CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



SENADO



Año 1997 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 210



COMISION de PRESUPUESTOS



PRESIDENCIA DE DON JOAN LERMA BLASCO



celebrada el martes, 9 de diciembre de 1997



ORDEN DEL DIA:



--Elección del Secretario Segundo de la Comisión. (Número de expediente
541/000009.)
--Dictaminar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998. (Número de expediente 621/000064.)



Se abre la sesión a las diez horas y cuarenta minutos.




El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se abre la sesión.

Vamos a dar comienzo a los trabajos de la Comisión de Presupuestos,
empezando por la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Se puede
aprobar por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.




-- ELECCION DEL SECRETARIO SEGUNDO DE LA COMISION (541/000009).

El señor PRESIDENTE: A continuación, procedemos a la elección del
Secretario Segundo de la Mesa de la Comisión. ¿Hay alguna propuesta en
relación con este punto? (Pausa.)



El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, queríamos proponer a don
Fidel Mesa para ocupar el puesto de la Secretaría Segunda de la Mesa.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo. ¿No hay ninguna otra propuesta? (Pausa.)
¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Pausa.) Se aprueba y don
Fidel Mesa

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pasa a ser el Secretario Segundo de la Mesa de la Comisión.




-- DICTAMINAR EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
PARA 1998 (621/000064).




El señor PRESIDENTE: Seguidamente, pasamos a dictaminar el proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998. Vamos a comenzar con
el debate y votación de las tres propuestas de veto presentadas. Para
defender la primera de ellas, tiene la palabra la señora De Boneta y
Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Mi defensa va a ser breve puesto que en la justificación del veto que se
presenta y se acompaña a la solicitud de devolución al Gobierno del
proyecto de ley que nos ocupa, el que debería ser el más importante del
año, ya se da una explicación en sus propios términos.

Yo simplemente voy a hacer referencia a las cuestiones puntuales e
importantes que provocan la presentación de este veto. En primer lugar,
por razones de respeto a la ley porque, en este caso, el Estatuto de
Autonomía del País Vasco y la atribución competencial de dicho Estatuto
--no olvidemos que la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre es una ley
de Cortes Generales-- no se han cumplido transcurridos los años que van
desde 1979 a 1997, dieciocho largos años en los cuales el Estatuto no se
ha completado.

En este sentido, como en la ley de presupuestos vienen consignadas
partidas y cantidades para cuestiones que deberían haber sido
transferidas hace tiempo y que, por tanto, no deberían figurar en los
Presupuestos Generales del Estado, entendemos que este solo hecho
justificaría el veto que Eusko Alkartasuna, a través de esta Senadora,
presenta a los Presupuestos Generales del Estado pidiendo la devolución
al Gobierno.

Yo sólo me voy a referir a competencias fundamentales para el desarrollo
de cualquier política de autogobierno y para el propio desarrollo
económico y social y, por lo tanto, importantes para la vida diaria de
los ciudadanos y ciudadanas vascos. Por ejemplo, no se ha procedido a la
transferencia del régimen económico de la Seguridad Social; la
investigación científica y técnica que, efectivamente, está contemplada
en el artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco sigue
sin transferirse, por mucho que entendamos y acatemos que esta
investigación debe ser desarrollada en coordinación con el Estado. No
obstante, aparece en el listado de competencias exclusivas de la
Comunidad Autónoma Vasca y no se ha transferido. Yo me he referido a
estas dos competencias porque son absolutamente fundamentales para ese
desarrollo del autogobierno al que antes aludía y tampoco olvido que
queda un listado de 39 materias pendientes de transferir, todas ellas
importantes, todas ellas consignadas en la ley, todas ellas consignadas
en el Estatuto de Autonomía de Guernica y, por supuesto, en esa ley
orgánica a la que he hecho referencia que, vuelvo a insistir, es una ley
de Cortes Generales y debe ser cumplida.

En segundo lugar, entrando en el propio contenido del presupuesto,
nosotros consideramos que no es un presupuesto que responda a la
situación actual del Estado español; es un presupuesto que, quizá, confía
en la buena evolución de la economía y, por lo tanto, en el ingreso, y no
tiene en cuenta la decisión que se consideraría suficiente: la contención
del gasto público. Es una política que confía en obtener ingresos, como
se ha venido diciendo a lo largo de todo este año, a través de ventas de
empresas públicas que, en realidad, destruyen patrimonio del Estado y en
su momento esa falta de patrimonio pasará factura al conjunto general de
la economía. Por lo tanto, consideramos que esta política centrada en el
ingreso, en éste como en otros temas, no es la política que en este
momento de bonanza económica debería haberse hecho; es una política
continuista y debería haberse aprovechado esta bonanza económica para
abordar reformas estructurales que no aparecen en unos presupuestos que
hemos calificado de continuistas y de grises.

Creemos que no es una política que impulsa. Efectivamente se contemplan
políticas activas de creación de empleo, pero realmente en toda la
dirección económica que supone la confección de un presupuesto para todo
un año no se centra el problema principal, sentido así por todos los
ciudadanos y ciudadanas del Estado, que es el desempleo, puesto que no se
hace una política agresiva de creación de empleo y, por otra parte, junto
a esto no se plantea una mejor cobertura del desempleo que, en este caso,
sufre una caída de más allá del dos por ciento.

Hemos analizado las inversiones que están previstas para la Comunidad
Autónoma del País Vasco y para la Comunidad Foral de Navarra. Creemos que
distan mucho de aproximarse a lo que correspondería, en su caso, teniendo
en cuenta la aportación que las mismas hacen al Estado. Pensamos que es
una escasa participación, en términos porcentuales, y una prueba patente
de ello es la participación que en su caso se asigna a estas Comunidades
Autónomas a las que me he referido en el reparto de los fondos
estructurales, en los que no me voy a detener en este momento en cuanto a
hacer referencia a un estudio muy completo que existe en relación a lo
que se ha percibido y se va a percibir por la Comunidad Autónoma Vasca en
este caso, del 96 y del 99, pero en todo caso no va más allá del dos y
pico por ciento. Y vuelvo a insistir en que hay que tener en cuenta que
en ésta, como en otras inversiones, la aportación de la Comunidad
Autónoma Vasca a las arcas del Estado vía cupo es del 6,24 por ciento.

Las dotaciones para infraestructuras no nos parecen suficientes en este
sentido y ponemos como ejemplo algo paradigmático ya en todos estos
últimos Presupuestos. Nos referimos a la «Y» ferroviaria vasca y a la
cuantía ridícula que una obra de esta envergadura obtiene este año en los
Presupuestos Generales del Estado, 250 millones de pesetas. Creemos que
no es de recibo el que una obra tan importante para las comunicaciones
del país y tan importante para el conjunto del Estado reciba una dotación
que no irá más allá de las cantidades necesarias para realizar un
estudio. En todo caso, creemos que estas escasas inversiones no son
justificables, ni siquiera teniendo en



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cuenta que se plantean como unos Presupuestos austeros --y así deben
serlo--, porque, como decimos, creemos que esta austeridad debería estar
más centrada en la contención del gasto público que en esta reducción de
inversiones reales, las cuales --no lo olvidemos-- también son
fundamentales para la creación de ese empleo al que hacíamos referencia.

La política de I+D nos parece absolutamente insufienciente. Creo que el
Estado no tiene en cuenta la capacidad impulsora, la capacidad de motor
de la investigación y el desarrollo. Cada vez no estamos alejando más en
términos relativos de las inversiones --no llega al 0,9 por ciento del
PIB-- que los países de nuestro entorno hacen en esta materia --más del 2
por ciento--. Y, sin ir más lejos, hay muchas Comunidades Autónomas, como
sucede en la Comunidad Autónoma Vasca, que incluso teniendo que ser
transferida la competencia --por tratarse de una competencia exclusiva,
establecida así en el Estatuto de Autonomía del País Vasco--, invierten
más, en términos porcentuales --además de pagar la cantidad
correspondiente vía cupo al Estado--, que lo que invierte el conjunto del
Estado en relación al PIB. No olvidemos que en esta Comunidad Autónoma
tenemos porcentajes alrededor del 1,2 por ciento del PIB y que estamos
hablando de que en el conjunto del Estado no llega al 0,9 por ciento.

No olvidamos tampoco señalar en esta propuesta de veto y de petición de
devolución de estos Presupuestos la falta de solidaridad que significa el
que una vez más los Presupuestos Generales del Estado no tengan en cuenta
esa petición largamente sentida y planteada de solidaridad con los países
en vía de desarrollo, puesto que la aspiración del 0,7 por ciento que
reiteradamente se viene demandando no llega ni siquiera a cubrirse en su
mitad.

Por todas estas razones presentamos esta enmienda y solicitamos que se
apoye por el conjunto de la Comisión.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, pasamos a la defensa de la siguiente propuesta de veto,
de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.

Tiene la palabra el Senador Nieto.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Con brevedad y de una manera escueta, voy a defender el veto. Por tanto,
pido disculpas por la rotundidad de algunas afirmaciones que pueda hacer
sin matices.

En primer lugar, consideramos que estos Presupuestos no responden a las
necesidades reales de la economía española. Son insolidarios en todos los
sentidos. No se habilitan las partidas suficientes para hacer en
condiciones las transferencias --por ejemplo, de educación-- a las
Comunidades Autónomas que aún no las tienen, y en el sistema fiscal
seguimos con los bandazos correspondientes de unas y otras Comunidades
Autónomas.

Por otra parte, estos Presupuestos agudizan las privatizaciones, de tal
manera que, siguiendo por este camino, se reduce el papel del Estado casi
podríamos decir que hasta la anorexia. Se maquillan las cifras del
Presupuesto y el déficit público. Renuncia el Estado, como primera
empresa del país, a hacer la oferta pública de empleo. Por tanto, tampoco
se cubre el primer objetivo --y el Estado tendría que dar ejemplo en este
sentido--. Es decir, la primera prioridad es la de crear empleo y en
estos Presupuestos no se contempla esta necesidad.

Por no extenderme más, es decir, en todos los conceptos, consideramos que
estos Presupuestos no son de recibo, que deberían ser devueltos para
hacerlos en consonancia con lo que es la primera necesidad del país: la
creación de empleo, lo que en estos Presupuestos no se contempla.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nieto.

Para la defensa de la propuesta de veto del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra su portavoz.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días.

Con la mayor brevedad de la que sea capaz, porque no es la primera vez
que este portavoz hace la referencia a las dificultades reglamentarias de
debatir en Comisión una propuesta de veto. Las propuestas de veto, por
definición, deberían ser previas y únicas, pero el Reglamento de la
Cámara desde tiempo inmemorial convierte el debate de vetos de
Presupuestos en un debate postrero y diferido en el tiempo y con
diferentes repeticiones. Y en este sentido, lógicamente, sólo vamos a
enunciar ahora los argumentos que luego desarrollaremos con toda su
extensión en el Pleno de la Cámara.

A nadie sorprende que el Grupo Socialista comparta los objetivos teóricos
que tiene este Presupuesto de facilitar la incorporación de España a la
tercera fase de la Unión Económica y Monetaria y en este sentido
podríamos compartir las necesidades de sujeción del déficit y la deuda
pública, de consolidación fiscal y de atenuación del gasto público a los
objetivos de Maastricht. Sin embargo, nos encontramos con un Presupuesto
que teóricamente dice cumplir estos objetivos pero que en la práctica no
los cumple, un Presupuesto que centrífuga el déficit público hacia la
Seguridad Social y hacia las empresas públicas, que soluciona el problema
del déficit --digámoslo así-- derivando el dinero de los ingresos por
privatizaciones hacia la atenuación de las pérdidas de las empresas
públicas, que trata de manera desigual el déficit de la administración
del Estado y el déficit de la Seguridad Social. Mientras aplica los
fondos a reducir el déficit de la administración del Estado sigue
permitiendo el incremento del déficit y de la deuda de la Seguridad
Social, lo cual, a nuestro juicio, hace difícil, complicada la
estabilidad financiera, compromete a la estabilidad financiera del
sistema de Seguridad Social, y esto es un craso error.

Asimismo, no allega más fondos a la política de creación de empleo. La
política económica que desarrolla el Gobierno se está viendo cómo hace
imposible el derivar las tasas de mayor crecimiento de la actividad
económica hacia mayores tasas de creación de empleo. En nuestro país se
crea menos empleo ahora que en el año pasado, que el anterior, con
mayores tasas de crecimiento de la actividad económica. A nuestro juicio,
el empleo no es una prioridad. Este año iba a ser el año del empleo, el
año que viene va a ser el año del plan de acción para el empleo, cuando
los Presupuestos no tienen partidas para



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cumplir los objetivos y directrices marcados por la Cumbre de Luxemburgo
de la Unión Europea, ni dan al empleo la prioridad necesaria. Todo lo
más, reducen las transferencias del Estado al INEM e, incluso, derivan
hacia la Seguridad Social y las políticas de empleo de la Seguridad
Social o las políticas de prestaciones públicas parte del incremento de
los recursos de la sanidad, en lo que, a nuestro juicio, compromete
también con el cumplimiento de los Pactos de Toledo que suscribimos todos
los grupos parlamentarios para garantizar la estabilidad financiera de la
Seguridad Social.

Además de comprometer a la Seguridad Social y de no tener fondos
necesarios para el empleo, el Presupuesto sigue confirmando la tendencia
del Partido Popular para hacer más injusta y menos equitativa la
distribución de la carga fiscal entre los ciudadanos. Los ciudadanos más
necesitados van a ver cómo las deducciones por empleo en el Impuesto
sobre la Renta bajan y como disminuyen las aportaciones del Estado hacia
los grupos más necesitados. A los parados se les recortan las
prestaciones por incapacidad temporal, a los centros especiales de empleo
para minusválidos se les recortan sus subvenciones por la vía de
modificaciones legislativas, a los trabajadores se les recortan sus
deducciones en el Impuesto sobre la Renta, pero, no obstante, se siguen
otorgando beneficios fiscales a los grupos con más capacidad económica y
mayor nivel de renta.

A estas injusticias sociales hay que añadir injusticias en la
distribución del gasto. El Gobierno pactó con los socios que le apoyan
parlamentariamente un nuevo modelo de financiación autonómica, cuyos
resultados estamos viendo ya. Las transferencias a las Comunidades
Autónomas en el Presupuesto crecen menos de lo que las expectativas del
nuevo modelo de financiación establecían y este incumplimiento de las
expectativas del modelo se compensa este año con el nuevo modelo de
financiación de la sanidad, como el año pasado se compensó con medidas
bilaterales que afectaron a algunas Comunidades Autónomas.

¿Qué va a pasar en años sucesivos? Que habrá que buscar nuevos sistemas
para evitar que se produzca este incumplimiento de las expectativas del
nuevo modelo de financiación autonómica y habrá que buscar otras fórmulas
para seguir allegando dinero a las Comunidades Autónomas, porque el
modelo no funciona y se está revelando incapaz de garantizar el
cumplimiento de las previsiones de la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas en cuanto al traspaso de los servicios que la
Administración del Estado viene delegando o transfiriendo a las
Comunidades Autónomas en función de la reforma de los Estatutos de
Autonomía.

Este presupuesto trata mal al gasto educativo, este presupuesto hace
imposible la transferencia de educación, este presupuesto trata mal a las
Comunidades Autónomas sin Insalud transferido y, a fin de cuentas, este
presupuesto va a tener otro problema mucho más grave que afecta a todo el
territorio nacional y es el de la disminución importantísima de la
inversión pública.

La formación bruta de capital fijo en el año 1996 en España alcanzó en
términos de pesetas constantes un mínimo histórico, en los últimos diez
años no había sido tan baja; en el año 1997 va a seguir esa tendencia y
en el año 1998 se va a consolidar. Con esta disminución de la inversión
pública se van a incrementar las diferencias en los territorios e incluso
se compromete el que España pueda cumplir con las inversiones necesarias
para recuperar, por la vía de iniciativas o de programas comunitarios,
los fondos a los que tiene derecho por la negociación de anteriores
gobiernos con la Unión Europea.

En conclusión, tenemos un presupuesto que trata mal la inversión, que
trata mal el sistema educativo, que trata mal a unas Comunidades en
relación con otras en el gasto sanitario, que hace difícil el retorno de
fondos europeos, que es injusto en cuanto al reparto de la carga fiscal,
que compromete la estabilidad financiera de la Seguridad Social y que
sigue agravando el problema de financiación de las Comunidades Autónomas,
un presupuesto que es incapaz de conseguir que en España se cree empleo
al mismo ritmo que crece la reactivación económica. Evidentemente, este
presupuesto no puede tener el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, y
por eso lo vetamos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para turno en contra, tiene la palabra el señor Utrera.




El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.

Haré un brevísimo turno en contra para manifestar, primero, nuestro
convencimiento de que los Presupuestos Generales del Estado para 1998
presentados por el Gobierno, ahora en fase de tramitación en el Senado,
son unos presupuestos que, por un lado atienden a la consolidación
macroeconómica, a la reducción del déficit público y al mantenimiento de
los grandes equilibrios macroeconómicos, que son necesarios para alcanzar
ese gran objetivo común, y que casi todos los grupos políticos, también
los de oposición --notablemente el Grupo Parlamentario Socialista lo pone
como frontispicio de su propuesta de veto--, compartimos ese gran
objetivo colectivo de la integración en la Unión Monetaria desde el
primer momento, y estos presupuestos contribuyen precisamente a ese
objetivo.

En segundo lugar, para manifestar que, lejos de lo que aquí se ha
señalado, y haciendo una lectura puramente objetiva de las cifras
presupuestarias, no encontramos algunas de las cuestiones que se han
planteado como, por ejemplo, la reducción de la inversión. La inversión
crece por encima del resto del gasto público y por encima del crecimiento
de la economía; el sistema de financiación autonómica se está
consolidando y colma las expectativas de financiación que esperaban
recibir las Comunidades Autónomas, e incluso, a pesar de las críticas
formuladas desde la oposición en relación con la poca beligerancia de
estos presupuestos en materia de empleo, hemos de decir que el empleo se
crea en el sector privado y se crea cuando existen estímulos fiscales y
estabilidad macroeconómica suficiente. Esas son las condiciones que
garantizan estos presupuestos.

Por tanto, manifestamos, en primer lugar, nuestra plena satisfacción con
la forma en que los presupuestos han venido desde el Congreso de los
Diputados y, en segundo lugar, rechazamos todos los vetos aunque, bien es
verdad, por motivos diferentes en unos y en otros. Creemos que la
distribución competencial que en estos presupuestos se realiza



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entre Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales responde a la
lógica que se venía manteniendo en años anteriores, y que tanto en
materia del INEM como de políticas activas de empleo se han alcanzado
acuerdos muy satisfactorios, de la misma manera que pensamos que las
modificaciones tributarias introducidas en el pasado y que para 1998 van
a tener consecuencias financieras, son precisamente parte integrante de
esa política económica que nos ha situado como uno de los países punteros
a la hora de integrarnos en la Unión Monetaria, punteros en cuanto al
crecimiento económico --crecemos más que el resto de países europeos-- y
punteros en cuanto a la estabilidad en precios y en reducción de tipos de
interés.

Termino señalando nuestro rechazo, por distintos motivos, a cada una de
las tres propuestas de veto, convencidos de que estamos ante un
presupuesto que es austero en sus cifras pero al mismo tiempo
perfectamente calibrado en cuanto a sus objetivos.

Se financia la Sanidad pública, se ha alcanzado un nuevo acuerdo para el
próximo período de cuatro años, que se inicia en 1998, y los Presupuestos
Generales del Estado ponen una notable cantidad de financiación adicional
a este servicio, se aumenta la financiación educativa y aumentan los
gastos en más del 20 por ciento en investigación y desarrollo. En
definitiva, sugeriría a los enmendantes que firman estas propuestas de
veto que hagan una relectura de unos presupuestos que, siendo austeros en
su agregado, sin embargo en el tratamiento específico que se da a las
grandes demandas que realiza esta sociedad formula un crecimiento de
gasto y sobre todo una orientación y una eficacia en la gestión de ese
gasto que permite pensar que 1998 será un año de empleo, pero también un
año de mejor educación, sanidad e investigación en España.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para turno de portavoces, con una breve intervención de tres minutos,
tiene la palabra a continuación, por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, el señor Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo muy brevemente para decir que estos presupuestos que se han
presentado, evidentemente no son los nuestros, pero coincidimos con ellos
globalmente. Creemos que estos presupuestos nos meten definitivamente en
el gran objetivo, que era impensable hace unos años, de entrar en la
primera fase de la Unión Económica y Monetaria, son unos presupuestos en
los que hay una contención del gasto público y van a permitir un
crecimiento económico y de inversión y, en consecuencia, de generación de
empleo.

Por lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario votará en contra de los vetos
que han presentado el resto de los Grupos.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra su portavoz.

El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo muy brevemente para manifestar nuestro voto en contra de los
tres vetos presentados. Creemos que nuestro posicionamiento global vamos
a tener ocasión de exponerlo la semana próxima en el trámite de Pleno.

Por tanto, simplemente quiero manifestar nuestro voto contrario a los
vetos, reservando --repito-- nuestro posicionamiento para la semana
próxima.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Pasamos, a continuación, a la votación de las tres propuestas de veto,
que vamos a hacer separadamente.

Votamos la propuesta de veto número 1, de la señora De Boneta y Piedra.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 9; en
contra, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de veto número 1.

Votamos la propuesta de veto número 2, del señor Nieto Cicuéndez.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 9; en
contra, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de veto número 2.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 3, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 9; en
contra, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de veto número 3.

Pasamos, a continuación, al debate del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado en su articulado y secciones.

Al Título I, artículos 1 a 11, y anexos I y II, hay presentadas las
enmiendas 122 a 132, 204 y 205, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Nieto Cicuéndez.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero manifestar que defendemos nuestras enmiendas en los términos en
que vienen explicitadas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda 1.235, tiene la palabra el señor Armas.




El señor ARMAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Defiendo esta enmienda en sus propios términos.

Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Socialista tiene presentadas las enmiendas 764 a
773 y 829 a 831.




El señor GONZALEZ PRINCIPE: No, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Repito, las enmiendas 753, 754, 755, 756, 757, 758,
759, 760, 761, 762, 763 y 829, 830, 831.

Para realizar la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el señor
González Príncipe.




El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista ha hecho una aportación al Título I del
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado con la intención de
que España vaya mejor, de que podamos crear una cultura de la austeridad
y de control del gasto público duradera, que es exigible en el marco de
la Unión Económica y Monetaria.

Las enmiendas que presentamos, por lo tanto, al Título I son de tres
tipos: unas primeras, de ajuste meramente numérico en función de las
cuantías que salen como consecuencia de las enmiendas presentadas por
nuestro Grupo; en segundo lugar, hay todo un paquete de enmiendas,
destinadas fundamentalmente al artículo 8, que vienen a ser la aportación
de los socialistas al intento de generar un gran acuerdo sobre la
disciplina presupuestaria. Por encima de los distintos avatares, lo que
es innegable es que en el proyecto de ley que nos remite el Gobierno y
que ha aprobado el Congreso de los Diputados, por ejemplo, se están
modificando ya apartados que a su vez fueron modificados y aprobados con
el voto de sus señorías, en este caso del principal Grupo que sustenta al
Gobierno del Partido Popular, en la famosa Ley de Medidas de Disciplina
Presupuestaria. Creo que simplemente remarcar este hecho debería poner en
evidencia la necesidad de que los Grupos de la Cámara, de cara al
programa de estabilidad derivado de la Unión Económica y Monetaria,
debieran alcanzar el mayor acuerdo posible sobre una política de
disciplina presupuestaria rigurosa; con independencia de que cambien los
Gobiernos, esa política de disciplina presupuestaria debería mantenerse
de una forma duradera e incorporarse a la cultura de la Administración de
los fondos públicos de nuestro país.

Por último, el tercer bloque de enmiendas que presentamos al Título I
tienen que ver con la financiación de la Seguridad Social. Ahí,
evidentemente, los socialistas, que asumimos los compromisos derivados
del Pacto de Toledo, pretendemos con nuestras enmiendas fundamentalmente
cumplir dicho acuerdo, porque el Pacto de Toledo es la mejor garantía de
una previsión social de carácter público para todos los españoles, con
dimensión universal en el siglo XXI. Separar las fuentes de financiación,
complementar el sistema de pensiones, descargar las cotizaciones y
separar el sistema contributivo del no contributivo nos parece que es
absolutamente fundamental.

Ustedes verán que, como novedad, el Grupo Parlamentario Socialista en el
Senado introduce una enmienda destinada a que, cuando se produzcan los
excesos de recaudación, no solamente se piense en ellos para reducir el
déficit del Estado sino que, como creemos que el sistema de Seguridad
Social es absolutamente capital en el funcionamiento del Estado
democrático de nuestros días, nos parece lógico que esos excesos, también
vía aportación del Estado, se dirijan a reducir el déficit del sistema
público de la Seguridad Social.

Por último, respecto a las enmiendas que presentamos a los Anexos I y II,
nos gustaría destacar sobre todo la que se refiere al Ministerio de
Asuntos Exteriores, para poder cumplir el calendario y los compromisos
como crédito ampliable de las partidas que después se van a computar a
efectos de cumplir el compromiso del 0,7 por ciento de ayuda a los países
en vías de desarrollo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno en contra?
Tiene la palabra el señor Alierta.




El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, contestaré a los representantes del Grupo Parlamentario
Mixto. Muchas de ellas, como la presentada por el señor Nieto, piden en
general, salvo en algunos casos concretos, aumentos de los ingresos por
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por el Impuesto sobre
Sociedades, un aumento por mayor lucha contra el fraude fiscal. Se fija
una cantidad muy grande, que, descontada una minoración de ingresos en el
IVA, supone un aumento en los ingresos de un billón de pesetas.

Evidentemente, esto va a significar un aumento muy importante de la
presión fiscal, y entendemos que, en los momentos actuales de la economía
española, va a producir consecuencias negativas vía mayor presión fiscal,
aumento de los tipos de interés y, en consecuencia, menor crecimiento y
menor creación de empleo. La experiencia de estos últimos años, no sólo
en España, sino en muchos países del área de la OCDE, demuestra que lo
que puede parecer en principio una política de promoción de empleo
mediante el exceso del gasto público --y recalco la expresión «exceso»,
puesto que el gasto público en sí no es criticable sino que, en muchos
casos, es necesario e incluso beneficioso-- acaba produciendo efectos
contraproducentes, de ahí que la política de todos los países,
concretamente la de los que pertenecen al área de la OCDE, haya tratado
de atajar estos excesos en el gasto público, haya tratado de atajar estos
aumentos en el déficit, para poder producir unas situaciones de
crecimiento sostenido y estable que, a la larga --y lo demuestra la
experiencia de todos estos países--, son las que producen empleo. En
algún momento se han hecho críticas respecto a que estos Presupuestos no
tienen medidas para la creación de empleo. Pues bien, desde que se inició
esta política presupuestaria el año anterior, los efectos beneficiosos
sobre el funcionamiento de la economía han sido evidentes: han descendido
los tipos de interés, con lo cual se materializa la posibilidad de crear
empleo. Se ha creado empleo. Pero quiero insistir, además, en que los
descensos en los tipos de interés tardan un período de entre uno y dos
años en crear las condiciones objetivas para crear empleo, es decir, que
todavía se tienen que dar los efectos de esta política. Basta con
comparar las consecuencias



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que para la economía española, y concretamente para la industria,
tuvieron aquellos años en los cuales los tipos de interés alcanzaron unas
cifras desorbitadas: un gran número de industrias desaparecieron, y si
aquella política llega a durar unos años más, no sabemos lo que podría
haber ocurrido.

En consecuencia, esta política de ingresos y gastos que existe es sobre
la que, en estos momentos, ya hay un acuerdo bastante generalizado, y no
por cuestiones ideológicas sino por la experiencia en el funcionamiento
de las economías occidentales --y podemos hacer referencia a las que
ocupan el área de la OCDE-- que muestran los resultados obtenidos en la
creación de empleo como consecuencia de la aplicación de diferentes
políticas.

Respecto al planteamiento inicial que ha hecho el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, también vale lo que acabo de decir. El Grupo
Parlamentario Socialista, en una de las enmiendas, que quizá podría estar
integrada en el Título II, pero que se ha puesto en otro lugar, también
plantea un aumento de la presión fiscal --aumento de la recaudación,
disminución de los beneficios fiscales en las pequeñas y medianas
empresas-- para aumentar gastos e inversiones. Pues bien, no creemos que
esa política alternativa socialista para los Presupuestos sea más
beneficiosa en estos momentos en cuanto a creación de empleo, más bien al
contrario. Vuelvo a insistir en que la contención de un exceso del gasto
público, la contención de un exceso de presión fiscal, crea las
condiciones para un crecimiento sostenido y estable y, por lo tanto, el
marco idóneo para que se pueda crear empleo.

Me voy a extender brevemente sobre las restantes enmiendas. Sobre las que
ha mencionado, en particular las relativas al artículo 8, que piden
modificaciones en la gestión de los Presupuestos, debo decir lo
siguiente. El año pasado, este Gobierno ya presentó un proyecto de ley
específico de disciplina presupuestaria, independientemente de que, en
las leyes de Presupuestos, se hayan ido disminuyendo de forma progresiva
antiguas autorizaciones que hacían que la gestión de los Presupuestos no
tuviera nada que ver con lo que se realizaba en un principio. En estos
Presupuestos, las autorizaciones están reducidas a las estrictamente
necesarias, y son muchas menos que las que hemos visto en otros
Presupuestos anteriores. Por lo tanto, entendemos que se ha avanzado de
manera notable en esta materia. Las modificaciones que se autorizan son
las que permiten una mayor agilidad en la gestión del Presupuesto, pero
sin que esto signifique que vaya a haber falta de control.

En cuanto a los resultados, que en última instancia son los que nos
pueden decir si estas medidas legislativas que aparecen en la ley
mencionada y en los Presupuestos del año pasado han tenido eficacia o no,
debe señalarse que, si vemos la ejecución de los actuales Presupuestos y
la previsión de liquidación de los Presupuestos para 1997, nos
encontramos con que las modificaciones suponen una cantidad importante
porque son importantes los Presupuestos, pero que, en términos relativos,
es mucho menor de la de ejercicios anteriores, y desde luego,
infinitamente menor que la que suponían las modificaciones en la
ejecución de los Presupuestos de hace tres, cuatro o cinco años. Además,
como se nos dijo en las comparecencias, 200.000 millones de pesetas, de
esos 500.000 de modificaciones, son consecuencia de la reconversión de
deuda emitida a unos tipos de interés muy alto y aprovechando las
condiciones del mercado para sustituirla por deuda emitida a unos
intereses más bajos, es decir, que se aprovecha una coyuntura financiera
para reducir la carga futura por los tipos de interés. Por tanto, las
modificaciones que aparecen en los Presupuestos para 1997 son reducidas y
mucho más si las comparamos con ejercicios anteriores. Quiere decirse que
la ejecución de los Presupuestos se ajusta muchísimo más a los
Presupuestos aprobados que lo que hemos venido teniendo tradicionalmente,
aunque, por otra parte, debo decir que así debería ser, porque a igual o
a peor no se podía ir --recordarán sus señorías el año aquél en el que, a
través de un decreto-ley, hubo que suprimir el famoso artículo 10, que
decía que las obligaciones reconocidas no superarían el 3 por ciento, y
en octubre-noviembre del año 1992, para los Presupuestos de 1993, se
suprimió aquel artículo para poder introducir unas modificaciones que
creo recordar que ascendían a 800.000 millones o a un billón de
pesetas--. Por lo tanto, creemos que las modificaciones son las oportunas
y la práctica, la propia ejecución de los Presupuestos de 1997, avala que
las modificaciones que se hacen son para una mejor gestión del
Presupuesto y en absoluto para que este Presupuesto no se parezca a lo
aprobado.

En cuanto a la financiación de la Seguridad Social, evidentemente, tiene
todavía un camino por recorrer, pero debo señalar que en los Presupuestos
de 1995, que se prorrogaron en 1996, se mandaban 2 billones 251.000
millones en concepto de transferencias del Estado a la Seguridad Social y
para los Presupuestos de 1998 la cantidad consignada es de 3 billones
520.000 millones de pesetas; por simplificar, hemos pasado de 2,2 a 3,5,
es decir, es un aumento sustancial en cuanto al incremento en la
financiación de la sanidad por parte del Estado. Vuelvo a repetir que en
el de 1995, que se prorrogó en 1996, fue de 2,2 y en 1998 se prevé 3,5.

Como verán, el esfuerzo hecho a lo largo de 1997 --en el que fueron 2,8--
y 1998 en esta partida concretamente es impresionante: estamos hablando
de un incremento de un billón 300.000 más con respecto al año 1995, y con
respecto al año 1997, para 1998, de un incremento de casi 700.000
millones de pesetas; son unas cifras impresionantes.

Por lo tanto, el objetivo del Pacto de Toledo de que la sanidad pública
se financiara con transferencias del Estado está prácticamente a punto de
conseguirse y, desde luego, si ya en el ejercicio 97 el esfuerzo es muy
alto, para el ejercicio 98 es un esfuerzo como no había precedentes en la
historia presupuestaria de este país en los últimos años. Tan es así que
la financiación por cotizaciones de la Seguridad Social que contribuyen a
la financiación del Insalud que figura en los Presupuestos asciende a la
cantidad de 103.000 millones de pesetas, cuando esta cifra hace tres años
era de 670.000 millones de pesetas. Es decir, se ha reducido en una sexta
parte y más o menos se ve cómo estos 500.000 millones largos en que
disminuye la financiación por cotizaciones se superan de sobra con el
aumento de las transferencias a la sanidad.

Evidentemente, esto no quita para que estos objetivos que quedan se
alcancen en los próximos años, pero, desde luego, respecto a los
objetivos que se fijaron en el



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Pacto de Toledo, entre los Presupuestos para 1997 y los Presupuestos para
1998 se está a punto de conseguir una cosa que se establecía como una
meta idealizada a la que se pretendía llegar. Vuelvo a repetir que el
esfuerzo del Gobierno y del Grupo Popular, que apoya al mismo, en esta
materia hace que lo realizado sea extraordinario en función de lo que se
aspiraba a realizar, que era un préstamo para financiar el déficit de la
Seguridad Social de 125.000 millones de pesetas --en términos de PIB es
un 0,2 la cantidad asignada o que se estima que tendría la Seguridad
Social en el plan de convergencia, pero debo señalar que estos préstamos
hace tres años estaban en el orden de 400.000 millones de pesetas, luego
también aquí el avance es muy notable.

Por lo tanto, independientemente de que el Grupo Parlamentario Popular
desee que el Gobierno siga avanzando y se consigan los logros en la
financiación de la sanidad, no deja por menos de señalar que si en algún
capítulo en estos dos años la actividad financiera y presupuestaria del
Gobierno ha sido excelente y de recordar será en la financiación de la
sanidad. En definitiva, en función de todo lo dicho, nosotros
rechazaremos las enmiendas que se han propuesto a esta materia.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alierta.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.) Pasamos al Título II, artículos 12 a 17 y Anexos IV y V.

Tiene la palabra el señor Nieto para defender las enmiendas números 133 y
134.




El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente. Las doy por
defendidas tal y conforme están formuladas. Nos reservamos dar la
argumentación en el Pleno.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
enmienda número 736. Para su defensa, tiene la palabra el señor Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente, seré muy
breve.

Nos vamos a referir a los centros concertados de Formación Profesional de
Primer Grado de los Programas de Garantía Social, y, en este sentido,
nosotros presentamos una enmienda de modificación a través de la cual
solicitamos que desaparezca, tal y como viene en el texto, la limitación
máxima, ya que consideramos que carece de sentido. Desde nuestro punto de
vista, los módulos económicos previstos en la LOPEG para las distintas
enseñanzas ofertadas por los centros deben ser módulos mínimos y no
máximos, según determina la disposición final primera número 1 de la
LOPEG.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas números 764 a 768, tiene la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.




El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Gracias, señor Presidente.

Al Título II de los Presupuestos Generales del Estado, que trata de la
gestión presupuestaria y más en concreto de la gestión de los
presupuestos docentes y de la gestión presupuestaria de la sanidad, ha
presentado mi Grupo cinco enmiendas referidas a estos dos apartados. Las
enmiendas que hemos presentado tienen como fin primordial la correcta
aplicación de lo establecido en la Ley Orgánica del Derecho a la
Educación, la LODE, y el uso transparente de los fondos públicos
empleados para financiar la enseñanza privada concertada.

Para justificar el porqué de nuestras enmiendas sería conveniente que
hiciéramos un análisis somero de cómo sale parada de estos Presupuestos
la enseñanza privada que recibe fondos públicos. En su conjunto, los
conciertos con la enseñanza privada aumentan 12.653 millones de pesetas,
lo que supone un incremento del 10,71 por ciento, es decir, el doble de
lo que sube lo presupuestado para la enseñanza pública, el 5,5, de ahí
que la primera enmienda que voy a defender se refiera a que la
financiación de la gratuidad de la educación infantil deba someterse al
sistema de conciertos establecidos por la LODE y no debe hacerse, como
pretende el proyecto de Presupuestos, por la vía de ayudas a la familia,
y menos encubriéndolas mediante la denominación de becas y ayudas de
carácter especial, para tratar de ir dando pasos hacia la gratuidad de la
educación infantil, como se dice en la memoria de la Sección 18,
Ministerio de Educación y Cultura. Por ello, los socialistas proponemos
que si hay dinero para financiar la gratuidad de la enseñanza infantil,
esos fondos públicos se sometan al régimen de conciertos previstos por la
Ley, y no se haga, como pretende el Proyecto de Presupuestos, por la
ayuda individualizada a las familias que eligen centros privados --como
textualmente se dice en el proyecto.

Ya sabemos que esto que ahora se propone es una vieja aspiración del
Partido Popular y que así lo expusieron en su programa electoral, pero
esta aspiración, lógica con su pensamiento, choca con la normativa legal
aprobada en el Parlamento español, y no se puede adoptar medidas
subrepticiamente, sin las cautelas necesarias, para que la educación sea
universal, no discriminatoria y en condiciones de igualdad para todos los
españoles. No se puede primar a los colegios de elite bajo la forma
encubierta de ayudas generalizadas, y menos cuando el clamor por el
maltrato que se da a la enseñanza pública empieza a ser un hecho
constatado en el día a día por quienes tienen que sufrir una política de
menoscabo con todo lo que conlleva carácter público. Y si no, fíjense en
las cifras de los presupuestos para la enseñanza infantil, que caen un 26
por ciento, reduciendo en mil millones --exactamente, de 1.581 a 544-- el
dinero para convenios con centros de educación infantil. Con esta medida
lo que se pretende es avanzar hasta la consecución del cheque escolar,
vieja aspiración de la patronal privada de la enseñanza, y absolutamente
discriminatoria con el resto de la población escolar.




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Por tanto, con esta enmienda al artículo 12 pretendemos que la
financiación a la enseñanza privada no obligatoria no escape de los
requisitos del concierto; que no se intente burlar el artículo 27 de la
Constitución, que exige que, allí donde hay fondos públicos, la educación
suponga como contrapartida la participación y el control de la comunidad
escolar; pero la consagrada en la LODE, y no la de los patronos de los
centros. Porque, con esta medida, se da el siguiente problema: los
centros concertados admiten en el primer curso de Primaria a los alumnos
que, previamente, y sin control alguno, han admitido en el nivel no
obligatorio de enseñanza infantil. Y así, nos encontramos con alumnos que
entran en un colegio privado a los tres años sin ningún sistema de
admisión y sin igualdad de oportunidades --sólo con el criterio de
admisión que el centro quiera establecer--, para aparecer más tarde con
gratuidad en Primaria y en centros concertados. Hecha la ley, hecha la
trampa. Pero esto no es justo, porque los siempre escasos dineros
públicos han de ser bien empleados, con justicia y solidaridad; y más aún
cuando hablamos de un bien tan preciado como es la educación.

