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DS. Senado, Pleno, núm. 68, de 03/12/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1997 VI Legislatura
Núm. 68
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 3 de diciembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
-- De don Salvador Capdevila i Bas, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la situación o trámite en que se
encuentra el proceso de elaboración de las disposiciones reglamentarias
para la actualización y unificación de la normativa que regule los
expurgos de los archivos de los Juzgados y Tribunales (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344,
de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000392).
-- De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si el Gobierno ha dado instrucciones al Fiscal en orden
a su intervención en el caso de la difusión de un vídeo que afecta a la
intimidad del director de un periódico de ámbito nacional (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000406).
-- De don Vicent Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la situación en que se encuentran
las negociaciones con la empresa Autopistas Concesionaria Española, S. A.
(ACESA), para lograr una reducción en el peaje de las autopistas
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente
680/000379).
-- De don Jaume Font Barceló, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la fecha prevista por el Gobierno para firmar un convenio
de carreteras con la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000390).
-- De don Casimiro Hernández Calvo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno respecto a la construcción del
puente internacional, en la frontera hispano-portuguesa, entre las
localidades de Barça D'Alba y La Fregeneda (Salamanca) (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344,
de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000397).
-- De don Josep Ramón Mòdol Pifarré, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre el número de incumplimientos por parte de las televisiones públicas
y privadas que emiten en España que ha contabilizado el Ministerio de
Fomento durante 1997, en relación con la Ley 25/1994, de 12 de junio, de
transposición de la Directiva 89/552/CEE sobre la coordinación de
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de
expediente 680/000402).
-- De don Aurel Sava Garcerán, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno respecto de la
rotura del depósito de aguas de Cabrerizas Altas en Melilla (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000396).
-- De don Luis Sebastián Estaún García, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las previsiones que tiene el Gobierno de abonar la
deuda que mantiene con diversos Ayuntamientos en concepto de Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI) por presas y saltos de agua del Estado
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente
680/000401).
-- De doña Inmaculada de España Moya, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre el tipo de medidas que ha adoptado el Gobierno a fin de
controlar el gasto farmacéutico hospitalario (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1
de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000398).
-- De don José María Barahona Hortelano, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno revisar el modelo y
contenido curricular de la formación de médicos internos y residentes
(MIR) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de
expediente 680/000399).
-- De don Manuel Lorenzo Blasco Nogués, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno alguna actuación que
mejore la accesibilidad de los servicios sanitarios de atención
especializada en la comarca de Tarazona (Zaragoza) (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 34, de
fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000400).
-- De don Narciso Serrano Alvarez-Giraldo, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las razones que está manejando el Ministerio de Sanidad
y Consumo para variar las condiciones de ingreso de la población infantil
en los hospitales del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000403).
-- De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si considera el Gobierno necesario un acuerdo del Senado para defender
con garantías de éxito las candidaturas de Salamanca, Granada y Barcelona
como capitales europeas de la cultura para los años 2002, 2003 y 2004
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente
680/000404).
-- De don Manuel de la Plata Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la fecha en que estará ultimada la previsión de las
necesidades sobre financiación de la Ley Orgánica de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE) (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre
de 1997) (Número de expediente 680/000405).
-- De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario
Socialista sobre si sigue siendo opinión del Gobierno que el programa
debate de la primera cadena que dirige el señor Herrero cumple los
principios establecidos en el Estatuto de la Radio y la Televisión
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente
680/000407).
-- De don Joan María Roig i Grau, del Grupo Parlamentario Catalán el
Senado de Convergència i Unió, sobre la adecuación de las condiciones de
uso del gasóleo tipo B, a través de un reglamento claro y concreto
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente
680/000393).
-- De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si
se ha planteado el Gobierno la no integración plena en la nueva
estructura militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), ante la posibilidad de que España no logre los objetivos que se
ha fijado (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de
expediente 680/000394).
Segundo
Interpelaciones:
-- De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el nuevo modelo de financiación de la sanidad y los
efectos de su aplicación (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997)
(Número de expediente 670/000065).
-- De doña Francesca Martín i Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las políticas que impulsará el Gobierno en cumplimiento de su
compromiso de eliminar todas las formas y contenidos de educación sexista
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente
670/000066).
-- De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los
propósitos del Gobierno para dar cumplimiento al artículo 38.1 del
Estatuto de Autonomía de Canarias y al de otros Estatutos que contengan
normativas similares, referentes a la información previa a las
Comunidades Autónomas en las materias que afecten a sus respectivos y
específicos intereses, durante la elaboración de los tratados y convenios
internacionales y durante las negociaciones de adhesión a los mismos
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente
670/000064).
Tercero
Conocimiento directo por el Pleno de Proyectos y Proposiciones de Ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
-- Proyecto de Ley por la que se añade un párrafo tercero al artículo
67.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo (procedente del Real Decreto-Ley 12/1997, de 1 de
agosto). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 62,
de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 621/000062)
(Número de expediente C. D. 121/000080).
-- Proposiciones de Ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores
en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número
13, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 624/000008)
(Número de expediente C. D. 122/000040).
-- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 429.966.757 pesetas, para atender el déficit de explotación de
los Ferrocarriles de Vía Extrecha (FEVE) (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 58, de fecha 6
de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 621/000058) (Número de
expediente C. D. 121/000074).
-- Proyecto de Ley sobre concesión de los créditos extraordinarios, por
importe total de 120.277.891 pesetas, para el pago de indemnizaciones no
concretadas durante la instrucción del proceso por el incendio de la
discoteca de la calle Alcalá 20, según Auto de la Audiencia Provincial de
Madrid de 3 de marzo de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 59, de fecha 6 de noviembre
de 1997) (Número de expediente S. 621/000059) (Número de expediente C. D.
121/000075).
-- Proposición de Ley de modificación de la Ley 36/1995, de 11 de
diciembre, sobre la creación de un Fondo procedente de los bienes
decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B,
número 15, de fecha 12 de noviembre de 1997) (Número de expediente S.
624/000010) (Número de expediente C. D. 122/000084).
Cuarto
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
-- De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el
Proyecto de Ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo
y el fomento de la contratación indefinida (procedente del Real
Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 60, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de
expediente S. 621/000060) (Número de expediente C. D. 121/000066).
-- De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el
Proyecto de Ley por la que se regulan incentivos en materia de Seguridad
Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida
y la estabilidad en el empleo (procedente de Real Decreto-Ley 9/1997, de
16 de mayo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 61,
de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente S. 621/000061)
(Número de expediente C. D. 121/000067).
-- De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de la Ley de modificación de
la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 54, de fecha 21 de noviembre de 1997) (Número de
expediente S. 621/000054) (Número de expediente C. D. 121/000035).
SUMARIO
PREGUNTAS (Página 2852)
De don Salvador Capdevila i Bas, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la situación o trámite en que se
encuentra el proceso de elaboración de las disposiciones reglamentarias
para la actualización y unificación de la normativa que regule los
expurgos de los archivos de los Juzgados y Tribunales (Página 2852)
El señor Capdevila i Bas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Capdevila i Bas. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si el Gobierno ha dado instrucciones al Fiscal en orden a su
intervención en el caso de la difusión de un vídeo que afecta a la
intimidad del director de un periódico de ámbito nacional (Página 2853)
El señor Arévalo Santiago formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arévalo Santiago. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De don Vicente Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la situación en que se encuentran
las negociaciones con la empresa Autopistas Concesionaria Española, S. A.
(ACESA), para lograr una reducción en el peaje de las autopistas (Página 2854)
El señor Beguer i Oliveres formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Beguer i Oliveres.
De don Jaume Font Barceló, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre la fecha prevista por el Gobierno para firmar un convenio de
carreteras con la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (Página 2855)
El señor Font Barceló formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Font Barceló.
De don Casimiro Hernández Calvo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno respecto a la construcción del
puente internacional, en la frontera hispano-portuguesa, entre las
localidades de Barça D'Alba y La Fregeneda (Salamanca) (Página 2856)
El señor Hernández Calvo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Hernández Calvo.
De don Josep Ramón Mòdol Pifarré, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre el
número de incumplimientos por parte de las televisiones públicas y
privadas que emiten en España, que ha contabilizado el Ministerio de
Fomento durante 1997, en relación con la Ley 25/1994, de 12 de junio, de
transposición de la Directiva 89/552/CEE sobre la coordinación de
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva (Página 2857)
El señor Mòdol Pifarré formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mòdol Pifarré. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo)
De don Aurel Sava Garcerán, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno respecto de la rotura del
depósito de aguas de Cabrerizas Altas en Melilla (Página 2859)
El señor Sava Garcerán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sava Garcerán.
De don Luis Sebastián Estaún García, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las previsiones que tiene el Gobierno de abonar la deuda
que mantiene con diversos Ayuntamientos en concepto de Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI) por presas y saltos de agua del Estado (Página 2860)
El señor Estaún García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Estaún García. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino
Biscarolasaga).
De doña Inmaculada de España Moya, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el tipo de medidas que ha adoptado el Gobierno a fin de
controlar el gasto farmacéutico hospitalario (Página 2862)
La señora de España Moya formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora de España Moya.
De don José María Barahona Hortelano, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno revisar el modelo y
contenido curricular de la formación de médicos internos y residentes
(MIR) (Página 2863)
El señor Barahona Hortelano formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Barahona Hortelano.
De don Manuel Lorenzo Blasco Nogués, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno alguna actuación que
mejore la accesibilidad de los servicios sanitarios de atención
especializada en la comarca de Tarazona (Zaragoza) (Página 2865)
El señor Blasco Nogués formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Blasco Nogués.
De don Narciso Serrano Alvarez-Giraldo, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las razones que está manejando el Ministerio de Sanidad
y Consumo para variar las condiciones de ingreso de la población infantil
en los hospitales del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) (Página 2866)
El señor Serrano Alvarez-Giraldo formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay
Beccaría). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Serrano
Alvarez-Giraldo. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).
De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si
considera
el Gobierno necesario un acuerdo del Senado para defender con garantías
de éxito las candidaturas de Salamanca, Granada y Barcelona, como
capitales europeas de la cultura para los años 2002, 2003 y 2004 (Página 2868)
El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Castro
Rabadán. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación y
Cultura (Aguirre y Gil de Biedma).
De don Manuel De la Plata Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la fecha en que estará ultimada la previsión de las necesidades
sobre financiación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE) (Página 2869)
El señor De la Plata Rodríguez formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre
y Gil de Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor De la
Plata Rodríguez. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de
Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma).
De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si sigue siendo opinión del Gobierno que el programa debate de la
primera cadena que dirige el Sr. Herrero cumple los principios
establecidos en el Estatuto de la Radio y la Televisión (Página 2871)
El señor Rojo García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la
Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene
de nuevo el señor Rojo García. En turno de dúplica, lo hace el señor
Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia
(Alvarez-Cascos Fernández).
De don Joan María Roig i Grau, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la adecuación de las condiciones de
uso del gasóleo tipo B, a través de un reglamento claro y concreto
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si se
ha planteado el Gobierno la no integración plena en la nueva estructura
militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ante
la posibilidad de que España no logre los objetivos que se ha fijado
Esta pregunta ha sido aplazada.
INTERPELACIONES (Página 2873)
De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el nuevo modelo de financiación de la sanidad y los
efectos de su aplicación (Página 2873)
El señor Zamorano Vázquez realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Sanidad y Consumo
(Romay Beccaría). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Gatzagaetxebarría
Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Cardona i Vila,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Zamorano
Vázquez, por el Grupo Socialista, y Bellido Muñoz, por el Grupo Popular.
Cierra el debate el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).
De doña Francesca Martín i Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las políticas que impulsará el Gobierno en cumplimiento de su
compromiso de eliminar todas las formas y contenidos de educación sexista
(Página 2884)
La señora Martín i Vigil realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Educación y Cultura
(Aguirre y Gil de Biedma). Vuelve a intervenir la señora interpelante. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra las señoras De Boneta y
Piedra, por el Grupo Mixto, y Rodríguez Saldaña, por el Grupo Popular.
Cierra el debate la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil
de Biedma).
De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los
propósitos
del Gobierno para dar cumplimiento al artículo 38.1 del Estatuto de
Autonomía de Canarias y al de otros Estatutos que contengan normativas
similares, referentes a la información previa a las Comunidades Autónomas
en las materias que afecten a sus respectivos y específicos intereses,
durante la elaboración de los tratados y convenios internacionales y
durante las negociaciones de adhesión a los mismos
Esta interpelación ha sido aplazada.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2891)
Proyecto de Ley por la que se añade un párrafo tercero al artículo 67.1
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo (procedente del Real Decreto-Ley 12/1997, de 1 de agosto).
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 2892)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba el texto por asentimiento de la Cámara. El señor Presidente
anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes
Generales el Proyecto de Ley.
Proposición de Ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores en
materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial (Página 2892)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba el texto por asentimiento de la Cámara. El señor Presidente
anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes
Generales la Proposición de ley.
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe
de 429.966.757 pesetas, para atender el déficit de explotación de los
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) (Página 2892)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba el texto por asentimiento de la Cámara. El señor Presidente
anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes
Generales el Proyecto de Ley.
Proyecto de Ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios, por
importe total de 120.277.891 pesetas, para el pago de indemnizaciones no
concretadas durante la instrucción del proceso por el incendio de la
discoteca de la calle Alcalá 20, según Auto de la Audiencia Provincial de
Madrid de 3 de marzo de 1997 (Página 2892)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba el texto por asentimiento de la Cámara. El señor Presidente
anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes
Generales el Proyecto de Ley.
Proposición de Ley de modificación de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre,
sobre la creación de un Fondo procedente de los bienes decomisados por
tráfico de drogas y otros delitos relacionados (Página 2892)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba el texto por asentimiento de la Cámara. El señor Presidente
anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes
Generales la Proposición de ley.
Se suspende la sesión a las catorce horas y veinte minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2892)
De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el Proyecto
de Ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el
fomento de la contratación indefinida (procedente del Real Decreto-Ley
8/1997, de 16 de mayo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(Página 2892)
El señor Molina García, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
La señora Do Campo Piñeiro consume un turno a favor. El señor Román
Clemente consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra los señores Vidal i Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, y Rodríguez de la Borbolla Camoyán, por el Grupo
Socialista, así como la señora Do Campo Piñeiro, por el Grupo Popular.
Se inicia el debate del articulado.
El señor Albístur Marín defiende las enmiendas números 1 a 5, del Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos. La señora Do Campo Piñeiro consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Román Clemente, por el Grupo Mixto; Albístur Marín, por el Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos, y Rodríguez de la Borbolla Camoyán,
por el Grupo Socialista, así como la señora Do Campo Piñeiro, por el
Grupo Popular. Los señores Rodríguez de la Borbolla Camoyán, Albístur
Marín y Román Clemente, así como la señora Do Campo Piñeiro intervienen
de nuevo en virtud del artículo 87.
Se procede a votar.
Se aprueba la enmienda número 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 209 votos a favor y 1 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 1, 3, 4 y 5, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 18 votos a favor, 188 en contra y 2
abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen con la modificación introducida, por 203
votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el Proyecto
de Ley por la que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y
de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la
estabilidad en el empleo (procedente de Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de
mayo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 2904)
El señor Molina García, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
El señor Fernández Menéndez consume un turno a favor. El señor Román
Clemente consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra los señores Albístur Marín, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Vidal i Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, Rodríguez de la Borbolla Camoyán, por el Grupo
Socialista, y Fernández Menéndez, por el Grupo Popular.
Comienza el debate del articulado.
El señor Albístur Marín defiende la enmienda número 1, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos. La señora Flores Fernández defiende las
enmiendas números 2 a 5, del Grupo Socialista. El señor Fernández
Menéndez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra el señor Román Clemente, por el Grupo Mixto; la señora Flores
Fernández, por el Grupo Socialista, y el señor Fernández Menéndez, por el
Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se aprueba la enmienda número 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 131 votos a favor, 76 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 2 a 5, del Grupo Socialista, por 78
votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen, con la modificación introducida, por
128 votos a favor, 3 en contra y 78 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante (Página 2914)
El señor Beguer i Oliveres, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Comienza el debate de las propuestas de veto.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto
número 2. La señora Pleguezuelos Aguilar defiende la propuesta de veto
número 1, del Grupo Socialista. El señor Ortiz Climent consume un turno
en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, y Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, así como la señora Pleguezuelos Aguilar, por el
Grupo Socialista, y el señor Ortiz Climent, por el Grupo Popular.
Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Mixto, por 80 votos a
favor, 127 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Socialista, por 79
votos a favor, 127 en contra y 1 abstención.
Se inicia el debate del articulado.
Artículo único (apartados 1 a 17 y 34 a 38). Disposición transitoria
primera y disposición adicional.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
59 a 67. La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas números 1 a 21. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las
enmiendas números 76 a 80, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos y
del señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto. El señor Beguer i Oliveres
defiende las enmiendas números 81, 82 y 87, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió. La señora Pérez Schwartz defiende las
enmiendas números 22 a 46, 54, 57 y 58, salvo el guión 4 de la enmienda
39, del Grupo Socialista. El señor Ortiz Climent consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Pérez
Schwartz, por el Grupo Socialista, y el señor Ortiz Climent, por el Grupo
Popular.
Artículo único (apartados 18 a 33). Disposiciones transitorias segunda a
cuarta y Exposición de Motivos.
Se dan por defendidas las enmiendas números 68 a 75, de los señores Román
Clemente y Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto. El señor Ríos Pérez, del
Grupo Mixto, defiende la enmienda número 88. El señor Padrón Rodríguez,
del Grupo Mixto, defiende la enmienda número 89. El señor Beguer i
Oliveres defiende la enmienda número 83 y retira la número 85, del Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Pleguezuelos
Aguilar defiende las enmiendas números 47 a 53, 55 y 56, del Grupo
Socialista. El señor Ortiz Climent consume un turno en contra. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Padrón Rodríguez, por el
Grupo Mixto; la señora Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista, y
el señor Ortiz Climent, por el Grupo Popular. El señor Padrón Rodríguez
interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 59 a 62, del Grupo Mixto, por 76 votos
a favor, 117 en contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 66, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor,
116 en contra y 74 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 63, 64, 65 y 67, del Grupo Mixto, por 2
votos a favor, 120 en contra y 74 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 8, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor,
186 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 7 y 9 a 19, del Grupo Mixto, por 77
votos a favor, 115 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 76 y 77, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 112 en contra y 73
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 78, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 12 votos a favor, 182 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 87, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 82 votos a favor, 111 en contra y 3
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 81 y 82, del Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 183 en contra y 2
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 22 a 46, 54, 57 y 58, salvo el guión 4
de la enmienda 39, del Grupo Socialista, por 74 votos a favor, 120 en
contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 68 a 71, del Grupo Mixto, por 4 votos a
favor, 120 en contra y 72 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 72 a 75, del Grupo Mixto, por 75 votos
a favor, 119 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 88, del Grupo Mixto, por 80 votos a favor y
115 en contra.
Se rechaza la enmienda número 89, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor,
115 en contra y 71 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 20, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor,
187 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 21, del Grupo Mixto, por 78 votos a favor,
116 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 79, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 12 votos a favor, 111 en contra y 71 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 83, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 182 en contra y 3
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 47 a 53, 55 y 56, del Grupo Socialista,
por 73 votos a favor, 119 en contra y 4 abstenciones.
Se aprueba una propuesta de modificación, relativa a la enmienda número
80, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 116 votos a favor,
71 en contra y 9 abstenciones.
Se aprueba el artículo único del dictamen por 119 votos a favor, 76 en
contra y 1 abstención.
Se aprueban las disposiciones transitorias una a cuarta, la disposición
adicional y la Exposición de Motivos, por 120 votos a favor, 75 en contra
y 1 abstención.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cincuenta minutos.
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
PREGUNTAS:
-- DE DON SALVADOR CAPDEVILA I BAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA SITUACION O TRAMITE EN QUE SE
ENCUENTRA EL PROCESO DE ELABORACION DE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
PARA LA ACTUALIZACION Y UNIFICACION DE LA NORMATIVA QUE REGULE LOS
EXPURGOS DE LOS ARCHIVOS DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES (680/000392.)
El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día: Preguntas.
En primer lugar, de don Salvador Capdevila i Bas, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la situación o trámite
en que se encuentra el proceso de elaboración de las disposiciones
reglamentarias para la actualización y unificación de la normativa que
regule los expurgos de los archivos de los juzgados y tribunales.
Tiene la palabra el Senador Capdevila i Bas.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, en la sesión plenaria de esta Cámara del pasado 4 de
noviembre de 1996 fue aprobada la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, por la que se instaba al Gobierno a la
actualización y unificación de la normativa que regula los expurgos de
los archivos de los juzgados y tribunales y para el establecimiento de
los criterios y directrices de los mismos, garantizando la más idónea
conservación de cuantos documentos pudieran tener algún valor cultural,
histórico, jurídico o administrativo.
Ha transcurrido, pues, más de un año desde que se aprobara dicha moción
sin que hayan sido elaboradas aquellas directrices reglamentarias,
mientras los archivos judiciales siguen acumulando expedientes y todo
tipo de objetos, en donde van envejeciendo, con la agravante de que en
muchas provincias no hay un archivo común y cada juzgado tiene el suyo
propio, generalmente un pequeño espacio repleto de expedientes. En la
mayoría de las Audiencias Provinciales se acumulan expedientes y objetos
desde hace varios años que por haber perdido utilidad, e incluso valor
actual, muchos, por no decir la totalidad, carecen de aliciente para
sacarlos en subasta pública.
Hacer limpieza, pues, es una decisión no sólo compleja, sino también
costosa, y los juzgados optan por lo fácil, que es ir archivando y
acumulando todos estos expedientes, en la mayoría de los casos
almacenados en locales húmedos y de forma inapropiada. De ahí la razón de
ser de aquella moción y el motivo de la pregunta interesándonos por la
situación o trámite en que se encuentra el proceso de elaboración de las
disposiciones reglamentarias para la actualización y unificación de la
normativa que regula los expurgos de los archivos judiciales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Capdevila i Bas.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente, la moción es consecuencia de la preocupante
situación que presenta la regulación de los archivos judiciales. En
cumplimiento de la moción aprobada por esta Cámara a finales del año 1996
el Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría General Técnica,
elaboró los criterios técnicos que en este momento expongo a sus
señorías.
Las directrices fundamentales supondrían la clasificación en dos fases
del procedimiento. La primera fase, la fase judicial y archivo, que
tendría como etapas el archivo de oficina --de consulta inmediata--, el
archivo central después del expurgo de documentos sin valor --como son
fotocopias, providencias de ordenación, etcétera-- y el archivo general,
donde pasarían los documentos de procesos ya fenecidos de carácter
probatorio. Después de esta primera fase se produciría el expurgo,
pudiéndose mantener el plazo de 30 años actualmente previsto, tras lo
cual se contemplaría como última etapa del proceso el archivo documental
en los archivos históricos provinciales.
Como su señoría conoce sin duda, no es un tema exclusivo del Ministerio
de Justicia y al efecto de poder desarrollar de una forma
reglamentariamente correcta el asunto, al ser una cuestión de la Comisión
Mixta Ministerio-Consejo, ésta requerirá la elaboración del reglamento y
la coordinación junto con el Ministerio de Educación y Cultura.
Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Capdevila i Bas.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Me congratulo de que se vayan elaborando las directrices ya apuntadas por
la moción y se precise la urgencia de la publicación de ese reglamento,
ya que en la prensa del pasado día 22 de noviembre en la provincia de
Tarragona salió publicado un artículo acerca del traslado de los archivos
judiciales de la Audiencia Provincial de dicha ciudad al Archivo
Histórico de Tarragona, propugnado por los Departaments de Justícia i
Cultura de la Generalitat de Catalunya pero con la oposición del
Presidente de dicho organismo colegial, que consideraba que debían
continuar en el archivo del propio Palacio de Justicia ubicado en los
sótanos; en dicho archivo hay una gran cantidad
de documentación --expedientes del siglo pasado y del actual-- que
precisa un expurgo adecuado y la conservación de la misma. Por eso se
urge la necesaria y pronta publicación de dicho reglamento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Capdevila.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señoría. Comparto, como he dicho anteriormente, su preocupación, pero el
hecho mismo de lo que ha expuesto en último lugar acerca de la oposición
del Presidente de la Audiencia pone de manifiesto cómo es imprescindible
que el trabajo se desarrolle de común acuerdo Ministerio y Consejo
General del Poder Judicial para conseguir que efectivamente sea una
reglamentación adecuada a la pretensión del archivo histórico y cultural,
que sin duda radica en muchos de nuestros órganos judiciales.
Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
-- DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI EL GOBIERNO HA DADO INSTRUCCIONES AL FISCAL EN ORDEN
A SU INTERVENCION EN EL CASO DE LA DIFUSION DE UN VIDEO QUE AFECTA A LA
INTIMIDAD DEL DIRECTOR DE UN PERIODICO DE AMBITO NACIONAL (680/000406.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Antonio Arévalo Santiago, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el Gobierno ha dado
instrucciones al Fiscal en orden a su intervención en el caso de la
difusión de un vídeo que afecta a la intimidad del director de un
periódico de ámbito nacional.
El Senador Arévalo Santiago tiene la palabra.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, señora Ministra de
Justicia, un vídeo cutre, escatológico, del que, por lo visto, es
protagonista don Pedro José Ramírez, se ha puesto arteramente en
circulación. Y yo pregunto: ¿ha interesado el Gobierno del Fiscal
actuaciones que tengan que ver con este asunto?
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arévalo Santiago.
Señora Ministra de Justicia, tiene su señoría la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, el Gobierno no ha interesado actuación alguna del Fiscal General
del Estado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
El Senador Arévalo Santiago tiene la palabra.
El señor AREVALO SANTIAGO: El Gobierno ha puesto todos los medios
policiales, según ha dicho el Ministro del Interior, aunque no sabemos si
el secuestro de vídeos y otras actuaciones se han hecho con orden
judicial. Se han puesto todos los medios que el Gobierno no puso cuando
el periódico del señor Ramírez desveló vidas privadas o intimidades de
otros. El Gobierno no ha interesado del Fiscal ninguna actuación, como
tenía que haber hecho, para defender el principio de legalidad, cuando
irrumpe el Juez Gómez de Liaño, que es elegido, como ha reconocido el
Fiscal General del Estado, por un testigo del cucañero protagonista,
después de despreciar el caso el Juez Garzón.
No sé si la señora Ministra de Justicia recibió a don Pedro José Ramírez
después de la declaración de este testigo. El Fiscal Fungairiño, el que
nombró el Gobierno contra viento y marea, avaló la aparición de Gómez de
Liaño por necesidades de actuación urgente, y el Fiscal General no
consideró nada descabellada, ni mucho menos, la intervención de Gómez de
Liaño. También, la señora Ministra ha dicho que es un hecho que puede
ocurrir, y ocurre, en otros tribunales. Los fiscales, y supongo que
también la Ministra, se han congratulado después de que se haya abstenido
el Juez Gómez de Liaño, quien en este momento responderá ante el Tribunal
Supremo, después de cometer en este asunto, como es habitual en él, un
montón de tropelías. El ridículo que han hecho ustedes es considerable.
Pero este Gobierno resulta ser parte en todos los pleitos. Alineado con
su amigo don Pedro José, el que quita y pone presidentes, el asesor de
Aznar, el Gobierno ha colaborado, no sé en qué grado de sumisión, en
querer transformar un delito del artículo 197 del Código Penal, vulnerar
la intimidad, en una conspiración política.
Señora Ministra, la obligación del Gobierno es defender al Estado,
incluso en un caso como éste, que no es de Estado pero termina afectando
a su dignidad, deteriora la justicia y aumenta la inseguridad jurídica.
Repugnante es vulnerar la intimidad, ha dicho la señora Ministra, y tiene
razón; repugnante es pasar de un hecho privado al bochornoso espectáculo
público en que coinciden un juez elegido, unos cuantos fiscales y el
Gobierno, todos atados, ustedes sabrán por qué, por don Pedro José, del
que seguramente están deseando desprenderse después que su estilo ha
impregnado al Gobierno.
Repugnante es también el contenido del vídeo, que ha promocionado su
posible protagonista, despreciando su intimidad y consiguiendo mucha
curiosidad por verlo. Me permito aconsejar que no lo vean. Por lo que sé,
puede herir la sensibilidad del espectador; sólo el esclavón y el lúbrico
perverso pueden verlo con complacencia. Los psiquiatras interpretan así
personalidades.
Finalmente, quiero lamentar que el publicado protagonista sea
colaborador, amigo, compañero de juegos, comidas y balcón del señor
Aznar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arévalo Santiago.
La señora Ministra de Justicia tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, es evidente que la pregunta y la consiguiente respuesta eran
simplemente la percha a la que su señoría se acoge para lanzar una serie
de invectivas en esta Cámara que no se corresponden en absoluto con la
realidad.
Si su señoría quiere que nuevamente entremos en una discusión acerca de
cómo puede la Ministra de Justicia acreditar los hechos negativos, creo
que es un campo absolutamente perdido. Yo, señoría, respeto todo lo que
usted ha dicho, pero permítame que no comparta nada y, sobre todo, que no
pueda compartir en absoluto lo que los hechos y la evidencia de los
mismos demuestran «a contrario».
Cuando su señoría realiza una pregunta acerca de cuál es la actuación del
Gobierno respecto de determinadas actuaciones del Fiscal General, lo que
puede hacer la Ministra de Justicia es contestar con la verdad. Su
señoría, a partir de ahí, monta una especie de película en la que quiere
terminar involucrando a todos y usted ser mero espectador. Creo, señoría,
que ese no es el camino por el que, más o menos, podemos ir solucionando
los problemas de la Justicia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
-- DE DON VICENT BEGUER I OLIVERES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN
LAS NEGOCIACIONES CON LA EMPRESA AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.
(ACESA) PARA LOGRAR UNA REDUCCION EN EL PEAJE DE LAS AUTOPISTAS
(680/000379.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Vicent Beguer i Oliveres, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la
situación en que se encuentran las negociaciones con la empresa
Autopistas Concesionaria Española, S. A. (ACESA) para lograr una
reducción en el peaje de las autopistas.
Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, el Gobierno aprobó hace un mes el Real-decreto
1674, de 31 de octubre, por el que se modifican ciertos términos de la
concesión de tres autopistas, todas ellas adjudicadas a Aumar. Ello
implica una reducción en los peajes de entre el 30 y el 40 por ciento,
que, junto con la anterior en el Impuesto sobre el Valor Añadido, supone
una rebaja importante en estas autopistas, con un resultado positivo
tanto para los usuarios de vehículos de turismo como para los
transportistas y, por tanto, para la economía en general.
El Gobierno anunció que iba a proceder inmediatamente a efectuar
gestiones con otras autopistas. Mi pregunta, señor Ministro, se centra
concretamente en Acesa: ¿En qué situación se encuentran las
conversaciones con Acesa para lograr una reducción en el peaje de las
autopistas de esta concesionaria?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Beguer.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, voy a iniciar mi respuesta con una reflexión obvia: la paciencia
es la principal virtud del negociador.
El acuerdo con Aumar, que era potencialmente el más fácil, nos ha llevado
cerca de ocho meses. La negociación con Acesa es, probablemente, la más
difícil de todas las que tiene emprendidas el Gobierno con las distintas
concesionarias. Y lo es por dos razones.
En primer lugar, porque tienen un plazo concesional hasta el año 2017 y,
por tanto, es una baza de negociación débil otra ampliación adicional de
dicho plazo.
En segundo lugar, porque ya tiene los peajes más bajos. Ahora, solamente
Aumar los tiene por debajo de Acesa. En realidad, Acesa tiene unos peajes
que están en el entorno de la media comunitaria, del orden de 10 pesetas
y algo más como media del peaje que cobra.
Por tanto, señoría, la presión a la baja de los peajes no será fácil.
Coincide con la política del Gobierno de rebajar todos los peajes, en la
medida de lo posible, hacia la media comunitaria, puesto que en España
estaban, también como media, bastante más altos que en la Unión Europea.
Ello nos exige encontrar otras vías de negociación y otros mecanismos de
compensación: en obras, en posible ampliación física de la concesión
mediante prolongaciones y enlaces que son necesarios para la red de
infraestructuras de Cataluña. Y en ese camino estamos, a sabiendas de que
la negociación será relativamente larga y no fácil.
En todo caso, lo que sí le transmito a su señoría es que, teniendo Acesa
autopistas de titularidad estatal y de titularidad de la Administración
autonómica, actuamos en todo momento en permanente acuerdo con el
Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.
Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Ministro, por su información. Tomo nota de ello.
Comprendo que las negociaciones no son fáciles, en este caso posiblemente
menos, y en cualquier caso una negociación que exige acuerdo por las dos
partes requiere, no sólo la disposición previa --que estoy seguro que las
dos partes deben tenerla--, sino un resultado final que sea conveniente
para unos y para otros, pero confío en que, con el tiempo que sea
necesario, se pueda llegar a este acuerdo.
No debemos olvidar que Acesa comunica, a través de la A-2, Barcelona con
Lleida con Tarragona con Girona, y que por tanto tiene una gran densidad
de tráfico de vehículos que son utilizados cada día, incluso a veces
mañana y tarde, y en consecuencia cualquier acuerdo correcto y
beneficioso para ambas partes sería asimismo beneficioso para los
ciudadanos, y como decía antes respecto a Aumar, beneficioso al final
para el conjunto de la economía.
Por tanto, sin apremiar al Gobierno, pero sí incidiendo en este aspecto,
por la gran importancia que tiene para el entorno de las provincias
catalanas, sí le pido que aunque se tomen el tiempo necesario no se
olviden de este tema para poder llegar a un acuerdo que sin duda será
beneficioso para todos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.
¿Señor Ministro? (Pausa.)
-- DE DON JAUME FONT BARCELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA FIRMAR UN CONVENIO
DE CARRETERAS CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
(680/000390).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jaume Font Barceló, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre la fecha prevista por el
Gobierno para firmar un convenio de carreteras con la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares.
Tiene la palabra el señor Font Barceló.
El señor FONT BARCELO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ha salido en la prensa que parece que se va a firmar un
convenio con la Comunidad Autónoma de ses Illes Balears en tema de
carreteras. ¿Qué fecha tiene prevista el Gobierno?
Gracias.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salado Montalvo): Gracias, señor
Presidente.
Señoría, el convenio está en estos momentos en tramitación y
concretamente en la fase de intervención por parte del Ministerio de
Economía y Hacienda, y sin poder comprometerme a dar un día exacto,
parece normal que como mucho en el plazo de los próximos dos meses se
pueda firmar el convenio entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares y el Gobierno central.
¿Por qué esta lenta tramitación? Señoría, nosotros hemos introducido lo
que yo llamaría la seriedad en la práctica de los convenios entre
distintas Administraciones Públicas. Esa seriedad pasa por algo tan
evidente como que, cuando se firma un convenio, vaya acompañado de la
correspondiente dotación presupuestaria. Y, desde esa perspectiva, el
convenio que se firma con las Islas Baleares, como el firmado previamente
con la Comunidad Autónoma canaria, constituye un hito --por así decirlo
en términos un poco grandilocuentes y si quieren históricos, por lo menos
en la relación entre ambas Administraciones.
El Gobierno español invertirá en las Islas Baleares, en los próximos ocho
años, 57.000 millones de pesetas, mejorando toda la red de carreteras de
las Islas Baleares, carreteras que son competencia del Gobierno de la
Comunidad Autónoma.
Para el próximo ejercicio 1998 existe ya en los presupuestos, que pronto
deberá aprobar esta Cámara, una inicial dotación de 1.300 millones de
pesetas. Pero, una vez firmado y aprobado el convenio, tendrá en cada
ejercicio presupuestario la dotación correspondiente para poder ejecutar,
dentro de los plazos previstos, todo el programa de actuaciones a que el
convenio se refiere.
En todo caso, señoría, yo espero que, o bien en el transcurso de este mes
de diciembre o en el transcurso del mes de enero, podamos celebrar la
firma de este convenio, que es absolutamente fundamental para la red de
carreteras de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
Senador Font Barceló, tiene usted la palabra.
El señor FONT BARCELO: Muchas gracias, señor Ministro, por su respuesta,
la cual, junto con la firma de este convenio para Baleares, constituye
una fantástica noticia. Sin embargo, esta noticia no puede ocultar un
sentimiento de frustración, una sensación de rebeldía por parte de toda
una Comunidad ante lo que ha supuesto una afrenta histórica hacia nuestra
tierra.
Baleares ha visto cómo Gobiernos anteriores han penalizado su progreso y
han convertido su prosperidad en una coartada perversa para privar a
nuestras Islas de los mismos derechos que se concedían a otras
Comunidades Autónomas de características similares.
El día 27 de abril de 1994, cuando el entonces Ministro de Obras
Públicas, señor Borrell, presentó el Plan Director de Infraestructuras
que iba del año 1993 hasta el 2007, el Gobierno socialista no tenía
prevista ni una sola inversión en obras de interés general --era sólo
eso, una previsión, y no una dotación de dinero ni unos proyectos
concretos como ocurre en el caso de este convenio-- para construir
carreteras en Baleares dentro de lo que era el PDI.
Pues bien, el Senador don José María Bris Gallego le decía textualmente
al entonces Ministro lo siguiente: Se nos ha dicho que el plan no es
insolidario. Yo estoy viendo los gráficos y así, por ejemplo, puedo decir
que para el archipiélago balear no hay previsiones de infraestructuras de
carreteras. Aquí hay aunque sea solamente una, una marginación, decía el
Senador del Grupo Popular.
Señor Ministro, esta presentación del PDI de Baleares constituyó para
nosotros la prueba más evidente de que desde el sectarismo se puede
marginar a toda una Comunidad Autónoma por el simple hecho de liderar el
«ranking» nacional en lo que a productividad, trabajo y bienestar se
refiere.
Señor Ministro, me gustaría utilizar hoy un tono más amable ya que soy
consciente de que su Departamento ha deshecho un agravio histórico con el
presente convenio, aunque ello no impide que mi actitud, en tanto que
representante de los intereses de los ciudadanos de ses Illes Balears,
sea necesariamente dura ya que seguimos sin ver en ningún momento un
futuro presumiblemente más halagüeño, ese futuro que todos esperamos con
la aplicación de este convenio. Lo que sí percibimos es un pasado en el
que arbitrariamente se nos privó de lo que en justicia nos correspondía.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Font Barceló.
¿Desea hacer uso de la palabra el señor Ministro? (Pausa.)
Muchas gracias.
-- DE DON CASIMIRO HERNANDEZ CALVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO A LA CONSTRUCCION DEL
PUENTE INTERNACIONAL, EN LA FRONTERA HISPANO-PORTUGUESA, ENTRE LAS
LOCALIDADES DE BARÇA D'ALBA Y LA FREGENEDA (SALAMANCA) (680/000397).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Casimiro Hernández Calvo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno
respecto a la construcción del puente internacional, en la frontera
hispano-portuguesa, entre las localidades Barça D'Alba y La Fregeneda en
la provincia de Salamanca.
Tiene la palabra el Senador Hernández Calvo.
El señor HERNANDEZ CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, recientemente ha entrado en vigor un Convenio
hispano-luso, cuyo principal objetivo es construir un puente
internacional en la frontera con Portugal en la provincia de Salamanca,
concretamente entre las localidades de La Fregeneda y Barça D'Alba sobre
el río Agueda en su confluencia con el río Duero.
Señor Ministro, éste es un proyecto ansiado durante largo tiempo. Tanto
es así, que desde el Grupo Parlamentario Popular se vienen presentando
desde el año 1986 reiteradas enmiendas a los Presupuestos Generales del
Estado solicitando su realización y abundando en los beneficios que su
construcción conllevaría. Debe, pues, congratularnos que sea precisamente
ahora, con un Gobierno del Partido Popular, cuando tal proyecto se
convierta en una auténtica realidad.
Dicho puente, que está previsto sea financiado a partes iguales por ambas
naciones, es una necesidad real sentida por los habitantes de esta zona
fronteriza, dado que es evidente que se trata de abrir una nueva vía de
comunicación con los beneficios de toda índole que ello representa para
los habitantes de la zona afectada.
Resulta de todo punto evidente que la ejecución de esta obra de conexión
en la zona fronteriza posibilitará el inicio de acciones de carácter
económico tendentes al desarrollo de toda la comarca de influencia que,
por lo que se refiere a la provincia de Salamanca, presenta en la
actualidad unas magnitudes económicas por debajo de la media nacional.
En este sentido, conviene añadir que en el lugar de la construcción del
nuevo puente internacional se ubica el muelle fluvial de Vega Terrón,
proyectado y actualmente en uso para aprovechar las condiciones de
navegabilidad del río Duero.
Dicho esto, señor Ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles son
las previsiones del Gobierno respecto a la construcción del puente
internacional en la frontera hispano-lusa entre las localidades de Barça
D'Alba y la Fregeneda en la provincia de Salamanca?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Hernández Calvo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, las conexiones entre España y Portugal constituyen una prioridad
para este Gobierno, por muchas razones. Hay una obvia, como es el hecho
de que ambos países pertenezcan a la Unión Europea y además hayan
suscrito el Convenio de Schengen, en virtud del cual desaparecen las
fronteras entre ambos países, e incluso los controles en los pasos
fronterizos.
En estos momentos las conexiones con Portugal --que, como digo, son una
prioridad de este Gobierno-- siguen una buena marcha. Se encuentra en
ejecución la conexión por Fuentes de Oñoro, el tramo
Tordesillas-Salamanca está en obras, y el correspondiente a
Salamanca-Fuentes de Oñoro podrá estarlo a principios de 1999. La
conexión por Badajoz, la autovía, está concluida hasta la frontera
portuguesa, y los trabajos desde el lado de Portugal se encuentran muy
avanzados. Finalmente, en el ejercicio de 1998 se pondrá en obras el
tramo entre Huelva y Ayamonte, que corresponde a la conexión por el sur
entre España y Portugal. Al mismo tiempo, tenemos en estudio la
realización de una importante inversión para tener un buen ferrocarril
entre Vigo y Oporto, lo que es una pretensión, no sólo del
Gobierno español, sino también del de Galicia y del Gobierno portugués.
En el marco de estas conexiones con Portugal, el pasado 18 de enero de
1996 se suscribió un convenio entre España y la República de Portugal
para la construcción del puente internacional sobre el río Agueda. La
parte española asumió la obligación de llevar a cabo la ejecución
material del puente con cargo al presupuesto del Ministerio de Fomento,
en un 50 por ciento, siendo el órgano de ejecución la Dirección General
de Carreteras.
Sobre este puente internacional existía un proyecto. A la vista del
mismo, la comisión técnica hispano-portuguesa que se creó en el marco de
ese convenio formuló el pasado mes de marzo una serie de sugerencias para
que se aportaran unas mejoras estéticas y técnicas al proyecto del que
disponía la Dirección General de Carreteras. A tal fin, ésta va a iniciar
la redacción del pliego de condiciones, con la intención de que a finales
del primer cuatrimestre del próximo año esté publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» la licitación de las obras, para que éstas se puedan
iniciar antes de que concluya 1998.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
Tiene la palabra, Senador Hernández Calvo.
El señor HERNANDEZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, del contenido de sus palabras deduzco que el puente
internacional sobre el río Agueda será una realidad en un período breve
de tiempo, lo que redundará en beneficio del desarrollo de las zonas
fronterizas entre España y Portugal.
Considero que el Ministerio de Fomento ha entendido la necesidad de dicha
obra y ha sido eficaz a la hora de resolver este problema.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Hernández Calvo.
Señor Ministro, ¿desea hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Gracias.
-- DE DON JOSEP RAMON MODOL PIFARRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE EL NUMERO DE INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DE LAS TELEVISIONES PUBLICAS
Y PRIVADAS QUE EMITEN EN ESPAÑA QUE HA CONTABILIZADO EL MINISTERIO DE
FOMENTO DURANTE 1997, EN RELACION CON LA LEY 25/1994, DE 12 DE JUNIO, DE
TRANSPOSICION DE LA DIRECTIVA 89/552/CEE SOBRE LA COORDINACION DE
DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS ESTADOS
MIEMBROS RELATIVAS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE RADIODIFUSION
TELEVISIVA (680/000402).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Josep Ramón Mòdol
Pifarré, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el número de
incumplimientos por parte de las televisiones públicas y privadas que
emiten en España que ha contabilizado el Ministerio de Fomento durante
1997, en relación con la Ley 25/1994, de 12 de junio, de transposición de
la Directiva 89/552/CEE sobre la coordinación de disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
Tiene la palabra el Senador Mòdol Pifarré.
El señor MODOL PIFARRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Capítulo V de la Ley 25/1994, relativa al ejercicio de
actividades de radiodifusión televisiva y, en concreto, el artículo 18,
apartado 2, dice: Las funciones de control o inspección del cumplimiento
de las disposiciones en esta Ley se ejercerán por el Ministerio de
Fomento.
Por ello, tal y como ya le anticipé el día 17 de septiembre pasado, le
formulo esta pregunta en los términos expresados por el señor Presidente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mòdol Pifarré.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, yo querría aprovechar su pregunta para hacer un pequeño
ejercicio de sinceridad, aunque quizás en política la sinceridad pueda
parecer ingenuidad.
Para información de la Cámara, querría poner de relieve lo que son los
hechos en esta materia.
Las competencias de la Administración central del Estado sobre los
contenidos televisivos no proceden solamente de la Ley del año 1994, sino
que tienen su primera formulación explícita y casuística en una Ley del
año 1988.
En la primera etapa, entre 1988 y 1994, fueron muchos los expedientes de
infracción abiertos sobre los que no recayó ni una sola sanción.
Entre julio de 1994, en que entra en vigor la Ley a que ha hecho
referencia su señoría y a la que se refiere la pregunta, y julio de 1996
se abren también muchos expedientes y solamente dos de ellos concluyen en
sanción de 10 millones de pesetas a dos cadenas nacionales de televisión
por exceso de publicidad.
Entre 1996 y el año en curso, 1997, hay varios expedientes en marcha,
concluyendo cuatro de ellos recientemente con propuesta de sanción por
publicidad de bebidas alcohólicas a todas las cadenas nacionales de
televisión, incluidas las estatales. Además, en estos momentos hay otros
12 expedientes con propuesta de infracción en curso.
Hoy hemos leído en los medios de comunicación la existencia de un cierto
desorden en la contratación de publicidad,
lo que probablemente se traduce en contratación de exceso de la misma por
parte de las cadenas nacionales. Con motivo de esa información, he
ordenado que se abra un expediente informativo, con objeto de averiguar
si efectivamente las cadenas nacionales, que con frecuencia exceden de la
publicidad permitida, han contratado más de la que realmente pueden
transmitir.
Pero, volviendo al principio, señoría, querría hacer ese ejercicio de
sinceridad al que inicialmente me he referido. Se trata de normas legales
que tenemos la obligación de cumplir, pero que son extraordinariamente
difíciles de aplicar, no solamente por este Gobierno, sino por todas las
Administraciones Públicas. Hay que tener en cuenta que las
Administraciones autonómicas también tienen competencia para abrir estos
expedientes y aplicar estas posibles sanciones, en relación con las
cadenas de televisión de ámbito territorial autonómico. Y, sin embargo,
se hacen advertencias, se abren expedientes y difícil o escasamente se
concluye en sanción.
Quiere decirse que debemos hacer una reflexión sobre la efectividad de
estas leyes, la cual, a mi juicio, pasa en primer término por tener una
serie de reuniones con los sectores involucrados: sectores de la
publicidad y de las televisiones para tratar de actuar --como tuve ya
ocasión de decir en esta Cámara, con motivo de una interpelación--
principalmente por la vía de la persuasión. Y, finalmente, decidir
conjuntamente cómo y cuándo creamos un comité de lo audiovisual. Ya me he
referido recientemente a que el Ministerio y el Gobierno no tienen un
criterio apriorístico sobre cómo configurar dicho consejo, si debe estar
o no en el ámbito de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
si debe tener plena autonomía o más o menos independencia en relación con
esta Comisión. Merece la pena que trabajemos --repito-- en ello
conjuntamente para lograr un consenso porque creo que este tipo de
órganos el que estaría en condiciones de aplicar mejor estas leyes que
las Administraciones.
Mientras tanto, señoría, es evidente que todos tenemos la obligación de
cumplir la Ley y, por ello, este Gobierno ha iniciado esos expedientes
con propuesta de infracción y se propone continuar los ya iniciados en
estos momentos para que la Ley, que es igual para todos, sea cumplida por
todas las cadenas de nacionales de televisión, que son aquellas sobre las
que el Gobierno tiene competencias en relación con los contenidos
publicitarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Mòdol.
El señor MODOL PIFARRE: Gracias, señor Presidente.
Quiero decirle que, por primera vez, este Senador tiene una cierta
esperanza ante sus palabras que hacen referencia a ofrecer por fin el
consenso que en la pasada legislatura se había logrado para, quién sabe,
si crear el Consejo Superior de lo Audiovisual como hemos pedido
repetidamente.
No obstante, quiero informarle de que este Senador no se siente
satisfecho de sus respuestas. Cuando le pregunto sobre cuántas
infracciones se han impuesto no me contesta. Cuando este mismo Senador le
pregunta a la señora Ministra de Cultura, el pasado 8 de octubre, cuál es
el grado de cumplimiento del convenio de autorregulación de las cadenas
con el Ministerio y las distintas Consejerías de Educación, me dice:
Escaso o nulo. Incluso afirma: Vamos a peor. Y en abril la Ministra de
Cultura, de su Gabinete, en esta misma Cámara, dice: Tengo que decir a su
señoría que el Ministerio de Fomento es el encargado de controlar el
cumplimiento de la Ley 25/1994, por la que se incorpora la normativa de
la Unión Europea en materia de televisión, etcétera.
Creo que es necesario recalcar que esa Ley 25/1994 es de obligado
cumplimiento, cosa que no ocurre, en cambio, con el convenio de
autorregulación. Lo dice una Ministra de su Gabinete, no yo.
En este momento, además, señoría, y abundo en el tema, no son ya el
Defensor del Pueblo y la propia Ministra de Educación y Cultura quienes
también hablan del tema, sino asociaciones de padres, de telespectadores,
de consumidores, de particulares, etcétera. Le ahorro a su señoría darle
la lista. Existe un manifiesto contra la telebasura sobre el que
unánimemente se está expresando la sociedad española.
Mi pregunta de hoy, señor Ministro, venía motivada porque muchas otras,
las que le he formulado por escrito, no han sido contestadas.
Ahora, señor Ministro, no se lo digo yo, se lo dice incluso el Presidente
del Consejo de lo Audiovisual de Cataluña: Para el Gobierno Popular,
dice, la televisión es negocio, dinero y poder, por ello quiere derivar
el control del respeto a los derechos humanos a una Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones. Se quiere marginalizar este asunto porque no
interesa que los contenidos televisivos puedan ser analizados por un
organismo independiente. Lo dice el señor De Carreras, no yo.
Dejen, señores del Partido Popular, y hoy nos ha dado una esperanza, que
el control de los contenidos televisivos sea popular y no del Partido
Popular, como incluso algún sector de su propio partido le pide. Dé luz
verde a la creación del Consejo Superior de los Medios Audiovisuales como
existe ya en toda Europa, como reclaman la Unión Europea, la razón y la
inmensa mayoría de nuestros ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Mòdol.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Gracias, señor
Presidente.
Señorías, las palabras del Presidente del Consejo de lo Audiovisual de
Cataluña representan una opinión legítima. Yo me permito discrepar de esa
opinión. Con ocasión de una interpelación, en esta misma Cámara, pude
transmitir algo que constituye hoy un hecho en la Unión Europea. Primero,
son escasos los países que tienen un Consejo Superior de lo Audiovisual.
Los que lo tienen, están en un proceso de reflexión para ver si unen el
Consejo
Superior de lo Audiovisual con la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, porque hay momentos en que es extraordinariamente
difícil decidir qué es lo que debe primar, si la dimensión técnica o la
dimensión de los contenidos, porque muchas veces están profundamente
involucradas.
De todos modos, le repito, no tengo ni un criterio dogmático ni un
criterio apriorístico. En principio, un órgano de lo audiovisual puede
funcionar fuera del ámbito de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones o puede funcionar con autonomía propia en el ámbito de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. No es una cuestión de
principio. Es una cuestión accidental.
Yo lo que le pido a su señoría, puesto que tiene enorme interés por estos
temas, es que haga un ejercicio de sinceridad y piense por qué en los
catorce años anteriores, donde había muchas infracciones en materia de
publicidad y también telebasura, de los muchos expedientes abiertos
solamente dos concluyeron en infracción. Eso refleja un hecho objetivo:
la dificultad de aplicar determinado tipo de leyes por las
Administraciones Públicas y esa dificultad la tienen en todos los países
miembros de la Unión Europea. Ayer, sin ir más lejos, en el diario
económico francés «Le Tribunne» venían unas declaraciones del Presidente
francés del Consejo Superior de lo Audiovisual quejándose de la
inefectividad del órgano porque cuando ese órgano actúa le critican por
actuar y cuando no lo hace le critican por no actuar. Y es que, señoría,
si alguien ha resuelto este problema en alguna medida son justamente las
sociedades que se inspiran en el llamado convencionalmente el modelo
anglosajón. Es mucho más eficaz todo lo que deriva de la capacidad de
autorregulación de la sociedad civil que todo aquello que se trata de
imponer por la vía del control, por la vía de la inspección y por la vía
de la sanción administrativa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.
-- DE DON AUREL SAVA GARCERAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO RESPECTO DE LA
ROTURA DEL DEPOSITO DE AGUAS DE CABRERIZAS ALTAS EN MELILLA (680/000396).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Aurel Sava Garcerán,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que va a
adoptar el Gobierno respecto de la rotura del depósito de aguas de
Cabrerizas Altas en Melilla.
Tiene la palabra el Senador Sava Garcerán.
El señor SAVA GARCERAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Permítame, señor Presidente, que, en primer lugar, tenga un recuerdo para
las once víctimas mortales de la desgraciada catástrofe del reventón del
depósito de aguas de Cabrerizas Altas en Melilla.
En segundo lugar, permítame también agradecer a la Ministra la prontitud
y la diligencia, tanto política como administrativa, que tuvo con ocasión
de este desastre, incluso con las dificultades de transporte desde Madrid
hasta Melilla en ese día aciago en el que el aeropuerto de Barajas estaba
cerrado.
En todo caso, permítame también, señor Presidente, enunciar simplemente
la pregunta para poder hacer comentarios posteriormente y no agotar mi
tiempo. Por lo tanto, señora Ministra, me gustaría que explicara a esta
Cámara las medidas que ha adoptado y que va a adoptar el Gobierno en
relación a la rotura o reventón del depósito de Cabrerizas Altas de
Melilla.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sava Garcerán.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, yo también me sumo a esa solidaridad, incluso, con los
familiares de la nueva víctima que se produjo en el día de ayer por lo
que son ya once los muertos por causa de esta tremenda catástrofe.
Al día de hoy no tengo nada que añadir a lo que fue motivo de mi
comparencia la semana pasada en el Congreso de los Diputados en donde,
como se pudo comprobar --ahí quedan las declaraciones en el «Diario de
Sesiones» de la Cámara-- el Ministerio ha adoptado ya una serie de
medidas para averiguar con todo rigor y con toda profundidad las posibles
responsabilidades que de este lamentable suceso pudieran derivarse.
En este sentido, desde el mismo día en que se produce la catástrofe tomé
la decisión de iniciar dos procedimientos de investigación que nos
pudieran llevar a detectar las posibles causas técnicas del fallo, que se
ha comprobado que no ha sido una causa natural o fuerza mayor, sino,
lamentablemente, un fallo humano. Esas primeras investigaciones, y a
expensas de que nos puedan dar sus informes definitivos, nos hacen
excluir algunas de las causas que se pudieron barajar por la opinión
pública, como son que la causa fuera un fallo en la cimentación o en la
ubicación del depósito. Ninguna de estas dos causas pueden ser
consideradas como responsables de la catástrofe, ni tampoco la existencia
de filtraciones, que no fisuras, de pérdidas, que no grietas, han sido la
causa de la tragedia que, lamentablemente, hoy estamos contemplando.
