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DS. Senado, Pleno, núm. 80, de 25/03/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Núm. 80
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 25 de marzo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De don Salvador Capdevilla i Bas, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre los criterios que piensa adoptar el
Gobierno para la creación de los nuevos Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo prevista para 1998 (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 415, de fecha
23 de marzo de 1998) (Número de expediente 680/000459).
--De don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si el Gobierno va a adoptar alguna decisión con
respecto a la queja presentada a la Ministra de Justicia por el
Presidente de la Diputación Provincial de Lugo, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo por la Fiscalía (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 415, de fecha
23 de marzo de 1998) (Número de expediente 680/000463).
--De don José María Fuster Muniesa, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones que tiene el Ministerio del Interior para
la construcción de un acuartelamiento para las fuerzas de la Guardia
Civil en Montalbán (Teruel) (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 415, de fecha 23 de marzo de
1998) (Número de expediente 680/000472).
--De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si piensa modificar el Ministerio de Sanidad y Consumo
el Convenio firmado con Farmaindustria el pasado mes de enero (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
415, de fecha 23 de marzo de 1998) (Número de expediente 680/000465).
--De doña Francesca Martín i Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre el órgano de la administración que ha homologado los Terminales
Autónomos de Identificación de Recetas (TAIR) (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 415, de fecha
23 de marzo de 1998) (Número de expediente 680/000466).
--De doña Josefa Luzardo Romano, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si ha puesto en marcha el Gobierno, dentro del Plan
Integral de Atención a la Mujer, el programa para establecer cuidados
específicos en la menopausia (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 415, de fecha 23 de marzo de
1998) (Número de expediente 680/000468).
--De don Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las actuaciones que está desarrollando el Gobierno en
relación a los cuidados paliativos (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 415, de fecha 23 de marzo
de 1998). (Número de expediente 680/000469).
--De doña Pilar Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el
estado de las negociaciones entre el Ejecutivo y el Gobierno de las Islas
Baleares con respecto a la gestión de la Reserva Natural de las Salinas
de Ibiza (Ses Salines) y de Formentera (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 415, de fecha 23 de
marzo de 1998) (Número de expediente 680/000458).
--De doña María Antonia Martínez García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el nuevo calendario que tiene previsto el Gobierno en
materia de política hidrológica (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 415, de fecha 23 de marzo de
1998) (Número de expediente 680/000464).
--De don Manuel Lorenzo Blasco Nogués, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno para el inicio
de los estudios relativos a la plataforma logística del Aeropuerto de
Zaragoza (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 415, de fecha 23 de marzo de 1998) (Número de
expediente 680/000470).
--De don Félix Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los controles que está llevando a cabo el Gobierno con respecto al
traslado de cerdos procedentes de la provincia de Segovia hasta la
provincia de Soria (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 415, de fecha 23 de marzo de 1998)
(Número de expediente 680/000461).
--De doña Eloísa Fernández Valenzuela, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para
dar cumplimiento al acuerdo unánime adoptado por el Pleno de esta Cámara
en relación con la reducción de las cotizaciones empresariales a la
Seguridad Social que afecten a los contratos de interinidad para
sustituir a trabajadoras o trabajadores cuya relación laboral se
encuentre suspendida por maternidad (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 415, de fecha 23 de marzo
de 1998) (Número de expediente 680/000462).
--De don Joaquim Vidal i Perpiñá, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la valoración del Ministerio de
Economía y Hacienda con respecto a la relación que guardan las comisiones
que aplican las entidades financieras y los emisores de tarjetas de
crédito con el descenso a la baja producido durante los tres últimos años
por los tipos de interés (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 415, de fecha 23 de marzo de 1998)
(Número de expediente 680/000460).
--De don Roberto Soravilla Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre la situación en que se encuentra el Convenio firmado por
el Ministerio de Educación y Cultura, la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid para la creación del Consorcio del Plan de
Rehabilitación de Teatros de Madrid (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 415, de fecha 23 de marzo
de 1998) (Número de expediente 680/000467).
--De doña María Cruz Rodríguez Saldaña, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las nuevas implantaciones que tiene previsto
desarrollar el Gobierno en la formación profesional inicial reglada, en
sus distintas modalidades de ciclos formativos de grado medio, superior y
garantía social en la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el
próximo curso 1998-99 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 415, de fecha 23 de marzo de 1998)
(Número de expediente 680/000471).
Segundo
Interpelaciones:
--De doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los efectos que, en materia de inversiones públicas en
infraestructuras, ha supuesto la aplicación del modelo de financiación
extrapresupuestaria
de pago aplazado (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 415, de fecha 23 de marzo de 1998)
(Número de expediente 680/000074).
--De don Pedro Rodríguez Cantero, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de
oliva (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie I, número 415, de fecha 23 de marzo de 1998) (Número de expediente
680/000076).
Tercero
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley General de
Telecomunicaciones. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
II, número 70, de fecha 23 de marzo de 1998) (Número de expediente S.
621/000070) (Número de expediente C. D. 121/000072).
--De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de ley de Residuos. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 71, de fecha 23 de marzo de
1998 (Número de expediente S. 621/000071) (Número de expediente C. D.
121/000078).
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
PREGUNTAS (Página 3594)
Del don Salvador Capdevila i Bas, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre los criterios que piensa adoptar el
Gobierno para la creación de los nuevos Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo prevista para 1998 (Página 3594)
El señor Capdevila i Bas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Capdevila i Bas. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si el Gobierno va a adoptar alguna decisión con
respecto a la queja presentada a la Ministra de Justicia por el
Presidente de la Diputación Provincial de Lugo, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo por la Fiscalía (Página 3595)
El señor Varela Flores formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela Flores. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De don José María Fuster Muniesa, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones que tiene el Ministerio del Interior para
la construcción de un acuartelamiento para las fuerzas de la Guardia
Civil en Montalbán (Teruel) (Página 3596)
El señor Fuster Muniesa formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja).
De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si piensa modificar el Ministerio de Sanidad y Consumo
el Convenio firmado con Farmaindustria el pasado mes de enero (Página 3597)
El señor Zamorano Vázquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Zamorano Vázquez. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay
Beccaría).
De doña Francesca Martín i Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre el órgano
de la administración que ha homologado los Terminales Autónomos de
Identificación de Recetas (TAIR) (Página 3599)
La señora Martín i Vigil formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Martín i Vigil. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay
Beccaría).
De doña Josefa Luzardo Romano, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si ha puesto en marcha el Gobierno, dentro del Plan
Integral de Atención a la Mujer, el programa para establecer cuidados
específicos en la menopausia (Página 3601)
La señora Luzardo Romano formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).
De don Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las actuaciones que está desarrollando el Gobierno en
relación a los cuidados paliativos (Página 3603)
Esta pregunta no se formula por enfermedad del señor Senador.
De doña Pilar Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el estado
de las negociaciones entre el Ejecutivo y el Gobierno de las Islas
Baleares con respecto a la gestión de la Reserva Natural de las Salinas
de Ibiza (Ses Salines) y de Formentera (Página 3603)
La señora Costa Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Costa Serra. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino
Biscarolasaga).
De doña María Antonia Martínez García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el nuevo calendario que tiene previsto el Gobierno en
materia de política hidrológica (Página 3604)
La señora Martínez García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Martínez García. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino
Biscarolasaga).
De don Manuel Lorenzo Blasco Nogués, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno para el inicio
de los estudios relativos a la plataforma logística del Aeropuerto de
Zaragoza (Página 3606)
El señor Blasco Nogués formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).
De don Félix Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los controles que está llevando a cabo el Gobierno con respecto al
traslado de cerdos procedentes de la provincia de Segovia hasta la
provincia de Soria (Página 3607)
El señor Lavilla Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Lavilla Martínez. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentación (De Palacio-Lersundi).
De doña Eloísa Fernández Valenzuela, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para dar
cumplimiento al acuerdo unánime adoptado por el Pleno de esta Cámara en
relación con la reducción de las cotizaciones empresariales a la
Seguridad Social que afecten a los contratos de interinidad para
sustituir a trabajadoras o trabajadores cuya relación laboral se
encuentre suspendida por maternidad (Página 3608)
La señora Fernández Valenzuela formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Arenas Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora
Fernández Valenzuela. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra).
De don Joaquim Vidal i Perpiñá, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la valoración del Ministerio de
Economía y Hacienda con respecto a la relación que guardan las
comisiones que aplican las entidades financieras y los emisores de
tarjetas de crédito con el descenso a la baja producido durante los tres
últimos años por los tipos de interés.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don Roberto Soravilla Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la situación en que se encuentra el Convenio firmado por el
Ministerio de Educación y Cultura, la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid para la creación del Consorcio del Plan de
Rehabilitación de Teatros de Madrid.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De doña María Cruz Rodríguez Saldaña, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las nuevas implantaciones que tiene previsto desarrollar
el Gobierno en la formación profesional inicial reglada, en sus distintas
modalidades de ciclos formativos de grado medio, superior y garantía
social en la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el próximo curso
1998-99.
Esta pregunta ha sido aplazada.
INTERPELACIONES (Página 3610)
De doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los efectos que, en materia de inversiones públicas en
infraestructuras, ha supuesto la aplicación del modelo de financiación
extrapresupuestaria de pago aplazado (Página 3610)
La señora Pleguezuelos Aguilar realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado
y Montalvo). Vuelve a intervenir la señora interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el
Grupo Mixto; Cambra y Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y Alierta Izuel, por el Grupo Popular. Cierra el
debate el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).
De don Pedro Rodríguez Cantero, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva
(Página 3616)
El señor Rodríguez Cantero realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno,responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi). Vuelve a intervenir el
señor interpelante. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Román Clemente, por el Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría Bastida,
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Roig i Grau, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Rodríguez Cantero, por el
Grupo Socialista, y Palacios Rubio, por el Grupo Popular. Cierra el
debate la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi).
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 3627)
De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley General de
Telecomunicaciones. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 3627)
El señor Beguer i Oliveres, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se inicia el debate de las propuestas de veto.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto
número 1. El señor Luis Calvo defiende la propuesta de veto número 2, del
Grupo Socialista. El señor Bris Gallego consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marín,
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Beguer i Oliveres, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Luis Calvo, por el
Grupo Socialista, y Bris Gallego, por el Grupo Popular.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, por 86 votos a
favor, 132 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Socialista, por 84
votos a favor y 134 en contra.
Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
Comienza el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas
números 1 a 99. El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas números
100 y 101. El señor Albistur Marín defiende las enmiendas números 179 a
206, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Beguer i
Oliveres defiende las enmiendas números 207 a 223, así como la vuelta al
texto del Congreso de los Diputados del artículo 60, modificado por la
enmienda 303 del Grupo Popular. El señor Luis Calvo y la señora
Pleguezuelos Aguilar defienden las enmiendas números 102 a 178, del Grupo
Socialista. El señor Bris Gallego consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el
Grupo Mixto; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Luis Calvo, por el Grupo Socialista, y Bris Gallego,
por el Grupo Popular. El señor Albistur Marín retira las enmiendas
números 198, 199, 200, 202 y 206, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 6, 9 a 11, 13 a 19, 21 a 36, 39 a
44, 46, 47, 50, 54 a 61, 63, 65 a 67, 69, 70, 72, 73, 75, 76 y 80, del
Grupo Mixto, por 81 votos a favor, 126 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 7, 52 y 71, del Grupo Mixto, por 2
votos a favor, 206 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 8, 12, 20, 37, 38, 45, 48, 49, 51, 53,
62, 64, 68, 74, 77 a 79 y 81 a 99, del Grupo Mixto, 1 voto a favor, 128
en contra y 86 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 100, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor,
117 en contra y 96 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 101, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor,
119 en contra y 92 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 179 a 197, 201 y 203 a 205, del Grupo
de Senadores nacionalistas Vascos, por 7 votos a favor, 198 en contra y
10 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 207 y 209, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, por 96 votos a favor, 118 en contra y 1
abstención.
Se aprueban las enmiendas números 211, 212 y 217, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, por 128 votos a favor, 84 en contra y 2
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 208, 210, 213, 215, 216, 218, 219, 221,
222 y 223, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 14
votos a favor, 195 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueban tres propuestas de modificación en relación con las enmiendas
números 214 y 220, así como la que solicita la vuelta al texto del
Congreso de los Diputados del artículo 60, segundo párrafo, por 131 votos
a favor, 2 en contra y 82 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 102 a 178, del Grupo Socialista, por 83
votos a favor, 127 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueban dos propuestas de modificación en relación con el artículo
53.1 y la disposición adicional undécima por 140 votos a favor, 1 en
contra y 73 abstenciones.
Se aprueba una corrección de erratas del texto del dictamen por
asentimiento de la Cámara.
Se aprueban los artículos 4, 19, 32, 43, 48, 49, 56, 63, 64, 66, 74, 76 y
78 a 83 del dictamen por 209 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueban las disposiciones adicionales primera, tercera, cuarta,
quinta, sexta y octava; transitorias segunda, tercera, cuarta, quinta,
séptima, octava y novena; derogatoria, finales y anexos del dictamen por
212 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueban los artículos 7 a 14, 16 a 18, 20, 22 a 31, 33 a 37, 39 a 42,
45 a 47, 51 a 54, 67, 69 a 73, 77, 84 y 85, así como las disposiciones
adicionales segunda y séptima y transitorias primera, sexta, décima y
undécima del dictamen por 130 votos a favor, 83 en contra y 2
abstenciones.
Se aprueban los restantes preceptos del texto del dictamen por 131 votos
a favor, 2 en contra y 82 abstenciones.
Se aprueba la Exposición de Motivos por 130 votos a favor, 1 en contra y
83 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley de Residuos. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 3649)
La señora López Yébenes, Secretaria Segunda de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se inicia el debate de las propuestas de veto.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto
número 1. El señor Gibert i Bosch defiende la propuesta de veto número 2,
del Grupo Socialista. El señor Calvo Poch consume un turno en contra. En
turno de portavoces hacen uso de la palabra los señores Román Clemente,
por el Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Gibert i Bosch, por el Grupo Socialista, y
Calvo Poch, por el Grupo Popular.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, por 83 votos a
favor y 132 en contra.
Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Socialista, por 84
votos a favor y 131 en contra.
Comienza el debate de las enmiendas.
La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 141 a 146, 149 y 150. La señora Costa Serra, del Grupo Mixto,
defiende las enmiendas números 169 a 203. El señor Román Clemente, del
Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 82. El señor Beguer i
Oliveres retira las enmiendas del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió número 151, 153, 154 y 158, y defiende la número 157,
así como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados del artículo
3.q), suprimido por la enmienda 161, del Grupo Popular. La señora Blanco
Barbero y el señor Gallego López defienden las enmiendas números 83 a
140, del Grupo Socialista. El señor Calvo Poch consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Gallego López, por el Grupo Socialista, y Calvo Poch, por el Grupo
Popular. La señora Blanco Barbero y el señor Calvo Poch intervienen de
nuevo en virtud del artículo 87.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 141 y 150, del Grupo Mixto, por 83
votos a favor y 125 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 142, 143, 145 y 149 , del Grupo Mixto,
por 7 votos a favor, 201 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 146, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor,
126 en contra y 75 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 175, 177 y 178, del Grupo Mixto, por 4
votos a favor, 198 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 169, 170, 172, 173, 187, 188, 191, 192
y 194, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 128 en contra y 77
abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas de la señora Costa Serra y el señor
Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, por 78 votos a favor, 129 en contra y 1
abstención.
Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor,
206 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 5, 6, 10, 12, 25, 33, 38, 52, 53, 55,
59, 66 y 75, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 128 en contra y 77
abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Nieto Cicuéndez y
Román Clemente, del Grupo Mixto, a excepción de la número 28, por 80
votos a favor y 130 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 83 a 140, excepto las números 137 y
114, del Grupo Socialista, por 79 votos a favor, 128 en contra y 3
abstenciones.
Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la enmienda
número 28, del Grupo Mixto, por 207 votos a favor, 1 en contra y 1
abstención.
Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la enmienda
número 114, del Grupo Socialista, por 206 votos a favor y 2 abstenciones.
Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la enmienda
número 137, del Grupo Socialista, por 207 votos a favor, 1 en contra y 1
abstención.
Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la enmienda
número 144, del Grupo Mixto, por 132 votos a favor y 78 abstenciones.
Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la enmienda
número 157, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por
210 votos a favor y 1 abstención.
Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la enmienda que
propone la vuelta al texto del Congreso de los Diputados del artículo
3.q), del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 132
votos a favor y 79 abstenciones.
Se aprueban diversas enmiendas de corrección de errores del texto del
dictamen por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba el Título I del dictamen por 132 votos a favor y 79 en contra.
Se aprueba el artículo 8 del dictamen por 132 votos a favor, 1 en contra
y 78 abstenciones.
Se aprueba el resto del Título II del dictamen por 129 votos a favor, 76
en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba el Título III del dictamen por 132 votos a favor, 1 en contra
y 78 abstenciones.
Se aprueba el Título IV del dictamen por 132 votos a favor y 79 en
contra.
Se aprueba el Título V del dictamen por 131 votos a favor y 79 en contra.
Se aprueba el artículo 30 del dictamen por 132 votos a favor y 79 en
contra.
Se aprueba el resto del Título VI del dictamen por 131 votos a favor, 2
en contra y 78 abstenciones.
Se aprueban las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera del
dictamen por 130 votos a favor, 80 en contra y 1 abstención.
Se aprueban las restantes disposiciones adicionales del dictamen por 132
votos a favor, 2 en contra y 77 abstenciones.
Se aprueba la disposición transitoria primera del dictamen por 203 votos
a favor, 4 en contra y 4 abstenciones.
Se aprueba la disposición transitoria segunda del dictamen por 132 votos
a favor, 1 en contra y 78 abstenciones.
Se aprueba la disposición transitoria tercera del dictamen por 132 votos
a favor, 78 en contra y 1 abstención.
Se aprueba la disposición derogatoria del dictamen por 206 votos a favor,
1 en contra y 4 abstenciones.
Se aprueban las disposiciones finales del dictamen por 133 votos a favor,
1 en contra y 77 abstenciones.
Se aprueba el Anexo por 208 votos a favor y 3 abstenciones.
Se aprueba la Exposición de Motivos por 132 votos a favor, 77 en contra y
1 abstención.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión a las veinte horas y treinta minutos.
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
PREGUNTAS:
--DE DON SALVADOR CAPDEVILA I BAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LOS CRITERIOS QUE PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA LA CREACION DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO PREVISTA PARA 1998 (680/000459).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, se abre la sesión.
Punto primero del orden del día: Preguntas. En primer lugar, de don
Salvador Capdevila i Bas, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió sobre los criterios que piensa adoptar al Gobierno
para la creación de los nuevos Juzgados de lo Contencioso-Admistrativo
prevista para 1998.
El Senador Capdevila i Bas tiene la palabra.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, dentro del plan de urgencia para agilizar la
jurisdicción de lo Contencioso-Admistrativo, la reforma de la Ley
Reguladora de dicha jurisdicción, actualmente en trámite parlamentario,
entre otras medidas contempla la creación de los Juzgados de lo
Contencioso-Admistrativo. La conveniencia de la creación de dichos
Juzgados unipersonales ya fue prevista en la Ley Orgánica 6, de 1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, que, no obstante, ha permanecido
bloqueada hasta la actualidad.
Su señoría, en alguna de sus comparecencias, ya anunció la previsión de
dichos Juzgados unipersonales durante el presente año 1998, una vez fuera
aprobada, claro está, la reforma de la citada Ley Reguladora de la
Jurisdicción de lo Contencioso-Admistrativo, que veremos en breve en esta
Cámara. Incluso, como prueba de la seriedad de dicha previsión, ya se
plasmó en los Presupuestos Generales del Estado para 1998 el pertinente
incremento, en un 21,6 por ciento, del crédito en el capítulo VI, con la
finalidad de la puesta en funcionamiento durante el presente año de al
menos 64 Juzgados unipersonales de lo Contencioso-Admistrativo, como
reveló en su comparecencia ante la Comisión de Justicia en el Congreso de
los Diputados el pasado día 2 de diciembre de 1997.
Ya en dicha comparecencia manifestó su señoría que era preocupación del
Ministerio de Justicia que dichos Juzgados fueran cubiertos por
magistrados de una cualificación profesional adecuada y que estaban
estudiando las posibles alternativas. Esta preocupación también se
detecta en el «Libro Blanco de la Justicia», del Consejo del Poder
Judicial, en la recomendación que se hace en dicho libro de que ningún
juez debería acceder a este orden jurisdiccional sin tener los
suficientes conocimientos del Derecho Administrativo y Tributario.
De ahí, pues, que se le formule la pregunta sobre los criterios que van a
seguir para la creación y puesta en funcionamiento de dichos Juzgados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Capdevila i Bas.
Señora Ministra de Justicia, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Efectivamente, como su señoría ha recordado, se encuentran contemplados
en los presupuestos para este año 64 Juzgados de lo Contencioso, cuya
ubicación será: once en Andalucía, tres en Aragón, uno en Asturias, uno
en Baleares, dos en Canarias, uno en Cantabria, cinco en Castilla-La
Mancha, nueve en Castilla y León, siete en Cataluña, dos en Extremadura,
cuatro en Galicia, uno en La Rioja, siete en Madrid, uno en Murcia, uno
en Navarra, cuatro en el País Vasco y cuatro en Valencia.
Estos 64 nuevos Juzgados crearon problemas acerca de cómo iba a cubrirse
las plazas, y a través de la Comisión Mixta Ministerio-Consejo General
del Poder Judicial hemos llegado al convencimiento de que la mejor
fórmula para dotar de jueces a estos Juzgados es, en primer lugar, la
convocatoria de oposiciones de especialistas y, en segundo lugar, que
puedan formarse aquellos jueces que van a servir como refuerzo en las
Salas de lo Contencioso para que cuando entren definitivamente en vigor
estos Juzgados, que será en el último trimestre de este año, puedan
servir con plena adecuación y dedicación al orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.
Gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señora Ministra, por su exposición.
No obstante, señoría, podría ser previsible que dichas plazas no fueran
cubiertas por el sistema que han decidido, por lo que interesaría
averiguar qué criterios se adoptarían par cubrir estas vacantes que se
podrían producir. Hemos de tener presente que si los Juzgados entrasen en
funcionamiento durante el año 1998 tendríamos serios problemas para
cubrir las posibles vacantes y, en todo caso, 64 Juzgados serían
insuficientes para cubrir la gran demanda que habría en principio y nos
veríamos prácticamente colapsados al cabo de seis meses. Tampoco hemos de
olvidar el personal de dichos Juzgados, que también tendría que ser
cualificado.
Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora Ministra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Capdevila.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, la preocupación que ha expresado ante la Cámara es compartida
por el Ministerio y por el Consejo General del Poder Judicial, que es al
que en definitiva compete establecer con qué criterios van a ser
cubiertos por los jueces los respectivos Juzgados, y puedo asegurarle a
su señoría que están estableciéndose criterios objetivos para que esos
Juzgados surjan como algo bueno para la Jurisdicción y no como un
colapso, como ha dicho su señoría, a seis meses vista.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
--DE DON MANUEL GUILLERMO VARELA FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI EL GOBIERNO VA A ADOPTAR ALGUNA DECISION CON
RESPECTO A LA QUEJA PRESENTADA A LA MINISTRA DE JUSTICIA POR EL
PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LUGO, RELATIVA A LAS
ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA FISCALIA (680/000463).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Manuel Guillermo Varela Flores, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el Gobierno va a adoptar alguna
decisión con respecto a la queja presentada a la Ministra de Justicia por
el Presidente de la Diputación Provincial de Lugo, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo por la Fiscalía.
Tiene la palabra el Senador Varela Flores.
El señor VARELA FLORES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, durante dos semanas diferentes medios de comunicación se
han hecho eco de la reacción del Presidente de la Diputación Provincial
de Lugo, a la vez Presidente del Partido Popular en esa provincia, por
las acciones llevadas a cabo por el Fiscal Jefe de Lugo en el ejercicio
de sus funciones. Reacción que lleva a enviar una queja al Fiscal General
del Estado y también a la señora Ministra de Justicia.
En mi provincia, este tema ha alcanzado niveles de verdadera alarma
social, ocupando durante días consecutivos portadas y páginas enteras en
la prensa. Se han pronunciado ya la Juta de Fiscales de la provincia de
Lugo y la Asociación Profesional de Fiscales apoyando las afirmaciones y
acciones del Fiscal Jefe. El Fiscal General del Estado guarda silencio.
Señora Ministra, ¿qué tiene que decir a todo esto el Gobierno?
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Varela Flores.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, lo primero que tiene que decir la Ministra de Justicia, como
miembro del Gobierno, es que parte de su pregunta no se ajusta a la
realidad. La Ministra de Justicia no ha recibido ninguna queja por parte
de ninguna persona respecto a la actuación del Fiscal Jefe de Lugo. Por
tanto, la Ministra de Justicia no tiene que tomar ninguna decisión al
respecto. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Varela Flores.
El señor VARELA FLORES: Señora Ministra, me deja usted sorprendido
(Rumores.) porque en los medios de comunicación, en portada y en grandes
titulares, se dice: El señor Cacharro se queja a la Ministra de Justicia
del Fiscal de Lugo. Esto salió en varios medios de comunicación durante
días. No hubo ningún desmentido a la noticia.
Ello, señora Ministra, me llevará a presentar una iniciativa, para que me
conteste, en este caso, el señor Ministro de Fomento, por el mal
funcionamiento del servicio de Correos. De todas formas, yo quisiera
darle a usted la posibilidad de que se manifestara en torno a este
problema que, realmente, resulta escandaloso. El asunto ha adquirido una
clara dimensión política, y no porque yo lo haya traído a esta Cámara,
sino por la calidad de las personas y de las instituciones implicadas y
por la vía utilizada, que no es otra que la política.
Señora Ministra, no estamos ante la queja de un ciudadano cualquiera en
defensa de sus legítimos derechos ante la instancia correspondiente, sino
ante la queja presentada por un relevante cargo del Partido Popular,
presidente de una diputación provincial, miembro del Grupo Parlamentario
que sostiene al Gobierno y, paradójicamente, presidente de la Comisión de
Suplicatorios del Senado. No estamos ante la queja de un desprotegido
señor de su casa, sino de alguien que cuenta con importantes apoyos
políticos, que tiene un influyente asesor que le viene prestando sus
servicios profesionales como abogado defensor, el Presidente de la
Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, al cual, señora
Ministra, conocerá muy bien por haber sido, como usted, miembro del
Consejo General del Poder Judicial. Además, las actuaciones de la
Fiscalía en este caso no son sobre hechos realizados por personas
privadas, sino sobre la gestión en instituciones políticas financiadas
con fondos públicos, por lo que existe un claro interés público a
proteger y una imperiosa necesidad de transparencia, sobre todo en una
provincia que es como un campo minado, y a poco que se escarbe en ella
empezarán a producirse explosiones.
El señor PRESIDENTE: Senador Varela, vaya terminando.
El señor VARELA FLORES: Acabo, señor Presidente.
Por eso, la conjunción de estos elementos que se dan en el caso concreto
de Lugo crea un oscuro panorama a los ojos de los ciudadanos, que esperan
de la actuación del Ministerio Fiscal en la persecución de los delitos la
aplicación del principio de imparcialidad.
Yo le pediría a la señora Ministra que en su réplica aproveche la
situación para aclarar ante la opinión pública y ante los lucenses que el
Ministerio de Justicia no va a interferir en la actuación del Fiscal Jefe
de la provincia de Lugo en su función ordinaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora Ministra de Justicia, tiene usted la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, menos mal que ha empezado su segunda intervención diciendo que
no quería usted hacer una cuestión política del caso, porque si no, no
daba crédito al resto de la exposición.
Señoría, no hace falta que la Ministra de Justicia diga ante esta Cámara
que no va a interferir en la actuación de ningún fiscal, porque he
reiterado que la Ministra de Justicia, el Gobierno, no interfiere en la
actuación de ningún fiscal. La prueba de los hechos negativos, señoría,
es una prueba diabólica. Puedo afirmar ante esta Cámara que no he
recibido ninguna queja, a pesar de que usted, señoría, le da mucho
crédito a determinados titulares que, por cierto, no han sido
confrontados en el Ministerio de Justicia.
Insisto, señoría, en que no he recibido ninguna queja, nada ampara que la
Ministra de Justicia tenga actuación alguna frente a ningún fiscal y, en
todo caso, será competencia del Fiscal General del Estado y del Fiscal
Jefe de Lugo actuar conforme a los principios de unidad, jerarquía y
legalidad en todos los casos.
Una última advertencia o cuestión, señoría. Yo no creo que quienes están
dedicados a los cargos públicos tengan menos derecho que un ciudadano
normal. Reclamo para esos cargos públicos los mismos derechos. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Rumores en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Gracias, señora Ministra de Justicia.
--DE DON JOSE MARIA FUSTER MUNIESA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES QUE TIENE EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA
LA CONSTRUCCION DE UN ACUARTELAMIENTO PARA LAS FUERZAS DE LA GUARDIA
CIVIL EN MONTALBAN (TERUEL) (680/000472).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José María Fuster Muniesa, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones que tiene el
Ministerio del Interior para la construcción de un acuartelamiento para
las fuerzas de la Guardia Civil en Montalbán (Teruel).
Senador Fuster Muniesa, tiene usted la palabra.
El señor FUSTER MUNIESA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, Teruel, como bien sabe, es una provincia de gran
superficie, en concreto de 14.800 kilómetros cuadrados. Desde el año 1980
ha pasado de 153.000 a 134.000 habitantes, continuando el proceso de
despoblación desde principio de siglo. Decía esto, señor Ministro, porque
si este descenso es evidente, no lo ha sido el de núcleos de población,
que han pasado de 374 a 360, lo que le da una idea de la dispersión de la
población a lo largo de un gran territorio en el que las condiciones
climáticas son especialmente difíciles en invierno. En este mismo período
de tiempo, es decir, desde los años ochenta hasta nuestros días, los
cuarteles de la guardia civil han pasado de 55 a 33, si bien es cierto
que la plantilla ha subido ligeramente.
Montalbán es un centro neurálgico de la provincia, enclave de las
carreteras N-420 y N-211, así como de la A-222, alejado a 80 kilómetros
de Teruel y Alcañiz, las dos ciudades más importantes de la provincia, de
Calamocho a 50 y de Zaragoza a 110. Pertenece a la cuenca minera central
y su población es de 1.690 habitantes, lo que le dará una idea de que,
precisamente, no es un municipio pequeño, a tenor de los datos que le he
dado anteriormente.
Montalbán contó con cuartel de la Guardia Civil hasta el año 1987, año en
que fue desalojado el edificio por ruina, por lo que el acuartelamiento
fue suprimido con carácter provisional el 13 de julio de 1988, pasándose
la plantilla a los puestos de Utrillas y Escucha.
El ayuntamiento adquirió un solar, denominado El Palomar, por cuatro
millones de pesetas para su cesión a la Dirección General de la Guardia
Civil, siendo aceptado por el Estado el inmueble de 2.760 metros
cuadrados por el Real Decreto 1590/89.
Desde entonces, la ejecución del acuartelamiento, contemplado en la
primera prioridad, ha estado en fase de proyecto, supeditada a
consignación presupuestaria.
En 1995 se comunicaba al alcalde que el proyecto se estaba redactando y
que ascendería, aproximadamente, a 165 millones de pesetas, pero que, de
nuevo, la ejecución estaba supeditada a la falta de consignación
presupuestaria.
Tras varias gestiones del alcalde, que daban como resultado voluntad
técnica y política, pero siempre falta de presupuesto, los Senadores del
Partido Aragonés presentamos en esta Cámara una enmienda a los
Presupuestos Generales del Estado de 1988, que fue aprobada.
Todo parece indicar que las condiciones se dan para que Montalbán
recupere este cuartel que perdió hace más de una década, pero de nuevo la
seguramente justificada conveniencia técnica y presupuestaria ha hecho
revisar el proyecto inicial, lo que puede alargar la tramitación del
expediente.
Por todo ello, señor Ministro, ¿qué previsiones tiene el Gobierno para la
construcción del cuartel de la Guardia Civil en Montalbán?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Fuster Muniesa.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señorías,
el Ministerio del Interior, tal y como acaba de señalar el Senador del
Partido Nacionalista Aragonés, ha adoptado ya la decisión de construir un
cuartel en Montalbán, en una línea marcada por el Gobierno de no cerrar
acuartelamientos y, en la medida de lo posible, como en este caso, de
abrirlos, ya que creemos que es la respuesta óptima a lo que hoy es una
demanda de la sociedad española, con la finalidad de aumentar la
seguridad y la tranquilidad de todos los españoles.
Como usted bien ha dicho, cuando en el año 1987 se cerró el
acuartelamiento de Montalbán la seguridad de la comarca pasa a los
puestos de Utrillas y Escucha y, además, hay que poner de manifiesto que
a causa de esa decisión fue necesario desplazar en determinadas
circunstancias unidades antidisturbios de Barcelona o de Zaragoza.
Aun cuando la conflictividad en la comarca de Montalbán no es
precisamente preocupante, puede decirse que, en función del número de
actuaciones policiales, del índice de esclarecimientos de delitos
protagonizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se ha
vuelto a poner de manifiesto la conveniencia, la necesidad de abrir el
puesto de Montalbán.
Las previsiones para la construcción de este nuevo acuartelamiento están
contenidas en un plan cuatrienal de construcción y habilitación de
acuartelamientos a nivel nacional. Este plan de la Guardia Civil se ha
elaborado teniendo en cuenta las diferentes prioridades señaladas por las
distintas comandancias, y le reitero que está ya presente el
acuartelamiento de Montalbán.
Como usted bien ha recordado, ya desde el punto de vista presupuestario,
para hacer frente a la construcción de esta nueva infraestructura se ha
previsto una partida de 50 millones de pesetas de inversión durante 1998.
La previsión definitiva de la cuantía total del nuevo cuartel se sitúa,
en base a los últimos estudios realizados por la Guardia Civil, en torno
a los 100 millones de pesetas, que ciertamente no es la misma cantidad
que inicialmente estaba prevista, pero que no va a significar ningún
retraso en la puesta en marcha de este cuartel, de forma que la
finalización de estas obras se prevé para finales del próximo año.
Quiero reiterarle que el proyecto de obra ya se está realizando y que,
una vez redactado de forma definitiva, se iniciarán los trámites de
adjudicación de obras, de acuerdo con la legislación vigente, pero le
reitero el compromiso de respetar las fechas de finales de año próximo
para que este acuartelamiento esté definitivamente cerrado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE DON FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI PIENSA MODIFICAR EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
EL CONVENIO FIRMADO CON FARMAINDUSTRIA EL PASADO MES DE ENERO
(680/000465).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco José Zamorano Vázquez, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre si piensa modificar el Ministerio
de Sanidad y Consumo el Convenio firmado con Farmaindustria el pasado mes
de enero.
Tiene la palabra el señor Zamorano.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Señor Ministro, desde muy diversos sectores se
le está pidiendo que rescinda, o al menos que modifique, el Convenio que
usted
firmó en el mes de enero con la industria farmacéutica. Se le está
pidiendo que modifique este Convenio porque en él se impone la
instauración de una receta blanca para que los ciudadanos tengan que
pagar de su bolsillo las medicinas que usted ha excluido o va a excluir
de la financiación pública, y que, además, las van a tener que pagar más
caras.
En ese Convenio se hipoteca una política de genéricos por cuanto que los
ahorros que pudieran obtenerse por su introducción en el mercado no van a
ser ahorros del Sistema Nacional de Salud, sino que se van a detraer de
los retornos que tendría que hacer la industria farmacéutica. Es un
Convenio que, en definitiva, va a gravar a los ciudadanos, a los
usuarios, en cuanto al recorte de las prestaciones farmacéuticas que
contempla y va a significar simplemente un blindaje de los beneficios de
la mencionada industria.
Por ello se le está insistiendo en la rescisión o modificación de este
Convenio, y por ello le formulo la siguiente pregunta: ¿Va usted a
modificarlo o lo va a mantener como está?
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Francisco José Zamorano Vázquez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias.
Señor Zamorano, los únicos que piden que se modifique este Convenio son
ustedes. No lo pide nadie más. Seis Comunidades Autónomas de las que
ejercen competencias en asistencia sanitaria y el INSALUD han firmado ya
ese acuerdo con la industria farmacéutica. El colmo es que usted se siga
refiriendo a la receta blanca, que permite a los servicios de salud
recetar medicamentos excluidos de la financiación pública, que, por
tanto, paga el usuario al cien por cien, y que fue introducida por el
Gobierno socialista en 1993, lo cual no tiene nada que ver con el acuerdo
de Farmaindustria.
Ustedes tampoco se enteran de lo que dice el acuerdo. Las aportaciones a
realizar por la industria farmacéutica no están vinculadas en modo alguno
a la cuota del mercado que puedan lograr los medicamentos genéricos, ya
que el Acuerdo de 22 de enero de 1998 solamente contempla la posibilidad
de deducir el importe económico de estos medicamentos en el cómputo de la
contribución total del sector industrial farmacéutico cuando las
aportaciones realizadas y el impacto de la lista negativa fuera superior
a las cantidades prefijadas inicialmente.
Por todo ello, desde luego, no tenemos ninguna previsión de modificar ese
Acuerdo, muy beneficioso para el Sistema Nacional de Salud.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Sanidad.
Tiene la palabra el Senador Zamorano Vázquez.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el pasado día 17 de este mismo mes, y amparándose usted
en una Comisión de Seguimiento de las establecidas en este Convenio, de
las que sólo forman parte usted y la industria farmacéutica, ese Acuerdo
fue modificado. Y fue modificado en beneficio de dicha industria y no en
beneficio de lo que se solicitaba: la eliminación de la receta blanca. Se
ha modificado, repito, manteniendo y ampliando los beneficios de la
industria farmacéutica.
Señor Ministro, lo que era aportación de esta industria para dos años, el
plazo de vigencia del Convenio, ustedes la han ampliado a tres años. De
los 39.000 millones de pesetas previstos de retorno para el año 1998,
ustedes los han reducido a 21.000 millones. De los 26.000 millones
previstos para el año 1999, los han reducido a 19.000. El Convenio, que
tenía vigencia para dos años lo han modificado hasta tres, de forma que
en el año 2000 se aporte lo que falta.
En definitiva, usted ha modificado el Convenio porque se lo ha pedido la
industria farmacéutica, atendiendo a los deseos de su antigua patronal.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Zamorano.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor Zamorano,
usted no se entera, lo confunde todo. (El señor Zamorano Vázquez enseña
un papel.--Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): No se entera, no
se quiere enterar y quiere confundir. Este es el mejor acuerdo que se ha
firmado entre la Administración y la industria farmacéutica, y le voy a
dar los datos: en los años 1995 y 1996 --bajo acuerdos firmados por
ustedes y mejorados en alguna medida por nosotros-- la aportación de la
industria farmacéutica fue de 30.600 millones. En los años 1998 y 1999
--bajo ese acuerdo al que usted se refiere y que no se ha modificado en
cuanto a la aportación de la industria y se han hecho previsiones sobre
la forma de pago (El señor Laborda Martín: ¡No es verdad!), que es
distinto-- la aportación para esos dos años sigue siendo la misma, aunque
las condiciones de pago se extienden un año más, que es una cosa
completamente distinta. (El señor Zamorano Vázquez vuelve a enseñar un
papel.--El señor Laborda Martín: ¡No intente confundir!) Estos dos
últimos años, 65.145 millones. (El señor Zamorano Vázquez: Tres años.
Está aquí, y muestra de nuevo un papel.) No intente usted confundir.
(Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): No intente usted
confundir, señor Zamorano.
La industria farmacéutica conoció sus años dorados con el Gobierno de
ustedes. (Rumores.) Bajo su Gobierno, el gasto farmacéutico --atienda
usted, ya que son datos muy interesantes-- pasó de 182.000 millones a
800.000 en el año 1995. Ustedes, atiéndame, nos dejaron sin genéricos,
sin un genérico en España, y ahora están reclamando los genéricos. Nos
dejaron sin un genérico, cuando en distintos países de la Unión Europea
los genéricos representan el 15 y el 20 por ciento de la factura
farmacéutica. Ustedes nos dejaron sin ninguno (El señor Rojo García:
¡Firmaste tú!), ustedes nos dejaron un vademécum... (Fuertes protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!
Senador Zamorano, tranquilícese. (Fuertes protestas del Grupo
Parlamentario Socialista.--El señor Rojo García: Que firmaste tú. Eras
Consejero de Sanidad tú.--Protestas del Grupo Parlamentario Popular.)
¡Silencio!
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Yo no era el
responsable de este crecimiento del gasto farmacéutico ni era el
responsable de la política de genéricos. Ustedes nos dejaron sin un
genérico, nos dejaron sin precios de referencia. (Un señor Senador
pronuncia palabras que no se perciben.--El señor Laborda Martín:
¡Tiempo!--Un señor Senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Cállate!)
Nos dejaron un vademécum de 8.000 especialidades, cuando la OMS
recomienda de 4.500 a 5.000. El doble que en muchos países europeos.
Ustedes nos dejaron un gasto farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud
del 25 por ciento. (El señor Zamorano Vázquez pronuncia palabras que no
se perciben.--Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: ¡Por favor, silencio!
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Del 25 por
ciento, cuando las medias europeas están en el 15 por ciento,
crecimientos del 14,5 por ciento anual acumulativo. Esa era la edad
dorada de la industria farmacéutica. Nosotros hemos conseguido bajar el
crecimiento del gasto farmacéutico del año 1997 al 4,62 por ciento y
hemos conseguido que la industria farmacéutica aporte el doble de lo que
consiguieron ustedes al Sistema Nacional de Salud, al mismo tiempo que
acepta unas listas negativas, cosa que no ocurría cuando gobernaron
ustedes. (Una señora Senadora del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien!
Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Pero eso no es lo grave. Lo grave es que ustedes teniendo ese gasto
farmacéutico no podían hacer las inversiones que el Sistema Nacional de
Salud necesitaba y tuvieron congeladas las inversiones los cuatro últimos
años y en algún año de esos redujeron las inversiones en el Sistema
Nacional de Salud. ¿Y sabe usted cuál fue el resultado de todo eso? Que
gastaron ustedes mucho en medicamentos, pero tenían 190.000 personas en
lista de espera... (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, termine.
¡Silencio, por favor!
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Tenían más de
35.000 personas que esperaban más de nueve meses, algunas uno, dos y tres
años.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, termine.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Eso es lo que no
hacían ustedes por lo mucho que gastaban en medicamentos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Fuertes aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Sanidad.
--DE DOÑA FRANCESCA MARTIN I VIGIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE EL ORGANO DE LA ADMINISTRACION QUE HA HOMOLOGADO LOS TERMINALES
AUTONOMOS DE IDENTIFICACION DE RECETAS (TAIR) (680/000466).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Francesca Martín i Vigil, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el órgano de la administración que ha
homologado los Terminales Autónomos de Identificación de Recetas.
La Senadora Martín i Vigil tiene la palabra.
La señora MARTIN I VIGIL: Muchas gracias, señor Presidente.
Queda formulada la pregunta en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
El señor Ministro de Sanidad tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Yo agradecería a su señoría que me aclarara si la pregunta se refiere a
la homologación del TAIR como bien de adquisición centralizada en cuanto
a su globalidad de contribución o bien a la homologación industrial del
terminal en cuanto a su capacidad legal de distribución y venta en
España.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
La Senadora Martín i Vigil tiene la palabra.
La señora MARTIN I VIGIL: Muchas gracias, señor Presidente.
No sé si es habitual o preceptivo --ni siquiera sé si es ignorancia de
esta Senadora-- que el Gobierno pregunte a la parlamentaria que
interroga, pero, en cualquier caso, con mucho gusto le responderé, señor
Ministro, que se refiere a las dos cosas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Martín i Vigil.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señora Senadora, le voy a contestar con mucho gusto.
En cuanto a la cuestión de la homologación industrial de este terminal
hay que tener en cuenta que el Real Decreto 560/1993, de 16 de abril,
deroga determinadas disposiciones en materia de normalización y
homologación por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Este Real Decreto surge en relación con el artículo 2 del Acta relativa a
las condiciones de Adhesión de España a las Comunidades Europea, en el
cual se establece que las disposiciones de los tratados comunitarios y
las actas adoptadas por las instituciones de la Comunidad antes de la
adhesión obligarán a España y serán aplicables desde el momento de la
misma. Por consiguiente y en virtud del citado Real Decreto, se derogaron
el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, el Real Decreto 1251/1985, de
19 de junio, y el Real Decreto 2700/1985, de 27 de diciembre. En este
sentido la firma fabricante del terminal TAIR aportó certificado de
declaración de conformidad con las directivas europeas, así como con la
Directiva de bajo voltaje. Por lo tanto, a estos efectos la legalidad de
la actuación es incuestionable.
Si hablamos de homologación a efectos de su contratación por el INSALUD,
le tengo que decir que el terminal TAIR es un microordenador que ejecuta
la aplicación de indentificación del paciente y que es capaz de almacenar
la información contenida en la tarjeta sanitaria individual, más la
generada por la propia aplicación: datos de emisión de recetas, volantes
para interconsultas y derivaciones a prueba de diagnóstico, información
de IT, etcétera. Por consiguiente, se trata de un equipo para el
tratamiento de la información y, por tanto, incluido en el contenido del
artículo 184 de la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas,
donde textualmente se indica que la adquisición de equipos y sistemas
para el tratamiento de la información y sus elementos complementarios
auxiliares corresponderá a la Dirección General del Patrimonio del
Estado. En este sentido el Servicio central de suministros de la
Dirección General del Patrimonio del Estado procedió a la homologación
del terminal TAIR tras el correspondiente proceso administrativo,
adjudicándosele a una empresa determinada integradora del TAIR, compuesto
por el terminal o microordenador de la marca Symbol, el lector de
tarjetas de la banda magnética de la firma Thomson y la impresora térmica
de etiquetas adhesivas a la firma Tec.
El posterior procedimiento de adquisición se ha realizado por los
servicios de contratación del INSALUD de forma progresiva, en función de
las fases de implantación, por el procedimiento contemplado en el
artículo 211, apartado f), mediante sucesivas peticiones a través del
catálogo de bienes centralizados del Patrimonio del Estado.
Le puedo añadir que gracias a estas adquisiciones, el INSALUD es el
primer servicio de España de los servicios sanitarios que puede disponer
de una información completa e informatizada de toda la prestación
farmacéutica con todas las ventajas que fácilmente se comprende que de
eso se deriva.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Pregunta de... (La señora Martín i Vigil pide la palabra.)
Senadora Martín i Vigil, ya ha utilizado los dos turnos. (Protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) La Senadora Martín i
Vigil se ha levantado, ha utilizado el tiempo que ha querido, y ha
preguntado al Gobierno lo que ha querido. (Rumores.--Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--La señora Pleguezuelos
Aguilar: Ha hecho unas aclaraciones al Ministro.) Senadora Martín Vigil,
usted ha hecho una primera exposición muy breve. ¿Cierto? El Ministro ha
contestado. ¿Cierto también? (Desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista: ¡No, no!--Algunos señores Senadores del Grupo Parlamentario
Popular: ¡Sí señor!) El señor Ministro ha preguntado...
La señora MARTIN I VIGIL: Señor Presidente...
El señor PRESIDENTE: Un momento, Senadora Martín Vigil, que está hablando
el Presidente.
Después, la Senadora Martín i Vigil se ha levantado, yo le he dado la
palabra, no ha dicho prácticamente nada, sólo cuatro palabras dirigidas
al Ministro, y se ha vuelto a sentar. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Y el Ministro ha contestado. Ha sido así el
proceso. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
La señora MARTIN I VIGIL: Señor Presidente, ¿me concede un momento?
(Desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular: ¡No, no!)
Esta Senadora ha atendido la petición del Ministro Romay de aclaración de
la pregunta. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Si
el señor Presidente interpreta que este tema merece ser tratado así, ésa
es una cuestión que tendrá que afrontar el señor Presidente de la Cámara.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Los miembros de la Mesa consideramos que formalmente
tenemos la razón, y la razón debe presidir la interpretación. En todo
caso, como tampoco hay nada que no se pueda contestar, la Senadora tiene
la palabra, y el Ministro hablará a continuación. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora MARTIN I VIGIL: Gracias, señor Presidente.
Por descontado que agradezco al señor Ministro su presencia y la
respuesta a la que dado lectura.
Esta es una cuestión que no viene por primera vez a esta Cámara, aunque
sí es cierto que es la primera vez que responde sobre ella el Ministro de
Sanidad y Consumo.
Hace justamente quince días, en esta Cámara, el Senador Juan Iglesias
expuso y demostró los importantes problemas que ha planteado la compra de
los terminales a que estamos aludiendo. Estamos hablando de una cuestión
que, en principio como todas las que vienen a esta Cámara, es muy
importante, porque se refiere a una inversión de miles de millones de
pesetas del Erario Público para equipar de terminales autónomos de
identificación de recetas el territorio del INSALUD. Y en esta Cámara,
después de la intervención del Senador Juan Iglesias, la Ministra de
Educación y Cultura, que fue quien respondió a la cuestión planteada en
cuanto a las carencias de este equipamiento, reconoció el hecho de estas
carencias como gravísimo. Además aseguró, y así lo creemos, no conocer
las deficiencias de estos equipamientos. Aseguró también que el Ministro
de Sanidad y Consumo tampoco las debía de conocer, y por eso fueron
adquiridos, y se comprometió
--entiendo que en nombre del Gobierno-- a enmendar con urgencia esta
cuestión. Han pasado quince días y es de suponer que el proceso de
enmienda, de corrección y de asunción de responsabilidades, si es que las
hay, está en marcha. Pero es que esta cuestión tiene otros aspectos, y
por esos la traemos hoy aquí.
Esta cuestión tiene seguramente un proceso de compra, de licitación, de
aplicación de la legalidad con la normativa que nos ha leído el señor
Ministro, que plantea dudas, que plantea problemas que han tenido una
trascendencia importante más allá de esta Cámara. Y entendemos que hoy el
Gobierno tiene la oportunidad de abundar en la explicación de lo que ha
sucedido, de cómo se ha producido esta compra (Protestas.) y de cuáles
son las intenciones del Gobierno...
