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DS. Senado, Pleno, núm. 137, de 14/09/1999
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



SENADO



Año 1999 VI Legislatura
Núm. 137



PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA



Sesión del Pleno



celebrada el martes, 14 de septiembre de 1999



ORDEN DEL DIA:



Primero



Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 22 y 23 de junio de 1999.




Segundo



Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución:



--Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución mediante documento
auténtico de los Excelentísimos señores y señoras Senadores: doña María
Cristina Almeida Castro (500/000288), doña Carmen Alvarez-Arenas Cisneros
(500/000287), don Fernando de Arvizu y Galarraga (500/000299), don
Joaquín Bascuñana García (500/000292), don Agustín Conde Bajén
(500/000297), don Miguel Angel Echevarría Daubagna (500/000312), don
Conrado Escobar de las Heras (500/000301), don Antonio García Miralles
(500/000303), don Pío García-Escudero Márquez (500/000284), don Octavio
José Granado Martínez (500/000298), don Diego Ladislao Castell Campesino
(500/000304), doña María Gema Díaz Villegas (500/000310), don Joan Lerma
Blasco (500/000302), don Vicente Liliano Ferrer Roselló (500/000305), don
Jaime Lissavetzky Díez (500/000291), don Fernando López Carrasco
(500/000296), don Rafael Luna Vivas (500/000282), doña María Antonia
Martínez García (500/000294), don Jesús Merino Delgado (500/000300), doña
Rosa Posada Chapado (500/000286), don Victoriano Ríos Pérez (500/000293),
don José Manuel Ruiz Rivero (500/000281), don Jesús Vicente Sánchez
Cuadrado (500/000289), don Ovidio Sánchez Díaz (500/000307), don Juan
Seva Martínez (500/000306), don Ramón Antonio Socías Puig (500/000308),
don Isidoro Torres Cardona (500/000283) y don Juan Van-Halen Acedo
(500/000285).




Página 6486




--Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de los
Excelentísimos señores Senadores: don Manuel Cámara Fernández
(500/00309), don José Angel Fernández Villa (500/000311), don Inocencio
Martínez Sánchez (500/000314), don Bartolomé Romero Romero (500/000313) y
don Jerónimo Saavedra Acevedo (500/000295).




Tercero



Elección para cubrir el cargo de Secretario segundo de la Cámara (Número
de expediente 520/000001).




Cuarto



Informe del Defensor del Pueblo correpondiente a la gestión realizada
durante 1998 (publicado en el «BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES»,
Sección Cortes Generales, Serie A, número 357, de fecha 23 de junio de
1999) (Número de expediente 780/000004).




Quinto



Mociones:



--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al
Gobierno a que elabore un Plan Nacional de Cuidados Paliativos (publicada
en el «BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES», Senado, Serie I, número
731, de fecha 13 de septiembre de 1999) (Número de expediente
662/000194).




--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
presentar ante las Cámaras una propuesta de modificación de la regulación
de la asignación tributaria para fines religiosos y otros. (publicada en
el «BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES», Senado, Serie I, número
731, de fecha 13 de septiembre de 1999) (Número de expediente
662/000193).




--Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO por
la que se insta al Gobierno a que en el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000 se produzca un incremento
importante de la inversión en investigación y desarrollo (I+D), así como
estímulos fiscales que animen la investigación en las empresas, y a
intensificar las medidas conducentes a una mayor descentralización en la
investigación y a la corrección de los desequilibrios territoriales en la
asignación de los recursos públicos (publicada en el «BOLETIN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES», Senado, Serie I, número 731, de fecha 13 de
septiembre de 1999) (Número de expediente 662/000192).




Sexto



Dictámenes de la Comisión de Incompatibilidades:



--En relación con los Excmos. Sres. D. Manuel Atencia Robledo, Dña.

Beatriz Caro Nieto, D. José Martiarena Lizarazu y Dña. Ascensión Pastor
Parrés (publicado en el «BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES»,
Senado, Serie I, número 703, de fecha 25 de junio de 1999) (Número de
expediente 542/000016).




SUMARIO



Se abre la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.




Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 22 y 23 de junio de 1999 (Página 6488)



Se aprueban las Actas.




JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION MEDIANTE DOCUMENTO
AUTENTICO (Página 6488)



La señora Presidenta comunica a la Cámara que han prestado juramento o
promesa de acatamiento a la Constitución los señores y señoras Senadores
doña María Cristina Almeida Castro, doña Carmen Alvarez-Arenas Cisneros,
don Fernando de Arvizu y Galarraga, don Joaquín Bascuñana García, don
Agustín Conde Bajén, don Miguel Angel Echevarría Daubagna, don Conrado
Escobar de las Heras, don Antonio García Miralles, don Pío
García-Escudero Márquez, don Octavio José Granado Martínez, don Diego
Ladislao Castell Campesino, doña María Gema Díaz Villegas, don Joan Lerma
Blasco, don Vicente Liliano Ferrer Roselló, don Jaime Lissavetzky Díez,
don Fernando López Carrasco, don Rafael Luna Vivas, doña María Antonia
Martínez García, don Jesús Merino Delgado, doña Rosa Posada Chapado, don
Victoriano Ríos Pérez, don José Manuel Ruiz Rivero, don Jesús Vicente



Página 6487




Sánchez Cuadrado, don Ovidio Sánchez Díaz, don Juan Seva Martínez, don
Ramón Antonio Socías Puig, don Isidoro Torres Cardona y don Juan
Van-Halen Acedo.




JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DE LOS
EXCELENTISIMOS SEÑORES SENADORES DON MANUEL CAMARA FERNANDEZ, DON JOSE
ANGEL FERNANDEZ VILLA, DON INOCENCIO MARTINEZ SANCHEZ, DON BARTOLOME
ROMERO ROMERO Y DON JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO (Página 6488)



El señor Cámara Fernández promete acatar la Constitución. El señor
Fernández Villa promete acatar la Constitución. El señor Martínez Sánchez
promete acatar la Constitución. El señor Romero Romero jura acatar la
Constitución. El señor Saavedra Acevedo jura acatar la Constitución.




ELECCION PARA CUBRIR EL CARGO DE SECRETARIO SEGUNDO DE LA CAMARA (Página 6489)



Efectuada la votación, resulta elegido Secretario Segundo del Senado el
Excelentísimo señor don Victoriano Ríos Pérez por 121 votos a favor y 88
en blanco.




INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA
DURANTE 1998 (Página 6490)



El señor Defensor del Pueblo (Fernández Miranda) presenta el informe. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra lo señores Caballero
Lasquibar; por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Capdevila i
Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Lavilla
Martínez, por el Grupo Socialista, y Barceló Pérez, por el Grupo Popular.




MOCIONES (Página 6501)



Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al
Gobierno a que elabore un Plan Nacional de Cuidados Paliativos (Página 6501)



El señor Bellido Muñoz defiende la moción. La señora Rodríguez Fouz
defiende la enmienda del Grupo Socialista. El señor Bellido Muñoz expone
la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Martiarena Lizarazu,
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Cardona i Vila, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora
Rodríguez Fouz, por el por el Grupo Socialista, y el señor Bellido Muñoz,
por el por el Grupo Popular.




Se aprueba la moción originaria del Grupo Popular por 123 votos a favor,
7 en contra y 94 abstenciones.




Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
presentar ante las Cámaras una propuesta de modificación de la regulación
de la asignación tributaria para fines religiosos y otros (Página 6509)



El señor Granado Martínez defiende la moción. La señora San Baldomero
Ochoa consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, y Granado Martínez, por el por el Grupo
Socialista, así como la señora San Baldomero Ochoa, por el Grupo Popular.

El señor Gangoiti Llaguno interviene de nuevo en virtud del artículo 87.




Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 94 votos a favor, 126 en
contra y 1 abstención.




Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO por
la que se insta al Gobierno a que en el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000 se produzca un incremento
importante de la inversión en investigación y desarrollo (I+D), así como
estímulos fiscales que animen la investigación en las empresas, y a
intensificar las medidas conducentes a una mayor descentralización en la
investigación y a la corrección de los desequilibrios territoriales en la
asignación de los recursos públicos (Página 6514)



El señor Varela i Serra defiende la moción. El señor Barahona Hortelano
defiende la enmienda del por el Grupo Popular. El señor Varela i Serra
expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marin,
por el por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Varela i Serra,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Lissavetzky
Díez, por el por el Grupo Socialista, y Barahona



Página 6488




Hortelano, por el por el Grupo Popular. El señor Varela i Serra
interviene de nuevo en virtud del artículo 87.




Se aprueba la moción del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, con la incorporación de la enmienda del Grupo Popular, por
asentimiento de la Cámara.




DICTAMENES DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES (Página 6522)



En relación con los Excmos. Sres. D. Manuel Atencia Robledo, Dña. Beatriz
Caro Nieto, D. José Martiarena Lizarazu y Dña. Ascensión Pastor Parrés
(Página 6522)



El señor Rodríguez Gómez presenta el dictamen, que se aprueba por
asentimiento de la Cámara.




Se levanta la sesión a las veinte horas y cincuenta y cinco minutos.




Se abre la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.




--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 22 Y 23 DE JUNIO DE 1999.




La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

Comenzamos con el punto primero del orden del día, que es la lectura y
aprobación, si procede de las Actas de las sesiones anteriores,
celebradas los días 22 y 23 de junio de 1999.

¿Hay alguna observación a las Actas? (Pausa.)
Quedan aprobadas.




--JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION MEDIANTE DOCUMENTO
AUTENTICO DE LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES Y SEÑORAS SENADORES: DOÑA MARIA
CRISTINA ALMEIDA CASTRO (500/000288), DOÑA CARMEN ALVAREZ-ARENAS CISNEROS
(500/000287), DON FERNANDO DE ARVIZU Y GALARRAGA (500/000299), DON
JOAQUIN BASCUÑANA GARCIA (500/000292), DON AGUSTIN CONDE BAJEN
(500/000297), DON MIGUEL ANGEL ECHEVARRIA DAUBAGNA (500/000312), DON
CONRADO ESCOBAR DE LAS HERAS (500/000301), DON ANTONIO GARCIA MIRALLES
(500/000303), DON PIO GARCIA-ESCUDERO MARQUEZ (500/000284), DON OCTAVIO
JOSE GRANADO MARTINEZ (500/000298), DON DIEGO LADISLAO CASTELL CAMPESINO
(500/000304), DOÑA MARIA GEMA DIAZ VILLEGAS (500/000310), DON JOAN LERMA
BLASCO (500/000302), DON VICENTE LILIANO FERRER ROSELLO (500/000305), DON
JAIME LISSAVETZKY DIEZ (500/000291), DON FERNANDO LOPEZ CARRASCO
(500/000296), DON RAFAEL LUNA VIVAS (500/000282), DOÑA MARIA ANTONIA
MARTINEZ GARCIA (500/000294), DON JESUS MERINO DELGADO (500/000300), DOÑA
ROSA POSADA CHAPADO (500/000286), DON VICTORIANO RIOS PEREZ (500/000293),
DON JOSE MANUEL RUIZ RIVERO (500/000281), DON JESUS VICENTE SANCHEZ
CUADRADO (500/000289), DON OVIDIO SANCHEZ DIAZ (500/000307), DON JUAN
SEVA MARTINEZ (500/000306), DON RAMON ANTONIO SOCIAS PUIG (500/000308),
DON ISIDORO TORRES CARDONA (500/000283) Y DON JUAN VAN-HALEN ACEDO
(500/000285).




La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto segundo del orden del día, que es
juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.

En primer lugar, se comunica a la Cámara que han prestado promesa o
juramento de acatamiento a la Constitución, mediante documento auténtico,
los siguientes señores y señoras Senadores: Doña María Cristina Almeida
Castro, doña Carmen Alvarez-Arenas Cisneros, don Fernando de Arvizu y
Galarraga, don Joaquín Bascuñana García, don Agustín Conde Bajén, don
Miguel Angel Echevarría Daubagna, don Conrado Escobar de las Heras, don
Antonio García Miralles, don Pío García-Escudero Márquez, don Octavio
José Granado Martínez, don Diego Ladislao Castell Campesino, doña María
Gema Díaz Villegas, don Joan Lerma Blasco, don Vicente Liliano Ferrer
Roselló, don Jaime Lissavetzky Díez, don Fernando López Carrasco, don
Rafael Luna Vivas, doña María Antonia Martínez García, don Jesús Merino
Delgado, doña Rosa Posada Chapado, don Victoriano Ríos Pérez, don José
Manuel Ruiz Rivero, don Jesús Vicente Sánchez Cuadrado, don Ovidio
Sánchez Díaz, don Juan Seva Martínez, don Ramón Antonio Socías Puig, don
Isidoro Torres Cardona y don Juan Van-Halen Acedo.




--JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DE LOS
EXCELENTISIMOS SEÑORES SENADORES: DON MANUEL CAMARA FERNANDEZ
(500/000309), DON JOSE ANGEL FERNANDEZ VILLA (500/000311), DON INOCENCIO
MARTINEZ SANCHEZ (500/000314), DON BARTOLOME ROMERO ROMERO (500/000313) Y
DON JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO (500/000295).




Página 6489




La señora PRESIDENTA: A continuación, procede el juramento o promesa de
acatamiento a la Constitución de los Senadores que aún no lo han hecho:
don Manuel Cámara Fernández, designado por la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears.

¿Jura o promete acatar la Constitución?



El señor CAMARA FERNANDEZ: Sí, prometo.




La señora PRESIDENTA: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución,
don Manuel Cámara Fernández ha adquirido la condición plena de Senador.

Muchas gracias y enhorabuena.




El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta. (Aplausos.)



La señora PRESIDENTA: Don José Angel Fernández Villa, ha sido designado
por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

¿Jura o promete acatar la Constitución? (Pausa.)



El señor FERNANDEZ VILLA: Sí, prometo.




La señora PRESIDENTA: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución,
don José Angel Fernández Villa ha adquirido la condición plena de
Senador.

Muchas gracias y enhorabuena.




El señor FERNANDEZ VILLA: Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos.)



La señora PRESIDENTA: Don Inocencio Martínez Sánchez ha sido electo por
la circunscripción de Teruel.

¿Jura o promete acatar la Constitución. (Pausa).




El señor MARTINEZ SANCHEZ: Sí, prometo.




La señora PRESIDENTA: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución,
don Inocencio Martínez Sánchez ha adquirido la condición plena de
Senador.

Muchas gracias y enhorabuena.




El señor MARTINEZ SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos.)



La señora PRESIDENTA: Don Bartolomé Romero Romero ha sido electo por la
circunscripción de Murcia.

¿Jura o promete acatar la Constitución? (Pausa.)



El señor ROMERO ROMERO: Sí, prometo.




La señora PRESIDENTA: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución,
don Bartolomé Romero Romero ha adquirido la condición plena de Senador.

Muchas gracias y enhorabuena.




El señor ROMERO ROMERO: Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Don Jerónimo Saavedra Acevedo ha sido designado por
la Comunidad Autónoma de Canarias.

¿Jura o promete acatar la Constitución?



El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Sí, juro.




La señora PRESIDENTA: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución,
don Jerónimo Saavedra Acevedo ha adquirido la condición plena de Senador.

Muchas gracias y enhorabuena.




El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos.)



--ELECCION PARA CUBRIR EL CARGO DE SECRETARIO SEGUNDO DE LA CAMARA
(520/000001).




La señora PRESIDENTA: Punto tercero del orden del día: Elección para
cubrir el cargo de Secretario Segundo de la Cámara.

Como consecuencia de la designación de Senadores por distintas
Comunidades Autónomas se produjo la baja de don Victoriano Ríos Pérez,
Secretario Segundo de la Cámara. Para cubrir dicha vacante, se ha
presentado por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado la candidatura
de don Victoriano Ríos Pérez, designado de nuevo Senador por el
Parlamento de Canarias.

El artículo 6.º del Reglamento prevé que la votación para la elección de
este cargo se realizará por papeletas.

En forma previa se ha sorteado el nombre del Senador por el que ha de
comenzar la votación. Por tanto, la votación comenzará por el Senador
Castell.

En las papeletas se procederá a escribir un solo nombre. Ruego a los
secretarios que procedan a llamar a sus señorías para votar. (Rumores.)
Silencio, por favor.




Por la señora Secretaria Primera (Rodríguez Saldaña), por el señor
Secretario Tercero (Galán Pérez), y por la señora Secretaria Cuarta
(Gorostiaga Sáiz) se procede al llamamiento de la señoras y los señores
Senadores a partir del citado.

Finalizado el llamamiento, dijo:



La señora PRESIDENTA: Ruego comuniquen a los señores Senadores que no han
llegado al comienzo de la votación que pueden votar ahora si lo desean.

(Pausa.) Por favor, ¿pueden dar el nombre a la señora Secretaria?
(Pausa.)



Por la señora Secretaria Primera (Rodríguez Saldaña) se procede al
llamamiento de las señoras y los señores Senadores que no habían votado
con anterioridad.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

¿Hay algún otro Senador que no haya ejercido su derecho al voto? (Pausa.)



Página 6490




Por tanto, concluida la votación, vamos a proceder al escrutinio.

(Pausa.)



Terminado el escrutinio, dijo:



La señora PRESIDENTA: El resultado del escrutinio es el siguiente: Votos
en blanco, 88, a favor, 121.

En consecuencia, ha resultado elegido Secretario Segundo del Senado el
Excelentísimo señor don Victoriano Ríos Pérez, a quien ruego pase a
ocupar su puesto en la Mesa. (Aplausos.)
Se suspende la sesión durante dos minutos, mientras la Presidencia recibe
al Defensor del Pueblo. (Pausa.)



--INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA
DURANTE 1998 (780/000004).




La señora PRESIDENTA: Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a
la gestión realizada durante el año 1998, publicado en el «BOLETIN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES», Sección Cortes Generales, Serie A,
número 357, de fecha 23 de junio de 1999.

Tiene la palabra el Defensor del Pueblo para realizar un resumen del
Informe.




El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Fernández Miranda): Con la venia, señora
Presidenta, señoras y señores Senadores.

Señorías, probablemente la comparecencia de esta tarde sea la última
ocasión que tenga el Defensor de comparecer en un Pleno de esta Cámara
dada la proximidad del fin de su mandato. Por ello, tengo especial
interés en hacer llegar a sus señorías el agradecimiento sincero del
Defensor del Pueblo por lo que ha representado la colaboración de la
Cámara con la labor de esta Institución, con todo lo que hemos podido ir
haciendo conjuntamente y con el futuro de lo que supone la defensa de los
derechos humanos para esta institución, para esta Cámara.

Digo esto precisamente porque, cuando en otras instituciones similares a
las que represento no se tiene la legitimidad del apoyo y de la votación
de los cuerpos legislativos, hay una especie de quiebra de la confianza
ciudadana en esa representatividad. Por ello es tan importante, tan
decisivo, que tanto la Alta Cámara del Senado como el Congreso, tengan la
misión de elegir, de vigilar y, en definitiva, de apoyar o de rechazar lo
que el Defensor del Pueblo pueda hacer en el campo de los derechos
humanos.

En este capítulo de agradecimientos tampoco quisiera olvidar al personal
de la Institución. Sus señorías saben que es una institución piramidal
pero que está formada por un equipo excelente de juristas, de hombres de
toda formación: dos Adjuntos, un Secretario General, todo un personal que
es quien puede hacer posible la recepción de todas las quejas que nos
envían los ciudadanos y que esas quejas, a fin de cuentas, puedan
cristalizarse luego en el Informe que todos los años vengo a rendir ante
ustedes. Dicho Informe se edita, se imprime, se estudia en algunos casos
y sirve como punto de referencia a lo que la ciudadanía viene pensando en
relación con los problemas que se le plantean.

Quiero decirles, señorías, que esa labor del Defensor del Pueblo --que se
procura realizar de una manera sencilla y transparente-- es una de las
principales aportaciones que puede hacer una Institución como la nuestra
a efectos de la defensa efectiva de los derechos humanos y de cumplir el
mandato constitucional de buscar una sociedad más justa. En esa misma
línea es muy importante no sólo la eficacia en nuestra gestión, sino
también una comunicación cada vez más fluida con los órganos de la
Administración, comunicación que nos permitirá resolver los problemas de
una manera pacífica, sin plantear ningún clima de crispación, y
procuraremos --como todos los Defensores han venido procurando-- mantener
ese clima de entendimiento y de diálogo que favorece, en definitiva, a la
ciudadanía.

Es cierto que en ocasiones algunos órganos de la Administración oponen
cierta resistencia a contestar a los requerimientos del Defensor del
Pueblo, pero pienso sinceramente que esa resistencia se va venciendo
gradual y progresivamente, y así el Defensor nunca ha tenido que utilizar
los sistemas que la legislación le otorga para poder incoar algún tipo de
expediente o acudir al Fiscal General del Estado en el planteamiento de
los problemas.

Señorías, quiero ampliar el balance que estoy presentando correspondiente
al año 1998 con una visión de los cinco años que ha durado mi misión al
frente de esa Institución y hacer así una especie de comentario general
sobre lo que, desde la perspectiva del Defensor del Pueblo, se percibe a
través de las quejas que nos llegan y de las que tramitamos en la
Institución. Sin duda, la primera observación que tengo que hacer a sus
señorías es la dificultad con que nos encontramos por el desconocimiento
de una parte amplia de la población; más del 70 por ciento de las quejas
que llegan a la Institución están mal planteadas o mal orientadas y no
las podemos atender de una manera adecuada --aunque expliquemos los
motivos por los que no podemos responderlas-- precisamente porque no se
conoce el contenido de lo que es el Defensor del Pueblo ni la forma de
dirigirse a él. Por ello, hemos hecho un esfuerzo de clarificación
--tenemos que seguir haciéndolo-- e incluso acabamos de editar unos
vídeos, que estamos distribuyendo de manera profusa, para que los
ciudadanos puedan conocer todos los aspectos de esa labor del Defensor
del Pueblo y lo que significa la Institución en el contexto de las
garantías de los derechos humanos de nuestro país.

Realizamos nuestra labor teniendo en cuenta, en primer lugar, las
dificultades que muchas veces se nos plantean por actitudes --en algunos
aspectos-- de resistencia de la Administración a contestar. También por
una cierta insatisfacción en la legislación y una cierta irregularidad en
la actuación administrativa. Pero, señorías, si hacemos un balance
general de lo que son estos cinco años y de la labor que hemos podido
realizar, creo poder afirmar que ha sido positiva y que, por parte de la
Administración, hemos tenido, progresivamente, unas respuestas, tanto a
nuestros requerimientos como a nuestras sugerencias, realmente
satisfactorias. Por poner algún ejemplo concreto les diré que,



Página 6491




en la última reforma del Código Penal, los aspectos que se refieren tanto
a los menores como a las mujeres maltratadas van precedidos de unas
referencias a sendas recomendaciones del Defensor del Pueblo, lo que nos
satisface en la medida en que suponen el haber hecho caso de esas
recomendaciones de la Institución.

Por otro lado, tendríamos que referirnos a lo que son nuestras relaciones
con los comisionados autonómicos, puesto que en esta Cámara ese problema
se lleva con gran atención. Puedo asegurar a sus señorías que con los
ocho comisionados que en este momento existen en funcionamiento
mantenemos unas relaciones absolutamente cordiales, una coordinación en
nuestras actuaciones, una constante comunicación sobre los problemas que
pueden surgir. En el año 1998 fueron nombrados los titulares de las dos
instituciones que estaban vacantes: el Justicia de Aragón y el Síndic de
Greuges de la Comunidad Valenciana, dos juristas eminentes que se han
incorporado a los otros seis comisionados autonómicos, y hemos podido
trabajar en este aspecto con plena normalidad.

Las últimas Jornadas, las decimoterceras, que celebramos en las Islas
Canarias, fueron un modelo de cómo se pudieron manifestar, por un lado,
el conocimiento de la diversidad tan rica de aquellas Islas Afortunadas
y, por otro, los problemas que afectaban a todos los comisionados y al
Defensor, que en aquella ocasión pensábamos en los problemas que
concernían a todo el Estado.

Aprovechamos la celebración del 50 Aniversario de la Declaración de los
Derechos Humanos para hacer tres declaraciones relativas al ámbito
doméstico, al ámbito familiar, que yo creo que tuvieron una buena
aceptación y que supusieron un aspecto positivo en las relaciones entre
los comisionados y el Defensor del Pueblo.