Al ser imposible concertar todos los centros privados de educación
infantil, porque los recursos económicos para ello serían
extraordinarios, con nuestra enmienda proponemos que se establezcan
algunas prioridades para que con los fondos públicos se eviten
situaciones de injusticia y desigualdad. Por ejemplo, en el territorio
MEC --es decir, en aquellas regiones donde no se ha transferido la
enseñanza obligatoria-- los centros públicos escolarizan al 93 por ciento
de los niños gitanos --21.171, para ser exactos--, mientras que los
centros privados concertados sólo atienden al 7 por ciento restante
--1.562 alumnos--. Si nos atenemos a la población infantil inmigrante en
el mismo territorio, los centros públicos escolarizan al 89 por ciento de
los 23.105 alumnos existentes, y los centros privados, al 11 por ciento
restante.

Por ello, si hay centros que reciben fondos públicos para garantizar la
educación, éstos deben ser distribuidos por igual, y aquéllos --los
centros-- también deben acoger por igual a alumnos de minorías étnicas,
con problemas educativos especiales, etcétera, porque para eso están
recibiendo fondos públicos que la sociedad pone en manos del Gobierno
para corregir las desigualdades que en ella se den. Por tanto, nos
negaremos a que el dinero vaya a las familias, para que éstas elijan el
centro que quieran sin someterse a ningún criterio de admisión de alumnos
ni de participación democrática, constitucionalmente establecido en el
artículo 27, como ya he dicho.

Además, esta enmienda es coincidente con la proposición de ley que el
Grupo Popular presentó el 10 de abril de 1995, en la que mantenía que
para el sostenimiento de centros privados con fondos públicos se
establecería un régimen de conciertos al que podrían acogerse aquellos
centros que impartan el segundo ciclo de la educación infantil. Asimismo,
es la misma propuesta que está recogida en el pacto que las
organizaciones de educación --empresariales, sindicales y de las APA--
firmaron no hace mucho en la Fundación Encuentro.

Nuestra segunda enmienda pretende suprimir el párrafo cuarto del punto 1
del artículo 12, donde se habla de los conciertos en los niveles
postobligatorios y, concretamente, de los ciclos formativos de grado
superior. Como hay escasos recursos, no se justifica que se puedan
concertar niveles postobligatorios y se extiendan los conciertos
educativos por encima de la enseñanza obligatoria, más allá de los
centros que ya la tuvieran en el momento de aprobarse la Logse, en 1990.

Antes que destinar fondos a los ciclos formativos de grado superior,
contemplados en el artículo 31.2 de la Logse, entenderíamos que se
destinaran fondos públicos para niveles preobligatorios, siempre en las
condiciones que ya hemos expuesto. En este sentido, conviene recordar que
los estudios postobligatorios son aquellos que se cursan después del
Bachillerato y, por tanto, paralelos a la Universidad en cuanto a la edad
de los alumnos y a los requisitos de titulación, y para ello ya existen
mecanismos de financiación por la vía del Fondo Social Europeo en
cantidades suficientes para la iniciativa social privada.

Respecto de las enmiendas que afectan al artículo 15, su justificación se
basa en que por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado
aparecen los nuevos órganos de gestión de la sanidad pública, creados al
amparo de la Ley General de Sanidad mediante un Decreto-ley de 10 de
junio del pasado año, señalándose en el proyecto cómo va a ser el régimen
presupuestario de estas entidades de naturaleza o titularidad pública.

Nuestras enmiendas pretenden clarificar las relaciones en cuanto a las
retribuciones de su personal, que entendemos son las mismas que las del
personal laboral al servicio del sector público estatal, debiendo estar,
por tanto, sujetas al régimen retributivo previsto en el artículo 32 del
proyecto --sin que aparezcan elementos distintos de los ahí señalados--
y, asimismo, a la autorización de los organismos administrativos
competentes. Por eso, parece obvio que los incrementos retributivos que
les sean de aplicación se correspondan con el 2,1 por ciento, ya que
estas fundaciones son de titularidad pública y, por tanto, están
incluidas en el apartado j) del artículo 18 de esta ley presupuestaria.

Del mismo modo, parece coherente que el Ministerio de Economía y Hacienda
dé cuenta a las Cortes --como proponemos en nuestra enmienda-- de toda la
información recibida de dichas entidades, así como de los informes
emitidos.

Por último, nuestra enmienda al artículo 17 es muy sencilla: sólo
pretende que, donde se dice: «El porcentaje de participación en la
recaudación bruta obtenida en 1998 derivada de los actos de liquidación y
gestión recaudatoria o de otros administrativos acordados o dictados por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria será de un 18 por
ciento», se sustituya dicho porcentaje por el del 16 por ciento, al
considerar que el porcentaje existente en la actualidad es suficiente
para garantizar el correcto funcionamiento de la misma.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para turno en contra, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.




El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En cuanto a las enmiendas presentadas por los Senadores Nieto Cicuéndez y
Román Clemente, al haberse



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dado por defendidas en sus propios términos para su debate en el Pleno, y
dado que prácticamente todas ellas se refieren a la Agencia Tributaria,
también voy a dejar el turno en contra, más aclaratorio, para el momento
del Pleno, suponiendo que desde estos momentos hasta entonces no se
produzca alguna variación que varíe el sentido de nuestro voto.

Con respecto a las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos,
en cuanto a la número 736, es cierto que no aumenta el gasto en los
Presupuestos Generales del Estado tal como la presenta dicho Grupo. Pero
entendemos que los programas de garantía social --dados los contenidos,
estudios y las prácticas que comprenden-- quedan suficientemente
protegidos económicamente con relación a los importes que se fijan para
la Formación Profesional de Primer Grado. Por tanto, salvo alguna
matización, podríamos decir que vamos a votar en contra de dicha
enmienda.

En relación con las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, y por
lo que se refiere a la número 764, entendemos que el texto del proyecto
recoge perfectamente el modelo económico de distribución de fondos
públicos para el sostenimiento de centros concertados. No creemos, pues,
que sea necesario variarlo, por lo que votaremos en contra de dicha
enmienda. Asimismo votaremos en contra de la enmienda número 765, por
coherencia con lo que acabo de exponer sobre la número 764.

En cuanto a las números 766, 767 y 768, que ha defendido el portavoz
socialista, ahora mismo no estamos en condiciones de modificar nuestra
posición con respecto al contenido de los artículos que dicho Grupo
pretende enmendar. En cualquier caso, no vamos a dejar cerrada ningún
tipo de posibilidad, por lo que en el Pleno podremos abordar ampliamente
esta cuestión.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Abrimos turno de portavoces. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Por tanto, pasamos al debate de las enmiendas correspondientes al Título
III, relativo a los gastos de personal, artículos 18 a 33.

A este Título se han presentado las enmiendas números 135 a 154, por
parte de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En relación con este Título, consideramos que se debe tener en cuenta lo
que se ha pactado entre la Administración y los sindicatos; por tanto, se
debe crear un fondo para la revisión salarial de los funcionarios. Y de
ahí nuestra propuesta: que se añada un capítulo para este tema.

En cuanto al resto de las enmiendas, guardan relación con lo que
brevemente argumenté sobre el veto, es decir, con la necesidad de que el
Estado prevea el concurso de plazas a todos los niveles --que
especificamos bastante detalladamente-- y propicie los contratos fijos en
sustitución de los contratos de interinos y de los contratos precarios
existentes en la Administración, para que ésta dé ejemplo de lo que se ha
pactado en la reforma laboral entre los sindicatos y la patronal y
posteriormente se ha legislado. Por tanto, queremos que la Administración
sea un elemento dinamizador de empleo y saque a concurso las plazas
vacantes, que son bastantes.

En ese marco se plantean todas estas enmiendas. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

También se ha presentado la enmienda número 737, del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos.

Tiene la palabra el señor Gangoiti para su defensa.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda que presenta nuestro Grupo es de modificación, y con ella
pretendemos que las retribuciones integras al personal de las Comunidades
Autónomas puedan ir por encima del 2,1 por ciento, cuando el Consejo de
Política Fiscal y Financiera acrediten que dichas Comunidades Autónomas
están cumpliendo los criterios de convergencia exigidos respecto al
déficit público y endeudamiento.

Bajo nuestro punto de vista, aquellas Comunidades Autónomas que cumplan
esos criterios y que, en consecuencia, estén dentro de los parámetros
exigidos para acceder al euro, deben poder llevar a cabo un incremento de
esas retribuciones superior al 2,1 por ciento.

También consideramos que no es procedente, incluso constitucionalmente,
el mandato a los presupuestos de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones locales de que reproduzcan la normativa básica.

En consecuencia, éste es el sentido de la enmienda que presentamos, la
número 737.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha
presentado la enmienda número 1.272.

Tiene la palabra el señor Cambra para su defensa.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Voy a intervenir muy brevemente para defender
la enmienda número 1.272, que tiene por objeto añadir un párrafo al
artículo 19, tercero, de la Ley.

El objetivo es dar mayor flexibilidad a la implementación de la LOGSE,
dado que, además, ello se produce dentro de una transitoriedad lógica en
una adaptación de esas características.

Con este objetivo, pretendemos que se puedan nombrar funcionarios
interinos docentes y de personal de administración y servicios destinado
en centros docentes públicos como excepción.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas números 769
a 773.

Tiene la palabra el señor Arévalo Santiago para su defensa, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista.




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El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.

El Título III --gastos de personal-- afecta a más de 2 millones de
familias españolas y es uno de los títulos que más debate proporcionan
siempre, tanto en el trámite de discusión de los Presupuestos Generales
del Estado como en la opinión pública.

En los Presupuestos del año 1997 nosotros formulamos una enmienda con un
texto alternativo a todo el Título. Era el año de la congelación
salarial, la cual nosotros tanto criticamos porque era una materia
agotada al haber habido otras congelaciones salariales anteriores para
todos los empleados públicos y era necesario que no se aplicaran más
reducciones a los ingresos de dichos empleados. No se nos hizo caso y me
da la impresión de que este año tampoco.

La congelación que se produce este año es la del poder adquisitivo de
todos los empleados públicos. Hay un incremento del 2,1 por ciento, pero
esto supone que el poder adquisitivo que se ha ido perdiendo por parte de
los empleados públicos sigue así, ya que en el proyecto de los
Presupuestos Generales del Estado no se arbitra ninguna otra fórmula que
pueda mejorar su condición salarial.

Por esa razón, nosotros hemos formulado esta enmienda por la que
intentamos un incremento adicional de las retribuciones del personal del
sector público. La enmienda número 769 está relacionada con la enmienda
número 825, que pretende añadir una disposición adicional nueva por la
que se incrementa en un 1 por ciento de la correspondiente masa salarial
las retribuciones del personal al servicio del sector público estatal, de
tal modo que, con una cantidad que calculamos en unos 28.000 millones de
pesetas, pudiera cubrirse modestamente --porque tampoco es una cifra que
cumpla todos nuestros deseos--, por lo menos en parte, aquello a lo que
nosotros aspiramos.

Pero sigue sin cumplirse por parte del Gobierno la Ley de 1990, que
regula las condiciones de negociación colectiva de los empleados
públicos, y durante este tiempo no se ha llevado a cabo la negociación
ni, por tanto, se han puesto las condiciones precisas para que lo que hoy
se recoge en los Presupuestos Generales del Estado hubiera sido
consecuencia de la negociación entre los empleados públicos y el
Gobierno.

No ha sido así. Se ha negado, por tanto, el derecho a la negociación
colectiva, que está recogido en la Ley, y se ha vulnerado una vez más el
acuerdo para 1994 a 1997, en vigor, que fue puesto en práctica por el
Gobierno anterior, pero que, en cambio, ha sido constantemente evitado
por el actual.

Debido a todo esto, los salarios han evolucionado por debajo del IPC.

Resulta que va bien la economía española, pero hay unos que tienen que
sufrir su parte mala y, en este caso, son los empleados públicos, a los
que de nuevo se les congela el poder adquisitivo, lo que quiere decir que
se les reduce su capacidad adquisitiva.

La subida debería haber sido del 2,6 por ciento en lugar del 2,1 por
ciento, que, sin ser una cantidad que supusiera ningún trastorno a
efectos del conjunto de los Presupuestos, por lo menos habría iniciado
una recuperación en el poder adquisitivo de los empleados públicos.

Señor Presidente, pasamos a la enmienda número 770, que está en la misma
línea de la que acabo de defender. Sucede lo mismo que hace un año en que
se limitaban sólo al 25 por ciento las plazas vacantes que podían ser
puestas a disposición de la oferta pública de empleo.

De nuevo nos encontramos con el mismo 25 por ciento que el año pasado
criticamos y de nuevo lo tenemos que hacer y con una formulación nada
exagerada: que sea el 50 por ciento de la tasa de reposición de
efectivos. De esta manera, seguramente se mejoraría la calidad de los
servicios y, sobre todo, se permitiría el acceso al empleo público de los
jóvenes.

Esta reducción al 25 por ciento de la tasa de reposición va en contra de
la teórica política de empleo por la que se da prioridad a subsanar el
defecto que tiene el empleo en España en estos momentos, el desempleo
agobiante. Podría ser una medida que mejorara la situación del empleo y,
sin embargo, la empeora. Pero con esta situación ya nos encontramos el
año pasado, nos volvemos a encontrar este año y mucho me temo que el año
que viene también sea así.

La enmienda número 771 intenta ampliar al sector sanitario público las
excepciones que, a efectos de esa limitación a la que acabo de referirme,
se procuran para otros sectores, como la educación o las policías
autónomas. Si a la sanidad, que tiene la importancia que indudablemente
tiene y que todo el mundo reconoce, se le aplicará también este criterio,
que es excepcional dentro del proyecto de ley, seguro que funcionaría
mucho mejor o, al menos, no se producirían tantas injusticias.

La enmienda número 772, se refiere a esta llamativa forma de remunerar a
los Secretarios de Estado. Se ha discutido ya tanto sobre esto, que sólo
queda apostillar unas cosas más. Si antes los Secretarios de Estado
estaban cobrando de los consejos de administración de empresas públicas y
ahora no, porque éstas han pasado a ser privadas, resulta que, en primer
lugar, el Partido Popular se contradice a sí mismo. Hay que ver la de
críticas que tuvimos que escuchar en etapas anteriores cuando los altos
cargos de la Administración percibían algo de los consejos de
administración de las empresas públicas.Y en su programa electoral, el
Partido Popular, además de arremeter contra eso, aseguró que ellos jamás
permitirían que los Secretarios de Estado, que los altos cargos de la
Administración, percibieran nada como miembros de dichos consejos de
administración de las empresas públicas. Es más, no pertenecerían a los
consejos de administración de las empresas públicas.

No sólo no cumplieron esto, sino que abusaron enormemente de una
situación que ellos criticaban. Pero ahora, como se quedan sin esos
ingresos, no se les ha ocurrido otra cosa que pasarles a remunerar en el
Capítulo de incentivos de productividad lo que de la otra manera dejan de
percibir, además intentando ocultarlo, hasta que se descubrió, porque era
muy fácil descubrirlo. Así, en el momento en el que se detectó, se vio
que no tenían ninguna justificación para hacer lo que han hecho. Los
Secretarios de Estado pasan de esta manera a disfrutar de una
remuneración nada transparente que, en cambio, les viene a solucionar el
problema, ya que, según dicen, estaba muy bien que percibieran esos
ingresos como miembros de los consejos de administración y, por lo visto,
les



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compensa lo que han dejado de percibir. No sabemos si habrá otras cosas
también muy poco transparentes por las que puedan seguir percibiendo
remuneraciones que no están claramente expuestas en los Presupuestos.

Finalmente, nuestra enmienda número 773 pretende recordar al Gobierno su
promesa de cómo se debe pagar a los que cumplen el servicio militar. Lo
habían anunciado igualmente en su programa electoral y ponían como
referencia el salario mínimo para remunerar a los soldados, a los que
cumplen el servicio militar obligatorio. Nosotros, muy modestamente, sólo
pedimos que sean 10.000 pesetas mensuales las que perciban aquellos que
cumplen dicho servicio militar obligatorio.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para turno en contra, tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor
Espert.




El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Gracias, señor Presidente.

Muy brevemente, voy a contestar en conjunto a los distintos apartados a
que se refieren las enmiendas presentadas por los distintos grupos,
aunque anticipo que la postura del Grupo Popular va a ser votar en contra
de dichas enmiendas.

Hay un primer grupo de enmiendas que se refieren a la cuantía retributiva
de los empleados públicos, de los funcionarios públicos. En un loable
intento --que me atrevo a calificar de demagógico-- de ganarse a esos
funcionarios públicos, parece ser que la pérdida de poder adquisitivo se
imputa al Partido Popular, cuando, en el momento actual y en los
Presupuestos que ahora estamos debatiendo, no puede hablarse de ninguna
pérdida de poder adquisitivo, ya que ese 2,1 por ciento que se fija como
incremento salarial, no es una cifra arbitraria, sino el resultado de un
estudio riguroso sobre la estimación de crecimiento del IPC. Es cierto
que el pasado año cayó sobre los funcionarios la carga de asumir unos
criterios de austeridad que se establecían en los Presupuestos del año
anterior. Pero dichos criterios de austeridad redundaron --o alguna
influencia tuvieron-- en la bonanza económica que estamos teniendo en la
actualidad, y ello nos permite afirmar, sin duda, que la pérdida del
poder adquisitivo no ha sido igual a la pérdida del incremento que
dejaron de tener en el pasado ejercicio.

Si hay un poder adquisitivo que de alguna forma habría que recuperar,
habrá que imputarlo a congelaciones salariales anteriores al Gobierno del
Partido Popular y, desde luego, en situaciones económicas de carácter
general mucho peores y de peor condición para todos los funcionarios y
para los ciudadanos en general.

En realidad, quedan así contestadas las enmiendas presentadas por los
distintos grupos en relación con la retribución de los funcionarios
públicos.

Una especificidad tiene la enmienda presentada por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, que pretende excepcionar del carácter básico o de
la limitación del 2,1 por ciento a aquellas Comunidades Autónomas,
respecto de sus funcionarios, que cumplan los criterios de convergencia.

No podemos apoyar este criterio porque la norma en sí responde a la
capacidad de coordinación de la planificación general de la actividad
económica que, según el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, es
competencia exclusiva del Gobierno. Además, hay jurisprudencia del
Tribunal Constitucional reiterada, en la que se dice que los topes
máximos al incremento global de las retribuciones de los empleados
públicos por todos los conceptos, es una medida económica general de
carácter presupuestario dirigida a contener la expansión relativa de uno
de los componentes esenciales del gasto público, de tal modo, que dicha
decisión coyuntural y de eficacia limitada, está perfectamente
justificada constitucionalmente en razón de una política de contención de
la inflación a través de la reducción del déficit público.

Por lo que se refiere a otro grupo de enmiendas, presentadas tanto por el
Grupo Socialista como por el Grupo de Izquierda Unida, del Grupo Mixto,
en relación con eliminar la limitación de que el número de plazas de
nuevo ingreso sea inferior al 25 por ciento de la tasa de reposicion de
efectivos, se nos ha dicho en este acto que esto es contrario a la
política de empleo. Entendemos que no es el Estado quien tiene que crear
empleo, el empleo lo crea la iniciativa privada. Sin embargo es contrario
a la política de austeridad que preside estos Presupuestos y que creemos
ha tenido efectos muy positivos en la economía general. No cabe duda de
que el traspaso de competencias de la Administración central a las
Comunidades Autónomas debía haber supuesto un adelgazamiento paralelo de
aquella Administración central, que no se produjo en realidad, y estamos
en una fase en que hay que ajustar las nuevas contrataciones, los nuevos
ingresos, para conseguir una optimización de los recursos humanos de las
Administraciones públicas.

Aquellas enmiendas que, dentro de este apartado, pretenden excepcionar
las plazas en materia de asistencia sanitaria, o la enmienda presentada
por el Grupo de Convergència i Unió, que se refiere a excepcionar el
nombramiento de funcionarios interinos y de personal de la Administración
y servicios destinados en centros docentes públicos, entendemos que
propone una reiteración inútil porque ya el precepto del artículo 19.3
hace una excepción, una salvedad. Dice: Salvo en casos excepcionales y
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. Creemos que cualquier
excepción cabe dentro de esa salvedad que establece del texto del
proyecto de ley.

Por último, hay una serie de enmiendas relativas a la fijación de
retribuciones de los altos cargos, a la necesidad de convenir o pactar
todo lo que se refiere al complemento de productividad, con una insólita
incidencia que hace el Grupo Socialista en relación a la retribuciones de
los Secretarios de Estado.

Debo decir simplemente, en relación a esto último, que es una mera
aplicación de la Ley del Gobierno y de la Ley de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado que acaba con
dudas que existían con anterioridad. Los Secretarios de Estado no son ya
miembros del Gobierno. Queda claro que quedan excluidos del concepto de
miembro del Gobierno y, por tanto, su régimen retributivo ha de ser el
fijado para todos los funcionarios por la Ley 30/1984, y entre ellos es
perfectamente aplicable el complemento de productividad que, regulado en
el artículo 23 del proyecto de ley, apartado E), queda sujeto a
determinados



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elementos objetivos de fijación y a determinados controles que hacen que
sea un complemento que podemos calificar de objetivado al máximo y
sometido a los controles necesarios.

Quiero, finalmente, aludir a una enmienda de los Senadores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Mixto, que, aun cuando no ha sido
defendida en este acto, establece determinadas cautelas o garantías en
relación con la contratación de personal con cargo a los presupuestos de
inversiones. Creemos que las cautelas que establece el artículo 33 del
proyecto son más que suficientes y que, por lo que se refiere a la
comunicación con los sindicatos, los contactos entre el Ministerio de
Administraciones Públicas y los sindicatos son suficientemente fluidos
para garantizar el tema que se propone en la enmienda.

Por último, en cuanto a la enmienda que hace referencia a la retribución
o prestación que reciban los militares de reemplazo, si se observa el
concepto presupuestario 140.01, podemos llegar a la conclusión de que,
teniendo en cuenta la estancia promedio y el número de soldados que
pueden ser objeto de reemplazo en 1998, la cifra prevista se acerca
bastante a la que puede proponer el Grupo Socialista.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En turno de portavoces, ¿hay alguna intervención? (Pausa.) Muchas
gracias.

Pasamos a continuación al debate del Título IV, de las Pensiones
Públicas, artículos 34 a 43; el Título VIII, Cotizaciones Sociales,
artículos 87 y 88, y la Sección 7, Clases Pasivas.

Hay presentadas las enmiendas números 186, 187 y 188, del señor Nieto,
que tiene la palabra para su defensa.




El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.

Las tres enmiendas presentadas a este Título tienen como objetivo, por un
lado, limitar las horas extraordinarias y, por otro, regularlas y buscar
incentivos, en la línea de ir a sustituir estas horas extraordinarias
para incentivar lo que nosotros consideramos que debería ser prioritario,
que es la creación de empleo.

Nada más. Gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nieto.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene presentada
la enmienda número 739.

Tiene la palabra para su defensa el señor Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente.

Con esta enmienda nosotros lo que tratamos es de acabar de una vez por
todas con la discriminación que existe en el régimen de cotización de la
flota de bajura de todo el Estado. En definitiva, lo que pedimos es que
se establezca un régimen de cotización igual para todos los grupos de
clasificación que componen este subsector de nuestra flota pesquera.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El Grupo Parlamentario Socialista tiene presentadas las enmiendas 774 a
782.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Con la mayor brevedad, simplemente voy a hacer una referencia a las
enmiendas del Grupo Socialista, que voy a intentar agrupar de manera
temática.

En primer lugar, nosotros tenemos un grupo de enmiendas que vienen
llamadas por la necesidad de sujetar la lucha contra el fraude que esta
Administración y la anterior desarrollaba en el cobro indebido de
prestaciones públicas a los derechos de los beneficiarios del sistema.

Por ejemplo, creemos que es muy razonable que cuando se ha producido el
cobro de una prestación indebida, en algunos casos simplemente por
equívocos o por problemas de interpretación diferentes entre la
Administración y el administrado, se ponga un límite tan razonable como
tres veces el cómputo de la prestación que se reciba para el cobro de
estas prestaciones indebidas por parte de la Administración al
administrado.

También vemos necesario que se aclare de manera mucho más precisa cuál es
el criterio que la Administración utiliza para regular el cobro de
cantidades que son compatibles con la percepción de complementos al
mínimo por parte del sistema. La actual redacción de los Presupuestos del
Estado, tanto respecto al año 1997 como a los anteriores, provocaba
problemas de interpretación que en el año 1997 se han agudizado
expresamente, porque se habla de ingresos de trabajo o capital, y a veces
un exceso de celo por parte de algunos funcionarios de la Administración
lleva a que se computen como ingresos de capital los rendimientos brutos,
a veces incluso la cifra de ventas de una pequeña explotación comercial,
con lo cual se está generando un problema gravísimo, porque,
evidentemente, lo que debe computarse como ingresos a todos los efectos
son aquéllos que la actual Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas considera que son computables como rendimientos, y no
otros ingresos. En este sentido, nosotros proponemos, por lo tanto, que
se precise la redacción y que donde el proyecto del Gobierno habla de
ingresos de trabajo o de capital se hable de ingresos efectivamente
computables como rendimientos del trabajo o del capital.

Volvemos a plantear, a los artículos 41 y 42, otra enmienda que ya
planteamos el año pasado, en relación con la actualización de las
cantidades que son compatibles con la percepción del complemento al
mínimo. En el año 1996, en España no hubo ley de presupuestos generales
del Estado. No fue una decisión de los socialistas, sino de los grupos
que en aquellos momentos decidieron vetar el proyecto. Como consecuencia
de esa ausencia de ley, no se actualizaron ese año las cantidades que son
compatibles con la percepción de complementos al mínimo, y esta no
actualización se viene arrastrando en el año 1997 y, si no se remedia con
la aceptación de la enmienda de los socialistas, se vendrá arrastrando en
1998, con lo cual en la práctica hay un grupo de unas 10.000 ó 15.000
personas que han visto recortadas sus pensiones, puesto que tenían
ingresos que han ido creciendo, como es lógico, y, sin embargo, no ha
crecido en la misma cuantía la cifra



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que los compatibilizaba con la percepción de complementos al mínimo. Nos
parece, sinceramente, que no es razonable hacer pagar a los
administrados, a los beneficiarios de la Seguridad Social, una
contingencia tan coyuntural como es el hecho de que en 1996 en España, al
no haber ley de presupuestos, no se pudieran actualizar estas cuantías.

Proponemos, en aras a completar las medidas de mejora de la protección
social que desarrollamos los socialistas en los 13 años de gobierno, que
se establezca una pensión mínima para los pensionistas de más de 60 años
con incapacidad permanente total. Es muy difícil que esas personas, a
esas edades, puedan compatibilizar su pensión con un trabajo, y, en este
sentido, hay que llamar la atención sobre el hecho de que si lo
compatibilizaran con un trabajo distinto al de su profesión habitual,
porque eso es lo que supone la incapacidad permanente total, no les sería
de aplicación este precepto, puesto que desbordarían los ingresos
compatibles con la percepción de complementos a mínimos. Pero los mayores
de 60 años que sean pensionistas de incapacidad permanente total, en
algunos casos, fundamentalmente en el de personas que invalidaron a los
30 ó 40 años, es decir, hace mucho tiempo, la actualización de la pensión
se ha producido en cuantías inferiores a lo que sería razonable. Tenemos
un porcentaje muy pequeño de personas, pero muy significativo en sus
carencias, que tienen pensiones muy inferiores a las mínimas reconocidas
por el sistema para otras contingencias, para lo cual consideramos
razonable establecer una cuantía de pensión mínima que, en todo caso,
entendemos que no incrementará en mucho el gasto de la Seguridad Social,
puesto que se refiere a un colectivo pequeño de personas.

Asimismo, consideramos razonable que se produzca una igualación para las
viudas con una edad inferior a los 60 años. Esta actualización se ha
producido de manera parcial en el trámite en el Senado con una enmienda
del Grupo Popular, pero la refiere únicamente a personas que tengan
cargas familiares y, a nuestro juicio, debe también alcanzar a aquellas
viudas que no tienen cargas familiares.

En el ámbito de medidas de reforma de la Seguridad Social, hemos
presentado dos enmiendas a las disposiciones finales que voy a dar por
defendidas porque tienen relación con este Título, por las que pedimos al
Gobierno que pacte con los interlocutores sociales y con los grupos que
hicimos el seguimiento del Pacto de Toledo la armonización paulatina de
los tipos de cotización de los regímenes especiales que presentan
singularidades no justificadas, fundamentalmente el régimen de empleadas
de hogar y el régimen de trabajadores por cuenta ajena del sector
agrario.

Se ha producido una actualización «de facto» este año en los Presupuestos
con una subida de tipos del 4,3 por ciento de las bases de cotización,
que es superior con mucho al incremento de precios al consumo. No
obstante, no hemos enmendado esta subida porque entendemos que es
razonable que estos regímenes vayan acercando sus tipos al menos
mínimamente, a los del régimen general, pero creemos que el Gobierno debe
pactar con todos los grupos políticos que suscribimos el Pacto de Toledo
de qué manera se va a producir la actualización en futuros ejercicios.

Asimismo, pretendemos que el Gobierno pacte con las centrales sindicales
y con las organizaciones empresariales más representativas qué políticas
activas de empleo pueden hacerse a través de una reducción de los tipos
que en estos momentos en la Seguridad Social ya vienen produciendo una
situación paradójica, y es que las cotizaciones de los trabajadores y
empresarios para el desempleo no solamente están subvencionando el
régimen contributivo de estas prestaciones, sino también las prestaciones
no contributivas que debería abonar el Gobierno con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.

Nosotros entendemos que ahí sí hay un margen para desarrollar políticas
activas de empleo e incentivos a la contratación, a partir de una
reducción de las cargas sociales que no ponga en peligro el equilibrio
del sistema, y pretendemos que el Gobierno discuta con los agentes
sociales esta cuestión.

Por otra parte, esta enmienda no vendría sino a reconocer una voluntad
que ha sido relativamente expresada por altos cargos del Ministerio de
Trabajo, que han anunciado la apertura de conversaciones con estos
agentes sociales para ver en qué medida España va a acogerse a las
directrices de la Cumbre de Luxemburgo, celebrada los días 20 y 21 de
noviembre pasado, en materia especial de empleo. En este sentido, si el
Gobierno ya va a discutir con los agentes sociales el cumplimiento de los
acuerdos de Luxemburgo, como uno de esos acuerdos es el que nosotros le
pedimos que discuta con los agentes sociales, no habría demasiado
inconveniente en aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para turno en contra, tiene la palabra el señor Martín Iglesias.




El señor MARTIN IGLESIAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Dentro del Título IV, de las pensiones públicas, voy a hacer la defensa
de los Capítulos I, II, III y V, ya que el Capítulo IV lo defenderá mi
compañero el Senador Angel Fernández. Voy a procurar ser muy breve porque
tendremos oportunidad de hacerlo también en el Pleno.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Granado, nos
plantea una serie de temores, de dudas, de preocupaciones, y creo que no
tiene por qué estar preocupado porque, entre otras cosas, si algo tienen
estos Presupuestos es que, evidentemente, van a garantizar las pensiones
de nuestros mayores y, sobre todo, la revalorización de las pensiones con
ese incremento del 2,1 por ciento. Esto, a su vez, ha sido mejorado tanto
por las enmiendas presentadas a este Título por el Grupo Parlamentario
Popular como por las enmiendas presentadas en Ponencia por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

En cuanto a las enmiendas números 774, 775 y 776, me llama especialmente
la atención la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista al
artículo 38, porque pretende suprimir lo que en realidad es una remisión
a la Ley. Su señoría decía que las normas deben predicar seguridad
jurídica. Desde luego que deben predicar seguridad jurídica, pero
entenderá que, además



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de esto, otra de las características debe ser la generalidad. Yo
invitaría a los grupos parlamentarios a que colaborasen para que la
seguridad jurídica fuera corroborada y aseverada.

Tanto en el artículo 37 como en el 38, a los que se refieren las
enmiendas, no encontramos ninguna inquietud. Por tanto, convendría que
nos ciñéramos a lo que realmente queremos.

Creo que están excesivamente preocupados; no se preocupe, señor Senador,
porque lo importante de todo esto es que se mantiene el poder adquisitivo
de las pensiones,y eso es lo que en realidad nos tiene que preocupar a
todos los grupos parlamentarios aquí presentes, el que todos el día de
mañana cobremos y que nuestros mayores tengan garantizado algo que, entre
otras cosas, les va a proporcionar lo que es la seguridad en sí mismos,
esa estabilidad emocional que viene condicionada, entre otros, por ese
factor económico que, indudablemente, va a influir en la mejora de su
situación personal.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El señor Fernández tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Las enmiendas números 186, 187 y 188, presentadas por los Senadores don
José Nieto Cicuéndez y don José Fermín Román Clemente, del Grupo Mixto,
al artículo 87, se refieren a la prohibición de las horas
extraordinarias. Creo que esto ya lo habíamos debatido en anteriores
sesiones y entiendo que no es cuestión de reflejarlo en los Presupuestos
Generales del Estado, sino más bien de que incidan tanto las empresas
como los representantes de los trabajadores para que, a través de los
convenios colectivos, regulen y lleguen a acuerdos con el fin de que esas
horas extraordinarias se den en la menor medida posible.

Por tanto, no veo que encaje en este proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado. Tengo que aclarar que estas enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto se refieren, precisamente al Título VIII, artículo
87.

La enmienda número 739, al artículo 87, apartado 6.º, párrafo 2
presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
propone el establecimiento de un régimen de cotización igual para todos
los grupos de clasificación que componen la flota pesquera de bajura
española. Esto ya se debatió en los Presupuestos del año pasado. En ese
sentido, felicito al grupo enmendante por su constancia, y considero que
fuera de lo que es el propio debate del Proyecto de Ley de Presupuestos
tendremos que llegar a algún acuerdo en lo referente a la racionalización
del sistema de Seguridad Social emanante de los Pactos de Toledo. Sin
embargo, no creo oportuno introducir esta enmienda de modificación al
apartado 6.º, párrafo 2.

Respecto a las enmiendas defendidas por el Grupo Parlamentario
Socialista, la número 778, pretende reponer en sus términos históricos
las rentas compatibles con el complemento a mínimos, desactualizadas
desde 1996 por ausencia de Presupuesto en tal ejercicio. Consideramos que
los complementos a mínimos están perfectamente regulados entre la pensión
real que le daba derecho a su cotización a partir de la Ley 26/1985, y lo
que periódicamente se vino fijando como pensión mínima a percibir, es
decir, esa diferencia con cargo al complemento a mínimos se sigue
contemplando. Esta enmienda pretende que se tengan en cuenta las rentas
compatibles con el complemento a mínimos. Siguen siendo las mismas, sólo
que se les va añadiendo la revalorización o índice del IPC año tras año.

Por lo tanto, las rentas que se contemplan son otras distintas a la que
percibe por el propio sistema de pensión.

La número 777, referida a los ingresos de trabajo o de capital, viene a
ser la misma que la anterior, especificando los requisitos exigibles para
el reconocimiento del complemento para mínimos. Estimo que está lo
suficientemente clara en estos momentos. Además, ustedes saben que está
previsto cambiar el propio sistema económico de complemento a mínimos
dentro del período transitorio existente para llevar a buen término todas
las recomendaciones del Pacto de Toledo y las conversaciones con los
interlocutores sociales, que yo creo que es lugar más apropiado para
llevar a término estas posibles reformas.

Con respecto a la 779, que prentende sustituir «ingresos de capital o
trabajo personal» por «ingresos efectivos computables como rendimientos
de trabajo o de capital» tengo que decir que efectivamente, hay una forma
única de interpretación: son rentas de trabajo o rentas de capital las
que determinan los ingresos mínimos o máximos que puede tener una persona
para acceder al complemento a mínimos. Por lo tanto, ésa es nuestra
posición.

Por la número 780, se propone que el importe de las cuantías para el
reconocimiento de complementos para mínimos en las pensiones del Sistema
de la Seguridad Social se cifre en las siguientes cantidades. Se trata de
volver a modificar lo mismo que pretendía la enmienda 778, y tiene como
justificación reponer en sus términos históricos las rentas compatibles
con el complemento de míninos, que de alguna forma ya estaba previsto en
la enmienda anterior. Por lo tanto, en coherencia con lo anterior
manifestamos que no es posible admitir la enmienda.

La número 781 propone la inclusión de un nuevo colectivo de beneficiarios
entre los que tienen derecho a pensiones mínimas para solucionar el grave
problema de estos inválidos, algunos con cuantías incompatibles con el
mínimo vital y que no tienen reconocidas ni siquiera las rentas que
corresponderían a sus viudas en caso de fallecimiento del titular. Señala
invalidez permanente total con más de 60 años. Señorías, no podemos
admitir esta enmienda en estos momentos, y estimamos que debe ser objeto
de una negociación conjunta con los interlocutores sociales y las fuerzas
políticas, buscando el mayor consenso posible entre los mismos, teniendo
en cuenta todas las posibilidades que en ese momento disponga el Estado
para beneficiar a todos aquellos que tengan mayor necesidad de mejorar
sus ingresos por la vía de las pensiones públicas.

La 782 propone la modificación de las cuantías de las pensiones de
viudedad. En esta materia, ha habido una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular coincidente con otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, modificando una de las tablas



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que determinan la pensión de viudedad para menores de 60 años.

Señorías, no es cierto que se exijan ciertas condiciones de cargas
familiares para tener acceso a la revalorización que se contempla en los
Presupuestos de 1998. Asimismo, hay otras pensiones como la pensión de
viudedad que, al no tener esas cargas familiares o ingresos distintos, no
tendrían acceso a la misma, sino que continuarían con la vigente con la
revalorización correspondiente. Ello no se debe a ninguna decisión
caprichosa ni mucho menos, sino que responde a ese período transitorio de
adaptación de todas las pensiones de viudedad con edad inferior a 60 años
para igualar las mismas a la de aquéllas que tengan entre 60 y 64 años,
pero no es el período transitorio el que determina los propios acuerdos
con la revalorización y reordenación del Sistema de Pensiones.

Por todo lo expuesto, señor Presidente, vamos a votar en contra de las
enmienda presentadas a este Título.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Pasamos al Título V, Operaciones financieras; artículos 44 a 53 y Anexo
III, Operaciones de crédito autorizadas a organismos autónomos públicos y
sociedades estatales y Sección Sexta del gasto.

Se ha presentado la enmienda número 206, del Senador Nieto Cicuéndez y
Román Clemente.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Nieto.




El señor NIETO CICUENDEZ: Con brevedad, debo señalar que con la misma se
pretende incrementar la partida para el Ente Público RTVE, sustituyendo
la cifra que aparece por 130.488 millones de pesetas. Tiene su motivación
en que hay que dotar a la Televisión Española con los elementos
económicos suficientes para poder cumplir sus funciones.

Nada más, gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Se ha presentado la enmienda 1.275, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.

