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DS. Senado, Pleno, núm. 22, de 03/12/1996
Año 1996 VI Legislatura
Núm. 22
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 3 de diciembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 19 y 20 de noviembre de 1996
Preguntas:
--De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la voluntad y el compromiso del gobierno para solucionar todos los
problemas técnicos, jurídicos y económicos para llevar a cabo la
transformación del Palacio de Fonseca en Parador, cumpliendo así el
convenio firmado entre la Universidad de Salamanca y la sociedad
Paradores de Turismo de España, S. A. (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 101, de fecha 2 de
diciembre de 1996). (Número de expediente 680/000161.)
--De don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las previsiones del Gobierno en
relación con la ejecución de las obras de infraestructura ferroviaria de
alta velocidad, para la comunicación con Francia, conocidas como «Y»
vasca. (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 101, de fecha 2 de diciembre de 1996). (Número de
expediente 680/000155.)
--De doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la causa de los retrasos y desvíos de
vuelos a otros aeropuertos que se están produciendo en los últimos meses
en todo el territorio nacional (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 101, de fecha 2 de diciembre
de 1996). (Número de expediente 680/000160.)
--De don Vicente Liliano Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante las autoridades
francesas y ante la Unión Europea, al objeto de asegurar el libre
tránsito de mercancías
y el resarcimiento al sector hortofrutícola español con motivo de los
perjuicios ocasionados al mismo por la huelga protagonizada por los
transportistas franceses (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 101, de fecha 2 de diciembre de
1996). (Número de expediente 680/000157.)
--De don José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si es voluntad del Gobierno respetar los
procesos de negociación en curso entre los interlocutores sociales en
materia de reforma del mercado laboral (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 101, de fecha 2 de
diciembre de 1996). (Número de expediente 680/000164.)
--De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si comparte el Gobierno el criterio del Defensor del
Pueblo, con respecto a la actitud de determinados alcaldes que persiguen
a los mendigos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 101, de fecha 2 de diciembre de
1996). (Número de expediente 680/000162.)
--De don José Manuel Molina García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si piensa el Gobierno impulsar el plan de acción integral
de ayuda a los discapacitados (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 101, de fecha 2 de diciembre
de 1996). (Número de expediente 680/000165.)
--De don Juan Manuel Armario Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre si piensa el Gobierno homologar y armonizar los
requisitos de acceso a residencias de la tercera edad (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 101,
de fecha 2 de diciembre de 1996). (Número de expediente 680/000166.)
--De don José Francisco Hernández Guimerá, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre las líneas básicas del Gobierno respecto al
voluntariado social (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 101, de fecha 2 de diciembre de
1996). (Número de expediente 680/000170.)
--De Julio Manuel Yebra-Pimentel Blanco, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las razones que han aconsejado la orientación dada a
la campaña de información general relacionada con la prevención del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 101, de fecha 2
de diciembre de 1996). (Número de expediente 680/000168.)
--De don Enrique Bellido Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si tiene el Gobierno establecido algún mecanismo orientado
a la consecución de los máximos niveles de seguridad en relación con los
productos en cuya composición figura un número creciente de sustancias
químicas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 101, de fecha 2 de diciembre de 1996). (Número de
expediente 680/000169.)
--De don Santiago Pérez García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las razones que justifican la congelación de cien millones de pesetas
destinados a ayudar a la reparación del acueducto Albear que suministra
agua potable a la ciudad de La Habana (Cuba) (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 101, de fecha 2
de diciembre de 1996). (Número de expediente 680/000159.)
--De don Salvador Capdevila i Bas, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre el grado de ejecución material de
las principales recomendaciones, sugerencias y valoraciones formuladas
por el Defensor del Pueblo y aceptadas por el Gobierno durante el período
comprendido entre 1989 y 1994, en lo relativo a la Administración de
Justicia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 101, de fecha 2 de diciembre de 1996). (Número de
expediente 680/000156.)
--De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca de los comentarios
críticos que han intentado arrojar sombras sobre la idoneidad de la
decisión del Consejo General del Poder Judicial y del procedimiento
seguido para la elección del Magistrado que ha de presidir la Sala
Segunda del Tribunal Supremo (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 101, de fecha 2 de diciembre
de 1996). (Número de expediente 680/000163.)
--De don José Iribas Sánchez de Boado, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno para garantizar
que el nuevo edificio del Palacio de Justicia de Navarra cuente con los
medios necesarios para desarrollar eficazmente su función (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
101, de fecha 2 de diciembre de 1996). (Número de expediente 680/000167.)
Interpelaciones:
--De don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la situación y perspecitivas de las relaciones entre España y Cuba
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 101, de fecha 2 de diciembre de 1996). (Número de expediente
670/000029.)
--De doña Coral Rodríguez Fouz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas previstas por el Gobierno para solucionar el desfase
producido entre el número de objetores de conciencia y el de plazas
concertadas para la realización de la prestación social sustitutoria
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 101, de fecha 2 de diciembre de 1996). (Número de expediente
670/000030.)
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre
el Reino de España y la República de Colombia, firmado «ad referendum» en
Bogotá el 9-6-95 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 13, de fecha 17 de octubre de 1996).
(Número de expediente S. 610/000013.) (Número de expediente C. D.
110/000005.)
--Acuerdo constitutivo del Instituto Internacional para la Democracia y
la Asistencia electoral, hecho en Estocolmo el 27-2-95 (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 14,
de fecha 17 de octubre de 1996). (Número de expediente S. 610/000014.)
(Número de expediente C. D. 110/000009.)
--Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de
España y la República de Túnez, hecho en Túnez el 26-10-95. (publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
15, de fecha 17 de octubre de 1996). (Número de expediente S.
610/000015.) (Número de expediente C. D. 110/000010.)
--Convenio entre el Reino de España y la República del Ecuador para el
cumplimiento de condenas penales, firmado en Quito el 25-8-95 (publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
16, de fecha 17 de octubre de 1996). (Número de expediente S.
610/000016.) (Número de expediente C. D. 110/000011.)
--Denuncia del Canje de Notas de 13-5-60, constitutivo de Acuerdo entre
España y Gran Bretaña sobre supresión de visados (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 17,
de fecha 17 de octubre de 1996). (Número de expediente S. 610/000017.)
(Número de expediente C. D. 110/000012.)
--Protocolo al Convenio sobre Seguridad Social entre España y Canadá de
10-11-86, firmado en Ottawa el 19-10-95 (publicado en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 18, de fecha 17 de
octubre de 1996). (Número de expediente S. 610/000018.) (Número de
expediente C. D. 110/000013.)
--Acuerdo Complementario General del Convenio Básico de Cooperación
Técnica entre el Reino de España y la República de El Salvador, para la
financiación de Programas de Cooperación y Anexo, firmado «ad referendum»
en San Salvador el 14-2-95 (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 19, de fecha 17 de octubre de
1996). (Número de expediente S. 610/000019.) (Número de expediente C. D.
110/000014.)
--Acuerdo sobre Transporte Internacional por Carretera entre el Gobierno
del Reino de España y el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en
Madrid el 16-11-95 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 20, de fecha 17 de octubre de 1996).
(Número de expediente S. 610/000020.) (Número de expediente C. D.
110/000015.)
--Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República Francesa para la construcción y explotación de la sección
internacional de una línea ferroviaria de alta velocidad entre España y
Francia (vertiente mediterránea), firmado «ad referendum» en Madrid el
10-10-95, y del Canje de Notas Verbales de 4-12-95 y 9-1-96 por el que se
subsanan errores en el texto original (publicado en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 21, de fecha 17 de
octubre de 1996). (Número de expediente S. 610/000021.) (Número de
expediente C. D. 110/000016.)
--Canje de Cartas, de 7 de febrero y 4 de marzo de 1996, constitutivo de
Acuerdo entre España y la UNESCO relativo al Coloquio sobre los efectos
de la comunicación electrónica multimedia (autopistas de la información)
en materia de protección de derechos de autor y otros titulares de
derechos y sus consecuencias en el desarrollo económico y cultural
(Madrid, 11-14 de marzo de 1996) (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 25, de fecha 6 de noviembre
de 1996). (Número de expediente S. 610/000025.) (Número de expediente C.
D. 110/000017.)
--Convenio entre el Reino de España y la República Francesa a fin de
evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en
materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y Protocolo
anexo, firmado en Madrid el 10-10-95 (publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 13, de fecha 26 de
noviembre de 1996). (Número de expediente S. 610/000026.) (Número de
expediente C. D. 110/000021.)
--Convenio para la Cooperación en el marco de la Conferencia
Iberoamericana, firmado en la V Cumbre de la Conferencia Iberoamericana,
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Argentina, el 15-10-95
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 27, de fecha 6 de noviembre de 1996). (Número de expediente S.
610/000027.) (Número de expediente C. D. 110/000024.)
--Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre
el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado «ad
referendum» en México el 23-6-95 (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 28, de fecha 6 de noviembre
de 1996). (Número de expediente S. 610/000028.) (Número de expediente C.
D. 110/000025.)
--Convenio entre el Reino de España y la República de Indonesia para
evitar la Doble Imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Yakarta el
30-5-95 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 29, de fecha 6 de noviembre de 1996). (Número de
expediente S. 610/000029.) (Número de expediente C. D. 110/000026.)
--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria sobre el
régimen jurídico y las condiciones para la actividad de los centros
culturales, firmado en Sofía el 5-9-95 (publicado en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 30, de fecha 6 de
noviembre de 1996). (Número de expediente S. 610/000030.) (Número de
expediente C. D. 110/000027.)
--Acuerdo para la Promoción y Protección recíproca de Inversiones entre
el Reino de España y la República de Venezuela, firmado en Caracas el
2-11-95 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 31, de fecha 6 de noviembre de 1996). (Número de
expediente S. 610/000031.) (Número de expediente C. D. 110/000028.)
--Protocolo modificatorio del Convenio de doble nacionalidad entre el
Reino de España y la República del Ecuador, firmado en Quito el 25-8-95
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 32, de fecha 6 de noviembre de 1996). (Número de expediente S.
610/000032.) (Número de expediente C. D. 110/000029.)
--Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el
Reino de España y la República de Indonesia, hecho en Yakarta el 30-5-95
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 33, de fecha 6 de noviembre de 1996). (Número de expediente S.
610/000033.) (Número de expediente C. D. 110/000030.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 19 y 20 de noviembre de 1996 (Página 736)
PREGUNTAS (Página 736)
De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
voluntad y el compromiso del Gobierno para solucionar todos los problemas
técnicos, jurídicos y económicos para llevar a cabo la transformación del
Palacio de Fonseca en Parador, cumpliendo así el convenio firmado entre
la Universidad de Salamanca y la sociedad Paradores de Turismo de España,
S. A.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las previsiones del Gobierno en
relación con la ejecución de las obras de infraestructura ferroviaria de
alta velocidad, para la comunicación con Francia, conocidas como «Y»
vasca (Página 736)
El señor Gatzagaetxebarría Bastida formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor
Gatzagaetxebarría Bastida.
De doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la causa de los retrasos y desvíos de vuelos a otros
aeropuertos que se están produciendo en los últimos meses en todo el
territorio nacional (Página 737)
La señora Arnáiz de las Revillas García formula su pregunta. En nombre
del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Arnáiz de
las Revillas García. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).
De don Vicente Liliano Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante las autoridades
francesas y ante la Unión Europea, al objeto de asegurar el libre
tránsito de mercancías y el resarcimiento al sector hortofrutícola
español con motivo de los perjuicios ocasionados al mismo por la huelga
protagonizada por los transportistas franceses (Página 739)
El señor Ferrer Roselló formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ferrer Roselló. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo).
De don José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si es voluntad del Gobierno respetar los
procesos de negociación en curso entre los interlocutores sociales en
materia de reforma del mercado laboral (Página 740)
El señor Rodríguez de la Borbolla Camoyán formula su pregunta. En nombre
del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Arenas Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor
Rodríguez de la Borbolla Camoyán. En turno de dúplica, interviene de
nuevo el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra).
De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si comparte el Gobierno el criterio del Defensor del Pueblo, con
respecto a la actitud de determinados alcaldes que persiguen a los
mendigos (Página 741)
El señor Rojo García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rojo
García. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra).
De don José Manuel Molina García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si piensa el Gobierno impulsar el plan de acción integral
de ayuda a los discapacitados (Página 743)
El señor Molina García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Molina
García. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra).
De don Juan Manuel Armario Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre su piensa el Gobierno homologar y armonizar los requisitos
de acceso a residencias de la tercera edad (Página 744)
El señor Armario Vázquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra).
De don José Francisco Hernández Guimerá, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las líneas básicas del Gobierno respecto al
voluntariado social (Página 744)
El señor Hernández Guimerá formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra).
De don Julio Manuel Yebra-Pimentel Blanco, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre las razones que han aconsejado la orientación
dada a la campaña de información general relacionada con la prevención
del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) (Página 745)
El señor Yebra-Pimentel Blanco formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay
Beccaría).
De don Enrique Bellido Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si tiene el Gobierno establecido algún mecanismo orientado
a la consecución de los máximos niveles de seguridad en relación con los
productos en cuya composición figura un número creciente de sustancias
químicas (Página 746)
El señor Bellido Muñoz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).
De don Santiago Pérez García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las razones que justifican la congelación de cien millones de pesetas
destinados a ayudar a la reparación del acueducto Albear, que suministra
agua potable a la ciudad de La Habana (Cuba).
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don Salvador Capdevila i Bas, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre el grado de ejecución material de
las principales recomendaciones, sugerencias y valoraciones formuladas
por el Defensor del Pueblo y aceptadas por el Gobierno durante el período
comprendido entre 1989 y 1994, en lo relativo a la Administración de
Justicia (Página 747)
El señor Capdevila i Bas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Capdevila i Bas. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la opinión del Gobierno acerca de los comentarios críticos que han
intentado arrojar sombras sobre la idoneidad de la decisión del Consejo
General del Poder Judicial y del procedimiento seguido para la elección
del Magistrado que ha de presidir la Sala Segunda del Tribunal Supremo
(Página 749)
El señor Arévalo Santiago formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arévalo Santiago. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De don José Iribas Sánchez de Boado, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno para garantizar
que el nuevo edificio del Palacio de Justicia de Navarra cuente con los
medios necesarios para desarrollar eficazmente su función.
Esta pregunta ha sido retirada.
INTERPELACIONES (Página 750)
De don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la situación y perspectivas de las relaciones entre España y Cuba.
Esta interpelación ha sido aplazada.
De doña Coral Rodríguez Fouz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas previstas por el Gobierno para solucionar el desfase
producido entre el número de objetores de conciencia y el de plazas
concertadas para la realización de la prestación social sustitutoria
(Página 750)
La señora Rodríguez Fouz realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Justicia (Mariscal de
Gante y Mirón). Vuelve a intervenir la señora interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el
Grupo Mixto, y los señores Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, y González Pons, por el Grupo Popular. Cierra el
debate la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón).
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 759)
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el
Reino de España y la República de Colombia, firmado «ad referendum» en
Bogotá el 9-6-95 (Página 759)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo constitutivo del Instituto Internacional para la Democracia y la
Asistencia electoral, hecho en Estocolmo el 27-2-95 (Página 760)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España
y la República de Túnez, hecho en Túnez el 26-10-95 (Página 760)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Reino de España y la República del Ecuador para el
cumplimiento de condenas penales, firmado en Quito el 25-8-95 (Página 760)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Denuncia del Canje de Notas de 13-5-60, constitutivo de Acuerdo entre
España y Gran Bretaña sobre supresión de visados (Página 760)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo al Convenio sobre Seguridad Social entre España y Canadá de
10-11-86, firmado en Ottawa el 19-10-95 (Página 760)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo Complementario General del Convenio Básico de Cooperación Técnica
entre el Reino de España y la República de El Salvador, para la
financiación de Programas de Cooperación y Anexo, firmado «ad referendum»
en San Salvador el 14-2-95 (Página 760)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo sobre Transporte Internacional por Carretera entre el Gobierno
del Reino de España y el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en
Madrid el 16-11-95 (Página 761)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República Francesa para la construcción y explotación de la sección
internacional de una línea ferroviaria de alta velocidad entre España y
Francia (vertiente mediterránea), firmado «ad referendum» en Madrid el
10-10-95, y del Canje de Notas Verbales de 4-12-95 y 9-1-96 por el que se
subsanan errores en el texto original (Página 761)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Cartas, de 7 de febrero y 4 de marzo de 1996, constitutivo de
Acuerdo entre España y la UNESCO relativo al Coloquio sobre los efectos
de la comunicación electrónica multimedia (autopistas de la información)
en materia de protección de derechos de autor y otros titulares de
derechos y sus consecuencias en el desarrollo económico y cultural
(Madrid, 11-14 de marzo de 1996) (Página 761)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Reino de España y la República Francesa a fin de evitar
la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia
de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y Protocolo anexo,
firmado en Madrid el 10-10-95 (Página 761)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio para la Cooperación en el marco de la Conferencia
Iberoamericana, firmado en la V Cumbre de la Conferencia Iberoamericana,
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Argentina, el 15-10-95 (Página 761)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el
Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado «ad referendum»
en México el 23-6-95 (Página 762)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Reino de España y la República de Indonesia para evitar
la Doble Imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Yakarta el 30-5-95
(Página 762)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria sobre el
régimen jurídico y las condiciones para la actividad de los centros
culturales, firmado en Sofía el 5-9-95 (Página 762)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo para la Promoción y Protección recíproca de Inversiones entre el
Reino de España y la República de Venezuela, firmado en Caracas el
2-11-95 (Página 762)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo modificatorio del Convenio de doble nacionalidad entre el Reino
de España y la República del Ecuador, firmado en Quito el 25-8-95
(Página 762)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino
de España y la República de Indonesia, hecho en Yakarta el 30-5-95
(Página 763)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Se suspende la sesión a las dieciocho horas y cincuenta minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
CELEBRADA LOS PASADOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 1996.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se abre la sesión.
Entramos en el punto primero del orden del día: Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 19 y
20 de noviembre de 1996.
¿Alguna observación al Acta? (Pausa.) Queda aprobada.
PREGUNTAS:
--DE DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN
RELACION CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA DE
ALTA VELOCIDAD, PARA LA COMUNICACION CON FRANCIA, CONOCIDAS COMO «Y»
VASCA. (680/000155.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al punto segundo del
orden del día, que son las preguntas.