Por tanto, nos centramos ya en esas investigaciones y en que los posibles
fallos, las posibles causas técnicas hayan podido estar, primero, en los
problemas derivados del proyecto. Estamos analizando si realmente los
cálculos en los que se basó el modificado fueron llevados a cabo
correctamente para que no se produjera esta catástrofe. En segundo lugar,
una investigación sobre la calidad de los materiales, de los
prefabricados. En tercer lugar,
cuál fue el comportamiento durante la ejecución del proyecto y también el
comportamiento durante la explotación de ese depósito. A la vista de todo
ello, estamos queriendo investigar todas las posibles responsabilidades,
y en este sentido se ha iniciado ya un expediente administrativo a
aquellas personas que trabajaban en la Confederación Hidrográfica en los
años 1992-1994, en la construcción de estos depósitos, en el bien
entendido que no estamos presumiendo en este momento la condena, ni
siquiera la presunción de culpabilidad de ningún funcionario, sino que
estamos investigando las posibles responsabilidades administrativas que
hubieran podido producirse en personas relacionadas con aquella
construcción.
Es lo cierto también --esto no se había producido nunca en España-- que
en la medida en que la legislación permite adelantarse a asumir la
responsabilidad civil por parte del Estado, he incoado ya un
procedimiento de oficio para asumir la responsabilidad patrimonial de la
Administración Central, para que se determinen las indemnizaciones por
daños causados a las víctimas de esta catástrofe, entendiendo que de esta
forma queda garantizado el cobro de las mismas por parte de los
damnificados, sin excluir que esa responsabilidad pudiera repercutirse
sobre quienes tuvieran más directamente la responsabilidad en las
consecuencias de tan trágico accidente.
Por último, y para evitar situaciones análogas, he encargado ya un
catálogo de posibles obras que hubiera en este momento en una situación
administrativa desde luego no muy regularizada, en la medida en que
pueden existir obras encargadas por Ayuntamientos o por la Administración
Central del Estado que no se encuentran totalmente transferidas en este
momento, en cuanto a gestión y mantenimiento, a los ayuntamientos y que
pudieran llevar a la conclusión de que en determinadas circunstancias no
se supiera muy bien de quién puede ser la responsabilidad en la gestión.
En cualquier caso, en todas estas líneas estamos actuando, incluido el
control riguroso de los modificados en los contratos para que salvo
causas de fuerza mayor no puedan ser alterados en sus condiciones
técnicas iniciales por causas lamentablemente, como nos hemos encontrado,
no siempre muy justificadas, por lo que puedo afirmarle, señoría, que he
decidido adoptar todas las medidas oportunas para que con total
transparencia y dedicación nos pongamos, por una parte, al servicio del
juez que tiene que determinar las mayores responsabilidades penales y,
por otra parte, asumamos la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas para la fijación de las posibles
indemnizaciones y, desde luego, avanzando también en mecanismos de
prevención de sucesos de esta naturaleza.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
El Senador Sava tiene la palabra.
El señor SAVA GARCERAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Es cierto, señora Ministra, que su respuesta ante el Congreso de los
Diputados la conocíamos y que, debido al escaso tiempo que ha
transcurrido, no hay muchas novedades. Pero es importante que en esta
Cámara, de representación territorial, por una vez se hable de Melilla,
aunque sea por el tema de una catástrofe.
Quiero decirle que debido a la dimensión del territorio de la ciudad
autónoma de Melilla, esta catástrofe ha afectado a toda la comunidad:
comerciantes, víctimas, habitantes, incluso a los bienes de las
Administraciones territoriales de aquella ciudad. Es cierto --le felicito
por ello-- que es la primera vez en la historia de España, creo yo, que
la Administración reacciona de una manera tan inminente, directa y asume
la apertura del procedimiento de investigación y de las responsabilidades
patrimoniales de una manera fulminante. Es inusitado y creo que debe ser
un precedente para futuros casos que espero que no se repitan por el bien
de todos los españoles.
Es cierto que será un juez quien determine las responsabilidades. Lo que
sí le ruego, señora Ministra, es que en un momento determinado, desde
todos los ámbitos de la Administración, se vigile para que esas
responsabilidades se lleven hasta el último extremo, y aquellos que por
su incapacidad o por su fallo --hemos hablado de fallos humanos-- han
permitido que esta catástrofe ocurra paguen por esas once víctimas
mortales y por los destrozos ocasionados a los habitantes de la ciudad y
en las administraciones de la ciudad.
Nosotros llevamos 500 años racionando el agua --que se dice pronto--, 500
años de vida de la ciudad autónoma de Melilla racionando el agua. Le pido
también, señora Ministra, que en la medida de sus posibilidades vea de
qué manera se pueda solucionar la llegada de agua a Melilla porque es una
Comunidad Autónoma que sigue racionando el agua desde hace 500 años, año
como en el que estamos en que festeja sus 500 años. Los melillenses somos
una sociedad multicultural, multirracial y multirreligiosa y creemos en
el más allá. Desgraciadamente, el Mediterráneo, que nos separa de la
península, ha sido siempre un mar incierto. Gracias a su actuación,
señora Ministra, y no sólo en este caso, sino en otros, hemos visto un
Mediterráneo menos incierto y empezamos a creer en el más allá de los
mares.
No quisiera que entendiera estas palabras como aquella reflexión del
clásico político que decía que todos los halagos son como las frutas en
dulce, que llevan un hueso dentro. No, para nada; no llevan un hueso
dentro. Lo que sí le ruego es que sea vigilante con el desarrollo de este
expediente que se ha abierto en su Ministerio.
Muchas gracias, señora Ministra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sava Garcerán.
-- DE DON LUIS SEBASTIAN ESTAUN GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES QUE TIENE EL GOBIERNO DE ABONAR LA
DEUDA QUE MANTIENE CON DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN CONCEPTO DE IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) POR PRESAS Y SALTOS DE AGUA DEL ESTADO
(680/000401).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Luis Sebastián Estaún García, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones que tiene
el Gobierno de abonar la deuda que mantiene con diversos ayuntamientos en
concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles por presas y saltos de agua
del Estado.
Tiene la palabra el Senador Estaún García.
El señor ESTAUN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la cuestión que se plantea hoy aquí es un tema ya
largamente debatido, tanto en el Congreso de los Diputados como en el
Senado, y que ha merecido el consenso de todos los grupos a la hora de
instar al Gobierno a resolverlo. Esta cuestión no es otra que la deuda
que mantiene el Estado, y más concretamente las Confederaciones
hidrográficas, con las haciendas locales en concepto del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles devengado por las presas e instalaciones de producción
hidroeléctrica que se encuentran en sus términos municipales.
Muchos senadores conocen bien este problema, por lo que no voy a
remontarme demasiado a las vicisitudes que ha sufrido la aplicación del
artículo 62 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que contempla
las presas y centrales como bienes de naturaleza urbana, con lo que
quedan sujetas a la tributación del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Resumiendo, el proceso de elaboración de las ponencias por parte de los
centros catastrales provocó una demora en el libramiento de los
correspondientes recibos hasta el año 1993, con lo que se generó una
carencia de tres años en la recaudación de este impuesto puesto que, aun
teniendo los ayuntamientos la capacidad legal reconocida desde 1990 para
cobrar este impuesto, técnicamente era imposible su recaudación efectiva,
dada la inexistencia de las bases que permitían liquidarlo.
De esta manera, el único instrumento existente para intentar compensar a
los municipios de los perjuicios y servidumbres provocados por presas y
embalses, compensación que se realizaba anteriormente a la implantación
del IVA mediante el canon energético, ha generado una deuda con las
haciendas locales. Esta deuda histórica, por llamarla de alguna manera,
se vino a sumar a la que se ha generado año tras año hasta ahora, puesto
que ha sido en los últimos días cuando se ha comenzado a liquidar el
impuesto correspondiente a este año 1997 en algunas confederaciones,
concretamente en las del Tajo y Guadiana.
Con estos antecedentes, es lógico que todos los grupos de la Cámara el
día 30 de noviembre de 1995 aprobaran por unanimidad una proposición no
de ley instando al Gobierno a que antes de finalizar el año 1995
concretase los plazos y términos en que tenía previsto validar la deuda
contraída con estos ayuntamientos por impago del IBI correspondiente a
los ejercicios de 1993, 1994 y 1995, proposición a la que se adicionó una
enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, firmada por todos los grupos, en la que se instaba asimismo a
evaluar, reconocer y pagar las deudas generadas por este mismo concepto
en los años 1990, 1991 y 1992.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la buena disposición del
Ministerio de Medio Ambiente para resolver este problema, expresado en
múltiples ocasiones, la última de ellas el pasado jueves en la III
Asamblea General de la Federación Nacional de Asociaciones de Municipios
con centrales hidroeléctricas y embalses, la pregunta que le hago, señora
Ministra, es cuáles son sus previsiones para hacer frente a esta deuda
que, ateniéndonos al período impositivo fuera de toda cuestión, el
comprendido entre 1993 y 1996, supone 3.744 millones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
En efecto, como muy bien sabe su señoría, han sido precisamente los
problemas jurídicos que ha planteado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
que se debía aplicar a los bienes de dominio público hidráulico y
concretamente a las presas propiedad del Estado, los que han llevado a
que, cuando nosotros llegamos a hacernos cargo de la Administración
Central, nos encontráramos con esas deudas que venían arrastrándose desde
hace ya cuatro años; es decir, la ley entra en vigor hace cinco años y no
se establece la efectividad del gravamen a que dicha ley compromete sobre
los citados bienes.
Es lo cierto que se consideraba la oposición a tener en cuenta que esas
presas eran bienes de dominio público hidráulico basándose en un decreto
del año 1986, que actualmente ha sido derogado, y posteriormente se decía
que, efectivamente, los bienes inmuebles no sujetos al Impuesto como tal
sobre Bienes Inmuebles eran, precisamente, las presas.
En este sentido, quiero decirle que existían sentencias, tanto de los
tribunales económico-administrativos como de los tribunales de la
jurisdicción contencioso-administrativa, en las que sí se las declaraba
sujetas a gravamen. Por eso la voluntad política de este Gobierno hizo
que, concretamente en el año 1997, se acudiera ya a una consignación
presupuestaria, que se ha transferido a las confederaciones
hidrográficas, para que asumieran el pago de estas deudas. Por lo tanto,
puedo decirle que, solventado inclusive el último problema técnico que se
ha planteado --yo diría que de naturaleza también un tanto jurídica-- de
distinguir entre el aprovechamiento público y gratuito a efectos de
aplicar el citado gravamen, puedo asegurarle que el año 1997 va a
terminar con el pago de todo lo que existe pendiente en el año 1997. Se
ha empezado a pagar ya, en algunos ayuntamientos, la totalidad; en otros,
bien porque todavía no nos ha llegado la reclamación o bien porque no hay
un acuerdo sobre la cuantía del gravamen por lo que se refiere a la
cuantificación que hace la Federación Española de Municipios y
Provincias, que discrepa de la que tienen las confederaciones
hidrográficas, debo decirle que, por lo que respecta al año
1997, que es responsabilidad de esta Administración, estamos en
disposición de afirmar que se va a continuar pagando y que se solventarán
las deudas del año 1997 a 31 de diciembre.
Respecto a la alusión de su señoría a lo que pudiéramos denominar deuda
histórica de los años anteriores, usted sabe perfectamente que los
Presupuestos de 1997 no tienen consignación presupuestaria ni hay vía
para repercutir en los usuarios de las presas la cantidad
correspondiente, por lo que, lamentablemente, no es un problema que pueda
resolver el Ministerio de Medio Ambiente, y quizá tengan que recurrir y
seguir planteando el problema ante el Ministerio de Economía y Hacienda.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Estaún.
El señor ESTAUN GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señora Ministra, por su respuesta, que aclara suficientemente el
futuro de la recaudación de este Impuesto en lo que se refiere a este
año. Pero me preocupan un poco las dudas que ha planteado respecto a esta
deuda, que he calificado de histórica, y que yo dividiría en dos tramos.
El primero, la correspondiente a los años 1990, 1991 y 1992, en los que
no se pudieron girar los recibos por una dejación de funciones del
Estado, deuda que difícilmente se puede atribuir a su Ministerio, pero
que creo que es responsabilidad del Gobierno o del Estado, que tendrá que
compensar de alguna manera a las haciendas locales, como se expresó en
esta misma Cámara en el año 1995, con el consenso de todos los grupos, y,
puesto que es un mandato político, debería ser cumplido.
Respecto al segundo tramo de esta deuda, la que corresponde a los años
1993, 1994 y 1995, creo, señora Ministra, que hay que hacerle frente
cuanto antes. No sé cuál es el procedimiento administrativo o
presupuestario con el que hay que hacerlo, si mediante un crédito
extraordinario o no, pero pienso que no es suficiente con ponerse al
corriente de los pagos este año, aun reconociendo el esfuerzo de su
Ministerio para solventar este problema.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Estaún.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor
Presidente, intervengo de forma muy breve para decir que yo creo que he
sido lo suficientemente clara, y no creo que haya dejado encima de la
mesa ningún tipo de dudas.
Lo que he dicho es que el Ministerio de Medio Ambiente asume la
responsabilidad que le corresponde desde que se crea como tal Ministerio,
que se hace cargo de una deuda que, desde luego, había que haber asumido
con anterioridad; que se hace cargo de ella, en la medida de sus
competencias y de sus disponibilidades presupuestarias, del año 1997;
asume el compromiso de seguir pagando este gravamen a partir de los años
sucesivos.
Efectivamente, hemos hablado con la Federación Española de Municipios y
Provincias respecto a la llamada deuda histórica que, lamentablemente
--se lo reitero a su señoría-- excede de las competencias del Ministerio
de Medio Ambiente. Por tanto, tendrá que ser la Federación Española de
Municipios y Provincias la que recurra y la que plantee la recuperación y
el cobro de esa deuda histórica ante el Ministerio de Economía y
Hacienda, que es el que, en definitiva, puede tener la consignación
presupuestaria necesaria para satisfacer esta deuda histórica que, en
cualquier caso, no es responsabilidad de la Administración, y que reitero
a su señoría que, lamentablemente, no puede ser subsanada por el
Ministerio de Medio Ambiente.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Medio Ambiente.
-- DE DOÑA INMACULADA DE ESPAÑA MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE EL TIPO DE MEDIDAS QUE HA ADOPTADO EL GOBIERNO A FIN DE
CONTROLAR EL GASTO FARMACEUTICO HOSPITALARIO (680/000398).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Inmaculada de España Moya, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el tipo de medidas que ha
adoptado el Gobierno a fin de controlar el gasto farmacéutico
hospitalario.
Tiene la palabra la Senadora España Moya.
La señora DE ESPAÑA MOYA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, el consumo farmacéutico es uno de los factores
que más preocupación genera en los responsables sanitarios de cualquier
país por dos razones fundamentales: una, sanitaria, ya que el uso
indiscriminado de medicamentos no resulta beneficioso para la salud de
los ciudadanos y puede poner en riesgo la eficacia terapéutica de los
mismos y, otra, de índole económico por la incidencia que tiene en los
presupuestos sanitarios.
Hasta ahora, cuando se hablaba de medidas de racionalización del gasto
sanitario se incidía de forma especial en los objetivos de control del
uso de medicamentos en atención primaria, como si únicamente fuera en ese
nivel de atención donde se produce el consumo farmacéutico. Sin embargo,
yo creo que los hospitales son también una fuente importante de consumo,
habida cuenta, además, de que los fármacos que se dispensan en el ámbito
hospitalario son totalmente gratuitos.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que en muchas ocasiones el
médico especialista, al establecer la pauta terapéutica, está
condicionando la prescripción del médico de atención primaria. No voy a
extenderme en cuáles son las razones por las que se hace necesario el
control del uso de los medicamentos en los hospitales.
Simplemente, quiero acabar diciendo que la prestación farmacéutica
hospitalaria requiere también de objetivos concretos para mejorar dicha
prestación y reducir el gasto. Por ello, pregunto al señor Ministro, ¿qué
medidas tiene previstas el Gobierno para reducir el gasto farmacéutico
hospitalario?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De España Moya.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Comparto la opinión de su señoría de que el control del gasto sanitario
en farmacia no tiene sólo un interés económico, sino que su interés
también es sanitario porque el uso racional del medicamento es muy
conveniente para los pacientes. Comparto también la opinión de su señoría
de que hasta ahora se ha puesto, quizás, más atención en el control del
gasto farmacéutico en atención primaria que en atención especializada. Su
pregunta, por lo tanto, es muy pertinente.
Nos estamos preocupando de que a través de los servicios de farmacia
hospitalaria, siendo como son los servicios de farmacia hospitalaria un
pilar básico para la buena atención en los hospitales, se vayan
introduciendo mejoras en la utilización racional del medicamento en los
hospitales. Somos conscientes también --como ha señalado su señoría-- del
papel de liderazgo que juegan en los hospitales en las pautas de
prescripción. Sabemos, por lo tanto, que es muy importante lo que se haga
en los hospitales para hacer un uso racional del medicamento en el
conjunto del sistema.
Entre las medidas que estamos poniendo en marcha para hacer un uso
racional del medicamento en los hospitales está, en primer lugar, la
publicación de la guía de gestión de farmacia hospitalaria, que es un
documento que incluye la selección, el uso racional, una correcta
información y la distribución adecuada de fármacos, en la que han
trabajado la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y jefes de
servicio de farmacia del Insalud, guía que esperamos que esté disponible
ya a corto plazo o de forma inmediata para que pueda ser utilizada de
forma generalizada en los hospitales.
En relación con la información del consumo farmacéutico le puedo decir
que sistemáticamente los gerentes de los hospitales están enviando a los
jefes de unidad asistencial un informe cuantitativo y cualitativo sobre
la utilización de medicamentos de su servicio.
Por otra parte, estamos también agilizando la convocatoria de concursos
de determinación de tipo para la compra de medicamentos en los
hospitales. En este momento, y de forma centralizada, se están realizando
concursos para la compra de sueros y contrastes radiológicos no iónicos.
Asimismo y de manera descentralizada, cada hospital está haciendo
concursos para la adquisición de los diez primeros medicamentos de mayor
coste económico.
Además de estas medidas que acabo de citar y para mejorar la
accesibilidad de los usuarios, los médicos de atención especializada
facilitarán la primera receta de sus prescripciones en los casos de alta
hospitalaria y de consultas externas. Posteriormente, la Dirección
Provincial del Insalud, a través de la Inspección Farmacéutica y con
periodicidad trimestral, revisará los perfiles de las prescripciones, así
como las posibles desviaciones con respecto a la guía farmacoterapéutica.
Por último, le puedo decir que también está prevista la implantación en
atención especializada del terminal autónomo de identificación de
recetas, es decir, un aparato electrónico, mediante el cual se pueden
informatizar todos los datos de la prescripción y consiguientemente tener
una información manejable sobre lo que es la prescripción en el ámbito no
sólo de la atención primaria, sino de la atención especializada.
Entiendo que con estas medidas damos pasos en la dirección adecuada, o
sea, la mejora de la prescripción farmacéutica también en el ámbito
hospitalario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora De España.
La señora DE ESPAÑA MOYA: Muchas gracias, señor Presidente y señor
Ministro.
Simplemente quiero darle las gracias al señor Ministro por su respuesta
clarificadora y valorar positivamente toda la actuación que se está
llevando a cabo para controlar el gasto farmacéutico a nivel
hospitalario, que tan criticado estaba siendo últimamente en la prensa,
precisamente por su no actuación en el control de gasto sanitario. Vemos
que en este nivel ya se están llevando a cabo todas estas medidas para
controlar este gasto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De España.
-- DE DON JOSE MARIA BARAHONA HORTELANO, DEL GRUPO POPULAR EN EL SENADO,
SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO REVISAR EL MODELO Y CONTENIDO
CURRICULAR DE LA FORMACION DE MEDICOS INTERNOS Y RESIDENTES (MIR)
(680/000399.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José María Barahona Hortelano, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene previsto el
Gobierno revisar el modelo y contenido curricular de la formación de
médicos internos y residentes.
Tiene la palabra el Senador Barahona Hortelano.
El señor BARAHONA HORTELANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el sistema de selección y formación de médicos
especialistas, el llamado sistema MIR, se ha
mostrado como un procedimiento eficaz en cuanto a sus objetivos y goza de
una probada calidad y prestigio. También es cierto que desde su
implantación, y pese al tiempo transcurrido, no ha sido objeto de
modificación alguna, en consonancia con las nuevas demandas que se
plantean como resultado del desarrollo de la ciencia y de los cambios en
el sistema sanitario.
El paso del tiempo y la aparición de nuevas especialidades o áreas de
formación específica, así como el carácter estático del modelo formativo
establecido quizá no respondan a las nuevas demandas y requerimientos del
sistema sanitario y del estado de conocimientos médicos. En este sentido,
sería conveniente verificar la progresiva adquisición de conocimientos
por parte de los médicos internos y residentes mediante una oportuna
evaluación que permita la homologación de su título con el de otros
países occidentales.
Y en lo referente a la selección y para evitar disfunciones y
frustraciones, también sería oportuno tener en cuenta las aptitudes y el
factor vocacional de los aspirantes mediante la instauración de un
sistema troncal en las pruebas de ingreso, así como la potenciación del
mayor grado de sintonía entre el docente y el alumno.
Dicho esto, señor Ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Tiene
previsto el Gobierno revisar el modelo y contenido curricular en la
formación de médicos internos y residentes?
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barahona.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Yo comparto con su señoría la excelente valoración que ha hecho del
modelo de formación médica especializada que tenemos en nuestro país,
conocido como el sistema MIR, que conjuntamente con la excepcional
calidad conseguida por la asistencia técnica en nuestros hospitales, nos
permite disponer de médicos extraordinariamente bien formados, que se
comparan con ventaja con los de cualquier país occidental. Pero siendo
esto así no es menos cierto también que, como toda obra humana, el
sistema MIR puede tener algunas deficiencias y a todos nos incumbe tratar
de corregirlas, y tampoco puede ser ajeno a los cambios en las
circunstancias y en la evolución de las ciencias --que, por cierto, en el
campo de la medicina se produce con una gran rapidez--. Por lo tanto, es
muy oportuno que periódicamente nos planteemos la conveniencia de
introducir en este campo las modificaciones que las circunstancias
aconsejen.
En ese sentido le puedo decir que se está trabajando, en primer lugar,
para consolidar los programas de formación aprobados por las comisiones
nacionales de especialidades, cuya última remisión fue aprobada por
Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
del Ministerio de Educación y Cultura, de 25 de abril de 1996. En este
proceso se incluye, a la vez que el mantenimiento de estos contenidos, la
asunción de grados de responsabilidad crecientes y tutorizaciones en
función del período formativo en el que se encuentra el residente.
Se va a introducir progresivamente también un modelo de formación menos
academicista y más próximo a lo que conocemos como especialidades
extrahospitalarias, lo que llevará a mejorar la formación de estos
especialistas adecuando su perfil profesional y formativo a las
necesidades de la población, al tiempo que se cumplirán íntegramente los
requisitos que para estas especialidades establece la Unión Europea.
Se van a configurar las áreas de capacitación específica previstas en la
normativa vigente. Estas áreas de capacitación específica serían, tal y
como las ha definido el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, las
correspondientes a un conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes
añadidos en profundidad o en extensión a los recibidos en el período de
formación como especialista y desarrollados sobre una parte del contenido
de una o más especialidades en las que ya existe interés asistencial y
científico suficiente y con una dedicación significativa de un grupo de
especialistas. Para este objetivo se ha constituido en el Consejo
Nacional de Especialidades Médicas un Comité de estudio de áreas de
capacitación específica. Hasta la fecha se han definido ya como áreas de
capacitación específica la de neonatología y la de enfermedades
infecciosas, y están en avanzado proceso de estudio la psiquiatría
infantil, la foniatría, la hepatología, la genética clínica o la medicina
de emergencias, por citar tan sólo algunos ejemplos.
Vamos a mejorar también todas las especialidades, sobre todo algunas no
básicamente hospitalarias que han tenido un desarrollo menor, como son la
medicina preventiva y salud pública, medicina del trabajo y medicina
legal y forense, implantando el modelo de formación en servicio
propiciado por la Unesco.
Se van a redefinir las especialidades en el sentido apuntado por su
señoría de establecer, en la medida de lo posible, la troncalidad en el
proceso formativo, lo que permitirá que varias especialidades que
presentan una base de conocimientos comunes tengan un período único de
formación inicial a la formación específica de cada especialidad. Esta
medida dará una mayor versatilidad y polivalencia a los especialistas y
propiciará una asignación más eficaz de recursos en el sistema sanitario,
al tiempo que posibilitará a los profesionales el paso a una segunda
especialidad, flexibilizando algunas rigideces no deseadas dentro del
sistema MIR, a las que también hizo alusión su señoría. Al mismo tiempo,
permitiría la fusión de algunas especialidades, lo que es coincidente con
las tendencias europeas, que recomiendan la reducción de especialidades
médicas y, consiguientemente, desaconsejan la creación de nuevas
especialidades a no ser que su contenido formativo no esté contemplado en
alguna de las ya existentes y haya suficiente base científica como para
justificar su creación.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Barahona.
El señor BARAHONA HORTELANO: Gracias, señor Presidente.
Quiero expresar mi satisfacción con la contestación del señor Ministro
por cuanto supone interés y sensibilidad ante algo que va a significar
indudables mejoras en la formación de los médicos especialistas, lo que
redundará en una mayor calidad asistencial de nuestro sistema sanitario.
Gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barahona.
-- DE DON MANUEL LORENZO BLASCO NOGUES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ALGUNA ACTUACION QUE
MEJORE LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE ATENCION
ESPECIALIZADA EN LA COMARCA DE TARAZONA (ZARAGOZA)(680/000400).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Lorenzo Blasco Nogués, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno
alguna actuación que mejore la accesibilidad de los servicios sanitarios
de atención especializada en la comarca de Tarazona, en la provincia de
Zaragoza.
El Senador Blasco Nogués tiene la palabra.
El señor BLASCO NOGUES: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro, por la que esperan muchos aragoneses que sea una
respuesta definitiva y satisfactoria a una reivindicación ya antigua que
demanda la comarca de Tarazona, una comarca que se encuentra situada
justo en los límites de la Comunidad Autónoma de Aragón con las vecinas
de Castilla y León y de Navarra, al pie del somontano del Moncayo, y que
dista en conjunto entre 80 y 100 kilómetros de su centro de asistencia
sanitaria, que no es otro que el de Zaragoza.
Frente a esos 100 kilómetros, que a cualquier enfermo ya se le hacen
eternos y que, además, incluyen el paso de algún puerto de montaña,
tenemos el Hospital Reina Sofía de Tudela, Navarra, ubicado a 14
kilómetros apenas de esta comarca y a tan sólo un kilómetro de algunas de
las pequeñas poblaciones aragonesas limítrofes, como son las de Novallas
y Malón. Los 14.000 habitantes de esta comarca han demandado
tradicionalmente que su asistencia sanitaria sea practicada en el
Hospital de Tudela y algunos de ellos incluso han llegado a empadronarse
en la Comunidad Autónoma de Navarra para poder acceder a esa asistencia
sanitaria con todos los derechos.
Señor Ministro, bastantes problemas de despoblación sufrimos en Aragón
como para que se vean incrementados con el empadronamiento de nuestros ya
escasos habitantes en Comunidades Autónomas vecinas para poder mejorar
sus prestaciones. Así, de los 800 habitantes de Novallas, más de 50 viven
oficialmente en Navarra y de toda la comarca lo son más de 300. Estamos
hablando de un derecho básico, el de la salud, así como de una
reivindicación justa e histórica a la que hasta el momento las sucesivas
administraciones estatales no han dado la respuesta adecuada, lo que ha
provocado ya distintas manifestaciones sociales, así como la intervención
de las Cortes de Aragón y de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social
del Gobierno aragonés, Gobierno que en estos momentos todavía tiene sin
transferir la competencia del Insalud, a pesar de haberse producido la
reforma del Estatuto de Autonomía, que ya contempla la posibilidad de
recibir esta competencia, y a pesar también de haberse aprobado
mayoritariamente por esta Cámara una moción presentada por los Senadores
del Partido Aragonés en el sentido de urgir la reunión de la
correspondiente Comisión Mixta de las Transferencias que la hagan posible
a la mayor brevedad.
Por todo ello, señor Ministro, con la esperanza de que tras su
intervención por fin veamos las luces que resuelvan este antiguo
problema, le formulo la pregunta sobre las actuaciones que el Gobierno
tiene previstas para mejorar la accesibilidad de los servicios sanitarios
de toda la comarca de Tarazona.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Blasco Nogués.
El señor Ministro de Sanidad y Consumo tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Yo comparto, naturalmente, con su señoría la preocupación por la
situación que se está viviendo en la comarca de Tarazona y puedo decirle
que, fruto de esa preocupación y de los trabajos que hemos realizado
conjuntamente con el Gobierno de Aragón, ahora mismo, las actuaciones que
están previstas para mejorar la accesibilidad de los ciudadanos de la
comarca de Tarazona a los servicios sanitarios son las siguientes. En
primer lugar, la asistencia hospitalaria de carácter urgente en el
Hospital Reina Sofía de Tudela, mucho más próximo, como su señoría ha
señalado, a esa comarca. La demanda de urgencias de la población de la
zona de salud de Tarazona se puede estimar en un rango entre 3.000 y
4.000 urgencias anuales, es decir, que con la frecuentación de urgencias
se sitúa alrededor de las 20 urgencias-100 habitantes por año.
Como consecuencia de estos datos, y en función de los principios de
colaboración y cooperación que se establecen en las relaciones entre las
distintas Administraciones públicas, se ha elaborado un acuerdo de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de Aragón, la Comunidad Foral de
Navarra y el Instituto Nacional de la Salud para que el Hospital Reina
Sofía de Tudela, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Navarra, dé
cobertura a la asistencia
hospitalaria de carácter urgente a los habitantes de la zona de salud de
Tarazona. En este momento, el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Aragón ha aprobado la autorización para suscribir el citado
convenio, estando pendiente de que la Comunidad Autónoma de Navarra dé su
autorización para la posterior firma por las tres Administraciones
implicadas, lo que esperamos pueda tener lugar en breve plazo.
La atención ambulatoria especializada puede mejorar su accesibilidad a
los habitantes de esta comarca mediante el desplazamiento a la ciudad de
Tarazona de especialistas de las patologías más frecuentes, evitando así
el desplazamiento de los usuarios en las especialidades de oftalmología,
traumatología --esta especialidad ya se atiende-- y Urología. Asimismo,
con base en la demanda existente se contemplan especialidades como
digestivo, otorrinolaringología, cardiología, cirugía general,
rehabilitación y dermatología, que podrían demandar un desplazamiento
semanal al Centro de Salud.
En definitiva, y reiterando que la dotación de facultativos especialistas
para atender el área de salud a la que pertenece la comarca de Tarazona
no es el problema, porque está por encima de la media, el Insalud se ha
planteado dos objetivos que mejoren de manera sustancial la accesibilidad
de los ciudadanos de dicha comarca a los servicios de atención
especializada. Estas actuaciones son: incrementar el número de
especialistas que se desplacen a las zonas de salud de Tarazona para
consulta ambulatoria, y firmar un acuerdo de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de Aragón y el Insalud para que el Hospital Reina
Sofía de Tudela asuma la asistencia hospitalaria de carácter urgente de
la población de la comarca de Tarazona.
En relación con el proceso de transferencias de los servicios sanitarios
de la Seguridad Social del Instituto Nacional de la Salud a las
Comunidades Autónomas, recuerdo a su señoría que, según las previsiones
del Gobierno, este proceso debería contemplarse al final de la presente
legislatura y principios de la que viene.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Blasco Nogués.
El señor BLASCO NOGUES: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Ministro, por su explicación. Efectivamente, las
medidas que su señoría ha enumerado dan solución a este problema,
esperamos que con carácter urgente debido al tema social al que nos
estamos refiriendo. Igualmente espero que la buena voluntad de todas las
partes implicadas y --estamos hablando de dos Comunidades Autónomas y del
Gobierno central-- haga que todo esto pueda llevarse a cabo en la forma
más breve posible.
Igualmente, nosotros apostaríamos por que esa colaboración con el
Gobierno navarro fuese algo más amplia que el carácter exclusivamente de
urgencias. Pero eso se verá, como digo, con la buena voluntad de todos.
Muchas gracias, señor Ministro. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
-- DE DON NARCISO SERRANO ALVAREZ-GIRALDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES QUE ESTA MANEJANDO EL MINISTERIO DE SANIDAD
Y CONSUMO PARA VARIAR LAS CONDICIONES DE INGRESO DE LA POBLACION INFANTIL
EN LOS HOSPITALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD)
(680/000403).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Narciso Serrano Alvarez-Giraldo, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones que está manejando el
Ministerio de Sanidad y Consumo para variar las condiciones de ingreso de
la población infantil en los hospitales del Instituto Nacional de la
Salud (INSALUD).
Tiene la palabra el Senador Serrano.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no cabe duda que la atención a los pacientes
hospitalarios en la red pública del Insalud ha sido uno de los parámetros
más importantes para valorar las mejoras que se han producido en este
sector durante los últimos años. Y más aún la atención a la población
infantil por las peculiaridades que entraña su ingreso en un hospital y
las especiales condiciones que requiere su tratamiento.
Ante las evidentes muestras de conformidad y el grado de aceptación que
las condiciones de ingreso tienen para los pacientes o sus familiares
tras su paso por las instalaciones sanitarias públicas, no sería
congruente que se produjeran cambios significativos en las admisiones de
enfermos sin que hubiera un estudio riguroso y científico de los mismos,
con mayor motivo si la población afectada por esos cambios es la de menor
edad.
Por ello, señor Ministro, estoy interesado en conocer su posición ante la
siguiente cuestión: ¿Qué razones está manejando su Ministerio para variar
las condiciones de ingreso de la población infantil en los hospitales del
Insalud?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Senador, el Ministerio de Sanidad y Consumo no ha variado sus
criterios para ingresar a la población infantil, cuando así lo necesite,
en los hospitales de la red del Insalud, y tampoco está previsto
modificarlos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Senador Serrano Alvarez-Giraldo, tiene la palabra.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, de Avila, sí
han variado las condiciones de ingreso de la población infantil, en
concreto la población afectada por problemas urológicos. Desde hace unos
seis meses ingresan estos pacientes en la unidad de urología, en la que
evidentemente no cuentan con las atenciones que tienen en la de
pediatría, viéndose privados de un entorno relajado que les permita
mantener sus vínculos familiares, afectivos, escolares, obligándoles a
convivir con adultos durante su hospitalización, y rompiendo con una
línea de actuación que había llevado a invertir numerosos recursos en
adecuar las instalaciones sanitarias para la hospitalización de la
infancia.
Pero además, señor Ministro, comprenderá que la población atendida en
urología en la provincia de Avila es mayor, dado el grado de
envejecimiento de su población, y a usted no pueden serle ajenos los
problemas infecciosos nosocomiales que se derivan de este tipo de
enfermos, uno de cuyos bacilos típicos, la «serratia marcense», es
especialmente temido por su resistencia a ser erradicado y por su alta
capacidad de producir serias infecciones.
Por esto, sólo por esto, señor Ministro, ¿no sería una buena medida que
la población infantil afectada de problemas urológicos fuese trasladada a
pediatría? Si la política de su Ministerio no ha variado, como usted
dice, respecto a las condiciones de ingreso de los pacientes, si lo que
ocurre en Avila es un hecho aislado que no tiene que ver con una política
generalizada de desprestigio de la sanidad pública, mediante una
degradación progresiva de los servicios que los lleve al colapso --como
con toda razón pudiera pensarse--, ni responde lo que está ocurriendo en
Avila a criterios económicos derivados del hecho incuestionable de que su
Ministerio recibirá 15.000 millones de pesetas menos por la financiación
sanitaria planteada por su Gobierno, no tiene sentido lo que está pasando
en Avila.
En definitiva, señor Ministro, si no es ésta la política hospitalaria de
su Ministerio, será que los responsables de aplicarla en Avila se inhiben
o lo hacen mal, y a usted le toca corregirlo, y así se lo pido, señor
Ministro, pues esta situación supone una devaluación de los servicios
sanitarios, y salen perjudicados, en primer lugar, los derechos de los
pacientes que han sido desplazados de pediatría; los de las propias
enfermeras de esta planta, cuya profesionalidad ha sido puesta en
entredicho por la Gerente del hospital, para justificar el cambio, y la
imagen del sistema sanitario, tan poco proclive a asumir estas medidas
sin que puedan justificarlas criterios técnicos ni económicos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Serrano Alvarez-Giraldo.
Tiene la palabra, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
Presidente.
Señor Senador, todos los hospitales de la red del Insalud disponen en su
cartera de servicios de hospitalización de pediatría, salvo aquellos
hospitales monográficos, como el de parapléjicos de Toledo o aquellos
otros que tienen próximo un hospital infantil. En este momento 72
hospitales propios y concertados pertenecientes al Insalud disponen de
servicio de pediatría, por tanto, con carácter general, cuando un niño
precisa ser hospitalizado para recibir asistencia, dicho ingreso se
realiza de manera programada o urgente en los citados servicios.
Estos servicios están adaptados en toda su estructura y dotación a las
características de la población infantil, disponiendo de las áreas de
juego y ocio para hacer más agradable la estancia de los niños
hospitalizados. Asimismo, cuentan con la estructura necesaria para
facilitar que el menor esté acompañado por sus padres.
No obstante, pueden darse situaciones especiales que aconsejen el ingreso
del niño en los servicios médicos o quirúrgicos por la patología concreta
que le afecte. Esta situación también puede producirse, aunque de manera
ocasional y extraordinaria, cuando en el servicio de pediatría no haya
camas disponibles, aunque es de todos sabido que esta situación suele ser
bastante improbable, porque los servicios de pediatría han quedado
sobredimensionados como consecuencia del decrecimiento de la población
infantil, y todo el mundo conoce este dato. Por tanto, puede haber
situaciones en las que debe hospitalizarse al niño en un servicio
diferente al de pediatría para el seguimiento más completo del curso
posoperatorio de especialidades como oftalmología. En estos casos el
Insalud sigue los postulados de los tratados internacionales como la
Convención de la ONU sobre derechos del niño, y la resolución del
Parlamento Europeo relativa a los derechos del niño hospitalizado.
De esa manera, cuando la hospitalización se realiza fuera del servicio de
pediatría, el seguimiento es llevado de manera coordinada por el
facultativo responsable de la especialidad y el pediatra. Además,
señoría, los servicios de admisión de los hospitales siempre tienen en
cuenta la edad del paciente a la hora de compartir habitación para que el
ingreso se realice en las mejores condiciones posibles.
Ciertamente, en el Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles de Avila se ha
procedido al ingreso de algunos pacientes en edad escolar en unidades de
hospitalización de adultos. La hospitalización en unidades diferentes al
servicio de pediatría se ha debido a la patología concreta del menor y al
acuerdo de los jefes de servicio de las distintas especialidades, que han
aconsejado en cada caso concreto el ingreso o la estancia de esos niños
en unidades diferentes. Además, esta actuación se ha venido realizando
desde hace tiempo, y a modo de ejemplo conviene señalar que en el año
1995 en el citado Hospital 36 pacientes pediátricos fueron ingresados en
otros servicios, que en 1996 esa cifra fue de 13, y que en lo que va de
año han sido 23 los pacientes pediátricos ingresados en otros servicios.
Ustedes vienen ahora a denunciar situaciones con las que han convivido
pacíficamente a lo largo de estos últimos años, como han convivido
pacíficamente también, desgraciadamente para los servicios sanitarios de
la Comunidad de Castilla y León, con una situación de bajísima
financiación sanitaria para esa Comunidad Autónoma. El Insalud va a
recibir ahora con la nueva financiación 127.000 millones de pesetas más
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), y con eso va
a empezar a corrregir, como está haciendo ya, la discriminación de que
estaba siendo objeto Castilla y León, como alguna otra Comunidad Autónoma
más, Comunidad ésta que estaba recibiendo un gasto sanitario superior en
muy poco al 80 por ciento de la media del Insalud, cosa que vamos a tener
que corregir aplicando en la mejora de las infraestructuras sanitarias de
Castilla y León y también en el Hospital de Avila más de 36.000 millones
de pesetas en el próximo cuatrienio, incluidas, como digo, inversiones en
el Hospital de Avila de más de 2.000 millones de pesetas. Con eso y con
la nueva financiación mejoraremos la situación sanitaria de Castilla y
León.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Sanidad y Consumo.
-- DE DON JOSE CASTRO RABADAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
SI CONSIDERA EL GOBIERNO NECESARIO UN ACUERDO DEL SENADO PARA DEFENDER
CON GARANTIAS DE EXITO LAS CANDIDATURAS DE SALAMANCA, GRANADA Y BARCELONA
COMO CAPITALES EUROPEAS DE LA CULTURA PARA LOS AÑOS 2002, 2003 Y 2004
(680/000404).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Castro Rabadán, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno necesario un
acuerdo del Senado para defender con garantías de éxito las candidaturas
de Salamanca, Granada y Barcelona como capitales europeas de la cultura
para los años 2002, 2003 y 2004.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Señor Presidente, señora Ministra, formulo la
pregunta en los mismos términos realizados por la Presidencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Castro Rabadán.
Tiene la palabra la señora Ministra de Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el hecho de que esta Cámara se pronuncie de forma favorable para
el buen fin de estas candidaturas me parece algo enormemente positivo,
pero creo que al Gobierno no le corresponde imponer deberes al
Parlamento.
Lo que sí está claro, señoría, es que el Gobierno apoya de forma
incondicional las candidaturas de Salamanca, Granada y Barcelona para ser
capitales europeas de la cultura en los años 2002, 2003 y 2004, al igual
que está apoyando la candidatura de Valencia para que sea Ciudad Europea
de la Cultura en el año 2001.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Cultura.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Señora Ministra, no esperaba menos de su
respuesta.
Quiero decirle que Salamanca, que tiene un rico legado histórico,
cultural y arquitectónico que usted conoce perfectamente, fue reconocida
ya en el año 1988 Ciudad Patrimonio de la Humanidad. También quiero
decirle que la riqueza de esta ciudad se ha visto protegida durante los
años de Gobiernos democráticos por distintos planes de reforma interior y
de recintos universitarios, y que se han recuperado una serie de
monumentos que usted bien conoce, entre otros, la Casa de las Conchas, la
Casa de Lis así como otros muchos para usos culturales.
Asimismo, tanto el Palacio de Congresos como el campus Miguel de Unamuno,
de reciente inauguración, son ejemplos del impulso modernizador que está
teniendo esta urbe desde el punto de vista universitario, al mismo tiempo
que se mantienen relaciones muy fraternales con los países de América
Latina.
Historia y proyección hacia el futuro, buscaban un pretexto bajo el
título reiteradamente solicitado para conseguir ser capital cultural
europea en alguno de los años solicitados. El 29 de marzo de 1994 ya el
Ayuntamiento de Salamanca, entonces de mayoría socialista, conseguía la
aprobación por parte de todos los grupos políticos de la iniciativa,
renovada desde marzo de 1987, optando a la denominación de capital
cultural europea.
Como usted ha dicho, el Gobierno de la nación ha designado recientemente
a Salamanca como única aspirante española a esta nominación para el 2002,
en atención a sus méritos y también como reconocimiento a su insistencia
en la presentación de su candidatura; a Granada para el 2003, y
Barcelona, para el 2004.
Por tanto, es el momento de hacer todo lo posible para conseguir la
definitiva nominación de estas ciudades y de unir los esfuerzos
anteriores a los del presente, buscando el apoyo de las iniciativas que
contribuyan a lograr la capitalidad cultural, tanto para Salamanca --en
un procedimiento en que se tendrá a importantes ciudades europeas como
competidoras--, como para el resto de las capitales alternativamente, si
fuese el caso.
Si reconocemos que Salamanca hechiza la voluntad de volver a ella a quien
ha gozado de la apacibilidad de su morada, que no hay pena mayor en el
mundo que ser ciego en Granada, y que Barcelona es la bella y moderna del
Mediterráneo, deberemos concretar que es necesario desarrollar con la
mayor urgencia posible un proyecto para
superar ventajosamente al resto de las ciudades candidatas europeas, que
aúne el apoyo de las personalidades e instituciones públicas y privadas,
con la creación de las infraestructuras precisas para un adecuado
desarrollo de la programación cultural de cara a estos años. Un proyecto
cultural que contribuya a destacar, a través de asociaciones concretas,
los valores culturales de las ciudades, sus manifestaciones y expresiones
artísticas, sus personalidades y acontecimientos a lo largo de su
historia, su sensibilidad y el tratamiento del patrimonio, sus proyectos
culturales para los jóvenes, y sus acciones para la posibilidad de
colaboración con otras ciudades europeas, en su caso. Un proyecto de
creación de las infraestructuras necesarias para un adecuado desarrollo
de la programación.
Por todo ello, desde aquí hay que convocar a todas las fuerzas políticas
y sociales a un pacto por la capitalidad cultural, tanto del 2002, como
de los años sucesivos, en el que el único empeño sea la consecución de la
nominación para beneficio de la Salamanca de hoy y de mañana y, en su
caso, para el resto de las ciudades nominadas: Granada y Barcelona.
El esfuerzo presupuestario que es necesario realizar, y que se puede
esperar, para la posible nominación es fundamental. Habrá que comenzar
inmediatamente, para que presupuestos nacionales, regionales y locales se
aúnen y se coordinen en la realización de acciones conjuntas. Se deberían
adoptar decisiones inmediatas, para tener tiempo, y así ser competidores
claros y definitivos.
Por tanto, señora Ministra, agradeciéndole su contestación, le anuncio la
presentación de una moción que inste al Gobierno en este sentido, para
garantizar las dotaciones necesarias que exige la nominación de capital
cultural europea en los años sucesivos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Castro Rabadán.
Tiene la palabra, señora Ministra de Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Su señoría sabe que no tiene que convencerme del carácter emblemático de
la ciudad de Salamanca desde el punto de vista del patrimonio cultural,
monumental, histórico, científico y humanístico que representa. Asimismo,
conoce perfectamente que no sólo esta Ministra, sino todo el Gobierno,
está dando su apoyo a la candidatura de la ciudad de Salamanca, como
también a las ciudades que usted ha mencionado.
Nos pide que coordinemos el apoyo político de todos los grupos y de todos
los intelectuales y las personalidades, y que el mismo se centre en que
la candidatura de la ciudad de Salamanca sea percibida como un acuerdo de
todos, en lo que coincidimos, señoría.
En este sentido, debe saber que el apoyo del Gobierno a todas esas
ciudades candidatas es patente. En estos momentos se está discutiendo
cuál será la ciudad europea de la cultura nominada para el 2001. En la
última sesión del Consejo de Ministros de la Unión Europea --al que por
ahora le corresponde esta nominación--, el pasado 24 de noviembre, el
Comisario, señor Oreja, nos expuso la presentación de una propuesta
formal para que a partir de la ciudad nominada en el 2002 y años
siguientes ya no sea el Consejo de Ministros de Cultura, sino el
procedimiento previsto en el artículo 128 del Tratado, la codecisión, el
que involucre de esta manera al Parlamento Europeo y al Consejo de
Ministros.
Este será el procedimiento que regirá a partir del 2002, y su señoría
puede tener la absoluta garantía de que el Gobierno va a emprender
cuantas acciones sean necesarias para defender la candidatura de
Salamanca, como defiende también las de Barcelona y Granada, y en estos
momentos, la de Valencia.
Además, su señoría puede tener la seguridad --lo va a ver en los
presupuestos del año 1998-- de que todas estas ciudades van a recibir
importantes dotaciones culturales del Ministerio de Educación y Cultura
en el Plan de Instituciones Culturales. Ese Plan de Inversiones se va a
reflejar especialmente en las ciudades Patrimonio de la Humanidad --de
las que forma parte Salamanca-- y en las ciudades de Barcelona, Granada,
Valencia y Salamanca.
Por tanto, yo creo, señoría, que el Gobierno lo seguirá apoyando de forma
incondicional. Su señoría lo ha reconocido antes. Quizás ese apoyo se
echó en falta en anteriores ocasiones, cuando la candidatura de Salamanca
se había adoptado por unanimidad en el Ayuntamiento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
-- DE DON MANUEL DE LA PLATA RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA FECHA EN QUE ESTARA ULTIMADA LA PREVISION DE LAS
NECESIDADES SOBRE FINANCIACION DE LA LEY ORGANICA DE ORDENACION GENERAL
DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE) (680/000405).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Manuel de la Plata
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha en que
estará ultimada la previsión de las necesidades sobre financiación de la
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo.
Tiene la palabra el Senador De la Plata Rodríguez.
El señor DE LA PLATA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, en varias ocasiones ha expresado públicamente su
compromiso con el desarrollo de la LOGSE en todas las Comunidades
Autónomas.
En el caso de las Comunidades Autónomas previstas en el artículo 151 se
exigen mayores transferencias en educación y en el de las del 143
suficiencia financiera para aceptar la gestión de las competencias en la
materia.
Por estas razones le formulo a su señoría la siguiente pregunta: ¿Para
cuándo estará ultimada la previsión de las necesidades sobre financiación
de la LOGSE?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador De la Plata Rodríguez.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que su señoría conoce que el anterior Gobierno hizo unas
previsiones sobre financiación de la LOGSE, que se fundamentaban en unos
estudios demográficos erróneos. Yo creo que las cifras de población de
aquellas previsiones se pueden calificar, al menos, como inexactas.
No quiero entrar en otro tipo de valoraciones, sino simplemente dejar
claro el contexto en el que el Ministerio de Educación y Cultura inició
los trabajos para determinar las necesidades reales de financiación de la
LOGSE.
Su señoría conoce que en la actualidad trabajamos en estrecha
colaboración con las Comunidades Autónomas que tienen plenas competencias
en esta materia para poder definir de una manera rigurosa las necesidades
de financiación, conforme a lo que acordó la Conferencia Sectorial de
Educación. Y dadas las dificultades intrínsecas del proceso en el que hay
que homogeneizar, validar y comparar multitud de magnitudes y pese a que
en el ámbito de gestión del Ministerio de las nueve Comunidades Autónomas
que ahora forman el territorio MEC están perfectamente homologados los
parámetros, la verdad es que en el resto de las Comunidades Autónomas el
trabajo que está haciendo la Comisión para comparar multitud de
magnitudes, que en este momento no son homogéneas, no está siendo fácil.
Es la razón por la que la respuesta a su pregunta es que el documento
estará elaborado en el plazo más breve posible.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador De la Plata Rodríguez.
El señor DE LA PLATA RodrIguez: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el Pleno del Senado del día 6 de mayo aprobó por
unanimidad, a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, una moción
que trasladaba al Gobierno la necesidad de culminar el traspaso de medios
y servicios educativos a las Comunidades Autónomas que habían accedido a
la competencia con la reforma de su Estatuto, mediante un acuerdo que
garantizara fondos necesarios, tanto en inversiones como en gasto
corriente, para la efectiva puesta en marcha y pleno desarrollo de las
medidas contempladas en la LOGSE y asegurando la prestación de los
servicios básicos en todo el territorio con niveles análogos de calidad.
Hasta ahora esta Cámara no conoce cómo va el proceso de transferencias,
si se han valorado por parte del Ministerio de Educación y Cultura las
necesidades sobre financiación de la LOGSE ni el desarrollo del acuerdo
que garantice fondos necesarios para su puesta en marcha. A través de
esta pregunta, sí me gustaría plantearle a su señoría que en la
valoración que se realice se tengan en cuenta factores tan importantes
como la población o la dispersión del alumnado, además de lo que es la
construcción de centros, mejora o adecuación de los ya existentes,
plantillas docentes y no docentes, formación, etcétera.
Con esta pregunta, quiero expresar también nuestra preocupación por los
problemas de insuficiencia financiera que tienen las Comunidades que
gestionan el servicio educativo, que se encuentran con tremendas
dificultades para afrontar con garantía y con éxito la implantación de la
LOGSE, sobre todo en cuanto a inversiones se refiere. Asimismo, la
negativa en el resto de las Comunidades a aceptar transferencias
educativas si no hay dotación suficiente.
Estamos hablando de algo tan importante como que el nivel de calidad de
enseñanza no dependa del lugar donde se viva, ni de los recursos de que
uno disponga a nivel particular. Me imagino que compartirá estas
afirmaciones. Se trata de que la solidaridad permita un reparto en
consonancia con las necesidades. Es hora de ponerle cifras a los grandes
objetivos que en tantas ocasiones ha enumerado la señora Ministra. El
coste económico de las transferencias se debe corresponder con el modelo
educativo planteado por la LOGSE. Debe existir conciencia, tanto a nivel
autonómico como sobre todo desde el punto de vista del Gobierno de la
Nación, para realizar el esfuerzo presupuestario necesario, a fin de
cubrir los objetivos en su implantación.
En este marco de referencia y con estos planteamientos trabajaremos el
Grupo Socialista para que sea un éxito todo el proceso, ya que
repercutirá positivamente en todo el territorio nacional. Ahora bien, si
sigue aumentando la percepción en el deterioro de la escuela pública, si
se siguen incrementando las dotaciones a conciertos y el número de
centros concertados a distinto nivel o escala que a los destinados a los
centros públicos, estaremos profundizando en las diferencias entre los
ciudadanos y en nada estaremos beneficiando el desarrollo del espíritu
que inspira a la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador De la Plata.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero contestar al señor Senador sobre algunas afirmaciones que ha
hecho, aunque nada tienen que ver con
el enunciado de la pregunta. El Gobierno ya ha iniciado el proceso de
traspasos a las Comunidades Autónomas que no estaban en el artículo 151.
Lo ha iniciado y lo ha culminado ya con éxito en un caso, en el caso de
Baleares. Otras dos Comunidades Autónomas están a punto también de firmar
los acuerdos del traspaso.
Además, el Ministerio ha evaluado, a pesar de lo que dice su señoría, con
toda claridad y nitidez, y lo ha hecho público, el coste que a su juicio
entraña la transferencia para los próximos cinco años. El Gobierno ha
garantizado la cantidad de 230.000 millones para completar el proceso de
transferencias que tiene que financiar la reforma educativa en los
próximos años y los criterios que su señoría ha señalado, sobre la
población, la dispersión de esa población, de situación de las
instalaciones, etcétera, todos ellos serán tenidos en cuenta. Ahora bien,
señoría, lo que no es posible es que en las Comunidades Autónomas, a
medida --me estoy refiriendo en concreto a una Comunidad Autónoma
gobernada por su Partido, la Comunidad Autónoma de Andalucía-- que van
recibiendo más fondos en función de la financiación educativa cada año,
resulta que va disminuyendo el porcentaje de fondos, porcentual, que le
están dedicando a la educación. Así, según un estudio comparativo que se
ha realizado sobre los presupuestos de Andalucía, ésta ha pasado de
percibir en 1991 357.000 millones de pesetas en los ingresos del Estado a
661.000 millones en 1997. Y, sin embargo, el dinero que la Junta de
Andalucía ha destinado a educación del total de su presupuesto se ha
reducido de un 25 por ciento que tenía en 1991 en los presupuestos
consolidados, a un 21 por ciento en el año 1997. Por tanto, señoría,
cuando se hace un proceso de traspasos, cuando las Comunidades Autónomas
aceptan esta responsabilidad y cuando la financiación del Estado crece,
lo que no puede hacer una Comunidad Autónoma, y menos si está gobernada
por un partido que dice ser defensor de una escuela pública de calidad,
es dedicar cada vez menos fondos a la financiación educativa.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
-- DE DON FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI SIGUE SIENDO OPINION DEL GOBIERNO QUE EL PROGRAMA
DEBATE DE LA PRIMERA CADENA QUE DIRIGE EL SEÑOR HERRERO CUMPLE LOS
PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO DE LA RADIO Y LA TELEVISION
(680/000407).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Francisco Javier Rojo
García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si sigue siendo opinión
del Gobierno que el programa debate de la primera cadena que dirige el
señor Herrero cumple los principios establecidos en el Estatuto de la
Radio y la Televisión.
Tiene la palabra el Senador Rojo García.
El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, usted en el anterior Pleno me
manifestó que no le había dado ninguna razón que justificara el
cumplimiento del acuerdo del Consejo de Radiotelevisión Española de
cambiar al director del programa debate de la primera y me preguntó en
qué artículo del Estatuto de Radiotelevisión me basaba para hacer dicha
petición. Señor Vicepresidente, usted sabe que el capítulo es el primero
y el artículo es el 4, donde dice claramente cuáles son los principios
por los que se tiene que regir Televisión Española, que son la veracidad,
la imparcialidad y la objetividad.
Dicho esto, con lo que estará usted totalmente de acuerdo, ¿usted cree
que hoy puede seguir manteniendo lo que manifestó en el Pleno anterior
después de ver y oír lo que se ha dicho en alguno de los programas que
dirige el señor Herrero? Por ello, le formulo la pregunta que ha leído el
señor Presidente de la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rojo García.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, usted es muy libre de estar cada vez más confuso cuando
profundiza en el debate que quiere plantear; no me pida a mí conformidad
en su confusión.
