Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Senado, Pleno, núm. 151, de 01/12/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1999 VI Legislatura
Núm. 151
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 1 de diciembre de 1999
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De D.a MARIA MARTINEZ CASTRO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las previsiones del Gobierno para que las personas afectadas de espina
bífida sean reconocidas como enfermos crónicos (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 788, de fecha
29 de noviembre de 1999) (Número de expediente 680/000904).
--De D. JAIME LOBO ASENJO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las previsiones del Ministerio de Defensa en relación con las
transferencias de los centros escolares dependientes del mismo al
Ministerio de Educación y Cultura y a las Comunidades Autónomas con
plenas competencias en materia de educación (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 788, de fecha
29 de noviembre de 1999) (Número de expediente 680/000914).
--De D. JOAQUIN BASCUÑANA GARCIA, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los efectivos militares con los que España pretende
contribuir a la formación de una fuerza de intervención europea
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 788, de fecha 29 de noviembre de 1999) (Número de expediente
680/000913).
--De D. JOSE LUIS MORALES MONTERO, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el beneficio que reportará a España incorporarse a las
fuerzas de reserva de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie I, número 788, de fecha 29 de noviembre de 1999) (Número de
expediente 680/000915).
--De D. LUIS ESTAUN GARCIA, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las
previsiones del Gobierno con respecto a la redacción y ejecución de los
planes de seguridad de las presas (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 788, de fecha 29 de
noviembre de 1999) (Número de expediente 680/000902).
--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno en
orden a revisar el marco jurídico de la Comisión Nacional de Cooperación
con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), con el fin de que las diversas culturas de España
estén mejor representadas en ella (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 788, de fecha 29 de
noviembre de 1999) (Número de expediente 680/000901).
--De D. JOSE CASTRO RABADAN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
valoración que hace el Gobierno de las causas que han provocado la
dimisión del Presidente Ejecutivo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 788, de fecha 29 de noviembre de
1999) (Número de expediente 680/000906).
--De D. JUAN SEVA MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre la valoración que realiza el Gobierno de la IX Cumbre
Iberoamericana celebrada en Cuba (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales, Senado, Serie I, número 788, de fecha 29 de noviembre
de 1999) (Número de expediente 680/000912).
--De D. JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si la valoración de la compañía Binter Canarias, S. A., para su
venta supone riesgos para que su capital social permanezca en condiciones
que impidan una venta a terceros (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 788, de fecha 29 de noviembre
de 1999) (Número de expediente 680/000890).
--De D. LUIS ESTAUN GARCIA, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las
previsiones del Gobierno acerca de construir una autovía que una Lleida,
Huesca y Pamplona (Navarra) (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales, Senado, Serie I, número 788, de fecha 29 de noviembre
de 1999) (Número de expediente 680/000900).
--De D. JOSE FERNANDEZ CHACON, del Grupo Parlamentaria Socialista, sobre
las medidas concretas que piensa adoptar el Gobierno para superar la
crisis del sector de la construcción naval en España (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 788,
de fecha 29 de noviembre de 1999) (Número de expediente 680/000905).
--De D. JUAN JOSE UNCETA ANTON, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el balance que hace el Gobierno de la política de
liberalización eléctrica llevada a cabo en esta Legislatura (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado Serie I, número 788,
de fecha 29 de noviembre de 1999) (Número de expediente 680/000910).
--De D.a BEATRIZ CARO NIETO, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las líneas básicas que va a tener el futuro reglamento de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 788,
de fecha 29 de noviembre de 1999) (Número de expediente 680/000911).
--De D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si tiene intención el Gobierno de aclarar en el Parlamento las
nuevas imputaciones de actuaciones económicas irregulares que se dirigen
a su Presidente (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 788, de fecha 29 de noviembre de
1999) (Número de expediente 680/000907).
--De D.a MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si el Gobierno considera cumplido el compromiso de
potenciar el Senado, anunciado por el Presidente del Ejecutivo en su
investidura (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 788, de fecha 29 de noviembre de 1999) (Número de
expediente 680/000908).
--De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si conoce el Gobierno cuánto dinero gana el presidente de
Telefónica, S. A., por desempeñar sus funciones (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 788, de fecha
29 de noviembre de 1999) (Número de expediente 680/000909).
Segundo
Interpelaciones:
--De D. JOSE FERMIN ROMAN CLEMENTE, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
la política general del Gobierno en materia de infraestructuras
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 788, de fecha 29 de noviembre de 1999) (Número de expediente
670/000165).
--De D. OCTAVIO JOSE GRANADO MARTINEZ, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las medidas a adoptar por el Gobierno en materia de
regulación legal de los incentivos a personal directivo de las empresas,
de tratamiento fiscal de estas rentas, de transparencia y publicidad de
estas decisiones, y sobre los requisitos que deben cumplir las sociedades
que apliquen estos mecanismos de retribución (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 788, de fecha
29 de noviembre de 1999) (Número de expediente 670/000164).
--De D. FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la política sanitaria del Gobierno (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 788,
de fecha 29 de noviembre de 1999) (Número de expediente 670/000163).
Tercero
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de
Enjuiciamiento Civil (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 154, de fecha 26 de noviembre de
1999) (Número de expediente S. 621/000154) (Número de expediente C. D.
121/000147).
Cuarto
--Declaración institucional con motivo del Día Mundial del SIDA (Número
de expediente 630/000014).
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.
PREGUNTAS (Página 7149)
De D.a MARIA MARTINEZ CASTRO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las previsiones del Gobierno para que las personas afectadas de espina
bífida sean reconocidas como enfermos crónicos (Página 7149)
La señora Martínez Castro formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Martínez Castro. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay
Beccaría). De D. JAIME LOBO ASENJO, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Ministerio de Defensa en relación con
las transferencias de los centros escolares dependientes del mismo al
Ministerio de Educación y Cultura y a las Comunidades Autónomas con
plenas competencias en materia de educación (Página 7141)
El señor Lobo Asenjo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). De D. JOAQUIN
BASCUÑANA GARCIA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los
efectivos militares con los que España pretende contribuir a la formación
de una fuerza de intervención europea (Página 7152)
El señor Bascuñana García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach).
De D. JOSE LUIS MORALES MONTERO, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el beneficio que reportará a España incorporarse a las
fuerzas de reserva de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
(Página 7152)
El señor Morales Montero formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach).
De D. LUIS ESTAUN GARCIA, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las
previsiones
del Gobierno con respecto a la redacción y ejecución de los planes de
seguridad de las presas (Página 7153)
El señor Estaún García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Estaún García. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino
Biscarolasaga).
De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno en orden a
revisar el marco jurídico de la Comisión Nacional de Cooperación con la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), con el fin de que las diversas culturas de España estén
mejor representadas en ella (Página 7155)
El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). En turno
de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i Serra. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan).
De D. JOSE CASTRO RABADAN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
valoración que hace el Gobierno de las causas que han provocado la
dimisión del Presidente Ejecutivo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) (Página 7156)
El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). En turno
de réplica, interviene de nuevo el señor Castro Rabadán. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan).
De D. JUAN SEVA MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre la valoración que realiza el Gobierno de la IX Cumbre
Iberoamericana celebrada en Cuba (Página 7157)
El señor Seva Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan).
De D. JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si la valoración de la compañía Binter Canarias, S. A., para su
venta supone riesgos para que su capital social permanezca en condiciones
que impidan una venta a terceros (Página 7158)
El señor Saavedra Acevedo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Saavedra Acevedo. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).
De D. LUIS ESTAUN GARCIA, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las
previsiones del Gobierno acerca de construir una autovía que una Lleida,
Huesca y Pamplona (Navarra) (Página 7159)
El señor Estaún García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps).
De D. JOSE FERNANDEZ CHACON, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas concretas que piensa adoptar el Gobierno para superar la
crisis del sector de la construcción naval en España (Página 7160)
El señor Fernández Chacón formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Fernández Chacón. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).
De D. JUAN JOSE UNCETA ANTON, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el balance que hace el Gobierno de la política de
liberalización eléctrica llevada a cabo en esta Legislatura (Página 7162)
El señor Unceta Antón formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Unceta Antón.
De D.a BEATRIZ CARO NIETO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las líneas básicas que va a tener el futuro reglamento de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica (Página 7163)
La señora Caro Nieto formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Caro Nieto.
De D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si tiene intención el Gobierno de aclarar en el Parlamento las
nuevas imputaciones de actuaciones económicas irregulares que se dirigen
a su Presidente (Página 7164)
El señor Rojo García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rojo García. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).
De D.a MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si el Gobierno considera cumplido el compromiso de potenciar el
Senado, anunciado por el Presidente del Ejecutivo en su investidura
(Página 7165)
La señora Martínez García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Martínez García. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).
De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si conoce el Gobierno cuánto dinero gana el presidente de Telefónica, S.
A., por desempeñar sus funciones (Página 7166)
El señor Laborda Martín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Laborda Martín. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).
INTERPELACIONES (Página 7167)
De D. JOSE FERMIN ROMAN CLEMENTE, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
política general del Gobierno en materia de infraestructuras (Página 7167)
El señor Román Clemente realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps). Vuelve a intervenir al señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Beguer i Oliveres, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència y Unió; Luis Calvo, por el
Grupo Socialista, y Bris Gallego, por el Grupo Popular. Cierra el debate
el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps).
De D. OCTAVIO JOSE GRANADO MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las medidas a adoptar por el Gobierno en materia de regulación
legal de los incentivos a personal directivo de las empresas, de
tratamiento fiscal de estas rentas, de transparencia y publicidad de
estas decisiones, y sobre los requisitos que deben cumplir las sociedades
que apliquen estos mecanismos de retribución (Página 7165)
El señor Granado Martínez realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Industria y Energía
(Piqué i Camps). Vuelve a intervenir al señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cambra i Sánchez, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència y Unió, y Atencia Robledo, por
el Grupo Socialista. Cierra el debate el señor Ministro de Industria y
Energía (Piqué i Camps).
De D. FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la política sanitaria del Gobierno (Página 7189)
El señor Zamorano Vázquez realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Sanidad y Consumo
(Romay Beccaría). Vuelve a intervenir al señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Gatzagaetxebarría
Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Cardona i Vila,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència y Unió, y Castell
Campesino, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de
Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).
Se suspende la sesión a las catorce horas y veinte minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 7198)
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de
Enjuiciamiento Civil (Página 7198)
El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
A continuación, interviene la señora Ministra de Justicia (Mariscal de
Gante y Mirón).
Comienza el debate de la propuesta de veto.
El señor Caballero Moya defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo
Socialista. El señor Prada Presa consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Zubia Atxaerandio, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Capdevila i Bas, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència y Unió; Caballero Moya, por el Grupo
Socialista, y Prada Presa, por el Grupo Popular.
Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Socialista por 82 votos a
favor, 122 en contra y 9 abstenciones.
Se inicia el debate del articulado.
Título preliminar (artículos 1 a 4) y Libro primero (artículos 5 a 247).
El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 2 y
3. El señor Capdevila i Bas defiende las enmiendas números 309 a 322 y
325 a 335, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència y Unió. El
señor Galán Pérez defiende las enmiendas números 38 a 40, «in voce» al
artículo 26.2.3º y 4º, 42 (parcialmente), 43, 44 (modificada en
Ponencia), «in voce» al artículo 32, 45 (parcialmente), 47
(parcialmente), 52 a 54, 55 (parcialmente), 56 a 58, «in voce» al
artículo 104, 60, «in voce» al artículo 121, 62, «in voce» al artículo
133.2 y 133.4, «in voce» al artículo 135, 63, «in voce» al artículo 140,
«in voce» al artículo 149, 65, «in voce» al artículo 151, 66 a 69, 71
(modificada en Ponencia), 72 (modificada en Ponencia), 73 a 75, 77 y 78,
así como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en el artículo
26.2.7º, del Grupo Socialista. La señora España Moya y el señor Iribas
Sánchez de Boado consumen un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Galán Pérez, por el Grupo Socialista,
y Ariznavarreta Esteban, por el Grupo Popular.
Se procede a votar. Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Mixto, por
89 votos a favor, 117 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor,
116 en contra y 84 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 321, 330, 332 y 333, del Grupo Catalán
en el Senado de Convergència y Unió, por 87 votos a favor, 112 en contra
y 9 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 311, 312, 313, 317 y 322, del Grupo
Catalán en el Senado de Convergència y Unió, por 6 votos a favor, 112 en
contra y 89 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència y Unió por 9 votos a favor, 189 en contra y 9 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 39, 42 y 62, del Grupo Socialista, por
88 votos a favor, 112 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista por 81 votos a
favor, 117 en contra y 10 abstenciones.
Se aprueban las propuestas de modificación relativas a los artículos 32,
140 y 149 por 196 votos a favor y 12 abstenciones.
Se aprueba la propuesta de modificación relativa al artículo 151 por 113
votos a favor, 1 en contra y 94 abstenciones.
Se aprueban los artículos números 6, 10, 19, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 68,
69, 70, 73, 99 a 128, 130, 133, 135, 137, 150, 156, 161, 163, 168, 176,
184, 209, 210, 215, 228, 241 y 246 por 116 votos a favor, 82 en contra y
10 abstenciones.
Se aprueban los artículos números 23, 31, 32, 47 y 142 por 119 votos a
favor, 8 en contra y 81 abstenciones.
Se aprueban los artículos números 48, 67 y 68 por 201 votos a favor, 6 en
contra y 1 abstención.
Se aprueban los artículos números 54 a 60, 151 y 217 por 117 votos a
favor, 2 en contra y 89 abstenciones.
Se aprueba el artículo 213 por 118 votos a favor, 86 en contra y 2
abstenciones.
Se aprueba el resto del dictamen correspondiente al Título preliminar y
al Libro primero por 201 votos a favor y 7 abstenciones.
Libro segundo. Artículos 248 a 516.
El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número 4 y
retira la número 5. El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende
la enmienda número 1. El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas
números 10 a 15, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor
Capdevila i Bas defiende las enmiendas números 337, 339 a 342, 344, 346,
349 a 354, 356 a 361 y 363, retirando las números
338, 347 y 355, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència y Unió.
Los señores Ardaiz Egüés y Casas Casas defienden las enmiendas números 70
(modificada en Ponencia), 81 a 89, 91 a 106, 108 a 110, 112 a 127, 128
(modificada en Ponencia) y 129, del Grupo Socialista. Los señores Velasco
Bueno y Cañellas Fons y la señora Vindel López consumen un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Zubia
Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, quien en
este acto retira la enmienda número 15, y Ardaiz Egüés, por el Grupo
Socialista, así como la señora Vindel López, por el Grupo Popular.
DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL SIDA (Página 7234)
La señora Presidenta da lectura a una declaración institucional del
Senado, firmada por todos los Grupos Parlamentarios, y que se aprueba por
asentimiento de la Cámara.
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de
Enjuiciamiento Civil (Continuación) (Página 7234)
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor,
198 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor,
195 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 10, 11, 13 y 14, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 13 votos a favor, 194 en contra y 2
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 12, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 7 votos a favor, 192 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 337, 339, 341, 342, 246, 349, 350, 351,
357, 358, 360 y 363, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència y
Unió, por 88 votos a favor, 114 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència y Unió, excepto las retiradas con anterioridad, por 8 votos
a favor, 193 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 85, 86, 87, 89, 95 y 97, del Grupo
Socialista , por 86 votos a favor, 115 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista por 80 votos a
favor, 115 en contra y 14 asbtenciones.
Se aprueba la propuesta de modificación relativa al artículo 481.2 por
202 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.
Se aprueban los artículos 306, 339, 341 y 421 del dictamen por 120 votos
a favor, 86 en contra y 3 asbtenciones.
Se aprueban los artículos 308 y 363 del dictamen por 200 votos a favor,
6 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueban los artículos 253, 261, 263, 264, 270, 276 a 278, 280, 282,
288, 289, 301, 303, 304, 311, 315, 326, 332, 335 a 338, 342, 344, 357,
362, 364, 368, 372, 375, 395, 398, 400, 415, 429, 435, 436, 438, 443,
445, 457, 459, 461, 466 a 493, 500, 505 y 513 del dictamen por 121 votos
a favor, 80 en contra y 8 abstenciones.
Se aprueba una corrección de errores relativa al artículo 307.1 del
dictamen por asentimiento de la Cámara.
Se aprueban los restantes artículos del dictamen por 201 votos a favor,
1 en contra y 6 abstencioes.
Se suspende la sesión a las veintiuna horas y cinco minutos.
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.
PREGUNTAS:
--DE DOÑA MARIA MARTINEZ CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA QUE LAS PERSONAS AFECTADAS DE
ESPINA BIFIDA SEAN RECONOCIDAS COMO ENFERMOS CRONICOS (680/000904).
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
Punto primero del orden del día: Preguntas.
Pregunta de la excelentísima señora doña María Martínez Castro, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para que las
personas afectadas de espina bífida sean reconocidas como enfermos
crónicos.
Tiene la palabra la Senadora Martínez Castro.
La señora MARTINEZ CASTRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, no está en mi ánimo incomodarle al hacerle esta pregunta
y tener que recordarle que la misma fue presentada en Comisión en el mes
de junio de 1998.
El interés de esta Senadora no es otro que conocer, antes de que acabe la
actual legislatura, si el Gobierno tiene previsto reconocer como enfermos
crónicos a las personas que padecen espina bífida.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señora Presidenta.
De ninguna manera me incomoda su señoría y menos produciéndose de una
forma tan correcta como ha hecho usted esta mañana.
En relación con la cuestión que me formula, sí le puedo decir que los
enfermos de espina bífida ya están recibiendo muchos medicamentos en
régimen de aportación reducida por las características de su proceso o
por la duración de la enfermedad, que es lo que se hace con los enfermos
crónicos, y estamos trabajando, además, para mejorar esa situación
financiando prestaciones complementarias.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Martínez Castro.
La señora MARTINEZ CASTRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, ha sido ambiguo en su respuesta. No ha dicho si el
Gobierno tiene previsto reconocer como enfermos crónicos a estas
personas, que es lo que la Federación Española de Asociaciones de Espina
Bífida hace tiempo viene reivindicando.
Señor Ministro, señorías, me consta el intenso trabajo que viene
desarrollando la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida en
colaboración con las veintisiete asociaciones que la integran y que se
encuentran repartidas por toda la geografía de nuestro país; es un
trabajo de concienciación, de información, de prevención y, por supuesto,
de reivindicación de mejoras en las condiciones de vida de los afectados.
Señorías, la espina bífida es una grave malformación congénita que afecta
a uno de cada mil niños nacidos; es un defecto del tubo neural que se
manifiesta en la segunda o tercera semana de gestación, provocando graves
lesiones porque hay un crecimiento anormal de la columna vertebral por
falta de fusión por uno o más arcos vertebrales.
Estos niños necesitan de un tratamiento de por vida, de un tratamiento
donde participan neonatólogos, neurocirujanos, urólogos, nefrólogos,
traumatólogos, ortopedas, psicólogos, etcétera.
Como comprobarán, señorías, señor Ministro, estamos hablando de un
importantísimo problema médico-sanitario que tiene, además, una gran
transcendencia social. Los constantes cuidados especiales que necesitan
las personas afectadas, las numerosas intervenciones quirúrgicas, los
largos períodos de hospitalización, el reto de la integración escolar,
social y laboral, las limitaciones impuestas por las barreras
arquitectónicas y el impacto sobre la economía familiar, permite sopesar,
con crudeza además, la realidad a la que se enfrentan miles de familias
en nuestro país.
Según los datos facilitados por la Federación Española de Asociaciones de
Espina Bífida, las familias afectadas proceden en su mayoría de una
situación económica media/baja. Por tanto, con escasos recursos para
hacer frente a los innumerables gastos que conlleva el tratamiento tanto
médico como ortopédico que los enfermos están obligados a soportar a lo
largo de toda su vida.
La espina bífida supone, señorías, para la persona que la padece, una
limitación grave que afecta de forma permanente a sus actividades y que
inevitablemente produce alteraciones en el seno familiar.
Señor Ministro, la declaración de enfermedad crónica facilitará que
muchas familias puedan hacer frente, sin los grandes sacrificios que
ahora realizan, al impacto económico que suponen los muchos y constantes
cuidados especiales que exige la espina bífida.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
La señora MARTINEZ CASTRO: Señor Ministro, la declaración de enfermos
crónicos está tan justificada que sólo se necesita hacer justicia con
este colectivo.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
La señora MARTINEZ CASTRO: Señor Ministro, el Parlamento...
La señora PRESIDENTA: Terminó su tiempo, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señora Martínez Castro, no hace falta --se lo repito-- esa declaración de
enfermos crónicos. Ya están recibiendo la consideración de enfermos
crónicos. Ya la están recibiendo. Ya están recibiendo muchos medicamentos
con aportación reducida en función de la cronicidad de su proceso. No hay
que declarar lo que ya está declarado. Esto ya está ocurriendo. En lo que
estamos trabajando es en mejorar la situación de estos enfermos ampliando
sus prestaciones y la financiación pública de otras prestaciones que no
están hasta ahora contempladas en el régimen de prestaciones del Sistema
Nacional de Salud. En eso estamos trabajando porque nos parece de
justicia avanzar en esa dirección. Estamos trabajando para atender lo
mejor posible a estos enfermos, que es lo que hay que hacer y para evitar
en lo posible la aparición de esta enfermedad porque se puede prevenir y
hay que hacer todo lo posible por prevenirla y por evitarla que es en lo
que nos estamos empeñando.
La acción más eficaz frente a la espina bífida es la prevención durante
el embarazo con la administración de ácido fólico. Precisamente por ello
los productos con folatos o ácido fólico están incluidos en la prestación
farmacéutica
de la Seguridad Social a diferencia de otros complejos vitamínicos que se
encuentran excluidos de esa prestación farmacéutica pública.
En los programas de salud que se desarrollan en atención primaria se hace
especial énfasis en la prevención de la espina bífida. El Sistema
Nacional de Salud incluye dentro de sus prestaciones toda la atención
médica, rehabilitadora, quirúrgica y farmacológica que precisan los
pacientes con espina bífida.
En la lista de esos medicamentos de aportación reducida para enfermos
crónicos hay un número muy importante que están siendo prescritos a los
pacientes con espina bífida para el tratamiento de la mayor parte de los
síntomas asociados a esta enfermedad o derivados de la misma:
antagonistas del calcio, hipotensores, diuréticos, antipilépticos,
antidepresivos, bloqueadores alfa y beta, adrenérgicos, etcétera.
Como le decía, estamos trabajando para ampliar esas prestaciones, para
darles prestaciones complementarias, cosa que, por cierto, sus señorías
no hicieron en los 14 años de mandato.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
--DE DON JAIME LOBO ASENJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN RELACION CON LAS
TRANSFERENCIAS DE LOS CENTROS ESCOLARES DEPENDIENTES DEL MISMO AL
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA Y A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON
PLENAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE EDUCACION (680/000914).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Jaime Lobo
Asenjo, del Grupo Parlamentario Popular, sobre las previsiones del
Ministerio de Defensa en relación con las transferencias de los centros
escolares dependientes del mismo al Ministerio de Educación y Cultura y
a las Comunidades Autónomas con plenas competencias en materia de
educación.
Tiene la palabra el Senador Lobo Asenjo.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, como consecuencia de la profunda reforma que nuestras
Fuerzas Armadas han venido experimentando en la última década, que
concluirá en el año 2001 con su total profesionalidad, nuestros ejércitos
han pasado de ocupar de forma estática el territorio nacional a basar su
operatividad en la movilidad, la acción rápida y la reducción de su
número de efectivos. Como consecuencia de ello, muchos de los
acuartelamientos, campos de maniobra, viviendas de uso no logístico,
residencias, casinos y colegios para hijos de miembros de las Fuerzas
Armadas han dejado en la práctica de cumplir la misión para la que fueron
concebidos.
Por tanto, señor Ministro, en estos momentos mi interés consiste en
conocer si los centros de enseñanza --no militar, naturalmente, sino del
sistema educativo-- dependientes de su Ministerio van a pasar a depender
del Ministerio de Educación y Cultura o de las Comunidades Autónomas con
competencias transferidas en la materia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Lobo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señora
Presidenta.
Señoría, el preámbulo de su pregunta me exime de explicarle las razones
por las cuales era recomendable esa transferencia de centros. El cambio
sustancial, tanto por la magnitud, como por lo que al despliegue de las
Fuerzas Armadas se refiere, aconsejaban ir cediendo las competencias en
materia de centros escolares. Y así ha ocurrido desde el comienzo de esta
legislatura, en la que el Gobierno ha manifestado una clara voluntad de
acercamiento hacia la sociedad en todos los ámbitos, lo que en éste ya se
ha materializado en importantes convenios de colaboración para la cesión
de uso de centros docentes militares a las Comunidades Autónomas de
Cataluña, Baleares, Valencia y Canarias.
Con el resto de las Comunidades Autónomas que tienen transferidas
competencias de educación estamos manteniendo conversaciones para ceder
los centros docentes que se encuentran ubicados en ellas. Así, en el caso
de la Comunidad Autónoma de Madrid, existe un Real Decreto de 28 de mayo
de este año para el traspaso del personal no docente dependiente del
Ministerio de Defensa.
Durante el mes de septiembre pasado se agilizaron las conversaciones con
el fin de llegar a un consenso sobre el convenio de colaboración para la
cesión de uso de los centros docentes de La Marañosa, que tiene un
tratamiento especial debido a que allí se encuentran las instalaciones de
la fábrica de pólvora Marqués de Marcenado, cuyo cierre se recomienda por
no reunir las condiciones adecuadas.
Algo parecido se está haciendo con la Comunidad Autónoma de Murcia, donde
se ha traspasado el personal no docente en virtud de un decreto del mes
de junio, mientras que el convenio se encuentra en la Consejería
correspondiente de dicha Comunidad Autónoma para su aprobación
definitiva.
En Galicia se ha llegado a un acuerdo para la transferencia de todos los
colegios, a excepción del colegio Juan de Lángara, que no es propiedad
del Ministerio de Defensa sino de la Asociación de Huérfanos de la
Armada. Sin embargo, próximamente se publicará un real decreto para
transferir el personal no docente dependiente del Ministerio.
Y en cuanto a Andalucía, se han mantenido conversaciones durante varios
años, la última de las cuales se materializó durante el mes de febrero
pasado, aunque de momento no se ha podido llegar a un acuerdo debido a
que existen algunas discrepancias en las estipulaciones.
En general, señoría, cabe decir que a finales de este año o a principios
del 2000 --por tanto, al final de esta legislatura-- llevaremos a buen
término los convenios de cesión
de uso de los centros de Madrid, Murcia y Galicia. Y en lo que se refiere
a la Comunidad de Andalucía, el ministerio hará todo lo que esté en su
mano para alcanzar un convenio definitivo.
Esta voluntad de diálogo para favorecer a los afectados incluyes tanto al
personal no docente como al alumnado, así como las localidades donde se
encuentran ubicados los colegios.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JOAQUIN BASCUÑANA GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LOS EFECTIVOS MILITARES CON LOS QUE ESPAÑA PRETENDE
CONTRIBUIR A LA FORMACION DE UNA FUERZA DE INTERVENCION EUROPEA
(680/000913).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Joaquín
Bascuñana García, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los
efectivos militares con los que España pretende contribuir a la formación
de una fuerza de intervención europea.
Tiene la palabra el Senador Bascuñana García.
El señor BASCUÑANA GARCIA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el Gobierno español comunicó al Secretario General de las
Naciones Unidas, el señor Kofi Annan, durante su visita oficial a Madrid
el pasado mes de abril la intención de incorporarse formalmente al
sistema de fuerzas de reserva.
Sabemos que actualmente son más de ochenta los países que han manifestado
la voluntad de participar en este eficaz mecanismo que permite que las
misiones de paz sean cada vez más efectivas. La intención expresada por
el Gobierno fue suscrita el pasado día 5 de noviembre; ello supone para
el Gobierno español el compromiso de poner a disposición del organismo
internacional tropas y equipamiento para intervenir en misiones de paz.
Por ello, señor Ministro, la pregunta que le formulo es la siguiente:
¿cuáles serán los efectivos militares con los que España pretende
contribuir a la formación de una fuerza de intervención europea?
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señora
Presidenta.
Señoría, el desarrollo de las decisiones del Consejo Europeo de Colonia,
de junio pasado, ha exigido la celebración de unas conversaciones y
debates, que ahora mismo están en curso, con vistas a la próxima cumbre
de Helsinki. Uno de ellos, es el establecimiento de un objetivo de fuerza
--en terminología sajona «heat fine go»--, que consistiría en dotar a
Europa de las capacidades necesarias para reunir, a partir de los medios
y las capacidades nacionales y multinacionales preidentificados, una
fuerza que pudiera ser susceptible de despliegue rápido y de ser
sostenida por un período de hasta dos años, con una entidad de hasta
cuerpo de ejército --estamos hablando de unos 50.000 hombres--, capaz de
realizar cualquier misión de las de tipo «Petersberg», con los medios
necesarios de inteligencia, mando, control, logística y transporte, así
como los correspondientes y necesarios apoyos navales y aéreos. Se
desplegaría la fuerza en un máximo de 60 días, y está previsto que la
fecha pudiera ser a finales del año 2002. Se conseguiría, como digo, a
partir de las contribuciones nacionales, que deberán establecer los
mecanismos y procedimientos de consulta y cooperación necesarios para el
seguimiento del mismo. España apoya esta iniciativa: la entidad, el plazo
de despliegue y la sostenibilidad. (El señor Vicepresidente, Aguilar
Belda, ocupa la Presidencia.)
¿Cuánto puede corresponderle a España? En el caso más exigente, señoría,
teniendo en cuenta todos los parámetros, nunca sería mayor del 10 por
ciento de esa entidad. Estaríamos hablando de una fuerza de 5.000
hombres, entidad parecida a la que en los últimos años España ha ido
desplegando en los distintos teatros de operaciones, básicamente
Bosnia-Herzegovina y Kosovo, pero si además de ese despliegue que tenemos
se hiciera necesario, repito, un máximo del 10 por ciento de esa cantidad
de 5.000 hombres adicionales que ya tenemos desplegados, el actual
proceso, por un lado, de profesionalización, y por otro de modernización,
haría que en el plazo previsto, en el año 2002, España estuviera en
condiciones de proporcionar esa fuerza, teniendo en cuenta que la entidad
total debe ser el triple de la comprometida. Como está sucediendo en los
teatros a los que he hecho referencia, una fuerza es la que está, otra de
entidad similar es la que acaba de regresar, y otra la que se está
preparando, por eso hay que multiplicar por tres el número total. Pues
bien, suponiendo que España tuviera que comprometerse a una fuerza de esa
entidad, multiplicable por tres, estaríamos en condiciones, en la fecha
prevista, finales del 2002, de hacer esa contribución.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señor Ministro.
¿Desea intervenir, Senador Bascuñana? (Pausa.) Muchas gracias.
--DE DON JOSE LUIS MORALES MONTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE EL BENEFICIO QUE REPORTARA A ESPAÑA INCORPORARSE A LAS
FUERZAS DE RESERVA DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)
(680/000915).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): La siguiente pregunta es del
excelentísimo señor don José Luis
Morales Montero, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el
beneficio que reportará a España incorporarse a las fuerzas de reserva de
la Organización de las Naciones Unidas.
Tiene la palabra, Senador Morales Montero.
El señor MORALES MONTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Queda formulada la pregunta en sus propios términos. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señoría.
Tiene la palabra, señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, el sistema de fuerzas en reserva está basado en recursos que
comprometen los Estados miembros de las Naciones Unidas de manera
condicional para operaciones de mantenimiento de la paz. Estos recursos,
personal militar y civil, material, equipamiento y servicios podrían ser
puestos a disposición de las Naciones Unidas en unos tiempos de respuesta
que se establecen para estas operaciones y se encuentran en situación de
espera en el país de origen.
España, como saben sus señorías, se encuentra totalmente comprometida
como uno de los países participantes en el foro de Naciones Unidas, y con
la firma del memorando de entendimiento sobre la aportación española al
sistema de acuerdo de fuerzas en reserva hemos dado un paso adelante,
dentro del continuo y ya largo proceso de colaboración, con las
operaciones de mantenimiento de paz que viene prestando nuestro país.
De este modo, señoría, se consuma la decidida voluntad del Gobierno de
cumplir --transcribo literalmente-- el compromiso de conseguir un orden
internacional más estable y seguro basado en la convivencia pacífica, en
la defensa de la democracia y de los derechos humanos y en el respeto a
las normas del Derecho Internacional. Este párrafo que acabo de leer
corresponde a la Directiva de defensa nacional 1/1996, que continúa
especificando que este compromiso se hace evidente con nuestra presencia
y decidida participación en operaciones de paz.
Con el acto oficial de la firma de este memorando el pasado 5 de
noviembre en Nueva York, nos sumamos al grupo de 29 países que ya lo han
hecho, con la finalidad de fortalecer la capacidad de despliegue rápido
de la organización internacional, facilitando al Departamento de
operaciones de mantenimiento de paz el planeamiento operativo y logístico
de futuras operaciones, así como la constitución de la fuerza que debe
intervenir.
Sólo dos acotaciones para terminar. Primera, que la filosofía de
participación no es un compromiso que hipoteca unas fuerzas a disposición
de la ONU, pues la decisión final corresponde siempre al Gobierno de la
nación, que analizará en cada caso la participación; segunda, que el
beneficio para España, señorías, es demostrar una vez más que somos una
nación solidaria con el espíritu de la paz y la convivencia pacífica
entre los pueblos que constituyen la comunidad internacional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, señor Ministro.
Senador Morales, ¿desea su señoría intervenir? (Denegaciones.)
--DE DON LUIS ESTAUN GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS
PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA REDACCION Y EJECUCION DE LOS
PLANES DE SEGURIDAD DE LAS PRESAS (680/000902).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pregunta del excelentísimo señor
don Luis Estaún García, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las
previsiones del Gobierno con respecto a la redacción y ejecución de los
planes de seguridad de las presas.
Para formular la pregunta tiene la palabra el Senador Estaún.
El señor ESTAUN GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la pregunta que le formulo hace referencia a un tema
importante de seguridad preventiva, tanto cuantitativa como
cualitativamente, y que en mayor o menor medida afecta a todo el conjunto
del Estado.
Por dar una idea de la dimensión de esta cuestión, diré que en España
existen, aproximadamente, 1.200 grandes presas en servicio. Se consideran
grandes presas, en función del Reglamento de Seguridad de Presas,
aprobado el 12 de marzo de 1996, aquéllas con una altura superior a 15
metros desde los cimientos, con una longitud de coronación superior a 500
metros, con una capacidad de embalse superior a un millón de metros
cúbicos o con una capacidad de desagüe superior a los 2.000 metros
cúbicos por segundo.
Como decía, según estos parámetros España es el quinto país del mundo en
número de grandes presas, y este dato es una muestra de la experiencia y
conocimientos acumulados sobre estas infraestructuras y también de los
riesgos potenciales que esta cifra conlleva.
Volviendo al Reglamento que he citado, en su exposición de motivos
explica que su objetivo es fijar los criterios de seguridad que han de
tenerse en cuenta para prevenir y limitar social y ambientalmente los
riesgos potenciales que estas infraestructuras puedan representar.
Asimismo, el Reglamento define tres tipos de presas en función del riesgo
potencial que puede derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento
incorrecto, clasificándolas en tres categorías: A. Presas cuya rotura o
funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o
servicios esenciales; B. Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto
puede ocasionar daños materiales o medioambientales importantes o afectar
a un reducido número de viviendas, y C. El resto de presas por defecto.
Señora Ministra, el Reglamento preveía que su aplicación fuera
progresiva, y en una primera etapa se contemplaba la clasificación de
todas las presas en alguna de estas categorías, clasificación que debería
finalizar como máximo en un plazo de dos años a contar desde 1996, esto
es, en marzo de 1998. Supongo que la señora Ministra nos podrá confirmar
hoy si esta tarea se ha finalizado.
A resultas de esta clasificación, para las presas que se consideren del
tipo A. y B., o sea, las potencialmente más peligrosas, el Reglamento
fija un año de plazo para adecuar el archivo técnico de la presa al
Reglamento. Lo que eso significa, en definitiva, es que hay que dotarlas,
entre otras exigencias, de un plan de emergencia ante el riesgo de avería
grave o rotura de presa. En este caso, el plazo cumpliría en marzo de
1999.
Con estos antecedentes, señora Ministra, le pregunto sobre el grado de
cumplimiento de los plazos en lo que se refiere a la redacción de estos
planes de seguridad de presas y sobre su desarrollo posterior, que supone
tomar las medidas necesarias para corregir las deficiencias detectadas,
realizando las necesarias modificaciones en las presas, sus instalaciones
complementarias o en su régimen de explotación.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Estaún.
Tiene la palabra la señora señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
En el listado de presas de las que habla su señoría, no figuran 1.200,
sino que el Estado tiene inventariadas 1.300, de las cuales 372 son de
titularidad estatal. A nadie debe extrañarle que exista esta situación en
la medida en que España, como se sabe, es un país que tiene una situación
pluviométrica muy compleja, muy diversa, y eso exige que, para poder
tener una disponibilidad de recursos hídricos, por lo menos al 40 por
ciento de lo que tienen otros países de forma natural, nosotros
necesitamos hacer obras de regulación en este porcentaje. Esta es la
razón por la que existen esas presas.
En cualquier caso, lo que el Gobierno sigue haciendo es trabajar, tal y
como lo viene haciendo durante estos tres años y medio, con el fin de
poder tener clasificadas todas las presas según su riesgo potencial.
Este Reglamento al que su señoría se refiere es precisamente el que habla
de la clasificación de las presas de titularidad estatal, por tanto, no
son las 1.300, sino las 372, y de éstas, el Estado ya ha resuelto 246.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Estaún.
El señor ESTAUN GARCíA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, he estudiado el Reglamento, y entiendo que se está
obligado a clasificar en distintos plazos, pero todas, ya sean de
titularidad estatal o de otros concesionarios, de otras titularidades.
Por tanto, hay un primer comentario que hacer que es que todavía no se ha
terminado la clasificación de las de titularidad estatal, lo cual ya me
parece bastante grave. Pero es que queda todavía un número importantísimo
de presas por clasificar, y debería apremiarse a sus titulares. El
Reglamento prevé que sea la administración hidráulica la que lo haga y
que sea usted, como máxima responsable de esa Administración, la que
diligencie esa gestión.
Señora Ministra, he de recordarle que la Comisión Especial de Prevención
y Asistencia en Situaciones de Catástrofe, en el informe que elaboró y
aprobó la Cámara en Pleno, a finales del año pasado, hacía una serie de
propuestas y recomendaciones a corto, medio y largo plazo. En las
recomendaciones a corto plazo pedía al Gobierno que, basándose en el
Reglamento de Seguridad que hemos comentado, se debería impulsar y
finalizar la clasificación de las presas según su nivel de riesgo...
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Estaún, ha terminado su
tiempo. Concluya.
El señor ESTAUN GARCIA: Sí, señor Presidente.
Termino diciendo que es un problema serio, que el Gobierno debería tomar
cartas en el asunto de una manera más operativa, más diligente de la que
lo está haciendo.
Muchas gracias, Senador Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Estaún.
Tiene la palabra la señora señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
Precisamente porque la seguridad de las presas es el tema más serio,
ninguna presa se proyecta, se programa, se licita, se, empieza a
construir, se finaliza y se llena, sin tener la absoluta garantía de que
tiene esa seguridad.
En ese Reglamento que ha leído a lo mejor le faltan por leer algunos
artículos. La Orden Ministerial que aprueba ese Reglamento Técnico de
Seguridad de Presas y Embalses del 12 de marzo de 1996 se circunscribe
exclusivamente al ámbito de las competencias del Estado a cuencas
intercomunitarias, y ya que parece que su señoría no lo recuerda o no lo
ha leído, le informo de que, respecto a las demás, la obligación de hacer
esa clasificación corresponde al titular de la presa. Eso significa que,
del resto de las presas, tenemos en este momento, por parte de sus
titulares, 103 propuestas de clasificación. Puede parecerle a su señoría
que de 372 tener ya clasificadas 246 es muy poco. Ojalá en tres años y
medio tuviéramos el 100 por cien, pero quiero recordar a su señoría que
con anterioridad no se hizo, en absoluto, la clasificación de ninguna de
esas presas. Es más: existiendo todas esas presas en España, como existen
desde hace muchísimos
años, curiosamente no había ni siquiera un reglamento que las pudiera
autorizar y decir cómo había que clasificarlas. Nosotros no sólo hemos
puesto en marcha ese Reglamento sino que, además, hemos redactado una
guía técnica de clasificación de presas en función de su riesgo
potencial; hemos elaborado una guía técnica para la elaboración de planes
de emergencia de presas, y hemos firmado un convenio con el Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas, el Cedex, para que nos
defina cuáles son los modelos hidráulicos que deben emplearse.
Sin lugar a dudas, señoría, se podría haber hecho mucho más, pero créame
--se lo digo sinceramente-- que clasificar esas presas y estar ya en fase
de ir terminando las restantes nos parece que es una gran labor que exige
rigor y seriedad, que es como está trabajando el Gobierno.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señora Ministra de
Medio Ambiente.
--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN
ORDEN A REVISAR EL MARCO JURIDICO DE LA COMISION NACIONAL DE COOPERACION
CON LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA
Y LA CULTURA (UNESCO), CON EL FIN DE QUE LAS DIVERSAS CULTURAS DE ESPAÑA
ESTEN MEJOR REPRESENTADAS EN ELLA (680/000901).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pregunta del excelentísimo señor
don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno en orden a
revisar el marco jurídico de la Comisión Nacional de Cooperación con la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, con el fin de que las diversas culturas de España estén mejor
representadas en ella.
Tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el día 18 de noviembre compareció ante la Comisión de
Educación y Cultura del Senado el Secretario General de la Comisión de
Cooperación con la UNESCO, don Carlos Spottorno, excelente funcionario y
excelente persona, quien nos explicó cómo funcionaba esta Comisión.
También expuso que, si bien a partir del Real Decreto del año 1994, en el
que se contemplaba la participación de las Autonomías en esta Comisión
Nacional, la representación de éstas había mejorado, en el Consejo
Ejecutivo de la misma ese aspecto no acababa de funcionar bien, y que de
hecho se había paralizado durante cuatro años la aplicación del Real
Decreto --entre 1994 y 1998-- al haberse decidido que, según la
representación establecida, tan sólo se puede elegir cada dos años a tres
representantes de Comunidades Autónomas para la renovación de miembros
del Consejo Ejecutivo, con lo cual, en el propio Consejo no se acababan
de poner de acuerdo acerca de cuáles deberían ser concretamente las
Comunidades Autónomas representadas.
Le pregunté al señor Spottorno si era posible ampliar el número de
Autonomías para que las diversas culturas de España estuviesen
representadas en ese Consejo Ejecutivo de la Comisión y de ese modo todo
funcionase mejor, y me contestó exactamente lo siguiente: Creo que si
esto se cambia se le facilitaría la vida a la Comisión Nacional, pero eso
es papel de ustedes los legisladores. El Senador Iglesias insistió en esa
misma cuestión, y el señor Spottorno respondió que no creía que se
pudiese producir ningún cambio fundamental en la vida española de
aceptarse eso.
Por otra parte, sabe el señor Ministro que existen Comisiones
territoriales en Cataluña que tienen relación con la UNESCO, y que quizá
sería conveniente que éstas se reconocieran para que, en coordinación con
la Comisión Nacional Española con la UNESCO, éstas pudiesen potenciarse
mejor para que lanzasen un mensaje universal sobre las diversas culturas
que existen en España.
Por eso, señor Ministro, le pregunto: ¿Tiene el Gobierno la intención de
revisar el marco jurídico de la Comisión Nacional de Cooperación con la
UNESCO a fin de que las diversas culturas de España estén mejor
representadas en ella?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor Presidente.
El Real Decreto a que el señor Senador se ha referido, que regula la
Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, pretende
reflejar, en la participación española, esa realidad pluricultural y
plurilingüística de España dentro de la proyección internacional de
nuestra cultura a la que se ha referido el señor Senador y,
efectivamente, para alcanzar esos objetivos, establece un representante
para cada una de las Comunidades Autónomas a fin de que forme parte del
Pleno de esa Comisión Nacional. Y como muy bien decía su señoría, sólo
tres representantes de esas Comunidades Autónomas pueden ser elegidos
cada dos años para formar parte del Consejo Ejecutivo, que es, en
definitiva, el órgano que cuenta a la hora de reflejar esa cultura
plural.
Desde luego, comparto las ideas que su señoría ha expuesto respecto de la
conveniencia de reforzar esa representación. Creo que el modo más eficaz
de hacerlo sería ampliando el número de representantes en ese Consejo
Ejecutivo, de tal modo que quedase garantizada la presencia, al menos, de
cada una de las lenguas cooficiales de España en dicho órgano. Desde
luego, este Ministro cree que
una modificación del Real Decreto en este sentido supondría una mejora
para lograr el objetivo que tiene marcado la Comisión, el de reflejar esa
realidad a la que su señoría se ha referido.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco la respuesta dada por el señor Ministro.
Para terminar mi intervención, quiero transmitirles las palabras que hace
pocos días pronunció en una entrevista en el «Avui» una persona tan
representativa como Federico Mayor Zaragoza. Cuando le preguntamos por
esta cuestión, dijo --traducido al castellano--: «España es un mosaico y
ésta es nuestra riqueza. Esta diversidad en el mundo de hoy es una
grandeza.» Por tanto, que demos pasos para garantizar que esta diversidad
se potencie y podamos exportarla a todo el mundo es importante. Por eso,
agradezco tanto las palabras del señor Ministro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra, señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor Presidente.
Quiero ratificar las palabras del ex Director General de la UNESCO, señor
Mayor Zaragoza, sobre que ese mosaico es nuestra riqueza; las comparto
plenamente y, además, tuve ocasión de comentarlas con el señor Mayor
Zaragoza con motivo del homenaje de despedida que se le hizo en París
hace unas semanas.
Por lo tanto, espero que seamos capaces de acometer y llevar a buen
término esa reforma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JOSE CASTRO RABADAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO DE LAS CAUSAS QUE HAN PROVOCADO LA
DIMISION DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL (AECI) (680/000906).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pregunta del excelentísimo señor
don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
valoración que hace el Gobierno de las causas que han provocado la
dimisión del Presidente Ejecutivo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional.
Para formular la pregunta, tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Le formulo la pregunta en los términos en que la ha expresado el señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Castro.
Tiene la palabra, señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor Presidente.
El Gobierno reitera lo ya expresado con anterioridad sobre este asunto.
El señor Espinosa presentó su dimisión como Secretario General de la
Agencia --por cierto, yo y todo el Ministerio lo lamentamos mucho-- por
razones exclusivamente personales y ajenas a su gestión en dicho cargo.
La gestión fue impecable, pero el señor Espinosa quiso ahorrar
sufrimientos innecesarios a su familia por las prácticas inquisitoriales
de que fue objeto por temas en los que ni siquiera está procesado, que
son muy anteriores a su actividad como Secretario General y que, por lo
tanto, nada tenían que ver con su gestión.
El Gobierno ha aceptado su dimisión, atendiendo a los deseos del señor
Espinosa de poder defender su honorabilidad personal sin presiones y para
evitar poder arrojar cualquier duda sobre su labor impecable --repito--
como Secretario General de la AECI. El Gobierno desea reiterar la muy
positiva valoración que tiene del señor Espinosa al frente de la Agencia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señor Ministro.
Senador Castro Rabadán, tiene la palabra.
El señor CASTRO RABADAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, los motivos personales que usted reafirma, y que, por
tanto, tendrán que ver con la persona que ha cesado o dimitido --es lo
mismo--, también tendrán que ver con los motivos que su persona ha
generado en la gestión de la AECI.
Ya le digo que dimisión o cese es lo mismo, lo grave es que Luis Espinosa
mereciera la confianza del Gobierno para ocupar el cargo de Secretario
General de la AECI, cuando su trayectoria profesional era notoria y
conocida y no por sus buenos resultados.
Luis Espinosa, a pesar de sus palabras, será juzgado en la Audiencia
Valenciana como supuesto coautor de un delito de quiebra fraudulenta;
hecho ocurrido, como usted bien dice, en 1989 y por el que se le piden
siete años. Sus recursos han sido desestimados.
Entre el año 1993 y 1995 el Tribunal de Cuentas encontró indicios de
delito en la Confederación Española de Valencia, siendo Luis Espinosa
Secretario General de la misma. Luis Espinosa es Director General en
excedencia
del Consejo de Cámaras Oficiales de la Comunidad Valenciana, y, siendo ya
Secretario de la AECI, concedió subvenciones a dicho Consejo para
realizar un plan de turismo en Perú que se financia por la AECI con 420
millones de pesetas. En mi tierra se dice que es ser el Juan Palomo de la
cooperación internacional.
El nombramiento de Espinosa se realizó pensando que era --como usted
dice-- un gestor eficaz, con mentalidad privada para modernizar la
cooperación, pero más bien fue una imposición del Partido Popular
valenciano con fines aún no aclarados desde el punto de vista de su
financiación.
Por otra parte, la coordinadora de organizaciones no gubernamentales
denuncia que la ayuda al desarrollo que Espinosa realizaba, con un
presupuesto de más de 42.000 millones de pesetas, estaba siempre ligada
a cambio de compras y contrataciones con empresas españolas determinadas
y cercanas a su entorno. Espinosa subvencionó en 1997 a una ONG
denominada Pueblos Fraternos, que está ligada al PP --como ha reconocido
el propio Presidente de dicha ONG, Alfredo Hernández-- donde se
realizaban cursos de formación a voluntarios.
El Gobierno, a través de algún Ministro --usted mismo, en este caso-- ha
llegado a decir que la gestión de Espinosa era irreprochable y positiva;
ahora vemos cómo ha acabado: en cese, dimisión o viceversa; tanto monta,
monta tanto. El escándalo llegó con él.
Detrás de todo este asunto se trasluce algo oscuro, financieramente
hablando. ¿Será que el señor Espinosa fue nombrado por motivos --no lo
dudo-- populares y que ha sido obligado a dimitir --procesado-- por
motivos personales? En definitiva, populares y personales son los motivos
que se definen como motivos del PP.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Castro, vaya
concluyendo.
El señor CASTRO RABADAN: Para terminar, señor Presidente, ¿será el caso
Espinosa otro caso Naseiro?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Castro.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor Presidente.
Los proyectos de cooperación que cada año se cofinancian desde la Agencia
afectan a múltiples organizaciones no gubernamentales, unas
independientes, otras vinculadas a organizaciones de caridad, en otros
casos vinculadas a los distintos partidos políticos y, desde luego, entre
ellas hay un buen número vinculadas al Partido Socialista.
En todo caso, los hechos a los que se refiere el señor Senador nada
tienen que ver con la gestión del señor Espinosa como Secretario de la
Agencia y, según mis noticias, por esos hechos anteriores --muy
anteriores-- ni siquiera está procesado.
Lo cierto es que las razones personales sí son muy importantes para
aquellas personas que ponen la honorabilidad al nivel de la importancia
que requiere y yo quiero decir --para despejar las dudas del señor Castro
Rabadán y de este Senado-- que con este Gobierno se han acabado los
escándalos.
Con este Gobierno se han acabado los escándalos de los fondos reservados,
con este Gobierno se han acabado los escándalos de Malesa, con este
Gobierno se han acabado los escándalos de Filesa, con este Gobierno se
han acabado los escándalos de Time Export y con este Gobierno se han
acabado los escándalos de Viajes Ceres. Desde luego, con este historial
creo que su señoría debería ser un poco más elegante --o, al menos, un
poco más modesto-- y más prudente a la hora de hacer imputaciones a una
persona que ni siquiera está procesada.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JUAN SEVA MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA VALORACION QUE REALIZA EL GOBIERNO DE LA IX CUMBRE
IBEROAMERICANA CELEBRADA EN CUBA (680/000912).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): De don Juan Seva Martínez, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que realiza
el Gobierno de la IX Cumbre Iberoamericana celebrada en Cuba.
Para formular la pregunta, tiene la palabra el Senador Seva Martínez.
El señor SEVA MARTINEZ: Queda planteada en los mismos términos en que la
ha leído el señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Seva.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias, señor
Presidente.
La IX Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar en La Habana, se ha saldado
con unos resultados ciertamente positivos. La comunidad iberoamericana ha
salido fortalecida --como tal comunidad-- y el mecanismo de las cumbres
iberoamericanas ha demostrado ser el instrumento más adecuado y eficaz
para articular nuestra voz en el mundo.
Quiero subrayar la presencia constructiva en La Habana de todos los
países iberoamericanos, así como la voluntad de consenso que ha presidido
los trabajos en todo momento.
Resultan también satisfactorios los contenidos de la Cumbre y la
armonización de los puntos de vistas en
nuestros países en relación con el diseño e instrumentación de nuestras
políticas económicas y con la situación financiera internacional
constituye un paso muy importante
Sin duda, otro de los éxitos más destacados ha sido la creación del
primer órgano permanente de las cumbres, la Secretaría de Cooperación
Iberoamericana, en la línea, precisamente, de las reformas propuestas por
España. Esta Secretaría hará posible un seguimiento permanente, un mayor
control y una mejor coordinación de los programas de cooperación
iberoamericanos. Acordamos también designar como Secretario de este
secretariado al Embajador de Méjico, Jorge Alberto Lozoya, y se designó
Madrid como sede de la Secretaría. Esta decisión constituye una muestra
más del peso y de la confianza que merece nuestro país y un alto honor
para nosotros. Asimismo, se designó a La Rábida como lugar de encuentro
iberoamericano, un motivo de satisfacción añadida.
En conclusión, La Habana ha demostrado la voluntad de la comunidad
iberoamericana de mantenerse unida y de actuar con completa autonomía en
el orden internacional, donde su presencia es cada día más fuerte, más
relevante y más seguida por la opinión pública mundial.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señor Ministro de
Asuntos Exteriores.
--DE DON JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE SI LA VALORACION DE LA COMPAÑIA BINTER CANARIAS, S. A., PARA SU
VENTA SUPONE RIESGOS PARA QUE SU CAPITAL SOCIAL PERMANEZCA EN CONDICIONES
QUE IMPIDAN UNA VENTA A TERCEROS (680/000890).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pregunta del excelentísimo señor
don Jerónimo Saavedra Acevedo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si la valoración de la compañía Binter Canarias, S. A., para su venta
supone riesgos para que su capital social permanezca en condiciones que
impidan una venta a terceros.
Para formular la pregunta, tiene la palabra el Senador Saavedra.
El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el pasado viernes el Consejo de Administración de SEPI
adoptó el acuerdo de vender a un consorcio de capital canario la empresa
filial de Iberia, Binter, por un importe de 5.500 millones de pesetas. A
ello se ha unido unas declaraciones del Presidente de Iberia, que he
leído en la prensa del pasado lunes, en las que manifiesta que se
establecen ciertos límites o garantías a los adquirentes, en el sentido
de no poder vender más del 25 por ciento a ciertos accionistas que
considera peligrosos la compañía Iberia, e igualmente en el mantenimiento
del «handling» y otra serie de servicios.
Quisiera formularle la pregunta en los términos en que está expresada y,
si es posible, quisiera también conocer los criterios que han llevado a
la valoración en 5.500 millones del patrimonio de Binter.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Saavedra.
Para contestar a la pregunta, tiene la palabra el señor ministro de
Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, efectivamente, el Consejo de Administración de SEPI del pasado
día 26 de noviembre aprobó la venta del cien por cien de las acciones de
Binter Canarias. Ahora hace falta para la formalización de la misma la
autorización del Consejo de Ministros y, previamente, el dictamen del
Consejo Consultivo de Privatizaciones. Por tanto, estamos ante una fase
del proceso de privatización, y creo que no hay razón para que su señoría
esté preocupado, tal y como manifiesta en la pregunta concreta que ha
planteado, porque entendemos que el precio de venta es acorde con la
valoración de la compañía y está perfectamente establecido con lo
previsto en el acuerdo del Consejo de Ministros que, en su día, aprobó el
Programa de modernización del sector público empresarial del Estado.
Tengo que decirle también que con el fin de cumplir con los requisitos de
estabilidad en la gestión y en el accionariado, exigidos en las
negociaciones que se han mantenido para la privatización de la empresas,
las dos Cajas de Ahorros y Hesperia, Inversiones Aéreas --que suponen,
por otra parte, el 95 por ciento del accionariado-- conforman un grupo
estable que garantiza su mantenimiento a largo plazo, por lo menos
durante cinco años, en el accionariado de Binter Canarias. Por tanto,
creo que es una operación que se ha negociado bien, que permite que haya
tranquilidad por parte de todos, y que espero pueda confirmarse por parte
del Consejo de Ministros lo antes posible.
Gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Saavedra.
El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, yo estaría tranquilo acerca de la valoración si no
existieran unas declaraciones, de hace aproximadamente un mes, de
portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias,
señor Sánchez Simón, en las que refiriéndose a los 5.500 millones señala
que supone --textualmente-- un «pelotazo» de alto riesgo, ya que existe
la posibilidad de que de forma indirecta se dé la llave de oro a un
determinado accionista para que venda su participación con posterioridad.
Yo no sé si ese determinado accionista, junto a las cajas de ahorros
canarias,
que van a adquirir el 40 por ciento, 20 y 20 cada una de ellas, es el
que, según los datos, posee el 50 por ciento dentro de una empresa que
tiene el 60 por ciento. Es decir, si ésa es la llave de oro, si existe el
accionista, quisiéramos conocer las razones por las que su compañero de
Partido --nada menos que el portavoz en el Parlamento de Canarias del
Grupo Popular-- considera como un «pelotazo» de alto riesgo esta
operación. Porque, efectivamente, en una flota de 12 aeronaves --una de
las cuales fue adquirida el pasado año por un importe superior a 3.000
millones de pesetas-- es extraño que su patrimonio se quede reducido a
esa cifra.
Quisiera conocer cómo se ha hecho esa valoración --si fueron auditorías
internas o auditorías externas-- para tener la tranquilidad y obtener la
transparencia necesaria en un proceso de privatización tan importante
para el servicio entre islas en Canarias.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Saavedra.
Tiene la palabra el señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Efectivamente, le puedo comentar un poco el método de valoración, a
partir del acuerdo del Consejo de Ministros que crea el Programa de
modernización del sector público.
En toda operación de privatización de cualquier empresa debe solicitarse
un informe externo que indique la valoración estimada y el método
utilizado. En marzo de 1998 se nombró como asesor para la privatización
de Binter Canarias a una empresa de suficiente prestigio como es el «BBV
Corporated». La valoración se basó en los datos auditados de los años
1996 y 1997 y en las proyecciones realizadas por Binter Canarias y su
matriz, que partían de las hipótesis de continuación del negocio en
condiciones similares y consideraban ya la aplicación de las medidas
previstas en el Plan Director de lberia, que ya había dado resultados
positivos en el año 1997.
