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DS. Senado, Pleno, núm. 154, de 14/12/1999
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



SENADO



Año 1999 VI Legislatura
Núm. 154



PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA



Sesión del Pleno



celebrada el martes, 14 de diciembre de 1999



ORDEN DEL DIA:



Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:



--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 166,
de fecha 13 de diciembre de 1999) (Continuación) (Número de expediente S.

621/000166) (Número de expediente C. D. 121/000186).




--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número
167, de fecha 13 de diciembre de 1999) (Continuación) (Número de
expediente S. 621/000167) (Número de expediente C. D. 121/000187).




Página 7402




SUMARIO



DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 7409)



De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Página 7409)



Comienza el debate del articulado.




Título I. Artículos 1 a 18.




El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
28 y 110 a 122 . El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas números 203 a 205 y 212. El señor Gangoiti Llaguno defiende las
enmiendas números 5 a 10, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El
señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 239 a 243, del
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Los señores Cobo
Fernández y Serrano Alvarez-Giraldo defienden las enmiendas números 33 a
48, a este título, así como las números 62, al Título IV, 82, 83, 85 y
95, a las disposiciones adicionales y 100 y 102, a las disposiciones
transitorias, del Grupo Socialista. El señor Blancas Llamas defiende la
enmienda número 214, del Grupo Popular, al tiempo que consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ríos
Pérez y Román Clemente, por el Grupo Mixto; Cobo Fernández, por el Grupo
Socialista, y Blancas Llamas, por el Grupo Popular.




Título II. Artículos 19 a 28.




El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 123 y 133. El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende la
enmienda número 209. El señor Gangoiti Llaguno defiende las enmiendas
números 11 y 12, del del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Los
señores Cambra i Sánchez y Varela i Serra defiende las enmiendas números
244 y 245, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El
señor Díez González defienden las enmiendas números 49 a 55 a este
título, así como las números 86 a 90 y 94, a las disposiciones
adicionales, del Grupo Socialista. El señor Fernández Menéndez consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Díez González, por el Grupo
Socialista, y Fernández Menéndez, por el Grupo Popular. Lo señores Díez
González y Fernández Menéndez intervienen de nuevo en virtud del artículo
87.

Título III. Artículos 29 a 40.




El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
4, 134 y 144 a 148. El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende la
enmienda número 199. El señor Cambra i Sánchez defiende la enmienda
número 246 y retira la número 247, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. El señor Arévalo Santiago defiende las enmiendas
números 56 y 58, del Grupo Socialista. Los señores Sanz Pérez y Espert
Pérez-Caballero consumen un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto;
Arévalo Santiago, por el Grupo Socialista, y Espert Pérez-Caballero, por
el Grupo Popular.




Título IV. Artículos 41 a 50.




El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
135 y 136. El señor Cambra i Sánchez defiende la enmienda número 248, del
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Ostos
Domínguez defiende las enmiendas números 59 a 61, del Grupo Socialista.

El señor Alierta Izuel consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ostos Domínguez, por el
Grupo Socialista, y Alierta Izuel, por el Grupo Popular.




Título V. Artículos 51 a 74.




El señor Estaún García, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
29 y 30 y da por defendidas las enmiendas números 27, 201 y 206, del
mismo grupo parlamentario. El señor Gangoiti Llaguno defiende las
enmiendas números 13 a 15, a este título, así como las números 16 a 24, a
las disposiciones adicionales, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos. El señor Román Clemente, el Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 3 y 137 a 143. El señor Cambra i Sánchez defiende la enmienda
número 249, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La
señora Pleguezuelos Aguilar y los señores Nieto Ledo, Zamorano Vázquez y
Gibert i Bosch defienden las enmiendas del Grupo Socialista números 63 a
74 y la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado
por las enmiendas números 227 y 228, del Grupo Popular, relativas a este
título, así como las restantes enmiendas presentadas por su grupo
parlamentario a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias
y finales, retirando aquella que propugna la vuelta al texto del Congreso
de los Diputados en lo modificado por la enmienda del Grupo Popular
número 231. Los señores Bris Gallego, Barquero Vázquez, Bellido Muñoz,
Alierta Izuel y Unceta Antón consumen un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra la señora Pleguezuelos Aguilar, por
el Grupo Socialista, y el señor Bris Gallego, por el Grupo Popular.




Página 7403




Disposiciones adicionales primera a trigesimotercera. Disposiciones
transitorias primera a duodécima.




Los señores Cámara Fernández y Román Clemente, del Grupo Mixto, defienden
las enmiendas números 26 y 149 a 198, y retiran la número 25, a las
disposiciones adicionales. Los señores Armas Rodríguez , Estaún García y
Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defienden las enmiendas números 2, 31, 32,
207 y 208, a las disposiciones adicionales. El señor Cambra i Sánchez
defiende las enmiendas números 253, 256, 258 y 259, y retira la número
257, a las disposiciones adicionales, así como la número 260, a las
disposiciones transitorias, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. El señor Armas Rodríguez, del Grupo Mixto, da por
defendida la enmienda número 1, a las disposiciones transitorias. El
señor Vallines Díaz consume un turno en contra de las enmiendas a las
disposiciones adicionales. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto, Gibert i Bosch,
por el Grupo Socialista, y Vallines Díaz, por el Grupo Popular. El señor
Blancas Llamas consume un turno en contra de las enmiendas a las
disposiciones transitorias.




Se procede a votar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000 (Página 7452)



Título I (artículos 1 a 12). Anexos I y II.




Se rechazan las enmiendas números 1207, 1208 y 1265, del Grupo Mixto, por
95 votos a favor, 127 en contra y 6 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 183 a 195, 289 y 290, del Grupo
Socialista, por 95 votos a favor, 127 en contra y 7 abstenciones.




Se aprueban los artículos 1, 5 y 7 a 11, así como el Anexo II del
dictamen, por 128 votos a favor, 99 en contra y 2 abstenciones.




Título II , Capítulo I (artículos 13 y 14). Anexos IV y V.




Se rechazan las enmiendas números 196 y 197, del Grupo Socialista, por 94
votos a favor, 129 en contra y 6 abstenciones.




Se aprueban los artículos 13 y 14, así como los Anexos IV y V del
dictamen, por 128 votos a favor y 101 en contra.




Título II, Capítulo II (artículos 15 a 18).




Se rechazan las enmiendas números 198 y 199, del Grupo Socialista, por 93
votos a favor, 126 en contra y 9 abstenciones.

Se aprueban los artículos 15 a 18 del dictamen por 130 votos a favor y 98
en contra.




Título II, Capítulo III (artículo 19).




Se aprueba el artículo 19 del dictamen por 129 votos a favor, 99 en
contra y 1 abstención.




Título III (artículos 20 a 36).




Se rechazan las enmiendas números 1209 a 1226, del Grupo Mixto, por 93
votos a favor, 129 en contra y 6 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 200 a 204, del Grupo Socialista, por 93
votos a favor, 129 en contra y 6 abstenciones.




Se aprueban los artículos 20 a 36 del dictamen por 128 votos a favor y
100 en contra.




Título V (artículos 47 a 57). Anexo III, Sección 06 (Deuda Pública).




Se rechazan las enmiendas números 1230 y 1231, del Grupo Mixto, por 94
votos a favor, 128 en contra y 7 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 214 a 220, 222, 223 y 291, del Grupo
Socialista, por 94 votos a favor, 129 en contra y 6 abstenciones.




Se aprueban los artículos 47 a 57, el Anexo III y la Sección 06 del
dictamen por 130 votos a favor y 99 en contra.




Título VI (artículos 58 a 74).




Se rechazan las enmiendas números 1232 a 1237, del Grupo Mixto, por 95
votos a favor, 128 en contra y 6 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 224, 225 y 226, del Grupo Socialista,
por 94 votos a favor, 129 en contra y 6 abstenciones.




Se aprueban los artículos 58 a 74 del dictamen por 129 votos a favor, 98
en contra y 1 abstención.




Título VII (artículos 75 a 94). Sección 32 (Entes Territoriales). Sección
33 (Fondo de Compensación Interterritorial).




Se rechazan las enmiendas números 1238 a 1241 y 1190 a 1197, del Grupo
Mixto, por 95 votos a favor, 127 en contra y 6 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 227 a 236 y 698 a 712, del Grupo
Socialista, por 94 votos a favor, 129 en contra y 6 abstenciones.




Página 7404




Se aprueban los artículos 75 a 94, la Sección 32 y la Sección 33 del
dictamen por 127 a favor, 100 en contra y 2 abstenciones.




Disposiciones adicionales primera a trigésima primera.




Se rechazan las enmiendas números 1243 a 1264, del Grupo Mixto, por 93
votos a favor, 127 en contra y 7 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 240 a 243, 247 a 250 y 252 a 287, del
Grupo Socialista, por 93 votos a favor, 129 en contra y 6 abstenciones.




Se aprueban las disposiciones adicionales primera a decimoquinta y
decimoséptima a trigésima primera del dictamen por 130 votos a favor y 99
en contra.




Disposiciones transitorias primera a sexta.




Se rechaza la enmienda número 288, del Grupo Socialista, por 93 votos a
favor, 129 en contra y 6 abstenciones.




Se aprueban las disposiciones transitorias primera a sexta del dictamen
por 129 votos a favor, 98 en contra y 2 abstenciones.




Disposición final.




Se aprueba la disposición final del dictamen por 128 votos a favor, 99 en
contra y 2 abstenciones.




Anexo VI.




Se aprueba la enmienda número 1613 del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió por 221 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 292, del Grupo Socialista, por 92 votos a
favor, 131 en contra y 6 abstenciones.




Se aprueba el Anexo VI del dictamen por 131 votos a favor, 94 en contra y
1 abstención.




Anexo VII.




Se aprueba el Anexo VII del dictamen por 129 votos a favor, 99 en contra
y 1 abstención.




Estado de Ingresos.




Se rechaza la enmienda número 294, del Grupo Socialista, por 94 votos a
favor, 123 en contra y 11 abstenciones.




Se suspende la sesión a las catorce horas y cuarenta minutos.




Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.




Continúa el debate del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000 (Página 7455)



Sección 12 (Asuntos Exteriores).




El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1266, de veto, y 1267 a 1275. El señor González Laxe defiende las
enmiendas números 295, de veto y 296 a 306, del Grupo Socialista. El
señor Morales Montero consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto;
González Laxe, por el Grupo Socialista, y Morales Montero, por el Grupo
Popular.




Sección 13 (Justicia).




El señor Estaún García, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
67 y 68. El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 1276, de veto, 33 y 1277 a 1288. El señor Torres Cardona, del
Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 37 y 38. El señor Caballero
Muñoz defiende las enmiendas números 307, de veto, y 308 a 311, del Grupo
Socialista. El señor Prada Presa consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el
Grupo Mixto; Caballero Muñoz, por el Grupo Socialista, y Prada Presa, por
el Grupo Popular. Los señores Torres Cardona y Prada Presa intervienen de
nuevo en virtud del artículo 87.




Sección 14 (Defensa).




El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1289, de veto, y 1290 a 1303. El señor Padrón Rodríguez, del Grupo Mixto,
defiende la enmienda número 1, a esta sección, y las demás enmiendas por
él presentadas a las restantes secciones de los presupuestos. El señor
González López defiende las enmiendas números 312, de veto, y 313 a 322,
del Grupo Socialista. El señor Elorriaga Fernández consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Padrón Rodríguez, por el Grupo Mixto; González Lopez, por el Grupo
Socialista, y Elorriaga Fernández, por el Grupo Popular.




Sección 15 (Economía y Hacienda).




El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1304, de veto, y 1305 a 1316. El señor Gibert i Bosch defiende las
enmiendas números 334, de veto, y 335 a 361, del Grupo Socialista. El
señor Blancas Llamas consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto
Gibert i Bosch, por el Grupo Socialista, y Blancas Llamas, por el Grupo
Popular.




Página 7405




Sección 16 (Interior).




El señor Estaún García, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
69 a 82. El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 1317, de veto, y 1318 y 1343. El señor Armas Rodríguez, del Grupo
Mixto, defiende las enmiendas números 19 a 22. El señor Torres Cardona,
del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 39 a 42. El señor Arévalo
Santiago defiende las enmiendas números 362, de veto, y 363 a 385, del
Grupo Socialista. La señora Alvarez-Arenas Cisneros y el señor Sanz Pérez
consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Estaún García, Román Clemente y Armas Rodríguez, por
el Grupo Mixto; Arévalo Santiago, por el Grupo Socialista, y la señora
Alvarez-Arenas Cisneros, por el Grupo Popular.




Continúa el debate del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social (Página 7483)



Se procede a votar.




Título I (artículos 1 a 18).




Se rechazan las enmiendas números 111, 112, 113, 121 y 122, del Grupo
Mixto, por 89 votos a favor, 132 en contra y 7 abstenciones.




Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 131 en contra y
93 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 28, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor,
131 en contra y 7 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 212, del Grupo Mixto, por 11 votos a favor,
133 en contra y 83 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 203 a 205, del Grupo Mixto, por 91
votos a favor, 125 en contra y 12 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 5 y 6, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 204 en contra y 11
abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 7, 8 y 9, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 12 votos a favor, 124 en contra y 92
abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 10, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 96 votos a favor, 125 en contra y 7 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 239 y 242, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió , por 92 votos a favor, 125 en contra y 10
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 33 a 48, del Grupo Socialista, por 89
votos a favor, 134 en contra y 5 abstenciones.




Se aprueba una corrección de errores con relación al artículos 3º.3 por
asentimiento de la Cámara.




Se aprueba una propuesta de modificación en relación con las enmiendas
números 241, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
214, del Grupo Popular, por 132 votos a favor, 7 en contra y 89
abstenciones.




Se aprueban los artículos 4, 7, 8, 9, 10 y 14 del dictamen por 132 votos
a favor, 9 en contra y 86 abstenciones.




Se rechaza el artículo 14 bis por 11 votos a favor, 209 en contra y 6
abstenciones.




Se aprueban los restantes artículos del Título I del dictamen por 133
votos a favor, 93 en contra y 1 abstención.




Título II (artículos 19 a 28).




Se rechazan las enmiendas números 123, 127 y 131, del Grupo Mixto, por 6
votos a favor, 130 en contra y 90 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 128, del Grupo Mixto, por 92 votos a favor,
130 en contra y 5 abstenciones.




Se aprueban las restantes enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor, 135 en contra y
4 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 209, del Grupo Mixto, por 91 votos a favor,
123 en contra y 13 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 11, el del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 97 votos a favor, 123 en contra y 7 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 12, del del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 104 votos a favor y 124 en contra.




Se rechazan las enmiendas números 244 y 245, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió , por 102 votos a favor, 122 en contra y 4
abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 49 a 55, del Grupo Socialista, por 88
votos a favor, 133 en contra y 6 abstenciones.




Se aprueban los artículos 21, 24, 25, 27 y 28 del dictamen por 135 votos
a favor, 6 en contra y 87 abstenciones.




Se aprueban los restantes artículos del Título II del dictamen por 132
votos a favor, 93 en contra y 3 abstenciones.




Página 7406




Título III (Artículos 29 a 40).




Se rechazan las enmiendas números 134 y 144 a 148, del Grupo Mixto, por 7
votos a favor, 133 en contra y 88 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 199, del Grupo Mixto, por 9 votos a favor,
125 en contra y 92 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 246, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 8 votos a favor, 208 en contra y 12
abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 56 y 58, del Grupo Socialista, por 89
votos a favor, 132 en contra y 6 abstenciones.




Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la enmienda
número 4, del Grupo Mixto, por 224 votos a favor, 1 en contra y 2
abstenciones.




Se aprueba el artículo 33 del dictamen por 133 votos a favor, 93 en
contra y 1 abstención.




Se aprueban los restantes artículos del Título III del dictamen por 132
votos a favor, 15 en contra y 80 abstenciones.




Título IV (artículos 41 a 50).




Se rechazan las enmiendas números 135 y 136, del Grupo Mixto, por 9 votos
a favor, 132 en contra y 86 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 248, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió , por 11 votos a favor, 124 en contra y 93
abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 60, del Grupo Socialista, por 90 votos a
favor, 124 en contra y 13 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 59, 61 y 62, del Grupo Socialista, por
87 votos a favor, 132 en contra y 8 abstenciones.




Se aprueban los artículos 44, 45 y 47 a 50 del dictamen, por 132 votos a
favor, 11 en contra y 85 abstenciones.




Se aprueban los restantes artículos del Título IV el dictamen por 133
votos a favor, 91 en contra y 2 abstenciones.




Título V (artículos 51 a 74).

Se rechaza la enmienda número 137, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor,
213 en contra y 7 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 139, del Grupo Mixto, por 88 votos a favor,
130 en contra y 7 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández, del Grupo Mixto, por 5 votos a favor, 132 en contra y
91 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 29, del Grupo Mixto, por 95 votos a favor,
130 en contra y 1 abstención.




Se rechaza la enmienda número 27, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor,
132 en contra y 89 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 30, del Grupo Mixto, por 90 votos a favor,
132 en contra y 5 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 206, del Grupo Mixto, por 90 votos a favor,
123 en contra y 14 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 201, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor,
124 en contra y 97 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 13, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 13 votos a favor, 124 en contra y 90 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 14, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 11 votos a favor, 202 en contra y 12 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 15, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 104 votos a favor y 124 en contra.




Se aprueba la enmienda número 249, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 129 votos a favor, 5 en contra y 94
abstenciones.




Se rechaza la enmienda del Grupo Socialista que propugna la vuelta al
texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda
número 227 del Grupo Popular por 97 votos a favor, 124 en contra y 7
abstenciones.




Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista, por 86 votos a
favor, 133 en contra y 8 en contra.




Se aprueban los artículos 51, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67,
68, 68 bis y 71 bis por 132 votos a favor, 95 en contra y 1 abstención.




Se aprueban los restantes artículos del Título V del dictamen por 135
votos a favor, 8 en contra y 85 abstenciones.




Disposiciones adicionales.




Se rechaza la enmienda número 181, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor,
213 en contra y 8 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 25, 149, 163, 164, 166, 167, 170 y 185,
del Grupo Mixto, por 89 votos a favor, 131 en contra 7 abstenciones.




Página 7407




Se rechaza la enmienda número 188, del Grupo Mixto, por 90 votos a favor,
132 en contra 4 abstenciones.




Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor, 132 en contra y
89 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Mixto, por 9 votos a favor,
131 en contra y 88 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 31 y 32, del Grupo Mixto, por 95 votos
a favor, 131 en contra y 1 abstención.




Se rechazan las enmiendas números 207 y 208, del Grupo Mixto, por 91
votos a favor, 125 en contra y 12 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 16, 18, 21 y 23. Del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 94 votos a favor, 123 en contra y 10
abstenciones.




Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos por 12 votos a favor, 123 en contra y 92 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 256, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 9 votos a favor, 206 en contra 13 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 258, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 217 votos a favor, 1 en contra y 10
abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 77, del Grupo Socialista, por 91 votos a
favor, 131 en contra y 5 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 75, 76 y 78 a 97, del Grupo Socialista,
por 87 votos a favor, 133 en contra y 6 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas del Grupo Socialista que propugnan la vuelta al
texto del Congreso de los Diputados en los modificado por la enmienda del
Grupo Popular número 236 y por tres enmiendas transaccionales que han
incluido tres disposiciones adicionales nuevas: la vigésimosegunda, la
vigésimoctava y la trigésima, por 89 votos a favor, 131 en contra 7
abstenciones.




Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 67.379 por
225 votos a favor y 2 en contra.




Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 67.380 por
134 votos a favor, 82 en contra y 12 abstenciones.




Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la enmienda
número 259 del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 133
votos a favor, 84 en contra y 11 abstenciones.

Se aprueban las disposiciones adicionales tercera, octava, decimoctava,
vigésima, vigésimosegunda, vigésimoctava y trigésima del dictamen por 136
votos a favor y 91 en contra.




Se aprueban las disposiciones adicionales vigésimotercera,
vigésimocuarta, vigésimonovena y trigésimotercera del dictamen por 221
votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.




Se aprueban las restantes disposiciones adicionales del dictamen por 134
votos a favor, 10 en contra 84 abstenciones.




Disposiciones transitorias.




Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor,
132 en contra y 87 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas 98 a 102, del Grupo Socialista, por 88 votos a
favor, 135 en contra y 5 abstenciones.




Se aprueba la disposición transitoria segunda del dictamen por 131 votos
a favor y 96 en contra.




Se aprueban las restantes disposiciones transitorias por 132 votos a
favor, 10 en contra y 83 abstenciones.




Disposiciones derogatorias, finales y preámbulo.




Se rechazan las enmiendas números 103 a 109, del Grupo Socialista, por 87
votos a favor, 134 en contra y 7 abstenciones.




Se aprueban la disposición derogatoria segunda y el preámbulo por 134
votos a favor, 92 en contra y 2 abstenciones.




Se aprueban las restantes disposiciones derogatorias del dictamen por 134
votos a favor, 9 en contra y 85 abstenciones.




La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.




Se continúa el debate del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000 (Página 7490)



Se procede a votar.




Se aprueba la Sección 01 del dictamen por 213 votos a favor, 5 en contra
y 9 abstenciones.




Se aprueba la Sección 02 del dictamen por 222 votos a favor y 5 en
contra.




Página 7408




Se aprueba la Sección 03 del dictamen por 221 votos a favor y 5 en
contra.




Se aprueba la Sección 04 del dictamen por 222 votos a favor, 5 en contra
y 1 abstención.




Se aprueba la Sección 05 del dictamen por 222 votos a favor y 5 en
contra.




Se aprueba la Sección 08 del dictamen por 222 votos a favor, 5 en contra
y 1 abstención.




Sección 12. Asuntos Exteriores.




Se rechaza la enmienda número 1266, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor,
212 en contra y 9 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 1268 y 1270, del Grupo Mixto, por 8
votos a favor, 132 en contra y 88 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 1275, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor,
215 en contra y 6 abstenciones.




Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor, 133 en contra y
6 abstenciones.




Se rechaza la enmienda 295, del Grupo Socialista, por 88 votos a favor,
134 en contra y 6 abstenciones.




Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista por 90 votos a
favor, 132 en contra y 5 abstenciones.




Se aprueba el texto de la Sección 12 del dictamen por 130 votos a favor,
95 en contra y 1 abstención.




Se aprueba la Sección 34 del dictamen por 135 votos a favor, 5 en contra
y 88 abstenciones.




Sección 13. Justicia.




Se rechaza la enmienda número 67, del Grupo Mixto, por 91 votos a favor,
132 en contra y 5 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 68, del Grupo Mixto, por 9 votos a favor,
131 en contra y 85 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 1276, del Grupo Mixto, por 89 votos a
favor, 132 en contra y 7 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 1283, del Grupo Mixto, por 89 votos a
favor, 131 en contra y 8 abstenciones.




Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández por 8 votos a favor, 130 en contra y 88 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 37, del Grupo Mixto, por 88 votos a favor,
124 en contra y 16 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 38, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor,
125 en contra y 96 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 307, del Grupo Socialista, por 87 votos a
favor, 134 en contra y 7 abstenciones.




Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista por 88 votos a
favor, 133 en contra y 7 abstenciones.




Se aprueba la Sección 13 del dictamen por 134 votos a favor, 91 en contra
y 3 abstenciones.




Sección 14. Defensa.




Se rechaza la enmienda número 1289, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor,
132 en contra y 90 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 1294 y 1295, del Grupo Mixto, por 4
votos a favor, 130 en contra y 94 abstenciones.




Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández por 7 votos a favor, 213 en contra y 7 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Mixto, por 15 votos a favor,
131 en contra y 82 abstenciones.




Se rechaza la enmienda 312, del Grupo Socialista, por 86 votos a favor,
135 en contra y 6 abstenciones.




Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista, por 88 votos a
favor, 134 en contra y 6 abstenciones.




Se aprueba la Sección 14 del dictamen por 133 votos a favor, 91 en contra
y 2 abstenciones.




Sección 15. Economía y Hacienda.




Se rechaza la enmienda número 1304, del Grupo Mixto, por 89 votos a
favor, 132 en contra y 7 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 1309, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor,
214 en contra y 6 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 1313, del Grupo Mixto, por 90 votos a
favor, 131 en contra y 6 abstenciones.




Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor, 131 en contra y
90 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 334, del Grupo Socialista, por 87 votos a
favor, 133 en contra y 88 abstenciones.




Página 7409




Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista por 89 votos a
favor, 134 en contra y 5 abstenciones.




Se aprueba la Sección 15 del dictamen por 132 votos a favor, 93 en contra
y 2 abstenciones.




Sección 16. Interior.




Se rechaza la enmienda número 75, del Grupo Mixto, por 87 votos a favor,
130 en contra y 8 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 69, 70, 72, 73 y 74, del Grupo Mixto,
por 8 votos a favor, 130 en contra y 88 abstenciones.




Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Estaún García, Blasco
Nogués y Martínez Sánchez, del Grupo Mixto, por 91 votos a favor, 132 en
contra y 5 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 1317, del Grupo Mixto, por 87 votos a
favor, 132 en contra y 7 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas número 1321, 1324 y 1325, del Grupo Mixto, por
90 votos a favor, 131 en contra y 7 abstenciones.




Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández por 7 votos a favor, 131 en contra y 90 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Mixto, por 15 votos a favor,
131 en contra y 82 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 22, del Grupo Mixto, por 95 a favor, 132 en
contra y 1 abstención.




Se rechazan las restantes enmiendas del señor Armas Rodríguez, del Grupo
Mixto, por 14 votos a favor, 132 en contra y 82 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 39 y 40, del Grupo Mixto, por 8 votos a
favor, 132 en contra y 88 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 41 y 42, del Grupo Mixto, por 89 votos
a favor, 132 en contra y 7 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 362, del Grupo Socialista, por 84 votos a
favor, 131 en contra y 10 abstenciones.




Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista, por 85 votos a
favor, 134 en contra y 8 abstenciones.




Se aprueba la Sección 16 por 134 votos a favor y 94 en contra.

Se suspende la sesión a las veintiuna horas y cincuenta minutos.




Se reanuda la sesión a las nueve horas.




La señora PRESIDENTA: Señorías, buenos días. Se reanuda la sesión.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:



--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL (S.

621/000167) (C. D. 121/000187) (Continuación).




La señora PRESIDENTA: Proyecto de Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

Título I, artículos 1 a 18.

Votos Particulares. Voto particular número 2, de los Senadores Román
Clemente y Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, que
corresponde a las enmiendas números 110 a 112. Para su defensa, tiene la
palabra el Senador Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, voy a dar por defendidas nuestras enmiendas, y sólo me
extenderé, brevemente, en dos de ellas, que son las números 110, al
artículo 1, apartado tres, y que, tal como exponemos, pretende modificar
el apartado 3 del artículo 24 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, para
el que proponemos el siguiente texto: «Las reducciones previstas en la
letra b) del apartado 2 de este artículo no resultarán aplicables a los
rendimientos derivados de percepciones de contratos de seguros de vida,
en los que el tomador asuma el riesgo de inversión, salvo que en tales
contratos no se otorgue al tomador la facultad de modificar las
inversiones afectadas a la póliza.»
En una anterior sesión del Pleno de esta Cámara se nos dijo que no había
tiempo en nuestra proposición de ley sobre rebaja del IVA para fomentar
el uso del transporte público. Se nos indicó que, aprovechando el trámite
presupuestario, por qué no lo formulábamos como enmienda. Pues, señorías,
aquí está la enmienda.

Si en aquel momento toda la justificación era que no había tiempo para la
tramitación de aquella proposición de ley, efectivamente nuestra enmienda
viene a recoger, en los mismos términos en los que estaba formulada la
proposición de ley, una rebaja del IVA para el fomento del transporte
público.

Con esto, doy por defendidas todas las enmiendas, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Román Clemente.




Página 7410




El voto particular número 3, también del Grupo Parlamentario Mixto,
corresponde a las enmiendas números 28, 203, 205 y 212. Para su defensa
tiene la palabra el Senador Ríos Pérez. (El señor Román Clemente pide la
palabra.) ¿Sí, señor Román Clemente?



El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.

Me indica el Senador Victoriano Ríos que la número 28 es una enmienda que
nos corresponde a nosotros. En cualquier caso, es del Senador Isidoro
Torres Cardona, y la doy por defendida en los términos en que está
expresada.

Gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias. Buenos días, señora Presidenta,
señorías.

Las enmiendas 203, 204 y 205 son el producto de una situación nueva que
se ha dado en la tramitación de esta ley de medidas fiscales. Me van a
permitir sus señorías que les recuerde algunas cuestiones, aunque se las
saben muy bien porque están en la Constitución. En su disposición
adicional tercera, la Constitución dice: «La modificación del régimen
económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de
la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico.»
En el artículo 46 del Estatuto de Autonomía se dice que el régimen
económico y fiscal de Canarias sólo podrá ser modificado de acuerdo con
lo establecido en la disposición adicional tercera de la Constitución,
previo informe del Parlamento de Canarias que, por ser favorable y veraz,
será aprobado por los dos tercios de la Cámara.

Estas tres enmiendas han sido propuestas por el Parlamento de Canarias
por unanimidad. Los tres grupos que lo forman --por orden de importancia
en ese Parlamento: Coalición Canaria, Grupo Socialista y Grupo Popular--
han acordado que este Senador, representante de la Comunidad Canaria,
presente estas cuestiones como enmiendas, al disponer de cuarenta y ocho
horas para hacerlo. Por lo tanto, esto es un producto de la disposición
adicional tercera de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de
Canarias, y son aspectos fiscales que modifican el Régimen Económico y
Fiscal de Canarias, y que puede plantear problemas en el futuro en el
caso de que no se tome en consideración.

La enmienda 212 contiene una petición en relación con la Ley General
Tributaria, ya que ésta no establece la cesión de datos tributarios con
fines estadísticos. Parece que la posibilidad de que la Ley General
Tributaria estableciera esta cesión de información tributaria sería de
gran importancia para la valoración de una serie de datos fundamentales.

Por lo tanto, la enmienda que, repito, es independiente del régimen
económico-fiscal, propone lo siguiente: «El análisis y tratamiento de los
datos obtenidos por la Administración tributaria con fines estadísticos
por parte del Instituto Nacional y de las oficinas estadísticas públicas
de las Comunidades Autónomas, en su respectivo ámbito de competencias, y
con plena sujeción al secreto estadístico.» Parece que no tiene sentido,
a estas alturas de nuestra democracia, que todavía la Administración
tributaria se reserve datos estadísticos propios.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Ríos.

El voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, corresponde a las enmiendas números 5 a 10. Para su
defensa tiene la palabra el Senador Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señora Presidenta.

Las cuatro primeras enmiendas se refieren al artículo 3 y empezaré por la
enmienda número 5, que es de adición. Lo que pretendemos es una
equiparación fiscal de las mutualidades a los planes de pensiones.

La enmienda número 6 es, básicamente, de carácter técnico y se refiere al
Impuesto sobre Sociedades. Es una enmienda de adición y, al ser de
carácter técnico, no entraré en su defensa.

La enmienda número 7 también es de adición al artículo 3. A través de
ella pretendemos incluir un medio para apoyar de manera específica a las
PYMEs que, con carácter general, no han participado previamente en el
sistema innovador o, al menos, no lo han hecho con carácter recurrente y,
por tanto, desconocen su situación competitiva y sí necesitan actuaciones
de mejora.

La enmienda número 8 también es de adición y pretende la introducción de
un medio para apoyar de manera específica a las PYMEs que, con carácter
general, no han participado previamente en el sistema innovador.

La enmienda número 9 se presenta al artículo 6. Se trata de una enmienda
de adición y la presentamos porque consideramos que es necesario otorgar
un tratamiento fiscal homogéneo para las subvenciones comunitarias, bien
provengan del FEOGA o del IFOP.

Por último, la última enmienda, la número 10, también es de adición al
artículo 6, igual que en el caso de la enmienda número 9, y la
presentamos para paliar la minoración de la deducibilidad de las cuotas
de IVA soportadas por los centros de innovación y tecnología y por las
entidades privadas sin ánimo de lucro con intensa participación en
programas de ayudas institucionales.

Con esto, señora Presidenta, doy por defendidas las enmiendas números 5 a
10, inclusive, a los artículos 3 y 6 por parte de nuestro grupo
parlamentario.

Nada más y muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gangoiti.

El voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, corresponde a las enmiendas números 239 a 243.

Para su defensa tiene la palabra el Senador Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.




Página 7411




Intervendré muy brevemente para defender las cinco enmiendas que
mantenemos a este Título I.

La primera de ellas, la enmienda número 239, la consideramos de gran
importancia por cuanto que lo que pretendemos es prorrogar la exención
del Impuesto sobre Sociedades para las autoridades portuarias y el Ente
Público de Puertos del Estado. Entendemos que ésta es una medida
necesaria. La redacción de la enmienda prevé una solución definitiva a
este tema pero, en cualquier caso, esperamos que al menos el Grupo
Popular acepte la transacción de mantener la prórroga vigente actualmente
para que continúe este régimen a efectos del Impuesto sobre Sociedades de
las entidades citadas.

La enmienda número 240, en la cual se propone una modificación al
artículo 108 del Impuesto sobre Sociedades, pretende favorecer los
procesos de reestructuración empresarial, previendo posibilidades como
las aportaciones no dinerarias, etcétera.

Creemos que es necesario modificar esta redacción, ya que de esta forma
se aproximará el régimen de los sujetos pasivos del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas al de los sometidos al Impuesto sobre
Sociedades y se evitarán discriminaciones injustificadas que actualmente
no tienen ningún sentido por la naturaleza de las operaciones que se
realizan al amparo de este artículo.

Nuestra enmienda número 241 coincide con la número 214 del Grupo
Parlamentario Popular. Su objeto es incorporar la posibilidad de
desgravación a los vehículos industriales. Esperamos que en este Pleno
puedan aprobarse ambas enmiendas o, en cualquier caso, pueda encontrarse
un texto transaccional definitivo que permita incorporar esta medida que,
sin duda, redundará en incentivar la compra de vehículos más ecológicos y
en mejorar el tratamiento medioambiental.

Lo que se contiene en la enmienda número 242 ya fue solicitado por mi
grupo en otra enmienda que presentó en este mismo trámite el año pasado
en relación con la llamada ley de acompañamiento para el ejercicio 1999.

En ella pretendemos hacer extensiva la exención del Impuesto sobre el
Patrimonio a las empresas familiares cuyos accionistas tengan una
participación superior al 5 por ciento y que cumplan todos los requisitos
necesarios. Además, para que tengan derecho a dicha exención, deberá
cumplirse que más del 60 por ciento del accionariado de la sociedad
afectada pueda beneficiarse de la desgravación prevista en esta norma.

Por último, con la enmienda número 243 pretendemos que se pueda aplicar
la deducción del IVA en casos de inicio de actividad. Consideramos que
ésta es una medida que incentivaría el inicio de nuevas actividades
empresariales, lo que supondría una serie de beneficios para el
desarrollo de dicha actividad y, en consecuencia, para la creación de
empleo.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.

El voto particular número 6 del Grupo Parlamentario Socialista se
corresponde con las enmiendas números 33 a 48.

Para su defensa tiene la palabra el Senador Cobo.

El señor COBO FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Al inicio de la tramitación de los primeros títulos de este proyecto de
ley, y para que la inercia no pueda ocultar las cosas importantes, quiero
hacer al menos una referencia a que cada vez nos metemos más en una
dinámica que se nos impone y que tendremos que intentar cambiar. En este
proyecto de ley, vulgarmente llamado de acompañamiento, cabe todo, como
en botica. Parece que no hay mejor método que éste. Parece que solamente
entran en él cuestiones indispensables que, por su urgencia, por lo que
se ve, no tienen otra forma más transparente a la hora de tramitarse.

Pero nosotros creemos que eso no es así. Creo que esa forma se tiene que
cambiar. Pero la derecha de esta Cámara, los Senadores del Grupo
Parlamentario Popular no lo harán porque desean esta dinámica. A ustedes
les viene bien porque es su dinámica, una dinámica apropiada con su
concepción del papel del Parlamento para ocultar lo que no desean que
aparezca como evidente.

Creo que una vez más el proyecto regeneracionista de este país necesita
de gestos como éste: que no existan sacos rotos en los que todo quepa y
nada se vea. Digo esto simplemente para dejar testimonio de que esto no
puede continuar así.

Sin más, para no entretener a sus señorías, paso a la defensa de las
enmiendas nombradas por la señora Presidenta.

Hemos intentado de manera parcial --es lo único que se puede hacer en la
tramitación de este proyecto de ley, solamente se puede enmendar su
articulado-- introducir algunas variaciones en relación con el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

Mirando la totalidad del Título I, en el Capítulo I hay una concepción
política en la que subyace claramente la intencionalidad del Partido
Popular en relación con ese capítulo. Por tanto, no me creo que se nos
esté intentando convencer aquí de nada. Es tan sólo una apariencia. Yo ya
no soy un inocente en materia política. Sé que no se trata de convencer a
nadie ni de intentar dar razones porque, en cualquier caso, sus razones y
las nuestras son diferentes. Ustedes se sitúan en una posición ideológica
similar a la que sintetizo en estas palabras: Cuanto más ganen los que no
viven de su trabajo sino «la intelligentsia», patrimonio, capacidad de
ingeniería financiera, de introducción en los mercados financieros y de
especulación, mejor, porque, cuanto más ganen, más invertirán y, cuanto
más inviertan, más empleo generarán, con lo que los males que genera este
sistema y que sufre sólo un porcentaje de la sociedad serán remediados
por aquellos que son capaces de generar actividad económica maximizando
sus beneficios.

Entendiendo como entienden el mercado parece que no creen en él, aunque
realmente creo que ustedes no creen en casi nada, tan sólo en lo que les
conviene. Ustedes sólo demuestran sensibilidad en sus palabras, pero
incluso ocultan los nombres a la sociedad civil; para ello, no dudan en
utilizar un endiablado lenguaje, tal es el caso de los denominados «unit
linked» o las llamadas «stock options». (Risas.) Lo pronuncio mal
voluntariamente, porque eso es lo



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que quieren: que no se entienda. Por ejemplo, respecto a las «stock
options», la derecha advierte del riesgo que supone que los salarios de
los trabajadores crezcan más que la inflación, porque se pone en peligro
el crecimiento económico y el empleo, pero piensa que es bueno para la
economía que ciertas personas puedan ganar en un solo día más de lo que
ganarán en toda su vida cinco trabajadores. Eso, sin embargo, es bueno:
que los 101 dálmatas puedan ganar en un solo día, por arte de magia, más
de lo que ganarán cinco trabajadores en toda su vida, por mor de la
sabiduría de esta derecha que estima que eso es positivo para la economía
porque incentiva a aquellos que se dedican a pensar, la «intelligentsia»
y no la mano de obra. Para ustedes los trabajadores no crean riqueza,
sino que la crean los listos, y por eso están haciendo una economía para
los listos. No se enteran, todavía no lo han entendido, de que lo que
crea riqueza es el estado de ánimo de una comunidad que cree en el
futuro, que se duele de las penas de los que más sufren, que es solidaria
y capaz de ponerse a trabajar con la ilusión de que nadie sufra más de la
cuenta.

En esta dinámica se incardinan nuestras enmiendas. Estamos viendo que su
política de vivienda --ustedes la siguen denominando así-- tiene como
objetivo, según dijo el Ministro en su día, abaratar el precio de la
vivienda; pero, ¿de qué vivienda? Otra vez, se benefician los listos. El
Partido Socialista cree que el intervencionismo en una democracia, desde
el punto de vista de la izquierda, es hacer que aquellos a los que el
mercado priva de ciertos derechos constitucionales, como es el derecho a
una vivienda digna, puedan ejercer su derecho, y por eso se les presta
ayuda. Una de nuestras enmiendas va dirigida a que aquellas personas que
cobran menos de tres millones de pesetas y que reciben subvenciones para
poder acceder a una vivienda, ya sea rehabilitándola, autopromocionándola
o adquiriéndola, no tengan que hacer frente a las cargas a que están
sujetas esas ayudas que el Estado les ofrece. Tenemos que ser
consecuentes y no enredar la madeja más de la cuenta, porque hay que
ayudar a esas personas a ejercer ese derecho constitucional que el
sagrado mercado les niega.

Por otra parte, nosotros queremos que haya un nuevo apartado en el
artículo 1. En la tramitación de las enmiendas relacionadas con la
fiscalidad que ustedes han presentado a lo largo de su legislatura no nos
hemos cansado de repetir que es necesario que la base liquidable especial
se grave a un tipo medio. De esta manera, se cumple ese principio
constitucional que propugna gravar las rentas de acuerdo con la capacidad
de cada sujeto pasivo, sea cual sea la procedencia de la renta. Tanto si
son rentas del trabajo, de los circuitos financieros o de cualquier otro
tipo, las rentas deben gravarse al mismo tipo, independientemente de
dónde procedan.

Por otra parte, con una de nuestras enmiendas al artículo 1, queremos
posibilitar que los movimientos de los fondos de inversión no tributen si
de verdad no significan un aumento patrimonial real y se reinvierten en
otro fondo de inversión en menos de quince días, porque entendemos que no
debería ser así.

En la enmienda 39, al artículo 2, expresamos nuestro desacuerdo con la
reducción general del rendimiento en el régimen de Estimación Objetiva.

Ustedes me dirán que siempre estamos en contra de rebajar los impuestos a
las PYMEs y aquí siempre estamos echando mano de los sentimientos más
oscuros que tenemos todos, que tiene toda la población, pero no se trata
de ganar una batalla electoral simplemente para que ganen los más
egoístas. De lo que se trata es de que seamos capaces de predicar un
sistema fiscal justo que lleve a una convivencia ilusionada. No podemos
estar siempre ganando. Ustedes han hecho miles de promesas a los pequeños
y medianos empresarios que, además, han sido mentira, máxime si tomamos
en consideración que la última estimación de los mismos se publicó en una
Orden Ministerial del año 1997 para ser aplicado en el ejercicio 1998,
estimación que nunca ha tenido virtualidad, pero de lo que se trata es de
predicar y no dar trigo. Nosotros queremos que los pequeños y medianos
empresarios coticen exactamente igual que los trabajadores y que se
adopten las medidas técnicas de acuerdo con su poder adquisitivo y con su
renta para que, en todo caso, se les desgrave por la creación de puestos
de trabajo porque entendemos que con la creación de puestos de trabajo
ellos también obtienen beneficio.

Por otra parte, queremos que se derogue el artículo 127 bis del Impuesto
sobre Sociedades porque la tributación que define es injusta,
discriminatoria y no neutral, como decimos en la justificación de nuestra
enmienda.




La señora PRESIDENTA: Senador Cobo, perdone que le interrumpa, pero,
según la lista que tengo, el tiempo lo iba a compartir con el Senador
Serrano y quedan ahora 4 minutos.




El señor COBO FERNANDEZ: Doy por defendidas el resto de las enmiendas,
pero quiero significar que sí queremos ayudar a las pequeñas y medianas
empresas que hacen un esfuerzo por estudiar sus posibilidades de
introducirse en la dinámica de la investigación y el desarrollo, para
lograr una mayor productividad y competitividad.

Siento mucho no poder seguir, señora Presidenta, pero comprendo sus
razones.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cobo.

Tiene la palabra el Senador Serrano.




El señor SERRANO ALVAREZ GIRALDO: Gracias, señora Presidenta.

Después del que yo creo que ha sido un magnífico discurso político de mi
compañero el Senador Cobo, paso a defender directamente las tres
enmiendas que afectan a este Título I, las números 44, 45 y la 100, a una
disposición transitoria nueva.

Las enmiendas 44 y 45, dirigidas fundamentalmente a introducir en el
artículo 6 alguna modificación sobre la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido, pretenden, por una parte, que las empresas públicas
pertenecientes a los ayuntamientos se vean exentas del IVA cuando hagan
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizados directamente



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por el ente público y que estas empresas estén participadas en el 100 por
ciento de su capital; y, por otra parte, también queremos incluir «... en
los supuestos de no sujeción las transferencias realizadas por los entes
públicos a las empresas mixtas en proporción a la participación de
aquéllos en el capital social de las mismas, siempre que estos fondos se
destinen a la entrega de bienes y prestaciones de servicios realizadas
por los entes públicos de forma gratuita o mediante contraprestación de
naturaleza tributaria».

En definitiva, la actual redacción de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre
el Valor Añadido, olvida la singularidad de las empresas municipales que
realizan un servicio público y que están participadas en el cien por cien
de su capital por los ayuntamientos correspondientes, por lo que
consideramos que estas empresas pueden quedar exentas del pago del IVA
cuando hacen entrega de bienes y prestaciones de servicios.

La enmienda número 45 trata de introducir una reforma en la Ley 37/1992,
del IVA, con el fin de modificar el artículo 104, párrafo tercero, que
quedaría con la siguiente redacción: A efectos de lo dispuesto en los
párrafos anteriores no se tomarán en cuenta las subvenciones que no
integren la base imponible..., financiadas con cargo al FEOGA, y al IFOP,
ni las percibidas por los centros especiales de empleo regulados por la
Ley 13/1998... cuando sean percibidas en base a programas oficiales de
investigación y desarrollo e innovación por los Centros de Innovación y
Tecnología, reconocidos y registrados como tales..., ni las percibidas
por Uniones o Federaciones de Cooperativas destinadas a financiar su
estructura o el desarrollo de sus funciones. Por un lado, pretendemos
paliar la minoración de las deducciones en la cuota del IVA soportadas
por los Centros de Investigación y Tecnología, entidades privadas sin
ánimo de lucro con intensa participación en programas y ayudas
institucionales, con gran frecuencia a nivel europeo, que son agentes
fundamentales en la transferencia de tecnologías a pequeñas y medianas
empresas. Y, por otro lado, queremos clarificar legalmente el régimen
fiscal de las retribuciones que obtienen las Uniones o Federaciones de
Cooperativas.

Por último, la enmienda número 100 sería de adición de una disposición
transitoria nueva. Está íntimamente relacionada con la enmienda número 44
y afecta también al Impuesto sobre el Valor Añadido. Pretendemos que lo
dispuesto en el artículos 5 bis, apartado uno, de la presente ley
resultará de aplicación a las liquidaciones que por el Impuesto sobre el
Valor Añadido se practiquen con posterioridad al 1 de enero del año 2000
y a las anteriores sobre las que no haya recaído resolución
administrativa o jurisdiccional firme. Con ello se trata de aplicar el
nuevo texto propuesto en la enmienda número 44 al Impuesto sobre el Valor
Añadido a todas las liquidaciones que se hayan practicado en los
ayuntamientos y sobre las que no haya recaído resolución firme.

Con esto, y dando por defendidas las enmiendas números 46, 47, 48, 62,
82, 83, 85, 95 y 102 en sus justos términos, finalizo mi intervención,
señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Serrano.

Para la defensa del voto particular número 5 del Grupo Parlamentario
Popular, que corresponde a la enmienda 214, y para el turno en contra,
tiene la palabra el Senador Blancas.




El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señora Presidenta.

Voy a acumular el turno de defensa de la enmienda número 214, que quedó
viva, el turno en contra de las enmiendas presentadas por diferentes
grupos parlamentarios.

Como manisfestaba en el trámite de Comisión, la enmienda número 214 trata
de incentivar las inversiones en activos materiales, concretamente, para
preservar y proteger el medio ambiente. Esta enmienda coincide
sustancialmente con la enmienda número 241 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y ambas persiguen respetar
lo acordado en Kioto, en Japón, para preservar el medio ambiente de la
emisión de gases contaminantes a la atmósfera y, lógicamente, para
potenciar la renovación del parque móvil de los vehículos indutriales,
que en España sigue siendo obsoleta. En este caso, se trata de incentivar
y potenciar estos vehículos con combustible ecológico. Por mi parte, creo
que se pueden refundir ambas enmiendas o bien que el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió acepte la número 214 como
tal.

A continuación, voy a contestar a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, especialmente las defendidas por el Senador Román
Clemente, que se ha detenido expresamente en la famosa operación
financiera, como ellos la llaman, de los «unit linked». Como el Grupo
Parlamentario Socialista también ha incidido sobre esta modalidad de
seguro, les diré que efectivamente será una operación financiera, pero
realmente es un seguro, recogido ya en la Unión Europea, en nuestro
ordenamiento interno nacional y que, lógicamente, se regula en esta ley
de medidas modificando las deducciones en al artículo 24.3 de la Ley
40/1998 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Se establecen unas cautelas para evitar la malversación y la especulación
de carteras individuales, y estos contratos han de tener tres
especialidades: una, deben ser contratos estandarizados; dos, los activos
que se vayan a invertir en provisiones matemáticas han de estar
predeterminados, y tres, la gestión de las inversiones a realizar ha de
ser colectiva. Con estas cautelas, repito, se evita la especulación que
tanto alarma al Grupo Parlamentario Socialista.

La enmienda número 120, del Senador Román Clemente, ya fue objeto de
debate en el último Pleno. Mi compañero, el Senador Utrera, sugirió que
la modificación del IVA relacionada con el transporte público de viajeros
se introdujese en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. Es una enmienda que técnicamente comparto, pero he de decirle que
supone una disminución presupuestaria de aproximadamente 20.000 millones
de pesetas. Por tanto, no podrá ser aceptada por este motivo, dado el
coste que supondría en las diferentes partidas presupuestarias



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ya tasadas y reguladas. Efectivamente, en la Unión Europea --he leído sus
enmiendas argumentadas y fundamentadas-- existen diversos Estados
miembros que regulan este tipo superreducido del IVA para el transporte
público, ya que evita la masificación de vehículos, protege el medio
ambiente, etcétera. Todo ello lo comparto pero repito,
presupuestariamente supone una merma en los ingresos del Estado en la
cantidad a la que me he referido, que es de considerable importancia.

Además, no todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen este
tipo de IVA superreducido para el transporte colectivo.

No me voy a referir al resto de las enmiendas, sino simplemente darlas
por rechazadas.

La enmienda del Senador Torres Cardona ha sido defendida en sus propios
términos. Tampoco vamos a aceptarla porque solicita una reducción en el
artículo 7 de la Ley sobre la Renta, sobre las indemnizaciones de los
despidos, y considero que su tratamiento actual está bien recogido con
los límites y hasta la cuantía que marca la legislación laboral, en la
Ley, sobre la Renta 40/1998.

Al Senador Ríos Pérez he de decirle que su enmienda número 205 ya fue
objeto de debate en la sesión plenaria del pasado año sobre los
Presupuestos Generales del Estado y que, aunque volviendo a leer lo que
en su día defendió, comparto su proposición de autonomía legislativa para
el Parlamento canario, espero que el informe de las Cámaras llegue antes
de la aprobación de esta enmienda en el Pleno o en un breve espacio de
tiempo cuando se trate en el Congreso de los Diputados.

La enmienda número 212 propone la liberación por parte de las
administraciones de los censos y la estadística tributaria. Considero que
esta cuestión ya se encuentra regulada en la nueva ley Orgánica de
Protección de Datos de las Personas y, en este caso, está prohibida por
la Ley General Tributaria y por el Estatuto del Contribuyente la cesión
de este tipo de datos por parte de la Administración Tributaria al resto
de las administraciones.

Vamos a aceptar la enmienda número 210, puesto que supone un error u
omisión cometido en la anterior Ley 50/1998.

La enmienda número 211 será aceptada con algunas correcciones
gramaticales mediante una transaccional que les propondremos durante el
debate de esta sesión.

El resto de las enmiendas de su grupo no serán aceptadas. Su señoría las
ha dado por defendidas y yo no voy a entrar en detalles en cuanto a los
préstamos y créditos en dinero que no impliquen transmisión de poder.

Consideramos que está bien regulado el sistema en la ley que regula la
tributación de los préstamos y créditos en dinero.

Con esto, doy por contestadas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto
en esta Cámara.

Paso a contestar a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. La número 5, que solicita la tributación al tipo
cero de mutualidades de previsión, no podrá ser aceptada puesto que sería
rebajar el tipo impositivo, que actualmente está en el 25 por ciento, a
cero. Su fundamentación para equipararlas a otras mutualidades es
razonada, pero en este caso sería una reducción cuantiosa de la
tributación de este tipo de entidades.

La enmienda número 6 tampoco puede ser aceptada. Aunque técnicamente está
bien fundamentada, consideramos que no podemos aceptarla por las mismas
razones que hemos argumentado en la enmienda número 5.

La enmienda número 7 solicita apoyo para las PYMEs en cuanto a las
inversiones que puedan dar lugar a diagnósticos tecnológicos para las
pequeñas empresas. Tanto la enmienda número 7 como la número 8 están
recogidas en la ley de medidas, donde se incentiva este tipo de
deducciones por inversiones.

La enmienda número 9, que afecta a la Ley 37/1992, concretamente al IVA,
no puede ser aceptada porque la Sexta Directiva comunitaria expresamente
así lo determina. No obstante es una enmienda muy parecida a una de
Convergència i Unió en cuanto a las cantidades que se aplican y que
vienen de la Unión Europea en los fondos del FEOGA y del IFOP. De acuerdo
con la directiva comunitaria no puede ser, de momento, admitida.

La enmienda número 10, que solicita una modificación del 104 del IVA, que
es la regla de prorrata, como bien especifica en su contenido, tampoco
puede ser admitida.

Doy por terminado el turno en contra de las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Paso a responder al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.

El Senador Sixte Cambra ha defendido la enmienda número 239, en la que
solicita la exención para las autoridades portuarias, para el Ente
Público Puertos del Estado, así como para los entes de análogas
características de las Comunidades Autónomas. Lamento decirle que la Ley
Orgánica de la Función de la Administración General del Estado (LOFAGE)
da un plazo para la adaptación de este tipo de exenciones hasta el final
de este ejercicio. No está prevista la prórroga, lo cual quiere decir que
este tipo de actividades estarían sujetas, aunque no fuesen lucrativas.

Su señoría sabe que, de acuerdo con la mencionada LOFAGE, las sociedades
portuarias y el Ente Público Puertos del Estado no son entes públicos ni
organismos autónomos.

Respecto a la enmienda número 240, relativa a las aportaciones no
dinerarias en especies, lamento decirle que no vamos a poder aceptarla,
como ya le especificaba en la Comisión, si bien el fundamento de
equiparar las inversiones de las personas físicas con las jurídicas sea
razonable, pero en este caso estamos hablando de aportaciones no
dinerarias en especie.

Por lo que se refiere a la enmienda número 241, como antes he dicho, está
concatenada con la número 214, que ya ha sido defendida, y espero que sea
aceptada por el Senador Cambra y se incorpore al texto de aprobación por
este Pleno.