Usted ha citado el artículo 4.a), que habla de la objetividad, la
veracidad y la imparcialidad en las informaciones, señor Senador. De lo
que estamos hablando es de un programa de debate, usted está hablando de
un programa de debate, y yo le contesto sobre un programa de debate. El
programa de debate empieza por cumplir con la obligación del apartado b),
que usted no se ha leído: la separación entre informaciones y opiniones
forma parte del catálogo de obligaciones. Y aquí está claro que estamos
hablando no de un programa de información, sino de un programa de opinión
y para un programa de opinión lo que se le aplica es el apartado c), que
también desconoce su señoría, que se refiere al respeto al pluralismo
político, religioso, social, cultural y lingüístico.
Como vamos a hablar de eso y no de lo que su señoría plantea, puesto que
no estamos discutiendo sobre informaciones --el programa de Luis Herrero
no es un programa informativo--, para evitar confusiones conceptuales me
he ido al diccionario general del periodismo, que ya aclara que,
efectivamente, en un programa de debate sobre opiniones la objetividad no
es un parámetro. Dice el diccionario que objetividad es la cualidad de la
información,
realmente imposible de conseguir, que refleja los hechos tal como son sin
aditamentos. Por tanto, la objetividad, señor Senador, no es el parámetro
para medir esto. Sí lo es la imparcialidad, que se define como juicio
recto que se deriva del hecho de prescindir de prevención en favor o en
contra de personas o cosas al tratarlas o estudiarlas. Y con este
concepto de la imparcialidad quiero decirle que el programa de debate de
don Luis Herrero es plenamente respetuoso con el mandato que establece el
Estatuto de Radiotelevisión en relación con el pluralismo político,
religioso, social, cultural o lingüístico.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
Tiene la palabra el Senador Rojo.
El señor ROJO GarcIa: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, tiene usted por costumbre constestarme
siempre a lo que no le pregunto. Lo hace y lo seguirá haciendo porque es
lo que ha hecho habitualmente siempre que le he preguntado algo.
En el artículo 4 --tiene usted razón en algunas de las casas que me ha
leído, sólo en algunas-- se dice en el preámbulo: La actividad de los
medios de comunicación social del Estado se inspira en los siguientes
principios... Por tanto, habla de la actividad, sea informativa o de otro
tipo. Pero le diré una cosa: ya que usted me ha dicho lo que no es el
programa debate del señor Herrero, le diré que este programa ni es
informativo, ni es formativo, ni es de debate, es un bodrio que sirve
para aplaudir lo que ustedes hacen. Eso es lo que es ese programa, señor
Vicepresidente del Gobierno.
En mi anterior pregunta no quise citar al señor Herrero, porque éste hace
lo que puede o lo que le dejan hacer, y responsabilicé al Director
General de Radiotelevisión Española --y lo voy a volver a hacer ahora--,
y a usted también, que sé que algo manda en esa casa. Responsabilicé al
señor Director General de Radiotelevisión Española desde su
imparcialidad, desde su objetividad y desde el respeto que tiene a la
pluralidad, como independiente y como profesional que es, como todo el
mundo sabe, y por eso lo pusieron.
Señor Vicepresidente del Gobierno, algunas cosas han pasado desde que le
formulé la anterior pregunta. Se lo digo sinceramente, todos los grupos
parlamentarios, con la excepción del Grupo Parlamentario Popular,
sentimos vergüenza el día que vimos el programa del señor Herrero, en el
que se hizo una apología, no sé si un aplauso, no sé bien lo que se hizo,
con respecto a los valores positivos del franquismo, y lo dijeron todos
los portavoces parlamentarios, no yo, señor Alvarez-Cascos. Por tanto,
ante una televisión pública, ante una televisión que tiene que respetar
la pluralidad, ante una televisión que es de todos --que es lo que
ustedes nos decían antes--, cuando menos, usted debía sentir en estas
cuestiones lo mismo que sentimos todos, y cuando digo todos no me refiero
sólo a los socialistas, sino a todos. Se quedaron solos. Lo que pasa es
que se olvidan de estas cosas, fueron todos los grupos parlamentarios
quienes criticaron lo que se hizo en ese programa, y es un programa
detrás de otro, y no sólo éste que estamos discutiendo. Basta ver lo que
se hace en esa televisión para saber qué es lo que se puede criticar y de
hecho criticamos todos los días.
Señor Alvarez-Cascos, por sus obras los conoceréis, y lo que ocurre en
Televisión Española no es otra cosa --y esto lo han aprendido ustedes
bien-- más que un instrumento para estar todo el día, permanentemente,
aplaudiendo lo que hace el Gobierno. Hay cosas mejores o peores, yo
aplaudo muy pocas cosas de televisión, pero ese programa en concreto fue
para sentirse abochornado y avergonzado de que en un país, después de
veinte años de democracia, todavía se puedan ver esas cosas en una
televisión pública.
Nada más, señor Alvarez-Cascos. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rojo García.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, aunque a usted no le guste la argumentación racional sobre lo
que usted plantea, voy a continuar desarrollando el análisis sobre el
concepto de la imparcialidad y el respeto.
Ya he dicho que imparcialidad, por definición, es la que se deriva del
hecho de prescindir de prevención en favor o en contra de personas o
cosas al tratarlas o estudiarlas. Ya lo ha dicho, usted tiene
prevenciones, no es imparcial; el señor Herrero no tiene prevenciones y
puede ser imparcial. (Rumores.) Sí, cuando se habla de conceptos hay que
hablar con rigor, y el señor Senador no ha querido el rigor, él sabrá por
qué.
Se han celebrado doce programas a los que, como invitados --a los que
usted no responsabilizará de ningún tipo de política de adhesión a
ninguna línea ideológica--, han asistido siete representantes del Partido
Popular o del Gobierno, ocho del Partido Socialista, cinco de Izquierda
Unida, tres de Convergència i Unió, dos del Partido Nacionalista Vasco y
uno de Eusko Alkartasuna; en total, 26. Supongo que son personas con la
suficiente capacidad para expresar libremente sus opiniones en un debate.
¿Le parece que están desproporcionados? ¿Le parece que hay prevención
contra el pluralismo político en este reparto? ¿Usted cree que sí? Claro,
en otros tiempos iban todos los que tenían que ir del Gobierno y apenas
aparecían los demás. No tengo ninguna duda de que ésa es su prevención.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Ahora van más
de ustedes que del Gobierno, ya no es imparcial el programa.
Entre los periodistas y comentaristas, de «El País» y de la Ser han
asistido siete; de la Cope, seis; de «El Mundo»,
cuatro; Radio Nacional de España, tres; de «ABC», tres; de «La
Vanguardia», dos, y de «El Correo», uno. ¿Usted cree que hay prevención
contra determinadas personas que expresan sus opiniones libremente en los
medios de comunicación, y que van condicionados al programa del señor
Herrero? ¿Usted lo cree de verdad?
No voy a hacer el análisis, porque es una impertinencia, de la
adscripción de las personas que han asistido por razones de su condición
profesional o académica, porque no voy a caer en el intento de
agruparlas.
Por tanto, no hay ningún tipo de prevención ni contra Grupos políticos ni
contra representantes de los grupos de opinión reflejados en los medios.
El problema suyo está en el concepto del debate.
Señor Rojo --no sé si usted se acuerda, pero yo me acuerdo muy bien
porque estaba invitado a aquel debate y, por lo tanto, conocí desde
dentro las vicisitudes--, cuando llegó el Gobierno socialista en el año
1982, había en Televisión Española un programa de debate emblemático, que
se llamaba «La Clave», del señor Balbín. En el mes de febrero, al señor
Balbín se le ocurrió hacer un programa sobre el balance de los
ayuntamientos de izquierdas, y el señor Calviño prohibió ese debate;
apenas llevaban seis meses ustedes gobernando y censuraron un debate del
señor Balbín, que tampoco es un personaje de gran peligro desde el punto
de vista de la adscripción ideológica próxima al Director General de
Televisión o del Grupo Parlamentario Popular. Lo censuraron porque no les
gustaban algunos de los asistentes, y se montó tal escándalo que hubo que
volver a celebrarlo un mes después. Al final, ustedes acabaron con el
programa «La Clave», del señor Balbín.
El problema no es el pluralismo, ni la imparcialidad. El problema son los
debates. A ustedes no les gustan los debates; no les gusta que se discuta
libremente; a ustedes les gusta adoctrinar y a nosotros nos gusta
libremente discutir y respetar el pluralismo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Primero del
Gobierno.
INTERPELACIONES:
-- DE DON FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE EL NUEVO MODELO DE FINANCIACION DE LA SANIDAD Y LOS
EFECTOS DE SU APLICACION (670/000065).
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Interpelaciones. En
este caso, de don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el nuevo modelo de financiación de la
sanidad y los efectos de su aplicación.
El señor Zamorano tiene la palabra. (El señor Vicepresidente, Rigol i
Roig, ocupa la Presidencia)
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, el pasado jueves, el Consejo de Política Fiscal
y Financiera aprobó el denominado Modelo de Financiación de los Servicios
de Salud para el período 1998-2001. Este acto supuso la culminación de
una estrategia diseñada por el señor Aznar desde el comienzo de la
legislatura; una estrategia que pone de manifiesto cuáles son las
prioridades de este Gobierno, cuál es el concepto que el señor Aznar
tiene del ejercicio del poder y que se incardina dentro de la
consideración que la derecha española, la más rancia, tiene de la
institución parlamentaria.
Conocía el señor Aznar por sus conversaciones con CiU que esta coalición
le iba a exigir una mayor financiación para la sanidad, pero tenía que
retrasar esto hasta los Presupuestos de 1998. Mientras tanto, tenía que
ocultar la intención de llegar a acuerdos bilaterales y aproximarse al
mes de diciembre al objeto de poder presentarle a las demás Comunidades
un «lo tomas o lo dejas».
Por el dinero no habría que preocuparse, se podría sacar del Insalud lo
que hiciera falta para dárselo a los socios, y por los medios de
comunicación tampoco, ya que harían el enfoque de este acuerdo que él les
dijera, que para eso mandaba.
Escenificado el guión, lo puso en práctica. Recordaremos que en el
Debate de Investidura solicitó un consenso para la reforma de la sanidad
pública española, y el Grupo Parlamentario Socialista, lejos de conocer
sus reales intenciones, se lo brindó.
En el Congreso de los Diputados se creó una subcomisión para estudiar
este tema; la subcomisión realizó sus trabajos durante más de un año, y
el tiempo pasaba sin problemas para el señor Aznar.
Al mismo tiempo, piedrecita a piedrecita, pero sin que ninguna tuviese la
importancia como para poner en peligro la continuidad de la subcomisión,
se iban tomando medidas que atentaban contra nuestro sistema nacional de
salud, contra los sistemas públicos.
Si alguna decisión del Ministerio, en algún momento, podía poner en
peligro el acuerdo, podría provocar la ruptura de la subcomisión, como
fue el caso del Decreto para la habilitación de nuevas formas de gestión
en el Insalud, si había ese riesgo, se rectificaba y a seguir, que era lo
importante. El Ministro lanzaba constantes globos sondas en una
estrategia muy clara que podría consistir en: promete lo que sea que si
no es así, en un rato, luego, lo arreglamos.
El Ministro en algún momento, con tantos globos sondas, con tantas
promesas, debió de pasarse, porque en los últimos meses ha pasado a ser
un Ministro silente; no se le ha visto.
Ya avanzado el año, en concreto el 21 de mayo, en esta misma Cámara,
presenté una interpelación para que expusieran cuáles eran los criterios
del Gobierno ante el nuevo modelo, y usted nos deparó una pausada lectura
del documento que había presentado en la subcomisión, pero sin añadir
nada nuevo y sin responder a ninguna de las preguntas que le formulé.
Después, a través de los
medios de comunicación, nos enteramos de que aquella misma mañana usted y
el Ministro de Economía habían estado reunidos con CiU para tratar sobre
la financiación de la sanidad, que usted había abandonado aquella
reunión, y que había venido a esta Cámara a cumplir lo que parece ser que
fue para usted un engorro --la interpelación--, y que había salido de
esta Cámara para volver a esa reunión. Nos enteramos por los medios de
comunicación, sobre las tres de la tarde, de que ese día, después de
desautorizarle el Ministro de Economía en lo previamente hablado, parece
ser que fue cuando se sentaron las bases de este acuerdo bilateral.
Inmediatamente, los medios de comunicación del Gobierno lo anunciaron a
bombo y platillo, pero fue un gran error. Por primera vez, esta obsesión
enfermiza del Gobierno de darse autobombo, autoplatillo a todo, les había
jugado una mala pasada, porque dejó su estrategia al descubierto. Y
conociendo ya esta realidad, el Grupo Socialista se salió de la
subcomisión. Usted intentó arreglarlo como fuera. Negó lo anunciado,
pidió el consenso, pero ya no se engañaba a nadie. No obstante, la
estrategia seguía funcionando. Había que llegar, como fuera, a diciembre,
y no podíamos decir que teníamos acuerdos bilaterales. La subcomisión
pide que se le amplíe el plazo, y se le concede hasta septiembre. Acaba
septiembre, y alguien tiene la idea: Rebotemos el informe a otro sitio. Y
en un acto que no tiene precedentes en la historia parlamentaria de una
democracia, la subcomisión solicita que sea el Consejo de Política Fiscal
y Financiera el que elabore el informe. Es decir, que el Legislativo pide
al Ejecutivo que le diga cómo tiene que legislar. Señor Ministro, ¿le
recuerda esto algo?
El tema era tan fuerte, que la propia Mesa del Congreso tuvo que rechazar
esa petición, pero se había cometido un error, o tal vez no. La decisión
de la Mesa fue el 17 de septiembre. Dos días antes, el Consejo de
Política Fiscal y Financiera ya había decidido elaborar este informe. Se
da un plazo de 45 días, se reúne el grupo de estudio. Ya no lo vuelven a
reunir más hasta el jueves, y el plazo se incumple. ¿Por qué? Porque
había que presentar en el Congreso el proyecto de Presupuestos de 1998 de
forma que éste fuese leonino para las Comunidades Autónomas, y luego, en
la discusión del modelo, poner la exigencia de: O firmas lo que hay
ahora, o te quedas con el que hemos aprobado en el Congreso, que es el
anterior modelo y, además, rebajado.
Esta es la historia de este acuerdo y la farsa con la que nos han
brindado durante este año. Pero pasemos a analizar el modelo, porque
tiene puntos bastante interesantes.
La primera cuestión que tenemos que aclarar es el importe de la
financiación adicional que supone el nuevo modelo. En el modelo que
finaliza el 31 de diciembre, como sus señorías conocerán, se contempla un
crecimiento acumulativo del PIB nominal sobre los volúmenes de gasto de
los años ya aprobados en los Presupuestos anteriores, y es sobre este
crecimiento sobre el que habrá que ver cuál es la cantidad adicional, lo
que se ha puesto de más en este modelo.
El 21 de mayo, cuando le formulé la interpelación, usted manifestó la
necesidad de dotar fondos adicionales. Es más, el 25 de junio, en una
pregunta en esta Cámara, usted cifró ese crecimiento adicional al PIB
nominal. Dijo que eran necesarios unos 120.000 millones de pesetas.
Además, manifestó textualmente que estos créditos se harían --y se lo
leo-- con cargo al sistema fiscal. Veremos ahora qué es lo que no ha
aplicado el nuevo modelo. Por un lado, hay un fondo general y un fondo
para atenciones específicas. También se incluyen otros fondos, como son
unos 65.000 millones de pesetas de posibles ahorros de gasto
farmacéutico. En cualquier caso --luego me referiré con más detalle a
éste--, no es un fondo adicional, simplemente se trata de un cambio de
partida contable: del gasto de farmacia lo pasaríamos a las atenciones
correspondientes, e igual sucedería con el otro fondo de 40.000 millones
de pesetas de las incapacidades transitorias. También es un fondo
condicional, y tampoco significa un ahorro en lo que es el presupuesto
consolidado del Estado, porque ya se contempla en los presupuestos de la
Seguridad Social, y son fondos condicionados porque requieren del
cumplimiento de unos objetivos que se tienen que pactar con las
Comunidades Autónomas. Entonces, ¿cuál es la financiación no condicionada
que contempla el nuevo modelo? Esta es de tres billones 797.759 millones.
La cantidad percibida, según el Presupuesto de 1997 aprobado por estas
Cámaras, por el Insalud y las Comunidades Autónomas es de tres billones
561.864 millones. Si a esto le subimos el PIB nominal que, según la
previsión del Gobierno es del 5,7 por ciento, nos encontramos con que la
cantidad que habría en ese modelo antiguo para la sanidad en el año 1988
ascendería a tres billones 764.891 millones. Una simple resta, señor
Ministro, nos da los fondos adicionales que se aportan en el nuevo
modelo, lo que hay de más respecto de lo que correspondería en el
anterior modelo: 32.868,5 millones de pesetas. El resto del incremento o
son manejos contables o ya estaba comprometido por el anterior modelo. Lo
nuevo es exclusivamente eso.
¿Dónde queda la promesa que realizó aquí el Ministro de incrementar
120.000 millones? ¿Dónde queda ese espectacular incremento que nos
anuncian a bombo y platillo sus medios de comunicación social? La primera
conclusión que podemos sacar, señor Ministro, es que esta financiación es
insuficiente.
Pasemos ahora a ver los componentes novedosos. En el fondo general se
incluye un fondo --permítame la expresión-- de financiación condicionada,
como he dicho, porque se percibirá a condición de que se cumplan algunos
objetivos, dotado con los ahorros producidos con las incapacidades
transitorias. Esta financiación se percibe por adelantado y después se
liquidará en función de que se cumplan o no los objetivos. ¿No cree el
señor Ministro que esto puede incrementar el déficit si se ha gastado ese
fondo y luego los objetivos no se cumplen? Porque se percibe por
adelantado. Pero lo que es más grave, señor Ministro, esto va en contra
del Pacto de Toledo. Esto significa un paso atrás en los acuerdos del
Pacto de Toledo que establece que la financiación de la sanidad debe
correr al cien por cien con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado. Y ustedes financian ahora parte de la sanidad con cargo a los
fondos de la Seguridad Social.
Se habla también de otros fondos para el ahorro de medicamentos, lo que
excluiría la financiación del medicamento de la Seguridad Social. Esto es
lo que el Partido Popular en su día bautizó como el medicamentazo,
término que a mí no me gusta, pero no seré yo quien niegue la propiedad
intelectual al Partido Popular de tan importante aportación a la lengua
española. Fue su decisión y ahí está. Eso tampoco significa más dinero
para la sanidad, como le he dicho antes, sino un cambio de partida
contable. Que se vaya a aplicar parece una decisión firme porque el señor
Aznar lo ha anunciado, aunque de lo que diga luego ya se sabe, pues
parece ser que ahora, incluso, se quiere negociar algo.
No puedo repetirle por falta de tiempo, que no de ganas, todos los
apelativos, todos los exabruptos, que ustedes dedicaron hace años al
Decreto de Financiación Selectiva de Medicamentos. Sólo les voy a
recordar una cosa: sus promesas electorales. El señor Fernández-Miranda,
dijo el 9 de febrero de 1996: Retiraremos el «medicamentazo». El
«medicamentazo» no seguirá. Las 1.658 medicinas del «medicamentazo» --y
la cifra la pone él-- volverán a la Seguridad Social si el Partido
Popular gana las elecciones. Que los ciudadanos valoren la promesa
electoral y los actos que ustedes pretenden realizar ahora.
Hay una diferencia fundamental entre aquella actuación y las que ustedes
quieren realizar ahora. El Decreto de Financiación Selectiva fue
estudiado por todos los profesionales. De él se retiraron artículos que
aludían a productos que no tenían, casi nunca, ninguna utilidad
terapéutica: champúes, cosméticos, etcétera. Se trató, entonces, de
evaluar aquellos artículos que apenas tenían valor terapéutico y de
excluirlos. Sin duda, esto tendría también una repercusión económica.
Pero el tratamiento que se está dando a este asunto por el Ministerio es
muy distinto. Aquí se dice que hay que ahorrar 65.000 millones y que hay
que ampliar la lista hasta que dé 65.000 millones.
Señor Ministro, ¿hasta qué nivel de valor terapéutico se va a excluir
para conseguir esos 65.000 millones de pesetas? ¿Existe, señor Ministro,
o no existe la lista? Si existe, ¿por qué no se hace pública? Y si no
existe, ¿cómo se sabe que se van a ahorrar 65.000 millones de pesetas?
¿Quién elabora esa lista? ¿El Ministerio de Sanidad que dice que no la
tiene o el de Economía que ya sabe que se ahorran 65.000 millones?
La verdad es que la descoordinación del Gobierno en esta materia, las
constantes contradicciones y la intromisión de unos ministerios en otros,
así como el silencio que usted ha mantenido durante todo este proceso,
nos hacen pensar que o usted es un Ministro a tiempo parcial o el
Ministro de Economía ejerce a ratos de Ministro de Sanidad, pero, desde
luego, su silencio ha sido clamoroso.
El otro día leí una entrevista suya en el «ABC» y se planteaba la
posibilidad de establecer una inscripción en aquellos medicamentos que
tuviesen baja utilidad terapéutica. Quisiera que me dijera cuándo se va a
hacer y cómo. También tengo una curiosidad, y es saber cuál va a ser la
inscripción, si va a ser algo así como las «autoridades sanitarias
advierten que este medicamento no sirve para nada». Mi opinión es que no
parece muy seria esta medida. Sería más lógico pensar que si los
medicamentos no tienen utilidad terapéutica, quo no se registraran y si
por algún error se registraron, sean retirados del registro.
Otro tema de discrepancia --yo creo que aquí ya ha quedado claro que los
fondos dan lugar no solamente a una financiación insuficiente, sino
también a una financiación no correcta a través de posibles créditos
condicionados-- es el de los criterios de reparto, donde se han
establecido dos fondos: por un lado, un fondo específico, cuyos criterios
de reparto no coinciden en ningún caso con lo que son los criterios de
población protegida que se recogen en los fondos generales.
Hay un fondo denominado de modulación, que trata de compensar a las
Comunidades Autónomas que pierden población, con un importe de 20.424
millones de pesetas. Cuando analizamos el reparto de este último fondo,
la paradoja está en que el 73,37 por ciento se destina a las Comunidades
Autónomas con la sanidad transferida y sólo el 26,63 por ciento al
Insalud. Y cuando analizamos las Comunidades Autónomas que han perdido
población y la población que ha perdido el Insalud, nos damos cuenta de
que la relación es exactamente la contraria, con lo cual se reparte el
fondo en una proporción de dos a uno contra el Insalud cuando la relación
de pérdida de población es exactamente la contraria. Señor Ministro,
dígame qué criterios ha utilizado, salvo que el único criterio haya sido
la absoluta discrecionalidad.
Existe otro fondo, que es el denominado fondo de gastos extraordinarios
originados por la docencia y la asistencia hospitalaria, así como los
conocidos desplazados, con un importe total...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Zamorano, vaya
terminando.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Voy terminando, señor Presidente.
Con un importe total de 47.918 millones de pesetas. De éstos, el 84 por
ciento corresponde a las Comunidades Autónomas con la sanidad transferida
y el 11,59 por ciento al Insalud gestión directa, una proporción de 9 a 1
en contra del Insalud. Yo quisiera conocer cuál es la parte que
corresponde al fondo de docencia, la parte que corresponde al fondo de
desplazados, cuáles son los criterios que se han aplicado, cuál es la
docencia contemplada --desde luego la MIR no es-- y el registro de
desplazados que debe tener el Ministerio para poder evaluar el volumen de
los mismos en las distintas Comunidades Autónomas.
Finalizando con los fondos discrecionales, señor Ministro, diré que el
total asciende a 68.363 millones, de los cuales el 83,91 corresponde a
Comunidades Autónomas con la sanidad transferida y el 16,09 al Insalud
gestión directa. Es decir, de estos fondos discrecionales que adiciona
el sistema, 2.475 pesetas por habitante van a las Comunidades Autónomas
con la sanidad transferida y 768 pesetas al Insalud gestión directa, una
desproporción de 3 a 1 en contra del Insalud, algo que, en mi opinión, es
absolutamente injusto y discriminatorio.
Señor Ministro, tras el lamentable espectáculo de la farsa que han
desarrollado durante este año y medio, tiene usted la obligación de
exponernos aquí el modelo y de contestar a las preguntas que le he
realizado, hacerlo donde desde un principio debía hacerlo, en el
Parlamento, no continuar ignorando a esta Cámara, darnos los criterios y
no actuar más de espaldas a la institución parlamentaria.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Comparezco con mucho gusto, señor Presidente, señorías, ante este Pleno
del Senado, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, para exponer
las líneas generales del nuevo modelo de financiación de la sanidad,
acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en su reunión del
pasado 27 de noviembre, acuerdo que contó con el apoyo unánime de los
representantes de todos los servicios de salud que gestionan la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
Antes de nada me gustaría aclarar que en ningún caso se han sustraído a
las Cámaras los criterios del Gobierno sobre el nuevo modelo de
financiación de la sanidad, que, como todos ustedes saben, es el que
surge de la propuesta que se acuerda en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, en el que están representadas todas las Comunidades
Autónomas. No es esto una novedad, así ha ocurrido en ocasiones
anteriores, pero es ahora cuando se quiere crear confusión sobre el papel
de los distintos órganos del Estado en estas cuestiones. Se ha respetado
escrupulosamente la legislación vigente y los precedentes en estas
materias.
En este sentido, en una comparecencia ante el Pleno del Congreso bien
reciente ya adelanté que el presupuesto de la asistencia sanitaria del
Sistema Nacional de Salud que figura en el Presupuesto debería adecuarse
a este acuerdo que adoptara el Consejo de Política Fiscal y Financiera
con las correspondientes repercusiones que del mismo se derivarían, y así
aparece recogido en el «Diario de Sesiones». Además, señorías, quiero
recordar que uno de los temas que ha centrado el trabajo de la
subcomisión parlamentaria para la consolidación del Sistema Nacional de
Salud es el relativo a la financiación sanitaria, su suficiencia y su
estabilidad, así como la equidad territorial de su distribución, lo que
ha dado lugar a que en el acuerdo alcanzado en la Comisión de Sanidad y
Consumo del Congreso, el pasado 21 de octubre, se introduzca como un
punto específico el correspondiente a la financiación sanitaria, tal y
como he tenido ocasión de exponer tanto ante esta Cámara como en el
Congreso de los Diputados,con motivo de diversas interpelaciones
parlamentarias. No tiene precedentes la información y el debate sobre
estas cuestiones, tanto en las Cámaras como en otros órganos, con lo que
ha ocurrido estos últimos meses.
En este mismo sentido, el pasado mes de septiembre la subcomisión --como
aquí se ha recordado justamente-- solicitó que el Consejo de Política
Fiscal y Financiera trabajara en el establecimiento de las bases para el
nuevo acuerdo de financiación sanitaria. El Consejo inició sus trabajos
el 15 de septiembre, acordando como primera medida la constitución de un
grupo de trabajo con ese objetivo, tal y como tuve ocasión de informar a
sus señorías con motivo de una interpelación del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya del pasado 17 de
septiembre. Por lo tanto, ahora, cuando han transcurrido dos meses y
medio desde aquella fecha y encontrándonos plenamente dentro del plazo
previsto y en pleno período de tramitación de los Presupuestos Generales
del Estado, puedo decirles con satisfacción que el modelo de financiación
para el próximo cuatrienio se encuentra ya cerrado gracias a ese acuerdo
alcanzado en el Consejo el pasado 27 de noviembre, al que antes hacía
referencia, y ya están tramitadas las correspondientes enmiendas en esta
Cámara para que se puedan incorporar las nuevas previsiones a los
Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Como todos ustedes saben, este año finalizaba el modelo de financiación
de la sanidad para el período 94-97, articulado en base al acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera de 21 de septiembre de 1994. Aquí
ya empiezan algunas diferencias con lo que ocurría en etapas anteriores,
señor Senador: el anterior acuerdo de financiación se aprueba en el mes
de septiembre de 1994 para entrar en vigor el 1.º de enero de 1994;
estamos ahora acordando la financiación sanitaria para el período
1998-2001 y va a entrar en vigor con todas sus consecuencias el 1.º de
enero de 1998. Esas son maneras distintas de trabajar.
El nuevo modelo se enfrenta a los siguientes retos. Dotar al sistema de
un nivel de recursos suficiente para atender las necesidades reales del
gasto sanitario. Distribuir esos recursos homogéneamente entre las
distintas Administraciones, garantizándolas un nivel mínimo de
financiación. Adecuar el gasto farmacéutico a los niveles medios de los
países de nuestro entorno, limitando, consiguientemente, la financiación
de medicamentos de escaso valor terapéutico. Luchar contra el fraude en
los gastos asociados a prestaciones sanitarias mediante convenios
bilaterales entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de
discapacidad temporal. Y destinar recursos específicos para financiar
gastos extraordinarios derivados de docencia o asistencia primaria y
hospitalaria a no residentes.
La sanidad pública contará en 1998 con 381.000 millones más que en 1997,
lo que supone que se destinarán a sanidad 10.000 pesetas más por
habitante, y eso se puede
hacer con distintas fuentes, pero la realidad es que para verdaderas
necesidades sanitarias se va a poder disponer de esos recursos
adicionales.
Este nuevo modelo de financiación distribuye los recursos del sistema en
dos fondos: un fondo general, destinado a la cobertura de prestaciones
generales, y otro finalista, para atender necesidades específicas
derivadas del gasto de docencia, asistencia primaria y hospitalaria a no
residentes y para garantizar una financiación mínima a las
Administraciones gestoras. El fondo general estará dotado por el importe
total de 3 billones 769.000 millones, integrado, a su vez, por las
siguientes partidas: la dotación para el gasto sanitario prevista en el
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998, de 3
billones 719.000 millones, que ya incluye un incremento de recursos
estimado en 70.000 millones, derivado de medidas de ahorro adoptadas en
el ejercicio 1997, que fueron una mayor disponibilidad para el Sistema
Nacional de Salud --si no hubo elevación de salarios en el sistema
público, y, sin embargo, la consignación prevista para esa finalidad
queda a favor del Sistema Nacional de Salud, son más recursos de los que
dispone el sistema--; una dotación adicional de 25.000 millones para
mejoras del sistema, a la que se añadirá una partida adicional de 10.000
millones y los recursos derivados del control del gasto en incapacidad
temporal, por un importe de 40.000 millones. El fondo específico estará
dotado con 68.362 millones, y el presupuesto total del Sistema Nacional
de Salud ascenderá a 3 billones 837.759 millones.
A todo esto debemos añadir el ahorro en gasto farmacéutico, que
incrementará la capacidad de financiación del sistema en aproximadamente
65.000 millones, y, por último, el Gobierno asume el compromiso de
incrementar los recursos del Sistema Nacional de Salud en 25.000 millones
a partir del año 2000, incremento que estaría condicionado a la reducción
de las listas de espera.
El reparto de los fondos entre las distintas Administraciones que los
gestionen, Insalud y Comunidades Autónomas, se realizará sobre la base de
los siguientes criterios: para la distribución del fondo de prestaciones
generales se utilizará el criterio de población protegida; para la
distribución del fondo específico entre las Administraciones gestoras se
tiene en cuenta el saldo financiero de cada una de ellas en los gastos
para docencia y asistencia primaria y hospitalaria a no residentes y una
financiación mínima garantizada a cada una de ellas. En concreto, la
pérdida de financiación de cada Administración gestora por aplicación del
criterio de población protegida no podrá suponer más del 0,25 por ciento
de los recursos que tuvieran asignados en el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Por último, el ahorro en gasto farmacéutico se reparte entre las
Administraciones gestoras en función del ahorro real que se obtenga. A
fin de adaptar el volumen de recursos a las necesidades del gasto
sanitario en cada ejercicio, la dotación de recursos para 1998, conforme
a los criterios antes expuestos, deberá evolucionar en función del PIB
nominal a lo largo de los cuatro años a los que resulta aplicable el
modelo.
En 1998 se invertirán en Sanidad 104.060 pesetas por habitante, frente a
las 93.900 del año 1997. Estos son los datos fundamentales, señor
Senador. Este esfuerzo de financiación sin precedentes se llevará a cabo
sin aumentar la presión fiscal, sin subir los impuestos y sin realizar
ningún recorte social.
Lo que ustedes no fueron capaces de hacer, lo que no supieron o no
quisieron hacer, dotar al Sistema Nacional de Salud de suficiencia
financiera, resolver de una vez el problema de financiación de la
sanidad, es lo que resulta de este acuerdo de financiación y del nuevo
modelo que se incorpora a los presupuestos de este año.
Cuando el año 1994 se plantearon ustedes este problema, tuvieron sobre la
mesa las mismas cifras del gasto sanitario real, lo que era necesario
para atender las necesidades del servicio. Y sobre esto hicieron ustedes,
primero, un recorte de 90.000 millones de pesetas, y después otro de
55.000. Y quedó lastrado el Sistema Nacional de Salud, con insuficiencia
para atender sus necesidades. Si no, pregúnteselo a sus compañeros de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que han estado gestionando los servicios
sanitarios. Entonces no fueron ustedes capaces de resolver este problema,
y ahora, cuando nos encontramos en el momento en que el Gobierno da una
solución definitiva a la financiación de la sanidad, plantean ustedes
esta guerra entre Comunidades y pretenden hacer demagogia con una
cuestión tan importante y tan esencial como es el sistema sanitario.
El nuevo modelo de financiación sanitaria representa para el Insalud una
mejora considerable en su capacidad financiera por cuanto supone un
incremento de 127.000 millones de pesetas sobre el escenario de 1997. Esa
cifra representa un aumento porcentual del 9,44 por ciento. De este
importe, 24.000 millones corresponden a la disminución prevista del gasto
farmacéutico. El incremento de financiación que le hubiera correspondido
al Insalud con el anterior modelo hubiera sido del 4,9 por ciento y va a
ser del 9,44.
El gasto por habitante en el territorio del Insalud se sitúa en 103.864
pesetas, similar al del resto de las Comunidades Autónomas, sólo por
debajo de Cataluña, Andalucía y Galicia, pero por encima de Canarias y de
Valencia. Son, como digo, 103.864 pesetas, sin contar la financiación de
los centros nacionales.
La mayor capacidad financiera del Insalud va a potenciar aún más su
política de inversiones, con la que se ha propuesto corregir los
desequilibrios territoriales existentes en materia de infraestructuras
sanitarias, que, desgraciadamente, eran muy superiores a lo deseable.
Gracias a este nuevo acuerdo de financiación, el Insalud va a poder
incrementar sus inversiones un 39 por ciento en el año 1998 sobre el año
1997. Y ese aumento de las inversiones en el cuatrienio nos va a permitir
equilibrar la situación de las infraestructuras sanitarias de las
Comunidades Autónomas que gestiona el Insalud, que necesitaban
inversiones importantísimas para alcanzar esos niveles de equilibrio.
Vamos a tener que invertir 26.000 millones de pesetas en Castilla-La
Mancha en el cuatrienio para dotar a esta
Comunidad Autónoma de las infraestructuras que necesita. Para hacernos
una idea de lo que representa esta cantidad que he mencionado, se puede
comparar con lo que prevemos invertir en Madrid, con tres veces más
población que Castilla-La Mancha. Para poner la red de Madrid en
condiciones necesitaremos invertir 40.000 millones, y para adecuar la red
de Castilla-La Mancha vamos a invertir 26.000 millones. Para poner
Castilla y León --otra Comunidad realmente infradotada-- en las
condiciones en las que tendría que estar, vamos a tener que invertir --y
vamos a poder hacerlo gracias a este acuerdo de financiación-- casi
37.000 millones en el cuatrienio.
De la capacidad total de financiación con que contará la sanidad pública
en los próximos cuatro años, el 98,8 por ciento se reparte en función del
criterio de población protegida según el Padrón de 1996, último en vigor.
Tanto el establecimiento de un marco financiero estable como el criterio
de reparto utilizado forman parte de las recomendaciones de la
subcomisión parlamentaria que ha estudiado la modernización y
consolidación del sistema sanitario.
Como consecuencia del descenso de población que se registra en su
territorio, el Insalud dejará de percibir una cifra cercana a los 10.000
millones de pesetas, pérdida que se compensa en parte con 5.444 millones
procedentes de un fondo especialmente diseñado para mitigar el impacto
negativo de esta caída de población.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Ministro, consumió su
tiempo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Termino
enseguida, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): El Insalud
dispondrá de 5.555 millones más para financiar gastos originados por la
asistencia a desplazados, otros 11.700 millones para sus centros
nacionales, y 5.000 millones más para estas mismas atenciones, con lo
cual queda perfectamente equilibrado el trato financiero que recibe el
Insalud con el conjunto de las Comunidades Autónomas. Repito, está por
detrás de Cataluña, de Galicia y de Andalucía, pero por delante de
Valencia y de Canarias.
En definitiva, señor Senador, estamos ante un momento histórico para la
financiación de la sanidad pública; por primera vez la sanidad recibe una
financiación realista, equitativamente resuelta, apoyada en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera por todas las Comunidades con servicios
transferidos, incluida Andalucía, y en condiciones de poner nuestro
Sistema Nacional de Salud, juntamente con las conclusiones de la Comisión
parlamentaria del Congreso sobre esas cuestiones, a la altura de las
necesidades de este momento para España.
Nada más, señor Presidente; muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene usted la palabra, Senador Zamorano, por cinco minutos.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Ministro de Economía no le ha debido explicar todavía
los acuerdos a que llegó, porque desde luego la cifra que usted ha dado y
el desconocimiento que tiene del modelo aprobado para financiar la
sanidad es notorio.
Señor Ministro, aquí no hay nuevo modelo; aquí se aplica el modelo
anterior, que es el de los gastos sanitarios con el incremento del PIB
nominal, y a eso ustedes lo único que le añaden es discriminación; le
añaden 32.866 millones que se aplican discriminatoriamente para
justificar sus pactos. El resto son juegos contables, poniendo en peligro
la Seguridad Social, quitándole los fondos a las IT o pasando dinero de
farmacia, que ya está en el sistema, a otras partidas. Pero ustedes no
tienen modelo ni imaginación para desarrollarlo. Han cogido el modelo
socialista y lo han discriminado con 32.000 millones. Eso es lo único que
han hecho.
Yo quiero recordarle el papel que se ha jugado en todo este proceso.
Usted me habla de la subcomisión; bien, la subcomisión aprobó unos
criterios para el reparto de los fondos; aprobó el envejecimiento, la
dispersión, la insularidad, y no se ha contemplado ni uno sólo de esos
criterios; pero, señor Ministro, el papelón suyo en este tema se lo voy a
recordar en función de sus propias palabras. El día 21 de mayo, en el
«Diario de Sesiones» usted me dice que los criterios de reparto deben
considerar adicionalmente las diferencias de los niveles de salud y
sociales que motivan las diferencias de gastos entre las Comunidades
Autónomas, de manera que puedan ser atendidas esas necesidades y alcanzar
la reducción gradual de las mismas. Y atendiendo al criterio de reparto
que se ha aplicado, ¿considera usted que los niveles de salud y los
niveles sociales son mayores en el Insalud que en las Comunidades
Autónomas con la sanidad transferida? ¿Considera usted, de verdad, señor
Ministro, que los niveles económicos y de salud en Castilla y León, en
Extremadura, son mayores que en Cataluña, que en Valencia o que en
Baleares? Porque estas Comunidades se llevan más de los fondos
discriminatorios, y el Insalud pierde 15.000 millones.
Usted me habla de la situación del Insalud. Señor Ministro, si comparamos
lo que le aporta el nuevo modelo al Insalud con respecto a lo que ya ha
aprobado el Congreso, con respecto al Presupuesto para 1998, que va a
entrar en esta Cámara, en financiación no condicionada el Insalud baja un
0,62 por ciento. Si tenemos en cuenta la financiación condicionada, es
decir, no solamente el dinero contante que le van a dotar, sino los
posibles ahorros del «medicamentazo» o los posibles ahorros de las IT,
subiría un 0,4 por ciento.
En el conjunto del total, la subida quedaría siempre de 2 a 3 puntos por
debajo de lo que se incrementa en las
Comunidades Autónomas que tienen la sanidad transferida.
Señor Ministro, en su conjunto, ustedes le han quitado 15.000 millones de
pesetas al Insalud para dárselas al resto de las Comunidades, simplemente
para utilizarlo como un criterio de pago para mantener al señor Aznar en
La Moncloa.
Pero, la gravedad de esta situación la pone de manifiesto el propio
Partido Popular con las enmiendas que ha presentado a la Ley de
Presupuestos a tramitar en el Senado. Que usted ha defendido al Insalud y
que la financiación es tan importante, queda de manifiesto con las
enmiendas presentadas.
Señor Ministro, como la financiación para el Insalud del nuevo modelo es
tan pequeña, como se les crea una discriminación tan fuerte, perdiendo
15.000 millones, se presenta una enmienda en el Senado en la cual se dice
que el Ministerio de Economía adiciona 5.000 millones de pesetas más,
fuera de modelo, para compensar el disparate del modelo, y eso lo dice
una enmienda del Partido Popular. Pero, señor Ministro, es que queda tan
mal que ni esto cubre, y han tenido que aplicar el «medicamentazo»
haciendo una reducción de 22.900 millones de pesetas en el gasto
farmacéutico para cargarlo a gastos en prestaciones sanitarias porque no
les cubre ni los créditos que ustedes pusieron.
Es decir, que el Insalud pierde financiación y sale absolutamente
discriminado con respecto a las prestaciones sanitarias del resto de las
Comunidades Autónomas. Y en eso consisten, señor Ministro, las dos
enmiendas que el Grupo Popular ha presentado aquí, aplicando incluso algo
que todavía no está acordado, el «medicamentazo».
Señor Ministro, como puede comprender, el Grupo Parlamentario Socialista
rechaza lo que el Gobierno ha denominado nuevo modelo de financiación de
los servicios de sanidad para el período 1998-2001, y lo rechaza porque
consideramos que la financiación es insuficiente, que los fondos que se
contemplan no son fondos de financiación correctos y porque es injusto en
su aplicación y discriminatorio en su reparto. Es una farsa que ha
supuesto un profundo desprecio hacia la institución parlamentaria, un
presunto modelo de financiación.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Zamorano, termine
rápidamente.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Sí, señor Presidente.
Es una farsa que ha supuesto un presunto modelo de financiación que
traerá graves consecuencias para nuestro sistema sanitario, que va contra
la Ley General de Sanidad y que tendrá graves consecuencias también en el
sistema de Seguridad Social. En definitiva, se trata de una farsa que
ustedes han puesto en marcha simplemente para mantener al señor Aznar en
La Moncloa, utilizando para ello las prestaciones sanitarias como si
fuesen un mero elemento de tráfico mercantil.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
A nuestro Grupo Parlamentario le parece oportuno que se haya presentado
esta interpelación, aunque en el fondo materialmente no coincidimos con
nada de lo que el interpelante del Grupo Parlamentario Socialista ha
valorado respecto del nuevo modelo de financiación sanitaria.
Nosotros no creemos que esto sea un acuerdo para mantener al Gobierno del
Partido Popular con el apoyo del señor Pujol. Esa es simplemente una
terminología política que a veces puede utilizarse, pero en realidad es
mucho más serio que todo eso, es un gran acuerdo que afecta a los
ciudadanos españoles. Y es que si leemos las encuestas del CIS o las
encuestas que la Lehendacaritza del Gobierno vasco ha realizado a
propósito de los aspectos que preocupan primordialmente a los ciudadanos,
podremos ver que al 76 por ciento de los ciudadanos del País Vasco, al 75
por ciento de la media española lo que le preocupa es la salud.
Por tanto, en realidad estamos hablando de un tema político que está
afectando a los ciudadanos de manera importante. Este es el problema que
en mayor medida afecta al ciudadano y el que más le preocupa. Luego viene
en menor porcentaje la situación familiar, la estabilidad personal, el
trabajo, etcétera, y posteriormente otra serie de asuntos en relación con
la vida política que en el día a día no le importan tanto en definitiva.
Lo que si le importa mucho es la salud.
Lo cierto es que en esta legislatura se han abordado políticamente, entre
otros, los trabajos del modelo sanitario del sistema público en el
Congreso y el sistema de la ordenación farmacéutica en la Comisión
especifica del Senado. Es decir, se han abordado temas políticamente muy
importantes que nada tienen que ver, a nuestro juicio, con que el señor
Aznar reciba el apoyo del señor Pujol. Lo que estamos tratando en estos
momentos son los problemas que tiene el ciudadano español, a propósito de
los cuales la mayoría de los grupos parlamentarios y la mayoría de los
administradores públicos, en definitiva, los responsables políticos, han
llegado a un acuerdo.
Eso es lo que hay que resaltar. Cuando la mayoría está de acuerdo,
¿estamos haciendo cosas buenas o estamos haciendo cosas malas? Hay que
tener sentido común político de lo que estamos haciendo. Si todas las
Comunidades Autónomas menos dos están de acuerdo --una de ellas Navarra,
con el caso específico de que tenía un mandato parlamentario de que no
podía votar que sí, pero el Gobierno estaba de acuerdo cumpliendo una
resolución de una proposición de que no podía votar--, creo que el
sentido común jurídico y político nos dicen que estas medidas que se
incluyen en la Ley de Presupuestos contienen una gran dosis de sensatez y
de bienestar para los ciudadanos españoles.
Por tanto, nosotros vemos bien que se haya llegado a este acuerdo.
Además, la gran mayoría de administradores públicos de la sanidad
española, bien sean los de los poderes centrales del Estado, bien sean
los de las Comunidades Autónomas, así lo ven.
Y era absolutamente necesario llegar a un acuerdo porque, como queda
constatado a través de todos los debates y trabajos realizados tanto en
esta Cámara como en el Congreso de los Diputados, los problemas que tiene
la sanidad española en lo que al crecimiento del gasto se refiere
--gastos exógenos como puede ser el avance en las tecnologías, el
envejecimiento de la población, el cambio en los patrones de morbilidad y
mortalidad-- producen, en definitiva, un incremento del gasto en función
del cual el responsable público tiene que preguntarse: ¿A qué voy a
dedicar el dinero público? ¿Lo dedico a carreteras o sanidad? ¿Y qué es
lo que quieren los ciudadanos? Están presionando a todos los grupos
políticos para que gastemos en sanidad. Eso es lo que quieren, y este
acuerdo refleja esa voluntad mayoritaria.
Nosotros hemos participado, a través de nuestros representantes, en estas
negociaciones políticas para lograr este acuerdo, que apoyamos, que nos
parece bueno porque establece la conexión entre la clase política y la
realidad social, que es lo que, en definitiva, debemos realizar los
parlamentarios: adoptar acuerdos que intenten solucionar los problemas de
los ciudadanos; e insisto en que éstos quieren que se gaste en sanidad.
Podrá recortarse el presupuesto en otras materias, se podrá entender que
se dilaten los gastos, por ejemplo, para la construcción de una
determinada infraestructura, y en ese caso acudiremos a un modelo alemán
de financiación, o a entes adicionales, como puede ser la financiación
privada. Pero, repito, no quieren que eso ocurra en materia de sanidad.
Los responsables públicos --el Ministerio, las Comunidades Autónomas, los
grupos parlamentarios-- hemos recibido claramente ese mandato, y hemos
llegado a un acuerdo respecto del cual coincide el 90 por ciento y del
que estamos satisfechos, que se tramitará a través de las enmiendas que
el Grupo Popular ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado,
que van dirigidas a dotar de suficiencia y a garantizar el funcionamiento
del sistema público de salud español.
Por otro lado, nos parece importante el incremento que se recoge en los
presupuestos para la financiación sanitaria durante el período 1998-2000;
primero, con el fondo general que se establece al efecto, con un
presupuesto de 3.719 millones de pesetas, y posteriormente, con el fondo
especifico. En este sentido, hemos debatido en muchísimas ocasiones la
necesidad de que exista un índice corrector para los desplazados...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Gatzagaetxebarría, su
tiempo ha terminado.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy terminando, señor Presidente.
Obviamente, en aquellos lugares de la geografía donde existen grandes
servicios sanitarios hay que establecer un modelo corrector. En eso todos
estamos completamente de acuerdo.
Lo mismo ocurre con el modelo de crecimiento que se establece a través
del PIB nominal, que se llevará a cabo en 1999; en el 2000, además, con
un incremento adicional de 25.000 millones de pesetas, y en el 2001,
consolidando lo relativo al 2000, más el incremento del PIB nominal.
Coincidimos con estos acuerdos políticos y, sobre todo, en lo relativo al
ahorro farmacéutico. Así, creemos importantes las medidas para la
utilización de genéricos, la reducción de los precios del medicamento y
la elección selectiva de los medicamentos. Y por nuestra parte, señor
Ministro, proponemos que en el Consejo Interterritorial se adopten una
serie de medidas, como la diferenciación entre registro y financiación, o
que incluso se puedan establecer precios de referencia para algunos
medicamentos. Asimismo, planteamos que se adopte un sistema positivo de
establecimiento de listas, de manera que aquello que aparezca en las
disposiciones que al efecto se establezcan sea lo financiado, y no lo
contrario...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, le ruego que concluya
cuanto antes.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, señor Presidente.
Decía que proponemos que se adopte un modelo positivo, en lugar de que
todas las medicinas o productos farmacéuticos que vayan saliendo al
mercado estén directamente financiados, salvo que se diga lo contrario.
Nosotros invertiríamos la cuestión: que se especifique lo que se incluye,
como se ha hecho, tanto en materia de farmacia, como de prestaciones
sanitarias. Insisto, es un modelo positivo, en el que se indica lo que se
incluye en el sistema público, mientras que el resto queda fuera, como
ocurre en el sistema de alemán. Creo que éste debe ser el modelo, y no el
cajón de sastre que supone el que se incluya todo aquello que no se
especifica que no entra.
Vuelvo a insistir en que nos congratula este acuerdo, con el que creemos
que se garantiza el sistema público de salud y que, sobre todo, refleja
una conexión entre la clase política y la ciudadanía, que quiere que se
gaste en sanidad, lo que se logra con estos acuerdos políticos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador don
Jaume Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, paso a exponer nuestra posición en relación con la
interpelación del Senador Zamorano sobre el nuevo modelo de financiación
para los próximos cuatro años.
De entrada, hemos de decir que valoramos positivamente el acuerdo que se
alcanzó la semana pasada en el
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que conviene recordar
que se obtuvo por la amplia mayoría de las Comunidades Autónomas --con
sólo dos de ellas, sin el Insalud transferido, en desacuerdo--; sobre
todo, por aquéllas que tienen transferido el Insalud.
En primer lugar, esta valoración positiva tiene su fundamento en el
incremento de los recursos presupuestarios considerados globalmente para
el próximo cuatrienio, porque si el gasto sanitario es de 3.520.000
millones de pesetas, para el próximo año hay un incremento, como se ha
dicho, de 380.000 millones de pesetas, lo cual representa cerca de un 10
por ciento. Además, para el año 1999 se prevé un incremento adicional del
fondo de 25.000 millones de pesetas, que se sumará a la financiación del
crecimiento del producto interior bruto, el cual, además, se aumentará
para el año 2001, el cuarto año del cuatrienio.
Por tanto, convendremos todos en que gracias a este acuerdo de los
primeros cuatro años habrá una mejora cuantitativa sustancial en los
recursos para el conjunto de la sanidad. Ya sé que ha hablado de la
insuficiencia financiera, a lo que después me referiré.
Por otra parte, con este acuerdo se ha demostrado lo que veníamos
diciendo desde un principio: que es un problema de insuficiencia del
conjunto de la financiación de la sanidad en el conjunto del Estado
español y, por tanto, no era un problema sólo de algunas Comunidades
Autónomas, como Cataluña, sino de alguna otra, precisamente de aquéllas
que lo habían tenido transferido en los primeros momentos.
El segundo aspecto es la procedencia de los recursos: los 200.000
millones de pesetas que vienen recogidos en el presupuesto, un fondo
adicional, como se ha dicho, de 75.000 millones de pesetas procedentes de
impuestos, para lo cual, ya hay un cargo en la ejecución de los
presupuestos de 1997 de 40.000 millones de pesetas para evitar el
incremento del déficit público, y en el acuerdo también se incluyen los
40.000 millones de pesetas por mejor gestión para la lucha contra el
fraude en la incapacidad transitoria.
Finalmente, hay otras vías de financiación, como el ahorro y
racionalización del gasto sanitario, previsto en 65.000 millones de
pesetas, el ajuste de la lista de medicamentos, los precios de referencia
y la utilización de los llamados genéricos.
En este segundo aspecto nuestra posición no es tan confiada, en el
sentido de que se puedan conseguir los objetivos que se pretenden. No hay
duda de que estaríamos mucho más tranquilos si estas aportaciones --sobre
todo la gestión de la incapacidad laboral transitoria, y el ahorro en el
gasto farmacéutico-- se equilibraran con aportaciones directas, porque
también tenemos que tener presente la necesidad de control del déficit
público.
Por tanto, hay que pensar en estas vías alternativas, aunque confiamos en
que se cumplan las previsiones, pues de lo contrario se producirá todo lo
contrario de lo que se pretende, es decir, un mayor incremento --ya lo
hemos dicho otras veces-- del déficit público, porque, indudablemente
--hay que volver a decirlo--, las necesidades en sanidad son inexorables
y hay que hacerlas frente, naturalmente con mayor rigor en la gestión,
pero nunca dejan de pasar su cuenta, como dijimos en su momento con
ocasión de la interpelación a la moción subsiguiente en la primavera de
este año.
Finalmente, pasamos al tercer aspecto: el reparto de los recursos. Hay
una primera distribución del 92,25 por ciento, es decir, tres billones
769.000 millones de pesetas en un fondo general que se reparte por
criterio de población protegida, de acuerdo con el último censo de
población, como el Grupo Parlamentario Socialista pedía. Con ello se
perjudica a unas Comunidades Autónomas: Cataluña, Galicia y territorios
del Insalud y, de pasada, se beneficia a Andalucía, Canarias y Comunidad
Valenciana.
Hay también un segundo fondo específico, que representa un 1,75 por
ciento del total, de un importe de 68.362 millones de pesetas, que se
reparte, a su vez en dos fondos: uno, el fondo de compensación, con la
financiación mínima para aquellas Comunidades Autónomas en las que la
población protegida crece por debajo de la media, con una asignación de
20.444 millones de pesetas que, en cierta forma, tiene un efecto
indirecto en el envejecimiento de la población, aunque no sea, repito,
directo, y otro, el fondo de desplazados, con un montante de 47.000
millones de pesetas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Cardona, consumió su
tiempo.
El señor Cardona I VILA: Termino, señor Presidente, pero quería apelar a
la benevolencia de la Presidencia porque en este caso el interpelante ha
hecho referencia a que el pacto entre el Gobierno, el Partido Popular, y
nuestro Grupo Parlamentario era la historia de una farsa. Nos podemos
sentir, sin que sirva de precedente, como interpelados y querría
referirme ahora a ello.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por lo bien que lo pide, puede
usted apelar a esta benevolencia, aunque es escasa.
El señor Cardona I VILA: Muchas gracias por su benevolencia.
Esas cantidades se distribuyen en función de las necesidades reales del
gasto y los resultados --en ello conviene insistir-- siguen la misma
proporción en su distribución que en el vigente sistema autonómico: el
1,75 por ciento, aproximadamente.
No queríamos entrar en esa lucha de unas administraciones contra otras,
si unas ganan y otras pierden, y si es mejor para aquellas Comunidades
Autónomas con el Insalud transferido o para aquéllas otras que no lo
tienen transferido. Pero lo cierto es que, hasta ahora --hay que
reconocerlo-- la transferencia del Insalud ha comportado inexorablemente
que, desde el punto de vista económico, haya dificultades
presupuestarias. No es una transferencia económicamente apetecible o
deseable. Las Comunidades Autónomas a las que ahora se les imputa un
mayor beneficio son justamente aquéllas más perjudicadas por
los recursos obtenidos en el momento de asumir dichas transferencias. No
se olvide.
También se cuestiona la distribución del fondo, que se reparte en función
de desplazados por docencia e investigación, pero tampoco debería
olvidarse una realidad contrastada, y es la correlación directa que hay
entre nivel de renta y gastos de sanidad.
En definitiva, señor Presidente, Señorías, nuestra posición podría
concretarse en la satisfacción obtenida por el incremento global
conseguido y en la esperanza en que se cumplan las previsiones de
suficiencia financiera del sistema.