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!
Senadora Martín i Vigil, su tiempo ha concluido.
La señora MARTIN I VIGIL: Termino, señor Presidente.
... en cuanto a la subsanación de las carencias que aquí se reconocieron,
para, entre otras cosas, cerrar los múltiples interrogantes que se
plantean.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Contesto con mucho gusto a su señoría. Y si esta pregunta la hubiera
formulado de entrada, también la hubiera contestado con mucho gusto.
La legalidad de las actuaciones en este campo es incuestionable. Me he
referido antes a las cuestiones de la homologación y de la contratación y
no ofrecen ninguna duda. Es una inversión de la que nos consideramos
absolutamente satisfechos en cuanto a que permite el reconocimiento de
esa prestación farmacéutica tan importante de la que hemos hablado.
Y en relación con lo que se refiere a la presencia de la letra eñe y
demás caracteres específicos del idioma castellano en los teclados de
determinados aparatos de funcionamiento mecánico, eléctrico o
electrónico, tengo que recordarle lo que dice el artículo 1 del Real
Decreto 564/1993, de 16 de abril, esto es, que todos los aparatos de
funcionamiento mecánico, eléctrico o electrónico que se utilicen para la
escritura, grabación, impresión, retransmisión de información y
transmisión de datos y que se vendan en España deberán incorporar la
letra eñe y los signos de apertura de interrogación y de exclamación.
El TAIR no puede considerarse una aparato de escritura, dadas las
funciones y características que le son propias y, por tanto, no puede
entenderse que infringe lo dispuesto en el Real Decreto mencionado.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, vaya terminando, por favor.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): No obstante
--porque todo lo que tiene que hacer es inscribir números y el aparato
recoge la eñe de las tarjetas sanitarias que utiliza, de modo que, en
teoría y estrictamente, no tiene por qué tener esa letra--, ante la
sensibilidad demostrada por algunos sectores en este campo y por un
riguroso respeto a la Real Academia y al valor del castellano...
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, por favor.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): ... vamos a
incorporar tanto la letra eñe, como los signos de apertura de
interrogación y de exclamación al teclado del terminal. Y dicha operación
se realizará por cuenta de la empresa adjudicataria del proyecto, sin
coste alguno para el INSALUD y con una dilación estimada de dos meses.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA JOSEFA LUZARDO ROMANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE SI HA PUESTO EN MARCHA EL GOBIERNO, DENTRO DEL PLAN
INTEGRAL DE ATENCION A LA MUJER, EL PROGRAMA PARA ESTABLECER CUIDADOS
ESPECIFICOS EN LA MENOPAUSIA (680/000468).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Josefa Luzardo Romano, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre si ha puesto en marcha el
Gobierno, dentro del Plan Integral de Atención a la Mujer, el programa
para establecer cuidados específicos en la menopausia.
Senadora Luzardo, su señoría tiene la palabra.
La señora LUZARDO ROMANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Ministerio de Sanidad ha incorporado el Plan Integral
de Atención a la Mujer a los objetivos generales para el bienio
1998-1999. Con este Plan, el INSALUD pretende englobar, cuantificar y
ordenar las acciones que tradicionalmente se vienen enmarcando como de
atención a la mujer, a fin de mejorar su calidad y, además, potenciar
determinadas actuaciones desde niveles asistenciales, de atención
primaria y especializada y lograr así una mejor cobertura.
Es evidente, señor Ministro, que las diferentes etapas biológicas en la
mujer determinan unas necesidades y demandas específicas de los servicios
sanitarios, con independencia de las prestaciones que se realizan a la
población en general. Siguiendo las distintas etapas biológicas de la
mujer, las necesidades y demandas de los servicios sanitarios se centran,
fundamentalmente, en el conocimiento y usos de métodos anticonceptivos
para evitar embarazos no deseados e interrupciones voluntarias del mismo,
las relacionadas con la atención al embarazo y al parto, la localización
y atención precoz del cáncer ginecológico y la atención a la menopausia.
En relación a esta última, lo que debería ser una transición natural
entre nuestra etapa reproductiva y la segunda mitad de nuestra vida se ha
transformado, debido al desconocimiento y la falta de información, en una
situación traumática y difícil de asumir por muchas de nosotras. Los
mensajes negativos que han definido a la menopausia nos han llevado a
enfrentarnos con verdadero temor a estos cambios naturales, que cada
mujer vive según su realidad, su familia, su trabajo y su ámbito social,
pero a todas nos afecta. Por ello, necesitamos asesorarnos, conocer los
síntomas y acceder al tratamiento médico adecuado, si fuese necesario.
Por eso le formulo la pregunta: ¿Ha puesto en marcha el Gobierno, dentro
del Plan Integral de Atención a la Mujer, el Programa para establecer
cuidados específicos en la menopausia?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Luzardo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente; muchas gracias, Senadora.
Con el objetivo de alcanzar los fines sanitarios y asistenciales
establecidos en el Tercer Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres
y hombres, aprobado por el Gobierno el 7 de marzo de 1997, el INSALUD
aprobó un Plan Integral de Atención a la Mujer que se desarrollará
durante el bienio 1998-1999. Este Plan tiene como objetivo unificar,
reforzar e impulsar actuaciones sanitarias dirigidas a mejorar la salud
de las mujeres, y está integrado por cuatro programas específicos que
cubren todas las necesidades sanitarias del ciclo biológico de la mujer.
Dichos programas están dirigidos: el primero, a mejorar la información
sobre métodos anticonceptivos, con objeto, sobre todo de evitar los
embarazos no deseados de las adolescentes; el segundo, a potenciar la
atención integral en el embarazo, parto y puerperio; el tercero, a
intensificar los programas dirigidos a la detección y atención precoz del
cáncer femenino, y el cuarto, a establecer cuidados específicos en la
menopausia.
En relación a su pregunta, referida a los cuidados en la menopausia, hay
que señalar que la mujer en esta etapa biológica demanda una atención
sanitaria especial debido, en primer lugar, a un desconocimiento de las
variaciones hormonales que se producen en el climaterio y de sus
consecuencias naturales y, en segundo lugar, a que la sintomatología
concreta relacionada con estas variaciones requiere el adecuado consejo
médico y tratamiento.
Los expertos coinciden en que el 80 por ciento de las mujeres superan
esta fase biológica sin necesitar apoyo médico, aunque insisten en que es
preciso proporcionar una correcta información sanitaria sobre las nuevas
condiciones y los cambios que se están produciendo en la mujer. Por ello
se van a llevar a cabo actuaciones encaminadas a la promoción de hábitos
y estilos de vida saludables y a la prevención de problemas ligados a
esta situación, siguiendo los criterios definidos por la Agencia de
Evaluación de las Tecnologías Sanitarias, y en especial a los que hacen
referencia al tratamiento de la osteoporosis en la menopausia.
Este programa va dirigido a 892.963 mujeres con edades comprendidas entre
50 y 59 años, será desarrollado por los equipos de atención primaria del
INSALUD y se va a establecer un circuito de derivación a la asistencia
especializada en aquellas situaciones que se definen en el Protocolo
sobre osteoporosis postmenopáusica elaborado por sociedades científicas
médicas. Los objetivos básicos del mismo están dirigidos a mejorar la
calidad de vida en el climaterio, abordar con rigor científico el
tratamiento de la sintomatología grave del climaterio y proporcionar
estilos de vida y hábitos saludables que prevengan los problemas
asociados a la menopausia.
Durante los meses de enero y febrero se ha negociado con todas las
gerencias del INSALUD que pudieran intervenir en este programa una nueva
cartera de servicios. Además, un grupo de expertos ha definido los
contenidos de las normas técnicas mínimas, los facultativos realizarán la
captación efectuando la anamnesis en la que contarán todos los
antecedentes ginecobstétricos, identificación de todos los factores de
riesgo, antecedentes de dichos factores en los últimos años, etcétera,
además de recoger toda la sintomatología referida propiamente al
climaterio. El coste aproximado de este programa para el bienio 1989-1999
es de 1.451 millones de pesetas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON VICTOR MANUEL VAZQUEZ PORTOMEÑE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE ESTA DESARROLLANDO EL GOBIERNO EN
RELACION A LOS CUIDADOS PALIATIVOS (680/000469).
El señor PRESIDENTE: La pregunta del Senador Vázquez Portomeñe no se
puede formular por la enfermedad del propio Senador.
--DE DOÑA PILAR COSTA SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE EL
ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL EJECUTIVO Y EL GOBIERNO DE LAS ISLAS
BALEARES CON RESPECTO A LA GESTION DE LA RESERVA NATURAL DE LAS SALINAS
DE IBIZA (SES SALINES) Y DE FORMENTERA (680/000458).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Pilar Costa Serra, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre el estado de las negociaciones entre el
Ejecutivo y el Gobierno de las islas Baleares con respecto a la gestión
de la Reserva Natural de las Salinas de Ibiza (Ses Salines) y de
Formentera.
Tiene la palabra la Senadora Costa Serra.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el pasado mes de febrero fuentes del Ministerio de Medio
Ambiente y, concretamente, de la Dirección General del organismo autónomo
Parques Nacionales, anunciaban que existían conversaciones entre el
Ejecutivo y el Govern Balear para pactar la gestión de la Reserva Natural
de las Salinas que fue aprobada por la Ley 26/1995, de 31 de julio. El
Gobierno ya había nombrado, incluso, al Director de la Reserva Natural
que, además, coincidía con el representante de ICONA en Baleares.
Por otra parte, el Govern Balear ha negado en todo momento que existieran
estas conversaciones. Como las informaciones de ambas administraciones
son contradictorias, esta Senadora pregunta al Gobierno en qué consisten
estas negociaciones y en qué estado se encuentran las conversaciones
entre ambas administraciones respecto de la gestión de la Reserva Natural
de Ses Salines de Ibiza y Formentera.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
En efecto, señoría, no existen negociaciones sobre la gestión de las
Salinas entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno Balear. Sí
existe una solicitud de la Comunidad Autónoma pidiendo al Ministerio de
Medio Ambiente el traspaso de unos efectivos de unidad de apoyo
territorial y de medios materiales de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza, precisamente allí, en las islas Baleares.
Quizás, su señoría se refiera a estas conversaciones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Medio Ambiente.
Tiene la palabra la Senadora Costa Serra.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, Señor Presidente.
Señora Ministra, si bien nos ha aclarado muy poquito en qué consistían
estas conversaciones, ya que el Gobierno Balear ha negado que éstas
hubieran existido, tengo que decirle que tanto el Consejo Técnico del
Director General del organismo autónomo de Parques Nacionales como el
propio Director General han afirmado y confirmado que ya se había
nombrado al Director.
Me gustaría que la señora Ministra nos confirmara también en este momento
si es cierto que ha sido nombrado el Director de la Reserva Natural, lo
cual nos alegraría. Nos parecería positivo que se pusiera en marcha y se
ejecutara la Ley de Reserva Natural que lleva en vigor desde el año 1995,
ya que ustedes llevan dos años incumpliendo la Ley con la excusa del
recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la misma, obviando que
existe un auto del Tribunal Constitucional, de fecha 21 de mayo del año
1996, que denegaba la suspensión cautelar que el Govern Balear había
solicitado de la Ley.
Me gustaría que la señora Ministra me pudiera aclarar, de forma más
tajante, si realmente se ha nombrado al Director y si se está negociando
que se vayan a nombrar una serie de vigilantes para la zona porque hay
que recordar que mientras se mantienen todas estas conversaciones la zona
sigue amenazada por proyectos urbanísticos. Existen obras de la empresa
explotadora, de la industria salinera, que han dañado el medio ambiente
con la ampliación de uno de los caminos de acceso a los estanques y que
están causando graves perjuicios en la cría de las aves.
En definitiva, nosotros exigimos que se mantenga el actual grado de
protección. Estamos de acuerdo en que la gestión se traspase al Govern
Balear, pero como de momento existe una Ley en vigor del año 1995, que
fue aprobada por las Cortes Generales, cualquier derogación de esta Ley
tendrá que seguir el mismo procedimiento. Por eso, apelamos a que el
consenso de todas las fuerzas haga posible que esta gestión llegue cuanto
antes para que se puedan poner en marcha todos los planes que prevé la
Ley de Reserva Natural de Ses Salines.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Costa Serra.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
Yo le agradezco que pida información, pero me sorprende que usted, sin
conocimiento, haga juicios de valor. Lo que son amenazas de proyectos
urbanísticos serán amenazas, pero, desde luego, no hay en marcha ningún
proyecto urbanístico y no han tenido que ser denegados. Por
lo tanto, estos proyectos deben estar en la imaginación de su señoría.
El Gobierno Balear no ha faltado a la verdad cuando ha dicho que no hay
negociaciones sobre la gestión con el Ministerio de Medio Ambiente porque
sólo solicito el traspaso que antes mencioné, que a su señoría no le
parece inconveniente, a través del Ministerio de Administraciones
Públicas; luego no ha habido ese tipo de negociaciones con el Ministerio
de Medio Ambiente.
Pero vayamos a lo concreto, a la aplicación de una Ley de la época del
Gobierno socialista, Ley que después nosotros hemos tenido que
desarrollar.
Señoría, no hay incumplimiento alguno de esta Ley, ni con excusa de nada
ni con recurso alguno de inconstitucionalidad. Los tribunales tienen sus
competencias y son ellos los que resolverán. Y a nosotros nos corresponde
proteger y defender la naturaleza. Por eso, para este año 1998, el
antiguo Instituto para la Conservación de la Naturaleza, hoy organismo
autónomo Parques Nacionales, ha puesto en marcha un plan concreto para
esas salidas consistentes en la aplicación a lo largo de este año de 30
millones de pesetas para dos programas concretos, alguno de los cuales
parece que puede interesarle a su señoría: en primer lugar, hay un
programa en el que se establece nada menos que la connotación de seis
informadores que permanentemente estén en esas salinas para realizar
actividades de seguimiento de especies, tanto de fauna como de flora, en
la línea de mantener un servicio de información, control y seguimiento de
estos tipos de especies. En segundo lugar, nos interesa crear una
conciencia ambiental empezando por la juventud, por los niños. Por eso,
también en colaboración con la Consejería de Educación --éstas son las
conversaciones que se mantienen con el Gobierno balear-- se están
estableciendo unos programas específicos para que los alumnos de los
colegios de aquellos alrededores puedan visitar y conocer estas salinas
y, conociéndolas, puedan amar mucho más esa naturaleza que todos tenemos
obligación de proteger.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DOÑA MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE EL NUEVO CALENDARIO QUE TIENE PREVISTO EL GOBIERNO EN
MATERIA DE POLITICA HIDROLOGICA (680/000464).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María Antonia Martínez García, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el nuevo calendario que tiene
previsto el Gobierno en materia de política hidrológica.
Su señoría tiene la palabra.
La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, mi pregunta lleva implícita la denuncia del
incumplimiento del calendario que sucesivamente se ha ido dando el
Gobierno en materia de política hidrológica.
En estos momentos, de ese calendario sólo quedan en pie dos anuncios: el
que hizo el Presidente del Gobierno en julio de 1997 poniendo fecha al
Plan Hidrológico Nacional año 1998, y el que hizo usted personalmente en
el mes de febrero cuando dijo que ese Plan Hidrológico Nacional vendría a
las Cortes Generales a finales del mes de junio, al tiempo que nos
anunciaba que éste iba a ser el año del agua.
Por lo demás, nada sabemos del Libro Blanco ni del proyecto de ley. El
Plan de ragadíos sigue sin aprobarse. No se han cumplido las resoluciones
de esta Cámara de que se aprobaran los planes hidrológicos de cuenca
antes de terminar el año 1997, ni tampoco se ha remitido a las Cortes
Generales el informe técnico sobre la situación de los recursos hídricos,
que debe ser, según decían ustedes, la base de ese gran debate y del
consenso con las Comunidades Autónomas y con los agentes sociales.
Y tampoco sabemos nada de esos globos sonda que a lo largo de estos meses
han ido lanzando ustedes en torno al proyecto de reforma de la Ley de
Aguas, y con tal situación, se acaba de convocar el Consejo Nacional del
Agua. Pues precisamente, señora Ministra, para que ponga fin a estas
incertidumbres, yo le formulo la pregunta que acaba de referenciar el
señor Presidente de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Martínez García.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, quiero decirle en primer lugar que, perteneciendo su señoría al
Partido al que pertenece, que gobernó en España durante catorce años
(Rumores.), partido que desde el año 1985 por Ley, por Ley de Aguas,
tenía la obligación de aprobar el Plan Hidrológico Nacional, Plan que
ustedes no aprobaron en once años, me resulta muy sospechoso que usted
hable de denuncias. (Rumores.) En segundo lugar, voy a aclarar las
informaciones que usted ha suministrado a la Cámara.
Le diré en primer término que el Presidente del Gobierno, en el debate de
investidura, se comprometió a que en esta primera legislatura de gobierno
del Partido Popular, que termina en el año 2000 --ahí tiene su señoría el
«Diario de Sesiones» con ese debate--, iba a haber un Plan Hidrológico
Nacional. Señoría, la legislatura termina en el año 2000 y estamos aún
empezando el año 1998. En segundo lugar, el Plan Nacional de Regadíos no
le corresponde a la Ministra de Medio Ambiente sino a la de Agricultura.
En tercer lugar, aquí no se están incumpliendo ningunos plazos. Incluso
en lo que se refiere al plazo que yo misma propuse para que a lo largo de
1998 pudiéramos ya tener el Plan Hidrológico Nacional, debo decirle que
todavía estamos iniciando el año.
El que se haya hablado de una ley de aguas no es ningún globo sonda,
señoría. La Ley de Aguas, desde el año pasado, desde el 21 de marzo de
1997 --en que se hizo pública ante los medios de comunicación y que ha
sido objeto de debates en esta Cámara y en la Comisión de Medio Ambiente
del Congreso de los Diputados--, ya ha sido estudiada, y se han
presentado enmiendas por el Consejo Asesor de Medio Ambiente, así como
por la Conferencia Sectorial. En estos momentos el trámite que falta es
su aprobación por el Consejo Nacional del Agua, algo que es preceptivo,
no voluntario. No se trata, pues, de una decisión política, sino que
existe una ley que obliga a que se informe preceptivamente por el Consejo
Nacional del Agua, lo que va a hacer, en primer lugar, la Comisión
Permanente, conjuntamente con los planes de cuenca, el próximo 31 de
marzo. Por otro lado, no sé por qué desprecia su señoría que el Pleno del
Consejo Nacional del Agua se vaya a reunir el 27 de abril, porque,
insisto, si eso se aprueba el 27 de abril, todavía seguiremos estando muy
adelantados respecto a los plazos que nos dimos desde que llegamos al
Gobierno.
Por otra parte, el Libro Blanco del Agua --que tampoco es obligatorio--
es un instrumento que hemos querido plantear desde el Gobierno para
evitar lo que a ustedes les llevó a bloquear completamente algo que en
España es imprescindible: una planificación hidrológica. Queremos
consensuar con todas las fuerzas parlamentarias, con los usuarios, con
los regantes, y con cuantos quieran opinar al respecto, la situación
hidrológica de España para que entre todos se pueda analizar cuál es la
planificación que necesita este país, y que eso no lo decida
unilateralmente un Gobierno. Por eso estamos consensuando, negociando,
dialogando, y hemos logrado importantes acuerdos, como los planes de
cuenca, que ustedes ni siquiera fueron capaces de aprobar en las mesas de
cuenca, como sabe usted, y que es lo primero que hizo este Gobierno, a
finales del año pasado.
Así pues, creo que estamos cumpliendo sobradamente esos plazos. Nos hemos
propuesto solucionar el problema del agua, algo que creo que debería
ocuparnos a todos: al Gobierno y a la oposición. Y en eso espero contar
también con el apoyo de su señoría.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--La señora Martínez García pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra, Senadora Martínez García.
La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, usted no ha puesto un punto final a esta incertidumbre,
sino un punto seguido. Usted puede seguir escudándose, como el resto del
Gobierno, en la actuación del Gobierno socialista --muy acertada, por
cierto, en materia de política hidrológica--. Pero esta Senadora, como el
resto de mi Grupo parlamentario, viene aquí a preguntarle por su tiempo
político, por el tiempo político que los ciudadanos le han encomendado a
ustedes para que gobiernen. ¡Ya me gustaría estar interpelando hoy aquí
al señor Borrell en lugar de a su señoría! Pero, insisto, los ciudadanos
han querido que esté usted aquí, por lo que le pregunto por su tiempo
político, no por el del Gobierno socialista.
Señora Ministra, habilidad política no le falta. Lo que ocurre es que no
la emplea correctamente, y le voy a explicar el porqué. Su señoría no
puede afirmar que está cumpliendo sobradamente el calendario hidrológico,
y creo que incluso sería poco prudente restar importancia a los retrasos
que está sufriendo. Sólo faltan tres meses, señora Ministra, para que se
cumpla el mandato de enviar el Plan Hidrológico a las Cortes Generales, y
los planes de cuenca no están aprobados. El debate al que usted se ha
referido no se ha hecho. Y en cuanto al Libro Blanco, no sabemos dónde
está. ¿Está usted haciendo secreto de ello en conversaciones secretas
valga la redundancia? Porque, desde luego, no existe públicamente ningún
gran debate político sobre el agua. Y tal vez sea porque eso no hace
falta. Quizá lo que falte sea una voluntad política planificadora por
parte de su Gobierno en materia de política hidrológica para definir un
proyecto de ley de aguas claro, nítido y coherente que dé seguridad de
futuro a los muchos sectores sociales y económicos que están implicados;
a unos agricultores que saben que en estos momentos no tienen más
política hidrológica que la que les cae del cielo. Porque ustedes recogen
infraestructuras que hicieron los Gobiernos anteriores al de usted.
(Rumores.) Eso es lo que está pasando, señora Ministra.
Por otro lado, es poco serio que, además, presuma del esfuerzo que ha
hecho en relación con los planes de cuenca, porque su señoría sabe
perfectamente que la mayoría de ellos estaban elaborados antes de que
usted llegara al Gobierno. Es poco serio y no es prudente.
El señor PRESIDENTE: Senadora Martínez García, le ruego que vaya
terminando.
La señora MARTINEZ GARCIA: Sí, señor Presidente.
Desde luego, no nos sirve el calendario que nos ha proporcionado. Yo no
me lo creo, pero tampoco se lo cree su socio parlamentario, el señor
Pujol, quien ha dicho que se apunta al plan hidrológico europeo porque el
español no se va a elaborar. Sin embargo, yo le digo lo contrario: ya que
cada vez somos más europeos, hagamos un plan hidrológico español. Pero me
parece, señora Ministra, que usted no lo va a hacer.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Martínez.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Voy a ser
muy breve, señor Presidente.
Yo comprendo que después de los incumplimientos del Gobierno anterior
usted no se crea de ningún Gobierno ningún calendario. (Fuertes protestas
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor! ¡Silencio!
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Le acabo de
dar los días concretos en los que ha sido convocado ya ese Consejo
Nacional del Agua. (La señora Martínez García pronuncia palabras que no
se perciben.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Ha sido convocado dicho Consejo para aprobar, efectivamente,
lo que usted está poniendo aquí en duda: la ley de aguas, informe
preceptivo y los planes de cuenca. (La señora Martínez García pronuncia
palabras que no se perciben.)
Señoría, yo comprendo que usted no quiera reconocer que el enfrentamiento
de un Ministro con un Presidente de una Comunidad Autónoma de la misma
tendencia política llevó a incumplir la posibilidad de acordar los tres
planes de cuenca más importantes. (La señora Martínez García: Eso no es
cierto.) Y eso ha sido lo que ha motivado la negociación y el consenso de
tantas Comunidades Autónomas de diferentes ideologías políticas en torno
a unos recursos hídricos.
Por tanto, señoría, agradezco muchísimo esas informaciones que usted me
da sobre lo importante que es la planificación hidrológica y lamento que
no le hiciera caso el señor Borrell cuando estuvo tantos años al frente
del Ministerio. (La señora Martínez García pronuncia palabras que no se
perciben.) Lo que sí le puedo decir es que nosotros cumpliremos en esta
primera legislatura con el plan hidrológico español que tenía que haber
tenido España desde el año 1985.
Gracias, señor Presidente (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Medio Ambiente.
--DE DON MANUEL LORENZO BLASCO NOGUES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA EL INICIO
DE LOS ESTUDIOS RELATIVOS A LA PLATAFORMA LOGISTICA DEL AEROPUERTO DE
ZARAGOZA (680/000470).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Manuel Lorenzo Blasco Nogués, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones previstas
por el Gobierno para el inicio de los estudios relativos a la plataforma
logística del Aeropuerto de Zaragoza.
Senador Blasco Nogués, tiene la palabra.
El señor BLASCO NOGUES: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la pregunta que este Senador del Partido Aragonés le
plantea tiene como finalidad conocer cómo van a ser utilizados los
recursos que los Presupuestos Generales del Estado de 1998 contemplan
como inversión para la llamada plataforma logística del Aeropuerto de
Zaragoza. La pregunta, que puede parecer un poco elemental en su
planteamiento, implica una serie de matices que desearíamos resaltar
principalmente para llevar a la consideración de esta Cámara la
importancia que para el Valle del Ebro --y fundamentalmente para una zona
tan necesitada de infraestructuras como es Aragón-- tiene esta
plataforma.
Quisiera decir ante todo que el Valle del Ebro y su zona de influencia
tienen una ubicación geográfica y estratégica que no es necesario
resaltar, y un aeropuerto moderno que diese respuesta a las necesidades
del gran número de empresas ya implantadas --y de otras que están en
trámite de implantación en función de que se le dé solución a la
logística necesaria-- puede conseguirse con una plataforma como ésta para
la que en este momento estamos solicitando los recursos. Entendemos como
fundamental que se incluyan las actuaciones relativas a la demandada
plataforma en la planificación estatal de las redes de transporte y con
el nivel de importancia que se merecen. Además, la potenciación del
Aeropuerto de Zaragoza serviría para descongestionar otros aeropuertos
que se encuentran actualmente al límite de su capacidad logrando un
desarrollo equilibrado del uso de instalaciones aeroportuarias,
aprovechando aquellas que, como la de Zaragoza, se encuentran actualmente
infrautilizadas y para las que el Gobierno de Aragón ha destinado ya e
invertido algunas partidas en la redacción de los estudios de
anteproyectos en respuesta a la proposición no de ley aprobada en las
Cortes de Aragón en sesión plenaria del 5 de diciembre de 1996, en cuyo
tercer punto se instaba a la adopción de medidas que potencien el uso del
Aeropuerto de Zaragoza para usos civiles y comerciales; y ¿qué medida más
importante y necesaria que la de potenciar una plataforma logística tan
largamente demandada?
Esta inquietud se ha visto reflejada a lo largo de los últimos años en
diferentes iniciativas y enmiendas presentadas por los Senadores del
Partido Aragonés con escaso éxito hasta conseguir para estos Presupuestos
Generales de 1998 una cifra que, si bien es claramente insuficiente,
esperamos que signifique el inicio de una serie de actividades y
propuestas que den solución a esta demanda de la sociedad aragonesa.
Por último, deseo expresar nuestra confianza en que la reciente noticia
recogida en varios medios de comunicación sobre la intención del
Ministerio de Defensa de convertir la Base de Zaragoza en un centro de
formación --medida que nos parece muy importante y que ha sido muy bien
recibida en Aragón-- sea un complemento de la utilización y
aprovechamiento integral del Aeropuerto de Zaragoza.
Por todo lo anteriormente expuesto, e insistiendo en nuestra confianza en
que se lograrán compromisos de futuro más amplios, le formulo la pregunta
en los términos expuestos.
Gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Blasco Nogués.
El señor Ministro de Fomento tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Gracias, señor
Presidente.
Muchas gracias, señoría. El Ministerio, señoría, realiza dos iniciativas
actualmente conducentes al mismo fin, que es la potenciación del
aeropuerto de Zaragoza como un centro de carga aérea y también para el
desarrollo de actividades económicas relacionadas con la industria del
transporte y sus servicios auxiliares. Las dos iniciativas son las
siguientes: de una parte, la conclusión del plan director del aeropuerto
de Zaragoza y, de otra, el estudio técnico pertinente sobre cómo integrar
el aeropuerto en la plataforma logística de Zaragoza.
El proceso de elaboración del plan director del aeropuerto está en fase
de conclusión, según me informan los servicios técnicos de AENA, y, como
sabe su señoría, se ha constituido una sociedad para la promoción del
aeropuerto de Zaragoza que tiene el específico objetivo de promocionar
este aeropuerto como centro de carga aérea. De esa sociedad forman parte,
además de las instituciones aragonesas, la sociedad específica que tiene
AENA para organizar y potenciar las terminales de carga en los distintos
aeropuertos españoles. Se trata de la sociedad Centros Logísticos
Aeroportuarios Plaza, de la que es accionista ampliamente mayoritario el
organismo Aeropuertos Nacionales y de Navegación Aérea, y, a través de
ambas iniciativas, señoría, se configurará con el tiempo el de Zaragoza
como un aeropuerto principalísimo de carga aérea y plenamente integrado
en la plataforma logística de Zaragoza, en la que tanto interés tienen
las instituciones aragonesas con las que la Dirección General de Aviación
Civil y el Organismo Aeropuertos Nacionales colaboran plenamente para
conseguir esos objetivos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE DON FELIX LAVILLA MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LOS CONTROLES QUE ESTA LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO CON RESPECTO AL
TRASLADO DE CERDOS PROCEDENTES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA HASTA LA
PROVINCIA DE SORIA (680/000461).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Félix Lavilla Martínez, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los controles que está llevando a cabo el
Gobierno con respecto al traslado de cerdos procedentes de la provincia
de Segovia hasta la provincia de Soria.
El Senador Lavilla Martínez tiene la palabra.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, precisamente de Segovia, provincia de la cual es usted
Diputada, partieron hacia Soria y su fábrica de harinas en Olvega
camiones que iban sangrando por las carreteras y tenían marchamo oficial
del Ministerio de Agricultura número 67.406, sembrando a su paso la
alarma y el peligro. Todavía hoy, señora Ministra, no se conoce el origen
de los focos, y la peste, desgraciadamente, ha rebrotado en Lérida, en
algunos puntos de Teruel y esta mañana nos hemos enterado de que también
en Zaragoza.
Ante esto, usted, señora Ministra y Diputada por Segovia, como
acostumbra, echa la culpa a los ganaderos de Soria y les llama
insolidarios, como antes se la echó a la Generalitat o a quien se ponga
por delante. Pero usted es la principal responsable, señora Ministra, de
la alarma que por su negligencia ha creado el Gobierno, provocando en los
días en que así sucedió el hacinamiento de cerdos en Segovia, y fue usted
la responsable, llevando la tensión y la alarma a los ganaderos de Soria
y también --todo hay que decirlo-- perjudicando a la empresa soriana de
harinas y a sus trabajadores porque los camiones no partieron
adecuadamente de Segovia.
Le pregunto, señora Ministra, quién y por qué dio esos marchamos
oficiales a camiones que chorreaban sangre y que procedían de las zonas
afectadas con seguridad por la peste. ¿Qué piensa hacer el Gobierno para
asumir sus responsabilidades, controlar la peste y dejar de echar la
culpa a los demás?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lavilla Martínez.
Señora Ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
El señor Lavilla Martínez me había formulado una pregunta que decía: ¿Qué
controles está llevando a cabo el Gobierno con respecto al traslado de
cerdos procedentes de la provincia de Segovia hasta la provincia de
Soria? Y tengo que contestar a esa pregunta, que es la que figura en el
orden del día, que en este momento no se está llevando ningún control por
la sencilla razón de que no se está haciendo ningún traslado de cerdos de
la provincia de Segovia a la de Soria. (Un señor Senador del Grupo
Parlamentario Popular: ¡Muy bien!)
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura.
Senador Lavilla Martínez.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Señora Ministra, es importante recordar la
llegada de cerdos de Segovia a Soria porque usted tiene
responsabilidades, y yo le he matizado la pregunta porque, repito, es
importante recordarle, como ya le he dicho al formularle la pregunta, que
hoy en día hay focos en diversos puntos de España.
Por tanto, es relevante saber qué es lo que ha pasado para deducir cómo
podemos resolver este problema que afecta y preocupa a tantos ganaderos.
Señora Ministra, despistar no es una buena fórmula. Y voy a recordarle lo
que dijo literalmente en el Congreso de los Diputados y tuve ocasión de
escuchar personalmente el día 11 de febrero con motivo del debate de una
interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista: Señoría
--le decía usted a la Diputada socialista--, dentro de lo que es un
sentido de la responsabilidad tampoco podemos llevar a transformar en
harina de carne animales sanos, que todos sabemos que son animales sanos
pero que salen de la zona de vigilancia y que, por tanto, contienen un
riesgo absolutamente menor, pero tenemos que evitar que anden circulando
por la geografía española.
Pues bien, señora Ministra, señorías, el mismo día en que usted
pronunciaba estas palabras --existe un riesgo y tenemos que evitar que
anden circulando por la geografía española-- salían de Segovia chorreando
sangre varios camiones precintados con marchamo oficial del Ministerio de
Agricultura.
Señora Ministra, lo que yo le reclamo es que no le eche la culpa a nadie,
no eche la culpa a los ganaderos de Soria. Pida usted disculpas, porque
han pedido su dimisión ya que no sabe asumir sus propias
responsabilidades y ha perjudicado y enfrentado a todo el mundo, y no es
extraño que las organizaciones agrarias, como ya le he dicho, hayan
pedido su dimisión. Debe asumir sus responsabilidades, pedir disculpas a
los ganaderos sorianos y no hacer como el calamar, echar tinta para
escapar.
Señora Ministra, tengo información que demuestra que ese transporte se ha
realizado.
Muchas gracias, señora Ministra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lavilla Martínez.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador, su señoría me pregunta sobre unas cuestiones y yo le
contesto sobre lo que me pregunta. Si su señoría quiere plantear ahora
otras cuestiones, podemos hablar de ellas, pero ése es otro asunto
distinto.
Le agradezco que asista al Congreso de los Diputados para escuchar los
debates sobre las interpelaciones que me formulan porque si escucha con
provecho a lo mejor le puede servir de alguna luz. (Un señor Senador del
Grupo Parlamentario Socialista: ¡Qué iluminada!--Fuertes y prolongados
rumores.) Yo no le he echado la culpa a la Generalitat. Yo no le he
echado la culpa a nadie por la sencilla razón de que todos sabemos
--siempre se ha dicho-- que la peste porcina vino a España procedente de
Holanda. Y en este momento en Segovia no hay peste porcina, ni en Madrid,
ni en Castilla-La Mancha. Y, frente a lo que ha dicho su señoría, lo que
yo he recibido ha sido un ramo de flores de los productores de
Anprogapor.
Lo que quiero decirle es que hay distintas opiniones. Están muy
satisfechos con la labor que están desarrollando el Gobierno y el
Ministerio de Agricultura en este asunto, colaborando con las Comunidades
Autónomas que, como muy bien sabe su señoría, tienen transferidas las
competencias en materia de Sanidad. Pero eso no empece para que el
Ministerio, en una labor de coordinación y colaboración entre
Administraciones, esté colaborando desde el primer momento. ¿Colaborando
con la Generalitat de Cataluña? Señoría, no soy yo quien ha echado la
culpa a la Generalitat de Cataluña. A lo mejor ha sido su señoría, pero
yo en eso no entro.
Efectivamente, en el Congreso de los Diputados me refería a que había
algunos ganaderos, no todos, del porcino de Soria, y otros que no eran
ganaderos pero que estaban allí en medio de la carretera impidiendo el
traslado de unos cerdos sanos que provenían de Segovia, que impidieron
que se transformaran esos cerdos en los digestores de una fábrica
soriana. Frente a esa actitud de unos pocos ganaderos sorianos, que yo
denuncié como insolidaria, y de otros que no eran ganaderos sino que
buscaban crear agitación y dificultades, había otros ganaderos de otras
provincias de Castilla y León, concretamente de Valladolid, de León; de
fuera de dicha Comunidad, por ejemplo, de Madrid, que sí, fueron
totalmente solidarios, y, sabiendo que eran cerdos sanos los que se
estaban transportando, permitieron que se trasladaran a las distintas
fábricas harineras de transformación los cerdos que existían en Segovia,
que se salían de peso y que había que transformar.
Señoría, los traslados de cerdos sanos se han hecho con todas las medidas
adecuadas: bañeras selladas con silicona-poliuretano: en la solera de la
caja se deposita una profunda capa de serrín con el fin de que absorba
todos los líquidos que puedan desprender los animales sacrificados, al
tiempo que su aumento de tamaño por empapamiento contribuye a un sellado
perfecto. Además, una vez efectuada la carga se tapa con lona la parte
aérea y se precinta el vehículo. Asimismo, el servicio veterinario de la
Comunidad Autónoma elabora el oportuno documento sanitario que debe
acompañar al vehículo en el transporte.
Por otro lado, quiero añadir que las perfectas condiciones de
estanqueidad y desinfección con que se efectuaron los traslados han sido
reconocidas por la Federación Nacional de Productores de ganado Porcino y
por la Federación de Asociaciones de defensa sanitaria del porcino de
Segovia, contrariamente a lo que dice su señoría, y que sólo ha habido un
camión, el primero, que efectivamente tenía problemas y que directamente
se trasladó, pero no genere confusión, porque nada tiene que ver todo
esto con que haya habido un rebrote de peste porcina en la provincia de
Lérida, ya que su señoría, si es que de verdad entiende de porcino, sabe
muy bien a qué obedece.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura.
--DE DOÑA ELOISA FERNANDEZ VALENZUELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE HA PUESTO EN MARCHA EL GOBIERNO PARA
DAR CUMPLIMIENTO
AL ACUERDO UNANIME ADOPTADO POR EL PLENO DE ESTA CAMARA EN RELACION CON
LA REDUCCION DE LAS COTIZACIONES EMPRESARIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE
AFECTEN A LOS CONTRATOS DE INTERINIDAD PARA SUSTITUIR A TRABAJADORAS O
TRABAJADORES CUYA RELACION LABORAL SE ENCUENTRE SUSPENDIDA POR MATERNIDAD
(680/000462).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Eloísa Fernández Valenzuela, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que ha puesto en marcha
el Gobierno para dar cumplimiento al acuerdo unánime adoptado por el
Pleno en esta Cámara en relación con la reducción de las cotizaciones
empresariales a la Seguridad Social que afectan a los contratos de
interinidad para sustituir a trabajadoras o trabajadores cuya relación
laboral se encuentre suspendida por maternidad.
A mí me da la impresión de que aquí hay un defecto de redacción, porque
supongo que al hablar de maternidad y trabajadores habría que incluir
también la palabra paternidad.
Senadora Fernández Valenzuela, tiene su señoría la palabra.
La señora FERNANDEZ VALENZUELA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como bien ha dicho el Presidente, el día 18 de marzo de
1997, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y consensuado con
todos los grupos políticos de la Cámara, se aprobó la moción relacionada
con la pregunta que el señor Presidente acaba de leer. La pregunta que yo
le formulo es: ¿qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno para dar
cumplimiento al acuerdo unánime adoptado por el Pleno de esta Cámara con
fecha 18 de marzo de 1997?
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Fernández Valenzuela.
Señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, señora Senadora, las medidas que ha puesto en marcha el
Gobierno son básicamente dos: la primera es apoyar con toda la fortaleza
posible el pilar cuarto que se desarrolló en la Cumbre de Luxemburgo
sobre políticas de empleo. Ahí el Gobierno piensa introducir esta medida.
La segunda consiste en iniciar los estudios sobre la Seguridad Social
para ver la intensidad económica de la posible aplicación de la medida en
cuanto a las cuentas futuras de la Seguridad Social. En principio, le
pongo de manifiesto que es muy posible --estamos terminando los
estudios-- que en la presentación del plan de empleo que tenemos que
llevar a cabo para su discusión en la Cumbre de Cardiff aparezca la
bonificación de estas cotizaciones no por el importe del 95 por ciento,
sino por el importe del cien por cien.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Trabajo.
Senadora Fernández Valenzuela, tiene su señoría la palabra.
La señora FERNANDEZ VALENZUELA: Señor Ministro, me parece que me ha
contestado usted de una forma sólo regular a la pregunta que le acabo de
hacer. Yo le he preguntado sobre las medidas que el Gobierno ha puesto en
marcha para cumplir dicha moción, no sobre lo que piensa hacer. De todas
maneras, ya que usted habla de un futuro, me gustaría saber cuándo se va
a poner en marcha tal medida, ya que me temo que con el ritmo que tenemos
vamos a tardar por lo menos dos años, ya que usted me habla de un plan
nacional de empleo y, mientras se presenta y se pone en marcha, me temo
que esto va a durar más de dos años.
El trabajo es un bien escaso, y a mí me parece que habría que aprovechar
cualquier hueco para poderlo ocupar por algún trabajador o trabajadora.
De todas maneras, si ustedes tenían la intención de poner en marcha el
contenido de esta moción, no entiendo cómo es posible que en la discusión
de los Presupuestos para 1998 ustedes rechazan una enmienda que presentó
mi Grupo, la 160, por la que se solicitaba añadir un nuevo artículo, el
43 bis, cuyo contenido coincidía con la moción que posteriormente
presentamos.
Otra pregunta que le quería hacer al señor Ministro es si está
cuantificada y estudiada esta medida, porque, si no lo está, tendremos
que esperar bastante tiempo, y, si es así, ello nos demostraría que esa
sensibilidad en el trabajo, de la que ustedes hablan, no sería cierta.
Y, por otra parte, señor Ministro, esta moción también tenía como
finalidad no sólo la creación de empleo, sino intentar quitar a los
empresarios el miedo a contratar mano de obra femenina, el cual,
precisamente, es debido al período de maternidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Fernández Valenzuela.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, yo creo que he contestado exactamente a la pregunta que es la
siguiente: ¿qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno?
El Gobierno recibe una moción del Senado aprobada por unanimidad, que
afecta a las cotizaciones en los contratos de interinidad y tiene que
hacer dos cosas: estudiar el impacto económico, que lo estamos haciendo,
con una dificultad que me parece absolutamente comprensible. Cuando se
hace la estimación del coste de la medida, hay que prever cuántos
contratos se van a producir en dicho coste. Sin saber la estimación de
contratos resulta imposible hacer la estimación del coste de la medida.
Me parece que es una cuestión obvia. Lo que quiero decir es que estamos
trabajando en diversos escenarios y que nos parece que en ellos la medida
es asumible.
Comparto al 100 por 100 los argumentos de su señoría. En España tenemos
un problema de desempleo especialmente femenino, pero también tenemos que
decir que en 1997 la tasa de ocupación femenina ha crecido un 3,8, que
está muy por encima de la tasa de crecimiento de ocupación masculina.
Igualmente, se podría señalar, por ejemplo, que en 1996 se hicieron en
España 145.000 contratos indefinidos para mujeres y en 1997, 258.000, lo
que quiere decir que en la corriente de creación de empleo de los últimos
tiempos ocupa un papel muy destacado lo que significa la mujer y el
empleo.
Y, finalmente, quiero manifestar que a mí me parece absolutamente
satisfactorio que se ponga en marcha la medida tras el plan de empleo,
porque quiero informar a su señoría que este plan no es para dentro de
tres, cuatro, cinco o seis meses. Señorías, el plan de empleo se presenta
en Bruselas antes del 15 de abril de 1998. Luego más premura, más
capacidad de respuesta por parte del Gobierno es imposible, y coincido al
100 por cien con usted en que, a la hora de plantear esta bonificación de
Seguridad Social, más que intensificar los contratos de interinidad lo
que se persigue es que desaparezca el miedo del empresario a contratar a
una mujer porque en las épocas de permiso de maternidad sufragaría dos
cotizaciones: la de la mujer que tiene permiso de maternidad y la del
nuevo contrato. Si bonificamos la de éste, realmente ese miedo está
desapareciendo. Y hay que reconocer que es positivo que si la Cámara nos
dice que bonifiquemos un 95 por ciento y el Gobierno modifica el 100 por
cien, está más que recogiendo el espíritu de la Cámara y, en este caso,
yo creo que también un espíritu solidario y unánime de la sociedad
española.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
INTERPELACIONES:
--DE DOÑA FRANCISCA PLEGUEZUELOS AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LOS EFECTOS QUE, EN MATERIA DE INVERSIONES PUBLICAS EN
INFRAESTRUCTURAS, HA SUPUESTO LA APLICACION DEL MODELO DE FINANCIACION
EXTRAPRESUPUESTARIA DE PAGO APLAZADO (670/000074).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo del orden del día,
interpelaciones.
En primer lugar, la de doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los efectos que, en materia de
inversiones públicas en infraestructuras, ha supuesto la aplicación del
modelo de financiación extrapresupuestaria de pago aplazado.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos Aguilar.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, uno de los ejes que han definido la política económica
del Gobierno Popular ha sido, sin duda, entre otros, la apuesta por ese
modelo alemán o de pago aplazado como una fórmula que permite financiar
una serie de inversiones en infraestructuras, en ferrocarril, en
carreteras o, incluso, en obras hidráulicas. (El señor Vicepresidente,
Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
El primer presupuesto que nos trajo su Gobierno, señor Arias, ya apostó
abiertamente por un drástico recorte de la inversión pública en
infraestructuras y, como compensación de éste, ustedes nos ofrecieron un
nuevo modelo de financiación extraparlamentaria y extrapresupuestaria
como la solución, como la panacea.
Aprobaron este modelo que, como ya denunciamos el Grupo Parlamentario
Socialista en el debate de Presupuestos de 1997, era una chapuza jurídica
que había ideado el Gobierno del señor Aznar, su Gobierno, y que le iba a
permitir, entre otras cosas, aplazar el déficit a otras generaciones, es
decir, endeudar al país gastando los presupuestos futuros. Les decíamos
que estábamos aprobando un modelo opaco, falto de transparencia, que
hurta al Parlamento el debate y la voluntad política de dónde, cuándo y
cómo se abordan las inversiones públicas, y un modelo que, es curioso,
mientras recorta sustancialmente el Capítulo VI de los Presupuestos
Generales del Estado, es decir, el Capítulo de las inversiones, sin
embargo usted no olvida incluir en el proyecto que nos trae para 1998, en
el anexo de inversiones la obra a financiar por el modelo alemán para
--lo hemos descubierto ahora, aunque era una sospecha-- rentabilizarla
electoralmente. Lo dijo usted mismo, señor Ministro, en esa reunión en la
sede de su partido, en la calle Génova, cuando literalmente manifestaba:
hemos metido como inversiones todas las obras que van por el modelo
alemán que no están cuantificadas, porque empezarán a pagarse en el 2001,
2002 ó 2003, pero están incluidas en el anexo de inversiones para que las
podamos capitalizar, porque el hecho de pagar en el 2001 o en el 2002 es
indiferente.
Evidentemente, es un modelo opaco, como ya denunciamos, y es un modelo
discrecional. Un modelo que, como le decíamos, en ningún caso defiende el
interés general ni la inversión equilibrada de los territorios, ni
siquiera esa cohesión territorial. Diría que, al contrario, su modelo de
financiación extraparlamentaria responde a intereses particulares, como
demuestra ese acta que se ha filtrado, a intereses particulares y
electoralistas como quedó también bastante claro en sus afirmaciones en
esa reunión.
Es un modelo que posibilita esa discrecionalidad porque no hay diseño de
una planificación lógica de transportes y comunicaciones, ya que no hay
criterios objetivos en esa toma de decisiones y en esas prioridades de
inversión, y que le permite a usted, señor Arias, usar como moneda de
cambio las inversiones territoriales para condicionar sus apoyos
políticos y parlamentarios. Un ejemplo de ello serían las afirmaciones
que usted hace respecto a no tener más remedio que continuar con el tren
de alta velocidad Madrid-Zaragoza, llevarlo hasta Lérida, aunque bien es
cierto que ha dicho que no se preocuparan sus compañeros de partido, que
iba a concentrar la inversión en el primer tramo, es decir, en el de
Madrid-Zaragoza.
Está claro que este modelo está hecho a su medida, a la medida de esa
política de privatizaciones, también en el campo de las infraestructuras,
en el que ustedes --ya se lo dije con motivo del debate de otra
interpelación sobre el programa de autopistas de peaje--, su Grupo, su
Gobierno olvidan que las infraestructuras son un bien público y priman
los intereses partidarios y los intereses particulares sobre los
generales.
Todo esto supone, señor Ministro, ese modelo que ustedes aprobaron en la
Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1997,
con esos mecanismos de acción administrativa que en materia de inversión
pública recogía la citada Ley. Y usted lo sabe, señor Arias. Reconoce en
privado, en esa sede de su partido, usted mismo ha calificado el modelo
alemán de posible catástrofe para este país, incluso ha anunciado su
muerte una vez que finalice lo que llama la segunda fase y una vez que
alcance esos objetivos electorales que dejó igualmente claros en esa
reunión.
Señor Arias, su Gobierno ya ha aprobado dos presupuestos en los que el
modelo alemán ha inspirado gran parte de esa política presupuestaria de
inversión en infraestructuras con la consiguiente disminución del
esfuerzo inversor que se venía manteniendo en los años anteriores. Y
durante sendos debates presupuestarios y en otros que hemos tenido a lo
largo de estos dos años le hemos reiterado los socialistas desde esta
tribuna todas estas consideraciones sobre el modelo alemán y sobre su
política de inversiones, la política de su Ministerio.
Hoy tiene usted una oportunidad, señor Ministro --que le brindamos con
esta interpelación-- de decir en público al Parlamento lo que dijo en
privado a sus compañeros sobre esas estrategias seguidas por su
Ministerio en infraestructuras y lo perverso de las mismas.
Con nuestra interpelación le ofrecemos la oportunidad de que explique a
los ciudadanos que lo que hemos venido diciendo los socialistas en todos
estos debates, a lo largo de estos dos años de gestión de su Ministerio,
lo que veníamos afirmando aquí, en las Cámaras, en público, usted lo
afirma y lo refrenda, pero, eso sí, en privado. Porque cuando usted dice
que hay que redomar el modelo alemán, porque lo único que hace es
gastarse los presupuestos de los años 2001, 2002, 2003, es decir, los del
futuro, lo que está planteando usted es que llevábamos razón cuando le
decíamos que estaba usted cuestionando, embargando, cómo no, los
presupuestos de otras generaciones.