El método aplicado ha sido un método absolutamente normal, el de los
descuentos de flujos de caja libres esperados por la compañía en el
futuro, y ésta, como es sabido, es una metodología muy fiable a efectos
de valoración. Por otra parte, este método se contrastó con el de
múltiplos de cotización de compañías de transporte aéreo que operan en
Europa, y según todo ello se estimó el valor de la compañía, del 100 por
cien de las acciones, en el entorno de 5.500 millones de pesetas.
Quisiera recordarle que a la vista de los diferentes oferentes, o de los
diferentes posibles compradores, ésa era una valoración francamente buena
porque en su momento dos oferentes habían ofrecido, por una parte, 3.250
millones y, por otra, 1.115 millones de pesetas. Por lo tanto, nos parece
que el precio es muy adecuado y desde ese punto de vista satisfactorio.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON LUIS ESTAUN GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS
PREVISIONES DEL GOBIERNO ACERCA DE CONSTRUIR UNA AUTOVIA QUE UNA LLEIDA,
HUESCA Y PAMPLONA (NAVARRA) (680/000900).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pregunta del Excelentísimo señor
don Luis Estaún García, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las
previsiones del Gobierno acerca de construir una autovía que una Lleida,
Huesca y Pamplona.
Para formular la pregunta, tiene la palabra el Senador Estaún.
El señor ESTAUN GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no es ésta la primera vez que se trata en esta Cámara
sobre esta cuestión. Por parte del Partido Aragonés y también de otros
grupos políticos, incluso del que sustenta su Gobierno, se han sucedido
numerosas iniciativas para impulsar este proyecto del que cada día que
pasa se hace más evidente su necesidad.
Ultimamente --y he de felicitar por ello al Gobierno-- se han producido
importantes novedades en el asunto ya que finalmente, después de casi
tres años desde su adjudicación --se adjudicó con un plazo de un año de
ejecución en enero de 1997, esto es, con dos años de retraso--, se ha
presentado el estudio informativo de la futura autovía entre Huesca y
Lleida, que se halla en fase de información pública o a punto de
iniciarla. Además de un trazado seleccionado por los técnicos del
Ministerio --aunque no definitivo a expensas de las alegaciones--, se
indicaban unos cálculos de presupuesto superior a los 50.000 millones de
pesetas para unos 106 kilómetros de autovía.
Junto a estos datos positivos, señor Ministro, los propios técnicos
añadían que en el mejor de los supuestos, si los trámites administrativos
se cumplían según lo previsto y existía dotación suficiente en los
presupuestos del Estado, la autovía entre Huesca y Lérida podría entrar
en servicio en torno al año 2009. Este plazo, como puede imaginar, ha
supuesto una decepción en el Alto Aragón ya que llevamos mucho tiempo
reivindicando esta infraestructura y también padeciendo el intenso
tráfico en la carretera nacional 240. Además, las condiciones respecto a
plazos administrativos y a consignaciones presupuestarias nos preocupan
y generan muchas dudas, puesto que en el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado que vamos a debatir en breve en esta Cámara no se
contempla ninguna partida para esta autovía y las enmiendas que ha
presentado nuestro Partido, el Partido Aragonés, para agilizar esta
redacción de proyectos y ejecución han sido rechazadas por el Grupo que
sustenta al Gobierno.
También se acrecienta esta preocupación cuando vemos que el plan más
ambicioso de inversiones de este Gobierno, el Plan de Desarrollo
Regional, con unos 27 billones
de pesetas de inversión hasta el año 2006, no incluye ninguna de las tres
Comunidades afectadas por esta autovía, que serían Navarra, Aragón y
Cataluña, en lo que se constituye una verdadera paradoja estadística para
muchas comarcas de Huesca, Aragón y Teruel.
Por tanto, señor Ministro, el verdadero sentido de esta autovía no se
agota entre Huesca y Lérida, porque tiene importancia en sí misma, sino
que también abarca un eje de máximo interés para varias Comunidades
Autónomas, como la autovía entre Pamplona y Lérida y las continuaciones
hacia Barcelona y San Sebastián que están ejecutadas. Lo dicho se refiere
a la autovía Huesca-Lérida, que está ya en un plazo de 10 años, pero la
situación de la futura autovía hasta Pamplona es aún menos clara, ya que
no existe un pronunciamiento claro desde el Ministerio y se habla de una
vía de conexión, sin que se haya decidido el itinerario, mientras también
se está pendiente de la necesaria variante ante el decrecimiento del
embalse de Yesa.
Por tanto, hay otras noticias, como es la firma de un protocolo entre el
Ministerio y el Gobierno de Navarra para la mejora de esa carretera
nacional-240, con el dato añadido de que hace más de un año se licitó la
realización del estudio, «corredores al norte del valle del Ebro», sin
que se conozcan novedades al respecto.
Por tanto, señor Ministro, no estamos hablando de un proyecto de interés
puramente local, sino de un eje vertebrador, que va desde el Mediterráneo
al Cantábrico y que, desde luego, supone una reivindicación de todas las
instituciones afectadas, de las Comunidades Autónomas y de otros entes de
las más diversas adscripciones políticas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Estaún.
Tiene la palabra el señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, yo comparto plenamente su preocupación por este problema, que es
importante, pero le tengo que decir que, según la información que me
facilita el Ministerio de Fomento, la actuación se encuentra en distintos
niveles de estudio. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Por
tanto, no es posible en estos momentos concretar fechas, ni por otra
parte la que usted ha dado para la ejecución, que vendrán determinadas
por la tramitación administrativa que queda por cubrir.
Asimismo, quiero decirle que es impropio denominar autovía al tramo que
va de Pamplona a Lleida, pues sólo tiene este carácter entre Huesca y
Lleida, y la sección transversal del resto hasta Pamplona va en función
de los tráficos que deba soportar. Una autovía de estas características
sería una oferta de transporte de gran capacidad, como es natural, y, por
tanto, una competencia gratuita de las autopistas de peaje existentes, la
A-68 y la A-2 en el mismo corredor. Por tanto, se podría producir un
aprovechamiento disimétrico de las infraestructuras, vaciando la
autopista de peaje.
En cualquier caso, entre Lleida-Pamplona, las previsiones del Ministerio
de Fomento comprenden la ejecución de una vía de comunicación, cuya
definición es objeto de la elaboración de dos estudios que hay que
diferenciar: entre Lleida y Huesca y, como es natural, entre Huesca y
Pamplona.
En referencia al primer tramo entre Lleida y Huesca, el estudio
informativo de la autovía fue aprobado provisionalmente el pasado día 5
de noviembre, y próximamente será sometido a los preceptivos trámites de
información pública y declaración de impacto ambiental, tras lo cual
podrá procederse a la aprobación definitiva del estudio y a la
elaboración de las órdenes para la redacción de los proyectos de trazado
y construcción.
A tal fin, el anexo de inversiones reales del proyecto de presupuestos
para el año 2000 contempla ya una dotación económica de 100 millones de
pesetas para proseguir la redacción de los proyectos.
En cuanto al tramo entre Huesca y Pamplona, es objeto de la redacción de
un estudio previsto, recientemente adjudicado, denominado «corredores al
norte del valle del Ebro», que determinará el tipo de vía y trazado, así
como la solución de conexión entre Huesca y Pamplona y ejercerá de
conexión del eje cantábrico con el eje norte-sur de Aragón con el
itinerario Sagunto-Somport, al norte del valle del Ebro.
El plazo previsto para su redacción es de 12 meses. Para la realización
de este estudio se formalizó el día 10 de marzo de 1998 un protocolo de
colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Diputación Foral de
Navarra, con el objeto de decidir el tratamiento a aplicar al tramo de la
carretera nacional-240, entre la nacional-330 y Pamplona. Asimismo,
durante la redacción del citado estudio previo se recopilarán y
analizarán los datos necesarios para definir en líneas generales los
trazados de las diferentes opciones, previo análisis de ventajas e
inconvenientes de cada una de ellas, así como la definición de las
características técnicas de esta futura autovía.
A la vista de lo expuesto, y por lo que respecta a la programación para
el inicio y finalización de las obras, cabe indicar que éstas vendrán
determinadas por la tramitación administrativa que queda por cubrir, es
decir, aprobación definitiva de los estudios, previa emisión de la
correspondiente declaración de impacto ambiental por el Ministerio de
Medio Ambiente, y redacción de los proyectos de trazado y construcción,
tras cuya aprobación se podrá proceder a la licitación y posterior
contratación de las obras, desde luego, en el plazo más rápido posible.
Muchas gracias, señoría.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JOSE FERNANDEZ CHACON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS MEDIDAS CONCRETAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA SUPERAR LA
CRISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION NAVAL EN ESPAÑA (680/000905).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta del excelentísimo señor don
José Fernández Chacón, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
medidas concretas que piensa adoptar el Gobierno para superar la crisis
del sector de la construcción naval en España.
Tiene la palabra el Senador Fernández Chacón.
El señor FERNANDEZ CHACON: Muchas gracias, señora Presidenta.
Doy por reproducida la pregunta, tal y como la ha formulado la señora
Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, como usted sabe, ya que estaba presente en mi comparecencia del
pasado martes, día 23 de noviembre, en la Comisión de Industria de esta
Cámara, tuve ocasión de declarar, en primer lugar, que el Gobierno va a
continuar actuando en el marco de la Unión Europea para atacar
frontalmente la causa fundamental de la situación crítica actual del
sector de la construcción naval, que deriva de la competencia desleal de
Corea y otros países. También anuncié, como lo hice el día anterior con
los sindicatos, que el Gobierno está trabajando intensamente y con
carácter urgente para que a final de año se hayan adoptado medidas
internas concretas que empiecen a surtir efectos en el menor tiempo
posible, algunas de las cuales se articulan a través de la ley de
acompañamiento a los presupuestos generales del estado. Con todo ello,
buscamos fortalecer la demanda de buques y la competitividad y viabilidad
de nuestros astilleros.
Gracias, señoría.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Fernández Chacón.
El señor FERNANDEZ CHACON: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, esperaba algo más de usted hoy en su contestación
parlamentaria, porque esto fue ni más ni menos lo que me respondió en su
comparecencia hace unos días.
El sector de la construcción naval está sumido en una profunda crisis
que, en un breve resumen, podemos decir que obedece a dos factores: uno,
una componente interna debida fundamentalmente a los errores de su
gestión al frente de los astilleros públicos durante los últimos tres
años en los que la situación económica financiera se encuentra con que
estas empresas públicas tienen hoy un comprometido futuro patrimonial y,
dos, podemos llamarla componente externa, que, como todos sabemos,
obedece a la situación del mercado internacional de la construcción de
barcos. Esta situación de competencia desleal que se está produciendo en
los países del sudeste asiático, fundamentalmente en Corea, fue
denunciada por usted, y ya hace tres años, en varias comparecencias
parlamentarias, nosotros le advertimos de que la situación del mercado
mundial iba a ser la que desgraciadamente ha sido. Ustedes han realizado
la política del «laissez-faire», del dejar hacer; por tanto, ésta es la
situación en que nos encontramos actualmente, señor Ministro.
En primer lugar, pensamos que las soluciones pasan primero por una
correcta gestión de estas empresas públicas, cosa que ustedes hasta ahora
no han hecho y, en segundo lugar, nos sumamos a lo que le está diciendo
el sector en su conjunto. Desde la patronal, desde los sindicatos, desde
el Parlamento Europeo, todos están diciendo que mantengan las ayudas
directas a los astilleros más allá del año 2000. Señor Ministro, cuando
llegue el 31 de diciembre del año 2000, si estas ayudas directas han
desaparecido, como usted ha declarado previamente, estamos seguros de que
el sector de la construcción naval va a desaparecer no sólo en España
sino en Europa, y nosotros desde aquí le volvemos a insistir: señor
Ministro, mantenella y no enmendalla va a significar la desaparición del
sector de la construcción naval. Háganos caso a todos. Somos muchas las
voces que le estamos diciendo que se está equivocando. Haga un examen de
conciencia, reflexione, y no deje que este sector se hunda en la miseria.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Fernández Chacón.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, ¿no se acuerda de que ustedes querían cerrar los astilleros?
Parece que no haya pasado nunca. ¿Y no se acuerda usted --conviene
recordarlo, la memoria es buena-- de que este tema estaba absolutamente
bloqueado en la Comisión Europea porque no habían justificado ustedes las
ayudas? ¿No se acuerda de que el Plan Estratégico de Competitividad no se
podía poner en marcha porque no se había llegado a un acuerdo con los
sindicatos para el convenio colectivo? ¿No se acuerda de que la carga de
trabajo era mínima?
Se aprobó el Plan Estratégico de Competitividad; se llegó a un acuerdo
con los trabajadores para la aplicación del convenio colectivo; se llegó
a un acuerdo con la Comisión Europea para autorizar todas las ayudas en
un marco comunitario, como debe ser, con respeto a las normas
comunitarias que hasta entonces no se habían cumplido, y durante los años
1996, 1997 y parte de 1998 nunca había habido tanta carga de trabajo en
los astilleros españoles.
Su capacidad de profecía es tal que hace tres años ya sabía que iba a
haber una crisis en el sudeste asiático, que Corea iba a entrar en
barrena y que iba a utilizar los recursos que el Fondo Monetario
Internacional le concedió hace poco para hacer «dumping» en el mercado.
Es usted realmente
profético. Estoy maravillado, y le aconsejo que dedique esa capacidad de
profecía para otras cosas.
Pero le digo otra cosa, que es la más importante, aparte de la necesidad
de tener buena memoria, y es que estamos trabajando para que el tema vaya
bien en el contexto en el que debemos hacerlo. Y eso significa negociar
con la Comisión Europea, que en el marco comunitario se tomen las medidas
en los ámbitos multilaterales, porque no podemos hacerlo de otra manera,
para combatir la competencia desleal de Corea y, mientras tanto, que se
tomen medidas internas que permitan que el sector siga siendo apoyado y
que permitan su compatibilidad más allá del 31 de diciembre del año 2000,
que les recuerdo de nuevo, para que no siga diciendo inexactitudes, que
no es una decisión del Gobierno español, sino que es una decisión del
Consejo de Ministros europeos y, por tanto, unánime de todos los Estados
miembros, y, como usted comprenderá, estoy seguro de que usted no me está
pidiendo que me salte la legalidad comunitaria.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
--DE DON JUAN JOSE UNCETA ANTON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE EL BALANCE QUE HACE EL GOBIERNO DE LA POLITICA DE
LIBERALIZACION ELECTRICA LLEVADA A CABO EN ESTA LEGISLATURA (680/000910).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Juan José
Unceta Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el
balance que hace el Gobierno de la política de liberalización eléctrica
llevada a cabo en esta Legislatura.
Tiene la palabra el Senador Unceta Antón.
El señor UNCETA ANTON: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, la ley del sector eléctrico presentada por este Gobierno,
y aprobada por ambas Cámaras, supuso el inicio en España de la
liberalización del mercado eléctrico, siendo 1998 y 1999 los dos primeros
años del desarrollo de la citada ley. Esta liberalización ha supuesto una
bajada importante para clientes cualificados, gracias a la libertad de
contratación que la citada ley autoriza, y, por otra parte, es cierto que
las medidas adoptadas por el Gobierno en el sector eléctrico han motivado
que la factura eléctrica de todos los usuarios haya descendido entre un
18 y un 20 por ciento, en términos reales.
Asimismo, las previsiones, en cuanto a la libre contratación de los
usuarios domésticos, se cifran en el año 2007. A juicio de nuestro Grupo
y tal como va desarrollándose la liberalización del sector, esta fecha
tiene signos de poder adelantarse.
Por eso, señor Ministro, le ruego que nos conteste a la pregunta
enunciada por la señora Presidenta en cuanto al desarrollo de esta Ley y
el futuro del sector eléctrico en nuestro país.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Unceta.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, creo, efectivamente, que podemos estar satisfechos de haber sido
capaces de liberalizar tan rápidamente el sistema y de que ello haya
repercutido de forma tan inmediata y tangible sobre los consumidores,
tanto los domésticos como los industriales y empresariales, porque no
olvidemos que el objetivo de cualquier reforma es que los precios bajen
para todos, a la vez que el entorno de mayor libertad contribuya a
fortalecer nuestro tejido empresarial.
Con la Ley 54/1998, del sector eléctrico, dimos un giro radical al
inoperante esquema liberalizador que hasta entonces teníamos.
Establecimos un procedimiento de introducción progresiva de competencia
que, comparado con los niveles mínimos de liberalización previstos en la
Directiva comunitaria de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes
para el mercado interior de la electricidad, no sólo es más acelerado,
sino también más completo, ya que extiende los beneficios de la
liberalización a los consumidores no cualificados a través de la creación
de un mercado organizado de energía, que es algo que no exige la
Directiva, y hace transparente la tarifa, basando la evolución de ésta en
los precios del mercado.
Los resultados de todo este proceso han sido muy positivos. En primer
lugar, el mercado de generación, que funciona desde el 1 de enero de
1998, ha mostrado una dinámica digna de mención, porque a él acuden,
además de las generadoras, cerca de 200 empresas distribuidoras y más de
100 comercializadoras. Por otra parte, el 43 por ciento de la demanda ya
es consumidor cualificado --estamos hablando en torno a unos 8.000
clientes-- y, a partir del 1 de julio del próximo año, hablaremos de
64.000 consumidores, que representan el 54 por ciento del total del
consumo.
Los efectos de la competencia también se han hecho notar en el precio
medio de la electricidad y entre 1996 y 1999 se ha reducido en un 12 por
ciento nominal y, aproximadamente, un 18 por ciento en términos reales.
La reducción todavía ha sido mayor para los clientes cualificados, que
han ejercido su derecho a elegir suministrador, porque estamos hablando
de una reducción acumulada nominal superior al 27 por ciento, lo que ha
supuesto un ahorro frente a la tarifa superior a los 60.000 millones de
pesetas. Y las perspectivas a medio y largo plazo son muy positivas. No
en vano, se han anunciado inversiones en generación cercanas a los 30.500
megavatios, de los que, prácticamente, la mitad han iniciado ya el
procedimiento administrativo para obtener la autorización pública final.
Dicho esto, también quiero dejar muy claro que quedan muchas cosas por
hacer y mejorar en el marco de la Ley.
La liberalización es tan novedosa que necesariamente estamos ante un
proceso de prueba y error y, por lo tanto, es indudable que en el futuro
inmediato habrá de proseguir la introducción de medidas de ajuste del
sistema que permitan esa plena competencia en beneficio de todos y que
todos deseamos.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Unceta Antón.
El señor UNCETA ANTON: Gracias, señor Ministro, por su respuesta. No
puede por menos nuestro Grupo que valorar positivamente la misma, por lo
cual le seguimos animando a que las medidas y los esfuerzos del Gobierno
vayan dirigidas a la bajada de esas tarifas eléctricas.
Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
--DE DOÑA BEATRIZ CARO NIETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS LINEAS BASICAS QUE VA A TENER EN EL FUTURO EL
REGLAMENTO DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA
(680/000911).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña Beatriz Caro Nieto, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las líneas básicas que va a
tener en el futuro el reglamento de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.
Tiene la palabra la Senadora Caro Nieto.
La señora CARO NIETO: Señora Presidenta, señor Ministro, señorías, hemos
tenido conocimiento de que por parte de su Ministerio se está elaborando
una normativa de carácter reglamentario para el transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.
La pregunta es la siguiente: ¿Cuál ha sido la necesidad objetiva de este
reglamento? ¿Cuáles van a ser los aspectos más significativos y
relevantes del mismo? ¿Cuándo se prevé que pueda estar aprobado por el
Consejo de Ministros?
Gracias, señor Ministro; gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Caro.
Tiene la palabra el señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, con mucho gusto contesto a su pregunta porque es muy oportuna y
me permite informar a esta Cámara sobre la elaboración de una normativa
que es muy esperada por parte de todos los agentes del sector eléctrico.
Con ello culmina prácticamente el desarrollo reglamentario de la Ley
54/1997 y, por lo tanto, es evidente la necesidad objetiva del reglamento
a que se refiere su pregunta.
Con fecha 17 de noviembre pasado se dio traslado del texto a los efectos
del preceptivo trámite de audiencia a todos los interesados: Comunidades
Autónomas, asociaciones de consumidores y usuarios, asociaciones
implicadas en las actividades del sector eléctrico, etcétera. Se ha
puesto también --y me parece reseñable-- a disposición del público en
general para conocimiento y sugerencias en Internet, en una página web
del propio Ministerio de Industria y Energía, y ha sido sometido a
trámite de informe preceptivo de la Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico.
Una vez que finalice el trámite de audiencia, esperamos que antes de que
acabe este año se remitirá al Consejo de Estado para que pueda ser
aprobado en Consejo de Ministros en el primer trimestre del año 2000.
Los aspectos más relevantes del reglamento son los siguientes. En primer
lugar, se regulan las condiciones legales técnicas y económicas que deben
reunir los sujetos que realizan actividades en el sector eléctrico,
incluidos los comercializadores y los consumidores cualificados, para
permitir el otorgamiento de autorizaciones a los nuevos sujetos
garantizando debidamente su cualificación para el ejercicio de la
actividad. Se regula también el régimen de autorización de instalaciones
eléctricas, así como el funcionamiento y organización de los registros.
En segundo lugar, en materia de transporte, el reglamento establece el
procedimiento para que el Gobierno, con la participación de las
Comunidades Autónomas, realice la planificación de la red.
En tercer lugar, en materia de distribución se contempla un capítulo de
gran incidencia en los consumidores, cual es el régimen de acometidas
eléctricas y demás actuaciones necesarias para atender el suministro.
En cuarto lugar, en materia de acceso a las redes de transporte y
distribución, quiero destacar que ningún sujeto tendrá derecho preferente
para la utilización de las redes, por lo que no habrá reserva de
capacidad para nadie. Se regulan también las líneas directas definidas en
la Ley del Sector Eléctrico.
En quinto lugar, en el ámbito de suministro se regulan las condiciones
generales del contrato de suministro a tarifa, que sustituirá a la actual
póliza de abono, y por primera vez se regulan las condiciones mínimas de
los contratos de acceso a las redes. Además, y en atención a la creciente
demanda de calidad del suministro por parte de los usuarios como
consecuencia de los propios avances de la técnica, se actualiza y
completa la regulación de la calidad del servicio.
Al respecto --y quiero resaltar este aspecto por su novedad y
trascendencia--, se establece que a través de la factura eléctrica no
sólo se informe anualmente al usuario de los aspectos relativos a la
calidad de su suministro, sino que, además, si la calidad ha sido
inferior a la establecida se le efectúe automáticamente el
correspondiente descuento en la facturación, sin perjuicio de las
acciones legales
que procedan por parte del usuario. Se dispone asimismo la obligatoriedad
para las empresas de rendir información anual a la administración sobre
los índices de calidad en todas las zonas.
También dispone el nuevo reglamento qué instalaciones deberán ser
sometidas al procedimiento de evaluación ambiental y define de manera
clara y explícita las servidumbres de paso de líneas eléctricas.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Caro Nieto.
La señora CARO NIETO: Gracias, señor Ministro.
Debo felicitar en nombre de mi Grupo y en el mío propio al señor Ministro
y a su Ministerio por intentar responder a las demandas tanto de los
agentes del sector eléctrico como de los consumidores y usuarios.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
--DE DON FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI TIENE INTENCION EL GOBIERNO DE ACLARAR EN EL
PARLAMENTO LAS NUEVAS IMPUTACIONES DE ACTUACIONES ECONOMICAS IRREGULARES
QUE SE DIRIGEN A SU PRESIDENTE (680/000907).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Francisco
Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si tiene
intención el Gobierno de aclarar en el Parlamento las nuevas imputaciones
de actuaciones económicas irregulares que se dirigen a su Presidente.
Tiene la palabra el Senador Rojo García.
El señor ROJO GARCIA: Gracias, señora Presidenta.
El empresario hotelero y Ministro de Asuntos Exteriores ha terminado su
intervención echando basura al Partido Socialista aprovechando la
oportunidad de que nadie le iba a responder.
Señor Piqué, destacados dirigentes del Partido Popular en Castilla y León
han acusado directamente al Presidente del Gobierno de conocer la
financiación que el señor De La Rosa entregó al empresario leonés
Fernández Díaz, antes militante del Partido Popular, de 4 millones y
medio de dólares. ¿Me puede contestar a la pregunta en los términos que
ha formulado la Presidenta?
Muchas gracias, señor Presidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro portavoz del Gobierno.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, no tengo la menor idea de lo que está hablando.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Rojo García.
El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, si repasamos en el «Diario de Sesiones» la trayectoria
suya como Ministro a la hora de contestar en la Cámara, comprobamos que
jamás ha contestado usted a nada de lo que se le pregunta. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Rumores.) Contesta a
otras cosas, pero nunca contesta a lo que se le pregunta. Usted solamente
habla para las cámaras de Televisión Española, donde sabe que nadie le va
a contestar, y, además, mirando al suelo, y cuando nos contesta aquí
tampoco nos mira usted a la cara, sino que también mira al suelo.
Señor Piqué, usted sabe perfectamente de qué estamos hablando, porque le
considero una persona que cuando menos lee, y usted sabe que hay una
acusación hecha por destacados exdirigentes del Partido Popular en
Castilla y León --por cierto, algunos a los que usted conoce, como el
señor Pérez Villar--, los cuales han acusado al Presidente del Gobierno
(Un señor Senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Venga hombre!)
diciendo que el empresario Fernández Díez tiene amistad y relación con él
y con el señor Fraga. Esto es lo que han manifestado.
Señor Piqué, usted tiene la oportunidad de decir hoy en esta Cámara por
qué el Gobierno se mantiene en silencio; qué es lo que va a hacer el
Gobierno ante acusaciones tan graves. De lo contrario tendremos que
pensar que algo habrá detrás de esta acusación cuando el Gobierno no dice
nada.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Rojo.
Tiene la palabra el señor Ministro Portavoz del Gobierno.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, me dice que no contesto. Pues tengo aquí una información según
la cual yo, como Ministro de Industria, he contestado en esta Cámara a
142 preguntas. (Rumores.) En la anterior legislatura, el Ministro de
Industria de la época contestó sólo a 30. Le puedo dar muchos más datos
al respecto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--Rumores.) Pero al margen de eso, le diré que no es papel del
Gobierno contestar a insidias. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro Portavoz.
--DE DOÑA MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI EL GOBIERNO CONSIDERA CUMPLIDO EL COMPROMISO DE
POTENCIAR EL SENADO, ANUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL EJECUTIVO EN SU
INVESTIDURA (680/000908).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la Excelentísima señora doña María
Antonia Martínez García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el
Gobierno considera cumplido el compromiso de potenciar el Senado,
anunciado por el Presidente del Ejecutivo en su investidura.
Tiene la palabra la Senadora Martínez García.
La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Hacer del Parlamento el centro de la vida política fue uno de los grandes
compromisos del Partido Popular con sus electores.
En relación a esta Cámara, el señor Aznar, en su debate de investidura,
se comprometió a impulsar la reforma del Senado y también a intensificar
su papel, potenciando el funcionamiento de la Comisión General de
Comunidades Autónomas.
Ahora que la legislatura toca a su fin, en este último Pleno de control
al Gobierno yo le pregunto si cree que el compromiso del señor Aznar se
ha cumplido.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el señor Ministro Portavoz del Gobierno.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, evidentemente todo cumplimiento es susceptible de ser mejorado,
pero el Gobierno considera cumplido este propósito y se siente muy
satisfecho de la labor desempeñada en la Cámara Alta. (Un señor Senador
del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Qué cinismo!)
Muchas gracias, señora Presidenta. (Un señor Senador del Grupo
Parlamentario Popular: Muy bien.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Martínez García.
La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta. No deja de
tener gracia, señor Ministro, en estas respuestas a las que estamos
acostumbrados.
El Gobierno del señor Aznar hace todo lo contrario de lo que dice. No
sabemos qué es lo que piensa en relación a lo que dice. (Rumores.)
En esta legislatura el Senado no ha sido centro de nada. El Senado ha
estado ajeno a los grandes debates que han afectado al diseño territorial
de España; ha estado ausente de debates como el acuerdo de Lizarra, el
acuerdo de Barcelona y en temas tan importantes como el Libro Blanco del
Agua, etcétera.
Por no debatir, señor Ministro, en este Senado no se han celebrado ni tan
siquiera los dos debates que anualmente son preceptivos: el debate del
Estado de las Autonomías en la Comisión General de Comunidades Autónomas
y el debate en plenario.
Ni el Gobierno ni el Grupo Parlamentario Popular han mostrado interés,
voluntad política, ni iniciativas para la reforma del Senado. En vez de
consenso constitucional han ofrecido tarde y mal retoques reglamentarios.
Se han negado a promover una auténtica reforma del Senado. Tampoco, señor
Ministro, ha habido voluntad política del Gobierno ni del Grupo
Parlamentario Popular para potenciar el funcionamiento de la Comisión
General de las Comunidades Autónomas.
Mire, le doy pruebas evidentes. Se han incumplido por el Gobierno las
mociones que tenían por objeto impulsar la actividad de esa Comisión,
donde los ministros se han negado a comparecer. En cuatro años han
comparecido tres ministros. Ha habido seis comparecencias. Hay pendientes
otras seis y no crea que la oposición se ha excedido en pedirlas. Hay
tres pendientes de 1998, y otras tres, pendientes del año actual de 1999.
No sólo se han negado a celebrar el debate del Estado de las Autonomías
en la Comisión y en el Pleno, sino también a celebrar los debates que han
pedido los presidentes de las Comunidades Autónomas.
Concluyendo, señor Ministro, están ustedes muy satisfechos de no hacer
nada, de incumplir los compromisos que asumieron ante sus electores y
ante esta Cámara. No sólo no se ha avanzado en los aspectos territoriales
de esta Cámara, sino que se ha retrocedido cerrando las puertas de esta
Cámara a los presidentes de las Comunidades Autónomas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
La señora MARTINEZ GARCIA: Señor Ministro...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Ha concluido su tiempo.
Tiene la palabra el señor Ministro Portavoz del Gobierno.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, está claro que el Gobierno ha venido impulsando una serie de
medidas y también de actitudes que manifiestan --y ahora se lo intentaré
demostrar-- su interés por potenciar la actividad del Senado. Le voy a
poner unos cuantos ejemplos. Ha sido práctica constante de este Gobierno
la inmediata solicitud de comparecencia, a petición propia, de los
ministros ante las Cámaras. Han comparecido en 141 ocasiones en esta
Legislatura frente a las 64 de
la V Legislatura, las 57 de la IV, las 42 de la III y las 48 de la II.
(La señora Martínez García: ¡Hablo de la Comisión!)
Del mismo modo, los ministros han contestado en el Pleno del Senado un
total de 780 preguntas, de las cuales buena parte --como hemos visto-- lo
ha hecho el Ministro de Industria. (Rumores.--La señora Pleguezuelos
Aguilar: ¡Chico para todo!)
La señora PRESIDENTA: Por favor, señorías, guarden silencio.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): El hecho de que
el Gobierno haya contestado a 1.181 preguntas orales en Comisión en el
Senado durante la Legislatura, que cuadruplican el número de las
contestadas en todas las legislaturas anteriores sumadas, se debe a que
creemos en el Parlamento, a que creemos en la democracia y a que estamos
convencidos de que el Senado juega un papel importantísimo en la vida
política española. (Rumores.)
Además, hemos impulsado el diálogo y nunca las iniciativas aprobadas
habían sido más que las rechazadas. Pues bien, en esta Legislatura, de 12
proposiciones de ley debatidas, siete han sido aprobadas. Se han debatido
160 mociones en Pleno, de las cuales se han aprobado 127, que suponen el
80 por ciento del total. En cambio, en la II Legislatura hablamos del 30
por ciento, en la III del 20, en la IV del 22 y en la V del 75.
Las preguntas escritas --como ya sabe su señoría-- son 26.690. En la V
Legislatura, 10.000, en la IV, 11.000, en la III, 5.000 y en la II,
4.600. Por tanto, los datos --no son opiniones, señoría, sino datos--
avalan con suficiente amplitud el cumplimiento del compromiso del
Gobierno y son motivo --como le he manifestado-- de satisfacción.
Termino, señora Presidenta, diciendo que no sólo se siente satisfecho el
Gobierno, sino que también lo hacen la gran mayoría de los españoles que
en un 60 por ciento se manifiestan satisfechos con el funcionamiento del
Congreso y del Senado cuando antes nunca se había superado el 50 por
ciento.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro Portavoz del
Gobierno.
--DE DON JUAN JOSE LABORDA MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE SI CONOCE EL GOBIERNO CUANTO DINERO GANA EL PRESIDENTE DE
TELEFONICA, S. A., POR DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES (680/000909).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Juan José
Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si conoce el
Gobierno cuánto dinero gana el Presidente de Telefónica, S. A., por
desempeñar sus funciones.
Tiene la palabra el Senador Laborda Martín.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Mucho más satisfechos se sentirían los españoles, señor Piqué, si yo
pudiera hacer esta pregunta al señor Villalonga (El señor Unceta Antón:
¡Al diputado González!) y, desde luego, mucho más satisfechos estaríamos
todos si pudiéramos haber preguntado al señor Villalonga en estas
Cámaras, por ejemplo, por qué se gasta cientos de miles de millones de
pesetas en comprar empresas periodísticas, por qué fichó al señor
Bangemann, y por qué él y sus cien enmascarados son capaces de ganar
extravagantes cantidades de dinero cuando gestionan una compañía que
tiene menos revalorización de lo que tienen sus equivalentes en Europa.
Por tanto, le pregunto al señor Ministro cuánto gana el señor Villalonga,
porque creo que tengo el derecho y la obligación de saber cuánto gana. Y
no me venga una vez más, señor Ministro, diciéndome que se trata de una
empresa privada o que éste es un empresario privado, porque, en todo
caso, si a algo se parece el señor Villalonga es a los viejos privados de
palacio. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular
pronuncian palabras que no se perciben.)
Insisto, pues, en que tengo el derecho y la obligación de saber lo que
gana el señor Villalonga, porque creo que esas extravagantes cantidades
de dinero no podría ganarlas ningún empresario en generaciones. Y
Telefónica es un servicio público, ese señor ha sido nombrado por el
Gobierno para vender patrimonio de la nación, y no hay derecho a que se
haga rico en esa operación.
Espero su respuesta, señor Ministro. (Aplausos desde los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Laborda.
Tiene la palabra el señor Ministro Portavoz del Gobierno.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, ya sé que esto de la empresa privada a ustedes nunca les ha
parecido del todo bien, que no lo acaban de entender. (Fuertes protestas
desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y lo lamento, pero
ni sé, ni tengo por qué saber, ni debo saber lo que gana el presidente de
una empresa privada.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro Portavoz.
Tiene la palabra el Senador Laborda Martín.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, usted sí tiene obligación de saber lo que gana. Antes el
Ministro de Hacienda controlaba a los empresarios
que iban a las empresas públicas... (Varios Senadores del Grupo
Parlamentario Popular: ¡No es verdad!) ¡Sí, es verdad! Porque es de
decoro público y porque los... (Fuertes protestas desde los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) Señora Presidenta, espero que me descuente
este tiempo.
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor.
El señor LABORDA MARTIN: Porque es de decoro público y porque los
presidentes de las empresas públicas tienen obligación de rendir cuentas
ante el Parlamento. (El señor Unceta Antón: ¡Sarasola!) Señor Ministro,
desmiéntame usted que el señor Villalonga gana 300 millones al año por el
procedimiento de haberse hecho Presidente de las cuatro empresas
desglosadas y deducidas de la antigua Telefónica. Desmiéntame que él,
junto con sus cien enmascarados, va a ganar previsiblemente 100.000
millones de pesetas: el 10 por ciento de «stock options», más el
multiplicador, son 10.000 millones al año.
Y sobre la empresa privada, señor Piqué, no me dé usted lecciones de
empresario privado, porque de su biografía se pueden escribir libros.
(Rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Creo que este Gobierno, tan de centro y tan decente, a cambio de favores
que recibe de Telefónica, muy importantes en medios de comunicación, nos
está haciendo volver a otra época, a una época en la que no se apoyaba la
iniciativa privada sino que se amparaba a los estraperlistas. (Fuertes
protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor
Unceta Antón: ¡Sarasola! ¡Sarasola! ¡Roldán!) Una época en la que algunos
se hacían ricos gracias a que tenían un cuñado subsecretario. Ahora, al
parecer, para hacerse rico hay que tener un amigo en La Moncloa, y se
gana, desde luego, en proporción a esa amistad.
Gracias. (Fuertes aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--Algunos señores Senadores del Grupo Parlamentario
Socialista: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Laborda.
Tiene la palabra el señor Ministro Portavoz del Gobierno.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, cuando usted se refería a otra época me imagino que se estaba
refiriendo a una época en la que la gente se enriquecía con los fondos
reservados, por ejemplo (Fuertes protestas desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.); a una época en la que la gente se enriquecía
con comisiones ilegales por obras públicas; a una época en la que el
Ministro de Hacienda decía que España era el país donde uno se podía
enriquecer más rápidamente y más fácilmente (Protestas desde los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.); a una época conocida como la del
«pelotazo», a finales de los 80 y principios de los 90. Me imagino que se
estaba refiriendo usted a esa época.
Creo que éste es un debate en el que ustedes, desde luego, no tienen
mucha legitimidad. Pero, en cualquier caso, no está mal que lo planteen
para que les repita de nuevo que su pregunta no tiene ningún sentido,
porque yo ni desmiento ni puedo desmentir nada que no me corresponde. (El
señor Laborda Martín: ¡Respóndame lo que gana! ¡Desmiéntame! ¡Usted tiene
la obligación de saberlo!) A ver si se enteran de una vez, señorías.
Muchas gracias. (Fuertes aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
INTERPELACIONES:
--DE DON JOSE FERMIN ROMAN CLEMENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE
LA POLITICA GENERAL DEL GOBIERNO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS
(670/000165).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al segundo punto del orden del día:
Interpelaciones.
Interpelación de don José Fermín Román Clemente, del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la política general del Gobierno en materia de
infraestructuras.
Para exponer la interpelación, y por tiempo de quince minutos, tiene la
palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, Portavoz del Gobierno, me va a permitir en primer lugar
agradecerle su presencia esta mañana para responder a esta interpelación.
Yo sé --por lo menos cuando este interpelante formulaba esta iniciativa--
que éste es un momento político importante: estamos al final de una
legislatura; en breve plazo de tiempo habrá que comparecer
electoralmente; este tema será sin duda relevante en todos los programas
electorales, y estamos hablando de una materia muy concreta. Por tanto,
señor Ministro, yo quiero agradecerle el esfuerzo de responder a esta
interpelación, aunque posiblemente algunas de las materias en las que
desearía entrar va a ser difícil que podamos abordarlas; vamos a
ajustarnos a este marco de juego; estamos, insisto, al final de la
legislatura y algunas de las referencias que quiero hacer lo son al
Ministro de Fomento. Entienda por ello, señor Ministro, que mi obligación
será hacerle esas preguntas y la suya no sé si poder entrar a fondo en
ellas. (El señor Vicepresidente, Cardona i Vila, ocupa la Presidencia.)
El día 10 de febrero de 1999, en esta Cámara y precisamente en respuesta
a una interpelación que este Senador hacía sobre política ferroviaria, y
concretamente sobre algunos problemas que afectaban a Andalucía y más en
particular a la provincia de Almería, respondía el señor Ministro de
Fomento de la siguiente manera: En estos momentos España cuenta con una
buena red de aeropuertos, España cuenta con una buena red de carreteras,
de vías de alta capacidad, y queda tener una buena red de ferrocarriles.
Insistía el señor Ministro de Fomento: Tiene buenos trenes de cercanías,
pero algunos de los grandes corredores ferroviarios que unen poblaciones
muy importantes de España tienen todavía una situación --decía él-- que
yo, lógicamente como ciudadano y como Ministro o como miembro del
Gobierno, no puedo dejar de calificar de insuficiente, en unos casos, y
de deficiente en otros.
Señor Ministro, quiero recordar en este momento un Plan Director de
Infraestructuras que nadie ha manifestado que no esté en vigor, me
refiero al Plan Director de Infraestructuras 1993-2007; tendremos
oportunidad, en el curso de la interpelación, de conocer si ha habido
modificaciones de ese Plan Director de Infraestructuras, en qué sentido
o si, por el contrario, mantiene los principios que le inspiraban y
siguen trabajando con los objetivos de la planificación recogida en este
Plan Director de Infraestructuras. Me refiero a algunos de los objetivos
con los que el Plan Director de Infraestructuras justificaba la
planificación y las inversiones a realizar en este largo período de
tiempo.
Dice el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007: Los poderes públicos
tienen el deber constitucional de crear las condiciones necesarias que
hagan posible el desarrollo integral de todos los ciudadanos. Dice
también: El Plan Director de Infraestructuras, como instrumento de
política de Estado, se enmarca en este objetivo al crear las condiciones
básicas imprescindibles para que en la totalidad de nuestro territorio
puedan darse tales condiciones de desarrollo integral y sostenible. Sin
duda, el Plan Director de Infraestructuras supone un instrumento
fundamental en la política territorial; yo tampoco quiero poner en duda
que las innovaciones que pueda introducir el Plan Director de
Infraestructuras, con un enfoque integral del conjunto de las
infraestructuras, traten de resolver los cuellos de botella que se
producen en el territorio. Es evidente que el Plan Director de
Infraestructuras atiende, desde lo que se califica como interés general
del Estado, las competencias que tiene éste atribuidas, y quiere ser
respetuoso con las de las Comunidades Autónomas, lo cual no sólo alabo
sino que es algo sobre lo que tengo que expresar mi satisfacción.
El Plan Director de Infraestructuras es y debe ser un factor
imprescindible para el desarrollo de las economías locales, de las
economías regionales y, por tanto, es un elemento estratégico de
desarrollo. Las infraestructuras --insisto-- contribuyen al crecimiento
y al desarrollo económico. Las infraestructuras contribuyen, por otra
parte, a corregir los desequilibrios dentro de una región. La
planificación, la coordinación de las infraestructuras en el marco de un
desarrollo sostenible es, por tanto, imprescindible. Es conveniente y
necesario, y así lo marca el Plan Director de Infraestructuras,
establecer mecanismos de racionalización de las inversiones. Esto ya es
algo que podemos discutir o no y que obedece también a los diferentes
criterios políticos que inspiran la pluralidad de esta Cámara. El Plan
Director de Infraestructuras establecía un modelo deslizante en cuanto a
las inversiones, modelo que pretendía ajustarse no sólo a las necesidades
concretas, sino que debería prever también un escenario tanto
presupuestario como de crecimiento en el futuro, y establecer las
modificaciones pertinentes y, junto a ello, designar una estrategia de
financiación.
Con todos estos elementos, señor Ministro, quiero volver otra vez a
aquella comparecencia que el 10 de febrero de 1999, en esta misma Cámara,
tenía el Ministro de Fomento, que hablaba en estos términos: Es evidente
que no se puede tener la misma prioridad en los tres modos de transporte:
en carreteras, ferrocarril y transporte aéreo. Argumentaba que ningún
país del mundo, ni siquiera los más ricos, podía invertir de forma
simultánea en estos tres modos de transporte. Hacía una reflexión sobre
la importancia que tenía en aquel momento y que tiene ahora, al final de
la legislatura, establecer las prioridades básicas en las inversiones, y
apuntaba un cambio, una modificación de tendencia, algo que este Senador,
del Grupo Parlamentario al que represento, viene planteando a lo largo,
al menos, de los cuatro o cinco últimos años: el cambio de prioridad en
la inversión en ferrocarril con respecto a carreteras.
Decía el señor Ministro de Fomento que en el presupuesto para 1999 se iba
produciendo de forma lenta ese cambio de prioridad; que era necesaria una
inversión importante en el ferrocarril porque estaba llamado a jugar, en
el siglo XXI, un papel fundamental en el desarrollo.
Señor Ministro, termino diciendo que, en aquel momento, el Ministro de
Fomento planteaba que, para hacer las inversiones necesarias en
ferrocarril y programarlas en la próxima legislatura, era preciso conocer
toda una serie de variables, y para eso estaban en marcha unos estudios
que serían dados a conocer a finales de junio o en el mes de julio.
Este Senador no ha tenido la suerte de conocer esos estudios ni su
conclusión, pero sí está preocupado en este momento por la evolución del
Plan Director de Infraestructuras, por la puesta en funcionamiento del
Plan de Desarrollo Regional que también, al principio de esta semana, en
esta Cámara, el Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos nos ha
presentado.
Y dentro de este marco, señor Ministro, es en el que formulo la
interpelación al Gobierno sobre la política general del Gobierno en
materia de infraestructuras, sobre financiación, planificación,
prioridades, en definitiva, sobre todas aquellas cuestiones que afectan
a la política general de su Gobierno en esta materia.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el Ministro y Portavoz del mismo.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGíA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Senador, si me lo permite, quiero empezar agradeciéndole el
agradecimiento porque, efectivamente, usted ha entendido las razones y,
por lo tanto, en el marco en el que se debe mover este debate, yo procuro
hacerlo lo mejor posible, y debo decirle que si se plantea de esta manera
es precisamente por respeto a la Cámara dada la ausencia
del señor Ministro de Fomento como consecuencia de un viaje internacional
que estaba previamente comprometido.
Lo que sí le puedo decir es que el Gobierno ha venido otorgando la máxima
prioridad a la inversión en sistemas de transportes y comunicaciones con
el objetivo de consolidar a España como un país moderno, dinámico,
integrado en el grupo de cabeza de los países industrializados, y que ha
basado su política de infraestructuras en unos principios que
consideramos básicos y que ahora mismo le voy a resumir, pero como usted
ha hecho una referencia al Plan Director de Infraestructuras, me gustaría
recordarle que, con independencia de las decenas de veces que se presentó
a la opinión pública, era un documento de intenciones que no contaba con
asignación presupuestaria y que tenía unos proyectos y prioridades que
prácticamente recogían el cien por cien de las posibles aspiraciones que
pudiera haber, pero que no tenía ninguna posibilidad de concreción
práctica.
Le recuerdo, además, que en el momento en que se plantea, en los años
1995 y 1996, el déficit público estaba absolutamente disparado y, por lo
tanto, difícilmente se podía pensar en que el Plan Director de
Infraestructuras pudiera servir para algo concreto.
En cualquier caso, la política de infraestructuras que hemos seguido
desde el actual Gobierno responde a unos principios básicos que son, en
primer lugar --algo que usted también ha dicho--, constituir un factor
esencial en la consecución de la convergencia real con Europa, son
fuentes de competitividad y de creación de empleo, son un elemento básico
de vertebración y cohesión territorial, configuran un país atractivo para
la inversión tanto nacional como extranjera y contribuyen a garantizar,
como es lógico, la libre circulación de las personas y de las ideas.
La política seguida por el Gobierno ha logrado que nuestro país llegará
en un puesto de cabeza a la convergencia nominal con los países miembros
de la Unión Europea y, por lo tanto, ahora se integra en la Unión
Económica y Monetaria, como todo el mundo sabe.
La vertebración y cohesión territorial del Estado ha aconsejado realizar
inversiones en infraestructuras teniendo en cuenta la reducción de las
diferencias en el desarrollo de las Comunidades que apenas llegan al 60
por ciento de la riqueza media de la Unión Europea. Este es, de alguna
manera, uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Regional al que
intentaré referirme después.
Lo más importante ha sido dotar a las regiones menos favorecidas de unas
infraestructuras que las hagan competitivas y, por lo tanto, les acerquen
a Europa.
El papel del Ministerio de Fomento ha sido, en ese terreno, básico para
alcanzar la estabilidad macroeconómica necesaria y para reducir el
déficit público, pero a partir de ahí, debido a la necesidad de las
inversiones públicas para la vertebración territorial, ha establecido una
serie de medidas que han permitido, en un contexto presupuestario
restrictivo, mantener un nivel de ejecución de las mismas acorde con las
necesidades de nuestro país.
Para agilizar la ejecución de las infraestructuras y lograr un nivel
suficiente de las mismas se han tomado las medidas siguientes: Primero,
establecimiento del modelo alemán, por el que la obra se ejecuta por el
sector privado, reconociendo el Estado la totalidad del coste de la obra
a la finalización de la misma. Se han invertido 200.000 millones en
construcción de carreteras, lo que mejorará la red de diez Comunidades
Autónomas. Se ha puesto en marcha un programa de autopistas de peaje que
supone una inversión de 400.000 millones para la construcción de 400
kilómetros. Se creó el ente público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias, el llamado GIF, cuya principal función es construir y
administrar determinadas infraestructuras como los corredores de alta
velocidad entre Madrid, Zaragoza, Barcelona y la frontera francesa, el
corredor Córdoba-Málaga, el Madrid-Valladolid y el Madrid-Valencia.
La gestión de la construcción de nuevas líneas mediante este organismo
permite una planificación y financiación estable que está menos
condicionada por la coyuntura presupuestaria.
Las actuaciones vertebradoras más importantes han sido las siguientes: En
el ámbito de las comunicaciones terrestres por carretera, se han puesto
en servicio más de 1.000 kilómetros de autovías a lo largo de todo el
país. Se ha terminado, prácticamente, la conexión Meseta-Galicia; la
autovía de las Rías Bajas está ya finalizada; la autovía del Noroeste
está abierta en un 90 por ciento de su trazado; se han finalizado las
autovías Madrid-Valencia, Zaragoza-Huesca y Salamanca-Valladolid, y hay
un programa de autopistas de peaje al que antes me he referido ya.
La autovía del Cantábrico se encuentra en marcha en su totalidad en
Cantabria y Asturias, ya sea en fase administrativa o en ejecución. Se ha
dado un impulso a la autovía de La Plata, eje básico de las conexiones
norte-sur, en la vertiente occidental de la península. Y también quiero
referirme a la autovía de la Meseta, en la que se han licitado las obras
del tramo Torrelavega-Los Corrales de Buelna y el resto de tramos hasta
Palencia con proyectos aún en redacción.
En cuanto a las comunicaciones terrestres por ferrocarril --usted ha
mencionado a este respecto una prioridad estratégica por parte del
Gobierno, lo que es cierto--, se ha firmado el nuevo contrato-programa
Renfe-Estado para el período 1999-2000 por el que se fijan las bases de
la actuación de Renfe en los próximos años. Se ha potenciado el servicio
de cercanías como modo de transporte ideal para descongestionar el acceso
a las grandes ciudades.
Se ha producido un espectacular avance, que creo nadie puede negar, en la
construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera
francesa. Se han puesto las bases para diseñar la futura red ferroviaria
de alta velocidad en España, como antes he comentado, comenzando las
actuaciones en las líneas Madrid-Valladolid, Madrid-Valencia y
Córdoba-Málaga.
Se han firmado convenios con Comunidades Autónomas por un importe de
60.000 millones de pesetas, en concreto con la Xunta de Galicia, para la
mejora ferroviaria de esa Comunidad, zona especialmente necesitada. Se ha
mejorado también el transporte ferroviario en el arco mediterráneo.
Quiero recordar que la línea Euromed funciona desde julio de 1997 entre
Barcelona y Valencia con gran
éxito. Se trabaja ahora en su extensión a Murcia, previéndose que ésta
llegue también a Almería.
En el ámbito de las comunicaciones aéreas, las ampliaciones de los
aeropuertos de Barajas y de El Prat en Barcelona son contempladas como
una cuestión de Estado dada la indudable trascendencia que tienen para el
futuro de nuestro país. En el caso de Barcelona, se ha aprobado el plan
director del aeropuerto con unas inversiones previstas de 450.000
millones de pesetas durante el período 1999-2004, de los que 200.000
serán aportados con recursos públicos y 250.000 millones, es decir, un
cuarto de billón de pesetas, provendrán de la iniciativa privada.
En relación con el aeropuerto de Barajas, se han realizado actuaciones
que han permitido dotarle de los siguientes elementos imprescindibles
para su correcto funcionamiento: una plataforma de aparcamiento de
aeronaves, una nueva pista de aterrizaje, una nueva torre de control, 170
nuevos controladores, un nuevo sistema de gestión del tráfico aéreo y una
redefinición del espacio aéreo. Desde 1996 se han invertido 150.000
millones de pesetas, estando prevista una inversión adicional de 300.000
millones de pesetas provenientes de recursos públicos.
Se han hecho mejoras en los aeropuertos insulares y asimismo en las
comunicaciones península-archipiélagos. Se fijan en un 33 por ciento
--anteriormente eran de un 10 por ciento-- las subvenciones al transporte
aéreo interinsular para residentes de las Islas Baleares y Canarias y
también para Ceuta y Melilla.
Haciendo una referencia a las comunicaciones marítimas, he de recordar la
nueva Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante por la que se
consiguen unos puertos más autónomos y mejor gestionados. Se establecen
también disposiciones que ayuden a la recuperación del sector
aumentándose las ventajas fiscales del registro especial de buques,
modificando las condiciones para la inscripción de buques en el registro
especial de los mismos y empresas navieras de Canarias.
Los servicios marítimos entre la península, los archipiélagos y Ceuta y
Melilla quedan asegurados mediante el establecimiento de obligaciones de
servicio público. Se han puesto todos los medios necesarios para diseñar
los puertos del siglo XXI. En el Plan de inversiones del Ente Público
Puertos del Estado para el período 1998-2001 se contemplan unas
inversiones de 250.000 millones de pesetas.
Terminaré con una referencia a las telecomunicaciones. Antes me he
referido a ello cuando hablaba del intercambio de las ideas. A comienzos
de 1996, como es sabido, nuestro país tenía uno de los mercados de
telecomunicaciones más cerrados, más protegidos, más monopolísticos de
toda la Unión Europea. Como consecuencia de dicha política, España
contaba con unos precios en los servicios de telecomunicaciones que
estaban entre los más caros de toda la Unión Europea, presentando
simultáneamente un enorme déficit en infraestructuras y servicios.
Durante estos últimos cuatro años la política de telecomunicaciones
seguida por el Gobierno ha permitido transformar radicalmente este sector
basándose en cuatro ejes que han buscado una posición de equilibrio: En
primer lugar, desarrollar la competencia. En estos años nos hemos situado
a la cabeza de Europa en cuanto al desarrollo de un marco regulador
favorecedor de la competencia. Les recuerdo que el V Informe de la
Comisión Europea sobre telecomunicaciones, emitido el pasado mes de
noviembre, indica que sólo España, Alemania y Finlandia tienen
desarrollado todo el marco reglamentario de acuerdo con las directivas
europeas. En segundo lugar, también se ha fomentado la inversión en la
creación de infraestructuras alternativas poniendo en marcha grandes
proyectos de inversión de infraestructuras que sean alternativas a las
del operador dominante: redes de cable, redes móviles, redes de acceso
radio, redes de difusión de televisión digital, etcétera. La existencia
de competencia en infraestructuras es sin duda la mejor garantía del
desarrollo de una competencia en servicios sostenible a medio y largo
plazo. En tercer lugar, se ha promocionado la innovación impulsando lo
que se denomina convergencia multimedia mediante la digitalización de
todos los soportes de transmisión de la información. España se ha puesto
a la cabeza de Europa en cuanto a la introducción de todas las
innovaciones tecnológicas disponibles, por ejemplo, la televisión digital
terrestre, la radio digital terrestre, los sistemas móviles de tercera
generación --lo que se conoce como UMTS-- y el ADSL para la tarifa plana
de Internet, etcétera.
Finalmente, se han impulsado también medidas que fomenten el acceso de
todos los ciudadanos a las redes de información. En la actualidad gozamos
de los precios más bajos de toda la Unión Europea, por ejemplo, para el
acceso a Internet. Cuenta también con importantes normas como la que
regula la firma digital, que avanza sustancialmente en el incremento de
seguridad de las transacciones electrónicas, lo que se llama el comercio
electrónico.
Si me permite su señoría, voy a hacer una breve referencia al Plan de
Desarrollo Regional, al que usted se ha referido reiteradamente. Es un
documento en el cual cada Estado miembro de la Unión Europea hace un
análisis de la situación de las regiones incluidas en el Objetivo 1, las
menos desarrolladas, define unos objetivos de convergencia real y
establece las estrategias de actuación que se van a desarrollar para
conseguir dichos objetivos. El punto de partida del Plan de Desarrollo
Regional contempla que las regiones incluidas dentro del Objetivo 1 se
encuentran todavía muy alejadas, en términos de renta por habitante y de
empleo, de los estándares medios europeos.
Hay que decir que en este terreno se ha perdido una década, y ahora
tenemos una gran oportunidad para favorecer el proceso de convergencia
real de estas regiones con los niveles medios españoles y comunitarios;
también se busca favorecer la creación de empleo, la mejora de las
condiciones de empleabilidad y la igualdad de oportunidades; y, por
último, se trata de garantizar que el crecimiento económico se
corresponda con la finalidad de un desarrollo sostenible, respetuoso y
preservador del medio ambiente.
El esfuerzo inversor es muy serio. Estamos hablando sólo del PDR --por
tanto, no del Plan de Infraestructuras, que antes he procurado resumir,
en su conjunto-- para las distintas administraciones públicas, y el
esfuerzo público presupuestario es de prácticamente 27 billones de
pesetas,
lo que supone una media anual de casi 4 billones de pesetas frente a los
2,3 de media anual del plan anterior, que duraba de 1994 a 1999. Esto
implica un incremento del 65,8 por ciento respecto al período anterior.
La distribución del esfuerzo inversor entre las Administraciones es
también significativo, porque del gasto total el 54,3 --casi 15 billones
de pesetas-- corresponde a las políticas y actuaciones a desarrollar por
el Estado y los organismos y empresas de él dependientes, y el resto, es
decir, un 45,7, a las Comunidades Autónomas u organismos dependientes de
ellas. Para las corporaciones locales hay un eje de desarrollo local que
estima un gasto cifrado en torno a 1,3 billones de pesetas, que están
incluidos como transferencias en los gastos previstos, tanto por la
Administración General del Estado como por las Administraciones
Autonómicas. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)
En cualquier caso, tengo a su disposición información más detallada sobre
el contenido del Plan que después puede ser objeto de comentario.
Muchas gracias, señoría.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro y Portavoz del
Gobierno.
Tiene la palabra el Senador interpelante, Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señora Presidenta.
En todo caso, señor Ministro, la cortesía parlamentaria no debe estar
reñida con la exigencia y obligación que tenemos aquí esta mañana. Es
posible que algunas de las preguntas que le formule queden sólo en el
«Diario de Sesiones» del final de la legislatura, pero voy a reflexionar,
señor Ministro, sobre algunas de las cuestiones que ha planteado.
Usted ha dicho que el Plan Director de Infraestructuras es un documento
de intenciones sin asignaciones presupuestarias. A continuación, ha
relatado lo que se está haciendo, pero, señor Ministro, ¿con qué
instrumentos de planificación? ¿Cómo se están marcando las prioridades?
¿El Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 sigue siendo válido en
cuanto a instrumentos de planificación, o hay que sustituirlo por otro?
Si hay que sustituirlo por otro, ¿con qué criterio, señor Ministro?
