Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Senado, Pleno, núm. 60, de 22/10/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1997 VI Legislatura
Núm. 60
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 22 de octubre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De DON AGUSTIN DIAZ DE MERA Y GARCIA CONSUEGRA, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre las iniciativas previstas por el Gobierno
para promocionar entre los jóvenes españoles el futuro modelo profesional
de las Fuerzas Armadas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 312, de fecha 20 de octubre de 1997).
(Número de expediente 680/000354.)
--De DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre las previsiones del Gobierno en orden a exigir, con carácter
inmediato, requisitos especiales a los vehículos destinados al transporte
de bobinas de chapa, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Ordenación de Transportes Terrestres. (Publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 312, de fecha 20 de
octubre de 1997). (Número de expediente 680/000349.)
--De DON JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la posición del Gobierno respecto a la culminación de la denominada
Autovía del Mediterráneo en el tramo comprendido entre Torreguadiaro
(Cádiz) y Estepona (Málaga). (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 312, de fecha 20 de octubre de
1997). (Número de expediente 680/000360.)
--De DOÑA ANA ISABEL OYARZABAL URIARTE, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la valoración del Gobierno respecto a las declaraciones
del Director del Puerto de Pasaia (Guipúzcoa), en relación a que la nueva
Comisión Interinstitucional que sustituye al Programa estratégico de
renovación urbana-bahía de Pasaia va a obligar a que se definan todas las
instituciones. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 312, de fecha 20 de octubre de 1997).
(Número de expediente 680/000361.)
--De DON JOSE CASTRO RABADAN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la opinión del Gobierno respecto a las manifestaciones contrapuestas
realizadas en torno a la candidatura de las ciudades de Valencia,
Salamanca y Barcelona para ser Capital Europea de la Cultura en el año
2001. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie I, número 312, de fecha 20 de octubre de 1997). (Número de
expediente 680/000359.)
--De DON JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las previsiones del Ministerio de Fomento respecto a la
futura gestión, a través de empresas privadas, de las líneas de cercanías
ferroviarias que enlazan la ciudad de Madrid con los municipios del sur y
suroeste. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 312, de fecha 20 de octubre de 1997). (Número de
expediente 680/000358.)
--De DON JOSE LUIS VALLINES DIAZ, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las actuaciones que ha puesto en marcha o tiene previsto
emprender el Ministerio de Sanidad y Consumo, con el objetivo de
incrementar la eficacia en la lucha contra la utilización fraudulenta de
determinadas sustancias para el engorde de la cría de ganado destinada al
consumo humano. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 312, de fecha 20 de octubre de 1997).
(Número de expediente 680/000355.)
--De DON PASCUAL RABAL PETRIZ, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo para solucionar la situación de los médicos especialistas
interinos del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 312,
de fecha 20 de octubre de 1997). (Número de expediente 680/000356.)
--De DON JOAQUIN ESPERT PEREZ-CABALLERO, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las medidas que tiene previsto desarrollar el
Ministerio de Sanidad y Consumo a fin de informar a los consumidores
sobre el alcance y repercusión de la implantación del euro como moneda
única europea. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 312, de fecha 20 de octubre de 1997).
(Número de expediente 680/000357.)
--De DON ENRIQUE ARANCE SOTO, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno para la conclusión de las
obras de la presa de Rules, en la provincia de Granada. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 312,
de fecha 20 de octubre de 1997). (Número de expediente 680/000353.)
--De DON CARLOS ALBERTO GONZALEZ PRINCIPE, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si las críticas formuladas por los apresamientos de
nuestros pesqueros en el caladero marroquí-sahariano son la causa del
cese del Cónsul de España en Agadir (Marruecos). (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 312,
de fecha 20 de octubre de 1997). (Número de expediente 680/000339.)
--De DON JOAQUIM FERRER I ROCA, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre los motivos por los que el Gobierno
se negó a suscribir una declaración anexa al Tratado de Amsterdam, la
cual reafirmaba el principio de subsidiariedad aplicado a las entidades
autonómicas y regionales europeas. (Publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 312, de fecha 20 de
octubre de 1997). (Número de expediente 680/000348.)
--De DON IMANOL BOLINAGA BENGOA, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, sobre las razones que han llevado al Gobierno a no
firmar la Declaración sobre la subsidiariedad anexa al Tratado de
Amsterdam, por la que se reafirmaría el derecho a la participación real
de las Comunidades Autónomas en la toma de decisiones comunitarias y a la
representación directa de sus instituciones. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 312, de fecha
20 de octubre de 1997). (Número de expediente 680/000350.)
--De DOÑA MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la incidencia que tiene en la financiación autonómica
la variación de población de las Comunidades Autónomas. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 312,
de fecha 20 de octubre de 1997). (Número de expediente 680/000362.)
--De DON JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los motivos que han llevado al Gobierno a retrasar la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado (BOE)» del padrón municipal de 1996,
aprobado el pasado 11 de julio en el Consejo de Ministros. (Publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie 1, número
312, de fecha 20 de octubre de 1997). (Número de expediente 680/000363.)
--De DON DIONISIO GARCIA CARNERO, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno poner en funcionamiento un
nuevo juzgado de vigilancia penitenciaria en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 312, de fecha 20 de octubre de 1997).
(Número de expediente 680/000352.)
Segundo
Interpelaciones:
--De DON JOAQUIM FERRER I ROCA, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las prioridades que piensa impulsar
el Gobierno para continuar con el desarrollo económico y social, a partir
de la transformación realizada. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Sellado, Serie I, número 312, de fecha 20 de octubre
de 1997). (Número de expediente 670/000057.)
--De DON LLUIS ARMET I COMA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las perspectivas del sistema de financiación autonómica. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 312,
de fecha 20 de octubre de 1997). (Número de expediente 670/000058.)
Tercero
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
Ley por la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una
reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(procedente del Real Decreto-Ley 5/1997, de 9 de abril). SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 53, de fecha 20 de octubre de
1997). (Número de expediente Senado 621/000053) (Número de expediente
Congreso 121/000057.)
--De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de Ley del
Gobierno. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 44, de fecha 17 de octubre de 1997). (Número de
expediente Senado 621/000044) (Número de expediente Congreso 121/000025.)
--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
II, número 45, de fecha 20 de octubre de 1997). (Número de expediente
Senado 621/000045) (Número de expediente Congreso 121/000012.)
(El debate continúa en el Diario de Sesiones, número 61, del jueves 23 de
octubre de 1997.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
PREGUNTAS (Página 2515)
De don Agustín Díaz de Mera y García Consuegra, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre las iniciativas previstas por el Gobierno
para promocionar entre los jóvenes españoles el futuro modelo profesional
de las Fuerzas Armadas (Página 2515)
El señor Díaz de Mera y García Consuegra formula su pregunta. En nombre
del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Díaz de Mera y García
Consuegra.
De doña Inmaculadada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre las previsiones del Gobierno en orden a exigir, con carácter
inmediato, requisitos especiales a los vehículos destinados al transporte
de bobinas de chapa, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Ordenación de Transportes Terrestres (Página 2517)
La señora De Boneta y Piedra formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora De Boneta y Piedra. En
turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo).
De don José Carracao Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la posición del Gobierno respecto a la culminación de la denominada
Autovía del Mediterráneo en el tramo comprendido entre Torreguadiaro
(Cádiz) y Estepona (Málaga) (Página 2518)
El señor Carracao Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Carracao Gutiérrez. En
turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo).
De doña Ana Isabel Oyarzabal Uriarte, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la valoración del Gobierno respecto a las declaraciones del
Director del Puerto de Pasaia (Guipúzcoa), en relación a que la nueva
Comisión Interinstitucional que sustituye al Programa estratégico de
renovación urbana-bahía de Pasaia va a obligar a que se definan todas las
instituciones (Página 2519)
La señora Oyarzabal Uriarte formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Oyarzabal Uriarte. En
turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo).
De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
opinión del Gobierno respecto a las manifestaciones contrapuestas
realizadas en torno a la candidatura de las ciudades de Valencia,
Salamanca y Barcelona para ser Capital Europea de la Cultura en el año
2001 (Página 2521)
El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Castro
Rabadán. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación y
Cultura (Aguirre y Gil de Biedma).
De don Juan Antonio Barranco Gallardo, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las previsiones del Ministerio de Fomento respecto a la
futura gestión, a través de empresas privadas, de las líneas de cercanías
ferroviarias que enlazan la ciudad de Madrid con los municipios del sur y
suroeste (Página 2522)
Esta pregunta ha sido retirada.
De don José Luis Vallines Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las actuaciones que ha puesto en marcha o tiene previsto
emprender el Ministerio de Sanidad y Consumo, con el objetivo de
incrementar la eficacia en la lucha contra la utilización fraudulenta de
determinadas sustancias para el engorde de la cría de ganado destinada al
consumo humano (Página 2522)
El señor Vallines Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).
De don Pascual Rabal Pétriz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo para solucionar la situación de los médicos especialistas
interinos del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) (Página 2523)
El señor Rabal Pétriz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).
De don Joaquín Espert Pérez-Caballero, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las medidas que tiene previsto desarrollar el Ministerio
de Sanidad y Consumo a fin de informar a los consumidores sobre el
alcance y repercusión de la implantación del euro como moneda única
europea (Página 2524)
El señor Espert Pérez-Caballero formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay
Beccaría). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Espert
Pérez-Caballero.
De don Enrique Arance Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre
las previsiones del Gobierno para la conclusión de las obras de la presa
de Rules, en la provincia de Granada (Página 2526)
El señor Arance Soto formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arance Soto. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino
Biscarolasaga).
De don Carlos Alberto González Príncipe, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si las críticas formuladas por los apresamientos de
nuestros pesqueros en el caladero marroquí-sahariano son la causa del
cese del Cónsul de España en Agadir (Marruecos) (Página 2527)
El señor González Príncipe formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor González Príncipe. En
turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores
(Matutes Juan).
De don Joaquim Ferrer i Roca, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre los motivos por los que el Gobierno
se negó a suscribir una declaración anexa al Tratado de Amsterdam, la
cual reafirmaba el principio de subsidiariedad aplicado a las entidades
autonómicas y regionales europeas (Página 2528)
El señor Ferrer i Roca formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). En turno
de réplica, interviene de nuevo el señor Ferrer i Roca. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan).
De don Imanol Bolinaga Bengoa, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, sobre las razones que han llevado al Gobierno a no
firmar la Declaración sobre la subsidiariedad anexa al Tratado de
Amsterdam, por la que se reafirmaría el derecho a la participación real
de las Comunidades Autónomas en la toma de decisiones comunitarias y a la
representación directa de sus instituciones (Página 2530)
El señor Bolinaga Bengoa formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). En turno
de réplica, interviene de nuevo el señor Bolinaga Bengoa. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan).
De doña María Antonia Martínez García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la incidencia que tiene en la financiación autonómica
la variación de población de las Comunidades Autónomas (Página 2531)
La señora Martínez García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Martínez García. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy
Brey).
De don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los motivos que han llevado al Gobierno a retrasar la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado (BOE)» del padrón municipal de 1996,
aprobado el pasado 11 de julio en el Consejo de Ministros (Página 2533)
El señor Laborda Martín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Laborda Martín. En
turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de la Presidencia
(Alvarez-Cascos Fernández).
De don Dionisio García Carnero, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno poner en funcionamiento un
nuevo juzgado de vigilancia penitenciaria en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Esta pregunta ha sido retirada.
INTERPELACIONES (Página 2534)
De don Joaquim Ferrer i Roca, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las prioridades que piensa impulsar
el Gobierno para
continuar con el desarrollo económico y social, a partir de la
transformación realizada (Página 2534)
El señor Ferrer i Roca realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos
Fernández). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Asimismo lo hace
el señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández). En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por
el Grupo Mixto, y Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; así como la señora Martín i Vigil, por el Grupo
Socialista, y el señor Alierta Izuel, por el Grupo Popular. Cierra el
debate el señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández).
De don Lluís Armet i Coma, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
perspectivas del sistema de financiación autonómica (Página 2547)
El señor Armet i Coma realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy
Brey). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Asimismo lo hace el
señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey). En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el
Grupo Mixto; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y Armet i Coma, por el Grupo Socialista. Cierra el
debate el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey).
Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y veinticinco minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2557)
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
por la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la
base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (procedente del Real
Decreto-Ley 5/1997, de 9 de abril). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (Página 2557)
El señor Soravilla Fernández, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto defiende las enmiendas números
1 a 7. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 24 a 29,
del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Cobo
Fernández defiende las enmiendas números 8 a 23, del Grupo Socialista. El
señor Alierta Izuel consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Cobo Fernández, por el Grupo
Socialista, y Alierta Izuel, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 7, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor,
216 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 6, del Grupo Mixto, por 87 votos a
favor, 133 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 26, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergencia i Unió, por 10 votos a favor, 206 en contra y 5
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 28, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergencia i Unió, por 94 votos a favor, 122 en contra y 5
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 24, 25, 27 y 29, del Grupo Catalán en
el Senado de Convergencia i Unió, por 7 votos a favor, 208 en contra y 6
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 8 a 23, del Grupo Socialista, por 88
votos a favor, 133 en contra y 1 abstención.
Se aprueba una propuesta de modificación, firmada por todos los Grupos
Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba el texto del dictamen, con las modificaciones introducidas,
por 130 votos a favor, 90 en contra y 1 abstención.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de Ley del
Gobierno (Página 2567)
El señor Agramunt Font de Mora, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
El señor Prada Presa consume un turno a favor. No se consume turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De
Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Zubia Atxaerandio, por
el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Rigol i Roig, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Marín Rite, por el Grupo
Socialista, quien en este acto defiende las enmiendas
de su Grupo números 8 a 13, y Prada Presa, por el Grupo Popular.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
2, 3 y 4. La señora De Boneta y Piedra da por defendida la enmienda
número 1, del señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto. El señor Uriarte Zulueta
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Marín Rite, por el Grupo Socialista, y Uriarte
Zulueta, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 2, 3 y 4, del Grupo Mixto, por 2 votos
a favor, 217 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor,
212 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 11 y 13, del Grupo Socialista, por 85
votos a favor, 135 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 8 a 10 y 12, del Grupo Socialista, por
87 votos a favor, 134 en contra y 1 abstención.
Se aprueban los artículos 20, 25 y 26 por 132 votos a favor, 87 en contra
y 3 abstenciones.
Se aprueban los restantes artículos del proyecto de ley por 220 votos a
favor y 2 abstenciones.
Se aprueba la exposición de motivos por 132 votos a favor, 3 en contra y
87 abstenciones.
Se aprueban las disposiciones adicionales primera y segunda, así como la
disposición derogatoria por 218 votos a favor, 1 en contra y 2
abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de
reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
(Página 2576)
La señora Vindel López, Presidenta de la Comisión, presenta el dictamen.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto
número 1. El señor Prada Presa consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Caballero Lasquibar, por
el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, Capdevila i Bas, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergencia i Unió; Galán Pérez, por el Grupo
Socialista, y Prada Presa, por el Grupo Popular. Los señores Galán Pérez
y Prada Presa intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, por 5 votos a
favor, 133 en contra y 85 abstenciones.
Comienza el debate del articulado.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
5, 6 y 7. La señora De Boneta y Piedra da por defendidas las enmiendas
números 1 y 2, rechazando la número 3, en nombre del señor Ríos Pérez,
del Grupo Mixto. El señor Caballero Lasquibar defiende la enmienda número
8, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Capdevila i Bas,
del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, defiende el voto
particular número 4, de vuelta al texto del Congreso de los Diputados,
así como las enmiendas números 32, 33 y 35 de su Grupo Parlamentario. El
señor Galán Pérez defiende el voto particular número 6, de vuelta al
texto del Congreso de los Diputados, así como las enmiendas números 13,
16, 17 en la parte no incorporada al dictamen, 18, 24, 25 y 27 a 29, del
Grupo Socialista. El señor González Pons consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Caballero
Lasquibar, quien retira en este acto la enmienda número 8, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; Galán Pérez, por el Grupo Socialista, y
González Pons, por el Grupo Popular. Los señores Galán Pérez y González
Pons intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se suspende la sesión a las veinte horas y cuarenta minutos.
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
PREGUNTAS:
-- DE DON AGUSTIN DIAZ DE MERA Y GARCIA CONSUEGRA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS INICIATIVAS PREVISTAS POR
EL GOBIERNO PARA PROMOCIONAR ENTRE LOS JOVENES ESPAÑOLES EL FUTURO MODELO
PROFESIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS. (680/000354.)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día, preguntas. En
primer término, la de don Agustín Díaz de Mera y García Consuegra, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las iniciativas previstas
por el Gobierno para promocionar entre los jóvenes españoles el futuro
modelo profesional de las Fuerzas Armadas.
Senador Díaz de Mera, tiene la palabra.
El señor DIAZ DE MERA Y GARCIA CONSUEGRA: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro, señorías, cuando la Ponencia que deriva de la Comisión
Mixta ha concluido su período de comparecencias y está en trámite de
elaborar el informe sobre profesionalización --lo diré así para
resumir--, señor Ministro, no es coincidencia, sino que es algo
premeditado, felizmente premeditado, que en los Presupuestos Generales
del Estado se contemple un objetivo acompañado de una dotación
presupuestaria. El objetivo es profesionalizar en el año 1998 a 12.500
hombres, y la dotación presupuestaria de ese objetivo es de 9.375
millones.
Señor Ministro, señorías, no sé si ustedes se han hecho la siguiente
reflexión: el Ministerio de Defensa --el área de la defensa-- se
convertirá desde el año 1998 hasta el 2003 en la primera empresa
generadora y ofertadora de empleo. Estamos hablando de un promedio de
12.000 a 13.000 puestos de empleo anuales.
De este hecho histórico, de este hecho, entre comillas, revolucionario,
deriva un tiempo nuevo para la relación entre los jóvenes que hasta ahora
han tenido obligación de conscripción para servir constitucionalmente a
España a una relación que derivará de lo que acuerde la Comisión Mixta y
las Cortes Generales, a una relación voluntaria-profesional.
Por lo tanto, señor Ministro, conociendo el importante papel de los
medios de comunicación en la conformación y la generación de opiniones
globales, nos preocupa cómo su Departamento y su Ministerio van a
trasladar a la opinión pública este hecho, como digo, fundamental e
histórico en la sociedad española.
Es por ello, señor Ministro, que le planteo literalmente la siguiente
pregunta: ¿Qué iniciativas tiene previsto poner en marcha el Gobierno
para promocionar entre los jóvenes españoles el futuro modelo profesional
de nuestras Fuerzas Armadas?
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Díaz de Mera.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.
Efectivamente, señorías, durante el último año hemos producido en el seno
del Gobierno un modelo de Ejército y una vía para dotar a España de unas
Fuerzas Armadas totalmente profesionales en el año 2003.
Estoy personalmente convencido de que este período necesario de estudio y
reflexión, que culminará, como ha dicho su señoría, con el informe y el
dictamen de los trabajos parlamentarios de la Ponencia y la Comisión
Mixta, es un buen producto. Pero, como dice su señoría, el buen producto
hay que darlo a conocer.
El Ministerio de Defensa, el Gobierno, se convierte en el primer creador
de empleo en los próximos años, y en los Presupuestos Generales del
Estado para 1998 está prevista la consignación presupuestaria necesaria
para profesionalizar 12.500 jóvenes más.
Con ello, no sólo se va a poner fin a la institución centenaria, secular,
del servicio militar obligatorio, sino que también pretendemos
revalorizar la figura del soldado, que tiene que ser conocida por la
opinión pública con el realismo necesario para poder atraer el número y
la calidad suficiente de jóvenes hombres y mujeres que España y su
defensa necesitan.
Para dar a conocer este producto el Ministerio tiene previsto, con
carácter inmediato y para 1998, un ramillete de acciones. En primer
lugar, la más inmediata es una campaña publicitaria, esencialmente
televisiva, donde se dará a conocer el entorno necesario de la nueva
profesión del soldado.
Esta campaña será seguida en 1998 por una mucho más larga, también más
costosa. Una campaña de información de mayor alcance, donde, además de
explicar que el Ejército profesional, las Fuerzas Armadas profesionales,
son la mejor defensa para España, intentaremos dar cumplida cuenta sobre
el principio de la absoluta y estricta veracidad de las ventajas y los
incentivos, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de
vista educativo, que tendrá la profesión de soldado.
Junto a estas campañas de dar a conocer la profesión del soldado van a
existir medidas complementarias. La primera de ellas va a ser la
modernización, la transformación de los actuales centros de reclutamiento
en unas modernas oficinas de reclutamiento, de orientación, para los
aspirantes a soldados profesionales y con ello también una labor interna
en el seno de las Fuerzas Armadas de formación de reclutadores, de
orientadores para esos aspirantes.
Todas estas acciones, dirigidas, como se llama en lenguaje publicitario,
a un público objetivo que serán los jóvenes, hombres y mujeres que puedan
ser aspirantes a soldado profesional, deben ir incardinadas, señorías, a
juicio del Gobierno, en un caldo de cultivo en que se valore como se
merecen a las Fuerzas Armadas. Se trata de una muestra más de la
necesaria, de la imprescindible cultura, conciencia de defensa, para la
cual el Ministerio, el Gobierno ya ha realizado distintas acciones, la
primera de las cuales ha sido la absorción en el órgano central del
Instituto Español de Estudios Estratégicos --donde hay contactos con
centros educativos, con universidades, con centros académicos y medios de
comunicación social y también está próxima la inauguración del Instituto
Universitario Gutiérrez Mellado-- de todos estos sectores sociales, que
quedarán reunidos con objeto de expandir, como un foco social, cuál es la
realidad de los nuevos ejércitos profesionales, que deben ser el sostén,
la base de la defensa que para el siglo XXI España necesita y España se
merece.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Díaz de Mera.
El señor DIAZ DE MERA Y GARCIA CONSUEGRA: Muchas gracias por su precisa y
exhaustiva respuesta, señor Ministro.
Simplemente quiero decir dos palabras, y es que me parece de vital
importancia el trabajo del Centro de Estudios Estratégicos, que es un
trabajo que tiene una brillante cabeza, al General Alonso Baquer, y al
respecto de esto me gustaría que consideraran con mucho interés la
posibilidad de que todo este activo fuese proyectado de una forma
prioritaria a nuestros jóvenes universitarios, porque si no somos capaces
--valga el símil-- de hacer filósofos a todos los ciudadanos, hagamos
filósofos a sus clases más ilustradas, a sus jóvenes más ilustrados, que
son los universitarios.
Muchas gracias, señor Presidente y señor Ministro.
-- DE DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A EXIGIR, CON CARACTER
INMEDIATO, REQUISITOS ESPECIALES A LOS VEHICULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE
DE BOBINAS DE CHAPA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE
ORDENACION DE TRANSPORTES TERRESTRES. (680/000349.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del
Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno en orden a
exigir, con carácter inmediato, requisitos especiales a los vehículos
destinados al transporte de bobina de chapa, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, están proliferando últimamente --también antes, pero
últimamente con mayor frecuencia-- una serie de accidentes de carretera,
provocados fundamentalmente por el transporte de bobinas de chapa y
también por otros transportes a los que no me refiero en la pregunta que
le planteo. En este caso, las bobinas pueden llegar a tener un peso
importantísimo cuando se desplazan o cuando caen bien sobre otro vehículo
que esté cerca del vehículo que lo transporta o bien sobre peatones o
sobre cualquiera que pase en ese momento por la carretera, provocando
accidentes muy graves, algunos con resultado de muerte, pero en todo caso
presenta una peligrosidad especial.
Dado que la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres está previendo en
su articulo 55 medidas especiales y diferentes cuando existe este tipo de
transportes y también en el artículo 66 está regulando la especial
peligrosidad de las mercancías transportadas, la pregunta es clara y no
creo que necesite más explicaciones: ¿se van a regular estos aspectos
para evitar esos accidentes?
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta y Piedra.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Como sin duda conoce su señoría, en el ámbito del transporte de
mercancías estamos sometidos a una legislación comunitaria bastante
precisa y detallada que deja poco margen para la actuación discrecional
de las autoridades nacionales, y el transporte de bobinas de chapa no
está sujeto a normativa distinta de la aplicable a otros tipos de
mercancías, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva comunitaria
96/53.
Es cierto que para determinado tipo de vehículos se puede exigir una
autorización especial, pero la legislación comunitaria prevé que esa
autorización especial, que implicaría la introducción de requisitos
especiales para determinado tipo de mercancías, solamente se puede exigir
cuando la carga a transportar sea indivisible; es decir, cuando la carga
constituya una unidad que no pueda dividirse en dos o más cargas sin
coste o riesgo innecesario de daños.
Las reglas del mercado de transporte de mercancías nos vienen, de esa
manera, definidas y detalladas, y la introducción de cualquier norma que
pudiera interpretarse como una carga adicional para determinado tipo de
transporte, sería, probablemente, objeto de un procedimiento de
infracción por parte de las autoridades comunitarias.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.
La señora De Boneta tiene la palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
El hecho claro es que, aun sometidos a esa Directiva, algo falla, puesto
que este tipo de accidentes se produce con cierta frecuencia, sobre todo
en carreteras que por sus características y por su orografía tienen
curvas y pendientes pronunciadas. En todo caso, parece que de los
resultados de los atestados que se producen a continuación de los
accidentes en los que interviene la policía, se deduce casi siempre que
la carga no está bien asegurada o que las condiciones de transporte de la
carga no son buenas.
Señor Ministro, comprendo el problema que se crea con el expediente de
infracción que podría provocarse, pero existen mecanismos para plantear
estas cuestiones y para intentar modificar la norma, de forma que todos,
los propios usuarios del transporte, otros usuarios de vehículos y los
peatones, queden a salvo de estos accidentes que se producen, ya digo,
con mucha frecuencia, lo cual quiere decir que la norma no es buena y que
las condiciones de transporte no son buenas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor Ministro de Fomento tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, no se trata tanto de hacer un juicio de valor sobre si la
normativa es buena o mala, porque todos los juicios de valor son
legítimos. Creo que a lo que se refiere su señoría exigiría más bien un
fortalecimiento de la inspección del transporte que, en gran medida, es
una competencia transferida a las Comunidades Autónomas.
Recuerdo a su señoría que el 17 de abril de 1997, hace por tanto escasos
meses, se publicó el Real Decreto 490/1997 por el que se modifica el
Código de la Circulación, y ahí se endurecieron los requisitos para el
transporte pesado de mercancías. En concreto, el Real Decreto regula, y
lo hace con detalle, la longitud máxima autorizada de los vehículos de
transporte de mercancías, la anchura máxima autorizada, la presión
ejercida de los neumáticos sobre el pavimento, las cargas por eje simple
o en tándem con neumático sencillo o doble y el tipo de suspensión con
diferenciación para vehículos articulados y rígidos.
Todas éstas son, en definitiva, medidas que afectan a la seguridad y, en
cierto modo, lo que requerirían es el fortalecimiento de la inspección
del transporte más que una modificación de la normativa, que es lo
suficientemente exigente y detallada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
-- DE DON JOSE CARRACAO GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA POSICION DEL GOBIERNO RESPECTO A LA CULMINACION DE LA DENOMINADA
AUTOVIA DEL MEDITERRANEO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE TORREGUADIARO
(CADIZ) Y ESTEPONA (MALAGA). (680/000360.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Carracao Gutiérrez, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno respecto a la
culminación de la denominada autovía del Mediterráneo en el tramo
comprendido entre Torreguadiaro, en la provincia de Cádiz, y Estepona, en
la provincia de Málaga.
El señor Carracao tiene la palabra.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, dirigentes del Partido Popular en Cádiz, en el Campo de
Gibraltar, y el propio Subdelegado de Gobierno en Cádiz, vienen
expresando en distintos medios de comunicación que, independientemente de
la autopista prevista desde Málaga a Estepona --que se extenderá hasta
Guadiaro--, el tramo actual desde Guadiaro hasta Estepona va a ser
desdoblado y no va a ser de peaje.
Señor Ministro, hasta ahora la opinión del Gobierno ha sido tristemente
bien distinta para los intereses de las provincias de Málaga y Cádiz y
muy especialmente para los del Campo de Gibraltar. Bien es cierto, señor
Ministro, que pueden haberle hecho cambiar de opinión y desistir de esa
intención.
Señor Ministro, si le parece bien, vamos a dejar en esta ocasión el humor
a un lado y, con la verdad por delante, díganos, para que los ciudadanos,
en cualquier caso, sepan a qué atenerse, cuál es definitivamente la
posición del Gobierno respecto a la culminación de la denominada autovía
del Mediterráneo en el tramo Guadiaro-Estepona.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Carracao Gutiérrez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor
Presidente.
Señoría, el Gobierno y quien le habla ha manifestado en reiteradas
ocasiones, a mi juicio, de manera suficientemente clara para quien quiera
entender, que este Gobierno solamente hará autopistas de peaje cuando
haya alternativas gratuitas en buen estado.
Esa política implica que continuará mejorándose la Nacional 340 en el
tramo que va entre Estepona y Guadiaro. Para ello se ha introducido en el
anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado del próximo
año una pequeña cantidad para iniciar el estudio informativo y el impacto
ambiental que habrá de producir la ampliación y mejora de la Nacional
340. Además de dicha ampliación y mejora --en los términos que permita el
impacto medioambiental y en los términos en que se desprendan del estudio
informativo--, se hará una autopista de peaje entre Estepona y Guadiaro,
de 22 kilómetros, lo que contribuirá a descongestionar la Nacional 340.
Esa es la política de autopistas de peaje de este Gobierno, señorías. Por
consiguiente, ésa es la opinión que este Ministro ha trasladado una y
otra vez a la opinión pública, no solamente en Andalucía, sino en el
conjunto de España. No habrá autopistas de peaje allí donde no haya una
alternativa gratuita en buen estado y adaptada a las necesidades del
tráfico del lugar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
Tiene la palabra el Senador Carracao Gutiérrez.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, su opinión era bien clara y conocida. Yo quería que usted
la ratificara hoy porque, al menos, así se descubre que el señor
Subdelegado de Cádiz, y sus dirigentes en la provincia están mintiendo y
están creando una ceremonia de la confusión.
Considero, señor Ministro, que usted ha intentado, de alguna manera,
afirmarse negándonos. Usted ya se afirmó tratando de negarnos y de negar
al señor Borrell. Es usted consciente de que los Grupos Parlamentarios de
la
provincia de Cádiz y Málaga hicimos desistir al señor Borrell de esa
intención que usted ahora nos comunica, y animo a los parlamentarios
populares de Cádiz y Málaga a que traten de hacerle desistir de esa
intención perversa para los intereses de Cádiz y Málaga, insisto,
especialmente los del Campo de Gibraltar, porque va a poner un límite
importante al desarrollo de esas provincias.
Señor Ministro, les animo porque, si ellos no consiguen hacerle variar de
opinión y va a seguir diciéndonos que lo que va a intentar es que
suframos menos congestión los ciudadanos que dispongamos de menos
recursos y viajen mejor por las autopistas los que dispongan de más
recursos, probablemente van a ser los ciudadanos en la calle quienes le
hagan variar de opinión, señor Ministro.
Deje, de verdad, de intentar afirmarse negándonos. Ya está bien de
intentar estigmatizar a los socialistas, y cumplan con su obligación de
dotar de una autovía al único tramo de la del Mediterráneo que quedará
sin ser desdoblado, señor Ministro.
Si técnicamente pueden demostrar que ese tramo no puede ser desdoblado,
sin ser de peaje, pues que el tramo de autopista que está previsto
construir desde Estepona a Guadiaro esté libre de peaje, señor Ministro.
Que no suponga un agravio comparativo para los ciudadanos de esa
provincia que las dos salidas por Jerez y por la Costa del Sol tendrán
que ser de peaje, señor Ministro.
Usted estuvo inaugurando un tramo que su antecesor, el señor Borrell,
adjudicó. Usted ha podido comprobar el embudo que supone para el acceso
al Campo de Gibraltar el tramo desde Estepona a Guadiaro, señor Ministro.
¿Por qué su obcecación?
¿Por qué quieren ustedes castigar a los ciudadanos del sur del sur?
El señor PRESIDENTE: Señor Carracao, termine, por favor.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Señor Presidente, termino enseguida.
De verdad, siga usted reflexionando, señor Ministro. Y animo a sus
parlamentarios a que le hagan cambiar de opinión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carracao Gutiérrez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, cada uno es libre, como es lógico, de hacer el tipo de oposición
que considere más conveniente, pero yo le digo a usted, señoría, lo
siguiente: yo le reto a que me presente un solo caso en Europa, en
nuestro contexto socioeconómico y geográfico, en que una autopista de
peaje no haya producido actividad económica, riqueza y empleo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
-- DE DOÑA ANA ISABEL OYARZABAL URIARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO RESPECTO A LAS DECLARACIONES
DEL DIRECTOR DEL PUERTO DE PASAIA (GUIPUZCOA), EN RELACION A QUE LA NUEVA
COMISION INTERINSTITUCIONAL QUE SUSTITUYE AL PROGRAMA ESTRATEGICO DE
RENOVACION URBANA-BAHIA DE PASAIA VA A OBLIGAR A QUE SE DEFINAN TODAS LAS
INSTITUCIONES. (680/000361.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Ana Isabel Oyarzabal Uriarte, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno respecto
a las declaraciones del Director del Puerto de Pasaia (Guipúzcoa), en
relación a que la nueva Comisión Interinstitucional que sustituye al
Programa estratégico de renovación urbana-bahía de Pasaia va a obligar a
que se definan todas las instituciones.
Tiene la palabra la Senadora Oyarzabal Uriarte.
La señora OYARZABAL URIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la lectura del enunciado, doy por formulada mi pregunta al señor
Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Oyarzabal Uriarte.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, realmente no resulta fácil de entender la pregunta que formula
al Gobierno. Yo creo entenderla de la siguiente manera: como sabe su
señoría, todo lo que afecta a la recuperación de la zona que rodea al
Puerto de Pasajes fue objeto en su día de unas peticiones a la Unión
Europea, a través de la Sociedad de Desarrollo Comarcal, que agrupaba a
algunos ayuntamientos del entorno de la bahía de Pasajes, para optar por
fondos procentes del Programa Urban. Esa petición fracasó en dos
ocasiones. Consecuencia de ese fracaso ha sido la constitución de una
Comisión Interinstitucional en la que están dos representantes de la
Administración Central, dos representantes de la Diputación Foral de
Guipúzcoa, dos representantes del Gobierno Vasco y dos representantes de
los ayuntamientos de la zona.
Si se tiene en cuenta cuál es la composición de esta Comisión
Interinstitucional, yo creo que adquieren pleno sentido las
declaraciones, entrecomilladas, que pronunció el Presidente de la
autoridad portuaria, con el sentido que él mismo me transmite y que no
fue otro que decir: ahora que se ha constituido una Comisión
Interinstitucional
donde están representadas todas las instituciones, es lógico que todas
ellas se pongan manos a la obra. Una expresión coloquial afirmando que
ahora es el momento de que todas las instituciones se mojen no tiene otra
significación, señoría, que justamente ser una expresión coloquial que
tiene por objeto decir que ahora las instituciones no podrán inhibirse;
ahora todas las instituciones tendrán que ponerse manos a la obra porque
en esta Comisión Interinstitucional están todas ellas representadas. Ese
fue el sentido de sus declaraciones, señoría.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Oyarzabal Uriarte.
La señora OYARZABAL URIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.
En contestación a una pregunta formulada por esta Senadora, ya indicaban
ustedes que uno de los parámetros para ser incluido dentro de la
iniciativa Urban era la garantía de cofinanciación pública. En la
propuesta presentada desde el País Vasco figuraba un compromiso de todas
las Administraciones implicadas, a saber: el Departamento de Economía, el
Departamento de Urbanismo y el Departamento de Industria del Gobierno
Vasco, el Departamento de Economía de la Diputación Foral de Guipúzcoa,
la autoridad portuaria, cinco ayuntamientos, el de San
Sebastián-Donostia, Lezo, Oyarzun, Rentería y Pasaia, y la Sociedad de
Desarrollo Comarcal Oarsoaldea.
Señor Ministro, un total de diez instituciones de distinto signo político
y rango administrativo del País Vasco avalan y respaldan esta
candidatura. Los documentos acreditativos los tienen ustedes. Además, el
contenido de este Programa ha sido ampliamente consensuado en un proceso
de participación en el que han colaborado los principales colectivos,
instituciones y agentes sociales de la zona, con lo difícil que es
alcanzar un acuerdo unánime en nuestro país. Pero ustedes dicen que hay
proyectos mejor elaborados que ya cubren los fondos europeos, nos lo
dicen por segunda vez, y por segunda vez nos niegan el paso a Europa.
Señor Ministro, la bahía de Pasaia es una de las áreas urbanas más
problemáticas de España, con altos niveles de paro y conflictividad
social, asociados a elevados índices de contaminación y degradación
urbana. Varios datos muy significativos son: la tasa de Paro, el 22,6 por
ciento, cinco puntos por encima de la media de Guipúzcoa; habitantes, el
doble de la media guipuzcoana, 660 habitantes por kilómetro cuadrado;
crecimiento vegetativo nulo; la actividad económica en retroceso y riesgo
inminente de perpetuación de marginalidad. Esta realidad que le he
descrito, señor Ministro, es la realidad actual de la bahía de Pasaia,
donde se concentra más de la mitad de la población de Guipúzcoa.
Esta iniciativa tiene el espaldarazo y compromiso real de todas las
instituciones vascas, por un importe de 1.430 millones de pesetas. Las
mayores esperanzas estaban puestas en la Unión Europea, pero ustedes han
interceptado dos veces esa vía y un representante de su Gobierno ahora
dice que la Comisión Interinstitucional, que, por cierto, se crea mañana,
obligará a que se mojen todas las instituciones --y lo digo
textualmente--. La única institución que no se ha mojado, que ni siquiera
se ha salpicado hasta ahora ha sido la de su Gobierno, porque, con estas
declaraciones, cuando menos cínicas, lo que hacen es tomarse a chufla el
proyecto, a los que han colaborado en el proyecto, a los que se van a
beneficiar del proyecto y a la sociedad vasca en general, porque las
instituciones vascas ya se han mojado 1.430 millones de veces.
No es casualidad que hoy se publique en un diario del País Vasco un
artículo sobre la rehabilitación del puerto de Pasaia, en el que la
autoridad portuaria anuncia que invertirá 3.100 millones de pesetas para
revitalizar la zona, aparte de las actuaciones que se consideren en la
Mesa de la Comisión Interinstitucional. Parece que ahora ustedes también
se van a mojar. Empápense porque ésta es una buena noticia para nuestra
bahía, para los ciudadanos de Euskadi, porque en Euskadi seguimos
comprometidos y calados hasta los huesos.
El señor PRESIDENTE: Señora Oyarzabal, por favor, termine.
La señora OYARZABAL URIARTE: Den ustedes ese paso y terminen por
empaparse del todo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Oyarzabal Uriarte.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, lo único que le puedo trasladar es que, estando en el Gobierno
de la nación un Gobierno socialista en los años 1995 y 1996, las
peticiones cursadas por la Sociedad de Desarrollo Comarcal no fueron
apoyadas por el Gobierno entonces existente. Este Gobierno va a tener por
primera vez ocasión de poder prestar ese apoyo, y por eso ha contribuido
a la formación de la Comisión Interinstitucional. Por tanto, no eche
responsabilidades sobre un Gobierno que no las tiene, asuma usted
autocríticamente que fue su Gobierno, el Gobierno socialista, el que no
apoyó esa petición de fondos para regenerar o rehabilitar toda la comarca
que se mueve en el entorno de la bahía de Pasajes.
Le recuerdo también, señoría, que, por unanimidad, se aprobó en el
Congreso de los Diputados una proposición no de ley, una moción por la
que se instaba al Gobierno a que, en colaboración con las
administraciones del País Vasco, Gobierno vasco, Diputación Foral de
Guipúzcoa y municipios de la comarca, ejecute todas las iniciativas
necesarias para que, con cargo a los correspondientes fondos de la Unión
Europea se pueda desarrollar adecuadamente el Programa estratégico de
renovación urbana de la había de Pasajes. Eso es lo que ha aprobado el
Congreso de los Diputados y eso es lo que nosotros trataremos de cumplir,
pero no nos exija que cumplamos lo que no podíamos cumplir porque no
estábamos en el Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.
-- DE DON JOSE CASTRO RABADAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LA OPINION DEL GOBIERNO RESPECTO A LAS MANIFESTACIONES CONTRAPUESTAS
REALIZADAS EN TORNO A LA CANDIDATURA DE LAS CIUDADES DE VALENCIA,
SALAMANCA Y BARCELONA PARA SER CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA EN EL AÑO
2001. (680/000359.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Castro Rabadán, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno respecto a las
manifestaciones contrapuestas realizadas en torno a la candidatura de las
ciudades de Valencia, Salamanca y Barcelona para ser Capital Europea de
la Cultura en el año 2001.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Doy por reproducida la pregunta según ha
manifestado el señor Presidente, a la señora Ministra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Castro Rabadán.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor Presidente.
La posición del Gobierno es que tanto Valencia como Salamanca o
Barcelona, las tres ciudades que por ahora han manifestado su interés en
ser ciudades candidatas el año 2001 a Capital Europea de la Cultura, son
unas excelentes candidatas para este título. Por lo tanto, en el momento
en que se establezca el procedimiento por el cual a partir del año 2000
se van a designar las ciudades Capitales Europeas de la Cultura, el
Gobierno, conocido el procedimiento y conocidos los criterios de
selección, tomará su decisión al respecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, no esperaba menos de su respuesta, pero lo que está
ocurriendo con este asunto de la capital cultural para el año 2001 es
que, así como usted me dice que las ciudades son candidatas excelentes,
cada vez que visitan una ciudad cada uno de los responsables políticos de
su Gobierno, como se suele decir vulgarmente, venden la moto o venden los
titulares. En Salamanca usted dice que es Salamanca, en Barcelona el
señor Oreja dice que es Barcelona y en Valencia dice el señor Cascos que
es Valencia, y así venden en cada sitio una forma de entender lo que es
la Capital Europea de la Cultura.
Francia no espera a ningún procedimiento que Europa tenga que decidir; se
moja y dice que la ciudad de Lille les interesa como Capital cultural, a
resultas de lo que ocurra en el proceso de selección ulterior, pero
deciden qué ciudad es. Y, además, es conveniente decidirlo con tiempo
para que las ciudades se preparen, ya que unas lo están más que otras, de
cara al futuro.
Salamanca ha sido una ciudad que varias veces ha pretendido, sin fortuna
por desgracia para nosotros, llegar a ser Capital cultural y está
preparada y está apostando por ser Capital de la cultura del año 2001,
como usted sabe. Los representantes municipales --son miembros de su
Partido-- así lo manifiestan y nosotros, como oposición, estamos apoyando
esta situación, que ya viene de lejos. Las Cortes de Castilla y León
aprobaron por unanimidad que fuese Salamanca la Capital de la cultura
para el año 2001. Diputados y Senadores firmaron un largo y masivo
manifiesto de apoyo a Salamanca hace año y medio; artistas y
profesionales se adhirieron al mismo. Se han hecho folletos, se han hecho
campañas de publicidad, etcétera.
Lo que quiero dejar de manifiesto claramente es que con la postura que
están manteniendo de alargar esta situación hasta el último momento se
han abierto una serie de expectativas de futuro que conducen
--seguramente van a conducir-- a la frustración de los ciudadanos y de
sus representantes en los municipios respectivos a los cuales no se les
otorgue. Le ruego que hagan menos declaraciones y den soluciones
concretas con tiempo suficiente para preparar las ciudades para este
evento.
Por último, quiero reafirmar que Salamanca es la ciudad de la Meseta, del
interior, que más esfuerzos viene haciendo desde hace años por ser
Capital Europea de la Cultura y que su historia, su tradición, su nivel
cultural, la recuperación que en ella se ha hecho de monumentos y de
espacios culturales, su modernización, avalan la pretensión de ser
Capital Europea de la Cultura y ruego que no frustren una vez más su
futuro y no oscurezcan el dorado alto soto de torres que es Salamanca.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Castro Rabadán.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Lo que los miembros del Gobierno han dicho y el Comisario Europeo, don
Marcelino Oreja, también es que las tres ciudades son excelentes
candidatas. Lo que ocurre, señoría, es que hasta el año 2000 hay un
procedimiento: Que la decisión sobre la Capital Europea de la Cultura se
toma en el seno del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Son los
Gobiernos respectivos los que proponen una candidatura.
Se acordó que a partir del año 2000 el procedimiento sería diferente;
sería el del artículo 128 del Tratado, el llamado de la codecisión, es
decir, serían el Parlamento Europeo y, luego, el Consejo de Ministros por
unanimidad, los que acordarían esta cuestión.
Pero yo coincido con su señoría, respecto a ese procedimiento de
codecisión que es largo y complicado, pues lleva aproximadamente un año o
año y medio --ya tuve ocasión de decírselo al Senador Ferrer cuando me lo
preguntó el pasado mes de junio--, que sería conveniente que, cuanto
antes, se definiera cuáles son los procedimientos y los criterios para
seleccionar la Capital Europea de la Cultura para el año 2001 de modo que
el Gobierno español, como los demás Gobiernos, pudieran definir, si es
que le va a corresponder al Gobierno, cuál es su candidatura.
Yo quiero tranquilizar a su señoría y decirle que en el Consejo de
Ministro de Cultura, que se celebrará el 24 de noviembre, este asunto se
va a tratar, es decir, se va a definir cuál es el procedimiento para la
designación de la Capitalidad del 2001; ya está claro que a partir del
2002 sí será el de codecisión, pero existe la idea entre los Ministros de
Cultura de la Unión Europea, de que para la designación del 2001 ese
procedimiento del artículo 128 nos llevaría demasiado tiempo y haría
difícil, para la ciudad que al final resultase candidata, la preparación
que requiere un mínimo de dos años y medio a tres años.
Por ello quiero decir a su señoría que mañana mismo, en la Asamblea de la
Unesco, tendré ocasión de hablar con la Presidencia, que corresponde en
este caso a Luxemburgo, para tratar precisamente de una definición
urgente de cuáles son los criterios y los procedimientos por los que se
designará la Capital Europea de la Cultura del año 2001, que es la que
preocupa a su señoría.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Educación y
Cultura.
-- DE DON JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO RESPECTO A LA
FUTURA GESTION, A TRAVES DE EMPRESAS PRIVADAS, DE LAS LINEAS DE CERCANIAS
FERROVIARIAS QUE ENLAZAN LA CIUDAD DE MADRID CON LOS MUNICIPIOS DEL SUR Y
SUROESTE. (380/000358.)
El señor PRESIDENTE: La pregunta de don Juan Barranco ha sido retirada.
-- DE DON JUAN LUIS VALLINES DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE HA PUESTO EN MARCHA O TIENE PREVISTO
EMPRENDER EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, CON EL OBJETIVO DE
INCREMENTAR LA EFICACIA EN LA LUCHA CONTRA LA UTILIZACION FRAUDULENTA DE
DETERMINADAS SUSTANCIAS PARA EL ENGORDE DE LA CRIA DE GANADO DESTINADA AL
CONSUMO HUMANO. (680/000355.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Luis Vallines Díaz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones que ha puesto
en marcha o tiene previsto emprender el Ministerio de Sanidad y Consumo,
con el objetivo de incrementar la eficacia en la lucha contra la
utilización fraudulenta de determinadas sustancias para el engorde de la
cría de ganado destinadas al consumo humano.
El Senador Vallines Díaz tiene la palabra.
El señor VALLINES DIAZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En el engorde de animales para el consumo humano de su carne se han
venido utilizando determinadas sustancias que han determinado, en algunos
casos, el fraude para el consumidor y, en otros, transtornos en la salud
de los ciudadanos, con la consiguiente producción de alarma social.
El problema es complejo por los intereses de todo tipo y numerosos que
concurren, por el desarrollo y la investigación de nuevos productos,
incluso es complejo en el panorama internacional porque países tan
desarrollados en estos campos, como los Estados Unidos, Canadá o Nueva
Zelanda, permiten la utilización de sustancias que en la Unión Europea no
se autorizan e incluso la Organización Mundial de Comercio ha fallado
recientemente en contra de los criterios de la Unión Europea y a favor de
los criterios de esos países.
El propio sector productor, ganaderos e industrias transformadoras, ha
puesto en marcha programas para garantizar que no se usen ese tipo de
productos, mediante sistemas de trazabilidad del producto, y lo que
pretenden es simplemente que se cumpla la normativa vigente.
Precisamente, en Murcia han comenzado ya unas jornadas sobre residuos en
animales o en alimentos de origen animal, con la colaboración del Colegio
de Veterinarios, consumidores, productores de ganado, industrias
transformadoras, administraciones de distintos niveles; jornadas que han
merecido el carácter de interés sanitario por parte del Ministerio de
Sanidad y Consumo; la Administración puso en marcha el Plan Nacional de
Residuos, con la colaboración de las Comunidades Autónomas, que ha tenido
insuficiencias y deficiencias, de tal manera que han determinado la no
consecución de los objetivos pretendidos o al menos su no consecución en
los plazos predeterminados.
Por todo ello, interesa conocer, señor Ministro, qué actuaciones ha
puesto en marcha o tiene previsto emprender el Ministerio de Sanidad y
Consumo, con el objetivo de incrementar la eficacia en la lucha contra la
utilización fraudulenta de determinadas sustancias para el engorde de la
cría de ganado destinada al consumo humanos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Vallines Díaz.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente. Muchas gracias, señor Senador.
Como su señoría ha señalado muy bien, la utilización de determinadas
sustancias como los beta-agonistas, entre los que se incluye
fundamentalmente el clembuterol, así como los compuestos hormonales o los
tireostáticos, en la cría del ganado destinado al consumo humano,
constituyen un fraude a los consumidores y un riesgo para la salud. Por
este motivo, la Administración está desarrollando un amplio plan de lucha
contra esta práctica ilegal que, además, constituye un delito contra la
salud pública contemplado en el vigente Código Penal.
Estas actividades tienen su origen en el Real Decreto señalado por su
señoría, y las actuaciones de búsqueda y detección se efectúan sobre la
base de una recogida de muestras aleatoria denominado plan aleatorio,
complementario a las actuaciones habituales llevadas a cabo en mataderos
y granjas sobre aquellos animales considerados sospechosos de habérseles
administrado sustancias prohibidas.
