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DS. Senado, Comisiones, núm. 254, de 17/03/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 254
COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. VICENT BEGUER I OLIVERES
celebrada el martes, 17 de marzo de 1998
ORDEN DEL DIA:
--Dictaminar el Proyecto de ley general de telecomunicaciones (Número de
expediente 621/000070).
--Dictaminar el Proyecto de ley de residuos (Número de expediente
621/000071).
Se abre la sesión a las once horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Antes de exponer el desarrollo del debate de los dos proyectos de ley,
ruego al señor Letrado que compruebe la asistencia de los señores
Senadores.
Por el señor Letrado se procede a la comprobación de las señoras y de los
señores Senadores presentes y representados.
El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir, en primer lugar, el proyecto de ley
general de telecomunicaciones y, en segundo lugar, el proyecto de ley de
residuos.
Si a sus señorías les parece bien, independientemente de que las
propuestas de veto se voten inmediatamente después de producirse el
debate de las mismas, el resto de las votaciones se podría efectuar al
final.
Por otra parte, si no tienen inconveniente sus señorías, el debate en
cada uno de los proyectos se produciría de forma global,
independientemente de que cada Grupo pueda repartir su tiempo entre
varios Senadores, si lo desean. (El señor Bris Gallego pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Estoy de acuerdo con la propuesta del señor Presidente, pero como se
están celebrando varias Comisiones a las que pertenecen algunos miembros
de nuestra Comisión, solicitamos, si no hay inconveniente, que se haga un
pequeño receso para poder avisarlos. En la Comisión de Trabajo, por
ejemplo, comparece el Ministro de Trabajo y en ella están en estos
momentos varios miembros de la Comisión. (El señor Gibert i Bosch pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Queremos mostrar nuestra disconformidad y nuestra protesta, aunque no
sabemos con exactitud a quién dirigirla, por el procedimiento de urgencia
en general, y creo que en este punto estamos todos los Grupos de acuerdo.
Cuando una ley entra por el trámite de urgencia siempre hay problemas y
creo que todos nos hemos quejado muchas veces de ello, pero hoy de una
forma especial en función de algunos añadidos a estos problemas de
urgencia. Por una parte, dispusimos de las enmiendas el viernes al medio
día y no se han publicado hasta hoy; los boletines están todavía
calientes. Por otra parte, con toda legitimidad, hay 141 enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular a la ley de telecomunicaciones y 12 a la ley
de residuos, una de ellas modificando otra Ley, la de envases. Nosotros
aceptamos la fecha el día 17 y que no hubiera Ponencia pensando que
habría menos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, de lo contrario
nos hubiéramos opuesto.
Por otra parte, nos ha sorprendido desagradablemente el hecho de que haya
141 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular cuando la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en su intervención en el Pleno del Congreso,
la señora Mato Adrover, decía textualmente: «... una ley que hemos
debatido con ustedes hasta la extenuación; últimamente, más de la cuarta
parte del tiempo lo hemos dedicado a hablar precisamente de
telecomunicaciones en esta Cámara.» La ley había entrado en junio, o sea
que había estado nueve meses en el Congreso desde su presentación. Si el
trámite no hubiera sido por urgencia, todo esto no tendría mayor
importancia porque habría habido el tiempo mínimo necesario para estudiar
estas 141 enmiendas, pero no ha sido así. Es sorprendente que en nueve
meses no se haya podido redactar bien --en el supuesto de que estas
enmiendas sean de carácter técnico, cosa que en este momento no sé-- y
que en tres días se pueda hacer. Y permítanme que les cite un caso
concreto, la enmienda 165 del Grupo Parlamentario Popular a la ley de
residuos, que tiene, por lo menos, dos errores formales. Debe decir
«adapten» en lugar de «adopten», y «los» en lugar de «sus».
Esto crea varios problemas y uno básico: el de no opinar sobre el
contenido de estas enmiendas. Me parece lógico que así sea. Por una
parte, nos dicen ustedes en la mayoría de las justificaciones que son
enmiendas técnicas y de forma; no lo pongo en duda, pero no sabemos si es
así. Sinceramente, creo que en algunos casos tampoco lo saben ustedes. Es
un procedimiento --si me permiten la expresión-- más propio de una
fábrica de churros que de un proceso legislativo serio.
Por otra parte, ni siquiera tenemos opinión en este momento --mañana tal
vez podamos tenerla-- sobre la conveniencia de presentar o no votos
particulares en función de que nos parezca mejor el texto que ha venido
del Congreso que el texto resultante de estas enmiendas que, supongo, hoy
van a ser incorporadas.
En definitiva, no queremos dramatizar esta situación más de la cuenta,
pero nos gustaría --e insisto, no sabemos a quién dirigirnos-- que estos
hechos no se repitieran, porque, de lo contrario, no nos quedaría más
remedio --y no lo digo por hoy sino para el futuro-- que explicar a los
ciudadanos que estos procesos legislativos son de una tremenda
frivolidad.
Quiero hacer una última advertencia en función del sentido de nuestras
votaciones. Vamos a votar afirmativamente nuestras enmiendas y en cuanto
al resto, salvo en los casos en que los ponentes tengan las posiciones
claras porque hayan podido estudiarlas, nos vamos a abstener. Por lo que
se refiere a los Dictámenes, vamos a votar en contra, aunque sólo sea por
si acaso. Espero que todas sus señorías comprendan que sea así dadas las
circunstancias totalmente anómalas y poco serias desde el punto de vista
del proceso legislativo.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Bris Gallego pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gibert.
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Comprendo las explicaciones que ha dado el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, Senador Gibert. Es cierto que el trámite de
urgencia con el que se ha planteado esta ley nos ha llenado de
preocupación y de trabajo, puesto que yo he recibido las enmiendas el
mismo día que él. Es raro que el Grupo Popular presente 141 enmiendas,
pero la mayoría son enmiendas de corrección de estilo y de mejora de
redacción. De las 141, 126 ó 123 son de esas características, como
consecuencia de una ley en la que se trabajó en el Congreso durante más
de siete meses y en la que se introdujeron también varias enmiendas de
otros grupos políticos por lo que quedó sin un contexto unitario y,
lógicamente, se ha tenido que mejorar su redacción y su contenido.
Espero que los trabajos del Congreso de los Diputados en otras
situaciones nos permitan no traer leyes que necesiten esta mejora de
redacción, que es lo que realmente se ha realizado. Por tanto, expreso mi
coincidencia con la preocupación manifestada por el Senador Gibert y
espero, como es lógico, que en otras leyes no se produzcan estas
circunstancias.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bris.
Después de oír las manifestaciones realizadas por ambos portavoces, esta
Presidencia debe decir que, efectivamente, lamenta que se produzcan
trámites de urgencia ante proyectos de ley que han sufrido una importante
demora en el Congreso y que, con una gran cantidad de enmiendas, deben
debatirse aquí prácticamente sin tiempo de estudio. Es un hecho el que
ahora se produce, si no insólito, sí, por lo menos, difícil de digerir.
Lo malo es que, por parte de esta Presidencia, no existe una solución a
este problema sino, en todo caso, hacer llegar a la Mesa del Senado y al
Gobierno, si procede, nuestra preocupación porque puedan producirse
debates de leyes importantes sin prácticamente tiempo de estudiar las
enmiendas que, como decía el Senador Gibert, legítimamente puede
presentar un Grupo, pero que superan la capacidad de estudio por parte de
los Senadores en tan pocos días.
--PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES (621/000070).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a dictaminar el Proyecto de Ley
General de Telecomunicaciones.
En primer lugar, se han presentado dos propuestas de veto. La primera de
los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, y la segunda del Grupo
Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la primera, tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defenderla con bastante brevedad. (El señor Vicepresidente, Sanz
Blanco, ocupa la Presidencia.)
También nosotros tenemos que lamentar este hecho porque es de suponer que
las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular serán incorporadas al
Dictamen de la Comisión y las enmiendas que tenemos formuladas lo son al
texto remitido por el Congreso de los Diputados. Eso produce una
situación de reajuste y, por tanto, voy a dar por defendida la propuesta
de veto y de paso todas las enmiendas que tenemos formuladas. Espero que
en los próximos días podamos estudiar esta situación atípica que se ha
generado, y sobre el texto que quede tras el Dictamen de la Comisión
podamos realizar el trabajo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Pasamos al veto del Grupo Parlamentario Socialista, y de esa manera
acumulamos los turnos de portavoces para los dos vetos.
¿Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista?
Tiene la palabra su señoría.
El señor LUIS CALVO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, comparto los argumentos que han empleado como cuestión de orden
todos los portavoces, y ahora mismo el portavoz de Izquierda Unida
respecto de la defensa de su propuesta de veto y de sus enmiendas, puesto
que es humanamente imposible enterarse bien no sólo de lo que vamos a
decir, sino de lo que puede resultar de un debate en el que la
documentación nos ha sido facilitada con tan poca antelación, y no
quisiéramos que se produjera un dictamen de consecuencias negativas.
Voy a proceder a la defensa de la propuesta de veto del Grupo
Parlamentario Socialista, diciendo con mucha brevedad que compartimos los
objetivos que se formulan en la memoria del proyecto y en la exposición
de motivos. Nos parece que, en efecto, es necesario revisar toda la
legislación en materia de comunicaciones. Tenemos la convicción de que es
preciso aprobar una ley que impulse con plenitud la competencia en este
sector. Creemos en la conveniencia de revisar a fondo el sistema de
autorizaciones y licencias de acuerdo con las directivas comunitarias, y
pensamos también en la necesidad de garantizar el interés público en un
entorno liberalizado, compartiendo el objetivo de que hay que promover el
desarrollo en España de la sociedad de la información y que hay que
hacerlo garantizando la cohesión territorial y la cohesión social.
Sin embargo, cuando nos adentramos en el articulado del texto del
proyecto de ley, comprobamos que esos objetivos no se cumplen, y llegamos
a la conclusión, por lo tanto, de que lo que se dice en la exposición de
motivos es pura retórica.
Decimos esto, en primer lugar, porque consideramos que habría que regular
el sector en su conjunto, y quedan fuera algunos aspectos importantes
como pueden ser radio y televisión; tampoco el proyecto promueve la plena
competencia, quedando fuertemente limitada en diferentes aspectos, en
primer lugar, porque hay una dependencia extraordinaria del desarrollo
reglamentario de la ley; en segundo lugar, porque aparece una enorme
capacidad discrecional en manos del Ministerio de Fomento; en tercer
lugar, porque el Gobierno manifiesta en esta ley una gran incapacidad
para separar lo que es la regulación global del sector de lo que debería
ser la gestión y aplicación de esa regulación que entendemos que debe
corresponder a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones; y
cuarto, porque las directivas comunitarias --y ya conocemos lo que ha
pasado en los dos últimos años-- se han trasladado a la legislación
española o se pretende trasladarlas en la forma más intervencionista
posible. En definitiva, de lo que se trata es de que el Gobierno no deje
de la mano una enorme cantidad de poder político y de poder social.
Pensamos que cuando el Gobierno redacta esta ley, lo que se propone no es
liberalizar, sino mandar en el sector, y lo digo en el sentido más
estricto del término. Eso es lo que parece que pretende el Gobierno al
redactar este proyecto de ley.
Por todo ello pedimos que se vuelva a redactar esta ley, y que se haga
pensando en la gente. A nosotros nos preocupan, cómo no, las empresas,
pero sobre todo nos preocupan los ciudadanos. De la lectura del proyecto
de ley se desprende que al Gobierno le preocupa mandar en las empresas,
pero le preocupan bastante menos los ciudadanos. Por lo tanto, creemos
que debía redactarse de nuevo esta
ley para que se volviera a discutir en las Cámaras, al menos con el
sosiego con el que se discutió en el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Pasamos, a continuación, al turno en contra.
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
En una situación de liberalización de las telecomunicaciones como en la
que nos encontramos, se pone de manifiesto por parte de todos los grupos
políticos la necesidad de esta ley para sustituir a la LOT que,
lógicamente, ya ha quedado obsoleta y fuera de lugar.
No se puede admitir que esta ley se califique de intervencionista. Es un
texto breve, de únicamente 85 artículos. Es un texto flexible. Es una ley
muy técnica que lo que hace es incorporar al Derecho español las
directivas comunitarias.
En el turno previo he manifestado también mi preocupación por lo que se
refiere al trámite de urgencia, carácter con el que últimamente están
viniendo las leyes al Senado y que, como es lógico, no permite el
oportuno estudio. Es cierto que esta ley ha sido políticamente
consensuada y trabajada durante mucho tiempo en el Congreso y, por lo
tanto, de las 141 enmiendas presentadas, 126 son de mejora de redacción
técnica y de corrección de estilo.