Cuando usted con esta medida, con este modelo nos dice en privado,
insisto, que, acabada esa segunda fase, hay que liquidar el modelo
alemán, yo le digo: no espere usted, no espere usted ni siquiera a
liquidar esa segunda fase. No espere usted porque no lo entenderían los
ciudadanos, no entenderían --aun en buena lid y con buena voluntad-- que
cuando usted lo trajo a esta Cámara no pensara que todo aquello que le
anunciamos se iba a cumplir después y que lo que usted aquí nos negaba
podía afirmarlo.
Como es lógico, ese documento que se ha filtrado de la comparecencia que
tuvo el señor Ministro en la Comisión Nacional de Infraestructuras de su
partido le ha colocado en una situación muy delicada. Yo le comprendo,
porque le ha dejado desnudo de argumentos. Ha dado legitimidad a los
planteamientos que hemos mantenido los socialistas y le ha quitado a
usted toda la legitimidad sobre su modelo de financiación de la obra
pública. Porque lo único que usted legitimó en esa reunión interna fueron
nuestras posiciones, las socialistas, respecto a sus mecanismos de
financiación, y lo único que se legitima con la difusión de esas
afirmaciones en esa comparecencia de su partido es que este modelo además
permite la discrecionalidad, que este modelo estaba planteado en términos
de objetivos electoralistas, y sería más razonable, y creo que lo
entienden los ciudadanos, seguir apostando por el modelo presupuestario,
por el modelo transparente que siempre hace que la voluntad política del
Grupo que apoya al Gobierno se manifieste lo mismo que la voluntad
política del resto de los grupos en las Cámaras.
El presupuesto, señor Arias, es la expresión de la voluntad política de
un Gobierno y aquí, en el presupuesto, se deben debatir también las
inversiones. La financiación de la inversión pública debe debatirse en
esta Cámara, deben decidirse las prioridades en esta Cámara. Y si usted
tiene unas prioridades, unos objetivos electorales y políticos, y con esa
misma legitimidad que usted nos concede a todos usted trae a las Cámaras
un debate en el que gana y en el que cumple sus objetivos políticos y
electorales, todo el país le dirá que usted ha ganado. Pero si usted nos
trae aquí un modelo en el que no cree y, por el contrario, en privado a
sus compañeros les dice que el modelo no funciona, que hay que cargárselo
en cuanto acabemos, pero, eso sí, que vamos a llegar a 1999 bien
cubiertos porque se van a tener en cuenta las prioridades del partido en
cada una de las Comunidades para que en 1999 se enfrente bien a las
elecciones municipales y autonómicas su partido, usted está perdiendo
legitimidad.
Yo le ofrezco la oportunidad de que usted --con todo el respeto, con toda
la buena voluntad-- diga que se equivocó. Lo diga aquí, que es donde debe
decirlo. Yo creo que ninguno de los argumentos que le estoy dando son
baladíes. Usted mismo los ha refrendado. Yo no quiero sacarle cada una de
las declaraciones, no hace falta, señoría. Usted sabe, las Cámaras saben,
los ciudadanos saben que usted no cree en ese modelo y que usted necesita
credibilidad ante los ciudadanos y pienso, curiosamente, que también ante
su grupo político y ante su partido. Por eso yo le ofrezco esta
oportunidad.
Diga usted hoy aquí, en el sitio que debe decirlo, para que lo oigan
todos, con los representantes de los ciudadanos, que su modelo no es el
modelo adecuado para financiar la obra pública, que su modelo no era nada
más que una argucia contable para ajustar los criterios de convergencia y
para aplazar el déficit. Y no importa. Se podrá alegar y usted me podrá
alegar ante esta crítica que existe y que se aceptan en el entorno
europeo algunos de estos criterios en concordancia con esa necesidad de
ajustarse a los criterios de convergencia. Pero, señoría, esa aceptación
no anula lo que usted y yo sabemos, y es que las consecuencias que
tenemos que enfrentar en el futuro en cuanto a esa concesión
presupuestaria y de convergencia nominal son complicadas. Y, como usted
lo sabe, creo que debe usted decirlo aquí porque, si no, realmente va
usted a tener difícil que luego se le crea en esta tribuna y en las
Cámaras.
Con esta interpelación le doy la oportunidad de que en público haga usted
la valoración que hizo en privado sobre el modelo alemán y sobre la
estrategia de la política de infraestructuras de su Gobierno, y, eso sí,
con rigor, con el rigor presupuestario que ustedes están enarbolando como
bandera. Con ese rigor presupuestario, con ese rigor de criterios de
convergencia, con ese rigor de criterios y principios económicos del
modelo alemán, que tampoco los tiene, seguro que podemos empezar a hablar
usted y nosotros, usted como Gobierno y nosotros como oposición, porque
ésta es una interpelación constructiva y quiero que la interprete así,
señor Ministro; porque le ofrecemos la oportunidad de que reconvierta lo
que erróneamente usted, su Gobierno, posiblemente el Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía le incitó a hacer, como le
incita otro Ministro, otro Vicepresidente del Gobierno a hacer en
política de telecomunicaciones, le ofrecemos la oportunidad de que
reconvierta esas actitudes erróneas.
Señoría, deje de errar. Haga el favor de decir a esta Cámara lo que dice
en privado y haga el favor de considerar y tomar esta interpelación lo
más constructiva posible porque no tiene otro objetivo, señor Ministro, y
no me conteste usted después, como suele hacer, que se necesita humor,
porque humor es el que necesita la sociedad para escucharle a usted
demagógicamente unas cosas aquí en la tribuna y otras fuera, o las que se
filtran muy interesadamente por parte de algunos de los diecinueve
miembros cualificados de su partido que asisten a esa reunión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Pleguezuelos.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, me temo, y lo digo con todo el respeto, que usted no ha
entendido lo que es el modelo alemán y voy a tratar de demostrarle que no
ha entendido lo que es el modelo alemán. Ha hecho usted en torno a ese
modelo cinco afirmaciones que voy a tratar de contestar una por una.
Primera afirmación: el modelo alemán es financiación extrapresupuestaria.
Falso. El modelo alemán es financiación privada y pago presupuestario
aplazado, pero va a través de los Presupuestos Generales del Estado. Por
tanto, primera imprecisión desde el punto de vista técnico y riguroso.
Segunda afirmación: el modelo alemán aplaza el déficit público. Falso. El
déficit está en función de la cantidad que usted gasta. Yo puedo gastar
anticipadamente y no incrementar el déficit ni aplazarlo. Todo depende de
que me mantenga dentro de los límites en que tengo que realizar el pago.
Por tanto, es una afirmación, una vez más, falsa. No aplaza el déficit.
Aplaza simplemente el pago, y el pago puede ser déficit o no según se
tenga una política presupuestaria rigurosa. Como este Gobierno ya ha
demostrado hasta la saciedad que tiene una política presupuestaria
rigurosa, permítame decirle, señoría, que al menos tenemos credibilidad
para decir que el modelo de pago aplazado no incrementa el déficit, ni va
a incrementar el déficit, ni supone un aplazamiento del déficit.
Tercera cuestión: en el texto de la interpelación, aunque después ha
diluido su señoría la afirmación en su intervención, afirma que el modelo
alemán es contabilidad creativa. Falso, señoría. No tiene nada de
contabilidad creativa. Es contabilidad presupuestaria absolutamente
transparente.
Finalmente, señoría, ha hecho usted referencia a que, dada la
flexibilidad que permite el modelo alemán, el Gobierno lo ha utilizado,
lo va a utilizar o lo está utilizando con una amplísima discrecionalidad
y para servir única y exclusivamente a intereses electoralistas. Pues
bien, señoría, va a ser un poco prolija, pero no hay más remedio que
proceder a la lectura de lo que usted llama intereses electoralistas.
¿Es electoralista la autovía Albacete-Murcia, en la que se financian
12.890 millones de pesetas por el modelo alemán? Son tres tramos: uno de
12.000, otro de 15.000 y otro de 12.700 millones de pesetas. ¿Es
electoralista la autovía Alicante-Alcoy y Villena-Ibi? ¿Es electoralista
la Ronda Sur de Valencia? ¿Es electoralista la autovía Cervera-Igualada?
¿Es electoralista la autovía Zaragoza-Huesca? ¿Es electoralista la
autovía del Cantábrico? ¿Es electoralista la autovía Huelva-Ayamonte?
Estos son los tramos que se van a financiar con arreglo a la primera fase
del programa del modelo alemán, año 1997. Y añado: ¿es electoralista --y
ya me refiero al año 1998--, en la autovía Cervera-Igualada, el tramo
Cervera-Santa María del Camí? ¿Es electoralista, en la autovía del
Cantábrico, el tramo Ronda de Gijón-Piles-Infanzón? ¿Es electoralista el
último tramo de la autovía Huelva-Ayamonte, entre Aljaraque y el enlace
de Lepe? ¿Es electoralista la Ronda de la Hispanidad, en Zaragoza? ¿Es
electoralista la circunvalación sur de Logroño? ¿Es electoralista el
tramo Lamadrid-Junquera en la autovía del Cantábrico? ¿Es electoralista
la variante de Fraga, en Huesca? ¿Es electoralista el tramo
Almendralejo-Zafra, en la autovía de La Plata?
Señoría, como usted puede comprender, no se puede dejar sentada la
afirmación de que se están sirviendo intereses electorales cuando lo que
se está haciendo a través del modelo alemán es justamente una inversión
productiva, que trata de completar el programa de autovías previsto en el
Plan Director de Infraesctructuras. Como usted comprenderá, señoría, la
afirmación que se ha atrevido a hacer su señoría carece del más mínimo
fundamento. Se ha utilizado un mecanismo presupuestario para financiar,
para dar un impulso al programa de autovías que está en el Plan Director
de Infraesctructuras.
Señoría, el modelo alemán se inserta en una política presupuestaria de la
que este Gobierno se siente legítimamente orgulloso, porque es una
política presupuestaria que
contempla las exigencias de la inversión pública y, al mismo tiempo, se
aplica con un extremado rigor. ¿Sabe su señoría que la inversión pública
en España y en todos los países de la Unión Europea viene
sistemáticamente disminuyendo desde el año 1990, porque la política de
rigor presupuestario y el proceso hacia la unión monetaria ha exigido de
todos los poderes públicos una disminución de las cantidades que se
decidan en los presupuestos a la inversión pública?
Para hacer frente a esa situación, señoría, y teniendo en cuenta que
España es un país que está todavía necesitado de muchas infraestructuras,
la Ley de acompañamiento, que entró en vigor el 1 de enero de 1997, pone
en marcha tres vías de financiación, en parte presupuestaria y en parte
extrapresupuestaria.
En primer término, moviliza financiación privada, «stricto sensu», a
través de la puesta en marcha de un programa de autopistas de peaje, que
es un complemento de inversión pública para atender necesidades de
infraestructuras.
Segundo, utiliza fondos procedentes de privatizaciones para invertir
igualmente en infraestructuras y, sobre todo, en el tren de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.
Tercero, utiliza un mecanismo que, por su propia naturaleza, tiene
carácter temporal, que hemos dado en denominar modelo alemán, y a través
de él pone en marcha dos programas, uno para el año 1997 y otro para el
año 1998, que entre ambos vienen a sumar aproximadamente unos 220.000
millones de inversión, todos ellos dirigidos a completar el programa de
autovías, salvo unos 11.000 millones de pesetas del programa del presente
ejercicio, que van destinados a la mejora del trazado del ferrocarril
entre Madrid y Valencia, en la zona de La Encina. Eso es todo lo que este
Gobierno pone en marcha, señoría, el 1 de enero de 1997 para compensar la
inevitable disminución de la inversión pública, y ello es no sólo
compatible sino que es, probablemente, el único camino para, al mismo
tiempo que se hace frente a las exigencias de inversión, mantener una
política de rigor presupuestario.
Hoy, señoría, se emite el informe de la Comisión Europea, que pone de
relieve que, en el ámbito de la política presupuestaria, España termina
con un déficit presupuestario muy por debajo incluso de las previsiones
iniciales del propio Gobierno.
Le recuerdo que en lo que afecta al subsector Estado, señoría, en el año
1997 el déficit alcanzó el 2,1 por ciento medido en términos de Producto
Interior Bruto. Teniendo en cuenta que en el año 1995 el déficit fue del
6,4, comprenderá, señoría, que el esfuerzo que se ha hecho ha sido
monumental, porque en dos años escasos se han rebajado 4,3 puntos
porcentuales.
Y todo el problema, señoría, viene de que ustedes han utilizado una
pretendida acta y le desafío a su señoría a que demuestre que eso lo he
dicho yo. Me lo tendrá que demostrar, porque de un papel blanco, sin
firma de nadie y con notas tomadas por cualquier aficionado deducir las
posiciones de un Gobierno o de un Partido es, cuando menos --voy a
emplear una palabra suave, porque podría usar otra mucho más grosera--,
una indelicadeza. Ni ese acta es un acta, ni lo que ahí figura lo ha
dicho un miembro del Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora interpelante por un tiempo de cinco minutos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, decía usted que algunas de mis afirmaciones son falsas.
Le pregunto, puesto que soy la que está interpelando, ¿es
extrapresupuestario y extraparlamentario o no el traer a la Cámara en el
anexo de inversiones, pero con carácter informativo, y sólo con ese
carácter, una serie de proyectos respecto de los que ninguno de los
grupos políticos que hemos sido elegidos para modificar o no la voluntad
de un Gobierno sobre esas prioridades hemos tenido capacidad de enmendar
sus decisiones? Porque cuando usted en una Cámara gana el debate
político, hace ganar, con el valor de los votos, sus prioridades, le
respeto. Pero cuando usted hurta el debate a la Cámara, usted está
hablando de modelo extraparlamentario y, además, extrapresupuestario.
Usted tuvo la benevolencia y usó la estrategia política --como se ha
demostrado en el acta, de la que, por cierto, le puedo dar copia,
incluido el nombre de los asistentes, porque las 19 personas están aquí
reseñadas-- de afirmar en esa reunión que en el anexo de inversiones se
incluyen las obras del modelo alemán para rentabilizarlas políticamente,
cosa que no hizo, por cierto, la Ministra señora Tocino. Es decir, las
inversiones del modelo alemán que se hacen en Medio Ambiente deben ser
extrapresupuestarias porque no figuran ni siquiera en el anexo de
inversiones. ¿Cómo se come esto, señor Ministro?
Usted dice que estamos confundiendo aplazar el déficit con aplazar el
pago. Por supuesto, aplazar el pago lo lleva implícito hasta el nombre
del modelo: es modelo de pago aplazado. Pero usted sabe perfectamente que
eso es aplazar también el déficit. Lo dice usted mismo: yo sería
partidario de que, cubierta esa fase en la que ha habido que disminuir la
inversión pública directa, se cerrase la llave del modelo alemán, porque
estamos endeudando al país --y creo que la deuda, al final, es déficit--
y gastando los futuros presupuestos. Creo, señor Ministro, que aquí
ofrece la cara negra, la cara que tiene que ofrecer, y la cruz de la
moneda se la ofrece a su partido.
Yo no hubiera hablado nunca --y no lo he hecho a lo largo de estos dos
últimos años y le he interpelado en varias ocasiones-- de electoralismo.
No le he hablado de electoralismo hasta que usted dijo eso en esa
reunión, como figura en el acta que tienen todos los medios de
comunicación de este país y parece que todas las fuerzas políticas,
incluida la suya se han interesado por ella porque, al final, han venido
a pedirla los que no asistieron a esa reunión. Hasta ese momento yo no he
hablado nunca de electoralismo. Y es usted quien lo dice. ¿Es o no
electoralista
esta frase? El Gobierno, como no podía ser menos, quiere que el Partido
llegue en buenas condiciones a las elecciones municipales y autonómicas
de 1999. La filosofía es: Tened tranquilidad, compañeros, que en 1999
llegaremos con las prioridades del Partido. ¿Esto es o no electoralismo,
señoría?
Le insisto en que su programa electoral es distinto del nuestro. Su
programa se refleja en la voluntad política de los Presupuestos cuando
llegan a la Cámara y ésta los aprueba, pero usted ha hurtado a esta
Cámara el debate.
A usted no le gusta tener que enfrentarse a la situación que está
viviendo, porque es muy incómodo tener que ir de meritorio ganándose el
respeto de su Grupo, repartiendo prebendas territoriales y luego
encontrarse con que algunos de esos diecinueve altos miembros
representantes de su Partido, con responsabilidades incluso
parlamentarias, le dan a los medios de comunicación esta información.
Eso le molesta; pero usted debería decir aquí lo mismo que allí, y le he
dado la oportunidad de hacerlo. Y no debería negar el acta, porque en
ella se reflejan literalmente los asistentes, la hora, la nueva
secretaria que eligen, quién es cada una de las personas, cómo
intervienen. Nadie se inventa eso y usted lo sabe. Usted debería haber
tenido la decencia política de decir: El Gobierno utilizó el modelo
alemán con buena voluntad, y dos años después ha resultado un fracaso.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora Pleguezuelos, termine,
por favor.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Le he dado esa oportunidad, señor
Ministro, y usted no la ha recogido. Los electores les pasarán las
cuentas, a usted, a su Gobierno y a su Partido.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con brevedad para decir que en el trámite parlamentario de los
Presupuestos Generales del Estado intentamos enmendar lo que seguimos
entendiendo como contabilidad creativa porque, por mucho que nos
esforcemos, aplazar el pago es aplazar el déficit. Por lo menos, eso es
lo que este Senador entiende y, aunque no es un experto en economía, es
de sentido elemental.
Este Senador se alegra de que el Ministro, por los condicionantes
actuales, no pueda decir que ése es un modelo idóneo para resolver los
problemas de las infraestructuras.
Efectivamente hay déficit en las infraestructuras, pero si la iniciativa
privada va a resolver los problemas de las infraestructuras, del AVE, de
las carreteras, de las autopistas, etcétera, tiene que hacerlo a un coste
muy alto. El endeudamiento es para varios años y el déficit no se va a
notar hoy, pero se notará en el futuro. No es un modelo idóneo y creo que
se debería rectificar y dejarlo en la mínima expresión. Con ello se haría
un bien a todo el país de cara al futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos no se hace uso de la
palabra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, intervengo brevemente para exponer la posición
de nuestro Grupo sobre este tema, y lo haremos distinguiendo dos aspectos
de la interpelación: uno es el dato objetivo de qué es el modelo llamado
alemán o el modelo de contratos bajo la modalidad de abono total del
precio o del pago aplazado. El modelo está reflejado en la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos de 1997 y, por lo tanto, cuenta con la
aprobación parlamentaria. La mayoría de las Cortes Generales aprobó que
era legal utilizar este modelo a partir del año 1997.
El modelo se refiere exclusivamente al sistema de financiación, permite
el pago aplazado y la financiación privada de las propias empresas
constructoras. Es un modelo aceptado por la Unión Europea. En
consecuencia, algunas de las afirmaciones que aquí se han hecho no se
ajustan a lo que en sí es el tema, que no tiene tanta transcendencia como
se le ha querido dar desde un punto de vista político.
En cualquier caso, no creemos que esto tenga nada que ver con el hecho de
que se esté aplicando o no una correcta política en cuanto a la
distribución territorial de las inversiones en infraestructuras. La
financiación no tiene nada que ver con la política de distribución
territorial de las inversiones en infraestructuras.
En cuanto a la valoración política, respetamos, señora Pleguezuelos, la
que hace su Grupo. Respetamos que su Grupo considere que ésta no es una
buena herramienta de gestión presupuestaria para las inversiones. No
obstante, el Gobierno y los grupos que en su momento votamos a favor de
este modelo creemos que sí ha sido una buena herramienta en un momento en
el que había que cumplir unos objetivos muy concretos de déficit público.
Por otro lado, estamos de acuerdo en que no se puede permitir en ningún
caso que en nuestro país se paralice el ritmo de inversión pública
necesaria. Con ello no queremos decir que sea un modelo que haya que
mantener indefinidamente, pero sí creemos que ha sido, para los
ejercicios 1997, 1998 y, probablemente, para alguno más, un modelo eficaz
para no bajar el ritmo de la inversión pública y para cumplir los
objetivos de déficit.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tengo que decir que esta
interpelación ha sido para el Senador que les
habla un poco sorprendente. Porque, como acaba de manifestar el portavoz
de Convergència i Unió, se le ha dado una importancia al tema que en
realidad no tiene. Además, se le ha dado un enfoque que nosotros creemos
que es completamente desacertado, en el sentido de que el método alemán
es un método como cualquier otro que se puede utilizar en unas
determinadas circunstancias. En nuestro país se ha utilizado el programa
en los dos últimos años de una forma muy mesurada, en unas circunstancias
presupuestarias que aconsejaban, para que no cayera la inversión pública,
que se utilizara este procedimiento. Incluso, se ha adelantado que cuando
las finanzas públicas mejoren, en el futuro este procedimiento de
financiación de inversiones públicas dejará de utilizarse. En
consecuencia, creemos que se ha desbordado el asunto dándole a este tema
una importancia que no tiene.
Nos ha llamado la atención que el Grupo Parlamentario Socialista pusiera
el acento en la cuestión de dejar para futuras generaciones el pago, es
decir, que la inversión de ahora sea cargada en presupuestos futuros. Los
señores Senadores saben que la principal carga financiera que tienen los
Presupuestos Generales del Estado son los intereses de una deuda pública
que se ha ido acumulando aceleradamente con los gobiernos socialistas.
El año pasado se pagaron tres billones y medio de pesetas. En los
Presupuestos de este año hay más de tres billones. Si dividen esa
cantidad entre los 365 días del año verán que en este país estamos
pagando unos 10.000 millones de pesetas diarios de intereses. Quizás,
este año un poco menos, gracias a la política económica del Gobierno.
Cuando los gobiernos socialistas se endeudaron no tenían en cuenta que en
el futuro iban a pagar intereses sobre esa deuda que, por supuesto, iba a
ser una carga, y una carga de tres billones y medio de pesetas, es decir,
de tres veces más de lo que supone la inversión pública de los últimos
gobiernos socialistas. Y es precisamente esa carga de intereses la que ha
ido eliminando --no ya en estos presupuestos, sino también en otros
durante el mandato del Gobierno socialista-- las posibilidades de
invertir y de atender a las necesidades sociales.
En estos momentos el crecimiento del endeudamiento está controlado, los
tipos de intereses han bajado, y las expectativas de futuro de que las
cargas por intereses vayan disminuyendo respecto del producto interior
bruto, no sólo en términos absolutos sino en términos relativos, van a
permitir que, dentro de las posibilidades que existen para llevar a cabo
otro tipo de gastos --en inversiones para infraestructuras, de las que
estamos hablando ahora, o también en educación, sanidad y en otras
prestaciones sociales--, puedan dedicarse también esos recursos a todas
estas cuestiones, recursos que hasta ahora se están destinando en exceso
al pago de intereses de la deuda pública.
Resumiendo: nos ha sorprendido mucho la preocupación del Grupo
Parlamentario Socialista por esa repercusión que en presupuestos futuros
tendrán las obras que se financian por el método alemán que, como han
señalado, ascienden como mucho a 200.000 millones de pesetas, cuando
realmente en este ejercicio esa cantidad la estamos pagando en intereses
de deuda acumulada en veinte días. Es decir, son veinte días de intereses
el equivalente a todo lo que se va a invertir por el método alemán entre
1997 y 1998, o lo que es lo mismo, son diez o doce días en este ejercicio
lo que se va a invertir en función del método alemán, el equivalente en
pago de intereses de la deuda que se asumió por los Gobiernos
socialistas.
Por tanto, repito que nos ha sorprendido un poco que después de esta
política financiera que han llevado a cabo los diferentes Gobiernos
socialistas, nos vengan a decir ahora que les preocupa la repercusión que
esas obras de hoy tendrán en ejercicios futuros.
Por lo demás, la interpelación ha tenido un marcado carácter personal que
no entendemos. Y no lo entendemos porque todas las obras que ha hecho el
Gobierno por el método de financiación alemán --plasmadas concretamente
por el Ministerio de Fomento-- están en las listas acordadas en Consejo
de Ministros ya publicadas. No voy a repetir las que ha leído desde la
tribuna el señor Ministro, pero en todas las regiones se han hecho y en
todo tipo de carreteras. No vemos, pues, que pueda decirse nada sobre que
esas obras están siendo utilizadas de una forma o de otra.
La verdadera voluntad del Gobierno y del Ministro de Fomento en sus
actuaciones está reflejada en las actas de los Consejos de Ministros, es
decir, en las publicaciones oficiales, que son las que hay que tener en
cuenta. Pero como a la señora Pleguezuelos no le gusta oír esto, sigue
insistiendo en un papel...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Alierta, su tiempo ha
terminado.
El señor ALIERTA IZUEL: Termino, señor Presidente.
Pues bien, en estas publicaciones aparecen las obras de todas las
Comunidades Autónomas, y entre ellas una a realizar en la Comunidad
Autónoma a la que yo represento, Aragón, una ronda para una carretera
aprobada ya en 1989 en función de un convenio entre el Ayuntamiento y el
Gobierno socialista que, gracias al método alemán, al fin se va a poner
en marcha.
Entendemos que el método alemán que el Gobierno ha utilizado está ya
expresado en las actas de los Consejos de Ministros, que son sobradamente
conocidas. Por tanto, las opiniones que ha manifestado la Senadora
respecto de la intencionalidad de esas inversiones no tienen ningún
fundamento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alierta.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente, señorías.
En primer lugar, he de decir que, después de este debate, queda
absolutamente claro a mi juicio, señor Presidente, que el modelo alemán
constituye un recurso a la financiación privada con pago aplazado y con
cargo a los
Presupuestos Generales del Estado y que, por consiguiente, no se trata de
una financiación extrapresupuestaria. En segundo lugar, queda
absolutamente claro que éste no es un artificio contable sino un método
dotado de notable transparencia. Y, en tercer lugar, queda claro que este
método se ha utilizado en las dos fases de aplicación del programa para
completar el programa de autovías que figura en el Plan Director de
Infraestructuras y que, por consiguiente, los fundamentos mismos de la
interpelación que la Senadora socialista ha formulado se caen por su
propia base.
Señoría, no se puede afirmar que se haya producido un ocultamiento hacia
el Parlamento, pero no solamente por lo que ha dicho el portavoz del
Grupo de Convergència i Unió respecto de que la fórmula se debate en el
Congreso y en el Senado y aparece posteriormente en una ley de
acompañamiento, sino porque, además, las obras a las que se va a aplicar
el modelo alemán aparecen en el Anexo de inversiones. El hecho de que no
aparezca cuantificado cada uno de los proyectos no tiene ninguna
importancia, puesto que se permite a la Cámara presentar opciones
diferenciadas a ese Anexo de inversiones. Además, si el Grupo
Parlamentario Socialista hubiera querido, habría podido presentar
enmiendas para introducir en la Cámara la voluntad --a lo mejor
mayoritaria-- de que, en vez de aplicar una parte de ese modelo alemán a
la autovía Huelva-Ayamonte, se aplicara a cualquier otro tramo de autovía
de los que hay que construir en territorio nacional. Por consiguiente, ha
habido debate parlamentario, no ha existido ocultación, y eso es algo
público y notorio.
Por último, señor Presidente, creo que hay de poner de relieve algo que,
de manera indirecta, también se ha dicho aquí. Se trata de que a los
efectos del debate político lo que cuenta, en primer lugar, es lo que
aprueban las Cámaras; y lo que aprueban las Cámaras está reflejado en los
Presupuestos Generales del Estado y en sus anexos de inversiones. En
segundo lugar, cuentan los acuerdos del Consejo de Ministros, que tienen
formalización pública, no sólo en las actas, sino también en el Boletín
Oficial del Estado. Y en tercer lugar, a los efectos del debate político
cuentan igualmente los debates que estamos manteniendo entre el Gobierno
y la oposición, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.
Y lo que compromete la palabra de un Gobierno es lo que se afirma en las
Cámaras, además de lo que aparece en el Boletín Oficial del Estado y en
los acuerdos del Consejo de Ministros.
Por tanto, señoría, le pediría, simplemente por sentido común, que
buscara en el diccionario la definición del término «acta». Cuando se
haya hecho con esa definición, tanto en el sentido corriente del término
como en el sentido jurídico, comprenderá que el papel apócrifo del que
usted dispone no es un acta, aunque quien lo haya hecho así lo exprese. Y
lo que en él se reproduce como palabras mías no son mis palabras. Pero si
usted da más importancia a un papel apócrifo que a lo que estoy diciendo
en el Senado y en el Congreso de los Diputados, quien infravalora y
devalúa a las Cámaras es su señoría.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
(La señora Pleguezuelos Aguilar pide la palabra.)
Senadora Pleguezuelos, el debate ya ha terminado. (Rumores en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.) Señorías, debo escuchar a la señora
Senadora, al igual que escucharía a cualquiera de ustedes.
¿Por qué solicita la palabra, Senadora Pleguezuelos?
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Porque no he utilizado el turno anterior
por el artículo 87, para hacerlo una vez que hubiera escuchado al señor
Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, en este momento eso
cambiaría el ritmo del debate, y usted sabe que eso no es posible.
Como digo, el debate ya ha terminado. No ha hecho uso del turno anterior,
y tampoco puede hacer uso de la palabra por el artículo 87, porque ya lo
ha utilizado. Me gustaría que lo comprendiera.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: En ese caso, tengo que lamentar el que
haya cedido el turno anterior para escuchar al señor Ministro. Desde
luego, pasaré al señor Ministro copia de esa acta y de las personas...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, le insisto en que no
está usted en el uso de la palabra. Espero que lo comprenda.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: No lo comprendo, pero lo acepto.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Le estoy muy agradecido.
--DE DON PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DEL ACEITE DE
OLIVA (670/000076).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a la siguiente
interpelación, formulada por el Senador don Pedro Rodríguez Cantero, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma de la organización común
de mercado, OCM, del aceite de oliva.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Rodríguez Cantero.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, hace tan sólo una semana el Colegio de
Comisarios de la Unión Europea ha aprobado una propuesta para la reforma
de la OCM del aceite de oliva en la que se plasman los peores presagios
para el olivar español.
Señora Ministra, tras veintidós meses de radicalismo verbal, de
comportamientos tozudos, envarados y partidistas, su actuación y la del
señor Aznar ponen en grave riesgo el sector del aceite de oliva con la
amenaza de una OCM que no garantiza la continuidad de la ayuda a la
producción; que no reconoce la producción real al conjunto de la Unión
Europea ni a España, y fija cupo por países; que suprime el sistema de
intervención; que suprime la ayuda al consumo y el régimen de pequeños
productores; que no determina ayuda para la aceituna de mesa ni prohíbe
las mezclas, y que no incrementa la financiación.
Señor Presidente, señorías, dicho de manera más simple: tras 22 meses, la
señora Ministra y el señor Aznar no han conseguido que se recoja en la
propuesta de la reforma de la OCM aprobada ni una sola de las
reivindicaciones del sector, ni una sola de las exigencias formuladas por
la Mesa Nacional para la Defensa del Aceite de Oliva --que ha pretendido
liderar usted, señora De Palacio--, ni uno solo de los objetivos
considerados como irrenunciables en las mociones aprobadas por unanimidad
en los distintos Parlamentos, entre ellas la aprobada en esta Cámara en
el Pleno de 9 de octubre de 1996. Y mientras España no lo ha conseguido,
el resto de países productores --Italia, Grecia, Portugal y Francia-- sí
que ven satisfechas sus demandas en todo o en buena parte. Esta es la
triste realidad; ésta es, y no otra, la cruda realidad que usted intenta
camuflar --ya se lo he dicho-- con el latiguillo del «hemos conseguido».
Pero, señora Ministra, usted va a tener un turno y en ese turno yo espero
que nos aclare si va a defender el millón de toneladas, si va a impedir
que desaparezca la intervención pública, en cuánto va a exigir que se
fije la ayuda a la aceituna; en definitiva, espero que usted hable de
aquello que le interesa al interpelante y de aquello que, sobre todo,
interesa a los olivareros. Y no quiero pensar, señora Ministra, que usted
va a aprovechar la ocasión una vez más para descargar sus
descalificaciones, para entrar en ese «totum revolutum» de cifras, donde
mezclará las churras con las merinas, donde tratará de demostrar que
cualquier tiempo pasado fue peor y que el sector del aceite de oliva no
ha estado defendido nunca mejor que ahora. ¡Faltaría más, señora
Ministra!
Es precisa, señorías, una reacción urgente para evitar que esta propuesta
se apruebe definitivamente, empezando por corregir los errores de
estrategia del Gobierno, estrategia que ha estado impregnada siempre del
peor de los populismos, que empezó apoyándose en el radicalismo verbal y
en la confrontación, para pasar desde hace unos meses al refugio de la
ocultación y la negación de evidencias, y que ha terminado en el
patetismo de una Ministra impotente y aislada que deambuló por Bruselas
sin rumbo y, según se comenta, con insinuaciones delirantes y
enloquecidas de referendos. ¡Quién la ha visto y quién la ve a usted,
señora Ministra! Esta estrategia de confrontación y de culpación, de
culpar a otros, y especialmente si son socialistas, o de buscar enemigos
en el exterior, recurriendo de este modo al espantajo franquista de la
anti España, es posible que le haya proporcionado algún éxito entre los
suyos --que le aproveche--, pero, desde luego, no ha servido para
defender los intereses de nuestro país en Bruselas. Más aún: hoy tenemos
que lamentar que el Gobierno, el señor Aznar y usted, en unos meses hayan
dilapidado la credibilidad y el prestigio político que España alcanzó con
los Gobiernos socialistas dentro y fuera de la Unión Europea. La pérdida
de influencia y prestigio político de nuestro país se manifiesta en la
propuesta para la reforma de la OCM aprobada por el Colegio de
Comisarios; es la causa, señora Ministra, de que el Gobierno de Aznar
dilapide la herencia socialista de una OCM que ha introducido mejoras
continuadas en la renta de los agricultores, en la calidad del aceite, en
las técnicas de cultivo, en la industria transformadora y, en definitiva,
en el empleo, en el medio ambiente y en la calidad de vida de muchos
pueblos --más de 33 sólo en Andalucía-- que tienen en el olivar su
principal fuente de riqueza.
En estos momentos, señorías, los socialistas estamos preocupados por la
amenaza que se cierne sobre el aceite y también nos alarma la falta de
proyecto europeo y la estrategia con la que Aznar pretende defender los
intereses españoles en las negociaciones comunitarias. De este modo,
ahora se perjudica al aceite de oliva, antes a las frutas y hortalizas,
mañana al tabaco, al vino, a los fondos estructurales y a un largo
etcétera. El Gobierno y usted plantean las estrategias en clave de
rentabilidad política nacional; les importa poco el resultado de la
negociación; su único objetivo, su obsesiva preocupación, es proyectar
una imagen de aguerridos defensores sitiados por enemigos internos y
externos; les da igual que esos intereses que dicen defender acaben
maltrechos porque construirán una realidad virtual y propagandística para
resaltar los éxitos.
Señora Ministra, ¿no ha pensado que su estrategia del victimismo será
desvelada, si no lo ha sido ya, por los foros comunitarios? ¿No teme que
cuando Bruselas la haya descubierto se nos niegue el pan y la sal
pensando que usted apuesta por cuanto peor mejor? Señor Presidente,
señorías, con pasear unos días por Bruselas se percibe que al Gobierno
español se le empieza a mirar con distancia, no sólo por la falta de
aportaciones al proceso de construcción europea, sino también porque
ganamos en soledad como consecuencia del rechazo a los resabios
autárquicos y antieuropeos, cuyo renacer ustedes de la derecha alientan y
consienten en los sectores más conservadores de nuestra sociedad. Los
socialistas lamentaremos que estas apreciaciones se despachen desde los
bancos de la derecha o por el Gobierno con las descalificaciones de
turno, cuando están formuladas, créame, con lealtad y sincera
preocupación. Y en su raíz podemos encontrar las causas del fracaso en la
negociación y el origen del peligro que amenaza de ruina al sector del
aceite de oliva.
Señora De Palacio, créame cuando le digo que lo único que nos interesa a
los socialistas es que el proceso de negociación culmine con una buena
OCM para los intereses españoles. Créame cuando le digo que queremos
ayudarle a enmendar su rotundo fracaso en la primera fase de esta
negociación. Déjese ayudar, señora Ministra, porque creemos que aún es
posible corregir sus errores. No va a ser fácil. Va a ser una negociación
dura, pero no sólo por la propuesta aprobada, sino también por la mala
situación en la que usted nos ha colocado.
Usted sabe muy bien que en estos momentos España está aislada de los que
debieron ser nuestros aliados naturales, unos países productores que han
visto satisfechas sus demandas, caso de Italia, Grecia y Francia, o se
escudan en nosotros para mejorarlas, como Portugal. Su estrategia ha
fracasado tanto en la búsqueda de alianzas como en el planteamiento de la
negociación, y algo tendrá que ver, digo yo, el cese indiscriminado e
irresponsable de experimentados equipos técnicos que realizaron ustedes
al llegar al Gobierno.
Deseo ayudarla, señora Ministra, y para ello es preciso identificar los
errores. A la vista del informe del Parlamento Europeo, el informe
«Jover», fue un error que usted siguiera centrando la defensa del olivar
en el rechazo a la ayuda al árbol, sin caer en la cuenta del peligro que
suponía para España fraccionar la producción comunitaria en cuotas
nacionales si al tiempo no se reconocían las producciones reales. El
informe sí vio este peligro, y de ahí que fijara 1.850.000 toneladas de
producción para la Unión Europea. ¿Por qué, si nuestra producción ronda
el 50 por ciento del total comunitario, dieron por buena para nuestro
país, usted y su Ministerio, la cantidad de 700.000 ó 750.000 toneladas,
o sea, el 40 por ciento de la producción fijada en el informe del
Parlamento para la Unión Europea? ¿Por qué no escuchó a quienes,
conscientes del peligro, inmediatamente empezamos a exigir para España
una cuota de un millón de toneladas? ¿Por qué se lanzó a una cadena de
descalificaciones y nos tildó de demagogos y partidistas, cuando el señor
Aznar pide lo mismo, aunque tarde y mal?
Vea hasta dónde conducen sus errores: no sólo pone en riesgo el olivar
español, sino que también expone al ridículo al Presidente del Gobierno
de España cuando le obliga a saltarse las reglas mínimas de la diplomacia
europea, y con una simple carta, que además hace pública, pretende ganar
la voluntad del Presidente Santer. Genial, señora Ministra. La estrategia
de alianzas --lamento decírselo-- es un cúmulo de errores, desde la
negativa de Aznar a formar un frente con Italia en la negociación
comunitaria hasta su enfrentamiento con el Comisario Fischler, sin
olvidar sus declaraciones para desmovilizar el sector del aceite en su
lucha por la defensa del olivar y su actitud provocadora más reciente,
señora Ministra.
¿Cómo es posible que le haya fallado la química con el Comisario
Fischler? Sin barreras idiomáticas, no teniendo miedo al avión, siendo de
su mismo grupo político, el Popular, usted, la Ministra de Agricultura
del primer país productor, no debió tener mayores problemas en la
negociación. Más aún. Partió usted de una magnífica OCM y con bazas
suficientes para salvar lo esencial, tras las lógicas presiones de un
proceso negociador. ¿Por qué fracasó usted? Empiece por reconocer, de una
vez por todas, que la organización de la visita del Comisario Fischler a
Andalucía fue una grave equivocación. Y digo la organización, no la
visita. Como ya le dije en otro momento, esa visita nos recordó a los
andaluces viejas formas de otras épocas, cuando las autoridades
«paseaban» por nuestras tierras a personalidades extranjeras para
deslumbrarlos con nuestro folklore y nuestra hospitalidad, y obligaban al
pueblo andaluz a vitorearlos en las calles.
Con esto y con el desprecio que usted y su partido muestran por las
instituciones andaluzas no consiguió apoyos. Sólo consiguió rechazos,
incluido el del propio Comisario que, como manifiesta en la carta que le
dirigió a usted el 9 de abril, califica la visita de «suceso mediático» y
se queja de que sus intenciones de tener consultas abiertas informales se
han estrellado contra un muro; la rechaza a usted como interlocutora y
expresa su desconfianza para repetir esta experiencia en un momento en el
que la Comisión se prepara para presentar y discutir opciones para la
reforma de otras OCMs. O sea, que al olivar le hizo usted un flaco favor,
y buen camino dejó usted para las OCMs: para el tabaco, para el vino,
para ese largo etcétera.
Señoría, el problema del olivar no es la ofuscación de un Comisario
europeo. E1 problema del olivar son los errores del señor Aznar y los
suyos. Si de verdad está dispuesta a corregirlos y a encontrar soluciones
para el Consejo de junio, cuente con los socialistas. Empiece por asumir
que la propuesta aprobada por el Colegio de Comisarios es una dura
agresión al sector español del aceite. Admita sin condicionantes que no
se ha conseguido suprimir definitivamente la amenaza de la ayuda por
árbol o, si prefiere, el desacoplamiento de las ayudas, sino que la
propuesta la mantiene encubierta. Reconozca que la cuota asignada a
nuestro país de 625.000 toneladas representa sólo el 65 por ciento de
nuestra producción real y en torno al 50 por ciento de la producción
potencial a corto plazo. En definitiva, acepte y no oculte que el aceite
español va a percibir una ayuda de entre 115 y 150 pesetas por kilo
mientras que el italiano o el griego la recibirán en torno a las 300
pesetas. Si a esta injusta discriminación se le suma la pérdida del
mecanismo de intervención pública, convendrá conmigo que al olivar
español se le somete a una brutal reestructuración que, señora Ministra,
forzará el abandono de 700.000 hectáreas que quedarán fuera del umbral
mínimo de rentabilidad, así como la pérdida de unos 70.000 empleos fijos
y más de 20 millones de jornales. ¿Sabe dónde se producirán estas
pérdidas? En el olivar tradicional, donde no existe cultivo alternativo,
en donde más empleo se genera y son más vulnerables desde el punto de
vista medioambiental y de desarrollo rural.
Señora Ministra, renuncie a seguir manteniendo que ha conseguido aplazar
la reforma durante tres campañas porque no es cierto, y usted lo sabe.
Aunque sean dos, como parece que hoy dice o insinúa el Comisario
Fischler.
Todos los aspectos negativos de esta propuesta, que causará la quiebra
social y la ruina económica de más de 300 pueblos --insisto, sólo en
Andalucía-- se aplican desde el día 1.o de noviembre de 1998, mientras
que aquellos otros supuestos que pudieran resultar beneficiosos, como la
ayuda a la aceituna o el abandono definitivo de la ayuda por árbol y el
reconocimiento de producciones reales, en ningún caso tendrán efecto
antes del 2001, además de aplazarse a estudios, a informes.
En definitiva, hay que tener muy claro que el documento aprobado no tiene
ni un solo elemento positivo para nuestros intereses y no es válido como
base de negociación.
Escuche a quienes desde el sector exigen su retirada. Argumente las
contradicciones del propio documento. No acepte la transitoriedad de la
reforma y haga ver la injusticia de unas medidas que se aplican sin
disponer de datos reales. Exija conocer previamente el dictamen del
Tribunal de Cuentas. Enfatice la discriminación que se hace con el aceite
español por la diferencia estructural de ayudas. Denuncie que a nuestro
aceite se le imposibilita para la libre competencia. Garantice que no
habrá resultados negativos y trabaje para que, en último caso, pueda
cumplir lo acordado por este Pleno y consiga la minoría de bloqueo.
Señoría, nadie pone en duda que quienes tienen la responsabilidad de la
negociación son el Ministerio y el Gobierno. Y por ello están ustedes
obligados a trabajar coordinadamente. Le digo más. En la nueva fase de
negociación, exija el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y muy
especialmente la intervención directa y decidida del señor Aznar.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Rodríguez, terminó su
tiempo.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Termino, señor Presidente.
No se empeñe en hacerlo sola, señora Ministra. Abandone el sueño de ser
heroína y no desprecie ninguna ayuda, y mucho menos la que los
socialistas le ofrecemos, porque está avalada por una larga experiencia
negociadora. Abandone en su acción política el recurso de la provocación.
Siga mis consejos, señora Ministra, y si de aquí al mes de junio tiene
usted tropiezos en la negociación, no corra a Andalucía para convocar a
la prensa e insultar al Gobierno andaluz.
Por último --y termino, señor Presidente-- no trate de desmovilizar a la
sociedad y al sector del aceite en su conjunto y no intente ni
protagonizar ni manipular las acciones de protesta de los olivareros. No
repita jamás la provocación del pasado día 18, cuando sólo el civismo de
los olivareros evitó un grave altercado. Señora Ministra, los errores son
criticables, pero en cualquier caso, humanos, mientras que la provocación
es indigna de la condición humana y mucho más en una servidora pública.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Rodríguez
Cantero.
Señora Ministra, tiene usted la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a hacer un par de reflexiones de tipo general. Señor
Rodríguez Cantero, lo que no puede hacer su señoría es venir aquí --voy a
decirlo suavemente-- a faltar a la verdad. Eso no tiene ningún sentido,
porque entonces esto se convierte en una especie de diálogo imposible, y
yo creo que el Parlamento está para lo contrario, para un diálogo
constructivo, para conseguir sacar del debate lo mejor al servicio de los
ciudadanos.
No me diga que yo me dedico a insultar al Gobierno andaluz, porque aquí
el único que ha insultado, literalmente, ha sido el Gobierno andaluz al
Gobierno de la nación. El Vicepresidente del Gobierno andaluz ha llamado
imbécil (sic) a uno de los miembros del Gobierno de España. (La señora
Pleguezuelos Aguilar: ¡Si no hay vicepresidente!) Ha sido el señor
Zarrías que, que yo sepa, forma parte del Gobierno andaluz. Perdón,
rectifico, el Consejero señor Zarrías, no el Vicepresidente.
Quien insulta literalmente, quien falta a las más mínimas reglas
democráticas es precisamente el Gobierno andaluz con ese tipo de
actitudes, jugando al victimismo, acusando al Gobierno de la nación y
llegando a alturas absolutamente impresentables de este tipo, por no
hablar de otro tipo de actuaciones de alguna otra consejera que todos
conocemos y que no vienen ahora al caso.
Señorías, hay que poner las cosas en sus justos términos. Ha hablado de
delirante, y yo al que he encontrado bastante delirante ha sido a su
señoría por la exposición que ha hecho a lo largo de su intervención. Esa
es la realidad. Delirante en el sentido primario de la palabra delirio,
es decir, cuando se confunde la realidad y se habla de algo que no
existe. Eso es lo que me parecía al escucharle a su señoría. Al exagerar
de tal manera, modifica la realidad hasta tal punto que al final resulta
sencillamente una exposición delirante.
Señorías, una vez más hablamos de la OCM del aceite en el Senado. Esto es
algo que arranca del año 1996, de una propuesta del comisario que suponía
--recuerdo-- la ayuda al árbol y 125.000 millones de pesetas para el
sector olivarero español, la supresión del precio de intervención, por
supuesto la distribución entre países de la cantidad subvencionada y
todas las otras cuestiones que todavía quedan pendientes, como por
ejemplo no contemplar ayuda a la aceituna de mesa, etcétera.
Ante esa propuesta, el Gobierno lideró todo un movimiento en el Consejo
de Ministros de la Unión Europea buscando el apoyo de los ministros de
los otros países productores del sur, junto con el apoyo de los países
del norte, para retirar ese documento, cosa que se consiguió, y que la
Comisión preparara un documento de opciones donde se contemplara
básicamente bien el mantenimiento de un sistema de ayudas a través de una
ayuda al árbol, bien un sistema de ayudas a través de la ayuda a la
producción.
Pues bien, después de una serie de trámites, de discusiones internas en
el Consejo de Ministros, de debates en el Parlamento Europeo, el Informe
«Jover» aprobado en el Parlamento Europeo, la Comisión presenta y aprueba
el otro día una propuesta que supone, primero, aparcar la ayuda al árbol
--ésta es la realidad-- y mantener la de la producción real. Vamos a
hablar con propiedad. Se aparca la ayuda al árbol y se mantiene la ayuda
a la producción real.
Con esta medida, señorías, se garantizan --lo digo así de claro-- los
puestos de trabajo, los jornales, se garantiza que se van a recoger las
aceitunas en España. Este es uno de los puntos claves de toda la reforma
de la OCM.
La siguiente cuestión que contempla la nueva modificación es el aumento
de la cantidad máxima garantizada a un millón, 562.000 toneladas.
Recuerdo a sus señorías que, por ejemplo, en el Parlamento Andaluz, se
había pedido exactamente un millón 550.000 toneladas y estamos hablando
de un millón, 562.000. A mí me parece insuficiente, pero a iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista, el Parlamento Andaluz había aprobado hace
un año una petición que hablaba de un millón, 550.000 toneladas --insisto
que a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista--, así que vamos a
decir las cosas como son. El Gobierno considera que, a pesar de todo,
esta cantidad máxima garantizada, de ámbito comunitario, resulta
insuficiente para la producción real actual de la Unión Europea y que,
por tanto, debe de ser aumentada.
Paso a la siguiente cuestión. La propuesta de la Comisión también plantea
una distribución por países, basada en los datos estadísticos de las
producciones de los distintos países a lo largo de estos años, y la
realidad es que estos datos, hablando de campañas cerradas y quitando
--criterio que se suele utilizar en este tipo de actuaciones-- la mejor y
la peor campaña, arrojan el resultado que está sobre la mesa, que para
España es, en efecto, el 40 por ciento de producción, para Italia, el 32
por ciento; y para Grecia, el 23, casi el 24 por ciento.
Señorías, además desaparece el sistema de intervención, la ayuda al
consumo y se mantiene la neutralidad presupuestaria.
La valoración de la propuesta es, en primer lugar, mostrar la
satisfacción porque se consigue mantener la ayuda a la producción real y
aparcar la ayuda al árbol y, por tanto, mantener los puestos de trabajo
en España, que era uno de los elementos claves y esenciales de toda esta
cuestión.
En segundo lugar, la propuesta de la Comisión es de 150.000 millones de
pesetas para España, y recuerdo a sus señorías que el sector nunca ha
recibido una cantidad semejante porque lo hará por primera vez este año,
en función de la cosecha que se cerró el año pasado. El año que más había
recibido había sido 120.000 millones de pesetas, hace tres cosechas.