En primer lugar, la formulada por el señor Gatzagaetxebarría Bastida, del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las
previsiones del Gobierno en relación con la ejecución de las obras de
infraestructura ferroviaria de alta velocidad, para la comunicación con
Francia, conocida como la «Y» vasca.
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría Bastida.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
El Plan director de infraestructuras aprobado por las Cortes Generales
contempla importantes proyectos, como es el tren de Alta Velocidad entre
Madrid y las conexiones españolas con Francia a través del País Vasco en
esta línea de alta velocidad.
Igualmente, el Consejo Europeo celebrado en Corfú, en el año 1994
establece, dentro de los ejes transeuropeos preferentes, la línea de alta
velocidad entre Madrid y las conexiones con Francia, a través del País
Vasco.
En este sentido, está calificado como un eje prioritario y nuestro Grupo
Parlamentario ha tenido conocimiento de que dentro de los ejes
prioritarios Madrid-Francia, por el País Vasco y Madrid-Francia por
Cataluña, se ha dado preferencia, dentro de los ejes prioritarios, al eje
Madrid-Barcelona.
Nuestro Grupo Parlamentario sabe que el Ministerio ha estado trabajando,
que ha habido una colaboración con el Gobierno Vasco, que ha habido un
anteproyecto a escala 1/25.000, que es responsabilidad de las
instituciones autonómicas del Gobierno Vasco la realización de los
instrumentos de ordenación territorial para la adecuación, en su caso,
del futuro trazado a los instrumentos de planeamiento urbanísticos
correspondientes y que el Ministerio también está haciendo un estudio
informativo y tiene asimismo la responsabilidad del estudio del impacto
ambiental.
Nuestro grupo Parlamentario sabe que ésta es una obra muy importante para
el desarrollo económico y para el futuro
de Euskadi, por lo que tiene el deseo de conocer del Gobierno cuál va a
ser su coste económico; qué cálculo tiene hecho el Gobierno sobre esta
obra; cuál va a ser la financiación de la Unión Europea y la
participación de las instituciones centrales del Estado. En definitiva,
cuál es el período de planificación de esta obra y para cuándo puede
estar preparado el proyecto.
En definitiva, señor Ministro, al Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos le interesa conocer las previsiones
político-presupuestarias que tiene el Gobierno para acometer el Tren de
Alta Velocidad Madrid-Francia, a través de la «Y» que cruce el País
Vasco.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, en relación con la «Y» vasca, le puedo transmitir, con carácter
concreto, que el conjunto del estudio informativo estará concluido en el
tercer trimestre de 1997, y a partir de ese momento se iniciará el
proceso de información pública, necesariamente previo a la declaración de
impacto ambiental y, finalmente, la aprobación del proyecto.
Sorprende a determinados comentaristas que en los Presupuestos Generales
del Estado solamente figure una partida de 100 millones de pesetas para
lo que se denomina la «Y» vasca. Como tantas veces ocurre, las primeras
impresiones que se obtienen no corresponden exactamente a la realidad.
Como su señoría sin duda no ignora, hay 60.000 millones de pesetas para
la red de alta velocidad. La capacidad de inversión en estos momentos es
mucho mayor en el Madrid-Barcelona-Frontera que en la «Y» vasca. Pero
esos 60.000 millones procedentes de fondos de las privatizaciones, si
fuera necesario, podrían desviarse para continuar aceleradamente la «Y»
vasca en la medida en que técnicamente sea posible. La capacidad de
inversión en el año 1997, en tanto no se concluyan los estudios
informativos, es, por consiguiente, mínima. Pero, si fuera preciso, esos
60.000 millones de pesetas podrían también utilizarse para la «Y» vasca.
Le recuerdo a su señoría que, a tal fin, en la Ley de Acompañamiento se
crea un Ente gestor de infraestructuras ferroviarias que va a tener una
gran capacidad de actuación, va a tener disponibilidad sobre esos 60.000
millones, todos ellos dirigidos a ser invertidos en infraestructuras
ferroviarias y que, además, de acuerdo con lo previsto en la ley, va a
poder someter al ordenamiento jurídico privado todo lo que afecta a la
electrificación y a la señalización con el fin de movilizar también
capital privado para completar la infraestructura.
No oculto a su señoría que la cifra global completa de inversión que
implica la «Y» vasca, entre 400.000 y 450.000 millones de pesetas
aproximadamente, no es una cantidad de la que se pueda disponer en breve
plazo de tiempo. Si embargo, es un proyecto prioritario así asumido por
el Consejo Europeo y por la Unión Europea y nosotros esperamos que,
además de los esfuerzos del Gobierno español, haya también cofinanciación
europea que permita acelerar los proyectos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, a nuestro Grupo Parlamentario le congratula que usted
diga que existe ese espíritu de colaboración con las instituciones vascas
y con las instituciones europeas, y nos tranquiliza también que se diga
que la realización de esta obra de conexión ferroviaria entre España y
Francia sea una obra de infraestructura prioritaria.
Nuestro Grupo Parlamentario le anima para que conduzca su política a
través de la colaboración con las instituciones vascas, que también están
muy interesadas en que esta obra se lleve a cabo y, sobre todo, a través
de los compromisos políticos que ya se plasmaron en las Cortes Generales
con su inclusión en el Plan Director de Infraestructuras.
Nos congratula también que admita usted la posibilidad de que, dentro del
Gabinete especial de Infraestructuras que se crea con la Ley de
Acompañamiento, se admita la posibilidad de que haya financiación privada
dedicada a la inversión en el eje ferroviario que cruza España a través
del País Vasco. En definitiva, coincidimos con usted en que ese espíritu
de colaboración y esa voluntad que ha mostrado sirva para que, en un
espacio breve de unos cuatro o cinco años, pueda estar culminada tal obra
de infraestructura.
Gracias, señor Presidente; gracias, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Senador.
--DE DOÑA ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA CAUSA DE LOS RETRASOS Y DESVIOS DE
VUELOS A OTROS AEROPUERTOS QUE SE ESTAN PRODUCIENDO EN LOS ULTIMOS MESES
EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. (680/000160.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
la Senadora doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la causa de los retrasos y desvíos de
vuelos a otros aeropuertos que se están produciendo en los últimos meses
en todo el territorio nacional.
Tiene la palabra la Senadora Arnáiz de las Revillas García.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Señor Ministro, en los últimos
meses estamos asistiendo a un deterioro notable del servicio público del
tráfico aéreo. Hay incontables retrasos y desvíos de aeropuertos que
vienen siendo ya una cosa común en los medios de comunicación, entre los
ciudadanos y entre los usuarios. Hay un caos de tráfico aéreo que, ni
planificándolo, sería posible organizar tal desaguisado. No ha habido una
explicación convincente. A esta Senadora, como usuaria de los servicios
públicos de tráfico aéreo, se le ha dicho a la sazón que hay exceso de
tráfico aéreo, que es por cuestión de la seguridad aérea, que hay una
huelga de controladores en Francia, que la huelga de transportes en
Francia influía, que se están haciendo obras en la pista de Barajas, que
había llegado el avión pero no la tripulación, por causa de la niebla --y
yo supongo que en Londres hay más que en Granada y en Sevilla, como para
que haya esos desvíos de aeropuerto-- y que es el control aéreo europeo.
Y todo ello en un mismo vuelo, diversas causas contradictorias, diversas
disculpas que suenan muchísimo a excusa, cuando, «sotto voce», de lo que
se habla es de una huelga encubierta, de unas presiones encubiertas, de
las que el Gobierno, por muchas noticias que inserte en prensa o por
mucho que en televisión intenta pedir disculpas a los usuarios, nada dice
en realidad.
Yo quisiera saber si ha contabilizado el señor Ministro la cantidad de
trabajo productivo que se ha perdido por esos retrasos y por ese
desaguisado que hay en el tráfico aéreo. ¿A quién corresponde la
responsabilidad, señor Ministro? ¿Va a darnos una explicación en este
momento? Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor
Presidente.
Señoría, si yo tuviera que definir en estos momentos una causa
estructural de los retrasos que se organizan en el aeropuerto de Barajas,
diría que es la imprevisión del Gobierno socialista. (Protestas, rumores
y aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, moderen su reacción,
por favor. Muchas gracias.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señorías, yo
comprendo que les moleste la respuesta, pero las condiciones materiales
del aeropuerto de Barajas son las que son. Y, mire usted, sabiendo que se
iniciaba un proceso de liberalización, sabiendo que en la primavera de
1997 la liberalización será plena, el Gobierno socialista no adoptó
medida alguna de ampliación del aeropuerto de Barajas; ninguna medida.
(Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista pronuncian
palabras que no se perciben.) Ha sido en la mañana del día de ayer cuando
se ha procedido a la adjudicación de una tercera pista para incrementar
la capacidad de tráfico aéreo del aeropuerto de Barajas, que debería
haber estado inaugurada por lo menos hace cinco años. Porque si hace
cinco años se hubiera inaugurado esa pista, señoría, yo le aseguro a
usted que no habría hoy retrasos en el aeropuerto de Barajas.
Por tanto, la causa real, señoría, es que el aeropuerto de Barajas está
congestionado, y esa congestión del aeropuerto de Barajas es, insisto en
ello, le guste o no le guste, consecuencia de una monumental imprevisión
durante 14 años de Gobierno socialista.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y roig): Probablemente, la Senadora querrá
preguntar.
Tiene usted la palabra, señoría.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Señor Ministro, si eso nos
origina la gestión del Partido Popular por el ingreso en el espacio aéreo
europeo, ¿qué hubiera sido si ustedes hubieran tenido que entrar en la
Comunidad Económica Europea? ¿Y qué será el ingreso en Maastricht, si la
gestión del PP nos conduce a eso? (Protestas.)
Lo que ocurre, señor Ministro, es que ustedes entienden el servicio
público como un negocio; llaman liberalización a que todo el mundo tenga
derecho a hacer negocio con el servicio público de los ciudadanos. Ese es
el problema; por eso nosotros no tuvimos problemas de tráfico aéreo de
ese calibre ni tan monumentales.
Y le quiero decir otra cosa, señor Ministro: incluso en el PP, habrá
alguien que lo haga mejor, incluso en el PP. Aparentemente, el señor
Ruiz-Gallardón se ha atribuido esa función, puesto que aparecía ayer en
el periódico como la persona que iba a llevar a las compañías aéreas a un
acuerdo para no boicotear los servicios.
No me ha contestado nada sobre la huelga encubierta de controladores
aéreos; no me ha contestado nada de la presión que están recibiendo
ustedes de las compañías aéreas a las que tanto han prometido. No sé si
habrán prometido, entre otras cosas, liquidar Iberia, no lo sé, pero ahí,
desde luego, hay muchos intereses ocultos de los que el Ministro no habla
nada. No hable de la herencia del pasado, señor Ministro, asuma su
responsabilidad de gobernar, y hágalo bien. (Aplausos desde los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor
Presidente.
En cuestión de infraestructuras, no tengo más remedio que hacer
referencia a la herencia del pasado. Esto no es viajar en metro
precisamente.
Su señoría no debe ignorar que la liberalización no es algo que concierna
a los Gobiernos miembros de la Unión Europea; es legislación de la Unión
Europea. Por consiguiente,
todo lo que usted ha dicho sobre la liberalización y los procesos ocultos
de decisión raya, señoría, en el ridículo y perdóneme que utilice esa
expresión.
Le puedo decir que no tengo noticia de huelga alguna encubierta de los
controladores aéreos y, al día de hoy, después de haber dado
instrucciones tajantes de que no se admita ni un «slot» más que el que
permita la capacidad real del Aeropuerto de Barajas, no he recibido la
más mínima presión de las compañías aéreas. Ni huelga encubierta, ni
presiones de las compañías aéreas; reorganización de un aeropuerto que
está congestionado como consecuencia de la falta de infraestructuras, que
determina una carencia de servicio público de la que ustedes son
responsables, le guste o no le guste. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Protestas en los del Grupo Parlamentario
Socialista.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias.
--DE DON VICENTE LILIANO FERRER ROSELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LAS AUTORIDADES
FRANCESAS Y ANTE LA UNION EUROPEA, AL OBJETO DE ASEGURAR EL LIBRE
TRANSITO DE MERCANCIAS Y EL RESARCIMIENTO AL SECTOR HORTOFRUTICOLA
ESPAÑOL, CON MOTIVO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS AL MISMO POR LA HUELGA
PROTAGONIZADA POR LOS TRANSPORTISTAS FRANCESES. (680/000157.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta es de don
Vicente Liliano Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las
medidas que piensa adoptar el Gobierno ante las autoridades francesas y
ante la Unión Europea, al objeto de asegurar el libre tránsito de
mercancías y el resarcimiento al sector hortofrutícola español, con
motivo de los perjuicios ocasionados al mismo por la huelga protagonizada
por los transportistas franceses.
Tiene la palabra su señoría.
El señor FERRER ROSELLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, yo no creo pecar de exagerado si afirmo que desde el
reinado de don Carlos IV y su Ministro Godoy nunca las relaciones
bilaterales franco-españolas fueron mejores que en este momento. Yo creo
que el grado de entendimiento entre los gobiernos de Madrid y de París es
óptimo y debemos celebrarlo en la Cámara.
Por otro lado, es evidente también que Francia y, más concretamente, la
política de su Gobierno es uno de los principales valedores o uno de los
pilares básicos de la Unión. Creo que la política del Gobierno francés es
clara y abiertamente europeísta. Por eso, considero que ha llegado el
momento, y es urgente, de que alguien le explique todo esto a los
franceses; que alguien les explique que cuando el Elíseo firma o suscribe
un Tratado con la Unión o cuando su Gobierno adopta acuerdos con el
nuestro, esto no compromete única y exclusivamente al Presidente de la
República y al Consejo de Ministros, sino a toda la nación francesa, a la
totalidad de los ciudadanos franceses. Y digo ello, señoría, porque de
este aparente desconocimiento o extraordinario disimulo con el que
parecen llevar la cuestión los franceses se deparan graves perjuicios
para nuestros intereses.
Señoría, yo soy Senador por la Comunidad Valenciana, podría pues limitar
mi intervención a requerir cuál va a ser la actitud del Ministerio o del
Gobierno en orden a obtener una rápida reparación de los daños causados a
nuestras industrias, a nuestros agricultores y a nuestros transportistas.
Pero creo honestamente que hay un problema más grave de trasfondo. Creo,
señor Ministro, que evidentemente al ciudadano español se le están
exigiendo en este momento extraordinarios sacrificios y se le están
exigiendo precisamente por cuenta de la Unión Europea. Como contrapartida
apenas si dispone de determinados derechos reconocidos a partir del
momento de haber alcanzado esa ciudadanía europea. Hoy nos encontramos en
la situación, señor Ministro, de que un grupo de sindicalistas franceses
puede poner en un brete a la Unión e impedir el ejercicio libre de esos
derechos y hablo, especialmente, del de libre tránsito de mercancías e,
incluso, puede poner en tela de juicio la propia efectividad de la Unión.
Yo creo que, evidentemente, esto es algo que no debemos consentir, y de
ahí la segunda vertiente de mi pregunta, señor Ministro: ¿Qué gestiones
directas piensa realizar el Gobierno cerca de la Unión para asegurar el
ejercicio de tales derechos?
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. Tiene la
palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, yo le puedo dar una relación de las gestiones que se han hecho y
que se han desarrollado en tres planos. En el terreno de lo que podríamos
denominar la asistencia consular, es decir la asistencia de los cónsules
a los transportistas españoles, el Gobierno cursó instrucciones para
mantener en los consulados y a través de los cónsules un servicio de
información permanente; los cónsules han visitado físicamente a los
transportistas españoles, han mantenido una comunicación constante con
las autoridades regionales francesas; se han producido ayudas económicas
reintegrables con cargo a los presupuestos de los consulados y, además,
se han cursado instrucciones a los transportistas sobre la forma de
presentar las correspondientes denuncias en las prefecturas francesas y,
en su caso, en la vía judicial. Eso en lo que afecta al plano consular.
Desde la perspectiva de lo que es la gestión diplomática «sensu stricto»,
el Ministro de Asuntos Exteriores tuvo aquí una entrevista con el
Embajador de Francia y posteriormente con el Ministro francés. De la
misma manera, el Secretario
de Estado para la Unión Europea ha trasladado a sus colegas franceses el
planteamiento de un conjunto de reclamaciones que se irán concretando a
medida que se vayan evaluando los daños que ha causado la huelga de
transportistas franceses. Finalmente, ha habido una asistencia directa
por parte de las autoridades españolas a los transportistas para
presentar las reclamaciones en vía administrativa francesa y, en su caso,
la correspondiente reclamación en vía judicial. Naturalmente, esta
asistencia no es puramente nominal, sino que va acompañada de la
correspondiente asistencia jurídica y, por consiguiente, permanente
acompañamiento para obtener estas indemnizaciones.
Debo añadir que el Gobierno francés ha trasladado al Gobierno español su
intención de proceder a la reparación del daño causado por la huelga de
los transportistas franceses, pero yo no haría trascender en mayor medida
este acontecimiento a lo que es el funcionamiento de la Unión Europea,
señoría. Esto es el ejercicio de un derecho de huelga, el derecho de
huelga de los camioneros franceses, que ha causado daño grave a los
transportistas de otros países, y eso debe dar lugar a una indemnización.
Eso puede ocurrir en el interior de cualquier Estado miembro de la Unión
y, por consiguiente, lo que ha de funcionar es la correspondiente
indemnización por daños y perjuicios, obtenida bien sea en vía
administrativa o bien en vía jurisdiccional.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas, gracias, señor Ministro.
El señor Ferrer dispone de once segundos para replicar.
El señor FERRER ROSELLO: Unicamente, señor Ministro, quiero manifestarle
que los valencianos tenemos una larga experiencia en este tipo de
desmanes que, lamentablemente, se repiten de forma habitual en la
frontera francesa y que mantenemos un concepto absolutamente distinto al
del Gobierno francés en lo que se refiere a la diligencia a la hora de
reparar este tipo de problemas.
Rogaría al Gobierno y al Ministerio la más absoluta contundencia a este
respecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas, gracias.
Señor Ministro, dispone de nueve segundos para dúplica.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señorías, yo no
confundiría el asalto a los camiones españoles, que debe ser objeto de
una total contundencia y firmeza por parte de las autoridades españolas,
con la interrupción del tráfico como consecuencia de una huelga de
camioneros. Ambos supuestos producen daños, pero en el llamado supuesto
de hecho, la causa es de naturaleza completamente distinta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas, gracias, señor Ministro.