Lo que queremos lograr, mediante esta ley, es liberalizar las
comunicaciones. Creo que en los dos años que lleva gobernando el Partido
Popular se han visto claramente los trabajos que ha hecho para la
liberalización de las comunicaciones. Queremos que todos los españoles
puedan contar con unas telecomunicaciones de calidad, con un servicio
universal que esté garantizado a través del proyecto de ley que en estos
momentos estamos debatiendo, y cuyo interés público también garantiza
esta ley, ya que marca en él unas obligaciones de servicio público.
También se ha cuidado en la ley el impacto medioambiental, que ha sido
motivo de algunos argumentos en la presentación de este veto a la
totalidad.
Como decimos, se recogen en él las directivas europeas que tienden a
promover lo que todos estamos diciendo siempre: la plena competencia y la
prestación de servicios impulsando la iniciativa privada.
Con este proyecto de ley que, como es natural, nosotros vamos a apoyar,
junto con las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular, lo
que pretendemos, entre otras cosas, es extender el servicio universal a
todos los ciudadanos, con unas obligaciones también impuestas por el
propio proyecto de ley como pueden ser los servicios de telemedicina o de
teleenseñanza.
En los argumentos de los demás grupos políticos se habla de las
competencias de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones,
competencias que han sido ya marcadas, como se sabe, en la Ley de
liberalización de las comunicaciones que se aprobó hace ya algunos meses.
Por tanto, en estos momentos estamos dictaminando una ley que creemos muy
necesaria y que ha tenido un gran retraso, porque hasta el año 1996 no se
había avanzado en el camino de la liberalización. En estos dos años de
trabajo se han conseguido logros importantes. Además, es una ley que nos
exige el Derecho Comunitario al tener que incorporar las directivas de
las que estamos hablando.
Vuelvo a repetir que es una ley eminentemente técnica y, por lo tanto,
dada su complejidad y su necesidad, tampoco comprendo la presentación de
estos vetos a la totalidad que nuestro Grupo, como es lógico, señor
Presidente, va a rechazar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Bris.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto?
Tiene la palabra su señoría.
La señora COSTA SERRA: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para, en primer lugar, adherirnos a las
quejas y al rechazo que nos produce la tramitación urgente de los
proyectos que estamos viendo hoy en esta Comisión.
En segundo lugar, anuncio el voto favorable a las propuestas de veto
planteadas tanto por el Senador Nieto i Román como por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senadora Costa.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
E1 proceso de liberalización de las comunicaciones en la Unión Europea ha
seguido un ritmo imparable y se ha acelerado en los últimos tiempos; se
han ido cubriendo plazos, se han ido suprimiendo cautelas y ello ha
supuesto que la Ley de ordenación de las telecomunicaciones --que tiene
tan sólo 11 años y que había sufrido ya diversas modificaciones-- haya
quedado obsoleta. A nuestro juicio, con este proyecto de ley que hoy
vamos a debatir --y sobre el que se han presentado dos propuestas de
veto-- se culmina un proceso en el que, por una parte, hay que señalar la
disminución del control administrativo que existía anteriormente y, por
otra, que el Estado garantiza un servicio universal --como debe hacerlo
ante un servicio básico-- y a precio asequible; este objetivo se cumplirá
a través de incentivar la competencia y de suprimir derechos exclusivos o
especiales.
A nuestro entender, este proyecto de ley sufrió en su tramitación en el
Congreso, tanto en Ponencia como en Comisión, cambios sustanciales que
han dado lugar al que ha llegado al Senado, que hasta hace tres días
creíamos que era un buen proyecto de ley. Ahora, tras observar que se
han presentado 364 enmiendas y que 140 de ellas son justamente del Grupo
mayoritario, del Grupo del Gobierno, tenemos alguna duda. Ciertamente
esta duda no es en cuanto al fondo, pues seguimos pensando que es un buen
proyecto, pero habrá que estudiar si es un mal proyecto, como parece ser,
desde el punto de vista de la gramática o de la literatura española.
En cualquier caso, los motivos que nos han aducido los portavoces de los
Grupos Socialista y Mixto no nos parecen suficientes para dar nuestro
apoyo a estas propuestas de veto. Entendemos que la ley puede mejorarse
todavía algo, aunque tal como llega sería una ley verdaderamente útil y
aplicable, y con las mejoras que pueda sufrir en el trámite en el Senado
va a ser un buen proyecto de ley, o por lo menos esperamos que así lo
sea. En consecuencia, no vamos a dar nuestro apoyo a las propuestas de
veto que han formulado el Grupo Parlamentario Socialista y los Senadores
Román y Nieto.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Beguer.
Pasamos a continuación al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
Senador Luis Calvo.
El señor LUIS CALVO: Gracias, señor Presidente.
Hemos escuchado con atención los argumentos en contra que ha planteado
nuestro colega, el Senador Bris, y yo creo que es necesario aclarar que
la liberalización en el sector de las telecomunicaciones no empieza hoy
ni empezó el pasado año ni empezó a mediados de 1996; empezó mucho antes.
En legislaturas anteriores ya se liberalizaron los terminales, se
liberalizaron los servicios de valor añadido, se liberalizó la telefonía
móvil --que buen éxito está teniendo--, se liberalizó el sistema de
radio-búsqueda y todas las telecomunicaciones por satélite; eso hace
mucho. Se pretendía aprobar la liberalización total para el 1.º de enero
de 1998, pero en aquella época, en la primavera de 1996, el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados se opuso a que eso
saliera adelante; sin embargo después dicen que lo han hecho con mucha
prisa desde el Gobierno del Partido Popular, pero aquello ha producido ya
un retraso de nueve meses. De tal manera que el tema de la liberalización
no es nuevo ni mucho menos.
De forma simplificada, nuestra propuesta de veto y nuestros argumentos
contrarios a los que ha empleado el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular se pueden resumir, una vez más, en la afirmación de que esos
ambiciosos objetivos que constan en la exposición de motivos no han
encontrado el acomodo necesario en el texto del articulado y no tienen
más alcance real que el de servir de retórica en la decoración del
discurso general de la ley.
Desde luego, por lo que vemos y por el cariz que toma la situación,
entendemos que la aportación del desarrollo de las telecomunicaciones al
objetivo de mantener la cohesión territorial y social en España no queda
garantizada ni mucho menos una vez que se concluya el debate en esta
Comisión; vamos a ver si eso pudiera reconducirse en la discusión del
Pleno. No se tienen en cuenta los argumentos que damos en la propuesta de
veto, nos imaginamos que no se va a tener en cuenta tampoco el listado de
enmiendas que hemos presentado al texto y por eso tenemos muchas dudas de
que pueda mejorar, como decía hace un momento el portavoz de Convergència
i Unió, el texto a lo largo del trámite en el Senado.
El desarrollo de unas condiciones de competencia de verdad, efectivas,
que redunden en beneficio de los ciudadanos, incrementando la calidad y
disminuyendo el precio de los servicios, tampoco es un objetivo que se
pueda considerar garantizado con la redacción del actual proyecto; más
bien podría predicarse del mismo lo contrario ya que ese complejísimo
sistema de desarrollo reglamentario establecido, la absoluta ausencia de
rubor del Gobierno en la capacidad que se reserva, la invasión que se
produce en los ámbitos competenciales de la Comisión del mercado de las
telecomunicaciones y ese régimen transitorio --que nos parece a nosotros
descaradamente intervencionista y a veces hasta oscuro--, constituyen
alguno de los instrumentos con los que el Gobierno dificulta siempre,
obstaculiza a menudo y también impide cada vez que puede el desarrollo de
un mercado competitivo que se dice perseguir, y la verdad es que se
persigue pero nosotros entendemos que de mala manera.
Sin embargo, ese afán intervencionista del proyecto de ley, que lo
recorre de arriba abajo, se diluye, padece un lamentable olvido cuando se
refiere a las obligaciones de servicio público en general y del servicio
universal en particular. Y en ese terreno, que justifica como ningún otro
la intervención del Gobierno en defensa de unos derechos que no pueden
ser garantizados porque no son reconocidos por el mercado --que es donde
el Gobierno debería intervenir--, ahí, precisamente ahí, el Gobierno
retrocede, el culto al mercado se sublima y la intervención de las
directivas se hace con el más restrictivo de los criterios. Y una ley que
dice ser de manera solemne --y a la vista de la lectura que hemos hecho
diríamos que hasta vanidosa-- del siglo XXI nos introduce en el próximo
milenio con un servicio universal que tiene las mismas prestaciones de
que disfrutan los ciudadanos españoles desde hace por lo menos una
década, ni una más, y posiblemente algunas menos por la alarmante caída
en la calidad que se viene produciendo en la prestación de algunos
servicios telefónicos básicos.
Pero cuando buscamos que se corrijan esas lagunas, esas insuficiencias y
esos errores con una serie de argumentos que nos parece que no son oídos,
ni siquiera escuchados, por el Grupo que apoya al Gobierno, nuestra
pretensión se queda seguramente corta, se queda en expresión ante la
Cámara, en dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de nuestra
disconformidad con los contenidos del proyecto de ley, disconformidad que
nace, sorprendentemente, de una identificación casi total con la
exposición de motivos del proyecto y que después se transforma en
creciente desacuerdo conforme avanza el articulado de la misma. Por todo
ello seguimos insistiendo en que esta ley debe redactarse de nuevo.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Luis
Calvo.
Pasamos, a continuación, al portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a contestar al Senador Andrés Luis Calvo y, desde luego, agradezco al
Senador Beguer, de Convergència i Unió, el rechazo a dichos vetos porque
realmente no estimamos que tengan justificación y las razones que se han
argumentado aquí no han justificado su presentación. Porque --ya lo hemos
dicho también-- esta ley es necesaria, es oportuna, es una ley muy
técnica que recoge directivas comunitarias y que tiende a esa
liberalización del mercado de las telecomunicaciones. Y vuelvo a repetir
que cuando se ha trabajado bien y se han hecho las grandes leyes de
liberalización ha sido desde el mes de mayo de 1996.
El proyecto de ley que estamos debatiendo aquí sí garantiza esa cohesión
territorial y social de la que se habla, y precisamente ésas son las
garantías de este proyecto de ley. Ni mucho menos podemos admitir que sea
una ley intervencionista, sino al revés. Y vuelvo a recalcar que es una
ley flexible, corta, no reglamentista. Lo que se pretende es que después,
puesto que la técnica de las telecomunicaciones avanza tanto, puedan
hacerse los reglamentos oportunos según vayan avanzando esas técnicas.
Probablemente habrá servicios dentro de un año que en estos momentos no
podemos ni siquiera imaginar.
Por lo tanto, consideramos que no es, como se dice, una ley
intervencionista, sino al revés, una ley flexible. Se recoge en ella ese
derecho de competitividad que debe existir entre las empresas; se
garantiza la calidad de los servicios y, dentro del régimen transitorio,
se está tratando de asegurar el paso de un mercado que ha estado en
monopolio a un mercado que en estos momentos se encuentra en situación de
liberalización.
Por consiguiente, nosotros mantenemos nuestro rechazo a estos vetos.
Creemos que esta ley ha sido mejorada en el Congreso de los Diputados,
donde ha sido objeto de un amplio consenso y lo único que se ha hecho ha
sido mejorar su redacción. Consideramos que uno de los objetivos
fundamentales que en la misma se contempla es el servicio universal, que
garantiza, como hemos dicho, una calidad de servicio a todos los
españoles, cualquiera que sea el territorio en el que se encuentre. Por
tanto, vamos a votar en contra de los vetos presentados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Bris.
Una vez debatidos los vetos, pasamos a la votación de los mismos.
En primer lugar, votación del veto del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 15.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Queda rechazado.
A continuación, pasamos a la votación del veto del Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 15.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Queda rechazado.
Pasamos al debate de las correspondientes enmiendas de los diferentes
grupos.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de los
Senadores Nieto y Román, números 1 a 99, que las dio por defendidas en la
defensa del veto.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, números 102 a 178.
Tiene la palabra el Senador Luis Calvo.
El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Con permiso de la Presidencia, nos vamos a repartir el turno de defensa
de las enmiendas la Senadora Pleguezuelos y yo. Además, si nos lo permite
la Presidencia, defenderíamos las enmiendas de los títulos.
Las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista no tienen
más intención que introducir lo que a nosotros nos parecen sensibles y
sustanciales modificaciones para mejorar el proyecto de ley.