Para su defensa, tiene la palabra su señoría.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda 1.275 tiene por objeto modificar el actual contenido del
apartado 2 del artículo 48, autorizando al Ente Público Puertos del
Estado y Autoridades Portuarias para que la Autoridad Portuaria de
Barcelona avale una operación de crédito del Banco Europeo de Inversiones
a favor de la sociedad «International Trade Center Barcelona, S. A.»,
hasta un límite del 51,09 por ciento. La ampliación de 2.295 millones a
5.875 tiene como finalidad permitir que se pueda prestar el aval por la
totalidad de su participación en la operación prevista con el Banco
Europeo de Inversiones de 11.500 millones de pesetas.

Sobre este tema hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, la 1.133. Esperamos, por tanto, que con ambas enmiendas se pueda
llegar a una transacción que permita incrementar la cantidad de 2.295
millones de pesetas, pero esto, en ningún caso, debe representar que la
autoridad portuaria, en cada tramo de la operación, preste un aval por
encima del porcentaje en el que participa en la sociedad.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Las enmiendas 783 a 788 y 832 han sido presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra su portavoz.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a dar por defendidas en sus propios términos las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista que hacen referencia al Ente Público
Radiotelevisión Española porque mi compañera, la Senadora Arnáiz,
defenderá las relativas a los presupuestos del Ente Público argumentando
globalmente el contenido de las mismas.

El resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al Título V
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado hacen una simple
referencia a lo que, a nuestro juicio, es una obligación inexcusable del
Gobierno para con el Parlamento la de informar debidamente al Poder
Legislativo de los avales que preste la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, de las operaciones de crédito que se
autorizan en el Anexo III de la Ley de Presupuestos y de la obligación,
que, a nuestro juicio, debe asumir el Gobierno, no delegándola en
terceros, de autorizar operaciones concretas por valor de más de 1.000
millones de pesetas porque, en caso contrario, pudiera ocurrir que el
Gobierno en un momento dado tuviera que hacer frente a responsabilidades
adquiridas por decisiones tomadas por terceros.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Para un turno en contra y la defensa de las enmiendas 1.132 y 1.133,
tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular.




El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda 1.132, del Grupo Parlamentario Popular, permanece viva y
solicita la inclusión de un nuevo apartado c) en el artículo referido a
los avales del Estado. En dicho apartado se autorizan avales hasta un
límite de 4.500 millones de pesetas, pero dentro del total señalado en el
propio artículo, para la adquisición de buques. Nuestro Grupo está a
favor de esta enmienda porque cree que favorecerá la actividad en ese
sector.

La enmienda 1.133 autoriza la concesión de avales a la Autoridad
Portuaria de Barcelona y a la Sociedad Internacional Trade Center
Barcelona por un importe de 2.295 millones de pesetas. Tiene el mismo
objeto que la que ha defendido el portavoz del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, aunque ésta solicita una cantidad mayor. Nosotros
defendemos, en principio, nuestra cantidad, independientemente de que a
lo largo del debate de la Comisión se pueda estudiar la posibilidad de
una enmienda transaccional entre ambas.

Respecto de las enmiendas a este Título que hacen referencia a las
modificaciones en la financiación de Radiotelevisión



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Española, nuestro Grupo fijará su posición en el momento en que se debata
el Presupuesto del Ente Público Radiotelevisión Española.

Las restantes enmiendas, que son ya poco numerosas, no añaden en sí nada
a lo que ya viene dicho en el propio texto de la ley. Es decir, los entes
públicos no necesitan una autorización adicional por parte del Gobierno.

Si los organismos autónomos y entes públicos tienen autorización en esta
Ley para hacer avales, es el propio Parlamento el que les avala. En
consecuencia, consideramos que es duplicar la autorización el que el
Gobierno les autorice para realizar operaciones mayores de 1.000
millones, puesto que, en principio, tiene más legitimidad la autorización
que se da en este Parlamento. Si los organismos autónomos necesitaran una
cierta tutela del Gobierno, nosotros seríamos un poco inconscientes en
este trámite legislativo al autorizarles a emitir avales.

También entendemos que la información está suficientemente clara. El
título del artículo 49 es «Información sobre avales públicos otorgados».

Hay que entender este título en sentido amplio, pues no distingue entre
el Estado y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. El
propio artículo, tal y como está redactado, satisface la petición del
Grupo Parlamentario Socialista que solicitaba añadir el término «Estado»
y mencionar explícitamente a la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales.

Por lo tanto, como el espíritu de las enmiendas presentadas está presente
en el propio texto de la Ley, nos oponemos a su incorporación al texto
legislativo.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

No hay petición para el turno de portavoces. Pasamos al debate del Título
VI, Normas Tributarias, artículos 54 a 71.

A este Título se ha presentado la enmienda número 70 por la Senadora doña
Inmaculada De Boneta, que tiene la palabra para su defensa.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a defenderla en sus justos términos. No obstante, quiero expresar que
es un incremento absolutamente fuera de lugar el que sufre el Impuesto de
las primas de Seguros, que doblan su tipo.

La enmienda pretende suprimir la modificación que se plantea en el
artículo 70 en relación al tipo impositivo de las primas de seguros.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente han presentado las enmiendas
números 155 a 172. Tiene la palabra el señor Nieto para su defensa.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a hacer una mención global. En una de las enmiendas intentamos
proteger y estimular, porque es una cuestión que está bastante abandonada
en los Presupuestos Generales del Estado, la economía social. Creemos que
hay que incentivarla bastante más. Al hablar de economía social hay que
contemplar, a nuestro modo de ver, un aspecto esencial, que es un tipo de
economía que puede generar más puestos de trabajo, en la medida en que la
acumulación del seguro de desempleo se incentive con exenciones fiscales
suficientes para que se pueda invertir en esta economía social y crear
puestos de trabajo. Esta economía social promociona el autoempleo, puesto
que para algunas personas es difícil volver a trabajar, ya que proceden
de empresas en regulación de empleo o en crisis, porque tienen ya
cumplidos los cuarenta y tantos años. Estimular el concepto de «economía
social» es importante para la incentivación del empleo.

En estas enmiendas establecemos los baremos tributarios de los seguros,
de los vehículos a motor y de las Comunidades Autónomas.

Intentamos hacer un esfuerzo para que el sistema tributario sea lo más
justo y lo más equitativo posible. Para crear empleo hay que incentivar a
los sectores más desfavorecidos. Con estas enmiendas queremos garantizar,
igualmente, que las pensiones mínimas tengan una revisión al alza y que
las clases pasivas más desfavorecidas tengan una pensión más digna.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nieto.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado la
enmienda 738. Tiene la palabra el Senador Gangoiti para su defensa.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda 738 es de adición. A través de ella nosotros pretendemos, con
una visión social del tema, reducir el tipo impositivo en las obras de
rehabilitación, en su más amplio sentido, de las diversas viviendas al
mínimo.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente que vive en esas
viviendas es mayor y en muchos casos es gente de escasos recursos
económicos. Por lo tanto, consideramos que es injusto que estén sometidos
al tipo impositivo que se encuentran en la actualidad y no al tipo
impositivo reducido.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene
presentadas las enmiendas números 1.276, 1.277, 1.279 y 1.280.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

La primera de estas enmiendas, que es la 1.276, pretende adicionar un
párrafo a la Disposición Adicional 15.ª de la Ley de 1991 del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y con ello evitar que las
Sociedades Rectoras de los Mercados Oficiales de Futuros y Opciones
queden sometidas a la norma anti-lavado de cupón, ya que el supuesto de
entrega de Deuda Pública en cumplimiento de contratos de futuros no entra
en la verdadera finalidad de lo dispuesto en dicha norma, que no tuvo en



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cuenta su existencia, dado que el Mercado Español de Futuros y Opciones
no tenía carácter oficial en el momento de la aprobación de lo previsto
en la Disposición Adicional que se propone ampliar con esta enmienda.

La enmienda número 1.277 pretende evitar la contradicción de que
actualmente se esté gravando con el 7 por ciento del IVA la prestación de
servicios agrícolas entre agricultores en su relación con las
cooperativas a las que ellos pertenecen y, en contrapartida, se grava con
el 16 por ciento de IVA cuando se trata de la cesión de material sin mano
de obra. Entendemos que esto es una contradicción y pretendemos evitarla
unificando el tipo del IVA al 7 por ciento.

La enmienda número 1.279 pretende clarificar y unificar el tratamiento
del IVA cuando lleva incluidos determinados productos de tipo editorial,
periódicos, etcétera, elementos complementarios, y clarificar en qué
casos se puede producir esta unificación. Nuestra propuesta es que el
elemento complementario no supere el 25 por ciento del precio unitario de
venta al público del conjunto. Sobre este mismo asunto hay un enmienda,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, la número 321, que
esperamos poder transaccionar con la nuestra.

Por último, la enmienda número 1.280 tiene un doble objeto: en primer
lugar, deflactar la tarifa existente actualmente en determinados
epígrafes del juego y, en segundo lugar, adecuar la tasa de juego a la
realidad de la aparición en el mercado de máquinas de tipo C en las que
participan más de un jugador. Estos son los dos objetivos que persigue la
enmienda número 1.280.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista tiene presentadas
las enmiendas números 789 a 806.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tienen una finalidad
general en el caso de las más numerosas, y es el de adecuar todas las
deducciones del Impuesto sobre la Renta al incremento de precios al
consumo. Hay deducciones que se incrementan y otras que no lo hacen. A
nuestro juicio, es necesario dar un tratamiento homogéneo al sistema
impositivo en nuestro país. No es posible que haya impuestos que suban un
50 por ciento, como el Impuesto sobre las Primas del Seguro, que algunas
de las deducciones se incrementen muy por encima de lo que es la
inflación, mientras que otras siguen congeladas y que incluso siga
congelada la cuantía global de dinero a partir de la cual existe
obligación de declarar.

Sí que me gustaría hacer un hincapié particular en algunas enmiendas que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista a propuesta de los Senadores
del Grupo y que no fueron presentadas en el Congreso de los Diputados.

Una primera tiene por objeto dar cumplimiento a una resolución del Pleno
de la Cámara de 25 de junio del año pasado sobre las familias
monoparentales. En aquel momento todos los Senadores y Senadoras
pertenecientes a todos los grupos parlamentarios acordamos dar un mandato
al Gobierno para que revisara la situación fiscal de las familias
monoparentales, que al no poder hacer la declaración conjunta de la renta
en el IRPF se encontraban relativamente discriminadas y a veces
soportando una carga fiscal excesiva. Desde esa resolución ha pasado ya
más de un año y el Gobierno no ha presentado ningún proyecto de
resolución. En este sentido, nosotros hemos realizado una enmienda, por
la cual pedimos que se incrementen las deducciones por hijo en el caso de
las familias monoparentales en 5.000 pesetas, lo cual sabemos que no
soluciona globalmente el problema pero sí lo atenuaría, y nos gustaría
que hubiera algún esfuerzo de transacción o de acuerdo para que la
resolución, unánimemente adoptada por el Senado, no quedara en papel
mojado.

Esta va a ser una tónica de este Grupo Parlamentario, que ha ido
convirtiendo en enmiendas al proyecto de ley de presupuestos o de medidas
todas las mociones o resoluciones aprobadas por unanimidad por la Cámara
en sus diferentes instancias, tanto en Pleno como en Comisión.

Otra de las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista
hace referencia al problema del reparto de las cuotas del Impuesto de
Actividades Económicas para los municipios que tienen en su término
presas o embalses. Aquí históricamente la legislación ha venido dando el
mismo tratamiento a los embalses que a las otras centrales de producción
de energía eléctrica, fundamentalmente a las centrales térmicas o las
centrales nucleares.

A nuestro juicio, el problema es diferente, porque allá donde existe una
central nuclear o una central térmica es evidente que el municipio en
donde radica la propia central soporta mayores perjuicios, mayores
inconvenientes, mayores riesgos que los municipios del entorno, y así el
municipio donde está ubicada la central recibe en exclusiva el importe de
los recargos que en materia de IAE se imponen a este tipo de
instalaciones, mientras que la cuota se divide entre los municipios
afectados por lo que se considera una zona de entorno.

Pero en el caso de los municipios en donde existen presas o embalses, el
municipio donde radica la presa no soporta muchas veces mayores riesgos o
mayores inconvenientes que los municipios situados en la cola del
pantano, en la cola del embalse o que están afectados por el embalse, a
veces habiendo dejado buena parte de su término municipal sumergido en el
mismo, que, sin embargo, solamente pueden beneficiarse del importe de la
cuota, mientras que el municipio en donde está ubicada la presa asume la
parte que le corresponde en la cuota y la totalidad del incremento de los
recargos que pudieran producirse sobre el impuesto.

En este sentido, a nuestro juicio, es necesario solucionar ese problema
de discriminación fiscal existente y que todos los municipios que estén
afectados por el vaso del embalse puedan beneficiarse de igual manera de
los beneficios fiscales, de los ingresos fiscales que se producen en
relación con el mismo. Por eso planteamos la enmienda que propone
corregir esta discriminación.

Para terminar, me gustaría hacer referencia a una de las modificaciones
legislativas más importantes en materia de Impuesto sobre la Renta
introducidas por el proyecto del Gobierno, que produce un nuevo tope a la
deducción por rentas del trabajo dependiente en el Impuesto sobre la
Renta.




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Tal y como tuvimos ocasión de decir en las comparecencias de altos cargos
previas al debate en esta Comisión, este nuevo tope está mal concebido
técnicamente, hasta tal punto que en estos momentos un trabajador español
que no tenga otros ingresos que los de su trabajo, cuando vaya a hacer la
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas jamás va
a poder llegar al máximo de deducción que se prevé en la legislación,
jamás va a poder llegar a las 72.000 pesetas si no tiene otros ingresos.

Por parte del Gobierno se nos argumenta que este nuevo tope a la
deducción es necesario para evitar que personas que tienen unos ingresos
bajos por trabajo dependiente, pero que tienen otros ingresos altos por
otras actividades, puedan beneficiarse excesivamente de esta deducción.

Nosotros estamos de acuerdo con esa finalidad, y ya se lo dijimos a los
altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda. Lo que no entendemos
es cómo es posible que para llegar a ese objetivo se habiliten unos
medios que hacen imposible que una persona que sólo tenga rentas del
trabajo pueda llegar a beneficiarse de esa deducción en su tramo máximo.

Estamos hablando de una deducción que afecta, aproximadamente, a dos
millones de contribuyentes en lo que son los tramos más importantes de la
misma, es decir, más de las 28.000 pesetas que se deduce con carácter
general cualquier asalariado.

No entendemos qué razón hay para reducir esta deducción a algo menos de
la mitad en el caso de trabajadores que cobran el salario mínimo; no
entendemos qué razón hay para impedir que un trabajador que sólo tenga
rendimientos del trabajo no pueda llegar al máximo en esta deducción y no
entendemos cómo es posible que se argumente en defensa de la posición del
Gobierno que lo que se pretende es que un trabajador no pueda generar una
deducción mayor a la cuota tributaria que le produce su rendimiento del
trabajo, cuando de la manera que está redactada la deducción no queda
limitada a eso, sino que queda limitada a poco más de la mitad, porque lo
que hace es establecer un tope para el que se toma como base el tipo
medio del Impuesto, pero afectado exclusivamente a los rendimientos
efectivamente sujetos al Impuesto. Como todo el mundo sabe, hay
cuatrocientas y pico mil pesetas, que son las primeras que no están,
efectivamente, sujetas al impuesto porque su tipo es cero, y por lo tanto
lo que suponga aplicar el tipo medio a esas cuatrocientas y pico mil
pesetas es dinero que el trabajador deja de poder deducirse, según la
redacción del Gobierno.

Yo creo que si el Gobierno es coherente con sus objetivos, buscará, a
través del Grupo que le apoya y que tiene mayoría absoluta en esta
Cámara, una redacción que haga posible que se cumpla el objetivo sin
perjudicar a aquellos trabajadores que no tienen otros ingresos. Si el
Gobierno no presenta esa redacción, entenderemos que el objetivo que se
busca no es el que se dice, sino el de que los trabajadores españoles por
cuenta ajena paguen más Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
y eso, evidentemente, es incongruente con tantas y tantas declaraciones
de miembros del Gobierno.

Simplemente por llamar la atención a sus señorías sobre la aplicación
práctica del supuesto del nuevo tope a la deducción, me gustaría decir lo
siguiente: con este nuevo tope, los trabajadores españoles que ganen el
salario mínimo interprofesional en 1998 no van a ver revalorizados sus
ingresos porque se les van a imponer obligaciones tributarias que son
mayores que lo que va a suponer la revalorización de su salario. Van a
perder más dinero cuando hagan la declaración de la renta de 1998 que lo
que se les incremente el salario mínimo interprofesional. Y estoy
dispuesto a sostener esos datos porque tengo los cuadros que los
justifican de manera absolutamente razonable y fundada.

A mí me parece que si el Partido Popular tiene alguna intención de
mantener sus promesas electorales, deberá buscar una nueva redacción que
no someta a los trabajadores españoles con salarios más bajos al bochorno
de ser para ellos para los que más sube el Impuesto sobre la Renta en
1998.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Granado.

Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Alierta.




El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.

El tema de la deducción por rentas de trabajo ha sido debatido
profusamente en las comparecencias que tuvimos en esta Comisión, y creo
que si se mantiene el texto, dirá lo que quiera decir y no lo que se nos
atribuya que quiera decir. Es una deducción por rentas de trabajo, luego
es lógico aplicarla a la cuota que puede deducirse de los rendimientos de
trabajo, no a la suma de todas las cuotas. Si una persona tiene rentas de
capital y rentas de trabajo, su base imponible sube más. Si esa base
imponible es superior, se le aplica la posibilidad de deducción, y a lo
mejor esa deducción que está legislada para el trabajo se aplica porque
su base imponible es más alta porque tiene rentas de capital.

Esta cuestión se debatió profusamente y quedó claro que de lo que se
trataba era de evitar que esa deducción por rentas de trabajo se aplicara
de hecho a otro tipo de rentas o rentas de capital. Y ese es el objetivo
fundamental, sobre el cual el Grupo Parlamentario Socialista dice que
también está de acuerdo.

La fórmula está ahí y es suficientemente buena. La cuestión sería que se
aportara una fórmula que, permitiendo esa finalidad, evitara las
suspicacias que tiene el Grupo Parlamentario Socialista. Pero si vemos la
redacción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, nos encontramos
con el viejo problema que se ha querido eliminar, es decir, una persona
puede tener rentas de capital por un importe importante, crea unas
pequeñas rentas de trabajo y, entonces, a la totalidad, que está formada
en su mayor parte --es un ejemplo, una hipótesis-- por rentas de capital,
se aplica una deducción por un importe relativamente elevado como
consecuencia de que tiene una renta de trabajo pequeña y suma estas
rentas.

Cuando se creó el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se
hizo con la filosofía de que fuera un impuesto sintético, es decir,
comprensivo de todas las fuentes de renta, que sustituyera a aquel viejo
impuesto de la renta que se obtenía por suma de diferentes tipos, de
diferentes impuestos.

Progresivamente, se ha ido perdiendo este carácter de renta sintética y
se va generalizando por fuentes de renta,



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aunque al final sumen todas estas fuentes para hallar una base imponible.

Se están estableciendo deducciones en función de su naturaleza,
concretamente, en el tipo del trabajo. Aunque en su origen no era ésta la
filosofía que impregnaba el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, después de ya casi 20 años --y sin casi-- se van aplicando
deducciones por su origen. El impuesto pierde su carácter sintético, pero
esto es normal y muy práctico, y, en consecuencia, mientras siga
existiendo esta filosofía de modificación, si se aplica una deducción por
renta de trabajo, hay que procurar que se aplique exclusivamente por este
concepto.

Ese es el problema que ya se puso de manifiesto y que se mantiene porque
se entiende que la fórmula propuesta es la mejor para obtener este
objetivo. La fórmula propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista nos
llevaría de nuevo al viejo planteamiento que se quiere evitar.

Por lo demás, señores Senadores, tengo que decir brevemente, con respecto
a algunas enmiendas, que un tipo de impuesto que se ha mencionado en
repetidas ocasiones ha sido el que se impone sobre la prima de seguros,
que aumenta notablemente. Puesto que se ha dicho ya en repetidas
ocasiones, repito que lo que se intenta con este impuesto es adaptarse y
acercarse a lo que es normal en los países de la Unión Europea. Aun así,
el impuesto actual, después de este incremento, será en España muy
inferior al que existe en los países de la Unión Económica Europea.

Las restantes enmiendas plantean problemas muy concretos, e intentaremos
establecer fórmulas transaccionales en algunos casos para ver si se
pueden aceptar algunas de las propuestas que se hacen. En el caso de la
enmienda de Convergència i Unió y de la paralela del Grupo Parlamentario
Popular, trataremos de incorporar alguna de ellas o llegar a alguna
transaccional.

En cuanto al resto de las enmiendas, nos opondremos a su incorporación.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

No hay turno de portavoces. Por tanto, pasamos a la discusión del título
VII, artículos 72 a 86 y Secciones 32, Entes Territoriales, y 33, Fondo
de Compensación Interterritorial.

A este título VII y Secciones 32 y 33 se han presentado las enmiendas
números 173 a 185 y 730 a 735, de los señores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente.

Tiene la palabra el señor Nieto para su defensa.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Las enmiendas se refieren a la financiación tanto de las entidades
locales como de las Comunidades Autónomas, y en ellas queremos reflejar
una filosofía distinta en torno al objetivo de que las Haciendas locales
no sean los parientes pobres de nuestro Estado, sino que se vayan
equiparando con el resto de las Administraciones y, por tanto, tengan una
financiación más adecuada, así como competencias tributarias.

También hay enmiendas que se refieren a servicios concertados que recaen
sobre los ayuntamientos, y que están exentos de tributos, tanto sean del
Estado como de compañías de interés nacional, y creemos que se debe
compensar a los municipios por los bienes inmuebles cedidos tanto por los
municipios como por el Estado a otras entidades, puesto que los
municipios hacen luego los servicios de limpieza, etcétera, de estos
bienes inmuebles.

En las enmiendas procuramos dejar claro cuál es nuestra concepción de lo
que debería ser la financiación autonómica, así como el papel que debe
jugar el Fondo de Compensación Interterritorial.

Con esta explicación doy por defendidas nuestras enmiendas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene
presentada la enmienda número 1.286.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, la enmienda número 1.286 es, de hecho, una enmienda técnica,
puesto que se pretende corregir un error referente a la cantidad
convenida para el transporte ferroviario en la Generalitat dado que las
cantidades pendientes de liquidar afectan a la duración total del
contrato comprendido entre los años 1995 y 1997 y no sólo al ejercicio de
1996. Este es el cambio que queremos introducir a través de esta
enmienda.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cambra.

El Grupo Parlamentario Socialista tiene presentadas las enmiendas números
807, 815 y 1.124 a 1.128.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Armet.




El señor ARMET I COMA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, la primera enmienda hace referencia a una mejora de la
financiación de los hospitales de las corporaciones locales previendo que
tuvieran un crecimiento similar, y en este caso el mismo porcentaje, que
las aportaciones al Insalud, motivo por el que no se entiende que se
establezca un porcentaje de crecimiento inferior cuando sabemos que esta
red de hospitales tiene unos niveles de eficacia notables y, desde el
punto de vista de la estrategia del conjunto de los centros sanitarios,
forma parte de una de las piezas clave.

Entramos también en un conjunto de enmiendas que hacen referencia a que
cuando se produzcan hechos relevantes éstos sean comunicados a la
Comisión General de las Comunidades Autónomas. Esto es obvio por una
razón muy simple: porque el artículo 56 de nuestro Reglamento contempla
que la Comisión General de las Comunidades Autónomas tiene derecho a ser
informada en todo momento sobre decisiones importantes que afectan no
sólo a la financiación de las Comunidades, sino a todo aquello que sea
importante en cuanto a su evolución y desarrollo.

Desde este punto de vista, dichas enmiendas formarían parte de lo que
podríamos llamar una defensa institucional



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de la Cámara. Por lo tanto, no son enmiendas del paquete de orientaciones
políticas distintas, sino que lo que intentan es reestablecer o, en este
caso, equilibrar aquello que ya está previsto en textos legales;
equilibrar el peso del control del Senado en cuanto a la evolución de los
temas importantes de financiación autonómica.

La enmienda número 810 hace referencia a que las entregas a cuenta que se
hacen a aquellas Comunidades Autónomas que aún no han aceptado el sistema
de financiación --como ustedes saben, son tres-- se hagan en función de
lo previsto en el número 1 del artículo 13 de la Lofca, que dice
claramente cómo deben hacerse este tipo de consideraciones. Por una razón
muy simple: porque creo que sería bueno establecer que en el año 1998,
con carácter provisional, mientras no se establezca una financiación de
carácter definitivo para estas Comunidades, los recursos que reciban
estas Comunidades que no han aceptado aún el sistema pueda hacerse
mediante un crédito presupuestario que responda a los requerimientos
básicos que establece la Lofca. Esto nos parece más razonable que el
sistema previsto en la actualidad. Por lo tanto, se trataría de una
enmienda de reconsideración en función de un texto básico, como es el de
la ley citada, para las entregas a cuenta a las tres Comunidades que no
han aceptado el sistema de financiación.

Presentamos también una enmienda que hace referencia a un tema que ha
sido objeto de debate a lo largo de este año, el Censo de la población.

La aprobación del último Padrón por parte del Consejo de Ministros de 11
de julio de 1997 provoca unas variaciones poblacionales significativas
por parte de algunas Comunidades Autónomas. Piensen ustedes que el
sistema de financiación se debe, muchas veces, a la propia historia, a su
evolución, a los servicios existentes en la Comunidad. Es decir, hay una
carga histórica importante y a veces, cuando se producen hechos
significativos como son los cambios poblaciones, no se ajusta en la forma
debida, motivo por el que creemos que debería ser objeto de un reajuste,
sobre todo para aquellas Comunidades que obtienen un incremento de
población que --aunque utilice en estos momentos un argumento que puede
parecer elemental-- debería verse soportado por una consideración
importante como es ver la nueva población como elemento básico para el
cálculo de los impuestos no cedidos a las Comunidades Autónomas. Desde
este punto de vista, creemos que es de justicia reparar y adecuar con
rapidez los fenómenos significativos que se van produciendo.

También presentamos una enmienda sobre algo que ha sido un tema de
reflexión desde hace muchos años y que hace referencia a la disposición
adicional segunda de los Estatutos de Andalucía y de Extremadura, que,
como ustedes recordarán --desde el punto de vista coloquial se le ha dado
en llamar «deuda histórica»--, versa sobre la necesidad de una prestación
de un nivel mínimo de servicios en estas Comunidades, es decir, que eran
necesarias fuentes excepcionales de recursos para garantizar la
consecución de dicho nivel mínimo.

Se partía de la base de que en la aprobación del Estatuto el nivel
distaba mucho de estar en los mínimos y era necesario hacer un esfuerzo
adicional significativo para reforzar el peso de los servicios «vis à
vis» o comparados con los de otras Comunidades que estaban mejor dotadas.

Esta valoración realizada en el Estatuto conecta con una reflexión más
amplia, el tema de servicios mínimos del artículo 15 de la Lofca. Pero
obliga a corto plazo a una regularización de una consideración histórica
que no ha tenido la cabida presupuestaria necesaria. Desde este punto de
vista, nosotros consideramos que es muy importante establecer unas
cantidades, que irían en proporción a los pesos específicos de cada una
de las Comunidades, de 20.000.000 millones y 5.000.000 millones,
respectivamente, para Andalucía y Extremadura, que dieran la cobertura a
este esfuerzo que se señala en la disposición adicional segunda, es
decir, no se trata de un esfuerzo de continuidad, sino de
excepcionalidad.

También quiero recordar ahora que está pendiente el problema de los
servicios mínimos de acuerdo con el artículo 15 de la Lofca, que es uno
de los temas que más nos preocupa y que a ustedes, como representantes
del Gobierno, tendría que preocuparles porque se están produciendo
disparidades muy notables en cuanto a la posibilidad de satisfacer los
servicios a los ciudadanos dependiendo del territorio donde estén.

Señor Presidente, esto es básicamente todo, y en las enmiendas relativas
a la Sección 32 es donde se hace la valoración y los reajustes económicos
necesarios para dar soporte a todo el conjunto de enmiendas que he
presentado muy brevemente.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para un turno en contra, por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra el señor Tomey.




El señor TOMEY GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En este Título, y en las Secciones 32 y 33, hay unas enmiendas defendidas
por Izquierda Unida, entre ellas unas referidas a las corporaciones
locales, que no podemos aceptar puesto que producen un desequilibrio
presupuestario y, además, con el consenso de todas las fuerzas políticas
se está desarrollando el pacto local.

Respecto de la enmienda número 176, de Izquierda Unida, que expone la
posibilidad de la supresión de las diputaciones de las provincias en
virtud de normas legales que puede aprobar cualquier Parlamento regional,
habría que considerarla inconstitucional porque la modificación de la
estructura territorial del Estado prevista en la Constitución sólo podrá
desarrollarse entre normas de idéntico rango.

Respecto a las entregas a cuenta que solicitan, se vienen haciendo en 12
mensualidades y así se cumplen con regularidad por parte del Estado, con
independencia de los retrasos que se produzcan por parte de algunas
Comunidades Autónomas con competencias de intermediación financiera en la
situación de fondos a favor de las corporaciones locales, motivo por el
que tampoco se pueden aceptar.

Exactamente igual ocurre con las enmiendas que hacen referencia a la
compensación establecida por beneficios fiscales, porque están en
discordancia con los preceptos que rigen, y son aplicables en la propia
Ley de Haciendas Locales, que además establece de forma muy precisa
cuándo y cómo se deben hacer efectivos estos beneficios fiscales.




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Luego hay una serie de enmiendas a la Sección 32, también de Izquierda
Unida, y solamente he de decir que ha entrado en vigor el nuevo sistema
de financiación de las Comunidades Autónomas para el quinquenio
1997/2001, aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 23
de septiembre de 1996, que refuerza precisamente los principios
constitucionales de autonomía financiera y solidaridad, e introduce la
corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas. Sabemos bien que
doce de las quince Comunidades asumieron el nuevo sistema de
financiación.

Por otra parte, hay alguna enmienda que pretende incrementar la cantidad
destinada a la liquidación definitiva de las corporaciones locales, que
efectivamente ha disminuido en su conjunto, pero ello es debido a que
dentro del programa existen regímenes especiales, como los de los
ayuntamientos y cabildos canarios así como corporaciones locales
radicadas en territorios forales. Esta es la razón por la que ha
disminuido dicha cantidad.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, referentes
a la financiación de los hospitales, en el propio Congreso el Grupo
Socialista hizo referencia al pacto local, precisamente no presentando
enmiendas a este título. Las enmiendas que se presentan aquí en el Senado
hacen referencia, sin lugar a dudas, a un asunto de interés como es el de
situar competencialmente los hospitales que actualmente son gestionados
por las corporaciones locales, pero esto entra dentro de toda la
financiación autonómica y tendrá que tener una solución en las
transferencias, que tendrán que ser aceptadas por las Comunidades
Autónomas, por un lado, y por el Insalud, por el otro.

Respecto al resto de las enmiendas, la mayoría van encaminadas o giran en
torno al nuevo sistema de financiación autonómica, a la no aceptación por
tres Comunidades Autónomas del nuevo sistema de financiación. De ahí,
sinceramente, que sólo podamos decir que el incremento de las que lo han
aceptado es mayor que el de las tres que no lo han aceptado; que será
difícil que puedan explicar claramente a sus ciudadanos esta pérdida de
financiación que van a tener estas Comunidades por la no aceptación, y de
ahí viene la justificación que hace el Grupo Socialista, desde su
criterio, de esta serie de enmiendas, que nosotros por supuesto vamos a
rechazar.

Respecto a la enmienda técnica del Grupo de Convergència i Unió, aunque
no ha sido recogida por la Ponencia, de aquí al Pleno estudiaremos si es
posible su aceptación.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos a continuación a la discusión de las Disposiciones Adicionales.

Para la defensa de las enmiendas números 71 y 72, tiene la palabra la
señora De Boneta y Piedra.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

La enmienda número 71 pretende introducir, un año más, un pequeño granito
de arena para conseguir la solidaridad de este presupuesto con los países
en vías de desarrollo. Esta es una de las razones que se planteaban al
defender el veto, y no por ser la última, en cuanto al orden, es menos
importante. Hace muchos años que se viene demandando, y por los grupos
políticos se viene adquiriendo el compromiso de llegar de dedicar el 0,7
por ciento del PIB para ayuda oficial al desarrollo.

Nuevamente nos encontramos con unos presupuestos que yo llamaría rácanos
en este sentido, y lo que pedimos con esta enmienda es que, al menos, se
garantice la mitad de ese 0,7 por ciento del PIB, es decir, el 0,35 por
ciento del PIB para avanzar en esta necesaria solidaridad para con estos
países.

En cuanto a la enmienda número 72 se refiere a la Disposición Adicional
Decimosegunda, e intenta dejar claro cuál es nuestro planteamiento en
relación a la financiación de la formación continua. Queremos que se
añada un párrafo que diga que lo regulado en los párrafos anteriores --en
referencia, claro está, a esta Disposición Adicional-- lo será sin
perjuicio de los marcos competenciales previstos en los diferentes
Estatutos de Autonomía, procediendo en los casos correspondientes a las
transferencias establecidas en los mismos. Nuevamente planteamos la
necesidad de la transferencia, sin perjuicio de que nos parezcan
oportunos e interesantes los acuerdos a los que, de alguna manera, parece
que alude esta Disposición Decimosegunda; es decir, los acuerdos
alcanzados en el Congreso.

Creemos que estos acuerdos en todo caso no van más allá de la
descentralización de la gestión de los fondos destinados a la formación
continua, y nos parece que no estamos hablando o no debemos hablar en
este caso de descentralización, sino de autonomía, con todo lo que ello
implica y con el cumplimiento, como se ha mencionado antes, de lo
dispuesto en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, que dispone,
desde nuestro punto de vista, la transferencia de esta competencia.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Senadora.

Tiene ahora la palabra el señor Ferrer Roselló para la defensa de las
enmiendas números 1.192 y 1.232.




El señor FERRER ROSELLO: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda 1.192 la vamos a dar por defendida en sus propios términos, y
sólo haré una breve referencia a la número 1.232, relativa al apoyo
presupuestario del Gobierno a la capitalidad cultural de la ciudad de
Valencia.

Puede parecer a priori que la citada enmienda encierra únicamente un
gesto, y es innecesario abundar en el hecho de que, si en algún campo
tienen valor los gestos, es en política precisamente. Es evidente que el
esfuerzo de la ciudad de Valencia por conseguir dicha nominación
justifica, a nuestro juicio, la opción del mencionado gesto. Pero no sólo
constituye un gesto en sí, sino que encierra un claro compromiso del
Gobierno de esforzarse para apoyar, y apoyar presupuestariamente, a la
ciudad de Valencia caso de producirse dicha designación.

Entendemos que no puede ser de otra forma, y que seria importante
indudablemente para dicha designación la adopción por parte del Gobierno
de dicho compromiso.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ferrer.

Tiene la palabra a continuación el señor Nieto para la defensa de las
enmiendas número 189 a 203.




El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.

Estas enmiendas tienen como objetivo fundamental que se facilite el
traslado de los acuerdos firmados entre los agentes de la mejor forma
posible a las Comunidades Autónomas. Ese es un aspecto que consideramos
importante para que no solamente sean acuerdos entre los agentes sociales
y el Gobierno, a nivel general, sino que también las Comunidades
Autónomas se impliquen en ello, es decir, lo concreten en sus ámbitos
para hacer factible, en la medida de lo posible, la incentivación de la
creación de empleo en las mejores condiciones posibles.

Hay otro tema que nosotros consideramos importante, el que se dote
suficientemente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, sobre
todo, al Instituto de Seguridad e Higiene para que se facilite la
revisión de las pólizas de seguro, de tal manera que se garantice una
mayor recaudación por parte de estos organismos. También hay que revisar
la cuantía de las sanciones a las empresas que reiteradamente incumplen
las medidas de seguridad y dotar a estos organismos especialmente en
cuestiones de seguridad e higiene.

Como sus señorías saben, estos temas han sido motivo de preocupación,
como ha quedado expuesto por parte de este Senador y de muchos otros en
diversas ocasiones en esta Cámara, puesto que consideramos que en este
país se produce una sangría innecesaria dada la alta tasa de
siniestralidad en el trabajo. En estas cuestiones estamos a la cabeza de
Europa. Creemos, por tanto, que se debe disponer de más medios, para lo
cual hay que dotar en mayor medida las partidas presupuestarias
relacionadas con estos asuntos. Debe hacerse un control específico de las
empresas que incumplen reiteradamente la normativa de seguridad para que
aquellas que reincidan tengan sanciones más altas. De este modo, podrá
dotarse de mayores cantidades presupuestarias a los organismos
correspondientes para intentar que esta lacra social en todos los
sentidos, en el marco económico, en el de pérdida de vidas humanas,
etcétera, vaya disminuyendo en nuestro país.

En cuanto al salario mínimo interprofesional, consideramos que debe ser
actualizado. Hay que dotar de un salario mínimo interprofesional a todos
aquellos ciudadanos de este país en función de que a igual trabajo igual
salario, con independencia de edades o de sexo. Es decir, debe dotarse
del salario mínimo interprofesional tanto a mujeres como a jóvenes ya
que, desgraciadamente, en nuestro país, todavía se vienen desempeñando
actividades con contratos que están por debajo del salario mínimo
interprofesional.

Por último, presentamos una enmienda para que se cumpla el proyecto de
ley del Gobierno en relación con la escala auxiliar de subtenientes del
Ejército de Tierra. Consideramos que hay que dotarlo presupuestariamente.

Nosotros proponemos en nuestra enmienda que se dote un fondo de 200
millones de pesetas para actualizar o poder llevar a la práctica este
proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.

Las enmiendas números 1.281 y 1.297 han sido presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El portavoz de este Grupo tiene la palabra para su defensa.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestra enmienda número 1.281 tiene por objeto añadir una nueva
disposición adicional para otorgar mayores garantías sobre la realización
de las obras de saneamiento y depuración en el Bajo Llobregat. Se trata
de una obra ya convenida y aprobada según el Real Decreto-Ley 3/1993, que
debe llevarse a cabo con cargo a los Fondos de Cohesión. Entendemos que
incorporando esta nueva disposición adicional habrá mayores garantías
para que se lleven a cabo el proyecto y la obra citada.

En cuanto a nuestra enmienda número 1.297, también solicitamos una nueva
disposición adicional por la que se pretende equiparar a los Fiscales de
Sala del Tribunal Supremo, en lo que hace referencia al régimen de
situaciones administrativas y de remuneraciones, a los Magristrados de
dicho Tribunal.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cambra.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra para
defender sus enmiendas números 816 a 826.




El señor GARCIAS COLL: Muchas gracias, señor Presidente.

Como ya es conocido, las enmiendas que presentamos a diversas
disposiciones adicionales nos hacen referirnos a temas muy distintos, por
lo que resulta difícil agrupar nuestras enmiendas por temas concretos,
pero en aras de la brevedad intentaré resaltar tres de ellas, las números
817, 820 y 821, enmiendas que puede decirse son de nueva consideración
por parte de nuestro Grupo en el Senado.

Con la número 817 pretendemos que en todo el apartado referente a
actividades y programas prioritarios de mecenazgo se incluyan las
cantidades donadas a las Universidades públicas. Consideramos que en
estos momentos, en que hay ciertas dificultades para proveer a la
comunidad educativa de los medios económicos necesarios, es importante
incentivar las donaciones de particulares y empresas a las Universidades
públicas. Pensamos, por tanto, que el Grupo que sustenta al Gobierno
debería tener en consideración esta enmienda.