En cuanto al aspecto de la política exterior de la Institución, hemos
continuado la tradicional relación, que creo que podemos calificar de
cordial, con la comunidad iberoamericana, a través de la Federación
Iberoamericana de Ombudsman, que ya tiene carta de naturaleza. Y no sólo
con la comunidad iberoamericana, sino también con los representantes de
las distintas defensorías europeas. En concreto, señalaré tres proyectos
que hemos realizado en el año 1998. Uno de ellos es la puesta en marcha
de una oficina técnica institucional para ayudar al Defensor del Pueblo
de Bosnia-Herzegovina. En combinación y en relación conjunta con el
Síndic de Greuges de Barcelona y el Colegio de Abogados de Madrid les
hemos dado ese apoyo institucional, porque lo que existía en aquel país
después del desastre de la última guerra era la destrucción completa de
todas las instituciones, y no había vestigio alguno de Estado de Derecho.

Ese apoyo se lo seguiremos prestando de común acuerdo las tres
instituciones, y creo que eso puede ser positivo para el restablecimiento
de la situación del Estado de Derecho en aquella región tan maltratada.

Hay otro aspecto que yo quisiera subrayar a sus señorías, que es el de
nuestras relaciones con el Reino de Marruecos. A través de la Comisión
Nacional Marroquí de Derechos Humanos que preside el Presidente del
Tribunal Supremo, hemos celebrado ya tres reuniones --yo entiendo que con
bastante eficacia-- y, con ocasión de la última de ellas, hemos tenido la
oportunidad de visitar a los reclusos españoles que están cumpliendo su
condena en las cárceles marroquíes y hemos conseguido que a alguno de
ellos, que por razones humanitarias era lógico que saliera de la
situación en la que estaba, le pusieran en libertad. Hemos conseguido
también que ahora, con motivo de la amnistía dictada a raíz del
nombramiento de Su Majestad Mohamed VI --y a través, por supuesto, de la
reforma que se hizo en su momento y del Tratado entre las dos
instituciones-- aumente la posibilidad de que los reclusos españoles que
están cumpliendo su condena puedan venir a cumplirla a las cárceles
españolas cosa que, evidentemente, es para ellos una aspiración.

Finalmente, otro de los puntos que se puede señalar es la entrada que
desde la Institución del Defensor del Pueblo se ha tenido en la Comisión
Internacional de Derechos Humanos de Ginebra. Saben sus señorías que
todos los años se celebran unas reuniones para tratar sobre los problemas
de los derechos humanos. Hasta el año 1998 no había sido posible tener
acceso en un escaño diferenciado como el que ahora se tiene, distinto del
Gobierno, distinto de las Comisiones y de las organizaciones no
gubernamentales, es decir, en calidad de defensor de derechos humanos y
también como representante de la Federación Iberoamericana de Ombudsman.

Hemos conseguido abrir esa puerta para que en el futuro España pueda
estar presente en esas deliberaciones que afectan, por supuesto, a todos
los problemas que afectan a los derechos humanos en el mundo.

Volviendo a los problemas más específicos de nuestro Informe del año
1998, quiero hacer una pequeña referencia numérica, porque creo que lo
importante no es el número de quejas que recibimos, sino la posibilidad
de que a través de esas quejas conozcamos, como les decía, la situación
de la realidad española y las carencias que tenemos que suplir. Se
recibieron más de 23.000 quejas en 1998 y se iniciaron más de cien de
oficio, es decir, en total unas 24.000 quejas, de las que 12.000
correspondían a solicitudes individuales y el resto a grupos colectivos.

Se separaron y se han tramitado --correctamente entiendo yo-- las quejas
que hemos recibido.

Ruego a quienes hayan leído el Informe o a los que hayan asistido a la
Comisión Mixta que me perdonen si escuchan la repetición en alguna de mis
palabras.

Como todos los años, nos hemos planteado también el problema de alguno de
los temas que consideramos más importantes desde la perspectiva del
propio Defensor del Pueblo, y por eso los hemos destacado con un carácter
monográfico --ya lo hemos hecho en los dos años anteriores.

El primero es el problema de la cooficialidad lingüística, que el
Defensor del Pueblo se prestó a estudiar a comienzos de 1998. Quiero
asegurar a sus señorías que se ha intentado tratar con la mayor
objetividad, procurando que, frente a la polarización que existe en torno
a la cooficialidad lingüística, la posición del Defensor del Pueblo
quedara perfectamente establecida. Nuestro criterio es el del orden
constitucional, lo que establecen la Constitución y los Estatutos, dando
a cada una de las Comunidades Autónomas la posibilidad de cooficialidad
lingüística, determinando las posiciones correctas y, en todo caso, desde
el



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Defensor del Pueblo, ponderando sus recomendaciones y sugerencias de la
manera más adecuada al contenido, repito, del orden constitucional.

Por si hubiera dudas, rogaría a sus señorías que releyeran el contenido
de esta monografía sobre la cooficialidad lingüística porque me interesa
mucho que no haya malos entendidos y que no exista, como en algunas
tertulias se ha podido decir, una posición absolutamente parcial del
Defensor del Pueblo. Les puedo asegurar, señorías, que hemos procurado
tener la más absoluta imparcialidad, respetando el orden constitucional,
y me remito al trabajo que hemos presentado.

En segundo lugar, se afronta el problema del Tribunal Penal Internacional
de carácter permanente. Ustedes conocen perfectamente cuál fue el origen
de esta iniciativa de Naciones Unidas para crear de una manera permanente
la posibilidad de eliminar en el futuro todas estas situaciones de
genocidio o de crímenes similares.

Yo creo que es importante que esta Cámara, que España, como Estado --como
lo ha hecho hasta ahora--, apoye de una manera decidida la marcha, el
proceso de este Tribunal Penal Internacional de carácter permanente y que
lleguemos a ver hecha realidad una jurisdicción internacional de estas
características.

A este respecto es importante recordar que la Constitución francesa fue
modificada recientemente, precisamente para poder adaptar todos sus
supuestos jurídicos a esta Jurisdicción. Pienso que España está
estudiándolo --y me consta que con interés-- y debe tener en cuenta la
importancia que puede representar para el futuro un Tribunal Penal
Internacional, a los efectos de una defensa de los derechos humanos de
orden generalizado.

En tercer lugar, se trata con carácter monográfico el tratamiento
penitenciario que, sin duda, dentro de nuestra Constitución y de nuestra
legislación constituye uno de los problemas que más puede afectar a lo
que significa la visión que se tiene desde nuestra Constitución respecto
a la recuperación de los penados, de los reclusos. Es decir, hay que
buscar una rehabilitación, una reeducación, y si ese tratamiento no se
plantea sobre esas bases no conseguirá su objetivo. De ahí que nosotros
en este trabajo monográfico hagamos una gran insistencia, señorías, en
que ese tratamiento, esa reeducación y esa reinserción social de los
reclusos que acaben su condena les pueda realmente servir para algo y que
no se dé el drama de que al finalizar el cumplimiento de la condena se
encuentren peor de lo que estaban cuando entraron en prisión.

Prosiguiendo con los monográficos que en este momento puedo recordar,
paso a hablarles del correspondiente a la fiscalidad familiar. La
aprobación, a finales de diciembre de 1998, de la Ley del Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas supuso una transformación importante en
toda nuestra tributación y en todo nuestro planteamiento. En ese trabajo
se hacen unas consideraciones pertinentes que son dignas de tener en
cuenta desde la perspectiva de lo que supuso un avance importante por
parte de la legislación fiscal en ese tratamiento de la fiscalidad
respecto de la familia.

El quinto tema que también fue afrontado en estos trabajos que les estoy
refiriendo es el que corresponde a lo que llamamos la seguridad integral.

Con el nombre de seguridad integral hemos querido distinguir de lo que
había sido hasta ahora la seguridad ciudadana clásica, que se basaba
fundamentalmente en el respeto del orden público, que desde luego hay que
tenerlo, pero que entendíamos y entendemos que la seguridad integral no
se debe basar sólo en acciones policiales, sino que se debe hacer un
planteamiento global en el que se tengan en cuenta no solamente los
problemas que se les pueden plantear a los ciudadanos en cuanto a sus
derechos y deberes y en cuanto a sus derechos y libertades, sino también
respecto a su seguridad.

Otro de los graves problemas que desde la perspectiva del Defensor tengo
que plantear hoy ante sus señorías es el de la contaminación acústica
que, desgraciadamente, por todas las noticias recientes que estamos
recibiendo, es un problema de una actualidad rabiosa. No se trata sólo de
la contaminación que se puede producir en ciertos centros de diversión
debido al volumen extraordinario con el que al parecer para divertirse
necesitan hoy las personas que están en estos centros y que desde luego
conturban la paz ciudadana de sus vecinos, sino también aquellas otras
perturbaciones que por razones industriales o por razones aeroportuarias
se están produciendo de manera grave en ciertos sectores de nuestro país.

Respecto al aeropuerto de Barajas, por supuesto no compete al Defensor
del Pueblo determinar si debe haber o no uno u otro aeropuerto, pero sí
le corresponde decir a sus señorías que nos llegan montones de quejas de
todos los vecinos, de todos los habitantes del corredor de Barajas
diciendo que aquello es insoportable y que, por favor, se busque una
solución. ¿Qué es lo que ocurre? Que en todo lo que respecta a la
contaminación acústica unas competencias corresponden a los
Ayuntamientos, otras a las Comunidades Autónomas, otras al Estado, y lo
que tendríamos que hacer es una ley conjunta, una ley de eliminación de
ruidos, una ley que pudiera afrontar el problema en su globalidad. Eso es
lo que ha pedido el Defensor del Pueblo al ministerio correspondiente,
ése es el proyecto que estamos esperando, y ése es el proyecto que vamos
a seguir de una manera puntual para que esa situación no siga produciendo
los trastornos que hasta el momento produce.

La última de las cuestiones tratadas monográficamente se refiere al
tratamiento que da la Administración a las actuaciones expropiatorias,
forzando de una manera, a mi juicio, excesiva tanto los trámites de la
propia Ley, como los presupuestos de la Constitución. En la mayor parte
de los casos las personas expropiadas no tienen posibilidad de recibir
las cantidades de la expropiación, así como los intereses de demora. Se
utiliza el procedimiento de urgencia en casos que no son necesarios y, en
definitiva, tampoco se lleva a cabo el procedimiento de reversión. O se
cambia y se cumple con lo que nuestra Constitución y nuestras leyes
determinan respecto a los sistemas de expropiación o se está cometiendo
realmente un grave atentado contra la propiedad de ciudadanos que están
afectados por ese procedimiento.




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Enumerados estos temas deberíamos pasar a examinar la segunda parte del
Informe donde se recogen las quejas que nosotros después reflejamos en el
mismo y que son expuestas a sus señorías.

El primero de los capítulos de esta segunda parte se refiere a los
Derechos Fundamentales. En este aspecto no se debe hacer ninguna
exageración. En general, en España se respetan los derechos
correspondientes al Capítulo I de nuestra Constitución, nuestros Derechos
Fundamentales. Eso no quiere decir que no haya algún punto negro, pero,
en general, hay un respeto de los Derechos Fundamentales.

Lo que tendríamos que hacer, precisamente, es estudiar esos puntos
negros, denunciarlos y procurar evitarlos. Esa es la labor del Defensor
del Pueblo. Nos preocupan las reclamaciones que afectan al artículo 17 de
nuestra Constitución relativas a la manera en que se produce la detención
y a los interrogatorios que, a veces, se efectúan a menores de edad en
centros escolares sin el consentimiento de sus padres, así como las que
tratan del problema tan dramático de la inmigración.

Esta misma tarde en la otra Cámara --lo saben sus Señorías-- se va a
tratar de la creación de un nuevo adjunto para estudiar el problema de la
inmigración, cuestión que viene preocupando de una manera casi obsesiva a
la Institución desde que se fundó. Si ha habido un tema que tiene para
nosotros --por razón de cómo se están produciendo las cosas-- una
especial importancia es el de los inmigrantes en España. No nos parece un
asunto baladí y, por tanto, tenemos que darle salida a través de unas
leyes de extranjería adecuadas, a través de una ley de asilo que sea
correcta, con el objetivo de conseguir aquello que tantas veces me han
oído decir, y es que Europa, que efectivamente es una fortaleza en
algunos aspectos, no debe rechazar a quienes acuden a nuestro país en
demanda de solidaridad. Y eso es, en definitiva, lo que vienen a pedir
muchos de los inmigrantes del este, del sur o del oeste. España no puede
ser insensible a este llamamiento de la inmigración, porque son los
desheredados del mundo los que acuden a un país que tiene que tener
generosidad para poder responder a esa llamada. Por eso nuestras leyes de
inmigración tienen que estar ajustadas a esos principios de justicia y de
solidaridad.

Señorías, otro de los puntos que afectan también a las denuncias que
recibimos son los que conciernen al tratamiento de los servicios de
justicia. Ayer el Fiscal General del Estado señalaba los motivos del
aumento de los delitos sexuales que se habían producido, aun cuando decía
que más que un aumento de los delitos había habido un aumento de las
denuncias, idea que el Defensor comparte. No es que hayan aumentado las
situaciones objeto de denuncia, sino que los denunciantes han perdido el
miedo a denunciar. En este aspecto hay que reconocer el gran valor moral
que representa para muchas mujeres el denunciar las situaciones
infamantes en las que viven. Esta es una realidad.

Hemos de decir que, efectivamente, en el año 1998 hemos recibido quejas
relativas al servicio de justicia insistiendo en que los procedimientos
contencioso-administrativos y el correspondiente a los pleitos civiles
llevan mucho retraso y que producen gran insatisfacción en los
ciudadanos. La verdad es que éstos acuden al Defensor del Pueblo como una
especie de salvavidas absolutamente imposible. No somos capaces, porque
no tenemos capacidad legal para ello, de hacer otra cosa que intentar
ordenar, juntamente con el Consejo General del Poder Judicial y con el
Fiscal del Estado, ese tipo de defectos.

Otro de los puntos que señalan las quejas que se reciben es el relativo
al problema de la educación, cuestión a la que esta Cámara es muy
sensible. Dentro de la mejora general que se pueda experimentar en la
educación, encontramos los mismos problemas en cuanto a las admisiones,
al mantenimiento de los edificios, al transporte escolar y a la forma de
tratar algunos casos específicos de alumnos que necesitan una ayuda
especial. En el mundo universitario ocurre algo parecido respecto de la
admisión y de la tramitación de los estudios, la obtención y la
homologación de sus títulos y el problema de becas o bolsas. En este
momento es pertinente hablar de la conveniencia de la ayuda o del
esfuerzo que se está haciendo para dar esas ayudas a quienes las
necesitan con el fin de poder seguir sus estudios. Creo que todo lo que
se haga en ese campo es insuficiente porque cada vez es más necesario que
los alumnos tengan la posibilidad de ejercitar y de llevar adelante sus
estudios con dignidad.

Estamos en condiciones de poder anunciarles que dentro de una semana, no
sé si un poco más tarde, vamos a poder presentar ante sus señorías un
estudio sobre la violencia escolar, que estamos realizando en combinación
con Unicef, y que ya saben ustedes que se produjo a petición de las
Cámaras. Yo creo que debe tener sobre todo un tratamiento reflexivo y
amplio a través de la recogida de datos que se ha hecho con una profusión
importante y que nos sirva para plantear el problema sin que tengamos que
movilizarnos ante sucesos dramáticos que a veces asaltan las páginas de
nuestra prensa. Tenemos que reflexionar y estudiar el problema de la
educación.

Otro asunto polémico que yo no quisiera electoralizar ni politizar en
ningún momento es el de las pensiones. Claro que llegan al Defensor del
Pueblo quejas en relación con las pensiones de viudedad; se quejan
amargamente por entender que no se han tenido en cuenta ciertas
características, y se les suprime esa pensión bien porque tienen algún
otro tipo de pensión, bien porque sus familiares tienen otros medios de
fortuna.

En cuanto a las pensiones de jubilación, se nos dirigen también bastante
pensionistas solicitando que se les conceda el cien por cien de la base
reguladora sin ningún tipo de deducción a quienes acrediten un período de
cotización superior a los 35 años.

También en relación con el derecho a las pensiones se han recibido quejas
por los problemas que se pueden plantear en los supuestos de discapacidad
y discrepancia con los dictámenes médicos y con los retrasos que se
puedan producir.

Asimismo, hay quejas en relación con las pensiones no contributivas
porque muchos de los que acuden al Defensor del Pueblo opinan que no se
les está tratando con un criterio suficientemente justo para poder
eliminarles de esta pensión contributiva.




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Con independencia de lo que les acabo de señalar, hay algunos estudios en
proyecto sobre sistemas gerontológicos y geriátricos, problemas de
eliminación de algunos residuos sólidos. Son problemas distintos que
afectan al Estado de bienestar; los vamos a presentar y entendemos que
puede ser positivo para que sus señorías conozcan la realidad del país.

El tercer capítulo de nuestro Informe se refiere a los recursos de
inconstitucionalidad. En el presente año hemos admitido dos recursos de
inconstitucionalidad: uno se refiere a una ley de pensiones del Gobierno
vasco y otro es sobre un problema de horarios de la Comunidad Valenciana,
por distintas razones. Han sido rechazadas 18 peticiones de recursos de
inconstitucionalidad por entender el Defensor, junto con todos los
asesores y la Junta que no estaban debidamente fundados, y hemos
rechazado a su vez los problemas de los recursos de amparo.

Señorías, después de lo que les he expuesto, de manera quizás inconexa y
apresurada, antes de dejar esta Tribuna, si la señora Presidenta me lo
permite, quisiera hablar de un tema que a este Defensor le viene
preocupando desde hace tiempo; un tema que ha tenido además en esta
Cámara una especial sensibilidad.

Hace unos meses, señora Presidenta, asistíamos a una conmemoración de la
celebración del aniversario de la creación del Consejo de Europa. Fue un
acto emotivo en el que su señoría tuvo la gentileza de recordar viejas
actitudes y sueños europeístas de quienes en pasados años pensábamos que
el camino para llegar a la democracia en España estaba en Europa.

¿Cuál es el problema con que nos encontramos en relación con esta entrada
de España en la Europa del euro? El problema que quiero traer a la
consideración de sus señorías es muy sencillo. Hay un Tribunal Europeo de
Derechos Humanos; hay una Convención Europea de Derechos Humanos del año
1950, suscrita por España en el año 1979, en la que se recoge y acepta la
jurisdicción de este Tribunal para todo lo que corresponda a los derechos
humanos. Hay un articulado de esta Convención que señala hasta qué punto
la sentencia que emita este Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe
tener una naturaleza y una efectividad a pesar del carácter declarativo
que pueda tener.

Señorías, la realidad es que, por unas u otras razones, en estos momentos
España no da efectividad a estas sentencias del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y no la da por diversas razones. En un momento
determinado, el Defensor del Pueblo, inquieto por este hecho, se dirigió
al Ministerio de Justicia correspondiente pidiendo que se arbitraran
aquellos procedimientos legales y los cauces procesales necesarios para
que esas sentencias de un tribunal internacional en las que podía parecer
condenado el Estado español fueran ejecutivas, y no una simple
declaración de palabras bonitas que no tuvieran efecto en nuestro derecho
interno. En el año 1997 se nos contestó desde el Ministerio de Justicia
que parecía que no era un problema urgente, que no existían muchos casos
que pudieran afectar al Estado español y, sobre todo, que no existía
sensibilidad ciudadana respecto a este problema y, en consecuencia,
rechazaron la recomendación del Defensor del Pueblo para que las
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fueran efectivas en
nuestro país. Con sendas sugerencias me dirigí a los presidentes del
Congreso y del Senado pero no he recibido contestación.

Hace unos días, desde Lima, el Defensor del Pueblo del Perú se dirigía al
Defensor del Pueblo de España como Presidente de la Federación
Iberoamericana de Ombudsman planteando el problema que tenía la
Defensoría del Pueblo del Perú, al encontrarse que el Gobierno de Lima
estaba rechazando la jurisdicción de la Corte Internacional
Interamericana de Derechos Humanos por haber fallado ésta en contra de
los intereses del citado Gobierno.

Señorías, el grupo rector que preside el Defensor que tiene el honor de
hablarles hizo una recomendación para que se estudiara a fondo ese
problema, para impedir que no se tenga en cuenta esa situación de
desconocimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y me
pregunto si no tendría mayor fuerza moral este Defensor del Pueblo --en
tanto que Defensor del Pueblo de España-- si el Gobierno español pudiera
manifestar en su momento que ha tomado la decisión de acatar las
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ustedes están en estos momentos discutiendo una ley muy importante, la de
Enjuiciamiento Civil, y quizá habría procedimientos de orden legislativo
para incluir --en la medida en que sus señorías lo entendieran-- la
posibilidad de que se reconociera la efectividad de esas sentencias en la
jurisdicción española, en los tribunales españoles, siguiendo además así
la doctrina que ha venido reclamando nuestro Tribunal Constitucional en
su Sentencia 245/1991, en la que se expresa que debe hacerse una reforma
procesal para que esas sentencias sean ejecutivas y no solamente
declarativas.

Ha pasado el tiempo. Estamos en los umbrales del siglo XXI. Y si España
realmente tiene vocación de ser pionera en la defensa de los derechos
humanos y en que los tribunales internacionales tengan toda la autoridad
para poder juzgar a los criminales de guerra, e incluso a los Estados que
lo puedan ser, a juicio de este Defensor tiene la obligación de acatar
estas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y así
cumpliremos con nuestra misión. (El señor Laborda Martín: ¡Muy bien!)
Señorías, desde esta Cámara, el Senado, este Defensor tiene plena
confianza en que encontrará el eco que necesita. Y con estas palabras
quiero despedirme de sus señorías agradeciéndoles su atención y la
paciencia que han tenido. (Aplausos.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, don Fernando Alvarez de Miranda,
Defensor del Pueblo, por su intervención.

Abrimos turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Caballero.




El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señora Presidenta.




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Señorías, hoy recibimos nuevamente en esta Cámara al Defensor del Pueblo,
quien, cumpliendo así con el mandato constitucional, ha dado cuenta de la
gestión realizada a lo largo de 1998.

En primer lugar, desde el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos
queremos dar la bienvenida al señor Alvarez de Miranda, felicitando en su
persona a todos los miembros de la institución que preside por la labor
realizada, la cual ya anunciamos desde este momento que merecerá la
aprobación o el voto favorable de nuestro Grupo.

Como ya apuntábamos en nuestra intervención correspondiente al informe de
1997, hoy constatamos el acierto que supuso la introducción del sistema
basado en el tema monográfico como método de análisis de ciertas
cuestiones de indudable trascendencia social.

Los temas correspondientes al presente Informe y que forman parte de su
contenido ratifican, como digo, nuestra opinión, lo que nos lleva a
animar a la institución del Defensor del Pueblo a que continúe en la
labor emprendida en orden al estudio individualizado de estos temas que,
sin duda, preocupan a la opinión pública. Pero, sin ánimo de realizar una
extensa referencia al Informe que nos ocupa, considero necesario hacer
una breve introducción sobre alguna de las cuestiones que ciertamente han
suscitado una reflexión a nuestro Grupo.

Así, compartimos con el Defensor del Pueblo su especial preocupación por
el estado actual de cosas en la administración penitenciaria, cuyas
deficiencias y carencias vienen siendo reiteradamente expuestas año tras
año. El informe de 1998 resulta especialmente preocupante para nuestro
Grupo. El hacinamiento, las deficiencias infraestructurales, la falta de
recursos humanos, que entre otras cosas impiden o minoran la reeducación
o inserción social de los penados, exigen de todos una profunda reflexión
así como un compromiso activo de intervención frente a un problema que es
de indudable urgencia.

Desde el reconocimiento explícito del respeto de los derechos
fundamentales que con carácter general, insistimos, se realiza en España,
merece mención aparte, por su gravedad, la denuncia relativa a los malos
tratos en algunas cárceles, que merecerá --y desde aquí lo anuncio--
especial atención por parte de nuestro Grupo en la instancia que
corresponda.

Por tratar otros temas también debemos felicitar y compartir, sin duda,
con el Defensor del Pueblo su posicionamiento respecto a la necesidad de
institucionalizar un tribunal internacional permanente, con competencia y
jurisdicción suficiente para conocer de aquellos delitos contra la
humanidad, rompiendo así el criterio imperante hasta el momento de no
injerencia en asuntos de otros países, y este rompimiento de la no
injerencia lo hacemos por el derecho y el deber, como dice el Defensor
del Pueblo, de injerir en toda violación de los derechos del hombre,
porque estamos hablando de la protección y defensa de los derechos y
libertades fundamentales que corresponden en sí al propio hombre, y esta
Cámara ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto, con lo que nos
remitimos a nuestro posicionamiento, que hoy reiteramos, al coincidir en
todos sus extremos con lo que hace un breve momento ha expuesto el
Defensor del Pueblo.

Muchos más temas quedan por tratar efectivamente, especialmente la
actuación del Defensor del Pueblo en relación a los derechos del menor y
de la infancia, donde constatamos la decisiva intervención de esta
Institución, no sólo en la defensa de los mismos, sino también en la
concienciación social de este tremendo problema, como lo es a su vez la
violencia doméstica, en cuya denuncia y sensibilización social el
Defensor del Pueblo siempre ha estado y estará en primera línea.