Con respecto al Título I, en el que se habla de disposiciones generales y
se pretende definir no sólo el objeto de la ley, que se recoge en el
artículo 1, sino establecer cuáles son los objetivos que la misma
persigue y el tratamiento que se da a los servicios de telecomunicación
para defensa y protección civil, entendemos que no está bien tratado en
el texto y, como ya hemos dicho, son necesarias mejoras, algunas de ellas
relevantes, como planteamos con nuestras enmiendas números 102 y 103, con
una redacción que no ofrezca dudas ni ponga condiciones al desarrollo y
utilización de las telecomunicaciones en su importante papel de cohesión
social y territorial y el acceso igualitario de todos los ciudadanos en
todas las partes del territorio.
Por otro lado, en aquello que se relaciona con la defensa nacional y con
la protección civil, la interpretación de la ley no debe provocar dudas
ni plantear divergencias, circunstancias que se dan en el texto del
proyecto.
El Título II hace referencia a uno de los aspectos más destacados de este
proyecto de ley, junto con el de servicio universal. Nos referimos a la
gestión de la prestación de servicios y al establecimiento y explotación
de redes de telecomunicación en régimen de libre competencia. A pesar de
este título, que nos parece muy ostentoso y que para el no versado en la
materia puede suponer cierta duda en cuanto a qué se pretende con el
mismo, sí que es cierto que en los apartados que lo configuran las cosas
están bastante más claras. Hay una percepción mejor de cuál es el
significado de esa denominación.
Se habla de los títulos habilitantes y de los registros especiales de los
titulares de autorizaciones generales y de licencias individuales;
también se habla de la interconexión y del acceso a redes, de la
numeración, de la separación
de cuentas. Es decir, de un conjunto de medidas que se van a adoptar en
el desarrollo de las telecomunicaciones, que es necesario prever de
acuerdo con las directivas europeas, porque si se compara con lo que está
sucediendo en otros países, aquí tenemos que acometer este tipo de
trasposiciones legislativas a la velocidad adecuada y aprovechar un marco
legislativo como éste para no dejar en el tintero aspectos importantes en
la traslación de esas directivas.
Las enmiendas que formulamos a los artículos 6 al 33, que hacen
referencia a este Título II, tienen por finalidad dar un tratamiento, a
nuestro juicio, más correcto y en mejor consonancia con las directivas.
Uno de los aspectos que destacaríamos, y nos hace diferir de lo que
defiende el Gobierno y el Grupo que le sustenta, es el papel que tiene
que jugar la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, partiendo de
que para nosotros y para el resto de los países europeos es necesario que
la autoridad reguladora, de la que hablan nuestras enmiendas 126 y 127,
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ha de ser un órgano
independiente, con atribuciones y poderes claros, con capacidad para
tomar decisiones que regulen las relaciones entre operadores y con los
operadores. Pero nos encontramos con un escollo, como es la escasa
voluntad del Gobierno de que la comisión funcione como lo hacen las
autoridades reguladoras en otros países de la Unión Europea.
Al hacer un planteamiento global del significado de nuestras enmiendas,
van a tener que disculpar nuestras incursiones en el texto del proyecto,
tanto hacia adelante como hacia atrás. Quizás no esté demasiado ordenado
por las dificultades que hemos planteado al principio.
Nuestras enmiendas a los artículos 6 a 9, números 104, 105, 106 y 107,
pretenden mejorar el proyecto, planteando, por un lado, limitaciones a la
capacidad de intervención de los poderes públicos, especificando cuáles
van a ser éstos para evitar cualquier tipo de dudas y, por otro,
determinando de manera más clara qué tipo de autorizaciones y licencias
quedan excluidas de su consideración como redes y servicios de
telecomunicaciones; y también residencia la Comisión del Mercado de las
Comunicaciones tanto la obligación de poner en su conocimiento, con
carácter previo, la prestación del servicio correspondiente o explotación
y establecimiento de la red, como su competencia para establecer la
forma, plazo y condiciones de la ventanilla única que tal como viene en
el proyecto no nos parece la fórmula más adecuada para esta estructura
administrativa.
En cuanto a las autorizaciones generales y las licencias individuales,
además de propiciar una mejor definición sobre qué ha de entenderse como
utilización general, seguimos incidiendo en fortalecer las competencias
de la Comisión tanto en su intervención respecto de las condiciones para
la prestación de nuevos servicios en régimen de autorización general,
como en lo referido a las condiciones que deben establecerse en las
licencias individuales y en lo referido a la actuación de la comisión en
los casos de concentración de empresas o de la toma de posición dominante
de una o de varias de ellas.
No nos gusta tampoco que las faltas de resolución expresa supongan
considerar desestimada la solicitud, entendiendo por ello que debe operar
en sentido positivo en los artículos 14 y 18. Para eso hemos presentado
las enmiendas 111 a 114.
Otro de los retos que esta ley plantea es conseguir una buena definición
y regulación de la interconexión y el acceso a redes, fortaleciendo una
vez más las competencias de la comisión del mercado de las
telecomunicaciones. El Ministerio de Fomento tiene otro tipo de
atribuciones y muy pocas debería tener en relación con el que discutimos,
referido a la interconexión y al acceso a las redes. Hay que homologar
nuestra legislación con la que va a existir en el resto de la Unión
Europea.
Ello nos ha movido a presentar varias enmiendas, desde la número 118 a la
133, en las que planteamos cómo debe hacerse, a nuestro juicio, la
trasposición de la Directiva 1997/33, viéndose en ellas las diversas
circunstancias que pueden concurrir en los acuerdos de interconexión,
cuál debe ser la actitud de la comisión, cómo deben quedar las
condiciones de trasparencia y la discriminación en los acuerdos de
interconexión, cómo se definen y configuran las cuotas, en qué ha de
consistir la separación contable y el papel que debe jugar la Comisión en
garantizar el acceso a la descripción del sistema de contabilidad de
costes y a los distintos operadores, etcétera. Es decir, se trata de
regular de la manera más precisa posible uno de los aspectos más
destacados y de mayor complejidad en el mundo de las telecomunicaciones.
Respecto del Título III, a cuyos artículos números 35 a 41 y 50 a 54
hemos presentado las enmiendas 139 a 151, he de decir que nos encontramos
con una legislación en la que un conjunto de servicios que hasta la fecha
no han tenido la calificación de derechos y cuya prestación ha estado
prácticamente encomendada al Estado en régimen de monopolio se van a
transformar ahora nada más y nada menos que en un entorno de competencia
donde la definición del servicio público, en general, y de servicio
universal, en particular, queda restringida a unos servicios concretos y
a unas actuaciones muy específicas, quedando el conjunto de estas
materias fuera del ámbito protector y redistributivo del Estado y
sometidas únicamente a las leyes del mercado.
A la importancia decisiva de disponer o no de redes adecuadas y servicios
avanzados que permitan la incorporación de muchos países y regiones a la
sociedad de información y a los cambios sociales que ello comporta, se
une el peligro de que un conjunto de tecnologías que, en principio, deben
suponer avances en la calidad de vida y en el proceso de igualdad entre
todos los ciudadanos se traduzcan en un nuevo elemento de ruptura social,
planteándonos una cuestión política, a nuestro entender de mucho calado,
que marca, además, el posicionamiento del Grupo Socialista en la
discusión de los contenidos de servicio público y servicio universal.
Por otra parte, estamos en contra del extraordinario margen de
discrecionalidad que se reserva el Gobierno en esta ley con toda esa
maraña de órdenes ministeriales y de reales decretos que pueden variar,
no sólo la forma de financiación
del servicio público universal, sino las características de los propios
servicios. Además, la pobreza de contenidos respecto del servicio
universal en el proyecto de ley, hace que éstos se ajusten solamente a lo
que existe en la actualidad, es decir, que no se incorpora absolutamente
nada nuevo. Nosotros proponemos una ampliación de dichos contenidos para
que los mismos no puedan quedar relegados a la categoría jurídica de
otros servicios obligatorios.
Las garantías de los usuarios no se recoge en ninguna parte del proyecto,
salvo en una --a nuestro juicio-- desafortunada redacción del artículo
54. Y es que, ¿cuáles son esas garantías y qué instrumentos debemos poner
desde aquí a disposición de los usuarios para que puedan defenderse de
una maraña de informaciones técnicas y de servicios complejísimos, la
mayoría de los cuales no son comprendidos por los ciudadanos, no
sabiendo, por tanto, éstos muy bien en qué mundo se mueven? A resolver
esto tiende nuestra enmienda número 151.
Estos son los aspectos fundamentales --seguramente no muy bien relatados
por quien les habla-- de las enmiendas al articulado de los Títulos I a
IV presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, al haber evitado
relatárselas una por una. Y vuelvo a repetir que con el procedimiento de
urgencia que se viene siguiendo --que es ya peligrosamente habitual en
esta Cámara-- corremos con toda seguridad el riesgo de quedarnos sin
conocer a fondo las enmiendas de todos y cada uno de los grupos para
evaluarlas como se merecen.
Doy por defendidas en sus justos términos las restantes enmiendas, y con
el permiso de la Presidencia dejo la defensa de las siguientes a mi
compañera la Senadora Pleguezuelos.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): A continuación, tiene la palabra
la Senadora Pleguezuelos, haciéndole saber que no será esta Presidencia
quien limite los tiempos, al objeto de satisfacer las inquietudes que
generaba el trámite de urgencia en este proyecto de ley.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defender las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista
presenta a los Títulos V, VI, VII y VIII, y también las que presenta a
las distintas disposiciones. En definitiva, voy a defender todas las
enmiendas que hacen referencia a la administración de las
telecomunicaciones, al abono de tasas en esa materia, y a todo el proceso
a seguir por parte de los órganos de la Administración competentes en
materia de imposición de sanciones e infracciones.
Aun estando de acuerdo con las competencias que el artículo 66 concede a
la Administración general del Estado en materia de telecomunicaciones
--como casi siempre, voy a partir de lo positivo para legitimar incluso
mucho más lo que luego hay que diferenciar en este proyecto de ley, que
es sustancialmente distinto del proyecto del Gobierno--, está claro que a
partir de ahí empezamos a diferir del Gobierno en casi todo. ¿Por qué?
Pues porque, como decían los Senadores que me han precedido en el uso de
la palabra, en los artículos 67, 68 y 69 aparecen unos atisbos de
discrecionalidad, una indefinición en las facultades del Gobierno, y más
concretamente en las del Ministerio de Fomento, para eliminar esa posible
discrecionalidad, que nos hacen plantear una serie de enmiendas
encaminadas a definir correctamente esas competencias que, entendemos, se
deben atribuir a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones puesto
que es la autoridad nacional que debe regular --de acuerdo con las
directivas comunitarias--, dirimir y vigilar el cumplimiento de las
normas, y que asimismo debe inspeccionar.
Por tanto, en primer lugar, para evitar la discrecionalidad de ese órgano
--que debe ser capaz, competente e independiente-- hemos enmendado todos
y cada uno de esos artículos intentando dotarles de ese tipo de
facultades y de esa capacidad, extensivo todo ello asimismo al Ministerio
de Fomento, a fin de evitar que éste pueda hacer uso de una cierta
discrecionalidad en aplicación de las leyes como hemos tenido ocasión de
demostrar a lo largo de estos dos años.
En segundo lugar, respecto del papel del Estado en el desarrollo de la
nueva sociedad de la información, también entendemos necesario que se
generen las mejores condiciones para que ese desarrollo económico de que
se habla vaya acompañado de un desarrollo cultural y social adecuado, lo
que significa que los artículos en que esto se regula deben suponer un
mayor grado de compromiso por parte del Gobierno para esa implantación y
para ese desarrollo. Es decir, que el Estado no debe ser sólo un
observador descuidado --diríamos--, sino también un agente activo. Ese es
el sentido de nuestra enmienda a este apartado.
Y de la misma manera, con nuestra enmienda al artículo 70 del proyecto de
ley pretendemos que se dé una nueva redacción a este artículo para que el
Consejo Asesor de las Telecomunicaciones fije realmente sus atribuciones
y competencias, evitándose así, señorías, posibles fricciones con la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que, a su vez, es también
un órgano que asesora al Gobierno a través de sus informes y
resoluciones, e impidiéndose, por tanto, que sus propias competencias
produzcan algún tipo de fricción.
Respecto al Título VII, relativo a las tasas en materia de
telecomunicaciones, también presentamos una serie de enmiendas
fundamentadas básicamente en criterios muy distintos a los que propone el
Gobierno en el proyecto de ley, pero no tanto ni únicamente por la
disminución anual de los ingresos brutos que se plantean, sino porque
pretendemos que las distintas tasas tengan una finalidad clara y
específica que permita a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones --con la atribución que se le da-- atender sus propios
cometidos y funciones.