Sin embargo, consideramos --lo decimos claramente-- que, aunque es cierto
que los datos estadísticos --y son las estadísticas las que lo dicen--,
dicen que España produce el 40 por ciento, no podemos aceptar esa
distribución en función de los datos estadísticos fríamente contemplados
porque esas estadísticas se producen en unos años en que España
atravesaba la sequía más grave de los últimos 150 años. Por ello, hemos
planteado la introducción de un elemento corrector de las medias que
incorpore una modificación respecto a España, de forma que se tenga en
cuenta que los años contemplados han sido de sequía, de falta de lluvia
y, por tanto, la producción se ha visto afectada, siendo inferior a la
real. Consideramos, señorías, que la producción española supone el 47 o
el 48 por ciento, aproximadamente, de la europea, es decir, que estamos
cercanos al 50 por ciento. Esa es la realidad.
Luego se puede decir lo que se quiera. Se puede hablar de un millón de
toneladas. Por supuesto, es gratis. Entonces, ¿qué quieren para la Unión
Europea? ¿Dos millones y pico mil toneladas? Jamás han dicho eso. Lo
dicen ahora. Hace unos años querían 1.550.000 toneladas. Lo tienen
aprobado, lo tienen planteado por su compañero en el Congreso de los
Diputados, por sus compañeros en el Parlamento andaluz. En un año pasan a
pedir 500.000 toneladas más. ¿Creen ustedes que de verdad eso es
razonable?
Cuando se habla de medias, las medias nunca son ni los valles ni las
crestas de los datos estadísticos; ni los máximos ni los mínimos, porque,
señorías, si hemos atravesado un período de sequía importantísimo, la
realidad es que en estos momentos estamos teniendo unas lluvias que
tampoco son habituales. Ya nos gustaría tener unos años tan húmedos como
los que estamos teniendo ahora. Pero miren ustedes las series históricas
y verán que estos dos años entran dentro de la categoría de muy húmedos,
es decir, que tampoco son años de una pluviometría normal. Por tanto,
también las producciones se están viendo afectadas, en este caso
favorablemente, por una situación pluviométrica muy positiva.
Señorías, el Gobierno español en este momento tiene que negociar --y lo
va a hacer-- en el Consejo de Ministros. Su señoría da por terminado o
concluido el proceso. Sabe perfectamente que eso no es verdad; que
estamos en el inicio de otro proceso. Yo le agradezco, por supuesto, en
lo que valen sus consejos, pero son totalmente contradictorios, pues unas
veces dice que denuncio demasiado, otras que denuncio demasiado poco;
unas veces dice que me conformo y otras que protesto. ¿En qué quedamos?
Señorías, lamentablemente, el PSOE en esta cuestión ha dado muchos
bandazos; es más, internamente creo que no tiene las ideas del todo
claras. Porque hay sectores que apoyan la ayuda al árbol dentro del PSOE,
y sabe muy bien su señorías que eso ha causado serios problemas a la
posición española a la hora de negociar en Bruselas. Porque hay sectores
del PSOE que incluso no sólo apoyan la ayuda al árbol sino que han
presentado enmiendas en ese sentido en el Parlamento Europeo, y ello ha
dañado gravemente la posición española a la hora de negociar en Bruselas.
Porque ese mismo sector mantenía y planteaba la neutralidad
presupuestaria en la OCM del aceite. Eso, repito, ha causado graves
problemas a España a la hora de negociar un aumento de los fondos
destinados a la OCM del olivar.
Vamos a hablar con toda propiedad, señorías. Es un asunto que preocupa y
afecta a miles de familias que viven y dependen del olivar, en su tierra.
No hagamos demagogia con esta cuestión, por favor. No hagamos demagogia.
Hablemos con un poco de sentido común y seriedad.
Tenemos que negociar en Consejo de Ministros y los objetivos del Gobierno
en esa negociación son: primero, incorporar la ayuda a la aceituna de
mesa, no en el 2001, señoría, ahora. Segundo, aumentar la cantidad máxima
garantizada para dar cabida a la producción española, pero partiendo de
una base: que no se trata de una cifra concreta. Y aquí le desmiento,
señoría; no siga diciendo lo que no es verdad. Jamás he dado por bueno ni
700 ni 750.000 toneladas. Jamás he hablado de una cifra. He hablado de
porcentajes y si han seguido sus señorías el debate y mis declaraciones
habrán oído que siempre he dicho que estamos
en torno al 47 ó 48 por ciento, es decir, cerca del 50 por ciento de la
producción europea. En función de cuál sea la cantidad máxima garantizada
para el conjunto de la Unión Europea, estará la cantidad que le
corresponde a España. De eso es de lo que he hablado. No he hablado de
700 ni de 750.000 toneladas, señoría. No he dado por buena ninguna cifra.
He dado por buenos unos porcentajes y he hablado siempre de que se
contemple y recoja la capacidad productiva española.
Por último, les pediría --comprendo que es difícil para su señoría y su
Grupo tal y como andan-- un pequeño ejercicio de responsabilidad y de
objetividad. Señorías, cójanse las series desde los años 1987-1988 de
producción en España y en la Unión Europea y se darán cuenta de que no
podemos hablar de las cifras que señala su señoría. La producción media
no es la producción de un año, sino de un período donde hay años buenos y
menos buenos. Por eso se llama media, si no, sería máxima, que es otra
cuestión. Si hablamos de la producción máxima, estaríamos de acuerdo en
que puede estar en torno a las novecientas y pico mil toneladas a día de
hoy. Yo niego que la producción media sea esa cifra a día de hoy, ni
muchísimo menos.
Les pido que hagan un ejercicio de responsabilidad. Dejen de decir que
van a tener que coger la maleta, abandonar los pueblos, emigrar, que se
va a producir la ruina, etcétera, porque eso no es verdad. Insisto, no
está cerrada la negociación de la OCM.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Ministra, vaya terminando.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Termino, señor Presidente.
Segundo, a lo largo de estas negociaciones --veremos cuáles son las
mejoras que se incorporan-- yo espero que se incorpore la ayuda a la
aceituna de mesa, el aumento de la cantidad máxima garantizada y
reconocimiento de la realidad productiva española, el mantenimiento del
precio de intervención y la prohibición de las mezclas. Pero además y
sobre todo, señorías, insisto, estamos hablando ya de 150.000 millones de
pesetas para el sector que no ha recibido nunca hasta ahora y en los
últimos años, que yo sepa, nadie se ha ido, sino al contrario, se han
quedado. Muchas veces los olivareros han tenido que soportar
penalizaciones y eso no ha supuesto, en ningún caso, perder puestos de
trabajo, sino bien al contrario.
Con cifras muy inferiores se han aumentado no sólo los puestos de
trabajo, sino las plantaciones --y se va a prohibir que sigan creciendo,
cosa que creo razonable-- y se ha mantenido una riqueza que yo pienso que
tiene un gran porvenir, un gran futuro. Además, insisto, se van a
incorporar a lo largo de estas negociaciones una serie de mejoras que yo
espero que su señoría tenga, por lo menos, la corrección, cuando las
traigamos de reconocerlo, aunque tal y como le veo es capaz de decir
incluso que empeoran la cuestión.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Por el artículo 87 y por cinco minutos, tiene la palabra el Senador
Rodríguez Cantero.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Señor Presidente, señorías, señor Ministra,
empieza a ser preocupante el batiburrillo de cifras y de campañas que
usted tiene, porque yo ya dudo de si es simple manipulación de las cifras
o desconocimiento. Yo he intentado explicárselo en muchas ocasiones y me
imagino que más gente también, pero usted insiste. La ayuda al árbol no
está desterrada, está encubierta. Lea usted a Fischler, lea usted la
propuesta, léala despacito y no diga que no. Está encubierta.
En todo caso, la ayuda al árbol es rechazable, pero no porque nos dieran
124.000 millones de pesetas y ahora 150.000. No. Además, no son 150.000,
sino 145.000. Esas 5.000 se las lleva, porque usted siempre barre los
picos. La ayuda al árbol es rechazable porque genera una actividad
pasiva, pero en cuanto a pesetas es exactamente igual. Fischler nos
ofrecía a usted y a nosotros exactamente lo mismo que nos hubiera
ofrecido manteniendo la ayuda a la producción en 1.350.000 toneladas, es
decir, 125.000 millones de pesetas, el 40 por ciento de los 331 millones
de pesetas que suponía la ayuda total. Lo mismo que le mantiene ahora.
Usted ahí no ha avanzado ni un milímetro, señora Ministra. No insista. No
ha avanzado, ni ha desterrado la ayuda al árbol conceptualmente, ni ha
conseguido una peseta más. Por favor, no diga usted más esas cosas,
porque la verdad es que empiezo a pensar que usted está incapacitada para
entender esto.
¿Cómo dice que la reforma, tal y como está, no va a producir pérdidas de
jornales? ¿Porque mantiene usted la ayuda a la producción? Se olvida
usted que se discrimina el aceite respecto al italiano y al griego; se
olvida usted de la competencia, se olvida usted de que desaparece el
órgano de intervención; se olvida usted de que el aceite español va a
recibir entre 115 y 150 y el otro más de 300; se olvida usted, señora
Ministra, de algo que le he dicho en mi intervención: que lo que supone
la propuesta que usted no ha sido capaz de mejorar es una
reestructuración del olivar; que vamos a abandonar 700.000 hectáreas,
pero no dentro de muchos años, sino dentro de dos, cuando llegue ese 2001
tan feliz que usted nos pinta. Para entonces esas 700.000 hectáreas,
señora Ministra, esos 20 millones de jornales, esos 300 pueblos de
Andalucía estarán en la ruina. Y lo digo con sentimiento, señora
Ministra. No nos culpe usted de sus incapacidades y de sus fracasos,
señora Ministra, y mucho menos culpe a un socialista andaluz. ¿Usted sabe
lo que es el olivar y el aceite para los andaluces? Es lo mismo que ese
sabor de magdalena mojada en café para Proust, señora Ministra; lo más
íntimo de nuestros sentimientos, de nuestros recuerdos.
No sea usted mezquina con nosotros culpándonos encima de lo que usted no
es capaz de defender, señora Ministra. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
Hace usted referencia a una proposición del Parlamento andaluz y del
Parlamento nacional. En el año 1996 en el
Parlamento andaluz por unanimidad --también de ustedes-- se pedía un
incremento de 200.000 toneladas, lo que ahora le han dado: 1.550.000.
Pero fíjese la diferencia, señora Ministra, se mantenía la ayuda a la
producción indefinidamente; se mantenía la ayuda al consumo. Usted se
olvida de que el ochenta y tantos por ciento de la producción española
acude y acudía a la ayuda al consumo y ahora no va a poder acudir. Se
mantenía el órgano de intervención público, señora Ministra. En
definitiva, ¿sabe usted exactamente, de mantenerse esta OCM en estos
términos, cuántas pesetas estamos pidiendo para el olivar? Estamos
pidiendo 190.000 millones de pesetas, señora Ministra. Eso es lo que
estamos pidiendo. Y eso es lo que usted dice que era malo y por lo que
ahora somos incoherentes. Por favor, señora Ministra, no insista más en
ese batiburrillo. Quiero pensar que usted simplemente es incapaz de
comprenderlo; no me haga pensar que, además, es malintencionada.
(Rumores.)
Señora Ministra, la OCM actual ha proporcionado al olivar español, tan
pronto como se ha acabado la sequía y tan pronto como han entrado en
producción esas plantaciones que usted animaba en Jaén, 160.000 millones
de pesetas, es decir, el 51,8 por ciento de la ayuda total a la Unión
Europea. Con que usted consiguiera simplemente mantener una cantidad
máxima garantizada única para Europa --digo única, fíjese bien-- y ese
51,8 por ciento, ya, señora Ministra, no hubiera usted fracasado. Sin
embargo, no ha conseguido nada. Con que usted consiguiera mantener la
intervención pública, señor Ministra, usted impediría la
reestructuración.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Rodríguez Cantero, vaya
terminando.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Termino, señor Presidente.
Señora Ministra, no son palabras mías las que le voy a leer, son de un
editorial del ABC, del día 19 de marzo --y termino con esto, señor
Presidente.
Dice el editorial: «Cuando la política no se entiende así, como el arte
de hacer lo posible, lo necesario; cuando se recurre al populismo
encabezando manifestaciones y repartiendo mercancías en las plazas
mayores; cuando se trata de desviar hacia terceros reivindicaciones que
van dirigidas a uno mismo, lo que se intenta es ocultar una cierta
pobreza, ya de recursos argumentales, ya de bagaje dialéctico.» No se lo
decimos los socialistas. Se lo dice la derecha de siempre, se lo dice el
ABC, señora Ministra. Hágale usted caso y rectifique. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Una vez más debatimos sobre la reforma de la OCM del aceite de oliva,
pero incorporamos en este debate, señorías, algunas novedades.
Desgraciadamente hemos dejado de hablar de los aspectos sociales de esta
reforma, de la pérdida de empleos, de la destrucción de jornales, de lo
que significa en destrucción de empleo rural, de lo que significa en la
pérdida de producción final agraria, de lo que significa para
desincentivar la producción, de lo que significa un ataque brutal a la
cultura andaluza y a otras culturas de otras comunidades, de lo que
significa un duro golpe al medio ambiente, de lo que significa, señorías,
una tremenda agresión. Y agresión que quiero en este momento recordar que
se produce en contra de una decisión del Parlamento Europeo. Y
curiosamente hoy, señorías, que tendríamos que estar analizando cómo se
fortalece la posición de negociación de España, cómo se mantiene la
unidad del sector, cómo se mantiene esa unidad reforzando su posición,
señora Ministra, en la negociación que tendrá que afrontar, aparece la
división, aparece la confrontación, y se refuerzan la posición de quien
quedó aislado en el debate en el Parlamento Europeo, del Comisario Franz
Fischler. Tremendo servicio estamos ofreciendo hoy a la posición
negociadora de España.
Señorías, el Grupo de Izquierda Unida quiere insistir una vez más en que
apoyamos con firmeza la posición de negociación de España. Señora
Ministra, exigiremos después que ese apoyo a la firmeza en la negociación
no se convierta en cesión, en claudicación pero hoy, señoría, exigimos,
desde la unidad del sector, que no se dilapide esa unidad, que no se
pierda ni un solo ápice en la posición de fortaleza de España en la
negociación, porque el Comisario Fischler se atreve a decir que no puede
aceptar posiciones de amenaza en plena negociación. Señor, usted está
incumpliendo una resolución, una decisión adoptada por el Parlamento
Europeo. Su posición quedó aislada en el Parlamento Europeo, su posición
no puede ser una garantía de la defensa de los intereses de España ni
mucho menos, como pretende presentar equivocadamente.
Señorías, en el día de ayer y en el de hoy hemos tenido muchísimas
noticias en torno a la reforma de la OCM. Insistimos una vez más en
Izquierda Unida: nosotros queremos y apoyamos las movilizaciones del
sector; apoyaremos la convocatoria de la huelga general; apoyaremos la
convocatoria de las movilizaciones, el día 23 de abril, en Sevilla, en
defensa de la aceituna de mesa, y señorías, le voy a explicar brevemente
por qué. No creo que convenga devaluar o perder la posición de firmeza
que dio el informe del Parlamento Europeo, la posición del informe Jover
aprobado en el Parlamento Europeo. Me consta, señorías, que no ha tenido
grandes defensores, que hay quien ha querido darle la vuelta, restarle
protagonismo. No se trata, señoría, de protagonismo, se trata de un
informe que recoge la posición expresada por la Mesa Nacional del Aceite.
Se trata, señoría, de un informe que da respuesta a los problemas de la
OCM del Aceite de Oliva, se trata de un informe aprobado por una
institución democrática. Señorías, no podemos jugar a restar credibilidad
a las instituciones, no es conveniente que ese informe se devalúe, que no
se cumpla. Nosotros decimos en este momento que nos parece muy bien toda
la ayuda y todo el apoyo de las diferentes Comunidades Autónomas en
concreto...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Román Clemente, terminó
su tiempo.
El señor ROMAN CLEMENTE: Termino, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Se lo agradezco.
El señor ROMAN CLEMENTE: Lamento no poder seguir en esta línea, pero
insisto: bienvenidos sean todos los apoyos ofrecidos, en este caso, por
el Gobierno andaluz. Señora Ministra, no pierda esos apoyos, recoja para
su posición de negociación, de firmeza, estos apoyos, incorpore las
iniciativas del Gobierno andaluz, lleve a la negociación la nueva
iniciativa y termino por donde empezaba. No es, precisamente, debilitar
la posición de firmeza en la negociación el uso de la posición, de la
oportunidad de ese veto, si hay que llegar a ello, de esa minoría de
bloqueo o del veto, como quieran ustedes decirlo; de lo que se trata es,
en torno a la unidad del sector, en torno a las posiciones expresadas en
el informe Jover aprobado por el Parlamento Europeo, en torno a la
firmeza de la negociación, conseguir los objetivos que España se ha
marcado. Y no es otro el sentido del apoyo. Después exigiremos, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Para fijar una posición breve desde el escaño.
Nosotros creemos que ha sido oportuna la presentación de esta
interpelación porque suscita un debate parlamentario y siempre es bueno
en democracia que haya un debate parlamentario sobre una cuestión de esta
trascendencia.
Creemos que el Gobierno tiene una situación controvertida --la señora
Ministra lo ha reconocido así en diferentes ocasiones-- porque tiene
muchos frentes abiertos y hay que intentar ponerse en la posición
política de quien tiene que negociar en Bruselas, del Gobierno --en este
caso, la señora Ministra--, que tiene el frente de la leche, el de los
rendimientos de los cereales, las discriminaciones del sector pesquero y
la OCM del aceite de oliva. Obviamente, es una situación controvertida la
que España se encuentra en la Unión Europea por una serie de
acontecimientos políticos que han ocurrido durante los últimos años y
porque las integraciones en el sector primario se produjeron como se
produjeron.
Por tanto, creo que hay que enmarcar este debate en la dificultad de
negociación política que tiene España, es decir, una situación de
retraso, de peor posición en diferentes sectores, que ha sufrido
discriminaciones importantes y, por tanto, tiene ante sí una gestión
política muy difícil. Es un Ministerio muy complicado, por lo que hay que
intentar ponerse racionalmente en la posición de quien en este momento
está negociando esas cuestiones.
Ha dicho la señora Ministra que todavía hay posibilidades y creo que las
hay, que aún queda un período político de negociación para poder alcanzar
estas mejoras sobre el aumento de la cantidad máxima garantizada y que no
se produzca una eliminación de los precios de retirada de intervención,
aspecto este muy importante.
Pero, en definitiva, hay que hacer también una reflexión --y creo que el
señor Nieto ha dado en el clavo--: la referente a la credibilidad de las
instituciones europeas, cómo se puede hacer una modificación
reglamentaria tan importante en contra del primer país productor de
aceite de oliva. Esta es una cuestión política de primer orden. El que
por parte de las instituciones, de los políticos europeos se haga una
intervención en la reglamentación europea sobre la modificación de esta
OCM en contra del primer país productor no tiene precedentes en otros
ámbitos y creo que esa reflexión, para la credibilidad de las
instituciones del sistema europeo en España, es fundamental.
En definitiva, los andaluces, los extremeños, en general, el agricultor
español afectado por esta reforma, ¿cómo va a creer en Europa, si en
ella, cuando hablamos, por ejemplo, idiomas distintos, etcétera, aparte
de todas esas diferencias, se va a hacer una reforma en contra de la
opinión del primer país productor? Esto pone en tela de juicio la
credibilidad de la Unión Europea, el futuro de la Unión Europea. Y lo
decía el Senador Nieto: está el informe del Parlamento Europeo. Y en un
sistema de democracia parlamentaria, la directriz política --porque no es
más que una directriz política, señor Presidente, aunque muy importante,
lo que ha aprobado el Parlamento Europeo sobre la reforma de la OCM del
aceite de oliva-- ha de tenerse en consideración, porque los señores que
han votado eso representan a la soberanía del pueblo europeo, a millones
de ciudadanos.
En definitiva, creemos que aún quedan posibilidades y nuestro Grupo
Parlamentario va a apoyar al Gobierno para que consiga los mejores logros
sobre esta materia. Creo que hay voluntad, conciencia e interés en
resolverlo y, por tanto, tenemos confianza en que se mejoren los aspectos
ya referidos: el incremento de la cantidad máxima garantizada, la no
eliminación del precio de intervención y la ayuda a la aceituna de mesa.
Creemos que todavía hay bazas políticas que jugar, que se emplearán y que
en el camino que aún queda por recorrer se logrará conseguir importantes
avances, esenciales para que desde España se crea en las instituciones
europeas.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Roig i Grau.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, con absoluta brevedad, intervendré para fijar
la posición de nuestro Grupo en relación
a la interpelación presentada por el Senador Rodríguez Cantero sobre la
OCM del aceite de oliva.
En realidad, lo que hoy estamos discutiendo no es el contenido de
nuestras posiciones sobre esta OCM. El Gobierno del Estado, los
diferentes gobiernos autonómicos, los grupos políticos, las
organizaciones agrarias, creo que todo el país está de acuerdo en cómo se
ha planteado desde el punto de vista de lo que debe contemplar esta OCM
del aceite de oliva: aspectos sobre la ayuda a la producción real, sobre
el mantenimiento de la intervención, ayudas al consumo y hoy ha vuelto a
hacer referencia la señora Ministra a un aspecto que a nuestro Grupo le
parece muy importante en cuanto a su competitividad: la prohibición de
las mezclas de los aceites de oliva con otras grasas. En definitiva,
estamos de acuerdo en todos estos aspectos.
Lo que se está discutiendo, el momento procesal en que nos encontramos es
el referente a qué capacidad tiene el Gobierno español para incidir en
una reforma que se aproxime a las necesidades del sector olivarero
español. Y fíjense, señorías, en que no me estoy refiriendo solamente a
la capacidad que la señora Ministra tiene ante esta negociación --quien,
en este sentido, ha demostrado una gran tenacidad--, sino al Gobierno
español, porque entendemos que para resolver este tema de una forma lo
más satisfactoria posible para nuestros intereses serán necesarias todas
las complicidades posibles y todos los pactos habidos y por haber.
En la reciente comparecencia de la señora Ministra ante la Comisión de
Agricultura ya decíamos que lo difícil era concretar qué mecanismos de
negociación teníamos. Lo que es sintomático es que todo el mundo está
satisfecho con la propuesta de OCM que ha presentado el Comisario
Fischler, excepto España. Esto supone que sea mucho más difícil la
negociación.
En el discurso del Senador Rodríguez Cantero hay una oferta de ayuda, de
consenso interno, y creo sinceramente que ésta es la línea general que se
tiene que plantear. Ayer mismo, el inefable señor Fischler decía en rueda
de prensa que no era la hora de vetos ni de amenazas, sino que era la
hora de la negociación.
En el debate de la moción presentada por el mismo Senador Rodríguez
Cantero el día 9 de octubre de 1996, acabábamos desde Convergència i Unió
nuestra intervención manifestando nuestro convencimiento de que la señora
Ministra sabría defender los intereses de los olivareros del Estado
español. Ahora aquella observación que hacíamos en octubre de 1996 tiene
más sentido que nunca. Pero para que ello sea posible, más allá de las
críticas legítimas, más allá del debate parlamentario que es, además de
legítimo, necesario, se debe buscar la unidad, la participación y la
cohesión interna. Nos parece que sólo así, sólo en esta línea de cohesión
interna --y lo han dicho otros Senadores-- se hallará una solución
satisfactoria sobre la OCM del aceite de oliva.
Gracias, señor Presidente; gracias, señorías y señora Ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Roig.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Rodríguez Cantero.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para insistir una vez más en que esta
interpelación, señora Ministra, tiene la intención de hacer un análisis
crítico, si usted quiere, sobre lo que ha sido su estrategia, pero sobre
todo teníamos la intención, y la seguimos teniendo, de que usted nos
conteste muy claramente a cuatro o cinco cuestiones.
Señora Ministra, ¿va a defender una cuota nacional en torno al millón de
toneladas?; ¿va a defender el mantenimiento de la intervención pública?;
¿en cuánto va a fijar la ayuda a la aceituna de mesa?; ¿ve posibilidades
de alcanzar la minoría de bloqueo?; ¿está en su intención y en la del
señor Aznar vetar el presupuesto comunitario? Díganos cuál es su posición
y díganos cómo la va a alcanzar, porque eso es lo que importa, señora
Ministra, con independencia de la alegría que podamos dar uno y otro a
nuestros escaños respectivos por una frase más o menos acertada, lo que
de verdad le importa al sector es conocer cuál es la posición del
Gobierno español, que es el que va a defender en Bruselas sus intereses,
y cuáles son las posibilidades, y para alcanzar esas posibilidades,
señora Ministra, le repito que cuente usted con los socialistas, no
vuelva usted al pasado --como hace unos días me acusó a mí de hacerlo y
de convertirme en estatua de sal--, no se convierta usted en la misma
estatua. Conteste, señora Ministra. Insisto en que los socialistas, y los
andaluces con mucha más razón, estaremos siempre detrás de usted, pero no
con un cheque en blanco, señora Ministra, no nos exija lealtades
incondicionales. Tenemos que ser críticos porque nos jugamos mucho en
ello. Abandone el batiburrillo de cifras como justificación que lo único
que hace es debilitar su posición en Bruselas. En la medida en que usted
empiece a ver, como ha dicho, aspectos positivos en una reforma que nos
hunde, usted se debilita en Bruselas, y parece que le está diciendo que
cuanto peor mejor, abandone usted eso, señora Ministra, y haga usted lo
que el Comisario Fischler le dice en declaraciones recientes: si quiere
asistir a manifestaciones, asista, no las manipule, pero, sobre todo,
vaya usted a Bruselas y negocie con sus colegas europeos. Vaya el
Ministerio de Asuntos Exteriores, y vaya el señor Aznar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Rodríguez
Cantero.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Palacios
Rubio.
El señor PALACIOS RUBIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, al ocupar la tribuna para exponer la posición
del Grupo Parlamentario Popular en el debate que se está desarrollando,
con motivo de la interpelación del Grupo Parlamentario Socialista,
formulada por el Senador Rodríguez Cantero, deseo aclarar que, además de
ser Senador por la provincia de Jaén, soy
también agricultor olivarero en aquella zona. Quiere esto decir que
conozco, no sólo como miembro del Grupo Parlamentario Popular, sino
también personalmente, el importante y trascendental tema que estamos
debatiendo que se centra en la aprobación inicial de la propuesta del
Comisario Fischler para modificar la actual OCM. (Un señor Senador del
Grupo Parlamentario Socialista: ¡Bueno!)
No creo que exista, después de tantos meses de debatirse este problema
con todas sus vicisitudes, un ciudadano en este país que no sepa lo que
se juega España, concretamente Andalucía y, especialmente, la provincia
de Jaén, en esta larga y dura negociación que nos debe llevar a conseguir
un acuerdo justo, digno y positivo, para nuestra economía aceitera.
Después de escuchar las intervenciones del Senador Rodríguez Cantero, de
los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y de la señora
Ministra, con la cual coincidimos plenamente, creo que yo no debo
reiterar cifras, fechas y datos que son bien conocidos y que aquí se han
expuesto sobradamente. (Un señor Senador del Grupo Parlamentario
Socialista: Pelota.)
Brevemente y a modo de resumen sí diré que frente a un pasado marcado por
la mala negociación para nuestra integración en la UE por parte del
Gobierno del señor González, unido a la ambigüedad demostrada por el
propio Grupo Parlamentario Socialista, incluso en el Parlamento Europeo,
hay un presente referido al gran éxito de la Ministra Loyola de Palacio
cuando consigue lo que entonces era el primordial objetivo de todo el
sector: lograr que no prospere la ayuda al árbol que hubiera penalizado
gravemente el empleo y que durante dos campañas consecutivas se siga
manteniendo la actual OCM que significa mantener la ayuda a la
producción, así como ganarse la adhesión unánime del Consejo de Ministros
de Agricultura de la Unión Europea a su petición de presentar el
documento de reflexión previa.
Y aquí, aunque a algunos les suene a excesivo elogio, yo tengo, como
olivarero, jienense, y portavoz de mi Grupo, que decir que, a mi juicio,
es la primera vez en la historia de nuestra democracia que un titular del
Ministerio de Agricultura ha estudiado, ha analizado en profundidad y se
ha asesorado debidamente, hasta llegar a conocer a la perfección el tema
de nuestro olivar.
Loyola de Palacio nos ha dado a todos y especialmente a los anteriores
ministros de agricultura y a algún consejero andaluz, un ejemplo de cómo
se pelea y de cómo se defiende un sector productivo y social tan
importante como el que nos ocupa porque demuestra conocer lo que se trae
entre manos. (Rumores.)
Viajera incansable ha llevado con ella a los altos dignatarios de Europa
e, incluso, al propio Fischler para que conocieran «in situ» nuestros
olivares. Fruto de esta excepcional gestión son los logros exitosos que
ha conseguido y a los que me he referido anteriormente. (Un señor Senador
del Grupo Parlamentario Socialista: Y con eso está todo arreglado.)
Para esta dura negociación que se avecina confiamos plenamente en nuestra
Ministra y en el Gobierno de la nación. El propio Ministro de Trabajo,
Javier Arenas, se ha comprometido en la tarea de conseguir que sus
homólogos europeos apoyen nuestra postura para evitar la pérdida de
puestos de trabajo. Confiamos, por descontado, en la intervención
decisiva de nuestro Presidente José María Aznar. (Rumores.)
Señor Rodríguez Cantero, después de haber leído estos días la prensa
andaluza, las manifestaciones de Paulino Plata y otros dirigentes
socialistas, y de haber escuchado su intervención, he llegado a la
conclusión de que, desgraciadamente, ustedes están poco interesados en
que triunfen las negociaciones en Europa. Ustedes se están dedicando a la
caza del voto, atacando al Gobierno mediante la mentira e intoxicación de
la información, sobre todo en Andalucía.
Hay que decirlo rotundamente: fue el Gobierno de su Partido el que nos
llevó a Europa de forma discriminatoria perjudicando de forma gravísima a
los olivareros españoles, y ahora, señores, estamos pagando las
consecuencias. (Fuertes rumores.)
Señor Rodríguez Cantero, señorías, fue bochornoso lo que ocurrió cuando
una Ministra, doña Loyola de Palacio, tuvo la coherencia política y la
valentía --por qué no decirlo-- de unirse a la concentración del pasado
día 28 saliendo a dar la cara después de conocerse la actitud de Bruselas
--cuando además la Ministra hace incluso más de lo que debe--. Pues
resulta que una minoría, y así lo entendió la mayoría de los
asistentes...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Palacios, concluya, por
favor.
El señor PALACIOS RUBIO: Termino en un minuto, señor Presidente.
Una minoría instigada por los que no fueron a defender el olivar sino sus
siglas, trató de demostrar que no estamos unidos al intentar convertir
una batalla económica en un enfrentamiento político.
No son, por tanto, ni su Grupo ni usted los más cualificados precisamente
para cuestionar la acción de Gobierno en esta negociación, cuando, en mi
opinión, están ustedes pretendiendo jugar, en relación con todo esto, con
cartas escondidas o marcadas. (Rumores.)
Estoy seguro, estoy convencido de que vamos a ganar esta guerra. Pero sea
cual fuere el resultado final, siempre habremos de tener un
reconocimiento hacia esta gran Ministra de Agricultura y hacia el
Gobierno de España con su Presidente al frente, dado que la Ministra está
defendiendo a ultranza el problema del olivar.
Pero eso sí, si queremos ser debidamente escuchados y salir triunfantes,
tendremos que volver a lograr una gran unidad entre el Gobierno y a la
Mesa del Aceite, en la que están la totalidad de representantes del
sector, así como los de todos los partidos políticos, incluidos ustedes,
señores socialistas (Rumores.), que tendrán que alegrarse --eso espero--
de que el final feliz que deseamos llegue cuanto antes.
(Rumores.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer, tanto al portavoz de Izquierda Unida
como al del Partido Nacionalista Vasco y al de Convergència i Unió sus
intervenciones, que considero muy equilibradas y atinadas.
Efectivamente, lo que se está intentando en este momento es conseguir lo
mejor y la mejor negociación en Bruselas. No se trata de lo contrario, de
debilitar la posición del Gobierno ni de ofrecer bazas como
lamentablemente --insisto en ello-- se ha hecho en otras ocasiones a
aquellos que pretenden unos intereses distintos a los que tiene nuestro
país respecto del olivar español.
Tengo que decirle al Senador Jiménez, portavoz de Izquierda Unida, que se
habla menos de los aspectos sociales porque entendemos que, habiendo
abandonado la ayuda al árbol y manteniéndose la ayuda a la producción
real, todo lo relativo a jornales y a puestos de trabajo está garantizado
incluso a día de hoy con una cobertura de 150.000 millones de pesetas de
ayuda al sector.
Quiero resaltar una vez más el magnífico trabajo realizado por el
eurodiputado señor Jover y, desde luego, el apoyo de todos los
parlamentarios españoles con que contó aunque alguno de ellos entraran en
un juego bastante complicado en tanto que otros prestaron su apoyo con
toda lealtad desde el primer momento. Y la prueba de eso está en que, por
ejemplo, todo el Grupo Popular, al igual que el Grupo en el que están
representados los eurodiputados de Izquierda Unida, votaron a favor del
informe Jover, cosa que no hizo el Grupo Socialista en el Parlamento
Europeo.
Efectivamente, el olivar es uno de nuestros sectores, pero el Gobierno no
sólo está trabajando en él sino también en otros. Pues bien, lo que
pretendemos con el sector del olivar es que no se produzcan en él una
serie de discriminaciones como las que estamos padeciendo en otros
sectores. En el sector del olivar hemos tenido un período transitorio
demasiado largo, de diez años, en tanto que el de Grecia fue sólo de
cinco, cosa que constituyó una discriminación para nosotros. Pero lo que
estamos intentando evitar es que por culpa de un período de sequía se nos
discrimine como, por ejemplo, se nos discriminó en los cereales, sector
en el que ahora tenemos unos rendimientos que son los más bajos de toda
la Unión Europea precisamente porque hubo unos años de sequía,
rendimientos que son más bajos que los de Grecia y que los de Portugal,
aunque es verdad que eso fue considerado por el anterior Gobierno como un
éxito. Esa puede ser simplemente una manera de enfocar ciertas
cuestiones, pero creo que lo que ocurrió fue justamente lo contrario a un
éxito, fue un fracaso. En cualquier caso, lo que estamos intentando es
evitar una situación como la que se le presentó al Gobierno anterior con
el sector de cereales.
Lo que hay que hacer es estudiar cómo se puede conseguir eso. Y en ese
terreno se está trabajando con los países del Norte, entre los cuales hay
una serie de alianzas que se han ido tejiendo a lo largo de todo este
tiempo en torno a ciertos acuerdos, a posiciones y ópticas comunes, como,
por ejemplo, las relativas a las nuevas propuestas para la Agenda 2000 en
el sector de los cereales, en el del vacuno, etcétera.
Pero tampoco podemos olvidar el flanco sur, compuesto por los países
productores de aceite, los cuales sólo están contentos respecto de la
cuota que les ha tocado. Pero lo que se refiere al resto de las
propuestas de la OCM, quieren, como nosotros, mantener el sistema de
intervención, prohibir las mezclas, etcétera, aunque no piden una ayuda a
la aceituna de mesa, porque sólo Grecia se encuentra en la misma posición
que nosotros. Pero, como digo, coincidimos plenamente en el resto de las
cuestiones, todas ellas muy importantes. Por tanto, hay que seguir
manteniendo ese tipo de reivindicaciones comunes y luchar con esos países
en ese terreno a lo largo de las próximas negociaciones.
Para terminar, Senador Rodríguez Cantero, quien juega con las cifras y
hace con ellas juegos malabares --que, como sabe, se refieren al
ilusionismo y el engaño-- es su señoría. Ha hablado usted del 51,8 por
ciento de la producción, pero ese porcentaje corresponde al año pasado,
porque en éste estamos en el 47 por ciento. También ha dicho su señoría
que se van a perder 20 millones de jornales porque se van a abandonar
700.000 hectáreas. Pero, señoría, tenemos dos millones 250.000 hectáreas
de olivar, y alrededor de 40 millones de jornales. Por tanto, aunque
fuera cierta su tesis --que no comparto--, no entiendo cómo por 700.000
hectáreas --que es menos de una tercera parte-- se pueden perder más de
la mitad de los jornales. Señorías, no salen las cifras. Por otro lado,
como muy bien sabe, en ese olivar de ciertas zonas de España, que es
menos productivo, se trabaja fundamentalmente a través de la recogida
familiar y no por el sistema de jornales. Además, el sistema de ayuda y
apoyo a la producción garantiza los jornales; sobre todo, cuando está
respaldado por 150.000 millones de pesetas.
En cuanto a la mezquindad, señoría, quizá la haya visto en el hecho de
que en su intervención haya negado la realidad. En cualquier caso, no voy
a entrar en este tipo de calificaciones, y lo único que le diré es que me
gustaría contar con una mejor voluntad por su parte.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Ministra, le ruego que
concluya.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Termino en seguida, señor Presidente.
Ha preguntado su señoría sobre la postura del Gobierno. Es algo que he
repetido tres veces: pedimos que se reconozca a España, que supone entre
el 47 y el 48 por ciento de la producción de la Unión Europea. Pero ese
porcentaje no da un millón de toneladas, cantidad que nunca ha producido
España. No pidamos, pues, cosas que no son posibles.
En cuanto a la intervención pública, ya he dicho positivamente que estoy
a favor. Por otro lado, no estoy hablando del veto a los presupuestos
comunitarios, porque en estos momentos no se trata de eso, ni mucho
menos. Ahora lo que hay que hacer es negociar en el Consejo de Ministros
la OCM que está sobre la mesa y obtener los mejores resultados que se
puedan conseguir.
Para concluir, me gustaría contar con la unidad en esta negociación --y
creo que eso sería lo importante para defender de mejor forma el
sector--, como se ha pedido por varios de los intervinientes; entro
otros, y muy especialmente, por parte del Senador Jiménez. Y entiendo que
él me da ese apoyo para poder exigirme responsabilidades cuando haya
resultados definitivos. Así lo entiendo, y no de otra manera. Supongo que
es un apoyo crítico, un apoyo con exigencias. Insisto: así lo entiendo,
tanto por su parte como por la del sector.
Como digo, me gustaría tener a todo el mundo detrás. Lo malo es que de un
tiempo a esta parte noto que hay gente del Grupo Socialista que, más que
otra cosa, están poniéndome la zancadilla --y tengo que decir que al
principio eso no era así, aunque quizá, de repente, pensaran que iban a
perder votos, lo cual es lamentable--, cuando lo que me gustaría es que
apoyaran la postura de España, no a mí, porque «a posteriori» podrán
reclamar lo que sea.
Insisto, creo que hay que conseguir los mejores resultados en la
negociación. Y a eso nos vamos a aplicar, yo personalmente, como Ministra
de Agricultura, y el Gobierno en su conjunto, en las distintas
responsabilidades que a cada uno de nosotros compete.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES (S. 621/000070) (C. D. 121/000072).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El punto tercero del orden del
día es el de Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de
ley remitidos por el Congreso de los Diputados. El primero es el de la
Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones
en relación con el proyecto de ley general de telecomunicaciones.
Señorías, les anuncio que antes de suspender la sesión este mediodía
veremos los dos vetos a este proyecto de ley y los votaremos.
En primer lugar, para presentar el dictamen, tiene la palabra el Senador
Beguer como Presidente de la Comisión.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de la
Cámara, y con el acuerdo adoptado por la Comisión de Obras Públicas,
Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones en su reunión del 17 de
marzo, tengo el honor de presentar ante el Pleno el dictamen relativo al
proyecto de ley general de telecomunicaciones.
El texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados
correspondiente a dicho proyecto de ley tuvo entrada en el Senado el día
6 de marzo y, de conformidad con el artículo 104 del Reglamento, fue
remitido a la citada Comisión. Teniendo en cuenta que se había declarado
urgente su tramitación, se fijó como fin del plazo para la presentación
de emiendas el martes 10 de marzo, aunque luego fue ampliado en dos días
hasta el jueves día 12 de marzo. Se presentaron dos propuestas de veto,
una por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo
Parlamentario Mixto, y otra por el Grupo Parlamentario Socialista.
Asimismo, se presentaron 364 enmiendas por parte de los siguientes
Senadores y grupos: el señor Nieto Cicuéndez juntamente con el señor
Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto; el Senador Ríos Pérez; el
Grupo Parlamentario Socialista; el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos; el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Popular. La Comisión
dictaminó el día 17 de marzo. Se rechazaron las propuestas de veto y, en
cuanto a las enmiendas, se aprobaron todas las del Grupo Parlamentario
Popular. Se han formulado cinco votos particulares para defender en el
Pleno, referidos a las dos propuestas de veto y a las enmiendas no
aprobadas en Comisión, así como para mantener el texto remitido por el
Congreso de los Diputados en el artículo 60.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Beguer.
Para defender la primera propuesta de veto, voto particular número 1,
tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Vamos a tratar de defender la propuesta de veto que hacemos al proyecto
de ley general de telecomunicaciones.
Como sus señorías habrán podido comprobar en la exposición de motivos de
nuestra propuesta de veto --extensa exposición de motivos, donde hacemos
un análisis pormenorizado de lo que ha ocurrido desde 1987, esto es,
desde la aprobación de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones,
donde se abrió la legislación española de las telecomunicaciones a una
regulación global de este sector, y tras las experiencias acumuladas, las
innovaciones tecnológicas y las nuevas demandas de la sociedad, unido a
las reformas parciales que se han experimentado en esta década--, desde
nuestro punto de vista se hace necesario y urgente acometer una nueva
regulación de la ley general de telecomunicaciones. En nuestra exposición
también explicamos cómo con la promulgación de la Ley 12/1997, de 24 de
abril, de liberalización de las telecomunicaciones, se establecieron las
condiciones básicas para que el sector de las telecomunicaciones se
abriera a la competencia efectiva en nuestro país en el marco de la Unión
Europea y recogemos a continuación, señorías, lo que supuso la
tramitación parlamentaria del proyecto de ley que pretendía convalidar el
Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio. En este debate planteábamos un
texto alternativo con una serie de enmiendas que, sus señorías me van a
permitir, no voy a enumerar en este momento. Lo que sí quisiera hacer es
recordar que este proyecto de ley general de telecomunicaciones, desde el
punto de vista de Izquierda Unida, pasa de largo o frustra la mayoría de
las aspiraciones que permitirían que el desarrollo de la competencia se
realizara en armonía con el mantenimiento de unos servicios públicos de
telecomunicaciones que no profundicen en los desequilibrios sociales y
territoriales.
Hemos esbozado en la exposición de motivos toda una serie de razones que
nos conducen a la presentación de este veto. Son elementos, desde nuestro
punto de vista, muy negativos, por los que presentamos esta propuesta de
veto a la ley que nos remite el Congreso. Brevemente, entendemos que
produce una quiebra importante del Derecho nacional, eliminando el
concepto de servicio público y su protección constitucional; entendemos
también que las telecomunicaciones dejan de ser servicios esenciales de
titularidad estatal reservados al sector público; que en sustitución del
servicio público se crean las obligaciones de servicio público entre las
que se encuentra el llamado servicio universal, donde no se define ni la
asequibilidad ni la calidad ni se concreta la inexistencia de
discriminaciones geográficas, es decir, en absoluto se favorece la
cohesión social o territorial; que no se garantiza el acceso a los nuevos
servicios de telemedicina, teleenseñanza, etcétera, incluyéndose su
extensión en un grupo de servicios de prestación excepcional a los
centros públicos; que se abandonan las tareas estratégicas de inversión e
impulso de los servicios, el empleo o la industria; que se favorece la
multiplicidad de redes y de operadores en las áreas más rentables y la
práctica inexistencia en las de menos de rentabilidad, poniendo en
peligro la cohesión territorial y social; que el Gobierno se atribuye una
discrecionalidad total para autorizar la participación extranjera de los
operadores; que se atribuyen competencias sociales que deberían estar en
manos del Parlamento o del Gobierno y se atribuyen al órgano regulador de
la competencia; que se abre la puerta a una elevada inseguridad jurídica
en el sector, presentando al Parlamento una ley general y dejando en
manos del Gobierno, del Ministerio de Fomento o bien de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones las cuestiones verdaderamente
esenciales derivadas de la ley, mediante el uso abusivo de la figura de
la deslegalización; que se mantiene una cierta confusión en lo que se
refiere a la distribución de competencias entre el Ministerio de Fomento
y la Comisión del Mercado; que se establece un procedimiento dual para la
solución de conflictos que en ningún caso favorecerá a los usuarios; que
se fomenta la creación de operadores sin red, a los que se exime, en
líneas generales, de obligaciones de carácter público; que no se define
con la precisión necesaria cuáles son los usuarios con necesidades
especiales o de bajos ingresos; que no se garantiza una correcta
modernización ni utilización de todas las redes públicas; que tampoco se
garantiza la aplicación equitativa y en beneficio del interés público de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; que el servicio
público de difusión de televisión se sitúa en un plazo temporal próximo
al abandono por el Estado, sin garantizar su prestación ni el desarrollo
del mismo más allá del año 2000; que al Consejo Asesor de las
Telecomunicaciones no se le dota de una estructura paritaria de índole
económico y social y que se le atribuye una representación de los
ciudadanos que parece prematuro asumir antes de que sea establecida su
composición y sin atribuirle prioritariamente el informe preceptivo sobre
todos los asuntos relacionados con la materia que le es propia, con
incidencia social o territorial; y, por último, que no se encuentran
suficientemente regulados ni se establecen las garantías necesarias para
la suficiente dotación del Fondo Nacional del Servicio Universal.
Por todas estas razones, señorías, considerando que el proyecto de ley
puede dar lugar a la introducción de la competencia en un marco jurídico
poco claro, que el mismo tampoco favorece la cohesión social y
territorial, que el Estado abandonaría su posición estratégica en el
sector y que éste podría desarrollarse sin el debido control social,
nosotros presentamos esta enmienda de veto.
Señorías, para finalizar, he de manifestar que la presentación por parte
del Grupo Parlamentario Popular de 140 enmiendas a su propio texto, al
que remite el Gobierno, ha modificado en algunas ocasiones --se dice--
aspectos técnicos. Nosotros entendemos que no. Buena parte de las
enmiendas que presenta el Grupo de Izquierda Unida lo son al texto
remitido y aprobado por el Congreso de los Diputados. Estas enmiendas
cambian sustancialmente el contenido del debate y no hemos tenido
oportunidad como Grupo de modificarlas y hacerlas sobre el texto que
aprueba la Comisión porque tampoco se hizo en el trámite de Ponencia.
Señorías, los plazos que impone la tramitación por urgencia de este
proyecto general de telecomunicaciones, las condiciones en las que se ha
efectuado el debate, cambian sustancialmente el procedimiento del mismo.
Por eso, hoy, en el transcurso del debate de las enmiendas, tendremos que
hacer referencia una y otra vez a que lo son sobre un texto, no sobre el
texto que modifican las 140 enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular. No es buen procedimiento, señorías; no es un
procedimiento que no se ajuste a los trámites; efectivamente, se ajusta a
todos los trámites reglamentarios, pero, unida a la urgencia la
modificación importante que supone la tramitación de todas estas
enmiendas que se incorporan al texto del dictamen, hacen de por sí más
difícil el trabajo. Y sobre ello tenemos que hacer una llamada de
atención a la Cámara.
Señorías, éste no puede y no debe ser el procedimiento de debate de una
ley. La garantía, la defensa de los Grupos que presentamos enmiendas, que
tenemos la opción de poder
formularlas, cambia sustancialmente con este procedimiento. Por lo tanto,
reitero que no somos partidarios del mismo, motivo por el que lo
criticamos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.
La segunda propuesta de veto es la que formula el Grupo Parlamentario
Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Luis Calvo.
El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, accedo a esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, para defender una propuesta de veto al proyecto de ley
general de telecomunicaciones.
Cuando se producen debates sobre determinadas normas, y en concreto estas
a las que muchos atribuyen el calificativo de técnicas, sin darse cuenta,
quizá, de que en cuanto se rasca un poco la superficie aparece --¡y de
qué forma!-- un importantísimo sustrato político, a uno le entra una
cierta sensación de desaliento y, como consecuencia, una cierta
dificultad a la hora de trasladar a la sociedad la importancia que para
el un futuro más próximo que lejano tienen los contenidos establecidos en
el proyecto de ley que vamos a discutir.
Nos encontramos de pronto con que la rapidez de los cambios tecnológicos
está haciendo desaparecer las fronteras, las barreras, las distancias y
propiciando el nacimiento de una sociedad basada en la transmisión
instantánea de información de un lado a otro del planeta.
En esta nueva sociedad, las comunicaciones están teniendo un impacto
importante en el crecimiento; también en la competitividad y, cómo no, en
el empleo. Por un lado, como soporte nervioso de la actividad económica;
y, por otro, por el efecto motor que la implantación de las redes y
servicios genera en los sectores más dinámicos de nuestra sociedad.
Pero, a pesar del carácter complejo de los asuntos que se debaten en
torno a estas materias; a pesar de las dificultades para entenderlas,
pues, por si fuera poco, están continuamente sometidas a un proceso
explosivo de crecimiento e innovación, nos parece que hubiera algunos
lugares comunes en los que muchos de nosotros pudiéramos estar de acuerdo
a la hora de analizar la ley en general y, en particular, ese aspecto tan
importante que llamamos servicio universal.
La primera de ellas es que nos encontramos con una legislación que es
fruto de un movimiento internacional --yo diría que cuasi mundial-- en el
que un conjunto de servicios que hasta ahora han tenido la calificación
de derechos y cuya prestación ha estado prácticamente encomendada al
Estado en régimen de monopolio, en algunos sitios en gestión directa, en
casi todos en gestión indirecta, vamos a transformarlos nada más y nada
menos que en un entorno de competencia donde la definición de servicio
público en general y de servicio universal en particular queda
restringida a unos servicios concretos y a unas actuaciones muy
específicas.