Por otra parte, nuestra enmienda número 820 debería recogerse en este
proyecto de presupuestos dada su importancia al igual que las otras. Se
trata de una enmienda posterior al trámite del Congreso que hace
referencia a allegar recursos y actuaciones urgentes para paliar
siniestros y catástrofes, por ejemplo, los que en estos últimos meses se
han producido en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la Ciudad
Autónoma de Melilla. Creemos que un método adecuado para colaborar a ello
podría ser que se destinarán a este fin los beneficios que se



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obtuvieran en un sorteo especial de la Lotería Nacional. Eso podría
ayudar a paliar algunas de las dificultades por las que atraviesan esas
zonas afectadas.

En cuanto a nuestra enmienda número 821, de adición, hace referencia a
posibilitar la aplicación de la Logse en toda España. Con esta nueva
enmienda planteamos que en una nueva disposición adicional se diga que
durante el primer trimestre de 1998, el Ministerio de Educación y Cultura
negociará con las Comunidades Autónomas que hayan asumido las
transferencias de funciones, medios y servicios en materia de educación
obligatoria, convenios que permitan el traspaso de los fondos necesarios
para garantizar la plena e inmediata aplicación de la Logse en estos
territorios. Como decía anteriormente, estas tres enmiendas las hemos
presentado aquí, en el Senado.

En relación con nuestras demás enmiendas, ya han pasado por un debate
previo en el Congreso de los Diputados. Creo que todas ellas deberían
incluirse en este proyecto de Presupuestos. Algunas de ellas son
coherentes con leyes que se han ido aprobando en este período, leyes con
las que no está de acuerdo el Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto,
pedimos la supresión de determinados preceptos de esas leyes.

Otras enmiendas hacen referencia a temas laborales, a temas de
funcionariado, a los que nuestro Grupo Parlamentario ya ha hecho mención
anteriormente. Consideramos que se tendría que posibilitar la
recuperación por parte de los funcionarios de esa pérdida de poder
adquisitivo que sufrieron el año pasado a pesar de que había un acuerdo
entre sindicatos y Administración. Lo cierto es que ese acuerdo fue
abortado por parte del Gobierno del Partido Popular sin otra razón que la
de que fueran los funcionarios quienes sufragaran una parte del déficit
que había. Por tanto, consideramos que todo este grupo de enmiendas
deberían ser incluidas en este proyecto de Presupuestos Generales del
Estado.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la defensa de la enmienda número 1.171, y en turno en contra de las
restantes enmiendas, tiene la palabra el señor Acacio por el Grupo
Parlamentario Popular.




El señor ACACIO COLLADO: Señor Presidente, defiendo nuestra enmienda
número 1.171 en sus justos términos.

En cuanto a las enmiendas presentadas a las diferentes disposiciones
adicionales, quiero decirle al Senador Ferrer, que se ha referido a ese
gesto hacía Valencia, que Valencia va a tener algo más que gestos, va a
tener lo que se merece. Si es que los gestos son algo importante en
política, creo que aquí también puede aplicarse lo de que obras son
amores y no buenas razones. Dejémonos, pues, de gestos. No se preocupe su
señoría, porque Valencia estará atendida como se merece, es decir, con
algo más que gestos.

En cuanto al Senador Nieto, ha vertido aquí algunos juicios de valor a
veces incluso inconexos. Estamos de acuerdo en algunos de ellos, pero con
esos juicios de valor no justifica su señoría las enmiendas que presenta
su Grupo. Por tanto, votaremos en contra de ellas.

En cuanto a las enmiendas números 1.281 y 1.297, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, en lo que a la segunda se
refiere especialmente, no se nos ha dado razón alguna para que las
apoyemos. Han sido defendidas prácticamente en sus propios términos.

Nosotros mantenemos de momento la misma postura que en Ponencia. Si
hubiera algún cambio de aquí a la celebración del Pleno intentaríamos
llegar a un acuerdo.

Respecto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, he de decir que casi todas ellas han sido ya defendidas, no
sólo en el Congreso, sino incluso aquí esta misma mañana. Todas ellas han
sido tratadas dentro de su Título correspondiente.

Respecto a las razones que justifican estas enmiendas, tampoco se han
dado razones nuevas, salvo que sean de nueva presentación. Por lo que se
refiere a las inundaciones en Extremadura y a lo acontecido en Melilla he
visto tantas enmiendas pidiendo aquí sorteos extraordinarios que creo que
nos van a faltar días. Tenemos que empezar a dejar un poco ese último
recurso de hacer un sorteo de la lotería cuyos beneficios se destinen a
esos fines porque nos vamos a quedar sin días, si empezamos así vamos a
tener que poner sorteos todos los días.

Respecto a las demás enmiendas, la número 821 no deja de ser un juicio de
valor o de intenciones. Yo creo que donde está transferida la Educación
lo que hay que hacer es dotarla de medios. Las razones que se han dado no
creo que justifiquen una nueva enmienda adicional en estos presupuestos.

Por tanto, en el Grupo Parlamentario Popular vamos a votar en contra de
estas enmiendas. A lo largo del debate de las secciones volverán a salir
estos temas y volveremos a hablar de ellos.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a las disposiciones transitorias, que no
tienen enmiendas, y a la disposición final a la que se han presentado dos
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, las números 827 y 828. Para
su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Las doy por defendidas puesto que las defendí conjuntamente con las
enmiendas del Título IV.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para turno en contra, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular.




El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestro grupo no votará favorablemente a ninguna de las dos enmiendas,
las números 827 y 828.

Por lo que se refiere a la enmienda número 827 por el hecho de que el
Pacto de Toledo contempla ya en la Recomendación Tercera la mejora de las
bases de cotización y en la Recomendación Sexta la simplificación y la
integración de los regímenes especiales y porque, aunque no se contempla
la armonización de los tipos de cotización de forma autónoma, ambas
recomendaciones ya han



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sido recogidas en la Ley 24/1997, en su artículo tercero y disposiciones.

Por todo lo anterior, estimamos que la revisión de los tipos de
cotización en los regímenes especiales que se propone en esta enmienda no
es susceptible de tratamiento autónomo, sino que en cualquier caso deberá
abordarse dentro de las medidas que se adopten en el marco de la
unificación de las estructuras del sistema según se recomienda en el
propio Pacto de Toledo.

En cuanto a la enmienda número 828, a la que tampoco daremos nuestro voto
favorable, en la referida Ley 24/1997 se refuerza la clarificación y la
separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social. En las
prestaciones contributivas se dispone que los gastos de su gestión y los
de funcionamiento sean financiados básicamente con recursos derivados de
las cuotas de los obligados, pero esta separación no tiene el alcance que
se pretende con esta enmienda, sino que el alcance verdadero es el que
obra en el artículo 86.2 del texto; es decir, que las prestaciones
contributivas se habrán de financiar con las correspondientes cuotas, sin
perjuicio de las que sean contempladas como aportaciones del Estado para
fines específicos. Dicho de otra manera, el sistema financiero de reparto
para las contingencias y los sistemas previstos en los regímenes de la
Seguridad Social, a nuestro juicio, no permiten la fragmentación para
buscar, como se pretende con esta enmienda, un estricto equilibrio
financiero de cada una de las prestaciones económicas.

Estas son las razones que motivan que el Grupo Parlamentario Popular se
oponga a las dos enmiendas, las números 827 y 828, presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista a la disposición final.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista al «Estado de
Ingresos», la número 833, para cuya defensa tiene la palabra el Senador
Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Esta enmienda es la lógica consecuencia de la presentación del veto y,
por lo tanto, se da por defendida en sus propios términos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para turno en contra, tiene la palabra el señor Alierta.




El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

Esta enmienda es casi el presupuesto alternativo que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista que, a lo largo de numerosas enmiendas, va
haciendo propuestas en la secciones de mayores gastos o mayores
inversiones. Las enmiendas que presenta a las secciones formalmente piden
la baja en la Sección 31, pero los fondos necesarios de la Sección 31
provienen de esta enmienda que debatimos ahora, la número 833, y se
allegan mediante un crecimiento de los ingresos. Se ha de destacar que
este crecimiento de los ingresos proviene de un aumento en la Presión
fiscal, concretamente, por la eliminación de la reducción en los módulos
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Como estos módulos
se aplican a pequeñas y medianas empresas se debe señalar que esta
propuesta socialista incide en uno de los aspectos que recientemente se
ha destacado en la Cumbre de Luxemburgo: la necesidad de potenciar las
pequeñas y medianas empresas. Entendemos que aumentar la presión fiscal o
disminuir las reducciones a estas pequeñas y medianas empresas, que es lo
que se plantea, es contraproducente.

Por otra parte, hay una previsión de mayores ingresos como consecuencia
del mayor crecimiento económico. El Grupo Parlamentario Socialista de
alguna forma reconoce que la economía va bien, que las previsiones son
buenas en cuanto que los ingresos serán mayores de lo que se estima en el
Estado de Ingresos.

Debemos señalar también que en términos de prioridades el Grupo
Parlamentario Socialista a lo largo de las secciones dedica mayores
ingresos a gastos e inversiones, cuando el Grupo Parlamentario Popular
los mayores ingresos que se pueden estimar en el mes de noviembre con
respecto a la estimación hecha en el mes de septiembre, que es la que se
recoge en los presupuestos que estamos debatiendo, los dedica a financiar
la sanidad, una importante necesidad social.

Por último, una parte importante del aumento de ingresos viene por
aumento de las retenciones, concretamente, la retención que se establece
del 20 por ciento sobre plusvalías de fondos de inversión y una retención
del 20 por ciento sobre plusvalías inmobiliarias.

Este tema de la necesidad de aumentar las retenciones sobre plusvalías en
fondos de inversión es recurrente, tratando de demostrar al mismo tiempo
que existe un preferente tratamiento fiscal a este tipo de rentas. Creo
que en el Grupo Parlamentario Socialista nunca han hecho los números
adecuadamente sobre cuál es la imposición que era, es y será de
plusvalías, porque al tratar de acusar al Grupo Parlamentario Popular y
al Gobierno Popular de favorecer la tributación de estas rentas no se ha
molestado nunca en hacer los números de lo que estas rentas han tributado
en el pasado. Por ejemplo, debo señalar que en la última memoria
tributaria que nos ha llegado, correspondiente al ejercicio 1995, donde
se recogen los datos sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondientes a 1994 puesto que este impuesto se liquida en
los meses de mayo y junio, el total de las bases imponibles del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas se puede estimar en 28 billones,
796.000 millones de pesetas. Pues bien, en los incrementos de patrimonio,
sumando los regulares e irregulares, las bases imponibles ascienden a
360.000 millones de pesetas, es decir, de un total de 28 billones, los
incrementos de patrimonio son 360.000. Para que se hagan una idea los
señores Senadores, las bases imponibles correspondientes a trabajo son 22
billones, 235.000 millones de pesetas, le siguen actividades
empresariales, capital mobiliario, actividades profesionales e
incrementos de patrimonio. Es decir, que en 1995 las bases imponibles
correspondientes a incrementos de patrimonio ascendieron a 360.000
millones de pesetas.

Si se pone un porcentaje tipo medio de gravamen del 30 por ciento, las
cuotas correspondientes a incrementos de patrimonio de todo tipo en 1995
fueron de 100.000 millones de pesetas, de los cuatro o cinco billones de
pesetas que se ingresan por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, es decir, que los ingresos sostenidos



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por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por plusvalías
--utilizando la palabra en su sentido más habitual-- eran mínimos. Y
difícilmente se puede reducir y favorecer a nadie a quien no se le está
cobrando impuestos. Por tanto, las cuotas en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas correspondientes al año 1994 --último del que se
tienen datos publicados--, la parte correspondiente a incrementos de
patrimonio, podrían estimarse en 100.000 millones de pesetas, de un total
de unos cuatro billones que se ingresaran en ese año. Por tanto,
difícilmente se pueden reducir.

No se ha entrado en números, quizás porque no ha interesado, porque así
se mantenían en la oscuridad y se podía hacer demagogia sobre los mismos.

Incluso, aunque estas bases imponibles tributaron al 56 por ciento, el
tipo marginal máximo --lo que además es matemáticamente imposible--, los
rendimientos hubiesen sido 201.000 millones de pesetas, de los cuatro
billones ingresados por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Es decir, que las plusvalías en este país, por el sistema tan
complejo que se había llegado a establecer, por la exoneración producida
después de un período de tiempo según el tipo de activos, entre diez y
quince años, en definitiva, por una serie de razones, los incrementos de
patrimonio en el año 1994 no pagaban, al menos relativamente a lo que
pagaban otras fuentes de renta, como el trabajo, o, en menor medida,
actividades empresariales o capital mobiliario. Por tanto, vuelvo a decir
que no se explica bien la demagogia que se hace.

Pero es que, además, la demagogia pasa a ser incompetencia cuando se lee
el contenido de la enmienda, y debo señalarlo porque creo que es
conveniente para en el futuro evitar mayores equivocaciones en esta
materia. Si, como les decía, a un tipo del 30 por ciento eran 100.000
millones de pesetas lo que se recaudaba por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, o, incluso, suponiendo que se tributara al 56 por
ciento, que eran 200.000 millones de pesetas, en la enmienda que hoy se
nos propone se nos dice que poner una retención del 20 por ciento, es
decir, 20 por ciento a cuenta de estos incrementos en fondos de inversión
y en plusvalías inmobiliarias --que, evidentemente, son las dos partes
más importantes, pero aún así hay otro tipo de plusvalías procedentes de
otras fuentes--, supone unos ingresos de 286.000 millones, más otros
85.000, es decir, 371.000 millones de pesetas. Es decir, en su enmienda
dicen que mediante una retención del 20 por ciento de los beneficios, de
lo que son las bases imponibles, se van a ingresar 371.000 millones; unas
bases imponibles que se supone, además
--porque lo presenta el Grupo Parlamentario Socialista--, que han
disminuido notablemente y que, sin embargo, hace tres años eran de
360.000 millones de pesetas. Es decir, los ingresos mediante esta
retención son prácticamente iguales a las bases imponibles de hace tres
años. Pero es matemáticamente imposible, si las bases imponibles son de
350.000 millones de pesetas, más o menos, que el establecimiento de una
retención del 20 por ciento pueda producir la misma cantidad, es decir,
370.000 millones de pesetas. ¿Cómo se pueden obtener, mediante
retenciones a unos ingresos que, según se dice, han sido drásticamente
reducidos, 370.000 millones de pesetas, cuando hemos hecho la estimación
de que apenas se obtenían 100.000 millones de pesetas hace tres o cuatro
años? Los números no cuadran. Prácticamente es imposible. Si esto fuera
así, si los números de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista fueran ciertos, lo que en el ejercicio 1998 se va a obtener
por plusvalías de fondos de inversión inmobiliaria es, aproximadamente,
del orden de cuatro veces superior en términos de bases imponibles a lo
que fue en el año 1995, totalmente incoherente con la propugnada
reducción que se dice que el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho
sobre estas rentas.

El no hacer números evidentemente permite hacer algo de demagogia sobre
esta cuestión: se favorece a los ricos, etcétera. Pero incluso ya se ha
repetido en alguna ocasión que este tipo de ingresos prácticamente no
pagaba en el año 1995, por lo que difícilmente se lo puede favorecer más.

Incluso, en cuanto a eliminar la exoneración total con el paso del tiempo
y poner un tipo fijo que todo el mundo tendrá que pagar, las previsiones
son las de que posiblemente se recaudará más dinero.

Pero si el no hacer números permite sostener la demagogia, el no hacer
números y llevarlos al extremo permite presentar una enmienda que, desde
luego, es un símbolo de lo que no debe hacerse, porque se han dejado en
negro sobre blanco unas cifras que son matemáticamente en la medida en
que esta palabra puede utilizarse en términos fiscales, imposibles, es
decir, que mediante una retención del 20 por ciento se va a obtener más
dinero que todo lo que suponían las bases imponibles por dichos conceptos
hace cuatro años. Y si además se añade, como he dicho ya, que las bases
imponibles procedentes de estas fuentes de fondos han sido especialmente
favorecidas todavía la incoherencia es mayor.

Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Granado Martínez pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.




El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Había dado por defendida la enmienda del veto, pero la amplia y completa
exposición del Senador Alierta me lleva a pedir de manera absolutamente
excepcional un brevísimo turno de portavoces.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, brevemente.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Me da la impresión de que al Senador Alierta le hubiera gustado hacer el
turno de contestación del veto, porque esta es una contestación al veto.

No obstante, quería comentarle brevemente tres o cuatro cuestiones que me
parecen de interés en relación con su intervención.

En primer lugar, creo que nuestra enmienda está más en consonancia con
los datos ofrecidos por el Secretario de Estado de Hacienda en esta
Comisión que la propia explicación del Senador Alierta. El señor Costa
explicó



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que en el año 1998 en España gracias a la nueva regulación del Gobierno
iban a obtenerse 100.000 millones de pesetas más por tributación de las
plusvalías. Me gustaría que el Senador Alierta hiciera un análisis tan
exhaustivo de esta cifra como el que ha hecho de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, porque probablemente y por la misma
argumentación podría entender que es manifiestamente incongruente esta
previsión del Gobierno, con lo cual no solamente el Grupo Parlamentario
Socialista hubiera errado en sus previsiones.

Pero también me hubiera gustado que el Senador Alierta hubiera leído la
prensa de hoy, porque se publican en diversos diarios de Madrid las
cifras de la Agencia Estatal Tributaria sobre evolución de los ingresos
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de las diferentes
fuentes de ingresos en 1996, primer año de Gobierno del Partido Popular.

Y se contempla algo que venimos diciendo desde los decretos de la
primavera pasada, como que, en efecto, se ha producido lo que dijimos los
socialistas, y no lo que decía el Gobierno, en el sentido de que lo que
ha sucedido en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 1996
en España --y se prolongará en el año 1997-- es que ha caído de manera
espectacular la tributación de las rentas del capital mientras que se ha
incrementado proporcionalmente en casi un punto la aportación al Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas de los rendimientos del trabajo.

¿Cómo se ha producido esto? Por las modificaciones fiscales, Senador
Alierta, si no sería manifiestamente incongruente el resultado de la
evolución del impuesto con lo que su señoría acaba de afirmar.

Si, como su señoría acaba de afirmar, se hubiera incrementado la
tributación por rentas de capital, hubiera sido imposible que ocurriera
lo que ha pasado, que es exactamente lo que nosotros dijimos que iba a
suceder, porque no son las nuevas contrataciones las que explican el
incremento de las aportaciones del trabajo al IRPF, esas nuevas
contrataciones se producen en muchos casos con rentas que no están
sometidas al impuesto, porque no llegan ni siquiera a la cuantía mínima
con obligación de declarar.

Sobre el tema de los módulos, me gustaría señalarle que, como sus
palabras han quedado plasmadas en el «Diario de Sesiones», tiempo
tendremos de hablar de ellas, Senador Alierta, porque en estos momentos
la Secretaría de Estado de Hacienda --y me imagino que su señoría estará
informado-- ha presentado una propuesta a las patronales de los
diferentes sectores que eleva la base de los módulos el 24, el 30, el 40,
el 42 y en algunos hasta el 48 por ciento. Lo que pasa es que estamos
--como en general la política económica del Gobierno-- bailando la
«Yenka», un pasito para adelante y dos para atrás. Primero reducimos la
tributación de los módulos el 15 por ciento y luego elevamos la base
sobre la que se aplica la reducción un veintitantos, para al final
compensar lo uno con lo otro.

¿Qué sentido tiene que el año 1996 la tributación por módulos fuera
excesiva y hubiera que bajarla un 15 por ciento, y a principios de 1998
sea muy baja y haya que subirla un 24, un 42, un 48 ó un 50 por ciento?
Ese es el sentido de una política errática que ha dejado sin recursos al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y que ahora tiene que
volver a buscarlos allá de donde los sacó, de los regalos fiscales
concedidos a determinados grupos, no en relación de su capacidad
económica ni de sus aportaciones a la economía de este país, sino que da
la sensación de que en función de cómo votaban sociológicamente las
personas sometidas al Impuesto.

Como nos hemos dado cuenta de que hemos hundido la recaudación de la
renta y de que además los trabajadores asalariados son los que soportan
cada vez más el peso del impuesto, ahora tenemos que anular las ventajas.

Pero como somos incapaces de reconocer que hemos metido la pata
--diciéndolo en términos coloquiales--, en vez de suprimir esa deducción
fiscal del 15 por ciento, lo que hacemos es elevar las bases, cuando
sería mucho más razonable aplicar el 100 por cien, en vez del 85 y
mantener las bases tal como están o, en todo caso, subir moderadamente y
no el 40 por ciento, las bases de aquellos sectores que hayan denotado
mayor actividad.

En este sentido, Senador Alierta, como sé que es usted un hombre riguroso
y que ha hecho una crítica rigurosa de nuestras enmiendas, le invitaría a
que hiciera la misma crítica rigurosa a las medidas económicas aplicadas
por el Gobierno que su señoría, con los miembros de su Grupo, sostiene
porque, probablemente allá donde el Senador Alierta ve la paja en el ojo
ajeno, sea capaz de ver con el mismo rigor la viga en el ojo propio.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el Senador Alierta.




El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

En todo momento a lo largo de mi intervención, sobre todo en la última
parte, he hecho referencia a rendimientos por plusvalías, incrementos de
patrimonio, tanto por fondos de inversión como por plusvalías
inmobiliarias, que es la parte en la que me he extendido. Una cosa son
rendimientos por plusvalías y otra son rendimientos de capital. En el
Impuesto de la Renta vienen en apartados e, incluso en páginas
diferentes. Yo no he hecho ninguna referencia a rentas de capital.

Por tanto, todas las observaciones que he hecho son sobre las plusvalías,
ya que el objeto de debate y de polémica es si las plusvalías están
favorecidas. He hecho la observación de que con el nuevo procedimiento
fiscal posiblemente la recaudación subiría, y lo confirma el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista diciendo que el señor Costa aquí lo dijo y
que se espera más. Yo también espero más con la nueva fiscalidad. Es
decir, que al contrario de lo que pasaba antes, con el nuevo
procedimiento aumentará la recaudación. Por tanto, no hay ningún
favoritismo.

Lo que digo es que la recaudación que con arreglo a la enmienda se espera
introduciendo una retención del 20 por ciento en plusvalías es muy
superior a lo que han sido las bases imponibles en este impuesto, que
evolucionan gradualmente. Por tanto, si se hubieran hecho números, no se
hubieran puesto estas cifras.

He hablado exclusivamente de plusvalías, no he hablado de rentas de
capital. La recaudación del impuesto por rentas de capital ha descendido
en esta cuenta, la de



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renta de capital e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Normal, se sabe y ya se dijo. En el momento en que han descendido los
tipos de interés han descendido los ingresos y, por tanto, descienden las
recaudaciones. Las imposiciones en los bancos, las obligaciones,
etcétera, están emitidas a unos tipos de interés muy inferiores a los del
año anterior y, por tanto, al haber menos remuneraciones, en cuanto que
la retención es un porcentaje del 25 por ciento, baja la recaudación.

Esto es así.

Esto tiene su repercusión en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, pero también en su distribución de la renta nacional. Los que
tienen capital, los capitalistas, los señores que tienen grandes
imposiciones en los bancos, de un año y medio acá han visto cómo se
reducían sus ingresos. El trabajo mantenido ha aumentado ligeramente.

Luego, en términos de distribución de la renta nacional, en año y medio
se ha producido un movimiento a favor del trabajo en la distribución de
la renta nacional porque las rentas de capital han caído por este
concepto de una forma muy importante. Para quien tenía equis millones y
los imponía en un banco, nunca hubo mejores años que los que pasaron y
que dejaron de ser hace un año o año y medio. Han tenido que salir de
esas imposiciones para buscar otros activos que les permitiera tener más
rentabilidad. Pero lo que el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas entiende por renta de capital, que son dividendos, rendimientos
de obligaciones, rendimientos de cuentas corrientes, etcétera, han
disminuido en consonancia con la bajada de los intereses y, en
consecuencia, la recaudación por este concepto ha disminuido. No es que
se castigue al trabajo, más bien al contrario, yo no utilizaría la
palabra penalizar porque no se ha hecho para penalizar a nadie, se ha
hecho para corregir unos desequilibrios en términos remunerativos que
existían en este país de una forma acusada. En ningún
país de Europa occidental la persona que tenía dinero estaba
viviendo tan bien como en España. Y yo me alegro mucho por ellos, pero,
señores, los tipos de interés no sólo son una remuneración, es el coste
que tienen que pagar las empresas y el Estado.

Ya he hecho referencia en otra intervención a la importancia que tiene
que los tipos de interés sean bajos para que funcione bien el conjunto de
la economía, por lo menos que alcancen su nivel. En España teníamos un
tipo de interés muy elevados, que penalizaban la industria, penalizaban
al Estado, penalizaban los gastos financieros que tenemos que pagar como
comunidad. Evidentemente, un tipo de interés también es una remuneración
de alguien, y eran las personas que tenían dinero quienes en los años
pasados han disfrutado de él.

Eso es otra cuestión, señor Granado, los incrementos de patrimonio vienen
por un sitio, las rentas de capital por otro. Al final va a resultar que
ni en incrementos de patrimonio va a ser tan favorecedora la política
fiscal del Partido Popular, sino que aumentará la recaudación, y en
rentas de capital ya le he explicado a usted cómo se ha producido un
reajuste cuando antes estaba totalmente distorsionado a favor de las
personas, empresas o entidades que tenían dinero, porque muchos de estos
fondos son de sociedades o de instituciones financieras.

Para terminar, señor Granado, voy a volver a insistir en un punto. Los
incrementos de patrimonio en este país no pagaban por lo que difícilmente
pueden haber sido favorecidos. Cualquier modificación posiblemente
producirá un aumento en la recaudación fiscal, posiblemente pasaremos de
los 100.000 millones a los 150.000 ó 200.000 millones, que es un
incremento muy importante.

Pero, aun con ese incremento tampoco daría de sí para que, con una
retención del 20 por ciento, la recaudación en 1998 fuera 371.000
millones, como proponen en su enmienda. Si hubieran hecho los números con
un poco de cuidado --repáselos-- verían cómo en esta enmienda lo que es
demagogia ha pasado a ser incompetencia.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.




Se suspende la sesión, que reanudaremos a las cuatro de la tarde con la
discusión de las secciones.




Eran las catorce horas y diez minutos.




Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Nos hemos quedado en la sección 1 que no tiene enmiendas, al igual que
tampoco tienen enmiendas las secciones 2, 3, 4, 5 y 8.

Empezamos con la discusión de las enmiendas a la sección 12, en primer
lugar, las presentadas por la señora Costa Serra, del Grupo Parlamentario
Mixto.

El Senador Román Clemente tiene la palabra.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Las damos por defendidas.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

A continuación, las enmiendas de los señores Nieto y Román Clemente,
números 207 y 208 a 221.

Tiene la palabra el señor Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

También en los mismos términos para darlas por defendidas.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Pasamos, a continuación, a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, 834 a 839.

Tiene la palabra el señor Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo para comentar muy brevemente nuestras enmiendas. Como sus
señorías ya saben, no hemos presentado enmienda de veto a la sección;
seguimos pensando que la política de Asuntos Exteriores del Gobierno de
España debe ser una cuestión de Estado, con lo cual no



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queremos expresar más discrepancias de las estrictamente imprescindibles.

Nuestras enmiendas hacen referencia a la situación de la red consular de
nuestras dependencias en el extranjero. Estimamos que es necesario
implementar una serie de partidas, las que hacen referencia a los
Consejos de residentes, a las Oficinas consulares y a la protección de
españoles en el extranjero, en particular a aquellos que se encuentran
privados de libertad y sometidos a condena en prisiones de diferentes
países del mundo.

Al lado de estas enmiendas hay dos de matriz casi diríamos testimonial;
una, en la que pedimos que exista una subvención en los Presupuestos del
Estado para la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para
ayuda al Desarrollo, la CONGAD, que pensamos que merece una consideración
por la importante labor que juega, incluso en auxilio de la
Administración, coordinando las iniciativas de las diferentes ONG y
consiguiendo que no se dupliquen y se coordinen más adecuadamente con las
que impulsa la propia Administración directamente.

En la segunda, pedimos que haya un incremento importante en la Agencia
Española de Cooperación Internacional por estimar que es necesario para
contribuir a financiar los proyectos previstos y ya presentados por las
diferentes organizaciones no gubernamentales de ayuda al desarrollo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la defensa de la enmienda número 1.141, del Grupo Parlamentario
Popular, y para consumir un turno en contra, tiene la palabra su
portavoz.




El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Tenemos presentada una enmienda a la Sección 12, que es, efectivamente,
la número 1.141. Con ella se trata de que se incremente en un millón de
pesetas el concepto 482. Es una mejora técnica y, en consecuencia, queda
defendida en sus propios términos.

Ya en el turno en contra, respecto a la enmienda a la totalidad y a las
del Grupo Parlamentario Mixto, puesto que este Grupo las ha dado por
defendidas en su propios términos, diré simplemente que reservaremos
también nuestros argumentos para el debate en el Pleno, y que en este
momento no estamos en condiciones de aceptar ninguna. En consecuencia,
las vamos a rechazar.

Seré muy breve respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, ya que también lo fue su defensa. Sólo diré que, en
principio, agradecemos la intención que ha movido al Senador Granado, que
es la de considerar que es una política de Estado, como siempre hemos
venido diciendo, y que, por lo tanto, son enmiendas que van a reforzar en
cierto modo esta política. No obstante, tampoco estamos en condiciones de
aceptar ninguna. Consideramos que el aumento del presupuesto supone,
además, una dotación suficiente para los distintos asuntos a los que se
refieren las enmiendas, tanto en embajadas como en consulados, para el
Consejo de residentes o el equipamiento informático, que también está
previsto. Respecto a la Coordinadora de ONG, diremos que es un debate que
viene de antiguo, y que el Gobierno y este Grupo Parlamentario creen que
no se debe subvencionar el funcionamiento de organizaciones no
gubernamentales, ni siquiera el de la Coordinadora. Lo que pretendemos es
la subvención de proyectos y programas en concreto. Probablemente haya
más argumentos para debatir a lo largo del trámite de Pleno.

Creemos que la protección de los españoles en el extranjero también está
suficientemente dotada con 643 millones de pesetas.

Rechazamos la enmienda relativa a un incremento de 4.000 millones de
pesetas para las ONG, así como la 829, al Anexo II, Créditos ampliables,
porque el criterio del Gobierno es ir consolidando créditos, ir a
incrementos progresivos, pero que haya una certeza en las cifras, la
capacidad de gestión suficiente y, sobre todo, eficacia y buenos
resultados.

Durante el Pleno ampliaremos, en todos los casos, los argumentos que nos
llevan a rechazar estas enmiendas, que, no obstante, agradecemos por la
intención que contienen.

Muchísimas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, pasamos a la Sección 13, Ministerio de Justicia.

Para la defensa de su enmienda número 107, tiene la palabra el señor
Armas Rodríguez.




El señor ARMAS RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

La enmienda número 107 va encaminada a la creación de juzgados de lo
social para Lanzarote y Fuerteventura, con una dotación de 35 millones de
pesetas.

La construcción del Palacio de Justicia en Arrecife, cuya obra será
realizada en 1998 por el Gobierno de Canarias, debería complementarse con
la aprobación, en Madrid, de la creación de un juzgado de lo social en
Lanzarote, con adscripción también para la isla de Fuerteventura. A pesar
de que el número de casos que se generan en ambas islas aconseja su
creación, el Ministerio de Justicia ha optado hasta ahora por el traslado
periódico de magistrados a Lanzarote para atenderlos. Desde mi acceso a
la Cámara Alta, en el año 1993, esta ha sido una de las peticiones
fundamentales que he realizado en sucesivas ocasiones a los distintos
responsables de Justicia, pero como comentaba anteriormente, hasta ahora
han preferido optar por un sistema de traslado, que no es lo
suficientemente efectivo para resolver el caos existente.

Asimismo, hace escasas fechas, el Parlamento regional aprobó una
proposición no de ley en la que insta al Gobierno de Canarias a que se
dirija a Justicia para que contemple la creación de dicho juzgado de lo
social. Si a esto añadimos el alto costo del traslado de una isla a otra,
creo que se da el momento adecuado para que, por fin, y de una vez por
todas, se cree el juzgado de lo social para la isla de Lanzarote y
Fuerteventura.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

La señora Costa Serra tiene presentadas las enmiendas números 74 a 77,
que defenderá el Senador Román.




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El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.

Las damos por defendidas.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

El señor Ferrer Roselló tiene presentadas las enmiendas números 1.174 y
1.202. Tiene su señoría la palabra.




El señor FERRER ROSELLO: Gracias.

Las damos por defendidas, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente tienen presentadas las
enmiendas números 223 a 233.

Para su defensa, tiene la palabra su señoría.




El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.

Con la misma brevedad con la que están justificadas, las damos por
defendidas en sus justos términos.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El Grupo Parlamentario Socialista tiene presentadas las enmiendas números
840 a 848.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz.




El señor MARIN RITE: Gracias, señor Presidente.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a la Sección 13,
Ministerio de Justicia, pueden dividirse en tres grupos: la número 840,
que es una enmienda de impugnación a toda la Sección; las enmiendas 842 a
847, que tratan de aumentar las dotaciones en servicios concretos; y un
tercer grupo, la enmienda número 841, que impugna globalmente el programa
142.A, Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal, y la enmienda 848,
que, en congruencia con lo anterior, trata de establecer mayores
dotaciones para el Programa 142.A.

Señorías, pasamos a comentar brevemente estos tres grupos de enmiendas.

La primera de ellas, la número 840, refleja la posición del Grupo
Parlamentario Socialista en relación con los presupuestos de Justicia
preparados por el Gobierno en la Sección 13. No estamos de acuerdo, señor
Presidente, señorías, con la pobre consideración que el Gobierno muestra
hacia la Justicia en estos Presupuestos. Esta consideración se evidencia
en la disminución que refleja la partida para la Justicia en el
presupuesto de gastos del Estado, que pasa de 0,9 por ciento a 0,7 por
ciento.

Lamentablemente, no ha habido modificación alguna de la política que
denunciábamos hace un año en esta misma sala, cuando decíamos que los
presupuestos eran insuficientes. Estos también lo son, pero con dos
diferencias fundamentales sobre los anteriores. Por un lado, según la
declaración oficial que se hace por el Gobierno, los presupuestos se
elaboran desde una posición de bonanza económica; y por otro, la
situación de la Justicia no es la misma que la del año anterior, sino que
ha empeorado. Por tanto, existe una mejor situación económica en el país,
una peor situación de la Justicia, pero los presupuestos siguen siendo de
mantenimiento. Todo ello, con independencia, por supuesto, de las
transferencias realizadas a las Comunidades Autónomas. En definitiva, se
ha hecho un presupuesto de mantenimiento, cuando era necesario un
presupuesto de choque.

Recordarán sus señorías que el año pasado, al criticar nosotros las
importantes disminuciones que se habían producido en los gastos de
funcionamiento del Ministerio de Justicia, se decía, por contra, que se
trataba de ahorrar en las situaciones de despilfarro existentes en
materia de gastos corrientes. Pues bien, este año nos encontramos con la
sorpresa de que el aumento ha ido dirigido precisamente a este tipo de
gastos. Sencillamente, llevábamos razón en lo que decíamos: se ha
producido una insuficiencia en las consignaciones presupuestarias que
ahora se trata de corregir, sin que pueda decirse que la mayor
consignación de este año vaya destinada a la creación de órganos
judiciales, ya que dicha medida no podrá entrar en funcionamiento hasta
finales del año que viene.

Por otro lado, el año pasado también se crearon órganos judiciales y
disminuyeron las consignaciones. Luego, sencillamente, se trataba de un
cálculo equivocado; se trataba de la política de denunciar un despilfarro
inexistente, lo que ha traído como consecuencia dicha insuficiencia y, en
definitiva, un perjuicio para la Administración de Justicia, como no
podía ser de otro modo, debido a la forma en que se hicieron ese tipo de
acusaciones durante el año pasado, y todavía en el presente. No es
posible atender a las necesidades de la puesta en marcha del Código
Penal, y ya han pasado dos años desde su aprobación. En general, no se
articula un presupuesto capaz de responder a las necesidades de la
Justicia recogidas en el Libro Blanco, presentado precisamente hace unas
horas en esta Casa por el Presidente del Consejo General del Poder
Judicial.

Por lo que se refiere a las enmiendas números 842 a 847, pretenden
mejorar las dotaciones en servicios concretos. La número 842, relativa al
programa 126.D, Asesoramiento y Defensa de los intereses del Estado,
propone un aumento de 50 millones. La número 843, al programa 146.A,
Registros vinculados a la fe pública, también incrementa la partida para
evitar la reducción de efectivos en este servicio. La número 844, al
programa 313.F, relativo a la objeción de conciencia, propone un aumento
de 525 millones, necesarios para vestuario. La número 845, al programa
313.F, trata de mejorar las transferencias a las Comunidades Autónomas,
mientras que la número 846, se refiere a la mejora de las transferencias
a las corporaciones locales.

La enmienda número 847, también relativa al programa 313.F, pretende la
mejora del haber en mano de los objetores, con un aumento de 7.000
millones de pesetas. En realidad, más que de una mejora, se trata de
hacer efectivo este derecho de los objetores de conciencia, lo que hasta
ahora no se hacía en términos reales, sino casi puramente simbólicos.

En cuanto a las enmiendas números 841 y 848, la enmienda 841 supone una
impugnación global al programa 142.A, sin duda el más importante de la
Sección 13, y que atiende las necesidades de los Tribunales de Justicia y
del Ministerio Fiscal. Es en este caso donde las insuficiencias tienen un
efecto más importante sobre la Administración de Justicia. La disminución
en el Capítulo 1



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es alarmante, y a pesar de las transferencias a las Comunidades
Autónomas, no se entiende cómo puede haber una disminución de más del 22
por ciento en dicho Capítulo.

Por lo que respecta a la enmienda número 848, en congruencia con lo
anterior, trata de corregir la insuficiencia que hemos denunciado en las
anteriores enmiendas. Se propone una cantidad de 16.110 millones de
pesetas destinados a la aplicación del Libro Blanco de la Justicia, ya
que no es posible esta aplicación sin un esfuerzo inversor
extraordinario. Esta mañana, el Presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial decía que era necesario un plan de
choque; que había materias en la Justicia que no podían esperar las
reformas procesales; que no podía mantenerse esa situación a la espera de
otro tipo de reformas, sino que, dada la situación de alarma --esa ha
sido la palabra utilizada ni más ni menos que por el Presidente del
Tribunal Supremo--, era necesario atender esta grave situación con
presupuestos de carácter extraordinario. Eso es lo que se propone en la
citada enmienda, y entendemos que votarla en contra significa, en
definitiva, votar en contra del Libro Blanco de la Justicia, en el que
tantas esperanzas se han puesto por parte de todos los sectores.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para consumir el turno en contra, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Popular.




El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.




En primer lugar, rechazamos las enmiendas que han sido defendidas por el
Grupo Mixto en sus propios términos. Sin embargo, voy a hacer una pequeña
referencia a la enmienda número 107, del Grupo Mixto, en la que se
solicita un incremento para la creación de un Juzgado de lo Social en
Lanzarote. En este sentido, dejamos la puerta abierta a la posibilidad de
un estudio más detenido por parte de nuestro Grupo para ver si es posible
la creación de dicho Juzgado en Lanzarote.