La enmienda número 242, como su señoría ha dicho, viene arrastrándose
desde años anteriores, y en ella se solicita la exención de ciertos
bienes y derechos de la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio.

Efectivamente, dicha enmienda fue rechazada en el ejercicio anterior, y
en esta ocasión vuelvo a decirle que, aunque pueda compartir su
fundamento respecto de que la aportación para tener derecho a la exención
de estos bienes y derechos sea del 5



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por ciento, consideramos que la regulación del Impuesto sobre el
Patrimonio, del 15 por ciento, de forma individual, y del 20 por ciento,
conjuntamente con el cónyuge, establece los porcentajes mínimos adecuados
para que se tenga derecho a dicha exención.

En cuanto a la enmienda número 243, que afecta al artículo 111, apartado
3, de la Ley del IVA, se fundamenta en una sentencia de la Comunidad
Europea de 1985, y en otras, como la relativa al asunto INZO, de 1996,
que he leído detenidamente. Sin embargo, siento decirle que, aunque el
proyecto o los actos preparatorios de una actividad podrían tener derecho
a deducción del IVA, este tema debería ser objeto de un estudio muy
profundo, e incluso se podría dar lugar a la picaresca de que se
iniciaran proyectos para poder deducirse un IVA que no tuviera viabilidad
en el estudio previo o iniciación de la actividad comercial. Por tanto,
en principio no será aceptada dicha enmienda.

Por lo que respecta a la enmienda número 260, relativa a la unificación
del Cuerpo de notarios y corredores de comercio, quedó incorporada con la
número 233 al texto del dictamen de la Comisión.

Y paso a referirme a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En
este sentido, permítame que le diga, Senador Cobo, las mismas palabras
que le ha dirigido su compañero, el Senador Serrano: usted ha venido esta
mañana con el ánimo de dar un mitin político en esta Cámara. Sin embargo,
yo no voy a hacerlo porque ésta es una Cámara legislativa y en este caso
estamos debatiendo normas tributarias, es decir, lo que afecta a los
impuestos directos, como los de renta, sociedades, o patrimonio, y a los
indirectos, como el del IVA, el de transmisiones, etcétera. Como ha dicho
su compañero, usted ha dado un mitin perfecto, aunque no viene al caso,
por lo que yo no voy a entrar en diatribas.

Su señoría ha manifestado que hay listos y tontos, y que los primeros se
aprovechan. Sin embargo, no sé a quién se refiere ni a quién discrimina,
porque yo considero a todo el mundo listo hasta que no se me demuestre lo
contrario, sea de la ideología que sea. Me parece absurdo catalogar de
listos a unos y de tontos a otros. Yo no hago ese tipo de
discriminaciones y no quiero insultar al prójimo con esos términos.

Durante la defensa de sus enmiendas --que repito una vez más que ha
supuesto un mitin global-- ha afirmado que no admiten la economía de
mercado. Me parece bien; ustedes tienen un concepto de la economía,
mientras que nosotros apoyamos la economía de mercado, como se refleja en
los presupuestos. Nosotros defendemos la liberalización de mercados, y
ustedes defienden el intervencionismo a ultranza. En este sentido, parece
que su señoría quiera seguir aferrado, no ya a la actual doctrina de su
partido, como es lógico, sino a la antigua, por lo que creo que debería
revisar sus esquemas.

También ha dicho que están ustedes por el empleo, pero, señoría, en 1995
dejaron tres millones y medio de parados. Les molesta que se lo
recordemos, pero hay que hacerlo. Por tanto, ante su afirmación acerca de
que quieren una política de empleo simplemente le diré que analice los
balances y resultados a ese respecto desde 1996, desde que el Partido
Popular está en el Gobierno, y verá cómo los índices de paro se han ido
reduciendo paulatinamente. A los hechos me remito.

La Ley del Suelo se aprobó --y no hace falta recordarlo-- mediante aquel
famoso Real Decreto 5/1996, para incentivar y potenciar la construcción e
inversión de la vivienda. Después, el mercado ha hecho que la proyección
y la economía crecieran. Lógicamente, todo crecimiento de economía lleva
aparejados unos índices de inflación, y usted lo sabe, en este caso, para
la construcción de viviendas, a Dios gracias, y digo a Dios gracias
porque es síntoma de crecimiento y de que el producto interior bruto va
creciendo por encima de la inflación en más de un punto, como usted bien
sabe. Por tanto, la famosa Ley del Suelo, que usted ha criticado, está
potenciando la construcción y la inversión en la vivienda.

En concreto, la enmienda 33 afecta a los incentivos para la vivienda. Me
parece bien su propuesta, pero la ayuda a los efectos estructurales de la
vivienda está recogida en la Ley de rentas. Léase el artículo 14.2.g). A
lo largo de los últimos cuatro años se han podido comprobar los efectos
estructurales que puedan tener las inversiones y modificaciones en la
vivienda. Y no le quiero decir nada sobre las subvenciones, también
reguladas en la Ley de rentas, con unos incentivos del 15 al 25 por
ciento en deducciones de la cuota, o sea, tanto en intereses como en
inversión en capital. En definitiva, en política de vivienda, creo que el
Partido Popular ha sido bastante sensible.

Por otra parte, sabe usted que la competencia en esta materia está cedida
a las Comunidades Autónomas. La Ley del Suelo regula unos mínimos y, como
he dicho, las competencias están cedidas a las Comunidades Autónomas.

Y en cuanto a los «unit links» o las «stock options», se refiere usted a
los beneficios recogidos por estas personas, llamadas listas, que
invierten con inteligencia. Le diré que nos encontramos en una economía
de libre mercado y no voy a entrar a examinar estas «stock options», de
las que ya se ha hablado mucho. Son medidas legales establecidas en la
Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, y lo son desde hace tiempo,
no desde el año 1999, cuando ustedes quieren lanzar políticamente contra
el Partido Popular estos incrementos que hayan podido obtener dichos
inversores privados, respecto de los que no entro a saber quiénes son, ni
me interesa. Desde luego, yo no estoy en ese grupo de magníficos, como
usted los llama. En definitiva, los ciudadanos son libres para invertir
en Telefónica o en aquella compañía que estimen oportuno.

Simplemente, a título recordatorio, le diré que compañías que eran de
carácter eminentemente estatal o nacional, como REPSOL, fueron
privatizadas por ustedes y no pasó nada, nadie levantó la voz para nada.

Y el 90 por ciento de REPSOL, concretamente, ¿a manos de quién fue? Yo
tampoco lo sé y ahí están. Las personas que se lucraran o se beneficiaran
de estas privatizaciones que ustedes llevaron a cabo, ahí están. Y no
entro en más. Si era legal, legal es; yo, desde luego, no voy a entrar en
la cuestión de que a ustedes les pueda producir un poco de morbo, quizá
de envidia sana estos beneficios que otros hayan podido ganar. Son
privatizaciones que se recogen en la Ley y ahí están.




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Y en cuanto a los seguros «unit link», simplemente, son una introducción
fiscal y financiera que hay que estudiar detenidamente, es decir, sobre
lo que no se puede pasar ligeramente. No obstante, no son obras de
ingeniería financiera. Se trata de normas tributarias que se aplican para
deducciones, están recogidas en la Ley y tienen la consideración y la
regulación del seguro privado, con las condiciones que antes he indicado
al Senador Román de que deben reunir unos mínimos, a fin de que no se dé
una especulación privada de cartera de los particulares. Y estos mínimos
ya sabe que son los referidos a que deben ser contratos estandarizados,
que deben estar predeterminados los activos donde se inviertan las
reservas matemáticas y que dichas inversiones deben ser gestiones
colectivas. Son medidas cautelares con la finalidad de que no existan
especulaciones individuales por lo que se refiere a estos seguros.

Ustedes lo quieren llamar ingeniería financiera. Pónganle nombre, pero no
dejan de ser seguros y así están reconocidos tanto en nuestra
legislación, como en la Unión Europea, como en otros Estados que no son
miembros de la Unión Europea.

Y paso a contestar a su compañero, Senador Serrano. Me parece más
sosegado que usted y más técnico a la hora de defender sus enmiendas, con
algo más de ecuanimidad y fundamento jurídico. En la enmienda número 39
pedían la supresión del 7 por ciento para las personas que estaban
acogidas a la estimación objetiva por módulos. Después de haber
presentado la enmienda se dieron cuenta de que se iba a dar un puntapié
--salva sea la parte-- a aquellos pequeños y medianos empresarios, dueños
de cafeterías, trabajadores del taxi y demás comercios minoristas, que en
este caso les quitaban ustedes la posibilidad de poder deducirse el 7 por
ciento.

Han hecho una loa diciendo que ustedes no van a por ellos, pero la
enmienda está ahí, y escrita está. Lo que sí le digo es que la política
del Partido Popular en cuanto a los objetivos de las PYMEs está más que
recogida, no aquí en esta enmienda. Si lee tranquilamente esos famosos
reales decretos donde se establecieron en el año 1996 las medidas de
incentivación económica, ahí se ven ya recogidas las primeras medidas
para las PYMEs.




La señora PRESIDENTA: Senador Blancas, le ruego que vaya concluyendo.




El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señora Presidenta.

En breves segundos termino, si puedo.

Simplemente quiero decirles que la política de las PYMEs no es materia
sobre la que ustedes nos puedan dar clase, puesto que hay una pléyade de
disposiciones fiscales, favoreciendo a las PYMEs desde el año 1996, con
la regularización de balances, con el establecimiento de estimación
objetiva nueva, a partir del año 1998 se puede deducir el IVA
soportado...




La señora PRESIDENTA: Senador Blancas, tendrá su turno de portavoces. Le
ruego que concluya, por favor.

El señor BLANCAS LLAMAS: Simplemente quiero contestar al Senador Serrano.

Son muchas enmiendas, pero sólo me gustaría decirle que él abunda en la
exención del IVA de las empresas municipales y, efectivamente, la
Directiva comunitaria no reconoce esta exención en empresas participadas
por los ayuntamientos.

En cuanto a las enmiendas números 46, 47 y 48, se dan por defendidas. Yo
lamento decirles que afectan al hecho insular canario y no serán
admitidas.

No voy a entrar a debatir las enmiendas números 98 a 102, que ha
defendido, porque afectan a las disposiciones transitorias y creo que
será objeto de un nuevo debate.

Nada más y muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Blancas.

En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el Senador Ríos Pérez en primer lugar y, en segundo lugar, el
Senador Román Clemente.




El señor RIOS PEREZ: En primer lugar, quiero aclarar que las enmiendas
números 210 y 212 fueron aprobadas en Comisión y por tanto introducidas.

Quiero aclararlo, no vaya a ser que tengamos problemas futuros.

En segundo lugar, quiero expresar mi melancolía, ya que un año más el
Grupo Parlamentario Popular sigue sin entender el Régimen Económico y
Fiscal canario.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Ríos.

Tiene la palabra el Senador Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señora Presidenta.

En este turno también seré breve.

Tuvimos un debate en el Pleno, en el que presentamos nuestra proposición
de ley. Una vez cumplidos todos los trámites y plazos para plantear
propuestas alternativas, presentamos la proposición de ley para su debate
en Pleno. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular también nos dijo
que no había tiempo para la tramitación y sugirió que la transformáramos
en una enmienda a la Ley de acompañamiento o a los Presupuestos Generales
del Estado. Así lo hemos hecho.

Hoy hemos dado un segundo paso. Senador, usted dice que está de acuerdo
con la enmienda, que comparte la filosofía de potenciar el uso del
transporte público porque cree que es beneficioso, que, efectivamente,
algunos países de la Unión Europea lo tienen contemplado, que hay una
reducción del IVA para este fomento del transporte público, pero que
supone un costo de 20.000 millones de pesetas.

Si analizamos aisladamente el proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado o el de Medidas Fiscales se puede decir que 20.000 millones de
pesetas suponen un costo. Pero puede interpretarse desde el punto de
vista de otras enmiendas alternativas que hemos presentado, en donde
manifestamos que no somos favorables al tratamiento



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fiscal que ustedes introducen. Por el contrario, consideramos que se
pueden generar unos beneficios con un tratamiento fiscal más adecuado a
lo que establece la propia Constitución, y este tipo de medidas tienen
cabida, por ser necesarias, útiles, como usted mismo ha definido.

Por lo tanto, ustedes quieren todo. Podríamos entrar, por ejemplo, en
nuestra enmienda número 110, relativa al tratamiento fiscal que ustedes
dan a un determinado tipo de figuras alegando que este seguro existe en
Europa. Son prioridades políticas por las que ustedes se decantan hacia
una dirección, hacia algo que les puede favorecer más. Pues bien, tarde o
temprano tendrán que poner en marcha este tipo de medidas. Alegan ahora
que tienen un costo, pero podían tener un encaje perfectamente en la
tramitación de este proyecto de Ley de Presupuestos.

Se pierde una oportunidad, pues considero que es bueno que el transporte
público pueda ser potenciado y esta reducción del IVA resulta beneficiosa
para ello.

Gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román Clemente.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Cobo.




El señor COBO FERNANDEZ: Querido amigo y Senador, en modo alguno pretendo
un enfrentamiento personal. Yo creía que esta Cámara era una Cámara
política. Advertía con demasiada frecuencia que los valores no siempre
están presentes en la discusión de las cuestiones técnicas, cuando en
realidad lo que se pretende con la discusión de las cuestiones técnicas
son intereses y objetivos.

He querido venir a decir simplemente una cosa, y es que las reformas que
ustedes introducen en el IRPF, en el Impuesto sobre Sociedades y en el
IVA, y las que nosotros pretendemos añadir, que no conseguimos porque
democráticamente somos una minoría, son de distinto signo.

Ustedes son muy sensibles con los poderosos, con los que trabajan de una
determinada manera. Nosotros estimamos que debemos ser muy sensibles con
las personas que más necesitan de la política, que son aquellas a las que
el mercado no les resuelve sus problemas.

Con respecto a la cuestión del mercado, no es que yo no crea en él, es
que yo sólo creo en lo innombrable, en lo que no soy capaz de nombrar.

Ustedes tienen fe en muchas cosas, una de ellas es el mercado, y no es
por pereza mental, es por egoísmo. Porque ustedes saben que a los suyos
el mercado sí les atribuye una buena parte de sus resultados. Los míos
son la humanidad y ese mercado que usted sacraliza porque cree en él y yo
utilizo en la medida en que conviene a todos, reparte muy mal en el
mundo. Hay un tercer mundo --no voy a referir miserias-- al que el
mercado condena a la miseria, y hay muchas personas que sufren porque
otros viven demasiado bien, como resultado del mercado.

Yo quiero intervenir para que eso no suceda, y deseo que las personas que
ganen menos de tres millones puedan obtener unas ayudas fiscales, cosa
que no sucede ahora, ya que con las ayudas que se les da para la
adquisición de vivienda se aumenta la base liquidable y por lo tanto el
tipo impositivo. El resultado de su política de vivienda es la que
ustedes quieren. Ha crecido mucho la actividad económica, pero los
ciudadanos tienen muchas dificultades para acceder a una vivienda. Este
es un ejemplo claro. Han disminuido los tipos de interés; se ha
liberalizado, según señalan ustedes, el mercado del suelo; la actividad
económica en la creación de vivienda es enorme. Pues bien, las personas
que yo llamo pobres, a las que el mercado no atiende, las que expulsa de
su seno el mercado, tienen más dificultades que antes para acceder a una
vivienda, porque la bajada de los tipos de interés y todos los beneficios
de los resultados globales de la economía y lo que se ha llamado la
oferta de vivienda no ha compensado el aumento del valor de la vivienda,
que no ha sido el del IPC, ni siquiera el del PIB, sino que ha sido muy
superior, de tal manera que hoy en día el treinta y tantos por ciento de
la población, los que ganan menos de tres millones, tienen que destinar
más cantidad de su renta disponible que antes para adquirir una vivienda.

Esto no es una casualidad, sino fruto de una política que hacen ustedes
para que el mercado funcione, haya más actividad económica, más casas, y
se liberalice el suelo. Eso tiene unos resultados. Porque la política
consiste precisamente en intervenir para corregir los efectos perniciosos
del mercado, y ustedes no quieren eso porque benefician a los que ustedes
quieren.

Podríamos seguir hablando técnicamente, pero es una pena que ustedes no
quieran mezclar la técnica con la política, y estos debates se conciban
simplemente entre leguleyos. Yo quisiera que tanto un obrero de la
construcción, como yo, que soy un humilde pedagogo sin formación jurídica
ni sólida ni insólida, pero simplemente gente que tiene sensibilidad,
pudiéramos acceder a la técnica para poder remediar los males de esta
sociedad, mientras que ustedes, los leguleyos, ocultan tras la palabrería
intereses que no benefician a la mayoría y lo están consiguiendo poco a
poco. Intentaremos que no sea así, ¿cómo? Con métodos democráticos, en
marzo. Es más, veremos si somos capaces de sacar a la luz lo que ustedes
intentan ocultar.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cobo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Blancas tiene la palabra.




El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señora Presidenta.

Intervengo muy brevemente para responder a los intervinientes. Senador
Ríos, era incorporación y yo leí mal. Efectivamente la enmienda 210
estaba incorporada en el dictamen. Respecto a la transaccional trataremos
de llegar a un acuerdo previo a la redacción.

Senador Román Clemente, su señoría vuelve a insistir correctamente en el
tema de la reducción del IVA del transporte público de viajeros. Yo le
vuelvo a repetir que, efectivamente,



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compartiendo con su señoría el fondo y la técnica empleada para
fundamentar esta enmienda, 22.000 millones de pesetas son muchos millones
de pesetas para descabalgarlo en una partida presupuestaria. Esa es la
realidad, compartiendo, como digo, ese espíritu que usted anuncia y esa
fundamentación que yo he leído detenidamente y que puedo compartir en
algunos términos, pero si técnicamente esta enmienda sí sería aceptable,
presupuestariamente no lo es.

A los Senadores Nacionalistas Vascos no tengo nada que decirles; les
agradezco el tono y la distensión con que han expresado su postura, y
exactamente igual quiero hacer respecto al Senador de Convergència i
Unió.

Me dirijo expresamente a mi querido Enrique, porque personalmente tengo
afecto hacia él, pero, Senador Cobo, la verdad es que vuelve a lo mismo.

No estamos haciendo política, ni en mítines, sino en una Cámara
legislativa. No diga lo de leguleyos porque aquí hay personas de diversa
estructuración, hay de todo; hay personas que tratan de adecuar las leyes
al mundo social. No tratamos con palabras rimbombantes de engañar o de
engatusar al pueblo. No, creo que no; ésos no son los móviles que tiene
el Partido Popular, donde la transparencia en todos sus actos creo que
está más que manifiesta.

Senador, lo de las palabrerías lo retiraría porque realmente aquí se usan
palabras. Algunas veces puede ser que nos traicione la mente, pero
realmente tratamos de expresarnos en unos términos correctos, adecuados.

Usted es profesor y a veces me pierdo en su formación universitaria,
porque realmente tiene un bagaje cultural muy bueno, pero en algunas
ocasiones lo echa a perder lamentablemente no sé por qué espíritu o por
qué artes. Como digo, cuando llegue la campaña me parece loable que lo
haga, pero aquí en la Cámara hay que razonar y fundamentar todo aquello
que uno piensa y siente.

En cuanto a la vivienda, sin entrar nuevamente en debates sobre las
inversiones, deducciones y política de la vivienda de este Gobierno, me
remito simplemente a decirle lo que ayer tarde le comentaba a su
compañero Senador Ostos sobre los beneficiarios de la reforma fiscal del
Partido Popular. Más del 80 por ciento de personas, que son aquellas que
declaran menos de 3 millones de pesetas de ingresos en el Impuesto sobre
la renta --aquí también hay que hablar claro--, han sido beneficiados por
él, y ahí están las tablas. No digan ustedes que el 80 por ciento de los
14 millones y medio de declarantes en el Impuesto sobre la renta afecta a
este tipo de personas. ¿Que hay personas que han sido favorecidas? Puede
haberlas entre esas 120.000 que exceden de los 5 millones de pesetas,
lamentablemente. Pero si comparamos los porcentajes de reducciones del 27
por ciento, del que se beneficia el 70 por ciento de españoles que
declaran hasta 2 millones de pesetas, y el del 15 por ciento, para el
tramo de españoles que ingresan de 2 a 3 millones de pesetas, vemos que
es la mayoría del pueblo la que ha sido beneficiada. Luego no me diga que
tratamos de beneficiar a unos pocos, sino que, precisamente, los
beneficiarios de la política fiscal y financiera del Partido Popular es
la inmensa mayoría del pueblo español.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Blancas.

Pasamos al Título II, artículos 19 a 28.

Votos particulares. El Grupo Parlamentario Mixto tiene el voto particular
número 2, de los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández,
correspondiente a las enmiendas números 123 a 133.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cámara por tiempo de 11
minutos.




El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.

Efectivamente, presentamos una serie de enmiendas a este Título con los
siguientes razonamientos y elementos de concreción.

En primer lugar, la enmienda número 123 pretende esencialmente, dada la
situación que hay en el mercado de trabajo en nuestro país, adoptar
medidas en el ámbito reorganizativo del tiempo de trabajo en el sentido
de disminuir la jornada y la imposibilidad de realizar horas
extraordinarias.

La cuestión de la jornada laboral es motivo de amplio debate social,
aunque hace algún tiempo era un tema medio maldito. Algunas fuerzas
políticas --entre otras la nuestra-- han tenido una actitud ofensiva en
torno a esta cuestión, y así, hace muy poco tiempo en el Congreso de los
Diputados se producía la discusión de esta importantísima ILP
--iniciativa legislativa popular--, con más de 750.000 firmas, sobre la
reducción de la jornada laboral a 35 horas sin disminución salarial.

Pero este debate no sólo se produce en España, sino en toda Europa, donde
se están llevando a cabo experiencias concretas para determinar los
resultados objetivos de este tipo de actuaciones tendentes a crear empleo
en unos países donde hay tasas de desempleo importantes, como es el caso
de España.

Teniendo en cuenta los enormes índices de productividad que hay en este
país, se requiere fundamentalmente que esos beneficios en términos de
productividad vayan a la disminución de la jornada laboral, bien por
razones de empleo, bien por razones --hay que decirlo-- de justicia
social o de distribución de esos beneficios, de esa productividad mayor.

Por eso proponemos que exista una reducción de la jornada laboral.

No quiero cansarles a ustedes porque es un debate supersabido, se conocen
perfectamente los pros y los contras, pero, lógicamente, nuestra
obligación es reiterar esta reivindicación, que tarde o temprano se
abrirá camino --estoy convencido-- porque en estos momentos hay un
movimiento social que está de acuerdo --con matices sobre si tiene que
ser por vía legal estrictamente o combinada con la vía de negociación
colectiva-- y lo mismo ocurre con el conjunto de las fuerzas políticas.

Insisto, es algo imparable, al igual que fueron imparables otras
experiencias históricas en momentos en los que casi no había limitación
de la jornada laboral en ningún caso o bien cuando teníamos aquí en
España las 44 horas y después las 40. En definitiva, estamos en presencia
de algo irremediable.

A la vez, en este país, junto a que existe una mayor productividad y un
aumento, en mi opinión, de la jornada de



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hecho --no por razones de jornada, sino porque se permiten horas
extraordinarias más allá de lo establecido--, está la cuestión de la
disminución clara y rotunda de las horas extraordinarias, es decir, su
prohibición, salvo aquellas de fuerza mayor.

En cuanto a la renta mínima, proponemos que exista una renta adaptada al
salario mínimo interprofesional, entre otras cosas porque en España hay
una dispersión de las rentas mínimas impresionante y es conveniente,
lógicamente, ordenarlo. Ya en su momento, en un debate en esta Cámara,
propuse que había que hacer una ley que homogeneizase el conjunto de las
rentas mínimas. Por tanto, ésta es una de las enmiendas que proponemos y
que, en mi opinión, tiene bastante importancia.

La enmienda número 124 se refiere al tema de los fijos discontinuos. No
me voy a extender mucho ello, pero es algo que sigue sin resolverse bien,
porque ya en la reforma de 1994 se subsumieron el contrato fijo
discontinuo y el de tiempo parcial; en 1996 se recuperó el título, y al
final tenemos un acuerdo mediante el cual no se resuelve el problema del
fijo discontinuo especialmente, ni la separación entre el contrato a
tiempo parcial, propiamente dicho, y el fijo discontinuo, que afecta a
muchos miles de trabajadores. Creo que se resuelve mal este tema porque
existe una propuesta en esta ley de acompañamiento donde se plantea que,
en caso de negociación colectiva, pueda no existir el tope anual que
establecía este acuerdo. Sinceramente creo que queda mal resuelto porque
seguimos insistiendo --compañeros del PSOE-- en que a veces abogamos por
el aspecto garantista de las leyes y otras veces no; o bien volcamos todo
en la negociación colectiva y en otras ocasiones pretendemos ahormar el
tema. Por tanto, está mal resuelto por acuerdo de los sindicatos con el
Gobierno en su momento, y está mal resuelto por esta Cámara si no se
arregla adecuadamente.

Sinceramente creo que este tema requiere un acuerdo de las partes, de
verdad, para separar con claridad el contrato a tiempo parcial del
contrato fijo discontinuo, que es una figura contractual muy típica y muy
específica que se da en algunos lugares, sectores o zonas de este país, y
resolver ese problema sobre la base esencialmente de la negociación y del
acuerdo con los interlocutores sociales.

La enmienda número 126 se refiere fundamentalmente al salario mínimo
interprofesional y pretende que se revise anualmente, previa consulta a
los sindicatos y a la patronal, esa cantidad sobre el IPC previsto; es
decir, que el salario mínimo interprofesional tenga la revisión que le
corresponda, porque es una referencia fundamental para un sinfín de
cuestiones políticas a este nivel, que requiere un ajuste mayor. Yo dije
ayer que hay unos doce puntos perdidos del salario mínimo
interprofesional que tendrían que recuperarse, pero para que no siga
avanzando esa pérdida, se requeriría lógicamente una revisión anual y
permanente del salario mínimo interprofesional.

La enmienda número 127 se refiere a la protección por desempleo. No sé el
tiempo de que dispongo, pero se trata de una enmienda que pretende volver
--si se me permite la expresión-- a la protección por desempleo que había
antes del año 1992; se trata de una escala diferente que nos la podemos
permitir porque hay 405.000 millones de pesetas de superávit en el Inem,
y la protección por desempleo tiene que ser una realidad mayor de la que
existe; hemos debatido este tema otras muchas veces y, por desgracia,
creo que aquí no hay un debate ni condiciones para que ese tema fuese de
verdad sentido, intentando proteger a los más necesitados de este país,
que son aquellos que no tienen rentas de ningún tipo y a los que se les
aplica el salario de referencia al que nos hemos referido anteriormente,
e incluso hay otros que quedan excluidos. Cada vez hay más gente que no
cobra ningún tipo de prestación por desempleo y mucho menos pensiones
contributivas. Por ello hacemos esta propuesta, y con esta tabla
intentamos conseguir que exista una protección mayor por desempleo.

Me gustaría que el tema que plantea la enmienda número 128 se hubiese
resuelto ya. La intención es dar contenido normativo a las proposiciones
no de ley aprobadas por unanimidad en su momento para facilitar la
extensión de la acción protectora de la Seguridad Social, incluyendo el
desempleo, a aquellos colectivos a los que, exigiéndoles el cumplimiento
de las obligaciones en materia de afiliación, alta y cotización, no
tienen acceso al disfrute pleno de dicha acción protectora. Además, en
nuestra opinión, si se quiere potenciar y estimular la participación
ciudadana y la vida asociativa no debe castigarse a las personas que son
elegidas para cargos en esas entidades sin ánimo de lucro, porque una vez
acabado el período para el que han sido elegidos o elegidas, y no
pudiendo incorporarse a su anterior empleo, se encuentran sin la
protección por desempleo. Esta falta de red protectora es un hándicap
para que tales personas, con vocación de servicio público y con empleo,
se quieran comprometer tanto en instituciones como en asociaciones.

Estamos asistiendo a un sinfín de casos. Al menos conozco a muchos amigos
y amigas mías, por ejemplo compañeros y compañeras del movimiento
sindical, que terminan sus mandatos y se encuentran con que no tienen
protección por desempleo. Es una auténtica barbaridad, porque hay gentes
que llevan años, por ejemplo, en el sindicalismo, por la historia misma
de este país, y que cuando terminan sus mandatos se quedan sin esa red
protectora. Tenemos figuras concretas a las que se ha denegado el seguro
por desempleo, y voy a dar un nombre. Se trata de una persona trabajadora
de una fábrica en un momento determinado. Hay un expediente de crisis. Se
la contrata en un sindicato y pasa a ser una dirigente de primer orden
del Sindicato de Comisiones Obreras, una compañera llamada Salce Elvira.

Se le denegó en su momento la protección por desempleo porque era una
dirigente sindical en una comisión ejecutiva confederada. ¡Sí ha
cotizado! ¿Por qué? ¿Porque es un cargo de ese nivel? ¿Cuando está en una
organización sin ánimo de lucro? Puedo hablar de otras asociaciones o
entidades de estas características. Esta enmienda pretende corregir esa
situación de agravio que no estimula la participación social. En mi
opinión, democracia es también participación social, no es sólo la
existencia de esta Cámara ni de otras donde a veces ni nos escuchamos.

Hay que tener cuerpo asociativo para fortalecer el cuerpo de la
democracia, y eso, como es lógico, no



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estimula en absoluto a gente que, por servicio, está ahí, y que, además,
lo hace porque tienen que estar ahí.

Doy por defendida la enmienda 129.

La enmienda 130 pretende, una vez más, que el salario mínimo
interprofesional tenga una equivalencia respecto a la renta mínima de
inserción, por lo tanto, un desempleado que busca activamente trabajo sin
encontrarlo debe tener la garantía de percibir, por lo menos, una
cantidad igual al salario mínimo interprofesional. Se trata de aumentar
la acción protectora.

La enmienda 131 se refiere a la pensión por jubilación. Lo tienen ustedes
aquí, en el texto, así como la argumentación. Me limito a defenderla en
los términos en que está planteada. Pero sí deseo manifestar que, en
esencia, pretende estimular, por una parte, la creación de empleo ante la
situación de desempleo existente, y el hecho de que exista una jubilación
anticipada mayor, con todos sus derechos, que permita el contrato de
relevo, etcétera, así como el derecho subjetivo de un trabajador, de una
trabajadora que también puede jubilarse de forma anticipada, sin pérdida
de tantos derechos como existen en la actualidad y, por otra parte, que
pueda existir incluso la jubilación con menos edad todavía, producto del
acuerdo de patronales y sindicatos, en aquellos sectores donde las
condiciones de trabajo son insalubres, penosas, peligrosas, etcétera.

En definitiva, se trata de un grupo de enmiendas que pretenden estimular,
en la línea que ustedes ya conocen sobre la posición de Izquierda Unida,
este tipo de iniciativas para la creación de empleo y para extender los
derechos subjetivos de los trabajadores.

Doy por defendida la enmienda 132.

La enmienda 133 y última de este conjunto se refiere fundamentalmente,
una vez más, a las horas extraordinarias. Planteamos de forma separada la
cuestión de las horas extraordinarias para que no puedan realizarse si no
es por causas de fuerza mayor, y que se mantengan las cuantías que
existen en la actualidad. Como es lógico, la motivación es favorecer la
creación de empleo estable en este país, contribuyendo también al reparto
del trabajo.

Creo que en este conjunto de enmiendas hay una fuerte carga social por
parte de quienes las presentamos, carga social que es producto de una
filosofía, de una concepción, de una política y de una acción protectora
distinta de la que lleva a cabo en la actualidad el Gobierno del Partido
Popular. Pero, en cualquier caso, estoy convencido de que la demanda
social será tan exigente que se conseguirán los objetivos que, tarde o
temprano, planteamos en estas enmiendas.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.

Para la defensa del voto particular número 3, del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el Senador Ríos.




El señor RIOS PEREZ: Gracias, señora Presidenta.

La enmienda número 209 afecta a la parte social de esta ley en su
artículo 20. También soy solamente vehículo del acuerdo adoptado por el
Parlamento de Canarias, adonde fue remitido desde el Congreso de los
Diputados. En el dictamen de dicho Parlamento, y a petición concretamente
del Partido Socialista, se solicitó que le apoyaran para que fuera
suprimido este artículo. Por lo tanto, este artículo se incluyó en el
dictamen del Parlamento de Canarias a petición, en aquel momento, del
Partido Socialista Obrero Español en Canarias, pero después, fue aprobado
por unanimidad en el citado Parlamento.

La razón de la solicitud de esta supresión es porque se estima inoportuna
la consideración del permiso de trabajo para personal extracomunitario
enrolado en buques inscritos en el registro especial de buques y empresas
navieras precisamente en las cuestiones de cabotaje, y en este momento en
que estamos debatiendo esto parece que no era lo más oportuno, sobre todo
porque no se valora ni se considera que existe una gran bolsa de parados
en este campo en Canarias.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Ríos.

El voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, corresponde a las enmiendas números 11 y 12.

Para su defensa tiene la palabra el Senador Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señora Presidenta.

La enmienda número 11 es de adición al artículo 24 bis y por ella
nosotros proponemos la introducción de un nuevo artículo 22 bis con
objeto de ampliar la protección por desempleo a los socios trabajadores
de duración determinada de cooperativas de trabajo asociado, para lo cual
proponemos la modificación del Real Decreto 1043/1985, de 19 de junio.

La enmienda número 12 se presenta al artículo 27 bis. También es de
adición y se refiere a la Seguridad Social de docentes en lengua propia
durante el régimen anterior. Presentamos esta enmienda porque la falta de
reconocimiento del pluralismo lingüístico y cultural que se dio en el
régimen anterior dificultaba, y en su momento incluso impedía la
enseñanza en la lengua propia distinta del castellano. Quienes a pesar de
esas dificultades impartieron dicha enseñanza lo hicieron con sacrificio
de las condiciones laborales y personales. Prohibido entonces el
reconocimiento de los derechos de la Seguridad Social, en estos momentos
ven perjudicada su posición a la hora de acceder actualmente a
prestaciones de dicho sistema. Por ello introducimos esta enmienda con
objeto de que tengan el mismo trato que el resto de profesores.

Nada más y muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gangoiti.

El voto particular número 4, que corresponde a las enmiendas números 244
y 245, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convèrgencia i
Unió, lo va a defender el Senador Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.




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Mantenemos dos enmiendas a este Título II. La primera de ellas, la número
244, la voy a defender yo, y la siguiente, la enmienda número 245, será
defendida por el Senador Varela.

La enmienda número 244, de acuerdo con lo que ha decidido el conjunto de
los médicos en toda España, pretende posibilitar a los profesionales la
opción de continuar integrados en una mutualidad en aquellos casos en los
que se vieron obligados a darse de baja de la misma por un cambio de
naturaleza jurídica de la entidad correspondiente. Este ha sido el caso
de los médicos, que obedece a un cambio de naturaleza jurídica en
previsión sanitaria nacional, y el acuerdo lo que prevé es que los
médicos de toda España puedan optar entre el régimen especial de
trabajadores autónomos o estar integrados en una mutualidad, utilizando
para ello la mutual médica de Cataluña y Baleares que, actualmente, sólo
puede ser alternativa para los médicos colegiados en estas dos
Comunidades Autónomas. Este es el objetivo de nuestra enmienda que
esperamos sea aprobada, ya que la globalidad de los médicos en España se
ha manifestado en el sentido de que esta cuestión se solucione en esta
línea.

A continuación, la enmienda número 245 la defenderá el Senador Varela.




La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.

El Senador Varela tiene la palabra.




El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora Presidenta.

Con la enmienda número 245 se pretende añadir una nueva letra f) al
artículo 28.Uno.1.3, referido al programa de fomento del empleo para el
año 2000. En esa nueva letra se diría lo siguiente: Mujeres víctimas de
situaciones sociales límite, desamparo como consecuencia del
incumplimiento de pagos de pensiones, exclusión social o por malos
tratos.

Se trata de una problemática social tan lamentable que, lógicamente, cada
vez se viene denunciando más a través de los medios de comunicación. Por
tanto, al mismo tiempo que debemos intentar que esos hechos no ocurran,
debemos intentar también favorecer la reinserción social de todas esas
personas afectadas por unas situaciones tan dramáticas.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Varela.

El voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, se
corresponde con las enmiendas números 49 a 55.

Para su defensa tiene la palabra el Senador Díez.




El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, no sólo voy a defender los votos particulares del Grupo
Parlamentario Socialista que hacen referencia al articulado, sino que
defenderé también las enmiendas que hemos presentado a las disposiciones
adicionales.

La enmienda número 49, al artículo 19, hace referencia a la alteración
que se produce en el proyecto de ley al modificarse el artículo
12.Uno.3.a) y b), y al modificarse el artículo Dos, apartado 4.a) del
Estatuto de los Trabajadores. A nuestro juicio, ello supone un retroceso
importante en los derechos alcanzados por el colectivo de trabajadores
afectados, que no son otros sino aquellos que vienen desarrollando su
actividad a tiempo parcial, los fijos discontinuos y los que tienen
contrato de relevo. Esos derechos los pactó en su día el Gobierno con los
sindicatos, pero en este momento no sabemos todavía a ciencia cierta por
qué se ha producido esa modificación que, repito, altera sustancialmente
los derechos de un colectivo de trabajadores que está ya precisamente muy
afectado por su situación.

El Gobierno no sólo ha modificado el acuerdo suscrito con los sindicatos,
acuerdo que venía desarrollándose en el marco de la negociación colectiva
y al que el Senador Cámara ha hecho una clara referencia en relación con
que, precisamente en ese marco, es donde deben regularse todos esos
aspectos. Sin embargo, esa situación laboral que existía se ha violentado
con esta modificación.

Pero, además, sus señorías ya conocerán que cuando el Gobierno, por
obligación, remite este proyecto de ley de medidas del orden social que
afectan a todo el colectivo de trabajadores en España al Consejo
Económico y Social, lo hace sin esta afectación que se contempla en el
artículo 19 del proyecto de ley. Por tanto, creemos que sería importante
volver al texto que se remitió al Consejo Económico y Social en función
de la alteración que todo ello supone y, sobre todo, por la forma en que
se ha violentado, repito, un acuerdo con los sindicatos.

La enmienda número 50, al artículo 20, la damos por defendida en sus
justos términos.

La número 51 se refiere al artículo 21, en el que se establece una
relación laboral especial de los penados que realicen actividades en las
instituciones penitenciarias. Estamos de acuerdo con el fondo de ese
artículo dado que por medio de él se desarrolla algo ya previsto en la
Constitución Española y en la Ley General Penitenciaria. Sin embargo,
consideramos que al verse afectado el ámbito de las relaciones laborales
--en este caso el referente a los penados--, sería conveniente la
participación de los interlocutores sociales a la hora de llegar a un
acuerdo que desarrolle este derecho laboral de los penados.

La enmienda número 52, al artículo 23, queda defendida en los términos en
que está expresada, lo mismo que la número 53 al artículo 24 del
proyecto.

La número 54 es de supresión, y hace referencia al artículo 25. La número
55 es asimismo de supresión del artículo 26. Ambas quedan defendidas en
sus propios términos.

Paso ahora a defender las enmiendas que hacen referencia a las
disposiciones adicionales. En la número 86 solicitamos una disposición
adicional nueva, lo que tiene una cierta lógica, ya que planteamos la
necesidad de que se establezca un servicio público de empleo. Por tanto,
se da un mandato al próximo gobierno para que en el ejercicio
presupuestario que estamos discutiendo en este momento, y antes del día
30 de junio del año 2000, previa negociación con los agentes sociales y
las Comunidades Autónomas, se presente en el Congreso de los Diputados un
proyecto de ley de regulación del servicio estatal de empleo inspirado



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en una serie de principios. Todos ellos, principios que devienen de las
transferencias que se han venido produciendo en los últimos años a las
Comunidades Autónomas. Se vienen haciendo transferencias que afectan a la
política de empleo y, sin embargo, no existe un servicio de empleo que
sea público y gratuito cuyo principal objetivo sea la ejecución y
desarrollo de las políticas y programas competencia del Estado, y me
refiero al Gobierno Central y a las Comunidades Autónomas, y que tenga en
cuenta las competencias derivadas y la participación que los agentes
sociales vienen desarrollando en esta política de empleo. Este servicio
público de empleo garantizaría la unidad del mercado de trabajo, como
está establecido en la Constitución Española, y debería contar con una
estructura financiera y una capacidad de organización y distribución de
recursos que permitiese la participación, no solamente de los agentes
sociales, sino de todo el tejido implicado en la política de empleo,
porque no hay que olvidar a las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, en
este momento creemos necesario regular este servicio público y por eso
consideramos adecuado la introducción de esta disposición adicional.

La enmienda número 87 establece una disposición adicional nueva en
relación a la política de estabilidad en el empleo, combatiendo el fraude
en la utilización no causal de los contratos por tiempo determinado y
restringiendo el recurso a la contratación temporal en la Administración
General del Estado.

La enmienda número 88, que también propone una disposición adicional
nueva, establece actuaciones en favor de la mujer en los programas de
inserción laboral activa. Igualmente, la enmienda 89 formula otra
disposición adicional nueva con programas de políticas activas contra el
paro de larga duración.

La enmienda 90 también propone una disposición adicional nueva
estableciendo las aportaciones anuales máximas a planes de pensiones y
evitando las elevaciones excesivas e injustificadas de las aportaciones a
planes de pensiones, que sólo benefician a los preceptores de las rentas
más altas y desnaturalizan el carácter de los mismos.

Finalmente, con la enmienda número 94, donde se formula una disposición
adicional nueva, se establecen unos mecanismos de apoyo a los
trabajadores incluidos en el campo de aplicación del régimen especial de
la Seguridad Social para la minería del carbón que hayan accedido
anticipadamente a la pensión de jubilación.

Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Díez.

Para el turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el Senador Fernández Menéndez.




El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, en el Título II de la Ley, que tiene por objeto el
establecimiento de medidas relacionadas con el orden social, proponemos
algunas modificaciones laborales --creemos que son modificaciones
positivas, avanzadas y en línea con las exigencias del actual sistema
laboral--, a las que se han formulado multitud de enmiendas. No voy a
exponer detalladamente el contenido de las mismas --más bien el espíritu,
porque el contenido es a veces inferior--, como han hecho algunos
portavoces, porque el tiempo no me lo permite.

Comenzaré contestando a las enmiendas de los Senadores Román Clemente y
Cámara Fernández, concretamente a la enmienda número 123, que propone
añadir un nuevo Capítulo I pre dentro del Título II, de lo Social,
denominado: De la reorganización del tiempo de trabajo y de la renta
mínima. Aprovechan algunas de estas enmiendas para hacer mención a otras,
que repiten año tras año en este debate y que van encaminadas en el mismo
sentido.

Tengo que decirles que en la reorganización del tiempo de trabajo y de la
renta mínima, tal y como reiteradamente se ha expuesto, una redacción
generalizada de tiempo de trabajo por ley no es adecuada, sería hurtar la
capacidad de negociación que sobre esta materia tienen los interlocutores
sociales. Siendo éstos quienes mejor conocen la realidad de los sectores
productivos y las condiciones existentes en cada empresa, deben ser ellos
quienes concluyan los oportunos pactos de organización del tiempo de
trabajo y sus modalidades específicas de acuerdo con las peculiaridades
productivas, económicas, sociales y del ámbito específico de la
negociación.

En la segunda parte de la enmienda se habla de la renta mínima y, en
relación con esto último, debo decir que la propuesta no tiene en cuenta
la existencia de salarios sociales en las Comunidades Autónomas ni la
puesta en práctica para el año 2000 del programa combinado de las
políticas activas y pasivas, renta activa de inserción, a través del cual
los servicios públicos de empleo adecuarán el conjunto de políticas
activas a personas con mayores necesidades --mayores de 45 años, parados
de larga duración que han agotado su prestación por desempleo y tienen
responsabilidades familiares-- para facilitarles su inserción laboral y,
a la vez, que se les garantice una renta. A la vista de este
razonamiento, no cabe aceptar esta enmienda.

Para no repetirme, voy a argumentar conjuntamente nuestro rechazo a la
enmienda 124 y a la 49 del Grupo Parlamentario Socialista que piden la
supresión del artículo 19. Este artículo posibilita que en la negociación
colectiva las organizaciones sindicales y empresariales puedan acordar
modalidades de organización de las actividades estacionales sin ajustarse
estrictamente al límite máximo de la jornada en el trabajo a tiempo
parcial, dadas las evidentes diferencias que existen entre el trabajo a
tiempo parcial típico --que se desarrolla en días y horas ciertas y
repetidas-- y estas actividades estacionales de inicio y duración
incierta, de intensidad variable en las diferentes campañas y temporadas.

Por lo demás, piensen en la imposibilidad de establecer en el contrato la
concreción de la cuantificación y distribución horaria de un trabajo que
es, por definición, de inicio y duración incierta y depende, a su vez, de
la cuantificación de la jornada. Por lo tanto, tampoco entendemos que la
supresión del artículo 19 se deba producir.

La enmienda número 125 --y sigo hablando de las enmiendas de los
Senadores Román Clemente y Cámara Fernández--



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pide una modificación del artículo 19 para dar regulación al trabajo de
tiempo parcial y contrato de relevo. La enmienda pretende modificar
íntegramente la regulación del tiempo de trabajo parcial, fijo
discontinuo y de relevo que ha sido realizada por el Gobierno hace menos
de un año, mediante el Real Decreto 15/1998, tras un amplio y profundo
proceso de diálogo social y con el acuerdo de las organizaciones
sindicales más representativas, al margen de alguna pequeña adaptación
relacionada con los trabajos fijos discontinuos, de inicio y duración
incierta, como la que contempla el proyecto de ley, y que ha sido a su
vez reclamada, en buena parte, por las organizaciones representativas del
sector. Por tanto, se considera improcedente abordar la reforma legal de
una institución que acaba de ser regulada.

La enmienda 127 pretende la adición de un artículo que modifique el 210
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, referente a
la duración de protección por desempleo. Ya hemos dicho en muchas
ocasiones en esta Cámara, en otras y en otros foros --y lo repite
permanentemente el Gobierno y, además, podríamos decir que así lo
contemplan los propios Presupuestos Generales del Estado para el año
2000--, que es preferible la inversión en el fomento del empleo que en
potenciar el paro. Digo esto porque la enmienda se justifica en la
existencia de colectivos cada vez más amplios, expulsados del sistema de
protección por desempleo, y dicha afirmación es errónea dado que entre
1995 y 1999 se ha reducido el paro registrado en más de 800.000 personas.

Por lo tanto, son 800.000 personas sin protección menos y que, a su vez,
están produciendo. No ha existido un descenso de la protección por
desempleo ni en su nivel ni en su intensidad puesto que se ha frenado la
caída de la tasa de cobertura y, a partir del año 1998, se inicia una
recuperación que garantiza para el año 2000 un nivel de cobertura bruto
próximo al 60 por ciento, casi 30 puntos superior al año 1988 y 12 puntos
superior a la acordada en el Acuerdo Económico y Social.

Los desempleados no protegidos han descendido considerablemente; frente a
1.206.000 del año 1995, en el año 2000 el colectivo fuera de protección
estará en torno a los 630.000. Si lo comparamos con el año 1993 en que se
alcanzó el máximo nivel de protección, tendremos 200.000 personas menos
sin protección.

La enmienda 128 es de adición de un nuevo apartado Seis bis al artículo
22, con la finalidad de modificar el artículo 208.1 f) de la Ley General
de la Seguridad Social. Su motivación se justifica en las proposiciones
no de ley 161/1537 y 161/1586, y tiene como objeto configurar como
situación legal de desempleo la pérdida de condición de dirigente
sindical. A este respecto cabe destacar que previamente a la regulación
de la situación legal de desempleo sería preciso incorporar el expresado
colectivo entre las personas protegidas por razón de la citada
contingencia, cosa que no hace en la enmienda y que requeriría modificar
también el artículo 205 de la Ley General de la Seguridad Social, ya que
no tienen consideración de trabajadores por cuenta ajena en sentido
estricto.

La enmienda número 129 se refiere a la supresión del punto 4, del
artículo 22.Nueve, que habilita al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales para extender lo dispuesto en los números precedentes, sobre el
encuadramiento de los trabajadores del sector del plátano, a los que se
dedican a las actividades que se citan sobre productos hortifrutícolas.

En la medida en que se trata de una propuesta singular, que carece de
razón de ser, ya que en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, el Gobierno impone ya preceptivamente tal audiencia con
carácter general, cuando establece que, elaborado el texto de una
disposición que afecte a los derechos e intereses de los ciudadanos, se
les dará audiencia directa o a través de las organizaciones o
asociaciones reconocidas por la ley, que los agrupen o representen, y
cuyos fines guardan relación directa con el objeto de la disposición.

La enmienda número 130 solicita la adición de un nuevo artículo
modificando el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
respecto al porcentaje del salario mínimo interprofesional para el
subsidio de desempleo. Señoría, la enmienda pretende volver a definir los
requisitos de carencia de rentas y existencia de cargas familiares, que
se exigen para la obtención de los subsidios por desempleo en los
términos que recogía la normativa anterior a la Ley 22/1993, de 29 de
diciembre, porque a partir de dicha ley esos conceptos se revisan en
coherencia con el carácter asistencial de la protección y considerando la
existencia de la protección dispensada mediante las prestaciones a nivel
no contributivo de la propia Seguridad Social. Ustedes no cuantifican
económicamente el efecto de la medida propuesta, y teniendo en cuenta el
incremento del gasto que supondría, es razonable optar, como se hace para
el presupuesto del año 2000, por ampliar la protección por desempleo a
colectivos sin protección que carecen de recursos --estamos hablando de
los mayores de 45 años parados de larga duración--, a través de un
programa de renta activa de inserción para desempleados de larga
duración, que combina políticas activas de empleo y formación con
protección frente al desempleo, lo cual favorecerá la inserción de los
beneficiarios del mismo en el mercado laboral e incrementará la cobertura
de colectivos protegidos por desempleo.

La enmienda número 131 solicita la modificación del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores. Tengo que decirle que en materia de
Función Pública no se estima adecuado modificar el régimen de la
jubilación de los funcionarios públicos, tanto más teniendo en cuenta que
está en proceso de tramitación el estatuto básico de la Función Pública.

Desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se estima que por
contrariar abiertamente las recomendaciones del Pacto de Toledo, la
política social que se viene propugnando desde Europa pone en evidencia
el peligro y el equilibrio del sistema.

Ustedes solicitan la jubilación voluntaria a los 60 años o que se
generalice este derecho, sin tener en cuenta las cotizaciones realizadas
en su momento, y que se pueda acceder a la correspondiente pensión sin la
aplicación de coeficientes reductores para posibilitar que determinados
colectivos puedan jubilarse a los 55 años, entre otras medidas. Yo he
asistido a algunos seminarios internacionales en este sentido, y en este
momento, a nivel internacional y sobre



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todo a nivel de los 15 países comunitarios, la tendencia es totalmente
opuesta.

La enmienda número 132, del mismo grupo parlamentario y propuesta por los
mismos Senadores, al artículo 28.Siete, apartado 1, propone sustituir el
texto por el siguiente: «Las bonificaciones establecidas se financiarán
con cargo a las partidas que se habilitarán como consecuencia de la
minoración de gastos fiscales.» Debe usted reconocer que esta enmienda es
bastante ambigua y que la propuesta la hace totalmente inviable, ya que
se desconoce en qué cuantía deben minorarse los gastos fiscales y cómo se
va a producir el trasvase de recursos de un presupuesto de gasto directo,
las bonificaciones, a un presupuesto estimativo de gasto público
indirecto, los beneficios fiscales.

La enmienda número 133, también del mismo grupo parlamentario y de los
mismos Senadores Román Clemente y Cámara Fernández, propone la adición de
un nuevo artículo, dando nueva redacción al artículo 35 de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, y pretende básicamente dos efectos: en
primer lugar, prohibir totalmente la realización de horas
extraordinarias, salvo aquellas que hayan de realizarse por motivos de
fuerza mayor y, en segundo lugar, que aquellas horas que se realicen
--imaginemos que se tratan de las debidas a fuerza mayor, ya que el resto
están prohibidas-- se compensen bien mediante descanso o bien, y si se
acuerda en convenio sectorial, mediante retribución económica, pero
incrementada, en ambos casos, en un 75 por ciento. Una vez que existe una
prohibición total y generalizada de las horas extraordinarias, señorías,
consideramos que es impensable esta propuesta, pues no responde a la
realidad de las necesidades empresariales y, en consecuencia --y algo nos
dice la experiencia--, generaría graves dificultades de funcionamiento a
las empresas, lo que provocaría contrariamente efectos negativos sobre el
empleo.

La enmienda número 209, presentada por el Senador Ríos Pérez, solicita la
supresión del artículo 20. Contempla la dificultad en la interpretación
de la situación del personal extracomunitario enrolado en buques
inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras. He de
decirle que existe una enmienda similar, la número 50, del Grupo
Parlamentario Socialista, y que nosotros lógicamente, incluso por razones
legales y de la normativa vigente que garantiza la validez de estos
contratos, vamos a desestimarla.

La enmienda número 11, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, se refiere a la ampliación de la protección por desempleo a los
socios trabajadores de duración determinada de cooperativas de Trabajo
Asociado. He de decir que en la actual legislación no se contempla ningún
tipo de normativa que avale esta petición y que, de alguna forma, desde
las perspectivas de los objetivos de la política de empleo para la
promoción del empleo estable, el establecimiento de nuevas situaciones
legales para los socios trabajadores, como el cese temporal, a fin de
cuentas, fomentaría mayor desempleo.

No vamos a aceptar la enmienda número 12, del mismo grupo parlamentario,
en cuanto que se solicita Seguridad Social para los docentes en lengua
vernácula durante el régimen anterior. La modalidad contributiva de este
sistema se fundamenta en el principio de contribución y proporcionalidad
entre lo cotizado y lo percibido; principios que potencia el Pacto de
Toledo y que rompen con las medidas propuestas. Por tanto, de aceptar
esta enmienda se producirían agravios comparativos en muchos sectores de
la sociedad, ya que eso supondría reconocer cotizaciones sociales a
quienes no las han efectuado desde hace bastantes años.