El conjunto de estas materias queda, por tanto, fuera del ámbito
protector y redistributivo del Estado y sometidas a unas leyes del
mercado que son las que son y las que tienen que ser, es decir, leyes
comerciales, leyes de beneficio económico.
Otro de los aspectos en el que podemos estar de acuerdo muchos de los
miembros de esta Cámara es en la importancia --más que decisiva yo diría
crítica-- que para el desarrollo de muchos países y regiones tiene el
hecho de disponer o no de redes adecuadas y de servicios avanzados que
permitan la incorporación de esos territorios a la sociedad de la
información y a todos los cambios sociales
--unos venturosos, otros menos deseables-- que se van a producir con
absoluta certeza en el futuro y que, de hecho, se están produciendo ya.
Además, a ese carácter crítico que tienen las telecomunicaciones, las
redes y los servicios avanzados para el desarrollo se une, a mi juicio,
el peligro más que cierto de que un conjunto de tecnologías que, en
principio, como todas las tecnologías, deben suponer avance en la calidad
de vida y procesos de igualdad entre todos los ciudadanos, se traduzcan
en un nuevo elemento de ruptura social, en un nuevo elemento de
fragmentación como consecuencia de la disponibilidad o no de las redes,
del acceso a esos servicios y al conjunto de transformaciones que de ello
se deriva.
Este escenario nos plantea, en definitiva, una cuestión política de
enorme trascendencia que marca el posicionamiento del Grupo Socialista en
la discusión de los contenidos de este proyecto de ley, en relación sobre
todo al servicio público en general y al servicio universal
especialmente. ¿Estamos en pleno mercado y, por tanto, las
telecomunicaciones son una mercancía más que queda plenamente sometida a
las leyes de ese mercado o nos encontramos con un conjunto de servicios
que además de ser mercancía, que lo son, tienen un cierto contenido de
derecho y forman parte de lo que se pudiera entender como Estado de
bienestar en un sentido laxo? Las virtualidades de desarrollo de las
personas y de los colectivos que se derivan de la disponibilidad y del
acceso a estos servicios y a estas nuevas tecnologías establecen o
condicionan de una manera tan radical el futuro que mi Grupo
Parlamentario se niega a la consideración que subyace en toda la ley de
considerar las telecomunicaciones como una estricta mercancía sometida al
juego de la competencia y a esa supuesta mano invisible que ordena el
mercado pero que casi siempre lo ordena en un sentido unidireccional.
En España el problema es especialmente grave y distinto al del resto de
los países de nuestro entorno. A nosotros no nos asusta la liberalización
de los servicios. Tenemos la bandera de esa nueva actividad completamente
asumida y no nos sonroja en absoluto defender y participar de la
necesidad de liberalizar los mercados y éstos en concreto. Pero
discrepamos sustancialmente de algo que no es liberalización, sino
privatización, y que, como antes decía, la mayoría de los países de
nuestro entorno han tenido la sabiduría de liberalizar pero no de
privatizar por completo, con lo cual al Estado le queda un ámbito de
influencia no para dirigir, sino al menos para participar en el
desarrollo
de las redes y los servicios y, como mínimo, en lo que respecta al
servicio universal. No son, por tanto, mercancías como descarnadamente se
desprende de la ley, y sobre todo por la definición tan raquítica y pobre
que la ley hace del servicio universal y de las pocas garantías que se da
en cumplimiento siquiera de esas definiciones tan raquíticas que el
proyecto ofrece.
Tampoco estamos, ni podemos estar ya, en un escenario de derechos
garantizados por el Estado en régimen de prestación, y ese conflicto
entre mercancías consecuencia de la liberalización de los mercados y
derechos que se deriva de la trascendencia e importancia de las redes y
servicios que por ellas circulen se conjugan en el servicio universal,
que viene a ser como una isla donde quienes necesitan del Estado --la
mayoría de los ciudadanos de este país-- tienen que encontrar cabida y
refugio al respeto a unos derechos de participación de los beneficios y
de los bienes que se derivan de las nuevas tecnologías y del desarrollo
de la sociedad de la información. Y esto no lo hace el proyecto de ley,
ni en la definición del servicio universal que, a pesar de lo que se
predica en la exposición de motivos de ser la ley del siglo XXI nos va a
introducir en él con los mismos contenidos del servicio universal que los
actuales, no añade nada nuevo ni incorpora ninguna nueva prestación o
tecnología disponible para el público a ese servicio universal por la
extraordinaria discrecionalidad que se reserva el Gobierno en la
definición de las características de servicio, por la insuficiencia de
las garantías de financiación del mismo, por la vaciedad absoluta de
conceptos ostentosos y llamativos, como calidad adecuada o precio
asequible, que si no se llenan de contenido se quedan sólo en bellas
palabras, pero pueden vaciar el carácter universal que se predica de esas
nuevas prestaciones. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la
Presidencia.)
Nosotros creemos que el servicio universal tiene un gran valor político
porque es un elemento de redistribución de progreso, de riqueza y de
potenciación de las desigualdades en el territorio y en las personas y
que, por tanto, merece un tratamiento siquiera más audaz del que le
proporciona este proyecto de ley.
Es cierto que, como se ha hecho mención anteriormente, el carácter
explosivo de los cambios que se producen en este sector obliga a hacer
una definición del servicio universal con una cierta flexibilidad que no
necesite constantes retoques y que prevea también sistemas de
modificación flexibles, tanto del contenido de los servicios como del
ámbito de aplicación.
Además, creemos que la asignación de servicio universal dada por el
Gobierno a un operador específico no es una buena manera de resolver esta
cuestión. Y sí, por el contrario, pensamos que el sistema inicial de
asignación de obligaciones de servicio universal a un operador sea por un
proceso de licitación.
Otra de las diferencias --y no pequeña-- que nos separa del proyecto de
ley se refiere al extraordinario margen de discrecionalidad que se
reserva el Gobierno. Aquí todo es una maraña de órdenes ministeriales, de
reales decretos, que desteje lo que han tejido con carácter previo y que
pueden varias, tanto la forma de financiación del servicio universal como
las características de los propios servicios. En la ley no están
claramente definidas las características técnicas de cada uno de los
servicios ni las especiales ni los compromisos de implantación y
ampliación de los mismos ni sus sistemas de renovación. Tampoco se
definen con claridad los sistemas de garantía para los usuarios --ni, en
su caso, para el Estado-- que se deriven del incumplimiento de las
obligaciones de servicio público que sean impuestas en las licencias que
se otorguen.
Todo eso queda sometido en la ley a la discrecionalidad del Gobierno. No
lo decimos sólo por desconfianza en una excesiva discrecionalidad del
Gobierno, sino porque mercados donde se están moviendo centenares de
miles de millones de pesetas --así va a ocurrir durante muchos años--,
tienen que tener unas certezas, unas garantías jurídicas, que están
completamente ausentes de la ley.
Parece que el Gobierno sostiene --y creemos que sin razón-- que cinco o
seis reglamentos son los precisos para desarrollar esta Ley. Pero si los
contamos --en lo que se determina a lo largo del articulado--, caeremos
en la cuenta de que entre reglamentos y reales decretos de importancia se
pudiera llegar casi al centenar. Y suponiendo que a reglamento o real
decreto por Consejo de Ministros, sólo en desarrollar el entramado básico
de la ley, podríamos tardar casi dos años.
La pobreza de los contenidos del servicio universal es otro de los
elementos, y no el más pequeño, de discrepancia. ¿Por qué los servicios
de información en línea --eso que se llama Internet-- no son derechos
garantizados por el Estado a los usuarios, a las pequeñas empresas y,
especialmente, la disponibilidad y el acceso del servicio a los centros
escolares con más de ocho unidades en primaria --lo cual ya indicaría una
cierta densidad de núcleo de población correspondiente--, desde luego a
todos los de secundaria, a la universidad, a los centros de salud, a los
hospitales, a los centros administrativos públicos? No es concebible que
un fenómeno como el de Internet, que ha llevado al consumo de las
telecomunicaciones en este país de nueve minutos por abonado y día a casi
13 minutos, es decir, ha impulsado casi en un 40 por ciento el consumo
telefónico --bien es cierto que con una tarifa plana Infovía que
beneficia de forma especial--, que, con independencia de su coste, está
manifestando un deseo social de utilizar estos servicios, quede marginado
de la primera división, por así decirlo, quede fuera de los contenidos
iniciales del servicio universal y quede reducido a otras obligaciones de
servicio público que, poco menos que en caso de guerra --por lo que viene
en el proyecto de ley--, pudieran ser considerados y sólo para la sanidad
y la enseñanza como un servicio universal.
Estas son las líneas medulares que nos separan del proyecto de ley y que
hacen que mi Grupo Parlamentario, como he dicho antes, se niegue a la
consideración que subyace en toda la ley de considerar las
telecomunicaciones como una estricta mercancía sometida al juego de la
competencia.
Existen también, como se sabe, numerosas discrepancias de carácter
puntual a lo largo del articulado de la ley y
a las cuales, lógicamente, no voy a hacer mención, ya que lo sustancial
lo he puesto ya de manifiesto.
A solventar esas grandes carencias del proyecto de ley va dirigida esta
propuesta de veto para la que, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, pido el apoyo de esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente; gracias, Señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Luis Calvo.
Para turno en contra de los vetos, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, a esta ley, por la que se culmina el proceso de liberalización
de las telecomunicaciones, se han presentado dos vetos, uno por el Grupo
Mixto, Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, y otro por el Grupo
Socialista.
En un principio estimamos que la necesidad de esta ley no justifica la
presentación de enmiendas de devolución de este proyecto. No podemos
olvidar que nos encontramos en un mercado de telecomunicaciones
liberalizado y por ello es necesario e imprescindible contar con una
nueva regularización.
Al contrario de lo que dicen los portavoces del Grupo Mixto y del Partido
Socialista en los argumentos de devolución, esta ley que hoy debatimos no
es intervencionista. Es una ley con un texto breve, de 85 artículos, un
texto flexible que no debe suponer ni imponer rigidez alguna y debe durar
mucho tiempo a través de los oportunos reglamentos para ir adaptándose a
las situaciones de las telecomunicaciones en Europa y en el mundo.
El proyecto de ley que hoy debatimos ha sido consensuado en el Congreso,
se ha trabajado en él durante más de siete meses, después de haber sido
estudiado por los grupos políticos, las asociaciones más representativas
de las telecomunicaciones e incluso por la propia Unión Europea, que
mandó una resolución en la que se indica que es plenamente conforme con
la legislación comunitaria.
Se ha presentado por trámite de urgencia. Todos hubiéramos deseado algo
más de plazo, para estudiar con más tiempo las enmiendas de los demás
grupos políticos, pero nos vemos obligados por los plazos y la necesidad
por todos reconocida de la ley.
Es el momento de regular las telecomunicaciones que han experimentado en
los últimos años unos fuertes avances tecnológicos, como sus señorías
conocen. Como hemos dicho, esta ley fue objeto de un intensivo trabajo de
siete meses en el Congreso de los Diputados. Hemos presentado un número
elevado de enmiendas, como se ha dicho también en esta Cámara, las cuales
han sido, en una gran parte, de mejora de redacción y corrección de
estilo y que para nada cambian aspectos sustanciales de la ley y que,
lógicamente, han sido incorporadas en Comisión al proyecto que estamos
debatiendo.
Hay que empezar por decir, señorías, que esta ley es un proyecto
eminentemente técnico, que trata de incorporar los principios contenidos
en las diferentes directivas comunitarias sobre armonizaciones de la
regulación y liberalización de las telecomunicaciones.
Por ello no entendemos estas enmiendas a la totalidad en un proyecto de
ley que ha gozado de un amplio consenso en el Congreso de los Diputados y
que recoge, señorías, la incorporación de directivas de obligado
cumplimiento para España y con unos plazos muy reducidos.
Remitiéndonos a los dos vetos que se han defendido tanto por el Grupo
Mixto como por el Grupo Socialista, se hace mención de manera especial al
servicio universal sobre lo que hay que decir que está garantizado en
esta ley para todos los ciudadanos. De acuerdo con este proyecto que hoy
estamos debatiendo, todos los españoles vamos a poder acceder, sin
discriminación alguna, a los servicios de telecomunicaciones de calidad y
a un precio asequible.
Por tanto, señorías, quiero decirles que el servicio universal está
garantizado. La fórmula es una exigencia normativa a la Compañía
Telefónica, a quien se le impone este servicio como operador dominante,
manteniendo dentro de la ley otra preocupación, latente en las
intervenciones de los portavoces de los grupos Socialista y Mixto, que es
la cohesión social y territorial, que se garantiza, como digo, en este
proyecto de ley recogiendo un concepto dinámico de servicio universal,
abierto a la incorporación de nuevos servicios. La ley plantea igualmente
el derecho del ciudadano a conectarse a la red telefónica pública y a
figurar en una guía telefónica unitaria.
En lo que se refiere al acceso al servicio universal, estén ustedes
seguros, señorías, que compartimos su preocupación por el mismo y por la
calidad de los servicios que se deben prestar dentro de esos principios
que estamos manteniendo de igualdad, de cohesión social y territorial que
deben primar por el interés público, un interés público, señorías, cuya
protección garantiza esta ley en un entorno liberalizado, como queda
reflejado en el Título III, sobre obligaciones de servicio público, que
entre otras, incluyen medidas que intentan minimizar al máximo el riesgo
de impactos medioambientales, preocupación que también los defensores de
los vetos han manifestado en su defensa de los mismos, utilizando para
ello, como se dice en el proyecto de ley, compartidamente
infraestructuras y redes.
La ley crea, igualmente, un fondo destinado a sufragar los gastos del
servicio universal, en el que cada operador debe participar con el
porcentaje que le corresponda de los ingresos totales que obtenga en el
mercado. De esa manera, señorías, se aseguran las áreas menos rentables
de nuestro territorio.
Este proyecto de ley recoge, como decimos, las directivas europeas.
Tiende a promover, en contra de lo que se ha dicho en esta Cámara, la
plena competencia y la prestación de servicios que impulsen también la
iniciativa privada. Hay que tener en cuenta, señorías, que estamos ante
dos modelos diferentes: el ya antiguo de la LOT, que configuraba las
telecomunicaciones como servicios esenciales de titularidad estatal,
reservados única y exclusivamente al sector público y esta nueva ley que
introduce la novedad de los servicios de telecomunicaciones como
servicios de interés general que se prestan en régimen de concurrencia.
El concepto que señalaba la LOT, señoría, va en contra de las directivas
comunitarias, mientras que el que estamos debatiendo, aparte de
cumplirlas, garantiza lo que creo que todos deseamos a través del
servicio universal: la prestación social del servicio de las
telecomunicaciones, garantizando un precio asequible para el acceso a los
servicios denominados básicos.
Con este proyecto, señorías --y contestando también a los vetos--, el
Gobierno pretende extender el servicio universal a todos los ciudadanos,
unas obligaciones impuestas por razones de interés general, como pueden
ser los servicios --a los que también se ha referido el portavoz del
Grupo Mixto, el Senador Román Clemente-- de telemedicina, de
teleenseñanza, por decir algún ejemplo. (El señor Vicepresidente, Rigol i
Roig, ocupa la Presidencia.)
Sí les puedo asegurar, señorías, que con esta ley no se va a perder
calidad en servicios telefónicos y tampoco se va a impedir que se acceda
a algún tipo de servicio, conforme a las determinadas zonas en las que se
vive. Dentro de los vetos, tanto el Senador Román Clemente como el
Senador Luis Calvo, plantean cuestiones relacionadas con el Consejo
Asesor de las Telecomunicaciones y sus competencias y con la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones en su división de competencias con el
Ministerio de Fomento, estas últimas recogidas en la ley de
liberalización de las telecomunicaciones, donde se determinaba la
configuración y las competencias de un órgano de estas características,
al que se garantiza su propia autonomía, no pudiendo admitir, porque ello
no es así, que el Gobierno aumente su margen de discrecionalidad,
quedando claras las competencias entre el Ministerio de Fomento y la
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones en la mencionada ley de
liberalizaciones y no existiendo, como también se ha dicho por parte de
sus señorías, ni inseguridad jurídica alguna ni vacío legislativo, como
se pretende aducir en los vetos defendidos. En lo que se refiere a la
interconexión, los titulares de redes públicas están obligados a ella y
al acceso de las redes por parte de todos los operadores dentro de la
máxima transparencia.
También se contempla, y contesto así a algunos de los vetos planteados,
el acceso de usuarios más necesitados como son los discapacitados,
proponiendo unas condiciones dentro del proyecto de ley que facilita su
utilización.
En esta ley se recogen cuestiones sobre procedimientos de otorgamiento de
títulos habilitantes y de autorizaciones, unificando procedimientos y
criterios de concesión de licencias de acuerdo con las directivas de la
Unión Europea, encontrándose las diferencias entre licencias y
autorizaciones en los servicios cuya prestación habilitan y en el
procedimiento de su otorgamiento.
No podemos admitir que se diga, señorías, que no se liberaliza el sector.
Ello ni es justo ni es cierto. Esta ley, entre otras cosas, no sólo
reduce a mínimos el ámbito de discrecionalidad de los poderes públicos,
sino que supone el fin de los monopolios. Como tampoco es verdad,
señorías, que esta ley no garantice la modernización de las redes y no dé
el impulso de inversión para la mejora de servicios, avance la
tecnología, generación de empleo, como se ha manifestado aquí, e impulso
industrial, incrementando la calidad de los servicios y ampliando
lógicamente los objetivos de los mismos.
Lo que sí hemos de recordar, y por ello la necesidad de esta ley, es el
retraso que se lleva en España en lo que respecta a culminar la
liberalización de las telecomunicaciones y el impulso que se le está
dando en estos momentos.
Esta ley que, como hemos dicho, es enormemente técnica, recoge, en
resumen, la regulación del servicio universal y las obligaciones de
servicio público; recoge también las cuestiones que les preocupan en
relación con la interconexión, las cuestiones de numeración y la
importancia que dicha numeración tiene para el desarrollo de la libre
competencia; también recoge, señorías, la necesidad de un órgano
regulador y la reconfiguración de la administración pública de
telecomunicaciones. Es, señorías, un proyecto exigido por el Derecho
comunitario que responde a ese diseño de liberalización del sector, que
beneficiaría al usuario que podrá disfrutar de mayores y más baratas
posibilidades de telecomunicaciones.
Por lo tanto, como hemos iniciado al principio de nuestra intervención,
no comprendemos por qué la existencia de estos vetos, de esta devolución
de una ley que es necesaria, que yo creo que coincidimos en muchos de los
planteamientos los Grupos políticos presentes en la Cámara, que ha sido
consensuada también en el Congreso y que lógicamente ha sido mejorada en
el trámite del Senado.
Por lo tanto, nuestro Grupo va a votar en contra de los vetos por los
argumentos aducidos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bris
Gallego.
Turno de portavoces. ¿Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
El Senador Albistur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros no vamos a apoyar los dos vetos planteados porque tenemos que
ser coherentes con la negociación que se hizo ya en el Congreso y porque
sustancialmente estamos de acuerdo en la base con la ley. No es que
aprobemos en su totalidad esta ley porque nos parece que en materia de
rango de desarrollo de la misma se está queriendo concernir el tema
excesivamente al Ministerio de Fomento, como juez y parte y, además, como
unas competencias que a nuestro modo de entender le deben corresponder al
Gobierno.
Entiendo que las oposiciones que puedan venir por parte de este
Ministerio afectan al ejercicio de unas competencias y sobre todo a
funciones de carácter personal o profesional que puedan realizar algunos
funcionarios, pero creo que se deberían tener miras más altas
precisamente para el desarrollo de una ley que el Gobierno como tal
debería ser el competente en su propio desarrollo.
Tampoco estamos de acuerdo en general en lo que pueden ser los temas
relacionados con la modernización del sector de telecomunicaciones. Nos
parece que desde lo que
es el servicio universal y desde lo que son tratamientos como, por
ejemplo, la banda ancha esta ley es restrictiva. Nos parece que podía
haber sido mucho más valiente y por el tiempo en el que estamos y el
desarrollo rápido que tienen las telecomunicaciones haber tenido una
mayor posibilidad de recoger, dentro de lo que son los servicios
universales, un servicio verdaderamente público y un servicio que atienda
a la calidad y dé servicio a los futuros usuarios.
Nosotros votaremos en contra de los votos particulares, y después haremos
la defensa de las enmiendas que vamos a mantener.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, después de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, de
1987, de las modificaciones producidas por la Ley 32/1992, de 3 de
diciembre, y del Real Decreto 6/1996, de 7 de junio, no exageramos si
decimos que, si añadimos además las leyes de comunicaciones por cable, de
telecomunicaciones por satélite de 1995, podemos decir que se hacía
necesaria esta nueva ley. Era necesario reordenar el sector de forma que
se pusiera al día la diversa legislación, teniendo en cuenta
especialmente que estamos en un sector muy cambiante.
El proceso de liberalización de las comunicaciones en la Unión Europea ha
seguido un ritmo imparable que se ha acentuado en los últimos tiempos, y
no sólo al irse cubriendo plazos, sino porque se ha comprobado que era
conveniente acelerar este proceso de liberalización, ir suprimiendo
cautelas y acortar aquel período, aquel plazo, aquel horizonte del año
2003 que nos dimos hace algunos años. Como es evidente, ello implica la
disminución del control administrativo que existía en los últimos
tiempos.
Entrando ya en la materia de este proyecto de ley, el Estado debe
garantizar el servicio universal y debe controlar, al tratarse de un
servicio básico, que llegue a la sociedad a precio asequible. Este es el
quid: garantizar el servicio universal a precio asequible.
A nuestro juicio, para que este objetivo sea posible debe incentivarse la
competencia y, en consecuencia, suprimir derechos exclusivos o
especiales. A la vez, el mercado se habrá de proteger de posibles abusos
de la posición dominante. En el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió entendemos que todo ello es posible, que esta ley,
con sus 85 artículos y demás disposiciones adicionales, transitorias,
finales, etcétera, cumple, a nuestro juicio, los objetivos que
corresponden a servicios de interés general como son las
telecomunicaciones, y lo realizará en la forma que la Unión Europea viene
marcando desde la Directiva del Consejo de 28 de junio de 1990 y
posteriores.
Nosotros entendemos que no es una ley excesivamente reglamentista, pero
establece un marco claro que es posible cumplir, y posteriormente
decretos u órdenes ministeriales podrán dar satisfacción a la necesidad
de extenderla, de reglamentarla, de ir acotándola y marcando alguno de
los aspectos que el Senador Luis Calvo defendía en su propuesta de veto.
Este proyecto de ley ha mejorado desde que entró en el Congreso de los
Diputados. Allí se introdujeron enmiendas, y esperamos que en el Senado,
aparte de las 140, la mayoría de ellas de carácter no diría técnico sino
estrictamente de redacción del Grupo Parlamentario Popular, pueda ser
mejorado el texto en este trámite en el Pleno.
Respecto a las enmiendas de mejora de descripción o literaria, querría
hacer referencia también a las remitidas por el Letrado de la Comisión,
que espero, tratándose de corrección de erratas, que sean asumidas por la
totalidad de los grupos.
Pero insisto en el aspecto básico, que es el de que se trata de una ley
que estimula la competencia, y ello sin duda ha de ser bueno para el
consumidor. Aquellas cautelas que hace unos años se introducían en favor
de la Compañía Telefónica hoy en día son absolutamente innecesarias.
Telefónica es una empresa fuerte, con buena tecnología, con alianzas
internacionales que le permiten, sin duda, competir sin desventaja con
otras empresas. Lo que antes era un monopolio de infraestructuras y
redes, un monopolio de servicio, hoy en día puede ser un sector
liberalizado, eso sí, con la garantía de la Ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Beguer, vaya concluyendo.
El señor BEGUER I OLIVERES: Termino, señor Presidente.
Es decir, por cuanto venimos exponiendo, se evidencia que discrepamos de
los planteamientos formulados en las propuestas de veto que se han
defendido por los Senadores Román Clemente y Luis Calvo y que nuestro
Grupo, consecuentemente, votará en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Luis Calvo.
El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el que la ley sea necesaria no implica que no podamos presentar
--derecho a ello tenemos-- las propuestas de veto que consideráramos
necesarias.
Eso supone que la ley no nos gusta. Y no estamos de acuerdo en que sea un
proyecto técnico. Una ley que tiene 85 artículos, 27 disposiciones
--adicionales, transitorias, derogatorias y finales-- y a la que se
presentan 364 enmiendas en esta Cámara, aunque quedan vivas 223,
señorías, no es una ley técnica, es una ley política.
Y es verdad que es una ley necesaria, porque habría que preguntarse cuál
es la situación actual de las telecomunicaciones en España. En el momento
de abordar la liberalización del sector, la situación se caracteriza por
un nivel de servicios desigual, por un mercado intervenido y poco
competitivo, con una fuerte implicación gubernamental en
los operadores, con una gran debilidad de los órganos reguladores
independientes y con un grave riesgo de desequilibrio en la equiparación
de prestaciones entre todos los ciudadanos y todas las regiones del
territorio.
Señorías, hay que legislar pensando en la gente. Nosotros hubiéramos
hecho esta ley casi exactamente al revés y, desde luego, de acuerdo con
los objetivos que se esbozan en la exposición de motivos. Pero es que en
el articulado --y lo dijimos así en Comisión-- se destrozan los objetivos
que se marcan en la exposición de motivos. Por eso, pedimos que se vuelva
a iniciar la redacción de esta ley y que se vuelva a empezar pensando en
la gente. A nosotros nos preocupan las empresas, pero, sobre todo, nos
preocupan los ciudadanos. Y parece que al Gobierno le preocupa mandar en
las empresas y lo de los ciudadanos le preocupa bastante menos. Creemos
que el Gobierno tiene que hacer una ley de nuevo con una filosofía
distinta, que regule lo que hay que regular, es decir, los derechos y las
garantías de los ciudadanos.
Así, hubiéramos hecho una ley basada en un modelo fundamentado en el
principio de regulación a posteriori y dirigido a compensar las carencias
del mercado. En segundo lugar, una ley que regulase con la suficiente
concreción y con rango legal las características de los servicios que se
garantizan de forma universal, así como el alcance de dicha garantía. En
tercer lugar, una ley que garantizara los objetivos de cohesión
interterritorial en materia de telecomunicaciones, sus características y
los mecanismos de su financiación. Debería separar las funciones
reglamentarias, que, lógicamente, residen en el Gobierno, de las de
ejecución e intervención en el mercado, que deben residir en órganos
independientes. Debería integrar las competencias reguladoras de las
telecomunicaciones en un solo órgano, tanto en el régimen transitorio
como en el permanente, evitando la pérdida de eficacia que provoca la
dispersión. Debería suprimir en lo posible el desarrollo reglamentario de
la ley, eliminando así incertidumbres, falta de transparencia, retrasos
en las inversiones, y debería regular los derechos de los operadores
frente al regulador independiente y los de éste frente a aquéllos sin
limitar la flexibilidad con la que el regulador debe adaptarse a un
sector tan dinámico como es el de las telecomunicaciones.
En definitiva, señorías, el articulado del proyecto de ley es
intervencionista y lo es en lo que debiera quedar totalmente desregulado
y sometido únicamente a la tutela de la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones para resolver los conflictos entre operadores.
El proyecto resulta inconcreto y ultraliberal en aquellas parcelas de las
telecomunicaciones en las que sería necesaria una acción decidida de los
poderes públicos para garantizar la cohesión social territorial y para
aprovechar las oportunidades que ofrece el sector de las
telecomunicaciones para mejorar la enseñanza, la calidad de vida y el
bienestar de todos los ciudadanos. Si el proyecto de ley se ajustara a
esas premisas, nosotros no hubiéramos presentado este veto; como no es
así, lo hemos presentado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Luis
Calvo.
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
En contestación a los Senadores intervinientes, en relación con la
intervención del Senador Albistur quiero decir que las competencias,
tanto del Gobierno como del Consejo Asesor de Telecomunicaciones o la
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones están recogidas dentro de la
ley de liberalización y, por tanto, el Gobierno siempre tiene las máximas
competencias, puesto que puede cambiar una ley cuando lo estime
conveniente y, por tanto, consideramos que está bien recogido el objetivo
que nos hemos planteado. En lo que se refiere a la banda ancha, no es que
se renuncie a ella, sino que, lógicamente, se tratará de la misma
posteriormente pero no en este proyecto de ley.
Coincidimos con el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió en la necesidad de que exista este proyecto,
necesidad que no haría precisa la presentación de los dos vetos que se
han planteado, máxime en una ley que es eminentemente técnica y que trata
de adecuar nuestra regulación en un mercado liberalizado a la normativa y
a las directivas de la Unión Europea. Es una ley que incentiva la
modernización y la competencia y, por tanto, no podemos coincidir, ni
mucho menos, con el Senador Luis Calvo cuando habla de una ley
intervencionista. Es una ley flexible, con un breve texto que,
lógicamente...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, está interviniendo el
Senador Bris. Deseo que atiendan cuanto sea posible.
El señor BRIS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
No es una ley, ni mucho menos, reglamentista; es una ley básica.
Lógicamente, el mundo de las telecomunicaciones progresa de manera
continua y, por tanto, servicios que en estos momentos no nos imaginamos,
quizá podrán estar en disposición de los usuarios el próximo año. Por
tanto, nosotros preferimos más atenernos a los reglamentos que
convertirlos en artículos de la ley. Consideramos que es una ley
importante y necesaria y nos vamos a oponer a los vetos presentados por
el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Mixto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bris
Gallego.
Vamos a someter a votación el voto particular número 1, que es la
propuesta de veto número 1, presentada por los Senadores Nieto Cicuéndez
y Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, 86; en contra, 132; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Esta propuesta de veto ha sido
rechazada.
A continuación, vamos a someter a votación el voto particular número 3,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a la
propuesta de veto número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a
favor, 84; en contra, 134.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Esta propuesta de veto ha sido
rechazada.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de esta tarde.
Eran las catorce horas y treinta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Se reanuda la sesión.
Pasamos a debatir el articulado de la ley, títulos I a VIII, artículos 1
a 85, disposiciones adicionales primera a undécima, disposiciones
transitorias primera a undécima, disposición derogatoria, disposiciones
finales primera a cuarta, anexo y exposición de motivos.
En primer lugar, pasamos a debatir el voto particular número 5, de los
señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Mixto, que
corresponde a las enmiendas números 1 a 99.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Como se ha podido comprobar, la mayoría de las enmiendas que hemos
presentado, de la número 1 a la número 99, tienen su justificación en los
argumentos expresados en la propuesta de veto. Además, como es lógico,
señorías, se han incorporado las sugerencias hechas por el señor Letrado
en cuanto a correcciones en la redacción.
Voy a aligerar el trámite dando por defendidas todas las enmiendas en los
términos expresados en su motivación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román.
Pasamos al voto particular número 4 del Grupo Parlamentario Mixto, que
corresponde a las enmiendas números 100 y 101, presentadas por el Senador
Ríos.
Para su defensa, tiene su señoría la palabra.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en los últimos debates sobre el estado de la Nación celebrados
en el Congreso y sobre el estado de las Autonomías celebrados en esta
Cámara se han aprobado resoluciones que vienen a consagrar que la
política legislativa del Estado contemple la singularidad de las
circunstancias diferenciales de la Comunidad Canaria, tanto por el hecho
insular archipielágico como por el de la lejanía, que también han sido
recogidos en la reciente legislación comunitaria europea bajo el epígrafe
de la ultraperificidad.
A lo largo de la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso de
los Diputados, Coalición Canaria ha introducido unas enmiendas que han
procurado unos acuerdos transaccionales y han supuesto la elaboración de
la disposición adicional décima, por lo que mostramos aquí una clara
satisfacción, pero incompleta. Aún no se ha podido introducir un
mecanismo necesario, el de una subcomisión al amparo de la Comisión Mixta
del Régimen Económico y Fiscal Canario, como fue creada, y creo oportuno
recordarlo en estos momentos, una subcomisión semejante para cuestiones
de puertos, transportes y aeropuertos en la reciente modificación
aprobada en la Ley de puertos.
Por ello, hemos mantenido la enmienda número 100, que añade un tercer
párrafo a la citada disposición adicional décima, ya que la condición
archipielágica y la lejanía de Canarias requieren un instrumento y un
órgano específico que haga posible que las telecomunicaciones sirvan como
factor de cohesión territorial. Como he mencionado, la enmienda a la
disposición adicional décima solicita la adición de un tercer párrafo que
dice lo siguiente: «Las medidas a que se refieren los apartados
anteriores, así como cualquiera otras que pudieran contribuir a la
cohesión territorial, serán incluidas en un Plan Director de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en Canarias, cuya
configuración y seguimiento corresponderá a una Subcomisión de
Telecomunicaciones creada en el seno de la Comisión Mixta del Régimen
Económico y Fiscal del Archipiélago.» Con ello, señorías, quedarían
definidas globalmente las necesidades futuras de las telecomunicaciones
en el archipiélago canario.
En otro orden de cuestiones, después de la puesta en marcha estos últimos
años de los diferentes operadores en telecomunicaciones, tanto fijos como
móviles, la imagen que están dando la mayoría de las cotas altas, colinas
y montículos en nuestras ciudades y medios rurales es la de un verdadero
bosque de antenas y repetidores de televisión que deja mucho que desear.
Los supuestos de impacto medioambiental, sobre todo, en zonas turísticas,
deben ser de obligado cumplimiento. Sabemos que la legislación sectorial
ambiental debe ser la que limite las instalaciones de telecomunicaciones,
pero creemos que sería útil y necesario que esta ley, que en su artículo
16.3 trata esta cuestión muy ligeramente, redactara una disposición
adicional para lograr una mayor exigencia general.
Por eso, hemos mantenido nuestra enmienda número 101, que propone
adicionar una disposición adicional nueva que sería la undécima, con
expresa referencia a estos límites, dado el impacto que sobre el paisaje
puedan tener las instalaciones de comunicación. La enmienda señala: «Las
instalaciones de telecomunicación se ajustarán a las determinaciones que,
de conformidad con la legislación medioambiental y urbanística, se
contengan en las correspondientes autorizaciones de instalación y en las
declaraciones de impacto ambiental que, en su caso, les correspondan.»
Con ella, Coalición Canaria es congruente
con la reciente modificación del Estatuto de Autonomía de la comunidad
archipielágica canaria, que en su artículo 5.2, en los principios
rectores de los poderes públicos, en su apartado e), consagra la defensa
y protección de la naturaleza y del medio ambiente como una de las
finalidades más importantes de la política autonómica.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ríos.
Voto particular número 2 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, que se corresponde con las enmiendas 179 a 206.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
En esta agradable tertulia en la que nos encontramos echo de menos que en
la defensa de estas enmiendas no esté presente alguien del Ministerio de
Fomento, que es el verdadero opositor a cualquiera de los que hemos
enmendado. Digo esto porque en la primera parte de mi exposición voy a
hablar del tema competencial, enmiendas 179, 180 y compañía, que, a
continuación, voy a exponer.
Nos preocupa esta ley porque el Ministerio de Fomento, aprovechando el
viaje, con una absoluta tranquilidad e impunidad y dando respuestas de lo
más peregrinas pretende cargarse, aquellas competencias en las que todo
lo que es legislación básica pertenece al Estado las competencias de
gestión, administración o ejecución que las Comunidades Autónomas tienen
reconocidas en sus estatutos de autonomía.
Hay cosas que son absolutamente obvias. Por ejemplo, nuestra enmienda
número l95, al articulo 45.b) dice: Será obligatoria la canalización
subterránea cuando así se establezca por la normativa ambiental... «El
Ministerio de Fomento se opone, pero cualquier Ayuntamiento lo puede
imponer. ¿Qué mejor que una Ley que pretende ser moderna, que pretende
defender la calidad de las telecomunicaciones, que se dice, además,
respetuosa del medio ambiente y de cualquier progreso urbanístico
facilite que los ayuntamientos puedan obligar a los constructores --que
pueden dejar, como ya es tradición en todo el Estado, abandonadas las
urbanizaciones-- a realizar canalizaciones subterráneas? Pues parece ser
que esta enmienda no va a ser aceptada.
Lo mismo ocurre con los actos administrativos que dilucidan las
cuestiones planteadas por los consumidores y usuarios de cualquier
producto. Al margen de las facultades jurisdiccionales que se reconocen a
las juntas arbitrales de consumo, por ejemplo, corresponde a la
Administración competente en materia de defensa del consumidor y usuario
resolverlas.
En el ordenamiento constitucional actual, que parece que el Ministerio de
Fomento no se ha leído, dicha facultad ha sido atribuida a las
Comunidades Autónomas y no a la Administración General del Estado.
Nuestra enmienda pretende, precisamente, establecer y regular este hecho.
El Ministerio de Fomento no lo entiende así.
Lo mismo ocurre con los temas relativos a la verificación del
cumplimiento de especificaciones técnicas. Hemos hecho una enmienda al
artículo 55.3 porque consideramos que nuestra redacción se adecua mejor a
la distribución de competencias respecto de las facultades ejecutivas en
materia de industria, según las interpretaciones del Tribunal
Constitucional (sentencias 203/92, 14/94, 243/94, 313/94 y 183/96, entre
otras) y según la actual Ley de Industria 21/1992, de 16 de julio. Esto
tampoco parece entenderlo o conocerlo el Ministerio de Fomento.
Podría seguir dando un rosario de justificaciones similares. En la
enmienda 201 al artículo 60 planteamos algo similar, en coherencia con el
artículo 13.3 de la Ley de Industria, 21/1992, de 16 de julio, en cuanto
a las autorizaciones a los instaladores de equipos y aparatos de
telecomunicaciones.
Este es uno de los bloques que yo quería tratar, bloque que va a pasar
sin pena ni gloria. No obstante, quedará constancia de nuestra defensa
para que alguien se sonroje, porque nos preocupa que lo que hemos
achacado a otros partidos políticos de pretender quitar, a través de
leyes que se llamaban básicas, competencias a las Comunidades Autónomas,
en este caso lo esté haciendo el Ministerio de Fomento.
En lo relativo a lo que pueda referirse a la mejora del servicio, la
modernización, la adecuación de la ley a un sistema de telecomunicaciones
moderno para el futuro, tenemos muchas dudas.
En la enmienda número 188 establecemos que la interconexión se deberá
facilitar en los distintos niveles de conmutación, pero es que la
conmutación se puede realizar en muchos puntos, y precisamente algunos de
ellos lejanos al sitio en que está ubicada la sede central o a aquel en
que están los equipos básicos del sistema de telecomunicaciones utilizado
por cada operador. Por eso entendemos que la interconexión debe
proporcionarse en todos los niveles de conmutación y en cualquiera de los
puntos geográficos --lo digo así de claro-- en que técnicamente sea
posible, porque la verdadera liberalización y modernización va en esa
línea. Además, debe permitirse la conexión física en los locales del
titular de la red pública, dado que se trata precisamente de una red
pública, si así lo pide el solicitante de la interconexión justamente en
función de la liberalización del sistema. Pero aunque parece que
concretamente sí se ha entendido esto en el Ministerio de Fomento, el
caso es que o no les ha gustado o no se han atrevido a darle a esto la
verdadera magnitud de modernización, amplitud y liberalización que
nuestra enmienda sugiere.
Hay otro elemento también importante, el tema relacionado con los costos
de la red por donde las telecomunicaciones avanzan. Nosotros proponemos
la inclusión del concepto costes incrementales a largo plazo, no
históricos. Tenemos experiencias en el sector eléctrico y las tendremos
próximamente en el sector del gas con la Ley de hidrocarburos. Tenemos
asimismo muchas experiencias en lo que se refiere a los costes
históricos, donde hay mucha chapuza, y lo digo así de claro. Creo que la
palabra chapuza
es clave. Ahí hay mucha anexión de costes que en verdad no existen.
Por tanto, entendemos que los costes incrementales, aquellos que se vayan
a producir por razones del servicio, son los que verdaderamente deben
contar en lugar de que cuenten los costes reales de que hablan el
precepto y el proyecto de ley, con objeto de que los precios de
interconexión no se vean gravados con las ineficiencias --ahí es a donde
vamos-- del titular de la red. En este sentido, el Comité ONP ha
manifestado que existe una clara tendencia a utilizar el sistema «long
run incremental de costs», que es el que verdaderamente vale para las
conexiones y relaciones internacionales y el que se está utilizando en
cualquier sistema de telecomunicaciones moderno.
Hemos presentado una enmienda al artículo 31, la número 190, que tiene
que ver concretamente con los Planes Nacionales de Numeración. Aparte de
que el Consejo de Ministros sea el que debe autorizar las modificaciones,
nos parece que se debe conceder un trámite de audiencia a todos los
agentes del sector procurando, en cualquier caso, minimizar los gastos
que para los usuarios puedan derivarse de este hecho, quienes no son
culpables de las modificaciones de los sistemas en los Planes Nacionales
de Numeración.
Respecto del servicio universal, hemos introducido una serie de
enmiendas, cada una de las cuales pretende la mejora y modificación de la
calidad del servicio y, sobre todo, un mejor servicio al usuario. En
ellas hacemos constar que los usuarios deberán disponer de servicios de
asistencia de operadora, emergencia e información de precios y calidades
de servicios.
En una sociedad como la nuestra no hay que contemplar única y
exclusivamente lo que puede ser la actividad industrial; esta sociedad
cada vez más envejecida precisa de una mayor cantidad de servicios
destinados a personas que no están acostumbradas al sistema moderno de
telecomunicaciones. Es decir, la asistencia de operadora, los
conocimientos de utilización de servicios de emergencia, incluso aquellos
relativos a los puntos concretos en que deben ir mejorándose las
calidades del servicio, todo ello forma parte de lo que puede ser el
servicio universal. Eso es algo que no tiene discusión, que está admitido
en cualquier país europeo, pero, casualmente, en el nuestro se considera
que no entra en lo que son los servicios universales. Nosotros creemos
que deben incluirse en el ámbito del servicio universal la asistencia de
operadora y los servicios de emergencia en información de precios y
calidades de servicios, pero el Ministerio de Fomento --tan moderno él--
no es capaz de entenderlo así.
Por otro lado, hay un tema, el de la banda ancha, que supone una mejora
de la calidad. De hecho, las nuevas operadoras ya están actuando con un
sistema de banda ancha. Pero este proyecto de ley no considera que los
servicios de líneas susceptibles de arrendamiento, transmisión de datos,
servicios avanzados de telefonía disponible para el público y red digital
de servicios integrados y de banda ancha, así como los que faciliten las
comunicaciones entre los determinados colectivos que se encuentren en
circunstancias especiales --que es lo que se propone en nuestra enmienda
194 al artículo 40.2.b)-- también se incluyan en los servicios básicos.
El Ministerio no lo entiende así; dice que es un coste que desincentiva
al inversor --como antes ocurría en lo que significaba la apertura de
zanjas subterráneas-- y, por tanto, no lo incluye en este proyecto de
ley. No sé quiénes son las personas que trabajan en temas de
telecomunicaciones en el Ministerio, pero realmente se están quedando
atrás; se están quedando en el 98, y no digo de qué siglo. El año 2000
está ahí mismo, y la banda ancha va a ser operativa dentro de pocos
meses. Es un elemento clave para la oferta de unos servicios de
telecomunicaciones de calidad y, sobre todo, para el progreso de la
sociedad.
Por lo que respecta a la disposición final tercera, con nuestra enmienda
número 206 introducimos una distinción muy clara entre lo que son
telecomunicaciones y los medios de comunicación social. Eso es algo que
el redactor de la ley debería haber entendido, pero no parece ser así,
porque confunde los términos e incluye todo en telecomunicaciones. Una
cosa es el portador de los medios de comunicación social --que son
precisamente los medios de comunicación social-- y otra, las
telecomunicaciones. Creo que es algo distinguible por cualquier
ciudadano, aunque no entienda de este tema. Por ello, en nuestra opinión,
debe establecerse una separación nítida entre las telecomunicaciones y
los medios de comunicación social. En consecuencia, la presente ley debe
referirse solamente a las telecomunicaciones y no a los medios de
comunicación social porque, para eso, elaboraríamos otra ley.
Termino, señor Presidente, con un tercer bloque de enmiendas, que tiene
una defensa única. En este hemiciclo se ha hablado durante el debate de
los vetos de la importancia del sector, de su relevancia, de la
trascendencia de este sector para una sociedad moderna, y no entendemos
que esta ley se pueda desarrollar a través de órdenes del Ministerio de
Fomento, el cual, además, por lo que antes he dicho, nos ofrece muchas
dudas acerca de su capacidad. Por tanto, creemos que cualquier desarrollo
de esta ley debe hacerse por aprobación en el seno del Consejo de
Ministros, y que el Ministerio de Fomento, en todo caso, tiene que ser
transmisor de lo que en aquél se apruebe. Pensamos que debe desarrollarse
mediante decreto y el reglamento correspondiente e, insisto, no quedar
sujeto a las órdenes del propio Ministerio.
Queremos darle a esta ley el carácter y el rango que se merece, y por eso
hemos introducido un conjunto de enmiendas --como las números 179, 180,
181, 182, 184 a 203, 205, etcétera--, la mayoría de ellas importantes,
que proponen que lo que en la ley se establece que puede ser desarrollado
mediante la orden correspondiente se haga por reglamento o decreto. Nos
parece que la ley se merece una vigilancia y control por parte del
Ejecutivo más eficiente y eficaz que la que puede establecer una orden.
Eso significa el respeto para unas telecomunicaciones democráticas, para
unas telecomunicaciones que cumplan con la función de servicio público,
de servicio a la sociedad, de calidad y de verdadero respeto a los
usuarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Albistur.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, que corresponde a las enmiendas números 207 a 223,
así como mantener el texto aprobado por el Congreso de los Diputados en
relación con el artículo 60 en lo modificado por la incorporación de la
enmienda número 303, del Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, vamos a hacer mención, en primer lugar, al voto particular para
que se vuelva a la redacción del Congreso de los Diputados del artículo
60, en lo modificado por la enmienda número 303 del Grupo Parlamentario
Popular. Entendemos que debiera volverse a este texto inicial por cuanto
creemos que no corresponde al Reglamento señalar las competencias de las
Comunidades Autónomas con respecto a las autorizaciones o a llevar el
correspondiente registro. Estimamos que estas competencias de las
Comunidades Autónomas no deben regularse a través de un reglamento y, por
tanto, consideramos más correcto el texto tal como había sido aprobado
por el Congreso.
En cuanto a las enmiendas presentadas en su día, procuraremos ser breves.
La primera de ellas, la número 207, propone suprimir «y sin prestaciones
económicas de terceros» en el apartado 3 del artículo 7, al referirse a
títulos habilitantes y a supuestos en que no se necesita dicho título
habilitante. Entendemos que es reiterativo e incluso innecesario el
precepto que se suprime al tratarse de redes para autoprestación. Además,
parece que el proyecto de ley prohíbe las donaciones, ya que si no se
prestan servicios, las contraprestaciones económicas sólo pueden
proceder, evidentemente, a través de esta vía.
En la enmienda número 208 proponemos una mejora técnica al adicionar en
el apartado 3 del artículo 15 un texto final que indique: «... con las
excepciones indicadas en el artículo 7 de la presente Ley».
La enmienda número 209 propone modificar el apartado 3 del artículo 35,
que se refiere a las delimitaciones de las obligaciones de servicio
público, mejorando la redacción y especificando que «... se aplicará el
régimen general establecido en el artículo 162 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas...». Es una mejora
en la redacción, ya que de no hacer esta explicitación del artículo,
consideramos se podría implicar la aplicación de regímenes jurídicos
incompatibles con esta nueva normativa.
Las enmiendas números 210, 211 y 212 y algunas que veremos posteriormente
sustituyen la palabra «instalación» por «establecimiento» en los
artículos 43 y 44. Ello no es por un capricho de nuestro Grupo, sino que,
por una parte, creemos que es coherente con la redacción del artículo 15
del proyecto de ley y, por otra parte, se evitarían así interpretaciones
que puedan dar lugar a afectar negativamente a los antiguos titulares de
títulos habilitantes.
La enmienda número 213 propone modificar el título del artículo 46 y
parte del redactado. Se cambia «Expropiación forzosa» por «Expropiación
forzosa e imposición de servidumbres forzosas», ya que habla de ambos
temas, y nuevamente proponemos la sustitución de «instalación» por
«establecimiento».
En la enmienda número 214 proponemos la modificación del apartado 2 del
artículo 46, haciendo referencia a la declaración de la necesidad de
ocupación; es decir, proponemos la siguiente redacción: «... así como la
declaración de necesidad de ocupación para el establecimiento de redes
públicas de telecomunicaciones».
La enmienda número 215, al artículo 46.3, que se refiere a la
expropiación forzosa, también propone una modificación. Cuando se refiere
al establecimiento de redes públicas de telecomunicaciones, proponemos
que se haga referencia concreta al artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. Consideramos que, para evitar
cualquier situación discriminatoria para operadores no dominantes y como
creación de posibles ventajas competitivas, por una parte debe
concretarse nuevamente la expresión «establecimiento de redes públicas»
y, a la vez, hacer esta mejora técnica en cuanto a qué artículo debemos
tener en cuenta respecto a la Ley de Expropiación Forzosa.
La enmienda número 216, referida también a la expropiación forzosa,
artículo 46, propone adicionar un nuevo apartado 3 bis) en dicho
artículo. Con la redacción de ese apartado --que omito-- se garantizaría
una mayor agilidad en la tramitación del correspondiente expediente.
La enmienda número 217 propone modificar el título del artículo 48,
«Servidumbres y limitaciones a la propiedad». Creemos que mejora la
redacción titularlo «Otras servidumbres y limitaciones de la propiedad».
La enmienda número 218 propone una pequeña mejora técnica, incluyéndose
justamente la palabra «técnicas», por lo que quedaría: «... el
establecimiento de condiciones técnicas...».
En la enmienda número 219 proponemos la modificación del apartado 6.c) de
la disposición transitoria primera, con el objeto de garantizar el
mantenimiento de aquellas condiciones que sean distintas de las que
conceden derechos especiales o exclusivos que pudieran quedar sin efecto
en virtud de este proyecto de ley y, a la vez, garantizar que el proceso
de transformación de títulos, regulado por esta norma, no pueda
desembocar en la creación de ventajas competitivas para los nuevos
titulares.