Por toda esta labor, no sólo por la sencillez y profesionalidad de las
que ha hecho gala el señor Alvarez de Miranda, sino también de
sensibilidad democrática, sin la cual esa profesionalidad no tendría alma
alguna, desde el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
felicitamos al Defensor del Pueblo por su labor, que confiamos tenga su
continuidad en los próximos años.

Nada más; muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Caballero.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tiene la palabra el Senador Capdevila.




El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señora Presidenta.

Una vez más hemos tenido la comparecencia ante esta Cámara del Defensor
del Pueblo, en cumplimiento de este mandato constitucional de rendición
de cuentas o Informe anual sobre la gestión de la institución del
Defensor del Pueblo correspondiente al pasado ejercicio de 1998.

Evidentemente, es el último Informe --ya nos lo ha dicho el propio
Defensor del Pueblo-- que presenta de forma física, dado el término de su
mandato.

Agradecemos la ingente labor que ha llevado a cabo, agradecimiento que
hacemos extensivo a los adjuntos y demás colaboradores y personal de la
Defensoría, por su dedicación y el trabajo realizado, sobre todo a los
asesores legales a los que he hecho referencia y demás personal que
permanece en completo anonimato. Vaya dirigido hacia ellos nuestro más
sincero agradecimiento.

Vaya por delante también la aprobación que por parte de nuestro Grupo
merece el Informe presentado. Como en cada Informe anual mucha es la
extensión de los temas aludidos y poco el tiempo que tenemos en esta
sesión plenaria para comentarlos, si bien hay que decir que ya hemos
tenido ocasión de debatirlo en parte en la Comisión Mixta de Relaciones
del Defensor del Pueblo celebrada el pasado 29 de junio en el Congreso de
los Diputados.

Por ello, hoy, siendo importantes todos los temas, dedicaré mi turno a
alguno de los asuntos monográficos que aparecen en el Informe y cuyo
debate dejamos pendiente en la Comisión Mixta para esta sesión plenaria.

En primer lugar, cabe citar el Tribunal Penal Internacional. Permítame
destacar que nuestro Grupo comparte, como no podía ser de otra manera, la
preocupación de la Institución por la creación de este Tribunal
internacional supranacional, a fin de que los acusados no puedan
argumentar la infracción del supuesto principio de legalidad



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ante la inexistencia de leyes penales internacionales anteriores a la
comisión de los delitos y en orden a que no puedan invocar la
irretroactividad de la Ley Penal. Estos inconvenientes jurídicos de tipo
material y procesal deberán superarse con suma exquisitez mediante la
creación del Tribunal internacional, así como los posibles inconvenientes
en el ejercicio de competencias extraterritoriales para la supresión de
los delitos internacionales.

Compartimos el criterio del Defensor sobre la necesidad de no poner
límites a la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, ni
debe haber fronteras que entorpezcan las acciones encaminadas a
garantizarlas. Todo ello se cumpliría mediante la creación de ese
Tribunal Penal Internacional, superando así las limitaciones internas de
cada país miembro e incluso controversias extrajudiciales entre las
naciones, de forma que no quedasen impunes y sin castigo los responsables
de crímenes contra las personas y la humanidad. De este modo, a la vez
que se hace justicia se otorga adecuada reparación a la víctima o a sus
familiares.

El segundo tema monográfico a destacar es el del tratamiento
penitenciario, asunto al que se ha referido extensamente el Defensor del
Pueblo. Consideramos que el tratamiento penitenciario debe ir dirigido a
la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados, y
debe ser el núcleo fundamental del sistema penitenciario. Para ello,
deberá buscarse motivación y voluntad suficiente en los internos para
seguir el camino trazado por la ley, no al margen de ella, de forma que
se potencie su reinserción social. En definitiva, hay que buscar
actividades para facilitar su reinserción, por lo que resulta esencial
fomentar toda posibilidad de recibir formación, cultura y trabajo.

En la investigación llevada a cabo por la Institución han quedado al
descubierto muchas deficiencias que dificultan enormemente la aplicación
de tales actuaciones complementarias. Así, una buena calidad de las
infraestructuras y el número adecuado de técnicos especialistas
beneficiaría enormemente a la práctica de tales actuaciones; buenas
escuelas y bibliotecas en cada centro penitenciario garantizarían la
orientación académica, psicológica y profesional de los alumnos, y
facilitaría su reinserción.

Todo ello debe atenderse sin olvidar uno de los puntales básicos del
programa penitenciario: el trabajo remunerado. El artículo 25.2 de la
Constitución Española establece que todo condenado a pena de prisión
tiene derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes
de la Seguridad Social; trabajo que, en modo alguno, puede tener carácter
de sanción o pena, sino de formación, conservación y, en su caso, creador
de hábitos laborales.

En definitiva, estamos de acuerdo con la apreciación que hace el Defensor
del Pueblo cuando expone que debe perseguirse que el penado, tras el
cumplimiento de la condena, aprenda a convivir con la ley y posea más
posibilidades de reintegración social y laboral que cuando entró en la
prisión.

Pero con ello logramos conservar, y en todo caso crear, como se ha dicho,
este hábito de trabajo, y ello desde el interior del centro
penitenciario. El problema surge cuando después de cumplir la condena el
interno se encuentra sin posibilidades de acceder al mundo laboral, con
lo que la buena predisposición lograda dentro de los centros
penitenciarios, en el supuesto de lograrlo, se perdería ante las
dificultades de reinserción socio-laboral en el mundo exterior.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con los tres pilares del tratamiento
penitenciario: primero, la educación y formación profesional; segundo,
las actividades ocupacionales y deportivas y, tercero, el trabajo
retribuido, a los que añadimos otro pilar, que sería la existencia de una
buena y actualizada bolsa de trabajo que guarde relación con la formación
profesional y tipo de trabajo remunerado en los centros penitenciarios.

Estamos también conformes en que debe procurarse una mayor implicación de
los funcionarios de vigilancia en el tratamiento de los internos
debidamente coordinados con los profesionales del tratamiento y con una
programación especial para los condenados, sobre todo por delitos
relacionados con la violencia doméstica y sexuales.

Otro tema monográfico es el sector eléctrico. Evidentemente nuestro Grupo
está totalmente de acuerdo y consideramos de vital importancia que se
apruebe el Reglamento del desarrollo de la Ley 54/1997 del sector
eléctrico sobre determinación de índices de calidad de suministro
eléctrico por zonas geográficas y regulación de reducciones de
facturación en el caso de deficiencias de servicio.

Las recomendaciones sobre el traslado o enterramiento de las líneas de
alta tensión que atraviesen núcleos urbanos son, evidentemente, vitales.

Confiemos en que ambos supuestos se lleven a buen término y sería loable
que dichas líneas de alta tensión se trasladasen paulatinamente a
pasillos eléctricos en funcionamiento, incluso de nueva creación, o sean
enterradas, evitando con ello la afloración de miles de líneas que,
aparte del peligro que encierran, poco o mucho, no dejan de ser un
atentado contra el paisaje.

No hace mucho llegó a manos de este Senador el informe sobre las líneas
de alta tensión efectuado por el Defensor del Pueblo, en el que parece
ser que la conclusión de los expertos es que, a día de hoy, el papel de
las líneas de alta tensión como agentes cancerígenos no es en absoluto
concluyente y que las sospechas de asociación más firme entre campos
electromagnéticos y cáncer se ha establecido con las lesiones infantiles,
teniendo menos fuerza respecto a los adultos.

Aunque no haya podido establecerse una vinculación definitiva entre
campos electromagnéticos y cáncer, una elemental prudencia conduce a que
los datos hasta ahora obtenidos deban considerarse desde la perspectiva
de la salud pública como serias advertencias de un potencial efectivo
adverso, siendo de máximo interés la resolución del Parlamento Europeo
sobre la lucha contra los efectos nocivos provocados por las radiaciones
no ionizantes, de 5 mayo de 1994, que establece una serie de medidas y
recomendaciones, entre las que figuran el tomar medidas legislativas para
establecer un sistema de limitación de la exposición de los trabajadores
y del público a las radiaciones electromagnéticas no ionizantes;
aconsejar la creación de pasillos para las líneas de transporte de
electricidad de alta tensión dentro de las que quedaría excluida, como es
lógico,



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cualquier actividad permanente y con mayor razón cualquier vivienda; la
supeditación de la implantación de nuevas líneas a un estudio de impacto;
la creación de sistemas de indemnización y expropiación en favor de
poblaciones afectadas y creación de un programa específico de
investigación sobre los efectos en los campos electromagnéticos no
ionizantes en la salud para realizar estudios epidemiológicos a nivel
comunitario.

Como señala la Oficina de Evaluación Tecnológica de los Estados Unidos en
1989, cada vez son más los estudios que sugieren que, en determinadas
circunstancias, campos electromagnéticos relativamente débiles pueden
producir modificaciones biológicas. Basta pues que la comunidad
científica admita como hipótesis razonable tal posibilidad para que el
principio de protección de la salud como bien constitucionalmente
protegido en el artículo 43.2 de la Constitución Española reclame una
intervención al respecto. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa
la Presidencia.)
Aplaudimos la creación de la Comisión investigadora creada en el Congreso
de los Diputados para la emisión, entre otros, del correspondiente
informe sobre el daño ocasionado a la salud por las líneas de alta
tensión.

Otro tema monográfico es la Administración de Justicia. Es un problema
endémico, que se ha ido arrastrando año tras año, y al que el Informe
anual del Defensor del Pueblo dedica, de forma puntual, cierto espacio.

Respecto a las dilaciones indebidas, las investigaciones llevadas a
término por la institución se olvidan --o al menos no resaltan con la
debida fuerza-- la cuestión de los plazos legales prescritos en las leyes
procesales. Ninguno de los supuestos investigados por la Institución se
refiere a dichos plazos procesales o de tramitación de los
procedimientos. Hemos observado que la Institución, al solicitar la
colaboración del Consejo General del Poder Judicial, en sus respectivos
informes indica hallarse dentro de las previsiones normales de pendencia,
pero en ninguno de ellos se especifica el claro incumplimiento de los
plazos procedimentales por parte de los juzgados, tanto unipersonales
como colegiados. Esto indica un alejamiento en el cumplimiento de dichos
plazos y, lo que es más grave, da la impresión de que nos encontramos
ante una situación de resignación a que tal incumplimiento sea lo
habitual. Nos hemos acostumbrado a la normalidad del incumplimiento de
los términos procesales, pero no todos, porque a los profesionales se les
exige un riguroso y estricto cumplimiento de dichos plazos quienes deben
presentar inexcusablemente, dentro de este reducidísimo plazo procesal,
sus diversos escritos y recursos.

Por último, quiero hacer una pequeña referencia a lo que ha manifestado
el Defensor del Pueblo respecto a su imparcialidad y al tema de la
cooficialidad lingüística, sobre el que en ocasiones ha habido malas
interpretaciones.

Entiendo que el lugar idóneo para debatir estos temas expuestos por el
Defensor del Pueblo son --ni más ni menos-- la Comisión Mixta de
Relaciones con el Defensor del Pueblo y los debates correspondientes del
Congreso de los Diputados y del Senado. Las malas interpretaciones a las
que ha aludido hoy en este acto nacieron, en su caso, cuando en la
Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, celebrada en el
Congreso de los Diputados el 29 de junio del año pasado, durante un
descanso, el Defensor del Pueblo, a instancias de la prensa, hizo unas
manifestaciones que eran, desde nuestro punto de vista, un poco
desafortunadas.

Este año, desgraciadamente, el Defensor del Pueblo ha vuelto a incidir en
el mismo error al hacer una serie de manifestaciones también sobre temas
de cooficialidad lingüística. Como este asunto entra dentro de la
exposición del informe anual de 1999, que se emitirá el año próximo,
estas manifestaciones nos dejan en una constante indefensión ya que, en
el momento de exponerlas, los demás parlamentarios no tienen el oportuno
derecho de contradicción y, por ello, surgen los malos entendidos.

No obstante, mi Grupo quiere también dejar constancia de la ingente labor
que ha llevado a cabo el Defensor del Pueblo durante estos cinco años y,
como no puede ser de otra manera, va a votar favorablemente el informe
emitido este año.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Capdevila.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Lavilla Martínez.




El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero dar la bienvenida al
Defensor del Pueblo, don Fernando Alvarez de Miranda, y a sus dos
adjuntos y felicitar a su equipo, una vez más, por el trabajo realizado.

Asimismo, les anticipo que mi Grupo va a aprobar también el Informe del
presente año.

Quiero comenzar mi discurso, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, recogiendo el reto que ha hecho el Defensor del Pueblo a
todos los grupos políticos. España ha de ser pionera en la defensa de los
derechos humanos y debe acatar las sentencias del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Por lo tanto, nos sumamos a la petición que ha hecho y,
en contacto con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de ahí se
derivarán las actuaciones políticas pertinentes para darle ese impulso y
atender esa petición que nos ha hecho el Defensor del Pueblo.

La institución del Defensor del Pueblo sale bien valorada en la encuesta
del Centro de Investigaciones Sociológicas, con un 5,9 de media de grado
de confianza de los españoles, inmediatamente después de la Monarquía. No
obstante, también resulta revelador otro dato: sólo un cuarto de los
españoles saben cómo acceder a la institución del Defensor del Pueblo. Ya
el año pasado el Grupo Socialista advirtió que era necesario realizar un
impulso también desde el Gobierno para difundir la labor y la posibilidad
de acceder a esta Institución.

A la vista de los datos del Informe, también es verdad que sólo un 30 por
ciento de las quejas, por diversos motivos, pueden ser admitidas. No
obstante, señorías, es mejor que un porcentaje de quejas se quede por el
camino que no



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que, por cualquier temor, falta de conocimiento u otra causa, algún
asunto importante que afecte a nuestros derechos fundamentales se quede
por el camino.

El Informe, como queda dicho y explicado, se estructura en tres partes.

En la primera se tratan nueve temas monográficos que, por su importancia,
han tenido ese tratamiento: la cooficialidad lingüística, la necesidad de
un tribunal penal internacional, el tratamiento penitenciario, la
fiscalidad en la familia, el problema de la contaminación acústica, la
calidad de los servicios públicos como el sanitario y el social, la
adecuación de las actuaciones expropiatorias a las exigencias de la
Constitución Española, y los derechos de la infancia, temas todos ellos
muy importantes.

Además, en este apartado, se incluye otro de recomendaciones de las
cuales cincuenta y siete han sido aceptadas, cuarenta y siete están
pendientes de serlo y diez han sido rechazadas.

En la segunda parte del Informe, señorías, se pasa revista a cada uno de
los departamentos de la administración, reiterándose en la mayor parte de
los casos quejas y situaciones reflejadas en anteriores informes de la
Oficina del Defensor del Pueblo.

En la tercera parte se incluyen los dos recursos de inconstitucionalidad
interpuestos, uno relativo a la función pública vasca y otro a una ley de
la Generalitat Valenciana referente a los horarios de los
establecimientos.

En tan poco tiempo, señorías, no podemos profundizar en cada uno de estos
apartados, y lo que tampoco entiendo es el objeto de este debate. Este
Informe, además, pone de relieve la actuación de las diferentes
administraciones que responden a la institución del Defensor del Pueblo y
que, además de responder, atienden las recomendaciones.

En el lado opuesto, señorías, tenemos los ministerios, departamentos u
otras administraciones que se niegan a colaborar o que no han respondido
a la institución. Desde nuestro punto de vista, es acertado poner a cada
cual ante su propia responsabilidad.

Dicho esto, observamos que existen, en el grupo de instituciones que no
colaboran, algunos ayuntamientos, pero, sin justificarlos, por supuesto,
pensamos que puede deberse en parte a la escasez de medios, a
desconocimiento o a cualquier otra razón. No obstante, nos parece mucho
más grave la no colaboración, por ejemplo, del Ministerio de Educación y
Cultura en el ámbito de la provincia de Toledo o la no colaboración, por
ejemplo, del Ministerio de Fomento en el asunto del abuso en las
expropiaciones, tras tres requerimientos de la Oficina del Defensor.

Creemos, precisamente, que una de las finalidades del informe es dar
publicidad a la gestión positiva o a las recomendaciones que afectan a la
Administración y, en el lado contrario, subrayar también aquellas áreas
de la Administración que no colaboran lo suficiente con la Oficina del
Defensor del Pueblo.

Es este informe una radiografía de nuestra realidad en el objetivo de
contribuir a que nuestros derechos fundamentales, recogidos en nuestra
Constitución, sean efectivos. Es en el análisis de cada caso particular
donde comprobamos bien si funciona la Justicia, la Sanidad, la adecuada
atención a nuestros mayores, si los jóvenes reciben con garantías de
igualdad la educación a la que tienen derecho, si los inmigrantes son
tratados como personas o si se respetan lo suficiente el entorno y el
medio ambiente, múltiples ejemplos que a cada persona, según se resuelva
su problema, pueden hacerlo más feliz o un auténtico infeliz, para el que
las normas constitucionales, en su caso, no se han cumplido.

Obligación de todos, señorías, es remover los obstáculos para que estos
derechos, como dice la Oficina del Defensor, sean efectivos y pasemos
revista a problemas que realmente preocupan a nuestro Grupo y que han
sido recogidos en el Informe.

Por ejemplo, entendemos, señorías, que la violencia en centros escolares
no se resuelve enviando a la Guardia Civil y a la Policía a dichos
centros para detener de forma no constitucional a los menores, como ha
sucedido en algún caso, aunque posteriormente se ha corregido. Este es un
asunto sobre el que nuestro Grupo quiere poner el acento y ha pedido a la
Oficina del Defensor un tratamiento monográfico, porque afrontar con una
perspectiva policial lo que es un problema educativo supone asumir de
antemano el fracaso de la política educativa. Entendemos que ésa no es la
dirección que hay que seguir. En muchos centros escolares la violencia
existe y tampoco debemos tapar u ocultar esta realidad. La perspectiva
adecuada es aquella que se pregunta por las causas para poder adoptar a
tiempo las soluciones pertinentes. De ahí que cobre especial importancia,
por ejemplo, el tema monográfico del año 1996 referido a los contenidos
televisivos, aspecto que llevamos tres años consecutivos reclamando tras
la aprobación, en el año 1995, de las conclusiones de la Comisión
Especial de Contenidos Televisivos, en especial la conclusión de crear el
Consejo Superior de lo Audiovisual, tal y como deja constancia nuestro
Grupo y, en especial, el Senador Mòdol cuando el Ministro de Fomento
aparece por la Cámara.

Precisamente, la ahora Presidenta del Senado, doña Esperanza Aguirre,
como Ministra entonces de Educación, manifestó en esta Cámara que la
violencia en la televisión le preocupaba como Ministra y como madre.

Desde entonces poco se ha hecho en este asunto y es evidente que los
problemas no se solucionan sólo con citarlos.

Nos preocupa, y así se evidencia en el Informe, la violencia doméstica
contra las mujeres, felicitando también a la Oficina del Defensor por su
Informe presentado en 1998 sobre esta materia. Si en un hogar existe una
mujer maltratada, normalmente se siente atada por su falta de
independencia económica o también por sus hijos. Estos hijos, en un
contexto de violencia, no tienen el entorno adecuado para recibir, como
ya hemos dicho antes, una educación integral.

Señorías, también recogemos y vemos en el Informe que en España existen
8.509.000 personas que viven con menos de 44.000 pesetas al mes, lo que
supone el 22,1 por ciento de la población, cifra sólo superada, según el
informe de Cáritas, por Portugal y Grecia, es decir, se observa un
injusto reparto de la riqueza. Es un campo abonado para la violencia
escolar, la violencia doméstica y la falta de posibilidad de acceder a
los derechos fundamentales



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de las personas según tiene encomendada nuestra Constitución.

Señorías, comprobamos también --y han hecho referencia extensa el resto
de portavoces-- que la Justicia sigue sin funcionar. La lentitud genera
muchas veces una notable injusticia. Especial atención merece --y se
recoge-- la situación de los presos en nuestras cárceles, la situación de
las mismas y el problema de lesiones, suicidios, la masificación y,
frente a esto y como contraste --y puso especial énfasis el Defensor en
la Comisión Mixta--, el problema no resuelto de la nueva cárcel de Zuera
que, pese a estar terminada, sigue sin ocuparse por motivos políticos.

En este apartado incluimos también el seguimiento de los derechos de los
presos españoles extranjeros, aspecto sobre el que algunos senadores de
esta Cámara se han venido preocupando con especial interés, y observamos
también cómo para obtener la libertad de españoles en el extranjero hay
que pagar cantidades que, en algunas ocasiones, los presos no disponen de
ellas.

Se vuelve a insistir en el problema de la inmigración, abordándolo desde
una perspectiva global y enfocándolo en el sentido de que no solamente
con soluciones policiales se puede resolver este grave problema que
tienen nuestras sociedades occidentales.

No podemos olvidar tampoco los temas relacionados con la Sanidad. La
necesidad y la obligación de la confidencialidad de los datos clínicos,
así como las listas de espera para las técnicas de reproducción asistida
«in vitro» en un país, señorías, como España, que tiene uno de los
índices de natalidad más bajos del mundo, o la situación de los enfermos
mentales y la falta de ayudas.

Quiero agradecer también a la Oficina del Defensor del Pueblo el especial
interés que ha puesto en los temas de minusvalías en alumnos que tienen
que superar las pruebas de acceso a la universidad.

Especial interés merece también la situación de las residencias de la
tercera edad, especialmente aquellas que eluden los controles lo que,
desde nuestro punto de vista, habría que vigilar muy de cerca para que
las garantías y derechos de nuestras personas mayores se puedan cumplir.

Abusos contra el medio ambiente, abusos también, como se ha dicho, en los
trámites de expropiación y la falta de colaboración y de respuesta del
Ministerio de Fomento.

El Senador portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergencia i Unió se ha referido también a un problema que, año tras
año, se viene recalcando desde nuestro Grupo, el de las líneas de alta
tensión. Yo creo que lo ha expuesto de una manera, detallada y sólo me
cabe suscribirlo punto por punto.

Asimismo, quiero manifestar a la Oficina del Defensor del Pueblo que la
Comisión de afectados por líneas de alta tensión agradece que se
recogiera este problema en el Informe del año 1996 de forma monográfica y
el seguimiento que está llevando a cabo la Oficina.

Respecto a este apartado, también quiero decir que se ha propuesto la
creación de una Subcomisión en el Congreso de los Diputados para estudiar
los efectos electromagnéticos creados por líneas de alta tensión, por lo
que invito a todos los grupos a reflexionar y a otorgar su aprobación. Es
evidente que hay que actuar con información, pero la prevención siempre
es un buen consejo ante situaciones en las que está o pudiera estar en
juego la salud.

Termino, señorías, no sin antes recoger la petición del Defensor del
Pueblo de mejorar las vías para llevar a la práctica de manera más
efectiva las recomendaciones, como sucede en otros países europeos con un
seguimiento global por parte del Gobierno. Desde nuestro Grupo advertimos
que seguiremos muy de cerca el cumplimiento de esas resoluciones e,
independientemente, de las mejoras que se establezcan en la comunicación,
siempre necesaria, entre el Defensor y el Ejecutivo, corresponde al
Parlamento, a todos nosotros, vigilar con su actuación política para que
no caigan en el olvido.

Señorías, en la práctica se pueden citar numerosas iniciativas políticas
que surgen del Informe y mejorar la aplicación de las mismas es un
trabajo conjunto, en el que hay que caminar sin complacencias para
garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos en la vida
particular y social de cada uno.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Lavilla
Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Barceló.




El señor BARCELO PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, antes de comenzar mi intervención quiero hacer una pequeña
reflexión en voz alta, además, al hilo, precisamente, de lo que ha
expuesto el Defensor del Pueblo en cuanto a los derechos humanos.

El avance hacia la modernización de los Estados se basa en adecuar las
leyes a las demandas de los ciudadanos y que éstas sean escrupulosamente
cumplidas. Desde lo más remoto de la existencia humana la aplicación de
las normas de convivencia ha venido siendo expresión de las costumbres y
usos de los individuos, adecuándose en cada momento a esas exigencias
demandadas, que han sido dictadas por la conciencia profunda que ha
dirigido los comportamientos.

Pero ello no significa que debamos olvidar que dentro de la composición
de la sociedad siempre han existido y siguen existiendo otras actitudes
indeseables de personas que no cumplen con las normas reguladoras de los
principios que nos atañen a todos para una buena convivencia.