El Senador Zamorano hacía referencia a la historia y a la farsa en los
acuerdos de Convèrgencia i Unió con el Grupo Parlamentario Popular, con
el Gobierno en concreto. Los acuerdos comportan, por un lado,
dificultades y, por otro, renuncias de una parte y de otra. Lo cierto es
que hacen falta nuestros votos para aprobar los presupuestos de 1998. Es
la misma necesidad que tenía el Gobierno Socialista en la pasada
legislatura para aprobar sus presupuestos, pero es cierto --y también lo
reconocemos-- que entonces fuimos criticados por ello. Este es nuestro
sino y nuestra responsabilidad, que ejerceremos --de la mejor forma
posible...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, ha terminado el cupo de
benevolencia.
El señor Cardona I VILA: Termino, señor Presidente.
En cuanto a la suficiencia financiera, veremos lo que nos depara el
futuro sobre las nuevas necesidades en Sanidad.
Muchas gracias, señor Presidente por su benevolencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cardona.
Tiene la palabra el señor Zamorano.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.
Me complace en cierta medida oír al portavoz de Convergència i Unió poner
en duda la suficiencia financiera global de los acuerdos. Realmente es
poco el dinero de fondo que se vuelve a poner.
Me complace igualmente oír sus dudas sobre lo que puede hacer el sistema
de financiación acogido a financiaciones condicionadas, porque,
efectivamente, si no se cumplen los objetivos, como no es dinero nuevo,
sino dinero que ya está contemplado en otros créditos, a lo que va a
contribuir es a incrementar el déficit.
Desde luego, no comparto los criterios de distribución utilizados. Tal
vez haya tenido que llegarse a ese criterio por la propia insuficiencia
del modelo.
Lo que sí quisiera decir al señor Ministro, a raíz de las palabras del
portavoz de Convergència i Unió, es que, efectivamente, se reparte el
fondo general en función de la población, no así los fondos
discrecionales. Pero hay que dejar claro que el Insalud no pierde
financiación sólo porque pierda población. Si tomamos el criterio de una
subvención proporcional a la población protegida, el Insalud, que
perdería financiación por la pérdida de población, pierde aún más, pierde
15.000 millones de pesetas que el Ministerio le quita para dárselo a
otras Comunidades Autónomas, 15.000 millones que le corresponden en
función de la población protegida.
Quisiera referirme al portavoz de Convegència i Unió diciéndole que creo
que han tenido una estrategia equivocada y que no les ha dado los
resultados apetecibles. Si en lugar de intentar ahora los acuerdos
bilaterales hubiésemos intentando entre todos conseguir una mejora en la
financiación, si se hubiese tenido la estrategia de un pacto global con
todas las fuerzas, seguramente la solución hubiese sido mejor para todos
y, sin duda, para cubrir el déficit de la sanidad catalana.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Zamorano.
Tiene la palabra el Senador Bellido Muñoz.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, la verdad es que hay ocasiones en las que un
parlamentario se queda sin discurso. Esta es una de ellas, y no porque la
oposición haya puesto sobre la mesa argumentos de peso para rebatir los
criterios del Gobierno, sino porque entiendo que el Ministro de Sanidad
ha dejado muy claro el planteamiento del nuevo modelo y los efectos de su
aplicación, que era lo que quería conocer el Grupo Socialista.
Yo había planteado mi intervención desde una crítica al Grupo
Parlamentario Socialista y a su portavoz, en este caso, por la repetición
de los argumentos sobre el tema de financiación. Entiendo que lo repitan
ante el fiasco al que nos llevó el Partido Socialista Obrero Español en
el año 1994, pero ha quedado bien claro que el Partido Popular no ha
caído en ese mismo error. Y críticas también porque el tiempo en esta
Cámara es escaso y habiendo estado en la negociación del nuevo modelo de
financiación sanitaria representantes del Partido Socialista, o bien el
Senador Zamorano y su grupo desconfían de lo que puedan transmitir sus
compañeros de partido, algo que puedo entender también, o falta la
lucidez suficiente para comprender lo que ellos le transmitieron, algo en
lo que evidentemente yo no voy a entrar.
Lo cierto es que después de escuchar al Ministro de Sanidad, yo tengo que
invertir mi sentido de la crítica y voy a aplaudir esta iniciativa
parlamentaria, porque yo creo que nos ha dado oportunidad a todos de
conocer con claridad absoluta el error en el que un sector del Partido
Socialista ha caído a la hora de valorar el nuevo modelo de financiación
sanitaria.
Es más, nos ha brindado a todos --fundamentalmente a los Senadores del
Grupo Parlamentario Socialista, porque los de Grupo Parlamentario Popular
lo venimos haciendo desde hace días-- la oportunidad de justificar el
trabajo que aquí están realizando al transmitir, una vez
que concluya este Pleno, en sus provincias y en sus Comunidades Autónomas
los efectos positivos que de este nuevo modelo de financiación sanitaria
se van a derivar. Un modelo que, como aquí se ha demostrado, rompe con
los desequilibrios territoriales en materia de sanidad, garantiza la
equidad y supervivencia del sistema y se ha logrado sobre la base de la
unanimidad. El Ministro de Sanidad creo que ha dejado muy claro que todas
las Comunidades Autónomas con competencia en la gestión de fondos
sanitarios han apoyado este modelo. Lo demás, lo del señor Bono, lo del
señor Rodríguez Ibarra o, incluso, lo manifestado aquí por el Grupo
Parlamentario Socialista y su representante, el Senador Zamorano, son
solo fuegos de artificio con pólvora ajena que, además, ya no ilusionan
absolutamente a nadie.
En cuanto a los términos de rancio y de farsa que usted ha utilizado en
su primera intervención, tengo que decirle que rancio, rancio, es lo del
PSOE, tanto que de rancio, en sanidad como en otros aspectos, se ha
pasado a podrido y, además, se ha querido vender con la farsa de aquello
que se vendía como sano. Fíjese, señor Zamorano, hasta qué punto ha sido
positivo el acuerdo sobre financiación sanitaria que el señor Chaves y la
señora Magdalena Alvarez, a quienes usted conoce muy bien, han dicho que
la posición de la Junta, la posición del PSOE ha sido solidaria en la
financiación sanitaria con los intereses de todas las autonomías, y queda
por escrito. Y figúrese lo que se aparta el acuerdo del argumento que
usted ha utilizado en cuanto a que ha habido Comunidades Autónomas que se
han visto discriminadas, fundamentalmente las englobadas dentro del
Insalud no transferido, que un periódico nada sospechoso de apoyar
incondicionalmente las tesis del Gobierno, como es «El País», dice: Si
consideramos el incremento real de fondos en términos per cápita, las
grandes ganadoras son Canarias, con 10.500 pesetas de incremento por
habitante, y las Comunidades del territorio Insalud, y las perdedoras
serían las restantes Comunidades no forales, Andalucía, Cataluña,
Valencia, Galicia y las forales, Navarra y el País Vasco.
Lo que no resulta lógico, Senador Zamorano, es venir a esta Cámara a
cuestionar la posición del Gobierno desde el cinismo, permítame que se lo
diga, de quienes no cumplieron en su momento, no invirtieron lo que
debieron, no respetaron las reglas del juego negociador, descapitalizaron
el sistema y lo guiaron al mayor déficit de su historia.
Sé que les duele, es más, sé que les escuece que el Gobierno del Partido
Popular haya sacado en fecha y forma el nuevo modelo de financiación
sanitaria. Sé que les duele y que les escuece, todavía más, porque el
socialismo andaluz, el PSOE de Andalucía en el que usted milita, lo haya
apoyado y lo aplauda, porque ello --es lógico-- les deja en evidencia de
cara a la opinión pública, pero confío en que ese escozor que sienten
ahora y que, de alguna manera, se ha evidenciado en el tono de la
intervención del Senador Zamorano, no les impida disfrutar de las
ventajas que el nuevo modelo aportará a la sanidad pública.
He creído siempre que no es más necio quien se tapa los ojos ante la
belleza para no ser cautivado por ella, sino aquel que, además, impide
que los demás disfruten de aquélla para que no se la apropien. Confío,
señorías del Grupo Parlamentario Socialista, que si bien son libres de
cerrar los ojos ante este nuevo modelo, no caigan en la total necedad de
ocultárselo al resto de los españoles.
Y termino, señor Presidente, dando las gracias al Ministro de Sanidad,
señor Romay, porque sé lo que ha tenido que trabajar en el diseño, en la
elaboración, en la negociación de este nuevo modelo de financiación
sanitaria y las presiones internas y externas que ha tenido.
Creo que ese trabajo final prestigia a un Gobierno, prestigia también a
un Ministro y a un Partido pero, sobre todo, entiendo que prestigia a una
sociedad que con ello se sabe defendida en sus intereses. (Aplausos).
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Intervengo con brevedad y desde el escaño para hacer unas breves
puntualizaciones.
En primer lugar, querría aclarar que no hay ninguna vulneración del Pacto
de Toledo en lo que se ha acordado. Esos 40.000 millones que se
relacionan con la incapacidad temporal no son recursos de la Seguridad
Social, son recursos de los Presupuestos Generales del Estado, cuya
consecución se condiciona a alcanzar los objetivos en el tema de la
incapacidad temporal, asumidos por las Comunidades Autónomas. No son
recursos de la Seguridad Social, son recursos presupuestarios los que se
destinan a esta finalidad.
En segundo lugar, quería precisar que en el reparto de los fondos para
desplazados, que realmente responden a una realidad, hay Comunidades
Autónomas que por los movimientos de población en determinadas épocas del
año, en períodos vacacionales sobre todo, tienen que atender a muchos
ciudadanos de otras Comunidades Autónomas, que al no tener que atenderlos
tienen los ahorros consiguientes, y la que los tiene que atender tiene
las mayores cargas. No se quita nada a la Comunidad que deja de atender a
sus pacientes pero, naturalmente, hay que compensar a la que asume la
carga de atenderlos. Esto es de estricta justicia y esa cantidad no
debería computar en el cálculo general.
Dicho esto, quiero decir que el reparto de estos fondos se compara
perfectamente con lo que ocurría en el modelo anterior. En el modelo
anterior Cataluña percibía el 45 por ciento de estos fondos, ahora el
44,17 por ciento; Andalucía, el 19 por ciento en el modelo anterior,
ahora el 23,3 por ciento; el Insalud, el 15,83 por ciento en el modelo
anterior y el 19,95 por ciento en el modelo actual.
Reitero, señor Presidente, que el reparto de los recursos es equitativo,
supone una mejora importantísima del Sistema Nacional de Salud --381.000
millones más,
10.000 pesetas por habitante y año-- y supone un paso decisivo para la
consolidación del Sistema Público Nacional de Salud, que es uno de los
compromisos más serios de este Gobierno y de su Presidente.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
-- DE DOÑA FRANCESCA MARTIN I VIGIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS POLITICAS QUE IMPULSARA EL GOBIERNO EN CUMPLIMIENTO DE SU
COMPROMISO DE ELIMINAR TODAS LAS FORMAS Y CONTENIDOS DE EDUCACION SEXISTA
(670/000066).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente interpelación es la
que formula la Senadora doña Francesca Martín i Vigil, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las políticas que impulsará el Gobierno
en cumplimiento de su compromiso de eliminar todas las formas y
contenidos de educación sexista.
Tiene la palabra la Senadora Martín i Vigil.
La señora MARTIN I VIGIL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, lógicamente, la motivación que ha impulsado al Grupo
Parlamentario Socialista a presentar esta interpelación ante el Gobierno
para conocer con el máximo detalle posible las políticas que piensa
concretar con el objetivo de avanzar en la profundización de lo que
llamamos coeducación, o dicho de otra manera, como en el enunciado de la
interpelación se expresa, para eliminar toda forma y todo fondo de
educación sexista en el sistema educativo, es nuestra preocupación doble,
preocupación por las cuestiones referidas a la educación y preocupación
también por las cuestiones que se refieren a la desigualdad de
oportunidades entre las personas o entre los grupos de personas.
Esta sería, por tanto, la razón primera; pero, además, intentaré
concretar lo que nos ha parecido una oportunidad, en este momento y en
este espacio, para todos y para todas de recordar compromisos que ya
están suscritos, de desarrollarlos, de colaborar entre todos y entre
todas para que los objetivos sean factibles, sean posibles y se puedan
llevar a cabo con el máximo de participación y también con la máxima
celeridad.
Señorías, saben todos ustedes que estamos en tiempo de reforma educativa
y, por tanto, parece adecuado poder plantear esta cuestión en esta
Cámara.
Esta Cámara ha tenido ocasión recientemente de ocuparse de cuestiones
vinculadas a la mencionada reforma educativa, desde el punto de vista de
esta Senadora, de ocuparse con sentido de la responsabilidad, con actitud
constructiva, con trabajo solvente. Por lo tanto, parece un buen momento
--si se me permite la expresión-- de clima de la Cámara y un buen momento
para el país el que se avance en todos los aspectos posibles en estos
tiempos de reforma en lo que se deriva de la Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo, es decir en la adecuación de todos los segmentos
del sistema educativo y, muy especialmente, en aquellos que son parte de
la educación obligatoria.
Se me ocurre una reflexión que puede que sea útil para entender un poco
más, si cabe, la importancia de lo que denominamos la coeducación. A
veces, entre leyes, documentos, informes de expertos y expertas, entre
todo aquello que se denomina globalmente burocracia, que muchas veces es
lo que vertebra la vida escolar, se corre el riesgo de olvidar partir de
lo que tenemos delante, partir de la realidad. En nuestra opinión, partir
de la realidad conlleva saber percibir cuando entramos, por ejemplo, en
las aulas, que hay niños y niñas, que hay chicos y chicas, que hay
hombres y mujeres, que no forman un universo homogéneo ni de experiencias
ni de relaciones ni de sentimientos ni de conocimientos. Tenemos las
aulas repletas de disparidad, donde hay personas de los dos sexos.
Necesitamos, desde nuestro punto de vista, aulas donde tenga significado
esa diferencia sexual y donde el proceso educativo contemple las
necesidades y la visión de género que comporta la existencia de esos dos
sexos.
Estamos en tiempo de reforma educativa, pero tenemos un marco mucho más
amplio que la propia reforma educativa; estamos en tiempos importantes de
construcción europea, es decir, estamos en un contexto que no podemos
perder de vista tampoco cuando hablamos y trabajamos en el campo de la
educación; estamos en los tiempos de las llamadas vías rápidas de la
información, que tampoco se pueden perder de vista al plantear las
adecuaciones del sistema educativo; estamos también en responsabilidades
en trabajos compartidos desde el punto de vista de las Administraciones,
porque estamos en un momento importante también de consolidación del
Estado de las Autonomías, y muy concretamente en lo que compete a la
educación es un marco no solamente ineludible, sino importantísimo a
tener en cuenta en los planteamientos de forma y también en los
planteamientos de fondo; y estamos ante unos compromisos del Gobierno que
se concretan muy específicamente en el llamado tercer Plan para la
Igualdad de Oportunidades, que se aprobó este año, justamente el día 7 de
marzo, y que, después de su aprobación, tuvimos ocasión de conocer, de
discutir, también de opinar y de obtener un compromiso por parte del
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en este caso, en cuanto a la
posibilidad de enriquecer en su desarrollo el mencionado Plan.
De todas formas, si hablamos de coeducación, si hablamos de la necesidad
y del deseo de avanzar en este campo, parece también ineludible y
necesario tener en cuenta de forma rigurosa el balance que en este
sentido se ha producido después de unos cuantos años.
Por poner un punto de partida, parece objetivo situarlo en la
Constitución, porque ésta consagra un derecho, y ese es el frontispicio
de la actuación del Gobierno y de la sociedad. Un derecho que, según la
Constitución y la
convicción de todos nosotros y de todas nosotras, no debe encontrar
trabas discriminatorias por ningún motivo, y tampoco por razón de sexo.
Además, la Constitución consagra también un determinado modelo educativo,
con todo lo que eso conlleva en su complejidad y, por descontado, en su
riqueza y en sus posibilidades. Y hay que decir, porque creo que nos
ayudará a avanzar, lo que muy pocas personas piensan y todavía menos
personas discuten: desde el momento en que se sanciona la Carta Magna, se
ha avanzado notablemente. Es verdad que todos y cada uno de los gobiernos
democráticos, de diferente manera, han ido dotando a la educación de
recursos importantes. Partíamos de una escuela que se podría tildar de
muchas formas, pero, por encontrar elementos en los que el acuerdo sea el
mayor posible, partíamos de una escuela insuficiente en todos los
sentidos, no sólo en el cuantitativo, aunque también de una escuela
castradora, de una escuela segregadora en el sentido de segregación de
las personas por razón de sexo, y, dicho de forma muy sucinta, creo que
podemos afirmar todos y todas que hemos recorrido un camino que nos ha
conducido a una escuela universalizada, a una escuela cada vez más libre,
a una escuela cada vez más compensadora de desigualdades, a una escuela
mixta y a una escuela que avanza en lo que llamamos la coeducación, que
es mucho más, por descontado, que la escuela mixta, que es su inicio.
Hemos avanzado, como decía antes, en la distribución de competencias, lo
cual también facilita la calidad de la enseñanza. Hemos avanzado en el
punto de mira hacia el exterior, necesario por nuestra incorporación a
Europa, pero también por nuestra vocación de querer romper el cerco de
libertades que, sin duda, planteaba en gran medida un tipo de escuela
transmisora de unos determinados conocimientos y de unos determinados
valores.
Nos encontramos en un contexto apasionante, en un contexto seguramente
muy complejo, en un contexto que suscita muchas esperanzas, pero también
en un contexto que nos ofrece, como tantas veces, el riesgo de que
ciertas cuestiones sufran el equívoco de quedar pospuestas o postergadas
como cuestiones menores, siquiera sea porque se piense que las cuestiones
referidas al 52 por ciento de la población, también en el aspecto de la
educación, son cuestiones que ya van implícitas en ese sujeto universal,
único, que, por descontado, casi siempre acaba siendo un sujeto universal
que se ciñe a un único modelo, que es un modelo androcéntrico.
Para tratar de disipar o evitar ese riesgo, hay que poner también un
énfasis especial en los compromisos, en las políticas que fomenten la
educación en toda su profundidad, que eliminen toda forma de sexismo en
el fondo y en las formas, en las aulas y fuera de ellas, porque aquí
tampoco se nos escapa que la educación tiene un eje vertebrador
importantísimo en el sistema educativo, pero es muchísimo más que él
mismo.
Llegamos, pues, en tiempo propicio para que se dé un paso más en esta
dirección, y podemos partir, con todos sus déficit, de los compromisos
que este Gobierno adquiere con sus planes --en este caso el tercero--
para la igualdad de oportunidades.
He dicho antes que el plan se aprobó este mismo año, el día 7 de marzo.
Las Cámaras, a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado para los
Derechos de la Mujer, lo conocen unos días después y, por medio de la
citada Comisión, expresan su opinión sobre el tercer plan, una opinión
--como sus señorías conocen-- de insatisfacción. No es la opinión de
todos los grupos, aunque si es mayoritaria. Hay que decir, en honor a la
verdad, que la mayoría de los grupos han expresado su insatisfacción,
pero no así el Grupo Parlamentario Popular representado en la citada
Comisión. En fin, la opinión ha sido mayoritariamente de insatisfacción
por entender que el tercer plan sufre carencias importantes.
Se ha expresado insatisfacción porque la mayor parte de las personas que
formamos esta Comisión hemos entendido que no se han tenido en cuenta dos
acontecimientos de carácter supraestatal ni los compromisos que conllevan
dichos acontecimientos, suscritos, incluso, por el Estado español y mucho
más ambiciosos que los que recoge el propio plan. Me refiero, por un
lado, al Cuarto Plan para la Igualdad de la Unión Europea y, por otro, a
los compromisos suscritos, entre otros muchos estados y gobiernos, por el
Estado español, en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas para la
Mujer que se celebró en el año 1995 en Pekín.
La Comisión Mixta Congreso-Senado para los Derechos de la Mujer puede
obtener comparecencias de las personas responsables del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y del Instituto de la Mujer para que las
Cámaras conozcan con detalle las posibilidades de desarrollo que los
compromisos explicitados en el plan pueden tener en sus cuatro años de
vigencia.
Finalmente, hemos obtenido --y esto desde mi punto de vista es
satisfactorio-- el compromiso del Ministro Javier Arenas, que ha
reconocido implícitamente las carencias o, dicho de una forma más
positiva, las posibilidades de mejora del plan, de recoger, porque el
plan no es una cuestión cerrada, las propuestas, las sugerencias y todas
aquellas cuestiones que se puedan aportar desde las Cortes Generales,
porque las Cortes no han podido participar en el proceso de elaboración
de este tercer plan.
Este es uno de los motivos que nos ha llevado a presentar esta
interpelación. Debemos entender que gracias al compromiso del Ministro
podremos colaborar en la mejora de este plan. Esta --como he dicho al
principio de mi intervención-- es una oportunidad que no se puede dejar
pasar. Y no hemos de dejarla pasar porque las políticas educativas son un
factor indiscutible de justicia, de compensación, de favorecimiento de la
igualdad de oportunidades y, sobre todo, de progreso para las personas,
para los hombres y para las mujeres, para los pueblos en general.
Querríamos conocer...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora Martín, se ha terminado
su tiempo.
La señora MARTIN I VIGIL: Concluyo, señor Presidente.
Sintetizando, quisiéramos conocer --y concluyo-- cómo se van a
desarrollar los compromisos que contiene el tercer plan por lo que se
refiere a todas aquellas cuestiones que supondrán un paso adelante en la
eliminación de todas las formas sexistas en la educación.
Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor VICEPRESIDENTE
(Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quería, en primer lugar, agradecer a la Senadora Francesca
Martín i Vigil la oportunidad que me brinda para explicar cuáles son las
líneas de actuación del Ministerio de Educación y Cultura en un tema de
tanta transcendencia e importancia como el que nos ocupa.
En efecto, es un hecho objetivo que nadie puede negar el que las mujeres
han ocupado a lo largo de la Historia un papel en la sociedad subordinado
al hombre. No hace tantos años aún las propias leyes españolas colocaban
a la mujer en una situación de discriminación frente al varón. Yo tengo
que decir a su señoría que cuando era una estudiante de Derecho, en la
Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid, tuve que estudiar que la
mujer en su capacidad de obrar estaba equiparada al menor y al loco. Eso
era una realidad hace ahora menos de 30 años, aproximadamente 20 años.
Todas las democracias occidentales han logrado ya remover todos los
obstáculos legales para evitar la discriminación entre los sexos y han
avanzado también mucho en hacer realidad la igualdad que ahora proclaman
las leyes. Nuestro país emprendió ese camino --su señoría lo ha señalado
antes-- un poco más tarde que el resto de los países de nuestro entorno.
La igualdad ante la ley se derivó de la Constitución de 1978 y a partir
de ahí toda la sociedad ha hecho un gran esfuerzo por llevar a la
práctica en todos los ámbitos la igualdad real entre el hombre y la
mujer.
Pero el camino aún no está recorrido en su integridad. Queda mucho por
hacer y en ello, señoría, estamos trabajando. Para el Gobierno es
irrenunciable el principio de igualdad de oportunidades entre la mujer y
el hombre en la sociedad española y su participación plena en pie de
igualdad en la vida civil, política, económica, social y cultural. Y ahí
la educación juega un papel primordial a la hora de conseguir estos
objetivos, pues muchos de los estereotipos discriminatorios pueden ser
atajados mediante una adecuada formación en la escuela.
Ese papel primordial que desempeña la educación se está llevando a la
práctica simultáneamente en dos planos diferentes pero estrechamente
relacionados entre sí: en primer lugar, proporcionando a los alumnos y a
las alumnas una formación amplia y rigurosa, que les permita desarrollar
un espíritu crítico y desechar de forma definitiva cualquier prejuicio
que en esta materia pudieran tener. Y, en segundo lugar, porque es
indispensable que a lo largo de toda la vida académica las asignaturas
que cursen los estudiantes estén inspiradas en el principio de no
discriminación.
Para ello se hace necesario que los planes de estudios integren, desde
los primeros años de permanencia en las escuelas, todas aquellas ideas
que contribuyan a una educación basada en la igualdad entre los sexos.
Este es el caso de los contenidos transversales y de las acciones
educativas específicamente dirigidas a combatir el sexismo.
En este campo, el proyecto de mejora de Humanidades, que ayer se discutió
en esta Cámara y que el Gobierno ha propuesto, lo que precisamente
pretende es que los estudiantes puedan acceder a conocimientos básicos
sobre sí mismos, sobre el ser humano y sobre su trayectoria histórica, y
esos conocimientos, que no son otra cosa que una cierta cultura general
absolutamente indispensable, son básicos también si queremos conseguir
que los estudiantes de hoy piensen por sí mismos el día de mañana y que
no recurran en ningún caso a los estereotipos ni a los prejuicios
sexistas.
Por otra parte, entre los objetivos que el Gobierno ha propuesto, uno de
ellos aparece explícitamente como que los estudiantes aprecien los
valores inherentes a toda la sociedad democrática, los derechos humanos,
la valoración positiva de la diversidad y el rechazo de las desigualdades
y de las discriminaciones.
Además, señoría, los contenidos actitudinales que el Gobierno ha
presentado, que no se modifican respecto a los que estaban vigentes
anteriormente --y no se modifican porque creemos que estaban bien
regulados, los asumimos y queremos que sigan presentes en los currículos
de los alumnos--, propiciaban y propician actitudes tan deseables como,
por ejemplo, la valoración crítica de los principios sexistas presentes
en nuestros hábitos y tradiciones; la recuperación e integración de la
aportación de las mujeres al patrimonio cultural; el rechazo de todo tipo
de discriminación por razones de sexo y también la valoración y el
respeto por las funciones de la familia y de las distintas personas que
la integran, sin discriminaciones por razón de sexo. Esto es lo que está
presente en los contenidos actitudinales del desarrollo de la Logse y
esto es lo que el Gobierno entiende que debe seguir presente y, por esta
razón, no ha modificado ni un ápice de esos contenidos actitudinales en
el proyecto de real decreto de enseñanzas mínimas que, como saben sus
señorías, hemos presentado a la opinión pública y actualmente estamos
debatiendo.
Hay otro asunto muy importante que tiene que ver con el Ministerio y con
la no discriminación, y son los libros de texto. En las materias
humanísticas y en todas las demás no cabe negar que los libros de texto
constituyen un elemento fundamental para evitar las discriminaciones y
para poner en pie de igualdad a los hombres y a las mujeres.
A pesar de la excelente calidad media de los libros de texto españoles,
lo cierto es que todos conocemos algunos
casos desgraciados y condenables en los que se han deslizado valoraciones
sexistas. Por tanto, es una cuestión importante la contribución del
Ministerio de Educación y Cultura para evitar la pervivencia social de
actitudes y contenidos sexistas en los libros de texto y en el material
complementario, de tal manera que no promuevan en los alumnos ninguna
forma de mentalidad discriminatoria en razón de sexo.
Me referiré, a continuación, a aquello por lo que su señoría ha
manifestado mayor interés a lo largo de su interpelación, y es el
convenio marco con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Esta es
otra de las grandes líneas de actuación del Ministerio de Educación y
Cultura contra el sexismo y que se traduce en medidas específicas
dirigidas a los propios alumnos, a los profesores y a los padres.
El Ministerio de Educación y Cultura tiene suscrito este convenio marco
con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en concreto con el
Instituto de la Mujer, que viene a dar cumplimiento a los aspectos
educativos del tercer Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres,
al que su señoría se ha referido anteriormente. La mayor parte, no la
totalidad de los proyectos y actuaciones que realiza el Ministerio para
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se apoyan en este
Plan de Igualdad y dan cumplimiento al convenio.
El primero, la educación para la igualdad. El Ministerio desarrolla una
decidida política activa dirigida a conseguir la igualdad de
oportunidades y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, así como
la eliminación de actitudes y prácticas sexistas. Desde su entrada en el
mundo educativo hasta que cumplen los 16 años nuestros alumnos son
educados en los valores de la igualdad esencial entre hombres y mujeres.
Los contenidos de la materia transversal que se llama «Educación para la
igualdad de oportunidades en los sexos» están presentes en todas las
áreas curriculares: desde la educación infantil, a la primaria y a la
secundaria. Junto a esos contenidos hay otros, como la educación para
salud, la educación para la paz, para la preservación del medio ambiente
y, en fin, la educación ética y cívica, que deben orientar todas las
disciplinas hacia los más altos objetivos de la educación, que no son
otros que la plena y libre autorrealización de los seres humanos en un
marco solidario constituido sobre valores éticos, cívicos,
constitucionales y por los mecanismos de la democracia, la libertad y el
pluralismo.
El Ministerio de Educación y Cultura desarrolla en toda la red de centros
educativos del MEC esa educación para la igualdad de oportunidades entre
los sexos porque tenemos la convicción, señorías, de que con ello se
contribuye a remover uno de los obstáculos fundamentales que la
mentalidad sexista ha colocado históricamente en el camino de la plena y
libre autorrealización de las mujeres. Con ello, además, atendemos a los
numerosos requerimientos que la Constitución hace a los poderes públicos
para que remuevan los obstáculos que se oponen al desarrollo de las
libertades, y en este caso a la consecución de la igualdad de
oportunidades y derechos entre hombres y mujeres.
En ese sentido, debo informar que el Ministerio de Educación y Cultura
viene produciendo y distribuyendo estudios monográficos y materiales
curriculares para apoyar el desarrollo de los contenidos de educación
para la igualdad de oportunidades entre los sexos. Nuestro propósito en
continuar y acrecentar este programa de distribución y producción,
perfeccionando su estructura metodológica de manera que su utilización
sea verdaderamente eficaz. Igualmente facilitaremos la distribución de
materiales pertinentes que a este respecto hayan elaborado otras
Administraciones Públicas u otras organizaciones sociales que trabajan
por la igualdad de derechos y oportunidades entre los sexos.
Otra línea importante de trabajo del Ministerio es la que desarrollan los
equipos de orientación en los centros docentes. En la orientación
académica y profesional que los profesores ejercen sobre los alumnos y
sobre las alumnas, singularmente sobre las alumnas, se procura ejercer
una orientación destinada a propiciar la igualdad de oportunidades
efectiva y real entre hombres y mujeres, sin que los estereotipos o los
roles profesionales o sexistas puedan tener cabida en esta materia. Por
entendernos, señorías, lo que se intenta evitar es que necesariamente las
alumnas vayan, por ejemplo, a los ciclos formativos de FP, de
administrativo o de técnico de laboratorio o enfermería, y bien puedan
ir, creemos nosotros, pongamos por caso, a mecánica del automóvil, si es
que ésa es verdaderamente su preferencia. Así se combaten también
eficazmente, mediante la orientación académica y profesional, mediante
esta labor que realizan los equipos de orientación en los centros, los
estereotipos académicos y profesionales, tanto entre los alumnos como
entre sus familias.
Luego queda una parte muy importante, señoría, que es la formación de los
profesores y la formación de los padres, y ésta es otra línea de trabajo
que el Ministerio está llevando a cabo de manera muy importante; es la
formación y la sensibilización del profesorado, que consideramos decisiva
para que los valores de la igualdad esencial entre los sexos impregne,
junto a otros valores, toda la acción educativa. Así, durante el curso
1996-1997 se ha desarrollado un programa muy amplio y muy riguroso de
cursos y de otras actividades formativas para los profesores, a los
cuales se les proporcionan los contenidos y las estrategias pedagógicas
de educación por la igualdad de oportunidades entre los sexos. En estos
cursos se han formado, durante el pasado curso académico, aproximadamente
2.400 profesores del ámbito de gestión del Ministerio.
Tanto como la formación de profesores, nos parece que también es decisiva
en esta materia la formación de los padres para que transmitan y
practiquen con sus hijos los principios de igualdad esencial de hombres y
mujeres, y por ello estamos diseñando en este momento --todavía no están
puestos en marcha-- los cursos de formación de padres al respecto.
Y quiero hacer, señoría, una mención especial, porque creo que la
merecen, las acciones en materia de educación de adultos y en materia de
educación de inmigrantes.
El Ministerio está haciendo un amplio esfuerzo para reforzar en los
currículos de educación de adultos los contenidos que tratan sobre la
igualdad de derechos y sobre la corresponsabilidad entre hombres y
mujeres, porque entre las personas adultas es donde aún permanecen más
arraigadas las mentalidades sexistas, que en muchos casos provocan
situaciones conflictivas en las familias, que luego las transmiten a sus
hijos.
La acción del MEC en la formación de personas adultas se completa con la
participación del voluntariado social en programas educativos que
contribuyen al desarrollo profesional de estas mujeres y a propiciar la
corresponsabilidad en las tareas domésticas, la participación social y
política y el rechazo de la violencia. Las convocatorias que anualmente
realiza la Subdirección General de Educación Permanente van encaminadas
precisamente a seguir esta línea de trabajo. También, por su parte, se
han elaborado materiales especiales para la enseñanza del español a las
mujeres inmigrantes, en los que se aborda de una manera específica y
dándole mucha importancia el tema de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Yo no creo que sea necesario destacar, porque sin duda
su señoría lo sabe ya, que es bien conocido que la procedencia de estas
mujeres inmigrantes muchas veces corresponde a culturas en las que
pervive no sólo en la realidad, sino también en la ley, la discriminación
entre los hombres y las mujeres. Por eso hacemos un especial hincapié en
estos programas de atención a la población inmigrante.
Y no quiero dejar de referirme, señoría, a la dolorosísima cuestión de la
violencia contra las mujeres, que yo creo que está decisivamente ligada a
la pervivencia social de lo que podemos llamar la mentalidad sexista, en
sus diversas gradaciones de intensidad. Por lo tanto, al potenciar el
desarrollo de la educación para la igualdad de oportunidades entre los
sexos, estamos luchando también, en parte muy importante, contra las
causas de violencia hacia las mujeres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Ministra, vaya terminando,
por favor.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Termino ya, señor Presidente.
Sin embargo, el crecimiento que últimamente parecen tener las denuncias
contra ese particular modo de violencia aconseja que tratemos
explícitamente el tema en todas las actuaciones educativas que he
enumerado. Ese es nuestro propósito y esto es lo que estamos haciendo.
También quería referirme a la Conferencia Sectorial de la Mujer, a la
creación de una comisión interministerial, a la elaboración de un Plan de
acción, a la realización de la campaña de sensibilización; pero, por
razones de tiempo, si a su señoría le interesan estos temas, puedo
referirme a ellos en la réplica.
No quiero dejar de señalar ante sus señorías las influencias negativas
que en esta materia pueden tener los medios de comunicación social; los
contenidos que muchas veces se perciben a través de todos los medios,
pero, singularmente, de la televisión.
Nos parece que el convenio de autorregulación de las televisiones es un
paso importante. Pero, como tuve ocasión de explicar ante sus señorías
respondiendo a una pregunta --por lo que no merece la pena que lo repita
aquí-- es muy importante el seguimiento que de ese convenio de
autorregulación se hace desde el Ministerio de Educación y Cultura
transmitiendo todas aquellas quejas que por parte de los telespectadores:
padres, hijos, se hacen contra los contenidos sexistas, que también
tienen lugar en la televisión.
Termino, señor Presidente, diciéndoles que nuestro compromiso con la
eliminación de toda forma teórica o práctica de sexismo, como una
injusticia que es en sí misma y como una ofensa a la dignidad de las
mujeres, es firme y es explícito, como habrán podido comprobar. Y también
lo es propiciar un impulso educativo para conseguir que la igualdad que
consagran la Constitución y las declaraciones de derechos humanos no sean
sólo declaraciones sino que pasen ya a la realidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra la Senadora Martín i Vigil por tiempo de cinco minutos.
La señora MARTIN I VIGIL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, yo le agradezco muy sinceramente que haya comparecido
hoy en esta Cámara y haya querido dar respuesta a nuestra interpelación
concretando las actuaciones que, a su modo de entender, desarrollan el
objetivo de la igualdad de oportunidades en el aspecto más concreto de la
coeducación.
Señora Ministra, después de escucharla, saco conclusiones muy positivas.
Pero también se me plantean algunas cuestiones que no me parecen tan
positivas, quizá porque esta Senadora no ha sido capaz de entenderla en
toda su amplitud o porque, en mi opinión, han faltado alusiones y
concreciones en algunos puntos, lo cual, en todo caso, es normal.
En el capítulo de las satisfacciones, aparte de su comparecencia, que,
repito, ya es un motivo de satisfacción, pues esta Senadora nunca la
había escuchado hablar de estas cuestiones --quizá sea una apreciación
personal-- y me ha complacido que una de las Ministras del Gobierno haya
hablado hoy aquí de la problemática de la mujer --probablemente usted lo
habrá hecho en otras ocasiones pero yo nunca había tenido oportunidad de
escucharla, aunque he seguido sus intervenciones con bastante interés--
como digo, dentro de las satisfacciones es la primera vez que le escucho
una valoración positiva, en parte, de la Logse, y me satisface mucho,
señora Ministra.
Yo he querido encontrar algún reconocimiento a esa gran ley en otras
ocasiones, en declaraciones, en conferencias, en entrevistas. Sin ir más
lejos, el pasado día 24 usted estuvo en un programa de una de las
televisiones
públicas de Cataluña, el «Paral-lel» del Canal 33. Seguí su intervención
con muchísimo interés, pero, la verdad, me faltaron dos cosas,
principalmente: algún reconocimiento a la Ley de Ordenación General del
Sistema Educativo --hoy lo ha hecho aquí en el sentido de los contenidos
llamados de materias referidas a actitudes-- y me faltó también alguna
referencia a las mujeres, a ese 52 por ciento de la población, tanto en
la forma de su lenguaje --disculpe que se lo diga, señora Ministra, pero
así lo pienso-- como en el fondo, en los contenidos, porque --y aquí voy
a exponer una preocupación mía-- usted ha hablado, entre otras muchas
cosas interesantes, de una cuestión muy importante y muy actual como es
el Plan de Mejora de la Enseñanza de las Humanidades.
Señora Ministra, a mi me gustaría que usted tomara en consideración una
reflexión que me voy a permitir hacerle. Yo he podido tener el borrador
de ese proyecto, lo he leído también con sumo interés, y he visto entre
otras muchas cosas --porque es un documento extenso y da para mucha
reflexión y muchos comentarios-- que hay un listado importante de
personas expertas que son las que suscriben y avalan los contenidos de
ese proyecto.
Ese listado de expertos y expertas está agrupado, si yo no lo he mirado
mal, en cuatro bloques temáticos. En el bloque temático de lengua
española y literatura, de cinco personas expertas, hay dos mujeres. En el
bloque temático de geografía e historia, de un grupo de 35 personas, hay
cero mujeres. En el bloque destinado a la filosofía, de cinco personas
expertas, hay cero mujeres. En el apartado llamado de estudios clásicos,
de cinco personas expertas, también cero mujeres. Es un elemento más de
reflexión que estoy segura, después de haberla escuchado aquí en cuanto a
voluntad y compromiso, que tendrá en cuenta.
No creo que necesite en primera instancia nuestra colaboración en ese
sentido, pero si la necesitara, sinceramente, señora Ministra, existen
mujeres expertas en estudios clásicos y estamos en condiciones de
proporcionarle sus nombres y maneras de contactar. Existen mujeres en
España que podrían dar reflexiones interesantes en el campo de la
filosofía...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Concluya, por favor, señora
Senadora.
La señora MARTIN I VIGIL: ... y existen también mujeres, por descontado,
en el campo de la historia que amén de aportar --y termino, señor
Presidente-- cuestiones interesantes para ese proyecto, le darían la
llamada visión de género, señora Ministra, que hoy empiezo a pensar que a
usted también le preocupa.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Martín i
Vigil.
En turno de portavoces, por el Grupo Mixto tiene la palabra la Senadora
doña Inmaculada de Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, difícilmente se puede no coincidir con lo aquí
manifestado; quizás las no coincidencias pueden estar en el no
suficientemente rápido avance o en el deseo de que a veces las cosas
vayan más rápidas, si así se puede decir; y digo que difícilmente se
puede expresar la no coincidencia toda vez que realmente la señora
Ministra, en respuesta a la Senadora Martín i Vigil, con la cual
coincidimos absolutamente y en todos los extremos que ha manifestado, ha
sido extensa y coincido con la Senadora en que satisfactoria, sobre todo
por algo que ella ha señalado: por su implicación o por su presencia en
este tema --y quizás no hayamos tenido oportunidad de contrastar nuestras
opiniones--, dada la responsabilidad que a la señora Ministra le compete
en materia educativa, y también cultural, lo cual resulta siempre
interesante.
Efectivamente, cuando me refería a las, no ya discrepancias, sino no
coincidencias totales, quería referirme a la valoración que en su día nos
mereció el tercer Plan para la igualdad de oportunidades, aprobado el día
7 de marzo de este mismo año, puesto que mayoritariamente opinábamos que
todo lo que allí se decía estaba bien, pero que era insuficiente. Yo
resumiría con estas palabras mi criterio sobre el tema. Quizá uno de los
problemas sea precisamente la falta de una mayor incidencia en esta
cuestión que entiende esta Senadora de Eusko Alkartasuna es,
probablemente, la más importante para corregir esos tics de resistencia
al cambio que todavía quedan en la sociedad, tics que se podrán corregir
si se enfoca la educación de la manera adecuada, es decir, no sexista ya
que, al final, los niños y niñas de hoy serán los adultos y adultas del
mañana, pero posiblemente habrá terminado para entonces esta generación,
la que quizá haya estado más inmersa en el cambio sin que haya podido
asumir totalmente la que se ha dado en llamar verdadera revolución del
siglo XX: la revolución femenina.
Quizá uno de los mayores cambios sociales del siglo XX haya sido
precisamente esa presencia femenina, no suficiente pero ya importante, y
sobre todo la relativa asunción de esa presencia en todos los ámbitos de
la sociedad. La mujer ha salido del ámbito familiar.
Pero hay una cuestión en relación con la educación que creo hay que
prevenir para que no se vuelva a interpretaciones regresivas y machistas.
Hace unos días tuve la oportunidad de leer determinadas tesis con mucha
argumentación, aunque no con mucho fundamento desde mi punto de vista,
que hacían referencia a la solución de las problemáticas socioeconómicas
que se producen derivadas de esa salida de la mujer del ámbito familiar y
a las consecuencias socioeconómicas, laborales, etcétera, que ello
conlleva. Pues bien, allí se formulaba como una panacea la vuelta al
reducto familiar de la mujer y no se planteaban --quizá esto deba
formularse en una educación no sexista-- los cambios sociales que eso
requiere, desde el ámbito familiar hasta todos los ámbitos sociales y
económicos, esos cambios que se deben producir en la
adaptación de las instituciones, por ejemplo, en las de tipo familiar u
otras, tanto públicas como privadas, derivadas precisamente de esta
revolución y de esta llegada de la mujer a los distintos ámbitos por
medio de su participación activa en todos los roles sociales.
En definitiva, educación no sexista quiere decir algo más que educación
en las mismas aulas, quiere decir algo más que recibir enseñanza en las
mismas aulas tanto alumnos como alumnas. Quiere decir coeducación. Y
cuando hablamos de coeducación estamos hablando ya de otras cuestiones,
desde lo que significa asumir esa igualdad de oportunidades, hasta lo que
pueden significar las cuestiones más nimias, que son las que,
efectivamente, ayudan a hacer desaparecer los estereotipos e incluso las
imágenes que llevan grabadas...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Termine, señora Senadora.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor Presidente.
Decía que ayudan a hacer desaparecer los estereotipos e incluso las
imágenes que a veces llevan grabadas niños y niñas desde su nacimiento
quizá a causa de un ambiente familiar no demasiado propicio a borrarlas.
Coincido con la señora Ministra y con la Senadora Martín i Vigil, tanto
en la importancia que tiene el reciclaje y formación de los profesores
para cumplir con su cometido, como en la formación de los propios padres
en la medida de lo posible.
Para terminar, debo decirle a la señora Ministra que no estoy del todo
conforme con lo que ha manifestado en relación al ya famoso proyecto de
decreto de Humanidades que esperemos se quede por mucho tiempo solamente
en proyecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, debe terminar ya.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Creo que en la historia de los movimientos
sociales ha desaparecido parte de ese movimiento tan importante al que me
he referido, el que ha constituido la revolución del siglo XX. Creo que
eso se podría corregir entre todos, al igual que todas aquellas
cuestiones a que ha hecho referencia la Senadora Martín i Vigil.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió no
hace uso de la palabra.
¿Quiere intervenir la señora Senadora del Grupo Parlamentario Socialista?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la Senadora Rodríguez
Saldaña.
La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, quisiera fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular en esta interpelación que presenta la Senadora
Martín i Vigil sobre el impulso de políticas que faciliten la eliminación
de formas y contenidos sexistas en la educación.
Coincidimos con los representantes de los dos grupos parlamentarios que
me han precedido en el uso de la palabra y, desde luego, ratificamos las
palabras de la señora Ministra sobre la importancia del sistema educativo
para corregir desigualdades en general, esas desigualdades que se
producen en relación a minorías étnicas, minorías culturales, etcétera.
Apoyamos, pues, todas cuantas medidas puedan suponer un apoyo a la
diversidad y, por supuesto, todas aquellas que van encaminadas a dar
solución a esas desigualdades que se producen también por razones de
sexo.
Además, creemos que el único sistema que puede atajar desde la base los
obstáculos, dificultades, e impedimentos es el sistema educativo.
Como ha dicho la señora Ministra, la lucha por la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres ha sido larga; yo diría que data de
veinte siglos. Evidentemente, al hombre le correspondía hacer las leyes,
la paz y la guerra, mientras que a la mujer le estaba reservado el ámbito
doméstico. Es cierto que --sobre todo, durante este siglo-- se ha
producido un gran avance en la igualdad de oportunidades de la mujer. Y a
pesar de que ha accedido a la universidad --y no sólo a las carreras
tradicionalmente femeninas, sino también a las técnicas, a carreras más
largas y arriesgadas--, obteniendo mejores calificaciones que los
hombres, tiene dificultades para estar en la toma de decisiones y ganar
el mismo salario que el hombre cuando realiza el mismo trabajo. Así, hay
estudios que indican que, por el mismo trabajo, está cobrando un 20 por
ciento menos de salario; y también respecto del hombre el nivel de
ocupación es de la mitad.
Por tanto, creo que las medidas de acción positiva con las que la mujer
esté mejor representada son interesantes y beneficiosas para incorporarla
a la vida social, cultural y laboral, a la vida económica, en general.
Creemos fundamental dotar de servicios complementarios a las mujeres a
través de convenios con entidades públicas del tercer nivel, como pueden
ser las corporaciones locales o entidades privadas. Asimismo, trabajar en
el tema de las escuelas infantiles y de las guarderías laborales para
niños de cero a tres años, así como en otros servicios complementarios
que faciliten la compatibilidad del trabajo desarrollado fuera del hogar
con el trabajo doméstico, es un aspecto que se debe desarrollar desde la
colaboración con las entidades públicas con competencias en materia de
igualdad de oportunidades, y con otro tipo de entidades que pueden
colaborar en este gran objetivo para conseguir la igualdad.
La Ley General de Educación y de financiación de la reforma educativa, la
Ley Villar Palasí, de 1970, ya marcaba como un objetivo importante la
coeducación, iniciándose ésta como fórmula para eliminar la desigualdad
desde el inicio de la escolaridad, aplicando objetivos, técnicas,
programas y espacios semejantes; en definitiva, compartiendo
la educación niños y niñas. En 1990, la Logse establece como principio
fundamental el de no discriminación por razón de sexo, para evitar que
las desigualdades sean transmitidas a través de la formación académica.
Por tanto, el objetivo de una política educativa que pretenda eliminar
todas las formas de discriminación de la educación sexista debe tener un
doble aspecto. Por un lado, el de reforzar cambios de actitudes en la
práctica escolar, para capacitar que los niños y niñas asuman las mismas
responsabilidades, tanto en la vida privada, como en la pública. Y por
otro, y a través de contenidos semejantes de destrezas y aptitudes, el de
facilitar la inserción en pie de igualdad de niños y niñas en la vida
laboral, económica, social y política. Será, pues, prioritario para el
sistema educativo tener en cuenta la mejora de la imagen de la mujer en
la sociedad.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Senadora, también a usted
se le ha terminado el tiempo.
La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Voy terminando, señor Presidente.
En segundo lugar, hay que favorecer la inserción en los ámbitos personal,
social y laboral. Por tanto, entre los objetivos --ya se ha dicho aquí--
estará eliminar los contenidos sexistas; procurar la formación y el
reciclaje del profesorado en esta línea no sexista; fomentar la
participación de las APAS y consejos escolares en esta pedagogía; apoyar
la educación permanente de alumnos, trabajar con los equipos de apoyo
psicopedagógico, tanto de sector como de departamentos de orientación,
haciendo una evaluación permanente de esos programas transversales a los
que antes se ha hecho referencia y, desde luego, trabajando en la
eliminación de estereotipos discriminatorios a través del material
docente.
Yo creo que es necesaria la colaboración con instituciones públicas con
competencia en igualdad de oportunidades, sobre todo en temas de mujeres
inmigrantes, rurales, con necesidades especiales, la participación en esa
Comisión Interministerial por parte del Ministerio de Educación y Cultura
con seguimiento de políticas horizontales de igualdad; el seguimiento de
los contenidos televisivos que puedan afectar al lenguaje sexista, a
través del Convenio de Autorregulación para que --es un gran reto que
tenemos entre todos-- los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes,
los hombres y las mujeres puedan construir un espacio social de
cooperación, de igualdad y libertad, sin decisiones que estén
condicionadas por estereotipos sexistas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Señora Ministra, desea intervenir? (Pausa.)
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para agradecer las palabras de la
Senadora Rodríguez Saldaña; para decir a la Senadora De Boneta que
--aunque ha tenido que ausentarse me lo ha hecho saber antes-- a mí no me
parece mal, sino muy bien el que se incluya entre las propuestas que se
hagan a los expertos del Plan de Humanidades, en lo referente a la
historia, un ítem que sea la revolución de las mujeres en el siglo XX. Yo
creo que ha sido el siglo de la revolución de las mujeres y, por tanto,
creo que se puede proponer.
También quiero decir a la Senadora interpelante, Martín i Vigil, que las
valoraciones que yo he hecho sobre la Logse han sido siempre en positivo,
precisamente ateniéndome a la flexibilidad de la Ley. Mi Grupo no la votó
en su día, por entender, entre otras cosas --si usted vio el programa de
«El Paralelo» lo podría comprobar-- que el Bachillerato quedaba muy
corto. Nosotros no tenemos la mayoría parlamentaria para cambiar esto y
--lo he dicho muchas veces-- aunque la tuviéramos veríamos muy difícil
que el sistema educativo de un país soportara tres sistemas educativos
vigentes a la vez: el antiguo --todavía queda el de la Ley de 1970--, el
de la Logse y el nuevo, que fuéramos a imponer.
Por tanto, la Logse es una Ley enormemente flexible, que nos permite
lecturas diferentes. Lo dice la propia Ley en su preámbulo, que su
voluntad de permanencia la ha hecho ser flexible para que pueda tener
distintas lecturas. Lo que sí he criticado, señoría, y lo sigo haciendo,
es esa lectura única, fundamentalista o jomeinista, que se ha hecho de la
Logse en muchos casos.
La Logse habla de dos principios fundamentales: el primero, el de
comprensividad y, el segundo, el de atención a la diversidad. Ambos
principios tienen que ponerse en consonancia para evitar que descienda el
listón del nivel de conocimientos. Estoy convencida de que su señoría
estaría de acuerdo conmigo sobre esto.
En cuanto a las pocas mujeres que ha habido entre los expertos del Plan
de Humanidades, tiene razón su señoría. Yo no las había contado hasta
ahora y, por tanto, en el espíritu de la proposición que aprobamos ayer
yo creo que es imprescindible y necesario incorporar a expertas, que sean
mujeres y que puedan traer la visión de las mujeres, con tal de que estén
ahí, no por ser mujeres, sino por ser expertas en cada una de esas
materias.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Les pido unos breves minutos de atención porque antes de suspender la
sesión pasaremos al próximo punto del orden del día, y así aligeraremos
el de la tarde, lo que sus señorías me van a agradecer.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AÑADE UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO
67.1 DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRAFICO, CIRCULACION DE
VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO
339/1990, DE 2 DE MARZO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 12/1997, DE 1 DE
AGOSTO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000062) (C.
D. 121/000080).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto es el de
conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados.
El primero, es un proyecto de ley por el que se añade un párrafo tercero
al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
No se han presentado enmiendas. También ha llegado a esta Presidencia la
notificación de que no hay petición de palabra y, por tanto, propongo que
sea aprobado por asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta. Queda definitivamente aprobado por las Cortes
Generales el proyecto de ley por el que se añade un párrafo tercero al
artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
-- PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES EN
MATERIA DE COBERTURA DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL (S. 624/000008) (C.
D. 122/000040).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente es la proposición de
ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de
cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
No tiene enmiendas. Tampoco hay petición de palabra. Propongo que sea
aprobada por asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta. Por tanto, queda definitivamente aprobada por las
Cortes Generales la proposición de ley de modificación del Estatuto de
los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
-- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 429.966.757 PESETAS, PARA ATENDER EL DEFICIT DE EXPLOTACION DE
LOS FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA (FEVE) (S. 621/000058) (C. D.
121/000074).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el proyecto de
ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de
429.966.757 pesetas, para atender el déficit de explotación de los
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
No hay enmiendas. Tampoco petición de palabra. Propongo que sea aprobado
por asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta. Por tanto, queda definitivamente aprobada por las
Cortes Generales el proyecto de ley mencionado.
-- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS, POR
IMPORTE TOTAL DE 120.277.891 PESETAS, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES NO
CONCRETADAS DURANTE LA INSTRUCCION DEL PROCESO POR EL INCENDIO DE LA
DISCOTECA DE LA CALLE ALCALA 20, SEGUN AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE
MADRID DE 3 DE MARZO DE 1997 (S. 621/000059) (C. D. 121/000075).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el proyecto de
ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios por un importe total
de 120.277.891 pesetas, para el pago de indemnizaciones no concretadas
durante la instrucción del proceso por el incendio de la discoteca de la
calle Alcalá, 20, según Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 3 de
marzo de 1997.
No hay enmiendas. Tampoco petición de palabra. Propongo su aprobación por
asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta. Por tanto, queda definitivamente aprobada por las
Cortes Generales el proyecto de ley sobre concesión de estos dos créditos
mencionados.
-- PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 36/1995, DE 11 DE
DICIEMBRE, SOBRE LA CREACION DE UN FONDO PROCEDENTE DE LOS BIENES
DECOMISADOS POR TRAFICO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS (S.
624/000010) (C. D. 122/000084).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La última es la proposición de
ley de modificación de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, sobre la
creación de un Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de
drogas y otros delitos relacionados.
No hay enmiendas. Tampoco petición de palabra. Propongo su aprobación por
asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta. Por tanto, queda definitivamente aprobada por las
Cortes Generales la proposición de ley de modificación de la Ley 36/1995,
de 11 de diciembre, sobre la creación de un Fondo procedente de los
bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las catorce horas y veinte minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, buenas tardes. Se
reanuda la sesión.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA DEL MERCADO DE TRABAJO
Y EL FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA (PROCEDENTE DEL REAL
DECRETO-LEY 8/1997, DE 16 DE MAYO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (S. 621/000060) (C. D. 121/000066).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El cuarto punto del orden del día
es el de dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados. El primer debate es el de la
Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el proyecto de ley
de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de
la contratación indefinida (procedente del Real Decreto-Ley 8/1997, de 16
de mayo). Se tramita por el procedimiento de urgencia.
¿Alguna señoría va a hacer la presentación del dictamen? (Pausa.)
Don José Manuel Molina, tiene usted la palabra.
El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con toda brevedad para informar que el proyecto de ley de
medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la
contratación indefinida, que procede del Real Decreto-Ley 8/1997, de 16
de mayo, tuvo su entrada en la Cámara el día 14 de noviembre de 1997. El
plazo de presentación de enmiendas finalizó el 18 de noviembre, y se
presentaron seis enmiendas, concretamente cinco del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos y una del Grupo Popular. No se designó
ponencia, y se debatió directamente por la Comisión, que se reunió el día
26 de noviembre, incorporando una enmienda al texto remitido por el
Congreso de los Diputados presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
lo cual tengo el honor de informar ante esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Molina.
Para un debate a la totalidad, ¿hay turno a favor? (Pausa.)