La enmienda número 220, que propone la modificación de la disposición
transitoria segunda, tiene la finalidad de concretar la redacción
respecto a hacer una referencia concreta al Plan Nacional de Numeración.
Como dicho Plan ya está aprobado, entendemos que debe hacerse ya una
referencia al mismo.
Con la enmienda número 221 solicitamos modificar la disposición
transitoria sexta mediante un breve cambio en el redactado, que omito
para no ser reiterativo.
La enmienda número 222 propone adicionar un texto, en el tercer párrafo
del apartado 1 de la disposición transitoria séptima, también como mejora
técnica, de modo que
el apartado que hace referencia a las Comunidades Autónomas que dispongan
de red propia se iniciaría diciendo: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el
primer párrafo de esta disposición transitoria...».
Por último, la enmienda número 223 propone adicionar un nuevo párrafo al
final del apartado 2 de la disposición transitoria séptima. En él se hace
referencia a que corresponderá a la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos la modificación de tarifas. Nuestra enmienda pretende
que a continuación se diga: «No obstante lo dispuesto en el párrafo
anterior, para el caso de las Comunidades Autónomas con redes propias
para la distribución de programas de radio y televisión de carácter
autonómico, las tarifas de los servicios portadores de difusión estarán
sujetas a la normativa aplicable por los órganos de Gobierno de las
Comunidades Autónomas.» Creemos que con ello se respeta la normativa de
las Comunidades que hayan regulado cuanto se refiere a las tarifas de los
servicios portadores.
Nada más, señorías. Este es el conjunto de las enmiendas que ha propuesto
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Beguer.
Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Socialista, que se
corresponde con las enmiendas números 102 a 178.
Para la defensa de parte de ella, porque harán dos turnos, tiene la
palabra el Senador Luis Calvo.
El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en efecto, yo voy a proceder --o al menos intentarlo-- a
defender las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista a este Proyecto de Ley, a los Títulos I a IV, y la defensa de
las enmiendas al resto del Proyecto, es decir, del Título V hasta el
final, incluidas todas las disposiciones, la llevará a cabo mi compañera
de grupo, doña Francisca Pleguezuelos.
Las enmiendas que hemos presentado, como es lógico, tienen la intención
de introducir sensibles y sustanciales modificaciones que intentan
mejorar el proyecto de ley. En el Título I se habla de disposiciones
generales y se pretende definir, no sólo el objeto de la ley, que se
recoge en el artículo 1, sino establecer cuáles son los objetivos que la
misma persigue, así como el tratamiento que se da a los servicios de
telecomunicación para defensa, para protección civil, que entendemos que
no están bien tratados en el texto y que, como ya hemos dicho, son
necesarias mejoras, algunas de ellas relevantes, como las que planteamos
en nuestras enmiendas números 102 y 103, a los artículos 3.c) y 5.5. Es
necesaria una redacción que no ofrezca dudas ni ponga condiciones al
desarrollo y utilización de las telecomunicaciones, en ese importante
papel de cohesión territorial, social y económica, así como en cuanto al
acceso igualitario de todos los ciudadanos; y, por otra parte, en aquello
que se relaciona con la defensa nacional y con la protección civil, la
interpretación de la ley, a nuestro juicio, no debe provocar dudas ni
plantear divergencias, circunstancia que sí pudiera darse con el texto
que estamos discutiendo.
Con nuestras enmiendas queremos introducir una serie de modificaciones
encaminadas a adecuar, por un lado, lo que son los objetivos que el
proyecto de ley plantea, formulando nuestro deseo de que la ley no debe
asegurar sólo las condiciones para la libre competencia entre los
operadores de redes y prestadores de servicio, sino que también debe
asegurar, promover, garantizar esas condiciones, que todavía no existen,
en la medida en que se desprenden del propio tratamiento del Proyecto.
El Título II hace referencia a uno de los aspectos más destacados, a
nuestro juicio, de este Proyecto de Ley junto con el servicio universal.
Me refiero a la gestión de la prestación de servicios y al
establecimiento y explotación de redes de telecomunicación en régimen de
libre competencia. A pesar de este ostentoso título, que para un no
versado en la materia podría suscitar cierta duda en cuanto a qué se
pretende con el mismo, sí que es cierto que en los apartados que lo
configuran las cosas están bastante claras, hay una percepción mejor de
cuál es el significado de esa denominación. Se habla de los títulos
habilitantes y de los registros especiales de titulares de autorizaciones
generales y de licencias individuales. Se habla también de la
interconexión, del acceso a las redes, de la numeración y de la
separación de cuentas. Es decir, se habla de un conjunto de medidas que
se van a adoptar en el desarrollo de las telecomunicaciones y que es
necesario prever de acuerdo con las directivas europeas, porque si se
compara lo que está sucediendo en otros países aquí tenemos que acometer
este tipo de transposiciones legislativas a la velocidad adecuada, y
aprovechar un marco legislativo como éste para no dejar en el tintero
aspectos muy importantes de esa traslación de las directivas.
Las enmiendas que formulamos a los artículos números 6 al 33, que hacen
referencia a este Título II, tienen por finalidad dar un tratamiento, a
nuestro juicio, más correcto y en mejor consonancia con las directivas.
Uno de los aspectos a destacar, y que nos hacen diferir de lo que
defiende el Gobierno y del Grupo que le sustenta, es el papel que tiene
que jugar la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, partiendo de
que para nosotros, y para el resto de los países europeos, es necesario
que la autoridad reguladora de la que hablan nuestras enmiendas números
126 y 127, es decir, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
sea un órgano independiente, con atribuciones y poderes claros, con
capacidad para tomar decisiones que regulen las relaciones entre
operadores y con los operadores. Pero nos encontramos con un escollo,
como es la escasa voluntad que se aprecia en el Gobierno para que la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones funcione como lo hacen las
autoridades reguladoras en otros países de la Unión Europea, en los que
agrada ver cómo su independencia, su capacidad, su autoridad sobre los
operadores, prima sin estar sometida a ningún tipo de vaivén o de presión
por parte de los Gobiernos respectivos.
A nuestro juicio, es necesario que la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones fomente y garantice una
interconexión adecuada entre todos los usuarios y que se produzca una
interconexión correcta entre las redes nacionales y las de la Unión
Europea, que haya un desarrollo adecuado de la interoperabilidad de los
servicios, así como del acceso a dichas redes y servicios.
De la misma manera creemos que es necesario que la ley señale como
competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones el
contenido de las condiciones previas de interconexión, la posibilidad de
propiciar que en los acuerdos se incluyan aspectos tales como la
localización de los puntos de interconexión, las condiciones de pago, las
gamas técnicas de interconexión o los ensayos de interoperabilidad, los
derechos de propiedad intelectual, etcétera.
Son un conjunto de medidas que vienen comprendidas en nuestras enmiendas
y que, si se han tomado la molestia de leerlas --si han contando con
tiempo suficiente, dada la carencia del mismo en un procedimiento de
urgencia como el que nos ocupa--, verán que es un esfuerzo que hace el
Grupo Parlamentario Socialista para hacer un planteamiento global de cuál
tiene que ser el funcionamiento de esa Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.
Si se estudian también las enmiendas números 128, 129 y 130, a los
artículos 26 y 27, podrán darse cuenta de que para nosotros este proyecto
de ley es la base de un futuro instrumento legal en el que debe quedar
perfectamente claro cuál es el papel que cada institución o cada
responsable en materia de telecomunicaciones debe jugar a partir de ahora
en nuestro país.
Como estoy haciendo un planteamiento global del significado de nuestras
enmiendas, van a tener que disculpar mis incursiones hacia adelante y
hacia atrás, quizá no demasiado ordenadas en cuanto a la numeración, pero
sí en cuanto a los conceptos.
Con nuestras enmiendas a los artículos 6 a 9 --las enmiendas números 104,
105, 106 y 107-- pretendemos mejorar el proyecto, planteando, por un
lado, limitaciones a la capacidad de intervención de los poderes
públicos, especificando cuáles van a ser éstos, para evitar cualquier
tipo de dudas y, por otro lado, determinando de manera más clara qué tipo
de autorizaciones y licencias quedan excluidas de su consideración como
redes y servicios de telecomunicaciones y residencia en la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, tanto en cuanto a la obligación de
poner en su conocimiento, con carácter previo, la prestación del servicio
correspondiente o explotación y establecimiento de la red, como su
competencia para establecer la forma, plazo y condiciones de la
ventanilla única, que tal como viene en el proyecto no nos parece que sea
la fórmula más adecuada para esa estructura administrativa.
En cuanto a las autorizaciones generales y las licencias individuales,
además de propiciar una mejor definición sobre qué ha de entenderse como
autorización general, seguimos incidiendo en fortalecer las competencias
de la Comisión, tanto en su intervención respecto de las condiciones para
la prestación de nuevos servicios en régimen de autorización general,
como en lo referido a las condiciones que deben establecerse en las
licencias individuales y a la actuación de la Comisión en los casos de
concentración de empresas o de la toma de posición dominante de una o
varias de ellas.
Tampoco nos gusta que en el proyecto de ley las faltas de resolución
expresa supongan el considerar desestimada la solicitud, entendiendo por
ello que debe operar el sentido positivo en los artículos 14 y 18. Este
es el sentido de nuestras enmiendas números 111 y 114.
Otro de los retos que plantea esta ley es el conseguir una buena
definición y regulación de la interconexión y del acceso a las redes,
fortaleciendo las competencias de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.
El Ministerio de Fomento tiene otro tipo de atribuciones y, desde luego,
muy pocas debería tener en relación con lo que estamos discutiendo,
referido a la interconexión y al acceso a las redes.
Desde luego, hay que homologar nuestra legislación con la que va a
existir en el resto de la Unión Europea. Ello nos ha movido a presentar
varias enmiendas, desde la número 118 a la 133, en las que planteamos
cómo debe hacerse, a nuestro juicio, la transposición de la Directiva
97/33, viéndose en ellas las diversas circunstancias que pueden concurrir
en los acuerdos de interconexión, cuál debe ser la actitud de la
Comisión, cómo quedan las condiciones de transparencia y la
discriminación en los citados acuerdos, cómo se definen y configuran las
cuotas, en qué ha de consistir la separación contable y el papel que debe
jugar la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en garantizar el
acceso a la descripción del sistema de contabilidad de costes a los
distintos operadores, etcétera. Es decir, se trata de regular, de la
manera más precisa posible, uno de los aspectos más destacados y de mayor
complejidad en el mundo de las telecomunicaciones.
Respeto al Título III, a cuyos artículos números 35 a 41 y 50 a 54 hemos
presentado las enmiendas números 139 a 151, hemos de decir que nos
encontramos con una legislación que va a transformar un conjunto de
servicios que hasta la fecha han tenido la calificación de derechos y
cuya prestación ha estado prácticamente encomendada al Estado en régimen
de monopolio; y va a transformarlos nada más y nada menos que en un
entorno de competencia donde la definición de servicio público, en
general, y de servicio universal, en particular, queda restringida a unos
servicios concretos y a unas actuaciones muy específicas, quedando el
conjunto de estas materias fuera del ámbito protector y redistributivo
del Estado y sometido únicamente a las leyes del mercado.
La importancia decisiva de disponer o no de redes adecuadas y servicios
avanzados que permitan la incorporación de muchos países y regiones a la
sociedad de la información y a los cambios sociales que ello comparta, se
une, a nuestro juicio, al peligro de que un conjunto de tecnologías que,
en principio deben suponer avances en la calidad de vida y en los
procesos de igualdad entre todos los ciudadanos, puedan traducirse en un
nuevo elemento de ruptura social, planteándonos una cuestión política de
mucho calado y que marca el posicionamiento del Grupo Socialista en la
discusión de los contenidos de servicio público y servicio universal.
Por otra parte, estamos en contra del extraordinario margen de
discrecionalidad que se reserva el Gobierno en esta ley, como decíamos ya
esta mañana en la propuesta de veto, con toda una maraña de órdenes
ministeriales y reales decretos que pueden variar no sólo la forma de
financiación del servicio público universal, sino las características de
los propios servicios.
Por otro lado, la pobreza de los contenidos de servicio universal
referidos en el proyecto se ajusta solamente a los que existen en la
actualidad. No incorporan ninguno nuevo. Nosotros proponemos una
ampliación de dichos contenidos para que no puedan quedar relegados a esa
categoría jurídica de otros servicios obligatorios.
Las garantías de los usuarios no se recogen en ninguna parte del proyecto
salvo en una, a nuestro juicio, no demasiado afortunada redacción del
artículo 54, porque ¿cuáles son esas garantías? ¿Qué instrumentos debemos
poner desde aquí a disposición de los usuarios para que puedan defenderse
en una maraña de informaciones técnicas y de servicios complejísimos, la
mayoría de los cuales no son comprendidos por los ciudadanos, no sabiendo
muy bien en qué mundo se mueven? A resolver estos problemas tiende
nuestra enmienda número 151.
Estos son los aspectos fundamentales, seguramente no muy bien relatados
por quien les habla, de nuestras enmiendas al articulado de los Títulos I
al IV. Hemos evitado relatarlas una por una, ya que suponemos deben ser
conocidas, salvo el procedimiento, por sus señorías, aunque, repito, ese
procedimiento que viene siendo peligrosamente habitual de urgencia nos
hace correr el riesgo de no conocer a fondo las enmiendas de todos y cada
uno de los grupos y poder evaluarlas como se merecen.
Como dije al principio, la defensa de las enmiendas de nuestro Grupo
correspondientes a los Títulos V a VIII, así como todas las
disposiciones, la efectuará la Senadora Pleguezuelos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Luis Calvo.
Para la defensa del resto de las enmiendas, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
En este turno voy a defender las enmiendas a los títulos V, VI, VII, VIII
y a las distintas disposiciones. Mi Grupo presenta un total de 37
enmiendas a estos títulos. Todas ellas hacen referencia, básicamente, a
la administración de las telecomunicaciones, al abono de las tasas en
esta materia y a todo el proceso que se tiene que seguir por parte de los
órganos de la Administración competente en las materias relativas a la
imposición de sanciones e infracciones.
Aunque estamos fundamentalmente de acuerdo con las competencias que el
artículo 66 del proyecto de ley del Gobierno concede a la Administración
General del Estado en materia de telecomunicaciones, a partir de ahí
empiezan los desacuerdos con el proyecto de ley. Y empiezan los
desacuerdos porque entendemos que en los artículos restantes --67, 68 y
69 del texto del proyecto-- se presentan serios atisbos de
discrecionalidad por la indefinición de las facultades y competencias que
este proyecto otorga tanto al Ministerio de Fomento como a la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones. Al definir en las enmiendas
números 153, 154 y 155 las facultades del Gobierno, del Ministerio de
Fomento, que es el que tiene las competencias, evitamos esa potencial
discrecionalidad.
El Grupo Parlamentario Socialista piensa que la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, como autoridad nacional reguladora de estas
telecomunicaciones, es la que tiene, de acuerdo con las directivas
comunitarias, que dirimir los conflictos entre operadores, que
inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas del sector de las
telecomunicaciones. Creemos que la Comisión debe tener la dimensión, la
capacidad y competencias que corresponden a un órgano independiente. Por
eso, en nuestras enmiendas definimos claramente cuáles son esas
competencias del Ministerio y cuáles son las competencias de la Comisión.
Por tanto, clarificamos estos aspectos.
Hay otra parte, la relativa al papel del Estado en el desarrollo de la
nueva sociedad de la información, en la que entendemos que es necesario
mejorar y generar una serie de condiciones, bastante más coherentes y
adecuadas, para que haya un desarrollo económico, social y cultural de
esta nueva sociedad de la comunicación. Y eso significa que los artículos
del proyecto de ley que lo regulan deben dotar de mayor compromiso al
Gobierno en esa implantación y desarrollo. Es decir, con nuestras
enmiendas fomentamos que el Estado sea un agente activo, no un mero
observador. En ese sentido, están justificadas nuestras enmiendas a este
artículo del proyecto de ley.
La enmienda número 156 pretende dar un nueva redacción al artículo 70,
que regula el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones, fijando sus
atribuciones y sus competencias. Aquí tenemos claro que hay que evitar
posibles fricciones con la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, que a su vez, como ustedes saben, señorías, asesora
al Gobierno con sus informes y resoluciones. Por consiguiente, nuestra
enmienda clarifica todas esas atribuciones, todas esas competencias, para
evitar cualquier tipo de fricción entre el órgano regulador y el órgano
asesor.
Respecto a las enmiendas al artículo 7, relativo a las tasas en materia
de telecomunicaciones, mi Grupo tiene criterios diferentes de los que
plantea el Gobierno en este proyecto de ley y no sólo --lo decía en
Comisión-- por esa disminución anual que planteamos del 2 por mil al 1
por mil --eso podría ser en términos cuantitativos--, sino también porque
tenemos discrepancias en lo que son los términos políticos y de
definición que plantea este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque las
distintas tasas deben tener una finalidad específica y clara, que debe
permitir que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones pueda
atender a todos sus compromisos, a todas sus funciones, sin necesidad de
dependencias internas. Señorías, creemos que hay que definir si la
Comisión es o no capaz de recaudar sus ingresos, si es capaz, en
definitiva, de que sus tasas sean mecanismos de autofinanciación para
ligarlo a la independencia. Entendemos que a la hora de dirimir
conflictos sólo así
la Comisión puede ser un órgano totalmente independiente de posiciones
más o menos próximas al Gobierno o a cualquier otro grupo de presión
político, mediático o económico.
Por eso también en nuestras enmiendas números 156 a 160 proponemos que
ese órgano regulador sea un órgano fuerte, independiente, capaz de
abordar el arbitraje y la mediación entre operadores y hacerlo sin estar
sometido, como decía antes, a posibles presiones del Gobierno, en defensa
de unas o de otras tesis.
En lo relativo al Título VIII, que trata de la inspección y el régimen
sancionador, quiero decir aquí, como lo hice en Comisión, que es el
título del proyecto de ley del Gobierno con el que tenemos menos
discrepancias. De hecho, en el trámite del Congreso algunas de nuestras
enmiendas se incorporaron al dictamen de la Comisión. Lo que sí dejamos
claro es que, en el caso de la enmienda 162, planteamos que a la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones hay que darle una potestad
sancionadora sin dejarlo, como creemos que hace el proyecto de ley, a un
posterior desarrollo reglamentario, porque debe ser este mismo proyecto
del ley el que le dé esa capacidad, esa potestad sancionadora.
Por último, en lo relativo a las enmiendas a las disposiciones
adicionales, transitorias y finales, que voy a defender prácticamente en
su totalidad, consideramos que en lo que se refiere a la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones como órgano de defensa de la
competencia ésta debe estar incluso por encima del Tribunal de Defensa de
la Competencia. Para mi Grupo parece que es razonable que residenciemos
en un solo órgano todas las materias relacionadas con las
telecomunicaciones; si no, señorías, nos encontraríamos con una
dispersión de criterios, incluso con unas posibles interpretaciones
discrepantes en algunos casos, que podrían generar conflictos. Entendemos
que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones debe ser el órgano
que tenga ese nivel superior, como decía, al Tribunal de Defensa de la
Competencia.
Para terminar, quiero defender la enmienda 165, por la que pretendemos
añadir una disposición adicional nueva, con el objetivo de que el
principio de publicidad de las resoluciones de esta Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones sea una realidad en este proyecto. ¿Por qué?
Pues porque el proyecto de ley no deja nada claro cuál es ese marco legal
de las telecomunicaciones, y creemos con firmeza que, si no se aborda ese
marco legal, tendremos muchos problemas durante todo el desarrollo
posterior que, con carácter inmediato, se va a plantear una vez que
comience la aplicación de esta ley.
Por todo lo expuesto, señorías, entendiendo que todas nuestras enmiendas
no sólo mejoran el texto sino que clarifican y definen competencias y
funciones y despejan dudas respecto a cómo aplicar el desarrollo de esa
nueva sociedad de la información y de las telecomunicaciones, les pedimos
su apoyo.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Pleguezuelos.
Para consumir un turno en contra tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Como se ha dicho a lo largo del debate de los vetos, en el Congreso mi
Grupo fue muy receptivo en esta ley que estamos debatiendo. En ese
trámite se incorporaron cuestiones de gran importancia como, por ejemplo,
las relativas al reparto competencial en materias como el urbanismo, el
dominio público, la industria, la ordenación del territorio, otras
relativas a las Administraciones Públicas, a la autoprestación de
servicios, a la designación de laboratorios y al desarrollo reglamentario
de planes técnicos. A pesar de ello, los grupos de la oposición han
mantenido para el trámite del Senado 223 enmiendas, aunque sólo 34 son
nuevas, y de ellas no todas en su totalidad.
Hay que señalar, como hemos manifestado ya, que ésta es una ley
eminentemente técnica que se limita a incorporar a nuestro ordenamiento
jurídico los principios contenidos en las directivas comunitarias sobre
armonización de la regulación y liberalización de las telecomunicaciones
de forma correcta, a pesar de lo que indican algunas enmiendas
presentadas.
En este proyecto de ley, señorías, intentamos garantizar la protección
del interés público en un entorno liberalizado, imponiendo obligaciones
de servicio público a los explotadores de redes públicas y prestadores de
servicios de telecomunicaciones accesibles al público, incluyendo en el
proyecto de ley la utilización de infraestructuras comunes, como ya hemos
dicho también, para reducir al mínimo los impactos medioambientales.
Volvemos a garantizar y a manifestar nuestra preocupación, totalmente
cumplida en el proyecto de ley, por esa especial atención al servicio
universal de telecomunicaciones para que, como todos los grupos políticos
deseamos, sea accesible a todos los usuarios, con independencia de
cualquiera que sea su localización geográfica, y que servicios muy
avanzados, como pueden ser los de sanidad y educación, puedan depender
también de negociaciones y convenios con las Comunidades Autónomas, con
un servicio universal que permitirá a todos los ciudadanos el acceso a
los servicios de telecomunicaciones considerados básicos, garantizando
--y también en eso contradecimos algunas de las enmiendas presentadas--
que esos servicios no deben ser tasados, porque así lo marcan las
directivas comunitarias, sino que puedan ir ampliándose e incorporándose
paulatinamente al servicio universal; servicio universal que, según el
proyecto de ley, se financia por los operadores; un servicio universal
que, como decimos, consideramos que no debe ser tasado, sino que, de
acuerdo con el concepto de su directiva, nos puede permitir incorporar
otros servicios a través de las obligaciones del servicio público y de
otros servicios que se puedan prestar.
Queremos que cada vez haya más servicios a disposición de los ciudadanos
sin que exista --y creo que en esto coincidimos todos-- ninguna
discriminación por ningún motivo, bien sea económico, geográfico,
lingüístico ni de ninguna otra clase, como principio constitucional que
es.
Hay que manifestar claramente que tenemos una diferencia de modelo.
Nosotros también hemos dicho en la defensa del veto que apostamos por la
liberalización de las telecomunicaciones para que no sean un servicio
público universal de titularidad estatal, como señalan las enmiendas que
se han presentado, sino que sean un servicio de interés general pero con
un servicio público universal y con unas obligaciones de servicio público
que tienen que cumplir los operadores para que, al final, los servicios
de telecomunicaciones lleguen al mayor número de hogares.
Las enmiendas técnicas lógicamente no son modificables, y sobre el resto
de las enmiendas se hizo un gran esfuerzo de acercamiento en una ley que
también --ésa es la diferencia entre un grupo político y otro-- nosotros
estimamos que no debe ser excesivamente reglamentista, como era la LOT,
ya que vivimos en un mundo en que la tecnología avanza rápidamente y
próximamente habrá unos servicios que hoy ni siquiera conocemos ni
imaginamos. Creemos que ese futuro desarrollo se debe hacer por vía
reglamentaria pero no incluida en esta ley, como se ha dicho también en
algunas de las enmiendas que presentan los grupos políticos, que
pretenden convertirlas en artículos de la misma ley.
Las enmiendas que se aceptaron en el Congreso fueron aquellas que ni
suponían cambio fundamental ni de modelo, afectando a las que no se
referían, como hemos dicho, a incorporación de directivas comunitarias.
Las enmiendas de Izquierda Unida no han sido defendidas, pero también me
voy a referir a ellas, lógicamente.
De las 176 enmiendas que presentan los dos grupos que más han presentado,
sólo cinco son nuevas: tres del Grupo Mixto y dos del Grupo Socialista.
Yo creo que hay un objetivo común en todas ellas, que en parte van
dirigidas, como he indicado, a que la futura ley sea más reglamentista, y
se quiere que las remisiones a reglamentos posteriores y a órdenes
ministeriales se recojan como artículos del proyecto de ley, también
pretenden mejorar en la futura ley determinadas directivas comunitarias
que, a nuestro juicio, no consideramos oportuno por estimar que el
proyecto de ley, tal como en estos momentos está redactado, cumple los
objetivos de regulación básica que el Partido Popular tiene señalados.
Hay un grupo de enmiendas importante, tanto del Grupo Parlamentario Mixto
como del Grupo Parlamentario Socialista, que se refieren a la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, un órgano que, como saben sus
señorías, se constituyó en la Ley de Liberalización de las
Telecomunicaciones como órgano independiente para controlar y dirigir el
mercado de las telecomunicaciones. En esa Ley hubo un amplio consenso
tanto al fijar sus competencias como su composición. En este momento se
presentan enmiendas relativas a los informes que emanan de este órgano, a
sus nuevas competencias, a sus facultades, a su potestad sancionadora, a
su intervención, al régimen jurídico, etcétera. Nosotros opinamos que al
definirse las competencias en esa Ley de Liberalización de las
Telecomunicaciones no es conveniente modificar este punto; mantenemos sus
atribuciones y las que correspondan al Ministerio de Fomento. Con esto
contesto también al portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos que también se ha referido a este tema.
Otra cuestión importante en las enmiendas es la interconexión. Se
pretenden incluir en este proyecto de ley muchas más normas señaladas en
las Directivas como, por ejemplo, la localización de los puntos de
interconexión y otras normas técnicas de interconexión. Al tratarse de
una ley básica, que puede ser ampliable a través de los oportunos
reglamentos, consideramos suficiente nuestra propuesta, teniendo en
cuenta los argumentos ya señalados.
El Grupo Parlamentario Socialista también ha hecho mención, entre otras
cosas, a las tasas. El proyecto plantea que la gestión de las tasas
corresponde a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, mientras
que el modelo que propone el Grupo Parlamentario Socialista se dirige a
asignar todas las tasas a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. Señorías, nosotros consideramos que la Comisión tiene
ya suficientes ingresos para financiar sus necesidades, y, por tanto, no
creemos que sea necesario atribuirle más de lo que realmente recoge el
proyecto de ley.
Volvemos a referirnos al servicio universal ya que tanto el Grupo
Parlamentario Mixto como el Grupo Parlamentario Socialista presentan un
modelo dirigista regulatorio en cuanto a estructura y contenidos.
Consideramos que los aspectos más importantes de este servicio universal
como pueden ser --creo que sus señorías coincidirán conmigo-- la
asequibilidad, el acceso para todos y el Fondo Nacional se encuentran ya
recogidos en este proyecto de ley. Por tanto, no podemos admitir esas
enmiendas. Tampoco se pueden admitir aquellas enmiendas referidas a la
atribución de competencias en todas las materias a la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones ni aquellas que pretenden que
desarrollos de carácter reglamentario previstos en la ley se trasladen al
articulado; por ejemplo, que la financiación de los servicios
obligatorios sea exclusivamente con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado.
En otros trámites en el Congreso de los Diputados se han ido incorporando
cuestiones que preocupaban a los grupos enmendantes y que me gustaría
recordarles como que los servicios obligatorios no sean un número
cerrado, que haya establecimiento de un período de consulta pública
previo a la delimitación de si existe un coste de servicio universal o de
servicios públicos a efectos de poder incluir las obligaciones en las
licencias sin necesidad de financiación, y, en caso contrario, la
posibilidad de fijación de un contrato fijo para todos los servicios que
se establecen en el servicio universal y la fijación para los servicios
obligatorios, cuando se financien con fondos públicos, de un sistema de
designación de operador similar al de determinación del servicio
universal. Muchas de estas cuestiones, como ya he dicho, están incluidas
en el proyecto de ley.
Voy a incidir en un tema al que, sobre todo, ha dado importancia el Grupo
Parlamentario Socialista, el de las tasas. Si todas ellas se asignan a la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, solamente las de dominio
público radioeléctrico multiplicarían por cuatro las necesidades de
financiación de la Comisión, a la que, como saben sus señorías, se
destinan los ingresos correspondientes para financiar el coste de
tramitación de las licencias de autorizaciones. Por tanto, nosotros
consideramos que las tasas están bien recogidas dentro del proyecto de
ley.
Quiero volver a decir que cuando no incorporamos las directivas en su
totalidad es porque hemos recogido los principios que luego han de ser
desarrollados en reglamentos. Es una manera distinta de entender la ley,
y, lógicamente, nosotros apoyamos la que presentamos y debatimos en estos
momentos.
Un tema importante del servicio universal es el precio asequible.
Consideramos que no hay una fórmula establecida sino que dependerá de la
situación económica y del momento social que se viva en España.
Hay otras enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo
Parlamentario Mixto que tratan de limitar la capacidad de los poderes
públicos evitando la discrecionalidad o, según las respectivas enmiendas,
aumentando la seguridad jurídica, evitando vacíos legislativos, ampliando
las prestaciones de los servicios obligatorios y la garantía de los
usuarios y mejorando el Capítulo V sobre numeración.
Nuestro Grupo entiende que el proyecto de ley no coincide con los
criterios de las enmiendas. Por ello, vamos a votar en contra de las
mismas por alejarse del contenido de este proyecto de ley.
Podríamos hablar de todas las enmiendas, pero yo creo que las palabras
que he dicho este momento justifican el rechazo de mi Grupo a las
enmiendas socialistas y a las del Grupo Parlamentario Mixto.
Las enmiendas de Coalición Canaria, del Senador Victoriano Ríos, se
presentaron también en el Congreso. No vamos a votar a favor de las
enmiendas 100 y 101. Consideramos, en relación con la enmienda número
100, que el espacio radioeléctrico al que se refiere necesita de una
visión integral unificada y que las competencias corresponden a la
Administración del Estado, mientras que los aspectos medioambientales
están establecidos en una ley básica como es ésta dentro del artículo
número dieciséis.
De las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, 12 de ellas son totalmente nuevas y cuatro lo son
en parte. De las restantes enmiendas tengo que señalarles, Senadores
nacionalistas vascos, que el silencio positivo fue introducido ya en la
ley, que ya hemos indicado nuestros criterios respecto a las competencias
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y que no nos parece
mejor la redacción que presenta el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos que la que tenemos en el proyecto de ley.
Igualmente, preferimos nuestra redacción sobre los precios de
interconexión, sobre la numeración y la ampliación del servicio universal
o sobre los servicios de banda ancha.
Algunas de estas enmiendas fueron recogidas en parte en el trámite del
Congreso y están ya incorporadas al proyecto de ley. Quiero recordarles
también que los aspectos medioambientales se recogen en el artículo 16 y
en la utilización común de infraestructuras, creyendo que tenemos
definidas las competencias de las Comunidades Autónomas y considerando
que la Constitución atribuye al Estado la competencia en materia de
telecomunicaciones.
Muchas de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos están ya incluidas en el proyecto de ley. Respecto a
las demás, sobre todo a aquellas en las que han hecho más hincapié, las
relativas al orden jerárquico, por las que se pretende convertir órdenes
ministeriales en reales decretos, he de decirles que el Gobierno siempre
está por encima de cualquier otra institución y que puede cambiar la ley
cuando quiera. Las competencias que se atribuyen a través de este
proyecto de ley son, lógicamente, las más convenientes en la situación en
que se encuentra en estos momentos el sector de las telecomunicaciones.
CIU presenta en el Senado 13 enmiendas nuevas, algunas como la 208 hace
referencia a las licencias individuales. La 211 alude al derecho de
ocupación del dominio público, y la 212 se formula al mismo artículo y es
de similares características. Vamos a votar a favor de la 211 y de la
212. También vamos a aceptar la 217. Asimismo, presentamos dos enmiendas
transaccionales, una a la enmienda 214 al artículo 46.2 sobre
expropiación forzosa y otra a la 220, a la Disposición Transitoria
Segunda. El resto las vamos a rechazar, ya que unas se refieren a mejoras
técnicas o de redacción que no creemos convenientes y otras se alejan un
poco del objetivo que nosotros pretendemos mediante esta ley.
Como digo, a este proyecto de ley vamos a presentar seis enmiendas
transaccionales. Una de ellas la presentamos sobre la base de la enmienda
número 214 al artículo 46.2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, en la que se incluye un párrafo referente a la
declaración de utilidad pública y a la de necesidad de ocupación, y otra
se refiere a que desaparezca del proyecto de ley la referencia al Real
Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, puesto que no está aún convalidado.
También hemos presentado una enmienda transaccional que se apoya en la
enmienda número 220 de CIU a la Disposición Transitoria Segunda,
consistente en añadir una palabra que no cambia en realidad el sentido de
dicha disposición.
Pero la más importante de nuestras enmiendas transaccionales es la que
presentamos al artículo 60, en relación con el voto particular número 1
de CIU, en el que se propone mantener la redacción del primer párrafo del
artículo 60 en los términos establecidos en el dictamen de la Comisión,
así como volver, en el segundo párrafo, al texto remitido por el Congreso
de los Diputados.
Por último, hemos presentado otra enmienda transaccional, esta vez a la
Disposición Transitoria Novena, número 2, que se refiere a la Dirección
General de la Marina Mercante, y, más concretamente, a la prestación de
los servicios de seguridad de la vida humana en el mar. Intentamos
incluir un párrafo que evitaría un vacío legislativo que existe en el
mencionado proyecto de ley.
Señorías, creo que éste es un proyecto de ley importante que estaba
necesitando la sociedad española, y nuestro Grupo está convencido del
buen uso que se hará en el futuro de las telecomunicaciones en nuestro
país.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Bris.
Abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el Senador Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, intervendré con brevedad.
Aunque el portavoz del Grupo Parlamentario Popular haya manifestado que
no hemos explicitado en nuestra defensa todas las enmiendas, su señoría
sí ha incluido en su intervención un estudio de cada una de ellas.
Esta mañana decíamos en la exposición de nuestra propuesta de veto que
los argumentos se iban a repetir y que, lógicamente, los íbamos a
trasladar a enmiendas, y eso es lo que hemos hecho a lo largo de este
debate del proyecto de ley. Pero también decía esta mañana en la
intervención que el procedimiento del que nos hemos dotado genera
importantes lagunas, y digo que nos hemos dotado, entre comillas, puesto
que se nos ha obligado a debatir este proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia.
Señorías, ya es una costumbre en esta Cámara acudir al procedimiento de
urgencia, aplicado en este caso a un proyecto de ley que ha estado largo
tiempo en el Congreso de los Diputados que nos ha generado no pocos
problemas, cuestión que también ha motivado el que se haya tenido que
presentar un número significativamente importante de enmiendas que,
catalogadas como técnicas, modifican algunos aspectos del proyecto de
ley, siendo en otros casos enmiendas a la propia redacción.
Señorías, en cualquier caso, hay que insistir una vez más en el
procedimiento. Debemos tener el tiempo suficiente para que en esta Cámara
se puedan analizar las leyes con la seriedad y el rigor que todos
precisamos. Señorías, no ha habido trámite de Ponencia, todo se ha hecho
en Comisión. Se incorporan las enmiendas, posteriormente no tenemos en
nuestro poder el texto para contrastar dónde se han incluido las
enmiendas incorporadas. Mal procedimiento que, desde aquí, en este
momento, y a pesar de no haber insistido en la defensa de cada una de
nuestras enmiendas, no nos permite olvidar que no debemos seguirlo en el
futuro. Esta o cualquier otra ley tienen importancia suficiente como para
que podamos disponer del tiempo necesario para discutir cada proyecto en
Ponencia, en Comisión y, posteriormente, en el Pleno, debate que, sin
duda, será más reducido si hemos hecho los correspondientes trabajos
previos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román.
¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos? (Pausa.)
¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo quiero agradecer al Senador Bris, representante del Grupo Popular,
las enmiendas transaccionales que se han conseguido firmar con la mayoría
de los grupos de la Cámara, así como las enmiendas que ha aceptado
textualmente, ya que entendemos que todas ellas contribuyen a mejorar el
texto del proyecto de ley.
Por otro lado, como portavoz de mi Grupo pero también como Presidente de
la Comisión quiero recordar a los señores portavoces que el señor Letrado
les ha facilitado una corrección de erratas del texto del dictamen de la
Comisión relativo al proyecto de ley general de telecomunicaciones que
estamos debatiendo. En consecuencia, en el momento en que se someta a
votación dicho texto y las enmiendas correspondientes agradecería que esa
corrección de erratas fuera asumida por la totalidad de los grupos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Luis
Calvo.
El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Senador Bris ha dicho esta tarde --y creo que también lo ha
hecho esta mañana durante el debate de las propuestas de veto-- que su
Grupo parlamentario en el Congreso había sido receptivo. Y yo me pregunto
con quién y hacia qué ha sido receptivo tanto en el Congreso como en el
Senado. Lo cierto es que no tengo explicación al respecto, y tampoco me
atrevo a dar ninguna.
También se ha referido el señor Bris al rechazo a nuestras enmiendas
relativas a las tasas y a la incidencia que podrían tener, de haber sido
aceptadas, en la independencia de un órgano que debe ser independiente
como es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. En este
sentido, al presentar esas enmiendas nos preguntamos previamente cómo
sería más independiente dicho órgano, o bien dependiendo de los
Presupuestos Generales del Estado, o bien de las tasas o ingresos que
pudiera ir recibiendo en el ejercicio de sus competencias. Y entendimos
que era mejor el segundo aspecto que el primero.
Asimismo, el señor Bris rechaza nuestra aseveración, hecha tanto en la
defensa de la propuesta de veto como en la defensa de nuestras enmiendas,
acerca de que la futura ley será reglamentista. Pero nosotros no acusamos
a la futura ley de reglamentista sino de intervencionista, lo que no es
lo mismo. Y decimos eso porque entendemos que hay poca desregulación en
algunos aspectos en los que, a nuestro juicio, se podría avanzar bastante
más, ya que los servicios totalmente desregulados en este proyecto de ley
son exactamente los mismos que ya se consideraban como tales en la Ley de
Ordenación de las Telecomunicaciones.
Por otra parte, estamos viendo que el Gobierno tiende a transcribir las
directivas comunitarias de la forma más restrictiva e intervencionista
posible, y, si no, léase el artículo 12 del proyecto de ley y la
directiva comunitaria sobre licencias, y se verá que en el primero
aparece una petición adicional de inscripción en el Registro --parece que
el Gobierno y el Grupo que lo sustenta tienen verdadera pasión por los
registros--, algo que en la citada directiva no figura.
¿Por qué el Gobierno va más allá de la directiva? ¿Por qué no se queda en
la propia directiva, que entendemos que es liberal en el mejor sentido de
la expresión y favorece a los operadores? Podrían ahorrarse muchos
reglamentos reflejando en la futura ley algunas disposiciones que están
contempladas en la directiva comunitaria, que no corren el riesgo de ser
superadas por el tiempo porque están consideradas de una manera
suficientemente flexible. Por tanto, evítese el desarrollo reglamentario
excesivo, lo que en el fondo es intervencionismo, porque, hablando claro,
eso es lo que deja al Gobierno las riendas del negocio.
Para entendernos, el Gobierno es intervencionista porque le quita a la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones competencias como la
autoridad nacional reguladora mientras que, por el contrario, en la
directiva dichas competencias aparecen. Por eso no mencionan en el
proyecto de ley a la autoridad nacional reguladora, ya que en ese caso
tendrían que reconocer que lo que Bruselas cree que debe hacer dicha
autoridad, el Gobierno lo distribuye: una parte para la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones y otra para el Gobierno. Eso se hace
para controlar, claro está. Eso supone intervencionismo.
También es intervencionista en el régimen transitorio. ¿Por qué quiere el
Gobierno hacer pasar por una nueva autorización a operadores que ya
tienen licencia en servicios de valor añadido desde 1987 y que no
utilizan espectro radioeléctrico? Sencillamente porque tiene voluntad de
intervenir, porque el Gobierno sabe que el derecho transitorio le va a
permitir, de aquí a fin de año, ordenar el sector. Y estamos de acuerdo
en que en algunos aspectos tiene que hacerlo, pero no se pasen, porque
nosotros creemos que el Gobierno se pasa porque le gusta mandar en éste y
en otros tinglados.
Hemos pretendido, señor Presidente, señorías, corregir lo que entendemos
nosotros que son lagunas, insuficiencias, errores que existen en el
proyecto de ley, presentando y defendiendo nuestras enmiendas con una
serie de argumentos que parece que no han sido oídos, quizá ni tan
siquiera escuchados por el Grupo que apoya al Gobierno; hoy sabemos,
además, que ni oídos ni escuchados. Tampoco parece que van a responder
con argumentos que tengan peso específico en contra de nuestras razones.
Tendremos que conformarnos con dejar constancia ante la Cámara de nuestra
disconformidad con los contenidos del proyecto de ley que discutimos;
disconformidad que nace, sorprendentemente, de una identificación casi
total --ya lo hemos dicho-- con la exposición de motivos del proyecto y
que se transforma en creciente desacuerdo conforme avanza el articulado
de la ley.
Hemos querido impedir el intervencionismo injustificado, a nuestro
juicio, del Gobierno en los procesos de desarrollo de estos servicios,
estableciendo claramente los supuestos en que esa intervención sea
necesaria y razonable, lo cual ocurre, a nuestro criterio, cuando sea
preciso contrarrestar el abuso de posición dominante de un agente en el
mercado o cuando, por razón de la existencia de recursos escasos, como el
espectro o los números, se requiera una gestión eficaz de los servicios.
Hemos querido facilitar el desarrollo de un mercado competitivo y
beneficioso para los usuarios. Estaremos de acuerdo en que la competencia
no es un bien en sí misma, sino sólo si traslada sus ventajas a los
usuarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Luis Calvo, le ruego que
vaya concluyendo; está sobrepasando el tiempo para el turno de
portavoces.
El señor LUIS CALVO: Termino enseguida.
Hemos tratado, en fin, con nuestros argumentos, de superar algunas
indefiniciones muy peligrosas para los usuarios más débiles, en
particular, no sabemos lo que se entiende en el proyecto de ley o lo que
quiere decir el Gobierno por calidad determinada. Hemos querido dar
algunas ideas respecto a lo que sí consideramos nosotros que debe ser el
concepto de calidad determinada, y pensando en que esta futura ley habla
sólo de mercado, de eficiencia, de mercancía, nosotros hablamos de
derecho, de equilibrio, de solidaridad, de desarrollo y de progreso. Es
un proyecto de ley de profundísimo contenido político que ustedes han
pretendido enmascarar en un supuesto carácter técnico; un proyecto de ley
que, como decíamos esta mañana, tiene 85 artículos y veintitantas
disposiciones, al que se han presentado muchas más de 300 enmiendas,
buena parte de ellas asumidas ya en Comisión porque eran del Grupo
Parlamentario Popular, y, por tanto, este proyecto de ley así, con tantos
artículos y tantas enmiendas, no puede ser una futura ley técnica, sino
política. Será una ley política que marca, como ha marcado a lo largo del
debate, una línea que separa a progresistas de conservadores en esta
Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Luis Calvo.
Senador Bris, tiene su señoría la palabra.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
En contestación a los grupos parlamentarios intervinientes en este turno
de réplica tengo que decir al Senador Román Clemente que me ha parecido
que, por cortesía, debía contestar a sus enmiendas. Creo que era
importante y necesario porque es cierto que nuestro Grupo ha tenido muy
poco tiempo, y nos hubiera gustado tener más tiempo para estudiar con más
cuidado las enmiendas de los demás grupos parlamentarios, pero estamos
también obligados por los plazos y por la necesidad que tiene la sociedad
española de esta ley.
Agradezco, desde luego, su trabajo, que, aunque no haya tenido el fruto
positivo de que hayamos aprobado las enmiendas, sí que enriquece, sin
duda, el debate parlamentario.
Agradecemos al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, valga la redundancia, sus palabras de agradecimiento. Creo que las
enmiendas transaccionales que se puedan aprobar, más aquellas enmiendas
para las que hemos anunciado nuestro voto a favor van a enriquecer este
proyecto de ley dentro del modelo de Ley de Telecomunicaciones que el
Grupo Parlamentario Popular cree idóneo en estos momentos para la
regulación de esa liberalización de las telecomunicaciones que está casi
plenamente conseguida.
En cuanto al Senador Luis Calvo debo decirle que se trata de dos modelos
distintos. El modelo socialista está anclado en la LOT; es un modelo
reglamentista. El nuestro lo entendemos de otra manera más moderna y de
cara al reto de la Europa del siglo XXI. Vuelvo a repetir que no podemos
admitir bajo ningún concepto que se trate de una ley intervencionista. Al
revés, es una ley de texto breve, flexible, de 85 artículos. Quizá la
principal diferencia que existe en esta ley en cuanto al modelo sea que,
en cierto modo, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista nos
dirigían hacia el modelo reglamentista y el nuestro se atiene a las
directivas de la Unión Europea aunque no las incluya en su totalidad,
porque hemos dicho que el progreso tecnológico es algo que va avanzando
día a día y, lógicamente, el desarrollo reglamentario se va haciendo
también así.
Estamos seguros de que con esta ley se va a aumentar la competitividad y,
por tanto, van a progresar las telecomunicaciones, van a acceder a las
mismas aquellas personas o usuarios que tienen más dificultades. Así
viene recogido en el proyecto de ley y no podemos admitir, aunque así se
haya dicho, que sea un modelo político. Es un modelo técnico en el que se
tiene que adecuar la regularización a las directivas comunitarias.
Nosotros entendimos que era necesario y estamos satisfechos con que se
pueda aprobar en este trámite en el Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Bris.
(El señor Albistur Marín pide la palabra.)
¿En concepto de qué pide la palabra, Senador Albistur?
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, para retirar cinco enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE: (Aguilar Belda): ¿Cuáles son, señoría?
El señor ALBISTUR MARIN: Las números 198, 199, 200, 202 y 206.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador
Albistur. (El señor Luis Calvo pide la palabra.)
¿Para qué solicita la palabra su señoría?
El señor LUIS CALVO: Señor Presidente, por el artículo 87, voy a decir
menos de media docena de palabras. (Protestas del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Señorías, vamos a entrar en las
votaciones.
El señor LUIS CALVO: Menos de ocho, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): No le voy a dar la palabra,
señoría. (Pausa.)
Señorías, ruego guarden silencio ya que vamos a comenzar la votación.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 76 y 80 del Grupo
Mixto, firmadas por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 81; en contra, 126; abstenciones, siete.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 7, 52 y 71, del mismo grupo
citado y de los mismos Senadores.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, dos; en contra, 206; abstenciones, seis.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 8, 12, 20, 37, 38, 45, 48,
49, 51, 53, 62, 64, 68, 74, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99 del Grupo Mixto, de los
Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, uno; en contra, 128; abstenciones, 86.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
A continuación, pasamos a votar la enmienda número 100, del Grupo
Parlamentario Mixto, originaria del Senador Ríos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, dos; en contra, 117; abstenciones, 96.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 101, del Senador Ríos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, tres; en contra, 119; abstenciones, 92.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.
Votación de las enmiendas números 179 a 206, menos las enmiendas números
198, 199, 200, 202 y 206, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
¿Podemos hacer la votación conjunta de todas ellas? (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, siete; en contra, 198; abstenciones, 10.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas números 207 y 209 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 96; en contra, 118; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas 211, 212 y 217 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 128; en contra, 84; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas números 208, 210, 213, 215, 216, 218, 219, 221, 222
y 223 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 14; en contra, 195; abstenciones, cinco.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Votamos a continuación tres enmiendas transaccionales a las enmiendas
214, 220 y vuelta al texto del artículo 60 del Congreso de los Diputados.
En primer lugar, pregunto si se pueden votar conjuntamente las
transaccionales, y quiero solicitar otra aclaración a los portavoces: hay
una enmienda, que es de sustitución del artículo 46.2, que tiene dos
párrafos. ¿Queda claro que se mantiene el párrafo segundo? (Pausa.--El
señor Bris Gallego pide la palabra.)
El señor Bris tiene la palabra.
El Senador BRIS GALLEGO: Señor Presidente, se trata de mantener la
redacción del primer párrafo del artículo 60 en los términos establecidos
en el dictamen de la Comisión y volver en el segundo párrafo a la
redacción remitida por el Congreso de los Diputados. Esa es la enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Lo que yo preguntaba es si se
mantiene el párrafo segundo del número 2 del artículo 46.
El señor BRIS GALLEGO: Sí.
Yo estaba hablando del artículo 60, que también se va a votar ahora.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): De acuerdo. Votamos
conjuntamente las tres enmiendas transaccionales a los artículos 214, 220
y vuelta al texto del artículo 60 del Congreso de los Diputados. (El
señor Bris Gallego pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: No es vuelta al texto del Congreso de los
Diputados, es vuelta en el segundo párrafo a la redacción remitida por el
Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Sí, tal como está en el texto de
la enmienda transaccional.
Comienza la votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 131; en contra, dos; abstenciones, 82.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobadas.
Pasamos a votar a continuación las enmiendas números 102 a 178 del Grupo
Parlamentario Socialista. Se pueden votar conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 83; en contra, 127; abstenciones, cinco.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Existen dos enmiendas transaccionales, una al artículo 53.1 y otra a la
Disposición Adicional Undécima firmada por todos los grupos
parlamentarios. ¿Se pueden votar conjuntamente? (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 140; en contra, uno; abstenciones, 73.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobadas.
Antes de pasar a la votación del articulado, quiero decirles que existe
una corrección de erratas en el texto del dictamen del proyecto de ley
general de telecomunicaciones conocida por todos los portavoces y
ponentes de los diferentes grupos parlamentarios. ¿Se puede aprobar por
asentimiento la relación de erratas que obran en poder de todos los
portavoces? (Pausa.) Queda aprobada por asentimiento.