Con respecto a la enmienda número 244, del Grupo de Convergència i Unió,
su redacción es un tanto ambigua, ya que no parece lógico exigir
simultáneamente que a fecha 10 de noviembre del 1995 exista más de una
mutualidad de previsión social de afiliación obligatoria y que una de
dichas mutualidades hubiese transformado su naturaleza con anterioridad a
dicha fecha. ¿Qué naturaleza, pues, debe tener la entidad transformada a
fecha 10 de noviembre de 1995? ¿La de mutualidad de previsión social, u
otra distinta? La enmienda viene a exigir que al mismo tiempo tenga dos
naturalezas, lo cual es imposible y conlleva de por sí la no aplicación
del precepto.

En la enmienda número 245 se propone incluir una nueva letra f) al
artículo 28.Uno.1.3, sobre el Programa de Fomento del Empleo para el año
2000, con el fin de ampliar los colectivos cuya contratación genera el
derecho al empleador a bonificar sobre las cuotas de la Seguridad Social.

Dicha letra f) hace referencia a mujeres víctimas de situaciones sociales
límites, desamparo como consecuencia del incumplimiento de pagos de
pensiones, exclusión social o por malos tratos.

Sin embargo, creemos que esta inclusión no debe ser aceptada...




La señora PRESIDENTA: Senador Fernández, le ruego que vaya concluyendo
porque ya ha excedido su tiempo en cinco minutos. Podrá intervenir
posteriormente en el turno de portavoces.




El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Concluyo, señora Presidenta, una vez que
finalice mi contestación a esta enmienda, y en mi próxima intervención me
referiré a las del Grupo Socialista.

Decía que esta inclusión no debe ser aceptada porque rompe la tónica
general en cuanto a las características, amplitud y denominación de esos
colectivos se refiere. En el Programa de Fomento se hace referencia por
ejemplo, a desempleados menores de 30 años, mayores de 45 años, a parados
de larga duración, etcétera. Como se puede apreciar, se trata de amplios
sectores de la población con analizadas y reconocidas dificultades de
inserción en el mercado de trabajo. Por tanto, también vamos a rechazar
esta enmienda.

Gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Abrimos turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.




El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.




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Con todos mis respetos, y sin ninguna acritud, debo decir que las
respuestas a nuestras propuestas han sido una salida de pata de banco. En
ese sentido, Senador Fernández, prácticamente no tengo más que añadir
tras su afirmación de que plantear el tema de la cobertura al desempleo
es abogar por la potenciación del paro. La filosofía consistente en decir
que las políticas activas de empleo son unas, mientras que las políticas
protectoras desincentivan la búsqueda de empleo y potencian a unos
cuantos vagos que están en el desempleo es un insulto para un montón de
gente que se encuentra en el desempleo, que por diferentes razones está
fuera del mercado laboral y no encuentra empleo. Por tanto, esos
desempleados tienen que tener una cobertura de desempleo digna, y no se
puede decir en esta Cámara que nuestra enmienda, que propone una mayor
protección a los desempleados, potencia el paro, como usted ha hecho. Es
algo que me ha dejado estupefacto.

Señoría, la partida correspondiente a la protección al desempleo
disminuye un 3,2 por ciento en términos reales en comparación con los
presupuestos de 1999. (El señor Vicepresidente, Cardona i Vila, ocupa la
Presidencia.) En los presupuestos para el año 2000 se destinarán 50.000
millones de pesetas a la cobertura de parados mayores de 45 años mediante
una especie de renta activa, lo que no significa mejorar el derecho
subjetivo por desempleo, e insisto en mi explicación anterior. Por tanto,
se reduce a establecer una ayuda discrecional para el año 2000 durante 10
meses para un reducido colectivo de trabajadores, unas 60.000 personas.

Y, respecto a los acuerdos con los sindicatos quiero recordar que
Comisiones Obreras y UGT contemplan la cobertura por desempleo para unos
330.000 desempleados con dificultades, incluidos los parados de larga
duración, éstos para los que ustedes plantean que tengan una ayuda
durante 10 meses, cuyo coste rondaría los 250.000 millones de pesetas.

Eso es lo que dicen los documentos conjuntos de ambos sindicatos, en lo
que insisto para que, cuando hablemos de ellos, también recordemos lo que
piden y no se les da, con el fin de dejar clara esta cuestión en esta
Cámara.

Para el año 2000, la tasa de cobertura es del 44,7 por ciento, 2.417.000
desempleados y 1.081.000 perceptores contributivos y asistenciales. Es
cierto que hay un ligero aumento y la relación prevista respecto al paro
es superior en razón del número de desempleados y prestaciones, mejorando
la ratio, efectivamente, pero sólo ligeramente y ello debido a la
situación, que, no obstante, debe valorarse de la siguiente forma: En
1993 había 1.932.000 perceptores de prestaciones económicas por
desempleo, contributivas y asistenciales, mientras que las previsiones
del Gobierno para el año 2000 apuntan a 1.081.000 perceptores, por lo que
el número de éstos ha descendido durante estos años en un 44 por ciento,
es decir, en 850.000 personas. Y son datos reales y objetivos.

Asimismo, el gasto en prestaciones por desempleo en 1993 significaba el
3,5 por ciento del producto interior bruto, mientras que en el año 2000,
de cumplirse las previsiones, representará el 1,3 por ciento. Pero,
además, debemos detenernos en el gasto en desempleo, que es menor en
estos momentos que en otros años, y no me voy a extender al respecto.

Resumiendo lo dicho, se trata de una vuelta de tuerca más, dado que en
estos presupuestos se incorpora una reducción de las cotizaciones por
desempleo --un 0,25 por ciento, por cierto-- con un coste aproximado de
40.000 millones de pesetas, lo que va a beneficios, que quede claro, y no
a protección por desempleo. Se dan 300.000 millones de pesetas para el
contrato llamado estable --muy bien-- de los 405.000 millones de pesetas
que sobran del Inem este año, por ejemplo. Sinceramente, creo que es una
política errónea, una vuelta más de tuerca, en definitiva, y una política
ineficaz para crear empleo, y, desde luego, no muestra la suficiente
sensibilidad para una cuestión como la protección social.

Y termino, porque no quiero extenderme demasiado, refiriéndome a la
extrañeza que me ha producido la explicación dada sobre una enmienda que
hemos presentado con la finalidad de favorecer la protección social de
personas que se encuentran al frente de organizaciones sin ánimo de
lucro, organizaciones vitales para la democracia. Dichas personas
terminan sus mandatos y no tienen cobertura por desempleo, cuando no
tienen beneficios, forman parte de lo que podría asemejarse a los
consejos de administración, pero sin ciertamente estar en ellos, y
ustedes lo saben bien. Por tanto, demos una solución a estas personas,
para que, estando al frente de organizaciones sin ánimo de lucro, de
carácter social, puedan tener la cobertura necesaria al término de sus
mandatos, entre otras cosas, permítanme que les diga, porque así quizás
estamos favoreciendo también una cierta actitud burocrática en dichas
organizaciones, ya que, ante el temor a perder el trabajo y no tener
desempleo para poder seguir haciendo frente a su vida, a lo mejor siguen
ocupando esos puestos de trabajo, cuando quizás haga falta renovarlos.

En definitiva, por unas y otras razones, creo, sinceramente, que su
respuesta no es la más adecuada. Y su Gobierno ha demostrado --no usted,
por favor, sino su Gobierno, quien me imagino que se lo ha dictado-- una
impresionante falta de sensibilidad, que yo, con toda contundencia,
rechazo. Yo sólo me limito a defender coherentemente estas enmiendas,
independientemente de que se califiquen de casi sin sentido.

Sinceramente, creo que tienen mucho sentido e insisto en que se abrirán
camino, tarde o temprano.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Cámara.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no va a
intervenir.

Tampoco interviene el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Díez.




El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Lamento que las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista no hayan
sido rebatidas. No puedo imaginar,



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porque estaría al borde del infarto --se lo digo sinceramente--, que el
Grupo Parlamentario Popular las fuera a apoyar, pero no ha dado ninguna
razón. Y lamento muchísimo que trece enmiendas, que han sido defendidas
por este portavoz, no hayan sido ni mencionadas en su exposición, aunque
algo ha dicho al oponerse a las enmiendas presentadas por el Senador
Cámara, relativas a la modificación del Estatuto de los Trabajadores, que
afecta a los fijos discontinuos. Su señoría ha afirmado que se ha hecho
en función de las negociaciones con los representantes de estos sectores
afectados. Quiero recordarle que los representantes a los que usted se
refiere son las empresas que emplean a ese tipo de trabajadores y los
representantes de los sindicatos han sido claramente ninguneados.

Por otra parte, quiero decirle que en algunas de las enmiendas del
Senador Cámara, a las que también se ha referido, en relación a la
política de apoyo a sectores afectados por la política de empleo, como
las mujeres o los parados de larga duración, evidentemente, las enmiendas
del Grupo Parlamentario Socialista plantean disposiciones adicionales
nuevas, se hace una clara apuesta por esos sectores de mujeres que tienen
tantas dificultades para incardinarse en el ámbito del trabajo. Además,
precisamente en la Comisión de Trabajo, en la Ponencia que se ha creado,
de cara a la inserción laboral de la mujer, hacíamos una clara apuesta
por las resoluciones aprobadas por potenciar ese colectivo de
trabajadores. Sin embargo, no vemos esa sensibilidad plasmada en los
presupuestos, en esta ley de medidas fiscales y de orden social, que
pueden revitalizar ese conjunto de trabajadores gravemente afectados. Su
señoría reconocía explícitamente en la exposición anterior que se
necesita un apoyo especial, lo mismo que los trabajadores con más de 45
años.

Nuestras enmiendas --así se lo recordaba-- hacen una clara apuesta con
programas muy decididos y detallados por estos colectivos de
trabajadores.

Por tanto, lamento que el trámite del debate haya impedido que su señoría
se haya pronunciado, haya dado una opinión sobre las trece enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista. Yo pediría únicamente a la Presidencia,
dada esa alteración en el orden del debate, que, al menos, después de oír
la posición del Grupo Parlamentario Popular --quiero recordar al señor
Presidente que no ha podido contestar a la intervención de este portavoz
por problema de tiempo--, pudiera disponer de un brevísimo minuto, que
espero de la benevolencia del señor Presidente.

También quiero hacer una referencia a las enmiendas defendidas por el
resto de los grupos parlamentarios. Las del Senador Cámara van a ser
apoyadas por este Grupo, excepto las enmiendas números 123, 127, 131 y
154, sobre las que nos abstendremos. Votaremos afirmativamente las
enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
excepto la enmienda número 22, sobre la que nos vamos a abstener. Y, en
relación a las del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, votaremos afirmativamente.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Díez.

Tomamos nota de su petición. En cualquier caso, obraremos en
consecuencia.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Fernández
Menéndez.




El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Debido al gran número de enmiendas y a su contenido no hubo tiempo de
extenderse; además, quise ser respetuoso con la indicación de la señora
Presidenta y, por consiguiente, acogí la sugerencia de que estas
enmiendas las comentara, precisamente, en el turno de portavoces.

Si usted me lo permite, voy a seguir refiriéndome a las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista que demanda su portavoz. Si tiene la
bondad de conceder ese minuto de réplica, yo solicito el mismo derecho.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Tiene la palabra su señoría.




El señor FERNANDEZ MENENDEZ: En cuanto a la enmienda número 51, ya he
mencionado su coincidencia respecto a la de otros grupos y, por lo tanto,
la explicación es la misma. Se propone la modificación del artículo 21 en
relación con la protección social de los penados.

Señoría, se trata de una propuesta singular que carece de razón de ser,
ya que el artículo 24.Uno. C) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, impone ya preceptivamente tal audiencia con carácter general
cuando señala: Elaborado el texto de una disposición que afecte a los
derechos e intereses de los ciudadanos, se les dará audiencia directa o a
través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que
los agrupe o los represente y cuyos fines guarden relación directa con el
objeto de la disposición.

La número 52 propone la supresión del artículo 23, en donde se precisa el
contenido del artículo 124 del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.

En la redacción actual los Inspectores Médicos y Farmacéuticos del Cuerpo
de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social
ostentan en el ejercicio de sus funciones la consideración de autoridad
pública, consideración que debe alcanzar a todos los funcionarios del
cuerpo administrativo señalado, con independencia de que ejerzan sus
funciones en el ámbito del Sistema Nacional de Salud o en el Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

La única novedad del artículo 23 del proyecto de ley es adecuar el
contenido del citado artículo 24 al establecimiento de las escalas dentro
del mencionado Cuerpo de Inspección Sanitaria de Enfermeros
Subinspectores, y a este colectivo de funcionarios se les considera como
agentes de la autoridad en igualdad de consideración que tienen
determinados cuerpos o escalas de funcionarios adscritos al Grupo B en el
ejercicio de sus funciones y con cometidos legalmente establecidos como,
por ejemplo, los Subinspectores de Trabajo y Seguridad Social.




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La enmienda número 53 propone la modificación del artículo 24 para
limitar el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas en
determinados supuestos. Este punto ya se enmendó en los Presupuestos
Generales del Estado pero en otra medida. El Grupo Parlamentario
enmendante reproduce otra enmienda de igual contenido formulada en las
leyes de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 66/1997 y
50/1998, ambas de 30 de diciembre, que ya fueron rechazadas por las
Cámaras, pretende diferenciar la devolución de las cantidades
indebidamente percibidas por los siguientes supuestos: En aquellos casos
en que hubiese mediado buena fe por parte del interesado, la cantidad a
devolver no sería superior a tres veces el importe de la pensión o
prestación percibida. A su vez, cuando el abono indebido fuese causado
por error de la Administración, no existirá por parte del interesado
obligación de devolver cantidad alguna.

Piensen que la medida propuesta supone un impedimento para atacar las
conductas de uso indebido de la protección, puesto que no sería objeto de
devolución al patrimonio único de la Seguridad Social la totalidad o una
parte de las percepciones que un trabajador o un pensionista hubiera
obtenido de forma indebida.

La enmienda número 54 propone la supresión del artículo 25, que regula la
cotización de las empresas del Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social. En consecuencia, el artículo 44 constituye la norma legal
sustantiva por la que se rige la cotización empresarial por contingencias
comunes y profesionales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social, que el artículo 25 de la ley de medidas pretende redactar, lo que
deja esta enmienda sin fundamento.

Señorías, la última de sus enmiendas pide la supresión del artículo 26
por disconformidad con el régimen de expedición de altas médicas. El
artículo cuya supresión se propone se orienta a incorporar una
disposición adicional en la Ley General de la Seguridad Social que regule
la extinción del derecho al subsidio de incapacidad temporal en el
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Fernández Menéndez.

Por el artículo 87, tiene la palabra el Senador Díez González.




El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero agradecerle este turno e insistir en algunos de los argumentos que
después de la intervención del señor portavoz del Grupo Parlamentario
Popular han quedado claros. A nuestro juicio, queda en evidencia el
Gobierno con las modificaciones planteadas, con algunas de las cuales
estamos de acuerdo, como la que se refiere a la relación laboral especial
de los penados que realicen actividades laborales en instituciones
penitenciarias, pero vuelvo a insistir en la falta de consulta y de
acuerdo con los agentes sociales. Eso es algo que se reitera, aquí lo
vemos también, y creemos que hubiese sido bueno que la redacción de este
artículo, con el que, repito, estamos absolutamente de acuerdo, se
hubiera hecho, como proponemos en la enmienda, con la participación de
los agentes sociales. Este es un síntoma de la falta de sensibilidad que
en alguno de los artículos de esta ley, llamada de acompañamiento, se
manifiesta en el desarrollo de normas que afectan a la política social
que, sin embargo, se hace desde todo punto de vista unilateral y parcial
por parte del Gobierno y de su grupo parlamentario.

Nada más, señor Presidente, muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Díez.

Por el artículo 87, tiene la palabra, por un tiempo prudencial de no más
de tres minutos, el Senador Fernández Menéndez.




El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Tengo muy poco que decir en el turno en contra y la verdad es que como el
Senador Cámara Fernández está ausente no lo voy a usar, porque sería
utilizar una ventaja razonable.

Senador Díez, nuestros acuerdos con los agentes sociales, no sólo en este
tramo que estamos legislando hoy sino en todo lo social, no pueden ser
motivo de crítica en ningún momento porque han sido totalmente abiertos y
continuos y han servido de ejemplo incluso a gobiernos anteriores, y lo
sabe usted igual que yo. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa
la Presidencia). Por tanto, con esta contestación, aparte de la anterior
en la que les expliqué que todas las enmiendas al Título II quedaban
rechazadas, completo mi intervención.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Fernández
Menéndez.

Pasamos a debatir el Título III. Enmiendas y votos particulares.

Voto particular número 2 de los Senadores Román Clemente y Cámara
Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, que se corresponde con las
enmiendas 4, 134 y 144 a 148. ¿Va a defender también el resto de las
enmiendas conjuntamente, las números 199, 246, 247, 56 y 58, Senador
Román Clemente?



El señor ROMAN CLEMENTE: Estamos en el Título III.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Efectivamente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Al Título III voy a defender las enmiendas
números 4, 134 y 144 a 148. El voto particular número 3, que se
corresponde con la enmienda número 199, es del señor Ríos Pérez, que está
aquí presente, por tanto él lo defenderá. En todo caso, si hay algún
Senador del Grupo Parlamentario Mixto que no esté, sí realizaré la
defensa de sus enmiendas, pero sólo si no están presentes los afectados.




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El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Además, es que me había pasado a
enmiendas de otros grupos parlamentarios. Ha sido un error de la
Presidencia.

Tiene su señoría la palabra.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente. Efectivamente,
con la enmienda número 4 vamos a proceder a una decisión ya de esta
Cámara después del debate de una interpelación y una moción: Con esta
enmienda, al Título III (Personal al servicio de las administraciones
públicas), Capítulo I (Cuerpos y Escalas), pretendemos la adición de un
nuevo artículo 32 bis. Antes de leerla quiero hacer una corrección: no es
equipamiento, sino equiparamiento. El texto que proponemos es el
siguiente: «32 bis. Equiparamiento del complemento de residencia entre el
personal de la Administración General del Estado, Administración
Tributaria y Administración de Justicia de Baleares y Canarias.» A
continuación sigue diciendo dicha enmienda, que es la mejor explicación
que se puede dar después de ese debate interesante, importante y de lo
aprobado en esta Cámara: «1. La percepción del complemento de residencia
para el personal de las islas se hará en igualdad de condiciones para el
personal funcionario que para el personal laboral de la Administración
General del Estado, Administración Tributaria y Administración de
Justicia. 2. Se equipararán las cantidades a percibir como indemnización
por residencia en la isla de Mallorca respecto a las islas de Gran
Canaria y Tenerife, y en Menorca, Eivissa y Formentera respecto a las
cinco islas menores de Canarias, de acuerdo con la idéntica especificidad
del hecho insular para Canarias y Baleares.» Entenderán, señorías, que la
enmienda lo que pretende es que sea efectiva esta equiparación.

Paso a la enmienda 134, que es al artículo 38. Al final del párrafo
segundo se dice lo siguiente: «... Estos seguros serán extensivos en las
mismas condiciones a los familiares que acompañen al personal.» Y con
esta enmienda pretendemos añadir al final de dicho párrafo lo siguiente:
«Se podrán concertar seguros siempre y cuando no haya acuerdos de
reciprocidad de asistencia equivalentes a los servicios de la seguridad
social.»
La razón es que no hay que duplicar redes de asistencia. Si por acuerdos
de reciprocidad los ciudadanos españoles que trabajan en el exterior
pueden tener los servicios de asistencia equivalentes a los que disfrutan
los ciudadanos españoles residentes en territorio nacional no es
necesario suscribir pólizas con el gasto consiguiente que esto conlleva.

Volvemos otra vez más a hablar de Función pública en las enmiendas 144 a
148 y voy a hacer una defensa de ellas.

Con la enmienda 144 pretendemos crear un nuevo artículo por el que se
modifica el artículo 30.1f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, cuyo texto es el siguiente:
«Artículo 30.Permisos: 1. Se concederán permisos por las siguientes
causas justificadas: f) El funcionario que por razones de guarda legal
tenga a su cuidado directo algún menor de seis años, anciano que requiera
especial dedicación o a un disminuido psíquico o físico que no desempeñe
actividad retribuida, tendrá derecho a la disminución de su jornada de
trabajo, con reducción proporcional de sus retribuciones, salvo que la
reducción de jornada sea superior al 25 por ciento e igual o inferior al
33 por ciento de la misma, circunstancia en la que la disminución de
retribuciones será del 25 por ciento. Reglamentariamente se determinará
la disminución de la jornada de trabajo y la reducción proporcional de
retribuciones con atención a la limitación señalada.» Señorías, esta
enmienda tiene una especial trascendencia, y es no cargar más sobre las
mujeres, que suelen ser quienes cuidan de menores, ancianos o personas
con minusvalía, es decir, no apartarlas más de su situación laboral, no
añadir un coste adicional. Se trata, por tanto, de que las mujeres puedan
desempeñar su puesto, que puedan realizar su jornada laboral, su trabajo,
en unas determinadas condiciones, y esta enmienda contribuiría a un
avance importante.

Con la enmienda número 145 de adición, se pretende crear un nuevo
artículo por el que se añade una nueva disposición adicional a la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública. Y, señorías, como no es la primera vez que la defiendo, me van a
permitir que me extienda un poquito en esta enmienda, a ver si consigo
convencerles de su necesidad.

Es una disposición adicional nueva que dice así: «Las Administraciones
Públicas podrán convocar procesos selectivos en turno específico de
acceso por promoción interna a Cuerpos o Escalas con funciones auxiliares
de carácter administrativo en el que podrá participar, además del
personal funcionario perteneciente a Cuerpos o Escalas del grupo E, el
personal laboral fijo con funciones similares a las del grupo E de
funcionarios. El sistema selectivo será el de concurso-oposición y para
participar en estos procesos se requerirá una antigüedad de al menos dos
años en los Cuerpos, Escalas o categorías a que hace referencia el
párrafo anterior y poseer la titulación y el resto de los requisitos
establecidos con carácter general para el acceso al Cuerpo o Escala en el
que aspiran a ingresar. Los aspirantes aprobados deberán elegir entre los
destinos que ofrezca la Administración de acuerdo con el orden de
prelación obtenido u optar por permanecer en su provincia de residencia,
en cuyo caso la Administración les destinará a un puesto en la misma.»
Señorías, hemos querido hacer una motivación extensa del porqué de esta
enmienda pues con ella queremos acabar con una situación de agravio
comparativo. No se puede mantener a este personal en la situación en la
que está: no hay concursos para promoción y cuando lo hay el número de
plazas es tan reducido que les resulta imposible promocionar, y eso año
tras año. Vamos a ver si terminamos de una vez con esta situación. No
pueden promocionar, insisto, profesionalmente a Cuerpos o Escalas de
funcionarios del grupo superior al que pertenecen sus homólogos de
funcionarios (subalternos del grupo E) por tener un diferente régimen
jurídico. Por otra parte, insisto, no se convocan concursos, y éstos
cuando se convocan es con un número de plazas bastante reducido.

Yo creo que es el momento de valorar esta posibilidad --que viene
recogida además en los acuerdos que suscriben



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Administración y sindicatos en 1994 y que además ha llevado a los
afectados a poner su problema en manos del Defensor del Pueblo--, de
hacer un esfuerzo serio y riguroso para terminar con esta situación de
agravio.

Para concluir, la enmienda número 146, también de adición, pretende crear
un nuevo artículo por el que se modifica el artículo 3.2.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, para que los acuerdos que se suscriben entre sindicatos y
Gobierno tengan un carácter más efectivo. Nosotros redactamos en estos
términos la enmienda: «2. Corresponde en particular al Gobierno: b)
Determinar las instrucciones a que deberán atenerse los representantes de
la Administración del Estado en la negociación con la representación
sindical de los funcionarios públicos de sus condiciones de empleo, así
como dar validez y eficacia a los Acuerdos alcanzados mediante su
aprobación expresa y formal, estableciendo las condiciones de empleo para
los casos en que no se produzca acuerdo en la negociación.»



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Concluya, por favor, Senador
Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Concluyo, señor Presidente, con la enmienda
número 147, mediante la cual también pretendemos regular permisos --y me
ciño estrictamente a lo que dice la enmienda--: «a) Por el nacimiento o
adopción de un hijo y la muerte o enfermedad grave de un familiar hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad, dos días laborables cuando
el suceso se produzca en la misma localidad.» Con ello lo que queremos es
extender el permiso a la adopción de un hijo.

Termino, señor Presidente, con la enmienda número 148, que pretende crear
una nueva disposición adicional en la Ley 30/1984, que diría: «A los
efectos de lo previsto en el artículo 30.2 de la presente ley, se
entenderá por «deber inexcusable» también el tiempo necesario u
obligatorio para conseguir la adopción de un hijo en un país extranjero.»
Saben sus señorías que los futuros padres adoptivos de estos niños deben
permanecer un tiempo en el país extranjero para esa adaptación entre los
padres y los hijos; creemos que es un avance extender el permiso a estas
personas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román.

Para la defensa de la enmienda número 199, tiene la palabra el Senador
Ríos.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda número 199 se refiere al artículo 30 en lo relativo a la
integración de los funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de Intervención
de Puertos Francos de Canarias y en el Cuerpo de Agentes del Servicio de
Vigilancia Aduanera, especialidad de investigación.

Esta es una larga espera de una serie de funcionarios del Cuerpo de
Auxiliares de Intervención de Puertos Francos y de Canarias que a lo
largo de estos últimos años y con la desaparición de los puertos francos
se han ido encontrando en una situación muy difícil. Por fin, logran la
posibilidad de hacer un concurso-oposición, siendo funcionarios, para
pasar a otro cuerpo, que es el de Agentes del Servicio de Vigilancia
Aduanera, y se encuentran, en primer lugar, con la desagradable sorpresa
de que antes había dos posibilidades de especialidad investigación y
marítima, y ahora sólo se concreta en la especialidad de investigación.

Y, en segundo lugar, las plazas que se ofrecen para el concurso-oposición
no es por la totalidad de las personas que están pendientes, y por tanto,
va a crearse una serie de problemas intrínsecos entre este personal. Por
último, no se da seguridad de que continúen en la misma residencia, y eso
va a crear un problema familiar importantísimo.

En síntesis, por un lado, la enmienda solicita que se amplíe a la
especialidad marítima, con las condiciones que se soliciten. En segundo
lugar, que las plazas que se convoquen sean, en conjunto, todas las
necesarias, y, en tercer lugar, que se asegure la continuidad de la
residencia.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ríos.

Voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, que se corresponde con las enmiendas números 246 y
247.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda número 246 pretende modificar el artículo 29, que hace
referencia a la creación de Cuerpos al Servicio de la Administración de
Justicia. Tiene por objeto, en primer lugar, la sustitución del término
Escalas por el de Cuerpos de Técnicos Facultativos, de Técnicos
Especialistas y de Auxiliares de Laboratorio al servicio de la
Administración de Justicia. En segundo lugar, se propone que se integre a
los Cuerpos de Técnicos Facultativos, de Técnicos Especialistas y de
Auxiliares de Laboratorio al Servicio de la Administración de Justicia.

El texto establece que las escalas o cuerpos, según la modificación que
se propone, que se crean lo son del Instituto de Toxicología.

Por lo que hace referencia a la enmienda número 247, comunicamos a la
Mesa que la retiramos en este momento.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cambra.

Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, que se
corresponde con las enmiendas números 56 y 58.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Arévalo.




El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, son dos enmiendas las que defenderé con mucha brevedad. La
primera, intenta crear la Escala Ejecutiva de Tráfico, que dentro de lo
que es la organización de la



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Dirección General de Tráfico y del tráfico en general en España, tan
necesitado está de todas las medidas posibles para paliar los
inconvenientes que se producen con tanta frecuencia, así como los graves
accidentes existentes. Con esta Escala Ejecutiva, que pertenecía al Grupo
C y por tanto serían personas con una titulación académica, de bachiller
o formación profesional de segundo grado, podríamos seguramente aumentar
las garantías para que, dentro de la organización del tráfico, se
pudieran atender algunas necesidades que no están en este momento, creo
yo, suficientemente bien recogidas.

La otra enmienda se refiere a los funcionarios públicos incluidos en el
Régimen General de la Seguridad Social. Como saben, la jubilación forzosa
por incapacidad se determina por la clasificación, dividida en dos
clases, la incapacidad permanente total y la incapacidad permanente
absoluta. Con esta enmienda de adición se pretende que se aclare
definitivamente esta situación para quienes están en el Régimen General
de la Seguridad Social, teniendo en cuenta que este problema se plantea
con los funcionarios públicos que no están dentro del Régimen de Clases
Pasivas y se encuentran afiliados al Régimen General de la Seguridad
Social. También hay que tener en cuenta que, cuando se elaboraron los
artículos de la legislación sobre funcionarios, fueron aprobados en un
momento en que prácticamente todo el personal se encontraba en el Régimen
de Clases Pasivas y en el mutualismo administrativo y, en consecuencia,
dicha normativa no fue concebida para funcionarios afiliados al Régimen
General de la Seguridad Social. Por eso parece necesaria la existencia de
esta norma que solucionaría problemas pendientes y que se producen con
harta frecuencia.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Arévalo.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Sanz Pérez.




El señor SANZ PEREZ: Gracias, Presidente.

Voy a dar contestación a las enmiendas números 246, del Grupo
Parlamentario Catalán, la 56, del Grupo Socialista; la 147, del Grupo
Parlamentario Mixto, y la número 199, de Coalición Canaria, para lo que
compartiré el tiempo con mi compañero, el Senador Espert.

Respecto a la enmienda 246, que ha defendido el Senador Cambra, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, deseo exponer
tres cuestiones.

Primero, en el Régimen General de la Función Pública los Cuerpos se
dividen, como usted conoce, en diferentes especialidades y no en escalas.

Además de todo eso, los términos Cuerpos y Escalas vienen a identificar
una misma cosa: una agrupación de funcionarios que tienen funciones más o
menos homogéneas. La principal diferencia existente en el planteamiento
de Escalas o de Cuerpos se crea en el ámbito de los organismos autónomos.

Quiero añadir, además, que, como usted bien sabe, los Cuerpos están al
servicio de la Administración de Justicia y no del Instituto de
Toxicología, que modificaría esencialmente el objeto del precepto y daría
una amplitud a la propuesta que obligaría al replanteamiento del artículo
29.

Otro de los planteamientos que usted hace no impide, por otro lado, que
los funcionarios de estas Escalas puedan trabajar en un Instituto de
Medicina Legal.

La tercera consideración que quería hacer respecto a su enmienda es que
la modificación que usted plantea tiene un gran alcance en cuanto al
desarrollo reglamentario de los Cuerpos de Funcionarios de la
Administración de Justicia, que viene siendo efectuado por el Gobierno a
propuesta, eso sí, del Ministerio de Justicia, dando de esta forma un
tratamiento de Cuerpos Nacionales a los de la Administración de Justicia,
conforme a lo dispuesto en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por lo tanto, a nuestro entender se plantea una modificación
importante en los Cuerpos Nacionales para las Escalas, por lo que vamos a
rechazar esta enmienda.

Respecto a la enmienda número 56, del Grupo Parlamentario Socialista, en
la que se plantea la adición de un artículo 31 bis), deseo decir al
Senador Arévalo que, cuando plantea la creación de la Escala Ejecutiva de
Tráfico, parte de un error. Primero, las funciones que desempeñaría la
Escala que se crearía con ese Grupo C que se propone por ustedes están
siendo ya desempeñadas desde el año 1984 por los funcionarios de la
Escala Administrativa de los organismos autónomos, creada, además, como
usted sabe muy bien, por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública. Pero, además de todo eso, a pesar de
que éste sea un asunto de la competencia del Ministerio de
Administraciones Públicas, la remisión al Gobierno, como ustedes plantean
en la enmienda, de la forma de integración de estos funcionarios en dicha
Escala no resulta jurídicamente correcta. Ustedes plantean, por ejemplo,
que el Ministerio de Interior debe informar sobre la idoneidad del Grupo
C que ustedes proponen para las funciones de estudio, análisis e incluso
de inspección, y he de decirle que la propia enmienda que usted atribuye
a dicha escala se contradice con esa creación del Grupo C.

Doy por defendido el voto en contra del Grupo Popular a la enmienda
número 57 del Grupo Socialista, puesto que no se ha hablado de ella.

Respecto a la enmienda número 147, sobre los permisos, he de decir que
tampoco se ha hablado de ella. En ella se propone la concesión de
permisos a los funcionarios públicos por el nacimiento o adopción de un
hijo. He de decirle al Senador del Grupo Mixto que estamos más o menos de
acuerdo con usted en la defensa de todo aquello que suponga una cuestión
tan importante y de tanto calado social como la adopción, pero entendemos
que con la Ley 30/1984 a la que ustedes hacen referencia queda
suficientemente recogido.

Por lo que se refiere a la enmienda número 199, del Senador Ríos, al
artículo 30, a nuestro entender, el tenor literal del artículo 27 de este
proyecto de ley recoge ampliamente la defensa que usted hace de su
enmienda. Entendemos incluso que hay una mayor perfección en el propio
articulado al que he hecho referencia y, además, creo que no



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debe tener usted ningún temor en los planteamientos de fondo que hace en
su enmienda como, por ejemplo, en el hecho de la convocatoria de esos
exámenes cada cinco años. A nuestro entender, podemos coincidir más o
menos en el fondo de la enmienda que usted plantea, pero la forma y el
fondo del artículo 27 de este proyecto de ley creemos que recoge más
claramente sus inquietudes.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Sanz.

Senador Espert, tiene su señoría la palabra.




El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.

Muy brevemente voy a contestar a las enmiendas presentadas, en primer
lugar, por el Senador Román Clemente.

En lo que se refiere a la enmienda número 4, en relación con la
equiparación del complemento de residencia entre el personal laboral y
funcionario en las islas, volvemos al tema de siempre. La normativa que
rige uno u otro tipo de personal al servicio de las administraciones
públicas es sustancialmente distinta. Por un lado, los funcionarios se
rigen por la Ley 30/1984 y por las normas que la desarrollan, mientras
que el personal laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores y los
convenios colectivos.

La igualación no digo que no fuera deseable pero, en todo caso, no
descartaríamos ir a ella de una forma gradual y a medio plazo.

La otra parte de la enmienda, la relativa a igualar los complementos de
residencia para el personal de las islas Baleares en relación con el que
tiene el personal en las islas Canarias, entendemos que no tiene
fundamento, en primer lugar, porque el hecho insular no es el único
justificante de las diferencias existentes, y la propia enmienda así lo
establece cuando reconoce que puede haber un distinto tipo de complemento
para las islas mayores que para las islas menores --Mallorca por un lado
y Menorca, Ibiza y Formentera por otro--. Esto es evidente y no habrá que
insistir en ello, porque las circunstancias del archipiélago canario
respecto del balear son muy diferentes. Recordemos las veces que el
Senador Ríos Pérez habla de la ultraperificidad como un hecho singular de
las Islas Afortunadas.

Por otra parte --y este argumento lo planteo en último lugar porque sé
que molesta especialmente a mi buen amigo el Senador Román Clemente--, la
aceptación de la enmienda supone un incremento del gasto público
contrario a la política fundamental del Gobierno.

En cuanto a la enmienda número 134, en relación con los seguros para el
personal que preste servicios en el extranjero, en la que se pretende que
dichos seguros sólo puedan hacerse cuando no haya concierto de
reciprocidad de asistencia equivalente a los servicios de la Seguridad
Social, entendemos que es perjudicial para el grupo de trabajadores a que
se refiere, en primer lugar porque el precepto que se pretende enmendar
dice: «Se podrán concertar...», es decir, es potestativo y queda en manos
de los responsables de la delegación con sede en el extranjero ver si los
seguros a que se tiene derecho en virtud de la reciprocidad son
suficientes o no para cubrir las contingencias que se aseguraran y, por
lo tanto, entendemos que si esa reciprocidad es perfecta nadie va a
contratar un seguro. En todo caso, la enmienda podría ser admisible si,
manteniendo la primera parte del apartado, en esta segunda se dijera: ...

y deberán concertarse cuando no exista el convenio de reciprocidad. Es
decir, que se debería convertir en obligación lo que en principio es sólo
una posibilidad que, como tal, se establece.

Por lo que se refiere a la enmienda número 144, del Grupo Parlamentario
Mixto, voy a repetir las argumentaciones en contra. Esa emienda modifica
el artículo de la Ley 30/1984 que regula los permisos por razón de guarda
legal. Al igual que ocurre en la enmienda que acabo de comentar, no cabe
duda de que eso supone un incremento de gasto que no se evalúa en la
enmienda. Pero es que, además, recientemente se ha aprobado una ley para
la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras, con lo cual, no se ha estimado conveniente establecer
modificación alguna en este tipo de permisos, modificación cuya ubicación
más adecuada correspondería al momento en que se tramite y se discuta en
profundidad el Estatuto de la Función Pública.

La enmienda número 145, que tanto preocupa a su señoría y que ha
reiterado en sucesivas intervenciones, se refiere a la posibilidad de
promoción interna del personal laboral. Esta enmienda adolece de ciertas
deficiencias técnicas que harían imposible su aplicación. Es decir, no se
define en ella, por ejemplo, el grupo de clasificación o la escala en que
se integrarían los afectados a que en dicha enmienda se alude.

Además, en este caso el incremento del gasto público viene motivado por
un doble aspecto: por una funcionarización del personal laboral y porque
significa un cambio de escala a la que este personal laboral pertenece o
en la que ha venido prestando sus servicios hasta el momento.

En la enmienda número 146, de adición, se solicita la creación de un
nuevo artículo por el que se modifica el artículo 3.2.b) de la Ley
30/1984. Se pide en ella la eliminación de la expresión «cuando proceda»
para que el Gobierno quede siempre obligado a negociar las consecuencias
laborales de los empleados públicos. Entendemos que, en el fondo, esto
supondría limitar la posibilidad de una negociación pública de las
condiciones de trabajo. Además, al igual que he dicho respecto de otras
enmiendas anteriores, su ubicación adecuada estaría concretamente en el
Estatuto de la Función Pública.

Por lo que se refiere a la enmienda número 147, pretende equiparar los
casos de adopción a los de nacimiento a efectos del permiso de entre dos
y cuatro días que, según sean las circunstancias, se concede en esa mayor
o menor duración, permiso que se establece en el artículo 30.1.a) de la
Ley 30/1984. Pues bien, ese permiso tampoco ha sido incluido en los
supuestos de adopción en la recientemente aprobada Ley --ya citada-- de
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral. Podría observarse en el
Estatuto de la Función Pública, pero entendemos que la equiparación
necesaria resultaría difícil.




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Las circunstancias que hacen que se prevea un permiso de entre dos y
cuatro días por razón de nacimiento es en atención a que éste implica una
necesidad de atención médica, e incluso normalmente una hospitalización,
con lo cual, y como es lógico, se hace necesario que, sea la pareja, sea
el cónyuge de la madre que da a luz, soliciten el permiso correspondiente
para atender esas circunstancias. Pero no debe ser así en el supuesto de
adopción dado que los trámites para llegar a saber a cuál de los dos que
forman la pareja o el matrimonio adoptante habría que atender en ese
permiso de dos o cuatro días. Esos trámites resultan muy difíciles de
definir. Porque, entre los trámites de adopción, ¿cuál sería el que
exigiría específicamente ese permiso? (El señor Vicepresidente, Cardona i
Vila, ocupa la Presidencia.)
Con mayor razón aún debemos rechazar la enmienda número 148, que pretende
considerar como deber inexcusable la adopción en el extranjero. Los
permisos por razón familiar están en otros apartados distintos del que
regula el deber inexcusable. Este deber está referido a otro tipo de
actividades como, por ejemplo, a participar en elecciones o en otras
cosas análogas, pero no está referido a aquellas gestiones que hayan de
realizarse en el extranjero o durante el juicio correspondiente que
conduce a la obtención del derecho a la adopción, trámites que no sabemos
cuánto tiempo pueden llevar y que en algunos casos nos consta que duran
mucho.

Por otra parte, en la justificación de la enmienda se dice que se
pretende extender el permiso para atender al juicio en el que se obtiene
el reconocimiento del derecho a la adopción. Pero, ¿por qué no para
atender a otros juicios de tipo civil o penal en que se vea involucrado
el funcionario o personal laboral de la Administración de Justicia?
Porque no cabe duda de que, en este caso, no se consideran deberes
inexcusables. Por último, en cuanto a la enmienda 180 del Grupo
Parlamentario Socialista, ampliamente argumentada tanto por escrito como
de palabra --como ha hecho el Senador Arévalo en este acto--, hay que
decir que los funcionarios están obligados a desempeñar todos los puestos
de trabajo adecuados al grupo, cuerpo o escala al que pertenecen. La
declaración de incapacidad total para desempeñar esos puestos supone la
extinción de la relación funcionarial --así lo recoge expresamente el
artículo 39.2 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado--, porque la
incapacidad total es la que imposibilita para realizar las tareas
fundamentales del trabajo que se venía desempeñando. A un puesto
funcionarial se accede por oposición o concurso-oposición para ejecutar
los trabajos del puesto al que se accede, si uno queda incapacitado para
realizar dichos trabajos, lo demás cae por su base, y es lógico que en la
Ley se declare la extinción de la relación funcionarial. Por eso, no es
razonable admitir esta enmienda; desde luego, hacerlo supondría modificar
la estructura y configuración actual de la Administración pública.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Espert.

Pasamos al turno de portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, el Senador Román Clemente tiene
la palabra.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Senador Espert, una vez más, voy a insistir en el tema que le he
planteado al hablar de la enmienda número 145. Voy a darle algunas
razones del porqué de nuestra propuesta y a tratar de demostrarle que sus
argumentos no tienen la solidez suficiente para negarnos esta petición.

Después, le hablaré de la promoción interna, que está regulada
explícitamente, y, si me apura, me atrevo a decirle que gracias a
sentencias que han regulado cómo tiene que hacerse.

Senador Espert, un año más hay miles de trabajadores de la Función
pública que, teniendo categoría de personal laboral y con funciones
idénticas a los funcionarios del Grupo E --los denominados personal
subalterno--, no pueden promocionarse profesionalmente. A la hora de
redactar la enmienda he querido mostrarle todo un abanico del porqué, y
dejo constancia escrita para que puedan analizar una a una las razones.

En primer lugar, no se puede promocionar profesionalmente a cuerpos o
escalas de funcionarios porque se trata de regímenes jurídicos distintos.

De acuerdo, los subalternos del Grupo E tienen un régimen jurídico
diferente. Pero tampoco pueden promocionarse profesionalmente en el
ámbito de su actual regulación, o sea los convenios colectivos, porque el
número de plazas a las que pudieran optar en las diferentes ofertas de
empleo público son nulas. Basta hacer una simple comprobación de las
plazas y oportunidades de promoción que han tenido desde 1984 para ver
cuál es la realidad, y es que desde hace quince años miles de
trabajadores no han podido realizar esta promoción profesional. Si nos
vamos al marco legal que debe inspirar todo esto, que es la propia
Constitución, veremos que el artículo 35 propugna que todos los españoles
tienen derecho a la promoción a través del trabajo, pero en la
Administración General del Estado, al menos para determinados colectivos,
el ejercicio de ese derecho no es posible.

Sigo detallándole nuestras razones, y me dice: ¿a qué escala o a qué
cuerpo? Eso está regulado por ley. Lo que deben es facilitar la
posibilidad de la promoción interna, con el procedimiento que quieran
utilizar. Nosotros hemos propuesto aquí que se haga a través de un
concurso-oposición.

Le vuelvo a insistir en que desde 1994, tras el acuerdo entre la
Administración y los sindicatos, la inmensa mayoría de estas personas no
pueden promocionar. Existe la posibilidad de que estas personas se
pudieran acoger al sistema de acceso libre a cuerpos y escalas de
funcionarios del Grupo E, pero me quiere decir ¿cuántas plazas se han
ofertado desde 1993 para que puedan hacerlo? En definitiva, se lo he
dejado todo por escrito, pormenorizado y, le insisto otra vez, que el
personal laboral de estas categorías, las más bajas --que tienen
preparación y quieren promocionar-- no tienen ninguna posibilidad, bien
sea porque el régimen jurídico no lo permite o porque el número de plazas
que se ofertan dentro del convenio colectivo es simplemente inexistente.

Senador Espert, ¿no le parece que ha



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llegado el momento de que este personal, con los salarios más bajos de la
Administración, tenga la posibilidad de una promoción? De paso, a ver si
se mejoran esos salarios, pero veo que esta vez tampoco tendremos una
respuesta positiva.

No me voy a extender en el resto de las enmiendas --aunque creo que
nosotros somos bastante generosos en los turnos con los tiempos de que
disponemos--, simplemente quiero decir que si se trata de propiciar
medidas de adopción y hay una política general sensible a esa cuestión,
se debe cambiar la regulación jurídica para permitir que los padres que
quieran hacer uso de este derecho de adopción lo puedan realizar sin que
la ley les ponga ningún tipo de dificultades. Se pueden conceder este
tipo de permisos por el tiempo indispensable y el coste económico no
sería tan elevado, porque las circunstancias y los casos tampoco lo son,
Senador Espert.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Román.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Arévalo.




El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente, voy a
intervenir durante un minuto.

No he hecho mención a la enmienda 157 porque la retiramos en Comisión.

En cuanto a la enmienda 58, Senador Espert, sí tiene justificación porque
hay una contradicción en el sentido de que los funcionarios que están
sujetos al Régimen General de la Seguridad Social sufren una condición
que no tienen los que están incluidos dentro del Régimen de Clases
Pasivas y de mutualismo administrativo. Por tanto, sólo pretendemos
salvar este escollo y evitar que se siga produciendo esta contradicción
para que, en el caso de incapacidad permanente total, no exista la
jubilación forzosa por incapacidad sino que se pueda ejercer otra
función, aunque no sea directamente la de la profesión que le llevó al
puesto administrativo que ocupa.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Arévalo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Espert.




El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.

Senador Román Clemente, voy a recordar lo que creo que fue una confusión
en nuestro rifirrafe o debate de ayer tarde. Es cierto que califiqué de
loable su pretensión de que las pagas extras de los funcionarios
incluyeran determinados complementos que actualmente no incluyen, pero
usted, en su réplica, me dijo que yo había encontrado su enmienda
razonable, y tengo que insistir en que me parece un propósito loable,
pero no razonable, porque va en contra de la política general de este
Gobierno y, además, por otras razones. Quiero dejar claro este punto
porque, aunque no estamos debatiendo esa enmienda, es aplicable a muchas
de las de hoy. Veo que le guía un propósito loable, pero en general no se
pueden admitir esas enmiendas porque no se evalúa económicamente el costo
que suponen y, además, sospechamos que puede ser muy alto. En lo que se
refiere a la formación profesional, ese costo se incrementa en un doble
aspecto: en primer lugar, porque supone funcionarización de personal
laboral y, en segundo lugar, porque significa cambio de escala.

En cuanto a las enmiendas relativas a los permisos, no puede decir que el
coste de la adopción sería mínimo cuando sabe su señoría que muchas veces
para adoptar a determinados niños de ciertos países se obliga a la
permanencia de dos meses en ese país. Multiplique eso por el número de
adopciones, que me parece algo muy defendible, y verá que es un costo
difícilmente asumible en una política de contención del gasto, que es la
que está llevando a cabo durante cuatro ejercicios este Gobierno.

Al final, viendo en conjunto las enmiendas, que son muy defendibles e,
incluso, nos llegan al corazón, pues tratan de mejorar la situación de
determinados trabajadores, los de menos ingresos, facilitar el derecho a
la promoción interna que se reconoce constitucionalmente, pero también lo
tienen los trabajadores en una empresa privada. ¿Es fácil ejercer ese
derecho en una empresa privada si no hay movilidad de personal? Es tan
difícil como en la Función pública, señor Senador.

No quisiera sospecharlo, pero al final encuentro un cierto tufillo de
demagogia electoralista. Frente a una política de contención del gasto
como la que pretende este Gobierno, sus enmiendas unas veces solicitan
que los funcionarios tengan el mismo derecho que los laborales para que
sus pagas extraordinarias sean de una vez de la misma entidad que las
pagas normales; otras veces hay que equiparar los laborales a los
funcionarios. Siempre vamos a coger lo mejor de cada cuerpo, pero es un
camino que no tiene fin. Desde luego, este Gobierno es consciente de que
la política que ha llevado a cabo durante cuatro años ha producido una
situación económica que, por poner un ejemplo, permite a muchos
ciudadanos, los más humildes, llegar a adquirir un piso con una hipoteca
--lo hemos repetido hasta la saciedad-- al 4 o al 4,5 por ciento y no al
12, 14, 15 ó 16 por ciento como se pagaban antes. Pero esto se vende peor
al propio afectado, que piensa que porque su paga extraordinaria incluya
también determinado complemento no se va a disparar el déficit, no
aumentarán la inflación y los precios de las hipotecas. Pero si aplicamos
todas las enmiendas que se han propuesto a estos presupuestos y a la ley
de medidas de acompañamiento, no cabe duda de que llegaríamos a esa
situación, que no creo que ustedes deseen, desde luego, nosotros no.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Espert.

Terminado el debate del Título III, pasamos al debate del Título IV,
artículos 41 a 50. En primer lugar, voto particular número 2 de los
señores Román Clemente y Cámara Fernández.




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Tiene la palabra el Senador Román Clemente por tiempo de dos minutos.




El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.

Senador Espert, no es mi deseo entrar en este turno para responder a lo
que ha dicho en su intervención anterior, pero me quedo con todas las
ganas de entrar en este debate electoralista, demagógico, en el que
quiere situarme. Por respeto a su señoría no lo voy a hacer. Tan loables
como estas enmiendas son las anteriores. Doy por defendidas las enmiendas
números 135 y 136 que tenían como loable intención conseguir que los
ayuntamientos mejoren en su capacidad, en su liquidez y en su gestión.

Pero, señor Senador, tampoco voy a aprovechar esta ocasión para opinar
sobre la política económica del Gobierno utilizando la defensa de estas
dos enmiendas. A veces, a lo largo del debate, suceden estas cosas, y su
reglamentación nos obliga a todos. Yo me someto a ella, ya tendremos
oportunidad de debatir sobre estas cuestiones en la sección relativa a la
Administración Pública y en ese momento, Senador Espert, sí hablaremos de
otros asuntos.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.

Como casi siempre, el Senador Aleu tiene razón. Eran tres minutos, y no
dos, pero no importa, sobre todo si vamos bien de tiempo.

Para la defensa del voto particular número 4, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador
Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir brevemente para defender la única enmienda presentada a
este Título IV, la número 248, con la que pretendemos clarificar las
responsabilidades de las Comunidades Autónomas y del Estado en la gestión
de los fondos comunitarios, todo ello a través de acuerdos producidos
entre ambos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Cambra.

Para la defensa del voto particular número 6, del Grupo Parlamentario
Socialista, correspondiente a las enmiendas números 59 a 62, tiene la
palabra el Senador Ostos.




El señor OSTOS DOMINGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestra enmienda número 59 al artículo 41 es de supresión. Las razones
fundamentales por las que proponemos la supresión a un artículo que,
además, ha sido enmendado por el propio Grupo Parlamentario Popular en el
trámite de Ponencia, han sido expuestas en la primera intervención de
esta mañana del portavoz socialista, don Enrique Cobo, que ha dejado
clara nuestra filosofía sobre la ley de acompañamiento. A lo largo del
último gobierno socialista presentamos un borrador que no pudo ser
tramitado. Consideramos que es una ley importante que no ha de seguir
modificándose año tras año, sino que debe tener un tratamiento como ley
específica nueva.

Con la enmienda número 60 al artículo 42, coincidiendo con los argumentos
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
consideramos que la responsabilidad financiera derivada de los fondos
procedentes de la Unión Europea que afectan a la financiación de las
Comunidades Autónomas ha de ser contemplada dentro del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, no impuesta desde el Estado a las
Comunidades Autónomas, sino al revés, porque de esta manera podría
provocar incluso recursos de inconstitucionalidad. De ahí nuestra
propuesta de modificación del citado artículo 42 para, por un lado,
sanearla de otros fondos que no son necesarios, estando ya definidos los
fondos europeos y, por otro, simplificando y aclarando que no se han de
pasar por alto las competencias que hoy tienen atribuidas en este tema
las Comunidades Autónomas que deben ser objeto de negociación dentro del
citado Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por último, la enmienda número 61, al artículo 43, se refiere a las
obligaciones generadas por el Imserso. Para continuar en esa política de
definición de la separación de fuentes de ingresos entre el Imserso y la
Seguridad Social, quedando claro de dónde provienen los ingresos para el
primero en la Ley de Presupuestos, consideramos que la Seguridad Social
no es la que debe hacer frente a los pagos del Imserso que han quedado
pendientes, sino el Estado. Por ello, espero que nuestra enmienda puede
ser apoyada por el Grupo Parlamentario Popular.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Ostos.

Para turno en contra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el Senador Alierta.




El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

He de indicarle al Senador Román --quien, más que defender, ha hecho
mención a dos enmiendas-- que la compensación de deudas tributarias a las
corporaciones locales ya está prevista en la legislación actual. Lo que
no está previsto es lo que solicita en su enmienda número 135, en el
sentido de que las compensaciones a cuenta tributaria --la cual está
regulada por el real decreto correspondiente-- se extiendan a un
ayuntamiento, por ejemplo, para las posibles deudas que en concepto de
IVA puedan tener las empresas municipales. Se trata de entidades
diferentes y no deben integrarse en la misma cuenta tributaria, razón por
la cual no consideramos oportuno incorporar la enmienda número 135.

Y en cuanto a lo que se propone en la enmienda número 136, insisto en que
la legislación actual permite la compensación de las deudas, pero no
tendría sentido admitir una compensación por la cual el Estado pudiera
sufrir las



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consecuencias de la falta de pago de una Comunidad Autónoma o de otra
institución a un ayuntamiento. Por tanto, tampoco se puede aceptar esta
enmienda.

Con respecto a la enmienda defendida por el Senador Cambra, del Grupo de
Convergència i Unió, hay que señalar que la potestad normativa, es decir,
la determinación de las normas, corresponde al Estado, es una potestad
estatal. Cosa distinta es que sobre materias que afecten a las
Comunidades Autónomas sea informado y oído un órgano consultivo como el
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, consideramos que el
actual redactado de la ley es correcto en este aspecto y no creemos que
deba incorporarse esta enmienda, insistiendo nuevamente en que eso no
impide que las Comunidades Autónomas puedan expresar sus opiniones a
través de dicho Consejo, en cuanto tiene carácter consultivo, y a buen
seguro que éstas serán tenidas en cuenta, como normalmente ha ocurrido, a
la hora de establecer la regulación correspondiente por quien
corresponde.