Hoy, afortunadamente, tenemos una Declaración Universal, la Carta de los
Derechos Humanos, que ha firmado más de 150 países, que se comprometen y
nos comprometen a respetar y salvaguardar los derechos fundamentales, que
nos son reconocidos a todos los humanos, sin distinción de sexo, raza,
cualquier otra condición que haga ser de él un ser distinto, único e
irrepetible.

Debemos manifestar que esas intenciones, que ese reconocimiento, que ese
compromiso, no siempre es entendido y respetado por todos. Es por ello un
deber de los Estados el vigilar el fiel cumplimiento de los derechos
universales,



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manifestados en esa Carta mundial de los Derechos Humanos, que se ha
logrado después de un largo y tortuoso recorrido en la historia de la
humanidad.

Sin embargo, junto a esos derechos universales, los Estados tienen
responsabilidad ante unos derechos ciudadanos, unos derechos
constitucionales que aunque estén contemplados en la Constitución no
siempre son respetados por aquellos que tienen como función explícita ese
respeto. Por ello, nuestro texto constitucional crea, mediante una Ley
reguladora, la figura del Defensor del Pueblo como Alto Comisionado de
las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de esos
derechos comprendidos en el Título I, facultándole para poder supervisar
a su vez la actividad de las propias administraciones, dando cuenta a
estas Cortes Generales de su resultado final.

Pues bien, dentro de esa regulación entra en su cometido el deber de dar
cuenta a estas Cortes Generales mediante informe anual del estado de
cumplimiento de los distintos órganos de las administraciones. De este
informe nosotros como parlamentarios, como legisladores sacamos aquellas
conclusiones que creamos que merezcan nuestra atención dentro de nuestra
sensibilidad.

Sinceramente, señor Presidente, señorías, y una vez escuchado atentamente
el informe del señor Defensor del Pueblo referente al año 1998 debo
manifestar, en primer lugar, mi satisfacción expresando que esa
institución con su personal adscrito a la misma cumple una función y un
servicio cada vez más valorado por los ciudadanos, que ya alcanza en este
momento un gran conocimiento y reconocimiento por parte de todos los
españoles, y que esa valoración se debe sin duda al buen hacer del señor
Defensor del Pueblo y de su personal. Hoy los ciudadanos se sienten más
cerca de la figura del Defensor porque ya conocen que el mecanismo para
alcanzar su atención es simple, sin costo alguno y con tratamiento
personalizado. Pero no debemos olvidar, señorías, que no está todo hecho,
que existen deficiencias, que hay lagunas que hay que subsanar y que
también cada día se manifiestan nuevas formas y actitudes indeseables
dentro del seno de la propia sociedad, por lo que hay que estar
vigilantes para dar respuesta a lo que la sociedad demanda para su
integral desarrollo en un clima de seguridad y de solidaridad, no
habiendo otra manera de lograrlo si no es profundizando en su
conocimiento y adecuando las normas y modificando o introduciendo nuevas
leyes para responder a las preocupaciones de los ciudadanos. En eso se
basa el informe anual que el Defensor del Pueblo vierte en esta Cámara.

Después de oído este informe del Defensor del Pueblo, debo manifestar mi
sentir referente además de a la alta valoración de la institución, al
respeto que todos los organismos de las administraciones del Estado
tienen hacia la misma, ya que da cumplimiento a cuantas cuestiones le son
planteadas, propiciando así una agilización en las respuestas a las
quejas que le son presentadas. Esa colaboración es también digna de ser
reconocida ya que sin ella sería imposible que el Defensor del Pueblo
pudiera dar respuesta efectiva a sus recomendaciones y conclusiones, y da
satisfacción, por lo tanto, a cuantos acuden a él.

La efectividad reconocida por todos cuantos formamos parte de esta Cámara
no sería tal si esta alta función institucional no fuese reconocida por
las administraciones públicas y por los que, de alguna manera, tienen en
sus manos el control por mandato de los ciudadanos para dirigirlas.

La importancia de esta figura es de por sí garantía de respeto a los
derechos que nos hemos dado los españoles y que están textuados en el
Título I de nuestra Ley suprema, de la Constitución, ya que no sólo
atiende las quejas de los afectados que reclaman su amparo, sino que
puede de oficio ejercer su función con objeto de advertir las
deficiencias, las lagunas que pudieran existir en las distintas áreas
administrativas y también en los nuevos comportamientos que surjan en la
propia sociedad.

Son de especial atención por su vulnerabilidad las situaciones en que se
pueden encontrar algunos menores, por lo cual considero que debemos de
prestar una específica dedicación para buscar solución a los problemas
que plantean esas situaciones por la dificultad que tienen esos menores
por sí solos para defender sus derechos. Me estoy refiriendo a las
situaciones en el ámbito en que se desarrollan, que puede resultar una
amenaza para la formación de su personalidad. Especial trascendencia y
ruin influencia tienen los malos tratos sufridos en el seno de las
propias familias y también en la explotación laboral.

El otro sector de nuestra sociedad al que hay que dedicar también una
especial atención es sin duda a los mayores, que en nos pocos casos
sirven como materia para explotación en centros de acogida que son
inadecuados ya que no reúnen un mínimo de confort e higiene. Me estoy
refiriendo, lógicamente, a los centros de acogida que no están regulados
por la ley y que se convierten en lugares de reclusión y de trato
vejatorio de aquellos que al final de su existencia encuentran no
solamente la soledad sino también el abandono, y que se quedan sin
fuerzas para defender sus derechos reconocidos y amparados por nuestra
Constitución. Estos merecen también una especial atención.

Los malos tratos en el seno de los hogares --me estoy refiriendo a los
que sufren las mujeres por agresiones físicas, violaciones sexuales y
agresiones psíquicas-- son demasiado frecuentes en nuestra realidad y no
en pocos casos acaban en tragedia mortal. Esta es otra de las demandas de
los ciudadanos que más preocupan por sus consecuencias perversas finales.

Me parecería aventurado hacer una crítica contra el Gobierno sin tener en
cuenta que es precisamente en el Gobierno donde se propician cuantas
reformas sean precisas para alcanzar el grado de respuesta y adecuación a
lo demandado por los ciudadanos. No creo que sea justo no reconocer las
reformas hechas y los positivos resultados que ya se perciben, pero,
sobre todo y ante todo, no debemos olvidar que esa institución, la del
Defensor del Pueblo, es independiente y apolítica, lo que supone no estar
a disposición para la utilización partidista ni del Gobierno ni de los
partidos políticos.

Permítame, señor Presidente, señorías, que resuma mi intervención --lo
hago en nombre del Grupo Parlamentario



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Popular en el Senado-- diciendo que valoramos y respetamos --como no
podía ser de otra manera-- el informe del señor Defensor del Pueblo y
que, ante todo, expresamos nuestra gratitud por ese período de la vida de
esta institución que ha durado cinco años y que esperemos que dure mucho
más.

Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.




MOCIONES:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE ELABORE UN PLAN NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS
(662/000194).




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al punto quinto del orden
del día: mociones. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado
por la que se insta al Gobierno a que elabore un Plan Nacional de
Cuidados Paliativos.

A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista. Para la defensa de la moción originaria, tiene la palabra el
Senador Bellido.




El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, en 1946 la Organización Mundial de la Salud propuso una nueva
definición de salud considerando a ésta como el total bienestar físico,
mental y social y no sólo la ausencia de incapacidad o invalidez. A
partir de ese momento se comienza a entrever que ya no es suficiente
juzgar los resultados de las intervenciones en materia de salud en
función del clásico concepto de supervivencia o de morbilidad en base a
los síntomas observados y a los resultados de las exploraciones
complementarias. Ello ha provocado que emerja --inicialmente todavía de
forma vaga-- el concepto de calidad de vida asociado al término bienestar
o felicidad; un concepto que, a pesar de los años transcurridos y de los
esfuerzos por concretarlo, aún no cuenta con una definición unánimemente
aceptada.

Tratando de sintetizar podríamos decir que el concepto de calidad de vida
podría aproximarse al de que esta calidad es la sensación de bienestar
del individuo respecto de su propia vida y del entorno que le rodea, un
bienestar que puede ser objetivable, constituido por factores económicos,
educacionales, laborales o medioambientales y también un bienestar
subjetivo en el que podríamos englobar la satisfacción e interacción
personal, el estado emocional o la funcionalidad.

Por tanto, la calidad de vida hay que entenderla --al final de estos
juicios-- como algo subjetivo dado que incluso un determinado bienestar
objetivable podría ser percibido como satisfactorio o insatisfactorio por
distintos individuos.

Si nos trasladamos al campo de la salud, que es el que nos interesa en
esta moción, hemos de decir que el concepto de calidad de vida viene
determinado por el hecho de que cualquier enfermedad o intervención
subsiguiente sobre la misma repercute de forma inmediata sobre el resto
de componentes de la propia calidad de vida del individuo. Esto es
especialmente patente en el caso de los enfermos de cáncer, en los que se
puede producir un importante deterioro físico y psíquico. En este
colectivo de pacientes no es lo más común --todos lo sabemos-- el poder
ofrecer un tratamiento definitivo y curativo, por lo que tanto el médico
como el enfermo están dispuestos a aceptar los efectos colaterales del
mismo sobre la calidad de vida.

Sin embargo, sí son habituales dos situaciones bien distintas: por una
parte, aquellos casos en los que hay un amplio abanico de tratamientos
que ofrecen largas supervivencias y que, aunque conllevan unas tasas de
mortalidad y de morbilidad equivalente, afectan de modo bien distinto a
la calidad de vida del individuo; y, por otra, hay casos en los que el
tratamiento ofrece mínimas prolongaciones de la vida a costa de grandes
mermas en la calidad de vida. De ahí la importancia de los cuidados
paliativos dentro del amplio abanico de propuestas que la ciencia médica
puede ofrecer hoy en día, importancia a la hora de salvaguardar al máximo
nivel posible la calidad de vida de aquellos enfermos que no pueden
recuperar la salud perdida y sufren subjetiva y objetivamente los efectos
de su enfermedad.

Hay que recordar, señorías, que el movimiento de cuidados paliativos se
desarrolló en el Reino Unido durante los años 60 y 70 como una respuesta
no satisfecha a las necesidades de los enfermos terminales y de sus
familias. La iniciativa británica se expandió pronto en el ámbito
internacional extendiéndose esta corriente científica y asistencial por
todo el mundo, como lo evidencia el amplio número de reuniones locales,
nacionales e internacionales sobre el tema y el número importante de
publicaciones existente sobre esta materia. Ello ha llevado a una
situación como la actual en la que los cuidados paliativos se
proporcionan tanto en el ámbito hospitalario, diversificando también los
distintos modelos de hospital, como en el ámbito domiciliario por un
creciente número de profesionales sanitarios. Sin embargo, los cuidados
paliativos no han conseguido integrarse de manera plena en la medicina
académica, y la formación genérica tanto a nivel de pregrado como a nivel
de postgrado es insuficiente o incluso en algunos casos inexistente. Del
mismo modo, la inserción en el sistema sanitario tampoco ha sido fácil,
lo que ha hecho difícil su financiación y, por ello, el acceso de los
enfermos y de las familias a estas unidades de cuidados paliativos.

Si bien es cierto que en los últimos años se vienen produciendo
importantes avances en este campo, la situación aún puede considerarse
preocupante ya que los actuales patrones demográficos y de morbilidad
hacen esperar que en los próximos años aumente el número de muertes por
cáncer, el número de pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas
y el número de pacientes geriátricos. Por tanto, si el número de
programas y profesionales disponibles no se aumenta coordinadamente, el
acceso a los cuidados



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paliativos en términos relativos disminuirá de forma progresiva.

Este desarrollo podría chocar con unos momentos en los que se persigue la
contención del coste sanitario. Sin embargo, existe ya la evidencia en
nuestro país, en las unidades de cuidados paliativos que están
funcionando de que éstas, con la misma inversión económica que se destina
a la atención convencional de los pacientes y sus familias, ofrecen unos
resultados asistenciales mucho más adecuados.

En cuanto al el nivel de implantación que han alcanzado las unidades de
cuidados paliativos en España, he de decirles que a marzo del pasado año
--que es el último dato fiable que poseo--, existían 143 equipos, la
mitad de ellos domiciliarios. Sin embargo, la distribución de estos
equipos es irregular, siendo Cataluña, como Comunidad pionera, la que
cuenta con más número de ellos, atendiendo al 60 por ciento de la
población susceptible de ser atendida por los mismos, cifra que se eleva
al 70 por ciento en los casos de cáncer, teniendo además accesibilidad a
estas unidades el 90 por ciento de la población. Le siguen otras
Comunidades Autónomas como la de Andalucía, la de Madrid, la de Castilla
y León, la del País Vasco, etcétera.

Si valoramos el cometido de las unidades de cuidados paliativos, habría
que decir que todavía hoy se confunden con las unidades del dolor, cuando
realmente existen claras diferencias entre ellas. Hasta hace poco tiempo,
las unidades de cuidados paliativos sólo trataban a pacientes terminales,
pero ahora, con otra filosofía asistencial, se incluyen pacientes con
esperanza de vida de varios años. Además, se han introducido aspectos
innovadores en la organización del sistema de salud, como son la
orientación hacia el objetivo del enfermo, la reintroducción de la
familia, el trabajo interdisciplinar, el cuidado de los cuidadores la
concesión del sistema integral y el voluntariado y muchos otros de
carácter cualitativo.

Esto nos lleva a afirmar que en la actualidad los cuidados paliativos
abordan integralmente el problema del paciente desde el aspecto físico,
trabajando sobre el dolor; desde el aspecto emocional, fundamentalmente
trabajando sobre la angustia que interioriza y exterioriza, y también
desde el aspecto social, a través de las familias de los propios
enfermos. Por tanto, los cuidados paliativos vienen de alguna forma a
borrar del léxico médico aquella frase que decía: Ya no se puede hacer
nada más por el enfermo.

Estas unidades de cuidados paliativos son importantes también desde el
punto de vista de la gestión, puesto que suponen un ahorro importante
para el sistema público de salud por cuanto cada cama de cuidados
paliativos tiene un coste del 30 al 40 por ciento menos aproximadamente
que las camas de unidades de agudos; disminuye de una manera importante
la afluencia de estos pacientes a los servicios de urgencia, así como el
número de hospitalizaciones.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta propuesta en
el sentido de la elaboración del citado Plan Nacional de Cuidados
Paliativos, que entendemos debe marcarse como objetivo global mejorar la
calidad de vida de enfermos avanzados y terminales de manera racional,
planificada y eficiente; un plan que, junto a una serie de objetivos,
debe plantearse unos principios generales que deben referirse a varios
aspectos: en primer lugar, debe garantizar a los pacientes en fase
terminal los cuidados paliativos en cualquier lugar, circunstancia o
situación dentro de las diferentes estructuras de la red sanitaria de
forma que éstos reciban la asistencia sanitaria, el apoyo psicológico y
la ayuda social que precisen, sin distinción de tipo de enfermedad ni
ámbito de atención. En segundo lugar, debe asegurar la respuesta
consensuada entre los distintos niveles asistenciales, asistencia
primaria y asistencia especializada, eliminando las diferencias ahora
existentes y garantizando la continuidad de este tipo de cuidados. Ello
debe poder conllevar cambios en la organización que permitan el trabajo
interdisciplinar y una adaptación flexible a los requerimientos cada vez
cambiantes de los enfermos...




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bellido, vaya terminando.




El señor BELLIDO MUÑOZ: Termino, señor Presidente.

En tercer lugar, debe facilitar la coordinación de los servicios
sanitarios y sociales dentro de un programa de atención integrado;
orientar la atención al domicilio del paciente como lugar más idóneo para
seguir su evolución, control y apoyo y, por último, formar adecuadamente
en los distintos niveles, tanto a los profesionales como a la familia.

Estos principios --y con ello termino--deberán nacer en el marco del
Consejo Interterritorial de Salud y desde el respeto a las competencias
establecidas y a las medidas puestas en marcha por las diferentes
Comunidades Autónomas. Un Plan Nacional de Cuidados Paliativos para el
que mi Grupo solicita el apoyo de todos los grupos de la Cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda tiene la palabra la Senadora Rodríguez
Fouz.




La señora RODRIGUEZ FOUZ: Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Bellido sabe que todos suscribiríamos el texto de esta moción y
sus palabras. Después de año y medio de trabajo en la Comisión especial
de estudio sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna, es notorio
el consenso existente a la hora de valorar la importancia que los
cuidados paliativos tienen en la correcta atención a los enfermos
incurables terminales y sus familias. Estará de acuerdo conmigo en que de
todo el trabajo realizado, de lo oído y debatido hasta el momento en la
Comisión podríamos sacar, como mínimo, una conclusión en la que hemos
coincidido desde un principio tanto los profesionales que nos han
acompañado como todos los grupos parlamentarios. Y la conclusión es la
siguiente: Teniendo en cuenta el convencimiento compartido --que hoy en
esta sesión volvemos a poner de manifiesto-- de que los cuidados
paliativos, esa



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búsqueda del alivio del dolor y de la promoción del confort de la persona
enferma o moribunda son la propuesta obligatoria que hemos de hacer a
todo enfermo que precise esas atenciones, hemos de favorecer su
desarrollo y garantizar el derecho a recibir esos cuidados a todas
aquellas personas que, aquejadas de una enfermedad irreversible en fase
avanzada o terminal, los requieran.

Pero creo que, tras este año y medio de tareas compartidas en esa
Comisión, también sabe su señoría que la moción que hoy nos presentan es
insuficiente, además de absolutamente desleal. Así, demuestra una
tremenda deslealtad hacia una Comisión en la que participamos todos los
grupos parlamentarios y en la que hemos recibido las aportaciones de
muchas personas expertas y estudiosas de esta materia. Una Comisión cuyo
objeto de estudio es la eutanasia y el derecho a una muerte digna. Y
convendrá conmigo en que el derecho a una muerte digna ni comienza ni
termina con la eutanasia. No pretendan, pues, limitar ahora los cometidos
de la Comisión.

Lo que hoy nos han puesto de manifiesto, el derecho a recibir los
cuidados paliativos precisos, ha sido ampliamente debatido en la Comisión
--por cierto, presidida por una Senadora de su Grupo--. Es más: la
problemática de los enfermos terminales y de los enfermos irreversibles
así como los derechos de los pacientes figuran en el primer apartado del
plan de trabajo que aprobamos al iniciar nuestras tareas. Por tanto, no
quieran hacernos ver ahora que el contenido de esta moción no tiene que
ver con las tareas de la Comisión.

Si no fuera porque a estas alturas ya les conocemos, y sabemos cuáles son
sus maneras y sus formas de entender y hacer política, nos habría
sorprendido la presentación de esta moción. Una moción que mi grupo
parlamentario entiende como una insólita desautorización a la Comisión
especial de estudio sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna, y
en concreto, a su Presidenta. Una moción que hace banal la labor que
hasta estos momentos ha desarrollado la Comisión. No deberíamos olvidar
que si por algo tiene un merecido prestigio esta Cámara es por la
capacidad que siempre ha demostrado para debatir en sus Comisiones de
estudio --como la del estudio sobre la eutanasia y el derecho a una
muerte digna-- temas que preocupan e interesan a la sociedad, y por su
acreditada capacidad para lograr amplios consensos y acuerdos.

Pero dicho esto, y puesto que ya han decidido, obviando la existencia de
la Comisión, traer a esta sesión este debate con una moción que recoge
sólo una parte de las cuestiones abordadas durante los trabajos de la
misma, el Grupo Parlamentario Socialista ha considerado oportuno
trasladar al Pleno otras medidas también planteadas durante estos meses
de trabajo.

Creemos que la enmienda que presentamos, recogiendo la petición de
elaborar ese Plan Nacional de Cuidados Paliativos, mejora notablemente el
texto presentado por el Grupo Parlamentario Popular, pues va más allá de
los principios generales contenidos en su moción; por ejemplo, en lo que
se refiere a la formación de los profesionales sanitarios en cuidados
paliativos --un tema del que hemos hablado mucho en la Comisión y sobre
el que se nos han sugerido propuestas concretas de actuación-- y la
inclusión del acceso a los cuidados paliativos entre los derechos
reconocidos por la Ley General de Sanidad.

Va más allá también al proponer la regulación legal de permisos o
períodos de excedencia laboral para el cuidado y atención de familiares
moribundos, algo que ya está regulado en países como Bélgica y Dinamarca.

Y es que si pretendemos como principio básico orientar la atención hacia
el domicilio del paciente como lugar más idóneo para su cuidado, hemos de
procurar que eso sea posible. Y no olvidemos las dificultades que la
atención en el domicilio puede conllevar en determinadas circunstancias.

Pero incluso va más allá de los cuidados paliativos, porque en la
Comisión se nos han puesto de manifiesto otras cuestiones, otros
problemas que surgen a la hora de tomar decisiones en la práctica
clínica.

Por ello, en nuestra enmienda planteamos una serie de medidas destinadas
a facilitar el ejercicio del derecho a rechazar tratamiento y otras
destinadas a favorecer el ejercicio de la autonomía del paciente. Así,
por ejemplo, proponemos modificar la Ley General de Sanidad para evitar
la restricción al ejercicio del derecho de autonomía que supone la
obligación de solicitar el alta voluntaria en caso de rechazar un
tratamiento, y es la propia Ley la que reconoce al paciente ese derecho a
negarse a un tratamiento.

En relación con esta medida, proponemos también la modificación de la
última de las excepciones que la Ley establece al ejercicio de ese
derecho, porque entendemos que incluso en esos casos de urgencia, en los
que pueden ocasionarse lesiones irreversibles o existir peligro de
fallecimiento, es posible la negativa al tratamiento. Debería quedar
claro que la excepción se refiere únicamente a aquellos supuestos en los
que ni el interesado puede consentir por sí mismo ni es posible acudir a
sus representantes legales o a sus familiares o allegados para que lo
hagan en su lugar. Por tanto, dada la situación de peligro vital o de
lesiones irreversibles, se aborda el tratamiento sin esperar a obtener
el, en otro caso, preceptivo consentimiento.

Por último, incluimos también como medidas destinadas a favorecer el
ejercicio de la autonomía del paciente la reforma del artículo 10.5 de la
Ley General de Sanidad para regular con mayor precisión todos los
aspectos relativos al consentimiento informado previo a la práctica de
cualquier tratamiento médico, y el reconocimiento legal de la validez de
los documentos de voluntades anticipadas en la toma de decisiones
clínicas.

Creemos que todas estas medidas merecen el apoyo de todos los grupos
parlamentarios. Por ello solicitamos la aceptación de esta enmienda por
parte del Grupo Parlamentario Popular así como el voto favorable del
resto de los Grupos.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora.

¿Desea intervenir el Senador Bellido? (Pausa.) Tiene la palabra, señoría.




El señor BELLIDO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.




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Intervengo para posicionarnos en contra de la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, quiero decir que la
moción presentada por mi Grupo evidentemente no es insuficiente en el
campo de la atención de los cuidados paliativos; es más, recoge lo que es
el pensamiento, el criterio de los colectivos más directamente implicados
en esta materia. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Y, por
supuesto, tampoco es desleal. Yo creo que, ante todo, el político debe
ser leal con el pueblo y, evidentemente, la lealtad se muestra, entiendo
yo, con iniciativas como ésta. Pero también ha sido leal con la propia
Comisión, y ya antes de este verano, creo que fue en el mes de junio, mi
Grupo planteó la posibilidad de que aspectos parciales que se estuviesen
estudiando en la propia Comisión especial de estudio sobre la eutanasia,
si así lo consideraba oportuno cada uno de los Grupos, se trajesen a
debate a este Pleno como mociones. Por tanto, tampoco es deslealtad, y
mucho menos, evidentemente, con la Presidenta y compañera de Grupo.

Vamos a rechazar esta enmienda porque entendemos que en nada tiene
relación --al menos la mitad de ella-- con la propuesta que el Grupo
Parlamentario Popular formula en este Pleno. Así, en el número 1 de dicha
enmienda se habla de medidas destinadas a garantizar el derecho a recibir
los cuidados paliativos necesarios, medidas que ya quedan recogidas en el
texto de la moción; en su número 2 se |habla del desarrollo de programas
sistemáticos de formación en cuidados paliativos, medida que ya queda
recogida en el número 5 de la propia moción, dando independencia además a
las diferentes Comunidades Autónomas, a las distintas sociedades
científicas para que elaboren ese tipo de formación, y no como se
establece en la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. El número 3,
fomento de la formación y participación del voluntariado en la atención
de estos enfermos y sus familias, es otro punto recogido en el propio
texto de la moción del Grupo Parlamentario Popular; el número 4 no hace
sino recoger literalmente los cinco puntos de la moción del Grupo
Parlamentario Popular y, a partir de ahí, creo que entramos ya en una
serie de materias que, ya digo, en nada guardan relación con los cuidados
paliativos, fundamentalmente en todas aquellas que hacen referencia a la
modificación de la Ley General de Sanidad, que sus señorías bien conocen
que fue aprobada en 1986, que el Grupo Parlamentario Socialista tuvo
desde 1986 hasta 1996 para modificarla, para reformarla en estos aspectos
concretos que ahora pretende enmendar, y que también desde 1996 hasta la
fecha ha tenido la oportunidad, tanto en esta Cámara como en el Congreso
de los Diputados, de intentar esa modificación. Pero, aparte de ello, se
pretenden unas modificaciones de la Ley General de Sanidad que yo creo
que caen, en algún caso, lamentablemente, en el absurdo, sobre todo
cuando hacen referencia al tercer supuesto que recoge el artículo 10.6.c)
de dicha Ley, sobre el derecho de las personas enfermas a negarse al
tratamiento, cuando piden que se suprima dicha letra c) en la que se
establece como excepción al derecho a negarse al tratamiento cuando la
urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles
o existir peligro de fallecimiento.