--DE DON JOSE MARIA RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI ES VOLUNTAD DEL GOBIERNO RESPETAR LOS
PROCESOS DE NEGOCIACION EN CURSO ENTRE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES EN
MATERIA DE REFORMA DEL MERCADO LABORAL. (680/000164.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si es voluntad del Gobierno respetar los
procesos de negociación en curso entre los interlocutores sociales en
materia de reforma del mercado laboral.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez de la Borbolla Camoyán.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, estamos asistiendo o somos testigos de un
proceso de negociación abierto entre patronal y sindicatos para la
revisión, reforma o mejora de la estructura del sistema de relaciones
laborales en España. Está abierto, pero las tácticas de negociación y las
tácticas para la negociación, como todo el mundo sabe, son distintas, y
pueden ir dirigidas a conseguir un fin u otro.
Hay una táctica, una estrategia de negociación que podríamos,
vulgarizando, denominar la estrategia de anonadamiento o acongojamiento
del adversario, es decir, la estrategia dirigida a amenazar con males
superiores e irremediables, caso de que no se llegue en el acuerdo al
objetivo que uno pretende. Un ejemplo literario, pero verificable de esa
estrategia, puede ser el de don Corleone, capo mafioso eminente, que
siempre hacía una oferta de negociación y decía: Te voy a hacer una
oferta que no vas a poder rechazar. Otro ejemplo de esa estrategia de
negociación puede ser el recientemente dado, el día 27 de noviembre, por
el Presidente del Gobierno español que ha dicho: No me valdrá cualquier
pacto. Son estrategias de negociación que condicionan el resultado.
También, señor Ministro, en la estrategia de confrontación, de diálogo y
de entendimiento hay argucias harto sabidas como es, por ejemplo, la de
intentar evidenciar que uno tiene muchas fuerzas detrás para intentar que
el adversario no se mueva o acepte las condiciones. Un ejemplo clásico de
eso puede ser el del General Queipo de Llano que, teniendo pocas fuerzas
a la hora del glorioso alzamiento nacional, se dedicó a hacer rodar por
las calles de Sevilla los camiones para asustar al contrario.
En este caso yo no sé si el Gobierno del PP tendrá como ejemplo a don
Corleone o a Queipo de Llano, pero a uno le cabe la duda, y por ello
pregunto: ¿Quieren de verdad que haya una negociación libre? ¿No querrán
predeterminar el contenido de la negociación? ¿Caso de que en estas
condiciones pueda haber una negociación libre, están dispuestos a
respetarla?
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Señor Ministro, tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero señalarle al Senador del Grupo Socialista que el Gobierno, que ya
abrió cinco mesas de diálogo con los agentes sociales y que tiene
cerradas cuatro mesas de diálogo con acuerdos con esos agentes sociales,
no utiliza nunca el diálogo ni como una táctica, ni como una estrategia;
siempre lo utiliza con la más absoluta de las convicciones.
En consecuencia, quiero decirle al señor Senador que el Gobierno va a
respetar y desea un acuerdo entre sindicatos y empresarios sobre el
mercado de trabajo. Creemos que sería muy positivo una mejora del mercado
de trabajo con el acuerdo previo de sindicatos y empresarios.
Quiero decirle, finalmente, que el Gobierno está muy preocupado por los
trabajadores, muy preocupado por los desempleados, muy preocupado
especialmente por el desempleo juvenil.
A efectos de mercado de trabajo no nos preocupa en absoluto ni don
Corleone ni Queipo de Llano.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El Senador Rodríguez de la Borbolla tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Evidentemente no me puede preocupar ni don Corleone ni Queipo de Llano;
uno es un personaje de ficción y el otro ya dio que preocupar a la gente.
(Risas.) Pero la cuestión no es ésa, señor Ministro. La cuestión es: en
la situación actual con este ir y venir de constantes declaraciones, de
desmentidos y de afirmaciones, por mucha preocupación que se diga tener y
mantener, lo cierto y verdad es que se está produciendo un incremento de
la rotación en el mercado de trabajo, una precarización de los contratos,
porque ante la imposibilidad de que se flexibilice la forma de
contratación, se está dejando de contratar en términos de contratos fijos
y, por lo tanto, se está distorsionando el mercado de trabajo.
Repitiendo palabras de un socio suyo: por favor, no atosiguen en la
negociación.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Le insisto al señor Senador. Usted puede seguir con don Corleone y con
Queipo de Llano todas las veces que quiera y, además, en parte, le
felicito porque esa intervención previa de don Corleone y Queipo de Llano
le vale para todas las preguntas. Me imagino que los españoles cuando
conozcan este debate o el «Diario de Sesiones» se preguntarán qué tiene
que ver el mercado de trabajo con Queipo de Llano y con don Corleone.
Pero, en fin, esa cuestión es suya y yo le respeto profundamente en su
gran habilidad dialéctica y también en sus conocimientos históricos. Pero
como me parece que su señoría preguntaba por el mercado de trabajo, le
voy a volver a repetir que su intervención es absolutamente
contradictoria. Dice usted que no se puede anunciar el mercado de trabajo
porque ralentiza las contrataciones indefinidas.
Para empezar le diré que en los últimos tiempos la temporalidad se está
reduciendo, aunque sea levemente; en segundo lugar, el diálogo sindicatos
y empresarios empezó en el mes de mayo, y lo que ha dicho el Presidente
del Gobierno es que conviene que ese diálogo se cierre con acuerdo y
cuanto antes. Ese diálogo empezó el día 6 de mayo, después de un acuerdo
con el Ministerio de Trabajo. Quiero decir al señor Rodríguez de la
Borbolla que el Gobierno quiere mejorar el mercado de trabajo, quiere que
la precariedad se convierta en estabilidad, quiere que la incertidumbre
en el mercado de trabajo se convierta en seguridad y quiere, sobre todo,
no facilitar los despidos, pero sí facilitar las nuevas contrataciones.
Ese, señor Presidente, es el gran objetivo del Gobierno, le guste o no le
guste al Senador del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro de
Trabajo.
--DE DON FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI COMPARTE EL GOBIERNO EL CRITERIO DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO CON RESPECTO A LA ACTITUD DE DETERMINADOS ALCALDES QUE PERSIGUEN A
LOS MENDIGOS. (680/000162.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si comparte el Gobierno el criterio del Defensor del
Pueblo con respecto a la actitud de determinados alcaldes que persiguen a
los mendigos.
Tiene la palabra el Senador Rojo García.
El señor ROJO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Como todo el mundo conoce, el Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones
contra acuerdos de los ayuntamientos para, basándose en viejas
ordenanzas, perseguir a los mendigos.
El Defensor del Pueblo, tras recibir información sobre detenciones de
vagabundos, en las que, además de detenerles
se les requisaba el dinero, solicita la anulación de dichas ordenanzas
por inconstitucionales.
Desgraciadamente, son demasiados los ayuntamientos que llevan a cabo
estas lamentables prácticas. Es por eso, señor Ministro, por lo que le
formulo la pregunta de si el Gobierno comparte el criterio del Defensor
del Pueblo con respecto a la actitud de los alcaldes que persiguen a los
mendigos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Rojo
García.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor Presidente.
Comparto absolutamente los criterios del Defensor del Pueblo, y lo que no
comparto en absoluto es la pregunta del señor Senador porque, como muy
bien ha explicado él, el Defensor del Pueblo se ha pronunciado sobre una
serie de ordenanzas --de ordenanzas-- y una serie de decisiones, pero la
pregunta del señor Senador dice exactamente: «... si comparte el Gobierno
el criterio del Defensor del Pueblo con respecto a la actitud de
determinados alcaldes...» No conozco ninguna posición del Defensor del
Pueblo con respecto a la actitud; sí conozco posiciones del Defensor del
Pueblo con respecto a las ordenanzas, y ésa la comparte totalmente el
Gobierno. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señor Ministro.
Senador Rojo García, puede usted intervenir.
El señor ROJO GARCIA: Gracias, señor Ministro.
Estoy convencido de que el señor Ministro entiende perfectamente lo que
he querido decir. Además, estoy convencido de que, como demócrata, no
comparte --porque lo conozco a usted y lo sé-- y le sonrojan las
actitudes de determinados alcaldes que, por cortesía parlamentaria, he
tenido la delicadeza de no decir quiénes son, pero a los cuales usted
conoce.
Le voy a decir a usted, señor Ministro, que la única intención que he
tenido como responsable político y miembro del Grupo Parlamentario
Socialista es poner encima de la mesa algo que me parece lamentable, algo
que me parece que usted debiera denunciar como responsable político del
Partido Popular, y no sólo como Ministro: que determinados alcaldes
--que, por cierto, no son ni uno ni dos ni tres ni cuatro, son bastantes
más--, como consecuencia de ordenanzas de 1900, hayan estado echando a
mendigos, normalmente fuera de sus ciudades, por entender que aquello no
era legítimo dentro de su propia ciudad.
Yo, sinceramente señor Arenas, no pretendo polemizar con este asunto con
usted ni con su Grupo, sino que me parece que, cuando menos, debiéramos
estar todos de acuerdo en que actitudes de este tipo no conducen
absolutamente a nada, porque un ejemplo vale más que mil palabras. Esto
es lo que, al final, define los proyectos políticos. Usted nos podrá
contar estas cosas estupendas que, además, sabe vender bien, pero créame
que este tipo de actitudes demuestra a la sociedad española lo que son
ustedes. Al final, ésta es la cara de la derecha.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Señor Ministro, puede usted hacer uso de la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias.
Señor Senador, con el profundo respeto que le tengo a usted personalmente
--y que, además le consta, porque ese respeto que me ha expresado es
mutuo--, a su trabajo y a sus condiciones democráticas, tengo que decirle
que usted no hace esta pregunta preocupado por los mendigos; usted no
hace esta pregunta preocupado por la erradicación de la mendicidad, y
usted no hace esta pregunta preocupado por el Defensor del Pueblo. Usted
hace esta pregunta para decir exactamente lo que ha dicho al final de su
intervención.
Usted, por ejemplo, no ha tenido en cuenta que en España teníamos una
desgraciada ley de vagos y maleantes, de 1933, que ya ha sido derogada, y
que en España, en este momento, la conducta de la mendicidad no está
tipificada como delito. Fíjese el señor Senador si viene al debate con
los asuntos prefijados, que los datos que solicita el Defensor del Pueblo
se refieren: a Santander, que no aplica la ordenanza porque la considera
derogada tras la entrada en vigor de la Constitución, y a Zaragoza, que
tiene en este momento puesto en marcha un procedimiento de derogación de
la ordenanza y en donde existe gran preocupación, que espero que usted
comparta, por la utilización ilegal y abusiva de los menores en la
mendicidad y por aquellas personas que utilicen coacciones en ésta. Eso
lo compartirá usted conmigo, no se puede utilizar a los niños en la
mendicidad.
Pues bien, señoría, ¿sabe de qué año es la ordenanza del Ayuntamiento de
Murcia? De 1988. No se ha documentado usted, porque en ese año había un
alcalde del Partido Socialista en Murcia. (Risas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Y fíjese si no se ha documentado, que el 31 de
octubre, con alcalde del Partido Popular, se ha derogado expresamente la
ordenanza. Fíjese, señor Senador, si no se ha documentado, que se ha
referido a otro ayuntamiento el Defensor del Pueblo, al de Cartagena,
cuya ordenanza es de 1994 a propuesta del Concejal Delegado de Asuntos
Sociales del Partido Socialista. No puede usted utilizar la falta de
información para construir un argumento absolutamente falso. Y esto lo
puede ratificar su señoría en los archivos municipales.
Señor Senador, si a usted le preocupara la mendicidad, me hubiera
preguntado qué está dispuesto a hacer el Gobierno para combatirla. Y yo
le hubiera dicho que, por primera vez, en 1997 --dice usted que hago
cosas y además
las vendo; lo peor es cuando se venden sin hacerlas, en mi caso, por lo
menos, las hago y las propongo-- (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) tenemos en marcha un plan de erradicación de
la pobreza dotado presupuestariamente. En 1997, también por primera vez,
tenemos en marcha un programa para familias desfavorecidas dotado
presupuestariamente. Y en el año 1997 hemos incrementado en 1.500
millones el plan concertado para luchar contra la exclusión con las
Comunidades Autónomas. Señor Senador, si se hubiese informado, yo creo
que no hubiera hecho la pregunta.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Señor Ministro.
--DE DON JOSE MANUEL MOLINA GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE SI PIENSA EL GOBIERNO IMPULSAR EL PLAN DE ACCION INTEGRAL
DE AYUDA A LOS DISCAPACITADOS. (680/000165.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pregunta que formula el Senador
don José Manuel Molina García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si piensa el Gobierno impulsar el plan de acción integral
de ayuda a los discapacitados.
Tiene la palabra el Senador Molina García.
El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro: ¿Piensa el Gobierno impulsar el plan de acción integral
de ayuda a los discapacitados?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco muy especialmente al señor Senador la pregunta que me formula
porque, como saben sus señorías, hoy es el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, y yo puedo confirmar en el Senado que se
pondrá en marcha por primera vez el plan de acción integral en 1997, con
una dotación de 400 millones de pesetas que espero que podamos mejorar en
los presupuestos venideros.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Puede intervenir el Senador Molina García.
El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le agradezco muchísimo esta información porque hay que
destacar que es la primera vez que se pone en marcha este plan. Existen
en España, aproximadamente, dos millones y medio de personas que tienen
discapacidad. Mientras que el paro en España está rondando el 20 por
ciento, y disminuyendo, a este colectivo, que son españoles como los
demás, le afecta en el 70 por ciento. Lamentablemente, el 41 por ciento
no ha tenido acceso a los programas de formación por diversas
circunstancias. Y según la Ley 13/82, de integración del minusválido, de
4.211.000 trabajadores en el año 1993, en empresas de más de 50
trabajadores les hubiera correspondido 87.000. Sin embargo, en esas
fechas sólo había 20.000.
Señor Ministro, quiero felicitarle por poner en marcha una iniciativa por
primera vez; por atender a personas que son españoles como los demás,
pero, sobre todo, le quiero felicitar por una cuestión: este Gobierno y
su Ministerio demuestran que atienden a los más débiles, que aplican una
política de bienestar social, no en propaganda, no en publicidad, sino
con hechos como la puesta en marcha de este programa. Enhorabuena, señor
Ministro.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, por cortesía parlamentaria --y, además, teniendo en cuenta
que tengo que mirar siempre a la Presidencia y darle la espalda a los
Senadores--, voy a intervenir para agradecer al señor Senador las
palabras de felicitación para el Gobierno.
Señoría, hay unos datos muy importantes: primero, que este Plan de Acción
Concertada es compartido por todos los grupos políticos y, segundo, que
en la reciente Conferencia de Asuntos Sociales, celebrada en Santander,
las Comunidades Autónomas también han expresado su satisfacción,
independientemente del color político que tengan los Presidentes de las
mismas.
Con permiso del señor Presidente, vuelvo a decir que hoy es el Día
Europeo de las personas que sufren discapacidad y que muy pronto verá la
luz un plan de empleo --sin empleo no hay integración real-- en torno a
las personas que sufren discapacidad. Asimismo, ayer hubo una gran
noticia: las Comunidades Autónomas se han incor-porado al Real Patronato
de Prevención de Minusvalías --que preside Su Majestad la Reina--, lo
cual es una buena noticia para las personas que sufren marginaciones por
discapacidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Señor Ministro, esta Presidencia
no tiene ningún inconveniente en que usted se pueda tomar de vez en
cuando alguna licencia y no mirar a esta Presidencia para contemplar al
Senador Molina. (Risas.) Muchas gracias.
--DE DON JUAN MANUEL ARMARIO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE SI PIENSA EL GOBIERNO HOMOLOGAR Y ARMONIZAR LOS
REQUISITOS DE ACCESO A RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD. (680/000166.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don Juan Manuel Armario Vázquez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre si piensa el Gobierno homologar y armonizar
los requisitos de acceso a residencias de la tercera edad.
Tiene la palabra el Senador Armario Vázquez.
El señor ARMARIO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, con las transferencias a las Comunidades Autónomas --de
las que quedan exclusivamente por efectuar Baleares, que se hará efectiva
a partir de enero de 1997, Rioja, Ceuta y Melilla-- se ha culminado el
traspaso de funciones y servicios del Inserso en la gestión de ingresos
en residencias de la tercera edad. El propio Inserso ha ido facilitando a
las respectivas Comunidades Autónomas los listados actualizados de los
solicitantes de cada Comunidad, así como toda la información de que se
disponía. Esto origina, sin lugar a dudas, el que todas las Comunidades
Autónomas tengan plena autonomía en la tramitación de las solicitudes de
ingreso en residencias, con distintos criterios a aplicar. Sin embargo,
en el desarrollo del decreto de transferencias de algunas Comunidades
Autónomas --como es el caso de Cantabria, Castilla y León, Galicia,
Valencia, Murcia, Andalucía y Canarias-- el Estado se reserva las
condiciones de ingreso de los beneficiarios en los centros por medio de
una normativa común sobre baremos y fichas. Se da la circunstancia de que
algunas Comunidades Autónomas asumieron esta disposición, por lo que,
como he dicho antes, existen diferencias de aplicación de requisitos de
selección entre las mismas.
El hecho, señor Ministro, es que en la actualidad hay aproximadamente un
20 por ciento de beneficiarios que se encuentran en centros de autonomías
que no son las de origen, por lo que la problemática existiría en la
tramitación de traslados a otros centros, caso que ya se está dando y que
conlleva un aumento de solicitudes y peticiones, más aún desde las
últimas transferencias efectuadas. Por lo tanto, creo que se tiene que
habilitar el mecanismo de coordinación entre Estado y Comunidades
Autónomas, por la vía más eficaz y oportuna, para la elaboración de una
normativa común que armonice los requisitos de acceso a centros de
residencias de tercera edad.
Señor Ministro, le agradecería que en su respuesta nos adelantase cuál es
el criterio del Gobierno en este asunto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, no me voy a permitir la licencia que me ha concedido de mirar
atrás, porque un día lo hice y no sabe usted el problema que tuve con un
grupo parlamentario, así que no me voy a arriesgar a hacerlo.