Tiene la palabra la Senadora Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señor Presidente, señoras y señores
senadores, tan sólo hace unos pocos meses, para ser más exactos a
principios de junio del presente año, el Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, señor Arenas, exponía en el Congreso de los Diputados las
razones que han motivado la promulgación del Real Decreto-Ley 8/1997, de
16 de mayo, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y
el fomento de la contratación indefinida. En esta exposición de petición
de convalidación del Real Decreto-Ley el señor Ministro agradecía a las
organizaciones empresariales y sindicales, a los grupos parlamentarios
que públicamente habían mostrado su disposición favorable hacia las
medidas contenidas en este Real Decreto-Ley, así como a todos los grupos
parlamentarios que estimaron por amplía mayoría que la tramitación del
citado Real Decreto-Ley se hiciese como proyecto de ley, agradecimiento
sincero por el consenso general.
Parece --y en pocas ocasiones tenemos oportunidad de ver un consenso tan
amplio-- que el espíritu de este proyecto de ley, que debatimos hoy en
esta Cámara, viene sustentado desde su nacimiento por dos pilares
básicos: el pilar del diálogo y el pilar de la confianza entre los
agentes sociales y los agentes políticos. Y ni qué decir tiene, señorías,
que la conjunción de estos dos pilares, por cierto, conjunción sin
precedentes, marca una nueva etapa en que todos los protagonistas del
diálogo y de la confianza asumen la responsabilidad social y política de
afrontar el desempleo.
Señorías, de todo ello sacamos una enseñanza que debe estar presente
siempre en esta Cámara: un acuerdo es posible si existe voluntad política
de concordia por encima del deseo de discordia. O, como decía la ilustre
escritora gallega Concepción Arenal, cuando se quiere trazar un camino a
través de montañas inaccesibles, de precipicios, de abismos, se empieza
por abrir una senda, esta senda, que apenas se percibe, que no facilita
el movimiento, que abandonada se obstruye y desaparece a los pocos meses,
que nada vale, en fin, para el observador superficial, es imprescindible
porque marca la dirección que debe seguirse y esta senda ha costado harto
cara.
Pues bien, desde el pasado mes de mayo de 1996 las organizaciones
empresariales y sindicales y el Gobierno han creado una senda que se
configura, primero, en el marco de unos acuerdos, que se profundiza en el
Real Decreto-Ley 8/1997 y que culmina con todas las exigencias de la vida
parlamentaria en este proyecto de ley. Pero esa senda que se abre en un
tema tan importante para nuestro país, como es el desempleo, viene
avalada ya no sólo por lo dicho anteriormente, sino por la evolución del
empleo en España en los últimos años y con las perspectivas de futuro.
Si las palabras consenso, acuerdo y diálogo son importantes, importante
es también el hecho de que la sociedad española se está mostrando
especialmente activa y creadora de empleo en este último período,
respondiendo así la misma sociedad a la política económica practicada por
este Gobierno, y al diálogo y al acuerdo social abierto por las
organizaciones empresariales y sindicales en un marco de consenso
político.
Si vemos el segundo trimestre del presente año de la Encuesta de
Población Activa, observamos claramente que el número de personas
ocupadas se eleva a 12.706.400, el nivel más alto de ocupación desde
1982. En el interanual, comparando el segundo trimestre de la EPA de 1996
con respecto al mismo trimestre de 1997, nos permite ver un crecimiento
neto de 364.000 empleos, dato que nos indica un crecimiento importante y
que supone una tasa del 3 por ciento de incremento en términos relativos.
Este ritmo de crecimiento que se ha producido en el segundo trimestre de
1996 y el segundo trimestre de 1997, el Secretario General de Empleo, el
pasado día 26 en la comparecencia en la Comisión de Trabajo y Seguridad
Social, nos decía que va a permanecer constante a lo largo de todo el año
1997, cerrando el año con una estimación de 335.000 nuevos empleos
creados a lo largo de 1997.
Estos datos que estoy comentando se confirman de forma notable con los
datos relativos que nos aporta también la afiliación de la Seguridad
Social, utilizando también palabras propias del señor Pimentel, y entre
los meses de septiembre de 1996 y 1997 se ha incrementado el número de
afiliaciones prácticamente en 500.000, para ser exactos 489.700
afiliados. Esto significa un aumento de más del doble del mismo período
del año anterior.
Este análisis cuantitativo del empleo puede llevar a algunas de sus
señorías a pensar que nos estamos olvidando también de su aspecto
cualitativo. En ese sentido, tengo que decirles, señorías, y volviendo
sobre el argumento central de mi intervención en cuanto al espíritu de
este proyecto de ley, que el gran acuerdo social fue seguido del acuerdo
político y marcó un hecho diferencial de cambio: por primera vez en este
país se solidifica una cultura de estabilidad del empleo frente a la
cultura de precariedad que se venía desarrollando en los últimos años. Y
esto es respaldado por el balance absolutamente récord de 700.000 nuevos
contratos indefinidos realizados a lo largo del presente año, con las
características de que la mayor parte de ellos son realizados en empresas
de menos de 25 trabajadores, indicador de la buena acogida que está
teniendo dentro de las pequeñas y medianas empresas, y que el 60 por
ciento de estos nuevos contratos se han realizado con menores de 30 años,
siendo una evidencia de que son los jóvenes los que se están beneficiando
más de las nuevas normas ligadas a la estabilidad del empleo. O como
incluso recordaba el Presidente del Gobierno, señor Aznar, el día 26 en
su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar acerca del
Consejo Europeo Extraordinario sobre el Empleo, celebrado en Luxemburgo,
cuando nos decía que la política económica del Gobierno ha permitido
reducir el paro juvenil en 6 puntos. A esto hay que unirle la otra cara
del empleo: el desempleo. El paro registrado a lo largo del pasado año
disminuyó en 160.000 personas, y este año, según las previsiones
aportadas a esta Cámara por el Secretario General de Empleo, disminuirá
en una horquilla entre 170.000 a 175.000 personas, cantidad importante
que nos confirma la senda positiva del empleo de la que estamos hablando.
Todo ello confirma, como señala un informe reciente de la Comisión
Europea, que el 60 por ciento de los puestos de trabajo creados en la
Unión Europea durante 1996 lo han sido en España, y que en 1997, y según
palabras del Presidente del Gobierno, se prevé la creación de 334.000
empleos, lo que supone el 50 por ciento del total de puestos de trabajo
creados en la Unión Europea, datos que confirman que en los dos últimos
años España se ha convertido en el país con el ritmo más acelerado de
creación de puestos de trabajo de la Unión Europea.
Tampoco pretendo con esto ocultarles otros datos, señorías, como el hecho
de que todavía tenemos una tasa de paro muy elevada y de que son muchas
las personas que se encuentran en situación de desempleo. Pero entiendan
también que es justo decir que la situación de mejora en la que nos
encontramos algunos pensaron que jamás se pudiese alcanzar.
Como también es justo decir, señorías, que la economía española está
viviendo una situación histórica de crecimiento económico sostenido y
saneado, por primera vez desde hace años.
Y esto es posible gracias a unos Presupuestos austeros, dentro de un
marco de disciplina presupuestaria, de lucha contra el déficit, de
contención del gasto público y la inflación que nos permiten generar la
confianza por parte de los inversores, de los trabajadores y de los
generadores de empleo. Marco presupuestario que, por lo tanto, no se
alterará, después de lo dicho por el Vicepresidente del Gobierno y
Ministro de Economía, señor Rato, en la presentación del debate de
totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998. Más aún, las políticas activas de empleo, en palabras del propio
Ministro de Economía, para 1998 suman 475.000 millones de pesetas, es
decir, aumentan 105.000 millones con respecto a 1997, un 28,4 por ciento.
El futuro presupuestario y el marco legal que se construye en este
proyecto de ley nos hace pensar en positivo y nos hace ser optimistas.
Permítanme, señorías, que, por último, esta Senadora tenga un desliz de
egoísmo, por su condición de mujer y de joven, al decir que estoy
convencida de que este proyecto de ley es el marco adecuado para seguir
creando empleo con las características de fijo y estable y,
fundamentalmente, para las mujeres y los jóvenes de este país.
En ese ánimo, señor Presidente, señorías, desde el Grupo Parlamentario
Popular agradecemos a todos los portavoces de los Grupos Parlamentarios
de esta Cámara el debate y posicionamiento en el trámite de Comisión, y
esperamos convencidos que en este Pleno su posicionamiento será la
aprobación clara de este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Do Campo
Piñeiro.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, era nuestro deseo haber presentado a este proyecto de ley una
propuesta de veto. Diferentes razones técnicas lo impidieron pero con
esta intervención Izquierda Unida quiere plantear su oposición al mismo.
Desde Izquierda Unida hubiéramos querido que la reforma del texto
refundido del Estatuto de los Trabajadores hubiera supuesto un desarrollo
razonable y equilibrado que, desde luego, hubiera recogido lo mejor de la
tradición de todas las reivindicaciones sindicales y de las que ha
mantenido Izquierda Unida a lo largo de los últimos 10 años.
Nos encontramos, señorías, con que la oportunidad de las medidas se
deriva de la necesidad de reformar toda una serie de instituciones y
preceptos que al aplicarse en el mercado de trabajo han traído unas
consecuencias, desde nuestro punto de vista, tan graves y disfuncionales
que han situado al mercado de trabajo español entre los más injustos y
desequilibrados de toda la Unión Europea.
El Secretario general de Empleo en una reciente comparecencia en esta
Cámara ha dicho que los datos de desempleo habían bajado. Sería
conveniente que corrigieran, por tanto, la exposición de motivos que
sitúa la tasa de desempleo en un 22 por ciento de la población activa, la
más alta, desde luego, de la Unión Europea, de los países de nuestro
entorno, a lo que hay que añadir unos niveles de temporalidad y rotación
muy superiores a la media comunitaria.
Las tasas, por otra parte, de precariedad y siniestralidad laboral son
realmente escandalosas. Todo ello configura un contexto que exige, desde
nuestro punto de vista y también desde el punto de vista normativo,
modificaciones legales, modificaciones de la legislación actual vigente,
pero en una línea diferente de la que se expone y en buena parte
contraria a la que se ha seguido en la última reforma.
La virtualidad de las medidas propuestas en el presente texto, que
nosotros queríamos haber presentado como enmienda a la totalidad tiene,
lógicamente, relación con las modificaciones que deben producirse en un
proceso de desnaturalización del derecho del trabajo. Una involución de
su carácter garantista y reequilibrador lo aleja cada vez más de lo que
habíamos denominado en el modelo constitucional como Estado social y
democrático de Derecho.
El fenómeno de la desregulación en sus diversos planos, el principio de
mínima intervención de la Administración laboral, el retroceso de la
norma legal y el proceso de sustitución del sujeto titular de la
protección en el sistema de relaciones laborales, criterios todos ellos
esgrimidos en las últimas reformas laborales, están configurando, desde
nuestro punto de vista, un nuevo marco normativo alejado de los
principios y mandatos constitucionales y, por otra parte, de las mínimas
exigencias de carácter tutelar y garantista que han venido presidiendo el
desarrollo del Derecho del Trabajo.
Señorías, la posibilidad de que, por primera vez, en nuestro ordenamiento
se contemple la posibilidad de retribuir al trabajador con un sueldo por
debajo del salario mínimo interprofesional o de la renta mínima de
subsistencia, como quieran sus señorías, la expulsión de colectivos
enteros del ámbito de la protección social del sistema, la reducción de
las aportaciones empresariales al sistema de protección social, la
continuidad y el incremento de las políticas de asistencialismo
empresarial vía bonificaciones, subvenciones o reducciones de
cotizaciones, el extraordinario reforzamiento de las facultades
organizativas del empresario que supone, también por primera vez en
nuestro ordenamiento, que toda orden empresarial es ejecutiva, son
elementos que, unidos a la ausencia total en la última reforma de avances
en los derechos individuales o colectivos de los trabajadores determinan
que se puede afirmar el carácter de sujeto central para los reformadores
en la empresa y una renuncia explícita de los reformadores de proteger
los derechos de los trabajadores.
Señorías, no hay reforma laboral que se haya realizado que no haya
significado una pérdida de derechos para los trabajadores. Todas han
significado una pérdida de derechos. Esta también.
El proceso de pérdida de contenido garantista de nuestro ordenamiento
laboral, con el añadido de un aumento exorbitante de los poderes
empresariales, de una parte, y de los también graves fenómenos de paro,
temporalidad y siniestralidad que padece nuestro mercado laboral exigen,
desde el punto de vista de Izquierda Unida, plantear una clara inflexión
en el tipo de criterios y medidas legislativas que en materia laboral y
de empleo se han desarrollado en las últimas reformas normativas.
En ese sentido, el planteamiento que queremos hacer aquí va dirigido, de
una parte, a recuperar una serie de elementos de carácter tutelar y
protector que debe presidir el ordenamiento laboral y que han sido, desde
nuestro punto de vista, neutralizados con las últimas reformas laborales
y, por otra parte, a restablecer en materia de contratación y extinción
de la relación laboral los principios, y tengo que decirlo con claridad,
de estabilidad, causalidad, defensa y equilibrio en su contenido
material, ya que nosotros entendemos que han sido prácticamente
arrogados.
El proyecto de ley para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de
la contratación indefinida se mantiene, en sus aspectos fundamentales, en
las líneas legislativas de anteriores reformas. Quiero recordar a sus
señorías que la reforma de 1994 contó con una huelga general y también
conocerán sus señorías con la oposición de Izquierda Unida.
En ese sentido, el proyecto de ley objeto de la intervención de Izquierda
Unida significa una reducción de la indemnización, una reivindicación que
es clásica en la patronal, con lo que se inicia, desde nuestro punto de
vista, un incierto y peligroso camino para los derechos de los
trabajadores, que en nada favorece la creación de empleo, tal y como han
mantenido organizaciones sindicales, amplios sectores de la doctrina
laboral y la propia experiencia derivada de anteriores reformas.
El proyecto de ley recoge otra medida de flexibilización y de
causalización material de la figura del despido
objetivo, figura contenida en la nueva regulación del artículo 52.C del
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, reguladora del
denominado despido colectivo. Así se establece una nueva regulación
autónoma del despido objetivo y de las causas que posibilitan su
utilización, separándolo de la figura del despido colectivo, criterio
éste mantenido por la patronal, y desarrollando unos contenidos más
flexibilizadores y menos garantistas para los trabajadores.
Junto al mantenimiento de las causas organizativas y productivas
introducidas en la reforma laboral de 1994, se incluye en la regulación,
y como objetivo, el criterio a alcanzar con la medida empresarial
extintiva la posición competitiva o exigencia de la demanda, es decir,
objetivos de naturaleza estrictamente empresarial y se abandona lo que ha
venido siendo la única finalidad justificadora de la medida empresarial
extintiva, cual es la de garantizar la viabilidad de la empresa y el
empleo.
Señorías, la correcta relación entre causas, medios y fines como elemento
o hilo conductor para el equilibrio de la empresa y la aplicación del
criterio de razonabilidad o adecuación quedan rotos con esta nueva
redacción, al establecer como objetivo finalista una serie de criterios
relacionados con las formas de estrategia puramente empresarial,
desconectado de cualquier contenido de carácter social, de preservación
de determinados niveles de empleo en la empresa.
Su señoría ha hecho referencia en reiteradas ocasiones a la comparecencia
del Secretario General de Empleo en esta Cámara en fechas recientes, pero
también su señoría recordará que en esas fechas se producía un estudio, o
por lo menos las conclusiones de un estudio que emitían los servicios de
estudios del Banco de España...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Román Clemente, termine
cuanto antes.
El señor ROMAN CLEMENTE: Voy terminando, señor Presidente.
Con brevedad, conocerá que los beneficios empresariales han crecido en un
35 por ciento y también conocerá que ha caído el empleo, al menos en la
empresa objeto de esa encuesta, en un 1,3 por ciento. También conocerá su
señoría que la creación de empleo es mayor en las pequeñas y medianas
empresas, no así en las grandes empresas, pero que la precariedad crece
más en las pequeñas y medianas empresas. Conocerá su señoría también el
hecho de que estamos ante un mercado laboral al que no sé si se pueden
aplicar calificativos como diferenciado, desequilibrado, insolidario,
injusto, porque también, y atendiendo a los requerimientos de la
Presidencia, tengo que recordarles que el hecho de residir en algunas
Comunidades Autónomas es una penalización para alcanzar empleo. Este
Senador, en representación de Andalucía, tiene que recordarle cómo,
tristemente, cualquier parado o parada de larga duración en Andalucía
sufre la penalización del hecho de residir en Andalucía para obtener un
puesto de trabajo. Por tanto, estamos ante un mercado laboral injusto, y
no se conocen datos de evaluación de reformas anteriores que hayan
significado mejora para los derechos de los trabajadores.
Por ello, señoría, nuestra posición es contraria a este proyecto de ley.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Pueden
intervenir luego, lógicamente.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.) Tampoco utiliza el turno.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador
Rodríguez de la Borbolla. (El señor Albistur Marín pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): ¿Para qué me pide la palabra,
Senador Albistur?
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, para una cuestión de orden.
Estamos en un turno en contra no sabemos de qué, porque no sé qué ha
defendido exactamente la señora representante del Grupo Parlamentario
Popular, ya que, según el orden del día que se nos ha dado para la
defensa de las enmiendas, la primera intervención tenía que haber sido la
nuestra en los votos particulares. No hay enmienda a la totalidad, no hay
un voto particular o un veto a la totalidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Intentaré contestar a su
pregunta.
En todo proyecto de ley hay un debate a la totalidad, que se compone de
un turno a favor y un turno en contra. Ha habido primeramente una
presentación de la ley por parte del Presidente de la Comisión, luego ha
habido una intervención de turno a favor y ahora hemos substanciado un
turno en contra.
El señor ALBISTUR MARIN: Perdone, señor Presidente, es que simplemente le
he oído dar la palabra a la señora Senadora, y yo no sabía exactamente en
concepto de qué. Por eso estaba esperando y por eso le he señalado que yo
quería utilizar mi turno, pero solamente en la defensa y en el turno de
portavoces posterior, no en éste.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muy bien, estoy absolutamente de
acuerdo. Usted tendría derecho a intervenir en turno de portavoces, pero
no hace uso de él.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió sí
hace uso del derecho al turno, para lo que tiene la palabra el Senador
Joaquim Vidal.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como su nombre indica, se trata de aprobar un proyecto de ley
de medidas urgentes para la mejora
del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida.
Nuestro Grupo Parlamentario no ha presentado ninguna enmienda a este
proyecto de ley aquí, en esta Cámara, ya que las diferentes enmiendas
fueron presentadas en el Congreso y hacían referencia a la integración
laboral de las personas con minusvalías. Estas enmiendas fueron admitidas
o transaccionadas, aunque seguramente no por las necesidades que piensa
cubrir este colectivo de minusválidos.
También anunciamos que, aunque aquí no las haya defendido el portavoz del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, vamos a votar a
favor de estas cinco enmiendas presentadas.
Y anunciamos también, como no podía ser de otra manera, el voto favorable
a este proyecto de ley por la importancia que tiene la creación de empleo
de forma general, y en particular para aquellos colectivos que hoy están
más desfavorecidos, como son los jóvenes, los parados de larga duración,
los mayores de 40 años y también los minusválidos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Vidal.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez de la Borbolla, por el Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor
Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista anuncia el voto a favor de este
proyecto de ley por entender que mejora la situación y el funcionamiento
del mercado de trabajo de España y porque completa un marco institucional
de relaciones laborales que prácticamente estaba ya prefijado.
El paso del tiempo, algo más de seis meses desde la firma del acuerdo
entre los sindicatos y la patronal --a estas alturas el tiempo pasa
rápidamente, pero, al mismo tiempo, nos ofrece nuevas perspectivas para
valorar la situación--, nos permite hoy hacer una valoración algo más
aproximada del sentido de la misma.
Señorías, toda ley sirve para hacer política, para buscar soluciones a
los problemas de la sociedad; pero toda ley, toda iniciativa, también
puede ser utilizada para hacer propaganda.
Y, desde nuestro punto de vista, con esta ley se ha hecho y se está
haciendo excesiva propaganda para la política que de ella se deriva.
¿Cuál era la situación anterior a la firma del acuerdo entre los
sindicatos y la patronal? Dicho esquemáticamente, por parte de los
sindicatos se mantenía en España una posición según la cual ya se había
ido demasiado lejos en la reforma de los mercados de trabajo y había que
decir, y así lo decían ellos, que «ni hablar de más flexibilidad». Por el
contrario, por parte de la patronal todo proceso de reforma del mercado
de trabajo, de reordenación de las relaciones laborales, era
excesivamente corto y la patronal se pronunciaba en el sentido de «ni
hablar de más estabilidad».
Por un lado, unos no querían más flexibilidad y, por otro, otros no
querían más estabilidad en el empleo. ¿Cuál fue el punto en el que se
produjo el acuerdo? Por una parte, se produjo un acuerdo entre patronal y
sindicatos por el que estos últimos, en resumidas cuentas, adquirían un
compromiso explícito para la mejora de la competitividad y el empleo a
través de la flexibilidad. Y por otra parte, los empleadores aceptaban
que la competitividad de la economía española es compatible con un modelo
de relaciones laborales en el que hay fuertes elementos de protección
social y también de garantías de estabilidad en el empleo. Lo que se ha
producido, al final, es una evolución política interna, tanto en el campo
de los sindicatos como en el de la patronal que ha hecho posible que un
impulso social, político y legislativo que ya estaba en marcha se
concretara en un proyecto de ley como el que hoy vamos a aprobar.
Porque, a fin de cuentas, ¿de qué se trata, cuáles son las nuevas
soluciones que aporta este proyecto de ley? En primer lugar, por orden de
importancia, se precisa el sentido, que ya tenía en la legislación
anterior y que habían precisado los jueces, con que deben entenderse las
causas tecnológicas, económicas, organizativas y de producción. Sentido
que ya estaba en la ley anterior y que ya habían dicho que era el
correcto los tribunales de justicia.
En segundo lugar, se precisan los contornos del contrato de formación,
que antes se llamaba contrato de aprendizaje. Pero se mantiene la figura
existente, tan denostada, del contrato de aprendizaje.
En tercer lugar, se crea una nueva figura para el fomento de la
contratación indefinida. Y, por último, se precisan los contornos y se
ajustan los costes del llamado despido objetivo, especialmente para ese
nuevo tipo de contrato de fomento para la contratación indefinida.
En definitiva, es un proyecto de ley que completa y concreta en
determinados aspectos el modelo español de relaciones laborales, que no
es producto de un solo impulso, es producto de unos impulsos,
consensuados unas veces, otras veces no consensuados, pero que nacen en
el Estatuto de los Trabajadores de 1980, que continúan con la reforma de
1994 en la cual se inserta esta reforma de 1997, que se basan en la Ley
Orgánica de Libertad Sindical de 1985, en el Pacto de Toledo, en la Ley
de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social,
etcétera.
Tenemos un modelo español de relaciones laborales que es producto de la
historia de la democracia y de los encuentros entre las fuerzas políticas
y las fuerzas sociales y que esta ley viene a completar en 1997. Viene a
completar y a ayudar a definir una situación del mercado de trabajo que
es más rica, más compleja y, desde luego, que exige mucha más imaginación
de la que eran capaces de aplicar o de la que necesitaban aplicar para
dar soluciones a los problemas de su tiempo los teóricos del derecho del
trabajo o del sindicalismo de principios de siglo.
Con esta ley, aparte de la política --y creo que he explicado cuál es la
política que se hace y cuáles son las soluciones que se dan--, se ha
hecho propaganda. Por ejemplo, al presentar esta ley se ha dicho por unos
y por
otros que con ella se conseguía la reducción de los tipos de contrato.
Pues bien, basta con irse a la guía oficial del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de 1996 y a la guía oficial de 1997 y ver el epígrafe
«tipos de contrato» para comprobar cómo en 1996 existían sólo 18 tipos de
contratos y en 1997, después de esta ley, existen 19 tipos de contratos;
es decir, se han incrementado las modalidades y los supuestos de
contratación.
Se ha dicho que el acuerdo en que la ley se basaba suponía la apertura de
una nueva etapa histórica, que se habían corregido los grandes errores
del sistema, en definitiva, se ha hecho propaganda. Pero ahora, seis
meses después, podemos decir que ha pasado el tiempo de la propaganda y
que entramos en el tiempo de las nuevas iniciativas. Entramos en el
tiempo de las nuevas iniciativas porque, antes incluso de que pasara el
plazo de seis meses desde la firma de este acuerdo, se ha producido el
hecho de la Cumbre Europea del Empleo, que ha supuesto una serie de
avances importantes a los cuales parece que se va a sumar con retraso el
Gobierno de España, pero avances en los que hay una serie de datos
ciertos. Se marcan directrices para el empleo, se concretan objetivos, se
insiste en la necesidad de coordinación de políticas y en el seguimiento
de las políticas para el empleo y se exige la elaboración de nuevos
planes y programas para la generación de empleo. Por ejemplo, el programa
plurianual para el empleo que el Gobierno de España presentó hace un mes
y pico a bombo y platillo ya es un programa muerto. El tiempo rápidamente
lo ha dejado a un lado en el camino. Hacen falta nuevas iniciativas en el
marco del sistema español de relaciones laborales, pero también en el
marco de las nuevas orientaciones emanadas de la Cumbre Europea para el
Empleo. Nuevas iniciativas que hay que pensar bien porque ya no van a
poder ir dirigidas solamente, como muchos pensaban hasta ahora, a
provocar reformas para la menor protección de los trabajadores o a la
mayor desregulación en el sistema.
Hay que tener en cuenta que en la Cumbre Europea para el Empleo no se ha
producido ni una sola recomendación o directriz instando a los Gobiernos
a la reforma de los modelos de relaciones laborales. Todas las
iniciativas y directrices han ido dirigidas a hacer que se pongan en
marcha políticas económicas orientadas para el empleo; políticas,
posiblemente fiscales, dirigidas a reducir los costes laborales directos
e indirectos, pero no políticas dirigidas a la reforma del mercado de
trabajo. Por tanto, a partir de ahora será difícil defender que la mayor
o menor competitividad de una economía deriva de las características
específicas del modelo de ordenación del mercado de trabajo. Con este
modelo...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Rodríguez de la Borbolla,
le ruego termine.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Me quedan tan sólo dos
segundos, señor Presidente.
Con este modelo de relaciones laborales es posible la creación de empleo
en España. Con este modelo de relaciones laborales es posible el acuerdo
que se necesita. Con este modelo de relaciones laborales es más necesaria
que nunca la inventiva, la capacidad de ofrecer nuevas propuestas,
propuestas que tendremos ocasión de ver dentro de poco tiempo en el
debate de los Presupuestos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
También en turno de portavoces, tiene la palabra la Senadora doña Belén
María do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Esperaba, Senador Román Clemente, la posición de Izquierda Unida respecto
de este proyecto de ley que acaba usted de exponer y que, sin lugar a
dudas, sigue la misma línea argumental que expuso su Grupo en el Congreso
de los Diputados y en esta Cámara ya en diversas ocasiones.
Por lo expuesto por su señoría ante la Comisión de Trabajo el día 26 de
noviembre, me sorprendió que su Grupo no presentara un veto ni presentara
tampoco esas 51 enmiendas a este proyecto de ley. Y me sorprendió porque,
en principio, esta Senadora, novata en estas lides, pensó que la razón y
el peso del consenso social y político alcanzado en torno a este proyecto
de ley había hecho mella en la línea argumental de su Grupo, con lo cual,
por fin entraban ustedes en la gran mayoría social y política que ve en
este proyecto de ley una afirmación respecto a que el tema del empleo se
puede ver desde el punto de vista del acuerdo y de la concordia y no
desde la discordia.
Lamento, pues, la no presentación de ese veto y de esas enmiendas, según
lo expuesto, y que se debiese únicamente a que no entraron en Registro en
el momento procesal oportuno.
Por lo dicho por usted aquí, y por lo ya expuesto en el Congreso de los
Diputados, tengo que decirle, señoría, que ustedes meten en el mismo saco
el aumento de los ingresos de los trabajadores, el facilitar actividades
extraprofesionales, el conceder horarios obligatorios, y al mismo tiempo
ampliar las vacaciones y reducir la jornada laboral a 35 horas, creando,
además, nuevos impuestos contra los empresarios. Y entre todo esto,
introducen también que se reduzca la edad de los trabajadores para poder
concertar este tipo de contratos, así como la conversión de contratos
temporales en contratos indefinidos, con lo negativo que sería el no
poder tener hoy, después de los seis meses que han pasado desde la
promulgación de este Real Decreto-ley, un 70 por ciento de esos 333.114
contratos indefinidos que se han firmado hasta el momento.
Tengo que decirle de verdad, en definición de un escritor paisano mío,
Valle Inclán, que la catalogación literaria sería casi de esperpento. ¿Y
por qué, señor Román Clemente? Por la sencilla razón de que ustedes no
contemplan la situación de las empresas ni su entorno competitivo, con lo
cual, a nuestro juicio única y exclusivamente,
se produciría una inmediata y elevada destrucción de empleo. Y esto,
señoría, dentro de una explicación doctrinal, viene a definirse
diciéndole a usted que existe una clara contradicción entre los fines y
los medios que ustedes proponen. Porque la realidad es otra --y aquí
quiero también aludir al portavoz del Grupo Socialista--, porque la
propaganda a la que se está refiriendo está basada en datos reales y
positivos, y lo que se refuerza con respecto a la anterior reforma
laboral, señor Rodríguez de la Borbolla, son los resultados positivos que
tenemos hasta el momento.
La realidad es ese medio millón de contratos indefinidos que se
realizaron durante estos seis meses. La realidad es que desde el 17 de
mayo hasta el 17 de noviembre se realizaron 480.000 contratos
indefinidos, lo que supone un incremento del 200 por cien respecto al año
anterior, que del total de esos contratos indefinidos registrados en el
INEM, como he dicho antes, 333.114 corresponden a la nueva normativa, y
que las empresas de menos de 25 trabajadores, como también he dicho
antes, han registrado prácticamente el 70 por ciento de esa contratación
indefinida.
Esta es, señor Román Clemente, la senda para conseguir los fines que su
Grupo y el mío tienen, pero, evidentemente, los medios son muy
diferentes.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Do Campo
Piñeiro.
A continuación, pasamos al debate de las enmiendas presentadas a este
proyecto por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos en su voto
particular número 1, correspondiente a las enmiendas números 1 a 5.
Tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, vengo a defender estas enmiendas con muchísimo entusiasmo
--como he hecho también en muchísimas ocasiones--, pero con muy poca
confianza en el resultado de mis argumentaciones.
La verdad es que no debería defenderlas ante ustedes, señores Senadores,
sino que enfrente tendrían que estar sentados los representantes de los
sindicatos y empresarios firmantes del acuerdo que dio motivo a la ley
que hoy vamos a intentar que se apruebe en el Senado. Digo esto, porque
el causante de nuestras enmiendas no es ningún partido político, sino la
política laboral --y, sobre todo, la política de relaciones laborales--
que nos quieren imponer unas centrales sindicales y una organización
determinadas.
Como ha dicho el Senador Rodríguez de la Borbolla --con quien coincido en
sus planteamientos--, el mejor acuerdo de relaciones laborales que puede
existir es aquél que genera empleo y responde claramente a la negociación
entre las partes. Pero en la pluralidad de un espacio económico como el
del Estado no son sólo unos sindicatos y una patronal los que pueden
establecer los acuerdos para la totalidad del territorio.
Por tanto, con las enmiendas que nuestro Grupo ha presentado estamos
intentando defender que el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores,
que tanto ha costado conseguir, y en el que se establecen las relaciones
laborales fruto de una negociación entre sindicatos mayoritarios y
empresarios, no desaparezca o se diluya en toda su validez. Con esto
quiero decir que, al no reconocerse los acuerdos que se puedan establecer
entre sindicatos y empresarios por los sindicatos firmantes del acuerdo
que dio motivo a la reforma laboral que hoy estamos debatiendo, cuando
este acuerdo se produjera, estas centrales sindicales y la organización
empresarial no acabarían de reconocerlo como válido, extensible a otros
ámbitos, y a su reconocimiento legal.
Estamos haciendo un planteamiento para destacar que, allá donde las
centrales sindicales --en este caso, Comisiones Obreras y UGT-- y la CEOE
no tienen representación suficiente, sino que ésta se establece sobre la
base de otros sindicatos y otra representación empresarial, se puede
llegar a acuerdos tan válidos por los que se pueden establecer hasta
relaciones contractuales diferentes de las que se han pactado en el
acuerdo que hoy vamos a convertir definitivamente en ley.
Nuestras enmiendas pretenden, lisa y llanamente, reconocer que no sólo
los convenios de ámbito sectorial estatal --que, además, se han
pretendido subrayar intencionadamente-- son los únicos válidos para el
reconocimiento de las relaciones contractuales que se establecen entre
las partes, sino que también hay convenios colectivos sectoriales de
ámbito inferior que podrán llegar a acuerdos con un reconocimiento
equivalente desde el punto de vista jurídico al de aquéllos a que han
llegado las centrales sindicales citadas y la patronal CEOE.
Este era nuestro objetivo en las enmiendas números 3, 4 y 5, aparte de
que en esta última pretendíamos también que determinados colectivos, como
son, fundamentalmente, aquellos trabajadores que tienen que realizar
labores en la empresa o en los diferentes sectores que se pacte con
contratos de vigencia no indefinida, sino temporales o de temporalidad
marcada, superior al año o inferior a los tres años, estén también
acogidos a condiciones de desempleo similares a los contratos de larga
duración.
Nuestra posición iba a ser negativa en la votación de este proyecto de
ley, fundamentalmente porque ni siquiera habíamos podido llegar a
negociar con la Administración ni llegar a ser atendidos, tanto en el
debate que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados como en el que
va a haber en el Senado o en el anterior en la Comisión.
Hemos recibido explicaciones desde la Administración, desde el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales en relación al reconocimiento del fondo de
la cuestión que estamos planteando con estas enmiendas. Se nos ha
asegurado que, desde el punto de vista político, nadie quiere modificar
el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, tema que nos proporciona
una seguridad y, además, la posibilidad de poder seguir abiertos a buscar
soluciones en lo que pueden ser las relaciones laborales del futuro.
Sin embargo, lo que no admitimos --y nos va a llevar a la abstención en
la votación final de esta ley-- es que se produzca una intromisión en el
ámbito político de centrales sindicales y de representación patronal
para, por la vía de una ley que es absolutamente colateral, pero
importante, aunque no modificadora del Estatuto de los Trabajadores,
intentar modificar éste y su artículo 84 por una vía absolutamente
indirecta. Si para algo existe la representación política es precisamente
para modificar aquellas leyes que se puedan considerar injustas, pero la
injusticia tiene que afectar al colectivo total de trabajadores y no
simplemente a los intereses sindicales o de parte empresarial.
Nuestro planteamiento es el que figura en las enmiendas presentadas.
Reconocemos la sensibilidad mostrada por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, al entender perfectamente cuál es el
contenido de lo que estamos defendiendo. También reconocemos el esfuerzo
realizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para defender
el mantenimiento del Estatuto de los Trabajadores en su artículo 84, que
es una conquista de un colectivo importante de trabajadores, con una
representación mayoritaria --también quiero decir que representantes de
Comisiones Obreras y de UGT defienden en el País Vasco y en otras
Comunidades Autónomas esta misma filosofía que estamos defendiendo aquí--
y asimismo reconocemos que seguiremos trabajando para que los convenios
colectivos de ámbito inferior al estatal puedan tener la representación
correspondiente en las leyes cuando lleguen a acuerdos válidos entre
empresarios y trabajadores.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra la Senadora Do Campo Piñeiro.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señor Presidente, señoras y señores
Senadores, en relación a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos a este proyecto de ley,
paso a exponer las razones argumentales de la no aceptación de las
enmiendas números 1, 3, 4 y 5.
En lo relativo a la primera, de modificación del párrafo primero de la
exposición de motivos y a su justificación, en nombre del Grupo que
represento, tengo que decir que debe ser rechazada, ya que resulta
errónea en lo referente a su argumentación y contenido, desde el punto de
vista técnico y jurídico. Quisiera aclararle a su señoría que las únicas
organizaciones sindicales más representativas en el ámbito estatal son
UGT y Comisiones Obreras, de conformidad con la Ley Orgánica de Libertad
Sindical, las cuales participaron en el acuerdo y, por tanto, el texto de
este proyecto de ley es correcto.
Probablemente estemos confundiendo cosas claramente diferentes: El
concepto de mayor representatividad a nivel estatal, concepto ya
prefijado, como dije anteriormente, en la Ley Orgánica de Libertad
Sindical, no es igual a la posición jurídica que a nivel estatal y a
determinados efectos confiere la citada Ley a los Sindicatos que ostentan
la condición de más representativos a nivel de Comunidades Autónomas,
como es el caso de la Confederación Intersindical Galega o el Sindicato
Vasco ELA-STV.
En cuanto a la enmienda número 2, he de decirle que la hemos aceptado.
Por lo que respecta a la enmienda número 3, entendemos igualmente que
debe ser rechazada. Su señoría pretende con esta enmienda equiparar los
convenios colectivos estatales con los de ámbito inferior, de manera que
ambos puedan hacer uso, simultáneamente y en concurrencia entre sí, de
las posibilidades de modificación y adaptación que nos otorga esta Ley.
Frente a ello, el proyecto de ley otorga prioridad a la regulación de
estas modificaciones a nivel estatal, sin perjuicio de que, en defecto de
su regulación estatal, autorice también a los ámbitos inferiores.
En la justificación que su señoría presenta con esta enmienda, alega la
necesidad de preservar las unidades de negociación y la concurrencia de
los convenios. Sin embargo, las unidades de negociación se ven
preservadas idénticamente en uno u otro caso, dado que lo que se discute
no es la preservación o no de dichas unidades, sino las competencias
mayores o menores de cada una de ellas. Y en cuanto a la concurrencia, a
nuestro entender, más que preservarla, la enmienda parece pretender
promoverla y fomentarla en contra de todo objetivo de articulación de la
negociación.
Por otro lado, de ser aceptada la enmienda que nos presenta el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos alteraría en un aspecto
básico el acuerdo alcanzado entre los interlocutores sociales más
representativos en el ámbito estatal. No sólo en lo que se refiere al
acuerdo sobre la estabilidad del empleo, que da origen a este proyecto de
ley, sino en cuanto al acuerdo interconfederal sobre negociación
colectiva, cuando el propósito de nuestro país de fomentar una
negociación colectiva articulada desde el ámbito estatal a los inferiores
ha sido valorado como uno de los aspectos más importantes de los acuerdos
en su conjunto.
Entienda como lógico su señoría y su Grupo Parlamentario que la Ley
reserve determinadas competencias a los convenios estatales y que sólo en
defecto de éstos, admita la entrada a otros convenios de nivel inferior.
Y piense su señoría que las competencias a las que se refiere el artículo
11 del Estatuto de los Trabajadores alcanzan la posibilidad incluso de
modificar su propia Ley en aspectos estructuralmente básicos del contrato
de trabajo; evidentemente, la posibilidad de reservarse en principio a
los convenios de un ámbito idéntico al de la propia ley que se modifica,
por tanto, al ámbito estatal, de forma que de existir por vía
convencional una regulación distinta a la de esta Ley, ésta sea de
aplicación en todo el territorio nacional. Con lo contrario, ¿qué
sucedería? Permitiría que el contrato tuviera una regulación estructural
diferente, no ya sólo en cada Comunidad Autónoma, sino incluso en cada
localidad o en cada comarca.
En cuanto a la enmienda número 4, en concreto las letras b) y c) he de
decirle que es idéntica a la enmienda número 3 de su señoría, y que por
los mismos motivos no va a ser aceptada por nuestro grupo. Argumentación
que aplico también con idéntico criterio a la enmienda número 5 de su
señoría, la cual entiende nuestro Grupo que debe ser rechazada por los
mismos motivos expresados anteriormente en relación a la enmienda número
3.
Sí merece una especial mención la letra i) de su enmienda número 4, que
pretende incluir la protección por desempleo en la protección social del
contrato para la formación. Hay que tener en cuenta que este Real
Decreto-Ley 8/1997, que da origen a este proyecto de ley, ha incrementado
el régimen de protección social del contrato para la formación, con el
consiguiente incremento del coste de las cotizaciones para los
empresarios, en los términos que los interlocutores sociales más
representativos en el ámbito estatal estimaron adecuados en el acuerdo
que dio origen al citado Real Decreto-Ley. Es de imaginar que tales
interlocutores sociales han estimado que la solución alcanzada presenta
un punto de equilibrio razonable entre la lógica pretensión de mejorar
cada vez en mayor medida la protección social de los afectados
--cuestión, por cierto, que está en el ánimo de todos-- y la necesidad de
lograr que el contrato de formación siga sirviendo con tanto éxito como
hasta la fecha a los fines de inserción que le son propios.
Independientemente de la argumentación expuesta, la aceptación de la
enmienda en su apartado i) supondría encarecer extraordinariamente el
coste del contrato para la formación, por el incremento de las
cotizaciones que entrañaría, con lo cual se limitaría en gran medida la
eficacia de esta modalidad contractual para mantenerse como instrumento
privilegiado de inserción de jóvenes en el mercado de trabajo. Por todo
ello, estimamos que no se debe admitir tampoco la enmienda de
modificación número 4 en su apartado i).
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Señoría, tiene razón: una propuesta de veto y 53 enmiendas que no
entraron. Conocerá su señoría, porque ha hecho referencia a los
precedentes del Congreso, que tampoco su Grupo ha estado exento en
anteriores ocasiones de problemas similares con el registro, pero no se
preocupe su señoría, seguimos manteniendo la misma línea argumental que
defendimos en el Congreso.
¿Sabe su señoría lo que es esperpéntico? Es esperpéntico que se haga una
reforma sobre la reforma de 1994 sin haber hecho evaluación de los
resultados obtenidos. (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Popular
pronuncia palabras que no se perciben.) Tranquila su señoría, porque yo
no tengo ninguna prisa. No me indique, que yo sabré como hacerlo. No se
preocupe, señoría.
¿Esperpéntico sabe que es, señoría? Esperpéntico es que no baje la tasa
de desempleo del 20 por ciento. En su exposición de motivos no corrigen
que reconocen el 22 por ciento de desempleo. Hagan una modificación,
aunque sea aquí, verbalmente, y corrijan eso.
¿Sabe que es esperpéntico, señoría? Que no ha dado ningún resultado sobre
los jóvenes y sobre las mujeres, la precariedad y la rotación.
¿Sabe que es esperpéntico? Que las Comunidades Autónomas no reciben por
igual los beneficios hipotéticos de la reforma del mercado de trabajo.
¿Sabe su señoría que es esperpéntico? Que desde su Gobierno o desde la
Administración se sigan manteniendo altísimas tasas de precariedad
--interinos, contratados--, pero no se convocan las plazas, no se da
estabilidad al personal laboral y funcionario, y se está trabajando en
los diferentes organismos bajo mínimos. Eso es esperpéntico, señoría.
¿Y sabe que es esperpéntico también? Que utilizando mal y abusando de la
colaboración social, se mantengan encubiertos unos puestos de trabajo que
tendrían que ser cubiertos con estabilidad. Todo eso, señoría, es
esperpéntico porque terminada toda esta reforma, si los resultados no son
los deseados, sus señorías se subirán aquí a la tribuna y dirán que no
fueron los resultados que esperaban e iremos a otra reforma laboral que
significará más pérdida de los derechos de los trabajadores.
¿Y sabe que es esperpéntico, señoría --por eso su señoría está donde está
y yo estoy donde estoy--? Que su señoría defienda a las empresas y yo
trate de defender los intereses de los trabajadores. Es normal. Son
posiciones diferentes. Eso no es esperpéntico, señoría; eso es cuestión
de principios.
Señoría, de lo que se trata es de crear empleo, empleo estable. Su
señoría defiende a las empresas, ¡sin duda!, como han crecido un 35 por
ciento los beneficios en las grandes empresas, lo repercuten perdiendo un
1,3 por ciento de empleo estable. Eso es esperpéntico, señoría, al menos
es lo que dice el Banco de España.
Sigue siendo esperpéntico, señoría, que esta reforma no baje las altas
tasas de accidentes laborales. Todo eso es esperpéntico. A lo mejor sus
señorías lo hacen con buena intención, ¡sin duda!, pero perdiendo
derechos los trabajadores. Eso es lo que se consolida en esta reforma.
Por tanto, señoría, no es un problema de las 53 enmiendas o de la
propuesta de veto, es un problema de principios, de filosofía, sus
señorías defienden una, este Senador defiende otra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Presidente.
Nunca Valle Inclán había estado tan cerca del mercado de trabajo.
Tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Senadora, me va usted a obligar a decir algo que no quería decir.
Se supone que yo le considero a usted inteligente, pero usted me debe
considerar a mí también inteligente. Por lo tanto, escúcheme cuando yo
hablo, no se agarre a los papeles que usted tiene ahí y trate de
responder a las palabras que yo digo, no a lo que a usted le hayan
escrito, que es diferente, o a los argumentos que alguien del Ministerio
quiera escribir en este caso. Por favor, eso es lo que le pido.
¿Usted se cree que un convenio o un acuerdo que representa el 10 por
ciento del producto interior bruto del Estado no es de ámbito estatal,
aunque sea de ámbito sectorial inferior al del Estado? ¿Usted se cree que
solamente puede haber un sector en el conjunto de la economía española o
de la geografía española o el sector puede estar concentrado en una
Comunidad Autónoma determinada y ser pactado por las centrales sindicales
y la patronal allí presentes y ser referencia para todo el Estado?
Usted no cree en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores o, dicho
de otra forma, usted está contribuyendo a que un acuerdo que es laboral
se convierta en un acuerdo político, y eso es lo que yo no admito.
El Estatuto de los Trabajadores, que introduce, precisamente, la libertad
de negociación rompiendo todo el férreo corsé que existía anteriormente y
que supone la conquista de los trabajadores conseguida en la calle, en
importantes manifestaciones públicas y también acordada por la patronal,
¡cómo no!, querida por todo el mundo, nos lo podemos cargar por acuerdos
políticos que convienen a determinados partidos políticos en un momento
determinado, y yo no quiero entrar en ese tema, no es mi intención.
Por lo tanto, cuando le digo que usted no me está reconociendo a mí la
inteligencia es cuando me dice que nosotros lo que estamos pretendiendo
es defender convenios de empresa y darles un valor de carácter estatal,
tema absolutamente absurdo, porque precisamente eso es lo contrario de lo
que estamos pretendiendo. Asesórese bien, pero déle buenas ideas, por
favor. Eso es lo contrario de lo que estamos defendiendo.
Respecto al contrato para la formación, usted me ha dado las razones por
las cuales no admite la enmienda; porque hoy se utiliza en el mercado de
trabajo simplemente porque es barato, no porque verdaderamente reinserte
a los jóvenes en el mercado de trabajo; se utiliza porque es barato y lo
que queremos romper precisamente nosotros es el que sea utilizado por su
baratura, como un contrato que tiene que llevar a los jóvenes al mercado
de trabajo. Por eso queremos que sea un compromiso, para que inserte e,
introduzca a los jóvenes en los beneficios de cualquier trabajador, como
son el derecho al desempleo y otros beneficios de la Seguridad Social.
Lamentablemente éste es un diálogo de sordos, pero como tengo, como he
dicho desde la tribuna, la palabra del Gobierno de que el artículo 84 es
algo que va a cuidar este Partido que está en el Gobierno, y el Gobierno
lo va a cuidar para que se produzca, para que no se estropee, ni siquiera
se ponga en duda, eso es lo que me hace confiar hoy y no los argumentos
que aquí se me han dado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor
Presidente.
Aprovechamos este turno para insistir en nuestro apoyo al proyecto de ley
y para ayudar a que quede clara la posición del Grupo Parlamentario
Socialista sobre determinados aspectos.
Primera cuestión. ¿Por qué se crea empleo? ¿Cuáles son las causas? Las
leyes no crean empleo. Este proyecto de ley tampoco crea empleo. Las
leyes crean el marco propicio en el que la capacidad de asumir riesgo,
las políticas económicas, la capacidad de generar riqueza van creando
empleo. Las leyes crean el marco, pero luego son las políticas de los
Gobiernos y la iniciativa privada las que generan empleo.
Segunda cuestión. ¿Cuál es el dato clave de este proyecto de ley? El dato
clave es que, por una parte, abre un poco más el marco del sistema de
relaciones laborales en España y, por otra, lo cierra, en el sentido de
que deja claro a los interlocutores sociales que éste es el marco en el
que ha de jugarse para crear empleo.
A partir de la aprobación de este proyecto de ley, no se puede poner cada
día en cuestión el modelo español de relaciones laborales que, insisto,
como he dicho antes, es la suma de muchos impulsos. La virtualidad
fundamental de este proyecto de ley es que abre --porque se basa en el
acuerdo entre los interlocutores sociales-- y, al mismo tiempo, cierra,
lo defiende, lo fija y permite estabilizar el sistema español de
relaciones laborales.
Por ello, basándome en lo anterior --porque las leyes no crean empleo y
porque este marco está ya definido-- con todos los respetos, señora
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, cuando he dicho que se hace
propaganda no me estaba refiriendo sólo a los datos de creación de
empleo. Al hablar de los datos de creación de empleo y de empleo
indefinido, por ejemplo, habrá que tener en cuenta cuántos de los nuevos
contratos indefinidos que se han creado han sido sólo transposición a
indefinidos de un contrato temporal previamente existente. ¿Cuántos
contratos realmente indefinidos, «ex novo», se han creado en la realidad
española? Pocos, y los datos están ahí.
Pero eso no importa. Lo importante es decir: hay posibilidades. Nosotros
no hemos venido a rebatir datos, hemos venido a rebatir la actitud
propagandística, porque la actitud propagandística al final se vuelve en
contra del propagandista en el momento en que empiecen a dilucidarse los
datos reales de la sociedad.
Termino refiriéndome brevísimamente, señor Presidente, a las enmiendas
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. No las vamos a
apoyar, salvo la número 2. No lo vamos a hacer, señor Albistur, con toda
sinceridad, por dos razones. Primera, porque este proyecto
de ley refleja un acuerdo que desde nuestra perspectiva --como hemos
venido señalándole-- tiene sentido y es un acuerdo defendible, que no
sólo marca un punto de encuentro entre las partes sociales, patronal y
sindicatos, sino que marca un punto de inflexión en la consolidación del
modelo español de relaciones laborales. Por lo tanto, es un acuerdo que,
desde nuestro punto de vista, tiene un valor por sí mismo. Hay que
defenderlo; lo defendemos.
En segundo lugar, ¿por qué no vamos a votar a favor de sus enmiendas?
Pues porque estimamos que hay que tener --por lo menos nosotros lo
hacemos-- confianza en las fuerzas de la sociedad y, en este caso
concreto, en las fuerzas de la sociedad vasca. Por un lado, con el
artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores en la mano pero, además, con
la capacidad de encontrar puntos de encuentro --que están demostrando a
lo largo de los últimos años los sindicatos y la patronal en el País
Vasco--, con la capacidad de generar políticas que den solución a los
problemas de los trabajadores y a los problemas del empleo que se están
produciendo en el País Vasco, con decretos y leyes dirigidas al fomento
de empleo, que están teniendo amplio eco en la sociedad y en la economía,
en definitiva, nos parece que el marco legal es suficiente como para
estar esperanzado en que, sin aceptar estas enmiendas, sin que éstas se
plasmen en ley, la capacidad de actuación de la sociedad vasca va a
seguir adelante.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra doña Belén María do Campo Piñeiro.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decirle antes de nada al señor Román Clemente que trasladaré
gustosamente a los sindicatos lo que usted piensa. A lo mejor usted
piensa que es esperpéntico lo que nos dicen los sindicatos UGT y
Comisiones Obreras. Y nos dicen que los resultados de la reforma laboral
no son sólo buenos, sino que son mejores de los previstos. También
expresaron su satisfacción por la marcha de la contratación indefinida
que está beneficiando, sobre todo, a las mujeres y a los jóvenes. Eso
para usted es, a lo mejor, esperpéntico.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
no se preocupe. Le he escuchado atentamente, y tengo que decirle que por
nuestra parte no hay nada de nada de diálogo de sordos. Y a la muestra me
remito. Ahí está el diálogo social del Gobierno con los empresarios y con
los sindicatos. Además, quiero decirle que lo siento mucho, que les guste
o no les guste, UGT y Comisiones Obreras son los sindicatos más
representativos a nivel nacional. Yo siento mucho que no pueda ser lo que
usted pretendía. La realidad es esa.
En cuanto al contrato de formación, al que usted también ha hecho
referencia, quiero decirle que nuestro Grupo en ningún momento va a
encarecer su coste. No vamos a apoyar eso en ningún momento.
Al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista quiero darle las gracias
por su apoyo, a pesar de que esa reforma de 1994 nos trajo una huelga
general, a la que ha hecho referencia el señor Román Clemente. Tengo que
decirle al señor Román Clemente que, a raíz de estos acontecimientos,
muchos empresarios, sindicatos y grupos políticos reflexionaron, y, sobre
todo, lo hicieron esos partidos políticos que tienen vocación de
gobierno, reflexión que ha dado como resultado este Proyecto de Ley.
Ahora bien, lo que nos queda claro, tras lo expuesto por el portavoz de
Izquierda Unida que nos ha anunciado su voto en contra a este Proyecto de
Ley, es qué partidos políticos tienen vocación de gobierno y cuáles
quieren seguir estando en la oposición.
Por último, quiero decirle al señor Rodríguez de la Borbolla que el
empleo lo crean los empresarios. El Gobierno crea el marco jurídico para
que eso sea posible. Así lo está haciendo, desde luego, el Gobierno del
Partido Popular, el Gobierno de José María Aznar.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El
señor Rodríguez de la Borbolla Camoyán pide la palabra.)
El artículo 87 es refugio de los Senadores que quieren hablar fuera del
Reglamento.
Tiene medio minuto, señor Senador, porque han pedido la palabra otros
grupos.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor
Presidente.
No sólo he sido contradicho, sino tergiversado. Yo he dicho que las leyes
no crean empleo. El empleo lo crean las políticas de los gobiernos y la
capacidad de generación de riqueza de la iniciativa privada. Repito, lo
crean las políticas de los gobiernos y de pronto el PP nos ha quitado al
Gobierno de en medio, y eso no está bien.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (Los
señores Albistur Marín y Román Clemente piden la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
También yo he sido tergiversado. Aquí se pretende sacar la idea de que
este Grupo (Rumores.) --si me deja hablar la derecha que está a mi
izquierda-- está en contra de la ley, y no es así. Este Grupo ha
defendido esta ley y ha defendido el contenido de la reforma laboral por
considerarlo absolutamente necesario. No obstante, lo considera
insuficiente. En esto queremos insistir y no en que nosotros queramos
encarecer un determinado contrato.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra, Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecerle a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que dé
traslado a los sindicatos y a la patronal de algunas reflexiones, pero
sería más conveniente que les trasladara lo escrito en el «Diario de
Sesiones» porque así les diría exactamente lo que ha dicho este portavoz
y no lo que dice su señoría.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra la Senadora do Campo Piñeiro. Tiene un último medio
minuto.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: No se preocupe.
Senador Román Clemente, no se preocupe. Sin lugar a dudas, los sindicatos
y los empresarios tendrán el acta de esta sesión y tendrán en cuenta qué
partidos políticos son los que apoyan este diálogo social, iniciado en el
mes de mayo, y qué partidos son los que no lo apoyan.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Ya ven, señorías, que con medio
minuto se pueden hacer frases lapidarias de todo tipo.
Vamos a someter a votación las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley
de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de
la contratación indefinida.
Primeramente vamos a votar la enmienda número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, 209; en contra, uno.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
A continuación, se someten a votación las enmiendas números 1, 3, 4 y 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 18; en contra, 188; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Se someten a votación el Capítulo I, artículos 1 a 4; Capítulo II,
artículo 5; disposiciones adicionales primera y segunda; disposiciones
transitorias primera a cuarta; disposición derogatoria; disposiciones
finales primera y segunda y exposición de motivos, según el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos 210; a
favor, 203; en contra, dos; abstenciones, cinco.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan aprobados.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
-- DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN INCENTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y DE CARACTER FISCAL PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA
Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO (S. 621/000061) (C. D. 121/000067).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente dictamen a debatir
es el de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en relación con el
Proyecto de Ley por la que se regulan incentivos en materia de Seguridad
Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida
y la estabilidad en el empleo.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Senador Molina.
El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, presento ante el Pleno de esta Cámara el dictamen que la
Comisión de Trabajo y Seguridad Social ha realizado al Proyecto de Ley
que regula los incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter
fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en
el empleo, procedente del Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo.