Y es que, Senador Bris, entendemos que el planteamiento que hay es el
siguiente: si la Comisión es capaz de recaudar sus ingresos, sus tasas,
si es capaz de elaborar sus presupuestos --al margen también de otro tipo
de recursos que puedan complementar esto--, va a tener una independencia
mayor que si esto estuviera exclusivamente colgado del reparto
presupuestario. ¿Por qué? Pues porque
también la ligamos a independencia en lo que a financiación se refiere,
del mismo modo que la hemos ligado a unas competencias y a unas
atribuciones que estén perfectamente definidas tanto para ella como para
el Ministerio de Fomento.
Como lo que nosotros pretendemos es que éste sea un órgano regulador,
fuerte, independiente, capaz de abordar el arbitraje y la mediación entre
los operadores sin estar en ningún momento sometido a posibles presiones
de nadie, incluido el Gobierno, entendemos que el ligar esa recaudación,
esa finalidad de las tasas a su atribución por parte de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, le dota de mayor independencia.
Respecto de la enmienda al Título VIII, de sanciones e infracciones,
pretendemos básicamente clarificar algunos aspectos sobre las mismas aun
reconociendo que, sin duda, se trata de un Título respecto del que no
tenemos excesiva dificultad, motivo por el que en el trámite del Congreso
algunas de las enmiendas socialistas fueron aceptadas.
Por último, en cuanto a nuestras enmiendas a las disposiciones
adicionales, transitorias y finales, que voy a defender globalmente, en
su práctica totalidad, consideramos que la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, como órgano de defensa de la competencia, debe estar
incluso por encima del Tribunal de la Competencia.
Senador Bris, parece razonable residenciar en un solo órgano todas las
materias relacionadas con las telecomunicaciones, ya que así evitaríamos
la dispersión de criterios, su distinta aplicación, etcétera. Como digo,
dicha medida facilitaría ese tipo de interpretaciones.
Con nuestras enmiendas también pretendemos que el principio de publicidad
de las resoluciones de la Comisión sea una realidad. Eso es algo que no
deja claro este proyecto de ley, por lo que con estas enmiendas
proponemos un marco legal para las telecomunicaciones que resuelva muchos
problemas en ese sentido; problemas que nuestro olfato nos induce a
pensar que van a producirse con carácter inmediato.
Para finalizar, señor Presidente, tanto por respeto a la Cámara, como
también por falta de tiempo e información, tengo que decir que en estos
momentos no podría valorar si alguna de las 61 enmiendas que ha
presentado el Grupo Popular a los títulos a los que me he referido
podrían mejorar en algún caso la redacción del texto que ha llegado a
esta Cámara, o incluso acercarse a algunas de las posiciones de las
enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. En este sentido, decía el
Senador Román que ésta es una situación atípica. No sé si lo será, pero
lo cierto es que empieza a ser típico que el Gobierno nos remita
constantemente proyectos con carácter de urgencia, que tarda nueve meses
en parir, para al final encontrarnos con que los debates son hurtados a
la Cámara y sólo son negociados en los cenáculos de apoyos
parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senadora
Pleguezuelos.
A continuación, pasamos a las enmiendas números 100 y 101, del Senador
Ríos.
Para su defensa tiene, la palabra la Senadora Costa.
La señora COSTA SERRA: Gracias, señor Presidente.
Damos por defendidas en sus justos términos las enmiendas números 100 y
101, del Senador don Victoriano Ríos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias.
Enmiendas números 179 a 206, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Damos por defendidas estas enmiendas, tal y como se han presentado. Unas
tienen un carácter puramente jurídico; otras se refieren a lo que puede
corresponder a las competencias autonómicas, y varias de ellas proponen
unas modificaciones al proyecto de ley que en su día no fueron recogidas
en el Congreso de los Diputados, por lo que esperamos que puedan ser
transaccionadas, o por lo menos acordadas en este trámite.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Albistur.
Enmiendas números 207 a 223, del Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió.
Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo también se reserva la defensa pormenorizada de estas
enmiendas para el Pleno. Asimismo, he de decir que eventualmente
presentaríamos algún voto particular, en el caso de que en Comisión se
incorpore alguna enmienda con la que nuestro Grupo no esté de acuerdo por
considerar que es mejor el texto tal como fue remitido por el Congreso de
los Diputados.
En consecuencia, esperando que tras la defensa de estas enmiendas en el
Pleno algunas de ellas se puedan incorporar o, en su caso, transaccionar,
las damos por defendidas en sus propios términos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Pasamos a las enmiendas números 224 a 364, del Grupo Parlamentario
Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presiente.
El Grupo Popular ha presentado a este proyecto de ley las enmiendas
números 224 a 364, es decir, un total de 141 enmiendas, lo que no debe
asustar a los señores Senadores, ya que 125 se refieren a la simple
corrección de estilo o
mejora de redacción, sin que nada afecten al contenido de la ley. Como ya
se ha dicho, esto se debe a que, si bien el trabajo durante siete meses
en la Cámara Baja y los consensos y acuerdos alcanzados en la misma han
mejorado el texto, se hacía necesario una mejora de la redacción, que es
lo que realmente se propone con esas 125 enmiendas.
En cuanto al resto de las enmiendas, la número 234, al apartado 3 del
artículo 7, precisa que la nueva redacción tiene por objeto dejar claro
que las empresas a que se refiere el mencionado artículo no tienen
capital, salvo que sean sociedades. Lo mismo ocurre con la enmienda
número 246, al artículo 17.
La enmienda número 252, al artículo 22, ajusta el texto del proyecto a la
Directiva Europea 97/33, sobre interconexión. La misma justificación
tiene la enmienda número 254, al artículo 23.
Siguiendo con las enmiendas que no se refieren a la simple corrección de
estilo o mejora de redacción, la número 259 propone una adición al
artículo 26, justificándose en la necesidad de adaptar el proyecto de ley
a la citada Directiva 97/33, sobre interconexión, que impone a los
operadores de servicios móviles que sean dominantes en materia de
interconexión la obligación de orientar sus tarifas a costes.
La enmienda número 268, al artículo 34, se encamina a la adaptación del
texto al artículo 8.1 de la ya reiterada Directiva 97/33. Es el mismo
caso de la número 294, al artículo 52, que propone la adición de un nuevo
apartado 2, lo que permitirá disponer de instrumentos legales para dotar
de eficacia a las posibles órdenes judiciales para la interceptación de
llamadas.
La número 301, al artículo 58, tiene por objeto que los órganos de la
Administración se sujeten al principio de jerarquía y no al de
coordinación. En cuanto al artículo 64, se presenta la enmienda número
308 para que la rúbrica del citado artículo sea la de «Protección del
dominio público radioeléctrico», lo que nos parece más adecuado de
acuerdo con el contenido de dicho artículo.
La enmienda número 325, al artículo 80, pretende una mejora de redacción,
así como la coordinación con el texto del artículo 53.1.
Continuando con estas 16 enmiendas --puesto que, insisto, el resto
propone una mejora de redacción o corrección de estilo--, se presenta la
número 337, a la disposición adicional sexta, para permitir la futura
adaptación de la entidad a que se refiere el régimen de las sociedades
mercantiles.
Asimismo, proponemos una disposición adicional nueva, mediante la
enmienda número 344, para tomar en consideración la aprobación de las
disposiciones legales que en la misma se indican. La número 348, a la
disposición transitoria cuarta, aparte de la corrección de estilo que
supone, recoge la determinación de las competencias de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, e incluye una cita a la
normativa vigente.
A la disposición transitoria sexta se refiere la enmienda 350, para la
modificación de su rúbrica. Por otro lado, se presenta la número 351 a la
misma disposición, en la que se recoge todo el régimen legal vigente.
Como se puede ver, todas estas enmiendas son muy técnicas, y contemplan,
tanto cuestiones relativas a las directivas comunitarias, como aspectos
jurídicos de la ley.
La enmienda número 353 recoge la derogación de la Ley 49/1996, de 23 de
julio, de antenas colectivas. Con ella se propone la supresión de la
disposición transitoria octava, ya que durante ese tiempo se ha aprobado
el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación.
Por último, la enmienda número 356, a la disposición transitoria décima,
aparte de suponer una mejora de redacción, facilita el funcionamiento
operativo de las entidades a que se refiere.
En definitiva, se trata de 16 enmiendas que nada afectan a aspectos
sustanciales de la ley, pero que, junto con las restantes, sobre mejora
de redacción y corrección de estilo queremos incorporar a este trámite
por considerar que mejoran el contenido del proyecto de ley que estamos
debatiendo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Bris.
Abrimos turno de portavoces.
¿Por el Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Por el Grupo de Convergència i Unió? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Luis Calvo.
El señor LUIS CALVO: Gracias, señor Presidente. Supongo que dirigiré bien
el agradecimiento por el apoyo logístico que la Presidencia está
procurando a los distintos Senadores en forma de café y agua. (Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Esperamos que sea para bien de
todos y para que sean breves también.
El señor LUIS CALVO: Con toda brevedad, quiero decirles que me sorprende
que el portavoz del Grupo Popular que sustenta al Gobierno se atreva con
la defensa de 141 enmiendas después de reconocer en su intervención
inicial que tuvo conocimiento de las mismas el propio viernes al
mediodía. Si tiene esa capacidad, le felicitamos por ello. Si no fuera
así, nos queda bastante claro que las enmiendas no son del Grupo Popular
en el Senado, sino del propio Gobierno y que el Grupo Popular tiene una
confianza absolutamente incondicional y sin límites en él hasta el punto
de prescindir, diría yo, de su propio criterio respecto a esas 141
enmiendas.
Nosotros ya nos hemos posicionado no solamente en la defensa de dichas
enmiendas, sino también sobre los argumentos utilizados en la defensa de
la propuesta de veto. Y hubiéramos hecho esta ley casi al revés, de
acuerdo con los objetivos que realmente se esbozan en la exposición de
motivos y en la memoria que en un principio se redactó para la ley, pero
lo cierto es que en el articulado se destrozan esos objetivos. Por ello,
en la propuesta de veto hemos
pedido que se vuelva a redactar esa ley, pero también lo estamos pidiendo
a través de las enmiendas que hemos presentado. Que se vuelva a redactar
pensado, sobre todo, en la gente. Creemos que el Gobierno tiene que hacer
una ley de nuevo con una filosofía distinta, que regule lo que hay que
regular, que son los derechos y las garantías de los ciudadanos y que a
la vez confíen en el mercado. Son ustedes liberales, por lo menos, lo
dicen. Por tanto, confíen en el mercado, pero, sobre todo, repito,
regulen los derechos de las personas.
Al final, nuestra posición es remarcar que el articulado del proyecto de
ley es intervencionista en lo que debiera quedar totalmente desregulado y
sometido únicamente a la tutela de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones para resolver los conflictos entre operadores. También
pensamos que es una ley inconcreta y ultraliberal en aquellas parcelas en
las que dentro de las telecomunicaciones sería necesaria una acción
decidida de los poderes públicos para garantizar la cohesión social y
territorial y para aprovechar las oportunidades que ofrece este sector,
para mejorar la enseñanza, la calidad de vida y, en definitiva, mejorar
el bienestar de todos los ciudadanos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Senador
Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera manifestar al Senador Luis Calvo que estas enmiendas son del
Grupo Popular, como es lógico, que no solamente las ha apoyado sino que
las ha presentado. Cuando me refería a enmiendas que tenía que estudiar,
no me refería a las mías, sino a las 223 que son las presentadas por los
demás grupos políticos.
Pensaba que se iban a presentar enmiendas nuevas en relación con las que
se habían mantenido en el Congreso y veo que, tanto las enmiendas que
había presentado el Grupo Socialista como las del Grupo Mixto, los
Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, son exactamente iguales
--creo que hay sólo dos o tres nuevas-- que las que se han presentado en
el Congreso de los Diputados. Por tanto, las argumentaciones han sido las
mismas. No ha habido novedad en ninguna y, por ello, nuestra posición de
voto respecto a ellas es negativa, como se manifestó también en el debate
en el Congreso de los Diputados.
Respecto a las dos enmiendas presentadas por Coalición Canaria, nuestra
posición de voto es la misma. Fueron presentadas también en el Congreso
de los Diputados y retiradas. De nuevo se han presentado en el Senado y,
lógicamente, van a ser rechazadas por nuestro Grupo.
Hay otras enmiendas, como pueden ser las de los Senadores Nacionalistas
Vascos, que también se han estudiado con interés, porque aquí sí que han
hecho un esfuerzo, han presentado unas enmiendas nuevas, doce,
concretamente; algunas habían sido admitidas en parte en el Congreso de
los Diputados, pero realmente tampoco añaden nada nuevo a este proyecto
de ley. Por ello, tampoco vamos a apoyarlas.
