementar esas políticas activas de empleo y destinar los recursos
presupuestarios a prestaciones pasivas, también con aportaciones de los
Presupuestos Generales del Estado por transferencia. (El señor
Vicepresidente, Cardona i Vila, ocupa la Presidencia.)
La formación profesional ocupacional es uno de los puntos clave en un
mercado de trabajo donde la oferta y la demanda no están adecuándose como
consecuencia de las solicitudes de las empresas de determinadas
cualificaciones y de trabajadores en desempleo que no poseen el
conocimiento adecuado, y que ni siquiera se encuentran luego con una
formación profesional --aquella que se oferta directamente todavía por el
Inem; no me refiero a las prestadas por las Comunidades Autónomas-- que
se adecue a las necesidades reales, pero sobre la que siguen
organizándose cursos, y en la que se siguen gastando los recursos en
determinados cursillos que no van a facilitar el instrumento de trabajo
que el trabajador desempleado necesita obtener de la formación
profesional ocupacional. De ahí también que las escuelas-taller y las
casas de oficios requieran un mayor incremento presupuestario y que, como
ya ha señalado el Senador Cámara, las oficinas del Inem obtengan algo más
que esos 663 millones de pesetas de inversiones en reforma o en nueva
instalación, dentro de ese presupuesto global que supera los dos
billones, que me parece que es una cifra que no requiere comentario
alguno.
En cuanto a las políticas sociales o de servicios sociales, es
significativo que estemos abordando en distintas instancias, en estos
últimos años, el problema del cambio experimentado con el giro de la
política migratoria. Por un lado, se están incrementando los retornos de
nuestros emigrantes, especialmente de América y, por otro, estamos
convirtiéndonos en un país de inmigración, de ahí que se elaborara un
informe que, en junio de 1998, obtuvo el consenso de todas las fuerzas
políticas en el Congreso de los Diputados y que dio lugar a esa
iniciativa legislativa que mañana discutiremos en esta sede. En aquel
informe se requería un mayor compromiso del Gobierno a la hora de
facilitar una vivienda a aquellos que retornan. Esa es la razón por la
que nosotros solicitamos un incremento de 1.000 millones de pesetas en la
partida presupuestaria para facilitar vivienda a los emigrantes que
retornaron.
Pero hay algo más importante y que nos preocupa muchísimo, relacionado
con la situación de los emigrantes que continúan --y que desean
continuar-- en los países de recepción, especialmente los de América
Latina. Son países que carecen de un sistema general de seguridad social
o de asistencia sanitaria general, pública y gratuita, razón por la cual,
los compatriotas que se jubilan o que son autónomos y carecen de la más
mínima renta, necesitan sobre todo una asistencia sanitaria. De ahí que
todas las fuerzas políticas coincidamos en la necesidad de llegar a
convenios con entidades privadas, con mutualidades, con el sistema
público limitado que exista en alguna de esas repúblicas suramericanas,
para que nuestros emigrantes puedan tener acceso a la prestación
sanitaria.
En la comparecencia de la Secretaria General de Asuntos Sociales se habló
sobre la existencia de tres países con los que se ha llegado a acuerdos.
La Secretaria General dijo: Están funcionando. Se refería a Argentina,
Paraguay y Venezuela. Ante mi requerimiento de información, por mi propio
conocimiento de la situación de los españoles en Venezuela que viví en el
mes de mayo de este mismo año, y puesto que no se conocía nada acerca de
este acuerdo, la Secretaria General de Asuntos Sociales, como
consecuencia de los compromisos adquiridos en su comparecencia, me ha
remitido un comunicado, con fecha 25 de noviembre, en el que dice lo
siguiente: Por lo que se refiere a la asistencia sanitaria a los
emigrantes españoles en Venezuela, se informa que se están manteniendo
los oportunos contactos con vistas a formalizar una póliza colectiva que
permita prestar dicha atención sanitaria. Las gestiones se están
realizando con la Fundación Sociedad Española de Beneficencia, que
concertará dicha póliza colectiva.
Si es a finales de noviembre cuando la Secretaria General de Asuntos
Sociales firma esta comunicación, no es posible que se diga que entre los
triunfos o los valores adquiridos por la gestión en el año 1998 y a lo
largo de 1999 estén esos tres acuerdos en materia sanitaria en favor de
nuestros emigrantes, porque uno de ellos, por lo menos el de Venezuela,
como ven, no parece que funcione.
Además, la partida presupuestaria asignada a este fin es de 17 millones,
con lo cual nosotros sugerimos el incremento en cien millones si queremos
que, efectivamente, la asistencia sanitaria en los lugares de mayor
permanencia de nuestros emigrantes sea un derecho efectivo.
En relación con el otro aspecto, el de la inmigración, el programa de
integración social del inmigrante tiene una consignación de 500 millones.
Fíjense que esta cifra, a través de la conferencia sectorial, se reparte
entre las distintas Comunidades Autónomas. Y también recurro al
conocimiento directo que tengo de este asunto a través de la Comunidad
Autónoma a la que represento, porque solicité información, que también me
facilita la Secretaria General, sobre la colaboración con la Comunidad
Autónoma de Canarias para el desarrollo de actuaciones conjuntas en
materia de atención a inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y
desplazados. En dicha comunicación se dice lo siguiente: Se acompaña
copia del convenio de colaboración suscrito con fecha 30 de diciembre de
1998 y el anexo. Por lo que se refiere al presente ejercicio --el año
1999--, se está procediendo --a finales de noviembre-- a la
correspondiente tramitación del protocolo adicional al convenio
mencionado, cuya firma se producirá en fechas próximas, en el que la
aportación económica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se
eleva a 21.777.774 pesetas, en cumplimiento de los acuerdos de la
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, celebrada el 8 de febrero de
1999.
La cifra, por sí sola, indica igualmente la sensibilidad o el traslado de
ese compromiso a los presupuestos en materia de integración social de los
inmigrantes y, verdaderamente, está muy lejos de las necesidades reales.
En relación con otros servicios sociales, soy consciente de que el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene muy pocas competencias en
el área de Servicios Sociales, por cuanto que ha sido transferido el
Imserso a todas las Comunidades Autónomas. Son programas nuevos que, en
virtud de esa distribución competencial, son gestionados por las
Comunidades y Ciudades Autónomas, y nos encontramos principalmente con el
plan gerontológico o con el plan de prestaciones básicas de servicios
sociales. Este último ha ido creciendo en los últimos años y consideramos
que todavía debe realizarse ese esfuerzo que, ya que no lo han querido
hacer en materia de pensiones, por lo menos lo hagan en relación con
estas prestaciones o planes gerontológicos, puesto que ya hay más de ocho
millones de españoles que tienen más de 60 años, y ése va a ser un
fenómeno creciente, por lo que los presupuestos deben ir atendiendo a
estas realidades de nuestra sociedad.
En cuanto a los planes de promoción de la mujer y de la juventud,
desearíamos que esos 3.382 millones de pesetas en el primer caso fuesen
incrementados especialmente en relación con las transferencias a
corporaciones locales para la creación de centros y a las organizaciones
no gubernamentales que trabajan en relación con las mujeres que sufren
malos tratos, mujeres abandonadas, madres solteras y que necesitan una
incorporación al trabajo, a la sociedad, y que a través de la acción
desplegada por estas organizaciones no gubernamentales están encontrando,
por lo menos, una respuesta solidaria a la situación que padecen.
Asimismo, consideramos necesario destinar alguna partida mayor al fomento
del autoempleo y de la creación de empresas.
En relación con el presupuesto del Instituto de la Juventud, el Gobierno
debe meditar --y el Grupo Parlamentario Popular que lo apoya también--
acerca de que este Instituto tiene un presupuesto de 3.858 millones de
pesetas y que sólo los capítulos 1 y 2 se llevan casi 2.500 millones de
pesetas. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Es decir, ¿cómo se
justifica que a estas alturas este Instituto se gaste en esos capítulos
2.500 millones de pesetas de una partida total para su gestión de 3.858?
Si ésta es la modernización de la que presume el Partido Popular..., aquí
por lo menos hay un gran agujero y no encuentro explicación a esta
situación.
Por último, en relación con la Sección 60 y las enmiendas a ella
planteadas --de las que ya he anticipado algunos de los motivos: la
coherencia con las enmiendas al articulado y la política de pensiones,
así como los complementos de mínimos--, lo que buscamos sobre todo es que
el Pacto de Toledo se cumpla a rajatabla y no se vaya burlando,
distrayendo o retrasando, aunque sea en algún caso con el acuerdo de los
interlocutores sociales, porque fue un pacto consensuado por todas las
fuerzas políticas, que requerirá su renovación probablemente y que
necesita que llegue a su cumplimiento en perfecto estado de salud.
Por último, señor Presidente, y en relación con los motivos expuestos
antes cerca del Imserso y de la política de traspasos efectuada,
retiramos nuestra enmienda número 716.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Saavedra.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Lobo.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, Presidenta.
Señorías, viene siendo tradicional en los últimos cuatro años --parece
casi tan tradicional como las fiestas navideñas-- que el Grupo
Parlamentario Socialista e Izquierda Unida presenten enmiendas de
totalidad --ahora se llaman impugnaciones-- a la Sección 19, a la Sección
60, al Inem, al Instituto de la Seguridad Social, a la Tesorería de la
Seguridad Social, al Imserso..., es decir, a todo lo habido y por haber.
(Un Senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡A lo que haga falta!)
En primer lugar, tengo que agradecer a los portavoces de los grupos que
me han precedido en el uso de la palabra su tono. Me parece que esta
noche hemos leído todos un poco al griego Solón, uno de los siete sabios
de Grecia, legislador y parlamentario de la más vieja democracia, que
decía que los gritos son el recurso al que se acude por la
ausencia de razones. Afortunadamente --aunque no compartidas--, los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han expuesto sus
razones.
Razones que a nosotros nos parecen a todas luces insuficientes y, por lo
tanto, no van a ser aceptadas por mi Grupo Parlamentario. Y no vamos a
aceptarlas, entre otras cosas, por la importantísima y primordial razón
de que estamos hablando de dos Secciones entre las cuales nos presentan
un presupuesto consolidado de 17 billones de pesetas. Pero es que este
presupuesto, señorías, crece en relación con el del año 1999 en un 4,4
por ciento. Y no vamos a aceptarlas, además, porque sólo la Sección 19
presenta un presupuesto no financiero consolidado de 3 billones de
pesetas, que también crece --cosa que aquí no se ha dicho-- en 297.000
millones de pesetas, lo que representa un incremento del 10,9 por ciento;
incremento que está basado fundamentalmente en el crecimiento de las
políticas activas de empleo y sobre todo --señor Saavedra-- en la
aportación que hace el Estado a la financiación del Imserso, que es una
consecuencia de la aplicación del acuerdo de separación de fuentes del
Pacto de Toledo. Señor Saavedra, el Partido Popular está aplicando el
Pacto de Toledo, cosa que no hizo el Gobierno Socialista desde el año en
que se firmó hasta que perdieron las elecciones.
Señorías, este presupuesto supera en cinco puntos el producto interior
bruto; su crecimiento es de 4,5 puntos superior al de los Presupuestos
Generales del Estado; supera cinco veces el IPC y casi triplica el
crecimiento de la economía española. Pero es que además, señorías, y
frente a lo que se ha dicho aquí, la mayoría de estos gastos se destinan
al Inem. Como muy bien han expuesto ustedes, concretamente 2.152.000
millones de pesetas, pero también es un presupuesto que no decrece, sino
que aumenta en un 2,1 por ciento.
En total, se contemplan para el Ministerio 841.000 millones. Al Fogasa,
Fondo de Garantía Salarial, aquel que da protección a los trabajadores
despedidos por empresas en crisis --y quiero decirle al representante del
Grupo de Izquierda Unida que a esto también se le llama protección a los
trabajadores--, se destinan 86.000 millones, con lo cual sube un 7,6 por
ciento. Al Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo se destinan
4.641 millones de pesetas, un 10 por ciento más que en el presupuesto del
año 1999. Al Instituto de la Mujer 3.330 millones de pesetas, un 13,8 por
ciento más que en el año anterior. Al Instituto de la Juventud un 17,8
por ciento más que en el año anterior. Al Consejo Económico y Social un
12,7 por ciento más que en el año anterior.
Señorías, con estos parámetros de crecimiento ustedes me dirán que es
difícil mantener que bajan los gastos sociales. Creo que queda
suficientemente demostrado que más bien ocurre lo contrario: los gastos
sociales aumentan.
Pero, por si esto no fuera bastante --que yo creo que sí lo es--, tenemos
que apoyar estos presupuestos porque persiguen la creación de empleo a
través de tres grandes líneas de actuación. La primera es mantener la
estrategia de políticas activas de empleo, que tan buenos resultados ha
dado; y digo que ha dado buenos resultados porque es preciso recordar que
en 1996 se destinaron a estas políticas 291.000 millones de pesetas, en
1997 316.000 millones de pesetas, 422.000 millones de pesetas en 1998 y
en el año 1999 707.000 millones de pesetas. El total de este esfuerzo
presupuestario para el año 2000 será de 864.000 millones de pesetas, que
supone un incremento del 22 por ciento sobre el ejercicio anterior. Con
lo que puede decirse que, a lo largo de toda la legislatura, se han
destinado a políticas activas de empleo casi dos billones y medio de
pesetas.
Dentro de estas políticas activas de empleo, las dotaciones que más
crecen son las destinadas al Programa de Formación Profesional, cuya
dotación aumenta en un 14 por ciento, destacando la formación de
desocupados, que se incrementa el 18 por ciento. El Programa de
escuelas-taller y casas de oficio crece un 15 por ciento y el de
promoción del empleo, sin contar las bonificaciones, se eleva a un 21,8
por ciento. Ello nos va a permitir llevar a cabo acciones tan importantes
como los talleres de empleo, Programa que --como sus señorías saben--
forma parte del de escuelas-taller pero que está destinado a parados de
larga duración, mayores de 45 años, aquellos trabajadores en paro que
tienen mayores dificultades a la hora de encontrar trabajo. Señorías, se
calcula que esta medida va a beneficiar a 11.500 españoles.
Asimismo, nosotros consideramos muy importante un nuevo Programa
denominado I+D, línea de actuación que va a sustituir a las iniciativas
locales de empleo a través de la cual se pretende estimular la creación
de actividad productiva en el entorno local.
Una segunda línea de actuación destacable, a nuestro modo de ver, que
tiene el propósito de crear empleo, es la del mantenimiento de
bonificaciones a la contratación indefinida, para la que se presupuestan
285.000 millones de pesetas. Además, aunque aquí se haya criticado, la
rebaja de las cotizaciones por la contingencia de desempleo es de 2,05
puntos para todos los contratos indefinidos.
La tercera línea de actuaciones está dirigida a potenciar el acceso al
empleo y la protección social de los colectivos que hasta ahora tenían
más dificultades en el mercado de trabajo, como es el caso de los jóvenes
y la mujer. Para ello, como ha dicho el representante de Izquierda Unida,
se establece una línea dotada con 50.000 millones de pesetas que nosotros
pensamos que dará lugar a una inserción activa de los españoles que están
en paro. Se trata, como bien saben sus señorías, de una ayuda económica
mixta de protección frente al desempleo y de promoción e inserción
laboral mediante la cual, si el trabajador no ha encontrado empleo en el
tiempo de duración de programa, accederá a un contrato para la
realización de tareas sociales o formación, garantizándosele un 75 por
ciento del salario mínimo interprofesional, por un período de 6 meses
prorrogable por 4 más. Se prevé que se vayan a beneficiar con este
programa 60.000 parados.
Además, y contrariamente a lo que se ha dicho, en el desarrollo de
políticas de solidaridad se permite mejorar y consolidar notablemente los
niveles de protección a los más desfavorecidos y a los que presentan un
mayor grado de dependencia. Así, el conjunto del área de Asuntos
Sociales, que abarca la mayor parte de las políticas de solidaridad que
lleva a cabo el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en estos presupuestos, supone un total de alrededor de 60.000
millones de pesetas, con un crecimiento de casi 7.000 millones de
pesetas, es decir, un 13,4 por ciento en relación con las cifras del año
anterior. Es necesario decir que absolutamente todas las actuaciones,
proyectos y programas de esta área, experimentan una sensible mejoría que
en casos como el de la integración social de inmigrantes --señor
Saavedra--, el plan estatal de voluntariado, la atención a personas con
Alzheimer y otras demencias, la conciliación de la vida laboral y
familiar o la promoción y servicios a la juventud crecen en estos
presupuestos. Es llamativo --y lo digo porque es así-- el incremento del
presupuesto al programa de atención a la infancia y a la familia, que
casi llega al 127 por ciento en relación con el año anterior.
Por lo que respecta a la Sección 60, Seguridad Social e Instituto
Nacional de la Seguridad Social, igualmente vamos a rechazar las
enmiendas. Nos parece inadmisible --como ya le dije en Comisión, señor
Saavedra-- la justificación que se hace de las mismas. Además, señorías,
da la casualidad de que el presupuesto de la Seguridad Social contenido
en esa Sección 60 es de casi 15 billones de pesetas y se incrementa
también en un 7,1 por ciento. Es un presupuesto que da cumplimiento al
mandato legal de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, con
actualización en función al IPC del año 2000 y la compensación por la
desviación del año 1999, que seguramente hoy conoceremos. Mejoran las
pensiones más bajas --de lo que se van a beneficiar más de 3 millones de
pensionistas que van a ver incrementadas las pensiones mínimas en 5,4
puntos de media ponderada--, con especial atención a las de viudedad. A
estas mejoras se destinan 60.000 millones de pesetas, más los 10.000
millones de pesetas destinados a mejorar las pensiones contributivas
haciendo efectivo el acuerdo con las centrales sindicales.
Por primera vez se asegura el equilibrio financiero del sistema y, aunque
a ustedes no se lo parezca, nosotros creemos que es de una importancia
extraordinaria porque está previsto que el superávit sea del 0,1 por
ciento del producto interior bruto; es decir, la Seguridad Social va a
tener unos 90.000 millones de pesetas de superávit frente al importante
déficit que existía en 1995 --no sabemos si de caja o de devengo--, que
era un gran agujero y un importante déficit.
Asimismo, desaparecen en este presupuesto los préstamos del Estado a la
Seguridad Social y se da un paso más --y vuelvo a insistir, señor
Saavedra-- en la separación de fuentes en función de la naturaleza
contributiva o no contributiva de las prestaciones. Para ello, el Estado
aporta 241.000 millones de pesetas y, como dije antes, se reducen las
cotizaciones sociales por la contingencia por desempleo, medida que va a
beneficiar a 6 millones de españoles.
Por todo ello, señorías, no tenemos más remedio que rechazar estas
enmiendas de veto y pedirles que reflexionen y las retiren.
En cuanto a las enmiendas parciales, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta 24. No me voy a detener en todas porque la mayoría de ellas
suponen incrementos en la dotación de programas que ya en el proyecto
experimentan aumentos en relación con ejercicios anteriores, pero sí
quiero referirme a cuatro de ellas.
Concretamente la número 581 pretende un programa de extensión de
residencias para mayores con una cuantía de 31.000 millones de pesetas.
Hemos considerado que esta propuesta es interesante, no obstante, dado el
volumen de recursos presupuestarios y el hecho de que las competencias de
gestión de residencias estén transferidas a las Comunidades Autónomas, se
hace necesario un estudio en profundidad y , por otra parte, la
aprobación para esta dotación de la Conferencia Sectorial de Asuntos
Sociales.
La enmienda número 587 pretende el incremento de 200 a 500 millones para
políticas activas de empleo para jóvenes. Aquí hemos de decir que el
programa de acciones del Plan de juventud concertado con las Comunidades
Autónomas se duplica con respecto al año 1999, y de acuerdo con los
resultados de este plan es un compromiso del Gobierno ir incrementando
las dotaciones en los tres años de vigencia del mismo.
La enmienda número 589, en la que ha puesto especial interés el señor
Saavedra, propone una redistribución de 200.000 millones para políticas
activas, con repercusión en el presupuesto del Inem. Tenemos que rechazar
esta oferta necesariamente porque su aceptación supondría la modificación
del Acuerdo Interconfederal para medidas de fomento al empleo, suscrito
con los sindicatos, a lo que naturalmente no estamos dispuestos.
Por último, no procede aceptar la enmienda número 593 porque nos
obligaría a modificar al alza los tipos de cotización por la contingencia
de desempleo.
Hay otra enmienda a la Sección 60, la número 718, que pretende un alta
nada menos que de 200.000 millones para financiar los complementos a
mínimos. Hemos de decirle que no podemos estar de acuerdo con lo que aquí
se ha dicho en relación con este importante tema, ya que los complementos
a mínimos de la Seguridad Social, como ustedes bien saben, se han de
financiar según lo que dispone la ley de racionalización y consolidación
del sistema en los términos en que se determine en la ley de presupuestos
para cada ejercicio, pero textualmente dice la ley «... hasta que se
establezca definitivamente su naturaleza». Y dado que esto es
precisamente lo que nosotros planteamos en el proyecto de ley de
Presupuestos del año 2000 que estamos debatiendo, por esa misma razón
vamos a rechazar esta enmienda.
Respecto a las enmiendas parciales de Izquierda Unida, el Senador Cámara,
representante de este Grupo, no ha entrado en el detalle, pero
prácticamente todas ellas pretenden modificar el presupuesto de la
sección incrementando los programas: atención a la infancia; otros
servicios sociales al Estado; atención en favor de los emigrantes;
servicios generales: inspección y control; promoción de la mujer,
etcétera. Vamos a rechazarlas por las mismas razones, por entender que
los créditos previstos en el proyecto de ley para estos programas
experimentan incrementos con respecto a los ejercicios anteriores que
consideramos adecuados.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Lobo.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Consideramos que los programas de empleo y protección al desempleo no son
suficientes porque, entre otras cosas, todo el gasto que de ahí se
desprende proviene de cotizaciones de los trabajadores, el Estado fuera
de esto no aporta más dinero en esa materia.
Efectivamente hay políticas llamadas activas que provienen de una fuente
que es el Inem, con un superávit determinado, y se dirigen a programas
para incentivar la denominada contratación estable o indefinida, que no
es tal en muchos de los casos, porque a los dos años se producen
despidos, aunque después una buena parte de los costes de la Seguridad
Social, por ejemplo, sea financiada. Por tanto, consideramos claramente
insuficientes esas partidas.
Esas políticas activas que son, repito, todavía, insuficientes --aunque
podían serlo más-- no son la alternativa al derecho a una renta económica
ante la situación de necesidad por paro forzoso. Este es el debate. ¿Qué
tendrá que ver que todos pensemos que son necesarias más dotaciones para
esas políticas? Políticas quizá mediante aportaciones de Estado en el
sentido de destinar el dinero del Inem a ese objetivo y que después no
protegen suficientemente a los parados forzosos. Mi pregunta es si
realmente son o no forzosos y si su protección por tanto es necesaria.
Tampoco es suficiente la cantidad que se destina a ese programa de
reinserción de parados mayores de 45 años, entre otras cosas porque no se
consolida ese derecho, es ocasional, y lógicamente son temas de especial
importancia.
Señoras y señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular, he de
decirles que efectivamente hay algo que disminuye en estos presupuestos
el 1,4 por ciento y que no he mencionado, es el capítulo de relaciones
laborales, y no me extraña en absoluto, porque en la selva que son hoy
las relaciones laborales para qué se va a potenciar las políticas
garantistas de protección y ayuda a los trabajadores. Esta disminución se
produce porque se entiende la flexibilidad, y desde el Estado hay
políticas muy parcas en materia de inversión, de ayudas, de políticas
dirigidas fundamentalmente a otros cambios en las relaciones laborales.
Este Gobierno no potencia esas medidas garantistas, todo lo contrario, se
dedica fundamentalmente a dejar al llamado mercado libre, a veces entre
comillas, para que regule las relaciones laborales. Y los gobiernos
tienen que potenciar políticas que protejan fundamentalmente a la parte
más débil en las relaciones contractuales en este país, por ese motivo
baja el capítulo de relaciones laborales el 1,4 por ciento.
No voy a argumentar mucho más. Como he dicho en la tribuna ya se ha
discutido este tema a lo largo del debate de presupuestos y de la ley de
acompañamiento. Me parece inútil dar razones y razones. Usted ha
planteado que todo sube. Diseccionando las cosas como son, hay cosas que
efectivamente suben aunque deberían hacerlo más, mientras que hay otras
que bajan y pensamos que no debería ser así. Efectivamente, éste es el
debate y la discusión: en qué sentido, en qué orientación aumenta una
partida, cuándo debería aumentar más, cómo se orienta la política
económica en este país, etcétera, para que realmente esas partidas
tuvieran una mayor dotación.
Yo he mencionado algunas de las enmiendas que presenta el Grupo
Parlamentario Mixto, en este caso de Izquierda Unida, las de mayor
cuantía, y usted no me ha respondido. Pero, en cualquier caso, es lo
mismo. Se trata ni más ni menos de terminar este debate porque, como
usted anuncia --no solamente usted, también otros portavoces de su
Grupo-- no se admite absolutamente nada, y lógicamente una cosa es hacer
el discurso, defender tus ideas, y otra es perder el tiempo
lamentablemente con discursos reiterativos para después decir que no se
admite nada. Los argumentos están dados, yo respeto su posición, pero no
la comparto.
Por ese motivo, tenemos la obligación de votar en contra de esta sección
y no retirar el veto que ustedes reclaman. Lógicamente lo vamos a
mantener, ya que defendemos una política distinta a la suya.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.
¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo de Convergència i Unió? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Saavedra.
El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Gracias, señora Presidenta.
El Senador Lobo, con su pasión popular, ha tenido un pequeño lapsus al
referirse al incumplimiento por parte del Gobierno socialista del Pacto
de Toledo. Señoría, el último presupuesto aprobado por los socialistas
corresponde a 1995, es decir, que fue elaborado en el otoño de 1994, de
forma que difícilmente se le puede criticar de haber incumplido dicho
pacto.
Pasando a los temas más importantes de mi intervención en nombre del
Grupo Socialista, hay que decir que los hechos desmontan su optimismo
respecto de las políticas activas de bonificación de la contratación
indefinida, porque el paro registrado por el Inem ha seguido la línea
tradicional --consistente en que en invierno aumenta el desempleo y al
llegar a primavera éste disminuye--, y aun reconociendo que ha habido una
disminución neta del número de desempleados --de lo cual yo también me
alegro--, a 30 de noviembre sólo el 10 por ciento de los nuevos contratos
eran indefinidos. Por tanto, todos deberíamos reconocer que esa política
ha fracasado y que hay que modificarla reforzando las políticas activas.
En relación con el presupuesto del Instituto de la Juventud, aunque su
señoría me ha dicho que ha aumentado, lo único que le he preguntado es si
dicho crecimiento se refleja en los capítulos 1 y 2 que se llevan casi el
70 por ciento del total del presupuesto que gestiona el Instituto, o
se ha destinado de forma importante al plan piloto de viviendas para
jóvenes, concertado con las corporaciones locales, porque creo que ésa es
una de las necesidades más sentidas actualmente por los jóvenes.
Finalmente, en cuanto a la enmienda número 582, relativa a la integración
social de inmigrantes, que pasa de 350 a 500 millones de pesetas en el
nuevo presupuesto, me gustaría saber si con esa cifra ustedes piensan
asumir y dar respuesta a las responsabilidades que, en forma de
reconocimiento de derechos --esperemos que se reconozcan plenamente--, se
contienen en el proyecto de ley que mañana dictaminará este Pleno. Esa es
mi inquietud.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Saavedra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Lobo.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero indicar a los portavoces de los Grupos Parlamentarios Socialista y
Mixto que, independientemente de porcentajes, datos, o crecimiento de
partidas, estamos convencidos de que estos presupuestos, que ustedes
rechazan tan contundentemente, están permitiendo que en 1999 se vayan a
crear 450.000 empleos. Estos presupuestos dan continuidad en su filosofía
a los correspondientes a 1997 y 1998, que han posibilitado la creación de
un millón 600.000 puestos de trabajo. Y como sus señorías saben, aunque
lo nieguen, el empleo no sólo ha aumentado en cantidad, sino también en
calidad, por lo que no comparto lo que aquí se ha dicho al respecto.
Sin embargo, a pesar de todo ello, ustedes insisten en rechazarlos. Muy
bien. Ustedes sabrán cuál es la verdadera razón para hacerlo. En mi
opinión, la ha expresado el Senador Cámara cuando ha manifestado que hay
que aumentarlos. Pero, señoría, siempre hay que añadir algo más. Como
decía mi compañero, esto es como lo de los hermanos Marx, uno de los
cuales decía: Yo quiero dos huevos. Y el otro contestaba: Y yo quiero dos
huevos, y además un huevo duro.
Esa es la filosofía de ustedes. Pero están equivocados, porque estos
presupuestos, al igual que los de 1997, 1998 y 1999, servirán a la
sociedad española para consolidar y potenciar las políticas sociales.
Señorías, creemos que solicitar la devolución de las secciones 19 y 60 no
refleja más que la defensa --legítima, por supuesto-- de unos modelos que
se han demostrado inoperantes e ineficaces, por no llamarlos caducos, que
están alejados de la realidad y que no son compartidos, eso está claro,
por ninguno de los países de nuestro entorno.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Lobo.
Terminado el debate, vamos a pasar a las votaciones de las Secciones 17,
18, 19 y 60, correspondientes a los Ministerios de Fomento, Educación y
Cultura, Trabajo y Asuntos Sociales y Seguridad Social e Imserso.
Empezando por la Sección 17, presupuesto del Ministerio de Fomento, vamos
a votar, en primer lugar, las enmiendas de los Senadores Estaún García y
Martínez Sánchez en dos bloques.
En primer lugar, votamos las enmiendas 85, 86, 90, 97, 99 y 112.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, ocho; en contra, 134; abstenciones, 86.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el resto de las enmiendas de los Senadores Estaún García,
Blasco Nogués y Martínez Sánchez.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 88; en contra, 133; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas de los Senadores Román Clemente y Cámara
Fernández en cuatro bloques: Primero, la enmienda número 1344, es decir,
el veto.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 89; en contra, 134;
abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votación del segundo bloque: las enmiendas números 1346 a 1349 y 1452.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 226; a favor, seis; en contra, 215;
abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación del tercer bloque: las enmiendas números 1352, 1354, 1355, 1357,
1358, 1363, 1365, 1373, 1376 a 1379, 1382 a 1385, 1392, 1404, 1412, 1416,
1418, 1421 a 1424, 1427, 1432, 1436, 1438 a 1440, 1442, 1446, 1448, 1456,
1457, 1461, 1462, 1464, 1470, 1471, 1473, 1489, 1491, 1504, 1510, 1516,
1518 a 1521, 1527, 1533, 1544, 1545, 1547, 1548, 1551 a 1553, 1556, 1559,
1560 y 1562 a 1565.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 88; en contra, 135; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación del resto de las enmiendas de los Senadores Román Clemente y
Cámara Fernández.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, seis; en contra, 132; abstenciones, 86.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Mixto,
presentada por el Senador Padrón Rodríguez.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 11; en contra, 133; abstenciones, 82.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas originariamente presentadas por el Senador Armas Rodríguez, del
Grupo Parlamentario Mixto. Se votarán en dos bloques: Primero, la
enmienda número 23.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 93; en contra, 131;
abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas también originariamente presentadas por el señor
Armas Rodríguez, números 24 y 25. Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 11; en contra, 133, abstenciones, 83.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 44, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada
por el Senador Torres Cardona.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 89; en contra, 126;
abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista en tres bloques. En primer
lugar, votamos el veto, correspondiente a la enmienda número 386.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 227, a favor, 88; en contra, 135;
abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el veto.