Ha puesto algunos ejemplos que para mí son especialmente relevantes. En
su intervención nos ha dicho que la conexión Barcelona-Valencia del
Euromed está obteniendo unos altísimos resultados --y es cierto-- y que
está prevista su llegada a Alicante, Murcia y Almería. Señor Ministro, su
partido, el mío y todas las fuerzas políticas tendremos que hacer frente
dentro de poco a unas elecciones generales --en mi caso, señor Ministro,
también a unas elecciones autonómicas--, y todos, sin excepción,
incluiremos en nuestros programas inversiones y la necesidad de acometer
toda una serie de infraestructuras que vienen siendo demandadas. En el
caso de Almería, su compañero de Gabinete dice que es una realidad que el
Euromed llegue a Almería, pero ¿dónde está esa planificación? ¿Para
cuándo está previsto? ¿Con qué inversión? ¿De qué forma? Si no está
recogido en el Plan Director de Infraestructuras, aunque se haya incluido
en una proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados y
en las iniciativas que aquí se adopten, ¿cómo se va a realizar?
Señor Ministro, al hablar de ideas también es obligatorio decir que este
instrumento de planificación --junto al Plan de Desarrollo Regional que
debe concretarse y tiene carácter orientativo, mientras que será concreto
el marco de apoyo comunitario-- precisa, sin duda, de consenso y
negociación.
¿Por qué no se concluye la autovía del Mediterráneo? ¿Por qué está
cortada entre Adra y Motril, cuando se ha realizado una importante
inversión? ¿Cuándo se va a poder realizar? Un instrumento de
planificación ya lo contemplaba y el Plan de Desarrollo Regional sigue
contemplándolo, pero no finaliza.
Le puedo poner multitud de ejemplos y, aunque tengo la tentación, no
quiero caer porque dentro de una semana veremos aquí cientos de enmiendas
que recomiendan la necesidad de inversiones en política de
infraestructuras. Desde su Grupo nos dirán, sobre todo a algunos
portavoces, que son enmiendas de campanario, y es posible. En el argot
parlamentario decimos que son enmiendas que no tienen ningún sentido, que
se presentan de cara a la opinión pública, pero todos las hacemos. Cuando
se está en el Gobierno se pide que no se hagan y cuando se está en la
oposición es imprescindible presentarlas porque son demandas de los
ciudadanos: es el tramo de ferrocarril pendiente de hacer en Andalucía o
en Cataluña; es la carretera que hay que terminar en Castilla y León o en
Aragón. Son necesidades y, por ello, es necesaria la planificación.
Me pregunto si ese instrumento de planificación sigue siendo válido, si
hay que modificar o no el Plan Director de lnfraestructuras y, si hay que
modificarlo, para cuándo, con qué criterios, con qué financiación.
Señor Ministro, hacía referencia al sistema alemán; el sistema alemán ha
sido utilizado y desechado por su Gobierno. Se ha puesto en
funcionamiento para algunas inversiones, pero se ha olvidado para otras;
a veces se contabiliza el déficit y otras no. Es un sistema de
aplazamiento de pagos pero, señor Ministro, tan pronto se utiliza como se
deja de utilizar porque se dice que ya ha cubierto el objetivo para el
que había sido diseñado.
Se ha puesto en funcionamiento el Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias, pero no está entrando en la adecuación de las líneas
convencionales. ¿Va a haber inversiones en las líneas de ferrocarril
convencionales? ¿Con qué criterio? ¿Para mejorar el transporte de
mercancías? ¿Para mejorar el transporte de viajeros? ¿Se pretende hacer
un transporte que sea competitivo con la carretera? ¿Se va a adecuar para
que alcance velocidades de 200-220 kilómetros por hora, como es la
tendencia europea? Señor Ministro, comprendo que estamos en el cierre de
legislatura, que tendremos que presentarnos con estas iniciativas ante
los ciudadanos, que tendremos que demandar de esos mismos ciudadanos el
apoyo y la confianza para poder llevarlas a cabo pero, en este momento,
su Gobierno no puede quedar parado, tiene que seguir planificando porque
estamos hablando de instrumentos de medio y largo plazo.
La señora PRESIDENTA: Senador Román Clemente, le ruego que vaya
concluyendo. Ha terminado su tiempo.
El señor ROMAN CLEMENTE: Termino, señora Presidenta.
Al final de su intervención decía que se han perdido un número
significativo de años, y no se pueden seguir perdiendo años porque las
infraestructuras son un tema especialmente sensible desde todos los
ámbitos y desde todos los rincones de España.
Por todo ello, señor Ministro, he presentado esta interpelación. Y aunque
no podremos presentar la moción consecuencia de interpelación porque
estamos a punto de finalizar la legislatura, la mejor moción es que
reflexionemos todos sobre la necesidad de una planificación consensuada
y del diálogo para hacer frente a la demanda de infraestructuras de
nuestros territorios, que los ciudadanos precisan --como, por ejemplo, en
ese rincón aislado de la provincia de Almería--, y que alguna vez nos
pongamos de acuerdo para que, si se va a ejecutar, se haga esa inversión
que es Euromed: rentable Barcelona-Valencia, rentable --sin duda--
Alicante-Murcia y rentable también en su llegada hasta Almería.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
Comienza el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, la interpelación que ha formulado el Senador Román
Clemente es oportuna porque al haberse presentado hace muy pocas fechas
el Plan de Desarrollo Regional para el período 2000-2006, con una
inversión tan importante de 27 billones de pesetas, de los cuales 8,7 se
dedican a infraestructuras en carreteras, ferroviarias o energéticas, con
una participación por parte de la Unión Europea de 6,3 billones en el
monto global de los 27 billones; ciertamente es momento de plantear esta
interpelación y relacionarla con el Plan Director de Infraestructuras. Un
Plan del que hay que recordar que ya ha transcurrido prácticamente la
mitad de su período de tiempo.
El señor Ministro ha dicho, y nosotros estamos de acuerdo, que el Plan
Director de Infraestructuras era un documento de intenciones, carecía de
prioridades e, incluso, como tal documento de intenciones carecía de
presupuesto y, por tanto, de financiación. Ahora bien, transcurrido la
mitad del plazo de dicho Plan y habida cuenta del Plan de Desarrollo
Regional, pensamos que es momento de concretar mucho más este Plan
Director de Infraestructuras -- documento de intenciones que, por otra
parte, se ha desarrollado en buena parte-- y de señalar qué se piensa
llevar a cabo en estos próximos cuatro u ocho años hasta su finalización.
El señor Ministro, con excelente voluntad, pero no es el Ministro de
Fomento, al que hemos de agradecer que le supla en estos momentos,
difícilmente podrá contestar con el mismo conocimiento con que lo haría
aquél, y al que podríamos exigir una mayor precisión que al señor
Ministro Portavoz no podemos exigir. Por tanto, a pesar de que se ha
avanzado en algunas cuestiones y se han dado datos importantes, algunos
en los que el Plan Director prácticamente pasaba por encima, como es el
caso de las telecomunicaciones que ha tenido una incidencia muy
importante en estos últimos años, lo cierto es que nos hemos quedado un
poco en mantillas sobre cuál va a ser la programación en estos próximos
años.
El Senador Román Clemente hacía referencia a infraestructuras muy
importantes como las ferroviarias, en las que si bien por nuestra parte
podemos estar muy satisfechos del desarrollo que, sin duda, va a tener el
AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa, sin embargo, no es menos
importante y no podemos olvidar que parte de Andalucía necesita también
una buena combinación por ferrocarril, sea mediante extensiones del AVE,
sea a través de la alta velocidad, y que, por tanto, no puede quedar
descolgada --concretamente se refería a Almería-- de la planificación de
ferrocarril.
¿Pero cuál es en términos más generales la planificación para los cuatro
u ocho próximos años en el Plan Director de Infraestructuras en materias
como el ferrocarril o las autovías? Sabemos lo que se ha hecho, pero ¿qué
es lo que se piensa hacer? ¿Cómo se va a financiar? ¿Qué se piensa hacer
en infraestructuras de medio ambiente, que también forman parte de dicho
Plan, o en infraestructuras energéticas? Seguramente en este aspecto el
señor Ministro nos podría dar una conferencia, pero en las demás materias
no sé si podrá cumplir con lo que el interpelante y nuestro mismo Grupo
esperaban. De todas formas, cualquier precisión en este sentido será bien
recibida.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Luis
Calvo.
El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Ministro, intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, para fijar nuestra posición respecto de la interpelación que
sobre política general del Gobierno en materia de infraestructuras ha
presentado el Senador Román Clemente.
Y como quiera que en la misma se hace referencia al Plan de Desarrollo
Regional para el período 2000-2006, relativo a las regiones españolas
incluidas en el Objetivo 1 de los fondos estructurales europeos, nos
parece necesario, en principio, mencionar las consideraciones que el
Consejo Económico y Social hace al Gobierno respecto de dicho documento.
Entre otras cosas, el CES dice que el Plan de Desarrollo Regional, una
materia de tanta transcendencia para el futuro socioeconómico del país,
en general, y de las regiones
menos desarrolladas, en particular, debería ser objeto de un análisis más
amplio y profundo por parte de dicho organismo, por lo que viene a
confesar que le ha resultado imposible efectuar el mismo, dada la premura
del plazo con que el Gobierno solicitó su dictamen, es decir, el Gobierno
solicita al CES ese dictamen el 10 de septiembre pasado y un mes y medio
después el Gobierno debía presentar en la Comisión Europea el Plan de
Desarrollo Regional. De ahí que el CES se queje de que la presentación
ante este organismo del Plan de Desarrollo Regional, con un plazo mínimo
para la evacuación del dictamen, no pueda ser considerado como un
cumplimiento suficiente del principio de cooperación. Y es que el respeto
del principio de cooperación supone contar con la mayor participación
posible de los interlocutores económicos y sociales que gocen del
carácter de más representativos en todas las fases de preparación y
elaboración de los objetivos en la aplicación de los fondos estructurales
comunitarios.
Poco podemos añadir, salvo el conocimiento de las manifestaciones del
Gobierno y las que hace poco más de una semana se han hecho en la
Comisión de Presupuestos por parte de representantes también del
Gobierno, respecto del documento del Plan de Desarrollo Regional para el
período 2000-2006. Y la verdad es que de lo dicho por el Gobierno nos
creemos poco, la mitad de la mitad, o menos, sobre todo, en materia de
infraestructuras, porque su estilo de gobernar se evidencia a través de
los Presupuestos Generales del Estado, es decir, una cosa se dice y otra
se hace: manejar la propaganda sobre promesas electorales que luego no
encuentran soporte presupuestario adecuado, ampararse en el ciclo
económico para ocultar sus carencias, su pasividad y --por qué no
decirlo, sobre todo, en materia de infraestructuras-- el fracaso de este
Gobierno. La realidad es que lo que no depende del Gobierno va bien, lo
que sí depende del Gobierno ha fracasado, sigue pendiente de hacerse o
desvela su estrategia conservadora de dualización de la sociedad y
promoción de lo privado para quien pueda pagárselo a costa del deterioro
de lo público.
Su política de infraestructuras, a nuestro juicio, se ha basado en lo que
ya se ha dicho aquí: en el abandono de la planificación. Y eso, la
planificación, en el Ministerio de Fomento es la clave. No desarrollan el
Plan Director de Infraestructuras de 1994, ni tampoco plantean uno nuevo,
salvo en los titulares de prensa. Y es que la planificación es el
instrumento fundamental de la política territorial del Estado al
convertirse en el medio para que las infraestructuras contribuyan a
elevar el umbral de potencial de desarrollo en todos los ámbitos de
nuestro país, haciendo real la posibilidad de que disminuyan las
diferencias entre las diversas regiones y entre los espacios urbanos y
los espacios rurales.
Nuestro país no conoce qué es lo que quiere hacer el Gobierno en materia
de infraestructuras. O mejor dicho, sí conoce muchas cosas que ustedes
han dicho que iban a hacer, pero que después no han hecho. Se han
atribuido, inaugurándolas, eso sí, obras de infraestructuras que ustedes
no han realizado. Y no han hecho apenas nada porque la rebaja tan brutal
que en sus tres primeros años de Gobierno han llevado a cabo respecto de
las infraestructuras ha ido en detrimento de la cohesión territorial de
nuestras regiones y sí ha jugado a favor de lo que en más de una ocasión
han reconocido ustedes: que han utilizado la variable de inversión
pública como control del déficit, sin buscar otras alternativas. O han
roto con su comportamiento cualquier criterio de racionalidad en la
adscripción de fondos públicos, a través del presupuesto, para la
ejecución de obras en infraestructura.
Y no ha habido en todo este tiempo vinculación alguna entre las obras
presupuestadas en los sucesivos anexos de inversiones y su ulterior
realización. Todo se presupuesta, mucho se demora y se dejan cantidades
simbólicas para poder aprovecharlas en términos de rentabilidad pública
allá en cada provincia. Parafraseando a un colega nuestro en el Congreso
de los Diputados, son ustedes los magos de la venta a plazos.
Por todo ello, ¿quién puede creerles a estas alturas? El apelativo que en
días pasados dedicaba un periódico de tirada nacional al señor Ministro
de Fomento era definitorio de la política errática en materia de
infraestructuras en estas legislaturas. Soluciones Arias, decía en sus
titulares. Desde la alternativa de Torrejón, pasando por la supresión de
los vuelos nocturnos en Barajas, las autopistas subterráneas en Madrid,
el tren por el valle de Lozoya, la apropiación indebida de la ejecución
de las autovías gallegas, el regalo a los concesionarios de las
autopistas, las telecomunicaciones, Telefónica, Correos y sus alquileres,
adjudicaciones presuntamente irregulares del AVE Madrid-Barcelona, todo
ello y mucho más constituye un rosario de fracasos y engaños a los que
nos ha tenido sometidos este Gobierno y, en concreto, el señor Ministro
de Fomento, que nos llevan a la conclusión de desearle una muy corta
permanencia en los puestos desde los que rigen de manera caótica y
arrimando el ascua a su sardina los destinos de nuestro país.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, el Gobierno del Partido Popular siempre ha dado
una importancia y un relieve especial a su política en materia de
infraestructuras, ya que ha considerado que las mismas son
imprescindibles, no sólo como motor principal de la creación de empleo,
sino también por la necesidad que España tiene de alcanzar en
infraestructuras la media de la Unión Europea, de la que, según datos de
1996, estábamos a un 20 por ciento por debajo.
El Plan director de infraestructuras, al que se han referido los
Senadores Román Clemente y Luis Calvo, que se presentó en su momento se
convirtió, como ya se ha dicho, tan sólo en una relación de buenas
voluntades, una lista de necesidades, en el que se hablaba del Plan, pero
no de su financiación ni de sus prioridades. Es decir, decían lo que
iban a hacer y no hacían nada porque no ponían los recursos para ello.
Al llegar al Gobierno el Partido Popular en 1996, a pesar de la difícil
situación económica que se vivía, al incumplimiento de criterios de la
economía española en relación con los de convergencia, fijados por la
Unión Europea, con un déficit público por encima de los seis puntos,
comenzó una política seria, planificada, ética y rigurosa en materia de
infraestructuras, con un control presupuestario extremo, pudiendo
destacar que durante estos cuatro años la política del Partido Popular en
materia de infraestructuras ha venido presidida por los siguientes
principios: Tratar de eliminar el déficit de infraestructuras en relación
con el nivel de las más desarrolladas de la Unión Europea. Alcanzar este
objetivo, como ha dicho el señor Ministro, en un marco de estabilidad
presupuestaria, lo que implica el mantenimiento o disminución del déficit
público y los criterios de convergencia. Por tanto, se ha dado carácter
prioritario a la política de infraestructuras cuyas dotaciones fueran
compatibles con el cumplimiento de objetivos del déficit público.
Se han diseñado nuevas formas de financiación de infraestructuras, como
es el caso del GIF y de las sociedades estatales de aguas creadas por
algunas confederaciones hidrográficas; se han establecido convenios de
colaboración con las Comunidades Autónomas; se ha instrumentado la
participación del sector privado en la ejecución de carreteras,
especialmente en autopistas, y se ha conseguido la autofinanciación de
algunos entes públicos, como Puertos del Estado, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.
Durante los años 1997, 1998, 1999 y previsiones presupuestarias para el
año 2000, los créditos totales asignados a las infraestructuras han
ascendido a cuatro billones 343.046 millones de pesetas; en los capítulos
6 y 7 de inversiones reales, la cantidad ha ascendido a tres billones
159.031 millones de pesetas. Estas son realidades, Senador Luis Calvo.
Señorías, estas cifras ponen de manifiesto el interés del Gobierno del
Partido Popular durante estos años en materia de infraestructuras por
cumplir los objetivos que se había marcado.
El plan de desarrollo regional 2000-2006 ha sido enviado a la Comisión
Europea, se refiere a las inversiones que se plantean con los fondos
europeos, con fondos de las administraciones públicas, y con fondos
privados para las regiones españolas clasificadas como Objetivo 1 que
son, como sus señorías saben, aquellas cuya renta per cápita es inferior
al 75 por ciento de la media de la Unión Europea, y que representan en
España el 76 por ciento del territorio nacional, afectando a las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Este plan de inversiones para
los próximos años es extraordinariamente ambicioso y alcanza
aproximadamente los 27 billones de pesetas. Ello va a suponer un esfuerzo
financiero importante por parte del Estado, ya que no todos son fondos
europeos pero, sin duda, contribuiremos con ello a dar un paso importante
y cumplir los objetivos de igualdad con los países más desarrollados en
materia de infraestructuras de la Unión Europea; gracias a la política
económica del Gobierno del Partido Popular, a su capacidad de gestión, ya
que ha sido España el primer y más destacado país receptor de los
recursos comunitarios en este programa, lo cual debe ser motivo de
satisfacción para todos y de felicitación al Gobierno del Partido
Popular, que ha sabido impulsarla y defenderla.
Nada más. Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bris.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía y Portavoz del
Gobierno.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Voy a intervenir con mucha brevedad para agradecer el tono y las
intervenciones de sus señorías. Estamos hablando de un tema absolutamente
fundamental que se refiere a las infraestructuras entendidas en su
sentido más amplio. Una de las cuestiones más destacables en estos
momentos, el consenso en torno a esta cuestión, es precisamente que haya
una aproximación integral de las infraestructuras, entendidas no sólo
como las infraestructuras físicas de transportes y comunicaciones, sino
también todo lo relacionado con el medio ambiente, con las
infraestructuras energéticas o con las telecomunicaciones.
Me gustaría hacer un pequeño comentario sobre esta última cuestión.
Precisamente no sólo no es que no haya habido planificación en este
terreno, sino que se ha realizado una clara política para permitir el
desarrollo de las telecomunicaciones sobre la base de la liberalización
de la introducción de competencia y de la creación de infraestructuras
físicas, que está permitiendo la explosión de fenómenos tan
significativos como, por ejemplo, lo que está sucediendo con la telefonía
móvil. A mí me gusta siempre recordar que en el año 1996 había en España
900.000 líneas de telefonía móvil y en estos momentos hay 14 millones. La
previsión es que para las próximas fiestas de Navidad se vendan
aproximadamente dos millones de líneas y que para finales del año 2000
tengamos aproximadamente 20 millones, que va a superar significativamente
el número de líneas de telefonía fija que existen en estos momentos que,
si no recuerdo mal, es de 17 millones y medio.
Por tanto, estamos ante una cuestión tremendamente importante que ha
recibido un impulso sustancial y que, desde luego, estaba completamente
estancada por una política que iba orientada a seguir manteniendo la
protección de un esquema completamente obsoleto.
Quiero decir también que no deja de sorprender que por parte del
representante del Grupo Parlamentario Socialista se haga referencia a la
política de infraestructuras de este Gobierno comparada con la de los
gobiernos anteriores. Al margen de los enormes déficit públicos
acumulados que efectivamente obligaron a este Gobierno en los
presupuestos de 1997 a contener la inversión pública, en virtud de un
objetivo absolutamente vital para nuestro país, que era la convergencia
nominal y la entrada en la Unión Económica
y Monetaria, desde 1998, incluidos 1999 y 2000, el porcentaje de
incremento del gasto en infraestructuras ha sido aproximadamente de un 15
por anual, que me parece que no es un porcentaje baladí y los resultados
a la vista están. ¿Cuántos años llevábamos hablando del AVE de Madrid a
Barcelona y a la frontera francesa? (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) ¿Y cuántos años llevábamos hablando de la
necesidad de modernizar Barajas o de modernizar el aeropuerto de El Prat
o de modernizar los puertos o de impulsar las telecomunicaciones? Muy
bien, pues eso no se hacía y en cambio ahora se está haciendo con toda
claridad, atendiendo, por otra parte, a las demandas de los ciudadanos.
Es una condición necesaria para la competitividad y el progreso que
tengamos unas obras de infraestructura que garanticen la cohesión
territorial y que recaben financiación allí donde sea posible. Yo he
mencionado a lo largo de mi intervención los programas de inversiones en
los diferentes sectores que recogen cifras realmente muy importantes,
pero también lo es poder recabar esfuerzo privado para acometer las obras
de infraestructura que nuestro país necesita. Y me quiero referir, en
concreto, al método alemán. El método alemán no hereda deuda, el método
alemán lo que hace es captar financiación del sector privado, en el bien
entendido que después eso tiene que ser cubierto por los presupuestos
públicos en el futuro. Por lo tanto, se utilizó ese método cuando se pudo
en virtud de la necesidad de contener el gasto real en el capítulo 6 y en
el capítulo 7 en los presupuestos de 1997. Una vez regularizada la
consolidación fiscal, una vez que podemos plantear con toda credibilidad
que en el 2001 probablemente tengamos que hablar no de déficit
presupuestario, sino de superávit presupuestario, parece de salud, de
higiene, que se abandone el método alemán y que se articulen los métodos
de financiación por vía presupuestaria y por vía distinta a ese esquema.
Por lo tanto, esto es algo que no merece mayor comentario.
Todo esto hay que observalo desde un punto de vista intermodal. Ya no
tiene sentido hablar de la política de ferrocarriles separada de la
política de carreteras o de la política de transporte aéreo, sino que hay
que ver la perspectiva global intermodal ligada a las telecomunicaciones,
y eso, obviamente, Senador Román Clemente, requiere planificación, ¡qué
duda cabe! Y la planificación se ha ido manifestando a través de las
propias políticas del Ministerio de Fomento que recogen, además,
concreción presupuestaria, porque la planificación sin concreción
presupuestaria no sirve de gran cosa. Puede servir como un planteamiento
de intenciones, como definición de unos criterios muy vagos, pero lo que
realmente le importa al ciudadano --y creo que usted estará de acuerdo
conmigo-- es que haya concreción presupuestaria --obras son amores-- y
que haya previsión que se acompañe de una planificación de proyectos que
se van poniendo en marcha. En este contexto, le puedo concretar que para
el caso del trayecto entre Almería y Murcia el Grupo Parlamentario del
Partido Popular en el Congreso ha introducido una enmienda por la que se
incluyen 150 millones de pesetas para proceder a los correspondientes
estudios. Por lo tanto, eso es algo de lo que todas las fuerzas políticas
podremos sacar beneficio en la próxima campaña electoral.
Quiero hacer una última referencia al informe del CES y a la crítica de
que, efectivamente, ha habido poco tiempo. Es verdad que el CES se ha
manifestado en estos términos, pero tengo que decir también que el
Gobierno cuando realizó el primer borrador del PDR lo pasó a las
Comunidades Autónomas para las correspondientes alegaciones e informes,
y una vez recibidos es cuando el borrador del Plan se pasa al Consejo
Económico y Social; después hay una obligación de transmitirlo a las
autoridades europeas, a la Comisión Europea concretamente, antes de fin
de año, y eso es exactamente lo que el Gobierno ha podido hacer en el
marco del calendario que tenía por delante.
Por otra parte, quisiera recordar también que el Consejo Económico y
Social, aparte de este tipo de comentarios, ha hecho una valoración muy
positiva del Plan de Desarrollo Regional: acoge favorablemente las líneas
generales y los ámbitos de actuación en los ejes de desarrollo; valora
positivamente que se asigne un porcentaje algo menor al gasto en
infraestructuras físicas pero, en cambio, mucho mayor al tejido
productivo y a la inversión en capital humano; que se preste atención a
la capacidad exportadora y de creación de empleo estable; que las
prioridades de líneas de actuación para integrar a las regiones objetivo
1 en la sociedad del conocimiento sea uno de los principios del mismo y,
finalmente, valora positivamente la inclusión voluntaria de una
evaluación previa de los efectos macroeconómicos regionales y sectoriales
del Plan.
Por lo tanto, estamos ante un buen planteamiento, estamos ante un cambio
sustancial de la situación que, insisto, es manifiesto a la vista de lo
que se está haciendo y de lo que se decía que se iba a hacer pero nunca
se hizo, y por ello en estos momentos podemos estar confiados en que por
esa parte las condiciones competitivas de nuestra economía se van a
mantener.
Muchísimas gracias, señorías. Muchísimas gracias, señora Presidenta
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON OCTAVIO JOSE GRANADO MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR POR EL GOBIERNO EN MATERIA DE
REGULACION LEGAL DE LOS INCENTIVOS A PERSONAL DIRECTIVO DE LAS EMPRESAS
DE TRATAMIENTO FISCAL DE ESTAS RENTAS, DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE
ESTAS DECISIONES Y SOBRE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS SOCIEDADES
QUE APLIQUEN ESTOS MECANISMOS DE RETRIBUCION (670/000164).
La señora PRESIDENTA: Interpelación del excelentísimo señor don Octavio
José Granado Martínez, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar por el Gobierno en
materia de regulación legal de los incentivos a personal directivo de las
empresas, de tratamiento fiscal de estas rentas, de transparencia y
publicidad de esas decisiones, y sobre los requisitos que deben cumplir
las sociedades que apliquen esos mecanismos de retribución.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Granado
Martínez.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señoras y señores Senadores, debo agradecer, en primer
lugar, la presencia del señor Ministro para contestar a esta
interpelación, pues sé el esfuerzo que ha tenido que hacer.
Entenderá, señor Ministro, que comience diciendo, sin ningún atisbo de
exageración --parafraseando una conocida introducción de un documento muy
célebre--, que un escándalo recorre España en las últimas semanas, el
escándalo que hace que puedan coincidir en estos mismos términos el señor
Barea, el señor Fuentes Quintana, el señor Durán i Lleida, el señor
Cuevas, la Conferencia Episcopal, los principales partidos de la
oposición política, y en primer lugar los Socialistas, y ahora --si
hacemos caso de lo que ayer se manifestó en el Congreso de los
Diputados-- hasta los propios portavoces del Grupo Parlamentario Popular.
El escándalo se ha conocido una vez se ha hecho público que directivos de
una compañía recientemente privatizada --que ha salido recientemente del
dominio del sector público-- van a embolsarse decenas de miles de
millones de pesetas en concepto de planes de incentivos vinculados a los
resultados sobre acciones y en concepto de derechos de suscripción de una
parte de esa compañía que recientemente ha salido a cotización bursátil
de manera autónoma en Bolsa.
En este sentido, para acotar el terreno del que vamos a hablar en los
próximos minutos en esta Cámara, conviene conocer básicamente tres cosas.
En primer lugar, cómo el escándalo ha sido posible; en segundo lugar, qué
ha hecho el Gobierno en relación con este escándalo, y, en tercer lugar,
qué debería hacer el Gobierno a nuestro juicio.
¿Qué ha hecho posible este escándalo? En primer lugar, lo que ha hecho
posible este escándalo es que al señor Villalonga lo nombra el Gobierno
del señor Aznar. Este es el primer elemento que define la situación,
porque las decisiones de las que estamos hablando son decisiones del
equipo directivo del señor Vilialonga.
En segundo lugar, porque la representación del Gobierno en la Compañía le
permite adoptar las medidas que han hecho posible el escándalo, y lo hace
sin ningún tipo de reticencias, de la misma manera que le ha permitido
--e introduzco un dato que hasta ahora no ha sido conocido por los medios
de comunicación-- que por ejemplo, desde el año 1995 al 1998 el coste del
Consejo de Administración de la Compañía Telefónica para los servicios de
la Compañía haya pasado de 137 millones de pesetas a 1.080 millones; es
decir, este plan de incentivos, o lo que ha sucedido con la compañía
Terra, no son hechos aislados, son la tercera representación de una
comedia que empieza a escenificarse en el momento en el que el nuevo
equipo directivo de la Compañía Telefónica se repite en todos los
Consejos de Administración de las compañías filiales, y estos Consejos
incrementan sus retribuciones de manera desaforada y, además, no
solamente eso, sino que incrementan el número de miembros de los mismos.
Pero, además, el escándalo es posible porque la Ley del Impuesto sobre la
Renta que aprobamos en esta Cámara el año 1998 cambia sustancialmente la
tributación de los beneficios producidos por este tipo de operaciones, y
lo hace tan sustancialmente que pasan de tributar --en las magnitudes de
las que estamos hablando de centenares de millones de pesetas por
persona--, del 53 por ciento al 33,6 por ciento; es decir, hay una
cobertura fiscal al escándalo, ya que son modificaciones decididas por la
mayoría de las Cámaras en esta legislatura. Y hay una cobertura
mercantil, que son las modificaciones que con motivo de la reforma de la
Ley del Mercado de Valores se operan en esta Cámara en la Ley de
Sociedades Anónimas, modificaciones que suponen que los accionistas
pueden verse privados del derecho de suscripción de acciones sobre sus
propias compañías y, además, esta decisión de exclusión no tiene que ser
adoptada por la Junta de accionistas, sino que puede ser adoptada por el
Consejo de Administración de la Compañía.
Para ilustrarles a sus señorías sobre la valoración que merecen a
entidades independientes estas modificaciones operadas por la mayoría del
Partido Popular, les voy a leer dos citas muy simples.
La Sección de Derecho Mercantil de la Comisión de Codificación del
Ministerio de Justicia, de su propio Gobierno del Partido Popular,
expresamente dijo que la reforma no debía hacerse y, añadía, que de
prosperar la redacción propuesta, las sociedades cotizadas podrían con
extraordinaria facilidad acordar la supresión o la limitación del derecho
de suscripción preferente de los accionistas.
La Comisión de Codificación tenía razón. Con esta medida ha sido posible
lo que ha pasado con los accionistas de Telefónica con motivo de la
salida a bolsa de las acciones de Terra.
Pero si la Comisión de Codificación lo decía en un lenguaje académico,
por otra parte, un ilustre académico, el profesor Aníbal Sánchez,
catedrático de Derecho Mercantil y Vicepresidente que fue de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, decía --yo creo que la metáfora es
especialmente adecuada-- que lo que estaba pasando con la reforma
obedecía a la metáfora del salchichón: al negociar rebajas, hemos de dar
una vez un corte, y así sucesivamente otro. Pues bien, aplicando esta
metáfora a los derechos de los inversores, la cuestión es saber cuánto
van a tardar en percatarse los nuestros de que ahora, bajo el manto del
Derecho, alguien les está dejando sin salchichón. Ese alguien eran sus
señorías cuando estaban votando las reformas que nos proponía el
Gobierno.
Es decir, lo que ha pasado aquí ha sido que el Gobierno nombra un gestor
para que haga una determinada política que enriquece al gestor y a sus
compañeros directivos en la
compañía, que da cobertura fiscal a los planes del gestor, reduciendo la
tributación de los beneficios, y que da cobertura mercantil a los planes
del gestor que deja a los accionistas de la compañía fuera de los
hipotéticos beneficios de la salida de partes de la compañía a bolsa bajo
formas específicas. Esto es lo que ha pasado hasta ahora.
Con carácter de antecedente sobre el escándalo también ha ocurrido otra
cosa: cuando se conocen estos hechos, la primera decisión del Gobierno es
decir que tanto la regulación mercantil, como la fiscal de las opciones
sobre acciones en España estaba perfectamente y no había que modificar
nada. Esto lo dice el Vicepresidente segundo del Gobierno y al día
siguiente rectifica porque en la sociedad española se genera una enorme
sensación de escándalo y una enorme crítica desde todos los sectores
sociales. Por el escándalo, que no por los hechos --porque si los hechos
no hubieran salido a la opinión pública, ustedes hubieran seguido dando
cobertura legal a las decisiones del señor Villalonga--, se produce la
rectificación del Gobierno, que se realiza en un doble plano, del cual
vamos a hablar ahora en relación con lo que ha hecho el Gobierno y lo que
debería, a juicio de los Senadores socialistas, hacerse.
En primer lugar, ha modificado toda la tributación introducida por la Ley
de 1998 y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, de febrero de 1999, de los rendimientos irregulares del trabajo
--les ha modificado a todos, y ya hablaremos de ello con detalle.
En segundo lugar, ha introducido 12 enmiendas, por las cuales las juntas
de accionistas pasan a tener el control sobre los planes de opciones y
cualquier otra retribución que, en forma de acciones ficticias, de
acciones según resultados o de unidades según resultado, es decir, en
cualquier forma, puedan los directivos de una compañía aplicarse en
relación con la cotización bursátil de las compañías.
Primera cuestión, la fiscal. Lo que han hecho con su enmienda, que,
además, se niegan a cambiar en el Senado, es modificar la tributación de
los siguientes rendimientos de los trabajadores españoles: las
indemnizaciones por traslado, las indemnizaciones por lesiones no
invalidantes, las prestaciones por lesiones no invalidantes, las
prestaciones que cobra un trabajador por fallecimiento en función de
retribución establecida por el convenio laboral, las indemnizaciones en
compensación de la modificación de condiciones de trabajo, los premios
literarios, artísticos o científicos, y las cantidades pactadas de mutuo
acuerdo entre el trabajador y la empresa en el caso de prejubilación.
Yo sé que ahora el señor Ministro me va a decir que, en función de las
cuantías, es verdad que a la mayor parte de este tipo de categorías --y
estoy leyéndoles lo que dice el artículo 10 del Reglamento de la Renta--
no les va a afectar la modificación.
Pues señor Ministro, si no les va a afectar la modificación, díganlo
ustedes expresamente y aprueben la enmienda que ha planteado el Grupo
Parlamentario Socialista en esta Cámara diciendo que no les va a afectar
esta modificación.
¿Quieren sus señorías mirarme a los ojos y decirme con qué cara nos
presentamos ante la sociedad española y le explicamos a un trabajador que
ha cobrado una indemnización por lesión no invalidante, que puede
afectar, por ejemplo, a una cuestión estética o a una lesión que no le
invalida para el ejercicio de la profesión habitual, que tiene que pagar
más impuestos por lo que han hecho los directivos de Telefónica? ¿Me
quieren explicar sus señorías por qué a los prejubilados de Telefónica
les vamos a subir los impuestos por lo que han hecho los directivos de la
Compañía? ¿Me quieren explicar sus señorías por qué a los que cobran los
premios Castilla y León les van a subir los impuestos? (El señor Ministro
de Industria y Energía, Piqué i Camps, hace gestos negativos.)
Sí, señor Ministro, esto es así. Mire usted, señor Ministro --se lo voy
a explicar para que lo entiendan, porque a lo mejor ustedes no querían
decirlo pero lo han dicho--. El Reglamento de la Renta, en su punto 10,
dice que se consideran rendimientos del trabajo obtenidos de forma
notoriamente irregular en el tiempo, entre otros, las cantidades
satisfechas por la empresa a los trabajadores por la resolución de mutuo
acuerdo de la relación laboral.
Cuando ustedes presentan su enmienda en el Congreso de los Diputados
dicen que para los rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular
en el tiempo, en el cual están éstos, les será aplicable la reducción del
30 por ciento hasta dos millones y medio de pesetas al año. Todavía hay
muchos trabajadores en este país, entre ellos los de Telefónica, que
perciben sus rendimientos, que perciben los acuerdos con la empresa de
manera fija. Todavía hay trabajadores de este país que no se quieren
acoger a prestaciones mensuales, porque les compensaba más, hasta la
fecha, pactar una indemnización a plazo fijo.
Si esa indemnización supera los 13 millones de pesetas, que en muchos
casos es así, pero no para un trabajador de Telefónica, sino para un
trabajador de Fasa-Renault o de otras muchas empresas burgalesas, se ven
afectados por esta modificación fiscal que ustedes han añadido porque
ustedes han dispuesto que cuando los rendimientos se consideran generados
de forma notoriamente irregular en el tiempo el período será de cinco
años, y lo han hecho siguiendo la propia dinámica del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta. A lo mejor no querían decirlo, pero lo han dicho
y lo han dicho mal.
En cualquier caso, ¿me quieren explicar sus señorías por qué hay que
modificar este tipo de rendimientos en su tratamiento fiscal por lo que
haya sucedido con las opciones sobre acciones? ¿Qué explicación tiene, si
tiene alguna? La introducción de las opciones sobre acciones en el
artículo 10 del Reglamento de la Renta se produce la semana anterior a la
aprobación del Reglamento. En los anteproyectos del Gobierno las opciones
sobre acciones estaban en otro artículo. Todas las filtraciones a los
medios de comunicación hablan de que las opciones sobre acciones se van
a regular como una renta en especie. A última hora se acaban regulando
como una renta irregular y se les añade la reducción del 30 por ciento.
A cuenta de que en enero decidimos considerarlas un rendimiento irregular
del trabajo, ahora vamos a modificar la fiscalidad de todos los
rendimientos irregulares del trabajo por lo que hayan hecho los
directivos de una única compañía. Esto es para quedarse francamente
estupefacto.
Pero si esto es lo que pasa en el plano fiscal, también tiene su guasa lo
que pasa en el plano de los derechos de los accionistas. Ustedes han
realizado algún intento de aproximación a las demandas de la sociedad
española en materia de incentivos. Y entonces dicen que los planes de
incentivos los aprueben las juntas de accionistas.
En cuanto a la exclusión de los derechos de subscripción nada de nada. Es
decir, paramos el pelotazo de los incentivos, pero podrá seguir habiendo
pelotazos como los de Terra y podrán los accionistas de Telefónica verse
privados de derechos de subscripción para que sean otorgados a terceras
personas que, a lo mejor, ni son accionistas de la compañía porque pueden
ser perfectamente directivos sin ser accionistas de la compañía.
De las modificaciones que ustedes introdujeron en la Ley de Sociedades
Anónimas hace un año en esta Cámara no quieren ni oír hablar. Muy bien.
En cuanto a los incentivos de los directivos de Telefónica presentan
ustedes una enmienda en el Senado que modifica la enmienda introducida en
el Congreso y --leo literalmente porque la cosa tiene su guasa-- dicen:
«Los administradores y directivos deberán, con carácter previo a la
ejecución o cancelación del sistema de retribución, registrar en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores un suplemento del folleto que
tengan en vigor o un nuevo folleto específico en el que se proporcione
información detallada e individualizada sobre las acciones y opciones o
liquidaciones que correspondan a administradores y directivos.»
Esto está muy bien: información detallada e individualizada. Luego añade:
«Con relación a los que tengan exclusivamente la condición de directivos
la información podrá presentarse de forma agregada».
¿Conocen sus señorías alguna información que pueda a la vez ser
individualizada y agregada? ¿Con qué nos quedamos en el caso de los
directivos, con que presentan la información de forma individualizada o
con que presentan la información de forma agregada? ¿Es individualizada
y agregada a la vez? ¿Quiere decir esto que la información
individualizada de cada uno se agrega? Estamos, naturalmente, esperando
la contestación del señor Ministro para saber si esta información tiene
que ser de este tenor o de otro.
Y al final, ¿con qué nos encontramos? Con una resistencia por parte del
Gobierno --a mi juicio derivada de sus compromisos con la persona que les
ha metido en este berenjenal-- a regular el problema surgido con las
retribuciones de carácter variable del personal directivo de las empresas
en España.
Me interesa decir algunas cosas concretas sobre esta materia para que
consten en el Diario de Sesiones. En primer lugar, las retribuciones
variables de los directivos en España son necesarias y hay que
regularlas. El estudio más general realizado en nuestro país desde la
consultora William M. Mercer indicaba que estas retribuciones suponían en
torno al 20 por ciento de las retribuciones de los directivos en las
empresas españolas. En esa proporción son razonables y no podemos
prescindir de ellas.
Pero, dicho esto, hay que regularlas para evitar algunas cosas. Primero,
que estén exclusivamente relacionadas con la capitalización bursátil.
Tengo aquí algunos datos de las principales empresas de todo el mundo
--que en la prensa se han publicado sobre empresas europeas-- sobre la
evolución de las compañías telefónicas en los últimos años, y casi todas
ellas han subido entre el 50 y el 100 por cien más de lo que lo han hecho
las acciones de Telefónica durante este año.
Pero no se pueden establecer --y por eso la SEC americana lo recomienda
explícitamente-- mecanismos de retribución asociados a la mera
capitalización bursátil de la compañía, entre otras cosas, como bien dice
la empresa que ha hecho el estudio, porque al final los factores externos
son los que determinan los resultados del beneficio; porque al final no
existe ninguna relación entre la recompensa y el desempeño de la función.
Por eso hay que buscar índices más ajustados que permitan que las
opciones sobre acciones, o las acciones ficticias o fantasmas
--como así se denominan en el Derecho anglosajón--, no estén basadas
en el aumento de valor de una compañía, sino en el aumento de los valores
de las compañías del mismo sector en todo el mundo o en la subida de los
valores de la Bolsa en un determinado ejercicio. Porque eso ya retribuye
un determinado plus de actividad y de generation de valor y no
simplemente la bonanza del mercado en general.
En segundo lugar, hay que impedir que los directivos de las compañías
utilicen las facultades de las que están investidos para perjudicar a las
compañías y beneficiarse ellos. ¿Que cómo se puede hacer eso? Por
ejemplo, reduciendo los dividendos para incrementar la capitalización
bursátil de la compañía, pero también incrementando la autocartera de la
compañía para incrementar la capitalización de la misma. ¿Les suenan a
ustedes cosas como no pagar dividendos o incrementar la autocartera de la
compañía? ¿Quién las ha hecho?
En tercer lugar, no hay que permitir que este tipo de retribuciones se
utilicen en empresas que provengan del régimen de monopolio. Quien se ha
referido a esta cuestión de forma realmente magnífica ha sido el señor
Durán i Lleida, y en este sentido sólo puedo trasladarles una cita, que
es la siguiente: Los directivos de Telefónica se están beneficiando de
resultados que ellos no han producido.
En el régimen de monopolio eso ocurre así inevitablemente, es decir están
beneficiándose de una situación...
La señora PRESIDENTA: Senador Granado, le ruego que vaya concluyendo
porque ha sobrepasado su tiempo con creces.
El señor GRANADO MARTINEZ: Termino en un minuto, señora Presidenta.
Decía que están beneficiándose de una situación que no han producido.
Pero, además, por intereses de la economía general, a nosotros nos
interesa más competencia en los sectores que provienen del monopolio y no
primar el que haya menos competencia, algo que provoca la fidelización de
directivos.
En cuarto lugar, tampoco pueden estar vinculados a tarifas públicas. No
quiero extenderme en el ejemplo inglés
de las compañías de agua o gas privatizadas, que aprobaron planes de
directivos y a las que el Gobierno les contestó reduciendo las tarifas en
el mismo importe en que se habían aprobado esos planes. No les voy a
sugerir que ustedes hagan eso, aunque a nuestro juicio, como bien sabe el
Ministro, las tarifas telefónicas en este país...
La señora PRESIDENTA: Senador Granado, tendrá posteriormente dos turnos
de intervención. Le ruego que concluya.
El señor GRANADO MARTINEZ: Termino en 30 segundos. Muchas gracias.
Sin embargo, tengo que sugerirles que no establezcan ninguna correlación
entre el incentivo y la regulación por tarifas por parte del Consejo de
Ministros.
Termino con una cita que me imagino que a ustedes les parecerá de suma
autoridad, al corresponder a un pensador al que ustedes están,
evidentemente, muy cercanos. Se trata del señor Buchanan, Premio Nobel de
Economía de 1986, que decía lo siguiente: Si una economía realmente es
más productiva cuando sus participantes están restringidos por lo que
llamamos una ética determinada, una ética puritana, la consecuencia
inmediata es que hay razones puramente económicas para intentar inculcar
o imprimir ese conjunto de normas en todas las personas que puedan
participar en la red de producción, distribución o intercambio.
La exigencia que tiene en estos momentos la sociedad española es que se
devuelva la ética al comportamiento de los mercados, y esto no es
simplemente una exigencia moral, que también; es una pura exigencia
económica porque, como bien decía ayer el señor Cuevas, no es lo mismo
invertir que especular, ni general valor que especular, y ustedes que han
tolerado y creado la situación por la que se ha generado la especulación
ahora tienen que devolver a los mercados el incentivo a la inversión y al
trabajo bien hecho.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Granado.
Para responder a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la
palabra el señor Ministro Portavoz.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, ha empezado usted con una cita muy conocida del Manifiesto
Comunista, en el sentido de que un fantasma recorre Europa; usted decía:
un escándalo que recorre España, y yo en ese momento he tenido dudas; no
sabía si se estaba refiriendo al caso Filesa (Rumores.), a las comisiones
del AVE (Protestas.), a la utilización de los fondos reservados...
(Fuertes protestas.)
La señora PRESIDENTA: Por favor, señorías. Continúe, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Al caso
Sanlúcar (Protestas.), escándalos derivados de la prevaricación, de la
utilización de los fondos públicos para finalidades espurias, etcétera.
(Se intensifican las protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--El señor Rojo García: Dígalo, dígalo.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): A continuación
les voy a decir otra cosa. (Rumores.) Quiero dejarles claro que yo
personalmente no me siento satisfecho de cómo han estado planteadas
algunas prácticas en la materia a la que se ha referido su señoría, y lo
que digo yo no es distinto de lo que ha dicho el propio Presidente del
Gobierno. Y como usted también ha dicho cosas para que quede constancia
expresa de ellas en el acta, yo quiero hacerlo también en ese sentido.
Pero convendrán conmigo, estoy seguro, en que lo que un gobierno no puede
hacer es prohibir por ley procesos de enriquecimiento rápido, incluso
especulativo de gestores que, le recuerdo, no fueron propuestos por el
Gobierno, sino que fueron propuestos por los accionistas de referencia
(Protestas.), que lo son --ya sé que lo que voy a decir no les va a
gustar, pero por eso lo digo-- y forman parte del núcleo duro de
Telefónica porque así lo quiso el Gobierno socialista, y que se han
venido aprovechando de la enorme revalorización de la compañía, gracias
a esa decisión del Gobierno socialista. (Rumores y protestas.) Me estoy
refiriendo en concreto a entidades financieras que ustedes saben
perfectamente cuáles son. Y la única fotografía que he visto yo... (El
señor Laborda Martín: ¡Sigue por ese camino!) de un núcleo duro
organizado por el Gobierno en el Palacio de La Moncloa es precisamente
esa fotografía del año 1995, que seguramente ustedes recuerdan muy bien.
(El señor Laborda Martín: ¡Sigue por ese camino!--Se intensifican las
protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Por lo
tanto, vayan ustedes con cuidado con lo que dicen (Fuertes
rumores.--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista
pronuncian palabras que no se perciben.), porque no es bueno que se
equivoquen ni que perseveren en el error ni en la inexactitud ni en la
falsedad; no es bueno para la democracia que eso sea así. (Protestas.) Lo
que sí es misión del Gobierno es garantizar que las decisiones sobre
temas que afectan a empresas privadas se toman con pleno conocimiento y
consentimiento de sus accionistas así como con transparencia, y es misión
del Gobierno velar por que la regulación no lo incentive, y si existe, lo
grave de manera suficiente, sin afectar a terceros. El problema es que
hasta ahora hemos vivido en una situación donde la falta de legislación
específica ha permitido una implantación de sistemas heterogéneos en
cuanto su diseño, alcance, información, transparencia y garantía para el
accionista, y por ello creemos que el debate es bueno, es positivo y está
muy bien que se plantee, y que las medidas que el Gobierno ha presentado
cumplen los objetivos sin interferir en aspectos que son de la exclusiva
competencia de las empresas.
Quisiera recordar algunos antecedentes y el estado de la cuestión. Las
opciones sobre acciones --lo ha dicho su
señoría-- como medio de retribución variable a trabajadores y directivos
de las empresas no son una novedad en España, y desde luego no lo son en
muchísimos países desarrollados. A lo largo de los últimos años se ha
producido, al amparo de la Ley de Sociedades Anónimas y de la propia Ley
del Mercado de Valores, una creciente implantación de estos sistemas y de
otros que también vinculan el importe de las retribuciones a la evolución
a medio y largo plazo de las acciones de las empresas. El 60 por ciento
de las mayores empresas que cotizan en nuestro mercado bursátil, las que
se agrupan en el llamado Ibex 35, utilizan opciones sobre acciones; el 60
por ciento. De los 50 folletos remitidos por las sociedades de la CNMV
desde comienzos de este año, 20 informan sobre la existencia de planes de
opciones o sobre la intención de las empresas de ponerlos en marcha. Hay
empresas de todo tipo: desde el BBV y Argentaria al BCH y el Banco de
Santander, desde Metrovacesa a Puleva o desde Telepizza a Sogecable, y
España no es una excepción entre las economías desarrolladas. En Estados
Unidos prácticamente todas las empresas remuneran a sus trabajadores o a
sus directivos mediante opciones sobre acciones. Lo mismo ocurre en
Francia, donde las opciones están reguladas desde los años sesenta. En
Alemania, el 40 por ciento de las sociedades que cotizan tienen opciones,
y de las que forman parte del índice NM, el equivalente a nuestro Ibex,
lo hace el 90 por ciento. En Italia se han extendido también con rapidez,
precisamente a partir de una normativa que se aprobó el año pasado, que
exime de tributación las opciones sobre acciones.
Por tanto, estamos ante un sistema, primero, que no es nuevo en España;
que se ha desarrollado al amparo de un marco legal que tampoco es nuevo;
y que, si bien no contiene ninguna regulación específica, permite este
tipo de retribuciones; que precisamente por esa ausencia de regulación
específica se ha ido implantando en las empresas de forma muy heterogénea
en cuanto a la información, la transparencia y las garantías a los
accionistas y que, en general, está más desarrollado en otros países de
nuestro entorno, algunos de los cuales lo incentivan desde el punto de
vista fiscal.
Es cierto también que el debate sobre el gobierno de las sociedades y
sobre las retribuciones de los directivos no es nuevo. De hecho, el
Gobierno lo planteó hace ya más de dos años al encargar a una Comisión de
Expertos --la que después ha sido conocida como la Comisión Olivencia--
un informe sobre el buen gobierno de las sociedades, con unas
conclusiones que se aprobaron en febrero del año pasado, que son de
cumplimiento voluntario por parte de las empresas, y que recogen el
espíritu de otras experiencias internacionales como, por ejemplo, en el
Reino Unido, el conocidísimo informe Cadbury.
Con relación a la retribución de los directivos, el informe Olivencia
señala que deben favorecerse las modalidades que vinculen una parte
significativa de las retribuciones de los consejeros --especialmente de
los consejeros ejecutivos-- a los resultados de la empresa, puesto que de
esta manera se alinean mejor los incentivos de los consejeros con los
intereses de los accionistas, y menciona expresamente, sin entrar a hacer
valoraciones, los planes de incentivos, el pago con acciones, las
opciones de compra.
También en relación a la transparencia de las retribuciones subraya la
larga tradición de opacidad que nuestras leyes no han conseguido
desterrar --y estoy citando literalmente--, y se añade que la exigencia
legal de que se indique en la memoria anual el importe de los sueldos no
pasa de imponer una información global por concepto retributivo que, en
su aplicación práctica no satisface enteramente el interés de los
accionistas y de los mercados en esta materia.
Por lo tanto, lo que está planteando ahora el Gobierno en la Ley de
medidas es exigir más transparencia y más garantías para los accionistas
que, al final, son los que tienen la última palabra sobre las
remuneraciones de administradores y directivos de las empresas, de forma
que las retribuciones de directivos y administradores tengan que figurar
en los estatutos de la sociedad, deban ser aprobadas expresamente por la
Junta General, y se tenga que informar a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, además de la modificación, que en términos fiscales también
se introduce, por la que se aumenta la tributación de las rentas del
trabajo elevadas y generadas en pocos años, y que después precisaré para
que no cuajen determinadas inexactitudes que hemos oído hace muy pocos
minutos.
También es un debate que puede afectar a la moderación de la retribución
de los directivos, y he empezado mi intervención dando mi opinión
personal al respecto porque es un debate que entiendo que debe
producirse. Pero cuando hablamos de moderación de las retribuciones, ¿a
qué nos referimos? ¿A las cantidades recibidas por los trabajadores o por
los directivos o al coste que representan para la empresa? Porque es una
buena distinción y rigurosa. La mayoría de las empresas que en España y
en el resto del mundo utilizan sistemas de retribución variables en
función del precio de las acciones se aseguran de que el coste para la
empresa sea fijo y, por lo tanto, quien retribuya a esos trabajadores o
a esos directivos sea precisamente el mercado y no la compañía. En el
caso de Telefónica, que es lo que hoy nos ocupa, este coste asciende a
algo menos de 3.000 millones de pesetas. Yo creo que a todo el mundo le
puede sorprender que alguien pueda ganar cientos de millones de pesetas
en tres años. Estoy seguro de que es una situación muy lejana a la
experiencia de todos, por lo menos a la de la mayor parte de los miembros
de esta Cámara. Es una experiencia desde luego alejada de la realidad de
la sociedad española. Pero lo que tengo que plantearme como miembro del
Gobierno es si nuestro objetivo es prohibir sin más que alguien pueda
tener una retribución de cientos de millones de pesetas o si lo que
tenemos que hacer es garantizar que quienes tienen la última palabra
sobre la retribución de los directivos o los administradores, es decir,
los accionistas, tengan toda la información relevante para adoptar esa
decisión. En este caso, la información relevante es el coste para la
empresa y, en su caso, las posibles consecuencias, desde el punto de
vista de la participación accionarial de los administradores, que se
puedan derivar de este tipo de planes cuando conllevan la entrega de
acciones.
También tenemos que posibilitar que cualquier tercero tenga acceso a esa
información y, finalmente, que esas ganancias, por supuesto, tengan un
tratamiento tributario justo.
No se puede hacer un recorrido --que incluso puede llegar a ser
comprensible a estas alturas ya preelectorales en las que estamos-- desde
la demagogia a lo que ya es la falsedad, porque el Partido Socialista, en
este tema, nunca ha tenido otro argumento que la normal y legítima
sorpresa social causada por las cifras que han trascendido a la opinión
pública, pero no hemos visto gran interés ni por el debate de la
transparencia ni por el debate de las garantías. El Partido Socialista se
ha interesado por un ejemplo concreto que le permite hacer juicios sobre
una empresa que, por otra parte, es competidora de otras empresas en
muchos ámbitos, por ejemplo, en los medios de comunicación, y a nadie se
le escapa que eso algo tendrá que ver con la actitud del Partido
Socialista. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--El señor Díez González: ¡Ya estamos!)
Lo digo porque el Grupo Socialista ha votado en Comisión en el Congreso
a favor de las modificaciones a la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley
del Mercado de Valores que incluimos en la Ley de medidas, pero después
se ha abstenido en Comisión a la propuesta de modificación de la
tributación de las plusvalías, y en el Pleno ha votado lo contrario.
Ahora dice que la exigencia de aprobación expresa de los planes de
opciones por la junta general de accionistas en los casos en los que ya
estén en marcha sin que estuviera recogido en los estatutos --lo ha dicho
su señoría-- sirve para que los directivos de Telefónica puedan cobrar.
Tengo que decirle que es el único Grupo de la Cámara que lo entiende así;
todos los demás entendemos que sirve para que antes de ejecutar o vender
una sola opción, antes de realizar una sola peseta de plusvalía, se
apruebe por los accionistas de Telefónica y de otras empresas. Tendrán
que obtener, por lo tanto, el respaldo de la junta general de
accionistas. Esa es la condición para que sean válidos los planes que
están en marcha. Hasta ahora no era una exigencia legal que la
remuneración mediante opciones estuviera recogida expresamente en los
estatutos de las sociedades, y eso también lo sabe el Grupo Socialista.
¿Saben por qué, por ejemplo, el código Olivencia propone que se
especifiquen en los estatutos, como antes he mencionado, los diferentes
instrumentos de retribución variable? Por una razón evidente, porque hoy
no es una exigencia legal y, en consecuencia, las sociedades hacen lo que
les parece más adecuado.
También el Grupo Socialista argumenta --y su señoría también lo ha
hecho-- que con la modificación del tratamiento tributario que ha sido
aprobada por todos los demás grupos, con su abstención inicial, pagan
justos por pecadores, y tengo que decir que esto no es así. La enmienda
a la Ley del IRPF pretende salir al paso de la tributación de ciertas
rentas que, por haberse generado en un período superior a los dos años,
se acogerían al concepto de rendimiento irregular, con lo que se
beneficiarían de la reducción del 30 por ciento en la base imponible del
IRPF.
La solución que se arbitra parte del respeto al esquema inicial de la ley
del impuesto, sugerido, por otra parte, por la Comisión que informó la
reforma del mismo en sustitución del antiguo procedimiento de
promediación, es decir, aplicar la reducción del 30 por ciento pero
limitando su efectividad a una cuantía que se relaciona con el plazo de
generación de la renta y con el salario medio anual, que para el año 1999
se cifra en 2.500.000 pesetas, de manera que las rentas medias y bajas
puedan seguir gozando de la reducción con el añadido de su elevación
cuantitativa en función del número de años en que se ha generado el
incremento, dado que a mayor tiempo de generación ha de reconocese
también mayor reducción.
Para los contribuyentes que estén situados en los tramos altos de la
tarifa, la nueva regulación impedirá que retribuciones, premios o pluses
extraordinarios puedan disfrutar de una reducción que el Gobierno
entiende que sería injustificada, y la medida no afecta a los que se
consideran supuestos normales de salarios o rentas irregulares que se
generan en función de los años trabajados. Tampoco afecta a las pensiones
o indemnizaciones, por ejemplo, derivadas de invalidez.
Para que la medida, además, se haga efectiva de manera inmediata, como
antes decía, la enmienda prevé la aplicación del nuevo tratamiento a
estas rentas o a las que se generen con posterioridad al 10 de noviembre
de 1999.
Por lo tanto, creo que este tema también está suficientemente claro.
Después, si conviene, podemos seguir profundizando en el mismo. En
cualquier caso, se ha optado por un tratamiento general que tiene en
cuenta dos variables: la cuantía de la retribución y el período en que
ésta se genera. Cuando la cuantía por año de generación supera la renta
media declarada por el conjunto de los contribuyentes, que ya he dicho
que se situaba en torno a los 2.500.000 de pesetas, tributa por su
totalidad.
Se ha hecho también una referencia al tema de las acciones sin derecho de
suscripción preferente. En cuanto a esa posibilidad quiero decir que es
una medida que facilita la participación de los trabajadores en la
sociedad mediante aumentos de capital. Antes de la modificación de la Ley
de Sociedades Anónimas hubo varias sociedades que no pudieron hacerlo,
como Acerinox, y desde la reforma, el BBV o Puleva, por ejemplo, se han
servido del nuevo texto legal para llevar a cabo aumentos de capital con
descuentos sobre el valor de las acciones dirigidas a los empleados.