Se examinan al año unas 30.000 muestras de productos cárnicos,
detectándose positividades en un 2 por ciento aproximadamente de las
obtenidas en el plan aleatorio y en un 7 por ciento de las muestras
procedentes del plan sospechoso, que es como se denomina el que utiliza
muestras obtenidas en mataderos y granjas sobre aquellos animales
considerados sospechosos de haberlas consumido. Todos los datos de
actividad y resultados del Plan nacional se recopilan anualmente
basándose en la información facilitada por las Comunidades Autónomas y
son remitidos a la Comisión Europea a tenor del compromiso adquirido por
nuestro país en ese sentido.
Como resultado de las anomalías detectadas durante 1996, las Comunidades
Autónomas decomisaron 380 canales e impusieron 130 sanciones por un
importe de 179,9 millones de pesetas.
Con el objetivo de lograr la máxima coordinación en las funciones
ejecutivas del Plan, que como le he señalado se realiza en colaboración
con las Comunidades Autónomas, está constituida una Comisión
interministerial, que se reúne de forma periódica y establece las
comunicaciones pertinentes con todas las Comunidades Autónomas, para
conocer en cualquier momento la ejecución del Plan, promover la
introducción de mejoras y llegar a acuerdos como el alcanzado el 10 de
marzo de 1992, sobre actuación homogénea de las administraciones en el
control de la utilización de sustancias prohibidas en la producción
animal.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Dirección General de
Salud Pública, participa en todas estas actividades, recaba y analiza los
resultados de las medidas establecidas, propone nuevas actuaciones y
eleva a la Unión Europea los datos de actividad, además de representar a
nuestro país ante la Comisión Europea.
Ciertamente la aplicación de ese Real Decreto no ha sido suficiente para
alcanzar la totalidad de los objetivos de protección de la salud pública,
por lo que se han adoptado las siguientes medidas complementarias.
Intersificación de la aplicación de los acuerdos de 10 de marzo de 1992
sobre actuaciones homogéneas de las Administraciones en el control de
estas sustancias. Y durante el año pasado, a partir de la entrada en
vigor del nuevo Código Penal, se han iniciado 53 expedientes por las
diferentes fiscalías por delitos contra la salud pública. La colaboración
con la policía judicial se ha traducido en una serie de acciones con
desmantelamiento de redes de distribución de sustancias prohibidas. Se
han adquirido «kits» de diagnóstico rápido de beta-agonistas con
capacidad de investigación de 67.000 animales. Se ha promulgado el Real
Decreto 13/73, de 29 de agosto de 1997, por el que se prohíbe utilizar
determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias
beta-agonistas en la cría de ganado. La presencia de los mismos se
considera delito contra la salud pública. Se ha traspuesto la Directiva
96/23 sobre medidas de control aplicables respecto a determinadas
sustancias y sus residuos en animales vivos y sus productos, y se está
dando aplicación al Reglamento de la Comunidad Europea 894/96, por el que
el ganadero que utiliza sustancias prohibidas pierde todo el derecho a
cobrar primas y ayudas. Además, se intensifican las reuniones y acciones
de coordinación de las Comunidades Autónomas y se mejora la información a
las asociaciones del sector y las Comunidades.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
¿Senador Vallines? (Pausa.) Gracias.
-- DE DON PASCUAL RABAL PETRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE SANIDAD Y
CONSUMO PARA SOLUCIONAR LA SITUACION DE LOS MEDICOS ESPECIALISTAS
INTERINOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD). (680/000356.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Pascual Rabal Pétriz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el
Ministerio de Sanidad y Consumo para solucionar la situación de los
médicos especialistas interinos del Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD).
Tiene la palabra el Senador Rabal.
El señor RABAL PETRIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como bien sabe, el problema de los médicos especialistas
que ocupan plazas interinas viene de atrás y los distintos responsables
del INSALUD, incapaces de dar solución a este tema, han hecho que una
situación
absolutamente profesional se cronifique con el consiguiente deterioro en
el clima laboral, tanto para los directamente implicados como para el
resto de la plantilla de facultativos especialistas de área.
Todos sabemos que solventar esta situación requiere una serie de medidas
que, con seguridad, no van a gustar a todos, ya que este tema tiene
grandes implicaciones personales para los que ocupan la plaza y para
aquellos que aspiren a poder ocuparla.
Abundando en lo anterior es lógico pensar que el conjunto de los
profesionales que conforman un servicio médico especializado quieran
rentabilizar la formación que en su día aportaron al especialista que se
incorporó para ocupar esa plaza vacante, al margen del vínculo laboral.
Por otra parte, es lógico pensar que todos los profesionales que aspiran
a una plaza tengan derecho a poder ocuparla basándose en los principios
de igualdad, mérito y capacidad.
Pasado casi año y medio desde que asumió su responsabilidad al frente del
Departamento de Sanidad y Consumo, y consciente como es de la necesidad
de dar una solución definitiva a este tema, ¿puede decirnos, señor
Ministro, qué planes tiene previstos el Gobierno en relación con los
facultativos especialistas que ocupan plazas en régimen de interinidad?
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rabal Pétriz.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
El Ministerio de Sanidad y Consumo es consciente de la necesidad de dar
una solución definitiva al problema muy grave de los facultativos
especialistas de área que están ocupando una plaza en interinidad.
Ciertamente, como ha señalado su señoría, no se trata de un problema
nuevo, sino más bien de un problema muy antiguo. El último
concurso-oposición libre para médicos especialistas convocado por el
INSALUD se realizó en julio de 1989, es decir, hace más de ocho años.
Esta circunstancia ha determinado que todos los médicos contratados desde
entonces estén trabajando en régimen de interinidad que, ciertamente, no
es la situación normal prevista en nuestro ordenamiento jurídico para
estas situaciones, como muy certeramente ha recordado su señoría.
Por todo ello, el Insalud tiene previsto convocar en 1998 un concurso de
traslado y un concurso-oposición para médicos especialistas y lo va a
efectuar de un modo simultáneo. Con esta iniciativa queremos acabar con
ese alto porcentaje de interinidad que soporta esta categoría profesional
que, tal como usted ha señalado, es aproximadamente el 27,4 por ciento de
la plantilla. Hay más de 4.700 médicos en esta situación. Y lo queremos
hacer, naturalmente, respetando, al mismo tiempo, el derecho a cambiar de
puesto de trabajo o localidad de otros médicos que tienen la plaza en
propiedad.
Para poder llevar a efecto tal medida se ha incorporado al Proyecto de
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social que acompaña a
los Presupuestos la disposición adicional vigésima, en la que se regula
tanto el concurso-oposición como el concurso de traslado.
El concurso-oposición libre se realizará descentralizadamente, previa
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» de unas bases generales
en las que se determinarán los requisitos que deberán reunir todos los
aspirantes. El proceso selectivo constará de una primera fase de
oposición, que consistirá en la realización del ejercicio o ejercicios
que se determinen. Estas pruebas se realizarán simultáneamente en todo el
territorio del Insalud.
La segunda fase consistirá en la valoración, según baremo, de los méritos
que ostenten aquellos aspirantes que hubieran superado los ejercicios,
donde se primarán especialmente los servicios prestados. El baremo
asignará 0,5 puntos por mes trabajado con carácter temporal en el Sistema
Nacional de Salud hasta un máximo de 45 puntos de los 100 posibles.
También se valorarán la formación especializada para la obtención del
título de especialista, los trabajos científicos y de investigación
publicados, la impartición de docencia a postgraduados y la participación
en comisiones clínicas.
Por su parte, en el concurso de traslados se ofrecerá un número de plazas
para aquellos médicos con plaza en propiedad que quieran cambiar de
puesto de trabajo o localidad y puedan ver cumplidas sus expectativas.
Para ello el Insalud está recabando información hospital por hospital y
servicio por servicio para conocer cuántos facultativos desean participar
en este concurso y cuáles son sus preferencias. La adjudicación de estas
plazas se efectuará de acuerdo con un baremo de méritos que tendrá en
cuenta exclusivamente los servicios prestados. Las plazas que se ofrezcan
en ambos procesos selectivos serán independientes entre sí. No obstante,
las plazas convocadas en el concurso de traslados y no adjudicadas, así
como las que resulten vacantes como consecuencia de este concurso de
traslados, se acumularán a las ofrecidas en el concurso-oposición.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
-- DE DON JOAQUIN ESPERT PEREZ-CABALLERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO DESARROLLAR EL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO A FIN DE INFORMAR A LOS CONSUMIDORES
SOBRE EL ALCANCE Y REPERCUSION DE LA IMPLANTACION DEL EURO COMO MONEDA
UNICA EUROPEA. (680/000357.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Joaquín Espert Pérez Caballero, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que tiene
previsto desarrollar
el Ministerio de Sanidad y Consumo a fin de informar a los consumidores
sobre el alcance y repercusión de la implantación del euro como moneda
única europea.
Tiene la palabra el Senador Espert.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en un horizonte ya muy próximo se iniciará la integración de
los países de la Unión Europea en la moneda única, proceso éste que
culminará con la implantación del euro como moneda única para todos los
países.
El establecimiento de una moneda única europea supondrá importantes
beneficios para los consumidores al facilitar sus transacciones
comerciales en cualquiera de los paises de la Unión Europea. Sin embargo,
es lógico suponer que un proceso de estas características generará un
cierto nivel de incertidumbre entre los consumidores y usuarios sobre las
consecuencias del mismo en aspectos muy importantes de la vida cotidiana.
En este sentido, se desea conocer qué actividades está desarrollando o
piensa desarrollar el Ministerio de Sanidad y Consumo, bien de forma
directa o en colaboración con el resto de las Administraciones, a fin de
informar adecuadamente a los consumidores y usuarios sobre la
trascendencia de la implantación del euro como moneda única europea y
sobre los efectos de esta medida en las transacciones comerciales que
realicen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Espert.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Efectivamente, a partir del año 1999, como su señoría ha recordado, los
países de la Unión Europea que presenten una economía saneada y una
inflación baja iniciarán el proceso de incorporación a la Unión
Monetaria, que finalizará en el año 2002 con la utilización del euro como
moneda única en las transacciones comerciales.
En el Ministerio de Sanidad y Consumo se ha constituido a estos efectos
una Comisión que abordó ya al comienzo de sus trabajos los distintos
aspectos derivados de la introducción del euro, tanto los de carácter
general, informáticos, de contratación, etcétera, como los específicos de
cada unidad del Departamento, incluyendo una relación de disposiciones
normativas e impresos o comunicaciones utilizados habitualmente en el
ámbito de la Administración y que pueden verse afectados.
En este contexto, se puso de manifiesto la conveniencia de desarrollar
una serie de actividades dirigidas a los consumidores a fin de
transmitirles una información amplia, clara y directa sobre el alcance y
repercusiones de la implantación de la moneda única en las transacciones
comerciales.
En esta línea, se trabaja en colaboración con la Dirección General del
Tesoro --del Ministerio de Hacienda-- para la elaboración de un folleto
sobre el euro dirigido al consumidor, que actualmente se está
distribuyendo con los logotipos de las administraciones de consumo, del
Consejo de Consumidores y Usuarios y de las asociaciones de consumidores.
Asimismo, el Instituto Nacional del Consumo está realizando diversas
actividades con sectores prioritarios para el consumidor;
fundamentalmente, con los de servicios y alimentación. En este campo, se
está tratando en distintas mesas de trabajo el conjunto de aspectos que a
cada sector concreto pueda interesar para la introducción del euro, y que
pueden afectar, tanto a las Administraciones competentes en la materia,
como a los sectores y a los consumidores.
A lo largo del próximo trimestre está previsto que se celebren varias
mesas de trabajo que aborden los sectores de banca, seguros, alimentación
y bebidas --con los que ya se ha entrado en contacto--, y se pretende
concluir con una Jornada que trate de los aspectos más importantes
puestos en evidencia en estas mesas.
En cuanto al área de educación al consumidor, a lo largo del curso
1997-98 se prevé la celebración de un concurso escolar con el que se
pretende que los niños aprendan a utilizar y conocer el euro y sepan las
ventajas de su implantación. Esta actividad se realizará, asimismo, en
colaboración con las Comunidades Autónomas y la Dirección General del
Tesoro, en el marco de la campaña de información que ya se ha iniciado.
Los destinatarios de este concurso son los niños de doce a dieciséis años
escolarizados en la Educación Secundaria Obligatoria en todo el
territorio nacional.
En el área de formación, se participa activamente en Jornadas y
seminarios que se están realizando sobre el euro tanto en las Comunidades
Autónomas, como en las asociaciones de consumidores, sectores comerciales
y universidades.
Entre las actividades directas que está desarrollando el Ministerio con
las asociaciones de consumidores, y en el marco del programa de
subvenciones del ejercicio de 1997, se ha dado prioridad para su
concesión a diversos proyectos dirigidos a informar sobre el euro a
consumidores y usuarios.
En definitiva, el Ministerio de Sanidad y Consumo está desarrollando una
amplia actividad en colaboración con el resto de las Administraciones y
con las asociaciones de consumidores y usuarios, con el objetivo de que
el proceso de integración en la Unión Europea y, sobre todo, la
instauración del euro como moneda única europea, sean conocidos en
profundidad por los usuarios, que serán los más directos beneficiarios de
esta medida.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra, Senador Espert.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, éramos conscientes de que las grandes empresas, las
grandes entidades financieras, iban a disponer, o disponen ya, de una
abundante información, quizá responsabilidad de otros departamentos
ministeriales. Pero teníamos la preocupación acerca de si esa información
iba a llegar a los consumidores y usuarios, al ciudadano de a pie. Su
intervención nos ha tranquilizado.
Gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Espert.
-- DE DON ENRIQUE ARANCE SOTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA LA CONCLUSION DE LAS
OBRAS DE LA PRESA DE RULES, EN LA PROVINCIA DE GRANADA. (680/000353.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Enrique Arance Soto,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del
Gobierno para la conclusión de las obras de la presa de Rules, en la
provincia de Granada.
Tiene la palabra, Senador Arance Soto.
El señor ARANCE SOTO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, ajustándome a los estrictos términos en que se formula
mi pregunta, ¿cuáles son las previsiones del Gobierno en relación con la
conclusión de las obras de la presa de Rules, en la provincia de Granada?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
Sabe su señoría que la presa de Rules fue contratada en 1993 por un
importe de 14.073 millones de pesetas, y que a 30 de septiembre de 1997
ya tenía certificado un importe de obra por valor de 11.221 millones
400.000 pesetas.
En estos momentos, la presa de Rules se encuentra en proceso de
suspensión parcial temporal debido a un proyecto de modificado que hay
que poner en marcha, cuya cuantía asciende a la cifra de 9.000 millones
de pesetas. Las razones que llevan a realizar este modificado son,
fundamentalmente, técnicas, en el sentido de que las características que
se han descubierto en el terreno de cimentación no tienen nada que ver
con las previstas en el proyecto de 1993. Como, por otra parte, las malas
condiciones de drenaje harían peligrar la seguridad de la presa, todo
ello nos ha conducido a realizar una serie de mediciones que llevan mucho
tiempo, por lo que ha habido que suspender temporalmente la obras de la
presa.
La cuantía de este modificado que, como he dicho, asciende a 9.000
millones de pesetas, tiene la entidad suficiente --es casi el cien por
cien de la obra, ya que si estaba presupuestada en 14.000 millones, se
han gastado 11.000 millones, y hay que añadir 9.000 millones-- como para
que pase por distintos informes. En primer lugar, el del Consejo de Obras
Públicas, en segundo lugar, el del Consejo de Estado y, en tercer lugar,
tendrá que ser acordado por el Consejo de Ministros.
Todas estas razones, señor Arance, nos llevan a que las mediciones
técnicas, los modificados técnicos que hay que poner en marcha y los
informes que tenemos que recabar, tardarán algo más de un año, aunque ya
se han iniciado, y, por tanto, si cuando llegamos estaba previsto haber
puesto en marcha la presa sin todas estas consideraciones en el año 1998,
lamentamos decir que no podrá hacerse antes de finales del año 2000,
pero, eso si, con todas las garantías y toda la seguridad que esta presa
requiere.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Arance Soto.
El señor ARANCE SOTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, permítame que le agradezca la contestación porque es la
primera vez que un ministro del Gobierno de España comparece en una
Cámara de representación y, de una vez por todas, se moja --nunca mejor
dicho-- en un asunto como el que estamos debatiendo.
La presa de Rules, como bien ha dicho la señora Ministra, trae cola desde
hace bastantes años porque no pretende otra cosa que la regulación de las
aguas del río Guadalfeo y determinar si, efectivamente, son las
imprescindibles para satisfacer las necesidades de la provincia de
Granada o si, por el contrario, hay excedentes que puedan trasvasarse a
otras cuencas fluviales y que puedan paliar en parte los problemas de
déficit hídrico que tienen otras provincias y, mas concretamente, la de
Almería.
Como comprenderá su señoría, y como espero que lo hagan todas sus
señorías aquí presentes, desde Almería no se pretende --ni se ha
pretendido nunca-- sustraer los legítimos derechos que tienen los
ciudadanos granadinos a utilizar las aguas de un río que circula por la
provincia de Granada, pero sí evitar, de una vez por todas, que se siga
perdiendo caudal de ese río, que vemos cómo año tras año se diluye en el
mar porque no hay una verdadera presa de regulación que determine y
encauce debidamente esas aguas para, de una manera definitiva, acometer
las necesidades que tiene, no solamente la provincia de Granada, sino las
provincias limítrofes a ella.
Señora Ministra, como usted bien sabe, el problema del agua en España no
es más que de solidaridad y, si me apuran, un problema de solidaridad
interterritorial. Es verdad que hay enormes carencias y déficit
hidráulicos en todo el territorio nacional, razón por la que, desde esta
tribuna, yo quiero ser solidario pero también quiero que haya solidaridad
con los almerienses por parte de todas
aquellas regiones que puedan aportar algo a esas necesidades y carencias
que tiene nuestra provincia.
Nos consta que en este momento estamos al amparo de un Gobierno
solidario. Creo que se ha puesto de manifiesto en más de una ocasión esta
solidaridad. Usted, concretamente, señora Ministra, conoce muy bien la
provincia de Almería. Puedo decirle --y de ello me enorgullezco-- que ha
sido una de las grandes preocupaciones que ha tenido, no sólo desde que
es ministra, sino incluso antes de serlo. No es la primera vez, y espero
que no sea la última, que ha visitado la provincia preocupándose por sus
problemas.
Por esa razón, yo le animo. Le reitero una vez más mi agradecimiento y la
valentía que ha tenido para determinar y para decir aquí, en la Cámara,
que es donde hay que hacerlo, cuáles son los problemas que tiene en este
momento la presa y no vender otra cosa, como se ha hecho en otras
ocasiones.
Yo espero, señora Ministra, que con la diligencia propia del Gobierno
sean buenas esas previsiones que acaba de hacerme y que en el año 2000
podamos hablar de que se ha terminado definitivamente esa presa, de que
se han solucionado problemas que afectan a varias provincias del entorno
del río al que nos referimos y de que con este Gobierno se han dado
soluciones a muchos de los problemas seculares a los que nunca se quiso
dar en este país.
Muchas gracias, señora Ministra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arance.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para agradecer a su señoría las palabras
claras y sinceras sobre las necesidades hidráulicas que padece la
provincia de Almería.
Sabe efectivamente --y él lo reconoce-- que yo soy consciente, y de
primera mano, de esas necesidades en la medida en que conozco --como muy
bien decía-- cómo está Almería. Conozco perfectamente los problemas de
desertización que padece, en la medida en que la situación climatológica
no es la adecuada para lo que, curiosamente y por otra parte, se está
haciendo un desarrollo económico e industrial muy importante en Almería,
muy pionero y muy ejemplarizante para toda España con vista a las
exportaciones de productos realmente interesantes, que necesitan,
precisamente, de esa agua.
Por eso, sabe el señor Arance que no solamente estamos pendientes de ver
cómo se puede agilizar este proyecto de modificado para la presa de
Rules, sobre el que me ha preguntado su señoría, sino que además me he
reunido en varias ocasiones con distintas asociaciones y personas
interesadas por los problemas hidráulicos en la provincia de Almería para
ver qué solución inmediata tienen.
Por tanto, además de la presa de Rules, Almería va a tener otras
soluciones muy a corto plazo para paliar los problemas de déficit hídrico
que tiene. Además, tal y como me comprometí con una de las plataformas
importantes que tienen allí, que aglutina a toda la sociedad implicada,
no solamente partidos políticos y sindicatos, sino también asociaciones
de regantes y de usuarios, la Mesa del Agua, me reuní con ellos para
decirles que antes de que finalice el año --y yo creo que en los próximos
15 o 20 días-- podremos ya concretar cuáles van a ser las obras que a
raíz del año 1998 se pondrán en marcha, en un plan hidrológico específico
para Almería, y no sólo dependiendo de los Presupuestos Generales del
Estado, sino también acudiendo al sistema concesional, con fondos
comunitarios, que van a dar en el plazo más inmediato solución a
problemas históricos de planteamientos hidrológicos que tiene todavía
pendientes Almería.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Medio Ambiente.
-- DE DON ALBERTO GONZALEZ PRINCIPE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE SI LAS CRITICAS FORMULADAS POR LOS APRESAMIENTOS DE NUESTROS
PESQUEROS EN EL CALADERO MARROQUI- SAHARIANO SON LA CAUSA DEL CESE DEL
CONSUL DE ESPAÑA EN AGADIR (MARRUECOS). (680/000339.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Alberto González Príncipe, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si las críticas formuladas por los
apresamientos de nuestros pesqueros en el caladero marroquí-sahariano son
la causa del cese del Cónsul de España en Agadir.
Senador González Príncipe, tiene su señoría la palabra.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, los socialistas queremos saber si el cese del Cónsul
español en Agadir, señor Fernández Trigo, se ha debido a las críticas que
en el mes de julio hizo en algún diario nacional sobre la arbitrariedad
con que las autoridades marroquíes se comportan vulnerando el Acuerdo
pesquero entre la Unión Europea y Marruecos.
Y yo quiero decirle, en nombre de los socialistas, que, además, lo que
dijo el señor Cónsul es lo que piensa el sector, lo que dicen los
armadores, lo que dicen los pescadores, lo que dicen los sindicatos de
trabajadores del mar: que no se respetan las paradas biológicas por parte
de los pescadores marroquíes; que se detiene demasiadas veces a nuestros
barcos en viernes, que es día festivo, y que hasta el mes de julio había
17 apresamientos en poco más de 18 meses de acuerdo pesquero, con cuatro
meses de parada biológica. En ese sentido, nos parecería indigno que el
Gobierno de la nación, el Gobierno del Partido Popular, hubiera entregado
la cabeza de un funcionario que cumplió con su deber, que es defender a
los ciudadanos españoles frente a las autoridades extranjeras cuando
están amparados por el derecho.
Queríamos saber si la información que nos dio la Oficina de Información
Diplomática reconociendo que el Gobierno marroquí presionó pidiendo el
cese del Cónsul es la causa de que ustedes, los señores del Partido
Popular, el Gobierno del Partido Popular, firmaran el cese del señor
Cónsul con fecha 30 de septiembre.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Príncipe.
El señor Ministro de Asuntos Exteriores tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias, señor
Presidente.
El 23 de julio pasado, en efecto, el Cónsul de España en Agadir, señor
Fernández Trigo, publicó un artículo con el título de «Apresamientos» en
un periódico nacional, y en dicho artículo se hacia mención a la
situación surgida tras el apresamiento del pesquero «Albor».
Después de la publicación del articulo, es cierto, hubo una queja de las
autoridades marroquíes, y a partir de este momento, señor Presidente, el
señor Fernández Trigo se sintió incómodo y solicitó voluntariamente
participar en el habitual concurso de puestos diplomáticos. El concurso
se acaba de resolver, y el señor Fernández Trigo acaba de obtener el
destino que había solicitado en Hanoi, Vietnam, repito, a petición
propia. El nuevo Cónsul en Agadir es el señor Oliveros.
Quiero decir, en todo caso, para información de la Cámara --y porque
supongo que el señor Senador González Príncipe no lo ignora pero a tenor
de su intervención parece ignorarlo-- que el señor Fernández Trigo podría
haber sido declarado persona «non grata», podría habérsele retirado el
«exequatur», por parte de Marruecos, de acuerdo con el artículo 23 de la
Convención de Viena pero, en definitiva, el cese en Agadir se debe a su
propia petición, como les acabo de explicar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador González Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, me ha dejado usted acongojado. Porque que nos diga en
nombre del Gobierno que cuando un cónsul defienda a nuestros pescadores a
ustedes les puede parecer bien que se le declare persona «non grata» o se
le retire la cualificación para poder defender a los nacionales de
nuestro país, me parece que es estar cavando la tumba para más de 20.000
empleos en Andalucía, Canarias y Galicia.
Con esa actitud de debilidad, señor Matutes, ustedes van a hacer una
catastrófica renegociación del acuerdo pesquero con Marruecos en 1999. Y
nos parece a los socialistas, señor Ministro, que ustedes están cediendo
no sólo a la presión del Gobierno marroquí, sino a los intereses de
algunos grandes grupos industriales ligados a la CEOE que quieren
utilizar la pesca como moneda de cambio en las relaciones económicas con
el país norteafricano.
En este sentido, señor Ministro, ustedes tienen un doble discurso y una
doble moral, por lo menos en materia de pesca y de política exterior.
Cuando estaban en la oposición dijeron determinadas cosas y ahora hacen
justamente las contrarias.
En el caso del Cónsul de Agadir ustedes son los que fuerzan al cónsul a
pedir destino. Son ustedes, porque lo abandonan a su suerte y entregan su
cabeza a las autoridades marroquíes. Y eso, simplemente, es indigno,
señor Ministro. Es indigno de un Gobierno abandonar a su suerte los
intereses nacionales. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador González Príncipe.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor Presidente,
señorías, yo creo que el señor Senador no acaba de entender cómo
funcionan las leyes y las relaciones internacionales.
No se trata de que le parezca bien o mal al Gobierno de España que el
Gobierno de Marruecos retire en un momento determinado el «exequatur» y
pida la retirada de un cónsul. No se trata de que nos parezca bien o no.
Yo ya se lo he explicado, pero, al parecer, su señoría no lo entiende:
tiene todo el derecho de hacerlo, de acuerdo con el artículo 23 de la
Convención de Viena, nos parezca bien o nos parezca mal. (El señor
González Príncipe: ¡Es lo que hicisteis con Cuba!)
Señoría, en este caso no se solicitó el relevo y ya he dado las razones
por las que el señor cónsul en persona, entendiendo que había actuado con
cierta ligereza, solicitó el cambio, porque otra práctica en los
Ministerios de Asuntos Exteriores serios es que cuando un diplomático
tiene que escribir un artículo en un medio de difusión nacional sobre
temas que son de su competencia, consulta y solicita permiso del
Ministerio correspondiente, y en este caso el señor Fernández Trigo, con
la mejor voluntad, no lo hizo, lo que produjo esa irritación.
En todo caso, señoría, repito que no se produjo retirada de «exequatur»,
sino una simple queja, y fue el propio cónsul quien, incómodo en esa
situación, solicitó el nuevo destino en Hanoi, puesto que es un experto
en temas de Asia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Asuntos
Exteriores.
-- DE DON JOAQUIM FERRER I ROCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL GOBIERNO
SE NEGO A SUSCRIBIR UNA DECLARACION ANEXA AL TRATADO DE AMSTERDAM, LA
CUAL REAFIRMABA EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD APLICADO A LAS ENTIDADES
AUTONOMICAS Y REGIONALES EUROPEAS. (680/000348.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Joaquim Ferrer i Roca, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre los
motivos por los que el Gobierno se negó a suscribir una declaración anexa
al Tratado de Amsterdam, la cual reafirmaba el principio de
subsidiariedad aplicado a las entidades autonómicas y regionales
europeas.
Tiene la palabra el Senador Ferrer i Roca.
El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el principio de subsidiariedad es uno de los pilares de
la construcción política de Europa. No hay ningún gran documento europeo
que se olvide de citarlo, no hay excepciones, todos, uno detrás de otro
lo citan y se fundamentan en su argumentación. Esta es una primera
consideración. Una segunda consideración es que el Estado español lo
reconoce constitucionalmente. No es por casualidad que este nuestro
Estado es denominado muy frecuentemente Estado de las Autonomías.
Teniendo presente estos dos datos, pregunto al señor Ministro por qué
motivos el Gobierno se negó a suscribir una declaración anexa al Tratado
de Amsterdam, que reafirmaba el principio de subsidiariedad aplicado a
las entidades autonómicas y regionales europeas.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer i Roca.
Tiene la palabra señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): señor Presidente,
con mucho gusto voy a contestar al Senador Ferrer, en el sentido de que
la posición defendida por el Gobierno español sobre el principio de
subsidiariedad durante la Conferencia Intergubernamental en la que se
negoció el Tratado de Amsterdam se basó en la necesidad de no modificar
el artículo 3.b) del Tratado, así como en la incorporación al Tratado en
forma de protocolo de los elementos y principios esenciales en esta
materia obrantes en la Declaración de Edimburgo.
Esa posición, tengo que decir en auxilio de la misma, fue compartida por
la mayoría de las delegaciones de los Estados miembros, siendo finalmente
incorporada al nuevo Tratado de Amsterdam. La incorporación a dicho
Tratado del contenido de la Declaración de Edimburgo, quiero insistir,
sobre subsidiariedad en forma de protocolo tiene además una gran
importancia para el desarrollo de este principio al otorgarle un valor
jurídico del que antes carecía.
Quiero insistir en que la posición del Gobierno español sobre esa
cuestión coincide plenamente, por otra parte, con la aprobada por la
Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea en su dictamen de 26
de diciembre de 1995, así como en su informe, que ratifica exactamente
este punto, de 29 de mayo de 1997.
El citado informe de mayo de 1997, es decir, un mes antes de la
aprobación del Tratado de Amsterdam, dice literalmente que no deben
aceptarse planteamientos que abran la vía a una renacionalización de las
políticas comunitarias ni a ningún planteamiento que pretenda modificar
el artículo 3.b) del Tratado, que es, como le he dicho al principio, la
posición que el Gobierno español mantuvo desde el inicio y que con ayuda
de la inmensa mayoría, me parece que eran once delegaciones además de la
española, acabó prosperando en la negociación final de ese Tratado de
Amsterdam.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Asuntos Exteriores.
Tiene la palabra el Senador Ferrer i Roca.
El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, reconocerá que es un episodio que ha causado extrañeza y
sorpresa, porque algunos de los párrafos de esta declaración que se
proponía decía cosas como las siguientes: Es evidente que la acción de la
Comunidad Europea, de conformidad con el principio de subsidiariedad, no
sólo afecta a los Estados miembros, sino también a sus entidades, en la
medida que éstas dispongan de un poder legislativo propio que les
confiere el Derecho constitucional.
Esta era una iniciativa de Estados con una complejidad constitucional,
con un reconocimiento de su diversidad interna clarísimo y ha sido muy
sorprendente que el Estado español no fuese no de los promotores, pero sí
de los que dieran apoyo a esta iniciativa.
Yo le sugiero, señor Ministro, con toda claridad que traslade al Gobierno
la necesidad, quizás, de emprender una iniciativa que recupere en el
ámbito europeo la presencia y el impulso del Gobierno español en este
sentido, en el de profundizar en el principio de subsidiariedad. Esta es
nuestra posición, solicitarle formalmente que traslade al Gobierno la
necesidad de una acción española, con el fin de pasar esta página, que es
un episodio que puede significar sencillamente una contradicción absurda.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer i Roca.
Tiene la palabra señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor Presidente.
Trasladaré al Gobierno, con mucho gusto, la petición que hace de modo muy
constructivo y positivo el Senador, señor Ferrer, lo que no quiere decir
que yo mismo comparta esa posición, ni el Gobierno, porque justamente si
por algo está vinculado el Gobierno es por el mandato que recibe de la
Comisión Mixta Congreso-Senado al respecto y sobre la que ya me he
pronunciado en términos muy claros.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
-- DE DON IMANOL BOLINAGA BENGOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES
NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS RAZONES QUE HAN LLEVADO AL GOBIERNO A NO
FIRMAR LA DECLARACION SOBRE LA SUBSIDIARIEDAD ANEXA AL TRATADO DE
AMSTERDAM, POR LA QUE SE REAFIRMARIA EL DERECHO A LA PARTICIPACION REAL
DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA TOMA DE DECISIONES COMUNITARIAS Y A LA
REPRESENTACION DIRECTA DE SUS INSTITUCIONES. (680/000350.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Imanol Bolinaga Bengoa, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las razones que
han llevado al Gobierno a no firmar la Declaración sobre la
subsidiariedad anexa al Tratado de Amsterdam, por la que se reafirmaría
el derecho a la participación real de las Comunidades Autónomas en la
toma de decisiones comunitarias y a la representación directa de sus
instituciones.
El Senador Bolinaga tiene la palabra.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Gobierno conocía de primera mano la importancia dada
por las Comunidades Autónomas a que en el Tratado de Amsterdam se
referenciase expresamente a las regiones con competencias legislativas en
relación con el principio de subsidiariedad.
No obstante, primero, se negó a defender esta posición autonómica con
razones y argumentos poco convincentes. Segundo, no informó a las
Comunidades Autónomas de que Alemania, Austria y Bélgica habían
presentado una declaración anexa que sintonizaba plenamente con las
aspiraciones dichas. Tercero, no convocó ninguno de los foros de diálogo
existentes sobre estas cuestiones, no explicó, no facilitó una
negociación sobre este punto entre Estado y Autonomías. Cuarto, lo que es
peor, conocía la irreversibilidad del hecho tras la firma del Tratado el
2 de octubre pasado.
Por consiguiente, y contando con el criterio afín del Senador Ríos, de
Coalición Canaria, sobre el particular, formulo la pregunta en los
términos ya dichos por la presidencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor Presidente.
Quiero insistir, por cuanto ahora estamos repitiendo los contenidos de la
pregunta anterior, en los mismos argumentos, pero, puesto que los acabo
de decir, seré breve.
Sí quiero dar nuevos enfoques del problema aclarando que la Declaración
sobre el principio de subsidiariedad suscrita por Alemania, Austria y
Bélgica es simplemente el reflejo de la posición mantenida por esos tres
países durante la conferencia. Es una simple Declaración definida sólo
por tres países que no coincide con la defendida por España y por la
inmensa mayoría, once delegaciones más en esa Conferencia, y por ello
mismo, lógicamente, no era coherente que el Gobierno español firmara tal
Declaración.
En ese sentido, quiero disipar el malentendido basado, a mi juicio, en
una incorrecta interpretación de que la negativa de España y de otras
once delegaciones a adherirse a esa Declaración implica una posición
contraria a que las Comunidades Autónomas puedan participar en instancias
europeas donde se tomen decisiones. No puede olvidarse que este Gobierno
ha hecho posible la participación de representantes de las Comunidades
Autónomas en Comités de la Comisión en los que se toman decisiones
importantes.
El Gobierno ha explicado en diversas comparecencias ante la Comisión
Mixta y en reuniones con las Comunidades Autónomas, las razones en que
fundamentó su posición y por ello mismo obtuvo no sólo la conformidad de
otras once delegaciones que permitieron finalmente que la tesis del
Gobierno español prospera en Amsterdam, sino que, además, repito, lo hizo
con el apoyo expreso, claro y terminante de la Comisión Mixta
Congreso-Senado que, no olvidemos, es el gran interlocutor parlamentario
del Gobierno en esta materia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Ministro, entrando en la historia de los
países que estaban más o menos de acuerdo con la posición española,
dejando aparte su número, quiero consignar que los tres países firmantes:
Alemania, Austria y Bélgica, tenían y tienen algo en común con España, y
es el hecho de ser países con nivel de descentralización, siendo
precisamente España uno de los países más descentralizados.
Por lo tanto, comprenderá que, a nuestro entender, no hay razón alguna,
ni jurídica ni política, para la negativa a firmar la declaración que,
por añadidura, es respetuosa con el Tratado, con la Constitución y los
Estatutos de Autonomía, siendo además una exigencia de la Asamblea de
Regiones de Europa, del Convenio Marco de Cooperación Transfronteriza y
de la Carta Europea de la Autonomía Regional y, por añadidura --según
entendemos-- también del sentido común que debe ser imperativo de todas
las relaciones.
Señor Ministro, la negativa en este caso va contra toda lógica y contra
una sensata y esperanzadora trayectoria, o sea, contra la canalización de
las Autonomías con capacidad legislativa y competencias exclusivas, y
contra su encaje en los procesos de decisión de la Unión Europea que se
constituye como una exigencia del propio diseño autonómico del Estado.
Ello debería ser factible a través de un consenso generalizado y de una
regulación legal y eficaz por medio de un decidido compromiso político.
Con esta actitud, señor Ministro, entendemos que queda pendiente una de
las asignaturas más importantes de nuestra democracia, que no se merece
--perdóneme la expresión-- tamaña miopía política ni semejante desprecio
a la letra y espíritu de los Estatutos de Autonomía que así lo recogen,
ni éste --perdóneme nuevamente la expresión--, vergonzoso desmarque del
sentir y actuar con respecto a Alemania, Austria y Bélgica.
El encaje de las Comunidades Autónomas en los procesos de decisión de la
Unión Europea, señor Ministro, demanda un decidido compromiso político
que usted debería insuflar. Entiendo que no le faltan ni condiciones ni
medios para ello, solamente hace falta la aportación de una voluntad
política decidida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
Tiene la palabra el señor Ministro de Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Quiero contestar
con cortesía, con amabilidad --que son propias de esta Cámara y del señor
Bolinaga--, pero también con toda firmeza en el sentido de manifestar que
esa crítica que acaba de formular su señoría entiendo que, más que al
Gobierno, la está haciendo a las decisiones de esta Cámara, a las
decisiones del Congreso y a las decisiones de la Comisión Mixta
Congreso-Senado que al respecto fueron terminantes en cuanto a la
posición que el Gobierno español debía mantener sobre este punto.
Además, el señor Bolinaga hace una comparación que, en cierto modo, es
pertinente, pero que no es la más importante, y habla de esos tres
países: Austria, Bélgica y Alemania que tienen en común con España un
sistema de autonomías. Podríamos dar otra característica que justamente
no tienen en común con España, y es que esos tres países son grandes
contribuyentes netos a la Unión Europea, mientras que España es
justamente un beneficiado neto del presupuesto comunitario, de ahí que el
lógico interés de estos países sea renacionalizar muchas de esas
políticas para recortar las contribuciones, mientras que el interés de
España, lógicamente es mantener el acervo comunitario y, desde luego, el
principio de la suficiencia de medios de las políticas comunitarias. Ahí
y no en otro punto está la cuestión.
Dicho esto --hubiera preferido no tener que hablar tan descarnadamente,
porque después nuestras posiciones se debilitan en otros foros--, repito,
ahí y no en otro punto está la cuestión, y he dicho que nadie viera un
interés en desnaturalizar el papel de las Comunidades Autónomas, sino que
se trata fundamentalmente de un problema económico presupuestario de
aportaciones y de recepción de ayudas.
Tenga la seguridad de que, una vez más, el Gobierno de España ha
defendido el interés nacional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro
-- DE DOÑA MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA INCIDENCIA QUE TIENE EN LA FINANCIACION AUTONOMICA
LA VARIABLE DE POBLACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. (680/000362.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María Antonia Martínez García, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la incidencia que tiene en la
financiación autonómica la variación de la población de las Comunidades
Autónomas.
Tiene la palabra la Senadora Martínez García.
La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el padrón de 1996, aprobado o sin aprobar, ahora lo
veremos, arroja un aumento de la población de 866.480 habitantes
distribuidos en diez Comunidades Autónomas, de los cuales, la mitad
pertenecen a la Comunidad Autónoma de Galicia y el resto de ese aumento
de población se distribuye en Comunidades Autónomas como Valencia,
Murcia, Canarias, Baleares, al tiempo que se desprende una disminución
importante de la población en Comunidades Autónomas como Galicia y
Castilla y León.
Son varias las declaraciones de miembros del Gobierno afirmando que este
padrón de 1996 no va a tener ningún efecto sobre la financiación
autonómica, y es por ello que nos parece oportuno, sobre todo ahora
después de haber ganado las elecciones en Galicia, preguntar con toda
cordialidad, pero también esperando una respuesta que clarifique la
situación, cómo valora el Gobierno la variación de la población en el
sistema de financiación autonómica.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Martínez García.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, exactamente con la misma cordialidad digo lo mismo,
antes de las elecciones de Galicia, que no sé qué tienen que ver con el
modelo de financiación autonómica, y después. La variación de la
población no tiene ninguna incidencia en el modelo de financiación
autonómica y, por tanto, cuando se apruebe el padrón del año 1996 las
cosas quedarán exactamente igual. Así se dice, con meridiana claridad, en
el modelo de financiación autonómica aprobado por el Consejo de Política
Fiscal y Financiera en el año 1996; así se decía en el modelo de
financiación autonómica aprobado en el año 1991 para el quinquenio
1992-1997, y en el año 1986 para el quinquenio 1987/1992. Por tanto, no
tiene ninguna incidencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Martínez García.
La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Comprenderá, señor Ministro, por las razones que le voy a dar que no
compartamos, en absoluto, la afirmación, efectivamente tan rotunda, que
acaba de hacer sobre la carencia de incidencia del padrón de 1996 sobre
el sistema de financiación autonómica.
Es evidente, señor Ministro, que el Acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera hacía referencia al mantenimiento de los criterios,
valoración y ponderaciones del quinquenio anterior, pero usted sabe bien
que ese acuerdo no es sino el acuerdo de un Consejo, órgano consultivo,
deliberante, en el que el Consejo de Ministros tiene mayoría. Además,
existe una normativa de rango superior, que es la Lofca, que prevé que
pueda revisarse el índice de participación en los ingresos generales del
Estado, pasados cinco años, a solicitud del Gobierno o de alguna
Comunidad Autónoma, como parece ser este el caso.
Dice su señoría que no hay incidencia de esta variación de la población
en el sistema de financiación autonómico. Señor Ministro, en la fijación
de la participación de las Comunidades Autónomas en los impuestos del
Estado no cedidos debe tenerla necesariamente. El no considerar este
aumento de población o disminución en otras Comunidades de la población
significa desde luego la ignorancia, una incidencia absolutamente
negativa sobre la suficiencia de sus recursos para atender los servicios
públicos y las demanda de servicios públicos.
Pero le digo más, si a este hecho de que con los mismos recursos
inicialmente previstos por el sistema debe atenderse a una mayor
población, se añade el supuesto que se da en algunas Comunidades
Autónomas, como es el caso de Murcia, donde este aumento de población
viene a sumarse a la diferencia que todavía separa su financiación por
habitante de la media de las Comunidades Autónomas, esta injusticia pasa
a ser de grado mayúsculo.
Permítame que, sin ánimo exhaustivo, le diga que hay otros elementos del
sistema de financiación donde también debe incidir la variación de la
población. Me estoy refiriendo, señor Ministro, al establecimiento, por
ejemplo, del nivel medio de los servicios públicos fundamentales, que el
artículo 15 de la Lofca prevé, y que el Gobierno se ha comprometido a
instrumentalizar jurídica, financiera y presupuestariamente en la
asignación en los presupuestos durante este año 1997. ¿Cómo van a fijar
el nivel medio de esos servicios fundamentales desconociendo el elemento
de población?
Si grave me parece desconocer la población para un servicio común,
general, me parece muy grave que se prescinda en servicios fundamentales,
como la sanidad, la educación u otros, de este elemento tan importante.
Pero también, señor Ministro, debe tener alguna incidencia en ese Fondo
de Garantía que han elaborado o prefijado en el nuevo sistema de
financiación, ya que este Fondo, según está previsto, tiene como
finalidad garantizar la suficiencia dinámica y se marca como objetivo
disminuir la diferencia que existe entre comunidades por la financiación
media por habitante. ¿A qué habitantes y a qué media se refiere si no se
tienen en cuenta los habitantes en la población real?
El señor PRESIDENTE: Senadora Martínez, termine, por favor.
La señora MARTINEZ GARCIA: Termino, señor Presidente.
Creo, señor Ministro, que deben empezar a rectificar; rectificando seguro
que aciertan, y no es problema de que en unas comunidades gobierne el
PSOE y en otras el PP o los nacionalistas, sino de tener presente un
hecho real, que es que ha aumentado la población y que con los mismos
recursos no se puede hacer frente a la demanda de servicios y de bienes
que esta población demanda.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Martínez García.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señora Martínez, agradezco su tono, y en mi respuesta actuaré en
consecuencia.
La participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos generales
del Estado se fija cada cinco años, y en ese momento, ¿qué se decide? En
primer lugar, qué variables se usan. Actualmente se ha decidido que se
usen las variables de población, de superficie, de unidades
administrativas, de insularidad, pero se pueden usar otras distintas. Se
decide que se usen unas variables. En segundo lugar, se decide cuánto
ponderan esas variables y, por ejemplo, en las Comunidades Autónomas del
artículo 151, la variable población pondera el 94 por ciento, y en las
del articulo 143, pondera el 64 por ciento. En tercer lugar, también se
decide qué valores se usan, es decir, si se usa la población del último
censo, del último padrón, si se usa la variable de pobreza relativa de
este año o de hace tres años, etcétera. Por tanto, se deciden variables,
ponderaciones y valores.
¿Qué es lo que se ha hecho en este año 1996? Para que ninguna Comunidad
Autónoma ganara ni perdiera respecto del anterior modelo se acordó
utilizar las mismas variables, ponderaciones y valores. Podría haberse
adoptado otra decisión, podría haberse dicho que se usara la población
del censo de 1996, pero también podría haberse dicho que la variable
población en lugar de ponderar un 94 por ciento ponderase un 3 y la
variable de insularidad ponderase un 97. ¿Entiende usted por qué no
incide para nada la variación de la población en el modelo de
financiación autonómica? Pero es más, esto fue lo que se hizo en los años
--como le he señalado antes-- 1987-1992 y 1992-1997, donde no se acudió
ni al padrón ni al censo de la población, sino a una estimación hecha
varios años antes por el Instituto Nacional de Estadística.
El modelo que hemos aprobado ahora es para cinco años. En el año 2002 ya
veremos lo que se hace, a lo mejor se decide que cuente la población
real, o --como le he dicho antes-- que en lugar de contar la población,
cuente la superficie, cuente la pobreza relativa o cuenten las unidades
administrativas.
Sí tiene razón usted en una cosa: en que como mecanismo de garantía en el
modelo hemos establecido que, al final del quinquenio, ninguna Comunidad
Autónoma recibirá menos del 90 por ciento de la media por población, y
ahí sí que tiene que contar la población real. También tiene usted razón
en que Murcia tiene el nivel de financiación de población más bajo de
toda España. Que eso sea así, lo que ha ocurrido en Murcia, no es mi
responsabilidad, no sé de quién será; pero Murcia, al final de este
quinquenio tendrá, al menos, el 90 por ciento de la financiación por
población de toda España.
Creo que con eso queda suficientemente aclarado, y no hago ningún tipo de
comentario político, no hace al caso en este momento, pero creo que queda
demostrado, y espero que ustedes lo entiendan, pero para entenderlo
tienen que hacer un esfuerzo. No incide para nada la variación de la
población. Creo que he sido muy claro, señora Senadora.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
-- PREGUNTA DE DON JUAN JOSE LABORDA MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LOS MOTIVOS QUE HAN LLEVADO AL GOBIERNO A RETRASAR LA
PUBLICACION EN EL «BoletIn Oficial del EstadO (BOE)» DEL PADRON MUNICIPAL
DE 1996, APROBADO EL PASADO 11 DE JULIO EN EL CONSEJO DE MINISTROS.
(680/000363.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan José Laborda Martín, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los motivos que han llevado al Gobierno a
retrasar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado (BOE)» del
padrón municipal de 1996, aprobado el pasado 11 de julio en el Consejo de
Ministros. Tiene la palabra el Senador Laborda.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente. Mi pregunta,
señor Vicepresidente, se sintetiza de manera muy sencilla, ¿aprobó o no
el Consejo de Ministros del pasado día 11 de julio el padrón para 1996?
Señor Vicepresidente, no sé si usted me reconocerá que desde que este
asunto ha salido a discusión pública nos hemos encontrado en uno de esos
debates en los que el Gobierno suele jugar con el método de los
globos-sonda. Pero no sé si su señoría me reconocerá que aquí no estamos
hablando de iniciativas del Gobierno sobre pensiones, ni siquiera de la
ocurrencia de turno del señor Barea. Aquí estamos hablando de algo muy
serio que afecta a la seguridad jurídica, que tiene que ver con los
ciudadanos y con las Comunidades Autónomas y que afecta a cuestiones tan
importantes como, por ejemplo, la discusión sobre la financiación
sanitaria, señor Vicepresidente. Por tanto, quiero saber qué pasa con
este asunto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Laborda Martín.
Señor Vicepresidente Primero del Gobierno, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias,
señor Presidente.
Señor Laborda, el Gobierno no aprobó el día 11 de julio el proyecto de
real decreto en virtud del cual se confeccionaba el padrón del año 1996,
y como no lo aprobó por eso no se publicó en el «Boletín Oficial del
Estado», aunque erróneamente se recogió en la referencia del Consejo de
Ministros (Varios señores Senadores de los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista: ¡Vaya, hombre!). Comprenderá usted que la
seguridad jurídica y política la da el «Boletín Oficial del Estado», no
las referencias del Consejo de Ministros.
¿Por qué no aprobó el proyecto de real decreto? Pues porque había cifras
de población en ocho municipios sobre las que no existía acuerdo y entre
los ocho municipios había una capital de provincia. Y el Gobierno quería
aprobar un buen padrón, no aprobar el padrón, aprobar un buen padrón.
¿Por qué quería aprobar un buen padrón? Porque esta aprobación por real
decreto era la última aprobación que en virtud de la Ley de Régimen Local
vigente le atribuía al Gobierno esa competencia, puesto que sabe su
señoría que a partir del padrón del año 1996 las renovaciones o
actualizaciones en el futuro de censos y padrones se harán mensualmente,
de manera informatizada y sin necesidad de ninguna disposición normativa.
Por lo tanto, para que las renovaciones futuras, sobre las que no recae
la obligación de dictar ninguna disposición normativa, partan de un buen
padrón es por lo que hemos decidido esperar a aclarar las discrepancias
que existen sobre el censo de estos ocho municipios.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
Tiene la palabra el Senador Laborda Martín.