Pasamos a votar el texto del articulado. En primer lugar, los artículos
4, 19, 32, 43, 48, 49, 56, 63, 64, 66, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82 y 83.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a
favor, 209; en contra, uno; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobados.
A continuación pasamos a votar las Disposiciones Adicionales Primera,
Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Octava; Disposición Transitoria Segunda,
Tercera, Cuarta, Quinta, Séptima, Octava y Novena; Disposición
Derogatoria; Disposiciones Finales y Anexos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 212; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobadas.
A continuación, votamos los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 77,
84 y 85. Disposiciones Adicionales Segunda y Séptima. Disposiciones
Transitorias Primera, Sexta, Décima y Undécima.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 130; en contra, 83; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobados.
Votamos el resto del articulado y de las disposiciones adicionales y
transitorias.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 131; en contra, dos; abstenciones, 82.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobados.
Votamos la exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 130; en contra, una; abstenciones, 83.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobada.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY RESIDUOS (621/000071).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): A continuación, pasamos a
debatir el dictamen de la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente,
Transportes y Comunicaciones en relación con el proyecto de ley de
residuos, que se tramita por el procedimiento de urgencia. Publicado en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie II, número 71,
de fecha 23 de marzo de 1998. (Rumores.)
Ruego a sus señorías silencio en aras de la agilidad y del ahorro de
tiempo en el debate. Los que tengan que hablar, abandonen el hemiciclo, y
los demás, guarden silencio.
La Senadora López Yébenes tiene la palabra para la presentación del
dictamen.
La señora LOPEZ YEBENES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, de conformidad con lo expuesto en el artículo 120 del
Reglamento de la Cámara y con el acuerdo aportado por el dictamen de la
Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Telecomunicaciones, en su reunión del día 17 de marzo de 1998, sobre el
proyecto de ley de residuos, tengo el honor de presentar hoy ante el
Pleno de la Cámara la resolución final para su debate y aprobación si
procediera.
Señorías, el proyecto que se somete a debate tiene como finalidad
regularizar y articular los mecanismos legales adecuados para propiciar
las medidas necesarias que doten a la sociedad de unas medidas,
instrumento ágil y sólido con el que contribuir a la protección del medio
ambiente, interconexionando las necesidades territoriales con las
industrias dentro de una coordinación política que incentive la reducción
en origen, priorizando el reciclado y valorización... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Perdón, Senadora. Un momento,
por favor. Ruego a sus señorías silencio.
Senador Castro, Senador Soravilla, señorías, ruego silencio, por favor, a
la Cámara.
Puede continuar, Senadora López Yébenes.
La señora LOPEZ YEBENES: Muchas gracias, señor Presidente.
Priorizando el reciclado y valorización de los residuos, así como su
reutilización sobre otro tipo de técnicas de gestión. En ese sentido,
señorías, es necesario aclarar que este proyecto de ley no es aplicable a
las emisiones a la atmósfera, a los residuos radiactivos y a los vertidos
a las aguas.
Con respecto a los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y
ganaderas que no sean peligrosos y se utilicen con exclusividad en el
ámbito de dichas explotaciones, a los explosivos desclasificados, a los
residuos mineros y a la eliminación de animales muertos y otros
desperdicios de origen animal sólo será aplicable en los aspectos que no
estén regulados expresamente por su normativa específica.
Este proyecto de ley fue aprobado por el Pleno del Congreso de los
Diputados en sesión del pasado 18 de febrero, teniendo entrada en esta
Cámara el 6 de marzo de 1998, procediendo, según el artículo 191 del
Reglamento del Senado, a su aplicación, siendo remitido, al amparo del
artículo 104 del mismo Reglamento, a la Comisión de Obras Públicas, Medio
Ambiente, Transporte y Comunicaciones, informando que al ser declarado
urgente, de conformidad con lo establecido en el artículo 135.1 del
Reglamento del Senado, el plazo para presentar enmiendas finalizaba el 10
de marzo de 1998.
El texto del proyecto consta de una exposición de motivos, seis títulos,
que contienen a su vez nueve capítulos y cuarenta artículos, seis
disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, cuatro
disposiciones finales y un anejo. Se han presentado al mismo dos
propuestas de veto, al amparo del artículo 107 del Reglamento, una de
ellas de los Senadores José Nieto Cicuéndez y José Fermín Román Clemente,
del Grupo Parlamentario Mixto, y otra del Grupo Parlamentario Socialista,
así como 203 enmiendas a su articulado, de las que 82 han sido
presentadas por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo
Parlamentario Mixto, 35 por los Senadores Costa Serra y Nieto Cicuéndez,
del Grupo Parlamentario Mixto, 10 por la Senadora De Boneta y Piedra, del
Grupo Parlamentario Mixto, 58 por el Grupo Parlamentario Socialista, 8
por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y
10 por el Grupo Parlamentario Popular.
En su estructuración, el proyecto de ley se configura con una exposición
de motivos en la que se intenta definir el porqué de la tramitación de la
ley de conformidad con la Directiva Comunitaria 91/156, de la Comunidad
Económica Europea y la del Consejo de 18 de marzo de 1991, adecuando
nuestro Derecho a este cambio y a la necesidad que se atribuye a los
entes locales como obligatoriedad de la recogida, transporte y
eliminación de residuos urbanos, incidiendo en que ésta sea selectiva
para los municipios de más de 5.000 habitantes a partir del año 2001.
En el posterior desarrollo por títulos, el primero trata de las normas
generales, y se compone de dos capítulos dedicados al objeto y ámbito de
la ley y a las competencias administrativas, recogidas en seis artículos.
El segundo contiene las obligaciones nacidas de la puesta en el mercado
de los productos generadores de residuos, y consta de dos artículos. El
tercero habla de la producción, posesión y gestión de los residuos a
través de cuatro capítulos y dieciséis artículos. El cuarto enumera los
instrumentos económicos en la producción y gestión de residuos a través
de sus dos artículos. El quinto declara los suelos contaminados y la
reparación convencional de los daños al medio ambiente en sus dos
artículos. El sexto determina la inspección y vigilancia, la
responsabilidad administrativa y el régimen sancionador contenido en tres
capítulos, con doce artículos.
El proyecto de ley contiene asimismo seis disposiciones adicionales que
definen las obligaciones de los productores de residuos peligrosos o de
productos de cuyo uso pudieran derivarse residuos peligrosos, las
comunicaciones a la Unión Europea, la financiación y el transporte en las
Islas Baleares, en las Islas Canarias y en Ceuta y Melilla, la aplicación
de las leyes reguladoras de la defensa nacional, los residuos agrarios y
la redistribución de competencias dentro de cada Comunidad Autónoma, tres
disposiciones transitorias que recogen la autorización de las
instalaciones y actividades existentes, gratuidad de las notas marginales
y la entrada en vigor de lo establecido en el artículo 11, punto 2, en
relación con los residuos peligrosos y la implantación del sistema de
recogida selectiva. Comprende también la preceptiva disposición
derogatoria, cuatro disposiciones finales dando contenido a la normativa
de edificación, el fundamento constitucional y carácter básico, el
desarrollo fundamental del reglamento y el plazo para presentación en el
Congreso de los Diputados de un proyecto de ley que regule la utilización
de los aceites industriales lubricantes para la regulación de un sistema
de devolución, depósito y retorno de piezas raras. Finalmente, consta de
un anejo en el que se enumeran las diferentes categorías de residuos.
El proyecto que hoy se presenta al Pleno de la Cámara para su debate y
posterior aprobación trata la problemática que se está generando con la
indefinición de la normativa para la gestión de la reducción en origen de
residuos, dando prioridad a la reutilización, al reciclado y a la
valorización de los mismos con lo que de negativo supone para nuestro ya
castigado medio ambiente, y ha de ser lo suficientemente ágil,
clarificador y a la vez rígido en su aplicación como para que haya
merecido la pena ser convertido en una ley que mentalice a las industrias
y a todos los sectores sociales y económicos de la necesidad de una
aplicación adecuada de las normas que, adaptadas a las directivas
comunitarias 91/156, de la Comunidad Económica Europea, y 96/61, del
Consejo, de 24 de septiembre de 1996, revisada por el Consejo de
Ministros de la Unión Europea de 24 de febrero de 1997, favorezca nuestro
entorno y el legado medioambiental para sucesivas generaciones,
articulando normas adecuadas y promoviendo tecnologías menos
contaminantes en la eliminación de residuos.
La Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones, en reunión celebrada el 17 de marzo de 1998, elaboró un
dictamen, que remite a esta Cámara para ser debatido, sobre un proyecto
de ley que no ha sido posible dictaminar por unanimidad en el seno de la
Comisión y sobre el que no se ha podido transaccionar articulado ninguno,
siendo rechazadas por mayoría las dos propuestas de veto y las enmiendas
de todos los grupos políticos, con excepción de las planteadas por el
Grupo Parlamentario Popular, de las enmiendas números 147 y 148 de la
Senadora de Boneta y Piedra y de las números 152, 155 y 156 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como de
las números 159 a 168, del Grupo Parlamentario Popular, por lo que cada
uno de los grupos hará defensa de sus propuestas en el Pleno de la
Cámara.
Se han formulado cinco votos particulares.
En definitiva, señorías, vamos a asumir la ley con la responsabilidad de
debatir un proyecto en la seguridad de que las propuestas y enmiendas
aportadas tratarán de enriquecer el texto definitivo de la ley y lo
pasaremos a su aprobación, siendo conscientes de que ha de contener los
medios adecuados para proteger nuestro medio ambiente y la calidad de
vida de nuestro país.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora López Yébenes.
A este proyecto de ley se han presentado dos propuestas de veto. En
primer lugar, el voto particular número 4, de los senadores señores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Presentamos propuesta de veto al proyecto de ley de residuos, y tal como
tuvimos oportunidad de expresar en el debate en Comisión, volvemos a
reiterar algunos de los argumentos sobre los que se sustenta esta
propuesta de veto. A nuestro juicio, para Izquierda Unida la ley no
establece objetivos concretos de reducción de residuos, ni tampoco
incluye medidas que puedan incentivar efectivamente la reducción en
origen ni la priorización de la reutilización y el reciclado frente a
otras formas de valorización.
Decíamos en Comisión --y lo seguimos manteniendo, a pesar de que el
portavoz del Grupo Popular nos decía en su respuesta que hay una leve
referencia al compostaje-- que destaca la omisión al compostaje o a otras
transformaciones biológicas cuando la materia orgánica suele representar
el 50 por ciento de los residuos y su transformación en compost y
posterior esparcimiento revierte positivamente en los suelos y
especialmente en la agricultura.
Resaltábamos en nuestra propuesta de veto que tampoco existe un
tratamiento especial, que se refiere, para los residuos de obras.
Por otra parte, no entendemos por qué se excluye a los municipios con
población inferior a 5.000 habitantes de la obligatoriedad de recogida
selectiva de residuos urbanos.
Señorías, para Izquierda Unida la ley debería recoger nuevos criterios,
como son los que expongo a continuación. Priorizar la limitación de la
producción de residuos promoviendo tecnologías limpias y el uso de
productos reciclables y reutilizables. Se debe fomentar el reciclado de
los residuos promoviendo la autosuficiencia y controlando, mediante
fórmulas de autorización o registro, las diferentes opciones de gestión
de residuos.
Por otra parte, debo decir que desde diferentes foros se ha venido
solicitando la retirada del actual proyecto de ley de residuos,
demandando uno nuevo, este vez consensuado con las Comunidades Autónomas
y con las corporaciones locales. Hay pronunciamientos de ayuntamientos
plenos demandando al Gobierno la retirada del actual proyecto de ley de
residuos y la elaboración de uno nuevo con estos criterios.
Señorías, entre los argumentos que exponen estas voces está la necesidad
de un marco normativo y financiero que ofrezca la necesaria seguridad
jurídica para impulsar una política moderna en esta materia y la
prestación del servicio público de gestión de residuos. Recientemente,
diferentes voces se han alzado en contra de esta ley por entender que se
produce un nuevo retroceso y que no frenará la excesiva generación de
basuras. No se desarrolla, como decía antes, una política de prevención,
ni establece medida concreta para lograr la reducción de los desechos.
También recientemente, señorías, el pasado día 23, los MInistros de Medio
Ambiente de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo político sobre la
reducción de los residuos urbanos. En este momento desconozco si esas
iniciativas tendentes a que en Europa se reduzcan las basuras urbanas al
35 por ciento antes del año 2000 se incorporan, no, en este proyecto de
ley.
Lo que sí quiero recordar es que, en su momento, el Parlamento Europeo
rechazó una primera propuesta de directiva de la Comisión Europea, del
año 1991, por entender que era poso ambiciosa y que admitía demasiadas
excepciones. Señorías, por todas estas razones, tal como expusimos en la
Comisión, presentamos la propuesta de veto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.
Pasamos al voto particular número 2 del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Gibert.
El señor GIBERT Y BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, se supone que cuando un grupo parlamentario presenta un veto a
un proyecto de ley es porque considera que no es una buena ley, aunque
tengo que decir que todo es relativo; depende de la intención de quien ha
redactado
la ley, en este caso, el Gobierno. Por ejemplo, si se tratara de hacer
literatura retórica, diría que sería una ley mediocre, pero podría pasar;
si se trata de dar un pego en la Unión Europea y en España, después ya
veremos qué ocurre con los residuos, podría ser bastante aceptable; si es
un «input» para el departamento de propaganda del Gobierno, probablemente
es bastante buena;y si se trata también de no pisar callos a los agentes
contaminantes actuales que actúan impunemente, podría incluso ser muy
buena; desde luego si la intención es cargar el muerto a los
ayuntamientos, entonces, nos parecería que es una auténtica filigrana.
Ahora bien, si el objetivo es abordar con rigor, racionalidad y realismo,
de forma gradual, pero decididamente, el problema de los residuos
urbanos, los residuos peligrosos y los residuos contaminados, entonces
nos parece pésima. Y es una lástima, porque pensamos que en la lógica de
la dialéctica política hay franjas de consenso y de no acuerdo y ésta
debería ser una franja de consenso.
Tenemos cuatro razones básicas para opinar que esta ley es mala; la
primera, porque creemos que es conceptualmente obsoleta. Ciertamente
transpone la Directiva 91/156, pero no tiene en cuenta, salvo en la
exposición de motivos, la evolución importante de la Unión Europea en su
filosofía y sistema de compromisos, sobre todo en el año 1997, con el V
Programa, con el Consejo de Ministros de 24 de febrero de 1997, que
suponen un giro o revisión significativa e importante en esta política de
residuos. Sobre todo, la Directiva 96/91, conocida por IPPC, que consagra
el concepto de prevención y control integrado de la contaminación y que
supera conceptos como tecnologías menos contaminantes, que todavía
figuran en la ley; fija prioridades de método, de mejor a peor:
prevención, reutilización, reciclaje, y sólo, finalmente, vertido o
incineración sin recuperación de energía.
Por lo tanto, entendemos que debería hacerse la ley, como dije el otro
día en Comisión, con el retraso que sea y por las razones que sea, pero
imbuida de la filosofía actual de la Unión Europea y no de una filosofía
que en buena medida es obsoleta.
La segunda razón es que nos parece financieramente inviable. No sólo lo
dice el Grupo Parlamentario Socialista, sino que lo dicen también el
Consejo de Estado, el Grupo Español de Residuos y la Federación Española
de Municipios. Entendemos que es una ley inaplicable en su totalidad sin
previsiones en dotación de recursos.
En este momento no estoy discutiendo de dónde deben salir los recursos.
Estoy diciendo que hacen falta recursos. La propia Ministra decía el
pasado día 9 en Comisión que ninguna medida ambiental es gratuita.
Estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo en que para abaratar al máximo
los costes que tiene cualquier medida ambiental se introduzcan mecanismos
de mercado que puedan conseguir estos objetivos. Desde luego, ninguna
medida ambiental --estamos de acuerdo con la Ministra-- es gratuita. Por
lo tanto, serán muy difíciles de aplicar algunas de las recomendaciones
que hace la ley. Me refiero, concretamente, a la función que asigna a los
ayuntamientos, pues parece que la ley responsabiliza a los ayuntamientos
encomendándoles la función de que sus ciudadanos sean cultos, aseados,
simpáticos y felices. Esto sería, evidentemente, un monumento a la
retórica.
Los ayuntamientos ya hacen lo que pueden. España en 1975 vertía el 75 por
ciento de los residuos urbanos en vertederos incontrolados. Hoy esta
cifra está en el 16 ó 18 por ciento. Los ayuntamientos, a veces con
ayudas y otras sin ayudas, tienen un gran mérito en el desempeño de esta
función, en parte porque sus ciudadanos presionan para que esto sea así.
Creemos que las previsiones de la ley no se cumplirán si no hay medidas
fiscales y económicas, que las hay sólo en el caso de los aceites usados,
cuestión que inicialmente no figuraba en la ley y ahora figura por las
razones que sean. Además, debemos decir, al margen de que se introduzcan
mecanismos de mercado para abaratar y racionalizar el tratamiento de los
residuos, que el concepto de ecotasas está prosperando en el mundo, pero
no en forma de más presión fiscal, sino como parte de los nuevos modelos
fiscales que cuidan cada vez más estos conceptos.
Las leyes que no se cumplen son, en general, malas leyes y son, como
decía al principio, difícilmente viables financieramente. La regulación
nos parece jurídicamente ambigua porque no trata adecuadamente de la
responsabilidad y del régimen jurídico en el caso de los suelos
contaminados, a pesar de que reconocemos que introduce una novedad. Esto
es un paso positivo, pues como otras cosas tiene aspectos positivos.
Se ha hablado mucho --no quiero insistir en ello-- de que los términos
«el Gobierno podrá...» o «podrán ser obligados a...» son una ambigüedad y
debería sustituirse por «fijar objetivos» y «serán obligados a...». No
fija límites a las emisiones en la incineración ni a los requisitos de
calidad suficientes de seguridad. Desde luego, no hay objetivos precisos,
no los fija, y tampoco habla de reducción en la generación, ni de niveles
de reutilización ni de recuperación de materiales.
Estamos hablando, por supuesto, de objetivos realistas, a lo mejor
modestos a corto plazo, pero que deberían ser fijados, como se hace en
los países de la Unión Europea en estos momentos, si no queremos que esto
pueda quedar en papel mojado.
La cuarta razón por la que creemos que esta ley es mala es que creemos
que políticamente --no he encontrado otra palabra, no es que me guste
usar palabras de este tipo-- es algo hipócrita. Veamos algunos aspectos.
Nosotros creemos que en el fondo esta ley favorece «sine die», no con un
plazo fijado, la incineración sin recuperación de energía. Creemos que
esto es lo que ocurre. No comprendemos como una enmienda que pretendía
que en el 2010 --estamos hablando de un plazo bastante lejano-- no fuera
posible la incineración sin recuperación de energía no se haya podido
recoger. No fija compromisos de cuantificación con la excusa de respetar
el marco competencial que, desde luego, respetamos totalmente. Además,
los compromisos con la Unión Europea, vía acuerdos previos con los
municipios y con las Comunidades Autónomas, deberían permitir incluir
objetivos.
Creemos, además, que no hay suficientes garantías para todo tipo de
agentes, entre otras cosas, porque el modelo
de acuerdos voluntarios --cuya filosofía compartimos-- no ofrece la
garantía de que, aunque no sea por la vía del acuerdo, por otras vías sí
habrá cumplimiento de la ley, con lo cual, repito que esas garantías son
insuficientes precisamente para aquellos que quieran suscribir acuerdos
voluntarios. Además, no se ofrecen más recursos para investigación y,
finalmente, no se establece una selección en origen que esté garantizada
como mínimo para los restos orgánicos, caso en el que, como ustedes saben
muy bien, es imposible hablar de valoración. (El señor Vicepresidente,
Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Insisto en que por todo esto nos parece que es una ley retórica y de
escaparate, con una música en la exposición de motivos que suena bien,
pero que, en definitiva, no quiere pisar callos para hacer frente a los
verdaderos problemas, y carente de esa filosofía de última generación que
se recoge en la Unión Europea --por decirlo así-- que, al menos, no
aparece en el articulado aunque sí se puede apreciar en la exposición de
motivos.
Es decir, con este proyecto no afrontaremos de una forma seria y rigurosa
el avance de los residuos sobre nuestro territorio. Por eso hemos
presentado nuestro veto a este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gibert.
Para un turno en contra tiene la palabra el Senador Calvo Poch.
El señor CALVO POCH: Señor Presidente, señorías, para contestar en este
turno en contra a los dos vetos presentados a este proyecto de ley me
gustaría empezar mi intervención poniendo en conocimiento de sus señorías
algo que creo todavía nadie ha dicho hasta hoy, y parece mentira que
tenga que ser un Senador del Grupo que sostiene al Gobierno quien pueda
afirmarlo. Y me refiero a que el panorama español en esta materia que
estamos tratando en estos momentos no es precisamente alentador.
Señorías, no es alentador el retraso de nuestro país en la adopción de
medidas en lo que a tratamiento de residuos se refiere, unas veces debido
a la pereza institucional y otras a causa de la pereza gubernamental,
pereza, por cierto, todavía reciente en la trasposición a nuestro Derecho
interno de numerosas normativas comunitarias, que ha hecho que este tipo
de debate como el que hoy mantenemos, que la discusión de este tipo de
normas a estas alturas de la década resulte, si no paradójico, sí
vergonzoso, señor Gibert.
Pero puede ser que con ocasión de esta tramitación, junto con la
tramitación que ya tuvo lugar para la Ley de Envases --Ley que fue
aprobada el año pasado--, por primera vez sus señorías oigan hablar hoy
de recogida selectiva, de objetivos de reducción, de reciclaje, de
responsabilidad del productor de los residuos, conceptos estos que,
aunque muy probablemente a todos ustedes les puedan parecer elementales,
e inclusos en muchos casos hasta familiares, sin embargo, digo que el que
se discutan hoy aquí, sobre todo como contenido de un texto normativo, no
deja de ser algo absolutamente novedoso. Pero es importante destacar este
hecho, y es que, aunque en realidad se trata de una cuestión triste, lo
cierto es que este debate nos permite dimensionar verdaderamente la
importancia que tiene el asunto que en este momento estamos abordando.
Señorías, hace cinco años que las Cortes Generales deberían haber
debatido y aprobado una ley similar a la que hoy tratamos. Por tanto,
cuando desde esta tribuna se afirma que el contenido de este proyecto es
retórico, tal y como ya tuve ocasión de contestar al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en el debate en Comisión sin darle la razón,
tendré que volver a decir que, en todo caso, el tratar aquí de ésta
supondrá un paso adelante.
Si este proyecto de ley le confiriera a esta materia un contenido
retórico en nuestra legislación, ya sería un avance puesto que hasta
ahora el único contenido que teníamos en nuestra legislación pertenecía,
como mucho, al mundo de los sueños, a lo onírico. Por tanto, según usted,
estamos pasando de lo onírico a lo retórico. Pero yo creo que no; yo creo
que estamos pasando de algo que pertenecía al mundo de los sueños, eso
sí, antes de que este proyecto se presentara al mundo de lo real.
Por tanto, hace cinco años también terminó el plazo en que debería haber
sido transpuesta la directiva comunitaria. Eso significa que, en
realidad, el retraso es de siete años, período durante el cual España ha
seguido aplicando una ley que había quedado desfasada hacía ya mucho
tiempo: la ley de 1975, que usted ha mencionado aquí, señor Gibert. Una
ley a la que todo el mundo, ese colectivo social al que en estos momentos
ustedes pretenden representar, califica, no sólo actualmente, sino desde
hace mucho tiempo, como la ley del vertedero. La ley supuso un avance en
su día al imponer en España el hecho de que la recogida fuera acompañada
con la obligación del vertido controlado. Como digo, eso fue un avance en
1975, pero también eso ha quedado desfasado, y precisamente todo lo que
estamos considerando como contenido importante de esta ley es lo que hay
que empezar a hacer con los residuos. Es decir, entre la recogida y el
vertedero cabe todo: la prevención, la reducción --ésta, evidentemente,
se encuentra antes que la recogida--, el reciclaje, la reutilización,
etcétera. Como digo, cabe absolutamente todo.
Hasta estos momentos en España no existía ni una sola línea en ninguna
ley que hiciera alusión a lo que había que hacer con los residuos entre
la recogida y el vertedero. Por tanto, pasamos de la ley del vertedero a
aquella que va a reducir, controlar y gestionar de forma adecuada para el
medio natural y el medio ambiente el conjunto de nuestros residuos.
Nos hubiera encantado, y se lo digo sinceramente, haber pactado una ley
similar a ésta cuando estábamos en la oposición y ustedes gobernaban.
Pero, según ustedes, lo que tendríamos que haber hecho en estos momentos
sería, no haber presentado una ley que pretende transponer esa directiva
--y sobre España pesa una sanción, ya que la teníamos que haber
transpuesto antes de 1993--, sino haber transpuesto una directiva para
cuya transposición todavía tenemos dos años de plazo.
Señorías, creo que existen muchas formas de ser osado legislativamente
hablando, pero ustedes quieren que pongamos
los bueyes antes que el carro. ¿Cómo pretenden que apliquemos la
directiva de 1996, si todavía no estamos aplicando la de 1993? Tengan
ustedes muy claro que España no puede incorporarse a la IPPC sin haber
aplicado antes la directiva comunitaria sobre residuos.
Durante todo este tiempo nuestra legislación se ha limitado a aplicar
medidas correctoras sin atender a ningún criterio de prevención, de
producción, o de gestión. Partimos, por tanto, de una situación en la que
no existen límites legales a la generación de residuos; en la que tampoco
se establece una prioridad en la gestión de los residuos; en la que no se
prima ni se da prioridad a la prevención, el reciclado, u otras formas de
valorización. Partimos de una situación en la que no existen instrumentos
de mercado con fines ambientales ni medidas que condicionen la producción
de residuos. Esa es la situación de la que partimos, y que este proyecto
viene a modificar.
Con este proyecto España no sólo se pone al día --lo que ya sería
bastante y, en este sentido, no hay por qué minimizar la importancia de
lo que estamos haciendo-- en cuanto a la transposición de esta directiva
comunitaria, sino que se sitúa a la vanguardia de los países comunitarios
en lo que se refiere, por ejemplo, a regular la problemática de los
suelos contaminados, campo en el que no existía legislación alguna.
Además, se introducen importantes novedades, algunas de ellas
relacionadas con la directiva a que ha hecho mención su señoría, la
famosa IPPC, como las contenidas en el capítulo de infracciones; o las
relativas a la materialización de instrumentos; a la aplicación del
principio de responsabilidad, o a la puesta en marcha de servicios
integrados de gestión, que pretenden --ya se verá-- hacer autosuficiente
su financiación, por lo cual, no es cierto lo que se ha afirmado desde
esta tribuna acerca de que esta ley es económicamente inviable.
Además, también es novedosa ya que por primera vez podemos hablar en
España de instrumentos de mercado con fines ambientales. Y no creo que
haya que referirse a la excesiva responsabilidad que se achaca a los
ayuntamientos por la aprobación de este proyecto. En este sentido,
señorías, los ayuntamientos son responsables de la gestión de los
residuos sólidos urbanos desde que en este país existe una Ley de Bases
del Régimen Local. Si eso no es así, será que estoy fuera de lugar en
cuanto cuáles son las obligaciones de nuestros ayuntamientos reflejadas
en dicha ley.
Por tanto, el salto que estamos dando, no sólo en cuanto a la producción
o gestión de residuos, sino también por lo que respecta a la
interpretación de nuestro concepto de desarrollo, de nuestra calidad de
vida y del respeto a nuestro entorno, es algo que no debemos dejar pasar
sin realizar una somera reflexión; y creo que eso no se ha hecho hoy
aquí. En España, en estos momentos, y con esta ley, junto con otras,
como, por ejemplo, la Ley de Envases, se incorpora un cocepto de
desarrollo que sitúa al ahorro y a la conservación del medio como valores
prioritarios, que a partir de ahora afectarán a todas las decisiones que
en el futuro se adopten. Por tanto, la trascendencia de lo que hoy
debatimos es indudable.
Como ya he indicado al comienzo de mi intervención, este proyecto
transpone una trascendental directiva comunitaria, y no voy a incidir en
ello. Con ello introducimos nuevos y tan importantes principios rectores
en nuestra política de gestión de residuos como, por ejemplo, el
principio de prevención, que no se aplicaba hasta ahora; el principio de
prevención de tecnologías menos contaminantes, que no existía hasta
ahora; el principio de resposabilidad del productor, que no existía hasta
ahora; el principio de que quien contamina paga, señorías, que no existía
hasta ahora; el principio de prioridad en la gestión de los residuos, es
decir, que se empiece por la prevención, por la reducción, que se siga
con la reutilización, con el reciclaje. ¿Cómo que no se establece una
prioridad en la ley? Por supuesto que se establece la misma prioridad que
existe en las directivas comunitarias que hay al efecto. Y también se
aplica, cómo no, como principio rector el de proximidad.
Para nosotros, siendo lo que acabo de decir importante, no los es menos
que este proyecto no ignora la reciente Directiva de Prevención y Control
Integral de la Contaminación, la IPPC famosa, cuyo plazo de transposición
ya he dicho que no termina hasta dentro de dos años, pero recogemos de
ella novedades como las relacionadas con la prevención y el principio de
tecnologías menos contaminantes. Porque, señorías, si la ley no empleara
el término «tecnologías menos contaminantes» porque lo hubiéramos
recogido de esa Directiva comunitaria, ¿de dónde lo hubiéramos recogido?
Si precisamente este proyecto de ley utiliza el término «tecnologías
menos contaminantes» es porque así se emplea en la Directiva IPPC del año
1996.
Desde la oposición, por supuesto legítimamente, se ha criticado el
proyecto porque, según se ha explicado, se limita nada más y nada menos
que a trasponer una importante Directiva comunitaria sobre la que pesa
una sanción, como acabo de explicar. Es, por tanto, una limitación, señor
Gibert, muy particular; entender como una limitación que el proyecto de
ley se limita a transponer una Directiva comunitaria es algo muy
particular. Pero, además, como he dicho, se introducen otras novedades. Y
a partir de esa peculiar interpretación del proyecto, la oposición
construye otros argumentos con la misma base, porque afirmar que el
proyecto no establece objetivos concretos de reducción, como ha afirmado
el Senador Román Lapuerta, no es correcto. Por una parte, el proyecto de
ley establece un marco jurídico general para todos los residuos y prevé
normas de desarrollo para los diferentes tipos de residuos, en las que se
fijarán, entonces sí, señoría, disposiciones particulares relativas a su
producción y gestión. Por eso, señor Román, el artículo 6 --léaselo-- del
proyecto contempla que el Gobierno podrá establecer objetivos de
reducción, de reutilización, de reciclado y otras formas de valorización,
que es, por ejemplo, señoría, lo que sea ha hecho con la Ley de Envases.
Cuando se aprueben las diferentes leyes que regulen de forma específica
el tratamiento de los residuos, de cada tipo de residuos, teóricamente,
como hemos hecho con la Ley de Envases, fijaremos, y se fijarán,
objetivos de reducción. Lo que es cierto es que para todo ello es
necesario exigir con esta ley, que es una ley básica --se lo recuerdo a
sus señorías--, la recogida selectiva. Por ejemplo,
gracias a la Ley de Envases, dentro de poco los embalajes de muchas de
las cosas que compremos en este país pesarán menos, contendrán materiales
menos nocivos o más peligrosos o más fáciles de tratar, de reutilizar o
de reciclar.
Por tanto, también se ha intentado afirmar algo que no corresponde con la
realidad, porque además la simple lectura del proyecto --y ya lo he dicho
en Comisión-- lo pone en evidencia. Por ello, cuando el señor Román
Lapuerta insiste en afirmar que el proyecto omite cualquier referencia al
compostaje u otras transformaciones biológicas, está usted ignorando --se
lo vuelvo a repetir-- la literalidad del artículo 3j) donde se puede
apreciar, y además es evidente, que el proyecto considera de indudable
valor medioambiental la transformación de los residuos en compost, razón
por la que en la definición de reciclado se incluye expresamente el
compostaje y la biometanización. En consecuencia, cualquier referencia
que haga el Capítulo III respecto del obligatorio reciclaje de los
residuos urbanos incluye necesariamente el compostaje y la
biometanización.
Pero su señoría también ha hecho referencia a aspectos como los residuos
de obras. Usted ha dicho que el proyecto no contiene ninguna referencia a
los residuos de obras que requieren tratamientos específicos para su
valorización. Y esto tampoco es exacto, Senador; pero estoy intentando
contestar a las cuestiones que usted ha planteado.
El proyecto contiene una referencia expresa a los residuos producidos
como consecuencia de las obras menores de construcción y reparación
domiciliaria. Los asimila a los residuos urbanos en el artículo 3, inciso
b). Efectivamente, los residuos de obra requieren un trato especial, pero
no debe olvidarse que el actual proyecto es un marco jurídico global, una
ley básica, por lo que no cabe descender a casos concretos, que serán
objeto de una regulación específica.
Y de la misma manera contesto a su afirmación respecto a por qué excluir
a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Sencillamente, porque
el proyecto establece la implantación de sistemas de recogida selectiva
de residuos urbanos en los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes «a
partir del año 2000», que es lo que usted ha omitido. Lo cual no
significa que se excluya a los municipios de población inferior, sino que
la implantación generalizada de tal sistema, a la que sin duda se debe de
tender, es aconsejable que se realice de forma gradual.
Señorías, una de las principales características de este proyecto de ley
es que también respeta absolutamente las competencias de las distintas
Administraciones. Sin embargo, esta situación se ha interpretado esta
tarde y ha sido aprovechada por algunos de ustedes para calificar el
texto de ambiguo, sin tener en cuenta que la utilización de algo tan
criticado como la expresión potestativa «se podrá», en lugar de la
imperativa «harán», además evita restringir las facultades de desarrollo
de las Administraciones autonómicas, esto es, invadir las competencias de
las mismas. Recuerden ustedes la experiencia que tuvieron del anterior
Gobierno cuando intentaron eludir las competencias de las Comunidades
Autónomas, que les valió una sentencia de inconstitucionalidad a la Ley
4/89. Por tanto, no persistan ustedes en los errores. Tengan la costumbre
de respetar las competencias de las Comunidades Autónomas. La regulación
de la fórmula potestativa nos permite la adopción selectiva de medidas
ante el marco general de obligaciones previsto en el artículo 7 del
proyecto de ley. El carácter imperativo que ustedes piden para el mismo
dejaría al Gobierno sin la posibilidad de selección de las medidas más
adecuadas en cada momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Calvo termine.
El señor CALVO POCH: Termino enseguida, señor Presidente.
Con este proyecto extendemos y restablecemos nuevos criterios y
requisitos para la autorización de actividades de valorización y
eliminación de residuos. Y así, a partir de la aprobación de esta ley se
somete a autorización del órgano ambiental competente el ejercicio de
todas las actividades de valorización y eliminación de todo tipo de
residuos. Algo, señorías, que hasta ahora en este país sólo se aplicaba
para los residuos tóxicos y peligrosos.
Como decía al principio, creemos que con esta ley se produce un avance
importante en un nuevo concepto de desarrollo y, sobre todo, se produce
un avance en el tratamiento de nuestros residuos que nos incorpora y nos
pone al día con la filosofía europea y que nos permitirá, en menos de dos
años, poder aplicar la última directiva sin tener que arrastrar déficit
de años anteriores. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Calvo
Poch.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Sí, señor Presidente, aunque un poco
desorientado porque esta mañana, para la Ministra de Agricultura, era
Jiménez; esta tarde, para el Senador, Lapuerta. Simplemente soy Román
Clemente, señorías. No es muy complejo.
Insisto, de forma breve, en que cuando desde determinados foros y
ambientes, por ejemplo las corporaciones locales, se pide la negociación
de un proyecto de ley que tenga en cuenta las sugerencias de los
ayuntamientos, cuando desde otros sectores se dice que ésta no es una ley
que vaya a evitar la gran producción de residuos que tenemos, algo
debería movernos a la reflexión.
También se refería su señoría en Comisión, y lo vuelvo a repetir hoy, al
artículo 3.j). Toda su referencia al compostaje es la que hace el
artículo 3.j), dentro de una definición que su señoría también ha
expresado. Es insuficiente, señorías; insuficiente. Sí, en mi
intervención de hoy he manifestado que en Comisión su señoría me dijo que
no era exacto lo que poníamos en la exposición de motivos de nuestra
propuesta de veto; que no había ninguna referencia. Señoría, lo que dice
el proyecto de ley es prácticamente nada. Si su señoría lo quiere
justificar en que es un
proyecto marco y que no es aconsejable descender a determinados niveles,
¿qué haríamos en los demás proyectos de ley cuando son cuestiones
fundamentales que hay que dejar definidas en los mismos?
Señorías, esos argumentos los hemos tratado de llevar a enmiendas. A lo
largo de todo el texto articulado de la ley presentamos enmiendas que
están relacionadas coherentemente con lo que tratamos en la exposición de
motivos. No voy a insistir más. Nos parece que no es la ley que se
demanda, y, señorías, no sé, porque no ha respondido, si es una ley que
va en el marco de lo que recientemente, el pasado día 23, los Ministros
de Medio Ambiente decidían cuando analizaban estos temas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Brevemente, para fijar la posición de nuestro grupo parlamentario, que es
una posición positiva hacia el proyecto de ley; por tanto, negativa a los
vetos presentados. Nosotros creemos que a través de esta ley se hace una
novación importante del ordenamiento jurídico español en materia de medio
ambiente; se hace una regulación general sobre todo tipo de residuos,
exceptuando aquellos vertidos al domino público hidráulico, al dominio
público marítimo-terrestre, al dominio público radioeléctrico, al dominio
público atmosférico, y creemos que es un avance importante porque da una
sistematización a la regulación española en materia de medio ambiente, y
en concreto a la política de residuos.
Se decía también que es una obligación, puesto que andamos retrasados en
la adaptación, en la transposición
--en la terminología jurídicamente correcta-- al Derecho interno
español de la Directiva 156/91, pero con una precisión muy importante,
señor Presidente, y es que esta transposición de esa Directiva se realiza
acorde con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de no alterar el
sistema de distribución de competencias interno entre los poderes
centrales del Estado y las Comunidades Autónomas. Y esto se salvaguarda
en este proyecto de ley y creemos que se hace una transposición acorde
con esta jurisprudencia de no alterar el sistema interno español de
distribución de competencias.
Nos parece que la filosofía que inspira el proyecto de protección del
medio ambiente combinado con políticas económicas, industriales y de
reutilización y reciclado es bueno, y tenemos una valoración positiva
porque trata también, con carácter novedoso en el ordenamiento jurídico
español, de aspectos relativos a la fase previa a la generación de los
residuos, a la fase de la producción, sin perjuicio de que luego entra
también en las modalidades de gestión y en las responsabilidades
administrativas que corresponden a cada poder público en relación a esta
gestión, inspirándose en el principio comunitario de que quien contamina
debe pagar. Por eso nosotros, desde ese punto de vista, estamos de
acuerdo con esta ley.
Nos llama la atención también, como capítulo positivo, la puesta en
marcha de un título específico sobre mecanismos o instrumentos económicos
en relación a la producción y a la gestión de residuos, para que puedan
realizar las administraciones públicas políticas dirigidas en definitiva
a la prevención y a la utilización de tecnologías limpias, y ése es un
aspecto positivo porque no hay una regulación expresa en el ordenamiento
jurídico español de esta cuestión. Por tanto, es muy positivo que esta
ley contenga esta declaración que vincula a los poderes centrales y a las
administraciones autonómicas.
No olvidemos, en cuanto a este aspecto, y entrando en el tema autonómico,
que la autoridad medioambiental, la administración medioambiental por
antonomasia en el Estado español son las Comunidades Autónomas. Los
poderes centrales del Estado únicamente se limitan --así aparece en esta
ley-- a establecer la legislación básica. Esta Cámara únicamente
establece dicha legislación y, en su caso, el Gobierno, con carácter
excepcional --porque así ha sido interpretado por el Tribunal
Constitucional--, tiene facultades de coordinación en aquellos supuestos
excepcionales en que se precise una coordinación de políticas que exceden
del ámbito de una Comunidad Autónoma, por ejemplo, el plan estatal de
residuos o una catástrofe. El Ministerio de Medio Ambiente no es la
autoridad medioambiental por antonomasia en España, sino las Comunidades
Autónomas. El Ministerio simplemente se limita a realizar sus funciones
de intervención de coordinación y de regulación, en su caso, pero con
carácter excepcional en aquellos supuestos asignados por la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional para intervenir normativamente
a través de la vía reglamentaria. Esto se consagra en esta ley; se plasma
que todas las facultades de gestión, de inspección, de sanción y, en
definitiva, de la realización de planes --que es una acción ejecutiva--,
que son competencias de las Comunidades Autónomas.
Luego se entra en un escalón inferior, que es el tema de los residuos
sólidos urbanos, donde tradicionalmente la Ley 7/1985, de 13 de abril, de
Bases del Régimen Local, consagra una filosofía sobre las competencias
municipales. Yo creo que se avanza, en la medida en que los municipios
también tengan la obligación de llevar la recogida, el transporte y la
eliminación de residuos, aspecto este último que no existía hasta ahora.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Gatzagaetxebarría,
termine por favor.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Termino, señor Presidente.
Este aspecto no existía en el ordenamiento jurídico español y es
positivo, sobre todo la obligación de los municipios de más de 5.000
habitantes de establecer sistemas de recogida de residuos urbanos.
Quiero señalar, señor Presidente --con ello termino--, que esta ley
también contiene un respeto en su disposición adicional sexta a los
esquemas políticos que existen en las
diferentes Comunidades Autónomas, como, por ejemplo, en el caso del País
Vasco, donde los planes de gestión de residuos sólidos se realizan por
las diputaciones forales. Eso se respeta.
Por tanto, nosotros no hemos presentado ninguna enmienda a este proyecto
de ley y vamos a votar favorablemente al mismo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en las preguntas del siglo XXI a nadie se le escapa la
importancia de los residuos. Los avances de la ciencia, de la tecnología,
incluso del bienestar de la sociedad, han llevado consigo un incremento
en la producción de residuos, de tal manera que casi se está llegando en
los países de la Unión Europea a los 400 kilos por habitante y año en
residuos sólidos municipales.
En España se producen 15 millones de toneladas métricas de residuos
sólidos municipales, con un incremento constante. De 1985 a 1995 se
incrementó en un 50 por ciento.
Paralelamente, también se ha incrementado la producción de residuos
peligrosos. En estos momentos en España estamos en 3,4 millones de
toneladas métricas de variados residuos peligrosos dentro del sector de
la metalurgia, química, del automóvil, etcétera.
Por tanto, es evidente que se necesitaba una ley y, además, de amplia
aplicación, como es la que estamos debatiendo en el actual proyecto de
ley. Exceptúa solamente las emisiones a la atmósfera, los vertidos a las
aguas y los residuos radiactivos.
Como ya se ha dicho, estamos debatiendo una trasposición de una Directiva
de 1991, cuyo plazo había finalizado en el año 1993.
Entendemos --es el juicio del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió-- que es un Proyecto de Ley que llegó relativamente
aceptado en su primer trámite en el Congreso de los Diputados, pero que
en Ponencia y en Comisión sufrió mejoras sustanciales.
Nuestro Grupo concretamente aportó diversos aspectos en las 19 enmiendas
que presentó en el Congreso de los Diputados señalando, como primera
prioridad, el prevenir la producción de residuos, fijando también el
concepto de la responsabilidad subsidiaria del propietario en los suelos
contaminados y, dentro de los aspectos que mejoró, estaba la introducción
de la ecotasa con carácter finalista, afectando concretamente a la
gestión de los aceites industriales. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Esta ley se mejoró a través de otras modificaciones --fruto de enmiendas
de nuestro Grupo-- que han dado lugar a la que ahora se presenta aquí y
que confiamos que en este trámite, en el Pleno del Senado, pueda ser
igualmente mejorada a través de la aceptación de algunas de las
enmiendas.
Creemos que es una ley no muy compleja porque señala un marco y unas
responsabilidades y, por tanto, no es intervencionista. Pero es que no
tiene por qué serlo. En primer lugar, porque hay unas competencias de las
Comunidades Autónomas para la gestión posterior. En segundo lugar,
porque, en todo caso, a través de decretos, órdenes o reglamentos se
señalará lo que minuciosamente convenga hacer.
Pero, en cualquier caso, está claro que obliga a los agentes económicos,
productores y gestores, a conocer y gestionar los residuos que generan y
de los que son responsables; está claro que los municipios de más de
5.000 habitantes, a partir del primero de enero del año 2001, o antes,
estarán obligados a la recogida de residuos; está claro que se establecen
unos instrumentos con medidas económicas, financieras y fiscales para la
prevención de residuos, para el reciclado y para la utilización de
tecnologías limpias. Y, por tanto, es evidente, a nuestro juicio, que se
trata de un proyecto de ley, quizá mejorable, pero que, en cualquier
caso, es perfectamente posible ejecutar y llevar a cabo. Por ello,
estamos en desacuerdo con las propuestas de veto que han formulado los
Senadores Román Clemente y Gibert.
En resumen, entendemos que es un proyecto de ley que cumple con los
principios básicos de la política comunitaria: prevención, tecnologías
menos contaminantes, responsabilidad del productor, principios de
prioridades, prevención, reutilización, reciclado, valorización, vertido
e incineración; y el principio de: Quien contamina, paga.
Por tanto, entendemos que este proyecto de ley es un paso adelante y
nuestro Grupo, insisto, se va a oponer a las propuestas de veto
defendidas por los Senadores Gibert y Román.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el portavoz del Grupo Popular decía que el panorama no es
alentador y, por otra parte, que ha mejorado. Estoy de acuerdo. El
panorama no es alentador, no es una maravilla. Por otra parte,
evidentemente, en los últimos años ha mejorado sensiblemente. Estoy de
acuerdo con esta valoración.
La discusión no es ésta, señora Calvo. La discusión es otra. Nosotros
sostenemos que deberían introducirse en la ley y en las concreciones de
la ley, no sólo en los textos, la filosofía de la Directiva de 1996 con
una forma de aplicación tan gradual como usted quiera porque,
evidentemente, no se pueden quemar etapas, porque es la buena, señor
Calvo. Esto es lo que quisiéramos que se hiciera con algunos niveles de
concreción, insisto, con un proceso de implantación tan gradual como sea
necesario en función de las posibilidades.
Usted hacía referencia a la Ley de Envases. Esta Ley incluyó el objetivo
de un porcentaje del 10 por ciento. Si no recuerdo mal, por presión o por
pacto con otro grupo. Los borradores que hemos visto del Reglamento ya no
hablan de este 10 por ciento. Estas cosas son las que nos preocupan. Es a
esto a lo que llamamos retórica.
Usted dice que por primera vez se oye hablar de conceptos y de
principios. Es cierto. El problema es que oímos hablar de ellos, pero
sólo en la exposición de motivos. A esto es, repito, a lo que llamamos
retórica, como lo es igualmente hablar de vanguardia y del siglo XXI.
Esto es retórica por definición.
Los ayuntamientos opinan que no pueden hacer frente a lo que les pide
esta ley.
La verdad es que --y ya no estoy expresando la opinión de los
ayuntamientos, sino la mía-- el dinero mejor gastado o menos mal gastado
de todo dinero público que se administra en este país es el dinero que
administran los ayuntamientos. Creo que sería fácil ponerse de acuerdo en
esto. Lo que no pueden hacer es maravillas con el dinero de que disponen.
En cuanto a la solución al conflicto de competencias, señor Calvo, cuando
se adquieren compromisos con la Unión Europea, hay que solucionarlos con
mecanismos para concertar y pactar leyes. Esto es lo que hay que hacer.
Por eso, decimos que el Senado debería ser el instrumento para ello. Pero
no se deben solucionar estos posibles conflictos diluyendo el contenido
de las leyes. Esta es una mala fórmula para solucionar esos problemas.
Por lo tanto --y esta ley no es el único caso--, cuando la exposición de
motivos de una ley dice una cosa y la ley dice otra es cuando hablamos de
retórica, cuando hablamos de leyes de escaparate, de política de
escaparate, de un Gobierno que hace políticas de escaparate, de una
Ministra de escaparate. Entendemos que esto es vivir instalado en el BOE.
En el BOE se ponen las leyes que se quiera con toda la retórica que uno
quiera y como segunda residencia, instalados en la propaganda y en los
medios de comunicación. Pero los residuos no están ni en el BOE ni en los
medios de comunicación --aunque bien mirado en algún medio de
comunicación hay algún producto residual-- están en las ciudades, por
encima del territorio, en el mundo real. Con esta ley entendemos, y por
eso la llamamos retórica, seguirán ganándonos terreno.
Esto es todo. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gibert.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Calvo.
El señor CALVO POCH: Señor Presidente, señorías, en primer lugar, quiero
agradecer el apoyo y las palabras de los Senadores Gatzagaetxebarría y
Beguer. Quiero agradecerles su apoyo a este proyecto de ley.
En cuanto a lo afirmado por el Senador Román Clemente, le ruego que me
disculpe, se lo digo de corazón, de verdad, porque no me di cuenta de mi
error hasta que no lo mencionó, o sea, estaba absolutamente fuera de
lugar y fuera mi propia conciencia, en lo referente a lo que estaba
diciendo, y espero que no en otras cosas, claro.
En lo relativo a su pregunta sobre si se evitará la producción, si esta
ley favorecerá la prevención en el origen de los residuos, pues claro, ya
que es precisamente uno de los objetivos que persigue la ley, aunque es
evidente que tanta razón en este momento puedo tener yo al afirmarlo como
usted en afirmar lo contrario, es decir, solamente la evaluación de la
aplicación de la ley le dará la razón a uno o a otro y yo creo que en muy
breve tiempo la razón nos la dará a nosotros y al Gobierno,
evidentemente.
En cuanto al artículo 3.j), si usted matiza la expresión de que la ley no
hablaba del compostaje, yo estaría de acuerdo con usted, pero le recuerdo
la lectura literal del veto que ustedes han presentado y ustedes hablan
de que se obviaba por completo. Está claro que no se obvia, porque el
artículo 3.j) es la definición de reciclado y dice: «reciclado: la
transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para
su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la
biometanización pero no la incineración con recuperación de energía.» Con
lo cual, en todo este capítulo y en toda esta ley, cada vez que se habla
de reciclaje se está hablando de esa transformación, incluido --y además
se menciona expresamente-- el compostaje y la biometanización. Se
mencionan de forma expresa, con lo cual no solamente se entiende que
están recogidos dentro de lo que es el reciclado, sino que están
resaltados expresamente en la ley. Por tanto, para nosotros no es
insuficiente el tratamiento que se le da.