Por lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Socialista --de distintos
contenidos, y que parten de la número 840--, evidentemente, rechazamos lo
que supondría un veto a esta Sección, en cuanto que los argumentos que se
expresan no se corresponden con la realidad de los hechos. En términos
homogéneos, el presupuesto del Ministerio de Justicia aumenta un 9,7 por
ciento respecto al inicial de 1997 --o lo que es lo mismo, en 15.000
millones de pesetas--, cantidad que, a juicio del Grupo Parlamentario
Popular, es suficiente para el programa 142.A. Aumentan de forma notable
las plazas en la carrera judicial, en la carrera fiscal, para
secretarios, personal de apoyo, equipos técnicos de menores y puesta en
funcionamiento de los juzgados unipersonales de lo
contencioso-administrativo. Con estas nuevas plazas se da cumplida cuenta
de las demandas que se reflejan en el Libro Blanco, al que se ha referido
el Senador Marín Rite. Asimismo, se van a construir nuevos Palacios de
Justicia, y hay crédito suficiente para el buen funcionamiento del
Tribunal del Jurado.

Respecto del resto de los programas presupuestarios, los aumentos, aunque
menores, son suficientes para conseguir sus objetivos, dada la mejora que
se está realizando en la gestión por parte del Ministerio de Justicia,
así como la rebaja de los costes.

Rechazamos la enmienda número 842, al estar previsto en el presupuesto un
crédito específico, de 45 millones, que se incluye en la aplicación
presupuestaria del correspondiente programa. También rechazamos la número
843, puesto que no existe ninguna reducción real de efectivos, sino una
reasignación de créditos correspondientes al personal de la
Administración de Justicia destinado en los Registros Civiles, cuyos
créditos son traspasados al programa 142.A. Asimismo, rechazamos la
enmienda 844, por considerar que el gasto en vestuario es muy reducido,
ya que reglamentariamente sólo se asigna a los objetores a quienes
corresponde por la naturaleza de su destino. Además, en el Capítulo 4 de
este programa se incluye el coste de vestuario que pueda derivar de los
conciertos a suscribir. En consecuencia, la responsabilidad de
proporcionar vestuario, en su caso, corresponde a la administración u
organización que constituye la otra parte de los conciertos.

Se rechaza la enmienda 845, por considerar suficientes los objetivos del
programa 313.F y el crédito existente en el presupuesto, por un importe
de 248 millones de pesetas. También rechazamos la enmienda 846, por
considerar suficientes los objetivos del programa al que antes me he
referido, 313.F, y el crédito existente en el presupuesto, por un importe
de 122 millones de pesetas. Igualmente, se rechaza la enmienda 847 por
considerar suficiente para los objetivos del programa el crédito que
actualmente existe en este sentido para el pago del haber en mano, por un
importe de 1.501 millones de pesetas.

En cuanto a la enmienda 848, defendida conjuntamente con la número 841,
entendemos que siguen siendo válidos los argumentos señalados para el
caso de la enmienda 840. Por otro lado, el crédito existente en el
presupuesto se adapta perfectamente a las necesidades derivadas de las
reformas legislativas que entrarán en vigor en 1998.

Por estas razones, señor Presidente, rechazamos las enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos al debate de la Sección 14, correspondiente al Ministerio de
Defensa.

La señora De Boneta ha presentado a esta Sección las enmiendas números
28, 29 y 30 y tiene la palabra para su defensa.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo simplemente para darlas por defendidas en sus propios
términos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente han presentado la enmienda
número 1.300 y las enmiendas números 234 a 243.




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Tiene la palabra para su defensa el señor Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Las damos por defendidas en sus justos términos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El señor Padrón Rodríguez ha presentado la enmienda número 1. Tiene la
palabra para su defensa el señor Armas Rodríguez.




El señor ARMAS RODRIGUEZ: Las doy por defendidas en sus propios términos,
señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por último, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas
números 849 a 851, ambas inclusive.

Tiene la palabra para su defensa el señor González López.




El señor GONZALEZ LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta tres enmiendas: una a la
totalidad, que defenderemos en el Pleno, y dos parciales a los
presupuestos de Defensa.

Una de ellas, la enmienda número 850, tiene más bien un carácter y
significado social y político que económico, por lo que creemos que puede
ser perfectamente asumida por los demás grupos parlamentarios. Se refiere
a la destrucción de las minas antipersonales. Teniendo en cuenta que
nuestro Gobierno acaba de ratificar el Tratado de Otawa, que además una
organización internacional, la de la Campaña Internacional contra las
minas, que engloba a más de mil organizaciones nacionales, acaba de
obtener el Premio Nobel de la Paz y que la sociedad está especialmente
sensibilizada ante este asunto, creemos que sería necesario dotar en
estos presupuestos una cantidad que manifestara la voluntad que, tanto el
Congreso de los Diputados como esta Cámara, ya han manifestado.

Actualmente las Fuerzas Armadas, en concreto del Ejército de Tierra,
tienen aproximadamente 800.000 minas, de las que 150.000, las del modelo
P-4E, ya están en proceso de destrucción.

Además, teniendo en cuenta que habría que dejar un número, como contempla
el texto de la propia Convención, con el objeto de desarrollar técnicas
de detección, de limpieza y de destrucción, creemos que 300 millones de
pesetas, aproximadamente, podría ser una cantidad suficiente para que en
dos años el arsenal de minas antipersonales que, repito, poseemos fuera
destruido. Para su destrucción, el Gobierno hace un cálculo que oscila en
tres años y las Organizaciones no Gubernamentales están pidiendo,
aproximadamente, uno.

El coste total del arsenal que poseemos en estos momentos puede rondar
alrededor de los 650 millones de pesetas, por lo que nosotros calculamos
que en dos años --con una enmienda que presentamos de 300 millones de
pesetas para este año y de 350 para el próximo ejercicio-- se podría
terminar con la destrucción de estas minas.

Creemos sinceramente que esta enmienda puede ser asumida perfectamente
por todos los grupos. Con ello estarían en consonancia con la
sensibilidad social y mostrarían la voluntad de llevar a la práctica por
medio de los presupuestos lo que firmamos en los papeles. Además, iría en
beneficio de la imagen de nuestras Fuerzas Armadas.

La enmienda número 851, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
es parcial. Trata de aumentar el Concepto 140, del Capítulo 1, Gastos de
Personal, de 11.674 millones de pesetas a 18.000 millones de pesetas,
aproximadamente. Por tanto, es una enmienda de unos 7.000 millones de
pesetas, que persigue el aumento del haber en mano de los soldados de
reemplazo.

En el presupuesto del año 1997 ya presentamos esta enmienda e,
incomprensiblemente, fue rechazada por el Partido Popular. Y digo
incomprensiblemente porque habiéndola aprobado el Partido Popular
garantizaría el cumplimiento de sus promesas electorales y de su programa
electoral.

Actualmente los soldados de reemplazo siguen cobrando 1.500 pesetas y ni
siquiera se les contempla la subida del 2,1 por ciento como al resto de
los componentes de las Fuerzas Armadas. Con la enmienda que nosotros
presentamos aseguraríamos una cantidad de, aproximadamente, 10.000
pesetas mensuales para más de la mitad de los soldados de reemplazo y
unas 20.000 para los que realizan misiones que precisan una preparación
especial y que conllevan riesgo o peligrosidad.

Además, este año y los posteriores será mucho más fácil el cumplimiento
de esta enmienda, debido a que con la profesionalización se necesitan
cada vez menos soldados de reemplazo y no sería necesario consolidar este
gasto porque se iría añadiendo paulatinamente a medida que se va
profesionalizando.

El Subsecretario de Estado afirma que ya hay un número significativo de
soldados de reemplazo que, por motivos de riesgo o peligrosidad,
residencia y responsabilidades, rondan las 30.000 pesetas, lo que está
más a mi favor para que el coste fuera menor y el cumplimiento de esta
enmienda fuera más fácil.

Por último, esta enmienda tendría además una ventaja, pues en período de
transición, como en el que estamos, de un modelo mixto a uno profesional,
incentivaría el servicio militar obligatorio para todos aquellos que
todavía tienen que cumplirlo.

Por los motivos que he expuesto, esperamos que esta enmienda sea apoyada
por todos los grupos, pero especialmente por el Grupo Parlamentario
Popular.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para un turno en contra tiene la palabra el señor Elorriaga, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular.




El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: En principio quiero decir que las enmiendas
mantenidas en sus propios términos serán debatidas también en sus propios
términos en el Pleno.

Sólo voy a hacer referencia a las dos enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, que ha expuesto aquí su argumentación.




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En cuanto a la enmienda que se refiere a la aplicación de los fondos para
la destrucción de minas antipersonales, he de decirle que es un asunto en
el que, efectivamente, coincidimos todos los grupos de la Cámara, pero
que no es el momento de incluir nada en el presupuesto.

En primer lugar, se trata de un Tratado que tiene que ser ratificado por
40 países y no lo ha sido. En segundo lugar, no está explicitado cuál es
el trabajo que tendrá que realizar cada uno de los países que participen,
no sólo en la destrucción de su propio material, sino en la solidaridad
con otros países donde de alguna manera tenga que cooperar España. Es
decir, en las fechas en que estamos es muy prematuro el cifrar en una
cantidad determinada lo que va a costar esta operación que, por otro
lado, los más optimistas --como decía mi colega-- la cifran en dos años y
el Tratado da un margen hasta de ocho.

Aparte de eso, el Gobierno se propone enviar a las Cámaras --pasará por
este Senado-- un anteproyecto de ley, como consecuencia del Tratado, de
prohibición de fabricación, almacenamiento, comercialización, exportación
o transferencia de tecnología de todo tipo de minas antipersonales y
armas de efecto, similar, así como sus componentes de destrucción de las
existencias actuales.

Parece que dicho proyecto será enviado a las Cortes Generales en el plazo
más breve posible y cuando sepamos efectivamente qué compromisos va a
establecer y, por tanto, qué cantidades se pueden ponderar, será el
momento de incluirla en un proyecto de ley de presupuestos. Es decir, no
hay ningún desacuerdo con el espíritu de la enmienda, sino que nos parece
que en este momento es un poco prematuro fijar una cantidad determinada
en el presupuesto que iniciamos.

En cuanto al tema del haber en mano, como también se ha mencionado aquí,
es una realidad que cada vez tiene menos significación. En estos momentos
el personal recibe esta asignación, en gran parte según sus destinos, en
unidades especiales, en cargos de responsabilidad o de riesgo o por
movilidad geográfica y se van extendiendo cada vez más, siendo muy
pequeño el número de personal que no es beneficiario.

Por otra parte, suponemos que el incremento que se pide en la enmienda se
referirá a todos los ejércitos. No sabemos por qué tiene que ser el haber
en mano sólo para el reemplazo del Ejército de Tierra, pero, en todo
caso, entendemos que en este momento no es un tema prioritario, y sí lo
son mucho más los referidos a la profesionalización, al aumento del
porcentaje de soldados profesionales o voluntarios, y al estar en una
transición es lógico que la prioridad del gasto del personal del
Ministerio de Defensa vaya a aumentar más el número de plazas de soldados
profesionales que el número en reducción de los que tienen aún que
cumplir esta obligación. Por tanto, tampoco es una enmienda que en
principio debamos considerar aceptada.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Terminado el debate, vamos a pasar a la Sección 15.

Economía y Hacienda. Hay presentada una enmienda, la número 31, por la
señora De Boneta y Piedra.

Tiene la palabra, para su defensa.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

Me va a permitir que esta enmienda pase a defenderla con mayor
detenimiento puesto que creo que es bueno que se conozcan las razones por
las cuales pedimos 171 millones destinados al Proyecto Lenbur. Este
proyecto nació como consecuencia del impulso del Ayuntamiento de Legazpi
y con él se pretende desarrollar el patrimonio natural y cultural,
especialmente, el relacionado con la historia del hierro. Se espera en
muy poco tiempo, y de hecho ya se está planteando, la participación de
otros ayuntamientos de la zona de la parte alta del Valle del Urola, como
son los ayuntamientos de Ichaso, Urretxu y Zumárraga, zona de una gran
importancia en esta historia del hierro. Participan ya en él la Unión
Europea, el Gobierno Vasco, la Diputación de Guipúzcoa, la Mancomunidad
del Urola, al que pertenecen estos ayuntamientos a los que me he
referido, la Fundación Kutxa, la Caja de Guipúzcoa, y el INEM. Es un
proyecto interdisciplinar y pretende, no sólo la ejecución y adecuación
de una serie de infraestructuras de ocio, sino también la creación de una
escuela de forja, que en un proceso final de formación recupere y
mantenga la forja artesanal y se convierta en un verdadero taller de los
que se van perdiendo en todo el territorio de Euskalherría.

Asimismo, reclama también la investigación y difusión del patrimonio con
la edición de varios libros sobre temas de patrimonio y naturaleza; la
recuperación de patrimonio, tanto mueble como inmueble, y los referidos a
antiguas ferrerías, como la de Olabarría, a molinos antiguos, al Centro
Artesanal del Queso, etcétera. Esta zona es de una amplia riqueza
cultural y con este programa se pretende impulsar, como decía, antiguos
oficios artesanales y preparar y dar trabajo a muchos jóvenes de la zona.

Se prevé la inversión de 1.000 millones de pesetas en siete años en este
llamado Valle del Hierro, en la zona alta del Urola.

Es un amplio y ambicioso programa que abarca la recuperación y el
mantenimiento de la cultura y de una serie de características propias del
país. Tiene también una finalidad práctica en la que no voy a hacerle más
hincapié, puesto que se intenta, repito, dar trabajo e iniciar a los
jóvenes en talleres y escuela en oficios perdidos prácticamente.

Creo que merece la pena que se tenga en cuenta este proyecto y que se le
dote presupuestariamente, desde los Presupuestos Generales del Estado
que, por otra parte, son los únicos que no participan en él --quiero
decir a nivel de Europa-- pues figuran todas las demás instituciones.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente tienen presentadas las
enmiendas números 244 y la 245 a 249.

Tiene la palabra para su defensa el señor Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.

Las doy por defendidas.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El Grupo Parlamentario Socialista, tiene presentadas las enmiendas
números 852 y 853 a 862.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Nieto Ledo.




El señor NIETO LEDO: Gracias, señor Presidente.

Presentamos, en primer lugar, una enmienda a la totalidad a la Sección
15, Ministerio de Economía y Hacienda.

No estamos de acuerdo con algunos de los objetivos básicos de la economía
española que se diseñan desde este Ministerio, ni con la distribución de
los programas de gastos, ni siquiera estamos de acuerdo con las
dotaciones que se asignan a los diferentes programas, tanto a los de
apoyo a los sectores productivos, como a los de regulación económica como
a los dedicados a la administración del propio Ministerio. Valga como
botón de muestra de nuestra discrepancia que pensamos que en un Gobierno
que considera la austeridad como uno de sus elementos básicos de
referencia, el Ministerio de Economía y Hacienda, que se supone debe dar
ejemplo, aumenta en este presupuesto el 6,9 por ciento cuando el resto de
los Ministerios aumenta el 3,2 por ciento.

También presentamos una enmienda a la totalidad al Programa 124.D,
Coordinación y Relaciones Financieras en Comunidades Autónomas. La
Secretaría de Estado de Hacienda y la Dirección General de Coordinación
con las Haciendas Territoriales son los entes encargados de la gestión de
este Programa. Dicha Secretaría trata de impulsar, diseñar y ejecutar el
modelo de financiación de las Comunidades Autónomas. A nuestro entender,
este modelo es ineficaz, insolidario y provoca una amplia anarquía
fiscal. Por ello, pedimos su devolución al Gobierno.

También presentamos una enmienda a la totalidad, la número 854, al
Programa 551.C, Elaboración y Difusión Estadística. Se contempla, desde
nuestro punto de vista, un gasto excesivo en este Programa estadístico,
puesto que algunos de los objetivos que se realizan en él, se solapan con
algunas de las actividades que realiza el Centro de Investigaciones
Sociológicas. Además, también echamos en falta la preparación de estudios
y estadísticas de cara a la nueva etapa de la Unión Europea.

Respecto a la enmienda número 855, también presentamos una impugnación al
Programa 611.A, Dirección y Servicios Generales de Economía. No se pueden
conocer los objetivos que se pretenden desarrollar en el presente
ejercicio 1998, tal como se formulan los objetivos de este Programa. Por
tanto, pedimos su devolución al Gobierno.

En cuanto a la enmienda número 856, presentamos una impugnación al
Programa 612.B, Planificación Presupuestaria y Política Fiscal. En este
Programa se elaboran los escenarios macroeconómicos del Gobierno y los
Presupuestos Generales del Estado. Por ello, en él se encuentra la
política estratégica del Gobierno, con la que discrepamos ampliamente, y
la definición de la política tributaria.

Respecto a la enmienda número 857, presentamos una impugnación al
Programa 612.F, Gestión del Patrimonio del Estado. Este Programa presenta
la Gestión del Patrimonio del Estado en una línea continuista con la del
año 1997 y con la que discrepábamos. Por ello, igualmente, pedimos su
devolución.

En cuanto a la enmienda número 858 presentamos una impugnación al
Programa 613.D, Gestión de los Catastros Inmobiliarios, Rústicos y
Urbanos. Del análisis de los objetivos y el gasto asignado al programa al
que nos hemos referido, observamos que en la política de revisión del
catastro, con un 35 por ciento más de dinero para la revisión catastral
del año 1998, se van a inspeccionar un 10 por ciento menos de unidades
urbanas que en el año 1997. Consideramos que ya es razón suficiente como
para que se reformulen de nuevo los objetivos de este Programa.

En la enmienda número 859 presentamos una impugnación al Programa 724.B,
Apoyo a la pequeña y mediana empresa. Es la única Dirección General del
Ministerio de Economía y Hacienda, encargada de la gestión de este
Programa, que baja de forma importante --mil millones de pesetas-- su
presupuesto. La aportación es del 87 por ciento en relación con el de
1997. No puede abordarse, desde nuestro punto de vista, la problemática
de la pequeña empresa sólo con medidas de tipo fiscal, como parece ser
que pretende realizar el Gobierno del Partido Popular.

En la enmienda número 860 presentamos una impugnación al Programa 762.B,
Promoción Comercial e Internacionalización de la Empresa. Creemos que en
el año 1998, de acuerdo con el marco macroeconómico, que aumentará en
torno al 3,4 por ciento del PIB, una vez analizados los objetivos que se
pretenden, de nuevo será el sector exterior el que nos sacará las
castañas del fuego, es decir, nos resolverá los problemas económicos,
como ha ocurrido en los últimos años. Por tanto, consideramos que se
necesita un mayor esfuerzo presupuestario para impulsar la política
exterior en materia económica y, por consiguiente, también pedimos la
reformulación de los objetivos y mayor dotación para este Programa.

En la enmienda número 861 presentamos una impugnación al Programa 751.A,
Coordinación y promoción del turismo. En un contexto presupuestario en el
que el gasto público aumenta el 3,2 por ciento, creemos que no es
admisible que para el tema del turismo se disminuyan los recursos, y más
cuando el Gobierno se plantea la elaboración de un plan de estrategia y
actividades turísticas, a través también de un congreso nacional de
turismo. Consideramos que difícilmente se puede conseguir el objetivo que
plantea el propio Gobierno.

La enmienda 862 se refiere al Programa 314.C, e incluimos una partida
correspondiente al Capítulo VIII para dotarla de préstamos fuera del
sector público. Esta partida está en coherencia con la enmienda número
165 planteada a la Ley de Medidas que ha presentado el Grupo Socialista,
por la que se pretende garantizar por el Estado, mediante un sistema de
anticipos, el pago de alimentos reconocidos a favor de los hijos menores
de edad en los supuestos de separación legal, divorcio o declaración de
nulidad de matrimonio, etcétera.

En la enmienda 863 presentamos una impugnación al Presupuesto de
Explotación y Capital. Estados Financieros de la Sociedad Estatal de
Participaciones Patrimoniales (SEPPA). No responde, desde nuestro punto
de vista, a los objetivos que deben reunir estas empresas como auténticas



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dinamizadoras de las actividades de las acciones del Estado en la parte
del patrimonio. En sus presupuestos, son 73.000 millones de pesetas de
los 180.000 de ventas los que van dirigidos al sector interior, cuestión
que nos resulta tremendamente preocupante.

Por último, en la enmienda 864, presentamos una impugnación al
Presupuesto de Explotación y Capital. Estados Financieros de la Entidad
de Derecho Público: Instituto de Crédito Oficial, por desacuerdo con los
presupuestos planteados para el año 1998.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para un turno en contra, tiene la palabra el Grupo Popular.




El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.

Iniciando nuestra posición respecto a las enmiendas que se han defendido
y por ese mismo orden, deseo señalar que la enmienda presentada por el
Grupo Mixto, por la Senadora De Boneta, en la cual solicita una dotación
para el proyecto Lenbur, debemos manifestar que no tenemos ninguna duda
de que puede tratarse de un proyecto muy interesante y digno de toda
clase de apoyo, pero únicamente debemos señalar que el programa, sección
y servicio para el cual se solicita la dotación corresponde al programa
de incentivos regionales y hay una partida genérica.

Estos incentivos tienen un mecanismo por el cual se hacen las solicitudes
entre diferentes tipos y diferentes empresas con arreglo a una mecánica,
una legislación, una disposición, unas normas y unos requisitos que se
exigen y que está abierto a todas las empresas que quieran participar, y
los organismos de la Administración determinarán si reúnen los requisitos
oportunos o no. En consecuencia, la dotación que aparece en los
Presupuestos para 1998, que asciende a 15.000 millones de pesetas, está
abierta al proyecto Lenbur como a cualquier otra iniciativa empresarial
que se considere oportuna. Entendemos que es el camino para obtener
ayudas para incentivos regionales.

Quiero señalar asimismo que la enmienda, tal y como viene redactada, hace
difícil saber la partida en la cual se da la baja, puesto que su
enumeración es incompleta y técnicamente plantearía problemas para su
admisión.

Las enmiendas del Grupo Mixto, planteadas por el señor Nieto, han sido
dadas por defendidas y en el momento en que se expongan los argumentos
oportunos procederemos, en su caso, a dar las contestaciones oportunas.

Respecto a las enmiendas planteadas por el Grupo Socialista, debemos
señalar que, en primer lugar, existe una enmienda de veto; en segundo
lugar, una serie de enmiendas a diferentes programas, y hay una única
enmienda que propone un alta y una baja en uno de los apartados. Debemos
decir que la enmienda de veto no deja de tener un planteamiento que, de
alguna forma, es algo ambiguo. Evidentemente es por discrepancias
fundamentales en algunas políticas económicas, pero en este momento
estamos debatiendo Presupuestos y convendría, al solicitar una enmienda
de veto, teniendo en cuenta que en su argumentación no están de acuerdo
con las dotaciones que existen y cómo están distribuidas y los objetivos
que se quieren alcanzar, que el Grupo enmendante mostrara más los
aspectos presupuestarios en los cuales está de acuerdo, es decir, que
hiciera algunas propuestas de cómo debería ser la dotación presupuestaria
adecuada para alcanzar los objetivos. (El señor Secretario Primero,
Blasco Nogués, ocupa la Presidencia.) La Sección 15 ha sido elaborada de
una forma coherente con los fines que se persiguen, que están recogidos
en su memoria de objetivos y de acuerdo con la política seguida por el
Gobierno en estas materias. Debemos decir que los comentarios que se han
hecho en general nos sorprenden un poco, porque estudiando la estructura
por programas de la Sección 15, en los últimos cuatro años, desde 1995,
es decir, lo que se presentó aunque no se aprobó de 1996 y 1997, existen
variaciones pero no tan importantes como para pensar que, en términos
presupuestarios, la Sección 15 haya sido una Sección donde se planteen de
alguna forma modificaciones de tal entidad que quizá justifiquen una
enmienda de totalidad por su distribución en programas. Sí reflejan, de
alguna manera, la política de austeridad actual del Gobierno. La dotación
total para 1998 es todavía inferior a la que se presentó para 1995 y
ligeramente inferior a la que se presentó para 1996. Sufre un incremento
con respecto a la política de 1997, pero realmente este incremento se
puede identificar en el crecimiento del Programa Promoción Comercial e
Internacionalizacion de la Empresa, que pasa de 117.000 millones a
141.000 millones, es decir, hay un aumento de casi 24.000 millones de
pesetas, lo que significa un 20 por ciento más en una partida. Si, como
ha señalado el Portavoz del Grupo Socialista, en el futuro el papel de la
empresa en el exterior o, dicho de otra forma, el papel que esperamos
sigan jugando las exportaciones en el devenir de la economía española
colaborando y coadyuvando a su crecimiento, y aportando posibilidades de
desarrollo, es evidente que este incremento en este Programa de
Promoción, Comercialización e Internacionalización de la Empresa no sólo
es coherente con los objetivos buscados sino con los mismos objetivos que
ha señalado el Grupo Socialista.

Por lo tanto, vista en conjunto la distribución por programas de la
Sección 15, donde si acaso podemos encontrar la mayor evolución de un
programa entre 1997 y 1998, realmente es difícil quizá justificar las
razones de veto a la totalidad y de devolución de una serie de programas
que quizá puedan tasarse en algunos casos de cierto grado de ambigüedad,
pero que comparadas las descripciones en los programas que aparecen en
los Presupuestos para 1998 con los que aparecían en 1995, últimos
Presupuestos aprobados presentados por un Gobierno socialista, existe una
cierta línea de continuidad, y si acaso en algunos de los programas lo
que ha habido es una mejora propia que esta descripción de objetivos y
programas tiene en los programas a lo largo del tiempo, como en su
momento la descripción de los programas en los Presupuestos para 1995 en
general tendía a ser más exhaustiva y detallada que lo que aparecía en
los Presupuestos que se presentaron en su momento para el ejercicio de
1991, por ejemplo.




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En consecuencia, no compartimos las razones por las cuales se ha
presentado esta enmienda de devolución de estos programas y por eso nos
opondremos a su tramitación.

En cuanto a la última enmienda que se ha defendido, nosotros entendemos
que este tema está por el momento suficientemente atendido y, por lo
tanto, también nos opondremos a la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.

Cuando se habló de la tramitación de los presupuestos, se quedó en que
las enmiendas que se defiendan por parte del Grupo Parlamentario
Socialista sobre empresas o sociedades estatales, nuestro Grupo las
debatirá todas conjuntamente al final de la tramitación de los
Presupuestos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor SECRETARIO PRIMERO (Blasco Nogués): Así se quedó y así consta.

Pasamos al debate de la Sección 16.

Enmiendas presentadas por el señor Armas Rodríguez, números 108 a 110.

Tiene la palabra el señor Armas Rodríguez, por el Grupo Parlamentario
Mixto.




El señor ARMAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda número 108 surge para la construcción de la Comisaria de
Policía de Arrecife y porque el Ministerio del Interior no ha contemplado
en sus presupuestos una partida específica destinada a la Comisaría de
Policía de Arrecife de cara al próximo año, a pesar de que ya se han
cedido los terrenos por parte del Cabildo Insular de Lanzarote para que
se ejecute esta obra.

La construcción de una nueva Comisaría de Policía de Arrecife fue uno de
los compromisos adquiridos por el Ministro del Interior, Jaime Mayor
Oreja, durante su visita a la isla de Lanzarote el pasado mes de julio.

La realización de esta obra es fundamental para dotar a los agentes de
unas dependencias acordes con las necesidades reales, ya que la actual
sede se encuentra obsoleta.

Esta petición ha sido demandada por este Senador y otros representantes
de la isla en reiteradas ocasiones ante la evidente necesidad existente
en Lanzarote. Por tanto, confiamos plenamente en que esta obra haya sido
o sea incluida por el Ministerio del Interior dentro de la partida
reservada para la ejecución de obras en la provincia de Las Palmas. Con
la construcción de esta obra se contribuiría a incrementar los medios de
cara a la lucha contra los actos delictivos que se registran en la isla y
el creciente tráfico de estupefacientes. Asimismo, esperamos que la
creación de una nueva sede redunde, a su vez, en la realización de un
control más exhaustivo de los extranjeros ilegales, que es otro grave
problema que tenemos en la isla de Lanzarote.

La enmienda número 109 va encaminada a la creación de una Subdelegación
de la Jefatura Provincial de Tráfico. En el cuarto trimestre de 1988,
hace ahora nueve años, la Dirección General de Tráfico llevó a cabo un
estudio de descentralización de las Jefaturas Provinciales de Tráfico en
aquellas poblaciones que por su densidad demográfica o situación así lo
aconsejasen. En este estudio se encontraba programada la Oficina Local de
Lanzarote, repito, hace nueve años. Si actualmente contamos con 65.000
vehículos, creo que se hace evidente la necesidad de que esta
Subdelegación esté creada en la isla.

La enmienda número 110 va dedicada al Centro Penitenciario de Tahiche en
Lanzarote, por un importe de 20 millones de pesetas, para remodelación
del área de mujeres en dicho centro, que también alberga reclusos de
Fuerteventura y que el propio Gobierno había reconocido que era uno de
los más obsoletos de las cárceles del Estado.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor SECRETARIO PRIMERO (Blasco Nogués): Muchas gracias, señor Armas.

Para la defensa de la enmienda número 32, tiene la palabra la señora De
Boneta.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Queda defendida en sus justos términos.




El señor SECRETARIO PRIMERO (Blasco Nogués): Muchas gracias.

La señora Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
para la defensa de las enmiendas números 78 a 80.




El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, las defendemos en los términos
en que están redactadas.




El señor SECRETARIO PRIMERO (Blasco Nogués): Muchas gracias.

El señor Ferrer Roselló tiene la palabra para defender la enmienda número
1.175.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Queda defendida en sus justos términos.




El señor SECRETARIO PRIMERO (Blasco Nogués): Muchas gracias.

Enmiendas números 250 a 260, de los señores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Quedan defendidas en sus justos términos.




El señor SECRETARIO PRIMERO (Blasco Nogués): Muchas gracias.

Enmiendas números 2 y 3, del señor Padrón Rodríguez.




El señor ARMAS RODRIGUEZ: Señor Presidente, quedan defendidas en sus
justos términos.




El señor SECRETARIO PRIMERO (Blasco Nogués): Muchas gracias.

Enmiendas números 1.254 a 1.257, de los Senadores Padrón Rodríguez, Ríos
Pérez y Armas Rodríguez.




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El señor ARMAS RODRIGUEZ: Señor Presidente, quedan defendidas en sus
justos términos.




El señor SECRETARIO PRIMERO (Blasco Nogués): Muchas gracias.

Enmiendas números 865, 866 a 884, del Grupo Parlamentario Socialista.




El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, defiendo el veto a toda la Sección. Nosotros votaremos
en contra de la Sección 16 por parecidas razones que en los Presupuestos
de 1997.

El presupuesto del Ministerio del Interior asciende a 635.321 millones de
pesetas, lo que supone un aumento de 13.087 millones de pesetas respecto
al año anterior. Por tanto, curiosamente hay un incremento del 2,1 por
ciento, que es lo mismo que suben las retribuciones de los empleados
públicos. Pero resulta más curioso todavía que de los 13.087 millones de
pesetas que aumentan los presupuestos del Ministerio del Interior con
respecto a los del año anterior, 6.727 millones de pesetas sean para
retribuciones de los funcionarios del Ministerio, y de una manera
bastante poco clara en cuanto se aumentan los créditos destinados a
incentivos al rendimiento. Esto da una sensación de escasa claridad, de
mucha opacidad en lo que puede ser aumento de retribuciones de los
funcionarios del Ministerio del Interior.

Esto supone que el Ministerio del Interior en su conjunto se mantiene en
la misma situación en que estaba respecto de otros ministerios en el
contexto de los Presupuestos Generales del Estado, no aumenta su peso
dentro del Presupuesto cuando es uno de los ministerios que tiene en este
momento mayor número de problemas. No digo que todos los problemas se
solucionen aumentando los presupuestos, pero sí que llama la atención
cómo en este Ministerio no se atienden una serie de necesidades que en
otro caso hubieran sido preferentes dentro de las cantidades que se van
atribuyendo en los presupuestos a cada uno de los capítulos.

Retomando el tema de los funcionarios del Ministerio, resulta que la
Policía y la Guardia Civil siguen sin ser equiparadas a las policías de
las Comunidades Autónomas allí donde las hay, pese a las promesas
constantes del Gobierno de que esto sería así. En estos Presupuestos
tampoco la Policía y la Guardia Civil consiguen estar equiparadas a las
policías de las Comunidades Autónomas, siguen estando por debajo y en
peores condiciones que ellas.

Tampoco se atiende a la formación de estos cuerpos y, curiosamente, si en
los Presupuestos del año 1997 contaban con un programa plurianual para
casas cuartel tanto de la Guardia Civil como de algunas comisarías de
policía, desaparece de la programación de estos Presupuestos, lo que
significa que la crítica que hacíamos el año pasado respecto a lo que se
estaba haciendo sobre esta materia, no carecía de razón.

Como tampoco carecía de razón la crítica que hicimos a la Dirección
General de Administración de la Seguridad que se creaba entonces. Dijimos
que no serviría para nada y, efectivamente, así ha sido. En estos
Presupuestos se crea --va en la Ley de acompañamiento, pero dentro de lo
que son los Presupuestos Generales Estado para 1998-- la Gerencia de
Infraestructuras de la Seguridad del Estado. No sé para qué se crea, y
hago de nuevo la crítica como la hice el año pasado respecto de la
Dirección General de Administración de la Seguridad, porque probablemente
el año que viene por estas fechas podremos decir también que la Gerencia
de Infraestructuras de la Seguridad del Estado tampoco ha servido para
nada.

Me voy a referir a la enmienda número 866 relativa a Tráfico. Señorías,
el tráfico va mal, muy mal. Antes del verano presentamos una
interpelación, que fue suficientemente debatida, pero nos vimos obligamos
a formular una nueva interpelación ante el Pleno de la Cámara --a la que
también contestó el Ministro del Interior-- porque la situación de
tráfico --como nos temíamos cuando formulábamos la interpelación en el
mes de junio-- había empeorado, lo hizo durante el verano y sigue
empeorando ahora. Por el contrario, en los Presupuestos esto no se tiene
en cuenta para nada. Es más, después de la comparecencia del Ministro de
Interior en la Comisión de Interior y Función Pública poniendo de relieve
algunas necesidades y proponiendo medidas para que fueran atendidos de
forma suficiente los problemas de seguridad vial, todo ello no ha quedado
reflejado en los Presupuestos Generales del Estado, que sería el lugar
oportuno donde debería reflejarse, en pesetas, la seguridad vial en 1998.

No ha sido así y a nosotros nos sorprende y nos extraña, máxime cuando
hemos tenido una prueba tan reciente tanto para Tráfico como para
Protección Civil. En estos últimos días hemos asistido a un auténtico
desastre en el tráfico que ha tenido una causa climatológica. Ya hemos
solicitado una comparecencia en la Comisión correspondiente, pero sucede
que en estos Presupuestos no es que no se hayan tenido en cuenta estos
sucesos ocurridos de una forma insólita e insospechada, sino que, además,
tampoco se tienen en cuenta los males que podrían derivarse con motivo de
las catástrofes recientemente producidas, que tampoco han sido objeto de
preocupación alguna en los Presupuestos Generales del Estado.

Esto es así y tendremos que seguir rechazando los presupuestos del
Ministerio del Interior, especialmente todo aquello que se refiere a
Tráfico y Protección Civil, dos capítulos dentro del mismo de muchísima
importancia. Muchas veces se les ha considerado como las «marías» del
curso en una carrera y no es así, y prueba de ello es el desastre
ocurrido recientemente, que no ha sido ni previsto ni atendido,
encontrándonos con la sorpresa de las palabras del señor Vicepresidente
Primero del Gobierno, manifestando que toda la culpa de la situación de
los días 4, 5 y 6 de diciembre la tienen los ciudadanos y nadie más que
ellos. Esta es la razón para no poner en los Presupuestos Generales del
Estado nada que pueda atender a todas estas situaciones.

Me voy a referir, señor Presidente, a las enmiendas números 867 y 868,
relativas a los centros e instituciones penitenciarias, cuyo aumento se
consume en gastos de personal. Por lo tanto, no se tienen en cuenta las
necesidades de política de resocialización de los reclusos ni ninguna
otra, parece que todo se consume en gastos de personal cuando deberían
haber existido otras preocupaciones preferentes.




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La enmienda número 869, referida a elecciones y partidos políticos, nos
sorprende, ya que este capítulo representa una disminución respecto de
los presupuestos anteriores. La financiación a partidos políticos
disminuye --quizá esperando que la Ley de Financiación de los Partidos
Políticos pueda facilitar una financiación exterior, como pretende el
Grupo Parlamentario Popular--, de tal manera que no tiene explicación.

También se disminuyen los créditos para gastos electorales de los
partidos políticos, y teniendo en cuenta que en el próximo año 1998 habrá
unas elecciones autonómicas, las vascas, como en este año 1997 las ha
habido en Galicia, es decir, existiendo elecciones del mismo nivel, se
debería atribuir la misma cantidad en los Presupuestos Generales del
Estado. (El señor Vicepresidente Sánchez Cuadrado ocupa la Presidencia.)
Asimismo, hemos hecho hincapié en las partidas a las Comisarías para que
puedan tener en cuenta la atención a las víctimas de malos tratos, de
delitos violentos o delitos contra la libertad sexual, que tienen su ley
y, en cambio, no tienen el suficiente soporte presupuestario, así como
para cofinanciar el Plan de prevención de siniestros y catástrofes con
las Comunidades Autónomas y los estudios de medidas preventivas en
catástrofes naturales, en las ayudas que para siniestros y catástrofes
deben concederse a los ayuntamientos y a las familias, así como a las
Corporaciones Locales para la creación de infraestructura derivada de la
aplicación de planes de emergencia nuclear.

Con el objetivo de cumplir una moción aprobada en el Senado, hemos
presentado la enmienda número 876, sobre medios para el Serprona, que fue
aprobada el día 19 de noviembre de 1996. Al ser una moción aprobada por
Senado, es lógico que seamos los primeros interesados en que se atribuya
alguna cantidad a este programa para que pueda ser cumplida la moción,
que fue aprobada por unanimidad.

La número 877 va dirigida a la Academia de la Guardia Civil de Ubeda, y
coincide con una enmienda de Izquierda Unida en el mismo sentido. La
número 878 se refiere a una necesidad inmediata de inversión en Cáceres,
y hay una serie de enmiendas para programas autonómicos derivados del
Plan Nacional sobre Drogas, para cubrir los gastos que originen los
programas específicos para situaciones de alto riesgo desarrollados por
entes locales, para actividades de asistencia y formación, con especial
referencia a la intervención en el ámbito laboral, para los programas de
rehabilitación, reinserción de toxicómanos con problemas
jurídico-penales, etcétera. Asimismo, hay otra cantidad designada a
Comunidades Autónomas para el desarrollo de servicios de atención a
drogodependientes con organizaciones sociales y a las organizaciones no
gubernamentales sin ánimo de lucro de ámbito estatal para el desarrollo
de programas supracomunitarios en el marco de prioridades del Plan
Nacional sobre Drogas.

Señor Presidente, todas éstas son las enmiendas que hemos presentado y
que, de no ser aprobadas, las mantendremos para el Pleno.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado); Muchas gracias, Senador
Arévalo.

Para turno a favor de la enmienda número 26, tiene la palabra el Senador
Blasco Nogués.




El señor BLASCO NOGUES: Muchas gracias, señor Presidente.

Muy brevemente, voy a realizar la defensa de la enmienda número 26, que
en este caso propone abrir un proyecto de inversión para la construcción
de un acuartelamiento para las Fuerzas de la Guardia Civil destacadas en
Montalbán.