En cualquier caso, contesto al señor Senador que, desde luego, el
Gobierno está preocupado por los problemas de homologación y armonización
de los requisitos, porque --como muy bien ha dicho el Senador Armario--
cuando se ha producido el proceso de transferencias ha habido algunos
casos en los que la competencia para la fijación de las condiciones se ha
trasladado a las Comunidades Autónomas y hay otros supuestos en los que
la fijación de las condiciones se la ha reservado el Estado. Por ello,
efectivamente, tenemos que homologar y armonizar todas las condiciones de
acceso a las residencias para los mayores.
En este sentido, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través
del Inserso y en el marco de la Comisión de Prioridades del Plan
Gerontológico --en la que están presentes todas las Comunidades
Autónomas--, está elaborando un documento técnico consensuado que sirva
para la normativa específica de acceso a todos los centros.
Concretamente, se está elaborando un documento técnico de legislación
relativa a centros residenciales para mayores en las Comunidades
Autónomas e, igualmente, se ha iniciado ya el estudio de evaluación de
los diversos baremos de valoración de las solicitudes de ingreso.
Señor Senador, esperamos que el trabajo esté concluido el próximo 20 de
diciembre y que tengamos homologado y armonizado con mucho acierto todo
el sistema de acceso a las residencias de mayores en España.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Muchas gracias, señor Armario Vázquez.
--DE DON JOSE FRANCISCO HERNANDEZ GUIMERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS LINEAS BASICAS DEL GOBIERNO RESPECTO AL
VOLUNTARIADO SOCIAL. (680/000170).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
el senador don José Francisco Hernández Guimerá, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre las líneas básicas del Gobierno respecto al
voluntariado social.
Tiene la palabra el Senador Hernández Guimerá.
El señor HERNANDEZ GUIMERA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, antes de finalizar la pasada legislatura, esta Cámara
aprobaba el proyecto de ley del voluntariado. Con ello se pretendía no
sólo regular una actividad de un importante carácter social que se venía
desempeñando con
un alto nivel de utilidad pública, sino, fundamentalmente, brindar un
marco de participación y protección legislativa adecuado para los
voluntarios, a fin de que dicha actividad sin ánimo de lucro recibiera el
reconocimiento social que merece.
Nadie puede dudar hoy en día del papel que juega y debe seguir jugando el
voluntariado social en un medio a veces inhóspito para distintos
colectivos humanos, y en el que los recursos económicos que puedan
brindar las distintas Administraciones son limitados.
Habría que decir con toda rotundidad que sin voluntarios sociales sería
imposible llevar a cabo una parte muy importante de las políticas
sociales por parte de los Gobiernos. Por ello, la obligación que el
actual Gobierno de la nación debe asumir con respecto al apoyo a estos
colectivos.
De ahí, que le formule la siguiente pregunta en el sentido de conocer
cuáles son las líneas básicas del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales respecto al voluntariado social.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El señor Ministro de Trabajo tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, coincido con el señor Senador y le digo que, en efecto,
hay muchas políticas sociales que se pueden proyectar, poner en marcha en
su inicio, impulsar desde el Gobierno, pero es prácticamente imposible
que sean fructíferas si no se cuenta con una importante organización de
voluntarios. Yo diría, además, que tener una organización de voluntarios
es un paso definitivo para pasar del Estado del bienestar a una sociedad
de bienestar en la que todos asumamos mayor responsabilidad. Un país
sano, un país moderno, en gran parte se mide por contar con grandes
organizaciones de voluntarios.
Como bien ha dicho el señor Senador en su intervención, desde el pasado
15 de enero tenemos Ley del Voluntariado, aprobada al final de la otra
legislatura, pero después de la Ley del Voluntariado hace falta poner en
marcha una serie de actividades de acuerdo con todos los sectores de la
sociedad.
En ese sentido, le comunico que en la pasada Conferencia de Asuntos
Sociales de Santander todas las Comunidades Autónomas conocieron las
líneas básicas de elaboración del Plan del voluntariado. También pensamos
llevar a cabo esas líneas de actuación en colaboración con las
organizaciones no gubernamentales. Asimismo, le puedo decir al señor
Senador que para 1997 el crédito de la convocatoria de IRPF destinado al
voluntariado está prácticamente en los 500 millones de pesetas. Y,
finalmente, que el próximo día 5 de diciembre, Día Internacional del
Voluntariado, el Consejo de Ministros adoptará acuerdos previos para
poner en marcha el Plan.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JULIO MANUEL YEBRA-PIMENTEL BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS RAZONES QUE HAN ACONSEJADO LA ORIENTACION
DADA A LA CAMPAÑA DE INFORMACION GENERAL RELACIONADA CON LA PREVENCION
DEL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA). (680/000168.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don Julio Manuel Yebra-Pimentel Blanco, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las razones que han aconsejado
la orientación dada a la campaña de información general relacionada con
la prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).
Tiene la palabra el Senador Yebra-Pimentel Blanco.
El señor YEBRA-PIMENTEL BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, en Sanidad una norma básica, y a la vez de
obligado cumplimiento para la buena praxis médica, es dirigir los
esfuerzos hacia la puesta en marcha de mecanismos que actúen como
preventivos para evitar la utilización de medidas terapéuticas en las
distintas patologías médicas.
En el caso de las enfermedades, como el Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida, en las que, lamentablemente, no existen aún métodos eficaces
para su tratamiento, lo es mucho más. Por eso es de notable importancia
que se pongan en marcha campañas de divulgación que tengan una amplia
penetración social en los colectivos afectados para evitar el contagio y
la propagación de las patologías.
Por ello, ahora que el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha una
nueva campaña dirigida a la prevención del sida, me permito formularle al
señor Ministro la siguiente pregunta: ¿Qué criterio ha seguido el
Gobierno para el diseño de esta campaña con el fin de conseguir los
efectos preventivos deseados?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Muchas gracias por su pregunta, señor Senador.
En efecto, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha venido desarrollando
durante el último trimestre de este año una campaña de información sobre
el sida dirigida a la población en general. (Rumores.)
Esta campaña no pretende constituir una estrategia total de prevención
--como ninguna otra por sí misma--, sino una intervención más que
complementa y sirve de refuerzo al conjunto de actividades de prevención
realizadas en
todo el país por distintos órganos de la Administración del Estado y de
las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia.
Con estas campañas se trata de mantener un adecuado nivel de
conocimientos y de sensibilidad en la población sobre la enfermedad.
(Fuertes rumores.) La mayor parte de las realizadas hasta la fecha han
tenido como eje central la información sobre las medidas de prevención de
conductas sexuales de riesgo y de promoción de conductas sexuales
seguras, en lo que, naturalmente, hay que seguir insistiendo.
No obstante, el Ministerio de Sanidad y Consumo entendió que este año era
conveniente centrar la atención preferentemente en la necesidad de evitar
nuevas infecciones en el colectivo de personas con mayor riesgo de
infección, que en España son los usuarios de drogas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Ministro, espere un
segundo, por favor.
Sus señorías, y me refiero también al Grupo que da soporte al Gobierno,
no atienden suficientemente cuando habla un Ministro del Gobierno. Pido
atención a toda la Cámara, por favor.
Puede continuar su señoría.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Decía que, a
nuestro juicio, este año era conveniente centrar la atención en la
necesidad de evitar nuevas infecciones en el colectivo de personas con
mayor riesgo, que en España son los usuarios de drogas. No hay que
olvidar que cerca del 80 por ciento de los casos de sida declarados en
nuestro país se asocian directa o indirectamente al consumo de drogas por
vía parenteral. No hay que olvidar que el 70 por ciento de los casos
transmitidos por vía sexual se produjeron a través de relaciones sexuales
no protegidas con personas usuarias o ex usuarias de drogas e infectadas
por VIH. Por último, tampoco hay que olvidar que más del 70 por ciento de
los niños con sida son hijos nacidos de madres usuarias de drogas o
pareja sexual de un usuario o ex usuario de drogas. Los toxicómanos no
sólo son el colectivo con más riesgo de infección por VIH, sino que
padecen, además, un cierto rechazo social que se extiende incluso hacia
iniciativas o programas que se dirigen a ellos.
Por todo ello, la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, en
coordinación con los responsables autonómicos, propuso, y así lo
aceptamos, que la presente campaña debería no sólo centrar su atención en
los toxicómanos como sujetos especialmente expuestos al sida, sino
incorporar también un mensaje de solidaridad de toda la población hacia
estas personas y hacia todos los afectados por esta enfermedad.
Por todo ello, la campaña se propone fomentar actitudes solidarias con
todos los enfermos de sida, normalizar la imagen de los usuarios de
drogas identificando el consumo de los mismos con un problema de salud, y
promover el apoyo de la sociedad a todos los programas de atención a
toxicómanos especialmente en lo relativo a la instalación de centros y
medidas dedicadas a la rehabilitación y ayuda a los mismos.
Por último, sólo quisiera señalar que este proceso de selección de la
campaña se alcanzó con un amplio consenso con las Comunidades Autónomas y
con las organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro de
Sanidad.
--DE DON ENRIQUE BELLIDO MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE SI TIENE EL GOBIERNO ESTABLECIDO ALGUN MECANISMO ORIENTADO
A LA CONSECUCION DE LOS MAXIMOS NIVELES DE SEGURIDAD EN RELACION CON LOS
PRODUCTOS EN CUYA COMPOSICION FIGURA UN NUMERO CRECIENTE DE SUSTANCIAS
QUIMICAS. (680/000169.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don Enrique Bellido Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre si tiene el Gobierno establecido algún mecanismo
orientado a la consecución de los máximos niveles de seguridad en
relación con los productos en cuya composición figura un número creciente
de sustancias químicas.
Tiene la palabra el Senador Bellido Muñoz.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, al leer la composición de los más variados productos
fitosanitarios, cosméticos, e incluso los alimenticios de droguería, cada
vez con mayor frecuencia descubrimos una amplia y a veces incomprensible
lista de componentes que conforman, tanto su base activa, como su
excipiente o incluso el propelente.
Esta situación se complica aún más ante el incremento de los intercambios
comerciales entre países, algunos de ellos muy distantes de nosotros y
con medidas poco efectivas de control sanitario. Ello nos preocupa, ya
que tal variedad de principios activos, nuevos en algunos casos, y
mezclados en la misma fórmula en otros, podría desencadenar reacciones
biológicas indeterminadas, tanto en el hombre como en el resto de los
seres vivos, con efectos claramente nocivos para la salud y el
biosistema.
Por ello, señor Ministro, deseamos saber si el Estado cuenta con
mecanismos orientados a la consecución de los máximos niveles de
seguridad en relación con este tipo de productos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Bellido.
Señor Ministro, su señoría tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente, y muchas gracias, señoría, por su pregunta.
Efectivamente, el Ministerio de Sanidad y Consumo comparte su
preocupación por los riesgos que para los ciudadanos podrían derivarse de
este tipo de productos. Tenga en cuenta que se admite generalmente que
todos los años entren en el mercado mundial más de mil nuevas sustancias
o productos químicos con las más variadas finalidades o indicaciones.
Nuestra obligación es compatibilizar los beneficios que en muchos casos
se derivan de este tipo de productos con el mayor nivel de seguridad para
los ciudadanos. Se trata de una tarea que ningún país puede efectuar
aisladamente, sino que, tanto por lo que se refiere al conocimiento del
estado de la ciencia, como por la necesidad de que las medidas que se
adopten sean uniformes en todos los países, es preciso que la estrategia
que se tome entronque con las internacionalmente establecidas por foros
como la Organización Mundial de la Salud o la Unión Europea.
Esta es la situación en nuestro país, donde estamos integrando en nuestro
ordenamiento todas las directivas de la Unión Europea relativas a la
seguridad de los productos químicos, a la vez que participamos
activamente en los foros de trabajo constituidos en su seno en los que se
discuten este tipo de problemas. Se trata, pues, de una estrategia que
garantiza para nuestros ciudadanos los mismos niveles de seguridad que
existen para el resto de los de la Unión Europea.
Sin ánimo de resultar especialmente exhaustivo, y sin pretender abrumar a
su señoría con datos y cifras, me voy a permitir, brevemente, hacer una
somera relación de las líneas de trabajo más importantes.
Sistema de notificación de sustancias químicas nuevas. En virtud de él,
cualquier fabricante o importador que desee comercializar una sustancia
nueva debe presentar en la Dirección General de la Salud Pública la
información necesaria para que sea evaluada y clasificada. Una vez
estudiada la sustancia, se comunica a la unidad responsable de la Unión
Europea, con el fin de inscribirla en un registro con validez en todos
los países miembros.
Preparados químicos peligrosos. En este caso se trata de establecer un
etiquetado obligatorio y correcto, con una información básica que sea
capaz de prevenir y evitar cualquier tipo de riesgo para el usuario.
Simultáneamente, el responsable de la comunicación del preparado
peligroso debe depositar en el Ministerio de Sanidad y Consumo una ficha
de datos de seguridad con los que el Ministerio alimenta un sistema de
información dirigido principalmente a los usuarios profesionales, que les
permita tomar las medidas necesarias para su utilización.
Autorización de plaguicidas. La hace el Ministerio de Agricultura, pero
necesita un informe vinculante de homologación del Ministerio de Sanidad.
Durante 1996 se han homologado 481 productos.
Control de exportación e importación de productos químicos peligrosos. La
Dirección General de Salud gestiona el Reglamento de la Unión Europea que
regula esa exportación.
Registro de «sprays» de defensa personal. El Ministerio de Sanidad y
Consumo debe estudiar la peligrosidad de los «sprays» de defensa
personal. Del resultado de esta evaluación depende la autorización que va
a permitir la venta de estos productos.
En definitiva, señoría, se trata de un sistema conectado con los
programas internacionales de seguridad de productos químicos y que se ha
desarrollado en estrecha colaboración con otros Ministerios y organismos.
Todo ello, con el objetivo de que, sin perjudicar la investigación y el
desarrollo, se consigan los máximos niveles de seguridad para los
ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON SALVADOR CAPDEVILA I BAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE EL GRADO DE EJECUCION MATERIAL DE
LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y VALORACIONES FORMULADAS
POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y ACEPTADAS POR EL GOBIERNO DURANTE EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE 1989 Y 1994 EN LO RELATIVO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA. (680/000156.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don Salvador Capdevila i Bas, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, sobre el grado de ejecución material
de las principales recomendaciones, sugerencias y valoraciones formuladas
por el Defensor del Pueblo y aceptadas por el Gobierno durante el período
comprendido entre 1989 y 1994, en lo relativo a la Administración de
Justicia.
Tiene la palabra el Senador Capdevila i Bas.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la pregunta que se le dirige tiene que ver, como habrá
apreciado su señoría, con la necesidad de reclamar al Gobierno el real
cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias que vienen siendo
planteadas a la Administración por el Defensor del Pueblo como resultado
de las investigaciones que constantemente está realizando a tenor de las
quejas recibidas por los ciudadanos; además, dichas recomendaciones han
sido debidamente aceptadas por las diversas Administraciones.
La pregunta se refiere concretamente a las recomendaciones y sugerencias
planteadas a la Administración de Justicia. Año tras año, en el análisis
del Informe anual del Defensor del Pueblo se observan unas áreas en las
que se concentra el grueso de las quejas presentadas por los ciudadanos
españoles y algunos extranjeros, y entre dichas áreas está la de la
Administración de Justicia.
Ello nos hace reflexionar en el sentido de que, sin duda, responden a
auténticas carencias de la sociedad y de los individuos en materias de
derechos y libertades, pues no podemos
olvidar, entre otras, que la situación de retraso de los tribunales y
juzgados determinan las direcciones procesales endémicas que sufre
nuestro sistema, directamente producidos por causas estructurales que, en
su conjunto, dificultan e impiden el derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva reconocida en nuestro artículo 24 de la Constitución
Española, que exige que por parte de los poderes públicos se adopten las
medidas necesarias para superar estas deficiencias estructurales y
organizativas que todavía se observan en la Administración de Justicia y
que determinan la vulneración de uno de los contenidos esenciales, cual
es el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Durante la comparecencia del señor Defensor del Pueblo ante la Comisión
Mixta el día 7 de noviembre, nos recordó la moción aceptada por el Pleno
del Congreso de los Diputados el 26 de septiembre de 1995, por la que se
instaba al Gobierno contestación escrita de aquellos temas contenidos en
dicha moción. Si bien esta moción no fue aprobada en su momento debido a
la disolución de las Cortes como consecuencia de las elecciones generales
del pasado 3 de marzo de 1996, al margen de ello creemos que debe existir
esta obligación y este control respecto a su real cumplimiento.
De ahí la pregunta que se le formula sobre el grado de ejecución material
de las principales recomendaciones, sugerencias y valoraciones por el
Defensor del Pueblo, aceptadas por el Gobierno, durante el período
comprendido entre 1989 y 1994, en lo relativo a la Administración de
Justicia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Capdevila
i Bas.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Efectivamente, su señoría ha hecho mención a la moción consecuencia de
interpelación urgente que se desarrolló en el Pleno del Congreso el
pasado 26 de septiembre de 1995. Nos consta que el anterior Ministerio de
Justicia e Interior elaboró un informe acerca de todas las cuestiones
planteadas por el Defensor del Pueblo, informe que no ha sido posible
encontrar en los archivos del Ministerio.
Para poder dar respuesta a la pregunta que su señoría formula, hemos
hecho un seguimiento de los informes elaborados por el Defensor del
Pueblo y hemos llegado a las siguientes conclusiones. Se ha reiterado en
diversos informes la necesidad de disponer de un marco legal que permita
la restitución de los daños causados a las víctimas de los delitos
violentos, Recomendación 28/1989. Tal recomendación fue atendida con
notable retraso, pero atendida al fin, por la Ley 35/1995, de 11 de
diciembre, sobre ayudas y asistencias a las víctimas de delitos violentos
y contra la libertad sexual, cuyo reglamento está en elaboración muy
avanzada entre los Ministerios de Interior y Justicia.
Se han reiterado igualmente las modificaciones en el sistema legal de
asistencia gratuita. En dicho período, el Defensor del Pueblo manifestó
su preocupación por su mal funcionamiento. La respuesta vino dada por la
Ley 1/1996, de 10 de enero y, como su señoría sabe, ya ha sido aprobado
el Reglamento en desarrollo de dicha Ley, de 20 de septiembre de este
año.