Este mismo argumento se puede extender a la enmienda número 60, del Grupo
Parlamentario Socialista, que viene a plantear la misma cuestión. Insisto
en que es al Estado al que le corresponde la potestad legislativa y no a
un consejo consultivo, por más que su opinión sea tenida en cuenta.

Respecto de las restantes enmiendas defendidas por el Grupo Socialista,
la número 59 propone la supresión del artículo 41, que establece unas
modificaciones puntuales de la Ley General Presupuestaria que permiten su
mejor funcionamiento en aspectos concretos. En este sentido, consideramos
que si alguna normativa se puede modificar en la ley de medidas, que
ahora nos ocupa, es la Ley General Presupuestaria, dado su carácter
presupuestario, modificaciones que, como digo, se llevan a cabo en el
artículo 41. Repito que las modificaciones puntuales introducidas van a
permitir una mejora presupuestaria, están perfectamente justificadas y no
suscitan ninguna controversia. Por tanto, no creemos oportuna la
supresión del artículo 41, sino que, por el contrario, opinamos que debe
mantenerse su actual redactado y que su contenido pase a ser norma de
ley.

La enmienda número 61 se refiere a las obligaciones pendientes del
Imserso por ejercicios anteriores al correspondiente a 1999. Como sus
señorías saben, se ha avanzado de forma extraordinaria en lo relativo a
la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social.

Recordarán que en los últimos tres años, con el Gobierno del Partido
Popular, las transferencias para financiar la Sanidad han pasado de 2,4
billones, en1995, a 4,2 billones para los presupuestos del año 2000; es
decir, se van a destinar a la Sanidad casi dos billones más que en 1995,
y ésta ha alcanzado su financiación por la vía de transferencias del
Estado.

En los presupuestos para el 2000 se inicia la financiación del Imserso
mediante transferencias procedentes del Estado. Por tanto, este año, como
figura en el artículo 2 de la Ley, el Imserso ya recibe una cantidad muy
importante, del orden de 200.000 millones de pesetas, para financiar
actividades que antes se financiaban con fondos a las actividades de la
Seguridad Social. Podría hacer mención a sus señorías de cuáles son estas
nuevas actividades, si bien sólo me referiré al importante aumento que en
estos presupuestos, una vez que se ha completado la separación de esta
financiación y siendo que el Estado asume la financiación de la Sanidad,
se inicia en los presupuestos para el año 2000 respecto al Imserso. Pero
es lógico que el Estado asuma la financiación de estas operaciones del
Imserso a partir del momento en que asume este compromiso de
financiación, pero no respecto de las obligaciones que estuvieran
pendientes con anterioridad. Los propios recursos destinados a dichas
obligaciones son los que deben hacer frente a las mismas.

Por otra parte, no sólo es normal y buena técnica asumir una obligación
sólo respecto de la fecha en que se acuerde, en este caso, el 1 de enero
de 2000, y no respecto de actividades que estén pendientes, lo que, por
otra parte, no ascenderá a una gran cuantía, sino que, además, era la
forma que ya existía en este país. Recordarán sus señorías que en los
presupuestos para 1989 y mediante la Ley 37/1988, artículo 94, se
establecía, para la financiación del Insalud por parte del Estado, que ha
acabado de completarse en los últimos ejercicios, este mismo tipo de
fórmula. Por tanto, el Estado irá progresivamente financiando la Sanidad
a través de transferencias, pero las obligaciones existentes hasta el
momento las asume el Insalud.

Recordarán sus señorías también que aquellas obligaciones pendientes se
tuvieron que estimar a fecha del año 1989 y creo recordar que salieron
unas cifras próximas a los 400.000, 600.000 millones de pesetas en
aquella época y que luego aparecieron en presupuestos sucesivos a través
de unos préstamos de 200.000 millones de pesetas para ir amortizándolas.

Por tanto, la misma técnica de asunción de financiación del Insalud del
año 1989, lo pendiente lo asumía el mismo --aunque, luego, el Estado tuvo
que ir asumiéndola a través de préstamos--, es la que se utiliza ahora. A
partir de los Presupuestos para el año 2000 muchas de las actividades del
Imserso se financiarán mediante transferencias del Estado, si bien es
lógico que as obligaciones pendientes sean asumidas por quien hasta el
momento tenía los fondos para poder hacerlo.

En consecuencia, nuestro Grupo entiende que lo que se contempla en la ley
es correcto, de manera que no vamos a proponer la incorporación de la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Alierta.

Pasamos al turno de portavoces. (Pausa.)
No hay más intervenciones que la del portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Por tanto, tiene la palabra el Senador Ostos.




El señor OSTOS DOMINGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Respecto a la enmienda número 59, que pretende la supresión del artículo
41, por desacuerdo con la modificación de la Ley General Presupuestaria
mediante este trámite



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legislativo, y que pretende mejorar la ley, no me diga usted que las
modificaciones que propone son pequeñas. Antes al contrario, afecta a un
buen número de artículos, y precisamente por la importancia que, en
efecto, tiene esta Ley General Presupuestaria, no se debe ir parcheando.

En este sentido, hace ya cuatro años el Grupo Parlamentario Socialista
presentó un proyecto para su tramitación. No pudo tramitarse pero ha
estado en nuestra voluntad año tras año, por lo que esperamos que ustedes
presenten cuanto antes en la próxima legislatura ese nuevo proyecto de
ley sobre control presupuestario de la Ley General Presupuestaria.

Respecto a la enmienda número 60, dice usted que son competencias del
Estado. En mi opinión, se toca la autonomía financiera de las Comunidades
Autónomas en cuanto a retenciones que se les puede hacer. Usted le da
poca importancia a esta cuestión. Sin embargo, nosotros consideramos que
puede dar lugar incluso a recurso de inconstitucionalidad, por esta
prerrogativa que se toma el Estado sobre las Comunidades Autónomas y que
posiblemente pueda ir a más. Por tanto, creo que debieran aceptar esta
enmienda, referente a una cuestión sobre la que compartimos criterio con
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Usted me habla de la enmienda número 62, sobre la separación de fuentes,
alegando los compromisos asumidos. Pero si la voluntad es que sea el
Estado a partir de ahora quien corra con los gastos del Imserso, si ésa
es la voluntad real, hagámoslo. Además, en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 1999, en el artículo 12.3, ya se dice cuáles son
las fuentes de ingreso del Imserso, y entre ellas figuran las
aportaciones del Estado, por lo que aquellas cargas que tenga el Imserso
tienen que ser afrontadas por el Estado y no mantengamos una rémora sobre
la Seguridad Social, que puede poner otra vez en tela de juicio el origen
de la financiación de la Seguridad Social y las distintas prestaciones
que hace el Imserso. Aclarémoslo de una vez. Y si ya se ha definido cuál
es la fuente de financiación del Imserso, pongamos todos los medios para
que se aclare la situación.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Ostos.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Alierta.




El señor ALIERTA IZUEL Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciando el último punto, lo que la ley pretende es, precisamente, que
los temas queden claros. El Estado envía partidas por importe de 170.000
millones de pesetas en transferencias corrientes --como consta en los
Presupuestos-- para financiar las actividades del Imserso a partir del
año 2000. Pero también está claro que las anteriores obligaciones del
Imserso le corresponden a él en ese procedimiento de claridad de
responsabilidades. Es decir, lo que no suele ser normal ni en la
Administración ni en las empresas públicas es que se diga de repente: Es
que ahora aparece por aquí una partida pendiente. Pues no. No hay que
hacer ninguna auditoría. Por otra parte, debo decir a su señoría que en
la práctica no es un problema, en cuanto que las obligaciones pendientes
que pueda tener el Imserso no son grandes. Es un problema de rigor
contable, de rigor en la responsabilidad, de clarificar lo que
corresponde a cada uno en cada caso, porque, de lo contrario, implicaría,
entre otras cosas, hacer una auditoría del Imserso para saber lo que se
asume, que es lo que hace cualquier empresa que absorbe a otra, etcétera.

En este caso no hace falta. Vuelvo a repetirle que es la misma fórmula
que se utilizó coherentemente también con el Imsalud en 1989.

En cuanto a problemas de fondo o de voluntad política, señor Senador,
vuelvo a repetirle que en los Presupuestos Generales del Estado para este
año hay 4,2 billones de pesetas para el Imsalud. Comprenderá que al
Gobierno del Grupo Parlamentario Popular y al Grupo Parlamentario Popular
no se le caen los anillos por poner esa cantidad, señor Ostos, que me
imagino que estará usted muy contento de pensar que el Estado da 4,2
billones, cuando en el año 1995 daba 2,4.

Es un aumento de 1,8 billones de pesetas, espectacular, en tres años.

Prácticamente casi lo ha doblado la transferencia del Estado a sanidad,
lo que sí es una verdadera ejecución ejemplar, que hace que estos
presupuestos sean alabados, además de por otras razones también por ésta.

En cuanto al Consejo de Política Fiscal y Financiera del que me habla,
debo decir lo mismo, señor Senador, la potestad corresponde al Estado y
es un organismo consultivo. En todas las materias que dependen de
coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas se hace así la
regulación. El Consejo tiene una naturaleza consultiva y, en
consecuencia, es como se debe operar, lo cual, vuelvo a repetir, no quita
para que en la práctica las consultas se hagan oportunamente y todas las
opiniones que puedan tener las diferentes Comunidades Autónomas se
recojan lo más ampliamente posible.

Respecto al último punto, me hace referencia a la Ley General
Presupuestaria. Las modificaciones son puntuales. Por ejemplo, en la
modificación introducida en los concursos, en los que el Estado tiene
derecho preferente en cuanto a deudas acreedoras por tributarías, para
facilitar la gestión y el papel del Estado en procesos concursales, se
amplía, no sólo a las deudas tributarías, sino también a cualquier otro
tipo de deuda, con lo cual, puede alcanzarse una política más uniforme y
coherente en cualquiera de estas circunstancias. Es una pequeña y puntual
modificación, pero que facilita en los casos que se presenta una mejor
gestión de los asuntos públicos. Las demás modificaciones que se recogen
van en la misma dirección.

En última instancia, señor Senador, yo recojo sus palabras.

Evidentemente, en la próxima Legislatura, como usted nos ha indicado,
presentaremos un proyecto de ley y espero que lo hagamos, ya que, como el
Senador dice, nos corresponderá a nosotros hacerlo. Por tanto, no hace
falta que me extienda sobre las consecuencias.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Alierta.




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Pasamos al debate del Título V, correspondiente a los artículos 51 a 74.

En primer lugar, para la defensa del voto particular número 3, del Grupo
Parlamentario Mixto, correspondiente a las enmiendas números 27, 29, 30,
201 y 206, tiene la palabra el Senador Estaún.




El señor ESTAUN GARCIA: Gracias, señor Presidente.

Voy a hacer la defensa de las enmiendas de los Senadores del Partido
Aragonés, números 29 y 30, y voy a dar por defendidas el resto de las
enmiendas presentadas por el Grupo Mixto.

La número 29 recoge la sugerencia de un colectivo importante del
Instituto Nacional de Ingenieros Técnicos, que pretende introducir una
precisión en la Ley de Navegación Aérea recogiendo específicamente las
competencias de los ingenieros técnicos aeronáuticos para las funciones
de ingeniería propias de la navegación aérea.

Esta precisión en principio holgaría, ya que según la Ley 12/1986, de 11
de abril, por la que se delimitaron las competencias entre las distintas
ingenierías, cabría la interpretación de que tienen competencias en esta
materia. Ahora bien, existen por parte de algunos ámbitos ministeriales
cierta reticencia a admitir las competencias de los ingenieros técnicos
aeronáuticos, de ahí el motivo de la presentación de nuestra enmienda,
señor Presidente.

En otro orden de cosas, hemos presentado la número 30, que solicita la
supresión del aparado 3 del artículo 32 de la LOGSE, por no estar de
acuerdo con esta modificación, que tiene su origen en último debate sobre
el estado de la Nación, en el cual se aprobó una resolución para la
modificación del artículo 31, dando un plazo de seis meses para llevar a
cabo dicha modificación.

Pues bien, nos encontramos con que en lugar de esa modificación del
artículo 31 aprobada por las Cortes Generales, se modifica este artículo
32 que, a juicio del Partido Aragonés, se produce de una manera que
menoscaba el nivel de la Formación Profesional, puesto que se rebaja de
20 a 18 años la edad de incorporación a otros ciclos de Formación
Profesional y los requisitos de acceso.

Por lo tanto, consideramos que esta modificación, para la que pedimos su
supresión, puede ir en detrimento de la cualificación de los alumnos de
Formación Profesional. De ahí que, con buen criterio, el Consejo Escolar
del Estado lo retirara del orden del día, puesto que se podía producir
una votación negativa respecto a esta pretensión de modificación.

Asimismo, el Consejo Económico y Social ha expresado sus cautelas
respecto a esta modificación.

En consecuencia, señor Presidente, en nuestra enmienda número 30
solicitamos su supresión.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Estaún.

Pasamos a la defensa del voto particular del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, correspondiente a las enmiendas números
13 a 15.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Gangoiti.

El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente. Si la
Presidencia estuviese de acuerdo, daría por defendidas no sólo las
enmiendas a este título, sino también las números 13 a 24, que son las
que nos restan de este proyecto.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): De acuerdo. Tomamos nota.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente. La número 13
es una enmienda de adición al artículo 53. Se pretende añadir al punto 3,
tras el pago de productos alimenticios perecederos, los productos lácteos
frescos.

La número 14 al artículo 64 es de supresión por considerar que lo que se
pretende con la reforma de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen
de Suelo y Valoraciones, encubre una modificación inconstitucional de dos
leyes orgánicas, las 1/1995 y 2/1995, Estatutos de Autonomía de las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla respectivamente, ya que se pretende
alterar dos preceptos orgánicos con una norma de rango de ley ordinaria.

La enmienda número 15 al artículo 65 bis es de adición y la modificación
que propone tiene por objeto superar la situación de interinidad y la
conculcación de los derechos adquiridos en que se hallan sujetas las
personas encargadas de la enseñanza de la religión en los centros
públicos de enseñanza secundaria contratados hasta la fecha.

Entrando ya en las enmiendas a las disposiciones adicionales, la número
16 es de adición y la presentamos porque consideramos que la propuesta de
condonación de las deudas pendientes, procedentes de los convenios de
recuperación firmados por las cooperativas y las sociedades laborales,
supone un apoyo y defensa de los poderes públicos a la economía social,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129.2 de la Constitución, que
obliga a los poderes públicos a promover eficazmente las diversas formas
de participación en la empresa y a fomentar mediante una legislación
adecuada las sociedades cooperativas.

La enmienda número 17 propone la adición de una disposición adicional
nueva. El texto que proponemos añadir es el siguiente: «Cooperativas en
las acciones comunitarias financiadas con cargo a los Fondos
Estructurales» ¿Por qué presentamos este texto? Debido a la reciente
modificación llevada a cabo por el Consejo de la Unión Europea agrupando
en un único reglamento las disposiciones relativas a los Fondos
Estructurales.

La enmienda número 18 pide la adición de una disposición adicional nueva.

Lo que proponemos es que se respete, en cuanto al desarrollo
reglamentario específico de mutualidades, lo dispuesto en la disposición
final segunda de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.

La enmienda número 19 solicita la adición de otra disposición adicional
nueva y con ella lo que pretendemos es crear un marco jurídico razonable
que no existe en estos momentos en la derivación de deudas por sucesión
de actividad.

La enmienda número 20 solicita también la adición de una nueva
disposición adicional. Consideramos que aceptando



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esta enmienda se evitaría la competencia recaudatoria entre instituciones
al tiempo que se mejoraría el ámbito de actuación y se agilizarían los
procedimientos actuales.

La enmienda número 21 es de adición, y lo que solicitamos en ella es que
los aspectos relacionados con el IRPF en el caso de las mutualidades sean
como en los planes de pensiones.

La enmienda número 22 la hemos presentado todos los años y por el momento
no tiene posibilidad de salir adelante, es la famosa enmienda a la
concurrencia, con la cual no voy a aburrir a sus señorías porque la hemos
presentado en todos los debates de presupuestos de esta legislatura.

La enmienda número 23 es de adición. A través de ella proponemos
modificar la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1985 por la que se
desarrolla el Real Decreto 505/1985, en materia de devolución de
cantidades satisfechas por el Fondo de Garantía Salarial.

Por último, hemos presentado la enmienda número 24 --y con esto acabo,
señor Presidente, la defensa de todas las enmiendas que nuestro grupo
parlamentario ha presentado al proyecto de ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social--. Nosotros consideramos que las
mutualidades, al igual que los planes y los fondos de pensiones, deben
estar exentos de IVA, y en estos momentos las mutualidades no lo están.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Gangoiti.

Para la defensa del voto particular número 2, de los señores Román
Clemente y Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, que
corresponde a las enmiendas números 3 y 137 a 143, tiene la palabra el
Senador Román.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero agradecer la amabilidad que han tenido tanto la
Mesa como los portavoces en este turno para que pueda intervenir en un
orden distinto, y para no abusar de esa amabilidad y en señal de
agradecimiento, rápidamente, señorías, me voy a centrar en cuatro
enmiendas.

La enmienda número 3 se refiere a las Islas Baleares para compensar el
déficit existente en el transporte colectivo. Es una enmienda redactada
con la suficiente claridad y me remito a ella.

La enmienda número 139 es de supresión. Consideramos que la modificación
de la LOGSE que se establece en esta Ley es improcedente. Por tanto,
corregimos esa modificación y decimos que no es el Proyecto de Ley de
Medidas Fiscales el lugar más adecuado para modificar la LOGSE.

La enmienda 142 establece: En un plazo de tres meses va partir de la
aprobación de esta Ley, se constituirá una comisión mixta entre los
Ministerios de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Defensa, la cual
realizará un estudio sobre el nivel de desocupación de camas y de
infrautilización asistencial de los hospitales militares, a partir del
cual realizará propuestas de concierto asistencial con el Insalud, que
serán suscritas por el Instituto de forma preferente para atender las
necesidades asistenciales de la población. Reiteramos, una vez más, que
existen hospitales militares que están infrautilizados, por ejemplo, el
Gómez Ulla, para el que también se ha presentado una enmienda puntual.

Por tanto, se trata de recuperar estos centros para la atención sanitaria
especializada de la población.

Por último, la enmienda número 143 señala: Sobre el etiquetado de los
productos de alimentación humana, animal y cosméticos, a partir del 1 de
julio del año 2000, se deberá incluir en las etiquetas de productos
alimenticios para humanos y animales, así como para los productos
cosméticos la composición de éstos, explicitando el tipo y cantidad de
productos transgénicos autorizados, utilizados.

Con esto doy por defendidas nuestras enmiendas.

Una vez más reitero mi agradecimiento por la amabilidad otorgada.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Román.

Para la defensa del voto particular número 4 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que corresponde a la
enmienda número 249, tiene la palabra el Senador Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Moltes gràcies, senyor President.

Efectivamente, mantenemos sólo una enmienda al Título V, la número 249,
con la cual se propone añadir un nuevo artículo 67 bis, que modificaría
la redacción de la Disposición Adicional Undécima segunda de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con la siguiente
redacción en su punto 2: Los consejos Consultivos podrán informar
respecto de las actuaciones que realice la Comisión Nacional de Energía
en el ejercicio de sus funciones. Este informe será a su vez preceptivo
sobre las actuaciones a desarrollar en ejecución de las funciones
segunda, tercera, cuarta y séptima.

La presente enmienda tiene por objeto modificar y sustituir uno de los
supuestos en que la participación de los Consejos Consultivos, en el
desarrollo de las funciones de la Comisión Nacional de Energía, tiene
carácter preceptivo. En particular, la enmienda suprime el carácter
preceptivo de la intervención de dichos Consejos cuando la consistencia
en «emitir los informes que le sean solicitados por las Comunidades
cuando lo consideren oportuno en el ejercicio de sus competencias en
materia energética». Con ello se trata de subsanar el que entendemos
nosotros fue un error producido en la tramitación parlamentaria de la Ley
34/1998 del Sector de Hidrocarburos precisamente en el Senado.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Moltes gràcies, Senador Cambra.

Para la defensa de los votos particulares números 6 y 7 del Grupo
Parlamentario Socialista, que corresponden a las enmiendas números 63 a
74, y la vuelta al texto remitido



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por el Congreso no modificado por las enmiendas números 227 y 228 del
Grupo Parlamentario Popular, y por una enmienda transaccional que ha
incluido un nuevo apartado 4 en el artículo 59, tiene la palabra la
Senadora Pleguezuelos.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.

Por la variedad de este Título vamos a compartir varios Senadores la
defensa de las enmiendas. Mi intervención tiene que ver con todos
aquellos artículos que están relacionados con la acción administrativa en
materia de infraestructuras, de transportes y telecomunicaciones, de
urbanismo y medio ambiente.

En primer lugar, por lo que se refiere a las infraestructuras, señorías,
este proyecto de ley perpetúa sin ninguna duda el sistema de construcción
de obra pública que en materia de carreteras el Gobierno popular ha ido
consolidando en estos cuatro años de legislatura. En ese sentido,
nuestras enmiendas números 66 y 67 proponen la supresión de los artículos
55 y 56. Con estos artículos el Gobierno, al modificar la Ley de
construcción y explotación de las autopistas, está dando cada vez más
beneficios a las concesionarias de autopistas de peaje y además lo hace
prácticamente sin contraprestación alguna para los usuarios, y cuando hay
alguna son pequeñas rebajas cosméticas de esos peajes. Con estos
artículos el Gobierno está profundizando en ese modelo que consiste en
alargar los períodos concesionales y ampliar el objeto social de la
concesión; sin embargo, para el usuario supone el pago de peajes durante
más años y las rebajas son prácticamente nulas, es decir, a cambio de
nada. Nuestras enmiendas van en el sentido de que estos artículos son
contrarios al interés general de todos los ciudadanos y, por tanto,
contrarias al interés público.

El texto del artículo 55 establece también de nuevo la posibilidad de
mantener incluso estos peajes una vez finalizadas las concesiones,
ampliándose de esta manera las posibilidades de negocio de las
concesionarias y concediéndoles en su área de influencia --es verdad que
el proyecto lo deja abierto-- la posibilidad de desarrollar nuevas obras,
y todo ello, insisto, señorías, a cambio de nada. Es decir, un nuevo
regalo del Gobierno que, como siempre, es para unos pocos pero viene
siendo sufragado por todos los ciudadanos, y en este caso también,
lógicamente, por los usuarios que pagarán más peaje.

Nos oponemos, por tanto, porque entendemos que es necesario recuperar el
equilibrio entre el interés público y los intereses privados. Y,
señorías, que quede claro que no queremos limitar los derechos de quienes
en un momento arriesgan con su inversión los intereses privados
legítimos, pero no podemos poner esos intereses por encima de los
derechos de los usuarios, de los derechos de los ciudadanos, como hace
este texto. Sólo les daré un botón de muestra: ¿saben ustedes lo que está
ocurriendo en este momento por estas políticas del Partido Popular con
las concesionarias de las autopistas? Que de cada 100 pesetas de
facturación 50 son beneficios, y encima a esas concesionarias se les está
ampliando la concesión --como decía antes-- por una casi rebaja
cosmética. Un par de ejemplos de algunas de las concesionarias: a Acesa
se le ha ampliado en cinco años y a Aumar en trece. Con esas
prerrogativas y con esos privilegios, señorías, estamos en desacuerdo.

Y no bastando con esto, encima en el artículo 56 se establece --y esto
también es muy grave-- un nuevo contrato de gestión de autovías que lo
que realmente hace es, ni más ni menos, privatizar la gestión de las
autovías que hoy por hoy han sido financiadas íntegramente con capital
público. Y así, si se lleva a cabo una posible reforma y se hace una
explotación por parte de esos concesionarios mediante peajes, al final
volverá a ser pagado por el bolsillo, primero, de todos los ciudadanos
que pagaron con sus impuestos esas autovías y, segundo, de los usuarios
que las utilizan.

En materia de comunicaciones, planteamos también la supresión de los
artículos 62 y 63. Es verdad que ustedes sistemáticamente han venido
utilizando la ley de acompañamiento para modificar muchas leyes --en este
caso han bajado un poquito el listón, ya no son cincuenta y tantas, son
más de cuarenta las que modifica--. ¿Quieren explicar a la Cámara qué
sentido tiene utilizar la ley de acompañamiento para modificar la Ley
General de las Telecomunicaciones que aprobamos hace un año? ¿Me quieren
explicar por qué aprovechan esta ley para modificar también la ley de la
televisión privada? Señorías, no parece razonable --y nosotros entendemos
que debe hacerse-- que si ustedes consideran que hay algo que modificar,
no se haga por el procedimiento legítimo, es decir, traer la modificación
específica de esa ley a la Cámara, y no aprovechar el proyecto de Ley de
medidas.

En materia de transportes las enmiendas números 68 y 69, ambas de
supresión de los artículos 59 y 60, están planteadas desde la coherencia
que viene manteniendo mi grupo parlamentario durante toda esta
legislatura de reiterar lo que acabo de decir en la materia anterior: no
se puede aprovechar que pasa por aquí la ley de acompañamiento para
modificar, en este caso, ni más ni menos que la navegación aérea.

Señorías, ¿cómo puede pretender el Partido Popular, el Gobierno, que lo
que hoy es una modificación que sin duda puede estar obsoleta, que
necesita adecuarse al marco comunitario, como es todo lo relativo a la
aeronáutica nacional, haya que hacerlo a botepronto, mal hecho y
aprovechando esta ley?
Finalmente, voy a defender las enmiendas a la disposición adicional
octava, que proponemos suprimir, porque no es razonable que se otorgue,
como en este caso, a través de la modificación de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, para los locales de negocio de las oficinas de
farmacia, un privilegio más a los que nos tiene acostumbrados el
Gobierno.

A la disposición adicional octava también hemos presentado la enmienda
número 77, con la que pretendemos que no se limiten los beneficios
fiscales que se pueden aplicar a la ciudad de Salamanca, como capital
europea de la cultura para el año 2002, sólo al término municipal y a la
ciudad de Salamanca. Entendemos que deben ser extendidos estos beneficios
y permitir la rehabilitación de algunos otros lugares que pueden estar
conectados con esta capitalidad.




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La enmienda número 97 plantea una nueva disposición adicional, relativa a
este tema prioritario de las autopistas de peaje, en el sentido de
modificar la Ley de Construcción, Conservación y Explotación de las
Autopistas en Régimen de Concesión, para que podamos proceder al rescate
de algunos de esos tramos de autovía, no costosos para el Estado.

Señorías, hemos de hacer una modificación legislativa que permita que el
plan económico financiero de las concesionarias pueda contemplar los
ajustes necesarios que nos lleven a que, cuando hay una evolución
favorable de esos resultados económicos, podamos conseguir el equilibrio
del que hablaba antes; de una parte, los intereses generales, y de otra
parte, sin duda, la compensación económica de las concesionarias que en
su día arriesgaron una inversión.

Termino, señorías, diciendo que mi grupo retira el voto particular a la
enmienda número 231, del Grupo Parlamentario Popular, que entró en fase
de Ponencia.

Señor Presidente, continuará defendiendo enmiendas el Senador Nieto.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Gracias, Senadora Pleguezuelos.

Entiendo que su grupo va a defender todas las enmiendas al Título V, así
como a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y
finales.

Para la defensa de las enmiendas números 72 y 73, tiene la palabra el
Senador Nieto.




El señor NIETO LEDO: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda número 72 es de supresión del artículo 65 de la Ley de
Medidas; consideramos que este artículo 65, en lugar de flexibilizar la
LOGSE --utilizando los términos que en Comisión empleó el Grupo
Parlamentario Popular, es decir, los requisitos que los alumnos han de
cumplir para acceder a los ciclos formativos de grado superior--, lo que
realmente hace es rebajar considerablemente la formación profesional de
base que han de cumplir estos alumnos, y no garantiza por tanto la
formación mínima que se considera adecuada para que un alumno pueda
escolarizarse con garantía en la formación profesional de grado superior.

Yo tendría que preguntar por qué no se ha utilizado esa flexibilización
también extendiendo la edad de acceso a la universidad desde los 25 años,
como establece la LOGSE, hasta los 18 años, de manera similar a como se
realiza para el acceso al ciclo superior. La respuesta es obvia, porque
se diría que es una barbaridad, ya que los alumnos que de esa manera
accederían a la Universidad no tendrían suficientes garantías de
formación básica.

Con esta modificación de la LOGSE el Gobierno del Partido Popular ha
hurtado totalmente el debate social que es imprescindible para llevar a
cabo la modificación del sistema educativo. Lo que se hace realmente con
este procedimiento es tratar de evitar el debate que intentó provocar
para reformar las Humanidades en el Segundo Ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria, y que tan poco fruto obtuvo. Consideramos que
este procedimiento de modificación de la LOGSE no es el adecuado, y que
lo que hace es perjudicar considerablemente el prestigio que hasta ahora
están adquiriendo los ciclos formativos de Grado Superior.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Nieto.

Para la defensa del voto particular que pide la vuelta al texto del
Congreso, en relación con la introducción de la enmienda 228 del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Zamorano.




El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.

En las peticiones de comparecencias de Altos Cargos en la Comisión de
Presupuestos, para conocer tanto la ley de presupuestos como la ley de
medidas, pedí la del Secretario de Estado de Asistencia Sanitaria, del
Presidente del Insalud, para hacerle una única y exclusiva pregunta.

Deseaba saber si el Ministerio iba a utilizar el trámite del Senado, como
había hecho en años anteriores, para introducir enmiendas que
significasen cambios sustanciales en nuestra normativa. Dijo entonces el
Presidente del Insalud que no; que no iba a instar al Grupo Parlamentario
Popular a la introducción de ningún de tipo de enmiendas en este sentido.

Se pone de manifiesto la forma en la cual el Partido Popular, el
Ministerio de Sanidad, ha tratado a esta Cámara durante esta legislatura.

El día 29 presentaron una enmienda que pretende introducir unos cambios
sustanciales en la Ley del Medicamento, que van a afectar a las
prestaciones farmacéuticas que reciben los ciudadanos, pues pretende
obtener manos libres para efectuar un recorte futuro en prestaciones
farmacéuticas, manos libres para no tener que dar la cara con «recetazos»
como el que nos ofreció hace dos años; que, además, va a incidir
negativamente en aquellos laboratorios que tengan mayor innovación
tecnológica; pero que, además, han provocado un profundo rechazo en
determinados sectores farmacéuticos por la limitación que puede
significar para la libre competencia dentro de la Unión Europea.

Para ocultar todo esto, empleando la misma táctica que han seguido para
reformas habituales en toda la legislatura, lo presentan en una enmienda
en el Senado que, ante la respuesta que obtienen, provoca una enmienda a
su propia enmienda --hay que recordar a los representantes del Ministerio
de Sanidad apareciendo en la Ponencia como si fueran los «hombres de
Harrelson», modificando la enmienda que se había presentado--, que
utiliza, por consiguiente, toda esta táctica oscurantista que han seguido
en la legislación parlamentaria durante estos cuatro años, y que no
podemos aceptar ni en la forma ni en el fondo, porque entendemos que son
un mecanismo para obtener vía libre, para aplicarnos «recetazos» en un
futuro sin necesidad de tener que aprobar decretos para la exclusión de
financiación selectiva de medicamentos, que va a perjudicar a los
laboratorios más innovadores. Sobre todo, y en lo que



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hace referencia a la fijación de dos sistemas de precios distintos, según
se trate del mercado nacional o del internacional, va en contra de las
prácticas de la Unión Europea.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Zamorano.

Para defender las enmiendas números 38, 43, 63, 64, 65, 73, 78, 79, 80,
84, 92, 93, 98, 99, 101, 103 a 109 inclusive, y resto de los votos
particulares para la vuelta al texto del Congreso que nos llegó a la
Comisión, tiene la palabra el Senador Gibert.




El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.

Sus señorías habrán observado que bastantes de nuestras enmiendas son de
supresión y se refieren, en general, a casos que poco o nada tienen que
ver con los presupuestos. En Comisión se nos decía desde el Grupo Popular
que era opinable si tienen o no que ver con los presupuestos, pero desde
luego nosotros creemos que no es materia opinable, y en muchos casos no
tienen relación con los presupuestos. Por eso quisiera aprovechar, como
ya han hecho algunos de mis compañeros, para insistir en nuestra protesta
por el abuso que se hace de esta ley en el sentido de modificar
determinadas normas sin que lo requiera la gestión presupuestaria del
próximo ejercicio.

Se podrá decir que el abuso es menor que el del año pasado porque hay
menos temas estrella tal vez, pero entendemos que se pone de manifiesto
una vez más que el Gobierno usa esta Cámara como una especie de sucursal
de tercer orden y, en algunas ocasiones, sin guardar siquiera las formas.

Entrando en la defensa de las enmiendas, me gustaría decirles que también
nos oponemos a algunos retoques fiscales que, desde nuestro punto de
vista, son claramente clientelares. Ayer el señor Alierta nos decía --y
también lo han comentado bastantes veces en estos días los miembros del
Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular-- que el Partido Socialista
quiere incrementar la presión fiscal de las PYMEs, cosa que es
absolutamente falsa, porque lo que hacemos es oponernos a algunas medidas
clientelares, y esto tiene muy poco que ver con querer incrementar la
presión fiscal.

Hemos presentado un voto particular a la incorporación de la enmienda
número 236 y, aunque sea sólo a efectos de «Diario de Sesiones», me
gustaría dejar claro que no es una oposición a la intención de la
enmienda, que pretende regular la participación en empresas energéticas.

Esta idea la podríamos compartir, pero creemos que esas cosas no se
pueden hacer ni por este método ni con estas prisas, y nos parece que es
muy vulnerable desde el punto de vista de la legislación comunitaria;
éste es el motivo real de nuestra oposición.

Habría que evitar cosas como que en esta ley se prevea que el Gobierno
pueda nombrar un vicepresidente de la Comisión de la Energía. Este es un
caso que no tiene nada que ver con la gestión presupuestaria, pero indica
una vez más la poca fe del Gobierno en los organismos independientes,
puesto que el Presidente de esa Comisión fue elegido por consenso, y
quizá consideren necesario evitar el riesgo de que sea demasiado
independiente, por lo que se aprovecha la ley de medidas para que el
Gobierno pueda nombrar un vicepresidente, cosa que está fuera de lugar en
esta ley.

Mantenemos también un voto particular de supresión de la pintoresca
enmienda que ha resultado en relación con los afectados por el síndrome
tóxico, a los cuales entendemos que, con un cierto sarcasmo, se les dice
que si alguno de ellos se encuentra en una situación apuradísima quizá se
pueda hacer algo y, además, pueden ir al médico. Nos parece sarcástico y
hubiera valido más no decir nada.

Asimismo, se ha introducido una enmienda en ponencia en relación con los
derechos de propiedad intelectual, que es una prueba más de
improvisación, y tanto el Gobierno como el Grupo Popular tuvieron que
echarse atrás. El texto que ahora va a quedar en la ley es equivalente a
que hubiera una profusión de textos que dijeran cosas como que el
Gobierno estudiará si hay casos de inseguridad jurídica, en general, en
el cuerpo legal vigente en este país, lo cual nos parece no sé si decir
pintoresco o un poco ridículo.

Nuestras enmiendas pretenden también evitar desviaciones, mejorar la
gestión de los créditos FAD y apoyar fiscalmente a la energía solar.

En relación con nuestra aportación a la posible mejor regulación de las
«stock options», nos gustaría --y creo que hubiera sido inteligente que
el Partido Popular lo hubiera propuesto-- estudiarlas a fondo porque un
acuerdo incluso hubiera sido útil para el Gobierno con el fin de
desactivar este asunto que tantos ríos de tinta ha provocado. Y, desde
luego, seguimos pensando que, al contrario de lo que se nos decía en
Comisión, sí hay perjudicados fiscales, lo cual no tiene nada que ver con
las «stock options». Como mínimo hay perjudicados, si no en relación al
tipo ordinario, sí en relación a la situación anterior, pero, desde
luego, no tiene nada que ver con la cuestión de las «stock options». Lo
que ocurrió es que una vez más se improvisó una solución, cuando el
propio Vicepresidente Segundo del Gobierno, veinticuatro horas antes de
entrar las enmiendas en el Congreso seguía diciendo que no habría
modificaciones fiscales por este motivo.

Consideramos que la vuelta atrás que hacen ustedes en relación con el
derecho de los accionistas en función de la modificación de lo
previamente modificado en las leyes correspondientes, en la Ley de
Sociedades Anónimas y en la Ley del Mercado de Valores, podría hacerse de
un modo mejor encontrando los efectos que se buscan. Por tanto, creo que
hubiera valido la pena que el Grupo Parlamentario Popular y el propio
Gobierno hubieran sido más dialogantes en esta cuestión. Creo que eso le
hubiera merecido la pena incluso al propio Gobierno. Pero, en fin, por lo
visto hay una cierta fijación sobre que los socialistas somos feos,
tontos y malos, y que por eso no se dialoga con nosotros, en tanto que
nosotros procuramos hacer un esfuerzo, señor Alierta, para distinguir, lo
mejor que sabemos, distintas actitudes en distintos momentos y en
distintas personas. Nosotros procuramos distinguir cuándo ustedes son más
razonables unas veces que otras, y también cuándo son más inteligentes
unas personas que otras.

Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Gibert.

Para turno en contra tiene la palabra el Senador Bris.




El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.

Al Título V, de la acción administrativa, se han presentado 32 enmiendas.

Con su permiso, señor Presidente, en este turno vamos a intervenir varios
Senadores de mi Grupo Parlamentario.

En relación con los Capítulos IV, V, VI y VII, que hacen referencia
respectivamente a las materias de infraestructuras, transportes,
comunicaciones y urbanismo, va referida mi intervención. Las enmiendas a
que me voy a referir lo son a los artículos 54 a 64 ambos inclusive.

Siguiendo el orden de presentación de las enmiendas, en la número 3,
suscrita por los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández, de
Izquierda Unida, se solicita la adición de un nuevo artículo, el 54 bis,
para la redacción de un convenio entre la Administración central y el
Gobierno balear en materia de transportes.

Señorías, no vamos a aceptar esta enmienda ya que la Ley 30/1998, de 29
de julio, del régimen especial de las Islas Baleares, establece esa
necesidad de colaboración entre el Gobierno del Estado y las Islas
Baleares para la potenciación del transporte ferroviario, no siendo, por
tanto, necesario repetirlo en esta ley.

En la enmienda número 14, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, y defendida por el Senador Gangoiti, se pide la
supresión del artículo 64. A nuestro juicio esta enmienda no debe
aceptarse ya que los Estatutos de Ceuta y Melilla atribuyen a esas dos
ciudades competencias sobre ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda, y establecen que las competencias sobre esta materia
comprenderán las facultades de administración, inspección y sanción en
los términos que establezca la legislación general del Estado.

Partiendo de lo anterior, es plenamente acorde con lo dispuesto en los
Estatutos mencionados que la legislación estatal establezca que la
aprobación del Plan general de ordenación urbana de Ceuta y Melilla
corresponderá al Ministerio de Fomento, y que la aprobación de los planes
parciales corresponderá a su vez a los órganos competentes de estas
ciudades previo informe preceptivo y vinculante del Ministerio de
Fomento.

Por tanto, por estas razones vamos a rechazar también esta enmienda.

La número 29 al artículo 59, presentada por el Senador Estaún, es de
adición. No la vamos a apoyar ya que en la actualidad los ingenieros
técnicos aeronáuticos desempeñan sus atribuciones de acuerdo con la
legislación referente a atribuciones actualmente en vigor. Por otra
parte, la Dirección General de Aviación Civil no ve justificado un cambio
de ley en relación con la navegación aérea sin que se haga un estudio
previo y sin que se haya otorgado audiencia al otro colectivo afectado,
el de los ingenieros aeronáuticos.

Entrando ya en las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, quiero
decirle a la Senadora Pleguezuelos que no se trata de un interés
particular ni de un beneficio para nadie, sino de un interés general
hacia esa vertebración que todos estamos esperando que exista en las
carreteras españolas y que, lógicamente, afecta a dos asuntos tan
importantes como son las autopistas y las autovías.

La enmienda número 66 solicita la supresión del artículo 55 de la Ley.

Lógicamente, no la vamos a aceptar porque dicho artículo nos permite
seguir utilizando la figura de la concesión administrativa, que sus
señorías también usaron durante su Gobierno, en este caso, ampliándola
para la conservación y explotación de las autopistas una vez construidas.

Esta fórmula, señorías, abre la posibilidad de financiar la construcción
de otras infraestructuras contempladas en el marco de la concesión. Esta
posibilidad respondería a la orientación recogida en la Ley de autopistas
de movilizar el capital privado.

Por otro lado, la modificación que se propone tiene por objeto incluir
dentro de las actividades que conforman el objeto social de las
sociedades concesionarias las obras complementarias de infraestructura
que sean impuestas por la Administración como contraprestación al
concesionario, ya que se considera que es éste quien debe conocer mejor
aquellas cuestiones que inciden de manera negativa, y que lógicamente hay
que solucionar en el tráfico que va a recibir la autopista.

La enmienda número 67, de supresión del artículo 56, tampoco la vamos a
aceptar, ya que la implantación de una fórmula de nuevo contrato
permitirá al Gobierno abordar de forma inmediata el problema de
adecuación de las autovías de manera general a los criterios actuales de
un tema tan importante y de tanta preocupación para esta Cámara como es
la seguridad vial, mediante la aplicación de instrumentos financieros
innovadores que permitirán la ejecución del programa dentro de las
restricciones presupuestarias previstas. Por lo tanto, repito que la
rechazamos.

Tampoco vamos a aceptar la enmienda 68 del Grupo Parlamentario
Socialista, que pide la supresión del artículo 59. Este artículo sólo
pretende la modificación de tres artículos de la Ley sobre Navegación
Aérea que no pueden esperar a la tramitación de la modificación de la Ley
48/1960, que es lo que solicita el Partido Socialista.

Señorías, lo mismo podemos decir respecto a la número 69, también del
Grupo Parlamentario Socialista, que pide la supresión del artículo 60, el
cual modifica los artículos 87, 88 y 90 de la Ley 50/1998, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que incluían los
procedimientos de disciplina de tráfico aéreo en materia de ruidos. No
tiene sentido que dicha modificación se realice mediante una ley
específica, puesto que estamos modificando la propia Ley de medidas del
año anterior.

Las enmiendas 70 y 71 del Grupo Parlamentario Socialista solicitan
respectivamente la supresión de los artículos 62 y 63 del proyecto de
ley, en orden a que no consideran adecuada esta ley para hacer
determinadas modificaciones a otras leyes. Muy tarde se dan cuenta
ustedes de esto, señorías; acuérdense de que lo aplicaron continuamente
en la Ley de presupuestos. Las modificaciones hacen referencia a la Ley
General de Telecomunicaciones, en matices muy superficiales porque no
entra en lo sustancial, y a la Ley



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General de Televisiones Privadas, en relación con determinados plazos. A
nuestro juicio, señorías, no se aprecia ninguna razón para que no se
puedan incluir estas modificaciones en la ley de acompañamiento.

Terminada la referencia a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista a estos capítulos, voy a comenzar comentando la
138 de Izquierda Unida. Propone una adición al artículo 63 y no podemos
aceptarla porque el plazo de vigencia y la renovación de la vigencia del
servicio público de televisión privada vienen regulados en la propia ley.

En relación con dos enmiendas presentadas por Coalición Canaria, las
números 201 y 206, he de decir que tampoco las podemos aceptar. La 201
propone la modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante. No nos parece razonable modificar la
mencionada Ley. Por su parte, la enmienda 206 solicita la adición de un
nuevo párrafo al final del artículo 54, y no creemos que sea necesario;
es más, nos resulta improcedente aludir a los órganos de la
Administración Tributaria, cuya competencia viene determinada por la
normativa que resulte aplicable.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Bris.

Continuando con el turno en contra, tiene la palabra el Senador Barquero.




El señor BARQUERO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.

Voy a hacer el turno en contra de las siguientes enmiendas: la número
130, del Senador Estaún; la número 15, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos; la número 139, de Izquierda Unida; la
número 72, del Grupo Parlamentario Socialista, y la número 27, del Grupo
Parlamentario Mixto, del Senador Torres Cardona. De estas enmiendas hay
tres que coinciden en su contenido --la 130, la 139 y la 72-- y, por
tanto, voy a responder a ellas conjuntamente. (El señor Vicepresidente,
Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.) Estas tres enmiendas piden la
supresión de la modificación del artículo 32 de la LOGSE, que trata --a
nuestro entender-- de flexibilizar las posibilidades de que los alumnos
procedentes de la formación profesional de grado medio puedan
incorporarse a la formación profesional de grado superior. En general,
todos los detractores de este cambio en la Ley de Ordenación General del
Sistema Educativo coinciden en decir que no se trata de una
flexibilización sino que esto implica bajar la calidad de la enseñanza y
las condiciones de acceso a la formación profesional de grado superior.

Da igual si no aceptan el término flexibilización porque, en cualquier
caso, lo que queremos decir es que no modificamos la LOGSE en el sentido
de quitar las posibilidades que la ley prevé para el acceso a la
formación profesional de grado superior sino que añadimos una posibilidad
más, la de que aquellos alumnos que no tengan la titulación que la ley
exige --y que la misma ley prevé que puedan acceder a la formación
profesional de grado superior mediante una prueba específica que deben
realizar no antes de los 20 años-- puedan realizar esa prueba a los 18
años, sin tener que esperar. Son varias las razones para ello pero, la
más importante --como ya dije en Comisión-- es la baja aceptación de los
ciclos de grado medio de formación profesional. Entre el curso 1991-1992
y el de 1998-1999 la demanda de estos estudios ha caído en un 61,2 por
ciento y esta bajada es lógica porque la LOGSE desincentiva los estudios
de formación profesional de grado medio desde el momento en que, después,
hay que cursar dos años de bachillerato o esperar a los 20 años para
hacer una prueba y acceder, de esta forma, a la formación profesional de
grado superior. Este es un proceso claramente disuasorio para hacer los
estudios de formación profesional de grado medio, clarísimamente
disuasorio, y es un proceso discriminatorio en sí mismo.

Los grupos proponentes de esta enmienda coinciden también en que no se ha
realizado el debate social suficiente y necesario. En ese sentido, he de
decir que esta enmienda arranca de una resolución aprobada por la inmensa
mayoría del Congreso de los Diputados en el último debate del Estado de
la Nación y, además, se debatió en el Senado en dos ocasiones. En la
reunión del Consejo General de la Formación Profesional, del 30 de
septiembre pasado, se debatió durante más de hora y media esta cuestión,
y también se ha tratado en la Conferencia Sectorial de Educación y en el
Consejo Escolar del Estado.

El hecho de que hoy aprobemos esta resolución no significa que quede
cerrado un debate --probablemente necesario-- sobre la formación
profesional, pero es que, además, el incluir esta transformación del
artículo 32 de la LOGSE en este momento se debe a razones de carácter
social. Tiene cierta gracia que la justificación de la enmienda de
supresión del Grupo Parlamentario Socialista para que no se incluya en la
ley que estamos debatiendo sea que esta medida no tiene que ver con lo
fiscal --con lo que estamos de acuerdo-- y que no tiene que ver con lo
administrativo, que es una cuestión en la que disentimos claramente ya
que sí tiene que ver con lo administrativo. Pero lo que no puedo entender
es que el Grupo Parlamentario Socialista diga que esta enmienda no tiene
que ver con lo social, si es que se trata de resolver un problema social
al que aboca la LOGSE: el paro de brazos caídos de jóvenes entre 18 y 20
años que quieren acceder a la formación profesional de grado superior. De
modo que mi Grupo disiente total y absolutamente de que esto no tenga que
ver con lo social. Además, existe una razón de urgencia para aprobar esta
medida porque mediante esta ley los alumnos que terminen el ciclo de
formación profesional de grado medio de este año ya podrían beneficiarse
de esta medida.

Una última cuestión que me ha sorprendido enormemente del Senador Nieto
es que establezca una comparación y proponga bajar la edad de acceso a la
universidad para los mayores de 25 años. Creo que el acceso de la
universidad se ha planteado a los 25 años con unas connotaciones
absolutamente diferentes de las del acceso a la formación profesional de
grado superior, no tienen nada que ver. Pero yo podría argumentarle a la
inversa --y no ganamos nada en este debate-- y decirle que lo que me
acaba



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de contestar en relación con los 18 años, yo se lo pude haber dicho a
usted cuando propusieron la edad de 20 años para la prueba específica del
acceso a la formación profesional de grado superior. Es decir, en aquel
momento pude haberles preguntado: ¿Por qué no bajan la edad de acceso a
la universidad de los 25 a los 20 años? Ni se me ocurrió decírselo
entonces, ni se me ocurre decírselo ahora porque son dos cosas totalmente
distintas. Pero le voy a decir más, y con esto termino, dado el nivel de
exigencia que se pide en las pruebas de acceso de mayores de 25 años para
la universidad, desde luego yo no tendría ningún inconveniente en que se
bajase a los 18 años, porque el nivel de exigencia, señoría, es mínimo.

Lo sé porque estoy en esos cursos.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Barquero, casi ha
consumido el tiempo del Grupo Parlamentario Popular y quedan todavía dos
intervinientes de su Grupo.




El señor BARQUERO VAZQUEZ: Lo lamento.

Simplemente quiero decir que no podemos aceptar la enmienda número 15,
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, porque la Ley
de la Función Pública y las normas que regulan el tipo de contratación
temporal, claramente aprobadas en la Ley de acompañamiento de 1998,
establecen que el contrato temporal de los profesores de religión tiene
que ser solamente para cada curso.

Y siento no tener más tiempo porque hay una enmienda del Senador Torres
Cardona, pensada y muy bien estructurada. Ciertamente creo que su señoría
ha realizado un trabajo importante de ajuste de esta enmienda, pero no la
podemos admitir --no me da tiempo a darle las razones y lo lamento
enormemente, me gustaría hacerlo por cortesía parlamentaria-- y en nombre
de mi Grupo le diré que, probablemente, el lugar adecuado para volver a
plantear esta enmienda sea cuando en su momento se discuta el Estatuto de
la Función Pública.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Barquero.

Senador Bellido, está ya fuera de tiempo, pero tiene la palabra.




El señor BELLIDO MUÑOZ: Gracias.

Con suma brevedad, rechazamos las enmiendas números 141 y 142 del Grupo
Parlamentario Mixto. La número 141 por entender que el control social
queda regulado a través del Consejo Rector, del Consejo Científico y de
la Ley 30/1994 en lo que se refiere a fundaciones; y la número 142 porque
ya está creado el concierto entre el Ministerio de Defensa y el Insalud,
funcionando desde el año 1996, y existe también la Comisión Mixta que se
solicita en la enmienda, también desde el año 1996.

Por último, respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
para la vuelta al texto original de la enmienda número 228 del Grupo
Parlamentario Popular, al contrario de lo que manifestaba el Senador
Zamorano, creemos que la enmienda no introduce modificaciones en la ley,
sino que refuerza nuestra normativa por cuanto protege de una manera
clara los derechos de usuarios y consumidores de productos farmacéuticos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Bellido.

Tiene la palabra el Senador Alierta.




El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.

En relación con las enmiendas números 63 y 64 creemos que es mejor el
texto que aparece en el redactado de la ley que, además, incluye en uno
de sus párrafos la posibilidad de mejorar la eficacia en cuanto a la
gestión del Fondo de Ayuda al Desarrollo, que coincide en espíritu con
una de las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Por
tanto, consideramos oportuno mantener el texto de la ley.

Señor Presidente, voy a hacer una alusión de tipo personal y procuraré
ser lo más breve posible.

Señor Senador, me ha sorprendido su comentario sobre mi afirmación --que
creo no haber hecho-- de que nos consideramos más listos. No es así.

Pertenezco a una ideología en la que la persona es lo más importante y
procuro ser muy respetuoso, mis argumentos son políticos y no personales
y, por tanto, ni he hecho esa afirmación ni pienso que se pueda deducir
de mis palabras que nos consideremos los más listos. En absoluto. Ni por
ideología ni por actitud. Otra cosa es que, por ejemplo, en el debate en
el que ahora nos encontramos, que obedece a la gestión de un Gobierno del
Partido Popular, veamos que en estos presupuestos se dan las siguientes
circunstancias: la tendencia de las inversiones es cada vez más
creciente; existen más fondos para atender a gastos sociales; hay más
fondos para atender a personas marginadas; al mismo tiempo se produce una
reducción del déficit público y se están atendiendo todas las necesidades
sociales, como he señalado y, en cambio, gracias a Dios, van disminuyendo
los pagos por intereses y los gastos financieros que no aportan utilidad
a nadie. Es decir, aumentan los gastos que utiliza la sociedad en su
conjunto y disminuyen los gastos financieros y el déficit. Por
consiguiente, es normal que los que nos sentamos en estos bancos estemos
orgullosos y contentos, lo que no quiere decir que nos consideremos más
listos o pretendamos serlo. Puede ser que durante muchos años hayamos
defendido el tipo de opciones que llevadas a la práctica y bien
gestionadas dan estos frutos y estamos satisfechos de comprobarlo. Que
por esto se nos pueda achacar que pensamos que somos más listos, pudiera
ser, pero no es nuestra intención, como tampoco lo es el otro ámbito de
las observaciones que he hecho en esta Cámara: que la economía durante
estos años haya producido beneficios, principalmente para los
trabajadores, como así puse de manifiesto en una reciente intervención,
tampoco es una novedad para los que durante muchos años hemos defendido
una economía de la sociedad de mercado. (La señora Presidenta ocupa la
Presidencia.) Entendemos que este tipo de economía bien gestionada, como
ha sido este caso,



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puede producir estos frutos. Por tanto, haber defendido este tipo de
organización hace que nos sintamos orgullosos, pero no necesariamente más
listos. Afortunadamente, comprobamos que todo el mundo está de acuerdo
con este tipo de organización económica, pero, señor Senador, la
estimación de sus beneficios queda compensada porque a pesar de que los
frutos han sido muchos, conocemos y somos conscientes de las
imperfecciones y limitaciones que todo sistema tiene y, desde luego,
vemos el pasado con agrado pero miramos hacia el futuro con ganas de
superar esas imperfecciones y limitaciones para conseguir para nuestro
país un futuro todavía mejor.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el Senador Unceta.




El señor UNCETA ANTON: Gracias, señora Presidenta.