Respecto a las enmiendas de Convergència i Unió, son 13 nuevas, que
tampoco vamos a aprobar, aunque queda abierta la posibilidad de llegar a
enmiendas transaccionales e incluso podría admitirse alguna, cuando se
estudien con mayor profundidad. Pero, vuelvo a repetir, estas enmiendas
que hemos presentado son la mayoría de mejora de redacción y corrección
de estilo. Las restantes son, Senador Luis Calvo, las que he defendido
una por una porque, lógicamente, las estamos apoyando. Son enmiendas
técnicas y con un gran contenido jurídico. Realmente, no hay un
planteamiento político importante de rechazo a las mismas por parte de
los grupos.
También quiero señalar que, al contrario de lo que usted dice, no es una
ley ni mucho menos intervencionista. Es una ley flexible, necesaria,
oportuna y breve con 85 artículos nada más. No es reglamentista, porque
estimamos --y ésa puede ser la principal diferencia que existe en el
planteamiento que ustedes hacen de la ley con el que nosotros, desde el
Grupo Popular, hacemos-- que debe ser una ley abierta al desarrollo
tecnológico de las telecomunicaciones para que se puedan hacer
reglamentos, de la manera oportuna, en el momento necesario, puesto que,
como hemos dicho, esa tecnología avanza.
Por tanto, es una ley más, creo que es una ley básica en lo que se
refiere a ese modelo de liberalización de las telecomunicaciones que se
estaba exigiendo desde la Unión Europea, y que con el impulso de estos
dos años de Gobierno del mismo del Partido Popular estamos consiguiendo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Bris.
--PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS (621/000071).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Una vez finalizado el debate de
las correspondientes enmiendas presentadas por los diferentes grupos,
pasamos a continuación al debate sobre el proyecto de ley de residuos,
dado que las votaciones se acumulan al final del debate de los dos
proyectos.
En primer lugar, pasamos al veto número 1 de los Senadores Nieto y Román.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
También con brevedad, quiero manifestar que, tal como hemos reseñado en
la exposición de motivos, no es atípico en este caso que se mantengan las
mismas enmiendas o que tengan la misma argumentación que las defendidas
en el Congreso de los Diputados por una fuerza política que tiene el
mismo discurso sea cual sea la Cámara donde se debate el proyecto de ley.
Anticipo al portavoz del Grupo Popular que en este caso serán igualmente
las mismas argumentaciones
y enmiendas y, posiblemente, con el rechazo del Grupo Popular, las mismas
enmiendas formuladas para su debate en Pleno.
Desde nuestro punto de vista argumentamos nuestra propuesta de veto en
que no se establece en la ley de residuos objetivos concretos de
reducción de los mismos. No incluye medidas que puedan incentivar la
reducción en origen y la priorización de la reutilización y el reciclado
frente a otras formas de valorización.
También quiero resaltar, tal como tratamos en la exposición de motivos,
que se omite cualquier referencia al compostaje o a otras
transformaciones biológicas, cuando la materia orgánica suele representar
el 50 por ciento de los residuos y su transformación en compost y
posterior esparcimiento revierte positivamente en los suelos y
especialmente en la agricultura.
El Senador que les habla procede de una provincia donde la cantidad de
residuos que se producen es ciertamente elevada y el tratamiento de los
mismos resultaría del todo beneficioso para la población. No hay que
olvidar que somos una provincia pionera en la producción hortofrutícola
en cultivos bajo plástico y la cantidad de residuos producidos nos está
creando numerosos problemas. Tampoco existe un tratamiento especial que
requieren los residuos de obras.
Por otra parte, no entendemos que se excluya a los municipios con
población inferior a 5.000 habitantes de la obligatoriedad de recogidas
selectivas de residuos urbanos.
Entendemos que la ley debería recoger nuevos criterios, como son
priorizar la limitación de la producción de residuos, promoviendo
tecnologías limpias y el uso de productos reciclables y reutilizables.
Se debe fomentar el reciclado de los residuos promoviendo la
autosuficiencia y controlando, mediante fórmulas de autorización o
registro, las diferentes opciones de gestión de residuos.
No hay novedad en lo que señalamos respecto a la exposición de motivos y,
por tanto, ninguna novedad en las enmiendas que formulamos a este
proyecto de ley. Por ello, señor Presidente, en aras de la brevedad,
daremos por defendidas las enmiendas en sus justos términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
A continuación, pasamos al veto número 2 del Grupo Parlamentario
Socialista. Tiene la palabra su portavoz.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
El Senador Luis Calvo al hablar de la Ley de Telecomunicaciones se
refería a sus contenidos retóricos; siento decirle que es poco probable
que dicha ley tenga tantos contenidos retóricos como la Ley de Residuos,
que nos parece un auténtico monumento a la literatura retórica.
Por otra parte, parece que en los últimos tiempos se ha puesto de moda
que el Gobierno califique todas sus leyes como leyes del siglo XXI. Un
conocido filósofo sostiene que el siglo XX ha sido corto, duró desde el
año 1914 a 1989. En este sentido, ya estaríamos en el siglo XXI y, por lo
tanto, estas leyes no van a ser del siglo XIX. Incluso, cronológicamente,
es lógico que se piense en leyes del siglo XXI porque, salvo que fueran
tan malas que alguien tuviera que modificarlas antes de comenzar
formalmente el nuevo milenio, y aunque cronológicamente sean leyes del
siglo XXI, muchas veces no lo son por razones de contenido.
La verdad es que tanta literatura retórica es posible que consiga dar el
pego, la música suena bien, y parece ser que a partir de ahora vamos a
hacer filigranas con los residuos, pero tenemos razones de peso para
considerar este texto un mal proyecto de ley. En primer lugar, porque
ciertamente transpone la Directiva 91/156, pero sólo tiene en cuenta en
la exposición de motivos y no en el texto articulado que la Unión Europea
en el período 1991-1997 ha hecho una profunda revisión de la filosofía
sobre el tratamiento de residuos. Tampoco tiene en cuenta la Directiva
96/91, conocida por IPPC, ni el V Programa, ni las decisiones del Consejo
de Ministros de Medio Ambiente de febrero de 1997.
Por otra parte, este proyecto nos parece financieramente inviable. En la
comparecencia de la Ministra en la Comisión el otro día decía que ninguna
medida ambiental es gratuita. Yo creo que tiene razón, pero son palabras
de la Ministra, a nuestro juicio, no muy consecuentes con el proyecto de
ley. Cargar a los ayuntamientos una responsabilidad que no pueden asumir
es dar por aceptado a priori que las prescripciones de la ley
difícilmente se van a cumplir.
Además, esta ley nos parece ambigua jurídicamente porque no fija
objetivos, ni siquiera índices. Es conocido que la metodología del
mediambientalismo moderno consiste precisamente en fijar índices de
valoración. Por tanto, será difícil discutir con rigor si esta ley es
mejor o peor hasta que, a través de unos índices que la ley no establece,
se pueda medir si nosotros ganamos terreno a los residuos o los residuos
nos siguen ganando terreno.
Por otra parte, es una ley políticamente retórica en el sentido de que en
la exposición de motivos cita correctamente las prioridades de método,
que son conocidas; primero, prevención, después, reutilización,
reciclaje, y sólo en última instancia vertido e incineración; sin
embargo, en el contenido no retórico o sintetizado de lo que nos parece
la ley, creemos que es una apuesta «sine die» por la incineración sin tan
siquiera garantías de recuperación de energía.
Por todas estas razones, y sin perjuicio de que podamos extendernos más
en estas argumentaciones en la sesión plenaria de la próxima semana,
hemos presentado este veto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Gracias, Senador Gibert.
Pasamos a continuación al turno en contra. Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el Senador Calvo.
El señor CALVO POCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, contesto de forma conjunta a los dos vetos presentados a este
proyecto de ley, comunicando en primer lugar al portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, que no pensaba incidir en este pequeño detalle, pero
ya que él ha insistido cuando todavía yo no había hecho ni siquiera uso
de la palabra, sino que había aprovechado un nuevo turno para un nuevo
punto del orden del día y así contestar a un portavoz que había hablado
con anterioridad, le recuerdo que precisamente en esta ocasión ustedes no
han presentado las mismas enmiendas que en el Congreso. Si hubieran
presentado el mismo veto que el Grupo de Izquierda Unida ha presentado en
el Congreso no hubiera presentado este veto, porque se corresponde con el
que allí presenta el Grupo Parlamentario Mixto a través de los Diputados
del BNG, por lo menos se parece bastante más o yo he tenido esa
impresión. En todo caso, no es malo que aquí se puedan seguir tramitando
las mismas enmiendas. Al fin y al cabo, es una decisión que pertenece al
ámbito soberano de cada grupo parlamentario en el que no nos vamos a
inmiscuir, pero también es verdad que desde la responsabilidad individual
que tenemos como parlamentarios sería positivo hacer un esfuerzo para que
el Senado en sus trámites legislativos aportara y no duplicara el trabajo
que se hace en el Congreso de los Diputados.
Respecto a los argumentos de fondo que ha dado su señoría y a la
afirmación de que en esta ley no se establecen objetivos concretos de
reducción de residuos, tengo que contestarle --y de paso contesto también
al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-- que esto no es correcto.
Por una parte, el proyecto de ley establece un marco jurídico general
para todos los residuos y prevé normas de desarrollo para los diferentes
tipos de residuos en los que se fijarán disposiciones particulares
relativas a producción y a su gestión. Concretamente, el artículo 6 del
proyecto de ley señala que el Gobierno podrá establecer objetivos de
reducción, de reutilización, reciclado y otras formas de valorización de
determinados tipos de residuos.
En cuanto al otro argumento principal que han dado sus señorías para
defender la presentación de sus vetos de que no existe priorización,
entendemos que tal estimación no es correcta ya que el proyecto prevé que
las Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas
competencias puedan establecer medidas económicas, financieras y también
fiscales adecuadas para la consecución de los objetivos de reducción,
reutilización, reciclado y valorización, así como promover las
tecnologías menos contaminantes para la eliminación de residuos. Pero es
que, si todavía quedaba alguna duda sobre si el Gobierno quería
establecer o no alguna jerarquía en cuanto a los sistemas de gestión de
residuos, está presentada una enmienda, que trataremos más adelante, del
Grupo Parlamentario Socialista, concretamente la número 83, que podemos
transaccionar y así dejar aparcada esa acusación de que esta ley no
introduce una priorización.
Para no alargar mucho esta discusión, que probablemente reproduciremos
más abundantemente en el Pleno, en cuanto a su afirmación de que ésta es
una ley de literatura retórica, simplemente quiero añadir que, en todo
caso, sus señorías convendrán conmigo en que es un adelanto, porque
aunque estemos en el ámbito de lo retórico hemos superado el ámbito de lo
onírico. Es decir, por lo menos tenemos una ley, algo que está negro
sobre blanco, porque hasta ahora no había más que una ley de 1975,
ampliamente superada por la realidad social y política. Por tanto, sin
compartir esa acusación, pero intentando asumirla desde la
responsabilidad que tenemos como grupo que sostiene al Gobierno,
entendemos que es un paso adelante; pasamos de lo que está en el limbo,
en el mundo de los sueños, a algo que por lo menos está en el mundo de
los mortales.
Hay que reconocer que éste es el primer Gobierno desde hace muchos que da
un paso adelante, no sé si colocándonos en el siglo XXI, pero desde luego
poniéndonos al día en cuanto a legislación comunitaria. Les recuerdo a
sus señorías que con esta ley estamos transponiendo una Directiva
comunitaria aprobada en el año 1991, que tendría que haber sido
transpuesta en el año 1993 y que ha sido objeto de sanción por parte del
Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas. Sanción que,
evidentemente, políticamente no condena al actual Gobierno, sino que, en
todo caso, condenaría a gobiernos anteriores. Por tanto, intentar
minimizar, precisamente desde el grupo parlamentario que políticamente
podría ser más responsable de esa dejación de transposición, y acusar a
este Gobierno de limitarse a transponer una Directiva que tenía que
haberse transpuesto, mínimo, hace cinco años y, máximo, hace siete,
resulta paradójico.
Por tanto, no sabemos si con esta ley se van a poder hacer filigranas, lo
cierto es que esta ley introduce principios de actuación que hasta ahora
no existían, como el de responsabilidad del productor, el de tecnologías
menos contaminantes, algo tan sencillo como que se acaba con el axioma de
usar y tirar; como que, por fin, se aplica el principio de que quien
contamina, paga; como que, por fin, se va a hacer algo que,
probablemente, de tanto hablar dentro del campo de lo onírico alguien
pensaba que ya era una realidad y lo había traspasado de su subconsciente
a su consciente, como es la recogida selectiva.