Votamos las enmiendas números 392, 393, 409, 414, 422 y 429, presentadas
por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 87, en contra, 134;
abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas anteriormente
citadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 227, a favor, 86; en contra, 134;
abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen de la Sección 17, correspondiente al presupuesto del
Ministerio de Fomento.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 130; en contra, 96;
abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el presupuesto del Ministerio de
Fomento.
Pasamos al presupuesto de la Sección 18, correspondiente al Ministerio de
Educación y Cultura.
En primer lugar, votamos las enmiendas de los Senadores Estaún García,
Blasco Nogués y Martínez Sánchez, en dos bloques. En el primero, las
números 136, 139, 140, 141, 142, 143 y 144.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 88; en contra, 132;
abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
presentadas por los Senadores Estaún García, Blasco Nogués y Martínez
Sánchez.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 226; a favor, siete; en contra, 134;
abstenciones, 85.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas, también del Grupo Parlamentario Mixto, de los Senadores Román
Clemente y Cámara Fernández.
En primer lugar, enmienda número 770.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 89; en contra, 133; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas números 772, 773, 774, 778, 780, 781, 782, 783,
784, 793, 794, 795, 818, 827, 829, 834, 837, 841, 842, 846, 848, 856 y
867.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 88; en contra, 132; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar el resto de las enmiendas presentadas originariamente por
los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández, excepto la 831, que
soporta una propuesta de modificación del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 227; a favor, dos; en contra, 133;
abstenciones, 92.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Vamos a votar la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Mixto,
presentada originariamente por el Senador Padrón Rodríguez.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 92; en contra, 131;
abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 26 y 27, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por
el Senador Armas Rodríguez.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 225; a favor, nueve; en contra, 132;
abstenciones, 84.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Finalmente, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas
originariamente por el Senador Torres Cardona. En primer lugar, enmienda
número 45.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, siete; en contra, 134; abstenciones, 86.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 46.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 87; en contra, 132;
abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 47.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 90; en contra, 124;
abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
La enmienda número 48 ha sido retirada.
Votamos la enmienda número 49.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 89; en contra, 133; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 50 y 51.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, cinco; en contra, 125; abstenciones, 95.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En
primer lugar, votamos la enmienda 434.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 83; en contra, 134; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora las enmiendas 481, 482, 500, 501, 504, 514, 516, 546 y 551.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 86; en contra, 126; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 88; en contra, 135; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda transaccional presentada sobre la enmienda originaria
número 831, de los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández, que tiene
el número de entrada en el registro 67.386.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada.
Vamos a votar la Sección 18, Presupuesto del Ministerio de Educación y
Cultura, según el texto del dictamen, salvo en lo ya acordado en la
transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 133; en contra, 92.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Pasamos a la Sección 19 y Sección 60, Trabajo y Asuntos Sociales y
Seguridad Social e Imserso.
En primer lugar, votamos la enmienda número 182 de los Senadores Estaún
García, Blasco Nogués y Martínez Sánchez.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, ocho; en contra, 132; abstenciones, 87.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas de los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández. Primero
votamos la enmienda número 868.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 87; en contra, 132; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 1139.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 87; en contra, 130; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora las enmiendas números 875, 876, 878, 879, 882, 883, 885,
886, 888, 902 y 904.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 89; en contra, 133; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas de los Senadores Román Clemente y
Cámara Fernández.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, tres; en contra, 133; abstenciones, 91.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Primero votamos la enmienda
número 575.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 84; en contra, 135; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora la enmienda número 713.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 85; en contra, 133; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación del resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a
la Sección 19.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 85; en contra, 134; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.
Finalmente votamos el texto del dictamen de la Sección 19, Trabajo y
Asuntos Sociales, y de la Sección 60, Seguridad Social e Imserso.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 134; en contra, 91; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas, por tanto, las Secciones 19 y 60,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y Seguridad Social e Imserso,
respectivamente.
Se suspende la sesión hasta las cuatro y media de la tarde.
Eran las catorce horas y treinta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Buenas tardes. Se reanuda la
sesión.
Debate de la Sección 20, Industria y Energía.
Enmienda número 151, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por los
Senadores Estaún García, Blasco Nogués y Martínez Sánchez.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Martínez Sánchez.
El señor MARTINEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Esta enmienda se refiere exclusivamente al Plan de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, en la parte que
corresponde a las comarcas mineras de la provincia de Teruel.
El Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de
las Cuencas Mineras fue suscrito por el Ministerio de Industria y
Energía, la Comunidad Autónoma de Aragón y por diferentes agentes
sociales en julio de 1997. Consta de dos capítulos totalmente
diferenciados. El primero es el Plan del Carbón en sí y el segundo, y más
importante si cabe, es el Plan de Desarrollo Alternativo.
La enmienda presentada va dirigida específicamente al segundo capítulo,
al Plan de Desarrollo Alternativo. Este plan contempla ayudas para
infraestructuras en estas comarcas mineras que, para el bienio 1998-1999,
se cifró en la cantidad de 18.000 millones de pesetas, que era
precisamente la cantidad para hacer frente a los distintos proyectos que
por el Ministerio de Industria y Energía, por la Comunidad Autónoma y por
la Mesa de la minería fueron aprobados a principios de 1998.
Nos encontramos en este momento con que únicamente se han firmado
convenios por valor de 14.000 millones de pesetas, y estamos ya a final
del bienio, en 1999, lo cual quiere decir que es prácticamente imposible
--nos atreveríamos a decir que es imposible-- que se firmen más convenios
en este año en que nos encontramos.
Los proyectos de infraestructuras que contempla este Plan deben ser
gestionados por la Administración regional o, en su caso, por las
distintas administraciones locales con aportación de fondos por parte del
Ministerio de Industria y Energía.
En estos momentos se han firmado y, por tanto, se han aportado 14.000
millones de pesetas. Nos faltan 4.000 millones de pesetas todavía. Los
proyectos sí están aprobados y los convenios firmados, pero el dinero
todavía no ha llegado, con lo cual se incumple el plan firmado por el
Ministerio de Industria y Energía con la Comunidad Autónoma de Aragón.
La enmienda que presentamos se refiere a esos 4.000 millones de pesetas
que faltan por aportar para el bienio 1998-1999, y lo único que
perseguimos es que esa cuantía, que era parte de lo que se suscribió en
su día entre las dos instituciones, se incremente a la dotación que para
el año 2000 se ha planteado en los Presupuestos Generales del Estado con
cargo al Plan Minero a las comarcas mineras de Teruel. Es decir, que si
son 9.000 millones de pesetas aproximadamente lo que cada año se consigna
en presupuestos para estas comarcas mineras en lo que se refiere a
aportación para infraestructuras, pedimos que sean 13.000. Lo único que
pedimos es la cantidad que no se ha ejecutado durante 1999.
Eso es todo, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Martínez.
Para la defensa del veto, que corresponde a la enmienda número 909, más
las enmiendas números 910 a 920 y la 1345, tiene la palabra el Senador
Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Una vez más presentamos una propuesta de veto a la Sección 20, Industria.
Lo hacemos en nuestra enmienda número 909, y en la exposición de motivos
de esta enmienda de veto dejamos claras nuestras discrepancias.
Voy a intentar exponer los motivos que justifican este veto y,
posteriormente, pasaré a defender las enmiendas números 910 a 920, como
ha dicho el señor Presidente.
Para nosotros este presupuesto del Ministerio de Industria tiene una
continuidad respecto del que debatimos para el ejercicio 1999. Dijimos en
aquel momento, y lo repetimos ahora, que el Ministerio ha renunciado a
ser el agente impulsor de una política industrial activa, y que
fundamentalmente se ha conformado con gestionar lo que el Gobierno ha
llamado políticas de modernización del sector público, políticas que
básicamente se han convertido en una especie de oficina de ventas de las
empresas rentables industriales del sector público. A lo largo de este
ejercicio se ha culminado prácticamente la venta de los activos rentables
que quedaban. Esto ya tuvimos ocasión de debatirlo en los presupuestos
para 1999, pero conviene insistir de nuevo en algo que también apuntamos
y que, por cierto, se ha dado.
Pues en los presupuestos para el año 2000 se incide en esta dirección,
apuntándose la culminación de este proceso con la venta paulatina de las
empresas de astilleros españoles, la industria pública militar Santa
Bárbara, y la de las empresas de bienes de equipo.
El MINER mantiene abiertos temas relevantes como la donación de 1,4
billones de pesetas a las compañías eléctricas, un litigio con la Unión
Europea, que considera esa donación como una ayuda, y que está pendiente
de una resolución definitiva, cuestión esta que tendrá una relevante
incidencia en la futura evolución del sector eléctrico.
Este sector ha sido privilegiado por el Ministerio sin que se haya
producido una contención en las tarifas de los usuarios acorde con la
bajada de tipos de interés y con las concesiones efectuadas. El
consumidor doméstico y el pequeño industrial continuarán sin poder optar
por una u otra compañía suministradora, cuestión sobre la que ya
mantuvimos también en su momento un intenso debate.
Se promueve en la energía nuclear el alargamiento de la vida útil de las
centrales más antiguas, en vez de propiciar su cierre y establecer un
calendario definitivo para ello.
En el sector de hidrocarburos se han eliminado los precios máximos y se
ha producido una tendencia al alza en los precios con escasa repercusión
en los que estaban establecidos en las medidas del Gobierno. No existe
competencia real en los carburantes, y, además, las últimas medidas
adoptadas para el gas butano pueden incidir en la seguridad de su
manipulación y perjudicar al usuario al desregular la obligatoriedad del
servicio a domicilio del gas butano, cuestión esta que ya comenté cuando
debatimos esa Ley aquí, en el Senado.
Las políticas de I+D no tienen impulso suficiente para recortar el
retraso de nuestro país respecto de la media europea. Se enmascara este
parón en las inversiones incrementando I+D correspondiente al área de
Defensa, y ayer mismo tuve oportunidad de incidir en este aspecto. Entre
tanto, se conceden ayudas a la investigación --dicho entre comillas--
para actuaciones tan pintorescas como las aprobadas para la construcción
de una granja de cerdos en Castilla y León superior a los 1.000 millones
de pesetas, y ello sin más requisitos que un simple documento de
declaración de intenciones.
Se impulsa una visión sesgada de las políticas de innovación con una
tendencia a levantar los controles sobre las ayudas, primando a las
empresas en su área de desarrollo y con un menor peso para la
investigación.
No se contemplan de una manera integral las políticas de ayudas, y
especialmente en el Plan del carbón se están produciendo incumplimientos
y desviaciones que afectan a la producción y al precio del carbón, y que
producen una distorsión del espíritu de las políticas de empleo del
llamado 4 por 11. Estas ayudas a comarcas mineras deberían ser de adición
y no de sustitución.
Un análisis más global de estos presupuestos, en relación con los de
otros Ministerios, pone en evidencia el efecto sustitutorio en las
actuaciones del plan, promoviéndose, a cargo de estos fondos,
infraestructuras que deben abordarse directamente desde los presupuestos
del Ministerio de Fomento. Las ayudas del MINER se han concedido sin la
suficiente transparencia e impidiendo la libre concurrencia entre
empresas y municipios para acceder a las mismas, concediéndose en
determinados casos con criterios, cuando menos, subjetivos. Las
inversiones en seguridad minera son claramente insuficientes para
realizar una verdadera política preventiva.
En el sector naval se observa una mala situación de partida para
enfrentarse a la recesión que se está produciendo en la contratación de
nuevos barcos para conseguir carga de trabajo. Parece que esta nueva
crisis ha cogido por sorpresa al Ministerio, que ahora apunta con buena
dirección para hacer frente a la competencia desleal de países como Corea
y Japón, pero debe mantener actitudes más firmes ante la Unión Europea
para conseguir, al menos, una prórroga en las ayudas comunitarias al
sector y presionar para enfrentarse al «dumping».
Voy concluyendo. Estos presupuestos apuntan en la misma dirección:
reducir la capacidad de impulso a la industria española y dejarlo todo a
la voluntad del mercado, con una capacidad menor de incidencia. Así,
continúan anunciando su retirada de nuestro país multinacionales, como
Carrier, que obtienen beneficios tras conseguir, en algunos casos, ayudas
directas de la Administración y dejando el coste social de las
prejubilaciones y del desempleo a cargo del Estado. Estos presupuestos
indican claramente que para estos Ministerios la mejor política
industrial es la que no existe.
Doy por defendidas las enmiendas que hemos presentado en los términos en
que están expresadas. Concluyo así, señor Presidente, el turno de defensa
de las enmiendas números 910 a 920 del Senador que les habla y del señor
Cámara Fernández.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.
Para la defensa del veto, correspondiente a la enmienda número 594, y de
las enmiendas que van de la número 595 a la 620 del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el Senador Franco.
El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender el veto que hemos presentado a la Sección 20,
Ministerio de Industria y Energía.
Son varias las razones que mueven a mi Grupo a llegar a la conclusión de
que esta Sección no es adecuada para dar respuesta a los problemas
industriales de España. En primer lugar, en este presupuesto no hay
ningún diseño para la competitividad de nuestra política industrial,
fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas.
En segundo lugar, los procedimientos presupuestarios que se utilizan
ocultan parte del déficit público, aumentan la deuda del Estado y falsean
los gastos en investigación y desarrollo. En tercer lugar, la
subordinación de la política de competitividad de las empresas
industriales públicas al proceso acelerado de privatizaciones, basado en
motivos ideológicos y financieros de corto alcance. En cuarto lugar, la
escasa política instrumental de liberalización energética, tanto de las
eléctricas como de los hidrocarburos, y el poco apoyo hacia las políticas
energéticas renovables.
No cabe duda de que el ciclo económico nacional e internacional,
fundamentalmente este último, ha sido un elemento fundamental para el
despegue de la economía española y, en consecuencia, ha facilitado el
desarrollo más amplio de nuestra industria y de nuestra economía. Sin
embargo, nosotros creemos que el Gobierno de España no ha llevado a cabo
una política clara que permitiese aprovechar estos años de bonanza para
garantizar que en los años de declive económico nuestras industrias,
fundamentalmente las pequeñas y medianas, puedan competir con las
industrias del entorno de la Unión Europea.
Por consiguiente, estamos convencidos de que se han perdido cuatro años y
que es más la ficción de la bonanza económica internacional que la
realidad y sostenimiento de nuestra estructura industrial de pequeñas y
medianas empresas. Hay una severa amenaza; es aquí donde el Gobierno
tiene influencia y no en la política económica general --que está en el
marco de la política expansiva de la Unión Europea--, la política
inflacionista que pone en cierto riesgo la capacidad de ventas al
exterior, la capacidad de más compras al interior y, en consecuencia, más
dificultades para nuestra industria a corto plazo y más dificultades para
el empleo en nuestro país, desde el punto de vista industrial.
En segundo lugar, la política de I+D es, como antes he dicho, engañosa.
Se falsean los datos porque, a pesar de los grandes números que hacen, al
final, cuando vamos a buscar qué es exactamente lo que se dedica a
investigación, la dotación es mucho más pequeña, mucho más simple y mucho
más estrecha. Por eso, nosotros creemos que en este esquema de I+D hay
mucho más gasto en desarrollo que en investigación y, fundamentalmente,
la gran partida que se utiliza en este presupuesto va dirigida a dos
programas que sin duda son importantes, pero que podrían estar
perfectamente
encuadrados en el Ministerio de Defensa --como nosotros planteamos-- y
escapar o huir del Ministerio de Industria y Energía, pero es lo único
que le queda en definitiva a ese Ministerio para justificar su
existencia.
Además hay cambios de nombre en la política de investigación y
desarrollo, como el INFO 21, que debido fundamentalmente a su falta de
claridad en los objetivos y de las posibilidades a desarrollar, mucho nos
tememos que al final vaya a favorecer --como hace este Gobierno-- a
determinados agentes que desarrollan su actividad fundamentalmente en el
campo de la información y de la comunicación.
Se está planteando un abuso claro de créditos reembolsables y nos
gustaría saber cuántos de esos créditos han sido reembolsados y cuántos
se han convertido, en definitiva, en deuda del Estado. A nuestro juicio,
se está abusando de créditos como mecanismos muy emergentes para la
ampliación de programas industriales, tanto para la industria militar
--como antes he anunciado-- como para el desarrollo. La industria militar
tiene un montante de 157.000 millones de pesetas que podían estar
perfectamente en el Ministerio de Industria y Energía, por lo que después
--si llega el caso-- podríamos comentarlo. No estamos en contra del
desarrollo en estas industrias españolas muy sectoriales, pero también
queremos decir que es mucho humo el pensar que esto abarca al conjunto de
la industria porque se reduce, fundamentalmente, a CASA, Santa Bárbara y
algunas empresas más que, aunque tienen importancia, sin duda ninguna, no
comportan el tejido fundamental de España.
En este presupuesto no encuentro cuántas PYMEs industriales pueden
recibir ayudas para hacer investigación, qué sectores están en estos
momentos movilizados para garantizar su competitividad en el futuro y
estamos convencidos de que esta «I» que aparece en el Ministerio de
Industria y Energía no llega al tejido productivo español, a las PYMEs.
Digo todo esto porque efectivamente en este presupuesto no hay objetivos
ni precisiones ni proyectos que den respuesta a las necesidades reales de
nuestra industria; ni hay intervención alguna de las Comunidades
Autónomas y es absolutamente curioso que no puedan coordinarse entre el
Estado y las Comunidades Autónomas para dar respuesta a los problemas
industriales que, si están en algún sitio, no es en el centro sino allí
donde residen las empresas, en las distintas Comunidades Autónomas o
municipios.
Este presupuesto tampoco contempla ni ha contemplado ninguna conferencia
sectorial industrial que garantice marcar objetivos, marcar prioridades,
tanto desde el punto de vista sectorial como desde el punto de vista
general. Por consiguiente, es una política autista, desligada de lo que
puede significar la política real, la política diaria y la política
microindustrial, aprovechando --eso sí-- el buen momento económico que en
estos momentos no es responsabilidad del Gobierno sino de todo un entorno
externo porque, como ya he dicho antes, en la inflación --que es donde
tiene responsabilidad el Gobierno-- estamos muy despegados de los
competidores de la Unión Europea y, en consecuencia, con grave riesgo
para nuestras industrias.
Este presupuesto no aborda la reindustrialización. Todos sabemos los
graves problemas que han existido a la hora de designar las ayudas para
la reindustrialización en zonas donde ha habido dificultades con las
empresas públicas y, precisamente por eso, porque el Gobierno toma las
decisiones sin contar con las Comunidades Autónomas, sin contar con los
ayuntamientos implicados y sin contar con los agentes sociales, es por lo
que ha incurrido en comportamientos por todos conocidos, de
importantísimo clientelismo, donde lo importante no es el desarrollo
económico sino cómo beneficiar o favorecer a algunos de sus amigos. Sin
duda alguna, La Carolina es uno de estos casos, Torcidos Ibéricos o
también el amigo del señor Aznar con su empresa de Oviedo.
Por otro lado, creo que en este planteamiento de reindustrialización no
se tiene en cuenta la situación real del país. Por eso no se abordan
problemas importantes que existen en territorios donde la minería no
energética tiene graves dificultades, una vez que ésta ha caído
desplomada. No tiene análisis de sectores claves o importantes en toda
las comarcas, como nosotros podemos plantear en Córdoba, en Aragón, o en
Almería. Es decir, el Gobierno no tiene ningún diseño ni objetivo y
solamente alardea de grandes cifras, que como hemos visto se utilizan en
gran parte para hacer carros de combate o para comprar aviones para el
Ministerio de Defensa.
En tercer lugar, esta Sección puede ser caracterizada, ante la ausencia
de política industrial, como la política de modernización -- así la llama
el Gobierno-- o la política de privatizaciones. La política de
privatizaciones del Gobierno ha sido desarrollada con absoluto desparpajo
y descaro. Ha sido vendido básicamente todo el patrimonio público
rentable. Y ya nos contará el señor ponente cómo quedan las empresas con
pérdidas, entre otras, la de Astilleros. Además, existe una falta de
control del Parlamento de los fondos recaudados a través de la venta de
las empresas públicas, puesto que solamente llega aproximadamente un 35
por ciento. Por otro lado, el Gobierno se ha quedado sin instrumentos
claros de política industrial. Todo el mundo sabe a quién se han vendido
las eléctricas, quién las preside, quién está presidiendo en estos
momentos Telefónica, quién está presidiendo alguno de los grandes
bancos--, de las empresas privatizadas, para las que previamente se
arbitraron sus presidentes, que posteriormente forman parte de lo que en
estos momentos se ha convertido a través de la privatización en una clase
emergente económica de importante poder. Desde luego no ha sido casual,
sino diseñado por el Gobierno y dirigido de forma importantísima para
constituir, al calor de estas privatizaciones, un entramado mediático al
servicio del Gobierno y una clase emergente en sectores estratégicos,
como antes he dicho, constituida fundamentalmente por los amigos del
Presidente del Gobierno y del Partido Popular.
Por consiguiente, el Gobierno a través de las privatizaciones se queda
sin un instrumento fundamental para desarrollar una política industrial
activa y agresiva. Por eso hablamos
no solamente de la política activa, para cuyo desarrollo hemos visto que
este Gobierno prácticamente no tiene instrumentos, sino también de la
reindustrialización. No podemos dejar de citar dos elementos que son en
estos momentos una importante cruz para el Gobierno por su incapacidad y
su incompetencia. Uno es el sector naval, que está prácticamente en la
UVI, en primer lugar, por incapacidad o por no haber analizado con rigor
tanto la situación nacional como internacional y, en segundo lugar, por
la incapacidad del Ministro para liderar en Europa algo tan fundamental
para determinadas zonas españolas como es la solución a los problemas del
sector naval, en el que, por cierto, Europa ya nos pegó un buen capón en
relación con los 18.000 millones fiscales.
¿Qué decimos del plan de la minería? Que se han gastado miles y miles de
millones de pesetas, y que en estos momentos ustedes saben que está
atacado de un virus central en su propio desarrollo. Y ello porque hay
una partida en este presupuesto que sigue impulsando el cierre de las
minas y de las explotaciones, sigue incumpliendo algo tan fundamental
como es la política de empleo, el 4 por 11, y al mismo tiempo no nos
garantizan que con las ayudas para la reindustrialización haya ni un sólo
puesto de trabajo consolidado. Esto lo digo no porque yo quiera, sino
porque el señor Ministro no lo ha contestado, puesto que hace muy pocos
días fue interrogado en la Comisión de Industria y se llamaba a andanas.
Por otra parte, el plan de la minería está en una situación delicada.
Nosotros estamos de acuerdo en que este plan fue firmado por el Gobierno
y por los sindicatos, pero mucho nos tememos que hay dos elementos que lo
pueden poner gravemente en cuestión, precisamente por la despreocupación
del Gobierno a la hora de desarrollar con eficacia y con eficiencia dicho
plan. Incluso los agentes sociales han advertido seriamente de que los
elementos que en estos momentos se utilizan para cerrar las empresas
tienen que ser muy medidos y analizados porque es la primera vez que el
Gobierno plantea incentivos, no para generar empleo, sino para
destruirle.
Además, sus señorías deben saber que los CTC del carbón, es decir el pago
que tienen que hacer por las toneladas del carbón, en este momento se
están gastando más rápido de lo previsto y, por consiguiente, sin duda
alguna puede que dentro de muy poco tiempo no haya ningún dinero para
financiar la producción de carbón, con el grave riesgo que supone para la
posible liquidación del propio plan antes de tiempo.
Si esto es, a grandes rasgos, lo que considero uno de los elementos
centrales del zigzag del Gobierno y su incapacidad para dirigir la
política industrial, tanto sectorial como global, ¡qué vamos a decir del
instrumento fundamental que ha planteado, que es la política energética!
Es la política estrella del Gobierno, la política de liberalización para
que el duopolio se consolide, que ni posibilita la existencia de mayor
número de generadores de energía ni de los comercializadores porque, en
definitiva, los que mandan son los que controlan el sector, las dos
grandes empresas entre las cuales controlan el 76 por ciento de la
producción energética.
Además, qué duda cabe de que uno de los grandes éxitos del Gobierno ha
sido el billón 300.000 millones destinado a las compañías eléctricas que,
como todos conocemos, es una apuesta decidida a favor del entramado
energético y en contra de los consumidores, porque todos deben saber que
esta cantidad la pagan éstos, a razón de un 4,5 por ciento en el recibo
de la luz, asunto que en este momento se está cuestionando en Bruselas.
El Ministro --y el Gobierno en este caso-- se ha convertido en el
portavoz de las compañías eléctricas en Bruselas, y es muy posible que
sea la Comisión Europea la que defienda los intereses de los consumidores
españoles para vergüenza del Gobierno del Partido Popular.
Del mismo modo podríamos hablar del monopolio del gas o del de los
gasóleos. Esta ley se creó para liberalizar y abaratar los costes de los
productos y lo que se ha conseguido es que se disparen los precios
porque, en definitiva, detrás de todo esto, hay una gran concentración de
monopolios entre los distintos segmentos que controlan el sector. Y no
hablemos del gas. Son instrumentos fundamentales, repito, para que la
industria pueda abaratar sus costes.
Todos estos aspectos nos llevan a oponernos a la sección 20 de Industria,
que no solamente es un buen instrumento para impulsar el desarrollo del
tejido industrial sino para impulsar determinados segmentos del tejido
industrial en contra de otros, y si bien es cierto que en estos momentos
no se contempla de forma clara este problema por la buena expansión
económica a nivel internacional, mucho nos tememos que la pérdida de
estos cuatro años en el desarrollo y la profundización del tejido
industrial sea muy negativa para nuestra industria y, fundamentalmente,
para el empleo en este sector.
Al mismo tiempo, con nuestras enmiendas pretendemos paliar algunos
problemas. Con la número 596 solicitamos una nueva partida de tres mil
millones de pesetas para que juntamente con el Gobierno las Comunidades
Autónomas puedan desarrollar la política industrial.
Con la número 597 solicitamos una partida para el desarrollo industrial a
la Comunidad Autónoma del País Vasco y a los ayuntamientos de la margen
izquierda del Nervión y de la zona minera. La enmienda número 599
pretende impulsar un plan de industrias y el desarrollo de la minería de
los sulfuros polimetálicos.
La número 598, con tres mil quinientos millones, solicita impulsar un
plan de desarrollo alternativo de las comarcas de la minería no
energética.
La número 600 pretende potenciar las energías renovables, que es otro de
los grandes fracasos del Gobierno, que no quiere cumplir uno de los
compromisos adquiridos a través de la ley eléctrica con objeto de que en
el año 2010 el 10 por ciento de la energía que se produzca sea de este
tipo.
La enmienda 619 solicita un fondo de diez millones de pesetas para I+D e
innovación de las Pymes industriales.
Finalmente, con la número 620 solicitamos cinco mil millones de pesetas
para el desarrollo en el entorno de las centrales nucleares,
fundamentalmente aquellas que --si nosotros gobernamos, como es
previsible-- van a ser cerradas en el primer año de la legislatura,
además de las que
se vayan cerrando sucesivamente, dejando a los municipios de su entorno
en condiciones de garantizar una industria alternativa.
Del mismo modo presentamos otras enmiendas que no voy a citar en este
momento, que hacen referencia a la industria del mármol en Almería; para
el gas, también en Almería; para la industria de joyería de Córdoba; para
polígonos industriales de Valladolid, para la adquisición de suelo; y
para la electrificación de algunos núcleos de Galicia a fin de cumplir el
convenio entre la Junta de Galicia y el Gobierno central.
Con esto, doy por defendidas nuestras enmiendas, así como el veto a la
Sección 20.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Franco.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Unceta. (El señor
Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
El señor UNCETA ANTON: Muchas gracias, señor Presidente.
En este turno en contra voy a referirme a los dos vetos presentados a la
Sección 20, propuestos con la enmienda número 594, del Grupo Socialista,
y con la número 909, del Grupo Mixto. Asimismo, fijaré nuestra posición
respecto de las enmiendas 595 a 620, del Grupo Socialista; las números
910 a 920, ambas inclusive, y la número 1345, del Senador Román Clemente,
y la número 151, del Senador Estaún García, ambos del Grupo Mixto.
Señor Presidente, los discursos de los portavoces de los Grupos
Socialista, especialmente, y Mixto --y establezco una diferencia entre
ambos porque efectivamente la hay-- para presentar los vetos a la Sección
20, Ministerio de Industria y Energía, nos hacen reafirmarnos en la idea
de que los presupuestos para el año 2000 presentados por el Miner son
magníficos, que están dotados de los medios suficientes y que sólo son
criticados con la demagogia de decir: ¡Y yo más; y yo más!, en referencia
a sus contenidos, que se expresan numéricamente en las distintas
partidas, y poniéndose una venda en los ojos, Senador Franco, para no
admitir una realidad.
Debo decir con el mayor respeto, pero también con realismo --porque no
puedo utilizar otra frase--, que podría pensarse que los argumentos de
dichos portavoces, y en especial, los del Senador Franco, contra la
política industrial de este Gobierno, a día de hoy, 15 de diciembre, no
corresponden a dos ciudadanos --porque antes que políticos somos
ciudadanos-- que han vivido en este país durante esta legislatura de casi
cuatro años. Son voces que provienen de legislaturas pasadas --pasadas y
olvidadas, a Dios gracias para nuestro país--, porque, Senador Franco,
más que alternativas a los presupuestos que se han presentado por el
Miner para el año 2000, usted nos ha soltado un mitin. Pero deje los
mítines para el momento electoral, para ver si entonces convence a la
sociedad española.
Creo, Senador Franco, que su discurso está anclado en el pasado y no dudo
de que sería lógico y coherente para la época en que gobernaron. Porque,
ciertamente, señoría, entonces no existían objetivos claros ni criterios
coherentes en el diseño de las actividades y las actuaciones para
fomentar la competitividad de nuestras empresas industriales, tanto
públicas como privadas, y en definitiva crear empleo. Porque en esa época
no existía una política industrial, algo que usted critica hoy en día a
este Gobierno. Porque la política económica fue una rémora para todas las
actividades económicas. Porque el déficit público se disparó hasta un 7,1
por ciento del PIB en 1995. Porque desde 1986 la deuda aumentó 24 puntos
y llegó hasta el 64,2 por ciento en 1995. Porque los planes de actuación
financiera de las empresas públicas eran un secreto guardado bajo llave
que este portavoz trató de conocer en múltiples ocasiones y no lo logró.
Porque las PYMEs, a las que usted también se ha referido, fueron las
grandes olvidadas y las que sufrieron su política económica, aquella que
llevó a una pérdida de empleo entre las mismas de 590.000 empleos. Porque
el empleo industrial cayó a unos índices por todos conocidos --y no voy a
insistir en ello-- y que no se habían dado hasta entonces en nuestro
país. Porque la desindustrialización de España marcó un hito difícil de
igualar. No quiero cansarles, señorías, pero el listado podría ser
muchísimo más largo.
Por ello, señores Senadores portavoces que han presentado el veto en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario
Mixto, sus discursos en estos momentos, gracias a Dios, suenan huecos,
sin contenido y sin base argumental ante la realidad económica e
industrial de nuestro país durante estos tres últimos años.
Senadores Franco y Román Clemente, aunque tengo unas frases que dirigir
al portavoz de Izquierda Unida, lo cual haré a continuación, sin embargo,
ya que de forma general puede englobarse esta contestación en el mismo
planteamiento o discurso que pudiera hacer, he de manifestar que estamos
convencidos de que los presupuestos del Miner, sin complacencias, sin
triunfalismos, por nuestra parte, que no los queremos, son unos buenos
presupuestos, presentados sobre la base de una gran política económica e
industrial --porque todo viene coordinado-- que durante toda la
legislatura sigue una senda de crecimiento sostenido de forma clara y
precisa del sector industrial español.