Igualmente se ha reiterado la garantía del derecho a la tutela judicial
efectiva, a la que su señoría ha hecho referencia en su exposición, y
efectivamente no se trata de una recomendación específica, sino reiterada
a lo largo de bastantes informes. A este respecto, lo único que puedo
decir a su señoría es que está en estudio el desarrollo de la Ley de
Demarcación y Planta para adecuar el número de órganos jurisdiccionales
efectivos para esa tutela judicial efectiva.
Respecto a la indemnización a testigos que comparecen en procesos
penales, que es la Recomendación 16/1992, se refiere a una adecuada
regularización del sistema de indemnizaciones a dichos testigos. Sobre
este particular no existe desarrollo reglamentario en vigor, pero sí le
puedo adelantar que el actual Ministerio lo está estudiando.
Por último, en cuanto a la unificación de criterios para la calificación
de ejercicios de opositores a plazas de oficiales de la Administración de
Justicia, la Recomendación 4/1993 hacía referencia a las oposiciones de
los años 1992-93 y ya se recogió mediante tribunales únicos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Capdevila i Bas.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para congratularnos de que,
efectivamente, las sugerencias y recomendaciones del Defensor del Pueblo
no hayan caído en saco roto, porque la Administración de Justicia tenga
interés en proseguir dichas recomendaciones y porque en lo sucesivo se
vayan acelerando, sobre todo lo relativo al proyecto de ley de los
Juzgados de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo, que serían de
vital importancia para la celeridad y para quitar el colapso que padecen
actualmente los Tribunales de Justicia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra, si desea intervenir.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, le agradezco su comprensión y ante la Cámara quiero manifestar
el compromiso de la Ministra de Justicia y del Departamento para, en el
plazo más breve posible, poder atender todas las recomendaciones que el
Defensor del Pueblo nos haga llegar.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
--DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE LOS COMENTARIOS
CRITICOS QUE HAN INTENTADO ARROJAR SOMBRAS SOBRE LA IDONEIDAD DE LA
DECISION DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DEL PROCEDIMIENTO
SEGUIDO PARA LA ELECCION DEL MAGISTRADO QUE HA DE PRESIDIR LA SALA
SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO. (680/000163.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca de los comentarios
críticos que han intentado arrojar sombras sobre la idoneidad de la
decisión del Consejo General del Poder Judicial y del procedimiento
seguido para la elección del Magistrado que ha de presidir la Sala
Segunda del Tribunal Supremo.
Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, señora Ministra,
los vocales votaron en conciencia. Era el más antiguo y llevaba seis
meses desempeñando satisfactoriamente esa tarea. Así se manifestó el
Presidente del Consejo General del Poder Judicial, tras ser elegido el
Magistrado don José Augusto de Vega, Presidente de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo.
El Consejo cumplía una de sus funciones de forma irreprochable. Pero no
todos acogieron con naturalidad esta decisión. No han faltado críticas y
acusaciones, y fuentes gubernamentales --decía un periódico que, sin
duda, las tiene-- interpretaron en clave política este nombramiento, como
una derrota del Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial.
Tampoco faltaron noticias sobre intromisiones y sugerencias y, en todo
caso, se ha intentado arrojar sombras sobre la decisión y sobre el
procedimiento.
¿Cuál es la opinión de la señora Ministra de Justicia sobre estos hechos?
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Senador Arévalo, cuando me pregunta por los hechos, no sé si se refiere a
la elección de Presidente de la Sala Segunda --respecto a lo que esta
Ministra lo único que tiene que hacer es felicitarse porque exista
Presidente titular, como hizo por escrito al día siguiente de la
elección-- o si se refiere a las críticas habidas o a los comentarios
--porque hubo críticas favorables y desfavorables-- con motivo de la
elección. El Gobierno y la Ministra de Justicia son absolutamente
respetuosos con las leyes y con la Constitución respecto a las
obligaciones y a los deberes y derechos de todos y cada uno de los
Consejeros del Poder Judicial, de su Presidente, que se ha manifestado
como órgano de expresión del mismo, y también absolutamente respetuosos
con los derechos de libertad de información y de expresión reconocidos en
nuestra Constitución. Nada tienen que decir el Gobierno ni el Ministerio
de Justicia sobre comentarios más o menos favorables o más o menos
desfavorables acerca de esta elección.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Senador Arévalo, tiene su señoría la palabra.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, señora Ministra,
yo estoy seguro de que la señora Ministra contesta sinceramente, porque
no ha utilizado presiones ante los vocales del Consejo General del Poder
Judicial, que ella conoce muy bien porque allí ha ejercido durante algún
tiempo al lado del señor Manzanares y en momentos tormentosos, como en el
caso del señor Pascual Estevil. Estoy seguro de que la señora Ministra
tampoco se ha dirigido con este asunto a dirigentes políticos ni ha hecho
llamadas telefónicas, como en otra noche nerviosa hizo el Fiscal General
del Estado.
Señora Ministra, el Gobierno no debe considerar como una derrota, aunque
así se ha dicho, la elección del Presidente de la Sala Segunda, pero
usted, señora Mariscal de Gante, ha tenido una reacción inadecuada. Como
impulsada por un resorte, ha retomado desde el día de la elección por el
Consejo del Presidente de la Sala Segunda, y con más entusiasmo que
nunca, una vieja cruzada: hay que cambiar el sistema de elección de los
vocales del Consejo General del Poder Judicial. Con la intervención de
los grupos parlamentarios --ha dicho la señora Ministra-- en la
designación de los miembros del Consejo, se está dando una imagen de
politización de la Justicia. Y al ser preguntada directamente por la
actuación del Consejo en el caso que ahora nos ocupa, ha contestado: Se
ha dado una imagen de politización. Resulta que sectores de la Justicia,
aprovechando la elección del Presidente de la Sala Segunda, han
recuperado la vieja reivindicación conservadora. Lo que no podemos saber
es si hubieran reaccionado igual, y tan rápida e insistentemente, de
haber sido otro el elegido para la Presidencia de la Sala Segunda.
Nos gustaría, señora Ministra, que usted, que es persona de firmes
convicciones, seguramente heredadas, también demostradas a su paso por el
Consejo General del Poder Judicial, oriente ahora sus preferencias a
defender un órgano que no tiene funciones jurisdiccionales, sino de
gobierno, a cuyos vocales elegimos los representantes del pueblo, y que,
tal como están las cosas, es hoy el procedimiento que da mejores
garantías.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Señora Ministra, tiene su señoría la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Senador Arévalo, yo creía que me iba a preguntar por la opinión del
Gobierno acerca del nombramiento del Presidente, por las críticas, pero
veo por su segunda intervención que lo que le interesa saber de verdad es
por qué sigo defendiendo que hay que reflexionar entre todos sobre la Ley
Orgánica y sobre un posible cambio de sistema en el órgano de gobierno de
los vocales del Poder Judicial.
Evidentemente, soy de firmes convicciones, lo he defendido en esta Cámara
en una comparecencia y lo he defendido en preguntas. No ha hecho falta
que se produjera ninguna elección para que yo reiterase mi convicción, y
exactamente igual que usted defiende que la elección parlamentaria de los
20 miembros es la que más se adecua a la Constitución, yo tengo el mismo
derecho a defender que la Constitución establece ocho vocales elegidos
por las Cámaras y doce por y entre jueces y magistrados. No me niegue el
derecho a opinar distinto de usted. No me ha hecho falta ninguna excusa
para mantener esta opinión.
Le reitero: el Gobierno es absolutamente respetuoso con todas las
competencias del Consejo, en todo momento lo ha sido y lo seguirá siendo.
Muchísimas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
INTERPELACIONES:
--DE DOÑA CORAL RODRIGUEZ FOUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR EL DESFASE
PRODUCIDO ENTRE EL NUMERO DE OBJETORES DE CONCIENCIA Y EL DE PLAZAS
CONCERTADAS PARA LA REALIZACION DE LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA.
(670/000030.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto del orden del
día es el de interpelaciones y, la primera, es la que formula la Senadora
doña Coral Rodríguez Fouz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
medidas previstas por el Gobierno para solucionar el desfase producido
entre el número de objetores de conciencia y el de plazas concertadas
para la realización de la prestación social sustitutoria.
Puede intervenir la señora Senadora.
La señora RODRIGUEZ FOUZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, desde hace varios meses estamos asistiendo,
tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación, a numerosos y
diversos debates sobre el futuro modelo de Fuerzas Armadas, sobre la
supresión de «la mili» y sobre la objeción de conciencia y la prestación
social sustitutoria, pero el debate no es novedoso. Ya en junio de 1991
se formalizó en el Congreso de los Diputados un acuerdo del Pleno,
previamente consensuado por todos los grupos parlamentarios, en el que se
propugna complementar el modelo clásico de recluta universal con una
progresiva profesionalización del Ejército. En junio de este año, con
posterioridad al pacto alcanzado entre el Partido Popular y Convergència
i Unió para la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas en el año
2003, se acordó constituir una Comisión Mixta Congreso-Senado con el
objetivo de establecer la fórmula y los plazos para lograr dicha
profesionalización.
Este es el contexto en el que nos encontramos, pero yo tomo como punto de
partida para esta interpelación la legalidad vigente en este momento;
parto del artículo 30 de la Constitución Española, que establece el
derecho y el deber de los españoles de defender a España; de la Ley que
fija las obligaciones militares de los españoles y regula la objeción de
conciencia; parto de la vigente obligatoriedad del Servicio Militar. Así
el artículo 30.2 de nuestra Constitución determina que la ley fijará las
obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas
garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de
exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso,
una prestación social sustitutoria.
Este reconocimiento constitucional del derecho a la objeción de
conciencia permite a los jóvenes adecuar sus comportamientos a sus
convicciones personales, ajustar su modo de vida a sus propias
convicciones ideológicas o religiosas. El derecho constitucional a la
objeción de conciencia permite a todo joven el ejercicio de la coherencia
personal entre sus ideas y sus actitudes y comportamientos. Pero el
ejercicio de ese derecho se ha visto afectado desde un principio por el
desfase existente entre el número de plazas concertadas para la
realización de la prestación social sustitutoria y el número creciente de
jóvenes solicitantes del reconocimiento de la condición de objetor de
conciencia. Un desfase que ha retrasado, año tras año, la incorporación
de los objetores a la situación de actividad y que ha sido el resultado,
inevitable, de otro desfase, en este caso temporal, entre la suspensión
de la incorporación de los objetores de conciencia al Servicio Militar,
producida tras la aprobación de la Constitución en 1978 y la
incorporación a la prestación social sustitutoria, iniciada en 1989, una
vez regulada la misma tras la resolución del recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo contra la Ley
Reguladora de la Objeción de Conciencia y la Prestación Social
Sustitutoria.
Esta demora de once años en la implantación y consolidación de la
prestación social ha incidido decisiva y negativamente, junto con el
incremento en el número de objetores reconocidos cada año, en el
ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. Ha dificultado el
cumplimiento por parte de la Administración de los plazos previstos
reglamentariamente con los consiguientes perjuicios para los jóvenes
objetores. Ante esta situación y con la intención de acortar y normalizar
los plazos de incorporación al cumplimiento de la prestación social, el
Consejo de Ministros aprobó el 11 de marzo de 1994 un Plan de objeción de
conciencia, cuyo objetivo primordial era poner los medios necesarios para
asegurar que los objetores de conciencia realizaran la prestación social
en los términos legalmente previstos,
para lograr que el aumento del número de plazas concertadas para realizar
la prestación fuera paralelo al incremento de las solicitudes de
reconocimiento de la condición de objetor. Un Plan que fue presentado
públicamente y en el Parlamento con la comparecencia, a petición propia,
del Ministro de Justicia y que recogía medidas como la modificación de la
estructura administrativa del Ministerio de Justicia con la creación de
la Dirección General de Objeción de Conciencia. El objetivo de dicha
reestructuración era asegurar la coordinación adecuada para que el
reconocimiento de la objeción de conciencia y el cumplimiento de la
prestación social sustitutoria se desarrollaran sin solución de
continuidad. Esta reorganización se puso en marcha con el Real Decreto
494 de 17 de marzo de 1994.
Otras medidas incluidas en el citado Plan eran el incremento de los
medios personales y materiales destinados a la gestión de la objeción de
conciencia y la prestación social, la descentralización de la gestión
especialmente en materia de inspección, el aumento de las plazas
concertadas para realizar la prestación social sustitutoria tanto en
instituciones públicas, como privadas; plazas que deberían responder a
auténticas necesidades sociales. No hay que olvidar que según la Ley
48/1984 el cumplimiento de la prestación social debe redundar en
beneficio de la sociedad y del propio objetor. Otra medida era la
ocupación total de las plazas existentes mediante la adscripción de
oficio a plazas vacantes de determinados objetores, como los que no
hubieran manifestado preferencia o desistieran de la manifestada o cuando
no fuera posible atender a esa preferencia o los que fueran mayores de 27
años. Esta medida implicaría en algunos casos la movilidad geográfica,
por lo que habrían de considerarse los gastos de transporte o de
alojamiento y manutención.
Ese Plan aprobado por el Gobierno socialista propugnaba, asimismo la
unificación del reglamento del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia
de 1985 y del Reglamento de la Oficina para la prestación social de la
objeción de conciencia de 1988, con el fin de agilizar la gestión.
Cumpliendo con ese requerimiento se aprobó, mediante el Real Decreto 266
de 1995, el Reglamento de la Objeción de Conciencia y de la prestación
social sustitutoria que trataba de conjugar una mayor eficacia
administrativa con las garantías tanto del interés general, como del
«status» de los objetores. Dicho reglamento establecía una reducción
significativa de los plazos de que dispone la Administración para
resolver las distintas solicitudes, equiparaba las exenciones y
aplazamientos de incorporación con las del servicio militar y
flexibilizaba la forma de adscripción de los objetores a los puestos de
actividad con el fin de conseguir una mayor agilidad en la asignación de
plazas.
El desarrollo del Plan ha supuesto avances sustanciales en la adecuación
de las plazas ofertadas para la realización de la prestación social
sustitutoria al número de jóvenes objetores de conciencia. Así, para los
años 1994, 1995 y 1996 se habían fijado cifras de 28.000, 44.000 y 62.500
puestos de actividad respectivamente. Y las previsiones se superaron: en
1994 se concertaron más de 50.000 plazas, en 1995 66.000 plazas y en
1996, a 15 de abril, ya se habían concertado 72.406 puestos. Otra de las
previsiones era llamar a 35.000 objetores de conciencia en 1994 y a
50.000 en 1995. También se cumplió.
Y mientras que en el año 1994, antes de la elaboración, presentación y
puesta en marcha del Plan de Objeción de Conciencia del Gobierno
socialista, la cifra de jóvenes llamados para realizar la prestación
social sustitutoria no había alcanzado ni un tercio de los objetores de
conciencia reconocidos, en estos momentos con prácticamente el doble de
jóvenes reconocidos como objetores se ha llamado ya a la mitad. Sin
embargo, tales avances no han sido suficientes para normalizar totalmente
la incorporación al cumplimiento de la prestación social. Es por ello por
lo que han continuado los esfuerzos dirigidos a evitar que la situación
de disponibilidad de los objetores se alargue de forma indefinida,
perjudicando su integración laboral, ya bastante difícil, y su desarrollo
vital.
Así, con la intención de facilitar la disminución de la bolsa de
objetores, la Ley del Voluntariado, aprobada a principios de este año,
establece la posibilidad de convalidación a efectos de prestación social
de la participación de los jóvenes en programas de voluntariado.
Como escribía Francisco Tomás y Valiente en diciembre de 1994: aunque ese
verbo, defender, tiene un sentido primario que lo relaciona con la
defensa militar, en ningún sitio está dicho que ésa sea la única posible
forma de defensa. Sucede, por el contrario, que en la sociedad actual
existen múltiples necesidades, muchas de ellas más reales y actuales que
las respuestas a una agresión exterior. De modo que la prestación por los
ciudadanos de esa ayuda voluntaria para la satisfacción de alguna de las
necesidades legalmente determinadas al efecto podría considerarse con
naturalidad como una forma de cumplimiento de aquel deber general de
defensa a España. El paso siguiente habría de consistir en incluir el
hecho de haber prestado o estar prestando ese servicio civil entre las
causas de exención del servicio militar único obligatorio.
Con el desarrollo de esta Ley del Voluntariado cabría y cabe esperar
ciertos efectos beneficiosos en la relación plazas y objetores. Así, a 24
de octubre de este año, según datos del Gobierno, el Consejo Nacional de
Objeción de Conciencia ha convalidado servicios voluntarios a efectos de
la prestación social sustitutoria a 302 objetores de conciencia. Sin
embargo, cuando todas estas fórmulas emitidas empezaban a funcionar, nos
encontramos con que la situación en esta VI Legislatura ha variado
sustancialmente.
La bolsa de objetores, cifrada en estos momentos en unos 130.000 jóvenes,
se ha visto incrementada. En los últimos meses, el número de solicitudes
de reconocimiento de la condición de objetor de conciencia se ha
disparado. Desde el 1 de enero hasta el 15 de abril de este año, tres
meses y medio, se presentaron ante el Consejo Nacional de Objeción de
Conciencia unas 20.000 solicitudes, mientras que desde el 15 de abril
hasta el 31 de agosto, cuatro meses y medio, se presentaron 44.000, más
del doble. Usted misma, señora Ministra, afirmó en el Congreso de los
Diputados el pasado día 20 de junio que es muy probable que uno de los
factores de mayor incidencia en ese aumento hayan sido las expectativas
generadas en relación con la futura supresión del Servicio Militar.
Si a esto añadimos las expectativas que, con toda seguridad, ha generado
y generará la toma en consideración de la proposición de ley de
Convergència i Unió, que incluye entre otras modificaciones la
equiparación de la duración de la prestación social sustitutoria con la
de Servicio Militar, el reconocimiento de la objeción de conciencia
sobrevenida y el pase a la reserva de los objetores cuyo tiempo de espera
para la incorporación a la plaza supere el período de disponibilidad
previsto en el Reglamento, nos encontramos con que probablemente se van a
desbordar todas las previsiones.