El señor LABORDA MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, ésta es la cuestión, señor Vicepresidente. Si no llega a
suceder lo que ha sucedido, y es que nos hemos enterado de esta
importante y grave cuestión a través de un medio de comunicación, lo
cierto es que hubiéramos estado --incluido el Instituto Nacional de
Estadística-- en la certeza de que el Gobierno había aprobado en julio el
padrón de 1996. Y el Gobierno lo que tiene que hacer --efectivamente,
estoy de acuerdo con su señoría--
es rectificar en el «Boletín Oficial del Estado» si es que ha comunicado
lo que, no sé por qué razones inverosímiles, no aprobó. Porque la
pregunta que uno puede hacerse es: ¿qué ocurre, que el Gobierno comunica
lo que no aprueba, o es que este Gobierno aprueba incluso cosas que no
comunica, o es que el estilo de Gobierno está inspirado en el Presidente
de Telefónica, que no se somete ni a la ley ni da cuentas al Parlamento?
Pero lo más grave de todo, señor Presidente, sobre esta cuestión es que
mientras Comunidades Autónomas han estado solicitando del Gobierno de una
vez que les digan cuántos habitantes existen a los efectos de la
financiación sanitaria durante mucho tiempo, resulta que un Diputado
--que, efectivamente, a diferencia de esas Comunidades Autónomas va a
prestar sus votos para aprobar el presupuesto del Estado-- sale de la
Moncloa después de entrevistarse con el Presidente del Gobierno con el
padrón bajo el brazo, el que no se aprobó, y con mucho dinerito caliente,
generando desigualdades para la Comunidad que dice representar. Este es
el problema grave, señor Alvarez-Cascos, y puede usted dar las
explicaciones que quiera a posteriori, que salimos con la sensación de
que una vez más el Gobierno a veces se escapa un poco de sus obligaciones
juradas.
Muchas gracias, señor Presidente (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Laborda Martín.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias,
señor Presidente.
Señor Laborda, puede resultar un debate interesante repasar las
referencias de los Consejos de Ministros para saber en qué medida en las
referencias de los Consejos de Ministros a veces se producen hechos como
éste; si usted quiere lo hacemos y ponemos la referencia donde usted
quiera. Porque a veces, por la urgencia de las comparecencias para dar
las referencias del Consejo de Ministros --especialmente en lo que hace
referencia a lo que usted conoce y conocen sus señorías como el índice
verde de los asuntos que previamente han examinado otras Comisiones-- se
produce excepcionalmente alguna circunstancia como ésta, y yo no quiero
convertirla en polémica. Si usted quiere abrir esa polémica, yo con mucho
gusto aporto a esta Cámara los precedentes de posibles errores en las
referencias del Consejo de Ministros.
Pero, señor Laborda, de ahí a poner en cuestión la seguridad jurídica,
tratando de inducir a pensar que la seguridad jurídica depende de las
referencias del Consejo de Ministros y no del «Boletín Oficial del
Estado», la verdad es que parece un debate ridículo. Señoría --lo acaba
de aclarar el Ministro de Administraciones Públicas--, del padrón de 1996
no depende el nuevo modelo de financiación. (El señor Laborda Martín: No,
pero sale de ése) No, señor Laborda. Vamos a ir dejando cosas sentadas:
no depende la financiación de las Comunidades Autónomas que no han
aceptado el nuevo modelo; no depende la financiación sanitaria vigente,
que se apoya en datos de población del Instituto Nacional de Estadística
del año 1991; no depende la cuantía del Fondo de Compensación
Interterritorial para el año 1998; no depende el nuevo modelo de
financiación sanitaria que, entre otras cosas, está por definir.
Por tanto, todo lo que ustedes han utilizado para buscar una explicación
a su crítica de que haya un error en la referencia del Consejo de
Ministros ya ha quedado desmontada. Pero queda todavía por desmontar una
más: me gustaría que explicaran en dónde hay un perjuicio entre que el
padrón se publique en el «Boletín Oficial» del mes de julio o en el
«Boletín Oficial» del mes de noviembre. Porque no hay perjuicio en los
modelos de financiación, pero tampoco hay ningún efecto sobre el único
asunto que depende del padrón, y que ustedes no han citado ni se han
preocupado, que es la financiación municipal. (La señora Pleguezuelos
Aguilar: ¡La próxima semana!) La financiación municipal sí depende de los
padrones, pero la del año 1996 depende del padrón vigente el día 1 de
enero. Por lo tanto, el padrón del año 1996 sólo influirá en la
financiación municipal del próximo año 1998, a partir del 1 de enero. Por
eso, señor Laborda, quiero tranquilizarle y quiero tranquilizar a los
municipios que puedan sentir alguna inquietud por la fecha de la
publicación del padrón. Se publicará un buen padrón, el mejor padrón
antes del 31 de diciembre, para que las únicas entidades cuya
financiación depende del padrón no se vean afectadas por ningún retraso
en el padrón del año 1992.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente primero del
Gobierno.
INTERPELACIONES:
-- DE DON JOAQUIM I FERRER I ROCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS PRIORIDADES QUE PIENSA IMPULSAR
EL GOBIERNO PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, A PARTIR
DE LA TRANSFORMACION REALIZADA. (670/000057.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día que son
las interpelaciones. En primer lugar, la de don Joaquim Ferrer i Roca,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
sobre las prioridades que piensa impulsar el Gobierno para continuar con
el desarrollo económico y social, a partir de la transformación
realizada.
El Senador Ferrer i Roca tiene la palabra.
EL señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, entre los instrumentos de que dispone un parlamentario para
canalizar sus iniciativas está la interpelación. La interpelación, según
prescribe el artículo 170 del Reglamento de esta Cámara, debe dirigirse
al Gobierno, y esto es lo que hago con esta interpelación. Pero yo
quisiera advertir que esta interpelación va dirigida efectivamente al
Gobierno y es su respuesta la que prioritariamente me interesa conocer,
pero también es mi intención al plantear esta interpelación no abrir un
debate para conocer qué opinan todos los Grupos parlamentarios, porque
este debate que planteo en esta interpelación es un debate ya abierto
continuamente, pero sí para replantear una cuestión que entiendo que
periódicamente debe ser analizada, estudiada y actualizada.
El objetivo de esta interpelación, telegráficamente expuesto, es: cómo
deseamos que se oriente la política para continuar el desarrollo
económico y social, y qué prioridades piensa impulsar el Gobierno para
continuar esta transformación. Este es el objetivo de la interpelación.
Para desglosarlo, para exponerlo, analizaré brevemente tres puntos. En
primer lugar, un balance del desarrollo económico y social realizado en
los últimos veinte años en el Estado español. El segundo punto será un
análisis de la situación actual que, como comprenderán sus señorías, será
breve, y un tercer punto en el que se enumerarán y sugerirán algunos de
los elementos que parecen necesarios para continuar el proceso de
desarrollo económico y social. Escoger el trámite de la iniciativa de una
interpelación tiene la ventaja de que sugiere un debate ciertamente algo
holgado, pero tampoco con grandes posibilidades. Estos tres puntos --los
últimos veinte años, la situación actual y elementos para continuar el
desarrollo económico y social-- seguramente tendrán que ser presentados
de una manera sintética.
El primer punto es el balance de los últimos veinte años. Señorías, ha
sido descrito por todos los analistas, historiadores, analistas de todo
tipo, que la transición política que significó el restablecimiento de las
libertades democráticas tuvo en su seno grandes contenidos sociales y que
no fue por casualidad, ni mucho menos, por lo que nuestra Constitución
recogió profundas aspiraciones populares en el campo de objetivos y de
aspiraciones sociales. Es una evidencia. El primer logro de la transición
fueron las libertades democráticas, pero su plasmación concreta en la
Constitución fue el de atacar un sinfín de asignaturas pendientes que
tenía España en el campo de los equipamientos sociales, en el campo de
las necesidades y problemas sociales en general.
Para ilustrar lo que digo, con gusto quiero leer un párrafo de unas
memorias recientes que ha publicado el que fuera durante más de veinte
años Secretario General de Comisiones Obreras en Cataluña, José Luis
López Bulla, que tuvo que abandonar su Granada natal en 1965. En dichas
memorias dice: En aquellos días lejanos --en 1965-- sabía que dejaba
atrás una tierra bellísima que sólo unos pocos podían disfrutar. Me iba
huyendo en especial --continúa-- de un prolongado tedio histórico que
estaba perfectamente organizado para que nadie fuera capaz de sobrepasar
la regla de tres compuesta, no fuera que se desparramara un poco de
ciencia entre las personas subterráneas.
Este comentario, teñido de ironía, de ese antiguo dirigente sindical nos
sitúa en lo que era un objetivo durante la transición: atacar y resolver
el tedio histórico, el retraso sin paliativos y la necesidad de acometer
el sinfín de grandes problemas sociales que aún nos aquejaban.
La Constitución, en efecto, recoge cumplidamente estas aspiraciones, y
hay que decir que en los últimos veinte años todos los analistas
coinciden en que se ha dado un salto gigantesco hacia adelante en el
sentido de reducir o eliminar déficit extraordinarios en estos campos: en
el de la sanidad, en el de la enseñanza, en el de la vivienda, en el de
las comunicaciones. Por consiguiente, los últimos veinte años terminan
con unas conclusiones muy positivas en relación a la historia, y así hay
que decirlo.
Todo este gran esfuerzo cristalizó en la adopción del modelo del Estado
del Bienestar, que no es un invento español, sino que es una fórmula, un
modelo que empezó a aplicarse en la segunda mitad del siglo XX en Europa,
pero que tiene raíces mucho más lejanas, y que tiene como gran objetivo
el de hacer efectiva la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Como
todas sus señorías saben, en el siglo pasado, durante años y años, se
afirmó la igualdad de los ciudadanos ante la ley cuando, en realidad,
muchos de ellos no tenían posibilidades en el campo de la enseñanza, en
el campo de la sanidad, en el campo de la vivienda, en el campo de las
comunicaciones, para hacer efectiva esta igualdad.
Pues bien, el modelo del Estado del Bienestar ha sido en el conjunto de
la Europa que lo ha aplicado, y concretamente en el Estado español, el
gran instrumento para eliminar, en muchos casos, problemas endémicos y
para avanzar en la erradicación de lo que aquel dirigente sindical
describía como el tedio histórico.
Este es el balance; un balance que yo creo que en este momento nadie
discute y que honra a todos los que de una manera u otra, aun teniendo
distintas coloraciones políticas o distintos horizontes políticos, hemos
colaborado en su realización.
Paso al segundo punto. ¿Cuál es la situación actual? El Estado del
Bienestar tiene su inercia entre nosotros, pero este interpelante debe
decir, porque ésta es una de las razones por las cuales presenta esta
interpelación, que esta inercia va sufriendo una cierta erosión; erosión
que es debida seguramente al interés de todos en recordar los orígenes
del modelo que llamamos ahora, a finales del siglo XX, Estado del
Bienestar.
Ya he mencionado hace unos minutos cuál era el problema: hacer efectiva
la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Además, los clásicos de este
modelo, los que a finales del siglo pasado empezaron a pensar sobre la
conveniencia de que los gobiernos intervinieran directamente para hacer
efectiva la igualdad de los ciudadanos ante la ley, concluían el
razonamiento diciendo: cuando todos los ciudadanos sean realmente iguales
ante la ley, entonces será posible hacer una sociedad más justa, más
armoniosa, aunque el término clásico, que ahora nos suena
desgraciadamente muy lejano, era más fraternal.
Yo creo, sinceramente, señorías, que a la hora de hablar del Estado de
Bienestar, que todos queremos mantener, es necesario recordar, reafirmar
y airear --hoy también-- cuáles son sus orígenes y cuál fue su último
objetivo: hacer una sociedad más justa. No poblamos la Península Ibérica
de hospitales, autovías, escuelas, institutos y universidades para tener
estadísticas más reconfortantes, sino para que todos los ciudadanos sean
iguales, efectivamente, ante la ley y, siéndolo, puedan desarrollar mucho
más sus potencialidades, y haciéndolo, creen una sociedad más justa, más
armoniosa y --como decían los clásicos-- más fraternal.
Veinte años después llegamos al momento actual y este interpelante cree
que es necesario hacer un esfuerzo para adaptar este modelo, que nadie
discute, a las realidades de hoy. Ya hemos hecho un gran avance y, por
consiguiente, cabe preguntarse con toda limpieza y con toda honradez lo
siguiente: ¿es necesario continuar haciendo lo mismo o debemos adaptar la
Constitución, manteniendo el Estado del Bienestar, las mismas premisas
constitucionales, las mismas connotaciones sociales que tiene la
Constitución, los mismos contenidos sociales, a las necesidades que tiene
hoy?
Hoy ya no es un problema acuciante la construcción de escuelas. Será
siempre un problema acuciante su actualización y su utilización, pero no
--repito-- su construcción. Lo mismo podríamos decir de muchos otros
aspectos, del sanitario, de las vías de comunicación, de la cultura,
etcétera. Por consiguiente, parece necesario que hoy, que nos planteamos
continuar con el mismo proceso de desarrollo económico y social, pensemos
en su adaptación a las necesidades y a los problemas de hoy, que no son
los de hace 20 años.
Hay que recordar, quizás, en medio de esta exposición --y este hilo
argumental me empujará luego a interpelar sobre cuáles son las
prioridades del Gobierno--, que hoy tenemos todavía una comprensión
rudimentaria de lo que es vivir en libertad. Hay aún muchos conciudadanos
nuestros que creen que vivir en libertad es, simplemente, tener un marco
de libertades. Pero saber lo que es vivir en libertad es algo aún
escasamente conocido y, seguramente, es una asignatura pendiente hacer
comprensible a la mayoría de los ciudadanos que el marco de libertades es
una conquista, pero que tiene que llenarse de contenido con el esfuerzo
de todos.
Vivir en libertad no es precisamente una renta ni un hecho inamovible.
Vivir en libertad es un marco que se conquista, que se mantiene y se
llena de contenido, pero no con decretos solamente sino con el esfuerzo
realmente convencido de los ciudadanos, es decir, con la iniciativa
social.
En este sentido, y dada la situación actual, no quisiera citar nombres de
poblaciones ni de Comunidades Autónomas en las que me ha parecido
sinceramente que en los últimos años se han hecho grandes operaciones de
desarrollo y en las que, sin embargo, ha faltado de manera escandalosa un
elemento. Ese elemento que digo ha faltado y ha hecho casi fracasar
operaciones de desarrollo ha sido el siguiente: se han realizado las
obras urbanísticas, se cuenta ya con los equipamientos sociales
previstos, pero hemos argumentado muy escasamente por qué habíamos hecho
aquello, cómo debía utilizarse y qué debía significar para el conjunto de
la comunidad. Y a este respecto hay casos muy importantes en los que
intenté encontrar una argumentación pública respecto del gran avance que
podía propiciar aquella obra concreta que tenía ante mis ojos, pero en
ningún momento encontré una posible argumentación.
Por consiguiente, ante esa falta de argumentación sobre el significado
que tenía una determinada obra importante en el proceso de desarrollo
económico y social, la población puede tener también una tendencia a
verla como una mejora superficial y a no utilizarla en profundidad para
impulsar el desarrollo económico y social. Esto es algo que ha pasado y
que, en general, aún nos pasa. Esta va a ser una de mis preocupaciones,
no ya una de mis conclusiones puesto que las prioridades pertenecen al
Gobierno.
Y paso al tercer punto enumerando algunos elementos que creo
absolutamente necesarios para los próximos años para contestar a la
siguiente pregunta: ¿Hemos de continuar haciendo lo mismo, o después del
gran esfuerzo realizado y que realizamos actualmente hemos de modificarlo
todo en función del avance que hemos hecho?
Dada esa situación, recordaré simplemente en voz alta cinco elementos que
pueden ser útiles para las prioridades del Gobierno. En primer lugar, y
después de lo que acabo de explicar sucintamente, creo necesario
incentivar la utilización de los medios de que se dispone. Así como
cuando se realiza cualquier obra se tiene en cuenta el presupuesto,
deberíamos acordar que no se realizara obra alguna que no tuviera su
propio presupuesto, como ahora, y que tampoco se realizara si no conlleva
al mismo tiempo una argumentación sobre su función social y una
explicación sobre lo que esa obra significa.
A todos nos ocurre con frecuencia que nos preocupamos solamente de los
recursos económicos --que, sin duda, son muy importantes, como se
comprobará en esta Cámara dentro de unas semanas en el debate de los
Presupuestos Generales del Estado para el próximo año--, pero eso no
quiere decir que no debamos subrayar la necesidad de que las obras de
todo tipo que continuarán realizándose en los próximos años --obras que
se actualizarán o que serán de nueva creación-- deben conllevar también
su argumentación social y su presupuesto para dar una explicación de su
función social.
En segundo lugar, hay que movilizar las energías, lo que puede ser
parecido a lo que acabo de decir. Pero movilizar las energías no es fácil
--es preferible confesarlo públicamente ante sus señorías--. Es mucho más
fácil aprobar un presupuesto y destinar unos recursos --lo que es un acto
político de gran significación--, que convencer a los usuarios sobre su
función social. Y al ser esto mucho más difícil, no diré que este aspecto
del progreso económico y social haya quedado marginado, pero es evidente
que ha sido tratado de forma insuficiente. Por tanto, hay que insistir en
la movilización de energías a partir del instrumental de obras, a partir
del desarrollo económico y social que ya tenemos.
Con el desarrollo que hoy existe en España, está claro que puede haber
mucho más desarrollo económico y social si movilizamos las energías, que
aún están acusadas de lo que decía aquel dirigente sindical: de la
inercia del tedio histórico. Por consiguiente, hay que establecer esta
cuestión como una prioridad.
En tercer lugar, hay que reforzar la identidad --y argumentarla-- y la
globalidad. Son dos caras de la misma moneda. Vivimos una época en la que
todas las gentes de Europa refuerzan su identidad, su sentido de
comunidad y, al mismo tiempo, complementan éste con la globalidad. Están
desapareciendo las fronteras, si no han desaparecido ya.
En cuarto lugar, hay que incitar claramente, sin ningún rubor, al
protagonismo individual y colectivo. Es necesario volver a subrayar
--dignificar me parece un término excesivo-- la gran importancia del
protagonismo individual y colectivo, para que el desarrollo económico y
social no sea sólo una obra de las instituciones políticas; aunque es
algo muy meritorio y significativo, porque durante siglos no lo hicieron.
Pero, siendo un gran logro, el desarrollo económico y social no sólo es
eso: también necesita de la complicidad y el protagonismo de los
ciudadanos en el plano individual y colectivo.
Y, en quinto lugar, es necesario que todo esto concluya con más
iniciativa social. El Estado español se ha situado ya en un nivel en el
que, si convencemos a la inmensa mayoría de los ciudadanos de aprovechar
al máximo --como suyos que son-- los elementos educacionales, de salud,
de comunicación, de cultura, etcétera, para sus iniciativas, es
previsible que los próximos veinte años no sirvan para sacudirnos el
tedio histórico, sino, sencillamente, para profundizar en lo que es el
desarrollo económico y social y situarnos en los primeros lugares de
Europa.
Por esta razón, señor Presidente, mi interpelación se refiere a los
criterios y prioridades del Gobierno en el conjunto del proceso de
desarrollo económico y social para los próximos años.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ferrer i Roca.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, quiero agradecerle doblemente la oportunidad de debatir las
cuestiones que se contienen en esta interpelación, así como la forma en
que han sido expuestas, en la medida en que creo que, siguiendo el marco
establecido por el interpelante, hoy nos encontramos en esta Cámara, en
el Senado, en el primer acto de un debate muy amplio que, una vez
abierto, debe continuar necesariamente en esta misma Cámara durante los
próximos meses.
¿Por qué hago esta consideración al inicio de mi intervención?
En primer lugar, porque creo que si buscamos en la definición o en los
conceptos centrales del desarrollo económico y social de España algunas
consideraciones que lo enmarcan, desde el punto de vista competencial o
de las responsabilidades políticas, podremos convenir --y, desde luego,
el Gobierno así lo considera-- que no estamos hablando de una cuestión
que es competencia exclusiva del Estado, sino del desarrollo económico y
social, que es una competencia crecientemente compartida por el Estado y
las Comunidades Autónomas y, si usted quiere, en menor medida, pero no
por ello irrelevante, las Corporaciones locales.
Bastaría para justificar mi afirmación con recordar que hoy la estructura
del gasto público en España --con los últimos datos conocidos, incluyendo
las pensiones; si las excluimos mi afirmación se refuerza más-- sitúa en
manos del Estado el 61 por ciento --repito que incluyendo las
pensiones--; en manos de las Comunidades Autónomas, el 26 por ciento y en
manos de las Corporaciones locales, el 13 por ciento.
Cuando se concluya el proceso de transferencias previsto de la sanidad y
de la educación, aproximadamente el reparto de la estructura del gasto
quedará con un 54 por ciento en manos del Estado, un 33 por ciento en
manos de las Comunidades Autónomas y un 13 por ciento en manos de las
Corporaciones locales, a expensas de lo que dé de sí el desarrollo del
Pacto Local.
Cuando el peso del Estado es poco más del 50 por ciento y el de las
Comunidades Autónomas un tercio, convendremos que conceptos como el
desarrollo económico y social no los puede hacer el Estado de espaldas a
las Comunidades Autónomas ni éstas de espaldas al Estado.
Le diría más, si los objetivos fueran contradictorios, correríamos el
riesgo de que los esfuerzos de unos y de otros pudieran neutralizar los
resultados. Es más, yo creo que alguna de las conclusiones --voy al final
de la intervención de su señoría-- que, como sugerencia de prioridades,
señalaba, como, por ejemplo, los aprovechamientos educacionales, de salud
o de cultura, prácticamente en su totalidad, en la medida en que son
competencia de las Comunidades Autónomas, deberemos de establecer una
convergencia para, desde el Estado, incentivar esa prioridad, pero la van
a tener que protagonizar las Comunidades Autónomas. Desde luego, los
aprovechamientos educacionales, de salud y de cultura, una vez terminado
el proceso de transferencias, serán una responsabilidad de las
Comunidades Autónomas y, por tanto, el Estado, el Gobierno, debe de
diseñar una política de apoyo, de colaboración, de cooperación, con los
grandes objetivos que en esa materia tracen el conjunto de las
Comunidades Autónomas.
Por tanto, creo que a partir de esta premisa es muy oportuno que, además,
este debate se abra en el Senado y que continúe en él. Yo quiero
ofrecerle a su señoría y al resto de los grupos parlamentarios la
voluntad del Gobierno de participar todo lo intensamente que se requiera
en las iniciativas que su señoría suscite en materia de convergencia a la
hora de diseñar los grandes acuerdos de desarrollo económico y social.
La segunda consideración que no podemos ignorar es que la evolución del
desarrollo económico y social en España no se puede aislar de su
progresiva integración en la Unión Económica y Monetaria Europea. De
hecho, nuestra incorporación ya ha permitido una progresiva introducción
en España de libertades económicas fundamentales: la libre circulación de
personas en Europa, la de mercancías, la de servicios y la de capitales,
con el consiguiente incremento de competencia con el resto de las
economías europeas en la economía española.
El impulso a la integración económica que, por otra parte, ha primado en
el desarrollo de la Unión Europea, a nuestro juicio, es básico para
entender, por otra parte, los avances progresivos hacia mayores cotas de
integración. Yo creo que los horizontes de la Unión Europea apuntan hacia
mayores cotas y no hacia menores cotas de integración.
En ese sentido, la Unión Económica y Monetaria no es sólo un proyecto
económico, en cuanto que es la culminación del Mercado único y la
respuesta estratégica de la Unión Europea a la competitividad
internacional, sino que además es fundamentalmente un proyecto político
que consolida los sistemas políticos democráticos de todos los países
europeos y contribuye a una resolución amistosa y coordinada de posibles
diferencias que surjan en el campo económico y político de los países
europeos.
Cuando se habla, por ejemplo, del euro, hay que decir que no sólo son las
empresas grandes o pequeñas las que se van a beneficiar del euro, y creo
que su apelación a los estímulos individuales de los ciudadanos tiene
pleno sentido cuando, por ejemplo, tenemos la responsabilidad de explicar
que el euro favorece también, y de manera principal, a los ciudadanos
individualmente. Los ciudadanos van a tener mayores facilidades para
comprar y vender a través de las fronteras, para hacer turismo sin
riesgos de tipos de cambio, para elegir, en base a calidad y precio,
entre un número más amplio de proveedores de bienes y servicios, entre
ellos los financieros, una vez que se hayan desmontado, con la entrada
del euro, las barreras de las diferentes monedas entre los países. En ese
sentido, yo creo que nuestra integración en la Unión Económica y
Monetaria es un buen instrumento para potenciar lo que, desde el punto de
vista de la incitación al protagonismo individual y colectivo de los
ciudadanos, sugería su señoría.
Además, la Unión Económica y Monetaria establece algunos compromisos que
no pueden ser ignorados, en el marco de un proyecto de desarrollo
económico y social, en la política macroeconómica. Así, la política
macroeconómica de la estabilidad llevada a cabo por el Banco Central
Europeo y el Consejo de Ecofim va a sustraer --voluntariamente, pero va a
sustraer-- del debate puramente nacional la discusión sobre políticas
monetarias e inflación. Este es un hecho. Desde este punto de vista, el
euro contribuye no sólo a la estabilidad económica europea, sino también
a la española.
En realidad, como es bien sabido, en el proyecto de Unión Económica, de
la misma manera que hacia abajo el Estado se descentraliza, hacia arriba,
España se integra en un proyecto que supone una cesión de soberanía en
determinados ámbitos de la política económica. Ocurre con la política
monetaria, y con la política fiscal de una manera limitada en cuanto que
la aprobación de los pactos de estabilidad y crecimiento económico
disciplina a todos los gobiernos miembros de la Unión en cuanto a los
límites máximos del déficit público compatibles con sus niveles de
crecimiento.
Finalmente, la Unión Económica ha entendido que en todo este proceso de
ajuste realizado a lo largo de años --y este es un apartado que no
podemos obviar en el modelo que, dentro de nuestras competencias, nos
fijemos los españoles-- era necesario completar los niveles de
crecimiento económico con la aportación de fondos que pudieran financiar
aceleradamente el retraso económico de determinadas economías en relación
con los países más avanzados.
Lógicamente, la creación de la Unión Económica y Monetaria y la
progresiva incorporación a la misma de nuevos países va a hacer necesario
redefinir en el futuro no sólo la política de fondos estructurales de la
Unión Europea, sino también su presupuesto en su conjunto. Usted se
refería a lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, aunque con algunas
oscilaciones, y en los últimos 20 años, refiriéndonos al período que se
indica en su interpelación, el PIB español se mantiene en la misma
posición, repito, si comparamos el año 1976 con el 1996, respecto de la
media europea. Estamos en el 77 por ciento del PIB medio europeo, por lo
que a España la política de fondos estructurales y de fondos de cohesión
le tiene que resultar necesaria en su proceso de convergencia hacia los
niveles medios de riqueza, ya que no puede ser ignorado el objetivo de
acercar nuestros niveles de crecimiento, creciendo más rápidamente que el
resto de los países europeos, a la media europea.
Pues bien, sentadas estas premisas, que a mí me parece que son punto de
partida: la realidad de nuestro Estado descentralizado y de nuestros
compromisos supranacionales, en el marco de la política nacional propia,
la que depende del Gobierno, el primer gran objetivo que me gustaría
resaltar, y que yo creo que es compartido, es el de apostar por la
creación de empleo estable. El modelo que el Gobierno defiende para
conseguirlo tiene previsto generar un volumen elevado de empleo estable y
de calidad que permita reducir la tasa de desempleo, eliminar la
precariedad del mercado de trabajo y favorecer la incorporación a dicho
mercado de recursos humanos ociosos.
Y el Gobierno, con el apoyo de la mayoría de las Cámaras parlamentarias y
dentro del marco del compromiso de investidura, ha diseñado un conjunto
de directrices que yo resumiría ante sus señorías de la siguiente manera.
En primer lugar, la consecución del objetivo de creación de un volumen
elevado de empleo estable y de calidad parte de un contexto de
estabilidad macroeconómica caracterizada por baja inflación, reducidos
tipos de interés y bajos costes empresariales que alienten la inversión
privada. Y esta política de empleo se enmarca --y no voy a insistir más--
en un programa de convergencia y
en un programa plurianual de empleo, que conocen sus señorías, que tiene
previsto un crecimiento medio del 3,2 por ciento y que puede permitir un
crecimiento del empleo en España del 2,1 por ciento.
En segundo lugar, el reforzamiento del gran protagonismo de las pequeñas
y medianas empresas. Si tenemos el objetivo principal de potenciar a los
agentes creadores de empleo, evidentemente el más importante y
fundamental de todos ellos son las pequeñas y medianas empresas, a las
que el Gobierno ha dirigido un paquete de medidas como las que se rematan
en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que hoy inicia sus
debates parlamentarios en el Congreso de los Diputados y que muy pronto
estará en esta Cámara.
En tercer lugar, respecto del mercado de trabajo el Gobierno considera
básico potenciar el diálogo social, reequilibrar la política de empleo de
su faceta pasiva a la faceta activa, es decir, la integración del
trabajador parado en el mercado; alentar un mejor reparto del empleo a
través de la utilización más racional del factor trabajo por parte de las
empresas vía fomento de la contratación a tiempo parcial, que mejora la
competitividad y favorece una mayor flexibilidad en la elección entre
ocio y trabajo de los ciudadanos; la reducción de los costes no
salariales, que dificultan la contratación de los grupos más castigados
por el desempleo, y que son los más débiles de la sociedad, a partir del
acuerdo con los agentes sociales; y favorecer la contratación estable,
fomentando en este sentido la contratación indefinida en aquellos
segmentos que requieren unas ciertas bonificaciones para su estímulo a
través de las cotizaciones sociales, como son los colectivos de jóvenes
menores de 30 años, parados de larga duración y desempleados mayores de
45 años.
Creo que en estos momentos las previsiones de la política del Gobierno en
relación con la creación de empleo estable y su comparación con lo que
son las previsiones de la Unión Europea parece que dan la razón al modelo
elegido en materia de empleo estable por el Gobierno de España. De hecho,
para el año 1997 la tasa de creación de empleo en España será el 2,7 por
ciento, con una creación neta de empleo de 335.000 personas, mientras que
para toda la Unión Europea la tasa prevista es el 0,5 por ciento, con una
creación de empleos netos de 700.000 personas. Es decir, prácticamente la
mitad de los empleos netos en Europa se van a crear en el año 1997 en
España. Lo cual no tiene que ser un motivo de confianza, sino un estímulo
para perseverar, mejorar y superar los resultados de esta política.
El segundo objetivo de un modelo de desarrollo económico y social para
España en el ámbito de las competencias del Gobierno es la consolidación
del Estado del Bienestar.
Quiero recordar a su señoría que muy pronto Sanidad y Educación estarán
transferidas a las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, la parte de
responsabilidad del Gobierno en lo que hace referencia al bienestar
social derivado del modelo de salud pública y educación es garantizar a
las Comunidades Autónomas la financiación adecuada, tema que, en estos
momentos, está de máxima actualidad y que yo creo que en los Presupuestos
Generales del Estado para 1998 va a recibir el impulso definitivo para
resolver los problemas y preparar las transferencias a las Comunidades
Autónomas que aún no disponen de estas materias transferidas.
Pero, además de la Sanidad y la Educación, es evidente que el bienestar
social requiere una atención preferente para el sistema de pensiones. En
este momento, por primera vez y con el apoyo de prácticamente todos los
grupos parlamentarios está garantizado por ley en España, y no
discrecionalmente, el poder adquisitivo de los pensionistas. Yo no voy a
insistir en esta materia. Sí quiero señalar, para introducir elementos de
avance en este debate, que con relación a las pensiones ya tenemos que
distinguir entre las no contributivas, que están transferidas a las
Comunidades Autónomas, llevando el Estado una labor de coordinación, y
que se gestionan por dichas Comunidades, aunque sea con dinero del
Estado, y las contributivas, donde el Gobierno mantiene el criterio de
que no son transferibles, con independencia de que se transfieran algunas
funciones en el marco de lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía.
Y también quiero recordar que en materia de prestaciones por desempleo
estamos en un período de transformación, con el diseño de un nuevo modelo
de servicio público de empleo que sustituya al INEM, en el que
básicamente se tiende a la descentralización territorial, lo que supone
la ejecución de las políticas activas por las Comunidades Autónomas,
acercando las acciones de empleo y formación a las administraciones que
se encuentran más cerca de los ciudadanos. El Estado ya ha transferido,
como sabe su señoría, esta competencia en políticas activas de empleo a
Cataluña y a Galicia y, por lo tanto, comienza a haber responsabilidades
compartidas en las políticas de prestaciones de desempleo con las
Comunidades Autónomas, y creo que también es un elemento decisivo en
cualquier modelo solidario de desarrollo económico y social.
Finalmente, el tercer objetivo que ha señalado su señoría, en cuanto a
las prioridades que deberíamos compartir cuando habla de la incentivación
de los medios y de la movilización de energías para potenciar la función
social de las infraestructuras, entiendo que con carácter general, y
convencer también a los usuarios de la necesidad de asumir su propia
responsabilidad en el aprovechamiento de las infraestructuras que los
poderes públicos ponen al servicio de la sociedad, el Gobierno se marca
como objetivo acelerar el proceso de modernización de todas nuestras
infraestructuras.
Yo creo que la política de infraestructuras no se agota nunca, entre
otras cosas, porque si hay que renovar, además hay que conservar y eso
requiere un esfuerzo permanente de todas las administraciones públicas
para mantener una política de infraestructuras. No se puede decir que
hemos llegado a un techo porque, repito, la conservación de lo que hay y
la renovación de lo que hay exige una política permanente en todos los
órdenes.
En todo caso, pienso que coincidirán sus señorías con el Gobierno en que
las infraestructuras son condición
necesaria, aunque no suficiente, para garantizar el desarrollo económico
y social de un país, porque ofrecen una doble vertiente: las
infraestructuras son generadoras de grandes volúmenes de inversión, y la
inversión es un elemento activo en el desarrollo económico, y, además,
las infraestructuras son el elemento vertebrador esencial del territorio
y del tejido económico y social, y en ese sentido cumplen una
trascendental función social.
No me voy a detener, sin perjuicio de que el interpelante insista en
aspectos concretos de alguna de estas infraestructuras, en la política de
infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias o aéreas, porque yo
creo que son las más conocidas y en las que los objetivos de la política
están más ampliamente compartidos. Permítanme un apunte sobre las
telecomunicaciones, en cuanto que desde el punto de vista del desarrollo
económico y social me parecen la apuesta más novedosa y decisiva de cara
al futuro de España.
En materia de telecomunicaciones, nada más llegar al Gobierno hemos
acelerado el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, creando el
segundo operador de telefonía, estableciendo un organismo independiente
arbitral, que es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y
realizando diversas modificaciones legislativas para introducir la
competencia en este sector.
Estas medias se han ido complementando con otras como la privatización de
Telefónica; la creación y privatización del segundo operador, Retevisión;
la convocatoria sucesiva y otorgamiento de las concesiones de servicio de
telecomunicación por cable; el establecimiento de condiciones de
interconexión para nuevos operadores; la resolución del conflicto
existente con la Comisión Europea relativo al otorgamiento de la segunda
licencia de telefonía móvil a Airtel, y de cara al futuro el Gobierno se
va a concentrar en la continuación de esta política de apertura del
mercado para cumplir nuestros compromisos con la Unión Europea respecto
al calendario de la liberalización de las telecomunicaciones. Yo creo que
para diciembre del año 1998 podemos abordar con garantías la llegada
plena de la liberalización al sector de las telecomunicaciones.
Además el Gobierno proseguirá con la introducción de competencia en la
telefonía de voz. El segundo operador ya prevé unas inversiones de
360.000 millones de pesetas en los próximos años.
Se ha puesto en marcha también el otorgamiento de una licencia de
telefonía móvil por el sistema DGS 1800 a un tercer operador, y a los dos
operadores actuales del sistema GSM 900 se les concederán licencias
adicionales en dicho sistema.
Se van a completar los procesos de otorgamiento de concesiones de
telecomunicaciones por cable.
En materia de servicios de radiodifusión, se ha aprobado un plan de
frecuencias que permitirá a las Comunidades Autónomas adjudicar 350
nuevas emisoras de radiodifusión.
En relación con los servicios de televisión, está prevista la elaboración
de un plan para la introducción de la televisión digital terrenal por
ondas que permitirá la multiplicación de la oferta de canales de
televisión con todas las ventajas de la tecnología digital.
Señoría, si he detallado todas esas iniciativas ha sido para resaltar que
todas ellas en su conjunto configuran un escenario para los próximos años
de importantes inversiones, de creación de empleo y fortalecimiento del
tejido industrial y de servicios de nuestro país. Sólo el mercado español
de electrónica y telecomunicaciones alcanzará en el año 2000 6,6 billones
de pesetas y en el año 2005 podría superar 7 billones de pesetas. El
resultado final, como sus señorías comprenderán, traerá consigo mejores
condiciones de precio y calidad en los servicios de telecomunicación y la
aparición de una oferta de nuevos servicios que incrementará la calidad
de vida de los ciudadanos.
En resumen, señorías --concluyo, señor Presidente--, el horizonte de la
nueva política de desarrollo económico y social para España recoge, a
juicio del Gobierno, como punto de partida, la necesidad de avanzar en la
convergencia de objetivos entre el Estado y las Comunidades Autónomas y
entre el Estado y la Unión Económica y Monetaria Europea. Con estas
premisas y en este marco, el Gobierno contempla los tres objetivos, que
en su interpretación y en su aplicación creo que son plenamente
compatibles con las prioridades que su señoría ha resaltado, de centrar
el desarrollo en los avances: primero, en materia de acercamiento de
nuestro país a los niveles de renta europeos y a los niveles de empleo
estable de la Unión Europea; segundo, la consolidación en su conjunto,
con las responsabilidades que ya tienen en esta materia las Comunidades
Autónomas, del Estado del Bienestar; y, tercero, la convergencia de
nuestras infraestructuras de comunicaciones con las de los países más
avanzados.
Creo que sobre estas premisas España puede encarar con optimismo los
logros que en la consecución de estos objetivos podemos trazarnos como
realistas para los próximos años.
Muchas gracias, señor Presidente (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Senador Ferrer tiene la palabra.
El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, señorías, me acerco a la tribuna, en primer lugar,
por cortesía parlamentaria y, en segundo lugar, para insistir en un punto
--aunque sustancialmente coincidimos en estas prioridades, como es
evidente-- que, por otro lado, ha sido el hilo que ha seguido toda mi
intervención y lo que ha motivado mi interpelación.
Hay un problema, y es que hace muchos años cuando alguien empezó a soñar
en lo que luego hemos denominado Estado del Bienestar, quizá creyó que
cuando aquello existiera sería como una varita mágica, crearía
inmediatamente la justicia y la solidaridad en todas partes. Al final del
siglo XX hemos visto que puede suceder que
existan aquellas escuelas, aquellos institutos, aquellas universidades,
aquellos hospitales, las vías de comunicación, etcétera, y la sociedad no
avance en solidaridad, no avance, incluso, en el terreno delicado de la
justicia. Es por esta razón por la que insistía --e insisto-- en que hay
que acompañar toda esta acción --con la que coincido-- con una
argumentación, con unas pedagogías sociales, con una información, con
nuevas formas de participación --que, naturalmente, hemos de reconocer y
confesar que en algunos casos hemos de inventar--, con el fin de
establecer una nueva complicidad --o fortalecer la existente-- con el
ciudadano.
Esta ha sido una de las razones de fondo que han motivado mi
interpelación.
El señor Vicepresidente ha insistido en que este era un debate que
solamente se abría. Efectivamente, esta fue también mi intención, así
como la de abrirlo en el Senado con la finalidad de que sea útil
actualizar ese proceso. Naturalmente, como también ha indicado, no
solamente es responsabilidad de los parlamentarios aquí presentes, sino
que en un Estado de las Autonomías es responsabilidad de muchos otros
niveles.
Como Senador, me ha parecido que la primicia del debate había de
establecerse aquí pero, evidentemente, entiendo que debería repetirse y
mantenerse también abierto en los Parlamentos autónomos y en muchos otros
niveles de la sociedad. Porque, si queremos sacar todo el rendimiento
social a estas prioridades que el señor Vicepresidente ha anunciado, es
necesario este esfuerzo de argumentación, de debate y de información con
el fin de que el ciudadano no vea toda esta obra como algo que realizan
sus estructuras políticas, sino como algo que le atañe, que le
corresponde y le conforma como ciudadano de una sociedad que merece la
pena.
Esta ha sido mi intención y, naturalmente, agradezco el debate que se ha
producido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer i Roca.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Señor
Presidente, señorías, la conclusión de este debate --sin perjuicio de la
que el grupo interpelante desee formalizar-- es fácilmente resumible en
dos grandes áreas. En primer lugar, el reconocimiento de que el
desarrollo económico y social --entiendo por su segunda intervención que
está conforme con esa consideración-- no es una competencia exclusiva del
Estado y del Gobierno y, por lo tanto, todos los esfuerzos que deban
desarrollarse en relación con el desarrollo económico y social en sus
distintas vertientes --sea cual sea el modelo político elegido-- en un
Estado cada vez más descentralizado necesitarán la concurrencia de
esfuerzos de las distintas Administraciones afectadas.
En ese sentido, querría resaltar la oportunidad y la conveniencia de que
sea el Senado el foro que lidere los proyectos y compromisos de
convergencia en los objetivos de las distintas Administraciones a la hora
de plantearse nuevas metas colectivas --como decía su señoría, globales--
en materia de desarrollo económico y social.
En segundo lugar, quiero expresamente recoger la invitación de su señoría
en lo relativo a lo que en algún momento de su intervención denominó las
inercias de las Administraciones en el ejercicio de sus competencias,
para que de aquí a los retos futuros que se contienen en sus objetivos
haya además un plus de imaginación desde los distintos poderes públicos.
Quiero aceptar expresamente esa invitación a la imaginación y espero,
repito, que ambas circunstancias sean el aliciente determinante de que en
sede de Senado, Gobierno y Grupos Parlamentarios --y en su caso las
representaciones de las Comunidades Autónomas--, podamos encontrarnos en
la defensa de nuevos logros y objetivos más ambiciosos de desarrollo
económico y social y, asimismo, encontremos en los debates de esta Cámara
los alicientes e incentivos suficientes para seguir desarrollando el
compromiso y las exigencias de la imaginación como inspiradora de las
nuevas políticas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Se abre un turno de portavoces para los Senadores que deseen intervenir.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, tengo que felicitar doblemente al Senador
Ferrer por traer este debate aquí, que ya de por sí es importante, y
porque al principio del mismo ha hecho mención a un dirigente del
movimiento obrero --y digo movimiento obrero en el sentido más amplio--
un amigo y correligionario que, además, de ser charnego, se integró en
Cataluña y es un universal del movimiento obrero.
Dicho esto, quería referirme precisamente a unas palabras suyas y partir
de ellas. En este país, efectivamente, entre todos hemos hecho un
esfuerzo, en primer lugar, por la conquista de las libertades, que ya fue
un hecho importante y, en segundo lugar, por las reivindicaciones de
hacer universal, aun con deficiencias, las pensiones, la sanidad, la
enseñanza, etcétera, y todo eso se ha ido haciendo en dos décadas.
Yo reflejaría una cita que ha hecho el Senador Ferrer, de López Bulla,
cuando habla del tedio histórico, el combate contra el tedio histórico
porque ese también fue un combate. Un combate en los años más álgidos, de
1965 a 1975, en el tardofranquismo, en donde, no por casualidad, se
reflejaba una reivindicación muy importante junto con las
reivindicaciones generales materiales del movimiento obrero y de las
libertades políticas que era: el hijo del obrero a la universidad.
Reflejaba precisamente el intento de este país de salir de toda la
marginación, de todo ese tedio histórico del que habla López Bulla en su
libro.
Esta, que fue una reivindicación importante para situarnos,
indudablemente con todas nuestras deficiencias, en el marco en que
estamos, hoy se nos plantea con retos diferentes, como dice el Senador
Ferrer y como ha reconocido también el señor Ministro. ¿Cuál es, a mi
juicio, el reto central que se nos plantea hoy? Hoy para mantener las
conquistas, aunque sean insuficientes, del Estado del Bienestar, el
problema número uno que se nos plantea es el del trabajo o del empleo.
Ahí es donde tendríamos que hacer los esfuerzos suficientes, y no vale la
inhibición de ninguna Administración pública. En esto también estoy de
acuerdo, porque nuestro país se configura con un modelo de Estado que
tiene tres pies, Administración Central, Comunidades Autónomas y
municipios, pero hay que hacer un esfuerzo conjunto, combinado, con
imaginación, con todo lo que se quiera, para facilitar la creación de
puestos de trabajo, porque es la única manera de que podamos seguir
desarrollando nuestro país manteniendo mínimamente el Estado del
Bienestar.
Con esto doy por terminada mi intervención, agradeciendo al señor Ferrer,
una vez más, que haya traído este debate a la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el señor Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo, muy brevemente, para expresar nuestra posición ante esta
interpelación. En primer lugar, quiero felicitar nuevamente al Grupo
Parlamentario Catalán y a su portavoz, Joaquín Ferrer, por haber traído
este tema tan interesante, porque, si somos capaces de hacer un
desarrollo en profundidad, como se ha dicho, podremos asegurar el futuro
de los ciudadanos.
Efectivamente, nosotros pensamos que en estos momentos la sociedad tiene
tres retos. De un lado, continuar en la modernización de la misma; por
otro lado, el problema del desempleo y, por otro, todo lo que se refiere
al Estado del Bienestar.
En cuanto a la modernización, se han dado avances importante; el señor
Ministro ha dicho una serie de cosas con las que estamos completamente de
acuerdo, pero hay que seguir profundizando en el tema de las
infraestructuras, tanto de las tradicionales como de las
telecomunicaciones. En ese sentido, consideramos que es muy importante
que dentro de la reforma de los fondos estructurales de la Unión Europea,
de la Agenda 2000, el fondo de cohesión siga existiendo a nivel del
Estado español para poder ayudar a este desarrollo de infraestructuras y
poder converger con Europa, no nominalmente, como vamos a hacer ahora con
el euro, sino converger en PIB, en empleo y en bienestar.
Pensamos que esta modernización debe ir acompañada de una serie de
medidas, algunas de las cuales ya ha tomado el Gobierno en materia
económica, como las reformas estructurales y como la desregularización de
algunos sistemas. En este sentido creemos que es necesario profundizar
aún más en las reformas estructurales, porque el problema que tenemos en
estos momentos en la sociedad es que la crisis no es coyuntural, es una
crisis estructural y, en consecuencia, son necesarias medidas
estructurales para dar una solución a la crisis económica.
Por tanto, pensamos que para que esas previsiones de crecimiento
económico que se ha marcado el Gobierno puedan continuar hacia adelante,
puedan ir por encima de la media comunitaria, es necesario seguir
profundizando en esas reformas estructurales, en esa liberalización de
mercados y en una flexibilización laboral, es decir en lo que pueda
asegurar que el crecimiento económico llegue a generar empleo, porque el
gran problema que hemos tenido hasta ahora y que tiene la sociedad
europea en general, al revés que los Estados Unidos, es que crecimiento
económico no es sinónimo de generación de empleo, mientras que en los
Estados Unidos sí lo es.
Con esto he engarzado con el problema del desempleo, que creo que es el
mayor problema que tenemos hoy en día. Si vemos la media comunitaria a
nivel de Estado español, las tasas de desempleo son realmente alarmantes.
En este sentido, apoyamos algunas de las iniciativas que ha tomado el
Gobierno al respecto, así como la voluntad que ha expresado aquí el
vicepresidente de que se vaya hacia un objetivo importante de generación
de empleo estable. Tendríamos que buscar fórmulas para alentar, sobre
todo, el empleo juvenil, que es una lacra importante que tenemos en
nuestra sociedad.
Por último, respecto al Estado del Bienestar, en efecto, hay una serie de
competencias sobre sanidad que están ya en manos de las Comunidades
Autónomas, otras que van a estarlo; está el acuerdo sobre pensiones; pero
si abrimos este gran debate que proponía aquí el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, señor Ferrer,
con el que el Ministro estaba de acuerdo, tendríamos que ir más lejos,
porque creo que el tema de las pensiones a medio plazo es el tema más
grave que tenemos planteado.
Con una sociedad como la actual, con un incremento muy grande de la
longevidad, con una pirámide de población vieja, con poca gente joven
entrando en el mercado de trabajo, creo que es un tema que debemos
debatir. Tenemos que preguntarnos si de aquí al 2010, al 2015 el sistema
actual de pensiones, el sistema actual de sanidad, con esas
características que he citado es viable con la fórmula actual o hay que
buscar otras fórmulas para garantizar el Estado del Bienestar.
Acabo, señor Presidente, incluyendo dentro de lo que se denomina Estado
de Bienestar o preocupaciones sociales un tema que creemos que es muy
grave, el tema de la vivienda en el que estamos comprometidos todos. En
estos momentos la vivienda es un problema adicional para los jóvenes en
el Estado español, todos lo sabemos, y desde un punto de vista social
--como se ha hablado aquí-- hay que dar una solución a ese respecto.
En definitiva, nosotros estamos de acuerdo en que se abra un gran debate.
Creemos que es necesario caminar
hacia una cohesión económica y social basada en una modernización de las
estructuras económicas del mercado de trabajo, etcétera, que sean capaces
de aprovechar ese crecimiento económico y, en segundo lugar, hay que
tratar de conseguir esa cohesión social y de asegurar el Estado del
Bienestar, bien a través de las fórmulas actuales o de otras fórmulas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gangoiti.
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Martín i Vigil.
La señora MARTIN I VIGIL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a expresar la posición del Grupo Parlamentario Socialista
respecto a la interpelación que el Senador del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, señor Ferrer i Roca, ha
defendido. Resumiendo nuestra valoración sobre dicha interpelación puedo
decir que nos parece oportuna y, más aún, que nos parece necesaria, como
muy bien ha dicho el propio Senador Joaquim Ferrer, no solamente
interpelando al Gobierno, sino a todos y cada uno de los grupos de la
Cámara para que tomemos posición y quizá más aún también, para que
reflexionemos sobre la necesidad de poner al día --si se me permite la
expresión-- el marco de objetivos y prioridades que conforman el llamado
desarrollo económico y social.
Ya ha dicho el Senador Ferrer cuál cree que puede ser el marco temporal
del análisis inicial, y coincidimos básicamente en el balance que él ha
enunciado en su intervención: el de la trayectoria que se ha hecho desde
la Constitución --y que, por otra parte, ésta obliga a hacer también muy
explícitamente en el tema del Estado del Bienestar--, pero también desde
que el Estado de las Autonomías empieza a caminar, toma forma y empieza
no solamente a adquirir las competencias, sino también a compartir las
responsabilidades en el estadio de las Administraciones. Por lo tanto,
estoy de acuerdo con el balance.
