Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Senado, serie II, núm. 22-b, de 26/05/1997
BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO
VI LEGISLATURA
Serie II: Núm. 22 (b)
PROYECTOS DE LEY 26 de mayo de 1997 (Cong. Diputados, Serie A, núm. 26
Núm. exp. 121/000024)
PROYECTO DE LEY
621/000022 De consolidación y racionalización del sistema de Seguridad
Social.
PROPUESTAS DE VETO
621/000022
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del
Senado, se ordena la publicación en el BoletIn Oficial de las Cortes
Generales de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley de
consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social.
Palacio del Senado, 22 de mayo de 1997.--El Presidente del Senado, Juan
Ignacio Barrero Valverde.--La Secretaria primera del Senado, María Cruz
Rodríguez Saldaña.
Los Senadores José Luis Nieto Cicuéndez y José Fermín Román Clemente,
IU-IC (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley de
racionalización y consolidación del sistema de Seguridad Social.
Palacio del Senado, 19 de mayo de 1997.--José Luis Nieto Cicuéndez y José
Fermín Román Clemente.
PROPUESTA DE VETO NUM. 1
De don José Luis Nieto Cicuéndez y don José Fermín Román Clemente (GPMX).
Los Senadores José Luis Nieto Cicuéndez y José Fermín Román Clemente,
IU-IC (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.
El Pacto de Toledo, según su propio texto, se firmó para «reforzar,
consolidar y dar viabilidad futura al modelo de pensiones que ha ido
configurándose en los últimos años, pues es el que mejor permite combinar
adecuadamente los principios de seguridad y solidaridad».
La Seguridad Social no es deficitaria ni está en crisis en su parte
contributiva. Entre las prestaciones y las cotizaciones siempre ha
existido un superávit. El de los últimos 5 años se calcula en 3,74
billones de pesetas, parte de los cuales se ha destinado a financiar
servicios y prestaciones que deberían haber asumido los Presupuestos
Generales del Estado.
El entorno económico unido a las políticas neoliberales de este Gobierno
y de los anteriores, en aras de alcanzar unos objetivos de convergencia,
han propiciado que nos encontremos en unos niveles de paro y precariedad
en el empleo insostenibles, dando lugar a que sea el sistema de
protección social el que esté sufriendo las consecuencias negativas de
esta situación.
Como reflejo de ésta se podría citar la baja proporcionalidad entre
cotizantes y perceptores de prestaciones sociales, o la cambiante
relación entre cotizaciones y prestaciones. No deben ser los trabajadores
los que soporten los costes, midiéndose éstos en una mayor tasa de paro e
inseguridad en el empleo, una mayor incertidumbre sobre la prestación
social que va a recibir en el futuro. El Proyecto de Ley debería
garantizar el acceso a las pensiones contributivas de todos los
trabajadores y en especial el de aquellos colectivos, como el de mujeres
y jóvenes, que parece tendrán difícil acceso a las mismas dada la
situación en la que se encuentra el mercado de trabajo; así como, el
asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de los actuales
pensionistas.
La mayor capacidad de creación de riqueza, el crecimiento sostenido de la
economía o la existencia de un elevado nivel de fraude fiscal, hacen
imposible admitir que la única salida sea la reducción del Estado de
Bienestar conquistado durante largos años. Esta política se entiende
menos cuando la política fiscal del Gobierno se basa fundamentalmente en
la privatización de los servicios y empresas públicas, la reducción de
los impuestos sobre el capital, y paradójicamente en el fomento, con
dinero público, de planes y fondos privados de pensiones a través de la
concesión de desgravaciones fiscales. Los senadores de Izquierda Unida
estiman necesario que el Proyecto de Ley de consolidación y
racionalización del sistema de Seguridad Social, debe de tener en cuenta,
al menos, los siguientes contenidos:
-- Que el Estado seguirá siendo, en cualquier caso, el garante de la
suficiencia financiera del sistema de la Seguridad Social. La separación,
a efectos contables, de las fuentes de financiación tendrá como fin
clarificar la relación real ingresos/gastos del sistema contributivo para
constancia del superávit acumulado. El fondo de Reserva se dotará de
todos los excedentes de las cotizaciones sociales, y se suprimirá el
concepto de préstamos para calificar las aportaciones que el Estado haga
a la Seguridad Social.
-- Regulación de la revalorización anual de las pensiones, consolidando
los incrementos automáticos de las pensiones según el Indice de Precios
al Consumo (IPC).
-- Equiparación de las pensiones al Salario Mínimo Interprofesional.
-- Desaparición de las bases máximas de cotización en todos los grupos.
-- Desarrollar, a partir de los Presupuestos Generales del Estado, la
recomendación contenida en el Pacto de Toledo referente a que «las
prestaciones no contributivas y universales dependan exclusivamente de la
imposición general», así como la garantía de recursos suficientes para
atender estas prestaciones.
-- No modificación de la base reguladora y de la cuantía de las pensiones
que pueda implicar recortes para las pensiones futuras de determinados
colectivos.
-- Mejorar las condiciones de las jubilaciones anticipadas, así como de
las pensiones de invalidez, viudedad y orfandad.
-- Desarrollo antes del año 2000, de la recomendación contenida en el
Pacto de Toledo referente a que «las actuaciones en materia de
anticipación de edad de jubilación o de ayudas a sectores productivos»
sean a cargo de la fiscalidad general.
-- Concretar los excesivos aspectos para los que el Proyecto de Ley
habilita al Gobierno para su desarrollo.
PROPUESTA DE VETO NUM. 2
De doña Inmaculada de Boneta y Piedra (GPMX).
La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, EA (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente propuesta de veto.
Se solicita la devolución del Proyecto de Ley al Gobierno.
JUSTIFICACION
Los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y el pacto
conocido como «de Toledo», que suponía un acuerdo en relación a las
reformas necesarias que deberían resolver estos problemas y a la vez
garantizasen la pervivencia del sistema, se plantea como fundamento del
texto remitido por el Congreso de los Diputados, en relación al Proyecto
de Ley de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad
Social.
Eusko Alkartasuna comparte el análisis que, desde la Exposición de
Motivos, se realiza, en relación a la necesidad de la reforma, sin
perjuicio de las discrepancias, en algún caso, importantes, que se
planteen a través de las enmiendas parciales.
No obstante la Propuesta de Veto viene justificada por una cuestión
fundamental: el incumplimiento del Estatuto de Gernika en relación a la
transformación del Régimen Económico de la Seguridad Social a la CAV
(artículo 18 EAPV, en conexión con la Disposición Transitoria de la
citada Ley Orgánica).
La coherencia que nos lleva a rechazar por tal motivo la Ley General de
la Seguridad Social (RDL 1/1994, de 20 de junio) exige el rechazo en su
conjunto, de las modificaciones puntuales del texto refundido aludido,
objeto del presente Proyecto de Ley.
Este es el sentido de la Propuesta de Veto, que se presenta, y razón
suficiente para expresar la oposición al conjunto del Proyecto, cuyos
fines se comparten, sin perjuicio, como ha quedado expresado con
anterioridad, de las modificaciones necesarias planteadas en función de
la filosofía del propio «Pacto de Toledo» que le sirve de base, y que se
expresan en las enmiendas presentadas.
Palacio del Senado, 20 de mayo de 1997.--Inmaculada de Boneta y Piedra.