Podríamos seguir dando ejemplos y profundizando en todo lo que se ha
dicho.
Ha habido una cosa que me ha llamado la atención en los argumentos
expuestos por su señoría, y es que ligaba toda esta cuestión con el hecho
de que la empresa que nos ocupa en algún momento haya decidido no
repartir dividendos. Si hacemos un repaso de las empresas que cotizan en
España, llegaremos a la conclusión de que prácticamente ninguna de las
grandes puede utilizar sistemas de retribución complementarios que estén
ligados a la evolución de los resultados del valor de la acción ya que ni
de un modo ni de otro seremos capaces de encontrar factores ajenos a la
gestión que en algún momento hayan influido o puedan influir en los
beneficios en la cotización ni desde
luego, en la decisión de repartir o no dividendos, cosa que en Estados
Unidos, por ejemplo, significaría la prohibición de este sistema a cuatro
de cada cinco empresas.
Pero estoy seguro de que no es eso lo que se quiere. Estoy seguro que lo
que se pretende es hacer una aproximación de carácter general, rigurosa
y seria a esta problemática, aumentar los requisitos de transparencia,
aumentar la bondad de la fiscalidad respecto de estas cuestiones y
asimismo la justicia de la fiscalidad, de la misma manera que estoy
seguro de que no se pretende que se esté obsesionado estrictamente con
una empresa ni con una persona en concreto que, desde luego, desde el
punto de vista del Gobierno habrán podido hacer aquello que hayan tenido
por conveniente, y que, también desde el punto de vista del Gobierno,
nunca han hecho otra cosa más que hacer uso de una legalidad que está
vigente desde hace varios años.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Granado por tiempo de cinco minutos.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, gracias por sus explicaciones.
Señoría, si yo le hablo a usted de Telefónica y usted me habla de Filesa
y de no sé cuántas cosas más (Rumores.), yo tengo que contestarle a
continuación que Telefónica tiene tan poco que ver con eso como tiene
poco que ver con ello Loreto Consulting. (Rumores.)
¿Le parece a usted que es en el ámbito de esta Cámara donde tiene que
mantenerse este debate? ¿No se da usted cuenta de que haciendo esa
comparación --que es bastante odiosa, como lo son casi todas-- a quien
está usted denigrando es a los directivos de Telefónica? Estamos hablando
aquí de una serie de «chorizadas» --vamos a decirlo entre comillas para
que sepamos todos de qué estamos hablando--. Por favor, señor Ministro,
aquí estamos hablando de un problema, y yo he intentado expresarme con
corrección --al menos ésa era mi voluntad aunque no sé si lo habré
conseguido-- y argumentarlo sin basarme en aquello de mal de muchos...,
consuelo del señor Piqué. (Rumores.)
Primera cuestión. Si cada vez que aquí hablamos de algo que nos parece
mal ustedes nos sacan la relación de todo lo que está mal en el mundo,
como el doctor Panglós, ¡qué quiere que le hagamos! Si están ustedes en
el mejor de los mundos posibles y de que Villalonga no ha hecho nada que
vaya más allá de lo que en su día hiciera Roldán, ustedes verán. Pero me
parece que por ahí, ni vamos a entendernos ni hacen ustedes ningún favor
a nadie, ni siquiera a ustedes mismos.
Segunda cuestión. Vuelve usted a hacer aquí algunas apelaciones
pintorescas. Dice usted que los socialistas hacemos uso de la demagogia.
Dígame usted si yo la he utilizado y en qué. ¿Le parece a usted que el
señor Fuentes Quintana, el señor Barea, el Presidente de la Conferencia
Episcopal, el señor Cuevas y el señor Durán i Lleida han hecho demagogia?
Sus citas son las que yo he traído aquí, e incluso en algunos casos me he
limitado solamente a la cita. ¿Le parece a usted que esas personas hacen
demagogia?
Dice usted que estamos utilizando aquí esta cuestión debido a un
determinado interés periodístico. Señor Ministro, contésteme usted
concretamente a esto: ¿Es que le parece a usted que el diario de
información económica que destapó el escándalo no tenía que haberlo
destapado? (Rumores.) ¿Es que está usted reclamando la vuelta a la
censura? Dice usted: No digan ustedes eso; ustedes defienden los
periódicos de sus amigos. Ellos son los que han sacado este escándalo...
Entonces, ¿qué me está usted queriendo decir con eso? ¿Que no debían
haberlo sacado? ¿Que la opinión pública española no debía haber conocido
ese escándalo? ¿Le parece a usted mal lo que han hecho los medios de
comunicación? Le debe parecer mal. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
No entiendo por qué dice usted que nosotros defendemos los intereses
periodísticos y sin embargo no dice que a lo mejor también los defienden
la Conferencia Episcopal o el señor Cuevas. ¡No lo entiendo! ¡Pero si en
este tema casi todos somos coincidentes! ¡Si lo son hasta ustedes mismos!
¡Si a todos nos escandalizan este tipo de cuestiones! Entonces, ¿por qué
cuando les escandalizan a ustedes están bien y cuando nos escandalizan a
nosotros están mal? Se ve que ustedes tienen unas gafas de madera. Las
cosas ya no dependen del cristal con que se las mire sino de que ustedes
no quieren verlas. (Un señor Senador, desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista, pronuncia palabras que no se perciben.)
Me dice usted que ha venido a autocomplacerse del enorme papel que había
jugado en la elaboración del informe Olivencia referente al ordenamiento
de las retribuciones de los directivos en España. Le voy a contestar con
otra cita, la de un economista que a usted le resultará razonable como
fuente de autoridad: Robertson. Decía que el papel del economista
consiste en sacar letreros de ¡cuidado! cada vez se hacen propuestas que,
para su funcionamiento eficaz, dependen de la creencia. A nosotros los
códigos de buena conducta nos parecen, con toda sinceridad, malos
sustitutos de las leyes en muchos casos, porque --como usted ha dicho--
son voluntarios, y nosotros no queremos regulaciones voluntarias. Como el
profesor Sánchez, también decimos que preferiremos siempre la certidumbre
y la generalidad de la ley a la vaguedad y, sobre todo, al particularismo
de los códigos de buena conducta. Nosotros no queremos hacer regulaciones
para que nadie se las aplique voluntariamente.
Por cierto, con su enmienda ustedes están incentivando una regulación
voluntaria; están diciéndole al señor Villalonga que renuncie a sus
incentivos, porque los va a tener que declarar de manera individualizada,
y permita que todos los directivos de la compañía los cobren para
justificarlos de manera agregada. Señor Ministro, no le he oído decir si
las van a justificar de manera particularizada o agregada,
individualizada o agregada, y su
enmienda dice las dos cosas. Por eso, yo, que soy un humilde lector del
castellano, soy incapaz de interpretarla, porque no entiendo qué es lo
que prevalece cuando se utilizan dos palabras antónimas; en este caso,
son antónimas.
Señor Ministro, me habla del tratamiento fiscal. Yo creo que no se ha
leído la enmienda que ustedes han introducido en el Congreso de los
Diputados y que no quieren modificar. Pero es que tampoco se ha leído el
Reglamento de la renta, porque éste dice que, a los efectos de aplicación
de la reducción prevista en el artículo 17.2 del impuesto, se
considerarán rendimientos del trabajo obtenidos de forma notoriamente
irregular en el tiempo todos los que yo le he leído, y ustedes modifican
la fiscalidad de todos los rendimientos irregulares del trabajo; de
todos, incluidos éstos. Yo acepto que me diga que no querían hacerlo,
pero entonces modifiquen la enmienda; si no, van a encontrarse con el
«marrón» de que alguien que reciba una indemnización por lesión en enero
o en febrero saldrá a los medios de comunicación diciendo que le han
subido los impuestos porque tiene una «stock option». Esto lo tienen que
arreglar.
En cuanto a la regulación mercantil de la exclusión del derecho de
suscripción preferente, tiene usted razón, gracias a su regulación
ustedes han permitido que un directivo de Telefónica se embolse 10.000
millones de pesetas y que centenares de miles de accionistas de
Telefónica no hayan podido comprar ni una sola acción de Terra. ¿Le
parece eso razonable? Pero es que, además, han permitido que lo pudieran
hacer y que no sea la Junta de Accionistas de Telefónica la que lo
autorice, sino que sea el Consejo de Administración.
Ustedes defienden ahora que lo que hagan las compañías es una cuestión de
procedimiento, que al Gobierno le compete regular los procedimientos y
que las compañías pueden hacer lo que quieran. Señor Ministro, las
compañías no pueden hacer cosas que vayan en contra de sus accionistas y
ustedes no deben dejar que sean los accionistas los únicos que puedan
defender sus intereses. Con su regulación la única manera de impedir que
una compañía vulnere los requisitos establecidos, según la nueva
regulación de la Ley de Sociedades Anónimas, es que los accionistas
recurran. Están obligando a todos los accionistas de compañías que no
cumplan los requisitos a que recurran, y estamos hablando de Derecho
Mercantil porque aquí no interviene el fiscal.
¿Qué van a hacer, que los accionistas de todas las compañías que no
cumplan los requisitos recurran? Nosotros les pedimos algo mucho más
simple, que lo regulen en la ley y que distingan claramente entre lo que
se puede y no se puede hacer. Usted compartirá conmigo que, si es posible
impedir que una compañía que no cumpla una serie de requisitos ejercite
los planes de opciones sobre acciones que tenía formalizados hace dos
años, es posible impedir que los ejercite en función de un tipo de
consideraciones. No estamos hablando de un derecho perfeccionado, estamos
hablando de una expectativa de derecho; si fuera un derecho
perfeccionado, lo podríamos legislar.
La señora PRESIDENTA: Senador Granado, concluya.
El señor GRANADO MARTINEZ: Termino, señora Presidenta. Muchas gracias por
su benevolencia.
Me dice que por qué digo yo que las compañías no deben reducir el pago de
dividendos si ponen en marcha planes de retribución sobre directivos
vinculados a la capitalización bursátil. Eso no lo digo yo, es una de las
recomendaciones de la SEC americana, organismo gracias al cual conocemos
la mayor parte de la información que tenemos sobre esta historia. Señor
Ministro, es que se trata de impedir que un directivo pueda utilizar las
potestades que le confiere la compañía para ir en contra de los
accionistas, y usted dice que cada accionista ya verá cómo vela por sus
derechos. ¿Es ésa su visión del Derecho Mercantil? Como a mí me gusta
prepararme las cosas, voy a terminar con otra cita porque lo que están
ustedes haciendo merece la pena que sea examinado a la luz de la doctrina
y de los estadistas más ilustres. El profesor Sánchez --al que he hecho
referencia antes--, que fue Vicepresidente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y que es el Catedrático de Derecho Mercantil con mayor
autoridad en España en algunas cuestiones sobre acciones, decía de su
última reforma lo siguiente: el actual régimen jurídico amenaza con
transformar en «plastilina» los principios configuradores del tipo legal
de la regulación de las sociedades anónimas. El artículo 10 de esta Ley
sustrae precisamente esos principios configuradores al juego de los
«lobbies» privados.
Ustedes han hecho en estos tres años una legislación fiscal y mercantil
que permitía los «pelotazos», que amparaba los «pelotazos». (Rumores en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El caso Terra no hubiera
sido posible sin la última reforma de la Ley de Sociedades Anónimas
--léanla con cuidado--, no hubiera sido posible y el Ministro acaba de
reconocer que antes no era posible y ahora, después de la reforma, sí lo
es. Después, han tenido que rectificar y, como les pasa a los que se
suelen caer en el camino de Damasco, suelen convertirse de judíos
conversos en los peores inquisidores.
La señora PRESIDENTA: Senador Granado, ha consumido casi el doble de su
tiempo, y todavía le queda otro turno.
El señor GRANADO MARTINEZ: Termino en 10 segundos, señora presidenta.
Ahora, para solucionar el tratamiento fiscal de las rentas de las stock
options están ustedes subiendo los impuestos a los lesionados, a los
fallecidos, a las personas que cobran una indemnización... (Protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Lo han hecho, no sería su
voluntad pero eso es lo que han hecho; léanlo y, a continuación,
corríjanlo.
No es que sean mis amigos, también lo son suyos, porque esto no es una
dialéctica de amigos y enemigos; no soy amigo del señor Cuevas ni de la
Conferencia Episcopal; tampoco los trabajadores son sus enemigos, por
ello, no les traten como si lo fueran. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Granado.
Si el Gobierno desea intervenir, puede hacerlo en cualquier momento.
Comienza el turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i Unió?
(Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir brevemente para fijar la posición de mi Grupo
Parlamentario sobre la interpelación del Senador Granado. Siguiendo el
consejo que nos ha dado el señor Ministro, voy a hacerlo de forma seria
y rigurosa, como entendemos que ha sido tratado en la exposición de la
interpelación.
Quiero distinguir tres aspectos sobre lo que aquí se ha tratado: en
primer lugar, el tema de los incentivos a directivos. Sería un error
demonizar la figura de los incentivos a los directivos a raíz del
conocimiento de las «stock options» de Telefónica. Esta es una figura
prevista, que es positiva en la mayoría de los casos, como complemento a
la remuneración de directivos y que se ha venido utilizando desde hace
años en España y en muchos otros países occidentales. Tampoco creo que
deba caerse ahora en la tentación de una excesiva intervención al regular
ese tipo de remuneraciones ya que --estaremos de acuerdo-- un buen
acuerdo entre quien corresponde --la junta general de accionistas y el
equipo directivo-- debe prevalecer en cualquier caso porque se les
contrata para defender los intereses y rentabilizar y dirigir, con el
máximo acierto, esas compañías.
Por lo que hace referencia a Telefónica, tal como ha dicho el señor
Ministro, a nosotros tampoco nos gusta. Una cosa es la valoración legal
que se pueda hacer sobre el sistema de «stock options» que han diseñado
y otra es la valoración moral, ética, que ya se ha comentado
suficientemente. A partir de ahí, en el Congreso de los Diputados se han
introducido, y ahora en el Senado se van a introducir, modificaciones
legales, de lo que se deriva, precisamente, que la situación legal lo ha
permitido y, por tanto, no hay ningún tipo de posición en contrario, por
medios legales, a como está diseñado este plan de «stock options» que hay
vigente en Telefónica.
En tercer lugar, entiendo que los cambios legislativos que se han
introducido son necesarios para defender los intereses de los accionistas
y para que haya la máxima transparencia en lo que hace referencia a las
modificaciones a la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley del Mercado de
Valores.
En cuanto a las medidas de tipo fiscal que se aprobaron en el Congreso de
los Diputados, por lo que se ha podido comprobar en este debate no hay un
problema político, sino de interpretación. Al menos el Ministro Portavoz
del Gobierno y el Senador Granado están de acuerdo en cuanto al objetivo
que se persigue con esas modificaciones fiscales. Vamos a analizar
exactamente el contenido concreto de esas disposiciones fiscales, de
manera que su interpretación no cause perjuicio a nadie. Y ello nos lleva
a pensar que posiblemente habrá que estudiar con calma en un futuro
próximo esas modificaciones fiscales que se han introducido para
garantizar que en ningún caso perjudiquen a quien no se desea. Quizá el
trámite que nos queda aún en el Senado pueda ser la ocasión y, si no, en
un futuro próximo, que será ya la próxima legislatura, habrá que analizar
ese tema.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.
¿Grupo Parlamentario Socialista?
¿Grupo Parlamentario Popular en el Senado? Tiene la palabra el Senador
Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, en primer lugar, quisiera dejar claro que al Grupo
Parlamentario Popular tampoco le gusta cómo se han planteado algunas
prácticas en esta materia de opciones sobre acciones. Pero, como bien ha
dicho el Ministro Portavoz del Gobierno, lo que no pueden hacer ni el
Gobierno ni las Cortes es prohibir por ley el enriquecimiento rápido y
especulativo. Lo que sí hay que hacer es garantizar que las decisiones
sobre estos aspectos que afectan a empresas de carácter privado, se toman
con pleno conocimiento y consentimiento de sus accionistas y con plena
transparencia. Además, hay que velar para que la regulación no las
incentive y, si existen, que se grave de manera suficiente, de modo que
no afecte a terceros.
Pero, señoría, lo que está claro es que en esta materia había una falta
de legislación específica y la normativa en que se han apoyado hasta
ahora es de la época socialista. Por tanto, señor Granado, señorías del
Grupo Parlamentario Socialista, a mí me parece que al plantear esta
cuestión ustedes tienen una confusión entre lo público y lo privado.
Tienen una grave confusión y así no nos extrañan las cosas que han
pasado. Con esa confusión entre lo público y lo privado, tal como lo han
entendido ustedes, nos encontramos con lo que ha pasado estos últimos
años. Ahora demuestran una obsesión con una empresa y con unas
actuaciones. ¿Pero qué ha pasado en los últimos años cuando en esa
confusión sin límite entre lo público y lo privado nos hemos encontrado
con lo que nos hemos encontrado en España? ¿Qué ha pasado con las
privatizaciones opacas de los gobiernos socialistas? ¿Les pongo ejemplos?
Por tanto, señorías, creo que este debate debemos plantearlo desde el
sosiego, desde la realidad, y desde la búsqueda de soluciones para el
futuro que entren en los principios de la ética, de la transparencia, del
derecho de los accionistas, y de la necesidad de las Cortes Generales de
regular para garantizar los derechos de todos.
El señor Granado en su primera intervención hablaba de escándalo. A
ustedes no les mueve más que el intento de organizar un escándalo, de dar
la apariencia de que hay un escándalo, cuando estamos pura y simplemente
ante una situación de una entidad privada. Y ante la imposibilidad de
ponerle peros a una gestión del Partido Popular y del Gobierno del
Partido Popular, ustedes tratan desesperadamente
de buscar un escándalo. Han intentado hacer mucho ruido, claramente han
fracasado. A ustedes sólo les queda la imposibilidad de tapar la
insolvencia de su candidato. (Risas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Sí, la insolvencia de su candidato y la
imposibilidad de presentar propuestas atrayentes para la sociedad
española.
Usted está obsesionado, señor Granado, con la teoría de la conspiración
legislativa, que ha empezado a desgranar en su primera intervención.
Teoría conspirativa, legislativa, en beneficio de una empresa. Aquí lo
que hay es una propuesta de reforma ante un vacío o ante regulaciones
insuficientes e inadecuadas, que ha impulsado el Gobierno y ha planteado
el Partido Popular introduciendo enmiendas en el Congreso y en el Senado
a la ley de acompañamiento a los presupuestos. Aquí lo que ha hecho el
Partido Popular es poner un límite a los privilegios que hasta ahora
disfrutaban las rentas irregulares del trabajo, límites en su cuantía y
en su tiempo de generación. Y se ha hecho mediante una norma de carácter
general que permite que no haya escapatorias mediante otras fórmulas que
pudieran aparecer distintas a los planes de opción sobre acciones.
Probablemente, dentro de tres meses ya no se hable de planes de opción
sobre acciones. Se podrá hablar de otras fórmulas, por ejemplo, de bonus
variables, u otro tipo de fórmulas vinculadas a la propia evolución de
las acciones y que, en definitiva, requieren una regulación específica.
De ahí las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en
el Senado.
Y, señorías, precisamente, el portavoz del Grupo Socialista en el
Congreso de los Diputados, el señor Martínez Noval, fue el que avisó de
que lo que ocurría en la empresa --sobre lo que usted está tan
obsesionado-- no era precisamente respecto de planes sobre acciones. Por
eso, las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado en el Senado
pretenden incorporar toda la casuística o circunstancias que se planteen,
a fin de que no existan situaciones de privilegio, ni se favorezca el
beneficio especulativo.
Por tanto, con nuestras enmiendas pretendemos que nadie pueda escaparse
del tratamiento fiscal y, además, que haya transparencia, así como las
autorizaciones adecuadas por parte de los órganos pertinentes de las
distintas empresas.
Señor Granado, no quiero dejar de hacer algún comentario respecto de
algunos argumentos absolutamente demagógicos y falsos que usted ha
expuesto.
No haga usted demagogias falsas con referencia a las retribuciones de los
trabajadores. No haga usted demagogia, sin ningún fundamento, respecto de
lo que significan las prejubilaciones de trabajadores. Usted bien sabe,
porque es una persona formada, que las indemnizaciones por despido de los
trabajadores están exentas en el Impuesto sobre la Renta y sabe que en
los planes de prejubilaciones hay dos componentes: uno se refiere al
despido en sí mismo y, por lo tanto, está exento, en los límites que
establece el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y el
segundo es que se le dará el tratamiento establecido para las rentas
irregulares. Por eso, señoría, no haga usted demagogia y pretenda
plantear situaciones falsas.
Por otra parte, el esfuerzo político del Partido Popular, el esfuerzo
político del Gobierno del Partido Popular ha estado dirigido en toda esta
legislatura a la economía productiva, a impulsar el esfuerzo y la
innovación, a impulsar y respaldar a los emprendedores, frente a los
especuladores, razón por la cual no hemos apoyado ni vamos a apoyar el
enriquecimiento especulativo. (El señor Vicepresidente, Cardona i Vila,
ocupa la Presidencia.)
¿Qué hemos hecho? Específicamente, sobre la cuestión que usted plantea,
en primer lugar, se ha posibilitado la transparencia, que lo conozcan los
accionistas y toda la sociedad; en segundo lugar, la garantía para los
accionistas y que sean éstos los que tengan la última palabra sobre las
opciones sobre acciones u otras fórmulas similares en la junta general de
accionistas; y, en tercer lugar, el hecho de que se aplica el máximo tipo
impositivo a este tipo de prácticas. Esto es lo que ha hecho el Partido
Popular, esto es lo que ha hecho el Grupo Popular, tanto en el Congreso,
como en el Senado, y es lo que han hecho los grupos que han querido
respaldar estas iniciativas.
Ustedes, en cambio, ¿qué han hecho frente a las propuestas que hemos
realizado? Hay un vacío de propuestas positivas por parte del Partido
Socialista. Y es que ustedes, señorías --y siento decirlo--, no están
interesados, no quieren contribuir a un debate --lo decía el Senador
Cambra, portavoz del Grupo de Convergència i Unió-- planteado en todo
este ámbito, un debate de futuro y que no hay que celebrar al calor de
una determinada coyuntura y pretendiendo sacar un rédito político. A
ustedes no les interesa nada de esto. A ustedes lo que les interesa es,
exclusivamente, centrarse en el asunto concreto, a ver si obtienen algún
rédito electoral, ante su incapacidad de presentar alternativas y ante la
propia realidad del rédito que la sociedad española está otorgando al
Partido Popular.
Pero ya que hablan ustedes sobre el caso concreto --y es su obsesión-- de
Telefónica, me permito recordarle, como ejemplo, lo que ha hecho este
Gobierno y el Partido Popular por Telefónica. Hoy se hacen eco de ello
todos los medios de comunicación. Las tarifas telefónicas en nuestro
país, desde que se puso en marcha la política de liberalización en
materia de telecomunicaciones, han sido beneficiadas con una caída del 15
por ciento. Esto es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular.
¿Qué hicieron ustedes por Telefónica? ¿Qué daban ustedes, a cambio, a
Telefónica? ¿Qué recibía, a cambio, Telefónica, cuando en la época en que
ustedes gobernaban las tarifas subían permanentemente? Creo que tengo
derecho a preguntar sobre esta cuestión y ustedes, señorías, deberían
contestar.
Ahora --y termino--, hemos cambiado la normativa socialista,
introduciendo, como muy bien señalaba el señor Ministro, medidas que
garantizan la transparencia, medidas que garantizan los derechos de los
accionistas y medidas que establecen que los directivos que tengan planes
de acciones o fórmulas similares tributen al máximo.
Aquí, señorías, el único escándalo que ustedes plantean, el único
escándalo que existe, señor Granado, es montar una trama para financiar
un partido. (Pausa.)
Usted está hablando por teléfono, señor Granado, no sé con quién
hablará... (Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.). Señorías, y termino, con la benevolencia del señor
Presidente, si aquí ha habido un escándalo ha sido el de la actuación del
Partido Socialista en los últimos años, utilizando el poder público y su
influencia en el ámbito privado, en beneficio de un Partido en beneficio
de unos pocos. Y hoy observo con sonrojo que el Tribunal de Cuentas
revela que al Partido Socialista se le condonó una deuda de 1.628
millones de pesetas en el año 1997 y al Partido Popular sólo 12. No sé si
esto constituye trato de favor; en cualquier caso, es un dato del que
ustedes tendrán que responder. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
Señorías, el Partido Popular va con la cabeza muy alta, ha tomado las
decisiones que corresponden y, ustedes, como siempre, siguen en el
pasado, y si siguen en ese pasado, la losa que tienen encima no se la
quitará nunca.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Atencia.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Voy a intervenir con muchísima brevedad para decir que, como he expresado
al inicio de mi intervención, entendemos que el debate sobre estas
cuestiones es bueno, que se pueden recoger aportaciones e ideas del
intercambio de posiciones --yo creo que en democracia esto siempre es
positivo--, procurando además no hacer referencias personales, sino
buscando objetivamente la manera de mejorar una situación, que ya he
dicho que está propiciando actuaciones y posiciones que no nos gustan.
Yo puedo compartir, por ejemplo, plenamente dos temores que ha expresado
el señor Cuevas, a quien se ha referido su señoría en varias ocasiones y
que, por tanto, al hilo de lo dicho, me permite recogerlo. El señor
Cuevas ha dicho que hay que ser cuidadosos, al hilo de un caso concreto,
que no se hagan cosas que, de alguna manera, puedan perjudicar a
terceros, puedan coartar posibilidades de desarrollo de una figura que,
desde el punto de vista jurídico, es debatida en todo el mundo, pero que
también tiene grandes virtualidades. El Senador Cambra lo ha dicho con
muchísima claridad: No demonicemos la figura, a raíz de un episodio
concreto, no elevemos la anécdota, por importante que sea la cuantía, a
categoría. Por tanto, seamos rigurosos, seamos serios, utilicemos la
cabeza fríamente. Eso lo ha dicho el señor Cuevas y yo, desde luego, lo
comparto. Y es lo que se está haciendo.
A mí me gustaría que en el debate a la Ley de Acompañamiento aquí, en el
Senado, se discuta este asunto con rigor. Creo que los grupos
parlamentarios, con excepción del Grupo Parlamentario Socialista, han
hecho propuestas muy concretas. Como siempre, pueden surgir problemas
interpretativos. La mayoría de los grupos están de acuerdo en lo que yo
he mencionado y lo ha recordado ahora el representante del Grupo
Parlamentario Popular. Ustedes pueden entender que es de otra manera, lo
que siempre puede ser así, pero lo cierto es que hay aportaciones
concretas.
Yo he tenido ocasión de ver las enmiendas que ustedes han presentado y no
me resisto a la tentación de decirles que, por una parte, claramente son
enmiendas orientadas «ad hoc» a impedir que una empresa como Telefónica
pueda tener un sistema de opciones sobre acciones y ustedes verán si los
legisladores deben actuar en función de una empresa o persona concretas
en función de los intereses generales. (El señor Vicepresidente, Aguilar
Belda, ocupa la Presidencia.)
Hay otra enmienda dirigida a poner tal número de restricciones, que en la
práctica estamos imposibilitando una fórmula y demonizarla, utilizando la
palabra del Senador Cambra.
También quiero referirme al señor Cuevas para compartir con él una
reflexión que hacía ayer mismo, en la que, evidentemente, reflejaba la
superioridad, desde cualquier punto de vista, de las actividades
empresariales basadas en el esfuerzo, en el rigor, en el trabajo diario,
en la creación de riqueza, respecto a cualesquiera otras actividades con
una base especulativa o de enriquecimiento rápido.
Yo creo que desde que el Gobierno está ejerciendo sus funciones, esto ha
cambiado notabilísimamente, después de una serie de años en los que se
acuñó --y no nosotros-- la expresión economía del pelotazo o sociedad del
pelotazo, para expresar algo que, incluso desde el punto de vista social,
estaba empezando a ser valorado peligrosamente.
¿Se le ha dado la vuelta a eso? Estamos ante un esquema social que cada
vez más fomenta la capacidad de innovación, la capacidad de asumir
riesgos responsables que promueve la inversión y que está teniendo unos
resultados espectaculares en términos del crecimiento del producto
industrial o del crecimiento de la formación bruta de capital fijo.
Eso es lo que nos interesa y en lo que nos debemos centrar y, desde
luego, el Gobierno va a seguir haciéndolo y, en función del tema que nos
ocupa, con una plena disposición a encontrar fórmulas que hagan lo que el
legislador debe hacer y le corresponde, y al legislador en este caso lo
que le corresponde es introducir la máxima transparencia posible sin
entorpecer el desarrollo de una figura jurídica que puede ser de
utilidad, y simultáneamente hacerlo con respeto a los accionistas y en
términos que no generen una reacción social negativa en cuanto a la
fiscalidad y a la tributación de lo que se derive de la aplicación de
este tipo de prácticas.
Señor Presidente, para terminar y si me lo permite, muy brevemente voy a
decir que debemos todos hacer un esfuerzo para situar en el ámbito de la
racionalidad este debate, esta discusión, procurar separarla del clima
pre-electoral en el que nos encontramos, hacer las cosas bien y
distinguir plenamente entre lo que son escándalos de verdad, asociados a
conductas perseguibles penalmente, y las aplicaciones inadecuadas que
pueden chocar con la moral social pero que, en cualquier caso, están
amparadas en una legalidad que existía ya con anterioridad.
A partir de ahí, si aceptamos esos mínimos principios, creo que del
debate en el Senado, como corresponde a la función de esta Alta Cámara,
puede salir una legislación razonable que probablemente tenga que ir
revisándose en el futuro en función de cómo evolucionen estos asuntos,
pero que permita transmitir una sensación de normalidad a la sociedad
española, que no piense que estamos ante cuestiones muchísimo menos
importantes que los grandes objetivos que como país tenemos.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA POLITICA SANITARIA DEL GOBIERNO (670/000163).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): A continuación, pasamos a la
interpelación del Excelentísimo señor don Francisco José Zamorano
Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política sanitaria
del Gobierno.
Tiene la palabra el Senador Zamorano.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, supongo que será consciente de que posiblemente éste sea
el último acto de control de esta legislatura y de que quizá sea su
última comparecencia en esta Cámara como ministro de este Gobierno.
El Grupo Parlamentario Socialista ha sido consecuente en la presentación
de esta interpelación por la necesidad de debatir tanto las pautas de
comportamiento que ha seguido usted en la gestión de su departamento como
el resultado de su política a lo largo de estos cuatro años.
Créame cuando le digo que las pautas de comportamiento por las cuales
usted ha desarrollado su actividad no son privativas suyas sino propias
de todo el Gobierno al que pertenece, que vienen a reflejar el estilo del
señor Aznar en el Gobierno. Son las pautas del estilo del señor Aznar,
pautas de comportamiento que se han distinguido en esta legislatura por
el oscurantismo, por unas campañas desaforadas de inútil y vacío
marketing y, si me permite la expresión, por un cierto travestismo
político.
Señor Ministro, cuando hablo de oscurantismo me estoy refiriendo a la
forma de actuar de este Gobierno y de su departamento, a lo difícil que
es que ustedes vengan a someterse en esta Cámara a actuaciones de
control, y a lo reacio que ha sido el Gobierno del señor Aznar, tal vez
imbuido por ese miedo patológico de la más rancia derecha española, al
control parlamentario y a dar cuenta en las Cámaras de sus actividades.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Zamorano, espere un
momento, por favor. Ruego silencio a sus señorías y ruego presten
atención al interpelante que está en el uso de la palabra. Puede usted
continuar.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como le decía, esta mañana contestaba a una pregunta de
una Senadora de mi grupo parlamentario que le había sido formulada para
su respuesta en Comisión en el año 1998, y que hemos tenido que traer al
Pleno para que usted la contestara.
Este oscurantismo se pone de manifiesto cuando usted expresa sus
voluntades, sus intenciones, lo que quiere hacer en foros ajenos a esta
Cámara. Este oscurantismo también se pone de manifiesto en las propias
declaraciones de los responsables de su Ministerio cuando, por ejemplo,
analizando los Presupuestos Generales del Estado y las previsiones, nos
dicen que lo que se pone en los presupuestos es una cosa y luego lo que
hace el Gobierno es otra --fíjese que esto lo dicen refiriéndose a los
presupuestos, que teóricamente contienen el programa de actuación del
Gobierno para el año en que se proponen.
Y cuando recibe estas críticas no responde acudiendo a las Cámaras, no
responde con mayor transparencia en su gestión, simplemente --si me lo
permite, con una alta dosis de cinismo político-- trata de echar la culpa
a épocas anteriores, como si lo que hubiese pasado en épocas anteriores
justificara lo que está pasando en esta época, como si yo pudiera
responsabilizarle a usted de lo que usted hiciera en épocas anteriores.
No, estamos analizando la gestión de este Gobierno y de este Ministerio,
y por ello las contestaciones deberían centrarse sobre la acción de
control que a estas acciones, ahora y en este momento, nosotros estamos
realizando.
Pero le hablo de una amplia campaña de marketing que muchas veces ha
consistido en el anuncio de iniciativas que se han agotado en la propia
presentación --les recuerdo aquel plan que usted anunciaba sobre la
atención de la mujer, y cuyos resultados prácticos los estamos viendo
ahora en Castilla y León, donde los centros de planificación familiar
están cayendo y sus funciones están siendo asumidas por los equipos de
atención primaria, o donde se ha aplicado un «recetazo» encubierto con
los anticonceptivos más comunes--, campañas que a lo mejor, o a lo peor,
han conducido a un absoluto fracaso, como la célebre campaña que usted
inició sobre las listas de espera, de las que al final hoy día ya no se
habla tanto porque sabemos cuál es su contenido y sabemos además que el
resultado final fue, sobre todo, un lucro, un alto beneficio para las
iniciativas privadas. Y el fracaso fue tal en la aplicación de su campaña
que han tenido que aparecer circulares por todos los hospitales de España
--como ésta de Palencia o ésta de Cáceres-- donde se les dice a los
equipos médicos que no entren en las listas de espera quirúrgica nada más
que aquellos pacientes y en número igual a los que habían sido operados
en ese día; en definitiva, lo que estaba creando usted era una lista de
espera a la propia lista de espera.
Marketing como el conjunto de mociones que se han presentado en esta
Cámara por su propio Grupo, conjunto de mociones que se agotaban en su
debate y que solamente tenían como fin tratar de ocultar su falta de
capacidad legislativa, ya que en toda esta legislatura solamente nos ha
brindado algunos decretos-ley que después se han tramitado como proyecto,
pero ningún proyecto de ley.
Y travestismo político en sus declaraciones, cuando sale como adalid
defensor de nuestro Sistema Nacional de Salud pero luego esas acciones no
se corresponden con lo que se dice; cuando se dice una cosa y se hace
otra; cuando se intenta confundir haciendo ver que la realidad no es lo
que se hace sino lo que se pretende decir, en la más pura teoría de
Orwell. Si quiere un ejemplo de adónde han llevado ustedes este decir una
cosa y no hacerla se lo daré: cuando ustedes han tenido críticas de los
grupos de la oposición sobre un determinado problema, en vez de dar
instrucciones a las Direcciones Provinciales para que resolvieran el
problema, les daban un «argumentario» para que dijeran lo que tenían que
contestarnos y no para que se pusieran a resolver la denuncia que se
había formulado; «argumentario» que también es del más puro estilo de su
Gobierno y trasladado a todas las Direcciones Provinciales para su
debate. Me hubiese gustado haber debatido esto en Comisión, pero como no
vienen, lo tengo que traer aquí. (El señor Zamorano Vázquez muestra unos
documentos a la Cámara.)
¿Y todo esto para qué, señor Ministro? Créame que ahora sí tenemos ya una
valoración clara de lo que ha sido su gestión: durante todo el tiempo
usted no ha tenido realmente una política de salud, no ha desarrollado
ninguna política de salud; en un momento amparándose en la necesidad de
consenso, en otros momentos amparándose en estas políticas de marketing,
detrás de ello no ha existido ninguna política de salud. Y sí han
existido dos claras líneas de actuación: una, usted ha establecido los
cimientos para la introducción de la sanidad privada en este país y, dos,
usted ha socavado los cimientos de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Si recordamos el programa del Partido Popular en el año 1993 traeremos a
la memoria todas las declaraciones de su amigo Fernández Miranda. Esto
chocaba mucho cuando usted, en sus primeras comparecencias en esta Cámara
como Ministro y con lo que yo llamaba el exultante fervor del converso,
era el gran adalid de nuestro Sistema Nacional de Salud, de nuestro
Sistema de atención primaria, etcétera. Pero con el tiempo hemos visto
que después de esas declaraciones ha habido un conjunto de actuaciones,
y a nosotros nos parece que lo que usted estaba haciendo es establecer
las bases para que esas intenciones del señor Fernández Miranda se
pudiesen llevar a cabo próximamente.
Pero no van a tener tiempo porque los ciudadanos se han dado cuenta de
estas actuaciones del Partido Popular y no van a permitir que, tras las
próximas elecciones generales, ese programa oculto en las elecciones de
1996, esas actuaciones del Partido Popular defendidas por el señor
Fernández Miranda, consistentes en la ruptura del aseguramiento único en
detrimento de la sanidad pública y en beneficio de la sanidad privada
puedan cuajar.
No lo digo por decir, puedo poner muchos ejemplos. El primero de ellos,
son las declaraciones del señor Martínez-Pujalte, portavoz de Economía
del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, hace dos semanas.
Leo textualmente: Nos parece que es importante incentivar en el marco
colectivo de las empresas, que lleguen al mayor número de trabajadores de
la población española los seguros sanitarios, porque nos parece que es
bueno y que da garantía a los trabajadores, porque no vamos a dejarlo
todo a las clases adineradas. Se trata de extender el seguro sanitario
privado. Vuelve ahora a salir el programa oculto y vuelve a entenderse el
porqué de todas estas actuaciones que usted ha estado desarrollando.
Porque junto a ello, ¿qué es lo que más ha crecido durante su actuación?
Lo que más ha crecido ha sido la provisión privada de servicios, con más
de un 10 por ciento acumulativo; lo que más ha crecido han sido los
mecanismos de incentivos a la provisión privada, como la reforma que
ustedes hicieron en el IRPF, como el mantenimiento del régimen de
colaboración con las empresas, como la modificación que hubo que hacer a
la Ley General de Sanidad para posibilitar el Hospital de Alcira, o como
ese invento que, subrepticiamente, con nocturnidad y alevosía, nos trajo
a esta Cámara en una enmienda a los Presupuestos el año pasado, que eran
las fundaciones públicas sanitarias. Mucho se ha hablado de ellas, pero
ahora no lo voy a hacer yo; me voy a referir a una institución que usted
conoce de una Comunidad que usted conoce. Seguro que conoce el Sergas,
del que fue usted consejero, y seguro que conoce el Consello de Contas.
En relación a estas fundaciones, que usted trae aquí después del gran
éxito que habían tenido en su aplicación en Galicia, dice el Consello de
Contas que discrepa de los máximos responsables, 04 que no cree en las
bondades de las fundaciones para asumir la asistencia hospitalaria, y
aparte de considerarlas innecesarias critica su funcionamiento, el
control del gasto y hasta el sistema de contratación de personal, además
de no responder a la oferta sanitaria de los hospitales del Sergas.
Y dice textualmente: Desde el punto de vista del gasto público, la
creación de una fundación implica una vía de escape a los controles
administrativos y la instrumentalización de la óptica presupuestaria de
una Caja especial. No se puede olvidar que además se está trasladando
funciones que son propias de la Administración con estas fundaciones; se
están sustrayendo fondos públicos y bienes de dominio público para
ponerlos a disposición de una entidad privada. Lejos de alcanzar los
logros esperados, pone de manifiesto una falta de control presupuestario,
así como destacables irregularidades en las contrataciones de personal y
en las subcontrataciones de los servicios externos que acaban
distorsionando las previsiones de gasto. Lo dice el Consello de Contas
respecto al modelo que usted aplicó en Galicia y que nos quiere traer
aquí. Por ello no me extraña que ayer, en la Comisión Mixta
Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, el
Partido Popular se opusiera a una solicitud para que el Tribunal de
Cuentas fiscalizara las cuentas del Hospital Fundación de Alcorcón,
porque probablemente trataban de ocultar lo que ya había descubierto el
Consello de Contas en Galicia.
Junto a estas actuaciones encaminadas a potenciar el desarrollo y el
mercado de una iniciativa privada en España,
en detrimento de nuestro Sistema Nacional de Salud, usted ha tenido
rotundos fracasos en aquellas medidas que tenían como principal objetivo
potenciar y consolidar nuestro Sistema Nacional de Salud. Su nuevo modelo
de financiación de la Sanidad Pública ha sido un absoluto fracaso. Su
política de control del gasto farmacéutico ha sido un absoluto fracaso.
Cuando, también subrepticiamente, en segunda vuelta, usted nos presenta
aquí el nuevo modelo de financiación de la Sanidad Pública, el Grupo
Parlamentario Socialista expuso entonces sus críticas que,
desgraciadamente --y lo digo porque nos habría gustado que ese modelo
hubiese salido adelante y significara una respuesta para las necesidades
financieras del sistema--, se han cumplido una por una. Ha sido un modelo
altamente insuficiente, y es reconocido hoy por todas las Comunidades
Autónomas. Ha sido un modelo injusto y discriminatorio donde se ha
establecido un diferencial de gasto entre unas Comunidades Autónomas y
otras importante; donde el gasto por habitante en las Comunidades con la
sanidad no transferida es muy inferior a otras Comunidades con la sanidad
transferida; donde en el período de aplicación de cuatro años se va a
producir un diferencial de cerca de 150.000 millones de pesetas entre la
más beneficiada y la menos beneficiada y donde, por desgracia, se ha
cumplido aquello que le dije de que esto era el cuento de la lechera.
Usted al ligar el modelo de financiación a posibles ahorros en el gasto
farmacéutico, corría el riesgo de que, si no se producían esos ahorros y
al anticiparse el dinero del ahorro, se hubiese caído en un déficit
importante dentro de todo el sistema. Esos ahorros no sólo no se han
producido, sino que lejos de producirse se han incrementado. Y no
solamente no se ha producido en dos años un ahorro de 120.000 millones de
pesetas, sino que se ha producido un incremento del gasto por encima de
estos 120.000 millones, lo cual nos da un diferencial de 250.000 en dos
años de aplicación de este cuento de la lechera, y usted ahora debería de
explicar qué es lo que ha dejado de financiar.
Yo le recuerdo en esta Cámara diciendo: y con lo que nos ahorremos del
gasto farmacéutico, haremos más hospitales; y con lo que nos ahorremos
con el gasto farmacéutico, haremos más centros de salud; y con lo que nos
ahorremos del gasto farmacéutico haremos mayores intervenciones
quirúrgicas, pondremos más prótesis, haremos más campañas de salud.
Pues bien, todo eso no se ha hecho o no se ha podido hacer porque no se
ha ahorrado nada, sino que se ha incrementado el gasto muy por encima de
él. Pero es que, además, para el año que viene --lo dicen ya otros foros,
no sólo yo-- este mismo problema del cuento de la lechera lo vamos a
tener con las incapacidades temporales, porque hasta ahora los ahorros
que se habían producido en las incapacidades temporales, ustedes no los
habían dedicado a un mayor número de prestaciones sanitarias, sino a
cubrir el déficit de las facturas farmacéuticas, a cubrir ese descalabro
en el control del gasto farmacéutico, a pesar de que, como muy bien se
dice por el Instituto Nacional de Seguridad Social --se lo leo--, los
créditos de estos ahorros están dirigidos a financiar aquellas
actividades que resulten necesarias y oportunas para un control más
eficiente y eficaz de las incapacidades temporales.
Pues, como muy bien reconoció el señor Núñez Feijoo en su comparecencia
en la Comisión de Presupuestos, no se han destinado a eso. Se han
destinado a pagar el exceso de facturas farmacéuticas.
Pero es que para el año que viene, y ante este exceso de facturas
farmacéuticas y ante este desfase del nuevo modelo de financiación,
ustedes van a anticipar los previsibles ahorros en la incapacidad
temporal, con lo cual al final del año volveremos a estar en la misma
situación que cual hemos estado con el gasto farmacéutico, es decir,
volverán a incrementar el déficit de nuestro Sistema Nacional de Salud
muy por encima de sus posibilidades contempladas en su modelo.
Todo ello está articulado con su otro gran fracaso que ha sido la
política de control del gasto farmacéutico. Señor Ministro, jamás un
Ministro iba a encontrar el apoyo que le quería brindar y que le brinda
el Grupo Parlamentario Socialista para efectuar una política de control
del crecimiento del gasto farmacéutico; jamas un Ministro ha hecho más
oídos sordos; jamás un Ministro ha tomado decisiones que fuesen en contra
del objetivo declarado, decisiones que se han traducido al final en un
gran beneficiario, Farmaindustria, y en un gran perjudicado, los
bolsillos de los ciudadanos y nuestro Sistema Nacional de Salud con el
déficit al que usted lo ha llevado al liarlo al nuevo modelo de
financiación de la sanidad pública.
Usted, en aras a este control del gasto farmacéutico, aplica un
«recetazo» con criterios meramente economicistas, que no sanitarios, y
que se traduce al final de su aplicación en que la única Comunidad
Autónoma que no lo aplica porque entiende que eso es un recorte de
prestaciones es la Comunidad Autónoma donde menos ha crecido el gasto
farmacéutico, que es la de Andalucía.
Nosotros ya le anunciábamos que la forma en la cual lo estaba realizando,
más impuestos desde Economía que desde Sanidad, sin una valoración real
de los medicamentos que eran seguros, eficaces y de calidad, iba a dar
lugar a una sustitución de fármacos que iba a incrementar la factura. El
resultado ha sido el que le dijimos. Usted persiste en mantenerla y no
enmendarla a pesar de este desaforado crecimiento del gasto.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Zamorano, le ruego que
vaya concluyendo porque su tiempo ha terminado.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Termino en un minuto, señor Presidente.
Luego, si acaso, para no dejar este tema, en el turno de réplica
hablaremos de su política de genéricos, de cómo ha engañado al personal
diciendo que iba a establecer una política de genéricos que luego no ha
introducido, o de ese fiasco que ha supuesto su decreto de precios de
referencias que un año después de anunciado aún no se ha puesto, y todo
esto en beneficio de la industria farmacéutica y en perjuicio de nuestro
Sistema Nacional de Salud.
Por ello, señor Ministro, ahora podemos valorar estos cuatro años --como
le he dicho antes-- como años en los cuales, utilizando el travestismo
político, utilizando el oscurantismo, usted ha pretendido engañar a la
sociedad española sentando las bases de lo que podría ser ese programa
que nos anunciaba el señor Fernández-Miranda antes de las elecciones. Y
digo que han sentado unas bases porque usted ha sido su principal valedor
para su ejecución a medio plazo. Usted ha tomado medidas que han
cimentado nuestro Sistema Nacional de Salud, pero que han propiciado unos
buenos cimientos para el desarrollo de una sanidad privada en España,
para el desarrollo de una ruptura del aseguramiento único, atendiendo a
esa idea de una sanidad dual y estratificada a la cual nos quiere llevar
el Partido Popular, de una sanidad privada para los ricos, asegurada para
las clases medias y de beneficencia para los menos favorecidos; sanidad
que ustedes proponían ya en programas anteriores y que usted se ha
encargado de preparar para las próximas elecciones. Pero no se preocupe,
la sociedad española lo sabe y usted no va a ser Ministro ni ninguno de
los del actual Gobierno para poder rematar esta faena de desmantelamiento
de nuestro Sistema Público de Salud.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador
Zamorano.
Para contestar a la interpelación, tiene la palabra el señor Ministro de
Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
Presidente.
Señor Senador interpelante, señor Zamorano, al escucharle no sé que
sentimiento o qué sensación prevalecía más en mí, si la de perplejidad o
la de conmiseración. No sé si usted es incapaz de hacer un razonamiento
coherente o realmente le obligan a salir aquí a decir las incoherencias
que dice sin creer en ellas.
Yo entendería que pudiera montar estas acusaciones de oscurantismo, de
incomparecencias de este Gobierno ante esta Cámara, cuando se pudieran
exhibir datos distintos de períodos anteriores. Pero que acusen ustedes
al Gobierno de no comparecer aquí, que me acusen a mí de no comparecer en
el Senado cuando he venido al Pleno a contestar nueve interpelaciones y
mi antecesor a tres, cuando he contestado 85 preguntas y mi antecesor a
38, cuando he contestado 42 preguntas en Comisión y mi antecesor cero,
realmente me parece que es un argumento de una inconsistencia total.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Que ustedes acusen a este Ministro de no traer iniciativas legislativas
a las Cámaras y pudieran exhibir otros datos de períodos anteriores lo
entendería, pero que venga usted a acusarme a mí de no tener iniciativas
legislativas --he presentado ocho cuando mi antecesor presentó cero-- es
de una inconsistencia lamentable. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
Usted no se cree eso que dice del travestismo de la política sanitaria de
este Gobierno porque si usted conociera mínimamente los textos básicos
sobre estas cuestiones sabría lo que dije yo a un periódico nacional en
el año 1994 sobre la reforma sanitaria, qué es exactamente lo que estamos
haciendo ahora, y conocería el programa del Partido Popular que se
presentó a las elecciones en el año 1996, qué es exactamente lo que
estamos haciendo ahora. Esa cuestión implícita en su intervención,
relacionada con la libre elección de los ciudadanos de una provisión
público-privada, está en mi artículo de ese periódico del año 1994; está
en el programa del Partido Popular del año 1996 en donde se dice que el
Partido Popular apuesta por un sistema de financiación pública y
provisión mixta; está en el discurso de investidura del Presidente Aznar
en el Congreso; está en los acuerdos parlamentarios; está en mi
comparecencia aquí en el Senado donde yo defendía modificaciones en el
Sistema Nacional de Salud para que sea menos burocrático, rígido y
administrativo, avanzando en la dirección de la autonomía de los centros
y de la libertad de elección de los usuarios. Y añadía: creemos que
frente al modelo que tenemos en nuestro país la autonomía de los centros
supone un avance, así como la competencia entre los propios centros,
incluso dentro del sector público, pero, obviamente también con el sector
privado; y, de la misma manera, la libertad de elección de los usuarios
es lo que puede mejorar el sistema sanitario. Por tanto, en todo momento
hemos dicho exactamente lo mismo y estamos haciendo lo que decíamos. Esta
es, pues, otra acusación que se cae por su propio peso.
Y lo mismo ocurre con todos sus alegatos sobre nuestra gestión sanitaria
durante estos años, que tienen la misma inconsistencia que las
acusaciones con las que usted ha iniciado su intervención.
Señoría, voy a decirle lo que ustedes nos dejaron. Un Sistema Nacional de
Salud que ya recibieron con los valores de financiación pública y de
universalidad, porque ustedes no crearon esos valores. Efectivamente,
mejoraron la asistencia primaria, aunque con un sesgo hiperburocrático
que pesa como una losa sobre lo que hay que hacer con esos servicios. Y
dejaron que se creara la Organización Nacional de Trasplantes. Les
felicito por ello, y me siento muy orgulloso de que eso haya ocurrido en
nuestro país.
Por lo demás, se empeñaron ustedes en mantener un modelo sanitario que se
estaba quedando solo en Europa, porque estábamos en el furgón de cola y
ustedes querían mantenerse ahí con ese modelo centralista, rígido,
burocrático, sin autonomía de los centros y sin libertad de elección de
los usuarios.
Hablan ustedes de muchas otras cosas. Pero, por ejemplo, en materia de
salud pública nos dejaron un presupuesto para el sida que era la tercera
parte del que ahora tenemos. Han dicho a veces que no atendemos las
enfermedades emergentes y reemergentes. Sin embargo, destinaban cero
pesetas a esos programas. Y el país estaba invadido de productos milagro.
En cuanto a los medicamentos, tenían ustedes una legislación de farmacia
preconstitucional. Había pocas farmacias y éstas no tenían libertad de
horarios. Los márgenes de las farmacias y de los almacenes eran los más
altos de Europa. Dedicaban ustedes cero pesetas a los genéricos.
Los precios de referencia eran inexistentes. Y en lo que se refiere a las
aportaciones de la industria, cuando más consiguieron ustedes lograron
15.000 millones. Elaboraron un «medicamentazo», es cierto, pero los
ahorros se los quedó Hacienda. Tenían desbocado el gasto farmacéutico,
que crecía al 14 por ciento anual acumulativo.
Respecto de la ordenación profesional, no se habían enterado de la
formación continuada; el programa de los Mestos estaba sin resolver, y la
equiparación de los médicos generales y de familia, también.
Y en cuanto al Sistema Nacional de Salud, tenían ustedes una financiación
que había arrojado déficit crónicos y tuvieron que hacer dos saneamientos
entre 1990 y 1995 de casi un billón de pesetas. Pero fue el acuerdo de
1994 el que era claramente insuficiente: le faltaban 150.000 millones, y
lo sabíamos todos los que estábamos en ese asunto. En 1998 hubo que
recuperar ese déficit, cuando las necesidades eran las que conocemos.
Andalucía necesitaba 50.000 millones más al año para equilibrar sus
cuentas después del acuerdo de 1994, y gracias a esos 50.000 millones,
que se consiguieron en 1998, se pudieron equilibrar las cuentas en el
Sistema Nacional de Salud. Y la Junta de Andalucía votó a favor de esa
financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, diga usted lo
que diga.
Por lo que se refiere al Insalud, acababan de salir de una huelga, tenían
al personal desmotivado, el 30 por ciento del personal era interino, no
tenía estabilidad... No se resolvían los problemas. La red tenía graves
dificultades por su obsolescencia. Al Insalud le faltaban 20.000 millones
al año para atender correctamente las necesidades de inversión de su
amplia red de infraestructuras sanitarias.
La informática era tercermundista. Se gastaban ustedes en informática
sanitaria 1.300 millones de pesetas al año; era el segundo departamento
de la Administración que dedicaba menos a ese sector, y además no se
gastaba bien.
Y el resultado, señor Zamorano, era una lista de espera escandalosamente
alta, con 190.000 personas en esa situación, de las cuales más de 5.000
llevaban esperando dos años y más de 54.000, por encima de los seis
meses. Además, la situación estaba muy mal distribuida porque ustedes no
eran nada equitativos en el tratamiento de ese problema. Por ejemplo, los
extremeños tardaban 312 días de media para ser intervenidos
quirúrgicamente, mientras que, afortunadamente, en Cantabria se esperaba
poco más de tres meses. Como ve, en Extremadura existían once meses de
espera media, frente a los tres de Cantabria, para ser intervenido. Esa
era la situación de las listas de espera.
En el «screening» de mama, qué le voy a decir, no se habían enterado de
que esto era algo verdaderamente importante y que había que promoverlo.
La investigación seguía las rutinas hasta entonces existentes. ¿Qué
hicimos nosotros? Establecer las bases de una reforma que va a permitir
europeizar la sanidad española, con una ley y con nuevas formas de
gestión que permiten dotar de autonomía a los centros sanitarios,
completada con esa introducción de las fundaciones públicas sanitarias
que, si tengo tiempo, le diré a usted algo sobre esa falacia de que eso
supone una privatización, dígalo el Consejo de Contas o quien lo diga; es
un error monumental, porque eso no tiene nada de privatización. El
hospital de Verín no es una entidad privada, lo diga el Consejo de Contas
o quien lo diga; no engañen ustedes a nadie; es un hospital de la red del
Sergas, como los demás hospitales, en cuanto a la titularidad pública del
centro; repito, no engañen ustedes a nadie, lo diga el Consejo de Contas
o lo diga quien sea; es una entidad absolutamente pública en su
financiación, en su funcionamiento, en todas sus características, a los
efectos de esta discusión.
Nosotros sentamos las bases de la reforma, y afortunadamente no lo
hicimos solos: tuvimos la compañía, en el acuerdo parlamentario del
Congreso, que aprobó esta reforma, de los Grupos nacionalistas que apoyan
al Gobierno, y nos sentimos muy honrados de eso, y seguimos avanzando en
el desarrollo de ese proceso que tiene que asimilar la sanidad española
a la de los países más avanzados de Europa. Multiplicamos por tres el
presupuesto para el sida y, afortunadamente, hoy podemos constatar que se
reduce el número de nuevos casos en un 50 por ciento estos últimos años;
dedicamos más de 1.100 millones de pesetas para colaborar con las
Comunidades Autónomas en la lucha contra las enfermedades emergentes y
reemergentes; eliminamos los productos milagro; ampliamos el número de
farmacias y liberalizamos los horarios; bajamos los márgenes de las
farmacias y de los almacenistas; regulamos los genéricos y tenemos ya
trescientos en el mercado, señor Zamorano, mientras que ustedes tenían
cero; vamos a más velocidad que ningún país de Europa en la implantación
de genéricos, y ustedes nos dejaron eso en nada. ¡Qué catorce años tan
perdidos! Establecimos los precios de referencia, cuya aplicación se está
retrasando porque hemos bajado también los precios en medicamentos, y hay
que esperar a tener en cuenta los efectos de ese decreto-ley en el precio
de los medicamentos para establecer los de referencia, y conseguimos de
la industria farmacéutica aportaciones que en algún año llegaron a los
40.000 millones de pesetas frente a los 15.000 que conseguían ustedes, en
las mejores condiciones, y bajamos los precios de los medicamentos en
conjunto un 11 por ciento en estos años, además de los ahorros de nuestro
«medicamentazo» --a diferencia de los suyos-- que, por cierto, fue votado
por la Junta de Andalucía en el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
y del que ustedes se desmarcaron, en forma bien conocida, dando prueba de
esa disposición al consenso y al acuerdo a que se refería su señoría.
Gracias a todas esas medidas, estamos consiguiendo que el crecimiento
medio del gasto farmacéutico en esta legislatura sea del 8 por ciento,
frente al 14 por ciento acumulativo que tuvieron ustedes desde 1986 a
1996, y esa desaceleración del crecimiento del gasto farmacéutico, ese
pasar al 8 por ciento de crecimiento medio, nos va a permitir concluir la
legislatura con un ahorro en el gasto farmacéutico sobre esas previsiones
de 250.000 millones de pesetas, que naturalmente hemos podido aplicar a
necesidades más urgentes. Regulamos la formación continuada, resolvimos
el problema de los Mestos y de los médicos generales, resolvimos el
problema de la financiación del Sistema Nacional de Salud, incrementando
los presupuestos del sistema en más de un billón de pesetas en estos
cuatro años; ha crecido el gasto sanitario un 27 por ciento en estos
cuatro años, que son 11 puntos más de lo que crecieron los Presupuestos
Generales del Estado, 3 puntos por encima del PIB; tenemos en marcha un
formidable plan de modernización de la red de hospitales y centros de
salud, con 10 hospitales nuevos en marcha, con 57 reformas, de las cuales
35 son grandes reformas, y con más de 200 nuevos centros de salud;
tenemos el personal más motivado, hemos contado más con ellos, hemos
negociado más con ellos, hemos acordado los contratos de gestión, hemos
nombrado los directores médicos de acuerdo con los profesionales y vamos
a dedicar el año 2000 14.000 millones de pesetas más a incentivar al
personal del Insalud frente al cero que dedicaban ustedes a esta
finalidad.