Hay una cuestión importante en esta vía parlamentaria --una interpelación
en este caso--, que es que éste ha de ser necesariamente sólo el inicio
de un debate, de una reflexión amplia en el tiempo y también en
profundidad, porque a nadie se le escapa, señorías --y así lo ha dicho el
Senador Ferrer i Roca-- que no se puede agotar una cuestión como ésta ni
en una ni en varias interpelaciones. Para nosotros está claro también que
el Senado es un buen foro para iniciarlo y, en todo caso, deseamos que,
ciertamente, esto sea mucho más que una interpelación parlamentaria,
porque el tema lo requiere.
He dicho que estamos básicamente de acuerdo con los enunciados que el
Senador Ferrer ha explicitado para valorar --si se me permite-- lo que
han sido aproximadamente las dos últimas décadas en el llamado Estado del
Bienestar, y es verdad también que, partiendo de la misma transición que
él ha recordado, hubo que compaginar el trabajo, la actuación y la lucha
de una sociedad democrática y tolerante con la modernización del país y
la recuperación del atraso que el mismo conllevaba.
De manera que pocas cosas más tengo añadir en ese sentido, como no sea lo
que a esta Senadora le ha parecido interpretar, amén de las otras
cuestiones que ya se han expresado aquí, en la literalidad de la
interpelación, pero también en lo que desde esta tribuna ha expresado el
Senador Ferrer i Roca. Además de las cuestiones que ya se han citado
aquí, esta Senadora ha creído entender que el Senador Ferrer i Roca ha
hecho también una demanda de reflexión y de puesta en práctica de un
ejercicio del poder en torno a los valores. Me ha parecido entender que
el Senador Ferrer i Roca ha hablado de cultura en un sentido amplio --por
descontado-- del término, ha hablado de educación. Un político catalán
importante decía que política es pedagogía. He entendido también, amén de
las otras cuestiones, que el Senador Joaquim i Ferrer expresaba la
necesidad de que los ciudadanos y las ciudadanas, de que la población
usuaria de todas esas infraestructuras, relacionadas con lo que llamamos
el Estado del Bienestar, ayudáramos a que tuvieran incorporadas,
movilizando sus propias energías, sus propias capacidades, la necesidad
de la explotación de esas infraestructuras, de esos beneficios que ha
proporcionado la sociedad en su conjunto, instados, eso sí, por los
diferentes Gobiernos que han actuado en las dos últimas décadas. Me ha
parecido que el Senador Ferrer i Roca hablaba de valores. Ciertamente no
es una tarea del Gobierno. Aquí se ha hablado de que no es condición
suficiente, pero sí necesaria que los distintos poderes de la
Administración del Estado sepan aprovechar, a partir de sus iniciativas,
a partir de lo que ellos sepan y puedan promover, en cuanto a las
capacidades de la población. Me parece que ese es un tema, como bien
decía el Senador Ferrer, más lento; ese es un trabajo, una adquisición
más costosa que la de pensar, decidir, adjudicar, ejecutar, evaluar y
utilizar, en principio, las infraestructuras, coincidimos en ello. Nos
parece que esa es una cuestión en la que hay que implicar a la sociedad y
nos parece que en ese debate habrá que dejar un espacio muy importante a
lo que entendemos cada uno de los Grupos por participación. Sin el
sentido profundo de la participación de los ciudadanos y de las
ciudadanas, difícilmente podremos completar ese deseo, que me ha parecido
que se expresaba desde todos los Grupos, de que realmente la sociedad
vuelva a sentir, adaptando a los tiempos que ahora nos toca vivir, la
necesidad de ser protagonista, de explotar o rentabilizar al máximo
aquello que se le ha proporcionado, naturalmente con su concurso, en las
dos últimas décadas que es donde situaba --me parece que es una situación
realmente ajustada-- el Senador Roca el balance necesario de cara a
pensar en el presente y en el futuro.
En la intervención del señor Vicepresidente Primero del Gobierno creo que
se han dado muchísimos elementos para poder continuar este debate, para
poder contrastar opiniones, para poder realmente discutir, incluso, las
prioridades. Pero, en todo caso, quiero dejar también claro, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista, que es
necesario conocer, como hemos conocido hoy, las prioridades que sobre
esta cuestión manifiesta el Gobierno. Es un punto del todo necesario para
el trabajo que nos toca realizar a todos. Por lo tanto, esa es una
cuestión que quiero valorar ya que nos permitirá siempre situar los
debates, nos permitirá discutir, nos permitirá darle un valor diferente,
incluso a aquellas cuestiones en las que discreparemos con el Gobierno.
Voy a hacer un apunte --porque naturalmente ni es este espacio de tiempo
ni se agota aquí el debate que iniciamos sobre esta cuestión-- sobre la
amplia exposición de datos y de intenciones que ha hecho el señor
Alvarez-Cascos. Ha recordado aquí la participación de las distintas
Administraciones del Estado en cuanto a gasto y también el futuro
inmediato que se dislumbra, en cuanto a esa participación, en cuanto a
que las transferencias, básicamente en educación y sanidad, se completen.
Los porcentajes son los que ha citado el señor Vicepresidente del
Gobierno, pero aquí lo que se ve enseguida, seguramente entre muchas
otras cuestiones, es que las corporaciones locales no solamente siguen
sufriendo una situación deficitaria a la que, desde nuestro punto de
vista, urge dar una solución, sino que con los nuevos porcentajes que se
darán, ese 13 por ciento en la participación del gasto que tendrán las
Administraciones locales a partir de la transferencia competencial que
está en marcha, se acrecentará respecto del 15 por ciento actual.
Simplemente deseo recordar que con ello se subraya la necesidad del pacto
local pendiente y se abunda en ello.
Seguramente se podrían decir muchas otras cosas sobre la intervención del
señor Vicepresidente Primero del Gobierno, pero comentaré una más en
espera de que podamos ir desarrollando esto a lo largo de todo el tiempo
que podamos trabajar en este asunto.
Decía al principio de mi intervención que me había parecido entender que
el Senador que suscribe la interpelación, Joaquim Ferrer i Roca, hablaba
de educación en un sentido amplio. El señor Vicepresidente del Gobierno
ha recordado, y es realmente así, que las competencias educativas están
ya prácticamente en exclusiva en manos de las Comunidades Autónomas, y
muy pronto estarán en manos de todas ellas. Pero a mi entender, el
Senador Roca --y por descontado esta Senadora-- cree que, cuando se habla
de educación en el caso del Estado del Bienestar, se hace en un sentido
mucho más extenso que el que pueda representar cualquier sistema
educativo y su gestión. Pienso que hablaba en un sentido más extenso. Y
como me parece que el Vicepresidente del Gobierno ha terminado su
intervención hablando de una de las prioridades del Gobierno, que es la
cuestión de las telecomunicaciones, ello me motiva para señalar una
cuestión, que es una de las varias que se podrían apuntar y que está
contenida en esa primera de las telecomunicaciones, a la que él también
se ha referido, que es la gestión y el producto de la televisión pública,
desde el punto de vista de esta Senadora, como instrumento educacional
importantísimo y que, aunque se transfieran absolutamente todas las
competencias ya señaladas, será un elemento de primer orden en la
consecución de unos valores o de otros.
Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.
Es especialmente afortunado que la interpelación sobre esta materia la
haya planteado el señor Ferrer en el Senado, porque, como se ha señalado,
en cuestión que afecte a los poderes públicos, en esta materia que de por
sí es muy amplia, no es ya el Estado el que va a decidir en el futuro
sobre qué se hace o no se hace, sino que, incluso tomando como parámetro
y punto de comparación las cifras relativas de gasto, las Comunidades
Autónomas lo van a ser más en el futuro, y si el pacto local, como es de
esperar, se lleva a efecto y se producen las transferencias oportunas,
también las corporaciones locales. Es decir, que puestos a dilucidar qué
es lo que tienen que decidir en los próximos veinte años los poderes
públicos respecto a lo que les compete directamente, respecto a lo que
tienen que hacer y decidir sobre sus actuaciones en esta materia, que de
por sí es muy amplia, es evidente que es algo que trasciende más allá de
lo que dice el Gobierno que afecta a la gestión del Estado en sentido
estricto, y que es una cuestión que afecta al conjunto de las
Administraciones territoriales. En la medida en que el Senado es la
Cámara que representa a estas Administraciones territoriales del Estado
español, es especialmente afortunado que este debate se traiga aquí y no
a otra Cámara que representa más exclusivamente una unidad, porque en lo
que se haga y se decida, en las decisiones que tomen los poderes
públicos, influirán, no sólo lo que haga el Estado sino que, cada vez
más, y en estas materias que les afectan y sobre las que tienen capacidad
de decisión, las Comunidades Autónomas.
Es evidente, vuelvo a poner el tema en su sentido más amplio, que el
desarrollo económico y social en nuestro país y también en el contexto
europeo e incluso mundial pasa, en primer lugar --se ha señalado ya y por
eso yo no me extenderé más sobre ello--, por el problema del empleo, cuyo
objetivo para nuestro país es alcanzar los niveles de empleo que existen
en la Unión Europea, que son inferiores al que tenemos. Después ya
veremos. Trataremos de alcanzar otros objetivos, pero ahora el objetivo
es que los niveles de renta se igualen con los de la Unión Europea, pues
estamos al 78 por ciento. Es decir, empleo para los españoles, mejores
rentas, mejores salarios para los españoles. Desde el punto de vista
estrictamente económico, este es el objetivo al que tenemos que dar
prioridad. Se ha hablado sobre esta materia y, por lo tanto, no me voy a
extender más sobre ella, pero es evidente que el desarrollo económico y
social es más que esto, hay muchas cuestiones.
El señor Senador interpelante ha hecho relación a las materias relativas
al Estado del Bienestar. Evidentemente, también aquí los poderes públicos
tienen mucho que ver.
Previamente quiero decir que la cuestión del empleo y de los niveles de
renta no afecta exclusivamente a los poderes públicos, aunque es evidente
que esto hoy se considera así. Los poderes públicos tienen
responsabilidad, pero también se considera que el sector privado tiene la
responsabilidad de crear empleo y niveles de renta. A los gobiernos y a
los poderes públicos les corresponde crear el ambiente oportuno:
estabilidad macroeconómica, estabilidad de precios, estabilidad
presupuestaria, regulaciones, reformas de estructuras y liberalizaciones
para que el sector privado tome las medidas oportunas.
De todas maneras, yo no creo que ésta sea una crisis del Estado del
Bienestar. Más bien, estos conceptos van tomando la forma de lo que
verdaderamente han sido. Quizás, lo que se produjo hace años fue un
desbordamiento de estos conceptos o de estas construcciones que tienen su
papel y su importancia, puesto que se esperaba de ellos más de lo que en
sí podían dar. Pero esto se sabía. Hace 20 años se sabía que el Estado
tenía unas determinadas cualidades y oportunidades y que las empresas
públicas o las empresas privadas tenían sus limitaciones o posibilidades.
Lo que el tiempo ha hecho es poner a cada uno en su lugar. Pero esto no
quiere decir que se haya abierto una crisis porque hay elementos de
validez.
A este respecto quisiera hacer una reflexión. La tradición continental
europea utilizó en la posguerra el concepto de «economía social de
mercado», elaborado, fundamentalmente, en Alemania y en los países
centroeuropeos. La economía de mercado hace referencia al componente
social y a la atención a todos estos servicios, pero no olvida que es una
economía de mercado.
La economía del bienestar hace relación a algo que nos venía de fuera y
que nos iba a traer todo tipo de bienestar. La construcción es
anglosajona. Quizás, en Inglaterra fue donde esta construcción entró más
en crisis como consecuencia del retraso que tuvo Inglaterra.
No quiero hacer grandes diferencias entre las diversas corrientes porque,
en última instancia, las ideas que se tienen son las mismas: la economía
debe ser productiva, debe aumentar su eficacia y los poderes públicos
deben cuidar los mecanismos de solidaridad y de que todos los servicios
sociales sean adecuadamente atendidos. Al respecto, recojo también lo que
se ha dicho aquí y no me extiendo: los poderes públicos y el Gobierno
cuidarán los servicios de educación, sanidad y pensiones que hay que
proveer en la sociedad. Muchos de ellos serán responsabilidad suya y
otros lo serán, en el inmediato futuro, del propio gobierno de las
Comunidades Autónomas; razón de más para que sobre estos temas hablemos
en esta Cámara.
Hablemos ahora de las infraestructuras, que es un tema sobre el que
también pivotaba la interpelación del señor Senador. Evidentemente, como
se ha señalado aquí, las infraestructuras son necesarias, pero no
suficientes. Quizás, también ha habido momentos en los cuales se ha
pensado que por construir carreteras o infraestructuras iba a llegar el
desarrollo. Esto no es así. Lo que se sabe es que sin carreteras y sin
infraestructuras es difícil que haya desarrollo, pero que hace falta más
desarrollo. La cuestión es mucho más compleja que eso. Por lo tanto, el
desarrollo no lo dan sólo las infraestructuras, pero sí que son
necesarias.
Evidentemente, en este país se ha hecho un gran esfuerzo en lo que se
refiere a infraestructuras, aunque quizás, teniendo en cuenta los medios
de que se ha dispuesto --y esto se podría puntualizar--, este esfuerzo no
ha sido suficiente. Ha sido menos lo que se ha obtenido que lo que se ha
realizado. Pero aunque se ha avanzado, yo debo decirle al señor Senador
que se tiene la impresión de que este tema de infraestructuras seguirá
siendo importante en el futuro.
Como ha señalado el Vicepresidente Primero del Gobierno en su
contestación, hay que renovar y hay que conservar, pero aún así hay un
déficit en infraestructuras. Hace unos años yo leí un informe de un
organismo español que evaluaba en unos 30 billones de pesetas los gastos
necesarios en infraestructuras que había de realizar este país. Pues
bien, si hacemos una estimación de lo que se ha invertido en
infraestructuras desde el año 1983 hasta 1995, que son los años de los
que tengo datos, podemos decir que la cifra puede ser de 12 o 14 billones
de pesetas; es decir, que todavía quedan por realizar, respecto de
aquellas estimaciones, grandes inversiones.
Antes hablé de la eficacia en la inversión porque si se hacen números con
lo que se ha dispuesto, vemos que estos 12 billones invertidos en
infraestructuras que se han realizado ni siquiera llegan a incrementar la
deuda que el Estado ha tenido en estos 12 años que asciende a más de 30
billones de pesetas. Es decir, que aparte de los 200 billones de pesetas
que se han ingresado por ingresos corrientes, el Estado español se ha
endeudado en 34 billones de pesetas en 14 años cuando las inversiones en
infraestructuras son de 12 o 14 billones de pesetas y las inversiones
totales, vía transferencias de capital incluidas, deben llegar a los 20
billones. Por tanto, hay que atender a estas necesidades en el futuro
puesto que quedan pendientes, y hay que procurar hacerlo con más
eficacia, con más ahorro y con mejor administración que en el pasado.
En consecuencia, tendremos que seguir hablando de infraestructuras, tema
en el que será importante coordinar las actuaciones del Gobierno, las de
las Comunidades Autónomas y las de las Corporaciones locales. Porque si
uno de los aspectos que podemos criticar de la gestión es esa falta de
eficacia --demasiados recursos utilizados para lo que se ha hecho en
infraestructuras--, la eficacia en la administración de los recursos en
el futuro seguirá, lógicamente, siendo necesaria. De ahí la conveniencia
de una coordinación y cooperación entre las Administraciones involucradas
en ello.
Y resumiendo un poco la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto
de esta interpelación, hemos de decir que nos congratula que este tema de
futuro, en el que tratamos de debatir cuál será el papel de los poderes
públicos en este contexto, se plantee en esta Cámara.
En las cuestiones globales de desarrollo económico sobre cuál es el papel
del Estado o cuál es el papel de la iniciativa privada, ambos más
generales, posiblemente
haya más acuerdo hoy en día que el que hubo hace veinte años, lo cual no
quiere decir que haya crisis sino que las cosas han ido poniéndose donde
deberían estar.
Pero en este tipo de actividades más concretas, que son ya
responsabilidad propia y directa de los poderes públicos, los servicios
sociales, todos esos servicios que hoy denominamos Estado del Bienestar,
la creación de infraestructuras, tanto en carreteras como en
telecomuniciaciones y en viviendas, que también hay que favorecer y que
forman parte de un servicio social a los ciudadanos y de una
infraestructura, es conveniente que, dada la dispersión y
descentralización del gasto, todas las instituciones coordinen sus
esfuerzos. Y, evidentemente, desde el Senado no podemos sino felicitarnos
por tener una ocasión de llamar a esta coordinación ya que, en última
instancia, no puede más que beneficiar a todos los ciudadanos españoles
en general y a todos y cada uno de los ciudadanos de las Comunidades
Autónomas en particular.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Ministro de la Presidencia
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE Gracias, Senador Alierta.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro
de la Presidencia.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Con la
venia, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer a los Senadores Nieto y
Gangoiti, a la Senadora Martín i Vigil y al Senador Alierta sus
intervenciones en relación con el contenido de la interpelación que
acabamos de debatir y, sobre todo, me congratula, como miembro del
Gobierno, que haya un acuerdo básico sobre el interés que tiene esta
materia y que haya también un acuerdo básico sobre la forma de enfocar el
conjunto de objetivos, lo que podría enmarcarse en el tema central de la
interpelación: el desarrollo económico y social de nuestro país.
Y al hilo de las intervenciones de los distintos portavoces diré que, de
haber habido algún equívoco, me gustaría deshacerlo, pero en la medida en
que se trate de una reafirmación, quisiera reiterarla para que quede
explícita la posición del Gobierno en estas materias.
En ningún caso mi intervención ha tratado de ser limitativa de los
aspectos o contenidos del debate. Al contrario, lo que pretendía era
poner el acento en aquellos puntos en que hay un aliciente para
profundizar en la materia que ha traído aquí la interpelación del Grupo
de Convergència i Unió.
Por poner un ejemplo real que pudiera servir de referencia y que pudiera
ser también el desencadenante de otros temas de debate a los efectos de
hacer un ejercicio de superación e imaginación para actuar correctamente
y con eficacia en temas de desarrollo económico y social, me referiría al
problema del déficit público, tema que seguramente será uno de los
debates centrales del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
el año 1998.
Pero hay un debate que trasciende del propio debate de los Presupuestos,
y es que España, para poder estar en la Unión Económica y Monetaria, se
ha comprometido a que, no solo el déficit del Estado, sino la suma de los
déficit del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones
locales esté dentro de unos límites, de tal manera que si eventualmente
se produjera una circunstancia en virtud de la cual el Estado cumple, las
Comunidades Autónomas cumplen y no cumplieran los ayuntamientos o, al
revés, se excediera en sus previsiones de déficit el Estado, cumpliendo
los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, estaríamos en una
situación difícilmente abordable, situación que hasta ahora ha sido
encauzada, en la relación Estado-Comunidades Autónomas a través del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, y en la relación con los
ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y
Provincias.
Pero en casos como éste, ¿cabría plantearse en una sede parlamentaria
--como el Senado, por ejemplo-- el debate sobre la cooperación entre las
Administraciones para conseguir un objetivo común compartido por todas
ellas? Creo que esa es una de las virtualidades de este debate. Y al
igual que el ejemplo del déficit --que puede que sea el más inmediato y
resulte el parámetro más frío y menos alejado de la conciencia o de la
motivación individual de los ciudadanos--, se podrían traer muchos más
aplicados a los esfuerzos colectivos para obtener un mayor rendimiento;
por ejemplo, en las instalaciones deportivas que en estos momentos están
desparramadas por todo el territorio español.
Por tanto, en ese sentido el planteamiento no es limitativo. Como tampoco
lo es --y no sé si lo ha podido interpretar así el portavoz del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos-- en el ámbito competencial, que he citado
por tener un ejemplo de referencia de lo que es una obligación del Estado
o de los Gobiernos autonómicos. Porque hay materias en las que la
convergencia de proyectos e intereses para plantear un modelo de
desarrollo económico y social ni siquiera pasa directamente por la
responsabilidad de un Gobierno o de un Parlamento.
Así, su señoría sabe que, en estos momentos, en su Comunidad Autónoma, en
Euskadi, hay un proyecto de convergencia real en materia de
telecomunicaciones y que no es exactamente una política derivada de la
posición de los Gobiernos. En todo caso, es evidente que introducir la
liberalización y la competencia y la presencia de nuevos operadores es
política general de los Gobiernos. Pero, ¿cómo se instrumenta luego una
sociedad en la que participan agentes privados o corporaciones de
Derecho, como las Cajas de Ahorro? Es algo que surge de la propia
sociedad.
Esos modelos van a seguir propiciándose a medida que el Estado deje de
tener un papel tutelar --lo tiene para las reglas de juego, pero no para
el protagonismo en el desarrollo de determinados sectores-- y cada uno
quiera asumir luego su propia responsabilidad. Probablemente, el sector
de las telecomunicaciones sea hoy uno de los ejemplos más vivos de la
cooperación más allá de la política de los Gobiernos, pero puede haber
otros muchos en el campo energético, o en cualquier otro que necesite un
esfuerzo modernizador e inversor del conjunto de la sociedad española.
La portavoz del Grupo Socialista ha planteado un tema al que he hecho
referencia sin invadir lo que tiene que ser la soberanía de las partes
para decidirlo, como es el pacto local. He citado las cifras actuales del
peso de las Administraciones locales en el gasto público español, y he
señalado que, hoy por hoy, no hay un acuerdo formal que permita intuir
que vaya a aumentar en el futuro, como lo hay, en un horizonte razonable
de tiempo, en lo que se refiere a las competencias de sanidad o de
educación. Además, su señoría sabe que en los países europeos más
descentralizados las corporaciones locales tienen un peso en torno al 20
por ciento en el gasto público de los Estados, lo que quiere decir que
hay un amplio margen, con la tendencia que queramos plantear en nuestro
país, en relación con el papel que van a jugar las corporaciones locales.
Insisto en que no he querido hacer ningún diseño, por respeto a la
capacidad de iniciativa de las partes, pero es evidente que el Gobierno
ha planteado el pacto local y que es responsabilidad de todos darle
contenido y, en su caso, si hay acuerdo, ejecutarlo de manera decidida.
En cuanto a las referencias a la educación, también estoy de acuerdo con
que hay que hacerlas en el sentido más amplio posible. Es más, si se pudo
haber interpretado que hablaba de que la educación formalmente está
transferida, o va a estarlo, a todas las Comunidades Autónomas, también
estaba dando por supuesto --y lo explicito ahora-- que, por ejemplo, en
la responsabilidad del Estado va a quedar la investigación y el
desarrollo, que es una de las apuestas más importantes en cualquier
modelo futuro de desarrollo económico y social. Por tanto, quiero añadir
que no he hecho una dejación o traslación de responsabilidades a las
Comunidades Autónomas, sino que sigo planteando como responsabilidades
básicas del Estado determinadas cuestiones que afectan en el sentido más
amplio posible al concepto de educación. Y una, y la más importante para
el futuro de nuestro país, es la política de investigación y desarrollo,
en la que vuelve a haber responsabilidades concurrentes.
Su señoría hablaba de la televisión pública, yo hablaría de las
televisiones públicas, porque en determinadas Comunidades Autónomas
tienen el liderazgo de las audiencias televisiones públicas de ámbito
autonómico. Por tanto, hay una responsabilidad, no sólo de la televisión
pública, sino también de la televisión pública estatal y, además, de
todas las televisiones públicas que, en el ámbito de sus Comunidades
Autónomas, tienen también un papel preeminente en esa capacidad de
concienciación de la sociedad.
Creo que el Senador Alierta resumía su intervención poniendo el acento en
algo que, a lo largo de mi intervención, yo he tratado de dejar claro,
que el debate singular sobre los nuevos modelos de desarrollo económico y
social en convergencia entre las distintas Administraciones tiene su sede
natural en el Senado y, en la medida en que sus señorías lo planteen, a
través de los cauces formales adecuados, en los trámites posteriores a
esta interpelación, que sepan de antemano que cuentan con la colaboración
del Gobierno para darle contenido y colaborar con sus señorías en el
desarrollo de los debates relacionados con este tema tan interesante, que
ha traído aquí la interpelación del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.-)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Primero del
Gobierno.
-- DE DON LLUIS ARMET I COMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS PERSPECTIVAS DEL SISTEMA DE FINANCIACION AUTONOMICA. (670/000058.) El
señor PRESIDENTE: Pasamos a la interpelación de don Lluís Armet i Coma,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las perspectivas del sistema de
financiación autonómica.
Tiene la palabra el Senador Armet i Coma.
El señor ARMET I COMA: Señor Presidente, señorías, la preocupación del
Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara, en relación con los temas
de financiación autonómica, es bien conocida por todos ustedes. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Ha habido distintas
intervenciones, iniciativas, debates, comentarios y preocupaciones.
Hoy queremos decir a todas sus señorías que estamos profundamente
preocupados por la evolución de la información de que disponemos. Quiero
recordar que nuestra voluntad era participar en un consenso, el cual no
se produjo, sino un acuerdo precipitado y unilateral entre el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, en este caso,
que daba apoyo al Gobierno. Se hizo un trabajo precipitado, con una falta
total de consenso.
Consecuencia de este hecho es que cuando se deben producir
rectificaciones o adaptaciones, la inexistencia del consenso las impide,
las dificulta y, por parte de quienes hicieron el acuerdo, es difícil que
se acepten las rectificaciones necesarias.
Por tanto, existe el riesgo a cerrarse y a decir que todo está bien, que
todo es positivo y que aquí no pasa nada. Desde este punto de vista, un
acuerdo político en profundidad por parte de la Cámara permitiría, de
forma sosegada, profundizar en las rectificaciones necesarias para hacer
que el modelo fuera perdurable, viable y tuviera sentido.
Nosotros hicimos la crítica al sistema de forma inicial, concretamente el
día 10 de junio de 1996, cuando en esta Cámara se decía con toda claridad
que estamos hablando de un IRPF que nadie sabe cómo será en 1998 y en
1999, porque nos temíamos que la evolución de un impuesto en manos de un
Gobierno conservador, que lo que quería era desacelerar la fuerza del
mismo, iba a comportar dificultades.
Y este impuesto era vendido como el motor del sistema, el que daba
viveza, el que daba potencia, el que daba fuerza, el que permitía, con la
capacidad normativa, lanzarse a aventuras positivas de riesgo asumido y
resulta que una de las dos columnas o la más importante que sustentaba el
tema empezaba a ser criticada por nosotros.
Posteriormente insistíamos con toda claridad y decíamos que existía una
incertidumbre extraordinaria --utilizando exactamente esta expresión--
sobre cómo podía evolucionar el sistema impositivo español en relación
con el PIB nominal. Dependiendo de cómo evolucione este sistema, el
resultado será diametralmente opuesto.
Con posterioridad se formulan preguntas al Vicepresidente económico del
Gobierno, que contesta claramente que el impuesto puede bajar, pero que,
en cambio, hay un conjunto de factores que pueden equilibrar este tema,
como puede ser la lucha contra el fraude fiscal o una mejor política
recaudatoria.
Encontramos hasta 15 intervenciones, hasta llegar a cuestionarse
claramente, en concreto en abril de 1997, que el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas está experimentando una desaceleración o, dicho
de otra forma, que está creciendo menos que el conjunto de los impuestos
del país.
Se produce, por tanto, lo que podríamos llamar punto de inflexión en
relación con la evolución natural de este impuesto.
Sinceramente, creo que es importante recordar cómo se hizo la venta del
producto. La venta del producto, en su momento, por ser un acuerdo
precipitado, se hizo como si fuese un triunfo extraordinario.
Concretamente, el partido que había conseguido que se colocara el 30 por
ciento del Impuesto sobre la Renta en el concepto de la financiación
autonómica decía que se habían obtenido unos dividendos muy importantes.
Hablaban de dividendos de más de 400.000 millones de pesetas, que se
concretaban, en 1997, en unos beneficios posibles de 24.000 millones de
pesetas. Existía, por tanto, un ambiente eufórico que se transmitía a la
sociedad y al conjunto de las Comunidades Autónomas, que, obviamente,
reaccionaban con recelo, diciendo aquéllas que tenían poco peso en el
Impuesto sobre la Renta que se veían perjudicadas y discriminadas.
Quiero afirmar que aquí, en el Senado, desde el primer momento se puso el
interrogante sobre un impuesto que dejaba de ser vigoroso por ser débil;
un impuesto que pasaba a segundo plano, que había sido el rey del Estado
del Bienestar, la base desde la que se pudo hacer una política de
redistribución y que pasaba a tener una evolución anodina en manos de un
Gobierno que en su programa electoral así lo contemplaba.
Me gustaría recordar dos elementos básicos. ¿Por qué hicimos esta primera
reflexión en el Senado? Porque ustedes no engañaron en esta cuestión; en
su programa electoral decían claramente qué pensaban hacer con este
impuesto, y lo que pensaban hacer con este impuesto permitía,
evidentemente, valorar como desaceleración fuerte el ritmo de crecimiento
del impuesto más importante de nuestro país.
También afirmaban ustedes con rotundidad, en la página 4 del acuerdo, que
las reformas tributarias proyectadas en la presente legislatura
contemplan reducir la tributación por el IRPF y no elevar la presión
fiscal global, lo que significa que la recaudación impositiva del Estado
evolucionará previsiblemente en los próximos años con índices que no
sobrepasarán el incremento del PIB en términos nominales. Eso estaba
contemplado en el propio documento.
Se produce una actuación seguramente voluntarista y un tanto infantil del
Gobierno al pactar esta cuestión con Convergència i Unió y venderlo como
un gran éxito, con toda su capacidad explosiva, y hay un razonamiento
posterior de algún técnico importante que es capaz de analizar las cosas
en función de su programa y de las realidades y que alerta sobre cuál va
a ser la evolución del futuro.
Ustedes conocen la consecuencia de todo esto, que es que algunas
Comunidades no firman el acuerdo, y el acuerdo se firma vendiéndolo desde
la perspectiva de que es extraordinariamente positivo con vistas al
presente y al futuro y que se nos abre un quinquenio lleno de
posibilidades y potencialidades si las Comunidades Autónomas saben
aprovechar sus potenciales de crecimiento, jugando, básicamente, con la
capacidad normativa.
Respecto a la información, si quieren podemos hacer un debate
complementario sobre información y números, pero creo que ahora no es el
momento, aunque podemos hacerlo perfectamente, si ustedes lo desean, y
podemos poner todos los números encima de la mesa. Les voy a decir algo
que todos los que están en esta Cámara van a entender perfectamente.
Seguramente, el miembro de las Cortes Generales que mejor conoce --o uno
de los tres miembros de las Cortes Generales que mejor conocen, para no
poner excesivo énfasis-- los entresijos de los Presupuestos Generales del
Estado y sus estadísticas complementarias es el Senador Octavio Granado,
que ha ido siguiendo de forma minuciosa cada una de las evoluciones y de
los indicadores que nos permiten hoy afirmar con toda rotundidad que nos
encontramos ante un hecho nuevo. Las valoraciones que pueden hacerse hoy
sobre el resultado final del Impuesto sobre la Renta en 1997 nos permiten
afirmar que en 1997 el Impuesto sobre la Renta estará por debajo del
conjunto de impuestos del país. Y todo nos hace pensar que este no es un
planteamiento a corto plazo, que se vaya a producir un año, sino que, de
la misma forma que en el año 1997 se experimentará una situación de ese
tipo, en 1998, con altísima probabilidad --estoy hablando del 98 por
ciento de posibilidades-- , nos encontraremos en una senda de estas
características. ¿Qué quiere esto decir? Que en el primer bienio de un
quinquenio se está produciendo, exactamente, la hipótesis no deseada por
el sistema o por los que han creado el sistema. Desde este punto de
vista, lógicamente esto obliga a un cambio radical de orientación y a un
posicionamiento de responsabilidad por parte de los representantes del
Gobierno.
Pero, curiosamente, el partido político, en este caso bajo la persona del
Presidente de la Generalitat de Cataluña,
un año después de aprobado el sistema hace una reflexión que dice: Debe
haber un cambio radical en el sistema de financiación. Y cuando se les
interpela a él y a algunos de sus Consejeros en el Parlamento de
Cataluña, admiten la reducción importante que se va a producir en 1997 de
las expectativas generadas por el impuesto y, por lo tanto, de las
cantidades colocadas en el propio presupuesto de la Generalitat de
Cataluña.
Es decir, los que hace un año lanzaban las campanas al vuelo pensando que
estaban viviendo de un Impuesto sobre la Renta que tendría un crecimiento
superior al conjunto de los otros impuestos, hoy están planteando un
cambio radical de orientación porque se dan cuenta de la crisis del
sistema.
A continuación, y muy brevemente, me gustaría ofrecer a sus señorías unas
pinceladas que permitieran centrar el tema y, sobre todo, una cosa poco
frecuente como es no ensañarme en los errores del Gobierno, sino poner
encima de la mesa algunas consideraciones que estimo colaterales, no
previsibles por nadie, o en el caso en que nosotros hubiéramos tenido
responsabilidades gubernamentales.
En primer lugar, es algo absolutamente claro y cierto que el programa
electoral del Partido Popular y de los grupos que le han dado su apoyo es
inequívoco en relación a la voluntad de debilitar la capacidad
recaudatoria del Impuesto sobre la Renta. Esto es inequívoco, por lo
tanto, tiene su importancia; y no era, en este caso, un engaño. Lo que sí
era un engaño fue la venta de un producto que nunca se podría hacer bajo
una hipótesis que no era la que se reforzaba, sino, precisamente, la que
se debilitaba. Las bases del acuerdo lo dicen, aunque de forma moderada,
con una cierta claridad y, por lo tanto, están situadas en esta senda.
Las medidas de fiscalidad que toma el Gobierno en 1996, cuando todas las
plusvalías de capital las sitúan al 20 por ciento, permitiendo si se
mantienen durante dos años --con unos efectos a corto plazo, uno, dos
años, muy significativos, y aún más significativos a corto y a medio
plazo-- la baja de cinco puntos en los tipos de interés que cobran todos
los depositantes de nuestro país, viene a representar aproximadamente, en
un par de años, unos tres billones de pesetas; si les aplicamos una
fiscalidad media, esto tiene una trascendencia muy notable.
Algo es claro, y lo voy a decir con toda rotundidad: la bajada de tipos
de interés obedece a una consecuencia de la política económica del
Gobierno y no se podían prever bajas tan fuertes a corto plazo, lo cual
también ha incidido de forma clara en la bajada del Impuesto sobre la
Renta. Desde este punto de vista, yo no diría que esta parte en concreto
sea responsabilidad de ustedes; lo que sí es su responsabilidad es haber
tratado las rentas de capital de muchos depositantes, de familias
modestas y sencillas --el 90 por ciento de las familias españolas-- de
forma muy distinta, y han perdido en ingresos adicionales, por la vía de
los intereses, unos tres billones de pesetas.
¿Qué es lo que me permite ir haciendo este conjunto de consideraciones?
Todos los elementos mencionados, acompañados de uno ambiental, de fondo,
como es la pérdida de vitalidad de los impuestos de renta en todos los
países de la Unión Europea, como consecuencia del tratamiento de las
rentas de capital o de determinadas políticas de homogeneización,
comportaban, además, un elemento básico: había más del 90 por ciento de
posibilidades de que el comportamiento del Impuesto sobre la Renta en el
quinquenio 1997-2001 tuviera un crecimiento inferior al conjunto de los
impuestos. Porque no me dirán que ustedes han sido unos entusiastas
defensores y ejecutadores de políticas de mejora de recaudación y de
lucha contra el fraude fiscal durante este año. Tampoco les pido
resultados a corto plazo, pero esto es lo que dijo el Vicepresidente del
Gobierno, señor Rato, que pensaba que con políticas colaterales, que son
de una dimensión realmente reducida, se podía corregir lo que era un
hecho estructural incuestionable: la caída profunda del Impuesto sobre la
Renta, por este conjunto de factores que nosotros hemos señalado.
Consecuencia primera. 1997-2001: cuestionado el modelo por la columna más
dinámica, por uno de los aspectos básicos: por la venta que se hizo del
mismo. Y esto, a partir de aquí, crea la lógica absolutamente surrealista
de que las Comunidades que no firmaron el modelo puedan obtener una
financiación más alta que las que lo firmaron. Esto no deja de ser lo que
podríamos denominar un elemento sarcástico y surrealista del conjunto de
temas que tenemos entre manos.
Segunda consideración: en la baja del crecimiento del Impuesto sobre la
Renta también ha incidido un factor nuevo, y es que los crecimientos
diferenciales entre Comunidades Autónomas, lo que sería la desviación
estándar si lo midiéramos en capacidad de dispersión de estas tasas, es
mayor. Y es mayor por una razón muy simple: cuando más complejo es un
impuesto, cuando más rico es un impuesto en matices de rentas de capital
y rentas de trabajo, los crecimientos están más o menos acompasados y
posiblemente las Comunidades que tienen menos nivel de renta tienen una
capacidad de crecimiento, pero en el momento en que se hacen políticas
muy fuertes de cambio radical del sistema en una sola dirección se
producen incrementos erráticos, incrementos diferenciales muy fuertes
entre unas Comunidades y otras, lo cual no estaba previsto cuando ustedes
analizaron el sistema. Este es un segundo factor, que sinceramente creo
que es muy significativo.
Después hay un tercer factor, y es que todas las potencialidades que se
veían de: incremente usted y tendrá más, ahora se convierten en un:
incremente usted más si quiere estar donde preveíamos que usted
estuviera, lo cual es traspasar la responsabilidad de la suficiencia a
las Comunidades Autónomas. Pero ¿en base a qué? Al incremento del
impuesto, cuando estamos en un marco, y también a nivel del Estado, en el
que el sistema de financiación autonómica no es el mismo que el sistema
general o que el sistema foral, por lo que toda la capacidad lógica de
decir quien quiera dar mejores servicios o tener más capacidad de
actuación presupuestaria que asuma un riesgo por la vía de incrementos en
el impuesto queda absolutamente cuestionado. No incidiré más en estos
momentos, ni mucho menos, en los aspectos que hacen referencia a las
irracionalidades que se van produciendo en el conjunto del sistema.
La preocupación más grande es que no estamos en una situación coyuntural,
sino estructural. Y si estamos en una situación estructural conviene
hacer una reflexión estructural y esto obliga a una reconsideración en
profundidad del asunto.
Este es un asunto básico y aquí sí que le tiendo nuestra colaboración más
sincera, porque no hay cosa peor que llegar a un esquema en el que todo
el mundo esté pensando qué es lo que va a hacer para que le salga mejor o
qué es lo que no va a hacer para que le salga mejor. A partir de aquí no
hay un terreno de juego objetivo y los fines iniciales han quedado
absolutamente pervertidos por la propia lógica del sistema.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Armet, se le ha terminado
el tiempo.
El señor ARMET I COMA: Acabo con tres consideraciones muy rápidas.
Señor Ministro, usted tiene tres posibilidades: primero, alargar el grave
problema hasta las elecciones o elecciones anticipadas, esperando que la
liquidación de 1997 sea en octubre o en noviembre de 1998 e intentando
estirar el chicle como pueda. No se lo aconsejo, es malo para España.
Segundo, aquí no pasa nada, convertir este sistema de financiación en una
ficción, que el sistema sean unas entregas a cuenta como unos albaranes y
después una negociación bilateral con compensaciones en cada una de las
Comunidades: a ti te he dado más que al otro; al otro le he dado más que
al otro, etcétera, lo que se llama crear un buen ambiente, que tantos
defensores tiene en nuestro país y especialmente, por desgracia, en los
malos políticos y espero que en usted no, porque no le tengo por un mal
político, es un hombre de objetividades o al menos se autoimpone este
principio de objetividad. Y por último, abrir el diálogo a todas las
fuerzas políticas, sin exclusión de nadie de todo el arco parlamentario,
analizar lo que está pasando, formular nuevas propuestas y redimensionar
los asuntos, porque una situación de este tipo es profundamente
preocupante.
Señor Presidente, señor Ministro, en esta interpelación --y lo digo muy
sinceramente-- podría haber hecho cierto exhibicionismo de decir:
teníamos razón, lo dijimos, lo venimos diciendo, etcétera. No he querido
hacerlo por responsabilidad institucional, porque creo sinceramente que
en este tipo de cuestiones tenemos la voluntad de hacer los esfuerzos y
los sacrificios necesarios en favor del país para llegar a un acuerdo.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Armet.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Yo quiero comenzar mi intervención agradeciendo al señor Armet su
referencia personal. Tengo que decir que comparto el mismo criterio que
él tiene de mí, y no es una pura cortesía. Por eso me sorprenden algunas
de las afirmaciones que ha hecho a lo largo de su intervención, pero como
el propio señor Armet ha dicho que no iba a ensañarse en los errores del
Gobierno, yo, en justa reciprocidad, tampoco puedo ensañarme en los
errores de la oposición y tampoco podré hacer, puesto que él mismo ha
dicho que no lo hace, exhibicionismo de razón. Así actuamos todos, y
sobre todo yo que tengo el mismo turno, en igualdad de condiciones. Pero,
dicho esto, quisiera comenzar mi intervención recogiendo la primera parte
de lo que dijo el señor Armet en relación con el consenso y, además, voy
a hacer una afirmación que le pido, señor Armet, que la tome como cierta,
se lo pido, si me lo permite, y es que el Gobierno no tiene ningún
interés en que exista un modelo de financiación de las Comunidades
Autónomas que sea el resultado de los votos a favor de una mayoría sobre
una minoría. No tenemos ningún interés ni lo hemos tenido nunca, y le
pido que me crea. Es más, tanto el Gobierno como yo personalmente,
creemos que es bueno y positivo que los asuntos que afecten a la
estructura territorial del Estado sean producto del mayor acuerdo
posible.
Señor Armet, hago esta información con avales, en primer lugar, el aval
que me ha dado el ser portavoz de mi Partido en materia económica en los
últimos años y haber firmado con ustedes --cosa que podía no haber
hecho-- el acuerdo autonómico del año 1992 que produjo la reforma de 10
estatutos de autonomía y después la reforma de un tema complejo que
llevaba mucho tiempo pendiente, cual era la de los Estatutos de Ceuta y
Melilla.
Y, si me lo permite, voy a hacer también esta afirmación con otro aval,
que es no haber presentado jamás una interpelación sobre temas
autonómicos, ni siquiera con ocasión de la decisión que se adoptó sobre
la cesión a las Comunidades Autónomas de un 15 por ciento del IRPF de la
cuota líquida, asunto en el que no se nos dejó participar, a pesar de que
lo pedí expresamente a los responsables de su partido en aquel momento.
Pues ni aun así presenté una interpelación sobre este asunto,
precisamente porque entiendo que estos temas deben ser producto del
acuerdo y del consenso.
Dicho esto, me parece también oportuno recordarle que he intentado, al
principio de esta legislatura, hacer un pacto autonómico similar al de
1992 y que me fue negado por su partido, si bien tengo que reconocer que
luego, cuando se produjeron reformas de estatutos de autonomía, todos
logramos ponernos de acuerdo.
Debo recordarle también --y esto es muy importante-- que el Gobierno hizo
un esfuerzo para consensuar el modelo de financiación del quinquenio en
que nos encontramos. No ha sido un acuerdo, como usted ha dicho aquí,
entre el Partido Popular y Convergència i Unió, fue un acuerdo con muchas
más fuerzas políticas que aquí, y en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera dieron su apoyo, todas las Comunidades Autónomas, todas, menos
las gobernadas por el Partido Socialista; y aquí, al menos,
se manifestaron a favor Coalición Canaria, el PNV, Eusko Alkartasuna, el
PAR, Unión Valenciana y Unión del Pueblo Navarro. La oposición vino del
Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Gallego y de Izquierda
Unida, pero con argumentos totalmente distintos a los empleados por
ustedes. Eso fue exactamente lo que ocurrió.
Ustedes no fueron capaces o no quisieron plantear una alternativa desde
aquí o desde el Congreso, o no fueron capaces o no quisieron, yo todavía
no conozco la alternativa. Decidieron oponerse sin más al modelo y,
además, hicieron en todas las Comunidades Autónomas el mismo discurso:
este modelo perjudica claramente a mi Comunidad. En todas el modelo
perjudicaba a la Comunidad; sin embargo, en Madrid el discurso era el
contrario, a quien perjudicaba el modelo no era a ninguna Comunidad
concreta, sino al conjunto del Estado.
Ahora parece que el razonamiento ya no es exactamente igual, porque si en
Madrid se decía que perjudicaba al conjunto del Estado y ahora acaba de
decir usted aquí que como el IRPF puede bajar --luego hablaré de este
asunto-- los perjudicados son las Comunidades Autónomas, resulta que,
evidentemente, a medida que van transcurriendo los acontecimientos,
ustedes siguen oponiéndose al modelo, pero por razones distintas y
contradictorias entre sí.
Pues bien, no voy a hacer aquí una defensa del modelo, señor Armet, yo
creo que se ajusta, lo he dicho ya en algún debate en esta Cámara, a lo
que se dijo con ocasión del debate del Estado de las Autonomías en el
Senado en el año 1994; allí todos o, al menos, la mayoría de los
intervinientes, entre otros, el antiguo Presidente del Gobierno, hablaron
de la necesidad de mayor autonomía financiera y corresponsabilidad
fiscal. No voy a leer, porque creo que no hace al caso, el «Diario de
Sesiones», pero sí invito a quien tenga interés en este tema a que lo
haga.
Pero, además, creo que el modelo, aparte de ajustarse a lo que se decía
en el año 1994 en el debate del Estado de las Autonomías en esta misma
Cámara, se ajusta a lo que es el sentido común; es decir, que en España
en este momento las corporaciones locales --se ha hablado en la
interpelación anterior de este asunto-- con un gasto del 13 por ciento
tienen una autonomía financiera indudable. ¿Por qué quien tiene más del
25 por ciento del gasto público no va a tener ninguna autonomía? ¿Y por
qué no tiene que asumir ante los ciudadanos su responsabilidad? ¿Y por
qué los ciudadanos no pueden juzgarles por la política fiscal que hagan?
Pues bien, a mí este principio de la corresponsabilidad fiscal --se lo
digo con franqueza, señor Armet-- siempre me pareció un principio
razonable, sensato, lo he defendido y seguiré haciéndolo.
¿En qué situación estamos ahora? Que me parece que es lo que a usted,
fundamentalmente, le interesa. Como es sabido, el modelo entró en vigor
--lo hizo el 1.º de enero del presente año 1997--, sus resultados
definitivos podremos verlos cuando se produzca la liquidación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del ITAE y del PIB del
año 1997 y veremos en qué medida hay que aplicar los instrumentos de
solidaridad que se recogen en el mismo.
Ahora bien, señor Armet --le rogaría me atendiese, si es que le interesa
mi intervención, porque estoy contestándole a usted--, le diré lo
siguiente. Usted ha dicho que sería un sarcasmo que las Comunidades
Autónomas que no aceptaron el modelo al final recibieran una financiación
mayor que las que lo aceptaron. Vamos a ver lo que sucede.
Lo que sí puedo decirle es que, en el año 1997, las Comunidades Autónomas
que no han aceptado el modelo, en concepto de entregas a cuenta reciben
una cantidad que representa el 6 por ciento de lo que recibían el año
anterior, que es la previsión del PIB nominal --eso sí, en concepto
entregas a cuentas--. Y las Comunidades Autónomas que han aceptado el
modelo reciben de media una cantidad del 7,04. Ya veremos qué es lo que
sucede cuando se produzca la liquidación definitiva, pero le tengo que
advertir una cosa, y es que quienes no han aceptado el modelo reciben un
6 por ciento más, que era la previsión del PIB nominal, pero el de este
año va a ser el 5,2 por ciento más. Por lo tanto, ya veremos qué es lo
que ocurre cuando se produzca la liquidación definitiva.
Y en 1998, quienes no hayan aceptado el modelo recibirán un 5,69 por
ciento más, que es la previsión de PIB nominal. Y los que lo hayan
aceptado reciben como media un 8,58 por ciento más, resultado de los
ITAE, que suben el 8,1; la PIE, la participación en los ingresos del
Estado, y la TIR, que es la tarifa autonómica.
Estos son los datos objetivos y, por lo tanto, indiscutibles, de entregas
a cuenta, y los únicos objetivos que hay a fecha de hoy. Esta es la
situación. Veremos qué es lo que ocurre cuando se liquide el modelo.
Usted ha hecho algunas consideraciones sobre el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas que, sin duda, son muy interesantes, pero me va a
permitir que le formule algunos comentarios.
Usted dice que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no va a
ser un impuesto que crezca. Ya le he dado los datos de lo que van a
crecer los ITAE --porque para quienes no aceptaron el modelo su evolución
es PIB nominal y no ITAE--, y le voy a señalar lo que va a crecer según
el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de este año.
Entre el año 1996 y 1997 el IRPF está creciendo al 7,4 por ciento,
mientras que la previsión presupuestaria era del 6,68 por ciento. Ahora
bien, dicen ustedes que con nosotros el IRPF va a bajar, mientras que
para ustedes el IRPF era un impuesto enormemente importante y por eso
subía siempre. No creo que el IRPF tenga que bajar necesariamente. En
primer lugar, porque se esta produciendo una subida en el crecimiento del
empleo que no se producía --dicho sea con todos los respetos-- cuando
gobernaban ustedes, y tengo que recordar aquí que el 47 por ciento del
empleo que se ha creado en la Unión Europea en el año 1997 se ha creado
en este país en el que estamos usted y yo en este momento. Y tengo que
decirle que, en consonancia con ese hecho, se ha producido un incremento
ciertamente importante de cotizaciones a la
Seguridad Social y, por tanto, también de personas que van a pagar el
IRPF.
Naturalmente, a lo mejor con ustedes el IRPF crecía más porque, salvo en
los dos últimos años, no se deflactaba su tarifa, pero eso es una
decisión suya.
Asimismo, ha dado un argumento que es ciertamente curioso. Dice: el IRPF
se lo traspasan a las Autonomías y ellas pueden ejercer su autonomía
financiera y pueden subirlo. Trasladan la carga de que suba el IRPF.
Naturalmente, como nos la trasladamos a nosotros. Si usted quiere que
suba el IRPF y que se recaude más con arreglo a su planteamiento
económico, proponga donde quiera la subida del IRPF. Nosotros no vamos a
subirlo; estimamos que la base es crear empleo y hacer una política
económica diferente a la que usted ha planteado.
Esta es la previsión del modelo. Lógicamente, quienes no lo han aceptado
se rigen por lo dispuesto en el modelo anterior y quienes lo han aceptado
por el nuevo modelo.
¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro? No lo sé. Veremos cuál es el
modelo del quinquenio 2001 o 2002. Hasta el 2001 el quinquenio tiene que
ser el vigente porque todas las Comunidades Autónomas lo han aprobado
así. Las Comunidades Autónomas que no lo han aceptado no lo han hecho
porque no han querido. Ahora señala que no hemos consensuado con esas
Comunidades Autónomas. ¿Quién le dice a usted que la culpa de la falta de
consenso la tiene precisamente el Gobierno? ¿No se ha planteado que la
culpa de la falta del consenso la tengan las tres Comunidades Autónomas
que no aceptaron el modelo? Porque, por lo menos, el Gobierno tiene a su
favor los datos objetivos, ya que si catorce lo aceptan, así como una
mayoría de partidos, y otros no, en ningún sitio se dice que la minoría
tenga que tener siempre la razón y la mayoría no pueda tenerla en ningún
caso.
Por otra parte, no deja de ser también sorprendente que se critique que a
las Comunidades Autónomas se les aplique el modelo anterior. Si era el
que querían, era el que votaron. ¿Qué le vamos a aplicar, el nuevo que no
querían y no votaron? Yo sí que les invitaría a que aceptaran el nuevo
modelo de financiación autonómica porque, al menos con las entregas a
cuenta y mientras no se demuestre lo contrario, yo creo que les va a ir
mucho mejor que con el anterior.
Es más, les diré una cosa el ITAE va a subir siempre por encima del PIB
nominal y el IRPF va a seguir siempre por encima del PIB nominal. Y, por
si ello no fuera suficiente, dispondrían de la autonomía financiera y de
la capacidad, por tanto, de hacer política fiscal que tienen las
Comunidades Autónomas que no aceptaron el modelo. Y, además, los señores
que viven en las Comunidades que no han aceptado el modelo, podrían tener
un elemento de juicio tan importante en un sistema democrático, como es
el saber cómo se adecúa lo que se pide con lo que se recibe.
Por tanto, señor Armet, yo no tengo ninguna intención de cambiar el
modelo, ninguna; entre otras cosas, por el respeto que les debo a las 14
Comunidades que lo han aceptado. Dice usted que no aceptamos las
rectificaciones necesarias. ¿Es que está dicho en algún sitio que las
rectificaciones necesarias las tenga que hacer la mayoría de 14 de
Comunidades Autónomas y de partidos políticos? ¿Por qué no aceptan las
rectificaciones necesarias las que no han aceptado el modelo? ¿O por qué
no aceptan las rectificaciones necesarias ustedes, precisamente cuando
los datos objetivos dicen que este modelo es mejor para las Comunidades
Autónomas que el anterior?
Son preguntas que estoy absolutamente convencido que usted me va a
responder en la intervención que sigue a ésta mía.
Muchísimas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Senador Armet, tiene usted la palabra por un tiempo de cinco minutos.
El señor ARMET I COMA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, me sabe mal que usted haya orientado su intervención un
poco por los cerros de Ubeda. Aquí la pregunta clave era una: ¿El IRPF es
un impuesto fuerte o no? ¿Se está desacelerando o no? ¿Si se desacelera
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tiene unas
consecuencias en el modelo de financiación que ustedes han diseñado? El
Presidente de la Generalitat ha dicho: Sí que las tiene y pido un cambio
radical. Esta es la clave del tema.
Usted podría decir: es que esto es a corto plazo, vamos a crear empleo,
va a subir fuertemente el PIB; este impuesto de trabajo, que ahora es el
Impuesto sobre la Renta, porque las rentas de capital han quedado muy
exoneradas, tendrá un crecimiento muy fuerte por la incorporación de
empleo y realmente, de aquí a un año y medio o dos, nos vamos a
recuperar. Yo le digo: ¿Usted no cree que en el quinquenio la evolución
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en España va a tener
un comportamiento en cada una de las Comunidades Autónomas, aparte de
errático, más bajo que el del conjunto de impuestos, especialmente, los
impuestos indirectos? Usted me dice: No, esto no va a ser así. Pero si
esto es así, y tiene una alta probabilidad de ser así, y ha sido
claramente confirmado por el socio que en el acuerdo de investidura le
pidió concretamente el 30 por ciento del IRPF, y ustedes lo aceptaron --y
en esto no critico el tema--, y luego lo extendieron a otros grupos
políticos --y no critico el tema--, si su socio principal, que lanza la
iniciativa, se da cuenta de lo que ha sucedido y pide un cambio radical,
ustedes, como mínimo, tienen que escuchar no al socio, sino ver la
evidencia numérica de un hecho contrastado admitido por todo el mundo.
Esto es lo que ustedes tienen que entender. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Si no es así, señor Ministro, estaría
cayendo en una lógica que es la lógica defensiva, enrocarse.
Ustedes lo que pretenden, lo diré con una expresión muy catalana que
utilizaré por una vez, y aquí me van a entender algunos, que intentaré
traducir, y es la siguiente:
«Qui dia passa any empeny», o sea, quien día pasa, año va tirando.
Ustedes lo que hacen es esperar a la liquidación de 1997, que va a ser
finales de 1998, con el fin de alargar el tema y así nos damos un
respirillo y vamos tirando como podemos.
Yo lo que deseo, sinceramente, es que ustedes se den cuenta de que es un
tema que ha salido aquí, en el Senado, que el Senador Octavio Granado y
el Senador que les habla lo han sacado 15 veces, sobre el que se ha
alertado desde junio del año 1996, que fue el primer aviso en esta
Cámara, Cámara territorial por excelencia, en el que nos hemos dedicado a
coger la camisa por delante y por detrás y a ver cómo iban evolucionando
las cosas y, al final, llegamos a una conclusión determinada, que usted
me puede decir: no es nuestra conclusión; ya lo verá, espérese usted a la
liquidación. Y no me hable de cantidades a cuenta porque ustedes han
revisado perfectamente todos los números; la recaudación prevista para el
año 1997, que eran cinco billones 915.000 millones de pesetas la han
pasado a cinco billones 654.000 millones de pesetas, son 260.000 millones
menos, lo que le permite un incremento de un cinco por ciento, cuando el
incremento real es un 0,4. No voy a hacer una sopa de números, que tengo
muchísimos, hasta la última liquidación de agosto de 1997, que sobre el
mismo período del año anterior, es decir, ocho meses, tenía un
crecimiento del 2,2. Y así podría seguir citando ejemplos.
O lo que sucede con Comunidades Autónomas que son dependientes
básicamente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como
pueden ser Baleares, La Rioja o Murcia, que experimentan un incremento
del 1 por ciento, porque lo que tienen es que están referenciadas
básicamente con el Impuesto. Así podría irle citando todo un conjunto de
elementos.
Estoy a disposición absoluta de todos los Senadores para que en la
Comisión de Comunidades Autónomas presentemos un trabajo exhaustivo de
todos los indicadores que tenemos, que hacen prever a todos los
especialistas que están analizando el tema que la baja del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas va a ser una baja realmente notable e
importante en el país.
Ante este hecho, que era el elemento motor, el elemento sustancial, el
elemento bandera, el elemento insignia, se decía: señores, apúntense,
suban ustedes su capacidad impositiva; muevan ustedes a su gusto, tiren
para arriba, tiren para abajo. Lo que le he dicho a usted es que si en la
situación actual alguien va a subir los impuestos es para tener lo mismo
que tenía, no para tener más o para hacer más, que es lo legítimo. Estoy
diciendo que precisamente han creado un sistema que comporta esta
perversidad profunda, que es situar a las Comunidades Autónomas que
tienen que equilibrar el presupuesto en unos déficit que no asume el
Estado y que se los traspasa diciendo: si vosotros queréis recuperarlo,
incrementar impuestos. Se han acabado las dotaciones a las Comunidades
Autónomas al ritmo al que los gobiernos socialistas las habían hecho, y a
partir de aquí, que cada palo aguante su vela, en el peor de los
sentidos, no en el sentido de la responsabilidad, sino en el sentido de
tenerse que mojar si se quiere tener lo mismo que se tenía antes.
Señor Ministro, cuando he hablado de sarcasmo he querido hacer una
comparación. Le estoy diciendo que el sistema está haciendo aguas por
todas partes. Ustedes practican un arreglo clarísimo: A ver, ¿qué te
saldría a ti si el Impuesto de la Renta hubiera subido un punto más?
Hacemos el cálculo teórico. ¿Qué sale? 14.025. Vamos a compensar con un
extra presupuestario de 14.025. A otro: A ver, tú que tienes este
problema grande, vamos a ver la sanidad... Es decir, encontrar
compensaciones que no forman parte del sistema.
Usted sabe perfectamente, como registrador que es, y me parece que esto
es importante, que no hay nada mejor en un registro que el que todo esté
perfectamente, con los lindes bien colocados, por una razón muy simple,
por las consecuencias que esto pueda conllevar.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Armet, los lindes del
tiempo también están pasados.
El señor ARMET I COMA: Señor Presidente, soy consciente de que los lindes
están sobrepasados ampliamente, seguramente llevado por una ligera pasión
sobre el tema.
Para acabar, la pregunta que formula este Senador a todos los Senadores y
a todos los especialistas del país que se han pronunciado es: ¿El
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas va a ser en el propio
quinquenio un impuesto que tendrá un cierto papel destacado en relación a
los otros, o no? Nosotros decimos: No, y extendemos la mano para hablar,
para rectificar y para que todos juntos encontremos una buena solución.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Solamente quiero hacer tres o cuatro comentarios.
En primer lugar, constato que el único argumento que ha utilizado el
señor Armet --debe tener difícil utilizarlos en otros de los muchos
aspectos de la financiación autonómica-- es que el IRPF no va a ser un
impuesto que suba excesivamente en los próximos años. Con ese argumento
que, por lo visto, es el básico y capital, supongo que ya no volverán a
decir aquí, como han hecho a lo largo de estos últimos años, que con este
modelo de financiación el Estado se arruina porque tiene un coste de más
de un billón de pesetas. Entiendo que a partir de ahora ese argumento ya
no lo podrán utilizar, porque son dos argumentos radical y absolutamente
contradictorios.
En segundo lugar, el señor Armet ha hablado de la evidencia constrastada
de los datos. Pero, si usted no ha dado ni un solo dato, lo único que ha
hecho es remitirse a una Comisión que no sé si se celebrará o no. Los
datos los he dado yo, usted ha hecho eslóganes, yo doy datos, y se los
vuelvo a repetir. Si el modelo es tan malo, ¿por qué en el año 1997
quienes no lo aceptan suben su financiación
un 6 por ciento, que quedará luego en el 5,2, y en el año 1998, el 5,69,
mientras que los que lo aceptan suben de media el 7,04 este año y el 8,58
el que viene? Esos son los datos, y eso es lo que tiene que explicar
usted. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
Dice usted que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas va a
bajar. De momento la previsión de crecimiento --y está en el Libro
Amarillo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado-- es que sube un
7,4, frente a la previsión del 6,68, que se había hecho cuando se
presentaron los presupuestos. Esos son los datos y las evidencias
contrastadas, lo demás son discursos y eslóganes más o menos brillantes.
Pero luego hay otro argumento: dice usted que yo no hablo de lo que crece
o deja de crecer el IRPF. Si lo he hecho, pero es que hay que hacer la
comparación en sus justos términos: aquí hay que comparar la situación en
la que están las Comunidades Autónomas que no aceptan el modelo, cuya
financiación sube PIB nominal --señor Armet, PIB nominal--, mientras que
las otras Comunidades suben IRPF más ITAE, y el ITAE ese año va a subir
el 8,1 y el PIB nominal va a subir el 5,69. Eso también son datos y no
discursos.
Por tanto, no me hable usted de evidencias contrastadas. Sinceramente,
estoy dispuesto a tener todos los debates --porque, además, le puedo
asegurar que es un tema que me entretiene, me apasiona-- que sea oportuno
con usted sobre la financiación autonómica, sobre el IRPF, sobre el IVA o
sobre el Impuesto sobre Sociedades, pero no me venga aquí a hacer
discursos. Haga como yo, dé datos, porque, al final, lo único que no es
discutible en esta vida son los hechos objetivos --por ejemplo, todos los
que estamos aquí estamos en el Senado, y eso no lo puede discutir
nadie--, lo demás son opiniones, eslóganes, discursos, en fin, calcular
mal los pasos que se dan. Y, por cierto, invito a su Partido a que
presente un modelo de financiación autonómica, porque, fíjese usted,
ahora, en la campaña de Galicia, el discurso era: el modelo de
financiación autonómica, nefasto para los intereses de todos los
ciudadanos de Galicia, ¿Qué ha pasado al final? (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señor Ministro.
Abrimos el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Intervendré con brevedad dada la hora, señor
Presidente.
Efectivamente, se puede tener --y se tiene y es legítimo que se tenga--
la razón de los votos. La razón de los votos es una razón poderosa y
legítima, pero a veces se tiene la razón de los votos y no se tiene la
razón histórica y no se tiene, incluso, la razón de los hechos objetivos.
El tema de fondo --por eso estoy de acuerdo con la interpelación del
señor Armet y con los argumentos que ha dado-- es que es dudoso que el
IRPF vaya a subir. Por tanto, con la recaudación autonómica va a pasar lo
que está pasando ya en muchas Comunidades Autónomas con las
transferencias, que se hacen a la baja y se va obligar a las Comunidades
Autónomas a fijar una serie de impuestos, con lo cual se va a ir a una
desregularización fiscal mayor y, por tanto, a una política más
insolidaria. Este es el tema de fondo de lo que estamos tratando aquí, de
ahí la preocupación --que nosotros compartimos-- de que el modelo de
financiación autonómica no es solidario, no es objetivo y va a crear
enormes dificultades. Y la prueba evidente es que los socios más
interesados en firmar el acuerdo de financiación autonómica están ya
cuestionando el modelo y están hablando de que hay que buscar otro
modelo.
Pues bien, si hay que buscar otro modelo hagámoslo sosegadamente --era un
compromiso que había en esta Cámara--, créese una comisión al efecto y
empecemos a estudiar con tiempo un nuevo modelo, porque creemos que sería
malo para todos los ciudadanos del país que ese modelo aguantase hasta el
año 2001, como ha manifestado el señor Ministro.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, intervengo muy brevemente para manifestar
nuestro posicionamiento ante esta interpelación. Por cortesía
parlamentaria, en este caso hacia el Senador interpelante, no vamos a
entrar en la discusión de contenidos y de cifras ya que entendemos que es
la interpelación que el señor Armet presenta al Gobierno, pero sí me
gustaría hacer una breve reflexión sobre el tema que aquí se trata a raíz
de la manifestación hecha tanto por el interpelante como por el señor
Ministro en referencia al consenso con que se deben tratar estos temas de
financiación autonómica.
La breve reflexión es que de hecho la implicación más directa en todos
estos temas de nuestra Coalición, de nuestro grupo político, empieza a
partir del año 1993, después de 10 años de mayoría absoluta del Gobierno
socialista, y en aquel momento, evidentemente, el sistema de financiación
autonómica no era --al menos desde nuestro punto de vista-- en absoluto
satisfactorio. A partir de aquel momento y a través de unos acuerdos de
gobernabilidad --es decir, a partir de ese momento empieza la implicación
de nuestro grupo político-- se avanza, desde nuestro punto de vista, con
la cesión del 15 por ciento del IRPF. En aquel momento ya no fue posible
este consenso, ya que se utilizó, creemos nosotros, la oposición a este
acuerdo como un acto de oposición global a la gobernabilidad que
representaba este acuerdo alcanzado con el Gobierno socialista.
Desgraciadamente, en el año 1996 se repite la historia. Desde nuestro
punto de vista, está claro que el acuerdo vigente en este momento
profundiza y avanza en la corresponsabilidad fiscal; se incrementa la
cesión del 15 al 30 por ciento y se introduce un aspecto, para nosotros
también de gran importancia, que es la cesión de la capacidad normativa.
Que a partir de ahí la discusión que aquí se ha establecido hoy sobre
cuál va a ser la evolución de los ingresos por el IRPF pueda generar
distintos resultados sobre el modelo, es un tema que habrá que ir
analizando, pero, en cualquier caso, también queremos manifestar, como lo
hemos hecho cada vez que se ha tratado este tema aquí, en esta Cámara, o
en muchos otros foros, que éste no es para nosotros ni muchísimo menos el
sistema definitivo, el sistema plenamente satisfactorio de financiación
autonómica. Creemos que hay que seguir avanzando y mucho. Nosotros
aspiramos, y se ha dicho siempre, a la plena capacidad fiscal, pero
entendemos que en este caso ha representado un avance. Vamos a ser, por
tanto, coherentes con los acuerdos tomados en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera. En cualquier caso, esos planteamientos y seguir
manteniendo abierto el sistema es el posicionamiento que siempre nuestro
Grupo, al menos hoy por hoy, vamos a seguir sosteniendo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Armet tiene la palabra.
El señor ARMET I COMA: Muchas gracias, señor Presidente.
En este turno de portavoces quiero señalar cuál es y cuál va a seguir
siendo la voluntad de nuestro Grupo ante estos temas. Existe una voluntad
profunda de acuerdo --espero que algún día llegemos a acuerdos
importantes para estabilizar situaciones que es positivo que estén
estabilizadas-- y existe una alarma coyuntural --lo tengo que decir con
todas las palabras-- sobre cómo las variables evolucionan en el sistema,
e intentamos explicar las razones por las cuales se produce esta
situación.
Cuando se observa el acumulado agosto-agosto, y vemos crecimientos del
2,2 o vemos, por ejemplo, que Comunidades Autónomas, como pueden ser la
de Murcia o la de Castilla y León, han puesto unos ingresos que superan
los que están en el anexo presupuestario para que de esta forma pueda
constar un incremento suficiente --tenemos todos los datos aquí--,
podríamos hablar de todo un conjunto de temas que nos preocupan desde el
punto de vista de la alarma que representan. Pero el tema es de fondo; el
tema es si realmente este Impuesto sobre la Renta que se desacelera
--empleo la palabra desaceleración que no quiere decir reducción-- debe
ser el único elemento significativo o importante de un sistema de
financiación, y si este Impuesto sobre la Renta debilitado o su
desaceleración, que, además, produce unas consecuencias muy distintas en
los ritmos de crecimiento de cada una de las Comunidades Autónomas, es
también el elemento que permite reforzar los criterios de suficiencia de
cara al futuro.
En este debate nuestra voluntad simplemente ha sido poner encima de la
mesa una preocupación legítima que debería ser de todos; esperamos tener
respuestas operativas; el tiempo nos va a decir exactamente por dónde
debemos ir. Pero perder el tiempo en este tema, será una vía inútil de
debates que no nos llevarán a ningún sitio, si no empezamos ya a
rectificar y a entender que debemos dar un cambio de rumbo.
Acabo diciendo una cosa que me parece elemental: si el consenso estuviera
encima de la mesa, los cambios y rectificaciones son fáciles, son
sencillos; se plantean con la honestidad de los que han participado en el
acuerdo, con la claridad de poder decir con toda tranquilidad: aquí ha
cambiado esto y ha cambiado por eso, por eso y por lo otro y, además,
porque este Gobierno quería que cambiara porque lo decía en su programa
electoral, y aquí no pasa nada. Posiblemente el Gobierno tenga que decir:
Fuimos ingenuos al pensar que esto no sería así o que no tendría efectos
a corto plazo, o lo que se quiera decir, pero hay que tener la capacidad
de ser honestos e intentar el interés general por encima de lo que son
los intereses partidistas y particulares.
Nuestro interés en plantear este tema es encontrar esta vía de acuerdo,
de racionalización, por un elemento que ustedes van a entender
perfectamente: el Estado autonómico no es que se construya con consenso,
sino que se construye a base de sacrificios, de entendimientos, de
coordinaciones, porque si no, ocurre aquello tan terrible de aquella
película de Woody Allen de «coge el dinero y corre», que cada uno va a su
sitio, explica lo que quiere, saca, por otra parte, lo que quiere y no
existen los mínimos de coherencia, de formalización, de objetividad, que
es lo que constituye realmente un Estado de Derecho descentralizado como
el nuestro y tan apasionante, formado por nacionalidades y regiones.
Este Senado tiene que hacer todo el esfuerzo para sacar tensión a debates
de otro orden y ser capaces de recentrar los temas en la debida
orientación. Creo sinceramente que nosotros hoy hemos contribuido
ligeramente a recentrar los temas.
Por último, deseo decir al Ministro que, si realmente no existe consenso,
el Grupo Parlamentario Socialista planteará su alternativa, como una
obligación, después de esperar la iniciativa que corresponde al Gobierno
de encontrar consenso, pero será a partir del agotamiento de su modelo y
de un acto de responsabilidad institucional por nuestra parte, y no
porque al partido de la oposición le corresponda, de ninguna de las
maneras, presentar una alternativa. Eso le corresponde al partido del
Gobierno, y le corresponde al partido del Gobierno abrirse en las
direcciones que debe hacerlo, en este caso a todo el arco parlamentario,
para encontrar los consensos más adecuados.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Armet.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Gracias.
Sólo voy a hacer una intervención muy breve de cierre que, lógicamente,
no va a provocar polémica.
Deseo decir al señor Nieto que, según lo que he creído deducir de su
intervención, no estamos de acuerdo, y como es natural, no voy a celebrar
que eso sea así. Me gustaría que estuviésemos de acuerdo, pero, con
absoluta franqueza, no se me ocurre otra cosa diferente que decirle.
El señor Cambra ha dicho algo que creo que es muy razonable. Hay un
acuerdo firmado para un período de cinco años, y pienso que ese acuerdo
hay que respetarlo porque ha tenido el apoyo mayoritario de las Cortes
Generales, tanto del Congreso como del Senado, y de las Comunidades
Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ustedes creen
que no es el modelo definitivo para mantener por los siglos de los
siglos. Es probable que eso sea cierto, y estoy absolutamente convencido
de que son muy pocos los que creen que hay algo definitivo en esta vida,
pero es evidente que habrá que tratar eso en su momento entre todos y, a
ser posible, con el mayor consenso del que seamos capaces.
Tampoco querría reiterar en mi intervención algunos argumentos a los que
antes hemos hecho referencia. Nosotros también deseamos que se produzca
un acuerdo sobre estas cuestiones, lo que pasa es que nosotros hemos
acreditado esa voluntad de que se produjera acuerdo cuando estábamos en
la oposición, y ahí es más difícil dar trigo que cuando se está en el
Gobierno.
Comparto con usted la existencia de una preocupación, lo que pasa es que
probablemente sean razones diferentes. Yo no tengo preocupación por la
evolución del modelo, tengo preocupación por la evolución de la
financiación de las Comunidades Autónomas que no han aceptado el modelo.
Ahí sí que tengo una verdadera preocupación, y por eso siempre repito --y
lo reitero aquí-- que sería bueno que esas Comunidades Autónomas
rectificaran total o parcialmente. Si no quieren el 30 ciento de la
capacidad normativa del IRPF, nadie les obliga a su utilización. Si no
quieren la capacidad normativa de los impuestos cedidos, tampoco eso es
así, pero yo creo que, de mantenerse en el sistema anterior, que es el
que se les está aplicando, no les va a ir bien. Lo creo con absoluta
sinceridad, y por eso tengo que decirlo aquí para que quede constancia de
ello en el «Diario de Sesiones».
Es cierto o relativamente cierto que la oposición no está para plantear
alternativas; le puedo admitir que sea cierto y que ustedes, por tanto,
no hayan planteado la alternativa y ahora la anuncien. Comprenderán que
entiendo perfectamente que es una finta política que ustedes estén
dispuestos a presentar su alternativa. Yo se lo agradezco, porque así no
tendremos las diecisiete alternativas que hemos tenido en las distintas
Comunidades Autónomas a lo largo de todos estos meses.
Antes traía aquí a colación lo que era la anécdota de Galicia, pero es
que hay dirigentes socialistas que están diciendo cosas radicalmente
diferentes en unas Comunidades y en otras. Se ha publicado recientemente,
y usted lo conoce, el informe Pi Suñer, en el que han trabajado y
colaborado personas que, ciertamente, no actuaban como dirigentes del
Partido Socialista, sino como expertos en la materia, pero que eran
personas que formaban parte del Partido Socialista, y ahí sostenían
criterios radicalmente diferentes a los que sostenía el Partido
Socialista en otros muchos lugares de España. Por eso le digo que ustedes
no lo han hecho bien políticamente, y que si quieren presentar una
alternativa, yo lo celebraré por dos razones: primero, porque al fin
conoceremos su alternativa, que, sin duda, puede ser algo muy
interesante; y, segundo, porque así dejarán de tener diecisiete
alternativas, lo cual es probable que también sea muy interesante, pero,
desde el punto de vista político, es bastante inviable.
Por último, quiero señalar --ya no es un comentario político- que el IRPF
no es el modelo de financiación. Tal y como usted se ha pronunciado
agarrándose al único argumento que podía usar, al final da la sensación
de que el IRPF es el modelo de financiación. Hay muchas Comunidades
Autónomas que tienen --usted lo sabe-- menos autonomía financiera y
entonces la parte que reciben de los Presupuestos Generales del Estado
evoluciona por el índice ITAE. Otras evolucionan por el PIB nominal.
Luego hay una serie de garantías en el modelo y la más importante de
ellas es que ninguna Comunidades Autónomas al final del quinquenio tendrá
una financiación por habitante inferior al 90 por ciento de la media. Por
lo tanto, el IRPF es uno de los componentes importantes, pero no es el
conjunto del modelo de financiación autonómica que --como usted conoce--
tiene, sin duda, otros muchos aspectos de gran transcendencia.
Comparto todo lo que se ha dicho sobre el sentido de estos debates.
Esperaré a que me dé su alternativa y esperaré, naturalmente, a ver lo
que dice el resto de los grupos políticos y de todas las Comunidades
Autónomas. Nosotros, como Gobierno, teníamos la obligación de presentar
la alternativa. La presentamos. Se debatió. Aceptamos muchos de los
planteamientos que se nos hicieron. No fue posible conseguir el consenso,
pero, en nuestra opinión, a diferencia de lo que usted cree, el modelo
está evolucionando de una forma razonable y, desde luego, positiva para
quienes lo han aceptado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, señor Ministro.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) No hace uso del turno de
portavoces el Grupo Parlamentario Popular.
Terminado el debate de la interpelación, se suspende la sesión hasta las
cuatro y cuarto de la tarde.
Eran las catorce horas y treinta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y veinticinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Señorías, se reanuda la sesión.
DICTAMENES DE COMISION SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY POR EL QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 39/1988, DE 28 DE
DICIEMBRE, REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, Y SE ESTABLECE UNA
REDUCCION EN LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/1997, DE 9 DE ABRIL). (S. 621/000053.)
(CD. 121/000057.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Punto tercero del orden del día:
Dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el
Proyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una
reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Si la Comisión hubiese designado a algún Senador para hacer la
presentación, tiene la palabra en este momento. (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador don Roberto Soravilla Fernández.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Me cabe el honor de presentar el texto del Dictamen de este proyecto de
ley, en nombre de la Comisión de Economía y Hacienda. El proyecto de ley
que nos ocupa fue remitido a esta Cámara por el Congreso de los Diputados
el pasado 3 de octubre, y publicado en la misma fecha, para ser tramitado
por el procedimiento de urgencia.
Abierto el plazo de presentación de enmiendas hasta el 7 de octubre, se
solicitó su ampliación con arreglo a dicho procedimiento hasta el día 9.
En dicho plazo se presentaron 42 enmiendas por distintos grupos
parlamentarios.
La Comisión de Economía y Hacienda se reunió el día 16 de octubre para
dictaminar el proyecto, sin haber hecho el uso potestativo de Ponencia
para informar. Tras el debate y votación, quedaron incorporadas al texto
del Dictamen todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular.
Finalmente, el texto del Dictamen que me honro en presentar fue publicado
en el «Boletín de las Cortes», con fecha 20 de octubre pasado, para el
debate y votación en el Pleno que hoy celebramos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Si no hubiere debate a la totalidad, podríamos pasar al turno de
portavoces. (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a utilizar este turno para defender al mismo tiempo las
siete enmiendas que tenemos presentadas. Este proyecto de ley que se nos
presenta tiene una filosofía que no compartimos, ya que la filosofía que
lo impregna puede ser muy coherente con la que corresponde al Partido
Popular, que creo que sí lo es, pero desde luego no con la nuestra.
Lo que se pretende, en definitiva, en toda la base impositiva es, como
siempre en todo lo que se refiere a impuestos, que paguen más los que
menos tienen, al tiempo que se hacen exenciones, lo que implica ese
carácter regresivo que nosotros entendemos que tiene toda la base
impositiva, en función de la filosofía que la impregna.
Ya concretando, me voy a referir a las siete enmiendas que hemos
presentado. Por una parte, no entendemos que se dé un plazo de 10 años
para que la base imponible se ponga en ejecución. En 10 años las
haciendas locales no pueden planificar convenientemente sus ingresos, y
se puede crear una discriminación, es decir, que unas haciendas locales
lo empiecen a ejercitar en un período de tiempo y otras en otro; es
decir, crea confusión y agravios comparativos entre unos pueblos y otros.
En consecuencia creemos que este plazo de 10 años es excesivo y que sólo
conduce a que no exista claridad en la puesta en vigor de los sistemas
impositivos.
También creemos que adolece este proyecto de ley de cuestiones
elementales. Se olvida que el papel de las Comunidades Autónomas cada vez
es más importante en la ordenación del Estado, y que hay infinidad de
municipios pequeños que, si no es a través de las diputaciones
provinciales o de las Comunidades Autónomas, no pueden recibir ayuda para
poner al día, por ejemplo, sus temas catastrales.
Por último, consideramos que la clasificación de los tributos de los
bienes inmuebles de naturaleza urbana no se puede prolongar
indefinidamente en el tiempo, tal y como se plantea en el proyecto de
ley. Por tanto, se debe tener en cuenta que hay primeras viviendas,
segundas viviendas y hasta terceras viviendas, y se tendría que
contemplar un tipo de tributo en función de los ingresos.
Esto no se puede argumentar porque ya está el IRPF para las
desgravaciones correspondientes. Entendemos que no se debería de hacer
una valoración igualitaria de los bienes inmuebles porque creemos que la
vivienda es un derecho público y, en consecuencia, la primera vivienda
debe de tener un tipo de valoración distinto que el de la segunda. Con
esta filosofía tenemos presentadas las siete enmiendas.
Para no hacer más uso de la palabra, anuncio que votaremos a favor de las
enmiendas del Grupo Socialista y de una que nos parece interesante --no
sé si ha sido recogida por la Ponencia--, presentada por el Grupo
Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió que hace referencia a la
necesidad de diferenciar los conceptos de suelo urbano y suelo
programado, porque pueden existir fincas que, mientras no cambien su
valor de uso, no se las pueda catalogar como suelo urbano.
Por último, aparte de las enmiendas a las que me he referido, anuncio que
votaremos en contra de la ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto.
¿Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador don Sixte Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a aprovechar esta intervención del turno de portavoces para
defender las seis enmiendas que mantiene vivas nuestro Grupo para este
trámite del Pleno y, a la vez, hacer un breve posicionamiento sobre el
proyecto de ley global.
Respecto a las seis enmiendas que mantenemos vivas para este trámite, la
primera de ellas, la número 24, es de tipo técnico, y lo que se pretende
es clarificar la redacción del artículo 4.3, primer párrafo, de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, ya que entendemos que el cálculo que
se contempla en este párrafo quedarías más claro a través de esta
redacción que proponemos. Es, por tanto, una enmienda de tipo
exclusivamente técnico.
Por lo que hace referencia a la enmienda número 25, tiene por objeto
introducir una pequeña variación al apartado 3 del artículo 71, en lo que
hace referencia a la posibilidad de aplicar valoraciones a través de
ponencias de ámbito supramunicipal, incorporando como figura no prevista
en estos momentos la de la comarca, es decir, precisar que el ámbito
territorial de esta ponencia pueda también abarcar la comarca.
En cuanto a la enmienda número 26, tiene por objeto evitar que la
eliminación de la figura urbanística de suelo urbanizable no programado
suponga un incremento de la presión fiscal para los titulares en activo
de explotaciones agrarias cuando no se hayan modificado los usos del
mismo. Sobre esta enmienda hemos presentado unas propuestas de
transacción al Grupo Popular y esperamos la respuesta sobre estos
planteamientos, sobre todo para clarificar la redacción con que se ha
presentado literalmente la enmienda en la Cámara.
Creemos que el objetivo perseguido es suficientemente importante para que
se contemple este tema en este proyecto de ley y, si no fuera posible, al
menos que se vea en sucesivas tramitaciones parlamentarias, sea por la
vía prevista en nuestra propuesta, sea a través de plantear una
bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a este tipo de suelos
urbanizables en situación de explotación agraria.
Por lo que hace referencia a la enmienda número 27, la defensa de la
misma la hacemos conjuntamente con la número 29, ya que ésta sólo tiene
razón de ser en caso de que se apruebe la enmienda número 27, puesto que
la enmienda número 29 trata de compensar los efectos que produciría la
aprobación e incorporación al texto de nuestra enmienda número 27. En
este caso, lo que se pretende a través de esta enmienda es extender al
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, es decir, la
comúnmente conocida plusvalía, el diferimiento en un período de diez años
de los efectos fiscales del incremento de los valores catastrales como
consecuencia de la revisión que el proyecto de ley propone para el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Por último, la enmienda número 28, tiene un contenido más filosófico o de
manifestación de voluntades, ya que lo que se pretende es introducir una
disposición adicional a través de la cual se comprometa el Gobierno a
remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley que dé nueva
redacción a todos los artículos que afectan a la valoración catastral
dentro de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Creemos que es
necesario. Se han introducido muchas modificaciones a lo largo de estos
últimos años en todos los aspectos que afectan a la valoración catastral,
y pensamos que la complejidad que se ha alcanzado a través de tanta
modificación necesita de este nuevo planteamiento a través de un nuevo
proyecto de ley.
Este tema ya fue comentado a lo largo del debate en Comisión. Se nos dijo
que podría verse beneficiado por el hecho de que exista ya un grupo de
trabajo que está estudiando una nueva ley de las Haciendas Locales pero,
en cualquier caso, creemos que introducir esta disposición adicional
nueva no sería ningún contrasentido al hecho de que se esté trabajando en
una nueva ley de Haciendas Locales. En todo caso, sería concretar
muchísimo más esta voluntad de llegar a una nueva regulación a través de
un nuevo proyecto de ley.
Esta es la referencia que se hace de nuestras seis enmiendas. Al margen
del resultado que pueda haber en la votación respecto a dichas enmiendas
nuestro Grupo votará favorablemente a la globalidad del proyecto de ley.
Pensamos que dicho proyecto es necesario, quizá sea muy técnico, pero, en
cualquier caso, mejora la situación actual con referencia al tema
concreto de las valoraciones catastrales y creemos que es un buen
instrumento para evitar que se produzca una nueva situación como la que
se produjo en su día y que fue conocida como «el catastrazo» y, por
tanto, permita una mayor racionalidad en toda la revisión necesaria de
los valores catastrales que se están llevando a cabo y se deben hacer en
el futuro.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Cobo.
El señor COBO FERNANDEZ : Señor Presidente, señorías, por contra a las
palabras vertidas a lo largo del debate de esta ley, creemos que no es
una ley técnica, que
es una ley de alto contenido político e incluso que podría entrar en lo
que aprecio que es la contrarreforma fiscal a la que está dando lugar el
Partido Popular.
No partimos de cero en estos momentos. Partimos de un Decreto Ley que se
convalidó en su momento en el Congreso de los Diputados y partimos
también de la revisión, con anterioridad a la fecha de este Decreto, de
alrededor de la mitad de los valores catastrales de este país. Por tanto,
tenemos una experiencia en la que basarnos para poder tomar posiciones.
Al principio, basándonos en esta experiencia de valores catastrales
revisados, y aplicado ya su funcionamiento en los Ayuntamientos,
reducción de tipos, mantenimiento o aumentos, hemos visto cómo se ha
comportado la revisión catastral, tanto referida a los individuos como a
los municipios, y lo hemos hecho intentando aplicar un rigor científico y
con datos reales para no decir una cosa y hacer otra, como creo que
sucede por parte del Partido Popular. Es la política del «como si», es
decir, yo tengo que hacer como si defendiera los intereses de la mayoría,
pero realmente hago una política nítidamente de derechas. Pero yo tengo
la esperanza de que se pueda debatir sobre datos reales de cara a definir
de verdad las intenciones del Grupo Popular al presentar este proyecto de
ley.
Por ejemplo, se dice que ha habido un fuerte impacto tributario de los
valores catastrales revisados, y lo repito: impacto tributario, no
impacto de aumento de los valores catastrales sino impacto tributario.
Pues bien, si resultara que en los municipios donde se han revisado los
valores solamente un 15 por ciento de los ciudadanos propietarios de
bienes inmuebles han visto subidas importantes en las cuotas del tributo,
alrededor del 15 por ciento solamente, y ese 15 por ciento pertenece
fundamentalmente a los defraudadores que no declararon en su momento el
bien inmueble o tuvieron algún cambio en la situación del sujeto
impositivo --por cambios económicos o urbanísticos que pudiera haber
habido, y esto corresponde también a las grandes superficies o a las
grandes empresas que han visto aumentados sus valores reales porque son
relativamente nuevos, por ejemplo, las grandes superficies comerciales o
zonas residenciales de alto «standing» en las que su diferencia con el
valor de mercado o los valores catastrales era infinito--, decía que si
viéramos que solamente ese 15 por ciento ha visto aumentados
sustancialmente sus valores catastrales y también su cuota y que
alrededor del 50 por ciento de los individuos solamente suben en un
margen del cero al 20 por ciento y que el 35 por ciento de los individuos
baja su cuota en la aplicación real de las revisiones ya hechas y no
sujetas al Decreto, ¿podríamos decir que esto es un fuerte impacto
tributario, o tendríamos que modular lo que decimos y decir que esto es
un ponderado impacto tributario? Yo creo que eso es así, pero pienso que
todavía es posible que sus señorías puedan reflexionar en torno a este
tema. Por otra parte, esto va a significar que si lo que se pretende es
que los valores catastrales revisados, que tienden a ser el 50 por ciento
de los valores de mercado, se revisan en diez años, indefectiblemente
supondrá lo siguiente --y voy a poner un ejemplo pero podrían ponerse
muchos más--: Si en el barrio de Salamanca un piso usado de 100 metros
cuadrados tiene hoy un valor catastral de dos millones 800.000 pesetas,
¿significa que es un fuerte impacto tributario que ese valor catastral
que hoy no supone ni el 10 por ciento de su valor de mercado se aproxime
a ese valor de mercado de modo importante de tal manera que otro piso
equivalente en Vallecas, también de 100 metros cuadrados y usado hoy
tiene un valor catastral próximo a los cinco millones? ¿Se debe decir que
es un «catastrazo» intentar que en Madrid se puedan adecuar los valores
catastrales, los valores de los inmuebles al 50 por ciento del valor de
mercado? ¿Es eso injusto? ¿Es eso un catastrazo?
Yo pienso que la consecuencia es contraria. Lo que se va a conseguir con
esto es que el 15 por ciento de los que ven incrementado de manera
importante el valor catastral de sus inmuebles se beneficien a costa del
85 por ciento restante que ven aumentos soportables o incluso descensos
en sus cuotas del IBI.
Con el conjunto de medidas que se proponen en este proyecto de ley se va
a conseguir un segundo objetivo --creo que es un objetivo, no es sólo
consecuencia--: ponerle tantas chinitas al catastro que nos lo carguemos.
Si resulta que las leyes de Presupuestos Generales no se pueden
actualizar con los coeficientes correctores que se suelen poner y que se
vienen poniendo desde 1979 para adecuar los valores catastrales a los
valores de mercado aplicando normalmente el IPC, si no se hace eso para
los valores revisados con posterioridad a la fecha del Decreto, dentro de
diez años tendremos valoraciones catastrales para esos inmuebles que
supondrán el 50 por ciento del valor de mercado actual, y dentro de 50
años será aproximadamente el 25 por ciento del valor de mercado de dentro
de diez años. Eso, suponiendo, que sea alrededor del 2 por ciento del
IPC.
¿Se pretende que dentro de diez años el valor catastral de los inmuebles
suponga el 25 por ciento de su valor de mercado, para que de nuevo haya
que dar un salto en las revisiones catastrales y se produzca un nuevo
susto para los ciudadanos? Supongo que no es eso lo que se quiere. Por
tanto, ¿no sería necesario rectificar, y que por lo menos en la ley de
presupuestos generales de cada año se pudieran aplicar coeficientes
correctores de los valores catastrales para adecuarlos a las subidas
presumibles del mercado? Mucho más, sabiendo que desde 1979 la subida del
precio de la vivienda suele ser superior a la del IPC.
Por otra parte, se dice que no se atenta a la autonomía municipal. En
estas cuestiones hay que ser delicado, por lo que no voy a ser demagogo,
sino simplemente intentaré aportar datos. Para calcular las cuotas que
paga un ciudadano por su bien inmueble se multiplica la base liquidable
por un tipo que fijan los ayuntamientos. En este tipo hay unos márgenes:
el mínimo, es del 0,4 por ciento; y según los ayuntamientos, puede subir
hasta un 1,12 por ciento, aproximadamente. ¿No es verdad que si uno de
los factores, como es la base, se les impone, se les quita una
posibilidad de barajar su situación y de ser autónomos a la hora de
definir su voluntad recaudatoria?
¿No es cierto que todos los ayuntamientos no son iguales, y que hay
algunos --como nos consta-- en los que en sus revisiones catastrales la
media de aumento de los valores catastrales no llega al 10 por ciento,
fundamentalmente, municipios rurales y pequeños? ¿Qué vamos a hacer?
¿Vamos a diferir ese aumento del valor catastral en diez años? ¿Por qué?
¿Por qué para que cada ayuntamiento pueda adecuar su voluntad impositiva
a su situación real no dejamos que los ayuntamientos elijan de forma
potestativa, y dentro de un margen, la reducción que deben hacer de la
base de este impuesto? ¿Por qué no se les deja hacer eso de forma
voluntaria? Si no se permite que sea potestativo para los ayuntamientos
elegir los términos de la base imponible, se les está quitando capacidad
de juego; en definitiva, se les está quitando autonomía.
Creo que tampoco se pretende eso. Por lo menos, tanto en el texto de ley,
como en las intervenciones realizadas en el Congreso y en el Senado, se
dice lo contrario: que se pretende potenciar la autonomía municipal, y
que si se modifica el que la vigencia del valor catastral sea de diez
años, de 10 por ciento en 10 por ciento cada año, no es más que para que
los ayuntamientos puedan hacerlo. Pero no es cierto, porque la mayoría de
los ayuntamientos podrían realizarlo simplemente variando el tipo. Es
cierto que en algunos casos, si se les da más facilidad, como es jugar
con unos ciertos márgenes de la base imponible, también podrían. Pero de
la forma en que lo plantean, no es así.
En el fondo, lo que sucede es que se beneficia en la cuota, en el pago
del impuesto --y, por tanto, en la financiación de los ayuntamientos--, a
todos aquéllos que ven revalorizados de manera importante sus bienes
inmuebles. Y se perjudica a todos aquéllos a los que, si los
ayuntamientos pretenden mantener la recaudación, en buena lógica verían
revisada la cuota a la baja si fuera verdad que todos los bienes
inmuebles se aproximan al 50 por ciento. Pero de esta manera, los que no
ven aumentados sus valores catastrales --es decir, normalmente aquéllos
que viven en la periferia y que tienen bienes inmuebles más modestos--
van a tener que pagar por la vía del mismo tipo impositivo las cargas que
no pagan los que ven revalorizados sus inmuebles, porque ambos van a
soportar el mismo tipo. Por tanto, creo que se beneficia a un 15 por
ciento, en contra de un 85 por ciento.
El cuarto razonamiento para intentar convencerles de que aprueben
nuestras enmiendas consiste en lo siguiente. En la Ley de acompañamiento
del año pasado se fijó una nueva tasa, a la que se llamó así, pero que
realmente no es una tasa, sino un impuesto por acreditaciones
catastrales. Se cobran 500 pesetas por pedir una acreditación catastral o
10.000 por una acreditación catastral inmobiliaria.
La mayor parte de los ciudadanos que tienen que pedir acreditaciones
catastrales lo tienen que hacer, para pedir becas de comedor, o para
pedir ayudas sociales, o para pedir ayudas a disminuidos físicos, o
indigentes, para pedir ayudas para las viviendas de protección oficial o
para pensiones no contributivas. Estos ciudadanos tienen que justificar
que su patrimonio es insuficiente y tienen que solicitar acreditación
catastral.
En muchas de estas circunstancias, dado que incluso tienen que ser
personales y algunas hasta mensuales, les va a costar más acreditar su
situación patrimonial que lo que van a recibir como ayudas sociales, por
ejemplo, de comedor.
Lo que nosotros pretendíamos en esta enmienda en concreto, era que no se
tuviera que pagar tasa por acreditar en la Administración algo que es
necesario para la misma. Que no se paguen tasas por acreditar en una
Administración algo que se exige en otra para poder acceder a lo que está
reglado. Y, por otra parte, que no pague lo mismo un señor que tiene que
acreditar todos sus bienes agrícolas como, por ejemplo, una hectárea en
diez parcelas, que un señor que tiene una propiedad en una sola parcela
de 100 hectáreas. El primero tendría que pagar 5.000 pesetas y el segundo
500. Parece que no es lógico.
Este es el sentido de nuestra enmienda y, si no, habremos de entender que
ustedes han aumentado la presión fiscal por la vía de esta tasa,
requiriendo a los más humildes el pago de un impuesto, porque no es una
tasa. No se refiere en absoluto al precio de ese servicio. ¿Por qué no se
dejó gratuito en su momento? Y, ya que no se hizo --como se hacía
antes--, ¿por qué, al menos, no se adecua para hacer justicia social lo
que beneficiaría a la modernización de nuestra Administración?
Quinto razonamiento: entendiendo la literalidad de sus argumentaciones en
toda la tramitación de la Ley y los valores que han defendido, si yo les
demuestro mi razonamiento, estoy seguro de que ustedes admitirán nuestras
enmiendas.
Se van a dividir de verdad los ayuntamientos en dos: Unos, los que
revisaron antes del Decreto los valores catastrales y otros, los que lo
hicieron con posterioridad, de tal manera que va a haber unos ciudadanos
que van a ver actualizados sus bienes inmuebles al 50 por ciento de los
valores de mercado, otros que no los verán hasta dentro de 10 años y
otros que ya los tienen revalorizados con respecto a los valores de
mercado, y los verán actualizados en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, de acuerdo con coeficientes del IPC, que este año, en concreto,
se prevé en un 2,1.
¿Ustedes quieren que dentro de 10 años vuelva a haber ayuntamientos que
tengan sus valores catastrales en torno al 50 por ciento de los valores
de mercado y otros, aproximadamente la mitad por cada lado, en torno al
20 o 25 por ciento?
¿Vamos a crear esa tensión entre ayuntamientos, muchas veces vecinos?
¿Vamos a crear esas injusticias comparativas entre ciudadanos, según
vivan en una ciudad o en otra?
Siguiente reflexión. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular decía
que la disposición adicional cuarta no tiene realmente valor jurídico,
pero se dice que esta misma reducción de los valores catastrales, de la
base imponible a la base liquidable que propone el Partido Popular en 10
años, sirva también para aplicárselo al patrimonio y al IRPF cuando se
revise.
¿Por qué en una ley que nace para debatir el IBI ha de introducirse la
aplicación de los valores catastrales a otros impuestos que no entraban
«ab initio», ni en el decreto ni en el título de la ley en este cálculo,
¿Por qué? ¿Por qué esta referencia? Porque se ve la voluntad de que los
valores catastrales no sean una referencia para los ciudadanos de lo que
la Administración considera de una manera rigurosa la valoración de sus
bienes inmuebles. Esto es un desprecio para el catastro, que significará
un desprecio social por los ciudadanos, por la metodología que sigue la
Administración para establecer los valores de referencia de sus bienes.
Conclusión. Nuestras enmiendas pretenden, primero, que todos los valores
catastrales en el plazo más breve posible se parezcan al 50 por ciento de
los valores de mercado.
Segundo, que no costee el 85 por ciento de la población lo que debe pagar
el cien por cien de la población; que no se beneficie a un 15 por ciento
--valores científicos demostrables-- a costa de un 85 por ciento de la
población; que no se deje la periodicidad de las revisiones catastrales
cada diez años porque es bueno no dar saltos y que siga siendo cada ocho
años; que se puedan revisar por la Ley General Presupuestaria los valores
catastrales para que nunca haya saltos en las revisiones y sustos para
los ciudadanos y tensiones para los ayuntamientos.
Por otra parte, queremos que la autonomía municipal no sea una frase, que
no sea otra más de las políticas al uso de predicar una cosa --lo que
gusta oír-- y hacer otra --lo que de verdad está uno interesado en
conseguir--. Si hablamos de autonomía municipal, demos los instrumentos
para que sean autónomos los municipios; hágase voluntaria, dentro de unos
márgenes, la posibilidad de fijar las bases de este impuesto, al igual
que nosotros hicimos voluntario jugar con unos márgenes en los tipos.
Nosotros queremos, en definitiva, mejorar esta ley, por todas las
cuestiones que hemos defendido hasta este momento. No queremos dividir a
los ayuntamientos en dos categorías. ¿Nos quieren dar una razón y
argumentos en contra de mis posiciones políticas? ¿Por qué no se dejan de
revisar también por la Ley General Presupuestaria los valores revisados
con anterioridad al Decreto? ¿Por qué regla de tres? ¿Qué argumento
existe para poder revisar los de después del Decreto y no los de antes?
¿Por qué? ¿Es caprichoso? ¿A qué viene eso? ¿Por qué necesariamente
tienen ustedes que crear malestar entre los ciudadanos por un
comportamiento caprichoso de la Administración? Esto tiene poco rigor.
Si no se demostrara aquí la inexistencia o la poca validez de los datos
que he aportado y que, desde luego, estoy dispuesto a aportar a
continuación, o en la ocasión que sea, a sus señorías, cuando ustedes
dicen que quieren prorrogar a diez años el incremento de los valores
catastrales por las revisiones, habré de interpretar que eso no es así,
porque no hay catastrazo, sino que lo que ustedes quieren es que a un 15
por ciento de la ciudadanía, a ese señor que he citado que vive en el
barrio de Salamanca, no se le dé un susto, a costa de pedir un esfuerzo
extraordinario a una inmensa mayoría de la población. Creo que no es
verdad, al menos dicen ustedes otra cosa. Si ustedes no corrigen esto,
conociendo los datos, he de pensar que mienten o confunden. Dicen una
cosa y hacen otra. Esa es una de las causas por las cuales muchas veces
los ciudadanos nos desprecian, porque no entienden cómo podemos decir una
cosa y después hacer justo lo contrario.