Intervengo en este turno para fijar nuestra posición respecto al Título
V, Capítulo X, sobre la acción administrativa en materia de energía,
correspondiente además a las enmiendas números 73, del Grupo
Parlamentario Socialista; 140 de Izquierda Unida y 249 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Senador Nieto, la enmienda defendida por usted, la número 73 al artículo
67, pretende regular en sede legal la figura del Vicepresidente de la
Comisión Nacional de la Energía, lo que actualmente no está previsto en
la disposición adicional undécima de la Ley de Hidrocarburos. La
importancia de esta figura, señorías, se refleja por el hecho de que el
propio Consejo de la Comisión eligió entre sus vocales al vocal que
sustituiría al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

Por ello, en aras de la eficacia y la seguridad jurídica, parece
conveniente prever la figura del Vicepresidente en una norma con rango de
ley. Por consiguiente, hemos de rechazar su enmienda.

Con relación a la enmienda número 140, de Izquierda Unida, presentada y
defendida por el Senador Román Clemente, desde nuestro Grupo hemos de
decir que tiene la pretensión de dejar sin efecto la disposición
adicional decimoquinta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos. Realmente, esta enmienda niega a las sociedades
cooperativas la posibilidad de realizar esta actividad de distribución.

Pero dejando al margen la distribución de productos que la cooperativa
puede efectuar respecto de sus socios --la cual es objeto de la
mencionada disposición--, se persigue el objetivo de establecer las
condiciones que resultan necesarias para adaptar las peculiaridades del
sector a la hora de ejercer, como hacen parte de las cooperativas, la
actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos.

En ese sentido, es preciso tener en cuenta que permitir sin ningún tipo
de limitaciones que las sociedades cooperativas suministren carburantes y
combustibles petrolíferos a terceros no socios iría en detrimento de la
competencia. Por otro lado, de aceptar su enmienda se produciría un
desequilibrio, con el consiguiente quebranto del principio de igualdad
que requiere la liberalización del sector de productos petrolíferos, lo
que, además, afectaría muy negativamente a las estaciones de servicio
--que en nuestro país son más de 7.000--, que proporcionan un gran número
de empleos.

En cuanto a la enmienda número 249, del Grupo de Convergència i Unió,
como ha explicado su portavoz, el Senador Cambra, propone que no se
emitan con carácter preceptivo los informes que soliciten las Comunidades
Autónomas cuando lo considere oportuno en el ejercicio de sus
competencias la Comisión Nacional de Energía. Aunque se proponga evitar
estos informes por parte de los Consejos Consultivos, creemos que en
determinados momentos aquéllos pueden ser necesarios, en primer lugar,
para conocer actuaciones autonómicas en materia de energía y, en segundo
lugar, porque toda la energía está interrelacionada a nivel nacional, por
lo que consideramos que todas las actuaciones deben estar coordinadas.

Por tanto, nuestro Grupo rechaza las tres enmiendas citadas.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Unceta.

Comienza el turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo de Convergència i Unió? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señora Presidenta.

Senador Bris, movilizar el capital privado también es importante para mi
Grupo, sin duda. Pero insisto en que existen dos modelos para hacerlo, y
con las modificaciones que ustedes presentan en este proyecto de ley
respecto de las autopistas de peaje vuelven a hacer más concesiones que
al final rentan más beneficios para esas empresas concesionarias en
detrimento de los usuarios y los ciudadanos.

La enmienda número 97 demuestra claramente esa diferencia entre su modelo
y el nuestro. Por tanto, movilicemos el capital privado, pero consigamos
un equilibrio entre los legítimos intereses de esas empresas
concesionarias y los intereses generales de los ciudadanos y usuarios.

Así pues, si hay una evolución económica favorable y los resultados son
buenos, ¿por qué no recogemos una serie de ajustes en ese plan económico
financiero? Por consiguiente, modifiquemos las leyes para que esos
ajustes permitan ese equilibrio entre los intereses generales de los
ciudadanos y usuarios y aquellos de quienes se arriesgaron con una
inversión previa.

Con esos ajustes pretendemos algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué no
reducimos las tarifas a pagar por los usuarios cuando la situación,
repito, indica una evolución favorable de los resultados económicos de
esas empresas? ¿Por qué no efectuar una serie de inversiones en mejoras
viarias a pagar por las concesionarias? O algo aún más interesante para
nosotros: ¿por qué no se produce un



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avance en el período de reversión para la Administración, es decir, en el
rescate de esas autopistas? Porque eso es legítimo, razonable, y no
significa que no pretendamos movilizar el capital privado, sino que las
reglas de juego sean iguales y equilibradas para todos, en lugar de que
se beneficie a unos cuantos en detrimento de los intereses generales.

Senador Bris, me decía usted que ya el año pasado la Ley de
acompañamiento modificó el tráfico aéreo en materia de ruidos, como si
eso fuese una justificación. Entonces, si ya lo contemplaron el año
pasado en la Ley de medidas y en éste también, ¿por qué en este plazo
intermedio de un año no han traído una auténtica ley, que es necesaria,
sobre navegación aérea, que abordase todo el tema de forma global y
mediante la que podríamos haber modernizado todo el sistema y no sufrir
las complicaciones con las que actualmente nos encontramos y hacer lo que
se está haciendo?
Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Pleguezuelos.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bris.




El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señora Presidenta.

Es cierto lo que dice la Senadora Pleguezuelos: existen dos modelos
distintos. Unos creemos también en la iniciativa privada como un factor
de equilibrio y, posiblemente, por las enmiendas que han presentado a la
ley de presupuestos, también haya otras personas que creen más en poder
tener un mayor déficit público. Pero eso obedece únicamente a la
existencia de dos modelos totalmente diferentes.

¿Se va buscando el equilibrio? Eso es lo que estamos intentando. Y
precisamente ese equilibrio se encuentra cuando se defienden los
intereses públicos, como es el caso del Partido Popular, pero, al mismo
tiempo, se tienen en cuenta también las iniciativas privadas, porque así
figura en la propia legislación sobre autopistas.

Respecto a la reducción de tarifas en las autopistas de peaje, estamos de
acuerdo, pero se tendría que hacer con una extensión de los plazos de
concesión. No obstante, si bien el Partido Socialista coincide en la
reducción de los peajes, no así respecto a las otras circunstancias que
permitirían la reducción de aquéllos.

Mejoras viarias, señorías, es lo que estamos proponiendo mediante el
artículo 60, que ustedes intentan modificar.

Por otra parte, la política del Partido Popular no ha entrado al rescate
de lo que suponen las autopistas de peaje por considerar que lo que hay
que hacer es construir más autopistas de peaje pero mantener autovías que
sean alternativas y gratuitas para los usuarios.

Nada más. Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bris.

Pasamos a las disposiciones adicionales, de la primera a la trigésima
tercera.

El voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, corresponde a
las enmiendas números 25, 26, 149 a 198, y para su defensa comparten
turno los Senadores Cámara y Román Clemente.

En primer lugar, tiene la palabra el Senador Cámara.




El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

En primer lugar, debo indicar que las enmiendas números 25 y 188 son la
misma. Por tanto, me voy a remitir a defender la enmienda 188, por
ejemplo.

Y, aunque lo haremos también por escrito, manifiesto ya que pediremos
votación separada de la enmienda 188.

Por tanto, voy a defender las enmiendas números 26 y 188.

La primera de ellas se refiere a Puertos del Estado y es una propuesta
que viene dada, fundamentalmente, por los trabajadores portuarios
organizados en las centrales sindicales.

La Ley 62/1997, de Puertos del Estado y la Ley de Presupuestos Generales
del Estado proclaman que los citados entes públicos gozan de autonomía
funcional y de gestión, contando con personalidad jurídica y patrimonio
propios, así como plena capacidad de obrar, debiendo desarrollar la
actividad de sus servicios con criterios empresariales.

No obstante, en la segunda de ellas se les somete al control
administrativo de la CEDIR y se limita la capacidad de negociación de los
agentes sociales, para determinar o modificar las necesidades de gasto de
personal, es decir, se tipifica por ley, coartando, por tanto, a nuestro
entender, de forma muy importante la autonomía de la gestión que la Ley
de Puertos proclama.

Por todo ello, proponemos esta enmienda, instando a que en este proyecto
de presupuestos para el año 2000 se proponga, para las autoridades
portuarias que así lo soliciten, el establecimiento de los criterios de
negociación colectiva de las condiciones de trabajo del personal a través
de un convenio marco, cuyos contenidos estarán sometidos al control
administrativo de la Comisión Interministerial de Seguimiento de la
Negociación Colectiva en empresas del sector público, al entender que la
citada Comisión no tiene la misma rigidez que la CEDIR, rigidez que, en
la mayoría de los casos, hace incompatible la autonomía funcional, la
gestión de un sistema público y la libertad de las partes en la
negociación colectiva.

Esta es la primera enmienda, la número 26, que defiendo para que se vote
junto con las demás.

En segundo lugar, la enmienda número 188, que insisto que es la misma que
la 25, tiene una gran importancia porque nos presenta uno de los dramas
más importantes que han acaecido en este país y del que, lógicamente,
muchos Senadores no se van a enterar porque cada uno se preocupa de sus
cosas, y sobre todo en el mogollón de los debates por separado, sin que
se escuche el problema del síndrome tóxico, que lo es del conjunto de la
democracia, ya que desde la UCD hasta la fecha colea este gran drama
humano.




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Transcurridos más de 18 años desde la aparición de este llamado síndrome
tóxico, continúa un gravísimo problema de dimensión sanitaria, política y
social y el Estado sigue evitando el reconocimiento pleno de la
responsabilidad y el consiguiente derecho de los afectados a percibir
unas prestaciones acordes con las especiales y difíciles situaciones
personales y familiares a las que se enfrentan.

En este momento, y como consecuencia de la ejecución de la sentencia del
Tribunal Supremo del 26 de septiembre, los afectados han empezado a
percibir las indemnizaciones, aunque a un ritmo tan lento, que podría
tardarse cuatro años más hasta que pudieran todos ver cumplido su
derecho. Y lo que es peor, el pago de estas indemnizaciones está
suponiendo el recorte de derechos anteriores, que se venían obteniendo de
la Administración, con lo que pueden darse casos de agravamiento de la
situación de las familias que hasta ahora recibían una prestación no
contributiva con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Asombra, señorías, la cicatería con que el Estado se emplea en este
problema, así como la falta de sensibilidad y sentido de la justicia que
hay también con respecto a este problema.

El síndrome tóxico y sus efectos no pueden ser relegados al olvido,
mientras no se haya reparado el daño ocasionado a los afectados hasta
donde se pueda.

Por tanto, yo creo que hay un exposición sobre la historia de este
colectivo, que es una vergüenza para la democracia y un drama porque
todavía no tienen contemplados todos sus derechos.

Se introduce en su momento por parte de la Ponencia una vigesimosegunda
disposición que, en mi opinión, no podemos aceptar porque expresa
esencialmente caridad, no soluciona los problemas de fondo. En esta
disposición que estamos discutiendo se dice: El Gobierno a estas alturas
estudiará --¿qué tiene que estudiar el Gobierno?-- la situación de los
afectados por el síndrome del aceite tóxico, en orden a establecer una
cobertura. ¿Qué cobertura? Vamos a discutirlo a fondo. ¿Una cobertura
económica y social? Una cobertura que puede ser perfectamente las rentas
de inserción, por ejemplo, de una Comunidad Autónoma, rebajando
sustancialmente los derechos que tienen esos trabajadores por conseguir
esta situación.

Además, esta disposición plantea que se mantendrán a todos los efectos
las prestaciones de servicios sanitarios con cargo a los respectivos
servicios de salud en los términos en los que vienen percibiéndolas en la
actualidad. Esto es caridad, porque ahora también lo tienen, y lo tendrán
mañana.

Yo creo que lo más importante es coincidir --y la enmienda así lo
plantea-- en que las indemnizaciones que perciban las personas afectadas
por el síndrome tóxico del aceite de colza, como resultado de la
sentencia judicial, se harán efectivas de forma íntegra, sin reducción
derivada de ayudas o prestaciones públicas percibidas con anterioridad. Y
asimismo planteamos nosotros que se garantice a estas personas el derecho
a percibir una pensión digna por parte del Estado --y subrayo Estado--,
actualizando las coberturas de las actuales. También planteamos que se
mantendrán las evaluaciones médicas y los gastos de invalidez reconocidos
a los afectados, o que existan anteriormente a la ejecución de la
sentencia del 26 de septiembre, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Voy a terminar porque tengo que dejar tiempo a mi compañero para defender
el resto de las enmiendas. Tengo en mi poder cinco expedientes actuales
--donde podrán comprobar cómo está funcionando-- y en estos informes
relativos a los nuevos reconocimientos médicos que, insisto, se están
realizando desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (INSS),
existe una clara intencionalidad --todo hay que decirlo-- de reducir las
indemnizaciones Conocen sus señorías que a las revisiones médicas se
tiene que ir con la cabeza debajo del brazo para que puedan otorgar una
pensión absoluta. Me explico. Se trata de dar pensiones pequeñas, aunque
en este colectivo la cicatería clama al cielo, es una auténtica
barbaridad. Pues bien, insisto, con los nuevos reconocimientos médicos
los afectados por el síndrome tóxico han pasado de una invalidez total o
absoluta a una invalidez parcial o provisional según estos cinco
expedientes que puedo mostrar. Esto significa que van a dejar de percibir
el 50 por ciento de la indemnización a la que tenían derecho.

Efectivamente, hay problemas, la ejecución de la sentencia del Tribunal
Supremo en su momento la ejecutan mal, están perjudicando de una forma
muy seria a este colectivo. Ya está bien que después de 18 años, con
todos los gobiernos que ha habido, desde la UCD, PSOE al Partido Popular
nadie haya resuelto de forma positiva el problema de estas personas que
han estado sufriendo esas consecuencias. Nadie lo resuelve de una manera
seria y rigurosa. No sean cicateros, hagan posible que este Senado, y en
su momento lógicamente el Gobierno, consiga restañar unos derechos a unas
personas que un buen día consumieron un producto --ha habido hasta
muertos--, están enfermos y tienen problemas como los que he mencionado.

Estimo, sinceramente, que con una mínima sensibilidad, que espero que
todavía exista en el Gobierno y en este Senado, se consiga restañar esos
derechos por parte de esta Cámara.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.

Tiene la palabra el Senador Román.




El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.

Intervengo para completar la defensa de las enmiendas a las disposiciones
adiciónales.

De las enmiendas 149 a 198 voy a resaltar algunas de ellas y el resto las
voy a dar por defendidas en los términos en que están expresadas.

La número 151 pretende garantizar la financiación del Plan Gerontológico
aprobado por el Ministerio de Asuntos Sociales en 1991, después de un
amplio proceso de negociación y consulta.

Con la enmienda número 153 --y aprovecho para hacer una corrección
importante-- en lugar de que el Gobierno remita al Congreso de los
Diputados, yo diría que el Gobierno remitiera a las Cámaras --y deseo que
lo pueda hacer



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al Senado-- el Protocolo de Kioto para que puedan pronunciarse las
Cámaras ante su ratificación.

Con la número 164 pretendemos equiparar las prestaciones para parados
mayores de 52 a los mayores de 45 años a los efectos de obtención del
subsidio por desempleo. Es una forma de paliar las consecuencias de ese
paro de larga duración en personas mayores de 45 años que no encuentran
empleo.

La enmienda 167 pretende regular la renta de inserción, de manera que el
Gobierno negocie durante el primer semestre del año 2000 con los
sindicatos la reglamentación que armonice los requisitos necesarios para
acceder a la renta de inserción.

Con la enmienda 168, una vez más volvemos a plantear, esta vez en una
disposición adicional, el cambio de denominación del Cuerpo del Grupo A
del Servicio de Vigilancia Aduanera, que nosotros entendemos debería
pasar a denominarse Cuerpo Superior del Servicio de Vigilancia Aduanera.

La enmienda número 169 propone un cambio de denominación. En esta
disposición adicional pretendemos que los cuerpos y escalas del Grupo A
relacionados con el apartado Dos.A)a) de la disposición adicional novena
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, pasaría a denominarse Cuerpo Superior de Técnicos de a
Administración General.

Con la enmienda número 172 pretendemos dar cumplimiento a algo que fue
aprobado el 18 de junio de 1996 por unanimidad. Se trata de que en el
plazo de tres meses el Gobierno procederá a la integración progresiva de
los funcionarios de los cuerpos facultativos y de ATS de Instituciones
Penitenciarias en la red pública sanitaria.

Con la enmienda número 173 proponemos que no se considere como gasto
deducible en el IRPF o el Impuesto de Sociedades la indemnización por
despido laboral en los casos que se determine reglamentariamente.

Con la enmienda número 176 pretendemos la creación en el Ministerio de
Medio Ambiente de las plazas de funcionarios necesarias en el organismo o
departamento encargado de realizar las Declaraciones de Impacto Ambiental
para dotar al mismo de los recursos humanos suficientes encargados de
elaborar dichas declaraciones. Estas Declaraciones de Impacto Ambiental
serán sufragadas por el promotor del proyecto para el que se requiera la
realización de dicha Declaración.

La enmienda número 188 permanece viva y se retira la enmienda número 25,
como anunció mi compañero Manuel Cámara.

Termino con la defensa de la enmienda número 196 con la que pretendemos
que unas gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Almería vean pronto
una solución. En esta disposición adicional solicitamos que el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas proceda a la cesión de los
terrenos de La Hoya (Almería) al Municipio de Almería para la ubicación
de un parque-jardín botánico. En este asunto, que debe ser un acuerdo
entre instituciones, el propio Consejo Superior de Investigaciones
Científicas muestra su interés para ubicarse en las instalaciones, en los
terrenos del propio campus universitario de Almería, estableciendo una
mayor relación y una mayor vinculación con la universidad. La propia
universidad de Almería es receptiva a esa petición y se muestra de
acuerdo en buscar la forma en que pueda propiciar esta ubicación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el campo
universitario. Por otra parte, el Ayuntamiento de Almería recuperaría
unos terrenos muy degradados para uso de todos los ciudadanos en un
entorno entrañable como es la Alcazaba. Ahí podría ubicarse lo que ahora
mismo hay, que es fauna subsahariana, con un jardín botánico. Yo espero
de esta sensibilidad para resolver un problema de degradación y
convertirlo en un atractivo medioambiental y de uso turístico para la
provincia de Almería.

Gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román.

Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente
a las enmiendas números 2, 31, 32, 207 y 208.

Tiene la palabra el señor Armas.




El señor ARMAS RODRIGUEZ: Gracias, señora Presidenta.

Hago uso de la palabra para defender la enmienda número 2, que es
eminentemente técnica, y por tanto tiene su base de defensa en los
términos en que han sido planteadas.

A continuación, mis compañeros, Senadores Estaún y Ríos, pasarán a
defender el resto de enmiendas de este voto particular.

Nada más y muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Armas.

Tiene la palabra el Senador Estaún.




El señor ESTAUN GARCIA: Gracias, señora Presidenta.

Los Senadores del Partido Aragonés hemos presentado dos enmiendas
proponiendo la adición de dos disposiciones adicionales a la Ley de
Ordenación de la Edificación, que recientemente se aprobó en esta Cámara.

En definitiva, nuestras enmiendas lo que vienen a aportar a la Ley es que
la figura del seguro de caución, que viene a garantizar la reparación o
el abono del importe de los daños en un determinado inmueble, se pueda
también recoger como figura de fianza o de aval. La única diferencia que
existiría entre ambas figuras es que en la de fianza o aval es monopolio
de las entidades de crédito y las compañías recíprocas de garantías, y la
del seguro de caución es de las compañías de seguro. La garantía a los
consumidores, a los que se refiere la ley de la edificación, sería la
misma tanto mediante el seguro de caución como mediante la figura del
aval o de la fianza.

Por tanto, con esta enmienda lo que pretendemos es que este mercado que
se abre en esta Ley no se monopolice por las compañías de seguros, sino
que se deje también intervenir a las sociedades de garantía recíproca o
las entidades de crédito.

Nada más y muchas gracias.




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La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Estaún.

El Senador Ríos tiene la palabra.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Seré breve en esta última intervención de Coalición Canaria a este
proyecto de ley.




Presentamos dos enmiendas, las número 207 y 208, que son de adición a la
disposición adicional séptima. La modificación está incluida en el
informe preceptivo del Parlamento de Canarias, solicitado por el Congreso
de los Diputados. No voy a explicar ahora la disposición adicional
tercera de la Constitución y el artículo 46 del Estatuto de Autonomía
porque ya lo hice antes. Solicitamos que se ponga en marcha una
colaboración permanente entre los tribunales Económico-Administrativos y
los órganos económico-administrativos autonómicos, cuando éstos existan,
como es el caso de Canarias, porque se da el caso peregrino de que si se
presentan recursos económico-administrativos ante órganos de la
Administración General del Estado que después corresponden a las
Administraciones públicas de Canarias y no los remiten, los colocan en
una situación muy difícil de llevar adelante. Simplemente pedimos una
colaboración permanente entre ambos tipos de órganos de Administraciones
públicas.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Ríos.

Voto particular número 4 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, correspondiente a las enmiendas 253, 256, 259.

Para su defensa tiene la palabra el Senador Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

En este turno vamos a hacer la defensa de las últimas enmiendas que tiene
nuestro Grupo a este proyecto de ley.

Las enmiendas números 253 y 260, aunque estamos de acuerdo con el texto
incorporado ya en Ponencia y Comisión, las hemos mantenido vivas
exclusivamente porque nos gustaría que su texto incluyera una referencia
a las competencias autonómicas que en materia de Notarios y Corredores de
Comercio tienen algunas Comunidades. En cualquier caso, esperamos que se
nos indique cuál es la posición del Grupo Parlamentario Popular para
decidir finalmente lo que hacemos con estas dos enmiendas.

La enmienda 256 pretende añadir una nueva disposición adicional con la
intención de prever los procedimientos para la designación directa por
parte de las Comunidades Autónomas de miembros de la carrera judicial
como integrantes de órganos colegiados administrativos de las mismas.

La enmienda 257 la retiramos, como ya ha sido comunicado a la Mesa.

La enmienda 258 es técnica y la damos por defendida en sus propios
términos.

La enmienda 259 pretende adicionar una nueva disposición adicional, valga
la redundancia, con el objetivo de modificar la disposición adicional
undécima de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social. El objeto de introducir esta
modificación es adecuar la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido a
la realidad de la existencia de determinados tributos, precios y otras
exacciones de naturaleza tributaria que constituyen contra prestaciones
de operaciones realizadas por la Administración y que están sujetas al
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por último, como ya ha sido comunicado a la Mesa, anuncio la retirada de
la enmienda número 261.

Nada más por nuestra parte, señora Presidenta. Gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cambra.

Entiendo que da por defendido también el voto particular que corresponde
a la enmienda número 260.

Pasamos al voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Mixto, que
corresponde a la enmienda número 1.

El Senador Armas tiene la palabra.




El señor ARMAS RODRIGUEZ: Señora Presidente, de forma muy breve, la doy
por defendida en sus propios términos.




La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, Senador Armas.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Vallines.




El señor VALLINES DIAZ: Gracias, señora Presidenta.

Tomo la palabra para el turno en contra, difícil turno en contra de todas
estas enmiendas porque algunos grupos las han defendido en otro trámite
(Rumores.)
Debo comenzar por los votos particulares del Senador Cámara, aunque ahora
mismo no está. (Varios señores Senadores: Sí está, sí está.) Con la
pasión que él pone en su cosas --parece que tiene más razón por la pasión
que pone--, ha defendido la enmienda número 26, que incluye la 188 que ha
retirado, en relación con la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, pretendiendo que se trate como empresa pública lo que son entes
públicos, que son cosas muy distintas. Por tanto no se puede plantear en
la ley de acompañamiento, sino que debería hacerse en la ley de
presupuestos, puesto que el personal de los entes públicos --que es lo
que son los puertos del Estado-- tiene esa consideración de funcionarios
públicos o cuasi funcionarios públicos, no de personal de empresas
públicas, que es lo que pretende el Senador al dotarle de la posibilidad
de negociación de convenios.

Y en cuanto a la enmienda en la que ha puesto tanto énfasis, tanta
pasión, tanta escenificación --diría yo--, en relación con el síndrome
tóxico, le quiero decir una cosa: lo mejor que podemos hacer por los
afectados del síndrome tóxico es dejar de llamarles afectados del
síndrome tóxico; que tanto la ejecución de las sentencias del Tribunal
Supremo como las medidas de protección genéricas que tiene el Estado para
las personas necesitadas las conviertan en personas normales y que
dejemos de llamarles



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afectados del síndrome tóxico, pues creo que no ha seguido usted esa
línea. (Rumores.)
En el trámite en Comisión, como bien ha dicho, se incorporó una enmienda
mediante la cual se introducía la disposición adicional vigésima
segunda...




La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio.

Continúe, Senador Vallines.




El señor VALLINES DIAZ: El Gobierno estudiará, en todo caso, aquellas
situaciones de especial necesidad en que se encuentren posibles afectados
del síndrome tóxico.

En cualquier caso, se mantendrá, para todos los afectados, la prestación
de servicios sanitarios con cargo a los respectivos servicios de salud,
en los términos en que se vienen percibiendo en la actualidad. Yo he
dicho con anterioridad que ojalá llegue un momento en que ya no haya
afectados del síndrome tóxico, sino que se olvide ese tratamiento y se
conviertan en ciudadanos normales. La ejecución de la sentencia ha sido
el primer paso para conseguirlo.

Lo que usted plantea, es decir, que a aquellos que recibieron,
previamente a la sentencia del Tribunal Supremo, una indemnización que se
llamó provisional, les sea condonada, frente a otros que no las
recibieron provisionales y sí a través de la sentencia del Tribunal
Supremo, es establecer discrepancias y unas diferencias que no se
corresponden con lo que creo que usted pretende ni creo que pretende
nadie. Por tanto, con esto creo que doy por concluida la respuesta a sus
enmiendas.

En cuanto a las enmiendas del Senador Ríos, números 207 y 208, ya
presentadas en el Congreso de los Diputados, lo que debemos decirle es
que en cuanto a la abstención por falta de competencia --que es lo que
pretende: un reconocimiento para las organizaciones insulares de
Canarias, en relación a los trámites de los
contencioso-administrativos--, ya la remisión de la ley al Reglamento
391, de 1996, de procedimiento de las reclamaciones económicas y
administrativas, plantea esa abstención por falta de competencia, y por
tanto, lo que él pretende ya está recogido y contemplado.

En relación a las enmiendas presentadas por los Senadores Estaún García,
Blasco Nogués y Martínez Sánchez, números 31 y 32, se refieren a una
modificación de la Ley de Ordenación de la Edificación, por cierto, tan
recientemente aprobada que es de 5 de noviembre su publicación. Nos
parece que enmendar una ley aprobada el día 5 de noviembre es mucho
enmendar. Debería haberse intentado enmendar en el momento de su
tramitación; pero, además de eso, debo decirle que para nosotros reúne
más garantías el seguro que el aval; es muy difícil exigir el
cumplimiento del aval, porque hay que justificar muchas cosas distintas
de las que recoge el seguro, y por eso creemos que, independientemente de
la razón primera, esta segunda también nos es suficiente para rechazar su
enmienda.

Las enmiendas de los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández reúnen
un conjunto de buenas intenciones que deberían haber sido objeto, más
bien, de proposiciones de ley u otras iniciativas, y no como enmiendas a
la ley de medidas, como ha indicado un portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista; es decir, no se debería abusar de esta ley, aunque ellos
también lo hicieron de alguna manera en el pasado; pero eso sería
superabusar de esta ley, tratando de modificar todo lo modificable a
través de enmiendas a dicha ley.

Así, por ejemplo, pretenden crear nuevas escalas y cuerpos de
funcionarios del Estado, cosa que, primero, es muy precipitada, y
segundo, muy ambicioso para una ley como ésta, denominada de
acompañamiento.

También pretenden, en la línea que decía yo de una proposición de ley,
que se traiga aquí la participación en las conclusiones de Kioto sobre el
medio ambiente. Eso es más propio de una proposición de ley o de instar
al Gobierno a que haga algo, pero en cualquier caso se debe instar a
través de otras iniciativas parlamentarias.

Por lo que se refiere a la enmienda número 196, que habla sobre la cesión
de la finca La Hoya, debo decirle que el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas ha elaborado un proyecto de desarrollo de sus
actuales instalaciones en dicha finca, así como su complementación con un
centro de interpretación de la fauna amenazada, que podrían eventualmente
incluir un parque jardín--botánico para constituir en su conjunto un
centro de rescate e interpretación de la fauna amenazada, concretamente
de grandes ungulados del Sáhara Occidental. Se pretende con ello
configurar una iniciativa singular de carácter científico y cultural de
gran valor, atractivo e interés para los ciudadanos y visitantes de
Almería, transmitiendo a la sociedad la importancia del patrimonio
natural que en La Hoya se conserva desde 1971.

El citado proyecto ha sido trasladado al Ayuntamiento de Almería, el cual
ha manifestado su disposición e interés por esta iniciativa, por lo que
se pretende desarrollar una operación conjunta para su diseño y puesta en
marcha, sin necesidad de utilizar figuras jurídicas como la cesión de
terrenos a la que alude la enmienda.

Por otro lado, tampoco se estima necesario incluir una disposición de
estas características en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, puesto que en la legislación vigente, y en concreto en
la Ley de Patrimonio del Estado, se prevé la posibilidad de realizar este
tipo de negocios jurídicos entre organismos públicos.

Por tanto, desestimamos la enmienda aunque, como se ve, estamos de
acuerdo con el fondo y prácticamente con la forma.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Vallines.

¿Algún portavoz desea intervenir en el turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Cámara.




El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.

Señor Vallines, voy a continuar en la siguiente legislatura, porque soy
Senador autonómico, elegido por la Cámara



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de Baleares, y se va a enterar de lo que es pasión. Efectivamente,
entiendo la política con mucha pasión, y digo yo que ese no será ningún
problema. No digan que sí y luego critiquen el que actúe con pasión y me
digan que escenifico, porque aquí cada uno escenifica lo que nos parece y
lo que nos viene en gana, y yo, como entiendo y defiendo las cosas con
pasión, soy pasional, y la política es pasión. Prefiero un pasional en
política que un aburrido y un burocrático en política. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Eso es lo que creo que hay
hacer: entender la política como pasión. Para eso estamos aquí, y no para
otra cosa.

Yo entiendo que todos los enfermos son ciudadanos normales, y ustedes
dicen que hace falta situar al colectivo de los que padecen el síndrome
tóxico como ciudadanos normales. En primer lugar, todo enfermo es un
ciudadano normal.

¿Y cómo llamarles? Mientras exista o mientras colee un problema, hay que
identificar a un colectivo para que ese problema no se pierda y, por
tanto, formar una piña para solventarlo de forma definitiva. Existen
problemas sin resolver, y usted no ha contestado prácticamente a nada. Yo
le voy a responder de una forma muy sencilla, sin dar ningún nombre que
esté tachado. Le voy a hablar respecto a uno de los expedientes que antes
le anuncié, relativo a la revisión del expediente de una persona. La
cuantía de la prestación concedida a esa persona como ayuda, planteada en
su momento en el año 1991, por un importe de 26.000 pesetas mensuales
--oigan bien: 26.000 pesetas mensuales--, se revisa por la Oficina de
Gestión del Ministerio, que es la encargada de revisión de esas
casuísticas. Los servicios sanitarios, en su momento, dicen a esa persona
que tiene reconocida una incapacidad permanente total por su afectación;
que ha sido intervenida en dos ocasiones de hernia discal, lo que le ha
dejado unas secuelas que le producen una ciática importante, impidiéndole
realizar trabajos de tal tipo. Sigue diciendo: Los servicios sociales del
Ministerio han emitido el informe preceptivo, en el que especifican que,
por su situación clínica, tiene limitada su capacidad funcional para la
realización de tareas que requieran esfuerzo, y dado que los restantes
miembros de la unidad familiar pueden colaborar en las tareas del hogar,
fuera de su horario laboral, le rebajan de 26.000 a 15.600 pesetas. Es
una auténtica vergüenza, sinceramente. Y eso sucede con una persona, y
con otra y con otra, que son personas a las que se están quitando
derechos y rebajando prestaciones. Esta es la realidad. Por favor, sean
sensibles ante el problema y no me contesten hablando sobre pasiones o
elementos teatrales porque, en cuanto a teatro, ya tienen ustedes
bastante, por cierto.

Gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Gibert.

El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señores del Grupo Parlamentario Popular, ante un tema como el de los
afectados por el síndrome del aceite tóxico creo que tenían ustedes dos
opciones: una era aprobar las enmiendas de otros grupos que atendían a
las solicitudes de estos afectados; la otra era no incluir nada en la
ley. Pero ante situaciones críticas de gente que lo está pasando muy mal,
un texto sarcástico --porque es sarcástico-- siempre es improcedente, y
yo me atrevería a decir que insultante.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gibert.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Vallines.




El señor VALLINES DIEZ: Gracias, señora Presidenta.

Senador Cámara, la pasión se siente pero también se manifiesta, y yo creo
que las manifestaciones de la pasión no deben llevarle a perder otras
capacidades, como puede ser el oído. Yo no le he criticado en absoluto,
sino que he destacado simplemente que lo defendía con pasión. Otras cosas
más graves ha dicho usted a compañeros de mi grupo y no le han replicado
de esa manera tan apasionada como usted ha hecho.

Aprovecho también para contestar al portavoz del Grupo Socialista, que
estaba muy callado y ha intervenido para decir esto apuntándose al río
revuelto. Aquí hay un tema sensible y el Grupo Socialista se apunta a él
para hacer la demagogia correspondiente a la que nos tiene tan
acostumbrados el Grupo Socialista. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
Senador Cámara, le he dicho que lo mejor que podemos hacer por los
afectados por el síndrome tóxico es dejar de llamarles así y que se les
llame como usted, afectado de lo que sea, de una enfermedad, de un
catarro o de una operación de apendicitis.

Usted plantea que la única solución para estos afectados es la que usted
propone, y nosotros decimos que no. Nosotros decimos que, si hay algunos
casos --usted ha citado alguno--, el Gobierno estudiará la situación de
los afectados por el síndrome del aceite tóxico en orden a establecer una
cobertura económica y social para aquellos que, tras percibir el importe
determinado por la sentencia de la Sala del Tribunal Supremo, se
encuentren en situación de especial necesidad. Plantéeselo usted al
Gobierno, defiéndales, expóngale con claridad lo que ellos no expresen
con claridad, pero no crea que los únicos casos son los que usted conoce
y los que están ustedes planteando en su enmienda. Se reconoce que puede
haber determinados casos y el Gobierno lo va a estudiar. Eso es lo que
podemos decir. No se enfade usted porque no hay falta de sensibilidad y
no hay que hacer alardes a la solidaridad indefinida e ilimitada. Ya ve
que a quien ha insensibilizado ha sido al Grupo Socialista.

Nada más y muchas gracias.




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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Vallines. (El señor Blancas
Llamas pide la palabra.)
El Senador Blancas tiene la palabra por un tiempo de dos minutos y 49
segundos.




El señor BLANCAS LLAMAS: Utilizaré un minuto nada más. Gracias, señora
Presidenta.

Voy a hacer uso brevemente del turno en contra que me corresponde en
relación con las enmiendas presentadas a las disposiciones transitorias,
que son concretamente siete.

El Senador Armas, en la enmienda número 1, pide la creación de la
subescala de gestión. Esta solicitud afecta, como él sabe, a la Ley de
Bases de Haciendas Locales y, en sucesivos trámites, puede ser estudiada
su oferta de incorporación de esta subescala a las corporaciones locales.

En relación con la enmienda número 260, defendida por el señor Cambra,
debo decirle que reconsidere su posición porque el contenido de su
enmienda está recogido en la enmienda número 233, que fue incorporada al
dictamen de la Comisión de Economía y en la que se recoge que el cuerpo
único de notarios engloba al de corredores de comercio. Comprendo que
esta enmienda que se incorporó al dictamen de la Comisión, y que es casi
idéntica a la que presentan ustedes, no afecta en absoluto a lo que las
Comunidades Autónomas tienen regulado en cuanto a los colegios
profesionales. Por lo tanto, quedará intacto el ámbito de competencias
profesionales que tengan las Comunidades Autónomas.

En cuanto al Grupo Socialista, sus enmiendas fueron defendidas en el
trámite del articulado y les anuncio que no aceptaremos sus enmiendas
números 98 y 99, de supresión.

En cuanto a las enmiendas números 100, 101 y 102, también del Grupo
Parlamentario Socialista, pedían nuevas disposiciones transitorias.

Consideramos que la enmienda número 100, relativa a la exención de IVA
para las corporaciones locales y su entrada en vigor a partir del 1.º de
enero de 2000, consideramos que no es viable.

En cuanto a la regulación de los precios máximos de los carburantes,
tenemos la Ley 34/1998 que liberaliza el sector de hidrocarburos y el
Gobierno vigila semanalmente todas estas incidencias, pero no puede
aceptarse dada la situación en que nos encontramos de liberalización del
sector.

Por mi parte nada más. Muchísimas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Blancas.

Ha terminado el debate de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social.

Señorías, por acuerdo de los portavoces esta ley se votará a las ocho de
la tarde.




--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2000 (S. 621/000166) (C. D.

121/000186) (Continuación).




La señora PRESIDENTA: Ahora vamos a votar las enmiendas al articulado de
la Ley de Presupuestos.

Comenzamos por el Título I, artículos 1 a 12, y Anexos I y II.

Votamos en primer lugar las enmiendas de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández números 1207, 1208 y 1265.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 95; en contra, 127; abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de los Senadores
Román Clemente y Cámara Fernández.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 183 a 195, 289 y
290. Se votan conjuntamente.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 95; en contra, 127; abstenciones, siete.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista cuyos números he señalado antes.

Votamos ahora el Título I, artículos 1 a 12, excepto los artículos 2, 3,
4, 6 y 12 que se votarán al final de las secciones, y el Anexo II. El
Anexo I se votará, igualmente, al final de las secciones según el
dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 128; en contra, 99; abstenciones, dos.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado, por tanto, el Título I, artículos 1
a 12, excepto los que se han señalado, y el Anexo II según el dictamen.

Pasamos ahora el Título II. Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista
números 196 y 197.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 94; en contra, 129; abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.

Votamos ahora del dictamen el Título II, Capítulo I, artículos 13 y 14,
Anexos IV y V.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 128; en contra, 101.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el Título II.

Pasamos al Título II, Capítulo II, artículos 15 a 18. En primer lugar,
votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 198 y
199.




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Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 93; en contra, 126; abstenciones, nueve.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas 198 y 199.

Votamos ahora el Título II, Capítulo II, artículos 15 a 18, según el
texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 130; en contra, 98.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el Título II, Capítulo II.

A continuación, votamos el Título II, Capítulo III, que no fue objeto de
enmiendas, según el texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 129; en contra, 99; abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el Capítulo III del Título II.

Pasamos a votar el Título III. En primer lugar, las enmiendas que van de
la 1209 a la 1226 de los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 93; en contra, 129; abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de los Senadores
Román Clemente y Cámara Fernández al Título III.

Procede votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, las
números 200 a 204.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 93; en contra, 129; abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas 200 a 204 del Grupo
Parlamentario Socialista.

Votamos ahora del Título III, artículos 20 a 36, según el texto del
dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 128; en contra, 100.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el Título III.

Al finalizar la votación de las Secciones, se votará: el Título IV,
artículos 37 a 46, el Título VIII, artículos 95 y 96, y la Sección 07,
Clases Pasivas.

Votamos ahora el Título V, artículos 47 a 57, Anexo III y Sección 06,
Deuda Pública.

En primer lugar, votaremos las enmiendas números 1230 y 1231 de los
Senadores Román Clemente y Cámara Fernández.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 94; en contra, 128; abstenciones, siete.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas 1230 y 1231.

Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, de la 214
a la 220, la 222, la 223 y la 291.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 94; en contra, 129; abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas anteriormente
citadas, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.

Hemos rebasado el tiempo de 5 horas y, por tanto, para poder continuar la
sesión necesitamos el acuerdo de todos los grupos. ¿Están de acuerdo en
que continuemos? (Asentimiento.)
Gracias, señorías.

Vamos a votar ahora el Título V, los artículos 47 a 57, el Anexo III y la
Sección 06, según el texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 130; en contra, 99.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado, por tanto, el Título V, el Anexo
III y la Sección 06, según el dictamen.

Votamos el Título VI, artículos 58 a 74. En primer lugar, las enmiendas
1232 a 1237, presentadas por los Senadores Román Clemente y Cámara
Fernández.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 95; en contra, 128; abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de los Senadores
Román Clemente y Cámara Fernández.

Ha sido retirada la enmienda de Convergència i Unió y, por tanto, votamos
ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 224, 225 y
226.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 94; en contra, 129; abstenciones, seis.




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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Vamos a votar el texto del dictamen del Título VI, artículos 58 a 74.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 129; en contra, 98; abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el Título VI, artículos 58 a 74,
según el dictamen.

Votamos ahora el Título VII, artículos 75 a 94; la Sección 32, Entes
territoriales; y, la Sección 33, Fondo de Compensación Interterritorial.

El orden será el siguiente: en primer lugar, las enmiendas de los
Senadores Román Clemente y Cámara Fernández, con los números 1238 a 1241;
y de la 1190 a 1197, que se votan en conjunto.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 95; en contra, 127; abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas presentadas por los
Senadores Román Clemente y Cámara Fernández al Título VII.

Vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, números
227 a 236 y 698 a 712.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 94; en contra, 129; abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista al Título VII.

Votamos ahora el Título VII, artículos 75 a 94, la Sección 32, Entes
Territoriales y la Sección 33, Fondo de Compensación Interterritorial,
según el texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 127; en contra, 100; abstenciones, dos.




La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados el Título VII y las secciones 32 y
33, según el dictamen.

Votamos ahora las disposiciones adicionales primera a trigésima primera,
salvo la disposición adicional decimosexta y las enmiendas números 1614,
244 a 246, y 1573, que se refieren a dicha disposición adicional.

Comenzamos votando las enmiendas de los Senadores Román Clemente y Cámara
Fernández números 1243 a 1264.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 93; en contra, 127; abstenciones, siete.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de los Senadores
Román Clemente y Cámara Fernández a las disposiciones adicionales.

La enmienda número 1614 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió se votará después.

Votamos ahora todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
números 240 a 250 y 252 a 287, excepto las enmiendas números 244, 245 y
246.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 93; en contra, 129; abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, rechazadas todas las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a las disposiciones
adicionales, excepto las números 244, 245 y 246.

La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular con el número
1573 fue retirada y, por tanto, no la votamos. (El señor Utrera Mora pide
la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Utrera.




El señor UTRERA MORA: Nos ha parecido oír que hemos retirado una
enmienda. ¿Nos puede decir cuál?



La señora PRESIDENTA: Perdón, ha sido un error de la Presidenta.

Se trata de que no se va a votar en este momento, ha sido exceptuada de
esta votación.

A continuación, de acuerdo con el dictamen, votamos las disposiciones
adicionales, de la primera a la trigésimo primera, exceptuando la
decimosexta.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 130; en contra, 99.




La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

Votamos ahora las disposiciones transitorias, de la primera a la sexta,
comenzando por la enmienda número 288, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 93; en contra, 129; abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

A continuación, votamos las disposiciones transitorias, de la primera a
la sexta, según el texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 129; en contra, 98; abstenciones, dos.




La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.




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Votamos a continuación la disposición final, según el texto del dictamen,
puesto que no fue objeto de enmiendas.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 128; en contra, 99; abstenciones, dos.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Votamos el Anexo VI. Enmienda número 1613, presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 221; en contra, uno; abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

A continuación, votamos la enmienda número 292, del Grupo Parlamentario
Socialista, a dicho Anexo.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 92; en contra, 131 abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos ahora el texto del Anexo VI.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 131; en contra, 94; abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Votamos el Anexo VII según el texto del dictamen, al no haber sido objeto
de enmiendas.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 129; en contra, 99; abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Finalmente, votamos la enmienda al estado de ingresos, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista con el número 294.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 94; en contra, 123; abstenciones, 11.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Se suspende la sesión hasta las cuatro y media de la tarde.




Eran las catorce horas y cuarenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.




La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.

Entramos en el debate de las secciones, presupuestos de diversos
organismos y sociedades estatales y preámbulo del proyecto de ley de
presupuestos generales del Estado para el año 2000.

Las secciones 0l, 02, 03, 04, 05 y 08, correspondientes a la Casa de Su
Majestad el Rey, Cortes Generales, Tribunal de Cuentas, Tribunal
Constitucional, Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial,
no han sido objeto de enmiendas.

Por tanto, vamos a debatir la Sección 12, correspondiente al Ministerio
de Asuntos Exteriores.

Por parte de los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández, del Grupo
Parlamentario Mixto, se ha presentado un veto y las enmiendas números
1267 a 1275.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señora Presidenta.

Efectivamente, a la Sección 12, Asuntos Exteriores, hemos presentado las
enmiendas números 1267 a 1275.

La enmienda 1266 es una propuesta de veto que hemos planteado desde
Izquierda Unida por no estar de acuerdo con los principios que inspiran
esta sección, Asuntos Exteriores.

Consideramos que el Gobierno sigue apostando por unas relaciones con los
países de la Europa Central y del Este que significan una subordinación a
una política que calificamos como mala política de alianzas militares
--entiéndase OTAN--, así como a unas reformas económicas que también
consideramos que van a convulsionar gravemente sus medios de producción.

Por otra parte, la política seguida hasta la fecha en la reivindicación
de la soberanía sobre Gibraltar y la que se propone adolecen de los
mismos defectos, y es que todavía no se han conseguido resultados
concretos en la lucha contra los ilícitos que se producen y que afectan a
España, y la actitud de fuerza sin medida ante las autoridades
gibraltareñas y británicas nos alejan de ese objetivo que perseguimos.

Asimismo, el papel jugado y que se pretende jugar respecto a los países
de los Balcanes merece nuestra crítica. España es uno de los países que
más promocionan las acciones militares para resolver conflictos muy
complejos y que sólo pueden encontrar solución dando prioridad al diálogo
y a las condiciones que lo favorezcan. Se trataría de cambiar ese eslogan
que viene utilizando el Gobierno, que dice «si quieres la paz, prepárate
para la guerra», por el que nosotros proponemos: «si quieres la paz,
prepara la paz».

En otro sentido, nuestras relaciones con los Estados Unidos se basan en
nuestra comprensión y colaboración para cada una de las acciones
militares que emprende dicho país a lo largo y ancho del mundo.

Consideramos que es humillante para España tener una actitud tan sumisa y



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dependiente ante quien no duda en actuar al margen del derecho
internacional para defender su hegemonía y sus intereses económicos, ante
quien no suscribe acuerdos internacionales como el de eliminación de las
minas antipersonales, la creación del Tribunal Penal Internacional, la
reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, etcétera.

Cuando en la descripción general de los objetivos se habla de
Iberoamérica, se indica la necesidad de promover la consolidación
democrática y de los Derechos Humanos, lo que, desde nuestro punto de
vista, es muy loable, pero choca con la obcecación del Gobierno a señalar
a un único país hacia los incumplimientos de estos principios en el
conjunto de la región, lo que no ayuda a provocar cambios profundos en
los modelos políticos iberoamericanos. Nuestra especial relación en la
zona debe estar caracterizada por una constante actividad en la defensa
de estos principios y en la adopción de medidas que posibiliten alcanzar
estos objetivos.

Otra de nuestras fuertes discrepancias en esta Sección 12, Asuntos
Exteriores, hace referencia a la paz y al orden mundial.

En este momento en que estamos debatiendo los Presupuestos Generales del
Estado se cumplen 10 años de la finalización de la guerra fría y, en
consecuencia, de la creación de un nuevo orden, en el que los conflictos
deberían, al menos así se decía, disminuir considerablemente. La realidad
es otra bien diferente. Está caracterizada por todo lo contrario y ha
sustituido la política de bloques por la hegemonía de Estados Unidos.

Este nuevo orden se basa en la disuasión y en la imposición coactiva por
el miedo.

Es urgente que nuestro Gobierno abandere una cultura de la paz opuesta a
la bélica ahora mismo imperante. Para ello, es necesario unas Naciones
Unidas fuertes, democráticas y autónomas en sus decisiones, que busque un
equilibrio justo y equitativo.

En estos presupuestos vemos con decepción la voluntad del Gobierno de
seguir apostando por el fortalecimiento de la OTAN y de una implicación
cada vez mayor de España en su estructura militar y de jugar un papel
activo en su seno. El Gobierno no es partidario de un modelo de seguridad
y defensa europeo, sino que quiere que la OTAN se encargue de este
aspecto fundamental de la soberanía y política exterior de lo europeo.

En otro orden de cosas, la cooperación para el desarrollo tiene, desde
nuestro punto de vista, dos defectos fundamentales: La cantidad y la
calidad. Sobre la primera, el Gobierno se ha ido distanciando
progresivamente de los compromisos que adquirió en su momento con las
ONGs y también --por qué no decirlo-- con su propio programa electoral
para ir aumentando menos porcentaje de la Ayuda Oficial al Desarrollo
hasta alcanzar ese 0,7 por ciento del producto interior bruto recomendado
por Naciones Unidas.

Los recursos para la cooperación son una cuestión de voluntad política,
de prioridad, de objetivos a alcanzar con los Presupuestos Generales del
Estado. Para el año 2000 el Gobierno no ha querido priorizar la
solidaridad de los españoles para con los pueblos más desfavorecidos del
planeta.

La Ayuda Oficial al Desarrollo disminuye en cifras absolutas y aún más si
lo comparamos con el producto interior bruto, cuyo crecimiento ha sido
mayor. Las cifras del Gobierno entran en contradicción con los objetivos
que pretende alcanzar. Quiere mantener unos recursos similares a los de
los países de la Unión Europea, que pretenden alcanzar el 0,85 por ciento
del producto nacional bruto en el año 2002, lo que supondría que para el
año que viene habría que consignar una cantidad de 270.000 millones de
pesetas.

La calidad es cuestionable ante las carencias que afectan de forma grave
a la eficacia de la ayuda prestada, descoordinación entre instrumentos de
cooperación reembolsables y el resto de la ayuda entre los responsables
de la gestión (por un lado Economía y, por otro, Asuntos Exteriores), lo
que origina --ya lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones-- una
estructura bicéfala. Se sigue vinculando la cooperación a intereses
comerciales contra la normativa internacional y los propios intereses de
los países receptores.

Por otra parte, quiero recordar que la Ley de Cooperación no ha
solucionado el enfrentamiento entre los dos Ministerios, incluso todo
hace pensar que se ha agravado a través del bloque de las iniciativas
nacidas de la recientemente aprobada Ley de Cooperación para el
Desarrollo. Esta realidad ha supuesto la paralización de la aprobación
del Plan Director, que debería ser la pieza básica de planificación de la
política española de cooperación y que debería estar regido por los
criterios presupuestarios para el año 2000.

Para finalizar, constatamos la falta de voluntad del Gobierno para
proceder a la cancelación de la deuda externa de los países del Sur,
tanto la contraída con el Gobierno español como con organismos
multilaterales, y de establecer los mecanismos que impidan un nuevo
endeudamiento.

Además de la enmienda de veto número 1266 hemos presentado otras, las
números 1267 a 1275. La mayor parte de ellas, señoría, son repetición de
las que ya hemos presentado en anteriores debates presupuestarios. Puedo
resaltar las enmiendas destinadas a una mayor colaboración con las ONGs,
como la cancelación de la deuda externa, para promocionar y defender los
Derechos Humanos en el mundo, y enmiendas muy queridas por nosotros,
siempre rechazadas, de ayudas para convenios que sirvan para la
erradicación del trabajo infantil.

Concluyo con la enmienda número 1274, para transferencia al Fondo de
Población de Naciones Unidas, en cumplimiento de los compromisos que
hemos adquirido en la Conferencia de El Cairo, y una enmienda de baja
porque entendemos que el concepto consignado para el cumplimiento del
acuerdo de Schengen está más destinado a control de fronteras y a
construcción de muros, lo que no es para estar satisfecho.

Gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román.

A la Sección 12 se ha presentado por parte del Grupo Parlamentario
Socialista un veto y las enmiendas números



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296 a 306. Para su defensa, tiene la palabra el Senador González Laxe.




El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señora Presidenta.

Si hay ocasiones en las que uno no duda en presentar enmiendas de veto es
este año a la Sección número 12, correspondiente al Ministerio de Asuntos
Exteriores. La elaboración del presupuesto nos invita a presentar una
serie de enmiendas y sobre todo a analizar la valoración crítica del
planteamiento con el cual está elaborado. Podemos esquematizarlo de una
manera rápida en 10 grandes razones, y de forma taquigráfica afirmar que
es inadecuado con los objetivos de la política exterior de España.

Podemos decir, en primer lugar, que una política exterior de un Gobierno,
sobre todo de España, debía basarse en el consenso, en buscar el acuerdo
entre todos los grupos políticos en un tema de tal trascendencia como
éste, y la política exterior española, llevada a cabo por el Partido
Popular, ha intentado por todos los medios romperlo, no buscarlo y
alejarse de un punto común de acuerdo.

En segundo lugar, el Presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores
sólo se ha incrementado un 0,18 por ciento, pero fundamentalmente lo que
estamos observando es que ese bajo incremento no va a responder a los
retos y a los desafíos que tiene planteados España dentro del concierto
internacional. Y grandes partidas, como las referentes a la cooperación y
a los microcréditos, y sobre todo a grandes líneas de trabajo, como la
Ley de Cooperación y Desarrollo, no se están cumpliendo. En unas se
disminuye porcentualmente de forma absoluta y en otras no se aplican, no
se desarrollan los procedimientos para los fondos de ayuda al desarrollo,
ni tampoco se es capaz de ejecutar las previsiones de años anteriores.

(El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
En tercer lugar, denota la política exterior española una ausencia de
grandes decisiones. España ha dejado de estar presente, como hicieron la
mayoría de los países europeos, de forma rápida e inmediata en los
acontecimientos de Timor y de Kosovo; allí España siempre ha ido a
remolque de los demás países, por tanto, evidentemente los propios
mecanismos presupuestarios no sé si vienen a colación o no, pero España,
en la valoración del conjunto de la política exterior, adolece de ese
gran defecto.

En cuarto lugar, hemos observado cómo la organización interna del
Ministerio sigue adoleciendo de defectos. Decían en las memorias de los
presupuestos de los años 1998 y 1999 que se iba a construir un edificio
único, sedes diplomáticas, y todavía seguimos con las políticas de
arrendamientos, que se han encarecido mucho en el presupuesto.

