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BOCG. Senado, serie II, núm. 22-b, de 26/05/1997
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BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

VI LEGISLATURA

Serie II: Núm. 22 (b)

PROYECTOS DE LEY 26 de mayo de 1997 (Cong. Diputados, Serie A, núm. 26

Núm. exp. 121/000024)

PROYECTO DE LEY

621/000022 De consolidación y racionalización del sistema de Seguridad

Social.


PROPUESTAS DE VETO

621/000022

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del

Senado, se ordena la publicación en el BoletIn Oficial de las Cortes

Generales de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley de

consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social.


Palacio del Senado, 22 de mayo de 1997.--El Presidente del Senado, Juan

Ignacio Barrero Valverde.--La Secretaria primera del Senado, María Cruz

Rodríguez Saldaña.


Los Senadores José Luis Nieto Cicuéndez y José Fermín Román Clemente,

IU-IC (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento

del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley de

racionalización y consolidación del sistema de Seguridad Social.


Palacio del Senado, 19 de mayo de 1997.--José Luis Nieto Cicuéndez y José

Fermín Román Clemente.


PROPUESTA DE VETO NUM. 1

De don José Luis Nieto Cicuéndez y don José Fermín Román Clemente (GPMX).


Los Senadores José Luis Nieto Cicuéndez y José Fermín Román Clemente,

IU-IC (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento

del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.


El Pacto de Toledo, según su propio texto, se firmó para «reforzar,

consolidar y dar viabilidad futura al modelo de pensiones que ha ido

configurándose en los últimos años, pues es el que mejor permite combinar

adecuadamente los principios de seguridad y solidaridad».


La Seguridad Social no es deficitaria ni está en crisis en su parte

contributiva. Entre las prestaciones y las cotizaciones siempre ha

existido un superávit. El de los últimos 5 años se calcula en 3,74

billones de pesetas, parte de los cuales se ha destinado a financiar

servicios y prestaciones que deberían haber asumido los Presupuestos

Generales del Estado.


El entorno económico unido a las políticas neoliberales de este Gobierno

y de los anteriores, en aras de alcanzar unos objetivos de convergencia,

han propiciado que nos encontremos en unos niveles de paro y precariedad

en el empleo insostenibles, dando lugar a que sea el sistema de

protección social el que esté sufriendo las consecuencias negativas de

esta situación.





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Como reflejo de ésta se podría citar la baja proporcionalidad entre

cotizantes y perceptores de prestaciones sociales, o la cambiante

relación entre cotizaciones y prestaciones. No deben ser los trabajadores

los que soporten los costes, midiéndose éstos en una mayor tasa de paro e

inseguridad en el empleo, una mayor incertidumbre sobre la prestación

social que va a recibir en el futuro. El Proyecto de Ley debería

garantizar el acceso a las pensiones contributivas de todos los

trabajadores y en especial el de aquellos colectivos, como el de mujeres

y jóvenes, que parece tendrán difícil acceso a las mismas dada la

situación en la que se encuentra el mercado de trabajo; así como, el

asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de los actuales

pensionistas.


La mayor capacidad de creación de riqueza, el crecimiento sostenido de la

economía o la existencia de un elevado nivel de fraude fiscal, hacen

imposible admitir que la única salida sea la reducción del Estado de

Bienestar conquistado durante largos años. Esta política se entiende

menos cuando la política fiscal del Gobierno se basa fundamentalmente en

la privatización de los servicios y empresas públicas, la reducción de

los impuestos sobre el capital, y paradójicamente en el fomento, con

dinero público, de planes y fondos privados de pensiones a través de la

concesión de desgravaciones fiscales. Los senadores de Izquierda Unida

estiman necesario que el Proyecto de Ley de consolidación y

racionalización del sistema de Seguridad Social, debe de tener en cuenta,

al menos, los siguientes contenidos:


-- Que el Estado seguirá siendo, en cualquier caso, el garante de la

suficiencia financiera del sistema de la Seguridad Social. La separación,

a efectos contables, de las fuentes de financiación tendrá como fin

clarificar la relación real ingresos/gastos del sistema contributivo para

constancia del superávit acumulado. El fondo de Reserva se dotará de

todos los excedentes de las cotizaciones sociales, y se suprimirá el

concepto de préstamos para calificar las aportaciones que el Estado haga

a la Seguridad Social.


-- Regulación de la revalorización anual de las pensiones, consolidando

los incrementos automáticos de las pensiones según el Indice de Precios

al Consumo (IPC).


-- Equiparación de las pensiones al Salario Mínimo Interprofesional.


-- Desaparición de las bases máximas de cotización en todos los grupos.


-- Desarrollar, a partir de los Presupuestos Generales del Estado, la

recomendación contenida en el Pacto de Toledo referente a que «las

prestaciones no contributivas y universales dependan exclusivamente de la

imposición general», así como la garantía de recursos suficientes para

atender estas prestaciones.


-- No modificación de la base reguladora y de la cuantía de las pensiones

que pueda implicar recortes para las pensiones futuras de determinados

colectivos.


-- Mejorar las condiciones de las jubilaciones anticipadas, así como de

las pensiones de invalidez, viudedad y orfandad.


-- Desarrollo antes del año 2000, de la recomendación contenida en el

Pacto de Toledo referente a que «las actuaciones en materia de

anticipación de edad de jubilación o de ayudas a sectores productivos»

sean a cargo de la fiscalidad general.


-- Concretar los excesivos aspectos para los que el Proyecto de Ley

habilita al Gobierno para su desarrollo.


PROPUESTA DE VETO NUM. 2

De doña Inmaculada de Boneta y Piedra (GPMX).


La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, EA (GPMX), al amparo de lo

previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la

siguiente propuesta de veto.


Se solicita la devolución del Proyecto de Ley al Gobierno.


JUSTIFICACION

Los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y el pacto

conocido como «de Toledo», que suponía un acuerdo en relación a las

reformas necesarias que deberían resolver estos problemas y a la vez

garantizasen la pervivencia del sistema, se plantea como fundamento del

texto remitido por el Congreso de los Diputados, en relación al Proyecto

de Ley de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad

Social.


Eusko Alkartasuna comparte el análisis que, desde la Exposición de

Motivos, se realiza, en relación a la necesidad de la reforma, sin

perjuicio de las discrepancias, en algún caso, importantes, que se

planteen a través de las enmiendas parciales.


No obstante la Propuesta de Veto viene justificada por una cuestión

fundamental: el incumplimiento del Estatuto de Gernika en relación a la

transformación del Régimen Económico de la Seguridad Social a la CAV

(artículo 18 EAPV, en conexión con la Disposición Transitoria de la

citada Ley Orgánica).


La coherencia que nos lleva a rechazar por tal motivo la Ley General de

la Seguridad Social (RDL 1/1994, de 20 de junio) exige el rechazo en su

conjunto, de las modificaciones puntuales del texto refundido aludido,

objeto del presente Proyecto de Ley.


Este es el sentido de la Propuesta de Veto, que se presenta, y razón

suficiente para expresar la oposición al conjunto del Proyecto, cuyos

fines se comparten, sin perjuicio, como ha quedado expresado con

anterioridad, de las modificaciones necesarias planteadas en función de

la filosofía del propio «Pacto de Toledo» que le sirve de base, y que se

expresan en las enmiendas presentadas.


Palacio del Senado, 20 de mayo de 1997.--Inmaculada de Boneta y Piedra.