Con esto, y esperando poder posicionarme después, yo desearía que,
incluso poniendo en duda las argumentaciones que está aportando aquí el
Grupo Parlamentario Socialista, en la defensa que voy a hacer en su
momento de nuestro voto afirmativo a la enmienda número 28, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, ustedes
aceptaran una cosa. ¿Por qué, después de un año de experiencia, y como
propone el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, no podemos sentarnos a reflexionar acerca de cómo fijar los valores
catastrales y cuál debe ser la repercusión en todos los impuestos para
los que sirve de base ese valor catastral, que son al menos seis o siete:
transmisiones patrimoniales, plusvalía, IBI, IRPF, patrimonio, etcétera?
¿Por qué no nos citamos dentro de un año para intentar hacer con rigor lo
que ustedes hacen hoy con demasiada precipitación? ¿No quieren? ¿Quieren
de nuevo justificar una urgencia con el Decreto que, además, citando
incluso al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión, no se
justifica porque prefiere que se reforme el todo para que la reforma de
la parte quepa en el todo, como decía en la Comisión? Es decir, que se
reforme la Ley de Haciendas Locales para que así se pueda reformar el
IBI. También cabría para eso, ¿no?
¿Por qué no se reforma el IBI dentro de la reforma de la Ley de Haciendas
Locales? ¿Por qué para los valores catastrales y para unos determinados
artículos sí se nos remite a la cuestión global y en esta ley se nos
remite a una cuestión tan parcial? ¿Por qué esa urgencia si realmente el
escándalo que dicen que ha habido entre la ciudadanía por los valores
catastrales únicamente se ha producido con un 4,3 por ciento de
reclamaciones y, por otra parte, en casi ningún ayuntamiento, salvo los
que han sido un poco bestias --perdón, por respeto hacia los
ayuntamientos--, los que han sido un poco voraces en su intención
recaudatoria, como puede serlo el de Oviedo, donde sí se produjo un
conflicto social?
Normalmente, los ayuntamientos no son voraces entre otras cosas, porque
tienen a los ciudadanos muy cerca. Suelen ser muy ponderados, y más en
estos asuntos, como lo demuestra el hecho de que, revisado el 50 por
ciento de los valores catastrales en nuestro país, el grado de
conflictividad no llega, por vía oficial, ni al 4 por ciento, y, desde
luego, por vía de medios de comunicación o de reacciones ciudadanas,
tampoco llega a una cifra importante. Porque los ayuntamientos han sido
ponderados, han dialogado con sus vecinos y han jugado con los tipos
dentro de los aumentos catastrales.
Señorías, pienso que aceptar nuestras enmiendas es una cuestión que
pueden ustedes plantearse desde la reflexión, para que nadie les tenga
que decir que sus reflexiones son confusas o con voluntad de ocultar. No
digan
que benefician a la mayoría, porque solamente benefician a unos pocos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cobo
Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Alierta
Izuel.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
La mayor parte de los Senadores aquí presentes y que han escuchado la
intervención del Senador Cobo, que me ha precedido en el uso de la
palabra, podrán sacar la conclusión de que este proyecto de ley que
estamos debatiendo habla de cómo se fijan los valores catastrales: si se
fijan en el Barrio de Salamanca, si se fijan en Vallecas, si se fijan en
el Municipio de Granada.
Debo decirles a los señores Senadores que el proyecto de ley que hoy
estamos debatiendo es un proyecto que modifica la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y establece una reducción en la base imponible del
Impuesto de Bienes Inmuebles. Es decir, afecta a un aspecto muy concreto
y muy determinado de dicho impuesto. No toca para nada la fijación de
valores catastrales.
Sus señorías saben que el Impuesto de Bienes Inmuebles lo fijan los
ayuntamientos, la base imponible se establece en función del valor
catastral --por lo tanto, hay una relación-- y los ayuntamientos fijan el
tipo impositivo. Pero, señores Senadores, en este proyecto de ley que
estamos debatiendo se habla exclusivamente de una modificación de la
determinación de la base imponible cuando se produce una modificación del
valor catastral.
Vuelvo a repetir que los valores catastrales no los fijan los
ayuntamientos, evidentemente, los fija el Catastro, que es un organismo
dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, con arreglo a unos
criterios que no se modifican para nada en esta ley. Unos criterios que
son los mismos que existían hace dos años y prácticamente los mismos que
existían hace cinco años. Y los fija un organismo de la Administración
central.
Por lo tanto, las cosas que ha dicho el Senador Cobo acerca de cómo se
fijan los valores catastrales son totalmente gratuitas en este debate que
nos ocupa, puesto que aquí estamos hablando de cómo se modifica el
Impuesto de Bienes Inmuebles.
Digo esto porque, al amparo de esta fijación de valores catastrales, ha
hecho su señoría una serie de consideraciones, en muchos de los casos
demagógicas, que no tienen nada que ver con el proyecto de ley y que son
totalmente gratuitas. Cómo se fija el valor catastral en el Barrio de
Salamanca, en Granada, en Barcelona o en Benavente se hace con unos
criterios y unas normas que establecen las corporaciones
correspondientes, que, además, tienen que ver con la Dirección General
del Catastro, es decir, con la Administración central, y que no tienen
absolutamente nada que ver con el Impuesto de Bienes Inmuebles y, por lo
tanto, con la ley que nos ocupa.
Lo que pasa es que hay un problema evidente, y por eso se trae la Ley.
Pero no se trae la ley por las intenciones que dice el señor Cobo, ni por
ningún retrogradismo fiscal como dice el señor Cobo. Se trae la ley
porque hay un problema elemental conocido en este país: las revisiones
catastrales --que está estipulado en la Ley de las Haciendas Locales que
se hagan cada ocho años-- como consecuencia de los procesos
inflacionistas y de la especulación inmobiliaria --muy acentuada en este
país en años en los cuales ostentaban las máximas responsabilidades-- han
producido en los últimos años unos incrementos en los valores catastrales
muy notables. Por lo tanto, si se asumía directamente la revisión
catastral, como hasta ahora había que asumirla, y se mantenía el tipo
impositivo, que es lo que el ayuntamiento puede decidir, las cuotas
tributarias suponían un incremento, es decir, el catastrazo, como
normalmente se le venía denominando. Este es un problema que han tenido
ustedes y lo han tenido en muchos ayuntamientos de todo tipo; yo
personalmente, como Concejal de Economía y Hacienda de un ayuntamiento,
lo he sufrido.
Las revisiones catastrales --son datos estadísticos-- sufrían unos
incrementos medios del 70 por ciento; luego, las cuotas tributarias,
salvo que se modificara el tipo impositivo, aumentaban en un 70 por
ciento: el catastrazo. En el año 90, el Gobierno Socialista tuvo que
echar marcha atrás en un proyecto por esta circunstancia.
Este proyecto de ley lo único que viene a decir es que para evitar esto
que se denomina el catastrazo, esos incrementos en los valores
catastrales se recogerán en la base imponible del impuesto, gradualmente,
durante un período de años, mediante la introducción, técnicamente, de lo
que se llama la base liquidable. Es decir, a la base imponible, que sigue
siendo el valor catastral, se le practica una reducción --de ahí el
título de la ley-- que va decreciendo progresivamente a lo largo de los
años para que ese aumento no sea brutal y se produzca en un año, sino que
se extienda a lo largo de los próximos diez años.
Como adicionalmente la experiencia viene demostrando que el período de
ocho años fijado para las revisiones catastrales era corto, teniendo en
cuenta los medios disponibles en el catastro y teniendo en cuenta la
complejidad de estos procesos, se establece un nuevo período para cumplir
la ley --porque hasta ahora no se podía cumplir-- de diez años de
revisiones catastrales. Se dice que esta adaptación de los valores
catastrales se haga en un período de diez años para que el período de
revisión y la adaptación de la base liquidable sea el mismo. Esta es toda
la intencionalidad política que existe detrás de la presentación del
Grupo Parlamentario Popular.
Señor Cobo, la intencionalidad está escrita aquí. Esta es la
intencionalidad. No haga usted de adivino, de psicólogo, de psiquiatra.
Aquí está escrito lo que se pretende. Hable de este proyecto de ley;
hable de cómo afecta al Impuesto de Bienes Inmuebles, que es un aspecto
muy específico de ese impuesto. No nos hable, además, de cómo se fijan
los valores catastrales, que tiene su procedimiento y sobre lo que esta
ley no dice absolutamente nada. Vuelvo a repetir que todas las críticas
que pueda
hacer a cómo se fijan los valores catastrales, hagánselas a ustedes
mismos porque las normas son las que existían. No se han modificado en
absoluto. Si tan malas son, son herencia, puesto que ustedes las dejaron.
Todas las críticas que en ese aspecto haga usted, hagáselas a usted
mismo. Nosotros no las criticamos. Haga usted lo que quiera, pero es
sorprendente que usted critique cómo se fijan los valores catastrales en
este país, cuando se fijan con normas que ustedes mismos han hecho.
Si no tiene nada que decir sobre este Impuesto, diga cuatro cosas y
váyase. No hable de otro tema. Si se pone a hablar de otro tema, no lo
critique cuando si hay alguien responsable de que funcione mal, son
precisamente ustedes, señor Cobo.
Pero es que tienen tantas ganas de criticar, de hacer demagogia y de
adivinar cosas, que acaban diciendo tonterías, señor Cobo. (Rumores.) Sí
señor, lo acabo de demostrar fechacientemente. Tienen ganas de demostrar
que aquí hay una intencionalidad del Partido Popular en este tema de la
regresión fiscal, cuando de lo que se trata es, simplemente, de solventar
un problema que, además, es consecuencia de una moción en el Congreso de
los Diputados, apoyada por todos los grupos parlamentarios: introdúzcanse
medidas para solventar los problemas que crean las revisiones
catastrales. Se trae un proyecto de ley que trata de resolver el problema
y como no pueden dejar pasar la oportunidad de hacer demagogia y de
criticar infundadamente, acaban criticando lo que ustedes mismos han
hecho. En consecuencia, señor Cobo, vamos a ver si somos un poco más
serios en estas materias.
Ya le he dicho que las revisiones catastrales se hacen cada diez años por
realismo; porque hasta ahora la Dirección del Catastro, que hasta hace
dos años ha dependido de un Gobierno socialista, no podía asumir las
revisiones cada ocho años para los 8.000 ayuntamientos de este país. Por
tanto, por razones prácticas, por los medios disponibles y por la
complejidad del proceso se estima que es mejor poner en la ley diez años,
que es el período que se puede atender. Luego, no hay ningún misterio en
esta materia. Si diez años es el período establecido, hágase también en
diez años la adaptación. Tampoco tiene ningún misterio.
La Ley de Haciendas Locales, que se aprobó en el año 1988, siendo ustedes
Gobierno, establece que las características de los impuestos municipales
son de legislación estatal, es decir, las decide el Parlamento. Entre las
características más importantes de un impuesto está la fijación de la
base imponible y de la base liquidable. Es a este Parlamento al que
corresponde cómo se debe fijar la base liquidable e imponible. A los
ayuntamientos se les deja en este Impuesto sobre Bienes Inmuebles la
fijación del tipo.
Por lo tanto, en coherencia con el propio ordenamiento legal, si se hace
una modificación es mediante una legislación estatal para todos los
ayuntamientos. Tratar de imponer y decir que con esta modificación se
atenta a la autonomía municipal significa no tener en cuenta la propia
legislación estatal, que vuelvo a repetir, ustedes mismos han aprobado y
nosotros también, en gran medida, porque esta Ley fue acordada por todos
los grupos. Esta es otra nueva ocasión en la cual por criticar se están
criticando ustedes mismos.
Habla usted del 15 por ciento y del 85 por ciento, de los que tienen los
valores catastrales altos y los que tienen los valores catastrales bajos.
Señor Cobo, si ese es su objetivo, han presentado unas enmiendas
totalmente contrarias a lo que pretenden. El proyecto de ley dice que en
los incrementos de valor catastral se graduan a lo largo de diez años. Es
decir, si un inmueble vale diez millones y pasa a 15, esos cinco millones
se graduan a lo largo de diez años, 500.000 pesetas cada año.
En su enmienda no dicen esto, léasela. Ustedes dicen: la deducción, que
la hacen en tres años, será en función del nuevo valor catastral.
Entonces, si el nuevo valor catastral es 15 millones, ustedes no deducen
en función de esos cinco millones de incremento, sino de los nuevos 15
millones. Es decir, que a aquellos bienes inmuebles cuyo nuevo valor es
más elevado --los del barrio Salamanca-- les deducen muchísimo más que a
los que el nuevo valor es pequeño --los de Vallecas--, léaselo. Ustedes
ponen en su enmienda, no el incremento, sino el nuevo valor catastral.
Por tanto, las deducciones que ustedes proponen para los inmuebles que
tienen unos valores más elevados --para los ricos, como hablan ustedes--
son muchísimo mayores que para aquellos inmuebles pequeños. Léase su
enmienda, señor Cobo. Yo creía que ustedes conocían sus propias
enmiendas, por eso no me he traído el texto para leérsela literalmente,
pero si me permite el señor Presidente, desde mi escaño, que es donde
tengo el texto de su enmienda, se la leeré.
Dicen ustedes: Nosotros queremos, nosotros queremos... y luego presentan
unas enmiendas que van exactamente en la línea contraria. Hablan mucho
del 15 por ciento, que no tiene nada que ver con el 85 por ciento, y
resulta que sus enmiendas van a favorecer ese 15 por ciento, en contra
del 85 por ciento. Por criticar puede ser que acaben criticándose a
ustedes mismos.
En Comisión este tema no se suscitó porque no salió a colación pero, como
ha repetido usted cincuenta veces que el 15 por ciento sale beneficiado a
costa del 85 por ciento, no me queda más remedio que decir: No, señor
Cobo, precisamente su enmienda va en la dirección contraria. Estos son
los planteamientos que ha hecho con respecto a esta ley, que tiene un
alcance muy limitado, muy circunscrito como el que he señalado.
Quisiera contestar a otras enmiendas que se han presentado diciendo que
ha habido algunas propuestas en el sentido de extender las modificaciones
que plantean los valores catastrales y que afectan a otros impuestos
municipales, como el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana para que también les alcanzara esta deducción. Entendemos que es
un tema más amplio y que la conexión entre esto y estos impuestos debe
hacerse en un marco más amplio que está en estudio, que es el de reforma
de la Ley de Haciendas Locales, sobre el que existe un grupo de trabajo,
y en su momento se elaborará un proyecto de ley, que vendrá a esta
Cámara, en el cual se podrán debatir éstos y otros temas de interés y que
ahora
es necesario corregir fruto de la experiencia habida durante todos estos
años.
También debo decir que quizá sea el momento de estudiar algunas de las
enmiendas que se han presentado, como la que trata de modificar la
naturaleza de las fincas agrícolas, por la razón siguiente: El Impuesto
de Bienes Inmuebles, como se decía en Comisión, califica los terrenos de
rústicos y urbanos en función de la naturaleza de normas de planificación
urbanística, no de su uso. No procede modificar en este Impuesto de
Bienes Inmuebles la naturaleza urbanística de un terreno por su uso, sino
atendiendo a la norma regular de planificación urbanística.
Las propuestas de modificación de esta enmienda van en este sentido o en
el de modificar la base imponible. Como he señalado en Comisión, el
camino para hacer esta modificación iría más bien por exención o
bonificación, es decir el terreno es urbano aunque tenga un uso agrícola.
Se determina la base imponible con arreglo a su valor, pero luego se
establece una bonificación o una exención, si así se considera, porque
así procede. En el Impuesto de Bienes Inmuebles --y los ayuntamientos lo
conocen-- hay numerosas exenciones y bonificaciones, y ése sería, quizá
el camino, que se puede estudiar en otro proyecto de ley o bien dentro
del margen de esta reforma.
Tal como está redactada la enmienda presentada por Convergència i Unió,
entendemos que las propuestas realizadas no son susceptibles de aceptarse
sin modificar elementos esenciales del Impuesto de Bienes Inmuebles,
aunque la problemática que se plantea esté ahí, y de ahí la
predisposición a estudiar en otros contextos o en otros proyectos de ley
la reforma, buscando, mediante la técnica tributaria oportuna, una
solución a este problema.
Estas son las líneas generales de la posición del Grupo Parlamentario
Popular con respecto a las enmiendas presentadas. En líneas generales,
entendemos que el plazo de diez años para la revisión catastral es el
adecuado. Con la ley se soluciona el problema que planteaban los
catastrazos, es decir estos incrementos de valor catastral. Esta
modificación permite que los ayuntamientos puedan disponer de capacidad
fiscal. Es decir, en el ayuntamiento que yo conozco más directamente los
valores catastrales aumentaron en un 70 por ciento, luego para compensar
las cuotas hubo que disminuir en un 70 por ciento el tipo que existía.
Pero al disminuir el 70 por ciento el tipo existente del 0,7 al 0,4, al
ayuntamiento no le ha quedado margen de maniobra para poder hacer una
política fiscal en función del tipo. Si hubiere existido en ese momento
esta ley, el incremento de valores catastrales habría sido gradual y el
ayuntamiento habría tenido más margen para disponer sus tipos impositivos
en función de la política fiscal. Esa es la razón por la cual se aducía
que esta ley permite aumentar la autonomía del ayuntamiento en la medida
en que no hipoteca en una revisión catastral toda la política fiscal en
cuanto que le obliga a modificar los tipos, incluso llegando hasta el
tipo mínimo. Esa es una razón.
En consecuencia, nosotros entendemos que es una ley que trata de resolver
un problema, y que en su momento habrá que reformar la Ley de Haciendas
Locales, de ahí que se propongan estas reformas y que se considere
conveniente que estos artículos que afectan al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles no vengan en una ley específica sino en un contexto más amplio
que recoja las experiencias habidas, las aportaciones de los
ayuntamientos y las sugerencias que tengan que hacer con respecto a este
tipo.
Por último, quiero decir, señor Cobo, que lamento que con un proyecto de
ley que tiene una naturaleza tan técnica, tan circunscrita, que tiene la
finalidad de solucionar un problema que, además, se ha puesto de
manifiesto y que es consecuencia de una moción de todos los grupos en el
Congreso de los Diputados, se hagan unas manifestaciones de tipo político
o demagógico, por llamarlo de otra forma, y se saquen aquí a colación
cuestiones que no tienen nada que ver con el proyecto de ley que nos está
ocupando. Son materias técnicas en las cuales cualquier cosa que se diga
puede pasar, porque quien la escucha no sabe de qué va, pero alguien que
lo sepa podría decirle: No hay nada de lo que usted ha hablado en este
proyecto de ley; en este proyecto de ley hay lo que hay. Estas son las
intenciones del Grupo Parlamentario Popular, todas las demás que ha dicho
son gratuitas. Y lamentándolo mucho, porque lo siento, señor Cobo, debo
decirle respecto de las críticas que haya podido hacer sobre las
intenciones del Grupo Parlamentario Popular sobre valores catastrales:
Hágase las suyas, porque en última instancia son ustedes mucho más
responsables que nosotros de las deficiencias que hubiera en ese campo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alierta.
Turno de portavoces.
¿Senador Nieto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista?
Tiene la palabra el señor Cobo.
El señor COBO FERNANDEZ: Señor Presidente, señoría, quizá sea debido a
que no tengo más que cuarenta y nueve años --estoy a punto de cumplir los
cincuenta--, pero siento una especie de depresión juvenil. ¡Qué tristeza
ver cómo hay un diálogo de sordos en una Cámara que está para hablar! Uno
no se siente escuchado ni oído ni nada. Parece que aquí la principal
razón es una voluntad que no se expresa.
Me dicen mis compañeros que no, pero a lo mejor es que me había
equivocado y había hablado de valores catastrales y de base imponible y
lo había confundido. Parece que no. Usted es el que quiere confundir aquí
a no sé quien. Yo le he preguntado algunas cosas muy concretas. ¿Es
verdad que los valores catastrales revisados después del Decreto afectan
sólo a un 15 por ciento de la población, que se parecerán al 25 por
ciento del valor de mercado dentro de diez años, que no verán sus valores
revisados
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se distinguen de los
de otros ayuntamientos que revisaron sus valores con anterioridad? ¿Eso
es verdad o no es verdad? ¿Es verdad que las bases liquidables, al fijar
ustedes una reducción en la base impositiva, que es el incremento del
valor catastral, al 15 por ciento que ven que esos incrementos son
mayores son a los que benefician porque al multiplicar por el mismo tipo
pagará más el 85 por ciento restante? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Quiere
usted hablar de esto? ¿Quiere usted hablar de política aquí o quiere
usted que nos vayamos de cachondeo? Si quiere usted hablar de política
aquí, yo quiero hablar de política, soy un Senador vocacional, no soy un
teatrero.
Mire usted, hay algo que es «peccata minuta», pero que es verdad. No me
diga usted que quiere que las revisiones catastrales se hagan cada 10
años en lugar de cada ocho por la incapacidad técnica del Catastro. ¡Por
favor! No me diga que los técnicos dicen que éste es el tiempo más
idóneo. No, no me lo diga, por favor. Si ocho son los años convenientes,
usted debería decirle a su Gobierno que preste un poco más de ayuda al
Catastro para que sí pueda hacerlo cada ocho años. Lo que no puede usted
es argumentar en contra de su conciencia porque así no se va a respetar
ni usted.
Por otra parte, pretende usted decir que ésta es una pequeña ley. Aquí
todo es pequeño, entre otras cosas, por la cobardía que a veces se tiene
de no decir lo que se piensa. Se hace en pequeñas dosis. Y así, no tiene
importancia bajarles a los ayuntamientos del 15 al 10 por ciento las
reducciones. No tiene importancia. Es una tontería. Tampoco tiene
importancia que los beneficios no invertidos de las empresas bajen en su
tributación del 40 al 20. Esto tampoco tiene importancia. Tampoco tiene
importancia que el año pasado se redujera no sé cuanto en educación, que
era poquito, porque no era nada más que el tres y pico. Y tampoco tienen
importancia otras cosas. Esta tiene la importancia que tiene. Estamos
hablando del IBI, de un impuesto municipal que tiene la repercusión que
tiene, que perjudica al 85 por ciento de la población --como es
demostrable--; beneficia a un 15 por ciento, se carga al Catastro e
impide que los ayuntamientos vayan teniendo poco a poco valores de
referencia similares para expresar con claridad su voluntad impositiva.
No me diga tampoco, porque miente o, por lo menos, me equivoca, que el
Estado, puesto que dice la Ley que la base la fija el Estado, no puede,
al igual que fijó una horquilla en los tipos, fijar una horquilla en la
base liquidable entre porcentajes del valor catastral o de la base
imponible. ¿Por qué no? No me diga que es la imposición legal la que a
usted le impide tomar una decisión política. Justifíquemelo desde el
punto de vista político. No me lo justifique desde el técnico. No me diga
que esto lo hacen para hacerles un favor a los ayuntamientos que se
vieron, de cara a los ciudadanos, ante una subida impositiva increíble y
que esto fue para facilitarles su toma de decisiones. No, ustedes les
imponen la base que supone el 10 por ciento del incremento más la base
anterior cada año de aumento en 10 años. ¿Por qué?
Y voy terminando porque no me siento bien contestando a alguien que creo
que no tiene ninguna voluntad de diálogo. ¿Por qué me dice que mi
enmienda va en contra de lo que propongo? Mire usted, no lo sé ni me
interesa. Si a usted, de verdad, le hubiera interesado discutir sobre el
fondo de la enmienda, si usted opinara que debería decir «incremento de
los valores catastrales» donde yo he puesto «nuevos valores catastrales»,
me hubiera preguntado: ¿se ha equivocado usted, señor Cobo, al proponer
la enmienda? Y yo le hubiera dicho: sí, me he equivocado o no, no me he
equivocado, quería decir justamente «nuevos valores».
Lo sustancial de lo que he dicho es que los nuevos incrementos, debidos a
las revisiones catastrales, benefician sólo a una pequeña parte de la
población. Por ejemplo, en el barrio de Salamanca un piso de 100 metros
usado, cuando se haga la revisión catastral en Madrid --esto es cierto--
pasará, necesariamente, de valer 2.800.000 --hablo de la revisión
catastral, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí-- a
15 millones si hablamos del 50 ciento del valor de mercado o 30 millones
si es el valor de mercado. No lo sé. Me da igual. Pero el incremento de
13 millones en ese piso ustedes lo difieren en 10 años. Y eso es lo que
no quiero. Y no lo quiero porque entonces resulta que el hombre que vive
en Vallecas y que no ha visto aumentado su valor catastral, en este
momento próximo a cinco millones de pesetas, va a tener que soportar lo
que usted no le quiere subir al del barrio de Salamanca porque los tipos
son los mismos y este señor va a tener que tributar por una base
imponible de cuatro millones y pico porque es la base catastral que tiene
y el otro sólo va a tener que tributar por tres millones y pico.
¿Eso es verdad o es mentira? ¿Usted desea que eso suceda? Si lo desea
dígalo y nos opondremos, pero lo que no vamos a admitir es que usted nos
haga creer que eso no es lo que pretende porque, como suele decirse, «por
sus frutos los conoceréis». Y éste es un lenguaje que seguramente usted
entenderá mejor que yo. Como los frutos de esta ley son lo que yo he
querido demostrar con datos técnicos, suficientemente sustentados y
científicos, y como usted no me contesta a ninguno de ellos, he de creer
que los efectos que de esta ley se desprenden son los que ustedes
pretenden y que ocultan bajo una palabrería que a nosotros, desde luego,
no nos engaña, a lo mejor, a algún incauto sí.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cobo
Fernández.
Senador Alierta, tiene usted la palabra.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente. En el Ayuntamiento de Zaragoza, que conozco y en el que
tuve que vivir una revisión catastral, la media de valores catastrales
era del 80 por ciento, y le puedo asegurar que hubo inmuebles que
aumentaron
más y otros que aumentaron menos. En Las Delicias, Las Fuentes, Actur,
donde se puede comprobar que no son barrios como, por ejemplo, el de
Salamanca, de Madrid, sino que es el equivalente a barrios como Vallecas,
los valores catastrales aumentaron por debajo de la media, es decir, en
algunos barrios de clase media aumentaron, y en otros disminuyeron.
Los locales de comercio aumentaron por encima de la media porque la
valoración catastral anterior --y era conocido, lo sabían todos los
técnicos municipales-- estaba por debajo de la que debía ser, y en
consecuencia se produjo la revisión.
Este es el objetivo de una revisión catastral. Como usted dice, el
objetivo que figura en la ley es poner hacia el 50 por ciento del valor
de mercado, y en unas zonas aumenta más y en otras menos; en la nueva
revisión catastral se corrigen valoraciones más o menos acertadas, pero
también puedo decirle que nosotros, desde el Ayuntamiento, contrastamos
--porque lo hacía el Catastro-- y vimos que prácticamente la totalidad
significativa estaba entre un 45 y un 55 por ciento del valor de mercado;
más o menos sobre la media, pero no mucho más.
Le repito, señor Cobo, que estas cosas que acaba de decir usted no tienen
sentido; no vienen en la ley, y se lo digo porque, si los valores
catastrales se fijan, primero, no tiene que ver con la ley, pero en
segundo lugar, dice unas cosas que no se sostienen con la experiencia.
En algunos barrios de clases trabajadoras de Zaragoza sus cuotas,
consecuencia del tipo, descendieron. Sin embargo, en otros barrios de
clase media aumentaron, los locales aumentaron, etcétera. Hubo para todos
los gustos.
Señor Cobo, es muy habilidoso decir eso, pero no tiene fundamento. Luego,
sin embargo, dice usted que no hay diálogo. Yo traía una intervención y
la he modificado totalmente en función de lo que usted ha dicho. Venía a
hablar de la ley y me he encontrado con que en su intervención hablaba de
otras cosas, y que hacía graves juicios sobre las intenciones del Grupo
Popular y le he tenido que contestar y desmontar esa argumentación.
Yo le he escuchado atentamente; claro que ha habido diálogo, lo que
ocurre es que no le he dado la razón, ¿o es que para ustedes el diálogo
es darles la razón? Si se les da la razón, hay participación. Eso es algo
que se ha dicho por ahí: a mí, si me dan la razón, hay diálogo, y si no,
no lo hay. Es que da la casualidad de que no tienen razón.
Para terminar quiero decir que en Comisión hablamos de la enmienda de su
grupo que propone tres años. Entendemos que es un plazo corto, pero le
vuelvo a leer lo que dice: «la reducción se aplicará durante un período
de tres años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores
catastrales». En el primer año la reducción será del 50 por ciento de la
nueva base imponible asignada a aquel inmueble, es decir, del nuevo valor
catastral, porque la base imponible coincide con el valor catastral. Para
aquellos inmuebles que tienen un nuevo valor muy alto ustedes proponen
una reducción muy alta, porque no lo hacen en función del incremento. Por
ejemplo, si vale 150 millones, ustedes proponen una reducción de 50
millones, independientemente de que el aumento haya sido de 50, 1 o 10, y
si el inmueble vale 10, un aumento mucho más pequeño.
Este tema no se trató en Comisión, pero ya que usted insiste y sigue
haciendo demagogia con el 15 y el 85 por ciento --repetido tantas
veces--, tenemos que decirle, puestos a hacer demagogia: hagan bien sus
enmiendas; no nos acusen a nosotros de lo que ustedes en sus enmiendas
están proponiendo: favorecer a los valores inmobiliarios más elevados y
perjudicar a los más bajos. Esto es lo que dice su enmienda. Siento mucho
tener que decírselo, señor Cobo; no digo que sea su intención, pero es lo
que figura; no hago ningún juicio de intenciones, y cuando usted viene
haciendo juicios de intenciones, mi tentación es decir: mire usted qué
situación tienen creada. Simplemente me limito a los hechos, señor Cobo.
Esto es lo que proponen ustedes: favorecer a los ricos y perjudicar a los
pobres. Esto es lo que dicen sus enmiendas. Ya sé que a usted este tema,
como ha dicho desde aquí, no le interesa, le da igual y no quiere entrar
en el mismo. Evidentemente que no.
Otra vez estúdiense más las enmiendas y, sobre todo, procuren ser menos
demagogos en sus intervenciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alierta.
Vamos a llamar a votación. (Pausa.)
Sometemos a votación, en primer lugar, las enmiendas de los Senadores
Nieto Cicuéndez y Román Clemente. (El señor Aleu i Jornet pide la
palabra.)
Tiene la palabra el señor Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Solicito votación separada de la enmienda número
7.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Primero vamos a someter a votación la enmienda número 7, de los senadores
Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Empieza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos 221; a
favor, cuatro; en contra, 216; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
A continuación, vamos a someter a votación las enmiendas números 1 a 6,
de los senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Empieza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 87; en contra, 133; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación sometemos a votación las enmiendas números 24 a 29, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. (El
señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Solicito votación separada de la enmienda número
28. (El señor Nieto Cicuéndez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig). Tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Solicito votación separada de la enmienda
número 26.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Primero sometemos a votación la
enmienda número 26.
Empieza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 10; en contra, 206; abstenciones, cinco.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
A continuación, sometemos a votación la enmienda número 28.
Empieza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 94; en contra, 122; abstenciones, cinco.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
A continuación sometemos a votación las enmiendas números 24, 25, 27 y
29.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor siete; en contra, 208; abstenciones, seis.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación sometemos a votación las enmiendas números 8 al 23, del
Grupo Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 88; en contra, 133: abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas. A
continuación, sometemos a votación la enmienda transaccional de propuesta
de modificación firmada por todos los grupos.
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Así es y así consta.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): A continuación votamos el texto
del dictamen, de los artículos 1 a 8, disposiciones adicionales primera a
cuarta, disposiciones transitorias primera y segunda, disposición
derogatoria, disposiciones finales primera a tercera y exposición de
motivos según el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 130; en contra, 90; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
-- DE LA COMISION CONSTITUCIONAL EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL
GOBIERNO. (S. 621/000044.) (C.D. 121/000025.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto es el debate y
votación de la Comisión Constitucional en relación con el proyecto de ley
del Gobierno. Para su presentación, tiene la palabra el Presidente de la
comisión, don Pedro Agramunt Font de Mora.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Gracias, señor Presidente.
Es para mí un honor proceder a la presentación del proyecto de ley del
Gobierno.
Dicho proyecto de ley tuvo entrada en el Senado el día 7 de julio de
1997, remitiéndose a la Comisión Constitucional y abriéndose un plazo de
enmiendas que finalizó el 12 de septiembre de 1997. (El señor
Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
Al proyecto de ley se presentaron 21 enmiendas, de las cuales la número 1
correspondía al Senador Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, las
números 2, 3 y 4 a los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del
Grupo Parlamentario Mixto, la número 5 al Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, las números 6 y 7 al Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, las números 8 a 13 al
Grupo Parlamentario Socialista, y las números 14 a 21 al Grupo
Parlamentario Popular.
La Ponencia designada por la Comisión Constitucional el día 16 de
septiembre de 1997, constituida por los señores Senadores doña María
Antonia Martínez García, don José Antonio Marín Rite, don Alfredo Prada
Presa, don Joan Rigol i Roig y don Manuel Marísa Uriarte Zulueta, informó
el proyecto de ley el día 30 de septiembre de 1997, incorporando nueve
modificaciones en virtud de la aprobación de las enmiendas numeros 14 a
21, del Grupo Parlamentario Popular, y número 5, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, enmiendas que afectaban a la exposición de motivos, rúbrica del
Título I, artículos 10, 12 y 22, disposición adicional primera y
disposición adicional segunda nueva, además de efectuarse correcciones
tipográficas en diferentes preceptos del proyecto de ley.
La Comisión dictaminó el proyecto de ley en su sesión del día 14 de
octubre de 1997, introduciendo tres modificaciones en el informe de la
Ponencia que afectaban a la exposición de motivos, al artículo 23 y a la
disposición adicional segunda.
Para su debate en Pleno se han presentado tres votos particulares: el
número 1, de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo
Parlamentario Mixto, que se corresponden con las enmiendas números 2, 3 y
4; el número 2, del Grupo Parlamentario Socialista, referente a sus
enmiendas números 8 a 13, y el número 3, del Grupo Parlamentario Mixto,
relativo a la enmienda número 1, lo que expongo sucintamente ante el
Pleno de la Cámara y en cumplimiento del cometido encomendado por la
Comisión, de acuerdo con el artículo 120.1 del Reglamento del Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Agramunt.
Procede en el debate de totalidad un turno a favor.
Tiene la palabra el Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en la legislatura pasada el Grupo Parlamentario Popular
presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley del
Gobierno y de la Administración del Estado. Desde las épocas de la Unión
de Centro Democrático, así como durante los sucesivos Gobiernos
socialistas, se presentaron en el Congreso de los Diputados diversos
borradores, anteproyectos o proyectos de ley reguladores del Gobierno.
Señorías, destaco estos hechos para recalcar la voluntad política que
existe para que en nuestro ordenamiento jurídico se regule el Gobierno,
así como su composición, organización y funciones. Esta voluntad política
quedó comprometida y plasmada en el discurso de investidura del actual
Presidente del Gobierno, y se enmarca dentro del conjunto de medidas
legales que el Gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha, no sólo
para cubrir las lagunas legales existentes, sino también para
reestructurar y modernizar la Administración del Estado; esfuerzo que se
complementa con la reforma, en tramitación parlamentaria, de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la futura
reforma de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
complementándose todo ello con la reforma ya realizada de la Ley de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Insisto, señorías, todo esto tiene como objetivo dedicar una particular
atención para lograr una Administración más moderna, más
profesionalizada, más austera, eficiente y bien coordinada.
Señor Presidente, quiero destacar el alto grado de consenso que se está
alcanzando en la tramitación parlamentaria de este texto legal. Y nos
parece necesario dicho consenso y el importante grado de acuerdo
alcanzado para que este proyecto sea el fruto del esfuerzo de todos. Así
lo puso de manifiesto el Gobierno y así lo estamos poniendo en práctica
desde el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
El desarrollo constitucional que supone este proyecto de ley, que ha sido
definido por el Ministro de Administraciones Públicas, don Mariano Rajoy,
como una ley de mínimos, da solución de forma clara y sencilla a una
figura tan trascendente como es el Gobierno.
La definición de lo que es el Gobierno, las funciones del Presidente del
Gobierno, y la composición, organización y funciones de los Ministros o
de las Comisiones Delegadas del Gobierno, despejan las dudas y dan
respuesta a las cuestiones que se plantean en la Carta Magna. Quedan
excluidos como miembros del Gobierno los Secretarios de Estado. Esta
figura se regula como órgano de colaboración y apoyo al Gobierno, y se
potencian de manera considerable sus funciones. Otro dato importante, a
mi juicio, es la regulación del sistema de incompatibilidades de los
miembros del Gobierno.
También quisiera hacer una referencia expresa a una de las novedades
importantes que se recogen en la ley del Gobierno, una ley que es
claramente de desarrollo de preceptos constitucionales. Esta novedad,
señorías, es la regulación pormenorizada del Gobierno en funciones,
cuestión ésta que ha sido aceptada por todos los grupos y que ha carecido
de enmiendas en el trámite parlamentario.
En el trámite parlamentario del Senado, el Grupo Parlamentario Popular ha
introducido una importante novedad a través de la enmienda número 20, que
hace una mención expresa al Consejo de Estado, ya que al ser éste un
supremo órgano consultivo del Gobierno, a nuestro juicio, resultaba
conveniente su expresa mención.
Por último, señorías, hay que hacer una breve reseña acerca de que este
proyecto también despeja las dudas doctrinales respecto de la existencia
o no de actos ajenos a cualquier control jurídico. Desde 1978, España es
un Estado de Derecho al cual quedan sujetos todos los poderes públicos. A
esta sujeción también está sometido el Gobierno, y este proyecto así lo
reconoce.
Este texto prevé dos controles al Gobierno. Por un lado, el control
político que se ejerce desde las Cortes Generales: Congreso o Senado; y,
por otro, el control jurisdiccional por parte de la jurisdicción
contencioso-administrativa o del Tribunal Constitucional. Este proyecto
de ley deja claro que ninguna actividad del Gobierno --sea del tipo que
sea, inclusive la función de dirección política-- está al margen del
control y del Derecho. Con ello pretendemos evitar la arbitrariedad,
evitar la falta de tutela judicial efectiva, que no existan espacios
vacíos sin control.
En definitiva, señorías, pretendemos que el Gobierno, como cualquier otra
institución, o el conjunto de los ciudadanos,
esté sometido al Estado democrático, social y de Derecho que
acertadamente diseñó la Constitución de 1978.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Prada.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Esta portavoz del Grupo Mixto, y, en nombre del Partido al que
representa, Eusko Alkartasuna, entiende que esta ley es correcta. Por esa
razón, se ha llegado a un alto grado de consenso.
Quiero referirme a un tema --para que, en otro momento, se abra un debate
al respecto-- que se basa en una enmienda del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos que no se ha mantenido, aunque su espíritu y
contenido es interesante. Se trata de la posibilidad de que exista una
moción de censura individual. Este es un tema que esta Senadora hubiera
apoyado --aunque, como digo, dicha enmienda no se ha mantenido--, y que
en algún momento habrá que plantear y debatir.
En cualquier caso, nos congratulamos del grado de consenso que ha
alcanzado esta ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senadora De
Boneta.
Tiene la palabra el Senador Zubía, en nombre del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, por fin, a los casi 19 años de vigencia de la Constitución, nos
encontramos próximos a culminar la tramitación parlamentaria de un
proyecto de ley que regule la composición y funciones del Gobierno.
Creo que esta circunstancia es ya motivo suficiente para que todos nos
felicitemos, pues no en vano estamos ante una inminente ley que, además
de oportuna, era y es absolutamente necesaria.
Atrás han quedado varios y repetidos intentos dirigidos en esa misma
dirección, aunque sin resultado final por mor y vicisitudes y razones
bien distintas, pero en esta ocasión, señorías, parece evidente que
estamos en el intento definitivo.
Con la aprobación de esta ley habremos dado, sin duda, un paso
importantísimo en el ordenamiento, pues con ella cubrimos una laguna
legal y, al mismo tiempo, completamos la regulación marco de ese binomio
Gobierno-Administración, por cuanto que la Lofage es ya una anterior
realidad.
Nuestro Grupo Parlamentario ya ha tenido ocasión en anteriores trámites
parlamentarios de manifestar la valoración positiva que le merece el
proyecto de ley que nos ocupa. Valoración positiva que deriva del grado
de colaboración que se ha dado en la propia elaboración de la norma y de
la receptividad encontrada en el Grupo Parlamentario Popular a las
enmiendas que en su día presentamos.
Tan sólo una de las enmiendas de nuestro Grupo Parlamentario no ha
obtenido el plácet del Grupo mayoritario, a la cual se refería hace un
momento la Senadora De Boneta, que obedecía a una filosofía muy concreta
y que tenía la finalidad última de hacer posible la exigencia de
responsabilidad política de un determinado Ministro en el ámbito de su
competencia, a través de una moción de censura individual. Y digo que
tenía una finalidad, porque, para no empañar, ni siquiera mínimamente, el
alto grado de consenso alcanzado, no hemos mantenido un voto particular
para este trámite.
Pese a ello, permítaseme señalar al respecto que el debate que nuestro
planteamiento suscitaba, no nos parece en modo alguno inapropiado ni
carente de fundamento. Déjenos decir que la posibilidad de reprobación
individual de un Ministro no puede desecharse por el solo hecho de que no
haya una previsión constitucional expresa en tal sentido. Déjenos decir
también que otros países de nuestro entorno tienen perfectamente regulado
este principio de responsabilidad individual, conviviendo, por supuesto,
con la responsabilidad solidaria y que, sin ir más lejos --también lo
decimos--, la Ley del Gobierno vasco vigente, en su artículo 49.2,
establece esa posibilidad de apreciar la responsabilidad política directa
de un consejero en el área de su competencia, mediante la adopción de una
moción de censura.
Todo ello, unido al hecho de que dicha figura se nos antoja como un buen
instrumento ante situaciones políticas que realmente pueden llegarse a
dar e, incluso, que se han dado ya en alguna ocasión --diría yo--, hace
que el debate que hemos suscitado no pueda entenderse en modo alguno como
algo cerrado definitivamente y con una respuesta negativa.
Estamos seguros de que futuras situaciones, futuros hechos, volverán a
poner en tribuna parlamentaria la discusión sobre la bondad o
conveniencia de regular esa posibilidad de reprobar individualmente a un
miembro del Gobierno.
En todo caso, señorías, y entretanto, nuestro Grupo quiere dejar
constancia, como decíamos en un principio, quiere reiterar que el
proyecto de ley del Gobierno que hoy aborda este Pleno nos merece, en su
conjunto, un juicio favorable y que, en consecuencia, procederemos a
votar afirmativamente el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia
de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Zubía.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Rigol.
El señor RIGOL I ROIG: Muchas gracias, señor Presidente.
Hago uso de la palabra, también, para marcar brevemente el
posicionamiento de mi Grupo sobre este proyecto de ley. También nosotros
vamos a votar el texto del dictamen porque creemos que es una buena ley,
una ley necesaria, una ley de desarrollo constitucional, concretamente de
los artículos 97 y 98, y una ley que se ha hecho bien. Se ha hecho de
forma bastante consensuada, por no decir consensuada del todo; por lo
tanto, a nosotros nos place votar una ley de este tipo y hecha con este
espíritu de colaboración.
También debemos decir que nuestro Grupo presentó una serie de enmiendas
y, curiosamente, desde el Congreso de los Diputados se presentaron unas
enmiendas de defensa de esta institución del Senado. Nuestras enmiendas
fundamentales proponían todo lo relativo al Congreso y, en su caso, al
Senado, lo cual demuestra el alto grado de sensibilización que tienen los
Diputados de mi Grupo respecto a esta Cámara, y animo a los restantes
grupos a que sigan con esta misma política.
Si me permiten, y también de una manera muy breve, voy a hacer una corta
reflexión al hilo de esta ley. El Gobierno, lógicamente, es un programa,
una eficiencia, y, por lo tanto, Gobierno es acción, y sobre ella le va a
someter a juicio el pueblo. El Gobierno es acción, pero es más que
acción: el Gobierno es institución, porque todo Gobierno va a pasar;
incluso los que están ahora y que se creen que están muy sólidos --y lo
están-- van a pasar, porque la historia es así. Van a pasar los
gobiernos, pero el Gobierno del Estado permanece. Y en la medida en que
nosotros somos conscientes de que el Gobierno es una institución, podemos
plantear no solamente su organización por encima de las circunstancias,
sino también su contenido, a mi modo de entender.
Por eso, cuanto mayor sea la franja que comparten los grupos
parlamentarios y las diversas opciones de gobierno, cuanto mayor sea el
grosor y más cosas compartan, y cuanto menos se note la alternancia de
gobierno, más cohesionado está un país. Cuanto menos invoquen las
alternancias de gobierno a los principios fundamentales para hacer
oposición, mejor fundamentado y cohesionado está un país sobre su
convivencia. Gobernar, en este sentido, como institución, no significa
decir: Ahora que nosotros estamos arriba van a ser los nuestros los que
van a mandar el cotarro, sino que mandar quiere decir, simplemente, una
alternancia en aquello en que nos hemos limitado a que sea el Gobierno,
que es esta ley.
Por lo tanto, que nosotros debatamos esta ley y que la debatamos con
consenso indica, de un modo u otro, la madurez democrática sobre la que
se sustenta el Gobierno y la alternancia de los gobiernos.
Es por eso por lo que creo que es un buen paso que damos como
institución, por lo que nos place votar el proyecto, sobre todo como lo
hemos ido elaborando: con un gran consenso y con la participación de
todos los grupos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Rigol.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, Senador Marín Rite, tiene su
señoría la palabra.
El señor MARIN RITE: Señor Presidente, señorías, me permitirán que
comience con una cuestión de orden interno, pero que me parece necesaria,
y es felicitar, en nombre de mi Grupo, a los servicios de la Cámara por
la magnífica presentación de los dictámenes, tanto de la Ponencia como de
la Comisión. Este esfuerzo que se está haciendo es importante porque
facilita, sin duda alguna, la labor de todos nosotros.
Señorías, como en repetidas ocasiones se ha puesto de manifiesto a lo
largo de la tramitación de esta ley, nos encontramos ante una norma
importante que viene a regular la composición y el funcionamiento del
Gobierno, que encarna, en definitiva, uno de los poderes del Estado, el
que se ha dado en llamar Poder Ejecutivo.
El Grupo Parlamentario Socialista también presentó una ley para regular
esta materia y que no pudo tramitarse en su totalidad por la disolución
de las Cortes.
Señorías, como ha destacado el Senador Rigol, estamos ante una ley que
desarrolla la Constitución, que desarrolla lo dispuesto en su Título IV,
y que hace también una especie de regulación del Gobierno, como figura en
la Constitución, que ordena que se establezca mediante ley el Estatuto y
las incompatibilidades de los miembros del Gobierno.
Establece también la Constitución la diferencia entre Gobierno y
Administración. Define al Gobierno como la organización que dirige la
política interior, la política exterior, la política de defensa, donde
reside la potestad reglamentaria. Y lo distingue de la Administración,
que es una organización más servicial, más instrumental, que persigue,
bajo los principios de eficacia, descentralización, etcétera, el interés
general, sometida y regulada a la ley.
La norma que hoy tenemos sometida a nuestra consideración significa
también dejar un pequeño ordenamiento jurídico-administrativo-político
terminado. Es decir, cierra un ciclo de lo que podríamos denominar un
nuevo régimen administrativo político, y lo hace junto con la Ley de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
(Lofage), la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (la Ley de Procedimiento) y esta
Ley del Gobierno. Estamos ya ante un régimen nuevo, que sustituye al
anterior y que, lógicamente, está más de acuerdo con los tiempos
actuales, más de acuerdo con nuestra sociedad y con las nuevas tendencias
de la Administración y, por supuesto, de acuerdo con la Constitución
Española. Por lo tanto, señorías, la ley tiene también esa característica
de cerrar un ciclo.
Señorías, como han puesto de manifiesto los anteriores portavoces que han
intervenido, ésta ha sido una ley consensuada en gran parte, sin duda
alguna. Y así lo prueba el hecho de que se presentaran en el Congreso de
los Diputados 87 enmiendas, quedando hoy vivas sólo 10. Eso es,
evidentemente, un esfuerzo de consenso, de acercamiento.
Yo querría que fuese posible un consenso todavía mayor, un acercamiento
mayor. Nosotros mantenemos una discrepancia fundamental, la enmienda
número 13, al artículo 26, que si se admitiera probablemente estaríamos
dispuestos a retirar todas las demás y podríamos sacar la ley
completamente consensuada.
Y esta necesidad se impone por la propia naturaleza de la ley. Se trata
de una ley que regula al Gobierno de España y no al Gobierno de ningún
partido político, pues, como muy bien ha dicho el Senador Rigol, somos
pasajeros, y el Gobierno institución permanece y debe permanecer, y esta
ley tiene una vocación de permanencia quizá superior a la que tienen las
leyes en general, porque las leyes, como instrumentos de carácter
general, tienen todas una cierta vocación de permanencia y ésta la tiene
mayor porque regula, ni más ni menos, que a un poder del Estado, el Poder
Ejecutivo. Luego su vocación de permanencia nos debe llevar a todos a
hacer un esfuerzo que en nuestro caso, ya en el Senado, yo diría que es
un último esfuerzo de acuerdo.
Hechas estas consideraciones, señorías, paso a relacionar las enmiendas
de mi Grupo.
Las enmiendas números 8 y 9 persiguen, en definitiva, una concordancia
con la enmienda número 10, que propone la creación de un artículo 16 bis
que completa el régimen de incompatibilidades de los órganos de
colaboración y apoyo del Gobierno y establece dos supuestos: un régimen
de incompatibilidades, el establecido para los titulares de los órganos
directivos de la Administración General del Estado, que se aplicaría a
los Secretarios de Estado, a los gabinetes del Presidente y los
Vicepresidentes, a los directores de los gabinetes de los Ministros y
Secretarios de Estado, y el régimen establecido para el personal al
servicio de las Administraciones Públicas, para los restantes miembros de
los gabinetes. Se establece también en nuestra enmienda la posibilidad de
que los Secretarios de Estado puedan ser Diputados o Senadores
--lógicamente Diputados de las Cortes Generales.