En quinto lugar, otra de las características de la política exterior
española del Partido Popular es que es reticente a tomar posición en
materia internacional y cesión de las posiciones a otros países. España
no está liderando ningún proceso, sino que observa, siempre con un
retraso evidente, cómo otros toman posición y cómo, en ocasiones, hay que
tomarla y España, su Ministro de Exteriores y su Gobierno, espera a
adoptar un criterio.

En sexto lugar, en cuanto a la ayuda al desarrollo, no sólo es obvio que
nos estamos alejando del 0,7 o del 0,35, sino que estamos descendiendo,
ya que estamos en el 0,25 por ciento. La cooperación española a la ayuda
al desarrollo es baja y esto, sobre todo, también se manifiesta en la
ayuda alimentaria de emergencia, en las subvenciones a las ONGs, lo que
revela una cicatería.

En séptimo lugar, no tenemos una posición tomada, como consecuencia de lo
que dije anteriormente, sobre la condonación de la deuda a los países
pobres, que fue objeto de debate en la Cámara, y hay acuerdos sobre el
mismo.

Por otra parte, tampoco tenemos una decisión tomada, y por lo tanto no
hay una contraprestación en los presupuestos, sobre cómo atenuar la
pobreza en el mundo después de los últimos informes que están viendo la
luz en estos días.

Como punto noveno, con respecto a la obligatoriedad moral y, sobre todo,
política de cumplir el 0,7 por ciento o incluso el 0,35 por ciento del
PNB en el año 2002, vemos que nos alejamos de la misma y no hay una
voluntad política de acortar esa distancia y, al mismo tiempo, de
implementar y de poner en marcha mecanismos para dotar a la ayuda al
desarrollo de un porcentaje que está estipulado a nivel político en esta
Cámara y, por lo tanto, debíamos cumplirlo.

En último lugar, dejo el Programa Intercampus, y me refiero a la
colaboración y cooperación interuniversitaria entre España y las
universidades iberoamericanas, donde observamos una reducción de becas de
la ECI para estudiantes universitarios extranjeros de 2.710 a 2.366
millones de pesetas, o una reducción de las becas para realizar prácticas
en empresas.

Estos diez elementos, referidos de forma esquemática y taquigráfica,
revelan el porqué presentamos un veto y una impugnación a esta Sección
12, del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista van en
línea con esta argumentación política que he explicado.

En cuanto a la 296 es obvio que es necesario incrementar la dotación
asignada para las actividades de la Oficina Derechos Humanos del
Ministerio. Solamente se tiene consignada una cantidad pequeña y creo que
los Derechos Humanos es uno de los asuntos en los que ningún Gobierno
debe hacer dejación.

La enmienda 297 hace referencia a la participación en organismos
internacionales, donde la consignación del año 2000 es menor que la del
año 1999. Nosotros consideramos que se debe reforzar nuestra
participación en organismos multilaterales no financieros para apoyar la
financiación de programas y proyectos de desarrollo de dichas
instituciones de la comunidad internacional, reforzando a través de dicha
vía la transferencia de recursos que permita alcanzar el objetivo de
destinar el 0,35 por ciento del PIB para Ayuda Oficial al Desarrollo. Me
estoy refiriendo al Programa Mundial de Alimentos de la FAO, al Programa
de Naciones Unidas para Enseñanza y Capacitación en Africa Meridional, al
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al Programa de
Naciones Unidas para



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el Desarrollo, a la Oficina del Alto Comisario de Naciones Unidas de
Derechos Humanos en Colombia, a las Obras Públicas y Socorro de las
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, al Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia, al Fondo de Naciones Unidas para la Cooperación
técnica en materia de Derechos Humanos, al Fondo de Naciones Unidas para
Actividades de Población, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja,
al Fondo de Naciones Unidas para la Cooperación técnica en materia de
Derechos Humanos y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados y para el ONUSIDA. Por tanto, creo que hay que reforzar esa
posición de España en los organismos internacionales y por ello
solicitamos que se aumente en 20.000 millones de pesetas la contribución
a dichos organismos.

La enmienda 298 hace referencia a los conceptos de asistencia a
ciudadanos presos en el extranjero. Hay un acuerdo de esta Cámara, y
nosotros queremos que se dote con un importe de 110 millones a una
partida para garantizar la adecuada prestación de asistencia y la ayuda
económica a los ciudadanos españoles que se encuentran presos en el
extranjero.

De la misma forma, a través de nuestra enmienda número 299, con una
dotación de l2 millones de pesetas, pretendemos que se contemple la
asistencia a ciudadanos españoles presos en el extranjero víctimas de
enfermedades crónicas.

No es menos importante la enmienda número 300, que hace referencia a las
ayudas a la promoción y difusión en el exterior de la cultura española.

En los presupuestos del año 2000 se ha congelado esta partida con
respecto a los del año 1999, y creemos que es una partida importante,
porque si no, no tiene sentido ir por Iberoamérica diciendo que vamos a
fomentar la promoción y la difusión de nuestra cultura si luego no la
dotamos de la partida presupuestaria correspondiente. De ahí que digamos
que haya que aumentarla en 12 millones de pesetas, cantidad que no
resuelve los problemas, pero sí indica la tónica y sobre todo la voluntad
de cooperación para el desarrollo de actividades de difusión cultural en
el exterior.

La enmienda número 302 hace referencia a subvenciones a organizaciones no
gubernamentales. Nosotros queremos que se amplíe, tanto para cumplir
nuestro compromiso de porcentaje de Ayuda Oficial al Desarrollo como para
subvencionar a las organizaciones no gubernamentales que, como todo el
mundo conoce, desarrollan una actividad muy importante. Nuestra enmienda
hace referencia a una cantidad de 4.000 millones de pesetas, observando
que para el año 2000 se ha producido un descenso significativo con
respecto a lo que tenía contemplado el Gobierno del Partido Popular en
1999.

De la misma forma, la enmienda número 303 se refiere a la coordinadora de
ONGs, a la que también se debe asignar una cantidad significativa.

La enmienda número 304 va dirigida a un concepto que es la ayuda de
emergencia y de rehabilitación. Es una enmienda interesante, porque su
objetivo es incorporar acciones de rehabilitación de programas, haciendo
posible la continuidad de las actuaciones de emergencia con objetivos de
desarrollo a medio y largo plazo, de conformidad con lo previsto en la
Ley de Cooperación.

La enmienda número 305 hace referencia a convertir a La Rábida en la sede
permanente de la Cumbre de Países Iberoamericanos, que es la conclusión
obtenida en la Cumbre de La Habana, donde nuestro Grupo había dicho que
quería que la sede de la Secretaría Permanente de Cooperación de la
Cumbre fuera La Rábida.

Y, por último, la enmienda número 306, de modificación, trata de sufragar
parte de los cuantiosos gastos que adquieren las familias para poder
visitar a los presos españoles en el extranjero, con una cantidad que
nosotros estimamos en 25 millones de pesetas para permitir que estas
familias puedan desplazarse y atender a sus familiares cuando están
presos en el extranjero.

Como ve, señor Presidente, las enmiendas números 297 a 306 reflejan el
contenido político de lo que fue explicado como veto de totalidad de la
Sección 12, correspondiente al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador González Laxe.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Morales. (Pausa.)



El señor MORALES MONTERO: Muchas gracias, señor Presidente.

No diré que el aparato no me funciona, sino que no he sabido conectarlo a
tiempo.

Señorías, en cuanto a la enmienda a la totalidad, del Senador Román
Clemente, tengo que decir que las relaciones bilaterales de España con
los países de Europa Central y del Este no están subordinadas a la
pertenencia a ninguna alianza militar. La política propuesta por el
Gobierno para Gibraltar sirve a la reivindicación de la soberanía y a la
lucha contra el tráfico de ilícitos. España ha apostado siempre por la
solución pacífica y dialogada de los conflictos, y tiene una
participación activa en numerosas operaciones y en el mantenimiento de la
paz. La relación con Estados Unidos no es de sumisión y dependencia, sino
de aliado, señoría. La protección y promoción de los derechos humanos en
todo el mundo es uno de los criterios esenciales de la acción exterior
española. España se destaca en el seno de la Unión Europea por impulsar
la política europea de seguridad y defensa común.

Respecto a la cooperación para el desarrollo en los Presupuestos
Generales del Estado, éstos reflejan lo establecido por el Plan Director
para el cuatrienio 1999-2002, que es alcanzar, al final del período, una
Ayuda Oficial al Desarrollo que suponga el 0,3 por ciento del producto
nacional bruto, es decir, unos 300.000 millones de pesetas para dicho
año.

A fin de cumplir con dicho incremento, el Plan Director prevé 227.000
millones de pesetas para el presente año, y en torno a los 250.000
millones de pesetas para el próximo. Según las cifras disponibles, el
compromiso para 1999 está cubierto, y el del próximo año será cumplido.

No se olvida



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el horizonte del 0,7 por ciento. Sobre ello están de acuerdo la mayoría
de los partidos políticos. Su consecución ha de adaptarse a una visión
realista de las posibilidades presupuestarias.

En cuanto a la gestión de la cooperación, la Ley de Cooperación y su
desarrollo legislativo apuntan precisamente a asegurar la unidad de
dirección. Además, la política de cooperación al desarrollo español ha de
regirse por los principios objetivos y prioridades que marca la ley, por
lo que no puede hablarse de vinculación de dicha política de cooperación
a intereses comerciales. Por lo anteriormente expuesto, entendemos que
esta enmienda ha de ser rechazada.

En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
es evidente, Senador González Laxe, que estos presupuestos no sólo
continúan la política de rigor de los presupuestos anteriores, desde
1996, sino que, además, son unos presupuestos enmarcados dentro de una
política económica cuyos frutos en materia de creación de empleo, de
bajada de la inflación, de bajada de los tipos de interés y dinamización
de la economía española, están a la vista de todos. Señoría, son unos
presupuestos rigurosos y creíbles.

Le voy a contestar, grosso modo, a los diez elementos que ha planteado su
señoría. Hay que empezar diciendo que los datos de ejecución que este
Gobierno está aportando a la liquidación de los presupuestos son
altamente positivos. En el pasado, la ejecución de los créditos de ayuda
al desarrollo casi nunca alcanzaban el 70 por ciento. Pues bien, en los
últimos cuatro años, hemos llegado al 95 y al 96 por ciento y, en el caso
de la Agencia Española de Cooperación y de la Secretaría de Estado de
Cooperación, al 99 por ciento.

Señorías, el esfuerzo en favor de la solidaridad llevado a cabo por el
Ministerio de Asuntos Exteriores es muy importante, tanto que
aproximadamente el 60,5 por ciento de los recursos del Ministerio se
computan como Ayuda Oficial al Desarrollo. Esto significa, ni más ni
menos, que uno de los objetivos fundamentales de la Ley de Cooperación se
está cumpliendo. Manifestamos nuestra satisfacción por el hecho de que
unos de los objetivos --entre otros-- de la política exterior española
(la lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos humanos en el
mundo, la cooperación al desarrollo, etcétera), se estén consiguiendo. Y
esto, señorías, no sólo se consolida en los presupuestos para el año
2000, sino que se incrementa.

El balance de la cooperación española es positivo, y los presupuestos que
el Gobierno ha presentado para el año 2000 consolidan este crecimiento de
la cooperación. Podemos determinar que las expectativas de ayuda al
desarrollo en el año 2000 van a ser importantes, superiores a los 250.000
millones de pesetas.

La enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a la
Sección 12 de los presupuestos plantea nuevas actuaciones y gastos,
nuevas inversiones y, en todo caso, aumento de las dotaciones que figuran
actualmente. Las enmiendas suelen plantear la baja correspondiente en la
Sección 31, Gastos de diversos Ministerios, en una de la partidas que se
utilizan como cajón de sastre, la 31.02.633-A-63. Como en dicha partida
no hay dotación suficiente para atender todas las bajas solicitadas, han
presentado una enmienda en el Senado por la que se plantea un alta en
esta partida por importe de 985.617 millones de pesetas. Estos fondos se
financian con un aumento en los ingresos del Estado por importe de
930.700 millones de pesetas a través de mayores impuestos. Los gastos se
financian mediante el aumento de la presión fiscal y afectan
fundamentalmente a pequeños empresarios y pequeñas sociedades, que son
los principales protagonistas de la creación de empleo. Tratan de
aumentar la presión fiscal perjudicando al empleo.

Señorías, nos vamos a oponer a las enmiendas presentadas por ambos
grupos.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Morales.

Abrimos turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el Senador Román
Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, intervendré con mucha
brevedad.

Efectivamente, su respuesta, frente a nuestras argumentaciones, viene a
decir todo lo contrario. Es evidente que no nos ponemos de acuerdo --son
políticas distintas-- y poco más vamos a poder avanzar en ese sentido.

Ustedes niegan lo que nosotros afirmamos, nosotros seguimos manteniéndolo
y ustedes lo seguirán negando. Por tanto, rechazarán nuestra propuesta de
veto.

Por otra parte, quiero recordarle que algunas de las enmiendas que
venimos planteando son de pura necesidad y no puede quedar simplemente en
que todos denunciemos que es preciso erradicar el trabajo infantil y
después no se tomen medidas para ello.

No podemos estar diciendo a las ONGs que estamos dispuestos a caminar
hacia el 0,7 por ciento y, sin embargo, cada vez nos alejemos más incluso
de ese compromiso más inmediato del 0,35 por ciento del PIB para
cooperación.

Lo que no ha resuelto el Gobierno es esa dualidad, esa bicefalia o esos
puntos de vista discrepantes, como quieran denominarlo, entre Economía y
Exteriores a la hora de la gestión, puesta en funcionamiento,
rentabilidad y objetivos de la cooperación al desarrollo. Por tanto,
ustedes rechazarán nuestras enmiendas, pero los problemas siguen estando
ahí.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
González Laxe.




El señor GONZALEZ LAXE: Gracias, señor Presidente.

A las afirmaciones del portavoz del Grupo Parlamentario Popular he de
decir lo siguiente: No se puede jugar sobre el futuro en la medida en que
el pasado ha sido un mal



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ejemplo. La afirmación de que la Ayuda Oficial al Desarrollo va a llegar
al 0,35 por ciento al final del cuatrienio 1999-2002 está en
contradicción con lo que ha dicho el Secretario de Estado de Cooperación
en la Comisión de Asuntos Exteriores, en la que señalaba la gran
dificultad existente no solamente para llegar al 0,35 por ciento, sino
incluso para desarrollar la Ley de Cooperación al Desarrollo.

Es muy fácil, Senador del Partido Popular. En mi poder, como en el suyo,
existe un documento de la Oficina de Planificación y Evaluación del
Ministerio de Asuntos Exteriores, concretamente de la Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, en cuya
página 10 se hace un seguimiento, a través del último informe de Ayuda
Oficial al Desarrollo, de los niveles de realización, relativamente
bajos, que experimentan los citados programas de la Ayuda Oficial al
Desarrollo reembolsable y no reembolsable. No se trata de que los niveles
de ejecución sean bajos, sino que lo más sorprendente es que la cifra
absoluta disminuye, es decir, que si cada año disminuye la cifra absoluta
y encima el porcentaje de ejecución es bajo, es que la capacidad de
gestión no se corresponde con el dinero de que dispone. Incluso nosotros
creemos que esa capacidad de gestión está infravalorada en relación con
lo que debiera de ser.

Nosotros pensamos que no solamente hay que darle importancia a la
participación en los organismos internacionales no financieros, sino
también a las ONGs, al programa de asistencia a los presos españoles que
están en cárceles extranjeras, a la condonación de la deuda externa y a
las acciones de emergencia y gravitación en aquellos países necesitados.

Estos son asuntos que hemos discutido a lo largo de esta legislatura en
el Senado y sobre los cuales, más o menos, había un punto de coincidencia
y ahora, llegado el momento de la plasmación presupuestaria, observamos
con cierto estupor que no aparecen reflejados. En esa medida volvemos al
principio. La política exterior debe buscar el consenso, debe encontrar
un punto común, no debe buscar el disenso y, por lo tanto, escaparnos
unos de otros, y cuando pensábamos que a lo largo de cuatro años
debatiendo propuestas concretas en el campo de la política exterior
podíamos llegar a puntos de acuerdo y de coincidencia observamos con
cierto estupor, repito, que no existe plasmación presupuestaria. De ahí
que los argumentos que ha utilizado el Grupo Parlamentario Popular a
nuestro juicio no sean convincentes, y de ahí también que reclamemos la
atención de los demás grupos para que voten en favor de nuestras
enmiendas ya que mejorarían la participación española en el concierto
internacional defendiendo que, en primer lugar, debemos ser actores de
primera fila y, en segundo lugar, debemos ser solidarios puesto que
antaño lo fueron otros países con nosotros.

Por tanto, si ahora España va bien --dicho entre comillas--, debemos ser
solidarios con el resto del mundo.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador González Laxe.

Tiene la palabra el Senador Morales.

El señor MORALES MONTERO: Gracias, señor Presidente.

Quiero agradecer al Senador Román Clemente su tono y su comprensión.

Efectivamente tenemos una disparidad de criterios; eso está claro. Le
podría decir anecdóticamente que ni usted me va a convencer a mí ni yo le
voy a convencer a usted. Estamos los dos defendiendo legítimamente los
postulados que consideramos correctos, pero, en definitiva, todos vamos a
incidir en un mismo punto: todos queremos lo mejor para España. Todos
creemos que lo que defendemos es lo mejor para España. Podremos estar más
o menos acertados, pero, en definitiva, quien decidirá eso dentro de muy
poco tiempo será el pueblo español.

Por tanto, quiero decirle que vamos a rechazar las enmiendas que su Grupo
presenta por idénticos argumentos por que ustedes las proponían.

En cuanto a usted, Senador González Laxe, le repito lo mismo que al
Senador Román Clemente. Nos vamos a oponer a su propuesta porque
entendemos que está muy poco argumentada técnicamente además de que desde
ese mismo punto de vista no se sostiene por sí misma ni mínimamente.

Por tanto, señoría, al estar su propuesta mal planteada, no se la vamos a
aceptar.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Morales.

Terminada esta sección, pasamos a la Sección 34, que no ha sido objeto de
enmiendas.

Pasamos a continuación a la Sección 13, Justicia. A esta sección se han
presentado dos enmiendas, las números 67 y 68 del Senador Estaún.

Para su defensa tiene su señoría la palabra.




El señor ESTAUN GARCIA: Gracias, señor Presidente.

Los Senadores pertenecientes al Partido Aragonés Regionalista hemos
presentado dos enmiendas que pretenden mejorar las dependencias donde se
imparte la justicia en Aragón. En concreto proponemos una inversión de
225 millones de pesetas para la terminación de las obras de la Audiencia
Provincial de Zaragoza para que las obras, que se van prolongando en el
tiempo, se concluyan y se pueda ofrecer a los ciudadanos el servicio que
se espera de una Audiencia Provincial.

En lo que respecta al Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza, nos
encontramos ante una situación similar. Por eso hacemos una propuesta
para una inversión de 90 millones de pesetas para que se agilice el
proyecto de esta infraestructura judicial que consideramos muy
importante.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Estaún.

Pasamos a la enmienda número 33, propuesta de veto, y enmiendas números
1277 a 1288 del Senador Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene su señoría la palabra.




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El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

La propuesta de veto que presentamos es escueta y no representa ninguna
novedad puesto que es una reiteración de lo que año tras año venimos
diciendo: falta de previsión, falta de financiación para abordar incluso
las reformas que ya han sido aprobadas en las Cámaras. Por tanto, toda
esta sección está precisada de una cuantía global muchísimo mayor que
aquella con que se dota.

Por otra parte, nuestras enmiendas tienen que ver con necesidades de
infraestructuras. Se refieren a unas como podían haberse referido a otras
muchas. Quiero resaltar que, efectivamente, con el paso del tiempo,
cuando se deja de hacer algo, difícilmente después se puede volver a
recuperar. Me refiero tristemente a que en el año 1996, antes del relevo
del Gobierno, había ya pendiente, y casi próximo a su ejecución, la
construcción de una nueva sede de los juzgados de la provincia de
Almería. El Gobierno anterior estuvo a punto de ejecutarla; el Gobierno
actual, no sólo no siguió adelante, sino que abandonó esta obra necesaria
y precisa. Por eso, pensamos que la construcción de una nueva sede de los
Juzgados en la provincia de Almería --juzgados que están tan dispersos
que son un auténtico problema, tanto para los usuarios de la justicia
como para los distintos agentes que participan en la Administración de
Justicia-- es una reivindicación oportuna.

Igualmente, podría citar y defender, una vez más, la necesidad de
reformar los Juzgados de lo Social en Teruel o los calabozos en el
Juzgado de Alcañiz, en Teruel. Así, podría ir argumentando las obras
pendientes de acometer en Cádiz, Murcia y demás lugares. Insisto en que
son muchas las necesidades; hemos consignado éstas, y espero que alguna
vez puedan ir incorporándolas en su planificación, porque, sin duda, son
necesarias. No se pueden abordar porque la cuantía de esta Sección es
insuficiente, lo que nos lleva a una mala prestación de un servicio
esencial como es la Justicia.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.

Pasamos a las enmiendas números 37 y 38 del Grupo Parlamentario Mixto,
presentadas por el Senador Torres Cardona. Para su defensa, su señoría
tiene la palabra.




El señor TORRES CARDONA: Muchas gracias, señor Presidente.

Hemos presentado dos enmiendas a esta Sección. La primera hace referencia
al Juzgado de Eivissa y propone la construcción de un nuevo edificio,
porque el espacio actual es absolutamente insuficiente para las tareas
que se llevan a cabo en él.

La segunda enmienda hace referencia al Juzgado de Paz de Formentera. En
reiteradas ocasiones se ha solicitado que se convierta en un Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción, pero, mientras esto no sea posible, es
necesario dotarlo con más personal y medios materiales, puesto que el
trabajo que se realiza supera con creces las posibilidades del mismo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Torres.

Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Socialista y enmiendas números
308 a 311. Para su defensa, tiene su señoría la palabra.




El señor CABALLERO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo para defender las enmiendas que van de la 307 a la 311, ambas
inclusive.

La número 307 contiene una impugnación a la Sección 13, Ministerio de
Justicia. Planteamos un veto a esta Sección porque consideramos, y así lo
hemos venido repitiendo durante toda la legislatura, que la política en
materia de justicia no es una prioridad para el Gobierno del Partido
Popular, y el presupuesto asignado al Ministerio de Justicia no hace más
que demostrarlo. Son unos presupuestos claramente insuficientes para
abordar los retos que la justicia debe acometer en nuestro país durante
el próximo siglo.

Decía el Senador Ariznavarreta en el debate de esta propuesta de veto a
la Sección 13 en Comisión que los números cantan. Es cierto, los números
cantan, tanto que la gente en España tiene menos confianza en la
Justicia; cada vez más, la ciudadanía valora peor el Ministerio de
Justicia y piensa que la Justicia funciona peor. Esos son datos
indiscutibles, por mucho que el Gobierno y el Partido Popular se empeñen
en decir que no. Pensamos que el Gobierno, una vez más, ha desaprovechado
la oportunidad de fomentar, promover y alcanzar un pacto de Estado en
materia de justicia. Los 158.000 millones que se contemplan en el
presupuesto para el Ministerio de Justicia suponen un escaso aumento, de
poco más de 10.000 millones de pesetas.

Esas razones, aparte de otras que hemos venido repitiendo durante toda la
legislatura, nos llevan a impugnar esta Sección. Impugnación que también
realizamos al programa 142.A de la Sección 13, de Tribunales de Justicia
y Ministerio Fiscal. Consideramos que los 141.000 millones que se
consignan no son suficientes para crear los órganos jurisdiccionales que
necesita la justicia en nuestro país, así como las plazas de Fiscales y
los Juzgados de Menores que contempla el proyecto de ley que aprobaremos
en breve en esta Cámara sobre la responsabilidad penal de los menores.

Por tanto, nuestra valoración de los presupuestos --como plasmación
económica y política de lo que es la trayectoria del Ministerio de
Justicia, en estos últimos años-- no puede ser más que negativa porque no
son unos presupuestos que se adecuan a la realidad de nuestro país, a la
realidad de la España del siglo XXI. Nosotros consideramos que son unos
malos presupuestos, y aunque alguien los pueda considerar buenos, sin
duda, señor Presidente y señorías, no se pueden considerar históricos,
porque es una falta de modestia absolutamente «inasumible»; los
acontecimientos históricos son otros y, desde luego, los presupuestos que
plantea el Gobierno para su debate en esta Cámara no lo son.

En ese sentido, la enmienda número 309, planteada por mi Grupo
parlamentario, pretende aumentar en 12.800 millones la cuantía destinada
a los tribunales de justicia.




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Por último, las enmiendas 310 y 311 se refieren a la objeción de
conciencia. En concreto, la 310 pretende aumentar en 3.000 millones de
pesetas el «haber en mano» de los objetores; y, la 311, aumentar en 150
millones de pesetas los conciertos con corporaciones locales para la
prestación social sustitutoria y, doy ambas por defendidas en sus propios
términos.

Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Caballero.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Prada.




El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, intervengo para mostrar nuestro rechazo a las enmiendas
--fundamentalmente a la enmienda de totalidad-- presentadas por diversos
grupos parlamentarios.

Voy a empezar, señor Presidente, por las enmiendas números 67 y 68 del
Grupo Parlamentario Mixto que han sido defendidas por el representante
del Partido Aragonés. Rechazamos la primera de ellas --una enmienda de
adición que pretende financiar las obras de la Audiencia Provincial de
Zaragoza-- porque, a nuestro juicio, existe presupuesto y crédito
suficiente para financiar las obras de la Audiencia Provincial y las
previsiones que tiene el Ministerio de Justicia son las únicas realistas
respecto a la tramitación urbanística y la posterior ejecución del
edificio del que estamos hablando.

En relación con la enmienda número 68, que pretende una dotación de 90
millones de pesetas para financiar la remodelación del Tribunal Superior
de Justicia de Zaragoza, quiero decirle a su señoría que las anualidades
que se reflejan en el proyecto están ajustadas al ritmo previsible de
ejecución de las obras de reforma del Tribunal Superior de Justicia de
Zaragoza y, además, hay que incidir en que lo importante es que se están
realizando las obras que eran necesarias en la localidad de Zaragoza para
un nuevo Tribunal Superior de Justicia.

En relación con la enmienda 1279 --sobre la que ha incidido especialmente
el Senador Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto-- que pretende
financiar la infraestructura de nuevos juzgados en Almería por un importe
de 500 millones de pesetas --y nos ha mencionado la historia-- hay que
recordarle a su señoría la legislación vigente y decirle que la
competencia en materia de medios materiales para la Administración de
Justicia en Andalucía fue traspasada en 1997, concretamente en virtud del
Real Decreto 142/1997 y, en consecuencia, es a la Junta de Andalucía a la
que le corresponde esta competencia.

En otro orden de cosas, voy a referirme a las enmiendas números 37 y 38,
defendidas por el Grupo Parlamentario Mixto. Rechazamos la enmienda
número 37 --que pretende la adquisición de un local para la construcción
de un nuevo edificio para los Juzgados de Eivissa, por importe de 500
millones de pesetas porque se están realizando en este momento gestiones
con otras instituciones para una nueva ubicación de los juzgados en esta
localidad y, por tanto, entendemos que no es necesario acudir a una
inversión nueva para adquirir un local.

También rechazamos la enmienda número 38, que pretende la dotación de
personal de la Administración de Justicia para el Juzgado de Paz de
Formentera por un importe de 10 millones de pesetas, porque la dotación
de personal es la misma que existe para el resto de los Juzgados de Paz
y, en este momento, más que de dotación existen problemas derivados de la
provisión y los asuntos que se tramitan no hacen necesario por el momento
incrementar o aumentar el personal.

Si sus señorías me lo permiten, voy a tratar las enmiendas 310 y 311,
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Con la enmienda 310
pretenden un incremento de 3.500 millones de pesetas del «haber en mano»
de los objetores de conciencia. Señorías, entendemos que el crédito que
figura en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2000 es más que suficiente, 1.381 millones de pesetas. Efectivamente
dicha partida ha sido minorada respecto al crédito anterior, pero como
consecuencia de los convenios de colaboración en la gestión de la
objeción de conciencia, suscritos, por ejemplo, con Comunidades como
Galicia o Cataluña. En todo caso, a nuestro juicio el importe de la
enmienda no tiene relación alguna con la realidad y el número de
objetores de conciencia que realizan la prestación social sustitutoria.

Respecto a la enmienda número 311, también del Grupo Parlamentario
Socialista, que pretende un incremento de 150 millones de pesetas en el
crédito para conciertos con corporaciones locales para la prestación
social sustitutoria de objetores de conciencia, en nuestra opinión, el
crédito que se establece en el proyecto de 95 millones de pesetas es
suficiente, y también ha sido minorado como consecuencia de esos
convenios de colaboración suscritos con las Comunidades Autónomas, es
decir, por las mismas razones que he señalado a sus señorías con
anterioridad.

En relación con la enmienda de veto, defendida por Izquierda Unida y por
el Grupo Parlamentario Socialista, debo decir que los presupuestos del
año 2000 no sólo suponen la consolidación del esfuerzo histórico en
medios personales y materiales que comenzó con la elaboración por este
Gobierno de los presupuestos para los años 1998 y 1999, sino que, además,
continúa con la política de mejora en los medios personales y materiales
al servicio de la Administración de Justicia y del resto de programas
presupuestarios que son competencia del Ministerio de Justicia.

A nuestro juicio, la creación de nuevos órganos judiciales asegura la
eficacia en la aplicación de las leyes que se han ido aprobando a lo
largo de esta legislatura. Por ejemplo, en lo que se refiere a la ley
penal del menor, que vamos a aprobar esta misma semana en esta Cámara,
creemos que existen dotaciones suficientes para incrementar el número de
juzgados de menores.

En cuanto a las partidas del capítulo 2, que la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista califica como opacas, contienen exclusivamente,
señorías --fíjense lo opaco que es el aumento en costes de los gastos de
limpieza y seguridad, que derivan además en las numerosas instalaciones
de los nuevos órganos judiciales creados desde 1996, que por su número
demandan gran cantidad de medios de este tipo.




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Respecto a otro tipo de créditos, por ejemplo, para la Oficina de
Víctimas de Malos Tratos, por primera vez se dota una partida especifica
de 76 millones de pesetas. Las asignaciones de colegios de abogados y
procuradores se actualizan conforme al índice de precios al consumo, y
así sucesivamente.

Pero lo que me parece más importante destacar, señor Presidente, es que
el Ministerio de Justicia ha presentado a las Cortes Generales, al
Congreso y al Senado, unos presupuestos ambiciosos, que suponen un
incremento del 8,47 por ciento respecto a los presupuestos de 1999.

Significa, señorías, fíjense bien en el dato, un incremento total a lo
largo de la legislatura del 37,14 por ciento. Si incluimos el ejercicio
presupuestario de 1995, que como sus señorías recordarán fue prorrogado
en el año 1996, este crecimiento presupuestario en el Ministerio de
Justicia alcanzaría el 57,4 por ciento.

A nuestro juicio, hay objetivos prioritarios, y éstos son la creación y
dotación de plazas. Se van a crear 152 plazas de jueces y magistrados,
139 plazas de secretarios, 293 plazas de oficiales, 333 plazas de
auxiliares, 245 de agentes judiciales, 130 plazas de personal laboral, 36
nuevos fiscales o plazas en la Fiscalía, 46 médicos forenses; es decir,
un total de 1.374 nuevas plazas que se crean como consecuencia de estos
presupuestos del año 2000. Vamos a crear también diez Secciones de la
Audiencia Provincial, nueve juzgados de primera instancia, 24 juzgados de
primera instancia e instrucción, 26 juzgados de lo
contencioso-administrativo, 18 juzgados de lo social, dos juzgados de
vigilancia penitenciaria, 30 juzgados de lo penal, diez juzgados de
menores, 120 nuevas agrupaciones de juzgados de paz; es decir, 119 nuevos
órganos judiciales, con un coste total, señorías, de 4.722 millones de
pesetas.

Esto es un hito, esto es un presupuesto ambicioso, como decía al
principio. Se van a invertir por parte del Gobierno 5.606 millones de
pesetas en obras y equipamientos, 2.054 millones de pesetas en seguir el
proceso de informatización de juzgados, tribunales y Fiscalía. Hay 2.783
millones de pesetas para inversión de reposición asociada al
funcionamiento. Para la fe pública judicial, que ustedes también critican
y, sobre todo, para la informatización de los registros civiles están
previstos 718 millones de pesetas. Para servicios generales, 6.748
millones de pesetas, para el Servicio Jurídico del Estado, 3.056 millones
de pesetas, y para la objeción de conciencia, como antes he señalado, un
crédito importante de 3.951 millones de pesetas.

Señor Presidente, señorías, esto significa que el Ministerio de Justicia
presenta un presupuesto ambicioso, que da respuesta a las necesidades que
tiene en este momento la sociedad española en materia de justicia, lo
cual no quiere decir que el Grupo Parlamentario Popular muestre su
absoluta conformidad. Es cierto que nos gustaría que fueran muchísimos
más miles de millones pero, ¿a costa de aumentar y disminuir la sección
31, como se pretende en diversas enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista? ¿A costa de que de manera callada y silenciosa significara ni
más ni menos que subir los impuestos a los españoles? Evidentemente, no
vamos a incrementar el presupuesto para la Administración de Justicia a
costa de un aumento en los impuestos; este presupuesto, con un incremento
del 8,47 por ciento respecto a los presupuestos del año 1999, nos parece
suficiente. (Un señor Senador: ¡Muy bien!)
Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda) : Gracias, Senador Prada.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román
Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, Senador Prada, sé que las transferencias de medios
materiales de la Justicia a la Junta de Andalucía se realizaron en 1997.

También dijimos en su momento en el propio Parlamento andaluz que estas
transferencias tenían algún tipo de problemas, como después hemos podido
comprobar. La valoración de las transferencias precisa de ciertos tipos
de ajuste y es aquí, Senador Prada, donde si hay posibilidad debemos
volver a tomar aquellos proyectos precisos desde la cooperación y la
colaboración con otras Comunidades Autónomas, como se ha venido haciendo
hasta el momento, no incrementando todo donde no se debe. Por tanto, no
hay tanto problema, sólo hace falta voluntad política.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.

Tiene la palabra el Senador Caballero.




El señor CABALLERO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.

Con su venia, voy a intervenir brevemente.

Senador Prada, a pesar de la habilidad parlamentaria que le caracteriza y
que he de reconocer y admirar, desde mi punto de vista y desde el de mi
Grupo parlamentario, no debería usted calificar estos presupuestos como
históricos. Se lo digo con el afecto personal que sabe que le tengo. No
debería hacerlo porque son unos presupuestos de mantenimiento, se dedican
a mantener una política errática en el Ministerio de Justicia. ¿Se puede
calificar como histórica la consignación de 76 millones de pesetas para
actuaciones relacionadas con el plan contra la violencia doméstica?
Sinceramente, Senador Prada, señorías, pienso que no.

Le voy a dar un dato que tiene la importancia que cada uno le quiera dar,
pero que es significativo de hasta qué punto los presupuestos presentados
por el Gobierno del Partido Popular son creíbles. En el año 1997 se
presupuestaron 150 millones de pesetas para nuevas inversiones en la
provincia de Badajoz, de los cuales no se gastó ni una sola peseta.

No creo que se puedan calificar de históricos estos presupuestos para la
justicia de paz, en la que me he interesado durante esta legislatura en
bastantes ocasiones, como usted conoce, y si acaso fuera así, sería por
una serie de coincidencias que no vamos a decir ahora y que su señoría
conoce, porque durante las diversas sesiones de la Comisión



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de Justicia he denunciado lo que, a mi juicio, son una serie de
actuaciones del Ministerio que en nada se compadecen con lo que debería
ser una actuación imparcial.

Poco más tengo que añadir, señorías, señor Presidente. Consideramos que
los presupuestos de mantenimiento que presenta el Gobierno no son los
adecuados para la justicia que necesita nuestro país, y si los ciudadanos
en España valoran mal la justicia no es porque el Partido Socialista sea
sectario y excesivamente crítico con la política del Gobierno, sino
porque ven que la justicia no mejora. Aunque todos los datos que usted ha
dado pueden ser ciertos, la situación de la justicia no mejora. Y le
puedo dar otro dato: en la Comunidad Autónoma de Extremadura, hoy por
hoy, hay más jueces sustitutos que nunca en la historia reciente de
nuestro país.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Caballero.

Tiene la palabra el Senador Prada.




El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, el Gobierno del Partido Popular ha estado reformando la
Justicia española desde que los ciudadanos le dieron su confianza.

Nuestro objetivo ha sido desde un principio tener una Justicia de
calidad, rápida y eficaz, como hemos reiterado numerosas veces en esta
Cámara; un modelo de Justicia que se diseñó en la Constitución de 1978 y
que a día de hoy no se ha desarrollado. Es cierto que todos tenemos la
obligación de sentarnos a dialogar para consensuar ese pacto de Estado
que está pendiente en materia de Justicia, y este portavoz se lo ha
reconocido a los portavoces del Grupo Socialista en multitud de
ocasiones. Además, confío en que en la siguiente legislatura, tras las
próximas elecciones generales, eso se convierta en una auténtica
realidad. Pero, señorías, eso nada tiene que ver con lo que ahora estamos
debatiendo: los presupuestos del Ministerio de Justicia, que contribuyen
de forma considerable a mejorar la Administración de Justicia y a que
tengamos una Justicia más rápida y de mejor calidad.

Con estos presupuestos, y con los que hemos venido desarrollando,
queremos tener una Justicia que responda a esos intereses de agilidad y
eficacia. Y para eso se precisan más jueces, y mejor preparados; más
funcionarios; más secretarios; instalaciones judiciales dignas, y unas
leyes procesales que no sean un continuo disentimiento para aquellos que
quieren acudir a los juzgados y tribunales españoles.

El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha un ambicioso plan para
erradicar el problema de la lentitud de la Justicia y conseguir que ésta
se imparta con mayor calidad. Dicho plan es consecuente con la política
que viene defendiendo el Gobierno del Partido Popular, porque en nuestra
opinión litigar y acudir a un pleito es un derecho, y el Estado debe
proporcionar los medios para que los ciudadanos consigan una eficaz
protección de ese derecho cuando consideren necesario ejercitarlo.

Por ello, señorías, hemos aprobado --hay que recordarlo en este debate--
una serie de leyes conducentes a la agilización de la actividad judicial.

Así, hay que mencionar la aprobación de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la creación de los juzgados
uniprovinciales de lo contencioso-administrativo, que permite que hoy los
ciudadanos resuelvan sus contenciosos con la Administración en un plazo
de tres meses cuando antes tardaban tres años. También, la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, que recientemente hemos debatido en esta Cámara, de
la que nadie puede poner en duda que ha sido un hito histórico que va a
contribuir de forma considerable --les guste o no-- a mejorar la Justicia
y a que consigamos ese modelo que estamos defendiendo.

Para solucionar y paliar los problemas existentes el Ministerio de
Justicia también ha adoptado otras medidas a lo largo de esta
legislatura, como el refuerzo provisional de tribunales hasta la
superación de los retrasos, teniendo en cuenta el criterio para
garantizar una mayor calidad de la Justicia de terminar lo antes posible
con el recurso a juzgadores no profesionales. Ese es nuestro empeño.

Otro hito importante durante esta legislatura ha sido, como ya he dicho,
la informatización integral de los juzgados y tribunales, de tal forma
que ha aumentado de forma considerable su eficacia. Se ha puesto en
marcha un plan de mejora urgente de las sedes de los juzgados y se han
dotado presupuestariamente los gastos corrientes de mantenimiento y
enjuiciamiento de los juzgados y tribunales. Asimismo, se ha diseñado un
nuevo modelo para edificios de juzgados y nuevos modelos para las
instalaciones de medicina legal.

En su última intervención el portavoz del Grupo Socialista ha hecho una
referencia a los 76 millones para oficinas de atención a víctimas de
malos tratos que se reflejan en el proyecto de ley de presupuestos, y
concretamente en la Sección 13. Ya señalé la importancia histórica de
este hecho, porque es la primera vez en toda la historia de los
Presupuestos Generales del Estado que aparece una partida específica
destinada a la creación de nuevas oficinas para la asistencia a víctimas
de malos tratos. Y no me podrán negar que a lo largo de estos últimos
cuatro años el Gobierno del Partido Popular ha creado un importante
número de oficinas en los distintos juzgados y tribunales y sedes
judiciales españolas para la asistencia a las víctimas de malos tratos.

No me pueden negar que hemos propugnado la modificación del Código Penal
para atender a las víctimas de malos tratos. Y es bueno que figure una
partida de 76 millones de pesetas porque con estos 76 millones de pesetas
se van a crear nuevas oficinas de atención a víctimas de malos tratos.

Eso no significa que vayamos a cerrar las que tenemos ya abiertas.

Significa que, además de las que se han abierto a lo largo de estos tres
últimos años, se van a abrir, con esta partida, nuevas oficinas de
atención a víctimas de malos tratos. Y por eso es importante que un
problema que ocupa y preocupa a la sociedad, que ocupa y preocupa, desde
luego, al Ministerio de Justicia y que ocupa y preocupa al Partido y al
Grupo Parlamentario Popular en el Senado tenga un reflejo en los
presupuestos generales del Estado para este mítico año 2000.

Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Prada. (El
señor Torres Cardona pide la palabra.)
Senador Torres, ¿desea hacer uso de la palabra?



El señor TORRES CARDONA: Sí, señor Presidente, si puede ser, por el
artículo 87, por unas alusiones con referencia a las enmiendas 37 y 38.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Tiene la palabra por tiempo de
un minuto.




El señor TORRES CARDONA: Gracias, señor Presidente.

Si bien, con respecto a la primera enmienda relativa a la ciudad de
Ibiza, su señoría ha propuesto una solución diferente a la nuestra, es
decir, un alquiler, en ningún caso podríamos estar de acuerdo con la
respuesta que su señoría ha dado respecto al juzgado de paz de la Isla de
Formentera. Allí las necesidades no están cubiertas ni por lo que se
refiere al personal, ni por lo que se refiere al material administrativo.

Simplemente, me gustaría que estuviese en condiciones responder quién
realiza las notificaciones de este Juzgado de paz, con qué vehículo,
quién tiene que dotar a este Juzgado de paz de material administrativo y
de comunicaciones y, por último, quién tiene que actuar cuando durante
seis meses la población de Formentera se multiplica por cinco y llegamos
a los 30.000 habitantes. El Juzgado de paz es incapaz de dar abasto y
atender las necesidades reales.

Como Alcalde de la isla también tengo que decirle que, gracias al
Ayuntamiento, todo esto se hace posible. De ahí la petición que le
cursamos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Torres.

Tiene la palabra el Senador Prada.




El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.

Simplemente para decir al Senador Torres Cardona que no ha debido
entender bien el sentido de mis palabras.

No he dicho que en estos momentos no haya problemas en el Juzgado de paz
de Formentera. Lo que le he dicho es que no existen problemas de dotación
presupuestaria. Sí existen --y se lo he dicho en mi primera
intervención-- problemas derivados de la provisión de esas plazas, es
decir, están dotadas presupuestariamente pero todavía no están proveídas.

Lo que le digo es que se tienen que proveer, y que los asuntos que está
tramitando ese Juzgado de paz, a nuestro juicio, a juicio del Ministerio
de Justicia y del Grupo Parlamentario Popular en el Senado no han
supuesto y no suponen por el momento la necesidad de incrementar el
personal que está previsto. Lo que hay que hacer es proveerlo y hacerlo a
la mayor urgencia, y ahí su senoría encontrará la colaboración de este
Grupo.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Prada.

Terminado el debate de la Sección, pasamos a debatir la Sección 14,
Defensa.

Hay una propuesta de veto de los Senadores Román Clemente y Cámara
Fernández.

Para la defensa del veto y de las enmiendas 1289 a 1303, tiene la palabra
el Senador Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.

Paso a referirme a la enmienda 1289, Sección 14, Ministerio de Defensa.

Voy a dar por defendida la propuesta de veto en los término expresados.

Se trata de insistir en un nuevo ejercicio presupuestario en algo con lo
que no estamos de acuerdo, y es el aumento desmesurado de los gastos
militares que se contempla tanto directamente en el Ministerio de Defensa
como los que de alguna forma parecen camuflados o encubiertos en otros
Ministerios, como es el caso del Ministerio de Industria --aviones,
barcos de guerra, etcétera--. En definitiva, consideramos que los
presupuestos del año 2000 tienen un incremento desmesurado, producto de
una apuesta por un Ejército profesional que, desde nuestro punto de
vista, está sobredimensionado en las inversiones, tanto en el avión
«Eurofighter» como en el tanque «Leopard», como en el hecho de nuestra
pertenencia a la OTAN y la necesidad de instalación de infraestructuras
en nuestro país que eso conlleva.

Sin embargo, ello contrasta con esa política tan clara, tan nítida que
estamos viendo en el transcurso de este debate de recortes en necesidades
sociales, siempre argumentadas, como consecuencia de la convergencia. Por
contra, el gasto de Defensa se dispara.

Asimismo, es curioso que este presupuesto, en su apartado de
investigación más desarrollo --también un poco camuflado-- supera los
presupuestos de educación, sanidad y medio ambiente conjuntamente.

Por ello, presentamos esta propuesta de veto.

Doy por defendidas las enmiendas números 1.290 a 1303 formuladas a esta
Sección.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.

El Senador Padrón me anunció que iba a defender en este trámite todas las
enmiendas presentadas a las Secciones.

Tiene la palabra, para la defensa de la enmienda número 1 y del resto de
las enmiendas que ha anunciado, el Senador Padrón.




El señor PADRON RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Como cada año, la Agrupación Herreña Independiente, a la que tengo el
honor de representar en esta Cámara, presenta, formula, con entusiasmo y
mucha deportividad, un paquete de enmiendas a este proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado. Y como cada año, para no variar, las
enmiendas son rechazadas, independientemente del Grupo Parlamentario
mayoritario que en ese momento ocupe los escaños de la Cámara.




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Pero como entendemos que es nuestra obligación, seguiremos presentando
enmiendas y acatando, sin dudar, los dictámenes de la mayoría. En esta
ocasión hay una pequeña, pero sensible diferencia, la enmienda número 4,
que emana de una moción aprobada por asentimiento el 24 de junio de 1997
y que, aún así, será rechazada.

Haciendo un poco de memoria, recuerdo que en este mismo debate del pasado
año fue rechazada otra enmienda de este Senador con unos sólidos
argumentos políticos del Partido Popular que explicaban que la enmienda
casi rayaba la ilegalidad, pero cuál fue mi sorpresa cuando en el
Congreso de los Diputados ese mismo año la enmienda es aceptada sin
oposición alguna del mismo Partido Popular.

Y, ¿qué ocurrió? Muy sencillo. Los sólidos argumentos políticos que la
rechazaron en esta Cámara se transformaron en el Congreso de los
Diputados en aún más sólidos e imprescindibles argumentos aritméticos. Y,
señor Presidente, con las matemáticas no se puede jugar.

Como he dicho, señor Presidente, la enmienda número 4 emana de una
moción, en la cual se aprobó erigir el monumento al último adiós y
primera bienvenida, en honor y reconocimiento a todos aquellos hombres y
mujeres que sobrepasaron los límites del Meridiano de Orchilla en la isla
del Hierro, en sentido occidental. Es decir, se refiere a nuestros
emigrantes, a nuestros valientes y sufridos emigrantes. Y es de bien
nacido el ser agradecido. Por ello, el respeto y admiración que profeso
por el emigrante canario, en particular, y por todos, en general, me
harán perseverar a mí o a cualquier Senador de mi Partido, que seguro que
estará aquí en la próxima Legislatura, en que ese reconocimiento se haga
tangible y alguna vez veamos ese monumento en la punta de Orchilla.

Antes de terminar, señor Presidente, quería decir a los Senadores del
Partido Popular que antes de que se disuelvan las Cámaras --quizás el día
10 o el 11 de enero-- me dejen una fotocopia del manual para ver qué hay
que hacer para que a un Senador de la isla del Hierro, con una moción
aprobada o con los trámites parlamentarios que sean, le aprueben una
enmienda en este proyecto de ley.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Padrón.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, el
Senador González López tiene la palabra.




El señor GONZALEZ LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Mi Grupo ha presentado una enmienda de veto y 9 enmiendas parciales que
voy a defender conjuntamente.

Nuestra enmienda de veto no se ha presentado por estar en contra de los
objetivos de defensa, objetivos que compartimos, y así lo hemos
manifestado en otras ocasiones, sino por estar en contra de la forma en
que se quieren alcanzar o conseguir estos objetivos. Es más, para
defender esta enmienda de veto nos sirven los argumentos que hemos estado
usando en los últimos ejercicios presupuestarios.

No se trata de entrar en un baile de macrocifras, porque las cifras en
este caso, y más en Defensa, se pueden vender según el auditorio. Si hay
que vender un presupuesto significativamente extensivo, se vende, y si
hay que hacer lo contrario, vender austeridad, también se puede hacer.

Por esta ambigüedad, propia de varias acciones del Gobierno, por esta
identificación, por querer estar en misa y repicando, por evadir las
responsabilidades futuras a otros Gobiernos, es por lo que presentamos
esta enmienda de veto, teniendo constancia de que los objetivos son muy
loables, pero el futuro de las Fuerzas Armadas dependen mucho de una
modernización que no se garantiza con estos presupuestos y un proceso de
profesionalización que se pone en duda, o por lo menos se difieren las
responsabilidades a presupuestos futuros.

Desde luego, si queremos unas Fuerzas Armadas preparadas, cualificadas y
adaptadas a lo que necesita hoy España no podemos estar hipotecando este
futuro, porque no es de recibo que todavía aparezcan en Industria
cantidades que debían estar en Defensa, como esos 170.000 millones de
pesetas que aparecen en investigación y desarrollo. Todo el mundo sabe
que esas cantidades tendrían que ir destinadas al proceso de producción,
al proceso de fabricación, y que algo puede quedar en investigación y
desarrollo, precisamente lo que ya está recogido en el Capítulo VI de
Defensa, pero estas cantidades sirven para maquillar y subsanar el
déficit en el presupuesto de Defensa para lo que es la modernización y
profesionalización de las Fuerzas Armadas.

Igual ocurre en algún otro proyecto de modernización, como por ejemplo en
los aviones P-3 Orion y los C-295, aviones de transporte medio que ya no
son un proyecto de investigación y desarrollo, sino un proceso de
fabricación, aviones que Defensa tiene que adquirir a CASA y que si no
fuera por una enmienda de última hora que ha presentado el propio Grupo
del Partido Popular, que va en el mismo sentido de una nuestra que no han
admitido no se podrían adquirir. Este es uno de los riesgos que se corren
y de los que nosotros avisamos constantemente con este baile de cifras de
Industria y Defensa.

Nuestra segunda gran preocupación en estos presupuestos es la marcha del
proceso de profesionalización. Están apareciendo problemas que nosotros
ya avisamos y muchos de los cuales eran previsibles. Desde luego, la
reducción de 6 solicitudes a 1,2, que se está produciendo en las
convocatorias para cubrir las plazas de los soldados profesionales, es
decir 9.100 aspirantes para 7.500 plazas es, cuando menos, preocupante.

Así es difícil conseguir unas Fuerzas Armadas cualificadas, porque
prácticamente el proceso de selección desaparece y no queda otro remedio
que coger lo que viene, sea bueno, malo o regular.

Saludamos algunas de las medidas que parece que se van a tomar, como el
reclutamiento continuo y la eliminación de la tasa de 1.500 pesetas para
poder presentarse a la selección, pero creemos que son insuficientes. El
proceso de profesionalización está siendo demasiado largo y habría que
acortarlo ya, como mi Grupo viene defendiendo.

Por un lado, está perjudicando al propio proceso, pero también a la
recluta obligatoria. Hoy día prácticamente todo el mundo está buscando
alguna excusa para no hacer la mili obligatoria, y no debemos olvidar que
la recluta



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obligatoria tendría que ser el gran vivero de las Fuerzas Armadas. El
ejército profesional necesita de los soldados de reemplazo por varias
razones: primero, porque ya tienen una cierta experiencia en lo que es el
ejército; segundo, porque los mandos los conocen a ellos y ellos conocen
perfectamente la vida militar, y porque estando dentro posiblemente se
podrían ahorrar todos los gastos de captación y de instrucción.

A nosotros no nos cabe duda de que este colectivo constituye una cantera
privilegiada para nutrir la futura tropa profesional. Sin embargo,
solamente 900 jóvenes, de los 40.000 que están cumpliendo el servicio
militar, se presentan a las pruebas de selección, menos de un 2 por
ciento. Esto significa que no encuentran pocos atractivos en el ejército,
no encuentran incentivos compensatorios. Por eso presentamos tres
enmiendas, que son históricas ya que las hemos presentado a lo largo de
estos cuatro últimos años, al «haber en mano» del soldado obligatorio.

Dichas enmiendas no persiguen, desde luego, que se cumpla la promesa del
Partido Popular en la oposición, aquellas famosas 30.000 pesetas que
debían cobrar todos los soldados, entre otras cosas porque es muy difícil
conseguirlas en un ejercicio presupuestario. Como estos años atrás no se
nos ha hecho caso, lo que proponemos con estas tres enmiendas es una cosa
razonable: que por lo menos este año no haya ningún soldado que cobre
menos de 10.000 pesetas, y quehasta que la mili obligatoria desaparezca,
se cumpla esa promesa electoral del Partido Popular.

Como he dicho antes, los soldados de reemplazo no encuentran hoy los
incentivos suficientes como para poder contar con una tropa profesional
cualificada, lo que tratan de hacer la mayoría de ellos es objetar, pedir
prórrogas o incluso declararse insumisos. Lo mismo está ocurriendo con
los soldados profesionales o con los aspirantes. Tampoco ven clara su
situación, en parte porque las campañas de publicidad --y eso no sólo lo
digo yo, sino también algún parlamentario del Partido Popular-- no son
las más adecuadas; están resultando poco eficaces, a pesar de que cada
vez se están gastando más dinero en ellas. Por otro lado, los salarios
que está percibiendo la tropa profesional tampoco son muy atractivos, son
salarios muy ajustados y reducidos, sobre todo, teniendo en cuenta que un
soldado profesional tiene que pagarse su propia comida, la ropa, el
uniforme, el material y deben tener una disponibilidad y una movilidad
totales. Difícilmente pueden aspirar a tener una vivienda propia o
incluso a formar una familia. Además, es una profesión limitada en el
tiempo; no hay que olvidar que la mayoría de los soldados de tropa
profesional a los 33 ó 34 años tienen que regresar a la vida civil y
tienen muy pocas salidas; la integración sociolaboral resulta muy difícil
y la promoción interna da para lo que da, pero, desde luego, no para
todos.