Tuvo su entrada en la Cámara el día 14 de noviembre de 1997 y el plazo de
presentación de enmiendas finalizó el 18 de noviembre, presentándose
cinco enmiendas: una por el Grupo Parlamentario Socialista y cuatro por
el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. No se designó
Ponencia y se debatió directamente por la Comisión, que se reunió el día
26 de noviembre, sin incorporar enmiendas al texto remitido por el
Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Molina.
En el debate a la totalidad, para turno a favor, tiene la palabra el
Senador Fernández Menéndez.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, este proyecto de ley que me toca defender en nombre del Grupo
Parlamentario Popular está intrínsecamente
unido al que se termina de debatir, o sea, al proyecto de ley de mejora
del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida.
La necesidad de lograr un mercado laboral con una contratación más
estable y la corrección de la precarización y temporalidad de los
contratos de trabajo, junto con la disminución de la tasa de desempleo,
es una de las principales demandas de nuestra sociedad, que el Gobierno
que mi Grupo representa ha considerado como uno de los terrenos en los
que debían tomarse iniciativas inmediatas en el marco de un diálogo y
adopción de acuerdos con los agentes sociales, y esto en virtud del
acuerdo confederal para la estabilidad del empleo.
El proyecto de ley que hoy debatimos, basado en el Real Decreto-Ley
9/1997, del 16 de mayo, de fomento de la contratación indefinida, sin
duda ha marcado un antes y un después en la evolución de la contratación.
La implantación de un sistema de incentivos fiscales y bonificaciones en
la cuota de la Seguridad Social a la contratación indefinida responde a
la creencia de la necesidad de un sistema que permita una mayor
flexibilidad en su aplicación y que evitase un alto grado de trabas
burocráticas, haciendo más fácil y atractivo su empleo.
Creo que los datos de los seis primeros meses de vigencia son un
argumento irrefutable de la eficacia que ha demostrado el sistema que
incorporó en mayo el Real Decreto-Ley 9/1997, que ha servido de base a lo
que hoy debatimos como proyecto de ley. Estos datos, escuetamente
indicados, son: en los primeros seis meses de su vigencia ha habido un
período de mayo a noviembre del presente año en el que se han realizado
480.883 contratos indefinidos, un 200 por ciento más que en el mismo
período del año pasado.
La contratación indefinida ha pasado de suponer un 4,2 por ciento en 1996
a más de un 9,5 por ciento en 1997 sobre el total de la contratación. La
media diaria de contratos indefinidos de enero a abril de ese año, es
decir, el período anterior a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley,
fue de 1.517 contratos; con la nueva normativa, la media es de 3.443
contratos diarios. Teniendo en cuenta un mantenimiento de la tendencia
actual de la contratación, es posible que en el año 1997 pueda terminarse
con una cifra muy estimable, quizá aproximada a los 700.000 contratos
indefinidos.
Además, si hacemos un estudio más pormenorizado de los datos anteriores,
podemos observar que cerca del 70 por ciento corresponde a transformación
de contratos temporales preexistentes en indefinidos. El 60 por ciento de
la contratación indefinida se ha realizado con jóvenes menores de 30
años, un colectivo marcado por una alta tasa de paro no solamente
importante cuantitativamente, sino también en las secuelas vitales que la
falta de trabajo presenta en este sector de nuestra sociedad y que está
generando pautas de relaciones diferentes entre personas jóvenes y sus
familiares. Prácticamente el 70 por ciento de la contratación que se
registra se hace por empresas de menos de 25 trabajadores, empresas cuya
contratación indefinida era del 44 por ciento en 1996. Estamos hablando
de empresas de menos de 25 trabajadores a las que, de alguna forma, se
les pretende reducir los incentivos fiscales.
Señorías, los resultados anteriormente expuestos parece que no aconsejan
cambios que alteren el texto del proyecto que estamos debatiendo. Además,
creo que ir en contra del mismo no supone una posición contraria al
propio Gobierno, sino ir en contra de un acuerdo en el que han
participado todos los agentes sociales y en contra de una normativa que,
como ya he dicho y ahora reitero, ha demostrado su eficacia en la
creación y en la mejora de la estabilidad laboral, lo que nadie puede
negar que supone una mejora en la calidad de vida del trabajador, en la
estima personal de aquel que es capaz de incorporarse al mercado laboral.
Y quiero recalcar especialmente la sensibilidad que el proyecto ha
demostrado hacia aquellos colectivos que tienen una mayor dificultad para
acceder al contrato de trabajo.
Señorías, señor Presidente, termino felicitando a los agentes sociales,
entiéndase sindicatos y patronal, por el interés, el entusiasmo y la
responsabilidad de que han hecho gala, en el marco del diálogo social,
para ponerse de acuerdo en las medidas necesarias para mejorar el mercado
de trabajo. Y felicito también, cómo no, al Gobierno Popular por
respaldar esas medidas que, como he puesto de manifiesto, están dando
unos resultados positivos, y espero que sigan mejorando pues tampoco
ignoran sus señorías que en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 1998 tienen una especial prioridad las políticas de promoción del
empleo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Turno en contra.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no me cabe la menor duda de que a estas alturas se conoce
perfectamente cuál es nuestra posición sobre ésta y anteriores reformas.
Socialmente no hace falta que lo recuerde, pero si alguien quiere
hacerlo, me parece perfecto.
Señorías, cuando hablamos no es «en contra de», sino desarrollando el
ejercicio de un derecho parlamentario, el de plantear iniciativas, y no
creo que sus señorías estén precisamente en contra del ejercicio de ese
derecho, entre otras cosas, porque por eso a todos y a todas nos pagan en
ésta y en otras Cámaras.
El sentido de este turno es explicar algo que no hemos podido hacer en el
Registro: la presentación de una propuesta de veto que significaba en la
práctica un texto alternativo, igual que en el anterior debate. No quiere
decir que no tengamos ideas. Tenemos otras, que son diferentes. Y de lo
que se trataba en el texto, en la enmienda de veto y en las 11 enmiendas
que lo acompañaban era exponer estas ideas alternativas.
No hace falta referirme de nuevo a algo que, por mucho que salga una y
otra vez en el debate, no conseguimos
aclarar: la rotación en el mercado de trabajo, la precariedad y las altas
tasas de accidentes laborales. Y por mucho que digamos, señorías,
seguimos sin hacer frente a esas graves responsabilidades.
Lo que planteamos es una redacción alternativa. Efectivamente, señorías,
el ámbito de aplicación de la ley que propondríamos desde Izquierda Unida
se extiende tanto a la contratación indefinida ordinaria como a la
tradicional --sigo los mismos argumentos que se exponían en el Congreso
de los Diputados, no podía ser de otra forma-- dirigido a las pequeñas y
medianas empresas para aquellas actividades a las que resulte aplicable y
por las que no se haya renunciado a la modalidad de signos, índices o
módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y para determinados colectivos de trabajadores con
especiales dificultades de acceso al empleo.
Y no voy a necesitar extenderme mucho más porque, como bien conocen sus
señorías y tienen después a gala decir --han hecho un seguimiento del
debate en el Congreso de los Diputados y en otras instancias públicas
donde se ha producido-- estos incentivos consisten en la puesta en marcha
de una bonificación en las mismas cuotas y por tiempo determinado para
las transformaciones que se realicen de contratos temporales de duración
determinada de aprendizaje, prácticas, formación, relevo y sustitución en
contratos indefinidos.
Las bonificaciones se financiarán con cargo a las correspondientes
partidas presupuestarias del Instituto Nacional de Empleo, con la
formación de un fondo que se nutrirá de las cantidades que se deriven del
diferencial resultante en la liquidación del rendimiento neto de las
actividades a las que sea de aplicación esta ley. Insisto en ese texto
alternativo por la aplicación de distinto signo, índice o módulo al
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas derivados de la nueva plantilla; la posibilidad de deducción
correspondiente en la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, dada la nueva situación fiscal de las cantidades
aportadas al fondo, porque nosotros decimos que además de la ley se crea
la Agencia Pública de Gestión de los Fondos de Inversión Obligatoria cuyo
cometido será gestionar las aportaciones realizadas en virtud de lo
previsto en esa hipotética alternativa ley. En sus órganos de control y
gestión estarán representados trabajadores, empresarios y otros sectores
sociales.
Por último, señorías, para que no se diga nada acerca de la falta de
iniciativas o alternativas --se podrá o no estar de acuerdo, sin duda, no
lo estamos, pero con alternativas, con iniciativas, no contra algo sino
planteando desde el derecho parlamentario, desde el derecho que nos
asiste, alternativas-- la ley deroga los actuales programas de fomento a
la contratación, sin perjuicio de salvaguardar las situaciones o
solicitudes de beneficios nacidos a su amparo y de preservar determinadas
medidas en favor de trabajadores minusválidos y de mujeres
subrepresentadas en determinados sectores.
Señorías, podrá utilizarse como se quiera --la confrontación no es algo
que preocupe especialmente a este Senador-- nosotros vamos a comunicar,
vamos a decir, vamos a plantear, no los que estamos en contra, sino
aquellos que desde el ejercicio de la responsabilidad, desde el ejercicio
de la libertad, desde el ejercicio de la tarea parlamentaria estamos en
nuestro derecho de plantear alternativas, iniciativas y eso no puede ser
entendido o despreciado como contra algo. Señoría, si aquí se considera
que aquel que quiera plantear alternativas o iniciativas está contra algo
o contra alguien, difícilmente podrá avanzar una sociedad. Hemos tenido
un debate donde se dice: no apoyo determinada iniciativa porque es contra
algo. Señoría, se trata de un derecho que para este Senador es
irrenunciable porque no es bueno tener miedo a nada y por la
responsabilidad a la que hicimos frente ya en 1994 oponiéndonos a una
reforma, de la que yo le decía al anterior portavoz del Grupo Popular que
no se ha presentado evaluación de sus resultados.
Por aquello de lo esperpéntico, le diré que, desgraciadamente, en algunos
territorios, especialmente en mi tierra, Andalucía, siguen siendo
esperpénticas las tasas de desempleo. Sigue siendo esperpéntico que
jóvenes, mujeres, tengan especiales dificultades para acceder al mercado
de trabajo. Sigue siendo esperpéntico, señorías, que tengamos unas
condiciones de precariedad y rotación altas. Sigue siendo esperpéntico
que no se reduzcan los accidentes laborales y sigue siendo esperpéntico,
señorías, que una tras otra reforma siempre se saldan una y otra vez con
pérdida de derechos de los trabajadores que aportan, sin duda, de forma
solidaria mucho a la creación de puestos de trabajo, pero no perciben los
beneficios.
Yo no quiero entrar en la polémica de propaganda o de un análisis
excesivamente condescendiente con los resultados de la aplicación de los
principios de los decretos leyes y de sus consecuencias; el tiempo dirá y
analizará, pero, señorías, cuando nosotros planteábamos la reducción de
la jornada laboral, también era esperpéntico, era una ilusión, una
quimera, de irresponsables; hoy, cuando se plantea en Europa nadie se
atreve a hablar en esos términos, ni siquiera el Gobierno. Ya en la
comparecencia del Presidente Aznar se empieza a ver que eso no era un
debate que tenía que estar sistemáticamente cerrado. Hablaba de que
tenían que ser los agentes sociales quienes debían ponerse de acuerdo y
de que ese acuerdo no debía hacerse mediante leyes. Le explicábamos
razonadamente que desde la legislación se ayuda a la creación de empleo
y, cómo no, con la reducción de la jornada laboral.
Señoría, no estamos contra nada ni contra nadie. No estamos contra los
sindicatos ni contra los empresarios. Estamos en el libre ejercicio de la
iniciativa de las propuestas, que si a veces se han hecho desde la
soledad, con el tiempo y con la evolución de los acontecimientos estamos
en principio menos solos, y ya hay Gobiernos europeos que empiezan a
plantearse que la creación de la Unión Europea no se puede hacer desde
unas perspectivas carentes de lo social sino que tiene que haber una
construcción, y nada mejor para esa construcción que la creación de
empleo.
Señoría, no nos sigan llamando insolidarios. Sean ustedes un poquito más
reflexivos y dejen que pase el tiempo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
En este momento solamente voy a fijar la posición de mi Grupo en relación
con este proyecto de ley y asimismo en relación al conjunto de lo que hoy
estamos votando entre la ley anterior y este proyecto.
Tengo que reiterar lo que he dicho en mi última intervención cuando
usted, señor Presidente, me ha concedido la palabra en función del
artículo 87 del Reglamento. Reitero que nuestro Grupo está a favor de la
reforma --y lo reitero porque parece que se ha pretendido dejar la
opinión contraria, una opinión muy contraria a mi exposición--, pero está
a favor de la reforma con la participación de todos los que están en el
mercado laboral, es decir, no excluyendo a los agentes que verdaderamente
tienen representación --valga la redundancia-- en sectores importantes de
la economía española y que tienen una dinámica específica en ella.
En lo relativo a los incentivos, estamos también de acuerdo, y nos
parece, además, una medida oportuna y necesaria, no tanto en lo que
afecta a la reforma laboral como en lo que puede suponer el incentivo en
la creación de empleo, dado que consideramos que cualquier medida es
válida --siempre que sea legal y haya acuerdo entre las partes--
precisamente para atacar ese problema del empleo tan grave y mal resuelto
fundamentalmente en el Estado español. Me podría alargar en lo de mal
resuelto, pero quizá ese sea un debate para otro momento y para otra
iniciativa en esta Cámara.
Hoy quiero referirme fundamentalmente a los incentivos que la ley
contempla, incentivos estos que de alguna forma ya han sido aplicados
pese a la enmienda que nosotros hemos planteado a través de nuestras
Diputaciones Forales desde el momento en que entró en vigor el Decreto
por el que comienzan a regularse los incentivos que después figuran en
este proyecto de ley. Es decir, puesto que esto ya se está aplicando en
nuestra Comunidad Autónoma, ese tema puede incluso comprobarse a través
del fruto que se está produciendo, sobre todo en la creación de empleo
para los desempleados mayores de 45 años, donde creo que el incentivo es
suficiente y además importante para incitar a las empresas a la
contratación.
Lo mismo ocurriría con los jóvenes desempleados, para quienes la
reducción del coste de la contratación es quizá uno de los elementos más
atractivos, lo que hace injustificable el que no sean contratados por
parte de los empresarios, quienes verdaderamente deberían tener esa
proyección social de la creación de empleo.
Así como antes nos hemos abstenido por las razones que he expuesto, por
razones de discriminación de determinados colectivos sindicales y
patronales de la reforma laboral, en este caso concreto vamos a votar a
favor mostrando así nuestro apoyo ya que creemos en el contenido, creemos
verdaderamente en la eficacia de estas medidas puesto que las hemos
comprobado al haber sido ya puestas en práctica por las Diputaciones
Forales, unas medidas que tienen capacidad normativa propia en esta
materia, y porque creemos, además, que cualquier medida que responda
siempre al acuerdo entre las partes contractuales, entre las partes que
negocian las consecuencias y los contenidos del mercado laboral son las
que verdaderamente van a crear empleo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador don
Joaquim Vidal.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo forma parte, al
igual que el anterior, del acuerdo al que llegaron los agentes sociales
en el mes de mayo pasado. Se trata de un acuerdo para proceder a la
reforma laboral, y del que, transcurridos los meses que van desde la
promulgación del Real Decreto 9/1997, de 16 de mayo, podríamos hacer un
balance yo diría que necesariamente positivo para casi todo el país, y
también para Cataluña.
¿La economía funciona bien? si; ¿se está creando empleo? también; pero
hemos de pensar que existe una tasa de desempleo superior al 20 por
ciento, así como una serie de colectivos con muchas dificultades para
entrar en el mercado de trabajo. Por tanto, aunque la economía funcione,
aunque se esté creando empleo, y a pesar de la reforma laboral existente
--positiva, como ya he dicho--, teniendo en cuenta la tasa de desempleo,
quizá sea necesario que los agentes sociales y todos los grupos
parlamentarios vuelvan a debatir sobre el mercado de trabajo.
Estamos satisfechos con esta ley, pero también he de decir que en este
trámite parlamentario hemos dejado pasar una buena oportunidad al no
incluir toda una serie de medidas fiscales y no establecer una mejora en
la subvenciones para crear más empleo.
Así, no se han incorporado medidas suficientes o bonificaciones
especificas para la creación de empleo en las pequeñas y medianas
empresas --que, en definitiva, son las que hoy lo crean--, así como en
otros sectores que por razones diversas necesitan de una mayor
potenciación. En este sentido, nuestro grupo presentó esas medidas en el
Congreso de los Diputados, aunque no fueron incorporadas al proyecto, y
con ellas se reforzaba este proyecto de ley para la creación de más
empleo, que es lo que todos pretendemos con su aprobación hoy en esta
Cámara.
Para finalizar, sólo me queda anunciar nuestro voto favorable a este
proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Vidal.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Rodríguez de la
Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, como se viene diciendo, esta ley es consecuencia del acuerdo
interconfederal entre sindicatos y patronal; pero no es el acuerdo, sino,
como digo, consecuencia de ese acuerdo.
Mientras que la ley anterior era una plasmación estricta de los términos
del acuerdo, en ésta ha habido un mayor margen de maniobra por parte del
Gobierno y, por tanto, mayores posibilidades de que éste se equivoque al
presentar el proyecto de ley y mayores posibilidades de que el Partido
Popular, que sustenta al Gobierno, al apoyarlo tal cual estaba, y no
corregirlo, se siga equivocando.
Por tanto --y aunque posteriormente hará uso de la palabra nuestra
portavoz, la Senadora Flores--, entendiendo que esta ley tiene la
pretensión de desarrollar ese acuerdo y hacer posible en mayor medida la
contratación indefinida, la defensa de los derechos de los trabajadores y
la estabilidad en el empleo, pensamos que es absolutamente mejorable, por
lo que, de no aceptarse nuestras enmiendas, nos abstendríamos en la
votación.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Fernández
Menéndez.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo quiero agradecer a todos los portavoces la posición que han
adoptado.
Tengo que decirle al Senador Román Clemente que, efectivamente, las cosas
que ha dicho son tan importantes como la vida misma. ¿Quién le va a negar
el derecho a discrepar, a tener unas ideas contrarias, en este caso a las
del Gobierno y a las de los interlocutores sociales que han llegado a
estos acuerdos?
A mi me parece que de la discrepancia, de la confrontación de ideas, por
supuesto, siempre saldremos ganando todos. Algo habrá de verdad. No todo
lo de los demás será malo. Yo estuve muchos años en la oposición, señor
Román Clemente, y siempre me gustó ese discurso pausado y razonable; unas
veces escuchado y otras ignorado. Eso es así y es lo que suele ocurrir.
Habla usted de accidentes laborales. Nosotros estamos convencidos de que
estamos promocionando empleo estable, indefinido, y usted sabe que mucha
de la siniestralidad en algunos sectores muy concretos es, precisamente,
por la precariedad del empleo, por la eventualidad.
Usted sabe que aquí se creó una Ponencia para estudiar el motivo de la
siniestralidad laboral en el sector de la construcción. Una de las
conclusiones era muy sencilla: era la precariedad de la persona que se
quedaba sin trabajo y que automáticamente pasaba de ser camarero o de
tener cualquier otro oficio al sector de la construcción, que estaba en
un momento posiblemente favorable, sin más formación y preparación que la
de ir para allá y, a lo mejor, al día siguiente tenía ya un siniestro o
cuando ya tenía más confianza dentro de su trabajo.
En cuanto al debate y su continuidad, es un reconocimiento pleno, no sólo
por parte de este Senador ni de este Grupo, sino del propio Gobierno. Es
de tal importancia --y lo repito-- la vigilancia y la preocupación
permanentes por mantener el crecimiento del empleo o, lo que es igual, la
disminución de desempleados, que usted sabe que si no fuera así
estaríamos también en precario con un Estado de Bienestar dependiente del
empleo, de la solidaridad de los pensionistas, de los que tienen que
recibir prestaciones, que sabe usted que se están nutriendo de los que
están trabajando y están en activo. Por tanto, todo está intrínsecamente
unido entre sí. No se puede más que estar en permanente evolución y,
sobre todo, en un debate abierto, permanente, como usted dice.
Quería decirle, Senador Albistur, representante del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, que cuando usted habla de la
participación de todos, posiblemente se esté refiriendo a representantes
sociales de Euskadi. Creo que es lo que he entendido en su intervención.
No creo que nosotros hayamos intervenido para que eso no fuera así. Usted
sabe que ha habido unos interlocutores sociales, unos representantes que
han iniciado un diálogo, han llegado a unos acuerdos y nosotros, como
ustedes y todos los grupos, hemos dicho: bienvenido sea, porque cuanto
más amplio sea el consenso social, posiblemente más éxitos tengamos en
esa reforma.
Creo que también me hablaba de la potenciación --yo creo que está bien
formulado ahora-- de los trabajadores mayores de 45 años. Efectivamente,
con la expectativa de vida que hay ahora, esa edad ya ni siquiera es
media vida, sino menos y, desde luego, esas personas tienen que tener el
incentivo de que su empleo se promocione; además a cualquier sector en el
que estén trabajando aportan una experiencia acumulada que también hay
que potenciar con incentivos. Yo creo que esto está bien considerado en
el proyecto que estamos debatiendo.
Senador Vidal, yo le agradezco mucho el que se haya decantado el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió a favor del
proyecto. Ya lo entendí así al no haber presentado enmiendas al mismo.
Señor Senador representante del Grupo Parlamentario Socialista, Rodríguez
de la Borbolla, hay cuestiones que creo que vamos a debatir ahora en la
defensa de sus enmiendas. Es a lo único que le voy a contestar, pero
después cuando llegue el turno. Si usted y yo entramos en el debate de
quién lo hizo mejor antes o quién lo va a hacer mejor ahora, nos
estaremos perdiendo en un debate sin resultados positivos para nadie.
Por tanto, he recogido del «Diario de Sesiones» de la Comisión que
dictaminó este proyecto de ley el otro día, las manifestaciones de su
representante, del representante del Partido Socialista Obrero Español.
Le parecen muy bien los empleos fijos que se han creado con respecto a la
Ley de 1992. A mí también me han parecido estupendos, lo que sucede es
que aquéllos, y más del 200 por ciento que se están creando ahora, son
pocos e insuficientes. Lo que tenemos que hacer es seguir todos en la
misma línea.
Creo que tenemos que buscar el mayor consenso posible, reforzar el
diálogo que han tenido sindicatos y patronal,
y que los partidos políticos, todos, los que discrepan, los que lo
aceptan y los que lo aceptan con matizaciones, nos unamos en el esfuerzo
para que cada vez la situación del paro en España vaya bajando y aumente,
por supuesto, la calidad de vida, porque pienso que cuando hablamos de
bienestar social, nada como tener un puesto de trabajo.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda que presenta el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
La enmienda es obvia por sí misma y, como también he dicho en el turno de
portavoces que he utilizado anteriormente, lo que queremos con ella es
que se refrende el reconocimiento que ha sido en otras leyes tomado y
tenido en cuenta, sobre todo, fundamentalmente, en la Ley del IRPF y en
la reciente reforma del Concierto Económico del Cupo. Por tanto,
consideramos importante que se recoja esta cláusula, dado que las
Diputaciones Forales tienen --y las están practicando en estos momentos--
competencias normativas en materia de IRPF, no sólo en el País Vasco,
sino también en la Comunidad Autónoma de Navarra.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra
la Senadora doña María Isabel Flores Fernández.
La señora FLORES FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna por primera vez para defender la posición
del Grupo Parlamentario Socialista a las enmiendas que mantiene vivas
para este proyecto de ley.
Quiero empezar por decir, como ha explicado mi compañero señor Rodríguez
de la Borbolla, para que así conste, que nosotros apoyamos esta ley y la
reforma que puede suponer en su espíritu; es decir, incentivar la
contratación indefinida y la estabilidad en el empleo. Por ello, como
apoyamos el espíritu de la ley, hemos presentado, señorías, cuatro
enmiendas que venimos defendiendo no solamente en su tramitación en el
Senado, sino desde el inicio en el Congreso de los Diputados, porque
creemos que los dos fines que se persiguen, uno, que la contratación sea
de verdad estable y dos, que se favorezca la de aquéllos que más lo
necesitan, no se va a conseguir tal y como está redactado el artículo
tres que es, señorías, el eje de nuestras enmiendas.
No nos basamos únicamente en razones de concepto, sino que nos atenemos a
los hechos, que nos van dando la razón conforme se van sucediendo con el
devenir diario. Está claro, por lo menos a juicio de nuestro Grupo, que
debemos procurar que el dinero público se destine a favorecer un mejor
reparto de la riqueza. Apostamos porque se les dé más a los más, que son
los que tienen menos. Pero, señorías, si dejamos la redacción del
artículo tres tal y como está, resulta que establecemos bonificaciones
iguales para todos. Así, pensamos, no se puede favorecer en modo alguno
la contratación de los colectivos más desfavorecidos, es decir, de
aquellos salarios de baja productividad, porque los otros opinamos que no
necesitan de tanta incentivación.
Si utilizamos, tal y como viene en el texto, un sistema porcentual para
bonificar las cotizaciones a la Seguridad Social, significa que el ahorro
para el empresario será mayor en los salarios altos y, sin embargo, muy
pequeño o casi nulo en los salarios de baja productividad. ¿Cómo, nos
preguntamos, se va a incentivar entonces la contratación de estos
colectivos? Pero, si utilizamos, tal como proponemos en nuestra enmienda,
un sistema de cantidades a tanto alzado, ocurrirá que la bonificación, al
ser cantidades fijas, será mucho mayor en los contratos correspondientes
a aquellos salarios de baja productividad, que podrán llegar incluso a
suponer el cien por cien, mientras que los de alta productividad podrían
ser un 40, 50, 60 por ciento o incluso cero si así se considerara
necesario.
Conseguimos de esta manera, pensamos nosotros, que se favorezca la
contratación de colectivos que tienen especiales dificultades, es decir,
jóvenes, mayores, parados de larga duración y mujeres. Aquí sí me
gustaría decir algo que ya comenté --y el señor Fernández ha hecho
alusión a ello-- en la Comisión: ¿Para cuándo medidas de empleo que den
cumplimiento a los objetivos del tercer plan de igualdad que el Gobierno
aprobó?
En resumen, hay contratos que necesitan muy poca o ninguna incentivación,
porque sus márgenes de productividad son altos para las empresas, es
decir, consideramos nosotros que se incentivan por sí solos; sin embargo,
con el mismo porcentaje de bonificación hay otros salarios que tienen una
baja retribución y que se convierten en poco atractivos para favorecer su
inserción en el mercado laboral. Esta sería la primera de las razones que
a nosotros nos ha animado a mantener nuestras enmiendas en la nueva
redacción del artículo 3, es decir, repito, favorezcamos a los más, que
son los que tienen menos, porque todavía son los menos los que disponen
de más.
La segunda razón es, como apuntaba antes, la creación de empleo estable.
Nosotros pensamos que el empleo tiene que ser estable de verdad. ¿Ustedes
se imaginan que nosotros, aprobando las medidas tal y como vienen en el
texto del proyecto de ley, a lo que estaríamos contribuyendo sería a la
creación de una nueva forma de despido barato y fácil? Nosotros
consideramos que puede ser así, porque si el empresario no tiene la
obligación de mantener la relación laboral durante dos años más, además
de los dos en los que está recibiendo la bonificación, significa que la
suspensión del contrato a los 24 meses le puede salir bastante más
económica que si
hubiera hecho un contrato temporal. Por ello, y como yo estoy segura de
que eso no era lo que pretendían sindicatos y empresarios en sus acuerdos
--por supuesto el Gobierno no creo que fuera lo que pretendiera con el
Real Decreto-Ley que ha originado el proyecto de ley que estamos ahora
mismo debatiendo-- nosotros invitamos a sus señorías a que nos acompañen
a corregir. Aumentemos dos años más la obligatoriedad del contrato,
estabilicemos dos años más ese empleo, y si no es así y el despido se
declara improcedente, obliguemos al empresario a que devuelva aquellas
cantidades indebidamente bonificadas.
Tercera razón. Incremento neto de plantilla. Nosotros pretendemos que
estas contrataciones bonificadas supongan un aumento del número de
trabajadores fijos que tenía la empresa en el momento en el que se hace
la contratación, porque creemos --y esa es nuestra cautela-- que tenemos
que evitar que estas ayudas degeneren en peligrosos procesos de
sustitución y/o rejuvenecimiento de plantillas, que puede ser, señorías,
que sea beneficioso para el empresario pero desde luego de lo que estamos
seguros es de que coloca a colectivos, sobre todo de determinada edad, en
una situación muy difícil, además de suponer un sobrecoste para la
Seguridad Social y para el sistema público de pensiones que nosotros, en
el Grupo Socialista, estamos empeñados en mantener.
Estas serían las razones formales que nos han llevado a mantener nuestras
enmiendas. Me he referido exclusivamente el artículo tres porque las
otras tres lo que hacen es modificar las diversas disposiciones del texto
para adecuarlo a la nueva redacción.
A mí me gustaría volver ahora al inicio de mi intervención cuando yo les
aludía a que no solamente son estas razones conceptuales las que a
nosotros nos han llevado a mantener las enmiendas, sino que también hay
unos hechos que nosotros no los inventamos, sino que son datos que están
ahí y que pensamos que nos están dando la razón. Vamos a empezar por los
datos de la última EPA, la del tercer trimestre.
Estos datos reflejan un freno en el ritmo de creación de empleo; nos
dicen que hay 154.000 ocupados más frente a 182.510 en el mismo período
de 1996; es decir, si vemos los últimos doce meses, el incremento ha sido
de 2,69 por más del 3 por ciento que se dio en el mismo período del año
anterior. Si nos referimos a la temporalidad, se mantiene prácticamente
igual que en 1996, 33,7 por 34 por ciento. El descenso es tan leve que
habría que considerarlo casi inapreciable.
Y no nos digan ahora --espero que no-- que es pronto para evaluar los
resultados de la reforma porque no es eso lo que han estado diciendo
hasta hace pocos días, y la última prueba la tenemos en la Comisión
celebrada el pasado 26 de noviembre, donde de modo unánime, excepto el
Grupo Parlamentario Popular, claro está, se consideró que fue más una
intervención auto laudatoria del Secretario General de Empleo que una
comparecencia.
Señorías, las cifras, por mucho que se disfrace de palabras y de frases
altisonantes, son lo suficientemente tozudas para indicarnos que hay que
establecer medidas correctoras. Espero que no se conformen ustedes,
señoras y señores del Grupo Parlamentario Popular, con que el 53,3 por
ciento de los contratos que se han presentado en el INEM hasta el mes de
septiembre tengan una duración inferior a los seis meses, prácticamente
igual que lo que pasó en 1996, es decir, antes de la reforma del mes de
mayo.
Nos tenemos que hacer, en ese caso, alguna que otra pregunta más, ¿dónde
están esos 100.000 empleos más de los previstos en el Plan plurianual? Si
seguimos así, desde luego el año 1997 no va a ser el gran año triunfal
del empleo y, por los datos que se tienen, ya se ha aventurado antes que
los años 1998 y 1999 iban a ser algo peor.
No me quiero bajar de aquí sin hacer referencia a la Cumbre de
Luxemburgo. No voy a entrar muy de lleno en ella por sentido de la
responsabilidad, y porque desde el Grupo Parlamentario Socialista lo que
queremos es contribuir a algo que se dice es objetivo común de esta
Cámara, que es la creación de empleo estable, y que las medidas que se
arbitren desde los poderes públicos se encaminen a este fin.
Me gustaría, y estoy segura de que al resto de los grupos también, poder
aplaudir las cifras que ustedes machaconamente nos dieron el otro día y
nos siguen dando en el día de hoy, pero he de decir que nos lo ponen, al
menos al Grupo Parlamentario Socialista, muy difícil, porque, por
referirme a algunos datos concretos, el Presidente del Gobierno, señor
Aznar, ha considerado un gran éxito la Cumbre de Luxemburgo y tengo que
decirle que, quizá por primera vez y a lo mejor la única, estamos de
acuerdo con él.
La Cumbre de Luxemburgo ha sido un éxito a pesar de él, que ha estado los
dos días que ha durado la Cumbre con el paso cambiado, hasta que lo han
dejado por imposible y ha acabado por acoger a España a la cláusula de
exclusión voluntaria, aunque, tanto el otro día en la Comisión como hoy,
ustedes nos dicen que eso no es así, que se apoyan las resoluciones, que
se está de acuerdo con los objetivos, pero ¡ojo!, sin marcar plazo, es
decir, sin compromiso.
Si todo lo que ustedes dicen es cierto y yo no tengo por qué pensar que
no sea así, me pregunto, y les traslado la pregunta a ustedes, señores
del Partido Popular, ¿por qué no hemos apoyado claramente y sin
reticencias los acuerdos de Luxemburgo? ¿Estamos de acuerdo en que hay
que coordinar la política europea en materia de empleo? ¿Creemos que hay
que fijar objetivos concretos que se deben cumplir? Si es así, y mi Grupo
lo cree, ustedes dicen también que sí, el Partido Popular y el Gobierno
lo dicen, no alcanzo a comprender qué es lo que pasó en Luxemburgo, como
no sea que el señor Aznar tuvo un mal día o dos días malos y el resto del
equipo se contagió y no sabían muy bien qué es lo que estaban haciendo
allí.
Ahora nos encontramos la segunda parte del espectáculo, que es el no pero
sí que yo les comentaba antes y que no sabemos en qué va a terminar.
A pesar de todo, creo que no es tarde todavía, algunas cosas se pueden
hacer, empezando por apoyar las enmiendas que nosotros presentamos, que
van justamente
en la línea del apoyo al empleo estable y para favorecer la contratación
de aquellos colectivos que tienen especiales dificultades.
Ustedes han dado una prueba más que ha pasado casi desapercibida --a lo
mejor la perciben en el trámite de los Presupuestos Generales--. En el
programa 312 A, que es el de las prestaciones a los desempleados, señalan
textualmente: A los efectos de la reforma laboral introducida y plasmada
en el Real-Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, como una de las
causas de creación de empleo. Pues bien, estimo que es un avance, algo de
la herencia no ha sido malo, algo hemos hecho bien. Podemos seguir
avanzando por esa línea. El objetivo de la creación de empleo debe ser un
objetivo único, debería unirnos, y no ser una cuestión partidaria.
Nosotros creemos que ésta sí es una cuestión de interés general.
No quisiera terminar sin referirme, telegráficamente, a la fiscalidad de
las empresas. Nosotros no creemos que el procedimiento que se está
empleando sea el idóneo: unas medidas se introducen en este proyecto de
ley, otras en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del
Estado, otras en un proyecto de ley especial, otras en otro sitio,
etcétera.
Es un tema de la suficiente entidad como para que sea un proyecto global
que trate íntegramente la fiscalidad de las empresas.
Para terminar, reitero la petición, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, de apoyo a nuestras enmiendas y, repito, el camino es muy
largo. Con estas medidas no basta, y ustedes lo saben. Podemos trabajar
todos juntos colaborando o ustedes solos si se niegan a ello y si no
aceptan la más mínima crítica o la menor rectificación. Entre las
poquísimas ventajas que tiene estar en la oposición, si es que tiene
alguna, es poder decir aquí hoy que la pelota la tienen ustedes en su
tejado; por una vez no la tenemos nosotros.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Flores
Fernández.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Fernández Menéndez.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Decía antes en mi anterior intervención que lo que no podíamos hacer era
entrar en el tira y afloja de aprovechar los turnos para decir lo que
queremos decir, lo que nos conviene políticamente, y obviar precisamente
el contenido del proyecto.
Aquí estamos hablando de incentivos a las cuotas de la Seguridad Social e
incentivos fiscales a las Pymes, de eso estamos hablando. Usted ha
mencionado una serie de cuestiones, como lo de Luxemburgo --yo también
estuve en la Comisión, señoría-- y ya le quedó suficientemente claro,
pero si no lo tiene, también le puedo remitir los 76 puntos que han
firmado todos los países componentes de la Unión Europea.
Ya he señalado antes y usted los conoce --si lo desea se lo remito por
escrito-- cuáles han sido los movimientos del empleo a través de los
organismos oficiales registrados legalmente en España: el INEM, que es
quien registra a los parados y los contratos de nuevo empleo. Ahí están.
¿Para qué le voy a volver a repetir cifras si usted me está diciendo de
mano que es como si no lo hiciera? No se las voy a decir. Es más, con
respecto a los incentivos fiscales y cuotas de la Seguridad Social, debe
entender que en el propio proyecto de ley --y no hace falta esmerarse
mucho para comprobarlo-- que hoy nos sirve de base como experiencia desde
el mes de marzo de lo que ha sido el propio Real Decreto 9/1997 --ya no
podemos decir que vamos a experimentar con champán, ya sabemos cuál ha
sido el movimiento de estos meses-- tiene salvaguarda suficiente como
para tranquilizarle a usted de esa desconfianza de lo que pueda suceder;
desconfianza que no quiero poner como prioridad en el debate de este
proyecto en tanto en cuanto no tengo por qué desconfiar de los
empresarios que se vayan a ver beneficiados por los incentivos que el
nuevo proyecto contempla ni tampoco por los trabajadores que puedan
abusar en el mismo sentido que se puede decir que abusan los empresarios.
Ni unos ni otros. Tengo la obligación de confiar. El Gobierno tiene la
obligación de confiar y el Grupo Parlamentario Popular confía plenamente
en la salvaguarda del propio Proyecto de Ley para regular lo que usted
ponía de manifiesto: la propia picaresca, aquello de tener a un
trabajador 24 meses y al 25 despedirlo.
Yo conozco muy bien el mundo del empleo porque estoy en él.
He tenido muchos trabajos en esta vida, muchísimos, y algunos no han sido
muy cualificados. Por eso, le voy a decir una cosa. La empresa que tiene
un trabajador que rinde nunca lo despide. Y mucho menos cuando estamos
hablando de pequeñas empresas, la mayor parte de ellas personales, con
cuatro, cinco o seis trabajadores, donde el trato directo entre el
empresario y el trabajador es cotidiano en cada hora y en cada momento.
Es lo que ustedes tratan de suprimir en su enmienda número 2 que yo
también tomo como base para realizar el turno en contra.
Tenga en cuenta que quienes van a recibir los incentivos fiscales son,
precisamente, esas pequeñas empresas, esos empresarios que están acogidos
a signos, módulos o índices y eso está perfectamente controlado. Si
alguien puede dudar de que pueda haber una modificación en los signos,
índices o módulos --que la puede haber puesto que se está hablando de
reformas del IRPF--, piense usted que estamos a la expectativa para que
esos incentivos sigan yendo a esas mismas empresas aunque las
obligaciones de control fiscal vayan por otra parte.
Señoría, yo le dije a usted en Comisión lo que le voy a decir aquí ahora.
Somos partidarios de que cada mes la Seguridad Social descuente en la
liquidación del TC1 y del TC2 la parte que el propio Proyecto contempla
como incentivos. Usted me hablaba de los salarios de renta baja. Si la
renta es baja primero tendremos que analizar por qué. ¿Es una empresa que
no rinde? ¿Es una empresa que no tiene más posibilidades que tener
salarios de renta baja?
¿Es una empresa que no tiene ningún representante sindical, que no tiene
interlocutores sociales para que se cumpla la normativa de los convenios
colectivos? Usted sabe que prácticamente todos los sectores de producción
están sometidos a convenios colectivos. Son convenios que negocian los
interlocutores sociales, los empresarios y los sindicatos. Por lo tanto,
yo no veo por qué, como dicen ustedes, al que tenga menos sueldo, al que
tenga menos renta de trabajo vamos a incentivar más a la empresa. No
podemos medir con distinto rasero. Hay una normativa que es para todos.
Además de lo que ya le había manifestado en Comisión, tengo que decirle
que no vamos a variar nuestra posición. Seguimos siendo partidarios de
las bonificaciones y no lo somos de las subvenciones. Hace un tiempo,
cinco o seis años, que en Asturias, donde yo resido, se utilizaron mucho
las subvenciones por el Instituto de Fomento Regional. ¿Y sabe usted lo
que pasaba? Que cuando se daba una subvención para abrir una pequeña
empresa terminaba desapareciendo, la empresa y la subvención. Eso es así
y negarlo es negar la evidencia.
Por lo tanto, vamos a ir a esa bonificación. ¿Controlada? Sí ¿Vigilante
por parte de los interlocutores sociales, vigilada por parte de las
autoridades de trabajo? Sí, pero nada más, señoría.
En este sentido no podemos cambiar y, por consiguiente, nosotros vamos a
desestimar la enmienda número 2 que presenta su Grupo y, en consecuencia
y coherencia --como decía--, las otras que las acompañan.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser breve. Señoría, estamos hablando de incentivos y de leyes. Yo
espero que no se me diga que se van a remitir más cosas, porque no es
necesario, es de sobra conocido. Yo deseo que a su señoría no le produzca
especial preocupación.
Hoy hemos tenido conocimiento de una reflexión que hace Amalia Gómez.
Amalia culpa a la Administración del paro entre los discapacitados. Quien
conoce a Amalia --y yo tengo un especial cariño y simpatía hacía ella--
sabemos que estamos ante una reflexión: ella hace un análisis de que
incluso con una ley con determinada regulación hay aspectos que no se
cumplen.
Por tanto, señoría, llegado ese momento ¿qué ocurre cuándo las propias
leyes que deberían resolver un problema, y en este caso la alta tasa de
desempleo entre sectores desfavorecidos o sectores con minusvalías, no lo
resuelven? ¿Qué reflexión hacen sus señorías? ¿También lo pasamos al
conjunto de la sociedad y decimos que son aquí determinados sectores o
interlocutores los que no quieren resolver determinados problemas y
tienen el marco legal establecido para hacerlo?
Por consiguiente, yo agradezco que su señoría no haya entrado en esas
descalificaciones de decir que confrontamos con y valoro el esfuerzo que
ha hecho su señoría por reconocer que tenemos planteamientos políticos e
ideológicos distintos, diferentes. Desde ese planteamiento ideológico es
desde el que hemos hecho nuestras enmiendas, que no vieron, porque no
entraron en el Registro, la posibilidad de ser debatidas. Son
planteamientos alternativos que van hacia ese gran problema, primer
problema de España, que es el paro, y a intentar resolverlo. No hemos
entrado en lo que dicen las enmiendas, tiempo y oportunidad tendremos,
porque, como dije al final de mi primera intervención, cuando se analizan
los problemas con la perspectiva del tiempo, llegamos a otro tipo de
conclusiones.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no hace uso de
la palabra y tampoco el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
Tiene la palabra la Senadora Flores Fernández, por el Grupo Parlamentario
Socialista.
La señora FLORES FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo tengo una impresión --que al ser subjetiva, como todas las
impresiones, a lo mejor no es acertada--, y es que no están ustedes tan
seguros como lo estaban hace unos días. Les veo cierta inseguridad,
ciertas dudas, y es que ha ocurrido algo en el intermedio. (Un señor
Senador hace signos negativos.) Sí, no diga usted que no. Ha ocurrido
algo y esto ha sido en Luxemburgo. Y eso les ha colocado a ustedes en una
situación --y yo lo entiendo porque hemos gobernado-- un pelín más
complicada. Por eso yo le decía antes que la única ventaja que tenemos es
que ahora les decimos: gobiernen ustedes, háganlo ustedes, porque
nosotros opositaremos.
Con total cariño le quiero corregir un error. Las resoluciones de la
Cumbre de Luxemburgo no constan de 76 puntos, sino de 79, divididos en
cuatro apartados. No nos da igual, porque da la casualidad de que lo
último --fíjese usted por dónde muchas veces nos traiciona el
subconsciente-- se refiere a política de mujeres. Ahí está el pequeño
lapsus que ha tenido su señoría. Y mezcla los organismos que dan la cifra
de movimiento de empleo. Y es lógico. Ustedes utilizan en cada ocasión
aquello que les viene mejor. Unas veces nos sueltan la EPA. Hoy parece
que no. Debe ser que los datos del INEM son ligeramente mejores. Yo lo
entiendo y me parece bien que usted lo use, pero déjeme a mí que yo
utilice los que van peor, porque para laudos y para loas ya están
ustedes.
Hay algo a lo que yo sí tengo que contestar, ya que usted ha dicho una
cosa que me parece especialmente grave. Usted ha dicho algo así --y
perdone si no ha sido así exactamente, pero ha sido lo que yo he creído
entender--: que los buenos trabajadores se quedan en las empresas y
son despedidos los malos. Yo no me voy a arrogar aquí la representación
de la clase trabajadora, pero me parece que esa aseveración, si ha sido
así, ha tenido que ser un lapsus por su parte o un lapsus de comprensión
por la mía, porque ya me dirá usted qué hacen los jueces de lo Social
dictaminando despidos improcedentes contra esos trabajadores malos que
los buenos empresarios despiden.
Usted me dice también que no va a variar su posición. Bueno, nosotros
tampoco vamos a variar la nuestra. Y lo que no entendemos es por qué, si
ustedes están dispuestos a que se controle el fraude, no están dispuestos
a arbitrar aquellas medidas que lo pueden controlar. El Gobierno va a dar
un dinero a los empresarios vía bonificación en las cotizaciones a la
Seguridad Social. Controlemos que ese dinero sirve para el fin que esta
ley parece pretender. Nosotros seguimos diciendo que tal y como está el
texto, desde luego, se presta a la picaresca; y yo no digo que todos los
empresarios vayan a caer en ella, por supuesto que no, pero se presta a
ello.
Por último, confunde, como sus compañeros en el Congreso, subvención con
bonificación. Nosotros varíamos la forma de bonificar porque es la única
manera de no dar café para todos, porque hay gente a la que no le gusta
el café o no le sienta bien, y para procurar que unos tomen café, otros
leche y otros tomen tila, arbitramos el sistema de cantidades a tanto
alzado.
Señoría, no confunda subvención con bonificación.
Lo último --y acabo, señor Presidente-- que a mí, personalmente, me ha
preocupado es que usted dice que si ustedes apoyan las cantidades a tanto
alzado que les proponemos, resulta que en caso de fraude, el empresario
no va a devolver el dinero.
¿Significa eso que, en caso de fraude en el proyecto de ley que ustedes
van a aprobar dentro de unos instantes no figura que el empresario vaya a
devolver aquello que le ha sido bonificado indebidamente?
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
También en turno de portavoces, el Senador Fernández Menéndez tiene la
palabra.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Una cosa es lo que yo haya dicho y otra lo que usted quiera entender. Si
usted dice que yo he hablado de trabajadores buenos, lo que tengo que
decirle es que la persona que está rindiendo en una empresa normalmente
colabora a su crecimiento y, por lo tanto, consolida su puesto de
trabajo. No dé usted la vuelta a la tostada cuando le convenga y diga que
los hay buenos y que los hay malos y que a los malos se les despide.
No sé si usted sabe mucho o poco de trabajadores, pero me da la impresión
de que sabe muy poco de empresarios. Eso ya se lo digo yo de antemano.
Por otra parte, me está usted hablando de que yo pueda confundir
subvención con bonificación y no sé qué más, y yo le digo que el que no
se confunde es el proyecto de ley que está aquí escrito. Si yo he
cometido aquí un error de semántica, perdone usted, pero el proyecto está
muy claro, y no le va a negar nadie nada. El proyecto es motivo de un
amplio consenso, y usted sabe muy bien que estando yo aquí desde el año
1989, no he tenido la oportunidad de vivirlo en esta Cámara con otras
leyes de igual rango.
Por tanto, démonos todos por satisfechos, colaboremos y dejemos esa
puerta abierta al diálogo y a la negociación permanente, que de todo va a
salir algo bueno, pero si tenemos ahora mismo una muestra evidente, no la
niegue usted, señoría.
Es una muestra evidente de que está creciendo el empleo, y el empleo de
calidad. No lo vamos a negar. No empecemos ya a bombardearlo; dejémosle a
ver si crece, a ver si mejora y a ver si, de alguna forma, como tiene la
certeza el Partido Popular, dentro de cuatro o cinco años estamos a la
altura de quienes tenemos que estar, que son nuestros socios
comunitarios.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a someter a votación las enmiendas y el texto del dictamen al
proyecto de Ley por la que se regulan incentivos en materia de Seguridad
Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida
y la estabilidad en el empleo.
En primer lugar, sometemos a votación la enmienda número 1, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 131; en contra, 76; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas números 2, 3, 4 y 5,
del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 78; en contra, 128; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Votamos seguidamente los artículos 1 a 7, disposiciones transitorias
primera y segunda, disposiciones adicionales primera a tercera,
disposición derogatoria, disposiciones finales primera a cuarta y
exposición de motivos, según el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 128; en contra, tres: abstenciones, 78.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado el texto del
dictamen.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
-- DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA
LEY 27/1992, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA
MERCANTE (S. 621/000054) (C. D. 121/000035).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): A continuación, vamos a someter a
debate el último punto del orden del día que es el dictamen de la
Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones
en relación con el proyecto de ley de modificación de la Ley 27/1992, de
24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Para su
presentación ha sido designado el Senador Beguer.
Señorías, les pido, por favor, silencio. Les recuerdo que todavía nos
queda un largo trecho de debate y, en este sentido, el tiempo es
importante. En la medida en que ustedes coadyuven, iremos avanzando más
deprisa. Algunos Senadores todavía no nos ayudan lo suficiente. Muchas
gracias.
Puede usted empezar, señoría.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del
Reglamento de la Cámara y con el acuerdo adoptado por la Comisión de
Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones en su
reunión del día 17 de noviembre, tengo el honor de presentar ante el
Pleno el dictamen relativo al proyecto de ley de modificación de la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.
El texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados
correspondiente a dicho proyecto de ley tuvo entrada en el Senado el día
4 de octubre del presente año. La Presidencia de la Cámara ordenó su
remisión a la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones. El plazo para la presentación de enmiendas terminó el
jueves 16 de octubre. Se presentaron a este proyecto de ley dos
propuestas de veto por parte del Grupo Parlamentario Socialista y de los
Senadores don José Nieto Cicuéndez y don José Fermín Román Clemente.
Además, se presentaron 89 enmiendas por parte de todos los grupos de la
Cámara y por diversos señores Senadores.
La Comisión, en su reunión del día 20 de octubre, acordó designar una
Ponencia que informara el texto del proyecto), que estuvo integrada por
los siguientes Senadores: señora Costa Serra, del Grupo Parlamentario
Mixto; señora Pleguezuelos Aguilar y señora Pérez Schwartz, del Grupo
Parlamentario Socialista; señores Chao Gómez y Ortiz Climent, del Grupo
Parlamentario Popular; señor Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,y quien les habla en este
momento.
La Ponencia se reunió en dos ocasiones, los días 3 y 12 de noviembre,
aceptando las siguientes enmiendas en su informe: una enmienda
transaccional, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, a la
enmienda número 86, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, de modo que se prevé expresamente que el término
para la adaptación de los órganos de Gobierno de las autoridades
portuarias a lo establecido en la futura ley de tres meses desde la
entrada en vigor tiene carácter de plazo máximo. Una enmienda
transaccional propuesta por el Grupo Parlamentario Popular al cuarto
guión de la enmienda número 391 del Grupo Parlamentario Socialista para
contemplar el supuesto especial de las autoridades portuarias de los
puertos insulares, de modo que se deberá garantizar la representación de
los cabildos y consejos insulares en sus consejos de administración
dentro del porcentaje que corresponda a las respectivas Comunidades
Autónomas. Asimismo se incluyeron algunas de las correcciones formales
sugeridas en la nota elaborada por el Letrado de la Comisión.
La Comisión dictaminó el día 17 de noviembre y rechazó las propuestas de
veto y las enmiendas, por lo que se aprobó como dictamen el texto
propuesto por la Ponencia, aunque con la incorporación de una enmienda
transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la enmienda
número 84, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. Esta enmienda transaccional modifica la prohibición a las
autoridades portuarias de participar en la propiedad de las instalaciones
hoteleras, señalado en el último inciso del párrafo tercero de la nueva
redacción que se propone para el artículo 55.2 de la Ley 27/1992.
Para el debate ante el Pleno, se han formulado seis votos particulares
por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, del
señor Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, de los señores Román
Clemente y Nieto Cicuéndez, del Grupo Parlamentario Mixto, y del Grupo
Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Beguer.
Se han presentado dos propuestas de veto, la que han formulado los
Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, y la formulada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Habrá dos turnos seguidos a favor de este veto
y un único turno en contra.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señorías, nuestra propuesta
de veto a este proyecto de ley tiene varias motivaciones que intentaré
exponer con la mayor brevedad posible.
Quiero manifestar que nuestro veto a este proyecto se debe, en primer
lugar, a que no mejora la Ley existente. Es decir, cuando ya existe una
ley y ésta se modifica, lo lógico es intentar mejorar la que ya existe,
lo cual no quiere decir que la ya existente no necesitara de algunos
retoques, cosa que yo sí considero. A nuestro modo de ver, el proyecto
que se trae hoy aquí es bastante más regresivo que la Ley existente, de
ahí el motivo de nuestro veto. Me explicaré.
Hasta ahora, a través del ente público Puertos del Estado se ha permitido
que los puertos pequeños puedan seguir existiendo y que hayan tenido una
rentabilidad que les ha permitido incluso no tener que utilizar los
fondos de los Presupuestos Generales del Estado para su mantenimiento. Es
decir, se había conseguido que hubiera un cierto equilibrio entre los
distintos puertos existentes, pero creemos que ahora todo esto va a
cambiar. Antes había una horquilla tarifaria, establecida a través del
ente público, que permitía que no existiese una competencia brutal,
desleal y liberalizadora, como la que ahora se pretende, con lo cual,
mucho nos tememos que esa competitividad va a perjudicar a partir de
ahora a varios puertos del Estado.
También entendemos que en este proyecto de ley era necesario conseguir
una mayor participación de las Comunidades Autónomas --el proyecto,
efectivamente, toca esta cuestión y me voy a detener un poco en ello--,
puesto que estamos en un proceso en el que cada vez las Comunidades
Autónomas van teniendo y deben tener más transferencias y, por tanto, más
participación en los intereses generales del Estado y, en este caso,
deben tener su propia participación en el ente público Puertos del
Estado.
Pero aun diciendo que esto es una necesidad --que lo es--, hay algo que
el proyecto no deja suficientemente claro, a nuestro juicio, y es que,
siendo necesaria esa parte de federalidad en todas las cuestiones del
Estado --también en este caso en que se trata de un tema de interés
general como es el tema portuario-- creemos que se entra en un camino
peligroso, en nuestra opinión, ya que podríamos decir que cada vez que
tratamos estos temas sin hacer un debate a fondo sobre el modelo de
Estado --me van a permitir que me vuelva a referir a él-- de alguna
manera estamos tirando a jirones de cada uno de los temas para intentar
tener competencias en las distintas materias, pero sin definir claramente
las materias que son competencia de las Comunidades Autónomas, cuando lo
cierto es que en un modelo de Estado federal tendríamos que abordar qué
competencias son las que necesita el Estado central a través del ente
público Puertos del Estado.
Creemos que todo eso queda enormemente descafeinado y que se abre una
horquilla de competencias, sin que quede claro el tema portuario que,
siendo de interés para las Comunidades Autónomas, sobre todo es un
problema básico de interés general, ya que estamos hablando del
transporte de mercancías, de viajeros, etcétera. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.) Por otra parte, es cierto que se avanza en lo que
se refiere a la participación de las Comunidades Autónomas. En este
sentido, espero que cuando se hable de participación se trate de la de
todas las Comunidades Autónomas en un plano de igualdad, y no sólo de
aquellas que tienen puertos, porque vuelvo a insistir en que éste es un
tema básico de interés general para la economía global del país. Por
consiguiente, tanto las Comunidades Autónomas que tienen puerto, como las
que no lo tienen, deberán tener su participación en un plano de igualdad
en el ente público Puertos del Estado.
Asimismo, pensamos que hay tres o cuatro temas que pueden ser peligrosos.
Por ejemplo, al suprimirse que el ente regulador del Estado establezca la
horquilla de tarifas máximas y mínimas, se llega a la plena libertad
tarifaria, con lo que podemos llegar a provocar cierres de puertos, o
expedientes de crisis, precisamente cuando estamos hablando de creación
de empleo. Así, en aras de la competitividad, esa medida beneficiaría a
los cuatro o cinco puertos competitivos, en detrimento del resto. Por
tanto, si esto no se corrige, a medio plazo puede llevar a la
desregulación de los puestos de trabajo y a una competencia innecesaria,
al dejarse esta cuestión, como digo, en función sólo de la capacidad del
mercado.
Otra tema que no entendemos, y que tiene relación con lo que se ha
discutido aquí esta tarde, es la desregulación de la negociación
colectiva. En estos momentos existe un mínimo articulado general, que
posteriormente se concreta o se mejora en el marco de cada puerto. Pero
la introducción de la filosofía de la competitividad y de la gestión por
parte de cada puerto también va a afectar a la desregulación del mercado
de trabajo para los trabajadores portuarios.
