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BOCG. Senado, serie II, núm. 55-c, de 27/10/1997
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BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

VI LEGISLATURA

Serie II: 27 de octubre de 1997 Núm. 55 (c)

PROYECTOS DE LEY (Cong. Diputados, Serie A, núm. 67

Núm. exp. 121/000062)

PROYECTO DE LEY

621/000055 Del Sector Eléctrico.


PROPUESTAS DE VETO

621/000055

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del

Senado, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES

GENERALES de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley del

Sector Eléctrico.


Palacio del Senado, 24 de octubre de 1997.--El Presidente del Senado,

Juan Ignacio Barrero Valverde.--La Secretaria primera del Senado, María

Cruz Rodríguez Saldaña.


Los Senadores José Nieto Cicuéndez y José Fermín Román Clemente IU-IC

(Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del

Senado, formulan propuesta de veto al Proyecto de Ley del Sector

Eléctrico.


Palacio del Senado, 21 de octubre de 1997.--José Nieto Cicuéndez y José

Fermín Román Clemente.


PROPUESTA DE VETO NUM. 1

De don José Nieto Cicuéndez y don José Fermín Román Clemente (GPMX).


Los Senadores José Nieto Cicuéndez y José Fermín Román Clemente, IU-IC

(Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del

Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.


PROPUESTA DE VETO AL PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELECTRICO

Desde nuestro punto de vista, creemos que el objetivo fundamental del

presente Proyecto de Ley debería ser garantizar la satisfacción de las

necesidades de servicios eléctricos, y la seguridad del suministro

eléctrico, todo ello originando el menor coste e impacto ambiental

posibles. La potenciación de políticas tendentes a una mejora de la

gestión de la demanda, junto con la utilización de técnicas y

dispositivos de ahorro eléctrico, la mejora de la eficiencia y con una

calidad adecuada, y la existencia de una Compañía de Ahorro Eléctrico

serían piezas fundamentales para alcanzar estos objetivos.





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Creemos que el mercado de la electricidad tiene necesariamente presentes

elementos monopolísticos, por lo que se hace necesario un elevado nivel

de regulación para preservar los intereses de los usuarios y reducir los

impactos ambientales.


Mantenemos la necesidad de una planificación de carácter imperativo y en

consecuencia con ello no vemos la conveniencia de la libertad de

establecimiento de nueva potencia eléctrica o de libertad de uso de

combustibles.


Rechazamos la idea, presente en el Proyecto de Ley, de que la oferta

competitiva de electricidad signifique una mejora con respecto al

mecanismo actualmente vigente de reconocimiento de costes. Y en

consecuencia con ello rechazamos la figura del operador del mercado

presente en el actual texto.


Creemos además que los precios a los que se venda la electricidad deben

ser únicos en el territorio nacional para un determinado uso eléctrico

--industria, usuarios domésticos...-- y fijados administrativamente.


Rechazamos por tanto la existencia de «consumidores cualificados» tal y

como se estipula en el Proyecto de Ley, consumidores que tienen la

capacidad de negociar con los productores los precios de la electricidad.


Los grandes consumidores deberían tener, a nuestro juicio, una tarifa

especial pero establecida por la Administración.


Juzgamos conveniente también mantener una presencia pública mayoritaria

en las actividades del operador del sistema y del transporte en alta

tensión.


Es por todo ello que presentamos el siguiente veto a este Proyecto de

Ley.


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el

Reglamento del Senado, formula 1 propuesta de veto al Proyecto de Ley del

Sector Eléctrico.


Palacio del Senado, 21 de octubre de 1997.--El Portavoz, Juan José

Laborda Martín.


PROPUESTA DE VETO NUM. 2

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS).


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el

artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de

veto.


JUSTIFICACION

El proceso de regulación que se inició con la Ley 49/84 creador de Red

Eléctrica de España, consolidado y perfeccionado en 1988 con el

denominado Marco Legal y Estable, ha venido a cumplir el difícil papel de

equilibrar la situación económico-financiera del sector, que estaba

claramente erosionada en esos primeros años de los 80 debido a efectos de

sobreinversión y condiciones financieras y monetarias.


Aquel saneamiento empresarial del sector se hizo compatible con un marco

de equilibrio con los intereses de los consumidores, que han visto

evolucionar sus tarifas en los últimos años por debajo del Indice de

Precios al Consumo, y se han ido aproximando a la media de los países de

nuestro entorno.


Esa consolidación del Sector Eléctrico Español junto a las nuevas

aportaciones teóricas y experiencias prácticas que en distintos países

venían produciéndose, impulsaron al gobierno socialista en 1994 a

efectuar una reforma que avanzara en los distintos aspectos que venían

produciendo rigideces e ineficiencias en el sistema eléctrico, esto es:


se introdujo la competencia con la gradualidad necesaria, se evitó el

traslado al consumidor de los riesgos empresariales complementarios de

las empresas del sector, se agrupó la normativa existente y se promovió

una regulación capaz de hacer posible la creación de un mercado

eléctrico, supervisado por un ente regulador independiente que sancionase

las prácticas colusivas y los abusos de posiciones de dominio.


Así nació el actual marco regulador, la Ley de Ordenación del Sistema

Eléctrico Nacional, LOSEN.


Pues bien, la flexibilidad de la Ley vigente, su total sintonía con la

Directiva sobre normas comunes del mercado interior de la electricidad,

las posibilidades de un desarrollo reglamentario no iniciado, y su

carácter perfectible mediante modificaciones concretas y limitadas, no

avalan en ningún caso, si no que desaconsejan, la necesidad de un nuevo

marco regulador. Y menos aún en el sentido del que se propone en el

Proyecto de Ley que el gobierno trae a la Cámara, en el que al margen de

sus fundamentos ideológicos, introduce un buen número de incertidumbres

respecto al abastecimiento futuro, propicia la creación de barreras de

entrada a tecnologías más económicas y eficientes, genera fenómenos de

autorregulación, favorece la creación de un mercado duopolístico, permite

a las compañías el dominio de la Red del transporte eléctrico, e impone

unas duras cargas a los consumidores, sin contrapartidas que aseguren un

suministro más barato para los 10 próximos años.


Este Proyecto de Ley es la concreción normativa del Protocolo suscrito,

con un buen número de dificultades, por el Ministerio de Industria y

Energía y las compañías integradas en UNESA en el pasado mes de

diciembre, tras un opaco proceso de negociación, del que fueron

marginados el resto de los agentes del sistema eléctrico y los

consumidores, y que venía a retomar la vieja y superada tradición del

sector de negociar de forma directa y excluyente con la Administración.


Puede afirmarse que este Proyecto de Ley viene a confirmar la ya

acreditada capacidad del Gobierno de acomodar intereses económicos y

políticos concretos con decisiones como las que supone esta iniciativa

legislativa.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la

siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley del Sector Eléctrico.