Otro de los puntos de discordia de estos presupuestos Defensa que no
tiene una clara repercusión presupuestaria es la formación que deben
recibir las Fuerzas Armadas. Nosotros entendemos que la actual formación
no garantiza todo lo que venimos diciendo. Hay que formar para mucho:
para ser buenos soldados profesionales; para que cuando vuelvan a la vida
civil tengan una plena integración en ella; para la promoción interna o
para ir a otro cuerpo de seguridad, ya sea la Guardia Civil o cualquier
otro. Y al paso que vamos y con la poca capacidad de selección que
tenemos, habrá que empezar a formar también para las cosas más
elementales que no se hayan aprendido o no se hayan enseñado en la vida
civil, títulos tan elementales como puede ser el certificado básico que
se da en nuestro Sistema General de Enseñanza.

Tenemos algunas enmiendas de carácter más técnico, concretamente dos, una
de 500 millones de pesetas para que se permita la construcción de la
segunda serie de cazaminas en Bazán, en Cartagena, porque creemos que,
una vez ha finalizado la primera serie de cazaminas, es necesario
contemplar una partida para asegurar que comience la segunda parte y,
sobre todo, asegurar la carga de trabajo.

Otra enmienda, de 200 millones de pesetas, por la que se pretende que
dicha cantidad se dedique a instalar en nuestros helicópteros un sistema
de cortacables que garantice o dé más seguridad tanto a los propios
aparatos como a los pilotos; es una medida que se reclama desde el
Ejército y que, al no ser costosa, creemos que podría tener cabida.

Nada más. Espero que en el turno de réplica pueda añadir alguna cosa más.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador González López.

¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Elorriaga.




El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a contestar por orden. En primer lugar, al representante de Izquierda
Unida que dice que el presupuesto es desmesurado. Quiero decirle que este
año el presupuesto crece un 4 por ciento con respecto al del año
anterior, y suponiendo que haya habido un 2 por ciento de inflación, es
otro 2 por ciento lo que sube en la realidad. No parece que sea una
subida disparatada en un momento de pase al Ejército profesional, que es
más caro que el ejército del servicio obligatorio, y de plena
incorporación de España a la política de seguridad y defensa en el plano
internacional. Por tanto, a nosotros en absoluto nos parece desmesurado
y, por lo demás, dando por recibidas las demás enmiendas, que no ha
querido argumentar, yo tampoco creo necesario argumentar en contra.

Me ha sumido en la perplejidad el discurso del Senador herreño, porque
creo que no tiene nada que ver con defensa lo que ha dicho, ya que habla
de un monumento a un emigrante. (El señor Padrón Rodríguez: En absoluto.)
Pero efectivamente había una enmienda relacionada con el Cuartel Anatolio
Fuentes, que sí hace referencia a la isla de El Hierro. He de decirle que
este cuartel puede necesitar obras de rehabilitación y acondicionamiento,
pero de todas maneras no deja de sorprendernos que, en unos temas
relacionados con la defensa, los herreños sean tan entusiastas de que les
hagan los cuarteles, y en otros casos no quieran que haya instalaciones
más modernas. En cualquier caso,



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el Ejército de Tierra sabrá qué prioridades tiene y parece que entre las
prioridades del presupuesto de este año no está la rehabilitación de este
cuartel.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz
hace la reflexión de todos los años, cuya base es que hay una parte del
presupuesto --y con esto contesto también el Senador de Izquierda Unida,
ya que se refirió a ello-- que está camuflada. No hay ningún camuflaje,
señoría; se trata de unos créditos. ¿Cómo quiere usted que vayan créditos
en un presupuesto? Son unos créditos para gastar que irán entrando cuando
se vayan gastando; cuando el Ejército, la Marina o la Aviación vayan
recibiendo este material, efectivamente tendrán que figurar en el
presupuesto, pero mientras no estén terminadas estas fragatas o
entregados estos aviones, no tiene ningún sentido que figuren en el
presupuesto. De modo que el presupuesto está como tiene que estar. Hay
unos créditos del Ministerio de Industria para favorecer el mantenimiento
de la mano de obra, la política de desarrollo, la política de avance en
estos temas aeronáuticos y navales, y ya está, al igual que están para
otras empresas que no son de tipo militar. Son unos créditos de estímulo
al desarrollo industrial del país, y los elementos que se construyan con
ese crédito entrarán en el presupuesto cuando sean entregados.

Por otra parte, es bastante sorprendente --y también tengo que hacer esta
aclaración-- lo que hace el Partido Socialista, por este deseo de meter
en el presupuesto estos créditos y más dinero para los soldados no
profesionales, que se haga algo como los cortacables, que les parece de
gran urgencia, aunque el Ejército parece que no lo considera tan urgente,
o como el mantenimiento de los helicópteros; todo este conjunto viene a
suponer casi un billón de pesetas más en el presupuesto, que dicen que
habría que aplicarlo a una partida que llaman gastos diversos de
ministerios, donde no hay esa cantidad en este momento, y habría que
ampliarla subiendo los impuestos, al parecer el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, el Impuesto de Sociedades, el Impuesto de Primas
de Seguros para poder obtener este dinero. Verdaderamente, pensar que en
estos momentos un Gobierno se va a dedicar a molestar a los españoles
subiéndoles los impuestos sin necesidad parece algo bastante ocioso y que
ni por lo más remoto se piensa aceptar.

Por lo demás, agradecemos mucho al Senador socialista que coincida en lo
esencial, que es la necesidad de una política de defensa y de las
inversiones en este campo. Ha hecho unas digresiones muy pesimistas sobre
la profesionalización del Ejército que se salen un poco de lo que es el
debate de los presupuestos, pero está clarísimo que para la
profesionalización no supone ningún problema que haya tres voluntarios
por plaza o uno y medio. Es un hecho absolutamente indiferente. El caso
es que sigue habiendo más voluntarios de los que se necesitan, que se van
cubriendo todas las plazas y que se seguirán cubriendo, posiblemente
mejor, con todos esos métodos que su señoría ha expuesto que se van a
aplicar, como la recluta continua.

En cuanto a la calidad de los soldados, todos desearíamos que fueran
maravillosos culturalmente, pero lo más importante en un soldado es su
voluntariedad para el servicio militar, y el Ejército se encargará de
formarlos, como hizo siempre. Pero me sorprende tanta preocupación por
esta calidad porque no sé qué calidad piensa que tienen los soldados del
servicio militar obligatorio, pues son todos los ciudadanos que lo
prestan, tengan o no tengan títulos, tengan o no tengan estudios. Y
salían soldados formados del Ejército; pues con mayor razón lo harán unos
que entran voluntariamente en esta carrera militar. Por tanto, no es un
problema excesivamente preocupante. Es un proceso en marcha. Todos
deseamos que sea lo más rápido posible. Y desde luego, los soldados
voluntarios --de los que ya puede decirse en estos momentos que son la
mayoría del Ejército español-- que están prestando servicio están
demostrando en todas las misiones que se están cumpliendo conjuntamente
con soldados de otros países extranjeros, con una mayor tradición de los
Ejércitos tecnificados y profesionalizados, una excelente
profesionalidad, y están recibiendo felicitaciones en todas partes por su
eficacia en el cumplimiento de sus misiones. Yo comprendo que algo se
tiene que preocupar la oposición, pero son muy poco reales. La realidad
es que el proceso de profesionalización marcha muy bien, y a los
helicópteros no les pasa nada por no tener cortacables por el momento.

Los soldados van disminuyendo, como es lógico, porque es obvio que el
proceso de pase al Ejército profesional hace que el servicio militar
obligatorio sea ya una institución en sus últimas fases y que, por tanto,
se encuentre en una cierta decadencia, lo cual es lógico
psicológicamente, y no pasa nada. Los soldados profesionales del futuro
son ya los del presente. En estos momentos son ya más de la mitad de los
soldados en activo.

Poco más tengo que decirle. No sé si hay algún asunto que haya dejado
suelto, y no quisiera cometer la descortesía de no contestarle, pero creo
que, en general, he expuesto lo fundamental. Por tanto, con el rechazo de
sus enmiendas, doy por terminada mi intervención, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Elorriaga.

Abrimos turno de portavoces.

Tiene la palabra el Senador Padrón.




El señor PADRON RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Pido disculpas al Senador Elorriaga porque yo quería hacer una defensa
global de todas las enmiendas presentadas, pero no tuve la deferencia de
decírselo a su señoría previamente, lo cual habría sido más fácil y le
habría evitado el comentario.

Por otra parte, le sorprende a usted que los herreños tengamos una
opinión sorprendente en cuanto a Defensa. En efecto, creo que es
razonable, y hasta sano, que el Cuartel Anatolio Fuentes esté en las
mejores condiciones. La enmienda ha sido rechazada. ¿No puede ser? Pues
encantados. Seguramente a usted también le gustará que el cuartel esté en
buenas condiciones.

En cuanto a otros aspectos relativos a la Defensa, no es que los herreños
seamos sorprendentes, es que tenemos



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criterio, y como su señoría bien ha dicho --y usted y yo sabemos a qué se
refiere--, de lo que hablábamos era de una base tecnológica. No señor: es
una base de defensa, y por eso no la queríamos. No hay que darle más
vueltas al asunto. Usted lo ha dicho claramente ahora, casi dos años más
tarde, luego en aquel momento no era yo el equivocado.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Padrón.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador
González López.




El señor GONZALEZ LOPEZ: Gracias, señor Presidente.

Al señor portavoz del Grupo Popular le tengo que decir que nosotros en
ningún momento proponemos aumentar en un billón de pesetas el presupuesto
de Defensa. Habrá sido un error suyo, porque eso no aparece por ningún
sitio. No quiera Dios un billón más de pesetas para el presupuesto de
Defensa. Habrá dicho hasta un billón de pesetas o habrá querido decir
eso.

Tampoco queremos que suban los impuestos para costear lo de Defensa.

Nosotros no decimos eso en ningún momento, señor portavoz del Grupo
Popular, porque entre otras cosas con nuestras enmiendas lo que hacemos
es pedir que se traslade a Defensa el dinero que usted dice que ya existe
y que está en créditos en Industria, con lo cual ese dinero existe y lo
que hay que hacer es un traslado. Hay que dejar de esconderlo --que es lo
que ustedes están haciendo-- en investigación y desarrollo, aun cuando no
es verdad que sea en investigación y desarrollo, y se puede demostrar,
sino que es dinero para procesos de producción y fabricación. No se puede
vender en una partida que aumentan mucho los presupuestos de I+D cuando
sabemos que se destinan a otra cosa. Por lo tanto, no es verdad. Existe
ese dinero y no pedimos que se aumenten los impuestos. No diga eso porque
puede crear confusión.

Le tengo que decir alguna cosa sobre el proceso de profesionalización. No
sé si ustedes están preocupados --creo que sí--, pero nosotros sí lo
estamos, y desde hace tiempo, concretamente desde el mismo momento en que
comenzó el propio proceso. Tal y como se ha hecho hay que decir que este
proceso tiene costes inmediatos, y es cierto que hay una unanimidad
social y política en tener unas Fuerzas Armadas profesionales, y hoy día
es una medida popular compartida por todos los grupos parlamentarios
sobre la que no puede uno volverse atrás, pero no es menos cierto que
existe una segunda parte, ya que es una medida costosa que implica una
serie de gastos y de aumentos presupuestarios que hay que explicar a la
sociedad y que no es tan popular, y ustedes lo que han hecho es enseñar
una cara de la moneda, la parte que es más amable, simpática y que se
puede enseñar porque es popular, pero esconden la segunda cara, y lo
hacen dejando temerariamente que esta segunda parte la vayan a asumir
futuros gobiernos, sean del signo que sean, en la próxima década,
evadiendo las responsabilidades que le corresponden al Gobierno actual.

Esto es lo que nosotros decimos y, de esta forma, resumimos nuestra
preocupación y lo que le queremos avisar al Partido Popular sobre el
proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador González López.

Tiene la palabra el Senador Elorriaga.




El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Senador, le agradezco mucho la aclaración del error y, por otro
lado, dado que la isla está muy lejana, está bien que aprovechemos
cualquier ocasión para recordarla.

En relación con la insistencia del Grupo Socialista sobre la
profesionalización de las Fuerzas Armadas, tengo la impresión de que hay
una cierta nostalgia del sistema de servicio militar obligatorio o del
sistema mixto que propugnaba el Grupo Socialista en algunas cosas que ha
dicho referentes a que los soldados del servicio obligatorio tenían que
ser la cantera de los profesionales. Parece que hay una cierta nostalgia
de ese sistema y yo creo que nosotros, afortunadamente, hemos adoptado
otro.

Quiero recordarle al Grupo Socialista, cuando afirma que no quiere los
impuestos, que ha presentado una enmienda al estado de ingresos buscando
un total de altas en relación con otros capítulos, y en cada enmienda de
las que ha mencionado le atribuye estos gastos a ese capítulo de gastos
diversos de los ministerios. Y de la cuenta de la suma de todo el estado
de ingresos sale una cantidad que, naturalmente, probablemente no toda va
a aplicada al mismo fin, pero sale una aplicación de 985.617 millones de
pesetas de subida que van destinados al Impuesto sobre Sociedades, al
Impuesto sobre Primas de Seguro, al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de
Cohesión. Esto es así.

En relación con esa insistencia sobre qué es desarrollo y qué no lo es,
señoría, si usted cree que no es desarrollo el que se construya un avión
Eurofigther, considérelo si quiere, pero da la casualidad de que ése es
el programa aeronáutico más avanzado de Europa y el que, por supuesto,
representa un avance enorme en el terreno de la investigación aeronáutica
y aviónica, con lo cual, su desarrollo es la fabricación en sí de ese
tipo de avión, evidentemente. Esto mismo sucede en todos los temas
relacionados con esta sección sobre investigación y desarrollo como los
trabajos del INTA o los estudios sobre ingeniería de sistemas. Es decir,
son trabajos de investigación y desarrollo con aplicaciones militares y
civiles.

Creo que a este respecto no cabe la menor duda, pero es evidente que hay
unas ciertas discrepancias entre el punto de vista de su señoría y el
mío, del mismo modo que también hay unos puntos de coincidencia
fundamentales. Por tanto, creo que no conviene eternizar esta discusión
que se viene repitiendo en cada ejercicio presupuestario.

Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Elorriaga.

Terminado el debate de la Sección 14, pasamos a debatir la Sección 15,
Ministerio de Economía y Hacienda. Hay una propuesta de veto de los
Senadores Román Clemente y Cámara Fernández, la número 1304.

Para defender esta propuesta de veto junto con las enmiendas números 1305
a 1316, tiene la palabra el Senador Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, estamos ya en la Sección 15, Ministerio de Economía y
Hacienda, a la que tenemos formulada la enmienda de veto número 1304. Me
remito a la argumentación en ella expresada.

La enmienda número 1305 es también de veto, pero en esta ocasión referida
a la Dirección General de Turismo, Programa 751.A. Voy a dedicar a esta
enmienda algo más de tiempo.

Ya en el transcurso del debate de este presupuesto para el ejercicio de
1999 hacíamos algún tipo de sugerencia sobre la situación del turismo.

Precisamente hemos presentado una enmienda de veto a la partida referida
al Programa 751.A, referente a política turística, porque nos, parece una
cierta contradicción lo que por una parte afirma el Gobierno, y lo repito
textualmente: la calidad deja de ser una preocupación esencialmente
empresarial, aunque apoyada desde las administraciones, para ir más allá
de este planteamiento y convertirse en el referente global del sector, e
incluyendo, por tanto, la noción de destino y de sostenibilidad
medioambiental. Desde luego, esto tiene poca correspondencia con las
dotaciones presupuestarias que se hacen con destino al sector turístico.

Consideramos que los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
del 2000 deberían ser los presupuestos del turismo. Ello es razonable, de
justicia y, desde luego, de rentabilidad, porque una industria que está
produciendo unos ingresos de más de cuatro billones de pesetas anuales
debería tener un tratamiento preferente en las inversiones del Estado,
aunque sea para mantener ese nivel de rentabilidad del que se beneficia
toda la economía del país.

Desde esa perspectiva, lo que está consignado como inversiones nos parece
claramente insuficiente y, desde luego, no lo bastante para mantener con
carácter continuado, sostenible, actuaciones de la Administración central
para potenciar la calidad de nuestros productos turísticos.

Por otra parte, observamos que en estos presupuestos se presta poca
atención a la terminación del saneamiento integral de importantes zonas
turísticas, y no hay que olvidar que para hablar de calidad del producto
turístico en España hay que empezar hablando de la calidad de nuestras
playas, tanto en cuanto a los servicios como a la calidad del agua,
máxime cuando la Unión Europea tiene el mandato de terminar los
saneamientos antes del año 2000 y teniendo en cuenta que incumplir esta
normativa europea significa condenar a determinadas zonas turísticas a
verse incluidas en la lista negra de playas que no cuentan con
saneamiento integral. Supongo que no tengo ni que explicar la repercusión
tan negativa que tendría dicha inclusión ante una demanda turística cada
vez más sensible a los temas medioambientales.

Tampoco termina de incluir la Administración central en los Presupuestos
Generales del Estado una financiación específica para los Ayuntamientos
Turísticos, de manera que éstos puedan hacer frente a una serie de
servicios que tienen repercusión directa en la industria turística y que
no pueden ser pagados por los habitantes de los municipios turísticos.

Por ello, cada vez más corremos el riesgo de que servicios como la
limpieza de playas, el abastecimiento de agua o el tratamiento de
residuos sólidos para poblaciones que triplican a los padrones
municipales, dejen de ser prestados con las condiciones que se requieren
para poder presentar este producto turístico de calidad que el Gobierno,
por otra parte y como decía al principio de mi intervención, reclama.

Consideramos que se están perdiendo años preciosos para situar a nuestros
productos turísticos con la máxima calidad, lo que requeriría que los
Presupuestos Generales del Estado contemplasen las inversiones necesarias
para dotar a nuestras zonas turísticas de los servicios y condiciones
medioambientales que hoy requiere una demanda cada vez más exigente.

En este sentido, unas condiciones laborales basadas en la estabilidad son
imprescindibles para una industria como la turística, en la que el trato
humano y la calidad del servicio es determinante para la calidad del
producto. Es evidente que esto sólo se puede producir en unas condiciones
laborales de calidad y estabilidad. Ya hemos presentado diversas
iniciativas al respecto, pero seguimos insistiendo en que los
presupuestos deberían contemplar medidas para favorecer la calidad y
estabilidad en el empleo.

De forma directa a las propuestas que se presentan dentro del programa de
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pyme, hemos presentado dos
enmiendas que nosotros consideramos significativas. La primera está
destinada a aumentar la dotación de los Planes de calidad turística;
prácticamente, se dobla la cuantía y se alcanzan los 5.000 millones de
pesetas, para que sea posible, al menos, duplicar el número de proyectos
que actualmente se desarrollan, ampliando sus objetivos hasta zonas que
necesitan una especial atención en función de la saturación y necesidad
de reciclaje.

La otra gran propuesta sería la inclusión de una partida de 5.000
millones para que se realice, en colaboración con las Comunidades
Autónomas que lo demanden, un primer Plan para la financiación de los
municipios turísticos. Resulta evidente que la industria turística tiene
como materia prima una serie de infraestructuras de titularidad
municipal, de forma que estos servicios e infraestructuras dependen, en
gran medida, de la calidad de nuestros productos turísticos. De manera
que muchos Ayuntamientos Turísticos deben atender a poblaciones que, en
muchos casos, triplican a su población de derecho y deben prestar
servicios --y no me cansaré de insistir en ello-- de calidad
medioambiental, de limpieza viaria y de atención sanitaria. Los



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municipios se ven obligados a hacer un sobreesfuerzo económico y social,
pero es que a veces estos Ayuntamientos se ven forzados a dejar de
prestar determinados servicios, o al menos a bajar la calidad, por la
falta de capacidad financiera.

Quiero dar por defendidas el resto de las enmiendas, desde la 1307 hasta
la 1316, que tienen coherencia con estas dos propuestas de veto,
concretamente con esta última que he defendido con más detalle.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.

Propuesta de veto y enmiendas 335 a 361, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Tiene la palabra el Senador Gibert.




El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Montoro, Secretario de Estado de Economía, dijo hace pocos días
en esta Cámara que no le preocupaba el diferencial de inflación en
relación con la Unión Europea ni la evolución de la balanza comercial.

Por lo que hemos oído estos días en Comisión a significativos miembros
del Grupo Parlamentario Popular, tampoco les preocupan estos datos porque
todo va bien, pero nosotros --y mucha gente más en el país-- sí estamos
preocupados. El hecho de estar preocupados no significa que vaya todo mal
sino que entendemos que la euforia es mala consejera y que el estado de
euforia no es el mejor para conducir la economía de un país. No se trata
de discutir qué parte de la bonanza que hemos vivido y vivimos
corresponde a las variables favorables o a los aciertos del Gobierno, se
trata de saber que, en la medida que sea, se debe a ambas cuestiones; se
trata de saber que, inexorablemente, vendrán tiempos más difíciles y que,
más allá de las oscilaciones de coyuntura, hay que corregir el
diferencial de inflación, y que una de las claves es la competencia en el
sector servicios, porque éste es el origen de la inflación diferencial o,
de lo contrario, la situación repercutirá en los precios industriales, a
la larga perderemos competitividad, seguirá empeorando la balanza
comercial y entraremos en un círculo vicioso.

Las reformas estructurales no tienen efectos inmediatos --como hemos
discutido muchas veces durante esta legislatura-- pero ya son cuatro los
planes de liberalización -- el primero de ellos es de julio de 1996, por
tanto, ya han pasado tres años y medio-- y, en este campo, los resultados
no son brillantes, aunque en otros puedan ser mejores. Esta razón es
crucial para que presentemos un veto a la Sección 15, del Ministerio de
Economía y Hacienda, pero también hay otros aspectos a considerar.

Curiosamente, el nivel de gestión del gasto es el más bajo de todos los
ministerios --el 87 frente a más del 90 por ciento en el conjunto de los
ministerios-- cuando debería ser el modelo, y este hecho no parece raro
si observamos los presupuestos para el año 2000. La imprecisión es
notable, hay 25.000 millones para compra de acciones o creación de nuevas
sociedades --que no se sabe cuáles son-- y 10.000 millones para
imprevistos. Con este nivel de imprecisión no nos sorprende que el grado
de ejecución sea bajo.

Por lo que respecta a la Secretaría de Estado de Hacienda y más allá de
la calidad de las reformas fiscales --que no discutiré ahora--, en la
Agencia Tributaria siguen sin resolverse graves problemas. Ha habido 3
Directores Generales en menos de 4 años, lo que habla por sí solo;
asimismo, nos sorprende mucho y nos gustaría recibir alguna explicación
del motivo por el que se disminuyen para el año 2000 las previsiones para
las revisiones catastrales. Simplemente queremos saber el porqué y espero
que lo entiendan como una pregunta.

En relación con la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empresa, nos gustaría decir una vez más --porque no es
un debate nuevo-- que en comercio interior y más allá de una ley que,
como ustedes saben --y a pesar de que la aprobamos todos los Grupos--,
consideramos mala, se está consolidando una situación consistente en
retrasar la modernización del comercio detallista como consecuencia de
una ley, pretendidamente proteccionista, del pequeño comercio. En el
campo del turismo impera también el triunfalismo, tal vez más que en la
visión global de la que hablaba al principio, y no se está dando
respuesta a los problemas de futuro, aunque --como es obvio para todo el
mundo-- el sector funcione bien; en este caso, no es tanto un problema de
recursos como de políticas claras.

En el comercio exterior sí hay un problema de recursos, aunque también de
diseño y gestión de políticas pero, en función de lo que hablábamos hace
un momento relativo a la evolución de la balanza comercial, se está
convirtiendo en un tema clave y creemos que los presupuestos deberían
contar con más recursos.

Por todas estas razones, y seguramente también por otras, además de la
enmienda a la totalidad hemos presentado un conjunto de enmiendas a una
serie de programas --el 611, el 612, etcétera-- y nos gustaría, sobre
todo, que esta impugnación sirviera para que los señores del Grupo
Parlamentario Popular recuerden que una de las peores cosas que le puede
ocurrir a la economía de un país es que sus gestores se crean magos.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Gibert.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Blancas.




El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Contestaré al Senador Román respecto a sus enmiendas de veto,
especialmente, las que se circunscriben a la política turística del
Gobierno del Partido Popular. En cuanto a las primeras no comparto el
planteamiento esgrimido en la número 1304 porque, lógicamente, el
Ministerio de Economía y Hacienda no es un ministerio inversor, sino
planificador, tanto en presupuestos, en economía, en la Secretaría de
Hacienda respecto a las normas tributarias como en la Secretaría de
Comercio, Turismo y Pymes. Concretamente



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en su enmienda al Programa 751, de política turística, les preocupa la
poca inversión o planificación que existe en esta faceta del turismo.

Solamente quiero decirle que tanto el anterior Secretario, señor
Fernández Norniella, como la señora Pisonero se han desvelado por
potenciar el turismo, y a los datos me remito: el turismo en España desde
el año 1996 está creciendo a ritmo agigantado. El otro día comentaban en
Málaga que no solamente se llenan los hoteles en época estival, sino que
en época invernal hay «overbooking», en los puentes es imposible poder
comer en un restaurante. Eso es un hecho evidente. (El señor
Vicepresidente, Cardona i Vila, ocupa la Presidencia.)
En cuanto a la planificación, estoy de acuerdo con su señoría en que es
necesario un sistema de saneamiento integral de las costas, porque
lógicamente tenemos una industria turística en toda la franja del
mediterráneo que hay que potenciar. Efectivamente, con las ayudas de la
Unión Europea y con la potenciación de estas acciones por parte de este
Ministerio de Fomento y del Ministerio de Medio Ambiente, que tienen a su
cargo la inversión en el litoral y en las costas, esto se tiene que
resolver para algunos municipios costeros que conocemos, que lógicamente
no tienen adaptada su normativa de depuración de aguas residuales. Espero
que lleguemos al año 2002 con todo el saneamiento integral no solamente
de la Costa del Sol, sino de toda la costa mediterránea.

El turismo no está siendo olvidado, ni mucho menos, por la Secretaría de
Estado. Creo que se está potenciando --no le voy a cansar dándole
cifras--, porque realmente el esfuerzo que se está haciendo en turismo es
compartido no solamente por Turespaña, que como usted sabe es la empresa
que se dedica a la planificación y organización del turismo a nivel
nacional, sino también por la iniciativa privada que tiene un gran papel
en este desarrollo turístico. Lógicamente le corresponde marcar la
directriz al Estado, pero es también la iniciativa privada la que está
haciendo posible este «boom» turístico que estamos experimentando durante
estos años. Espero y deseo, por mi tierra y por toda España, que continúe
así el crecimiento turístico en todo el territorio nacional.

En cuanto a la enmienda a la totalidad o veto que preconiza el Grupo
Parlamentario Socialista, el Senador Gibert ha empezado criticando la
postura del Secretario de Estado, señor Montoro. Quisiera decirle que
hasta hoy no hemos tenido mejor Secretario de Estado, y me va a decir que
es su obligación. Le voy a dar un dato que es una regla de oro en
economía, a mí no me preocupa la inflación si el crecimiento de la nación
o producto interior bruto está siempre por encima de la inflación. Usted
me dirá que en España estamos creciendo en el último año, pero no; el
crecimiento real de la economía española está por encima del 3 por ciento
--este año el 3,7-- mientras que la inflación --usted lo sabrá si está
siguiendo los índices inflacionarios en España-- ha sido del 2, del 1,4 y
este año llegaremos al 2,4. Mientras el PIB crezca por encima del índice
de precios al consumo, le vuelvo a repetir que no me preocupa en
absoluto. Lo que sí me preocupaba y me tenía francamente, si no agobiado,
por lo menos con una sensación de inseguridad, era cuando teníamos
índices del IPC del ocho, del 10 o del 12 por ciento. Aunque creciera la
economía siempre el IPC estaba por encima del producto interior bruto, lo
que significaba que no servía para nada el crecimiento puesto que la
inflación era muy superior.

Quizá con esto pueda cambiar su idea de que a don Cristóbal Montoro,
Catedrático de Economía --y creo que de esto entiende algo y nos puede
enseñar a más de uno-- no le preocupa la inflación. Claro que debe
preocuparle, pero mientras el producto crezca por encima de la inflación,
no hay motivo de inquietud.

También le preocupa que hayan cambiado algunos directores generales en la
Secretaría de Estado de Hacienda. Pienso que no es relevante si funciona
correctamente, si baja los impuestos, etcétera. Y si el pueblo español
considera que las normas tributarias son para beneficio del
contribuyente, el cambio de un director general de la Agencia Tributaria
es una anécdota secundaria. Se lo digo tal como lo siento.

Ha expresado su preocupación por el crecimiento del catastro; éste se va
a revisar, lógicamente, y habrá que incentivar su partida presupuestaria,
que se va a utilizar para poner al día y actualizar el catastro de
nuestra nación.

No quiero decirle nada en cuanto a la Secretaría de Comercio, Turismo y
Pymes. Ahí están los datos estadísticos y usted conoce perfectamente el
sector turístico porque lo estudia desde hace tiempo. Considero que
estamos atravesando una época de oro que ojalá podamos mantener durante
muchos años.

Con relación al Servicio de Comercio, mis compañeros le hablarán de sus
enmiendas a la sección sobre política de comercio. En cuanto a la
actividad comercial en España no sólo en cuanto a las inversiones
internas sino externas, sólo le voy a apuntar un dato: usted recordará el
Plan PIPE-2000, exportación de 2.000 pequeñas empresas, cuyo objetivo se
cumplió e incluso se sobrepasó. Este Plan fue establecido por el anterior
Secretario de Estado y, repito, no solamente se consiguió en un plazo
récord antes del año 2000, sino que se superó. Por tanto, a la política
exterior de la Secretaría de Estado de Comercio habría que ponerle nota
también.

En cuanto al Servicio de Pymes, las pequeñas y medianas empresas, no
quiero aburrirles con los decretos y disposiciones que han servido para
potenciar a esas pequeñas empresas, de las que, por cierto, ustedes se
olvidaron, pero sí quiero recordarles el primer Real Decreto 7/1996, de
regularización de balances; la ley de acompañamiento con la modificación
de la estimación objetiva singular; la reducción del tipo correspondiente
en las sociedades inferiores a 15 millones de base imponible, etcétera.

Esto es sólo una muestra sobre la normativa que favorece a estas pequeñas
y medianas empresas.

Nada más. Creo haber aclarado los conceptos al señor Gibert.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Blancas.

A continuación, pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román
Clemente.




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El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir con brevedad. A mí también me preocupa la situación del
catastro, aunque quizá desde otro punto de vista.

Senador Blancas, creo que deberían revisar la política de personal. En
este momento, proponen un incremento porque están dispuestos a hacer
frente a unas necesidades acuciantes, cosa que, sin embargo, no han hecho
con la política de personal, en la que existen unas necesidades
verdaderamente apremiantes, donde el volumen de trabajo es más intenso y
no se corresponde con las dotaciones de personal. En algunas provincias
su situación es auténticamente lamentable y, quizá, si revisaran las
quejas de los ciudadanos a este respecto en el día a día, podrían
comprobar cómo están funcionando algunos de estos servicios. Por tanto,
las partidas presupuestarias han de corresponderse con otro tipo de
actuaciones, y en política de personal poco han caminado en este sentido.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Gibert.




El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.

Senador Blancas, no estoy seguro de que usted me haya aclarado algunos
conceptos, pero me temo que yo voy a tener que aclararle varios.

En primer lugar, no he cuestionado si el señor Montoro es o no un buen
Secretario de Estado, o es o no un buen catedrático. He dicho otra cosa:
he afirmado que me preocupa la euforia del señor Montoro y el que
aparentemente se crea un mago. Considero que eso es peligroso, y creo que
ustedes también deberían compartir esa preocupación.

En segundo lugar, tampoco me he referido a la inflación comparándola con
el crecimiento, porque los niveles de inflación en términos absolutos
alrededor del 2 por ciento me preocupan tan poco como a usted. He aludido
al diferencial de inflación comparándolo con la media de la Unión
Europea, que si se mantiene y no se corrige supondrá a la larga una
pérdida objetiva de competitividad. Por tanto, no he dicho que todo vaya
mal, sino que ese dato concreto es preocupante. Y parece que al señor
Montoro no le preocupa, lo cual también me preocupa.

En tercer lugar, me he quejado de que los recursos para las revisiones
catastrales hayan bajado y no de que hayan subido, lo que no ha ocurrido,
porque creo que debe haber un buen nivel de revisiones catastrales al
año.

Por último, se podrá discutir que parte del mérito de la bonanza
económica corresponde al Gobierno o a la coyuntura, pero en el caso del
turismo está bastante más claro que corresponde a la coyuntura. Por
tanto, nunca se me ocurriría negar que la coyuntura es buena y que el
turismo funciona bien. Lo que he pretendido decir --que es opinable, y lo
comprendo-- es que en mi opinión no se está asegurando su futuro de forma
suficiente, pero en ningún caso he cuestionado la situación actual del
sector.

Si tuviéramos que referirlo todo a la coyuntura, en el sentido de que si
ésta es buena el Gobierno lo hace bien, entonces, Senador Blancas, usted
no tendría más remedio que admitir, cosa que yo no hago, que cuando la
coyuntura es mala el Gobierno lo hace mal; y en este supuesto tendría
usted que reconocer que lo está haciendo mal en materia del comercio
exterior, porque en estos momentos la evolución de la balanza comercial
no es favorable. Pero yo no he afirmado eso, sino que sólo he intentado
seguir sus razonamientos.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Gibert.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Blancas.




El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Senador Román, efectivamente, considero que la política de ajustes de
personal está siendo restrictiva con el ánimo de reducir presupuestos y
adaptar la Administración a las nuevas tecnologías que se están aplicando
hoy en día. Y comprendo que pueda haber algún desfase en algunos
departamentos ministeriales, en los que quizá habría que aumentar la
reposición, que es del 25 por ciento, hasta el 50 por ciento. Estoy con
usted, y me consta que el Ministro también está en este tema, y que en
aquellas poblaciones inferiores a 50.000 habitantes no se aplicará la
reposición del 25 por ciento, sino algo más, incluso creo que el 50 por
ciento. Esta es una percepción personal que le traslado para
tranquilazarle, puesto que no habrá más reducciones de personal, ni se
aplicará esta reposición tan pequeña, del 25 por ciento, que yo, como
conocedor de la Administración, reconozco que habría que implementar en
algunos departamentos.

En cuanto al turismo, todos debemos desear que siga aumentando la balanza
de pagos, que cada año sigan visitándonos más turistas, y que tengamos el
«overbooking» de este año.

Y paso a aclararle algunos conceptos al Senador Gibert, porque las
verdades no se deben decir a medias, sino completas. A usted le preocupa
el diferencial de inflación. Pues bien, aunque no me va a poder contestar
a continuación a lo que voy a decirle --después, si usted quiere, podemos
comentarlo--, como usted sabe, la inflación en Italia o en Francia se
encuentra en índices inferiores a España. Pero compare el producto
interior bruto de Italia, Francia, o Inglaterra con el nuestro: está por
debajo del de España. Así pues, no debe comparar el diferencial de
inflación, porque es menor que el nuestro, ya que ni Francia, Italia o
Inglaterra superan el 3 por ciento del PIB, como hacemos nosotros.

Por tanto, no me preocupa en absoluto que el producto interior bruto
aumente un punto o punto y medio por encima de la inflación, y sigo la
teoría del profesor Montoro. Usted dice que su euforia le preocupa, pero
yo también estaría



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eufórico como responsable de la Secretaría de Estado de Economía al ver
que nuestro índice de PIB aumenta por encima de la inflación. Usted ha
dicho que Italia tiene el 1,2 por ciento de inflación pero es que Italia
ha crecido el 1,8 por ciento en producto interior bruto; es decir, no ha
llegado al 2 por ciento. Por eso le digo que nuestro país está creciendo
por encima de la media europea en lo que se refiere al producto interior
bruto. Por tanto, en ese sentido, el diferencial de inflación hay que
compararlo con dicho producto.

En cuanto a la política referente al catastro, quizá al leer los números
he podido trastocar lo relativo a alguna partida presupuestaria, ahora
que andamos con tantas cifras, pero no cabe duda de que la revisión
presupuestaria implementará eso que a usted le preocupa, es decir, que el
catastro no sea revisado. Y yo pienso que sí, que se implementará.

Y en cuanto a la política exterior, no creo que sea preocupante el hecho
de que las importaciones superen a las exportaciones si nuestra política
de exportaciones sigue aumentando al ritmo que está creciendo. El hecho
de que las importaciones de algunos productos crezca se debe a que el
nivel adquisitivo en España está aumentando. Y toda persona que se sienta
con un nivel económico que le permita con posibilidades reales, y por
tanto con capacidad, adquirir bienes de consumo, aunque no sean
españoles, compra. Y pongo el ejemplo del vehículo. Usted sabrá que vamos
a batir el récord, no solamente de fabricación, sino de exportación de
vehículos, pero también estamos importando el 60 o el 70 por ciento de
los vehículos que se matriculan en España. Y éste es un índice de que el
nivel de vida del español va hacia arriba, cuando se permite este lujo de
poder acceder a un vehículo --y, simplemente, es un ejemplo-- que no sea
nacional. Pero esto no implica que la economía española, en lo que se
refiere a exportaciones, vaya mal. Antes al contrario, cada año,
paulatinamente, va creciendo.

Por tanto, no me sirve el índice relativo a que las importaciones superan
a las exportaciones. No me preocupa en absoluto dicho índice si nuestra
economía y nuestras políticas del Instituto de Comercio Exterior siguen
aumentando y si esa política que inició el anterior Secretario de Estado
y su continuadora, señora Pisonero, se mantiene con la exportación y la
potenciación de España en los mercados exteriores. Francamente, le digo
que me alegra muchísimo cada vez que conozco de las inversiones españolas
en toda Sudamérica y en otras partes del mundo, lo cual quiere decir que
la economía española está fuerte y tiene posibilidades para exportar e
instalarse en otros países.

Por mi parte, nada más. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Blancas.

Pasamos al debate de la Sección 16, correspondiente al Ministerio del
Interior.

Para la defensa de las enmiendas 69 a 82, tiene la palabra el Senador
Estaún.

El señor ESTAUN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, los Senadores del Partido Aragonés hemos presentado a la
Sección 16 una serie de enmiendas que voy a pasar a detallar a
continuación.

En principio, planteamos un grupo de enmiendas que pretenden una mejora
en las instalaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional tanto en
el medio rural como en el medio urbano en su despliegue en el territorio
aragonés.

Hay que destacar que la insuficiente dotación que tradicionalmente se
viene recogiendo en los Presupuestos Generales del Estado para la
conservación de estas infraestructuras ha provocado y sigue provocando un
importante deterioro en dichas instalaciones. Así, en muchos territorios
como el aragonés, en el que el despliegue de las Fuerzas de Seguridad del
Estado no corresponde a la policía autonómica, podemos comprobar cómo,
sobre todo en el caso de municipios rurales, se están viendo obligados,
por la presión de sus vecinos y de la sociedad, en general, a suplir
estas deficiencias que presentan los Presupuestos Generales del Estado, a
fin de poder mantener unos mínimos servicios de seguridad, unas mínimas
condiciones de habitabilidad en las dependencias que las Fuerzas de
Seguridad del Estado, como digo, tienen en sus términos municipales. Esto
provoca que haya una doble financiación de determinados vecinos en estas
zonas rurales en concepto de seguridad y mantenimiento de las Fuerzas de
Seguridad del Estado, por una parte, vía impuestos generales de la
Administración General del Estado y, por otra, vía impuestos municipales,
vía hacienda municipal.

Por tanto, ahí está ese bloque de enmiendas que, como digo, hacen
referencia a varios municipios de la Comunidad Autónoma aragonesa.

En esta Sección 16 también hacemos referencia a dos enmiendas que hacen
especial hincapié en la dotación de adecuados medios de protección civil
en las provincias de Huesca y Teruel. Concretamente, ayer mismo tuvimos
oportunidad de ser informados, de primera mano, por un colectivo de
vecinos de Teruel que se desplazó a Madrid para sensibilizarnos a todos
de cuáles son las condiciones en que en muchas ocasiones han de
desenvolverse, de cuáles son, por ejemplo, las condiciones de su
transporte sanitario, con una orografía por encima de los 1.000 metros en
más de un 60 por ciento de su territorio provincial. Ello provoca que, en
muchos casos, cuando los servicios de transporte sanitarios llegan a su
destino sea demasiado tarde. Por tanto, con esta enmienda pretendemos
aumentar 100 millones de pesetas para dotar de medios aéreos
--concretamente helicópteros-- al transporte sanitario en la provincia de
Teruel.

Podríamos describir una situación similar en la provincia de Huesca, pero
con una característica peculiar. Debido al auge de los deportes de
aventura hay un servicio de rescate de montaña que presta la Guardia
Civil, pero hay determinadas localidades en las que sus vecinos muchas
veces envidian a aquellos deportistas o turistas que sufren un percance o
un accidente en un remoto lugar a 3.000 metros de altura, pues si
ocurriera en sus domicilios o en sus localidades, muchas veces el
transporte sanitario,



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debido a la orografía y a la meteorología, puede tener muchas
complicaciones. Por tanto, presentamos una enmienda para dotara
Protección Civil, en lo que corresponde a la competencia del Estado, de
unos medios adecuados.

Otro bloque de enmiendas hacen referencia a las infraestructuras
penitenciarias en Aragón, y pretende la construcción y dotación en las
ciudades de Huesca y Zaragoza de unas instalaciones penitenciarias
adecuadas, que sirvan para el objetivo de la política penitenciaria:
reinserción de la población reclusa. Pensamos que las instalaciones que,
probablemente, se abran en la localidad de Zuera no cumplen con esa
función. Por tanto, este argumento también se podría trasladar a la
reforma del centro penitenciario de Teruel que acumula unas ciertas
deficiencias debido a su antigüedad.

En cuanto a la homologación salarial de la Policía Nacional con las
policías autonómicas. Creemos que es de justicia que a igualdad de
trabajo y valía se retribuya de manera similar.

También presentamos una enmienda al proyecto de Policía 2000 de Aragón
que ha sido, de alguna manera, fuertemente criticado y contestado por los
sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional en Aragón. Han denunciado
las carencias en materia de infraestructuras, de medios humanos y
materiales, que, realmente, sólo van en detrimento, año tras año del
servicio que se presta por parte de la Policía Nacional en Aragón.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Estaún.

Tiene la palabra el Senador Román Clemente para la defensa de las
enmiendas números 1318 a 1343.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a defender las enmiendas números 1318 a 1343 y la número 1317, que es
una propuesta de veto a la Sección 16, Ministerio del Interior.

Argumentando con brevedad esta propuesta de veto, consideramos que nos
encontramos con un presupuesto que, desde nuestro punto de vista, en
materia de seguridad, mantiene unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado mal dotadas, insuficientemente pagadas y, por todo ello, sin
cumplir compromisos que adquirió en su momento la Administración con los
representantes sindicales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Sigue manteniéndose a la Guardia Civil como un cuerpo
militarizado, que no cuenta, desde nuestro punto de vista, con la
representación que nosotros desearíamos, elegida libremente entre sus
miembros
En relación a la inmigración, observamos en esta sección un déficit muy
serio que va a tener su incidencia en un trato no digno, no adecuado y no
afectivo. Se observa que se mantiene una respuesta policial poco dotada
junto a una inexistencia de una respuesta social, y eso tiene que ver con
la carencia de personas preparadas, si observamos que hay una falta de
presupuesto dirigido a la formación.

Dos cuestiones más nos han servido para argumentar esta propuesta de
veto, una es la política penitenciaria. Desde nuestro punto de vista se
agrava por momentos, se mantiene la falta de dotaciones humanas y
materiales y de un programa de reinserción y acceso al mundo laboral. La
última referencia está en relación con los fondos reservados, cuyo
volumen parece absolutamente injustificado, y sigue resultando discutible
su existencia en tanto no se acometa la reforma de su régimen jurídico
con una ley que sea aplicable tanto a los servicios de inteligencia como
contra inteligencia.

En las enmiendas números 1318 a 1343 hemos presentado una serie de
inversiones que, lo mismo que he dicho en otras secciones, podrían ser
más y podrían ser diferentes, en este caso son inversiones en Aragón y en
Andalucía, tanto para instituciones penitenciarias como para dotación de
nuevas comisarías. De nuevo repito un año más la necesidad de dotar de
una comisaría al municipio almeriense de Roquetas del Mar, con una
población muy cercana al límite de los 50.000 habitantes, con una
especial situación que merecería la pena que pudiera ser atendida porque
su coste económico no sería tan elevado y en anteriores ocasiones, en
debates presupuestarios se me había dicho que estaba previsto acometer la
dotación de esta nueva comisaría y que era una cuestión presupuestaria,
pero que en las previsiones del Ministerio estaban contempladas.

En definitiva, también hemos querido dotar de enmiendas a la necesidad de
centros de acogida de inmigrantes para ir compensando o actuando en esa
política que nosotros decimos que tiene grandes y serias carencias.

El resto de las enmiendas las doy por defendidas en los términos que
están expresadas.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.

Para la defensa de las enmiendas números 19 a 22, tiene la palabra el
Senador Armas Rodríguez.




El señor ARMAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Estas cuatro enmiendas van encaminadas lógicamente a mejorar la actividad
del Ministerio del Interior en la isla de Lanzarote.

La enmienda número 19 solicita la creación de un centro de acogida para
inmigrantes en Lanzarote. Como sabe, Lanzarote es, tras la isla de
Fuerteventura, el principal punto de entrada de inmigrantes a bordo de
pateras del archipiélago canario, sin que hasta el momento se cuente con
los medios necesarios para proceder a la acogida de los mismos hasta que
sean repatriados a sus países de origen o se tramite su petición de asilo
político.

En este caso, y así se ha reclamado desde el Gobierno de Canarias, se
plantea la necesidad de que la Administración General del Estado se
implique activamente no sólo en las políticas de control policial sino
también en las de carácter social, dados los escasos recursos con los que
cuenta el Ejecutivo autonómico para hacer frente a este asunto.




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Con la enmienda número 20, se pretende la ampliación del centro
penitenciario de Tahíche, y como saben --y si no lo saben se lo
comento--, en una reunión celebrada recientemente, en la que participó el
Director del centro y los Presidentes de los cabildos insulares en
Lanzarote y Fuerteventura, se llegó a la conclusión de que es
imprescindible que se lleve a cabo la ampliación de esta cárcel, dado que
la población reclusa supera con creces la capacidad óptima del centro,
una necesidad que he constatado personalmente en las reuniones que he
celebrado con los trabajadores del centro penitenciario, y éstos opinan
que la cárcel no sólo necesita una ampliación sino también una mejora del
sistema de seguridad.

La enmienda número 21 tiene como finalidad una aportación para el plan de
protección civil en Lanzarote. Con esta partida se podría dotar de los
medios materiales necesarios para el cumplimiento de los servicios de
Protección Civil en nuestra isla, porque estos servicios no cuentan con
los recursos suficientes para la prestación de las actuaciones que deben
llevarse a cabo.

La enmienda número 22 va encaminada a la creación de un servicio
específico de atención a las mujeres maltratadas en la Comisaría de
Policía de Arrecife. El número de denuncias presentadas en Lanzarote por
parte de mujeres que sufren malos tratos justifica la creación de este
servicio específico, que hasta ahora sólo ha sido creado en las capitales
de provincia. El Ministerio de Interior debería realizar un esfuerzo
inversor extraordinario con el objetivo de evaluar si este servicio
podría implantarse en ciudades que no sean capitales de provincia, dado
que los casos así lo aconsejan.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Gracias, Senador Armas
Rodríguez.

Para la defensa de las enmiendas de la 39 a la 42, tiene la palabra el
Senador Torres Cardona.




El señor TORRES CARDONA: Muchas gracias, señor Presidente.

En principio, haré un pequeño comentario referente a la primera de ellas,
la 39, que hace referencia al aumento de la dotación de personal de la
Guardia Civil de la isla de Formentera. Antes de oír que se rechaza dicha
enmienda, haré la siguiente reflexión: para una población que en verano
supera los 30.000 habitantes se dispone de una plantilla entre seis y
ocho agentes, a lo sumo, que evidentemente a todas luces es insuficiente,
con la correspondiente imagen que ello conlleva para el propio Cuerpo y
para la propia isla. Estamos hablando de una situación donde la economía
depende del turismo y la imagen que se transmite es importante de cara a
las conversaciones y a las posibles personas que puedan venir en años
sucesivos. Todos sabemos que el turismo, aparte de paisajes y cultura,
también busca seguridad, y ésta no la pueden garantizar este número de
agentes para tal población.

Las otras dos enmiendas, la 40 y la 41, hacen referencia a las mejoras en
el Centro Penitenciario de la isla de Eivissa que a todas luces también
es necesario acometer. Asimismo la número 42 hace referencia al
acondicionamiento y mejora de la Comisaría de Policía.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Torres
Cardona.

Para la defensa de las enmiendas de la 363 a 385, tiene la palabra el
Senador Arévalo.




El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a empezar por la enmienda 362, que es la de impugnación. Presento y
defiendo, por tanto, la impugnación y las 22 enmiendas que tenemos
formuladas a la Sección 16, Ministerio del Interior.

Impugnamos esta Sección por las siguientes razones: el presupuesto
previsto para el Ministerio del Interior, que es una vez más de
mantenimiento, se viene demostrando año tras año que no consigue
completar el ejercicio económico. Siempre, al final, hay que echar mano
de créditos extraordinarios, suplementarios para poder completar los
gastos que corresponden a dicho Ministerio. El año 2000 pasará lo mismo.

No obstante, y pese a haberlo advertido y denunciado durante todos los
años anteriores, siguen cayendo en el mismo error. Hay que tener en
cuenta que el poco aumento que experimenta el Ministerio del Interior en
sus presupuestos se dedica en su mayor parte a retribuciones de personal.

El Capítulo I es el más abultado, y es el que reúne además las mayores
dudas. De nuevo surge el problema del complemento de productividad, que
tiene consignado para la Policía 15.807 millones de pesetas y para la
Guardia Civil 9.259 millones de pesetas. Ni está suficientemente
explicado cómo se reparte el complemento de productividad, ni por qué
estas cantidades ni esas diferencias.

Ya sabemos que, dentro de los gastos de personal, una tercera parte se
destina al aumento que hay que dedicar a la segunda actividad, pero
también es cierto que el complemento de productividad, así como todas las
retribuciones que los Cuerpos de Seguridad reciben, debería llevar como
consecuencia una mejor coordinación entre ellos y también la mejor
coordinación con las otras policías: las policías de las Comunidades
Autónomas y las policías locales. Es de hacer notar que estas últimas,
las policías de las Comunidades Autónomas e incluso muchas policías
locales, tienen unas retribuciones muy superiores a las de la Guardia
Civil y a las de la Policía Nacional. Es un dato también que
reiteradamente hemos hecho constar, pero al que tampoco se pone ningún
tipo de corrección, y aunque sólo sea como mención, ya que seguramente no
tendrá ninguna contestación, hay que decir que existe una transferencia a
la Generalitat de Cataluña de 52.000 millones de pesetas para Mossos
d'Esquadra, que sustituyen a la Guardia Civil. Habría que preguntarse
cuántos guardias civiles salen de Cataluña, porque según esos datos, por
lo menos tendrían que salir 25.000 para que cuadraran las cuentas, y no
son naturalmente 25.000 los guardias civiles que había en Cataluña.

No sé si me van a poder dar una explicación ahora, ya que el Secretario
de Estado en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, en su día,
no me dio ninguna.




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Dentro de este capítulo, déjenme que mencione también los gastos
reservados, y sólo como recordatorio. Los de este año ascienden a unos
950 millones de pesetas, exactamente la misma cantidad que el año pasado;
no voy a entrar más que en una referencia: el año anterior eran
justamente la mitad. Es decir, desde los presupuestos de 1998 hasta los
que terminan ahora, los de 1999, subieron el doble; sin embargo ahora no
es así: de los del año pasado a éstos no ha variado la cantidad. Y lo
digo sólo como referencia y para que se tenga en cuenta.

Divido las enmiendas en cuatro capítulos. Primero, mujeres maltratadas.

Presentamos una serie de enmiendas para atención y prevención a las
mujeres víctimas de malos tratos; para ayudar a las asociaciones en las
comisarías para el trato a las mujeres víctimas de malos tratos; para la
creación de nuevas plazas de policía especializada en la protección,
vigilancia, atención, tratamiento y prevención de los malos tratos a las
mujeres. Hemos oído repetidamente durante este año y el anterior la
atención que merece este problema, pero lo cierto es que cuando llegan
los presupuestos y todo esto se tiene que traducir en pesetas, no vemos
por ninguna parte que se pueda dar respuesta a lo que es más teoría que
práctica.

Segundo capítulo: prisiones, y especialmente los arrestos de fin de
semana. No está produciéndose el cumplimiento del Código Penal de 1995 en
cuanto a los arrestos de fin de semana; ni existen en muchos casos
depósitos municipales suficientes ni los arrestos tienen un criterio
uniforme, correcto, que pudiera al menos recibir cierto asentimiento, ya
que es un problema que se creó con motivo de la aplicación del nuevo
Código Penal pero que este Gobierno, que es el que tenía que haberlo
resuelto, no lo ha hecho. Así como tampoco ha resuelto la atención a los
internos dentro de las prisiones, a los afectados por el sida y, en
general, toda la asistencia sanitaria que se debe dar dentro de las
prisiones.

Otro capítulo es el de las drogas. Presentamos también programas
alternativos a la prisión para los toxicómanos que están condenados por
un procedimiento judicial, y para la inserción social no sólo de los
presos toxicómanos, sino en general de los toxicómanos, para corregir la
sectaria anulación de subvenciones a organizaciones no gubernamentales
que actúan en drogodependencias.

Dentro de unos días vamos a aprobar en esta Cámara la ley penal del
menor. No sé cómo piensan ustedes hacer que esta ley pueda cumplirse con
eficacia en el año 2000, porque no han previsto nada para su desarrollo.