Preocupados por esta situación, por el peligro de que el actual
incremento de las solicitudes de objeción de conciencia provoque un
colapso administrativo, pues ninguna organización administrativa parece
capaz de absorber tal cantidad de objetores, presentamos esta
interpelación. Queremos saber qué medidas ha previsto su Ministerio para
avanzar en la solución de este problema, que no se ha generado ahora pero
sí se ha agudizado en los últimos meses tras el anuncio por parte del
Gobierno de la fecha de desaparición de la mili. Queremos saber qué hay
de ese plan de choque para la normalización de la prestación social, tan
aludido por todos y a la vez tan desconocido por el Parlamento, porque
hasta ahora sólo tenemos escasas referencias de algunas intervenciones
parlamentarias suyas y del Secretario de Estado de Justicia. Según dicho
Secretario de Estado, en junio se elaboró un informe con un estudio
detallado de las causas que inciden en la imposibilidad de proceder a la
incorporación de los objetores a la actividad en el menor tiempo posible
--son palabras textuales--. Tal informe sirvió de base para la
elaboración de ese plan de choque, que, si no me equivoco, no ha sido
presentado todavía en el Parlamento.
Ustedes han afirmado que la situación requiere la adopción de urgentes
medidas correctoras. Queremos conocer esas medidas, queremos saber
asimismo si ese plan de choque para normalizar la prestación social
sustitutoria tiene su plasmación en los Presupuestos Generales del
Estado, porque tenemos serias dudas de que así sea. Creo que todos
estamos de acuerdo en que nos encontramos ante un problema que va a
requerir esfuerzos superiores a los hasta ahora realizados, pues se ha
agravado en estos últimos meses, y que, por tanto, precisará de más
medios. Sin embargo, las cantidades asignadas al programa del Ministerio
de Justicia destinado a la prestación social sustitutoria de los
objetores de conciencia se han reducido.
Señora Ministra, en junio, ante la Comisión de Justicia del Congreso, y
tras agradecer a un Diputado de Coalición Canaria la advertencia que le
hacía sobre la falta de medios humanos y económicos en relación con la
objeción de conciencia, usted solicitó a todos los parlamentarios allí
presentes que tuvieran en cuenta esa escasez de medios a la hora de
aprobar los Presupuestos. Visto el proyecto de Presupuestos
correspondiente a su Ministerio podemos convenir que ni siquiera en la
línea de salida se ha tomado en consideración esa falta de recursos.
El Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda para incrementar
la dotación de ese programa de prestación social sustitutoria para hacer
frente a la necesaria ampliación de nuevos puestos de actividad, de
nuevas plazas, y fue rechazada.
Por todo esto estamos preocupados, y queremos conocer su análisis de la
situación y sus previsiones en cuanto a su evolución y a sus posibles
soluciones. Faltan unos siete años, como mínimo, si la realidad
socioeconómica del país y el rigor presupuestario lo permiten, para que
llegue el momento de la plena profesionalización de nuestras Fuerzas
Armadas, en principio fijado en el 2003. En este tiempo, el empeño debe
dirigirse a garantizar a los jóvenes el ejercicio del derecho a la
objeción de conciencia y a permitirles el cumplimiento de la prestación
social sustitutoria en las condiciones adecuadas, sin penalizaciones,
porque la regulación de la objeción de conciencia y de la prestación
social sustitutoria no puede ni debe ir orientada a conseguir un mayor
efecto disuasorio en los jóvenes con el objetivo de que realicen el
Servicio Militar, con la intención de resolver los problemas que tenga
planteado el mismo.
Nada más.
Muchas gracias, señora Ministra; muchas gracias, señor Presidente.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señoría.
Señora Ministra, tiene usted la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
Presidente, señorías.
Gracias, Senadora Rodríguez Fouz, por la interpelación que ha formulado
al Gobierno.
En lugar de cifras, me van a permitir sus señorías que hable de objeción
de conciencia. Las cifras vendrán luego. Creo que entre todos podemos
clarificarlas un poco más.
En los asuntos públicos de los que la Constitución se ocupa expresamente
lo primero y principal es guiarse por ese norte. Lo que la Ministra que
tiene el honor de comparecer ante sus señorías ha pretendido y pretende
en la materia de esa interpelación, como en todas las demás, es, ante
todo, ser fiel a la norma fundamental del Estado, sin incurrir en
desviaciones ni dejar de rectificar o, por lo menos, intentar la
rectificación de las que pudieran haberse producido.
Lo primero, pues, que quiero decir a sus señorías es esto: que para esta
Ministra de Justicia la objeción de conciencia amparada en el apartado 2
del artículo 30 de la Constitución ha de ser tratada con seriedad y
respeto, como lo exige su naturaleza y su rango constitucional. Su
naturaleza es la de una expresión de la dignidad de la persona, raíz y
núcleo de todos los derechos humanos, y su rango constitucional,
coherente con esa naturaleza, es el de un genuino derecho subjetivo al
que se otorga, en el artículo 53.2 de la Constitución y en otros
preceptos de nuestro ordenamiento, la protección que merecen los derechos
fundamentales. Claro está que cabe abusar de la objeción de conciencia
malentendiéndola y malviviéndola, pero ¿acaso no cabe un abuso semejante
de derechos tan indiscutibles como el de libertad de expresión o de
opinión o del derecho de reunión? La experiencia de estos abusos
justificaría contemplarlos y regularlos más como peligros que como
manifestaciones de la dignidad humana.
La expresión formal y los efectos de la objeción de conciencia deben
regularse porque lo exige la Constitución, con las debidas garantías, y
cabe, también según la norma fundamental, imponer una prestación social
sustitutoria del servicio militar obligatorio que sea objetado por
motivos de conciencia. La representación popular, encarnada en las
Cámaras legislativas nacionales, ha desarrollado las previsiones del
artículo 30.2 de la Constitución en la forma que sus señorías conocen. Al
Gobierno, cualquiera que sea éste, corresponde la ejecución más cuidada y
esmerada de lo que esas normas dispongan. Estas me parecen que son las
coordenadas de nuestro asunto y, conforme a ellas, la Ministra que tiene
el honor de informar a sus señorías considera que el cuidado y el esmero
en la ejecución de las normas sobre objeción de conciencia y sobre
prestación social sustitutoria deben comenzar por no considerar la
objeción de conciencia ni en abstracto ni en concreto, ni en teoría
explícita o tácitamente, ni en la práctica como una insumisión encubierta
o disimulada, merecedora de censura y, sobre todo, de rechazo social.
Si ése fuere el enfoque real que se aplicase a nuestro asunto, nada
tendría de extraño, señorías, que la objeción de conciencia y la
prestación social sustitutoria bien pronto fuesen vistas como una
cuestión incómoda, áspera y escasamente motivadora de una acción de
gobierno decidida y ágil, y también ilusionada. Pero ilusionada no quiere
decir lo mismo que ilusa.
Considerada en realidad, la objeción de conciencia como insumisión
encubierta, la acción de gobierno se le representará como insumisión
encubierta, la acción de gobierno se le representará como un problema de
muy difícil solución, más apto para ser simplemente conllevado sin
estridencias que para proponerse en serio resolverlo o reducirlo a
dimensiones razonables, y no faltarán motivos --digo motivos, no
razones-- para esta actitud, porque entendido de hecho el objetor como
insumiso disfrazado, como individuo insolidario, resultará sumamente
difícil encontrar y organizar las oportunidades laborales y ocupacionales
constitutivas de una prestación social sustitutoria seria y digna. Se
habrá cosechado el fruto de un error acerca de una institución
constitucional, el fruto de haber transmitido a la sociedad, aunque no
expresamente sí de manera perceptible, un mensaje equivocado y de
negativas consecuencias para esa misma sociedad.
Quizá la bolsa de objetores de estos pasados años, reveladora de un
índice de objeción al servicio militar muy superior al de muchos países,
sea la consecuencia negativa de ese error de orientación y de la
correlativa acción de gobierno deficiente. Quizá --y digo quizá,
señoría-- el enorme aumento de esa bolsa durante los pasados años sólo
pueda explicarse con el terreno social abonado por un mensaje equivocado
y una acción gubernamental menos que lánguida.
Lo que el Ministerio de Justicia, del que hoy soy titular, ha pretendido
desde el mes de mayo de 1996 es, en pocas palabras, tomarse en serio la
objeción de conciencia y tomarse en serio la prestación social
sustitutoria. Y esto no es sino la traducción que entendemos que debía y
debe darse a dos mandatos constitucionales y a sus vigentes desarrollos
legales.
Entendemos que la debida consideración y el respeto a la objeción de
conciencia reclama seriedad, no severidad ni mucho menos ánimo
persecutorio de una insumisión encubierta, sino seriedad en las debidas
garantías que exige clara y directamente el apartado 2 del artículo 30 de
la Constitución. En este sentido, y como muestra de ese planteamiento de
seriedad respecto de las garantías del derecho a la objeción de
conciencia, me permitirán sus señorías que recuerde que, entre las
medidas contempladas por el plan de choque que ya fue presentado ante
esta Cámara por el Secretario de Estado de Justicia, se prevé facilitar
la más amplia información de forma individualizada a todos los objetores
de conciencia sobre las posibilidades que ofrece la Ley 6/96, de 15 de
enero, denominada del voluntariado, relativa al reconocimiento de los
servicios de voluntariado a efectos de la prestación social sustitutoria.
Se prevé, igualmente, introducir en el texto reglamentario una previsión
de aplazamiento a la incorporación por prórrogas cuando el objetor se
encuentre realizando servicios de voluntariado en una organización que
reúna los requisitos señalados en la Ley del Voluntariado. Se prevé
asimismo modificar el Reglamento para que la prestación social
sustitutoria pueda desarrollarse de forma fraccionada en determinados
casos. Y se prevé, por último, facilitar a los objetores de conciencia la
inclusión en programas de formación ocupacional para su posterior
inserción en el ámbito laboral, gestionando a tal efecto financiación
comunitaria.
Por otra parte, la Ministra que se honra en comparecer ante el Pleno de
esta alta Cámara ha impulsado, con el esforzado concurso de la Dirección
General de Objeción de Conciencia, una gestión de más y mejores
posibilidades concretas de realizar la prestación social sustitutoria. En
el esfuerzo por aumentar el número de puestos de actividad disponibles
quiero destacar las actuaciones ya realizadas, dentro de las previsiones
del plan de choque, para intensificar la colaboración con las Comunidades
Autónomas. Desde el convencimiento de que las Administraciones
autonómicas han de jugar un papel mucho más importante que el que han
desempeñado hasta ahora en materia de objeción de conciencia, se ha
celebrado ya una reunión con representantes de todas ellas en la que,
desde el Ministerio, se les ha ofrecido un nuevo modelo de colaboración.
Este nuevo modelo ha sido acogido favorablemente y ha surtido ya
importantes frutos. Así, dentro de este nuevo modelo de relaciones, la
Comunidad de Madrid ampliará los puestos de actividad ofrecidos de los
1.000 actuales a 5.000. El esfuerzo en la mejora de la gestión ha sido ya
perceptible durante este año, en el que han sido llamados a realizar la
prestación social sustitutoria más de 70.000 objetores, lo que supone la
cifra más alta de llamamientos jamás alcanzada y un aumento respecto del
año precedente que se sitúa en torno al 40 por ciento.
Puedo informar a sus señorías de los resultados alcanzados en otro de los
aspectos fundamentales del plan de choque, que no se limita a contemplar
medidas para equilibrar los números, lo que es ciertamente importante,
sino
que también se preocupa por configurar la prestación social sustitutoria
del modo que sea más útil y multiplique los efectos beneficiosos en sus
áreas de aplicación. Para estos fines, y por primera vez, se han puesto
en marcha iniciativas de formación ocupacional de objetores, con la
elaboración por parte del Ministerio de un manual de protección civil y
con la inminente iniciación, en este mismo mes de diciembre, de una
experiencia piloto de formación de objetores mediante un convenio con la
Dirección General de Protección Civil.
Con el conjunto de medidas que contempla el plan de choque será posible,
a finales de 1998, absorber la bolsa de objetores pendientes de realizar
la prestación social sustitutoria y normalizar así el sistema de objeción
de conciencia. Este es el objetivo que se propuso el plan de 1994, que su
señoría ha recordado ante la Cámara. Pero los resultados que ha
mencionado no son los que realmente se produjeron. No sólo no se logró
eliminar la bolsa sino que durante el período de aplicación de dicho plan
ésta se incrementó de 115.000 objetores, que fue cuando se diseñó el plan
de choque, a 130.000 objetores en el mes de abril de este año.
Pero, por encima de todo esto, lo que la Ministra de Justicia pretende, y
lo pretende precisamente con todas esas acciones y algunas más que están
en estudio, es que vayamos acercándonos a la más certera y constitucional
visión de objeción de conciencia no como artimaña insolidaria sino como
expresión de una seria reserva fundada en imperativos de ese reducto
interior de cada ser humano. Imperativos que no hace falta compartir,
pero que es necesario y justo respetar.
Hay señales en la realidad social que animan a considerar posible y aún
probable la posibilidad de cambiar el ambiente y mejorar la realidad que
ahora nos ocupa y para la que disponemos de la orientación constitucional
que he recordado. En esta época en la que la sociedad presenta no pocos
elementos negativos, no pocos factores de dificultad por una convivencia
justa y pacífica, hay también señales positivas. Una de ellas, innegable
y de especial relevancia entre los jóvenes, es el incremento de la
conciencia de solidaridad, manifestada, entre otros, en el auge de los
movimientos de voluntariado dentro y fuera de nuestras fronteras. Ante
este fenómeno, rechazar a priori el Plan --que en su momento fue
presentado por el Secretario de Estado y que ahora he diseñado de forma
muy breve ante sus señorías-- sería tanto como negar que nuestros jóvenes
sean capaces de movilizarse en favor de quienes sufren necesidades de
especial intensidad o requieren una sostenida ayuda ajena.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
La señora Rodríguez Fouz puede intervenir por cinco minutos.
La señora RODRIGUEZ FOUZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, en lo referente a la primera parte de su intervención,
sólo voy a decirle que ése no es el debate que yo le planteaba. No me voy
a poner a discutir ahora sobre si la objeción de conciencia es o no una
insumisión encubierta, una vía de escape, un portillo o la forma más
cómoda de librarse de la «mili», porque la verdad es que, viendo el
tiempo que tienen que esperar muchos objetores de conciencia para
realizar la prestación --con los perjuicios que ello supone, por ejemplo,
en cuestiones laborales--, no creo que sea cuestión de comodidad. En todo
caso, no voy a ser yo quien entre a valorar si los motivos de conciencia
que alegan los objetores son adecuados o no para acogerse a ese derecho.
Lo que yo le planteaba, y es a lo que ha contestado en la segunda parte
de la intervención, era las medidas que se contemplan en este plan de
choque, porque, aunque es cierto que en la Comisión de Justicia el
Secretario de Estado apuntó algunas, la verdad es que la mayoría eran
continuación de las que se habían venido planteando hasta ahora y yo he
sido la primera en reconocer que las mismas no consiguieron resolver el
problema. Con esas medidas se lograron avances, pero el problema sigue
ahí y de hecho hay 130.000 objetores pendientes de ser llamados.
Si resulta que en los últimos meses el número de solicitudes para el
reconocimiento de la condición de objetor se dobla, difícilmente se va a
poder resolver la situación con unas medidas similares a las hasta ahora
planteadas y con un presupuesto inferior. No es que en principio rechace
el plan, simplemente planteo las dudas que tengo, porque proponer
incrementar 15.000 plazas al año, que son las que se venían incrementando
hasta ahora... (La señora Ministra de Justicia, Mariscal de Gante, hace
signos negativos.) Sí, señora Ministra, los datos que da la Dirección de
Objeción de Conciencia así lo dicen.
Decía que hacer un incremento selectivo de plazas, la posibilidad de
movilidad de objetores de unas localidades a otras dentro del área
metropolitana --como proponen-- facilitándoles bonos de transporte, la
creación de plazas con alojamiento y manutención, todo esto estaba
planteado ya en el Plan de 1994, pero también se constataba en el mismo
la necesidad de contar con una dotación presupuestaria para ello. Ahora
bien, si el capítulo 4 de los Presupuestos, que incluye las
transferencias a todas las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones
Locales, se reduce en más de un 50 por ciento, yo veo difícil que se
puedan aumentar las plazas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Abrimos el turno de portavoces. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora doña
Inmaculada de Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, pueden ustedes entender que es difícil para
esta Senadora, como portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, fijar una
posición en un tema tan
sensible, tan de conciencia y tan ideológico como el que nos ocupa,
puesto que hay que tener en cuenta que los diez Senadores y Senadoras que
lo componemos pertenecemos a siete formaciones políticas diferentes y con
sensibilidades diferentes en este asunto. Dicho esto, y sin perjuicio de
señalar que la postura que voy a exponer, evidentemente, responde a la de
esta Senadora y también a la de algunos de los compañeros del Grupo
Parlamentario Mixto --que no creo necesario señalar en este momento--, me
voy a posicionar sobre el objeto de esta interpelación y sobre las
cuestiones que, tanto interpelante como interpelada, en este caso la
señora Ministra, han planteado en esta tribuna.
En primer lugar, debo decir que la posición de esta Senadora de Eusko
Alkartasuna es favorable y ha apoyado en todo momento tanto a los
objetores, en función de su conciencia, como a los insumisos que no
quieren vincular prestación social alguna a una obligatoriedad de un
servicio militar. Eusko Alkartasuna considera que no tiene que existir
esa obligatoriedad, y así nos manifestamos en su día cuando debatíamos
aquí la Ley de Voluntariado, hace poco tiempo, a principios del año 1996,
y planteábamos que no se debe vincular; hay muchos voluntarios
pertenecientes y encuadrados a ONGs que no querían, en modo alguno, que
se vinculase la prestación social sustitutoria a las labores de las ONGs
por entender que se estaban desnaturalizando las labores y actividades
propias del voluntariado.
Expresada esta posición, se entiende que esta Senadora de Eusko
Alkartasuna no esté de acuerdo tampoco con el planteamiento de la
interpelación y de la interpelante, puesto que, en todo caso, lo que
intenta es dar una correcta salida, un correcto funcionamiento a algo a
lo que estábamos radicalmente opuestos, la Ley 48 de 1984. De cualquier
manera, siempre será bueno que vayan mejor las cosas para aquellos que
quieran ejercer su derecho a objetar y a hacer la prestación social
sustitutoria. En este caso, cualquier mejora, bienvenida sea.
No obstante, parecía que en esta tribuna estábamos asistiendo a algo
intemporal o atemporal o anacrónico, no sé cómo decirlo muy bien, porque,
si no estoy mal informada --y creo que está publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales»--, el día 26 de noviembre de 1996, hace
poco más de una semana, se aprobaba en el Congreso de los Diputados la
toma en consideración de una proposición de ley de Convergència i Unió
que reformaba, precisamente, esta Ley en un sentido mucho más cercano a
lo que Eusko Alkartasuna se plantea, aunque seguimos diciendo que no
queremos vinculación alguna de ninguna prestación social a un servicio
militar obligatorio.