Senador Franco, este Gobierno, es cierto, no ha seguido pautas de
anteriores Gobiernos socialistas --quizás eso es lo que quieran ustedes--
en política económica e industrial; o recomendaciones realizadas en otras
ocasiones y en otros presupuestos y en otros años por Izquierda Unida,
Senador Román Clemente.
Su política industrial, Senador Franco, como responsable y miembro del
Partido Socialista de los Gobiernos anteriores, no existía. No diga ahora
que la nuestra no existe --ahora lo veremos--, porque ya ustedes hablaban
de, en política, ir hacia adelante, etcétera, y se hacían definiciones
por parte de altos cargos y responsables del Gobierno socialista como
aquella de que la mejor política industrial era la que no existía.
Ustedes gobernaron, ustedes sabían lo que hacían y sabían lo que decían.
Por ello, señores Senadores que han presentado los vetos, este Gobierno
dio un giro yo diría que copernicano en 1996, planteando y ordenando un
sector industrial y una política industrial plasmada en un programa de
gobierno presentado a la sociedad española y que contó con su apoyo. Y no
nos hemos salido de ese programa y de esa política a desarrollar en la
política económica e industrial.
Esta política, como digo, es la que hemos reflejado en las leyes
aprobadas, en la legislatura y en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de 1997, de 1998 y de 1999 y ahora los presentamos para el 2000,
Presupuestos Generales que ustedes rechazan en su totalidad y
específicamente en la Sección 20, que ahora nos toca discutir, porque
dicen ustedes que no hay política industrial.
Los resultados, señorías, los hechos, la realidad, todo es contundente e
incontestable, salvo, lógicamente, que, por una posición en la propia
oposición, se quieran ustedes poner una venda en los ojos. La política
industrial de este Gobierno, como digo, es incontestable a la crítica que
ustedes realizan. Habrá críticas y eso esperaba yo hoy, que hubiera
críticas lógicas: yo haría esto, yo hago esto otro..., pero decir que no
hay política industrial me parece tan incoherente como decir que ahora
son las 12 de la noche. Pero, evidentemente, están en su derecho y lo
pueden decir. Otra cosa es lo que pueda estimar el resto de la Cámara.
Hagan ustedes un ejercicio de memoria, a lo que les voy a ayudar, y
fíjense, Senadores Franco y Román Clemente, en un esfuerzo que no creo
que sea muy grande, de dónde se partió en marzo de 1996, porque estoy
convencido de que están capacitados para ello, para hacer ese ejercicio
de memoria, pero, eso sí, háganlo desde un mínimo de ética política.
Luego critiquen lo que quieran, pero hagan memoria desde la ética
política, cuando menos.
Yo no les voy a recordar de dónde partimos, porque es conocido por todos,
pero sí les voy a recordar con algunas pinceladas dónde estamos, a dónde
llegamos hoy y a dónde queremos ir con la política que ustedes ignoran,
que dicen que no existe y que niegan.
Pero atiéndanme, por favor, porque creo que es importante. Esta política
ha llevado a este país en estos tres años --que no hablamos de 12 ni de
14, sino de tres, que, a estas edades, es casi antes de ayer-- a un
crecimiento fuerte y sostenido del sector industrial, de entre un 6 y un
7 por ciento, más regulado últimamente, doblando el crecimiento de la
Unión Europea en crecimiento --valga la redundancia-- y empleo, con una
creación en el sector industrial de más de 300.000 empresas, 60.000 de
las cuales se pueden considerar 60.000 PYMEs industriales, con apoyo y
ayudas fiscales a las generadoras claras y netas de empleo y, además, en
este caso son las empresas que existían, las que quedaban, las que con
las medidas aplicadas a las PYMEs han creado el doble de empleo que las
nuevas, con lo cual, es de estimar, hay que razonar, que las medidas
aplicadas fiscalmente y de otra índole a las PYMEs han servido,
precisamente, para que los empresarios de éstas desarrollen, contraten y
multipliquen el empleo de las mismas.
Con un crecimiento del sector industrial --fíjense si es importante--,
con crecimientos negativos del IPI, en algunos casos por debajo de cero;
con un crecimiento del sector industrial en competitividad --le voy a
aclarar una cosa, Senador Franco; por eso decía que yo no sé si estaba
usted aquí en este mundo o en otro, ya no digo en el país-- ante una
situación de crisis en Europa, ¿o usted no se ha enterado? Y no solamente
en Europa, sino con una caída fulminante en las economías asiáticas o en
las iberoamericanas, salvo en la de Estados Unidos. El resto del mundo,
los países que estaban en una senda de desarrollo y de competitividad
cayeron en picado.
A pesar de todo esto, nosotros hemos crecido el doble en Europa. Ya no
vale aquello de: por primera vez en nuestro país, cuando se hablaba de
que estábamos a 50 años de Europa para todo; ya no vale decir: cuando
Europa se constipa, aquí se cogen pulmonías. En esos tres años en el
sector industrial de nuestro país y de nuestra economía eso ya ha pasado
a la historia. Cuando Europa va de cabeza, ya nosotros aquí no cogemos
pulmonía, sino que seguimos creciendo y, además, el doble que el resto de
los países europeos.
Con esta política que no existe, como usted dice, el crecimiento del
empleo industrial ha sido de 350.000 empleos en estos tres años. Y
siguiendo hablando de empleo, con esta política industrial y económica se
han creado un millón 800.000 empleos.
Yo le recuerdo simplemente un dato comparativo. En marzo de 1996 la EPA
declaraba que el crecimiento era del 22,9 por ciento de los ciudadanos
españoles en época, en momento, en capacidad de trabajo, que ya podían
hacerlo. En estas fechas estamos en el 15,5 por ciento. Ha habido un
crecimiento del empleo de 7,5 puntos, sin política. Ya no le hablo de la
tasa de afiliaciones a la Seguridad Social, de esos casi dos millones y
medio de nuevos afiliados, que, además, han causado alta por los propios
empleos y por el aflore a la legalidad de economías sumergidas. Es cierto
que ustedes las tenían ahí tapadas porque el ciudadano, lógicamente, se
defendía fiscalmente.
Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, señorías, prevén
reducir, además, el paro en nuestro país creando 450.000 nuevos empleos,
algo que creo que es de estimar. Y lo que es más importante, señorías,
hay regiones de nuestro país en este momento donde ya empieza a sentirse
la necesidad de mano de obra masculina --estoy hablando de masculina para
dejar las cosas bien claras--, con índices de paro muy por debajo de la
Unión Europea, y somos conscientes del problema que tenemos todavía de la
mano de obra femenina, que es muchísimo más alto.
Señorías --Senador Franco, siento que le haya dado a usted ese ataque de
tos, espero que en el turno siguiente se le haya pasado para que pueda
contestarme--, en marzo de 1996 recibimos --es de dominio público--
3.617.951 desempleados en paro. Realmente, con la política anterior tengo
que decirles que es un «guiness» triste y pesado --que hicieron ustedes
en diez años, no tardaron tanto, de 1986 a 1996--, crearon 1.277.088
parados más; lógicamente, estaban incluidos los del sector industrial,
que no fueron menos de 500.0000.
Hoy, señorías, el panorama es distinto. Hay solución al paro de los
españoles. Frente a decir: no hay solución, ésta
es la política que se puede hacer y no hay otra, hoy en día hay otras
políticas que este Gobierno ha desarrollado y que va a seguir
desarrollando y el Partido Popular le apoya, que ofrecen perspectivas
hasta de pleno empleo. Por primera vez en este país se habla de pleno
empleo, de lograr en cuatro años el pleno empleo. Ustedes lo pueden creer
o no creer pero se empieza a hablar de que ya no seguimos creciendo en el
desempleo, sino que vamos hacia metas donde esperamos conseguir entre
todos el pleno empleo.
Señorías, ésta es la política industrial que ustedes niegan, que no
existe, es la política industrial y económica de este Gobierno Popular.
Senadores Franco y Román Clemente, ésta es la política que ustedes dicen
que no existe.
Estos presupuestos de la Sección 20, a los que por otra parte no veo
ninguna crítica fundamentada, no es posible hacerla, señorías socialistas
y de Izquierda Unida, ni al contexto general, que no lo hacen más que con
demagogia, ni a sus propios programas.
Pensaba que tendría que debatir con ustedes los distintos programas que
son objeto de estos presupuestos, pero me han dejado ustedes con la miel
en los labios, porque pensaba lucirme, pero no voy a entrar en algo que
no me preguntan.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Unceta, le ruego que
concluya.
El señor UNCETA ANTON: Señor Presidente, termino con las enmiendas.
En definitiva, en los Presupuestos Generales del Estado del Ministerio de
Industria y Energía damos un paso más en el proceso de modernización y
reestructuración de la industria española. De los 578.000 millones largos
presupuestados para el 2000, 315.000, es decir, el 55 por ciento, se
dedican a actividades innovadoras o de investigación y desarrollo; es
decir, actividades de futuro. Ello supone un cambio sustancial en la
política industrial de este Gobierno, frente a lo que ocurría hace cuatro
años, donde el 80 por ciento de los presupuestos se dedicaba a
actividades de reconversión --reconversión de todo: cierre de empresas,
reducción de empresas públicas y reducción de empleo a cotas
verdaderamente impresionantes-- y ahí se están pagando, y sólo el 20 por
ciento se dedicaba al fomento de investigación y desarrollo.
Señorías socialistas y de Izquierda Unida, estamos ante una política
industrial de potenciar nuestro tejido industrial y de crear más y mejor
empleo. Por ello, tengo que decirle, Senador Franco, representante del
Grupo Parlamentario Socialista, que rechazamos el veto.
En cuanto a Izquierda Unida, aparte de lo que se ha podido ver implicada
su señoría en este discurso, quiero decirle una cosa. Yo respeto su
discurso, porque además es coherente, pero siguen con el mismo de año a
año, no cambian. En estos últimos años hemos debatido la idea de lo que
es Izquierda Unida desde el punto de vista político. Muchas veces les he
dicho que les respeto pero hay algo que no comparto, ustedes ven y siguen
viendo en su discurso y en su demostración del gran Estado al papá
Estado, y nuestro sentir y nuestra forma de ver la política estatal es
más liberalizadora, y aunque les respetamos nunca llegaremos a un acuerdo
porque estamos unos de los otros, por lo menos en estos temas
presupuestarios, en las antípodas.
Señor Presidente, con su venia, voy a resumir lo más sucintamente posible
nuestra posición sobre las enmiendas presentadas a la Sección 20.
Comenzaremos con las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista,
que las tengo reagrupadas en varios grupos, y tres o cuatro de ellas
sueltas...
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Unceta, casi ha
duplicado su tiempo, le ruego que lo haga en dos minutos.
El señor UNCETA ANTON: Gracias, señor Presidente, voy a hacerlo todo lo
rápido que pueda.
Voy a empezar por las enmiendas números 596, 597, 598, 599, 609, 610,
612, 617, 613, 615, 616 y 620, todas en un grupo. El criterio que nos
lleva a rechazar estas enmiendas destinadas a sectores dentro de
determinadas Comunidades Autónomas es que el planteamiento de las órdenes
ministeriales reguladoras del Plan de reindustrialización implica que las
ayudas se adjudican, supuesto el cumplimiento de determinados requisitos,
en función, como es lógico, de la calidad del proyecto, lo que determina
que no sea posible asignar «a priori» créditos a zonas geográficas.
Además, todas ellas podrían tener el denominador común de que la
colaboración en materia de reindustrialización no requiere
inexcusablemente la realización de transferencias de capital hacia esas
entidades más que con convenios, pero no con los programas
correspondientes que están, además, suficientemente dotados.
El otro grupo, que corresponde a las enmiendas números 601, 602, 603, 604
y 605, supone --como anécdota-- dar de baja 158.415 millones de pesetas
en el Programa 542 del Capítulo 8, en Investigación y desarrollo
tecnológico, bajo el denominador común --y a Izquierda Unida se lo
adelanto porque es lo mismo-- de que son gastos de Defensa.
En el Programa 542, no nos engañemos, no se incluyen gastos por
adquisición de material de Defensa, lo que se incluyen son gastos de
apoyo a actividades industriales en I+D e innovación. Queremos abandonar
la política de pagar el desarrollo de otros países en asuntos de todo
tipo, incluidos el Eurofighter y las fragatas, porque estamos convencidos
--y además va a ser así-- de que el dinero utilizado en la investigación
va a retornar.
El resto de las enmiendas van a ser rechazadas, pero no me da tiempo a
explicarlas todas, si tengo ocasión en los turnos siguientes lo haré,
pero sí quiero referirme a la número 606, presentada al programa dedicado
a normativa y desarrollo energético, concretamente para las Islas
Baleares, para regular los precios al consumo de hidrocarburos en niveles
similares o iguales a los la Península Ibérica. Me ha costado mucho poder
analizar esta enmienda nueva, por cierto, con un valor de 900 millones de
pesetas.
Señorías, los precios de hidrocarburos, relativos a gases licuados,
envasados y gases manufacturados por canalización están regulados por el
sistema de precios máximos
para todo el país y, como es lógico, para las Islas Baleares. El resto de
hidrocarburos, los GLPs (gases licuados del petróleo a granel) están
liberalizados. Por tanto, el asunto de los precios es una cuestión de
libre competencia. Además, una partida de estas características es de
difícil cuantificación, gestión y aplicación ya que los precios son
libres, por lo que la teórica parte a subvencionar sería indeterminada.
¿Quién sería el perceptor de cada partida? ¿Cómo llegaría al consumidor?
Señorías, ésta es la razón por la que rechazamos esta enmienda, así como
el resto de las enmiendas.
Izquierda Unida ha presentado unas enmiendas --comprendo la posición de
las personas de su Grupo que están dedicadas en la Cámara a este
asunto--, las números 10, 11, 12 y 14, que no están redactadas
correctamente porque no se especifica en las mismas qué destino tendrá el
crédito, por lo que resulta imposible comparar la eficiencia y eficacia
de los gastos que en ellas se determinan.
Señor Presidente, tengo que terminar, pero antes quiero decirle al
representante de Izquierda Unida que estoy dispuesto a explicarle una por
una las enmiendas, pero, para no consumir más tiempo ahora, lo haré en
este turno o, si me da tiempo y él lo cree conveniente, en el turno de
dúplica o de réplica que tengamos a continuación, si es que lo tenemos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Unceta.
Abrimos turno de portavoces.
¿Senador Román Clemente? (Pausa.)
El Senador Martínez tiene la palabra.
El señor MARTINEZ SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
He escuchado atentamente el discurso del Senador Unceta, portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, pero la verdad es que no he oído que se haya
dirigido al Grupo Parlamentario Mixto en lo que se refiere al Partido
Aragonés para nada. Hemos presentado una enmienda de 4.000 millones de
pesetas y lo esperábamos. Comprendo que había dos impugnaciones y lo
entiendo perfectamente, aunque sí nos hubiera gustado que lo hiciera,
pero, en fin, supongo que en el turno de dúplica se referirá a nosotros.
Simplemente quiero decirle, señor portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, que nosotros estamos con una enmienda muy específica y muy
concreta, que son cuantías de dinero que vienen del año 1999, y que si en
el año 1999, que ya estamos finalizándolo, no se ejecutan, no se firman
convenios para ejecutar esas partidas, habrá que pasarnos al año 2000 o
desaparecerán esas cuantías, con lo cual Aragón se verá otra vez fuera de
lugar, es decir, esa cantidad de 4.000 millones de pesetas que ya está
asignada para Aragón para el año 1999, a Aragón se le dejará en el año
2000 sin ese presupuesto. Eso alguien tendrá que explicarlo en su momento
en Aragón, o bien el Partido Popular en general o el Partido Popular de
Aragón. Por eso esperamos que, aunque no se haya referido a nosotros,
sean ustedes capaces de tener una deferencia y aceptarnos aunque sólo sea
esta enmienda.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Unceta, soy consciente de las limitaciones, pero después
hablaremos de las enmiendas. Pido disculpas porque en ese momento estaba
resolviendo otro asunto y no he podido prestarle toda la atención que
hubiera querido, pero sí a toda su argumentación para rechazar nuestra
propuesta de veto.
En varios momentos de su intervención, nos ha dicho que hemos hecho
demagogia, refiriéndose tanto a Izquierda Unida como al Grupo
Parlamentario Socialista. Bien, que hemos hecho demagogia. Senador
Unceta, su señoría ha hecho una defensa tan exageradamente idílica de la
situación del Ministerio de Industria y Energía que va a costarle trabajo
creérsela, sobre todo con los problemas que ahora mismo tenemos en la
minería, en el carbón, en el sector naval. Porque es verdad, es cierto,
lo que ha dicho al final, y yo se lo reconozco. Ustedes tienen un
planteamiento total y radicalmente diferente al planteamiento que tenemos
nosotros. Nosotros creemos en un sector público, industrial, fuerte, no
en un sector industrial que genere pérdidas, no en un sector industrial
que genere desempleo, sino en un sector industrial que sea capaz de ser
el motor de una política industrial que cree empleo, un sector público. Y
ustedes prefieren un sector en el que lo poco que queda público se
privatice, o sea, nada de sector público industrial. Cuando la situación
económica no sea tan buena como la actual, ya me dirán entonces qué tipo
de medidas piensan adoptar, porque, desde luego, desde ese sector
privado, con esa liberalización que ustedes han exaltado, han idealizado,
difícilmente se van a poder abordar los problemas de empleo, Senador
Unceta.
Efectivamente, hemos presentado algunas enmiendas. Le atenderé después en
su réplica en qué aspectos nos hemos equivocado, y no le quepa la menor
duda de que intentaremos corregirlo, pero no exagere. Senador Unceta, no
podemos estar de acuerdo con su política industrial. Esa no es nuestra
política industrial; no se parece en nada, porque evidentemente tenemos
planteamientos distintos, y a esa razón obedece nuestra propuesta de
veto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Franco
Gutiez.
El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo sí vivo en España, y desde hace mucho tiempo; vivo desde el año 1960 y
he visto el proceso de desarrollo de este país. Sin embargo, por lo que
ustedes dicen, parece
que este país empezó en 1996 con ustedes, que han ido del cero al
infinito; ésa es ya la primera equivocación grave, porque ustedes no
quieren reconocer absolutamente nada, adscribiéndose todos los éxitos,
aunque no sean suyos, y diciendo que los fracasos son todos de los demás.
¿Acaso no existió el proceso de1996-1999 en el crecimiento económico de
España? ¿O ustedes parten del vacío? ¿Acaso no ocurrió que en 1994-1995
se produce una buena aceleración de la economía, después de la gravísima
crisis y que a este país no le pille en mucho tiempo? Porque las crisis
no dependen de los dirigentes económicos y políticos de un país; las
crisis son globales, y, repito, ojalá tarde mucho tiempo en venir aquí.
Nosotros trabajamos a fondo para parar la crisis y lanzar el proceso, y
cuando ustedes llegaron ya empezaba el país a funcionar, después de los
años 1994 y 1995, en buenas condiciones.
Lo que yo digo --y sigo insistiendo en ello-- es que ustedes en política
industrial, cero; en política económica ya he dicho que estamos en un
ámbito internacional donde el crecimiento económico va de suyo, y ustedes
ahí tienen poco mérito; o, si no, repasen lo que ustedes decían no hace
mucho tiempo: que el mérito del crecimiento de España era debido al
crecimiento externo; pues, ¡aplíquense la receta ahora! Yo no estoy
hablando de política económica, sino que hablo de política industrial, y
estoy diciendo que ustedes, efectivamente, donde intervienen lo hacen, en
muchos sitios, regular; en otros sitios, fatal, y en algunos de los
sitios, beneficiando a entidades y a personas concretas. Eso es lo que he
dicho, y lo repito.
Hay un riesgo de que la inflación se despegue. ¿A quién perjudica que
despegue la inflación? ¿Quiere contestarlo? Las industrias españolas con
este diferencial de inflación con relación a Europa, si vienen peores
tiempos, ¿en qué situación van a estar? Vamos a perder competitividad,
porque no hay un plan claro de competitividad, fundamentalmente para la
pequeña y mediana empresa.
En segundo lugar, he hablado del despropósito de las subvenciones, y no
quiero insistir. Ustedes no tienen criterios objetivos para dar las
subvenciones en la reindustrialización, y ya lo dejó patente la
Subcomisión del Congreso de los Diputados, y hay muchos casos que no
quiero ni repetir. Por eso ustedes, a la hora de plantear la
reindustrialización, no quieren tener ninguna comunicación ni con las
Comunidades Autónomas para evaluar criterios y ser objetivos ni para
plantear proyectos distintos a los que ustedes al final conceden.
En tercer lugar, efectivamente, esta legislatura es la de la liquidación
del patrimonio público rentable, y yo no quiero nombrar más que cinco
empresas, porque esto es de común conocimiento del país, y ahí sí que lo
han hecho ustedes muy bien, sobre todo para los que dirigen esas
empresas. ¿Quién dirige Endesa? ¿Quién dirige Argentaria, ya unida al
otro banco? ¿Quién dirige Telefónica? ¿Quién dirige Repsol? Para éstos
sin duda ninguna ha sido la modernización industrial de España. Ahora
bien, para el común de los ciudadanos españoles, seguramente éste es un
severo castigo, y, además desde este núcleo duro --que ustedes han
arbitrado perfectamente a través de la venta de las empresas públicas, no
de la modernización de España, sino de la modernización de unos pocos--
es como se ha instrumentado un importantísimo control de los medios de
comunicación al servicio del Gobierno que nombró a estos presidentes.
Y, por si esto fuera poco, también quiero decir que, donde ustedes han
intervenido, también lo han hecho muy bien, para algunos, por ejemplo en
las eléctricas. También ahí han acertado, y no quiero insistir en un tema
que es también de común conocimiento de los mortales: ustedes se
convierten, a través de la instrumentalización de las eléctricas, en los
benefactores de las cuatro compañías eléctricas, y a ustedes, de momento,
ya les ha corregido Bruselas. (El señor Unceta Antón: ¡No! ¡No!) Ustedes
allí van como intermediarios de las eléctricas, que encima amenazan con
que, si Bruselas recorta, ellos se van a rebelar. ¡Fíjese usted el
respeto que tienen al Gobierno de España los de las eléctricas! ¿Cómo le
van a tener respeto si, al final, es un instrumento que utilizan para
garantizar lo que nadie en estos momentos, en su sano juicio, podría
pretender que ocurriera con el billón trescientos mil millones? Sin
embargo, ustedes muestran poca sensibilidad hacia las energías
alternativas, que son fundamentales en el proceso de diversificación
energética en España. Por no hacer, no han hecho ni el Plan de Energías
Alternativas, a lo que estaban obligados según la Ley del Sector
Eléctrico, que están incumpliendo o que han incumplido hasta hoy. Por eso
nosotros planteamos que haya un aumento de dinero que garantice el apoyo
a las propuestas de investigación o desarrollo en el sector energético de
energías renovables, al igual que decimos que también es necesario tener
en cuenta las centrales nucleares. Nosotros ponemos 5.000 millones de
pesetas, porque el Gobierno que salga de las urnas, que será socialista,
cerrará dos centrales nucleares, y las otras, cuando toque, en función de
su planteamiento natural; pero de momento, dos, y usted lo sabe. Por eso
pedimos que haya 5.000 millones de pesetas para iniciar una reordenación
del tejido industrial de esas comarcas a fin de que no queden
absolutamente desprotegidas desde el punto de vista económico e
industrial, ya que son escasos los planteamientos industriales que
tienen.
Por consiguiente, señor Senador, no vemos cuál es el hilo conductor de la
política industrial. Sí vemos que está rebujado en la política de
expansión económica, que no depende sólo de España, sino fundamentalmente
del entorno europeo. Vemos que, en su tan cacareado I+D, nos encontramos
que están centrados fundamentalmente en el sector aeroespacial o en el
sector de Defensa --que son importantes--, y que solamente en estos
segmentos hay 157.000 millones de pesetas. ¿Cuántos de ellos son para
Investigación? ¿Cuántos son para Desarrollo? ¿Cuántos son para comprar
los C-295, que no es ningún pájaro extraño, sino que son aviones de gran
envergadura para el Ministerio de Defensa? ¿Quiere decírmelo, señor
Senador? Seamos sensatos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Franco, termine, por
favor.
El señor FRANCO GUTIEZ: Acabo ya.
Nosotros echamos en falta una política industrial centrada
fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas, por eso pedimos los
10.000 millones de pesetas; echamos en falta el desarrollo de las
energías alternativas, la cuestión de las centrales nucleares y,
finalmente, todo el problema de la reindustrialización. Y esperemos que
la situación económica europea no se nos caiga, porque ahí tendríamos que
ver lo que ocurriría con la fragilidad de nuestro tejido industrial, al
que ustedes, durante cuatro años, no han tenido tiempo material de
dedicarse. Es verdad que ya he dicho las razones: las privatizaciones,
las eléctricas y los hidrocarburos han sido su principal fundamento y su
principal actividad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Franco.
Tiene la palabra el Senador Unceta.
El señor UNCETA ANTON: Gracias, señor Presidente.
El señor portavoz de Izquierda Unida ha hablado de idílico. Pase si a
usted se lo ha parecido, pero yo he dicho que no quiero triunfalismos,
pero tengo que reconocer la realidad frente a la crítica que se nos hace.
No me parece que sea idílico, porque todo es mejorable dentro de la línea
que cada uno propugna. Estoy convencido de ello. Pero usted y yo, en
nuestros debates --ya llevamos años con ellos--, no hemos establecido
apriorísticamente ningún problema que se pueda adivinar en cuanto al
debate. Sabemos dónde estamos. Yo le comprendo, y por lo que usted me
dice en este turno, usted comprende mi posición, que es la que defiendo.
Por lo tanto, no nos podemos acercar en esas cuestiones que hemos
debatido hoy. Nosotros vemos al Estado, no como el papá Estado, no vemos
todo como estatal. Ustedes sí. La crítica se la hago desde el punto de
vista político, pero no tengo más remedio.
Desde la tribuna sólo he podido hacer una simple referencia a todas las
enmiendas, pero estoy dispuesto a explicárselas una por una.
Respecto a la enmienda 151, tanto a usted como al señor Estaún, que
también ha intervenido, tengo que decirles, para su tranquilidad, que no
se pierde ningún dinero. Podría darle una explicación amplia sobre todo
lo que es el Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de
Comarcas Mineras; de esos 60.000 millones de pesetas, en cada uno de los
años, mediante ampliación, además, del crédito inicial en la aplicación
20.101.741.A.751 del Presupuesto de Gastos del Instituto para la
reestructuración, para el año 2000 está también previsto el carácter
ampliable del crédito si fuera necesario y, en consecuencia, está
previsto alcanzar el mismo valor de 60.000 millones de pesetas, del que
se parte inicialmente de 51.500.
Por otra parte, no quisiera tampoco adelantar algo porque lo van a
escuchar ustedes mañana del propio Ministro, que se encontrará
precisamente en Aragón y va a hablar de estos temas. Podría adelantarle
cosas, pero yo creo que es mejor que las debata directamente con él
porque es la fuente y a mí pueden ponerme en duda políticamente, pero
teniéndole a él delante van a poder tratar estos temas.
Por lo que se refiere al Senador Franco, le diré con la mayor
tranquilidad y sosiego que el único Gobierno que se ha tomado en serio
las cuestiones relativas a la minería del carbón y a los astilleros ha
sido el del Partido Popular. De hecho, ha puesto dinero encima de la mesa
y no humo, ni cierre de empresas, ni reducción de empleo, como estábamos
acostumbrados. Eso lo sabe usted. Usted me dirá lo que quiera, y más en
una Cámara como ésta. En el fondo está usted convencido, pero tiene que
llevar la contraria, porque, si no, ¿qué hace usted aquí como oposición?
Tiene que negar la mayor por el artículo 27.
En cuanto a la problemática de astilleros, de cómo nació, de cómo se
consiguió cerrar el convenio, tengo que decirle que mientras ustedes no
fueron capaces de hacerlo, sin embargo, sí lo ha hecho este Gobierno,
porque dialoga, porque no se impone, porque llega a acuerdos con los
sindicatos, mejores o peores.
Señoría, usted ha vivido conmigo en la Comisión la situación de los
astilleros cuando era más positiva, cuando se iba a salir adelante, así
como la situación de los astilleros europeos y la problemática que hoy
día tienen, incluidos los nuestros, y a lo mejor los nuestros son los que
en peor situación están. Pero una cosa está clara --lea usted, señor
Senador--, y es que el Ministro en persona ha sido el que ha establecido
ya la línea de las medidas fiscales y todas las necesarias para que los
astilleros no se cierren y los empleos no caigan.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Unceta, le ruego que
concluya. Estamos alargando excesivamente el debate y duplicando los
turnos.
El señor UNCETA ANTON: Perdóneme, señor Presidente, pero de alguna forma
tengo que contestar a todos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Señoría, hay un acuerdo de Junta
de Portavoces que marca unos tiempos y tenemos que respetarlos, porque si
no, se alarga indefinidamente el debate.
Le ruego que concluya.
El señor UNCETA ANTON: Gracias, señor Presidente, pero si me interpelan
diez minutos no puedo contestar.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Señoría, el turno de portavoces
está regulado en cinco minutos, lo ha sobrepasado en casi dos y si
seguimos este ritmo no terminamos el debate de presupuestos para el año
2000.
El señor UNCETA ANTON: Termino en dos minutos.
En cuanto a política industrial, sigue usted en sus trece. Señor Senador,
si me dice que no existe política industrial después de lo que le he
explicado y le he puesto sobre la mesa, rebátame eso para decirme que no
hay política industrial.
En cuanto a competitividad, hemos asistido a la mejor política aplicada y
desarrollada por las empresas --porque el Estado no desarrolla
competitividad-- durante los últimos cuarenta años. Prueba de ello es lo
que le decía en la
intervención primera. Ha habido más de 500.000 empleos perdidos en la
última etapa de sus señorías en el Gobierno y 350.000 empleos creados en
estos tres años.
Usted insiste en la crisis. Si cree usted que Europa en 1987 o en 1988
estaba floreciente en sus economías, ¡qué le vamos a decir! Debe ser
usted el único en Europa que afirma eso.
En cuanto a clientelismo --y con esto termino, señor Presidente--, a lo
que se ha referido usted de forma general, le diré que, realmente, para
clientelismo el que existía antes. Las subvenciones que se concedían por
gobiernos anteriores a 1996 son las que podían hacer pensar que había
cierta relación clientelar porque se concedían a fondo perdido, se
regalaban millones --no se sabía muy bien para qué-- a una serie de
empresas sin ningún plan industrial o con permiso efectivo. Y con los
presupuestos que presenta este Gobierno, concretamente en el capítulo 8,
hay una cosa que está clara: El empresario que recibe una ayuda sabe que
la tiene que devolver. Por tanto, el proyecto tiene que ser rentable para
que pueda reintegrar esa ayuda que se le ha prestado.
Lo que le puedo decir, señoría, es que ustedes tienen un serio problema:
tienen la mente obstruida por temas de clientelismo de tiempos pasados
que no le voy a recordar ahora.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias.
Terminado el debate de esta sección, pasamos a la Sección 21, Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Propuesta de veto y enmiendas números 922 a 933 del Senador Román
Clemente.
Para su defensa tiene su señoría la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero hacer un anuncio por parte de este Grupo en el sentido de ir
reduciendo el tiempo para ver si cubrimos esos objetivos que nos hemos
marcado. Espero que ningún portavoz de los que tengan que responderme se
enfade por eso, pero si llegan a enfadarse no tendré ningún problema en
recuperar de nuevo el tiempo de que disponemos y establecido en el
Reglamento de la Cámara.