A mí se me venía a la memoria un ejemplo, cuando leía este punto, que le
traslado a la Senadora del Grupo Parlamentario Socialista, que era el de
un ciclista --no sé si alemán u holandés-- al que se le tuvo que
practicar una traqueotomía de urgencia en la misma carretera por el
médico de aquella vuelta ciclista, se le salvó la vida y terminó su vida
profesional como ciclista afortunadamente no teniéndose que acoger a esta
normativa que, en el caso de aprobarse como ustedes pretenden, negaría el
derecho a esa atención sanitaria.

En cualquier caso, ustedes también introducen reformas de carácter legal,
algo que, a mi entender, entra en contradicción con el planteamiento de
la senadora socialista, e incluso podría existir también deslealtad con
el trabajo que ha realizado dentro de la Comisión. Digo esto porque se
trata de modificaciones de carácter legal, y su señoría sabe muy bien que
todavía no hemos tenido tiempo en la propia Comisión de estudiar el
capítulo jurídico-legal que hacía referencia al tratamiento, en este
caso, de la eutanasia, que son las medidas a las que usted se refiere.

Por tanto, es evidente que, sin haber escuchado la opinión de los
expertos, ustedes ya tenían un criterio preconcebido sobre el cambio de
normativa que querían aplicar en el seno de la Comisión. En consecuencia,
le pediría, Senadora, que no nos acuse de deslealtad cuando posiblemente
sea usted la que caiga en ella con el trabajo realizado por su Grupo en
la citada Comisión.

Mi Grupo rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, en
primer lugar, porque no hace más que reflejar lo que recoge la moción del
Grupo Parlamentario Popular y, en segundo lugar, porque no tiene nada que
ver con un Plan Nacional de Cuidados Paliativos.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bellido.

Comienza el turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos (Pausa.) El Senador
Martiarena tiene la palabra.




El señor MARTIARENA LIZARAZU: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señoras y señores Senadores, se ha presentado una moción para que el
Gobierno elabore un Plan Nacional de Cuidados Paliativos en el marco del
Consejo Interterritorial del SNS, y nuestro Grupo opina que los planes
nacionales carecen, en general, de la eficacia pretendida y que no son
vehículos apropiados para resolver problemas de este tipo.

El nivel de detalle de objetivos, acciones, financiación, etcétera,
exigible a un plan para que sea operativo colisiona con el reparto
competencial en vigor, por mucho que se ponga como premisa el respeto a
las competencias establecidas. Posiblemente, podríamos hacer también
planes nacionales de pediatría, de gerontología o de oftalmología, pero
siempre se plantearían sobre el sistema operativo del servicio.




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Euskadi ya disfruta de un desarrollo notable en este tipo de servicios,
aunque todo es mejorable. Y, además de los numerosos servicios
implantados en diversos dispositivos de la red pública, desde hace
aproximadamente cinco años se aborda también de forma específica en los
programas de formación continuada.

Se pretende que el instrumento sea un plan nacional, y esto motiva
nuestro rechazo de la moción tal y como se formula. Otra cosa sería si se
hubiera propuesto: que el Senado inste al Gobierno y a su Ministerio a
que ejerza sus funciones, o lo que nosotros entendemos que es su papel,
algo tan sencillo como es dictar unos principios generales de política de
salud en relación con este tema. A estos efectos, baste con que se limite
a refrendar los cinco principios que constan en la moción.

Igualmente, hubiera obtenido nuestro respaldo si se hubiera propuesto:
que el Gobierno promueva iniciativas de desarrollo sobre este tema en las
Comunidades Autónomas más deficitarias al respecto, a fin de avanzar
hacia un mayor equilibrio interterritorial y hacia una igualdad efectiva
de los ciudadanos en su acceso a los servicios de salud.

Pero la propuesta hecha es que se elabore un plan nacional, que nosotros
entendemos que en absoluto va a cumplir el objetivo, y mucho menos desde
el respeto a las competencias establecidas.

Muchas gracias, señorías.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Martiarena.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona por tiempo de diez minutos.




El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, voy a fijar la posición de nuestro grupo parlamentario en
relación con la moción que nos ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular sobre cuidados paliativos.

Quiero manifestar de entrada que estamos de acuerdo con los principios
que sustenta su moción: en primer lugar, garantizar esos cuidados a los
pacientes en fase terminal en cualquier lugar, en cualquier circunstancia
y situación y dentro de la red sanitaria asistencial; en segundo lugar,
asegurar la respuesta consensuada entre los distintos niveles
asistenciales; en tercer lugar, facilitar la coordinación de los
servicios sanitarios y sociales, orientando la atención al domicilio del
paciente y, finalmente, formar adecuadamente al personal sanitario y
social en los distintos niveles para la atención de estos pacientes,
tanto a nivel hospitalario como domiciliario, así como también a los
enfermos y a sus propios familiares.

En los últimos años nuestra población ha entrado en un proceso de
envejecimiento similar al que se observa de manera generalizada en otras
sociedades desarrolladas. Aunque el envejecimiento de por sí no es una
enfermedad, lo cierto es que en las personas mayores aumenta la
incidencia y prevalencia de muchas enfermedades. Por lo tanto, su
autonomía y su estado físico y psíquico, limitados progresivamente,
requieren medidas de ayuda que no siempre es posible atender en el seno
de una comunidad en la que también se van produciendo importantes cambios
culturales y sociales como la estructura de la familia, incorporación de
la mujer en el mundo laboral, etcétera. Este fenómeno ha condicionado el
desarrollo de recursos específicos para la atención socio-sanitaria de la
gente mayor, con enfermedad y dependencia familiar o dependencia
funcional de enfermos crónicos y de enfermos terminales.

Los Senadores y Senadoras que formamos parte de la Comisión Especial de
Estudio sobre la Eutanasia hemos tenido ocasión de comprobar, sobre todo
por las comparecencias de los doctores Marcos Gómez Sancho y Xabier Gómez
Batiste-Alentorn, Presidente y Vicepresidente respectivamente de la
Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la importancia y trascendencia
de estos servicios, aparte de otras cuestiones que mencionaré más tarde.

En efecto, ambos nos referían que los cuidados paliativos son el mejor
antídoto contra la petición de eutanasia y contra el encarnizamiento o,
mejor dicho, contra la obstinación terapéutica. Tanto en un caso como en
otro, los cuidados paliativos representan una salida, muchas veces
satisfactoria para el enfermo, satisfactoria relativamente. Así, si un
enfermo oncológico pide la eutanasia es realmente porque tiene problemas
que no le han solucionado, sea el dolor físico, sea por problemas
emocionales o incluso sociales. En las unidades de curas paliativas
precisamente la solicitud de eutanasia se ha reducido sustancialmente
hasta un 0,3 por ciento de peticiones.

En el otro extremo, en la obstinación terapéutica, los cuidados
paliativos también ofrecen una buena respuesta, ya que algunos médicos
estamos poco mentalizados para decir basta al tratamiento, negándonos a
pensar que es un fracaso y tener que cambiar de objetivos.

Por lo tanto, lo sensato en estos casos es ofrecer al enfermo todos los
recursos disponibles para mejorar su calidad de vida y su confort hasta
el último momento, de manera que recorra la última fase con las
atenciones que merece, recibiendo unos cuidados médicos a los que tiene
un especial derecho, dada la precaria situación en la que se encuentra, y
rodeado del afecto de sus familiares, a los que también hay que ofrecer
un apoyo decidido.

Todo ello redunda e influye en la sensación de dignidad o indignidad del
propio paciente, ya que no radica tanto en su estado de salud como en las
atenciones de todo tipo que le prodigan los demás. Esta actitud de los
que le cuidan es la que le confirmará su valor como persona, es decir, su
dignidad, con independencia del deterioro orgánico de su cuerpo.

En definitiva, hay que borrar de la praxis médica la socorrida expresión
de que ya no se puede hacer nada, no vale la pena hacer nada, etcétera, y
abordar integralmente el problema del paciente. Así, se entienden esos
servicios, como el cuidado activo e integral de enfermos y familiares en
una situación de enfermedad avanzada y terminal por un equipo
interdisciplinar competente y capacitado para hacerlo, y con el objetivo
de proporcionar el control de los síntomas, el soporte emocional
correspondiente y la comunicación necesaria en cada momento.

Como decía el doctor Gómez Batiste-Alentorn --que fue durante muchos años
director del programa que inició



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los cuidados paliativos en Cataluña «Vida als anys», es decir, Vida a los
años--, los cuidados paliativos recogen lo mejor de la tradición
humanitaria de la medicina, pero además incorporan toda la organización y
tecnología de que ahora disponemos para mejorar la calidad de vida de
estos enfermos.

Por tanto, la toma de decisiones no es ya del médico de forma individual
o unilateral sino que han de tomarse por un equipo interdisciplinar, por
el propio paciente y la familia, que a su vez ha de verse arropada y
atendida puesto que, a veces, el impacto en sus miembros puede ser tan
importante como en el propio enfermo. En estas circunstancias es como
mejor pueden tomarse las decisiones, en función de diversos factores que,
a su vez, pueden irse modificando y habrá que adaptar las diferentes
atenciones y cuidados a esas modificaciones.

En la Comisión también hemos podido constatar las diferencias
sustanciales que existen en las diferentes Comunidades Autónomas. Hay
Comunidades en las que los cuidados paliativos tienen un gran
predicamento, una buena planificación y estructuración --caso de Cataluña
y Canarias-- y, por ello, hay que impulsar esos cuidados tanto en
extensión territorial a otras Comunidades Autónomas como en
intensificación de estos servicios en el medio hospitalario y en la
atención domiciliaria.

Por tanto, estamos de acuerdo con los principios que inspiran la moción,
pero no con la elaboración de un plan nacional, a pesar de que se
especifique en el texto que se hará en el marco del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y del respeto a las
competencias establecidas y a las medidas puestas en marcha por las
diferentes Comunidades Autónomas. Nos parecería más adecuado que no
obedeciera a un plan determinado o a un plan homogéneo porque, aunque
estamos de acuerdo en que hay que impulsar dichos servicios en algunas
Comunidades Autónomas, eso no debería ser en detrimento de las que ya
tienen un nivel más adecuado; es decir, el impulso para unas no debe
significar un freno para las otras Comunidades Autónomas, y homogeneizar
no debe representar una rémora para los que van por delante.

Además de otras consideraciones de fondo y de concepto, senador Bellido,
a nosotros nos preocupa lo que puede representar de homogeneizador este
plan nacional y, por tanto, le agradeceríamos que nos tranquilizara al
respecto para poder votar favorablemente.

No voy a comentar la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista porque más parece una parte --y una parte sustancial-- del
informe de la Comisión Especial de Estudio sobre la Eutanasia. ¿Cómo se
puede pretender introducir cambios tan trascendentes --vía enmienda-- en
una moción, cuando además implican modificaciones importantes de la Ley
General de Sanidad? La Senadora Rodríguez Fouz ha explicado cómo y por
qué, e incluso ha hablado de deslealtad, pero tengo que decir con total
sinceridad que nos hubiera parecido mejor debatirlo en la Comisión,
máxime porque ambos somos miembros de la misma.

No quiero entrar en debates inútiles, estériles e incluso
contraproducentes, pero creo recordar que la petición de hacer un informe
parcial fue del Grupo Parlamentario Socialista y que a ello se opuso
procedimentalmente el Grupo Parlamentario Popular, y nosotros hicimos la
advertencia por si podía ser o no reglamentario. En cualquier caso, esta
enmienda es lo que tendría que ser el informe parcial propuesto por el
Grupo Parlamentario Socialista. No creemos que sean muy edificantes una u
otra posición, y lamentamos tener que decirlo así.

En consecuencia, obraremos según lo que nos conteste en el turno
correspondiente el Senador Bellido.

Muchas gracias, señora Presidenta, señores Senadores.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cardona.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Rodríguez Fouz.




La señora RODRIGUEZ FOUZ: Gracias, señora Presidenta.

Comenzaré esta intervención, para información de toda la Cámara, haciendo
un poquito de historia con el relato breve de recientes trabajos
parlamentarios relacionados con esta cuestión que hoy nos ocupa.

Desde que el 17 de marzo de 1998 se constituyó formalmente la Comisión
Especial de Estudio sobre la Eutanasia y el Derecho a una Muerte Digna,
el trabajo realizado, si bien es cierto que no se efectuó al ritmo
acordado al elaborar y aprobar las normas de funcionamiento de la
Comisión, fue sin duda provechoso y debería seguir siéndolo si todos
mantuviéramos la lealtad debida.

Hemos recibido a numerosos profesionales sanitarios, en su mayoría
médicos, por lo que hemos estudiado fundamentalmente los aspectos
científicos, médicos y bioéticos del plan de trabajo que aprobamos al
inicio de nuestras tareas. Por ello, y ante la proximidad del final de
legislatura, que conllevará la disolución de la Comisión, el Grupo
Parlamentario Socialista, consciente de que el derecho a una muerte
digna, objeto de estudio por la Comisión, ni comienza ni termina con la
eutanasia, y dada la importancia de los temas tratados por los expertos
comparecientes y la evidencia de la trascendencia de las medidas que se
pueden adoptar para avanzar en la mejora del cuidado y atención de las
personas que se encuentran en esa situación, propuso a la Presidenta de
la Comisión, allá por el 28 de abril de este año, la celebración de una
reunión de Mesa y Portavoces para tratar la posibilidad de realizar, de
forma consensuada, un informe parcial que recogiera los acuerdos
existentes en esta materia de los cuidados paliativos y en otras
cuestiones relacionadas con la mejora de la atención de los enfermos
terminales, que también nos han sido planteadas durante estos meses de
trabajo.

Dicha reunión se celebró el día 23 de junio. Sirvió esa ocasión para que
el Grupo Parlamentario Socialista planteara formalmente la realización de
ese informe de consenso. Hicimos ese planteamiento conscientes de que hay
medidas que pueden y deben ser adoptadas ya, y manifestamos que no cabía
utilizar la complejidad o la falta de acuerdo del todavía no abordado por
la Comisión debate jurídico sobre la hipotética despenalización de
determinadas



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conductas eutanásicas para demorar la aprobación de unas recomendaciones
que suscitan ya hoy un apoyo unánime y cuya trascendencia, en una
correcta atención a las personas aquejadas de graves males irreversibles
y moribundas, es innegable.

En esa reunión se nos informó --dudo que acertadamente, y ahora explicaré
mi duda-- de la imposibilidad reglamentaria de llevar a cabo nuestra
propuesta. Sin concluir los trabajos, esto es, sin recibir a todos los
comparecientes previstos y sin abordar todos los apartados recogidos en
el plan de trabajo, no cabe --se nos dijo-- trasladar al Pleno de la
Cámara ningún informe de conclusiones. Pero yo me preguntaba y me
pregunto, y de ahí mi duda sobre el acierto de lo que se nos dijo en esa
reunión de Mesa y Portavoces, si no cabe aprobar un informe en el que una
de esas conclusiones sea la recomendación de continuar con el estudio de
aquellas cuestiones todavía no abordadas, como los aspectos jurídicos de
la eutanasia.

A pesar de ello, de nuestra diferente lectura, esta Senadora, que no
presume de poseer un exhaustivo conocimiento del Reglamento, no podía
sino aceptar, aun con esas dudas, la interpretación de las personas a
quienes suponía más duchas en la materia. Pero he aquí que, días después,
encontramos el anuncio de la propuesta del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular sobre los trabajos de la Ponencia para la reforma
constitucional del Reglamento del Senado. El Senador González Pons ponía
de manifiesto la voluntad de aprobar un documento con las conclusiones
del trabajo realizado y, evidentemente, no culminado. Como lo supongo
mejor conocedor del Reglamento --sobre todo que esta Senadora-- me he
sentido inclinada a pensar que me engañaron, no sé si intencionadamente
(El señor Laborda Martín: ¡Muy bien!), en aquella reunión de Mesa y
Portavoces de la Comisión Especial en la que, con absoluta corrección y
plena lealtad a la labor realizada por todos, planteamos la elaboración
consensuada de un documento que recogiera el trabajo desarrollado desde
el 17 de marzo del año pasado. No tuvieron la valentía de reconocer que
no deseaban ese informe y recurrieron a la mentira. (El señor Laborda
Martín: ¡Muy bien!) No me extrañaría que ahora, con esta moción,
pretendieran dar por concluido el debate y escurrir el bulto ante el
resto de cuestiones que tenemos planteadas. Por si alguien tiene dudas,
recordemos el entusiasmo desbordante con el que acogieron en su día la
iniciativa socialista de crear esta Comisión. Pero no seamos
desconfiados, aunque motivos haylos como para serlo. Quizá no fue así.

Quizá sea cierto --ya nos lo argumentarán ahora-- que es imposible
presentar ante el Pleno ese texto consensuado, fruto de la tarea
desarrollada por la Comisión hasta el momento, y de ahí esta moción.

El Grupo Parlamentario Popular, conocedor de esas trabas reglamentarias,
ha encontrado la solución al problema planteado y ha decidido traer sin
demora a este primer Pleno tras las vacaciones alguna de las conclusiones
que todos los grupos hubiéramos firmado en ese informe consensuado de la
Comisión Especial de Estudio sobre la Eutanasia y el derecho a una muerte
digna.

Si eso fuera así, no me quedaría sino felicitarles por la iniciativa y
por haber resuelto tan diligentemente el problema reglamentario que se
nos había planteado. Mi grupo parlamentario, y en concreto esta Senadora,
probablemente algo menos avispada en esto de las interpretaciones del
Reglamento y dudando como ya he dicho del acierto de la lectura que del
mismo se nos hizo el pasado 23 de junio, seguía confiando en la
posibilidad de elaborar ese documento de conclusiones dentro de la
Comisión Especial y ultimaba la redacción de un borrador de informe para
ser debatido entre todos. Dadas las circunstancias, me he preguntado si
debíamos considerar que la presentación ante el Pleno de mociones
unilaterales como ésta es el camino que se ha de seguir para aprobar el
resto de medidas que se nos han planteado en la Comisión y que creemos no
sólo oportunas, sino compartidas por todos los grupos parlamentarios.

Dice que ya nos lo anunciaron en aquella reunión de Mesa y Portavoces; en
fin, como no hay grabación de la misma, nos quedamos con la duda.

Es por ello que, ante la duda, nos hemos considerado totalmente
legitimados para presentar como enmienda las conclusiones contenidas en
ese borrador; un borrador que planteaba nuestra opinión pero para
discutirla y debatirla con el resto de los grupos.

Y hablando de deslealtades y predeterminaciones, su propia exposición,
Senador Bellido, pone de manifiesto su deslealtad hacia la Comisión
porque, ¿por qué rechaza nuestra propuesta diciendo que son posiciones
predeterminadas de nuestro Grupo? Predeterminar el resultado global o
parcial de la Comisión es lo que implica la propuesta que dice que nos
hizo en aquella Comisión y que ha puesto de manifiesto con la
presentación de esta moción. Es más, significa también una apropiación
indebida de las posiciones de los intervinientes invitados a la Comisión
que pueden ser o no compartidas por la totalidad de la Comisión.

Dice que no cabe que presentemos propuestas de modificaciones
legislativas porque no hemos llegado al estudio jurídico. Quisiera
recordarle que, en el plan de trabajo que aprobamos al inicio de la
Comisión, el apartado que recoge el estudio de los aspectos jurídicos de
la eutanasia se refiere a la autorización a la propia muerte y testamento
vital; protección penal de la vida humana terminal y articulación,
análisis constitucional del derecho a la vida y la eutanasia. Creo que
modificaciones legislativas de esas que he planteado fueron recogidas por
la mayoría de los médicos no juristas que han acudido hasta ahora a la
Comisión.

Por último, desde mi grupo parlamentario habríamos deseado un debate más
amplio dentro de la Comisión y a la hora de elevar al Pleno un informe de
conclusiones. Eso pretendíamos y eso hemos defendido, pero el Grupo
Popular ha querido limitar el debate a este reducido tiempo que
establece, eso sí, el Reglamento para la discusión de las mociones. Sólo
puedo decir que lo lamentamos y que, ante el rechazo del Grupo proponente
a nuestra moción, nos abstendremos en la votación, manifestando nuestro
más rotundo rechazo a la deslealtad que la misma supone al trabajo
realizado por todos durante meses en la Comisión Especial de Estudio
sobre la Eutanasia por parte del grupo que la preside.




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Pero no quisiera terminar sin manifestarles que nuestra disposición para
tratar de consensuar ese informe sigue intacta.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Rodríguez Fouz.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Bellido.




El señor BELLIDO MUÑOZ: Gracias, señora Presidenta.

Intervendré con brevedad para dar respuesta a los distintos portavoces
parlamentarios.

En primer lugar, lo voy a hacer al portavoz del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, el Senador Martiarena. Nos ha dicho que
su grupo va a votar en contra de la moción porque en ella aparece la
palabra «nacional» dentro de lo que es un Plan Nacional de Cuidados
Paliativos. Yo le diría al Senador Martiarena, con el mayor de los
respetos al criterio de su grupo, que si estamos pidiendo solidaridad y
equidad dentro del Sistema Nacional de Salud, en el que también participa
el Partido Nacionalista Vasco, si estamos defendiendo la libre
circulación de todos los españoles entre las diferentes Comunidades
Autónomas y que su atención sanitaria, o en este caso incluso
sociosanitaria, se realice de acuerdo a unos mínimos, entendemos que
tiene su razón de ser que el plan que proponemos sea un plan nacional
que, evidentemente, como queda recogido ya en el texto de la moción, sea
un plan ampliamente consensuado, un plan elaborado dentro del Consejo
Interterritorial de Salud en que está representado también el Gobierno
del País Vasco y con respeto a los avances que en cada Comunidad Autónoma
se hayan podido establecer en esta materia.

Yo les recordaría que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, a través de su Gobierno, ha demostrado un criterio acertado al
pertenecer al Sistema Nacional de Salud del que, entiendo que por la
solidaridad de todos los españoles, recibió 212.000 millones de pesetas
para financiación de la sanidad en el País Vasco y 232.000 en el año 1999
para esos mimos fines.

La sanidad vasca está incluida en el Plan Nacional sobre el Sida que,
afortunadamente y gracias a sus trabajos, en los últimos años ha reducido
considerablemente su número de enfermos.

El País Vasco está integrado en el Instituto Nacional de Consumo, que
defiende, con un Plan nacional y con unas actuaciones nacionales, los
derechos de los consumidores vascos.

Además, el País Vasco está integrado en el Plan Nacional de Hemoterapia,
en el Plan Nacional de Trasplantes, por el cual recibe de otras
Comunidades Autónomas aquella sangre y órganos que puedan necesitarse en
un momento dado.

Por todo ello, señoría, encuentro que no hay justificación en este caso
--y desde el planteamiento del Grupo Parlamentario Popular-- para
rechazar esta nominación de Plan Nacional de Cuidados Paliativos.

En cuanto a los temores del Senador Cardona, yo quiero decirle que en
modo alguno debe preocuparse. El Plan no pretende homogeneizar nada, pero
sí, evidentemente, ir a cubrir esos mínimos en la atención de cuidados
paliativos a nuestros enfermos y no, por supuesto, a que aquellas
Comunidades Autónomas, como Cataluña, que han llegado a un nivel muy alto
de aplicación --tuve ocasión de exponerlo en mi primera intervención--,
lo reduzcan en beneficio del desarrollo de otras Comunidades Autónomas.

Es más, yo creo que lo importante de la elaboración de ese Plan Nacional
de Cuidados Paliativos, dentro del Consejo Interterritorial de Salud, va
a ser la participación de Comunidades Autónomas, como Cataluña, que
tienen muy experimentado ese Plan, de manera que su experiencia sirva
para que otras Comunidades Autónomas con menos nivel de desarrollo puedan
alcanzarlo.