Ahí tienen ustedes nuestra enmienda en la que se solicitan 5.000 millones
de pesetas --no es mucho--, con los que creemos que se podría atender al
cumplimiento de la ley penal del menor. Si no es así, díganme cómo
piensan aplicar esta ley sin tener ninguna cantidad prevista para ello.

Seguramente tendrán alguna solución.

El Ministro del Interior reconoció aquí la existencia de una delincuencia
organizada y el peligro de las mafias en la Costa del Sol. También
nosotros estamos preocupados con ese problema, pero lo reflejamos en una
enmienda para que, por lo menos, pueda ser atendido económicamente.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Arévalo.

Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora Alvarez-Arenas.




La señora ALVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, Presidente.

Anuncio que voy a compartir el tiempo que nos corresponde, en este turno
en contra, con mi compañero, el Senador Antolín Sanz.

En primer lugar, voy a dar respuesta a la intervención del representante
del Partido Aragonés Regionalista, que ha presentado las enmiendas
números 69 a 82.

Las enmiendas 69, 70 y 71, fundamentalmente las dos primeras, hablan de
centros penitenciarios y plantean unas inversiones reales en el programa
144.A que no tienen realmente contenido para la financiación de la
construcción de edificios en Instituciones Penitenciarias, ya que, como
sabrán, ahora lo hace la Sociedad Estatal de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios, según se deriva de los estatutos de esta
sociedad, por lo cual estas dos enmiendas, planteadas en los términos en
los que se ha hecho, no tienen ninguna virtualidad.

La enmienda 71 también se refiere a algunas reformas en centros
penitenciaros. Desde el año 1990 se vienen haciendo inversiones, y en el
año 1999 se plantea acometer reformas, incluso instalar algunos aseos en
los mismos lugares en donde se propone. En cualquier caso, si fuera
necesario llevar a cabo alguna otra reforma o acometer alguna obra se
podría hacer con cargo al proyecto que atiende obras urgentes e
imprevistas de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que
tiene una partida de 564 millones de pesetas.

Las enmiendas que van de la 72 a la 82, señoría, las hacen ustedes recaer
en la sección 31. Ya se ha hablado mucho aquí esta tarde sobre lo que
dicha sección supone como cajón de sastre. Es curioso, pero ustedes
provocan un desequilibrio de unos 10.000 millones de pesetas sobre esta
partida, porque la suma de las propuestas que hacen ustedes supondría un
gasto de 32.000 millones de pesetas con cargo a esa sección 31 y, sin
embargo hay 22.000 millones, y el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado unas enmiendas que ya han sido criticadas aquí por compañeros
míos. Pero ustedes ni siquiera hacen eso, con lo cual provocan un desfase
de 10.000 millones de pesetas en esta partida. Creo que simplemente por
este motivo quedan absolutamente desacreditadas.

En la enmienda 72 piden ustedes un incremento de 8.000 millones de
pesetas, nada menos, con cargo a esta sección 31. Además, se hace en el
concepto 62, que corresponde a Gastos de Inversión, lo cual, como es
lógico, no se puede aceptar porque no es el que se corresponde con el
capítulo I. Además, en este capítulo I previsto en los Presupuestos que
ha presentado el Gobierno, ya hay una previsión de incremento del 24,1
por ciento, en Gastos de Personal, para atender este concepto.

La enmienda número 74 --creo que lo hablamos en Comisión-- se refiere a
Protección Civil. En ella piden dotación, concretamente para el Plan de
Protección Civil en



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Huesca. Tengo que decirles que no la plantean bien porque la sitúan en el
Servicio 03, Dirección General de la Policía, y debería estar en el
Servicio 01, que es donde está Protección Civil, tal y como hacen con la
enmienda número 75, que está bien planteada justamente donde está
Protección Civil.

En cualquier caso, yendo al fondo de la cuestión, ya le comenté en
Comisión que, como usted sabrá, los planes de protección civil los
aprueba cada gobierno de Comunidad Autónoma y, posteriormente, son
aprobados en la Comisión Nacional de Protección Civil, una vez que cada
gobierno autónomo los presenta a esa Comisión. Posteriormente, los medios
materiales técnicos para la aplicación de esos planes en los diferentes
niveles corresponde bien a las corporaciones locales cuando el plan de
protección civil se activa en nivel cero --los recursos que se aplican
tienen que ser municipales--, o bien a la Comunidad Autónoma cuando se
activa el nivel uno o el nivel dos. Unicamente el nivel tres, que es
básicamente de coordinación de una catástrofe nacional, se correspondería
con la Administración General del Estado.

Ya le sugerí --y lo vuelvo a hacer aquí-- que, como el Partido Aragonés
Regionalista comparte gobierno en estos momentos en Aragón, se dirijan a
la Comunidad Autónoma para que todas esas cuestiones que ha relatado --y
que nos parecen muy interesantes-- de carencia de ambulancias, de
helicópteros y de todas estas cuestiones para protección civil lo cubra
la propia Comunidad Autónoma o las diputaciones provinciales en caso de
que sean ayudas a las corporaciones locales. En cualquier caso, no
corresponde al Estado, y caso de las ambulancias, sería cuestión de ver
la zonificación del Insalud en cada una de esas localidades. En ningún
caso, desde luego, podemos aceptar estas enmiendas tal y como están
planteadas.

Consideramos que el proyecto de presupuestos que se ha presentado para el
Ministerio presenta un alto nivel de racionalidad, acorde con lo que es
un presupuesto, que tiene que mantener esa racionalidad en el conjunto de
las necesidades manteniendo un equilibrio y cumpliendo los criterios y
los objetivos que ese Ministerio se ha planteado y que, a nuestro juicio,
sí se cumplen.

Señor Presidente, voy a contestar brevemente a las enmiendas presentadas
por Izquierda Unida, concretamente las números 1317 a 1342.

La enmienda número 1317, como decía su portavoz, es una enmienda a la
totalidad, y se ha limitado a defenderla relatando el escrito de
justificación que aparece en la enmienda.

En cuanto al Capítulo I, tengo que decirle que ya se contempla en los
Presupuestos Generales del Estado un incremento muy importante para los
salarios de los funcionarios y, además, aunque ustedes hacen alusión a
que no hay acuerdos con los representantes de algunos de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, debo decir que hay uno muy importante en
materia de instituciones penitenciarias que queda recogido en estos
presupuestos en el Capítulo I.

En esa enmienda a la totalidad hay un apartado en el que se refieren
mucho a la emigración pero, sumando el total de sus enmiendas, señorías,
solamente hay dos que se refieran a centros de acogida, concretamente las
enmiendas números 1335 y 1340, y los dotan con 30 millones cada uno, es
decir, en total 60 millones. También hay muchas enmiendas con cargo a esa
famosa sección de cajón de sastre que es la 31 que, evidentemente,
quedaría absolutamente desfasada. Ustedes no hacen previsión en los
ingresos, pero ya hemos visto como por parte de otro grupo se ha
planteado su financiación. En definitiva, son 60 millones en el conjunto
de lo que ustedes han presentado y, sin embargo, hablan mucho aquí de la
formación para el tema de la emigración y no he visto ninguna enmienda
que atienda esta necesidad de la formación.

Por otra parte, ustedes presentan una enmienda, concretamente la número
1318, para reducir un 20 por ciento todas las inversiones. Las dotaciones
consignadas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2000 responden a un proceso --lo he dicho también antes-- de
priorización de las diferentes necesidades del gasto, seleccionando las
que contribuyen más eficazmente a lograr los objetivos que tiene
encomendados el Ministerio. Por eso no nos parece que resulte conveniente
reducir los créditos destinados a esas inversiones que ustedes proponen
de carácter inmaterial, ya que con ello es con lo que se van a financiar
actuaciones bastante relevantes y que yo creo que están dando muy buenos
resultados, aunque sean intangibles, como es la campaña de educación vial
a través de medios de comunicación y también aplicaciones informáticas
para la Policía y para Protección Civil, que sí que es uno de los
cometidos que tiene la Administración General del Estado en materia de
protección civil a la hora de poder tener un plan informático que
coordine, desde su obligación, al resto de Comunidades Autónomas y
corporaciones locales.

Después entran ustedes en algunas cuestiones técnicas y proponen
inversiones --también se lo he dicho al representante del Partido
Aragonés Regionalista-- que no se corresponden con lo que ustedes
plantean ya que las que ustedes sugieren no pertenecen a la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, sino a la nueva Sociedad de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, tal y como se recoge en
sus propios estatutos.

Hay después algunas enmiendas con las que se quieren incrementar partidas
que nosotros consideramos pueden estar perfectamente cubiertas, como la
que se destina a obras urgentes e imprevistas que existe en la Dirección
General con una cobertura de 564 millones de pesetas.

Me gustaría ahora referirme a dos enmiendas, a la número 1324 y a la
número 1325, que se refieren tanto a formación como a equipamientos en
relación con malos tratos y violencia doméstica. Tengo que decirles que
nosotros entendemos que ya existe una cobertura suficiente para esta
materia. Concretamente para seguridad ciudadana se ha dotado una cantidad
de 11.900 millones de pesetas y otra de 440.000 millones de pesetas con
destino a partidas con vistas a continuar la especialización y formación
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en atención a las
víctimas domésticas.




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También hay una dotación, como he dicho, para la Guardia Civil y la
Policía de Avila, y asimismo hay inversiones destinadas a adquisición de
material informático, material de intervención y creación de una base de
datos. Por tanto, nos parece que realmente esto está bien dotado.

En su siguiente enmienda, la número 1325, proponen ustedes una
potenciación y mejora de los medios técnicos. La dotación del Capítulo
VI, inversiones reales, seguridad ciudadana, asciende a 15.738 millones
de pesetas, lo que representa el 31,5 por ciento del total de las
inversiones de esta sección del Ministerio del Interior. Por tanto,
consideramos que se va a conseguir una mayor calidad en los servicios y
un buen grado de satisfacción por parte del ciudadano en relación con la
reducción de delincuencia y sobre todo en la de violencia doméstica, que
sin lugar a dudas compartimos con ustedes, puesto que supone una
preocupación para el conjunto de la sociedad y una de las inseguridades
ciudadanas que están produciendo una mayor alarma social pero que,
entendemos, tiene una cobertura suficiente en estos presupuestos que ha
presentado el Gobierno.

En cuanto a otras inversiones que ustedes también presentan, a nuestro
juicio están ya perfectamente dotadas en cualquier caso en este proyecto
de ley. Precisamente por eso consideramos que se mantiene ese principio
al que antes me refería de equilibrio y racionalidad que hace que en unos
presupuestos como éstos, que desde luego nunca pueden estirarse a gusto
de todos --y es que ocurre como con esa manta que según por donde se
estire algo se tiene que quedar al descubierto--, se consiga, repito, ese
equilibrio. Y además, con la distribución que se hace, concretamente con
lo referente al Ministerio del Interior, se cubren todos los objetivos
que ese Ministerio se ha planteado para el año 2000 con suficiente
eficacia y calidad.

Por todo ello, las enmiendas que ustedes han presentado a nuestro juicio
no merecen nuestra aprobación.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila). Muchas gracias, Senadora
Alvarez-Arenas.

Tiene la palabra para continuar con este mismo turno el Senador Sanz.

Tenga en cuenta su señoría que no le queda el mismo tiempo que a su
compañera de Grupo.




El señor SANZ PEREZ: Sí, señor Presidente, voy a ser muy breve.

Contestando a algunas de las enmiendas presentadas, creo que mi
contestación puede coincidir con la que les ha dado mi compañera, por
ejemplo, en lo que respecta a las números 39 y 42, relativas a
inversiones en la Comisaría de Ibiza, enmiendas referentes a la
ampliación de la plantilla de la Guardia Civil y a la inversión en el
centro penitenciario de Ibiza.

En relación con ello he de decir que nosotros entendemos que ese
importante incremento que se produce para centros penitenciarios en los
presupuestos para el año que viene, que asciende a cerca del 73,3 por
ciento, es una cantidad suficiente para acometer las obras en esos
centros penitenciarios, si ello es necesario y urgente. En cuanto a la
ampliación de la plantilla de la Guardia Civil en la Isla de Ibiza --y
entiendo sus peticiones--, ampliación que implica un aumento de 25
millones de pesetas, creo que aunque sea en una parte y no en el todo,
podría ir incluido en la oferta pública de empleo del próximo ejercicio
en el que le recuerdo que los presupuestos se incrementan en un 4,39 por
ciento.

Respecto a las enmiendas números 19 a 22 del Senador Armas Rodríguez, he
de comentar varias cuestiones. Priorizando y, sobre todo, porque ya se
han iniciado ciertas gestiones, me referiré a la ampliación del centro
penitenciario. Usted dice que ya se han celebrado reuniones y que se ha
considerado conveniente dicha ampliación. Si el Ministerio y las
entidades que han estado reunidas han decidido que es urgente y una
necesidad acometerla, será oportuno hacerlo, pero creo conveniente que se
incluya dentro del capítulo de inversiones que tiene destinado el propio
Gobierno.

También habla de un centro de acogida para inmigrantes, y creo que si hay
algo destacable en estos presupuestos es la importante dotación, con un
incremento de 377 millones de pesetas, para atención a inmigrantes. Nadie
mejor que usted conoce el problema, y estoy convencido de que el propio
Gobierno va a intentar satisfacer en la medida de lo posible la acogida a
inmigrantes.

Dicho esto, termino con sus enmiendas, porque el resto se dan por
rechazadas.

Paso a contestar brevemente al Senador Arévalo. No voy a volver a iniciar
el debate que tuvimos ayer y hablar de la opacidad y del complemento de
productividad, tan sólo le diré que mantengo la misma contestación que le
di ayer. Si usted considera poco un incremento de un 4,48 por ciento en
el presupuesto del Ministerio de Interior, respeto su opinión, pero, a
juicio del Ministerio de Interior, del Gobierno del Partido Popular y del
Grupo Parlamentario Popular que le sustenta en el Senado, entendemos que
es más que suficiente, máxime si además tenemos en cuenta que en sus
organismos autónomos se incrementa en un 11,43 por ciento. No le quepa la
menor duda de que este incremento presupuestario no va a quitar prioridad
--como usted ha planteado-- ni a las políticas ni a los programas, sobre
todo a aquellos que van dirigidos a las instituciones penitenciarias --y
ahora me referiré a ello-- y a la seguridad ciudadana, que, como usted
debe saber, se incrementa el 5,3 por ciento.

Desde luego, le digo lo mismo que ayer en cuanto al reparto del
complemento de productividad. Entiendo que usted quiera hacer ese juego
político en un debate de estas características, pero si hay algo
relevante es que los repartos de los dineros públicos que está haciendo
este Gobierno se hacen de forma transparente y clara, destinándose allá
donde más se necesitan. De eso no le quepa a usted la menor duda. Pero
hay algo más importante aún, que todos estos incrementos salariales se
están haciendo con acuerdo y diálogo social, como decía anteriormente mi
compañera.

Por lo tanto, con los presupuestos del Ministerio de Interior se da
cobertura, entre otras cosas, a la seguridad ciudadana y a instituciones
penitenciarias. Por cierto, he de



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decirle que los presupuestos que usted ha criticado se incrementan para
la mejora de la alimentación de la población reclusa, entre otros fines;
concretamente, aumenta 900 millones de pesetas respecto a los anteriores
presupuestos, y entendemos que es una partida suficientemente importante
para atender esas necesidades.

Respecto a la transferencia a los Mossos d'Esquadra de una cantidad
importante de dinero, usted dice que el Secretario de Estado no dio
ninguna respuesta al respecto cuando compareció en la Comisión de
Presupuestos pero yo me limito a la respuesta que, le puedo asegurar, sí
que dio.

En diferentes enmiendas, que usted ha agrupado, se refieren a las mujeres
maltratadas. He de decirle, y usted lo sabe, que el Programa 221.B,
destinado a la formación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, está dotado con una importante partida a fin de que los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado tengan una formación para atender de
forma prioritaria y satisfacer las necesidades de las víctimas de malos
tratos. También he de decirle que se incrementa una partida importante en
otro programa, el 222.A, a fin de proporcionar los materiales y medios
precisos para la ayuda a la asociaciones de víctimas de malos tratos.

Pero, además, con lo que se recoge en los propios presupuestos se da
protección, vigilancia y prevención a las mujeres que son víctimas de
malos tratos.

En cuanto a los enfermos de sida, entendemos que su atención queda
cubierta con la cantidad que se destina en los presupuestos de este año.

El presupuesto del 2000 se incrementa en un 16,6 por ciento respecto al
presupuesto del ejercicio anterior para atender a todo tipo de enfermos
de sida, estén o no dentro de instituciones penitenciarias, y creemos que
es una partida bastante importante.

Al hablar de instituciones penitenciarias, dice que se transfiere poco
dinero a las Corporaciones Locales para los depósitos municipales. Como
en todo, depende del color del cristal con que se mire pero, desde luego,
tengo que decirle que en los Presupuestos para el año 2000 esta partida
crece un 63,2 por ciento y que este incremento económico se ha hecho con
el visto bueno y el consenso de la Federación Española de Municipios y
Provincias y con las ONGs.

También quiero decirle --y es un dato importante del que me gustaría
oírle hablar-- que la dotación por preso y día ha pasado en el año 2000
de 1.325 a 5.898 pesetas. ¿Es poco, es mucho? Consideramos que es lo
suficiente.

En aras a la brevedad, voy a dar por rechazadas el resto de las
enmiendas. Por lo que respecta a Instituciones Penitenciarias, nosotros
entendemos que la cantidad existente en los Presupuestos del 2000 es
suficiente para esa asistencia sanitaria; y, en cuanto a la dotación de
productos farmacéuticos, ídem de ídem.

Señor Arévalo, usted ha dicho que las ayudas económicas que se están
dando a determinados colectivos para ayudar a solventar el problema de
las drogas se hace de forma sectaria y me gustaría que profundizara en
esa opinión y dijera a quién, cómo y cuándo. También opina que hay pocos
recursos económicos para la puesta en marcha de la ley del menor y le
invito a que la lea porque en ella se indica que entrará en vigor al año
de su aprobación --es decir, en diciembre del año 2000-- y, por lo tanto,
consideramos que es más que suficiente el incremento y la dotación
económica que hay para esa partida. Igualmente, en su intervención ha
criticado que la ley del menor entre en vigor en enero del 2000, pero va
a entrar en vigor en diciembre del 2000.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Sanz.

En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Estaún, del Grupo
Parlamentario Mixto.




El señor ESTAUN GARCIA: Gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario Mixto va a compartir este turno entre los
distintos Senadores que hemos intervenido para defender nuestras
enmiendas a la Sección 16.

En primer lugar, quiero precisar a algunos Senadores del Grupo
Parlamentario Popular que el nombre de mi partido es el de Partido
Aragonés y no Partido Aragonés Regionalista ya que esta denominación la
abandonamos hace 10 años y, por tanto, suena tan chocante como si
nosotros nos empeñáramos en mantener la anterior denominación del Partido
Popular como Alianza Popular.

En mi intervención voy a intentar rebatir, de alguna manera, los
argumentos que ha expuesto la portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
Senadora Alvarez-Arenas.

Creo que están claras las competencias del Estado en materia de
protección civil y que si hay alguna imprecisión en mis enmiendas que dé
lugar a que se interprete que pretendo financiar los planes, no es así;
lo que quiero financiar es el transporte sanitario y también determinadas
infraestructuras de protección civil que corresponde mantener y financiar
al Estado, como también opina mi compañero del Grupo Parlamentario Mixto,
el Senador de Coalición Canaria, Cándido Armas.

Ha rechazado muchas de mis enmiendas con el argumento de que hay
deficiencias técnicas o que no estaban en el programa adecuado pero, por
encima de esas deficiencias, está la voluntad política que se expresa en
ellas y en ese sentido, me ha defraudado su contestación porque no me ha
dado argumentos para rechazar las pretensiones que nosotros hemos
plasmado de cara a la Sección 16.

Su señoría me ha vuelto a recordar que el Partido Aragonés gobierna con
el Partido Socialista en Aragón y quiero decirle que estamos muy
satisfechos de compartir ese Gobierno y, además, que puede encontrar
alguna explicación del motivo por el que compartimos ese Gobierno, o por
qué nos sentamos hoy en el Grupo Parlamentario Mixto, al ver que el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado en el Senado una enmienda paralela,
que viene a expresar exactamente lo mismo, a nuestra enmienda número 82,
relativa a la inversión en un cuartel de la Guardia Civil de un
determinado municipio aragonés --que el Partido Aragonés ha presentado en
anteriores presupuestos y en el Congreso de los Diputados--, cuando la
rechazó en el trámite del Congreso. ¿Por qué mantienen ese
comportamiento? A lo mejor, porque se ha producido un cambio



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del color de ese ayuntamiento, que antes pertenecía a otra opción
política. Esto puede dar una clave del porqué mantenemos el debate hoy en
estos términos.

En lo restante, señor Presidente, nos mantenemos en las argumentaciones
que hemos expresado anteriormente.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Gracias, Senador Estaún.

¿Desea intervenir algún otro portavoz por parte del Grupo Parlamentario
Mixto? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Román.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Senadora Alvarez-Arenas, su respuesta a las enmiendas que hemos formulado
es que hablamos demasiado de inmigración, y después hay dos partidas de
30 millones de pesetas para atender lo que decimos. Efectivamente
hablamos de inmigración en la respuesta policial y en la respuesta
social. Si tiene paciencia y aguante para seguir todo el debate
presupuestario, podrá observar cómo en otras secciones volvemos a hablar
de la necesidad de inversiones en la política de inmigración o, en
general, en la política de migraciones.

Pero en lo que respecta a esta sección hemos planteado la necesidad de
dos modestas inversiones, precisamente en dos provincias. ¿Le recuerdo
qué tienen que ver con inmigración Cádiz y Almería y los problemas que se
han producido a lo largo de los últimos tiempos y la necesidad de centros
que denominamos de acogida, en el caso de Almería, o centros de
internamiento, en el caso de Cádiz, para dar respuesta a una demanda y a
situaciones acuciantes, urgentes, que tenemos planteadas?
Efectivamente se trata de las enmiendas números 1335 y 1340. Pero no es
ésa toda la política de inmigración, al menos no son éstas todas las
iniciativas que hemos planteado al respecto. En estos días vamos a tener
oportunidad de seguir debatiendo sobre inmigración, porque para nosotros
los inmigrantes son sujetos de derecho, no objeto de derecho que las
administraciones conceden graciosamente, sino sujetos de derecho en tanto
son personas y porque queremos practicar la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, y para ello es preciso dotarlo con políticas
presupuestarias.

Con respecto a la Sección 31, me dice que es un cajón de sastre, pero,
Senadora Alvarez, incluso desde el Gobierno --también lo hacían ustedes
cuando estaban en la oposición-- se han ido formulando enmiendas a esta
sección relativa a gastos de diversos ministerios. Sin ir más lejos, en
el debate presupuestario del año pasado ustedes cargaron también en la
Sección 31, Gastos de Diversos Ministerios, algunas enmiendas para
transaccionar con algunos grupos que les manifestaron su apoyo. ¿Por qué?
Porque es algo que se ha practicado habitualmente, pero nosotros hemos
dotado también a la Sección 31 con una modificación en cuanto a ingresos
y también en cuanto a bajas. O sea, en el transcurso del debate
presupuestario hemos venido formulando enmiendas en ingresos y bajas
sobre la Sección 31. Dichas enmiendas no son técnicamente incorrectas. Es
posible que políticamente a ustedes no les interesen o no quieran
aceptarlas, pero no pueden decir que son técnicamente incorrectas.

Por otra parte, los pactos alcanzados en política de Instituciones
Penitenciarias no justifican el total de los acuerdos sobre necesidades
de personal. Tenemos unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad descompensados,
maltratados en política retributiva. Ustedes son conscientes de ello como
lo somos nosotros. Podrán contener el déficit público, podrán aplicar una
política determinada, pero siguen existiendo unas Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad mal dotadas y económicamente mal retribuidas, y a ese problema
habrá que hacerle frente. ¿Cuándo? Los diferentes gobiernos tendrán que
practicar políticas para resolver esas necesidades. Como existen
necesidades en el Servicio de Vigilancia Aduanera, al que no han dado
ninguna respuesta, pero hay que dotarle de medios si queremos que cumpla
con los objetivos previstos.

Por tanto, estamos ante enmiendas que en algunos casos rechazan porque el
déficit público les obliga y, en otros casos, porque simple y llanamente
no las tienen en sus previsiones. Pero hay enmiendas que aunque las
tienen en cuenta en sus previsiones, no las van a aceptar; enmiendas a
las que no han contestado, como a la necesidad de la creación de
comisarías en algunos lugares, demandadas, planificadas y no ejecutadas,
que figuraba en su relación de proyectos a desarrollar, o al menos eso es
lo que ustedes manifestaron en ejercicios presupuestarios anteriores.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Román.

Tiene la palabra el Senador Armas.




El señor ARMAS RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir de forma muy breve para hacer mención a dos enmiendas
que son importantes para nosotros: una, se refiere a la creación del
servicio específico de atención a las mujeres maltratadas en la Comisaría
de Policía de Arrecife y, dos, a un plan de protección civil en
Lanzarote.

Por otra parte, usted dice que la sensibilidad del Gobierno le ha llevado
a efectuar un gasto de 377 millones de pesetas. Que yo sepa, de forma
específica, no hay ningún gasto contemplado para Lanzarote. Por tanto,
habrá que decir al Gobierno que tenga en cuenta que nosotros vivimos en
islas y que cuando un centro de estas características se crea en una de
ellas, no quiere decir que todas se encuentren cubiertas.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Gracias, Senador Armas.

Parece que no hay ningún grupo más que quiera intervenir. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Arévalo.




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El señor AREVALO SANTIAGO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, no he calificado el presupuesto del Ministerio del Interior de
escaso. He hecho referencia a un dato que se produce todos los años, y es
que al finalizar cada ejercicio hay que echar mano de un crédito
suplementario. No sé si será escaso o no, pero lo cierto es que todos los
años sucede lo mismo. Además, tampoco es la base de la discusión de unos
presupuestos el hecho de que sean abundantes o escasos, que hayan o no
aumentado mucho en relación con el año anterior, sino que deberían ser
los objetivos y el programa previsto para los mismos. Esto es lo que
criticamos y por ello impugnamos la Sección 16, porque los objetivos
están claros, en cambio no lo está la programación para conseguirlos.

Solamente puedo decir una cosa sobre el complemento de productividad: ni
en estos presupuestos ni en otros hemos conocido su distribución, o
quiénes van a tener la suerte de ser premiados con él. No lo sabemos. No
sé si eso es transparencia, pero lo cierto es que no lo sabemos.

Unicamente lo conocemos cuando ya se cobra. Si ésta es la transparencia,
ya sé cuál es su criterio, pero que no me digan que lo conocemos ahora.

Si ustedes lo saben, explíquennoslo.

Si hemos presentado una enmienda sobre la aplicabilidad de la ley penal
del menor, fíjense que es con objeto de realizar transferencias a las
Comunidades Autónomas y para los servicios derivados de la entrada en
vigor de esta ley. Como no se haga en el año 2000, ya me contará usted
cuándo.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Arévalo.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora
Alvarez-Arenas.




La señora ALVAREZ-ARENAS CISNEROS: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, gracias por haber dicho bien mi apellido porque algún
Senador ha dicho Alvarez. No es que me moleste, pero es un apellido
compuesto y no me gusta que se mutile. Es simplemente una referencia para
distender el debate.

Lamento muchísimo que al representante del Partido Aragonés le incomode
que digamos Partido Aragonés Regionalista, como era hasta hace poco, pero
fundamentalmente es porque en sus enmiendas en el Senado figura PAR,
Partido Aragonés, y entiendo que la erre será por regionalista. En
cualquier caso, es una cuestión de semántica. Si a ustedes les molesta,
por mi parte queda retirado y que así conste en el «Diario de Sesiones»
porque no tengo ningún interés en molestar a sus señorías con este
asunto.

Voy a comentar dos cuestiones puntuales para el Partido Aragonés: insisto
en que las dotaciones de material en la protección civil corresponden a
las Comunidades Autónomas o a las diputaciones. Los planes de protección
civil tienen diferentes niveles, se elaboran por cada Gobierno autónomo,
se aprueban en la Comisión Nacional, y se llevan a cabo desde los
Gobiernos autónomos en función de esos niveles. Así, cuando el nivel del
plan es cero, son los ayuntamientos los que deben poner los medios, y
para aquellos que no disponen de ellos, bien la Comunidad Autónoma,
cuando ésta es uniprovincial, bien la Diputación, realizan las
transferencias necesarias para la obtención de esos medios, los cuales
aporta la Comunidad Autónoma cuando se trata de los niveles 1 y 2 de
aplicación de dichos planes.

Señoría, créame cuando le digo que entiendo su preocupación. Soy Senadora
por la Comunidad Autónoma de Madrid y he tenido responsabilidades de
gobierno en estos temas, por lo que conozco la materia tan sensible a la
que usted se está refiriendo y valoro en gran medida sus planteamientos.

El hecho de llegar a poblaciones de montaña con unos recursos sanitarios
adecuados salva muchas vidas, y en Madrid lo hemos comprobado al crear el
Sercam, un servicio parecido al Samur, que atiende esas necesidades. Pero
eso lo ha hecho la Comunidad Autónoma. Por tanto, entiendo que se trata
de una cuestión de prioridades de Gobierno. Esto es como esa manta que se
estira en materia de presupuestos.

Efectivamente, las Comunidades Autónomas deberán empezar a desarrollar
planes sobre estas materias, y quizá haya que convenir con la Cruz Roja o
el Insalud el que se cubran determinados territorios con medios aéreos,
los cuales --estoy completamente de acuerdo con su señoría-- son los más
eficaces en provincias como, por ejemplo, la de Huesca, donde se practica
muchísimo deporte de montaña y se debe atender al siniestrado con un
medio que tenga un radio de acción inferior a quince minutos para
llevarle a un centro sanitario. Vuelvo a insistir en que comparto su
preocupación, pero no es una competencia de la Administración general del
Estado.

En cuanto a la enmienda relativa al cuartel de Ansó, lo que hemos hecho
es duplicar en el Senado la cuantía para este concepto; ustedes
presentaron una enmienda en el Congreso por importe de 25 millones de
pesetas, y nosotros hemos propuesto la cantidad de 50 millones. Por
tanto, si les parece bien que dotemos de 50 millones a ese objetivo,
estaremos totalmente de acuerdo.

Por lo que se refiere al representante de Izquierda Unida, sinceramente,
creo que las cantidades en materia de personal siempre pueden ser
insuficientes. Por tanto, estoy de acuerdo con usted en que las
retribuciones de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben irse
homologando con las correspondientes a las policías local y autonómica.

Sin embargo, ahí está el esfuerzo de los presupuestos del Ministerio
--los cuales, insisto, tienen que atender muchas necesidades, sobre todo,
la situación del déficit, y mantener el equilibrio presupuestario--, que
experimentan un incremento de 25.000 millones, lo que supone un 4,39 por
ciento respecto de los presupuestos de 1999,cuando para el conjunto del
sector público hay una disminución en ese mismo capítulo del 4,4 por
ciento. Probablemente se podría pedir más, pero a nuestro juicio esta
cantidad es suficiente y refleja un gran esfuerzo.

Y en lo que a inmigración se refiere, he de decirle a su señoría que me
ha gustado su discurso y que comparto su



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sensibilidad por el tema de los emigrantes. Pero entre compartir todo su
discurso en materia de derechos humanos y estar de acuerdo con las
enmiendas puntuales hay una diferencia. El Senador Sanz ya ha dicho que
se ha previsto una partida de 377 millones de pesetas para ese tema.

Pero, al igual que para la violencia doméstica hay partidas en otras
secciones que atienden ese mismo fin, también en materia de inmigración
--sobre la que usted ha dicho que han presentado otras partidas que
superan esos 60 millones-- el Gobierno ha presentado otras partidas para
atender ese objetivo; por ejemplo, en la Secretaría General de Asuntos
Sociales.

Por otro lado, entiendo que este capítulo se complementa en gran medida
con las Comunidades Autónomas, sobre todo en materia social, y no tanto
en lo que se refiere a la actuación en materia de inmigración de los
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por tanto, con los seis centros existentes, con 377 millones de pesetas,
4.665 metros cuadrados para la atención en esos centros, y la existencia
de 430 internos en estos momentos, no es necesario crear más centros.

Ustedes pueden defender lo contrario, y lo entiendo perfectamente, pero
consideramos que su número es suficiente. Además, actualmente se dejan
plazas libres en los centros por la rotación de los emigrantes. Me
refiero concretamente a los centros de centros de acogida.

En cualquier caso repito una vez más que valoro su sensibilidad social, y
estoy segura de que también en otras secciones encontraremos respuesta a
las preocupaciones que ha manifestado su señoría.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senadora
Alvarez Arenas.

Puesto que quedan ocho minutos para la votación de las ocho y hace falta
también un tiempo prudencial para preparar la votación, si pasamos al
debate de la Sección 17, Fomento, a la que se han presentado enmiendas, y
considerando que al primer interviniente ya le corresponde un tiempo de
20 minutos, creo que hacerlo supondría complicarnos la vida, toda vez que
tenemos unas votaciones largas, ya que no estaremos votando menos de una
hora.

Por tanto, quizás sería mejor suspender la sesión hasta las ocho, cuando
empezaríamos a votar.

¿Les parece bien? (Asentimiento.)
Así se hará. (Pausa.) (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)



--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL (S.

621/000167) (C. D. 121/000187) (Continuación).




La señora PRESIDENTA: Vamos a votar el proyecto de ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Comenzamos por el Título I.

En primer lugar, el voto particular número 2, de los Senadores Román
Clemente y Cámara Fernández, en dos bloques: las enmiendas números: 111,
112, 113, 121 y 122.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 89; en contra, 132; abstenciones, siete.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votación del resto de las enmiendas.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, cuatro; en contra, 131; abstenciones, 93.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Voto particular número tres del Grupo Parlamentario Mixto, en tres
bloques: Primero, la enmienda número 28.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 89; en contra, 131; abstenciones, siete.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda 28.

Segundo bloque, enmienda número 212.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 11; en contra, 133; abstenciones, 83.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda 212.

Tercer bloque, enmiendas números 203 a 205.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 91; en contra, 125; abstenciones, 12.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos ahora el voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, en tres bloques. Primer bloque, enmiendas
números 5 y 6.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 11; en contra, 204; abstenciones, 11.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Segundo bloque, enmiendas números 7, 8 y 9.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Página 7484




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 12; en contra, 124; abstenciones, 92.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Ultimo bloque de este voto particular, enmienda número 10.

Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 96; en contra, 125;
abstenciones, siete.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda número 10.

Voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.

Vamos a votar las enmiendas números 239 y 242.

Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 92; en contra, 125;
abstenciones, 10.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

La enmienda número 241, Senador Cambra, no la votamos ahora porque
soporta una transaccional.

Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.

Enmiendas números 33 a 48.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 89; en contra, 134; abstenciones, cinco.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazado este voto particular.

Voto particular número 5, del Grupo Parlamentario Popular. La enmienda
número 214 tiene una transaccional y por tanto no se vota en este
momento.

Votamos la propuesta de modificación, que es una corrección de errores de
apartado tres del artículo 3, con el número de registro 67.378, que dice:
En el artículo 3, apartado tres, en la nueva redacción, donde dice «la
solución de problemas técnicos de procesos productivos ininterrumpidos»,
debe decir: «la solución de problemas técnicos de procesos productivos
interrumpidos».

¿Puede entenderse aprobada por asentimiento esta corrección de errores?
(Pausa.) Queda aprobada.

Votamos ahora la enmienda transaccional a las enmiendas números 241, de
Convergència i Unió, y 214, del Grupo Parlamentario Popular. El número de
registro es el 67.382.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 132; en contra, siete; abstenciones, 89.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda transaccional.

Pasamos a votar el texto del dictamen, Título I, que se divide en tres
bloques. El primero, artículos 4, 7, 8, 9, 10 y 14.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 132; en contra, nueve; abstenciones, 86.




La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.

Segundo bloque, artículo 14 bis.

Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 226, a favor, 11; en contra, 209;
abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el artículo 14 bis.

Votamos el resto del dictamen del Título I.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 133, en contra, 93, abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Título II, voto particular número 2 de los Senadores Román Clemente y
Cámara Fernández, en tres bloques. Primer bloque, enmiendas números 123,
127 y 131.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, seis; en contra, 130, abstenciones, 90.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 128.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227, a
favor, 92, en contra, 130; abstenciones, cinco.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos ahora el resto de las enmiendas del voto particular número 2.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 89; en contra, 135; abstenciones, cuatro.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Voto particular número 3 del Grupo Parlamentario Mixto, enmienda número
209.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Página 7485




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 91; en contra, 123; abstenciones, 13.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Voto particular número 1 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, en dos bloques, enmienda número 11.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227, a
favor, 97; en contra, 123, abstenciones, siete.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 12.

Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 104; en contra, 124.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda número 12.

Voto particular número 4, de¡ Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. Se votan en un solo bloque las enmiendas números 244
y 245.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228, a
favor, 102; en contra, 122; abstenciones, cuatro.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas números 244 y 245.

Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas
números 49 a 55.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 88, en contra, 133; abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos ahora el dictamen, en dos bloques. Primero, los artículos 21, 24,
25, 27 y 28.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 135; en contra, seis; abstenciones, 87.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen en los
artículos anteriormente citados.

Votamos ahora el resto del Título II.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 132; en contra, 93, abstenciones, tres.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el Título II.

Votamos el Título III. Voto particular número 2, de los Senadores Román
Clemente y Cámara Fernández, enmiendas números 134 y 144 a 148, porque la
número 4 soporta una transaccional.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, siete; en contra, 133; abstenciones, 88.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el voto particular.

Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Mixto, enmienda número
199.

Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 226; a favor, nueve; en contra, 125,
abstenciones, 92.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, enmienda número 246.

Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 228, a favor, ocho; en contra, 208;
abstenciones, 12.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda número 246.

Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas
números 56 y 58.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 89; en contra, 132, abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el voto particular del Grupo
Parlamentario Socialista.

Votamos ahora la transaccional a la enmienda número 4, del Grupo
Parlamentario Mixto, que lleva el número de registro 67.381. El texto es
una nueva disposición que añade: Indemnización por residencia del
personal al servicio del servicio público estatal, no sometido a la
legislación laboral. Durante el año 2000, el Gobierno analizará las
condiciones que determinan la fijación de las indemnizaciones por
residencia del personal en activo del sector público estatal y su
cuantía, en particular en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con
el fin de adaptarlas a su realidad actual, sin que en ningún caso esa
situación suponga minoración alguna de las cantidades actualmente
percibidas por aquéllos por este concepto.

Votamos la enmienda transaccional.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Página 7486




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 224; en contra, uno; abstenciones, dos.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Votamos el texto del dictamen en dos bloques. Primero, el artículo 33 del
texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 133; en contra, 93, abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Sometemos a votación el resto del Título III.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 132; en contra, 15; abstenciones, 80.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Pasamos al Título IV.

Voto particular número 2, de los Senadores Román y Cámara.

Enmiendas números 135 y 136.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, nueve; en contra, 132; abstenciones, 86.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Voto particular número 4. Enmienda número 248.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228, a
favor, 11; en contra, 124; abstenciones, 93.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista. Enmienda
número 60.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 90; en contra, 124; abstenciones, 13.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmiendas números 59, 61 y 62, del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:. Votos emitidos, 227;
a favor, 87; en contra, 132; abstenciones, ocho.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos el dictamen en dos bloques. Primer bloque, artículos 44, 45, 47,
48, 49 y 50.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 132; en contra, 11; abstenciones, 85.




La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.

Votamos el resto del dictamen del Título IV.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 133; en contra, 91; abstenciones, dos.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen del Título IV.

A continuación, votamos el Título V.

Voto particular número dos de los Senadores Román Clemente y Cámara
Fernández, en tres bloques. El primer bloque lo constituye la enmienda
número 137.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228, a
favor, ocho; en contra; 213; abstenciones, siete.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 139.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225, a
favor, 88; en contra; 130; abstenciones, siete.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

El tercer bloque está constituido por el resto de las enmiendas del voto
particular número dos.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228, a
favor, cinco; en contra; 132; abstenciones, 91.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

A continuación, pasamos al voto particular número tres, también del Grupo
Mixto. Votaremos en cuatro bloques, comenzando por la enmienda número 29.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 95; en contra, 130; abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 27 y 30. (El señor Aleu i
Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Aleu.




Página 7487




El señor ALEU I JORNET: Señora Presidenta, pedimos votación separada de
esas dos enmiendas.




La señora PRESIDENTA: Votamos entonces la enmienda número 27 del voto
particular número tres, del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, siete; en contra, 132; abstenciones, 89.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 30.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 90; en contra, 132; abstenciones, cinco.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

A continuación, votamos la enmienda número 206.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 90; en contra, 123; abstenciones, 14.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 201.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, siete; en contra, 124; abstenciones, 97.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Voto particular número 1 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. Se vota en tres bloques. En primer lugar, votamos
la enmienda número 13.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 13; en contra, 124; abstenciones, 90.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 14.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 11; en contra, 202; abstenciones, 12.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda numero 15.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 104; en contra, 124.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, correspondiente a la enmienda número 249.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 129; en contra, cinco; abstenciones, 94.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Votamos ahora conjuntamente los votos particulares números 6 y 7 del
Grupo Parlamentario Socialista. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
Senador Aleu, tiene su señoría la palabra.




El señor ALEU I JORNET: Pedimos la votación separada de la vuelta al
texto remitido por el Congreso modificado por la enmienda número 227 del
Grupo Parlamentario Popular.




La señora PRESIDENTA: Votamos, en primer lugar, la vuelta al texto
remitido por el Congreso en lo modificado por la enmienda número 227 del
Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 97; en contra, 124; abstenciones, siete.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos ahora el resto de las enmiendas correspondientes a los votos
particulares números 6 y 7 del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 86; en contra, 133; abstenciones, ocho.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos ahora el dictamen del Título V en dos bloques. Primer bloque:
artículos 51, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68 bis y 71
bis.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 132; en contra, 95; abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Votamos ahora el resto de los artículos del dictamen del Título V.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 135; en contra, ocho; abstenciones, 85.




Página 7488




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Pasamos a las disposiciones adicionales.

Votaremos el voto particular número 2 de los Senadores Román Clemente y
Cámara Fernández en cuatro bloques. En primer lugar, la enmienda número
181.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, seis; en contra, 213; abstenciones, ocho.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos el segundo bloque, que corresponde a las enmiendas números 25,
149, 163, 164, 166, 167, 170 y 185.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 89; en contra, 131; abstenciones, siete.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos ahora la enmienda número 188.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 90; en contra, 132; abstenciones, cuatro.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos el resto de las enmiendas del voto particular número 2.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, siete; en contra, 132; abstenciones, 89.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Pasamos al voto particular número 3 del Grupo Parlamentario Mixto, que
votaremos en tres bloques. En primer lugar, la enmienda número 2.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, nueve; en contra, 131; abstenciones, 88.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos el segundo bloque, que corresponde a las enmiendas números 31 y
32.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 95; en contra, 131; abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 207 y 208.

Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 91; en contra, 125; abstenciones, 12.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Pasamos al voto particular número 1 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, que votaremos en dos bloques. En primer lugar,
enmiendas números 16, 18, 21 y 23.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 94; en contra, 123; abstenciones, 10.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 12; en contra, 123; abstenciones, 92.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

El voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, lo vamos a votar en tres bloques. En primer
lugar, la enmienda 256.

Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 228; a favor, nueve; en contra, 206;
abstenciones, 13.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 258.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 217; en contra, uno; abstenciones, 10.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

La enmienda número 259 soporta una transaccional con el número de
registro 67.385 y se votará después.

Los votos particulares números 6 y 7, del Grupo Parlamentario Socialista,
se votan en dos bloques: de la 75 a la 97, y la vuelta al texto del
Congreso de los Diputados. (Rumores.--El señor Aleu i Jornet pide la
palabra.)
Tiene la palabra el Senador Aleu.




El señor ALEU I JORNET: Disculpe, señora Presidenta, pido que se vote
separadamente la enmienda número 77.




La señora PRESIDENTA: Entonces, votamos en primer lugar la enmienda
número 77.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Página 7489




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 91; en contra, 131; abstenciones, cinco.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos ahora las enmiendas números 75 a 97, salvo la 77 que ya ha sido
votada.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 87; en contra, 133; abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos ahora la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo
modificado por las enmiendas números 231 y 236 del Grupo Parlamentario
Popular. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Aleu.




El señor ALEU I JORNET: Durante el transcurso del debate hemos retirado
la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 231.




La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la vuelta al texto del Congreso en lo
modificado por la enmienda número 236 del Grupo Parlamentario Popular y
por tres enmiendas transaccionales que han incluido tres disposiciones
adicionales nuevas: la vigésima segunda, la vigésima octava y la
trigésima.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 89; en contra, 131; abstenciones, siete.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la vuelta al texto del Congreso.

Votamos ahora la enmienda transaccional con número de registro 67379, y
la enmienda que figura con número de registro 67380, de mejoras técnicas.

¿Podrían aprobarse por asentimiento? (Denegaciones.)
Entonces, procede su votación cada una por separado. En primer lugar,
votamos la que figura con número de registro 67379.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 225; en contra, dos.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Votamos ahora la enmienda con número de registro 67380.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 134; en contra, 82; abstenciones, 12.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Votamos la enmienda transaccional con número de registro 67385, que
soporta la enmienda número 259, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convèrgencia i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 133; en contra, 84; abstenciones, 11.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la transaccional anteriormente
citada.

Votamos el texto del dictamen de las disposiciones adicionales tercera,
octava, decimoctava, vigésima, vigésima segunda, vigésima octava y
trigésima.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 136; en contra, 91.




La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

Votamos ahora las disposiciones adicionales vigésima tercera, vigésima
cuarta, vigésima novena y trigésima tercera.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 221; en contra, cinco; abstenciones, dos.




La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

Votamos el resto de las disposiciones adicionales.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 134; en contra, 10; abstenciones, 84.




La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas el resto de las disposiciones
adicionales del texto del dictamen.

Pasamos a las disposiciones transitorias. Voto particular número 3 del
Grupo Parlamentario Mixto, enmienda número 1.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, siete; en contra, 132; abstenciones, 87.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

A continuación, votamos el voto particular número 6, del Grupo
Parlamentario Socialista, enmiendas números 98 a 102.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 88; en contra, 135; abstenciones, cinco.




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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos ahora el dictamen. En primer lugar, la disposición transitoria
segunda.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 131; en contra, 96.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Votamos el resto de las disposiciones transitorias.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 132; en contra, diez; abstenciones, 83.




La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

Disposiciones derogatorias, finales y preámbulo. Sometemos a votación el
voto particular número 6 del Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas
números 103 a 109.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 87, en contra, 134; abstenciones, siete.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

A continuación, votamos la disposición derogatoria segunda y el preámbulo
del texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 134; en contra, 92; abstenciones, dos.




La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.

Votamos el resto de las disposiciones derogatorias del texto del
dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 134; en contra, nueve; abstenciones, 85.




La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.




--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2000 (S. 621/000166) (C. D.

121/000186) (Continuación).




La señora PRESIDENTA: A continuación, comenzamos con la votación del
texto del dictamen del proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000.

¿Se pueden aprobar por asentimiento las Secciones 01, 02, 03, 04, 05 y 08
que no han sido objeto de enmiendas? (Rumores.)
Tiene la palabra el Senador Zubia.




El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Señora Presidenta, solicitamos votación
concreta, no por asentimiento.




La señora PRESIDENTA: ¿Puede ser en bloque todas ellas?
Tiene la palabra el Senador Prada.




El señor PRADA PRESA: Gracias, señora Presidenta.

Solicitamos que la votación se haga sección por sección. (Varios señores
Senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien! ¡Muy
bien!--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)



La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.

Comenzamos por la votación del texto del dictamen del proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, Sección 01, Casa de
Su Majestad El Rey.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 213; en contra, cinco; abstenciones, nueve.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

A continuación, votamos el presupuesto de la Sección 02, Cortes
Generales.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 222; en contra, cinco.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio, por favor. Todavía nos quedan muchas
votaciones.

Votamos la Sección 03, Tribunal de Cuentas.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 221; en contra, cinco.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Votamos la Sección 04, Tribunal Constitucional.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 222; en contra, cinco; abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.




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Votamos la Sección 05, Consejo de Estado.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 222; en contra, cinco.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Votamos la Sección 08, Consejo General del Poder Judicial.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 222; en contra, cinco; abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Sección 12. Vamos a votar las enmiendas de los Senadores Román y Cámara
en cuatro bloques.

En primer lugar, enmienda número 1266.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, siete; en contra, 212; abstenciones, nueve



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 1268 y 1270.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, ocho; en contra, 132; abstenciones, 88.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 1275.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, siete; en contra, 215; abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos el resto de las enmiendas de los Senadores Román y Cámara.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 89; en contra, 133; abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista en dos bloques.

En primer lugar, votamos la enmienda 295.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 88; en contra, 134; abstenciones, seis.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda 295.

Votamos ahora el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 90; en contra, 132; abstenciones, cinco.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos el texto del dictamen de la Sección 12.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 130; en contra, 95; abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen de la Sección
12.

La Sección 34 no ha sido objeto de enmiendas, pero sospecho que no se
puede aprobar por asentimiento. (Pausa.)
Votamos la Sección 34, Relaciones Financieras con la Unión Europea.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 135; en contra, cinco; abstenciones, 88.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen de la Sección
34.

Sección 13, Ministerio de Justicia.

Inicialmente, votamos las enmiendas de los Senadores Estaún, Blasco y
Martínez en dos bloques.

En primer lugar, votamos la enmienda número 67.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 91; en contra, 132; abstenciones, cinco.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda número 67.

Votamos la enmienda número 68.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, nueve; en contra, 131; abstenciones, 85.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda número 68.

Corresponde someter a votación las enmiendas de los Senadores Román y
Cámara en tres bloques. Primero, la enmienda número 1276.

Se inicia la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 89; en contra, 132; abstenciones, siete.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 1283.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 89; en contra, 131; abstenciones, ocho.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos el resto de las enmiendas de los Senadores Román y Cámara.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, ocho; en contra, 130; abstenciones, 88.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente
del Senador Torres.

En primer lugar, sometemos a votación la enmienda número 37.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 88; en contra, 124; abstenciones, 16.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votación de la enmienda número 38.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, siete; en contra, 125; abstenciones, 96.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

En primer lugar, la enmienda número 307.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 87; en contra, 134; abstenciones, siete.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 88; en contra, 133; abstenciones, siete.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos ahora el texto del dictamen de la Sección 13, correspondiente al
presupuesto del Ministerio de Justicia.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 134; en contra, 91; abstenciones, tres.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Sección 14. Ministerio de Defensa.

Vamos a proceder a la votación de las enmiendas de los Senadores Román y
Cámara.

En primer lugar, se somete a votación la enmienda número 1289.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio e siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, seis; en contra, 132; abstenciones, 90.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 1294 y 1295.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, cuatro; en contra, 130; abstenciones, 94.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas de los Senadores Román y Cámara.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, siete; en contra, 213; abstenciones, siete.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, originaria del Senador Padrón,
número 1.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 15; en contra, 131; abstenciones, 82.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista en dos
bloques. Primero, la enmienda número 312.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 86; en contra, 135; abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.




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Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 88; en contra, 134; abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación el texto de la Sección 14, Ministerio de Defensa,
de acuerdo con el dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 133; en contra, 91; abstenciones, dos.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la Sección 14, correspondiente al
presupuesto del Ministerio de Defensa.

Sección 15. Presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda.

Enmiendas de los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández. En primer
lugar, enmienda número 1304.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 89; en contra, 132; abstenciones, siete.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 1309.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, siete; en contra 214; abstenciones, seis .




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 1313.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 90; en contra, 131; abstenciones, seis.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos el resto de las enmiendas de los Senadores Román Clemente y
Cámara Fernández.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, siete; en contra, 131; abstenciones, 90.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, en dos bloques. En primer
lugar, enmienda número 334.

Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 87; en contra, 133; abstenciones, ocho.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos ahora el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 89; en contra, 134; abstenciones, cinco.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos el presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda, Sección 15,
según el texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 132; en contra, 93; abstenciones, dos.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Pasamos a la Sección 16, Ministerio del Interior.

Enmiendas de los Senadores Estaún, Blasco y Martínez. Corresponde someter
a votación las enmiendas números 69, 70, 72, 73, 74 y 75.




El señor ALEU I JORNET: Señora Presidenta, pido la palabra.




La señora PRESIDENTA: El señor Aleu tiene la palabra.




El señor ALEU I JORNET: Señora Presidenta, pedimos la votación separada
de la enmienda 75.




La señora PRESIDENTA: Votamos la enmienda número 75.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 87; en contra, 130; abstenciones, ocho.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos ahora las enmiendas números 69, 70, 72, 73 y 74.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, ocho; en contra, 130; abstenciones, 88.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas de los Senadores Estaún, Blasco y
Martínez.

Se inicia la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 91; en contra, 132; abstenciones, cinco.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas de los Senadores Román y Cámara. Primera enmienda la número
1317.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 87; en contra, 132; abstenciones, siete.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmiendas 1321, 1324 y 1325.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 90; en contra, 131; abstenciones, siete.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, siete; en contra, 131; abstenciones, 90.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto originaria del Senador Padrón.

Enmienda número 2.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 15; en contra, 131; abstenciones, 82.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.




Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto originaria del Senador Armas,
enmienda número 22.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 95; en contra, 132; abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Resto de las enmiendas del Senador Armas.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 14; en contra, 132; abstenciones, 82.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, originarias del Senador Torres.

Primero votamos las enmiendas números 39 y 40.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, ocho; en contra, 132; abstenciones, 88.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 41 y 42.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 89; en contra, 132; abstenciones, siete.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la
enmienda número 362.




Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 84; en contra, 131; abstenciones, 10.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda número 362.

Votación del resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 85; en contra, 134; abstenciones, ocho.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas el resto de las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista.

Vamos a votar ahora el texto del dictamen de la Sección 16,
correspondiente al presupuesto del Ministerio del Interior.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 134; en contra, 94.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el presupuesto del Ministerio del
Interior.

Señorías, se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve y
media.




Se suspende la sesión a las veintiuna horas y cincuenta minutos.




(El debate continúa en el «Diario de Sesiones» número 155.)