Se trata de un cuartel en estos momentos en ruinas, de una necesidad que
ha sido presentada en el Objetivo I de la Dirección de Obras de la
Guardia Civil, en una comarca que está en el centro de la provincia de
Teruel, por lo que el cuartel da servicio a una amplia zona. En
definitiva, se trata de dar dotación presupuestaria a una obra que ya
estaba contemplada prioritariamente por la propia Dirección de la Guardia
Civil.

Este Senador del Partido Aragonés, con el fin de no ser reiterativo en la
defensa de las sucesivas secciones, quiere dejar constancia de que, al
igual que en el Congreso de los Diputados, su postura en determinadas
secciones y enmiendas presentadas por los distintos Grupos será aquella
que más beneficie a los intereses de Aragón.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias, Senador
Blasco.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador García Carnero.




El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda
número 865, que es una enmienda de veto, una petición de devolución de
toda la sección. Nos parece, por tanto, que ésa debería ser la primera
línea argumental de nuestro turno en contra de esa enmienda, así como de
las 866 y 867, que son impugnaciones a programas de esta sección o lo que
podríamos llamar vetos parciales.

Nuestra falta de concordancia con la línea argumental que ha mantenido el
Grupo Parlamentario Socialista se ha fundamentado en que desde el inicio
ha habido una utilización incorrecta, a nuestro juicio, de los datos. El
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha empezado manifestando que
el Presupuesto es, a su juicio, exiguo y que no da satisfacción a las
necesidades de los distintos servicios agrupados dentro del Ministerio de
Interior porque su crecimiento es del 2,1 por ciento. Eso no es así. Eso
no responde a la realidad porque no se tiene en cuenta que, con la
entrada en vigor de la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, 3.771 efectivos que hasta este año
estaban adscritos al Ministerio de Interior, pasan a depender del
Ministerio de Administraciones Públicas, por lo cual esos 3.771 efectivos
entre funcionarios y personal adscrito al Ministerio de Administraciones
Públicas dejan de contemplarse en el Capítulo I y liberan esos 11.824
millones de pesetas destinados al mismo. El crecimiento, por lo tanto, no
es --como se ha dicho aquí-- del 2,1 por ciento, sino del 4,54 por
ciento.




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Un 4,5 por ciento es una subida ciertamente moderada, pero si se
contempla en el marco de la política de rigor y de austeridad
presupuestaria en la que debe estar enmarcada esta sección, como el resto
de los Presupuestos Generales del Estado, es, a nuestro juicio, un
crecimiento suficiente. Desde luego, está por encima de la media y de los
datos que aquí se han esgrimido para fundamentar su rechazo.

Por lo tanto, he de referirme a cada una de las argumentaciones que se
han dado para pedir la devolución de los Presupuestos. Por ejemplo, se ha
hecho referencia a una enmienda específica, la 867, relativa a la
impugnación del programa de instituciones penitenciarias, sin tener en
cuenta que este Capítulo crece un 7 por ciento y que no sólo incorpora
--como se ha dicho aquí-- una mejora retributiva de los funcionarios
--que se dice, por otra parte, que es poco clara, aunque yo pienso que
está suficientemente clara--, sino que se prevé, además, dar atención a
aquellos puestos de servicio, efectivos de policía e instituciones
penitenciarias que tienen una problemática especial--me estoy refiriendo
al personal en el País Vasco--, lo cual hace obvia una mayor explicación.

No obstante, se olvida decir que en el Capítulo de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias se duplica, prácticamente, el gasto de
transporte. Hay un incremento muy notable, de 418 millones de pesetas, en
las partidas destinadas a alimentación y se incrementan en un 10 por
ciento las transferencias de recursos a las Corporaciones Locales para
dar cumplimiento a las nuevas formas de penas establecidas en el Código
Penal.

En su argumentación, el Grupo Parlamentario Socialista alude también a la
Dirección General de Tráfico, haciendo, desde luego, alusiones
oportunistas a la situación climatológica de los últimos días,
seguramente por ese afán de cargar las tintas en la idea de que el
Gobierno es el culpable de todos los males. Así, el hecho de que haya
fuertes nevadas en provincias de la meseta sur es una cosa perfectamente
predecible. Y, sin duda, el Gobierno es el responsable de que en estos
días, y además coincidiendo con que había un puente, fuese tan profusa y
tan adversa la climatología. Pero se olvida decir que el presupuesto de
la Dirección General de Tráfico crece en casi un 10 por ciento. Crece,
concretamente, en un 9,94
por ciento el Capitulo de inversiones destinadas a infraestructuras,
a que mejore la circulación vial. Asimismo, desconocen que en la sección
17, cuyo debate se iniciará después, se incluyen partidas presupuestarias
muy importantes para suprimir numerosos puntos negros, que son
considerados desde hace mucho tiempo elementos peligrosos para la
circulación. Por todo lo expuesto, no encontramos razones para argumentar
esa petición de devolución.

También nos ha resultado sorprendente la argumentación que se ha hecho
respecto de las subvenciones a partidos políticos.

Yo quiero recordar al Grupo que presenta la enmienda que la contribución
del Estado a la financiación de los partidos políticos tiene dos
aplicaciones presupuestarias. Una de ellas está recogida en el
subconcepto 485.1, destinado a las subvenciones anuales que se dan a los
partidos políticos en función de los resultados obtenidos en los últimos
procesos electorales. Por ello, señorías, es lógico que en 1998 se
mantenga en esa aplicación presupuestaria la misma subvención que en
1997, puesto que los resultados de los que se parte son los mismos.

La otra asignación presupuestaria se recoge en el subconcepto 485.02, que
incluye la subvención destinada a los gastos electorales de los partidos
políticos en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985. Señorías,
en esta aplicación se produce un recorte respecto del año anterior porque
en 1998 no se prevé ningún tipo de elección en la responsabilidad del
mantenimiento de los gastos corresponda a la Administración del Estado,
lo que se hace es cubrir las liquidaciones finales de las subvenciones
derivadas de las elecciones de 1995, que son cuantías menores que las de
1997.

Me parece introducir un elemento de confusión hacer referencia a que en
1997 ha habido elecciones gallegas y a que en 1998 habrá elecciones
vascas porque ni la financiación de esos procesos electorales
corresponde, ni en uno ni en otro caso, a la Administración General del
Estado ni esos gastos tienen por qué estar consignados en los
Presupuestos Generales del Estado. Argúyanse, por tanto, otras razones
para intentar la devolución de este Presupuesto.

Tampoco nos vale, señorías, la crítica hecha a la propuesta de creación,
mediante este Presupuesto, de la Gerencia de Infraestructuras de la
Seguridad, augurándole ya desde el principio, antes de su creación, un
futuro de inutilidad. Creo que todas sus señorías convendrán conmigo en
que la creación de los entes de gerencias, de infraestructuras, que ya
funcionan en el Ministerio de Defensa y en otros, no es una cuestión «ex
novo» del Partido Popular. Fueron otros gobiernos de signo socialista los
que crearon gerencias de ese tipo y nosotros no hemos criticado su
gestión. Lo que sí han demostrado, señorías, es que son instrumentos muy
ágiles que nos dan una mayor visión de mercado y --como decía antes-- con
gran rapidez, utilizando el patrimonio que no tiene utilidad en los
momentos actuales para la seguridad. Con esa función se crea esta
Gerencia de Infraestructuras que sus señorías ven como un ente muerto,
como un ente sin utilidad, y que a nosotros nos parece uno de los
aspectos más novedosos del Presupuesto para el año 1998.

De igual manera, no podemos compartir la crítica negativa que se hace al
funcionamiento de la Dirección General de Seguridad. Basta con analizar
los números para ver que la gestión ha sido positiva. Por lo tanto, ese
tipo de críticas genéricas no pueden sustentar, a nuestro juicio, ningún
tipo de enmiendas y mucho menos de devolución. Este proyecto de
Presupuestos para el año 1998 está, a nuestro juicio y como decía antes,
hecho con rigor y suficientemente dotado para garantizar la seguridad.

La premisa, cuya utilización hemos tenido que reprochar en ocasiones a
los grupos de oposición, especialmente al Grupo Parlamentario Socialista,
de establecer una relación directa entre las asignaciones económicas y la
seguridad, es errónea. Es posible que eso en otros apartados de
inversiones tenga una relación directa, pero, desde luego, en el campo de
la seguridad no. El ejercicio presupuestario de 1997 puede ser, señorías,
un buen ejemplo que constate la afirmación. No hay, por lo tanto, una
relación directa entre las cuantías económicas y los efectos de la
seguridad. Lo que se inicia en 1997 y se



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consolida en 1998 son nuevos métodos de gestión mucho más ágiles y
eficaces. Entre esos métodos, por ejemplo, está la renovación del parque
automovilístico mediante el sistema de alquiler, al que se dota de 1.200
millones y que va a suponer la utilización de más de 1.500 vehículos de
los que existen.

Hay aspectos muy importantes, como la participación en el proyecto de
seguridad europea, el proyecto Schengen, con un incremento del 22 por
ciento, o un plan territorial para la seguridad en Canarias, que
contempla fuertes inversiones, o el plan de la policía de proximidad, que
se ha iniciado de modo experimental en 1997, concretamente en tres
distritos de Madrid, y que ha supuesto un importante índice de aceptación
por parte de los ciudadanos, que hace que este proyecto del plan de
policía de proximidad vaya teniendo una mayor extensión.

Ya nos hemos referido en el Capítulo I a que la disminución de casi 3.800
personas dependientes de este Ministerio libera aproximadamente 12.000
millones de pesetas.

Pero ahí también quiero recordar que se incrementan partidas destinadas a
productividad de efectivos policiales, de la Guardia Civil, de
funcionarios de instituciones penitenciarias y también de personal
laboral en las instituciones penitenciarias, y no de una manera no clara,
como se ha dicho aquí, sino absolutamente clara y rigurosa y con destino
a atender aquellas prestaciones de servicio, como decía antes,
fundamentalmente en el País Vasco, en cuya peligrosidad me parece
innecesario ahondar.

El Capítulo II, con más de 50.000 millones de pesetas, supone poco más
del 8 por ciento. Es verdad que en ese Capítulo se mantiene una política
restrictiva y es verdad que el año pasado se hacían augurios, diciendo
que los vehículos, por ejemplo, no iban a poder funcionar más allá del
mes de abril o mayo, y estamos en diciembre y los vehículos siguen
funcionando, y es verdad, por tanto, que en ese Capítulo II es en uno en
el que de manera más clara ha demostrado su efectividad la Dirección
General para la Seguridad, tan denostada por otra parte.

El Capítulo VI, al que no se ha hecho ninguna referencia y que supone un
incremento muy notable, invierte la tendencia que se ha mantenido hasta
la fecha de un decrecimiento de las inversiones reales. Representa casi
un 45 por ciento de crecimiento respecto a datos reales de 1997, un 37,63
por ciento sobre el presupuesto inicial y un 45,2 por ciento en términos
de homogeneidad si tenemos en cuenta el traspaso, como decía antes, que
se ha hecho de dotaciones correspondientes al MAP.

Y esto tiene su justificación en la necesidad de compensar las fuertes
restricciones de los últimos ejercicios, que han terminado en una
situación crítica en las infraestructuras del Departamento para la
Seguridad. Baste recordar, por ejemplo, que en obras de comisaría y otros
edificios se van a destinar más de 4.500 millones; en obras de
acuartelamiento de la Guardia Civil más de 3.000 millones; en la reforma
y equipamiento de centros penitenciarios casi 1.200 millones; en material
de transporte para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se incrementa más de un
250 por ciento el presupuesto del año anterior, que pasa de 990 a 3.382
millones, y algo así ocurre con los medios para la lucha contra la droga,
que es otro de los puntos al que se refieren algunas enmiendas. Se
desconoce que este presupuesto crece en más de 1.300 millones de pesetas,
de los cuales 1.000 millones se destinan a equipamiento especializado en
la lucha contra el blanqueo de capitales.

Sólo me queda, señorías, en esta primera parte de referencia al rechazo
por parte de mi Grupo al veto, mencionar la congelación, que sí ha sido
ignorada, de los gastos reservados. Como saben, en el año 1997 sufrieron
un retroceso drástico y se mantienen en la misma cuantía de poco más de
500 millones de pesetas porque se ha mostrado suficiente.

En lo relativo a las enmiendas que han formulado los restantes grupos
políticos, son en su inmensa mayoría enmiendas en las que se solicitan
actuaciones puntuales en partes del territorio: nuevos centros
penitenciarios, mejora de comisarías de policía y mejoras de
acuartelamiento de la Guardia Civil. Con carácter general, he de decirles
que las cantidades a las que antes hacía referencia de más de 4.500
millones de pesetas en obras de mejoras de policía y del orden de 3.000
millones en mejora de acuartelamientos de la Guardia Civil, suponen casi
8.000 millones destinados a mejorar ese tipo de infraestructuras y que se
albergan dentro de un plan perfectamente establecido por parte de los
servicios correspondientes de ambas direcciones generales.

Se pueden hacer enmiendas de este tipo, de campanario, señalando las
necesidades de numerosos puntos, pero no se ha hecho --al menos no lo he
contemplado yo en las críticas que se deben traslucir de las enmiendas--
ningún plan alternativo a los presentados por el Ministerio y que podrían
contemplarse en conjunto como una alternativa, no como actuaciones
individuales, respecto de las cuales mi Grupo todavía mantiene la reserva
en el estudio de algunas que específicamente puedan ser incorporadas.

También se habla de subdelegaciones de tráfico en algunos puntos de la
península y de los archipiélagos, de que existe un plan desde hace casi
una decena de años, como ha sido expuesto aquí por alguno de los
intervinientes, que establecía una descentralización de este tipo de
servicios en zonas donde el parque automovilístico así lo requería y que
ese plan no ha sido llevado a efecto. Yo quiero reiterar aquí lo que en
alguna reunión de la Comisión de Interior ha sido manifestado por mi
Grupo, que es la voluntad del Gobierno, y desde luego de la Dirección
General de Tráfico, de ir acometiendo estas necesidades dentro de un plan
estuctural, y es posible que algunas de las enmiendas tengan cabida en
ese plan para el próximo ejercicio.

Como algunas de estas enmiendas, en concreto muchas de las presentadas
por el Grupo Parlamentario Mixto, han sido defendidas de forma muy
escueta, yo creo que la explicación que he dado abunda sobradamente
respecto de la defensa que de ellas se hizo.

Por mi parte, nada más, señor Presidente, y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias, Senador
García Carnero.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Una vez ultimada la Sección
16, pasamos a la Sección 17.




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Tiene la palabra el Senador Armas Rodríguez, para la defensa de las
enmiendas números 111, 112 y 113.




El señor ARMAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, son tres enmiendas y, en aras a la brevedad, las
mencionaré muy escuetamente.

La enmienda número 111 se refiere a la reforma del edificio de Correos y
Telégrafos de Arrecife, Lanzarote. El incremento de la población
registrado en Arrecife en el último año, en el que el censo se ha
aumentado en más de 2.000 habitantes en una ciudad que sólo posee 38.000
ciudadanos, ha redundado en un aumento considerable de la demanda del
servicio de Correos y Telégrafos. Por lo tanto, se pide esta
remodelación.

En la enmienda número 112 se solicita una subvención para la construcción
de un auditorio en Arrecife, Lanzarote. Arrecife, capital de Lanzarote,
carece de un espacio en condiciones para acoger espectáculos de distintas
características, por lo que se hace necesaria la construcción de este
edificio.

En la enmienda número 113 se pide la rehabilitación de áreas urbanas de
Arrecife. Esto coincide con la celebración del bicentenario el próximo
año, en 1998, por lo que la capital precisa de la realización de
determinadas obras de rehabilitación en distintas zonas urbanas que se
encuentran bastante deterioradas.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias, Senador.

Para la defensa de las enmiendas números 33 a 43, tiene la palabra la
Senadora De Boneta y Piedra.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a ser muy breve. Estas enmiendas, de la 33 a la 43, ambas inclusive y
correlativas, mantienen la necesidad de dotar de mejores
infraestructuras, tanto ferroviarias como de accesos a puertos, etcétera,
a la Comunidad Autónoma vasca. En concreto, me voy a referir a algunas de
ellas. En primer lugar, lo que se pide en la enmienda número 33 es la
financiación, con 600 millones de pesetas, de la segunda línea del metro
de Bilbao para dotar de la necesaria infraestructura a una zona en la que
se concentra la mayoría de la población de Vizcaya, en la margen
izquierda de la ría de Bilbao.

En segundo lugar, quiero referirme concretamente a la enmienda número 37,
dejando al margen, como ya he dicho, las que tratan de infraestructuras y
accesos al puerto de Bilbao, a las que no voy a hacer referencia
concreta. En su momento, Eusko Alkartasuna, junto con el Partido
Nacionalista Vasco, presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda
para solicitar la cofinanciación de la carretera Malzaga-Urbina, fundada
en el argumento que yo misma planteé cuando se produjeron las
comparecencias. Esa enmienda fue retirada como consecuencia de las
negociaciones que entonces se producían y que en este momento se están
produciendo con las instituciones competentes del País Vasco, pero, en
todo caso, yo he querido reproducirla en la esperanza de que si estas
negociaciones llegan a buen término, pueda ser retirada.

En relación con la enmienda número 40, quiero insistir en la escasa
dotación que planteaba la enmienda de veto que debatimos esta mañana con
referencia a algunas de las infraestructuras en la Comunidad Autónoma
Vasca, y, concretamente, la infraestructura ferroviaria, con 250 millones
para la «Y» ferroviaria vasca. Lo que pretende esta enmienda es aumentar
esa dotación en una cantidad que no sea simbólica y de simple
contemplación en un presupuesto, sino que sea efectiva para que, de una
vez por todas, pueda hacerse realidad la indicada infraestructura.

Por último, quiero hacer referencia también a una cuestión que hemos
venido planteando en años anteriores y que volvemos a plantear ahora. En
los Presupuestos de 1997 se solicitaba una dotación de 10 millones de
pesetas para el albergue de peregrinos de Estella, que está situado en la
Ruta Jacobea y que es absolutamente necesario por el valor que tiene la
zona como una de las rutas más importantes en el Camino de Santiago.

Creemos que esto debía haberse efectuado con cargo al Presupuesto de
1997, y solicitamos una partida no muy cuantiosa pero importante, desde
el punto de vista de la necesidad de este albergue, de 15 millones de
pesetas.

Las demás enmiendas se dan por defendidas, como decía antes, en sus
justos términos.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias, Senadora.

Debatimos a continuación las enmiendas números 81 y 82, suscritas por la
Senadora Costa Serra. ¿Algún Senador va a asumir su defensa?



El señor FERRER ROSELLO: Si, señor Presidente, las damos por defendidas
en sus justos términos.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias.

Pasamos a la defensa, por el Senador Ferrer Roselló, de las enmiendas
números 1.172, 1.173, 1.176, 1.178, 1.181, 1.216 a 1.226, 1.228 a 1.230 y
1.234.




El señor FERRER ROSELLO: Las damos por defendidas, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias, señor
Senador.

Pasamos a la enmienda número 27, suscrita por el señor Blasco Nogués,
quien tiene la palabra para su defensa.




El señor BLASCO NOGUES: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo muy brevemente para exponer que esta enmienda que hemos
impulsado desde el Partido Aragonés, y que el Grupo Parlamentario Popular
parece que va a aceptar, se trata de una vieja reivindicación, de la
constitución de una plataforma logística en el aeropuerto de zaragoza.

En este caso, bien es cierto que la cantidad es exigua, 50 millones de
pesetas, y que únicamente sirve para iniciar los estudios relativos a
dicha plataforma logística que permitiría dar un adecuado uso al
aeropuerto de Zaragoza, cuya situación estratégica nadie duda, cuya
amplitud de pistas es de las mayores de Europa y que en estos



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momentos se encuentra claramente infrautilizado. Además, evitaría muchos
de los problemas aéreos de sobrecarga de determinados aeropuertos
ubicados cerca de Zaragoza, con unas soluciones bastante más económicas
que las que en muchos momentos se están barajando.

Nada más, señor Presidente, muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias.

Pasamos a continuación a debatir las enmiendas suscritas por los
Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, que son las numeros 261, 262
y 264 a 435.

Tiene la palabra el Senador Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Intervengo, señor Presidente, para darlas por
defendidas. En todo caso, ya incorporaremos los argumentos, en función de
las respuestas, en la sesión de Pleno, aunque mantendremos las enmiendas
que no sean aceptadas.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias, Senador.

Pasamos a continuación, dentro de esta sección, al debate de las
enmiendas números 4, 5 y 6, suscritas por el Senador Padrón Rodríguez,
quien tiene la palabra para su defensa.




El señor PADRON RODRIGUEZ: Las damos por defendidas en sus justos
términos.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias.

Pasamos a continuación a las enmiendas suscritas por los Senadores Padrón
Rodríguez, Ríos Pérez y Armas Rodríguez, números 1.258 a 1.263.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a defender también las enmiendas números 1.236, 1.237 y 1.238, que
son mías personales.

En primer lugar, las enmiendas números 1.261, 1.262 y 1.263 se refieren a
la mejora de las instalaciones de los servicios de Correos y Telégrafos
de los pueblos de Fuerteventura de la Oliva, Tuineje y Puerto del
Rosario, que tienen un crecimiento realmente sorprendente del número de
habitantes y de los movimientos en Correos y Telégrafos, servicios que
siguen estando en situación obsoleta desde hace ya 20 años, casi desde
cuando don Miguel de Unamuno estuvo allí pasando una temporada larga por
sus problemas políticos a finales de la década de los veinte.

Las enmiendas números 1.258, 1.259 y 1.260 se superponen, porque son del
Grupo Territorial de Senadores Nacionalistas Canarios, con las números
1.236, 1.237 y 1.238, del Senador que en este momento tiene la palabra.

Existe desde hace muchísimos años una subvención que está incluso
reglamentada en el Ministerio de Fomento y que arranca desde 1972, cuando
se instauró el Régimen Económico Fiscal, pero que tenía antecedentes
anteriores, que es una de las bases fundamentales del concepto de
insularidad, amparado en el artículo 138 de la Constitución. Se trata de
una subvención para el transporte de mercancías, tanto de importación
como de exportación, por cuanto, si no existiera, sería imposible para
las Islas Canarias competir con el territorio peninsular, además de que
se encarecerían enormemente todas las importaciones que desde la
península se hacen al archipiélago canario.

Existe una cuantificación en estos momentos de 2.000 millones que está
bloqueada hace ya varios años, y la enmienda consiste concretamente en
solicitar el aumento de esta subvención de 2.000 a 4.000 millones, ya que
aunque los estudios realizados en los dos últimos años indican que la
cuestión exigiría cantidades bastante importantes, de 7.000 a 10.000
millones, al estar en una época de restricciones, lo que hacemos es ir
acercándonos a la cuantía que es imprescindible.

Con la enmienda número 1.237 solicitamos una subvención a efectos del
transporte marítimo. Como se sabe, el 31 de diciembre de 1997 termina el
contrato-programa entre el Estado y la Compañía Trasmediterránea, y por
ello, al mismo tiempo que dicha compañía se liberaliza, los transportes
marítimos quedan sin subvención. Esto significa que, de no existir ahora
esta subvención, que se evalúa en 3.000 millones de pesetas, que es el
déficit que ha tenido Trasmediterránea en estos años, automáticamente,
los precios de los transportes marítimos, tanto de personas como de
mercancías, entre las islas y el archipiélago y la península tendrían un
aumento realmente salvaje.

Por último, la enmienda número 1.238 es similar en el sentido de que los
transportes aéreos, que en este momento lleva una compañía pública con un
déficit de aproximadamente 3.000 millones de pesetas, al estar sujetos a
un planteamiento de privatización, o están subvencionados porque dan
pérdida o los precios se pondrían tan altos que no habría manera de salir
de una isla a otra.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias, Senador Ríos.

Vamos a pasar a debatir las enmiendas 740 a 744, presentadas por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Tiene la palabra el Senador Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, las enmiendas números 740 y 741 las defenderé conjuntamente. Se
refieren ambas al tema relacionado con las subvenciones y apoyo al
transporte marítimo. En este sentido, solicitamos una ayuda de 50
millones de pesetas para poner en marcha un programa de ayuda a la
renovación y modernización del transporte fluvial, tanto en rías como en
bahías y puertos.

Hay que tener en cuenta, señorías, que se trata de empresas formadas
normalmente por trabajadores autónomos y, en consecuencia, tienen un
doble componente social. En primer lugar, tal y como he dicho, que son
trabajadores autónomos; y, en segundo lugar, que las personas que se
benefician de ese transporte pueden, de esa forma, llevar a cabo esos
desplazamiento mediante unos precios mucho más módicos.




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Sabemos que ese tipo de embarcaciones se encuentran, en muchos casos, en
una situación cuasi obsoleta y, por lo tanto, con esta enmienda
pretendemos garantizar la seguridad y modernización de esa flota.

Por último, quisiera añadir que estas dos enmiendas están basadas también
en el cumplimiento de una moción que se aprobó en esta Cámara.

La enmienda número 742 se refiere a la solicitud de una ayuda a la
construcción de la Línea II del Metro de Bilbao con base en un convenio
existente entre el Moptma y la Comunidad Autónoma vasca para dicha Línea
II del ferrocarril metropolitano de Bilbao.

En este sentido, aunque la experiencia es muy corta, porque llevamos dos
años escasos con este transporte, la Línea I del Metro de Bilbao ha sido,
desde el punto de vista financiero, un auténtico éxito y ha superado con
creces todas las perspectivas que se habían marcado al respecto. La Línea
II acoge a una zona económicamente menos potente que la actual, la margen
derecha de la ría de Bilbao y el centro de dicha ciudad. Se trata de la
margen izquierda de dicha ría, con unos índices de desempleo de los más
altos a nivel comarcal de todo el Estado español y de toda Europa.

Por ello, teniendo en cuenta el éxito que ha supuesto la Linea I, así
como las condiciones que se dan en esos municipios de la margen
izquierda, solicitamos esa ayuda para la construcción de la Linea II del
Metro de Bilbao.

La enmienda número 743 se refiere a los Fondos de Cohesión. Mediante esta
enmienda solicitamos una cantidad, tasada en 15.000 millones de pesetas,
para la Comunidad Autónoma a través de dichos fondos.

Estamos convencidos de que la distribución entre las distintas
Administraciones Públicas del Fondo de Cohesión, tanto en lo que se
refiere a infraestructuras como a medio ambiente, debe hacerse de acuerdo
con las necesidades, pero también con la distribución competencial que
existe de acuerdo con los Estatutos de Autonomía que, como saben sus
señorías, forman parte de lo que se ha denominado el «bloque
constitucional».

Durante 1993 y 1994 --no era la época de este Gobierno-- la
Administración central destinó de una forma arbitraria la totalidad de la
financiación del Fondo de Cohesión sin que en ningún momento tuviesen
participación las Comunidades Autónomas en cuanto al reparto del mismo.

En la actualidad nos encontramos, con el nuevo Gobierno, con que en el
frontispicio 1997-99 la participación de las Comunidades Autónomas se
limita a proyectos en materia de medio ambiente, pero el Gobierno central
se reserva la totalidad de la financiación en el ámbito de las
infraestructuras de transportes. En este sentido, creemos --por eso lo
defendemos en esta enmienda-- que las Comunidades Autónomas que ostentan
competencias exclusivas en esta última materia deben tener acceso,
porque, si no, significaría una marginación de las mismas.

Por último, la enmienda número 744 se refiere a la que es denominada por
todo el mundo «Y» vasca, el tren de alta velocidad. Somos conscientes de
que en los Presupuestos Generales del Estado figura una partida de 250
millones de pesetas, pero consideramos dicha cifra claramente
insuficiente, motivo por el que solicitamos una partida de 5.000
millones.

Todos sabemos los problemas que existen en estos momentos dentro de la
«Y» vasca. Pero también sabemos que la Unión Europea la ha considerado
como uno de los objetivos prioritarios dentro de las grandes obras de
infraestructura que presentó el Presidente de la Comisión, señor Santer.

En dicha cantidad prevista para la «Y» vasca, nosotros pondríamos el
acento, sobre todo, en un hecho que tiene un valor añadido importante
aparte del tren de alta velocidad: el ancho de vía europeo. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.) Debemos tener en cuenta que para el año
que viene estará acabado el superpuerto de Bilbao, que, desde ese
momento, será uno de los cinco puertos con mayor tráfico de mercancías de
toda la Europa comunitaria. En ese sentido, que exista un ancho de vía
europeo desde el Puerto de Bilbao que conecte con Europa sería de una
gran importancia y, como he dicho, tendría un importante valor añadido.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha
presentado las enmiendas números 1.288, 1.289 y 1.290.

Tiene la palabra, para su defensa, el señor Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, se trata de tres enmiendas de importes modestos.

La primera de ellas, la número 1.288, se formula para dotar al
Observatorio del Ebro con la cantidad de 10 millones de pesetas,
garantizando de esta forma la continuidad de sus actividades
investigadoras, ya que este Observatorio es uno de los más antiguos del
Estado.

La número 1.289 tiene por objeto dotar con 20 millones de pesetas la
rehabilitación de la Residencia Masó-Bru en Sant Gregori (Girona). Se
trata en este caso de proceder a la recuperación de dicho edificio para
adaptarlo a un espacio de uso cultural a fin de poder ubicar en él la
biblioteca de la escuela municipal.

Por último, la número 1.290 tiene como objetivo dotar con 50 millones de
pesetas una infraestructura sobre la que ya hemos presentado enmiendas en
años anteriores y en este mismo sentido en el Senado. Se trata del tramo
de ferrocarril Ripoll-Puigcerdá, y, en concreto, continuar la realización
de las obras de dicha línea, de manera especial en el tramo entre Ribes
de Fresser y Alp.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para defender las enmiendas
números 885 y 886 a 916, tiene la palabra el señor Gibert.




El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a defender, en primer lugar, la enmienda número 885, que se formula
como de impugnación a la globalidad de la Sección 17, obligada, a nuestro
juicio, porque el Ministerio de Fomento es víctima preeminente de la
falsa austeridad de la que tanto nos hablan el Gobierno y el Grupo
Popular.




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Para hacer esa afirmación debemos tener en cuenta que no se produce un
recorte del gasto corriente, como quedó demostrado en el debate de
totalidad de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los
Diputados, sino que se produce una disminución del déficit, pero con
recorte de la inversión. Hace unos momentos, el señor García Carnero
decía que basta analizar los números. Miremos algunos datos. Si
consideramos las inversiones en infraestructuras, es decir, todas las
operaciones de capital, inversiones reales más transferencias de capital,
y tomando como índice 100 las cantidades de 1995, vemos cómo en 1997
descienden al 84,8, aunque es cierto que en el año 1998 se recuperan en
relación con 1997. Hay un incremento significativo en los presupuestos de
1998 en relación a los de 1997, pero aun así en 1998 en relación a este
índice 100 de 1995 no sería más que del 92,2. Es decir, en los tres
últimos años habríamos perdido en operaciones de capital 8 puntos en
relación, insisto, al año 1995.

Las mismas operaciones de capital respecto a los gastos no financieros
del conjunto de los presupuestos en 1995 representaban el 7,6 por ciento,
mientras que en los presupuestos de 1998 significarían un 6,1. Si tenemos
en cuenta el grado de ejecución previsible ya en estos momentos sería un
5,6 por ciento, es decir, dos puntos menos. Lo mismo que ocurre con las
operaciones de capital en relación al PIB.

Esto aún se ve agravado por el bajo grado de ejecución en 1997. Por
ejemplo, en la red de carreteras de alta capacidad, el montante total de
la obra viva ascendería al billón y pico de pesetas, mientras que la
ejecución en agosto era de 90.000 millones de pesetas, es decir, algo
menos de un 10 por ciento. Lo mismo cabe decir en el caso de las
estructuras ferroviarias, donde el ente público Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias contaba con 60.000 millones de pesetas y
había invertido 3.000, teniendo 57.000 invertidos en Deuda Pública. Por
tanto, no hay sólo un problema de asignaciones, sino también de capacidad
de ejecución.

Siguiendo con las estructuras ferroviarias, vemos cómo los presupuestos
en cercanías, y siempre en relación a los datos del año citado, habían
bajado un 60 por ciento. Los accesos a las grandes ciudades simplemente
desaparecen; el corredor mediterráneo, un 20 por ciento menos;
Madrid-Mediterráneo, un 73 por ciento menos; supresión de pasos a nivel,
un 50 por ciento menos. En compensación o en aparente compensación siguen
surgiendo expectativas de Alta Velocidad, que ciframos como inversión
mínima --las que se han anunciado y propagado hasta ahora-- de 2,8
billones de pesetas. Esto no puede generar más que frustraciones, al
menos en el corto plazo, y si, por ejemplo, tomamos datos de política de
vivienda también hay un 20 por ciento menos que en 1995.

En definitiva, y como último dato numérico, voy a dar, selectivamente, el
de las obras cuya consignación en 1998 es inferior al 10 por ciento del
total de la obra. Me refiero a casos normales, porque es lógico que algún
año se tengan que presupuestar solamente los estudios y proyectos. Lo que
en 1998 son 22.160 millones de pesetas se convertirían para estas mismas
obras en 1999 en 112.000 millones de pesetas; para el 2000 en 180.000
millones de pesetas, y para el 2001 en 251.000 millones de pesetas.

En la comparecencia del señor Abril Martorell de hace unas semanas tuve
el honor de preguntarle si creía en la evolución de estas obras, y, en
todo caso, en qué basaba esta fe. El señor Abril Martorell eludió
prudentemente la respuesta. El hecho es que echamos en falta
planificación en la programación de obras; nos parece que hay un reparto
general de expectativas y una inclusión de decenas de obras con créditos
irrisorios que quita a nuestro juicio toda credibilidad al presupuesto.

Esta caída de la inversión y esta falta de planificación se traducirán,
con el paso de dos o tres ejercicios, en graves problemas para la
competitividad y para el reequilibrio territorial. Por eso en las
enmiendas parciales intentamos hacer una selección que responda a una
programación de carácter territorial y un orden de prioridades, en lugar
de esta enorme dispersión que vemos en el anexo de inverisiones de los
presupuestos.

Hemos agrupado nuestras enmiendas en cuatro grupos. El primero está
compuesto por las enmiendas números 886, 888, 889 y 890, que se refieren
todas ellas al estricto cumplimiento de mociones aprobadas en el Senado y
que no tienen reflejo presupuestario. La primera de ellas se refiere a la
mejora de trazados ferroviarios en las diversas ciudades españolas, de
acuerdo con una moción aprobada el 8 de abril de 1997; la segunda se
refiere al tramo de Madrid-Guadalajara, en la autopista Madrid-Tudela, en
cumplimiento de la moción aprobada por el Senado el 30 de junio de 1997.

La tercera es la relativa al proyecto Urban, moción aprobada por el
Senado el 14 de abril de 1997, y la última es la referida a la
cofinanciación con la Junta de Andalucía del proyecto Ciprés para
Granada, moción aprobada por el Senado el 9 de junio de 1997.

Pensamos que el Grupo Popular que aprobó estas mociones debería ser
coherente y aprobar estas enmiendas que reflejan la aprobación de estas
mociones. De lo contrario, sería preferible no votar las mociones cuando
se producen, porque votarlas y que luego no tengan reflejo presupuestario
no contribuye ni al prestigio de la Cámara ni a la credibilidad de la
política democrática parlamentaria.

Otro grupo está compuesto por dos enmiendas, las números 901 y 902, que
se refieren a la promoción y administración de ayudas a la vivienda, que
creemos que está infradotada.

El tercer grupo es el relativo a estructuras ferroviarias. La enmienda
891 se refiere a las obras que consideramos prioritarias en la Comunidad
Autónoma de Aragón; la 892 a las de Castilla-La Mancha; la 893 a
carreteras radiales, tomando como centro Madrid; la 894 a
infraestructuras ferroviarias en Andalucía; la 895 a las de Cataluña; la
896 a las de Madrid, pero en dirección Castilla y León, que sin haberse
presupuestado siquiera en 1997 se ha ejecutado en algunos tramos, como
por ejemplo en Valladolid; la 897 se refiere a la Comunidad valenciana;
la 898 a Euzkadi, y la 899 a algunos casos complementarios.

El cuarto y último grupo --y con eso termino-- se refiere a
infraestructuras en carreteras. Las enmiendas números 887, 909 y 910 son
relativas a Extremadura, sobre todo a la Autovía de la Plata; las números
900, 904 y 916 a compromisos y obras en Andalucía poco dotadas en los



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presupuestos; la 903, en Cataluña; la 905, en Galicia, Vigo
principalmente; la 906, en Castilla y León; la 907, en la Comunidad
Valenciana; la 908 en Castilla-La Mancha; la 911, en La Rioja; las 912 y
913, en Cantabria; la 914, en Aragón, y la 915, en Madrid.

Con esta programación y estas dotaciones creemos que los presupuestos de
inversiones responderían a un criterio de equilibrio territorial y de
priorización, en lugar de esta dispersión que creemos que se refleja en
los presupuestos. Esta es la intención de estas enmiendas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para un turno en contra, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.




El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, a la Sección 17, de Obras Públicas, que es la que estamos
debatiendo en estos momentos, se han presentado 270 enmiendas. El Grupo
Federal de Izquierda Unida ha presentado una enmienda de devolución de la
Sección 17 y otra de devolución del Programa 431.A, sobre promoción,
administración y ayuda para la rehabilitación y acceso a la vivienda.

Como las mismas han sido defendidas en sus justos términos, exactamente
igual nosotros vamos a rechazarlas en sus justos términos, dejando el
debate más profundo para el Pleno de la Cámara.

El Grupo Socialista --y siguiendo con los vetos-- ha presentado
igualmente un veto a la Sección 17, a través de la enmienda número 885.

Sobre este veto, que ha explicado el Senador Gibert, hay que hacer
algunas puntualizaciones. Hay que señalar que la enmienda que presentan
es bastante genérica. Luego ha hablado de obras muy concretas, pero la
enmienda y la explicación que ha dado para su defensa son muy genéricas.

No presenta las adecuadas cuantificaciones que apoyen dicha enmienda.

El Grupo Socialista nos dice, por ejemplo, que es insuficiente el gasto
de infraestructuras en carreteras; que considera de carácter testimonial
la inversión directa en ferrocarriles, y otras cuestiones que ha expuesto
el portavoz en su intervención.

Hay que tener en cuenta que las prioridades las marca el propio
Ministerio de Fomento. Además, es muy difícil que se puedan afrontar en
el presupuesto de un año las carencias en infraestructuras que ha tenido
nuestra nación durante tantos años de Gobierno socialista. Hay que
considerar también que en el Plan Director de Infraestructuras ya se nos
señalaba que íbamos retrasados aproximadamente en un 20 por ciento con
respecto al resto de Europa. Por tanto, es mucho el trabajo con que se ha
encontrado el Gobierno Popular a lo largo de este año y pico y,
lógicamente, también es mucha la previsión presupuestaria que debe tener
en cuenta.

Hay algo que se olvida. Hemos tenido que pagar muchas obras que se habían
realizado y que no se habían pagado. En relación con este año de 1997, se
han pagado obras correspondientes a otros ejercicios por un montante de
160.000 millones de pesetas. Es importante destacar esto ya que hipoteca
de alguna forma la inversión a lo largo de este último ejercicio.

Por otro lado, hay que destacar que las dotaciones directas en
infraestructuras se adaptan a las posibilidades presupuestarias. Hay un
claro aumento en inversión de un 4,2 por ciento, mientras que la subida
del total del presupuesto del Ministerio de Fomento es de un 3,9 por
ciento.

