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BOCG. Senado, serie II, núm. 55-c, de 27/10/1997
BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO
VI LEGISLATURA
Serie II: 27 de octubre de 1997 Núm. 55 (c)
PROYECTOS DE LEY (Cong. Diputados, Serie A, núm. 67
Núm. exp. 121/000062)
PROYECTO DE LEY
621/000055 Del Sector Eléctrico.
PROPUESTAS DE VETO
621/000055
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del
Senado, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley del
Sector Eléctrico.
Palacio del Senado, 24 de octubre de 1997.--El Presidente del Senado,
Juan Ignacio Barrero Valverde.--La Secretaria primera del Senado, María
Cruz Rodríguez Saldaña.
Los Senadores José Nieto Cicuéndez y José Fermín Román Clemente IU-IC
(Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formulan propuesta de veto al Proyecto de Ley del Sector
Eléctrico.
Palacio del Senado, 21 de octubre de 1997.--José Nieto Cicuéndez y José
Fermín Román Clemente.
PROPUESTA DE VETO NUM. 1
De don José Nieto Cicuéndez y don José Fermín Román Clemente (GPMX).
Los Senadores José Nieto Cicuéndez y José Fermín Román Clemente, IU-IC
(Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.
PROPUESTA DE VETO AL PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELECTRICO
Desde nuestro punto de vista, creemos que el objetivo fundamental del
presente Proyecto de Ley debería ser garantizar la satisfacción de las
necesidades de servicios eléctricos, y la seguridad del suministro
eléctrico, todo ello originando el menor coste e impacto ambiental
posibles. La potenciación de políticas tendentes a una mejora de la
gestión de la demanda, junto con la utilización de técnicas y
dispositivos de ahorro eléctrico, la mejora de la eficiencia y con una
calidad adecuada, y la existencia de una Compañía de Ahorro Eléctrico
serían piezas fundamentales para alcanzar estos objetivos.
Creemos que el mercado de la electricidad tiene necesariamente presentes
elementos monopolísticos, por lo que se hace necesario un elevado nivel
de regulación para preservar los intereses de los usuarios y reducir los
impactos ambientales.
Mantenemos la necesidad de una planificación de carácter imperativo y en
consecuencia con ello no vemos la conveniencia de la libertad de
establecimiento de nueva potencia eléctrica o de libertad de uso de
combustibles.
Rechazamos la idea, presente en el Proyecto de Ley, de que la oferta
competitiva de electricidad signifique una mejora con respecto al
mecanismo actualmente vigente de reconocimiento de costes. Y en
consecuencia con ello rechazamos la figura del operador del mercado
presente en el actual texto.
Creemos además que los precios a los que se venda la electricidad deben
ser únicos en el territorio nacional para un determinado uso eléctrico
--industria, usuarios domésticos...-- y fijados administrativamente.
Rechazamos por tanto la existencia de «consumidores cualificados» tal y
como se estipula en el Proyecto de Ley, consumidores que tienen la
capacidad de negociar con los productores los precios de la electricidad.
Los grandes consumidores deberían tener, a nuestro juicio, una tarifa
especial pero establecida por la Administración.
Juzgamos conveniente también mantener una presencia pública mayoritaria
en las actividades del operador del sistema y del transporte en alta
tensión.
Es por todo ello que presentamos el siguiente veto a este Proyecto de
Ley.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el
Reglamento del Senado, formula 1 propuesta de veto al Proyecto de Ley del
Sector Eléctrico.
Palacio del Senado, 21 de octubre de 1997.--El Portavoz, Juan José
Laborda Martín.
PROPUESTA DE VETO NUM. 2
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS).
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de
veto.
JUSTIFICACION
El proceso de regulación que se inició con la Ley 49/84 creador de Red
Eléctrica de España, consolidado y perfeccionado en 1988 con el
denominado Marco Legal y Estable, ha venido a cumplir el difícil papel de
equilibrar la situación económico-financiera del sector, que estaba
claramente erosionada en esos primeros años de los 80 debido a efectos de
sobreinversión y condiciones financieras y monetarias.
Aquel saneamiento empresarial del sector se hizo compatible con un marco
de equilibrio con los intereses de los consumidores, que han visto
evolucionar sus tarifas en los últimos años por debajo del Indice de
Precios al Consumo, y se han ido aproximando a la media de los países de
nuestro entorno.
Esa consolidación del Sector Eléctrico Español junto a las nuevas
aportaciones teóricas y experiencias prácticas que en distintos países
venían produciéndose, impulsaron al gobierno socialista en 1994 a
efectuar una reforma que avanzara en los distintos aspectos que venían
produciendo rigideces e ineficiencias en el sistema eléctrico, esto es:
se introdujo la competencia con la gradualidad necesaria, se evitó el
traslado al consumidor de los riesgos empresariales complementarios de
las empresas del sector, se agrupó la normativa existente y se promovió
una regulación capaz de hacer posible la creación de un mercado
eléctrico, supervisado por un ente regulador independiente que sancionase
las prácticas colusivas y los abusos de posiciones de dominio.
Así nació el actual marco regulador, la Ley de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional, LOSEN.
Pues bien, la flexibilidad de la Ley vigente, su total sintonía con la
Directiva sobre normas comunes del mercado interior de la electricidad,
las posibilidades de un desarrollo reglamentario no iniciado, y su
carácter perfectible mediante modificaciones concretas y limitadas, no
avalan en ningún caso, si no que desaconsejan, la necesidad de un nuevo
marco regulador. Y menos aún en el sentido del que se propone en el
Proyecto de Ley que el gobierno trae a la Cámara, en el que al margen de
sus fundamentos ideológicos, introduce un buen número de incertidumbres
respecto al abastecimiento futuro, propicia la creación de barreras de
entrada a tecnologías más económicas y eficientes, genera fenómenos de
autorregulación, favorece la creación de un mercado duopolístico, permite
a las compañías el dominio de la Red del transporte eléctrico, e impone
unas duras cargas a los consumidores, sin contrapartidas que aseguren un
suministro más barato para los 10 próximos años.
Este Proyecto de Ley es la concreción normativa del Protocolo suscrito,
con un buen número de dificultades, por el Ministerio de Industria y
Energía y las compañías integradas en UNESA en el pasado mes de
diciembre, tras un opaco proceso de negociación, del que fueron
marginados el resto de los agentes del sistema eléctrico y los
consumidores, y que venía a retomar la vieja y superada tradición del
sector de negociar de forma directa y excluyente con la Administración.
Puede afirmarse que este Proyecto de Ley viene a confirmar la ya
acreditada capacidad del Gobierno de acomodar intereses económicos y
políticos concretos con decisiones como las que supone esta iniciativa
legislativa.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley del Sector Eléctrico.