Mejoramos la primaria con más PACS, con más unidades de apoyo, con más
capacidad de los médicos para ejercer sus facultades profesionales, y con
un plan de atención a la mujer, señor Zamorano, del que me siento muy
orgulloso y que, entre otras cosas, está permitiendo que se hagan al año
400.000 mamografías a mujeres comprendidas entre 50 y 64 años, lo que
posibilita la detección precoz de ese problema y, consiguientemente,
aplicar el tratamiento más eficaz y que se salven muchas vidas y muchos
años de vida de estas mujeres.
Aumentamos la actividad en los hospitales. Pasamos de 35.000 hospitales.
Pasamos de 35.000 intervenciones de cirugía mayor ambulatoria a más de
cien mil. Ha habido 18.000 intervenciones quirúrgicas más al año.
Redujimos la estancia media y redujimos las listas de espera. Y ya pueden
ustedes venir aquí con cuentos y tratando de desvirtuar la realidad: son
cifras muy seguras, bajo la responsabilidad de profesionales de una
trayectoria intachable, y aquéllas acreditan que, de las 190.000 en lista
de espera, vamos a estar en 130.000 o por debajo de esta cifra al final
de año; de 210 días de espera media vamos a terminar el año con 60; y de
54.000 personas esperando más de seis meses, nos vamos a encontrar a
final de año con cero.
Ese es el resultado de una gestión, de un incremento de actividad, de la
colaboración de los profesionales, de una adecuada dirección de nuestros
hospitales que permiten ofrecer a los ciudadanos estos resultados y estas
esperas que empiezan a homologarse con los de los países más avanzados de
Europa.
En consultas externas esperamos terminar muy cerca de los 20 días de
demora media y 90 de máxima. Tenemos planes de calidad total. El 0,61 de
algo cuya instalación ustedes apenas conocían, cuando nosotros llegamos
al Gobierno --por cierto, que en Galicia estaba ya extendido a toda la
Comunidad Autónoma--, vamos a terminar la legislatura con este servicio
para urgencias y emergencias implantado en todo el territorio del
Insalud, y estamos acometiendo una informatización de la red
absolutamente modélica, con inversiones del orden de los 10. 000 millones
de pesetas anuales frente a los 1.350 que dedicaron ustedes a esta
finalidad el año 1995.
En investigación, estamos dando a esta cuestión el trato que merece, y
hemos tenido la satisfacción de poder poner en marcha un Centro Nacional
de Investigación del Cáncer, demandado por todas las sociedades
científicas en esta materia, y que va a ser un gran dinamizador de toda
la investigación en esta área, como espero que lo sea también el
Instituto de Investigaciones Cardiovasculares, por no hablar de los 300
contratos para investigadores que ha puesto en marcha el Carlos III para
apoyar la iniciativa investigadora española en este campo de la
Biomedicina.
En definitiva, señor Presidente, señorías hemos conseguido un gran avance
en la modernización de nuestro sistema sanitario y estamos en condiciones
de, en muy poco tiempo, ponerlo a la altura de los países más avanzados
de Europa.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--El señor Zamorano Vázquez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, señor Ministro
de Sanidad y Consumo.
Por el artículo 87, tiene la palabra el Senador Zamorano.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la sensación que usted tuviera al salir a replicarme en
esta tribuna la debe definir usted, no yo, aunque creo que a lo mejor se
encuentra un poco ofuscado por haber sido desenmascarado en la actitud
que ha venido manteniendo. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) La principal prueba de ello es que conoce mejor la gestión
sanitaria socialista que la suya, porque es que la suya no la conoce
nadie. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Ha
perdido más tiempo en valorar lo que recibió, que fue un sistema nacional
de salud universal, gratuito y que era un gran elemento de cohesión
social en España. Y fíjese hasta dónde llega su travestismo, señor
Ministro, que estas palabras las decía textualmente la Memoria del primer
presupuesto que usted trajo a esta Cámara. (Un señor Senador del Grupo
Parlamentario Popular pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Sabe usted
por qué? Pues porque no puede defender la carencia de una política
sanitaria, como ha sucedido durante su mandato. Porque no quiere dar a
conocer las medidas que ha estado desarrollando para cimentar las bases
de la ruptura del aseguramiento (Un señor Senador del Grupo Parlamentario
Popular pronuncia palabra que no se perciben.), para cimentar las bases
de la sanidad privada en España.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Por favor, no dialoguen.
Continúe, señor Zamorano.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Usted no quiere que la sociedad conozca que
todas las medidas que usted ha iniciado han ido en contra de nuestro
Sistema Nacional de Salud.
Señor Ministro, usted a esta Cámara no ha venido. Usted tiene más de 48
preguntas sin contestar desde febrero de 1998; usted únicamente ha venido
a una comparecencia en la Comisión de Sanidad, y no me ponga como ejemplo
que la anterior Ministra venía menos, por dos razones, primero porque su
grupo parlamentario no debería trabajar
como para hacerla venir aquí con iniciativas parlamentarias y, segundo,
porque yo estoy valorando su gestión ahora, no su gestión cuando estuvo
en el Gobierno de Arias Navarro. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--El señor Unceta Antón: ¡Demagogo!) Por eso
tampoco es de recibo que usted ahora quiera valorar gestiones anteriores
cuando se trata de cuestionar la suya. Responda de su gestión ahora, que
es de lo que yo le pido cuentas, porque si vamos para atrás podemos ver
cómo era la sanidad de beneficencia que usted gestionó y el Sistema
Nacional de Salud que los socialistas le dejamos cuando usted entró en el
Gobierno. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Habla usted de su modelo de financiación y que el del año 1994 era muy
malo y, a pesar de ello, usted lo firmó como Consejero de Galicia. ¿Es
que usted quiere cosas malas para Galicia o es que es usted un demagogo
ahora en este planteamiento? Sobre el modelo de financiación ya le
dijimos que era insuficiente, injusto, el cuento de la lechera porque
ligaba ahorro futuro al presente. (Un señor Senador desde los escaños del
Grupo Parlamentario Popular: ¡Lo dejasteis en quiebra!) Sin embargo,
Andalucía no tuvo nada más que lo que le correspondía, es decir, el
volumen de financiación que le correspondía en función del número de
habitantes, lo que ahora el Gobierno se niega a reconocer en el resto de
los ministerios, porque tenemos todavía 50.000 andaluces sin reconocer
para la educación y para el resto de las competencias transferidas.
Solamente tenemos aquí lo que nos corresponde, y es insuficiente --y no
lo digo yo--. Cójase la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año que viene y vea el crecimiento que se ha tenido según se contempla en
esta Memoria, y verá usted que hay una Comunidad Autónoma que ha crecido
un 17 por ciento, muy por encima --nunca el 21 que usted plantea-- de la
media, que ha estado en torno al 14 por ciento, y ha sido el Insalud, si
excluimos las cantidades que corresponden a los centros de referencia
nacional, donde menos se ha crecido.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Zamorano, ha terminado
su tiempo.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Me dice usted que ha desarrollado un gran plan
de informática. Se trata de un gran plan de informática en atención
primaria que por no tener no tenía ni la letra «ñ», que luego ha tenido
que retirar y que el único mérito que ha tenido es que lo ha puesto en
marcha su sobrina y por eso tiene que defenderlo. (Fuertes rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor González Pons:
¡Tranquilo, tranquilo!) El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador
Zamorano, ha terminado su tiempo.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Termino, señor Presidente.
Esa es la concepción sanitaria a la que nos quiere conducir. Diga la
realidad, señor Ministro, diga por qué hay tanta potenciación de la
sanidad privada, por qué hay tantas medidas encaminadas a ese modelo de
sanidad privada y por qué ese fracaso en lo que puede significar la
consolidación de nuestro Sistema Nacional de Salud, en la financiación
pública y en el control del gasto farmacéutico.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Zamorano.
Abrimos turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Una vez más el Senador Zamorano, interpelante del Grupo Parlamentario
Socialista, nos da la oportunidad de hacer un análisis sobre la política
sanitaria que a lo largo de la legislatura se ha desarrollado por parte
del Gobierno central. Por tanto, brindándonos esa oportunidad, a nosotros
no nos parece que la gestión del Ministerio de Sanidad haya sido tan
negra como plantea el Senador Zamorano ni tan de color de rosa como
plantea el Ministro de Sanidad, señor Romay.
Obviamente usted, señor Ministro, tiene que hacer una defensa muy
positiva de todo lo que ha realizado y el Senador Zamorano tiene que
hacer una alegación negativa y de puntos oscuros de la gestión que
ustedes han desarrollado. Nosotros lo vamos a ver desde una posición más
centrada, donde hay claros y oscuros, donde obviamente ustedes han
avanzado en temas como la financiación sanitaria, lográndose un acuerdo
importante pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Previamente se llegó a un consenso entre las administraciones sanitarias
en el CIS, en el Consejo Interterritorial de Salud y, por lo tanto, ese
acuerdo ha dado una estabilidad económica y financiera al sistema, y cada
Comunidad Autónoma con competencias transferidas en sanidad sabe cuál es
el marco financiero en el que se ha de desenvolver en este escenario de
tres años. Asimismo, otro aspecto positivo --como usted también decía--
es la reducción de listas de espera mediante mecanismos de
autoconcertación, es decir, el establecimiento de un marco legislativo
que podría encuadrarse dentro de las diferentes modalidades de gestión.
Ese sería un paso importante.
Pero precisamente, donde quizá no les hemos visto a ustedes avanzar
suficientemente, o donde hemos percibido por su parte una cierta
parálisis, es en la utilización de ese marco legislativo. No han hecho
ustedes una reforma suficiente en la organización del sistema sanitario
territorio Insalud. En Galicia, donde usted tuvo responsabilidades
políticas dentro de su Partido, y donde, por cierto, el ámbito
territorial es también menor, han avanzado más en la organización del
sistema sanitario público
autonómico que en lo que es propiamente territorio Insalud. Y en el País
Vasco, en Cataluña, y parcialmente en Andalucía, se ha avanzado más en la
organización del sistema sanitario público autonómico que en lo que es
propiamente territorio Insalud, es decir, el dependiente del Ministerio
de Sanidad.
Por tanto, ése sería uno de los aspectos oscuros de su gestión. Y es que,
habiéndose propiciado un marco adecuado, éste no se ha utilizado
suficientemente para avanzar en una organización eficiente del sistema
sanitario público en la línea marcada por el señor Abril Martorell en
aquel informe que se presentó a las Cortes en 1992.
Y en materia de gasto farmacéutico, la responsabilidad del Gobierno
central es aún mayor porque, obviamente, las Comunidades Autónomas
gestionan pero no legislan. Lo único que pueden hacer algunas de ellas
--no todas-- es ejecutar la legislación farmacéutica del Estado puesto
que el sistema de distribución competencial está establecido así. Las
Comunidades Autónomas, no todas ellas --repito--, disponen de
competencias para ejecutar lo legislado por las Cortes, por los poderes
centrales del Estado, luego no pueden hacer nada distinto a lo
establecido por dichos poderes.
Es decir, la gestión propiamente dicha está muy desarrollada, está muy
normada. Por tanto, no funciona el sistema tradicional de un Estado
Autonómico, de bases por parte del Estado y de ordenación y desarrollo
por parte de las Comunidades Autónomas, y por eso mismo la competencia
legislativa es exclusiva. Así podemos ver que el incremento del gasto
sanitario, en lo que concierne a farmacia, es impresionante. Estamos en
unos niveles imposibles de asumir en función del producto interior bruto
de España. Estamos en unos niveles que en algunas Comunidades Autónomas
oscilan entre el 8 y el 13 por ciento.
Por tanto, ahí sí que son necesarias mayores medidas. Pero, en ese
sentido, las Comunidades Autónomas están operando a su libre albedrío
haciendo uso de su imaginación política a la hora de autocontrolar cada
uno de los resortes o elementos que constituyen la cadena sanitaria con
facultad prescriptora.
Ahí sí es importante, pues, que ustedes operen y que lo hagan con
rapidez, porque el mecanismo que tienen las Comunidades Autónomas
consiste solamente en ejecutar lo que desde esta Cámara o desde el
Gobierno central, vía ley o vía reglamento, se establezca al respecto.
Ahí sí que es importante operar con inmediatez, repito, puesto que nos
encontramos ya con un incremento de gasto farmacéutico que va a resultar
imposible de asumir para el conjunto de las arcas públicas.
Por ello, el nuevo gobierno que llegue después de las próximas elecciones
generales --sea popular, sea socialista-- se va a encontrar con ese grave
problema: tener que concertar el nuevo modelo de financiación sanitaria
que deberá hacer frente a este conjunto de cuestiones.
Por último, me gustaría hacer una referencia al esquema de funcionamiento
de las administraciones sanitarias y a su colaboración a través del CIS,
el Consejo Interterritorial de Salud, organismo éste que no está
funcionando debidamente. Muchas veces se ha utilizado el Consejo
Interterritorial para que se diluyan, no salgan adelante o se desbaraten
propuestas de las administraciones autonómicas, y ello en un organismo
como ése, cuyo plenario está compuesto por 17 miembros de la
Administración central, principalmente procedentes del Ministerio de
Sanidad, así como también procedentes de otros Ministerios, Educación,
Sanidad o Administraciones Públicas y por otros 17 representantes de las
Comunidades Autónomas, organismo que a su vez está constituido por unas
25 ó 30 Comisiones y grupos de trabajo.
Pues bien, como todos sabemos a dónde nos lleva la condición humana al
final, lo que ocurre es que a medida que se van creando más Comisiones o
grupos de trabajo, no sólo a nivel del CIS sino también en esta propia
Cámara, menos operativos resultamos.
Quería hacer una consideración que le dirijo a usted, señor Ministro, y
si no, al grupo parlamentario al que usted representa. Profundicen
ustedes en la necesidad de establecer en materia de colaboración y
coordinación sanitaria un órgano más operativo. Hagan ustedes una reforma
del CIS, porque su plenario, del que penden 25 ó 30 Comisiones y grupos
de trabajo, no está resultando operativo. Los planteamientos, las
propuestas y las iniciativas muchas veces duermen el sueño de los justos.
Quería terminar mi intervención haciendo esta reflexión sobre el conjunto
de claroscuros, aspectos positivos y negativos, que ha habido en su
gestión, teniendo en cuenta la complejidad que tiene la gestión del
sistema sanitario público. Sepan que si hay algo en lo que los españoles
desean que se gaste, es en sanidad; de todo el conjunto de prioridades,
los ciudadanos prefieren que se gaste en sanidad antes que en otros
servicios públicos como puede ser el medio ambiente o las carreteras.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Gatzagaetxebarría,
termine.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Termino.
Todas las funciones públicas son importantes, pero, según las encuestas
del CIS, la mayoría de los españoles prefieren ante todo un
funcionamiento acorde, eficaz y bueno del sistema sanitario.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Tenía curiosidad e interés por comprender los objetivos que pretendían
con la presentación de una interpelación, dado que ya no hay ocasión de
presentar la moción consiguiente. Naturalmente, sólo cabía una
posibilidad: someter al señor Ministro a un nuevo examen --durísimo, por
cierto--, y eso es lo que he interpretado de la intervención hecha por el
interpelante, el Senador Zamorano, que ha hecho una recapitulación de
casi toda la legislatura en materia sanitaria echando en cara al señor
Ministro su poca participación en el Senado y diciéndole que se ha
preocupado más de las campañas con objetivos publicitarios
que de tratar de ejercer una gestión correcta para atender a las
necesidades que en materia sanitaria requiere la población.
También ha hecho referencia al sistema de financiación que se renovó a lo
largo de esta legislatura, del que hay que reconocer que se ha mejorado
sustancialmente. Con ello no quiero decir que no sea mejorable, como
tampoco entendemos que sea suficiente. ¿Por qué? En primer lugar, porque
las necesidades aumentan, y lo hacen con una proporción muy por encima
del crecimiento económico que tenemos en España, a pesar de estar en un
ciclo alto.
También ha hablado de fracaso en el control del gasto farmacéutico. En
este sentido, nosotros tenemos que decir que no compartimos sus
acusaciones y menos aún el juicio de valores sobre intencionalidades por
parte de Farmaindustria, a lo que se ha aludido en más de una ocasión en
esta Cámara.
El señor Ministro ha explicitado los logros conseguidos de acuerdo al
programa electoral con el que se presentaron a las elecciones; por tanto,
las ganaron y han sido consecuentes con el programa. Ha hecho referencia
a varias cuestiones: a la gestión de los medicamentos, a la ordenación de
las oficinas de farmacia, a la implantación de genéricos y precios de
referencia, a las listas de espera, etcétera, y ha denunciado los déficit
heredados de anteriores gobiernos. Como bien ha dicho el señor
Gatzagaetxebarría, apunta que la gestión de esta materia es parte de la
obligación de unos y otros. También ha hecho referencia al acuerdo
adoptado por el Partido Popular y los grupos nacionalistas en la
Subcomisión de Sanidad del Congreso de los Diputados sobre la reforma
sanitaria; por cierto, hay que mencionar la retirada del Partido
Socialista Obrero Español y de Izquierda Unida.
Desde la autoridad moral que supone haber ejercido nuestra parte de
responsabilidad con los gobiernos correspondientes --sea en el período
1993-1996 con el Partido Socialista Obrero Español o con el Partido
Popular desde 1996 hasta la fecha-- y con la asunción de nuestra
aportación y, por tanto, corresponsabilidad en la política sanitaria
--quede claro que nunca fue nuestra intención intentar juzgar con unas
aportaciones y otras en períodos diferentes--, queremos expresar nuestra
opinión aun sabiendo que la verdad nunca es absoluta; hay verdades
relativas, es lo de la botella medio llena o medio vacía y a lo que hacía
referencia el Senador Gatzagaetxebarría.
Para finalizar, tengo que decirle que me ha parecido una reedición de
debates anteriores en esta Cámara, en este Pleno, y si no ha sido así en
la Comisión de Sanidad, no debemos imputárselo al señor Ministro. Se
puede debatir en la Comisión de Sanidad y eso depende --única y
exclusivamente-- de la Cámara y de esa Comisión, desde la Presidencia, la
Mesa y los portavoces correspondientes.
En mi opinión, hemos debatido bastante sobre Sanidad en el Pleno de la
Cámara y, aunque no quiero hacer comparaciones con períodos anteriores,
le voy a recordar --Senador Zamorano-- un debate en la Comisión General
de las Comunidades Autónomas sobre financiación sanitaria, con
participación de Presidentes de Comunidades Autónomas, que duró --ni más
ni menos-- 7 horas y 45 minutos. Si no es así, me puede rectificar porque
le queda un turno.
En cualquier caso, quiero hacer referencia a una asignatura pendiente,
señor Ministro: la reforma sanitaria. Si se compara con el acuerdo que
tuvo lugar en el Congreso de los Diputados en relación al empleo en el
Pacto de Toledo, veremos que la diferencia es grande. Es una asignatura
pendiente y por eso he recordado también la retirada del Partido
Socialista Obrero Español e Izquierda Unida. Puede ser por acierto en
aquel momento del Gobierno socialista o por sentido de la responsabilidad
de la oposición del Partido Popular, o bien puede que sea al revés, por
incompetencia por parte del Gobierno Popular --en esta ocasión-- o falta
de sentido de responsabilidad por parte de la oposición socialista pero,
en cualquier caso, el final de la legislatura no es el momento para decir
qué es lo que ha ocurrido ni por qué. En todo caso, hay que dejar sentado
qué es lo que ha ocurrido y dejar constancia de que ésta es una
asignatura pendiente que tendremos la obligación, por las necesidades de
la coyuntura social y --como ha dicho muy bien-- por petición de la
ciudadanía, de aprobar entre todos los grupos parlamentarios, sean
quienes sean quienes les representen.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cardona.
¿Grupo Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Popular? (Pausa.)
Tiene la palabra, el Senador Castell Campesino.
El señor CASTELL CAMPESINO: Buenos días, señor Presidente, señor
Ministro, señorías.
Senador Zamorano, como debe saber, es mi primera intervención en el
Pleno, soy nuevo en estas lides, me falta la experiencia que usted tiene,
y escuchando la primera parte de su intervención me parecía estar en un
mitin de plena campaña, aunque obviamente no del partido al que
pertenezco.
Ayer leí la interpelación que hizo usted el día 3 de diciembre de 1997 y
prácticamente, muy resumida, he venido a oír exactamente lo mismo en la
segunda parte de su intervención. (El señor Zamorano Vázquez hace gestos
al orador.)
En la tercera parte ha hablado usted de la farmacia y de las medidas que,
desde su amplia experiencia como gestor del servicio andaluz de salud y
los diversos estamentos que ha ocupado en la provincia de Málaga, no han
sido efectivas. No obstante, usted ha hecho gala, una vez más, de un
catastrofismo generalizado, obviando --entiendo que interesadamente--
cuál era la situación en el año 1996. No voy a catalogar aquella
situación de nefasta, como no lo ha hecho tampoco el señor Ministro,
simplemente nos hemos limitado a poner de relieve alguna de las
situaciones que nos parece que no eran buenas.
El señor Ministro ha hablado del mayor capital que tiene el sistema
público de salud, los profesionales sanitarios, a los que usted creo que
hoy no ha hecho ni tan siquiera una leve alusión. Recuerdo que en el año
1996 había
una falta de motivación generalizada entre los profesionales y también
recuerdo vagamente una calificada «huelga salvaje» de los facultativos de
los hospitales en todo el territorio nacional. Es cierto que en aquellos
momentos en el territorio del Insalud había unas listas de espera de más
de 190.000 personas, de las que más de 54.000 --y esto era lo malo--
llevaban más de 6 meses en lista de espera y, además, tenían escasos
medios económicos, por lo que no podían acudir a otros lugares.
Es cierta también la insuficiencia presupuestaria que existía hasta esa
fecha, agravada, como ha dicho el señor Ministro, con las dos
modificaciones que se hicieron entre los años 1990-1995, de más de un
billón de pesetas, con la consiguiente descapitalización de la red
sanitaria, el endeudamiento de los servicios de salud y el incremento de
las desigualdades territoriales. ¿Por qué? Porque este dinero salía de
los propios presupuestos sanitarios.
Ante este panorama, deberá reconocerme que había que tomar medidas
urgentes y sentar unas bases para una reforma en profundidad del modelo
organizativo de nuestra sanidad. Había que introducir reformas
estructurales para crear un nuevo marco que motivase e implicase en la
gestión a los profesionales sanitarios, donde los ciudadanos pudieran
ejercer libre y realmente sus derechos, y hacerlo sin alterar las
características básicas del Sistema Nacional de Salud --entre las que
usted ha olvidado una--: la universalidad, el aseguramiento único y la
financiación pública.
Por cierto, he de recordarle que en el año 1999, por primera vez, el
presupuesto de la sanidad se ha financiado íntegramente con los
Presupuestos Generales del Estado. Se intentó, como bien se ha reconocido
hoy en esta Cámara, alcanzar un gran consenso parlamentario para llevar
a cabo esta reforma necesaria, y fueron ustedes, el Partido Socialista
Obrero Español, quienes abandonaron dicho consenso. Casi casi a la vez,
una Comunidad Autónoma después de firmar --por lo que se entendía que
estaba de acuerdo-- el Plan de financiación sanitaria dentro del acuerdo
de Política Fiscal y Financiera para el cuatrienio 1998-2001, comenzó a
criticar de una forma desmesurada el Plan de Financiación Autonómica. Y
yo me pregunto: ¿Siguiendo instrucciones? ¿Con qué finalidad? Ustedes
tendrán que explicar esta situación a los ciudadanos.
El hecho es que con medidas legislativas como el Real Decreto-ley
10/1996, la Ley 15/1997, de 15 de abril, subsiguiente al Real Decreto-ley
anterior y, posteriormente, la creación y regulación de las fundaciones
públicas sanitarias en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 1999, y de acuerdo con iniciativas
parlamentarias aprobadas por todos los Grupos, excepto, como ha dicho el
Senador Cardona, Izquierda Unida y PSOE, se pretende romper el modelo
centralista y corporativo existente, permitiéndose con esta legislación
la creación de centros sanitarios con personalidad jurídica y plena
autonomía.
¿Qué persiguen estas medidas? En primer lugar, que los profesionales
tengan más participación, más motivación y hacer, como he dicho al
principio, más efectiva y real la libertad de elección de los ciudadanos.
En segundo lugar establecer la competencia regulada entre los centros y
dar lugar a un manejo más eficiente de los recursos y un trato más
personalizado a los pacientes. Usted lo ha comentado, pero Manacor,
Alarcón y otros centros son fruto de esa nueva legislación, por cierto,
con excelente resultado. Usted también debe conocer la voluntariedad que
se va a exigir a todos los profesionales sanitarios en los procesos de
conversión a fundaciones públicas sanitarias de sus lugares o centros de
trabajo.
Son estas y otras medidas introducidas en el proceso de gestión pura --y
usted sabe lo que es la gestión pura-- las que han dado lugar a los
siguientes resultados: un incremento --y eso es cierto, está en los
presupuestos-- de un billón de pesetas en el período 1996-1999 para la
sanidad, lo que supone, como ha dicho el señor Ministro, un aumento del
27 por ciento, un 11 por ciento más que en los anteriores Presupuestos
Generales del Estado y cuatro puntos más que el producto interior bruto
en el mismo período. Esta mejor financiación, como también ha dicho el
señor Ministro, va a permitir la construcción de diez nuevos hospitales
en territorio Insalud, afrontar la reforma de más de 57 centros, y la
puesta en funcionamiento y construcción de más de 200 centros de salud,
todo eso en territorio Insalud.
En cuanto a la actividad quirúrgica, como bien se ha dicho, ha habido una
reducción de 190.000 a 130.000, y lo más importante, el acortamiento de
los tiempos de espera de 210 a 60 días y la desaparición de las demoras
máximas de dos años a menos de seis meses.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Castell, le ruego que
vaya concluyendo.
El señor CASTELL CAMPESINO: Enseguida termino, señor Presidente.
Entre varias medidas de gestión, como ha dicho el señor Ministro, se crea
el Centro Nacional de Investigación Oncológica, así como la puesta en
funcionamiento de la Agencia Española del Medicamento. Usted sabe que el
Partido Popular y este Gobierno ha sido el primero capaz de reducir en
estos cuatro años cerca de diez puntos los beneficios del farmacéutico y
el distribuidor, en base a una reducción de márgenes, dos veces en el IVA
y una en el porcentaje de los distribuidores.
Y ya que se ha referido tantas veces al gasto farmacéutico en Andalucía,
me gustaría que me contestase --como ha de ser lógico, en la próxima
legislatura y si así lo tiene a bien su Partido-- qué hace la Comunidad
Autónoma de Andalucía con los efectos accesorios, en qué capítulo
cataloga la campaña sanitaria, en qué partida engloba la litoterapia, en
dónde engloba la restricción realizada por los facultativos sobre las
recetas.
En fin, podría extenderme durante mucho más tiempo, pero, por todo lo
expuesto, creo que estas perspectivas hacen augurar un gran futuro a la
sanidad española, con el Gobierno del Partido Popular, por supuesto, si
los ciudadanos así lo desean.
Felicidades y enhorabuena, señor Ministro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Castell.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Con mucho gusto, me hago eco de las últimas intervenciones de los señores
Senadores.
Al señor Zamorano quiero decirle que los que estamos defendiendo de
verdad el sistema público nacional de salud somos nosotros, que lo
estamos financiando mejor, que lo estamos gestionando mejor. Lo peor que
se podía hacer con el sistema nacional de salud es lo que hacían ustedes,
que era tenerlo mal financiado y mal gestionado, y con unas listas de
espera desesperantes.
Nosotros eso lo estamos resolviendo. No hemos hecho nada, nada que pueda
atentar contra principios esenciales del sistema, como el aseguramiento
público, la financiación pública, la igualdad en el acceso a las
prestaciones del sistema. Al contrario, lo estamos haciendo más
equitativo. Ustedes eran los que no lo hacían. Ustedes tenían a los
extremeños esperando 334 días y a los cántabros más de ochenta. Eso era
gestionar el modelo con falta de equidad.
Y ustedes, además, eran los mayores privatizadores que podía haber,
porque esos que tenían que esperar 334 días eran realmente los que no
podían financiarse una atención privada. Todos los que podían iban a las
clínicas privadas (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) De modo que nada de lo que estamos haciendo nosotros tiene que
ver nada con la privatización.
Ustedes vienen aquí a gritar ese mensaje, ese eslogan, pero saben que no
tiene ningún fundamento en la realidad. Nada de lo que hemos hecho
nosotros tiene nada que ver con la privatización de nada. El modelo está
defendido en sus esencias y está defendido haciéndolo más eficaz, que es
como hay que hacerlo.
Respecto a lo que hemos hecho con la financiación, me remito al
testimonio de otros Grupos, que han reconocido que había recibido un
tratamiento importante. Y gracias a eso se pueden estar gestionando con
suficiencia los servicios públicos sanitarios, cosa que, lamentablemente,
no ocurrió después del acuerdo de financiación del año 1994.
Al señor Gatzagaetxebarría le agradezco sus aportaciones, esa valoración
que ha hecho de la financiación, de las nuevas formas de gestión, al
tiempo que le quiero decir que es verdad que no vamos todo lo deprisa que
quisiéramos en el desarrollo de estas iniciativas.
Hemos sido muy ambiciosos en los planteamientos, como sabe su señoría,
porque ningún servicio sanitario ha afrontado hasta ahora la
transformación de los hospitales convencionales a nuevas formas de
gestión, y ése es un planteamiento que está exigiendo, con el desarrollo
del reglamento de las fundaciones, un debate, un trámite y unos consensos
que no son fáciles de conseguir. Pero también quiero añadir que, sin
llegar a la transformación de los centros en las nuevas formas de
gestión, sí estamos desarrollando esta idea de recuperar al profesional
para la responsabilidad de la gestión, dándole más autonomía y capacidad
de decisión a través de una figura que seguro que conoce su señoría, cual
es la de los institutos clínicos, de las áreas clínicas, en las que vamos
avanzando lo que es la nueva cultura organizativa que incorpora el nuevo
modelo de gestión aprobado.
En relación con el gasto farmacéutico, creo que las medidas legales
tomadas han sido muchas, que tienen que ser complementadas con la
gestión, pero que algunas son todavía de efectos a medio y largo plazo,
porque es verdad que una política de genéricos no empieza a producir
efectos al día siguiente de que se dicte la normativa correspondiente
para autorizarlos. Y, como digo, tenemos ya más de 300, vamos a terminar
el año con casi 400 y la Legislatura con casi 500, entrarán en vigor los
precios de referencia y ésa es una medida de futuro, como sabe su
señoría, de la que se pueden esperar mejores resultados en los próximos
años. Lo mismo digo del Decreto-Ley de Revisión de Precios de
Medicamentos, que empieza a producir sus efectos en este mes de noviembre
y, por tanto, se beneficiarán de esta medida los servicios de salud en el
curso de los próximos meses y de los próximos años.
Creo que realmente están sentadas las bases de una política farmacéutica
adecuada, que permita embridar ese crecimiento.
En relación con el Consejo Interterritorial, yo también acepto las
críticas, como no podía ser de otra manera. Creo que, efectivamente,
tenemos que mejorar mucho. Sí le puedo decir que sus actividades se han
más que duplicado en estos últimos años, en relación con lo que ocurría
en períodos anteriores.
También agradezco al Senador Cardona sus expresiones de solidaridad con
algunas políticas y su rechazo a acusaciones de intencionalidad capciosa.
Muchas gracias, Senador Cardona.
En relación con el acuerdo del Congreso de los Diputados, quiero decir
que por nuestra parte hemos realizado el mayor esfuerzo posible para
intentar conseguir todos los consensos, pero no encontramos la
interlocución adecuada y la misma disposición que había tenido el Grupo
Parlamentario Popular para el Pacto de Toledo. Se nos dio el acuerdo para
la Ley de nuevas formas de gestión. ¿Por qué se niega para las
fundaciones públicas sanitarias? ¿Es que, realmente, éstas no están en la
esencia de lo acordado con las nuevas formas de gestión, con todas las
garantías de publicidad y de régimen público que tienen? ¿Tiene una
explicación racional? ¿Tiene sentido que las medidas adoptadas en
Andalucía se rebatan cuando es el Gobierno Central el que adopta medidas
similares? Estas son las incoherencias que hemos encontrado en el Grupo
Parlamentario Socialista y que han impedido el consenso en una materia
que por sí lo requería, que debería ser objeto de ese consenso, como lo
fue, en materia de pensiones, el Pacto de Toledo.
Agradezco al Grupo Parlamentario Popular su apoyo y su solidaridad, así
como la defensa que hace de la gestión del Gobierno, sin el cual no
estaríamos aquí y no podríamos llevar adelante estas políticas sanitarias
que, a mi juicio, han conocido en esta Legislatura un decisivo impulso
para defender lo esencial de nuestro Sistema Nacional de Salud, ese que
no inventaron los señores Socialistas, sino
que ya estaba y que nosotros hemos defendido, respetado y mejorado, como
una garantía de cohesión social y de buen servicio a la sociedad en una
materia tan importante como es la sanitaria.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, señor Ministro.
Se suspende la sesión.
Eran las catorce horas y veinte minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE
ENJUICIAMIENTO CIVIL (S. 621/000154) (C. D. 121/000147).
La señora PRESIDENTA: En primer lugar, quisiera formalizar algo de lo que
ya hemos hablado antes de comenzar la sesión, que es la posibilidad de
alterar el orden del día, de modo que el proyecto de ley de
enjuiciamiento civil sea el primer punto que se debata esta tarde.
¿Puede aprobarse por asentimiento esta modificación del orden del día?
(Pausa.)
Queda aprobada.
Punto cuarto del orden del día, dictámenes de Comisiones sobre proyectos
y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley de
enjuiciamiento civil.
Para la presentación del Dictamen, tiene la palabra el representante
destinado por la Comisión, Senador Moya.
El señor MOYA SANABRIA: Se somete en este acto a la consideración del
Pleno el proyecto de ley de enjuiciamiento civil, que tuvo su entrada en
esta Cámara el pasado día 5 de octubre, fecha en la que se publicó en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», terminando el plazo de
enmienda el pasado día 23 del mismo mes de octubre.
A este proyecto de ley se presentó una propuesta de veto del Grupo
Parlamentario Socialista y 407 enmiendas que se distribuían de la
siguiente forma: una, de los señores Román Clemente y Cámara Fernández;
siete, del señor Ríos Pérez; 29, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos; 99, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; 179, del Grupo Parlamentario Socialista, y 92, del
Grupo Parlamentario Popular.
La Ponencia estuvo integrada por don Hilario Caballero Moya, don Salvador
Capdevila i Bas, don José Antonio Marín Rite, don Alfredo Prada Presa y
doña Rosa Vindel López, que se reunió los pasados días 15 y 16 de
noviembre y emitió el correspondiente informe.
La Ponencia, en su informe, aceptó todas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular y también algunas provenientes de otros
enmendantes, algunas de ellas parcialmente. La Ponencia introdujo
asimismo de manera directa varias modificaciones, algunas de las cuales
tenían carácter transaccional, así como numerosas correcciones de tipo
técnico y de estilo. La Ponencia se volvió a reunir el pasado día 23 de
noviembre inmediatamente antes del comienzo del debate en Comisión de
este proyecto de ley e introdujo una serie de modificaciones en el texto
que acompañaba al informe y que consta en el correspondiente «Diario de
Sesiones». La Comisión de Justicia, que se reunió seguidamente, tras
rechazar la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Socialista, aprobó
el texto de la Ponencia, quedando así dictaminado el proyecto de ley de
enjuiciamiento civil.
Al Dictamen de la Comisión han formulado votos particulares el Senador
Ríos Pérez y los grupos parlamentarios Mixto, de Senadores Nacionalistas
Vascos, Catalán en el Senado de Convergència i Unió y Socialista, que
mantiene igualmente su propuesta de veto.
Este proyecto de ley en su actual redacción consta de 827 artículos,
cuatro disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y 21 disposiciones finales, con el
correspondiente preámbulo que le precede.
El articulado del proyecto de Ley aparece dividido en un Título
Preliminar y cuatro Libros. El Título Preliminar comprende los artículos
1.º a 4 y se denomina «De las normas procesales y su aplicación». El
Libro Primero establece las disposiciones generales relativas a los
juicios civiles y comprende los artículos 5 a 247. El Libro Segundo
regula los procesos declarativos y abarca los artículos 248 a 516. El
Libro Tercero, referente a la ejecución forzosa y a las medidas
cautelares, comprende los artículos 517 a 747. El Libro Cuarto regula los
procesos especiales en los artículos comprendidos entre el 748 y el 827.
Este Presidente, que ha tenido el honor de presentar el dictamen,
igualmente tiene que manifestar ante la Cámara el agradecimiento como
Presidente de la Comisión de Justicia por la atención de la señora
Ministra de venir a presentar este importantísimo proyecto de ley a este
Pleno del Senado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Moya.
La señora Ministra de Justicia puede intervenir en cualquier momento del
debate, si así lo desea.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señora
Presidenta, señorías, es para mí un honor comparecer hoy aquí con objeto
de presentar y defender
el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil que se va a debatir y votar en
esta Cámara.
He de comenzar diciendo que este proyecto nació con una finalidad
primordial, la de aportar a la sociedad española una nueva configuración
del proceso civil que se adaptara a las nuevas circunstancias sociales y
económicas de España y que respondiera a los deseos y necesidades de los
ciudadanos de tener una justicia civil más rápida, sencilla, económica y
eficaz.
Este intento de modernizar la justicia civil española no es una cuestión
que se suscite por primera vez en los últimos años; es una cuestión que
se remonta a muchos años atrás y que ha generado numerosos textos y
documentos, que evidentemente se han manejado y utilizado para la
redacción del proyecto que hoy se debate en esta Cámara. Estos documentos
no eran simples reflexiones sobre aspectos concretos de la legislación
procesal civil; constituían verdaderos códigos de Derecho procesal civil,
textos completos que recreaban, suprimían, corregían y ampliaban los
preceptos de la Ley de 1881 y que estaban, en definitiva, pensados para
servir de punto de partida para un posterior e inmediato trabajo
parlamentario. Me estoy refiriendo, como sus señorías sin duda conocen,
a la Ley de Bases del anteproyecto del Código Procesal Civil de 1966, que
se oficializó en 1970; a la corrección y actualización de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que publicada en 1972 fue elaborada por los más
destacados especialistas en Derecho procesal, o al borrador del
anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, realizado por el Ministerio
de Justicia en 1995, que no llegó a ser presentado a la opinión pública,
aunque me consta que ha sido usado por algún grupo parlamentario para
fundar en buena parte sus enmiendas.
En consecuencia, la reforma procesal civil es una cuestión meditada y
trabajada desde hace mucho tiempo y para la que al inicio de esta
legislatura e incluso antes, como lo prueba la existencia del citado
borrador de 1995, ya se disponía de todos los elementos necesarios para
abordarla.
Por ello, una de las primeras medidas que adopté al asumir la dirección
del Ministerio de Justicia fue la de encargar a un grupo de expertos que
estudiara las principales novedades procesales existentes en otros países
para ver si podían ser aplicables en nuestro sistema y que analizaran
todos los textos y borradores de reformas procesales civiles con objeto
de extraer de ellos la opinión común sobre las que debían ser las líneas
generales de una futura reforma del proceso civil. Fruto de todo ese
trabajo fue el primer texto que se dio a conocer en abril de 1997 y que,
lejos de constituir un documento inamovible, supuso un punto de partida
que se sometió a su vez a todo tipo de críticas, observaciones y
sugerencias con el fin de que ya con un texto de base se pudieran
introducir todas las modificaciones que, resultando convincentes y
convenientes, fueran reclamadas por los distintos sectores del mundo
jurídico, social y económico.
Así surgió el 26 de diciembre de 1997 un nuevo documento, el anteproyecto
de ley que de nuevo fue sometido a la crítica y al análisis, y más tarde
se presentó aún otro, el proyecto de ley que al modo de la dialéctica
hegeliana asumía y superaba al anterior, y así hasta la última versión
del proyecto, que es la que sus señorías van a votar hoy.
No estamos, pues, como ahora dicen algunos, ante un trabajo precipitado
que no ha sido objeto de suficiente reflexión o análisis. Estamos ante
una tarea en la que han participado numerosas personas y entidades, que
ha sido objeto de constantes mejoras y relecturas, y que se remonta en su
primera versión, la cual como he indicado anteriormente era a su vez el
resultado de un trabajo iniciado muchos años atrás, a abril de 1997, esto
es, a hace casi tres años.
Hoy, a la vista del dictamen de la Comisión de Justicia del Senado, se
puede decir que el texto que resulta después de todo el camino recorrido
es un texto completo, coherente, consistente y armónico, y ello a pesar
de las dificultades que siempre supone trabajar en un proyecto de más de
800 artículos, con las obligaciones relacionales que hay que establecer
constantemente entre ellos.
Ha habido quien ha afirmado que un proyecto de ley que acepta más de 800
enmiendas, no puede estar coordinado internamente. Pues, señorías, quiero
decir que este proyecto sí lo está, y lo está porque los Diputados,
primero, y los Senadores, después, han puesto un gran cuidado en salvar
la coherencia de las normas y han hecho un laudable esfuerzo por lograr
que las mejoras introducidas respetaran la sistemática del proyecto y que
quedaran coordinadas con los demás preceptos que con ellas se
relacionaban. Cualquiera que haya leído el texto descubre en los
artículos que lo integran esa coherencia interna y esa armonía de
conjunto. Sólo quien no lo conoce puede afirmar lo contrario.
Tampoco es cierto, como se ha dicho, que este proyecto no cuente con el
suficiente respaldo social y político. A medida que ha avanzado su
procedimiento de elaboración y que se han introducido mejoras y
modificaciones, han sido más las voces que se han pronunciado
expresamente en favor de que el proyecto se apruebe. Y lo que es
importante, el apoyo ha provenido desde el principio de los sectores más
dinámicos y comprometidos de la sociedad, como las pequeñas y medianas
empresas o las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios.
A estas entidades, al ciudadano normal, no les interesan las pequeñas
rencillas ni las reivindicaciones de cuotas de poder ajenas del todo a la
tutela judicial civil, ni que los profesionales afectados deban cambiar
sus hábitos y estudiar las nuevas normas. A ellos, a todos nosotros, lo
que nos debe interesar es que sus asuntos se resuelvan de forma ágil, ver
al juez que va a resolver su caso, presenciar in situ la actuación de su
abogado o que la sentencia se pueda ejecutar rápidamente. El ciudadano
tiene derecho a exigir que todos los que participan en la Administración
de Justicia se conciencien de que el pleito que tienen en sus manos es
único. Quizá para ellos sea uno más, pero para los ciudadanos que
resultan afectados por él resulta de gran importancia, y por eso todo
esfuerzo es poco para conseguir una mayor celeridad y eficacia.
Con este proyecto creo, señorías, que vamos a tener por fin un proceso
civil que da respuesta a las solicitudes de todos
esos ciudadanos; un proceso que elimina los procedimientos superfluos,
que permite obtener en breve la ejecución de la sentencia, que
desincentiva los recursos dilatorios, que busca sistemas eficientes de
venta de bienes embargados, que permite una completa protección de los
consumidores y usuarios, que da primacía a la oralidad, la inmediación y
la concentración, que protege a los menores con independencia de su
filiación o que regula rápidamente los procesos de crisis matrimonial. En
definitiva, un proceso actual, que va a permitir resolver los conflictos
civiles con todas las garantías y en un plazo de tiempo razonable.
Por otra parte, este proyecto cuando sea ley no se va a aplicar en un
ambiente de penuria económica y de escasez de medios. Por el contrario,
va a funcionar en una organización judicial civil con más juzgados y
tribunales, plenamente informatizada, con mejores infraestructuras y en
la que la ratio existente entre los litigios y las personas que lo
resuelven va a ser la adecuada.
De cualquier forma, la potencial mejora de los medios personales y
materiales de la Administración de Justicia no puede ser nunca un
obstáculo para abordar las reformas y modificaciones legales que resulten
necesarias porque éstas, sin ser ninguna panacea, sí pueden ser un
instrumento importante para agilizar la justicia y mejorar su
funcionamiento.
Estoy segura de que a la hora de votar este proyecto todos los grupos
parlamentarios van a tener muy en cuenta el consenso que existe sobre la
necesidad de reformar el proceso civil que no puede seguir regulándose
por más tiempo por una ley del siglo pasado que, además, hunde sus raíces
en pleno medievo.
Hoy, señorías, si se aprueba el dictamen de la Comisión al proyecto de
ley de enjuiciamiento civil se pueden poner las bases para un mejor
funcionamiento de los tribunales civiles en España. Se dará también
cumplimiento --como ya he señalado-- a un vehemente deseo formulado
reiteradamente por quienes han solicitado desde diversos foros la reforma
de unas leyes procesales que ya no responden ni a las necesidades de una
sociedad igualitaria ni a las exigencias de una economía moderna y
avanzada. Sus señorías serán los artífices de ello.
Precisamente por eso quiero concluir mi intervención felicitando a los
Senadores de la Ponencia y de la Comisión, así como a los servicios
técnicos de la Cámara, porque me consta que han hecho un extraordinario
esfuerzo de análisis y perfeccionamiento del texto del proyecto que ha
redundado, indudablemente, en la calidad del mismo que, en último
término, ha ido en beneficio de los ciudadanos, que son los que
utilizarán el proceso civil. Lo reitero una vez más, son esos ciudadanos
los verdaderos destinatarios de este Proyecto.
No me resta por decir nada más, señorías, salvo pedir disculpas porque me
tengo que ausentar de este Pleno, ya que he de acudir a la sesión de
control en el Congreso de los Diputados.
Muchísimas gracias, señorías, por su atención y muchísimas gracias por el
trabajo y esfuerzo realizado en el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento
Civil. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, sera Ministra de Justicia,
especialmente por la deferencia de venir, pese a tener que acudir ahora
al Congreso a contestar a las preguntas en el turno de control.
Se ha presentado una propuesta de veto a este proyecto de ley de
enjuiciamiento civil, que se va a debatir a continuación.
Para su defensa, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, el Senador Caballero por tiempo de 15 minutos.
El señor CABALLERO MOYA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, señorías, me gustaría comenzar mi intervención con una
cita de don Jaime Guasp sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente.
Decía el profesor que el examen crítico de la Ley de Enjuiciamiento Civil
arroja un resultado negativo. En cuanto a los principios de que parte
estimaba que es una ley de inspiración medieval en la que sus autores
proclamaban el deseo de restablecer el imperio de las leyes
tradicionales. A esto se añade la preocupación liberal propia de la época
de su redacción. Todo ello lleva a una posición totalmente censurable de
establecer el señorío de las partes y la máxima abstención del juez.
Esto decía el ilustre procesalista. Pues bien, con el proyecto de ley
actual se pierde de nuevo la oportunidad de modernizar nuestra ley
procesal y, en realidad, no se hace más que tratar de perfeccionar la
antigua, todavía vigente, sin modificar sus principios inspiradores.
De importante, complicado y necesario, calificaba mi compañero y portavoz
en la Comisión de Justicia, el Senador Marín Rite, el proyecto de ley de
enjuiciamiento civil durante la defensa del veto formulado por el Grupo
Parlamentario Socialista en la Comisión de Justicia que dictaminó esta
ley. Importante porque, además de contener el conjunto de procedimientos
que han de regir la justicia civil, sus preceptos son aplicables de
manera supletoria en otros órdenes jurisdiccionales. Complicado, porque
además de su complejidad intrínseca se ha de enfrentar a inercias y
corporativismos de quienes han venido trabajando con una más que
centenaria ley, con un más que centenario texto. Y necesario --y así lo
reconocemos todos los grupos políticos-- porque la ley procesal del siglo
XIX no contiene las disposiciones que reclama la justicia civil del siglo
XXI.
Si unimos estos calificativos a la situación de nuestra Administración de
Justicia, denunciada por amplios sectores y descrita en el Libro Blanco
de la Justicia como una situación de crisis que es percibida por los
ciudadanos de manera negativa llegando a poner en duda el valor
fundamental de la imparcialidad, comprenderán, señorías, señora Ministra,
la necesidad, la conveniencia, de que exista un gran consenso entre los
grupos políticos, los operadores jurídicos y las Comunidades Autónomas
con competencia en la materia. Pues bien, este consenso, a nuestro
juicio, ni lo han procurado ni consecuentemente lo han conseguido en una
norma de la trascendencia de ésta que en estos momentos estamos
debatiendo.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta propuesta de veto en
línea con las enmiendas a la totalidad que presentamos en el Congreso de
los Diputados, y un importante número de enmiendas parciales --cerca de
doscientas--, después del considerable número de enmiendas que ya fueron
admitidas durante la tramitación de esta ley en el Congreso de los
Diputados. Reconocemos el esfuerzo realizado por los grupos
parlamentarios, que ha supuesto mejoras que valoramos positivamente, pero
el proyecto sigue manteniendo, a nuestro juicio y también a juicio de
importantes colectivos, deficiencias que justifican nuestra propuesta de
veto.
Decía que no es ésta una opinión exclusiva del Grupo Parlamentario
Socialista, sino que, además de distintos colectivos, la comparten otros
grupos parlamentarios aunque, en un contexto de mayoría absoluta, como la
que el Grupo Parlamentario Popular tiene en esta Cámara, han optado por
no presentar el veto.
Algún Senador del Grupo Parlamentario Popular calificaba el proyecto de
ley de enjuiciamiento civil como un proyecto cinco estrellas, y lo hacía
por el número de enmiendas a la totalidad presentadas en el Congreso de
los Diputados, lo que hace, señora Ministra, que este proyecto de ley sea
uno de los más contestados de los que se han tramitado en nuestra
reciente democracia. Pues bien, señorías, en estos momentos sigue siendo
contestado, a pesar de las mejoras introducidas respecto del proyecto
inicial, y no se puede mirar a otro lado y argumentar que sólo el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado una propuesta de veto por
motivaciones políticas. Ahí tienen las declaraciones de la Consejera de
Justicia de la Generalitat y las manifestaciones de los distintos
operadores jurídicos, que le auguran un negro panorama cuando este
proyecto vuelva al Congreso de los Diputados.
El veto, que en virtud de su mayoría previsiblemente no prosperará, no
implica la renuncia a intentar mejorar el texto del proyecto; de ahí
nuestras enmiendas parciales, que ustedes, señorías del Grupo
Parlamentario Popular, no pueden dejar de reconocer que han contribuido,
junto a las de los demás grupos, a mejorar el proyecto; un proyecto
inicial basado en una determinada escuela que no termina de romper con el
modelo tradicional de un juez abstencionista: un proyecto que pierde la
ocasión de ponernos en consonancia con los modelos europeos.
Sin hacer referencia pormenorizada a todas y cada una de nuestras
objeciones, voy a pasar, señorías, a hacer una referencia a las más
importantes, que son las que motivan nuestro veto. No se consigue el
objetivo fundamental de acortar la duración de los procesos; en algunos
casos incluso aumentará. La regulación está plagada de incidentes
procesales que permiten dilatar extraordinariamente el resultado del
proceso. Tengo en mis manos una relación de cuarenta incidentes
procesales que entorpecerían el desarrollo del juicio ordinario y que
puedo pasarle a la señora Ministra.
No compartimos cómo se configura el papel del juez en el proceso, porque
se le coloca en una posición de pretendida neutralidad, cuando no existe
ni igualdad ni neutralidad en la relación jurídica subyacente. El juez no
podrá acercarse a la verdad material, porque la propia ley se lo impide.
No se le deja intervenir en las diligencias finales del juicio verbal, en
la ampliación de la prueba o en el impulso de la conciliación entre las
partes. No se aborda la creación de una justicia de proximidad más
cercana al ciudadano, con juzgados más pequeños y próximos, con un
proceso oral inmediato y concentrado.
El proyecto adolece de un excesivo rigor formalista que en algunas
ocasiones perjudica incluso el derecho de las partes. No se avanza
tampoco suficientemente en la garantía del principio de inmediación, pese
a que lo proclame. En los procesos matrimoniales no se contempla
adecuadamente la situación de las parejas de hecho. La configuración de
los recursos, y especialmente el de casación, es inadecuada y de difícil
comprensión.
En materia de ejecución no se consigue diseñar un sistema que permita que
las resoluciones de los jueces se cumplan de manera rápida y completa. La
subasta, pese a lo que nos acaba de decir la señora Ministra, seguirá
siendo el único medio de ejecución real, porque el resto de los sistemas
introducidos no garantizan una posibilidad alternativa de manera
efectiva. Se desaprovecha la oportunidad de regular de una manera más
operativa el papel de los secretarios en el proceso, con lo que se
seguirá teniendo infrautilizados a unos profesionales cualificados en
tanto que las oficinas judiciales seguirán saturadas de trabajo.
La no aprobación de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial crea problemas de difícil solución, máxime si se confirma la
postura que el Grupo Catalán ha enunciado que mantendrá en el Congreso
cuando esta ley pase a aprobación definitiva.
En materia de abstención y de recusación se opta por remitirse a la
regulación contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no
contiene regulación procesal completa, por lo que se generarán problemas.
Tampoco se aplicará lo regulado en materia de nulidad de actuaciones,
siendo ésta una materia en la que el Ministerio ha planteado tres
regulaciones distintas a lo largo de esta legislatura, lo que pone en
evidencia una preocupante falta de criterio en una institución de esta
importancia.
Por todo lo anterior, señora Ministra, señorías, les pedimos que
reconsideren el proyecto, lo retiren y permitan que el nuevo titular de
Ministerio, tras las elecciones generales, inicie las negociaciones
pertinentes con los sectores jurídicos y políticos que conduzcan a una
reforma real de la justicia que permita garantizar, de una manera plena,
la tutela judicial efectiva que proclama nuestra Constitución.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Gracias, señora Presidenta, señorías.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero
agradecer la presencia de la Ministra de Justicia y la presentación que
nos ha hecho de este proyecto de ley.
También quiero agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
el reconocimiento del esfuerzo llevado a cabo por el Gobierno y por el
Grupo Parlamentario Popular para aceptar el mayor número de enmiendas en
la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley.
Señora Presidenta, señorías, no obstante este reconocimiento, está claro
que el veto que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista carece de
fundamento. Señorías, todos los grupos parlamentarios convenimos en que
la Justicia necesita una gran reforma y que, como gran asignatura
pendiente del desarrollo constitucional, precisa un pacto de Estado que
asiente los pilares básicos de esa gran reforma. Pero, señorías, como
quiera que, por culpa de unos o de otros, ha resultado imposible alcanzar
ese gran acuerdo para desarrollar el modelo de Administración de
Justicia, no por ello podemos ni debemos renunciar a las reformas
parciales que son urgentes, que son necesarias, que demandan la sociedad
y los colectivos relacionados con la Administración de Justicia.
El Grupo Parlamentario Socialista critica el proyecto de Ley de
Enjuiciamiento Civil y presenta una enmienda de veto. Fundamenta su
propuesta en que esta reforma se debería haber realizado en el marco de
ese pacto de Estado para la Justicia, e incluso se afirma que esta
reforma puede empeorar la reforma de la Justicia y el funcionamiento de
la Administración de Justicia.
Tengo que reiterar que es curioso que este mismo planteamiento no lo
hicieran respecto a la Ley de Procedimiento Laboral, al Código Penal o el
proyecto de ley de la jurisdicción contencioso-administrativa,
íntimamente ligados con la Administración de Justicia, y cuya aprobación
consideró necesaria el Grupo Parlamentario Socialista a pesar de que no
formaba parte de ese gran pacto de Estado por la Justicia que ahora se
propugna y que no se llevó a cabo cuando ellos tenían responsabilidades
de Gobierno, y que ni siquiera llegaron a plantear.
Además, señorías, esta reforma sí está inserta dentro de un plan global
de reforma de la Justicia. Esta reforma procesal civil, igual a la que en
su día hicimos de reforma de la jurisdicción contencioso-administrativa,
sólo es factible gracias al gran número de plazas que, a lo largo de esta
legislatura, en torno a 500 plazas, ha ido creando el Gobierno del
Partido Popular, gracias también a la informatización plena de los
órganos judiciales y gracias a la mayor y mejor dotación de medios e
infraestructuras que se han puesto a disposición de los juzgados y
tribunales de nuestro país.
También en su día se nos decía que no era posible el buen funcionamiento
de los juzgados uniprovinciales de lo contencioso-administrativo o del
procedimiento verbal en dicha jurisdicción, y la realidad, después de
escasos meses, ha demostrado que no sólo era posible, sino que era lo más
adecuado, como hoy pueden atestiguar los ciudadanos españoles, que cuando
acuden a la jurisdicción contencioso-administrativa ven resueltos sus
problemas en tres meses, cuando antes se resolvían en más de tres años.
En trámite de Comisión, señorías, ya tuve oportunidad de solicitar al
Grupo Socialista que no fuera tan conservador. El progresismo se
demuestra con hechos, no con palabras o gestos. No se aferren a una Ley
que es de 1881, sino que apuesten por un proceso oral, por un proceso
concentrado y con inmediación plena, y no se olviden de que este proyecto
incorpora el 60 por ciento de las enmiendas que su Grupo presentó en el
trámite en el Congreso de los Diputados, y que solamente se están
oponiendo a ciento y pico artículos de un total de más de 800.
En todo caso, el Gobierno y el Grupo Popular, señorías, siempre han
estado y estarán abiertos a un debate sincero y leal sobre la situación
de la Administración de Justicia.
Las deficiencias que ha señalado el portavoz del Grupo Socialista en la
defensa de su propuesta de veto se recogen como justificaciones de una
oposición al proyecto que, a nuestro juicio, carecen de consistencia. La
propuesta de veto comienza diciendo que no se logra --y lo ha reiterado
su señoría-- acortar la duración de los procesos y que, en algunos casos,
incluso se aumentará. No hay datos concretos, y no los tiene sus
señorías, para realizar esta afirmación. Lo cierto es que, con
independencia de si los plazos son más o menos cortos que los que existen
en la ley actual (en lo esencial son más cortos para los actos de mera
tramitación y mayores para los actos de parte o de decisión del Tribunal,
puesto que pretendemos crear una ley realista y no una ley que establezca
plazos incumplibles y que den una justificación para que se puedan
demorar eternamente, como estamos acostumbrados, los procedimientos), lo
importante es si la estructura del proceso favorece o no la agilidad
procesal, y parece claro que un proceso en el que una vez realizadas las
alegaciones iniciales todo lo demás se produce de forma concentrada a
través de una o de dos comparecencias, necesariamente, señorías, reduce
los plazos y fomenta la rapidez.