Señor Presidente, voy a aprovechar para defender la enmienda número 28,
del Senador Cándido Armas, así como todas las que el Senador Cándido
Armas tiene formuladas al resto de secciones, y defenderé asimismo --e
insisto en algo que ya manifesté esa mañana-- todas las enmiendas que
restan del Senador Torres Cardona a todas las secciones que quedan por
debatir.
Paso a defender la propuesta de veto a la Sección 21, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, y además en un día en que se está
produciendo una movilización importante en la provincia de Almería --esto
no tiene nada que ver con este debate presupuestario-- en defensa del
sector de frutas y hortalizas, en defensa de la agricultura almeriense y
ante las perspectivas de que se pueda producir algún tipo de perjuicio o
de pérdidas a consecuencias de las negociaciones en que España está
implicada en el marco de las que viene manteniendo en la Unión Europea
para la renovación del acuerdo pesquero. Por eso hago esta referencia a
esa movilización tan importante de toda la sociedad almeriense que está
teniendo lugar en el día de hoy.
Hemos presentado la enmienda de veto a la totalidad de esta sección, la
número 921, por entender que los presentes presupuestos no responden a
las necesidades de nuestro sector agrícola y ganadero. Tal y como queda
reflejado en la exposición de motivos, estos presupuestos se limitan de
alguna forma a ser un reparto mecánico de los fondos europeos sin que en
ellos se introduzca algo que para nosotros es esencial, unos elementos
que permitan un mejor aprovechamiento de nuestros recursos.
Por otra parte, observamos que el MAPA ha reducido el presupuesto para el
año 2000, lo que, en nuestra opinión, puede comportar serios problemas de
abandono de los agricultores de las zonas de montaña y zonas más
desfavorecidas. Y también observamos algo que ya hemos dicho
anteriormente y que repetimos en esta ocasión, que las partidas nos
indican claramente que el ministerio no piensa aplicar la modulación de
las ayudas directas durante el año 2000.
Quiero recordar ahora un debate que mantuvimos en esta Cámara con el
Ministro, quien, aun reconociendo la dificultad de la modulación, se
sentía bien --al menos eso nos pareció a nosotros-- estando obligado a la
necesidad de una regulación en un tema complicado y que se está
extendiendo excesivamente. Y quiero recordarles que en lo que a la ayuda
directa se refiere, se sigue perpetuando un sistema de distribución
claramente injusto, que ha sido denunciado por todos los sectores, y que
permite situaciones como, por ejemplo, éstas: que el 20 por ciento de las
grandes explotaciones reciban más del 78 por ciento de las ayudas, y que
el 80 por ciento de las pequeñas explotaciones se tengan que repartir
solamente el 22 por ciento.
El presupuesto renuncia a una apuesta más ambiciosa --como recogemos en
la motivación-- para la modernización de las explotaciones agrarias. Por
otra parte, las disponibilidades presupuestarias han sido incapaces de
atender todas las solicitudes que los agricultores han efectuado para
modernizar las explotaciones.
Señor Presidente, he prometido que iba a concluir, y lo voy a hacer.
Doy por defendidas las enmiendas que van de la número 922 a la 933 en los
términos en que están expresadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.
Para la defensa del veto y de las enmiendas números 622 a 645 del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Rodríguez
Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, los presupuestos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para el año 2000 constituyen, sin duda,
el mejor y mayor exponente de la insuficiencia de lo hecho y de lo que se
pretende hacer
en materia agraria y pesquera en nuestro país. Para ser exactos, habría
que decir que son una expresión poco discutible --yo más bien diría, la
certificación final-- de la carencia de una política agraria propia y
definida del Partido Popular a lo largo de estos cuatro años más allá de
una administración burocrática y burocratizada de la Política Agrícola
Común, de la política europea.
Año tras año hemos ido debatiendo en este mismo Pleno los presupuestos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y poniendo de relieve
cómo se han ido elaborando en este Departamento los presupuestos,
absolutamente continuistas, en conceptos y en cifras, con presupuestos
anteriores a 1996. Ahora, para el año 2000, año en que comienza la nueva
reforma de la PAC aprobada en Berlín en el año 1999, ni siquiera han
tenido capacidad para introducir en los presupuestos cambios sustanciales
que reflejen la existencia de esa política agraria definida y
diferenciada, de ese modelo propio, que tiene margen en nuestro país, del
Gobierno del Partido Popular.
Señoras y señores Senadores, unos presupuestos para el año 2000 y la
agricultura española debieran reunir tres condiciones para ser
mínimamente presentables y merecer la aprobación de sus señorías. En
primer lugar, que sirvieran para comprobar y visualizar que la bonanza
económica que afecta a nuestro país y al resto de países europeos también
llega a la agricultura española. En segundo lugar, que se arbitran
medidas específicas para aquellos sectores que en este momento están
atravesando profundas crisis, y luego citaré cuáles son. En tercer lugar,
que, ante las nuevas exigencias de la Política Agrícola Común para el
período 2000-2006, se acometan aquellas reformas y transformaciones en
estructura y cifras presupuestarias acordes con esas exigencias.
Como pueden ver, son condiciones básicas, elementales y esenciales. Pues
bien, ninguna de estas condiciones se refleja en los presupuestos que se
presentan para su aprobación en esta Cámara; es más, ni siquiera cumplen
el anuncio que nos hicieron hace un año de realizar cambios en su
estructura.
El no cumplimiento de la primera de las condiciones nos llama la
atención, no sólo porque habiéndolo anunciado no lo hayan cumplido --eso
sería lo de menos--, sino porque se produce una paradójica situación.
Cuando España está viviendo un período de bonanza económica en casi todos
los sectores, algo común al conjunto de la Unión Europea, ésta no llega
al sector agrario, y no llega porque hemos tenido pérdida de rentas.
Es decir, las rentas de los agricultores españoles han bajado en los tres
últimos años, según el propio Ministerio y Eurostat; los datos revelan
que en 1997 la renta de los agricultores de España cayó un 2,7 por
ciento, que en 1998 la caída fue de un 6,2 por ciento y que en este
último ejercicio de 1999, que todavía no se ha cerrado, se mantiene la
misma tendencia como consecuencia de la sequía y, sobre todo, por la
caída de precios, lo que lleva a vaticinar a algunos una caída de entre
el 12 y el 15 por ciento.
Estos son los datos y la receta del Gobierno son unos presupuestos con un
crecimiento, según el libro rojo, del 5,4 por ciento que hay que
deflactar, es decir prácticamente nada. Pero es que, además, en términos
de contabilidad general representa una nueva bajada del sector agrario
respecto del Producto Interior Bruto, porque, si en 1995 estábamos en el
1,45 por ciento y en 1998 bajamos al 1,28, en el año 2000, según este
presupuesto, estaremos en el 1,20 por ciento. Es decir, señoras y señores
Senadores, que con la política llevada a cabo por este Gobierno la
bonanza económica no llega, ni puede llegar, al sector agrario y
pesquero.
Voy a hablar de los sectores en crisis. Para la necesaria
reestructuración y reordenación del sector porcino --sumido en una larga
y profunda crisis que dura ya dos años--, ni una sola peseta.
Exactamente igual sucede con respecto al sector avícola, y tres cuartos
de lo mismo con el sector lácteo. Es cierto que para el sector lácteo --y
después de no haber gastado un duro en los años 1997 y 1998-- en este
ejercicio de 1999 se incorporó por primera vez, para mejora de la calidad
de la leche, la cantidad de 1.470 millones de pesetas que ahora, para el
2000, se convierten en 1.770 millones de pesetas. Esta cantidad es en sí
misma muy modesta y, aunque se destina a la calidad, no se destina a los
fondos de reestructuración que necesita, sobre todo porque es un sector
al que se le está diciendo desde el Ministerio que muchísimas
explotaciones no son viables de cara al futuro. Tampoco aparece
singularizada partida alguna para el sector de la patata.
Es decir, la política que aplica el Gobierno para estos sectores que
están viviendo una importante crisis es aquello de «sálvese quien pueda»,
y en absoluto se apuesta por la viabilidad y la competitividad de estos
sectores.
La última de las tres condiciones, la transformación en estructura y en
cifras para el año 2000 --que van a ser los cuartos presupuestos que
elabora el Gobierno del Partido Popular-- sólo representa el 7,39 por
ciento de incremento respecto de los primeros presupuestos por este mismo
Gobierno en el año 1997; es decir, ni siquiera superan la inflación
interanual a lo largo de estos cuatro años. Les voy a recordar las cifras
iniciales: en 1997, 186.000 millones de pesetas; 1998, 179.000 millones
de pesetas; 1999, 188.000 millones de pesetas; y, para el año 2000,
200.177 millones de pesetas. Por tanto, el crecimiento 1997-2000 ha sido
del 7,39 por ciento, lo que dividido entre 4 años equivale a un promedio
del 1,8 por ciento, que es un incremento anual muy por debajo de la
evolución del IPC, de la inflación. Además, esto ocurre en un Ministerio
que, como ya decía otros años, no tiene prácticamente que hacer
transferencias a las Comunidades Autónomas porque están todas hechas.
Esta es la pura, cruda, dura y tozuda realidad, señoras y señores
Senadores.
Año tras año, en este mismo debate de presupuestos, nosotros hemos ido
diciendo que los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación eran insuficientes, mientras el Gobierno y los
parlamentarios del Partido Popular decían que eran suficientes --y,
probablemente, hoy escucharemos lo mismo--, pero a mí me gustaría que
explicaran esa suficiencia ante la caída constante de las rentas a lo
largo de los tres últimos años, que coinciden exactamente con los que
ustedes son responsables exclusivos
de la gestión, y me gustaría también que explicasen aquí qué medidas
estructurales se han abordado durante estos cuatro años y a qué sectores
han afectado, para que podamos hoy reseñarlos y conocerlos, porque yo les
aseguro que estoy dispuesto a hacerlo así. Reestructuraciones y
reordenaciones pendientes, como la que ya he señalado del sector lácteo,
la del porcino, la de la patata o la avícola no se han producido en
absoluto ni se ha apostado a fondo por la modernización de las
explotaciones y me ha llamado la atención que en la última comparecencia
del señor Ministro en la Comisión se ha hecho referencia al decreto 204,
del que se han olvidado prácticamente en estos cuatro años.
En resumen, el Partido Popular, el Gobierno ha gestionado el sector
agrario con más pena que gloria y para muestra sirve este presupuesto del
año 2000. Si había problemas heredados, ahí quedan; si había reformas
pendientes, ahí continúan, y los problemas que han ido surgiendo a lo
largo de estos cuatro años --como la peste porcina o las dioxinas--
constituyen en este momento elementos de preocupación porque no se han
resuelto totalmente.
Ni siquiera han cumplido su propio programa electoral. Repasen lo que
decían sobre el asociacionismo, sobre el rejuvenecimiento del sector
agrario o sobre las ICM. Alguien puede estar pensando que algo bueno
tiene que tener el presupuesto del Ministerio de Agricultura y,
ciertamente, los responsables del Gobierno y los parlamentarios que
defienden estos presupuestos nos hablan de bondades verdaderas o
supuestas, entre ellas, la disminución de los gastos generales en los
capítulos 1 y 2.
Y es cierto en términos numéricos y en términos nominales, pero no en
términos reales, señoras y señores Senadores, porque han disminuido
ciertamente los capítulos 1 y 2, pero lo que han hecho es aumentar al
mismo tiempo el capítulo 6, de inversiones, en el artículo 6.4 con la
denominación «Inversiones de carácter inmaterial». Ya les vale la
denominación, ya que son gastos en los que se externalizan trabajos y
servicios, estudios y demás, mediante contratos a empresas públicas o
privadas; a su vez las públicas subcontratan a privadas, y así se
trasvasa al capítulo 6, que son inversiones, funciones y actividades que
hacían hasta ahora los funcionarios del Ministerio, es decir, con cargo
al capítulo 1, que a su vez constituye una práctica de privatización
encubierta.
Y fíjense, ciertamente queda doblemente bonito, bajan los gastos
generales y suben las inversiones. ¿Saben ustedes cuánto es el incremento
de este artículo 6.4 con esa denominación de inversiones con carácter
inmaterial para el año 2000 respecto del año 1999? No es el promedio del
5,4 por ciento que tiene este presupuesto, es el 20 por ciento.
En unas recientes declaraciones Joaquín Almunia hacía referencia a los
trileros. Pues aquí está bien patente un auténtico ejercicio de
trilerismo presupuestario: se quita de gastos corrientes y se pone en
supuestas inversiones. Nosotros somos conscientes de que con nuestras
enmiendas tampoco se logra la suficiencia a la que aspiramos. Y lo digo
claramente, habría que aumentar el presupuesto de Agricultura en casi un
50 por ciento para recuperar el peso perdido en estos cuatro años en
términos de producto interior bruto, pero eso tiene sus dificultades en
un solo ejercicio, como todos ustedes saben. Por tanto, lo único que
hacemos es proponer, aparte de este veto, enmiendas que totalizan 30.000
millones de pesetas y que son un catálogo bien expresivo de nuestras
prioridades, a las que haré mención rápidamente.
En primer lugar, inversiones para infraestructura de regadíos, que bajan
en este presupuesto. En segundo lugar, en fondos de retirada para
organizaciones de productores, por ejemplo, en el sector de frutas y
hortalizas para el mantenimiento de precios. En tercer lugar, para la
modulación de las ayudas. En cuarto lugar, «ex aequo», 2000 millones de
pesetas para el plan de seguros agrarios, reordenación del sector
porcino, del sector lácteo y apoyo financiero para años de sequía a
pequeñas y medianas explotaciones.
A continuación, hemos presentado enmiendas para hacer frente a la
paralización de la flota por la supresión de acuerdos pesqueros, ya que
en este proyecto el presupuesto de pesca baja con respecto al año 1999. Y
hoy es noticia, desgraciadamente, en los medios de comunicación porque
también se ha producido en el sector pesquero una deficiente gestión, con
el silencio culpable, quiero decirlo desde aquí, de los armadores y de
los empresarios del sector.
Enmiendas para la ordenación de sector avícola, para ayudas al sector de
la patata, a la reestructuración del viñedo, al desarrollo rural.
Hablando de desarrollo rural, ¿cómo se puede explicar que siendo éste uno
de los dos pilares de la nueva PAC europea aprobada en Berlín, que como
todos sabemos tiene dos pilares, las OCM y el desarrollo rural, en este
presupuesto, el primero para el período 2000-2006, descienda el programa
específico de desarrollo rural, 717 A, en 1,92 por ciento, que con la
inflación supone una baja del 4 por ciento? ¿Cómo explicar que siendo
España uno de los países más montañosos de Europa las indemnizaciones
compensatorias de montaña sean las más bajas de la Unión Europea? Según
este proyecto para el año 2000 baja el número de beneficiarios de las ICM
y baja el importe en pesetas de cada una de ellas. Van a cobrar el año
que viene menos de lo que cobraban este año. Un agricultor francés
cobrará casi siete veces más de lo que cobra un español en conceptos de
ICM. Esta es la realidad de las cosas, señoras y señores Senadores.
En resumen, nuestras enmiendas constituyen todo un catálogo de
prioridades y de definición de una política agraria. En un período que
afortunadamente empieza a ser de larga bonanza económica se trata de que
ésta llegue también al sector agrario y pesquero. Y aparte de afrontar
las caídas de precios y de rentas que es lo prioritario, que el
presupuesto sirva para implementar medidas eficaces, que permitan situar
al sector español en las mejores condiciones en el nuevo marco de
competitividad a que obliga una economía crecientemente globalizada, que
hace unas semanas se empezó a discutir en una ciudad de Estados Unidos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Rodríguez
Rodríguez.
Para la defensa de la enmienda número 36, tiene la palabra el Senador
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, nuestro Grupo Parlamentario presenta la enmienda número 36
a la Sección 21, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en
la cual pretendemos una serie de obras de mejora y modernización de los
regadíos alaveses, tanto en la zona de los valles como en el Río Rojo.
La zona de los valles afecta a los municipios de Valdegovía, Añana,
Kuartango, riberas alta y baja, Lantarón, Armiñon y al municipio burgalés
de San Zadornil.
La zona de los regadíos de Río Rojo afecta a los municipios alaveses de
Berantevilla y Zambrana, así como a diversos pueblos del Condado de
Treviño.
Se trata de realizar un proyecto de regadío de acumulación de aguas en
invierno en varios embalses, con una dotación anual por hectárea de 2.000
metros cúbicos en época estival y cuál es nuestra gran sorpresa al ver
que nuestra enmienda se encuentra en este momento sin soporte jurídico.
Pretendemos que se dé cobertura financiera a una declaración de interés
general de obras de mejora y modernización de regadíos, declaradas como
tal en el Congreso de los Diputados por unanimidad de los grupos
parlamentarios mediante la aprobación de una enmienda del Grupo del
Partido Nacionalista Vasco en dicha Cámara.
El proyecto de ley de medidas de acompañamiento llega al Senado y el
Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda al artículo 70, en el
que se declaraban de interés general estos regadíos para los cuales
solicitábamos esta cobertura financiera, y lo hace incluyendo regadíos en
126 términos municipales a lo largo y ancho de la geografía española en
provincias como Avila, León, Palencia, Burgos, Zamora, La Rioja, Huesca,
Teruel, Badajoz, Alicante, Valencia, Castellón, Albacete, Jaén, Sevilla,
Murcia y Canarias, además de hacer una ampliación de los pequeños
regadíos, llamados también regadíos sociales, que figuran en el avance
del Plan Nacional de Regadíos.
Pero la sorpresa mayúscula, que ha originado un enorme escándalo en el
ámbito agrario alavés, se produce cuando el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, Senador Bernáldez, defiende en la Comisión de
Economía la enmienda número 227, y lo hace correctamente, pero a los
cinco minutos esa Comisión se suspende y se reúne la Ponencia, «petit
comité» de la Comisión. Es decir, el Grupo Parlamentario Popular hace una
argucia política en virtud de la cual --dispongo en este momento del
«Diario de Sesiones» porque todos los trabajos parlamentarios de la
Cámara son públicos-- suspende la Comisión, cambia su enmienda, se
autoenmienda, incluye 126 regadíos en el artículo 70 de la ley de
acompañamiento en diferentes términos de la geografía española y excluye
exclusivamente los regadíos que afectan a la provincia de Alava.
Se pueden imaginar sus señorías la movida política que este hecho está
generando en el medio rural alavés. El señor Rabanera, hasta hace poco
Senador y Diputado General de Alava, no ha tenido más remedio que
dirigirse inmediatamente al mundo rural alavés y exponer lo que está
ocurriendo, sin poder dar ninguna explicación concreta, porque no la hay.
Y es que el escándalo es mayúsculo porque, después de aprobarse por
unanimidad en el Congreso de los Diputados, nos encontramos con que en el
Senado, el Grupo Parlamentario Popular, mediante esta argucia, que puede
tener incluso diversos planteamientos de legalidad parlamentaria
ajustándose al Reglamento, porque la Comisión se suspende y se vuelve a
reunir la Ponencia, cuando ya existe un informe publicado en el «Diario
de Sesiones» del 9 de noviembre, plantea una modificación de la enmienda.
Con ello se produce un fraude, una afrenta y un grave daño, no al PNV,
porque al fin y al cabo nosotros somos un instrumento de la sociedad,
sino a la situación y el desarrollo del ámbito rural alavés. Y
precisamente a ese ámbito iba dirigida esta enmienda, con el fin de que,
a la luz de esa declaración de interés general --que consiste en dar
cobertura política y legal para realizar actuaciones públicas--, el
Gobierno central coparticipara con las instituciones autonómicas vascas
en la financiación de esos regadíos, que se habían aprobado por
unanimidad en el Congreso de los Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Gatzagaetxebarría, le
ruego que concluya, porque como continuemos debatiendo las enmiendas que
todavía nos restan dedicándole el tiempo que usted está empleando en la
defensa de ésta, no terminaremos el debate de presupuestos.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Concluyo, señor Presidente.
Se trata de la única enmienda que nuestro Grupo ha presentado a todas las
secciones que se van a debatir durante el día de hoy, en la que se
propone una cantidad de 4.800 millones de pesetas, con una plurianualidad
de 1.200 millones cada año.
Finalizo diciendo que éste es el escándalo que se está produciendo en el
medio rural alavés, por lo que las organizaciones agrarias y los partidos
políticos están exigiendo al Grupo Popular una depuración de
responsabilidades por esas actuaciones, que se han reflejado en el
«Diario de Sesiones» --en manos ya de los partidos políticos y de todas
las organizaciones agrarias--, que obligaron a hacer un papelón a mi buen
y querido compañero el Senador Bernáldez, ya que insisto, a los cinco
minutos de defender esa enmienda se suspendió la Comisión y
posteriormente se aprobó lo contrario de lo que él había defendido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Bernáldez.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, a la Sección 21, Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, se han presentado un veto por el Grupo Parlamentario
Socialista, con la enmienda número 621; otro veto, de los Senadores Román
Clemente y Cámara Fernández, con la enmienda número 921; la enmienda
número 28, del Senador Armas Rodríguez; la número 36, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; 26 enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, y 12 enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
Subo a esta tribuna con el fin de rechazar ambos vetos y exponer las
principales cifras de este presupuesto, tras las cuales se encuentran los
rasgos fundamentales de las políticas agraria, pesquera y alimentaria del
Gobierno para el próximo año.
Señorías, el presupuesto del Ministerio de Agricultura y de sus
organismos autónomos asciende a 7.287,16 millones de euros, es decir, a
un billón 212.482 millones de pesetas. Eso supone un incremento del 7,1
por ciento respecto del correspondiente a 1999, además de un aumento
respecto de la media de crecimiento de los Presupuestos Generales del
Estado, que es del 4,7 por ciento.
El objetivo básico del presupuesto de Agricultura es desarrollar la
política agraria nacional, dentro de los objetivos prioritarios de la
política general del Gobierno, a fin de conseguir un desarrollo eficaz de
la política agraria comunitaria en conjunción con las de las Comunidades
Autónomas.
Además, el presupuesto del MAPA y de sus organismos autónomos pretende,
entre otros, conseguir los siguientes objetivos. Primero, el desarrollo
sostenible del medio rural. Segundo, el desarrollo de las políticas
activas en materia de seguridad alimentaria, apostando por un sistema de
producción integrada. Tercero, la mejora de la eficiencia y
competitividad de los sectores agrario, alimentario y pesquero. Cuarto,
la reordenación y adecuación de los sectores productivos. Y quinto, la
consolidación y universalización del sistema de seguros agrarios.
El presupuesto del MAPA y sus organismos autónomos tiene como grandes
líneas de actuación, las siguientes: el territorio, las explotaciones
agrarias, la producción, el sector alimentario, el sector pesquero, la
investigación y el desarrollo, y la previsión de riesgos.
Estas grandes líneas de actuación tienen unos créditos iniciales que en
la mayoría de los casos superan las actuaciones de 1999. Por ejemplo, en
investigación, en 1999 existía un crédito inicial de 4.585 millones de
pesetas, cifra significativamente inferior --y digo significativamente
porque es inferior en un 33 por ciento-- respecto al crédito inicial que
figura en los presupuestos para el año 2000, es decir, 6.044,7 millones
de pesetas.
En cuanto a actuaciones en el territorio, el crecimiento es del 3,8 por
ciento, puesto que el presupuesto del año 2000 está dotado con 41.763
millones de pesetas, cantidad superior a los 40.249 millones de pesetas
de 1999.
En cuanto a explotaciones, el crecimiento es ciertamente significativo,
un 19,2 por ciento. En 1999 el crédito destinado a explotaciones era de
31.959 millones de pesetas, mientras que en el presupuesto para el año
2000 dicha partida asciende a 38.083 millones de pesetas.
En cuanto a producciones agrarias, pasamos de 32.043 millones de pesetas
en el año 1999 a 33.248 millones de pesetas para el año 2000.
En comercialización y transformación de los productos agrarios existe
también un crecimiento importante, del 6,4 por ciento, que corresponde a
los 8.380 millones de pesetas del presupuesto para el año 2000, frente a
los 7.837 millones de pesetas de 1999.
En el sector de la pesca y por razones que con posterioridad explicaré,
el presupuesto decrece en un 1,8 por ciento, al pasar de 15.474 millones
de pesetas en 1999, a 15.197 para el año 2000.
Sube, en cambio, de manera importante la partida correspondiente a
previsión de riesgos. De 24.360 millones de pesetas pasa a 26.436 para el
año 2000.
Decrecen, como no podía ser menos --y también lo explicaré con
posterioridad--, los presupuestos referentes a los servicios generales
del Departamento, al pasar de 6.846 millones de pesetas a 6.167 millones
de pesetas. Y en publicaciones hay un aumento del 11,1 por ciento.
Por capítulos, el Capítulo II, como decía anteriormente, decrece.
Decrecen los gastos corrientes y sucede así desde 1997, cuando teníamos
una dotación de 3.795 millones de pesetas, frente a los 3.024 millones de
pesetas que figuran en el proyecto de presupuestos para el año 2000.
Aumenta significativamente el Capítulo VI, inversiones reales, al pasar
de 13.579 millones de pesetas en 1997 a 27.328 en el año 2000, es decir,
dichas dotaciones se multiplican por dos desde el año 1997.
En investigación y desarrollo el crecimiento también es ciertamente
significativo, tanto en investigación y desarrollo dedicado al sector
agroalimentario, como el dedicado al sector pesquero, pasando de una
partida global de 3,4 miles de millones de pesetas en 1997 a 6,05 miles
de millones de pesetas en el año 2000, es decir, se multiplica por dos el
número de miles de millones de pesetas dedicados a investigación y
desarrollo.
En regadíos podemos hacer también consideraciones similares. Tanto en
inversiones como en operaciones financieras se multiplican por más de
tres las inversiones correspondientes al período 1997-2000, pasando de
10,42 miles de millones de pesetas a 39,11 miles de millones de pesetas
en el año 2000.
Las medidas de acompañamiento, es decir, los créditos iniciales
comprendidos en los Capítulos IV, VI y VII crecen también de manera
importante al pasar de 5,5 miles de millones de pesetas en 1997 a 11,6
miles de millones de pesetas en el año 2000.
Y donde también hay un crecimiento ciertamente espectacular es en el Plan
de Seguros Agrarios, como posteriormente explicaré. El crecimiento es de
16,8 miles de millones de pesetas en 1997, frente a los 25 miles de
millones de pesetas que existen en este presupuesto del año 2000.
En definitiva, señorías, este presupuesto cuenta con los recursos
suficientes y es el adecuado para cumplir los objetivos encomendados en
favor de los sectores agrario, pesquero y agroalimentario. En este
sentido, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pretende, en
primer lugar, conseguir un sistema agroalimentario eficaz, competitivo
y eficiente, que siendo respetuoso con el medio ambiente, mantenga y
mejore el nivel de renta de las familias que viven del campo y de la
pesca.
En segundo lugar, promover el desarrollo del medio rural, mediante la
modernización de las estructuras productivas y la fijación de la
población rural, diversificando la economía e incorporando en este ámbito
nuevas funciones sociales.
En tercer lugar, impulsar una firme política de protección y conservación
de los recursos pesqueros con modernos sistemas de control y vigilancia y
mejorar sus estructuras y mercados.
Y qué decir tiene que el proyecto de presupuestos para este año ha sido
elaborado con el objetivo prioritario también de continuar con el proceso
de reducción del déficit público y saneamiento de las finanzas públicas,
iniciado en 1996, proceso que ha mejorado, incluso, las especificaciones
del programa de convergencia.
Estos objetivos de disciplina fiscal adquieren mayor relevancia en el
nuevo contexto de integración europea, en el que la adopción de la moneda
única deja la política monetaria en manos del Banco Central Europeo, al
tiempo que se elimina el tipo de cambio como instrumento de ajuste.
Es un presupuesto activo que va dirigido a cofinanciar las actuaciones de
las Comunidades Autónomas para que respondan a prioridades y objetivos
nacionales. Es un presupuesto que adecua los programas presupuestarios a
los objetivos de las políticas agrícolas comunitarias y autonómicas. Es
un presupuesto, cuyo objetivo es potenciar y maximizar la captación de
recursos comunitarios para, en definitiva, obtener los mayores recursos
posibles de la Unión Europea, desde una ejecución rigurosa y transparente
y desde una gestión presupuestaria más acorde con los tiempos en que nos
movemos.
Este presupuesto pondrá en práctica diversas líneas de actuación,
contemplando acciones sobre el territorio, sobre la competitividad de las
explotaciones, los sectores productivos, los mercados agrarios, la
transformación e industrialización, el sector de pesca, la investigación,
tanto agraria como pesquera, la previsión de riesgo y la preparación de
los servicios generales del Departamento, de cara al próximo siglo.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Bernáldez, le ruego que
concluya.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Termino en breve, señor Presidente.
Estas líneas de actuación se articulan a través de los diversos programas
presupuestarios y cuentan con un volumen de recursos, que permiten
clarificar a este proyecto de presupuestos como eminentemente inversor.
Como decía con anterioridad, han sido formuladas diversas enmiendas, dos
de las cuales son de veto.
Con la brevedad que me solicita el señor Presidente que concluya, voy a
decir lo siguiente respecto a estas enmiendas. El veto presentado por
Izquierda Unida califica de intolerable la reducción del presupuesto del
Departamento para indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas.
Debemos decirle que dichas indemnizaciones pasan a ser una medida de
acompañamiento, que es, precisamente, el motivo por el que la línea de
actuación puede disponer, si se precisa, de mayores recursos financieros
y de un mayor margen de maniobra.
Las tres medidas de acompañamiento: jubilación anticipada, forestación de
tierras y medidas agroambientales, se cofinancian por las Comunidades
Autónomas, la Unión Europea, a través del FEOGA-garantía y el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, siendo las Comunidades Autónomas
las que deciden los porcentajes de reparto de las ayudas en cada una de
las tres líneas de ayudas en su ámbito territorial. El Ministerio, a
través del presupuesto, establece las que son coordenadas generales. Para
el año 2000, el Departamento ha propuesto un importante aumento de
presupuesto propio, reorientando los recursos, especialmente hacia las
medidas agroambientales. Para el cese anticipado, 1.618 millones de
pesetas, para la forestación de tierras, 3.830 millones de pesetas y para
las medidas agroambientales, 6.230 millones de pesetas. En definitiva,
11.678 millones de pesetas.
En cuanto a la modernización de explotaciones, Izquierda Unida y el Grupo
Parlamentario Socialista piden un presupuesto más ambicioso, puesto que
existe un déficit respecto a Europa, según señalan, y las
disponibilidades presupuestarias han sido incapaces de atender todas las
solicitudes efectuadas. A ello tengo que decir que en este punto la
respuesta es ciertamente clara. El Ministerio ha realizado un esfuerzo
que cabe clarificar de notable y ambicioso, pasando de 12.936 millones de
pesetas en 1999 a 17.000 millones en el 2000, aumentando muy por encima
la parte de las partidas presupuestarias de los Presupuestos Generales.
En definitiva, el presupuesto del MAPA aumenta en un 7,1 por ciento y los
Presupuestos Generales, como decía anteriormente, lo hacen en un 4,7 por
ciento. Además, los gastos administrativos disminuyen; los créditos de
las políticas activas aumentan, especialmente las ayudas a las
asociaciones, a la investigación y desarrollo tecnológico, las
actuaciones de mejora de la competitividad y la calidad, modernización de
las explotaciones y medidas agroambientales, entre otras.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Bernáldez, vaya
concluyendo.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Si me lo permite, señor Presidente, con
toda brevedad, me gustaría responder al veto planteado por el Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Tiene que ajustarse a los
tiempos que se han acordado en la Junta de Portavoces. Lo mismo que el
resto de los portavoces, su señoría tiene que responder en el tiempo que
le marca la Presidencia.
Tiene un minuto para terminar.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente, por su
generosidad.