Por tanto, transmito absoluta tranquilidad desde esta tribuna al Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Por último, quiero decir a la Senadora portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista que yo no voy a repetir mi argumentación en contra de la
enmienda que presentaron ni hacer un estudio histórico del desarrollo de
la Comisión de Eutanasia, que nada tiene que ver con el Plan Nacional de
Cuidados Paliativos.

Lo que sí le puedo decir es que, como bien comentó, tuvimos una reunión
en el mes de junio, sin embargo, ha silenciado algo importante, que usted
no pedía que se aprobasen unas conclusiones parciales incluyendo --esto
fue lo que usted nos argumentó allí-- una que recogiese que se seguirían
los trabajos de la Comisión. Por tanto, Senadora, lamento profundamente
no que usted dude del Grupo Popular, cosa que puede hacerlo en cualquier
momento, sino que haya dudado desde esta tribuna de los servicios
jurídicos de la Cámara, que haya visto en los mismos parcialidad a favor
de un grupo parlamentario, ya que fueron ellos los que indicaron en
aquella reunión que entendían que no había antecedentes y que no era
procedente realizar ese informe parcial de la Comisión de la eutanasia.

Por lo demás, le vuelvo a decir lo siguiente: creo sinceramente que mi
Grupo no ha sido desleal con la Comisión. Decía que podíamos haber sacado
mucho provecho de esa Comisión. Entiendo que todavía podemos sacar mucho
provecho de esa Comisión, pero considero que usted debería también
admitir lo provechoso que es que de un aspecto como éste, en el que usted
ha reconocido que todos los grupos estamos de acuerdo, pueda salir una
normativa, podamos instar al Gobierno a que ponga en marcha ya este Plan
Nacional de Cuidados Paliativos, lo que no ocurría evidentemente en todos
aquellos otros aspectos que usted plantea en la enmienda del Grupo
Socialista.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bellido.

Vamos a proceder a la votación de la moción.

Se inicia la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 123; en contra, siete; abstenciones, 94.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción.




-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
PRESENTAR ANTE LAS CAMARAS UNA PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA REGULACION
DE LA ASIGNACION TRIBUTARIA PARA FINES RELIGIOSOS Y OTROS (662/000193).




La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente moción: Del Grupo
Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a presentar ante
las Cámaras una propuesta de modificación de la regulación de la
asignación tributaria para fines religiosos y otros.

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, el Senador Octavio Granado. (Rumores.)
Por favor, señorías, ya que abandonan el hemiciclo háganlo en silencio.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias.

Señora Presidenta, señoras y señores Senadores, la Ley de Presupuestos
del Estado para 1988 introdujo en el Derecho español, en su disposición
adicional quinta, la creación de la asignación tributaria para fines
religiosos y otros fines. Esta disposición ha permitido que desde esa
fecha, y por más de 10 años, el Estado español haya ido subvencionando
--además de una manera diferente a la prevista en la legislación
anterior-- a la Iglesia Católica, a numerosas organizaciones no
gubernamentales que han desarrollado su trabajo en la cooperación al
desarrollo, en el tratamiento de enfermos, en el tratamiento de las
drogodependencias, en el tratamiento a mujeres maltratadas, en la
atención a los emigrantes o a numerosos fines de interés social.

(Rumores.)



La señora PRESIDENTA: Un momento, Senador Granado.

Por favor, señorías, no se puede escuchar. Continúe, por favor.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

No obstante, esta disposición que ha venido funcionando durante los 10
últimos años --yo diría que de una manera razonablemente efectiva-- ha
planteado desde su comienzo algunos problemas que se han visto agudizados
con la aparición de la nueva ley que regula el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.

El primer problema planteado por la regulación del nuevo impuesto acerca
de esta disposición es un problema de carácter formal, pero que no deja
de tener su importancia. El nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas no mantiene el concepto de cuota íntegra del impuesto que
mantenían tanto la disposición como la anterior normativa reguladora del
impuesto.

Ahora ya no hay una cuota íntegra del impuesto sobre la renta, sino que
hay dos cuotas íntegras, la del impuesto estatal sobre la Renta de las
Personas Físicas y la del Impuesto autonómico sobre la Renta de las
Personas Físicas. Este problema formal se convierte en material si
tenemos en cuenta que, por mor de la corresponsabilidad fiscal,
decisiones de las Comunidades Autónomas que afectan a la cuota íntegra
autonómica del impuesto pasan a tener, por lo tanto, repercusión sobre la
cantidad final sobre la que se devenga la asignación a la Iglesia
Católica o a otros fines de interés social, lo cual no parece muy
razonable porque decisiones de terceros, decisiones de las Comunidades
Autónomas, van a influir en la cuantía total sobre la que se devenga la
asignación a las organizaciones no gubernamentales o a la Iglesia
Católica.

Hay un segundo problema --y éste ya no es tanto formal como material--,
el nuevo impuesto parte de la base de que va a haber una cantidad
importante de contribuyentes --tres o cuatro millones de personas en
estimación de las autoridades financieras del Ministerio de Economía y
Hacienda-- que no van a practicar la declaración del impuesto, que van a
realizar autoliquidaciones del impuesto de acuerdo con la administración
tributaria.

El problema es que la asignación tributaria se determina, precisamente,
en las declaraciones que presentan los sujetos pasivos, los
contribuyentes del impuesto. Decía la normativa inicial --y lo han venido
repitiendo todas las leyes de presupuestos-- que el porcentaje se
aplicará en las declaraciones correspondientes al ejercicio respectivo.

Esto se ha venido reproduciendo en todas las leyes de presupuestos
porque, además, es en la declaración cuando el contribuyente dice si
quiere que su parte alícuota del impuesto vaya a financiar a la Iglesia
Católica o las organizaciones no gubernamentales.

¿Qué va a pasar con todo ese volumen de impuesto recaudado en
contribuyentes que no van a presentar declaración? Al menos sería
necesaria una modificación, aunque sólo fuera formal, que reflejara que
en las autoliquidaciones debiera existir la misma opción que existen en
las declaraciones para la Iglesia Católica o para las organizaciones no
gubernamentales. Esto se podría haber hecho, pero no se ha hecho, en la
ley de presupuestos para 1999. Si sus señorías tienen la paciencia de
revisar la disposición adicional decimoséptima, comprobarán cómo se sigue
hablando de las declaraciones presentadas con cargo al ejercicio.

Por tanto, si las declaraciones presentadas con cargo al ejercicio de
1999, que se presentarán en el año 2000, son 3 ó 4 millones de
declaraciones menos que las del año 1998, habrá una parte del impuesto
que no se podrá asignar a la Iglesia Católica o a las organizaciones no
gubernamentales. Esto indica la necesidad de realizar una corrección
legislativa para solucionar este problema.

Hay otros dos problemas que son realmente relevantes: un primer problema
de recaudación. El nuevo impuesto recauda menos que el anterior. La
última cifra que conocemos,



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la de 31 de julio de 1999, indica una caída en la recaudación del 0,4 por
ciento, que si hiciéramos la comparación en términos homogéneos teniendo
en cuenta que en este ejercicio se han imputado 154.000 millones de
atrasos del anterior correspondientes a deudas de las Comunidades
Autónomas y de la Seguridad Social con la Hacienda Pública, indicaría que
estamos en una caída de recaudación en términos homogéneos del 5 por
ciento. Esto quiere decir que el nuevo impuesto va a trasladar esa
pérdida de recaudación a las subvenciones que el Estado otorga a las
organizaciones no gubernamentales. Y aquí sí que hablamos sólo de las
ONGs, por lo siguiente, porque el legislador ha sido previsor, la mayoría
parlamentaria que soporta el actual Gobierno ha sido previsora y ha
entendido, por un lado, que las Comunidades Autónomas no debían
perjudicarse por la caída de recaudación del impuesto y les ha otorgado
un colchón, un fondo de garantía que asegura que en todo caso las
Comunidades Autónomas van a ver crecer sus ingresos vinculados al
impuesto sobre la renta lo mismo que crezca el producto interior bruto en
términos nominales.

En cuanto a la Iglesia Católica, el legislador ya fue previsor con
anterioridad, porque todos los años las leyes de presupuestos, con el
Gobierno socialista y con el Gobierno del Partido Popular, han
incorporado una previsión que elevaba a definitivas las entregas a cuenta
practicadas en el ejercicio anterior. De hecho, hoy la Iglesia Católica
percibe unos 21.000 millones de pesetas mientras que por las
declaraciones presentadas sólo le correspondería recibir aproximadamente
15.000 ó 16.000 millones de pesetas.

Suceda lo que suceda, la Iglesia Católica ve crecer sus asignaciones de
los presupuestos del Estado porque siempre se elevan a definitivas las
entregas a cuenta del ejercicio anterior. Es decir, no va a verse
perjudicada por la caída en la recaudación de este impuesto. En estos
momentos, esa caída en la recaudación sólo va a perjudicar, aparte de al
propio Estado, lógicamente, a las organizaciones no gubernamentales que
atienden a fines de interés social.

A nosotros nos parece que esta Cámara debería dar una muestra de una
cierta sensibilidad social cuando estamos hablando de una parte tan
pequeña de un impuesto como la que se refiere a 15.000 millones de
pesetas de un total de 6 billones de pesetas, para garantizar que las
asignaciones para las organizaciones no gubernamentales no se vean
perjudicadas por esta caída en la recaudación y crezcan, al menos, lo
mismo que crecen las asignaciones de la Iglesia Católica o las
asignaciones de las Comunidades Autónomas y tengan un indicador que
garantice que sus asignaciones no van a bajar año tras año.

El último problema que intenta resolver la moción que hoy traemos a
discusión de esta Cámara ya existía con anterioridad, pero se ve agravado
por el nuevo impuesto de la renta. Es el problema de que en estos
momentos existe una garantía para las asignaciones a la Iglesia Católica,
pero no para las asignaciones a las organizaciones no gubernamentales.

¿Esto que produce? Un efecto perverso en cuanto al gasto público, que es
el siguiente: si un año crecen en España las personas que declaran su
interés en que sea la Iglesia Católica la beneficiaria de su parte
correspondiente del Impuesto sobre la renta, ese año el gasto público es
menor y quien realmente se beneficia es el Estado.

En el ejercicio del año 1997, por primera vez desde que existe en España
Impuesto sobre la Renta después de la reforma del señor Fernández Ordóñez
--porque antes no existía Impuesto sobre la Renta, existía algo que se
llamaba así--, creció el número de contribuyentes que pusieron el aspa en
la casilla de la Iglesia Católica. Este hecho, ¿en qué se ha traducido?
En lo siguiente: La Iglesia Católica ha cobrado exactamente lo mismo que
si el número de contribuyentes que hubieran colocado el aspa hubiera sido
la mitad, porque tiene la garantía de la Ley de Presupuestos, y dicha
garantía está en un colchón mucho más alto que lo que supone en estos
momentos la voluntad de los contribuyentes. La Iglesia cobra 21.000
millones de pesetas, a pesar de que los contribuyentes sólo le asignan
15.000. En el año 1997 le asignaron 16.000, pero siguió cobrando 21.000
¿Quién se ha ahorrado esos 1.000 millones de pesetas? El Estado. Los
contribuyentes han dotado con 1.000 millones de pesetas al Ministerio de
Economía y Hacienda. Si por el contrario, como venía sucediendo en
ejercicios anteriores, eran las organizaciones no gubernamentales las que
incrementaban su peso en la asignación, aumentaba el gasto público. Era
el Estado el perjudicado porque la Iglesia Católica recibía también lo
mismo y las ONGs recibían más. Entre todos podemos buscar una manera de
regular legalmente esta asignación, de tal forma que lo que finalmente
decida el contribuyente poniendo la cruz en una u otra casilla no sea
adónde va su dinero, sino cuánto sube el gasto público en este país,
aunque sea en una cuantía mínima de 1.000 ó 2.000 millones de pesetas,
porque éste es el efecto real que tiene la opción en este momento, por
mor de que existe una parte garantizada de la asignación y otra parte no
garantizada.

Deberíamos ser capaces de buscar una manera de regular dicha asignación
para que fuera neutral con el gasto público, que subiera lo mismo, que
existiera la opción del contribuyente en un sentido o en otro; deberíamos
ser capaces de garantizar que no fueran las organizaciones no
gubernamentales, que realizan una acción social, las únicas perjudicadas
por una regulación del Impuesto sobre la Renta que les hace caer en
recaudación. No parece razonable que esto sea así. Hemos establecido una
garantía para las Comunidades Autónomas y también desde hace muchos años
una garantía para la Iglesia Católica, no es mucho pedir que exista una
garantía para la acción social prestada por las organizaciones no
gubernamentales, y deberíamos ser capaces de garantizar que los problemas
formales no generasen también dificultades de interpretación.

Cuando se elaboró en términos primigenios la asignación, existía una
cuota íntegra en el Impuesto, ahora hay dos. Esto hay que modificarlo.

Cuando se creó la citada asignación, las decisiones de responsabilidad
fiscal sobre el Impuesto correspondían al Estado, ahora corresponden
tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas. Sobre una asignación
estatal no tienen por qué influir con sus decisiones las Comunidades
Autónomas. Hay que separar los ámbitos de decisión, porque éstas no deben
influir por terceros efectos de decisiones suyas sobre una asignación



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de política estatal. Y, sobre todo, con esta asignación se produjo un
paso importante tanto en la conciencia fiscal de los españoles como en la
posibilidad de que éstos optaran, de acuerdo con sus creencias y
convicciones, a qué tipo de organizaciones deseaban dedicar su dinero. La
asignación ha funcionado eficazmente estos 10 años. Hemos creado un
conjunto de actividades desarrolladas por organizaciones no
gubernamentales de las que todos legítimamente podemos enorgullecernos.

Pero, en este momento, la asignación ya no sirve para esto, sino que
tiene unos efectos perversos que son mucho más relevantes que sus efectos
directos e incluso, con el nuevo impuesto, podría tener un efecto
absolutamente indeseado, y es que se produjera un cierto recorte a la
política de acción social que realiza el Estado español, que se realiza
en España y, además, ese recorte se iba a aplicar sobre sus gestores
probablemente con menos afán de lucro, probablemente con más ganas de
colaborar y probablemente también con más contenido social, que son las
organizaciones no gubernamentales que actualmente se benefician de la
situación.

No es mucho pedir, por tanto, que el Gobierno modifique esta asignación;
no es mucho pedir, por tanto, que la Cámara se comprometa con esta
modificación y le pida al Gobierno que la acometa. No hemos querido poner
plazos, sí hemos puesto algún tipo de indicador, pero lo fundamental es
que se realice una modificación y que se dé algún tipo de garantía a las
organizaciones no gubernamentales de que sus fondos no van a verse
recortados; la modificación, en mi opinión, es imprescindible desde el
punto de vista técnico, pero además es conveniente desde el punto de
vista político. Garantizar que las organizaciones no gubernamentales no
vayan a ver mermados sus ingresos es una cuestión eminentemente política
sobre la que los grupos parlamentarios podrán pronunciarse cuando
expresen su opinión sobre esta moción.

Para finalizar, diré que no hemos recibido enmiendas. Si eso significa
que la moción va a ser rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno,
sinceramente, lo lamento, porque estaba en nuestro ánimo aceptar
cualquier enmienda por mínimamente razonable que fuera, al entender que
éste es un problema que podemos solucionar entre todos. Pero si, por el
contrario, significa que la moción va a ser aprobada, les agradezco por
anticipado su aprobación.

En cualquier caso, espero oír sus palabras para saber si realmente
comparten los objetivos que persigue el Grupo Socialista con la
presentación de esta moción y para ver si entre todos encontramos alguna
forma de solucionar este problema.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Granado.

Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora San Baldomero.




La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular quiere
aprovechar el hecho de que hoy estemos defendiendo entre todos las
organizaciones no gubernamentales para felicitar a Caritas por haber
recibido la semana pasada el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

Creo que merece la pena que también quede reflejada la enhorabuena de
esta Cámara por la labor realizada por dicha organización no
gubernamental.

El Grupo Parlamentario Popular es consciente de que la asignación
tributaria a fines religiosos y otros fines de interés social está
vinculada desde la Ley 33/1987 a los presupuestos generales del Estado en
el porcentaje del 0,5239 de la cuota íntegra de la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de que dicho
porcentaje no ha tenido variación. Ha sido el mismo que han venido
reflejando las leyes de presupuestos de cada año, y asimismo está
recogido en la disposición adicional decimoséptima de la Ley 49/1998, de
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999.

Es evidente que al haber establecido el legislador unos mínimos mucho más
elevados para estar obligado a presentar la declaración de la renta para
1999 que los que rigieron durante ejercicios pasados --efectivamente, no
tendrán obligación de presentarla alrededor de 3.500 contribuyentes
procedentes del rendimiento del trabajo personal--, serán muchos los
ciudadanos que no se verán obligados a convertirse en contribuyentes
declarantes. En consecuencia, al estar vinculado el porcentaje del 0,5239
a la cuota íntegra de las declaraciones efectuadas, ustedes consideran
que se va a producir una disminución del montante total de la asignación
tributaria a fines religiosos y otros fines sociales.

El Grupo Parlamentario Popular comparte, y quiere entender de lo que el
Senador Granado nos ha explicado y del espíritu de la moción presentada,
que debe producirse una regulación que permita mantener importes
significativos de cuantía monetaria no inferior a la que hasta ahora ha
venido dedicándose en los presupuestos del Estado a la asignación
tributaria para fines religiosos y otros, y que esté vinculada más a los
rendimientos efectivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para el Estado que a la cuota íntegra de las declaraciones
efectivamente presentadas. Sin embargo, no compartimos la necesidad de
que se establezca un procedimiento legislativo específico para resolver
el tema de la asignación.

Existe un nuevo procedimiento gestor de los contribuyentes, que se
contiene en los apartados 1 y 3 del artículo 81 de la Ley del Impuesto,
donde expresamente se establece que los contribuyentes no obligados a
declarar que hayan soportado retenciones e ingresos a cuenta, podrán
obtener la devolución del exceso de retención y de los ingresos a cuenta
soportados sobre la cuota líquida total del impuesto, minorada en el
importe de la deducción por dividendos, mediante la presentación de una
comunicación dirigida a la administración tributaria solicitando la
devolución que resulte procedente.

Conforme a esta nueva regulación del impuesto, se ha previsto también la
aprobación de un modelo de solicitud de subvención, en el que se
contendrá igualmente un apartado relativo a la asignación tributaria. Con
este modelo los no obligados podrán expresar su voluntad respecto a la



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asignación tributaria a fines religiosos u otros fines de interés social.

Tengo que resaltar que el Gobierno ha demostrado en estos años su
compromiso político con las organizaciones no gubernamentales dedicadas a
fines sociales, y este compromiso es y va a seguir siendo una prioridad
para el Partido Popular y para el Gobierno del Partido Popular que
asegura a estas organizaciones una fuente de ingresos estable y creciente
en el tiempo, y que garantice el inestimable servicio que estas
organizaciones no gubernamentales están prestando a la sociedad.

Asimismo, no debe preocupar la recaudación del IRPF, ya que en este
momento lo que conocemos es que el comportamiento que se está
experimentando, en lo que va de año, recoge las estimaciones que se
efectuaron en su día, y así, la pérdida recaudatoria prevista por la
bajada del IRPF, que va a afectar especialmente a trabajadores,
pensionistas y familias, está siendo compensada por el crecimiento
económico inducido por la propia reforma. Se ha producido en lo que va de
año un crecimiento de perceptores y de retenciones que está neutralizando
la reducción en el impuesto que han experimentado todos los
contribuyentes.

El Grupo Parlamentario Popular no entiende y no ve la necesidad de esta
moción, pero sí entendemos que en el caso de que, por cualquier motivo,
este impuesto en el que nosotros hemos creído y que hemos defendido --y
en el que ustedes nunca creyeron-- tuviera esas actuaciones que usted
ahora nos avanza, y que desde luego nosotros no entendemos, todos los
grupos políticos deberíamos llegar a un consenso para seguir manteniendo
los trabajos que se están llevando a cabo en servicio de toda la
sociedad, por la Iglesia Católica por una parte y por las asociaciones no
gubernamentales por otra.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? Tiene la palabra el
Senador Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señora Presidenta.

Muy brevemente, para anunciar el voto del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, que va a ser contrario a esta moción
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Evidentemente, estamos
de acuerdo y recogemos la última frase que ha lanzado la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el sentido de que hay que llegar a
acuerdos futuros, a acuerdos entre todos los grupos parlamentarios para
abordar una actualización de esta situación. Pero, tal y como se presenta
en estos momentos, nosotros no creemos oportuno votar a favor, no creemos
tampoco oportuna esa urgencia y sí estamos de acuerdo, tal y como decía,
con la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
cuanto a que habrá que abordar acuerdos futuros, tanto en la dirección
indicada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como en otras
direcciones, porque, por ejemplo, todos sabemos que en la actualidad hay
unas críticas de las ONGs a esta situación, como indicaba el portavoz
socialista, pero también hay otra parte --y es concretamente la Iglesia
Católica-- que se queja de que si en las declaraciones de la renta no se
marca con una equis el que se destinen ciertos recursos a tal efecto, no
se dirigen a esos fines. Por tanto nosotros --y con esto acabo--
compartimos el planteamiento de la Senadora del Grupo Parlamentario
Popular. Creemos que hay que ir en busca de unos acuerdos futuros de
consenso que sean beneficiosos para las ONGs y que no discriminen a la
Iglesia Católica, que en estos momentos, por las razones que he expuesto,
manifiesta su queja porque se considera discriminada, y nuestro Grupo
entiende que, realmente, está discriminada en este sentido.

Nada más y muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gangoiti.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, en nombre de Convergència i Unió, voy a fijar la posición de
nuestro Grupo respecto a esta moción.

Manifestamos nuestra posición contraria a la misma porque no compartimos,
Senador Granado, la urgencia ni el contenido literal del texto
presentado. Creemos que, dada la situación actual de la legislatura --nos
encontramos en el último período de sesiones--, no tendría la efectividad
que estoy convencido que usted desea que tenga el tratamiento de una
cuestión como ésta. Consideramos que es necesaria una reforma profunda,
una revisión a fondo, pero creemos que ahora no es el momento adecuado.

Llevamos diez años, desde el año 1988, aplicando esta asignación de forma
distinta a la prevista en la normativa vigente, por cuanto ir aplicando
una cantidad a la Iglesia Católica a través de los Presupuestos Generales
del Estado o convertirla en definitiva en la ley de presupuestos del año
siguiente, no es seguir la forma prevista inicialmente en el proyecto de
ley.

Por tanto, entendemos que la propuesta merece el máximo consenso y una
revisión a fondo, pero en el futuro. Sería más efectivo --y se podrían
evitar los efectos negativos de la situación actual--, con motivo de la
asignación correspondiente al ejercicio del año 2000, buscar una fórmula
que pudiese ser incorporada en la ley de presupuestos, que dentro de poco
tiempo llegará a esta Cámara. De este modo, se podría solventar la
situación puntual del año 2000 y abordar con detenimiento este tema en un
futuro próximo, lógicamente en la próxima legislatura, porque creemos que
debe revisarse.

En cuanto a sus argumentos en referencia a la modificación de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a la corresponsabilidad
fiscal de las Comunidades Autónomas, consideramos que no varía
sustancialmente la situación como para justificar que en el corto período
de tiempo que queda para agotar la legislatura pueda llevarse a cabo con
eficiencia la aprobación de un texto legal que permita solventar la
situación.




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Entendemos que la fórmula propuesta, tal y como está redactada, no es la
adecuada. Estamos de acuerdo con usted en la necesidad de revisar y
modificar esta cuestión en cuanto sea posible.

Nada más y muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señoras y señores Senadores, comenzaré contestando a las últimas
intervenciones. Ustedes no están de acuerdo con nosotros, y estamos muy
orgullosos de que no lo estén, porque este tipo de debates pone de
manifiesto que la Cámara está dividida --y nos gustaría que la sociedad
española lo llegara a entender--, entre los que mantienen posiciones
progresistas y los que son más conservadores; posición esta última que
ustedes comparten. (Rumores.)
Por lo tanto, no están de acuerdo con nosotros en la necesidad de abordar
urgentemente el tema. Este año, que se ha liquidado el ejercicio de 1997,
las organizaciones no gubernamentales han recibido casi mil millones de
pesetas menos que el año pasado. Y no voy a hacer aquí, porque sería
demagogia, una lectura de lo que podrían haber hecho las organizaciones
no gubernamentales con esos mil millones de pesetas.

Pero ustedes, señores del Partido Nacionalista Vasco, de Convergència i
Unió y del Partido Popular, son responsables de no considerar urgente
evitar que en este país se pierdan mil millones de pesetas para la acción
social. Ese es su sentido de la sensibilidad social. Ustedes consideran
muy urgentes otras cosas, y tienen un sentido de la urgencia
profundamente distinto del nuestro, lo cual nos enorgullece. Para
nosotros, con la pérdida de cien millones de pesetas ya hubiera sido
urgente; con mil millones es urgente, y con los tres o cuatro mil que
perderán las ONGs el año que viene será todavía más urgente.