La enmienda número 11 creemos, señorías, que mejora el sistema de
delegación. A nosotros no nos parece razonable --dicho sea en términos de
defensa parlamentaria-- constreñir la capacidad de delegar del Presidente
del Gobierno; la ley constriñe al Presidente del Gobierno a que sólo
pueda delegar en los vicepresidentes y en los ministros. Nosotros
pensamos que no hay por qué constreñir ya desde la ley la capacidad de
delegación que el Presidente debe tener, y que puede ser conveniente en
un momento determinado que ejerza esas delegaciones en otros miembros que
no sean precisamente los ministros o los vicepresidentes.
La enmienda número 12, señorías, persigue la publicidad en el «Boletín
Oficial del Estado» de las resoluciones del Gobierno y de las Comisiones
delegadas, siempre que afecten a terceros y no sea de los casos en los
que la ley excluye la publicidad.
Llegamos a la enmienda número 13, que es la que mantiene la discrepancia
más importante de nuestro Grupo con el proyecto de ley; se trata,
señorías, de los controles de los actos del Gobierno. Como saben sus
señorías, este asunto estuvo, desde hace tiempo, rodeado de polémica; yo
diría que no sólo de polémica sino también de confusión. Este Senador se
daría por satisfecho si somos capaces hoy de eliminar esta confusión que,
como tantas veces ocurre, señorías, tuvo en su origen un carácter
electoral.
El Partido Popular hizo bandera, en la pasada campaña electoral, del
control de los actos del Gobierno. El Partido Popular ofreció en su
campaña electoral que si llegaba a formar Gobierno el Partido que
defendía, absolutamente todos los actos de ese Gobierno estarían
sometidos al control jurisdiccional. De esta forma se fabricó, bien es
verdad que al calor de una campaña electoral, una especie de maniqueo:
por una parte, el posible Gobierno del Partido Popular dispuesto a
someter al control jurisdiccional todos sus actos y, por otra parte, el
posible Gobierno Socialista que no estaba dispuesto a ello y que, además,
perseguía no sé qué privilegios.
Nosotros creemos que este planteamiento, después de este proyecto de ley
y del proyecto que está en el Congreso de los Diputados sobre la
jurisdicción contencioso-administrativa, se ha venido abajo. La postura,
señorías, era, a nuestro juicio, tan absurda, tan demagógica, tan
imposible que ha tenido que ser rectificada en gran parte.
La solución que se ha dado es la siguiente: por una parte, en el artículo
26.3 de esta ley se dice que los actos del Gobierno son impugnables ante
la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo
dispuesto en su ley reguladora; por otra parte, en el proyecto de ley
reguladora de la jurisdicción contenciosa, que es un proyecto que está
todavía en el Congreso de los Diputados, pero que suponemos que, como ha
sido presentado por el Gobierno, tiene el apoyo, como no podía ser de
otra forma, del Grupo Parlamentario Popular, en su artículo 1, establece
que estarán sometidas al control jurisdiccional las actuaciones de las
Administraciones públicas sujetas al Derecho administrativo; está
reconociendo que puede haber en las Administraciones públicas actuaciones
no sujetas al Derecho administrativo, lo que supone, sin duda alguna, un
cambio importante, que nosotros saludamos, en relación con aquellas
afirmaciones electorales que antes comentábamos.
Nuestra enmienda pretende sencillamente, señorías, que lo dispuesto en el
proyecto de ley de la jurisdicción se recoja igualmente en la ley del
Gobierno. En eso consiste, fundamentalmente, la enmienda número 13 de mi
grupo.
Señorías, el reconocimiento de la existencia de actos no sujetos al
Derecho administrativo y, por ello, no revisables jurisdiccionalmente, es
más adecuado en la ley del Gobierno que en la ley de la jurisdicción,
porque la ley de la jurisdicción, como no podía ser de otra forma, no se
refiere al Gobierno; se refiere a las Administraciones y éstas funcionan,
como es también natural, a través de actos administrativos. Es el
Gobierno, como institución a la que compete la alta dirección de la
política, el que algunas veces actúa a través de actos que no son
administrativos. Por lo tanto, ese reconocimiento es más adecuado en la
ley del Gobierno que en la ley de la jurisdicción, que es donde ustedes
lo hacen.
Podemos poner un ejemplo para aquéllas de sus señorías que no estén
habituadas al uso de estos conceptos. Por ejemplo, el Gobierno de la
Generalitat de Cataluña o el Gobierno vasco deciden elaborar un plan de
carreteras y en su Consejo de Gobierno o en su Gobierno elaboran una
serie de criterios sobre el tipo de redes que se van a hacer, si va a
haber una red de carreteras o varias, qué tipos de carreteras van a
hacer, cuáles son los objetivos de comunicación que van a tener esas
vías, y las dan forma de resolución, porque pueden hacerlo.
Posteriormente, estos Gobiernos mandatan a su Administración para que
desarrolle y ejecute ese plan. Naturalmente, los actos de ejecución y
desarrollo que las Administraciones vasca y catalana harían de ese plan
serían actuaciones administrativas totalmente sujetas a la jurisdicción,
totalmente revisables jurisdiccionalmente, pero la decisión política de
esos dos Gobiernos de hacer determinado tipo de carreteras, de cumplir
unos determinados objetivos de comunicación, son decisiones de dirección
política que no pueden estar sometidas a la jurisdicción, porque si están
sometidas a la jurisdicción no gobierna el Gobierno vasco ni el Gobierno
de la Generalitat, gobernarían los jueces que las revisan. Señorías, ésa
es, en definitiva, la cuestión.
Nosotros no podemos entender cómo el Grupo Parlamentario Popular no tiene
inconveniente en reconocer la existencia de actuaciones administrativas
no sujetas a control jurisdiccional en relación con las Administraciones
públicas y tiene inconveniente en reconocerlo con relación al Gobierno.
La única explicación que encontramos sería el no querer reconocer
claramente algún fallo en su programa o campaña electoral o que se trata
de una confusión entre Gobierno y Administraciones.
Señorías, en nuestra enmienda número 13 proponemos el siguiente sistema.
Lógicamente, queremos combatir aquel maniqueo que se planteaba. En primer
lugar, defendemos el sometimiento de toda la acción del Gobierno a la
Constitución y al resto del ordenamiento, como no podía ser de otra
manera, el sometimiento de todos los actos del Gobierno al control
político de las Cámaras, la impugnabilidad de los actos del Gobierno ante
el Tribunal Constitucional, de conformidad con su ley reguladora, y
también la revisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa de
los actos sujetos al Derecho administrativo, también en los casos
previstos en relación con la tutela judicial de los derechos
fundamentales, así como los previstos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Derecho Administrativo Común.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista conoce y comparte la
tendencia doctrinal en el sentido de restringir la vieja teoría de los
actos políticos. El Grupo Parlamentario Socialista conoce y comparte
también la tendencia jurisprudencial y legislativa en el sentido de
aumentar el control jurisdiccional de los actos del Gobierno. Pero al
mismo tiempo, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que
aquellas actuaciones que son expresión del derecho y del deber del
Gobierno a dirigir la política son puros actos de Gobierno sin elementos
reglados, puros actos que expresan la facultad del Gobierno de dirección
política que no pueden ser revisados, porque si lo fuesen, señorías, si
estableciésemos aquí que lo fuesen, no estaríamos haciendo lo que esta
Cámara tiene por principal objetivo, que es expresar la división de los
poderes, estaríamos expresando su confusión.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Marín Rite.
A efectos de aclaración para las actas taquigráficas, Senador Marín Rite,
estábamos en turno de portavoces, pero me imagino que, por economía
procesal, ha consumido los dos turnos, de defensa de las enmiendas y
turno de portavoces.
Seguimos con el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Prada
Presa.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente, simplemente para dejar constancia y unirnos a
la felicitación que a los servicios de la Cámara ha hecho el Senador
Marín Rite. Quiero reiterar una vez más, como ya hice en mi primera
intervención, el agradecimiento al consenso que todas las fuerzas
parlamentarias y políticas han alcanzado en la tramitación de este
proyecto de ley. A nuestro juicio, y lo he dicho ya, la aprobación supone
un importante desarrollo legislativo, supone un importante desarrollo
constitucional, y fundamentalmente quiero destacar que ha sido realizada,
como bien señalaba el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, con un espíritu importante de
colaboración.
Dadas estas circunstancias, el Grupo Parlamentario Popular, y reiterando
el agradecimiento al resto de las fuerzas políticas que han participado y
colaborado de manera expresa e intensa en este texto legal, cree que es
una ley que nace con vocación de permanencia, con vocación de duración.
El alumbramiento de la misma ha sido, a nuestro juicio, muy positivo, y
entre todos le deseamos buenos deseos de vida y de duración.
Por nuestra parte nada más, sin perjuicio de que, como bien señalaba la
Presidencia, el turno en contra de las enmiendas lo consumamos en el
momento oportuno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Prada.
Pasamos a debatir las enmiendas al texto del articulado.
Voto particular número 1, de los señores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a las enmiendas
números 2, 3 y 4.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo de forma muy breve. Prácticamente el debate está hecho, y
después de los trámites de Ponencia y Comisión, sólo queda decir que las
enmiendas que mantenemos
para su votación en este Pleno, la número 2, al artículo 18, y las
números 3 y 4, al artículo 24, apartado 1, introducen, desde nuestro
punto de vista, algunos criterios de clarificación. Por tanto, se
defienden en sus mismos términos, tal como están expresadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román.
Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde
a la enmienda número 1, originariamente presentada por el señor Ríos
Pérez.
Tiene la palabra la señora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo simplemente para manifestar que esta enmienda, que es
puramente técnica, como se puede apreciar en su redacción, se mantiene
para su votación, y que se da por defendida en este turno.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora De Boneta.
Como habíamos anunciado, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista
ya han sido defendidas.
En turno en contra a las enmiendas presentadas, el Senador Uriarte tiene
la palabra.
El señor URIARTE ZULUETA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, hay tres votos particulares, y a los tres me voy a referir
seguidamente.
El primero, de Coalición Canaria, presentado a la enmienda número 1, es
de carácter puramente terminológico. Se refiere al artículo 26.3, al
recurso contencioso-administrativo, y habla del recurso contra los actos
del Gobierno y contra los actos de sus órganos. Con esta expresión se
quiere referir a una serie de órganos que la ley califica de otro modo,
califica como órganos y autoridades previstos en esta ley.
Consideramos que la expresión que contiene la ley es más perfecta, porque
algunos de los órganos que están regulados en ella y, por tanto, a los
que se aplica el artículo 26, no se pueden calificar, sin embargo, con un
criterio riguroso como órganos del Gobierno.
Paso con esto a la enmienda número 2, del Grupo de Izquierda Unida, que
se refiere al artículo 18. Añade un apartado, el número 5, y pide que se
publiquen las actas del Consejo de Ministros. Se funda para ello en que,
en el artículo 4, se reduce el contenido de dichas actas, se elimina toda
huella del debate en el Consejo de Ministros y solamente se contienen los
acuerdos. Dice Izquierda Unida que, extractadas de esta forma las actas,
no hay ningún inconveniente en su publicación. No estamos de acuerdo,
porque no es en esta ley en la que hay que regular el acceso de los
ciudadanos a los archivos y a la actividad administrativa. Aunque en el
acta del Consejo de Ministro solamente se recoja el contenido de los
acuerdos, hay acuerdos expresamente excluidos de publicidad, por ejemplo,
porque lo dice así el artículo 36.5 de la Ley de 26 de noviembre de 1992,
pero es absolutamente evidente que tienen que ser así todos los acuerdos
relativos a materias tan sensibles como Defensa y Seguridad. Por lo
tanto, no estamos de acuerdo con esta enmienda que fue expresamente
rechazada en el Congreso.
Las enmiendas números 3 y 4 se refieren a la elaboración de reglamentos.
La enmienda número 3, al artículo 24, 1.c), se refiere a la elaboración
de reglamentos con carácter general y dispone que, así como en el
proyecto se prevé un plazo de quince días de audiencia, se puede reducir
a siete y que, en caso de necesidad, se puede suprimir. Izquierda Unida
entiende que en ningún caso debía ser esto posible, de tal manera que
debía respetarse siempre el párrafo de audiencia mínima de quince días.
Consideramos que es preciso dotar a esta materia de la necesaria
flexibilidad y, por lo tanto, tampoco aceptamos esta enmienda, que
también fue planteada y rechazada en el Congreso de los Diputados.
La última enmienda de Izquierda Unida es la número 4. Propone la adición
de un nuevo párrafo, la letra e), al artículo 24.1. Aunque no se refiere
específicamente a los reales decretos, por el juego de las referencias
resulta aplicable a aquéllos. En el caso de los reales decretos, la
enmienda de Izquierda Unida exige una serie de trámites que juzgamos
totalmente improcedentes. Todos los reales decretos necesitarían
audiencia de las organizaciones sindicales y empresariales, necesitarían
audiencia de las Cortes Generales, necesitarían audiencia de las
Comunidades Autónomas y, además, en su doble vertiente audiencia de los
gobiernos autonómicos y audiencia de los parlamentos autonómicos. Creo
que esto implica una confusión entre las dos esferas, la legislativa y la
ejecutiva, aparte de otras razones, y que haría inviable la elaboración
de los reales decretos.
En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, éste formula las enmiendas 8
a 13, de las cuales las números 8, 9 y 10 forman un todo. El contenido
básico es el de la enmienda número 10, que establece unos nuevos
supuestos de incompatibilidad en relación con los secretarios de Estado y
los miembros de los gabinetes, mientras que las enmiendas números 8 y 9
no serían más que consecuencia de la admisión de la enmienda número 10.
Por eso nos vamos a referir sólo a esta enmienda número 10, que plantea
la introducción de un artículo 16 bis). En este artículo se pide que se
declaren las incompatibilidades como altos cargos de los secretarios de
Estado, que ya venía en el artículo 15.4. Es decir, que se eliminaría del
artículo 15.4 para pasar al 16 bis). Se considerarían también como altos
cargos, a efectos de incompatibilidades, todos los directores de los
gabinetes, incluso los de los secretarios de Estado, que no tienen
categoría de director general, y además se considerarían como altos
cargos a efectos de incompatibilidades a todos los miembros de los
gabinetes. Creemos que esto es absolutamente desmedido y que, además,
está en contradicción con lo dispuesto en la Lofage, en la que se declara
expresamente, en el artículo 5.5, que no tienen la consideración de altos
cargos
los que ostentan cargos de subdirector general o asimilados. También por
esto la enmienda equivalente, que fue planteada en el Congreso de los
Diputados, fue rechazada en esa Cámara.
La enmienda número 11 se refiere al artículo 20.1 del proyecto, en el
cual se establece la regulación de los supuestos de delegación de los
miembros del gobierno. En ella se formulan unas nuevas reglas y unos
nuevos supuestos de delegación. Tampoco podemos admitirla. El régimen de
delegación que se introduce es de una gran complejidad y, además, lo
consideramos totalmente inadecuado. El Presidente del Gobierno podría
delegar en las comisiones delegadas e, incluso, en la Comisión de
secretarios de Estado y subsecretarios, con lo cual se plantearían
innumerables problemas. Además, creemos que en el caso de delegación en
órganos unipersonales es totalmente --y ponemos un ejemplo--
inconveniente la posibilidad de que el Presidente del Gobierno delegara
sus funciones en un delegado del Gobierno en una Comunidad Autónoma; es
decir, creemos que no es procedente y, por eso, no aceptamos esta
enmienda siguiendo el criterio que también mantuvo el Congreso.
La enmienda número 12 se refiere al artículo 25 e introduce un nuevo
párrafo, el número dos, y ordena la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» de todas las disposiciones y de todas las resoluciones del
Gobierno que afecten a terceros.
El tema de la publicación de las disposiciones y de su necesidad para su
entrada en vigor está ya regulado en el artículo 52.1 de la Ley de 26 de
noviembre de 1992, independientemente de las modificaciones que en esta
ley se introduzcan.
Por otra parte, las resoluciones que afectan a terceros tienen necesidad
de notificarse individualmente. Por lo tanto, sobra el trámite de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». En relación con este tema
quiero dejar claro que la protección a los terceros interesados es tan
grande que en el proyecto de ley de lo contencioso-administrativo ha
desaparecido la figura del coadyuvante porque se considera que quien es
titular de un interés puede ostentar la capacidad de recurrente por sí
mismo.
Por último, llegamos a la enmienda número 13 que, como muy bien decía el
Senador Marín Rite, es la enmienda verdaderamente clave de las del
Partido Socialista. El artículo 26, al regular el control
contencioso-administrativo, propone que sólo se sometan a dicho control
los actos sometidos al Derecho administrativo, es decir, quedarían
excluidos los actos del Gobierno. Esto significa --como muy bien ha
recordado el Senador Marín Rite-- prorrogar o prolongar la exclusión de
control contencioso-administrativo de los actos políticos que ya la Ley
de 27 de diciembre de 1956, naturalmente en circunstancias totalmente
distintas a las actuales, recogía.
Es sabido que una laboriosa labor jurisprudencial fue limando y
reduciendo los supuestos de los actos políticos excluidos del control
contencioso-administrativo a través de la teoría de los elementos
reglados de lo que entonces se calificaba como acto político y ahora se
quiere calificar como acto de gobierno. Hay un ejemplo que es
absolutamente claro. No cabe duda de que el nombramiento de Fiscal
General es un acto político, pero debe recaer en persona que reúna
determinadas condiciones y debe cumplir determinados trámites. Si la
persona nombrada Fiscal General no reúne esas condiciones o no se ha
efectuado el nombramiento cumpliendo los trámites establecidos, esos son
elementos reglados del acto del Gobierno y, como tales, están sometidos
al Derecho administrativo y son controlables por la Jurisdicción
Contencioso-administrativa. Y ésta es la solución que se recoge en el
proyecto de ley de lo contencioso-administrativo, en el artículo 2 a)
que, por cierto, ha merecido el informe favorable del Consejo General del
Poder Judicial y del Consejo de Estado, con una salvedad que me parece
importante reseñar, y es que inicialmente --sigo en este punto el
proyecto socialista de 1995, a pesar de que éste es uno de los puntos en
que la separación del proyecto anterior es más radical-- el tema se
enfocaba desde el punto de vista negativo, es decir, se trataba de saber
qué actos no se someten al control contencioso- administrativo.
Pues bien, el Consejo General del Poder Judicial ha pedido que se
inviertan los términos, que no se diga qué actos no están sometidos a la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, sino qué aspectos de todos los
actos están siempre sometidos a ella, que son entonces los elementos
reglados del acto, la responsabilidad civil que pueda derivarse del acto
y las posibles violaciones que el acto del Gobierno produzca a los
derechos fundamentales.
Todos estos temas pueden ser impugnados en vía Contencioso-administrativa
y así se modificó la redacción, siguiendo esta sugerencia del Consejo
General del Poder Judicial. Esta modificación fue aceptada y considerada
como muy positiva por parte del Consejo de Estado. Por tanto, me temo que
en este punto no puede haber acuerdo, ya que se trata de un tema en el
que hay una diferencia de enfoque claro y terminante entre el Partido
Socialista y el Gobierno, y por consiguiente mantenemos nuestra oposición
a la enmienda.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Uriarte.
Abrimos turno de portavoces. ¿Grupo Mixto? (Pausa.) ¿Grupo de
Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Socialista?
Tiene la palabra el Senador Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para ver si, finalmente, podemos aclarar
aquella confusión a la que yo me refería desde la tribuna. No hemos
mantenido en ningún momento que no se produzca el control jurisdiccional
de los gastos del Gobierno. Se trata simplemente de que eso que ustedes
reconocen para las administraciones públicas se pueda trasladar también
al Gobierno, porque es más razonable que si se dice --en relación con las
administraciones públicas-- que
los actos de estas administraciones no sujetos al Derecho Administrativo
no son revisables, se pudiera predicar lo mismo del Gobierno, porque
tendría además mucho más sentido, ya que es el Gobierno quien realiza
actos de dirección política, y no las administraciones públicas.
Ustedes conceden a las administraciones públicas un estatuto que no
quieren conceder al Gobierno, cuando tendría mucho más sentido localizar
esa excepción en el Gobierno que en las administraciones públicas, a
nuestro juicio, desde luego.
Usted ha puesto un ejemplo, y yo lo voy a utilizar --aunque antes yo puse
otro sobre las carreteras del País Vasco y de Cataluña--. Respecto al
nombramiento del Fiscal General del Estado ha dicho: es un acto político,
pero tiene elementos reglados. Nadie niega que los elementos reglados del
acto --y lo hemos dicho en nuestra intervención-- puedan ser revisables;
naturalmente que sí, pero yo utilizo de nuevo su ejemplo. Supongamos que
el Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno, y que tiene
todos los requisitos que dice la ley. ¿Se puede revisar eso
jurisdiccionalmente? Usted dice que sí y yo digo que no. Ahí está la
diferencia, y yo creo que éste es un tema importante porque no afecta al
Gobierno Popular ni al Gobierno Socialista, es un tema del Gobierno de
España.
Creo que es bueno que haya alguien que diga --y yo lo digo-- que el
Gobierno de España cuando ejerce la función de alta dirección política
que le encomiendan los ciudadanos no puede ser revisado, porque entonces
estamos confundiendo los poderes, y al final es otro poder el que
gobierna, y ese otro poder, que tiene todos nuestros respetos, no ha sido
elegido para gobernar, sino para impartir justicia.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Marín Rite.
Tiene la palabra el Senador Uriarte, en turno de portavoces.
El señor URIARTE ZULUETA: En primer lugar voy a referirme a lo que ha
expuesto el Senador Marín Rite. Celebro que estemos de acuerdo, porque yo
no he dicho lo que el señor Marín Rite dice que he dicho. Si el
nombramiento del Fiscal General cumple todos los requisitos legales,
evidentemente como decisión política no es revisable. Ese no es el tema,
a mi modo de ver, sino la forma de expresión, y en este sentido he de
manifestar que no es cierto lo que se nos dice ahora. La enmienda número
13 no se pronuncia sobre los elementos revisables de los actos políticos,
a lo único que se refiere es a que los actos no sometidos a Derecho
administrativo quedan excluidos de todo control administrativo, y esta
fórmula es la que, con una excepciones, recogía el primitivo anteproyecto
de Ley de lo Contencioso-administrativo, que ha sido reelaborado y
presentado de forma positiva: están sometidos a la jurisdicción
contencioso-administrativa los elementos reglados de toda clase de actos
y también aquellos actos que infrinjan los derechos fundamentales o que
afecten a responsabilidad civil de la Administración. Damos una
formulación positiva con la que estamos de acuerdo, pero queremos indicar
que no ha sido por iniciativa nuestra.
La petición de que así sea procede del Consejo General del Poder Judicial
y ha sido expresamente ratificada y alabada por el Consejo de Estado. Por
lo tanto, estamos conformes con este punto.
Aparte de eso, prescindiendo ya de los comentarios, quiero ratificar una
vez más la actitud constructiva con la que se ha desarrollado este
debate. Ha habido enmiendas importantes que se han incorporado al mismo y
a las que no se ha aludido anteriormente, por ejemplo, la enmienda del
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió por la que se
establecía que determinados proyectos del Gobierno no se debían remitir
al Congreso, sino al Senado. Es una enmienda absolutamente lógica que
hemos aceptado no solamente con conformidad, sino con entusiasmo.
Otra enmienda, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
recoge expresamente el principio de inderogabilidad singular de los
reglamentos, es decir, un reglamento no puede ser infringido por una
disposición administrativa, aunque sea de rango superior. Es cierto que
esto venía ya regulado en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pero
convenía dejarlo terminantemente claro y ha sido aceptado con una pequeña
reforma.
Asimismo, quiero decir también que agradecemos profundamente el que
absolutamente todas las enmiendas que el Grupo Popular ha planteado en el
Senado han sido aceptadas por unanimidad de todos los demás grupos. Lo
agradecemos sinceramente y creemos que es enormemente positivo.
La verdad es que de esas enmiendas la única de verdadera importancia es
la que recoge expresamente la calidad del Consejo de Estado como órgano
de colaboración y asesoramiento del Gobierno. Realmente era una enmienda
poco conflictiva.
Los debates los ha presidido siempre la idea de que no estamos regulando
el Gobierno del PP ni el Gobierno del Partido Socialista, sino que
estamos regulando el Gobierno de España, que es necesario conseguir el
máximo consenso para que la solución a que hemos llegado pueda ser
aplicable durante muchos años, que creemos que lo hemos conseguido y que,
por lo tanto, nos felicitamos y felicitamos a los demás grupos por este
logro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Uriarte.
Terminado el debate, vamos a proceder a las votaciones. Ruego que llamen
para votación. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a someter a votación, en
primer lugar, las enmiendas números
2, 3 y 4, de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, dos; en contra, 217; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, vamos a someter a votación la enmienda número 1, del
Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por el Senador Ríos
Pérez.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, tres; en contra, 212; abstenciones, seis.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Sometemos a votación las enmiendas números 8, 9, 10, 11, 12 y 13, del
Grupo Parlamentario Socialista. (El señor Román Clemente pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene la palabra el Senador Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Solicito votación separada de las enmiendas
números 11 y 13 conjuntamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a votar, por tanto, las
enmiendas números 11 y 13.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos 221; a
favor, 85; en contra 135; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas números 8, 9, 10 y 12.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 87; en contra, 134: abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el articulado. Primero vamos a someter a votación
los artículos 20, 25 y 26.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 132; en contra, 87; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan aprobados.
A continuación, sometemos a votación el resto de los artículos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor. 220; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan aprobados. Seguidamente,
sometemos a votación la exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 132; en contra, tres; abstenciones, 87.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
Vamos a someter a votación las disposiciones adicionales primera y
segunda y la disposición derogatoria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 218; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan aprobadas.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey. (Fuertes rumores.)
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA
DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL.
(S. 621/000045) (C.D. 121/000012.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto del orden del
día es el debate y votación de la Comisión de Justicia en relación con el
proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial. (Fuertes rumores.) Pido a la Presidenta de la
Comisión correspondiente me comunique si hay designado algún Senador para
la presentación de dicho proyecto. (Pausa.) Tiene, pues, la palabra la
Senadora doña Rosa Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente. (Fuertes
rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Un segundo, Senadora. (Fuertes
rumores.)
Señoría, espero que su voz persuasiva será eficaz para que haya un mayor
silencio que el que hay en estos momentos.
Tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señorías.
La señora VINDEL LOPEZ: Muy amable, señor Presidente. Muchas gracias.
Señor Presidente, señorías, me corresponde presentarles el primer
dictamen del primer proyecto de ley que ha sido debatido y aprobado por
la Comisión de Justicia, el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El proyecto de ley orgánica que hoy vamos a someter a la consideración de
este Pleno tuvo entrada en esta Cámara el pasado día 16 de julio, fecha
asimismo de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales».
El plazo de presentación de enmiendas terminó el pasado día 18 de
septiembre. Se presentaron a este proyecto una propuesta de veto de los
Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Parlamentario
Mixto, y 50 enmiendas presentadas por los cinco grupos parlamentarios que
integran la Cámara. (Rumores.) La Ponencia, integrada por los Senadores
don Salvador Capdevila i Bas, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, don Juan Vicente Casas Casas, del Grupo
Parlamentario Socialista, don Joaquín Jesús Galán Pérez, del Grupo
Parlamentario Socialista, don Esteban González Pons y don Alfredo Prada
Presa, ambos del Grupo Parlamentario Popular, emitió su informe con fecha
30 de septiembre.
El informe de la Ponencia se manifestó en contra de la aprobación de la
propuesta de veto, si bien introdujo numerosas modificaciones en el texto
remitido por el Congreso de los Diputados.
La Comisión se reunió para dictaminar el pasado día 15 de octubre, y tras
rechazar la propuesta de veto de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente, entró en el debate correspondiente a las enmiendas aún
subsistentes así como en el de las propuestas contenidas en el informe de
la Ponencia. Como consecuencia de los muy intensos trabajos realizados
por la Ponencia, ésta amplió su informe proponiendo a la Comisión nuevas
modificaciones que pueden agruparse en dos grandes bloques:
modificaciones derivadas de la aceptación de nuevas enmiendas y
modificaciones resultantes de nuevas mejoras técnicas, introducidas
directamente por la Ponencia en la sesión de la Comisión.
La Comisión, pues, aprobó en todos sus términos el conjunto de propuestas
de la Ponencia y emitió el correspondiente dictamen, recogiendo todas
ellas en la forma que está a disposición de sus señorías en la
publicación de la Cámara. A este dictamen que nos llega hoy se han
formulado siete votos particulares que corresponden, por orden de
presentación, al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, a
los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Parlamentario
Mixto, al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
y al Grupo Parlamentario Socialista.
El proyecto de ley, tal como se somete para su debate y votación por el
Pleno del Senado, consta de una exposición de motivos, nueve artículos,
una disposición adicional, cuatro disposiciones transitorias, y una
disposición final.
Esto es todo, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Vindel.
A este proyecto de ley orgánica se ha presentado una propuesta de veto
formulada por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la ley que vamos a debatir no nos gusta. Consideramos que, en
lugar de denominarse del Poder Judicial, debería llamarse «ley de efecto
Garzón». Ese podría ser un buen título.
Por otra parte, creo que se ha elaborado mal en ambos sentidos. Y voy a
explicarlo. Hay dos aspectos fundamentales en esta ley que, en lugar de
solucionar los problemas que existen para la participación de los jueces
y magistrados en la vida política, enmarañan esa cuestión. Por un lado,
se penaliza a este colectivo para que no pueda participar en la práctica
en la vida política. En este sentido, el artículo 23 de la Constitución
se ve de alguna manera tocado, ya que éste reconoce el derecho
fundamental a la participación en asuntos públicos, al sufragio activo y
pasivo, al acceso en condiciones de igualdad, etcétera. En definitiva,
jueces y magistrados lo tienen difícil para participar en la vida
política.
Es cierto --la Constitución lo contempla-- que hay que salvaguardar la
independencia de la Justicia en los asuntos políticos, y ya la ley prevé,
por ejemplo, que jueces y magistrados no puedan ser miembros de partidos
políticos. Asimismo, hay una serie de condicionantes que establecen la
Constitución y los Reglamentos.
Pero estamos hablando de otra cosa. Se trata de que este amplio colectivo
debería, con todas las cautelas necesarias, poder ejercer sus derechos
constitucionales a participar en la vida política en igualdad con el
resto de los colectivos de funcionarios públicos. Porque, si no,
tendríamos entonces que elaborar una regulación para otro tipo de
funcionarios públicos para que, por su conocimiento de asuntos de la
Administración, etcétera, una vez que dejaran sus funciones políticas no
pudieran volver inmediatamente a los puestos de trabajo que ejercieran
con anterioridad. Por tanto, como digo, esto se penaliza.
Por otro lado, yo diría que esta ley premia a los pícaros; y en todas las
profesiones y estamentos suele haberlos. Digo esto, porque un juez o
magistrado que se presenta a unas elecciones, incluso aunque no salga
elegido puede gozar de excedencia voluntaria durante tres años con la
remuneración correspondiente; es decir, se trata de una excedencia
pagada.
Por tanto, con esta ley se pretendía, por un lado, regular el efecto del
conocimiento y las funciones de un magistrado, lo que, repito, de alguna
manera es el efecto
Garzón; es decir, que no se vuelva inmediatamente al mismo puesto que se
tenía. Pero no olvidemos, además, que no se trataba de la participación
de un juez cualquiera, ya que fue miembro del Gobierno. Por consiguiente,
habría que establecer unas cautelas. Una cosa es formar parte del
Gobierno y otra es ser Diputado, concejal o alcalde.
La Ley no contempla esto. Establece una especie de batiburrillo y,
repito, deja una espita abierta, por un lado para premiar a pícaros y,
por otro --por qué no decirlo--, para desaprovechar un capital humano.
Tres años es mucho tiempo para que jueces y magistrados que han estado en
la política puedan volver a su puesto. Se podría haber regulado algún
tipo de traslado como que no volvieran a ejercer la función anterior,
etcétera, pero la ley no debería de haberse concebido de la forma en que
se ha hecho.
Por esta razón presentamos el veto pues pensamos que debería ser
reconsiderado el que el Gobierno trajese un proyecto de ley más acorde y
necesario para la situación actual.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto
Cicuéndez.
Tiene la palabra en turno en contra el Senador Prada Presa.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en el discurso de investidura del señor Presidente del
Gobierno, éste se comprometió ante el Congreso de los Diputados, en
definitiva, ante el pueblo español, a promover la reforma legal oportuna
para establecer un período de espera de aquellos jueces y magistrados que
hubieran desempeñado un cargo político, antes de que éstos pudieran
retornar al ejercicio de funciones jurisdiccionales o antes de que
pudieran ser promovidos para la provisión de órganos constitucionales.
El proyecto de ley que hoy debatimos da cumplida cuenta del compromiso
asumido por el Presidente del Gobierno y, desde el Grupo Parlamentario
Popular, nos sentimos orgullosos y satisfechos de este cumplimiento.
Ahora bien, este compromiso lo asumió el Presidente del Gobierno, no de
una forma caprichosa, sino porque era un compromiso que ya se recogía con
anterioridad en el programa electoral de nuestro Partido, del Partido
Popular, programa con el que comparecimos en las últimas elecciones
generales y que para nosotros era y es un contrato con la sociedad. Pues
bien, en él señalábamos que una ley impediría el retorno inmediato de los
jueces que se dediquen a la política.
A juicio del Grupo Parlamentario Popular la garantía de la independencia
y neutralidad política de los jueces y, por tanto, la confianza en la
Justicia, reclamaba una ley que impida la vuelta de jueces y magistrados
a sus mismos juzgados y tribunales, tras haber desempeñado puestos
políticos.
La nueva regulación establece la situación de excedencia para los jueces
y magistrados que quieran participar en política y la imposibilidad de
volver al ejercicio jurisdiccional o ser promovidos a órganos
constitucionales durante los tres años siguientes al cese en el puesto
político.
El Proyecto de Ley que hoy debatimos da cumplida cuenta del compromiso
adquirido por el Partido Popular y, desde este Grupo, desde el Grupo
Parlamentario Popular, tenemos que reiterar que nos sentimos satisfechos
y orgullosos de este cumplimiento.
Ahora bien, señorías, este compromiso no lo asumió mi Grupo, al igual que
tampoco lo hizo el Presidente del Gobierno, de una forma caprichosa, sino
que fue causa de un hecho objetivo. En nuestro país existe un elenco de
personas, todas ellas muy notables y, por supuesto, que merecen el
respeto y consideración de todos, que tienen un papel protagonista en
nuestra sociedad y que suelen ocupar las portadas de los periódicos y los
telediarios; personas que tienen, como mínimo, tres circunstancias en
común: han formado parte en su día de la clase política, han entrado a la
política de la mano del Partido Socialista Obrero Español y, por último,
todos ellos son jueces o magistrados en ejercicio. Y si se me permite,
existe otra circunstancia común en estas personas, y es, señorías, su
desmesurado afán de protagonismo y notoriedad.
Estas circunstancias, insisto que comunes en estas personas, han
contribuido de manera considerable al deterioro de la imagen de la
justicia en nuestro país.
El hecho de que los jueces o magistrados se dediquen a la política ni se
limita ni genera deterioro en la Administración de justicia. La vuelta de
la política a las funciones jurisdiccionales sin ningún paso intermedio
sí ha contribuido de manera considerable al deterioro de la
Administración de justicia. Por estas razones, el Grupo Parlamentario
Popular promovió este proyecto de ley.
Me parece conveniente también recordar hoy el compromiso de la Ministra
de Justicia, en relación con esta materia, manifestando su voluntad de
que estas disposiciones le afectaran a ella de forma personal. Pues bien,
en el Congreso de los Diputados no fue posible recoger ni cumplir este
compromiso. La composición de la Cámara Baja impone, como ya dijimos en
Comisión, los criterios del juego de las mayorías y minorías. En el
trámite del Senado, en Ponencia, hemos introducido una enmienda, la
número 47, que establece el compromiso de la Ministra de Justicia; y,
así, el dictamen de la Comisión que hoy debatimos establece en la
Disposición transitoria segunda que la señora Ministra, así como los
jueces y magistrados que sean miembros de Cámaras y Asambleas
legislativas o Corporaciones locales o estén desempeñando cargos
políticos o de confianza, entre ellos o entre otros, ser Ministra,
tendrán un plazo de 20 días para cesar en sus cargos y, en caso
contrario, les será aplicable el período de espera de los tres años.
Señorías, la composición del Senado permite introducir este compromiso, y
la oposición al mismo --y nos consta que existe-- será responsabilidad de
otros, pero desde el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno que
sustenta este Grupo insistimos en que cumplimos nuestras promesas y
nuestros compromisos. Otros serán los que tengan que explicar a la
sociedad por qué quieren aprobar una ley que establece dos categorías de
personas, dos categorías de jueces: unos jueces o personas de primera, a
los que este texto legal no les afectaría, tal y como venía el texto que
se recibió del Congreso de los Diputados, y otras personas o jueces de
segunda categoría, a los que las disposiciones de esta ley sí les afecta.
Para el Grupo Parlamentario Popular sólo hay una clase de ciudadanos o de
jueces, y a todos, insisto, a todos, sin excepciones, esta ley debe
afectarles.
Todas estas ya serían, de por sí, razones suficientes para rechazar el
veto que ha presentado el Senador Nieto y que debatimos en la tarde de
hoy. Pero permítanme, señorías, que señale algunas otras razones. El
tratamiento procesal de la nulidad de actuaciones que este proyecto
contempla establece con carácter general que los vicios de nulidad sean
denunciados a través de los recursos y permite también que la nulidad de
los actos procesales sea declarada de oficio por el propio juez o
tribunal que conozca del proceso, siempre y cuando no haya recaído
sentencia firme.
Otro aspecto destacable del proyecto de ley es el reconocimiento a los
magistrados del Tribunal Supremo del Estatuto que les corresponde como
miembros de un órgano constitucional, o la modificación de la composición
del tribunal de pruebas de ingreso en la carrera judicial por la
categoría de juez, incluyendo entre los miembros del tribunal a un
secretario judicial de primera categoría.
Otra novedad importante y trascendente introducida, precisamente, en el
trámite parlamentario del Senado es el hecho de que se equipara a los
fiscales de Sala del Tribunal Supremo al régimen de situaciones
administrativas y de remuneraciones que se establece en el proyecto para
los magistrados del Tribunal Supremo.
El reconocimiento de la tarea atribuida al Centro de Estudios Jurídicos
de la Administración de Justicia y el hecho de que la dirección,
programación, organización y coordinación de los planes de formación sea
asumida por profesionales con titulación adecuada y experiencia
suficiente en la actividad jurisdiccional es otra de las novedades
introducidas, yo diría que con gran acierto, en el trámite parlamentario
del Senado.
Señorías, esta reforma no afecta de ninguna manera, insisto, de ninguna
manera, al derecho fundamental de acceder a funciones y cargos públicos
en condiciones de igualdad, ya que no se establece limitación alguna en
las posibilidades de acceso de jueces y magistrados a cargos o funciones
políticas, y por tanto no se perjudica el ejercicio de derechos
fundamentales por parte de este colectivo. Los jueces y magistrados
pueden, sin dejar de pertenecer a la carrera judicial, acceder a todo
tipo de cargos públicos no judiciales, con la única consecuencia
jurídicamente razonable de que, tratándose de cargos incompatibles con el
ejercicio de la función jurisdiccional, el acceso a los mismos comportará
el cese en las situaciones de servicio activo.
Por otra parte, la participación en los asuntos públicos, en la doble
vertiente de ejercicio del sufragio pasivo o de presentación como
candidatos, es un derecho fundamental, según el artículo 23 de la
Constitución española, cuyo apartado 2 introduce los requerimientos de
igualdad en el acceso del artículo 14.
Ello nos lleva a que la regulación de lo que se pretende garantizar, la
independencia de jueces y magistrados, debe extremar las cautelas para no
restringir de modo excesivo el ejercicio de ese derecho fundamental. Es
un difícil equilibrio que, con el texto del proyecto, se consigue. Y,
además, conecta con el legítimo derecho a la carrera que, como
funcionarios, les corresponde.
Señorías, hoy es un día de cumplimientos, de compromisos. Y con esa
voluntad política, el Grupo Parlamentario Popular no podía dejar pasar la
oportunidad de saldar una deuda que este Grupo y el Gobierno al que
sustenta no habían contraído, pero que las responsabilidades de Gobierno
en este momento le obligan a saldar.
Desde 1985 estaba pendiente el reconocimiento como tribunal
consuetudinario y tradicional el Consejo de Hombres Buenos de la
provincia de Murcia. Hoy, con satisfacción y orgullo, y pese a que en 12
años no se tuvo voluntad, hemos introducido en la Ley Orgánica del Poder
Judicial este reconocimiento. Hemos saldado esta deuda y hemos cumplido
con nuestros compromisos.
Con la aprobación de este proyecto de ley en su conjunto demostramos que
hay otra forma de hacer política, otra forma de gobernar basada en el
cumplimiento de los compromisos que los partidos, que los grupos
parlamentarios, adquieren.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Prada.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador don Pello Caballero Lasquibar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, hemos escuchado con atención las alegaciones que contra este
proyecto se han realizado desde Izquierda Unida, y el núcleo que sostiene
su propuesta de veto se basa en una supuesta violación de un derecho
constitucional, en concreto, el contenido en el artículo 9.2 de la Carta
Magna.
Señorías, ningún derecho tiene carácter absoluto, sino que debe convivir
y encardinarse con otros derechos igualmente fundamentales de forma que
ni uno ni otro sufran una merma, sino que ambos derechos puedan convivir.
Por ello, no creo que pueda afirmarse que el derecho de participación en
la vida pública quede en sí mismo cercenado por este proyecto, sino que
queda compatibilizado con otros derechos, como es el de los demás a la
imparcialidad e independencia de la justicia.
Basándome en estos razonamientos, anuncio que votaremos en contra de la
propuesta de veto que ahora estamos debatiendo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo no puede estar de acuerdo con la propuesta de
veto presentada por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente por
cuanto el proyecto de ley que debatimos no infringe ni el artículo 9.2 de
la Constitución Española ni tampoco el artículo 23 del mismo texto legal,
ya que da las mismas facilidades a todos los ciudadanos y, entre ellos, a
los jueces y magistrados, para poder participar en la vida política. Y
tampoco limita a dicho colectivo el derecho fundamental a la
participación en asuntos políticos y su acceso, en igualdad de
condiciones naturalmente, a las funciones y cargos públicos.
Es obvio que a los jueces y magistrados, mientras estén en activo, les
esté vedada, incluso por la propia Constitución, su pertenencia a
partidos políticos o desempeñar cargos, precisamente para reforzar, como
dice la propia exposición de motivos del veto, los principios de
independencia e imparcialidad.
Son exactamente estas últimas características, señorías, las que
justifican la elaboración de un proyecto de ley como el que se debate,
que busca garantizar dicha confianza en la justicia y en aquellos jueces
y magistrados que han vuelto al ejercicio jurisdiccional después de haber
participado libremente en asuntos políticos y accedido a cargos públicos,
imponiendo --empleando precisamente las mismas palabras de la Ministra de
Justicia-- un período de espera antes de que puedan retornar al ejercicio
jurisdiccional para evitar que se produzcan indeseables situaciones en
las que la independencia y la imparcialidad de un juez o magistrado
puedan verse cuestionadas por razón de una reciente y relevante
participación en la vida política.
El voto favorable de nuestro Grupo para facilitar precisamente la
tramitación del presente proyecto de ley, que ya se expuso en su momento,
se fundamenta más en la oportunidad del proyecto de ley que en el
espíritu y en los principios del mismo, y porque era un compromiso que se
incluía en el programa electoral del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, que precisamente abarcaba impulsar el
establecimiento del Estatuto jurídico de los magistrados del Tribunal
Supremo, con el fin de garantizar su independencia al máximo y la plena
potestad para unificar criterios interpretativos, así como la integridad
del amparo constitucional. De ahí, nuestro voto en contra del veto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna a fijar la posición de mi Grupo parlamentario
respecto a la enmienda de veto formulada por el Senador Nieto Cicuéndez a
este proyecto de ley. Un proyecto de ley que, al ser remitido por el
Gobierno a las Cámaras, abordaba dos materias de muy distinta naturaleza:
el tratamiento procesal de la nulidad de actuaciones, por una parte, y la
repercusión en el Estatuto de los jueces y magistrados de la asunción por
éstos de cargos públicos ajenos a la Administración de Justicia, en
concreto cargos políticos, procurando solucionar el problema de la
repercusión del desempeño de dichos cargos a la hora de su retorno a la
actividad jurisdiccional.
Era una ley breve, de cuatro artículos, dos disposiciones transitorias y
una disposición final, pero una ley que, buscando dar solución a dos
problemas reales, auténticos, perfectamente definidos, lo hacía, en
nuestra opinión, de manera inadecuada e inconveniente. Por eso
presentamos en su día una enmienda de totalidad en el Congreso de los
Diputados.
Hoy el proyecto que vamos a debatir aquí ha cambiado, no sólo
morfológicamente --ya no tiene cuatro artículos, tiene nueve, una
disposición adicional, cuatro disposiciones transitorias--, sino también
en el contenido, en muchas cosas para mejor, en alguna no. Por eso no
presentamos, en esta Cámara, enmienda de veto y también por eso, porque
creemos que hay que abordar y dar soluciones a los dos problemas que
estaban en la génesis del proyecto, así como a otros posteriormente
incorporados a su contenido normativo, no apoyaremos con nuestro voto la
enmienda de veto que ahora estamos discutiendo. Ello no supone, sin
embargo, que el juicio global que nos merece el dictamen de la Comisión
sea positivo, muy al contrario.
Es cierto que el importante cúmulo de objeciones que nos planteaba la
reforma del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no sólo a
nosotros, sino también al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo
de Estado, etcétera, en relación con la efectividad de la tutela judicial
y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, en relación con el
principio de seguridad jurídica, en relación con los derechos de las
demás partes actuantes en el proceso, se ha disipado en gran medida al
estimar el Grupo Parlamentario Popular propuestas contenidas en nuestras
enmiendas y que estaban también reflejadas en el informe del propio
Consejo General del Poder Judicial. Es innegable que han aumentado las
garantías y se han prevenido los abusos.
La regulación del artículo 1 del proyecto de ley puede que no sea
instrumento suficiente para alcanzar todas las finalidades pregonadas en
la exposición de motivos, pero
es, al menos, un instrumento válido y conveniente para co-rregir el
problema que está en el origen de este apartado de la reforma.
Desde la oposición frontal que manifestamos al llegar el proyecto al
Congreso, nuestra posición ha cambiado sustancialmente y creemos que de
forma justificada.
La segunda parte del proyecto afecta al problema de la participación
política de jueces y magistrados, plenamente garantizada por los
artículos 9.2 y 23 de nuestra Carta Magna, pero que hay que
compatibilizar con el derecho del justiciable a una justicia
independiente e imparcial, que sea independiente e imparcial y que
aparezca como independiente e imparcial.
Conseguirlo sin obstaculizar el derecho del miembro de la carrera
judicial a participar en la vida política, haciéndolo además, como señala
el artículo 23.2 en relación con el artículo 14 de la Constitución, en
condiciones de igualdad, es el reto que tenemos por delante los
legisladores.
Veamos cómo la solución del proyecto afecta a las situaciones
administrativas de los titulares del Poder Judicial. A partir de la
entrada en vigor de la ley se va del principio contrario al aplicable
hasta ahora a todos los funcionarios, incluidos los miembros de la
carrera judicial, de que los jueces y magistrados que sean nombrados para
desempeñar cargos públicos representativos o de confianza no deben pasar
a la situación de servicios especiales, salvo los supuestos tasados
expresados en los ahora modificados artículos 351 y 352 de la Ley
Orgánica. La regla general encaminada a preservar la imparcialidad e
independencia de los jueces y magistrados que asumen cargos de confianza
política de rango superior al de director general, que ejercen el derecho
de sufragio pasivo compareciendo en cualquier tipo de proceso electoral,
es la aplicación de la situación administrativa de excedencia voluntaria,
en la que el funcionario judicial suspende su relación orgánica con la
Administración.
Hasta aquí, nos hemos mostrado en el Congreso y en el Senado conformes
con la regulación propuesta. Nuestra rotunda oposición se centra para la
solución, en materia de situaciones administrativas, que se propone para
los que cesan en cargo político o de confianza distintos de los regulados
en el artículo 352: los cargos electos representativos que finalicen su
mandato en el Parlamento Europeo, en las Cámaras o Asambleas Legislativas
o en corporaciones locales, los que en su día se presentaron no
resultando elegidos y, finalmente, los que acceden a la carrera judicial
en los tres años siguientes a su cese en la actividad política. Esa
situación administrativa que se contiene en el proyecto es la excedencia
forzosa que, hasta esta reforma en la carrera judicial, sólo se aplicaba
al supuesto de supresión de la plaza de la que sea titular el juez y
magistrado, cuando signifique el cese obligado en el servicio activo
--antiguo artículo 356.1-- y que supone, lógicamente, la plenitud de
derechos económicos y el abono a todos los efectos del tiempo
transcurrido en dicha situación.
Esta solución de aplicar a los cargos políticos que son jueces y
magistrados y que regresan de la política a su actividad profesional
supone, a nuestro juicio, una verdadera desnaturalización de la
institución. La excedencia forzosa está pensada para cuando se suprime
una plaza y el funcionario se queda sin puesto de trabajo que ocupar,
para el que ha sido suspenso por un tiempo determinado y reingresa en el
servicio activo, para el que vuelve en un momento determinado, por
ejemplo, de una situación de sanción y tiene que incorporarse sin existir
plaza en ese momento disponible en la relación de puestos de trabajo,
pero en ningún caso nos parece que sea la solución adecuada para este
problema. Y ello, además, teniendo en cuenta que la propuesta hace
referencia a tres años de permanencia en dicha situación en la que sólo
pueden regresar al servicio activo si concursan a plaza donde no se
ejerza potestad jurisdiccional.
Si es cierto que no debe restringirse excesivamente la presentación como
candidato de jueces y magistrados, ni gravarse en exceso la vuelta de los
no elegidos, mucho menos cabe primar con una situación profesionalmente
atractiva a éstos, porque pueden producirse candidaturas puramente
instrumentales. No lo dice el Grupo Parlamentario Socialista en esta
Cámara, son palabras textuales del informe del Consejo General del Poder
Judicial, cuyas alternativas han sido acogidas en nuestras enmiendas que,
en el turno que nos corresponde, explicaremos.