La posición del tribunal en el proceso civil, también criticada en la
enmienda de veto, ha visto reforzada su vertiente de oficialidad tras la
tramitación parlamentaria, hasta el punto de que en alguna enmienda se
critica ahora la nueva facultad que se le da al tribunal tras proponerse
la prueba de hacer notar a las partes la ausencia de prueba propuesta
sobre algún hecho controvertido y las consecuencias que de ello se
podrían derivar. Lo mismo sucede con las diligencias finales que,
manteniendo su carácter restrictivo, han visto ampliado su campo de
actuación.
Por lo tanto, señorías, el modelo de juez ajeno a la verdad material no
es el que se plasma en el proyecto, no es el que se recoge en el proyecto
y, desde luego, no es el modelo de juez que apoya el Grupo Parlamentario
Popular.
Por otra parte, hablar ahora, a la vista de la configuración del juicio
ordinario y del verbal, de que el proceso civil no es oral, inmediato y
concentrado es simplemente no conocer el texto que estamos debatiendo. Es
tan oral este proceso, señorías, que hasta algún Grupo Parlamentario nos
ha presentado y mantiene una enmienda en la que se pide que se recupere
la nota escrita que acompaña a los actos orales que se habían suprimido
del texto que debatimos en su tramitación parlamentaria.
Los ejemplos a los que se refiere la enmienda de veto debemos
calificarnos, como mínimo, de desafortunados. Para reforzar la afirmación
de que el proyecto es formalista se acude al ejemplo de la preclusión
rígida impuesta
en la presentación de documentos probatorios, pero señorías, no modifican
o no pretenden modificar luego dicho artículo ni dicha cuestión. La
referencia a que no se protege la inmediación, señorías, simplemente no
está ajustada a la realidad; el proyecto castiga con nulidad de pleno
derecho las actuaciones practicadas sin la presencia judicial. Y decir
que la regulación de los procesos matrimoniales empeora, como dice el
Grupo Socialista, la situación de las parejas de hecho es, a nuestro
juicio, insostenible, cuando se sabe que la situación actual de tales
parejas es inexistente desde un punto de vista procesal y, sin embargo,
en este proyecto se establece un procedimiento ágil, como es el
matrimonial, para las acciones que afecten a la guarda y custodia de los
hijos nacidos tanto de una unión matrimonial como de una unión
extramatrimonial.
Señorías, las dudas y críticas que se han manifestado respecto de los
recursos o respecto de la ejecución desaparecerán con el tiempo, con el
funcionamiento del proyecto de ley que espero hoy aprobemos.
Con la incorporación de dos enmiendas relativas a dos nuevas
disposiciones finales --enmiendas de carácter estrictamente técnico--
hemos conseguido evitar cualquier inseguridad jurídica, y al mismo tiempo
hemos puesto en funcionamiento los dos recursos extraordinarios que se
contemplaban en el proyecto, sin modificar el proyecto en detrimento de
los Tribunales Superiores de Justicia, que así podrán asumir las nuevas
competencias desde el mismo momento en que se apruebe la reforma orgánica
que les atribuye en el texto tales competencias.
Señorías, los ciudadanos esperan de nosotros en definitiva, esperan de
los Diputados, de los Senadores, de los partidos políticos, de los grupos
parlamentarios, que les proporcionemos instrumentos útiles para resolver
sus conflictos jurídicos ante los tribunales. Y este proyecto de ley,
señorías, es un instrumento útil. Este proyecto de ley es un instrumento
que resuelve sus conflictos jurídicos ante los tribunales. Este proyecto
de ley, señora Presidenta, señorías, es el paso más firme y más decidido
que se haya dado nunca para conseguir una justicia ágil y eficaz.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Prada.
Terminado el turno en contra, comienza el turno de portavoces.
No hay intervención por parte del Grupo Parlamentario Mixto.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra su portavoz, el Senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señora Presidenta.
El día 25 de febrero de este año la señora Ministra de Justicia
presentaba en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de
Enjuiciamiento Civil, proyecto de ley de enorme importancia y de cuya
necesidad nadie duda. Nadie duda de la necesidad social de una justicia
civil nueva caracterizada por la efectividad, ni nadie duda de la
necesidad de adaptar el Derecho común procesal a la realidad actual tanto
social como política y jurídica.
Nuestro Grupo desde un primer momento valoró muy positivamente el hecho
mismo de la presentación del proyecto, y manifestó de manera expresa que
apostaba por él, apuesta que requería de un espíritu abierto por parte de
todos en la tramitación que entonces se iniciaba, y que exigía un
reconocimiento a la aportación y al trabajo de cada grupo si se quería
llevar a buen puerto la ardua tarea que un proyecto de esta magnitud y de
estas características demanda.
Esta apuesta nuestra por el proyecto, y el reconocimiento implícito que
conlleva de que se trataba de un texto más que aceptable en líneas
generales, evidentemente no estaba exenta de críticas. Criticamos y
denunciamos ya de entrada, desde una perspectiva técnica, que no
política, todo un listado de cuestiones --amplio listado por otra parte--
que requerían un estudio, una reflexión, y sin duda a nuestro entender,
una modificación.
Uno de los aspectos más graves que denunciábamos entonces era
concretamente la desprotección cautelar del demandado recurrente.
Entendíamos que el proyecto adolecía de defectos, y en algunos casos de
carencias que le hacían entrar en contradicción con el principio de
igualdad procesal, y que tales defectos y carencias conllevarían una
vulneración del tan repetido artículo 24 de la Constitución en su faceta
de derecho a la tutela cautelar para todas las partes del proceso.
Lo cierto es que la mayor parte de las enmiendas que presentamos en su
día, siempre con un espíritu constructivo y con la única intencionalidad
de propiciar debates positivos, hacían referencia a aquellas partes del
proyecto en que la esencia del mencionado artículo 24 de la Constitución
podía tambalearse. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la
Presidencia.) Me estoy refiriendo, en definitiva, a los aspectos
relativos a la ejecución provisional y a las medidas cautelares, aspectos
estos que, por otra parte, nos siguen preocupando, y a los que ocasión
tendré de dedicar mayor atención en los próximos trámites de este
proyecto de ley.
Pues bien, desde aquellos primeros compases hasta el día de hoy, se ha
desarrollado toda una amplia tramitación que ahora estamos a punto de
culminar. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil va a ser, por fin, una
realidad.
¿Qué ha pasado durante estos nueve largos meses que han transcurrido
desde aquel 25 de febrero en que el proyecto era presentado en sede
parlamentaria? Señorías, han pasado muchas cosas. Ha existido --y
queremos destacarlo desde nuestro Grupo-- una tramitación seria,
concienzuda y profunda. No se ha escatimado el debate, se ha procurado
--y creo que se ha conseguido-- ampliar el grado de acuerdo inicial, es
decir el consenso. Se ha escuchado también, incluso en el propio
Parlamento, a personalidades diversas que tenían mucho que decir, opinar
y aportar a este proyecto. Se ha modificado sustancialmente y a mejor
--así lo creemos-- el texto originario y se han aceptado --por qué no
decirlo-- buena parte de nuestras sugerencias e inquietudes. Incluso en
su paso por esta Cámara
se han introducido modificaciones que mejoran aspectos significativos del
proyecto.
A título de ejemplo citaré la modificación del artículo 763 en relación
con el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico; un
precepto de extraordinaria relevancia, por cuanto que entran en juego el
derecho a la propia libertad individual, artículo 17.1 de la Constitución
Española, y los derechos a ser oído y de defensa contemplados en el
artículo 24. Además, el Tribunal Constitucional, en una sentencia del
pasado 1 de julio, se pronunciaba sobre la constitucionalidad del
artículo 211 del Código Civil, lo que obligaba a una profunda reflexión
sobre la adición del citado artículo 763, dada la conexión de ambos
preceptos y la derogación de aquel que ha conllevado. Repito que esta
Cámara ha modificado sustancialmente este artículo --creo que
satisfactoriamente-- y dando nueva redacción a los puntos 1 y 3 del
artículo 763.
Otro ejemplo de modificación igualmente importante y operado en esta
Cámara lo constituye la disposición final primera, en lo que se refiere
a la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. Entendemos que la nueva
redacción dada a dicha disposición final primera, junto a las variaciones
introducidas: en el artículo 449 en materia de recursos, en el 813 en
materia de competencia, en el 815.2 en cuanto a notificaciones y
citaciones y la pluspetición en el 818, recomponen satisfactoriamente la
situación ajustándose a la regulación de la Ley de 6 de abril de 1999,
que --hay que reconocerlo-- quedaba en entredicho en el texto que tuvo
entrada en este foro.
Igualmente, es objeto de modificación en esta Cámara la disposición final
duodécima, que modifica una serie de artículos del Real Decreto
legislativo de 7 de abril de 1995, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Fruto de las enmiendas que
nos han sido admitidas --justo es reconocer que compartidas con el
Senador de Coalición Canaria, señor Ríos--, se modifica también el
artículo 2 de la citada Ley de Procedimiento Laboral. En virtud de esta
aceptación y consiguiente modificación, hemos visto reconocida nuestra
pretensión de que no sean los órganos jurisdiccionales de orden social
quienes conozcan de las cuestiones litigiosas que se promuevan entre los
asociados y las mutualidades establecidas por los colegios profesionales.
Finalmente, para no ser exhaustivo, quiero constatar la adición, que nos
satisface, de un punto 2 a la disposición adicional decimoquinta, que
reforma la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Merced a tal adición, se modifica el apartado 3 del artículo 87 de la Ley
de 13 de julio de 1998, solventando así la inadvertencia derivada de la
incorporación de una enmienda en el último momento de la tramitación de
aquella ley.
En definitiva, quisiera resaltar que la comunicación, el estudio y la
negociación han estado y siguen estando abiertas hasta el último momento.
Mi Grupo aprecia en su medida la disposición que ha encontrado en los
responsables de su Ministerio, señora Ministra, y en el Partido Popular
y, aunque sigue habiendo aspectos de la ley que no nos entusiasman y
cuestiones que no compartimos, ello no es óbice para que --como decía al
principio-- consideremos que estamos ante un proyecto más que aceptable.
En cualquier caso, ahora es más aceptable que antes, aun sabiendo y
respetando que hay colectivos y sectores que siguen manteniendo una
posición de contestación global.
Nuestra discrepancia sigue centrándose en el Libro Tercero y, más
concretamente, en los dos grandes bloques ya referidos: ejecución
provisional de sentencias y medidas cautelares, aunque es cierto que en
este segundo capítulo parece posible el acuerdo si --como me han
indicado-- a lo largo del debate que ahora comienza, el grupo mayoritario
presenta una enmienda transaccional. Espero la llegada de ese momento y
me doy por emplazado, no sin antes indicar algo que es puro corolario de
cuanto he expuesto: nuestro apoyo, en términos globales, al hoy proyecto
de ley de enjuiciamiento civil y, dentro de unos días, nueva ley de
enjuiciamiento civil, aunque su entrada en vigor se produzca dentro de un
año.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Zubia.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS : Gracias, señor Presidente, señora Ministra.
Tal como ha puesto de relieve el Senador Zubia, es verdad que estamos
ante una ley muy importante; también es verdad que el proyecto presentado
ante el Congreso de los Diputados ha sufrido ciertas mejoras, pero no
hemos de olvidar que es realmente importante porque supone la sustitución
de una ley centenaria, que es el motor de la justicia y que, sin duda,
tendrá una aplicación inmensa ya que será la ley con mayor aplicación
práctica dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, es un
proyecto que conlleva una gran responsabilidad y dicha responsabilidad
requerirá un análisis imprescindible de su contenido, sosegado y sin
tensiones. Creo que este análisis y este consenso no se lograron del todo
en el Congreso de los Diputados y, al llegar al Senado, todavía subsiste
esa oposición de los principales operadores jurídicos que deberán
aplicarla después.
Durante el debate en el Congreso de los Diputados se argumentó hasta la
saciedad la necesidad de que el presente proyecto fuera acompañado por
una política presupuestaria, con la dotación de medios suficientes, así
como también con la previsión de una política orgánica y funcional. El
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que presentó el veto en la
Comisión, aludió a la necesidad de un pacto de Estado --que el Senador
Prada también ha mencionado aquí-- para la modernización y mejora de la
Administración de Justicia al objeto de salvar la grave crisis que ya
puso de relieve el Libro Blanco elaborado por el Consejo General del
Poder Judicial: una crisis endémica, con una gran dilación de
procedimientos en la práctica totalidad de los juzgados.
Se dejó constancia de que, a iniciativa del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, el 16 de febrero de este
año fue aprobada en el Congreso de los Diputados una Proposición no de
Ley con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Pues bien, todas
aquellas medidas e iniciativas en proyecto --consideradas unánimemente de
vital importancia para sacar a la Administración de Justicia de esta
crisis-- se encuentra todavía sin poner en práctica. No creo que el
motivo sea que los demás grupos no nos hayamos podido poner de acuerdo,
simplemente la realidad es que no se han puesto en práctica. Como he
dicho, el tiempo ha transcurrido y no se ha desarrollado ninguna de
aquellas medidas, ninguna de aquellas políticas --entre otras, las
presupuestarias, orgánicas y funcionales-- que, junto con las reformas
procesales adecuadas, deberían permitir una mejora sustancial en todas
las jurisdicciones.
Por ello, nuestro Grupo y muchos de los operadores jurídicos que han
comparecido y han debatido el texto del proyecto de ley, contemplamos
dicha sustitución procesal con un enorme escepticismo. Prácticamente la
mayoría de dichos operadores jurídicos coinciden en que es preciso un
incremento notable de medios personales y materiales puestos a
disposición de los juzgados y tribunales. Es imposible que las
previsiones del proyecto de ley que debatimos funcionen con la situación
actual de nuestros juzgados y tribunales.
Nuestro Grupo, al presentar las enmiendas en el Senado, creyó que dentro
de dicho trámite podría darse este contacto con los operadores jurídicos,
que debería practicarse tanto con los colegios de abogados, como con los
procuradores, notarios, secretarios judiciales e, incluso, fiscales. No
sólo no se ha podido lograr dicho contacto, sino que, además, se ha
fortalecido en cierto modo la oposición. El Grupo Parlamentario Popular
ha rechazado el grueso de las enmiendas que nuestro Grupo presentó en el
Senado, que intentaban paliar y solventar esos errores y disfunciones
detectadas, tanto por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que
ha presentado el veto como por el propio Senador Zubia. Contrariamente,
el Grupo Parlamentario Popular, haciendo caso omiso de la lectura que
debería haberse efectuado del resultado de las votaciones en el Congreso
de los Diputados el pasado 23 de septiembre, ha incorporado una
disposición adicional decimosexta bis, que persigue suplir, a mi juicio,
sin lograrlo, las consecuencias de la no aprobación de la ley que
reformaba la Ley Orgánica del Poder Judicial, introduciendo un nuevo
recurso de casación por infracción procesal, cuya competencia es
atribuida a la Sala Segunda del Tribunal Supremo ante la imposibilidad de
atribuirla, cual así resultaba del propio texto de la Ley Orgánica
reformada, a favor de los Tribunales Superiores de Justicia. Y ello a
través de un peculiar régimen transitorio, sin fecha, hasta que no se
confiera a los tribunales superiores de justicia la competencia para
conocer el recurso extraordinario por infracción procesal. Creemos que es
una táctica que no es de recibo, y que nuestro Grupo no puede apoyar en
modo alguno.
Son varios, pues, los errores que integran el texto del proyecto, que
realmente están indicando que debería ser convenientemente analizado. Por
citar alguno y no cansar a sus señorías, existe una deficiente regulación
de la prueba pericial y una desproporción entre el demandante y el
demandado. En cuanto a la intervención letrada, ya tendremos ocasión de
debatir las enmiendas que hemos presentado, pero insistimos en que
debería haber intervención letrada en todos los procesos judiciales,
incluso en el monitorio en la petición inicial.
En cuanto a las diligencias finales, que ha mencionado el Senador Prada,
creo que no se ha logrado lo que la experiencia nos ha comportado con
esas diligencias para mejor proveer. Unas diligencias tan utilizadas por
los jueces y que no han servido, tal como se alega, como diligencias para
mejor dilatar, sino como diligencias para mejor dictar sentencias. Se
hace una alusión en el proyecto al artículo 429 respecto a la
intervención del juez en la audiencia previa, pero es que ni las partes
saben el resultado que tendrán las pruebas ni tampoco lo sabrá el juez.
Cuando realmente el juez sabe qué pruebas son necesarias es precisamente
al final, en esas diligencias para mejor proveer.
Así pues, al no habernos convencido el Grupo Parlamentario Popular ni
haber aceptado el grueso de estas enmiendas que consideramos vitales,
nuestro voto continuará siendo de abstención al veto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Caballero.
El señor CABALLERO MOYA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular se ha adelantado a
mis argumentaciones haciendo referencia al pacto por la justicia. También
yo voy a hacer referencia al mismo, pero antes me van a permitir que haga
alusión a algunas de las afirmaciones que el Senador Prada ha expuesto en
su discurso.
El progresismo se demuestra con hechos, decía, y estoy de acuerdo. Pero
me va a permitir un juego de palabras. Demuéstrenlo, señorías, prestando
atención y sensibilidad en este proyecto hacia las parejas de hecho.
Ya tuve ocasión también de replicarle, a propósito de la creación de
plazas en órganos judiciales en los últimos cuatro años a que ha hecho
referencia, que no acote los tiempos de la comparación según le conviene,
porque, por ejemplo, en los últimos once años se han creado 1.406 plazas
--y son datos del Presidente del Consejo General del Poder Judicial--,
con lo que, si hacen la media, verán que el esfuerzo que han realizado en
materia de Justicia no es tanto.
Respecto a la información de los órganos judiciales, ni es plena, ni
corresponde el mérito en exclusiva al Ministerio. Algo, digo yo, tendrán
que decir las Comunidades Autónomas, que para ello han tenido que
utilizar su presupuesto.
Tampoco he dicho que no se ha avanzado, sino que no se ha hecho lo
suficiente y se ha perdido la oportunidad de ir más lejos. ¡Cómo voy a
sostener lo contrario si se ha
aceptado un gran número de enmiendas, incluso de mi propio Grupo!
Dice --y es una constante en las intervenciones del Grupo Popular desde
esta tribuna-- que el Partido Socialista no realizó en trece años esta
reforma de la Justicia. Y es cierto, porque el Partido Socialista hizo
muchas cosas, pero no las realizó todas. Parece como si ustedes
pretendieran que así lo hubiese hecho, para que desde 1996 pudieran
haberse dedicado a usufructuar el poder. Lamentablemente, gobernar es
también coger el testigo y continuar haciendo cosas, y entre ellas está
la reforma de la Justicia.
Para nosotros es importante la relación que el proyecto de ley tiene con
el actual estado de la Administración de Justicia, porque es necesario
considerar el escenario en que la Ley ha de aplicarse. Decía en mi
anterior intervención que el Libro Blanco de la Justicia diagnosticó su
situación de crisis. Recogía la opinión negativa de los ciudadanos, que
llegaban a poner en duda el valor fundamental de la imparcialidad, y
examinaba la situación de pendencia en los juzgados y tribunales,
cuestionando la efectividad de la tutela judicial.
Es cierto que la solución a estos problemas requiere un conjunto de
medidas que deben ser abordadas en el marco de un pacto de Estado para la
Justicia, pero también es verdad que la reforma procesal civil que el
Gobierno nos propone no va a ayudar a la superación de esta realidad,
sino que puede empeorarla, al aislarse esta reforma del conjunto de las
que son necesarias. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)
No vemos reforma presupuestaria orgánica de la Administración de
Justicia, que consideramos imprescindible para que la Ley de
Enjuiciamiento Civil que se pretende pueda ser aplicada de manera
efectiva y correcta, y el Senador Capdevila ha hecho extensamente
referencia a ello.
Señorías del Grupo Popular, desde todos los sectores, Consejo General del
Poder Judicial, asociaciones profesionales de jueces, secretarios y
fiscales, colegios de abogados y procuradores, grupos parlamentarios, se
les ha pedido un pacto de Estado para la Justicia. Y ustedes, el
Gobierno, han creído ver en esta posición mayoritaria una manera de
ejercer la oposición política, sin considerar que la petición de este
pacto no se hace sólo desde el Partido Socialista, sino también desde
otras formaciones políticas y desde posiciones profesionales y
doctrinales. No es una cuestión de oportunismo. Este pacto de Estado se
lo ha solicitado el portavoz de mi Grupo en distintas ocasiones a lo
largo ya de toda la legislatura.
Señorías, no se puede transmitir a los ciudadanos que con la reforma
procesal civil vamos a resolver los problemas de la Administración de
Justicia y, más concretamente, que conseguiremos una Justicia más rápida
y eficaz, porque eso no es cierto. Es más, si se llega a aplicar esta Ley
en la situación actual de la Justicia se puede producir un empeoramiento.
En este hemiciclo hay muchos Senadores que son abogados y saben
perfectamente que con el principio de inmediación, con esta nueva Ley y
la situación de los juzgados y tribunales las expectativas de
empeoramiento no son nada descabelladas.
Esta es la razón de que mi Grupo haya seguido una estrategia en tres
fases: primero, ha pedido la devolución de la ley, por sus importantes
deficiencias; segundo, ha tratado de mejorarla, a través de nuestras
enmiendas; y, tercero, pretende establecer una «vacatio» que permita la
adaptación de la Justicia en nuestro país.
Señorías, es necesario hacer un esfuerzo de diálogo para conseguir una
reforma global de la demarcación y planta judicial, que fije el número de
órganos judiciales y de los jueces y magistrados necesarios para
conseguir una rápida, eficaz y segura Administración de Justicia. Es
necesaria la reforma de la oficina judicial porque, si no es así, la
reforma procesal nace lastrada.
Es imprescindible que las Comunidades Autónomas no sigan siendo meras
suministradoras de recursos materiales; por el contrario, tienen que
participar en el diseño de la reforma de la justicia que, en parte, van
a costear.
Es imprescindible convertir la justicia en una prioridad política y
económica, lo que debe tener un reflejo presupuestario.
Además de todo esto, son necesarias las reformas procesales, pero éstas
por sí solas no bastan.
Señorías, la reforma de la justicia, pactada, no se ha realizado en esta
Legislatura, y éste es un fracaso de la señora Ministra de Justicia y del
Gobierno del señor Aznar. No podrán ocultarlo con la aprobación de este
proyecto de ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, Senador Caballero, el día 5 de octubre de 1993 yo tuve la
oportunidad de subir por primera vez en mi vida parlamentaria a esta
tribuna, como consecuencia de una interpelación que formuló el entonces
Senador Cuevas, del Grupo Parlamentario Mixto, que interpelaba sobre el
funcionamiento de la Administración de Justicia al Ministro de Justicia
e Interior --en aquel momento creo que sólo de Justicia--, señor Belloch.
En mi primera intervención le reclamamos al señor Ministro que cumpliera
su promesa, hecha en este mismo foro, en esta misma tribuna, diciendo que
a lo largo de esta V Legislatura --me estoy refiriendo al período
1993-1996-- íbamos a tener una nueva ley de enjuiciamiento civil. Pues
bien, pasó el período 1993-1996 y no fue posible. En 1999, señora
Presidenta, señorías, sí que lo es.
Por ello, señorías, es motivo de orgullo el poder manifestar hoy que
cerramos una página de la historia política de España, de la historia
parlamentaria de este país. Señorías, hoy se produce un acontecimiento
histórico en esta Cámara, ya que nos encontramos tramitando la ley
probablemente más larga e importante de la democracia, pues no en vano la
Ley de Enjuiciamiento es la de mayor aplicación en todos los tribunales
de la jurisdicción ordinaria.
Hoy hay que hacer, señorías, un justo y merecido elogio a la Ley de 1881
y a los distinguidos jurisconsultos que la
redactaron, por haber dado a nuestros procedimientos judiciales la
organización de la que carecían con anterioridad, introduciendo las
reformas que la ciencia y la experiencia estaban aconsejando en el siglo
XIX.
Si la Ley de 1855 fue considerada en su día, y seguramente con razón,
como una ley que anunciaba un progreso importante en nuestras
instituciones judiciales, habrá de convenirse en que la Ley de 1881 fue
un paso más radical y avanzado por ese camino.
Señorías, la página que hoy cerramos se inicia, precisamente, en esta
Casa, en el Senado, el 2 de febrero de 1880, cuando el entonces Ministro
de Gracia y Justicia, el señor Alvarez-Bugallal, presentó en el Senado el
proyecto de ley que ha sobrevivido durante más de 100 años.
Hoy iniciamos el final de la tramitación del proyecto de ley de
enjuiciamiento civil, que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular
han querido desde un principio que sea una ley de todos y para todos.
Este es, señorías, un buen momento para que recordemos, como hizo la
señora Ministra, a todas las personas y entidades que, en mayor o menor
medida, han participado en su elaboración y que felicitemos a todos los
que han informado o se han pronunciado en relación con este proyecto de
ley de enjuiciamiento civil y, especialmente, cómo no, a los servicios
técnicos de esta Cámara por las aportaciones y ayudas que nos han
prestado a los miembros de la Ponencia y de la Comisión.
Señorías, este proyecto es, sin duda, de consenso, que recoge la mayoría
de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, tanto en el
trámite del Congreso de los Diputados como en éste del Senado. Lo hemos
podido comprobar con los resultados de la votación que realizábamos el
otro día en la Comisión de Justicia del Senado, donde casi el 80 por
ciento de los artículos del proyecto ha tenido el visto bueno de los
grupos de la Cámara y la única excepción, señorías, ha correspondido a la
abstención que hoy ha reiterado el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, aunque hay que decir que, curiosamente,
también se ha abstenido en aquellos artículos en los que se había
incorporado la enmienda que ellos mismos habían propuesto.
En todo caso, señorías, el objetivo principal del presente proyecto de
ley de Enjuiciamiento Civil, como el de otros muchos que se han
presentado y aprobado a lo largo de esta legislatura, es el de acercar la
justicia al ciudadano y ofrecerle un servicio judicial más ágil, más
sencillo, más barato y, por supuesto, más eficaz. Las principales
novedades del texto, señorías, se encaminan a la consecución de estas
finalidades. Se recogen las experiencias y mecanismos que ya se han usado
en otros países, sin lugar a dudas con éxito, y se han perfeccionado y
complementado los conceptos y las figuras propias de nuestra tradición
jurídica, que ahora, señorías, se ponen al servicio de la obtención de
una mejor justicia para el justiciable.
En este sentido, me gustaría destacar algunas de las novedades que se
introducen en el proyecto y que contribuirán, sin lugar a dudas, a
conseguir esa justicia civil más rápida y eficaz que hoy demanda nuestra
sociedad: en primer lugar, para solucionar el grave problema de la
lentitud en el desarrollo y la tramitación de los procedimientos este
proyecto concreta por primera vez los lugares y formas adecuados para
conseguir una comunicación válida, ampliando los poderes de obtención de
información del órgano judicial y generalizando el concepto de domicilio.
Por otro lado, se modifica el sistema a través del cual se llevan a cabo
los actos de comunicación una vez que se han personado las partes, y se
da una mayor participación y responsabilidad a los procuradores de los
tribunales que son, señorías, los encargados de realizar el traslado de
los escritos y documentos de las partes. Por último, señorías, la nueva
regulación facilita el uso de los modernos instrumentos de comunicación
y prevé las consecuencias que originará la pronta generalización del
sistema informático judicial. También, señorías, con el fin de evitar la
lentitud de los procesos civiles se establecen otras medidas contenidas
en el proyecto de ley, como la resolución de las cuestiones procesales al
inicio del proceso, evitando las siempre inútiles sentencias absolutorias
que se dictaban en la instancia y contribuyendo de esta forma a evitar
esfuerzos baldíos y a dinamizar el proceso civil o el establecimiento de
un nuevo sistema de recursos ordinarios que sustituye al actual sistema
impugnatorio.
Para simplificar y reducir la creciente complejidad del actual proceso
civil, que resulta inmanejable no sólo para los ciudadanos sino incluso
para los profesionales que tienen que aplicarlo, en este proyecto se
prevén distintas medidas. La principal, señorías, es la relativa a la
reducción de los procesos ordinarios y especiales. El nuevo texto
establece únicamente dos procedimientos ordinarios: el denominado juicio
ordinario, que sirve para instrumentar reclamaciones de cuantía superior
a las 500.000 pesetas y aquellas otras relativas a materias especialmente
relevantes o complejas, y el llamado juicio verbal, que tendría como
ámbito de desarrollo básico el de las cuestiones de cuantía que no exceda
de las 500.000 pesetas y el de las tutelas de carácter sumario.
Tanto el juicio ordinario como el verbal, señorías, implican, como
reiteradamente ha solicitado el Consejo General del Poder Judicial, una
decidida apuesta por la oralidad, la concentración y la inmediación que,
sin lugar a dudas, redundará en alcanzar una mayor celeridad en el
funcionamiento de la justicia.
Por su parte, los procesos especiales que proliferan en nuestra
regulación actual, desaparecen en su mayor parte y se incorporan a uno u
otro de los procedimientos ordinarios. Ahora bien, dado que muchas de sus
peculiaridades tenían sentido y cumplían una función insustituible para
la adecuada concesión de las respectivas tutelas que se solicitaban, se
mantienen en la regulación del proyecto aunque se sitúan en su lugar
natural y se insertan dentro del esquema procedimental que corresponde a
cada caso concreto.
Los únicos procesos especiales que se mantienen en el proyecto son los
estrictamente necesarios, según se nos indicaba en el Libro Blanco que
elaboró el Consejo General del Poder Judicial, que son los relativos al
estado civil, matrimoniales, de capacidad, de filiación, paternidad y
maternidad, el de división judicial de la herencia, el proceso monitorio
y el juicio cambiante.
Por consiguiente, con el proyecto se consigue reconducir a una única
norma todo el derecho procesal civil, de modo que esta Ley de
Enjuiciamiento Civil, señorías, se puede definir como un verdadero código
que contiene en su seno toda la regulación de esta materia.
Gracias a ello, se facilita el manejo de los instrumentos procesales por
todos los sujetos que intervienen en el mundo jurídico procesal, pues
pueden encontrar en una sola ley todo lo que es necesario para funcionar
en los trámites de los procedimientos civiles.
Otras medidas simplificadoras contenidas en el nuevo texto son las que
reducen diversas actuaciones procesales, reguladas hasta ahora de forma
especialmente compleja, como son la acumulación de autos, la división de
la herencia, los procedimientos cautelares o el mismo recurso de
apelación.
Señorías, este esfuerzo sintetizador y clarificador es singularmente
perceptible en la regulación del proceso de ejecución. En este sentido se
comienza por unificar el tratamiento de todos los títulos ejecutivos, de
forma que ya no existe una regulación para la ejecución de los títulos
ejecutivos judiciales y otra regulación para los títulos ejecutivos
extrajudiciales, sino que se configura un único sistema que sólo diverge
en cuanto a los posibles motivos de oposición y se simplifica el
mecanismo de las subastas que quedan, señorías, reducidas a una sola en
la que se busca que siempre la adquisición del bien responda a criterios
de eficiencia económica.
Por último, señora Presidenta, señorías, para conseguir una verdadera
eficacia en el proceso civil y evitar la escalofriante cifra actual de un
50 por ciento de procesos en los que el ejecutante carece de todo tipo de
satisfacción a pesar de su título --muchas veces este título de origen
judicial--, la primera de las medidas contenidas en el texto es la de
establecer una ejecución provisional de sentencia, cuando ésta es una
condena pecuniaria, dictadas estas sentencias en primera instancia o en
segunda instancia; ejecución, señorías, que puede obtenerse sin necesidad
de prestar fianza, como se obligaba hasta la fecha, con lo que va a poder
ser utilizada por todos los ciudadanos y especialmente por los actores
que tienen menos recursos económicos.
Otras medidas que también tienden a la mayor eficacia del proceso civil
son las que suponen nuevas fórmulas de búsqueda y realización de los
bienes embargados o el establecimiento de mecanismos de realización
forzosa distintos de las subastas judiciales, o la incorporación a
nuestro ordenamiento procesal de un nuevo proceso, señorías, el juicio
monitorio, que actualmente es el procedimiento más utilizado y más eficaz
en todos los países europeos de nuestro entorno para las pequeñas
reclamaciones de cantidad.
Termino ya, señorías. Para mí, y creo que para todos los Senadores que
han participado en la elaboración de este texto legislativo, es y está
siendo un motivo de lícita satisfacción haber contribuido a elaborar la
que hoy, estoy convencido, va a ser por muchos años la ley más importante
elaborada por el Parlamento.
Anuncio que nuestro Grupo va a votar en contra del veto por las razones
que expuse en el turno en contra y, a su vez, anuncio al Pleno que mi
Grupo votará a favor el dictamen de la Comisión con las enmiendas que
introduzcamos a lo largo de este Pleno.
En este sentido, señorías, quiero felicitar expresamente al Gobierno por
haber llevado a buen puerto uno de sus principales compromisos
legislativos y una de las leyes que más estaba demandando la sociedad
española.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Prada.
Señorías, vamos a votar la propuesta de veto para cuya aprobación se
exige mayoría absoluta del voto particular número 5 del Grupo
Parlamentario Socialista al proyecto de ley de enjuiciamiento civil.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213;
a favor, 82; en contra, 122; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el veto al proyecto de ley de
Enjuiciamiento Civil.
Continuamos con las enmiendas y los votos particulares al Título
Preliminar, artículos 1 a 4 y al Libro Primero, artículos 5 a 247.
En primer lugar, voto particular número 2 del Senador Ríos Pérez, del
Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente a las enmiendas números 2 y 3.
Tiene la palabra para su defensa el Senador Ríos. (Rumores.)
Por favor, señorías, guarden silencio porque ni siquiera el Senador Ríos
puede oír que ya tiene concedida la palabra. Senador Ríos, tiene la
palabra.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Brevemente, voy a comenzar el largo procedimiento de las enmiendas
particulares. La número 2, al artículo 10, propone el siguiente texto:
«Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en
juicio como titulares de un derecho o interés legítimo.» La actual
redacción señala: «... como titulares de la relación jurídica u objeto
litigioso».
Creemos que resulta conveniente mantener la terminología existente en la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en la Ley del
Procedimiento Laboral, concepto plenamente compatible con la reiterada
doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo en torno a la falta de
personalidad y falta de acción. Eso al menos es lo que pensamos en
Coalición Canaria.
La enmienda número 3 es al artículo 55; el texto actual del proyecto
dice: «Se entenderá por sumisión expresa la pactada por los interesados,
designando con precisión la circunscripción a cuyos tribunales se
sometieren», y consideramos que se debe añadir, «renunciando a su fuero
propio y respetando en todo caso, las leyes especiales reguladoras de la
materia». Realmente, por motivos de tradición
histórico-jurídica y para advertir suficientemente a la parte contratante
que la sumisión expresa comporta como consecuencia la renuncia a los
tribunales de su fuero propio, es conveniente que en la cláusula pactada
se especifique este extremo de forma expresa.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
En segundo lugar, el voto particular número 3, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, corresponde a las enmiendas
números 309 a 322 y 325 a 335. Tiene la palabra, para su defensa, el
señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Nuestro grupo mantiene vivas las enmiendas que ha enumerado la señora
Presidenta, y vamos a instrumentar la defensa de las mismas en sus justos
términos, ya que se realizó su defensa pormenorizada el pasado 23 de
noviembre en la Comisión de Justicia.
En estos momentos y en el debate en Pleno nos detendremos, no obstante,
en profundizar en los argumentos de defensa de alguna de estas enmiendas,
no por ser más importantes, sino por considerar que debido al escaso
tiempo que tenemos, nos gustaría precisar una argumentación
complementaria a la propia justificación que figura en el redactado de
las enmiendas, y así intentar aquí, de nuevo, aunque sea en el último
momento, convencer a los demás grupos parlamentarios, sobre todo al Grupo
Parlamentario Popular. Por ello, quisiera dejar constancia de que la
redacción de las enmiendas que propone nuestro grupo no es tan
injustificada como insinúa el Grupo Parlamentario Popular, al contar con
cierto respaldo, al menos en alguna de las enmiendas, del Grupo
Parlamentario Socialista, y ello será por algo.
En resumen, tenemos la enmienda número 309, que persigue la inclusión de
la figura del factor mercantil como un apoderado más de la entidad
jurídica.
La enmienda número 310 plantea una adición parecida al texto contemplado
en el artículo 74 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 1998, salvando la posibilidad de que el
Tribunal incluso puede oponerse a la estimación de la transacción
acordada por las partes si ello supusiera una infracción del ordenamiento
jurídico.
Las enmiendas números 311 y 312 lo son a los artículos 23 y 31 del
proyecto, con las que se pretende incluir, dentro del límite máximo de
150.000 pesetas, en que no es preceptiva la intervención de abogado ni de
procurador, la petición inicial de los procedimientos monitorios, y ello
por razones de coherencia con la enmienda que más adelante debatiremos,
la número 398, formulada también por nuestro grupo al artículo 814,
apartado 2, del proyecto, que establece la preceptiva intervención del
abogado y representación, mediante procurador, para la presentación del
escrito inicial del procedimiento monitorio.
Por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular se tildó a nuestro
grupo de corporativista por defender, en cierto modo, al colectivo de
abogados y procuradores. Sí, y nunca mejor que en esta Cámara y en este
proyecto de ley, que es el que establece las bases de actuación del marco
operativo de la Administración de Justicia. La sensatez nos lleva a
exigir que los únicos cualificados para intervenir en los juzgados y
tribunales sean precisamente los procuradores y abogados en sus
respectivos ámbitos profesionales, al igual que, en los hospitales, los
competentes serán los médicos, los ATS, los enfermeros.
Corresponde al abogado la protección de los intereses susceptibles de
asesoramiento y defensa jurídica, y es una realidad el que los contornos
del ejercicio profesional de la abogacía han sido borrados por otras
profesiones que se están introduciendo silenciosa pero constantemente en
parcelas de actuación que legalmente corresponden, desde siempre, a la
abogacía.
Desde este ámbito, se ha hecho eco de la necesidad de contar con una ley
de atribuciones que defina claramente sus competencias exclusivas y
evitar este goteo de pérdida de competencias. Un claro ejemplo lo tenemos
en la reforma reciente de la Ley de Propiedad Horizontal, en la
legislación contencioso-administrativa y en el presente proyecto de ley,
en el que se permite que la actuación no sea preceptiva en determinados
juicios civiles y que los registradores presten servicios de
asesoramiento, que los abogados del Estado puedan asesorar, presentar y
defender sociedades mercantiles y fundaciones con participación estatal,
etcétera.
Yo no digo que esté bien o mal, pero ésta es la realidad, y cada vez que
se modifica una ley, el abogado pierde parte de su legítima intervención.
Este goteo hay que atajarlo, debatiendo una ley de atribuciones a fin de
que, de una vez por todas, se defina claramente cuáles son las
competencias exclusivas de los abogados frente a otros profesionales.
Sin duda con la nueva redacción del artículo 31.3 que propone nuestra
enmienda número 313, se limita el intrusismo, de ahí la necesidad de
concretar que, en los procedimientos civiles, se constate que sólo podrá
comparecer por sí mismo el interesado o defendido por abogado y
representado por procurador.
El derecho de defensa es un derecho fundamental constitucionalmente
consagrado, que sólo puede ser ejercitado por medio de abogado. La propia
indefinición legal de dicho ámbito da lugar a cierto vacío legal que
supone la invasión en varios frentes de la competencia propia y exclusiva
del abogado y, por tanto, va en detrimento del justiciable, que ve
vulnerado el derecho de defensa y se encuentra sin las garantías que
supone un riguroso conocimiento técnico-jurídico.
Entendemos que no existe justificación alguna para no exigir que la
solicitud inicial en los procesos monitorios que superen las 150.000
pesetas deba hacerse con la intervención de abogado y procurador, aunque
se invoque la sencillez de las solicitudes iniciales, pues la táctica
judicial de muchos pleitos empieza con un buen asesoramiento a partir de
actuaciones sencillas que, de lo contrario, pueden terminar en
complicaciones posteriores. Los argumentos de que así se agiliza y
acelera la tramitación de esos procesos
y se contribuye a reducir el coste de las reclamaciones, como hemos oído
decir aquí por boca de la propia señora Ministra, creo que son erróneos.
En primer lugar, por cuanto la intervención del abogado no comporta una
mayor dilación del juicio sino que, como experto, contribuye a garantizar
la celeridad y corrección en la tramitación.
En segundo lugar, sin su intervención letrada, se crean desigualdades
procesales, favoreciendo a los más poderosos económicamente al poder
éstos procurarse siempre el debido asesoramiento.
En tercer lugar, tampoco supone un coste añadido siempre que, como debe
ser, se condene al pago de las costas al litigante que, con su actitud,
ha obligado a tener que acudir a los tribunales, y esa condena en costas
deriva de la preceptividad, precisamente, de la intervención de letrado
y procurador.
En cuarto lugar, un análisis de las legislaciones europeas pone de
manifiesto, como por ejemplo en Italia o en Bélgica, que es preceptiva la
intervención de abogado en este procedimiento monitorio.
En quinto lugar, tampoco hay razón para que, existiendo criterios
cuantitativos para la intervención letrada en el proceso, se fije una
cuantía para el juicio verbal --véase el artículo 31-- y otra diferente
para el procedimiento monitorio --véase el artículo 812--. Si el interés
meramente tutelable mediante defensa técnica es la de 150.000 pesetas en
el juicio verbal, habrá de fijarse el mismo para el proceso monitorio.
La enmienda 314 hace referencia a la exigencia de acreditación de la
habilitación, por el Colegio de Abogados del territorio en cuyo ámbito se
encuentre el juzgado, a los abogados intervinientes, y ello por una
sencilla razón de control y una mejora en la prestación de los servicios.
La enmienda número 315 pretende adicionar un texto en el apartado 5 del
artículo 32 para recoger el supuesto de que, razonándolo, se considere
que la intervención del abogado ha sido determinante para el éxito de la
pretensión --esta cuestión se refiere a la eventual condena en costas--.
(El señor Vicepresidente, Cardona i Vila, ocupa la Presidencia.)
Las enmiendas números 316, 318 y 331 persiguen la modificación de la
denominación del recurso extraordinario por infracción procesal por la de
recurso de casación por infracción procesal.
La enmienda número 317 pretende extender la competencia de los juzgados
de paz a aquellos asuntos cuya cuantía no sea superior a 50.000 pesetas,
salvo aquellos que, por razón de la materia a que se refiere el artículo
250, no sean de su competencia.
A través de la enmienda número 319 se pretende la incorporación del
recurso de reposición contra autos que resuelvan la competencia
territorial.
La enmienda número 320 pretende adicionar un número apartado 1 bis en el
artículo 68 y tiene por objeto adaptar la norma a la práctica cotidiana
en nuestros tribunales en materia de reparto de asuntos.
La enmienda número 321 pretende excluir como día hábil los sábados, ya
que normalmente la oficina judicial no opera dicho día y, por lo tanto,
difícilmente se puede considerar como hábil para la presentación de
escritos, dado que en la práctica los sábados ya son inhábiles para los
juzgados y tribunales y, desde luego, no hay posibilidad de consultar los
autos.
Mediante la enmienda número 322 pretendemos suprimir el artículo 142 por
considerar que la regulación concerniente a la lengua oficial debe estar
en sede de Ley Orgánica del Poder Judicial.
La enmienda número 325 persigue que los servicios comunes regulados en el
artículo 163 se extiendan no sólo a las notificaciones, sino también al
ámbito de las actuaciones de ejecución.
La enmienda número 326 se presenta al artículo 164 y pretende la
supresión del texto «... a instancia de parte, y...» por considerar que
no es admisible que quede al arbitrio de una parte el hecho de la
publicación edictal en los boletines. Entendemos que cada una de las
partes podrá hacerlo y no estar supeditado a que los edictos tengan que
ser impulsados por la propia parte actora.
La enmienda número 327 es la que ha sido aludida por el Senador Prada.
Pretende que se admita la nota escrita para la vista, al menos con
carácter supletorio, cuando no sea posible registrar el desarrollo de la
vista en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido o del
sonido y de la imagen. No se trata de suplir, en modo alguno, la vista
oral por la nota escrita; simplemente pretendemos, mediante esta
enmienda, evitar que pueda haber un vacío por incumplimiento de las
previsiones de la disposición adicional tercera y no existieran medios
personales o materiales para poder transcribir el acta. Nosotros
consideramos que es de vital importancia que el juez pueda tener esta
nota escrita.
Las enmiendas números 328 y 329 persiguen la supresión del plazo de tres
días en la petición de suspensión de vista por duplicidad de
señalamientos por el abogado, dado que lo importante es que la
notificación llegue a tiempo.
La enmienda número 330 es de supresión del artículo 213, por considerar
que su emplazamiento correcto, al igual que hemos dicho respecto a la
lengua, sería la Ley Orgánica del Poder Judicial, dado que regula una
cuestión de funcionamiento del órgano judicial sin relación directa con
el proceso, lo que sería indispensable para su regulación por la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Las enmiendas números 332 y 333 se presentan al artículo 241. La primera
de ellas pretende adicionar la palabra «extrajudiciales» después de
«derechos arancelarios» por considerar que es necesario cerrar el camino
a la aparición de esa clase de derechos en el proceso, que tanto costó
erradicar, porque ya no forman parte de la actualidad de la cultura
jurídica europea. Por su parte, la enmienda número 333 pretende añadir un
texto para que los titulares de créditos derivados de actuaciones
procesales puedan reclamarlos en proceso independiente de la parte o
partes sin esperar a que el procedimiento principal finalice, con
independencia del eventual pronunciamiento sobre costas que en éste
recaiga. La otra opción sería permitir que esas reclamaciones se
efectuaran en un incidente del mismo proceso
principal, pero posiblemente se provocaría una evitable complicación
procesal, lo cual tratamos de evitar con esta enmienda, de manera que
pueda realizarse la reclamación mediante un proceso independiente.
La enmienda número 334 persigue la supresión del segundo párrafo del
apartado 2 del artículo 243, así como del límite del cómputo de
honorarios de la tasación de costas impuesto en el artículo 394, al que
se remite esta norma.
Por último, señor Presidente, presentamos la enmienda número 335, que
pretende añadir un nuevo apartado 2 bis en el artículo 246. Con esta
enmienda se pretende que el importe de los dictámenes que emitan los
colegios profesionales en cuanto a los incidentes de impugnación de
costas deberían adicionarse como un concepto más de las costas del
incidente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Moltes gràcies, Senador
Capdevila.
A continuación corresponde defender los votos particulares números 5 y 6
del Grupo Parlamentario Socialista.
Para ello tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Señor Presidente, señorías, voy a defender las
enmiendas que mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, ha presentado
a este primer bloque de artículos del proyecto de ley de Enjuiciamiento
Civil que estamos hoy debatiendo.
Abarca dicho bloque desde el artículo 1 hasta el 247. El Título
Preliminar no ha sido enmendado por ningún grupo. Contará con nuestro
voto a favor.
El Libro Primero del proyecto regula las disposiciones generales,
relativas a los juicios civiles, y está dividido en ocho títulos. El
Título I, de la comparecencia y actuación en juicio, es objeto de 11
enmiendas que están incluidas en nuestro voto particular. Al Título II
sólo se mantienen vivas cuatro enmiendas de nuestro grupo. Al Título III
mantenemos dos enmiendas --pocas pero importantes--. El Título IV, de la
abstención y recusación, es objeto de cinco enmiendas, una de ellas
solicitando la supresión de este Título. En cuanto al Título V, el más
extenso de todos ellos, es al que hemos presentado mayor número de
enmiendas, concretamente 19, en tanto que los títulos VI y VIII no han
sido objeto de enmiendas por parte de nuestro Grupo. Apoyaremos, por
tanto, estos dos últimos títulos en la votación del texto del dictamen de
la Comisión. Por último, al Título VII, de la tasación de costas, sólo se
mantiene viva una enmienda de nuestro Grupo.
En el debate que mantuvimos en Comisión el pasado martes 23 de noviembre,
defendimos nuestras enmiendas de modo individualizado, ordenado y
detenido. No creo, por tanto, que proceda repetir aquel debate.
Entiendo preferible resaltar ante sus señorías los grandes temas
abordados en este Libro Primero, respecto a los que, pese al esfuerzo
mantenido por todos los grupos parlamentarios en los trabajos de Ponencia
en el Congreso de los Diputados para hacer más asumible por todos el
texto remitido por el Gobierno --tan criticado por otra parte por todos
los operadores jurídicos--, seguimos manteniendo una posición distinta y
crítica por estimar manifiestamente mejorable la regulación contenida en
el texto del dictamen de la Comisión.
Voy a abordar la defensa de nuestras enmiendas, no de manera exhaustiva,
sino agrupándolas en diez grandes temas. El primero es el relativo a las
partes en el proceso y a su poder de disposición sobre el mismo, y
referido fundamentalmente a dos temas: el primero hace referencia al
papel del Ministerio Fiscal como parte, artículo 6 del proyecto. El
segundo es el relativo a la suspensión del proceso a solicitud de las
partes.
En lo que hace referencia a nuestras enmiendas números 38 y 39, al
artículo 6 del proyecto, entendemos que, realmente, tras la incorporación
de un párrafo séptimo a ese apartado 2 del artículo 6, relativo a los
grupos de consumidores y usuarios afectados por un hecho dañoso, la
posición en dicho texto de la expresión «Ministerio Fiscal» no está en
una posición equidistante respecto de los demás párrafos sino en una
distinta. No es que el Ministerio Fiscal pueda ser parte, como se expresa
en el proyecto de ley; es que tiene que intervenir como parte en todos
aquellos procesos civiles en que así venga establecido por ley. Por
tanto, dicho párrafo debe modificarse en aras de una mejor técnica
jurídica.
En lo que hace referencia a la suspensión del proceso, mantenemos una
enmienda «in voce» al artículo 19.4 por la que se suprime el inciso final
sustituyéndolo por «... teniendo en todo caso la suspensión efectos desde
el día de la solicitud».
Creemos que la suspensión del proceso no debe tener un límite temporal
cerrado, ya que es una institución absolutamente necesaria para que haya
negociaciones entre las partes y se llegue a soluciones, incluso
extrajudiciales, en los litigios. Si se limita la suspensión
temporalmente, se podría impedir el logro de un acuerdo satisfactorio;
ahora bien, se debe proceder al archivo provisional de los autos si,
transcurridos sesenta días, nadie ha solicitado la reanudación. En
cambio, sí debe explicitarse la fecha desde la que se considera que debe
tener efecto la suspensión del proceso --lo que se denomina el «dies a
quo»--, a fin de que las partes no se vean perjudicadas por un eventual
retraso de la resolución del juez con relación a la suspensión. La
enmienda «in voce» del Grupo Parlamentario Popular al artículo 179.2 ha
mejorado algo el dictamen, pero sigue sin estar explicitado de manera
expresa el «dies a quo» en la suspensión del proceso.
El segundo gran tema sería el de la representación procesal. Debemos
discutir el papel del procurador en el proceso civil, el del abogado y,
en relación con ello, hablar de varios temas. En primer lugar, del
servicio de recepción de notificaciones que, organizado por el Colegio de
Procuradores, debe existir en los edificios judiciales sede de los
tribunales civiles. En los artículos 26 y 28 de este Libro Primero, que
hay que poner en relación con el artículo 276 y siguiente, se configura
un sistema novedoso de traslado por el procurador a los procuradores de
las demás partes de las copias de escritos y documentos que vaya a
presentar al Tribunal; dicho traslado se hará a través del servicio de
recepción de notificaciones al que alude el apartado 3 del artículo 28.
La redacción de este artículo me sugiere varias preguntas. ¿Cómo se puede
documentar y asegurar que las copias presentadas son exactas y que
corresponden al escrito o documento presentado en el Tribunal? Tiene que
ser un Secretario judicial o un oficial designado el que deba recibir las
copias presentadas que, una vez fechadas y selladas, entregará al
encargado del servicio. Lo dice el artículo 276.2 del proyecto. Las dudas
que se plantean a este respecto son muy numerosas. El servicio de
recepción de notificaciones del artículo 28.3, que debe existir en todos
los edificios judiciales sede de tribunales civiles, que está organizado
por el Colegio de Procuradores y que es el instrumento para el traslado
directo de copias a los procuradores de las demás partes, según el
artículo 276 --perdón, Senador Ardaiz, porque esté invadiendo de alguna
manera su terreno--, ¿es el mismo, o no lo es, que el servicio común de
notificaciones no obligatorio que sólo existirá en las poblaciones donde
esté establecido y regulado en el artículo 163? Parece evidente que no,
que son dos servicios distintos. El primero lo organizan los
procuradores, el segundo la Administración de Justicia. ¿Qué sentido
tiene la atribución parcial de competencias que se hace a los
procuradores? Si bien parece que descarga al Juzgado de la tarea de dar
traslado a las partes restantes, en realidad aumenta su trabajo, ya que
le obliga a controlar que la entrega se realiza en tiempo y forma, que la
copia es auténtica y tiene el mismo contenido que el escrito original,
obligando a desplazar al servicio a un funcionario judicial. Se le obliga
a proveer, por una parte, la presentación del escrito y, por otra, la
nota del procurador haciendo constar que se han entregado las copias. En
vez de reducir el trabajo, se duplica. He dado traslado de las copias a
la parte contraria, hay que dictar resolución dándolo por hecho y,
después, hay que notificarlo a la parte contraria. En realidad, como
señalaba el señor Dorado Picón, Presidente del Colegio Nacional de
Secretarios Judiciales, en el Congreso de los Diputados al final con esta
novedad nos hemos ahorrado una grapa; la grapa que une el escrito del
Juzgado con las copias que han sido enviadas antes por los procuradores.
Estoy seguro de que el sistema exigirá una importante habilitación de
fondos desde el Ministerio de Justicia a los colegios de procuradores o
será absolutamente inviable, y no descargará de trabajo alguno al órgano
judicial.
En el Título I del Libro que voy a analizar, mantenemos otro bloque de
enmiendas que hacen referencia a lo que, a juicio de mi grupo, es un
trato privilegiado a diferentes profesionales. Así, en el artículo 29.2,
se dice que si el poderdante no hace provisión de fondos al procurador
incumpliendo las normas civiles sobre el mandato, tendrá a su disposición
un procedimiento de apremio sumarísimo, que nos parece un privilegio
injustificado de estos profesionales. No estamos hablando de gastos ya
realizados, de jura de cuentas sino de provisión de fondos para gastos
posteriores. Si el poderdante no quiere hacer esa provisión de fondos, lo
que debe hacer el procurador es renunciar a su representación.
En el artículo 34, al regular la cuenta del procurador, también se
arbitra un procedimiento de apremio muy rápido para hacer efectiva esa
cuenta; en cambio, no se prevé que el procurador pueda pronunciarse sobre
las razones de oposición a la jura de cuentas por el poderdante. Creemos,
señorías, que aquí no estamos hablando de provisión de fondos --que ya se
ha hecho-- tampoco de gastos suplidos por el procurador --que ya se
pagaron-- sino que estamos hablando de sus honorarios, de los honorarios
del procurador. Creo que la ley pone a disposición del mismo mecanismos
ordinarios mucho más sencillos para la defensa de sus intereses, por
ejemplo, ¿por qué no recurre y va al monitorio?
Otro ejemplo de ese trato de privilegio que revela, a mi juicio, el pacto
del Gobierno con la cúpula de los colegios de procuradores es el tenor
literal del artículo 26.2.7.º, donde la obligación del procurador de
pagar los gastos causados a su instancia, se ve no sólo exceptuada en el
caso de los honorarios de abogados --habíamos enmendado este precepto,
pero retiramos la enmienda por intentar acercar nuestra posición a la del
Grupo Parlamentario Popular-- sino también la de los peritos, excepción
ésta ampliada en el Senado, que no nos convence, y mantenemos una
enmienda «in voce» al artículo para volver al tenor literal del texto
remitido por el Congreso de los Diputados.
Sin abandonar el tema de la representación procesal, creemos que el
artículo 24 del proyecto, al regular la designación «apud acta» del
procurador, o bien ante el Secretario del tribunal que vaya a conocer del
asunto o ante notario, no garantiza la igualdad de parte desde el punto
de vista procesal, favoreciendo a la parte más fuerte económicamente. No
tiene sentido esta exigencia cuando se podría recurrir a fórmulas de
auxilio judicial. Ahí está nuestra enmienda número 40.
Por último, y ya en un plano estrictamente técnico, creemos que el
artículo 30.1.3.º, debería contemplar dentro de los supuestos de cesación
del procurador, igual que lo está la muerte del poderdante si éste es
persona física, la disolución o liquidación si el representado fuera una
persona jurídica.
También estimamos manifiestamente mejorable --y en esto creo que hemos
coincidido con el Grupo Popular--, la adición del artículo 32, relativo
a la «Intervención no preceptiva de Abogado y Procurador», artículo más
mejorable que lo que lo hace nuestra propia enmienda. Efectivamente aquí
se ha presentado una transaccional que nos satisface y nos parece que
realmente corrige la gran mayoría de los defectos de este precepto.
Otro gran tema a abordar, el tercer bloque de nuestras enmiendas, hace
referencia al sistema de reparto al que se refieren las enmiendas 52, 53
y 54 de mi grupo. Es un tema importante puesto que afecta a algo tan
esencial, desde el punto de vista constitucional, como es el juez
ordinario predeterminado por la ley. (La señora Presidenta ocupa la
Presidencia.)
Las normas procesales de competencia y jurisdicción podrán establecer
ante el planteamiento de un litigio que su conocimiento corresponde a los
juzgados de Primera Instancia de Madrid, pero el hecho de decir que le
corresponde al Juzgado número 7, del que es titular el juez fulano
de tal, es efectuar el reparto. Estimamos que la regulación del reparto
es esencial, que no debe ser exclusiva de un orden jurisdiccional, y que
no debe estar aplicándose supletoriamente desde esta ley a todos los
demás órdenes jurisdiccionales, sino en la propia Ley Orgánica del Poder
Judicial. Nos parece que la regulación que aquí se nos presenta es
innecesaria y excesivamente reglamentista.
La Senadora España Moya me dijo en Comisión que el reparto no estaba
regulado en ningún otro lugar. ¿Ha leído su señoría los artículos 152.2,
el 159.2 y el 167 de la Ley Orgánica? Es evidente que es una regulación
insuficiente que hay que ampliar y mejorar, pero hay que hacerlo en la
propia Ley Orgánica del Poder Judicial y no en la ley rituaria civil que
ahora estamos abordando.
En este Titulo II vamos a retirar nuestra enmienda número 47 al artículo
43, que manteníamos parcialmente en la parte que no ha sido incorporada
en Ponencia, como un gesto también de buena voluntad por nuestro grupo.