Por ello nuestra moción pide al Gobierno que presente ante las Cámaras, a
través del procedimiento legislativo más ágil posible, una propuesta de
modificación. ¿Cuál es ese procedimiento? Una disposición adicional en la
Ley de Medidas o en la Ley de Presupuestos. Esto es lo que pedimos
nosotros. Usted, Senador Cambra, dice: nosotros vamos a votar en contra
de la moción porque pedimos al Gobierno que lo haga a través de una
disposición adicional en la Ley de Medidas o en la Ley de Presupuestos.

¿En qué quedamos? Yo no lo entiendo.

El Senador Gangoiti manifiesta, en nombre del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, que quiere que haya un acuerdo de las fuerzas
políticas. Precisamente pidiendo al Gobierno que nos presente un texto en
sede legislativa lo que queremos es que se produzca este acuerdo. Pero
eso es lo que pide la moción. Si no, ¿cómo puede haber un acuerdo? ¿Fuera
de este Parlamento? ¿Fuera de sede legislativa? Si el Gobierno tiene
iniciativa en las cuestiones tributarias.

Nosotros lo que pedimos es que el Gobierno haga posible ese acuerdo
presentando un texto, de la manera que él diga, como quiera, lo que sí
solicitamos es que lo haga rápidamente. ¿Para salir del paso el año 1999?
Sí, y para solucionar algunos problemas técnicos que son del año 1999.

Por ejemplo, cuando la asignación indica: «cuota íntegra», ¿de qué cuota
íntegra estamos hablando? No lo sabe nadie, no puede saberse. Donde la
ley no distingue, el legislador no puede distinguir. Tenemos que
modificarla aunque no queramos.

Señala la Senadora San Baldomero: en las comunicaciones que los
contribuyentes dirijan a Hacienda habrá una casilla para indicar la parte
de su asignación que deseen vaya a la Iglesia Católica y la parte de
asignación para aquellos que opten por las organizaciones no
gubernamentales.

Senadora San Baldomero, está usted jugando en un terreno que no es el
suyo, y por eso dice 3.500 contribuyentes en vez de 3 millones y medio.

Pero es que esas comunicaciones no las van a dirigir esos 3 millones y
medio de contribuyentes, las van a dirigir los contribuyentes que tengan
derecho a devolución, porque, los que no teniendo obligación de declarar,
si la declaración les sale positiva y presenten una comunicación va a ser
para pagar, y como en este país, como en todos, los impuestos se pagan
porque se impone, y nadie paga impuestos voluntariamente, los
contribuyentes que no sean acreedores a derecho a devolución no van a
presentar la comunicación.

¿Cuántos van a ser? ¿Un millón y medio? ¿Dos millones? No lo sabemos, lo
que sí sabemos es que ese 0,52 por ciento de su contribución a las arcas
del Estado no va a ir a las ONGs o a la Iglesia Católica, van a perder
dinero, y a ustedes no les parece urgente que no lo pierdan. Yo les
entiendo, porque ustedes tienen puestas sus urgencias en otros sitios.

Pero también entiendan ustedes que este Senador socialista tenga puestas
sus urgencias en las organizaciones no gubernamentales.

El Senador Gangoiti manifiesta que la Iglesia Católica está discriminada.

Senador Gangoiti, yo no quiero hablar de temas de religión, no soy
católico y, por lo tanto, es para mí una presunción hablar de la Iglesia
Católica, pero he de decirle que la Iglesia Católica tiene garantizados
todos los años, por disposiciones adicionales de la Ley de Presupuestos,
que votamos toda la Cámara, con independencia del aspa que ponga el
contribuyente español, 21.000 millones de pesetas, y si un año caen las
declaraciones que imputan ingresos a la Iglesia Católica, como ha venido
sucediendo desde que sale el Impuesto hasta el año 1996, la Iglesia
Católica ve crecer, a pesar de esa caída, sus asignaciones; y las
organizaciones no gubernamentales no. ¿Dónde está la discriminación?
Discrimíneme un poco a las organizaciones no gubernamentales como dice
usted que está discriminada la Iglesia Católica. Déles usted esa
garantía, porque también se lo merecen.

La Senadora San Baldomero ha felicitado a Caritas. Me uno a la
felicitación. Pero usted le acaba de quitar a Caritas 150 millones de
pesetas con su intervención. Una cosa es predicar y otra dar trigo,
porque Caritas también recibe dinero del 0,52 por ciento del Impuesto
sobre la



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Renta, y usted, con su intervención, y ellos con su no urgencia, acaban
de decirles a las ONGs que si el año que viene cobran menos, «a quien
Dios se la dé, San Pedro se la bendiga».

Para terminar, el argumento acerca de los problemas técnicos de las
mociones, es muy manido.

Estamos en sede parlamentaria, yo llevo aquí unos cuantos años, y me van
a tener que soportar sus señorías algunos años más porque me acaban de
reelegir en mi Comunidad Autónoma. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Si esta moción tuviera problemas técnicos ¿a
que ustedes hubieran presentado alguna enmienda, para decir: se han
equivocado ustedes, el problema no está aquí, sino que está allá y vamos
a hacerlo en su conjunto y vamos a llegar a un acuerdo? Si el problema
fuera de redacción, ¿a que hubiéramos llegado todos a un texto común?
El asunto no está ni en los problemas técnicos de la redacción, ni en las
comunicaciones que la Senadora San Baldomero ha leído trabajosamente del
texto que le han preparado del Ministerio de Economía y Hacienda. El
problema está en otro sitio, en que ustedes están repartiendo el
presupuesto del Estado, con mayor o menor fortuna, y que en sus
prioridades y en sus urgencias las organizaciones no gubernamentales no
están, y a ustedes les debería dar vergüenza. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Granado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora San
Baldomero.




La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Gracias, señora Presidenta.

Si el año pasado se perdieron 1.000 millones de pesetas que su señoría
dice --y que no dudo-- es porque se está aplicando este impuesto tal como
ustedes lo hicieron. Por lo tanto, en la reforma del IRPF todavía no está
y la reforma del IRPF --que jamás quisieron--tal vez vaya a solucionar lo
que ustedes no han sabido hacer.

Además, tengo que decirle, Senador, que estoy verdaderamente preocupada
por mi ignorancia; por mi ignorancia y su sentido de la sensibilidad
social --y por eso tal vez me confunda de 3.000 a 3,5 millones, y
rectifico--. Los 14 años que en mi vida he dedicado a la labor social,
que usted no conoce, me hacen poder hablar de una sensibilidad que para
usted es urgente y es progresista. Le voy a poner un ejemplo muy
sencillo: cuando dejé de ser Directora en la Cruz Roja Española para
dedicarme a la política, en La Rioja había 8.000 voluntarios y 3 personas
que cobraban; al año siguiente había 128 personas que cobraban y se
habían ido la mitad de los voluntarios. Esa es la sensibilidad social y
la urgencia que el Partido Socialista ha mostrado con muchas
organizaciones no gubernamentales. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Por lo tanto, Senador Granado, vamos a intentar
hacer lo mejor para servir a la sociedad, no para servirnos de la
sociedad, y no haga a las organizaciones no gubernamentales entrar en una
guerra política que nunca han entendido y en la que ustedes jamás debían
haberlas metido.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--El señor Gangoiti Llaguno pide la palabra.)



La señora PRESIDENTA: ¿Desea intervenir, Senador Gangoiti, en virtud del
artículo 87? (Pausa.)
Tiene la palabra por cinco minutos.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias.

Voy a intervenir muy brevemente para responder al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Granado.

Ha dicho que le vamos a tener que soportar otros cuatro años, pero yo,
que he sido su compañero durante mucho tiempo en la Comisión de Economía
y Presupuestos, quiero decirle que no le vamos a tener que soportar, sino
que vamos a tener el placer de trabajar con usted, que ha sido siempre
--aunque discrepemos políticamente-- un gran Senador, un gran trabajador,
un gran parlamentario y, por lo tanto, le felicito por su reelección.

Asimismo, el Senador Granado ha dicho que estaba orgulloso de que no
estuviéramos con él en esta moción y creo que hay que desdramatizar el
tema porque, tal y como decía al final, hay que estudiarlo con
detenimiento.

Por un lado, se habla de las quejas de las organizaciones no
gubernamentales porque no reciben el dinero suficiente --y yo respeto ese
planteamiento-- pero, por otro lado, pido que se respete también mi
planteamiento de que desde la Iglesia Católica se considera que tampoco
es justo el sistema actual.

Por lo tanto, una cuestión tan importante no se debe ventilar en un
momento. Es interesante que el Grupo Parlamentario Socialista la haya
traído aquí, pero habrá que decidirlo por un amplio acuerdo de todas las
partes --quizá en una Ponencia--, porque acción social es tanto una mayor
atribución a las organizaciones no gubernamentales como una mayor
atribución a la Iglesia Católica.

Evidentemente, entramos en un problema de creyentes o agnósticos, en un
planteamiento en el que hay diversos sentimientos de la sociedad, pero,
al fin y al cabo, hay dos sensibilidades, y tendremos que buscar un
acuerdo entre las dos para llevar a cabo una reforma de esto.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gangoiti.

Vamos a proceder a la votación de la moción.




Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 94; en contra, 126; abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO POR



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LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2000, SE PRODUZCA UN INCREMENTO
IMPORTANTE DE LA INVERSION EN INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D), ASI COMO
ESTIMULOS FISCALES QUE ANIMEN LA INVESTIGACION EN LAS EMPRESAS, Y A
INTENSIFICAR LAS MEDIDAS CONDUCENTES A UNA MAYOR DESCENTRALIZACION EN LA
INVESTIGACION Y A LA CORRECCION DE LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES EN LA
ASIGNACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS (662/000192).




La señora PRESIDENTA: Moción del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió por la que se insta al Gobierno a que, en el proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, se produzca
un incremento importante de la inversión en investigación y Desarrollo
(I+D), así como estímulos fiscales que animen la investigación en las
empresas, y a intensificar las medidas conducentes a una mayor
descentralización en la investigación y a la corrección de los
desequilibrio territoriales en la asignación de los recursos públicos.

A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Para la defensa de la moción originaria, tiene la palabra, por un tiempo
de veinte minutos, el Senador Varela.




El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Esta, señorías, es una moción dedicada al Señor Granado. (Rumores.)



La señora PRESIDENTA: Un momento, señoría.

Ruego a sus señorías que ya que van a abandonar el hemiciclo lo hagan en
silencio, por favor. No se puede intervenir porque no se puede oír al
autor de la moción.

Ya puede continuar, Senador Varela.




El señor VARELA I SERRA: Es lástima porque acaba de marcharse el Senador
Granado, al cual dedico esta moción, porque es una moción progresista,
una moción presentada por nuestro Grupo en aras del desarrollo del país,
que se considera totalmente progresista, a pesar de lo que nos ha dicho
el Senador Granado, al cual también, en nombre de mi Grupo, felicito por
su reelección. Nos alegramos de que esté de nuevo entre nosotros en el
Senado.

El objetivo de esta moción, señorías, no es otro que el de concretar lo
sustanciado en el último Pleno de junio acerca de la investigación
científica y el desarrollo en España. Todos los que intervinimos en el
debate de aquella interpelación --Ministro incluido, por tanto--
estuvimos de acuerdo en que, si bien se había mejorado en este aspecto,
la realidad no era, desde luego, suficientemente satisfactoria, que era
necesario seguir haciendo esfuerzos en el ámbito de la investigación y
desarrollo.

Hubo en aquel diálogo, que no discusión, la promesa del Ministro de
llegar a un porcentaje del 1,2 por ciento del PIB al término del nuevo
Plan Nacional, esto es, en el año 2003. Asimismo, en los últimos meses ha
habido promesas de representantes del Gobierno de incluir en la ley de
acompañamiento a los nuevos presupuestos medidas que incentiven los
recursos destinados a I+D en las empresas, que es una de nuestras más
importantes carencias. Pero todo ello no es, hasta el momento, más que
palabras, y esta moción tiene el objeto de recordar al Gobierno en este
marco solemne la obligación que tiene de no permitir que este país quede
descolgado de los países punta en investigación y desarrollo.

A veces no nos damos suficientemente cuenta de la gravedad de la
situación, y por ello me permitido recordar que en el informe de la
Fundación COTEC, correspondiente al año 1999, se señala que Francia e
Inglaterra tenían 150.000 investigadores en 1995, y Alemania, en este
mismo año, 230.000, mientras que España en ese año tenía sólo 47.000.

Yo decía en la interpelación de junio, textualmente, lo siguiente: Hay
que reflexionar profundamente sobre lo que representan estas diferencias:
tres o casi seis investigadores ingleses o alemanes, respectivamente, por
cada uno de los españoles todos los días del año de todos los años. Al
final es demasiada diferencia. Esto es lo que decía en la interpelación.

De ahí nuestro apremio, nuestra insistencia al Gobierno para que no obvie
adoptar medidas pronto y eficazmente para paliar nuestro retraso. Los dos
primeros puntos de la moción van explícitamente en esta dirección.

El tercer punto se refiere a investigación y autonomías. Desde los
gobiernos autónomos ya se reconoce la necesidad de una determinada
coordinación de las investigaciones para evitar duplicidades y el mal uso
de los recursos públicos. Reconocemos esta necesidad, y en la exposición
de motivos hablamos de esta cuestión, pero vemos demasiado a menudo, y la
realidad lo demuestra, que no se reconocen suficientemente los beneficios
de la investigación descentralizada --que no quiere decir descontrolada,
insisto--, y tampoco el derecho constitucional de las autonomías a hacer
investigación, o al menos no se reconoce suficientemente con hechos.

En el Libro Blanco sobre el sistema español de innovación de la Fundación
COTEC se dice textualmente, y también lo cito, lo siguiente: En la
evolución favorable de la investigación en España a partir de los ochenta
ha influido significativamente el ingreso de España en la Comunidad
Europea en 1986 y la preocupación mostrada por los gobiernos autónomos. Y
aquí acaba esa cita.

Que esto lo diga una Fundación independiente nos merece todos los
respetos y es un reconocimiento al interés que tienen las autonomías por
la investigación, un interés demostrado y un deseo por aumentar la
importancia del volumen de esta investigación. De ahí deriva el tercer
punto de la moción.

Para aportar otro testimonio independiente, no parcial, les diré que el
Informe Mundial de la Ciencia de la Unesco manifiesta textualmente, entre
otras cosas, lo siguiente: La escala regional va ganando terreno a la
clásica nacional. Así, por ejemplo, en Alemania, los länder tienen un
papel importante en la financiación de los organismos públicos de
investigación y de apoyo a la tecnología. Igual sucede



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en los Estados Unidos, donde cada uno de los Estados da un apoyo
significativo a la tecnología.

Dicho Informe da relevancia a la importancia creciente de los pequeños
territorios para aumentar lo que se invierte y mejorar la eficacia de lo
invertido en la investigación.

En España todavía tenemos a veces la sensación de estar demasiado
inmersos en excesivas desconfianzas, debido, quizás, a algún tic
centralista, pero aún hay demasiados desequilibrios.

En la actualidad, por ejemplo, el 49 por ciento de los gastos en I+D en
el sector de la Administración Pública se concentra en la Comunidad de
Madrid cuando su aportación al PIB es tan sólo del 16 por ciento.

Cataluña, sin embargo, aporta al PIB el 19,4 por ciento --casi el 20 por
ciento--, y tiene una inversión de la Administración Pública para I+D tan
sólo del 12 por ciento.

Además de ello, se está produciendo un grave e injusto desequilibrio en
la ubicación de los grandes laboratorios, de los grandes centros de
investigación, tan necesarios. Nos parece muy bien --ya lo dije en la
interpelación de junio-- que esté aquí, en Madrid, el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas, que dirige el admirado profesor Barbacid,
cuyo presupuesto asciende a más de 3.000 millones de pesetas al año, pero
ya no nos gusta tanto que se siga retrasando la puesta en marcha del
Laboratorio de Luz de Sincrotón en Cataluña y, desde luego, nos parece
inaceptable que un instituto de investigación cardiovascular, que se
había acordado instalar en Cataluña, donde tan larga tradición tienen
esos estudios e investigaciones, ahora se nos diga que también se va a
instalar en Madrid, contando, además, con la aportación económica de las
distintas Comunidades Autónomas. Si se concretase esto, sería
absolutamente injusto y abusivo.

Por ello, presentamos el tercer punto de la moción para instar al
Gobierno a que vele porque se produzca un mejor equilibrio en España de
todos los recursos que se destinan a investigación y se incentiven los
esfuerzos territoriales en este ámbito.

Espero tener de sus señorías el apoyo a esta moción. Señor Granado,
espero que lo considere, y ahora que está aquí, vuelvo a felicitarle por
su presencia entre nosotros.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Varela.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Barahona
para la defensa de la enmienda.




El señor BARAHONA HORTELANO: Señora Presidenta, señorías, el pasado día
23 de junio, con motivo del debate sobre la interpelación acerca de la
política del Gobierno en relación a la investigación científica en
España, en el que compartimos con el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió la misma inquietud y manifestamos su
trascendencia y que, de alguna manera, ha dado lugar a la presente
moción, el Ministro Rajoy y el Grupo Parlamentario Popular adelantamos
las líneas maestras del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica para el cuatrienio 2000-2003.

Ese mismo día el Ministro de Educación y Cultura exponía el objetivo de
que el gasto en Investigación más Desarrollo llegara al 1,2 por ciento
del producto interior bruto en el año 2002 con una participación del 48
por ciento procedente del sector público y un 52 por ciento del sector
privado.

Casi de forma simultánea y justamente el día anterior, el día 22 de
junio, en el último debate sobre el estado de la Nación, el Presidente
Aznar destacaba la importancia que para su Gobierno tiene la
investigación científica y el desarrollo tecnológico como factor de
progreso, y se aprobaba una resolución, la número 23, presentada por los
Grupos Popular, Convergència i Unió y Coalición Canaria en la que entre
otros aspectos se establecía como objetivo en esta materia el incremento
gradual en el próximo cuatrienio de la inversión en I+D para lograr su
equiparación con el gasto medio de los países de la Unión Europea que se
encuentran cercanos al 2 por ciento del PIB. Además se incorporarían en
los presupuestos generales del Estado estímulos específicos de carácter
fiscal, financiero y administrativo a la innovación industrial y se
apoyaría a la investigación básica, al tiempo que se impulsaría una
cultura empresarial basada en la innovación y la capacidad tecnológica
competitiva, estableciéndose un marco normativo fiscal y financiero que
favoreciese la innovación. Pero fue tan sólo un mes después cuando,
precisamente, el pleno de la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología, en su reunión celebrada el pasado día 29 de julio, aprobó el
proyecto del ya aludido Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica, en el que se contienen todos y cada
uno de los aspectos que el Grupo Catalán de Convergència i Unió demanda
al Gobierno en la presente moción. Supongo que la lectura de este
documento produciría la satisfacción suficiente como para hacer
innecesaria la moción que nos ocupa porque las cuestiones planteadas
quedan rotundamente contestadas por el mismo.

El contenido de la moción consiste, en primer lugar, en instar al
Gobierno a que la ley de presupuestos generales del Estado del año 2000
se incremente de una manera importante hasta llegar cuanto antes al 1,2
por ciento del PIB. En segundo lugar, en este mismo proyecto de ley que
se introduzcan estímulos fiscales que animen eficazmente a la
investigación privada. Y el tercer punto consiste en intensificar la
descentralización investigadora para corregir los desequilibrios
territoriales de los recursos de I+D.

Básicamente asumimos el contenido de los tres puntos presentados por
Convergència i Unió, pero el segundo y tercero han sido objeto de
matización por parte de nuestro Grupo de manera que se ha traducido en
una enmienda que en este momento y en nombre del Grupo Popular defiendo
en esta tribuna.

Pero aunque comentaremos los tres puntos de la moción, quiero adelantar
que en relación al tercero de ellos, es decir, el referente a la
descentralización investigadora y corrección de desequilibrios
territoriales en la asignación de recursos, nuestra enmienda habla de
estimular los mecanismos



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de coordinación y cooperación entre las distintas administraciones
públicas en política de investigación, pero posteriormente hemos llegado
a un acuerdo, a una propuesta de modificación al punto tercero de la
moción, y creo que también ha sido suscrito por el resto de los Grupos,
en el sentido de acentuar los aspectos de colaboración entre el Gobierno
y las Comunidades Autónomas para mejorar la investigación que se realiza
en todo el Estado y su distribución territorial.

Las políticas de ciencia y tecnología constituyen un elemento primordial
en el desarrollo de las sociedades modernas porque estimulan la capacidad
de innovación de un país y estimulan su competitividad. En este plan, la
Administración General del Estado, además de fortalecer la investigación
básica, es decir la investigación que genera conocimientos, crea un clima
favorable para que las empresas se incorporen a la cultura de la
innovación tecnológica, estimulando la participación de la iniciativa
privada en I+D para invertir la tendencia descendente. Por ello, define
una estrategia global para todas las actuaciones públicas gestionadas por
los diferentes ministerios con competencias en I+D.

Históricamente, España posee un sistema de ciencia-tecnología-empresa
relativamente pequeño en relación con su posición económica, tanto en lo
que respecta al porcentaje del PIB dedicado a Investigación más
Desarrollo, que en el año 1997 era de 0,86 por ciento, como al número de
investigadores que en ese momento, en el año 1997, era de 3,3 por mil de
la población activa. La participación empresarial también es inferior a
la de los países de nuestro entorno, el 49 por ciento del gasto total,
por lo que la dependencia tecnológica es muy alta.

Para aumentar el tamaño se persiguen --y está contenido en este plan--
dos objetivos macroeconómicos: alcanzar en el 2003 un gasto equivalente
al 1,2 por ciento del PIB e incrementar la participación empresarial en
I+D hasta el 60 por ciento en ese mismo horizonte. El instrumento
presupuestario es la Función 54 que ya se ha duplicado entre los años
1996 y 1999, produciéndose un incremento entre el 1998 y el 1999 del 37
por ciento, con lo que en este año alcanza los 460.000 millones de
pesetas, casi medio billón de pesetas, lo que supone un 46,6 por ciento.

El escenario presupuestario del gasto en I+D se recoge en términos
porcentuales en unas tablas que están contenidas en el plan, de manera
que en el año 2000 se llegaría al 1,15 por ciento del PIB y en el 2003 al
ya referido 1,2 por ciento. En cuanto al gasto conjunto en I+D e
innovación tecnológica se ha previsto el objetivo del dos por ciento del
PIB en el año 2003, con una fuerte implicación del sector privado,
superando ese año el 76 por ciento, dado que la innovación tecnológica se
ejecuta fundamentalmente en la empresa.

Pero también contiene el plan instrumentos financieros concebidos para su
aplicación en función del grado de dificultad o riesgo técnico de las
actividades. Así se consideran las subvenciones, las subvenciones
concurrentes, los créditos reembolsables a nulo o bajo interés,
reafianzamientos del crédito, participación en capital y fondos de
coinversión para consolidar empresas, todos ellos asociados a
convocatorias públicas, por supuesto.

Adicionalmente se incorporan medidas fiscales, como son los certificados
y las evaluaciones de I+D e innovación realizados, por supuesto, con
criterios uniformes para aprovechar de manera eficiente las
desgravaciones fiscales contempladas en el actual Impuesto sobre
Sociedades.

Finalmente, uno de los objetivos del plan es avanzar en la identificación
de procedimientos concretos de cooperación con las Comunidades Autónomas
a través del Consejo General de la Ciencia y la Tecnología mediante el
establecimiento de acuerdos marco. El acuerdo marco es el medio por el
cual se establecen mecanismos para poder llegar a la debida cooperación
entre la Administración Central y la Administración periférica, además
del adecuado intercambio de información entre el sistema nacional y
sistemas regionales tendentes a analizar prioridades y establecer
previsiones presupuestarias en el plan nacional y planes regionales, de
manera que se eviten las duplicidades y se llegue a una armonía entre los
planes regionales, y los planes regionales entre sí, con el plan nacional
al que acabo de aludir en este momento.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Barahona.

¿Desea intervenir el representante del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, autor de la moción originaria?
Tiene la palabra el Senador Varela.




El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Intervendré con brevedad para agradecer al Senador Barahona su
cordialidad y su interés en llegar a un acuerdo en los puntos principales
de la moción porque estuvimos de acuerdo en la idea esencial en la
interpelación. Agradezco a su Grupo especialmente y también a los demás
grupos el haber aceptado firmar esa tercera enmienda transaccional para
poder llegar a un acuerdo sobre una cosa importante, que es que todo el
Senado inste al Gobierno a impulsar acciones en aras de una mayor
inversión en investigación en España.