Asimismo, en aras de la competitividad, a medio plazo puede existir la
tentación de reconvertir los puertos que no vayan a ser rentables, lo que
puede llevar a operaciones especulativas para convertir terrenos
portuarios en zonas turísticas, construir hoteles, etcétera. En
definitiva, se produciría un cambio de todo el tejido social de muchos de
estos puertos y se introducirían elementos desreguladores y
especulativos.
En lo que respecta al medio ambiente, si las competencias se desregulan
para cada puerto y no existe, como ocurre ahora, un ente público al que
se le atribuyen, también puede existir el peligro de que se produzca una
mayor degradación del medio ambiente a través de vertidos, cargas y
descargas, limpiezas, dragas, etcétera. Estamos hablando del mar, y en el
medio ambiente hay una serie de cuestiones que no pueden ser competencia
de cada puerto, puesto que lo que ocurre en uno de ellos afecta al mar en
su conjunto.
En definitiva, creemos que esta ley no mejora --repito-- nada de la Ley
anterior. Lo único que podría entenderse como mejora --y se podría
hacer-- es la participación de las Comunidades Autónomas, pero no de la
forma en que se especifica en la ley, y queda muy al albur, no queda
claro su desarrollo, es decir, la introducción de la filosofía de la
privatización, del capital privado, etcétera. Sabemos cómo se empieza lo
de romper los monopolios, pero a veces, se rompen aparentemente para
crear otros.
En lugar de en el monopolio de la intervención pública, se deja en manos
de futuras privatizaciones, etcétera, que, a la corta y a la larga, no
mejoran la situación de lo que debe de ser una política portuaria
integrada, competitiva, que pueda competir con los puertos europeos.
Si se aprueba ley tal y como está planteada, será más insolidaria,
desreguladora y estará más al libre albedrío y, por tanto, no va a
mejorar nada, aunque la exposición de motivos dice que se trata de ser
competitivos, de que las mercancías puedan llegar a todas partes con más
facilidad y más baratas. Creemos que, a la larga, tampoco se va a
conseguir ese objetivo, puesto que no creemos en esas bondades de las
privatizaciones que van a favorecer al conjunto de la economía española.
Por todo ello, mantenemos el veto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
Pasamos al voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.
Corresponde a la propuesta de veto número 1.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
El proyecto de modificación de la Ley de Puertos del Estado que hoy
estamos debatiendo obedece, sin duda, y es de todos conocido, a los
pactos de investidura. Por tanto, estamos debatiendo en orden a
compromisos políticos del Gobierno Popular para cambiar el actual modelo
portuario.
Es importante recordar esto, señorías, porque el Gobierno ha antepuesto
esos compromisos pactados al objetivo fundamental de mantener un modelo
coherente, eficaz y competitivo de sistema portuario.
La legislación española se ha caracterizado por su estabilidad, pero
también por su eficacia a partir de la Ley de 1992, y cuando alguien
pretende modificarla lo primero que se nos ocurre es, sin duda, pensar
que quizás el marco normativo no es el adecuado para el mejor desarrollo
de ese sistema portuario del que nos hemos dotado. Pero ese argumento es
falso y basta comprobarlo con la realidad de las cifras de nuestros
puertos en estos años.
Señorías, el tráfico portuario ha crecido desde noviembre de 1992, año en
que se aprobó la Ley hoy vigente, en más de 50.000 millones de toneladas,
lo que supone, sin duda, la consiguiente correlación en los ingresos de
facturación, la disminución efectiva de las tarifas y, por supuesto, una
política creciente de inversiones, las cuales, además, se han mantenido
por encima de los 40.000 millones de pesetas por año y para todo tipo de
nuevas infraestructuras.
Por tanto, si algo ha acreditado a la Ley actual de Puertos es que ha
permitido conformar un sistema portuario operativo, eficaz, competitivo y
participado. En consecuencia, si el origen de esta modificación no es la
eficacia o no de la Ley del año 1992, cabría plantearse una segunda
pregunta: ¿Acaso corresponde esta modificación al modelo del programa del
Partido Popular? Tampoco. Si leyésemos textualmente el programa del
Partido Popular, veríamos que en su página 47 se decía que, de acuerdo
con las Comunidades Autónomas, se determinarán los puertos que
actualmente, siendo de interés general, pueden ser transferidos. Esto no
se recoge en ningún caso en el proyecto que hoy se trae a la Cámara.
Por tanto, no se aborda una ley orgánica que transfiera competencias a
las Comunidades Autónomas, ni la ley se modifica por ineficacia ni por el
modelo de programa del Grupo que apoya al Gobierno. ¿Qué es lo que ha
motivado esta modificación? Nada más que dar satisfacción a los socios
parlamentarios que, legítimamente, tienen otro modelo, otra concepción,
como ya pudimos ver en el debate de la Ley de 1992.
Pero entremos a analizar el proyecto que hoy nos ocupa. Podríamos decir
que la reforma tiene dos grandes núcleos: Uno, el relativo a la
participación de las Comunidades Autónomas en la gestión de los puertos,
y otro, el que afecta a la financiación, a la autofinanciación y tarifas
en el sistema portuario.
Respecto al primero, a la participación de las Comunidades Autónomas, lo
que ocurre es, señorías, que se juega con la palabra autonomías, porque
lo que se busca, según el proyecto de ley, y así se dice, es autónoma de
gestión, pero lo que parece pretenderse conseguir es una gestión
autonómica, como dicen los socios parlamentarios del Partido Popular.
Nosotros estamos de acuerdo en un modelo participado con las Comunidades
Autónomas, con las Entidades Locales y con todos los agentes implicados
en la actividad portuaria, porque, sin duda, creemos en un modelo
participado.
Pero ese modelo, además, tiene que ser equilibrado y coherente, ha de
permitirnos a todos, a los que están presentes en ese modelo, dirimir los
conflictos y las diferencias que surjan en los órganos comunes de
participación y coordinar el modelo de forma clara y nítido. Es decir, un
modelo que deje claras las competencias y titularidades de cada uno, que
respete los principios constitucionales, que no despoje, como hace este
proyecto de ley, a la Administración General del Estado de competencias
que en exclusiva le atribuye la Constitución y le impida ejercer
funciones de coordinación y tutela que el propio proyecto reconoce.
Señorías, con este proyecto de ley el titular del bien, la Administración
General del Estado, en la realidad está ausente de la gestión. Con este
proyecto de ley no se guardan las formas, porque el punto 2 del Pacto de
Gobernabilidad decía que se transferirá la gestión de los puertos de
interés general a la correspondiente Comunidad Autónoma, y ustedes, el
Grupo Popular, ante las dificultades que tenían de abordarlo por la vía
del artículo 150.2 --lo afirmó el propio Ministro Arias Salgado en el
Congreso-- lo que han hecho es inaugurar una nueva fórmula legislativa
que consiste en transferir, a través del nombramiento o designación de
los órganos de gestión y de gobierno de los puertos por parte de dichas
Comunidades
Autónoma, y si esa es, al final, la forma de transferir, se está
rompiendo el vínculo con la Administración competente, es decir, con la
Administración General del Estado.
Se rompe esa cadena y mediante ese mecanismo de nombramiento o de cese,
lo que se logra es transferir competencias exclusivas del Estado, algunas
transferibles y otras que ni siquiera lo son. Por este procedimiento,
además, se ahorran algo engorroso, porque pudiera ocurrir que en el
Congreso no dispusieran de los votos necesarios y lo abordan por el
procedimiento de ley orgánica.
Por tanto, se trata, sin duda, de una gravísima dejación de
responsabilidades políticas del Gobierno Popular, y este proyecto genera
dudas y confusiones. Se podría haber planteado que la gestión la
realizasen las Comunidades Autónomas pero, al mismo tiempo, habría que
haber reforzado las funciones de control y de coordinación de la
Administración que sigue siendo competente, que es el ente público
Puertos del Estado, y lo que ustedes hacen es en sí mismo contradictorio.
Por una parte, vacían de conteniendo a este Ente en una serie de
actuaciones y aspectos concretos y, por otra, con ese batiburrillo que
supone este proyecto, lo que eran objetivos del Ente en la ley
actualmente vigente, la Ley de 1992, lo convierten en competencias.
Señorías, para el Grupo Socialista es especialmente grave la ruptura del
carácter unitario del sistema portuario que supone este proyecto de ley.
España tiene casi 8.000 kilómetros de costas, y las infraestructuras
portuarias son muy dispersas. Tenemos muchos puertos pequeños y medianos
--más puertos pequeños incluso--, algunos grandes, es decir, tenemos un
sistema portuario que requiere una visión integral y solidaria, y romper
ese carácter unitario es infringir un grave daño al sistema portuario,
porque entendemos que las funciones de coordinación, de reordenación y de
racionalización han de hacerse siempre desde un punto de vista global, y
esta ley rompe ese punto de vista global e integral.
Hay otro núcleo en la Ley que se refiere a la liberalización de las
tarifas. Aquí también la reforma es especialmente grave e insolidaria.
Todos sabemos que liberalizar un servicio público como el portuario, en
el que el porcentaje de tráficos cautivos es importante, si no se aborda
bien, seguro que va a dar lugar a prácticas abusivas en cuanto a tráficos
cautivos o, incluso, la posibilidad de que los puertos que parten en
posición de ventaja disminuyan las tarifas por debajo del coste de la
prestación del servicio y hagan así competencia desleal captando tráficos
a otros puertos españoles y, por tanto, poniendo a éstos en una situación
difícil. Pero no es este el único punto que aborda la reforma con este
proyecto de ley.
Respecto al fondo de contribución, se crea un nuevo órgano, el comité de
distribución, en línea con ese otro comité consultivo que, por cierto, no
sabemos si será el mismo o no, porque el nivel de burocratización y de
confusión, como pueden ver sus señorías, es considerable en este proyecto
de ley. Se trata de un comité, el de distribución, que va a estar
integrado por todas las autoridades portuarias, lo que a nadie le debe
caber la duda va a suponer que haya una distribución por cuotas, y nunca
podremos concentrar los recursos financieros necesarios para abordar un
proyecto realmente de interés general para todos. Por tanto, tampoco en
esta materia se perfecciona la Ley.
Señorías, sin duda esta es una modificación que corresponde a una
coyuntura política y, desde luego, en ningún caso a una mejora de los
contenidos de la Ley, como decía el Senador Nieto. Señorías, si ustedes
querían perfeccionar la Ley, deberían habernos traído un proyecto que
incluyera la participación equilibrada de todas las administraciones y de
los agentes que operan en el sistema portuario. En ese momento no tengan
la menor duda de que este Grupo Parlamentario hubiera estado del lado de
la Administración General que parecen ustedes haber olvidado. Y deberían
haber aprovechado este proyecto de ley para incorporar también algunas
recomendaciones importantes del Tribunal de Defensa de la Competencia en
materia de liberalización del tráfico portuario, de liberalización del
practicaje, del amarre o del remolque, que tampoco han hecho. Y si, por
el contrario, lo que quería el Gobierno Popular era hacer otra cosa, si
lo que quería era transferir competencias a las Comunidades Autónomas
--legítimo, por tanto--, lo que tenían que haber hecho es presentar una
ley orgánica, pero en ningún caso, señorías, deberían haber traído este
proyecto de ley, porque --insisto-- este proyecto de ley es hacer
dejación del papel de la Administración General del Estado como garante
del interés general de todas las Comunidades Autónomas, de las que tienen
puerto y de las que no lo tienen; garante de todos los ciudadanos y
ciudadanas, de los que viven en ciudades y municipios con puerto y sin
puerto.
En definitiva, señorías, debieran haber respondido a lo que es una mejora
de una Ley, lo que significa, sin duda, legítimamente para una fuerza
política que gobierna plasmar su proyecto político en una ley, pero la
coyuntura de pacto, la coyuntura de acuerdo les a llevado a que hoy,
cuando esta Ley se apruebe y finalmente se ponga en marcha, tengamos un
caos en el sistema portuario y, desde luego, una Administración General
del Estado que, siendo la titular del bien, estará ausente de lo que es
la gestión de su propio bien. Un propietario, señorías, que no manda y al
que le ordenan y mandan.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Pleguezuelos.
El señor Ortiz tiene la palabra para turno en contra.
El señor ORTIZ CLIMENT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular me cabe el honor de
intervenir en el debate de esta importante Ley de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante, que ha sido objeto del estilo habitual del Gobierno y
del Grupo Parlamentario que lo sustenta; es decir, de buscar consenso,
buscar diálogo y buscar aproximaciones importantes en aquellos temas que
son de verdadera importancia
nacional, con un alto sentido de responsabilidad en cuanto al Estado y al
Gobierno con respecto al resto de Autonomías y territorios que componen
el Estado español, ya sean peninsulares o insulares.
Es evidente que en el año 1992 era importante hacer una Ley de Puertos
porque había un vacío legal considerable, pero en aquel momento no hubo
el consenso que hay ahora. En aquel momento el Grupo Parlamentario
Socialista en solitario aprobó la Ley que, evidentemente, Senadora
Pleguezuelos, ha sido útil hasta ahora y se va a mejorar. El consenso se
demuestra por el hecho de que cuando esta Ley se presentó en el Congreso
hubo una aportación de 193 enmiendas, presumiblemente mejoras; al Senado
han llegado 89, y hemos seguido reuniéndonos, tanto en Ponencia y en
Comisión como en conversaciones privadas y formales, con los grupos y
hemos seguido aproximando posiciones, sobre todo en aquellos aspectos en
los que el espíritu de la ley que propone el Gobierno tenía que estar
presente y tenía que ser intocable como espíritu global, pero abierto en
los aspectos que suponían mejoras a las propuestas que el Gobierno en si
había hecho en este proyecto de ley.
El Senador Nieto Cicuéndez, como es lógico, ha hecho uso de su derecho de
defender su opción de veto, pero yo puedo decirle que en ningún artículo
ni en el espíritu de la Ley existe temor alguno a que haya distinción
legal entre puertos grandes y puertos pequeños. No tenemos ningún interés
ni en el espíritu de la Ley ni en el articulado de que esa autogestión
portuaria sea en detrimento de los puertos pequeños. Lo que buscamos es
la optimización de los resultados, del funcionamiento y de la gestión de
los puertos de una forma equilibrada.
En cuanto a la posibilidad de que el proyecto de ley fuera más incisivo,
siempre cabe y es bueno --y escuchamos y atendemos las sugerencias--
buscar proyectos de ley cada vez más incisivos. Yo interpreto la palabra
incisivo como más adaptados a la realidad, y eso es lo que buscamos y
buscaremos permanentemente desde el Grupo Parlamentario Popular,
adaptarnos lo más posible a la situación real de nuestro país, ya sea en
los puertos o en cualquier otra materia.
El Senador Nieto Cicuéndez parecía que no consideraba suficiente la
participación de las Comunidades Autónomas, que se contemplaba en la Ley.
A nuestro modo de entender, el proyecto contiene suficientes pruebas a
través del articulado y en todas sus disposiciones que demuestran que sí
se pretende una mayor autonomía de gestión de los puertos de interés
general del Estado y que, en consecuencia, funcionen de una forma más
racional, más eficaz para ayudar al progreso, a la modernización y a ese
incremento que se ha mencionado con antelación del tráfico portuario,
para evitar la rémora de determinados tráficos portuarios, con todo lo
que eso entraña. Porque estamos hablando de la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante y lo que ello conlleva, y nos preocupa mucho los
colectivos a los que afecta, ya que no solamente son las transacciones
comerciales --que son importántisimas como punto de desarrollo económico,
de progreso y de desarrollo social--, es que hay muchos colectivos
implicados, sean navieros, sean armadores, sean sindicatos, sean
cargadores, sean transitarios, como instalaciones hoteleras, pequeños
quioscos, trabajadores que tienen una mentalidad diferente sobre el
trabajo portuario.
Evidentemente, hay medidas en la Ley que son más útiles o más
aprovechables para un determinado colectivo pero, a su vez, también son
útiles para otros, sin llegar a ser perjudiciales.
Ese ha sido el espíritu de este proyecto de Ley presentado por el
Gobierno y que nuestro Grupo Parlamentario defiende y apoya.
Por supuesto, señor Nieto Cicuéndez, que nos preocupa el medio ambiente.
¡Cuántas cosas hay que hacer todavía en el medio ambiente portuario!
Evidentemente, muchas, en unos casos defensa del medio ambiente y en
otros casos mejora del entorno urbano, vía puertos en muchos casos, como
está sucediendo. En estos momentos hay iniciativas de Comunidades
Autónomas y de ayuntamientos que están haciendo que el medio ambiente no
sea la no contaminación, sino la optimización, de cara al usuario, a los
ciudadanos, para que ese entorno portuario sea cada vez más agradable y
más satisfactorio para los que disfrutan o disfrutamos de esos puertos
--yo me incluyo, por ser mediterráneo, concretamente de Valencia--. Por
supuesto que nos preocupa, y no veo nada en la Ley que excluya la defensa
de medio ambiente. Por lo tanto, puede estar tranquilo el colega Nieto
Cicuéndez al respecto de la defensa del medio ambiente.
Evidentemente, pretendemos mejorarla y hay que mejorar las leyes. Estoy
convencido que se consigue mejorar la Ley anterior, que cumplió su papel,
pero en estos momentos, dada la evolución de la política y del desarrollo
en nuestro país, si vamos a avanzar --y todos estamos convencidos de que
vamos a avanzar más-- en el proceso de desarrollo de las autonomías, es
evidente que hemos de ir haciendo una serie de concesiones en cuanto a
autoorganización y autogestión de las Comunidades Autónomas para que ese
proceso autonómico se vaya desarrollando de una forma apropiada.
Con respecto a la Senadora Pleguezuelos, es cierto que la política --lo
sabe tan bien como yo-- está formada por consensos, por discrepancias,
vuelta al consenso y vuelta a la discrepancia, pero con un objetivo
claro: el de mejorar permanentemente, con la mayor participación posible,
y lo que es inevitable es que ante una iniciativa concreta de un gobierno
determinado --en este caso del Partido Popular--, el Gobierno asuma que
la ley se está mejorando y quiere la coparticipación del mayor número
posible de políticos y grupos parlamentarios, tanto de esta Cámara como
del Congreso de los Diputados. Eso es lo que estamos intentando hacer en
esta Cámara y, objetivamente, lo estamos consiguiendo.
Porque, repito, si en el Congreso se presentaron 193 enmiendas con
voluntarismo para mejorar el contenido de la actual Ley, es evidente que
aquí, estamos debatiendo sobre un contenido de 89 enmiendas, con más
diálogo en Comisión y en Ponencia.
Por lo tanto, al margen de sus menciones al Pacto de investidura, --lo he
dicho antes-- todo en política y todo en la vida son pactos, y eso no es
nada malo. Lo que hay que hacer es respetarlos, mejorarlos, implicar al
mayor número de personas posible en ellos por el bien común, por el bien
de la colectividad. En ese aspecto no me preocupa para nada ese tipo de
declaración porque, entenderá conmigo, que estamos en la misma línea en
cuanto a que hay que estar siempre abiertos a los pactos, los acuerdos,
los convenios, la capacidad de consenso, etcétera, muy particularmente en
política.
¿Que el sistema actual le parece poco operativo, poco eficaz y poco
participativo? Refiriéndose a la Ley de 1992, ha dicho que el sistema era
poco operativo y que había que buscar un sistema más operativo, más
eficaz y más participativo. Evidentemente. Por eso, hemos presentado este
Proyecto de Ley para que sea más operativo, más eficaz, con mejor gestión
y, sobre todo, más participativo, con más autogestión y autoorganización
por parte de las administraciones que correspondan de los colectivos
reflejados en la ley.
En ningún momento se habla de puertos transferidos. El Gobierno tiene muy
claro que el Proyecto de Ley no supone transferencia o delegación alguna
a la Comunidad Autónoma de facultades ejecutivas sobre los puertos de
interés general, pues éstos siguen bajo la órbita competencial del Estado
y, además, son administrados por entes de derecho público plenamente
estatales.
No hay ninguna transferencia a ese respecto. En consecuencia, ese
problema no existe desde el punto de vista del Grupo Parlamentario
Popular.
Veamos el matiz entre autonomía de gestión y gestión autonómica. Yo sigo
manteniendo que lo que buscamos con esta ley es una gestión cada vez más
autónoma de los puertos de interés general del Estado en su totalidad. En
ningún artículo de la ley puede aparecer, que el titular del bien, que es
el Estado, hace ninguna cesión al respecto; está presente en los
organismos en los que tiene que estar y para determinadas decisiones que
vienen reflejadas en la ley no solamente se recurre al Ente Puertos del
Estado, sino al Ministerio de Fomento, al Consejo de Ministros o, en su
caso, a las Cortes Generales.
Precisamente, lo que el Gobierno ha intentado buscar en este Proyecto de
Ley que se mantenga el carácter unitario de la gestión de los puertos.
Ese es el espíritu de esta ley: que se mantenga el carácter unitario de
la gestión de los puertos del Estado, pero con la autoorganización o con
la autogestión de las Comunidades Autónomas y con la participación de
aquellos organismos reflejados en la ley, que permiten una mayor
participación de instituciones peninsulares e insulares y, a su vez, de
asociaciones profesionales vinculadas a la gestión y a la utilización de
los puertos del Estado.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero manifestar mi
oposición a los dos vetos, que tan respetuosamente se han presentado y
defendido, por considerar que su texto no puede ser incorporado a una ley
de esta envergadura, a una ley de esta transcendencia, a una ley que
busca el consenso y la aproximación máxima a la realidad, que busca la
optimización de todos los recursos y servicios que suponen los puertos.
No podemos, en definitiva, dar nuestro sí a unos vetos que no
compartimos.
Mantener la coordinación del sistema portuario estatal a través del
establecimiento de normativas comunes de funcionamiento y de gestión por
parte de las Comunidades Autónomas y de otras instituciones es el
objetivo de la presente ley. Por lo tanto, señorías, bien vale la pena
avanzar con la ley e ir mejorándola, como se ha demostrado en todos los
trámites realizados en este Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ortiz.
Se abre un turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias señor Presidente.
Voy a fijar la posición de mi Grupo, que es contraria a la admisión de
este veto, porque creemos que la modificación de la Ley 27/1992 es la
crónica de unos acontecimientos anunciados porque esta Ley fue aprobada
en tiempos en los que el PSOE tenía mayoría absoluta y fue una Ley que
tuvo el rechazo de todos los grupos parlamentarios a la sazón en el
Congreso de los Diputados. Yo tuve ocasión de participar en aquellos
debates. Todos los grupos de la Cámara, desde el Mixto, hasta el CDS.
Izquierda Unida, Grupo Popular, Partido Nacionalista Vasco, Eusko
Alkartasuna, Euskadiko Eskerra, todos menos el Partido Aragonés, porque
no le afectaba, presentaron una enmienda a la totalidad a ese Proyecto de
Ley.
Por tanto, a nosotros nos da miedo el discurso centralista que seguimos
oyendo sobre la integración y el sistema unificado de los puertos.
Servicios más esenciales como la educación y la sanidad se prestan por
las Comunidades Autónomas. La gestión de un puerto es muchísimo menos
importante que la prestación de la sanidad o de la educación o de la
justicia, y en eso hay autonomía de gestión plena por parte de las
Comunidades Autónomas. Por consiguiente, yo creo que estamos sacando las
cosas de quicio. Esto como primera cuestión.
Segunda cuestión. La Ley 27/1997, ¿qué es lo que realiza respecto a la
situación anterior en materia portuaria, respecto de regímenes de
autonomía como el de Huelva? En Andalucía el puerto de Huelva era muy
querido y tuvimos ocasión de debatirlo con García Arreciado, que conocía
muy bien la realidad del puerto de Huelva. ¿Qué es lo que se hacía? Le
dotaba de menor autonomía. Crea un sistema unificado, integrado,
unitario, globalizado, centralista. ¿Qué tenía antes? Unicamente la Alta
Inspección, como la hay en educación o en sanidad. Es decir, pasamos de
un régimen de mayor autonomía o otro de menor autonomía.
Segundo. ¿Qué hace la Ley 27/1997? Establecer una mínima representación
de las Comunidades Autónomas
en los organismos de gestión. Dice la Ley uno por lo menos. Anteriormente
--y léanse los estatutos de Huelva, Valencia, Barcelona o Bilbao-- las
Comunidades Autónomas tenían mayor autonomía. Nada dijeron los servicios
jurídicos en aquellos momentos, cuando se restringía la autonomía, a
través de la Ley 27/1992, de estos puertos. Por lo tanto, es un elemento
distorsionante importante, que hay que tratar de corregir con esta ley.
¿Qué se puede decir de la política de personal y de inversiones? Está
absolutamente globalizada y centralizada, cosa que no tenían, por
ejemplo, los puertos que he indicado, que tenían una autonomía
elevadísima en esa cuestión.
Por consiguiente, hay que tener claro qué regímenes se pueden producir.
Hay cuatro regímenes posibles: el anterior a la Ley; el vigente, el de la
Ley 27/1992; el que se va a poner en marcha con la ley que estamos
tramitando en este momento y otro posible, que es la subrogación total de
las Comunidades Autónomas en la gestión. Ese es el otro régimen, y eso
para algunas Comunidades Autónomas, por ejemplo, para Andalucía, no exige
ninguna ley de delegación. ¿Por qué? Porque Andalucía tiene competencia
política por su Estatuto y es la gestión de los puertos de interés
general.
Debemos distinguir la gestión de la titularidad. ¿Por qué? La Cámara ya
ha legislado en materias públicas. Por una parte, la titularidad
corresponde a los poderes centrales del Estado y la gestión a otros. El
agua. ¿Qué pasa con el dominio público hidráulico? ¿De quién es la
titularidad? Del Estado y, por lo tanto, las funciones inherentes al
dominio, el ejercicio de las funciones posesorias, el deslinde, la
inembargabilidad, la imperceptibilidad, las acciones de recuperación de
la posesión en el agua son del Estado. ¿La gestión de quién es? De las
Comunidades Autónomas.
En el espacio radioeléctrico, en materia de modulación de frecuencias,
¿qué dice la Ley de Telecomunicaciones? El Gobierno asigna un número de
frecuencias a las Comunidades Autónomas y la gestión del espacio, del
dominio público radioeléctrico en la concepción de ondas con modulación
de frecuencia, las FM, las gestiona las Comunidades Autónomas. Ahí lo
vemos claramente: titularidad por un lado y gestión autonómica por otro.
Eso es lo que se está planteando, no hay que rasgarse las vestiduras. Y
no entramos en otros servicios esenciales totalmente gestionados por las
Comunidades Autónomas. Por tanto, no hay ningún miedo de ese tipo, ni
ninguna inconstitucionalidad, ni ningún peligro. Se hace con otras
materias que esta Cámara ha legislado, como en el dominio público
hidráulico y en el dominio público radioeléctrico. Titularidad por un
lado y gestión por otro.
Pero, ¿en qué avanza esta ley? Esta ley avanza, en primer lugar, en un
área principal: la mayor autonomía portuaria. Y la mayor autonomía
portuaria se convierte y se materializa en estas cuestiones, señor
Presidente: en el ámbito territorial, donde cada puerto tendrá libertad
en tres años. En la existencia de marcos autónomos laborales de cada
puerto, suprimiéndose la prevalencia que hasta ahora tenemos de la
política de personal establecida desde el ente centralista Puertos del
Estado. Se fija por el Proyecto de Ley el criterio de participación y
contribución al mantenimiento del ente general en el sistema de señales
marítimas y para la cobertura de inversiones. Anteriormente no había una
fijación de participación, quedaba a la determinación por parte del
Ministerio de Obras Públicas. Mayor competencia, mayor autonomía para
aprobar las ordenanzas internas de policía portuaria; para la aprobación
de los presupuestos anuales de la autoridad portuaria; para definir
necesidades de personal; para participar en sociedades mercantiles
relacionadas con el tráfico portuario; para llevar a cabo políticas
comerciales, en el ámbito internacional, de promoción del puerto; para
mayores funciones sobre la gestión de los servicios de estiba y
desestiba; facultades de administración de los puertos, previsión expresa
que antes no existía; para el nombramiento de los directores técnicos;
para fijar los objetivos de gestión anuales de cada puerto a través de la
autoridad portuaria; para aprobar la organización de la entidad y sus
modificaciones, que hasta ahora no lo podían hacer, sino que lo hacía el
Ente Puertos del Estado, conocido en el ámbito marítimo como Puerto
Madrid. Puerto Madrid dirigía absolutamente todo, hasta la organización,
la contratación y el convenio colectivo, y el nivel laboral que le
correspondía a un funcionario era gestionado por Puerto Madrid. Por
tanto, hay un avance fundamental en la autonomía de gestión de los
puertos.
Finalmente, se fijan las condiciones de concesión o autorizaciones de los
cánones, cuando esta fijación de las concesiones la hacía, por orden
ministerial, el Ministerio de Obras Públicas. Este es un cambio
sustancial y el fruto de que el Grupo Parlamentario Popular ya tenía un
planteamiento. Hay que conocer los antecedentes políticos, y el Grupo
Parlamentario Popular planteó una iniciativa del Parlamento de Galicia en
la cual los puertos de interés general de Galicia se gestionaban allí.
Pero es que el PP planteó además la legislatura pasada una proposición de
ley de modificación en el Congreso que no tuvimos oportunidad de votar
porque terminó la legislatura, y nuestro Grupo Parlamentario presentó
también otra iniciativa.
Por lo tanto, el avance fundamental es de mayor autonomía portuaria, y
otro avance importante es que, dentro de ese concepto de autonomía,
participan en mayor medida las Comunidades Autónomas. Pero no porque las
Comunidades Autónomas participen el puerto tiene mayor o menor autonomía.
No, eso no tiene nada que ver. Una cosa es la autonomía por el marco
legal que la ley le da y otra cosa es que en el ámbito de gestión las
Comunidades Autónomas ahora vayan a participar más. Antes era uno, como
dice la Ley 27/1992; ahora va a haber una mayor participación de las
Comunidades Autónomas, que podrán incluso designar al Presidente, y,
sobre todo, el Presidente va a tener también potestades para fijar las
directrices generales de gestión de los servicios portuarios. Un avance
fundamental, un cambio político acorde con el Estado de las Autonomías,
de gestión de los servicios públicos acorde con el sistema de un Estado
con poder político
distribuido que se ha realizado en materias políticas importantísimas y
por el que no entendemos por qué en este momento nos llegamos a rasgar
las vestiduras. Obviamente, uno tiene que estar con los planteamientos
que en su día se mantuvieron y se llegaron a defender legítimamente, pero
se les advertió que al perder la mayoría política se iba a cambiar la ley
porque solamente se aprobó con el voto del Grupo Parlamentario
Socialista.
El tercer ámbito de materias importantes que se regula, señor Presidente,
es el de la gestión de los vertidos y dragados por los puertos
autonómicos. Dragar un puerto autonómico sigue siendo competencia en este
momento del Ministerio de Fomento, una cosa increíble: dragar un puerto.
El puerto de Santoña, por ejemplo, un puerto autonómico, sigue siendo
competencia del Ministerio de Fomento, como dragar el puerto de Ayamonte
o el de Motrico. Es una cosa increíble, pero es así, y se modifica por
esta ley.
También está la cuestión de la gestión del salvamento, que, lógicamente,
en sus aguas territoriales deben realizar las Comunidades Autónomas. Por
lo tanto, yo creo que éste es el tercer ámbito en el que se produce un
avance político fundamental.
Y, por último, señor Presidente, nada de miedo de inconstitucionalidad
por delegación de transferencias o de potestad. Nada de eso. La Cámara
tiene mecanismos suficientes para distinguir entre la titularidad, como
he dicho anteriormente, en el dominio público hidráulico, en el dominio
público radioeléctrico, y la titularidad va por un lado y la gestión por
otro. Y no hay transferencia porque es un modelo de gestión distinto,
porque la transferencia implica transmisión de medios materiales, de
medios económicos, y no hay nada de eso. En definitiva, es un modelo de
gestión acorde con el Estado de las Autonomías, y nosotros aplaudimos las
consideraciones y las previsiones que se plasman en este proyecto de ley
porque creo que va a redundar en beneficio del sistema portuario español.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, los acuerdos de investidura y gobernabilidad del Partido
Popular y Convergència i Unió preveían una modificación de la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, y preveían su modificación porque, efectivamente, en su momento
todos los grupos parlamentarios se manifestaron en contra. Incluso
algunos puntos de esta ley siguen impugnados ante el Tribunal
Constitucional esperando una resolución del mismo. Y se manifestaron
todos los grupos en contra, tanto por cuanto suponía una gestión no
suficientemente eficaz como por el carácter absolutamente centralista de
la mencionada Ley, de tal manera que en una época de descentralización,
cuando el Estado de las Autonomías lleva años en marcha y
desarrollándose, nos encontrábamos con que los cuatro puertos autónomos
estatales, Barcelona, Bilbao, Valencia y Huelva perdían su autonomía, y
los demás puertos, que gozaban de una cierta descentralización, también
veían la misma sensiblemente reducida.
Esta modificación de la ley, con la cual no es necesario decirlo, estamos
absolutamente de acuerdo, se basa en tres principios básicos. En primer
lugar, regula la participación de las Comunidades Autónomas, que
designarán los órganos de gobierno y tienen una importante representación
las autoridades portuarias. Es evidente que se incrementa sensiblemente
esta participación de las Comunidades Autónomas.
En segundo lugar, se establece un marco de libre competencia. Esta ley
estimula la competitividad, dota al sistema portuario y a los puertos que
lo integran de una gestión profesionalizada, establece una mayor
flexibilidad para mejorar su posición competitiva, garantiza la libertad
tarifaria, con un límite, evitar prácticas abusivas en los tráficos
cautivos.
En tercer lugar, con algunas modificaciones para reducir la acción
intervencionista, mantiene el principio de unidad de gestión de los
puertos para la defensa del interés general. El Consejo Rector será más
amplio, pasa de cinco a entre 12 y 15 miembros designados por el
Ministerio de Fomento, y se crea un Consejo Consultivo de Puertos del
Estado integrado por los presidentes de las autoridades portuarias o por
aquellas personas elegidas por el consejo de administración de las mismas
a propuesta del Presidente de la Autoridad Portuaria.
Por lo tanto, estamos plenamente de acuerdo con estos tres ejes centrales
de modificación de la ley, y resumiríamos estos cambios señalando un
adecuado peso específico de las Comunidades Autónomas, profesionalización
de la gestión, responsabilidad mucho mayor de cada autoridad portuaria en
su propia gestión, con la colaboración, además, de Cámaras de Comercio,
organizaciones sindicales y empresariales del entorno y municipios
próximos. Así, las autoridades porturarias podrán ejercer una acción que
será, por una parte, más participativa, y por otra, mucho más autónoma,
con autonomía financiera, de personal, contractual, organizativa y de
funcionamiento. Nuestro Grupo cree que ello es bueno.
Si además resaltamos la existencia a nivel estatal de un fondo de
financiación y solidaridad y, asimismo, un fondo de contribución con
destino a inversiones en las que se tendrán en cuenta los proyectos con
mayor rentabilidad social, hemos de considerar que el resultado de esta
modificación no solamente es bueno, sino que es muy bueno. Es por ello
que estamos en contra de los dos vetos que se acaban de defender por el
Senador Nieto Cicuéndez y la Senadora Pleguezuelos Aguilar. Entendemos
que este proyecto de ley respeta totalmente la Constitución, respeta las
reglas democráticas y respeta también los procedimientos de cesión de
competencias previstos en la misma.
Los puertos, no hay que decirlo, tienen un gran impacto económico en el
área en la que están ubicados, y ello
implica que las ciudades, los entes empresariales y sindicales, las
Cámaras de Comercio, las empresas del entorno estén implicados en su
gestión. Y aquellos serán, o bien directamente beneficiados, o bien
perjudicados, igual que el impacto económico y social, bueno o malo, que
produzcan.
Es lógico que los puertos tengan una gestión territorializada, por
ejemplo, en el caso que más conozco de mi circunscripción, el de
Tarragona, es un puerto que genera un empleo a 5.000 personas de forma
prácticamente directa; es decir, los que dependen directamente de la
actividad portuaria y de aquellas empresas de servicios que actúan en el
puerto, que se estiman, incluso, que de una forma totalmente indirecta
llegarían hasta cerca de 20.000 personas. Un puerto que realizará un
programa de inversiones a cinco años de 26.000 millones de pesetas. ¿Una
empresa de estas características no debe tener una importante autonomía
de gestión?; no debe estar participada también por aquellos entes del
entorno? Entendemos que sí, que debe ser así y que en un sistema
económico libre y abierto en el que se está actuando a nivel europeo e
incluso mundial debe tener, por tanto, un marco que le permita este tipo
de actuación. Nosotros entendemos que el proyecto de ley mejora la
eficacia y, evidentemente, la participación, tal como les decía.
Por último, queremos insistir en que no hay dejación de responsabilidad
por parte del Gobierno y, por tanto, de las competencias estatales. No
puede decirse de ninguna manera que el Estado haga dejación cuando se
reserva y hace referencia al comercio y a la sanidad exterior, a aduanas,
a control y seguridad del tráfico marítimo. Además, recordemos que a
Puertos del Estado corresponden, entre otras, algunas importantes
funciones, como definir los objetivos del conjunto del sistema portuario
estatal, así como de las autoridades portuarias a través de los planes de
empresa ejercer el control de la eficiencia de gestión y de los objetivos
fijados en los planes de empresa; aprobar la programación financiera y de
inversiones de las autoridades portuarias derivadas de los planes de
empresa; asimismo Puertos del Estado puede establecer directrices
económicas, financieras y técnicas para el conjunto del sistema
portuario. Por tanto, creemos que existe un perfecto equilibrio dentro
del proyecto de ley y en este perfecto equilibrio la presencia de las
Comunidades Autónomas, la presencia de los municipios, la competitividad
que de la mejor gestión se derivará, harán que este proyecto de ley, sin
duda, sea efectivo y los años lo demostrarán. Resumiendo, es por ello,
que nuestro voto será negativo a las propuestas de veto presentadas por
el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Mixto
defendido por el Senador Nieto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Ortiz, no me cabe la menor duda del esfuerzo que usted ha hecho
para acercar posturas entre el resto de los grupos parlamentarios, pero
yo no me refería en mi intervención al trámite en la Cámara, del que
tengo que dejar constancia del esfuerzo que su grupo ha hecho aquí en el
Senado --no tengo la misma constancia en el Congreso, tampoco lo niego--
sino al contenido de la ley. Cuando yo decía que responde a una coyuntura
política, por supuesto, que legítima, trataba de argumentarle, y creo que
lo he hecho, que eso no se correspondía con el modelo del Partido
Popular. Por eso, decía también que en ese modelo el que hoy ejerce la
labor de Gobierno y, por tanto, representa a la Administración General
del Estado, estaba renunciando a ese papel de garante de todas las
Comunidades Autónomas, de las que tienen puerto y de las que no lo
tienen.
La primera constancia que he dejado, una vez que me he metido en el
análisis del proyecto de ley, es que estamos de acuerdo con la
participación de las Comunidades Autónomas, pero tenemos que hacer un
modelo en el que la balanza no se desequilibre, en el que el Estado, que
es el titular del bien, entendiendo por Estado la Administración General
del Estado, tiene que ser, además, el que coordine y responda a esas
otras Comunidades.
Decir aquí que en un debate en 1992, al que yo también asistí cuando
estaba en el Congreso de los Diputados, al único grupo al que no interesó
el asunto y, por tanto, lo apoyó fue Aragón, resulta un poco fuerte. Y es
que parece olvidar el Senador Gatzagaetxebarría que el «hinterland» de
Barcelona llega hasta Aragón, ¿o por dónde cree usted que salen los
coches que se fabrican en Aragón? Pues salen, sencillamente, por el
puerto de Tarragona.
Por tanto, en lo que se refiere a los intereses de las Comunidades que no
tienen puerto, usted como representante popular, y yo, y el Gobierno, y
todos en general, tenemos que estar aquí representándolos sin duda
alguna.
No es posible que hayan entendido que yo no quiero mejorar la Ley. Todas
las leyes son perfectibles y ésta también lo es. He dicho que la Ley ha
sido en esos cinco años un modelo eficaz, y le he dado cifras al respecto
en términos económicos, en términos de autofinanciación, en términos de
solidaridad interpuertos, en términos de tarifas, de fondos de
distribución, etcétera.
Sin duda podremos mejorar esta Ley, pero este proyecto no la he mejorado
porque ha generado un caos. Ustedes hubieran podido clarificar de verdad
este proyecto de ley haciendo esas transferencias reales que por otro
lado les reclaman legítimamente los grupos que tienen una concepción
distinta. Además, en efecto, la postura del Partido Nacionalista Vasco en
aquel momento y la de hoy es totalmente coherente, es la misma. La que ha
cambiado es la de ustedes. (Rumores.) El Senador Gatzagaetxebarría ha
defendido aquí lo mismo que defendió en 1992, nosotros también pero
ustedes no. Esa es la diferencia que quiero llevar hacia esa sensibilidad
que ustedes han mostrado en otros aspectos.
Claro que podemos mejorar la Ley, claro que queremos una mayor
participación, pero siempre y cuando el Estado sea el garante del
equilibrio vertebrador de todos los ciudadanos residan donde residan. Y,
desde luego, el diseño del sistema portuario responde a un sistema
intermodal de comunicación en el que a nuestros viajeros y nuestras
mercancías tenemos que integrarlos con el ferrocarril y con las
carreteras, ¿o acaso las inversiones que se están haciendo en el puerto
de Bilbao no las hace el Estado como una acción intermodal para incluir
el ferrocarril y la carretera? ¿O es que la autoridad portuaria en este
caso no es de interés global?
Creo que en ese sentido al que me he referido es en el que hay que
cambiar la concepción, no en el sentido de que no haya participación de
las Comunidades Autónomas, no en el de que no se mejore la Ley. Pero
ustedes, debido a la coyuntura política, no han mejorado la Ley, antes al
contrario, han dejado ustedes lagunas e incertidumbres. El resto de los
ciudadanos que residen en Comunidades en las que no hay puerto no saben
si el Estado va a responder por ellos ante la gestión de las autoridades
portuarias o si al final serán discriminados de un modo insolidario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Pleguezuelos. (El señor
Gatzagaetxebarría Bastida pide la palabra.)
Señor Gatzagaetxebarría, estamos en el turno de portavoces.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Pido la palabra en función del
artículo 87, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Perdone, señoría. Yo no he entendido en absoluto que
haya sido aludido por la Senadora Pleguezuelos.
Entiendo, Senador, que no ha habido ninguna alusión. Estamos en turno de
portavoces, por tanto, le corresponde intervenir al Senador Ortiz.
El señor ORTIZ CLIMENT: Muchas gracias, señor Presidente.
Para cerrar este turno quisiera decirle simplemente a la Senadora
Pleguezuelos que estoy tan convencido de que este proyecto de ley es
realmente mejor y que mejora la Ley anterior, que cumplió su papel, que
dentro de cuatro años, cuando el Partido Popular siga gobernando España,
en el supuesto de que los resultados no sean óptimos, ya intentaremos
mejorarlo. Pero repito que este proyecto es francamente mejor que la Ley
anterior. Con esa intención se ha hecho.
Repito que le garantizo que en cuatro años se demostrará que esta ley es
mucho mejor que la anterior, lo cual es lógico y razonable.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ortiz Climent.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación de las propuestas de
veto. (Pausa.)
Señorías, siguiendo el orden del debate, en primer lugar, sometemos a
votación el voto particular número 2, de los señores Nieto Cicuéndez y
Román Clemente, correspondiente a la propuesta de veto número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 80; en contra, 127; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
A continuación, sometemos a votación el voto particular número 6, del
Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a la propuesta de veto
número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, 79; en contra, 127; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
A continuación, pasamos al debate de las enmiendas.
En primer lugar, el voto particular número cinco de los señores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente, correspondiente a las enmiendas números 59 a
67, ambas inclusive.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a dividir
en tres bloques las enmiendas que presentamos para su argumentación.
En primer lugar, me voy a referir al tema tarifario. En el debate que
hemos tenido de los vetos y en las contestaciones dadas a los mismos se
pone de manifiesto una cuestión en la que no se ha entrado en dicho
debate por parte del Partido Popular ni por el resto de los portavoces
que han intervenido.
Ahora mismo está regulado el concepto de solidaridad interportuario, por
lo que hay una serie de enmiendas que tratan de mantenerlo. Es decir, que
el ente público de Puertos del Estado no renuncie, en cooperación con las
Comunidades Autónomas, a fijar una horquilla tarifaria, que no se deje al
libre albedrío de la libertad de mercado de la gestión de cada puerto,
porque consideramos que esa visión lleva inexorablemente a destrozar
tejido productivo portuario.
Por tanto, es un tema que no tiene nada que ver con las competencias, que
nosotros también reflejamos en enmiendas, que tienen que tener las
Comunidades Autónomas, pero compartidas y, en consecuencia, limitadas
bajo el punto de vista de la gestión de las tarifas, que no se puede
hacer puerto a puerto. En ese sentido hay presentadas una serie de
enmiendas.
También tenemos unas enmiendas sobre cómo, a nuestro juicio, debe de
constituirse el órgano participativo, con la participación de las
Comunidades Autónomas y de los sindicatos más representativos a nivel del
Estado, en el ente público global.
En este sentido --estoy convencido de que no estamos de acuerdo con
algunas formaciones políticas-- se
tiene una visión parcializada de lo que es la negociación colectiva, la
participación del mundo sindical y del empresarial en un ente global, que
tiene que responder a intereses generales y no solamente a particulares,
aunque sean también respetables. En ese marco también tenemos presentadas
unas enmiendas.
Paso a referirme al tema de la participación de las Comunidades Autónomas
en el ente público regulador de los puertos a nivel general. Hay muchas
maneras de entender dicha participación en cualquier ente participativo a
nivel general.
Una cosa es la participación de las Comunidades Autónomas, y nosotros
planteamos que sean los legislativos, no los ejecutivos, porque es la
manera de garantizar que esa participación de los entes públicos
generales esté controlada por los distintos parlamentos.
Por tanto, se trata de la colaboración de los entes legislativos. La
tendencia lógicamente es que sean siempre los ejecutivos, con lo cual, a
nuestro entender, se hurta el conocimiento general en temas de interés,
como es éste que nos ocupa para tener un control legislativo a nivel
general, lo que le corresponde al Estado, Cortes Generales, y en cuanto a
la participación de las Comunidades Autónomas, a sus resceptivos
parlamentos.
También nos referimos a un tema que consideramos era una oportunidad para
regular en esta ley, que, efectivamente, no estaba en la ley anterior. La
experiencia demuestra que el control dentro de los puertos del sistema
vial se debería regir por la Ley General de Tráfico, porque, incluso
ahora, sus señorías saben que hay sentencias contradictorias referentes a
conflictos que se generan dentro de los puertos, sobre quién tiene la
competencia, si la Guardia Civil de Tráfico u otras entidades. Pensamos
que no habría costado ningún trabajo regularlo, porque están ocurriendo
cada vez más infinidad de problemas, en unos puertos más que en otros, en
muchos de ellos hay un tráfico intenso y debía regularse, repito, por la
Ley General de Tráfico de acuerdo con las competencias correspondientes
de las distintas Comunidades Autónomas y no dejar que haya unas
autoridades dentro del puerto, lo que ha originado unas sentencias
contradictorias en este sentido.
Creemos que se podían haber hecho esfuerzos en algunos sentidos por
mejorar el contenido de esta Ley en aspectos como el de la participación
y regularlo mejor. No me voy a referir ahora a las enmiendas porque
muchas de ellas tienen relación con el veto. El Ente Público General del
Estado no puede, independientemente de que ceda gestión a las Comunidades
Autónomas, no puede ni debe renunciar a lo que son sus competencias
referidas a temas de interés general del Estado como es la Ley que nos
trae aquí, la del control portuario.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
Voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde
a las enmiendas números 1 a 19.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Ha señalado que el voto particular correspondiente a esta Senadora de
Eusko Alkartasuna va desde las enmiendas 1 a 19, y es desde la 1 a la 21.
Voy a defenderlas todas a la vez.
En este momento del debate creo que está dicho prácticamente todo. No
obstante, por obligación y deferencia a la Cámara, voy a referirme, casi
defendiéndolas en sus justos términos, a la naturaleza de estas enmiendas
que pueden dividirse claramente en cuatro bloques diferenciados.
En primer lugar, la enmienda número 1, al apartado 1; la número 3, al
artículo 25, que habla de competencias y objetivos generales; la número
4, al artículo 26; la número 5, al artículo 26, apartado 1 punto b; la
número 6, al artículo 26.1.d; la número 10, al artículo 37, apartado 1;
la número 13, al artículo 40.5 f; la número 14, al artículo 40.5.g; la
número 20, al artículo 50.1 y la número 21, al artículo 50.4, apartado 3.
Todas ellas --son diez enmiendas-- se corresponden y entienden que se
debe de determinar de mejor manera la autonomía funcional del puerto y,
por consiguiente, la autonomía de la Autoridad Portuaria. Sabemos que la
competencia, naturalmente, reside en el Gobierno del Estado, pero no
obstante creemos que el puerto tiene que tener más capacidad de
movimiento, precisamente para poder funcionar mejor --nunca mejor
dicho--, teniendo en cuenta la complejidad de los negocios, por decirlo
de alguna manera, que se mueven --y a los que ha hecho alusión el
Portavoz Popular cuando hacía el turno en contra de los vetos-- alrededor
del puerto. En ese sentido, con las enmiendas números 1 y 3, a los
artículos 1, apartado 1, y 25, pretendemos volver al texto existente en
la Ley 27/1992, igual que con la enmienda número 4, al artículo 26,
porque creemos que la anterior literalidad de la Ley defiende mejor y
clarifica más la autonomía funcionaI del puerto y de las autoridades
portuarias respectivas.
Por la misma razón hemos mantenido el resto de las enmiendas, que fijan
mejor las competencias del presidente, que pensamos que no debe de ser un
elemento decorativo o representativo, sino que tiene que tener unas
funciones ejecutivas. Asimismo, fijamos de mejor manera las funciones del
director del puerto. Por eso hablamos de que, además de la gestión del
puerto con carácter general, se tiene que hablar también de esa gestión
comercial a la que el Portavoz del Grupo Popular hacía referencia en su
turno. En este sentido, yo creo que es coherente con este pensamiento y
espero que esta enmienda al menos pueda ser asumida por el Grupo que
apoya al Gobierno. En todo caso, consideramos que la autonomía funcional
del puerto contenida en la redacción de las enmiendas que hemos
mencionado viene, a nuestro entender, más claramente establecida en la
terminología de la Ley que estamos tratando de reformar en este momento.
En cuanto a las enmiendas números 8, 9, 11 y 12, estamos defendiendo
--concretamente la número 12 es exactamente igual que la número 66,
también del Grupo Mixto, del Senador Nieto Cicuéndez-- la mayor
participación de las Comunidades Autónomas, tanto en el nombramiento
de vocales como en la presencia que deben de mantener en el Consejo
Rector.
En cuanto a las enmiendas números 16, 17, 18 y 19, a las que he hecho
referencia antes en el primer bloque de enmiendas, pretenden, en relación
con los artículos correspondientes, que el presidente, como decía antes,
no sea un elemento decorativo y que el director tenga mejor fijadas sus
funciones.
La enmienda número 15, al artículo 40.2.3.ª, pretende que el 30 por
ciento del total de los miembros del consejo sean designados en
representación de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación,
organizaciones empresariales, sindicales y sectores económicos relevantes
en el ámbito portuario, precisamente por esa complejidad a la que antes
nos referíamos y porque creemos necesario aumentar la participación de
las organizaciones empresariales y sindicales, cámaras de comercio y
sectores económicos por la trascendencia de la actividad que se produce
en el ámbito portuario, como ya venimos repitiendo varias veces en esta
intervención.
Por último nos hemos de referir a las enmiendas números 2 y 7, a los
artículos 23 y 27 respectivamente.
En el primer caso pretende sustituir la palabra «eficacia» por el término
«eficiencia», porque creemos que el concepto --que, por cierto, la
literalidad «eficiencia» figura en este sentido en la Ley de 1992 que
intentamos reformar-- es más ajustado a lo que se quiere decir. Además,
entendemos que si se mantiene la palabra «eficacia» colisionaría con el
artículo 25, tal como viene expresado, que se refiere a competencias.
En cuanto a la enmienda número 7, que es la última de todo el bloque de
enmiendas a las que me voy a referir, pedimos la supresión del artículo
27 bis, porque entendemos que es una duplicación con el Consejo Rector de
Puertos del Estado. Creemos que el Consejo Consultivo del Puerto duplica
en miembros al Consejo Rector, por lo que algunos miembros de éste se
sientan en dos Consejos cuyo fin, en el caso del Consejo Consultivo, no
se conoce. Por eso creíamos que las funciones atribuidas por esta Ley al
Consejo Consultivo quedan residenciadas en el Consejo Rector.
No nos parece una buena política llenar de elementos, de consejos y de
organismos que no hacen más que provocar dificultades y discusiones a la
hora de la atribución funcional y competencial. En este caso creemos que
las funciones atribuidas al Consejo Consultivo pueden ser mejor
desarrolladas y de una forma más coordinada por el propio Consejo Rector.
Creo que con esto hemos explicado el sentido complementario de unas y
otras enmiendas de los bloques a los que nos hemos referido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta.
Voto particular número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos y del señor Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario
Mixto. Corresponde a las enmiendas números 76 a 78.
El señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario da por defendidas en sus justos términos las
enmiendas números 76 y 77.
La enmienda número 78 hace referencia a la cualificación que debe tener
el responsable técnico de las autoridades portuarias, el Director
técnico. En la Ley se hace una previsión específica de que sean personas
con experiencia en técnicas y gestión portuaria. Nosotros lo que
planteamos en la enmienda es que tengan un perfil adecuado a la gestión,
porque, en definitiva, gestionar un puerto evidentemente lo puede hacer
un profesional con inteligencia, cualificación, preparación y formación
adecuada en el ámbito de la economía.
Por tanto, no creemos absolutamente necesario que se ponga como requisito
previo que deba ser una persona con experiencia en la gestión portuaria.
Entendemos que, como es obvio, en el ámbito de la gestión de las
administraciones públicas para ocupar un cargo público, político, de
gestión en el mundo empresarial, lo que hace falta es tener unas
cualidades personales que, en este caso, aquellas personas que las
tengan, obviamente pueden valer para ello, pero que no se haga una
referencia expresa a que deben tener experiencia en la gestión portuaria.
En definitiva, la presión del colectivo que trabaja en este momento como
directores técnicos, desde nuestro punto de vista, en el ámbito de la
selección del director técnico queda encorsetado en la Ley.
Por último, hay dos enmiendas que se refieren al tema de la consignación
como figura jurídica intermedia en el ámbito del tráfico mercantil
portuario. Nuestro Grupo Parlamentario plantea, en cuanto al canon de
prestación de servicios, que se incluya una adición puntual, que se
mencione que la responsabilidad sea a cargo de titulares no censados de
la autoridad portuaria. La actividad mercantil de consigna sí se
encuentra censada por parte de la autoridad portuaria y, por tanto,
creemos que no es necesario, a efectos del pago de las prestaciones y de
diferenciar quién es el responsable, que se haga mención expresa de que
éste corresponderá a cargo de titulares no censados de la autoridad
portuaria. Como los consignatarios sí lo están, creemos que mejoramos el
texto legal.
Por último, con la enmienda número 80 al artículo 73 quedarían defendidas
también las del bloque segundo, respecto de la cual aceptamos la
transacción que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular --transacción
que admitimos a trámite-- relativa a los apartados 1 y 2 del artículo 73
y 118.1 primero. Nosotros la hemos suscrito y llamamos la atención de la
Mesa en este momento al solicitar votación separada de esta enmienda,
respecto de la cual nuestro Grupo Parlamentario sigue manteniendo --a
pesar de que la admitimos a trámite y por eso la firmamos-- una serie de
objeciones de fondo, por lo que nos vamos a abstener en la misma, votando
favorablemente el resto del articulado del proyecto de ley.
Por lo tanto, reitero, señor Presidente, solicitamos votación separada de
esta enmienda transaccional al artículo 73.1 y 2 y 118.1 primero, que es
objeto de negociación con la número 80 del Grupo Parlamentario
Socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, que corresponde a las enmiendas números 81, 82 y 87.
Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda 87 propone incorporar la inmediata entrada en vigor de la
futura ley al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
Las números 81 y 82 tienen como finalidad incrementar la autonomía
portuaria. La número 81 viene derivada de la 82, por lo que iniciaré la
defensa de esta última.