El cuarto gran bloque de enmiendas hace referencia a la acumulación de
las acciones y los procesos. Nuestras enmiendas números 55 y 56 responden
a nuestra filosofía de potenciar la igualdad entre las partes desde el
punto de vista procesal y evitar dilaciones indebidas. La enmienda número
55, en la parte que mantenemos que es la no aceptada en Comisión,
pretende introducir un mecanismo, la prohibición excepcional de la
acumulación de acciones, que está dando magníficos resultados en el orden
jurisdiccional laboral, y que no puede calificarse, como ha hecho algún
autor defensor de proyecto, de un «favor actoris» excesivo. Creemos que
debe establecerse también la posibilidad de desacumular acciones cuando
las legítimamente acumuladas supongan un procedimiento indebidamente
largo o excesivamente oneroso para el demandado, ya que el juego de las
costas puede representar una auténtica coacción al demandado para que se
allane de plano, evitando así el aumento inasumible del importe de las
mismas.
En un quinto bloque de enmiendas me referiré a la abstención y recusación
que regula el Título IV de este Libro Primero. Creemos sinceramente en
nuestro grupo, ya lo dijo en el Congreso el Diputado Jordi Pedret, que la
sede natural y más adecuada para la regulación de este tema es la
normativa orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, como han puesto de
manifiesto los informes del Consejo General del Poder Judicial, del
Consejo de Estado, del Consejo General de la Abogacía y de distintas
asociaciones profesionales, se ha elegido un camino equivocado, el de la
regulación por separado para el proceso civil de un régimen específico de
abstención y recusación, que planteará, sin duda alguna, señorías, no se
equivoquen, problemas prácticos por las siguientes razones. En primer
lugar, por la duplicidad de sistemas al coexistir con el previsto en los
artículos 217 a 228 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos que
no son derogados. En segundo lugar, por la confusión que va a suponer la
supletoriedad de la regulación contenida en esta Ley de Enjuiciamiento
respecto a regulaciones tan avanzadas como la que se contiene en la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En tercer lugar, por los
errores técnicos de esta regulación en cuanto al procedimiento de
instrucción del incidente, absolutamente alejada de la realidad concreta
de cada día en nuestros tribunales civiles. Creemos que al respecto en el
Congreso de los Diputados obtuvimos una victoria parcial, el que las
causas de abstención y recusación desaparecieran de este proyecto de ley,
pero estimamos que hay que precisar las consecuencias inmediatas de la
solicitud de abstención del juez que tenga atribuido el conocimiento, la
posibilidad de adopción por el sustituto de las decisiones urgentes
consecuencia del impulso del proceso, establecer con claridad cuáles son
las limitaciones a las actuaciones del sustituto natural, la suspensión
de la práctica de las pruebas y la celebración del acto del juicio hasta
la resolución del incidente.
Creemos también que debe preverse de forma explícita la ampliación del
supuesto de abstención, así como el de recusación, a los médicos
forenses, que son algo más que peritos designados por el juez --son
funcionarios de la Administración de Justicia--, así como a otros
funcionarios integrantes de cuerpos laborales que juegan un papel cada
vez más relevante en procesos como los matrimoniales o los de familia
--me refiero a los psicólogos, a los asistentes sociales--, al igual que
establecer con claridad las consecuencias de la solicitud y el régimen de
sustitución. En la abstención del perito es necesaria la suspensión del
procedimiento, para impedir que se agote el período probatorio y se
produzca la segura adopción de una exclusiva prueba de oficio por parte
del juez.
Otro tema transversal, señorías, que inspira nuestras enmiendas es el
referente al papel del secretario judicial. Creo que todos estamos de
acuerdo en su condición insustituible de fedatario público judicial y de
encargado del impulso y de la adecuada ordenación del proceso a través de
las diligencias de ordenación. No creo, sin embargo, que el proyecto
aproveche toda su potencialidad en relación con la oficina judicial y los
servicios comunes.
Enmendamos «in voce» el artículo 121, apostando porque sea el Secretario
judicial el que instruya y resuelva incidentes como los de recusación de
oficiales, auxiliares y agentes judiciales. No creemos que debamos
distraer el tiempo del titular del órgano judicial para este tipo de
incidentes.
También pretendemos en nuestra enmienda 65 atribuir en exclusiva al
Secretario judicial la responsabilidad de los actos de comunicación, sin
perjuicio de que su ejecución se realice con carácter general y
permanente por los propios oficiales.
Por último, nuestra enmienda 78, al artículo 246, atribuye al Secretario
judicial la competencia para, por auto, mantener o modificar la tasación
en costa que resulte impugnada, auto que, evidentemente, será recurrible
en súplica ante el juez o tribunal. Trato de favor al procurador,
señorías; cicatería, visión alicorta respecto a la figura del Secretario
judicial.
En séptimo lugar, en cuanto al tiempo de las actuaciones judiciales,
hemos enmendado el artículo 130, incluyendo el sábado entre los días
inhábiles a efectos judiciales. Hay que asumir la realidad social
española y declarar inhábiles para las partes, sus abogados y sus
procuradores lo que ya lo es para los juzgados y tribunales y los
funcionarios
que los sirven. Creemos que mantener el sábado como día hábil, cuando lo
único que puede hacerse en el juzgado ese día es registrar un escrito
--ni siquiera pedir testimonio de una actuación procesal--, es algo que,
por lo que respecta a la jurisdicción civil, sólo se utiliza contra las
partes, dada la brevedad de los plazos procesales decisivos. Y, en
coherencia, hemos enmendado «in voce» también el artículo 133 del
proyecto.
En octavo lugar, por lo que hace referencia a los deberes de colaboración
con los tribunales civiles por parte de los distintos Cuerpos de la
Policía --nacional, autonómica y local--, la Agencia Tributaria y la
Tesorería de la Seguridad Social y restantes organismos de esta
Administración de la Seguridad Social, mantenemos nuestras enmiendas 66
y 67, que pretenden dejar muy claro algo que en la práctica judicial,
señorías, tiene siempre una relevancia y alcance excesivamente limitados.
Reforzar la oralidad, la inmediación, la mayor diligencia en el
funcionamiento de la Justicia es otro de los objetivos de nuestro grupo
respecto al proyecto que estamos debatiendo. Así, nuestra enmienda 63, al
artículo 137, establece, con rotundidad la exigencia de que las
sentencias sean dictadas por el juez o tribunal que hubiera admitido y
practicado las pruebas, tanto en la fase ordinaria, como en las
diligencias finales. Me dirán sus señorías que esa exigencia ya aparece
en el artículo 194.1 y tienen razón, pero ubicarla aquí, en el artículo
137, tendría, como exige la más reciente sentencia del Tribunal
Constitucional, en la que fue ponente el Magistrado Gimeno Sendra,
sanción de nulidad radical, y no sólo de anulabilidad a instancia de
parte.
En cuanto a la enmienda número 71, al artículo 176, permite al órgano
judicial exhortante, si apreciara retraso malicioso en la cumplimentación
del exhorto por intervención de una parte, la posibilidad de deducir el
oportuno testimonio ante el órgano competente de la jurisdicción penal,
por si se hubiera incurrido en infracción penal, protegiendo así
eficazmente el interés público en el correcto funcionamiento de la
justicia.
También enmendamos «in voce» el artículo 140.2 para posibilitar algo que
ya solventa la transaccional que hemos firmado recientemente y que nos ha
ofrecido sobre nuestra enmienda el Grupo Parlamentario Popular. Es decir,
viene a solventar que se puedan, sin necesidad de testimonio del
Secretario, obtener copias por parte de los letrados, procuradores y de
las partes, a fin de agilizar el incidente y no exigir que haya que
esperar a que se provea ese testimonio y se resuelva formalmente la
petición.
En cuanto a la enmienda número 72, al artículo 184.2, propone que el
plazo mínimo entre la fecha de notificación del señalamiento y la de la
celebración de la vista se reduzca a cinco días, de los 10 que están
actualmente establecidos. Estamos hablando, señorías, de plazos mínimos,
en ningún caso de máximos.
Respecto a la enmienda número 74, al artículo 210, trata de impedir la
posibilidad de que las resoluciones que deban dictarse en el transcurso
de un acto oral, como son la vista, la audiencia, la comparecencia,
puedan dictarse por escrito, en contradicción con el principio de
oralidad, inspirador del proceso civil. Potenciación de la oralidad y de
la inmediación, rapidez en el procedimiento, son las ideas inspiradoras
de este bloque de enmiendas.
Por último, con un carácter más técnico voy a hacer una rápida referencia
a algunas otras enmiendas de mi grupo.
La enmienda número 73, al artículo 209, se refiere a la ordenación lógica
de las sentencias, con la inclusión obligada de un apartado de hechos
declarados probados, como ya hace la Ley de Procedimiento Laboral, lo que
es esencial, a nuestro juicio, al menos en dos aspectos: Para la
comprensión por la parte del proceso lógico, que ha llevado al fallo y
para posibilitar el control de la misma en vía de recurso.
Otras enmiendas lo son a los artículos 149 y 168, por cuanto que
alcanzado el consenso en el Congreso de los Diputados al Título VIII,
redacción del nuevo artículo 247, no parece que deben mantenerse normas
disciplinarias, como las del artículo 149, por ejemplo, que sus señorías
están dispuestas a retirar mediante otra transaccional, que agradecemos.
Finalmente, y por lo que respecta al incidente de nulidad de actuación
--ya termino--, la enmienda número 77 pretende la supresión del artículo
228. Se ha dicho por nuestro portavoz, a la hora de la defensa del veto,
que a lo largo de esta legislatura se ha discutido y reformado tres veces
el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahora discutimos
y abordamos la cuarta regulación. Esta vez en la Ley Procesal Civil, que
no deroga, lógicamente, la Ley Orgánica. Como ha señalado el profesor
Verger Grau, el precepto se viene reformando pensando siempre más en los
tribunales que en los ciudadanos. Cuando éstos sufren una nulidad que les
causa indefensión y ya no existen fórmulas, ni ordinarias ni
extraordinarias, en el orden jurisdiccional correspondiente, pueden
acudir al recurso de amparo. Si se permite el incidente de nulidad
después de sentencia firme, que puede presentarse en el plazo de 20 días
desde que la parte tuviera conocimiento del defecto, se va a permitir,
tanto a las partes personadas, como a las ausentes, involuntarios o
rebeldes, mantener indefinidamente la precariedad de una sentencia firme,
perpetuando la inseguridad jurídica «ad libitum».
Creo que tiene razón el presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo, señor Sierra, cuando dice que tanto la regulación del artículo
440 de la Ley Orgánica como la del artículo 228 de este proyecto afectan
a dos principios esenciales del Derecho: la seguridad jurídica, que no
olviden, señorías, que es un principio constitucional, y la santidad de
la cosa juzgada, que es un principio procesal. Desarróllese el artículo
53.2 de la Constitución desde un punto de vista legislativo, establézcase
la posibilidad de audiencia al rebelde involuntario, cada vez hay más
sentencias entendiendo que la comunicación edictal es absolutamente nula,
pero dejen de manosear y dar vueltas y más vueltas a un problema que no
se acaba de solucionar de una vez y para siempre.
Garantía de la fe pública procesal, reforzamiento de los principios de
oralidad, inmediación y concentración, igualdad de las partes en el
proceso, coherencia entre la regulación que debe estar en la normativa
orgánica del Poder
Judicial y la específica procesal aplicable a la Jurisdicción Civil,
imparcialidad y objetividad en el tratamiento de los diferentes
profesionales que intervienen en el proceso civil, agilización de los
procedimientos, apuesta por un juez activo en contacto con las partes,
diligente en la búsqueda de la verdad material son los principios
inspiradores de las enmiendas de mi Grupo en este Libro Primero y en
bastantes de las enmiendas a los restantes libros.
Algo, posiblemente bastante, se avanzó en el trabajo en Ponencia en el
Congreso, no lo suficiente para que la reforma global abordada por el
Gobierno del señor Aznar superara la votación cualificada que exigía la
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, coherente con esta nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil. Poco, demasiado poco, señorías, hemos
avanzado en esta Cámara. De todas maneras ese poco se lo agradezco al
Grupo Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Galán.
Para el turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra la Senadora España.
La señora ESPAÑA MOYA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular con
respecto a las enmiendas presentadas por los diferentes grupos
parlamentarios. En primer lugar, las presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, números 2 y 3.
La enmienda número 2, al artículo 10, se rechaza. El Grupo enmendante
prefiere los términos: titular de un derecho o interés legítimo, a los
que se usan en el proyecto, como son: titular de la relación jurídica u
objeto litigioso. Dicha preferencia está basada en la importancia que
tiene el concepto interés legítimo en la jurisdicción contenciosa y en la
laboral. Casi igual importancia tiene el término relación jurídica en el
proceso civil, ya que lo que determina la legitimación es la afirmación
de titularidad jurídica de la relación jurídica discutiva. Puede haber
quien tenga en ella un interés legítimo, pero ello no le habilita para
ser parte civil, por ejemplo un subarrendatario en relación con un pleito
relativo al dominio de un inmueble o al contrato de arrendamiento.
La enmienda número 3, al artículo 55, se rechaza, ya que la designación
del tribunal al que se someten las partes lleva implícita la renuncia al
fuero propio. No parece oportuno añadir este requisito meramente formal,
cuya exigencia ha sido desvirtuada por reiterada doctrina del Tribunal
Supremo. Por otra parte, si las normas especiales a las que alude la
enmienda son los fueros imperativos, esto resulta regulado en el artículo
54.1 del proyecto de ley de enjuiciamiento civil.
La enmienda número 309 se rechaza porque, aunque se refiere al factor
mercantil, su representación debe ser civil, no técnica, por lo que no
parece oportuno incorporarla.
La enmienda número 310 al artículo 19, el contenido del precepto ya está
recogido en el texto, en lo que se refiere a la transacción y al
allanamiento en el apartado primero, y se refuerza respecto al
allanamiento en el artículo 21 que lo regula cuando, en concreto, dice:
pero si se hiciera en fraude de ley.
Con respecto a las enmiendas 311 y 312 al artículo 23.2.1.º y 31.2.1.º,
respectivamente, por el Grupo Parlamentario Popular se considera que en
la solicitud inicial de los procesos monitorios que superan las 150.000
pesetas no es necesaria la intervención de abogado y procurador, ya que
el requisito de cumplimentación de la petición inicial de este
procedimiento es muy sencillo; lo cual no niega la posibilidad de ir con
un letrado para ser defendido. Por otro lado, quiero añadir que no
olvidemos que en caso de oposición del demandado será necesaria la
intervención de abogado y procurador en función de la cuantía del
procedimiento, de acuerdo con el artículo 812 del proyecto.
Con respecto a la enmienda número 313 al artículo 31.3 se rechaza. La
ubicación del apartado 3 en el artículo 31 es inadecuada porque su
contenido se refiere tanto a abogado como a procurador y, además,
únicamente para los casos en que su intervención no resulta preceptiva.
Igualmente se corresponden a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular 222, 223 y hay que añadir la transaccional.
La enmienda 314 se rechaza ya que la relación cliente-abogado es
extraprocesal. Desde el punto de vista de la validez procesal de las
actuaciones que exijan intervención de abogado basta al tribunal la
intervención de cualquier abogado, por lo que no cabe paralización, sin
perjuicio de las relaciones cliente-abogado y las responsabilidades
civiles y disciplinarias que pudieran derivarse.
La enmienda 315 se rechaza. Valorar el carácter determinante de la
intervención de abogado en relación al éxito del pleito no parece propio
del tribunal, y abre una peligrosa vía a la subjetividad judicial y, en
definitiva, a la inseguridad jurídica.
Con respecto a la enmienda 316 al artículo 41.2 y 318 al artículo 48.2 se
rechazan por iguales argumentaciones. La única modificación que se
solicita es la de cambio de nombre del recurso, pero no debe de mezclarse
el recurso de casación con el recurso por infracción procesal. Resulta
preferible que cada uno tenga una denominación diferente para evitar
confusiones entre uno y otro, ello sin perjuicio de la importancia de uno
y otro y de que las competencias de uno puedan corresponder al Tribunal
Supremo o al Tribunal Superior de Justicia.
La enmienda 317 se rechaza. El carácter lego de los jueces de paz
aconseja una competencia objetiva por razón de la cuantía que sea
reducida. Además, dichos juzgados de paz se justifican porque en pueblos
medianos parece positivo que exista un órgano que pueda dirimir aquellos
asuntos cuya cuantía no justifican ni siquiera que las partes tengan que
desplazarse al municipio donde tiene su sede el juzgado de primera
instancia correspondiente. De ahí la pequeña cuantía que determina su
competencia.
Con respecto a la enmienda número 319 al artículo 67 se rechaza
igualmente. El proyecto de ley establece dos regímenes: inexistencia con
carácter general de recurso y apelación o extraordinario por infracción
procesal en el caso de las normas imperativas de competencia territorial.
La enmienda propone la mera reposición en todo caso, lo que parece
insuficiente cuando se trate de normas imperativas e innecesario cuando
se trate de normas dispositivas.
La enmienda número 320 se rechaza igualmente. No se puede incorporar
dicha enmienda al proyecto por tratarse de una cuestión regulada en la
Ley Orgánica del Poder Judicial al tratar de la competencia de los
órganos judiciales y atribuir dicha ley la función de reparto a los
presidentes de la Audiencia en el artículo 160.9 y a los juzgados decanos
en el artículo 167.2. Paso a referirme a las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista números 38 a 60 a los artículos 1 a 128
del Proyecto. Las enmiendas números 38 y 39 al artículo 6.1.6.º se
rechazan, ya que pensamos que la redacción del texto del proyecto es más
correcta que la que proponen dichas enmiendas, puesto que la función del
artículo 6 es señalar quién puede ser parte en los procesos civiles y no
quién debe ser parte. Dentro de los sujetos que pueden ser parte está el
Ministerio Fiscal cuando la ley diga que debe intervenir. El artículo 6
habilita al Ministerio Fiscal a ser parte en los procesos civiles y otras
leyes o la propia Ley de Enjuiciamiento Civil será la que establezca en
qué casos debe intervenir el Ministerio Fiscal.
Se rechaza la enmienda número 40 al artículo 24.1, ya que la razón de la
comparecencia «apud acta» es facilitar el apoderamiento en los casos en
que tanto el procurador como la parte se encuentren en el lugar del
tribunal competente para conocer el asunto, por lo que basta con la
declaración de la parte de la que deja constancia el secretario judicial
para que se admita la entrega de documentos de la parte. La labor del
secretario se vincula pues al procedimiento en cuestión, no perdiendo su
carácter de fedatario público de lo que sucede en un proceso.
Cuando se permite esta misma actuación ante un secretario judicial que no
conoce el asunto, está realizando funciones que corresponden a otro
fedatario público como son los notarios.
La enmienda número 42 al artículo 28, párrafos segundo y tercero, que se
dijo en Comisión que se mantenía en su totalidad, se rechaza. El sistema
que propone la enmienda es inviable desde el punto de vista de la
seguridad jurídica y de la fe pública judicial. Si se quiere utilizar la
figura del procurador para agilizar el proceso debe hacerse con todas las
garantías. El sistema del proyecto combina la agilidad y la traducción de
tiempos muertos con la necesaria seguridad jurídica que da el control de
un secretario judicial o funcionario autorizado que da fe de la certeza
de la presentación del escrito o documento de que se trate.
Se rechaza la enmienda número 43 al artículo 29.2, ya que iniciado el
proceso implica una relación de servicio del procurador con el
poderdante. Es exigible la provisión de fondos, por lo que es razonable
que haya una asimilación con la jura de cuentas. Este sistema existe en
la actualidad regulado en el artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Se rechaza la enmienda número 44 al artículo 30.1.3.º, modificada «in
voce», ya que nos parece más correcto el texto del proyecto al no incluir
el supuesto de disolución y liquidación de una persona jurídica como
causa de cesación del procurador, puesto que el procurador puede seguir
funcionando con respecto a los pleitos pendientes. No tiene por qué ser
su cese automático, ya que el proceso de liquidación y disolución de una
sociedad puede ser muy largo y no tiene por qué eximirle de ser parte.
No se acepta la enmienda número 45 al artículo 34, viva en cuanto al
párrafo segundo, ya que las modificaciones que se pretenden incluir en
dicha enmienda convertiría un proceso rápido y sumario en otro plenario
con lo que desaparecería la cuenta jurada.
Se rechaza la enmienda 47 al artículo 43, viva en cuanto a la segunda
parte, ya que no parece oportuno establecer apelación para cualquier
resolución que tome el tribunal sobre la suspensión, pues hay que evitar
las apelaciones independientes contra resoluciones que determinan la
continuación del proceso. De lo contrario nos encontraríamos como en la
actualidad, donde la apelación principal queda supeditada a la resolución
de las apelaciones anteriores sobre resoluciones no definitivas, todo
ello sin perjuicio de que se pueda acudir a la segunda instancia, si se
apela la sentencia definitiva.
La enmienda número 52, al artículo 68, se rechaza, ya que lo que contiene
el precepto no es reiterativo. La única materia que se encontraba
regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial era la del apartado
segundo del artículo, en el proyecto originario, y por ello fue eliminado
del texto en la Ponencia y en la Comisión del Congreso de los Diputados,
aunque los enmendantes han seguido manteniendo la enmienda número 163 al
proyecto originario. De ahí que lo que regula el artículo 68 es
absolutamente necesario. Por iguales razones no se admiten las enmiendas
números 53 y 54, a los artículos 69 y 70.
En cuanto a la enmienda número 55, reformada «in voce» y pasando a ser la
enmienda al artículo 73 y no al 72, y sólo conservando el apartado
primero de la misma, se rechaza, ya que se considera más correcta la
redacción del texto.
La enmienda número 56, de creación de un artículo 73 bis (nuevo), se
rechaza, ya que no se puede ir en contra de la propia decisión legal de
permitir la acumulación de acciones compatibles, alegando las razones
abstractas que se establecen en la propia enmienda. Además, el fenómeno
de desacumulación es desconocido, y puede originar recursos y
arbitrariedades.
En cuanto a la enmienda número 57 al Título IV del Libro Primero,
artículo 99 y siguientes, se rechaza, al haber eliminado la Ponencia del
Congreso de los Diputados, de la regulación de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, la parte de la abstención y recusación sobre la que podrían
existir dudas en cuanto a su carácter orgánico u ordinario, como es la de
las causas. No compartimos el criterio sobre todo lo relativo a la
abstención y la recusación, que debe estar regulado en la Ley Orgánica
del Poder Judicial. De hecho, recientes sentencias del Tribunal
Constitucional han vuelto a repetir que las normas que regulan los
procedimientos relativos a cuestiones con reserva de ley orgánica no
deben ir en la ley orgánica, porque no son desarrollo de derechos
fundamentales. Las normas que sobre procedimiento de
abstención y recusación se regulan en el proyecto, no podrán ser
aplicadas en tanto no se deroguen las contenidas en la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
La enmienda número 58 se refiere a la abstención de los jueces, y se
rechaza, ya que se considera que no plantea problemas el hecho de que
pueda suspenderse el pleito en un breve plazo, hasta que el órgano
competente adopte una decisión al respecto.
Lo que propone la enmienda número 59 está regulado en el artículo 105,
por lo que no se puede compartir ni la enmienda ni su justificación. En
cuanto a la enmienda número 60, al artículo 105, en lo que queda viva, de
creación de un nuevo apartado, no se puede aceptar, ya que no existe
razón alguna para suspender el procedimiento por el hecho de que el
perito se abstenga, pues existen numerosas actuaciones procesales que
pueden desarrollarse mientras se decide sobre la abstención de un perito.
En cuanto a las enmiendas «in voce» a los artículos números 19.4,
26.2.3.º, y 26.2.4.º, se rechazan, ya que se considera más correcta la
redacción del precepto. Al igual que la enmienda «in voce» al artículo
26.2.7.º, que se corresponde con la enmienda 221, del Grupo Parlamentario
Popular, aceptada en Ponencia.
Por lo que respecta a las enmiendas «in voce» a los artículos 104 y 121,
se rechazan, ya que corresponden a las enmiendas números 226 y 227, del
Grupo Parlamentario Popular, en base a las justificaciones de las mismas.
Respecto a la enmienda «in voce» al artículo 32.2, se ha realizado una
transaccional por todos los grupos, que agradezco. La redacción de dicha
transaccional aclara los distintos supuestos, y se evita así la confusión
de plazos que antes podrían existir.
Gracias, señora Presidenta, y ahora voy a compartir el turno con el
Senador José Iribas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora España.
El resto del turno en contra lo va a consumir el Senador Iribas, también
en nombre del Grupo Parlamentario Popular. (Un señor Senador del Grupo
Parlamentario Socialista: Se les ha acabado el tiempo.)
Señorías, había computado quince minutos porque la Senadora me advirtió
de que lo iba a compartir. Son 30 minutos lo que tienen en total. Ahora,
como se han pasado dos, le quedan trece.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias por las explicaciones,
señora Presidenta.
No se preocupen los señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista,
porque no tendrán que soportar la intervención durante largo tiempo, pues
intentaré remitirme a los argumentos que ya en su día les señalamos dado
que, no habiéndose modificado las enmiendas --no podía ser de otra
forma-- no pueden modificarse los planteamientos que ya estaban bien
meditados y bien fundados.
Voy a referirme a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, que van de la 321 a la 335. Quiero
anunciar que las vamos a rechazar, como hicimos en el trámite de
Comisión, de acuerdo con idénticos criterios a los que señalamos allí.
Con respecto a la enmienda 321, entendemos que no es idóneo considerar
inhábil el sábado y excluirlo así del cómputo del plazo legalmente
señalado puesto que, además, tal y como está previsto en el artículo 135.
1, para los casos en que concluyera un plazo en sábado sería posible
presentar el escrito hasta las quince horas, es decir, hasta las tres de
la tarde del día siguiente, lunes. Nos parece que esta previsión es más
que suficiente y, por lo tanto, rechazamos esta enmienda.
Igualmente anunciamos que, por ser idéntica, vamos a rechazar también la
enmienda número 62, del Grupo Parlamentario Socialista.
También vamos a rechazar la enmienda 322. La lengua oficial es un
requisito de forma de los actos judiciales y no tiene razón de ser que su
regulación haya de tener carácter orgánico.
Rechazamos también la enmienda 325, puesto que el precepto sólo regula la
actuación de los servicios comunes en materia de notificación, que es
donde está ubicado, y entendemos que las demás funciones que pueda
desempeñar dicho servicio común sobre la base del 272 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, siendo perfectamente válidas y, por lo tanto, no
entrando en colisión con este precepto, no tienen por qué regularse aquí,
pues no es la sede adecuada para la regulación de dichas competencias que
pueden, efectivamente, ser atribuidas también a los servicios comunes.
Rechazamos la enmienda 326 al artículo 164 puesto que ya argumentamos
que, tanto la publicación de la comunicación en uno de los boletines
oficiales, como incluso la fijación de aquélla en el tablón de anuncios
del juzgado, no es sino una mera ficción y que, por otra parte, aquélla
es mucho más cara para el demandante en primer término y, a la postre,
para el demandado. Sólo, pues, en los casos de notificación de sentencias
en rebeldía se prevé la obligación de publicar en dichos boletines. Por
otra parte, y como ya les indicamos, la enmienda es francamente
incoherente puesto que de la propuesta de su redacción se deduce que,
aunque suprimiéramos, como se plantea, la expresión «a instancia de
parte», la decisión, evidentemente de la publicación o no en los
boletines correspondería tomarla a quien había de pagar la inscripción.
Rechazamos la enmienda 327 puesto que pensamos que no se puede
generalizar el uso de la nota para la vista y que los juicios, que deben
grabarse en soporte apto para que quede constancia de su realización y
sea posible su reproducción posterior, tienen suficiente garantía, y si
éstos no existieran habría de acudirse, como sucede en otros órdenes
jurisdiccionales, al acta que realiza el secretario judicial. Si se
permitiera, aunque fuera excepcionalmente, la nota para la vista,
correríamos el riesgo de convertir en una práctica habitual y con cierto
apoyo legal lo que se ha querido excluir taxativamente.
Rechazamos la enmienda 328. La prudencia del precepto, concretamente el
artículo 188.1.6.º tercer párrafo, es exquisita, y creemos que no están
bien justificados los motivos que plantea la enmienda para explicar su
modificación, máxime cuando el texto original del precepto que se
pretende enmendar fue matizado en el Congreso como consecuencia de una
enmienda de Convergència i Unió.
Por otra parte, y por idénticos motivos, rechazamos la enmienda 329.
Con respecto a la enmienda número 330, al artículo 213, también la
rechazamos porque entendemos que es bueno que se señale la obligación de
que el tribunal lleve un libro de sentencias. Es un requisito que hemos
establecido en garantía de los ciudadanos y del buen orden de los
procesos y puede estar perfectamente en una ley ordinaria. De ahí que nos
parezca correcta la ubicación actual y que no compartamos el razonamiento
de la enmienda.
Por otra parte, con respecto a la enmienda número 331, ésta sólo modifica
el cambio de nombre del recurso. Nosotros entendemos que es preferible
que cada recurso tenga una denominación diferente y que se eviten
confusiones entre uno y otro de los recursos que se plantean en el texto
de la norma.
En cuanto a la enmienda número 332, al artículo 241, apartado 1, 6.º,
también la rechazamos porque entendemos que la redacción del texto es la
misma que se usa en la Ley de asistencia jurídica, gratuita y, por lo
tanto, no puede suscitar dudas, puesto que no existen derechos
arancelarios judiciales. Además, la aclaración que propone la enmienda
induciría a pensar que los hay, no se podrían considerar como costas y,
además, sería un craso error que no nos parece oportuno cometer.
Por lo que se refiere a la enmienda número 333, también la rechazamos
porque creemos que no se puede incorporar una enmienda como la que se
propone porque hay determinados acreedores que pueden exigir su crédito
por un cauce privilegiado y, por ello, no debemos obligar a acudir
siempre a un proceso independiente. Deberán ir a éste o no según cual
fuera el crédito de que se dispone.
Con respecto a la enmienda número 334, al artículo 243.2, la rechazamos
puesto que la existencia de un límite a la imposición de costas en lo que
se refiere a los gastos de abogado y procurador es una garantía de los
derechos del justiciable y, especialmente, del más débil económicamente,
así como de la eficacia económica que no parece adecuado suprimir, máxime
cuando se anuncia una liberalización de los precios de los honorarios que
pueden cobrar los abogados por sus servicios.
Finalmente, con respecto a la enmienda número 335, la rechazamos porque
entendemos que el dictamen al que se refiere el artículo 246.2 es una
actuación de control deontológico y, por lo tanto, tiene una dimensión de
servicio público que no puede ser cobrado como si de un servicio privado
se tratara e imputado a las partes del proceso.
Por otra parte, con respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, quiero señalar que, como ya he anunciado, la enmienda número
62 la rechazamos en coherencia con el rechazo que hemos anunciado a la
enmienda número 321 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
También rechazamos las enmiendas «in voce» al artículo 133.2 y al 133.4
puesto que, en definitiva, están sustentadas en la misma filosofía.
Asimismo, rechazamos la enmienda al artículo 135.6, puesto que entendemos
que el apartado que se pretende suprimir es necesario porque resuelve
dudas que se podrían plantear sobre si los medios de comunicación
tecnológicamente avanzados pueden usarse también en los traslados de
escritos y documentos que se realizan entre las partes sin intervención
directa del tribunal.
Con respecto a la enmienda número 63, tal y como ya había advertido el
Senador Galán, efectivamente entendemos que ello ya está contemplado de
una forma muy similar en el artículo 194.1 del proyecto, que es su sede
natural y, además, acogido por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y, evidentemente, en coherencia con todo ello, rechazamos
dicha enmienda.
Por otra parte, con respecto a la enmienda que se había formulado «in
voce» al artículo 140.2 nos remitimos a la transaccional que se ha
suscrito por todos los grupos y que es la que vamos a apoyar.
En cuanto a la enmienda número 65, la rechazamos porque entendemos que ya
está contemplado en el artículo 152.1 del proyecto de ley y, por lo
tanto, la atribución a los secretarios judiciales de llevar a cabo los
actos de comunicación está debidamente regulado, al igual que la
posibilidad de delegar en un funcionario debidamente autorizado.
Con respecto a las enmiendas «in voce» al artículo 151.1 y 151.2 nos
remitimos también a lo que hemos firmado como enmienda transaccional, que
es la que vamos a apoyar y, por lo tanto, no apoyaremos la enmienda «in
voce».
Las enmiendas números 66 y 67 las rechazaremos también --son unas
enmiendas que tienen una evidente relación-- porque el artículo 156.1, en
relación con el 155.3, que se refiere al domicilio que conste
oficialmente a otros efectos, permite recabar, evidentemente, la
colaboración de cualesquiera organismos que, por otra parte, siempre
tienen la obligación genérica de colaborar con la justicia.
También rechazamos la enmienda número 68 al artículo 163 por entender
que no parece prudente de modo taxativo por la Ley de Enjuiciamiento
Civil el número de juzgados de primera instancia que determina la
obligación de instituir un servicio común de notificaciones. Estimamos
más adecuado que sean los organismos competentes en la cuestión los que
casuísticamente decidan cuándo debe establecerse dicho servicio.
Con respecto a la enmienda número 69, al artículo 168, también la
rechazamos puesto que la importancia de los actos de comunicación para el
derecho de defensa aconseja la referencia en esta sede a la
responsabilidad disciplinaria de los funcionarios intervinientes en la
comunicación procesal.
Con respecto a la enmienda número 71, la rechazamos. Entendemos que es
innecesario introducir una norma que únicamente se limita a decir que si
se dan las circunstancias típicas de un delito se debe denunciar ante los
tribunales penales, lo que, por otra parte, es normativa vigente.
Con respecto a la enmienda número 72, que en realidad lo es al artículo
184.2, entendemos que no es excesivo el
establecer un plazo máximo de diez días entre la notificación del
señalamiento y la celebración de la vista.
Asimismo rechazamos la enmienda número 73 puesto que en ella no se
justifica en modo alguno por qué la redacción que se propone es mejor que
la que se contiene en el texto del proyecto.
Rechazamos la número 74 por entender que su redacción llevaría a que
todos los jueces deberían dictar sentencia en todo caso inmediatamente
después de las resoluciones, lo que, a nuestro entender, resulta
descabellado como norma absoluta.
Con respecto a la enmienda número 75, al artículo 215, tenemos que
rechazarla por entender que precisamente la materia que se regula en el
artículo enmendado no se encuentra recogida en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, y por entender también que en dicho artículo se recoge una
fórmula dirigida a complementar las sentencias o autos con omisiones y
que pretende evitar los graves inconvenientes que genera una posterior
declaración de nulidad. Esa fórmula ha sido utilizada en otros países
europeos, como por ejemplo en Alemania, donde ha funcionado, y además con
gran éxito.
Rechazamos también la enmienda número 77. Entendemos que la sede natural
de este incidente no puede ser otra que la ley rituaria como ley procesal
general y supletoria que es. Por otra parte, no puede criticarse un
instrumento de corrección de indefensiones porque pueda ser utilizado de
mala fe, como todos los instrumentos procesales, puesto que está previsto
precisamente para su utilización de buena fe.
Rechazamos, por último, la enmienda número 78 al artículo 246.3, párrafo
primero puesto que la labor del secretario judicial en materia de
tasación de costas resulta suficientemente amplia e importante tal y como
se regula en el proyecto. Dicha labor no requiere lo que en nuestra
opinión son concesiones nominalísticas que sólo crearían confusión de
atribuciones.
Finalmente quiero decir que, aunque lo hemos anunciado ya, apoyaremos las
enmiendas transaccionales que hemos presentado y que han suscrito todos
los grupos parlamentarios, y cuyos textos, por tanto, conocen ya todas
sus señorías. Estas enmiendas van dirigidas al apartado 1 del artículo
140, al apartado 4 del artículo 149, y al apartado 1 del artículo 151.
Sobrándome diez segundos para concluir la intervención, la doy por
finalizada agradeciendo la atención de sus señorías. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Iribas.
Comienza el turno de portavoces.
¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Procuraré ser breve, señora Presidenta.
En este turno de portavoces sólo quiero exponer nuestra posición respecto
de las enmiendas de los demás grupos.
Vamos a apoyar con nuestro voto, tanto la enmienda número 2 del Grupo
Parlamentario Mixto, como las números 321, 324, 325, 330, 332 y 333 del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergèncía i Unió. Nos
abstendremos en la número 3 del Grupo Parlamentario Mixto y en las
números 311, 312, 313, 317 y 322 del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió y votaremos en contra de las restantes.
Tanto la Senadora España como el Senador Iribas han intentado reiterar
los mismos argumentos que en contra de nuestras enmiendas ya expusieron
en Ponencia y en Comisión. Tengo que decirles, con el afecto que ellos
saben que les tengo, que no me han convencido sus argumentos. Entendemos
que en determinados temas importantes --como es el modelo al que responde
la ley, los actos de comunicación, la cooperación judicial, la
documentación o la citación de las partes-- este proyecto no aporta nada
al viejo modelo del siglo XIX y se aleja claramente del modelo de
comunicación, cooperación judicial y documentación que establece el Libro
Blanco. No lo digo yo, señorías, lo decía el señor Fernández Seijo,
representante de la Asociación de Jueces para la Democracia.
Sus señorías tampoco han sido sensibles a las enmiendas que he presentado
sobre el tema de la inmediación, de la oralidad o del papel del Juez. En
nuestro país, desgraciadamente, los jueces están ausentes y son los
oficiales y los agentes los que tienen la inmediación para después
entregar al Juez los papeles a fin de que redacte la sentencia por
escrito. Ese es el mal principal de nuestra Justicia, y la falta de
oralidad e inmediatez es una de las mayores lagunas que existen en
nuestra legislación. Esta afirmación y la alusión a que esta ley no lo
recoge adecuadamente, es una declaración del Presidente del Consejo
General de la Abogacía, señor Gay.
Por último, termino mi intervención con una cita del Decano del Colegio
de Abogados de Barcelona, que creo que es la más dura de todas. Decía:
Todos estamos de acuerdo en que esta ley es francamente mala, muy
perjudicial para la Justicia del siglo XXI. No es éste un problema de
izquierdas ni de derechas, no es un problema de ideologías, es un
problema de dar soluciones técnicas adecuadas cuando estamos hablando de
la ley más aplicada en nuestro ordenamiento jurídico. Como se ha dicho,
el Derecho Procesal es el derecho garante del Derecho. La Ley de
Enjuiciamiento Civil es la ley que más veces se aplica a lo largo del
día. Decía que es una ley mala, no sólo porque no soluciona ninguno de
los problemas que pretende acometer, sino porque además introduce
problemas nuevos que hasta ahora no existían. No lo digo yo, lo dice el
señor Alonso-Cuevilla.
En definitiva, señorías, creo que ustedes --quizá cargados de buena
voluntad-- no han aprovechado esta ocasión para hacer la Ley de
Enjuiciamiento Civil que la sociedad española nos demanda al final del
siglo XX y comienzos del XXI. Lo siento, señorías.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Galán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Ariznavarreta.
El señor ARIZNAVARRETA ESTEBAN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, por lo que acaba de exponer en el turno de portavoces el
Senador Galán, en el Libro Primero tenemos la reproducción del veto.
Cuando el debate se está desarrollando sobre una parte troncal y muy
importante de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se vuelve a descalificar
con carácter general al proyecto diciendo que no aporta nada, que es
francamente mala y que no es un problema de ideologías. Por supuesto,
Senador Galán, no es un problema de ideologías, porque esta Ley, por su
propia tramitación parlamentaria, se ha convertido en un proyecto y en
una ley de todos. En primer lugar, por el alto consenso parlamentario
alcanzado en su tramitación. En segundo lugar, por el elevado índice de
aceptación de enmiendas de los distintos grupos. En tercer lugar, porque
en todos y cada uno de los grupos ha presidido una intención verdadera y
muy positiva de sacar adelante un texto que de verdad sirva para
facilitar la Justicia.
Paso a centrarme brevemente en qué es y qué supone este Libro Primero.
Sin duda, señorías, estamos ante un bloque muy importante, no sólo en sí
mismo, sino porque tiene un carácter supletorio para el resto de la ley.
Supone, en su regulación práctica, una mejora sustancial de la situación
y de la regulación actual, muy en contra del pensamiento y de la opinión
expresada aquí por el Senador Galán. Una gran parte de este bloque,
precisamente de este Libro Primero, señorías, no ha sido objeto de
enmienda alguna por parte de los grupos, ni aquí ni en el Congreso de los
Diputados, lo que pone de manifiesto el acierto de la redacción del
proyecto.
Se contienen novedades legislativas trascendentales, por ejemplo todo lo
relativo a los actos de comunicación y, como decía antes, no obstante
haber pocas enmiendas, con las aceptadas se ha mejorado --en el trámite
de la Ley por el Senado-- técnica y jurídicamente el texto legislativo.
Simplemente voy a centrarme en tres de esas mejoras que considero
importante destacar: la primera, la operada a través de una enmienda y
posterior desarrollo de la misma, precisamente del Grupo Parlamentario
Popular, al solucionar el problema que planteaba el artículo 31.3, que
podía inducir --y de hecho creaba cierta confusión-- sobre las funciones
de los profesionales, procuradores y abogados, en el proceso.
En segundo lugar, se ha extendido la legitimación activa para utilizar la
cuenta jurada a los herederos de los procuradores y hemos solucionado la
incoherencia que atribuía al mismo tiempo al secretario judicial y al
juez o presidente del tribunal la facultad de resolver las recusaciones
formuladas contra los oficiales, auxiliares y agentes.
En definitiva, señorías, se ha mejorado y completado el sistema de
protección jurisdiccional y de acceso a los tribunales civiles de
consumidores y usuarios, con todo lo que esto comporta, se ha completado
el procedimiento de intervención de terceros en el proceso, así como la
sucesión procesal. Se evita real y efectivamente el intrusismo
profesional en la intervención ante los tribunales por sujetos ajenos al
proceso, se incorporan importantes mejoras respecto a las normas de
jurisdicción y competencia, y se procede a ubicar correctamente en la
ley, adecuadamente, todo lo relativo al reparto de asuntos judiciales.
No comprendemos, señoría, y de hecho nos sigue sorprendiendo, cómo a
pesar del alto consenso parlamentario se siguen manteniendo y
reproduciendo posturas como la del Grupo Parlamentario Socialista de
retirada de todo un Título, del Título IV del Libro Primero, máxime si
tenemos en cuenta la importancia que tienen la abstención y la
recusación. Podemos convenir, señorías, en que las causas de abstención
y recusación tengan una sede más adecuada en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, pero en ningún caso prestaremos acuerdo al planteamiento de
eliminar de este texto legal, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los
aspectos procedimentales de los incidentes de recusación y abstención.
Hay dos cuestiones últimas que me gustaría destacar: los avances en el
reconocimiento y exigencia de responsabilidad de todos los agentes de la
Justicia, incluidos los profesionales, avances que redundan claramente en
el justiciable; y la creación como innovación del Registro Central de
Rebeldes Civiles, como instrumento de agilización del proceso y de
garantía para la seguridad jurídica que, igualmente beneficiarán de forma
directa a la Administración de Justicia y a los ciudadanos, objetivos que
preside y ha presidido, en todo caso, esta reforma procesal civil.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Ariznavarreta.
Vamos a votar el voto particular número 2 del Senador Ríos Pérez. En
primer lugar, la enmienda número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207;
a favor, 89; en contra, 117; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, queda rechazada la enmienda número 2.
Votamos a continuación la enmienda número 3, también perteneciente al
voto particular número 2 del Senador Ríos Pérez.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208;
a favor, ocho; en contra, 116; abstenciones, 84.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada, pues, la enmienda número 3.
A continuación, vamos a votar el voto particular número 3, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, dividido en
varios bloques. El bloque
primero, que vamos a votar ahora, corresponde a las enmiendas números
321, 330, 332 y 333.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208;
a favor, 87; en contra, 112; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el bloque primero de las enmiendas
correspondientes al voto particular número 3, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
En un segundo bloque votamos las enmiendas números 311, 312, 313, 317 y
322.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207;
a favor, seis; en contra, 112; abstenciones, 89.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el bloque segundo de las enmiendas
del voto particular primero 3, de Convergència i Unió.
Votamos ahora el resto de las enmiendas del voto particular número 3,
también correspondiente al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207;
a favor, nueve; en contra, 189; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del voto
particular número 3.
Votos particulares números 5 y 6, del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, vamos a votar todas las enmiendas correspondientes a los
votos particulares del Grupo Parlamentario Socialista, salvo las
enmiendas «in voce» a los artículos 32, 140, 149 y 151, que soportan
propuestas de modificación del dictamen. Y tampoco votamos la enmienda
47, que ha sido retirada. (El señor Capdevila i Bas pide la palabra.)
¿Para una cuestión de orden? (Asentimiento.)
Tiene la palabra su señoría.
El señor CAPDEVILA I BAS: Señora Presidenta, nuestro Grupo pide la
votación separada de las enmiendas 39, 42 y 62.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: ¿Cada una de ellas separadamente o en bloque?
El señor CAPDEVILA I BAS: En bloque, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Entonces, votamos, en primer lugar, las enmiendas números 39, 42 y 62.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208;
a favor, 88; en contra, 112; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, rechazadas las enmiendas números
39, 42 y 62, del Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos ahora todas las enmiendas, salvo las que acabamos de votar y las
que he mencionado anteriormente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208;
a favor, 81; en contra, 117; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las restantes enmiendas de los
votos particulares números 5 y 6, del Grupo Parlamentario Socialista.
A continuación, vamos a votar la propuesta de modificación del dictamen.
En primer lugar, las propuestas relativas a los artículos números 32,
140, 149 y 151. (El señor Capdevila i Bas pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: ¿Por una cuestión de orden? (Asentimiento.)
Tiene la palabra su señoría.
El señor CAPDEVILA I BAS: Para pedir votación separada de unos artículos.
La señora PRESIDENTA: ¿De cada uno de ellos?
El señor CAPDEVILA I BAS: Del artículo 23, del...
La señora PRESIDENTA: Señoría, no estamos en la votación del dictamen,
sino de las propuestas de modificación, que las vamos a votar antes que
el dictamen.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias. (El señor Aleu i Jornet pide la
palabra.)
La señora PRESIDENTA: ¿Para qué pide la palabra, Senador Aleu?
El señor ALEU I JORNET: Para pedir votación separada de la enmienda
transaccional que se refiere al artículo 151.1.
La señora PRESIDENTA: En ese caso votamos las propuestas de modificación
del dictamen, relativas a los artículos 32, 140 y 149.
¿Se pueden votar conjuntamente? (Asentimiento.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208;
a favor, 196; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos a continuación la propuesta de modificación del dictamen, firmada
por los grupos, referida al artículo 151. Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208;
a favor, 113; en contra, uno; abstenciones, 94.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (El señor Capdevila i Bas pide la
palabra.)
Tiene la palabra el Senador Capdevila i Bas.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero solicitar la votación separada de los siguientes artículos: 23,
31, 32, 41, 47, 48, 67, 68, 142 y 213.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: En primer lugar, vamos a votar en el dictamen los
artículos números 6, 10, 19, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 68, 69, 70, 73, 99
a 128, 130, 133, 135, 137, 150, 156, 161, 163, 168, 176, 184, 209, 210,
215, 228, 241 y 246.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208;
a favor, 116; en contra, 82; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votación en un segundo bloque de los artículos números 23, 31, 32, 47 y
142.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208;
a favor, 119; en contra, ocho; abstenciones, 81.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votación de los artículos 48, 67 y 68.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208;
a favor, 201; en contra, seis; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos a continuación los artículos números 54 a 60, 151 y 217. Se
inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208;
a favor, 117; en contra, dos; abstenciones, 89.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos separadamente el artículo 213.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206;
a favor, 118; en contra, 86; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Finalmente vamos a votar el resto de artículos salvo los que ya han sido
aprobados mediante modificaciones del dictamen. (El señor Capdevila i Bas
pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS. ¿Cuáles son estos artículos?
La señora PRESIDENTA: Es el resto del dictamen correspondiente a este
Título y al Libro Primero, salvo los que hemos votado y que se han
mencionado uno a uno en las anteriores votaciones.
Si hace falta se enumera uno a uno.
El señor CAPDEVILA I BAS: Sí, señora Presidenta, detállelos, por favor.
La señora PRESIDENTA: Senador Capdevila, ¿Sería posible la enumeración de
los que sí se han votado ya y de esta manera saber cuáles son los que
faltan?
El señor CAPDEVILA I BAS: Sí, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Los artículos que no están incluidos en la votación
que vamos a realizar a continuación son los siguientes: 6, 10, 19, 24,
26, 28, 29, 30, 34, 68, 69, 70, 73, 99 a 128, 130, 133, 135, 137, 150,
156, 161, 163, 168, 176, 184, 209, 210, 215, 228, 241 y 246; más los
artículos 23, 31, 32, 47 y 142; más los artículos 48, 67 y 68; más el
213, que se votó separadamente; más los artículos 54 a 60, 151 y 217; más
los que se votaron al principio porque soportaban propuestas de
modificación del Dictamen, que son los números 32, 140, 149 y 151.
Se votan todos los artículos que no he enumerado ahora y que pertenecen
al Título Preliminar, Libro Primero.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208;
a favor, 201; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobado el resto de los
artículos del dictamen del Título Preliminar y Libro Primero, que no
habían sido aprobados anteriormente.
Pasamos al debate de las enmiendas y votos particulares que corresponden
al Libro Segundo, artículos 248 a 516.
En primer lugar, el voto particular número 2 del Senador Ríos Pérez, que
corresponde a las enmiendas números 4 y 5.
Tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Coalición Canaria presenta dos enmiendas, la número 4, al artículo 249,
que habla del ámbito del juicio ordinario, con la que pretendemos añadir
un punto noveno que diría: «Las demandas sobre reconocimiento y
reclamación de prestaciones, en forma de capital o renta dirigidas por
los mutualistas, frente a las Mutualidades de Previsión Social
establecidas por los Colegios Profesionales, a que se refiere la
disposición adicional cuarta de la presente ley.»
Parece que es lógico que vaya a esta jurisdicción ordinaria y no a la
jurisdicción social donde ha estado hasta ahora, y que no ha tenido
muchas satisfacciones para los mutualistas.
La enmienda número 5, al artículo 293, en este momento la retiro.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Ríos.
Por tanto, queda retirada la enmienda número 5.
A continuación, el voto particular número 1, también correspondiente al
Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a la enmienda número 1,
originariamente presentada por los Senadores Román Clemente y Cámara
Fernández.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Cámara por tiempo de tres
minutos.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Nuestro Grupo, específicamente Izquierda Unida, tiene en todo el texto
una sola enmienda, por lo que se desprende que estamos a favor del texto
original, pero en cualquier caso con la enmienda aportada.
Voy a leer la enmienda única que presentamos, que es de modificación al
artículo 478. La nueva redacción que proponemos es la siguiente: «Las
partes podrán interponer recurso de casación contra una sentencia ante
las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia
contra las resoluciones de los Tribunales Civiles con sede en la
Comunidad Autónoma. Tras el fallo de ésta, en caso de disconformidad,
podrán interponer el mismo recurso ante la sala primera del Tribunal
Supremo. Asimismo podrán optar por interponerlo exclusivamente ante la
Sala Primera del Tribunal Supremo».
La motivación está basada en que la actuación de los tribunales y el
correcto acceso a la justicia exigen ofrecer las mayores posibilidades de
realizar el derecho de las partes.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.
El voto particular número 4 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos corresponde a las enmiendas números 10 a 15.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Zubia por tiempo de seis
minutos.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señora Presidenta.
No voy a utilizar todo ese tiempo. Efectivamente, en este Libro Segundo,
referido a procesos declarativos, aparecen las primeras enmiendas que mi
Grupo mantiene vivas en este proyecto de ley de enjuiciamiento civil. Son
seis --como su señoría manifestaba--, las números 10 a 15, ambas
inclusive. Todas ellas se refieren al Título de los recursos. Fueron
suficientemente debatidas ya en el trámite de Comisión. Todos los grupos
conocen su contenido. Creo que huelga en este momento reiterar la
argumentación vertida. Simplemente desearía que sean sometidas a
consideración y pertinente votación en su momento procesal oportuno.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Zubia.
El voto particular número 3 de Convergència i Unió corresponde a las
enmiendas números 337 a 342, 344, 346, 347, 349 a 361 y 363.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Capdevila y tiene para ello
23 minutos.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señora Presidenta.
La enmienda 337 trata de suprimir una frase del artículo 301, apartado
1º. De no suprimir esta limitación pondría en peligro la vigencia del
derecho a la prueba que confiere el artículo 24 la Constitución Española
al impedir la declaración de los litigantes que no mantengan intereses
contrapuestos, ya que no podrían declarar ni como testigos ni tampoco
mediante interrogatorio de las partes. (El señor Vicepresidente, Cardona
i Vila, ocupa la Presidencia.)
Retiramos la enmienda 338 en este momento.
La enmienda 339 pretende la supresión del artículo 303, dado que es el
juez el único competente para la valoración de si las preguntas dirigidas
a las partes son útiles a tal fin.
La 340 pretende en el artículo 304 la adición de la frase, «... tras una
segunda citación...»; como sucede en la actual y vigente Ley de
Enjuiciamiento Civil, con apercibimiento de que su nueva comparecencia
podría comportar su admisión tácita de los hechos o «ficta confessio».
La enmienda 341 pretende la modificación del artículo 306, apartado dos,
para que el interrogatorio cruzado pueda hacerse también cuando
intervenga un abogado como actualmente está previsto en el artículo 588
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La enmienda 342 está conectada y es coherente con la enmienda 339.
Persigue la supresión del apartado 3 del artículo 306, dado que es el
juez quien deberá apreciar si las preguntas son o no procedentes.
Entendemos que es innecesario su contenido en coherencia, precisamente,
con el artículo 303.
La enmienda 344 propone la supresión del párrafo segundo del artículo 308
por considerar que carece de sentido alguno que la parte contraria decida
acerca del interrogatorio de sustitución que regula este precepto.
La enmienda 346 lo es al artículo 311, apartado 2, por cuanto la
redacción del precepto es altamente confusa,
pues está llena de conceptos jurídicos indeterminados que, al margen de
esta inseguridad que comportan, restringen indebidamente el derecho de
contradicción y defensa de uno de los litigantes. Por consiguiente, debe
permitirse la presencia del abogado en el interrogatorio domiciliario de
la contraparte.
Retiramos la enmienda 347, señora Presidenta.
La enmienda 349 ha sido formulada al artículo 332, apartado 2. Entendemos
que ignorar la obligación que las agencias tributarias y demás organismos
financieros o tributarios del Estado tienen de colaborar con los jueces
iría en contra de lo preceptuado en el artículo 118 de la Constitución
Española. La redacción del artículo 332 del proyecto tal cual no
garantiza este deber de colaboración. Entendemos que la Agencia
Tributaria podría negarse alegando el carácter de reservado de los datos
obtenidos por la Administración Tributaria, y en un Estado de Derecho
nadie puede ser inmune a la justicia y al deber de colaborar con la
misma.
La argumentación dada por el Senador Cañellas en la Comisión no procede,
y fue realmente grave, dado que admite que la Agencia Tributaria es un
órgano estanco y que es habitual que, según sus palabras textuales, se
salte a la torera el deber de informar, lo que evidencia aún más la
necesidad imperiosa de que la Agencia Tributaria no pase por encima de la
justicia ni sea inmune a la misma. Por tanto, lo que propugna, de forma
clara y contundente, nuestra enmienda es su obligación de informar y
colaborar con la Administración de Justicia.
La enmienda número 350 propugna una redacción nueva, por considerar que
la prueba pericial debe entenderse como una prueba más, tal y como está
en la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que se haya de exigir que
se anuncie su uso en la demanda o contestación, sino proponerla como un
medio de prueba más u otra prueba cualquiera, y debe meditarse y
adoptarse en el preciso momento de la proposición de la prueba y tras las
alegaciones.
La enmienda número 351 también da una redacción nueva al artículo 341, y
debe darse primacía a los nombres que las partes propongan, y sólo en su
defecto se podría usar el sistema de listas recogido en el proyecto, ya
que con este último sistema se sabría de antemano quién es el perito
antes de proponerse la prueba, lo cual alejaría de la misma la total
imparcialidad y objetividad. Se nos dice que el procedimiento propuesto
por nuestra enmienda es más complicado que el del texto, a lo que hemos
de refutar que es el que ha imperado hasta hoy, y no ha tenido problemas
ni de interpretación ni de ejecución práctica.
La enmienda número 352 lo es al artículo 363 y se propone la supresión
del mismo, ya que no existe razón alguna para que la parte que proponga
la prueba testifical tenga que pagar los gastos que excedan de tres por
cada hecho discutido, no por cada pregunta, como erróneamente se
transcribió en la justificación de la enmienda en su momento. Entendemos
que imponer los gastos que suponen los testigos en un número superior a
tres es limitar la eficacia del derecho, favoreciendo a las partes más
fuertes, económicamente, y debería regirse por las normas comunes en
materia de costas. Por supuesto que para sumar dos más dos no sería
preciso su ratificación testifical, pero como supongo sabrá el Senador
Cañellas, por su práctica forense, generalmente los pleitos no se limitan
a las sumas tan sencillas.
La enmienda número 353 lo es al artículo 395, a los efectos de adicionar
un apartado cuarto. Contempla el supuesto --que el Grupo Parlamentario
Popular no llegó a entender en Comisión-- de que no precediendo el
requerimiento de pago previo a la demanda, el demandado se allana a la
misma y está lejos de su intención cumplir la sentencia que recaiga. No
se trata de dar un plazo para que el demandado cumpla con el fallo de la
sentencia, sino que, si lo hace, el allanamiento ha sido una pura farsa
y exclusivamente para evitar la imposición de costas. Tampoco hubiera
cumplido con dicha obligación, ya que su intención era la de no cumplir
con la sentencia que hubiera recaído. A nuestro modo de ver, no se sabe
muy bien quién es el más magnánimo: si el que condona las costas a un
listillo que se allana a la demanda con la intención de no cumplir con su
obligación, y se le condonan las mismas, o el que que se espere a que se
cumpla o no por el demandado con el fallo de la sentencia, para supeditar
la imposición o no de las costas. Aquí no tiene nada que ver la pobreza
o la riqueza del demandado, sino la simple cara dura, artífice y causante
de que la maquinaria de la justicia se ponga en marcha con los costes que
ello comporta.
A la enmienda número 354 al artículo 394, tercero, bis, es de aplicación
la regla anterior a la imposición de costas; se trata de equiparar lo
establecido en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, es decir, imponer las costas en la totalidad,
en una parte o en una cifra máxima.
La enmienda número 355 la retiramos en este momento.
La enmienda número 356 es a los efectos de suprimir los párrafos segundo
y tercero de apartado primero del artículo 429, por entender que no
corresponde al Tribunal considerar a priori si las pruebas propuestas por
las partes resultarán o no insuficientes para el esclarecimiento de los
hechos controvertidos, por lo que disponiendo el Tribunal de las
diligencias finales o para mejor proveer, no se entiende la procedencia
de estos dos párrafos que no estaban en la redacción primitiva del
proyecto, y además suponen la entrada del Tribunal en el ámbito
dispositivo de aportación de las partes.
La enmienda 357 pretende la modificación del artículo 429, apartado 3.