Por tanto, aceptamos su enmienda que dice esencialmente lo mismo que
nuestro punto número 2, que trata de incentivar a las empresas, a través
de la ley de acompañamiento, con estímulos fiscales. Como ya se ha
indicado repetidamente, es una carencia muy importante que tenemos en
España. Las empresas aún no invierten suficientemente en I+D y esto es un
defecto que hay que corregir.

Deseo expresar nuestro agradecimiento por el feliz final de esta moción y
esperemos que, como usted ha pronosticado, señor Barahona, la lectura del
texto del documento del Plan Nacional nos satisfaga, pero sobre todo
esperamos que el Gobierno concrete en medidas los dos puntos iniciales de
la moción, y que el tercero se plasme en una nueva política generosa de
mirada alta respecto a que todos tenemos derecho a investigar en España,
todos queremos



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hacerlo y si podemos hacerlo bien, la investigación en España será mejor.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Varela.

Turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, el Senador Albistur tiene la palabra por
tiempo de diez minutos.




El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta, procuraremos
ajustarnos al tiempo.

Después de este magnífico recordatorio de buenas voluntades que han
tenido los representantes del Grupo Parlamentario Popular y de
Convergència i Unió, que nos ha presentado la moción, a lo mejor mi
discurso introduce un debate que creo que es necesario porque las cosas
no son tan cómodas como parecen.

Convergència i Unió nos tiene acostumbrados a presentar unos temas muy
interesantes que conviene que sean debatidos. Nosotros solemos utilizar
otro camino: reclamamos las competencias. Reclamamos las competencias
porque además, en la práctica, nuestras instituciones públicas,
diputaciones y Gobierno Vasco, están consiguiendo en estos últimos años
que el gasto que existe en Investigación y Desarrollo en el País Vasco
alcance la media, en relación al producto interior bruto, de la Unión
Europea. Estamos en el 1,2 del producto interior bruto, pero con un
esfuerzo enorme realizado por el sector público y el sector privado. Yo
debería reconocer, y lo haré testimonialmente en este caso, que en una
cooperación entre instituciones públicas del Estado e instituciones
públicas de las Comunidades Autónomas es posible llegar a mayores grados
de eficiencia que a una simple dotación de recursos.

Me parece oportuna la moción presentada por Convergència i Unió porque
considero que en estas Cámaras no se trata con el suficiente tiempo,
rigor y dedicación y con la suficiente serenidad estos temas. Vivimos en
medio de una sociedad que es poco innovadora y poco investigadora, donde
el valor de la excelencia, el valor de la calidad y el valor del saber
científico por sí mismos aumentan muy poco en relación al desarrollo que
la sociedad experimenta.

El Estado presenta además un retraso importante en relación a Europa, en
la cual está inmerso, y si miramos hacia dentro, las diferencias
regionales en materia de investigación científica y tecnológica y en
materia de innovación, todavía es más grave. Actuamos como país en vías
de desarrollo, y éste es un hecho que hay que reconocer. Somos más
demandantes de patentes en el exterior que patentadores de innovaciones,
y eso es una constatación que se puede ver en cualquier estadística.

Estamos precisamente en una situación donde el eco de aquello de «que
inventen otros» sigue siendo todavía una realidad.

A nuestro modo de entender y al del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos esta moción no puede dejar tranquilos a algunos grupos políticos
responsables del Gobierno ni puede suplir iniciativas que han quedado en
el cajón, como esta ley. Una ley de fomento de la innovación industrial
que fue en su día elaborada por el Ministerio de Industria, que fue
repartida entre los diferentes Grupos para que aportáramos nuestras
opiniones, y así lo hicimos, pero que ni siquiera ha sido presentada a un
Consejo de Ministros, y mucho menos a los grupos parlamentarios para su
debate en las Cámaras correspondientes. Una ley de innovación que no
puede ser sustituida por los contenidos que allí se buscaban por un
artículo que se introduzca en la próxima ley de acompañamiento de los
presupuestos. No se trata simplemente de incrementar más los recursos.

Debe haber un tratamiento legal previo debate, previo discurso y previa
presentación en esta Cámara de los planes, medidas y recursos que
entonces hay que destinar por la vía directa o por la vía indirecta de la
ayuda fiscal para que verdaderamente incentivemos a la sociedad para
investigar y para invertir en investigación y desarrollo. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Hay que movilizar a
la sociedad, como decía la exposición de motivos de la ley: En el marco
de la presente Ley --se decía entonces-- se establecerá un entorno
económico e institucional favorable para que la innovación sea una
actitud que impregne la actividad industrial. No lo decíamos nosotros,
sino el Ministerio de Industria, pero estamos de acuerdo. El presupuesto
básico para la toma de decisiones innovadoras por los agentes económicos
se encuentra en la existencia de un entorno macroeconómico favorable de
crecimiento y estabilidad de precios. La moderación del crecimiento de
los precios, de los factores y de los productos, de unas finanzas
públicas saneadas que conduzcan al mantenimiento de unos tipos de interés
favorecedores de inversiones productivas y de resultados innovadores son
el presupuesto principal de una política en esta materia. Y continuaba.

Por último, un aspecto necesario en el proceso continuo de apertura de
nuestra economía será facilitar la cooperación interempresarial, así como
la cooperación entre las empresas y otros agentes públicos y privados
especialmente relacionados con la innovación industrial. Esta faceta de
la cooperación tiene una especial trascendencia respecto también a los
lazos que se podrán establecer con empresas y agentes de otros países.

Creemos que el acuerdo al que llegamos hoy queda hurtado porque queda
oculto. El próximo artículo que se introduzca en la ley de acompañamiento
no va realmente a solucionar el problema, aunque bienvenido sea si
verdaderamente contribuye a la mejora de los contenidos de la
investigación, a incentivarla y, sobre todo, si es por la vía fiscal que,
a nuestro juicio, es muy eficaz.

Como he dicho, vamos a apoyar la moción. No nos queda otro remedio. Vamos
a apoyar al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i
Unió porque, insisto, su iniciativa nos parece muy oportuna e
interesante. Pero, señores del Grupo Parlamentario Popular, trabajemos
bien el proyecto de la ley de acompañamiento de los presupuestos del
Estado para que hagamos algo eficaz en nuestra sociedad.

Respecto a la enmienda, nos parece que el consenso de todos los Grupos ha
introducido elementos que, como decía al principio, deben ser
contemplados. Nos gusta incrementar



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la colaboración entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas con el
propósito de mejorar la investigación que se realiza en todo el Estado y
su distribución territorial que, como he dicho anteriormente, es
excesivamente desigual. Esperemos que llegue ese proyecto de ley de
acompañamiento, estaremos atentos porque nos interesa que este tema sea,
además de un debate presupuestario, una solución eficaz para nuestra
sociedad.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.

Tiene la palabra el Senador Varela.




El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor Presidente.

No pensaba intervenir, pero el señor Albistur ha hecho un discurso muy
interesante y en cierta manera incitaba al debate. Sólo quiero decir un
par de cosas.

En primer lugar, señor Albistur, el hecho de que nuestro grupo
parlamentario a menudo escoja, aunque no únicamente, el camino de
presentar propuestas no quiere decir que dejemos de reclamar las
competencias que nos pertenecen. No quiere decir esto. Seguimos
reclamando las que creemos que nos pertenecen. Pero, mientras tanto,
pensamos que la presentación de mociones es una vía correcta para instar
al Gobierno a que cumpla con mayor eficacia aquello que quizá él ya haría
por sí mismo.

En segundo lugar, en cuanto a su reflexión acerca de que estamos en un
país en vías de desarrollo en el campo de la investigación, ya hemos
dicho que se ha mejorado mucho en I+D en los últimos años, pero creo que
de las diversas intervenciones ha quedado muy claro que ese esfuerzo es
insuficiente. Por tanto, la moción tiene ese interés.

Por otro lado, estoy completamente de acuerdo con su afirmación acerca de
que aprobar esta moción no nos puede dejar tranquilos. Efectivamente, no
debe dejar tranquilo a nadie: ni al Gobierno, ni a los grupos políticos
que representamos a una parte de los electores del país. Y también estoy
completamente de acuerdo con que es necesaria la ley de innovación
industrial. Pero el hecho de que se presente esta moción no obsta para
que en su momento sigamos reclamando dicha ley, entre otras cosas --como
ya se ha dicho--, para movilizar a la sociedad en torno a la
investigación.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Varela.

Tiene la palabra el Senador Lissavetzky.




El señor LISSAVETZKY DIEZ: Gracias, señor Presidente.

Senador Varela, nosotros vamos a votar favorablemente esta moción, así
como la enmienda transaccional propuesta por todos los grupos y derivada
del Grupo Popular. Pero no lo vamos a hacer porque la consideremos
progresista, sino porque nos parece de sentido común. Porque para saber
si algo es progresista --y usted se ha referido al Senador Granado-- hay
que saber cómo se va a aplicar y lo que hay detrás, y el problema que en
estos momentos presenta esta moción es que tiene un carácter muy general.

Por tanto, aun considerando esta moción oportuna, como también lo fue en
su momento la interpelación --y así se lo reconocí--, evidentemente,
hasta que no se sepa cómo se va a llevar a cabo lo que en ella se plantea
--y alguna cosa diré ahora al respecto-- no sabremos si será o no
progresista.

En la citada interpelación el Grupo Socialista habló de que en nuestra
opinión existían unos problemas en el sistema ciencia-tecnología que
tenían que ver con la descoordinación y con un cierto grado de
desconcierto, y que a estos problemas --llamémosles estructurales-- se
sumaban otros que tienen que ver con un insuficiente gasto en I+D, con el
hecho de que en los últimos años haya un porcentaje muy importante de
gastos de I+D que están ligados al Ministerio de Defensa --y no tenemos
nada en contra de ello--: aviones de combate, fragatas, carros de
combate, etcétera. Hágase así, pero eso a veces enmascara las cifras
reales de inversión pública en I+D. Esa es una realidad. Por tanto,
cuando veamos el proyecto de presupuestos que nos presenta el Gobierno
podremos saber si esta moción se está aplicando o no de modo progresista.

Ahí tenemos una seria duda.

Decíamos también que existe un déficit de la balanza tecnológica --creo
que éste es uno de los principales problemas--, y que además hay una
falta de políticas hacia el personal, tanto para los investigadores que
se están formando en el extranjero, como sobre todo para aquellos que
posteriormente tienen una gran dificultad para acceder a un puesto de
trabajo en las empresas.

Creo que todo ello es un resumen de lo que comentábamos entonces. Por
tanto, insisto en que al presentar esta moción actúa usted oportunamente
en algunos aspectos que no tienen vuelta de hoja.

¿Quiere o no el Grupo Socialista que se incrementen los gastos en nuestro
país para la investigación científica y el desarrollo tecnológico? Así
es. Sin embargo, no voy a entrar en el horizonte del 1,2 porque, por los
datos de que se disponen, que vienen reflejados en la prensa, no sé si
podremos echar las campanas al vuelo cuando veamos realmente por dentro
cuál es la estructura de los gastos de I+D en los próximos presupuestos.

Habrá que estudiar bien el IV Plan Nacional. Y aunque, como le dije aquí
al señor Ministro, se ha quedado corta la previsión del Partido Popular,
que en su programa planteaba un crecimiento hasta el 2 por ciento del PIB
--no pasa nada, cuanto más lo aumentemos, mejor--, si llegamos ahí, bueno
será.

Vamos a votar que sí al primer punto porque nos parece lógico, razonable
y sensato que se haga un esfuerzo para que aumente el gasto en I+D.

El segundo apartado tiene que ver con que haya --digámoslo claramente--
una mayor participación del sector productivo, del sector privado, de las
empresas industriales en gastos de investigación y desarrollo. Estamos
absoluta y totalmente de acuerdo. Yo creo que realmente el gasto que se
está haciendo es insuficiente y desde las administraciones



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públicas tendremos entre todos que ser capaces de generar los
instrumentos que creamos adecuados para conseguir que esas empresas se
animen a la hora de invertir en I+D; existe un retraso tecnológico en
España y tenemos que buscar esa convergencia con los países
desarrollados.

¿Cuáles pueden ser esos instrumentos? Unos incentivos fiscales. Por
tanto, repito, estamos también de acuerdo con el segundo punto. Lo que
ocurre es que para saber si son progresistas o no nos gustaría ir un poco
más allá. El Grupo Parlamentario Socialista presentamos en el Congreso de
los Diputados a finales de junio una proposición no de ley donde se
hablaba, ya más concretamente, de esos incentivos fiscales. Hablamos --y
ésta es la posición que mantiene este Grupo en el Senado-- de que se
debía de ampliar el catálogo vigente de actividades de I+D empresariales,
es decir, que pudieran ser financiadas con un número mayor de actividades
lo que se consideraba como I+D dentro de las empresas. Hablábamos también
de la creación de una agencia nacional de evaluación de proyectos y
programas de I+D empresarial, que nos parece fundamental a la hora de
poder calificar, acreditar, certificar estos proyectos empresariales y
que puedan asimismo, por lo tanto, acceder a esas mejoras fiscales que
están planteando.

Decíamos que había que elevar el límite de las deducciones fiscales
dentro del Impuesto de Sociedades desde del 35 por ciento hasta el 50 por
ciento, así venía en la proposición no de ley. Hablábamos asimismo de
crear una reserva o fondo para actividades de innovación empresarial, y
aquellas empresas que aportaran esos fondos deberían considerarse, por
tanto, como gasto deducible para el cálculo de la base imponible del
Impuesto de Sociedades.

Por último, también planteábamos un incentivo fiscal para aquellas
empresas que contrataran personal que tuviera una cualificación dentro
del sistema de ciencia y tecnología, dentro de esas políticas de
investigación y desarrollo.

Por tanto, estamos de acuerdo con eso que usted plantea, pero nos
gustaría --y quizá éste no sea el momento que estuviera más desarrollado.

Por eso --también hago aquí un comentario--, reivindicamos --y salió
publicado en la prensa-- que en ese momento coincidíamos, aunque él lo
dijo después, con el Presidente del Gobierno que cuando visitó el parque
tecnológico en Boecillo, en Valladolid, hizo con respecto a estos
estímulos fiscales unas propuestas que eran prácticamente similares a las
que había presentado con anterioridad el Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso, una proposición no de ley del 29 de junio. Pero me alegro
de que en estos temas... (Rumores.) Tranquilidad, señorías del Grupo
Parlamentario Popular; si yo me alegro de que en estos temas al final
reflexionemos conjuntamente, y si el Presidente del Gobierno es capaz de
recibir una proposición no de ley, estudiarla, reflexionar sobre ella y
aceptar lo que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, nosotros, para
que avance nuestro país, estamos encantados; no pasa absolutamente nada;
ésa es la realidad. Pero nosotros lo presentamos antes, con lo cual, esta
moción que usted plantea me parece interesante, pero habría que
desarrollarla más y creemos que la línea que estamos indicando es la
adecuada o creemos que es una de las más adecuadas.

Hay un tercer aspecto que tiene que ver con lo que podíamos denominar
corrección de desequilibrios territoriales. Yo estaba dispuesto, así como
mi Grupo, a votar favorablemente, tal y como usted planteaba la moción,
Senador Varela, que nos parecía que era razonable. Pero he de decirle una
cosa: me ha extrañado de alguna manera su intervención. Yo creo que venir
a esta Cámara, lo digo con el máximo respeto, no diré yo a enfrentar,
pero sí a hacer comparaciones de Cataluña con la Comunidad Autónoma de
Madrid, me parece que no es lo más adecuado cuando además se intenta
buscar un consenso. A mí me hubiera gustado escucharle a usted no hablar
solamente de Cataluña, porque es cierto que la Comunidad Autónoma de
Madrid, por razones históricas, tiene un porcentaje muy importante de
inversión en I+D, pero si se es progresista me gustaría que usted hubiera
hablado aquí, no exclusivamente de Cataluña --porque yo podría hablar de
algunas cosas que han beneficiado a Cataluña, como financiación sanitaria
en comparación con Madrid, etcétera--, sino que usted también hubiera
citado a otras regiones que realmente son las que necesitan más ese
reequilibrio, como pueden ser Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha
o Castilla y León. Por tanto, a mí personalmente, cuando ha hecho usted
esa comparación sobre si un centro cardiovascular que se iba a poner en
Cataluña ahora se iba a poner en Madrid, etcétera, he de decirle que no
creo que eso sea el meollo de la cuestión.

Yo sí creo que hay que avanzar en esa coordinación que tiene que haber
con las Comunidades Autónomas. Y en esta misma tribuna, con motivo de la
interpelación, le dije al Ministro que había ocurrido un hecho muy
negativo, y es que en tres años --y es cierto que no estaba el señor
Rajoy como Ministro de Educación y Cultura-- no se había reunido ni una
sola vez el Consejo General de la Ciencia y la Tecnología. Yo, como ex
Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, he asistido muchas
veces al citado Consejo, que se reunía con cierta periodicidad porque era
el órgano de encuentro entre las Comunidades Autónomas y la
Administración Central. Si durante tres años no se ha reunido ninguna
vez, me parece bien que vengamos aquí a reclamar mayor coordinación, me
parece perfecto, pero --como le dije al Ministro-- esperaba que, con
motivo del IV Plan Nacional, se reuniera de nuevo.

Es fundamental, por lo tanto, que hagamos ese esfuerzo para potenciar la
coordinación y no tanto para disminuir o eliminar ese agravio comparativo
buscando dónde se pone un centro u otro. Tengamos en cuenta lo que, a mi
modo de ver, es progresista, que es la solidaridad con el conjunto de las
regiones de España y veamos cómo conseguimos que las inversiones que se
hacen en I+D, que queremos que vengan al sector público y que aumenten
desde el sector privado, sean lo más eficientes posible para el
desarrollo de nuestro país.




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Por lo tanto, y termino ya, este debate era interesante y necesario. Creo
que debemos seguir profundizando, máxime cuando seguimos con nuestras
lógicas dudas sobre cómo se aplicará lo que aquí aprobamos.

No tenemos ningún inconveniente o complejo en entrar en un consenso con
toda la Cámara, más bien nos parece interesante. Obviamente, lo que sí
pediríamos al Gobierno es que haya flexibilidad, audacia, imaginación y
valentía para acometer un tema tan trascendente para nuestro país como es
el de la investigación y desarrollo.

Nada más y muchas gracias. (El señor Varela i Serra pide la palabra. )



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Lissavetzky.

¿Por qué artículo me pide la palabra su señoría?



El señor VARELA I SERRA: Por el 87, señor Presidente. Le ruego me conceda
un minuto.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene medio minuto, señoría.




El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias.

Quiero agradecer la intervención del señor Lissavetzky, que considero muy
eficaz.

Realmente, tiene razón; yo sólo he puesto ejemplos de Cataluña porque es
lo que conozco, y he hablado de lo que conozco. Pero el texto de la
moción que presentábamos, señorías, hablaba de la corrección de los
desequilibrios territoriales en España, y, por tanto, hablamos para
todos. Quizá no he sido afortunado al poner los ejemplos, pero sepan que
la intención de nuestras propuestas nunca van dirigidas únicamente a
Cataluña.

Muchas gracias. (El señor Barahona Hortelano pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.

Senador Barahona, tiene la palabra.




El señor BARAHONA HORTELANO: Gracias, señor Presidente.

Intervengo brevemente para expresar, en nombre del Grupo Popular, nuestra
satisfacción por el grado de consenso alcanzado en este tema, lo cual
denota una gran generosidad parlamentaria. También queremos agradecer el
tono constructivo de todas las intervenciones.

Realmente, hay unanimidad entre todos los grupos de esta Cámara a la hora
de destacar la trascendencia que tiene el tema de la investigación y
desarrollo como factor de progreso, y por supuesto que es un tema
progresista.

Simplemente quiero señalar que el plan recientemente aprobado por la
Oficina de Ciencia y Tecnología, el Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, puede contestar más
pormenorizadamente a muchos de los interrogantes que se han planteado
aquí.

Es un Plan muy minucioso que contempla muchas de las cuestiones que se
han expuesto aquí, pero sería tremendamente aburrido comentarlas en este
momento. Tan sólo voy a apuntar que el Plan obedece a una estrategia
vertebradora, armonizando las políticas científicas de las
administraciones autonómicas con las de la Administración General del
Estado. Por tanto, se trata de un proyecto solidario entre el Estado y
las Comunidades autónomas de modo que contribuya a la potenciación de las
menos desarrolladas.

El Senador Lissavetzky ha vertido algunas dudas en el sentido de que cree
que este plan nacional puede ser una simple declaración de principios. No
es así. Es un plan muy exhaustivo que tendrá oportunidad de examinar en
breve.

Se contemplan las cifras de inversión, que para los próximos años no
suponen exclusivamente el objetivo del 1,2 por ciento del PIB referido al
gasto de investigación y desarrollo, sino que también se traza como
objetivo el 2 por ciento del PIB en investigación, desarrollo e
innovación tecnológica. Por lo tanto, entre los objetivos contemplados
por el plan está llegar al 2 por ciento en investigación, desarrollo e
innovación tecnológica.

Efectivamente, Senador Lissavetzky, no vamos a luchar por ningún «copy
right». Considero que lo importante es que las cosas salgan adelante.

En cuanto a las referencias localistas que se han dado, debo decir que la
investigación es algo más trascendente que una consideración aldeana
porque estamos en un mundo globalizado y si hay alguna cosa que
efectivamente trasciende los localismos es la investigación.

Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Lissavetzky Díez pide la
palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Barahona.

Senador Lissavetzky, tiene la palabra por tiempo de medio minuto.




El señor LISSAVETZKY DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Muy brevemente, deseo unirme a este clima de consenso y de
felicitaciones. Acepto la explicación que ha dado el Senador Varela y se
la agradezco. Ahora bien, como el Senador Barahona me ha citado, quiero
simplemente refrescarle la memoria. Sepa usted, Senador Barahona, que en
el programa del Partido Popular se hablaba de llegar al 2 por ciento del
PIB en investigación científica y desarrollo tecnológico. Ustedes van a
llegar al 1,2 por ciento. Si usted le añade la innovación, llegamos al 2,
pero no se hagan ustedes trampas en el solitario.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Propongo a la Cámara que el texto de la moción, con la enmienda
incorporada, sea aprobada por asentimiento.

¿Puede considerarse aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada.




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DICTAMENES DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES:



--EN RELACION CON LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES DON MANUEL ATENCIA ROBLEDO,
DOÑA BEATRIZ CARO NIETO, DON JOSE MARTIARENA LIZARAZU Y DOÑA ASCENSION
PASTOR PARRES (542/000016).




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): E1 último punto del orden del día
también es un tema progresista, como todos los que hemos tratado esta
tarde, que es el dictamen de la Comisión de Incompatibilidades.

Tiene la palabra el Senador Rodríguez Gómez.




El señor RODRIGUEZ GOMEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, con la mayor brevedad, como Presidente de la Comisión de
Incompatibilidades tengo el honor de presentar a este Pleno el dictamen
aprobado por la Comisión de Incompatibilidades en relación con los
excelentísimos señores don Manuel Atencia Robledo, doña Beatriz Caro
Nieto, don José Martiarena Lizarazu y doña Ascensión Pastor Parrés.

Se trata de un dictamen de lista y, por lo tanto, no propone
incompatibilidad alguna respecto a los Senadores. Todos ellos han sido
designados por sus respectivas Asambleas legislativas, Asamblea de Ciudad
Autónoma en el caso de la Senadora Caro Nieto.

La Ponencia constituida en la Comisión examinó con todo detenimiento la
declaración formulada por los señores Senadores requiriendo en algunos
casos las aclaraciones y documentación complementaria que estimó
oportuno.

En su día propuso a la Comisión la aprobación de un dictamen favorable y
así lo hizo ésta en su sesión del día 15 de junio de 1999. Este dictamen
se ha publicado en el Boletín de la Cámara, Serie I, número 703, de 25 de
junio, y, por lo tanto, es conocido por todas sus señorías.

Como dice el propio dictamen, su aprobación fue unánime en la Comisión.

Por lo tanto, solicito de todas sus señorías la aprobación de este
dictamen al no existir causa alguna de incompatibilidad en los Senadores
que se mencionan.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Rodríguez.

¿Puede considerarse aprobado el dictamen por asentimiento? (Pausa.)
Por lo tanto, queda aprobado el dictamen emitido por la Comisión de
Incompatibilidades en los términos en que aparece publicado en el
«BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES», Senado, Serie I, número 703,
de fecha 25 de junio de 1999.

El Pleno de mañana empezará a las 9,30 horas.

Se levanta la sesión.




Eran las veinte horas y cincuenta y cinco minutos.