Esta proposición de ley, si no me equivoco, se aprobaba por 313 votos a
favor y uno en contra, y estamos hablando aquí del desarrollo de una Ley
de 1984 que parece ser que, por la voluntad de los miembros de las Cortes
Generales, en este caso del Congreso, se le va a dar una tramitación
distinta y nueva, con unos criterios mucho más aproximados a lo que el
Parlamento Europeo y a lo que el propio Defensor del Pueblo exponía en su
informe, en la última Memoria del pasado año.
Creo que todo lo que aquí se ha dicho huelga en algún sentido y lo que
desde esta Cámara y desde luego desde esta Senadora se plantea como
camino a seguir, sería desarrollar de la forma más fiel posible esta
proposición de ley, insistiendo en que nuestra posición va en contra de
cualquier obligación de prestación social o una objeción de conciencia
basada en un servicio militar obligatorio, así como en que las
actividades de voluntariado nada deben tener que ver con estos
planteamientos de objeción; y, por supuesto, desde esta tribuna no se
puede admitir --y con esto termino, señor Presidente-- que a personas que
han realizado una labor de concienciación social muy importante, desde
luego con una legitimación social significativa, al menos en mi país, en
la Comunidad Autónoma Vasca, y en la Comunidad Foral de Navarra, para
referirse a ellas se está hablando de insumisos encubiertos, insumisos
disfrazados, artimaña insolidaria.
Es decir, cuando hay tanto insumiso, cuando hay tanto objetor, y cuando
concretamente hay tanto objetor que considera que debe ser insumiso
porque cree que no tiene que haber ninguna relación entre sus labores
sociales y la prestación del servicio militar, a mí me parece cuando
menos muy imprudente llamar a esta gente insolidaria y llamar a la
insumisión artimaña insolidaria.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra el Senador don Imanol Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchísimas gracias, señor Presidente.
Señorías, debo reconocer los esfuerzos de que usted, señora Ministra, ha
hecho gala desde este estrado, y debo reconocer también, cómo no, las
preocupaciones que a su vez ha explicitado la Senadora Rodríguez Fouz,
pero, señorías, qué verdad tan grande es que la historia se repite una y
otra vez sin que seamos capaces de aprender la lección. Seguimos
confundiendo los deseos con la realidad de tal manera que es como si
estuviésemos hablando de pájaros y flores --lo cual está muy bien, a mí
me agrada muchísimo--, pero la realidad es que seguimos sin agarrar el
toro por los cuernos.
Si se me permite, voy a remontarme en el tiempo al mes de diciembre de
1991 --justamente ahora hace cinco años--, en que debatíamos la Ley
Orgánica del Servicio Militar en este mismo foro. Al defender una de
nuestras enmiendas a la disposición adicional duodécima sobre aquello de
la diferencia de tiempo a cumplimentar entre uno y otro servicio,
etcétera, decíamos así: ¿Qué plan existe? ¿Qué posibilidades de atención
o encuadramiento se hallan previstas para tantos y tantos jóvenes
objetores de conciencia? Conflictivos son la aplicación práctica de la
legislación y el cumplimiento mismo de la prestación social porque es
evidente la carencia de plazas concertadas suficientes para realizar la
prestación impuesta. No hay previsión ni provisión de unas sustituciones
sociales compensatorias equilibradas. Este es un problema latente que va
a quedar sin solución. De nada sirve --añadíamos-- que los ciudadanos
traten de cumplir una legislación que la
Administración es incapaz de cumplir en la parte que le afecta.
Tal y como estamos acostumbrados --y es bien sabido--, nos quedamos sin
un solo apoyo en la defensa de nuestra enmienda, y lo que es peor, sin
una sola respuesta a nuestros planteamientos, aunque ya entonces la
situación tenía un carácter de gravedad suma.
Con todo, señorías, la situación ya era mucho más grave en febrero de
1994, cuando desde este mismo estrado nos expresábamos así: A todos estos
jóvenes se les obliga a una prestación sustitutoria que carece de
respuesta adecuada para tan numerosa demanda. La quiebra del sistema no
tiene remedio puesto que el número de objetores seguirá creciendo
geométricamente y de modo imparable, sin descontar que muchos de ellos
terminarán por incorporarse al colectivo de insumisos, etcétera. La suma
de ambos colectivos, más las incorporaciones venideras, harán que el
ejército de reemplazo se vaya al garete por la vía de los hechos, dado
que carecerá de recursos humanos pretendidos con la visión ciega de la
conscripción universal.
Y seguíamos diciendo: Todo ello, señorías, se merece una reflexión y una
toma de conciencia. Es responsabilidad nuestra y es responsabilidad del
Gobierno. No sigamos cerrando los ojos a la realidad, al indicador
expresivo del cambio que nuestra sociedad vive..., etcétera.
Dicho esto, el señor Belloch, Ministro de Justicia e Interior en aquel
entonces, nos replicó en los términos siguientes: No existe ningún riesgo
en cuanto a que no tengamos plazas para el futuro. Están ustedes
equivocados. Pero es cierto que el servicio está mal organizado. Es
verdad que esta cuestión creció mucho más de lo que se preveía... --de lo
que preveía él--. Ese es un problema, pero lo vamos a arreglar. En breve
presentaré un programa integral de reforma de la prestación social
sustitutoria para garantizar su pleno y eficaz funcionamiento, con
adecuación a la entidad y a la dimensión del problema y con un nivel de
estructura que lo resuelva. Garantizaremos --decía-- la efectividad y la
seriedad con rigor. Vamos a arreglar la cuestión por obligación y por
responsabilidad. «Belloch dixit, sed non fecit.»
Sin embargo, una vez más la realidad es la que termina por imponerse a
las palabras y a los deseos. De ello es buena prueba la presente moción.
Sólo cabe preguntarse hasta cuándo y, en particular, el porqué de su
razón de fondo. En todo caso, al problema que nos plantea esta tarde la
Senadora Rodríguez Fouz le antecede, como es sabido, un proceso muy
largo, muy debatido, en cuyo transcurso ha sido imposible solucionar el
problema. Ha sido imposible en el pasado; tan imposible, señora Ministra,
como lo es hoy; y tan imposible, señora Ministra, señorías, como lo será
en el futuro. Y esta imposibilidad es consecuencia de la incapacidad
manifiesta de reconducir ese ingente fenómeno social que conforman los
jóvenes objetores, y también --por qué no decirlo-- los jóvenes insumisos
y la amplia comprensión y apoyo que buena parte de la sociedad les
confiere, convirtiendo en posible aquello que aún no hace mucho tiempo se
consideraba imposible.
El texto de la moción define como problema que se haya disparado el
desfase entre el número de objetores y las plazas concertadas. No
obstante, cabe decir que es mucho más que un problema. Cabe pensar y
afirmar que es una derrota de lo que no fue legislado con acierto ni con
visión de futuro. Una derrota, señorías, irreversible de las
instituciones del Estado, que se ven, efectivamente, desbordadas por la
realidad siempre terca de los hechos que primaria y fundamentalmente han
surgido del rechazo cultural generalizado de los jóvenes hacia la
conscripción universal, el servicio militar obligatorio, y hacia el hecho
militar en su anterior y actual concepto estructural.
Nos encontramos, por tanto, ante una derrota en toda regla que debe ser
asumida. Es la derrota de unas leyes y decretos que pudieron nacer de un
acto de voluntad pura, eso sí, pero en modo alguno acomodados a la
realidad social, siempre cambiante, ni ajustables a las circunstancias y
necesidades propias del cuerpo social al que se destinaban.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bolinaga, ha sobrepasado
el tiempo.
El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Presidente, termino en un instante, si me
permite.
De aquellas tempestades vienes estos lodos. Así estamos donde estamos y
nos vemos como nos vemos. No hay, señora Ministra, señorías, medida de
choque que valga a estas alturas, con miles y miles de nuestros jóvenes
en una especie de indefensión absoluta, en pleno desconcierto y sin luz
alguna sobre su futuro inmediato; con miles y miles de jóvenes que no
sienten deseos ni precisan de la prestación social sustitutoria para
sentirse verdaderamente útiles dentro de la sociedad a la que pertenecen.
Por todos los medios, es cierto, se ha intentado clasificarlos y
tratarlos al margen de los jóvenes llamados insumisos, pero, en realidad
y en el fondo, unos y otros gozan de sentimientos muy similares por mor
de su libertad de conciencia.
En todo caso, se ha fracasado rotundamente en el tratamiento
institucional y jurídico de unos y de otros. Por respeto a la realidad
social existente --que nunca engaña-- y tanto para unos como para otros,
nuestro Grupo estima de necesidad que el Gobierno elabore con urgencia lo
que pudiera denominarse una ley de punto final que, sin duda, el
colectivo de jóvenes valorará en su justo precio, al tiempo que también
el Gobierno active al máximo la profesionalización integral de las
Fuerzas Armadas, en tanto en cuanto éstas vayan a tener que subsistir
necesariamente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador don Salvador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señora Ministra, señorías, la
Senadora interpelante básicamente ha hablado de falta de medios y de
preocupación ante una situación actual, que realmente es cierta.
La señora Ministra ha hecho una exposición, en parte haciendo referencia
a nuevas medidas que se van a poner en marcha para absorber una bolsa
actual de una problemática que existe. De dicha exposición yo recojo dos
o tres cuestiones que yo comparto plenamente con usted, señora Ministra,
que es que el tema de la objeción de conciencia debería de tratarse con
toda seriedad --es cierto-- y que cuando hablamos de dicho tema --la
Senadora De Boneta lo ha mencionado-- no estamos hablando de una artimaña
insolidaria. Yo creo que no ha ido en esta línea, sino diciendo
precisamente que la objeción de conciencia no era una acción de artimaña
insolidaria.
Recogido esto, por mi parte, yo tampoco voy a hacer referencia o a hablar
básicamente de cifras. La interpelación presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista me va a permitir comentar cuál es, según nuestra
opinión, la situación actual de la objeción de conciencia.
Siendo cierto que en los últimos años se han producido avances
significativos en materia de servicio militar, también lo es que se han
producido menos en la objeción de conciencia. Así constatamos, por
ejemplo, cuando hablamos del servicio militar obligatorio, entre otras
cuestiones, la reducción de su duración, su territorialización, así como
los reglamentos aprobados, derechos y deberes del militar de reemplazo,
entre muchas otras actuaciones llevadas a cabo, que realmente son
importantes.
Sin embargo, la Ley 48/1984, del Derecho a la Objeción de Conciencia y su
regulación han quedado desfasadas por falta de plazas. Al igual que el
plan aprobado en marzo de 1994, el Real-Decreto de 1995 y la Ley 6/1996,
que ampliaba el número de plazas al introducir los programas de
voluntariado, que realmente era importante. Pero, a pesar de todo este
conjunto de iniciativas, continúan existiendo graves problemas de
carencia de plazas.
Todo ello ha propiciado --y es cierto-- que se haya planteado la reforma
de la legislación actual en el Pleno del Congreso de 26 de noviembre,
cuya amplitud y contenido puede ser discutible. Ya lo es en este momento
--habiéndose aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados--,
es una iniciativa que entiendo que realmente puede ser discutida.
En definitiva, esta iniciativa que realmente fue nuestra, no hace más que
poner sobre la mesa una problemática actual, que, además, es compartida
por asociaciones, movimientos juveniles y ayuntamientos que, en
definitiva, son los que lo viven más directamente.
Más que nunca y ahora, en la perspectiva de la supresión del servicio
militar --porque, en definitiva, estamos en este período de tiempo y, por
tanto, en una situación interina--, hay que dar una salida digna y
positiva a todos aquellos cientos de miles de jóvenes que han optado por
declararse objetores de conciencia. Además, hay que encontrar una salida
a una situación de colapso total: estamos hablando, según parece, de
130.000 jóvenes pendientes de incorporación, más 100.000 más que se van a
declarar a lo largo de este año 1996.
A nuestro Grupo le parece que pretende resolver este problema sólo
--repito, sólo-- a través de una masiva creación de plazas de la
prestación social sustitutoria no nos lleva a ningún camino, ya que esta
solución, planteada desde 1984, ha fracasado y, por lo tanto, bueno es
añadir --y éstas son consideraciones que dejo aquí en este debate--
nuevas consideraciones como, por ejemplo, la asunción de competencias de
gestión e inspección por parte de las Comunidades Autónomas y otra
consideración --sin duda, la señora Ministra me ve a decir que puede ser
una decisión política polémica, pero yo se la dejo aquí--, que es evitar
que el colapso nos ahogue, y en esto estaremos todos de acuerdo: que
todos aquellos jóvenes que llevan más de un año pendientes para
incorporarse a la prestación social pasen automáticamente a la reserva.
Repito, puede ser ésta una consideración incluso polémica, que la
comparto con usted, señor Ministra, pero en este tono de seriedad con que
usted decía que hay que tratar todo lo que hace referencia a la objeción
de conciencia, yo le digo lo mismo: que todo este tipo de decisiones y
consideraciones no priva que se estudie con toda seriedad. Porque queda
claro que, si hoy no somos capaces de gestionar en este período
transitorio un final digno y positivo para la objeción de conciencia, no
vamos ni a ayudar ni a poner las bases para poner en marcha un servicio
civil de corte voluntario que recoja las aspiraciones de un gran número
de nuestros jóvenes, con unas tremendas ganas de comprometerse con la
sociedad desde la más estricta solidaridad.
Sin duda, nos encontramos ante una pared difícil de saltar. Frente a una
dinámica creciente de jóvenes que se acogen al derecho constitucional de
la objeción de conciencia, o son insuficientes las plazas o, lo que es
más grave, del propio hecho de su insuficiencia se derivan injusticias de
agravio comparativo. El proceso está en las condiciones en las que está,
y uno de cada tres españoles de los que deben cumplir la prestación
social obligatoria del servicio militar opta por formular la objeción de
conciencia y, naturalmente, cada vez es más difícil.
He seguido con interés la interpelación del Grupo Socialista y también la
intervención de la señora Ministra. Quedamos, por lo tanto, a la espera
de ver cómo se plantea y cómo se resuelve la moción correspondiente.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Carreras.
El Grupo Parlamentario Socialista no hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador González
Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Justicia, señorías, quisiera empezar agradeciendo el
tono en el que se ha producido la interpelación, para señalar que ese
tono moderado y razonado ha permitido que el debate pudiera desarrollarse
profundizando en la materia que nos está ocupando. Ha permitido que la
Ministra de Justicia se extendiera en la consideración que para el
Gobierno tiene el derecho fundamental de objeción de conciencia y, al
mismo tiempo, ha permitido que desde los distintos grupos parlamentarios
se pudiera
abordar, de una manera profunda y, en algún caso, incluso avanzada,
soluciones para un problema que es de todos, que todavía no todos
compartimos --las soluciones, no el planteamiento del problema--, pero en
cuya consecución de logros nos vamos a emplear.
Digo que agradezco el tono, pero quisiera decir que el tema de la
objeción de conciencia no es nuevo para el Parlamento, por lo menos no es
nuevo para esta Cámara, que durante la pasada legislatura y antes ha
venido ocupándose, con esta misma profundidad y con este mismo pausado
razonar, del asunto de la objeción de conciencia y de los problemas de
los objetores. Bienvenida sea, pues, una nueva voz a esta reflexión
colectiva sobre la problemática de la objeción de conciencia, que de
manera sosegada ha venido haciendo esta Cámara ya desde antiguo.
Quisiera, al mismo tiempo, mostrar nuestra confianza en las medidas que
han sido expuestas a la Cámara, en nombre del Gobierno, por parte de su
Ministra de Justicia. Son unas medidas no sólo acertadas, y que
aparentemente pueden conseguir muy buenos resultados, sino que, además,
nos han parecido unas medidas imaginativas y que se dirigen precisamente
adonde está, para nosotros, la razón misma tanto del problema como de la
solución.
Frecuentemente, desde esta misma tribuna, hemos denunciado que los
vehículos por los cuales pretendía deshincharse la bolsa de objetores de
conciencia estaban orientados al desistimiento, al desfondamiento, a la
renuncia, a la rendición del objetor. Estaban destinados a complicar, a
dificultar la posibilidad de ejercicio del derecho de objeción de
conciencia. Pues bien, las medidas que hoy ha anunciado la Ministra,
tales como ampliar la información individual que recibe el objetor
respecto de las posibilidades que tiene relacionadas con la Ley del
Voluntariado, tales como ampliar las prórrogas de las que dispone el
objetor, tales como facilitar la realización de la objeción de forma
fraccionada, no van a buscar el desistimiento del objetor tanto como a
facilitar el ejercicio del derecho fundamental de objeción de conciencia.
Son, por ello --decíamos antes--, medidas acertadas y son, además, por
ello, medidas acordes con la importancia que el Gobierno atribuye a este
derecho fundamental, puesto que son medidas que no dificultan el
ejercicio del derecho, sino que, antes al contrario, facilitan el
ejercicio de este derecho.
No voy a entrar, porque creo que no ha habido polémica al respecto, a
valorar el incremento o no incremento de las cifras de objeción. Sólo
diré que las previsiones que se hacen desde el Gobierno para 1996 del
incremento final de objeción de conciencia no son particularmente
exageradas; probablemente, a finales de año, en el peor de los casos, la
objeción podría haberse incrementado, no llegaría al 30 por ciento,
cuando sólo en 1993 la objeción anualmente se incrementaba un 61 por
ciento y en 1990 un 109 por ciento con respecto al año anterior. Ni en
1990, ni en 1993, cuando estábamos en incrementos de objeción del 109 por
ciento y del 61 por ciento, había habido anuncios de profesionalización
de las Fuerzas Armadas. No se entiende, por lo tanto, por qué tiene que
relacionarse ahora, cuando la cifra más abultada de incremento de la
objeción previsible es inferior a estas dos a las que me estoy
refiriendo, con el anuncio de una posible profesionalización de las
Fuerzas Armadas.
Pero diré más, si yo subiera a esta tribuna y dijera que debemos
preguntar a los objetores la causa de su objeción, sus señorías, y con
toda la razón, me dirían: usted no puede preguntar la causa de la
objeción porque usted no puede vulnerar el derecho a la libertad de
conciencia de cada individuo. Y yo me pregunto: si decimos que por la
expectativa de profesionalizarse las Fuerzas Armadas se incrementan las
cifras de objetores de conciencia, ¿no estamos prejuzgando la causa de
objeción? ¿No estamos minusvalorando las razones por las que objetan
nuestros jóvenes?