Como es lógico, el presupuesto de la Sección 17 se ha visto condicionado
por el objetivo de reducir el déficit público para poder cumplir las
condiciones de acceso a la moneda única.

Es posible que por parte del Grupo Socialista no se entienda, pero se
trata de un presupuesto con una filosofía distinta a la de presupuestos
anteriores, ya que en éste se incorporan proyectos ejecutados por un
sistema que se ha puesto ya en práctica en algunos países europeos y más
concretamente en los de la Unión Europea, me refiero al sistema de abono
total del precio a su finalización.

Se nos dice que no ha disminuido el gasto corriente. Quiero decir al
portavoz socialista que el año pasado hubo una muy importante disminución
de su porcentaje y que este año sube poco más del 1 por ciento. Por
tanto, sí que se tiene en cuenta el gasto corriente.

Se habla de política de vivienda, pero se olvida que han bajado los tipos
de interés precisamente por la política económica que ha llevado a cabo
el equipo de gobierno. Por tanto, en este momento se dispone de mucho más
dinero para aplicar a los planes de vivienda.

Se ha hecho una serie de valoraciones en cuyo debate no entraré en estos
momentos --quizá en el Pleno sea más oportuno hacerlo-- y se ha hablado
también de créditos irrisorios. Pues bien, repito lo que dije cuando me
refería a la diferencia de filosofías en la elaboración de un
presupuesto, en algunos casos está consignada la cantidad que se puede
aportar para la realización de estudios y proyectos que posteriormente se
ejecutarán en función del sistema de abono total.

Por tanto, por esta y por otras razones que ampliaremos en el posterior
debate presupuestario, vamos a rechazar el veto a la totalidad de la
Sección 17 que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.

Todas las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios han sido
estudiadas en profundidad por nuestro Grupo. Comprendemos perfectamente
la preocupación de los Senadores y la importancia que para ellos tienen
sus respectivas regiones a la hora de presentar sus enmiendas, por cierto
muy numerosas: el Grupo Federal de Izquierda Unida ha presentado 173; el
Grupo Parlamentario Socialista, 31; Unión Valenciana, 21; Eusko
Alkartasuna, 11; el Grupo Parlamentario Mixto ha presentado 11 a través
de distintos Senadores; Coalición Canaria presentó seis enmiendas; el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, cinco; Convergència i Unió,
tres, y el PAR ha presentado una enmienda.

Sería imposible, por tanto, analizar todas y cada una de ellas, pero sí
quiero referirme a muchas de las que se han mencionado esta tarde. Por
ejemplo, el Senador Padrón Rodríguez mostraba su preocupación por los
edificios de Correos de la zona territorial que representa. El Senador
Armas Rodríguez ha mostrado su preocupación respecto de diversos asuntos
relacionados con Arrecife. La Senadora De Boneta y Piedra ha defendido 11
enmiendas, cuatro de ellas referentes Al Metro de Bilbao, a



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la «Y» vasca, a las infraestructuras en carreteras del País Vasco y al
albergue de peregrinos de Estella. Otras enmiendas han sido defendidas en
sus justos términos por la Senadora Costa Serra. El Senador Ferrer
Roselló también ha defendido en sus justos términos una serie de
enmiendas que afectan de modo positivo a la región valenciana. Izquierda
Unida ha dejado para defender en el Pleno algunas enmiendas que tienen
importancia para determinados territorios. Y, cómo no, también el Grupo
Socialista ha defendido unas enmiendas que ha dividido en cuatro grupos.

(El señor Vicepresidente, Sánchez Cuadrado, ocupa la Presidencia.)
Es indudable que las enmiendas que son consecuencia de mociones suponen
una gran preocupación para el Grupo Popular.

La ya aprobada que se refiere al tramo Madrid-Guadalajara está totalmente
en marcha y tan sólo a la espera de que se pueda resolver un contencioso
que hay en estos momentos con la Unión Europea en relación con una zona
especial de protección de aves. Se tienen en consideración muchas otras,
enmiendas muchas de ellas consecuencia de convenios a propósito de los
cuales actualmente se está en conversaciones con diversas Comunidades
Autónomas, en relación con los fondos de cohesión y dentro de los
programas que ya tiene establecidos el propio Gobierno. Por tanto, estas
enmiendas no tienen por qué figurar de manera individualizada dentro del
propio presupuesto.

No me voy a referir ahora a cuestiones relacionadas con ayudas a la
vivienda.

En cuanto a las infraestructuras ferroviarias, quisiera referirme a algo
que antes no he indicado, a la existencia de un órgano de gestión como el
GIF y a la preocupación que todos tenemos por mejorar esta estructura
ferroviaria, haciendo hincapié, lógicamente, en el tren de alta velocidad
Madrid-Barcelona, cuestión ésta que el Ministerio de Fomento está
afrontando con una mayor intensidad. Y en cuanto a la autovía de la
Plata, simplemente quiero decir que figura presupuestada con el dinero
que, lógicamente, se va a gastar a lo largo de este año, al igual que
tantas y tantas infraestructuras.

Comprendo la importancia que para los señores Senadores tienen las
enmiendas que presentan, pero sus señorías también deberían comprender
que el Ministerio está haciendo en todas las regiones que ustedes
representan un reparto de esa inversión de manera territorializada,
aunque lo cierto es que el conceder parte de la inversión a unas regiones
significa negársela a otras. Podría también tirarse de ese cajón de
sastre que es la Sección 31, pero no es el momento más oportuno para ello
puesto que supondría un mayor aumento del déficit público. Hay que
afrontar los presupuestos con enorme seriedad.

Nuestro Grupo votará a favor de la enmienda número 27, que presenta el
PAR.

Estamos haciendo unos presupuestos importantes en un año en el que
nuestro objetivo es el cumplimiento del Tratado de Maastricht sobre todo
en lo que se refiere al déficit público. Aun comprendiendo que las
enmiendas presentadas son muy importantes, no podemos aceptarlas todas.

La prioridad la marca el Ministerio de Fomento.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Terminada la Sección 17,
vamos a comenzar el debate de la Sección 18 con la enmienda número 114,
suscrita por el Senador Armas Rodríguez.

Su señoría tiene la palabra para defenderla.




El señor ARMAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En nuestra enmienda número 114 solicitamos que el Gobierno contemple la
remodelación del Centro asociado de la UNED de Lanzarote con una dotación
de 20 millones de pesetas.

Este centro recibía de los presupuestos de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia una subvención indirecta a través del centro
asociado de Las Palmas de Gran Canaria hasta que entró en vigor el Real
Decreto 1317/1995. Con este Real Decreto el centro asociado recibirá
directamente una subvención de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

A pesar de que la legislación vigente no establece ninguna exigencia
directa del Ministerio de Educación para subvencionar los centros
asociados de la UNED, se solicita a través de esta enmienda que se
incluya una partida de 20 millones de pesetas para efectuar las obras de
remodelación de este centro, que acoge en la actualidad a más de 500
alumnos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias, señor
Senador.

A continuación, vamos a debatir las enmiendas números 44 a 57 y 65 a 67
presentadas por la Senadora De Boneta y Piedra.




El señor RIOS PEREZ: Se dan por defendidas, señor Presidente, en sus
justos términos.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Gracias, señor Senador.

Pasamos, entonces, a las enmiendas números 83 a 89 presentadas por la
Senadora Costa Serra.




El señor RIOS PEREZ: Igualmente, señor Presidente, se dan por defendidas
en sus justos términos.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Gracias, Senador Rios.

Pasamos a las enmiendas números 1.177 y 1.227, presentadas por el Senador
Ferrer Roselló.




El señor FERRER ROSELLO: Muchas gracias, señor Presidente.

Vista la poca popularidad de la que parecen gozar en este debate las
denominadas enmiendas de campanario y puesto que la número 1.227
incluiría la rehabilitación de uno, no muy grande pero sí airoso, que
corona el Monasterio de San Miguel y los Reyes, me voy a permitir no
repicar más sobre la cuestión y dar por defendidas las dos enmiendas,
señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias, Senador
Ferrer Roselló.




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Pasamos a la enmienda número 121, suscrita por los Senadores Iribas
Sánchez de Boado y López Garnica, que va a defender el Senador Zapatero.




El señor ZAPATERO VILLALONGA: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestro Grupo está dispuesto a apoyar la enmienda número 121, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, en la que se solicita la
transferencia de diez millones de pesetas al Ayuntamiento de Tafalla para
cubrir el velódromo municipal Miguel Indurain en aquella localidad,
habida cuenta del desembolso realizado ya por el Ayuntamiento de Tafalla
y el Gobierno navarro, que se pondría en riesgo de inutilidad ya que éste
es el único velódromo existente en la Comunidad Foral y por
circunstancias climáticas fáciles de comprender no se puede utilizar
porque es descubierto. Por tanto, se trata de hacer una obra para
cubrirlo.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias, señoría.

Pasamos a las enmiendas números 436 y 437 a 516, ambas inclusive,
suscritas por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Se ve que es un fuerte campanario, pero quedan defendidas en sus justos
términos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Gracias, Senador Ríos.

A continuación, pasamos a la enmienda número 22, suscrita por el Senador
Padrón Rodríguez.




El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, ésta no es de campanario. Esta
enmienda es consecuencia de una moción que aprobó esta Cámara por
unanimidad con el objeto de celebrar un concurso para la construcción de
un monumento en el Meridiano Cero en la Punta de Orchilla, en la isla de
El Hierro. La enmienda solicita una dotación de 20 millones de pesetas
para ese fin.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Gracias, Senador Ríos.

A continuación, pasamos a las enmiendas números 1.239 a 1.242, también
suscritas por el Senador Ríos, que tiene la palabra.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Desde el punto de vista conceptual es grave que este Senador tenga que
presentar estas cuatro enmiendas porque se trata de convenios actualmente
en vigor entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno central. Algunas de
ellas se refieren a anualidades que ya se han pagado y presupuestado en
fases anteriores y otras en que la obligatoriedad de la contribución del
Gobierno central comenzaba precisamente en este año 1998, con este
proyecto de Presupuestos.

La enmienda 1.239 se refiere a la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas. Está suscrito en un convenio con una inversión de 225
millones de pesetas, de los que este año corresponden 115 millones y no
es una especie de lotería, sino un serio convenio firmado por ambos
gobiernos.

La enmienda 1.240 propone una dotación de 80 millones de pesetas para la
rehabilitación de la Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de
Tenerife, que fue un convenio firmado --incluso digo la fecha para que no
haya problemas de suspicacia-- el 23 de mayo de 1995. Igualmente se
solicita un crédito de 230 millones de pesetas para la construcción de un
auditorio, en cumplimiento de un convenio que también está firmado por la
Comunidad Autónoma y el Ministerio de Cultura, de fecha 23 de mayo de
1995. Y por último, un crédito producto de otro convenio de esa misma
fecha en relación con equipos informáticos para el Archivo Histórico
Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias, señoría.

Pasamos, a continuación, al debate de las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, números 745 y 746.

Tiene la palabra el señor Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

Empezaré por la número 746, una enmienda de menor importe, 250 millones
de pesetas, que pretende ser plurianual, a lo largo de cuatro años, pero
que para nuestro Grupo y para el País Vasco, en concreto para la ciudad
de Bilbao, tiene una gran importancia. El Palacio Euskalduna es el
auditorio multiusos que en estos momentos se está construyendo en Bilbao;
un centro multiusos que va a ser auditorio, centro de exposiciones,
palacio de la música y que se está haciendo en los terrenos de los
antiguos Astilleros Euskalduna, astilleros que todavía en el año 1970
figuraban entre los diez más rentables del mundo y que en los años
ochenta fueron desmantelados por el Gobierno anterior. Nosotros estuvimos
en contra de ese cierre.

Esa zona fue la más industrial de Bilbao y los Astilleros Euskalduna eran
el símbolo, no de Vizcaya, pero sí de Bilbao. En estos momentos está
siendo una zona de recuperación y revitalización de Bilbao. De hecho, en
la prolongación de lo que eran los Astilleros Euskalduna, a cien metros,
es donde con el esfuerzo de las instituciones vascas, tanto Gobierno como
Diputación Foral de Bizcaia, se ha levantado el Museo Guggenheim y allí
al lado se está construyendo este auditorio multiusos. Esa zona, que
quedó completamente degradada, de alguna forma significa la
revitalización del futuro de Bilbao. La Diputación Foral de Bizcaia, se
está volcando y, también se han recibido ayudas de la Unión Europea. Por
lo tanto, por la importancia simbólica que tiene para Bilbao por lo que
fueron esos astilleros y la zona donde hoy se está haciendo este
auditorio; porque las instituciones vascas, en concreto la Diputación
Foral de Bizcaia, se están volcando, así como la Unión Europea, creemos
que el Gobierno



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del Estado, aunque sea un gobierno distinto al que desmanteló Euskalduna,
también debe participar.

La segunda enmienda, es la numero 745, por un importe superior a la
anterior, de 1.400 millones, se propone hacer efectiva la gratuidad de la
enseñanza en centros de educación infantil con convenio.

¿Cuáles son las razones que llevan a nuestro Grupo a presentar esta
enmienda? La memoria que se presenta en la Sección 18 de estos
presupuestos del Estado se basa en las becas. Consideramos que no procede
establecer la gratuidad del segundo ciclo de la educación infantil en
centros privados mediante el sistema de becas. ¿Por qué? Existen
múltiples razones, de las que voy a dar aquí unas pocas. En primer lugar,
no existe ningún precedente en ningún país europeo a este respecto.

En segundo lugar, consideramos que este sistema incumple de alguna forma
la ley, al extender la gratuidad del segundo ciclo de la educación
infantil por el procedimiento de las becas.

En tercer lugar, la legislación educativa vigente tiene previsiones para
la financiación del segundo ciclo de la educación infantil en centros
privados. Dichas previsiones se encuentran en la LOGSE y también en la
LOPEG y se basan en la financiación de los centros de enseñanza.

En cuarto lugar, quisiera recordar que el Grupo Parlamentario Popular
presentó una proposición de ley en marzo de 1995 por la que se propugnaba
la gratuidad del segundo ciclo de la educación infantil mediante la
extensión a estas enseñanzas del concierto educativo.

Por último, todas las Comunidades Autónomas que han avanzado en la
gratuidad del segundo ciclo de Educación Infantil, que creo que son --y
espero no olvidarme ninguna-- Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia,
la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco, han articulado la
financiación mediante subvenciones y conciertos a los centros privados de
educación infantil.

En definitiva, señorías, estas son las razones que llevan a nuestro Grupo
a presentar esta enmienda.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias, Senador
Gangoiti.

Vamos a pasar continuación a la defensa de las enmiendas presentadas por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
1.282, 1.283 y las números 1.291 a 1.295.

El Senador Cambra tiene la palabra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda 1.282 hace referencia a un asunto también bastante conocido y
de transcendencia para la Universidad: el incremento de la dotación para
compensar a las universidades por la disminución de ingresos sufrida por
la nueva definición de familias numerosas a partir del tercer hijo. Ello
ha supuesto un menor ingreso en concepto de tasas por matrículas, que
entendemos que a partir de este curso de 1998 debe ser compensado.

Esperamos conocer cuál es la posición del Grupo Parlamentario Popular a
este respecto, pero nos gustaría que de aquí al Pleno pudiera encontrarse
una transacción adecuada para solventar este problema.

La enmienda 1.283 tiene por objeto permitir la participación de entidades
de ámbito autonómico en la promoción y cooperación cultural, dotando para
ello al concepto de «Ayudas a Consorcios de ámbito autonómico para la
promoción y cooperación cultural» en 200 millones de pesetas.

La enmienda 1.291 tiene por objeto dotar con una partida de 20 millones
de pesetas a la Fundación Gala-Dalí, para continuar con una tradición de
estos últimos años. En el proyecto de Presupuestos de 1998 que estamos
debatiendo, sin que a nuestro entender exista ningún motivo que lo
justifique, esta partida ha desaparecido, por lo que nuestro Grupo pide
de nuevo su inclusión.

La enmienda 1.292 hace referencia a un tema respecto del que ya
defendimos una enmienda parecida en los Presupuestos de 1997: dotar a la
Fundación Orfeó Catala-Palau de la Música Catalana con una cantidad para
poder continuar las obras de reforma y mejora del Palau de la Música
Catalana. En este caso la solicitud es de 30 millones de pesetas.

La enmienda 1.293, que nuestro Grupo también ha defendido en anteriores
Presupuestos, hace referencia a unas instalaciones que se encuentran en
la Comunidad Autónoma de Aragón, concretamente en Benasque, en Huesca.

Pedimos que se doten 50 millones de pesetas efectos de reparar el refugio
de La Reclusa, refugio que consideramos de gran interés por su ubicación,
diría que única en los Pirineos aragoneses. Es de gran interés deportivo,
desde nuestro punto de vista, esta enmienda y espero que los Senadores
del Grupo Parlamentario Popular de Aragón así lo valoren también. (El
señor Vicepresidente Unceta Antón ocupa la Presidencia.)
La enmienda 1.294 tiene por objeto dotar en 30 millones de pesetas el
Teatro-Auditorio «La Lira» de Amposta y así poder proseguir las obra en
su segunda y última fase. Este centro cultural desarrolla una labor muy
importante en el fomento de la música en aquella zona sur de Tarragona.

Por último, la enmienda 1.295 tiene por objeto dotar 100 millones de
pesetas para acelerar la finalización del Teatro-Auditorio de Granollers,
obra que ya está en proceso de construcción, que entendemos también de
gran interés cultural para su comarca.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador.

Pasamos a continuación a la defensa de las enmiendas 917 a 1.013, del
Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el Senador Iglesias.




El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestro Grupo presenta una serie de enmiendas, cerca de un centenar,
noventa y tantas, incluida una enmienda de devolución al Gobierno del
presupuesto de la Sección 18.

Naturalmente, debe haber razones importantes para que solicitemos la
devolución al Gobierno del presupuesto de la Sección 18, Educación y
Cultura. Y la primera razón es que este presupuesto, a nuestro juicio,
significa una oportunidad perdida. Las ocasiones pasan cerca de uno de
vez en cuando y en la actualidad pasa una oportunidad



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excelente a la que este presupuesto no responde. ¿Por qué lo digo?
Hay, evidentemente, una bonanza económica del país --está claro--, hay un
notable crecimiento del producto interior bruto, del tres y pico por
ciento; hay un índice de inflación bajo, un dato a tener en cuenta
--prueba de eso es que los beneficios empresariales están creciendo de un
modo sustancial--. Está, por otro lado, el ingreso procedente de la
privatización de empresas públicas, lo que supone ingresos adicionales de
una elevadísima cuantía tanto en 1997 como en 1998, y todo ello coincide
con el momento clave de implantación de la reforma educativa.

Todo eso permitiría que las necesidades de implantación de la reforma
educativa se vieran con un espíritu y una filosofía diferentes a lo que
contempla el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para esta
Sección. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Creemos que es
necesario dar un salto cualitativo en la financiación de la educación.

Hay momentos especiales en el desarrollo y el devenir de un país en los
que determinadas necesidades se presentan con un especial relieve y creo
que en este momento las necesidades educativas se presentan así, con un
especial relieve y con una especial exigencia.

Ha habido otros momentos en los que había que atender las necesidades en
infraestructuras y se ha hecho un gran esfuerzo. Hubo que hacer un enorme
esfuerzo en dotaciones de bienestar social, en pensiones, pensiones no
contributivas, etcétera. Ahora las necesidades de educación, junto con
las de sanidad, se presentan ante la consideración política como un
requerimiento al cual me parece difícil no contestar.

Estamos en una de las fases clave de la implantación de la reforma
educativa. La Educación Secundaria Obligatoria está justo en un estado
crucial de su implantación. Recordemos que una de las muchas novedades
que contiene la LOGSE, es la de crear una escuela para los adolescentes,
una escuela para alumnos de 12 a 16 años, que no es ya enseñanza primaria
y que todavía no es el momento previo al ingreso en la Universidad, el
Bachillerato. Es algo así como la prueba de la implantación de la
reforma.

Estamos en un momento en el que hay que implantar la Educación Secundaria
Obligatoria en las debidas condiciones. Tanto la construcción de una red
adecuada de centros como la decisión de mantener en los centros de
primaria alguna parte de la Educación Secundaria Obligatoria exige
inversiones y gastos importantes, porque si mantenemos la Educación
Secundaria Obligatoria en los centros de primaria, hay que hacer un
esfuerzo importante de adaptación, tanto material como de profesorado, de
esos centros para que puedan impartir debidamente las enseñanzas de la
Educación Secundaria Obligatoria. Por tanto, en cualquier hipótesis es
necesario un esfuerzo económico especial para la implantación de la
reforma.

Es el momento de las transferencias educativas a las diez Comunidades
Autónomas que todavía no tienen asumidas las competencias que en sus
Estatutos de Autonomía y en la Ley Orgánica de Transferencia se aprobaron
en su momento. Esas transferencias educativas no se han firmado todavía.

En este momento sólo están firmadas las de Baleares. Tengo noticias de
que hay dos Comunidades Autónomas más que están en un proceso avanzado y
siete Comunidades Autónomas --dos de ellas gobernadas por el Partido
Socialista y cinco gobernadas por el Partido Popular-- no se encuentran
próximas al cierre de ese capítulo de transferencias.

¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el día 1 de enero del año 1998, que era la
fecha prevista inicialmente para que las transferencias fueran asumidas
por las Comunidades Autónomas, no va a ser posible en absoluto hacer
efectiva la de las competencias educativas? Por la insuficiencia
presupuestaria que encierran los presupuestos del año 1997 y que los
presupuestos del año 1998 no van a mejorar sustancialmente. Hay
Comunidades Autónomas que no están dispuestas a aceptar transferencias
educativas en condiciones que van a hacer difícil que puedan cumplir sus
compromisos con el desarrollo educativo. Prueba de esto es que las
Comunidades Autónomas que ya tienen competencias asumidas desde hace
tiempo, algunas desde hace bastantes años, están reclamando una
financiación adicional de la implantación de la Logse. Por ejemplo
Cataluña, Andalucía y Galicia están solicitando fondos complementarios
para la implantación de la reforma educativa. Implantación que ellos han
anticipado ya, en algunos casos con notable éxito, con una gran
dedicación, pero están reclamando financiación adicional ¿Por qué? Porque
la financiación de la reforma que contempla los presupuestos del
Ministerio de Educación y Cultura son, evidentemente, insuficientes.

Hay otra razón importante para dar ese salto cualitativo y cuyo reto no
permiten abordar con optimismo los presupuestos que presenta el
Ministerio de Educación y Cultura; el perfeccionamiento del profesorado,
para el cual --lo diré con pocas palabras pero bastante claras-- no hay
ni dinero suficiente ni ideas acerca de en qué consiste, siendo una pieza
clave en la implantación de la reforma. No hay dinero para hacerla, pero
tampoco hay proyectos; no hay ni proyectos ni ideas. Al sistema que ha
estado vigente durante bastantes años no lo sustituye otro distinto,
porque no hay ninguna previsión ni presupuestaria ni de modelo de
perfeccionamiento del profesorado. Nos parece extraordinariamente
importante esa ausencia o deficiencia.

Por estas razones, y por algunas más que voy a enumerar muy rápidamente,
pedimos la devolución al Gobierno de la Sección 18. Creemos que este
presupuesto no compensa la drástica reducción presupuestaria del año
1997; no tapa el agujero presupuestario entre el aumento de los haberes
del profesorado, la compensación de la inflación del año pasado y la de
éste. Teniendo en cuenta el crecimiento del PIB, el crecimiento del 6 por
ciento del Presupuesto del Ministerio de Educación significa sólo una
adaptación a las circunstancias económicas del momento de las cifras
pasadas. Por tanto, no supone realmente una mejora cuantitativa de la
dotación presupuestaria, no permite la aplicación de la reforma, no
facilita el cierre de las transferencias educativas, la inversión es
insuficiente para el año clave de la implantación de la reforma. Tengamos
en cuenta, por ejemplo, que de los 40.000 millones que se dedican a
inversión hay una partida de 8.500 millones para el Plan de Empleo en
Canarias dentro de la Sección 18, del Capítulo de Inversiones. Es



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una dotación sorprendente, y no digo que Canarias no necesite un plan de
fomento de empleo: naturalmente, sí lo necesita, al igual que Extremadura
y Andalucía, que tienen índices de desempleo suficientemente altos como
para merecer una ayuda semejante. Pero no tiene ningún sentido que el pan
de empleo de Canarias se apoye y nazca de una partida dedicada a la
inversión en los principales programas educativos.

Este presupuesto acentúa el desequilibrio entre los centros públicos y
los centros privados concertados. La inversión y los gastos en centros
públicos crece el 5 y medio por ciento. Los gastos en centros privados
concertados suben un 9,15 por ciento, sin contar algunas partidas más que
van en beneficio de estos centros. No es que nos parezca mal que crezcan
las dotaciones, lo que nos parece mal es que crezcan desequilibradamente,
que crezcan de forma desigual, que crezcan rompiendo un equilibrio que
--lo repito insistentemente-- no es una casualidad. El equilibrio de los
dos grandes sectores de la educación en nuestro país es el resultado de
un proceso histórico extraordinariamente delicado, extraordinariamente
importante, que ha permitido resolver viejos contenciosos de una manera
prácticamente definitiva, y ahora corremos el riesgo de que esos
desequilibrios vuelvan a producirse. La compensación de las desigualdades
de los alumnos en materia educativa queda gravemente desatendida. Se
suprime, por ejemplo, el programa de vacaciones escolares: no es que se
reduzca su cuantía es que se pone en cero. Esta es una vieja conquista
que viene de hace muchísimos años y nos parece incomprensible su
supresión.

Los gastos de funcionamiento de los centros públicos han sufrido una
brusca caída que estos presupuestos no contribuyen a compensar. Durante
este año los centros públicos han padecido la merma de sus gastos de
funcionamiento, y bien que lo han notado, porque disponen de menos
recursos de los que tenían anteriormente.

Por último, una razón más para la devolución global de esta Sección al
Gobierno es que creemos que el presupuesto de cultura es radicalmente
insuficiente, que no aprovecha una ocasión excepcionalmente propicia, que
es la de incorporar como una dotación consolidada del Ministerio de
Cultura la partida ya liberada para la adquisición de la colección
Thyssen-Bornemisza, que en este año ya no es necesario cubrir. Esos
10.000 millones de pesetas podrían pasar a incrementar las dotaciones de
cultura que, por otra parte, comparando el último presupuesto de un
Gobierno socialista, el del año 1995, con el presupuesto del año 1998,
sufren una merma de 12.622 millones de pesetas, merma que deja en
entredicho la voluntad reiteradamente declarada de hacer de la cultura
uno de los sectores prioritarios de la inversión del Gobierno y de un
proyecto de grandes inversiones culturales que, ciertamente, y analizando
con lupa los presupuestos, no vemos por ningún lado.

Por todas estas razones, creemos que esta Sección podría ser bastante
mejor, y, por tanto, pedimos su devolución al Gobierno.

De las 95 enmiendas restantes, de las que voy a hacer gracia a sus
señorías para no cansarles, porque su número es excesivo, citaré sólo
unas cuantas que tienen una especial significación política.

Pedimos un incremento de 2.500 millones de pesetas para plantillas del
profesorado de Educación Secundaria. Es un momento clave de la reforma y
hay necesidad de profesores especialistas en numerosos centros. Por lo
tanto hay necesidad de aumento de plantillas y de dotación
presupuestaria.

Para la UNED, cuya subvención nominativa es escasa para esta universidad
tan importante que atiende a una enorme cantidad de alumnos repartidos
por todo el territorio nacional, solicitamos un incremento de 400
millones de pesetas.

Solicitamos que se abra una partida presupuestaria nueva por una cuantía
importante, cuya magnitud no se nos aculta. Pedimos una partida de 40.000
millones de pesetas para crear un sistema de ayudas para la compra de
libros de texto y material didáctico con destino a los alumnos de la
educación obligatoria. Creo que hay un acuerdo general en que la
gratuidad de los libros de texto y del material didáctico es una
conquista que hay que lograr. Hay un intento frustrado por parte del
Ministerio de ir a la solución del problema mediante la implantación de
descuentos progresivos en los precios de venta al público de los libros
de texto, proyecto que ha sido rectificado en el Congreso de los
Diputados, pasando de un descuento del 25, del 50 y del precio de venta
libre de los libros de texto a una modesta rebaja del 12 por ciento sobre
el precio de venta al público, que ni resuelve el problema ni alivia
sustancialmente el bolsillo de los padres ni resuelve lo que es más
grave: las necesidades de muchísimas familias no de gastar el 12 por
ciento menos en libros y en material didáctico, sino de no gastar
absolutamente nada, porque la economía familiar no lo permite y hay que
ir a un sistema que posibilite que esos libros de texto y material
didáctico sean totalmente gratuitos.

Pedimos un incremento de 500 millones de pesetas en los gastos de
funcionamiento de los centros docentes, especialmente de Educación
Secundaria, seriamente dañados con los recortes presupuestarios del año
1997.

Solicitamos un incremento de 2.000 millones de pesetas para el desarrollo
de los programas de garantía social que reciben una dotación, a nuestro
juicio, completamente insuficiente. Teniendo en cuenta que los programas
de garantía social son los destinados a que los alumnos que terminen su
Educación Secundaria sin alcanzar la titulación debida puedan recibir la
formación complementaria que les permita abordar los problemas de su
inserción social, son elementos importantes de la igualdad de
oportunidades y de la compensación de las desigualdades de origen social
en materia educativa. Mal podemos hablar de una sociedad en la que todos
tienen los mismos derechos si terminamos por no dar los mismos derechos
educativos a todos los alumnos de nuestro sistema educativo, a los que
van bien y a los que no van bien, a los sobresalientes y a los suspensos,
a los problemas que también merecen una ayuda para poder enfrentarse con
las necesidades de su vida.

Tenemos una enmienda, que coincide con una del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que propone una dotación de
8.000 millones de pesetas en becas y ayudas a los estudiantes para
compensar a las universidades por la disminución de ingresos en concepto
de tasas por el cambio de declaración



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de familia numerosa. Las familias de a partir de tres hijos, tienen una
exención de tasas y las universidades, naturalmente, han notado y muy
ostensiblemente la disminución de sus ingresos por ese concepto, que
tiene que ser compensada mediante un ingreso adicional.

En inversión nueva y de reposición en centros de secundaria, en centros
de primaria y en enseñanzas artísticas creemos que hace falta una
dotación complementaria de 22.200 millones de pesetas que tenemos
territorializada y que, por lo tanto, permitiría a las Comunidades
Autónomas del territorio MEC abordar la inversión necesaria para la
implantación de la reforma.

Por último, me referiré sólo a dos pequeños grupos de enmiendas que son
cuantitativamente, por la dotación que se solicita, muy modestas, pero
que políticamente son significativas. Pedimos dotación presupuestaria
necesaria para cumplir el acuerdo que la Comisión de Educación y Cultura
del Senado aprobó por unanimidad muy recientemente, con el voto favorable
de todos los Grupos Parlamentarios, incluido naturalmente el Grupo
Parlamentario Popular, para que se firmara un convenio para la
rehabilitación del museo Pau Casals de El Vendrell con la colaboración
del Ministerio de Cultura, la Comunidad Autónoma correspondiente y el
Ayuntamiento, pues esa casa-museo se encuentra en una situación de
deterioro que hay que remediar.

Proponemos otra partida, también modesta, como aportación del Ministerio
de Educación a los convenios, cuya aprobación también correspondió a la
Comisión de Educación y Cultura, para los gastos de mantenimiento y de
conservación de esas instalaciones deportivas en centros escolares que se
abren en fines de semana o fuera del horario electivo.

Por último, pedimos dotación presupuestaria para el cumplimiento de un
acuerdo que está vigente, que fue firmado hace unos años entre el
Ministerio de Cultura y la Junta de Extremadura. Concretamente para el
año 1998, dotaciones presupuestarias para el Museo de Arte Visigodo de
Mérida, para el Archivo Histórico de Badajoz y para la reforma de la Casa
Museo del Palacio de las Veletas, de Cáceres. Son, como digo, pactos
firmados y vigentes, y como creemos que los pactos firmados tienen que
ser cumplidos, pedimos la inclusión de partidas presupuestarias modestas,
pero suficientes para cumplir los compromisos adquiridos.

Naturalmente, junto a éstas que he mencionado expresamente, hay un
conjunto de enmiendas cuyo desglose corresponde a las previsiones de
nuestra enmienda de totalidad.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado tres enmiendas, la 1.150, la
1.151 y la 1.152.

Para la defensa de estas enmiendas y un turno en contra, tiene la palabra
el Senador Fernández Rozada, del Grupo Parlamentario Popular.




El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, a esta Sección 18 se han presentado 224 enmiendas, de las
cuales dos corresponden a sendos vetos: la 436, de los Senadores del
Grupo Mixto, Nieto y Román, que han defendido en sus justos términos, y
la 917, que acaba de defender el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular voy a referirme a estas
enmiendas que piden la devolución al Gobierno de esta Sección 18. Las
relativas al ámbito de cultura y deporte serán contestadas a continuación
de mi intervención por el Senador Zapatero.

Acabamos de escuchar al portavoz socialista la justificación de su
enmienda de veto o de devolución al Gobierno de esta Sección. Ha dicho
que estos presupuestos que ha presentado en le Gobierno para 1998 no
recogen compromisos para la educación obligatoria, no preparan las
transferencias, marginan la enseñanza pública frente a la concertada,
contienen dotaciones insuficientes que impiden la realización de una
política mínimamente eficaz.

Señorías, en nombre de mi Grupo quisiera dar algunos argumentos que
demuestran que éste sí es el mejor presupuesto que un gobierno pueda
presentar en materia de educación, cultura y deporte, porque la cifra
total de un billón 138.555 millones de pesetas, que es el presupuesto de
esta Sección 18, supone un aumento del 6,8 por ciento respecto al de
1997, un incremento, en términos absolutos, de 68.627 millones de
pesetas. Señorías, este crecimiento del 6,8 por ciento es muy superior al
del conjunto del presupuesto del Estado, y de esta manera, la educación,
a nuestro juicio, adquiere un peso mucho mayor en el conjunto de los
gastos del Estado.

Por otra parte, el incremento supera también con mucho el producto
interior bruto, y nos encontramos con que, en la parte que corresponde al
Estado, la educación tendrá, en 1998, un porcentaje del producto interior
bruto mayor que el que tiene actualmente. Por tanto, estamos ante un
indicador muy claro de que la educación es uno de los objetivos
prioritarios del actual Gobierno. No en vano este crecimiento, descontada
la inflación, es el mayor desde que comenzó a implantarse la Logse en el
año 1991.

Este proyecto de presupuestos permite abordar con plenas garantías los
retos que hoy tiene planteados la sociedad. Van a servir para
proporcionar una educación, especialmente la pública, de mayor calidad,
más equitativa, porque va a atender mejor a todos, pero sobre todo
atenderá mejor a los que más lo necesitan. Van a significar el perseverar
en una línea de apuesta por la investigación científica, apuesta que ya
inició con esa perseverancia el Gobierno en el último presupuesto, de
manera que la curva de inversión en I+D se afianza en su tendencia al
alza.

Los presupuestos para 1998 nos van a permitir poner en marcha un
ambiciosísimo plan de inversiones en las grandes instituciones
culturales, que van a traducirse, sin duda, en un cambio notorio en la
actividad cultural del Estado, que pasa a ser netamente inversora en
lugar de subvencionadora.

Son unos presupuestos que apuestan eficazmente por el deporte escolar,
por el universitario, por el aficionado, además de por el deporte de alto
nivel. Se trata, en definitiva, de un proyecto de presupuestos al
servicio de una política determinada del Gobierno, que ha colocado en el
primer rango de importancia la educación, la ciencia, la cultura, y por
ello nos parece que cualquier petición de devolución no estaría en modo
alguno justificada con lo



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que es y significa para el Gobierno actual esa apuesta por la educación.

Haciendo especial mención al gasto educativo, he de decir que no cabe
duda de que la mejora de la calidad lleva aparejado un incremento en los
medios que se ponen a disposición de los alumnos.

Podemos asegurar que, en el proyecto de presupuestos para 1998, el gasto
por alumno en la enseñanza pública crece un 7,7 por ciento, gracias a lo
cual vamos a poder ofrecer a cada uno de los alumnos de la enseñanza
pública mejores instalaciones, más profesores, mejores medios
tecnológicos y una atención más personalizada.

El proyecto de presupuestos para 1998 va a permitir, además, de acuerdo
con lo preceptuado en la ley, extender la gratuidad de la enseñanza en el
tramo de los catorce a los dieciséis años. En estos momentos, pese a que
hay una tendencia imparable a reducir el número de alumnos cada año
debido a la demografía, el Ministerio de Educación y Cultura ampliará el
próximo año la plantilla de profesores de secundaria en 1.740, es decir,
que habrá 70.000 alumnos menos, pero habrá 1.740 profesores más. Todos
los centros de secundaria contarán con su propio departamento de
orientación, y cada uno de ellos dispondrá de un psicólogo por lo menos.

En cuanto a las ratios, en la secundaria obligatoria la relación media de
alumnos por grupo es de 27,6, muy por debajo, por tanto, de los 30 que
prevé la propia Ley; en el bachillerato es de 28,2, muy por debajo de los
35 que establece la Logse; y en los ciclos formativos es de 21 frente a
los 30 previstos. Por lo tanto, señorías, en el curso 1997/1998, la ratio
medio de alumnos por grupos en primaria será de 20, y la de alumnos por
profesor será de 14.

Por todo ello, y teniendo en cuenta los datos objetivos que se contienen
en el presupuesto y que acabo de exponer, parece difícil entender la
petición de devolución de esta Sección en un momento en el que se apuesta
tan firme y decididamente por la educación.

Se habla de primar la educación privada, concertada, de iniciativa
social, frente a la pública, y nada más lejos de la realidad. La
enseñanza pública sigue siendo algo importante para el Gobierno, pues,
como decía, sube un 7,7 por ciento y se mantiene el 88 por ciento de la
inversión.

Las razones por las que, en efecto, se ha subido la iniciativa social un
12 por ciento, concretamente 10.792 millones de pesetas, son consecuencia
de la implantación generalizada del primer ciclo de la ESO y de la
implantación parcial, también en su segundo ciclo, así como de la subida
hecha a los profesores de iniciativa social en la misma proporción que a
los profesores de la pública, y que era un compromiso adquirido también
con anterioridad por el propio Grupo Parlamentario Socialista, que ha
sido el que más énfasis ha puesto en este trámite de Comisión en pedir la
devolución de esta Sección al Gobierno.

Por todo ello, nosotros creemos que, lejos de estar en estos momentos en
línea con lo expuesto por el portavoz socialista, estamos muy orgullosos
y muy satisfechos del gran esfuerzo inversor que el Gobierno está
haciendo en materia de educación, Por consiguiente, nos vamos a oponer al
veto presentado por los Senadores Nieto y Román y por el Grupo
Parlamentario Socialista.

Voy a contestar muy brevemente a las enmiendas que se han presentado. En
general, son enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios que
proponen nuevas actuaciones, gastos, nuevas inversiones o aumentos de la
dotación que figura actualmente en los presupuestos. Si se observan con
detenimiento, estas enmiendas suelen plantear la baja correspondiente en
la Sección 31, Gastos de diversos ministerios, en una partida que se
utiliza como cajón de sastre. Nosotros creemos que el Presupuesto, bien
estudiado y bien planteado, responde a esa inquietud del Gobierno de
seguir apostando por la educación y por poder mantener un esfuerzo
inversor, como decía al principio, muy por encima de la media con la que
crece el propio Presupuesto, y, por lo tanto, son enmiendas que no van a
gozar del apoyo del Grupo Parlamentario Popular.