Fijar dos plazos para la práctica de los medios de prueba según tenga que
realizarse dentro o fuera de la jurisdicción del juzgado que conozca del
pleito no es correcto, ya que no es lo mismo que, en un pleito seguido,
por ejemplo, en Madrid, la prueba deba practicarse en Sabadell, en París
o en Managua. La situación no es la misma, motivo por el cual debería
articularse un plazo especial, que se propugna que sea de tres meses,
para la prueba que deba practicarse, por ejemplo, en Europa, y de seis
meses si lo es en cualquier otro país. Desde luego, aunque se alarguen
los plazos, la celebración del juicio no viene precisamente de alargar
uno o dos meses el período
de práctica de la prueba que deba realizarse en el extranjero. Son otras
las causas de la demora judicial.
La enmienda 358 pretende la adición de un nuevo apartado 8 --que en
realidad es el 9-- al artículo 429. Debería permitirse que los resultados
de la prueba pudieran tener acceso al proceso una vez concluido el
juicio, pero antes de dictar sentencia. Imaginemos las pruebas realizadas
a través de exhorto. Es muy fácil que, aunque practicadas dentro del
período probatorio, lleguen con retraso pero antes de dictar sentencia.
Al igual sucede, como ahora, que las pruebas practicadas para mejor
proveer las partes deberían gozar de un plazo para manifestar lo que
estimaran oportuno del resultado.
Obsérvese que estamos contemplando situaciones extremas y que en modo
alguno se dilata el procedimiento, ya que se incorporarían dichas pruebas
cuando aún no se hubiera dictado sentencia, y el hecho de conceder el
traslado a las partes por tres días ni puede configurarse como fraude ni
como diligencias para mejor dilatar, como se ha dicho, sino que es
precisamente para mejor proveer y mejor dictar sentencia por parte del
juez. Entiendo que el nudo de la morosidad se halla precisamente a la
hora de resolver y no a la hora de practicar la prueba, que se halla
sujeto precisamente a unos plazos preclusivos.
La enmienda 359 lo es al artículo 433, y propone la adición de un nuevo
apartado 5. Se trata de recuperar un párrafo semejante al que ya existía
en la primitiva redacción del proyecto y que estaba destinado a entender
los casos de excesiva complejidad, facultando la posibilidad de que, con
posterioridad a la vista, puedan confeccionarse las conclusiones del
juicio por escrito y con el sosiego necesario, dentro del plazo
prudencial de 10 días, que no dilataría tampoco el proceso. Además, el
tribunal contaría con un documento para su estudio, en lugar de las notas
o ideas precipitadamente captadas durante el juicio. Aquí no se trata de
sustituir textualmente el informe oral por el escrito, sino que sería
aportar un documento más al juicio oral.
La enmienda 363 propone la modificación de la rúbrica del capítulo IV por
la de: «De las diligencias finales y de la sentencia.»
La enmienda 360 trata de dar una nueva redacción al artículo 435, en
orden a mantener estas diligencias finales para mejor proveer para que el
juez pueda optar en su momento, al final y antes de dictar sentencia,
aquellas pruebas que no han podido practicarse y que, a su entender, son
necesarias.
La enmienda 361 trata de modificar los artículos del capítulo IV, del
Título IV y del Libro Segundo y concordantes a los mismos. Propone variar
la locución «recurso extraordinario por infracción procesal» por «recurso
de Casación por quebrantamiento de forma».
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Moltes gràcies, Senador
Capdevila.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
correspondientes al voto particular número 5, tiene la palabra el Senador
Ardaiz.
El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
Le anuncio que este turno se va a compartir entre el Senador don Juan
Vicente Casas, que se ocupará posteriormente de la cuestión relativa a
los recursos, y el Senador que les habla. Yo voy a dedicar mi
intervención a todo el resto del Libro Segundo.
Voy a comenzar refiriéndome a las enmiendas presentadas por los grupos
parlamentarios que han intervenido antes de nuestro turno.
Vamos a votar en contra de las enmiendas presentadas por el Senador Ríos
y a favor de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, por si esta posición abierta en la
que dice estar el Grupo Popular le hiciera reflexionar al ver que, al
menos, somos dos los grupos parlamentarios que podemos coincidir en la
bondad de alguna de las propuestas.
Votaremos a favor de las enmiendas sobre el interrogatorio de los
colitigantes; de aquellas relativas a la supresión de la impugnación de
las preguntas por parte de la parte que es preguntada; de las que hacen
referencia a la intervención de abogado en el interrogatorio cruzado; de
las relativas a la necesidad de la concurrencia de abogados en el
interrogatorio domiciliario; de aquella presentada para concretar la
obligación de la Agencia Tributaria de presentar los datos que el juez le
exija, y de las relativas a la designación de peritos, porque coinciden
básicamente con las nuestras.
Asimismo votaremos a favor de aquellas enmiendas referidas a la
ampliación de plazos para practicar prueba en el extranjero; de las que
se refieren a la validez de la prueba tras el juicio y antes de dictar
sentencia y, finalmente, de aquellas que pretenden mantener las
diligencias finales porque también coinciden con nuestras propuestas.
Respecto a nuestras propias enmiendas, y con el objetivo de economizar
tiempo, no voy a hacer ninguna referencia a las que son de contenido
puramente técnico o que son de una entidad menor. Además, las voy a
agrupar por capítulos para hacer más rápido y ágil el debate.
Así, en el Capítulo I, pretendemos una simplificación de la redacción del
artículo 53 para una mayor claridad de los operadores jurídicos, porque
yo creo que van a tener muchas confusiones con la redacción que
actualmente presenta el texto.
Lo mismo ocurre en el Capítulo II, en el que pretendemos claridad al
proponer la desaparición del artículo 263 por resultar absolutamente
innecesario.
En el Capítulo III, a través de las enmiendas números 83 y 84, se ofrece
una mejor redacción del texto del proyecto y merece la pena que se tengan
en consideración.
Voy a detenerme un poco más en el Capítulo IV, relativo a las copias de
los escritos y documentos y su traslado, puesto que la entrada que en
esta materia da el proyecto a los procuradores no va a hacer otra cosa
que entorpecer el procedimiento y complicar las cosas bastante más de lo
que están, y no porque intervengan esos dignísimos profesionales que son
los procuradores, obviamente, sino porque el texto proyecta la
intervención de esos profesionales sin sustituir la intervención de otros
operadores jurídicos,
sino sumándola, con lo cual el procedimiento se complica en vez de
simplificarse. La razón es que no se ha querido conceder a los
procuradores una cierta autonomía en el ejercicio de su profesión y, por
tanto, en la asunción de responsabilidad que ello implicaría. Con el
texto del proyecto no se hace más que imponerles una carga más que sólo
va a complicar las cosas.
En el Capítulo V, relativo a la prueba, mantenemos las enmiendas que
pretenden la limitación de la iniciativa probatoria del juzgador civil,
imposibilitándole introducir hechos que no hayan sido alegados por las
partes o prohibiéndole también utilizar otras fuentes probatorias
distintas de las que consten en autos y, por otro lado, permitiendo a las
partes la intervención activa en la práctica realizada precisamente a
iniciativa del juez.
En el mismo Capítulo planteamos la nulidad radical de las pruebas
realizadas sin presencia judicial, que es la justa consecuencia de un
proceso que se pretende sustentar --y se nos ha llenado la boca a todos--
en los principios de oralidad y de inmediación.
En el Capítulo VI, que trata de los medios de prueba y las presunciones
legales, quiero mencionar los siguientes asuntos. En primer lugar,
pretendemos que las preguntas de los interrogatorios, las que se realizan
por las partes a un testigo, por ejemplo, no tengan que formularse
obligatoriamente en sentido positivo, porque muchas veces induce a
equívoco de los ciudadanos.
El pretender siempre formular las preguntas en sentido positivo es una
fórmula arcaica ya que no siempre es conveniente. Quizá esa fórmula era
válida para un procedimiento escrito que, en mi opinión, también queda
superado por la oralidad que aquí de nuevo, se pretende y se predica del
proceso.
Creo que podríamos mantener aquí discusiones más o menos teóricas acerca
de este asunto, sobre técnica jurídica, sobre cuestiones que afectan a
los profesionales del Derecho, pero lo que ocurre es que a la hora de
legislar estamos obligados a hacerlo facilitando a nuestros conciudadanos
el difícil trago que suele suponerles el estar presentes como testigos en
una sala de Justicia.
Podríamos hacer una prueba a este respecto, puesto que hoy es día de
puertas abiertas en el Senado, preguntando a cualquiera de los ciudadanos
que están en este momento en la tribuna pública o a cualquiera de los que
nos han visitado a lo largo del día si entenderían una pregunta que se
les formulara solamente en sentido positivo y del estilo de la que ya
puse como ejemplo en el trámite de Ponencia. La pregunta podría ser ésta:
¿Declara ser cierto que usted conoció que la declaración de su socio no
contenía aspectos fraudulentos de los que usted no pudo informarse
posteriormente? Con una pregunta formulada así, un ciudadano no se ha
enterado de nada. Si no conoció el asunto contestará que no, cuando de no
haberlo conocido debería contestar que sí. Esta es, pues, una mala
formulación, pero yo creo que merece la pena que les facilitemos a
nuestros conciudadanos cómo se puede responder en una sala de Justicia y
cómo se puede responder de la mejor manera posible para ellos mismos. Es
decir, en vez de hacerle a cualquier ciudadano la pregunta que acabo de
poner como ejemplo, debería decírsele lo siguiente: Oiga, cuéntele al
tribunal lo que pasa con su socio. Eso sería mucho mejor para el
ciudadano en cuestión, para las partes y para el propio tribunal.
Además, no entendemos por qué en el resto de las jurisdicciones se puede
preguntar de esta forma que estoy sugiriendo y, sin embargo, en el
procedimiento civil hay que preguntar exclusivamente formulando la
pregunta en sentido positivo.
Hay otro asunto en el que quiero detenerme, el relativo a que los
representantes de las administraciones públicas no puedan declarar por
escrito ni tan siquiera en el procedimiento contencioso-administrativo,
que es donde está siempre la Administración. Pues ni siquiera en ese
procedimiento pueden hacerlo por escrito. ¿Y por qué puede hacerse así en
el procedimiento civil? ¿Cuál es la razón de esa ventaja de la parte
cuando se trata de la Administración? ¿Por qué no puede ponerse la
Administración en pie de igualdad con el resto de los ciudadanos
suprimiendo ese plus de ventaja que supone el poder declarar por escrito
habiendo podido pensar previamente el declarante las preguntas en su
despacho para remitirlas luego al juzgado? ¡Pues que vayan y declaren
como el resto de los ciudadanos, oralmente y en presencia de las partes,
y que luego puedan formular repreguntas como cualquiera de ellos!
Yo creo que frente a la modernidad que se pretende en el proyecto, esta
forma de que los representantes de las administraciones públicas puedan
declarar por escrito no es solamente arcaica sino que puede ser hasta
preconstitucional e incluso tener algún viso de inconstitucionalidad.
Y en el mismo sentido de falta de igualdad de las partes, queda el texto
de proyecto en lo relativo a los dictámenes periciales, pues al cambiar
el actual sistema de insaculación por una aportación del dictamen por la
parte que lo quiere aportar, se está concediendo a la parte más poderosa,
normalmente las grandes corporaciones, las empresas, las compañías
aseguradoras, un plus del que carece siempre la otra parte, la parte
pequeña, la parte a la que hay que proteger, es decir, el ciudadano
normal y corriente que pone una demanda o que es demandado. Y es que,
normalmente, ese ciudadano no tendrá capacidad económica para buscar un
informe pericial --ni para encontrarlo-- que sustente sus tesis, mientras
que la gran corporación, la gran empresa, la compañía aseguradora, pedirá
dos informes periciales, o pedirá 200, hasta que encuentre uno capaz de
sustentar las tesis que va a exponer ante el tribunal. Por ello, nuestra
enmienda número 98 y siguientes pretenden recuperar ese principio de
igualdad de las partes.
En cuanto al Título II, y en relación con el juicio ordinario, quiero
fijar nuestra posición respecto de la posibilidad de que el juez pueda
exhortar a las partes a ponerse de acuerdo. No entendemos por qué en el
proceso civil se niega la posibilidad de que un Juez pueda hacer algo
para que las partes se pongan de acuerdo y pongan fin al conflicto,
cuando es algo que en el orden laboral se puede hacer perfectamente. A
fin de cuentas, creemos que un Juez no pierde ni un ápice de
imparcialidad o de neutralidad porque intente la conciliación de las
partes o porque abra alguna vía para que puedan llegar a un acuerdo.
Finalmente, estimamos que las diligencias finales deben poder acordarse
de oficio e insistimos en el principio de oralidad a la hora de valorar
esas diligencias finales. Asimismo, suprimimos la preclusión de la
alegación de hechos y fundamentos jurídicos, porque pone en riesgo y
limita uno de los principios básicos del proceso civil, que es el
principio de disponibilidad por la parte.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Ardaiz.
Para la defensa de la segunda parte de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Casas.
El señor CASAS CASAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías quedan pendientes doce enmiendas vivas de nuestro grupo
parlamentario a los Títulos IV, V y VI del Libro Segundo del proyecto de
ley; son las números 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128 y 129, que conciernen a los artículos comprendidos entre el 448 y
516. Las defenderé en este turno compartido con el Senador Ardaiz e
intentaré justificarlas brevemente.
En la enmienda número 118, formulada a la rúbrica del Capítulo III del
Título IV del Libro Segundo, proponemos la modificación de la rúbrica
eliminando el término «y de la segunda instancia», dejando solamente la
expresión apelación. Conforme viene propuesto en el proyecto de ley, nos
parece redundante tal enunciado y entendemos suficiente, más claro,
concreto y preciso el término apelación. La expresión segunda instancia
resulta ser más genérica y el término apelación es más específico de esta
segunda instancia; además, se corresponde con la terminología usada en
nuestra tradición jurídica.
En la enmienda 119, formulada al artículo 466, mantenemos nuestra
propuesta por coherencia terminológíca y de acuerdo con lo explicado en
la enmienda anterior.
La número 120, que se formula al artículo 457, apuesta por la sustitución
del vocablo «preparación» por el de «anuncio». A nuestro entender, la
manifestación de la intención de recurrir ante el Tribunal se corresponde
más con un anuncio, mientras que el término preparación tiene un sentido
más amplio en la actividad procesal.
Proponemos la enmienda número 121, formulada al artículo 459 bis, porque
creemos que favorece la seguridad jurídica. Pretendemos precisar los
motivos de la apelación y que sobre estas causas pueda concretarse una
mejor fundamentación y justificación de los motivos en la alzada civil.
Así se ha venido recogiendo en las últimas reformas procesales llevadas
a cabo en materia laboral, penal y administrativa.
La enmienda número 122, formulada al artículo 461, pretende conferir un
plazo más amplio y otorgarle una mejor condición procesal en el tiempo al
litigante que tiene que impugnar frente al litigante que sólo tiene que
oponerse en el recurso de apelación. Nos parece que esta concesión de 5
días más de plazo responde de mejor manera al principio constitucional de
tutela efectiva, sin que esta medida pueda suponer un desequilibrio de
armas procesales.
La enmienda número 123, al artículo 467, propone la supresión del mismo,
de acuerdo y en coherencia lógica con nuestro modelo diferente del texto
del Proyecto de Ley sobre la Casación.
Quiero extenderme en la defensa de la enmienda número 124, de supresión
del Capítulo IV del Título IV del Libro Segundo, para justificarla más
ampliamente. El Proyecto de Ley innova el llamado recurso extraordinario
por infracción procesal. Conforme viene propuesto tal recurso, entendemos
que puede tener varios efectos perturbadores en su futura aplicación. La
señora Ministra ha dicho en la presentación de este Proyecto de Ley que
era completo, coherente, consistente y armónico y nosotros discrepamos
porque creemos que estas condiciones no se dan y que va a tener los
efectos perturbadores de los que hablamos. El Tribunal Supremo se ha
venido caracterizando por haber ahormado la unidad interpretativa, y este
éxito en la función unificadora para la interpretación y aplicación del
Derecho quedará roto con este novedoso modelo propuesto en el Proyecto de
Ley. Con esta regulación puede producirse una dispersión en la
interpretación y aplicación de las normas procesales; puede suceder que
existan 17 posibles líneas interpretativas y aplicativas de la norma
procesal, tantas como Tribunales Superiores de Justicia, con las
consecuentes derivaciones perniciosas. Las posibles divergencias,
disparidades y contradicción de criterios pueden desembocar en
consecuencias graves de inseguridad jurídica, agravios comparativos e
indefensión y, en definitiva, vulnerar principios constitucionales como
el de seguridad jurídica, el de defensa o el de igualdad ante la Ley. En
materia de normas procesales que son de Derecho necesario, y su
aplicación debe hacerse de forma igual en todo el Estado, es lógico que
sea el Tribunal Supremo --tal y como ha venido ocurriendo hasta ahora--
el órgano judicial que disponga de la última y definitiva palabra en
materia interpretativa y aplicativa de las normas procesales que son de
«ius cogens». La posición de mi Grupo, de apuesta por la función
unificadora del Tribunal Supremo, la entendemos funcionalmente
integradora, razonada y razonablemente justificada. Sólo así, cuando
surjan criterios divergentes o discrepantes entre los distintos
Tribunales Superiores de Justicia, los litigantes no tendrán que esperar
a que se tramite y sustancie el recurso en interés de ley, que también
propone el Proyecto de Ley. Al final, vamos a parar al mismo Tribunal
Supremo buscando esa función conciliadora, pacificadora y unificadora de
esas divergencias y esas discrepancias, pero dando una vuelta mayor,
haciendo un más largo recorrido y pasando por más instancias y trámites
intermedios, con las consecuencias dilatorias a las que aludía.
Otra cuestión problemática que puede suscitarse es aquella en la que,
previsiblemente, puede encontrarse un litigante que quiere defender sus
derechos e intereses propios con todas las armas jurídicas a su alcance.
Sobre una resolución o pronunciamiento que contenga infracciones formales
y vulneraciones materiales, tal litigante puede verse abocado a tener que
pasar por las siguientes opciones:
primera, renunciar a los vicios procesales en la forma y abandonar esta
vía no acudiendo al Tribunal Superior de Justicia competente,
dirigiéndose directamente al Tribunal Supremo para debatir sobre el
fondo, sobre el Derecho material; y, segunda, acudir al Tribunal Superior
de Justicia para revisar la corrección sobre las formas y,
posteriormente, dirigirse al Tribunal Supremo para que conozca sobre el
fondo del asunto. Así, ese hipotético litigante tendrá que optar,
primero, entre mermar sus posibilidades defensivas con renuncia a la
instancia de revisión de normas ante el Tribunal Superior respectivo, o
bien tendrá que esperar demasiado tiempo a que se tramiten los dos
posibles recursos distintos ante las dos instancias jurisdiccionales
diferentes, si quiere usar plenamente de sus derechos y agotar todas las
vías o posibilidades defensivas. ¿Aliviará esta fórmula novedosa el
retraso en la Administración de Justicia?¿Se consigue así la celeridad,
rapidez y agilidad que el proyecto de ley dice pretender?
No quiero extenderme en los posibles problemas que se suscitarán cuando
haya un procedimiento de varios o múltiples litigantes, ni pensar en el
cúmulo de probables situaciones o posibilidades procesales en las que
éstos se pueden encontrar como recurrentes o como recurridos en dos
recursos posibles distintos y ante dos instancias jurisdiccionales
diferentes. Matemáticamente las combinaciones son múltiples, como
múltiples serán también los agravios y las dilaciones. Insistimos en que
esta novedosa regulación del recurso extraordinario por infracción
procesal nos parece desafortunada y funcionalmente disgregadora por las
consecuencias prácticas que, indudablemente, tendrá. Por eso, planteamos
su desaparición y pretendemos integrarlo en el recurso de casación.
Pero hemos de señalar también, tal y como viene el curso de los
acontecimientos, otro problema adicional que tiene este recurso: la
necesaria reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No se ha
producido por las razones de todos conocidas, dado que quedó bloqueada en
el Congreso de los Diputados. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado
ha intentado «saltar» el problema con su enmienda número 306. Ha
pretendido salir del atolladero y salvar esta situación sobrevenida con
este camino sinuoso o de rodeo, que no deja de ser un parche,
impresentable desde el rigor que debe presidir la tramitación de una ley
rituaria de esta relevancia y de esta trascendencia. La vía transitoria
propuesta en la enmienda número 306, del Grupo Parlamentario Popular,
para salir de este mal trago nos parece una sutileza, por no decir una
trampa o una treta parlamentaria que, indudablemente, también traerá sus
negativas consecuencias. Tal fórmula imaginativa está siendo criticada de
forma generalizada por los colectivos profesionales de la abogacía, de la
judicatura y desde el mundo científico especializado.
La enmienda número 126 propone nuestro modelo alternativo de recurso de
casación con el sentido funcionalmente integrador que tal recurso
requiere y exige. Por ello, se apuesta por la supresión del recurso
extraordinario por infracción procesal. Se trata de un recurso
cohesionado y unificado en todos sus trámites y en todas sus fases
procesales. Creemos que en este modelo en cuanto a la competencia, a la
«summa gravaminis», a los motivos de casación, a la intervención del
Ministerio Fiscal, etcétera, encuentran en la regulación propuesta en
nuestra enmienda una más correcta expresión técnico-jurídica, con una
mayor pretensión de coherencia unitaria o unificadora, con más
posibilidades de establecer líneas jurisprudenciales generales como
producto y consecuencia de unas buenas, pacíficas y más respetuosas
relaciones jerárquicas entre los Tribunales Superiores de Justicia y el
Tribunal Supremo en la tramitación simultánea. Se acota de forma
inequívoca la competencia de cada órgano jurisdiccional implicado. Se
establecen formas pacíficas de simultaneidad y compatibilidad entre el
Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia en el
conocimiento del recurso de casación. Se fijan las posibilidades de
avocación sobre la lista de materias previas. Y entendemos perfectamente
justificada y justificable la intervención previa y preceptiva del
Ministerio Fiscal como defensor del orden público de la legalidad
procesal. Este trámite no viene reconocido en el proyecto de ley y,
extrañamente, se suprime y, por tanto, desparece esta presencia del
ministerio público.
Asimismo, en nuestra propuesta se reduce la «summa gravaminis»,
permitiendo a los litigantes mayor y mejor acceso al recurso de casación.
En relación con las enmiendas números 125, 127, 128 y 129, del Grupo
Parlamentario Socialista, las damos por defendidas en sus propios
términos, señalando que están propuestas en coherencia plena con todo lo
que hemos manifestado y en defensa del modelo alternativo de nuestro
grupo parlamentario.
Termino ya, refiriéndome a las enmiendas del resto de los grupos
parlamentarios que conciernen a los Títulos IV, V y VI de este Libro
Segundo. Me refiero, en concreto, a las enmiendas 361, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, a las números
10 a 15, ambas inclusive, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, y a la número 1, del Grupo Parlamentario Mixto,
Izquierda Unida, en relación a las cuales ponemos de manifiesto que no
las compartimos ni podemos apoyarlas, con todos los respetos, por no
corresponderse, en absoluto, con este modelo por el que estamos apostando
y que acabo de intentar defender aquí.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Casas.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Velasco.
El señor VELASCO BUENO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, debo manifestar que respecto de este bloque de
la ley que se está debatiendo intervendremos en el turno en contra a las
enmiendas que se han presentado por los demás grupos el Senador Cañellas,
la Senadora Vindel y este Senador, correspondiéndome a mí el tratamiento
de los capítulos I a V, inclusive, del Título I del Libro Segundo de la
ley.
Respecto ala enmienda número 4, presentada por el Senador Ríos, al número
1 del artículo 249, que pretende la adición de un punto 9.º nuevo, por el
que se explicite que tengan cabida en el juicio ordinario las demandas
sobre reclamaciones de mutualistas a las Mutualidades de Previsión Social
de sus respectivos colegios profesionales, no nos parece de aceptación,
ya que lo que se pretende con ella es excluir estas contiendas de la
legislación laboral, lo que ya está aceptado y reconocido desde el
momento en que así se preconiza en la disposición final duodécima, tal y
como se ha aprobado en el dictamen de la Comisión. En consecuencia,
rechazamos, por superflua, esa enmienda número 4. Que estamos en lo
cierto lo demuestra el hecho de que en el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos retiró su enmienda número 9, transcripción
literal «ad pedem litterae» de la número 4, del Senador Ríos.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, números 81
a 89, 91 y 92, que son las que atañen al bloque de artículos que me
corresponde tratar, me ceñiré a dar cumplida y rápida cuenta de cada una
de ellas.
Respecto a la número 81, referente al artículo 253, mi grupo no la
comparte porque la redacción del texto del proyecto es sustancialmente
igual a la de la enmienda y resulta más completa, más adecuada y menos
forzada. Obviamente, tenemos que repetir, quiérase o no, los argumentos
dados en Comisión puesto que argumentos idénticos a los que allí se
vertieron son los que ahora nos ha expuesto el Grupo Socialista.
La número 82, al artículo 263, que pretende la supresión del mismo por
entender que resulta innecesario, tampoco es compartida por nuestro grupo
porque consideramos que tal normativa resulta necesaria, ya que, si bien
es cierto que las normas especiales se aplicarían por razón de
especialidad, también podría haber quien las considerase derogadas por
razón de temporalidad, a la vista de lo dispuesto en el apartado 1.6 del
artículo 256, razón por la que rechazamos la misma.
En cuanto a la enmienda número 83, al artículo 264, que propone la
modificación de la rúbrica, en orden a que se llamen «Documentos a
acompañar con la demanda» en lugar de «Documentos procesales»,
argumentando que no tiene ningún sentido considerar documento procesal
aquellos que tienen su origen y se elaboran fuera del procedimiento, no
somos receptivos a la misma. En primer lugar, porque esta redacción del
artículo 264, de principio a fin, desde su rúbrica hasta su apartado
final, es fruto de una transaccional habida en la Ponencia en el Congreso
de los Diputados entre todos los grupos parlamentarios y aceptada por
todos en Ponencia, en Comisión y en Pleno. Donde hubo acuerdo parece
mejor no meneallo. Hay que recordar aquello tan juanramoniano de: no me
la toquéis así la rosa.
En segundo término, porque tampoco nos satisface el argumento en que basa
la enmienda. Nos parece demasiado chato y restrictivo el criterio de
atribuir sólo el concepto de procesal a lo que desde el inicio se genera
en el proceso. Nosotros entendemos que hay multitud de elementos,
entidades, que surgidas antes del proceso, desde el momento en que a lo
largo de la vida del mismo tienen su presencia, su tratamiento normativo
y produce sus efectos, son eminentemente procesales y, como tales, pueden
perfectamente aplicárseles tal concepto.
En cuanto a la enmienda número 84, al artículo 270, que nos parece fiel
trasunto de la enmienda número 307, que presentaron en el Congreso de los
Diputados, también es objeto de no aceptación por nuestro grupo,
basándonos en que por un lado, la primera parte de la enmienda, referida
a los distintos apartados del número 1 de dicho artículo, ya fue objeto
de transaccional en la Ponencia del Congreso de los Diputados, dando como
resultado la actual redacción. Y, por otro, en lo concerniente a la
modificación propuesta para el punto número 2.º de este artículo, la
rechazamos porque la referencia del apartado se centra, precisamente, en
documentos que no se pudieron aportar en la audiencia previa al juicio.
Por ello, la regulación que aquí se contiene parece perfectamente
adecuada al estar, además, contemplada en el artículo 273.
Respecto a la enmienda número 85, al artículo 276, proponiendo su
supresión, por entender que la atribución de competencias a los
procuradores, de modo parcial, podría a la postre aumentar el trabajo de
los juzgados, mi grupo la rechaza porque estima que el traslado de
procurado a procurador no tiene por qué entorpecer ni dilatar. En primer
lugar, porque el tiempo para la realización de actuaciones se cuenta
desde que el procurador de la otra parte firma el escrito y no desde que
lo notifica al tribunal. Y, en segundo lugar, porque no es necesario
notificar estas diligencias a la otra parte. Por coherencia con este
criterio de rechazo de la enmienda número 85, al artículo 276, rechazamos
las enmiendas números 86, 87 y 88 a los artículos 277, 278 y 280.
En cuanto a la enmienda número 89, al artículo 282, no es compartida por
nuestro grupo y no nos queda más remedio que reiterar aquí lo expuesto en
la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados.
Respecto al primer párrafo, estimamos que en los procesos donde se
ventila exclusivamente un interés privado, no parece oportuno que el
tribunal se ponga del lado de una de las partes y supla su actividad
probatoria, al margen de los graves problemas interpretativos que
ocasionaría introducir un término como el de «... fuentes
probatorias...», ya que resultaría con que bastaría que se señalaran las
pruebas que no quiere que se practiquen para trasladar toda la carga
probatoria al tribunal, en detrimento de su imparcialidad.
En cuanto al segundo párrafo, ha de decirse que la intervención de las
partes en la prueba, ya se contempla en el artículo 291 y, en
consecuencia, la rechazamos.
Respecto a la enmienda número 91, al artículo 288, por nuestra parte, y
respetando el criterio de los enmendantes, hemos de decir que no la
compartimos porque entendemos que la existencia de un precepto que
sanciona la falta de diligencia probatoria de las partes, no parece que
estorbe en un proceso que pretende ser rápido y en el que se busca que
las actuaciones se practiquen de forma concertada y concentrada, que
perdería parte de su eficacia, si en lugar de esa concentración se
utilizase simplemente a posteriori
la vía de las diligencias para mejor proveer, que el profesional del foro
siempre ha considerado como para mejor dilatar. En cambio, la imposición
de sanciones en el acto del juicio o vista no demora el proceso, pues el
posible recurso de reposición se plantea y resuelve en el momento y
permite asegurar la concentración probatoria.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Senador Velasco, tal como me ha
dicho, le recuerdo que han transcurrido siete minutos. Dispone de tres
más, para repartir equitativamente el turno.
El señor VELASCO BUENO: Termino, señoría.
La enmienda número 92, al artículo 289, dirigida a la modificación del
apartado 2 del mismo, en el sentido de que se preconice expresamente la
nulidad de actuaciones para el caso de que éstas se practiquen sin la
presencia judicial, sería digna de encomio y aceptación por lo que
significa el deseo de que la presencia judicial se produzca en la
realidad y no acaezca como hasta el presente, que brilla por su ausencia.
En la mayor parte de los pleitos, el juez accede a los autos
prácticamente al tiempo de dictar sentencia. Por supuesto que mi grupo
comparte este anhelo, pero nos parece que esa finalidad se obtiene con lo
que ya dispone el artículo 137, apartado 3 del proyecto, al propugnar la
nulidad de pleno derecho de las actuaciones en las que, exigiéndose
presencia judicial, ésta no tuviera lugar, de aquí que rechacemos la
misma.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Velasco.
Para continuar con el turno en contra tiene la palabra el Senador
Cañellas.
El señor CAÑELLAS FONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Al Capítulo VI del Libro Segundo, Título I, se han presentado una serie
de enmiendas, tanto del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergéncia i Unió como del Grupo Parlamentario Socialista. Las voy a
contestar en bloque, puesto que algunas de ellas están relacionadas entre
sí.
En primer lugar, y atendiendo a una afirmación que ha hecho el Senador
Ardáiz, lo de que las preguntas en sentido afirmativo tengan que ser
necesariamente complicadas para el declarante, ya sea testigo, ya sea
parte que confiesa, es o será fruto de la forma en que se formule la
pregunta. No hay por qué acudir a esa redacción complicada y viciosa que
hemos introducido los profesionales del derecho precisamente para
complicar la vida al que contesta. Es perfectamente posible hacer
preguntas en sentido afirmativo simples y sencillas: ¿Estaba usted tal
día en tal sitio?; ¿sabía usted de la existencia de este documento? No
hay por qué ligarlo con otros conocimientos que pueda tener aquél a quien
van dirigidas las preguntas.
En cuanto a la afirmación que ha hecho el Senador Ardáiz referida a la
confesión de los organismos públicos --artículo 315--, yo lamento
disentir de la opinión que ha manifestado aquí diciendo que vaya a
declarar igual que un ciudadano normal. Una administración pública no es
un ciudadano normal, Senador Ardáiz, una administración pública tiene
algunas características muy diferentes a su señoria y a mí, por de pronto
no es unicéfala sino que puede tener muchas cabezas a las que hay que
acudir para que se pronuncie con respecto a las preguntas.
En cuanto al tema de los interrogatorios cruzados, yo creo que sus
señorías no acaban de profundizar en el contenido del artículo 306. Allí
están perfectamente delimitadas las posibilidades de intervenir y de
hacerse preguntas y determinados los interrogatorios formulados por las
partes o por los abogados, porque no pueden olvidar sus señorías que hay
procedimientos en los que no hay intervención de abogados.
Tampoco entiendo, Senador Capdevila, esa alusión que ha hecho su señoría
y que ha refrendado el Senador Ardáiz a la enmienda número 346, que yo
esperaba que su señoría hubiera retirado como otras muchas. La enmienda
número 346, al artículo 311, pretende que se redacte el segundo párrafo
de una manera muy sencilla: «Al interrogatorio domiciliario podrán
concurrir los abogados y, si las circunstancias no lo impiden, todas las
partes». Estamos en una posibilidad. ¿Se ha fijado su señoría en lo que
previene del artículo 311? El artículo 311 dice en el punto 2: «Si las
circunstancias no lo hicieran imposible o sumamente inconveniente, al
interrogatorio domiciliario podrán concurrir las demás partes y sus
abogados.» Es lo mismo que dicen sus señorías en la enmienda. La
diferencia es que lo ponemos primero en una norma general y solamente, si
a juicio del tribunal la concurrencia de éstos y aquéllas no resultaren
procedentes, se celebrará interrogatorio a presencia del tribunal y del
Secretario judicial. Esto es lo mismo que viene a pretender la enmienda
346: «... si las circunstancias no lo impiden, todas las partes.» Ustedes
lo que dice el precepto al principio lo ponen al final y lo que pone el
precepto al final lo ponen al principio. Pero la enmienda no entraña nada
nuevo por lo que respecta al artículo 311.
Quisiera referirme a la enmienda 349 a la Sección 4.ª relativa a la
inclusión de la Agencia Tributaria entre esas personas que vienen
obligadas a prestar colaboración. Señorías, yo lamento no haberme
explicado bien en Comisión, pero esa obligación ya está hoy en día en la
Ley de Enjuiciamiento Civil. Con el Senador Casas mantuvimos una
discusión en esta misma tribuna sobre esa inclusión, y nos felicitábamos
porque en la ejecución de sentencias habíamos conseguido que en la Ley de
Enjuiciamiento Civil se impusiera a la Agencia Tributaria la obligación
de informar, pero desgraciadamente el resultado ha sido el mismo que
había antes de no incluir esta obligación, porque la Agencia Tributaria
sale diciendo que la Ley General Tributaria la obliga a guardar secreto
y que entre una ley sustantiva, como es la Ley General Tributaria, y una
Ley adjetiva, como es la Ley de Enjuiciamiento Civil, se queda con la que
regula su actuación. Es lo mismo que si alguien le dijera que entre el
Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil se queda con lo que dice el
Código Civil. A su señoría no le quedaría más remedio que aceptarlo. De
manera que yo me lo tomé a guasa por no llorar, Senador Capdevila;
me dolía tanto la herida que en lugar de llorar, preferí reír. Creo que
su señoría me ha interpretado mal lo que le dije.
En cuanto al dictamen de peritos, Sección 5.ª, tanto el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergéncia i Unió, como el Grupo
Parlamentario Socialista articulan una confección diferente de la prueba
pericial. Senador Capdevila, ahora se lo advierto de antemano: permítame
un poco de «animus iocandi»: la insularidad la mantengo yo, no su
señoría. Le digo eso porque los británicos son tan conservadores que
tienen una máxima que, más o menos, traducida viene a decir que es
preferible hacer una tontería que se ha hecho toda la vida que una
genialidad que no se ha hecho nunca. Sus señorías hoy están diciendo en
este aspecto que prefieren el viejo sistema que el nuevo que propone la
ley. Pero tampoco la justificación es de lo más convincente para que
puedan aceptarse sus enmiendas 350 y 351.
En la 350 dicen que la prueba debe articularse como una prueba más, tal
como está en la ley actual de Enjuiciamiento, como un mecanismo auxiliar
del juzgador. Es preferible mantener, aunque se mejore, el vigente
sistema, que introducir otro que sea susceptible de originar
desigualdades.
Finalmente, en la enmienda 351, que se refiere a la forma de designar
peritos, me ha llamado la atención esa justificación de que es utópico
que cada 1.º de enero se vayan a tener las listas. Es igual, señoría,
tampoco hoy en día sin listas tenemos peritos. Hemos llegado al artificio
de que cuando se designa de común acuerdo un perito, a la vez se designa
el sustituto por si el primero no lo acepta, y al sustituto del sustituto
por si el sustituto dice que tampoco acepta la pericia. Peor no
estaremos. Si conseguimos tener las listas, algo, por lo menos, habremos
ganado.
El Grupo Parlamentario Socialista con sus enmiendas 98 a 105 también
trata de articular la prueba pericial de otra forma distinta, con una
prevención a eso de que con la demanda o con la contestación se puedan
presentar dictámenes periciales. Eso es una práctica de hoy en día,
señorías. Los que ejercemos la abogacía planteamos muchas demandas en
base a una prueba pericial que aportamos con la demanda como fundamento
de nuestras pretensiones. Otra cosa será que el juez lo acepte. En
definitiva, con todas sus prevenciones a estas pruebas periciales
iniciales, con todas sus prevenciones a la forma de designar los peritos
si por listas, si por insaculaciones, si por consenso entre las partes,
sus señorías, olvidan que existe un precepto en el proyecto claro y
taxativo que es el artículo 348. Valoración del dictamen pericial, de
todos los dictámenes periciales, de cualquier dictamen pericial.. «El
tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana
crítica.» De nada me vale ir con 17 dictámenes periciales acompañando la
demanda si luego el juez haciendo uso de la facultad de su sana crítica
de la prueba, de toda la prueba, me dice que esos dictámenes periciales
no le vinculan como no le vinculan tampoco hoy en día.
Finalmente, señorías, tanto el Grupo Parlamentario Socialista como
Convergència i Unió han hecho referencia al problema de las costas.
Senador Capdevila, discúlpeme ciertas licencias de tipo jocoso como le
hice en relación con su enmienda 353. Su enmienda 353 al artículo 395 la
formularon en principio al 385, al párrafo cuarto. Era un error porque el
cuarto párrafo hablaba de que no se les pueden poner las costas al
Ministerio Fiscal. Sus señorías la trasladaron en Ponencia al 395, pero
el 395 contempla un caso muy especial de la condena en costas, que es el
caso del allanamiento. Me quiere explicar su señoría cómo encaja su
enmienda en el artículo 395 que dice: «Si el demandado se allanara a la
demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas»
--ésta es la regla general--, «salvo que el tribunal, razonándolo
debidamente, aprecie mala fe en el demandado», por lo cual le impone las
costas.
El segundo párrafo que hemos introducido especifica cuando se entiende
que hay mala fe. Y el tercero dice que si el allanamiento se produjere
tras la contestación a la demanda se va al artículo anterior que es el
general de la imposición de costas. ¿Cuándo, dónde y cómo delega el juez
el plazo al sentenciado en el allanamiento para imponerle las costas?
¿Cómo le dice? ¿Le dice si usted paga el principal dentro de ese plazo no
le pondré costas, pero si no le paga le pondré las costas? ¿Y cuándo se
las pone? ¿Con otra sentencia sobre la primera sentencia? No lo entiendo,
señoría.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Cañellas.
Para continuar, en turno en contra, tiene la palabra la Senadora Vindel.
Le quedan 10 minutos repartidos equitativamente.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para utilizar el turno en contra de las enmiendas
que han sido presentadas a este bloque cuarto en lo que se refiere a los
artículos 399 a 516. Pero, señor Presidente, me gustaría, antes de pasar
a oponerme a varias de ellas, solicitarle la retirada de la número 15 al
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, toda vez que la
preocupación que dicho Grupo demuestra está perfectamente recogida en un
artículo que figura en el Proyecto, que es el artículo 492, número 2,
segundo párrafo. También me gustaría, señor Presidente, que si le es
posible al Grupo Parlamentario Socialista, en el turno ulterior de
portavoces, se pronuncie sobre la oferta de enmiendas transaccionales que
le hice en su momento a los artículos 435 y 443 número 4.
Ahora ya sí corresponde que me posicione sobre las enmiendas que han sido
defendidas y que se refieren a todo el procedimiento del juicio
ordinario, del juicio verbal y el sistema de impugnación tanto dentro del
proceso --me estoy refiriendo a los recursos ordinarios y
extraordinarios-- como en relación a sentencias firmes: recurso de la
audiencia en rebelde y recurso de revisión.
Me opondré por bloques según el grupo parlamentario que las ha
presentado, pero si les parece señorías --no lo tomen como una
descortesía, pero el tiempo corre en contra--
me opondré específicamente a las más significativas, remitiéndoles para
el resto de las enmiendas que han sido defendidas por sus señorías a lo
que ya se dijo en Comisión.
En este sentido y por lo que se refiere al Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, le diré que la famosa nota escrita a
través de sus enmiendas, y el resto que pretende suprimir, lo que permite
al tribunal es pronunciarse sobre la idoneidad de la prueba propuesta en
relación precisamente con los hechos controvertidos. También a través de
sus enmiendas pretende articular nuevamente las diligencias finales, que
une además a la sentencia. Nosotros nos oponemos a ellas, señor
Presidente, porque pensamos en primer lugar que la nota escrita va en
detrimento de los principios de oralidad, inmediación y concentración, y
porque tanto el tribunal como los propios abogados pueden formular
oralmente un informe con las conclusiones de la vista, porque al fin y a
la postre ya tienen instrumentos para ello. Me estoy refiriendo
naturalmente a la prueba testifical, a la documental y a la pericial, que
además ya se realizan en otros órdenes.
Se fomenta, entendemos, en las enmiendas un alargamiento de los plazos
mucho mayor de lo aconsejable y razonable; el plazo máximo que se fija en
las enmiendas se convertiría en mínimo, lo que perjudicaría notablemente
al justiciable y, por lo que se refiere a las diligencias finales, es
cierto que antes de dictar sentencia se pueden practicar, pero esto no
significa necesariamente que hayan de llevarse a cabo ni que tengan que
ir unidas a la sentencia; es sólo una actuación prevista, pero no
necesaria. Además, el proyecto convierte en excepcionales estas
diligencias, que no existen o están muy limitadas a otras órdenes
jurisdiccionales, en las que rige ya la oralidad, la concentración y la
inmediación.
Quizá una utilización torcida y si me apuran hasta perversa permitiría
dilatar el pleito en primera y en segunda instancia, y burlar la
concentración probatoria. Por cierto, creo recordar que el Grupo
Parlamentario Socialista mantiene una enmienda en este sentido; quiere
que se les aplique el principio de legalidad a las diligencias finales.
Sentimos no estar tampoco de acuerdo en este punto con el Grupo
Parlamentario Socialista porque puede que la prueba que haya que
celebrarse no requiera vista, y me estoy refiriendo por ejemplo a un
reconocimiento judicial, y además quizá podría resultar dilatorio e
inútil. Yo me pregunto si efectivamente compensaría celebrarla o no,
porque hay un riesgo de suspensión o incluso de interrupción.
Como el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos se ha remitido a lo que tuvimos oportunidad de debatir en
Comisión, yo también, dándole las gracias por esta fantástica brevedad
procesal, Senador Zubia, me remito igualmente a lo que manifesté en aquel
trámite. Por tanto, me voy a referir, señor Presidente, señorías, a las
enmiendas que quedan vivas del Grupo Parlamentario Socialista,
especialmente las que a mí me parecen de un mayor calado y contenido,
aunque todas son de gran calado y contenido, pero naturalmente me estoy
refiriendo a todo el sistema que sus señorías articulan en torno a los
recursos: recurso de casación, recurso extraordinario por infracción
procesal, la enmienda de modificación, etcétera.
Sus señorías saben que desde hace tiempo la casación civil en nuestro
país presenta una situación muy poco deseable. Yo soy la primera en
reconocer, señor Presidente, señorías, que no hay nada perfecto y que
seguramente la nueva casación que presenta este proyecto, que es una de
sus grandes novedades, no será perfecta. Esperemos al menos --ésa es la
idea que anima a este Grupo-- que tenga los menores fallos posibles. De
ahí a decir que la casación perfecta es aquella de la que no se descarta
ninguna materia ni ninguna sentencia de segunda instancia, sería
realmente, señorías, ir a una casación irrealizable innecesaria e
inconveniente, porque no responde a criterios razonables de justicia, que
cada caso litigioso pase por tres grados de enjuiciamiento
jurisdiccional, aunque este último sea el de la casación.
Hay tres elementos para determinar el ámbito de la casación. En primer
lugar, no excluimos de ella materia civil o mercantil alguna; dejamos
fuera de la casación la infracción de leyes procesales y creo que se crea
una autorizada doctrina jurisprudencial. Se establece con razonable
objetividad, señorías, la necesidad del recurso. La objetivación del
interés casacional aporta creemos, más seguridad jurídica a los
justiciables y parece preferible al método consistente en atribuir al
propio tribunal casacional la elección de los asuntos. Si se está
persuadido de que se ha producido una grave infracción procesal, no cabe
ver imposición racional en la norma que excluye y pretender al mismo
tiempo una nueva sentencia en vez de reponer las actuaciones.
Este proyecto contiene, creemos, más y mejores instrumentos para corregir
procesalmente las actuaciones, y se ha considerado más razonable que la
carga competencial del Tribunal Supremo se lleve a cabo concentrando su
actividad en lo que es propiamente sustantivo. El recurso de casación
ante el Supremo se plantea pues contra sentencias que dicten las
audiencias provinciales en materia de derechos fundamentales, excepto los
reconocidos en el artículo 24 de la Constitución, cuando inflingen normas
del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones del
proceso.
También se plantea este recurso ante el Tribunal Supremo con tres
sentencias dictadas en segunda instancia por las audiencias provinciales,
siempre que incurran en similar infracción de normas sustantivas y,
además, el recurso presente un interés trascedente para la tutela de
derechos e intereses legítimos de unos justiciables concretos.
Se mantiene el recurso en interés de ley ante el Tribunal Supremo,
concebido para la unificación jurisprudencial para los casos de
sentencias firmes divergentes de la Sala de lo Civil de los Tribunales
Superiores de Justicia.
Por último, al amparo del artículo 24 de la Constitución, tienen cabida
legal recursos de amparo, la gran mayoría de ellos sobre cuestiones
procesales, que son a su vez garantías constitucionales según el artículo
123 de la Constitución.
Señorías, señor Presidente, creemos que los recursos de amparo del
Tribunal Constitucional, a tenor del artículo
24, han alargado demasiado unas sentencias irrevocables. Han constituido
unos plazos, desde nuestro punto de vista, excesivamente prolongados
según la actual ley y sus reformas. Los recursos de amparo dejan de ser
procedentes si no se intentó el recurso extraordinario por infracción
procesal. Así se reducen nada más las posibilidades de choque entre el
Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Además, el Tribunal
Supremo, constitucionalmente superior, en todos los órdenes, no está
llamado por la Constitución a conocer todo tipo de asuntos. Ahí tenemos
el artículo 24 de la Constitución, el 123, el 161 y el 53.2.
Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista en este punto
debo decir que no compartimos ni su espíritu ni su letra. Creemos que
plantean varios inconvenientes.
En primer lugar, dejan sin contenido de nuevo a los Tribunales Superiores
de Justicia que, en proceso civil, a diferencia del resto de los demás
procesos, casi no tiene competencias.
En segundo lugar, siguen utilizando como criterio prioritario la cuantía,
por lo que, en este caso, las sentencias que incurran en infracciones
procesales que a su vez supongan vulneración de derechos fundamentales no
tienen otra posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional, por lo que
creemos sinceramente que el colapso de éste seguirá aumentando.
En definitiva, entendemos que se crea un sistema de casación para la
unificación de doctrina totalmente artificial. Por un lado, su ámbito
varía anualmente en función de la muy libre decisión de la Sala Primera,
con lo que habría que pensar si dicho criterio no vulneraría a su vez los
criterios señalados por el Tribunal Constitucional para aceptar la
constitucionalidad o no de cualquier diseño impugnatorio.
En definitiva, después de un estudio muy sereno y muy meditado de su
enmienda, señorías, creemos que los resultados del sistema propuesto
serían, entre otros, los siguientes.
Primero. Tribunales Superiores de Justicia, sin competencias.
Segundo. Tribunal Constitucional, con mayor carga de trabajo, por lo
tanto, con un mayor colapso.
Tercero. Tribunal Supremo eligiendo temas al albur y pronunciándose sólo
con asiduidad sobre las cuestiones de gran entidad monetaria.
Cuarto. Posible inconstitucionalidad del sistema casacional.
Quinto. Inseguridad jurídica del justiciable acerca de si su asunto
llegará o no llegará a la casación.
Finalmente, una carrera jurisdiccional para dictar o no dictar
resoluciones, pues de ello depende el acceso o no a la casación.
Creemos, asimismo, que no habrá problemas de interpretación del informe
de las normas procesales, porque en interés de ley ya unificará el
Tribunal Supremo y, además, también unificará el Tribunal Constitucional
en amparo.
Por otra parte, esta unidad tampoco se da ahora en estos momentos en el
derecho sustantivo ni en muchos órdenes jurisdiccionales en los que los
órganos no están interconectados.
Por último, creemos que la elección de recursos es perfectamente válida
y constitucional, como ha tenido oportunidad de decirme un antiguo
presidente del Tribunal Constitucional en el informe del Consejo de
Estado que acompaña a esta importantísima ley, y creemos que está bien
articulada. No fomenta el fraude, porque el litisconsorcio pasivo no lo
puede formar a voluntad el demandado sino que lo determina el demandante,
con lo que se evita el desdoblamiento de partes fraudulentamente
producido para tener la doble vía de recurso. Además, si cada parte
interpone un recurso, no se pierde tiempo y dinero, porque el de casación
se suspende en espera de la resolución del extraordinario por infracción
procesal.
Antes de darle las gracias por su benevolencia, señor Presidente, al
concederme este par de minutos, querría añadir que la impresión que
tenemos en el Grupo Parlamentario Popular con todas las enmiendas que han
tenido a bien presentar los grupos es que, como siempre, el espíritu que
los ha animado es el de poner sus aportaciones y, desde luego, mejorar la
ley o al menos intentarlo. Pues, Senador Casas, eso es lo que hemos hecho
nosotros con nuestra enmienda 306.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senadora
Vindel.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor Presidente.
Intervengo únicamente para dejar constancia de que, viniendo de la
Senadora Vindel, no puedo negarme a su petición.
Queda retirada nuestra enmienda número 15.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Zubia.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Ardaiz.
El señor ARDAIZ EGÜES: Gracias, señor Presidente.
Unicamente quiero aclarar un par de cosas al Senador Cañellas.
Señor Cañellas, usted y yo no somos iguales, efectivamente. La
Administración es la Administración y usted y yo somos personas físicas
y, en este caso, senadores, pero no debe olvidar una cosa: la igualdad de
las partes, que es una de las manifestaciones que se deriva del artículo
14 de
la Constitución, es un principio de igualdad que le afecta a usted, a mí
y a la Administración.
Además, yo creo que deberían ustedes pensar y reflexionar un poco sobre
esta cuestión. ¿No se han preguntado por qué en el procedimiento
contencioso-administrativo, donde siempre la Administración es una de las
partes, no puede declarar por escrito? Piénsenlo y contésteme si puede.
Una segunda cuestión. Cuando usted dice que el procedimiento de
aportación de pericias es igual que ahora, porque ahora se puede aportar
a la demanda una prueba pericial, le diré que no debería o confundir, o
intentar confundirnos. Ese documento que se aporta no es una prueba
pericial. La prueba pericial se produce cuando después de recibir el
pleito a prueba, el juez estima que debe atenderse la prueba propuesta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Ardaiz.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Tiene la palabra la Senadora Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Solamente quiero intervenir para darle las gracias, como no podía ser de
otra manera, al Senador Zubia por haber tenido la amabilidad de retirar
esa enmienda.
A la vista de que el Grupo Socialista no se ha pronunciado sobre las
transaccionales que se les ha reiterado desde esta tribuna, lamentamos
que no hayamos podido llegar a un acuerdo.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senadora
Vindel. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)
--DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL SIDA
(630/000014).
La señora PRESIDENTA: Señorías, ante el Día Mundial del Sida, el Senado
quiere realizar la siguiente Declaración que han firmado los portavoces
de todos los grupos parlamentarios.
Dice así: Aunque la evolución de esta enfermedad en España ha seguido a
lo largo del último año una curva descendente en cuanto a nuevos casos
diagnosticados en todas las categorías de transmisión, fundamentalmente
en la transmisión madre-hijo, no debemos interpretar estos datos desde el
triunfalismo, pues el sida sigue siendo un importante problema de salud
pública y de gran repercusión social que debemos abordar desde la
prevención como herramienta principal y desde el apoyo terapéutico y
social a aquellas personas que están afectadas por la enfermedad. Debemos
pronunciarnos contra el rechazo social que todavía hoy sufren muchas
personas enfermas de sida.
Por ello, el Senado desea unirse institucionalmente a la campaña
promovida por ONU-SIDA, con el objeto de estimular el diálogo entre
padres e hijos como medida de prevención de esta enfermedad. El sida
forma parte de nuestro mundo y del de nuestros hijos. Hablar del sida con
ellos nos llevará a tratar cuestiones muy relacionadas con él, como la
sexualidad y las drogas, y de ahí que debamos estar preparados para
hacerlo. Un diálogo que haga posible que se evite que en el mundo el sida
siga infectando cada minuto a seis jóvenes menores de veinticinco años,
o que a más de la mitad de las personas que contraen esa infección cada
año estén comprendidas entre los quince y los veinticuatro años.
También desde el Senado queremos llevar a efecto una cooperación
institucional con aquellos países, fundamentalmente del Africa
subsahariana, que padecen con mayor rigor esta enfermedad, y donde el
número de enfermos sigue aumentando.
Por todo ello, el Senado recuerda a todos los Gobiernos la
responsabilidad que tienen en prevenir una mayor propagación del sida, y
anima a las organizaciones no gubernamentales y a otras agrupaciones de
la sociedad civil a continuar en la labor fundamental que vienen
desempeñando a la hora de exhortar y colaborar con los Gobiernos en la
educación de la población y el suministro de materiales de prevención y
atención a la salud de todos los ciudadanos.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
(Aplausos.)
--PROYECTO DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (Continuación.) (S. 821/000154,
C. D. 121/000147).
La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar las votaciones del Libro Segundo
del proyecto de ley de Enjuiciamiento Civil.
En primer lugar, votaremos el voto particular número 2 del Senador Ríos
Pérez, correspondiente a la enmienda número 4.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 208; a favor, ocho; en contra, 198;
abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, ahora, el voto particular número 1, presentado por el Grupo
Parlamentario Mixto y correspondiente a la enmienda número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208;
a favor, diez; en contra, 195, abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a votar el voto particular número 4 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos. Lo haremos
en dos bloques. En primer lugar, votamos las enmiendas números 10, 11, 13
y 14.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209;
a favor, trece; en,contra, 194; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos la enmienda número 12.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207;
a favor, siete; en contra, 192; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Corresponde votar el voto particular número 3 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y lo haremos en dos bloques.
En primer lugar, votaremos las enmiendas números 337, 339, 341, 342, 346,
349, 350, 351, 357, 358, 360 y 363.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209;
a favor, 88; en contra, 114; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del voto particular número 3 de Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, excepto las
que han sido retiradas: las números 338, 347 y 355.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209;
a favor, ocho; en contra, 193; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar el voto particular número 5 del Grupo Parlamentario
Socialista en distintos bloques. En primer lugar, las enmiendas números
85, 86, 87, 89, 95 y 97.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209;
a favor, 86; en contra, 115; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el resto de las enmiendas del voto particular número 5,
correspondiente al Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209;
a favor, 80; en contra, 115; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas el resto de las enmiendas del
voto particular número 5, correspondiente al Grupo Parlamentario
Socialista.
Votamos ahora la propuesta de modificación del dictamen sobre el artículo
481.2, que es una corrección de errores que ha sido firmada por los
portavoces de todos los grupos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208;
a favor, 202; en contra, cinco; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos ahora el dictamen, el Libro Segundo desde el artículo 248 al 516.
En primer lugar, los artículos 306, 339, 341 y 421.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209;
a favor, 120; en contra, 86; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados los artículos 306, 339, 341 y 421
del dictamen.
A continuación vamos a votar los artículos 308 y 363.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209;
a favor, 200; en contra, seis; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados los artículos 308 y 363.
A continuación votamos los artículos 253, 261, 263, 264, 270, 276, 277,
278, 280, 282, 288, 289, 301, 303, 304, 311, 315, 326, 332, 335, 336,
337, 338, 342, 344, 357, 362, 364, 368, 372, 375, 395, 398, 400, 415,
429, 435, 436, 438, 443, 445, 457, 459, 461, 466, 467, 468 al 493, 500,
505 y 513.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209;
a favor, 121; en contra, 80; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen en los
artículos anteriormente citados.
Ahora vamos a votar la corrección de errores del artículo 307.1 en el
siguiente sentido: hay que suprimir el inciso final que dice «... salvo
que concurra una obligación legal de guardar secreto», puesto que se
repite un inciso que aparece al comienzo de dicho apartado.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada por
asentimiento la corrección de errores.
Vamos a votar ahora el resto de los artículos del Libro Segundo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208;
a favor, 201; en contra, uno; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, aprobados el resto de los
artículos del Libro Segundo.
Señorías, había una petición de suspender el Pleno y reanudarlo mañana a
las nueve, pero parece que los grupos parlamentarios lo han reconsiderado
y podríamos continuar con el examen del Libro Tercero hasta las nueve
horas cuarenta y cinco minutos. Para ello se necesita la autorización del
Pleno puesto que llevamos ya cinco horas de debate. (El señor Zubia
Atxaerandio pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Este portavoz querría saber las razones por las cuales se opera el
cambio, del que yo no tenía conocimiento.
La señora PRESIDENTA: ¿A qué cambio se refiere su señoría?
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Que se prorrogue ahora el Pleno cuarenta y
cinco minutos. ¿Por qué cuarenta y cinco minutos? De prorrogar,
prorroguemos hasta acabar el Libro Tercero o, incluso, el proyecto.
La señora PRESIDENTA: La razón es que el Grupo Parlamentario Socialista
tiene esta noche la cena de todo el Grupo. (El señor González Pons pide
la palabra.)
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero saber si lo que vamos a debatir lo vamos a votar ahora. Nosotros
estamos conformes con continuar la sesión si votamos esta noche todo lo
que debatamos. (Pausa.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se suspende la sesión y se reanudará
mañana a las nueve.
Eran las veintuna horas y cinco minutos.
(El debate continúa en el «Diario de Sesiones» número 152.)