A partir de esta ley, que se completa con la Ley de Envases, podemos
empezar a hablar de una verdadera gestión de residuos no sé si enfocada
al siglo XXI pero sí, por lo menos, al tiempo en el que vivimos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Calvo.
Pasamos a continuación al turno de portavoces. (Pausa.)
¿Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Tiene la palabra la Senadora Costa.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para anunciar nuestro voto favorable y de apoyo a los vetos
presentados tanto por el Grupo Parlamentario Socialista, como por los
Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente del Grupo Parlamentario Mixto.
Entendemos que efectivamente esta ley supone un paso adelante porque no
teníamos nada, pero se limita a transponer una directiva europea.
Entendemos que se hubiera tenido que aprovechar precisamente esta
oportunidad no para quedarnos simplemente en ella, sino para dar un paso
adelante e incorporar conceptos, como ha dicho el compañero del Grupo
Mixto, el señor Román Clemente, como puede ser el de promover las
tecnologías limpias, etcétera. Tampoco se hace mención a lo que es la
selección y la recogida selectiva de origen, que entendemos que es
básico.
Por tanto, como digo, vamos a dar nuestro apoyo a estos dos vetos
presentados por los grupos anteriormente mencionados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senadora Costa.
¿Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió? (Pausa.)
El Senador Beguer tiene la palabra.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo, contrariamente a lo manifestado hace unos momentos por la
representante del Grupo Parlamentario Mixto, señora Costa, sí va a apoyar
la ley y, por tanto, va a votar en contra de las propuestas de veto
formuladas hace unos minutos, y ello es por diversas razones. En primer
lugar, porque entendemos que es una ley importante, una ley que se hacía
necesaria por lo que supone el volumen de residuos en cantidad, en cuanto
afecta a los residuos urbanos o municipales --sin extendernos a los
peligrosos, a aquellos derivados de la fabricación de automóviles, de la
metalurgia y de industrias químicas--, que han ido «in crescendo», de tal
manera que en diez años se han incrementado en un 50 por ciento, de forma
que en la Unión Europea prácticamente se está ya casi en 400 kilos por
habitante y año. Por tanto, como digo, por una parte, por lo que supone
la producción, el volumen, cantidad y calidad o mala calidad --por
decirlo de alguna otra forma-- de los residuos, y por otro lado hay otra
motivación evidente de carácter legal porque es necesario efectuar la
transposición de la Directiva Comunitaria 91/156, del año 1991, ya que el
plazo finalizó hace prácticamente cinco años y en consecuencia hay una
necesidad perentoria de aprobar un proyecto de ley de residuos.
Nosotros estamos satisfechos de la tramitación que tuvo este proyecto de
ley en el Congreso de los Diputados porque nuestro Grupo de Convergència
i Unió consiguió importantes modificaciones en distintos aspectos,
incluso ya desde el primer momento en el artículo 1 señalamos, y así fue
aceptado, que la primera prioridad es la de prevención de la producción
de residuos, aparte evidentemente del tratamiento, de la eliminación,
pero insistimos en que prevenir es lo más importante. Hay otros aspectos
como los que hacen referencia a los suelos contaminados, a la ecotasa, a
mejorar el concepto de valoración de la gestión de los residuos, puntos
en los que la ley fue modificada y mejorada en diversos conceptos.
Es una ley que, a nuestro entender, es poco intervencionista, en la
medida en la que obliga a los agentes económicos productores y gestores a
conocer los residuos que generan y de los que, naturalmente, son
responsables, pero no va mucho más allá en lo que debe ser la
intervención porque, por otra parte, existen otros estamentos, otras
competencias que pueden y deben complementar el proyecto de ley.
Por tanto, entendemos que este proyecto de ley cumple con los principios
básicos de la política comunitaria: en primer lugar, el principio de
prevención y, posteriormente, los principios de tecnologías menos
contaminantes, de responsabilidad del productor, el principio de
prioridad, es decir, prevención, reutilización, reciclado, valoración,
vertido, incineración y el principio tan extendido de que quien contamina
paga.
Por tanto, y dentro de lo que brevemente les he resumido sobre la
posición de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió respecto de este proyecto de ley de residuos, vamos a votar en
contra de las propuestas de veto que se han defendido anteriormente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Beguer.
¿Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Con extrema brevedad diré que es evidente que podía pasarse mucho tiempo
el señor Calvo diciendo todo lo que el Gobierno Socialista no hizo en
materia mediambiental y yo explicando lo que se hizo en esa materia, pero
creo que es una discusión que no interesa prácticamente a nadie en este
momento.
En lo que sí insistiría es en decir que al transponer una directiva del
año 1991, incluidos los retrasos, no estaría mal que se incorporaran --y
no solamente a nivel nominal sino en las prescripciones-- explícitamente
nuevas disposiciones posteriores de la Unión Europea, y máxime cuando ha
habido una evolución, un giro --yo diría-- notable en el V Programa y en
la directiva, que antes había citado. Por lo tanto lo que digo es que al
transponer lo hagamos con criterios modernos y no obsoletos. Me parece
que es razonable pedir esto.
Por otra parte, hablando de sanciones, ya que el señor Calvo ha sacado a
colación este tema, debería recordarse que Gran Bretaña ha sido
sancionada y no por no haber transpuesto directivas sino por no haber
tomado medidas para convertir las transposiciones en algo efectivo. Por
tanto, diría que cuidado con la retórica, si es que realmente tuviéramos
razón y fuera una ley excesivamente retórica y poco efectiva, como es
nuestra opinión.
Hemos escuchado con atención e incluso con agrado las palabras del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el sentido de que por lo
menos parece que hay una enmienda
de la que vamos a poder hablar, pero desde luego los argumentos en
general que nos ha dado no han sido lo suficientemente convincentes como
para que hayamos decidido retirar el veto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Gibert.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el Senador Calvo, tiene la
palabra.
El señor CALVO POCH: Muchas gracias, señor Presidente.
En cuanto a lo expuesto por la Senadora Costa, tengo simplemente que
añadir que limitarnos a transponer una directiva comunitaria no es algo
que pueda convertirse, desde nuestro punto de vista, en un arma
arrojadiza al Gobierno. También el Senador Gibert ha intentado minimizar
el hecho de que estemos transponiendo la directiva comunitaria. Si a sus
señorías les parece que esta ley se limita a transponer una directiva
comunitaria, ¿a qué creen que nos debemos limitar cuando transponemos
directivas comunitarias? Yo creo que es absurdo intentar hacer una
crítica en torno a esta ley porque se limite a transponer una directiva
comunitaria, sobre todo cuando estamos hablando de una directiva
comunitaria que debería haber sido transpuesta en tiempo pretérito.
Además, señora Costa, el proyecto de ley sobre el que estamos trabajando
no se limita a transponer la directiva comunitaria, sino que va un poco
más allá y recoge algunas novedades que introduce la directiva del año
1996 de prevención y control integral de la contaminación, la IPPC, como,
por ejemplo, el concepto de tecnologías menos contaminantes o algunos
avances, por cierto, en los que España es vanguardista a la hora de
convertirlo en instrumento jurídico como lo que se refiere a suelos
contaminados.
Por tanto, no creemos, primero, que se pueda convertir en crítica el que
nos limitemos a transponer una directiva comunitaria y, segundo lugar,
que, además, no es absolutamente cierto, porque en la directiva, que
existe un plazo todavía de dos años para transponerla, incorporamos
algunas novedades y, en tercer lugar, señora Costa, le diré que en la ley
sí está previsto que como máximo en el año 2001 todos los ayuntamientos
de más de 5.000 habitantes tienen que realizar una recogida selectiva.
Luego no entiendo la crítica que usted ha hecho en cuanto a que no se
prevé la recogida selectiva y en origen ya que sí se contempla, y además
como obligación para todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes
antes del año 2001.
Por tanto, a lo mejor su señoría se refería --por intentar entenderla-- a
lo que es la separación de la materia orgánica. Me olvidé antes de
contestar al portavoz del Grupo de Izquierda Unida respecto a que en esta
ley no estaba previsto el compostaje, y no es cierto; el proyecto
considera de indudable valor mediambiental la transformación de los
residuos en compost, y está en el artículo 3, punto j, razón por la que
en la definición de reciclado se incluye expresamente el compostaje y la
biometanización.
En cuanto a lo expuesto por el Senador Beguer, quiero agradecer sus
palabras y el apoyo al proyecto de ley. Posteriormente si es posible
podemos aceptar algunas enmiendas o transaccionar con algunas de las que
ha presentado su grupo. Y en cuanto a lo apuntado por el Senador Gibert,
he de decirle que yo no hago crítica a la gestión de otro Gobierno si no
se intenta minimizar la transposición de la directiva. Es cierto que la
directiva se podía haber aprovechado para muchas cosas nuevas, y en eso
tiene usted toda la razón, pero el Gobierno en este caso ha optado por
hacer una transposición urgente de la directiva, con algunas novedades de
la directiva más nueva que ya he mencionado, y por tanto, desde nuestro
grupo parlamentario estamos sujetos a apoyar la decisión que el Gobierno
ha tomado, que no es obstáculo para que en los meses y años siguientes
vayamos incorporando otras cuestiones a este proyecto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Gracias, Senador Calvo.
Pasamos a continuación a la votación de los dos vetos. En primer lugar,
votamos el veto de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Queda rechazado el veto.
Pasamos a continuación a la votación del veto del Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, ocho;
en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Queda rechazado el veto.
Pasamos ahora al debate de las enmiendas. Antes de iniciar este debate,
quería que el Senador Román me manifestara --al objeto de que algunas
enmiendas no decaigan para el Pleno-- si en ellas van incluidas de la
número 1 a la número 82, de la 141 a la 150 de la Senadora De Boneta, y
de la 169 a la 203, de la Senadora Costa y del Senador Nieto.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
El Senador Román defiende las enmiendas que hemos presentado el Senador
Román y el Senador Nieto; la Senadora Costa, portavoz en la Comisión,
defenderá las enmiendas de la Senadora De Boneta y de la Senadora Costa.
En definitiva, el Senador Román da por defendidas todas las enmiendas
relativas a los Senadores Nieto y Román.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Gracias, Senador Román.
Aclarado este extremo, pasamos al debate de las enmiendas números 141 a
150, y 169 a 203. Tiene la palabra la Senadora Costa.
La señora COSTA SERRA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, doy por defendidas las enmiendas de la compañera del Grupo
Mixto, Senadora De Boneta Piedra, pasando a defender las enmiendas
presentadas por esta Senadora junto con el Senador Nieto, que abarcan de
número 169 a la 203.
Para no ser reiterativa, dado que antes he utilizado el turno de
portavoces para indicar cuál sería nuestro voto a los vetos, quiero
manifestar que este proyecto de ley es la transposición de una directiva,
pero esto no quiere decir que sea negativo, porque se tienen que
transponer las directivas europeas; lo que estoy diciendo es que no se ha
aprovechado esta transposición para dar un paso adelante y legislar de
forma completa sobre el tratamiento de residuos.
En cuanto a las enmiendas presentadas conjuntamente con el Senador Nieto,
quiero distinguir las que afectan al fondo del proyecto de las que
afectan a conceptos políticos en general. En primer lugar, proponemos la
modificación de la expresión que se recoge a lo largo del articulado como
«territorio nacional» por «territorio del Estado», porque entendemos que
es más acorde con la realidad del Estado español. Igualmente se trataría
de sustituir lo que son planes nacionales por planes estatales.
En cuanto a las enmiendas que afectan al fondo del proyecto, quiero
resaltar que es necesario concretar las medidas para la prevención.
También había hecho referencia a esta prevención el Senador Román. En
nuestra enmienda número 171 proponemos la modificación del artículo 1, en
el sentido de que se recoja el tratamiento de la gestión de residuos,
desde la reducción, reutilización y reciclado, pero también la
biometanización y el compostaje. Anteriormente ha mencionado el portavoz
del Grupo Popular que se recogían estos conceptos en el artículo 3,
apartado j, pero entendemos que se tendría que recoger expresamente en
cada uno de los apartados en que fuera necesario.
Por otra parte, como he dicho anteriormente --aunque quizás no me he
expresado correctamente--, cuando hablaba de la recogida de origen, como
bien ha manifestado el Senador del Grupo Popular, me estaba refiriendo a
la materia orgánica, separándola del resto de residuos. Esta recogida de
origen de forma selectiva entiendo que es básica, ya que con las plantas
de almacenamiento no podríamos llegar a una separación adecuada.