Con toda brevedad, diré al Grupo Parlamentario Socialista, autor de este
veto, que tenemos que rechazarlo por las razones que hemos expresado
anteriormente. Con estos presupuestos, no le quepa duda, señor portavoz,
que se van a modernizar las estructuras agrarias, y que va a haber una
reordenación de los sectores productivos. Usted hacía referencia al
sector productor de leche, y quiero recordarle que estos presupuestos
contienen partidas para subvencionar el abandono de la producción lechera
y para la compra de cuotas. Con estos presupuestos se van a adaptar las
capacidades pesqueras como consecuencia del cambio de la política común
para las estructuras pesqueras, se va a mejorar la estructura productiva
agraria y pesquera, se va a desarrollar un programa de diversificación de
la economía rural y de compensación de rentas y, en definitiva, se va a
acelerar también la reconversión del tejido industrial y comercial
agroalimentaria y pesquero de cara a aprovechar las potencialidades que
dicho sector tiene en el contexto productivo.
Iniciamos el plan de regadíos con una cantidad importante. Completa este
presupuesto el proceso de saneamiento de la cabaña ganadera --usted se
refería al sector porcino y al sector avícola--; atiende el plan anual de
seguros agrarios combinados y, en definitiva, presta una atención
especial a los daños catastróficos, en particular a las compensaciones a
los agricultores por la sequía de 1994 y 1995, que nada tienen que ver
con la sequía de 1999, que también está contemplada en estos
presupuestos.
No puedo extenderme en debatir una por una el resto de las enmiendas
presentadas por Izquierda Unida, Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos y por el propio Grupo Parlamentario Socialista, pues
el señor Presidente me ha llamado la atención respecto a que he agotado
mi tiempo, pero debo señalar que con esta argumentación general que he
expuesto a los Presupuestos Generales del Estado, concretamente a la
Sección 21, quedan rechazadas todas esas enmiendas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Bernáldez.
En cualquier caso, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda
Unida, han sido defendidas en sus justos términos, luego no necesitan
contrarréplica.
Pasamos al turno de portavoces.
Senador Román Clemente, ¿desea intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Mi buen amigo el Senador don Angel Carlos Bernáldez no ha podido
contraargumentar lo que he manifestado y, por lo tanto, no tengo nada que
añadir. Nuestra posición ha quedado reflejada en el «Diario de Sesiones»
y comprendemos el papel que don Angel Carlos Bernáldez ha tenido que
realizar.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Rodríguez Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, debo agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario
Popular que se haya extendido en explicarnos las bondades del
presupuesto, pero no ha contestado para nada a las argumentaciones de la
oposición.
Ha reconocido la bajada del presupuesto de pesca, lo cual me parece
necesario porque está en los datos, pero no ha hablado en absoluto de la
pérdida de rentas de los sectores en crisis, que los ha mencionado de
pasada; de la privatización de los servicios a través del artículo 6.4,
que es un debate interesante; de la bajada del programa del desarrollo
rural; de las ICMs; de los regadíos, e incluso cuando habla del aumento
del presupuesto, señor Bernáldez, se refiere al 7,1 ó 7,4 por ciento.
¿Sabe usted cómo hace el presupuesto el Ministerio? Yo he sido
parlamentario del Gobierno y lo sé. (El señor Vicepresidente, Cardona i
Vila, ocupa la Presidencia.) Esas cifras las hace el Gobierno, pero las
hace como le parece. En concreto, esa cifra, señor Bernáldez, está sacada
de eliminar del presupuesto los 25.000 millones de pesetas para los
regadíos del año pasado y de este año, es decir, de los años 1999 y 2000,
y yo le acepto ese porcentaje. Si le acepto yo ese porcentaje, acepte
usted entonces que el año pasado, al excluir esa cifra, el presupuesto de
Agricultura bajó nada más y nada menos que el 12,5 por ciento.
Por tanto, las cifras, señor Senador, son como se quieran leer, pero la
insuficiencia de este presupuesto se pone de manifiesto y resulta más
crítica cuando se tiene en cuenta las pérdidas de los distintos sectores
que ha habido en este año 1999. El sector lácteo ha perdido 11.000
millones de pesetas; el ovino-caprino, 30.000 millones de pesetas; el
porcino, 70.000 millones de pesetas; en avicultura, 30.000 millones de
pesetas, y así le podría ir citando un montón de sectores, que es lo que
explica esa pérdida de rentas, siendo éste el tercer año en que se
produce.
Hoy, señor Senador, se publica en los medios de comunicación un dato
altamente preocupante para el sector agrario y pesquero de nuestro país y
es que el Gobierno ha fracasado en la contención de precios. Tenemos una
inflación que es el doble de los países de la zona euro, al que van el 80
por ciento de nuestras exportaciones agrícolas, y esto se convierte en un
serio obstáculo para la competitividad. Me gustaría que usted argumentara
estas cuestiones, porque eso es superable o disminuyendo costes o
disminuyendo rentas y eso es lo que les está pasando a ustedes durante
tres años seguidos.
Respecto a los regadíos, no han sido capaces de gastarse ni una sola
peseta de los 25.000 millones que aprobamos
el año pasado en estas mismas fechas para el año 1999, ni una sola
peseta, y usted lo sabe, porque lo reconocieron los representantes del
Ministerio en las comparecencias.
En cuanto a los sectores en crisis, me habla del sector lácteo. Sabe
usted que hay un decreto de reordenación del sector lácteo que en
definitiva es únicamente hacer que funcione el sistema de retención a los
ganaderos, pero en absoluto se trata de una reestructuración del sector.
Paralelamente usted ha citado la cadena alimentaria. Señor Senador, algo
está fallando con ustedes, porque los agricultores cada vez cobran menos
por sus productos y sin embargo los consumidores cada vez pagan más por
los mismos. Ahí hay un fracaso que se ha materializado durante estos
cuatro años.
Acabo, señor Presidente, para no extenderme más, puesto que la
argumentación que hemos hecho en la tribuna para oponernos a este
presupuesto no ha sido contestada, diciendo que yo creo que después de
este debate queda claro que la bonanza económica no puede llegar con esta
política al sector agrario español y que además los agricultores,
ganaderos y pescadores de nuestro país están recibiendo con este Gobierno
un trato injusto que no se merecen.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Rodríguez.
Tiene la palabra el Senador Bernáldez.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes no he tenido oportunidad de contestar al Senador
Gatzagaetxebarría respecto a la enmienda número 36, presentada por el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Esta enmienda
propone dotar con 1.200 millones de pesetas, a repartir entre el año 2000
y 2003, recursos a transferir a la Comunidad Autónoma Vasca para la
ejecución del Plan de regadíos en los territorios de su competencia, con
bajas en la aplicación destinada a la constitución de sociedades
estatales de infraestructuras agrarias para la ejecución de obras en
regadío; en definitiva, pretenden causar baja en la aplicación destinada
a la constitución de sociedades estatales de infraestructuras agrarias.
Debo decirle que las sociedades estatales para la ejecución de obras de
infraestructuras, de modernización y consolidación de regadíos se están
constituyendo al amparo del artículo 99 de la Ley 50/1999, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social. En el citado artículo se
prevé que la participación de las Comunidades Autónomas se efectúe a
través de convenios de colaboración en los que se determine la
participación de las mismas en la financiación de dichas obras. Pues
bien, las obras públicas que van a ser ejecutadas por las citadas
sociedades van a ser declaradas de interés general, por lo que, al amparo
de lo previsto en el artículo 149,1. 24 de la Constitución, se encuadran
dentro del ámbito de las competencias estatales. Debo decirle que la
propuesta contenida en la enmienda lleva asociado un incremento de
déficit público al proponer un alta en un concepto del Capítulo VII, que
es computable para el cálculo del déficit público, y una baja en el
Capítulo VIII, activos financieros, que no computa en dicho déficit
público.
Respecto a la visión que habitualmente nos traslada a esta Cámara el
señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, podíamos ir
discutiendo sector por sector --sector lácteo, sector ovino, sector
vacuno, aceite de oliva, etcétera--, aunque evidentemente no tenemos
tiempo aquí.
Le voy a dar un argumento que, a mi juicio, señor portavoz, aclara cómo
está actualmente la situación en el sector agrario, y para ello le
informo sobre los datos contenidos en la encuesta relativa a precios de
la tierra. Debo decirle que todas las categorías de tierras agrarias han
acelerado en 1998 la tendencia expansiva iniciada en 1994. El índice
general experimenta en 1998 un aumento superior al 16 por ciento,
expresado en términos reales, deflactado por los precios del PIB. La
subida de precios de la tierra en España en 1998 ha sido del 13,6 por
ciento. En los diferentes análisis de cultivo o de aprovechamiento, según
sean de secano o de regadíos y por Comunidades Autónomas, las elevaciones
del precio de la tierra han sido generalizadas en todas las Comunidades
Autónomas. Mención especial merecen las tierras de cultivo que aumentan
un 17,4 por ciento, mientras que en los aprovechamientos, es decir, las
tierras dedicadas a prados y pastizales, el aumento es más moderado, el
8,5 por ciento. El conjunto de tierras de regadío eleva sus precios por
encima de los de secano, aunque ligeramente: el 17,2 por ciento frente al
15,7 por ciento. Elevaciones de precios en 1998 superiores al 20 por
ciento experimentan las tierras ocupadas por el olivar de almazara de
secano, platanera, viñedo de uva de mesa de regadío, viñedo de
vinificación en secano y frutales de frutos secos en regadíos. Y esto es
así, a pesar de todo lo que ustedes argumenten respecto a la falta de
bondad de la Organización Común de Mercado para el aceite de oliva. Usted
sabe, señor portavoz, que el valor de la tierra dedicada al olivar se ha
disparado en estos últimos años, especialmente después de la aprobación
de la OCM del aceite de oliva. Aquí tiene los datos y, si quiere, se los
paso.
En cuanto a Comunidades Autónomas, se constatan elevaciones muy acusadas,
incluso por encima del 25 por ciento en los precios de la tierra en el
País Vasco, en La Rioja alavesa, en Madrid, donde tienen un incremento
fundamental las tierras de secano, en Andalucía, con fuertes subidas
generalizadas en la práctica totalidad de cultivos y aprovechamientos,
especialmente, en los cultivos dedicados al olivar, y en Castilla-La
Mancha con notables elevaciones de precios del olivar, en primer lugar,
del viñedo y de las tierras de labor.
En cuanto a que no he respondido al descenso que se ha producido en
pesca, debo recordarle, Senador Rodríguez, que el presupuesto en pesca
baja únicamente un 1,8 por ciento por dos motivos fundamentales: primero,
porque se ha dejado ya de pagar el último plazo de la instalación de
cajas azules en los buques españoles y, segundo, porque el
último plazo de la construcción del buque oceanográfico se paga este año
y es sensiblemente inferior al ejercicio pasado.
No ha hecho usted alusión alguna, señor portavoz, a cómo suben los
seguros agrarios, que son un modelo no solamente en España, sino también
en el mundo entero, hasta el extremo de que el sistema español de seguros
agrarios va a ser exportado al resto de los países del mundo.
En cuanto a desarrollo rural, toca un tema al cual soy, como usted,
especialmente sensible. Le voy a decir que en los próximos años va a
existir un incremento, al menos de 5 puntos, en la ayuda máxima
porcentual para las inversiones en modernización de las explotaciones
agrarias. El Ministerio va a publicar, de acuerdo sin duda con las
Comunidades Autónomas y con las organizaciones profesionales agrarias, un
nuevo real decreto que actualizará sobradamente el conocido 204/1996.
Para ello, en el presupuesto del año 2000 se ha previsto una subida del
31,4 por ciento, pasando de 12.000 a 17.000 millones de pesetas. Los
topes máximos de ayudas a la instalación de jóvenes aumentan en cerca de
un 70 por ciento, pasando de 5 a 8,3 millones de pesetas para la primera
instalación de jóvenes y para la bonificación de préstamos. Se amplían
además tremendamente las posibilidades de actuación en formación
profesional agraria, incrementándose sustancialmente las actuales
partidas del Fondo Social Europeo. Se refuerzan los apoyos a los procesos
de comercialización y transformación de los productos agrarios. Esto
queda reflejado en un aumento de hasta 7.100 millones de pesetas que se
han previsto para el fomento de la industrialización alimentaria.
Teniendo en cuenta la evolución del consumo hacia los productos agrarios
transformados, el Gobierno invertirá en la mejora de la comercialización
e industrialización, de modo que éstas se adapten al mercado, a fin de
aportar un mayor valor añadido al medio rural.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Senador Bernáldez, ha
sobrepasado el 50 por ciento del tiempo que tiene asignado; le ruego que
vaya terminando.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Acabo rápidamente, señor Presidente.
En cuanto a las inversiones en regadíos, me pregunta su señoría respecto
a las ICM. Las ICM, al cambiar de Feoga-garantía a Feoga-orientación, van
a ser cofinanciadas en un 50 por ciento por las Comunidades Autónomas y,
por tanto, aquí sólo figura el 50 por ciento que destina el MAPA a las
ICM, y el otro 50 por ciento lo pondrán, como digo, las Comunidades
Autónomas. Las inversiones en regadíos e infraestructuras alcanzan 14.136
millones de pesetas, dentro del capítulo 6, además de los 25.000 millones
de pesetas que destina el capítulo 8. De manera que podemos decir que el
Plan Nacional de Regadíos está suficientemente dotado en este
presupuesto.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente, por su benevolencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Bernáldez.
Pasamos al debate de la Sección 22, Ministerio de Administraciones
Públicas. Para la defensa del veto que ampara la enmienda número 934, así
como las enmiendas números 935 a 944, tiene la palabra el Senador Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias señor Presidente.
Efectivamente, la enmienda número 934 es una propuesta de veto a la
Sección 22, Ministerio de Administraciones Públicas, basada en cinco
puntos.
En primer lugar, entendemos que esta sección carece de una voluntad de
conseguir una Administración profesionalizada y fuertemente coordinada
con las demás Administraciones Públicas, desde un modelo de Estado
federal que nosotros consideramos coherente.
En segundo lugar, el protagonismo de lo público, como centro motriz del
interés general, está dando paso a una Administración cada vez con menos
protagonismo, que apenas cubre con la oferta de empleo público las
vacantes que se van produciendo en su seno, y aborda a la defensiva el
concepto de carrera administrativa, al tratar con un cierto complejo de
privilegio el hecho de ser un trabajador público y, por tanto, hacer
frente a pérdidas en la capacidad adquisitiva que no se dan en los
sectores privados. Sin embargo, sí quiero hacer una reflexión. La
Administración Pública está actuando como escuela de cuadros medios y
superiores que después la abandonan para pasar a la vida profesional
privada.
En tercer lugar, no aborda una simplificación y reducción de la presencia
territorial de la Administración periférica del Estado.
En cuarto lugar, ha fracasado el modelo de financiación autonómica con la
no generalización del 30 por ciento del IRPF y la no puesta en
funcionamiento eficaz del fondo de nivelación. Y, en quinto lugar, no ha
promovido y ha aplazado hasta la próxima legislatura un auténtico pacto
local en el que, además de la reforma de la Ley de Bases de Régimen
Local, se abordara la reforma de las Haciendas Locales con el fin de
dotar de recursos y ayuda a las corporaciones locales para salir de la
situación de deuda provocada como consecuencia de tener que compartir
competencias que, en la mejor de las situaciones, se podría decir que son
mixtas: Comunidades Autónomas, Administración Central y Administración
Local.
Por todo ello presentamos la propuesta de veto.
Doy por defendidas las enmiendas números 935 a 944.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Román.
Para la defensa del veto y de las enmienda números 646, 647 y 648, del
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Debido a un acontecimiento inesperado que ha ocasionado que el portavoz
habitual de mi Grupo en esta sección,
el Senador Gallego, haya tenido que abandonar el hemiciclo, consumo este
turno en su nombre.
Voy a ser muy breve. La enmienda de veto planteada por el Grupo
Parlamentario Socialista a la sección Administraciones Públicas tiene
como causa la situación de la Administración Pública en España después de
los cuatro años de gobierno del Partido Popular. Se prometió una
reducción sustancial del número de Altos Cargos que no se ha cumplido.
Más bien, incluso se ha incrementado el presupuesto dedicado a esta
partida, muy por encima del incremento que ha sufrido el capítulo 1,
Gastos de Personal, en el Estado, en estos cuatro años. Se prometió una
nueva valoración y un nuevo tratamiento legal de la carrera funcionarial,
que no se ha dado; se ha sustituido por el incremento absolutamente
arbitrario de los complementos de productividad, también muy por encima
de lo que han sido los incrementos que han sufrido los funcionarios
públicos. Después de cuatro años, la Función Pública está más
desprestigiada, está cubriendo con mayores dificultades los objetivos que
tiene constitucionalmente encomendados, y después de cuatro años no
sabemos que se haya realizado ninguna reforma de la Función Pública que
no haya sido pura y simplemente una acumulación de agravios comparativos,
con el tratamiento manifiestamente particular que se ha dado a las
situaciones de los diferentes Cuerpos y Escalas de funcionarios y del
personal laboral. Tenemos que recordar aquí que, en estos cuatro años, se
han hecho reformas contradictorias, fusionando unos Cuerpos, desagregando
otros. Se han generado numerosos agravios entre Cuerpos que debían
trabajar conjuntamente. Para qué vamos a hablar aquí de los crecientes
problemas que se han producido entre arquitectos y aparejadores o de lo
que ha sucedido en estos cuatro años en la Agencia de Administración
Tributaria. Se han generado descontentos, malestares. Ahora es la
Administración de Justicia, en otros momentos han sido otros Cuerpos de
funcionarios y, al final, nos encontramos con una Administración más
politizada, más desprofesionalizada y, desde luego, mucho menos eficaz y
mucho menos al tanto de lo que tendría que ser una Administración que
pudiera abordar con eficacia los retos del siglo XXI.
Voy a hacer una referencia específica a la enmienda 648, que presenta mi
Grupo Parlamentario. Esta enmienda pretende resolver un problema muy
concreto y que los socialistas, en esta Cámara, estamos intentando
resolver en esta legislatura, que es el problema del municipio de San
Fernando, en la bahía de Cádiz. Este es un municipio en el que coexisten
un número importante de problemas, como es el hecho de que la mayor parte
de su superficie esté ocupada por instalaciones del Ministerio de
Defensa; que sea vecino del municipio de Cádiz y que comparta con él
problemas de paro y problemas de difícil encaje, como el de la
reconversión industrial, de astilleros y de otros sectores, que sin
embargo han sido objeto de una especial atención por parte del Gobierno
en lo que toca al municipio de Cádiz, pero que han desatendido al
municipio de San Fernando. Además, con estos problemas coexisten otros
derivados de que otra parte importante del término municipal, de hecho,
está también ocupada por terrenos que pertenecen a espacios naturales
objeto de especial protección, como son las marismas, y este hecho
tampoco ha permitido que el Gobierno demuestre una especial sensibilidad
hacia el municipio de San Fernando que, sin embargo, sí ha manifestado
para el vecino municipio de Cádiz. Lo que pedimos con estos 1.000
millones de pesetas que recoge la enmienda, es pura y simplemente algo
tan elemental como el que se haga justicia, que se trate a los habitantes
de San Fernando como a los gaditanos, y que el Gobierno manifieste su
intención de atender los problemas de San Fernando, pero no simplemente
de palabra, como lo ha hecho tantas veces, sino con una consignación
presupuestaria que permita que algunos de los problemas de este municipio
se puedan solucionar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Granado.
Para turno en contra tiene la palabra el Senador Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores,
en primer lugar quiero pedir disculpas por esta voz cascajosa y algo
resfriada que tiene el que hace uso de la palabra en este mismo momento
para rechazar tanto el veto como las enmiendas presentadas por Izquierda
Unida y por el Grupo Socialista a la Sección 22.
La enmienda a la totalidad que presenta Izquierda Unida se basa en cinco
puntos. En el primero dice que la propuesta del Ministerio carece de una
voluntad de Administración profesionalizada y coordinada con las demás
administraciones públicas.
El segundo punto se desglosa en varias cosas: que la Administración tiene
menos protagonismo, que apenas cubre con la oferta pública de empleo las
vacantes que se producen, que no se aborda adecuadamente la carrera
profesional y que existe pérdida de poder adquisitivo de los
funcionarios.
El tercero hace referencia a que no aborda una simplificación y reducción
de la presencia territorial de la Administración periférica.
El cuarto ya es el colmo: el fracaso del modelo de financiación
autonómica con la no generalización del 30 por ciento del IRPF y la no
puesta en marcha del fondo de nivelación.
Y el quinto hace mención a no haber promovido y haber aplazado un
auténtico pacto local desde la reforma de la Ley de Bases del Régimen
Local y de las Haciendas Locales que las dote de recursos y las ayude a
salir de su situación de deuda provocada por la gestión de competencias,
en el mejor de los casos, mixtas entre las Comunidades Autónomas, la
Administración Central y la local.
En primer lugar, tengo que contestar que nosotros creemos que está dotado
en la cantidad suficiente de acuerdo, por supuesto, con los objetivos
macroeconómicos del Gobierno y con la sensibilidad que tenemos hacia las
Administraciones Públicas que nos representan a todos los españoles y
que, en este caso, se refiere al Estado Central, porque
Administración Pública también lo es la de las Comunidades Autónomas y
forma parte también del Estado.
Otra de las cuestiones que ustedes plantean y a la que yo quiero
responder es que no se ha cumplido por parte del MAP el pacto
correspondiente a la voluntad de las Comunidades Autónomas. El Pacto
Local está perfectamente desarrollado por el Ministerio de
Administraciones Públicas, y lo que queda por desarrollar es precisamente
lo que corresponde a la voluntad de las Comunidades Autónomas. Las
Comunidades Autónomas tienen que descentralizar administrativamente
algunos servicios y cuestiones en los entes locales, pero eso corresponde
a sus propios Estatutos de Autonomía, por lo que tienen que ser las
propias Comunidades Autónomas las que lo decidan en el uso de sus
facultades, sin que el Estado pueda interferir. Lo único que puede hacer
el Estado es impulsarlo para intentar conseguir que esa voluntad de las
Comunidades Autónomas sea descentralizadora. En ese sentido, nosotros
estamos dispuestos a poner en marcha toda nuestra voluntad política para
que eso ocurra, pero no se puede luchar contra las competencias
estatutarias que las propias Comunidades Autónomas y el bloque
constitucional les permiten. Sería de locos que nosotros intentásemos
forzar la voluntad de las Comunidades Autónomas. Por eso estoy
absolutamente seguro de que se han cumplido por el Ministerio de
Administraciones Públicas cada uno de los programas y de las leyes que se
tenían que desarrollar en ese Pacto Local que ustedes dicen.
Por otra parte, en el año 1998 se aprobó el sistema de financiación para
el quinquenio 1999-2003, que incluye modificaciones en cuanto a las
reglas de evolución y los criterios de reparto a las corporaciones
locales en los tributos del Estado. Además, yendo más lejos, modifica una
serie de artículos de la Ley reguladora de las Haciendas Locales que
potencia la autonomía de los entes locales, la gestión, la recaudación y
la inspección de sus propios recursos.
Nosotros precisamente hemos hecho todo lo contrario de lo que están
ustedes pidiendo en esta enmienda. Lo que hemos estado haciendo ha sido
reformar la Ley de las Haciendas Locales y hemos incidido voluntariamente
en esa autonomía que deben tener los entes locales. Hemos incidido, como
vamos a seguir incidiendo, en que las Comunidades Autónomas, en el uso de
su autonomía, puedan descentralizar los servicios periféricos de los
entes locales que crean convenientes para el desarrollo de sus funciones,
pues, al fin y al cabo, son los servicios a los ciudadanos, son las
administraciones más cercanas, como son los ayuntamientos, como son las
diputaciones provinciales.
Otra cuestión respecto de la que tengo que salir al paso es la relativa a
que la deuda de las administraciones --luego, de las entidades y de las
administraciones locales-- se deba simplemente a la gestión de las
competencias mixtas, de las competencias compartidas entre los entes
locales, las administraciones provinciales y las Comunidades Autónomas.
Este hecho precisamente no se debe sólo a eso, sino que también quizá se
deba en algún caso a déficit de gestión, a prestación de servicios que no
les corresponde en relación con los Estatutos de Autonomía, si bien es
verdad que los ciudadanos los demandan a las administraciones locales,
aunque sean competencia de las Comunidades Autónomas, que ni en la
descentralización administrativa, ni tampoco en la evolución de los
presupuestos han sabido poner al servicio de esas entidades locales las
cantidades de dinero que necesitan para ejercer esos servicios que
demandan los ciudadanos y que están en la base y el fundamento,
precisamente, de las Comunidades Autónomas.
Por tanto, no se trata del Estado y de que sean competencias compartidas.
Sencillamente, se trata de las administraciones locales en relación con
las Comunidades Autónomas y, a veces, la mala gestión de esos entes
locales es lo que ha producido esos déficit presupuestarios. Pero es que
las Comunidades Autónomas han actuado como esa hada mala que ha sido
limitante de los efectos, de las cuestiones que tenían que llegar a esos
entes locales.
Por otra parte, también quiero manifestar que se está avanzando
adecuadamente en la coordinación de las actividades administrativas y la
participación de las administraciones públicas en el avance hacia un
Estado de cooperación que mejore la calidad y la eficacia de los
servicios públicos. No es en absoluto cierto que no se haya adoptado
ninguna medida en la Administración Central para reducir esa misma
Administración Central. Y con esto contesto también a la enmienda
socialista que habla de la no reducción de la Administración Central.
Efectivamente, la Administración Central ha efectuado, orgánica y
funcionalmente, reducciones sustanciales, haciendo de las subdelegaciones
centros en los cuales está metida toda la Administración Central del
Estado, reduciendo su volumen, coordinándola y cooperando sobre todo con
las administraciones públicas de las Comunidades Autónomas. Ese es el
sentido que tiene en un Estado autonómico, en un Estado de
descentralización, la administración pública, el de cooperar con las
Comunidades Autónomas y el de coordinar los servicios del Estado con las
Comunidades Autónomas. Ese es el sentido que tiene una administración
periférica del Estado, una administración que está absolutamente al
servicio de los ciudadanos, y nunca al servicio del propio Estado
Central. Y en ese sentido hemos avanzado profundamente y hemos tomado
medidas muy claras. No hace falta más que ir a una Subdelegación de
Gobierno para conocer el esfuerzo que se está haciendo para concentrar
precisamente toda la administración en esto.
Pero, además, no sólo se trata de descentralizar, sino de coordinar y de
cooperar con las administraciones periféricas del Estado, porque he dicho
y vuelvo a repetir que todo es Administración Pública al servicio de los
españoles, Administración Pública Central, Administración periférica del
Estado, y nunca, nunca están separadas. Siempre están al servicio de los
ciudadanos, siempre al servicio de la coordinación y no deben estar
nunca, nunca, fuera del contexto general.
Otra cuestión que se plantea como fracaso de la política autonómica es la
no generalización del 30 por ciento del IRPF en las Administraciones. A
esto le tengo que contestar una cosa muy sencilla: la voluntad del Estado
es descentralizar su Administración, pero quienes tienen la posibilidad
de adquirir las competencias y quienes tienen la capacidad para
adquirirlas son precisamente las Comunidades Autónomas. Si una Comunidad
Autónoma rechaza una competencia, el Estado no puede cedérsela por real
decreto, tiene que ser asumida por la Comunidad Autónoma. En este caso,
para cumplir los objetivos aprobados en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, hay que adquirir la Educación para conseguir el 30 por ciento
del IRPF.
Por lo tanto, no depende del Estado, sino que está en manos de las
Comunidades Autónomas o, en todo caso, de una negociación bilateral.
Luego, no se puede atribuir este fracaso al Estado; se puede atribuir a
muchas otras causas: a que las Comunidades Autónomas no pueden asumir esa
competencia porque les viene grande o porque no se les dota
adecuadamente. Lo cierto es que es la voluntad de las Comunidades
Autónomas la que produce la descentralización de las competencias --en
este caso, el efecto sobre el 30 por ciento del IRPF--, pero el Estado
nunca puede hacerlo. Por lo tanto, no es el Estado central el que tiene
la culpa, sino que son las Comunidades Autónomas; concretamente, los
Consejos de Gobierno de las propias Comunidades Autónomas son los que
permiten o no que se pueda atribuir ese 30 por ciento del IRPF. No me
pongan este ejemplo porque no es cierto. El Estado central no puede
meterse en esta cuestión, sería anticonstitucional. Son las propias
Comunidades Autónomas las que tienen el derecho y el deber de ejercer las
competencias en relación con sus propios estatutos, si así lo desean.
Por otra parte, dicen ustedes que la oferta de empleo público no es
suficiente y que las vacantes se quedan sin cubrir. Les tengo que decir
que el número de efectivos del año 1999 es exactamente igual que el que
habrá en el año 2000. No se va a reducir ningún puesto público en la
Administración Central del Estado. La oferta pública de empleo prevista
para el año 2000 va a ser la misma que la que hubo en el año 1999, con el
fin de cubrir los efectivos necesarios de acuerdo con el organigrama que
se estableció en el año 1999. Por lo tanto, no va a haber variación, lo
único que puede haber es una disminución de la oferta pública, dado que
en parte se cubrió con la oferta pública que se ofreció en el año 1999,
pero la que no se cubrió o la que sea necesaria por jubilaciones,
enfermedades o fallecimientos será cubierta en el año 2000. Por tanto, el
organigrama general de la Administración del Estado no se ha modificado
en absoluto.
La enmienda del Partido Socialista, además de ser confusa, no es profusa,
porque es más bien corta, pero sí que es difusa. La justificación es
absolutamente demencial. Dice: «El presupuesto de la Sección 22 es
claramente insuficiente para el buen funcionamiento de las
Administraciones Públicas». Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo
justifican ustedes que en una enmienda de totalidad a una Sección tan
importante como es la del Ministerio de Administraciones Públicas se diga
que es claramente insuficiente para el buen funcionamiento de las
Administraciones Públicas y no se ponga ningún razonamiento? ¿Cómo se
puede presentar una enmienda de totalidad con semejantes argumentos?
Díganme cómo se puede hacer. Continúa diciendo:«El tratamiento
presupuestario referido a la Cooperación Económica Local, a la
Administración Periférica del Estado y a la Función Pública contiene
graves defectos de concepción que justifican plenamente la presente
enmienda». Incluyen todo, es como si fuese un tótum revolútum, como si
fuese todo de ustedes. Pero, ¿cómo pueden ustedes formular una enmienda
de totalidad a los presupuestos públicos de la Administración del Estado
con semejantes argumentos? ¿Qué justificación tienen?
Algo más ha dicho el portavoz socialista al respecto, por ejemplo que se
prometió una reducción sustancial del número de altos cargos y, sin
embargo, no se ha cumplido. A estos efectos tengo que contestarle que en
el último mes del Gobierno socialista, ¡no se metieron! Hicieron una
limpia de cara a meter gente en la Administración y aún estamos
aguantando y asimilando este tema.
Dice también que no se hace una valoración de la carrera profesional
cuando ha sido precisamente ahora, con el Gobierno del Partido Popular,
cuando se han sentado las bases para realizar esa valoración. Ustedes
sueñan al revés y ponen ahora en los papeles lo que no han hecho durante
años, para ver si les cae la guinda, pero esto no es cierto.
Ha dicho que está más desprestigiada la Administración. No lo sé, tendré
que mirar a otro sitio porque si analizo lo que ha sido la Administración
socialista, a lo mejor me pongo colorado y no sé si estoy en este país o
si me están ustedes contando un cuento chino.