En cuanto a las enmiendas relativas a cultura y deporte, como dije al
principio, será le Senador Zapatero el que haga la intervención. Gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.




Tiene la palabra el señor Zapatero.




El señor ZAPATERO VILLALONGA: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a defender brevemente las enmiendas presentadas por mi Grupo.

Por lo que respecta a la enmienda número 1.150, se refiere a un aumento
en el Programa Educación Infantil y Primaria de 15 millones de pesetas,
para satisfacer compromisos de acuerdos derivados de las Leyes 24/1992 y
26/1992. En cuanto a las números 1.151 y 1.152, ambas se refieren al
programa Teatro. La primera de ellas, para una subvención a la Fundación
la Abadía, con motivo de la programación que tiene prevista para la
conmemoración del I Centenario, en 1998; y la segunda, para la promoción
de actividades culturales y el fomento de actividades teatrales y
cinematográficas por la Fundación la Casa del Actor.

Aparte de estas enmiendas, en lo que afecta a la Secretaría de Estado de
Cultura se han presentado cinco, por el Grupo de Convergència i Unió;
una, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y el resto, cien
enmiendas, prácticamente a partes iguales por los Grupos Socialista y
Mixto.

Este bloque de enmiendas no podrá ser apoyado por el Grupo Popular, por
varias razones que espero que queden muy claras en el escaso tiempo de
que dispongo. Hay que hablar una vez más de las consabidas críticas a la
Sección 31, que, como sus señorías bien saben, figura en los presupuestos
para la atención de gastos diversos de todos los departamentos
ministeriales; lo que en las cuentas domésticas puede denominarse como
imprevistos. Pero si tales bajas se intentaran llevar a efecto, no
bastaría con un billón de pesetas --y creo que ni siquiera con un
presupuesto completo del Estado-- para satisfacer estas demandas.

Dicho sea con todos los respetos y con la mayor sinceridad, a mi modo de
ver, del examen de las enmiendas de todos los grupos de la oposición se
deducen dos consecuencias muy claras. La primera de ellas es la
conformidad



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con las líneas políticas generales en materia de cultura del Gobierno del
Partido Popular. Nada se pretende cambiar; ni por unos ni por otros. El
cien por cien de las enmiendas se refiere a proyectos muy concretos
incluidos en programas establecidos, o a suplementar partidas en escasos
millones de pesetas; eso sí, siempre procedentes de la Sección 31.

Por otro lado, comprendo que este presupuesto de Cultura es sumamente
difícil de rebatir. Es el presupuesto más generoso con las políticas
culturales de los últimos años. Se ha tildado de insuficiente por el
portavoz del Grupo Socialista, y se ha comparado con un presupuesto que
no deja de ser un presupuesto-ficción, un presupuesto fantasma, como el
de 1996. (El señor Iglesias Marcelo: El de 1995), que si de algo sirvió
fue para hacer llegar al Partido Popular al Gobierno. Asciende a 58.525
millones de pesetas, lo que representa un aumento de 10.350 millones
respecto al del ejercicio anterior. Y no vale la crítica fácil de que
esos millones proceden de la cuota de adquisición de la Colección
Thyssen, que este año se libera, y con la que ya se contaba.

Tampoco se puede pasar de puntillas sobre este aspecto. No juguemos a ser
ingenuos, señorías. Todos ustedes saben lo que en unos presupuestos
significa una partida finalista y la satisfacción que para el
departamento de Economía supone su recuperación para otros fines. Pues
bien, tal partida se ha consolidado en Cultura por decisión del
Presidente del Gobierno, don José María Aznar, y se ha asumido por el
Ministerio de Economía y Hacienda en el seno de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Culturales. Así pues, el aumento es real, y gracias
a él también han podido aumentar de manera sustancial prácticamente todas
las partidas correspondientes a la Secretaría de Estado en cuestión.

Por eso, causa una cierta perplejidad encontrarse con enmiendas que
tratan de incrementar las partidas destinadas, por ejemplo, a la ayuda a
la cinematografía, cuando en el proyecto presentado por el Gobierno tales
partidas experimentan un incremento de 500 millones, es decir, de un
18,25 por ciento.

He de resaltar la preocupación del Grupo Mixto por la conservación y
restauración del Patrimonio Nacional, así como por lo que se refiere a la
atención a museos y archivos, a lo que obedecen nada menos que 25 de las
49 enmiendas presentadas; más de la mitad. Tal preocupación --puesta de
manifiesto, sobre todo, por los Senadores Nieto y Román-- no merece más
que alabanzas. Sin embargo, sería poco apropiado incrementar las partidas
destinadas a tales fines --eso sí, siempre a costa de la tantas veces
aludida Sección 31--, cuando de acuerdo con el proyecto que hoy se debate
el Ministerio de Economía y Hacienda se convierte en un Departamento
inversor. Con la consolidación de la cuota Thyssen casi se duplican las
inversiones, que pasan de los 12.000 millones de pesetas del ejercicio
anterior, a 22.000 millones en 1998 --casi el doble--, lo que supone un
36 por ciento del presupuesto global, frente al 26 por ciento del
ejercicio anterior. Por tanto, como digo, el Ministerio pasa a ser
claramente inversor frente a anteriores etapas, netamente
subvencionadoras.

Comprendan, señorías, que en estas condiciones es muy difícil, cuando no
ingenuo o superfluo, y hasta quizá injusto, exigir al Gobierno un mayor
esfuerzo inversor en aspectos muy concretos y muy limitados, que por otra
parte cuentan con toda la adhesión de mi Grupo, y a los que resulta muy
difícil rechazar en este debate. Y no quiero poner ejemplos concretos,
para que nadie se sienta excluido de esta posible lista en la que pueden
incluirse enmiendas de todos los grupos del abanico parlamentario del
Senado.

A todos los portavoces nos gustaría disponer de más tiempo para
explayarnos en la exposición de las enmiendas presentadas, y estudiadas
una a una. Como eso no puede ser así, creo que con mi intervención he
argumentado de forma suficiente nuestra postura sobre las enmiendas
presentadas a la Secretaría de Estado de Cultura.

Permítasenos finalizar expresando la satisfacción del Grupo Popular por
este proyecto presupuestario, que subraya y está en abierta concordancia
con la afirmación del Presidente Aznar en su discurso de investidura
acerca de que una de las máximas preocupaciones del Gobierno que se
proponía presidir sería todo lo referente a la educación y la cultura, lo
que en algunos ámbitos fue acogido, al menos, con un cierto escepticismo,
frente al cual hoy hemos de exhibir nuestra satisfacción y el
reconocimiento al Gobierno sustentado por el Partido Popular.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

A continuación, pasamos al debate de la Sección 19, Trabajo y Asuntos
Sociales, y de la Sección 60, Seguridad Social e Inserso, a las que se
han presentado enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.

En primer lugar, y para la defensa de la enmienda número 115, tiene la
palabra el Senador Armas Rodríguez.




El señor ARMAS RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

La enmienda número 115 se refiere a la adquisición y acondicionamiento
del INEM en Arrecife. El Gobierno, a través de la Dirección Provincial
del INEM, ha reconocido que sus instalaciones en Arrefice, ubicadas en la
calle José Antonio, eran insuficientes para cubrir sus necesidades y que,
por tanto, se hacía imprescindible la construcción de un edificio que
albergase en exclusiva las dependencias del INEM.

Este proyecto data de hace más de cinco años, pero a pesar del tiempo
transcurrido aún no se ha llevado a cabo.

Posteriormente, se planteó la firma de un convenio tripartito con el
Cabildo de Lanzarote y la Fundación para la Formación y Empleo para la
construcción de una sede del INEM. La última confirmación del Gobierno a
este respecto es que, una vez que se apruebe el proyecto, las obras de
acondicionamiento se ejecutarán en un período de doce meses. Con esta
enmienda se pretende que el Ministerio de Trabajo aporte la parte que le
corresponde para la financiación de este proyecto, y que la partida se
extraiga de las inversiones reservadas para la provincia de Las Palmas en
el apartado relativo a obras de acondicionamiento y remodelación de
oficinas de empleo.

A pesar de que las competencias en materia de empleo se transferirán en
1998 al Gobierno de Canarias, el Ministerio de Trabajo contempla
determinadas inversiones



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en las islas para el próximo ejercicio económico. Por tanto, pensamos que
cabría la posibilidad de que se contemplara esta enmienda.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Armas.

A continuación, tiene la palabra la Senadora De Boneta, para la defensa
de las enmiendas números 58 y 68.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

Damos por defendidas estas enmiendas en el mismo sentido en que se ha
defendido el veto. La número 58 solicita la supresión de la dotación al
INEM, mientras que la número 68, la supresión de la dotación a la
Seguridad Social. Como es natural, no lo hacemos porque pensemos que no
deben existir el INEM y la Seguridad Social, sino por estrictas razones
competenciales.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la defensa de la enmienda número 90, de la Senadora Costa Serra,
también tiene su señoría la palabra.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

La damos por defendida en sus propios términos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas números 517 a 545, y 701 a 703, de los
señores Nieto y Román, tiene la palabra el Senador Román.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Las damos por defendidas en sus propios términos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El Grupo de Convergència i Unió tiene presentadas las enmiendas 1.284 y
1.287.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda 1.284 propone incrementar la dotación del Plan Estatal del
Voluntariado en 250 millones. Dicho Plan fue aprobado por el Consejo de
Ministros del 24 de julio de este año, y varias de sus iniciativas
corresponden competencialmenete a las Comunidades Autónomas. Si no se
incrementa esta dotación, las cantidades previstas para distribuir a las
Comunidades Autónomas será insuficiente, por lo que, desde nuestro punto
de vista, es necesario este incremento para que puedan llevarse a cabo
las actuaciones previstas.

La enmienda número 1.287 tiene por objeto una redistribución de los
recursos dentro del programa de dotación por funciones y servicios
transferidos de asistencia social, que se incrementan en 600 millones de
pesetas concretamente, ya que de no producirse esta transferencia, se
provocarían grandes diferencias sobre las cantidades asignadas por
persona en una Comunidad Autónoma respecto a otra. Creemos que, con pleno
acuerdo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, es conveniente
llevar a cabo esta reestructuración que, al fin y al cabo, no supone
ningún coste económico para el Departamento.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, se han presentado las enmiendas números 1.014, 1.016 a
1.024, 1.025 a 1.029 y 1.030 a 1.035, por parte del Grupo Parlamentario
Socialista.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, el
señor Granado Martínez, para la defensa de las enmiendas.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista, a la hora de redactar sus enmiendas a
las Secciones 19 y 60 --salvo la parte del Insalud, que se discutirá
lógicamente con el Ministerio de Sanidad y Consumo-- ha tenido en cuenta
algunos hilos conductores, a los que me voy a referir con la mayor
brevedad posible.

En primer lugar, dotar presupuestariamente para el año 1998 la aplicación
en España de los criterios y directrices emanados de la Cumbre Especial
para el Empleo de la Unión Europea, celebrada en Luxemburgo los días 20 y
21 de noviembre de este mismo año.

En declaraciones un tanto enfáticas del Presidente del Gobierno, éste iba
a ser el año del empleo y hemos comprobado cómo las mayores tasas de
crecimiento de la actividad económica no se han traducido en mayores
tasas de crecimiento del empleo. Por desgracia, el empleo en nuestro país
está creciendo menos que en años precedentes, con menores crecimientos de
la actividad económica, y mucho nos tememos que si sigue la misma
política económica, incluso en el año 1998 siga descendiendo el
crecimiento del empleo en nuestro país, porque no basta solamente con que
la actividad económica vaya bien para generar empleo en un país, sino que
es necesario que exista una política que incentive el crecimiento del
empleo, y la política que desarrolla el Grupo Parlamentario Popular y su
Gobierno beneficia a las cuentas de resultados de las empresas, pero no a
la contratación.

Por tanto, tememos que el año 1998 vuelva a ser un año perdido en cuanto
al impulso decisivo para la creación de empleo en nuestro país.

En consecuencia, pretendemos que en el presupuesto de 1998 haya fondos
suficientes para incentivar la contratación, la reducción de jornada y
todas las políticas horizontales que, de alguna manera, vienen
contempladas en las decisiones de Luxemburgo para generar nuevos empleos
en España.

En el presupuesto de la Sección 60 tenemos en cuenta que es necesario que
exista un colchón financiero suficiente --y esto está vinculado con lo
anterior-- para que haya un margen que posibilite el desarrollo de
incentivos a la creación de empleo.

A nuestro juicio, los actuales presupuestos no dan ese margen al
presupuesto de la Seguridad Social, que va a acabar el año 1997 con una
deuda a medio y largo plazo que va a alcanzar peligrosamente los 3
billones de pesetas. No queremos ser alarmistas, pero, desde luego, con



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los actuales presupuestos no vamos a resolver el problema. Seguimos
engordando con créditos, que teóricamente deben verse resueltos a 31 de
diciembre, pero en la práctica nunca es así, la deuda de la Seguridad
Social y, desde luego, es bastante incomprensible que el endeudamiento
del déficit de la Seguridad Social no corra un ritmo parejo al de la
Administración del Estado.

Por eso hemos propuesto en el articulado de la Ley de Presupuestos que
los mayores ingresos de recaudación del Estado puedan dirigirse a la
disminución del déficit de la Seguridad Social y, por eso, pretendemos
que el proyecto de presupuestos del año 1998 contemple asignaciones más
generosas de la Administración del Estado a la Seguridad Social para
paliar, aunque sólo sea en parte, este endeudamiento oculto que nosotros
creemos que generan los actuales presupuestos.

El tercer hilo conductor sería el de resolver problemas puntuales de
políticas concretas que los actuales presupuestos no solamente no
resuelven, sino que agravan. Por ejemplo, el caso de partidas tan poco
relevantes, desde el punto de vista cuantitativo, como la asistencia
técnica a cooperativas y sociedades laborales que, a nuestro juicio,
reciben una aminoración injustificable; algunos programas del Instituto
de la Mujer, que realmente no tienen la consignación que merecen en
función de la importancia de las prestaciones que en ellos se contemplan;
la situación de las Organizaciones no Gubernamentales, que desarrollan en
nuestro país actividades cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que
en estos momentos tienen una deuda pendiente y que amenaza con ahogar
financieramente a estas entidades porque los intereses de los créditos
que han sido necesarios para que desarrollaran sus actividades --porque
las soluciones públicas llegan tarde y mal--, no pueden luego
justificarse para el abono de estas subvenciones y realmente se
encuentran con que cuantas más actividades hacen, más deuda tienen las
propias entidades, y se amenaza su desarrollo; el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales a cargo de las Corporaciones
locales, programa que puso en marcha el Gobierno Socialista y que se ha
visto prácticamente congelado en los dos últimos años; los programas de
erradicación de la pobreza; merecen nuestra consideración algunas
actuaciones relacionadas en territorios concretos por parte de
Organizaciones no Gubernamentales o de Corporaciones locales, como es el
caso de los programas «Leader» o de las plazas a residencias asistidas de
personas mayores.

Por último, quiero referirme --y termino-- a una situación casi dramática
que se vive en estos momentos en dos plazas tan emblemáticas del
territorio español, como son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En estos momentos existe una situación prácticamente explosiva, al menos
en Melilla, por los problemas generados por la acogida y acceso de
inmigrantes provenientes de toda la zona del Magreb.

Si seguimos sin dar una solución a ese problema, probablemente nos
encontraremos algún día, y no tardando mucho, con algún titular de prensa
francamente escandaloso. Esta situación no puede seguir permaneciendo
ante la inhibición del Gobierno y ante un proyecto de presupuestos que no
contempla los fondos necesarios para que se solucione.

Por ello, hemos presentado una enmienda que, a nuestro juicio, por lo
menos merece alguna acogida transaccional, y coincide con la sensibilidad
de los Senadores del Partido Popular por la ciudades de Ceuta y Melilla,
para que se doten mejor los programas de acogida y acceso de emigrantes
en las dos ciudades y para que existan sistemas adecuados de traslado de
los emigrantes, a veces ilegales, a veces solicitando asilo o alguna
figura condicional de acceso a nuestro país, para que puedan salir de
estas ciudades e ingresar en el territorio peninsular.

De no hacerse así, mucho nos tememos que el problema pueda agravarse y
que realmente al final nos encontremos todos lamentando lo que no podamos
solucionar con una dotación presupuestaria adecuada. La enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista pretende que exista esta dotación en el
proyecto de presupuestos de 1998.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, señor Lobo Asenjo, para
consumir un turno en contra.




El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.

Con permiso de la Presidencia, en lo que se refiere a las enmiendas de
asuntos sociales, compartiré mi turno con el Senador Armario, que es el
portavoz en su Comisión.

También con su permiso, voy a agrupar la defensa del turno en contra
porque, en realidad, se ha presentado un veto a la totalidad de la
Sección y una serie de vetos parciales a diferentes programas del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Posteriormente haré una breve
referencia a las enmiendas parciales que han sido presentadas.

En primer lugar, he de decir que el Grupo Parlamentario Socialista basa
el veto de totalidad a la Sección y a los programas del INEM, del
Inserso, de las mutuas de accidentes, de la Seguridad Social, del INSS y
de la Tesorería General, en la inadecuación de los recursos para la
creación de empleo o en la insuficiencia de dotaciones para estos
programas.

Nosotros hemos de decir que el presupuesto en su formulación está
fuertemente condicionado, como todo el mundo sabe, por el objetivo
prioritario de la política presupuestaria de cumplir el programa de
convergencia y que esta política de austeridad presupuestaria que nos
hemos impuesto y que impregna todas las actuaciones del Estado, la hace
suya también --como no podía ser de otra manera-- el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, aplicándola a sus créditos correspondientes.

Igualmente, hemos de decir que estos presupuestos, en su Sección 19, y en
sus programas, frente a lo que aquí se ha dicho, favorecen el crecimiento
del empleo a través de un decidido impulso y potenciación de las
políticas activas de empleo. Así, para 1998, y con la finalidad de
estimular el crecimiento del empleo y que sea más estable, se realiza un
esfuerzo presupuestario que se concreta en dedicar 475.211 millones de
pesetas a políticas activas, lo que con respecto a 1997 supone un aumento
de 105.239 millones de pesetas, es decir, un incremento del 28,4 por
ciento.

Asimismo, estos presupuestos mejoran el bienestar social con una especial
atención a las políticas de solidaridad.




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En conjunto, el área de asuntos sociales, que abarca la mayor parte de
las políticas de solidaridad que lleva a cabo el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, supone un total de 53.073 millones de pesetas, que
frente a los 47.721 millones presupuestados para 1997, representan un
aumento en valores absolutos de 5.352 millones, es decir, un 11,2 por
ciento.

En tercer lugar, he de decir que estos presupuestos amparan perfectamente
las situaciones derivadas de reducción de recursos económicos producidos
por la pérdida de empleo.

Por lo que se refiere a esa semienmienda a la totalidad que se presenta
al INEM, he decir que el Instituto Nacional de Empleo incrementa como el
resto de partidas sus dotaciones presupuestarias en 62.728 millones de
pesetas.

Por tanto, pensamos que el presupuesto del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales es un proyecto que se incardina en la línea de aumentar
la capacidad de creación de empleo, como decía antes, y de mejorar los
niveles de bienestar ya alcanzados, potenciando las políticas de
solidaridad y de coadyuvar al logro de la convergencia real con los
países europeos.

Por estas razones, vamos a desestimar este veto a la totalidad de la
Sección y los vetos parciales a que me he referido y, asimismo, vamos a
desestimar los que se presentan a la Tesorería, Al INSS y a la Seguridad
Social, que son el 1.025, el 1.026 y 1.027 No podemos aceptar las
motivaciones que se dan en las enmiendas, que son las de reducción del
crecimiento de las aportaciones, porque las aportaciones del Estado
experimentan un notable incremento respecto a las de 1997, es decir, un
crecimiento de 301.920 millones de pesetas, lo que equivale al 8,26 por
ciento.

También presentan una enmienda, la número 1.028, pidiendo que se devuelva
el presupuesto de las Mutuas de Accidentes de Trabajo por insolidaridad
en el tratamiento de éstas en relación con los gestores de la Seguridad
Social. Hemos de rechazarla, porque consideramos que los créditos
consignados en el presupuesto de las Mutuas de Accidentes de Trabajo para
1998 son los adecuados para la consecución de los objetivos que tienen
asignados las mismas conforme a las últimas modificaciones y normativas,
por lo que no entendemos los motivos que han llevado al Grupo
Parlamentario Socialista a entender esto como un trato discriminatorio
entre las Mutuas y las Entidades Gestoras.

En cuanto a las enmiendas parciales, he de decir que las de Izquierda
Unida las doy por rechazadas en los mismos términos en que se han
defendido.

A la Senadora Boneta he de comunicarle que por una cuestión básica no
podemos aceptar sus dos enmiendas, ya que pensamos que la transferencia
tanto del INEM como de la Seguridad Social podría suponer la ruptura del
principio de Caja Unica, algo que consideramos absolutamente fundamental
en un sistema como el nuestro, que se basa, sobre todo, en la
solidaridad.

Al Senador Armas he de decirle que igualmente vamos a desestimar su
petición, ya que pretende un incremento del gasto en un programa en el
que nuestro Grupo entiende que se recogen adecuadamente las previsiones
de inversión a realizar por el INEM en el año 1998 y que, por tanto, se
considera suficientemente dotado para dicho ejercicio.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el Senador
Armario.




El señor ARMARIO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.

Intervengo para defender la posición del Grupo Popular ante las enmiendas
presentadas a la Sección de Asuntos Sociales, y me voy a referir
globalmente a todas ellas.

He de decir que el Grupo Popular se satisface por la apuesta decidida de
este Gobierno a las políticas de solidaridad, que se reflejan en estos
presupuestos con un aumento, como bien ha dicho mi compañero, del 12,6
por ciento con respecto a 1997. Supone pasar de 47.700 millones a 53.000,
superando en 8 puntos porcentuales el crecimiento de los presupuestos
generales del Estado.

Ningún programa social sufre disminución presupuestaria; prácticamente
todos los programas se incrementan y se incorporan otros nuevos. El Plan
Concertado de Prestaciones Básicas se incrementa en un 4,3 por ciento,
pasa a 12.000 millones de pesetas. No está congelado, como ha dicho el
portavoz del Grupo Socialista; en dos años se ha pasado de 10.000 a
12.000 millones. Lo que sí ha estado congelado durante cuatro años es el
Plan Gerontológico, que en esta ocasión tiene un incremento del 7,1 por
ciento, pasando a 4.500 millones; El Plan de Acción Integral a
Discapacitados se incrementa el 25 por ciento; los programas en el área
de emigración experimentan un incremento global del 17,4 por ciento, con
un incremento de 1.124 millones; el Programa dirigido a Familias
Desfavorecidas en Situación de Riesgo, se incrementa en el 53,8 por
ciento; el Programa de Prevención de Maltratos a Menores aumenta en un 24
por ciento; el de Atención a Adolescentes Tutelados en un 30 por ciento;
el de Promoción a la Mujer en un 20,4; el de Promoción y Servicio a la
Juventud en un 5,2; los de Atención a Inmigrantes y Refugiados en un 22,5
e, incluso, el de Erradicación de la Pobreza en un 37,6 por ciento.

Son programas nuevos el Plan de Integración Social de Inmigrantes, con
250 millones; el Plan Estatal de Voluntariado, con 200 millones; el
Programa de Acogida a Inmigrantes de Ceuta y Melilla, con 250 millones y
el Programa para Proyectos de Desarrollo al amparo de iniciativas
comunitarias, con 1.307 millones, generalmente, proyectos desarrollados
por ONGs.

Los que continúan con la misma dotación son tres programas: El Programa a
Favor del Pueblo Gitano, que sigue con una consignación de 500 millones;
el Programa de Guarderías Infantiles Laborales, con 1.100 millones y el
Programa para Otros Fines de Interés Social, que dependen de la
recaudación del 0,52 por ciento del IRPF.

Por todo ello, he de decir que nuestro Grupo, como he dicho
anteriormente, se siente satisfecho por esta apuesta que el Gobierno del
Partido Popular hace por esta apuesta decidida por el Estado de Bienestar
y políticas de solidaridad . Aun en presupuestos de contención del gasto,
el incremento de las partidas de política social está muy por encima del
crecimiento de los Presupestos Generales del Estado, jugando así, por
tanto, un papel fundamental



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en el logro de la cohesión y equidad social y en el reparto solidario de
los beneficios del crecimiento económico.

Todas las enmiendas de los distintos grupos van encaminadas a incrementar
las distintas dotaciones de las partidas referidas, cosa que nos parece
muy bien, pero dado que dichas partidas o dotaciones sufren un
incremento, a nuestro entender notable, la posición de mi Grupo será en
contra, puesto que creemos que los programas están óptimamente dotados,
pudiéndose llevar a cabo su ejecución en buenas condiciones y con la
garantía de eficacia y buena gestión.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Vamos a pasar al debate de la Sección 20, Industria y Energía. Una vez
terminemos el debate de esta Sección procederemos a la votación y daremos
por terminada la Sesión por hoy.

A esta Sección están presentadas las enmiendas números 546 y 547 a 550
del señor Nieto y del señor Román.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Boneta.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, se dan por defendidas en
sus propios términos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene
presentada la enmienda número 747.

Tiene la palabra, para su defensa, el señor Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

En la enmienda número 747 solicitamos una dotación para la denominada
Planta de Zabalgarbi. La Planta de Zabalgarbi significa un programa
piloto de tratamiento de residuos sólidos urbanos que, al mismo tiempo,
lleva un aprovechamiento energético. La presentación de esta enmienda se
debe a que consideramos que es prioritario solucionar una problemática
medioambiental con el control de los vertidos de residuos sólidos
urbanos, evitando así la posible contaminación de los acuíferos, al ser
una región montañosa, con problemas de grandes superficies susceptibles
de ser utilizadas como vertederos.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista se han presentado las enmiendas
números 1.036, 1.037, 1.038 y 1.039. Para la defensa de estas enmiendas
tiene la palabra el Senador Franco.




El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

El Grupo Socialista ha presentado un veto a esta Sección 20, del
Ministerio de Industria, por entender que más que como un Ministerio de
Industria, éste pasará a la historia como el Ministerio de las
privatizaciones alocadas. Es verdad, alocadas porque no tiene mucho
sentido que se vendan aunque con buena dirección, porque saben donde se
acogen, a quién van dirigidas y para qué van dirigidas. Por consiguiente
esa su única política industrial: vender. No existe, desde nuestro punto
de vista, en este Ministerio, ni una sola política activa que permita
dinamizar el tejido industrial español en un momento extraordinariamente
importante cual es el fin de siglo y con la globalización de la economía,
que va a poner a prueba la solidez de cualquier estructura industrial.

En segundo lugar, este Ministerio no puede hacer ninguna política
industrial y, por consiguiente, es el Ministerio de la
desindustrialización, porque no tiene ningún instrumento operativo, ya
que han sido trasladados prácticamente todos al Ministerio de Economía y
es desde la Subsecretaría de Comercio, Turismo y Pymes desde donde
prácticamente se instrumenta cualquier tipo de política.

En tercer lugar, cada vez hay más opacidad en este Ministerio, en tanto
en cuanto la organización pública empresarial que está planteando el
Ministerio a través de su última operación de liquidar la Agencia
Industrial del Estado pone fuera del control del Parlamento los planes de
reordenación, reactivación y reflotación de las industrias en pérdidas y
el volumen de dinero dedicado para las mismas, escapando por consiguiente
al control del Parlamento no solamente la financiación de las empresas en
pérdidas, sino también su propio desarrollo o diseño de reflotación.

En consecuencia, porque ni tiene una política clara de desarrollo
tecnológico, ni tiene la Dirección General de Industria unos efectivos
económicos que le permitan incidir en algo en la política industrial;
porque los presupuestos relacionados con la tecnología y la seguridad
industrial son prácticamente idénticos a los que teníamos el año
anterior, y finalmente porque todo lo relacionado con el área eléctrica,
es decir, la diversificación, eficiencia y ahorro energético a través de
los distintos planes apenas si goza de presupuestos mínimamente creíbles,
por todo este conjunto de razones, unas más de fondo y otras más
adyacentes, manifestamos nuestra oposición, una vez más, al Presupuesto
del Ministerio de privatizaciones.

Las enmiendas que tenemos presentadas, ¿las defendería ahora o en una
fase posterior?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para defenderlas todas ellas
conjuntamente.




El señor FRANCO GUTIEZ: La primera enmienda está relacionada con la
diversificación energética y el apoyo a la creación de gaseoductos,
concretamente uno para las Comunidades de Navarra, Aragón y Castilla y
León, lindante con la provincia de Soria, y otra para que se posibilite
la llegada del ramal hasta Almería.

Otra de nuestras enmiendas viene a dar cobertura a una de las mociones
que se aprobaron en el Senado en relación con la minería no energética, y
en concreto con los polimetales, para lo cual planteamos una cantidad de
2.000 millones de pesetas.

Finalmente, otra para la reordenación de la minería del carbón en su
sector privado y garantizar que los recortes en la producción a corto,
medio y largo plazo permitan el saneamiento de las industrias privadas
del carbón, por lo que solicitamos 15.000 millones de pesetas. En el
Pleno intentaremos desarrollar estos temas con mayor abundamiento.

Nada más y muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Unceta.




El señor UNCETA ANTON: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir en esta primera fase para rechazar conjuntamente los
vetos del Partido Socialista y del grupo de senadores encabezados por el
señor Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Mixto a esta Sección.

Señorías, los Presupuestos del Ministerio de Industria y Energía, para
1998, contemplan 372.141 millones de pesetas, de los cuales 245.362, el
65,9 por ciento, corresponden a operaciones no financieras y el 34,1 por
ciento restante, 126.779 millones a operaciones financieras. Esto supone,
señor Presidente, un incremento de un 111 por ciento respecto a los
presupuestos de 1997. Al comparar los créditos de esta Sección con los
del ejercicio de 1997 es necesario tener en cuenta --y se lo digo a los
Grupos que han presentado el veto, por si van a retirarlo antes del
Pleno, porque allí tendremos que dar iguales o parecidas
justificaciones-- que el proyecto de ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social que acompaña a estos Presupuestos
contempla la creación del Organismo Autónomo Instituto de la
reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las
comarcas mineras, que recibe del Estado un importe global de 140.880
millones de pesetas, de los cuales 105 millones de pesetas tienen
naturaleza de transferencias corrientes y 35.000 millones de capital. Sin
este efecto --vamos a dejarlo fuera de momento-- la Sección 20 tiene un
incremento del 30,9 por ciento con respecto a 1997, resultado neto de los
siguientes efectos: por un lado, las operaciones financieras aumentan el
79,8 por ciento, derivado fundamentalmente del incremento de los
préstamos a empresas para investigación y desarrollo tecnológico, que
pasa de 45.460 millones de pesetas en 1997 a 111.000 millones en 1998, el
145,8 por ciento más que en el ejercicio anterior.

Por otra parte, las operaciones no financieras disminuyen el 1,6 por
ciento, resultado del crecimiento del 3,7 por ciento en las
transferencias de capital y del descenso del 32 por ciento en las
corrientes.

En cuanto a las transferencias de capital, destacan las destinadas a
compensación de intereses de préstamos y primas a la construcción naval
por importe de 28.400 millones de pesetas, que suponen un incremento de
un 16,9 por ciento.

Para el CDTI hay un total de 20.050 millones de pesetas, que permanece
prácticamente igual que en 1997.

Para el Programa de fomento y tecnología industrial y al desarrollo
tecnológico hay 19.600 millones de pesetas, que supone un incremento del
5,4 por ciento.

Señorías, no quiero cansarles porque soy el último y sé que todos tienen
muchas ganas de que termine, pero podría ir enumerando partida por
partida. Realmente lo que justifica este presupuesto es que tiene un
incremento total de un 111 por ciento. Sus señorías pueden ser críticos
en algún punto, pero no por falta de inversión de este Ministerio.

Por último, quiero destacar las disminuciones en gastos de personal --un
8,1 por ciento-- y en gastos corrientes y bienes y servicios --un 6,6 por
ciento.

Creo que a estas horas de la tarde los argumentos planteados son más que
suficientes porque supongo que los grupos que han presentado el veto se
reservarán sus explicaciones para el Pleno y allí podremos dar más
explicaciones, pero sí quiero hacer un resumen final.

Los argumentos que he dado demuestran claramente que las cifras del
presupuesto respaldan una política industrial firme, especialmente en lo
que respecta al fomento de la competitividad de las empresas, y
coherente, además, con los objetivos generales de la política económica
del Gobierno.

Por lo tanto, rechazamos la acusación en uno de los vetos de falta de
transparencia en la asignación de fondos públicos. Prueba de ello, señor
Presidente, señorías, es que tanto los responsables de la gestión de
empresas públicas como los representantes del Ministerio han comparecido
ante las Cámaras para explicar sus presupuestos respectivos para 1998 y
para dar cuenta, en particular, de la marcha de la gestión económica y
financiera de las empresas cuantas veces han sido requeridos para ello. Y
volvemos, después de la extinguida UCD, a que en las Cámaras los PAIF en
las empresas públicas sean públicos y transparentes, cosa que en años
anteriores, este Senador, por más que lo solicitaba, nunca logró que se
los enviaran.

En cuanto a la política de privatizaciones, que es base de uno de los
vetos, no responde a un criterio apriorístico, como parece que se nos
acusa, sino a la convicción de que las empresas públicas encuentran
grandes dificultades para sobrevivir en un mercado globalizado como en el
que nos encontramos, derivadas de las restricciones a que está sometido
siempre el titular de sus acciones presupuestarias, políticas e, incluso,
el control por parte de instituciones de carácter supranacional, como es
la Unión Europea. En este sentido la privatización es la única forma de
liberar a la empresa de dichas restricciones y, por tanto, asegurar su
supervivencia de cara al futuro.

Por todo ello, señor Presidente, rechazamos rotundamente estos vetos.

Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto,
números 545, 547 y 548 las rechazamos, concretamente la 548, porque
estimamos que la cogeneración está primada vía precios que abona al
distribuidor de la energía eléctrica; con los precios actuales de dicha
energía el período de recuperación de la inversión en cogeneración oscila
entre 24 y 36 meses. Por esta razón no parece necesario abrir una nueva
dotación presupuestaria para este tipo de instalaciones.

La enmienda número 549, habla de un proyecto de Plan de energías
renovables en Sevilla. Su instrumentación es imposible, ya que no
determina ni el concepto ni el código del proyecto. Por otra parte, la
baja de la cantidad, que son 2.000 millones de pesetas, está sujeta a la
pobre Sección 31. No sé qué le quedaría a esta Sección si aplicáramos
todas las enmiendas; creo que tendrían que poner dinero los funcionarios
que se encuentran adscritos a esa Sección.

La enmienda número 550, presentada también por el Grupo Parlamentario
Mixto, pide una dotación de 1.000 millones de pesetas para construcción
de infraestructura gasística en la provincia de Almería. En este sentido
hay que recordar que ciertas subvenciones de la parte gasística están
ligadas al Fondo Feder y a todas las peticiones que hayan existido. En
este momento el Fondo Feder está



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terminado y lo cierto es que la provincia de Almería en la etapa en que
esos fondos todavía no existían, no estaba recogida; además se
subvencionaba el 40 por ciento, el 60 por ciento corría a cargo de la
empresa gasística. Tenemos la información de que a medio plazo la empresa
gasística va a establecer en Almería una estación de gasificación para
poder distribuir el gas, siempre y cuando la inversión de cara a los
usuarios cubra los gastos que esta empresa tiene que desarrollar.

Las enmiendas números 1.037, 1.038 y 1.039 han sido presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista.

La enmienda número 1.037 solicita un aumento de 15.000 millones de
pesetas para cubrir los costes sociales de la minería del carbón. Señor
Presidente, rechazamos esta enmienda ya que el Plan 1998-2005 de la
minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras,
formalizado por el Ministerio de Industria y Energía, los representantes
sindicales y las empresas, incluye las partidas suficientes para la
financiación del mismo y de todas las obligaciones que de él se derivan.

En concreto, en el concepto para cubrir cuotas sociales y técnicas hay
10.325 millones de pesetas para empresas privadas y 10.095 millones de
pesetas para familias e instituciones sin fines de lucro que se
consideran totalmente suficientes. Y el resto de las enmiendas también
las rechazamos.

Hay una enmienda de 250 millones de pesetas --en este caso la baja es del
Programa 731.F-- para gasificación de Comunidades Autónomas. En el
desarrollo de la infraestructura básica de gas natural --me refiero a
redes de transporte--, el Gobierno nunca ha utilizado fondos procedentes
de Presupuestos Generales del Estado, sino que lo ha canalizado vía
Fondos Feder correspondientes al marco de apoyo comunitario
plurirregional de 1994-1999. El subeje 6.2 de energía para cofinanciación
de otros proyectos, en el cual Feder aporta el 40 por ciento y la empresa
de gas el 60 por ciento, en la actualidad es cierto que está agotado, por
lo que no cabe dicha cofinanciación comunitaria. Se prevé a medio plazo
por parte de Enagás la posible instalación de una planta satélite de aire
propanado en las Comunidades que lo soliciten, pero no antes del año
2000, por ello se entiende que esta enmienda debe desestimarse.

La enmienda número 747, presentada por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, seguimos estudiándola y de cara al Pleno
manifestaremos nuestra posición definitiva. Hoy por hoy y en este trámite
parlamentario tenemos que rechazarla.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Antes de proceder a la votación, vamos a hacer un receso de diez minutos
para ver si la Ponencia decide asumir alguna transaccional. A las ocho y
diez volveremos y procederemos a la votación.

Muchas gracias (Pausa.) Se reanuda la sesión.




La Ponencia propone la incorporación al texto del proyecto de ley y a las
secciones que han sido hoy debatidas, excepto a los artículos 2, 3, 4, 6,
11 y 44 y Anexo I, que se votarán mañana, las siguientes enmiendas y
transacciones: La 1.132, del Grupo Parlamentario Popular; una
transaccional sobre la 1.133 y 1.275, que obra ya en poder de los Grupos
Parlamentarios; otra transaccional sobre la 1.141, del Grupo
Parlamentario Popular; otra transaccional sobre la 1.171; la 121, del
señor Iribas; las números 26, 27 y 747; una transacción sobre la 1.276;
las 1.281, 1.286 y 1.287, de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y las 1.151 y 1.152 del Grupo Parlamentario Popular.

Vamos a someter a votación estas enmiendas y las transaccionales, que se
incorporarán al texto de la Ponencia. Por lo tanto, todas las enmiendas
que no hayan sido incorporadas ahora, así como las transaccionales,
quedarán rechazadas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en
contra, nueve; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el Informe de la Ponencia.

Suspendemos el debate hasta mañana a las diez horas, momento en que
reanudaremos con la Sección 21.

Se suspende la sesión.




Eran las veinte horas y cuarenta y cinco minutos.




(El debate continua en el Diario de Sesiones, número 211, del miércoles
10 de diciembre de 1997).




CORRECCION DE ERRORES: En el Diario de Sesiones número 199,
correspondiente a la reunión de la Comisión de Presupuestos del
miércoles, 12 de noviembre de 1997, en la página 74, y en boca de la
señora De Boneta y Piedra donde dice: «... el festival Bat de San
Sebastián...», debe decir: «... el festival Bach de San Sebastián...».