Por otra parte, también proponemos introducir y promover lo que son las
tecnologías limpias, ya que a pesar de que el proyecto habla de
tecnologías menos contaminantes, creemos que sería más acorde y más
positivo, sobre todo para el medio ambiente, hablar de lo que son las
tecnologías limpias. También proponemos la sustitución del concepto
«eliminación» por lo que es el tratamiento final de los residuos, ya que
entiendo que los residuos no se eliminan, sino que deben ser tratados.
Por otra parte, entendemos que se debe hablar de depósitos controlados en
vez de vertederos, ya que no es simplemente un cambio de terminología,
sino que ello implica un cambio conceptual de fondo.
Por último, no compartimos el tratamiento que se le da a la incineración,
que creo que obtiene una relevancia innecesaria en este proyecto de ley,
si se aplicara precisamente de forma íntegra lo que es la recuperación,
la reutilización y el reciclaje, que sí prevé este proyecto de ley.
Para acabar, entiendo que es totalmente contradictoria la redacción que
se da al artículo 7 del proyecto, referente a las obligaciones del
productor, importador, etcétera, sin que estas obligaciones sean tales,
ya que se usa la forma potestativa o indicativa, es decir, que podrán ser
obligados, de acuerdo con las disposiciones que reglamentariamente
apruebe el Gobierno, y a continuación se enumeran todos los apartados a
que pueden ser obligados estos productores, intermediarios, etcétera.
Digo que es una contradicción porque el propio título de este artículo
habla de obligaciones, y luego resulta que el Gobierno, sin contravenir
este proyecto, podría no obligar absolutamente a nada, ya que como he
dicho el artículo es una indicación, pero nunca una obligación, como reza
el título de este artículo.
Así pues, doy por defendidas la totalidad de las enmiendas que
comprendían de la 169 a la 203.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senadora Costa.
Enmiendas 183 a 140, del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa,
tiene la palabra la Senadora Blanco.
La señora BLANCO BARBERO: Gracias, señor Presidente.
Defenderé sucintamente las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista
que hacen referencia a los Títulos I, II, III y IV del proyecto de ley
que presenta el Gobierno, y que van de la número 84 a la número 113,
ambas inclusive.
Las enmiendas números 84 a 91 que presentamos mejoran sustancialmente el
texto del Título I, de normas generales, tanto en el Capítulo I que, como
sus señorías saben, corresponde al objeto y ámbito de la ley, así como a
las definiciones, como en el Capítulo II, que habla de las competencias
administrativas. Nuestras enmiendas vienen a clarificar y completar estos
artículos, establecen cauces de cooperación y financiación entre las
distintas administraciones para garantizar el cumplimiento de la norma e
indican objetivos concretos de reducción de residuos, adaptándola así a
la estrategia europea en esta materia. Asimismo, se le confiere un
carácter más riguroso desde el punto de vista de la conservación
medioambiental.
Las enmiendas números 92 y 93 modifican el Título II, en sus artículos 7
y 8, obligaciones nacidas de la puesta en el mercado de productos
generadores de residuos, amplían el contenido de estas obligaciones y
conceden un carácter más conciso y concreto, contemplando por otro lado
la aplicación de incentivos fiscales y económicos como mejora en los
acuerdos voluntarios y convenios de colaboración.
Las enmiendas números 94 a 110 modifican los artículos contenidos en el
Título III, que habla de producción, posesión y gestión de los residuos.
En ellas, a diferencia de la simple valorización y eliminación a que hace
referencia el texto, hacemos especial hincapié en la obtención de
materias primas secundarias de los residuos, la valorización
energética con recuperación de energía, el tratamiento de las fracciones
residuales y se declara de interés comunitario las instalaciones de las
entidades locales destinadas a la valorización de materiales de residuos.
En cuanto al Título IV, las enmiendas 111, 112 y 113 modifican su
articulado, adoptan medidas presupuestarias concretas para la efectiva
materialización de los objetivos señalados y crean el fondo
medioambiental de residuos, destinado al fomento de la prevención,
reutilización, reciclado y otras formas de valorización de materiales.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senadora Blanco.
A continuación, como se han repartido el turno de portavoces, tiene la
palabra el Senador Gallego para continuar con la defensa de las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GALLEGO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defender las enmiendas números 114 a 140, presentadas por el Grupo
Socialista, en la misma dirección y con los mismos criterios que se han
defendido ya tanto en el veto como en la presentación del resto de las
enmiendas, porque van en el sentido de mejorar una ley que es necesaria
pero que, sin embargo, es muy inconcreta, es vaga, difusa y, en algunos
aspectos, diría yo que hasta timorata.
Nosotros queremos con nuestras enmiendas comprometer más directamente a
todos los agentes que producen residuos y a aquellos que los gestionan, a
los que el Estado ha de exigir el cumplimiento de unas obligaciones
básicas y mínimas, que no interfieran en las competencias de otras
Administraciones, pero que obliguen a todos, con una visión de conjunto
del Estado, con una visión global del problema y no con una especie de
«laissez faire» que justifica la falta de compromiso de una ley y, por lo
tanto, del Gobierno. No pretendemos una ley que sea uniformadora, pero si
una ley no es concreta no obliga a nadie.
Así, dando por defendidas las enmiendas desde la número 114 a la número
140 en sus justos términos, me van a permitir que, brevemente, justifique
los criterios fundamentales de esta parte de la ley y los objetivos que
los empujan.
Reconocemos que hay una aportación novedosa en la ley, que es la de
suelos contaminados, pero que, sin embargo, ha sido poco exhaustiva en la
clasificación de los mismos y en su definición, y faltan medidas
inmediatas de recuperación. En esto habría que tener en cuenta la
Directiva comunitaria sobre vertederos, de noviembre de 1995. El año
1995, como se sabe, es un punto de inflexión importante a nivel de
normativas, acuerdos y directivas, tanto del Parlamento Europeo como de
la Unión Europea. Cuando se trata de inspección y colaboración, nosotros
introducimos el principio de colaboración entre las Administraciones, y
queremos concretar quiénes son los inspectores y su relación con la
Administración.
Insistimos también en nuestras enmiendas en la ampliación de la
información pública, con especial referencia a los trabajadores de las
empresas, porque son los más directamente afectados y para posibilitar la
colaboración de ellos y de todos los ciudadanos. Esta ley no se distingue
precisamente por favorecer la información pública.
Concretamos también en nuestras enmiendas quién es el titular de los
residuos, y cuando hablamos de sanciones no lo hacemos con afán
recaudatorio, sino para favorecer el objetivo principal de una ley de
residuos, que es la prevención, como ya se ha dicho, en la producción y
la buena gestión de los mismos. Especificamos también lo que es la
responsabilidad civil objetiva, que queda muy difusa en la ley, y en las
disposiciones adicionales modificamos algunos aspectos de este proyecto
de ley, también en el sentido de hacerla más concreta y, si se me permite
la palabra, más obligatoria. Por eso hablamos de los planes nacionales de
residuos. Este Gobierno parece que tiene miedo a la planificación de
conjunto, a la planificación nacional en aguas, en regadíos, en residuos,
etcétera. Insistimos en que el concepto de valorización de materiales se
concrete y que no se caiga en una incineración a ultranza, y concretamos
el asunto de los fertilizantes agrícolas, porque en el proyecto de ley
puede crear confusión --en el Congreso ya se debatió este tema,
concretamente en el asunto de los purines--, resaltamos la importancia
que tiene la recogida selectiva en origen y las obligaciones municipales,
y establecemos unos plazos concretos para todos los municipios, incluido
para los menores de 5.000 habitantes, y vamos más allá urgiendo a que el
diseño de los edificios facilite esta recogida selectiva.
Queremos que el Gobierno se comprometa a un desarrollo reglamentario en
unos plazos concretos --de ahí algunas enmiendas de las que
presentamos--; introducimos en las categorías de residuos las de aceites
y grasas de consumo humano, que es una aportación del Grupo en el Senado,
y en lo que se refiere a las mejores tecnologías disponibles,
introducimos un Anejo.I bis, nuevo, en la enmienda número 140 y última,
para adecuar esta ley a la normativa ambiental comunitaria que existe y
como garantía de la alta protección ambiental que perseguimos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Gallego.
A continuación, procede la defensa de las enmiendas números 151 a 158,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente informaremos que dichas enmiendas --ocho enmiendas
únicamente presenta nuestro Grupo-- afectan unas a definiciones o a una
mejor concreción de la gestión de los residuos, en otras se concretan o
amplían las competencias a las corporaciones locales y a las Comunidades
Autónomas, y en la última de ellas, en la número 158, se propone
modificar la Ley de Envases y Embalajes en lo que se refiere al impuesto
sobre el valor añadido, ya que la redacción que se dio en dicha ley tuvo
un efecto
contrario al que se pretendía y, en consecuencia, creemos que es oportuno
modificar, aprovechando esta oportunidad, la Ley de Envases y Residuos de
Envases. En cualquier caso, estamos dispuestos en este trámite o en el
trámite posterior en el Pleno a debatir y a negociar, especialmente con
el Grupo mayoritario, cualquier fórmula que permita incorporar estas
enmiendas, o alguna transaccional al respecto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Beguer.
Pasamos a continuación a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular,
enmiendas números 159 a la 168.
Tiene la palabra el Senador Calvo.
El señor CALVO POCH: Señor Presidente, si le parece oportuno, además de
dar por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, también
podría ya contestar a las enmiendas de los Grupos Parlamentarios que han
tomado la palabra.
Concretamente, respecto a las enmiendas presentadas por la Senadora
Costa, simplemente le recordaría el absurdo de la enmienda número 171 de
su Grupo Parlamentario, en la medida en que ustedes nos proponen una
redacción que yo no voy a entrar a calificar, pero que sería la
reutilización, la recuperación de material, el reciclado, la
biometanización y el compostaje. Con esta redacción ustedes se alejan del
concepto europeo de reciclado, porque cuando se habla de valorización, ya
se está hablando de reciclado; es decir, hay muchas formas de
valorización, entre ellas, el compostaje, la biometanización, todas ellas
fórmulas, en definitiva, de reciclado, pero si lo que usted pretende es
definirlas una a una, ello puede entrar dentro de alguna lógica, pero no
de la lógica conceptual que utiliza este proyecto.
En cuanto a la recogida de residuo orgánico, aparte de lo que ya le
expuse en la discusión del veto, les recuerdo que ya en estos momentos
está aprobada una Ley de Envases que sí tiene objetivos de reducción y de
reutilización de dichos residuos y que estos objetivos hay que cubrirlos.
De todas formas, también diré que, desde mi punto de vista, empezar por
separar la materia orgánica de la bolsa general produciría un «compost»
de muy baja calidad y de difícil utilización para aprovechamientos de
carácter agrícola y que, una vez realizada la separación de envases,
probablemente se pueda realizar un compostaje de mayor calidad.
En cuanto a las diferencias conceptuales, evidentemente, no vamos a estar
de acuerdo sobre los conceptos de eliminación, tratamiento final,
depósitos controlados o vertederos, ni compartimos las afirmaciones sobre
la incineración. La incineración, con recuperación o sin recuperación de
energía, tiene fórmulas de tratamiento y de gestión que están previstas,
precisamente, en algo a lo que usted se acoge a menudo, que es la
normativa comunitaria en los planes de protección medioambiental de la
Unión Europea. Y en cuanto a que no se utilizan fórmulas potestativas,
como, por ejemplo, «podrá» u otras expresiones similares, si puedo
decirle que el proyecto utiliza la expresión potestativa con el fin de
permitir la adopción selectiva de medidas ante el marco general de
obligaciones prevenido en el artículo 7 de este mismo proyecto. El
carácter imperativo de las medidas que usted propone dejaría al Gobierno
sin posibilidad de seleccionar las medidas más adecuadas en cada
supuesto. El mismo razonamiento debe aplicarse a la redacción dada en el
artículo 26 del proyecto. Además, el carácter imperativo respecto a lo
dispuesto en el artículo 25 supondría restringir las facultades de
desarrollo de las Administraciones autonómicas o, en su caso, invadir sus
competencias.
En cuanto a lo expuesto por la Senadora Blanco, nosotros entendemos que
los cauces de cooperación entre Administraciones, uniéndolo a lo que
acabo de comentar, es adecuado y respetuoso con las competencias de cada
una de las Administraciones.
En cuanto a las aportaciones que hacen ustedes en las enmiendas números
92 y 93 sobre incentivos fiscales y convenios de colaboración, entendemos
que existen los suficientes instrumentos de libre mercado para sacar
adelante la ley y que, además, se introduce algo tan importante como el
principio de responsabilidad del productor.