También ha mencionado que no conoce ninguna reforma que sea
funcionalmente visible. Sin embargo, yo creo que se están llevando a cabo
muchísimas reformas, entre ellas --como usted ha dicho--, la valoración
de lo que es el complemento de productividad de los funcionarios al
servicio de las administraciones públicas. Precisamente, ésta es una
variación sustancial en la Función Pública: quien más trabaja, más cobra;
quien menos trabaja, menos cobra. Se ha estimulado a los funcionarios
para que cumplan con su función pública de forma adecuada premiándolos
con incentivos económicos, y esto es una forma de ver la Administración
completamente distinta de la que en su época tenía el Partido Socialista.
Hemos cambiado la mentalidad de la Administración, estamos cambiando la
mentalidad de la Administración; cada día está más y mejor
profesionalizada, más incentivada, y ustedes no lo hicieron.
Además, ¿qué me está usted diciendo de los problemas que se han producido
entre los aparejadores y los arquitectos? ¿Qué me está usted diciendo
sobre la Administración de Justicia?
Creo que ya tengo luz roja, aunque he procurado ir ligero a pesar de
estar un poco tocado del ala, como dicen en mi tierra.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Senador Garzarán, para su
conocimiento, se ha encendido la luz roja justo cuando ha dicho que se
iba a poner colorado. (Risas.)
El señor GARZARAN GARCIA: Es que me he dado cuenta ahora mismo.
Con su permiso, señor Presidente, voy a continuar brevemente para
rechazar todas las enmiendas parciales. Podría darles las respuestas de
forma detallada --una por una--, pero no debo ser pesado y, por tanto,
intentaré hacerlo de forma sistemática.
Quiero decir al Senador Román Clemente que he estudiado todas las
enmiendas y las tengo suficientemente justificadas. Por ejemplo, en una
de ellas proponen incrementar las dotaciones destinadas a las actuaciones
del Plan de cooperación local. Esta es una cuestión importante, pero me
da la impresión de que ya se ha producido porque este año se ha elevado
el 5 por ciento, se ha elevado más que los Presupuestos Generales del
Estado, hay un 5 por ciento más que en el año 1999. ¿No es suficiente?
No, todos queremos más --como decía la canción--, pero tenemos que
adaptar las condiciones macroeconómicas a las posibilidades del Estado,
no aumentar el endeudamiento y no alterar ciertas cuestiones económicas
para mantener unos presupuestos equilibrados y estables. Y en un
ejercicio de responsabilidad precisamente hemos elevado esta cantidad al
5 por ciento, que supongo que usted considerará insuficiente. Creo que
tiene razón, no es suficiente, pero es lo que podemos hacer. Y la misma
argumentación vale para dar respuesta a la otra enmienda que presenta el
Grupo Parlamentario Socialista sobre este mismo tema.
En otra de sus enmiendas proponen disminuir un 20 por ciento las
cantidades asignadas a los programas gestionados por los servicios y
organismos a los que se refiere esta Sección. La vamos a rechazar porque
disminuye la dotación del artículo 64 y la cuantía que en él se establece
es imprescindible para cumplir los objetivos encomendados. Teniendo en
cuenta que dicho artículo es el de financiación de los estudios
relacionados con soluciones informáticas que no pueden ser atendidos por
medios propios, ciertamente me parece un ejercicio de responsabilidad
rechazar esta enmienda porque no nos vamos a quedar sin informática.
Respecto a la enmienda que propone incrementar la inversión para promover
la ventanilla única, creo que los pasos que hemos dado van en este
sentido y se están dando continuamente. Además, no hace falta una nueva
dotación presupuestaria puesto que está contemplado entre los objetivos
generales del Estado, de la Administración Pública y del Ministerio de
Administraciones Públicas y dotado económicamente en partidas
generalizadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Senador Garzarán, ha consumido
cinco minutos y tiene otro turno.
El señor GARZARAN GARCIA: Termino enseguida, señor Presidente.
Por dar otra pequeña pincelada, quiero decirle al Senador Torres Cardona,
representante del Grupo Parlamentario Mixto, respecto a la cuestión de
las lenguas, para la que soy muy sensible, que existe esa partida
presupuestaria para facilitar el conocimiento de la lengua a los
funcionarios. Efectivamente existe una partida común que es la de
enseñanza y formación de los funcionarios del Estado. No hace falta una
partida específica porque está ahí. Precisamente a través de esta partida
específica se dota la enseñanza y formación en las lenguas allí donde es
necesario para los funcionarios.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Garzarán, ha procedido a analizar con intensidad nuestra
propuesta de veto a la Sección 22, Ministerio de Administraciones
Públicas. Me argumenta que no es culpa del Gobierno no haber podido
transferir la educación, que en todo caso serán las Comunidades Autónomas
las que decidan si aceptan o no la competencia, pero no se les puede
imponer. No es un buen ejemplo, la educación ha sido una cuestión muy
complicada porque las transferencias sobre dicha materia están resultando
muy laboriosas, no hay acuerdo en la dotación de los recursos.
Recientemente se han firmado algunos acuerdos de transferencias con
Comunidades Autónomas después de una evaluación, pero no hay que olvidar
que ha sido con un retraso muy considerable y todavía siguen existiendo
problemas a la hora de transferir la educación.
Por tanto, yo les recomiendo, si es que les sirve de algo, que hagan un
esfuerzo importante para ponerse de acuerdo con las Comunidades Autónomas
con el fin de valorar el coste de las transferencias, hacerlas de forma
adecuada para no generar agravios comparativos y, sobre todo, desfases
que después haya que corregir, como ha sucedido con Madrid, Aragón,
etcétera.
Ha tratado a fondo algunas cosas, pero ha pasado sobre otras con
suavidad, aunque con su habilidad característica, lo tengo que reconocer,
señor Senador. No ha dicho nada acerca del punto 5 incluido en la
enmienda de totalidad. ¿Sabe por qué? Porque existía un compromiso,
después de una comisión de expertos, para reformar si fuese preciso la
Ley de las Haciendas Locales, ¿verdad, señor Senador? ¿Pero dónde está?
Esa comisión tenía que haber estudiado un sistema de financiación
adecuado para las haciendas local y, en su caso, proceder también a una
reforma de la Ley de Bases del Régimen Local. En todo caso, lo que sí se
está produciendo es una demora y un aplazamiento de esa reforma hasta la
próxima legislatura para entrar en un tema que es total y absolutamente
imprescindible, con el fin de que los ayuntamientos dispongan de la
financiación necesaria y puedan hacer frente a competencias que en muchos
casos no son de las propias corporaciones locales, sino que las han ido
compartiendo y asumiendo, pero que las están prestando sin recursos,
señor Senador.
Por tanto, ese 5 por ciento que dice obedecer a condiciones
macroeconómicas, contención del endeudamiento y otros problemas, es
insuficiente, y en sus ayuntamientos también lo saben porque siguen
estando endeudados, siguen sin poder prestar unos servicios que a veces
se les han impuesto, aunque me pueda usted decir que en ocasiones
indirectamente, porque estamos de acuerdo en que lo prioritario es la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la administración más
próxima a los ayuntamientos tiene que abordar este tema, pero no cuenta
con los recursos suficientes ni tampoco con los mecanismos necesarios
para ello. Por tanto, aquel pacto local quedó simplemente en la
modificación de un paquete legal que no llega a cubrir lo que de verdad
es un pacto local demandado tanto por los ayuntamientos como por la FEMP,
con la necesidad de seguir avanzando precisamente en esas modificaciones
legales.
Me dice usted que en los años 1999 y 2000 la plantilla de estos centros
va a ser muy parecida o igual. Le puedo asegurar que ni siquiera con la
reforma del complemento de productividad que ha anunciado ni con las
gratificaciones por servicios extraordinarios se pueden resolver algunos
problemas planteados en la Administración Pública. ¿Sabe usted lo que
está ocurriendo? Que se está desviando la contratación de algunos
servicios hacia empresas de trabajo temporal y, asimismo, se está
ofreciendo a las empresas la prestación de algunos servicios, aunque la
Administración --fíjese lo que le digo-- tiene técnicos suficientemente
preparados, de valía muy importante, pero no pueden con su volumen de
trabajo, no pueden más, y algunos servicios que han incrementado su
gestión no pueden atenderla porque carecen de personal. La oferta de
empleo público es insuficiente porque existen plazas vacantes sin cubrir
desde hace bastantes años y este problema, por muy buena voluntad que
pongan al rechazar nuestra enmienda de veto, sigue sin resolverse, y
seguirá sin resolverse después de la aprobación de los presupuestos.
Del mismo modo se está produciendo un cierto cansancio en algunos niveles
medios o superiores de la Administración y así, la tendencia a marcharse
de la Administración Pública es cada vez mayor porque esos cuadros bien
preparados, bien especializados, encuentran más gratificante el ejercicio
de su profesión en el terreno privado que en una administración que se
está convirtiendo en estresante por su volumen de trabajo y por los
escasos recursos de que dispone. Su señoría puede decir que esto se
produce porque hay que cumplir con las condiciones macroeconómicas y no
se puede llegar a un endeudamiento, pero me parece un error que vamos a
pagar caro. Una mala administración pública nos costará cara a todos.
Aunque ahora se contengan esas cifras de endeudamiento y se cumplan con
los criterios macroeconómicos, a la larga se va a producir un deterioro
en la Función Pública que, repito, nos va a costar caro.
Vuelvo a insistir en que la Administración periférica necesita reducirse,
pero es necesaria la cooperación entre todas las administraciones: local,
autonómica y estatal. Por tanto, es preciso reducir aquellos servicios
que ya están transferidos, bien a las Comunidades Autónomas bien porque
sean servicios que prestan las corporaciones locales, no se trata de
duplicar esfuerzos. En este sentido, ¿sabe su señoría cuánto se gastan
ustedes en alquileres en la Administración periférica? Eche un vistazo al
presupuesto y compruebe cuánto se está pagando en concepto de locales en
alquiler, locales que se deberían haber abandonado hace ya algún tiempo
para dotar a la Administración periférica de los mecanismos suficientes.
Porque yo no quiero que se elimine la informática o cualquier otro
servicio, sino que pretendo que éstos sean buenos y que no se tire el
dinero. Y con el que se está destinando a alquileres innecesarios
podríamos dotar de personal laboral y funcionario a algunos servicios que
lo están necesitando urgentemente, señoría.
Por tanto, hagan un esfuerzo y estudien otra vez ese presupuesto, porque
creo que podrían recortarse esos gastos innecesarios, ya que a ustedes
les gusta recortar, para invertir en algo que no les gusta tanto: en
empleados públicos con el fin de conseguir una Administración más
profesionalizada, que preste un buen servicio a los ciudadanos.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Román.
Tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Agradezco al Senador del Grupo Popular que antes ha intervenido el tiempo
que me ha dedicado, porque, salvo por la extensión de su intervención,
del contenido de ésta he podido deducir una respuesta muy clara: el no,
pero eso se podía haber dicho en menos minutos.
He podido entender que las propuestas de reducción de altos cargos que
realizó su Grupo cuando estaba en la oposición no se han podido cumplir
por no sé qué malévola disposición del Gobierno socialista. Me imagino
que se refería usted a la consolidación de niveles. Pero, señor Garzarán,
¿por qué no la han derogado ustedes? Porque han tenido cuatro años para
hacerlo. Insisto, si era tan malévola, ¿por qué no la han derogado? Quizá
su problema sea que en este caso concreto usted quiere estar en misa y
repicando, es decir, quejándose de una disposición y a la vez queriéndola
aplicar.
También he querido entender que le parece muy bien el incremento de la
productividad como complemento de la Función Pública. Le alabo a usted el
gusto, porque es exactamente lo contrario de lo que ustedes decían hace
cuatro años. Pero, eso sí, reconozca que tiene mucho mérito aplicar la
productividad --de la que usted dice que es un complemento salarial
fundamental en una estructura moderna de retribuciones de la Función
Pública--, por ejemplo, a los Secretarios de Estado. Realmente, tiene
algún punto de curiosidad el saber por qué los Secretarios de Estado
pueden cumplir mejor sus funciones si cobran el complemento de
productividad.
En cuanto a los ayuntamientos, a los que no he hecho muchas referencias
en mi intervención inicial, me gustaría, señor Garzarán, que se leyera
los informes que la Dirección General de Tributos envía a esta Cámara,
que reflejan, por ejemplo, que a octubre de este año las ayudas del
Estado a los ayuntamientos españoles habían aumentado un 0,4 por ciento
en relación con los años precedentes.
Y respecto de la única enmienda que he defendido, el señor Garzarán no ha
hecho referencia a ella, aunque,
como ya he dicho, ha consumido bastante tiempo en su intervención. Pero
lamento no poder escuchar a continuación a su señoría, porque, debido a
la prolongación del debate, tengo un compromiso ineludible al que me
tengo que ceñir. Sin embargo, le prometo leer con detenimiento en el
«Diario de Sesiones» su contestación. Insisto en que lamento mucho tener
que ausentarme, pero como me da la impresión de que ni usted me va a
convencer, ni yo le voy a convencer a usted, es preferible que quede la
discusión para mejor momento en la próxima legislatura.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Granado.
Tiene la palabra el Senador Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Debo decirle al Senador Román, representante del Grupo Mixto, que las
administraciones locales han sufrido las consecuencias de la no
descentralización de los presupuestos de las Comunidades Autónomas. Pero
no es el Estado, que ya ha transferido el dinero a las Comunidades
Autónomas, el que está obligado a subvenir las necesidades de los
compromisos asumidos por los ayuntamientos, sino precisamente las
Comunidades Autónomas. Ese es el gran reto del pacto local: la nueva
descentralización administrativa desde las Comunidades Autónomas a las
administraciones locales, para que éstas cumplan los objetivos que tienen
asignados en relación con sus Estatutos; por ejemplo, los servicios
sociales.
Por eso han sido el hada mala y ahora tienen que ser el hada buena. Ahora
tienen que descentralizar. Lo que pasa es que les cuesta. ¿Por qué?
Porque tienen cantidades de dinero, y si les sustituye otra
administración, fenomenal. Y como los ciudadanos demandan los servicios
precisamente a las administraciones locales, ellos se encuentran tan
tranquilos. Pero no es así el juego, porque la Administración Central del
Estado ya ha descentralizado prácticamente todo lo que puede
descentralizar desde el punto de vista de sus presupuestos. Y el día que
estén transferidas sanidad y educación a las Comunidades Autónomas
prácticamente habrá concluido la descentralización presupuestaria, que es
la descentralización de verdad, que es la descentralización del poder, la
económica, y, por ende, habrá transferido a los regímenes locales también
su correspondiente descentralización. Lo que hace falta es un correparto
entre las administraciones de las Comunidades Autónomas y la
administración local.
Por otra parte, dice usted que no ha habido ninguna actividad con
respecto a las haciendas locales. No estoy de acuerdo con esta
afirmación, por supuesto, porque lo que sí se ha hecho ha sido un pacto
de manera que para el quinquenio 1999-2003 ya están establecidos los
criterios de reparto. Y creo que eso es importante. Y, como ya le he
dicho --tal vez no me haya entendido--, se ha modificado la autonomía de
los entes locales, la inspección de sus tributos, su capacidad
tributaria, es decir, muchas cosas muy importantes en las haciendas
locales para que gocen precisamente de esa autonomía, que es de
funcionamiento, al tiempo que los administrados, los ciudadanos, puedan
pedir responsabilidades a los entes locales en relación con la sobrecarga
de sus impuestos y sus tasas, y los servicios que se les prestan. Y ahí
está la democracia del país, la democracia en su esencia misma. Y eso es
lo que está haciendo y está propiciando el Estado.
Siento que no esté presente el representante socialista. No puedo estar
más en desacuerdo con lo que ha dicho. Por no extenderme demasiado,
quiero decirle que, evidentemente, tiene razón pero sólo en lo que se
refiere al 0,4 por ciento. Sin embargo, lo que de ninguna forma es cierto
es que sea cuestión del Estado. Corresponde a las Comunidades Autónomas,
en su caso, la descentralización de los servicios y materias referentes
al Tribunal de Cuentas.
Siento no haber contestado a todas las argumentaciones. He tomado nota a
vuela pluma y el tiempo se me ha acabado. Lo siento muchísimo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Garzarán.
Pasamos al debate de la Sección 23, Medio Ambiente.
Para la defensa de las enmiendas 152 a 174, tiene la palabra el Senador
Estaún.
El señor ESTAUN GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, nuestro partido, el Partido Aragonés, ha presentado un
conjunto de enmiendas, en total 23, a esta sección de los Presupuestos
Generales del Estado, al Ministerio de Medio Ambiente, que, básicamente,
hacen referencia a unas obras que se encuentran pactadas desde el año
1992. Y fue un pacto importante, un pacto fundamental para racionalizar
de alguna manera el debate hidráulico que se produjo y aún hoy se
mantiene en la Comunidad Autónoma de Aragón; un pacto que se formalizó en
las Cortes de Aragón con el consenso de todas las fuerzas políticas en
ese momento representadas en dicho foro. (La señora Presidenta ocupa la
Presidencia.)
En principio, el objetivo del Partido Aragonés con la presentación de
estas enmiendas, que suman un total de 30.000 millones de pesetas, es
recuperar ese consenso en materia hidráulica que se consiguió en el año
1992 bajo un Gobierno presidido por el Partido Aragonés y que en la
actualidad se ha perdido, probablemente, debido a muchas causas, como
quizás debido al retraso en la ejecución de esas obras, que tenían un
calendario previsto y que no se ejecutaron entonces, debido también a las
previsiones producidas en los distintos planes nacionales de regadío, que
se han superpuesto o se han presentado pero no se han terminado de
aprobar durante el transcurso de este período de tiempo, y también debido
a la actual reforma de la Ley de Aguas que recientemente tuvimos
oportunidad de debatir en esta misma Cámara, sobre la que nuestro partido
ya mostró su disconformidad respecto a los términos en que se estaba
propiciando un mercado del agua, y que será objeto de un recurso ante el
Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de Aragón.
Nosotros pensamos que una de las maneras de recuperar ese consenso
hidráulico que se ha perdido en Aragón y que debería presidir cualquier
política hidráulica, tanto aragonesa como estatal, es recuperar esa
confianza que puedan tener los aragoneses y, particularmente, los
afectados directamente por las obras de regulación ante estas obras de
infraestructura hidráulica.
Por tanto, presentamos unas enmiendas que pretenden que se cuantifique y
que se ejecute ya por adelantado, incluso antes de la propia obra de
regulación, un plan de restitución ante las afecciones socio-económicas
que pueden suponer determinadas obras de regulación, sobre todo en
determinados ámbitos territoriales de Aragón, y que lo hagan por
adelantado para vencer, repito, esta desconfianza histórica que la
tradición y la historia reciente de las obras hidráulicas ha reflejado,
de alguna manera, en estos movimientos que existen ahora mismo en Aragón
de rechazo ante determinadas obras hidráulicas, que cuentan, como dije en
su día, con un amplio consenso de las fuerzas políticas de Aragón.
Por tanto, nosotros queremos que en los Presupuestos Generales del Estado
aparezcan partidas con nombres y apellidos para obras tan importantes
como el recrecimiento de Yesa y su plan de restitución u obras que no
presentan ningún tipo de rechazo social ni político como el embalse de
Montearagón; no queremos que queden supeditadas a partidas genéricas. Ya
tuvimos oportunidad de preguntar al Secretario de Estado de Aguas, don
Benigno Blanco, cuáles eran estas partidas presupuestarias, en su
comparecencia en la Comisión de Presupuestos a instancias del Partido
Aragonés. Nosotros pensamos que es necesario dar un paso adelante, vencer
esa desconfianza que existe hacia las partidas genéricas por la
experiencia que hemos tenido en Aragón sobre otras que luego no se han
ejecutado o no han sido reales. Por tanto, queremos que aparezcan con
nombres y apellidos partidas y obras tan importantes para Aragón como el
embalse de Montearagón o el recrecimiento de Yesa.
Señor Presidente, también presentamos dos enmiendas que pretenden
inversiones en dos sistemas de riego, el Canal de Aragón y Cataluña, que
abastece a la zona regable más importante del Estado, o unas de ellas, y
al Canal Imperial, que es el actual abastecimiento de la ciudad de
Zaragoza y toda su zona de influencia. Aunque en estos momentos se esté
planteando otra segunda alternativa de abastecimiento a partir del
recrecimiento de Yesa, queremos consolidar como actuación inmediata, que
se mejore el abastecimiento actual a través del Canal Imperial.
Finalmente, presentamos una enmienda relacionada con obras, con
aspiraciones ya históricas de Aragón en materia de riegos, como es el
Canal de la Litera Alta o el de la Hoya, que van ligadas muy directamente
a la ejecución de otras obras de regulación. Nuestro objetivo es que en
Aragón se visualice claramente que el objetivo de las obras de regulación
que están planteadas es, en primer lugar, dar servicio a unas
aspiraciones de puesta en regadío de numerosos territorios de nuestra
Comunidad Autónoma.
Termino, señor Presidente, defendiendo otro tipo de enmiendas. Ya tuvimos
oportunidad de debatir en el último Pleno de control al Gobierno con la
señora Ministra de Medio Ambiente sobre el retraso que se estaba
acumulando en el cumplimiento de un reglamento sobre seguridad de presas.
Nosotros hemos presentado una enmienda muy modesta, de 180 millones de
pesetas, para agilizar la redacción de planes de seguridad, de emergencia
de presas, en lo que es competencia del Ministerio de Medio Ambiente y
del Estado. Consideramos que esta enmienda podía ser asumida por el Grupo
Parlamentario Popular, pues sería interesante que estas empresas que
están calificadas como de categoría A, que son las que pueden suponer un
riesgo más alto ante cualquier anomalía de funcionamiento, de manejo o
incluso de riesgos naturales, contaran con esos planes de emergencia, con
esas medidas físicas que supusiera una mayor seguridad para las
poblaciones que se encuentran aguas abajo de estas infraestructuras
hidráulicas.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Estaún.
Pasamos a las enmiendas números 946 a 1134 y 1135, y veto
correspondiente, enmienda número 945, presentadas por los Senadores Román
Clemente y Cámara Fernández.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, la número 945 es una enmienda de veto. En esta ocasión, la
redacción de la enmienda ha sido más breve porque ya tuvimos ocasión en
el debate de los Presupuestos para 1999 de señalar que en la Sección de
Medio Ambiente nos encontrábamos --lo decíamos gráficamente-- al borde de
un precipicio, a punto de dar un paso.
Y efectivamente se dio. En este momento podemos decir que los
presupuestos para el año 2000 son incluso bastante peores que los de
1999, que ya eran muy preocupantes.
Desde nuestro punto de vista, el Ministerio de Medio Ambiente no puede
con este presupuesto garantizar un correcto tratamiento, conservación y
preservación del medio ambiente, como tampoco las políticas que se van a
desarrollar van a ser las adecuadas ni en materia forestal, ni en
biodiversidad, ni contra la desertización y, desde luego, tampoco en esa
lucha contra el cambio climático.
Hemos presentado, si no recuerdo mal, un total de 189 enmiendas, de las
cuales anuncio que vamos a retirar la número 995 --ya lo hemos hecho
constar a los Servicios de la Cámara--, y las números 992 y 994. El resto
de las enmiendas, señora Presidenta, las damos por defendidas en los
términos en que están expresadas con el fin de cumplir los objetivos que
nos habíamos marcado.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, Senador Román Clemente.
Las enmiendas números 5 a 18, del Senador Padrón, han sido dadas por
defendidas, así como las del Senador Armas Rodríguez y las del Senador
Torres Cardona.
Por lo tanto, pasamos a la defensa del veto y las enmiendas números 650 a
691, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señora Presidenta.
Intervengo para defender tanto el veto a esta Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, así como el conjunto de 41 enmiendas singulares, que
suponen la formulación de una serie de inversiones en infraestructuras
hidráulicas y, por supuesto, actuaciones de política ambiental.
Respecto al veto, señorías, en primer lugar, quisiéramos denunciar que
este presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente es un presupuesto
continuista tanto en lo que afecta a los escasos recursos y volumen
inversor en esas infraestructuras hidráulicas y en política de aguas,
como a las actuaciones --escasísimas actuaciones-- en política ambiental
«stricto sensu».
Es cierto, sin embargo, que estos presupuestos del año 2000, año
electoral, el Gobierno Popular ha incrementado la inversión pública en
materia de infraestructuras hidráulicas, y por tanto el Ministerio de
Medio Ambiente no ha sido una excepción; incremento que en términos
relativos está en el entorno del 4,9 por ciento, pero que en términos
absolutos, sin duda, no es tan relevante, sobre todo si lo comparamos con
lo que fue desde el principio el presupuesto de este Gobierno en 1997,
porque lo que ocurre, señorías, es que cuando se frena tan drásticamente
la inversión en política hidráulica durante tres ejercicios económicos, y
eso es lo que ha venido haciendo este Ministerio, cualquier leve aumento
presupuestario parece algo más, parece que incluso es importante, pero la
realidad es que es precioso el tiempo y los recursos que hemos perdido,
en estos cuatro años de Gobierno del señor Aznar, en materia de política
hidráulica, como en tantas otras materias que tienen que ver con el
interés general de los ciudadanos.
En estos cuatro años, señorías, se nos ha entretenido con el Libro Blanco
del Agua. En estos cuatro años la Ministra ha presumido y se ha
comprometido a aprobar los planes hidrológicos de cuenca y el Plan
Hidrológico Nacional, y no lo ha cumplido, aunque la señora Tocino se
encontró prácticamente todo el trabajo hecho; salvo los últimos tres
planes hidrológicos de Cuenca, ya aprobados, el resto estaban elaborados
en las legislaturas anteriores. A pesar de todo eso y de los
incumplimientos sobre la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, ya
sabemos con certeza que no se aprueba. ¿Por qué? Yo creo, y lo saben los
ciudadanos, que es por la auténtica incapacidad de la Ministra, señora
Tocino, y del Gobierno Popular, de cumplir ese compromiso que adquirió
con los ciudadanos y con sus representantes en esta Cámara.
Señorías, los presupuestos que se han venido aprobando en estos
ejercicios y éste también, además de ser escasos han estado mal
ejecutados. En estos cuatro años se ha ralentizado el cumplimiento del
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas, se ha ralentizado la
aprobación del Plan Nacional de Residuos, el Ministerio no ha cumplido
tampoco las previsiones que hizo a las Cámaras y a las Comunidades
Autónomas sobre el Plan de Intensificación de la Cubierta Vegetal, que
sin duda ha supuesto una importante reducción en la inversión en materia
forestal con el consiguiente deterioro para el medio ambiente en zonas
que reclaman y necesitan una urgente aplicación de ese plan de
reforestación, especialmente en la zona mediterránea y en algunas otras y
con la consiguiente pérdida de empleo que supone el no realizar algunas
de estas tareas forestales.
Mi Grupo no cree que este Ministerio haya atendido suficientemente las
necesidades existentes para continuar esa rehabilitación y regeneración
de los bordes marítimos y litoral que se venía haciendo en etapas
anteriores. Lo que sí ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente ha sido
poner en marcha las sociedades de agua, a las que en estos cuatro años,
incluyendo este presupuesto, ha destinado 188.000 millones de pesetas, y
yo diría que con dos consecuencias: la primera, muy importante, que esos
188.000 millones de pesetas no se han destinado a través de los
Presupuestos Generales para la ejecución de obras de regulación, de
modernización y de toda una serie de infraestructuras hidráulicas
necesarias, y la segunda consecuencia, y no menos preocupante, es que
esos 188.000 millones de pesetas en manos de las sociedades de agua no
han tenido la rentabilidad social que se nos había prometido por parte
del Ministerio. Yo evaluaría esa rentabilidad social como escasísima.
Señorías, si el Gobierno del Partido Popular hubiese destinado esos
188.000 millones de pesetas a través del Capítulo 6 de los Presupuestos
Generales del Estado, y lo hubiera hecho para hacer la obra de
regulación, de modernización y de transformación de los sistemas de riego
y de abastecimiento, hoy, cuatro años después, la situación sería bien
distinta a la que nos encontramos; no se hubiese producido, señorías, ese
retroceso tan importante que en materia de infraestructura hidráulica ha
supuesto la política del Partido Popular.
Todo esto sin hablar --no me voy a detener en ello porque no hace mucho
lo debatimos en profundidad-- de la reforma de la Ley de Aguas que nos
trajo este Gobierno y en la que se ha instaurado un mercado libre y
generalizador del agua.
Volvamos, por tanto, señorías, al nivel de inversión del Ministerio de
Medio Ambiente que la Ministra evaluaba como una maravilla. La realidad
es que el ritmo inversor es bajo. Pero si bajo es el ritmo inversor de
este Ministerio, no es menos bajo el ritmo de ejecución presupuestaria.
¿Por qué? Porque no lo es sólo en algunos programas específicos --que
también lo es y muy bajo-- sino que la media de ejecución presupuestaria
está por debajo del 40 por ciento. Eso significa que el ritmo de
inversiones en materia de política hidráulica es muy bajo en este
Ministerio. Es el peor, y lo reconocía el propio Secretario General de
Medio Ambiente en esta misma Cámara el pasado día 22 de noviembre, cuando
decía que el Programa de protección y mejora del medio ambiente tenía un
bajo nivel de ejecución, así como el de infraestructura urbana y
saneamientos, y el de planificación y ordenación territorial.
Por tanto, mi Grupo presenta este veto y un conjunto de enmiendas, que
pretenden reclamar una serie de actuaciones concretas que deberían
haberse abordado ya, que deberían haberse planificado en estos cuatro
años y que no se han hecho. Porque, por ejemplo: ¿existen o no problemas
en el Segura? ¿Es necesario o no dedicar más recursos para su
saneamiento, para la depuración de sus aguas, para que su caudal, en
definitiva, pueda tener la calidad y los usos necesarios que están
contemplados en la ley?
O ¿qué pasa con la regulación del Ebro?
La Ministra adquirió un compromiso en el Plan Hidrológico de cuenca y
también lo adquirió la fuerza política que apoya al Gobierno en las
Cortes de Aragón, asumiéndolo por unanimidad. ¿Por qué, por tanto, no se
cumple esto? No se cumple ni éste ni ninguno de los compromisos, o al
menos muy pocos, de los que la Ministra Tocino ha ido adquiriendo en cada
uno de los territorios que visitaba, y lo ha hecho a lo largo de los
cuatro años, no en estas últimas fechas; adquirir compromisos en etapa
electoral es mucho más fácil, pero, desde luego, será más difícil de
cumplir cuando hayan perdido el gobierno.
Hay también actuaciones, señoría, en la costa, decía antes, que reclaman
esa regeneración del litoral y del borde marítimo en su conjunto que hay
que acometer y que en estos cuatro años no sólo no se han ralentizado,
sino que no han sido en ningún momento una prioridad del Gobierno.
Creo que hay que detenerse a hablar de las actuaciones de deforestación,
que era urgentísimo abordar porque tenemos serios problemas en nuestra
cubierta vegetal. Mi Grupo en ese sentido ha presentado enmiendas que van
en la dirección de atender a determinadas zonas que necesitan una
actuación prioritaria para corregir y evitar esos problemas en materia de
calidad ambiental y de aguas.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, el incremento que registran
algunas partidas presupuestarias de este Ministerio en un año como éste,
un año electoral, responde sólo al intento de corregir esa percepción
generalizada que tienen los ciudadanos, y que nosotros hemos venido
denunciando, de la falta de política ambiental de este Gobierno;
percepción que ha ido aumentando año tras año a lo largo de esta
legislatura, y que no sólo se deriva, sin duda, de la falta de
inversiones y de esa drástica reducción de la inversión pública que se ha
venido aplicando en todos los Ministerios inversores y también
especialmente en éste, es que lo que está claro para los ciudadanos es
que hay una auténtica incapacidad de este Gobierno y de este Ministerio
de Medio Ambiente para diseñar un marco nacional concertado con las
Comunidades Autónomas y negociado con esos agentes sociales que están
comprometidos con la conservación del medio ambiente.