Si desde esta tribuna afirmamos, como se ha afirmado, que hay objetores
de conciencia porque se prevé que «la mili» vaya a terminarse, señorías,
estamos haciendo lo mismo que no permitiríamos hacer desde esta tribuna;
al final, estamos prejuzgando que los objetores no lo son por razón de
conciencia, sino por razón de comodidad, que lo son por razón de
expectativa de comodidad. Estoy convencido de que no era ésta la
intención de la Senadora que interpelaba.
Por ello, simplemente dejaré sobre la mesa esta reflexión para cualquier
otro debate que sobre este asunto pudiéramos tener en el futuro. Si
hablamos de objeción, hablemos de un derecho fundamental sustantivo y que
tiene importancia por sí mismo como para no tener que relacionarlo con el
deber de prestación del servicio militar. El que es objetor lo es, haya o
no haya servicio militar obligatorio, tenga o no tenga que empuñar un
arma este mes, el mes que viene o dentro de cinco años.
Para terminar, me permitirán sus señorías que lo haga con una cita.
Empiezo a citar --dos puntos y comillas--: «Yo soy perfectamente
consciente y, desde luego, el Gobierno, de que es muy difícil realizar el
Plan en este momento porque hay que superar muchos problemas, entre
otros, unas ciertas costumbres adquiridas a lo largo del tiempo, de
creación de plazas de contenido más o menos ficticio, de actitudes
pietistas con respecto a este asunto, de falta de colaboración de un buen
número de administraciones, y no me refiero sólo a otras
Administraciones, sino a la propia Administración Central. Es decir, de
hecho, no ha habido suficiente clima de colaboración para saber, centro
directivo por centro directivo, qué número de plazas reales podían
existir. Todo esto lo tenemos que abordar; de ahí que yo haya fijado un
plazo de dos o tres años para ofrecer resultados.»
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador González Pons, cuanto
antes termine mejor, porque se ha excedido en el tiempo.
El señor GONZALEZ PONS: Señor Presidente, sólo me queda decirle a la
Cámara el nombre del personaje citado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Puede usted decirlo
tranquilamente.
El señor GONZALEZ PONS: Clímax que he procurado mantener hasta el final,
aunque sus señorías se imaginan
que no es otro que Juan Alberto Belloch Julbe. No han pasado tres años
desde esta cita, que era el plazo que él fijaba para tener resultados
fiables del Plan de Objeción de Conciencia de 1994, estamos en 1996, la
Administración a la que se refiere no es la Administración a la que
representa la Ministra de este Gobierno y, desde luego, si el Ministro de
Justicia de 1994 no podía tener resultados que pudieran ser enjuiciables
a fecha de hoy, según él preveía con sus propias palabras, no se nos
antoja cómo puede tenerlos la Senadora interpelante para interpelar a
este Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Senador, dispénseme usted
que haya interrumpido el clímax que tan laboriosamente había construido
alrededor de un personaje determinado.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Con su venía,
señor Presidente.
Señorías, intervengo de forma muy breve para agradecer las diversas
intervenciones que se han producido y aclarar algún concepto, o, por lo
menos, intentar aclararlo.
Respecto a la Senadora interpelante, decirle que, evidentemente, no vamos
a coincidir en los datos, que ella supone muy favorables para el plan de
1994, pero le tengo que decir que no son tan favorables. Insisto, fue
diseñado para evitar una bolsa de 115.000 objetores, y en abril existían
130.000 objetores pendientes. Yo comprendo que sus señorías ya están
cansados de oír hablar de un plan de choque, creen que no tiene solución.
Yo también me lo he planteado en algún momento. Pero me gustaría decirles
a sus señorías que este año, por primera vez, vamos a conseguir el mismo
número de objetores reconocidos que el de plazas de ocupación, es decir,
90.000. A lo mejor no creen que sea un avance, desde luego en el
Ministerio de Justicia sí lo entendemos como un grandísimo avance. Por
primera vez no se incrementa el número de objetores en bolsa.
Es cierto que la proposición debatida el otro día en el Congreso de los
Diputados y admitida a trámite es un elemento a tener en cuenta, pero
creo que sería una irresponsabilidad por parte del Ministerio de Justicia
si dejara de trabajar con arreglo a la legislación vigente;
irresponsabilidad tanto por el problema que existe como por una
injerencia en la independencia de las Cámaras, sobre la que la Ministra
de Justicia no debe hacer adelanto alguno acerca de la libertad con la
que han de pronunciarse. Es por ello que el Ministerio va a seguir
trabajando con este plan, que en seis meses ha dado muy buen resultado.
La Senadora de Eusko Alkartasuna, del Grupo Mixto, me ha reprochado que
dijera «artimaña insolidaria» respecto de la objeción de conciencia. Todo
lo contrario, lo que he dicho es que no debe ser entendida nunca como una
artimaña insolidaria. Quería que quedase claro este término, porque toda
mi exposición ha sido tendente a definir lo que entiendo por objeción de
conciencia.
Su señoría ha criticado la gestión anterior, y es derrotista. Yo le pido
que tenga un poco de confianza. Dénnos unos meses más. Este tiempo
transcurrido ha sido bueno, tiene resultados y queremos seguir trabajando
para conseguirlo.
Por último, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes --como he
iniciado esta intervención-- la preocupación que demuestran por el tema
de objeción de conciencia. No creo que éste sea un tema de partido, cada
uno tenemos una idea sobre la objeción, pero creo que todos y cada uno de
los intervinientes hemos demostrado que lo entendemos como un derecho
fundamental, que estamos dispuestos a protegerlo y a desarrollarlo. En
ese sentido, pido la ayuda de sus señorías.
Una última salvedad. Todo Ministro querría más dinero para su Ministerio
en los Presupuestos Generales del Estado, pero el Ministerio entiende
que, con la dotación que se ha consignado este año para objeción de
conciencia y con una gestión distinta a la llevada hasta ahora, podemos
hacer efectivos los planes que he expuesto ante sus señorías.
Muchísimas gracias, señorías; muchísimas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN
BOGOTA EL 9 DE JUNIO DE 1995.
(S. 610/000013.) (C. D. 110/000005.)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es el
reconocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados.
El primero de ellos es el Acuerdo para la promoción y protección
recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República
de Colombia, firmado «ad referendum» en Bogotá el 9 de junio de 1995.
No se han presentado propuestas en relación a este Acuerdo.
Si no hubiere intervención, propongo a esta Cámara que sea aprobado por
asentimiento. (Pausa.)
Así es. Por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio del acuerdo para la promoción
y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la
República de Colombia, firmado «ad referendum» en Bogotá el 9 de junio de
1995.
--ACUERDO CONSTITUTIVO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y
LA ASISTENCIA ELECTORAL, HECHO EN ESTOCOLMO EL 27-2-95. (S. 610/000014.)
(C. D. 110/000009.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Acuerdo
constitutivo del Instituto Internacional para la Democracia y la
Asistencia electoral, hecho en Estocolmo el 27-2-95. Tampoco se han
presentado propuestas ni hay peticiones de intervención. ¿Puede
entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Acuerdo constitutivo del Instituto Internacional para la Democracia y la
Asistencia electoral, hecho en Estocolmo el 27-2-95.
--TRATADO DE AMISTAD, BUENA VECINDAD Y COOPERACION ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE TUNEZ, HECHO EN TUNEZ EL 26-10-95. (S.
610/000015.) (C. D. 110/000010.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente Tratado es el de
Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y la
República de Túnez, hecho en Túnez el 26-10-95. Tampoco se han presentado
propuestas ni hay peticiones de intervención. ¿Puede entenderse aprobado
por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España
y la República de Túnez, hecho en Túnez el 26-10-95.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR PARA EL
CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES, FIRMADO EN QUITO EL 25-8-95. (S.
610/000016.) (C. D. 110/000011.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente Convenio es entre el
Reino de España y la República de Ecuador para el cumplimiento de
condenas penales, firmado en Quito el 25-8-95. Tampoco se han presentado
propuestas ni hay peticiones de intervención. ¿Puede entenderse aprobado
por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Convenio entre el Reino de España y la República del Ecuador para el
cumplimiento de condenas penales, firmado en Quito el 25-8-95.
--DENUNCIA DEL CANJE DE NOTAS DE 13-5-60, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE
ESPAÑA Y GRAN BRETAÑA SOBRE SUPRESION DE VISADOS. (S. 610/000017.) (C. D.
110/000012.)
Es señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es la Denuncia del
Canje de Notas de 13-5-60, constitutivo de Acuerdo entre España y Gran
Bretaña sobre supresión de visados. Tampoco se han presentado propuestas
ni hay peticiones de intervención. ¿Puede entenderse aprobado por
asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda denunciar este Canje de Notas de 13-5-60, constitutivo de
Acuerdo entre España y Gran Bretaña sobre supresión de visados.
--PROTOCOLO AL CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA Y CANADA DE
10-11-86, FIRMADO EN OTTAWA EL 19-10-95.
(S. 610/000018.) (C. D. 110/000013.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Protocolo al
Convenio sobre Seguridad Social entre España y Canadá de 10-11-86,
firmado en Ottawa el 19-10-95. Tampoco se han presentado propuestas ni
hay peticiones de intervención. ¿Puede entenderse aprobado por
asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Protocolo al Convenio sobre Seguridad Social entre España y Canadá de
10-11-86, firmado en Ottawa el 19-10-95.
--ACUERDO COMPLEMENTARIO GENERAL DEL CONVENIO BASICO DE COOPERACION
TECNICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUPLICA DE EL SALVADOR, PARA LA
FINANCIACION DE PROGRAMAS DE COOPERACION Y ANEXO, FIRMADO «AD REFERENDUM»
EN SAN SALVADOR EL 14-2-95.
(S. 610/000019.) (C. D. 110/000014.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Acuerdo
Complementario General del Convenio Básico de Cooperación Técnica entre
el Reino de España y la República de El Salvador, para la financiación de
Programas de Cooperación y Anexo, firmado «ad referendum» en San Salvador
el 14-2-95. No se han presentado propuestas ni hay peticiones de
intervención. ¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Acuerdo Complementario General del Convenio Básico de Cooperación Técnica
entre el Reino de España y la República de El Salvador, para la
financiación de Programas de Cooperación y Anexo, firmado «ad referendum»
en San Salvador el 14-2-95.
--ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA ENTRE EL GOBIERNO
DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ESLOVENIA, HECHO EN
MADRID EL 16-11-95. (S. 610/000020.) (C. D. 110/00015.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El punto siguiente es el Acuerdo
sobre Transporte Internacional por Carretera entre el Gobierno del Reino
de España y el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en Madrid el
16-11-95. Tampoco se han presentado propuestas ni hay peticiones de
intervención. ¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Acuerdo sobre Transporte Internacional por Carretera entre el Gobierno
del Reino de España y el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en
Madrid el 16-11-95.
--ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUPLICA FRANCESA PARA LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE LA SECCION
INTERNACIONAL DE UNA LINEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE ESPAÑA Y
FRANCIA (VERTIENTE MEDITERRANEA), FIRMADO «AD REFERENDUM» EN MADRID EL
10-10-95, Y DEL CANJE DE NOTAS VERBALES DE 4-12-95 Y 9-1-96 POR EL QUE SE
SUBSANAN ERRORES EN EL TEXTO ORIGINAL. (S. 610/000021.) (C. D.
110/000016.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): El siguiente es el Acuerdo entre
el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa
para la construcción y explotación de la sección internacional de una
línea ferroviaria de alta velocidad entre España y Francia (vertiente
mediterránea), firmado «ad referendum» en Madrid el 10-10-95, y del Canje
de Notas Verbales de 4-12-95 y 9-1-96 por el que se subsanan errores en
el texto original. ¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República Francesa para la construcción y explotación de la sección
internacional de una línea ferroviaria de alta velocidad entre España y
Francia (vertiente mediterránea), firmado «ad referendum» en Madrid el
10-10-95, y del Canje de Notas Verbales de 4-12-95 y 9-1-96 por el que se
subsanan errores en el texto original.
--CANJE DE CARTAS, DE 7 DE FEBRERO Y 4 DE MARZO DE 1996, CONSTITUTIVO DE
ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA UNESCO RELATIVO AL COLOQUIO SOBRE LOS EFECTOS
DE LA COMUNICACION ELECTRONICA MULTIMEDIA (AUTOPISTAS DE LA INFORMACION)
EN MATERIA DE PROTECCION DE DERECHOS DE AUTOR Y OTROS TITULARES DE
DERECHOS Y SUS CONSECUENCIAS EN EL DESARROLLO ECONOMICO Y CULTURAL. (S.
610/000025.) (C. D. 110/000017.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Canje de Cartas, de 7 de febrero
y 4 de marzo de 1996, constitutivo de Acuerdo entre España y la UNESCO
relativo al Coloquio sobre los efectos de la comunicación electrónica
multimedia (autopistas de la información) en materia de protección de
derechos de autor y otros titulares de derechos y sus consecuencias en el
desarrollo económico y cultural.
No habiendo propuestas ni peticiones de intervención, ¿puede entenderse
aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento, y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Canje de Cartas, de 7 de febrero y 4 de marzo de 1996, constitutivo de
Acuerdo entre España y la UNESCO relativo al Coloquio sobre los efectos
de la comunicación electrónica multimedia (autopistas de la información)
en materia de protección de derechos de autor y otros titulares de
derechos y sus consecuencias en el desarrollo económico y cultural.
Madrid, 11-14 de marzo de 1996.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA FRANCESA A FIN DE
EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION Y EL FRAUDE FISCAL EN
MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y PROTOCOLO
ANEXO, FIRMADO EN MADRID EL 10 DE OCTUBRE DE 1995. (S. 610/000026.) (C.
D. 110/000021.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio entre el Reino de España
y la República Francesa a fin de evitar la doble imposición y prevenir la
evasión y el fraude fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre
el Patrimonio y Protocolo Anexo, firmado en Madrid el 10 de octubre de
1995.
No hay propuestas ni peticiones de intervención. ¿Puede entenderse
aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento, y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Convenio entre el Reino de España y la República Francesa a fin de evitar
la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia
de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y Protocolo Anexo,
firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995.
--CONVENIO PARA LA COOPERACION EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA
IBEROAMERICANA, FIRMADO EN LA V CUMBRE DE LA CONFERENCIA IBEROAMERICANA,
EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, ARGENTINA,
EL 15 DE OCTUBRE DE 1995. (S. 610/000027.) (C. D. 110/000024.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio para la Cooperación en
el marco de la Conferencia Iberoamericana, firmado en la V Cumbre de la
Conferencia Iberoamericana, en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
Argentina, el 15 de octubre de 1995. No hay propuestas ni intervenciones.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por
asentimiento, y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Convenio para la Cooperación
en el marco de la Conferencia Iberoamericana, firmado en la V Cumbre de
la Conferencia Iberoamericana, en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
Argentina, el 15 de octubre de 1995.
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FIRMADO «AD
REFERENDUM» EN MEXICO EL 23 DE JUNIO DE 1995. (S. 610/000028.) (C. D.
110/000025.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Acuerdo para la Promoción y
Protección recíprocas de Inversiones entre el Reino de España y los
Estados Unidos Mexicanos, firmado «ad referéndum» en México el 23 de
junio de 1995.
No se han presentado propuestas ni hay peticiones de intervención. ¿Puede
entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Acuerdo para la Promoción y Protección recíproca de Inversiones entre el
Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado «ad referéndum»
en México el 23 de junio de 1995.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE INDONESIA PARA
EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN YAKARTA EL 30 DE
MAYO DE 1995. (S. 610/000029.) (C. D. 110/000026.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio entre el Reino de España
y la República de Indonesia para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimonio, hecho en Yakarta el 30 de mayo de 1995.
No hay propuestas ni peticiones de intervención. ¿Puede entenderse
aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento, y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Convenio entre el Reino de España y la República de Indonesia para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos
sobre la Renta y sobre el Patrimonio, hecho en Yakarta el 30 de mayo de
1995.
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE BULGARIA SOBRE EL
REGIMEN JURIDICO Y LAS CONDICIONES PARA LA ACTIVIDAD DE LOS CENTROS
CULTURALES, FIRMADO EN SOFIA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1995. (S. 610/000030.)
(C. D. 110/000027.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Acuerdo entre el Reino de España
y la República de Bulgaria sobre el régimen jurídico y las condiciones
para la actividad de los centros culturales, firmado en Sofía el 5 de
septiembre de 1995.
No hay propuestas ni peticiones de intervención. ¿Puede entenderse
aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento, y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria sobre el
régimen jurídico y las condiciones para la actividad de los centros
culturales, firmado en Sofía el 5 de septiembre de 1995.
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA, FIRMADO EN CARACAS EL 2
DE NOVIEMBRE DE 1995. (S. 610/000031.) (C. D. 110/000028.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Acuerdo para la Promoción y
Protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la
República de Venezuela, firmado en Caracas el 2 de noviembre de 1995.
No hay propuestas ni peticiones de intervención. ¿Puede entenderse
aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento, y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Acuerdo para la Promoción y Protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República de Venezuela, firmado en Caracas el 2 de
noviembre de 1995.
--PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR, FIRMADO EN QUITO EL 25 DE
AGOSTO DE 1995. (S. 610/000032.) (C. D. 110/000029.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Protocolo modificatorio del
Convenio de doble nacionalidad entre el Reino de España y la República
del Ecuador, firmado en Quito el 25 de agosto de 1995.
No hay propuestas ni peticiones de intervención. ¿Puede entenderse
aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento, y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Protocolo modificatorio del Convenio de doble nacionalidad entre el Reino
de España y la República del Ecuador, firmado en Quito el 25 de agosto de
1995.
--ACUERDO DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE INDONESIA, HECHO EN YAKARTA EL 30-5-95.
(S. 610/000033; C. D. 110/000030.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Acuerdo de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de
Indonesia, hecho en Yakarta el 30-5-95.
No tiene propuestas ni intervenciones. ¿Puede entenderse aprobado por
asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino
de España y la República de Indonesia, hecho en Yakarta el 30-5-95.
Se suspende la sesión hasta mañana a las diez de la mañana.
Eran las dieciocho horas y cincuenta minutos.