Para abreviar, en cuanto a las enmiendas defendidas por el Senador
Gallego, agradezco su reconocimiento de la novedad de la legislación
sobre suelos contaminados y le aclaro que, en cuanto a la creación del
fondo ambiental, la regulación de la responsabilidad civil por daños
medioambientales y la creación de nuevos tributos específicos son
cuestiones ya examinadas en la redacción del anteproyecto de ley y que,
por razones de coherencia con el principal objetivo de la ley, se
excluyeron del actual proyecto.
Ha citado en varias ocasiones la Directiva 96, la famosa IPPC, que
contempla el impacto ecológico de una actividad global que afecta al
conjunto de factores ambientales, y yo puedo decirle que el proyecto de
ley actual pretende regular específicamente, como he contestado
anteriormente al Senador Gibert, la materia de residuos como urgente
transposición de la ya mencionada Directiva del año 1991, y no la de
1996. Todavía no hemos llegado a ese proceso.
Además de dar por defendidas y anunciar nuestro apoyo a las presentadas
por el Grupo Parlamentario Popular, en cuanto a la enmienda número 144,
de la Senadora De Boneta, nosotros propondríamos una transaccional, pero,
por no encontrarse la Senadora De Boneta, lo que solicitamos es que se
mantenga para el Pleno para proponer dicha transaccional.
En cuanto a la enmienda número 147, también de la Senadora De Boneta,
nuestro Grupo anuncia que está dispuesto a votar a favor de la misma y,
por tanto, a aceptarla, así como de la 148.
Con respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, yo propondría al Senador Beguer, en relación con
la número 151, que examinara la enmienda número 160 del Grupo
Parlamentario Popular, con la que coincide básicamente. Creemos
que la nuestra es algo más completa porque introduce una necesaria
salvedad en relación con el depósito temporal en instalaciones de
producción.
En cuanto a la enmienda número 152, nuestro Grupo no tiene ningún
problema para aceptarla, y por ello votaremos a favor de la misma, ya que
mejora técnicamente el texto al precisar el alcance y el contenido de la
autorización administrativa.
La enmienda número 153 coincide con la número 164 del Grupo Parlamentario
Popular, pero, por la complejidad del cambio de redacción, si al Senador
Beguer le parece suficiente, nosotros preferiríamos la redacción de
nuestra enmienda número 164 o, en todo caso, llegar en el trámite de
Pleno a una transaccional.
La enmienda número 154 coincide también con nuestra enmienda número 165,
que nos parece más adecuada porque no se limita a introducir un párrafo
adicional, sino que da una nueva redacción al apartado 2 del artículo 20
y precisa con mayor detalle los diversos supuestos que pueden darse con
relación a este tipo de residuos, según las entidades locales obliguen
simplemente a informar, a eliminar o a reducir las características de los
residuos o a gestionarlos por sí mismas.
Vamos a votar a favor de la enmienda número 155 porque se limita a
introducir una precisión en función de las actuaciones futuras de las
Comunidades Autónomas respecto a los suelos contaminados, se entiende que
una vez que hayan realizado el inventario de los mismos.
En cuanto a la enmienda número 156, también la aceptaremos, pues se
limita a introducir una precisión en función de las actuaciones de las
Comunidades Autónomas.
En cuanto a la enmienda número 157, creo que sería posible aceptarla si
se sustituyera la expresión «saneamiento» de suelos contaminados por la
de «limpieza y recuperación» de suelos contaminados, que es la utilizada
a lo largo de todo el título V del proyecto de ley. Si no hay
inconveniente, con esa transacción podríamos aceptarla.
Respecto a la enmienda número 158, quizá la más problemática, que afecta
a una nueva disposición final quinta, coincide en cuanto a la finalidad
con la enmienda número 168 del Grupo Parlamentario Popular, pero
entendemos que la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió es deficitaria en algunos aspectos. En primer
lugar, porque la redacción que se quiere dar al artículo 10.1 mantiene
los problemas que actualmente tiene la Ley de Envases sin eliminar la
referencia a la exención de tributos, si bien precisando su sujeción al
IVA, y parece más adecuado evitar, como se hace en la enmienda que ha
presentado nuestro Grupo, toda mención a dicha exención de tributación,
que, como se ha podido comprobar desde la entrada en vigor de la Ley de
Envases, introduce unas mayores dosis de inseguridad jurídica a las
transacciones entre los sistemas integrados de gestión y los envasadores.
Por otro lado, no existe ningún aspecto fiscal vinculado al punto verde
que exija un régimen fiscal especial; es decir, la necesidad de ajustar
los ingresos y los pagos, al no existir ánimo de lucro, en el caso de los
sistemas integrados de gestión, evita los problemas de tributación por el
Impuesto sobre Sociedades.
En cuanto a la petición de un tipo superreducido para la tributación del
punto verde, no tiene especial significado económico porque el IVA
repercutido sobre los sistemas integrados de gestión será deducido por
los envasadores, quienes, a su vez, facturarán el producto envasado a los
comerciantes, y éstos, a su vez, a los consumidores finales, al tipo
correspondiente a dicho producto. Nosotros entendemos que esto debe
evitarse y, por otro lado, que es conveniente evitar la regulación de
aspectos fiscales en las leyes sectoriales, dado que el cauce para
modificar los tipos, por ejemplo, del IVA se encuentra en otras
disposiciones legales cuya competencia correspondería en exclusiva al
Ministerio de Economía y Hacienda.
Finalmente, tampoco nos parece satisfactoria la enmienda número 158 por
razones de técnica legislativa, es decir, porque resulta más apropiado
incluir una medida de estas características en una disposición adicional,
como hace la citada enmienda del Grupo Parlamentario Popular, en lugar de
en una disposición final. Y con esto quedan cumplimentadas todas las
enmiendas presentadas por el Grupo de Convergència i Unió a este
respecto.
En relación con la número 28, de Izquierda Unida, dentro del Grupo
Parlamentario Mixto, propondríamos una enmienda transaccional. No sé si
esta enmienda número 28 ha sido presentada por la Senadora Costa o por
los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente. En cualquier caso,
rogaría a la Senadora Costa que les indicara a ambos Senadores la
posibilidad de llegar a una transaccional, sobre la base de esta enmienda
número 28, que podríamos tratar posteriormente en el Pleno.
En cuanto a la enmienda número 83, del Grupo Parlamentario Socialista,
propondríamos también una transaccional. Es decir, podríamos aceptar la
enmienda número 83, de incluirse, a continuación del párrafo noveno del
texto de la exposición de motivos que se propone, lo siguiente:
Igualmente, se establece una jerarquía de prioridades --la que mencionaba
anteriormente-- en la gestión de los residuos basada en los impactos
ecológicos crecientes por el siguiente orden: prevención, reutilización,
reciclado, otras formas de valoración y eliminación, salvo que el
progreso científico y los análisis de ciclo de vida demuestren que la
anterior jerarquía debe ser modificada.
Este es el texto de la enmienda transaccional. Su señoría puede no
aceptarla ahora y mantener su enmienda para el Pleno por si en ese
trámite pudiéramos llegar a un acuerdo.
En cuanto a la enmienda número 114 al artículo 27, también del Grupo
Parlamentario Socialista, podríamos aceptarla siempre y cuando el primer
párrafo del apartado 2 tuviera la siguiente redacción: La declaración de
un suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias
para proceder a su limpieza y recuperación en la forma y plazos que
determinen las respectivas Comunidades Autónomas.
Respecto a la enmienda número 137, relativa a la disposición final
primera, podríamos aceptarla de tener la citada disposición la siguiente
redacción: La normativa de edificación que dicten las respectivas
Administraciones públicas deberá contener específicamente la regulación
de
los requisitos técnicos de diseño y ejecución que faciliten la recogida
de residuos de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Calvo.
A continuación, pasamos al turno de portavoces.
¿Desea hacer uso de la palabra el portavoz del Grupo Mixto? (Pausa.)
Tiene la palabra el representante del Grupo de Convergència i Unió.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, quiero únicamente agradecer
la buena disposición mostrada por el Grupo Parlamentario Popular para
incorporar o transaccionar algunas de nuestras enmiendas. En el momento
debido comprobaremos cuáles son las que se incorporan o se apoyan de
forma directa, a fin de que en el Pleno sirvan de soporte para
transaccionar las demás.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Senadora
Blanco.
La señora BLANCO BARRERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Solamente quiero decir que estudiaremos detenidamente las enmiendas
transaccionales que nos ofrecen. En el Pleno decidiremos sobre ello.
De todos modos, damos por defendida nuestra enmienda número 83, de
sustitución de la exposición de motivos, aunque yo comencé mi anterior
intervención defendiendo la número 84.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor CALVO POCH: Señor Presidente, no voy a hacer uso de este turno
dado que ya hemos explicado la posición de nuestro Grupo respecto de
todas estas enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Gracias, señoría.
Según han indicado los portavoces de los diferentes grupos
parlamentarios, parece que las enmiendas transaccionales se dejan para
que puedan ser debatidas en el próximo Pleno.
Por tanto, a continuación pasamos a las correspondientes votaciones. (El
señor Calvo Poch pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Calvo.
El señor CALVO POCH: Señor Presidente, en cuanto a las enmiendas que
nuestro Grupo ha anunciado que va a aceptar, votaremos directamente a
favor. En cuanto a todas aquellas que hemos ofertado transaccionar, las
votaremos en contra en la medida en que los grupos ya se han comprometido
a mantenerlas hasta el Pleno.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Vamos a votar, en primer lugar,
las enmiendas del proyecto de ley general de telecomunicaciones.
En primer lugar, enmiendas números 1 a 99 de los Senadores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en
contra, 14, abstenciones, nueve.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Quedan rechazadas.
Vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números
102 a 178.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 14; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 100 y 101 del Senador Ríos Pérez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en
contra, 13; abstenciones, 10.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas números 179 a 206 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en
contra, 13; abstenciones, 10.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
números 207 a 223.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en
contra, 13; abstenciones, 10.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
números 224 a 364.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13;
abstenciones, 11.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Quedan aprobadas.
A continuación votamos el texto remitido por el Congreso de los Diputados
con la incorporación de las enmiendas que han sido aprobadas en esta
Comisión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 15; en
contra, nueve.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Queda aprobado.
Pasamos ahora a la votación del proyecto de ley de residuos.
Votamos en primer lugar las enmiendas números 1 a 82 de los Senadores
Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Pregunto a sus señorías si se pueden votar conjuntamente. (Asentimiento.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en
contra, 14; abstenciones, ocho.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Quedan rechazadas.
A continuación, pasamos a la votación de las enmiendas números 141 a 150,
de la Senadora De Boneta del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor CALVO POCH: Solicito votación separada y conjunta de las
enmiendas números 147 y 148.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): En primer lugar, votamos las
enmiendas números 147 y 148.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14;
abstenciones, nueve.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las enmiendas números 141, 142, 143, 144, 145,
146, 149 y 150, de la Senadora De Boneta, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en
contra, 13; abstenciones, nueve.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, las enmiendas números 169 a 203, de la Senadora
Costa Serra y del Senador Nieto.
Pregunto igualmente a los grupos si pueden votarse conjuntamente o hay
votaciones separadas.
Se votan conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en
contra, 13; abstenciones, nueve.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación de las enmiendas números 83 a 140, del Grupo
Parlamentario Socialista.
¿Se pueden votar conjuntamente? (Pausa.)
Se votan conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación de las enmiendas números 151 a 158, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
¿Votación separada o conjunta?
El señor CALVO POCH: Señor Presidente, solicitamos votación separada de
las enmiendas números 152, 155 y 156.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): En primer lugar, votamos las
enmiendas números 152, 155 y 156, conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14;
abstenciones, nueve.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas números 151, 153, 154, 157 y 158.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en
contra, 13; abstenciones, nueve.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 159 a 168, del Grupo Parlamentario
Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en
contra, ocho; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Quedan aprobadas.
Pasamos a la votación del texto remitido por el Congreso de los
Diputados, con la incorporación de las respectivas enmiendas aprobadas en
esta Comisión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en
contra, nueve.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Queda aprobado.
Queda por decidir en esta Comisión quiénes van a ser los Senadores
encargados de presentar el dictamen de los respectivos proyectos que
acaban de debatirse y aprobarse. (Pausa.)
El dictamen sobre telecomunicaciones lo presentará el Presidente de la
Comisión, el Senador Beguer, y el dictamen sobre residuos lo presentará
la Secretaria de la Mesa de esta Comisión.
Se levanta la sesión.
Eran las trece horas y treinta minutos.