Por tanto, aún reconociendo que ha habido ese incremento global de los
recursos disponibles, ya es poco creíble recuperar esa credibilidad sobre
que había una política medioambiental, que fue lo que se nos vendió al
principio de la legislatura.
El presupuesto para este año 2000 reincide en todos y cada uno de los
aspectos que hemos venido considerando desde mi grupo como objeto de
crítica, en particular --y quiero destacarlo, señorías-- en lo que se
refiere a ese desequilibrio en contra de las partidas que se destinan a
actuaciones específicamente ambientales: a política forestal y de
conservación de la biodiversidad; a la lucha contra el cambio climático;
a la modernización de las infraestructuras, a la desalación y a la
reutilización de las aguas residuales.
En definitiva, el presupuesto de este Ministerio entendemos desde mi
grupo que es inaceptable en su globalidad, no es admisible porque no
coinciden los recursos que se debieran destinar con las previsiones,
incluso con los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio
Ambiente, por la Ministra y por el propio Presidente del Gobierno. Por
eso hemos presentado este veto y 41 enmiendas singulares, que lo que
pretenden es hacer frente a esos problemas que venimos denunciando
durante estos cuatro años, a los que entendemos que la Ministra de Medio
Ambiente ha ido dándoles la espalda, a través de todo el territorio.
Nuestras enmiendas, señorías, pretenden mejorar e incrementar los
recursos en política hidráulica, en protección del medio ambiente; en
ningún caso son la carta a los Reyes Magos, ni son las enmiendas de
campanario a las que nos tenían acostumbrados, sino que planifican,
priorizan y establecen criterios políticos para abordar esa actuación
global que necesita el territorio para la cohesión territorial y social
de nuestro país.
Pretendemos, por tanto, que quede claro que lo que se nos vendió al
principio de la legislatura con la creación del Ministerio de Medio
Ambiente, en el sentido de que respondía a un proyecto político y a la
voluntad de proteger y mejorar ese medio ambiente, no era verdad. Ya
denunciamos, desde el primer día de la legislatura y en el primer
presupuesto, que se trataba de una operación de puro marketing; hoy,
cuatro años después, al hacer balance en este último presupuesto de la
legislatura, lo podemos confirmar; lo confirman los ciudadanos: este
Ministerio no ha sido una prioridad para el Gobierno del señor Aznar, ni
siquiera diría yo que ha sido una prioridad en su gabinete, y los
recursos que se requerían no han llegado en estos cuatro años, y aunque
alguno más llega en este presupuesto, hay que considerar que ni siquiera
hemos podido ejecutar en estos años ni liquidar el presupuesto de
1998,con los niveles de adecuación correctos y al cien por cien.
Entendemos que no ha sido una política acertada y, por ello, señorías, mi
grupo pide el apoyo de los grupos parlamentarios para que este veto
prospere así como el conjunto de enmiendas, que lo que pretenden es
equilibrar el territorio, cohesionarlo y que al final podamos tener un
proyecto político que respete el medio ambiente, lo proteja y que, en
definitiva, haga realidad lo que fueron promesas hace cuatro años y una
auténtica falacia.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Pleguezuelos.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Sanz.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, en primer lugar quiero dar por defendidas, en sus propios
términos, las tres enmiendas que presenta el Partido Popular, números
1604...
La señora PRESIDENTA: Senador Sanz, me indica el señor Letrado que esas
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular han sido ya incorporadas, por
lo que puede utilizar el turno en contra.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Ha dicho la Senadora Pleguezuelos que el presupuesto actual del
Ministerio de Medio Ambiente, Sección 23, es continuista por su escasa
dotación, igual a la de años anteriores.
También ha dicho la Senadora Pleguezuelos que el Ministerio de Medio
Ambiente y concretamente la señora Ministra se ha estado entreteniendo
con la presentación del Libro Blanco del Agua. Además, ha hecho
recriminaciones y ha dicho que, en el Ministerio de Medio Ambiente, no se
había hecho prácticamente nada, porque había un trabajo que ya estaba
hecho. Es decir, que según la Senadora Pleguezuelos, había un Plan
Hidrológico Nacional ya hecho, estaban aprobados los planes hidrológicos
de cuenca, a excepción de tres. Todo es verdad, pero es verdad a medias.
De tejas para abajo, Senadora Pleguezuelos, la verdad nunca es absoluta.
Ciertamente existía un proyecto de plan hidrológico que no satisfacía las
necesidades de este país, que correspondía a una concepción antigua, a
una concepción en la que privaba excesivamente el cemento, en la que no
había una concepción medioambiental, en la que al agua se la desligaba de
su principal patrimonio, que es el medio natural. Ciertamente, Senadora
Pleguezuelos, se habían aprobado algunos planes de cuenca y faltaban tres
por aprobar. Tres planes, por cierto, muy conflictivos y, además, muy
conflictivos dentro de su propio Grupo Parlamentario, que se negó a
aprobar esos planes hidrológicos de cuenca. Fue necesario que llegara a
gobernar el Partido Popular, con el Gobierno de José María Aznar, para
que, en pocos meses, se llegara al consenso y al entendimiento. ¿Y sabe
por qué, Senadora Pleguezuelos? Porque el Partido Popular ha sabido
escuchar a las Comunidades Autónomas, lo que no hizo el señor Borrell, lo
cual le llevó a enfrentamientos constantes y permanentes, no solamente
con el Grupo Parlamentario Popular en materia de aguas y en muchos otros
aspectos, sino de una manera muy especial a enfrentamientos viscerales
con los presidentes autonómicos que eran de su propio partido.
Ha dicho la Senadora Pleguezuelos que este proyecto de medio ambiente que
vamos a aprobar en el día de hoy es escaso. Este presupuesto tiene tres
características muy importantes. La primera, que es un presupuesto
cofinanciado por la Unión Europea, esto no puede olvidarlo, Senadora
Pleguezuelos, y por lo tanto, tiene disponibilidad suficiente para
financiar las inversiones que se pretenden realizar en los próximos años.
En segundo lugar, es un presupuesto que aumenta el nivel de inversión de
1999 a 21.631 millones de pesetas. Con este importe, Senadora
Pleguezuelos, se da cobertura a los proyectos del Departamento que
cuentan con financiación comunitaria aprobada.
En tercer lugar, en lo que se refiere a la Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, es un presupuesto de marcado carácter ambiental. Una de las
prioridades de este Ministerio de Medio Ambiente es el compromiso con los
compromisos europeos en materia de saneamiento y depuración de aguas.
Decía la Senadora Pleguezuelos, en el turno de veto que ha consumido, que
se había hecho poco en este aspecto. Pues Senadora Pleguezuelos, desde el
año 1996 hasta la fecha, se ha duplicado el presupuesto en relación con
la depuración de aguas y, además, se ha licitado, por otro modelo que es
el alemán, una serie de obras importantes, casi todas del plan nacional y
pertenecientes a ese mismo concepto. El incremento de este programa es
concretamente del 14,87 por ciento. Yo creo que no reconocer el esfuerzo
que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente en este tema, no reconocer
que no tiene precedentes la inversión que se ha efectuado, hace que su
discurso y sus palabras estén repletas, yo diría, de cierta demagogia en
estos momentos un tanto atenuada en relación con otras ocasiones y, por
supuesto, bastante carente de objetividad.
Dice su señoría que el programa de gestión de infraestructuras de
recursos hidráulicos es totalmente insuficiente. Por supuesto que no será
suficiente, porque las necesidades son muy amplias y muy extensas a lo
largo del territorio español, pero sí quiero recordar a su señoría que se
ha incrementado el 48,29 por ciento. Además, de una serie de actuaciones
prioritarias solicitadas por las Comunidades Autónomas, solicitadas por
los entes locales y también a través de las comunidades de regantes, se
priman principalmente las inversiones en la consolidación de los regadíos
y en el ahorro de agua y, además, se promueven actuaciones en materia de
seguridad de presas.
Por primera vez en España, señoría, a lo largo de estos casi cuatro años,
se ha instaurado un nuevo modelo de cultura del agua. Teníamos un modelo
de cultura de agua basado en las grandes infraestructuras, basado en la
oferta ilimitada y, por lo tanto, en la demanda también ilimitada, y
hemos pasado a una oferta diversificada y a gestionar la demanda de una
manera distinta y mejor, al objeto de introducir una nueva cultura del
agua en este país donde se evite el despilfarro y se apoye el ahorro para
que, de esta manera, podamos asumir los compromisos que ahorro para que,
de esta manera, podamos asumir los compromisos que necesariamente tiene
este país en materia hidráulica.
Todos los conceptos presupuestarios que está dotando esta Sección de
Medio Ambiente para usted son insuficientes. El incremento global es del
8,73 por ciento; en parques nacionales hay un 11 por ciento de
incremento, similar al año pasado, lo que supone un 22 por ciento de
aumento en estos dos últimos años; se ha hecho un nuevo modelo de gestión
de parques naturales y se ha integrado a los municipios de su entorno,
cosa que nunca se había conseguido. ¿Recuerda usted, señora Pleguezuelos,
los enfrentamientos que había con el denominado entonces Ministerio de
Obras Públicas con todas las Comunidades Autónomas por los parques
naturales? Hemos llegado a un entendimiento, hemos dialogado con las
Comunidades
Autónomas para hacer un nuevo modelo de parques naturales para que los
ayuntamientos afectados también participen en su gestión.
Usted ha aludido también a los programas forestales, a la lucha contra la
erosión y la desertización. El programa forestal, Senadora Pleguezuelos,
está dotado con 4.252 millones para incendios; restauración hidrológica
forestal y lucha contra la erosión, 5.000 millones de pesetas; gestión de
montes públicos, 1.560 millones de pesetas.
En cuanto a tratamiento y depuración de aguas, en el año 1997 teníamos
una inversión de 15.572 millones de pesetas, y en el año 2000 la
inversión será de 67.272 millones de pesetas.
En cuanto a la biodiversidad, tenemos que decir que se multiplica por dos
la inversión en gestión sostenible del bosque, pasando de 4.265 millones
de pesetas en el año 1997 a casi 11.000 millones de pesetas en el año
2000.
Se multiplica por tres la inversión en biodiversidad, pasando de 837
millones de pesetas en 1997 a 2.352 en el presupuesto del año 2000. En
vías verdes, si existían 13 kilómetros en el año 1995, en 1999 hemos
terminado 353 kilómetros, y existe además la predisposición de aprobar
una considerable cantidad de nuevas vías verdes, porque entendemos que
dan también mayor calidad de vida a los ciudadanos.
También está previsto incluir en el programa de recuperación 2.533
kilómetros de vías de ferrocarril de Renfe, 1.955 de vía estrecha, 4.500
de vías agropecuarias y 5.500 de canales.
Es un programa medioambiental con recursos suficientes, probablemente no
con todos aquellos que nosotros quisiéramos, pero dada la dotación
presupuestaria, dado por otra parte el conjunto de todo el Presupuesto,
se trata de una cantidad, Senadora Pleguezuelos, que satisface la demanda
para inversiones en los capítulos que usted ha mencionado.
Por otra parte, también se ha referido usted --ya tuvimos ocasión de
discutirlo al hablar de la Ley de Aguas-- a las sociedades estatales. Las
sociedades estatales nos van a poner en circulación en los próximos cinco
años del orden de 500.000 millones de pesetas a través de la
participación también de los usuarios. Vamos a introducir a los usuarios
a través de las sociedades estatales para que adquieran
responsabilidades, para que sepan lo que es gastar el agua, para que
sepan cuánto cuestan las obras y para que tengan que tomar decisiones y
participen en las mismas
Senadora Pleguezuelos, al Ministerio de Medio Ambiente, a un ministerio
medioambiental, y precisamente en el tema más importante de todos, en el
de las grandes infraestructuras, ¿qué han presentado ustedes? Ustedes han
presentado un veto a la totalidad y, posteriormente, un conjunto de
enmiendas parciales. Y como de ese conjunto de enmiendas no se podía
satisfacer todo lo que ustedes querían con los Presupuestos Generales ni
con las dotaciones del presupuesto de Medio Ambiente, resulta que han
hecho ustedes una enmienda muy especial: por una parte han suprimido el
capital de las sociedades estatales y, por otra, han acudido a los gastos
generales de los diversos ministerios.
Senadora Pleguezuelos, como ustedes veían que no había suficiente con esa
partida destinada a gastos de diversos ministerios, han dado de alta una
enmienda, la número 294, y plantean en ella un alta de esa partida por un
importe de 985.600 millones de pesetas. ¿Y de dónde va a salir ese casi
billón de pesetas? ¿De dónde van a salir, Senador de Izquierda Unida y
Senadora Pleguezuelos, esos 985.600 millones de pesetas? Pues
precisamente van a salir rascando una vez más el bolsillo de los
españoles.
Por eso ustedes dicen: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
487.617 millones de pesetas. Impuesto sobre Sociedades, 460.000 millones
de pesetas, impuestos sobre primas se seguros, 10.000 millones de
pesetas, otros, 85.000 millones de pesetas. ¿Y cómo quieren ustedes que
se haga esto? Pues, según ustedes, recurriendo a la presión fiscal, no
recurriendo a la gestión eficaz, no recurriendo a la participación y a la
iniciativa privada, sino haciendo una vez más que el Estado sea más
fuerte, es decir, rascando el bolsillo de los españoles.
Entre las enmiendas que ustedes presentan, unas hacen referencia a los
parques nacionales, otras a la cobertura vegetal, otras a la erosión de
las costas, otras al programa Araucaria en relación con los países
subdesarrollados, al deslinde público. Ustedes quieren resolver todo lo
que piden en esas enmiendas a través de diferentes proyectos particulares
en las Comunidades Autónomas y a través de una presión fiscal más
importante aún para los ciudadanos españoles.
Por eso, señoría, como nosotros no estamos de acuerdo en esa presión
fiscal excesiva, y como estamos de acuerdo con las sociedades estatales,
vamos a rechazar el veto que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista y también todas las enmiendas parciales que ha presentado ese
Grupo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Sanz Blanco.
Entramos en turno de portavoces.
El señor PASCUAL FERNANDEZ-LAYOS: Señora Presidenta, pido la palabra.
La señora PRESIDENTA: ¿Qué desea, Senador Pascual?
El señor PASCUAL FERNANDEZ-LAYOS: Señora Presidenta, es que quisiera
también intervenir.
La señora PRESIDENTA: El Senador Sanz le ha dejado prácticamente sin
tiempo, señoría, pero tiene tres minutos para intervenir.
El señor PASCUAL FERNANDEZ-LAYOS: Muchas gracias.
Quiero decirles a los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández que no
son 189 sino 192 enmiendas las que han presentado según mis cálculos, de
las cuales 33 son de supresión, 74 al programa 512.A, 21 al 514.C, 24 al
programa 441.A, 10 al 443.D y 24 al programa 533.A, aparte de otras tres
enmiendas a otros programas.
En cuanto a las enmiendas números 970 a 1108, su aceptación impediría el
pago de muchas obras en ejecución o ya licitadas. Pretenden dotar
actuaciones que ya están en marcha por las sociedades estatales o por el
método alemán, cobro total de precio, lo que conllevaría a pagarlas por
duplicado. En otras propone dotar numerosas obras que no competen al
Estado sino más bien a las entidades municipales.
También tengo que decirles que hay otra serie de enmiendas compartidas
con el Partido Aragonés que trataré de especificar más claramente con
posterioridad.
También quiero poner de manifiesto, aunque sólo sea de pasada, que gran
parte de sus enmiendas son consecuencia de las bajas producidas en el
programa 511.E. Le tengo que decir que este programa está dotado con
47.000 millones de pesetas y que la cuantía de las enmiendas que han
formulado a ese capítulo, que son la mayoría, asciende a 122.986 millones
de pesetas, con lo cual esto no cuadra.
A los Senadores de las Islas Baleares y las Canarias les tengo que decir
que no podemos aceptar sus enmiendas porque proponen las bajas de la
Sección 31, que corresponde a gastos de diversos ministerios.
Concretamente, a los representantes canarios les diré que hay un convenio
establecido con la Comunidad Autónoma Canaria en el que se reflejan todas
las obras con respecto a costas en el programa 514.C, y, por lo tanto,
habría que quitar algunas obras que están contempladas para poner las que
sus señorías dicen.
Rechazamos todas las enmiendas del Partido Aragonés, también del Grupo
Parlamentario Mixto. En primer lugar, por defectos de forma o
técnico-contables. Las bajas que proponen los parlamentarios del PAR van
dirigidas a la Sección 23, Servicio 05, Programa 512.A, artículo 61, por
una cantidad que asciende a 30.791 millones de pesetas, cuando esta
partida sólo posee 8.012 millones de pesetas. Por otra parte, dejaría sin
asignación presupuestaria a partidas tan importantes como la mejora del
sistema informático de avenidas, la asistencia técnica a proyectos o la
implantación de los sistemas automáticos de alerta hidrológica, incluido
el del propio Ebro.
Señorías, creo que tendrían que haber tenido un poco más de cuidado al
elegir las partidas de las bajas, a no ser que se trate de un brindis al
sol para ser utilizado posteriormente con fines demagógicos, lo que yo
lamentaría, dado el debate social que los temas hidráulicos ha suscitado
en Aragón.
En cuanto a las enmiendas 152 y 154, que se refieren al pantano de Yesa,
como sabe su señoría, son obras que ya están licitadas por el Gobierno;
el plazo de presentación de ofertas finaliza el 13 de febrero. Pero, si
lo desean, luego les diré la referencia y dónde está en los Presupuestos
Generales del Estado, que es en el Sistema Aragón-Irati.
En cuanto a la enmienda 156, de asistencias técnicas para...
La señora PRESIDENTA: Senador Pascual, lo lamento, pero el Senador Sanz
no avisó de que iba a compartir el turno y consumió el tiempo. Tiene que
concluir.
El señor PASCUAL FERNANDEZ-LAYOS: De acuerdo, doy por terminada mi
intervención.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Estaún
García.
El señor ESTAUN GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo para lamentar que no haya tenido oportunidad el Senador
Pascual Fernández-Layos, digno representante de la Comunidad Autónoma
aragonesa y gran experto en materia hidráulica, de explayarse y detallar
más los argumentos en contra de nuestras enmiendas.
Ha tenido tiempo de apuntar algunas deficiencias técnicas, lo cual viene
a ser una constante en nuestras enmiendas y una excusa formidable para
que el Grupo Parlamentario Popular las rechace.
También nos ha dicho que tenía la impresión de que podía ser un mero
brindis al sol, una propuesta demagógica del Partido Aragonés con el
objetivo de sacar rendimiento posteriormente. Nada más lejos de la
realidad. Nuestras enmiendas están justificadas, incluso cuentan con el
apoyo del Partido Popular en la Comunidad Autónoma aragonesa. En
realidad, no vienen más que a impulsar y agilizar obras que de alguna
manera cuentan con un respaldo social y político, y así ha sido expresado
en las Cortes de Aragón.
Por lo tanto, vuelvo a reiterar que es una pena que este debate
bipolarizado que ha caracterizado la Sección 23 haya aplastado el debate
de las minorías, al menos en lo que respecta a las enmiendas del Partido
Aragonés. Espero que en el turno de portavoces el Senador Pascual tenga
la oportunidad de volver a intervenir para darnos alguna respuesta más,
concretando partidas presupuestarias sobre las obras que él considera que
sí que están reflejadas en los presupuestos.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador Sanz, quiero aclararle que el Ministerio encargado de los parques
nacionales y del tema de la cubierta vegetal no era ni el de Fomento ni
el de Obras Públicas, sino que era el de Agricultura. En cualquier caso,
si me permite, la vehemencia la atenuaremos uno u otro en función de cómo
nos sintamos.
Al menos, usted ha reconocido algo que no se había reconocido nunca aquí
por parte de la Ministra ni de ninguno de los portavoces que han
intervenido en otras ocasiones defendiendo la política medioambiental del
Gobierno del Partido Popular: que, salvo esos 3, habíamos sido nosotros
quienes hicimos esos planes de cuenca. Dice usted que nuestro plan tenía
una concepción antigua en la que primaba
el cemento, y nosotros, la verdad, no sabemos si su concepción es antigua
o si es agresiva --como era cuando movilizaban a las Comunidades
Autónomas frente a la política que hacía el MOPTMA en aquel momento--
porque ustedes prometen, prometen y prometen, pero no vienen, no vienen y
no traen el Plan Hidrológico Nacional. Lo que sí es verdad es que en esta
legislatura se ha demostrado la voluntad de las Comunidades Autónomas
gobernadas por socialistas, que han sido capaces de legislar en sus
territorios y de pedir diálogo con el ministerio, algo que no siempre ha
sido aceptado por el Ministerio. El hecho de que le digan aquí a alguien
--sobre todo cuando se habla de la Ministra Tocino-- que su antecesor, el
señor Borrell, no era capaz de dialogar y se ponga como ejemplo a la
señora Tocino... Aparte del baile que ha tenido el Ministerio de ceses y
«contraceses», la última noticia fue que 36 de los 39 ingenieros de la
Dirección General de Obras Hidráulicas le mandaron una carta a la
Ministra denunciando que no podían trabajar en el ministerio con ella y
que las obras hidráulicas no salen adelante. Si esto es lo que pasa
dentro del ministerio, imagínese usted la capacidad de diálogo que tiene
su Ministra.
También quiero sacarle de otro error, nosotros no hemos acudido a gastos
generales, se ha debido confundir usted con el Senador Román Clemente
que, en algún momento, sí lo ha hecho.
Usted dice que nosotros subimos la presión fiscal, pero nadie ha subido
en este país la presión fiscal más que ustedes durante los 4 años de
gobierno del Partido Popular. Ustedes sólo han bajado un impuesto, el
IRPF, pero la presión fiscal la han incrementado subiendo los impuestos
indirectos, que son, además, los que pagamos todos por igual --los que
tienen más y los que tienen menos-- porque no es un impuesto progresivo;
ustedes sí hacen esa política que, además, no es igual para todos sino
que beneficia al que más tiene. Sin duda, nosotros entendemos que los
impuestos progresivos son los que hay que subir.
Por otra parte, respecto a las sociedades de aguas, la documentación
presupuestaria que nos ha remitido el ministerio sí tiene todos los
importes destinados a cada una de las cuencas, pero vienen de forma
global. Cuando se inventaron este instrumento legal --que no estoy
cuestionando-- lo que hicieron fue tratar de dar los datos de las
inversiones de forma global y, al final, no conocemos cuáles son las
inversiones concretas del año 2000 en cada una de esas sociedades de
aguas, en cada una de esas cuencas ni qué programación tienen. Revisando
el balance de situación, por ejemplo, de la sociedad de aguas del Ebro,
cuando se habla de fondos propios se recogen 42.862 millones de pesetas
y, en el caso del sur, resulta que hay 20.000 millones de pesetas para
este ejercicio y 19.286 para 1999. Lo que está claro es que hay una serie
de capitales que están congelados --eso sí, señoría, dando intereses y
rentándoles a las sociedades--, pero sin generar ningún nivel de
inversión. El día 22 de noviembre, pedimos al Secretario de Estado de
Aguas y Costas, señor Blanco, la relación de obras que se han licitado,
contratado o finalizado a través de cada una de esas sociedades. ¿Quiere
usted algunos datos? De un total de 42 obras abordadas por esas
sociedades de aguas, se han finalizado cero; contratado, 18; y, licitado,
el resto. Un dato importante: 20 de esas inversiones en Cataluña. Eso es
vertebración territorial, licitadas por todas esas sociedades 20 de 42 en
Cataluña. Dígame usted si eso es ser dinámico en el ritmo inversor. Las
sociedades fueron para ustedes un instrumento legal que recogieron en la
primera Ley de acompañamiento de 1997. Esto no es dar el ritmo inversor
en infraestructuras hidráulicas que necesita este país. Ustedes lo han
ralentizado, sin ninguna duda, y lo tiene que reconocer. Decía al inicio
de su intervención que las verdades se dicen o no se dicen a medias.
Usted reconoció ésta y ahora, sin duda, me va a reconocer lo que todo el
mundo sabe: que en política de aguas esta Ministra no ha hecho nada más
que crear una hecatombe.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Pleguezuelos.
Ahora el turno corresponde al Senador Pascual íntegramente por tiempo de
cinco minutos.
El señor PASCUAL FERNANDEZ-LAYOS: Muchas gracias, señora Presidenta. Lo
voy compartir también con mi compañero.
La señora PRESIDENTA: Entonces, tiene tres minutos.
El señor PASCUAL FERNANDEZ-LAYOS: Gracias, señora Presidenta.
Quiero contestar al señor Estaún, ya que se ha dirigido a mí directamente
para que comunique a la Administración central cómo están las cosas en
Aragón. Respecto al recrecimiento de la presa de Yesa, que es la obra más
importante del Pacto del agua, ya le he dicho que el 13 de enero acaba el
plazo para la presentación de ofertas. En cuanto a los proyectos del
embalse de Monte Aragón y presa de Biscarrués se encuentran recogidos en
el PIP con el código 1998.1706.0809, atribuido a la Comunidad Autónoma de
Aragón, y con una presupuesto de 5.758,7 millones, que es una partida
suficiente para acometer tanto Biscarrués como Monte Aragón.
En cuanto al plan de restitución del Valle del Esera, se tramita al
amparo del convenio de gestión directa entre el Ministerio de Medio
Ambiente y ACESA, y forma parte de las obras a realizar con la
colaboración de los usuarios. Por otra parte, el proyecto del canal de la
Litera se ha sustituido por elevaciones desde el Canal de Aragón y
Cataluña y del Noguera Ribagorzana actualmente. Se está tramitando a
través de ACESA, que ha encargado la redacción de los proyectos
correspondientes por un valor de 200 millones de pesetas.
En lo que se refiere al embalse la Fresneda-Torre del Compte, el 14 de
julio de 1999 se adjudicó definitivamente a las empresas consultoras por
un importe de 150.085.508 pesetas, habiéndose firmado el contrato el 30
del mismo mes y con un plazo de ejecución de 12 meses. Por tanto,
entregarán el proyecto el 30 de julio del año 2000. No le quepa la menor
duda de que una vez entregado el proyecto,
intentaremos acelerar todos los trámites administrativos para que esta
obra sea una realidad y se pueda licitar en el año 2001, antes será
imposible.
En cuanto a la mejora de caminos generales en las zonas de regadíos,
tengo que decirle que existen unos convenios entre las Diputaciones
Provinciales de Huesca o Zaragoza, según se trate de Las Bardenas o de la
zona regable del Alto Aragón, con la Diputación de Aragón y la
Confederación Hidrográfica del Ebro. Me dice que es poco, posiblemente,
pero, entonces, propongan a la Confederación Hidrográfica del Ebro que
aumenten estas partidas, pero siempre repartido en partes iguales.
Para la rehabilitación ambiental del pantano de Mequinenza está previsto
que sea realizado por ACESA el proyecto requerido por el Ayuntamiento de
Caspe. Se han solicitado fondos de cohesión y será una obra a ejecutar
entre el 2000 y 2006 a través de ACESA. En lo que se refiere al pantano
de Mularroya, le anuncio que para terminar la redacción del proyecto
posiblemente en el próximo Consejo de Ministros del viernes se apruebe la
cantidad suficiente para su culminación. De manera que una vez que se
finalice el proyecto habrá que aprobar el estudio de impacto ambiental, y
no le quepa la menor duda que lo mismo que le he dicho respecto a
Matarraña ocurrirá en este caso.
En cuanto al pantano de la Oteta, hace unos días hablaba con su
Presidente y me manifestó que la obra va francamente bien, luego,
entonces, hablar de un problema en una obra que de momento va bien, no
tiene sentido.
Respecto al pantano de Lechago, está terminado el proyecto de ejecución
de obra y falta la declaración de impacto ambiental. Por eso sería
arriesgado que figurara alguna partida en estos presupuestos porque
posiblemente estos trámites administrativos no se puedan cumplir dentro
del año 2000. Y, por último, dentro de la licitación de Biscarrués hay
una partida para realizar un proyecto de aprovechamiento de 50
hectómetros cúbicos desde el embalse. Está cursada al Fondo de cohesión
en el Valle del Esera una partida de 4.800 millones de pesetas para las
obras de restitución, y sólo faltaría en su día la aportación económica
de la DGA.
Por tanto, éstas son las enmiendas más importantes que usted ha
planteado. Le tengo que decir que por parte de los hombres y mujeres del
Partido Popular en Aragón, no le quepa la menor duda de que haremos todo
lo posible para que sea pronto una gozosa realidad el cumplimiento total
del Pacto del agua. Creemos que con lo hecho hasta ahora podemos
sentirnos razonablemente satisfechos.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Pascual.
Tiene la palabra el Senador Sanz. Dispone de un minuto.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a hacer referencia a algunas matizaciones de la Senadora
Pleguezuelos.
Dice su señoría que el Plan Hidrológico no ha llegado. Por supuesto que
no, a la vista está. Nosotros queremos un plan hidrológico dialogado y
consensuado. Lo que no pretendemos bajo ningún aspecto es presentar un
plan hidrológico impuesto a la Cámara y a los diferentes sectores
relacionados con el agua. Repito, preferimos un plan hidrológico
consensuado antes que uno impuesto.
La Senadora Pleguezuelos se ha referido también a la presión fiscal. Me
parece que muy poco le importa a usted la presión fiscal, porque ustedes
han presentado una enmienda que abarca casi un billón de pesetas. Léase
las enmiendas que han impuesto en otras secciones, por ejemplo, la número
294, en la que ustedes solicitan cerca de un billón de pesetas para
resolver diferentes problemas y contar con los recursos necesarios para
el conjunto de obras que desean hacer. Presentan ustedes las obras para
diferentes Comunidades Autónomas, pero no dicen de dónde sacan el dinero;
lo sacan del bolsillo de los españoles, una vez más, con más presión
fiscal.
La señora PRESIDENTA: Senador Sanz, ha consumido su tiempo sobradamente
en el turno anterior. Le ruego termine en un minuto.
El señor SANZ BLANCO: Termino, señora Presidenta.
Quiero responder simplemente por respeto a la Senadora Pleguezuelos, para
que no quede insatisfecha ante mis contestaciones. (Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Risas.)
En cuanto a las sociedades estatales, he de decirle que son unas
sociedades de reciente creación. Dice usted que no han terminado ninguna
obra. Es lógico, acaban de crearse pero, en cambio, han licitado ya
bastantes. ¿Qué más puede pedir de unas sociedades que prácticamente
acaban de crearse, que han sufrido un proceso de adaptación y de
implantación y que necesitan un tiempo para funcionar correctamente? Pero
le puedo decir que aportarán grandes ventajas a la sociedad española para
invertir grandes presupuestos implicando a los usuarios a realizar las
obras que necesita este país. Y si dice usted, Senadora Pleguezuelos, que
la Ministra de Medio Ambiente no ha realizado una gestión adecuada, he
decirle que la gestión del señor Borrell era una auténtica bomba de
relojería para el entendimiento entre las Comunidades Autónomas.
(Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Sanz.
A continuación, comenzamos el debate de la Sección 25, Ministerio de la
Presidencia.
Se han dado por defendidas las enmiendas de los Senadores Román Clemente
y Cámara Fernández. Queda el veto del Grupo Parlamentario Socialista,
enmiendas números 692 y 693.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador López Carvajal.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Gracias, señora Presidenta.
Voy a defender de manera conjunta el veto a la Sección 25 del Grupo
Parlamentario Socialista y la enmienda número 693, al programa 542, de
fomento y coordinación de la investigación científica y técnica.
En primer lugar, quiero hacer la salvedad de que cualquier análisis de
esta sección ha de partir de una premisa básica, que es su
heterogeneidad. Por tanto, conviene hacer una serie de clasificaciones
con el ánimo de intentar, como mínimo, un análisis riguroso y correcto
del contenido de los diferentes programas que la configuran.