Es evidente que sus enmiendas son coherentes, pero no con este proyecto
de ley, sino probablemente con un texto alternativo. Algunas de sus
enmiendas podrían ser aprovechables y de hecho creo que una la vamos a
transaccionar, pero se nota que están extraídas de otro concepto de ley,
por consiguiente, no hechas para mejorar este proyecto, sino con el fin
de ir incorporando poco a poco retazos de lo que hubiera sido un texto
alternativo. Algo absolutamente legítimo pero poco útil. Por tanto,
contestando ya al señor Gibert, le digo que sí, que lo que se ha mejorado
en estos últimos años --y se lo he dicho en mi intervención anterior-- es
la situación de los vertederos, gracias a la Ley del año 1975. Pero le
vuelvo a repetir que entre la recogida y el vertedero cabe todo lo que
precisamente viene a intentar regular esta ley, que es la recogida en
origen, la recogida domiciliaria, el reciclado, la reutilización,
etcétera, algo que hasta ahora no existía en nuestra legislación.
Contesto ya de esta forma al señor Román Clemente, porque la decisión del
Consejo de Ministros de la Unión Europea tomada recientemente hace
referencia a la actuación sobre los vertederos en la que España, además,
ha asumido un compromiso muy ambicioso. Pero señor Gibert, su postura con
respecto al Reglamento de envases es tan confusa como la de las
Administraciones gobernadas por el Partido Socialista. En un teletipo de
28 de enero se dice que las Comunidades Autónomas estudiarán el marco
común para desarrollar la gestión de envases. Ante de que se produzca la
reunión, los consejeros de las tres Comunidades gobernadas por el PSOE
decidieron no solicitar --dice el teletipo-- la retirada del reglamento
de envases
como habían anunciado ayer. Aquí está el teletipo en el que anuncian la
retirada: Las Comunidades Autónomas pedirán al Consejo Sectorial la
retirada del Reglamento de envases. Al día siguiente hay otro teletipo
diciendo que ya han decidido no solicitar la retirada del reglamento de
envases, aunque insisten en que el texto no les satisface, pero
evidentemente era posible llegar a un acuerdo, con lo cual yo creo que
aquí quienes no tienen muy claro cuál es su postura respecto al
Reglamento de envases son precisamente sus señorías o, por lo menos,
quienes están dentro del Partido Socialista.
Los objetivos de reutilización y de reciclado y reducción ya están en la
ley. Si usted los quiere repetir en el reglamento, lo puede hacer, pero
los objetivos ya están en ella, y están incluso objetivos intermedios, no
solamente los que se iban a alcanzar al final del plazo, sino aquellos
que va a haber que cumplir en España en un tiempo intermedio.
Señoría, entiendo que afirmaciones tan políticamente populares como que
el dinero mejor gastado es el dinero de los ayuntamientos vienen de una
persona que ha sido concejal y teniente de alcalde y, por lo tanto, es
una licencia que en nuestro Grupo no sólo aprobamos, sino que la
permitimos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Calvo.
Terminado el debate de los vetos, vamos a proceder a su votación.
(Pausa.)
Vamos a votar en primer lugar la propuesta de veto número 1, que
corresponde a los senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 83; en contra, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la propuesta de veto número 2, que corresponde al
Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 84; en contra, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Entramos en el debate de las enmiendas al articulado. En primer lugar,
enmiendas números 141 a 146, 149 y 150, de la Senadora De Boneta y
Piedra. (Rumores.)
Por favor, salgan en silencio para que pueda intervenir la Senadora que
ocupa la tribuna.
Senadora De Boneta, tiene su señoría la palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, de las enmiendas que he presentado quedan aún siete, puesto que
en el trámite de Comisión y ahora en el del Pleno, independientemente de
las que fueron aceptadas en el Congreso de los Diputados, se nos han
admitido dos enmiendas a nuestro entender importantes y, en este momento,
se planteará una enmienda transaccional a una de las que aún nos queda
viva, concretamente a la número 154. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!
La señora DE BONETA Y PIEDRA: En relación con el proyecto de ley que nos
ocupa, debemos decir en primer lugar --se ha señalado aquí antes-- que
nos parece respetuoso con las competencias que, en materia
medioambiental, residen en las Comunidades Autónomas, e incluso con la
distribución interna que, de las mismas, existe dentro de la Comunidad
Autónoma vasca, todo ello reconocido a través de la disposición adicional
primera.
Nos hubiera gustado, desde el punto de vista de Eusko Alkartasuna y de
esta Senadora, que esta ley y otras que tienen un contenido
medioambiental de defensa de una política de preservación del medio
ambiente, tuvieron un carácter más comprensivo y respondieran a una
unidad de criterio, como se ha hecho en el caso de la Comunidad Autónoma
vasca, que recientemente, el 27 de febrero, ha aprobado una ley que
contempla todos los aspectos de explotación del medio ambiente y, dentro
de estos aspectos, tiene contemplado en un capítulo específico lo que se
refiere a los residuos en general y a los peligrosos en particular.
En todo caso, después de esta breve intervención, las enmiendas que nos
quedan queremos conectarlas con el planteamiento que se hace en la ley
vasca a la que hago referencia, que nos parece más avanzado para
contemplar la política medioambiental. En este sentido, hemos presentado
la enmienda número 141 al artículo 3, en la que pedimos que se incorpore
a la definición de los residuos una nueva definición de los residuos
inertes, que son aquellos que, ni en el momento actual ni en un momento
posterior, por su imposibilidad de transformarse mediante una reacción
física, química o biológica pueden convertirse en residuos peligrosos y
que a tal efecto además cumplan los requisitos de lixiviación que se
determinen. Creemos que hubiera sido interesante introducir esta enmienda
porque aporta una visión más avanzada, más moderna, al proyecto de ley
que estamos debatiendo en este momento.
En relación con la enmienda número 142 al artículo 3.h), referido a la
gestión, queremos suprimir las actividades de vigilancia de las
operaciones de gestión, no así la vigilancia de los lugares de depósito.
Entendemos que no es competencia de las Administraciones Públicas la
vigilancia de todas aquellas actividades anteriores. Nos parece que no se
deberían incluir, pero, en todo caso, no ha sido aceptado.
En cuanto a la enmienda número 143, que se refiere al artículo 4, tercer
párrafo, creemos que se debe ser más exigente con las obligaciones de las
entidades locales y que su responsabilidad no solamente alcance a la
recogida, transporte y en su caso eliminación de los residuos urbanos,
sino que también se tenga en cuenta su responsabilidad en
el almacenamiento, valorización y, en su caso, eliminación de estos
residuos.
Sobre la enmienda número 144 existe una enmienda transaccional, que hemos
firmado y, por supuesto, comportará su retirada. Esta enmienda
transaccional en relación con la planteada al artículo 15 recoge
textualmente la referencia que nosotros hacemos al artículo 22. Al hablar
del artículo 22 nos referimos a los residuos peligrosos, tal como lo
recoge la enmienda transaccional que hemos aceptado y cuya aprobación,
insisto, comportará la retirada de la enmienda número 144.
Respecto a la enmienda número 145, a pesar de la referencia que en el
artículo 9 se hace a la competencia de las Comunidades Autónomas, creemos
que debe quedar expresado más claramente, de modo que la realización de
la lista en relación con las actividades establecidas en el artículo 9
corresponda a las Comunidades Autónomas. En este sentido, pedimos que así
se explicite, porque aunque de alguna manera viene señalado en el
artículo, su redacción podría ser susceptible de interpretaciones
divergentes.
La enmienda número 146 pretende modificar el artículo 27.2 respecto a las
responsabilidades que se establecen para los causantes de la
contaminación del suelo. Estamos absolutamente de acuerdo, y así se ha
establecido también en la ley vasca con el principio de que aquel que
contamina paga, pero entendemos, en primer lugar, que la obligación de
pagar y la responsabilidad debe recaer sobre los causantes de la
contaminación, sean poseedores o propietarios. La prelación que se hace
de los poseedores sobre los propietarios no poseedores no es correcta.
Creemos que en primer lugar se debe introducir la responsabilidad de los
propietarios, porque los poseedores, si son causantes de la
contaminación, está ya claramente establecido que son responsables y, en
otro caso, deben serlo los propietarios antes que los poseedores.
En la enmienda número 149 relativa al artículo 39 pretendemos que la
política de preservación del medio ambiente sea más exigente cuando
decimos que no solamente se pueden tomar medidas provisionales en el caso
de incoación de un expediente, sino también en aquellos casos en los que
sin haberse iniciado el expediente correspondiente hubiese comenzado ya
el procedimiento de urgente actuación. Creemos que son dos cosas
distintas. El expediente se inicia cuando hay un responsable directo,
pero puede ser necesario tomar medidas provisionales antes, incluso, de
saber quién es el responsable directo. Por eso, creemos que es necesario
señalar esto respecto del artículo 39.
Por último, creemos que la referencia de la disposición adicional primera
al artículo 22 no es correcta, puesto que el artículo 22 se refiere a la
gestión de residuos peligrosos y la disposición adicional a los
productores de residuos peligrosos y no a la gestión. Por lo tanto, nos
parece equivocada esta referencia.
Vuelvo a agradecer al Grupo que apoya al Gobierno que haya aceptado dos
enmiendas de gran trascendencia para nosotros, puesto que se acepta así
la defensa de la salud pública si se viera afectada por cualquier hecho
relacionado con esta materia. Además, no solamente se podrán adoptar
medidas provisionales, sino que se podrán exigir, puesto que la
Administración tiene que tener capacidad para adoptar esas medidas cuando
exista un peligro de contaminación de cualquier tipo.
El señor PRESIDENTE: Senadora De Boneta, por favor, termine.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor Presidente.
Estoy agradeciendo al Grupo que apoya el Gobierno que nos hayan aceptado
estas dos enmiendas que son importantes y que quedan, por tanto,
incorporadas al texto del dictamen.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta y Piedra.
Pasamos al voto particular número 3 de la Senadora Costa Serra y del
Senador Nieto Cicuéndez que corresponde a las enmiendas números 169 a
203, ambas inclusive.
Tiene la palabra la Senadora Costa Serra.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender, efectivamente, las enmiendas presentadas
conjuntamente por esta Senadora y por el Senador José Luis Nieto que van
de la 169 a la 203. Seré muy breve para no reiterar los argumentos que
hemos mantenido en el día de hoy y con los que ya mantuvimos en la
Comisión.
Las primeras enmiendas hacen referencia a la modificación del término
«territorio nacional» por el de «territorio del Estado» porque
consideramos que es más acorde con la realidad del Estado español. En
este sentido, planteamos la sustitución de «planes nacionales» por
«planes estatales».
Entendemos que en el presente proyecto de ley de residuos no se aprovecha
la transposición de la Directiva europea para legislar de una forma
completa sobre el tratamiento íntegro de los residuos cara a tener una
ley con objetivos más ambiciosos.
El Proyecto en general es inconcreto, como inconcretas son las medidas
para la prevención y la reutilización. No se prevé tampoco la recogida en
origen, separando la materia orgánica del resto de los residuos para su
recuperación para el compostaje. Asimismo, proponemos la promoción de las
tecnologías limpias, en vez de hablar de tecnologías menos contaminantes,
como lo hace el proyecto.
Por otra parte, no podemos aceptar la eliminación de residuos, ya que
éstos deben tratarse, pero en ningún caso se eliminan o desaparecen.
Lo dispuesto para los vertederos en el proyecto de ley se contradice con
el acuerdo que alcanzaron los ministros de Medio Ambiente de la Unión
Europea para disminuir los residuos urbanos hace tan sólo tres días,
exigiendo que se reduzcan para que no superen en el año 2006 el 75 por
ciento de la cantidad que veníamos produciendo en el año 1995, en el año
2009 el 50 por ciento y, por último, el 35 por ciento en el año 2016.
Esta medida afectará a la mayoría de los vertederos del Estado español. Y
a pesar de que en la presente ley se recogen las tres «erres» de
reducción, reutilización y reciclado, no se concretan ni se exigen
medidas para la reducción que nos permitiría rebajar los desechos para
estos vertederos. Además, deberíamos exigir también el tratamiento de los
desechos antes de que llegaran a los vertederos, que deberían ser en
realidad unos depósitos controlados.
Por último, en cuanto al artículo 7 del proyecto, que se refiere a las
obligaciones que se establecen para el productor, importador, agente o
intermediario, etcétera, no compartimos que se eliminen en la práctica
estas obligaciones ya que, tal y como viene recogido en el texto, de
forma totalmente indicativa y potestativa, en ningún caso esto es
obligatorio ni preceptivo, con lo cual, se puede dar lugar a que la
Administración, sin ir en contra de la ley, deje de exigir estas
presuntas obligaciones descritas, como acabamos de decir, en el artículo
7.
Así pues, doy por defendidas las enmiendas del Senador Nieto y de esta
Senadora, que van de la número 169 hasta la número 203.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Costa.
Voto particular número 4, de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente, correspondiente a las enmiendas números 1 a 82.
Tiene la palabra el Senador Nieto Román. (Rumores.)
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Definitivamente, hoy no es el día.
Seguro que sus señorías agradecerán que no me detenga una por una en las
82 enmiendas que tenemos formuladas.
Decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que nuestras enmiendas
parecen un texto alternativo, y que, legítimamente, planteábamos a través
de ellas una modificación del texto, pero también es legítimo que su
señoría pueda pensarlo ya que, efectivamente, tenemos enmiendas
presentadas prácticamente a todos los títulos y capítulos de este
proyecto de ley.
Izquierda Unida ha tratado de plantear todos los argumentos que expusimos
cuando debatimos la propuesta de veto trasladándolos a enmiendas. Decía
su señoría como argumento que en este proyecto de ley se intenta dar
cumplimiento a las directivas europeas. Pues precisamente un número
significativo de enmiendas nuestras tratan de hacer cumplir la normativa
comunitaria vigente en esta materia, desde otra interpretación diferente,
como es evidente, de la que hace su señoría.
Pero como ya he dicho, no voy a referirme una por una a todas nuestras
enmiendas relacionadas con modificaciones y supresiones, sino que,
simplemente, me detendré en algunas de ellas.
Quiero recordar que con nuestras enmiendas pretendemos el cumplimiento de
la normativa comunitaria vigente, contenida en algunos casos dentro de
ese artículo 3 que se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo del
debate. Solicitamos la supresión de la letra q) de ese artículo que, por
cierto, ha desaparecido del dictamen de la Comisión, y solicitamos la
incorporación de un nuevo apartado referido concretamente a la
incineración, donde establecemos con precisión su prohibición.
En el Capítulo II, en el que se habla de competencias administrativas,
hacemos un planteamiento diferente del que se hace en el proyecto de ley
sobre los planes autónomos de residuos, sobre el papel de las
corporaciones locales, los planes nacionales y autonómicos, y sobre
algunas cuestiones a las que se hace referencia en los planes nacionales.
Por tanto, me remito al contenido de nuestras enmiendas.
Asimismo, proponemos la creación de un nuevo Título I bis, sobre
reducción, reciclaje y recuperación, como objetivos para planes
nacionales, autonómicos y locales, y también en este caso me remito a los
términos en que está redactada la enmienda correspondiente.
Algunas enmiendas relativas al Título II proponen mejoras técnicas, y hay
otras con las que hemos pretendido incorporar algunas recomendaciones que
los Letrados hicieron en su momento en el Congreso de los Diputados.
En cuanto a la enmienda número 62, al artículo 25, sobre medidas
económicas, financieras y fiscales, creemos que es de una mayor precisión
y que establece un mejor desarrollo que el que se determina en el
proyecto de ley.
Señorías, recordando que el objetivo de estas enmiendas es, no sólo dar
cumplimiento a la normativa comunitaria vigente, sino también dar
traslado en esta forma de los principios contenidos en nuestra propuesta
de veto, doy por defendidas el resto de ellas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, correspondiente a las enmiendas números 151, 153,
154, 157 y 158, así como vuelta al texto del Congreso de los Diputados en
relación con el artículo 3, letra q), suprimida por la incorporación de
la enmienda número 161, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo presentó ocho enmiendas --de la número 151 a la
158--, de las cuales en Comisión se aprobaron las números 152, 155 y 156.
Para el Pleno se ha presentado, además, el voto particular, para que se
mantenga el texto del Congreso de los Diputados relativo al artículo 3,
letra q), eliminada por la enmienda número 161 del Grupo Parlamentario
Popular. En este sentido, entendemos que debe mantenerse el concepto de
residuo no peligroso para aquellos que, sin serlo, pueden sufrir
transformaciones físicas, químicas o biológicas después de ser
depositados en un vertedero.
Por otra parte, algunas de las enmiendas a las que me voy a referir --que
no a defender-- son muy similares a
las incorporadas en Comisión por el Grupo Popular, como la número 151,
que hace referencia al concepto de almacenamiento. En consecuencia, al
aprobarse una muy semejante del Grupo Popular --concretamente, la número
60--, la vamos a retirar. Igualmente, retiramos la número 153, relativa
al depósito de residuos durante períodos de tiempo superiores a los
señalados en el artículo 3, letra n), de la ley, lo que será considerado
como una operación de eliminación. La enmienda número 164, del Grupo
Popular, que se incorporó en Comisión era prácticamente idéntica; por
tanto, repito, procederemos a retirar la nuestra, al igual que la
enmienda número 154, por similitud con la número 165 del Grupo Popular.
Mantenemos la enmienda número 157, que propone adicionar un nuevo párrafo
al final del artículo 28, referente a que entre los agentes obligados a
limpiar en las Comunidades Autónomas pueden establecerse convenios de
colaboración para la limpieza y recuperación de los suelos contaminados,
para lo cual, proponemos que se puedan concretar incentivos económicos.
Esto existe en diversos países, concretamente en Holanda y Dinamarca y,
en consecuencia, proponemos la aceptación de esta enmienda.
La enmienda número 158 tiene una finalidad similar a la de la 168, del
Grupo Parlamentario Popular. La finalidad es evitar, a través de la
modificación de la Ley de Envases y Residuos de Envases, el
encarecimiento del punto verde. En el momento de debatir la Ley de
Envases y Residuos de Envases, se consideró que el punto verde debía
estar exento de IVA; luego se ha comprobado que esta exención no tenía
ninguna ventaja, toda vez que el IVA no podía repercutirse en el agente
final, y, en consecuencia, se propuso, mediante la enmienda número 158,
la modificación de esta Ley de Envases y Residuos de Envases.
A través de una enmienda similar, si no en su redacción, sí en su
finalidad, del Grupo Parlamentario Popular, la número 168, esta enmienda
que nosotros formulamos quedaría ya sin sentido, y por tanto vamos a
proceder igualmente a retirarla.
En consecuencia, mantenemos viva la enmienda número 157 y retiramos las
enmiendas números 151, 153, 154 y 158.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Beguer.
Voto particular número 2, que corresponde al Grupo Parlamentario
Socialista, concretamente a las enmiendas números 83 a 140, ambas
inclusive.
Senadora Blanco Barbero.
La señora BLANCO BARBERO: Gracias, señor Presidente.
Quiero aclarar que vamos a establecer dos bloques de las enmiendas que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista, que son 57, de la número 83 a
la número 140. Las enmiendas 83 a 113 las defenderé yo misma y las
enmiendas número 114 a 140 las defenderá el Senador Gallego López.
Las enmiendas que voy a defender hacen referencia a los títulos I, II,
III y IV del proyecto de ley que presenta el Gobierno, y van desde la
enmienda número 83 a la número 114, incluida la exposición de motivos.
Señorías, la Ley que presenta el Gobierno insatisface claramente a
diversos sectores, desde la CODA, la Coordinadora de Organizaciones de
Defensa Ambiental, pasando por los partidos del ámbito de la izquierda,
como se ha puesto de manifiesto, hasta los propios gestores de residuos.
Es evidente la escasa ambición que tiene este Gobierno en materia de
medio ambiente: se limita a transponer la Directiva comunitaria de 1991;
no contempla los cambios producidos en estos siete años, en los que han
revisado algunos principios y establecido orientaciones a tener en cuenta
por los gobiernos; no recoge adecuadamente ni el principio de proximidad
ni el de autosuficiencia; es una ley anticuada, que no garantiza el
cumplimiento de sus objetivos en el conjunto del territorio español, y el
Gobierno elude su responsabilidad y no asume compromisos, dejando en mano
de otras Administraciones lo que, sin duda, ha de regular una ley básica,
que no es otra cosa que unos mínimos de obligado cumplimiento.
Las enmiendas que presentamos mejoran sustancialmente el texto de la
exposición de motivos, así como el de los títulos a los que me he
referido anteriormente, que son de normas generales de las obligaciones
nacidas de la puesta en el mercado de productos generadores de residuos,
de la producción, posesión y gestión de los residuos y de los
instrumentos económicos en la producción y gestión de los mismos.
En ellas damos prioridad a la valorización de materiales, haciendo una
clara distinción entre ésta y la valorización energética. Establecemos
cauces de cooperación y financiación entre las distintas Administraciones
para garantizar el cumplimiento de la norma. Indicamos objetivos
concretos de reducción de residuos, adaptando así la norma a la
estrategia europea en esta materia y concediéndole un carácter más
riguroso desde el punto de vista de la conservación medioambiental.
En cuanto a la recogida selectiva en origen, nos parece un aspecto
absolutamente fundamental, ya que si la separación de materias orgánicas
y fermentables no se hace en origen, la valorización de los materiales se
hace prácticamente imposible. Aplicamos el contenido de las obligaciones
nacidas de la puesta en el mercado de productos generadores de residuos y
le concedemos un carácter más conciso y concreto, contemplando, por otro
lado, la aplicación de incentivos fiscales y económicos como mejora de
los acuerdos voluntarios y convenios de colaboración.
A diferencia de la simple valorización y eliminación a las que hace
referencia el texto, nosotros ponemos especial énfasis en la obtención de
materias primas secundarias de los residuos; en la valorización
energética con recuperación de energía; en el tratamiento de las
reacciones residuales. Se declaran de interés comunitario las
instalaciones de las Entidades Locales destinadas a la valorización de
materiales de residuos. Adoptamos medidas presupuestarias concretas para
la efectiva materialización de los objetivos señalados. Creamos el Fondo
Medioambiental de Residuos, destinado al fomento de la prevención,
reutilización, reciclado y otras formas de valorización de materiales.
Señorías del Partido Popular, el texto presentado por el Gobierno debería
tener en cuenta la cantidad de contenedores que en el futuro han de
invadir las ciudades para garantizar estos objetivos, por lo que habría
de adecuarse la legislación urbanística. Debería tener en cuenta la
financiación de este proyecto contemplándola en los Presupuestos
Generales del Estado. Debería transferir a las Comunidades Autónomas las
partidas presupuestarias suficientes a la mayor brevedad posible. Debería
clarificar la acción y la responsabilidad estableciendo lo que se debe
hacer y eliminando, por tanto, los condicionales «podrá hacer», «podrá
establecer», etcétera. Debería establecer la obligatoriedad de la
recogida selectiva en origen en todos los municipios. Debería establecer
claramente la exigencia a los productores de residuos peligrosos de
constituir un seguro de responsabilidad civil.
Señorías, nos gustaría que tuvieran en cuenta nuestras enmiendas. Saben
ustedes que son absolutamente objetivas y que contribuyen a mejorar
sustancialmente la ley confiriéndole un carácter de clara ambición de
protección del medio ambiente. No entendemos cuál es el motivo que les
hace oponerse a admitirlas. El hecho de que el proyecto no potencie la
separación en origen nos hace pensar que salvaguarda los intereses de
alguna minoría en el sentido de que las plantas de incineración necesitan
del papel y el plástico que contienen los residuos para que el poder
calórico que ofrecen éstos aporte un combustible que les haga rentables.
Y las importaciones de papel, en la actualidad, alcanzan la cifra de
500.000 toneladas diarias, que bien podrían obtenerse de los residuos
sólidos urbanos.
Señores del Partido Popular, señorías, crear un bonito cartel no
garantiza que los servicios que se ofrecen en el interior sean de
calidad. Ustedes pusieron un bonito cartel creando el Ministerio de Medio
Ambiente; incluso lo iluminaron poniendo al frente del mismo a una
reputada Diputada del Partido Popular. Ya tenían un letrero, incluso
luminoso. Pero, lamentablemente, la calidad de los servicios que ofrece
este Ministerio deja mucho que desear. Y es que en materia de ecología
probablemente no baste con parecerlo, me temo que, además, haya que
serlo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Blanco Barbero.
Tiene la palabra el Senador Gallego para defender las enmiendas que
faltan.
El señor GALLEGO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a consumir un corto turno de defensa de las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista, de la número 114 a la 140, ambas
inclusive, que corresponden al Título V del proyecto de ley: del artículo
27 hasta las disposiciones adicionales, transitorias, finales y al anejo.
Nuestras enmiendas son de modificación y de adición, por tanto, pretenden
ser enmiendas de mejora; pretenden mejorar una ley que es necesaria, pero
que en este tramo también, como en los anteriores artículos, peca de
inconcreta, de vaga, de confusa y de timorata. Parece como si se temiera
incomodar a algunos sectores productores de residuos, no pudiéndose
escudar en que es una ley básica y que no puede ni debe interferir en
competencias de otras administraciones para no establecer, como no lo
hace, unos compromisos mínimos, unos umbrales mínimos, básicos, que
obliguen a todos, porque una ley tiene que ser imperativa, tiene que ser
obligatoria, y además porque la protección del medio ambiente no tiene
límites geográficos ni límites administrativos; no admite por tanto
medias tintas, y esta ley se queda en las medias tintas.
Nuestras enmiendas de la 114 a la 140, como he dicho, buscan conferir a
esta ley concreción y efectividad. Las enmiendas relativas, por ejemplo,
a suelos contaminados persiguen clarificar la definición de los mismos,
para situar adecuadamente el ámbito de la obligación legal de actuar
sobre ellos, y por eso también se amplía la clasificación de los suelos
contaminados y se complementan las insuficientes medidas de recuperación,
haciendo hincapié en la inmediatez. Así, podremos localizar y regenerar
tantos vertederos incontrolados, no vale escudarse en las competencias
municipales, porque poner a los ayuntamientos más cargas, como luego
diré, va a resultar ineficaz.
Para ello y para el conjunto de la aplicación de la ley hay un grupo de
enmiendas que quiere potenciar la inspección y la colaboración con la
inspección. Nos parece en este punto imprescindible, y basándonos en el
principio de colaboración administrativa, fomentar la colaboración
interadministraciones, especificando quiénes deben realizar la
inspección, que nosotros creemos que deben ser funcionarios, porque les
confiere más autoridad, más veracidad y por lo tanto más eficacia.
El proyecto de ley que pretende el Gobierno no se distingue precisamente
por facilitar y potenciar la información pública, por eso creemos --y
nuestra enmienda número 118 así lo señala-- que debe ampliarse la
posibilidad y los cauces de información pública, con especial referencia
a los trabajadores de las empresas productoras de residuos y gestores de
los mismos. Se debe potenciar la información pública, porque eso es
ampliar la participación ciudadana, y por ende estamos construyendo
instrumentos de control y denuncia eficaces, que encauzan la sensibilidad
ciudadana en temas de medio ambiente.
En la enmienda número 121 especificamos el concepto de titular de los
residuos, y no hay afán recaudatorio, sino que es una llamada de atención
cuando elevamos la cuantía de sanciones y multas y buscamos el efecto
disuasorio externo que obligará a poner más atención en el origen del
proceso, previniendo a la baja la producción de residuos y poniendo más
cuidado en mejorar la gestión de los mismos, una vez irremediablemente
producidos.
En la enmienda número 124 especificamos el concepto de responsabilidad
civil objetiva, y en las disposiciones adicionales proponemos
modificaciones a las que presenta el Gobierno y que aprobó el Congreso,
en el sentido de que existan planes nacionales de residuos. Este Gobierno
del Partido Popular es alérgico a los planes nacionales, sean de
residuos, de regadíos, de aguas o de cualquier cosa. Prefiere
ir un poco a salto de mata, tapando brechas, contentando a unos y dejando
mal a otros. Queremos además, desde el Grupo Socialista, que no haya
prioridad de incineración, dentro de la valorización de materiales, y,
donde ésta sea temporalmente necesaria, que se reglamenten los requisitos
de plantas, procesos y productos, contemplando la mejor tecnología
disponible, pero con el horizonte de la desaparición de todo tipo de
incineración.
En este mismo sentido añadimos una adicional cuarta bis, en la que se
contempla el traslado de residuos, para lo cual es preciso coordinar los
mismos con las Comunidades Autónomas, porque es evidente que multitud de
residuos se producen en un sitio y después van a parar a otro. Cuidamos
en la enmienda número 132 que los fertilizantes agrícolas, para
tranquilizar a los agricultores en un plazo concreto, tengan una
normativa, dejando fuera aquellos que no son verdaderamente
contaminantes. Y al hablar de los tributos necesarios sobre los residuos,
y leo textualmente una parte de la enmienda número 134, decimos que «el
Gobierno, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, en el plazo de un
año, desarrollará las figuras tributarias necesarias para desincentivar
las actividades contrarias a la prevención en la generación de residuos y
reducción de su toxicidad, y para nutrir el Fondo Ambiental de Residuos.»
Es preocupación del Grupo Parlamentario Socialista en la recogida
selectiva, situación de partida esencial para el tratamiento de los
residuos, para su recuperación, para su reutilización y reciclaje y para
su valorización. Recogida en origen, que ya sabemos que es obligación de
los municipios, pero que se establezcan unos plazos de aplicación de la
normativa para todos los municipios y que, en el diseño de los edificios,
se tenga una normativa especial para que la recogida domiciliaria sea
adecuada y pueda ser factible.
Queremos comprometer al desarrollo reglamentario en unos plazos concretos
y no dejar en la indeterminación, como hace el proyecto de ley --de ahí
nuestra enmienda número 138-- y desde el Senado introducimos en las
categorías de residuos los aceites y grasas de consumo, así como un nuevo
anejo en la enmienda número 140 en espíritu y en la letra de que la
normativa ambiental comunitaria, en lo que se refiere a mejores
tecnologías disponibles como garantía máxima de protección
medioambiental.
En resumen y telegráficamente, nuestras iniciativas en este tramo de la
ley, con el supuesto previo de la prevención, pretenden más inversión
pública, por tanto, partidas concretas en los Presupuestos Generales del
Estado para que esta ley pueda cumplirse, un plan nacional de residuos,
participación ciudadana en el período de información pública --porque es
un asunto que afecta a todos--, cooperación interadministrativa --por la
dispersión de legislación y competencias que existen en el tema de
residuos-- y aportación pública --sin menoscabar la privada-- para
investigación y desarrollo, a fin de conseguir mejores tecnologías.
Con estas enmiendas nosotros creemos que se mejoraría mucho la ley que,
de otra manera, va a quedar como una operación de imagen y un afán de
decir que somos pioneros ambientalistas, pero nada más que en el
escaparate.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gallego.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Calvo.
El señor CALVO POCH: Voy a intentar dejar claro en esta intervención
cuáles son las propuestas con respecto a las enmiendas que aceptamos o
que ya hemos aceptado en Comisión y que vamos a transaccionar en estos
momentos.
Nuestro Grupo Parlamentario ha aceptado transaccionar la enmienda número
144, del Grupo Parlamentario Mixto, de la Senadora Boneta, que se refiere
al artículo15. Hemos propuesto que el artículo tuviera la siguiente
redacción, en lugar a la propuesta. Donde dice: «Los titulares de
actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos
no peligrosos, distintas a la valorización o eliminación...» El resto de
la enmienda de la Senadora De Boneta quedaría sin cambios, con lo cual el
único cambio sería hablar de los residuos no peligrosos, ya que en su
enmienda sólo se hace referencia a los residuos.
En cuanto a la enmienda número 147, también de la Senadora Boneta, ya fue
aceptada en Comisión, como la enmienda número 148.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, agradezco al Senador Beguer que haya retirado las
enmiendas que eran concordantes con las nuestras, como la enmienda número
151, que era concordante con nuestra enmienda número 160; la enmienda
número 153, concordante con la 164; la número 154, concordante con la
número 165, y la número 158, concordante con la número 168.
El Senador De Beguer mantiene vivas las enmiendas números 157 y el voto
particular.
Respecto a la enmienda número 157 hemos propuesto una enmienda
transaccional al Grupo de Convergència i Unió, para que donde dice:
«saneamiento de suelos contaminados», pase a decir: «limpieza y
recuperación de suelos contaminados». De esta manera, aceptaríamos la
enmienda propuesta por Convergència i Unió.
En cuanto a la cuestión, quizá más importante, la que hacía referencia al
punto 3.q, que fue eliminado por una enmienda de nuestro Grupo y que, sin
embargo, había sido incorporado a través de una enmienda de Convergència
i Unió en el Congreso de los Diputados, planteamos una enmienda
transaccional a su voto particular para que la idea, el fondo de la
cuestión que ustedes pretendían recoger en el citado punto, pero que para
nosotros distorsionaba un poco lo que era la clasificación de los
residuos, se incorpore con una nueva redacción al artículo 3.b).
Creo que de esta manera queda salvado el problema en cuanto a que dentro
de los residuos urbanos, o de otro tipo, existan algunos que puedan ser
asimilables a los mismos. Si ustedes aceptan estas dos enmiendas
transaccionales, creo que no nos quedarían cuestiones pendientes.
En cuanto a lo afirmado aquí por los Senadores del Grupo Socialista y sin
intentar repetir el debate que ya hemos tenido con ocasión de la
discusión de los vetos, sí me gustaría aclararle a la Senadora Blanco
Barbero que yo no --y podría haberlo hecho-- intento venir a esta Cámara
poniendo por delante lo que a lo mejor pueden compartir o no diversas
multitudes de agrupaciones de ecologistas. Los ecologistas hacen muchos
planteamientos y no todos han de ser buenos o positivos. Seguro que todos
los hacen con la intención de que sean así, pero nosotros, sin serlo,
también podemos hacer aportaciones al medio ambiente que sean igualmente
buenas y positivas.
Por tanto, que lo que usted dice lo refrende la CODA, es algo que sin
duda le da valor, pero no por ello es un valor absoluto y no todas las
aportaciones que hace el Partido Socialista están refrendadas por la
CODA, ni creo que usted intentara hablar aquí en nombre de lo que la CODA
puede haber pretendido en torno a este proyecto de ley y yo, desde luego,
no me hubiera atrevido a hacerlo con respecto a otras organizaciones que
puedan tener o no el mismo carácter, y que también han podido hacer
aportaciones a dicho proyecto.
Pero de todas formas su intervención, sin incidir en el debate, ha estado
llena de tópicos. Ha hablado de ley anticuada, de que el Gobierno elude
responsabilidades. Esto es una cuestión de criterios, evidentemente.
Usted está obligada a decir lo que dice y yo, cuando usted habla de ley
anticuada, me refiero a un Gobierno que nos pone al día en la legislación
y en las exigencias comunitarias; cuando usted habla de que el Gobierno
elude responsabilidades, yo hablo de que hay un Gobierno que por fin
respeta las competencias que sobre medio ambiente también y, sobre todo,
tienen, señoría, las Comunidades Autónomas.
Pero en cuanto a la cuestión, para mí más importante, que usted ha
mencionado y que, por cierto, no sé si he creído entender que hay alguna
contradicción porque se ha quejado de que no hay una separación en
origen, pero después el Senador Gallego ha hablado de una recogida en
origen, sin intentar entrar en la cuestión de si existía o no
contradicción --creo que en cualquier caso lo que ha podido existir es
cierta confusión en la utilización de algunos términos-- pediría a la
Senadora Blanco Barbero que no afirme que no se potencia la separación en
origen, que hoy en día ya hay adelantos técnicos que permiten hacer la
recogida selectiva en fases posteriores a la recogida en origen,
procedimientos como, por ejemplo, los electroimanes para residuos
férricos o corrientes de Foucault para residuos de aluminio, que son
ambientalmente idénticos a la recogida en origen y, además, más baratos.
Por ello, lo que importa, señoría, es hacer una recogida selectiva como
garantía para el reciclado con independencia de que se haga en origen o
en fase posterior. Pero es que es más, señoría. Si usted habla de una
separación de lo orgánico en origen con el fin de obtener un compost
donde dar después una utilidad con algunos fines agrícolas, le diré que
precisamente lo que hemos hecho en España va a dar a medio plazo mejores
resultados que lo que propone su señoría. Empezar por separar lo
orgánico, además, nos llevaría a la dificultad de la enseñanza y la
colaboración ciudadana, que está siendo mucha y, desde luego, es la
experiencia que tenemos en la Comunidad de Madrid, a la que pertenezco.
Se ha puesto ya en marcha un plan de residuos sólidos que empieza por
separar los envases --es a dónde yo quería llegar-- y que luego nos
permitirá, a través de estos primeros años de experiencia, tener un
compost de mayor calidad en la fecha prevista, el año 2001, cuando haya
que poner esa tercera bolsa para el orgánico. Si su señoría empieza a
separar ahora de la bolsa común de basura el orgánico sin separar
previamente los envases, probablemente el compost que usted obtuviera
sería de tan baja calidad que no podría destinarlo a ninguno de los fines
que sin duda usted en estos momentos podría pretender.
Por lo tanto, yo creo que en tal caso podríamos diferir en el orden qué
es lo que hay que separar primero, pero en todo caso también le aseguro
que existen métodos para poder garantizar una recogida selectiva, que es
lo importante para garantizar lo que viene a proteger esta ley, que es el
reciclado y la valorización. Por consiguiente, pienso que no existe
ningún déficit por esta causa en el proyecto de ley.
Simplemente quiero contestarle al Senador Gallego, en cuanto a la alergia
que nuestro Gobierno tiene a los planes nacionales. El Senador Gallego no
debe olvidar que son precisamente las Comunidades Autónomas a las que
únicamente les corresponde la planificación de la gestión de los propios
residuos, razón por la que los planes nacionales, señor Gallego, sólo
pueden ser el resultado de la integración a este respecto de los planes
autonómicos.
No obstante, la conferencia sectorial, en la que le recuerdo que
participan también los tres consejeros de las Comunidades que gobierna el
Partido Socialista, puede ser el cauce apropiado para lograr una
coordinación entre los respectivos planes autonómicos y a lo mejor para
que los consejeros que pertenecen a su partido puedan llevar las
propuestas que usted hoy nos ha hecho.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Calvo.
Turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Tomo la palabra por cortesía parlamentaria,
para gradecer al Grupo Parlamentario Popular las transaccionales sobre
nuestras dos enmiendas que permanecían vivas y que, en consecuencia,
permanecen vivas como soporte de dichas transaccionales únicamente, pero
que no defendemos en su integridad, sino de acuerdo con las
transaccionales que se han formulado y que han firmado diversos grupos.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Gallego.
El señor GALLEGO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Lamento que hayamos perdido una ocasión importante
--como se nota en la intención pero no en la letra ni en el espíritu de
la ley-- de haber hecho una ley válida para el siglo XXI. Trasponer una
directiva de 1991 no es suficiente y ampararse en el paraguas europeo
tampoco es suficiente para una legislación que sea adecuada para el
momento actual de España.
Yo creo, sinceramente, que al Partido Popular le ha entrado miedo de
actuar de una manera concreta, porque podía incomodar al sector más
reacio del empresariado español productor de residuos, que en algún
informe último dice, concretamente, que los costes que suponen a las
empresas la conversión de tecnologías y el pago de los impuestos
medioambientales registrarán una notable reducción en sus beneficios,
encontrándose algunas incluso ante la posibilidad de tener que cesar en
su actividad.
Por otra parte, dicen que la opinión más extendida entre las empresas en
los países en que se aplican políticas medioambientales es que se
encuentran en desventaja en sus intercambios internacionales y sus
procesos de armonización medioambientales, excesivamente rígidos, podrían
tener graves consecuencias económicas para las empresas españolas.
Es una confesión indirecta de que contaminan y de que no tienen mucho
interés en que se promulguen leyes que puedan afectar a sus beneficios,
como dice expresamente, sin tener en cuenta el beneficio de los demás, el
interés general, como es la preservación del medio ambiente.
¿Es que el Gobierno no podía haber sido más exigente a través de esta ley
y a través de partidas presupuestarias en los presupuestos generales del
Estado para hacerla cumplir de una manera real? ¿Es que no se pueden
promover también ayudas, aparte de echarle la responsabilidad a los
ayuntamientos, que ya sabemos que tienen sus competencias, ya que muchos
ayuntamientos van a verse imposibilitados de cumplir esas competencias
por la escasez de recursos que tienen? Yo creo que en eso teníamos que
haber sido muy valientes, porque esta ley pudo ser muy buena en 1991,
pero en 1997 está mirando más al pasado que al porvenir.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gallego.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Calvo.
El señor CALVO POCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Gallego, gracias por el reconocimiento que ha hecho porque, al
afirmar que esta ley hubiera sido buena en el año 1991, está reconociendo
que esta ley debió estar presentada en el año 1991. A lo mejor su señoría
tiene escasa memoria y no recuerda quien gobernaba en este país en el año
1991, pero voy a dar por no dicha o al menos por no escuchada su
afirmación final, porque lo deja a usted en una situación verdaderamente
lamentable. En todo caso le diré que la mejor manera de no incomodar a
diversos sectores obligándolos a gestionar de forma adecuada los
residuos, evidentemente con criterios medioambientales, es no haciendo
ningún tipo de ley, es no obligando a ningún tipo de tratamiento de
residuos, que es lo que existía hasta ahora, Senador.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Calvo. (La señora Blanco Barbero
pide la palabra.) Senadora Blanco Barbero, ¿para qué pide la palabra?
La señora BLANCO BARBERO: En virtud del artículo 87, para contestar
varias alusiones que me ha hecho directamente el Senador Calvo en su
intervención anterior. Sólo deseo hacerle unas aclaraciones.
El señor PRESIDENTE: Por el artículo 87, y sobre todo porque es paisana,
tiene usted dos minutos.
La señora BLANCO BARBERO: Gracias, señor Presidente.
Senador Calvo, yo no he venido aquí en representación de la CODA. Yo he
dicho que la CODA no está satisfecha, pero también he dicho que no están
satisfechos los gestores de residuos, y no son sospechosos de que los
defienda el Partido Socialista.
También deseo aclararle que la separación en origen de la materia
orgánica, por mucho que usted diga lo contrario, es en este momento la
única fórmula para hacer la valorización del resto de materiales con una
calidad mejor que de la manera que usted propone. Aunque en realidad no
proponen nada; lo que dicen es que podrá hacerse. Lo que nosotros decimos
es que la materia orgánica se separe ya. Además, en la prueba que están
llevando a cabo en la Comunidad de Madrid sobre esto es evidente que
están separando la materia orgánica del resto de los materiales, que son
envases. Pero si no empezamos por separar la materia orgánica vamos a
contaminar el papel y el cartón, y no hay ninguna máquina, ni muy cara ni
muy barata que ni abarate costes ni que los encarezca, que lo evite,
porque la materia orgánica es la que la contamina.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Blanco Barbero. (El señor Calvo
Poch pide la palabra.)
Senador Calvo, por el artículo 87, y aunque no es paisano, también le
concedo dos minutos.
El señor CALVO POCH: Le agradezco que me trate como paisano, señor
Presidente.
No había hecho ninguna alusión, sino que mi contestación ha sido fruto
precisamente de una réplica obligada en la medida en que tenía que
contestar a la oferta de enmiendas que ha hecho el Grupo Parlamentario
Socialista.
Esta ley puede no satisfacer a la CODA en algunos aspectos, como puede no
satisfacer a la CEOE en otros, y me importa un pepino si eso es bueno o
si eso es malo. Esta es la ley que en estos momentos puede aplicar España
y, por lo tanto, es la ley que defienden este Gobierno y este Grupo
parlamentario.
No debe estar usted permanentemente asida a dogmas. Créame usted,
señoría, que la separación selectiva de los
materiales se puede hacer sin la recogida selectiva, porque existen
métodos --y no se puede ir contra la ciencia-- que permiten hacerlo y
que, además, se emplean en España de forma absolutamente habitual.
Sólo le diré para su información que lo que estamos haciendo en la
Comunidad de Madrid --y lo sé perfectamente porque soy Diputado de la
Asamblea y, además, soy portavoz de medioambiente de mi Grupo en esa
Cámara-- es crear una segunda bolsa. Además de la bolsa donde va el
resto, hay una primera, que es la bolsa amarilla, donde metemos todos los
envases, donde metemos los «bricks», los metales y los plásticos. Si
usted se cree que lo que queda es lo orgánico, es que su señoría no tiene
mucha idea de qué es lo que significa el resto de la basura, porque está
previsto empezar la separación de orgánicos para el año 2001. Señorías,
si ustedes se creen que excluyendo de una bolsa de basura los metales,
los «bricks» y los plásticos solamente les queda orgánico, es mejor no
seguir debatiendo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Calvo.
El debate ha terminado, y una vez que solucionemos alguna cuestión
pendiente sobre unas transaccionales llamaremos para votación. (Pausa.)
Vamos a iniciar las votaciones. En primer lugar, votamos las enmiendas
números 141 y 150, de la Senadora De Boneta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 83; en contra, 125.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas números 142, 143, 145 y 149,
también de la Senadora De Boneta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, siete; en contra, 201; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos la enmienda número 146, también de la Senadora De
Boneta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, siete; en contra, 126; abstenciones, 75.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas de la Senadora Costa y del Senador
Nieto. En primer lugar, las enmiendas números 175, 177 y 178.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, cuatro; en contra, 198; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 169, 170, 172, 173, 187, 188, 191, 192 y
194, también de la Senadora Costa y del Senador Nieto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, tres; en contra, 128; abstenciones, 77.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el resto de las enmiendas de los Senadores Costa y Nieto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 78; en contra, 129; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas de los Senadores Nieto y Román. En primer lugar,
votamos la enmienda número 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, dos; en contra, 206; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 5, 6, 10, 12, 25, 33, 38, 52, 53, 55, 59,
66 y 75, también de los Senadores Nieto y Román.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, dos; en contra, 128; abstenciones, 77.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas de los Senadores Nieto y Román, salvo
la número 28 que tiene una transaccional que votaremos luego.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, 80; en contra, 130.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. Quedan vivas la enmienda número 157 y la vuelta al
texto del Congreso, modificado por la enmienda número 161 del Grupo
Parlamentario Popular. Como soportan enmiendas transaccionales las
votaremos más adelante.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 83 a
140, salvo las números 137 y 114 que soportan transaccionales.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, 79; en contra, 128; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas transaccionales. Quizá, e Senador Calvo
debiera aclarar algo sobre la enmienda número 157 y la número 28.
Tiene la palabra.
El señor CALVO POCH: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda transaccional presentada a la Mesa sobre la número 28,
simplemente señala que lo que se proponía para el artículo 9.1, de «Las
autorizaciones se concederán en un plazo máximo de cuatro años», debe
decir: «Estas autorizaciones se concederán por un tiempo determinado,
pasado el cual podrán ser renovadas por períodos sucesivos», pero se
entiende que el resto del texto de la enmienda número 28 está aceptado.
Es decir, se incorporaría el texto de la enmienda número 28, excepto la
última frase que es en la que varía con la transaccional. Y lo mismo pasa
con la enmienda número 157. Si quiere, lo aclaro ahora, o más adelante.
El señor PRESIDENTE: ¿Lo tienen claro los portavoces? (Pausa.)
El señor CALVO POCH: Con la venia del señor Presidente, supone sustituir
la expresión «saneamiento de suelos contaminados» por «limpieza y
recuperación de suelos contaminados», manteniendo el texto de la
enmienda.
El señor PRESIDENTE: Creo que está claro.
Como los portavoces tienen las enmiendas en su mano me voy a limitar a
leer simplemente el enunciado. Votamos, en primer lugar, la enmienda
transaccional sobre la base de la enmienda número 28.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 207; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número
114.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 206; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores.)
Silencio, por favor.
Votamos la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número
137.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, 208; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 144.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, 132; abstenciones, 78.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional sobre la base de la enmienda número 157.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 210; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional sobre la base del voto particular número 1 del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en la que
se solicita la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en relación
con el artículo 3, apartado q).
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 132; abstenciones, 79.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Hay una serie de enmiendas que corrigen simplemente errores advertidos en
el texto del dictamen. ¿Se puede aprobar por asentimiento?
(Asentimiento.) Quedan aprobadas por asentimiento.
Pasamos a votar el dictamen. En primer lugar, el Título I.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 132; en contra, 79.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título II, artículo 8.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 132; en contra, uno; abstenciones, 78.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el resto del Título II.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, 129; en contra, 76; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título III.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 21; a
favor, 132; en contra, uno; abstenciones, 78.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el Título IV.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 132; en contra, 79.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el Título V.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, 131; en contra, 79.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título VI. En primer lugar votamos el artículo 30.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 132; en contra, 79.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos ahora el resto del Título VI.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 131; en contra, dos; abstenciones, 78.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Disposiciones adicionales. En primer lugar, y en un solo bloque, votamos
las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 130; en contra, 80; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto de las disposiciones adicionales.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 132; en contra, dos; abstenciones, 77.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Disposición transitoria primera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 203; en contra, cuatro; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposición transitoria segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 132; en contra, uno; abstenciones, 78.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposición transitoria tercera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 132; en contra, 78; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la disposición derogatoria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 206; en contra, uno; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposiciones finales.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 133; en contra, uno; abstenciones, 77.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el Anexo
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 208; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Por último, votamos la Exposición de Motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 132; en contra, 77; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Les anuncio ahora que la Mesa y la Junta de Portavoces de la Comisión de
Asuntos Exteriores se reunirá a continuación, según me indica su
Presidente, en la Sala 20.001. Asimismo, el Presidente de la Comisión de
Economía y Hacienda me solicita que anuncie que la Comisión se reunirá,
también a continuación, en la Sala de Cuadros.
Por último, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.
Eran las veinte horas y treinta minutos.