Cualquiera de las propuestas que hacía el órgano de gobierno de los
jueces nos resulta preferible a una salida desmesurada y absurda, que
desnaturaliza las situaciones administrativas de excedencia voluntaria y
forzosa y pone a disposición de la carrera judicial un régimen
singularmente privilegiado respecto al resto de los funcionarios, de
efectos presupuestarios y organizativos imprevisibles. Más breve y
escandalosa es la solución propuesta si intenta aplicarse a los que ahora
están ocupando cargos políticos en una situación de servicios especiales,
que es, lógicamente, a la que sabían que estaban abocados cuando se
presentaron a las elecciones o cuando aceptaron un cargo de designación
directa, y a los que sólo se les da veinte días para cesar en sus cargos
y reintegrarse a su plaza de origen, revisándose, en caso contrario, su
situación administrativa para pasar a excedencia evidentemente voluntaria
--entre comillas-- y tener la garantía de que al cesar, conforme a esta
ley, quedarán en excedencia forzosa...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Galán, termine, por
favor.
El señor GALAN PEREZ: Termino, señor Presidente.
...una excedencia forzosa a la que tantos funcionarios que están en la
política aspirarían: un trienio sabático con plenitud de derechos
económicos y cómputo a efectos de carrera administrativa y derechos
pasivos.
Como en los restantes artículos nuestra posición es en general favorable,
salvando el tema de las disposiciones transitorias, nuestra posición en
relación con el veto va a ser de abstención que, en modo alguno,
significa desinterés o apatía hacia el contenido de la Ley, sino que
deseo que se entienda como una posición de abstención activa.
Para terminar, quiero también agradecer a los servicios de la Cámara su
trabajo en la tramitación parlamentaria de este proyecto, que en este
caso puede claramente calificarse de impecable.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene la palabra el Senador Prada
Presa.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero unirme, como hicimos en el debate de la
Ley del Gobierno, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a la
felicitación a los servicios de la Cámara por la importante labor que han
venido realizando en la tramitación parlamentaria en el Senado de este
proyecto de ley.
Por las intervenciones que hemos oído en el turno de portavoces, quiero
agradecer la postura, compartida, como no puede ser de otra manera, por
el Grupo Parlamentario Popular, de rechazo del veto, y aunque nos consta
que puede haber discrepancias en la tramitación del proyecto de ley en el
debate que con posterioridad se abrirá para la defensa o rechazo de las
enmiendas, quiero agradecer a los grupos nacionalistas, al Partido
Nacionalista Vasco y a Convergència i Unió, su rechazo a este veto porque
nos parece a todas luces injustificado.
No estamos de acuerdo, evidentemente, con una postura de abstención,
porque sí es cierto, Senador Galán, que a lo largo de la tramitación
legislativa se ha producido un cambio en el texto remitido en su día por
el Gobierno al Congreso de los Diputados pero, a nuestro juicio, es un
cambio positivo y necesario.
Senador Galán, con una brillante argumentación jurídica, pero a su vez
embrollada, usted, evidentemente, ha llevado de forma muy diplomática a
una consideración que, en términos más claros, nos interesaría despejar.
En definitiva, ustedes quieren aplicar esta ley a unos ciudadanos, a unos
jueces --como he dicho en mi primera exposición-- que ustedes consideran
de segunda categoría, y quieren dejar fuera de esta normativa a los
actuales jueces o magistrados que estén desempeñando cargos públicos o
cargos políticos, a los que consideran como magistrados o jueces de
primera categoría, o como ciudadanos de primera categoría.
Lo que, inclusive, me parece más arriesgado y peligroso que estas
apreciaciones, que, evidentemente, no compartimos, es que desde su
posición ustedes están considerando --como lo hacía también el Senador
Nieto en su exposición en defensa del veto-- que dentro de este colectivo
de jueces y magistrados puede haber una serie de personas pícaras, o
pillas, o, incluso me atrevería a decir que ustedes pueden considerar
delincuentes a determinados miembros de este colectivo de jueces y
magistrados, porque piensan que, con el texto legal en la mano,
determinados jueces o magistrados se van a presentar a unas elecciones
municipales o autonómicas o de la clase que sea en un puesto de suplentes
para no salir y simplemente beneficiarse de tres años de excedencia
forzosa.
Pues bien, evidentemente, en cuanto a un colectivo tan importante y a
nuestro juicio tan respetado y tan respetuoso como debe ser el de los
jueces y magistrados, ese es un concepto que nosotros no compartimos.
Será su responsabilidad explicar esos conceptos y esas concepciones a la
sociedad española. Para nosotros, los jueces y magistrados constituyen un
colectivo muy serio que no va a jugar en absoluto a intentar buscar los
vericuetos que esta ley puede establecer y que debe establecer, porque
debe dar garantías a todos los que entren en el juego de la política,
bien sea en unas listas, en unos puestos de salida o incluso de suplente
en unas elecciones. Pero al ser un colectivo serio y, además, con un
condicionante a mayores, cualquier maniobra que se utilice por un juez o
magistrado siempre será revisable en el orden jurisdiccional, y el fraude
de ley, como su señoría sabe perfectamente, puede anular cualquier tipo
de decisión que inicialmente se hubiera adoptado en este sentido.
Lo que todavía nos parece más preocupante es que ustedes hayan dicho, y
no en esta tribuna, sino utilizando los medios de comunicación, que los
socialistas --y leo textualmente-- acusan a Mariscal --en este caso no se
refiere a ningún general, sino a la Ministra de Justicia-- de asegurarse
tres años de excedencia. O, por ejemplo, las palabras textuales y
entrecomilladas que ponen en boca del propio Senador Galán, que
manifiesta que esta ley se hace a la medida de la Ministra de Justicia
porque, cuando cese en su cargo, no tiene ganas de volver a su juzgado de
primera instancia. Me estoy refiriendo a la prensa, concretamente al
periódico «La Vanguardia» del pasado 16 de octubre, o al periódico «El
País», del mismo día. Pues bien, Senador Galán, señorías, esas
afirmaciones, y ustedes lo saben, no se ajustan a la realidad. Esas
afirmaciones son radicalmente falsas. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) Esas afirmaciones, como algún portavoz de mi Grupo ha
indicado, son unas afirmaciones indignas. Esas afirmaciones son muy
injustas y no se ciñen a la verdad, y le voy a decir por qué. Porque,
gracias incluso a la normativa que el Gobierno socialista estableció,
cuando una persona deja de ser ministro y se convierte en ex ministro
tiene dos años sabáticos, como usted acaba de referir, con lo cual no
tiene ninguna necesidad de apropiarse de los beneficios de esta ley. Lo
que queremos con esta ley, con la disposición adicional segunda, con la
enmienda número 47 que hemos introducido en el trámite parlamentario del
Senado, es que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Ustedes están haciendo una clase de jueces y magistrados como ciudadanos
de primera; nosotros hacemos a todos por igual.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Prada. (El señor Galán Pérez
pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Señor Presidente, intervengo por el artículo 87.
En relación con el supuesto interés de la Ministra por quedar incluida en
el ámbito de la ley y las declaraciones al respecto de este portavoz,
deseo decir al Senador Prada lo siguiente, en breves palabras.
En primer lugar, es evidente que nosotros no queremos hacer jueces de
primera o de segunda, queremos que esta situación se aplique a aquellos
que, a partir del día de entrada en vigor de la ley, optan por dedicarse
a la política, no a los que se presentaron a una elección pensando que
iban a quedar en servicios especiales y después volver a su plaza, que
iban a tener reservada.
En segundo lugar, a mí me parece lógico que a la señora Ministra o a
cualquier otro que pueda quedar incluido en el ámbito de aplicación de la
ley les guste y opten por la situación de tres años de excedencia
forzosa, con remuneración plena y computando ese tiempo a efectos de
carrera administrativa, porque es una situación privilegiada, señor
Prada. Además, ese juicio de intenciones que usted piensa que hacemos
nosotros es ya algo que nos venía absolutamente derivado de la propia
posición del inicial proyecto de ley. Lea el artículo 358 del proyecto,
como se remitió al Congreso, y ahí verá usted una regulación diferente
para los parlamentarios que son jueces y magistrados y otra distinta, más
beneficiosa, para los cargos políticos, como es el cargo de la señora
ministra.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Silencio. Gracias, Senador Galán.
Tiene la palabra el Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Hago uso de la palabra muy brevemente por el artículo 87. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor PRADA PRESA: Quiero decirle, simplemente, al Senador Galán que
lo que, en términos vulgares, se ha conocido como retroactividad o no de
la aplicación de esta ley es un tema que ya se debatió extensamente en la
Comisión de Justicia en la que el propio Senador socialista, el Senador
Galán, reconoció, efectivamente, que este proyecto legal no tenía efecto
retroactivo.
Senador Galán, no podemos referirnos en este debate en el Senado a un
texto que ha sido --como usted bien ha dicho al principio de su
intervención-- reiteradamente cambiado y ampliado y que se ha modificado
sustancialmente.
En este momento, el Grupo Parlamentario Popular ha introducido la
enmienda número 47, dando, precisamente, ese plazo de 20 días para que
aquellos jueces y magistrados, que en aquellas épocas se podían pasar a
la política en función de servicios especiales, pudieran retornar a sus
funciones jurisdiccionales y no les afectara esta ley. Ahora bien, una
vez que la ley entre en vigor, señorías, lo que no nos parece de recibo
es que se considere que los jueces y magistrados que actualmente ocupan
cargos de responsabilidad pública o cargos de responsabilidad política,
que pueden estar ahora en un mandato, que puede ser un mandato
legislativo o ejecutivo que puede ser renovado, puedan estar 20 años en
ese mismo mandato y que durante esos 20 años no les afecte este texto
legal.
A partir de la entrada en vigor de esta ley, cualquier juez o magistrado
que quiera participar en la actividad pública o política va a verse
afectado inmediatamente por esta ley. Usted puede definir esto como
quiera, pero evidentemente están haciendo una categoría de jueces de
primera, que están ajenos a este texto legal, y una categoría de jueces
de segunda, que es el colectivo completo que en este momento no está
participando en asuntos públicos o políticos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Prada.
Terminado el debate del veto vamos a pasar a efectuar su votación.
(Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, cinco; en contra, 133; abstenciones, 85.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos ahora al debate de las enmiendas. En primer lugar, quiero
comunicarles que, a continuación, no habrá votación de las enmiendas.
Simplemente, vamos a debatirlas y después suspenderemos el Pleno hasta
mañana. No obstante, vamos a dejarlas debatidas para mañana votarlas
inicialmente. (Rumores.)
Voto particular número 2 de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente. Silencio, por favor. (El señor Prada Presa pide la palabra.)
Senador Prada, tiene la palabra.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Por una cuestión de formalidad y para el conocimiento de los Senadores de
todos los grupos parlamentarios, quiero decirle que su señoría no ha
dicho a qué hora se va a iniciar el Pleno de mañana.
El señor PRESIDENTE: A las diez de la mañana.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Enmiendas números 5, 6 y 7 de los Senadores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente. (Rumores.)
Silencio, por favor. Salgan, pero en silencio. (Rumores.)
Silencio. (Rumores.)
Tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con brevedad voy a defender las enmiendas, puesto que éstas se
corresponden, de alguna manera, con el veto que teníamos planteado. Por
lo tanto, solamente voy a hacer algunas consideraciones al hilo del
debate que hemos tenido anteriormente porque --repito-- las enmiendas que
vamos a someter a votación tienen una relación directa con el veto.
Quería reflejar algunas cuestiones que ya había planteado a la hora de
defender el veto en torno a por qué esta ley no nos gusta, y es porque
tiene dos contradicciones evidentes. Por un lado, seguimos pensando que
roza --que es la expresión utilizada por mí en la defensa de las
enmiendas-- los derechos constitucionales a la hora de aplicar a este
colectivo globalmente una penalización para participar en la función
pública. Por otro lado, curiosamente, a los que ya están en la vida
política o puedan estarlo mañana por otros motivos se les da una prima de
tres años sabáticos, con derecho a ascensos, etcétera.
Ya he dicho que en todos los colectivos hay pícaros, también en el de los
jueces, igual que los hay entre los albañiles y en todas las profesiones,
porque no por ser juez se está exento de esa picaresca tan española.
En consecuencia, esta ley no corrige ninguno de los efectos que tenía
voluntad de corregir --uno de esos efectos era el que yo he denominado
«efecto Garzón»--, pero abre unos portillos que a nosotros nos parecen
enormemente peligrosos, y con las enmiendas que presentamos tratamos de
corregirlos.
En cualquier caso, como los argumentos ya están dados, sólo quiero
repetir que mantenemos las enmiendas y que al final votaremos en contra
de la ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto.
Voto particular número 5, que corresponde a las enmiendas numeros 1, 2 y
3, originariamente presentadas por el Senador Ríos Pérez. (Pausa.)
Tiene la palabra la Senadora Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Quiero dar por defendidas las enmiendas números 1 y 2, y retirar, en
nombre del enmendante, que pertenece al Grupo Mixto, la enmienda número 3
toda vez que dicha enmienda se halla de alguna manera incluida en la
enmienda transaccional que viene de Comisión, y que hace referencia a la
disposición adicional.
Nada más; muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Boneta.
Voto particular número 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos,
que corresponde a la enmienda número 8.
Tiene la palabra el Senador Caballero Lasquibar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente presentamos una única enmienda a este Proyecto de Ley
porque proponemos extender la condición de policía judicial a aquellos
funcionarios a los que la ley asigna el carácter de colaboradores de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, potenciando de este modo la
lucha contra todo tipo de contrabando, y muy especialmente el referido a
las drogas y al tabaco.
Fue la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, la que
desposeyó del carácter de policía judicial a los funcionarios del
Servicio de Vigilancia Aduanera, y este hecho ha traído innumerables
problemas de legitimación y legalidad en las actuaciones de estos
funcionarios, que a nuestro juicio deben de recomponerse y volver al
statu quo anterior para que de esta forma cuenten con los medios
jurídicos precisos para el cumplimiento de sus fines.
En el trámite seguido en la Comisión creo que se apreció esta disfunción
que denuncio, y que fundamenta nuestra enmienda. Si ello fuera así,
reclamamos la vuelta a aquel statu quo anterior, bien mediante la
aprobación de esta enmienda nuestra, bien mediante la modificación o
reforma de la norma matriz origen y causa de esta situación. La represión
del tráfico ilegal, y en concreto la de las drogas y el tabaco, bien
merecen esta actuación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Caballero.
Voto particular número 4, del señor Capdevila i Bas, que propone el
mantenimiento de la redacción inicial de la disposición transitoria
segunda, volviendo así al texto remitido por el Congreso de los
Diputados.
Tiene la palabra el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, Presidente.
Se propone por nuestro Grupo el voto particular número 4, tal como ha
anunciado el señor Presidente. Nuestra intención es que la redacción de
la disposición transitoria segunda del proyecto de ley que se debate
vuelva a la redacción inicial votada en el Congreso de los Diputados.
Entendemos que no es de recibo el que después de ser aceptada incluso una
enmienda propuesta por nuestro Grupo en el Congreso, se utilice el
trámite del Senado para introducir la enmienda número 47 por el Grupo
Parlamentario Popular, dando la vuelta al calcetín y exigiendo una
revisión de los casos ya mantenidos por jueces y magistrados, con unos
derechos y expectativas adquiridas con anterioridad a la vigencia del
presente proyecto de ley, de conformidad con la modificación de las
normativas propuestas por el presente proyecto de ley.
En definitiva, entendemos que lo que se ha venido en llamar «el mecanismo
de descontaminación» no puede exigírseles a aquellos jueces y magistrados
que, al entrar en vigencia el presente proyecto de ley, ya estuvieran en
los cargos públicos o ejerciendo las funciones políticas.
Nuestra enmienda, propuesta en su momento en el Congreso de los
Diputados, defiende el principio de seguridad jurídica y de la
irretroactividad de las disposiciones, bien afecten, tal y como hemos
manifestado, a derechos
adquiridos, bien a estas expectativas que, por lo demás, estaban
suficientemente consolidadas. Aquellos jueces y magistrados que
ejercieran determinadas opciones en base a una legislación vigente en
aquellos momentos, y suficientemente consolidada, no deben verse
perjudicados en este momento por esta modificación que la propia
jurisprudencia constitucional inclusive nos manda que se respete. De ahí
que pidamos el voto favorable a nuestro voto particular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Capdevila.
Voto particular número 3, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, que corresponde a las enmiendas números 32, 33 y 35.
Tiene la palabra el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo mantiene vivas en este acto tres enmiendas, las números 32,
33 y 35. En concreto, la enmienda número 32 es de nuevo cuño, presentada
en el Senado, y modifica muy puntualmente el apartado l bis, letra b),
del párrafo segundo del artículo 311 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Con ello se pretende incluir el colectivo de miembros de la
carrera del secretariado judicial con diez años de servicios efectivos
como forma de acceso a la carrera judicial. Creemos que los miembros de
la carrera del secretariado judicial, ya de por sí con unos amplios
conocimientos de todos los temas judiciales, y con un máximo bagaje
exigido durante estos diez años de servicios efectivos, se hallan
sumamente capacitados para el acceso a la carrera judicial. Es, pues, un
justo reconocimiento a la preparación jurídica de los integrantes de este
colectivo que pertenecen a una de las tres carreras técnicas de la
Administración de Justicia.
En cuanto a la enmienda número 33, se trata asimismo de una enmienda de
nueva redacción al artículo 6 del proyecto de la ley que debatimos, y
hace referencia al artículo 482 de la propia Ley Orgánica del Poder
Judicial.
Ello conlleva, por un lado, una corrección técnica en la línea tercera
que consigna la frase «cuerpos de secretarios judiciales» que debe ser
sustituida por «miembros de la carrera del Secretariado Judicial», y en
la línea sexta, sustituir la palabra «cuerpo» por «carrera».
Por otra parte, se modifica el resto de dicho párrafo primero del
artículo 482 en el sentido de introducir también un mecanismo para el
nombramiento de secretarios judiciales sustitutos para sustituir, valga
la redundancia, a los titulares de las distintas categorías en los
supuestos de enfermedad por un período superior a un mes, por licencia de
embarazo, atención o cuidado de hijos menores, por la concesión de
comisión de servicios o servicios especiales, o cualquier otra
circunstancia que provoque una ausencia del titular por dicho período y,
por tanto, no puedan cubrirse las plazas por el sistema ordinario, y
previéndose al inicio de cada año judicial por el Ministerio de Justicia
con el añadido «in voce» que se propuso en la Comisión, oída
preceptivamente la Comunidad Autónoma afectada, se propone la publicación
de una relación de personas referidas a los Tribunales Superiores de
Justicia que reuniendo los requisitos exigibles para poder tener acceso a
la carrera del Secretariado judicial, puedan prestar servicios como
secretarios judiciales sustitutos. Se propone un sistema que evite las
disfunciones por vacantes de secretarios judiciales.
Por último, en cuanto a la enmienda número 35, nuestro Grupo presenta un
nuevo artículo 7 al proyecto de ley que se debate y referida al apartado
segundo del artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el que
se incorpore un precepto del cual se desprende la posibilidad de que los
Letrados de las Administraciones Públicas de ámbito territorial superior,
es decir, Diputaciones, Consejos Comarcales, puedan representar y
defender en juicio a los entes locales, toda vez que los servicios
jurídicos de las referidas Administraciones Públicas ya tienen en la
actualidad atribuidos legalmente cometidos de asesoramiento jurídico.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el Senador González Pons, en
Comisión, sin desdeñar la conveniencia de dicha enmienda, la rechazó
simplemente por considerar que su ubicación más ajustada hubiera sido el
Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones
Públicas. En el artículo 447, apartado primero, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, se hace referencia precisamente a la representación y
defensa de varias instituciones, entre ellas, la del Estado y sus
Organismos Autónomos y, asimismo, a la representación y defensa de las
Entidades Gestoras de la Tesorería General de la Seguridad Social,
etcétera.
Por tanto, entendemos que esta enmienda que propone nuestro Grupo, tiene
perfecto encaje en dicho artículo. Por ello, solicitamos se vote a favor
por los Senadores de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Capdevila.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, que propone
el mantenimiento de la redacción inicial de la disposición transitoria
segunda, volviendo así al texto remitido por el Congreso de los
Diputados.
Tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a defender conjuntamente los dos votos particulares que mi Grupo
presenta al dictamen de la Comisión.
El primero, el número 6, es para mantener efectivamente el texto remitido
por el Congreso de los Diputados en la disposición transitoria segunda
del dictamen. El Senador Capdevila se refería a él, y nosotros
compartimos la solución adoptada en el Congreso en base a esa enmienda
transaccional sobre la citada disposición transitoria del propio Grupo de
Convergència i Unió porque nos parece una solución indudablemente mucho
más razonable.
En cuanto a las enmiendas concretas y específicas al texto del proyecto,
no voy a reiterar los argumentos ya
citados en Comisión a favor de las mismas, ni me voy a referir a
defectos, bien de orden sistemático, bien de criterio técnico, que en
modo alguno condicionan nuestro apoyo o nuestro rechazo al proyecto. Me
voy a centrar en aquellas enmiendas que sí son decisivas para nuestra
posición en relación con esta iniciativa legislativa.
Creemos, por ejemplo, que es correcta la solución dada de promover una
situación administrativa de excedencia voluntaria para los miembros de la
carrera judicial que pasen a la carrera política, bien para ocupar cargos
de confianza de rango superior, como pueden ser los de Director General,
Ministro, Consejero de Comunidades Autónomas, Secretario de Estado o
Subsecretario, bien para ocupar cargos de representación popular, pero
creemos que es inadecuado que, una vez se haya acabado su mandato o bien
no hayan resultado elegidos en la comparecencia electoral, todavía de
manera mucho más escandalosa y equivocada tengan que estar tres años en
una situación de excedencia forzosa, lo que no sólo supone una
desnaturalización del régimen de esta situación administrativa con
carácter general, sino que representa, a mi juicio, un privilegio
exorbitante en relación con el resto de los funcionarios.
Nos parece una solución más acertada y más sensata el que reingresen al
servicio activo, pero eso sí, no a su plaza de procedencia, no a aquella
plaza que pudiera haber estado en el origen de su paso a la carrera
política o que pueda verse condicionada por la vuelta de ese juez o
magistrado después de su actividad política, sino a la plaza que le
asigne el Consejo General del Poder Judicial previo informe de la Sala de
Gobierno del orden jurisdiccional correspondiente, plaza en la que sí
debe permanecer ese período de tres años citado con las mismas
limitaciones, es decir, con la única posibilidad de concurrir a aquella
plaza que no suponga el ejercicio de la facultad jurisdiccional.
Piensen sus señorías, por ejemplo, en un juez de la Sala de lo
Contencioso de la Audiencia de Barcelona o del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña que ocupa plaza en la corporación municipal y es
durante cuatro años concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Es obvio que
no debe volver a su plaza de procedencia, y también es correcto que se
haya dispuesto incluso de esa plaza al haber quedado vacante desde el
mismo momento de su incorporación a la vida política, pero, ¿habría algún
inconveniente para que quedara asignado, por ejemplo, a un juzgado de
vigilancia penitenciaria, a un juzgado de familia o a cualquier otra
plaza que el Consejo General del Poder Judicial considere adecuada previo
informe de la Sala de Gobierno del orden jurisdiccional correspondiente?
Señorías, lo demás nos parece una solución equivocada, una solución
errónea, una solución disparatada y escandalosa para el resto de
funcionarios públicos que ocupan cargos políticos, una solución, además,
con consecuencias, no sólo presupuestarias, sino también organizativas
realmente imprevisibles.
Desde el punto de vista de esta finalidad que la ley persigue, de
compatibilizar el derecho a la participación política con la garantía
para el justiciable de una justicia imparcial e independiente, podría ser
más eficaz ampliar las causas de abstención y recusación para que,
después de que el juez o magistrado haya vuelto a la carrera judicial, en
modo alguno pudiera hablarse de contaminación, de condicionamiento en su
actuación jurisdiccional como consecuencia de su anterior desarrollo de
una actividad política.
A eso se encaminan nuestra enmienda número 18, que lleva algo más allá la
ampliación ya formulada y recogida en el apartado 12 del artículo 219 de
la Ley Orgánica en el texto del proyecto.
Como hemos señalado desde el principio, aparte de estos temas, el
proyecto de ley aborda otros diferentes. Sobre éstos, nuestras objeciones
son mínimas. Por otro lado, en cuanto al derecho transitorio, a la
aplicabilidad de la ley en relación con la disposición transitoria
tercera, no vamos a discutir aquí sobre retroactividad o
irretroactividad. Es clara la doctrina de nuestro Tribunal
Constitucional, que en eso sigue claramente la tesis del Tribunal Federal
alemán. Pero, a nuestro juicio, en todo caso, si se aplican, por ejemplo,
las previsiones contenidas en el artículo 348 bis de la Ley a los
Presidentes de Sala actuales del Tribunal Supremo, que cuando fueron
nombrados lo fueron sin ninguna limitación temporal, al menos se les
debería dar la posibilidad de poder optar a vacante en Sala distinta de
aquélla en la que han ejercido su Presidencia.
Señorías, creo sinceramente que con esta ley cumplen su programa
electoral, cumplen con un compromiso del Presidente Aznar en su discurso
de investidura, pero no abordan el problema de fondo, que es el papel
actual del Poder Judicial en la vida política de una sociedad
democrática. Frente a los que creyeron --que fueron muchos-- que tras la
espectacular autodisolución del comunismo en el II Centenario de la
Revolución Francesa la democracia, como forma de ordenación de las
sociedades humanas, había pasado a ser un paradigma indiscutido, la
realidad nos muestra cada día que de nuevo hay riesgos, hay acechanzas
que asedian a la propia democracia incluso desde dentro del propio
sistema.
Hay unos nuevos poderes emergentes capaces de rivalizar con el Estado en
su capacidad de influencia sobre las personas y las cosas --en concreto,
el poder económico y el poder mediático--, que han roto el tradicional
equilibrio entre los poderes del Estado. Hay sustanciales modificaciones
sobre esos equilibrios, que venían manteniéndose tal cual desde la II
Guerra Mundial hasta ahora; evidentemente, con un cierto predominio del
Poder Ejecutivo sobre los otros dos Poderes, y que los que llevamos
muchos años trabajando parlamentariamente hemos podido constatar
paladinamente.
Hoy hay hechos importantes nuevos. Por un lado, la confusión creciente
entre interés privado e interés público, lo que se traduce en políticas
vinculadas a grupos de intereses en menosprecio de los intereses
colectivos.
En segundo lugar, la hegemonía ideológica del poder económico sobre la
base de las ideas de competitividad y eficiencia, lo que hace hablar a
muchos de la llegada al pensamiento único.
En tercer lugar, el paso de una sociedad opaca a una sociedad
transparente, en la que toda coartada es siempre provisional y las zonas
de impunidad política se ven, por fortuna, cada vez más reducidas.
Como consecuencia de todo ello, el Poder Judicial ha adquirido un
protagonismo inusitado. Desde 1989 hasta nuestros días, la Justicia no ha
dejado de conquistar día a día nuevos espacios en la escena pública
acrecentando la visibilidad de su poder, que es una forma de añadir poder
al poder. Hacia el Poder Judicial se han desplazado conflictos que antes
se encauzaban en la vía política y que los políticos no hemos sabido
encauzar en las vías tradicionales. Hacia el Poder Judicial se ha
desplazado la confusión entre lo público y lo privado, y el movimiento de
los focos mediáticos ha hecho inevitable intervenciones judiciales que
han puesto ante los ojos de los ciudadanos el interés y la observancia
sobre el funcionamiento de los miembros de ese propio poder del Estado.
Para terminar, quiero decirle al señor Prada y al Grupo Parlamentario
Popular que, en modo alguno, nuestra posición oculta una mala
consideración de los jueces como Cuerpo, como miembros de un poder del
Estado, el no confiar, el pensar en que puedan hacer uso de un privilegio
que van a tener a su disposición en base a auténticos abusos de derecho o
fraudes de ley.
Sencillamente, creemos, señoría, que la psicopatología del poder no es
algo que afecte sólo a los políticos, sino también a los jueces y, como
decía el clásico: soy humano y nada de lo humano me es extraño, nada de
lo que es humano, es ajeno a los jueces.
Es cierto que el juez no es un órgano ciego y automático de aplicación de
las leyes, pero tampoco puede ser en ningún caso el señor del Derecho en
una sociedad libre e igualitaria. Todos sabemos que la tela que separa al
verdadero juez del justiciero es tan tenue como la que separa la
democracia de la demagogia o el populismo del fascismo. Todos debemos
procurar que esa tela no se traspase.
Quiero agradecer a sus señorías la aceptación de enmiendas importantes y,
sencillamente, amonestar a los que se han querido apuntar logros que
están en la Ley desde iniciativas que eran del Grupo Parlamentario
Socialista. Es cierto que se ha saldado una deuda con el Consejo de
Hombres Buenos de Murcia, a los que hemos tenido aquí esperando este
debate como agua de mayo, pero no es menos cierto que en el año 1985 las
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara no pretendían
incluir en el artículo 19 de la Ley Orgánica el Consejo de Hombres
Buenos, sino, por el contrario, suprimir de dicho artículo el Tribunal de
las Aguas de Valencia, y el señor González Pons lo sabrá muy bien porque
es un tema que le afecta.
Agradezco todo lo que de positivo hemos podido lograr con esta ley y
lamento realmente que un enfoque, a mi juicio, cegato, absolutamente
equivocado y erróneo del fondo del problema les haya hecho intentar matar
moscas a cañonazos y generar futuros problemas en el desenvolvimiento de
la carrera judicial que, desde la reflexión, el diálogo y el
entendimiento hubiéramos podido con toda seguridad resolver en esta
Cámara.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Galán.
En turno en contra, tiene la palabra el Senador González Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, permítanme que empiece esta intervención felicitando al Senador
Galán por la intervención con la que acaba de precederme en el uso de la
palabra y, particularmente, por la reflexión que ha realizado en términos
de filosofía política respecto de las razones que históricamente
justifican algunas de las situaciones que estamos viviendo, no sólo en
España, sino también en otros países de nuestro ámbito cultural y
político. Pero discrepo en este sentido con el mismo, respecto de que
esta ley no entre en el fondo de la cuestión planteada. Muy al contrario,
la intervención del Senador Galán, en relación con lo que ha sucedido en
España en los últimos trece años, es precisamente lo que justifica la
razón de la ley que en este momento estamos presentando.
No diga, Senador Galán, que no abordamos el problema a fondo, cuando
tanto usted, en Comisión, como sus compañeros en el Congreso de los
Diputados, si algo han dicho repetidamente, es que con lo que coinciden
es con el fondo de la ley. Yo coincido con el pórtico de su intervención
porque estoy convencido de que ambos coincidimos en el fondo y en la
necesidad y la oportunidad de la ley.
Con muchísima brevedad procuraré responder a las enmiendas que han sido
presentadas, no a todas porque algunas creo que ya fueron debidamente
respondidas en Comisión y otras ni siquiera han sido mencionadas en estos
turnos a favor de ellas.
En primer lugar, respecto de la enmienda número 8, presentada por el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, reitero los
argumentos de Comisión señalando que, efectivamente, entendemos cuál es
el problema pero que no vemos que sea ésta la ocasión oportuna, desde un
punto de vista legislativo, para incorporar una enmienda en este sentido.
Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, estamos en la misma situación. Hemos introducido en
el texto de la ley múltiples enmiendas de este Grupo Parlamentario, y en
este momento sólo quedan tres. De estas tres, dos de ellas, que hacen
referencia a los secretarios judiciales, requerirían de una reforma más
amplia del texto legislativo que estamos tratando, y en cuanto a la
última, sigo entendiendo, Senador Capdevila, que debería estar mejor
ubicada en la Ley de Defensa Jurídica del Estado, desde un punto de vista
puramente técnico.
Entrando en las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, ahorraré
también a sus señorías los pormenores respecto de todas y cada una de
ellas, porque todas y cada una de ellas fueron pormenorizadamente
debatidas en el debate que se produjo en la Comisión, y me centraré en lo
que ha sido el nudo del discurso del Senador Galán, es decir, en la
situación en la que quedan los magistrados y jueces tras su paso por la
vida política. Quisiera
empezar clarificando de alguna manera la cuestión, porque a lo largo del
debate muchas veces se diluye y se confunde.
Señorías, nos encontramos ante dos sistemas distintos de resolver un
mismo problema: el sistema que plantea el Partido Socialista Obrero
Español y el sistema que propone el Gobierno y que en este momento cuenta
con el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados, no lo
olvidemos, y casi seguro también el respaldo mayoritario de esta Cámara.
Esos dos sistemas coinciden en los objetivos, coinciden en el fondo,
coinciden en la necesidad, y las diferencias se reducen al método.
Sabemos a dónde queremos ir, y la diferencia es únicamente hacia dónde
queremos ir. Me parece importante que esto también sea puesto de
manifiesto, porque tener claro que sabemos a dónde queremos ir, que
coincidimos en el diagnóstico de la partida y que coincidimos en el
objetivo y sólo discrepamos en el camino minimiza, y mucho, algunas de
las discrepancias y frases altisonantes que se producen a lo largo del
debate.
Diré también que, habiendo dos sistemas, dos caminos, a nosotros, como es
natural, no nos gusta el que propone el Partido Socialista Obrero Español
y nos gusta más el que propone el Gobierno y que en este momento es
respaldado, insisto, por la mayoría del Congreso de los Diputados y,
probablemente, también por la mayoría del Senado.
En síntesis, el sistema propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista
consiste en que el juez que haya pasado por la vida política sea asignado
por el Consejo General del Poder Judicial a un nuevo destino en el que,
presumiblemente, no tenga que ver asuntos relacionados con su paso por la
vida política. Este sistema está pensado desde el punto de vista del
magistrado, de defensa de los intereses profesionales del magistrado,
pero no desde el punto de vista de los intereses del justiciable, no
desde el punto de vista del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
Porque el Consejo General del Poder Judicial puede entrever qué juzgado o
qué destino tiene un tipo determinado de casos o lleva un tipo
determinado de asuntos, pero el Consejo General del Poder Judicial no
puede entrar en un turno de reparto y no puede prever en tres años qué
tipo de asunto que directa o indirectamente esté relacionado con la vida
pública pueda entrar en el juzgado donde esté ese juez que fue político.
En definitiva, el sistema del PSOE viene a querer decir: Si un político
fue magistrado, por ejemplo, de la Audiencia Nacional, que no vuelva a la
Audiencia Nacional. Pero la realidad de los últimos años nos ha
demostrado que las liebres saltan en cualquier parte y que casos
relacionados con la política se han tenido que ver desde los juzgados de
Alicante hasta los juzgados de la Plaza de Castilla, de Madrid.
Nuestro sistema pretende garantizar, principalmente, el interés del
justiciable, y pretende dejar al juez que ha pasado por la política en
una situación de excedencia forzosa durante la cual, no ejerciendo la
jurisdicción, no pueda en ningún caso perjudicar ningún asunto judicial
del cual pudiera tener que entender en el ejercicio de su trabajo
ordinario.
Nosotros, comparando los dos sistemas, entendemos que al Partido
Socialista no le guste el nuestro, después de todo, son la alternativa de
gobierno. A nosotros no nos gusta el de ellos. Lo que nos resulta
incomprensible es que, coincidiendo en el diagnóstico, coincidiendo en el
problema de fondo, coincidiendo en el destino y discrepando sólo en el
camino por el que vamos a transitar, se produzca una oposición al
proyecto tan virulenta que parece más marcada por objetivos políticos que
por la propia realidad que estamos abordando o por la propia realidad de
nuestra justicia.
Estamos oyendo hablar constantemente de que nosotros queremos aplicar
retroactivamente las medidas que proponemos en este texto legislativo.
Señorías, nada más falso. Aplicación retroactiva sería que lo aplicáramos
a jueces que un día estuvieron en el Gobierno del Partido Socialista y
hoy puedan estar ejerciendo de nuevo sus magistraturas judiciales.
Nosotros, lo que queremos es que la ley que hacemos hoy se aplique desde
hoy. Y lo que no entendemos es por qué una ley que se hace hoy no se
puede aplicar desde hoy. Por qué a los jueces que hoy están en política
no se les puede aplicar la misma ley que a los jueces que mañana se
encontrarán en política. Es como si el legislador dijera: voy a legislar,
pero no para la realidad, sino para el futuro que pudiera producirse. Es
como si el legislador decidiera renunciar a una parte de su capacidad de
transformación de la realidad. Es, simple y llanamente, establecer una
excepción en la aplicación de la ley que no está justificada, no puede
estar justificada en ningún principio material del derecho.
Pero no sólo critican lo que llaman «aplicación retroactiva de la ley»,
que, en realidad, es aplicación simple de la ley al tiempo que la ley es
aprobada. Es que, además, y con todo el respeto, entiendo que están
interviniendo en este texto con dos caras. Están interviniendo en este
texto con dos lenguas. Están interviniendo en este texto con dos hablas.
En este texto están poniendo una vela a Dios y otra vela al diablo a ver
si con una y otra se incendia el templo en el que se encuentran. (La
señora San Baldomero Ochoa: ¡Muy bien!)
En este sentido, señorías, nos encontramos con que el discurso del
Partido Socialista del Congreso de los Diputados es radicalmente distinto
del discurso del Partido Socialista del Senado. Lo que decían de esta ley
en el Congreso de los Diputados nada tiene que ver con lo que dicen de
esta ley en el Senado.
Señorías, el Diputado Jover decía en el «Diario de Sesiones» del Congreso
de los Diputados que nuestro sistema de evitar la politización de la
justicia era disparatado. El Senador Galán entiende que es un beneficio
desmesurado. El Diputado Jover entendía que nuestro sistema es un sistema
injusto. Y ahora habrá que explicar por qué el Senador Galán entiende que
un sistema injusto es un beneficio desmesurado.
El Diputado Jover, señorías --consta en el «Diario de Sesiones» del
Congreso--, pensaba que era un sistema discriminatorio para los jueces a
los que se les iba a aplicar.
El Senador Galán, en esta misma tribuna, entiende que para esos jueces a
los que se les va a aplicar es un beneficio desmesurado.
El Diputado Jover, señorías, entendía que se trataba de un sistema inútil
para los magistrados a los que se les iba a aplicar. El Senador Galán,
señorías, en esta tribuna, entiende que estamos ante un beneficio
desmesurado.
Pero, llegando más lejos, el Diputado Jover, en el Congreso de los
Diputados, como consta en el «Diario de Sesiones», entendía que el
sistema que tratamos de imponer, que tratamos de que conste en la ley,
limitaba el derecho fundamental de participación política, y hacía de
esta limitación del derecho fundamental de participación política la base
principal de su argumentación contra el proyecto del Gobierno. El senador
Galán en esta tribuna considera que estamos ante un beneficio
desmesurado.
¿Alguna vez, señorías, un beneficio desmesurado ha sido una limitación de
un derecho fundamental? ¿Alguien puede entender que limitar un derecho
fundamental supone un beneficio desmesurado para alguien?
Señorías, no me parece que se deban utilizar dos argumentos que resultan
contrarios a la vez y, encima, pretender seguramente que son
progresistas.
Yo recuerdo, si me permiten la broma que rebaja el tono, la historia de
un ginecólogo italiano procesado por estafa que cuando entraban en su
consulta los padres, en épocas en las que no existía la ecografía,
necesitados de saber el sexo del niño que iban a tener, les decía: niño,
y en la cartulina apuntaba niña; o les decía: niña, y en la cartulina
apuntaba niño. Cuando se había producido el parto, si había acertado, los
padres volvían agradecidos; si no había acertado, él tenía para exhibir
la cartulina donde había apuntado justo todo lo contrario de lo que les
había dicho a los padres. Este ginecólogo fue procesado por estafa.
Decir una cosa en el Congreso de los Diputados y otra cosa en el Senado,
decir una cosa en público, una cosa en la prensa y apuntar otra es, si me
lo permiten, una traición de la misma magnitud. Señorías, en política
también es una estafa decir una cosa y apuntar otra.
El Grupo Parlamentario Popular va a mantener el programa de Gobierno, va
a mantener el compromiso de investidura, aún a costa quizá de perder una
votación en el Congreso de los Diputados, porque ese Grupo que está ahí,
señorías, tiene una sola palabra.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador González Pons.
Turno de portavoces. ¿Por el Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? El Senador
Caballero tiene la palabra.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo tan sólo para retirar la enmienda número 8 de mi Grupo
Parlamentario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Caballero.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? El
Senador Capdevila tiene la palabra.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar nuestro posicionamiento en el presente debate de
proposición de ley en el sentido de que nuestro Grupo va a votar
favorablemente el proyecto de ley de modificación de Ley Orgánica del
Poder Judicial, hecha la salvedad, claro está, de la disposición
transitoria segunda, que ya anunciamos vamos a votar en contra y,
naturalmente, votaremos a favor del voto particular número 6 del Grupo
Parlamentario Socialista, que está en la misma línea que el nuestro.
Nuestra postura respecto al proyecto de ley que debatimos ya la hemos
manifestado con ocasión de debatir el veto, en el sentido de que nuestra
valoración va más a la oportunidad del proyecto, repetimos, que al
espíritu y principios del mismo.
No obstante, respecto a la posición del Grupo Parlamentario Socialista,
en cuanto a la enmienda 16, entendemos que si bien la solución propuesta
por el Grupo Parlamentario Popular en el propio articulado no es una
solución perfecta, la solución arbitrada por el Grupo Parlamentario
Socialista en cuanto a la excedencia forzosa tampoco nos convence y tiene
también sus incovenientes. Por ello votaremos a favor de la propuesta del
Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Capdevila. ¿Grupo
Parlamentario Socialista? El Senador Galán tiene la palabra.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero empezar agradeciendo los elogios del Senador González Pons, aunque
en esta ocasión no pueda hacerle los mismos a él, porque si bien ha
intervenido con su brillantez acostumbrada, sin embargo, en cuanto al
contenido, ha cometido errores y errores de bulto.
En modo alguno se puede llamar traición del Grupo Parlamentario
Socialista a sus principios o a esta ley o a sus compromisos
parlamentarios, porque en el Congreso se haya puesto énfasis en ciertos
aspectos de la ley y aquí se haya puesto en otros, justificadamente en un
caso y en otro. Pero es evidente que, tanto en el Congreso como en el
Senado, lo que hemos criticado ha sido que, por una parte, una regulación
que quiere limitar el ejercicio de un derecho constitucional en relación
con la actividad política de los jueces, dentro del marco de la
Constitución --si estuviéramos hablando de inconstitucionalidad en esta
regulación, nuestro grupo habría anunciado ya la presentación
del correspondiente recurso, etcétera--, igual que la tienen los
militares, etcétera, sin embargo, supone con la solución de excedencia
forzosa retribuida y con cómputo de tiempo a efectos de carrera
administrativa un privilegio exorbitante.
No hay ninguna contradicción entre calificar, como hizo el Senador Jover,
de disparatado el proyecto en el Congreso y que yo hable de que otorga
beneficios desmesurados. Evidentemente, es disparatado porque otorga
beneficios desmesurados. Es decir, hay una absoluta falta de coherencia
en la utilización de una situación administrativa pensada exclusivamente
para los supuestos en que el funcionario vuelve al servicio activo porque
ha estado suspendido, porque ha estado en excedencia voluntaria, porque
ha desaparecido su plaza y, entonces, la Administración tiene que
retribuirle y no puede darle ocupación, con un supuesto donde lo que hay
es que preservar, como decía el Senador González Pons, ese derecho de los
justiciables a la tutela jurisdiccional.
Yo creo, señor González Pons, que en relación con el lenguaje, el que ha
utilizado el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y en el Senado
ha sido igualmente correcto. El lenguaje que ha utilizado hoy, aquí y
ante la prensa, ha sido absolutamente el mismo. Decir que no entendemos
esta regulación que, indudablemente, supone al mismo tiempo una razonable
limitación y condicionamiento del ejercicio de un derecho constitucional,
pero, al final, representa un privilegio absurdo, exorbitante,
disparatado y, encima, intentar que eso se aplique, no ya sólo a los que
en el futuro opten, en esas condiciones, por aspirar a un cargo político,
por dedicarse a ese servicio a la comunidad que es ejercer un cargo
público, sino también a los que, en su día, aceptaron ese cargo de
representación popular, ese mandato de los ciudadanos o aceptaron ese
cargo de designación directa en unas condiciones y sobre unas bases
absolutamente diferentes, no puede considerarse, en modo alguno, como una
acusación de doble lenguaje, una acusación de posiciones diferentes.
Me ha extrañado, Senador González Pons, que usted que está implicado en
la reforma del Senado, con esa acusación estaba negando el carácter de
esta Cámara; pues segunda lectura, lo sabe usted muy bien, no significa
leer dos veces la misma cosa, significa volver a reflexionar, enriquecer
el texto.
Si analizan ustedes el dictamen de la Comisión que hoy debatimos, verán
las vueltas que se le ha dado al texto inicial; eso sí que es, entre
comillas, una traición al proyecto del Gobierno, no se parece en nada a
lo que remitió la señora Ministra, aquéllo era bastante peor en algunos
aspectos. En modo alguno le puedo aceptar esa acusación que, pese a
hacerla con la brillantez acostumbrada, no tiene solidez alguna.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Galán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador González
Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Empiezo señalando que el hecho de que esta Cámara sea de segunda lectura
no quiere decir que para las fuerzas políticas constituya una Cámara de
incoherencias. Yo no pretendo que segunda lectura signifique leer lo
mismo, lo que sí espero de fuerzas políticas que han gobernado y tienen
aspiración de volver a gobernar algún día, es que sean capaces de
mantener el mismo discurso en una Cámara y en otra, porque si no se
mantiene el mismo discurso en estas dos Cámaras, que están separadas
apenas por mil metros la una de la otra, resultará imposible mantenerlo a
lo largo de todo el Estado español, iremos a un fraccionamiento de
discursos que probablemente, perjudicando al primer partido de la
oposición, desde nuestro punto de vista, perjudica también al sistema de
partidos.
Senador Galán, yo voy a darle mi interpretación de lo que creo que ha
pasado, con franqueza y con sinceridad. El Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados se opuso al proyecto. El proyecto de ley
estableció un sistema que no es ninguna bicoca para los jueces y
magistrados, y así se manifestó en el «Diario de Sesiones» que ahora voy
a leer. Cuando el proyecto llegó al Senado, Cámara en la que el Gobierno
dispone de mayoría absoluta, y la Ministra dijo: quiero tener el gesto de
que este sistema, que en principio no es una bicoca para jueces y
magistrados, se me aplique a mí la primera, ustedes quisieron quebrar
ante la opinión pública y ante la prensa este gesto que había tenido la
Ministra de Justicia, quisieron que no se percibiera cuál es el tipo de
educación que gastan los jueces que participan con el Partido Popular, y
la forma de hacerlo fue desacreditar el sistema, pero no por la vía por
la que lo habían hecho anteriormente, sino por la vía por la cual podían
desacreditar la posición personal que mantenía la Ministra. Entonces
surgió la historia del beneficio desmesurado.
Yo voy a apelar, Senador Galán, a su condición de jurista, y, a estas
horas ya, a la de la mayoría de los presentes, y le voy a leer
textualmente lo que decía su Grupo en el Congreso de los Diputados.
«Diario de Sesiones» de Pleno y Diputación Permanente de 26 de junio de
1997, página 4.844, Diputado Jover Presa: Es absolutamente
desproporcional --decía-- en función de los fines que se pretenden
conseguir, es desproporcionado porque limita de una manera excesiva un
derecho fundamental, el derecho de acceso a cargos y funciones públicas
que reconoce el artículo 28 de nuestra Constitución.
Una limitación de un derecho fundamental, que es lo más importante para
cualquier persona, que es lo que convierte a un individuo en ciudadano,
Senador Galán, desde un punto de vista jurídico, nunca es un beneficio
desmesurado, lo explique como lo explique. Quisiera de verdad que el
Grupo al que usted representa mantuviera siempre el mismo discurso y en
todas partes igual, porque significaría que para el día que este Gobierno
lo necesitara existe una alternativa.
Siento que no sea así.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Pons. (El señor Galán
Pérez pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Galán, por tiempo de dos minutos.
El señor GALAN PEREZ: Señor Presidente, por el artículo 87, procuraré ser
breve.
Señor González Pons, la confianza en la señora Ministra no es algo que se
haya quebrado por parte de este Grupo aquí y a la hora de debatir este
proyecto de ley; hace ya mucho tiempo que se había quebrado.
Personalmente, y usted sabe que yo suelo dar mucho margen de confianza a
todo el mundo, se quebró el día que leí este proyecto.
El artículo 358 dice, y voy a leer yo también: Los jueces y magistrados
en excedencia voluntaria por interés particular, por hallarse en servicio
activo en otro cuerpo o escala de las Administraciones públicas o de la
carrera fiscal, por ser miembro de las Cámaras y Asambleas legislativas o
de Corporaciones municipales no devengarán retribuciones ni les será
computado el tiempo permanecido en tal situación a efectos de ascenso,
antigüedad y derechos pasivos. Excepcionalmente, se computará, a efectos
de ascensos, antigüedad y derechos pasivos, el tiempo en que los jueces y
magistrados se encuentren en excedencia voluntaria por atender al cuidado
de sus hijos o bien por desempeñar cargos políticos o de confianza
distintos de los incluidos en el artículo 352.
Si la señora Ministra lleva al Consejo de Ministros este proyecto de ley
y consigue que allí se apruebe, y no tiene el rubor de mandarlo a la
Cámara, cuando supone una discriminación y un privilegio descarado para
ella, para los secretarios de Estado y para los subsecretarios que estén
en el ámbito de aplicación de la ley, dando un tratamiento diferente a
los cargos representativos, es imposible mantener la confianza en esa
persona pese a toda la buena voluntad que este Senador quiera echarle.
Gracias. (Algunos Senadores desde los escaños socialistas: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor González Pons pide la palabra.)
Senador González Pons, tiene dos minutos.
El señor GONZALEZ PONS: Señor Presidente, intervengo para insistir una
vez más. Se viene repitiendo que la Ministra, como dice el Senador Galán
en la prensa, no quiere volver al juzgado de primera instancia, que
intenta garantizarse que no regresará al juzgado donde desempeñó su labor
y, al mismo tiempo, este mismo Grupo Parlamentario ha estado planteando,
y de forma reiterada, que nos encontramos ante una limitación de
derechos. Se pongan las palabras que se pongan, se lea lo que se lea, lo
que es inexplicable es inexplicable, señorías, salvo para la divinidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Pons.
Terminado el debate de las enmiendas, suspendemos la sesión hasta mañana
a las diez de la mañana.
Eran las veinte horas y cuarenta minutos.