Voy a referirme al Subsector Estado, que incluye los programas 112.A de
Presidencia del Gobierno; el de infraestructuras y situaciones de crisis;
el 112.C, relaciones con las Cortes, y la Secretaría de Estado de
Comunicaciones. Pues bien, en nuestra opinión, este programa no cumple
los dos principios que ustedes vienen programando y explicando en las
Cámaras de austeridad y adecuación a los objetivos fundamentales.
Voy a darles algunos datos a los que hay que hacer referencia, no
solamente comparando el presupuesto del año 1999 sino --ya al final de la
legislatura-- en una comparación global con el presupuesto inicial del
año 1996, que fue el último que intentó presentar el Partido Socialista y
que nos puede servir de referencia de manera absolutamente clara.
En cuanto a los gastos del capítulo 1 de este subsector, Estado,
comparando el presupuesto de 1996 --que se prorrogó y fue el que ustedes
gestionaron en primer lugar-- con el que han presentado para el año 2000
se aprecia una evolución del Programa 112.A, Presidencia de Gobierno, que
tiene un 37,65 por ciento de incremento. Y aunque es cierto que este
subsector sólo ha crecido un 2,55 por ciento, ese incremento es
absolutamente ridículo si se toma en consideración el índice de revisión
salarial de los funcionarios, que a lo largo de estos cuatro años ha sido
del 5,9 por ciento. Por tanto, éste es un indicador sobre la austeridad
que en mi opinión no merece ser destacado con el énfasis con que ustedes
lo han hecho.
El segundo aspecto al que quiero referirme es que a partir del momento en
que se adscribe a este presupuesto la Oficina de Ciencia y Tecnología el
mismo no se adecua a los objetivos de la Presidencia del Gobierno, por lo
que tenemos que formularnos las siguientes preguntas: ¿Es normal que la
Presidencia del Gobierno coordine la Comisión Interministerial de Ciencia
y Tecnología? ¿Hay algún precedente en algún país europeo? ¿Hay algún
precedente en toda la etapa democrática española? La respuesta es no en
todos los casos.
Sin embargo, ustedes, por el contrario, han creado una Oficina de Ciencia
y Tecnología que tiene unos objetivos muy complejos; fundamentalmente, la
coordinación de todo el sistema nacional de ciencia y tecnología, al
mismo tiempo que la coordinación con las Comunidades Autónomas, así como
el seguimiento de los programas internacionales de investigación
científica y desarrollo tecnológico en los cuales participa España. Pero
creemos que el lugar correcto es aquel en que se ubicaba previamente, es
decir, el Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Dirección
General correspondiente. De ahí que hayamos presentado una enmienda que
pretende devolver a su origen la partida de 3.800 millones de pesetas, la
cual debe estar gestionada, repito, por la Dirección General
correspondiente del Ministerio de Educación y Ciencia.
Otro apartado que debemos analizar en la Sección 25 es el correspondiente
a los organismos autónomos. En este sentido, parece interesante descartar
por completo el «Boletín Oficial del Estado», porque su presupuesto se
autofinancia. Por tanto, paso a referirme exclusivamente a tres
organismos fundamentales: el Consejo de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica, el Patrimonio Histórico Nacional, y el Programa 542.B, que
hace referencia a las investigaciones sociológicas y constitucionales.
Se produce una evolución normal de cada uno de estos programas, cuyo
crecimiento está entre el 2 y el 5 por ciento, salvo en el caso del
Programa 458, de Administración del Patrimonio Histórico Nacional, que
experimenta un crecimiento en el año 2000 del 24,5 por ciento con
respecto a 1999. Y aunque nos parecen correctas las inversiones para la
protección del Patrimonio Nacional adscrito fundamentalmente a la Casa
Real, consideramos que el crecimiento de esta función debería tener unos
indicadores que estuvieran al mismo nivel en que crecen los gastos
sociales en este país.
Finalmente, en cuanto al Programa 455, de promoción y cooperación
cultural, ustedes vienen manteniendo a lo largo de los últimos cuatro
años una subvención fija de 11.000 millones de pesetas al presupuesto de
Radiotelevisión Española. Ni que decir tiene que eso es una mera ficción
contable, porque al mismo tiempo que se mantiene constante esa
transferencia al presupuesto de Radiotelevisión, que tiene como objeto
fundamental controlar el déficit público, están autorizando a través de
la Ley de Presupuestos los avales correspondientes para la misma, que en
el año 2000 tienen una cuantía máxima de 111.000 millones de pesetas.
Por tanto, aunque se haya producido una reducción del importe de estos
avales con respecto a 1999, algo de lo que ustedes hacen una ostentación
casi escandalosa, están ocultando que dicha reducción tiene como origen,
entre otras razones, la venta del patrimonio de Retevisión, cuyo importe,
80.000 millones de pesetas, les ha permitido mantener este año una
reducción significativa del aval para el presupuesto de Radiotelevisión
Española.
No cabe la menor duda de que ustedes, en contra de este dato, han
aumentado el déficit de televisión de 250.000 millones de pesetas que
tenía en el año 1996 hasta 580.000, que va a ser el que contablemente se
refleje al final del año 1999, una deuda que todos sabemos que en algún
momento concreto tendrá que ser asumida por los Presupuestos Generales
del Estado. De ahí que el anterior Director de Televisión, el señor
López-Amor, cuando en su momento fue interpelado con respecto a la deuda
de Televisión, dijera que ésta era una deuda no de Televisión, sino del
Reino de España.
Todas estas razones son las que nos llevan a solicitar el veto a la
Sección 25 y, por supuesto, a realizar la defensa de la enmienda 693, que
pretende la devolución de la partida
destinada al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación
Científica y Técnica a su presupuesto original del Ministerio de
Educación y Cultura.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador López Carvajal.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Martínez Oblanca.
El señor MARTINEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Con su permiso, antes de defender la posición del Grupo Parlamentario
Popular quisiera aprovechar esta oportunidad para tener un recuerdo para
el que durante muchos años ha sido tradicional defensor de esta Sección
25 en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el Senador José María
Escuin, quien desde hace unos meses se encuentra enfermo, y transmitirle
no solamente el deseo de todo el Senado de su pronta recuperación, sino,
sobre todo, nuestro recuerdo, nuestro cariño y nuestro afecto.
(Aplausos.)
En relación con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Mixto y por el Grupo Parlamentario Socialista, quisiera comenzar diciendo
que los dos Senadores de Izquierda Unida han presentado una enmienda a la
totalidad en cuya exposición de motivos la justifican, rechazando este
proyecto de presupuestos, por su disconformidad con lo que a su juicio es
el incumplimiento por parte del Gobierno de las iniciativas
parlamentarias que son aprobadas en las Cortes Generales.
En esa argumentación se cita, a título de ejemplo, una preocupación por
el uso del papel reciclado entre los organismos de la Administración del
Estado y, en concreto, por la edición de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000 en tal soporte, en papel reciclado. Tenemos que
manifestarles que esta argumentación nos resulta enormemente
desconcertante. Compartimos de pleno la preocupación por utilizar
productos reciclados y evitar la tala masiva de árboles para la
producción de papel, pero creo que es un tanto exagerado utilizar la
presunta falta de información sobre este tema para dar justificación a
una enmienda de totalidad.
No obstante, si la crítica de fondo es que el Gobierno no cumple con los
mandatos de las Cortes o no informa del estado de cumplimiento, desde el
Grupo Parlamentario Popular tenemos que rechazar tal aseveración. A lo
largo de nuestra historia democrática no existen precedentes de gobiernos
que hayan puesto más énfasis y más esfuerzos en coordinar, instrumentar y
cumplir con los mandatos del Parlamento e informar del seguimiento de
miles de iniciativas producto del trabajo de todos los Diputados y
Senadores. De ello se encarga el Ministerio de la Presidencia,
precisamente a través del propio titular del Departamento, de la
Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, de las Direcciones
adscritas y de la Subsecretaría de la Presidencia, que se encuentran
adscritas a la Secretaría General Técnica y a la Dirección General de
Secretaría del Gobierno. (El señor Vicepresidente, Cardona i Vila, ocupa
la Presidencia.)
En los Presupuestos Generales del Estado, en este proyecto de
presupuestos se contempla un volumen de gastos total de 11.323 millones
de pesetas, que servirán para dar cumplimiento a un conjunto de funciones
y actividades que viene precisamente marcado por la Constitución, por la
normativa electoral y por los propios Reglamentos del Congreso y del
Senado.
Dentro de esa prolija relación de actividades de la que se duda con la
presentación de este veto, se encuentran las correspondientes a informes
y documentos solicitadas por los parlamentarios, en seguimiento del
cumplimiento de sus compromisos, así como una larguísima lista de
actividades que tienen cuantificación numérica y que, además, son
significativas de lo mucho y bien que, a nuestro juicio, ha respondido el
Gobierno a los mandatos de las Cortes.
Yo invito a sus señorías a que comparen la actividad desarrollada por el
actual Gobierno con la de cualquiera de los Gobiernos habidos a lo largo
de nuestra historia democrática. Comparen ustedes, si lo desean, los
indicadores de coordinación y comunicación entre el Gobierno y las Cortes
Generales para comprender lo injusto de su enmienda a la totalidad.
Nosotros, señora Presidenta, consideramos como absolutamente efectiva y
eficaz la tarea del Ministerio de la Presidencia en todas sus tareas y
específicamente en la del seguimiento de los acuerdos e iniciativas
adoptados en el Congreso de los Diputados y en esta Cámara. Es una tarea
que para nosotros merece reconocimiento y apoyo. De ahí, que rechacemos
la enmienda de totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Mixto a
través de los Senadores de Izquierda Unida.
En relación con el veto planteado por el Grupo Parlamentario Socialista y
defendido por el Senador López Carvajal, creemos que nos encontramos ante
la continuación de esa especie de ceremonia anual que, a nuestro juicio,
obedece única y exclusivamente a oponerse por oponerse, al no por el no,
a hacer un frente opositor a todo lo que venga por parte del Ministerio
de la Presidencia.
Nosotros rechazamos esa liturgia socialista porque el Ministerio presenta
un proyecto de Presupuestos que contribuye a los objetivos claros y
definidos que tiene el Gobierno para el año 2000, es decir, unos
presupuestos que combaten un ejercicio más, uno de los grandes lastres de
la economía española durante muchísimos años, que es el déficit público y
unos presupuestos que, por otra parte, contribuyen a la prosperidad de
los españoles con creación de empleo, con la creación de un fondo de
garantía para las pensiones, con la mejora de las pensiones, con el
aumento del bienestar social, con el incremento de las mejoras sanitarias
y educativas, etcétera.
Por tanto, es un presupuesto continuista en cuanto a objetivos
anteriores, con políticas activas que benefician a los españoles. Y el
proyecto de Presupuestos de la Sección 25 del Ministerio de la
Presidencia contribuye a esa estrategia general del proyecto
presupuestario para el año 2000. Y lo hace, además, con disminución --y
subrayo la palabra-- de la cuantía final de las cifras de gastos. Es de
las pocas secciones que disminuyen en cuantías y porcentajes, si ustedes
quieren, modestos, pero con merma de cantidad
en lo que hace referencia al ejercicio económico aprobado por las Cortes
Generales para el actual Ejercicio de 1999.
El presupuesto de gastos suma, en el caso del Ministerio de la
Presidencia, un total de 47.423 millones de pesetas, que en porcentaje
supone un descenso del 0,4 por ciento en relación al año 1999. A nosotros
nos parece que es de alabar y reconocer que cuando todos intentan rebañar
de las grandes cifras para poder trabajar con más desahogo, el Ministerio
de la Presidencia, es decir, el que sostiene a las más altas
magistraturas del Gobierno, haya presentado un proyecto en el que
disminuyen los gastos en relación con el ejercicio anter lo que creemos
que, lejos de rechazarlo, como pretende el veto del Grupo Parlamentario
Socialista en su contumaz liturgia opositora, hay que ponderarlo y
significarlo. Y una de las razones de la reducción de los gastos hay que
localizarla en los menores créditos presupuestados para transferencias
corrientes, que constituyen, como sus señorías saben, la principal
partida del gasto de este Ministerio, el cual, por otra parte, tiene un
gasto escasamente inversor.
A nuestro juicio, es muy significativa la evolución del Capítulo 2 esta
Sección 25, como muestra presupuesto contenido y de ejemplo de cómo
trabajó el Ministerio de la Presidencia en estos años que culminan ahora
con el proyecto de Presupuestos del año 2000.
Desde 1996 hasta el año 2000 el gasto operativo correspondiente al
capítulo 2, excluida la Oficina de Ciencia y Tecnología, a la que me voy
a referir a continuación, se va a incrementar en el 3,5 por ciento. Es
importante resaltar que mientras las actualizaciones monetarias se
incrementaron el 7,5 por ciento desde 1997 hasta las previsiones del año
2000, el Ministerio de la Presidencia creció en su Capítulo 2 gastos
corrientes en bienes y servicios, menos de la mitad, el 3,5 por ciento. Y
yo creo que resume el esfuerzo de austeridad que el Gobierno, desde su
más alta magistratura, ha desarrollado a lo largo de esta VI Legislatura.
En 1996 el presupuesto de Gastos Corrientes era de 2.174 millones y con
el proyecto que estamos debatiendo la cifra de este capítulo 2 subirá a
2.250 millones, es decir, una diferencia positiva de sólo 76 millones en
cinco ejercicios presupuestarios.
En definitiva, y como señalábamos al principio de nuestro turno en contra
de este veto, se repite el ceremonial del Grupo Parlamentario Socialista
para intentar que prospere su veto a la totalidad de la Sección 25. En
contraposición con lo manifestado por el Senador López Carvajal, para
nosotros las cifras en su conjunto reflejan un componente de austeridad y
transparencia que es, por otra parte, complementario de los fines y
objetivos que se persiguen con este proyecto de Presupuestos, con el que
el Grupo Parlamentario Popular está completamente de acuerdo.
Buena parte de la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, señor López Carvajal, hacía referencia a la Oficina de
Ciencia y Tecnología. Para nosotros es muy importante subrayar el
esfuerzo que el actual Gobierno está desarrollando en relación con esta
Oficina de Ciencia y Tecnología. Recordarán que hace un año se incorporó
esta Oficina a los propios presupuestos de la Presidencia del Gobierno,
asumiendo el reto de incorporar a nuestro país a la primera línea de los
países más avanzados.
Cabe señalar que si en toda esta Sección los números demuestran el buen
hacer y la eficacia del Gobierno, en el caso de la Oficina de Ciencia y
Tecnología lo demuestra muchísimo más.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Senador Martínez Oblanca, le
ruego vaya terminando.
El señor MARTNEZ OBLANCA: Concluyo en un minuto, señor Presidente.
Debo decir que, durante la década de los noventa, las pesetas dedicadas a
la ciencia y tecnología en España apenas sufrieron incrementos
significativos. Sólo con la llegada del Gobierno del Partido Popular y
con los Presupuestos de 1997 --sus primeros presupuestos-- empieza a
evolucionar de forma considerable y elocuente la función 54. En cuatro
años, los dineros dedicados a impulsar a nuestro país, desde el punto de
vista científico y tecnológico, se multiplicaron por el 2,5 por ciento;
repito el dato, se multiplicaron el 2,5 por ciento, más del doble. Por lo
tanto, no se trata de a quién se adscribe la Oficina de Ciencia y
Tecnología, sino de comprobar cómo se impulsa, desde el Ministerio de la
Presidencia, la Oficina de Ciencia y Tecnología para recuperar las
posiciones que España perdió en esta materia durante muchos años.
Por último, señor Presidente, y con ello concluyo, es conveniente señalar
que no encontramos especiales motivos para que se incorpore esta Oficina
al Ministerio de Educación y Cultura. Con esta enmienda sus señorías
aspiran a restar en el 81 por ciento la partida destinada en el proyecto
a transferencias de capital, y nos parece que eso es maniatar la
capacidad de la Oficina para realizar transferencias a familias e
instituciones sin fines de lucro.
¿Qué gana el Ministerio de Cultura con este intercambio propuesto por el
PSOE? Muy poco, la merma del 81 por ciento del capítulo 7 supone un
incremento de apenas el 9 por ciento en el correspondiente Capítulo del
Ministerio de Educación y Cultura.
En definitiva, ustedes proponen dejar sin capacidad a la Oficina que está
impulsando --y de qué manera-- la tecnología y la ciencia para
incrementar testimonialmente los presupuestos del Ministerio de Educación
y Cultura.
Por todo ello, señor Presidente, rechazamos los vetos presentados tanto
por el Grupo Parlamentario Mixto como por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Martínez Oblanca.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador López
Carvajal.
El señor LóPEZ CARVAJAL: Estimo que la única liturgia a la que asistimos
cuando debatimos la Sección 25 a lo largo de los últimos cuatro años es
la de no escuchar, por
parte del Grupo Parlamentario Popular, los argumentos que se están
esgrimiendo desde la oposición. (La señora
Presídenta ocupa la Presidencía.)
Posiblemente si en lugar de repetir el mismo discurso que el señor
Alvarez Cascos hace en el Congreso año tras año, ustedes escucharan a la
oposición y tuvieran la valentía de entrar en los argumentos que
utilizamos para discutir su contenido a lo mejor este debate podría tener
sentido. Lo que no tiene sentido es que usted señale que a través de la
Sección 25 se puede promover más empleo, se puede intervenir en las
pensiones. Todo eso parece absolutamente ridículo. Desde la Sección 25 se
hace lo que se tiene que hacer, y el objeto fundamental es discutir si la
Sección 25 en algunos aspectos concretos se ajusta o no a un esquema
racional de lo que debe ser la Presidencia del Gobierno.
Cuando hablan ustedes de una mayor austeridad o una reducción del gasto
siguen sin partir del supuesto de que ésta es una sección ustedes suman
peras con manzanas, y eso no da ningún resultado, lo se puede sumar el
presupuesto de la Presidencia del Gobierno, de todo lo que constituye el
subsector Estado, con presupuestos como el del «Boletín Oficial del
Estado» o del Patrimonio Nacional porque son absolutamente distintos en
su propia naturaleza. Hay que dividir, y si se dividen, las conclusiones
a las que se llegan son radicalmente opuestas.
Le voy a dar un dato importante respecto a la austeridad:enel presupuesto
de 1996, que se puede considerar del Gobierno socialista y que ustedes
gestionaron porque se prorrogó, el Capítulo 2 de todo el subsector Estado
con respecto al año 2000 se ha incrementado un 17,39 por ciento, y la
evolución del IPC, que es la magnitud que puede influir de manera más
sensata en este presupuesto, no ha pasado del 7 por ciento en estos
cuatro años. Por consiguiente quisiera que usted me dijese si llevo o no
razón.
Con respecto al problema de la ciencia, hay dos razones fundamentales: no
basta con dedicar más dinero a la investigación científica y tecnológica.
Cuanto más, mejor, por supuesto. Pero previamente hay un problema de
organización. Por si usted no lo sabe, el avance que ha supuesto un hito
en la historia de la investigación en este país es la Ley 31/986, de
Ciencia y Tecnología, que fue aprobada en su momento, como usted sabe
perfectamente, por el Ministro José María Maraval: ése es el hito
fundamental. A partir de ahí ha cambiado por completo todo el sistema de
ciencia y tecnología en este país. Todos sabemos que existe una Comisión
interministerial de Ciencia y Tecnología para coordinar las actividades
de cada uno de los departamentos, y lo que nos preguntamos ahora es por
qué se cambia eso que está en el Ministerio natural, el de Educación y
Ciencia, y se crea una oficina «ad hoc» en el Ministerio de la
Presidencia, que tiene el rango de Dirección General. ¿Se puede coordinar
mejor desde ahí, o desde el lugar natural que es el Ministerio de
Educación y Ciencia? Nuestra opinión es que ustedes crean esa oficina
porque creen que simplemente porque presida el Presidente del Gobierno
--valga la redundancia-- la Comisión Interministerial va a haber una
mayor coordinación. Mi opinión es que no porque los datos demuestran que
desde que el señor Aznar preside esta Comisión se ha reunido menos veces
que cuando la presidía la antigua Ministra de Educación y Ciencia, y éste
es un dato absolutamente importante, y ustedes no están proporcionando
ninguna razón para saber si es o no es eficacia. No se trata de que se
aumenten las inversiones, que las vamos a apoyar, las que ustedes han
programado y más si las hubiere; se trata de que seamos también eficaces.
Para concluir, quiero decirle que usted también elude gran parte de la
reducción de este presupuesto de la Sección 25 viene como consecuencia de
que han congelado la subvención o la transferencia al ente de Televisión
Española; dígalo. Es la misma que desde el año 1997, 11.000 millones de
pesetas, pero a cambio ustedes están aumentando permanentemente el
déficit de Televisión a través de los avales que autorizan en la Ley de
Presupuestos y que este año suman 111.000 millones de pesetas.
El déficit de Televisión Española era de 250.000 millones de pesetas en
el año 1996. Ahora está en 600.000. Eso se debe a su gestión, y eso
también debe ser analizado cuando habla de la menor reducción del gasto
de la Sección 25. Yo quisiera que entráramos a debatir estos argumentos y
no en discursos que yo no he formulado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Martínez
Oblanca.
El señor MARTINEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Me gustaría apuntar algunas cuestiones en relación con la segunda de las
intervenciones del Senador López Carvajal, portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista. Habrá oportunidad a lo largo del debate de la
Ley de Presupuestos de hablar de Televisión Española. Sin duda, mañana
habrá oportunidad de hablar con intensidad en relación con los
presupuestos de Radiotelevisión Española y de algunos de los argumentos
que usted acaba de esbozar.
Quisiera comenzar diciendo que los presupuestos de la Sección 25, del
Ministerio de la Presidencia, sí contribuyen a ese objetivo que se marcó
el Gobierno de corregir el déficit público, que estaba disparado, como su
señoría sabe, cuando el Gobierno tomó posesión, de incrementar las
pensiones, de creación de empleo, etcétera. Todas las secciones, todos
los programas, todas las partidas presupuestarias que contiene este
proyecto de ley van encaminadas a ese objetivo, y el Ministerio de la
Presidencia, que sostiene a la más alta magistratura del Gobierno, no
puede ser excepción, y contribuye con unos presupuestos austeros
precisamente a esos objetivos que acabo de señalar.
Hacía su señoría referencia a los incrementos del capítulo 2, y cabe
decir que en el conjunto de servicios presupuestarios la regla general
que se puede apreciar es que en este proyecto de ley se ha incrementado
el 2 por ciento del gasto corriente para recuperar el poder adquisitivo
que se vio alterado en el último año.
Tal vez pueda inducir a la confusión el incremento del contrato que viene
contemplado en esta Sección 25 con la
Agencia Efe; es decir, pudiera existir la idea de que el gasto que genera
este contrato debe imputarse como un gasto propio del Ministerio, cuando
la realidad es que con el contrato de la Agencia Efe se beneficia todo el
conjunto de la Administración General del Estado. Para el año 2000 se
propone un incremento de 720 millones de pesetas que por sí solos
explican el aumento total del capítulo 2. No obstante cabe recordar que
esta cifra deriva de un contrato que el Consejo de Ministros autorizó
--atención a la fecha-- en mayo de 1988, contrato por el cual los
servicios que presta la Agencia Efe durante el cuatrienio 1998-2001 se
incrementan con la incorporación de nuevas prestaciones y especialmente
las relacionadas con la televisión. Eso supuso un incremento de 1.200
millones en los presupuestos del ejercicio de 1999; eso supone 720
millones en el proyecto de ley que estamos debatiendo, y eso supondrá 144
millones de pesetas en el proyecto que se presente para el año 2001; todo
ello es consecuencia del contrato aprobado por el Consejo de Ministros en
1988. Tal vez de ahí se derive la confusión respecto al incremento de
este Capítulo.
Quiero señalar también respecto a la Oficina de Ciencia y Tecnología que,
contrariamente a lo que usted dice, señor López Carvajal, no es una
oficina que esté desorganizada. La desorganización se la encontró el
Gobierno en esta Oficina cuando tomó posesión en mayo de 1996. (El señor
López Carvajal: No existía.) Efectivamente no existía. Era tal la
desorganización que había en España respecto a la ciencia y tecnología
que el Gobierno socialista no había procurado medios ni instrumentos para
impulsarla. De ahí se derivó que nuestro país perdiera a lo largo de
muchos años posiciones en el ámbito internacional en materia de ciencia y
tecnología, y que el objetivo que ahora mantiene el Gobierno,
incorporando esta Oficina nada más y nada menos que al Ministerio de la
Presidencia, en primera persona al Presidente José María Aznar, es
impulsar la recuperación de la ciencia y de la tecnología en España para
devolverla a los puestos que nunca debió perder.
Quiero señalar, por último, que la estrategia de oposición que ustedes
mantienen les impide valorar en su auténtica importancia el esfuerzo de
control presupuestario que realiza este Gobierno y, en particular, en la
Sección 25. El presupuesto disminuye su volumen de gastos con respecto al
actual ejercicio de 1999 y culmina, señor López Carvajal, una trayectoria
impecable de austeridad y de control del gasto. Baste recordar que en
1995, por tomar una referencia inmediata anterior a la entrada del actual
Gobierno, esta misma Sección tenía un presupuesto de 53.285 millones de
pesetas. Hoy estamos barajando una cifra de 6.000 millones de pesetas
menos; es decir, cuatro años después, en el Ministerio de la Presidencia
se han disminuido, en 6.000 millones de pesetas, los gastos que se tenían
consignados en 1995. Por tanto, ¿cómo pueden ustedes argumentar que el
Ministerio de la Presidencia es una estructura cada vez más compleja e
ineficaz? ¡Si se mantiene la misma estructura que en el año 1990! ¡Si se
mantiene idéntica estructura en el Ministerio de la Presidencia! En
consecuencia, no puede ser más compleja que en 1990.
Si se asumen las responsabilidades en el impulso científico y tecnológico
de España, ¿cómo puede reprocharse que este Ministerio sea ineficaz?
¿Cómo, si el propio Presidente Aznar responde personalmente a más
preguntas, en cuatro años, que su predecesor en trece años, puede decirse
que este Ministerio es oscurantista?
Si el volumen de gastos es inferior en 1999 al volumen de gastos de 1995
en 6.000 millones de pesetas, ¿cómo puede decirse que éste no es un
Ministerio austero? Es absolutamente imposible sostener esto, y como es
imposible, vamos a rechazar los vetos presentados por el Grupo
Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Mixto. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Martínez Oblanca.
Terminado el debate, pasamos a la votación. (Pausa.)
En primer lugar, vamos a votar la sección número 20, Ministerio de
Industria y Energía.
Enmiendas de los Senadores Estaún García, Blasco Nogués y Martínez
Sánchez. Enmienda número 151.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 86; en contra, 128; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas de los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández en los
siguientes bloques. En primer lugar, la enmienda de veto, número 909.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, 87; en contra, 126; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas 911, 912, 913, 914 y 920.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, 86; en contra, 127; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas de los Senadores Román Clemente y
Cámara Fernández.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a
favor, cinco; en contra, 131; abstenciones, 82.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda de veto número 594.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 85; en contra, 129; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, 84; en contra, 128; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos la Sección 20, presupuesto del Ministerio de
Industria, según el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 129; en contra, 89; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el presupuesto del Ministerio de
Industria.
Pasamos a la Sección 21, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En primer lugar, votamos la propuesta de veto de los Senadores Román
Clemente y Cámara Fernández, que se corresponde con la enmienda número
921.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 85; en contra, 128; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas números 930, 932 y 933.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 85; en contra, 128; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el resto de las enmiendas de los Senadores Román Clemente y
Cámara Fernández.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, cinco; en contra, 128; abstenciones, 86.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos la enmienda número 28, del Senador Armas
Rodríguez.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a
favor, 11; en contra, 128; abstenciones, 79.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 36, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a
favor, 90; en contra, 119; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 621, del Grupo Parlamentario
Socialista, que sustenta un veto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 83; en contra, 130, abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a
favor, 84; en contra, 128; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, de acuerdo con el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, 126; en contra, 93.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Pasamos a la Sección 22, Ministerio de Administraciones Públicas. Votamos
el veto presentado por los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández
que se corresponde con la enmienda numero 934.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 85; en contra, 128; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos las enmiendas números 935 a 939 y 943.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, tres; en contra, 128; abstenciones, 88.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos el resto de las enmiendas de los Senadores Román Clemente y
Cámara Fernández.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 84; en contra, 128; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Senador Torres Cardona números 52 y 53.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 219; a favor, tres, en contra, 125;
abstenciones, 91.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Enmienda de veto número
646.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, 82; en contra, 127; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Enmienda número 647.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 84; en contra, 128; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 648.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a
favor, 84; en contra, 128; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la Sección 22, Ministerio de
Administraciones Públicas, según el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 126; en contra, 91; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos ahora la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente. Enmiendas de
los Senadores Estaún García, Blasco Nogués y Martínez Sánchez, números
153, 155 y 172.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a
favor, seis; en contra, 128; abstenciones, 84.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación del resto de las enmiendas de los Senadores Estaún García,
Blasco Nogués y Martínez Sánchez.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 87; en contra, 128; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas de los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández. Enmienda de
veto número 945.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 86; en contra, 129; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el veto de los Senadores Román
Clemente y Cámara Fernández.
Votación de las enmiendas 946 a 956, 958 a 969, 991, 993, 996 a 1001,
puesto que han sido retiradas las enmiendas números 992, 994 y 995.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, seis; en contra, 206; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas 977, 1005, 1006, 1009, 1015, 1018 a 1020, 1028
a 1030, 1032 a 1036, 1042 a 1044, 1052, 1053, 1056, 1057, 1060 a 1063,
1065, 1067 a 1072, 1077, 1079, 1083, 1086 a 1091, 1093, 1099, 1100, 1108
a 1110, 1112, 1113, 1116 a 1118, 1122 a 1125 y 1131.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 86; en contra, 128; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas de los Senadores Román Clemente y
Cámara Fernández.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, seis; en contra, 126; abstenciones, 87.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 5 a 18 del Senador Padrón Rodríguez.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 13; en contra, 128; abstenciones, 79.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Senador Armas Rodríguez. En primer lugar, votamos la número
29.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 90, en contra, 128; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 30.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 12; en contra, 128; abstenciones, 80.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a las enmiendas del Senador Torres Cardona. En primer lugar,
votamos las números 54 y 55.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, 87; en contra, 127; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Senador Torres
Cardona.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, cinco; en contra, 128; abstenciones, 86.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos la número 649, que es el veto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 82; en contra, 130; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda número 649.
Votación de las enmiendas 659, 663, 678, 679 y 691.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 87; en contra, 127; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación del resto de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, 83; en contra, 129; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la Sección 23, Presupuesto del Ministerio de Medio
Ambiente, según el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 129; en contra, 89; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el presupuesto del Ministerio de
Medio Ambiente.
Ministerio de la Presidencia, Sección 25.
Votamos las enmiendas de los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández.
En primer lugar, la enmienda de veto número 1135.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 82; en contra, 130;
abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda 1135.
Votamos las enmiendas 1136 y 1137.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 85; en contra, 126; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la
enmienda de veto número 692.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, 83; en contra, 128; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda 692.
Votación de la enmienda número 693.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 83; en contra, 129; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda número 693.
Vamos a votar ahora la Sección 25, Ministerio de la Presidencia, según el
texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 128; en contra, 91; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el presupuesto del Ministerio de la
Presidencia.
Anuncio que el resto de las Secciones de los presupuestos se votarán al
terminar el debate de todas ellas, aproximadamente sobre las once u once
y media.
Se suspende la sesión.
Eran las veintiuna horas y cuarenta minutos.
(El debate continúa en el «Diario de Sesiones» número 156.)