Esta pretende dos modificaciones en cuanto a las funciones de las
autoridades portuarias. En primer lugar, en el punto q), relativo a las
funciones de las autoridades portuarias, respecto a la autorización de la
participación de la Entidad en sociedades mercantiles cuando el importe
de los compromisos contraídos no supere el 5 por ciento de sus ingresos
anuales, pretendemos suprimir el apartado final, donde dice: «El acuerdo
del Consejo de Administración debe contar con el voto favorable de los
representantes de la Administración General del Estado». Es decir,
suprimir la posibilidad de veto de los representantes de la
Administración General del Estado.
En este mismo apartado q), en lo que hace referencia al objeto de las
sociedades mercantiles, mantenemos que debe estar ligado al desarrollo de
las actividades vinculadas a la explotación portuaria o al fomento de
actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico
marítimo o portuario.
Derivado de todo ello, presentamos la enmienda número 81, en la que el
apartado g) queda redactado de la siguiente forma: Autorizar la
participación de las autoridades portuarias en sociedades mercantiles,
cuyo objeto social debe estar ligado al desarrollo de actividades
vinculadas a la explotación portuaria o al fomento de actividades
industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo o
portuario. Es decir, lo que habíamos propuesto como adición en la
enmienda 82, en la 81 constituiría una de las funciones que debería
aprobar Puertos del Estado.
Con estas tres enmiendas estimamos que se ampliaría todavía más la
autonomía de gestión de las autoridades portuarias.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Beguer.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista,
correspondiente a las enmiendas números 22 a 46, ambas inclusive, 54, 57
y 58, salvo el guión de la 39.
Tiene la palabra la Senadora Pérez Schwartz.
La señora PEREZ SCHWARTZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, no voy a hacer la defensa de las enmiendas
separadamente una por una, pues considerando que el Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado de las números 22 a la 58, sería bastante
extensa la exposición y defensa de cada una de ellas.
Por consiguiente, voy a dividirlas en dos bloques únicos y compactos. En
un primer bloque entendemos que en la modificación de la Ley del año 1992
hay una transferencia a las Comunidades Autónomas en materia de Puertos
de interés general pero, por otro lado, no se da esa transferencia real.
Es decir, el artículo 150.2 de la Constitución Española dice que para
transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades --no lo
estoy citando textualmente, pero estoy convencida, señorías, de que
ustedes conocen el artículo tan bien como yo-- del Estado hace falta una
ley orgánica; ley orgánica que no ha entrado ni en el Congreso ni en esta
Cámara. Este fue en su momento el caballo de batalla del Grupo
Parlamentario Socialista al defender las enmiendas que proponíamos.
Nosotros estábamos en contra de esta ley y seguimos estándolo porque
vemos visos de inconstitucionalidad que serán, lógicamente, motivo de
estudio. Vemos visos de inconstitucionalidad porque no se pueden hacer
transferencias de los puertos de interés general, como está recogido en
la Constitución Española, a las Comunidades Autónomas mediante una ley
normal y sin haber tenido en cuenta la posibilidad de hacer una ley
orgánica.
La actual Ley de noviembre de 1992 derogaba --y esto es bueno y
conveniente hacerlo notar-- una de 1880 y un Real Decreto de 1928. Se ha
tardado más de un siglo en derogar una ley. Lo que sí es preocupante es
que en poco más de cuatro años haya habido una modificación de 25
artículos de los 144. En la Ley de 1992 se señalaba que en 1990 el sector
del transporte marítimo aportaba anualmente al PIB específico de
transportes un 19 por ciento que venía a ser el 1,1 por ciento del
producto interior bruto nacional, generando empleo para 35.000 personas.
Yo entiendo, señorías, que la Ley de 1992 tenía que haber estado
funcionando durante un cierto tiempo y que en su momento --como decía
antes-- se deberían haber introducido las modificaciones necesarias
mediante una ley orgánica que diera más competencias a las Comunidades
Autónomas. Digo que tendría que dar más competencias a las Comunidades
Autónomas porque creemos que, efectivamente, las Comunidades Autónomas
deben tener competencias. Pero la transferencia de competencias tiene que
ser clara y concisa.
El Estado, para poder transferir o delegar competencias a las Comunidades
Autónomas, tiene que dejar claro qué transferencias de medios corrientes
o de medios financieros se van a hacer, cuáles van a ser las formas de
control y las competencias exclusivas que se reserva el Estado. En fin,
tiene que aclarar toda una serie de datos que en esta ley no se recogen
porque ha sido elaborada con demasiada premura.
El señor Ministro dijo en su intervención en el Congreso, que la ley era
producto de un pacto adquirido en el debate de investidura, pacto al que
tienen, evidentemente, derecho. Pero tenían que haber dilatado en el
tiempo
ese compromiso y sacar una ley que contemplara los mecanismos de
solidaridad de las distintas Comunidades Autónomas porque, según los
artículos que hablan de la solidaridad entre autonomías, las Comunidades
Autónomas no tienen participación en los nuevos entes que se crean ni en
los que ya estaban.
Si queremos realmente hacer una ley en la que las Comunidades Autónomas
tengan competencias, lo que no puede pasar --y se lo recuerdo a los que
hayan pactado con el Partido Popular-- es que los representantes de los
grupos nacionalistas que han aprobado esto, simplemente porque las
Comunidades Autónomas nombren al Presidente de la autoridad portuaria
--entraremos después a hablar de eso-- se queden conformes cuando lo
realmente importante es que en los órganos rectores de Puertos del Estado
estén presentes las Comunidades Autónomas. De nada sirve que la Comunidad
Autónoma nombre al Presidente de Puertos del Estado, que tiene que ser
publicado, mediante una orden del Ministro, en el «Boletín Oficial», si
no están representadas todas las Comunidades Autónomas en los órganos de
gestión de Puertos del Estado. La enmienda que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista va en ese sentido.
Nosotros entendemos que esta ley va a contribuir a crear confusión. Hay
poca claridad en la gestión, hay poca claridad en la exigencia de
responsabilidades en la toma de decisiones. En resumen, va a ser muy
difícil que esta ley ayude en la coordinación de los puertos de interés
general.
Con nuestras enmiendas hemos intentado aclarar --en ese sentido van
nuestras enmiendas y, como decía antes, se han visto en Comisión y en
Ponencia-- confusiones que todavía nadie ha aceptado. Por ejemplo, me
gustaría poner de manifiesto a quién corresponde la gestión. En la ley
que ustedes presentan se dice que las autoridades portuarias y Puertos
del Estado. Pero existe una grave contradicción, ya que al ser las
Comunidades Autónomas las que realizan los nombramientos de los
presidentes y de la mayoría de los vocales, ¿a quién vamos a pedir
responsabilidades? ¿A los gobiernos autonómicos a través de los
parlamentarios autonómicos o al Gobierno del Estado a través de los
Senadores y Diputados, miembros de las Cortes Generales? ¿Qué interés
tienen ustedes en hacer tan oscuro, y es un asunto al que le venimos
dando vuelta, el control de la gestión?
Esta situación la denominé en la Comisión y la denomino ahora la
ceremonia de la confusión. Y vuelvo a repetir lo que decía antes, y es
que se daba respuesta a unos pactos de gobernabilidad, a unos pactos
después de las elecciones y perdónenme que les diga a los señores que han
pactado que les han engañado. Y les han engañado por una razón muy
sencilla, y se la decía antes, porque donde realmente está la
coordinación de los puertos de interés general, donde realmente se debate
lo que interesa a todos los puertos de interés general de España --pero
no solamente para los puertos de interés general, sino para todas las
Comunidades-- es a nivel del Estado. Díganme ustedes a mí si a
Extremadura, por ejemplo, aunque no tenga puerto de interés general, no
le interesa saber qué va a pasar con los puertos por donde entra la
mercancía.
Por eso digo que me da la impresión que con esta ley, que es
insuficiente, han pretendido tapar la boca a unas demandas legítimas de
mayor participación de las autonomías en los órganos de gestión de los
puertos y les han dejado sólo con el caramelo en la boca, el caramelo del
nombramiento de los presidentes de la Autoridad Portuaria.
Por último, entendemos que en esta ley se duplican organimos, consejos y
comités. El Consejo Consultivo de Puertos del Estado, ¿para qué? El
Comité para Distribuir el Fondo de Contribución, ¿para qué? Si ya existe
el Consejo Rector del Puerto del Estado, ¿para qué quieren duplicar este
tipo de organismos?
El Partido Popular dice que quieren mayores competencias, que van a
darles mayores competencias. Ustedes dirán que estoy empeñada con lo de
las competencias, pero es necesario ahondar en una ley que no da
competencias, en una ley que tiene rasgos --vuelvo a repetir-- de
inconstitucionalidad. Ya se dirá. Cuando dijimos que era mejor tramitar
este proyecto de ley mediante ley orgánica, la ley de puertos, se nos
dijo que éramos alarmistas. Los informes de los letrados de las Cortes
Generales nos han dado la razón. Para que esta ley sea efectiva hay que
tramitarla mediante ley orgánica.
Como decía, hemos presentado una serie de enmiendas, con las que hemos
intentado clarificar algunas cuestiones y hacérselas ver al resto de los
Senadores y Diputados --en este caso de Senadores-- y a los Senadores de
los grupos nacionalistas que demandaban mayores compentencias, las mismas
que demanda el Grupo Parlamentario Socialista para las Comunidades
Autónomas. Pero como les decía antes, es importante la participación de
las Comunidades Autónomas en los órganos del Estado.
Para acabar, hay un asunto de vital importancia que recoge esta ley que
es preocupante, y me refiero --y tenemos una enmienda presentada en ese
sentido-- al uso hotelero y a las concesiones. Nos oponemos a los usos
hoteleros porque consideramos que es un uso claramente privado de unas
instalaciones públicas que impide el libre acceso de los ciudadanos a
unos ámbitos que tienen que ser de uso general y abierto.
Por eso, señorías, nuestras enmiendas sólo pretenden --y espero haberlo
hecho comprender-- que contemos con un sistema portuario estatal
coherente, que defienda los intereses de cada uno de los puertos, pero
que no se olvide del papel de ellos en su conjunto, con una participación
real y efectiva de las Comunidades Autónomas y, como decía antes, de los
cabildos y consejos insulares de Canarias y Baleares --si no lo decía
antes, lo digo ahora--. Y hay una enmienda que es verdad que el Partido
Popular aceptó en la fase de Ponencia con referencia a la representación
de los cabildos y los consejos insulares en los Consejos de
Administración de los puertos, pero con un objetivo claro: la defensa del
interés general como prioridad.
Nada más, señorías, muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Pérez Schwartz.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Ortiz.
El señor ORTIZ CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señorías, al dividir el debate de las enmiendas de votos particulares,
hemos intentado agrupar en un bloque las enmiendas que afectaban a
apartados de contenido organizativo, de responsabilidades, de gestión, y
en un segundo bloque la parte de contenido financiero, económico, que
permite dar una visión clara de dos aspectos importantes del contenido de
la ley. El hecho de dividir el debate en dos bloques supone que existen
enmiendas, que existe articulado capaz de generar esa inquietud respecto
de los temas organizativos, participativos, de gestión y de
funcionamiento y, a su vez, aquellos temas de contenido financiero,
económico, que permiten optimizar el resultado económico de la
funcionalidad que se le quiere dar, con un espíritu claro de exigencias
de unidad de criterio económico y de rentabilidad económica, manteniendo
la coordinación portuaria a nivel estatal.
En esa línea es en la que el Grupo Parlamentario Popular valora muy
positivamente las enmiendas aportadas por cada uno de los grupos
presentes en esta Cámara. No es que no considere oportuno ir dando
nuestra opinión enmienda por enmienda con respecto a las aportaciones que
se han querido hacer durante el proceso de trámite en esta Cámara, sino
que lo voy a hacer con algunas, voy a empezar por aquéllas que hemos ya
consensuado, y sobre todo voy a plantear cuál va a ser la posición del
Grupo Parlamentario Popular con respecto a aquellas enmiendas que en
estos momentos quedan vigentes en esta Cámara.
Es cierto --y quiero anunciarlo, señor Presidente, nada más empezar mi
intervención-- que hemos llegado al consenso, en Ponencia y en Comisión,
de cuatro enmiendas transaccionales que han mejorado sensiblemente el
texto de la ley. La última es la que se presenta en el día de hoy,
firmada por cuatro grupos parlamentarios, que hace referencia a la
enmienda número 80, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, y a la del Senador Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario
Mixto, al proyecto de ley que nos ocupa.
Ha habido otras aportaciones transaccionales a lo largo del debate en
Ponencia y en Comisión. Es evidente, pues, que se ha avanzado pero quedan
enmiendas que los portavoces de los distintos grupos han defendido en
estos momentos y sobre las que, lógicamente, tenemos que dar nuestra
opinión.
Con respecto al voto particular número 5, de los señores Nieto Cicuéndez
y Román Clemente, hemos analizado las enmiendas números 59 a 67 y hemos
visto que algunas de ellas intentan aportar algo nuevo, y es un criterio
distinto en cuanto al léxico utilizado para conceptos bastante similares.
Respecto a la representación sindical, lógicamente, se ha entrado más en
detalle y se ha hablado incluso de los de los diferentes sindicatos, de
su representación y de lo importantes que son. Nosotros entendemos que en
el texto de la ley está el articulado en el que se habla de la
representación sindical en paridad con la representación de asociaciones
empresariales que están ubicadas con intereses portuarios. No está
excluido para nada, el marco legal existe, y viniendo la enmienda del
Grupo de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, creo que deben
puntualizar más. Nos halaga oírlo, pero pensamos que no es necesario
entrar en ese tipo de detalle en el articulado a través de las enmiendas
que sugieren sus señorías.
Respecto de la enmienda número 59, que hace referencia a una mayor
participación de las Comunidades Autónomas, la designación de los órganos
de gobierno de las autonomías portuarias debe entenderse en principio
como un marco que permita a la Administración actuar en consecuencia, no
más allá. Es decir, habrán de ser las Comunidades Autónomas las que
determinen el modo de designar dichos órganos y no hay por qué entrar a
definirlos en el articulado de la ley.
En cuanto a la Administración marítima, pasa algo parecido. Son mejoras
que no se pueden aceptar en estos momentos,porque, aun considerándolas
como tales, también entendemos que no aportan nada distinto o sustancial
respecto de lo que ya contempla el articulado. Es cierto que en ningún
caso podemos prescindir del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en
este tipo de representación --concretamente en el artículo 7--, porque
este Departamento ostenta la competencia estatal sobre los servicios
públicos de estiba y desestiba y no hay manera de intentar eludir que se
hable del citado Ministerio. Y así sucede con el resto de las enmiendas
abordadas y aportadas por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente,
no pudiendo aceptarlas en estos momentos por los motivos expuestos.
Por lo que hace al voto particular número 4, del Grupo Parlamentario
Mixto, he entendido que en la parte correspondiente a las enmiendas
números 1 a 19 las aportaciones son significativas en cuanto a interés y
análisis del contenido de la ley. No considero relevante entrar en el
debate de si se debe utilizar la palabra «eficacia» o «eficiencia».
Nosotros pensamos que son términos prácticamente sinónimos; eso demuestra
hasta qué punto se ha querido afinar en el contenido del texto de la ley.
Entendemos que no hay por qué cambiarlo en estos momentos, aunque
valoramos que se haya utilizado la lupa a la hora de mirar el contenido
de este tipo de léxicos.
Igualmente, en la enmienda número 3, se pretenden sustituir
«competencias» por los llamados «objetivos generales». Es un término
técnico que creemos que en estos momentos no es necesario introducir y,
en consecuencia, nos parece adecuado mantener el texto actual.
Por ejemplo, dentro del bloque que estamos debatiendo, en la enmienda
número 7, el concepto que se propone ya fue debatido e introducido en el
Congreso de los Diputados y fue objeto de enmienda y modificación
pertinentes. Por lo tanto, pensamos que en el contexto del Senado no
tiene sentido contemplarla.
Estas son las enmiendas más significativas de ese Grupo que me permito
comentar, en cuanto a su valoración, en nombre de nuestro Grupo
Parlamentario.
La enmienda número 12, al artículo 40.2, dice que los representantes
«serán designados en representación de las instituciones competentes...».
La enmienda que se presenta no supone ninguna mejora al texto contenido
en la ley y, por lo tanto, creemos que tampoco procede admitirla en esa
voluntariosa mejora técnica, que respetamos, pero que en estos momentos
no se puede aceptar.
Lo mismo sucede con la enmienda número 13, que, por las mismas razones
expuestas para la enmienda número 10, tampoco se puede aceptar, aunque
entendemos cuál ha sido la inquietud a la hora de incluirlas en su texto.
Con respecto a las enmiendas del voto particular número 2, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y las números 76 a 78 del
Senador Ríos Pérez, entendemos que, concretamente, la enmienda número 76
no aporta nada sustantivo en el texto y tampoco supone ninguna mejora
técnica. Se refiere el proyecto de ley a las estrategias y criterios que
están ya perfectamente debatidos y plasmados en el texto del Congreso y
que llevan implícito el carácter general al que se refiere la enmienda.
Por lo tanto, por nuestra parte no procede aceptar dicha enmienda.
En cuanto a la enmienda número 77, que propone la sustitución del vocablo
«proponer» por el de «establecer», este cambio de léxico no tiene la
mayor importancia, pero para nosotros no es exactamente lo mismo, pues,
en este caso concreto de la enmienda número 77, al hablar de la estiba y
desestiba de buques, se trata de un servicio público esencial de
titularidad estatal, no de las Comunidades Autónomas, y por este motivo
no corresponde aceptar dicha enmienda.
Respecto a la enmienda número 78, que hace referencia al perfil del
director, creo que queda muy claro en el texto de la ley que cuando se
define esta figura se habla de personas con titulación superior y
reconocida experiencia en técnicas y gestión portuaria, que es
prácticamente lo mismo que decir «con un perfil adecuado a la gestión»,
que nunca está garantizado si no se constata que previamente tiene la
titulación y la especialidad, aunque luego lo tiene que demostrar. En
fin, son enmiendas voluntariosas que realmente intentan mejorar el texto,
que hemos contemplado, pero no podemos aceptar.
En cuanto al voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, que corresponde a las enmiendas números
81, 82 y 87, sucede algo parecido. Respecto a la enmienda número 81,
cualquier actividad comercial o industrial que exista en un puerto
relacionadas con un tráfico marítimo o portuario debe estar relacionada a
su vez con la actividad vinculada a la explotación portuaria y, por
tanto, el inciso propuesto en la enmienda resulta innecesario. El formato
de actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico
marítimo o portuario está incluido dentro de la práctica de sociedades
mercantiles que, en este caso, según nuestra opinión, resulta innecesario
mencionar porque, de lo contrario, estaría amparando actividades ajenas a
la competencia y funciones de las autoridades portuarias.
En cuanto a la enmienda número 82, es preciso que exista un acuerdo
favorable de los representantes de la Administración General del Estado
en el Consejo de Administración de las autoridades portuarias para que
éstas participen en el capital de sociedades mercantiles. Supone
comprometer recursos de organismos estatales en derechos públicos, lo
cual pensamos que no procede en el contexto y en el espíritu de esta ley.
Respecto a la enmienda número 87, en la que se propone que la entrada en
vigor de esta ley sea al día siguiente al de su publicación, no podemos
aceptarla porque en una ley de esta importancia y de este contenido no
hemos querido aumentar el plazo, y tampoco queremos aceptar que entre en
vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado». Necesitamos un tiempo prudente, que es el que está establecido,
porque para una ley tan importante hace falta un período mínimo para su
puesta en marcha y su aplicación definitiva.
En cuanto a este primer bloque de debate, respecto al voto particular
número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a las
enmiendas números 24 a 46, la señora Pérez Schwartz ha insistido en su
exposición en aspectos de presunta o más que presunta --según sus
palabras-- inconstitucionalidad. Yo le tengo que decir, mi querida
colega, que en realidad nosotros tenemos nuestra información, el Gobierno
tiene su forma de actuar se ha asesorado adecuadamente, tenemos nuestro
criterio, y entendemos que la ley, tal cual está, es perfectamente
constitucional y, en definitiva, si alguien piensa que no lo es, que
actúe en consecuencia, que los trámites están abiertos y las fuentes a
las que hay que acudir también están abiertas. Pero no es un reto, es que
entendemos simplemente que es más importante que la ley salga adelante
tal cual está planificada, con las observaciones y matizaciones que ya se
han incluido, que entrar en debates de otra envergadura, debates que, por
otra parte, nosotros no eludimos. En cualquier caso, en nuestra opinión,
la ley encaja perfectamente tal y como está planificada en el contexto
del articulado por su contenido y, sobre todo, por su propio espíritu.
Hay otros aspectos que ha destacado la Senadora Pérez Schwartz
--lógicamente son muchas las enmiendas que han presentado y que han
requerido la consideración y el estudio por parte de nuestro Grupo--,
aunque la propia Senadora ha evitado entrar a puntualizar cada una de las
enmiendas, agrupándolas perfectamente en tres conceptos fundamentales.
Uno de los conceptos que ha mencionado se refería a crear presuntamente
confusión con la ley y otro se refería a lo que ocurre con aquellas
Comunidades Autónomas que no tienen puerto.
Pues bien, partiendo de ese conjunto de enmiendas que ha presentado su
Grupo y sobre las que la señora Senadora ha hecho tres matizaciones que
me han parecido importantes, voy a seguir haciendo mención a eso de crear
confusión.
Realmente yo no entiendo cómo se puede sacar la conclusión de que el
articulado, la organización, las responsabilidades, las atribuciones y la
forma de gestión pueden inducir a confusión. Tal vez sí, pero lo veremos
cuando esté en funcionamiento la ley. Con una voluntad de coordinación
por parte de todos los órganos pertinentes creados institucionalmente
para que esto funcione, si es que todo eso está suficientemente
estructurado dentro del contexto de la ley --nosotros así lo creemos--,
tanto el Consejo de Administración como la figura del Presidente o la
posición del Ente Puertos del Estado, es evidente que aquellas
Comunidades Autónomas o aquellas provincias que no tienen puertos por no
tener mar querrán saber cómo funcionan los puertos del Estado, y se les
podrá informar, de igual modo que en las provincias que no tienen
aeropuertos, a través de sus representantes de los distintos grupos
políticos querrán tener información en cualquier momento sobre lo que
pasa con la política aérea de nuestro país. Es evidente que todos los
Senadores y todas las Senadoras estamos a disposición para dar
explicaciones allá donde se nos llame sobre aquellos temas que puedan
correspondernos. Eso es evidente.
Por tanto, esa confusión no la veo por ningún lado. Hay unos órganos de
control, unos órganos de gestión, unos artículos sobre toma de
decisiones, una distribución de la responsabilidad y de la
representatividad de las distintas instituciones y asociaciones
perfectamente delimitadas, y si hay algo que no está suficientemente
aclarado, precisamente la autonomía de gestión portuaria, vía las
Comunidades Autónomas y la del presente articulado, serán capaces de ir
supliendo todas aquellas lagunas que puedan aparecer, pero que en estos
momentos yo no veo.
Respecto a que la transparencia no existe, he de decir que la
transparencia existe en el contexto de esta ley y existe en la voluntad
del Grupo Parlamentario Popular, además de que existe por parte del
Gobierno el deseo de clarificar. No dude su señoría que, en cualquier
caso, tanto en esta ley que ahora nos afecta como en cualquier otra o en
cualquier otro tipo de iniciativa parlamentaria el Gobierno y el Grupo
Parlamentario Popular que lo sustenta tiene como principios básicos la
clarificación, la transparencia y el no crear confusión, sino todo lo
contrario.
Como consecuencia de las enmiendas que hemos analizado en este primer
bloque, hemos propuesto, señor Presidente, la transaccional a la enmienda
número 80) del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y de
Coalición Canaria, del Grupo Mixto, que prácticamente coincide con la
enmienda número 85, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. Por tanto, la enmienda transaccional podría incluir
esas dos enmiendas anteriormente propuestas, las números 80 y 85, Pero
procedimentalmente hemos transaccionado la del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos con la de Coalición Canaria, del Grupo
Mixto, y en esa línea hemos actuado.
Por tanto, vamos a aceptar esa enmienda transaccional, y no así el resto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ortiz.
Abrimos turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo de Convergència i Unió? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la Senadora Pérez Schwartz.
La señora PEREZ SCHWARTZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Senador, o yo no me he explicado, o usted no me ha entendido; una
de dos. Cuando digo que puede haber recurso de inconstitucionalidad, no
estoy dando por sentado que lo vaya a haber.
Sin embargo, voy a recordar algo que pasó cuando el Grupo Socialista dijo
que había que tramitar esta Ley como ley orgánica y el Grupo Popular
afirmó --está reflejado en los «Diarios de Sesiones» del Congreso de los
Diputados-- que eso no era necesario. Hasta que no se pidieron los
informes correspondientes a los servicios jurídicos, tanto del Congreso
como del Senado, en los que los técnicos reconocían que el Grupo
Socialista tenía razón al plantear la necesidad de tramitarla como ley
orgánica, ustedes dijeron que estaban muy bien asesorados. He leído
dichos «Diarios de Sesiones» y, al igual que usted ha dicho sobre el tema
del recurso de inconstitucionalidad, sus palabras eran, insisto, que
estaban muy bien asesorados y que no era necesario que fuera una ley
orgánica.
Por tanto, les recomiendo que hagan alguna sugerencia a sus asesores,
porque, si nosotros pedimos que se trámite como ley orgánica,
posteriormente, los letrados nos dan la razón, y sus equipos técnicos le
dicen que no es así, algo está fallando.
En cuanto a las Comunidades Autónomas que no tienen puertos, usted sabe
--y no creo que haga falta que se lo explique-- que el «hinterland» de
los puertos no es sólo de la Comunidad Autónoma o de la ciudad donde
éstos se encuentran ubicados, sino del conjunto de las mercancías que
están destinadas a otras Comunidades Autónomas o pueblos. Luego,
lógicamente, no sólo hay que informar a las Comunidades Autónomas que
tienen puertos, sino también a las que no los tienen, porque el contenido
central de la enmienda es que haya una representación, tanto en la Junta
Rectora de Puertos del Estado, como en el resto de los organismos de
nueva creación, de todas las Comunidades Autónomas. ¿Por qué? Porque no
sólo se informa a las Comunidades Autónomas, sino que éstas tienen que
participar de la gestión de los puertos.
Por último, usted sabe que cuando no queda perfectamente claro a quién
corresponde la gestión real, ante quién se da cuenta de lo que se está
haciendo, y quién establece realmente los objetivos, se produce una
confusión en la gestión de los puertos de interés general.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Pérez Schwartz.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Ortiz.
El señor ORTIZ CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señora Senadora, no puedo entender cómo del articulado de la ley, de su
exposición de motivos, y de lo debatido hasta ahora en este bloque, se
pude extraer la conclusión de que no existe transparencia y sí, en
cambio, confusión.
Realmente, existe un proceso de designación; un proceso de cuantificación
de representantes; un proceso de toma de decisiones; un proceso de
responsabilidades, y un proceso de dación de cuentas respecto de las
gestiones, inversiones, e incluso de las autorizaciones previas, cuando
de eso se trate. Es decir, que existe un procedimiento perfectamente
estructurado y coherente para saber a quién se puede hacer sugerencias, a
quién pedir explicaciones y quién tiene que dar cuenta de la gestión a
todos los niveles: de uso y para inversiones posibles en los distintos
puertos.
Como digo, no entiendo cómo no se pueden sacar esas conclusiones, puesto
que el texto es lo suficientemente claro respecto de los organismos que
se crean, cómo están compuestos, qué responsabilidad tienen, a quién
tienen que dar cuentas, y de quién dependen.
Creo que a estas horas todos tenemos un poco de confusión, pero ésta no
existe en el articulado y en el texto, que son perfectamente claros.
Cuando esta ley entre en vigor, se darán cuenta de que es totalmente
eficaz.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ortiz.
¿Pasamos a votar las enmiendas de este bloque o prefieren al final?
(Pausa.)
Votamos, por tanto, al final.
En cuanto al siguiente bloque, me consta que están defendidos los votos
particulares del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a las
enmiendas números 20 y 21, y las enmiendas números 79 y 80, pero tengo
duda sobre las enmiendas números 68 a 75 (Pausa.)
Están defendidas por los señores Román Clemente y Nieto Cicuéndez.
También tengo duda sobre el voto particular número 3, del Grupo
Parlamentario Mixto, enmiendas números 88 y 89. (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda número 88 pretende modificar la disposición adicional
decimotercera de la Ley 27/1992, que actualmente estamos debatiendo.
Esta disposición adicional no se había visto afectada en este proyecto de
ley y se refiere concretamente al régimen de estiba y desestiba de buques
que, al mismo tiempo, modifica, sustancialmente el Real Decreto-Ley
2/1986, en relación con las misiones de los diferentes tipos de trabajo y
sus condiciones laborales.
En su punto 3 dice: El Gobierno, teniendo en cuenta las circunstancias
económicas concretas en las que se desarrolla el servicio público de
estiba en cada puerto y su repercusión negativa sobre cada uno de los
sectores económicos afectados por dicho servicio, podrá suspender
temporalmente la aplicación de cualquiera de las previsiones contenidas
en el Real Decreto-Ley 2/1986, mientras que se mantengan las
circunstancias y condiciones que justificaron dicha suspensión, con
objeto de garantizar una adecuada ordenación de la actividad económica en
el sector afectado.
Pues bien, la enmienda solamente añade que el Gobierno, para suspender
temporalmente, debe haber oído al Consejo Consultivo de Puertos del
Estado y las organizaciones empresariales, sindicales y sectores
económicos con relevancia en el ámbito portuario.
Creemos que esta audiencia a dicho Consejo aumenta la cobertura
democrática de la autoridad portuaria en bien de todos, de las empresas,
particulares, trabajadores de estiba y desestiba y de la propia gestión
de Puertos del Estado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos Pérez.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Queda por defender la enmienda número 89.
El señor PRESIDENTE: Al no haber sido defendida la enmienda número 89,
tiene la palabra el Senador Padrón, por tiempo de dos minutos a su favor,
porque entre los dos eran tres.
El señor PADRON RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Territorial de Senadores Nacionalistas Canarios ha
interpuesto una única enmienda a este proyecto de ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante.
Se trata de una enmienda de adición, que afecta al apartado 33 bis) y a
través de la cual se intenta crear una nueva disposición adicional
duodécima quáter, que garantice la presencia en la autoridad portuaria
correspondiente --y lo remarco-- de todos y cada uno de los cabildos que
cuenten con puertos de interés general del Estado.
En conjunto, entendemos que la nueva ley de puertos será un buen
instrumento que refuerce la autonomía funcional y de gestión de las
autoridades portuarias, pero en el caso de la Comunidad Autónoma Canaria
la nueva norma resulta claramente incompleta, ya que no se garantiza la
presencia de todos y cada uno de los cabildos en los Consejos de
Administración de las dos autoridades portuarias canarias.
El funcionamiento y gestión de un puerto afecta de manera directa e
indiscutible al desarrollo del municipio en cuyo término está localizada
el área de servicio del
puerto. En el caso de una isla esta incidencia se amplía, también
indiscutiblemente, desde nuestro punto de vista, a la totalidad de su
territorio y, consecuentemente, la importancia del puerto se multiplica,
influenciada por las peculiaridades que un territorio rodeado por mar
ofrece.
Por tanto, se hace imprescindible que los cabildos, órganos de Gobierno,
Administración y representación de cada isla e instituciones de la
Comunidad Autónoma formen parte activa a través de un vocal en la
autoridad portuaria correspondiente.
Por otra parte, el hecho de que cada cabildo, dentro de la representación
que corresponde a la Comunidad Autónoma, forme parte de los órganos de
decisión de la autoridad portuaria, no resta representación a dicha
Comunidad Autónoma, ya que los organismos insulares no son otra cosa que
una institución autonómica.
En resumen, señor Presidente, lo que se obtendría de la incorporación de
esta enmienda al texto definitivo, no sería otra cosa que una información
y una opinión más concreta, cercana y global de la realidad puerto-isla,
vinculada por la entidad que a nuestro entender, le corresponde, que no
es otra que el Cabildo Insular. Como ejemplo ilustrativo, se puede
exponer que en este mismo proyecto de ley se citan textualmente el Puerto
de La Estaca y el Puerto del Timirijaque como puertos de interés general
del Estado ubicados en la Isla de Hierro, con la gran salvedad, desde mi
punto de vista, de que el Puerto del Timirijaque no existe, existe sólo
un proyecto que fue iniciado hace unos años por el anterior Ente Público
Puertos del Estado, y que está siendo seriamente cuestionado por la
actual autoridad portuaria provincial, ya que los nuevos servicios
técnicos no lo consideran viable en ese lugar.
El proyecto, señor Presidente, fue diseñado con prisas y siempre tuvimos
la duda, duda razonable por otra parte, de que no sería el Timirijaque un
buen lugar para la construcción del puerto que la isla necesita de manera
imperiosa. El deseo del Cabildo Insular de conocer detalles relativos al
proyecto, siempre obtuvo la callada por respuesta y, actualmente, hemos
conseguido incluir el nombre de un puerto que no existe en la lista de
puertos de interés general del Estado en el proyecto de ley que
actualmente debatimos.
Señor Presidente, señorías, llegará el año 2000, llegará el siglo XXI y
la Isla de El Hierro continuará sufriendo las deficiencias de La Estaca
por el simple hecho de no contar la autoridad portuaria de Santa Cruz de
Tenerife con la opinión del Cabildo Insular de la Isla del Meridiano en
su Consejo de Administración. Ahora solamente nos queda esperar que sea
el capricho y no la ley el que permita que las islas periféricas se
comuniquen con el resto del mundo a través del mar y, sobre todo,
contando con un puerto, el de Timirijaque que no existe.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE : Gracias, Senador Padrón.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió,
que corresponde a las enmiendas números 83 y 85.
Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
En este acto retiramos la enmienda número 85, toda vez que se refiere a
las funciones de los consignatarios y a sus responsabilidades y existe
una transaccional, que está relacionada con ésta. Por tanto, solicitamos
sea retirada la número 85.
En cuanto a la enmienda número 83, al apartado 22 que se refiere a que la
autoridad portuaria podrá acordar, previo informe favorable de Puertos
del Estado, la prórroga de aquellas concesiones cuyo plazo inicial sea de
25 a 30 años y cuyo objeto se encuentre directamente vinculado con la
explotación portuaria, proponemos la supresión de la palabra favorable.
Es decir, que exista el informe de Puertos del Estado, pero que no sea
imprescindible que sea favorable para la concesión de dicha prórroga.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.
Transcurridas cinco horas desde la iniciación del Pleno y de acuerdo con
el artículo 77 del Reglamento, solicito autorización de la Cámara para
continuar el Pleno. (Pausa.) Muchas gracias.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, que
corresponde a las enmiendas números 47 a 53, ambas inclusive; 55 y 56.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
En este bloque de enmiendas, que van fundamentalmente destinadas a
mejorar los aspectos de este proyecto de ley relativos a las tarifas y a
la financiación portuaria, vamos a defender fundamentalmente aquellas que
considero de mayor relevancia.
En primer lugar, las relativas al artículo 46, en el que el texto del
Gobierno pretende que las aportaciones de las autoridades portuarias para
cubrir las inversiones que se realizan a través de Puertos del Estado se
calculen con un tope máximo del 5 por ciento de los ingresos del conjunto
de los puertos de interés general durante el ejercicio anterior. Nosotros
entendemos que esa contribución no sería equitativa y para que la
distribución lo sea proponemos que, en lugar de hablar de un tope máximo
del 5 por ciento, las aportaciones se calculen como la diferencia entre
las cantidades que la autoridad portuaria ha aportado al Fondo de
Contribución restándole las que recibe del Fondo. Entendemos que así las
aportaciones y las cargas serán distribuidas con equidad.
En cuanto a la enmienda relativa al artículo 46, en el que se crea en el
texto del Gobierno un nuevo órgano para distribuir el Fondo de
Contribución entendemos que este Comité de Distribución es innecesario y
que esa distribución del Fondo con destino a las inversiones la debe
hacer un órgano ajeno a quien luego va a disfrutarlo y, por tanto, debe
hacerlo el Consejo Rector de Puertos del Estado a propuesta de su
Presidente y previa comprobación de que la gestión de la política
tarifaria que están aplicando las respectivas autoridades portuarias que
reciben las aportaciones se adecue a los principios de competencia
leal y de cumplimiento de objetivos de autofinanciación del sistema
portuario.
En la enmienda número 49, del artículo 54, proponemos la supresión del
punto que con carácter excepcional prórroga de 25 a 30 años las
concesiones, porque entendemos que esta prórroga no asegura con
suficiencia esas cautelas de los posibles riesgos que el uso abusivo de
esa prórroga pueda suponer a los puertos de interés general.
En el mismo orden va la enmienda número 50 al artículo 55, en la que
también, con carácter excepcional, se autorizan instalaciones hoteleras
en aquellos espacios destinados a instalaciones portuarias en las que se
realicen actividades complementarias. Tampoco entendemos --y por eso
pedimos la supresión-- que no existan las cautelas suficientes para
evitar el uso abusivo de esas instalaciones.
Tenemos dos enmiendas presentadas al artículo 70, las números 52 y 53. En
la primera pretendemos incrementar la garantía de equidad tarifaria,
añadiendo para ello, entre las exigencias que las autoridades portuarias
hacen por los servicios portuarios que se les prestan en el pago de las
tarifas, un añadido más, y es que no puedan hacer rebajas económicamente
injustificadas.
En la enmienda número 53, también al artículo 70, para garantizar la
inexistencia de lo que podríamos llamar subvenciones encubiertas, además
de que el Ministerio de Fomento defina lo que son los supuestos de la
estructura tarifaria, entendemos --y así lo recoge nuestra enmienda-- que
debemos incluir valores mínimos que garanticen la exigible
autofinanciación y, por tanto, la autosuficiencia financiera y también un
valor máximo para que se eviten esas prácticas abusivas que se pueden
hacer con los tráficos cautivos.
La disposición transitoria tercera, a la que hemos presentado la enmienda
número 55, determina los preceptos relativos a la liberalización de
tarifas y da un carácter de aplicación de las mismas hasta dentro de tres
años para que éstas sean una realidad. Entendemos que con las cautelas
que introducimos en nuestras enmiendas al artículo 70, sería oportuno la
supresión de esta disposición transitoria por coherencia con las mismas.
La enmienda número 56, a la disposición transitoria cuarta, lo que
pretende sustancialmente es algo que hemos de decir que conseguimos en
parte en el Congreso, y es bajar las cuantías de los cánones que estaban
cifradas en el Proyecto de Ley en 40, 80 y 160 pesetas por tonelada.
Creemos que es excesivo y pedimos un coste menor.
Hay una enmienda que para nosotros es muy importante --y con esto
termino, señorías--, la número 57, a la Disposición Final nueva.
Entendemos que ya que el Gobierno no ha abordado la definición de los que
son realmente los puertos de interés general del Estado, es decir, no ha
modificado el artículo 5 de la Ley de Puertos de 1992, hoy vigente,
pedimos que en el plazo de seis meses el Gobierno envíe a las Cortes un
Proyecto de Ley que establezca una nueva definición de los puertos de
interés general. Porque con este texto, cuando se apruebe, no vamos a
conocer la relación de puertos de interés general que deben ser
gestionados por la Administración General del Estado, tampoco de aquellos
otros que, por carecer de la calificación de puertos de interés general,
puedan ser transferidos a las Comunidades Autónomas, y entendemos que con
nuestra propuesta seguro que sí mejoraríamos la Ley y tendríamos claro lo
que en todas las intervenciones del Grupo Parlamentario Socialista hemos
denominado como confusión en la Ley.
Por tanto, que se envíe en seis meses ese proyecto que establezca una
nueva definición de puertos de interés general, la que ustedes estimen,
ya que legítimamente su mayoría parlamentaria se lo permite, que
relacionen los puertos que por ser de interés general debe gestionar la
Administración General del Estado, y que se relacionen también aquellos
otros que, por no tener esa calificación, deban transferirse a las
Comunidades Autónomas, eso sí, tras el correspondiente acuerdo con la
Comisión Mixta de Transferencias.
Señorías, creemos que éste sería, como mínimo, si ustedes la aceptasen,
no un gesto de buena voluntad, sino un gesto que pondría realmente de
manifiesto a la Cámara que si quieren tener un modelo propio, un modelo
que defienda a la Administración General del Estado y un modelo que sea
garante de todos los españoles, no un modelo al servicio de las
coyunturas políticas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pleguezuelos.
El Senador Ortiz tiene la palabra para turno en contra.
El señor ORTIZ CLIMENT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, este segundo bloque realmente ha sido visto con más rapidez,
pero no con menos intensidad o menos claridad.
Con respecto a las enmiendas de Coalición Canaria, la número 88, Senador
Ríos, la hemos tenido en cuenta, pero hemos considerado que no se puede
aceptar porque realmente no se pueden limitar las competencias del
Gobierno para suspender temporalmente la aplicación de cualquiera de las
previsiones previstas en el Real Decreto-Ley 2/1986. En cualquier caso,
ello no implica que el Gobierno pueda consultar o pueda, previo oportuno
trámite de audiencia, tomar las decisiones pertinentes.
Por lo tanto, como esto está en la Ley de Procedimiento Administrativo,
consideramos que es innecesario insistir a través, de su enmienda número
88.
Pero quiero aclarar brevemente, después de la explicación de su colega de
Coalición Canaria, referente a la enmienda número 89, lo que pasó en el
Congreso y lo que ha pasado aquí. En el Congreso no se planteó por ningún
grupo parlamentario, incluido el nuestro, la posibilidad o la necesidad
de contemplar la realidad de la insularidad tanto del archipiélago
canario como del archipiélago balear.
En esa línea, en Ponencia y en Comisión introdujimos una enmienda
transaccional al guión cuarto de la enmienda 39 del Grupo Parlamentario
Socialista, que contempla
la peculiaridad de las islas Canarias y del Archipiélago Balear con
representación garantizada respecto a los Cabildos y Consejos Insulares.
Era una preocupación que teníamos y hemos hecho un esfuerzo por
introducirla, y hemos matizado en ella nuestra motivación respecto a la
sensibilidad de los archipiélagos balear y canario. En consecuencia, en
este momento someto a su criterio su retirada o mantenimiento, y vamos a
mantener la enmienda transaccional que, en su momento, primero en
Ponencia y luego en Comisión, aceptamos.
Con respecto a las enmiendas números 20 y 21 del Grupo Mixto, no las
podemos aceptar, a pesar de la defensa que ha sido realizada.
Con respecto a la enmienda número 20, estimamos que la aprobación
definitiva de los programas y presupuestos de las autoridades portuarias
es a las Cortes Generales, como organismo estatal, a quienes corresponde
fijar y aprobar definitivamente esas inversiones.
En relación a la enmienda número 21, la autonomía funcional de gestión de
las autoridades portuarias no se ve contradicha por el mantenimiento de
las garantías previstas por el proyecto de ley. Por lo tanto, estimamos
que el Consejo de Administración de las Autoridades Portuarias es
suficiente para garantizar que esa autonomía quede contemplada.
Con respecto a la enmienda 83 del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, relativa a la supresión del término
«favorable», señor Beguer, me gustaría aceptarla, pero el sentido común
nos dice que el informe tiene que ser favorable y no simplemente
preceptivo. Por lo tanto, por rigor y para el control de las gestiones,
el informe en su momento debe ser favorable y no simplemente preceptivo.
En relación a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, voto
particular número 6, se ha dado un barrido muy rápido a todas ellas.
Cuando se habla de los aspectos económicos y financieros consideramos que
el contenido del texto actual de la Ley es lo más apropiado para el
equilibrio del funcionamiento de la misma. Respecto a los aspectos
relativos a fondos de inversiones y a cómo se van a controlar esas
inversiones, entendemos que en el articulado está lo suficiente claro.
Por otro lado, respecto a la enmienda número 49, relativa a la prórroga
de la concesión, tengo que decir que se exige un informe favorable del
Ente Puertos del Estado. Hace falta un informe favorable; arbitrariamente
no se puede prorrogar. Por lo tanto, el control de la coordinación de las
decisiones importantes, como es ésta de la posible prórroga excepcional,
está garantizado, como corresponde, mediante informe favorable del Ente
Puertos del Estado.
Respecto a la enmienda número 50, la autorización final corresponderá
siempre al Consejo de Ministro, por razones obvias, porque siempre será
un criterio de utilidad pública. En consecuencia, en el contexto actual
de la Ley no vemos necesaria su enmienda.
En cuanto a las números 53, 55 y 57, que aparentemente preocupaban
muchísimo a su señoría, puedo señalar que la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante, en el artículo 5 contempla la definición de puertos de
interés general, al igual que en el apartado 1. Además, prevé el cambio
de calificación de un puerto por alteraciones de las circunstancias
establecidas en el apartado 2. La pérdida de condición de interés general
comporta la transferencia a las Comunidades Autónomas, siempre que éstas
--y ahí está el matiz que nos lleva a no aceptar su enmienda-- hayan
asumido la competencia necesaria, tal como se contempla en el apartado
tres. Por este matiz, consideramos improcedente la aceptación de la
mencionada enmienda.
Señorías, este es nuestro criterio. Por eso, rechazamos sus propuestas y
sus enmiendas. Esta es la aportación final que puedo hacer en nombre del
Grupo Parlamentario Popular. Solamente me resta decirles --aunque,
lógicamente, sé que tienen actitudes políticas definidas-- que cuanto más
consensuada salga la ley, más útil será para todos y que si en algún
momento hay que modificarla, lo haremos con más facilidad.
El Grupo Parlamentario Popular ha hecho un esfuerzo importante y
esperamos de todos los grupos la misma respuesta para intentar consensuar
una ley que nos parece eficaz, real, funcional y buena para todos los
ciudadanos españoles, independientemente de que tengan o no puerto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ortiz.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Padrón.
El señor PADRON RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Senador Ortiz ha pedido mi criterio. Por eso, le he solicitado el uso
de la palabra.
En primer lugar, Senador Ortiz, le aclararé que no intervengo en nombre
de Coalición Canaria, a la que no pertenezco, sino como portavoz del
Grupo Territorial de Senadores Nacionalistas Canarios. Esto lo dije al
inicio de mi intervención.
En otro orden de cosas, le diré que pertenezco a la Agrupación Herreña
Independiente y que junto al Senador del PNC y don Victoriano Ríos
formamos el Grupo territorial. A lo mejor si tuviéramos seis Senadores
formaríamos el Grupo parlamentario. No es el caso.
En segundo lugar, le diré que no tengo ninguna intención de retirar la
enmienda porque, efectivamente, no está introducida. La postura del
Partido Popular es clara y respetable. El Partido Popular no quiere que
todos y cada uno de los cabildos tengan representación en la autoridad
portuaria provincial. Eso se desprende del texto actual de la ley.
La postura del Grupo Territorial de Senadores Nacionalistas Canarios se
centra en que todos y cada uno de los cabildos --se lo propuse antes del
debate-- tengan representación. La isla de El Hierro compartía, hace unos
años o unas Legislaturas, Senador con la isla de La Gomera. Ahora tiene
derecho a un Senador, pero no tiene
derecho a un vocal en el Consejo de Administración de la autoridad
portuaria provincial.
Si la postura del Partido Socialista, que se verá en la votación, es la
misma, yo tendré que adelantarme y decir que lo que ocurre es que en los
partidos de corte nacional sigue habiendo una distancia absolutamente
grande, que supera esos 2.000 kilómetros de mar que nos separan y sigue
sin entenderse cuál es la realidad insular.
Por lo tanto, no sólo no retiraré mi enmienda, sino que si tuviera otro
turno la defendería con muchas más ganas. Además, dentro de su Grupo --lo
que pasa es que el rodillo es el rodillo-- hay Senadores que tienen la
misma opinión que la expresada por este Senador en su turno de
intervención. De todas formas, sigue siendo respetable su postura. Pero
no digan una cosa aquí y otra cosa en Canarias.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Padrón.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Ortiz, he visto que intervenía brevemente en aras de que los que
pudieran tomaran los aviones y los que no la calle.
Es razonable que usted me diga que los contenidos económicos y
financieros que recoge el articulado del texto son los adecuados. De
todas formas, no me ha dado ni una sola argumentación a la serie de
cautelas que le pedían las enmiendas socialistas para garantizar la
autonomía financiera, la autosuficiencia, el principio de solidaridad y,
algo muy importante, que las aportaciones que hagan las autoridades
portuarias sean, al final, equilibradas y no arbitrarias con ese 5 por
ciento.
Respecto a nuestra enmienda número 57, en la que pedíamos que en el plazo
de seis meses se trajese un proyecto de ley, he sido yo quien ha dicho
que ustedes no se han atrevido a modificar el artículo 5, que es el que
define cuáles son los criterios y cuáles son los puertos de interés
general. Pero ustedes han modificado esta ley, y la han modificado tanto
que ahora no queda claro el papel de la Administración General del Estado
en los puertos de interés general, ni cómo se van a transferir los
puertos que no son de interés general.
Yo no lo puedo entender y, por tanto, me está usted demostrando --y me lo
demuestran también los grupos nacionalistas que le apoyan-- que su
proyecto al final es menos autonomista que el mío. Yo le pido que cuando
se vayan a transferir a las Comunidades Autónomas esos puertos que no
tienen la calificación de interés general, que se reúna la Comisión Mixta
de Transferencias que ustedes no quieren hacer.
Senador Padrón, lo siento mucho. Yo comparto con usted la realidad de la
insularidad y fíjese si la compartimos que el Grupo Parlamentario
Socialista fue el único que en el Senado recogió rápidamente esta
enmienda conjuntamente con ustedes. Yo entiendo que quizás ustedes tengan
miedo de que luego la puesta en escena final no responda a que estén
todos los cabildos, lo que le aseguro es que el texto de la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista iba en el sentido de que tuvieran
representación todos los Cabildos de cada uno de los puertos y los
Consejos Insulares. Lo recogimos así. Cuando se habla de transferencias a
las Comunidades Autónomas no se dice a todas y cada una de las
Comunidades Autónomas. Por tanto, creo --y me van a permitir, para que
vean la buena voluntad que tiene el Grupo Parlamentario Socialista-- que
en la aplicación de esto el Gobierno Popular, y Coalición Canaria donde
le apoya, van a ser coherentes y van a representar a todos los cabildos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Pleguezuelos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Ortiz.
El señor ORTIZ CLIMENT: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Quiero decir al señor Padrón que lamento haberle
confundido. No obstante, usted forma parte del grupo territorial de
Senadores canarios. Lamento haberle confundido y le pido disculpas.
Por otro lado, su matización ha servido para hacer una declaración, a mi
modo de ver, fuera de contexto. Usted puede hacer las declaraciones que
crea oportunas, pero yo lo he interpretado así. Primero hace esa
clarificación y después declara que el Partido Popular tiene la intención
de que los cabildos no estén representados. Eso no es verdad. Perdone que
le diga que eso no es verdad, porque el texto que en su momento en
Ponencia y Comisión consensuamos, señor Padrón, no dice eso.
No es verdad de cara a Canarias que el Partido Popular, el Grupo
Parlamentario Popular o el Gobierno no tenga la intención de que los
cabildos y los consejos insulares tengan representación. Queremos que
exista una verdadera participación y representación, en particular en las
islas Baleares y Canarias, donde existen instituciones de rango
autonómico y de rango institucional importantes. El Grupo Parlamentario
Popular, no sólo los Senadores canarios, está de acuerdo en tener la
participación apropiada, digna, eficaz de aquellas instituciones, porque
para eso existen, para eso están, para hacerse escuchar.
En el Congreso de los Diputados no se incluyó en su día la enmienda
transaccional número 4 a la 39 del Grupo Parlamentario Socialista, que
dice exactamente --y me va a permitir que lo lea-- que en Canarias y
Baleares se deberá garantizar la representación de los Cabildos y
Consejos Insulares --en plural--, en los consejos de administración de
las autoridades portuarias dentro del porcentaje de representación que
corresponde a las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 40.2 de la ley.
Existe el marco legal para esa representación, para esa participación. En
consecuencia, ustedes democráticamente con arreglo a esta ley pueden
conseguir --y estoy convencido de que lo van a hacer-- un acuerdo de
cooperación, coherente entre esos 15-22 representantes que puede haber en
un consejo, para que con buena armonía ustedes estén perfectamente
informados de todo lo que pasa en los entes portuarios autónomos de las
islas Canarias y de las islas Baleares.
Con respecto a la intervención de la Senadora Pleguezuelos, para
terminar, tengo que decir que la balanza está más equilibrada en estos
momentos que cuando empezamos a debatir la ley. Eso en cuanto a la ley, y
en cuanto al contexto del equilibrio de solidaridad financiera y de
solidaridad territorial, el tiempo dirá si con las propuestas que plantea
en esta ley el Grupo Parlamentario Popular el equilibrio que buscamos y
deseamos da los resultados previstos, y si no, tenga la seguridad de que
entre todos trataríamos de resolverlo. Pero en estos momentos creemos
firmemente que el criterio de solidaridad territorial y eficacia de
funcionamiento financiero y económico va a ser respetado con arreglo a la
ley y va a dar buenos resultados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ortiz. (El señor Padrón
Rodríguez pide la palabra.)
¿Sí, Senador Padrón?
El señor PADRON RODRIGUEZ: Señor Presidente, desearía hacer uso de la
palabra treinta segundos por el artículo 87.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, tiene treinta segundos.
El señor PADRON RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, vistos los
derroteros a los que ha llegado este debate, y poniendo por delante el
profundo respeto que esta institución y los partidos aquí representados
siempre me han sugerido, desearía decir, para que conste en el «Diario de
Sesiones», que es una pena que tenga que desplazarme desde el lugar más
alejado de este nuestro país, España, para escuchar no un argumento
político, sino una falta de respeto, como es un «no es verdad».
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Padrón.
Terminado el debate, vamos a votar a continuación siguiendo el orden en
que éste se ha producido, es decir, primero las enmiendas que se han
debatido en el bloque número 1, en primer término, las enmiendas del
Grupo Mixto, Izquierda Unida, y en primer lugar las enmiendas números 59,
60, 61 y 62. Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, 76; en contra 117; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 63, 64, 65, 66 y 67.
Se inicia la votación. (La señora De Boneta y Piedra pide la palabra.)
Se anula la votación.
Tiene la palabra la señora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, pedimos votación separada
para la enmienda número 66.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos la enmienda número 66.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, seis; en contra, 116; abstenciones 74.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 63, 64, 65 y 67.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor dos; en contra, 120; abstenciones, 74.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 8, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor siete; en contra, 186; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
de la 1 a la 19 excepto la número 8, que acabamos de votar.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos 196; a
favor, 77; en contra, 115; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
En primer lugar, enmiendas números 76 y 77.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, 11; en contra, 112; abstenciones, 73.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 78.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, 12; en contra, 182; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, números 81, 82 y 87. (El señor Aleu i Jornet pide la
palabra.)
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, solicitamos votación separada
de la enmienda número 87.
El señor PRESIDENTE: Votamos en primer lugar la enmienda número 87.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, 82; en contra, 111; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 81 y 82.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 11; en contra, 183;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 22 a 46, ambas inclusives, que corresponden
al Grupo Parlamentario Socialista, salvo el guión cuatro de la enmienda
número 39 y las enmiendas número 54, 57 y 58.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 74; en contra, 120;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el bloque segundo; en primer lugar, las enmiendas números 68, 69,
70 y 71 correspondientes al Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 196; a favor, cuatro; en contra, 120;
abstenciones, 72.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 72, 73, 74 y 75.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 75; en contra, 119;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 88.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 80; en contra, 115.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 89.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 196; a favor, diez; en contra, 115;
abstenciones, 71.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, concretamente de la
Senadora De Boneta. Primero votamos la enmienda número 20.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 196; a favor, siete; en contra, 187;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 21.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 78; en contra, 116;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 79 que corresponde al Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 12; en contra, 111;
abstenciones, 71.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 83, que corresponde al Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 11; en contra, 182;
abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista
números 47 a 53, ambas inclusive, y las números 55 y 56.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 73; en contra, 119;
abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la enmienda transaccional presentada sobre la enmienda
número 80 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 116; en contra, 71;
abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores.)
Pasamos a votar el texto del dictamen. En primer lugar votamos el
artículo único.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, 119; en contra, 76; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos a continuación las disposiciones transitorias una a cuarta, la
disposición adicional y la exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 120; en contra, 75;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve horas y cincuenta minutos.